akal / a fondo

Director de la colección

Pascual Serrano

Diseño interior y cubierta: RAG

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Helena Villar, 2021

© Ediciones Akal, S. A., 2021

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

facebook.com/EdicionesAkal

@AkalEditor

ISBN: 978-84-460-5118-3

Helena Villar

Esclavos Unidos

La otra cara del American Dream

Estados Unidos como potencia económica es objeto de deseo mundial. Tanto entre las elites, que lo ven como lo más cercano a la utopía del libre mercado, la competencia y la privatización, como entre los más pobres, embebidos por un incesante imperialismo cultural que les graba a fuego el American Dream de la tierra de las oportunidades. Sin embargo, la realidad difiere bastante de la imagen que Washington proyecta ante el mundo, especialmente en el caso de la clase media y trabajadora, encadenada a producir beneficios sin descanso en un contexto de práctica ausencia de Estado del bienestar.

Así, el llamado «excepcionalismo americano», enarbolado hasta la saciedad para presumir de una construcción nacional superior al resto, podría ser utilizado de forma válida si se le dota de un significado de singularidad que, en este caso, dista de ser positivo. Porque Estados Unidos es el país con más habitantes encarcelados del planeta, es el país con más armas per cápita de todo el mundo, tiene el mayor ejército, la esperanza de vida es similar a naciones latinoamericanas en desarrollo, tiene el porcentaje de pobreza juvenil más alto de la OCDE, registra la mayor deuda pública del planeta, sus ciudadanos tienen veinte veces más probabilidades de morir por violencia armada que el resto de países industrializados, compite en los primeros puestos de desigualdad, es el país con mayor número de fallecidos por consumo de drogas y registra una alta tasa de analfabetismo. ¿Alguien da más?

Helena Villar es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un máster en Televisión por la Universidad Rey Juan Carlos. Su primer contacto profesional en medios de comunicación fue en el diario El País, donde trabajó como becaria en la sección de Política. Posteriormente, también estuvo en la Agencia EFE en Barcelona.

Tras cursar el máster, la periodista entró a formar parte de Televisión Española. Allí pasó por el Canal 24 Horas, informativos, TVE Catalunya o por programas como España Directo hasta noviembre de 2014. Desde esa fecha, pasa a formar parte de la plantilla del canal ruso de noticias RT en Español como corresponsal de la cadena en España, hasta que en junio de 2017 fue nombrada corresponsal en Washington DC, con movilidad por todo Estados Unidos.

A mi hija. Por un mundo en el que la libertad 

 no esté secuestrada por el privilegio.

PRESENTACIÓN

Es tanta la presencia de Estados Unidos en nuestros medios de comunicación, que todos tenemos la sensación de viajar allí constantemente. Nos resultan familiares las calles de Nueva York, la fachada del Capitolio, los rascacielos de Manhattan, las casas de Nueva Orleans, el desierto de Arizona o las mansiones de Los Ángeles. Vemos la cara del presidente de Estados Unidos más veces que la de nuestros familiares del pueblo de al lado. Todos tenemos la sensación de haber estado en el interior de la casa de un estadounidense: su fachada con césped, su soportal con porche de madera y endeble puerta, su escalera hacia las habitaciones, su amplia cocina. Conocemos el uniforme de sus policías y de sus camareras de bares de carretera, y hasta los gestos de sus adolescentes y afroamericanos sin haber hablado nunca con ninguno de ellos.

Es verdad que no todo lo que nos cuentan es bueno, hay noticias de tiroteos, imágenes de indigentes y alguna vez hasta disturbios, pero toda esa gente no tiene cara, son impersonales. En cambio, los protagonistas de películas y series y los famosos sí que son humanos, sonrientes, amables y felices. Hasta han conseguido que nos caiga bien un gañán, egoísta y reaccionario como Homer Simpson, que en España votaría a Vox.

Pues ahora olviden todo eso y vengan a conocer la realidad de Estados Unidos a través de este nuevo libro de la colección A Fondo, Esclavos Unidos. La otra cara del American Dream. Su autora, la periodista Helena Villar, tiene las dos condiciones necesarias para contarnos cómo es ese país: primero, lo conoce bien porque vive allí y todos los días explica lo que sucede como corresponsal de la televisión Russia Today en Español, y, segundo, es española, lo que le permite interpretar los contrastes y desmontar nuestros estereotipos.

El estilo de Villar aúna el rigor del periodista que maneja datos y fuentes con otra característica más específica de los periodistas de televisión: los testimonios de los protagonistas. Esos estadounidenses que nunca aparecen en sus series de televisión ni en sus películas los escucharemos en este libro.

Ir avanzando por sus páginas es ir superando en cada capítulo el impacto y la convulsión que produjo el anterior. Después de descubrir que cuatro millones de niños no tienen cobertura sanitaria, encontrará que en ese país se debe pagar 140 dólares por un vial de insulina que cuesta cinco dólares fabricar, que la gente se medica con antibióticos para peces porque son los únicos que pueden pagar y que muchas personas sobreviven gracias al dinero que les pagan por vender su sangre. De ahí que las empresas que la compran se instalen en los barrios pobres o cerca de la frontera donde se nutren de inmigrantes.

En el capítulo sobre educación encontrará un país donde los maestros deben completar su sueldo trabajando de conductores de Uber para poder sobrevivir. Que, como los colegios se financian con dinero municipal, cuanto más pobre es el barrio menos dinero hay para su funcionamiento. Que 45 millones de universitarios deben 1,6 billones por los préstamos que pidieron para poder estudiar y que algunos llegan a la jubilación todavía pagando esos préstamos: la deuda estudiantil de estadounidenses que tienen entre sesenta y sesenta y nueve años es de 85.000 millones de dólares.

Y, por supuesto, veremos pobreza y hambre. El 43% de los hogares estadounidenses no pueden pagar lo básico para vivir, incluso con algún adulto trabajando. La ONU contabiliza 40 millones de personas pobres, con la tasa de pobreza juvenil más alta de la OCDE.

Eso mientras el 41% de los trabajadores no disfrutan de vacaciones ni de días festivos en todo el año, porque la ley no obliga a las empresas. De hecho, Estados Unidos es uno de los tres únicos países del mundo que no ofrece baja maternal remunerada.

La autora nos trae informes que muestran que la desigualdad en Estados Unidos ha llegado a tal punto que, en los últimos años, el 1% de los estadounidenses más ricos ha arrebatado 50 billones al 90% más pobre. Un estudio histórico ha revelado que, en ese faro del mundo libre y democrático que es Estados Unidos, la sociedad es más desigual que en el antiguo Imperio romano. Sí, sí, como lo oyen, en la Antigua Roma el coeficiente de desigualdad de Gini establecía que el 1% de la gente acumulaba el 16% de la riqueza, mientras que en Estados Unidos se lleva el 40%. Se calcula que los tres individuos más ricos tienen el mismo patrimonio que la mitad más humilde del país, es decir, que 160 millones de personas.

Otro valor que tiene este libro para los europeos es que podemos apreciar tendencias que nos vienen. La más espectacular, la de las empresas colaborativas que surgieron en California; la autora nos explica cómo allí lograron doblegar al poder político para poder imponer su modelo laboral, que no es otro que el de trabajadores sin ningún derecho. Ya están también en Europa y su intención es dejar de ceñirse a sectores concretos (reparto o transporte de pasajeros) para ir fagocitando otros ámbitos y arrasar los derechos laborales.

Helena Villar también nos cuenta de qué se mueren los norteamericanos: 38 mil estadounidenses fallecen por violencia armada al año, 100 al día. En el caso de sus mujeres, cada mes 52 son asesinadas a tiros por su marido o novio (aparte están las agresiones sexuales, una cada 73 segundos). Puedes tener suerte y no llegar a morirte, sólo a enfermar por las malas condiciones del agua de los sistemas públicos de distribución, como a 19,5 millones de estadounidenses cada año. Los militares tienen su sistema propio de muerte, que, por cierto, no tiene que ver directamente con la guerra. Seis mil exmilitares o militares se suicidan cada año (más de los que caen en combate). El enemigo que mata a los soldados estadounidenses son ellos mismos, o, mejor dicho, el Gobierno que te hace militar, te lleva a la guerra, te abandona y te proporciona la pistola para que te pegues un tiro. Eso cuando no los expulsa del país después de volver del frente si son emigrantes.

Pero eso debe ser así para mantener la industria de la guerra del país con casi 800 mil trabajadores haciendo ricos a los directivos de las grandes empresas de armamento. Como dice Villar, «hay más señores de la guerra en Washington DC y en las mansiones de Maryland y Virginia que en Afganistán». El choriceo de dinero público de la industria de la guerra es tal que los auditores contratados por 400 millones para aclarar las cuentas abandonaron su objetivo un año después. El Pentágono no pudo explicar el destino de 21 billones de dólares gastados entre 1998 y 2015. Y ahí siguen, gastándose el 61% del presupuesto federal frente al 5% para sanidad o educación.

Los métodos por los que grandes empresas drenan el dinero público son numerosos y cada cual más miserable. Algunos datos que nos ofrece Helena Villar: desde siete mil millones para las que encarcelan a emigrantes sin papeles, pasando por un sueldo de 816 mil dólares anuales para el directivo de un albergue privado contratado para acoger indigentes en condiciones infrahumanas, hasta empresas que contratan presos a 23 centavos la hora.

Una de las cosas que menos se cuentan es que Estados Unidos es el país del mundo con mayor número de ciudadanos encarcelados, niños incluidos, porque en 29 estados es legal procesar a niños a partir de cinco años. El 20% de presos del planeta están en ese país, aunque sólo viva el 5% de los habitantes mundiales. Una de las razones del bajo nivel de desempleo de Estados Unidos es que los pobres allí no están parados, están en la cárcel porque no pudieron pagar una fianza tras cometer un delito menor como sentarse en una acera o acampar por no tener vivienda.

Pero, eso sí, los políticos son todos muy religiosos, sólo un miembro del Congreso se declaró aconfesional en enero de 2021.

Helena también nos desmonta el mito de un país económicamente poderoso. En 2021 tenía una deuda de 27 billones de dólares, es decir, 84 mil euros por cada ciudadano. Con esa deuda ya hubiera sido intervenido con los criterios económicos de la Comisión Europea como sucedió con Grecia.

Y con ese panorama, el «modelo americano» ha conseguido que el 100% de los estadounidenses pobres se consideren muy o bastante orgullosos de su nación. Y eso que, a la deuda nacional anteriormente señalada, hay que añadir la que tiene cada norteamericano con las financieras, concretamente 90.460 dólares.

Después de leer este libro llegaremos a la conclusión de que el balance del ciudadano medio estadounidense es este: con trabajo, uno o varios; sin derecho a vacaciones, pero sin poder llegar a fin de mes; sin una cobertura sanitaria, lo que le obliga, por ejemplo, como hemos dicho, a pagar 140 dólares por un vial de insulina y recurrir a antibióticos para peces; siempre esquivando la muerte para no ser una de las 100 víctimas diarias por arma de fuego, y con una deuda de 90.460 dólares con los bancos (más otros 84 mil en tu nombre que debe el Gobierno estadounidense a otros países o financieras). Pero siempre orgulloso de su nación.

Pero tenga en cuenta que los datos e información que le acabo de ofrecer son una parte nimia de todo lo que conocerá y aprenderá leyendo Esclavos Unidos. La otra cara del American Dream, porque no siempre se tiene a nuestra disposición a una periodista ajena a Estados Unidos recogiendo los números y los testimonios de lo que nunca nos cuentan de ese país.

Pascual Serrano

Introducción

Como deja claro Helena Villar en este libro, el sadismo define casi todas las experiencias culturales, sociales y políticas en los Estados Unidos. Tiene su expresión en la codicia de una elite oligárquica que ha visto cómo, durante la pandemia, su riqueza se incrementaba en 1,1 billones de dólares, mientras el país sufría el aumento más pronunciado de su tasa de pobreza en más de 50 años. Tiene su expresión en homicidios extrajudiciales por parte de la policía en ciudades como Minneapolis. Tiene su expresión en nuestra complicidad en el asesinato indiscriminado de palestinos desarmados por Israel, en la crisis humanitaria generada por la guerra en Yemen y en nuestros regímenes de terror en Afganistán, Iraq y Siria. Tiene su expresión en la tortura en nuestras cárceles y en prisiones clandestinas. Tiene su expresión en la separación de los niños de sus padres indocumentados, retenidos como si se tratara de perros en una perrera.

El historiador Johan Huizinga, cuando escribía sobre el otoño de la Edad Media, sostenía que, a medida que las cosas se desmoronan, se abraza el sadismo como una forma de afrontar la hostilidad de un universo indiferente. Una vez roto el vínculo con un objetivo común, una sociedad fracturada se refugia en el culto al yo. Se celebra, tal como hacen las empresas y corporaciones en Wall Street o la cultura de masas a través de los programas de telerrealidad, los rasgos clásicos de los psicópatas: encanto superficial, pomposidad y arrogancia; necesidad de un estímulo y una excitación constantes; inclinación a la mentira, el engaño y la manipulación, e incapacidad para el remordimiento o la culpa. Consigue lo que puedas, tan rápido como puedas, antes de que algún otro lo haga. Este es el estado natural de la «guerra del todos contra todos»; como consecuencia del colapso social, Thomas Hobbes veía un mundo en el que la vida se torna «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta». Y este sadismo, como vislumbró Friedrich Nietzsche, alimenta un placer perverso, sádico.

Para la mayoría de los estadounidenses, la única salida es servir, como hace Biden, a la máquina sádica. El empobrecimiento de la clase trabajadora ha condicionado a decenas de millones de estadounidenses a que acepten ponerse al servicio de una policía militarizada que funciona como un ejército letal de ocupación interna; de un ejército que lleva a cabo regímenes de terror en el transcurso de ocupaciones en el extranjero; de agencias de inteligencia que torturan en prisiones clandestinas globales; de la vasta red gubernamental de espionaje a la ciudadanía; del robo de información personal por parte de agencias de crédito y medios digitales; del sistema penitenciario más grande del mundo; de un servicio de inmigración que persigue a personas que nunca han cometido un delito y separa a los niños de sus padres para «almacenarlos» en depósitos; de un sistema judicial que condena a los pobres a décadas de prisión, a menudo por delitos no violentos, y les niega la posibilidad de un juicio con jurado; de las empresas que llevan a cabo el trabajo sucio de los desahucios, el corte de servicios públicos (entre ellos el agua), el cobro de deudas abusivas que abocan a la gente a la bancarrota y la denegación de servicios médicos a quienes no pueden pagar; de bancos y prestamistas que gravan a las personas sin recursos con créditos abusivos y con elevados intereses, y de un sistema financiero diseñado para mantener a la mayor parte del país presa de una deuda agobiante mientras la riqueza de la elite oligárquica aumenta hasta niveles nunca vistos en la historia de Estados Unidos.

Estos son algunos de los pocos trabajos que están bien remunerados. Traen consigo sentimientos de omnipotencia, ya que las víctimas están en gran medida indefensas. Al servicio del Estado o de las corporaciones, los empleados pueden abusar, humillar e incluso matar con impunidad, como pone de manifiesto el asesinato casi diario de civiles desarmados por parte de la policía. Este servicio a los monolíticos centros de poder exonera a las personas de tener que hacer una elección moral. Confiere una omnipotencia casi divina.

Sabemos qué aspecto adquiere este sadismo. El de un Derek Chauvin indiferente asfixiando hasta la muerte a George Floyd mientras sus compañeros policías miran impasibles. El de Andrew Brown Jr. recibiendo cinco disparos de la policía en Carolina del Norte, entre ellos uno en la parte posterior de la cabeza. El de Abner Louima, a quien la policía introdujo un palo de escoba por el recto en un baño en la comisaría número 70 de Brooklyn, lo que requirió tres operaciones de importancia para reparar las lesiones internas. El de Edward Gallagher, jefe de operaciones especiales de los Navy Seal, disparando y matando al azar a civiles desarmados y usando un cuchillo de caza para apuñalar repetidamente hasta la muerte a un prisionero iraquí herido y sedado, de diecisiete años de edad, y luego fotografiarse con el cadáver. El de civiles iraquíes, la mayoría sin relación alguna con la insurgencia, desnudos, atados, golpeados, humillados sexualmente y violados, y a veces asesinados, por soldados y contratistas privados en Abu Ghraib. Los detenidos en Abu Ghraib eran sistemáticamente arrastrados por el suelo de la prisión con una cuerda atada a sus penes, se usaban luces químicas para sodomizarlos o para que el líquido fosfórico pudiera verterse sobre sus cuerpos desnudos. El de las mujeres que son torturadas, golpeadas, degradadas y violadas, a menudo por un grupo numeroso de hombres, en películas porno, y de las que, al cabo de unas pocas semanas o meses, se prescinde con traumatismos severos, además de enfermedades de transmisión sexual y de desgarros vaginales y anales cuya curación requiere de intervención quirúrgica.

Las sociedades sádicas rechazan y condenan a ciertos sectores de la población –en Estados Unidos son los negros pobres, los musulmanes, los indocumentados, la comunidad LGBTQ, los anticapitalistas radicales, los intelectuales– al considerarlos desechos humanos. Se los ve como contaminantes sociales. Leyes, instituciones y estructuras burocráticas forman parte de esas sociedades sádicas que funcionan, en palabras de Max Weber, como una «máquina inanimada». La máquina empuja a la mayoría de la gente a la masa, pero permite que quienes quieran hacerse cargo de su trabajo sucio estén por encima de la multitud. Quienes ejecutan ese sadismo en nombre de la elite en el poder sienten miedo de que los devuelvan a la masa. Por esta razón, cumplen enérgicamente con la degradación, la crueldad y el sadismo que la máquina exige. Cuanto más insultan, persiguen, torturan, humillan y matan, más parecen ampliar mágicamente la brecha entre ellos y sus víctimas. Por eso, policías y funcionarios de prisiones negros pueden ser tan crueles, y a veces más, que sus homólogos blancos.

El sadismo erradica en el sádico, al menos momentáneamente, los sentimientos de inferioridad, vulnerabilidad y de verse afectado por el dolor y la muerte. Le proporciona placer. Fui golpeado por la policía militar saudí y más tarde por la policía secreta de Sadam Huseín cuando me hicieron prisionero tras la primera Guerra del Golfo. Se veía claramente que los matones encargados de las palizas disfrutaban con ello. El abuso que lleva a cabo Israel sobre los palestinos, los ataques a musulmanes, niñas y mujeres en India y la estigmatización de los musulmanes en los países que ocupamos son parte de una degradación global que se extiende más allá de Estados Unidos. Wilhelm Reich en The Mass Psychology of Fascism (La psicología de masas del fascismo) y Klaus Theweleit en Male Fantasies (Fantasías masculinas) sostienen que, más que cualquier sistema de ideas coherente, el núcleo del fascismo lo constituye el sadismo, junto con una hipermasculinidad grotesca.

Jean Amery, que estuvo en la resistencia belga en la Segunda Guerra Mundial y que fue capturado y torturado por la Gestapo en 1943, define el sadismo «como la negación radical del otro, la impugnación simultánea tanto del principio social como del principio de realidad. En el mundo del sádico triunfan la tortura, la destrucción y la muerte, y está claro que un mundo así no tiene esperanzas de sobrevivir. Por el contrario, el sádico desea trascender el mundo, alcanzar una soberanía total negando y anulando a sus semejantes, a los que ve como representantes de un tipo particular de “infierno”».

La observación de Amery es importante. Una sociedad sádica tiene que ver con la autodestrucción colectiva. Es la apoteosis de una sociedad deformada por experiencias abrumadoras de pérdida, alienación y éxtasis. La única manera que queda de afirmarse en sociedades fracasadas es destruir. Johan Huizinga en su libro El otoño de la Edad Media señaló que la disolución de la sociedad medieval provocó «el tono violento de la vida». Hoy día, este «tono violento de la vida» lleva a la gente a llevar a cabo asesinatos policiales, desahucios de familias, bancarrotas decretadas por órdenes judiciales, la denegación de atención médica a los enfermos, atentados suicidas y tiroteos masivos. Como vio el sociólogo Emil Durkheim, quienes buscan la aniquilación de los otros se ven impulsados por deseos de auto-aniquilación. El sadismo hace que suba la adrenalina y da placer, a menudo con fuertes matices sexuales, lo que nos lleva a ser atraídos por lo que Sigmund Freud llamó la pulsión de muerte, la pulsión de destruir todas las formas de vida, incluida la nuestra. Y en un mundo en el que la muerte lo impregna todo, se la acaba considerando irónicamente como el remedio.

El capitalismo corporativo, que ha pervertido los valores de la sociedad estadounidense para mercantilizar todas y cada una de sus facetas, incluidos los seres humanos y el mundo de la naturaleza, insiste en que son los dictados del mercado los que deben regir nuestra existencia, una convicción imbuida de sadismo. Se trata de ese placer derivado de la explotación de los demás del que escribió Fredrich Nietzsche en La genealogía de la moral:

Formémonos una clara idea de la lógica que subyace a toda esta manera de obtener una compensación: es harto extraña. La equivalencia se da cuando en lugar de una ventaja que compense directamente el daño (por tanto, en lugar de una compensación en dinero, tierra o posesiones del tipo que sea) se concede al acreedor como reembolso y compensación una especie de sensación de bienestar, la sensación de bienestar que experimenta cuando ve que le es lícito descargar su poder sin reparo alguno sobre alguien impotente, la voluptuosidad «de fair le mal pour le plaisir de le faire» [hacer el mal por el placer de hacerlo], el disfrute en la violación: un disfrute que se tiene en tanto más estima cuanto más abajo esté el acreedor en el orden de la sociedad y más fácil sea que le parezca el más exquisito de los bocados, e incluso una forma de pregustar un rango superior. Mediante el «castigo» del deudor, el acreedor participa de un derecho reservado a los señores: finalmente llega a experimentar también él la exaltante sensación de poder lícitamente despreciar y maltratar a otro ser como a un «inferior», o al menos –en el caso de que el poder mismo de castigar, de ejecutar la pena, ya se haya puesto en manos de las «autoridades»– de verle despreciado y maltratado. La compensación consiste, por tanto, en una licencia y derecho a la crueldad[1].

Unos ejecutivos de la compañía energética Enron, en un diálogo que podría proceder de cualquier gran corporación, fueron grabados en el año 2000 mientras discutían «robar» en California, refiriéndose a la «abuela Millie». Los dos operadores, identificados como Kevin y Bob, rechazaban las demandas de reembolso por parte de los reguladores californianos ante la constante especulación con los precios llevada a cabo por la compañía.

K

evin

: ¿Así que el rumor es cierto? ¿Están jodiendo para que devolváis todo el dinero? ¿Todo ese dinero que robasteis a esas pobres abuelas en California?

Bob

: Sí, a la abuela Millie, tío. La única que no sabría cómo coño usar una papeleta para votar.

K

evin

: Sí, ahora quiere que le devolvamos su puto dinero por toda la electricidad que le cobrasteis a unos jodidos 250$/megavatio hora.

Bob

: Ya sabes, la abuela Millie, por la que está luchando Al Gore, ¿sabes?

En un momento posterior de la misma conversación, Kevin y Bob denigran a los californianos.

K

evin

: Oh, lo mejor que podría pasar es que viniese un puto terremoto, dejar esa cosa flotando por el Pacífico y ponerles unas putas velas.

Bob

: Lo sé. Esos tipos… hay que acabar con ellos.

K

evin

: Están tan jodidos y están completamente…

Bob

: Están tan jodidos.

No nos libraremos del capitalismo depredador y de su cultura sádica con unas míseras migajas concedidas por el Gobierno. No nos libraremos porque las astutas personas que escriben los discursos a Biden y los especialistas en relaciones públicas, que utilizan encuestas y grupos de debate para decirnos lo que queremos oír, pueden hacer que sintamos que la Administración está de nuestro lado. No hay buena voluntad en la Casa Blanca de Biden, en el Congreso, los tribunales, los medios de comunicación –que se han convertido en una caja de resonancia de las clases privilegiadas– o las juntas directivas de las corporaciones. Ellos son el enemigo.

Nos libraremos de esta cultura sádica de la misma manera que los desheredados se sacudieron el yugo del capitalismo clientelista durante la Gran Depresión, organizándose, protestando y disturbando el sistema hasta que las elites gobernantes se vean obligadas a conceder algún tipo de justicia social y económica. El Bonus Army, veteranos de la Primera Guerra Mundial a los que se había denegado el pago de pensiones, estableció en Washington inmensos campamentos que fueron violentamente desmantelados por el ejército. En la década de 1930, grupos de vecinos, muchos de ellos miembros de los Wobblies o del Partido Comunista, impidieron físicamente que la policía del condado desahuciase a familias. En 1936 y 1937, el sindicato United Auto Workers llevó a cabo una huelga de brazos caídos en las fábricas que paralizó General Motors, obligando a la compañía a reconocer el sindicato, aumentar los salarios y satisfacer las demandas sindicales de protección y condiciones de trabajo dignas y seguras. Fue una de las conquistas laborales más importantes en la historia estadounidense y llevó a la sindicación de toda la industria automovilística del país. Los agricultores, a los que los grandes bancos y Wall Street habían llevado a la bancarrota y a embargos, fundaron la Farmer’s Holiday Association para protestar por la incautación de granjas familiares, una de las razones por las que ladrones de bancos como John Dillinger, Bonnie y Clyde, y la Banda Barker eran auténticos héroes populares. Los agricultores cortaron carreteras y destruyeron montañas de productos agrícolas, lo que redujo el abastecimiento y provocó una subida de los precios. Los agricultores, al igual que los trabajadores del automóvil sindicados, fueron objeto de una amplia vigilancia gubernamental y de ataques violentos por parte del FBI, matones a sueldo de las compañías, bandas de delincuentes contratadas, elementos paramilitares y policías del condado. Pero la militancia dio sus frutos. Los agricultores obligaron al Estado a aceptar una moratoria de facto sobre los embargos de granjas. Al mismo tiempo, las manifestaciones masivas fuera de las capitales estatales presionaron a los órganos legislativos para que impidiesen el cobro de los pagos hipotecarios vencidos. En el sur, arrendatarios y aparceros formaron sindicatos. El Departamento de Trabajo calificó su acción colectiva de «guerra civil en miniatura».

Las personas desempleadas y hambrientas de todo el país ocuparon tierras y casas vacías, formando barrios de chabolas conocidos con el nombre de Hoovervilles. Los indigentes se adueñaron de edificios y empresas públicos. Esta presión constante, y no la buena voluntad de Franklin Delano Roosevelt, es lo que dio lugar al New Deal. Él y sus colegas oligarcas acabaron comprendiendo que, si no se llevaba a cabo una reforma, habría una revolución, algo que Roosevelt reconocía en su correspondencia privada.

Hasta que no se reintegre a la gente en la sociedad, hasta que no se elimine el control corporativo y oligárquico de nuestros sistemas educativo, político y mediático, hasta que no recuperemos la ética del bien común, no habrá esperanza de restablecer los vínculos sociales positivos que fomentan una sociedad sana. En la Historia, son numerosos los ejemplos que ilustran cómo funciona este proceso. Hay que jugar con el miedo. Y hasta que no hagamos que sientan temor, hasta que un aterrorizado Joe Biden y los oligarcas a los que sirve no vean ante ellos un mar de horcas y tridentes, no lograremos poner freno a la cultura del sadismo que han urdido.

Chris Hedges

Periodista, escritor y presentador de televisión, ganador del Premio Pulitzer

[1] Traducción tomada de [https://biblioteca.org.ar/libros/211756.pdf], p. 37.

PREFACIO

La tormenta perfecta.

Cómo la COVID-19 desnudó la crueldad del sistema

El contador se acercaba peligrosamente a las 10 mil muertes y, siendo domingo, todo el mundo daba por hecho que la nueva semana, la segunda de abril del año 2020, empezaría con un macabro ascenso hacia el nuevo millar. Hacía tiempo que se desistía de recibir respuestas sobre un fin o incluso un descenso, por lo que las dudas más recurrentes eran con cuánta rapidez se registrarían nuevos casos o qué estados seguirían en cabeza. En tiempos de una debacle semejante, sin embargo, el panorama seguía segregado, sin una narrativa trágica nacional. Tuvo que ser alguien con solapas ornamentadas de medallas y estrellas, el cirujano general de Estados Unidos Jerome Adams, quien lo expresara de manera sumamente gráfica en la cadena Fox News –privada y/o gubernamental, dependiendo de quien esté al frente de la Casa Blanca–: «Esto va a ser como Pearl Harbor, como los ataques del 11 de Septiembre, sólo que no estará localizado, ocurrirá en todo el país. Quiero que Estados Unidos entienda esto». Sólo el día 8 murieron 1.973. Ese viernes, más de dos mil. Siguiendo con los símiles históricos, alguien recordaba en Twitter que fueron 2.500 los fallecidos estadounidenses el Día D, durante el desembarco de Normandía.

Una cosa es estar acostumbrado a los cementerios Cypress Hills o Mount Lebanon y otra es ver cadáveres envueltos en plásticos frente a tu apartamento. Es lo que muchos de los residentes de inmuebles en Bushwick, Brooklyn, pensaron cuando se dieron cuenta de que no sólo iban a permanecer encerrados en sus minúsculos apartamentos, sino que además habían resultado agraciados con una morgue temporal para víctimas de la covid-19. Multitud de carpas gigantes y grandes camiones refrigerados ocuparon esos días lugares insospechados en una de las ciudades más turísticas del mundo. Pocos habrían podido imaginar, tan sólo algunas semanas antes, que los aledaños del Hospital Bellevue en Manhattan, apenas a 20 minutos a pie del infinitamente visitado Empire State, se convertirían en el mayor BCP de Nueva York, siglas creadas por las autoridades para dulcificar lo que básicamente era un punto de recogida de cuerpos. A unos kilómetros de allí, cadáveres en fila apilándose en una gran fosa común impactaban en las retinas de medio mundo. Un vídeo grabado con un dron sacaba del anonimato a la isla Hart, al este del Bronx, un enclave que lleva sirviendo desde mediados del siglo xix como destino de los cuerpos de aquellos que no son reclamados por nadie o cuyos familiares no pueden sufragar el sepelio. Los ataúdes llegan en un ferry y se apilan en excavaciones tan largas como campos de fútbol. Los encargados, presos transportados desde la cárcel de Rikers Island. Pobres diablos a cargo de los desheredados. Esos días, sin embargo, los reos también ocupaban los titulares que habitualmente ignoraban su situación, al registrar una de las tasas de contagio más altas del país, con motines incluidos debido a las condiciones de hacinamiento. «Es una bomba de tiempo, la única forma sensata de detener las muertes y proteger a los vulnerables es liberar a la mayor cantidad de personas posible», escribía en un artículo de opinión una de las médicas de la prisión. La situación se replicaba en centros penitenciarios por todo el país, en la nación con un mayor número de ciudadanos encarcelados del planeta, al margen de una presunción de inocencia marcada por fianzas indecentes.

Mientras, la ciudad que nunca duerme seguía siendo foco planetario de fallecimientos. Lunes: 731. Martes: 779. Miércoles 799. Cada día un récord de decesos nuevo confirmado por un gobernador que llevaba semanas luchando dialécticamente contra la Casa Blanca. Contrariamente a lo que Donald Trump aseguraba en sus ruedas de prensa diarias, Andrew Cuomo se encargaba de reforzar la idea de que no se podía reactivar la economía sin ni siquiera haber abordado el daño social causado hasta la fecha, o pedía ayuda federal para equipamiento sanitario, confesando que la ausencia de material y de una fuerte política unitaria suponía abocar a los estados a una insólita competencia por conseguir aquello que necesitaban. Esto, a la vez que el estado de Nueva York aprobaba unos presupuestos en pro de la austeridad y los recortes, hospitales incluidos, sin demasiado ruido mediático. Algo que sí circuló durante aquellos días vía redes sociales fueron las denuncias del personal sanitario afectado, quienes, para llamar la atención de la ciudadanía, no dudaban en posar con envases de comida preparada para explicar que era precisamente lo que estaban utilizando como protección a falta de mascarillas protectoras. Para cuando las direcciones de cada vez más hospitales de todo el país quisieron censurar las voces críticas a base de despidos o suspensiones, la precaria realidad del estado de la sanidad de la nación más influyente y poderosa era vox populi internacional. ¿Qué les estaba pasando? No podía ser sólo cosa de Trump. No lo era. No lo es.

Más allá de los números y el discurso, el retrato de las víctimas comenzaba a conformarse. Sin salir de Nueva York, el 34% de quienes fallecían eran hispanos, pese a representar el 29% de la población. Una desproporción también significativa en el caso de los afroamericanos. Así, los pacientes en el Bronx registraban el doble de probabilidades de morir por coronavirus que el resto de la ciudad. En Chicago, donde el 30% de sus habitantes son afroamericanos, 70% era la tasa de fallecimiento por la covid-19, y Nueva Orleans, con un 65% de ciudadanos pertenecientes a esa minoría, era una de las que encabezaba las tasas de mortalidad del país. Puede que un virus no entienda de clases o razas pero sí de la vulnerabilidad ante el mismo. Viviendas deficientes, falta de acceso a la sanidad, enfermedades previas desconocidas por quienes no pueden costearse un seguro médico, o una mayor exposición debido a la precariedad laboral. Dichas minorías son mayorías en empleos base de multinacionales como McDonalds, Walmart, Subway, Burger King, Pizza Hut o Target, es decir, aquellos comercios que debían mantenerse abiertos, pese a que ninguno de ellos ofreciese bajas pagadas por enfermedad. Una oleada tímida de reivindicaciones se vislumbró cuando algunos trabajadores del servicio de compras a domicilio Instacart o del de Amazon fueron a la huelga durante una jornada. A los primeros se les dio un kit de seguridad: guantes, desinfectante y termómetro. Los segundos, empleados de la compañía del hombre más rico del planeta y cuyos beneficios subían como la espuma debido a la fuerte demanda de servicio online desencadenada por la crisis, obtuvieron la promesa de dos semanas pagadas por cuarentena o positivo por coronavirus. Más de una decena de almacenes registraban casos, los trabajadores exigían mayores medidas de higiene y equipamientos como mascarillas, y cada vez se hacían públicos más testimonios de infectados que no recibían el total de sus sueldos. Para los contratistas, la empresa ideaba un fondo de auxilio al que poder acogerse, para el que pedían, no obstante, donaciones a particulares. Caridad como primera opción para los trabajadores de segunda del multimillonario Jeff Bezos. Al mismo tiempo, el gigante del comercio online enviaba masivamente anuncios publicitarios de búsqueda de empleados sin necesidad de curriculum vitae o entrevista para cubrir puestos pagando 22,25 dólares la hora. Mano de obra de usar y tirar mediante atractivo publicitario. En el caso de la cadena de supermercados Whole Foods, también propiedad de Amazon y de primera necesidad en la crisis, se sugería a los empleados sanos donar su tiempo de vacaciones a aquellos que estaban enfermos. Reducir las pérdidas de ellos a costa de los demás esclavos. Un negocio perfecto para alguien que, sólo en esa semana, vio aumentar su riqueza en 6.800 millones de dólares y que, de haber donado sus ganancias de tan sólo un mes, hubiese sido capaz de proporcionar más de 200 mil respiradores. Los hospitales de todo Estados Unidos no llegaban a esa cifra.

Una encuesta de Axios-Ipsos de unas semanas previas era sumamente reveladora: sólo el 3% de los ciudadanos con bajo nivel de ingresos tenían la posibilidad de trabajar de forma remota o desde casa. El porcentaje aumentaba significativamente en función de los ingresos, con casi la mitad de aquellos ciudadanos de clase media-alta y casi cuatro de cada 10 de la categoría superior. «Los ricos se han vuelto virtuales y han mantenido sus trabajos. Los pobres y la clase trabajadora están más expuestos. Es una historia de dos Américas», comentó sobre los resultados el presidente de Ipsos. Al mismo tiempo, el 45% de los trabajadores del grupo inferior dijeron estar muy inquietos por su seguridad laboral ante el coronavirus. En el grupo superior, sólo el 13%. En cuanto a las facturas, alrededor de un tercio de aquellos más desfavorecidos y precarios aseguraron estar extremadamente preocupados sobre su capacidad para hacer frente a los pagos, números significativamente superiores al resto de los grupos.

Así, un vídeo de la cadena NBC se hacía viral durante esa misma segunda semana de abril mostrando colas kilométricas ante los bancos de alimentos de diferentes ciudades. Días más tarde, otro, grabado por un empleado de una de las despensas caritativas en San Antonio, Texas, recorría a cámara rápida una larga hilera de vehículos. Había para repartir lo justo para seis mil familias, algunas de ellas agolpadas en coches de alta gama. En la sociedad del crédito todo es posible, incluso poder desplazarte para obtener paquetes de arroz o pasta con los que alimentar a los tuyos en una carrocería que jamás será tuya salvo que te dejes el sueldo y la vida en pagar intereses; si todo va bien.

La bancarrota esos días llamaba a la puerta de millones de estadounidenses. Estados Unidos había pasado de la tasa de desempleo más baja en el último medio siglo a que en tan sólo tres semanas de semiparo debido al coronavirus casi 17 millones de ciudadanos se inscribieran como desempleados. La oleada de solicitudes de algún tipo de prestación fue tan masiva que, un mes después de la declaración oficial de la pandemia, los departamentos de trabajo estatales estaban desbordados y muchos estadounidenses tenían que revisar a diario su buzón, todavía a la espera de un cheque de desempleo, con el agravante de que, en este país, perder el trabajo significa en la mayoría de casos perder el seguro médico.

15 días antes, el Congreso de Estados Unidos había aprobado el mayor paquete de ayuda económica de la historia hasta esa fecha: dos billones de dólares contra la crisis. Una mirada minuciosa al mismo revelaba, sin embargo, la enorme diferencia de presupuesto destinado para los trabajadores y las empresas. Para los primeros, 1.200 dólares por adulto, 400 por hijo, algún complemento a prestaciones por desempleo y tímidas líneas de crédito para el pequeño comercio. Para industrias consideradas con dificultades debido al coronavirus, sin distinción de beneficios previos o futuros como las aerolíneas, el Tesoro repartiría hasta quinientos mil millones. Los hospitales obtendrían 100 mil del total billonario. Un año después, el gasto de las hospitalizaciones por coronavirus se estimaría en 30 mil, según citaría The New York Times en un artículo titulado: «La covid mató a su padre. Después le llegaron facturas médicas por valor de un millón de dólares». En el interior se denunciaría que el coste promedio de cada estadía fue de más de 20 mil y no existían datos suficientes para saber cuánto del total tuvo que ser asumido por los propios pacientes. Mientras en The Washington Post Helaine Olen describía la ayuda como «no sólo una oportunidad perdida de brindar permanentemente a los trabajadores estadounidenses los beneficios de los que disfrutan los de otros países ricos», The New York Times se hacía eco de la siguiente afirmación de Erik Gordon, un profesor en la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Míchigan: «Nos fuimos a la cama como Estados Unidos y nos levantamos la mañana siguiente pareciéndonos a la Europa socialdemócrata». Nada más lejos de la realidad. Gracias a una disposición introducida por los republicanos en la ley de ayudas, el Comité Conjunto de Impuestos del Congreso denunció días después que 43 mil contribuyentes millonarios recibirían por cabeza una compensación de 1,6 millones de dólares.

De este modo, a pocos extrañó que, cuando el 8 de abril el precandidato Bernie Sanders anunció su retirada de la carrera presidencial, los principales índices de la Bolsa estadounidense registraran un ascenso. Sanders suspendía una de las campañas más prometedoras de los últimos tiempos, alimentada por los sectores de la ciudadanía estadounidense más castigados, prohibida para millonarios y Wall Street, sostenida por un movimiento político comunitario que había ilusionado a la clase trabajadora de buena parte del país y cuyos estandartes, entre otros, habían sido la sanidad universal, educación para todos, vivienda accesible o el fin del lucro privado a costa del encarcelamiento masivo de inmigrantes y ciudadanos pobres. En un momento de crisis sanitaria, económica y social como la que se estaba viviendo; con numerosas encuestas dándole la victoria ante un hipotético duelo frente a Donald Trump, y con Joe Biden, su contrincante demócrata más directo, acusado de agresión sexual en la era del Metoo, cualquier observador externo y superficial acabaría por no entender el porqué de la retirada de Sanders. Detrás, el senador por Vermont dejaba una lucha de enorme desgaste contra el establishment; lo que supuso no sólo enfrentarse a los más poderosos, sino también a los republicanos, al Gobierno, al resto de precandidatos, a los principales medios de comunicación –sostenidos por el mercado– y, sobre todo, a su propio partido. Una organización política cuyos líderes centristas, en un clima de «ansiedad generalizada», según describía The New York Times, aseguraban abiertamente estar dispuestos a dañar la imagen del partido para detener a Bernie Sanders cuando este registraba sus mejores resultados durante las primarias. Sea como sea, Sanders no sólo no se sobrepuso a las acometidas, sino que prácticamente declinó contraatacar. Esta ausencia de respuesta clara supuso que un sector de la izquierda estadounidense políticamente más escéptica directamente se preguntara si Sanders había sido sólo el último producto de la repetitiva estrategia electoral demócrata del perro pastor de ovejas, expuesta así ya en 2015 por el periodista Bruce A. Dixon:

El senador de Vermont y ostensible socialista Bernie Sanders se está convirtiendo en el candidato del perro pastor para Hillary Clinton este año. El trabajo de Bernie es calentar a la multitud para Hillary, reuniendo las energías de los activistas y la izquierda descontenta en el redil demócrata una vez más. Bernie tiene como objetivo vincular las energías y los recursos de los activistas hasta el verano de 2016, cuando la única opción restante será el menor de los dos males habituales. El perro pastor de ovejas es una carta que el partido demócrata juega cada vez que hay unas primarias y no están en el Gobierno o su presidente no puede presentarse a la reelección.

Es decir, cada vez que el descontento social se traduce en grandes movilizaciones y sed de cambio, una figura canaliza dicha ilusión para el partido demócrata con el único fin de contenerla. Sólo una nación acostumbrada al espectáculo y la amnesia propagandística es incapaz de verlo. Una nación que se mantiene gracias al mito y se alimenta de una falsa esperanza colectiva de manera permanente. Esta vez tocó el movimiento Sanders; la próxima vez, quién sabe.

La semana que nos ocupa acababa con Estados Unidos situado como primer país en número de muertes: America First. El sábado, Donald Trump cedía ante sus propias reticencias y el Departamento de Defensa invocaba ante la escasez la Ley de Producción de Defensa para fabricar unos 39 millones de mascarillas en 90 días, una ley de la era de la guerra contra Corea. Lo militar como medida de salvación patriótica en un país que, ante cualquier incertidumbre social masiva, tiene como reacción primigenia armarse hasta los dientes. En marzo, el FBI había procesado un récord de 3,7 millones de verificaciones de antecedentes para compra de armas, más que en cualquier mes desde 1989, cuando se iniciaron los registros. La única vez que los estadounidenses adquirieron más armas de fuego fue en enero de 2013, tras el tiroteo masivo en la Escuela de Primaria Sandy Hook. Un vídeo de la Asociación Nacional del Rifle advertía: «Puede que usted esté acumulando alimentos en este momento», pero «si no se prepara para defender su propiedad, cuando todo salga mal, en realidad sólo estará almacenándolos para otra persona».

Estados Unidos es inabarcable y a la vez tremendamente simple. Este libro, breve retrato socioeconómico, es un humilde análisis del porqué del fácil naufragio expuesto. Una muestra mediante el relato de aquellos que viajan en él y que, sin pandemia mediante, ya sufrían y sufren la fragilidad de un sistema con un mascarón brillante y atractivo; cuyo armazón está, sin embargo, amenazado por la podredumbre.

I

LOS PILARES DE LA DESIGUALDAD

Cualquiera que haya luchado alguna vez contra la pobreza sabe lo extremadamente caro que es ser pobre.

James A. Baldwin, «Quinta Avenida, Uptown: una carta desde Harlem»

Salud o billetera

Clínicas itinerantes frente a la escasez

Son las 12 de la medianoche de un viernes en Warsaw, Virginia. Aunque todavía es otoño, hiela afuera. Un fenómeno nada inusual para los apenas mil quinientos habitantes de la localidad, acostumbrados a la fría humedad de la cercana bahía. Sin embargo, un acontecimiento extensamente anunciado durante la semana agita a la población, llena los pocos hostales cercanos y concentra un extraño movimiento en el aparcamiento de la Escuela Secundaria Rappahannock. En uno de los vehículos, Shakira Vargas, universitaria, espera pacientemente con su amiga de la universidad. Saben que dormirán ahí dentro. Apenas tres horas más tarde se produce el primer movimiento, un voluntario les entrega el boleto por el cual podrán, a partir de las seis, hacer lo que han venido a hacer desde lejos: ir al médico.

En Estados Unidos no existe el acceso universal gratuito a la sanidad. Según la oficina del censo, en 2018, 27,5 millones de personas, entre ellas más de cuatro millones niños, vivieron sin seguro médico. Fueron dos millones más que el año anterior. Un aumento que se produjo pese a la caída general en la tasa de desempleo. Paradójicamente, la industria de los seguros de salud ni lo notó. Los beneficios continuaron creciendo a buen ritmo, registrando un aumento significativo de ganancias netas de 23,5 mil millones de dólares, prácticamente un punto porcentual mayor que en el año anterior.

Dentro de la escuela secundaria la actividad ya es frenética a las cinco de la mañana. Falta una hora para abrir y, de los 400 voluntarios desplazados, la inmensa mayoría ya saben cuál es su cometido y posición. No es la primera vez que trabajan gratuitamente en la RAM –área remota médica–, por lo que se sirven generosas tazas de café y comen galletas. El día será largo. La energía de los muchos estudiantes y recién licenciados en diversas especialidades médicas con ganas de adquirir práctica se mezcla con la serenidad y confianza de los más veteranos, muchos de ellos médicos y enfermeras jubilados que creen que su experiencia es más necesaria aquí que en un despacho a 50 dólares mínimo la consulta. Al abrir las puertas, pacientes de todas las edades y razas hacen fila según el orden de los boletos previamente repartidos. Primera parada, revisión general. Toma de tensión, azúcar y análisis de enfermedades previas. Allí me encuentro con Celia Martínez, quien resume así su porqué: «Vine para un chequeo médico general, así como para el dentista y el oculista. Me enteré de esto por la escuela porque mis hijos estudian aquí y somos muchos los que no tenemos seguro médico. A veces vamos y cobran muy caro cualquier cosa o a veces directamente no podemos pagar la consulta».

La American Journal of Public Health calcula que, cada año, 530 mil familias se declaran en quiebra económica en Estados Unidos por no poder hacer frente a gastos médicos, una causa presente en el 66,5% del total de las bancarrotas, por delante de ejecuciones hipotecarias, préstamos universitarios o divorcios. Aunque existen programas públicos como Medicare o Medicaid, estos están diseñados para grupos de población limitados, como mayores de sesenta y cinco años y personas discapacitadas en el primer caso o con muy bajos ingresos en el segundo. No se aplica por igual en todos los estados ni cubren la asistencia sanitaria completa. «El copago puede ser muy alto. Sobre todo para algunas de las especialidades que cubrimos gratuitamente en esta clínica, en realidad les costaría de 200 a 500 dólares ver a ese médico», resume la doctora voluntaria Colleen Madigan.

Sigue el movimiento en la escuela. En una clase en penumbra se ha instalado una consulta oftalmológica; en la de al lado, un expositor de lentes gratuitas. Más adelante, cortinas negras otorgan cierta intimidad entre improvisadas camillas para exploraciones especiales. En otra aula, alumnos adultos ocupan pupitres, les están enseñando cómo aplicar Naxolone, un antagonista de los opioides, en caso de sobredosis. Es la última novedad de la clínica, consciente de la crisis de opiáceos que asuela la nación. No obstante, el flujo humano se dirige, sobre todo, hacia una dirección: el gimnasio. Dentro, dos filas formadas por una veintena de sillones odontológicos enfrentadas entre sí ocupan el espacio central. En uno de los lados se ha habilitado un espacio de esterilización de herramientas. Hay bombonas y voluntarios cubiertos de los pies a la cabeza junto a canastas de baloncesto. Es un espectáculo, se mire por donde se mire. Sin embargo, en las gradas, quienes esperan son pacientes; uno de ellos es Shakira, la joven del aparcamiento: «Estoy aquí porque en el médico me pusieron unos aparatos correctivos pero llegó un momento en que ya no pude pagarlos. La respuesta que recibí es que sin desembolso no podían quitármelos y que mi única opción es dejar que se me cayeran solos».

«Existe la creencia de que llevamos estas clínicas sólo a áreas rurales donde hay que conducir durante horas hasta ver a un médico. La realidad es que también vamos a lugares muy poblados y urbanos, donde hay sanitarios por todas partes, pero nadie puede pagarlos.» Habla Kim Faulkinbury, coordinadora de la clínica RAM. Fundada en 1985, la idea inicial de sus creadores fue brindar asistencia sanitaria en países en desarrollo. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no hacía falta salir de Estados Unidos. Desde entonces, han atendido a prácticamente un millón de personas y la cifra aumenta anualmente. Sólo van allí donde se les pide y su financiación depende exclusivamente de donaciones privadas, es decir, se sostienen gracias a la caridad. Volvemos a encontrarnos con la doctora Madigan:

Creo que lo que hizo darme cuenta de lo importante que esto era fue la historia de un hombre que tenía abscesos dentales y había estado esperando durante seis semanas a que llegara una clínica RAM a su ciudad tomando antibióticos. Poco antes de la fecha perdió su trabajo. Cuando estaba hablando con él sobre que teníamos que cambiar la receta y tendría que pagar cuatro dólares más, el hombre me miró y me dijo: esos cuatro dólares son para ponerlos en la mesa a mi familia, no puedo quitarles comida, así que me iré sin la prescripción.

La doctora Madigan fuerza una sonrisa honesta para ocultar su frustración y, antes de despedirse y seguir atendiendo a pacientes, finaliza así: «No queremos ser una tirita, sino tratarlos y conectarlos con alguien que se encargue de su problema de salud, porque darles sólo la insulina de hoy para reducir su azúcar en sangre sin obtener un tratamiento no les ayudará a largo plazo».

El macabro negocio de la industria farmacéutica

En noviembre de 2017 Donald Trump nominó como secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos a Alex Azar. «¡Será una estrella para obtener una mejor atención médica y precios más bajos de medicamentos!», tuiteó el mandatario. Por aquel entonces, Azar era presidente de una de las grandes farmacéuticas del país, Eli Lilly. Durante su gestión, la insulina Humalog aumentó su precio en un 585%. No fue la única compañía. Según el Comité de Finanzas del Senado, el medicamento de insulina NovoLog costó un 87% más en 2019 en comparación con 2013, mientras que Lantus de Sanofi aumentó un 77%. «No sé cómo son capaces de dormir por la noche», fue una de las frases que uno de los legisladores de esa cámara pronunció en una acalorada audiencia para investigar lo sucedido. Meses después, dos de las compañías citadas anunciaron una versión de la insulina a mitad de precio, a 140 dólares el vial. El coste de producción es de cinco.

Más de 30 millones de personas son diabéticas en Estados Unidos, de las cuales 1,2 millones están diagnosticadas con el tipo 1, es decir, sus vidas dependen completamente del suministro de insulina:

Meaghan Carter, cuarenta y siete años, Ohio – Tuvo diabetes tipo 1 durante 18 años. Cuando perdió su trabajo y su seguro, luchó por poder pagar su insulina, que costaba más de 800 dólares al mes. Recurrió a comprar NPH (insulina de acción intermedia) en Walmart, que es más barata pero mucho más impredecible que la insulina que usaba normalmente. El día de Navidad de 2018, Meaghan murió de cetoacidosis diabética.

Jesimya David Scherer, veintiún años, Minnesota – Además de controlar su diabetes desde que tenía diez años, Jesi tenía dos trabajos para mantenerse y se convirtió en electricista. Sin embargo, resultó ser insuficiente y comenzó a racionar la insulina, al no poder comprar la medicación necesaria hasta que ingresaba algún pago. Fue hospitalizado en abril con cetoacidosis diabética. En junio de 2019, dos días después de haber visto por última vez a su familia, llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo. Fue encontrado muerto al día siguiente.

Antavia Lee Worsham, veintidós años, Ohio – Tuvo problemas para pagar la insulina cuando cumplió dieciocho años y ya no era elegible para una cobertura de seguro estatal. Recurrió a tomar prestada la insulina de otros, cambiar su dieta y racionar la medicación. La insulina y derivados que necesitaba para vivir costaban mil euros al mes. Su hermano la encontró muerta por cetoacidosis diabética el 26 de abril de 2017.

Estas son algunas de las historias reales que pueden encontrarse en la página web de Right Care Alliance, una coalición de médicos, pacientes y ciudadanos cuyo objetivo es colocar a los enfermos, no el beneficio, en el centro de la atención médica. El caso de la insulina es extremadamente doloroso, teniendo en cuenta que sus descubridores vendieron la patente en el año 1921 por tres dólares a la Universidad de Toronto, renunciando así al lucro individual. Ahora, compañías privadas no sólo se hacen de oro gracias a esa decisión altruista, sino que utilizan los beneficios para comprar silencios. Lo cuenta Elizabeth Pfiester desde el Reino Unido, fundadora de la organización T1 Internacional.

Muchas de las grandes organizaciones en defensa de los diabéticos en Estados Unidos aceptan una gran cantidad de fondos de las empresas fabricantes de insulina, lo que significa que creemos que no pueden hablar tan libremente sobre la crisis de precios porque no quieren enfadar a la gente que les da dinero. Nosotros nos hemos esforzado por no aceptar ningún financiamiento de estas compañías, precisamente para poder hacer nuestro trabajo de manera independiente.

Las voluntades también son moldeables a nivel político. Según documentos federales, el mayor grupo de cabildeo de la industria farmacéutica en el Congreso gastó en 2018 la cifra récord de 27,5 millones de dólares. Dicha cifra sólo comprende a Pharmaceutical Research & Manufacturers of America (PhRMA), que representa a la mayoría de las compañías de investigación farmacéutica, incluidas Pfizer, Sanofi, Merck, Johnson & Johnson y Gilead Sciences. Sin embargo, según OpenSecrets, un grupo de investigación independiente y no partidista que rastrea el dinero en la política estadounidense, las empresas de ese sector gastaron individualmente un total de 194,3 millones de dólares en cabildeo a fecha de 24 de octubre de 2018, más allá de la cantidad revelada por PhRMA. La connivencia es tal, que el propio Donald Trump optó por ordenar a Azar dar luz verde a la importación de medicamentos del exterior mucho más baratos que los producidos en Estados Unidos. Antes confirmar públicamente el fracaso del libre mercado que someterlo profundamente a revisión, no vaya a ser que pongamos en riesgo alguna que otra financiación política. En cuanto a carreras electorales, las farmacéuticas untan prácticamente por igual a demócratas y republicanos. Todo es perfectamente legal, el sistema lo ampara. De hecho, poco más de la mitad de los precandidatos por el partido azul mostraron en su campaña la intención de luchar por garantizar de alguna manera el acceso a la sanidad para todos los ciudadanos. De ellos, sólo dos manifestaron públicamente su oposición a la existencia de seguros privados: Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Esto, en tiempos de promesas y sin nada que perder. Así, no es de extrañar que más de la mitad de los lobistas de la industria sanitaria y farmacéutica sean exmiembros del Congreso o extrabajadores, convirtiéndose en una de las mayores puertas giratorias del sistema. No es, por tanto, sólo cosa de los secretarios de Trump. Según cálculos de los economistas Anne Case y Angus Deaton, esta industria en su conjunto es mayor incluso que la financiera y gasta 10 veces más que el total de organizaciones laborales y en defensa de los trabajadores de Estados Unidos.

Como resultado, las páginas con el top 10 de los mejores cirujanos y especialistas médicos del país son un clásico en las revistas de las aerolíneas. También los anuncios en televisión de medicamentos que requieren de receta, un fenómeno que sólo se da en Nueva Zelanda y Estados Unidos y que supone un gasto anual publicitario de miles de millones de dólares por parte de las compañías farmacéuticas. Compare, compre, elija lo mejor, viva más tiempo. A la vez, el estadounidense medio tiene interiorizado el preguntar cuánto le van a costar sus prescripciones en la farmacia antes de comprarlas o el tratamiento sanitario que necesita al entrar en las urgencias de un hospital. Incontables ciudadanos mueren por creer que quizá no necesiten una ambulancia que, saben, no podrán pagar y millones rechazan tomar las medicinas que precisan, según un estudio de Harvard. Es el caso de uno de cada ocho enfermos del corazón, la principal causa de muerte en el país. En general, casi una cuarta parte de los pacientes estadounidenses tiene problemas para pagar sus recetas.

Actualmente se estima que en Estados Unidos más de 25 mil personas mueren cada año por problemas de resistencia microbiana. O sea, que tienen una infección y ya no tienen modo de curarse. Hay cálculos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses que predicen que, para el año 2050, se registrarán globalmente hasta 10 millones de decesos cada año por ese motivo. Es decir, la mortalidad producto de la resistencia a los antibióticos será superior a la del cáncer.

Andrés Lugo Morán, médico toxicológico en Miami, hace referencia a una cifra que ha sido validada por la propia OMS. En el caso de Estados Unidos, dicho aumento está relacionado con el creciente uso de antibióticos para animales, sobre todo para peces, por parte de enfermos. Un informe de septiembre de 2020, que tomó como referencia más de dos mil comentarios online, concluyó que la práctica está más que extendida en el país y que el principal motivo es puramente económico. Christopher Payne muestra a cámara los tarros de medicamentos para peces que emplea cotidianamente desde hace más de cuatro años mientras me cuenta que su madre y algunas de sus amigas también han empezado a tomar las pastillas tras su recomendación: «No tengo seguro, así que sólo ir al médico me cuesta 120 dólares la visita y además ya gasto 77 dólares en mis medicamentos con descuentos en las prescripciones. Si tuviera que gastar otros 150 dólares en cada tarro de antibióticos, no llegaría a final de mes». Teri es enfermera residente en Nueva York y confirma que lleva haciéndolo desde hace 13 años. Sabe que tanto médicos como autoridades sanitarias tildan la práctica de peligrosa porque, entre otras cosas, los medicamentos para animales suelen tener una composición química o una pureza de producto diferente a aquellos comercializados y regulados para humanos:

Entiendo que haya preocupación por la seguridad de estos medicamentos, yo también la tengo, pero, sinceramente, creo que deberían estar más preocupados por el hecho de que el mismo antibiótico para un animal cueste 20 dólares y para el dueño cientos de ellos. Es algo que me vuelve loca. Yo entiendo y hasta me parece bien que las farmacéuticas obtengan beneficios porque además tienen que invertir en investigación, pero ¿de verdad tienen que obtener tanto lucro como para que la gente no pueda permitirse comprar sus productos en el país comúnmente conocido como el mejor del mundo?

Sólo en 2018, los estadounidenses gastaron 535 mil millones de dólares en medicamentos recetados. Un aumento del 50% desde el año 2010, muy por delante de la inflación y debido a los precios impuestos por las farmacéuticas, cuyos beneficios también se han disparado. La no asequibilidad se extiende incluso al uso de vacunas. Pongamos como ejemplo la de la gripe, pese a tener un coste bastante bajo. En el invierno de 2017-2018 murieron por ese motivo en Estados Unidos unas 80 mil personas, una cifra nunca vista en décadas. Mientras, la cobertura general de vacunación se mantuvo igual, en menos de la mitad de la población. Lo más preocupante para los funcionarios fue una caída en la cobertura entre los niños más pequeños. La incoherencia además reside en lo siguiente: las vacunas, junto con la sangre, son dos de las exportaciones estadounidenses más preciadas.

Todo está en venta, hasta la sangre

Es el mes de enero, estamos a mediodía en un polígono industrial cercano a la ciudad de Baltimore. Michelle Williams sale tambaleándose de un centro de donación de sangre, para ella algo habitual. Lleva vendiendo su plasma desde los noventa y, desde hace un año, a un ritmo de dos veces por semana. «Tengo dos hermanas que también vienen aquí y, aunque ellas ya no lo hacen tanto como antes, en general este lugar está siempre bastante concurrido. Básicamente la gente lo hace porque es dinero rápido y extra. Cuando tienes problemas económicos, donar sangre es algo muy común en esta zona». Michelle cuenta que el mecanismo de pago es a través de una tarjeta de crédito facilitada por la empresa de extracción de sangre. Aunque confiesa que en ocasiones se siente demasiado débil y le preocupa su salud, no interrumpe el ritmo en sus donaciones porque mediante la fidelidad se obtienen premios: «Las primeras cinco son a 15 dólares cada una, luego pagan hasta 20 dólares y después, 35». También hay ofertas especiales, las empresas de plasma ofrecen dinero extra a cambio de sangre en fechas donde suele haber más necesidad, como la semana previa a los descuentos del Black Friday o antes de Navidades. Además, saben dónde encontrar nicho de mercado. Se calcula que cuatro de cada cinco centros de donación remunerada están situados en barrios con un bajo nivel económico; otros muchos de ellos, en la frontera sur. Cuando se trata de recoger beneficios, no importa si el oro rojo proviene de sangre mexicana.

En Estados Unidos existe evidencia que sugiere que estos centros de donación están establecidos en lugares con mucha mayor pobreza y uso de drogas. Por lo tanto, las personas que donan sangre son potencialmente más vulnerables a la coerción. La cantidad de sangre que una persona puede donar depende de su peso, las personas que pesan más pueden dar más a menudo, por lo que puede fomentar comportamientos poco saludables sólo para donar más sangre y es posible que estos centros no estén bien regulados para proteger la salud de los donantes.

Son palabras de Brendant Parent, director de Salud Aplicada en la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad de Nueva York. Aunque técnicamente la Agencia de Alimentos y Medicamentos, la FDA, regula la industria estableciendo estándares sobre qué tipo de personas pueden donar o cómo se recolecta la sangre, Parent es claro: «La FDA tiene unas regulaciones muy laxas y su capacidad para monitorear e inspeccionar las instalaciones es muy limitada. Es posible que sólo verifiquen una vez cada dos años, por lo que los centros funcionan en gran medida de manera independiente».

Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo cada año se recogen alrededor de 112,5 millones de unidades de sangre y su objetivo es que todos los países obtengan sus suministros de donantes voluntarios no remunerados. En la mayor parte de Europa, por ejemplo, está prohibido el cobro. No así en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, es el mayor proveedor de plasma sanguíneo del mundo y entre sus principales socios comerciales se encuentran Holanda, Italia, Alemania, Bélgica, Japón o España. Todos participamos de la legalización del neovampirismo capitalista a costa de chuparle la sangre a los más pobres, aunque de puertas adentro pretendamos engañarnos y pensar que somos más civilizados. Todavía.

Es imposible calcular cuántas muertes que podían ser evitadas con un mayor y mejor acceso sanitario deja a su paso el enriquecimiento de algunos a costa de la salud de todos en una de las principales potencias económicas mundiales. Un informe de la American Journal of Public Health las cifró en 45 mil anualmente, fue en 2009 y se utiliza como referencia tanto por defensores como por detractores. En la actualidad, ningún organismo o institución pública se atreve a cuantificar la catástrofe, como si, al negar las cifras, desapareciera la realidad. Lo más cercano son los índices que elaboran The Peterson Center on Healthcare y Kaiser Family Foundation, quienes concluyen que Estados Unidos registra el número más alto de muertes evitables por servicios médicos entre países homologables –aquellos igualmente grandes y ricos en función de su PIB per cápita– de la OCDE. Tomando como referencia el Índice de Acceso y Calidad de la Atención Médica, los países comparables registraron un aumento del 15% entre 1990 y 2016, mientras que en el caso de Estados Unidos fue del 10%.

La macabra paradoja es la siguiente: no hay nación en el planeta que gaste más dinero en atención médica. El gasto en salud por persona en Estados Unidos fue de 10.224 dólares en 2017, un 28% más alto que Suiza, el siguiente de la lista, una diferencia que se ha agrandado a lo largo de las últimas cuatro décadas. Estados Unidos estuvo relativamente al mismo nivel que otros países similares hasta la década de 1980. Sin embargo, en 2017 el gasto en salud ya supuso el 17% de su PIB. Esto sucede en un contexto en el que, pese a que el gasto público estuvo en línea con el resto del planeta, el coste total sanitario fue mucho más alto debido a que el gasto privado estadounidense fue mucho mayor que el de cualquier país homologable; hasta el 8,8% del PIB, mientras que la media de otras naciones fue del 2,7%. Es decir, estamos ante un sistema completamente disfuncional que a la vez es perfecto para algunos, concretamente para quienes están en el negocio. Una auténtica burbuja de precios en un sector verdaderamente rentable para las compañías y aquellos que viven de él, tan lucrativa como para seguir invirtiendo políticamente en garantizar el ritmo. Esto pese a que los consumidores, que no son otra cosa que enfermos, se queden atrás.

Sin educación, sin oportunidad

Cada vez menos para la escuela pública

Una marea de camisetas, gorras y pancartas rojas inundó las calles de Los Ángeles con eslóganes en enero de 2019 durante seis días. Un acontecimiento histórico, no se veía algo igual desde el año 1989, fecha de la última huelga de profesores de educación pública en esa ciudad. Más de medio millón de estudiantes afectados, cientos de miles de personas manifestándose en las calles, al menos 125 millones de dólares federales en pérdidas y un sentimiento de reivindicación difícil de imaginar hasta para quienes la convocaron, acostumbrados a la miseria diaria de un sector que ni siquiera recordaba ya promesas vacías. Juan Ramírez es profesor y vicepresidente del sindicato de maestros de la ciudad, el segundo distrito más grande de Estados Unidos. Llegó con quince años a la tierra prometida desde México sin hablar una gota de inglés. Es quien es, asegura sin dudarlo, gracias a la educación pública, un sistema que ya no es ni la sombra de lo que fue. «La gente se cansa de que le digan no hay dinero, eso no se puede hacer, vamos a recortar clases, vamos a recortar servicios. Cuando yo iba a la escuela había cursos de música, canto, arte, bandas, grupos de coro… todo esto, que era muy común entonces, ya no existe. ¿Por qué entonces sí y ahora no?». Mientras el maestro sigue relatando carencias, yo pienso en toda esa filmografía hollywoodense sobre historias de colegios e institutos. Ese topicazo exportado y consumido hasta la saciedad, donde nunca faltan arquetipos como la animadora, el deportista, el empollón, el problemático, la músico, el artista. Puede que muchos de ellos acaben convirtiéndose en personajes de cine clásico.

El pulso angelino consiguió algunas mejoras, tan mínimas y a la vez con tanto sabor a triunfo, que dicen mucho de cuán dramática es la situación: limitación de clases sobrepobladas, contratación de enfermeras en cada escuela –esencial en un país sin sanidad pública–, al menos un bibliotecario por instituto y un aumento salarial para los profesores de un 6%, básicamente la subida demandada para ese mismo año antes de ir a la huelga. Su caso no es excepcional. La llamada ola Red for Ed, que empezó en 2018 en Virginia Occidental, levantó a profesorado, estudiantes y padres de estados y ciudades tan diferentes entre sí como Denver, Oakland, Kentucky, Sacramento, Arizona, Carolina del Norte u Oklahoma al grito de «la educación pública vive una crisis nacional».

Quizá la arista más llamativa a priori sea la situación de los propios maestros. Aunque el pago varía dependiendo del estado en el que ejerzan, según la National Education Association de media los sueldos han aumentado un 11,5% en la última década. Si se toma en cuenta la inflación, esto ha supuesto una caída de la remuneración de un 4,5% y en comparación supone cobrar un 21% menos que otros profesionales de otros sectores con formación similar. Un agravio que, según el Economic Policy Institute, se ha ido gestando durante más de medio siglo. El resultado es el siguiente: uno de cada seis profesores en Estados Unidos debe buscar un segundo trabajo para poder vivir.

Aunque hace horas que sonó el timbre de clase, un nutrido grupo de docentes y auxiliares continúa frente a la puerta de un instituto esperando el inicio de una asamblea a la que han convocado a políticos locales, miembros de la comunidad y otros profesionales del área para exponerles sus dificultades e intentar encontrar soluciones. Estamos en Fairfax, Virginia, el tercer condado más rico de Estados Unidos, y Tina Williams, presidenta del comité de profesores, resume de este modo la situación:

Cuando hablas con cualquiera de ellos, te dice que es importante, tanto si es a nivel nacional como federal, todo el mundo parece coincidir en que la educación debe de ser una prioridad. Sin embargo, luego lo que hacen supone una realidad radicalmente diferente. Para 2020 la financiación en nuestra zona, una de las más solventes del país, será menor a la que obtuvimos en 2009. Sinceramente, no podemos aguantar más.

Todos y cada uno de los testimonios de los profesores que participan en la reunión dan cuenta de las dificultades personales que atraviesan debido al mal pago de su trabajo. Una situación que se replica por todo el país. En las marchas reivindicativas en Arizona, por ejemplo, era muy fácil encontrar maestros que tras la jornada se habían reconvertido en conductores de Uber, profesores de clases particulares diarias, camareros o vendedores de grandes superficies para poder sobrevivir. No obstante, todos coinciden en destacar que, al final, sus sueldos son lo de menos. Les preocupa el impacto real que los recortes tienen sobre sus alumnos. En algunos lugares de Estados Unidos, las autoridades locales han decidido incluso reducir los días de clase a cuatro con el único objetivo de ahorrar costes. Uno de los principales puntos que debemos tener en cuenta es el hecho de que las escuelas públicas están financiadas en buena parte por dinero local, es decir, por impuestos a la propiedad, por lo que los barrios con bajas rentas obtienen menos dinero para educación. De media, se calcula que los estudiantes estadounidenses de distritos pobres reciben una financiación anual de mil dólares menos por alumno que el resto y se registran diferencias abismales incluso dentro del mismo estado. En Illinois, por ejemplo, el barrio en el que vivas puede suponer que tu escuela obtenga para tu educación hasta un 22% más o menos y es inversamente proporcional a la necesidad. Cuanto más ricos, más recaudación y, por lo tanto, más flujo que puede destinarse a la educación, aunque en este caso las familias puedan elegir sufragar una escuela privada. Cuanto más humildes, menos ingresos y menor financiación de la única salida al aprendizaje y al ansiado ascensor social: la escuela pública. Una espiral marcada por el poder adquisitivo silenciada en los cuentos de meritocracia.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, el 94% de los maestros estadounidenses utiliza su propio dinero para comprar útiles escolares. Así, cada vez más acuden a páginas en internet de petición de donaciones como Gofundme o la especializada en escuelas DonorsChoose. Navegar por cualquiera de ellas es tremendamente desolador, los profesores mendigan herramientas esenciales como calculadoras, librerías o incluso una alfombra y mobiliario escolar para sus alumnos. Uno de los proyectos más populares fue la solicitud de un maestro con fecha de boda que, en lugar de regalos, pidió mediante una de esas webs abrigos y zapatos para estudiantes sin hogar. Chioma Oruh, especialista en apoyo a padres de menores con necesidades especiales y pocos recursos en Abogados por la Justicia y la Educación, advierte que, en el caso de niños con discapacidades, la falta de fondos tiene un impacto determinante en su futuro:

Se supone que estamos amparados por una ley federal, que es la ley de educación para personas y discapacidades y que sobre el papel es buena, pero nunca se ha financiado por completo. En el caso de los menores con necesidades especiales de áreas humildes, esto supone una educación inadecuada, lo que conlleva graduarse sin una preparación que les garantice un empleo remunerado. Pasarán toda su vida 50 pasos por detrás del resto.

Oruh tiene dos hijos autistas. Madre soltera y con estudios superiores, llegó a vivir en la calle tras perderlo todo debido a los gastos médicos que conllevaron sendos diagnósticos. Ella, más que nadie, es consciente de la maratón a la que una educación pública maltratada aboca a menores marcados por nacer sin recursos, aunque la meta, teóricamente, debiera ser la misma para todos. Por si fuera poco, las escuelas públicas tienen una nueva competencia desde los años noventa, las chárteres.

El caballo de Troya de las escuelas chárteres

Similares a las escuelas concertadas en países como España, este tipo de colegios en Estados Unidos reciben fondos gubernamentales, pero operan independientemente del sistema escolar estatal establecido en los lugares donde se encuentran. Es decir, están exentos de muchas de las regulaciones a las que las públicas están sometidas: no tienen por qué seguir los planes de estudios, las formas de enseñanza ni los estándares aprobados por sus estados, ni están reguladas o supervisadas por la junta de educación estatal, por ejemplo. Además, establecen su propio cupo estudiantil, mientras que las públicas deben aceptar a todos los estudiantes que pertenezcan al correspondiente distrito. El concepto en un principio estaba destinado a ofrecer una alternativa a niños que no avanzaban lo suficiente o necesitaban algo diferente al método tradicional, por lo que fue acogido incluso con el beneplácito de los sindicatos. Pronto se convirtió, sin embargo, en un instrumento más de menoscabo de lo público y de transferencia de recursos estatales para beneficio de unos pocos, no precisamente alumnos.

Se calcula que durante el curso 2016-2017 ya había casi siete mil escuelas chárteres en Estados Unidos educando a más de tres millones de estudiantes, seis veces más que 15 años antes. El rápido crecimiento del fenómeno se explica en parte por el apoyo tradicionalmente bipartidista de demócratas y republicanos. Así, se cifran en cuatro mil millones de dólares los fondos destinados por el Gobierno de Estados Unidos a su programa de escuelas chárteres, una cantidad nada menospreciable teniendo en cuenta la situación de la pública anteriormente expuesta. Los defensores de esta opción, como la ONG de derechas Center for Education Reform, recalcan que, de media, la financiación nacional de la chárter supone tan sólo un 61% de lo que se destina a la pública. Además, ponen de relieve que, hasta la fecha, no se ha demostrado que los resultados académicos de las chárteres sean peores. Uno de los más recientes estudios sobre este tema, el del Centro Nacional de Estadísticas Educativas del Departamento de Educación de 2019, reveló entre otras cosas que los estudiantes de las escuelas chárteres y las escuelas públicas obtuvieron el mismo rendimiento académico en pruebas realizadas en niveles de cuarto y octavo grado. Entonces, si a menos inversión el resultado es similar, ¿por qué habría de generar susceptibilidades?

Una de las respuestas es la falta de control de los fondos. Un informe de un grupo de defensa de la educación expuso en 2019 que una cuarta parte de lo que esos colegios recibieron del Estado, hasta mil millones, fue malgastada en escuelas chárteres que nunca abrieron, o abrieron y luego cerraron debido a la mala gestión o por otros diversos motivos como falta de inscripciones o fraude. Los autores de la investigación detectaron que numerosos beneficiarios de los subsidios participaron «en prácticas que expulsan a los estudiantes de bajo rendimiento, violan los derechos de los estudiantes con discapacidades y escogen su masa estudiantil en función de políticas y programas particulares, así como peticiones de donaciones a los padres», pese a haber explícitamente asegurado en su solicitud como receptores del programa o sus páginas webs escolares ser propensos a inscribir a estudiantes de minorías o sectores desfavorecidos. Es decir, en Estados Unidos se han estado desviando millones de fondos públicos a instituciones educativas con prácticas discriminatorias con la connivencia de representantes de ambos lados del espectro político con total impunidad. La pregunta es la siguiente: ¿a quiénes está beneficiando?

Multimillonarios y Wall Street siempre se han interesado por la chárter. Uno de los motivos, utilizarla como instrumento recaudador de incentivos fiscales en zonas económicamente deprimidas. Bancos, inversores y fondos de capital han destinado dinero a construir o desarrollar chárteres con el único objetivo de obtener exenciones de impuestos, cobrando a la vez intereses por los préstamos otorgados o los alquileres de explotación. Pero no todo es pura especulación. La Fundación de la Familia Walton, dirigida por los herederos de la fortuna de Walmart, Bill y Melinda Gates o el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, o las empresas JP Morgan Chase y Exxon Mobil, por ejemplo, han destinado millones a impulsar grupos de presión que avancen en la aprobación de leyes prochárter o candidatos y políticos favorables al sistema. La mayoría de ellos argumentan que su objetivo es meramente filantrópico, es decir, dotar de una mejor educación a estudiantes que no pueden acceder a la privada.

En la práctica, lo que supone es alentar un sistema educativo donde las condiciones laborales de los docentes están a merced de las directivas de dichos centros; que la disparidad de contenido y métodos educativos sin control dilapide uno de los instrumentos más efectivos para lograr la igualdad social –que cualquier alumno, con independencia de su origen económico, está recibiendo la misma educación–; que la rendición de cuentas sea prácticamente imposible debido a la ausencia de control de los centros, y, lo que es más importante, que el estado de la pública empeore debido al drenaje continuo de sus recursos por parte de la escuela chárter. Cada vez que uno de estos colegios abre, los públicos que están alrededor pierden estudiantes y, por lo tanto, dinero. En principio, la caída en la financiación puede corregirse reduciendo, por ejemplo, el número de maestros, pero existen costes que seguirán estando ahí, como el sueldo del director o el mantenimiento del centro, los cuales seguirán necesitando el mismo dinero independientemente de la pérdida de algunos alumnos. Al recorte de profesores normalmente le siguen la eliminación de programas de música o arte, o incluso el aumento de la ratio de estudiantes por clase. Un análisis de la publicación especializada Chalkbeat sobre el asunto hizo un compendio de los estudios sobre este fenómeno y concluyó lo siguiente: «Los investigadores que analizan el problema en Carolina del Norte, Nueva York, Pensilvania y, en dos casos, California, han llegado a conclusiones similares: a medida que crecen las escuelas chárteres, los costes fijos de educar a los estudiantes del distrito no se han ido a ninguna parte, aunque los estudiantes sí». Para ilustrarlo, destacaban en concreto un estudio de Pensilvania, donde los investigadores estimaron que los distritos escolares no podrían recuperar más del 20% del dinero perdido por la chárter en el primer año ni siquiera reduciendo gastos. En cinco años, no recuperaron más de dos tercios.

Un cielo cubierto de nubes transforma en un extraño gris el prácticamente permanente azul de Tucson, Arizona. Karissa Rosenfield sabe que, no siendo época de monzón, es difícil que en el desierto asome la lluvia, así que lanza desde su jardín cohetes construidos con botellas. Hoy toca clase de ciencia. Arquitecta, dejó un trabajo que le apasionaba al dar a luz al primero de sus dos hijos y desde entonces no sólo se dedica a su crianza sino a su completa educación. «Comenzamos oficialmente el proceso en octubre de 2019, después de sacar a nuestro hijo del colegio del vecindario tan sólo unos meses después de empezar el año escolar.» Karissa cuenta cómo un plan de estudios sólo centrado en pasar las pruebas de nivel estatales, un aula sobrepoblada y la incapacidad de los maestros para en esas circunstancias manejar el acoso escolar ya en niños tan pequeños les empujaron a tomar esa decisión. Consideraron las escuelas chárteres, pero en este caso se dieron cuenta de que ella misma podía proporcionar a sus hijos el mismo o mejor nivel académico y de que en el caso de las privadas se les iba la mayoría de los ingresos familiares. «Mi situación es un lujo, puedo escoger educar a mis hijos en casa porque el hecho de que yo haya renunciado a mi carrera no nos supone estrés financiero, aunque sí sacrificio profesional por mi parte.»

El ejemplo de los Rosenfield es ilustrativo sobre cómo el dar rienda suelta sin control al modelo actual educativo en Estados Unidos directamente supone que los padres con cierto nivel adquisitivo se planteen seriamente hacerse ellos también cargo del desarrollo académico de sus hijos. Algo impensable entre las familias pobres, condenadas a una pública con menos recursos, y solventado sin problemas por aquellas más pudientes, centros privados mediante. Es decir, supone acentuar aún más las diferencias entre clases sociales. Arizona es uno de los estados más abiertos al homeschooling y no es casualidad que, a su vez, sea el territorio con las escuelas chárteres más desreguladas de todo el país. Los fondos públicos que reciben no están sujetos a auditorías, pueden construirse en cualquier lugar (incluso justo al lado de una escuela pública) y prácticamente ninguna tiene programas de almuerzo gratis para estudiantes pobres. Una reconfiguración económica de la educación en función de la libertad de mercado que, tal y como la plataforma «Arizonianos por la responsabilidad escolar de las escuelas chárteres» explica, socialmente tiene un efecto muy real: pura segregación. Sólo poniendo como ejemplo la ciudad de Phoenix en el periodo 2008-2016, las escuelas públicas únicamente añadieron cuatro mil estudiantes más. Sin embargo, los alumnos blancos y asiáticos se redujeron en 39 mil, mientras que los estudiantes hispanos y de otras razas aumentaron en 47 mil y los escolares con educación especial se incrementaron en 28.500. Al mismo tiempo, mientras la financiación estatal para los distritos públicos disminuía en casi mil dólares por alumno, en el caso de las chárteres aumentaba en más de 700.

«La conclusión es que extraen dinero que sería para nuestras escuelas públicas y estas ya están en suficientes problemas», dijo el propio Joe Biden como candidato presidencial sobre el asunto, mostrando una posición completamente opuesta a la de la era Obama, de la que fue vicepresidente. Si estas declaraciones van a venir acompañadas de un cambio general o simplemente suponían regalar los oídos de cara a los comicios al electorado pro Bernie Sanders, muy crítico con la chárter, sólo el tiempo lo dirá.

Analfabetismo

Brittani Bellamy ha vivido toda su vida en Orlando, Florida. Nacida en Estados Unidos, hasta el año 2013 ella fue una de los 43 millones de ciudadanos estadounidenses que se calcula tienen serias dificultades para leer y escribir. Es decir, fue prácticamente analfabeta hasta los veintitrés años de edad.

En teoría mis padres iban a educarme en casa, pero las cosas no fueron bien. Básicamente quedaron atrapados en conseguir cada día lo necesario para sobrevivir. Los amo mucho, hicieron lo que pudieron y no creo que fuera su intención criarme sin una educación básica, pero lo cierto es que a los quince años me di cuenta de que no sabía leer. A partir de ahí, por vergüenza, escondí mi situación hasta que el pastor de mi iglesia se enteró y me animó a ir a una escuela para adultos. Desde la primera vez que llamé hasta el día en que pisé la organización pasó un año, no me atrevía a ir, temía que la gente me juzgase.

De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos, uno de cada cinco estadounidenses tiene habilidades de «baja alfabetización» y se estima que hasta 8,4 millones pueden ser analfabetos funcionales. Según la OCDE, la proporción de adultos en esa situación es la mayor en comparación con otros países desarrollados. Así, el contexto socioeconómico tiene en este país un mayor impacto en las habilidades de alfabetización que en otras naciones. Mientras los nacidos de padres con una buena educación en Estados Unidos tienden a tener habilidades de alfabetización más fuertes, las probabilidades de ser un adulto con escasa cualificación son 10 veces mayores en el caso de crecer en el seno de una familia de bajo nivel educativo. La OCDE no sólo pone el foco en que esta tendencia es superior a la de cualquier otra nación similar, sino que remarca lo siguiente: dichas habilidades están relacionadas con los resultados de empleo y con otros aspectos esenciales de la vida del ciudadano. En Estados Unidos, las probabilidades de tener mala salud son cuatro veces mayores para los adultos poco cualificados, el doble del promedio de los países analizados. Otro ejemplo: se calcula que el 75% de los reclusos estadounidenses no completaron la escuela secundaria o pueden clasificarse como poco alfabetizados.

La mayoría de casos que tratamos de adultos nacidos en Estados Unidos con analfabetismo vienen de comunidades afroamericanas muy pobres. Aquí, en el condado de Orange, las hay, pese a estar rodeados de vecinos ricos. Familias monoparentales, padres con múltiples trabajos… durante años fui profesora de inglés en Kurdistán. Mi escuela estaba en un pequeño pueblo, pero aun así tenían Física, Química y Cálculo pese a vivir en la pobreza extrema. No sé qué deberíamos hacer aquí, pero deberíamos hacer algo.

Es parte del análisis de Gina Solomon, directora ejecutiva de la ONG que dio clases a Brittani Bellamy, la Adult Literacy League, en activo desde el año 1968 y que sobrevive principalmente gracias a donaciones privadas. Solomon enfatiza el estigma social que estas personas afrontan, asegurando que, de entrada, jamás reconocen que no saben leer o escribir. Me cuenta la siguiente historia:

Tenemos un estudiante que tiene unos ochenta años. Llegó aquí porque la trabajadora de una biblioteca me llamó una noche llorando y pidiéndonos ayuda. El hombre acababa de abordarla a la salida del trabajo, diciéndole que estaba muy asustado. Su mujer, quien sí sabía leer, acababa de sufrir un ataque al corazón y tenía miedo de que muriese y, con ello, que sus hijos, que habían ido a la universidad, descubriesen que su padre era analfabeto. Él, que había trabajado duro para darle un futuro a su familia, no quería defraudarlos.

Brittany Bellamy aborda así su cuestión familiar:

Nadie contactó nunca con mis padres. Creo que las autoridades deberían controlar de alguna manera a los niños porque las familias pueden pasar por diversas situaciones y, en mi caso, nadie nunca se aseguró de que estuviésemos recibiendo una educación. Creo que la gente no se da cuenta de que esta es una realidad en nuestro país porque somos Estados Unidos, se supone que somos poderosos y libres, y tenemos acceso a todo. No es cierto. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades y eso incluye la educación.

Bellamy consiguió su primer trabajo tan sólo dos años después de empezar a recibir clases, en 2016 pudo alquilar un apartamento y, en 2019, sacarse el carné de conducir. Ahora sueña con ir a la universidad. Sabe que no lo tiene fácil.

Deuda estudiantil

Si el nivel económico marca, salvo en contadas excepciones, el desarrollo educativo de niños y jóvenes, en el caso de la enseñanza superior en Estados Unidos puede, además, suponer una losa que acarrear de por vida. En 2020, la deuda total de préstamos estudiantiles alcanzó la cifra récord de 1,56 billones de dólares. Para hacernos una idea de lo que esto supone, sólo 45 millones de universitarios o exestudiantes deben en conjunto casi 1,6 billones. Es una de las categorías de deuda de consumo más altas del país. Aunque la mayoría de los individuos debe entre 20 mil y 40 mil dólares, casi un millón de personas debe más de 200 mil. La carga afecta sobre todo a estadounidenses entre los veinticinco y los cincuenta años de edad, pero la situación es tan extrema y la imposibilidad de hacer frente a los pagos es tal, que cada vez son más las personas jubiladas que siguen pagando sus estudios superiores. Según un análisis de Forbes basado en datos de la Reserva Federal, la deuda estudiantil de estadounidenses con edades entre los sesenta y los sesenta y nueve años asciende a los 85,4 mil millones de dólares. Otro estudio de Moody’s publicado en enero de 2020 reveló que prácticamente nadie podía hacer frente a los planes de pago que habían establecido en un principio, abocando a la mayoría a la refinanciación continua.

Si ponemos el foco en las disparidades raciales, la brecha es la siguiente: casi el 85% de los licenciados afroamericanos tienen deudas estudiantiles, en comparación con el 69% de los beneficiarios blancos de títulos, según la organización sin ánimo de lucro Centro de Préstamos Responsables. Aunque existe un claro consenso mediático e incluso social en etiquetar la situación como «la crisis de la deuda estudiantil», sólo los demócratas Elizabeth Warren, Tulsi Gabbard y Bernie Sanders fueron lo suficientemente claros a la hora de defender la cancelación total o masiva de dicha deuda en sus campañas para la nominación a candidato presidencial de las elecciones de 2020. Tampoco hay apenas rastro de defensa política de una universidad realmente pública. Según el Institute For College Access and Success, el 66% de los graduados en ese tipo de facultades salen de las mismas sin haber conseguido pagar por completo su educación. Es decir, cuando hablamos de la crisis de deuda, no nos estamos refiriendo precisamente a préstamos para ir a Harvard o Princeton. Estados Unidos podrá año tras año ocupar los primeros puestos en ránkings elaborados por instituciones privadas sobre las mejores universidades del mundo, eso sí, omitiendo siempre el enorme precio que el acceso a las mismas supone.

La vivienda como apartheid

Construir para destruir comunidades

Al oeste de la ciudad de Baltimore hay levantado un coloso de hormigón de seis carriles que termina de forma abrupta en medio de la nada. La historia de semejante brecha urbana, claramente visible en cualquier mapa de la urbe, se remonta a los años cincuenta, cuando se iniciaron los proyectos de la mayoría de las carreteras interestatales de Estados Unidos debido al aumento del consumo de automóviles. Por aquel entonces, la planificación de dichas infraestructuras decidió que la ruta 40 le pasara por encima a un barrio de mayoría afroamericana en el que vivían 10 mil familias. «Cuando era niña, yo venía a ver a mi padre aquí, que vivía en una de estas calles. Él decía que esto no tenía sentido, que por qué levantar algo que no llevaba a ningún sitio. Dijese lo que dijese, al final él también acabó convirtiéndose en un desplazado.» Denise Johnson se ajusta el nudo del pañuelo que lleva al cuello mientras lamenta no haberse puesto la bufanda en un día de abril extremadamente frío. Estamos en medio de una explanada cuyo único atrezzo es una excavadora al fondo, vallas metálicas y pequeñas casas cuyas construcciones languidecen dispuestas a desplomarse en cualquier momento. El viento penetra hasta los huesos. Le pregunto si quiere que nos movamos e insiste en explicar las consecuencias de la carretera a ninguna parte frente a ella, poniendo el dedo en la cicatriz de la que sería la herida mortal de su barrio de la infancia.

Aquellos que estaban todavía pagando sus casas tuvieron que irse sin recibir lo suficiente como para comprar otro hogar de un valor similar en otro lugar, pero el impacto no sólo debe medirse en términos económicos. Perdimos una comunidad con líderes, con cultura. La avenida Pensilvania era conocida por aquel entonces como el lugar para los negros en la ciudad, de música, danza… perdimos el testimonio de ese tiempo, perdimos iglesias, perdimos escuelas. Es decir, se destruyó el tejido social.

El caso de la carretera a ninguna parte en Baltimore oeste es especialmente sangrante por ser teóricamente un error de proyecto, es decir, que ni siquiera tenía que haber pasado por allí. Sin embargo, es el perfecto ejemplo para ilustrar lo siguiente: uno de los métodos más eficientes y utilizados en Estados Unidos para apuntalar la desigualdad es el uso perverso de las infraestructuras o, directamente, el no dotar de ellas a una comunidad. Así, pese al tiempo transcurrido, Baltimore oeste sigue siendo en la actualidad la zona de la ciudad con un mayor número de casas por ocupar y con un menor número de servicios y comercios en una de las urbes con la tasa de homicidios más alta de todo el país. Cuando las protestas ante la muerte en custodia policial, en 2015, del joven afroamericano Freddie Gay estallaron, la prensa internacional se hizo eco de las mismas. Sin embargo, pocos analizaron cómo el caldo de cultivo estructural que arroja desigualdad racial y falta de oportunidades lo impregna todo, hasta las infraestructuras. El despropósito de la ruta 40 no fue el único, nunca les han dejado remontar. La sacudida más reciente tiene el siguiente nombre: la Línea Roja. John Bullock, concejal por el distrito 9, lo resume de este modo:

Iba a ser una conexión de tren ligero de 14 millas de distancia que iba a unir Baltimore de este a oeste. En la actualidad, no tenemos un sistema integral de transporte. Esto iba a ser parte de ese proceso, algo que permitiría a las personas ir a trabajar, llegar a la escuela, 200 mil millones de dólares iban a ser invertidos por el estado. También 900 millones de dólares del Gobierno federal. Desafortunadamente, tras las elecciones, un nuevo gobernador decidió eliminar todo el proyecto.

Prácticamente la mitad de los trabajadores en la ciudad de Baltimore no pueden acceder a sus empleos mediante transporte público. En este contexto, la llegada de dicha línea iba a suponer, de entrada, dos mil nuevos trabajos a la zona. Tras la cancelación del proyecto –cuyos fondos ya estaban aprobados– por parte del nuevo gobernador, se inició la apertura de una investigación; sin embargo, el caso fue cerrado posteriormente por la Administración Trump. Fin del espejismo. Si en la época de la construcción de las interestatales se esgrimió como causa para los diferentes atropellos el hecho de que los afroamericanos no tuvieran derecho al voto, aún hoy día siguen siendo víctimas de tretas legales y burocráticas. «Lo teníamos todo en orden, la solicitud aprobada, los dólares federales, gente que trabajó por esto por más de 12 años, así que voy a usar el término abandono, además por servidores públicos. Luego hay levantamientos y disturbios, y nadie se explica por qué», remacha Denise Johnson. Se une a nuestra conversación Samuel Jordan, presidente de la Coalición por la Equidad en el Transporte de Baltimore, quien remarca que lo perdido fue el mayor proyecto de transporte público de la historia del estado, para el que se estimaba que serviría diariamente a 50 mil personas.

Este no es un problema aislado o exclusivo de esta ciudad. Toda la nación está desarrollada en función de iniciativas racistas. Va de construir contra negros y pobres, contra las personas que dependen del transporte público, que no tienen acceso a un vehículo privado. Nosotros vamos a persistir en la construcción de la Línea Roja, porque no sólo será justo para las personas negras de esta ciudad, sino que demostrará que traer la prosperidad aquí es crear prosperidad para toda la nación.

150 millas al sur, carteles conmemorativos recién estrenados visten calles deslavazadas, con una extraña mezcla de construcciones decadentes colindando a su vez con inmuebles que parecen por estrenar. Estamos en Richmond, concretamente en Jackson Ward.

Este barrio evolucionó esencialmente después de la guerra civil y durante los siglos

xix

y

xx,

y ya en 1920 era conocido como el Harlem del sur, la Black Wall Street. La segunda calle justo detrás de nosotros era un vibrante distrito de negocios. Cada negocio y cada dirección era propiedad de hombres o mujeres afroamericanos, había organizaciones fraternas afroamericanas, conocidas como sociedades de ayuda mutua. Básicamente eran agencias de seguros que permitieron a esta población combinar sus limitados recursos para ayudarse mutuamente, creando estructuras y comunidad. En este contexto, surgen líderes como Maggie L. Walker.

Ethan Bullard recita el contexto en el que vivió la primera mujer afroamericana al frente de un banco en Estados Unidos. Ha debido hacerlo cientos de veces, como procurador del lugar histórico nacional dedicado a ella y aun así le sigue poniendo la misma pasión que un niño que repite la lección por la que acaba de obtener un sobresaliente. Walker consiguió ese hito histórico en 1903 y, para hacernos una idea de su importancia, el sufragio femenino no llegaría hasta el año 1920. Sin embargo, el poderío económico afroamericano de esa zona no serviría de nada a nivel político, cuando se decidió que la autopista interestatal 95 destrozara con su paso dicho barrio. El único elemento de la comunidad que consiguió un pequeño desvío para sobrevivir al huracán de hormigón fue una iglesia: sólo Dios en los cincuenta pudo anteponerse a unos planes de construcción federales. Benjamin C. Ross, historiador de la parroquia, lo define como una «victoria agridulce», porque la destrucción de numerosos hogares supuso la mudanza de muchos miembros de la comunidad y la congregación religiosa tardaría años en recuperarse. El distrito no tanto, pues prácticamente un siglo después sus habitantes tienen un ingreso medio por debajo del umbral de la pobreza. De milla de oro negra a milla de la miseria.

Planificación urbana como método de segregación

Las comunicaciones, sin embargo, no sólo han sido determinantes para destruir o frenar el avance de determinadas minorías. Puede que la llamada Línea Roja (sí, igual que el malogrado proyecto en Baltimore) sea la medida más segregacionista en términos de infraestructuras. Se remonta a los años treinta, cuando, a raíz de la Gran Depresión, se buscaron formas para parar las crecientes ejecuciones hipotecarias. Así, en 1935, la Corporación de Préstamos para Propietarios de Viviendas, una agencia federal ahora extinta, elaboró mapas de más de 200 ciudades estadounidenses para indicar cuál era el riesgo de préstamo hipotecario por barrios. Para ello, se utilizaron características como la antigüedad de la vivienda, la calidad o los precios. Sin embargo, posteriormente trascendió que, a la hora de elaborar dichos planos, no sólo se tuvieron en cuenta también características étnicas y raciales de los vecinos, sino que fueron determinantes a la hora de trazar dichos mapas. De este modo, los barrios «Tipo D» se delinearon en rojo, coincidiendo en casi todos los casos con vecindarios con mayoría afroamericana.

Dichos mapas fueron utilizados durante años por entidades públicas y privadas como guía para negar créditos e inversión, es decir, para neutralizar oportunidades y apuntalar la pobreza de una manera tan efectiva que aún en la actualidad siguen publicándose estudios que demuestran que dicha estructura de segregación y desigualdad económica permaneció, contraponiendo dichos planos con indicadores actuales. Por ejemplo, un trabajo de la National Community Reinvestment Coalition de 2018 afirmaba entre sus conclusiones que la mayoría de los barrios calificados como de alto riesgo hacía ocho décadas seguían siendo en la actualidad de bajos ingresos y más de la mitad están poblados por minorías. Por el contrario, las ciudades con más áreas calificadas como deseables han permanecido en su mayoría pobladas por ciudadanos blancos. Otro estudio elaborado por economistas de la Reserva Federal de Chicago viene a corroborar lo mismo: que las diferencias de tasas de propiedad de la vivienda, el valor de las mismas, el crédito y la segregación continuaban allí donde fueron marcados décadas antes. Este trabajo en concreto es importante porque va más allá, demostrando que no es que las líneas rojas fueran inocentes y tan sólo fueran capaces de prever el desarrollo, en este caso más bien el subdesarrollo de dichos barrios, sino que, en efecto, multiplicaron las desigualdades. De este modo, los economistas comprobaron que los barrios pobres que no fueron marcados con el estigma de la línea roja mejoraron hacia una menor desigualdad.

Un punto fundamental en el desarrollo de la catástrofe fue la ausencia de crédito para los habitantes de los barrios marcados y, por tanto, la enorme dificultad de acceso a una vivienda. Así, prestamistas que aplicaban enormes intereses y cometían abusos camparon a sus anchas entre una población ya de por sí abocada a la lucha diaria para mantenerse a flote. Esto no sólo supuso hundir aún más en la precariedad a las familias afroamericanas, sino transferir la poca riqueza de estas a familias blancas. ¿Cómo y hasta qué punto? Un estudio del mercado de la vivienda en Chicago analizó cómo los vecinos de aquellos barrios donde era imposible acceder a préstamos hipotecarios asegurados por el Gobierno cayeron en los llamados «contratos por escritura». Mientras ellos asumían impuestos, reparaciones y obligaciones en general, además de pagar cuotas mensuales al prestamista, este era el que figuraba como titular en la escritura de una vivienda cuyo precio de venta y tasas de interés eran enormes. Es decir, asumían todos los costes –además de manera inflada– de una casa que jamás sería suya, por lo que dichas familias afroamericanas finalmente no acumularon capital, sino que alimentaron el de otros, concretamente el de los prestamistas y agentes inmobiliarios blancos que hacían uso de esta práctica depredadora.

De este modo, tomando como base datos sobre ventas y tasas y comparando precios respecto a los préstamos convencionales de la época (entre 1950 y 1970) y trasladando dicha cifra al contexto actual, los investigadores calcularon que a las familias negras se les cobró de más entre 3,2 mil millones y cuatro mil millones de dólares. Hay a quien todo esto puede sonarle bastante actual. Exactamente, no hace falta ser poseedor de una gran inteligencia para detectar un patrón similar en los contratos de alquiler de hoy día, tras la crisis de la vivienda, grandes firmas de capital privado adquirieron inmuebles a bajo precio para posteriormente establecer alquileres a precios cada vez más abusivos a quienes no tienen suficiente capital acumulado como para ser propietarios, es decir, gran parte de la clase trabajadora. El capitalismo y su capacidad sofisticada y perversa para reinventarse.

Vivir y morir en un erial

El impacto de la línea roja y sus efectos duraderos han sido tan ampliamente estudiados y corroborados que, en tiempos de análisis del cambio climático y el aumento de la temperatura global, incluso existe un trabajo de la Universidad Estatal de Portland y el Museo de Ciencias de Virginia sobre la fuerte correlación entre exposición al calor y esta política de vivienda racista en 108 ciudades estadounidenses. Las comunidades estigmatizadas por dichos planos han sido aquellas más expuestas al calor extremo, entre otros motivos por falta de espacios verdes y árboles. Los eriales económicos son también eriales en su literalidad. No es un tema menor; como bien recuerda The Trust for Public Land, se estima que el calor extremo contribuyó fatalmente en la muerte anual de unas 5.600 personas en Estados Unidos entre 1997 y 2006. Un trabajo de dicha organización, publicado en agosto de 2020, afirmaba que los barrios con parques cercanos son mucho más frescos que aquellos que no tienen y en su análisis encontraba que los parques cercanos a poblaciones no blancas son de la mitad de tamaño que los de las poblaciones de mayoría blanca. En las comunidades de bajos ingresos, las zonas verdes son cuatro veces más pequeñas y, al mismo tiempo, cuatro veces más concurridas que aquellas situadas cerca de hogares con altos ingresos. «En Detroit, por ejemplo, donde el 78% de los residentes son negros, la ciudad dedica el 6% del suelo para parques, en comparación con la media nacional del 15%. En Memphis, Tennessee, sólo el 5% […] en Baton Rouge, Luisiana, sólo el 3% de la ciudad».

«La política de vivienda puede tener un impacto realmente duradero, ya que las estructuras permanecen durante mucho tiempo», dijo Daniel Hartley, uno de los economistas del estudio anteriormente citado de la Reserva Federal de Chicago a The New York Times. Si bien a finales de los sesenta y durante los setenta se aprobaron diversas iniciativas legislativas para intentar poner fin al delineamiento rojo de manera abierta, las prácticas discriminatorias siguieron y continúan sucediéndose, aunque en muchas ocasiones de manera más soterrada. Pongamos como ejemplo Washington DC.

Una de las estampas más conocidas de la capital estadounidense son los monumentos a presidentes históricos, muchos de ellos bañados por las aguas del río Potomac, que discurren alrededor de las construcciones o se sirven de ellas, como un ornamento natural que dota de fuerza y continuidad. Hacia el este, sin embargo, está su hermano pequeño fluvial, el más desconocido río Anacostia, que, si bien deja pequeños paraísos verdes escondidos en plena ciudad, en la práctica se utiliza como una delimitación natural para perpetuar desigualdades económicas. Mientras que los habitantes de la zona sudeste de la ciudad que se extiende un poco más allá de la parte trasera del Congreso gozan de calles limpias, tiendas y restaurantes de moda, casas reformadas y apartamentos completamente nuevos, una vez cruzado el puente de la avenida Pensilvania sus vecinos tienen las siguientes opciones comerciales y recreativas: gasolineras, iglesias, destartalados bazares, tiendas de alcohol y funerarias. Sal de aquí, reza, sobrevive, drógate o muere. No necesariamente por ese orden. Así, primas hermanas de la redlining son la retailining o la liquorlining. En el primer caso, la práctica consiste en que no sólo no haya determinados negocios y servicios en algunas zonas en función de su composición étnica y no respecto a criterios económicos, sino que además los servicios de transporte público y privado o la comida a domicilio son limitados. En el segundo caso, por el contrario, determinados proveedores se nutren de vecindarios poblados por minorías o con bajos ingresos para colocar productos conocidos por sus efectos adversos en la comunidad, como las tiendas de alcohol. Donde hay muchas licorerías hay más delincuencia y problemas de salud pública, y, por lo tanto, en otra especie de espiral de la pobreza, una mayor aversión a establecerse en la zona por parte de otros servicios y comercios esenciales, como supermercados o tiendas de ropa. Marginalidad estructural como fantasma para cualquier intento de progreso.

«Estoy feliz de informar a todos aquellos que viven su estilo de vida suburbano soñado que nunca más serán molestados ni les afectará económicamente la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos en su vecindario.» El 29 de julio de 2020, Donald Trump tuiteaba esta declaración de intenciones para no sólo dejar patente la inquina de electorado y políticos republicanos hacia las ayudas públicas, sino también las ganas del presidente de apuntalar la segregación por vivienda e infraestructuras. En este sentido, el por aquel entonces todavía presidente tomaba como referencia principal un artículo de opinión de la política de su partido Betsy McCaughey, en el que exponía la argumentación base del asunto. En dicho escrito, McCaughey advertía de que si Joe Biden ganaba las elecciones presidenciales, el estilo de vida alejado de la aglomeración urbanita de casas unifamiliares con jardín –aquel que medio mundo y parte del otro visualizan de inmediato alentado gracias al imaginario establecido por las películas– se vería amenazado. Biden, según su campaña electoral, pretende impulsar un «plan de ingeniería social» de la era Obama que busca la construcción de viviendas asequibles de alta densidad en dichos vecindarios bajo el pretexto de la justicia social, exponía McCaughey. La política se defendía de las críticas asegurando que oponerse a esto no es racista, puesto que acceder a los suburbios es una cuestión de ingresos, no del color de piel –ocultando así todos los problemas estructurales que hemos expuesto–. Por otro lado, sacaba el comodín de la «libertad» para defender el derecho –en este caso, privilegio– de seguir viviendo en casas grandes con avenidas verdes sin pagar más impuestos por tener que ampliar alcantarillado, construir escuelas o agregar transporte público para acoger a unos vecinos con un menor poder adquisitivo. De nuevo, segregación vestida de meritocracia. Lo que el artículo y Trump callaban, sin embargo, es que, en 10 años de Gobierno, la Administración Obama no llegó a implementar dicho plan de manera efectiva.

El tuit de Trump «puede ser el llamamiento más abiertamente racista a los votantes blancos que he visto desde los días de líderes estatales segregacionistas como George Wallace de Alabama y Lester Maddox de Georgia», comentó sobre este tema el veterano periodista afroamericano Eugene Robinson. Si bien puede resultar exagerado comparar dicho mensaje con aquellos que profería el exgobernador de Alabama –«segregación ahora, segregación mañana, segregación siempre»–, lo cierto es que da cuenta de la lentitud del progreso en este sentido y cuán enraizadas siguen dichas estructuras en el imaginario colectivo. Por otro lado, las palabras de Trump no sólo resultan polémicas por su contenido, sino por el cuándo fueron pronunciadas, ofreciendo una perfecta radiografía de cómo la percepción de la realidad estadounidense se descodifica desde burbujas sociales.

Desahucios

María Jiménez no es su nombre, porque tiene miedo de que la identifiquen pero el suficiente coraje para contar su situación. Ha llegado a un punto en el que le da vergüenza seguir pidiendo ayuda, porque quienes la conocen también necesitan ayuda para sobrevivir:

Yo trabajaba en un hotel, pero perdí el empleo por esto de la covid en marzo. Es julio y sigo sin encontrar nada. Yo siempre he sido una persona que me ha gustado ahorrar y estoy viviendo de esto, pero una tiene que estar pagando la renta y sin entrar fondos no sé qué voy a hacer.

Carlos Sánchez tampoco se atreve a dar su nombre real. Hace unos días que dio positivo en un test de coronavirus y, desde entonces, intenta aislarse en un espacio sumamente pequeño. A él el virus en su cuerpo le da igual, no así en el cuerpo de su hija.

Aquí llevamos dos años viviendo ya mi mujer, mi hija, yo y una pareja más. El único apoyo que tengo ahorita es el del desempleo y es por eso que todavía hemos podido sobrevivir. Es duro porque yo tenía un trabajo muy estable, llevaba 10 años ahí y por el virus nos despidieron a todos. Tuvimos que vaciar todos los ahorros para pagar la renta, pero ya no tenemos más. La señora me dijo que teníamos que desalojar inmediatamente, pero me tocó decirle a ella que no podía, que tengo una niña pequeña que no tiene ni dos años y además el gobernador de Minnesota había dicho que no podían desalojar a nadie. Aun así, unas tres o cuatro veces ya me dijo que tenemos que dejar el apartamento inmediatamente.

Al mismo tiempo que Trump apelaba a un electorado blanco de verdes y ordenadas avenidas, millones de personas vivían asomadas al abismo de perder el techo que les estaba dando refugio ante una pandemia cuya cifra de contagios no paraba de crecer.

La gente tiene mucho miedo. Por un lado, está el hecho de que los fondos federales de los paquetes de estímulo se acaban y, con un Senado estancado [en aquellas fechas el poder legislativo estaba más centrado en sacar rédito electoral de disputas relativas a las ayudas que de aprobar nuevas medidas], nadie sabe si se extenderán. Por otro, está el miedo de que finalicen las moratorias contra los desalojos. Quiero recalcar, además, que muchas familias ni siquiera van a obtener ayudas porque no tienen permiso de trabajo. Además, estamos encontrando que muchas barreras tecnológicas y de idioma han supuesto que gente que podría haberlas recibido no haya accedido a las mismas.

Stephanie Herron Rice es abogada especialista en temas de vivienda en Massachusetts. En el momento en el que hablamos, asegura que hay cinco mil casos pendientes de desahucio congelados en su estado por la moratoria impuesta debido a la pandemia, pero que, una vez levantada, esperan alrededor de 20 mil casos nuevos. Teniendo en cuenta que la media anual es de unos 30 mil, «estamos hablando de más de la mitad de los desalojos en un año en cuestión de muy pocos meses». Desde Pensilvania, su colega Daniel Cortés dibuja un panorama similar y además pone el dedo en la llaga remarcando dos cosas. La primera, que ni siquiera es posible conocer la magnitud de la catástrofe porque no existen cifras nacionales de desalojos: «No tenemos un centro de información federal de los casos civiles estatales. Cada estado maneja su base local y cada uno de ellos tiene su propio sistema para registrarlos. Algunos tienen esa información pública y otros no, por lo que se vuelve un trabajo de investigación, de ir a las redes, a los sistemas de cada juzgado, y tratar de averiguar qué está pasando». La segunda, que la crisis del acceso a la vivienda antecedía a la pandemia:

Yo no creo que las autoridades entiendan cómo funciona esta crisis. Esto ha sido un problema antes de la covid-19, el problema de la gente que vive al día, que ve cómo los precios suben mientras los ingresos se estancan. Frente al discurso de que vivimos en un mercado libre, donde, si no te gusta o no puedes pagar, en teoría puedes ir a otro lugar, está la realidad. En la práctica, hay escasez de acceso a la vivienda.

Su colega Herron pone las cifras encima de la mesa: «Antes de la pandemia ya había más desalojos cada año que en el punto más alto y crítico de la recesión de 2008, con más de 2,3 millones de desalojos registrados en los juzgados del país anualmente. Esto sólo habla de los desalojos registrados, pero sabemos que muchos son llevados a cabo más informalmente o, mejor dicho, ilegalmente». Así, los datos más fiables sobre la epidemia de perder un techo son aquellos ofrecidos por el Laboratorio de los Desalojos de la Universidad de Princeton. Creado en 2017, la idea partió del investigador Matthew Desmond, quien en 2008 se dio cuenta de la necesidad de recopilar un estimado nacional. Con la ayuda del laboratorio, Emily A. Benfer, presidenta del Comité de Trabajo sobre Desahucios de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, llegó en verano de 2020 a la siguiente conclusión: «Nunca habíamos visto este grado de desalojo en una cantidad de tiempo tan corta en nuestra historia. Aproximadamente 10 millones de personas, durante un periodo de años, fueron desplazadas de sus hogares tras la crisis de ejecuciones hipotecarias en 2008. Estamos viendo entre 20 y 28 millones de personas en este momento, entre julio y septiembre, afrontando desahucios». La propia Oficina del Censo de Estados Unidos publicaba una encuesta en la que revelaba que una cuarta parte de los inquilinos latinos y afroamericanos habían pospuesto el pago del alquiler en mayo de 2020 y la mitad mostró su preocupación por no poder pagar la renta del mes siguiente.

El colapso nacional durante el verano de 2020 sólo se evitó a golpe de moratorias de desalojos. En medio de esa distopía, en la que mientras millones vivían con la ansiedad permanente de perder sus casas y en la que algunos políticos se esforzaban por apelar a las familias blancas de perfectos barrios suburbanos, los legisladores decidían irse de vacaciones hasta septiembre. Sólo las elecciones presidenciales, que estaban por llegar en un par de meses, ocupaban el cronograma de sus mentes. Mucho tiempo después de los comicios, la situación relativa a los desahucios continúa sin resolverse, posponiéndose mediante aplazamientos sobre el papel que, en la realidad, ni siquiera se cumplen en muchos territorios.

II

TRABAJAR COMO UN ESCLAVO

La prueba de nuestro progreso no es si agregamos más a la abundancia de los que tienen mucho; es si proporcionamos lo suficiente a los que tienen poco.

Franklin Delano Roosevelt, «Segundo discurso inaugural»

Jobs, jobs, jobs! o el espejismo de los datos de empleo

Puede que el Memorial weekend o fin de semana de los caídos sea el más deseado en una nación con una decena de festivos federales por año. Celebrado cada final de mayo, fue elegido como fecha para honrar a los soldados estadounidenses muertos en combate. En la práctica, se ha convertido en el comienzo no oficial de la temporada de verano, por lo que miles de trabajadores aprovechan para atascar carreteras y autopistas cuajadas de banderas y letreros patrióticos en defensa de todas las ramas del ejército. Rebecca Wood, sin embargo, lo recuerda siempre como el día en el que pasó una larga y angustiosa jornada en una unidad perinatal, tras dar a luz en la semana 26 de embarazo a su hija Charlie, una bebé de apenas 790 gramos que sobrevivió contra todo pronóstico. Hablamos por teléfono ocho años después del episodio que volaría por los aires su plan de vida clasemediera. La escucho calmada y, sobre todo, riendo bastante más que cuando la conocí por primera vez en 2017.

Ya llevamos un año viviendo en Boston. Después de llevar tanto tiempo luchando por un sistema de salud justo, encontré trabajo como activista en una organización en Massachussetts. Nos mudamos porque aquí tengo algunos amigos y la verdad es que fue un acierto. Ahora ya estoy bien, ya sí me alcanza con este empleo. También porque una ya ha aprendido algunos trucos, como no decir nunca que soy madre soltera a la hora de postular para el alquiler de un apartamento.

Cuando Rebecca se quedó embarazada, ella y su marido, ambos con estudios universitarios, estaban mirando casas para comprar. A la salida del hospital, la idea de ser propietarios se esfumó durante la dura batalla que tenían por delante para hacer frente al ingente número de facturas por copago que su seguro médico les iba remitiendo a cada tratamiento, medicamento o visita de Charlie.

Ni siquiera puedo darte una cifra de todo lo que nos costó porque, sinceramente, no era sólo el dinero. Para que te hagas una idea, Charlie necesitaba alimentarse con una fórmula especial que costaba 27 dólares al día. Se suponía que nuestro seguro cubría todo o parte de ese gasto, pero, hasta que lo aceptaron, estuve dos meses día y noche luchando para conseguirlo. Toda esa energía para algo mínimo en un momento en el que tienes a una recién nacida con problemas, en terapia y que ni siquiera sabes si se desarrollará correctamente, así que imagina todo lo demás.

Ante una situación de este tipo caben dos reacciones: abrumarse o envalentonarse. Mientras su marido contenía la respiración bajo la ola, Rebecca se subía a una tabla y convertía su lucha personal en colectiva. Así, acabaron por distanciarse.

Cuando me separé, me di de bruces con la realidad. Aun trabajando a jornada completa no habría podido pagar el cuidado de mi hija. Lo único que encontré con un poco de flexibilidad fue conducir para Uber, llevar pedidos de comida a través de diferentes aplicaciones… ya sabes, todo eso. Fue muy humillante y frustrante porque me sentía una madre terrible, entrando corriendo a restaurantes para recoger la comida mientras tenía a la niña durmiendo en uno de los asientos del coche. No me derrumbé porque me decía a mí misma que era algo extraordinario y temporal. Sin embargo, una noche estaba en casa y un amigo me envió una tarjeta regalo para pedir comida. Charlie estaba durmiendo la siesta, así que salí a recoger el pedido y vi que quien lo había traído era una madre con un niño durmiendo en el asiento trasero. Dije, mierda, no soy yo sola. Hay algo muy mal en nuestra sociedad cuando esta es la única salida a la que se están viendo abocadas muchas madres.

El 6 de marzo de 2020 Donald Trump tuiteó uno de sus recurrentes lemas, «JOBS, JOBS, JOBS!», acompañado de una noticia sobre los resultados de empleo del mes de febrero, aquellos que podían considerarse los últimos antes del estallido de la pandemia. Eran espectaculares, apenas una tasa de desempleo del 3,5%. Dos meses después, 40 millones de ciudadanos habían solicitado algún tipo de prestación por pérdida de sus trabajos, una volatilidad que sólo se entiende prestando atención a lo que realmente había y hay detrás de las cifras milagro. No existe ni un solo territorio en Estados Unidos en el que un trabajador con el salario mínimo y empleado a tiempo completo pueda acceder a un alquiler de un apartamento de una habitación y llegar sin problemas a final de mes. Un análisis de Brookings de noviembre de 2019, en plena fiesta de números de ocupación laboral, estimaba que al menos 53 millones de estadounidenses entre los dieciocho y los sesenta y cuatro años, es decir, el 44% del mercado, casi la mitad de los trabajadores, estaban cobrando bajos salarios, con un ingreso anual promedio de aproximadamente 18 mil dólares. De ellos, más de la mitad eran personas de menos de cincuenta años, precisamente la edad en la que los individuos tienen y crían hijos. Además, muchos de ellos eran los únicos que registran ingresos en el seno familiar. Así, antes de la pandemia, casi un tercio de los estadounidenses vivía por debajo de la línea de pobreza federal, marcada en los 36 mil dólares anuales para una familia de cuatro miembros. Mujeres y trabajadores afroamericanos son los grupos con una mayor sobrerrepresentación en esta suerte de fuerza laboral masiva de segunda.

La neoesclavitud es además una plaga generalizada. En el análisis realizado por Brookings, donde tuvieron en cuenta los datos de casi 400 áreas metropolitanas, observaron que la proporción de trabajadores con salarios bajos[1] siempre está entre un 30 y un 60%. Aunque los lugares más afectados se sitúan sobre todo en el sur y el oeste de Estados Unidos, con una fuerte presencia de inmigrantes y, por lo tanto, mano de obra explotada, como Yuma en Arizona o McAllen en Texas, las urbes más ricas tampoco escapan a la vergüenza. Economías productivas y que por lo general registran algunos de los sueldos más altos de la potencia económica global albergan entre sus lujosos edificios de oficinas cientos de miles de sujetos que apenas llegan a fin de mes. Casi un millón de trabajadores mal pagados en la región de la capital, Washington DC, 700 mil en Boston y San Francisco o más de medio millón en Seattle. Imaginen además sobrevivir en esa situación en una jungla asfaltada de precios desorbitados. Un informe de la propia Reserva Federal da cuenta de los malabarismos y el ahogo de la clase trabajadora: tres de cada 10 adultos en Estados Unidos registran ingresos familiares que varían de mes a mes y uno de cada 10 experimentó en 2017 enormes dificultades debido a esto. Se calcula que uno de cada cuatro adultos menores de treinta años y el 10% de todos los adultos en general reciben ayuda económica de alguien que no vive con ellos.

Lo que no cuentan las estadísticas

Una larga fila de adultos cobijados bajo abrigos, gorros, bufandas y con apenas los ojos y la nariz a la intemperie esperaba ante las puertas de un lujoso establecimiento en la capital en pleno enero del año 2019. Eran funcionarios y trabajadores de empresas contratistas del estado. El motivo, recibir comidas gratuitas preparadas por la ONG del popular chef español José Andrés, quien impulsó la iniciativa después de que más de 800 mil empleados llevasen apenas un mes sin cobrar sus salarios debido al cierre del Gobierno. En total fueron 35 días en los que el Gobierno federal se quedó sin fondos debido básicamente al veto de Trump, que no quiso aprobarlos porque no contenían la financiación que el presidente exigía para la construcción del muro en la frontera con México. ¿Cómo personas con contratos fijos e ingresos estables corrían el riesgo de pasar hambre ante una falta temporal de sueldo? Siguiendo con el análisis citado anteriormente, la Reserva Federal llegó a la conclusión de que cuatro de cada 10 adultos en Estados Unidos serían incapaces de hacer frente a un gasto inesperado de 400 dólares y más de la quinta parte no podía hacer frente a todas las facturas. Unos cálculos que, para la mayoría de las ONG, se quedan cortos. Tomando como ejemplo las estimaciones de United Ways, al menos el 43% de los hogares en Estados Unidos no puede pagar lo básico para vivir, es decir, sus miembros no ganan lo suficiente para cubrir el coste combinado de vivienda, alimentos, cuidado de los niños, atención médica, transporte y al menos un teléfono móvil. Esta organización parte de la siguiente premisa: la medida oficial del Gobierno estadounidense subestima la pobreza. Creada hace más de 45 años, la fórmula estatal se basa solamente en el coste de la alimentación y se aplica de manera estándar a todo el territorio. Así, en la época actual, elementos como los que United Ways toma en cuenta marcan de igual manera las necesidades básicas y son más o menos difíciles de cubrir en función de donde se viva. Cuando esta organización estableció una nueva «medida de coste real» y la aplicó, los resultados fueron demoledores: sólo en California, en un momento en que dicho estado había superado a Reino Unido como la quinta economía más grande del mundo, casi cuatro millones de hogares no llegaban a final de mes, y de estas familias, nueve de cada 10 tenían a un adulto trabajando. Henry Gascón, director de programa y desarrollo de políticas de la organización en ese estado, desmonta así varios mitos:

Al contrario de lo que popularmente podría creerse, las familias pobres no son sólo aquellas que se benefician de ayudas públicas. Son familias trabajadoras que viven con tremendos desafíos. Por ejemplo, aquellas con dos adultos en edad de trabajar con uno de ellos en el comercio minorista, cuyas horas y el pago recibido fluctúan significativamente a lo largo del año. Volviendo al tema de las ayudas, además, una de las cosas que descubrimos es que en California no se reclaman hasta cinco mil millones de dólares en asistencia disponibles cada año porque las familias simplemente no saben que pueden optar a ello o no se les proporciona esa información.

Los hogares más golpeados: las madres solteras, con un 72%, y los inmigrantes, con un 62%.

Lo dice la ONU

«La igualdad de oportunidades, que es tan apreciada en teoría, es en la práctica un mito, especialmente para las minorías y las mujeres.» Aunque ha nacido y crecido en Australia, Philip Alston conoce bien la realidad estadounidense. Doctorado en la Universidad de California, es de aquellas personas que, lejos de flotar en la burbuja social que le brinda su estatus, lleva toda la vida explorando lo que hay fuera de ella para contarlo a quien quiera oír. Alston es autor de uno de los textos que ha dejado más recientemente desnuda la propaganda del emperador. Enviado especial por Naciones Unidas para investigar la pobreza, a finales de 2017 concluyó, entre otras cosas, que «el sueño americano se está convirtiendo rápidamente en la ilusión estadounidense». Huyendo de equidistancias, Alston remarcó que «si bien Estados Unidos es uno de los países más ricos, poderosos y tecnológicamente innovadores del mundo, todo esto no se está aprovechando», teniendo en cuenta que hay al menos 40 millones de personas pobres y que registra la mayor tasa de pobreza infantil entre las naciones más ricas. Es decir, entre este dato y el de una tasa de pobreza juvenil más alta de la OCDE (afecta a una cuarta parte de ellos), Estados Unidos no sólo tiene secuestrado su presente, sino también su futuro.

En sus conclusiones, Alston incluso apeló al llamado excepcionalismo estadounidense, la teoría que promueve que esta nación es cualitativamente diferente a las demás y que, por lo tanto, no debe estar sujeta a las reglas que se aplican al resto (es más, esa supuesta superioridad les sirve de base a la hora de justificar la exportación de sus «valores» al resto del mundo). En este sentido, el enviado especial de Naciones Unidas concluyó que el tan aclamado excepcionalismo estadounidense, en realidad, debería más bien ser motivo de vergüenza nacional: «En lugar de darse cuenta de los admirables compromisos de sus fundadores, los Estados Unidos de hoy han demostrado ser excepcionales en formas mucho más problemáticas que chocan sorprendentemente con su inmensa riqueza y su compromiso fundacional con los derechos humanos. Como resultado, abundan los contrastes entre la riqueza privada y la miseria pública». El informe fue tan demoledor que ocupó varios días titulares entre la prensa considerada más progresista y local de los lugares que Alston visitó. Pese a ello, lo que posteriormente ocupó las cabeceras, esta vez de todos los colores, no fueron políticas destinadas a paliar lo expuesto, sino la crítica despechada de quien fuese embajadora de Washington en la ONU. «Evidentemente, es ridículo que Naciones Unidas examine la pobreza en Estados Unidos», aseveró Nikki Haley, quien calificó la osadía de documento «engañoso y políticamente motivado» sobre «el país más rico y más libre del mundo».

Pero la medida de la pobreza no es el único indicador trasnochado en Estados Unidos y para el que no parece haber ganas de ajustarlo –quizá, por miedo a obtener resultados más próximos a la realidad–. También existen imprecisiones y fallos en el análisis del cómo son los trabajos, algo que en parte explica lo primero: si no sabemos exactamente el grado de explotación, difícilmente podrá entenderse por qué en un contexto de pleno empleo la gente no vive, sino que sobrevive.

En mi caso empecé en la llamada gig economy (concepto que en Estados Unidos se emplea para referirse al trabajo por cuenta propia o ser autónomo) para poder hacerme cargo de mi hijo a la vez que trabajaba, dado que soy madre soltera; pero en nuestro grupo somos además personas que tenemos que cuidar a nuestros mayores y necesitamos a la vez un empleo. Estudiantes, inmigrantes, personas discapacitadas o gente con trabajos que, aunque son a tiempo completo, no tienen horarios definidos y necesitan un ingreso extra porque el salario no es suficiente.

Ashley Johnson describe así a la miríada de personas que, como ella, conforman la no plantilla de la aplicación informática mediante la cual ellos realizan la compra en el supermercado para quienes pagan por dicho servicio. En el momento en el que hablamos, acaban de ir a la huelga por quinta vez:

Aunque me encanta la amplia disponibilidad de horario y realmente disfruto a la hora de servir a los clientes, trabajar para Instacart, Shipt o DoorDash (empresas de aplicaciones de compra y reparto de comida) es una experiencia deshumanizante. Estamos constantemente lidiando con salarios bajos o control continuo del empleador, pese a ser falsos autónomos y, por lo tanto, los únicos responsables de nuestros impuestos, protecciones y gastos en general. Estamos controlados por algoritmos, clasificaciones y herramientas que, por ejemplo, dan a la compañía el poder de ocultar la opción de darnos propinas. Al principio la demanda era mucha y éramos pocos, pero, debido al aumento de la contratación, cada vez ingresamos menos: en mi caso he vivido cuatro recortes salariales en un solo año. Mientras la frustración crece, también las horas que debemos trabajar para compensar, hasta el punto de agotar los pocos recursos financieros de los que disponíamos, así como el tiempo para poder encontrar otro trabajo. Lo mismo les sucede a los conductores de Uber, Lyft, Uber Eats, Grubhub, Postmates, etc. (empresas de transporte de pasajeros y de reparto de comida a domicilio).

En el caso de los dos primeros servicios, además, con el agravante de que sus precios están acabando por desmantelar la competencia tradicional, como por ejemplo los taxistas, y, por tanto, cualquier opción laboral similar. Johnson continúa:

La mayoría de estas compañías empiezan pagando bien para posteriormente hacerlo muy por debajo del salario mínimo. Aunque los servicios prestados son necesarios, como lo es la necesidad de mano de obra, quienes dirigen estas empresas sólo se centran en la salida a bolsa, sus propios beneficios y la codicia. No ven a los trabajadores o los clientes como seres humanos y tomarán todas las medidas imaginables para reducir los costos laborales. Mientras, yo debo cubrir el seguro del automóvil, las reparaciones, la gasolina, el registro, cualquier tarifa de peaje o estacionamiento e impuestos. No cotizo para el desempleo o baja laboral, no tengo requisitos de descanso por hora o cualquier mínima protección laboral. Se han tomado medidas legales para tratar de abordar el problema en algunos estados como California, pero hasta ahora ninguno de ellos ha conseguido una solución perfecta.

Tan sólo un mes después de esta conversación, trasciende que la aplicación para la que trabaja estaba presionando al alcalde de Seattle para obtener el veto de un proyecto de ley, ya aprobado por unanimidad por el ayuntamiento, que exigía el pago de un plus de peligrosidad para los trabajadores de entrega de alimentos de dos dólares y medio por pedido durante la pandemia.

Volvamos al cómo es posible que haya tal abismo entre las amables cifras y la cruda realidad. En este punto, cabe destacar que ni siquiera hay acuerdo en definir la gig economy (¿quiénes son realmente trabajadores por cuenta propia?), porque existe un debate entre quienes incluyen en la misma a cualquier tipo de autónomo y quienes abogan por establecer diferencias. Sea como sea, no hay una medición oficial del impacto de la misma. Un trabajo de la Oficina Nacional de Investigación Económica llegó a la conclusión de que el Gobierno de Estados Unidos simplemente no está comprendiendo este enorme segmento de la fuerza laboral. Una de las estimaciones más fiables es la de la encuesta «Freelancing in America» de 2019, donde se concluye que son unos 57 millones de trabajadores mayores de dieciocho años, lo que supondría el 36% de la fuerza laboral y subiendo. Así, algunas proyecciones establecen que este tipo de economía, con las anteriores características descritas –sin cobertura sanitaria, sin bajas laborales, sin seguro por desempleo o por accidente laboral, entre otros aspectos–, podría suponer más de la mitad de los empleos en Estados Unidos para el año 2027. A estas alturas cabría preguntarse si el problema es que el Gobierno no está entendiendo el fenómeno o, más bien, si, al no medir su impacto real, quizá pueda hacer como si no existiera, aunque el futuro ya esté aquí. Más adelante explicaremos en qué consiste, pero antes, una vez expuesto el hecho de que buenas cifras de empleo no es sinónimo de garantía de subsistencia para los trabajadores, habría que intentar aproximarnos a la realidad de los mismos y la de aquellos que están arriba.

Las leyes de la clase trabajadora estadounidense

Estados Unidos es la única economía avanzada donde por ley no estás obligado a tener vacaciones pagadas, todo depende del criterio del empleador. En general, la media otorgada suele ser de una quincena por año, muy lejos del tiempo mínimo requerido por ley en la mayoría de países comparables. Así, se calcula que uno de cada cuatro trabajadores estadounidenses no goza ni de vacaciones ni de festivos remunerados. En contraposición, los ciudadanos de la Unión Europea tienen garantizados al menos 20 días de vacaciones pagadas por año y, de ellos, España ofrece la mayor cantidad total de días libres con remuneración. Esto supuso que, hace algunos años, un 41% de los trabajadores estadounidenses no tomaran vacaciones ni festivos. En comparación, los empleados de este país trabajaron de promedio 419 horas más que los alemanes, según datos de la OCDE.

En Estados Unidos tampoco existen requisitos legales federales que garanticen el pago de las licencias por enfermedad. Aunque una docena de estados están introduciendo sus propias políticas en este sentido, con aproximadamente 10 días de máximo de baja por enfermedad anuales remunerados, según la Oficina de Estadísticas Laborales sólo la cuarta parte de los empleadores estadounidenses ofrece más de esos 10 días pagados por enfermedad al año. Eso sí, sólo pueden pedirse tras trabajar durante un año de manera continuada en la misma empresa.

En Estados Unidos no existe ley alguna que garantice los pluses de peligrosidad en determinados trabajos. De hecho, incluso durante la pandemia, a mediados de mayo ya se registraba la primera ola de empresas que, si bien habían apostado en un primer momento por valorar económicamente la máxima exposición de trabajadores esenciales, tan sólo unos meses después y pese al mantenimiento del peligro decidían retirarla. Amazon, Walmart, Target o Kroger Co –esta última incluso llegó a llamar al bonus «Héroes»– eran algunas de las grandes en cancelar los pluses, pese a que en algunos de esos casos las compañías estaban registrando ganancias récords.

En Estados Unidos el salario mínimo federal está establecido en 7,25 dólares la hora desde el año 2009. Pese a que Barack Obama intentó aumentarlo para algunos trabajadores federales a 10,10, la iniciativa no prosperó. Posteriormente, otro proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes aún más ambicioso se estancó en el Senado. Para hacernos una idea de la pérdida de poder adquisitivo, para simplemente haber mantenido mínimamente el ritmo de la inflación, dicho salario debería haber llegado a los 10,15 dólares la hora en el año 2018 según estimaciones muy conservadoras. Si bien es cierto que, en 2020, 29 estados, la capital y algunas ciudades ya habían aprobado por sí mismos aumentos, prácticamente la mitad del país cobra una cantidad muy por debajo de lo que podría considerarse como miseria. Tanto es así, que un empleado a tiempo completo ganando el salario mínimo federal está muy por debajo de la línea de la pobreza. Si hablamos de asalariados en familias de cuatro integrantes, al final del año les faltarían más de 11 mil dólares para poder superar dicho umbral. Cabe recordar que estamos hablando de trabajos a tiempo completo y ya en 2019 se calcula que al menos 26,94 millones de trabajadores estadounidenses de los 157 millones que suponen la fuerza total de trabajo lo hacían a tiempo parcial, una cifra con tendencia al alza desde los años noventa.

«Por salario digno me refiero a más que un nivel de subsistencia. Me refiero al salario de una vida digna», dijo el presidente Franklin Delano Roosevelt en el año 1933. Cinco años después entraría en vigor el salario mínimo federal y, hasta 1968, aumentaría en función no sólo de la inflación sino del crecimiento de la productividad. Es decir, el salario mínimo en su origen no sólo tenía la intención de cubrir los gastos básicos de aquellos trabajadores con menores ingresos, sino de ir incrementando las posibilidades de estos para adquirir mayores bienes y servicios. Según cálculos publicados por Dean Baker, codirector del Centro de Investigación Económica y Política, de haber seguido con esta tendencia, el salario mínimo estadounidense debería ser de 24 dólares la hora, frente a los 7,25 actuales. Tras ganar la presidencia, Joe Biden planteó oficializar los 15, estableciendo, sin embargo, un más que sospechoso plazo de implementación de cuatro años desde el inicio de su mandato. No obstante, a la primera de cambio, los demócratas sacrificaron la medida en el Congreso. Como premio de consolación, el presidente decretó ese sueldo mínimo para aquellos trabajadores de empresas subcontratadas por el Gobierno federal, unos cinco millones (de los cuales muchos ya cobraban dicho salario). Pura propaganda con sello demócrata para el ingente movimiento activista que lleva una década abogando por un aumento salarial general.

El estado del sindicalismo

En Estados Unidos, la proporción de trabajadores afiliados a un sindicato se ha reducido a la mitad en poco más de tres décadas, siendo en 2019 de un 10,3% según la Oficina de Estadísticas Laborales. Tampoco es que históricamente haya sido para tirar cohetes, puesto que el máximo registrado en 1954 fue de casi el 35% de la fuerza laboral. Toda una paradoja –o no, como veremos– teniendo en cuenta que los miembros de sindicatos en general ganan más que aquellos que no están afiliados, según estadísticas del propio Gobierno de Estados Unidos. Una encuesta del Pew Research Center de 2018 reflejaba que más de la mitad de los estadounidenses cree que la disminución de la sindicalización ha sido mala y casi la mitad dijo en julio de 2019 que los sindicatos tienen en general un efecto positivo, frente a un 28% que describió su impacto como negativo. A nivel académico, son abundantes los estudios que muestran los beneficios de estas organizaciones; como un análisis en Economic History Review en el que demostraban cómo el auge de los sindicatos en los años treinta y cuarenta redujo la desigualdad, u otro trabajo en el que se comprobaba cómo los políticos del Congreso de Estados Unidos son más sensibles a la situación de pobreza de los distritos que registran mayores tasas de sindicalización.

Los trabajadores estadounidenses reciben a diario propaganda que les dice que los sindicatos existen para robar el dinero de sus cuotas y quitarles sus libertades. Con ataques políticos y legales que empujan a los miembros individuales a abandonar fácilmente su membresía, los sindicatos pierden rápidamente terreno si los funcionarios sindicales no involucran activamente a los miembros más allá de la renegociación del convenio colectivo cada dos años. El debilitamiento del movimiento sindical organizado se remonta al periodo McCarthy. A través de las investigaciones del Congreso, la vigilancia del FBI, los ataques legales mediante la Junta Nacional de Relaciones Laborales y el uso de la ley conocida como Taft-Hartley –que restringe las actividades y el poder de los sindicatos–, la clase dirigente purgó con éxito a los socialistas y comunistas de nuestros sindicatos y, con ellos, se fue el centro de gravedad. Esto además le costó al movimiento sindical a largo plazo su independencia política. La realidad es que todavía no nos hemos recuperado del impacto del macartismo. Mientras, los sindicalistas de hoy tienen miedo a mirar hacia la década de 1930, el punto más alto de la lucha de clases en nuestra historia laboral, porque supone comprender la necesidad de reconectarnos con nuestro legado radical para no repetir sus pérdidas. Supone reconocer que sólo podemos ganar cuando nuestros sindicatos estén arraigados en una ideología socialista, con capacidad organizativa y mediante nuestro propio partido obrero independiente. Con liderazgo, disciplina y militancia. Cuando los trabajadores de primera línea, nuestras hermanas, hermanos y trabajadores de todos los géneros, están muriendo en una pandemia por la falta de equipos y protecciones en su lugar de trabajo en el país más rico del mundo, es nuestro deber poner la mirada en una sociedad en la que no tenga que morir ni un trabajador más para enriquecer a un multimillonario.

Yasemin Zahra es presidenta de la federación nacional de sindicatos y otras organizaciones laborales, Labor Against Racism and War. Fundada en 2003, lideró una histórica campaña de base que logró que la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales se pronunciase contra la Guerra de Iraq, la primera vez que dicha federación tomó una postura en contra de la guerra. Zahra comprendió la necesidad del enfoque global y antiimperialista en la lucha sindical en un viaje a Corea del Sur:

La parte más impactante del trabajo fue experimentar los niveles extremos de propaganda estadounidense que muestra la prensa generalista y el grado en el que se miente regularmente a los trabajadores estadounidenses sobre cuestiones de asuntos internacionales para justificar más guerras. ¿Quién arriesga su vida por la guerra del rico por petróleo, recursos y codicia? La clase trabajadora, esto no ha cambiado. Son los pobres los que siempre terminan pagando estas intervenciones con sufrimiento y pérdida. Las intervenciones estadounidenses y las guerras perpetuas no benefician a los trabajadores ni en casa ni en el extranjero. Mientras que los trabajadores estadounidenses se alimentan del patriotismo y el excepcionalismo de Estados Unidos, la clase patronal de multimillonarios y millonarios no tiene lealtad a los trabajadores de ningún país. Trabajarán en cualquier rincón del mundo para obtener la mano de obra más barata posible. Terribles acuerdos comerciales como el NAFTA y el TPP lograron exactamente eso al enviar empleos estadounidenses al extranjero y cerrar fábricas en masa para que las corporaciones pudieran evitar pagar impuestos y un salario digno. Los directores ejecutivos corporativos y los políticos corruptos de ambos lados mintieron a los estadounidenses diciendo que estos acuerdos comerciales crearían más empleos. Fue exactamente lo contrario. Los trabajadores estadounidenses sólo podrán comenzar a luchar cuando entendamos que nuestra economía está interconectada globalmente y que el trabajador de la confección en el extranjero que apenas gana lo suficiente para sobrevivir no es nuestro enemigo.

Según la Confederación Sindical Internacional, Estados Unidos es el peor país desarrollado en lo que respecta a los derechos de los trabajadores. Así, la principal economía del mundo está clasificada en un cuatro –violaciones sistemáticas de los derechos– en una escala del uno al cinco. Todas las demás naciones del G7 presentan mejores condiciones y la zona del mundo con mayores garantías es Europa. Fuera de ese continente, sólo Uruguay figura en los mejores puestos. No es de extrañar por tanto que, frente a los tratados comerciales mencionados por Zahra, con devastadoras consecuencias en materia laboral, el correspondiente acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea (el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones, más conocido como TTIP) todavía se encontrase en negociaciones a finales de 2020, cuando la primera ronda de estas fue celebrada en el año 2013. Uno de los principales escollos es la mayor «flexibilización del trabajo» que hay en Estados Unidos respecto a Europa. «Es una sociedad muy desregulada en cuanto al trabajo, pero también en cuanto a protección del consumidor. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un sistema de clorización del pollo. Una vez llegan al matadero, los despeluchan y los meten en un baño de cloro para prevenir cualquier infección que pueda arrastrar. Indudablemente esto quiere decir que, cuando llegas del supermercado y descongelas el pollo, básicamente te huele a lejía». Este comentario de Cuca Hernández, portavoz de la plataforma No al TTIP, sirve como ejemplo para introducir qué consecuencias en el día a día de los trabajadores tienen esa ausencia de derechos laborales y los bajos salarios producto de la desregulación. Quizá una de las más básicas y fundamentales sea la alimentación.

¿Eres lo que comes?

El 13 de marzo de 2020, dos días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el coronavirus como una pandemia global, Donald Trump escogió dar su rueda de prensa flanqueado por los CEO de los supermercados Target, Walmart y Walgreens, entre otros, para anunciar la asociación del Gobierno con el sector privado a la hora de establecer sitios donde hacerse pruebas de contagio. La elección del presidente no fue casual, ya que dichas compañías ocupan los primeros puestos en el ránking de las empresas minoristas más grandes de la industria según sus ventas. Son, también, junto con Aldi y CostCo, de las más baratas.

En Estados Unidos, la clase también marca la alimentación. Dependiendo del supermercado al que se acuda, los precios de productos similares no sólo pueden triplicarse sino directamente convertirse en obscenos para cualquier ciudadano medio. Generalmente, en la cúspide se sitúan los alimentos más sanos: orgánicos, no genéticamente modificados y sin antibióticos o pesticidas añadidos. Abajo, lo contrario, aquellos imposibles de encontrar en otros países con estándares de protección al consumidor más elevados. Lo mismo sucede con la restauración. Establecimientos como McDonald’s, sello de identidad de esta nación en el resto del mundo, son en su territorio básicamente expendedores de comida a dólar para familias con pocos recursos y jubilados. Es muy común encontrar grupos de ancianos pasando el rato en ellos al parar en una autopista, como viejos adolescentes con poco dinero en los bolsillos y mucho tiempo para interactuar. Así, no es de extrañar que el tándem formado por barato y poco saludable empuje a la nación hasta los primeros puestos de obesidad mundial con una tasa del 36,2% y un índice de masa corporal promedio situado en un 28,8. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona es diagnosticada como obesa cuando supera el 30, el IMC debe estar entre el 18,5 y el 24,9. Si en la Edad Media y el Renacimiento los cuerpos orondos eran símbolo de riqueza porque representaban el acceso a una alimentación prohibitiva para un vulgo sin recursos, en el faro de Occidente de hoy el sobrepeso esconde, en muchos casos, bolsillos poco pudientes.

A la falsa libre elección alimentaria condicionada por la economía del individuo se le añade el espejismo de la amplia variedad que ofrece el sistema. Cualquier consumidor inadvertido ávido de nuevos productos defendería lo que ven sus ojos al entrar a un supermercado estadounidense, incluso de precios asequibles: múltiples marcas, líneas de sabores, tamaños u olores para cada uno de ellos. Al final de la cadena, sin embargo, se sitúan los mismos productores. Tal y como expuso la ONG Intermón Oxfam en su campaña «Behind the brands», «en realidad 10 empresas controlan la mayoría de los alimentos y bebidas que encuentras en una tienda de comestibles. Entre ellos, estos gigantes, cuyos ingresos suman más de mil millones de dólares al día, poseen cientos de marcas comunes, desde Cheerios hasta Ben & Jerry’s, Odwalla y Tropicana». En febrero de 2013, Oxfam elaboró un índice en el que evaluaba las políticas de esas Big 10 respecto a acaparamiento de tierras, trato a la mujer, productores y trabajadores, impacto climático, transparencia y uso del agua. Siete de esas 10 se situaban en un porcentaje de aprobación menor al 30. La organización desafió a dichas empresas a mejorar sus prácticas sociales y ambientales. Tras dicha campaña de denuncia y presión y una nueva evaluación en 2016, todas lograron superar una aprobación del 36%. No obstante, la propia ONG aseguró que esto sólo representó un avance en el entendimiento del impacto que la industria genera, asegurando que «para acelerar la transformación hacia un sistema alimentario verdaderamente justo y sostenible, las empresas deben reescribir fundamentalmente los modelos de negocio en sus cadenas de suministro. Si no se produce este cambio sistémico, las empresas seguirán siendo ricas, mientras que los agricultores y los trabajadores quedarán atrapados en la pobreza».

Bancos de alimentos

El señor ve la cámara y me pregunta qué grabamos. Le contesto que el pequeño punto de distribución de alimentos gratuitos del que acaba de salir. Le pregunto qué le han dado. Me lo enseña: entre elementos básicos, como un paquete de arroz y algunas rebanadas de pan, destacan tres paquetes de salchichas cocidas. No parecen muy saludables. «Es que me encantan. Ya sé que aquí también puedes optar por otra carne, como alitas de pollo, pero las salchichas duran más y están muy buenas.» No le discuto, ni soy quién ni él está en una situación como para recibir un alegato sobre la importancia de una buena nutrición. Se marcha. Nosotros seguimos. Es mediodía en un barrio de la zona norte de la capital y en la instalaciones de la ONG Bread for the City reparten lo que pueden entre quien no tiene, como cada día desde hace más de 45 años. George Jones, su director ejecutivo, cuenta que la despensa de alimentos es uno de sus programas más antiguos y que básicamente proporciona comida suplementaria para cinco días a familias e individuos en riesgo de quedarse sin nada que comer. Sólo pueden hacer uso del mismo una vez al mes, así que su servicio supone tan sólo un pequeño parche. Me cuenta que sirven a unas 30 mil familias al año, así que calculan que están llegando a una de cada tres personas con esa necesidad en la ciudad. Le pregunto sobre el perfil tipo:

La característica que más las une es que son, casi en exclusiva, personas de color. Uno de los problemas con los que tratamos directamente aquí es que el racismo parece aplicarse de una forma muy clara en por qué las personas terminan viviendo en la pobreza o tienen que acudir a organizaciones como la nuestra. Por lo tanto, creemos que existen problemas sistémicos detrás del motivo por el que una persona acaba en esa situación.

Jones está más preocupado de lo habitual. No es para menos. Su programa sólo sirve como complemento a la ayuda nutricional más importante del país: el SNAP, más conocido como los food stamps, cupones de alimentos. El SNAP, por sus siglas en inglés, es el programa de asistencia de nutrición federal más grande de Estados Unidos y proporciona una ayuda pública a personas y familias con bajos ingresos a través de una tarjeta de débito con la que pueden comprar determinados alimentos en determinadas tiendas. El programa es la versión actual de las estampillas de alimentos establecidas en los años treinta durante la Gran Represión y es un suplemento; no cubre todas las necesidades nutricionales del beneficiario. En el momento en que entrevistamos al director de ese banco de alimentos, previo a la pandemia, el Gobierno de Donald Trump había aprobado una regla que eliminaba el acceso de casi 700 mil personas al programa federal SNAP, del que comían unos 40 millones de estadounidenses. En esa primera fase, la retirada de la ayuda afectaba a adultos en edad laboral sin discapacidades y que no pudiesen demostrar que tienen personas a su cargo. Si quieren recibir ayudas, deberán probar que, pese a trabajar, no llegan a determinados ingresos. «Millones de personas que reciben beneficios podrían trabajar. Hay que restaurar la dignidad del trabajo a un segmento considerable de nuestra población y ser respetuoso con los contribuyentes», dijo el secretario del Departamento en una llamada a periodistas para justificar la medida. De fondo, resonaban en silencio términos como welfare queen –reina del bienestar–. El concepto, que se refiere a mujeres que cobran de manera fraudulenta pagos de asistencia social, forma parte del imaginario popular estadounidense desde los años setenta. Aunque fue acuñado a principios de la década de los sesenta por medios de comunicación que se dedicaron a realizar informes sobre casos puntuales de fraude al estado del bienestar, fue ampliamente divulgado al ser utilizado por Ronald Reagan en su campaña presidencial de 1976. Desde entonces, la etiqueta sirve de estigma principalmente para madres afroamericanas y solteras. Es decir, lo que el señor secretario quiso decir fue algo así como un «vagos y parásitos, busquen trabajo, estos programas no son necesarios en una sociedad de pleno empleo». Tendría razón si no fuese porque en Estados Unidos el empleo no implica garantía de subsistencia.

Volvemos a Bread for the City y su pequeña despensa pública, donde fácilmente encontramos a beneficiarios del programa SNAP. Terry, veterano de guerra con una discapacidad que le impide trabajar, recibe 30 dólares al mes en cupones.

Puede parecer poco, pero para mi sobrevivir supone un conjunto de pequeñas ayudas. Mis ingresos mensuales no cubren el coste de mi comida. Gano 1.300 dólares. El 65% va al alquiler, otra parte va para mis medicamentos porque soy diabético y el otro tercio va para el transporte. Si me retiran el programa de cupones, la situación se pondría difícil. Además, conozco a muchos vecinos que tienen hijos que también los reciben. No puedes aprender nada si estás hambriento y, si no aprendes, nunca vas a encontrar un buen trabajo ni podrás hacer nada por cambiar tu situación. Es como un círculo vicioso, porque, si ademas no estás nutrido, acabarás teniendo enfermedades. Mi mensaje al Gobierno es que si hay algo de lo que deben estar seguros es de que todo el mundo tenga algo que comer.

Sentada más allá le escucha Colette, quien lleva recibiendo cupones desde hace 28 años. «Me dan 133 dólares al mes y somos una familia de tres personas. Espero que no los restrinjan porque realmente los necesito.» Mientras lo cuenta, yo me pregunto cómo se puede repetir siquiera el mantra «vivir de las ayudas» ante tan ínfimas cantidades en una ciudad como Washington DC. Ni siquiera trabajando. Mimi Salmon se vio en esa disyuntiva hace ya algunos años, mucho antes de los recortes de la era Trump. Productora de televisión, se inscribió en el programa de alimentos al quedarse en paro con dos hijos pequeños. Cuando empezó a encontrar colaboraciones esporádicas, se dio cuenta de que, si sobrepasaba cierta cantidad mínima de ingresos, tan sólo en un centavo, debía declinar las ayudas.

Era difícil porque a veces era suficiente y otras veces no, y el sistema es complejo. Debes rellenar muchos papeles, demostrar muchas cosas, ellos siempre están comprobando tus cuentas bancarias. No puedes estar entrando y saliendo del programa. Pierdes tanto tiempo en ello que hubo un momento en que decidí no pedir más los cupones porque necesitaba disponer de ese tiempo para encontrar colaboraciones que me dieran de comer.

Ahora su hija, autista, los sigue recibiendo.

Con este nuevo cambio le dan 52 dólares al mes. 52 dólares. Con eso no puedes ni salir a comer a un restaurante una sola vez en esta ciudad. Sinceramente, esto es un ataque a la gente pobre y nadie sabe quién es o no lo es. Yo tengo educación, yo tenía un buen trabajo, tengo un trabajo ahora, tengo títulos y todo eso, hasta gané premios en todas partes, pero también hubo un momento en el que fui parte de aquellos que trabajamos y seguimos siendo pobres. En el sueño americano se supone que si vas a la escuela, si tomas un trabajo y trabajas duro, vas a poder cumplir tus sueños. Hay quien todavía se lo cree. Yo pienso que el sueño americano no existe.

Seguridad alimentaria

Un trasiego de carritos, carretillas con palés y sonido de compuertas abriéndose y cerrándose marca el ritmo en una enorme nave industrial situada a apenas una hora de la capital. Es el principal banco de alimentos del estado de Maryland. En la enorme sala del centro, un grupo de voluntarios trabaja poniendo elementos en una cinta transportadora. Otros clasifican y empacan. Un trabajo mecánico y pesado del que no despegan la sonrisa.

La situación de inseguridad alimentaria es más significativa de lo que la gente piensa. Estamos cerca de DC, muchas personas intentan pensar que Maryland se beneficia de eso a medida que la economía se fortalece, pero la realidad es que tenemos los mismos desafíos que afrontan muchos otros estados. Aquí uno de cada nueve habitantes, 650 mil personas, padece inseguridad alimentaria. Cuando hablamos públicamente de esto, la gente sigue sorprendiéndose del número. La gente no imagina que ser uno de los estados más caros para vivir también tiene estas consecuencias.

Carmen del Guercio, director del lugar, pone negro sobre blanco:

Nosotros servimos de complemento al programa SNAP. Por cada comida que damos, y estamos hablando de más de 100 mil al día, ellos dan nueve. La mayoría de adultos a los que se les va a suprimir trabajan unas cuatro horas al día y con eso no pueden sobrevivir. Tampoco se está teniendo en cuenta las barreras diarias que estas personas deben atravesar: son personas con bajos conocimientos, que no tienen recursos de transporte o que trabajan en empleos estacionales.

Del Guercio también señala el hecho de que los cupones suponen en la mayoría de casos la única opción para acceder a comida realmente nutritiva. No basta con comer, sino que hay que alimentarse.

La seguridad alimentaria es el concepto que sirve a las autoridades federales para medir la capacidad de un hogar a la hora de obtener suficientes alimentos para que todos los que viven en él tengan una vida activa y saludable. Según Feeding America, al menos el 30% de las personas que padecían inseguridad alimentaria en Estados Unidos ya antes de la pandemia ni siquiera eran elegibles para el programa SNAP. En algunos estados, la cifra era de casi el 50%. Antes de los recortes del año 2020, esta ONG calculaba en más de 20 millones de dólares lo que se necesitaría cada año para cubrir esta necesidad. Pese a esto, además de la primera fase de eliminación de beneficiarios, el Gobierno de Trump esbozó un plan para restringir aún más el acceso a las ayudas. El Centro de Investigación y Acción Alimentaria estimó que más de tres millones de estadounidenses perderían la asistencia y medio millón de niños en edad escolar podrían dejar de recibir comidas escolares gratuitas o de precio reducido. Otras organizaciones manejaban cifras incluso más elevadas. Sólo la llegada de la pandemia obligó a la Administración Trump a suspender dichos planes y el aumento de la pobreza se tradujo en un incremento temporal del 15% del total de los cupones alimentarios en el primer paquete de estímulo aprobado en la era Biden.

Si ponemos el foco en la inseguridad alimentaria infantil, antes del coronavirus afectaba al menos a 11 millones de niños según Feeding America, o lo que es lo mismo: uno de cada siete menores no sabía cuándo ni de dónde obtendrían su próxima comida. La pandemia aumentó la cifra en al menos dos millones de menores más. Hay que tener en cuenta que otro de los programas de asistencia nutricional básicos en Estados Unidos es el que subvenciona la comida escolar de hasta 35 millones de niños pobres cada día. El cierre de los colegios supuso una tragedia para muchas familias que ya venían sufriendo los recortes y el desdén del Gobierno de Trump. No en vano, el republicano pulverizó en enero de 2020 los mínimos estándares aplicados a las comidas escolares por la Administración predecesora, permitiendo a los centros reducir la cantidad de verduras y frutas que podían incluir en el menú y disminuir la variedad de alimentos frescos y facilitándoles ofrecer más patatas fritas, hamburguesas y pizzas. El problema ha intentado ser solventado por algunas iniciativas locales y estatales, aunque la mayor ayuda llegó en forma de cheques de crédito federal de tres mil dólares al año por hijo. Una medida, sin embargo, temporal y que no tiene por qué traducirse necesariamente en gasto en alimentación.

Además de los más pequeños, Feeding America también se centra en el hambre en los mayores de sesenta años, cuya tasa antes de la pandemia había aumentado en un 45% desde el año 2001, «un efecto persistente de la recesión de 2008-2009». Según sus cálculos, y de haber seguido el ritmo, el número de ancianos estadounidenses con inseguridad alimentaria iba a situarse en ocho millones para 2050. Así, el 63% de los hogares de personas mayores atendidos por la red de la ONG se veían en 2018 obligados a elegir entre alimentos y atención médica, y sólo el 45% de los mayores elegibles para el programa SNAP estaban inscritos en el mismo. Con la llegada del coronavirus el problema se agravó. Si bien a marzo de 2021 aún no existían estadísticas nacionales, algunas cifras locales, como las de Nueva York, daban cuenta de la situación. Antes de la pandemia, uno de cada 10 neoyorquinos ancianos padecía inseguridad alimentaria; en enero de 2021 era uno de cada cinco.

Una larga fila de a uno espera con impaciencia ante las cajas registradoras del supermercado Whole Foods situado en la zona en boga de la calle 14 de la capital de Estados Unidos. Tiendas hipster, restaurantes a precios prohibitivos con imitaciones presuntuosas de la gastronomía europea y estudios de yoga dan cuenta del perfil medio de la fauna habitual: blancos jóvenes de alto poder adquisitivo. Aquellos que no han pedido antes por Amazon y utilizan el establecimiento simplemente para recoger sus productos, sostienen un par de artículos o una cesta con no más de cinco en los que pueden leerse etiquetas como «orgánico» o «natural». El compendio de runners, nerds, lobistas y ejecutivos treinteañeros no hace, precisamente, compra familiar. Todos tiran de tarjeta con alegría y celeridad: la compra es un mero trámite en un día con demasiados puntos en la agenda por cumplir. Lugares donde gastar. Uno de ellos lleva en la mano un producto marcado en español: «Quicos», grandes granos de maíz tostados, muy populares, en mi época, entre adolescentes por ser, junto con las pipas, tentempiés muy baratos. En la pequeña caja puede leerse el precio: 8,99 dólares.

Corporatocracia, multimillonarios y desigualdad

Corría el mes de febrero de 2019 cuando el senador demócrata Bernie Sanders anunciaba el lanzamiento de su segunda campaña presidencial. Antes de ser aplastado otra vez por el establishment demócrata, uno de los temas que consiguió poner sobre la mesa fue la desigualdad. La codicia «ha hecho que este país tenga más desigualdad de ingresos y riqueza que cualquier otro país importante de la tierra», aseguraba. No tardaba la marabunta mediática generalista, BBC incluida, en desempolvar análisis y cifras para intentar refutar a golpe de verificadores aviesos dicha afirmación. Los únicos peros que pudieron sacar fueron mostrando estadísticas que tenían en cuenta naciones en vías de desarrollo, donde generalmente las desigualdades son mucho más acentuadas. Sanders tenía razón. Estados Unidos es el país más rico del mundo y aquel que crea más millonarios, pero también aquel con la desigualdad de ingresos más alta de todas las naciones del G7, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En su caso, además, y a diferencia de otras naciones en vías de desarrollo que a priori podrían superarle en algunas cifras específicas, dicha desigualdad ha aumentado a un ritmo acelerado. Tal y como recoge el Pew Research Center, desde 1981 los ingresos del 5% más alto de los asalariados han aumentado más rápido que los ingresos de las demás familias, lo que supone que la brecha entre los más ricos y los más pobres se haya duplicado entre 1989 y 2016. Así, si en 1989 el 5% de las familias más ricas poseía 114 veces más riquezas que las familias trabajadoras –ni siquiera pobres, estamos hablando del segundo quintil, un nivel por encima del más bajo–, para el 2016 esa diferencia era de 248 veces más. Aunque ya es sobradamente conocido que el mantra «crisis es sinónimo de oportunidad» es pura falacia, no es de recibo destacar que en el caso de la elite sí funciona; dicha concentración de abundancia continuó sucediéndose en los años posteriores al inicio de la recesión de 2008. Mientras el patrimonio neto medio de las familias en los niveles inferiores de riqueza cayó al menos un 20%, el de aquellas situadas en la casta superior aumentó un 13% entre 2007 y 2016. En términos generales, la llamada clase media ha pasado de obtener el 67% de los ingresos totales al 40% desde 1970 hasta la actualidad.

Una aproximación mucho más radical de una publicación de la organización sin ánimo de lucro RAND Corporation estima en 50 billones la cantidad de riqueza que el 1% superior de los estadounidenses ha tomado del 90% inferior. Los autores de dicha investigación hicieron sus cálculos tomando como referencia las distribuciones de ingresos más equitativas de las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial para establecer cuál debía ser el resultado si se hubieran mantenido estables. Lo que descubrieron fue, básicamente, que la mayoría de los beneficios del crecimiento de la economía estadounidense de los últimos 45 años habían sido absorbidos por el pequeño núcleo oligárquico, algo que incluso ha supuesto un freno del propio crecimiento nacional. Lo novedoso de dicho trabajo, además, fue que directamente apeló a la ciudadanía mostrándoles cuánto estaban perdiendo gracias a estos «grandes patriotas»: a un trabajador a tiempo completo con educación universitaria y de edad avanzada con unos ingresos anuales de 72 mil dólares, la desigualdad le está costando entre 48 mil y 63 mil dólares más dependiendo de la inflación. En caso de ser un hombre afroamericano que gana unos 35 mil dólares anuales, dicho trabajador recibe 26 mil dólares menos que si las distribuciones de ingresos más equitativas se hubiesen mantenido. Pero tomemos aún más perspectiva si cabe: Estados Unidos, faro del mundo libre, símbolo del progreso de la humanidad, es más desigual que el difunto Imperio romano. Aproximadamente 1.500 años después de su caída, esa es la conclusión a la que llegaron dos expertos comparando el estado actual con un estudio histórico de la Antigua Roma que, basándose en el coeficiente de Gini, establecía que el 1% de dicha civilización controlaba el 16% de la riqueza, frente al 40% de la cúspide norteamericana. Teniendo en cuenta que no han considerado la pobreza exterior de otras naciones en relación directa con el imperialismo de Washington, los actuales Nerones, Cómodos y compañía deberían estar más que inquietos en relación con cómo serán recordados en un futuro, si sobrevivimos lo suficiente. Cito a la clase política porque, siglos después, seguimos más pendientes de las luchas cainitas de senadores y cortesanos, así como de los espectáculos circenses contemporáneos, que de cómo sobrevive la plebe, no vaya a ser que nos dé por ser realmente conscientes de nuestras miserias. No obstante, teniendo en cuenta que este es un sistema corporatocrático –lo político es empresarial y viceversa–, aún albergo esperanza de que en un futuro de verdadero progreso este imperio sea revisado dejando a un margen el espectáculo y, entre otras cosas, estableciendo con nombres y apellidos los responsables de la decadencia económica y social.

Algunos nombres

Llegados a este punto, la pregunta es la siguiente: ¿quiénes son? Los clanes más ricos de Estados Unidos son los siguientes: los Bezos, fundadores de Amazon; los Gates, de Microsoft; los Waltons, dueños de los almacenes Walmart; los Mars, propietarios de los famosos dulces, y los hermanos Koch, herederos de un conglomerado energético. Se calcula que su riqueza combinada es de 600 mil millones de dólares, es decir, tan sólo 100 mil millones por debajo del estratosférico e incomparable presupuesto anual del Departamento de Defensa, del que ya hablaremos más adelante. En términos nacionales, sólo los tres más ricos poseen lo mismo que toda la mitad inferior de la población estadounidense, es decir, aproximadamente 160 millones de personas. Su enriquecimiento, además, no conoce de crisis o altibajos; para hacernos una idea, teniendo en cuenta sólo a los Walton, los Mars y los Koch, desde 1982 estas tres familias han visto aumentar su riqueza en casi un 6.000%, periodo durante el cual la riqueza doméstica media del país bajó un 3%. En principio, no habría nada que reprochar si esto sólo fuera producto de una buena gestión e inteligencia en las inversiones o lo que sólo una mente extremadamente inocente podría achacar al éxito de sus productos. Sin embargo, numerosos estudios demuestran no ser esta la causa, sino, sobre todo, otras dos.

La primera, según expone un trabajo de la Universidad de Chicago, se asienta sobre técnicas de ocultación y transferencia de la riqueza mediante asesores, administradores de patrimonio y creación de fideicomisos, corporaciones ficticias y cuentas extraterritoriales para así esquivar impuestos y responsabilidad. Es decir, haciendo trampas al sistema. La segunda, directamente, es cambiando las reglas del juego, por si acaso lo primero no acaba de funcionar o no es suficiente. Desde principios de siglo, dichas dinastías han gastado millones de dólares en presionar al Congreso para modificar o abolir impuestos, como el federal a la herencia. También en sus áreas de negocio. En el caso de los Koch, por ejemplo, han establecido y organizado una ingente red de donantes para que presionen por ellos y reviertan regulaciones en la industria energética, fuente de su riqueza. Resume James Petras, profesor emérito en Sociología en Binghamton University, que

Los políticos sólo responden a presión y, cuando esta principalmente viene de los grandes ricos, ellos acaban respondiendo a sus intereses. Así que pasamos a ser un país más plutocrático que democrático. No son pocos los que ya se refieren a la realidad en la que vivimos como sistemas electorales oligárquicos, donde la influencia de la oligarquía económica al final acaba contando más que los votos en el Parlamento.

Así, según datos del Instituto de Política Fiscal y Económica basados en el análisis de 379 corporaciones rentables, al menos 91 corporaciones no pagaron impuestos federales en 2018, entre ellas Amazon, Chevron, Halliburton e IBM. Otras 56 empresas pagaron tasas impositivas efectivas de entre el 0% y el 5% y, sólo teniendo en cuenta cinco empresas (Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Amazon y Verizon), estas disfrutaron colectivamente de más de 16 mil millones de dólares en exenciones fiscales en 2018. Si bien la bancada demócrata y afines podrían atribuirlo a la última reforma de impuestos de la Administración Trump e insistir en sus promesas electorales de reforma del statu quo impositivo, lo cierto es que la normativa fiscal de Estados Unidos lleva contribuyendo a que los ricos se vuelvan más ricos, la clase media más precaria y los pobres más pobres desde hace décadas. Por escoger una fecha previa a la presidencia del republicano, una de cada cinco grandes compañías rentables no pagó ningún impuesto en 2012, pese a que la tasa máxima de impuesto a la renta corporativa era del 35%. Además, según apunta la organización Ciudadanos por la Justicia Fiscal y más allá del sistema federal, 45 estados tienen sistemas tributarios al revés, es decir, que capturan una mayor proporción de ingresos de los contribuyentes de ingresos más bajos que del 1% superior. «Esto significa que, después de los impuestos estatales, la desigualdad de ingresos es peor.»

Lo realmente perverso del asunto no es sólo que no se realice una redistribución de la riqueza debido al impago de impuestos de aquellos que más tienen, sino que esta se realiza en forma de financiamiento de aquellos que tienen menos a aquellos que tienen más. Es decir, las grandes compañías y familias no sólo no pagan, sino que obtienen financiación a través de aquellos que sí lo hacen; lo que ya ha sido acuñado por algunos como «socialismo para millonarios y capitalismo para pobres» –uno de los primeros en atreverse, el propio Martin Luther King Junior–. Pongamos como ejemplo a Walmart, que se disputa con Amazon el puesto de mayor empleador de Estados Unidos. Según un informe de 2014 elaborado por Americans for Tax Fairness, los contribuyentes estadounidenses gastan por lo menos 6,2 millones de dólares al año en mantener a los empleados de Walmart. Esto sucede porque, pese a que, como he referido, la familia Walton es una de las más acaudaladas del país (posee más riqueza que el conjunto del 42% más pobre de los estadounidenses), los salarios que pagan a sus trabajadores son tan bajos y las condiciones laborales tan precarias, que muchos de ellos deben recurrir a los maltrechos programas de asistencia pública para poder sobrevivir. Tras la publicación de dicho informe y el anuncio de la corporación de subir los sueldos, la misma organización calculó que ni con dicho aumento Walmart dejaría de estar subvencionada. De este modo, lo realmente fascinante (o no) es que fuese sorprendente para prensa, activismo y opinión pública el hecho de que, a la hora del reparto de las históricas ayudas para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus, las compañías y los millonarios fuesen los mayores agraciados, según el diario ProPublica, por delante de la clase trabajadora. En junio de 2020, la organización de defensa del consumidor sin ánimo de lucro Public Citizen tuiteaba lo siguiente:

Un ejecutivo de Goldman Sachs dirige el Tesoro, un capo del capital privado dirige Comercio, un ejecutivo farmacéutico dirige el Departamento de Sanidad, un cabildero del carbón dirige la Agencia de Protección Ambiental, un cabildero petrolero dirige el Departamento de Interior, un cabildero de Raytheon (una de las mayores empresas de armamento) dirige el Departamento de Defensa, un abogado de Verizon (mayor operador de telefonía móvil del país) dirige la Comisión Federal de Comunicaciones. Y usted se pregunta por qué los fondos de estímulo se han convertido en donaciones corporativas.

Así, tampoco es de extrañar que dichas técnicas también sean empleadas habitualmente por el propio Gobierno, que decide tirar de subcontratación para precarizar legalmente las condiciones de sus trabajadores excepto en Defensa, como veremos más adelante. «Nos estamos convirtiendo en una plutocracia», dijo el propio Paul Volcker, quien fuera presidente de la Reserva Federal bajo los presidentes Carter y Reagan. Hay quien también la llama corporatocracia u oligarquía, aunque esta palabra raramente se utilice para naciones que no sean Rusia, por una mera cuestión ideológica.

Ante semejante panorama, ¿por qué los votantes no son conscientes de lo que sucede o no se enojan lo suficiente? El propio estudio de Chicago al que me he referido anteriormente se cuestionó esto mismo. Tras un análisis pormenorizado de las declaraciones y acciones de los multimillonarios de este país en la última década, una de las respuestas que dan es la llamada «política del sigilo». Frente a una publicidad extrema de los propios millonarios, mediante entrevistas y declaraciones, y un eco desorbitado en los medios de comunicación cuando se producen contribuciones o acciones populares de los más ricos, como donaciones o acciones caritativas, los movimientos entre bambalinas como los de los Koch, con sus contribuciones para favorecer políticas contrarias a la mayoría, son silenciados por estos con bastante éxito. De este modo, la percepción es muy contraria a la realidad. Un estudio de 2011 halló que los ciudadanos estadounidenses de todo el abanico político subestiman drásticamente el nivel actual de desigualdad de riqueza. Así, según datos del Pew Research Center y pese a lo expuesto anteriormente, el 61% de los estadounidenses dice que hay demasiada desigualdad económica en el país, pero las opiniones difieren según el partido político y el nivel de ingresos. Para los republicanos y afines, el porcentaje baja al 41%, en comparación con el 78% de los demócratas. En cuanto al total de aquellos que creen que el grado de desigualdad es el adecuado, los porcentajes se reparten de esta forma en función de los ingresos: 27% para los de renta alta, 26% para los que tienen ingresos medios y 17% para los que están en la parte baja de la tabla. Es decir, los ricos suelen estar más satisfechos con el estado de desigualdad actual. Un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard declaró en septiembre de 2014 que la creciente disparidad entre los muy ricos y las clases media y baja ya no era sostenible. El tiempo se ha encargado de demostrar que ni tan siquiera los señores de las universidades de elite han sido capaces de prever las tragaderas a las que están sometidos aquellos que están abajo, propaganda y coerción mediante.

Gran Hermano Amazon

Cuando Amazon llama a tu puerta

En noviembre de 2018, el gigante del comercio online Amazon anunció el establecimiento de su nueva sede compartida entre Nueva York y Virginia, a las afueras de Washington DC, con una estimación de 25 mil empleos para cada una. Detrás quedaba una de las competiciones entre territorios más encarnizadas de los últimos tiempos por atraer a una compañía privada. En ella, 238 localidades proporcionaron al hombre más rico del mundo sus proyectos de desarrollo en materia de infraestructuras o economía local y, en algunos casos, directamente pusieron sus planes a disposición de las condiciones que quisiera imponer Jeff Bezos, fundador de Amazon. Una ingente e importante información económica y de desarrollo de numerosos puntos de Estados Unidos, en muchos casos de difícil acceso o vetada a sus propios ciudadanos, cuyas administraciones locales aderezaron además con exenciones locales de impuestos para la compañía privada, miles de millones en compromisos de inversión pública e incluso pagos directos. Para el recuerdo folclórico queda, por ejemplo, el cactus saguaro que Tucson, en Arizona, decidió regalar a la sede de Seattle, pese a ser una especie protegida, cuyo daño puede costar el arresto en ese estado –no en vano, un cactus de ciento cincuenta años puede llegar a valorarse en unos 10 mil dólares–, o la promesa del municipio de Stonecrest, en Georgia, de nombrar a Bezos alcalde vitalicio y ofrecerle 140 hectáreas para crear la ciudad Amazon.

Fue algo absolutamente ridículo. Para mí fue obvio desde el principio que Amazon vendría a DC. No sólo porque Jeb Bezos tiene una casa aquí, la segunda más grande de la ciudad, sino porque Amazon ha aumentado su cabildeo en los últimos años en un 400%. Sólo en 2017 gastó más en pagos al Congreso que las industrias Koch o la Asociación Nacional del Rifle. Así que en realidad fue una carrera de fondo para ver quién era capaz de darles más. Nosotros, por ejemplo, no ofrecimos tanto como los vecinos Maryland o Pittsburgh, por lo que nunca se trató de los incentivos, sino de ver cuánto podían sacar del norte de Virginia, además de hacer que los contribuyentes gastasen miles de millones de dólares en concesiones y otorgando de forma gratuita a Amazon todos esos datos que ahora podrán utilizar como deseen.

Quien habla es Roshan Abraham, vecino y miembro de la plataforma progresista Our Revolution. Él y el organizador vecinal Dani Cendejas me citan en Arlington, una de las zonas donde está previsto el pelotazo Amazon. Ante nosotros, dos grúas trabajan sin cesar en la construcción de un moderno edificio de apartamentos. Me cuentan que justo ahí hasta hace poco estaba el supermercado del barrio de toda la vida. Les pregunto qué tal que les haya tocado la lotería, qué se siente cuando un gigante llama a tu puerta, aunque no parece que hayan abierto la botella de champán:

Esta y otras tiendas, cuyos dueños eran personas de color, ya no están, el desplazamiento de la comunidad migrante ya ha comenzado. Muchos dicen qué bien, llegará Amazon y seguro habrá nuevas oportunidades. Más bien todo lo contrario. Hay que tener en cuenta que buena parte de esta comunidad habla español o no tiene el inglés como primera lengua y apenas ha recibido información sobre lo que puede significar la llegada de la sede. Debe reconocerse que los empleos que van a necesitarse no van a ser para nuestra comunidad, ya que se estima que serán de 100 mil dólares al año de sueldo, así que podemos imaginar que se acabará sobre todo contratando a personas blancas muy cualificadas. Todo depende del valor y el coraje que tengan los políticos de esta área por abogar por nuestras comunidades, no por Amazon, pero podemos imaginarnos qué pasará si los alquileres ya están subiendo y hay muchos vecinos que tienen que dejar sus casas.

La gentrificación acelerándose tiene el sonido de ese edificio en construcción pero también del dinero en los bolsillos de los especuladores.

Yo llevo 20 años viviendo en el condado de Arlington. Aproximadamente el 85% de todas las viviendas asequibles para la gente trabajadora ya no se encuentran disponibles en el mercado. Para hacernos una idea, el alquiler de un apartamento de un dormitorio cuesta como mínimo 1.200 dólares en esta zona, cuando el salario mínimo es de siete dólares y 25 centavos la hora. Es demasiado para cualquier familia, nadie puede vivir cuando el alquiler se lleva el 50 o el 70% de lo que ganas. Al final, en hogares diseñados para que viva una persona acaban seis u ocho.

Carmen Romero, líder en desarrollo y construcción de nueva vivienda asequible en una asociación de Arlington, hace una radiografía de la situación pre-Amazon. Según un informe del año 2017 del propio condado, la disponibilidad de vivienda asequible se desplomó en un 90% sólo en las dos últimas décadas, en un contexto en el que casi el 60% de las familias negras e hispanas registraban ingresos inferiores a 75 mil dólares, un porcentaje que en el caso de las familias blancas era del 12%. Más de la mitad de estas eran propietarias; en el caso de las minorías, sólo entre un cuarto y un tercio tenían vivienda en propiedad. Con la llegada del gigante del comercio electrónico, apartamentos de medio millón de dólares registraron un aumento de 20 mil dólares en su valor incluso antes del anuncio oficial. Cuando Amazon llamó previamente a la puerta de los vecinos en Seattle, ciudad que acogió la primera sede, muchos vislumbraban un futuro en el que la localidad aumentaría su renta hasta ser tres veces superior a la media nacional. Sin embargo, también sufrió una subida de los precios del alquiler de más del 35%, convirtiéndola en la tercera ciudad con la vivienda más cara y, como consecuencia, la tercera urbe en albergar más personas sin hogar de todo el país. La historia parece repetirse, si nadie lo remedia, en los aledaños de la capital.

Meses después del anuncio del establecimiento de la sede en Nueva York, en febrero de 2019, Amazon reculaba y cancelaba sus planes tras manifestaciones, declaraciones y acciones en contra de su llegada por parte de legisladores, activistas, ciudadanos y sindicatos. Según los medios, movilizados por el escarnio que suponía el regalo de tres mil millones en incentivos gubernamentales, en una lectura simplista del asunto. Para entender dicha oposición, sin embargo, hay que conocer la perspectiva histórica que dicho movimiento le dio a la llegada de la compañía. Sebastian Uchida, estudiante de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, miembro del partido Jóvenes Socialistas Democráticos de América y uno de los líderes de las protestas, me lo contó de esta forma:

Antes de la desindustrialización de Nueva York, las personas de la clase trabajadora podían realizar trabajos manuales en la industria de la confección, en los mataderos, en las fábricas y en los puertos para ganarse la vida dignamente en la ciudad, pero la tierra en la que vivían era propiedad de promotores inmobiliarios. Estos vieron una oportunidad de aumentar el valor de sus propiedades desindustrializando la ciudad, construyendo espacios de oficinas en los lugares donde estaban los mataderos, donde solía estar la industria de la confección, así como hogares para aquellos profesionales que trabajarían en esos edificios de oficinas. Entre 1930 y 1950 el valor del suelo pasó de 20 mil millones de dólares a 400 mil millones de dólares. Todo eso fue a los bolsillos, por supuesto, de promotores inmobiliarios y propietarios. Luego llegó la crisis financiera en la década de 1970 que, por supuesto, fue impulsada por todo esto, ya que la especulación fue extremadamente insostenible. Sin embargo, aunque la crisis fue desencadenada por los promotores inmobiliarios, se acabó echando la culpa y haciendo que pagasen las comunidades desplazadas que dependían de aquellos servicios públicos que fueron mermados. Estas compañías son sanguijuelas del estado del bienestar, toman todo el dinero que debería ser destinado a educación o atención médica. En esta ocasión había otra oportunidad de dar un paso más y seguir con la limpieza, en esa especie de purga de la clase trabajadora, de la ciudad de Nueva York, trayendo la sede de una corporación de un billón de dólares a una comunidad que es negra y latina históricamente, una comunidad que es de clase trabajadora, y bajo un falso reclamo de empleos, por supuesto. Es un insulto a la inteligencia afirmar que traerán oportunidades a nuestros graduados o a los trabajadores de la zona. En el acuerdo no se menciona ni a la Universidad ni se comprometen a contratar localmente, y no hay más que ver el ejemplo de la sede de Seattle.

Trabajadores de primera y esclavos

Amazon, empresa con un patrimonio neto superior a los 100 mil millones de dólares y una de las más valiosas del planeta, representa como pocas el binomio laboral estadounidense: condiciones abusivas para los de abajo, es decir, almacenes y transportistas. Grandes beneficios para los de arriba, los profesionales que desarrollan su trabajo en las oficinas. Este es un extracto de un informe de noviembre de 2019 titulado «Demasiado grande para ser gobernado», de la organización Economic Roundtable, sobre cómo opera el gigante al sur de California:

La cultura corporativa intensa y exigente de Amazon ha beneficiado a los que están en la cima, pero no necesariamente a los trabajadores que hacen el trabajo pesado de la red logística que trae paquetes a nuestros hogares. La proximidad a los barrios de bajos ingresos en la región de cuatro condados facilita el acceso de Amazon a una fuerza laboral hambrienta de trabajo. Al mismo tiempo, los salarios pagados por Amazon perpetúan la lucha económica en estos barrios. Los trabajos de almacén de Amazon son agotadores y de alto estrés. Los pedidos de los clientes deben embalarse y entregarse en horarios rápidos. Los trabajadores del almacén usan dispositivos de rastreo que la gerencia emplea para monitorear dónde están en cualquier momento, cuántos pasos toman para embalar sus paquetes y cuánto tiempo lleva recoger cada artículo. Los que no pueden cumplir con las cuotas son despedidos. La mayoría de los empleados de logística trabajan a tiempo completo para mantener a sus familias, pero el 86% gana menos que el salario básico de los condados de Riverside y San Bernardino. Un trabajador de esa sección obtuvo de media unos ingresos anuales totales en 2017 de 20.585 dólares, un poco más de la mitad del salario digno. El 14% estaba por debajo de la línea federal de la pobreza y otro 31% justo por encima de dicho umbral. [Sin embargo,] la condición económica del trabajador de logística contrasta marcadamente con los empleados de Amazon en Silicon Beach y Hollywood, que están dedicados a trabajos de entretenimiento, informática y matemáticas. Estos trabajadores ganan un salario digno, lo suficiente para pagar una vivienda y comprar productos de Amazon. El mayor nivel de vida que disfrutan demuestra que, cuando el mercado laboral o el entorno regulatorio lo requieren, Amazon puede pagar salarios sostenibles. [Así,] poco más de la mitad de los trabajadores de los almacenes de Amazon en el sur de California residen en viviendas deficientes. [Mientras] los clientes de Amazon se concentran en vecindarios costeros y de laderas prósperas, los almacenes y sus trabajadores se concentran a 60 o 70 millas de distancia en comunidades de clase trabajadora con dificultades para sobrevivir. Esta división geográfica refleja la polarización económica y la estructura de privilegios.

Tampoco parece que la empresa tenga intención de revertir la situación. En marzo de 2020, Chris Smalls, empleado del almacén en Nueva York, fue despedido tras organizar una protesta entre los trabajadores después de pedir durante días medidas de protección contra el coronavirus. «Ya desde finales de febrero había compañeros a mi alrededor enfermos, vomitando o yéndose a sus casas antes de finalizar el turno y el 11 de marzo en una reunión nos comunicaron el primer positivo. Nos dijeron a los coordinadores que no lo comunicásemos al resto para no causar pánico. Me quejé, me obligaron a pasar una cuarentena, sólo a mí, y ya nunca volví.» Lejos de culpabilizarse por perder el empleo, como ocurre en muchos casos, Smalls decidió denunciar públicamente lo sucedido. En su caso, medios de comunicación y múltiples organizaciones se interesaron, lo que supuso un efecto llamada para que otros empleados levantasen la voz a lo largo y ancho del país. Días después, la publicación Vice se hizo eco de un memorándum filtrado de una de las reuniones entre los ejecutivos de Amazon y Jeff Bezos en la que trataron el asunto. «No es inteligente ni articulado y, en la medida en que la prensa quiera centrarse en nosotros y no en Smalls, estaremos mucho más fuertes. Deberíamos dedicar la primera parte de nuestra respuesta a exponer enérgicamente el caso de por qué la conducta del trabajador fue inmoral, inaceptable y posiblemente ilegal. Convertirlo en la parte más interesante de la historia y, si es posible, convertirlo en el rostro de todo el movimiento sindical/organizador», dijo el asesor general de la compañía David Zapolsky, quien posteriormente reconoció la veracidad del documento. «Estoy feliz de que la verdad salga a la luz. Esto demuestra el tipo de conversaciones que mantienen. Son muy irrespetuosos, especialmente con las minorías. Se supone que gente tan rica como la que se sienta en esa sala no debería decir ese tipo de cosas», comentó Smalls, quien me aseguró que, si bien durante esos días diversos sindicatos se estaban poniendo en contacto con él, jamás había pertenecido a uno de ellos: «No conozco a nadie en Amazon que esté sindicado». Meses después, más de mil trabajadores de una planta de Alabama lucharían encarnizadamente por crear uno, frente a incontables embestidas y dificultades impuestas por la empresa. Si los sindicatos no sirven para nada, ¿de qué tiene miedo el gigante del comercio electrónico?

Los esfuerzos de la compañía por estigmatizar y vetar a los sindicatos han sido ampliamente denunciados. Ni siquiera existe disimulo al respecto. En 2018, un año después de que Amazon comprase la cadena de supermercados Whole Foods, se filtró un vídeo utilizado en la capacitación de los trabajadores en el que un muñeco animado aseguraba: «No somos antisindicales pero tampoco somos neutrales. No creemos que los sindicatos busquen el mejor interés de nuestros clientes o accionistas o, lo que es más importante, de nuestros asociados». Durante el estallido mediático de estas informaciones, la compañía incluso recurrió a las redes sociales para generar apoyo a sus intereses. Un grupo de empleados, conocido como Embajadores del Centro de Cumplimiento, tuiteó maravillas sobre su trabajo, respondió a hilos que denunciaban mala praxis y algunos de ellos dejaron mensajes antisindicales como «la protección sindical dificulta que los empleadores puedan disciplinar, despedir o promover» o, directamente, «los sindicatos son ladrones». En el reclutamiento de gerentes de relaciones laborales, por ejemplo, se incluye como obligación tener «experiencia significativa en el manejo de actividades de organización sindical» y «responder a la actividad sindical». Mientras, en la carrera por la candidatura demócrata a la presidencia, Bernie Sanders no sólo lideraba las donaciones de empleados de empresas tecnológicas, sino de trabajadores de Amazon, quienes anotaban la palabra «esclavo» en la descripción de su trabajo.

Precisamente Sanders fue uno de los artífices de la principal política social que se cuelga la compañía a modo de medalla: el establecimiento de un salario mínimo de 15 dólares la hora. Lo que callan, sin embargo, es que el minorista se vio obligado a ello a finales del año 2018 después de que Sanders y otras figuras presionaran sin tregua a la compañía ante las informaciones crecientes de abusos a sus trabajadores y condiciones precarias, que Amazon intentó acallar y negar durante semanas. Las relaciones públicas maliciosas no quedan ahí. En 2019 el gigante invirtió al menos 1,4 millones de dólares en las elecciones locales de Seattle para conseguir el voto por los candidatos que más simpatizaban con la empresa. No obstante, en este caso los resultados mostraron que fue contraproducente, no coló entre los votantes.

Enorme poder, escasa controversia

Tal y como se ha evidenciado con lo expuesto sobre Nueva York, existen pequeñas chispas de conciencia crítica que a veces prenden pequeños conatos de incendios de oposición a la empresa. Nunca llegan a grandes llamas. En noviembre de 2019, una coalición llamada Athena, formada por diversos grupos de activistas antimonopolio o en defensa de los trabajadores precarios de Amazon, decidieron unirse para reforzar las acciones de resistencia a las embestidas con sello Jeff Bezos. Un movimiento a simple vista esperanzador, pero que pierde todo el encanto una vez se analiza el quién. Una de las principales fuentes de financiación de Athena es la Fundación Open Society, del multimillonario George Soros. Así, uno de los principales entrevistados sobre este asunto en un artículo de The New York Times fue Tom Perriello, director ejecutivo de la Open Society, quien aseguró: «Esta es una empresa que funciona a una escala económica y de competencias que hasta ahora sólo asumía el Gobierno» y admitía que, con 15 millones en fondos para dicha plataforma, en realidad esto era un «David contra Goliat». Pese a estas declaraciones, que pueden inducir a pensar en Perriello como un activista real dispuesto a ayudar a aglutinar la disidencia contra la empresa del hombre más rico del mundo, una búsqueda simple revela que fue un alto funcionario de la Administración Obama. Como contrincante se situaría James Ferguson Carney, vicepresidente sénior de asuntos corporativos globales de Amazon, mano derecha de Bezos y encargado de supervisar las políticas y las relaciones públicas de todas las empresas de la compañía a nivel mundial. Da la casualidad de que Ferguson Carney es, a su vez, exsecretario de Prensa de la Casa Blanca del presidente Barack Obama. Es decir, un movimiento que pretende venderse como contestatario y de activismo de base es en realidad una plataforma financiada por un millonario contra una compañía de otro millonario que a su vez una y otra utilizan como relaciones públicas a expolíticos del mismo partido. Habría que ser demasiado inocente para creer que se trata de una oposición real al gigante y no una estrategia de venta de una falsa resistencia.

Sea como sea, en lo que sí tiene razón Perriello es en medir el patrimonio de Bezos en términos estatales. No sólo porque la riqueza del fundador de Amazon sea superior al producto interior bruto de Marruecos o a la suma del de Islandia, Chipre y Luxemburgo combinados. Tampoco sólo porque sea un 36% más rico que toda la monarquía británica junta o porque cada dólar que un trabajador medio gasta equivalga a un gasto en Bezos de 1,3 millones de dólares. Tampoco porque pueda ser capaz de vivir sin que su compañía ni siquiera pagase impuestos en 2017 y 2018 debido principalmente a una compensación de la era Clinton que recorta la factura fiscal de las corporaciones en función del éxito de las acciones de las empresas en el mercado de valores. Según la publicación Business Insider, incluso si Estados Unidos implementase un impuesto moderado al patrimonio, Bezos seguiría siendo la segunda persona más rica del mundo, únicamente superada por el empresario francés Bernard Arnault. Aun así, el aumento de los impuestos a los superricos sólo fue propuesto por los candidatos presidenciales demócratas Sanders y Warren. No obstante, como ya se ha avanzado, no son las grandes cifras económicas las que convierten en realmente poderoso a Bezos, sino la intromisión de su compañía en todos los aspectos cotidianos de la ciudadanía, no ya estadounidense, sino de buena parte de Occidente.

Amazon tiene oídos en el salón de millones de hogares en todo el mundo gracias a su altavoz inteligente de asistencia doméstica, con importantes lagunas de privacidad y seguridad según un estudio de Check Point Research, por ejemplo. Amazon también tiene ojos en millones de portales estadounidenses que utilizan su videoportero –y con ello también la policía, quien está asociada con la empresa para poder acceder potencialmente a esas imágenes, según The Washington Post–. Amazon también desarrolla avanzada tecnología de reconocimiento facial que puso al servicio de Gobierno y policía, las críticas recibidas supusieron el anuncio por parte de la compañía de un alto en esta práctica de tan sólo un año. Amazon tiene acceso a registros de votantes y webs electorales mediante sus servicios de nube, contratados por las autoridades, así como la gestión del sistema de almacenamiento de ese tipo utilizado por la CIA. Amazon nutre de servicios de control a los centros de detención migratorios, según han expuesto en diversas ocasiones investigaciones de grupos activistas y publicaciones como The Intercept. Una de cada dos compras por internet en Estados Unidos es realizada a través de su web, lo que le convierte en líder mundial online en plena era digital. Amazon, por tanto, no sólo ha llamado a la puerta de algunos barrios, sino que se ha metido dentro de casa con permiso del ciudadano, aunque este desconozca las consecuencias de dicha decisión. Una especie de sueño húmedo orwelliano que, bajo la expiación que otorga pertenecer al sector privado y apuntalar el mismo mediante prebendas públicas, ha sido ampliamente aceptado y apenas controlado.

Volviendo al entorno laboral, su poder y creencia de impunidad es tal, que incluso se atreve a emplear en otras naciones más regulacionistas y concienciadas las tácticas de inteligencia y antilaborales made in USA. A modo de ejemplo, la publicación Motherboard obtuvo dos docenas de informes internos de Amazon que revelan un aparato de vigilancia y seguridad interno obsesionado con seguir los movimientos sindicales, sociales y ambientales en Europa, no sólo mediante analistas de inteligencia de la propia compañía, sino incluso contratando a espías para recopilar información sobre sus propios trabajadores. Ni más ni menos que a agentes de Pinkerton, una notoria agencia de espionaje encargada de suministrar a finales del siglo xix y principios del xx en Estados Unidos detectives que se infiltraban en los sindicatos y contrataban matones violentos para intimidar a los trabajadores que participaban en sus actividades. Si bien un portavoz de la compañía confirmó la contratación de la agencia, este negó que sus servicios fueran para recopilar información sobre empleados y aseguró que sus operaciones «se ajustan a la legalidad» de los países en donde opera. Llegados a este punto, cabría preguntarse: ¿es sólo una cuestión de poner freno a la organización y mejora de las condiciones de sus empleados más desfavorecidos o uno de los más claros ejemplos de que estamos ante una ofensiva general contra los derechos laborales históricamente adquiridos?

Economía colaborativa. ¿El principio del fin?

La importancia de la Propuesta 22

Quizá uno de los dichos más populares referentes a la relación de poder de Washington respecto al Viejo Continente es «cuando Estados Unidos estornuda, Europa se resfría». Como potencia capitalista mundial, es sabido que prácticamente todo lo que sucede en esta nación tiene posteriormente su réplica en el resto de Occidente. Uno de los fenómenos respecto a la nueva configuración del trabajo es, como ya hemos visto, el uso de los falsos autónomos como fuerza laboral de la mal llamada economía colaborativa. Al concepto también se le llama uberización, porque, básicamente, fue aquí, en Estados Unidos, donde se diseñó, más concretamente en la meca de Silicon Valley, California. En este sentido, es extremadamente importante seguir de cerca los pasos que compañías como Uber están dando en beneficio de sus intereses y en contra de la clase trabajadora para conocer las estrategias que acabarán exportándose.

El martes 3 de noviembre de 2020 los ojos de medio mundo estaban puestos en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos. El aluvión informativo de esa jornada y las siguientes soterraría, sobre todo a nivel internacional, detalles relacionados con otras medidas legislativas votadas en algunos estados, una práctica habitual en los comicios, donde a modo de referéndum se le pregunta a la ciudadanía por su apoyo o rechazo a alguna proposición. La misma noche que Donald Trump ya hablaba de votos falsos o Joe Biden se adelantaba a la jugada republicana pidiendo paciencia y esperar a contar todas las papeletas, los californianos veían cómo la campaña de la llamada Propuesta 22 se hacía con el «sí» con un 58% de los votos. Detrás, más de 200 millones de dólares, un gasto sin precedentes en la historia de California, invertidos por parte de cinco empresas de aplicaciones de transporte de pasajeros y compras y reparto a domicilio: Uber, Lyft, DoorDash, Postmates y la empresa matriz de Instacart. El objetivo: mantener a los empleados de dichas compañías como falsos autónomos, asestar un golpe prácticamente mortal a los sindicatos de California y servir de precedente para seguir minando derechos y condiciones laborales en pro de la llamada economía colaborativa.

«Con la aprobación de la Prop. 22 (favorable a las empresas), los conductores de transporte compartido y reparto basados en aplicaciones en todo el estado podrán mantener su independencia», dijo Geoff Vetter, portavoz de la campaña por el «sí» tras conocerse los resultados. Lo que Vetter quería decir es que habían conseguido que los falsos autónomos siguieran trabajando con menores protecciones laborales, beneficios y salarios que los trabajadores tradicionales, en pro de una falsa «libertad». Entre las formas de venderlo de manera atractiva, estaba el hecho de que la Propuesta 22 establece que el salario sea igual al 120% del mínimo local o estatal, así como la recepción de un estipendio mínimo para poder adquirir una cobertura médica cuando al menos el contratista conduzca para dicha compañía quince horas semanales. La letra pequeña: dichas horas sólo incluyen el tiempo relacionado con prestar un servicio directo al pasajero, nada de la espera entre viajes, por ejemplo. Salga a la calle y pregunte cuánto tiempo «pierden» entre servicio y servicio conductores de taxis o de estas aplicaciones y eche cuentas. Todo ello sin ni siquiera pensar en las revisiones del automóvil o el mantenimiento. Un análisis de 2019 de la organización de derechos laborales Working Washington sobre las ganancias semanales de la aplicación Instacart arrojaba que, tras contabilizar gasolina, gastos comerciales e impuestos adicionales sobre la nómina, el salario promedio era de 7,66 dólares la hora. ¿Cómo pudieron entonces ganar el referéndum estas compañías tras convencer al electorado de echar al traste derechos laborales y cómo consiguieron además que dicho retroceso fuera reducido a un mero referéndum que se perdió mediante burdas maniobras?

La propuesta redactada por las empresas de aplicaciones fue concebida como un intento de subvertir una ley previa, conocida como Proyecto de Ley AB5 de la Asamblea de California. En 2019, los sindicatos del estado consiguieron que se aprobase dicho proyecto para codificar y ampliar un fallo previo de la Corte Suprema estatal, es decir, una decisión judicial ya existente, que allanaba el camino para considerar como empleados a los falsos autónomos –un fenómeno que está avanzando prácticamente en todo el mundo e incluso en Europa–. Una vez entrada en vigor dicha ley, el fiscal general de California obtuvo la herramienta necesaria para demandar a aplicaciones de transportes como Uber y Lyft, alegando que estaban tratando a los empleados de manera errónea al clasificarlos como trabajadores por cuenta propia. Ante esto, la maquinaria empresarial en contra se puso en marcha, empujando al gobernador a pedir a las partes que llegaran a un acuerdo, pese a la aprobación de la ley y el criterio judicial. Así, se planteaba la creación de una especie de categoría laboral mixta, en la que los trabajadores no podían ostentar todos los derechos laborales, pero como autónomos había que dotarlos de cierta protección e incluso de cierta capacidad de organización sindical. Las posturas se enconaron y, como resolución del conflicto, el brazo político se lavó las manos autorizando una votación a modo de referéndum de la llamada Propuesta 22, que eximiría a las corporaciones basadas en aplicaciones de servicios de cumplir con la Ley AB5. Atrás quedaba el breve lapso de tiempo durante el cual los propios políticos californianos, conscientes de que su estado es el que mayor fuerza laboral de este tipo alberga, respaldaban sin matices la legislación que obligaba a contratar a los autónomos y alegaban estar preocupados por el hecho de que cada vez más trabajadores careciesen de atención médica básica, salario mínimo o protecciones contra la discriminación y el acoso en general. Básicamente, las empresas de aplicaciones vieron que, aun con las muy liberales leyes actuales y el exiguo poder sindical, era imposible aplicar su modelo sin dificultades. Así que, con la complicidad del Gobierno estatal, forzaron una resolución cuyo resultado favorable podía ser conseguido mediante trampas y, sobre todo, dinero.

Cómo triunfó el engaño

Tal y como apuntaba una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de Berkeley, tan sólo mes y medio antes de las elecciones únicamente el 39% de los votantes se mostraba a favor de respaldar a las corporaciones votando «sí» a la proposición. No obstante, el 25% se declaraba indeciso. Para convencerlos, Uber y compañía desplegaron una ingente campaña de propaganda. Medios y votantes describieron los anuncios recibidos como un auténtico bombardeo de las ondas de televisión, las redes sociales y sus propias aplicaciones, dejando apenas escapatoria. A modo de ejemplo, utilizar cualquiera de dichas aplicaciones suponía recibir mensajes propagandísticos vendiendo la Propuesta 22 como garante de un salario mínimo y todo tipo de protecciones, lo que generalmente da un trabajo tradicional, es decir, contra lo que estaban luchando. Otro de los mensajes con los que se ganaron la simpatía de los californianos contenía las palabras «cuidado de la salud», en plena pandemia. Si bien la medida recogía una contribución a la atención médica de determinados trabajadores y en función del tiempo trabajado, está lejos de una cobertura sanitaria completa laboral tradicional. En este sentido, una de las organizadoras del grupo de conductores de Los Ángeles, Rideshare Drivers United, describía cómo la campaña por el «sí» enseñaba vídeos de madres solteras diciendo que este trabajo era su única salida para conseguir dinero extra. Como ella misma recordaba, la Prop. 22, sin embargo, suponía ingresar aún menos por el mismo trabajo bajo leyes laborales básicas. Tal y como el vicepresidente de Political Data declaró a Los Angeles Times: «el “sí” suplantó el mensaje del “no”».

Pero la saturación de eslóganes torticeros no fue la única táctica. Otra de las empleadas fue el uso de los propios falsos autónomos para promover la propuesta de las empresas sin que estos pudieran negarse a ello. Por un lado, la aplicación de compra y reparto Instacart requirió a los trabajadores distribuir en cada pedido a los clientes propaganda a favor de la medida, convirtiéndoles a la vez en agentes publicitarios en contra de sus intereses. Por otro, algunas de esas compañías, como Uber, publicaron supuestas encuestas que daban como resultado el apoyo del 70% de los falsos autónomos a la proposición. Los sondeos eran no científicos, fueron ordenados por la propia empresa y prácticamente contestados bajo lo que podría calificarse de casi coacción (en diversos medios publicaron a posteriori los testimonios de falsos autónomos que dijeron haberse visto obligados a responder «sí» por miedo a perder el trabajo). En este sentido, al menos un ingeniero de Uber dimitió en septiembre para manifestar su rechazo a cómo la compañía estaba planteando la guerra contra la proposición. «Sabía que no se trataba de información de alta calidad, sino que era la empresa encontrando formas de imponer el “sí”», dijo sobre las encuestas Eddy Hernández. Sin embargo, si hay algo que mostró el carácter agresivo de imposición de la voluntad de dichas empresas fueron las represalias que determinadas personas sufrieron por el mero hecho de mostrarse abiertamente en contra y explicar con argumentos de peso y conocimiento lo que estaba sucediendo.

Veena Dubal, profesora de la Facultad de Derecho de UC Hastings, es muy conocida entre la comunidad tuitera defensora de los derechos laborales. Dubal, especializada en la economía colaborativa y el impacto que esta tiene en los trabajadores, realizó un ingente trabajo a favor de la AB5 (la ley que consideraba como empleados a los falsos autónomos) y posteriormente contra la Propuesta 22 (la medida respaldada por las empresas). En el último mes de batalla por ocupar las conciencias de los votantes, esta profesora fue víctima de acoso masivo en redes sociales, recibiendo enormes cantidades de mensajes obscenos, amenazantes e incluso la publicación de la dirección de su casa. Dubal, madre de dos niños, vio cómo de la noche a la mañana la policía debía patrullar por seguridad los alrededores de su domicilio por el mero hecho de defender derechos laborales. Sin embargo, la inoculación del temor no quedó ahí, sino que, siguiendo un patrón de intimidación tradicional, utilizaron el lawfare al mismo tiempo. Un consultor de investigación que trabajaba por el «sí» presentó una solicitud de registros públicos a la Facultad de Dubal para acceder a nueve meses de correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otro escrito relacionados con la economía colaborativa entre la profesora y organizaciones o individuos vinculados con este tema. Una táctica que, como el propio Los Angeles Times apuntaba esos días, ha sido empleada a menudo por las industrias del tabaco, los combustibles fósiles o las organizaciones que combaten a los sindicatos contra los críticos incómodos. También se presentó una denuncia contra ella, alegando que había violado las leyes de cabildeo, que posteriormente fue rechazada. Medios de comunicación de derecha a favor de la propuesta respaldada por las corporaciones se sumaron a los ataques, publicando tal cantidad de falsedades que, pese a que muchas eran fáciles de verificar, suponía perder una ingente cantidad de tiempo necesario para seguir explicando el porqué de su oposición a la ley de las empresas de aplicaciones de servicios. No obstante, el coste emocional, según la propia afectada, fue evidente; además de no poder evitar tener que lidiar hasta cierto punto con los ataques, cambiar contraseñas electrónicas o, a nivel económico, verse obligada a contratar un consultor de seguridad para borrar información personal de internet. La ofensiva contra la disidencia estuvo tan bien diseñada que, tal y como denunció el periodista especializado Ryan Cooper en un artículo de opinión, estas empresas también se dedicaron a comprar a varias organizaciones calificadas como «progresistas». En ese texto, ponía el ejemplo del apoyo a la medida empresarial de una figura destacada en una importante organización pro derechos civiles tras el pago de 85 mil dólares a su consultora.

«Los votantes son inteligentes y, cuando ven y comprenden quién está detrás de esto y cuáles son sus motivaciones, inmediatamente entienden que se trata de corporaciones que quieren comprarse una ley para seguir explotando a sus trabajadores», aseguró Mike Roth, portavoz de la campaña por el «no», antes de las elecciones. Todo un ejercicio de fe y subestimación de los nuevos patrones, teniendo en cuenta el uso de los sucios y antiguos métodos en un país donde además se potencia una magistral combinación de desmemoria localizada y recuerdo constante de cualquier pequeño avance como si hubiera sido gigantesco. Así, la votación favorable popular a una medida de recorte de derechos laborales dejó estadísticas tan apabullantes como el hecho de que sólo la mitad de los hogares sindicalizados dijesen que votaron en contra. Un examen del Los Angeles Times mostró que las empresas lograron hacerse con las áreas de bajos ingresos, incluidos los vecindarios de mayoría afroamericana o latina. «Fue sorprendente, no pensé que fuera a aprobarse», según declaró el propio director de investigación de la organización sin ánimo de lucro Tech4America, quien, sin embargo, también habló abiertamente del papel que el miedo había desempeñado a favor de las grandes, recordando que tanto Uber como Lyft habían amenazado con dejar de operar en California o subir precios y recortar empleos si la medida era rechazada. No sólo se trató, por tanto, de hacer dudar hasta a los ciudadanos más politizados a fuerza de tácticas oscuras de propaganda, sino también de atemorizar a la base esclava. A los votantes se les llegó a decir que un «no» podía suponer la desaparición de hasta el 90% de los trabajos de conducción mediante esas aplicaciones. Un punto que fue desmentido por algunos expertos, quienes apuntaban que era altamente improbable que dichas amenazas fueran a materializarse teniendo en cuenta el enorme mercado que California les supone. Un trabajador explotado, sin embargo, apenas tendrá tiempo para leer o escuchar opiniones sosegadas.

Frente a esto, días antes de los comicios, todos los falsos autónomos de la aplicación DoorDash, por ejemplo, recibieron una llamada de la empresa para preguntarles si iban a votar «sí». Tal y como declaró uno de los trabajadores a Los Angeles Times bajo el nombre de Travis, «no les iba a decir que no», a la par que destacaba que el 80% de sus ingresos venían de las propinas, no del trabajo en sí. «Siento que nos estamos moviendo hacia una sociedad en la que tenemos esta clase baja de trabajadores y no estoy dispuesto a votar a favor de algo que oficialice esa clase baja», aseguró días antes de las elecciones. Sea como sea, la estrategia de intoxicación fue tal que, según The Washington Post, muchos de los votantes ni siquiera se dieron cuenta de que votar a favor de la Propusta 22 era hacerlo en contra de la ley AB5. Es decir, la cantidad y efectividad de las artimañas fue tal que consiguieron que la gente no supiera establecer relaciones simples y acabara por votar en contra de sus intereses sin ser conscientes de ello.

Economía colaborativa, Gobierno y el futuro de los derechos laborales

A la hora de explicar qué cabría esperar en un futuro inmediato, parece relevante destacar que algunas de las personas responsables de estos más que discutibles métodos utilizados por las empresas para destruir derechos laborales tienen relación con la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Una de ellas es su cuñado Tony West, la cara pública de la resistencia legal de Uber al primer proyecto de ley protrabajadores en California. Cabe destacar que West lleva siendo uno de los principales asesores de Harris desde que decidiese presentarse a fiscal de distrito allá por el año 2003, los inicios de su carrera política. Sus vínculos con los demócratas gobernantes son tan destacables que, en su momento, publicaciones como Business Insider se atrevieron a aventurar que West podía ser el nuevo fiscal general de Estados Unidos de la Administración Biden, aunque el cargo finalmente no fuese para él. Por otro lado, los vínculos familiares de Harris con Uber no se reducen a un solo pariente; su hermana Maya es la directora legal de dicha empresa y su hija, Meena Harris, también trabaja para la compañía. Uber además contrató a Laphonza Butler, estratega sénior de la campaña de Harris, para «asesorar» a la corporación sobre sus relaciones con los sindicatos. Butler, a su vez, dirigía una firma socia de SCRB Strategies, una consultora a la que Uber pagó más de 100 mil dólares durante la primera mitad del año 2019 y cuyos otros socios han sido todos estrategas o gerentes de campaña de la vicepresidenta estadounidense. Kamala Harris intentó desmarcarse de lo que puede parecer un claro conflicto de intereses, asegurando en su día que apoyaba la ley protrabajadores AB5 y después tuiteando en contra de la proposición presentada por las empresas de aplicaciones. Mientras aseguraba no haber sido nunca presionada por su cuñado, West se convertía en uno de los recaudadores de fondos más importantes para el dúo demócrata en la campaña electoral. La propia Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata del ala progresista, afirmó tras las comicios estar «muy preocupada por el papel que desempeñarían los ejecutivos de Uber en esta Administración después de lo sucedido en California». Teniendo en cuenta el recelo que los demócratas han puesto a mostrarse demasiado críticos en los inicios de la andadura de su nuevo Gobierno, cabría como mínimo preguntarse qué sabía o intuía Ocasio-Cortez.

Otra de las cuestiones que demuestran que las aplicaciones de servicios que utilizan falsos autónomos tienen objetivos a largo plazo es su comportamiento de carácter económico. Lo increíble del caso es que, en general, dichas aplicaciones registran pérdidas. Incluso con todas las trampas que utilizan para operar tal y como les viene en gana, la mayoría ha estado perdiendo dinero. Sólo Uber ha perdido en la última década unos 27 mil millones de dólares, una cifra importante que, sin embargo, no la empuja a declararse en bancarrota. La estrategia es clara: asumir las pérdidas iniciales que les suponen los bajos precios para romper el mercado preexistente y sus reglas, y, una vez conseguido esto, recuperar lo invertido subiendo los precios. Se trata de un sector económico, tal y como expuso la publicación The Week, «dedicado maniáticamente a la máxima explotación de los trabajadores que ni siquiera genera dinero». El meollo de la cuestión es que ni siquiera exprimiendo aún más a los autónomos podrían crecer mucho más porque son negocios de bajo margen y alta inversión. De hecho, su crecimiento básicamente se explica porque tirando precios acaban con cualquier atisbo de competencia. De este modo, parecería bastante lícito preguntarse si en realidad han sido creadas y mimadas con el objetivo principal de acabar de reventar el sistema tradicional laboral. Ni siquiera hay que ponerse en modo conspiratorio: el propio presidente ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, le pidió a Donald Trump cuando era presidente y al brazo legislativo ampliar la propuesta aprobada en California a todo el país. Incluso le pusieron un nombre con reminiscencias de ciencia ficción, «IC+», siglas para «contratista independiente plus». «A largo plazo, el modelo IC+ va a ganar», declaró abiertamente Khosrowshahi poco después de las elecciones presidenciales, además de asegurar su defensa del modelo no sólo a nivel nacional, sino en todo el mundo, vendiendo las maravillas sobre «flexibilidad» que en parte les llevaron a conquistar la opinión pública californiana. De frente, otra vez, expertos como Veena Dubal, que declaró a Market Watch lo siguiente:

Al igual que la publicidad política de la Propuesta 22, el encuadre de Khosrowshahi es inexacto, engañoso y peligroso […] los autónomos son personas de pequeñas empresas que establecen sus propios precios, desarrollan su propia clientela y pueden hacer crecer su negocio a través de la perspicacia empresarial. Los conductores de Uber no pueden hacer ninguna de esas cosas.

Pero no es sólo Uber, otras de las empresas de economía colaborativa que formaban parte de la coalición que impulsó la iniciativa en California también han mostrado abiertamente sus intenciones de exportarla a otros estados. En el caso de lugares con sindicatos con todavía relativo músculo, como Nueva York, se declaran abiertos a «dialogar» con ellos. Una afirmación un tanto inverosímil teniendo en cuenta lo siguiente: tan sólo dos meses y medio después de las elecciones, se hacía público que una de estas aplicaciones, Instacart, anunciaba el despido de los primeros empleados que habían osado votar un año antes la formación del primer y único sindicato en la plataforma. Prácticamente a la vez que Joe Biden firmaba una orden ejecutiva en la que, entre otras cosas, recogía las siguientes palabras: «es política de Estados Unidos fomentar la organización sindical y la negociación colectiva». Mientras, The Washington Post, en una pieza posterior a los comicios, exponía el desencanto de muchos votantes del «sí» a la Prop. 22 una vez se dieron cuenta de lo que en realidad suponía, y avanzaba que el modelo también se estaba intentando implantar en otro tipo de trabajos, como conserjes o asistentes de la salud. Declaraciones de intenciones y relaciones públicas versus realidad, el clásico estadounidense.

Al margen del optimismo de los directores ejecutivos de dichas compañías, vale la pena destacar también que, pese al fracaso previo de los trabajadores, la pelea en California continúa. Organizaciones de trabajadores se mostraron dispuestas a pedir explicaciones a estas compañías por acceder de manera ilícita a los votantes con sus falsos mensajes a favor de la propuesta pro falsos autónomos y por la utilización de los mismos como propagandistas de una medida contraria a la mejora de sus condiciones laborales. Por otro lado, diversos fiscales pusieron de manifiesto que la nueva ley no las exime de rendir cuentas por malas praxis anteriores a la aprobación de la misma. El portavoz de la oficina del abogado de la ciudad de San Francisco aseguró lo siguiente: «No pueden cambiar el hecho de que han estado violando la ley durante años. Los conductores y el público merecen restitución y sanciones por la mala conducta de Uber y Lyft». Teniendo en cuenta que a ninguna de ellas parece importarle acumular pérdidas, probablemente aceptar una futura condena y pagar la multa correspondiente ya esté entre sus planes.

En Estados Unidos prácticamente cualquier persona que viva en una ciudad conoce a un falso autónomo que trabaje para Uber. En 2020 se calculaban en un millón. Uno de ellos es mi exvecina Angela, quien a duras penas sobrevive con ese trabajo. En sus mejores tiempos fue dueña de una panadería, pero, al quedarse sola y debido a facturas médicas, a cierta edad fue lo único que encontró. Angela ya no es mi vecina porque la desahuciaron y tuvo que volver a casa de su anciano padre. Llegados a este punto, puede que el lector se pregunte qué tiene de relevante su historia. Precisamente, que es muy común y sirve para explicar cómo todo lo que voy contando está relacionado, como retazos que conforman el presente de la clase trabajadora de esta nación. Los dos únicos hijos que le quedan a Angela trabajan en el ejército, apenas los ve y ni sabe dónde está uno de ellos porque pertenece a alguna división de las fuerzas especiales que no le deja revelar dónde ha sido desplegado. Angela reduce el porqué de dichas carreras a algo muy simple: «buen sueldo y condiciones laborales». Es decir, el ejército como única salida de la ruina y la precariedad.

Carne de cañón para la máquina de guerra

Suicidio militar

Marcia Westbrook no quiere que nos vayamos de su pequeño pueblo sin que conozcamos antes a uno de sus dos hijos, el único que sigue hablándole, así que nos lleva al gimnasio del instituto. Es sábado de mediados de diciembre y la mayoría de los habitantes de las calles desiertas de Williamstown, en la frontera entre Virginia Occidental y Ohio, están concentrados en ese lugar. El motivo: la temporada de lucha libre infantil. «Aquí es el deporte rey, mi hijo lleva años como entrenador, creo que es lo que más le apasiona. Casi todos los niños lo practican.» Docenas de pequeños blancos vestidos con chándal o mono elástico se distribuyen por doquier. Las gradas y los pasillos están llenos y el área de práctica se divide en diferentes grupos. Detengo la mirada en un par de menores de apenas seis años de edad que aplican llaves y fuerza el uno contra el otro hasta que se tumban. Un adulto hace de árbitro y otros toman apuntes a modo de jurado. Yo no dejo de pensar en los golpes que esas diminutas cabezas se están llevando sin casco. Miro a los padres, absortos y excitados por las castañas que dan sus retoños, disgustados cuando las reciben. No parecen preocupados. Marcia me presenta a su hijo, que continúa impávido dando instrucciones a uno de los grupos de pequeños espartanos. A los 10 minutos me doy cuenta de qué quería que viésemos en realidad, el cuadro de honor que hay en la entrada sobre los logros de su hijo Tyler, el tercero, fallecido. «Era un campeón, por eso estudió gestión deportiva.» Lo dice con orgullo, sin atisbo exterior de tristeza, pese a que tras haber pasado dos días con ella yo sé que está rota por dentro. Con la misma fortaleza ha permitido minutos antes que la grabásemos en el cementerio, cambiándole las flores a la lápida bajo una llovizna gris. «Su padre vive allí, en esa casa. Es lo único que no me gusta de venir aquí, que sé que él está allí, aunque también sé que no voy a encontrármelo en el cementerio. Tendrías que haber visto el día que le enterramos, no recuerdo un grupo de personas y una fila tan larga en este pueblo acompañando a un féretro. Era muy querido».

Tyler, veterano del ejército, se suicidó de un disparo en la cabeza en agosto de 2015. Lo hizo en su casa, altamente intoxicado y mientras su hijo pequeño dormía en otra habitación. Marcia supo lo que había pasado incluso antes de que se lo explicaran, bastó la llamada desesperada de su nuera llorando gritándole estas tres palabras: «No pude impedirlo». De fondo, podía escuchar al niño gritar: «Mami necesita un pañuelo».

Yo sabía que las cosas no iban bien. Todo comenzó a ir mal cuando después de ser destinado a Iraq decidió enrolarse en las fuerzas especiales, donde le hicieron especialista en armas. Yo no sé qué pasó allí, sólo sé que a la vuelta, ya en la última foto de familia que nos tomamos, sus ojos eran diferentes. Durante el segundo aniversario de mi nieto me di cuenta de que mi hijo estaba bebiendo más de lo que solía, a plena luz del día. Me preocupé porque yo misma sé cómo el alcoholismo puede arruinar una familia, también porque había invitado a compañeros suyos del ejército y nadie decía nada. Aun así, en la familia no detectamos signos de una depresión profunda antes de que él decidiera aquella noche sorprender a su mujer entrando en la habitación con un arma en la mano. Si estoy furiosa con alguien es con el ejército, ahora sé que habían visto síntomas y simplemente le dejaron explotar. La autopsia confirmó que tenía heridas cerebrales previas y todo apunta a que no se diagnosticó a tiempo un trastorno de estrés postraumático que debía de haber sido bastante obvio para ellos.

En Estados Unidos más de seis mil miembros o exmiembros del ejército se suicidan anualmente desde el año 2008 según el Departamento de Veteranos, lo que se traduce a diario en una veintena. Son bastantes más las vidas que se pierden de esta forma que los caídos en combate. De ellos, son los miembros más jóvenes quienes registran las tasas más altas de suicidio, entre los dieciocho y los treinta y cuatro años. Concretamente en el año 2016, 45 por cada 100 mil habitantes, un aumento del 25,9% respecto al año anterior. Tal y como ocurrió en el caso de Tyler, los veteranos de guerra son más propensos que el resto de estadounidenses a suicidarse con un arma. En 2016, el 70% de los suicidios de veteranos fueron con un arma de fuego. En el caso de los civiles, no llegan a la mitad. Si distinguimos por sexo, la tasa de suicidio en las mujeres soldado es unas dos veces superior a la de las mujeres civiles. «Tengo la sensación de que en el Departamento de Defensa, si admites que necesitas ayuda para un tratamiento mental, se considera una debilidad», asevera el portavoz de la organización de veteranos AMVETS. Sherman Gillums fue marine durante 12 años, hasta que tras un combate quedó postrado en una silla de ruedas en el año 2002. Poco a poco se ha ido recuperando parcialmente y ahora se dedica a prevenir los suicidios entre sus compsañeros. Una de sus principales actividades es estar al otro lado de una línea telefónica de emergencia de un programa en el que, según sus estimaciones, han logrado salvar la vida en poco más de un año a más de 350 personas. Gillums cuenta cómo a la hora de evaluar el riesgo busca principalmente dos cosas. En primer lugar, el sentido de pertenencia: «En el momento en el que te quitas el uniforme, sentir que de repente no perteneces a nada puede ser muy peligroso». En segundo lugar, el sentimiento de carga; sobre todo entre quienes quedan discapacitados, los que acaban en la cárcel por cometer delitos tras ser incapaces de vivir nuevamente en sociedad, quienes no pueden encontrar un trabajo después del servicio o los que desarrollan algún tipo de adicción. Esto último sucede en al menos uno de cada 10 casos, según el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas. Así lo resume Craig Ryan, psicólogo:

Cuando tienes síndrome de estrés postraumático, una característica central de esa condición es el deseo de evitar o no pensar en el trauma y tratar de suprimir emociones incómodas como ansiedad, culpa, vergüenza o cosas por el estilo. Por lo tanto, beber o usar sustancias es una consecuencia común. Por otro lado, en cuanto a las cifras de veteranos jóvenes, hay que tener en cuenta que el cerebro continúa desarrollándose hasta mediados de los veinte, particularmente la zona a cargo de la resolución de problemas, la regulación de las emociones o la planificación anticipada. Alguien puede alistarse en el ejército con dieciocho años, pero ese cerebro está todavía creciendo hasta consolidar sus conexiones. En el momento en que estamos abocando a población joven a entornos con altos niveles de estrés, el trauma que pueden experimentar les afecta a ciertas regiones que pueden desarrollar alteraciones en la capacidad de tolerar tanto el estrés como la toma de decisiones.

¿Por qué se alistan?

El 23 de mayo de 2019 la cuenta de Twitter del ejército de Estados Unidos publicó un vídeo en el que un soldado compartía cómo alistarse había cambiado su vida. A continuación, un tuit pedía que otros veteranos compartieran sus experiencias. El efecto fue completamente diferente al esperado, con casi 12 mil respuestas de historias traumáticas, vidas destrozadas, suicidios, jóvenes abocados al ámbito militar como única forma de supervivencia económica, mujeres militares contando cómo fueron violadas o ejemplos de adoctrinamiento extremo. Estas fueron algunas de las respuestas con más interacciones:

Me destrozó la salud y defraudan cada reclamación que hago relacionada con mi tiempo de servicio porque «pierden» mis documentos. Aunque los guardé todos, de alguna manera el Departamento de Veteranos sigue perdiéndolos o rechazándolos porque el ejército no tiene ningún registro de NADA de lo que hice, aparte de alistarme y ser dado de baja con honores.

Cumplí cinco años. Lo que mi tiempo en el servicio me enseñó fue que la tortura está bien a los ojos del Gobierno siempre que esa persona tenga la piel marrón y sea musulmana. Aprendí que podemos falsificar información para invadir cualquier país que queramos.

A mi amigo le prometieron que, si cumplía cierto número de años en el ejército de Estados Unidos, se le otorgaría la ciudadanía, a él y a su familia. Después de cumplir dicho tiempo, le dijeron que para obtener la de su familia tenía que servir otros tres años más. Tras esto, todavía no pudo traer a sus padres.

Me acuerdo de 12 soldados que se suicidaron, tres muertos en accidentes prevenibles, otra docena de agresiones sexuales y muchas personas y familias destrozadas por actos inmorales en una guerra que no terminará.

Depresión, ansiedad, todavía no consigo lidiar con los ruidos fuertes. Fui asaltada por uno de mis superiores. Cuando lo denuncié, incluso con testigos para corroborar mi historia, no le pasó nada. Nada. Un año después robó un portátil y fue degradado. Valgo menos que un ordenador.

Personas cercanas se alistaron al ejército porque no podían pagar la universidad. Es como una cosecha distópica en la que personas de tu día a día desaparecen porque nacen sin fortuna.

Estos ejemplos sirven en buena parte para mostrar quién se alista en el ejército y por qué. Este capítulo comenzaba con la historia de Tyler, oriundo de Virginia Occidental, el estado con mayor participación per cápita en la Guerra de Vietnam y a la vez el que registró un mayor porcentaje de víctimas. Con un precedente tan dramático, la pregunta es: ¿qué aboca a los jóvenes a seguir validando el concepto «carne de cañón»? La respuesta es simple: la falta de oportunidades. En un estado con una industria quebrada y una economía débil, Tyler se alistó porque llevaba tres años encadenando empleos con bajos salarios y penosas condiciones tras finalizar sus estudios universitarios. No vio otra salida. No sólo él, también su otro hermano, aquel que decidió apostar por su carrera en el ejército y ya ni siquiera le dirige la palabra a Marcia, su madre. Cada uno digiere como puede que aquello con lo que te ganas la vida, ser soldado, sea lo que provocó que tu hermano se la quitase.

Algunos se quedan sin opciones incluso mucho antes de salir al mercado laboral. En septiembre de 2019, la cúpula del ejército de Estados Unidos anunció que habían superado su objetivo de reclutamiento para el año 2019 al inscribir a más de 68 mil soldados en servicio activo antes de finalizar el año fiscal. Ni una inesperada fiebre patriótica, una soñada carrera entre armas, ajustar cuentas en Oriente Medio o una creciente defensa de los valores estadounidenses allende los mares fueron las causas. Según el propio general Frank Muth, jefe del comando de reclutamiento, la crisis nacional en los préstamos estudiantiles universitarios fue el principal motivo. «Se puede salir del ejército a los cuatro años con el 100% pagado de una carrera en una universidad estatal», aseguró ante los periodistas en el Pentágono, mencionando además como causas que empujaron a nuevos alistamientos «la aventura y la salida de un pequeño pueblo». En este punto, cabe destacar que otros conocidos beneficios proporcionados por el ejército mientras se está en activo son un seguro médico, incluido el dental, para los reclutas y sus familias, así como un abanico de opciones relativas al acceso a la vivienda, todo ello inconcebible en otro tipo de profesiones. Es decir, mientras que por un lado el Gobierno recorta o directamente no provee determinados servicios sociales básicos para la mayoría de la población o el sector privado los utiliza como incentivos extraordinarios para trabajadores de alto rango, Estados Unidos no tiene ningún problema en hacer una excepción si con eso sigue alimentando la máquina de la guerra. Algo similar sucede con los contribuyentes de tercera: los inmigrantes sin ciudadanía. Toda la persecución, intimidación o restricciones que pueden sufrir en la mayoría de los ámbitos desaparecen cuando muestran su intención de formar parte del ejército. De dejarse la vida por un país que no los reconoce como suyos.

Soldados inmigrantes

Alexis Járquez me recibe en su casa en Arizona, sonriente, con uno de sus hijos en brazos. Se siente afortunado y no es para menos. Cuenta que hace poco se mudó a esa propiedad gracias a que resultó escogido por una ONG cuyo objetivo es construir hogares para veteranos que lo necesitan; según su página web, unos 300 en 20 años. «De no ser por ellos, no sé dónde estaríamos viviendo.» La suerte vital de Járquez empieza con la de su padre, un estudiante de Ciencias Políticas al otro lado de la frontera que decidió cruzar cuando él tenía cuatro años porque la cosa en México se estaba poniendo fea.

Cuando ya teníamos ocho años aquí nos dieron fecha para ir con el juez. Ganamos la residencia, pero el juez me preguntó que, ya que iba a dejar quedarnos, qué iba a hacer con mi vida. Yo le contesté que pagar con mi tiempo, que por mi familia yo iba a dar servicio a mi país. Yo siempre miraba a los soldados y para mí representaban algo increíble, caminando firme, con el pecho arriba y la mirada recta.

Járquez enseña el corazón púrpura ganado tras las heridas en combate. Graduado en la escuela de paracaidismo, pasó por Kuwait e Iraq hasta que en una emboscada le estalló un bomba que le generó un trauma cerebral. No puede conducir, tiene ataques epilépticos, problemas de visión, amnesia y pérdida de los sentidos. En definitiva, no puede trabajar. Tampoco es ciudadano de pleno derecho. En el momento de la entrevista, había pasado más de una década de su regreso del ejército y todavía seguía batallando burocráticamente para obtener la nacionalidad. Pese a esto, la alienación es tal, que un inmigrante como él, maltratado por el sistema, es capaz de mostrar racismo en función del origen migratorio:

Entiendo que no sea fácil conceder la ciudadanía, la seguridad me importa, no me gustaría que hubiera otro ataque, otro 11S. Yo por eso me metí al servicio, para que la guerra se peleara en otro lugar y no en nuestro país, pero a la vez me da tristeza porque los emigrantes que atacaron este país no han sido hispanos o latinos. ¿Por qué no se enfocan en las personas que están dañando el país?

Al mismo tiempo, Járquez, curtido en la batalla, asegura abiertamente que vive con miedo. Sabe que si comete cualquier delito, cualquier mínimo fallo, podría acabar deportado. No existen cifras oficiales del número de combatientes que, tras dar la vida por las barras y las estrellas, han sido expulsados de la tierra prometida. Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos reveló aproximadamente 92 casos de 2013 a 2018. Sólo por una de las casas de apoyo a los militares desterrados en Tijuana han pasado más de 400 en cinco años. «En realidad, hay probablemente más de 15 mil en esa situación», asevera Ray Martínez, exmiembro de la Cámara de Representantes por Arizona.

La máquina de matar es el mayor negocio (y el mayor fraude)

Más de 20 mil personas acuden a diario al edificio de 12 plantas cuya distribución le da nombre: el Pentágono. Una vez pasado el control, el recinto es un ir y venir de trabajadores y militares, y un sinfín de pasillos que conforman un especie de microciudad donde se alternan sin estridencias una lavandería y la sala desde donde seguir los juicios a los presos de Guantánamo. Al fin y al cabo, funcionarios haciendo su trabajo en una empresa (¿pública?) con buenas condiciones. El 23 de julio de 2019, Mark Esper juró su cargo como gerente de la misma, secretario de Defensa de Estados Unidos. Ingeniero militar, su último trabajo fue en la empresa contratista de defensa Raytheon, de la que obtuvo un buen paquete de despedida calculado en al menos un millón de dólares, basado parcialmente en el precio de las acciones de dicha empresa y cuya compensación se extiende hasta el año 2022. Antes de él, Patrick Shanahan había sido interino en el cargo, un exdirectivo de Boeing. No hay cabildeo más rentable que directamente tener al frente de lo público a un lobista, que todo sea perfectamente legal y, además, suceda gobierne quien gobierne. Así, con la llegada de Joe Biden al poder, Lloyd Austin III ocuparía el puesto. Si bien los titulares se centrarían en destacar que es el primer afroamericano en ostentarlo, la realidad es que el general retirado salía directamente de la junta directiva de Raytheon, misma empresa armamentística que su predecesor. «Tan pronto como sea posible, pero a más tardar 90 días después de mi confirmación, perderé mi interés financiero en Raytheon», dijo durante el periodo de nominación. La realidad fue la siguiente: acceder al puesto le supuso un cobro estimado de hasta 1,7 millones de dólares por la venta de sus acciones en la compañía. Aunque, como contrapartida ética, Lloyd Austin anunció su recusación de las decisiones de Defensa vinculadas con su exempresa, la letra pequeña fue que dicha exclusión no era absoluta y sólo se aplicaba al primer año de mandato. Peccata minuta teniendo en cuenta que el Departamento podía seguir cerrando acuerdos con su tercer contratista favorito.

Si hay un acontecimiento que marcó el inicio del 2020 para Estados Unidos y Oriente Medio e hizo temblar al resto del planeta por sus posibles consecuencias fue el asesinato en Iraq por parte de Washington del general iraní Qassem Soleimani. Mientras Donald Trump tuiteaba una bandera como celebración, la parte del mundo ultrajada clamaba venganza. Al día siguiente, el presidente afirmaba desde su club privado en Florida: «Anoche actuamos para detener una guerra, no actuamos para iniciar una». La ley del mercado parecía interpretar todo lo contrario. Números verdes y espectaculares subidas se registraron en las principales compañías de defensa, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics… una tendencia que sucede cada vez que Washington decide doblar la apuesta ante un enemigo geopolítico; ni siquiera hace falta un ataque directo, basta, por ejemplo, con aplicar sanciones de calado. El olor a conflicto y muerte llenando los bolsillos de toda una industria. Hay más señores de la guerra en Washington DC y en las mansiones de los estados limítrofes de Maryland y Virginia que en Afganistán. Según el portal Statista, se espera que para 2026 la industria militar estadounidense emplee a más de 777 mil trabajadores en compañías de más de 10 mil personas. No en vano, durante el periodo 2012-2016, Estados Unidos emergió como el mayor exportador de equipos de defensa del mundo y se espera que continúe igual más allá de 2022. No obstante, un decrecimiento del mercado exterior tampoco supondría una tragedia; si hay algo que aumenta de manera exponencial año tras año es el presupuesto nacional en dicha materia.

Estados Unidos gasta más en defensa (más de 600 mil millones de dólares sólo en 2019) que los siguientes siete países del mundo combinados, lo que representa más de la mitad del total del desembolso nacional. Básicamente se trata de transferir la mayor parte de los impuestos recaudados a los ciudadanos estadounidenses al engorde de un enorme sistema de empresas contratistas militares y al mantenimiento de la mayor burocracia made in USA: el Pentágono. El agujero negro de la defensa de Estados Unidos es tan demencial que por primera vez en la historia el Departamento fue sometido en diciembre de 2017 a una auditoría independiente a un coste de más de 400 millones de dólares. Más de mil auditores decidieron tirar la toalla tan sólo un año después, alegando no poder justificar los gastos derivados de la mayor partida presupuestaria del Gobierno estadounidense. No sólo no pasó nada, sino que el secretario adjunto de Defensa aseguró que nunca pensaron que la auditoría fuese a ser aprobada, pese a que desde 1990 todos los departamentos y agencias del Gobierno federal deben de estar sujetos a ello. Todos cumplen, excepto el Pentágono, que año tras año hace efectivo el que quizá sea el mayor fraude público mundial. Una investigación del diario The Nation lo resume de esta forma:

Cuando el Departamento de Defensa presenta sus solicitudes de presupuesto anual al Congreso, envía los informes financieros del año anterior, que contienen números inventados. Los números fabricados ocultan el hecho de que el Departamento de Defensa no siempre gasta todo el dinero que el Congreso asigna en un año determinado. Sin embargo, en lugar de devolver esos fondos no gastados al Tesoro, como exige la ley, el Pentágono a veces lava y transfiere dichos fondos a otras partes del presupuesto del Departamento de Defensa.

El autor de dicho documento, el periodista David Lindorff, nos lo resume así: «Su objetivo no es defender la libertad o proteger a Estados Unidos, es simplemente otra burocracia gigante haciendo lo que las burocracias suelen hacer, inflar sus presupuestos para aumentar su poder tanto como pueden». Pero ¿a cuánto asciende el pufo? Es imposible de cuantificar. Un profesor de Economía que analizó todas las informaciones financieras públicas entre 1998 y 2015 llegó a la siguiente conclusión: el Pentágono no pudo explicar 21 billones, con b, de dólares. Esta cantidad equivale a todo el producto interior bruto de Estados Unidos en 2017 y a su vez a la deuda nacional del país más endeudado del planeta. Tal y como se ha expuesto, lo escandaloso del asunto es que ni siquiera puede establecerse cuánto es dinero real y cuánto es ficción, aquella creada por un ejército de contables cuyo único objetivo es pedir más al Congreso año tras año. Sea como sea, esto no sólo afecta al contribuyente estadounidense, sino, como explica Lindorff, a todo el planeta: «Atañe a todos los demás países, especialmente a aquellos que se sienten amenazados por Estados Unidos, porque aumentan su propio gasto militar. Se está impulsando una horrible espiral de más y más dinero en armas y destrucción por la única razón de enriquecer a los contratistas militares, a los generales y a los burócratas del Pentágono. Si lo piensas, es horrible». Es decir, si quien representa la mitad del gasto militar mundial lo infla sin control, el resto se verá abocado a hacer lo mismo. Mientras, cada vez resultará más fácil justificar el recorte en otras partidas y así acabar adoptando el modelo estadounidense. Imaginen cuáles. Si en la petición de presupuesto de Donald Trump para 2019 el ejército suponía el 61%, la educación o la sanidad sólo un 5% para cada una. Otras damnificadas, transportes, energía y medio ambiente o ciencia y empleo, que obtuvieron un 2% cada una del total. Dinero hay, la cuestión es quién se lo acaba llevando y en qué se acaba invirtiendo.

La normalización de la guerra

«El 3% del gasto militar de Estados Unidos podría terminar con el hambre en la Tierra.» Es uno de los eslóganes con los que trabaja la organización pacifista sin ánimo de lucro World Beyond War. A través de su página web, explican cómo llegaron a esa conclusión tomando como referencia diversos gastos de Defensa, más las armas nucleares del Departamento de Energía, más el gasto militar del Departamento de Seguridad Nacional, más el interés en el gasto militar deficitario y contraponiéndolos a las necesidades expuestas por la FAO. Sea dicha cifra más o menos precisa, lo cierto es que es lo suficientemente impactante como para agitar conciencias ciudadanas, algo que, de momento, está lejos de suceder. ¿Por qué? Porque, socialmente, la máquina global de guerra está completamente normalizada. Mientras que World Beyond War pide con poco éxito contribuciones para poder colocar anuncios con sus eslóganes en lugares visibles, el Pentágono no tiene ningún problema en gastar dinero público en promoción y publicidad de sus actividades en el verdadero opio del pueblo estadounidense: el deporte.

Según el informe «Tackling Paid Patriotism», en 2012 la Guardia Nacional del ejército de Nueva York pagó a los Buffalo Bills 250 mil dólares por organizar ceremonias de reinscripción en el campo. En 2014, la Guardia Nacional de Georgia pagó a los Halcones de Atlanta 114 mil por cantar el himno. En 2015, las Fuerzas Aéreas gastaron la suma de 1,5 millones en la competición automovilística más popular del país, NASCAR, en parte para que los veteranos se dieran la mano con la leyenda del automovilismo Richard Petty. Son sólo algunos ejemplos. Dichas prácticas se empezaron a popularizar sobre todo a raíz del 11S y a estas alturas son tan comunes que pocos recuerdan cómo era antes una final de la Super Bowl sin un comienzo con soldados enarbolando banderas, aplauso a veteranos en sillas de ruedas o vídeos promocionales de militares en el medio tiempo de los partidos de la NBA, impactando en las retinas de millones de estadounidenses de todas las edades en un contexto festivo y de celebración. «Puedo garantizarte que, cuando se publicó el informe, el 90% de los jugadores no sabíamos que la NFL estaba recibiendo esos fondos del Gobierno», asegura Donté Stallworth, jugador de dicha liga durante 10 temporadas. Stallworth explica cómo la relación entre deporte y ejército es mucho más profunda, asegurando que es común que los deportistas reciban charlas por parte de generales o de miembros de la fuerza de operaciones especiales SEAL, equiparando el entrenamiento militar con la preparación mental y física deportiva. «El público estadounidense nos ve como gladiadores modernos y muchos de mis compañeros ven a los soldados, especialmente a los de las operaciones especiales, como gladiadores. Hay una especie de entendimiento mutuo. También hay mucha brutalidad.» Stallworth explica cómo es común que entrenadores y jugadores incluso viajen a alguna de las 800 bases militares que Estados Unidos tiene en el mundo para ejercitarse juntos. Preguntado acerca de cuál cree que es el objetivo principal de esta relación, Stallworth no duda: el reclutamiento y la normalización.

Una vez un amigo me preguntó por qué en vez de veteranos no homenajeábamos a científicos o premios Nobel. Eso me hizo pensar. Se ha establecido como relación natural el deporte y el ejército, lo que a su vez supone que el público apoye a sus tropas al 100%, todo el tiempo, incluso si no estamos de acuerdo con las guerras o las políticas que ponen en peligro a nuestros miembros. A nivel personal intento contraatacar este punto. Me gustaría que el apoyo fuese para los veteranos que vuelven con secuelas, para abordar el suicidio masivo de reclutas, para aquellos que no reciben la atención adecuada, para cuestionar las decisiones que los think tanks de Washington cocinan al enviar a nuestros conciudadanos a guerras sin sentido, dejando a sus familias aquí.

La vinculación del ejército con el deporte tradicional está tan consolidada que la estrategia actual es dar un paso más allá para enganchar a las nuevas generaciones. Según USNI News, que cita a oficiales de la Marina de Estados Unidos, dicha rama del ejército decidió para 2020 dejar de invertir en publicidad televisiva y asignar el 97% de su presupuesto a una estrategia digital. Las dos principales plataformas que se verán beneficiadas: los llamados deportes electrónicos y YouTube. La razón es simple: jugadores y audiencia tienen entre diecisiete y veintiocho años. La Marina ya no sólo va a invertir en anuncios en esos canales digitales, sino que patrocinará eventos de e-sports e incluso tiene prevista la creación de un equipo que será escogido por reclutadores del servicio en activo, una estrategia que esperan llegue a 84 millones de jóvenes. Por su parte, la fuerza aérea ya se asoció con la ELEAGUE –marca que engloba torneos en directo y contenido de deportes electrónicos– en 2018 y el ejército de Estados Unidos tiene su propio equipo de deportes electrónicos, que compite en juegos como el popular Call of Duty, por ejemplo. En este punto, cabe remarcar que el deporte o la industria del entretenimiento son tan sólo algunos ejemplos de la presencia militar en la vida cotidiana estadounidense; basta con tomar un vuelo nacional en una aerolínea civil para comprobar cómo los miembros del ejército ostentan trato preferencial e incluso son homenajeados por el comandante del avión antes de despegar. O simplemente ir de compras y encontrar buena parte de la línea de Victoria’s Secret para jóvenes repleta de prendas y lencería con el logo del ejército estampado por doquier. Además, no sólo son las fuerzas armadas. La industria privada de la guerra también está en todas partes. La propia Raytheon lleva años asociada a los populares clubes Boys y Girls Scouts, según su propia web «para desarrollar habilidades y pensamiento crítico a través de aplicaciones del mundo real relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas».

Marcia Westbrook gira un anillo de metal en uno de sus dedos. Me cuenta cómo una lesión de espalda y todo lo sucedido le empujaron a una jubilación temprana de su trabajo como enfermera. «Cuando hay marchas o manifestaciones, no puedo estar de pie mucho rato, pero, hasta que tenga energía, voy a seguir siendo activista. Todos sabemos que la violencia y las armas no son la solución, ni está funcionando, ni ha funcionado. No sé ni cómo calificar este miedo constante y esta tendencia a armarnos para vivir en lugar de utilizar la palabra y la diplomacia.» El anillo que lleva permanentemente es un gatillo. Es una señal para cualquier veterano con problemas: «Conocen el código. Saben que si necesitan hablar con alguien, pueden hacerlo conmigo».

Inmigrantes, la subasta continua

Era una sala lo suficientemente grande como para acoger a unas 100 personas y con la distribución precisa para poder vernos la mayoría de las caras. A mi lado, media decena de representantes de las ONG tomaban notas en sus cuadernos con la mirada estoica de quienes están acostumbrados a semejante escenario aunque, interiormente, su resistencia a normalizarlo les remueva las tripas. Yo no podía dejar de observarlos, buscándoles los ojos, desde que el primero de ellos entró encadenado de pies y manos, con las ropas sucias y gastadas de Dios sabe qué viaje y el semblante serio que a duras penas ocultaba el terror interno y un profundo cansancio. Era viernes 29 de junio del año 2018, estábamos en los juzgados de la localidad de McAllen, Texas, y se iniciaba el primer juicio masivo del día contra inmigrantes aprehendidos tras cruzar ilegalmente la frontera, la mayoría a través del río Grande. En los bancos de madera, unas 60 personas con grilletes custodiadas por carceleros que llevaban mascarillas, puede que debido al intenso olor, intentaban moverse lo menos posible, pese a que visiblemente algunas de ellas movían tobillos y muñecas intentando aplacar el dolor de unas esposas demasiado apretadas. Estos juicios masivos de inmigrantes llevan sucediendo día sí y día también en la frontera estadounidense desde el año 2005, bajo la denominada Operación Streamline, que permite procesar y juzgar a la vez hasta 70 personas. Qué importa si la rapidez impide detectar casos de potenciales solicitantes de asilo. De eso se trata. En lugares como McAllen llegan a celebrarse hasta dos audiencias por jornada. No se permiten grabaciones ni entrar con teléfonos móviles a las salas y, como máximo, se puede obtener una copia del audio de la sesión en caso de lograr el permiso para presenciar una de ellas. Si la realidad de lo que acontece de manera permanente en el sur del país fuera televisada, difícilmente Washington podría seguir pidiendo cuentas sobre derechos humanos a ningún país del mundo.

En aquella mañana de viernes, unas 60 personas, el 80% hombres que rondaban los veinte o treinta años, escucharon a un juez llamarlos por sus nombres a través de sus dispositivos de traducción, las veces que funcionaban. Fueron demasiadas las ocasiones en las que los acusados, aquellos que se atrevían, señalaban los aparatos advirtiendo fallos. Al menos, les servían de algo. Cuando los inmigrantes son indígenas, afrontan un proceso legal sobre su vida y libertad que ni siquiera entienden. En el otro extremo está quien, de vez en cuando, asegura no necesitar el sistema de traducción. En la audiencia que presencié, uno de los detenidos, en perfecto inglés y preguntado por un magistrado curioso, respondió que sabía el idioma porque había vivido décadas en el país; de hecho, había vuelto para reunirse con su mujer y su hijo, ambos ciudadanos estadounidenses. De todos los procesados, sólo dos mujeres, una de ellas visiblemente embarazada, se declararon inocentes. Dos fallos del sistema que supusieron que los abogados torcieran el gesto y que incluso una de ellos fuera a hablar con sus defendidas para intentar convencerlas de su culpabilidad. No lo consiguió. Ambas mujeres se ratificaron inocentes con una media sonrisa. Una auténtica anomalía teniendo en cuenta que la inmensa mayoría, al desconocer el procedimiento, sigue los consejos de los letrados que se les otorgan de oficio, quienes les advierten que, de no declararse culpables, la pena a la que se enfrentan puede ser mayor. Hasta seis meses de cárcel si es la primera vez que se entra de manera ilegal; si han reincidido, entre dos y 20 años de prisión para después ser deportados. Lo que no les explican es que, si se declaran inocentes, sus casos deberán ser dirimidos de manera individual en una vista posterior. Días después, comentándole la experiencia a una abogada pro derechos de los inmigrantes, me confesó que su sueño vital era que todos, un día, comenzasen a declararse inocentes. El sistema no sería capaz de procesar tantas peticiones, colapsaría, aseguró entre risas. El día anterior, en plena crisis de separación de familias inmigrantes, había trabajado 20 horas ininterrumpidas.

Negocio a costa de derechos humanos

Canto de nombres, caras abatidas y desorientadas, ruido de cadenas, carceleros… la maquinaria de deportación consta de engranajes y ruidos similares a las antiguas subastas de esclavos, salvo la lectura de derechos y el escenario, una sede judicial. No es casual del todo, teniendo en cuenta las únicas salidas posibles a la expulsión del país: la estadía en prisión o vivir como ilegal. El inmigrante en situación irregular en Estados Unidos es un sujeto tremendamente productivo. Empecemos analizando la primera. Sólo durante los primeros 10 años de puesta en marcha de la Operación Streamline, es decir, de penalización masiva de los delitos de inmigración en lugar de dirimirlos mediante un proceso civil, se estima que los gastos de encarcelamiento fueron de más de siete mil millones de dólares. Desde entonces, los bolsillos de unos pocos se han ido llenando de manera exponencial a costa de gestionar la no libertad de aquellos a los que llaman alien cada vez con mayor asiduidad, en uno de los intentos más viles por despojarlos de humanidad, desterrando otros términos como, por ejemplo, foreigner, extranjero.

Las principales empresas privadas de los centros de detención de migrantes son los mayores operadores de prisiones, Geo Group y CoreCivic. Cerca de una cuarta parte de cada uno de sus negocios está relacionada con contratos vinculados con el servicio de inmigración, ICE. Específicamente, Geo Group se llevó a casa más de 500 millones de dólares en 2017 en contratos relacionados con ICE, y CoreCivic se hizo con 440 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que, en términos de detención migratoria, sabemos que tienen más de 41 mil personas bajo custodia a diario y se espera que la cifra crezca hasta los 52 mil.

Bianca Tylek, directora del proyecto «Corrections accountability», que tiene como objetivo arrojar algo de transparencia de este sector, resume su poderío financiero. Asegura que sólo es una pequeña muestra del todo, teniendo en cuenta que, en el caso de estas dos grandes compañías, se conocen ciertos detalles debido a que cotizan en bolsa. Así, es posible rastrear sus métricas financieras, las contribuciones directas en campañas o los gastos de cabildeo. Una influencia política que no sólo se limita a conseguir contratos públicos:

Tras la entrada en vigor de la tolerancia cero de la Administración Trump contra las familias inmigrantes, las acciones de Geo Group subieron un 24%. En el caso de CoreCivic, un 14%. Estas empresas no sólo están muy entusiasmadas con la tolerancia cero, sino que la esperaban con impaciencia desde 2017. De hecho, expresaron abiertamente a su base de inversionistas que esperaban verla aprobada en un futuro próximo.

Si bien es posible arrojar algo de luz sobre el enorme negocio del encarcelamiento masivo en estos casos, es prácticamente inviable conocer el volumen de otras compañías más pequeñas, así como las subcontratas de servicios. Multinacionales como Amazon, Motorola, Thompson Reuters o Microsoft llevan tiempo siendo señaladas por las ONG y activistas por sus jugosos contratos con el servicio de inmigración y control de aduanas.

Volviendo a las dos grandes del dinero generado por la inmigración ilegal, en una amenaza de demanda judicial a grupos de activistas, el vicepresidente ejecutivo de una de estas empresas negó que su compañía desempeñase ningún papel en la aprobación de leyes ni en el establecimiento de políticas migratorias. Dicha advertencia jamás se materializó en denuncia. Paradójicamente, Geo Group sí demandó a California tras un proyecto de ley en el que el estado pretendía prohibir el uso de instalaciones privadas de detención de inmigrantes.

La creciente ofensiva contra estos centros no solamente se explica por la crítica al sistema en sí. Incluso buena parte de la opinión pública y política, que en un principio puede estar de acuerdo en la penalización masiva de la inmigración, en los últimos tiempos se ha unido al rechazo de la privatización por el cómo, es decir, por el trato que estas empresas infligen a los inmigrantes detenidos. En septiembre de 2020, un informe del Congreso de Estados Unidos detalló, por primera vez con nombres y apellidos, muertes de personas en situación de irregularidad tras recibir tratamientos médicos inadecuados o por retrasos a la hora de recibir cuidados sanitarios. Dicha investigación parlamentaria concluyó que los inmigrantes recluidos en centros de detención operados por contratistas privados a menudo no obtienen el tratamiento clínico necesario, están retenidos en instalaciones sin suficiente personal médico y hay falta de saneamiento e higiene, incluso en espacios con menores. Uno de los ejemplos relataba cómo, en una de esas instituciones, el coronavirus se propagó fácilmente afectando a más de 300 personas. En dicho escrito, donde se citaba directamente a CoreCivic y Geo Group, se denunciaba que, en ocasiones, el personal falsifica los registros para encubrir problemas. La investigación acusaba a la Administración Trump no sólo de estar al tanto del déficit sistemático en seguridad y salud, sino de seguir otorgando a sabiendas contratos públicos por valor de miles de millones de dólares. Lo que ese informe y el partidismo producto del mismo esconden es que esto no empezó con Trump. El primer acuerdo entre el Gobierno y CoreCivic, por ejemplo, data del año 1983 y, desde entonces, la empresa ha seguido encadenando contratos al margen del color político del Ejecutivo. Los demócratas liberales son expertos en caer continuamente en pequeñas crisis de histeria moral que difícilmente se dan cuando son ellos quienes ostentan el poder.

Precisamente la subcontratación de estos servicios ha sido históricamente una herramienta eficaz de protección del Estado de las consecuencias de los abusos derivados de sus políticas. Dos semanas antes de la publicación de dicho informe en el Congreso, estallaba el escándalo de las histerectomías de la prisión privada para inmigrantes en Irwin, Georgia. Tras el chivatazo de una exenfermera del centro, diversas organizaciones proinmigrantes presentaban una queja ante la Oficina del Inspector General que propiciaba una investigación sobre lo sucedido. En dicho escrito, se recogía el propio testimonio de la enfermera, Dawn Wooten, quien describía la praxis de uno de los ginecólogos de esta manera: «Le saca sus cosas a todo el mundo, esa es su especialidad, es como un coleccionador de úteros». El escalofriante relato contenía, entre otras cosas, la afirmación de que dicho médico extirpó el ovario equivocado de una de las jóvenes detenidas. Al darse cuenta, también lo hizo con el otro y la mujer acabó con una histerectomía total: «Ella todavía quería hijos, así que ahora tiene que volver a casa y decirle a su marido que no puede», relató Wooten. En la denuncia presentada también se recogen testimonios de afectadas, que en un primer momento se calcularon en una veintena. Una de ellas aseguró: «Cuando conocí a todas esas mujeres que habían pasado por cirugías, pensé que esto era como un experimento en un campo de concentración. Era como si estuvieran experimentando con nuestros cuerpos». Poco después del soplo, el número de víctimas denunciantes se triplicó. Aunque la investigación meses más tarde seguía sin establecer el porqué de esta suerte de Mengele[2] contra inmigrantes; algunos abogados y activistas relacionados con el caso establecieron diversas hipótesis. Una podía ser económica; al ser un servicio subcontratado, los honorarios del doctor aumentaban exponencialmente cada vez que practicaba una intervención como una histerectomía. Otra, meramente racista, teniendo en cuenta los antecedentes históricos de este tipo de prácticas sin consentimiento en Estados Unidos en mujeres esclavizadas a modo de experimento; las campañas de eugenesia y esterilización a nivel nacional en 1900 contra discapacitadas, pobres y afroamericanas, y, en décadas posteriores, contra inmigrantes y nativas americanas. Capítulo aparte están los experimentos del médico estadounidense John Charles Cutler en los cuarenta con la población guatemalteca, a la que infectaba de sífilis y gonorrea.

Sea como sea, si bien el capítulo de las histerectomías fue el que más llamó la atención, lo cierto es que el escrito presentado en un primer momento tenía como objetivo inicial evaluar la situación de los centros ante la pandemia provocada por el coronavirus. El acceso otorgado en este caso sirvió para desenmascarar prácticas abusivas y terribles, como el desdén continuo y la incomunicación entre personal y detenidos enfermos, producto del idioma, y la exposición de testimonios que directamente les suplicaban: «no quiero morir aquí». Pese a lo detallado de la denuncia y al riesgo que le supuso a la enfermera Wooten ir a cara descubierta, el ICE se limitó a publicar un comunicado diciendo que no comentaban los asuntos presentados a la Oficina del Inspector General y que, si bien se tomaban todas las acusaciones con seriedad, aquellas que eran anónimas y no probadas las trataban con escepticismo. Aunque se abrieron diversas investigaciones al respecto y en un primer momento el caso fue un bombazo informativo, la cobertura se desinfló rápidamente. A fin de cuentas, los Mengeles históricos como Cutler jamás han sido juzgados en este país. Aunque se abrieron diversas investigaciones al respecto y en un primer momento el caso fue un bombazo informativo, la cobertura se desinfló rápidamente. A fin de cuentas, los Mengeles históricos como Cutler jamás han sido juzgados en este país. Cabe destacar, no obstante, que tiempo después la Administración Biden anunciaría el cese de operaciones para dicho centro.

La opacidad de lo que sucede en dichos centros, tanto en el caso de concesiones a empresas privadas como en las propias instalaciones de detención de las autoridades migratorias, es sobradamente conocida. Para hacernos una idea, en plena crisis de separación de las familias, aquel verano de 2018 en el que el mundo vio con estupor y condenó cómo los niños inmigrantes eran arrebatados de los brazos de sus padres y encerrados en centros de detención, contados periodistas y medios pudieron acceder a ver de primera mano dichas instalaciones, siempre acompañados y con fuertes restricciones. Normalmente, es prácticamente imposible obtener una imagen de lo que acontece dentro, hay que ceñirse a los testimonios. Si es que puede lograrse establecer contacto. Una práctica muy común es la deportación acelerada de los testigos incómodos. Siguiendo con el caso de las histerectomías, una de las denunciantes se libró de su expulsión en el último minuto, cuando ya le tenían avión de regreso, gracias a la presión de las organizaciones que investigaban el asunto. Por poner otro ejemplo, en octubre de 2020, grupos de abogados denunciaron deportaciones de potenciales receptores de asilo cameruneses a los que, según los testimonios que pudieron obtener, se los obligó a firmar su expulsión «usando métodos de tortura» como amenazas, estrangulamiento, golpes o ataques con gas pimienta. En declaraciones al diario The Guardian, Christina Fialho, directora ejecutiva del grupo de defensa Libertad para Inmigrantes declaró lo siguiente: «La realidad es que el ICE opera en las sombras […] Sabemos que el Gobierno de Estados Unidos está deportando a testigos clave en un esfuerzo por silenciar a sobrevivientes y absolver al ICE de su responsabilidad legal».

Cuando me agarró la migración me trataron como si fuera basura. Después de detenerme me metieron en esa celda a la que llamamos congelador. Estuve encerrada muerta de frío durante cuatro días.

Lo primero que me preguntó el agente es de dónde era. Yo le contesté que de Guatemala y me volvió a preguntar que a qué venía acá, y cuando le dije que venía huyendo del padre de mi hija no me creyó. Acto seguido me empezó a gritar en la cara y a decirme que no sé qué hacíamos todos estos indios en su país, que ellos no tenían por qué mantenernos.

Yo llevaba una blusa de manga larga y antes de meterme en la celda me dijeron que tenía que quitármela y ponerme una camiseta de manga corta que ellos me dieron. Yo no sabía que ahí adentro iba a hacer tanto frío. Mi hija tenía fiebre y lo único que pude hacer fue sacar sin que se dieran cuenta de la bolsa donde tenía mis cosas un suéter y así poder calentarla.

Son declaraciones de mujeres inmigrantes que pude entrevistar en la estación de autobuses de McAllen. En el caso de llegar en familia, son liberadas allí por las autoridades una vez han declarado, se les ha fijado una primera comparecencia judicial y se les ha colocado pulseras de seguimiento en sus tobillos. Grilletes de última tecnología. En su gran mayoría suelen reunirse con parientes o conocidos que ya viven en Estados Unidos hasta que se resuelva su situación o sean finalmente deportados. Ante una perspectiva tan terrible, resuena la siguiente pregunta: ¿por qué vienen?

¿Por qué huyen?

La respuesta daría para escribir unos cuantos libros sólo sobre este asunto. Sin embargo, valga como resumen la explicación de Manuel Orozco, director del programa de migración del Diálogo Interamericano, en el caso del Triángulo Norte, uno de los principales focos de emisión.

El factor principal detonante es el de la inseguridad, que afecta prácticamente a toda Centroamérica pero en particular a esa región. Es una situación de inseguridad causada por redes de narcotráfico, por pandillas organizadas con conexiones con grupos transnacionales vinculados con grupos de Estados Unidos y con redes de extorsión del crimen organizado. La economía centroamericana se encuentra prácticamente secuestrada por un ecosistema de crimen organizado.

En un contexto en el que, previo a la crisis del coronavirus, el crecimiento anual era tan sólo de un 3%, «en Estados Unidos hay una fuerte demanda de mano de obra. Por ejemplo, 35 millones de hogares dependen de mano obra extranjera para cubrir oficios domésticos». Otro factor es el de las familias transnacionales. «Hay alrededor de tres millones de centroamericanos aquí que por lo menos el 20% de ellos tiene hijos en Centroamérica y de alguna manera, ante la imposibilidad de una reforma migratoria que han venido prometiendo por más de 10 años, pues se desesperan.» Así, se establece una especie de círculo vicioso. Si bien a priori políticamente se rechaza la inmigración centroamericana, el sistema bipartidista tampoco es capaz de establecer un sistema migratorio funcional y coherente, más allá de seguir beneficiándose económicamente de quienes llegan, porque generan ganancias tanto encerrados como convertidos en mano de obra barata. A su vez, aquellos que se ven abocados a migrar lo hacen, en buena parte, debido a consecuencias producto de acciones infligidas por Washington en sus países.

Estados Unidos ha sido responsable de la historia política de Centroamérica. Creó prácticamente desde los años treinta los ejércitos de esos países con una mentalidad como la que tiene Donald Trump, en la época de Roosevelt, cuando pensaba que dichas naciones realmente valían muy poco y no tenían necesidad de tener ejércitos sino una guardia nacional. ¿Por qué una guardia nacional? Porque lo que tenían que hacer era proteger la seguridad interna, no externa, de eso se hacía cargo Estados Unidos. Entonces ellos crearon ejércitos como aliados directos, los entrenaron para controlar y reprimir países. Ese control de las fuerzas y grupos armados no sólo se ha consolidado, sino que ha seguido manteniendo ese mismo espíritu de represión y tutela estadounidense.

Dada la situación, «la gente se va porque vota con los pies y viene a Estados Unidos porque, en gran parte, no hay otra opción». No hay más que preguntar en esa misma estación de autobuses para comprobar que todos los testimonios de los inmigrantes coinciden en el siguiente patrón: están huyendo.

Yo salí de Honduras por miedo, por amenazas. Una vez estaba en una tienda y, mientras compraba, las pandillas mataron a un muchacho del negocio. 10 meses después regresaron y quemaron la tienda y dijeron que todos los que habíamos sido testigos de lo que ocurrió íbamos a morir.

Yo vengo de Guatemala y junto a mi hija, más que todo por ella. Busco la oportunidad de darle un futuro porque en mi país es imposible. No somos delincuentes.

Explotados y con miedo

Al llegar a Estados Unidos, el miedo no desaparece, simplemente se transforma. Sergio Santos se santigua a la entrada de un pequeño local situado en el Fashion District de Los Ángeles. Dentro, un diminuto y humilde espacio es ocupado por una mesa con un ordenador, muchas sillas, carteles y dos grandes pizarras. En una de ellas, bajo la fecha del día, los nombres de quienes están presentes. Al lado, bajo títulos como «precio de mudanza», el pago que deben recibir en función de las horas de trabajo. Un cartel rojo indica que la rifa que acabará imponiendo el orden de la lista de espera es a las 7:45 de la mañana. Estamos en uno de los cuatro centros de atención para jornaleros supervisado por el Instituto de Educación Popular del Sur de California (Idepsca). De lunes a viernes reciben llamadas suficientes para dar diariamente trabajo a entre 25 y 30 inmigrantes, la mayoría en situación irregular, que se ofrecen a particulares y empresas por un salario mínimo. Aquí, por lo menos, centralizan las peticiones y, tras el intercambio, pueden avisar de prácticas de explotación. Eso no quiere decir que no vuelvan a repetir si no hay nada mejor. Todos los presentes relatan experiencias abusivas. Santos lo resume de este modo: «No te ofrecen tus tiempos de descanso, tampoco el dinero justo. La respuesta de ellos es que si tú no quieres el trabajo, hay mucha gente a la que ellos pueden llamar. Esto es algo muy común que ellos saben, que uno no replica. En ocasiones no te pagan al terminar». Santos lleva medio siglo en Estados Unidos viviendo en situación irregular: «Los abusos nunca se van a acabar, pero yo digo que la fuerza latina en este país es muy grande y ese talento que tenemos de darle dura nos va a permitir seguir de frente».

Pese a que en California la ley establece que todos los trabajadores deben al menos cobrar el salario mínimo sin importar su estatus migratorio, desde Idepsca calculan que, cada semana, se dejan de pagar 26 millones de dólares a inmigrantes por trabajos realizados, puede que sean más. Sólo esta organización atiende a unos dos mil trabajadores cada año.

Hay un sentido de vergüenza, para algunas personas, de no estar cumpliendo con lo que es el sueño americano, y yo creo que también por el mismo miedo muchos jornaleros no quieren hablar de lo que es la realidad. Muchas veces vemos muchos abusos y las personas no quieren ni siquiera poner quejas porque necesitan el trabajo. Quizá no es ideal, quizá no le están pagando lo que deben, pero es algo.

Maegan Ortiz, directora del instituto, trabaja en un despacho plagado de carteles reivindicativos, de eslóganes y caras que recuerdan los mejores días de movimientos por los derechos civiles pero también nuevas versiones con renovados ecos de protesta. Su organización lleva en la lucha desde 1994. Preguntada por cuáles son los principales desafíos contemporáneos, no lo duda:

Antes había dinero para manejar los centros de jornaleros, mantenerlos, tener las luces prendidas, para asegurar que hay agua y baño… ese dinero antes venía del Gobierno federal, pero cortaron los fondos. En los últimos cinco años hemos tenido que luchar año tras año para asegurar que vamos a poder tener las puertas abiertas. Yo creo que hay muy poco entendimiento institucional de la realidad de lo que es vivir día tras día y lo que significa que, si no te pagan por un trabajo, no comes ese día. También luchamos por cambiar la percepción de cómo la comunidad jornalera es una comunidad migrante, pero también una comunidad de padres, de familias que viven gracias a esa actividad.

La otra alternativa principal a los centros de jornaleros es la calle. Vagar alrededor de polígonos industriales, tiendas de construcción y bricolaje, o a las afueras de grandes superficies, desde que amanece hasta que se pone el sol, mendigando por la atención de alguien que necesite sus servicios. Según estimaciones del Pew Research Center, en 2017 había en Estados Unidos 10,5 millones de inmigrantes no autorizados, el 3,2% de la población total. Seis estados acogen a más de la mitad: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois. Respecto a la fuerza laboral, se calcula que son 7,6 millones, el 4,6% del total. Aproximadamente dos tercios de los adultos inmigrantes no autorizados llevan más de una década viviendo en el país. Así, pese al ruido mediático y político de la era Trump, lo cierto es que los cruces no autorizados en la frontera con México se han reducido drásticamente en las últimas dos décadas, según datos del propio Gobierno. Desde 1980 hasta 2000, cada año se aprehendían entre un millón y 1,6 millones de personas de media. Bajo el presidente George W. Bush, las capturas fronterizas eran de más de 80 mil personas al mes, más de 34 mil con Barack Obama y unas 24.200 personas bajo Trump en 2018, el de mayor peso informativo sobre este tema. Además, la anterior Administración demócrata fue la que más personas deportó en la historia del siglo xx en Estados Unidos. Lo que sí ha sido marca Trump son las redadas internas. El número de arrestos de migrantes ilegales que trabajan en negocios aumentó exponencialmente.

Agosto de 2019 entró como una desgarradora sacudida en las conciencias de todo el país. El motivo: el tiroteo masivo en un supermercado Walmart de El Paso, Texas, que supuso la muerte de 22 personas. El culpable, Patrick Crusius, un chico de veintiún años de edad que accionó un rifle WASR10, una versión civil semiautomática del AK47, y que había dejado escrito, según la policía, un manifiesto que promueve la teoría de conspiración racista y de extrema derecha llamada el Gran Reemplazo, sobre «sustitución cultural y étnica» e «invasión hispana». Sólo días después del ataque más mortífero contra la comunidad latina de la historia moderna de Estados Unidos, la policía llevaba a cabo la redada migratoria más grande hasta la fecha en un solo estado. Cientos de agentes federales fuertemente armados se presentaban a la vez en las instalaciones de plantas procesadoras de carne de seis ciudades diferentes del estado de Misissipi. El resultado: la detención de al menos 680 personas en situación de irregularidad.

Quiero que mi papá sea libre y todos los demás. Estoy asustada y llorando. La gente hispana no está haciendo nada malo, no está robando, los inmigrantes sólo quieren trabajar en la empresa. Esto no es justo. Estoy llorando mucho por mi papá, muchos de los niños estamos llorando y las mujeres también porque el ICE se los llevó. Por favor, ábranles la puerta a nuestros padres, están ahí en esa cárcel. No voy a tener nada este primer día de escuela porque mi papá era quien me compraba lo que necesitaba y quien paga el alquiler. Ahora no sé ni qué voy a comer. No sé qué voy a hacer, necesito a mi papá, él no es un criminal. Por favor, los Gobiernos que pongan su corazón, liberen a mi papá y a todos los demás. No nos dejéis aquí solos, llorando.

Magdalena Gómez Gregorio vio ese día cómo el anhelado reencuentro con sus compañeros de clase, el estreno de libros y mochila, y la impaciencia por contar qué había hecho durante las vacaciones se truncaba y daba paso a la sensación de vacío abismal que conlleva que una niña de once años no sepa qué va a pasar con sus padres. El ruego descarnado cubierto en lágrimas de Gómez Gregorio fue compartido masivamente en los dispositivos móviles y las cuentas en redes sociales de todo el país. Horas después, algunos de los detenidos fueron liberados con condiciones, otros no. Algunos de los que volvieron a pisar la calle, incluso decidieron abandonar Estados Unidos. Un año después, el trauma de esas comunidades seguía más vivo que nunca. Tanto, que en plena pandemia celebraron vigilias masivas que anunciaron a última hora para evitar nuevas detenciones de personas en situación irregular. Desde sus países originarios, hubo inmigrantes deportados tras lo ocurrido que atendieron vía online el oficio religioso que conmemoró dicho evento. Los que se quedaron, especialmente sus hijos, duermen con pesadillas en las que sus padres desaparecen. El enorme impacto psicológico y económico que las redadas masivas causaron en los inmigrantes fue directamente proporcional a la lentitud de la justicia para con aquellos que propiciaron la situación. En el primer aniversario de los hechos, sólo cuatro gerentes de bajo nivel habían sido acusados judicialmente por contratar a inmigrantes en situación de ilegalidad.

Patrones e inmigrantes: impunidad versus dificultades

En Estados Unidos es ilegal contratar, reclutar o dar referencias laborales de inmigrantes sin documentación legal, así como no exigirles o verificar el documento oficial que les autoriza a trabajar en el país. La multa por cada trabajador ilegal va de dos mil a 10 mil dólares en caso de infracción por tercera vez. Contratarlos a sabiendas puede conllevar hasta seis meses de cárcel y «darles refugio», hasta 10 años de prisión. Sin embargo, apenas se aplica, por lo que en determinadas industrias, como la construcción o la agricultura, a los empresarios les sigue saliendo a cuenta apostar ilegal: ni derechos laborales, ni salariales, ahorro económico y mucha probabilidad de impunidad. El Gobierno sanciona y procesa relativamente a muy pocos empleadores. Así, entre abril de 2018 y marzo de 2019, sólo 11 personas (ninguna empresa) fueron procesadas por este motivo. Durante ese mismo periodo y en comparación, 85.727 individuos fueron procesados por entrada ilegal al territorio y 34.617 por reingreso ilegal. Según datos obtenidos por la Universidad de Siracusa como resultado de un litigio entablado contra el Departamento de Justicia en virtud de la ley de libertad de información, desde que el Congreso de Estados Unidos promulgó por primera vez sanciones penales contra empleadores de trabajadores en situación irregular en 1986, rara vez se han superado los 15 enjuiciamientos anuales. Otro recuento más amplio de la Universidad de Duke y la Universidad de Virginia arrojó 88 casos de compañías acusadas para todo el periodo de la Administración Obama. El diario The Washington Post, en un artículo sobre este tema, ponía como ejemplo de impunidad una de las empresas objetivo de la redada masiva de agosto de 2019: Koch Foods. Dicha empresa había acordado tan sólo un año antes pagar 3,75 millones de dólares tras ser demandada por discriminación de trabajadores por motivos de raza, sexo y origen nacional. Una década antes, en 2007, la misma compañía fue acusada de emplear a 160 inmigrantes en situación irregular. En esa ocasión, pagó una multa de medio millón de dólares. Teniendo en cuenta que, según Forbes, Koch Foods ingresó sólo en 2017 3,2 mil millones de dólares, sus responsables son más que conscientes de que, de ser sorprendidos, sólo pierden algo de calderilla. De hecho, un informe del Instituto de Política Fiscal del año 2014 refleja lo que es una obviedad: que los empleadores con inmigrantes irregulares, al pagar menos del salario mínimo y eludir las contribuciones a fondos de compensación para trabajadores, ponen en desventaja a los negocios que sí se acogen a la ley, por lo que fomentan una «carrera a la baja» por encontrar empleados a quienes explotar. Para ello, cita como ejemplo un estudio del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, que mostró que las empresas de construcción respetuosas con la ley tenían 1,4 puntos más porcentuales de probabilidad de quebrar que las que contrataban a inmigrantes indocumentados. En industria manufacturera, así como ocio y hostelería, era de 0,6 puntos. Castigo para la buena fe, premio para el corrupto, bombardeo al mito de la libre competencia.

El beneficio de estos empresarios y compañías a costa de la contratación de personas indocumentadas contrasta con la contribución de estos sujetos a la economía y las finanzas del Estado. Más allá de su consumo y gastos como individuos, los inmigrantes en situación irregular pagan impuestos. Se estima que los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en el país desembolsan casi 12 mil millones anuales en impuestos estatales y locales. También que un tercio de ellos posee sus propias casas, con tasas de propiedad que se acercan al 50% en algunos estados. Así, aunque sus pagos ayudan a financiar programas y servicios públicos, ellos jamás reciben ningún tipo de ayuda social debido a su condición irregular. Es más, viven con la incertidumbre y el miedo permanente a perderlo todo en el mejor de los casos; a volver a la casilla de salida y afrontar la violencia que los obligó a huir, en el peor. Por desgracia, esto último es lo más común si llegan a ser detenidos. Kelly Whites, directora del programa de adultos arrestados de la ONG Immigrants Rights Coalition, asegura que más del 70% de los que acaban en esa situación en la capital de Estados Unidos y las zonas aledañas afrontan sus juicios de deportación sin un abogado: «Las personas están frente a un juez luchando por su vida. La deportación supone que esa persona se quede aquí o regrese a un país donde en muchos casos las consecuencias son horribles, donde serán entregados a las pandillas, a las maras. El nivel de homicidio al que se enfrentarán será similar al de países en guerra y, frente a eso, pelean por sus vidas en una Corte sin la ayuda de abogados».

Antes de mi segundo marido yo era feliz. La primera vez que me casé fue con un hindú en Laredo, Texas. Él era comerciante, hacía cosas de electrónica, vendía, tenía mucho negocio, pero un abogado le hizo sus documentos mal. Migración quiso comprobar todos aquellos casos que ese abogado había hecho. Algunas personas no se presentaron a la Corte, pero mi esposo, que no había hecho nada malo, fue honrado y quiso presentarse. Fue muy triste porque el juez no le creyó, fue racista, muy fuerte con él y le dijo que le daba 24 horas, muy rudo, para abandonar este país. Él, que estaba ayudando a muchas familias dándoles empleo, que pagaba muchos impuestos y nunca había hecho nada malo, se sintió muy defraudado y decidió volver a la India. Yo soy latina, así que preferí quedarme por mis hijas y desde entonces mi vida sólo fue a peor.

Alicia Limón cuenta parte de su historia en un pequeño parque cerca de los juzgados de McAllen. En ese lugar, durante la llamada crisis de las familias, algunos residentes se juntaban una vez al día con carteles y consignas para denunciar lo que sucedía. A lo largo de un mes y de manera ininterrumpida, los más concienciados decidieron secundar huelgas de hambre de al menos 24 horas, con relevos a diario. Su objetivo: protestar no sólo por esos menores separados de sus padres sino también evidenciar cómo las políticas antiinmigración han golpeado históricamente a los habitantes de la zona. Alicia Limón, en ayunas, continúa su relato explicando cómo, años después y casada por segunda vez, se presentó ante la última cita previa a su deportación. En aquella época, los golpes, las humillaciones y los gritos que recibía de su segundo marido suponían que, en su fuero interno, lo único que no le permitía anhelar la expulsión fuesen sus dos hijas pequeñas. «Me dijo la juez que qué me había pasado, yo le dije que nada, que me había caído, y ella me dijo que si no le decía la verdad me iba a quitar a mis niñas. Y pues le dije. De repente, me contestó que hacía una semana que el presidente había firmado una ley y que yo era afortunada, y que ella me iba a ayudar. Entonces me dijo que me iba a quedar en este país.» Alicia Limón fue una de las primeras mujeres en acogerse a la legislación VAWA, por la cual las víctimas de maltrato reciben protección, pudiendo optar a la residencia. Ahora se dedica a ayudar a mujeres en esa situación: «Los migrantes no somos personas que dañamos, no todos somos iguales. Hay gente muy productiva en este país, que levantamos esta nación, que limpiamos los hoteles, que conducimos, que cortamos el césped, que cuidamos de sus niños, que respetamos este país. Necesitamos cambiar estos sistemas de migración y que las leyes sean un poco más justas y aceleradas porque se están cobrando vidas».

Joe Biden entró a la presidencia con muchas promesas, algunas de ellas referentes al sistema migratorio. Una de sus primeras órdenes, la paralización durante 100 días de las deportaciones, no acabó por materializarse. Por un lado, un juez de Texas anuló la medida; por otro, dicha orden venía con demasiada letra pequeña. Sea como fuere, los vuelos de migrantes, menores incluidos y en plena pandemia, seguían saliendo con destinos tan poco seguros como Haití, sumido en una terrible crisis política. Una de las expulsadas esos días, Rosa, testigo de la masacre en el Walmart de El Paso.

Mujeres: maternidad y violencia

Ser madre en Estados Unidos

«Siento que tuviera que suspender nuestra cita del otro día, pero ya sabes, así va esto. Quizá hoy también tenga que salir corriendo, aunque, ya que estáis aquí, esperemos que no.» Claudia Booker me recibe en su apartamento en Washington DC y, mientras hace una breve introducción y preparamos la cámara, miro a mi alrededor: arte africano, cuadros sobre maternidad y telas de colores conviven en cálida armonía con montones de libros sobre bebés, partos y biología. Hija de obstetra, Booker desentrañó los misterios de la creación de vida siendo muy pequeña, acompañando a su padre al trabajo. Partera, doula o entrenadora maternal, dependiendo del servicio que le requieran, ha ayudado a dar a luz desde el año 2004 a más de mil mujeres. En Estados Unidos, contratar los servicios de alguien como Booker, una acompañante o preparadora del parto sin formación obstetra o titulación reglada, es cada vez más frecuente. Algunos de los motivos son el difícil acceso a la sanidad para ciertos grupos de población, la desconfianza y el miedo a ser víctima de violencia ginecobstétrica o, en el extremo opuesto, el optar por contratar a una persona de apoyo para parir en casa en lugar de en un hospital (estos clientes suelen tener también la seguridad financiera de poder sufragar una emergencia sanitaria en caso de que no salga bien). Hablamos de ser madre en Estados Unidos y su diagnóstico es el siguiente:

Demasiado y demasiado. Por un lado, existe un grupo de población que recibe demasiada atención médica y demasiado pronto. Por otro, quienes la reciben demasiado tarde. Todo esto se explica con dos palabras: clase y segregación. Esto, que podía hasta ahora pasar desapercibido, va a ser cada vez más difícil de esconder por lo siguiente: la mayoría de las mujeres que dan a luz en este país ya son mujeres no blancas. Con esto en mente y teniendo en cuenta que aún existe relación entre raza y poder adquisitivo, debemos analizar cómo cambiar nuestro sistema médico.

Estados Unidos es el país más peligroso del mundo desarrollado para ser madre. Aunque la gran mayoría de las mujeres da a luz sin incidentes, cada año casi 50 mil sufren heridas graves durante el parto y más de 700 se dejan la vida intentando traer al mundo otra. Según un estudio publicado en 2018 por USA Today, principalmente se debe a mala praxis en los hospitales. Así, hipertensión y hemorragias son las dos causas principales de los decesos, algo que podría prevenirse en el 90% de los casos. Al contrario de lo que sucede en otros países comparables, la tasa de mortalidad materna en Estados Unidos ha aumentado. Desde 1991 hasta 2014, pasó de 10,3 fallecimientos por cada 100 mil a 23,8. Para hacernos una idea, en mejor situación que Estados Unidos están países como Arabia Saudí, Omán, Irán o Kazajistán. Si se pone el foco en el quién, la disparidad marca la norma. Las mujeres afroamericanas tienen de tres a cuatro veces más probabilidades de morir durante el parto que las mujeres blancas. Según la Organización Mundial de la Salud, los fallecimientos de madres afroamericanas estadounidenses están al mismo nivel que el de las mujeres embarazadas en países como México o Uzbekistán. Las diferencias también se dan entre los recién nacidos. Estados Unidos tiene una tasa de mortalidad infantil mayor que la de casi todos los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sólo por detrás de México, Turquía y Chile.

«Los bebés negros mueren cuatro o cinco veces más que los bebés blancos. Famosas como Serena Williams o Beyoncé, siendo quienes son, tuvieron problemas con sus embarazos y lo dijeron abiertamente, y se está empezando a dar visibilidad al fenómeno, pero hasta que no se acepte que todavía somos un país segregado en la prestación de servicios y aún segregado en ciertas opiniones, la tendencia no va a revertirse», explica Booker. Su mención a millonarias no es baladí; teniendo en cuenta la escasa implicación social que acostumbran, el hecho de que hayan dado la alerta sobre este problema indica la magnitud del mismo. La partera concluye recordando lo siguiente:

En 1800 y 1900 se creía firmemente que los afroamericanos no sentían el dolor de la misma manera que los blancos lo sentían. De hecho, hay un estudio médico de Harvard realizado hace unos 10 años que todavía aseguraba que las personas negras sienten menos dolor. Entonces, cuando los afroamericanos van al doctor para ser tratados, corren el riesgo de ser minimizados como pacientes.

Sobre todo, si son de clase baja. Es lo que empujó a Aza Nedhari a fundar la organización Mama Toto Village, especializada en dar asistencia a mujeres afroamericanas, a raíz de la conversación que tuvo con la representante de su seguro médico al quedar embarazada.

Cuando descubrió que tenía estudios, cambió la forma en la que me estaba hablando y automáticamente me dijo: todo irá bien contigo, no te preocupes, tú no eres como esas otras madres. A mí me cambió la cara. ¿Qué quería decir con eso? Yo soy igual que cualquier otra madre. A las mujeres negras en Estados Unidos no se las respeta, sus preocupaciones no son validadas y muchas veces deben soportar groserías, así como prejuicios implícitos.

Según Latoya Mathews, una de sus empleadas, esto se traduce en que en muchos casos ni siquiera saben que pueden optar a determinados servicios sociales o ayudas.

La realidad narrada por estos testimonios choca de frente con la economía. A la vez, Estados Unidos es el país que más gasta médicamente en embarazos de todo el mundo. Una factura promedio para un parto natural está en los 30 mil dólares, con cesárea puede superar los 50 mil. Hasta el gesto de la doctora o la enfermera entregando al recién nacido a la madre, lo que se conoce como el primer skin-to-skin, está detallado en la cuenta final con un coste específico. Una nimiedad para quienes están arriba. De hecho, el turismo proparto ha estado de moda entre mujeres ricas de países principalmente latinoamericanos o asiáticos. Estados Unidos es uno de los poco más de 30 países del mundo que reconocen la ciudadanía por derecho de nacimiento sin condiciones, así que se puede llegar a la tierra prometida y desembolsar hasta 150 mil dólares para que el retoño estrene una nueva nacionalidad nada más venir al mundo haciendo uso de su libertad vía tarjeta de crédito. En enero de 2020, el Gobierno estadounidense intentó limitar la práctica publicando una nueva regla en la que establecían mayores dificultades de obtención de una visa turista para mujeres embarazadas. En el documento se esgrimían justificaciones tan increíbles como que los bebés podían suponer un peligro futuro para la seguridad nacional: «Podrían permitir a Gobiernos o entidades extranjeras reclutar a ciudadanos estadounidenses resultado del turismo de nacimiento que se criaron sin apego a Estados Unidos». Es decir, hay que parar a pequeños potenciales futuros espías. Otro de los puntos ponía de manifiesto que algunos clientes no habían pagado lo suficiente por dar a luz en este país. Así, en el propio documento publicado por el Departamento de Estado, se decía lo siguiente: «Una pareja pagó a un hospital la mísera tasa de 4.080 dólares en facturas hospitalarias que superaron los 28 mil, a pesar de tener más de 225 mil dólares en una cuenta bancaria estadounidense y comprar en tiendas Rolex y Louis Vuitton durante su estancia en Estados Unidos». Es decir, que el problema en sí no es que haya personas de alto poder adquisitivo que compren la ciudadanía de su prole, sino que algunos de ellos la estarían comprando demasiado barata. Bienvenido, ciudadano rico; hasta nunca, ciudadano pobre, la carrera de obstáculos no ha hecho más que comenzar.

El 11 de septiembre de 2019 una de las presentadoras estrella de la cadena MSNBC, Katy Tur, se incorporó tras cinco meses fuera de antena por su primera baja maternal. En un inesperado ejercicio de honestidad y valentía, desgranó en directo y durante algunos minutos su experiencia; entre otras cosas, cómo tuvo que afrontar un parto por cesárea de urgencia y diversas complicaciones posteriores. Algo bastante normal según sus propias palabras, pero no por ello sencillo. Tur continuó de esta manera:

He gozado de una baja maternal pagada muy diferente a la realidad de la mayoría de madres de este país y mi marido, que volvió al trabajo un mes después del nacimiento, tuvo bastante más tiempo que la mayoría de padres ahí fuera. Esto es una locura. Es una locura que el 25% de las mujeres estadounidenses vuelvan a trabajar dos semanas después de haber dado a luz. Es una locura que siete de cada 10 padres hagan lo propio después de 10 días o menos. Y no lo hacen porque quieran volver, casi nadie quiere volver al trabajo tan pronto, lo hacen porque se ven forzados, porque no pueden permitirse económicamente seguir estando en casa sin cobrar o porque sienten la presión social y profesional de demostrar que son trabajadores serios. Lo siento pero esto es así: los padres necesitan estar con sus bebés y los bebés necesitan a sus padres.

Estados Unidos es uno de los tres únicos países en el mundo que no ofrecen una baja de maternidad remunerada por ley, según la Organización Internacional del Trabajo. Los otros dos son las Islas Marshall y Papúa Nueva Guinea. Existe una única ley federal que garantiza 12 semanas libres tras el parto, pero no son remuneradas y sólo se aplica a algunos empleados. Un estudio de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos (SHRM) encontró que el 60% de los trabajos otorgan esos tres meses libres y el 33% algo más. Sin embargo, sólo el 58% de las empresas pagan el sueldo o un salario mínimo durante la licencia. Un sinsentido a nivel social teniendo en cuenta lo siguiente: según una encuesta de 2017 del Pew Research Center, el 82% de los estadounidenses aseguran que las madres deberían recibir algún tipo de vacaciones remuneradas tras el nacimiento de un hijo y un 69% también cree que debería ser así para los padres. En este punto, hay que tener en cuenta lo siguiente: la recuperación de una madre tras un parto vaginal está entre las seis y las ocho semanas, que es cuando normalmente deja de sangrar. En el caso de una cesárea, la completa restitución de quien acaba de ser madre puede llegar a durar esas 12 semanas de libranza sin pago. En los peores casos, bastante más. En el ámbito político empieza a haber voces que abogan por una regulación que avance en estos derechos, pero el debate sigue siendo tímido. A modo de ejemplo, el propio Donald Trump presumió durante las Navidades de 2019 de haber conseguido bajas maternales remuneradas de 12 semanas para los trabajadores federales en los nuevos presupuestos. Lo que pocos advirtieron es que esa medida fue introducida por primera vez por la representante demócrata Carolyn B. Maloney dos décadas antes y su aprobación fue sistemáticamente ignorada por el Congreso durante todo ese tiempo. El trasfondo psicológico y social de este punto se explica, como casi todo en Estados Unidos, aplicando lo económico, es decir, siguiendo una lógica pro beneficios y producción para el sistema. Una madre en casa recuperándose de una experiencia física brutal como es un parto y brindando el cuidado vital que necesita un recién nacido para sobrevivir es a la vez una trabajadora que en esos momentos no genera riqueza de carácter privado o empresarial. Por tanto, hay que tender a contener la inversión y las pérdidas, minimizando así la indiscutible función social y económica (y no sólo personal) que supone traer al mundo a un nuevo ciudadano. Una perversión que lo impregna todo, incluso el acto de amamantar.

En julio de 2018, Estados Unidos protagonizó una de las mayores polémicas durante la Asamblea Mundial de la Salud de Naciones Unidas celebrada en Ginebra. Lo que se suponía que iba a ser una resolución de aprobación fácil –alentar la lactancia materna–, se complicó por momentos. Pese a que desde hace décadas la comunidad sanitaria y la científica llevan probando que la leche materna es más saludable para los niños que cualquier sustitutivo, el diario The New York Times contó cómo, anteponiendo los intereses empresariales de las compañías que comercializan fórmulas para lactantes, los funcionarios estadounidenses persiguieron la eliminación del punto que pedía a los Gobiernos la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna, así como la petición de esforzarse para limitar la comercialización engañosa de sustitutivos. Al quedarse solos, los diplomáticos estadounidenses recurrieron entonces a las amenazas: «Al menos una docena de países, la mayoría de ellos países pobres de África y América Latina, se retiró, citando temores de represalias, según funcionarios de Uruguay, México y Estados Unidos». Según la publicación, en el caso de Ecuador, los estadounidenses les pidieron recular a cambio de seguir recibiendo determinada ayuda militar. A la hora de presionar al resto, Washington llegó a sugerir una reducción de la contribución económica a la OMS, algo que se llegaría a materializar más tarde de todas formas. El contencioso finalizó cuando Rusia decidió encabezar la introducción de la medida. El pulso ejemplifica hasta qué punto Estados Unidos está preparado para anteponer la voluntad corporativa a la evidencia científica y la opinión general.

Violencia doméstica

El 21 de enero de 2017 al menos medio millón de personas hicieron historia en la llamada Marcha de las Mujeres en Washington DC, una respuesta a la elección de Donald Trump como presidente cuyo objetivo era lanzar el siguiente mensaje: «Los derechos de las mujeres son derechos humanos». El movimiento pretendía simular la Marcha en Washington por el trabajo y la libertad de 1963, más conocida por ser el evento donde Martin Luther King Junior pronunció su discurso «Yo tengo un sueño», y la Marcha de un Millón de Mujeres de 1997, celebrada en Filadelfia con la participación de centenares de miles de mujeres afroamericanas. A diferencia de sus predecesoras, esta manifestación tuvo un marcado componente pop: por doquier podían encontrarse gorros rosas con orejas de gato en sus esquinas que pretendían desafiar la frase pronunciada por Donald Trump «grab them (women) by the pussy» («agarrarlas por el coño») y, en el escenario, el activismo cedió buena parte del protagonismo a discursos pronunciados por actrices o cantantes. Así, Madonna se autoerigió como portavoz de «la revolución del amor, la rebelión de las mujeres que se niegan a aceptar una nueva era de la tiranía». La marcha se repite anualmente cada enero, con bastante menos éxito de convocatoria. La sustitución del contenido político por el show y el famoseo más superficial fue patente en la celebración de 2019, donde no se dijo prácticamente ni una sola palabra del mayor peligro que en esos momentos acuciaba a las mujeres más vulnerables del país: la suspensión de VAWA.

En 1994, Estados Unidos aprobó su principal ley de protección ante la violencia específica (VAWA) sobre más de la mitad de su población. Desde entonces, el Congreso la fue renovando en sus presupuestos periódicamente, hasta que en enero de 2019 el cierre de Gobierno la dejó en suspensión de manera indefinida. Un conflicto institucional en el brazo legislativo que supuso una parálisis en las negociaciones por parte de demócratas y republicanos. En el caso de la protección de las mujeres víctimas de la violencia, la interrupción de la renovación causó un enorme impacto. Entre otras cosas, la ley es el pilar de apoyo de casi dos mil programas contra la violencia doméstica y es el instrumento que pueden utilizar víctimas inmigrantes para conseguir permisos de residencia que les permiten llevar una vida autónoma lejos de las amenazas. «Estamos muy preocupadas por la situación. Las denuncias de las mujeres inmigrantes que ya están aquí instaladas en este país se han reducido debido al miedo derivado del actual clima político. Sienten que la migra y el ICE las asedian todo el tiempo, nos controlan, las mujeres tienen miedo a denunciar». Dilcia Molina, gerente del programa de salud y género de la Clínica del Pueblo, hacía este análisis en diciembre de 2019, casi un año después del inicio de la crisis. A sus instalaciones llegaban de media entre 10 y 12 mujeres al mes.

Hace 15 días tuvimos un caso en Maryland en el que la policía llegó a la casa donde había una víctima de violencia doméstica y el mismo agente le dio el número de migración al esposo golpeador para que él pudiera llamar a migración porque el hombre le dijo: «Ella es una ilegal y necesito que se la lleven». Este es el tipo de cosas que les están sucediendo a las mujeres que tratan de denunciar violencia doméstica. Necesitamos la reautorización de VAWA y que se amplíe el número de visas que podemos otorgar anualmente a las mujeres.

El hecho de que Molina use el término violencia doméstica en lugar de violencia de género no es casual. Pese a la Ley VAWA, en Estados Unidos se sigue empleando principalmente el primero porque sigue considerándose en la mayoría de los casos un asunto de puertas adentro. Así, no existe un conteo oficial llevado a cabo por la Administración del número exacto de víctimas de la violencia machista y el principal organismo federal en ese ámbito es la Oficina de Violencia Contra la Mujer, dependiente del Departamento de Justicia. Esta se encarga básicamente de distribuir subvenciones una vez aprobadas a diferentes comunidades y agrupaciones; durante el año fiscal 2017, unos 490 millones de dólares. Sin embargo, que la primera línea de combate recaiga en las ONG y asociaciones, y que cada estado pueda optar por diferentes estrategias, incluso la ausencia de una propia, supone una obtención de resultados sumamente desiguales. Laura Redondo, psicóloga jurídica y forense española que ha desempeñado parte de su trabajo en Nueva York, resume así los desafíos del sistema estadounidense:

El mayor reto que tiene Estados Unidos es que es un país muy grande. Si ves los niveles de incidencia contra la mujer, por ejemplo, Alaska y Nevada tienen los mayores índices. El caso de Nevada ha sido sonado porque, por ejemplo, el refugio que había para mujeres se ha cerrado. Los dueños dicen que no tienen fondos ni recursos. Es un problema que en un asunto de salud pública como es la violencia contra la mujer no se inviertan fondos o no se haga de manera pública para dar respuesta a una necesidad social. No puede ser que dependa de fondos privados o de si hay recursos o no luchar contra la violencia contra la mujer. Si hay un sistema a nivel local, tiene que haber un sistema también a nivel estatal, porque los sistemas de prevención tienen que estar en todos los lados, tienen que ser a multinivel y tienen que partir de equipos multidisciplinares, y eso sin duda no se está llevando a cabo.

Redondo pone el foco en que, según estimaciones de la Asociación Americana de Psicología, cada día mueren de media en el país tres mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que supondría unas dos mil mujeres al año. Uno de los mayores factores de riesgo en el caso de Estados Unidos es la accesibilidad a las armas. Según un informe de octubre de 2019 publicado por Everytown for Gun Safety, la organización de prevención de violencia armada más grande del país, en el que analizaban la violencia en pareja, todos los meses 52 mujeres de media son asesinadas a tiros por su compañero en Estados Unidos, casi un millón han denunciado que sus parejas les han disparado o intentado dispararles, y cuatro millones y medio han confesado públicamente haber sido amenazadas con un arma. Según datos de 2015 de la misma organización, el 92% de todas las mujeres asesinadas con armas de fuego en países de altos ingresos eran estadounidenses.

La percepción del problema como privado y la ausencia de un acuerdo general estatal para abordarlo tienen consecuencias. Siguiendo con las cifras, según datos de la OCDE del año 2019, Estados Unidos se sitúa en el séptimo lugar de los 36 en cuanto a actitudes de justificación de violencia contra las mujeres, el tercero en porcentaje de mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual por parte de una pareja íntima en algún momento de su vida y suspende en cuanto a leyes para proteger a las mujeres de este tipo de violencia. Si nos vamos a la vida real, el relato de Verónica (nombre ficticio por petición de la afectada), residente en los alrededores de Washington DC y víctima de violencia sexual, resulta esclarecedor:

Fue en 2013. Estuvimos por un tiempo saliendo y, cuando yo decidí terminar la relación, él empezó a acosarme y amenazarme con publicar fotos y vídeos íntimos. Me engañó para ir a su casa, donde creía que me iba a entregar una memoria con todas las fotos, y una vez allí empezó bien agresivo y comenzó a besarme a la fuerza. Yo le intenté detener, pero llegó un punto en que mi cuerpo ya no tenía fuerzas, ni mis brazos, nada, y fue cuando abusó de mí. Cuando terminó, me dijo que si yo contaba lo que él me había hecho, mi familia pagaría las consecuencias. Denuncié, me hicieron todos los exámenes en el hospital, contesté a todas las preguntas que se me hacían, que eran muchas, pero, a la hora de declarar, por miedo, dije que había sido otra persona, un desconocido. A los tres días el detective me citó y me dijo que había algo que no le cuadraba en la historia, que le contase la verdad, incluso si alguien me estaba amenazando. Entonces yo le conté la verdad. Lo triste es que no le agarraron, sino que, cuando le encontraron, me dijeron que, como yo mentí en la primera versión, necesitaban una confesión y que era yo quien tenía que conseguirla. Gracias al apoyo de mi madre accedí, nos encontramos en un lugar y, aunque ahí mismo confesó e intentó abusar nuevamente de mí, no le detuvieron en ese momento, sino mucho más tarde. Al llegar a la Corte afronté otro proceso muy difícil porque su abogado me trató demasiado mal. Yo siento que la policía no me ayudó. Durante todo ese tiempo caí en depresión muchas veces, fui hospitalizada y estuve a punto de suicidarme. En lo único en lo que yo puedo decir que el sistema sí cumplió fue cuando le sentenciaron. Hasta ahí, todo lo contrario, me pusieron en riesgo muchas veces y, pese a que sigo recibiendo amenazas por parte de su familia, me dicen que no pueden hacer nada más.

Según la organización RAINN, cada 73 segundos una persona es agredida sexualmente en Estados Unidos; en el caso de las violaciones, nueve de cada 10 son mujeres. Mientras, sólo cinco de cada mil perpetradores acaban en prisión. Aunque la mitad de los casos de abusos sexuales se produce dentro del hogar o cerca de él, casi el 30% se dan en trayectos a la compra o la escuela y el 12% en el trabajo. Es decir, hablar de violencia «doméstica» como sinónimo de violencia contra la mujer es tremendamente reduccionista.

Metoo

Situadas en el céntrico barrio de Dupont Circle en la capital, las oficinas del Centro Nacional de los Derechos de la Mujer están decoradas con pósteres con marchas, iniciativas legislativas o eslóganes históricos. Pese a estar a la vanguardia durante más de 45 años en victorias políticas y legales, se sustentan básicamente por donaciones privadas. Desde hace dos años, uno de sus buques insignia es el fondo de defensa legal Time’s Up, quizá el resultado más tangible de la explosión del movimiento Metoo. Aunque es innegable la atención mediática y, por tanto, de respuesta social que supuso el que conocidas actrices de Hollywood empezasen a hablar del acoso que experimentan en su trabajo, no cualquiera puede permitirse llevar a un poderoso Harvey Weinstein a los tribunales. Así, cuando las famosas empezaron a hablar, la Alianza Nacional de Campesinas les hizo llegar una carta en nombre de unas 700 mil mujeres agricultoras:

No trabajamos bajo las luces brillantes de un escenario o en la gran pantalla. Trabajamos a la sombra de la sociedad en campos aislados y empacadoras que están fuera de la vista y de la mente de la mayoría de las personas en este país. Si vuestro trabajo alimenta almas, llena corazones y esparce alegría, nuestro trabajo alimenta a la nación con las frutas, verduras y otros cultivos que plantamos, cosechamos y empacamos […] Deseamos poder decir que estamos conmocionadas al saber que este es un problema tan generalizado en su industria. Lamentablemente, no estamos sorprendidas porque es una realidad que conocemos demasiado bien. Innumerables mujeres trabajadoras agrícolas en todo el país sufren en silencio debido al acoso sexual y las agresiones generalizadas que afrontan en el trabajo.

Esa interacción, aunque llena de amor y solidaridad, supuso evidenciar lo siguiente: que a la hora de ser víctima también existen privilegios. Algunas de esas actrices lo captaron y ayudaron a crear la organización Time’s Up, de la que se derivó un fondo de ayudas económicas. Jennifer Mondino, abogada principal del mismo, explica que en sólo dos años más de cuatro mil personas les han pedido ayuda. Su trabajo consiste en ponerles en contacto con más de 700 abogados voluntarios y, en algunos casos, ofrecerles a las mujeres apoyo económico o asistencia mediática: «Definitivamente, escuchamos a mujeres de todos los ámbitos, es un problema que existe en todo el país, pero nuestro principal enfoque está en la gente con empleos con bajos salarios, dos tercios de quienes nos han pedido ayuda están en esa situación. El proceso legal puede ser muy caro y muy largo en este país». Mondino cuenta cómo a la barrera adquisitiva se añaden otras dificultades, como la ausencia de protección en casos de compañías de menos de 15 empleados o a quien trabaja como autónoma. También en las batallas contra gigantes:

Un ejemplo que le puedo dar es que estamos apoyando a un grupo de mujeres en cargos contra McDonald’s. Empezó con nueve mujeres de color que estaban trabajando en diferentes restaurantes en 10 ciudades distintas y sufrieron acoso sexual en el trabajo, se quejaron a sus supervisores y en la mayoría de los casos hicieron básicamente nada. Una persona que trabaja en McDonald’s sola quizá no se va a sentir en posición de levantar la voz y mucho menos de presentar cargos legales, pero el hecho de ahora poder establecer contacto con otras mujeres que estaban pasando por algo semejante, tener el apoyo de las abogadas que tenemos trabajando en este caso y tener el apoyo del fondo de defensa Time’s Up ha hecho que estas mujeres sean un poder que llaman la atención a una corporación enorme.

La Constitución de Estados Unidos no recoge la igualdad de derechos independientemente del sexo del individuo. La primera vez que se propuso una enmienda al respecto fue en la década de 1920 y, desde entonces, ha sido un reclamo permanente del movimiento feminista. En 1970 casi se consiguió al ser respaldada por 35 estados, tres menos de los que eran necesarios, un movimiento al que se añadieron la Cámara de Representantes y el Senado en 1972. Hubo que esperar hasta 2017 y 2018 para sumar otros dos territorios y en 2020, justo cuando el estado de Virginia se convirtió en la última pieza del puzle, el Departamento de Justicia estadounidense emitió una opinión legal asegurando que el plazo para ratificar la enmienda ya había expirado. Un siglo después, en tiempos en los que el sexo parece ser un concepto que debe diluirse o resignificarse mediante el género como puro producto patriarcal y pese a la crudeza de la realidad tras los datos, el «we the people» que corona la ley de leyes estadounidense sigue resistiéndose a declarar, explícitamente, que se refiere a todos por igual.

Los sintecho, desechados del sistema

Entre el Congreso y la Casa Blanca en Washington DC se abre paso la amplia avenida Pennsylvania. A un lado y a otro, símbolos y edificios de poder: la sede del FBI, los archivos nacionales, la embajada de Canadá, el Departamento de Justicia, el Hotel Trump, la Comisión Federal de Comercio o la plaza de la Libertad. Cualquier periodista audiovisual sabe que esta es uno de los mejores puntos para obtener desde lejos una buena panorámica del Capitolio, así que es relativamente fácil ver por allí de vez en cuando alguna cámara y focos. No así la mañana del 13 de noviembre de 2019, cuando la policía encontró muy temprano en una acera cercana el cadáver de un hombre sin hogar de setenta y siete años. Todo apuntaba a que había muerto como consecuencia del frío. En mi rutina diaria está bajar en una parada de autobús emplazada en ese lugar y caminar unos cinco minutos hasta la oficina. Lo que debería ser un agradable paseo por algunas de las calles más ilustres de la ciudad siempre se convierte en la principal dosis matutina de estupor, tristeza y, en muchas ocasiones, rabia. En ese cruce constante con mujeres y hombres de negocios que avanzan con paso firme también me encuentro, de media, a unas siete personas sin un lugar a donde ir. Están los vecinos fijos: la mujer blanca de unos cuarenta y tantos que durante el día se sienta justo enfrente de la puerta del edificio donde trabajo, la mujer afroamericana con serios problemas mentales sentada siempre en un árbol más allá o el chico treintañero que prácticamente vive con su mochila en la esquina del Dunkin’ Donuts. A los conocidos se les añaden siempre unos cuantos anónimos que en muchas ocasiones protagonizan escenas que impactan en mi retina para asaltarme de vez en cuando la mente: un hombre tumbado, tapado de arriba abajo, tiritando y con los ojos en blanco, resiste el aire de una máquina de limpieza de jardines que le está tirando encima el abono restante de unas flores recién plantadas. El operario, inmigrante, ni se inmuta: es su trabajo, es el paisaje. Es prácticamente imposible caminar por las calles del centro de la nación más poderosa del planeta sin encontrar a un ser humano pidiendo, tirado o sentado en un bordillo, acarreando un carrito con sus pertenencias o profiriendo maldiciones propias de una mente con problemas psicológicos en un cuerpo cuyo cuidado higiénico o apariencia hace tiempo dejaron de importarle a su dueño.

A nadie.

Según datos del propio ayuntamiento, al menos 117 personas sin un techo donde vivir fallecieron en 2019 en las calles de la capital; de ellas, 52 muertes fueron clasificadas como «accidentes» y 27 como «naturales». La cifra, una de las más altas desde que se tienen registros, se da a la vez que las autoridades aseguran que el número de individuos sin vivienda en la ciudad se está reduciendo; a mayo del mismo año eran 6.521. Una de las posibles explicaciones de la tasa de mortalidad es el aumento de la edad promedio. Según la Asociación de Ciudadanos Estadounidenses Maduros, casi la mitad de personas sin hogar en todo el país son mayores de cincuenta, en comparación con el 11% en 1990. Hay diversos mitos en torno a las personas sin hogar en Estados Unidos, como sucede con cada fallo incuestionable y desgarrador del sistema. Dos de los más populares son que la mayoría es gente con adicciones que no quiere trabajar, y que el hecho de que haya demasiados en grandes ciudades es sólo porque acuden a ellas en busca de más limosnas o servicios sociales. Sin movernos de Washington DC, la encuesta del Consejo Interagencial sobre la falta de vivienda de ese mismo mayo de 2019 apuntaba que el 66% de las personas sin hogar en DC ya vivían en el distrito antes de acabar en la calle y el resto, sobre todo, provenían de áreas cercanas. Casi el 40% aseguraba que la causa de su situación era la pérdida de empleo.

Yo era ingeniero eléctrico. Cuando mi compañía cerró, yo ya tenía un problema en mi espalda. Al no tener empleo, no pude tratarlo y los dolores fueron a más. Cuando intentaba encontrar trabajo, me decían que estaba sobrecualificado, así que entre una cosa y la otra caí en una depresión. Me dijeron que no era elegible para una pensión de invalidez, por lo que de manera eventual terminé viviendo en mi auto. Cuando el vehículo prácticamente se descompuso, acabé en la calle.

Así resume su propia historia Ronald Anderson, quien en el momento de la entrevista residía desde hacía seis meses en un refugio en Los Ángeles. A la pregunta de por qué está en una silla de ruedas, Ronald continúa el relato de terror, explicando que contrajo una infección en ese lugar, se la trataron tarde y acabó con uno de sus pies amputados. Fue víctima del llamado hospital dumping, nombre que se le da a la práctica de echar a la calle a pacientes aún no recuperados por falta de seguro y de dinero. En su caso, no sólo le dejaron sin medicinas a las puertas del refugio sin haberse asegurado antes si tenían plaza para él, tampoco le suministraron la dosis de insulina que necesitaba. Está vivo de milagro.

Un campo de refugiados para cuatro mil personas

Las misiones de organizaciones religiosas son el principal actor humanitario en el área angelina llamada Skid Row, considerada la zona cero de los sintecho en California, la quinta economía del planeta. El estado concentra una de las mayores poblaciones de personas sin hogar del país, hasta tal punto que se calcula que acoge a un cuarto del total nacional de estadounidenses que sobreviven con lo puesto. El epicentro de la catástrofe se concentra en cuatro millas del centro de Los Ángeles convertidas en un enorme campamento de tiendas sucias y carritos de supermercado oxidados. En una de las paredes de esas calles, un gran mural con los límites territoriales de la zona está rematado con la siguiente frase: «Skid Row. Población: demasiados». Una de las imágenes más impactantes de ese gueto de los don nadie, donde se calcula que viven más de cuatro mil almas, es que tiene como vecinos enormes rascacielos, centros de negocios completamente nuevos, modernos comercios y el llamado Fashion District. Al margen del contraste actual, lo cierto es que el origen de este infame campamento de refugiados del capitalismo se remonta a la década de 1880. Por aquel entonces esa zona era la última parada del tren transcontinental, lo que atraía a inmigrantes, trabajadores sin destino fijo, pasajeros errantes, vagabundos y personas que huían. Con ellos, hoteles de tres al cuarto, tabernas y burdeles. Para principios del siglo xx, las misiones religiosas de rescate ya se habían establecido en la zona. En los sesenta, una nueva categoría de residentes empezaría a acampar: veteranos de Vietnam y consumidores de drogas; y a partir de los ochenta, con el cierre de los psiquiátricos, aquellos con enfermedades mentales que no tienen a donde ir. La ausencia de planes reales para arreglar la situación y la última crisis de la vivienda han seguido alimentando ese erial, la esperanza de vida de cuyos residentes no llega a los cuarenta y cinco años, en comparación con los setenta y ocho del total de Estados Unidos.

Como es de imaginar, nadie tiene en Skid Row nada que perder, así que el que se adentra en sus confines con determinado aspecto pone su suerte en alto riesgo. Las visitas nocturnas están vetadas porque, en caso de algún problema, es probable que la policía ya dé contigo al amanecer. Sin embargo, como todo territorio, tiene sus reglas, sus costumbres y sus ciudadanos respetables. Una de ellos, Angela Harper, conocida como Big Momma: «En nuestra cultura, la mamá grande es quien cuida de todo, ella es la que hace que las cosas sucedan. Y eso es lo que hago: trabajo social, enfermería, reuniones comunitarias… muchas personas pierden la esperanza cuando llegan aquí porque han estado en tantos círculos y ciclos que quieren confiar en alguien y acaban confiando en mí. Ya son 15 años», corona con una amplia sonrisa. A cada cinco minutos de conversación alguien nos para para hablar con ella o saludarla. Algunos se marchan sin más, otros aprovechan la ocasión para desafiar con la mirada a esta periodista.

Se calcula que anualmente más de 16 mil mujeres, un tercio de las personas sin hogar en la ciudad de Los Ángeles, pasan alguna noche a la intemperie en esta zona, muchas de ellas con niños. A nivel nacional, el 21% de los sintecho son menores según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Cada año, 2,5 millones de niños estadounidenses, la mitad de ellos menores de seis años, experimentan la falta de vivienda. Angela cuenta cómo en Skid Row las misiones no dan abasto, por lo que en esos casos las mujeres se organizan juntándose todas en un mismo punto por seguridad. Son especialmente vulnerables ante los depredadores sexuales. Según diversas asociaciones que trabajan en la zona, la mitad de las mujeres en 2018 habían sufrido violencia física o sexual en el último año y prácticamente todas, más del 90%, en general en sus vidas. De hecho, es una de las principales razones que las empuja a esa situación. «Yo vine a Skid Row en 2006. Tuve una situación de violencia doméstica en la que uno de mis hijos estaba tratando de matarnos. No quería que eso sucediera, así que hui de Chicago y acabé aquí», recuerda entre lágrimas Big Momma. El trauma y el esfuerzo por sobrevivir en esa selva donde todo vale son tan agotadores, que, según la organización Downtown Women’s Center, la mitad de ellas tienen problemas de salud mental y el 28% son adictas en rehabilitación o en lista de espera para un tratamiento. Es el caso de Dolores, quien, haciendo gala de una enorme serenidad y claridad de ideas, nos cuenta que no tiene otra opción que permanecer en la calle hasta que quede vacante una plaza en uno de los programas de ayuda psicológica y rehabilitación de alguna ONG. Es su única esperanza y salvación:

Aquí he sido atacada y me han violado varias veces, pero a pesar de ello hoy me han dado los resultados del VIH y son negativos, así que Dios es bueno, ¿verdad? No importa lo que me pase. Él todavía me cuida […] Estados Unidos se basa en los ingresos y la prosperidad, no se basa en la pobreza, por lo que, si eres pobre, Estados Unidos no quiere tratar contigo. He estado en mejores lugares, he visto el otro lado de la moneda y, ahora que estoy en la pobreza, tengo que lidiar con esto. En general, el género humano es una gran raza, una gran especie, somos increíbles. Hay un puñado de gente mala, pero a la vez hay miles de millones de grandes personas con grandes corazones. El problema es que no saben lo que está pasando aquí y no lo sabrán porque aquí nunca vienen las noticias. Tú sí, viniste porque te importa. Sabes a qué me refiero.

Precisamente la lectura de un libro sobre Skid Row hizo que Nadia Camacho, periodista, empezase como voluntaria en uno de los albergues. Posteriormente entró a formar parte de la plantilla de la misión: «Yo no me podía imaginar que esto existía». Cuenta que en el albergue de emergencias reciben a 187 hombres todas las noches y en el programa de mujeres de 25 a 30. Un esfuerzo enorme para organizaciones sin ánimo de lucro y que sin embargo supone un porcentaje irrisorio del total, afuera hay miles. Camacho bromea amargamente: «En esta ciudad, en comparación, hay más plazas en albergues para animales que para personas».

La calle no sólo es insegura física y mentalmente, sino también a nivel higiénico. Cada día, de lunes a jueves, brigadas sanitarias y policías desalojan por turnos los campamentos. Cuando terminan de desinfectar, el pavimento vuelve a estar ocupado antes de que dé tiempo siquiera a girar la esquina. Las epidemias son constantes. Durante la semana que estuve trabajando allí se declaró una de tifus y tan sólo unos meses antes había estallado otra de hepatitis. John McCurry trabaja limpiando y supervisando uno de los puntos de higiene abiertos por el ayuntamiento, donde, además de ir al baño, los adictos tienen contenedores especiales para arrojar las jeringas usadas: «Sin nosotros, las personas sin hogar defecan en las calles. Cuando abrimos a las siete en punto ya hay una larga fila». Se calcula que en Skid Row hay nueve baños para dos mil personas, una ratio menor a las recomendaciones de Naciones Unidas, uno por cada 20. Traducido a la realidad, la situación es mucho peor que la de los campamentos que se construyeron para acoger a refugiados sirios en países como Jordania. «Las personas sufren la humillación de tener que orinar en la calle o sobre ellas mismas», «no tienen un lugar donde lavarse las manos antes de comer» o «evitan tomar medicamentos con efectos secundarios que causen micción» son algunas frases que pueden encontrarse en un informe de junio de 2017 elaborado por la organización Inner City Law Center.

Paralelamente, la ciudad de Los Ángeles no deja de aumentar el presupuesto destinado a atajar el problema, que se extiende más allá de Skid Row. A las estrellas, los coches descapotables, el lujo, el teatro donde se celebran los Óscar o las caras guapas previo paso por el quirófano les ha salido un notable competidor en su protagonismo por ocupar los objetivos de los turistas: la pobreza, aunque luego esas fotografías no sean escogidas para las redes sociales del postureo universal. De paseo de la fama al de vergüenza nacional. La realidad es tan hiriente que incluso alguien como la exdirectora ejecutiva de la alianza de propietarios de Hollywood, Kerry Morrison, ha estado estudiando el fenómeno de los sin hogar y su gestión en otros países. El día que la entrevisté, me anunció que en pocos meses iba a dejar su actual vida para precisamente buscar soluciones eficaces al abandono de los ciudadanos con problemas mentales en su país.

Ya los comerciantes del condado acordamos pagar más impuestos por las ventas para recaudar unos 350 millones de dólares más al año y darlos a las personas sin hogar. Además, en la ciudad también aprobamos más impuestos para construir viviendas accesibles, somos conscientes. Aun así, es inaceptable que en la sociedad en la que vivimos la gente ignore a las personas de la calle. Yo las veo. Veo a cada una de estas personas.

Puede que ese sea el problema, que todos las siguen viendo pese al supuesto esfuerzo económico. Tres años después de la aprobación de un ambicioso programa de construcción de vivienda para personas sin hogar, el ayuntamiento aún no había terminado ni el primer edificio, con un coste por apartamento de más de medio millón de dólares, un precio que excedía el promedio de un condominio en una de las ciudades más caras del país. De los 10 mil apartamentos previstos en un principio, las autoridades los rebajaron al poco a menos de siete mil, achacando costes imprevistos como consultores y financieros. «Entonces, ¿dónde está el dinero, fue como siempre para la policía, quién lo tiene?», pregunta General Dogon, angelino de nacimiento, cuyo pseudónimo es producto de medallas ganadas tras batallas en la cárcel, la calle y ahora en el activismo al frente de la organización Los Angeles Community Network. «La ciudad dice que hay 58 mil personas sin techo. Nosotros decimos, ponle un uno delante, hay por los menos 158 mil». General Dogon desgrana prácticamente sin respirar durante una hora la historia completa del fenómeno desde su nacimiento hasta la actualidad. Con una memoria prodigiosa, no escatima en cifras y fechas. Tampoco en críticas. «Todo lo que tendrían que haber hecho desde 2005, cuando les declararon la guerra a las personas sin hogar, es haber invertido en vivienda asequible. Lo que sucedió es que se pasaron una década financiando a la policía, millones de dólares anuales para vigilar y detener a la gente que vive en la calle. Hubo un momento en que dejé de contar, pero llevaban, hace tres años, como 80 mil arrestos.» Un análisis de Los Angeles Times con datos de 2011 a 2016 encontró que, mientras que las detenciones en general en la ciudad habían caído, en el caso de las personas sin hogar habían aumentado más de un 30%, la mayoría por faltas menores. General Dogon ejemplifica así la absurda espiral del sistema:

La persona más arrestada en Skid Row que yo he conocido es una mujer, Ann Moody. Fue arrestada 108 veces por un delito: el 41.18 (d). Es decir, su único crimen era sentarse en la acera sin tener a donde ir. La policía venía, le decía a Ann que estaba violando el 41.18 (d), ponga las manos detrás de la espalda, ella lo hacía, la llevaban a la cárcel, pasaba cinco días, luego la soltaban, ella volvía, obtenía otra tienda de campaña –sinceramente, no sé de dónde sacaba siempre esas tiendas, debía de tener alguna especie de conexión– y volvía al mismo lugar. Al día siguiente regresaban los policías y pasaba lo mismo. Así 108 veces. Uno puede pensar que alguien en la Oficina de Defensa Pública diría algo, o incluso el fiscal que tuvo que enjuiciarla 108 veces, en plan: «Oye, esto no funciona». Que el juez, mierda, alguien, diría algo. Nada. Siguieron una y otra vez.

A dos calles de allí, el oficial Acevedo, a cargo de una de las patrullas en Skid Row, corrobora el sistema. Asegura que la policía de Los Ángeles arresta a las personas sin hogar para que en unas 24 horas estén de nuevo fuera: «Nos toma más el tiempo de detención que lo que va a suceder después, porque al día siguiente están en la misma esquina. Debería estudiarse qué tipo de leyes funcionaría en estos casos y, sobre todo, puede ayudar tanto a la policía como a esta comunidad», suspira resignado.

La cruda realidad es la siguiente: aunque todos aceptan que no se puede encerrar de por vida a alguien por no tener a donde ir, tampoco se los quiere dotar de un techo donde ser autosuficientes o de soluciones a largo plazo. Mientras, el dinero público acaba transformándose en parches temporales y carísimos que engordan un sistema policial y judicial ineficaz, así como el bolsillo privado de quienes se están enriqueciendo a costa de los sintecho. Se trata, precisamente, de alimentar el beneficio personal de unos pocos en muchas partes, no sólo en Los Ángeles. Viajemos a Nueva York, por ejemplo. Por mucho que sea la ciudad que nunca duerme, hasta los desheredados del sistema necesitan cerrar los ojos, al menos, una vez al día.

El negocio de los don nadie

Desde la llegada de Bill de Blasio a la alcaldía, la principal empresa contratista de refugios para personas sin hogar en la ciudad, Acacia, vio aumentar su financiación hasta recibir 1,17 mil millones de dólares en fondos desde el año 2010. Una investigación periodística expuso a finales de 2019 cómo esa entrada de efectivo demostró convertirse «en una inesperada ganancia para la alta gerencia» de la compañía. «En 2017, el CEO de Acacia obtuvo una compensación total de 816 mil dólares. Su salario aumentó un 62% entre 2013 y 2017. La directora de operaciones recibió 488 mil dólares sólo en 2017, un aumento del 66% desde 2013. Un tercer funcionario, David Glasel, quien fuese director legal hasta mediados de 2018, ganó 401 mil dólares.» «Es horrible, realmente horrible. Yo vivo en un refugio del sistema de los que se recogen en ese estudio, una desgracia total. Son dólares públicos y es una organización sin ánimo de lucro. ¿A qué director de una compañía sin ánimo de lucro se le paga casi un millón de dólares? ¿Por hacer qué?». Quien habla es Nathalyn Flowers, moradora de albergues permanente desde hace tres años. Jubilada, la echaron del apartamento donde llevaba viviendo 35 al triplicar el precio de su alquiler. En el momento en el que la entrevisto, duerme en una de las unidades de la compañía a la que acabo de hacer referencia. Flowers denuncia, entre otras cosas, falta de comida caliente, extrema suciedad o personal poco cualificado. «Creo que el tema de Acacia es en gran medida sistémico. Cada vez que la ciudad invierte dinero en el sistema de refugios existe un alto riesgo de que, si los proveedores malgastan los fondos o no los usan eficazmente, asuman muy poca responsabilidad legal debido a que son organizaciones privadas y en principio sin ánimo de lucro», resume Walker Bragman, uno de los autores de la mencionada investigación. En el caso de Acacia, el consistorio acabó abriendo diversas investigaciones, con nulas expectativas para los afectados. Da la casualidad, o más bien la causalidad, de que miembros de dicha organización tienen estrechas conexiones con el Gobierno de la ciudad. Incluso, en algunos casos, se ha demostrado que aquellos beneficiados por contratos públicos habían financiado campañas de figuras municipales relacionadas con el área de la vivienda. Ambas prácticas completamente legales; pura inversión. Perro no come a perro.

Lo que acabamos de exponer convive, a su vez, con la siguiente realidad: según Coalition for the Homeless, el número de personas sin hogar en la ciudad de Nueva York había alcanzado para 2019 los niveles más altos desde la Gran Depresión. Al mismo tiempo, se calcula que por cada persona sin un techo donde vivir hay casi tres apartamentos vacíos, muchos de ellos completamente nuevos. Así, una cuarta parte de las propiedades construidas a partir de 2013 en la Gran Manzana seguían en 2019 sin comprador, según un análisis del portal Streeteasy. Mientras, el número de personas que duermen cada noche en albergues de la ciudad es un 59% más alto que hace 10 años. «Creo que realmente es un desperdicio de los dólares de los contribuyentes. Podrían hacer mucho más con esos miles de millones de dólares que gastan cada año. Tenemos muchos edificios vacantes aquí en Nueva York que pueden rehabilitarse y convertirse en viviendas de bajos ingresos. El sistema de refugio es un lugar de emergencia, pero no debería ser lo que es ahora, una estadía a largo plazo», asegura Charmel Lucas, que se quedó sin casa tras el paso del huracán Sandy en el año 2012. Tras el trauma de su experiencia, se dedica como veterana a ayudar a quien se encuentra en esa nueva situación, sobre todo intentándole explicar cómo funciona el sistema de ayudas y refugios de la ciudad: una cara burocracia para quien tributa, un complicado laberinto para los desheredados y una apuesta rentable para aquellos que están en el negocio.

Según el propio Gobierno, al menos medio millón de estadounidenses pasan cada noche con lo puesto, uno de los países con una de las cifras más altas de la OCDE. Mientras que la Administración Trump utilizaba los datos para cargar contra las ciudades gobernadas por demócratas –donde el porcentaje de indigentes normalmente es mayor– con objeto de asegurar que la solución es la completa desregulación del mercado de la vivienda, la experiencia de países como Dinamarca o Singapur muestra que más bien pasa por el acceso asequible a la misma, aún más teniendo en cuenta el creciente número de esqueletos estadounidenses sin alma en forma de construcción. Hogares que yacen vacíos porque no hay inquilino capaz de poseerlos. Cabe mencionar, además, que si el número de sintechos es mayor en según qué urbes demócratas se debe a diversos factores. El motivo más simple es que las grandes ciudades por lo general tienden a votar a dicho partido, y el principal, que precisamente los Gobiernos de dicho color invierten más en servicios de ayuda a los sintecho (al margen de si son suficientes y funcionales, como ya se ha descrito en este capítulo), lo que acaba provocando que más personas en dicha situación acaben concentrándose en esos municipios. Son cuantiosos los programas de pueblos, ciudades y condados que ofrecen gratis a los indigentes un tique de viaje en autobús sólo de ida –en algunos casos, incluso de avión–. Más allá de la pelea republicana y demócrata, cabe destacar que, en este debate, se deja fuera una y otra vez, y de forma intencionada, la prevención. Es decir, el mantenimiento o la creación de determinadas políticas sociales que sirvan como red de apoyo previa a la expulsión completa del individuo de la sociedad. ¿Por qué? Porque supondría empezar a desviar la atención del perro y el gato bipartidista y reconocer que la caridad es tan sólo un mal remiendo del sistema que defienden.

[1] En los cálculos de Brookings definen como salario bajo cuando el salario por hora es inferior a dos tercios del salario medio de un trabajador que se emplea a tiempo completo durante todo el año. Remarcan utilizar esta base y no la línea de pobreza porque esta «se ve afectada por el tamaño de la familia y la presencia de otros ingresos en la familia o el hogar».

[2] Josef Mengele fue un médico nazi recordado por sus prácticas en los campos de concentración y exterminio de Auschwitz, donde realizaba experimentos mortales con los prisioneros, y uno de los facultativos que seleccionaba a las víctimas de ejecución en las cámaras de gas.

III

CÓMO SOBREVIVE Y SE SOBREVIVE AL SISTEMA

Ojalá supiera cómo

Debe sentirse ser libre

Desearía poder romper

Todas las cadenas que me sujetan

Desearía poder decir

Todas las cosas que debería decir

Decirlas en voz alta, decirlas claramente

Para que todo el mundo las escuche

Nina Simone

Un mundo feliz: adictos y creyentes

La epidemia de la desesperación

Jenny Roberts entra con un busto de plástico a la sala y lo coloca con delicadeza en la mesa. A continuación, abre el kit que contiene el Naxolone, la medicación necesaria para revertir una sobredosis de opiáceos. Con la pericia de una enfermera o un médico explica cómo revivir el muñeco inerte que tenemos delante. Lo hace de forma casi automática, no en vano 15 mil personas han aprendido en dos años gracias a ella. En su rostro no hay atisbo del drama que, apenas cinco años antes, la empujó a enseñar a los demás a intentar burlar la muerte. El día en que Jenny encontró a su hermano menor Chris tendido en el salón de casa pensó que podía ser como las anteriores veces, ya eran seis años entrando y saliendo de tratamientos, pero esta vez no volvió a respirar. «Ni siquiera sabía que existía un medicamento para revertir esa situación. Cuando me enteré, empecé a pensar en todas esas familias que iban a pasar por lo mismo, por lo que decidimos crear una fundación con el nombre de mi hermano con esta única misión: salvar vidas.» En el momento de la entrevista, al menos 86 personas habían vuelto a abrir los ojos gracias al entrenamiento impartido por Jenny, quien da el dato con un orgullo tímido, para nada triunfal. Aún queda demasiado por hacer: «no hay absolutamente ningún perfil para el adicto a los opiáceos. Puede ser tu amable vecino, puede ser tu abuelo mayor, puede ser un niño de once años. Conozco a varias personas que comenzaron a usarlos a esa edad y no es que se despertasen un día y dijeran, oye, creo que me he vuelto adicto a los opioides. Cada camino es diferente aunque, por supuesto, de lo que más se hable sea de la medicación recetada».

Según una investigación del diario The Washington Post basado en datos federales, entre 2006 y 2014 se distribuyeron en Estados Unidos más de 100 mil millones de opiáceos y otros 24 mil millones más de dosis de pastillas para el dolor altamente adictivas. Un volumen que, además, se disparó a medida que la epidemia iba siendo más mortal, llegando al punto de cobrarse un centenar de vidas al día. Para hacernos una idea, en 2014, cada 15 minutos nacía en el país un bebé con síndrome de abstinencia neonatal –cada 25 minutos en 2020–; según un estudio basado en la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud, a más de la tercera parte de los adultos, 92 millones de personas, se les prescribieron opiáceos, y en 2016 hubo más muertes por este motivo que por violencia armada. Este tipo de medicación altamente adictiva está tan normalizada que el primer ejemplo que me puso un exdrogodependiente y activista al que entrevisté fue el enganche temprano de adolescentes a los que les recetan automáticamente opiáceos al ponerles bráckets o aparatos dentales. Así, los estupefacientes en este país son ingeridos de una manera tan masiva que no parece exagerado afirmar que el Soma[1] de la distopía de Huxley, Un mundo feliz, es una realidad en los Estados Unidos actuales. Detrás, sobre todo, seis compañías distribuidoras: McKesson Corp., Cardinal Health, Walgreens, AmerisourceBergen, CVS y Walmart, y tres fabricantes: SpecGx, una subsidiaria de Mallinckrodt; Actavis Pharma, y Par Pharmaceutical, una subsidiaria de Endo Pharmaceuticals. «Se las comen como si fueran Doritos. Haremos más», escribiría en un correo electrónico, filtrado posteriormente, Victor Borelli, gerente nacional de cuentas del mayor fabricante de opiáceos de Estados Unidos. Pese a la ingente cantidad de pruebas y al dolor inflingido, la mayoría de los responsables resolvieron cualquier demanda con acuerdos sellados a base de millones de billetes de dólar. Tampoco fueron obligados a dejar de producir la droga. Una paradoja constante en este país, donde es más común de lo que parece pasar buena parte de tu vida en la cárcel por consumir o menudear con drogas si se es un ciudadano pobre.

La dureza del castigo penal por consumo, sin embargo, no evita lo siguiente: pese a la referencia de Jenny al perfil universal del adicto, existe una mayor incidencia entre jóvenes y adultos jóvenes. Así, la principal causa de muerte entre los menores de cincuenta años son las drogas y Estados Unidos es el país del mundo con el mayor número de fallecimientos por ese motivo según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con una enorme ventaja sobre los siguientes de la lista. La incidencia es tal que, debido principalmente a este factor y al aumento de las muertes por alcoholismo o suicidio, la esperanza de vida se reduce cada año que pasa. Es decir, la desesperación está invirtiendo la progresión vital de una de las principales potencias económicas del planeta, un fenómeno sin parangón en el último siglo. Estados Unidos es el único país avanzado del mundo donde la flecha de la esperanza de vida se movió en la dirección equivocada de 2014 a 2017. Si entre 1959 y 2014 aumentó de los 69,9 años a los 78,9 años, el promedio tres años más tarde era de 78,6. Aunque la tendencia logró revertirse tímidamente en años recientes, la pandemia la empujó por debajo de los setenta y ocho años, niveles inferiores a los de Líbano, Chile o Cuba, países con un PIB muy inferior. Esto es sumamente sangrante para el orgullo de la nación que se autoerige como modelo si tenemos en cuenta que en 1960 los estadounidenses tenían la esperanza de vida más alta del mundo. «Es un problema desgarrador» y «extremadamente insólito», llegó a admitir la propia presidenta de la Reserva Federal en 2017. Janet Yellen, ahora actual secretaria del Tesoro, reconoció que el nivel de consumo de estupefacientes era tal que estaba reduciendo el número de población activa. No obstante, cabría preguntarse: ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿es la adicción la que mengua el número de trabajadores o, más bien, es la falta de oportunidades aquello que los empuja a la desesperación y lo que se deriva de la misma? Yellen, por otro lado, también destacó lo siguiente: cuando la tasa de población activa se reduce, el paro también. Otro factor que, por lo tanto, evidencia lo expuesto anteriormente: había que mirar con lupa los en principio espectaculares datos de desempleo. Es decir, dicho problema se termina si los parados acaban en la cárcel, son drogodependientes o directamente se mueren.

En su obra Deaths of despair, Anne Case y Angus Deaton vinculan de manera magistral el papel que la clase y la educación, y, por tanto, el sistema, desempeñan en la era de la angustia a la que se ha visto abocada la otrora nación de los sueños: «para la clase trabajadora blanca, la América de hoy se ha convertido en una tierra de familias rotas y pocas perspectivas. Los adultos sin título están literalmente muriendo de dolor y desesperación». Una de las cuestiones más interesantes de su estudio es que Case y Deaton ponen el foco más allá de la desigualdad racial, situándolo en la clase trabajadora blanca y más concretamente en los hombres. En este sentido, no es que nieguen el racismo sistémico y estructural, todo lo contrario, pretenden llamar la atención sobre el hecho de que, si hay algo realmente transversal en la actualidad, es el flagelo a la clase trabajadora. Así, si bien, tal y como apuntan los datos, las tasas de mortalidad entre los afroamericanos siguen siendo las más altas, la diferencia entre este grupo y el de los blancos ha disminuido de manera muy considerable entre 1990 y 2015. En este sentido, la brecha real se sitúa entre quienes tienen y quienes no tienen un título universitario; coincidiendo además con las respuestas a encuestas sobre sufrimiento y dolor. Volviendo al objeto principal de su análisis –los hombres blancos–, si el salario medio de los varones estadounidenses se ha estancado de forma generalizada, el poder adquisitivo en el caso de los blancos sin educación superior se redujo un 13% entre 1979 y 2017, periodo durante el cual el ingreso nacional per cápita creció un 85%. La falta de trabajo estable o de calidad, argumentan, ha conllevado además una desintegración de las antiguas costumbres sociales de clase, como el formar una familia y tener hijos, por lo que el sujeto se ha encontrado de repente en una situación vital sin perspectiva conocida. Cualquier ávido lector podría argumentar que esto no sólo sucede en Estados Unidos, sino en buena parte del mundo occidental. Sin embargo, elementos como los que vamos describiendo, como el poder de las grandes empresas sobre los brazos legislativos y judiciales del Estado, la ausencia de una sanidad universal y de un sistema social básico, la agonía del sindicalismo o las enormes dificultades de acceso a una educación superior son excepcionalmente definitivos en la situación de unos ciudadanos alimentados por los mitos del individualismo y la tierra de las oportunidades.

«Hay algo de ser pobre en este país que es superdeprimente. Vienes aquí y vas a lugares desfavorecidos, y, por encima de todo, del crimen o de todo aquello que no tienen, está lo siguiente: la falta de esperanza, la falta de respeto a sí mismos y el distanciamiento del resto de la sociedad. Para mí, el mayor coste de ser pobre en Estados Unidos es el coste psicológico.» Carol Graham es investigadora especialista en pobreza, desigualdad y salud pública del Instituto Brookings. Tras años de estudio en América Latina, al regresar a su país se dio cuenta de que había un elemento diferencial que se le estaba escapando y decidió medir la falta de esperanza.

Empecé comparando las actitudes acerca de que si un individuo trabaja duro en este país puede subir en el escalafón social, es decir, hice la clásica pregunta basada en el sueño americano. Comparé las respuestas obtenidas en América Latina y Estados Unidos, y cómo varían entre pobres y ricos. Lo que encontré fue fascinante. En América Latina, los pobres y los ricos casi contestaban igual, con un «no», y no había diferencias estadísticas. Sin embargo, aquí, había una diferencia de casi 20 veces entre pobres y ricos.

Es decir, en Estados Unidos, aquellos que no están en los estratos más bajos creen fervientemente que es por méritos propios. O lo que es lo mismo, los ricos que siempre lo han sido creen que quienes no lo son pueden llegar a serlo mediante esfuerzo y trabajo. Dicho desprecio e incomprensión son fatales en el caso de la población blanca, a la que se presupone que debería irle bien por su condición social. Graham lo explica de este modo:

El suicidio y la depresión son menos comunes en pobres de América Latina, y, en Estados Unidos, lo son menos entre los latinos y los afroamericanos que entre los blancos, porque los primeros no tienen el estigma y, por ejemplo, sus familias los ayudan. Para los blancos, el devenir pobre en los últimos tiempos ha sido un gran shock; de hecho, siguen siendo el grupo más opuesto a las ayudas gubernamentales porque lo relacionan con las minorías.

Graham pone como ejemplo de esta disociación el programa sanitario impulsado por Barack Obama, el llamado Obamacare, asegurando que muchos beneficiarios acabaron por votar a Donald Trump, contrario al mismo. «Es increíble. Hay cosas que puedo explicar y otras cosas que no puedo explicar, pero lo que sí puedo afirmar en función de los resultados de mis estudios es que este tipo captó la frustración con promesas que no tenían que ver con la realidad. Cuando la gente está en situación de perder es mucho más fácil manipularlos.» Graham desgrana el siguiente perfil:

Aquellos hombres ahora sin trabajo o con empleos precarios que se dedicaban a oficios manuales, pesados, difíciles, como minas, factorías…, que además conllevan estilos de vida no muy sanos, con lesiones o dolores. En este contexto, además, las compañías de opiáceos empezaron a repartirlos como caramelos. Se creó la tormenta perfecta: un mercado saturado de opiáceos, altas tasas de desesperación, falta de ayuda comunal y, en muchos casos, lugares completamente aislados. Ve al Misuri rural, vas a encontrar la nada.

Es decir, el votante blanco de clase trabajadora, un tercio del total de los adultos estadounidenses y que en esas elecciones serían decisivos en la victoria de Donald Trump. Siguiendo el ejemplo del Obamacare, poco después de las elecciones en las que el republicano saldría ganador, una reportera de la publicación VOX se acercó a Kentucky a preguntar a beneficiarios de dicho programa sanitario qué los había llevado a votar en contra de sus intereses. En general, todos le contestaron que creían en la promesa de que Donald Trump mejoraría aún más su plan de salud, pese a no haber concretado cómo. Meses después, la misma periodista regresó para tantear los ánimos. Si bien se encontró con una decepción generalizada, también con justificaciones de que el presidente lo estaba haciendo muy bien en otras áreas como la inmigración, además del clásico: «Como decía mi padre, este es y será un condado republicano». Este ejemplo sobre el terreno coincidiría con un análisis hecho por The Atlantic en el que, contrariamente a la narrativa de que solamente la pobreza o la ansiedad económica impulsaron ese voto hacia Donald Trump, fue la ansiedad cultural lo que definitivamente los empujó a decidirse por el republicano. En resumen, aquellos que aseguraban sentirse como un extraño en Estados Unidos, que apoyaban la deportación de inmigrantes o que no creían que a mayor educación su situación individual pudiera mejorar. Así, la publicación destacó que el 79% de los estadounidenses blancos de clase trabajadora que estuvieron de acuerdo con estas dos declaraciones votaron por Trump: «Las cosas han cambiado tanto que a menudo me siento como un extraño en mi propio país» y «el estilo de vida estadounidense debe protegerse de la influencia extranjera». Además, el 87% de los estadounidenses blancos de clase trabajadora que dijeron estar a favor de una política de identificación y deportación de inmigrantes ilegales también le votaron. Finalmente, un 61% de los hombres blancos de clase trabajadora aseguraron que invertir en una carrera universitaria es «una apuesta arriesgada».

Pobres pero patriotas

La muerte y las adicciones canalizando la desesperación ciudadana no son la única explicación a la falta de rebeliones. El patriotismo también tiene algo que decir. Si el sujeto es el único culpable de su sino, ¿por qué habría de rebelarse contra un sistema que le han inculcado, por activa y por pasiva, que es perfecto o el más perfecto de todos los existentes? Francesco Duina analiza en su obra Broke and Patriotic las narrativas que hacen posible no sólo que los pobres en Estados Unidos difícilmente pierdan la fe en una nación que los ha maltratado, sino que, con mucha diferencia, manifiesten un patriotismo mayor que los segmentos más desfavorecidos de otros países avanzados. Detecta al menos tres. La primera, la firme creencia de que su país ofrece una promesa de esperanza para todo el planeta porque es la nación de Dios.

El 20 de enero de 2021 la atención prácticamente planetaria estaba en la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. En algunos países fascinados por la metrópoli, tanto la ceremonia como los festejos alrededor de la misma fueron retransmitidos con un nivel de detalle que ni siquiera se da en muchos días históricos patrios. La jornada, vendida como un triunfo de la democracia ejemplar, empezó con los protagonistas de la misma y un nutrido grupo de representantes políticos acudiendo a misa en la catedral de San Mateo de la capital. Al día siguiente, el primero en la oficina, los flamantes presidente y vicepresidenta iniciaron su andadura atendiendo un servicio virtual de oración inaugural presidencial. Nada nuevo. Un capellán abre sesiones en las Cámaras del Congreso y figuras religiosas inician y concluyen las convenciones nacionales de los partidos. El mito del laicismo estadounidense no pasa más allá de lo siguiente: la primera enmienda de la sacrosanta Constitución prohíbe al Congreso promulgar leyes que «adopten una religión como religión oficial del Estado». A partir de aquí, que se desate la fe. Pese a que desde el año 2000 existe una tendencia a la baja en la membresía de iglesias, mezquitas y sinagogas, Estados Unidos continúa siendo el país desarrollado más religioso de Occidente. Al menos el 80% de los ciudadanos cree en algún tipo de Dios, el dólar es la única moneda en papel que menciona al Santísimo y no hay democracia avanzada que le haga sombra en este sentido. Frente a más de la mitad de los adultos estadounidenses que confiesan rezar a diario, sólo el 25% lo hace en la vecina Canadá, el 22% de promedio en Europa o el 18% en Australia. Las reiteradas conversaciones con Dios de los estadounidenses los asemejan más a los ciudadanos de países como Sudáfrica, Bangladés o Bolivia. Es el único país encuestado con un PIB mayor a los 30 mil dólares por persona donde se registra dicho fenómeno. Todo bien, si se redujera a una cuestión privada que no impregnase la vida por completo. Por continuar con el ámbito político, la mitad de los adultos estadounidenses asegura que la Biblia debería tener «mucha» o «alguna» influencia en las leyes. Además, específicamente, el 28% cree que debería tener prioridad sobre la voluntad de la gente. Preguntados por un posible conflicto entre ambas partes, el texto sagrado y el deseo ciudadano, tres de cada 10 adultos pro-Biblia se decidieron por esta. Así, no es de extrañar que sólo un nuevo miembro del Congreso de Estados Unidos en enero de 2021 se declarase aconfesional. Tampoco lo es que el resto fuese de una pluralidad apabullante; nueve de cada 10 se identificaban como cristianos.

El no amparo oficial del Estado a la religión ha supuesto todo lo contrario a efectos prácticos: una competencia religiosa y una reinvención constante que han acabado calando de manera extrema en todos los aspectos de una sociedad necesitada de apoyo socioeconómico y estructuras comunitarias. Como ya podía vislumbrarse en la obra de Alexis de Tocqueville, las instituciones religiosas han adoptado el papel de un estado del bienestar ausente, denostado y torpedeado desde el neoliberalismo estatal y económico. Las biblias tanto en el cajón de hoteles con solera como en moteles de mala muerte, el creacionismo en las escuelas de algunas partes del país o el cambio de confesión religiosa al menos una vez en su vida de un gran porcentaje de la población son elementos un tanto exóticos para el observador externo que, sin embargo, sirven para explicar lo siguiente: esta es una sociedad hambrienta de fe. «Nos mudamos de Ohio a Memphis hace ya algunos años. Decidimos trasladarnos al sur para criar a nuestros hijos en los valores de Dios.» Bastaron apenas 10 minutos para que la señora que se había sentado junto a mí en la barra de un bar en Birmingham, Alabama, me contara qué le había llevado a cambiar el Rust Belt por el Bible Belt mientras esperaba la cena[2]. Un caso práctico y de manual del vínculo establecido por sociólogos sobre los altos niveles de desigualdad y religiosidad. La base menos favorecida buscando consuelo en la fe ante las inseguridades financieras y un sistema del que les han dicho hasta la saciedad que es perfecto, pero que les falla constantemente.

La segunda narrativa detectada por Duina, que explicaría el increíble y excepcional patriotismo de la población más castigada en Estados Unidos, es la creencia de que el país es la tierra de la abundancia. Es decir, cualquiera puede llegar a tener éxito y, si no lo consigues, es tu culpa, ya sea por tomar malas decisiones o por no haberte esforzado lo suficiente. Así, su investigación concluye cómo, pese a los amplios y crecientes niveles de desigualdad expuestos, mayores incluso en comparación con otros países similares, la población pobre basa su resignación en creer el siguiente mantra de la elite: «la desigualdad siempre va a existir, aquí no es excesiva y el sueño americano sigue muy vivo». También, y sobre todo, en separar sus situaciones personales de lo que ellos entienden como el contrato social estadounidense. Duina también remarca la Encuesta Social General del Centro Nacional de Investigación de Opinión de la Universidad de Chicago para poner en contexto la potencia de este fenómeno en su país: el 100% de los estadounidenses pobres dicen estar muy o bastante orgullosos de su nación, algo que no sucede en ninguna otra nación avanzada en el mundo. Este sentimiento no sólo se ha mantenido, sino que incluso se reforzó durante la tremenda crisis de finales de la década 2000. Según dicha encuesta, incluso más del 90% de los que menos tienen en Estados Unidos prefieren ser ciudadanos de su país antes que de cualquier otro, un porcentaje que disminuye conforme se suben peldaños en la escalera de las clases. Es decir, el patriotismo disminuye conforme el individuo tiene acceso a mayores recursos para poder comprender, analizar y, sobre todo, comparar.

Llegados a este punto, cabría destacar que el término meritocracia fue acuñado por primera vez por Michael Young en su obra The rise of the meritocracy, una sátira sobre una sociedad gobernada por autócratas en la que la gente se creía de verdad que tenía lo que merecía y, por ello, era incapaz de protegerse contra los abusos cometidos por la elite. De nuevo, el sistema superando distopías y adaptándolas a su antojo. De frente, la realidad de las cifras presentadas por el equipo de la Universidad de Harvard Oportunity Insights: si en 1940 el 90% de los niños que nacían acabarían ganando más que sus padres, hoy día sólo la mitad de los nacidos en 1985 alcanza dicha meta. En la portada de su página web hay dibujado un gran gráfico que muestra dicha curva descendente con la siguiente frase bajo el mismo: «La característica definitoria del Sueño Americano es la movilidad ascendente: la aspiración de que todos los niños tengan la oportunidad de tener éxito económico, sin importar su origen».

Por último, la tercera creencia entre la pobreza patriota que Duina descubre es la siguiente: el mito de la libertad pese a no tener dinero; una libertad salvaguardada por el ejército, al que se debe honrar. Precisamente, esa palabra, libertad, era la que la mayoría de sus entrevistados mencionaron a la hora de explicar su amor por Estados Unidos, creyendo firmemente el mantra de que es la nación más libre del planeta. Al margen de sus situaciones económicas y sociales límite, Duina encontró que vinculaban dicho concepto a la autodeterminación individual, es decir, a teóricamente poder hacer lo que quieran, pese a que en Estados Unidos pocas libertades se consiguen sin dinero. También al hecho de portar armas –una característica que, como veremos, trae consigo niveles extremos de violencia y muerte– y, por último, a la lucha constante de las pasadas generaciones y del ejército actual por librar las guerras fuera de sus fronteras. Así, todos los pobres patriotas afirmaban, prácticamente sin excepción, estar seguros de que en Estados Unidos se tienen más derechos que en ningún otro país porque se han obtenido con sacrificio, aunque no pudieran precisar exactamente cuáles o en qué sentido.

—Cariño, ¿hace cuánto que somos sintecho?

—Hace demasiado.

El testimonio de Willy Bin Seals resume a la perfección esa especie de batiburrillo mental que tienen muchos de los desposeídos estadounidenses. Aunque en su caso hay algún atisbo de crítica a su situación. Le encuentro en su tienda de campaña. En el fondo, medio escondida entre bolsas y mantas, está su mujer, que trata de comer un trozo de pescado congelado que acaba de freír en un pequeño hornillo. Apenas les quedan dientes a ninguno de los dos. Entre las bolsas sobresalen algunas jeringuillas usadas. Willy se atusa el pelo, se pone a contar y llega a la conclusión de que llevan en la calle unos nueve meses. La última vez, según sus propias palabras, los tiraron como si fueran basura:

Me dijeron que, si me rehabilitaba en uno de los programas que hay aquí en Skid Row, podrían ayudarme a entrar en la sociedad. Es decir, que quizá podría acceder a una vivienda, transporte, todo eso; pero al final no hicieron nada. Yo estoy así desde que regresé de Vietnam. Cuando acabé, me dijeron: «gracias por servir a la patria y luchar por la libertad», pero las palabras no ayudan en absoluto. Siempre estoy esperando y, aunque algunos de mis compañeros, los que eran blancos, tienen una casa, yo sigo viviendo en la calle. Es cierto que en algunos lugares tienen ayudas para veteranos de guerra, donde uno puede alojarse durante un año, pero no puedes estar con tu pareja. ¿Qué tipo de lugar es ese? Ella es mi esposa, es mi familia, es todo lo que tengo. Te dicen que hay que querer para poder ser parte de la sociedad. Honestamente, lo di todo cuando serví, mi alma y corazón, por este país: libertad, justicia e igualdad. Ahora, después de tantos años, sigo en la calle y sin ver nada de eso.

Entre rejas

La nación con más ciudadanos privados de libertad

«No sé quién puede decir que lo más difícil es acostumbrarse a la libertad. La libertad es genial y, sobre todo, muy fácil.» 18 años entre rejas, 25 meses en condicional, una semana sin cuentas pendientes. Sha Stepter acaba de votar por primera vez con la emoción de quien creyó durante mucho tiempo que nunca podría experimentar sensaciones que sólo están reservadas para ciudadanos de pleno derecho. Estando en la escuela secundaria, con diecisiete años, Stepter hirió de bala a una persona tras un asalto a mano armada. Un año después, y todavía siendo menor de edad, se convertiría en el preso más joven de una de las cárceles de máxima seguridad de California tras un juicio rápido.

Fui sentenciado a 27 años. Era prácticamente un adolescente, así que estaba aterrorizado. La cárcel era especialmente violenta, así que me centré en sobrevivir día a día. Creo que al año ya empecé a tomarlo como si fuera una especie de forma de vida, que no es lo mismo que decir que me acostumbré; nunca lo haces. Hay dos cosas especialmente duras: por un lado, el confinamiento. Vivir con otra persona en una habitación minúscula, usando el mismo baño a unos metros del otro, sabiendo que, pase lo que pase, no tienes otra opción. Por otro, la disciplina. Mantenerla dentro de prisión, es decir, mantenerte alejado de problemas teniendo en cuenta todo lo que sucede allí dentro, es extremadamente difícil. A la vez, cualquier mínimo error supone que estés en la cárcel por más tiempo. Caes una y otra vez en una especie de círculo vicioso.

Estados Unidos es la nación del planeta con el mayor número de ciudadanos encarcelados. De cada 100 mil personas casi 600 están privadas de libertad, una estadística que no es comparable con ninguna otra nación. En términos absolutos, pese a que los estadounidenses no representan ni el 5% de la población mundial, el 20% de las personas entre rejas están en este país. Incluso, si se toma cada uno de los estados como nación independiente, 23 de ellos tendrían la tasa de encarcelamiento más alta del mundo y aquel con la más baja, Massachusetts, continuaría en el noveno puesto mundial, justo por debajo de Brasil. Se da la circunstancia de que la mayoría de las naciones que ocupan lugares inmediatamente posteriores a Estados Unidos registran tasas de homicidios que doblan las de este. Si bien las causas tras este sistema de encarcelamiento masivo son profundas, la situación se aceleró en los años ochenta, durante la llamada guerra contra las drogas, cuando se implementaron y aprobaron leyes extremas que supusieron no sólo encarcelar más sino durante más tiempo. Uno de los ideólogos de las mismas, un joven abogado, por aquel entonces senador demócrata por el estado de Delaware: Joe Biden. En el imaginario estadounidense, a cualquiera que se le pregunte sobre la guerra contra las drogas –pese a que fuera iniciada por Nixon–, la primera figura que pronuncia como responsable de lo sucedido es Ronald Reagan, debido a su retórica y a su posición como presidente. Para hacernos una idea del pasado de Biden, el propio Reagan llegó a vetar, por considerarla demasiado represiva, una pieza emblemática de su legislación, que redactó con uno de los senadores más segregacionistas de la historia reciente de Estados Unidos, Strom Thurmond. Algunas de sus propuestas: limitar el acceso a la fianza, aumentar las sanciones y la erradicación de la libertad condicional a nivel federal. No en vano, Biden criticó a Reagan en numerosas ocasiones por no ser lo suficientemente duro: «Mi paciencia para la acción en el campo de las drogas por parte de esta Administración está comenzando a ceder. Así como critiqué a la Administración Carter por la falta de ideas innovadoras en esta área, criticaré a esta Administración si las promesas y la retórica no son reemplazadas pronto por resultados». Su presión a los republicanos para que se empleasen a fondo mediante medidas extraordinariamente punitivas contra aquellos que producían, traficaban y, sobre todo, consumían drogas siguió dándose incluso durante el Gobierno de George Bush.

Racismo carcelario

El régimen de encarcelamiento masivo estadounidense no afecta a todos por igual. Según The Sentencing Project, las personas de color son el 37% de la población pero representan el 67% de las personas entre rejas. En este sentido, los hombres afroamericanos tienen seis veces más probabilidades de ser encarcelados que los hombres blancos, y los hombres latinos dos veces más. En general, tienen más posibilidades de ser arrestados, condenados y afrontar sentencias mucho más duras. Es decir, ante un escenario de imputación similar, el hombre afroamericano será castigado con mayor severidad que aquel que no lo es. «¿Cuál es la mayor injusticia que amenaza nuestra seguridad y obstaculiza nuestro progreso como país? El encarcelamiento masivo. Si no tomamos medidas ahora, los estadounidenses de color serán relegados para siempre a una subclase penal y permanente, y el encarcelamiento masivo continuará enjaulando el crecimiento económico de nuestras comunidades.» Esta cita pertenece a un informe publicado en 2016 por el centro Brennan para la Justicia, un trabajo, producto de tres años de investigación de algunos de los principales criminólogos, abogados e investigadores estadísticos de Estados Unidos, con conclusiones tan demoledoras como la siguiente: hasta el 40% de los presos no debería estar en la cárcel. En la nación que presume de ser la tierra de la libertad y la justicia para todos, hay literalmente miles de personas cumpliendo cadenas perpetuas por delitos no violentos. Dicho informe reflejaba que el 14% del total de la población reclusa había cumplido condenas lo suficientemente largas y su liberación supondría muy poco riesgo para la seguridad pública. Otro de los aspectos destacados, el hecho de que aproximadamente el 80% de los presos son adictos a las drogas o tienen enfermedades mentales. Muchos más de los que hay en centros y hospitales para personas que padecen este tipo de enfermedad. Como hemos visto en el capítulo referente a las personas sin hogar, la calle o las rejas son el principal destino de aquellos que viven en una nación que concibe las afecciones mentales –que en muchos casos suponen que el sujeto no pueda producir y, lo que es peor, ni siquiera pueda cuidar de sí mismo– como una responsabilidad puramente individual. Volviendo al estudio, en materia económica, el Centro Brennan para la Justicia estima que la excarcelación de los reclusos innecesariamente privados de libertad supondría un ahorro de casi 20 mil millones al año. Una suma, tal y como apunta el trabajo, similar al presupuesto anual de la NASA o de las ciudades de Los Ángeles y Chicago combinadas. Lo suficiente para emplear a 327 mil maestros de escuela, financiar la carrera universitaria de dos millones de personas o, si no se quiere salir del ámbito carcelario, emplear a 360 mil agentes de libertad condicional.

El crimen de ser pobre en el capitalismo

Sha Stepter no sabía que era libre cuando acabó su pena. Llevaba una semana fuera de la condicional y nadie se lo había dicho.

Estuve llamando a mi oficial, no me devolvía la llamada. Al cabo de unos días, cuando pude localizarle, me dio una respuesta vaga, como que no figuraba en el sistema informático. Cuando colgó fue básicamente un no me llames más. Así que tuve que ponerme en contacto con la división de operaciones de libertad de adultos para averiguar cuál era mi estado. Ellos fueron los que finalmente me dijeron mi fecha de alta, una semana antes de que mantuviésemos esa conversación. Es decir, una semana más de estrés y de incertidumbre cuando ya tenía mi cuenta saldada. Esto, que puede parecer anecdótico, es un ejemplo de cómo funciona y nos trata el sistema, de la ausencia de asistencia de ningún tipo. No me di cuenta de lo agotador que ha sido para mí hasta que ha terminado.

No son pocos los analistas e incluso los investigadores que han intentado hacer una llamada de atención sobre el mayor sistema de privación de libertad de nuestro presente intentándolo comparar con el archipiélago gulag. El paralelismo siempre desata la ira y la oposición más ferviente de la intelectualidad occidental. Le pregunto a Eugene Puryear, autor e investigador sobre encarcelamiento masivo en Estados Unidos:

Definitivamente, no es exagerado. En todo caso y honestamente, no es suficiente. Históricamente la Unión Soviética ha sido y es brutalmente criticada. Mientras, ahí tienes a Estados Unidos, con cientos de miles de personas en confinamiento en solitario, que, según las propias Naciones Unidas, es una forma de tortura, y la imagen de este país no parece resultar afectada a escala internacional. Es más, esto no impide que Washington hable sobre las prácticas carcelarias en otros países. Su poder y su control de la narrativa global son tan extremos que, pese a los niveles de miseria humana que ostenta, es capaz de evitar las críticas.

En el fondo de la cuestión está lo siguiente: la aceptación global de que la privación de la libertad por ideología es deleznable. Sin embargo, no existe la ira ni la condena cuando las causas profundas de la misma son la pobreza; es decir, la penalización del sujeto que busca sobrevivir en el sistema capitalista sólo se entiende desde el punto de vista material y, por lo tanto, se normaliza, pese a que, en realidad, esa aceptación sea profundamente ideológica. Resume Puryear:

La pobreza está esencialmente criminalizada. Esto se puede ver de manera muy directa; por ejemplo: alguien tiene hambre, roba y es arrestado. Esto es obvio. Sin embargo, también sucede de forma indirecta. Incluso los crímenes más atroces, los asesinatos, mayoritariamente no son aleatorios. Mucha gente no lo sabe, pero la mayoría de ellos, en este país, están relacionados con pandillas y drogas, que, a su vez, ¿con qué están relacionadas? Por un lado, con tratar de obtener ingresos en la economía ilegal, sobre todo en muchas comunidades de clase trabajadora, especialmente afroestadounidenses, afectadas por la desinversión pública. Por otro, hay que tener en cuenta que el encarcelamiento masivo también impacta sobremanera a las familias, desintegrándolas. Todos estos factores llevan a muchos jóvenes a buscar aceptación y a acabar en estas organizaciones conocidas como pandillas. Estas son las consecuencias sociales del capitalismo. En un contexto en el que básicamente no puedes encontrar una estabilidad o un empleo decente con capacidad para formar una familia, y donde el acceso a la violencia es muy fácil, los individuos construyen su identidad y su sentimiento de pertenencia de esa manera.

«No recuerdo nada positivo de mi vida», asegura Stepter. Su testimonio es un claro ejemplo de las cientos de miles de historias condensadas entre los muros de cemento de las cárceles estadounidenses: «Fui criado por una madre soltera, que también pasó algún tiempo en prisión. Tengo otros cuatro hermanos. Entonces, ya sabes, nunca tuve como referencia un estilo de vida legal; crecí viendo mucho crimen y yo creía que estaba bien, así que empecé a vender drogas cuando era adolescente para sobrevivir. Creo que mi día a día tuvo un papel definitivo y se puede establecer una conexión directa de por qué acabé en una prisión.» Si bien no existe una edad mínima específica de responsabilidad penal, Naciones Unidas recomienda a sus miembros que no sea inferior a los catorce años; sin embargo, hasta en 29 estados estadounidenses es legal procesar a niños de cinco años. Así, se calcula que en 2017 los tribunales tramitaron más de 138 mil casos de menores y, aunque la mayoría de los encarcelados acaban en prisiones juveniles, miles son encerrados en cárceles para adultos. Según organizaciones especializadas, muchos de ellos son condenados a confinamiento en solitario, a menudo de hasta 22 o 24 horas diarias, y expuestos a violencia física y sexual. Por si fuera poco, dichas ONG y grupos pro derechos humanos recuerdan que Estados Unidos es el único país del mundo donde se condena a niños y jóvenes a cadena perpetua, es decir, a morir encerrados por un delito que cometieron cuando su cerebro y su capacidad de raciocinio todavía estaban en formación, pese a la oposición del derecho internacional y pese a diversas sentencias del propio Tribunal Supremo en contra.

Organizaciones especializadas calculan que los niños nacidos en los hogares situados en el 10% inferior del espectro social de ingresos tienen 20 veces más probabilidades de acabar en prisión en sus primeros 30 años de vida que los nacidos en el 10% más rico. Cuanto más pobres sean tus padres, más posibilidad de acabar encerrado. Así, dos tercios de los detenidos en las cárceles reportan ingresos anuales menores o iguales a 12 mil dólares previos al arresto. Las personas que ingresan en el sistema son abrumadoramente pobres y la penalización que supone la entrada en prisión los aboca a una espiral de miseria. Barreras laborales posteriores, deudas provocadas por multas delictivas, imposibilidad de acceso a programas sociales, como los cupones de alimentos o ayudas a la vivienda. El 60% de las personas encarceladas permanecen desempleadas un año después de su liberación. La petición de un informe de verificación de antecedentes penales es algo más que rutinario para la obtención de un trabajo de cualquier tipo, incluso empleos de un par de horas. En un contexto en el que uno de cada cuatro adultos estadounidenses los tiene, el lastre de familias y comunidades enteras es destacable. La reducción de los ingresos del individuo a veces dura toda la vida y numerosos estudios demuestran cómo incluso impacta en generaciones posteriores. No en vano, existen investigaciones que concluyen que la pobreza podría reducirse hasta en un 20% si las tasas de encarcelamiento se redujeran.

Lo dramático de estas consecuencias es que afectan no sólo a personas culpables de cometer un delito, sino a un ingente número de inocentes por el mero hecho de ser pobres. Según la organización Prison Police Initiative, un día cualquiera en Estados Unidos más de medio millón de personas están encerradas sin haber sido juzgadas, la mayoría por no poder pagar la fianza establecida antes del juicio. En el caso de los delitos considerados graves, la media está en los 10 mil dólares, o, lo que es lo mismo, ocho meses de salario del detenido promedio. Cabe destacar, no obstante, que el 25% de la población carcelaria diaria está a nivel general entre rejas por cometer delitos menores, como cruzar la calle imprudentemente, sentarse en una acera o acampar porque no se tiene un hogar en el que vivir. Sentencia la organización Equal Justice Under Law que:

Actualmente tenemos dos sistemas de justicia: uno para los ricos y otro para todos los demás. Para cientos de miles de detenidos cada año, la diferencia entre la libertad y la cárcel depende únicamente del estado de riqueza. Una persona rica puede comprar su libertad antes del juicio, conservar su trabajo y vivir en casa mientras prepara su defensa. Un arrestado que es pobre debe permanecer en la cárcel durante días, semanas, meses o años hasta que su caso se resuelva.

Es decir, los ingresos son, hoy por hoy, el factor determinante en Estados Unidos a la hora de esperar justicia en una celda o en casa. Eugene Puryear lo explica así:

Si partimos de la base de que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, el sistema de fianzas en este país es notablemente injusto. Aun cuando no se ha demostrado que has cometido ese crimen, yo, siendo juez, puedo decidir unilateralmente que no mereces ser liberado. Sin embargo, ¿cómo puedes asegurar que ese sujeto será menos peligroso en función de lo que pueda pagar? DC, la capital, es un buen ejemplo de este sinsentido, porque es uno de los pocos sitios que no pide fianza en efectivo. Pues bien, está demostrado que son menos del 1% los casos de personas que, liberadas antes del juicio, han vuelto a cometer un delito violento. Casi nunca sucede que la gente haga algo. El sistema de fianzas en este país en realidad está basado en suposiciones racistas y clasistas.

El distrito de Columbia también está entre la decena de estados que ponen a disposición de los acusados en situación de indigencia un abogado en la comparecencia inicial, pese a que según la Corte Suprema debería ser un derecho universal amparado por la Constitución. En este sentido, un estudio de Baltimore reveló que la estadía media en prisión variaba de dos a nueve días en función de si el individuo estaba representado legalmente. Sin embargo, como se apunta, esto es excepcional. En general, los estados y Gobiernos locales mantienen o encierran a quienes no pueden pagar sus deudas con la justicia penal, pese a la inconstitucionalidad de la medida. Por si fuera poco, la estadía en la cárcel no es gratuita. En cuatro de cada cinco estados, las prisiones cobran a los encarcelados alojamiento y comida, y las llamadas a casa salen a dólar por minuto. Según la organización Prison Policy Initiative, más de un tercio de las familias de los reos se endeuda para cubrir los costes telefónicos y las visitas, por lo que resulta imposible para las mismas ayudar en el pago de las fianzas. Teniendo en cuenta que los allegados suelen ser la única opción que tienen los prisioneros a la hora de poder hacer frente económicamente a sus penas, las deudas acaban con ese recurso en la mayoría de los casos.

Si bien Alabama tiene el dudoso honor de acoger el sistema carcelario con las mayores tasas de hacinamiento de Estados Unidos, la muy admirada California no se queda atrás, pese a que en el año 2011 el Tribunal Supremo determinó que sus cárceles estaban tan superpobladas que violaban la prohibición constitucional relativa a castigos crueles e inusuales. Tres años después, el estado acordó reducir su población liberando a los presos no violentos, con sólo dos delitos graves y que ya hubiesen cumplido la mitad de la condena. Una solución política, a todas luces razonable, para hacer frente a una flagrante violación de los derechos humanos según la Constitución. Pese a ello, la oficina de la fiscal general se opuso. Entre los argumentos esgrimidos estaba la pérdida de fuerza laboral en las cárceles, donde dichos reos cobraban salarios de ocho a 37 centavos la hora según el diario Los Angeles Times. También la dificultad para reemplazar tal cantidad de presos en un programa de lucha contra incendios forestales. Al frente de la fiscalía, para quienes aún no lo hayan adivinado, la vicepresidenta de Joe Biden, Kamala Harris, quien posteriormente dijo desconocer el asunto para básicamente echarle la culpa a sus trabajadores. Una de las políticas de aquel tiempo, que sí es marca Harris y de la que no sólo no reniega, sino que públicamente se muestra orgullosa, es la de un programa de castigo con prisión para los padres que no llevasen a sus hijos a la escuela, algo que, como ya se ha apuntado en el epígrafe referente a la educación (capítulo I, pp. 32-44), sucede mayoritariamente entre familias desfavorecidas. Así, por obra y gracia de soluciones punitivas, apoyadas por el icono pragmático progresista para muchos medios de comunicación masivos, se ha llegado a sentenciar a 180 días de cárcel a una madre debido a la no asistencia de sus dos hijos a más de un 10% de las clases en el periodo de un año. Utilizar el sistema de justicia penal para combatir el analfabetismo, ahogando a dichas familias aún más en la espiral de pobreza, no parece la mejor solución, teniendo en cuenta aquello que exponen las víctimas de estos castigos. Volvamos al estudio del Centro Brennan:

Ha quedado claro que no es necesario almacenar tantos presos durante periodos de tiempo tan prolongados. En cambio, el año pasado la mitad de todos los delincuentes en prisiones federales fueron condenados a más de 10 años […] Si bien existe alguna relación entre el aumento del encarcelamiento y la reducción de la delincuencia, en cierto punto, encerrar a más personas no es un método eficaz de control del delito, especialmente cuando encarcelar a una persona cuesta 31 mil dólares al año.

¿Por qué, entonces, mantener el sistema? La respuesta ni es única, ni es sencilla, ni es corta. Sin embargo, todos los argumentos brotan de la misma semilla: la mayoría de los que están dentro lo están porque privados de libertad son más productivos. Por un lado, tal y como se ha expuesto, por encima de todo está el hecho de utilizar el máximo castigo como solución a problemas derivados de un Estado autoeximido de afrontar desigualdades económicas y culturales mediante instrumentos y reformas de carácter social. Otro de los motivos, esgrimido de manera recurrente por el sector más izquierdista estadounidense, es la industria del encarcelamiento. Tal y como se expone en el epígrafe referente a la inmigración (capítulo II, pp. 123-140), no son pocos los bolsillos privados que se están llenando a costa de los beneficios que supone la externalización de este encarcelamiento masivo por parte del Estado. No obstante, valdría destacar que, en 2016, sólo el 8,5% de los encarcelados por delitos no migratorios estaban en prisiones privadas. Un fenómeno todavía menor, pero que está creciendo de forma exponencial: desde el año 2000, el número de personas alojadas en este tipo de cárceles aumentó cinco veces más rápido que la población carcelaria total. En el caso de la inmigración, un 442%. Así lo resume Puryear:

Es un gran problema porque, cuando comenzó el encarcelamiento masivo, en realidad ese negocio era prácticamente inexistente, pero a finales de los ochenta, con toda esa gente encerrada, la industria simplemente explota y, lo que es peor, el problema trasciende de las prisiones privadas. Dichos centros están subcontratándolo todo. Es decir, la comida, la lavandería, todo lo que puedas imaginar, y, por tanto, se está generando un mercado enorme, así como puestos de trabajo, cuya base es mantener una enorme masa de individuos encerrados a cualquier precio.

Trabajadores presos

Precisamente, otro motivo en el que detenerse es el de la explotación entre rejas. Este libro trata en buena parte sobre neoesclavitud. Si hay un lugar donde la sacrosanta Constitución la ampara es tras los muros de una cárcel. La decimotercera enmienda del texto sobre el que reposa la patria estadounidense fue aquella encargada de abolir oficialmente y prohibir la esclavitud. Ratificada en 1865, puso punto final de manera oficial a la servidumbre involuntaria, todavía legal en un puñado de estados. Aunque las leyes Jim Crow y la segregación racial continuaron décadas después creando subciudadanos, cuyas consecuencias y efectos perduran en la actualidad, no es de recibo destacar que dicha enmienda recoge un pero. Este es el texto de la sección primera: «Ni en Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto». Es decir, la esclavitud todavía es legal si eres preso. «La enmienda simplemente la integró dentro de nuestro sistema judicial. Los presos estamos obligados a trabajar.» Philip Melendez es exreo y en la actualidad jefe de programas de la ONG Restore Justice. Explica de esta forma el proceso:

Una vez que pasas por la cárcel del condado, vas a un centro de recepción. Desde allí te evalúan e ingresas al sistema penitenciario, en mi caso fue el de California. En ese momento eres elegible para recibir un trabajo en función de la disponibilidad y en si tienes o no restricciones de carácter físico. Así que, mientras estás sentado, viene el CEO y te asigna un grupo de trabajo, y te dice: estas son tus horas, lo hayas solicitado o no, y si no te presentas recibes una infracción de las reglas. En el caso de haber adquirido privilegios penitenciarios, puedes perderlos. En el caso de fallas múltiples, puedes acabar básicamente en confinamiento en solitario, incluso por un trabajo que ni quieres ni pediste. Así que, básicamente, te obligan a trabajar. Por eso lo más inteligente es solicitar el trabajo que más te convenga u ofrecerte como voluntario si tienes esa opción.

En algunos casos la reconversión de la antigua esclavitud es tan trágicamente tosca que existen antiguas plantaciones que en la actualidad son cárceles. Un ejemplo es la de Angola, en Luisiana, donde los cultivos, trabajados por presos mayoritariamente afroamericanos bajo un sol abrasador y la atenta mirada de agentes blancos montados a caballo, muestran en la actualidad una estampa prácticamente idéntica a lo que sucedía hace más de un siglo, salvo por las camisetas de los jinetes, donde se lee «oficial del correccional», y el descanso nocturno de los esclavos tras barrotes de hierro, vigilados por modernas torres de control. En otros casos, el sistema se ha pervertido hasta límites insospechados para tratar de normalizar este remanente de esclavitud. Pruyear recuerda de manera anecdótica cómo, ya hace un par de décadas, grandes empresas como Microsoft, ante las críticas de los consumidores por el hecho de que los trabajadores de sus call centers «no sonaban lo suficientemente estadounidenses» (muchas de estas compañías habían externalizado el servicio a países como India), decidieron que la mejor opción para seguir reduciendo costes recuperando el inglés americano, y sin tener que garantizar derechos laborales, era trasladarlos a las prisiones. McDonald’s, Target, IBM, Whole Foods, Boeing, Walmart, Victoria’s Secret, Starbucks, British Petroleum, Macy’s, Nintendo…, la lista de multinacionales y grandes corporaciones que se han servido de la letra pequeña de la decimotercera enmienda es abultada. Si bien los reos no están excluidos de la definición de empleado en los estatutos de protección de los trabajadores, en los pocos casos en los que un encarcelado ha osado demandar a sus empleadores en prisión –para cumplir leyes relativas al salario mínimo o a las condiciones laborales–, la justicia ha dictaminado que la relación entre el penitenciario y el recluso no es económica y que, por lo tanto, dicha protección no existe.

No obstante, el fenómeno en las corporaciones es relevante, sobre todo desde el punto de vista moral, más que del económico. Un informe de la organización Prison Policy califica como mito que las prisiones sean masivas fábricas con rejas, puesto que calcula en menos de un 1% la población reclusa empleada directamente por empresas privadas. Sin embargo, insiste en que la mayoría de la servidumbre laboral reclusa está al servicio de los trabajos que generan las propias cárceles; empleos que en algunos estados ni siquiera están pagados, lo que supone que el verdadero coste de administrar el masivo encarcelamiento ciudadano sea mucho menor. Otra de las aristas es la sustitución por reos de fuerza laboral que debería ser contratada por el estado, sobre todo en el sector servicios e incluso en la mayor máquina alimentada por dinero público en Estados Unidos: el ejército. Pruyear finaliza comentando que:

Lo último que diré sobre el trabajo penitenciario es que, como todo, tiene una conexión profunda con el imperialismo. En las cárceles federales se cosen uniformes militares, los kits electrónicos de algunos aviones y misiles de Raytheon están hechos por prisioneros… A menudo les pagan 23 centavos la hora y están obligados a hacerlo. Básicamente están poniendo a la gente en condiciones de trabajos forzados para apoyar la maquinaria militar estadounidense.

El 10 de septiembre de 2020, una enorme mancha de color marrón sobre los estados de Oregón y California era claramente visible en una imagen tomada por uno de los satélites Sentinel-3. Un centenar de incendios a lo largo de la costa oeste del país cubría de neblina ciudades como Los Ángeles, empeorando la calidad del aire de todo Estados Unidos. La temporada terminó con casi 10 mil incendios, la cantidad más grande registrada en la historia moderna de California. Ya a finales de agosto, la fotografía de unos bultos naranjas desparramados a lo largo de una carretera forestal junto a un camión de bomberos se hacía viral en redes sociales. Eran presos exhaustos física y psicológicamente de combatir las llamas. Más de mil individuos privados de libertad, según diferentes informaciones durante esos meses; una cuarta parte del contingente destinado normalmente, que podía llegar hasta el 40% de la fuerza laboral total en la lucha contra el fuego. En 2020 se encontraron con que el coronavirus había esquilmado las filas de los reos voluntarios y tuvieron que solicitar ayuda a países como Australia. No en vano, el estado lleva dependiendo de los presos para combatir los incendios forestales desde hace ocho décadas, a través de un programa estatal que, según diversas informaciones, supone el ahorro de decenas de millones de dólares de dinero público.

El principal motivo que empuja a los reos a arriesgarse son reducciones de condena, ya que la recompensa económica es tan mínima que tan sólo aumenta en un dólar la hora adicional en caso de estar en primera línea de fuego. Preparados en un curso de unas tres semanas, la experiencia ni siquiera les valdrá para ser contratados al ser ciudadanos libres, debido a que el curso oficial es de al menos tres años –el sueldo es hasta 10 veces más de lo que obtuvieron enfundados en el mono–. Apunta Meléndez que:

Cuando salen tienen prohibido convertirse en bomberos debido a problemas de licencias, especialmente en California. Es decir, hay ciertas licencias que no puedes obtener, como ser abogado. Hay muchos que se convierten en asistentes legales porque en realidad no pueden ser abogados reales. En algunos casos tampoco pueden ser médicos. Hay ciertas ocupaciones de las que estamos vetados por el mero hecho de haber cometido un crimen, no importa cuándo. Entonces la pregunta es: ¿de verdad queréis que volvamos a casa? Queremos ser ciudadanos productivos, pero no es nada fácil.

Las restricciones pueden llegar a ser tan extremas como la negativa a ostentar una licencia para ser peluquero o taxista. En Estados Unidos hay sujetos que nunca serán libres, pese a haber saldado su deuda con la justicia.

«Estás ahí arriba, destrozado y castigándote por poco dinero, pero puedes salir y ver el bosque. ¿Sabes a lo que me refiero? Supongo que no, pero para mí lo realmente importante era poder ver eso. Cuando era más joven, alguna vez me llevaron a un bosque nacional y poco más. Entonces, estar en prisión e ir a incendios, y ver cosas que jamás había visto en mi vida, ese era el beneficio.» «Es un trabajo durísimo, pero puedo decir que al final cambió mi vida.» Lawrence y Joshua están tan compenetrados que, desde el otro lado del teléfono, es prácticamente imposible en ocasiones reconocer quién dice cada frase. Son exconvictos, compañeros de penal y ahora socios. Ambos participaron en uno de los programas de extinción de incendios para reos y, a su salida, decidieron montar su propio negocio de limpieza forestal, con el suficiente éxito como para mantenerse ellos y, en ocasiones, contratar a otros empleados. Son humildes respecto a la clave de su triunfo: el trabajo es tan duro, agotador y peligroso que siempre hay carencia de estos servicios, sobre todo en una nación con recortes permanentes en ese sector y teniendo la voluntad de viajar de un lado a otro. «Cuando hay huracanes también nos desplazamos a zonas afectadas. En realidad no lo vemos como nuestro trabajo sino como una manera de volver a ser útiles en esta sociedad. Teniendo en cuenta nuestras vidas, las experiencias por las que hemos pasado, la sensación que nos deja la ayuda que prestamos hace que nos olvidemos del sacrificio que supone. Amamos lo que hacemos.»

En los últimos años una tímida tendencia a la baja en el número de encarcelamientos a nivel nacional ha supuesto el inicio de una narrativa política y mediática en la que se empieza a hablar de la masiva privación de libertad ciudadana en Estados Unidos en pasado. En un país cuya saturación informativa y de permanente defensa del mito contribuye a una amnesia generalizada, no está de más recordar los siguientes datos: la tasa decreciente anual es todavía de alrededor de un 1%. A este ritmo, se necesitarían casi 75 años para volver a los números existentes en el año 1985. Para hacernos una idea de la magnitud del monstruo, había menos población carcelaria en 1970 que el total actual de personas cumpliendo cadena perpetua, es decir, condenados a morir privados de libertad.

Un país sumido en una espiral de violencia

El silencio de los barrios al sudeste de Washington DC es notable en contraste con el del centro. Salvo las calles de acceso a las carreteras y los puentes que conectan con el corazón de la capital, siempre atiborrados de tráfico y humo, por lo general hay muy poca circulación humana, a excepción de puntos concretos de reunión de vecinos que prefieren huir de la pobreza constante compadreando con quienes también tienen mucho tiempo al que mirar pasar. La mayoría de esos puntos se concentran cerca de las escasas tiendas de comestibles y menaje bautizadas con un «market» o las licorerías con algunos productos de alimentación. Una de ellas es el Holiday Market, situado muy cerca de la frontera con el estado de Virginia. 16 cámaras de seguridad vigilan el pequeño comercio, muy concurrido a la hora de la salida del colegio por madres, padres y niños de la comunidad. En enero de 2020, la sección local del diario The Washington Post le dedicaba un reportaje, intentando reflejar el ambiente de un lugar a priori sin encanto. El motivo: en siete meses se habían cometido dos asesinatos. El titular eran las palabras del dueño, Semere Abraha, inmigrante que había huido de la guerra en el Cuerno de África hacía 15 años: «Aquí, la vida es barata». 12 meses después, a 10 minutos en vehículo al norte de ese punto, el bebé de quince meses Carmelo Dunkan moriría acribillado a balazos mientras estaba sentado en su sillita dentro del automóvil de su padre. Su hermano, de ocho años, saldría indemne de milagro. A los pocos días, una vigilia de los vecinos rendiría homenaje al pequeño, con la tristeza permanente y la ausencia de rabia para quienes la pérdida de vidas a edades tempranas es un fenómeno cotidiano. Sólo en esa zona, en tan sólo un año, se habían registrado 13 homicidios. En 2020 se batirían todos los récords en Washington DC, con las cifras más altas en 15 años. Cabe destacar que, en general, los niveles de violencia llevan años aumentando: más allá de los homicidios, las muertes por armas de fuego alcanzaron en 2017, en todo el país, su nivel más alto en cuatro décadas.

Estados Unidos es una sociedad extremadamente violenta. Según el centro de derecho Giffords, unos 38 mil estadounidenses mueren por violencia armada al año, lo que da una media de 100 al día. Con unos 400 millones de armas en circulación, es, de lejos, el país del mundo con mayor número por cabeza y ni siquiera es comparable con las naciones que puedan seguirle en tan macabro ránking. Si nos centramos en aquellas de altos ingresos, los estadounidenses tienen 25 veces más probabilidades de morir en un homicidio por armas de fuego. Así, la práctica totalidad de los estadounidenses conoce o conocerá a una víctima de la violencia armada y más de un millón de estadounidenses ha sido disparado en la última década. Dicha violencia, como hemos visto con el caso del pequeño Dunkan, es, para muchos, cotidiana desde el nacimiento. Las armas son la segunda causa de muerte entre los estadounidenses menores de dieciocho años, tan sólo por detrás de los accidentes de tráfico.

En la trastienda de una boutique de semilujo, dos modistos se afanan en terminar algunas piezas. A simple vista, nadie diría que el pequeño local en el municipio de Frederickstown, Virginia, alberga el primer proveedor estadounidense de moda de alta gama a prueba de balas. Los dueños son dos estudiantes que acabaron por hacer real un proyecto universitario, pasando de vender un traje antibalas tipo James Bond cada dos meses a facturar cientos de camisetas sólo en un mes. Al preguntarles por ejemplos de clientes, lo primero que mencionan son contratos de tipo gubernamental y gente con mucho dinero; lo segundo, profesores que demandan chaquetas antibalas para salir al recreo y padres que piden mochilas antibalas para sus hijos. «Estamos diversificando el negocio», aseguran. No obstante, ni siquiera hace falta acudir a este tipo de comercios. Cada inicio de curso, entre los dilemas de la vuelta a la escuela, que llenan las conversaciones a la par que los carritos en los supermercados Walmart, está optar o no por bolsas escolares tradicionales u otros modelos más caros que protejan de las balas. Según un informe de la organización Everytown for Gun Safety, revisado a enero de 2021, en los últimos siete años se habían registrado 167 incidentes con armas de fuego en recintos escolares, entre ellos, tres tiroteos masivos. El resultado: 301 víctimas, 88 muertos y 213 heridos. El 35% de esas muertes y el 15% de los baleados y heridos ocurrieron durante tiroteos masivos. Si bien estos episodios son raros en comparación con la violencia diaria que impregna la nación, son lo suficientemente trágicos como para atraer la atención mediática y disparar aquello que se conoce como debate público sobre las armas. En realidad esto último no existe.

El 24 de marzo de 2018 se celebró en la capital la March for Our Lives, una de las mayores protestas lideradas por jóvenes desde la Guerra de Vietnam. Se estima que participaron sólo en esa manifestación entre 200 y 800 mil personas. Teniendo en cuenta que hubo otros 880 eventos de apoyo por todo el país, se considera una de las movilizaciones más masivas de la historia de Estados Unidos y el movimiento contra las armas más importante de los últimos tiempos. Todos los oradores, estudiantes en su mayoría supervivientes de tiroteos, contaron con un apoyo masivo de carácter mediático y político –sobre todo demócrata–. Con semejante respaldo, cabría pensarse la persecución de objetivos medianamente ambiciosos. Nada más lejos de la realidad. Verificación de antecedentes a la hora de vender armas, subir la edad federal de posesión de estas a los veintiún años, restaurar una prohibición federal de 1994 para las armas de asalto y los bump stocks, un mecanismo por el cual las semiautomáticas pueden funcionar como si fueran automáticas del todo. Ya. Esos fueron los principales reclamos. Bastante lejos de cuestionar el origen mismo de algo a lo que llaman cultura, pero que es intrínseco a la nación y a su sistema.

Volvamos a los datos. Si bien poco más del 60% de los fallecimientos por armas son suicidios, es decir, que puede establecerse cierta correlación con las llamadas muertes de la desesperación, más de uno de cada tres son homicidios. De estos, la mitad de las víctimas son hombres afroamericanos, pese a representar menos del 7% de la población total. Un lector hábil podría pensar que es fácil establecer la causa-efecto entre pobreza y violencia armada y, por tanto, la culpabilidad de un sistema basado en el castigo a los más desfavorecidos y el premio a quienes les hace falta. Sorprendentemente (o no), no fue hasta diciembre de 2019 cuando por primera vez se publicó un estudio completo que vinculaba la relación de las condiciones sociales y económicas con la violencia armada en Estados Unidos. «La violencia armada ha alcanzado proporciones epidémicas y es una crisis de salud pública […] Entre 2001 y 2013, las lesiones por armas de fuego se cobraron más vidas que el número combinado de estadounidenses muertos por la guerra, el sida, las sobredosis de drogas ilegales y el terrorismo», explicaba el propio autor en una entrevista sobre los motivos que le habían impulsado a realizar su investigación. Entre los resultados más destacados: el descubrimiento de que «un aumento en los niveles promedio de movilidad social intergeneracional –el famoso, pero cada vez más inexistente, ascensor social– estaba relacionado con una disminución del 25% en las tasas de homicidio con armas de fuego en los vecindarios». Si bien la brecha entre ricos y pobres suponía tasas de homicidio un 8% más altas, lo verdaderamente significativo era, entre otras cosas, los niveles de gasto en bienestar público. A mayor inversión pública, la investigación arrojaba una tasa de homicidio en dicho vecindario un 14% menor. De este modo, Daniel Kim, el autor del estudio, destacaba lo siguiente:

Si bien los hallazgos de este estudio no establecen relaciones de causa y efecto, las intrigantes relaciones que encontré sugieren algunos impulsores sociales clave de la epidemia de violencia armada. Estos determinantes sociales son cosas que pueden modificarse mediante políticas sociales y económicas. Por ejemplo, las políticas que hacen que la universidad sea más asequible para las personas de bajos ingresos podrían elevar los niveles de movilidad social. Los niveles de desigualdad de ingresos también podrían reducirse mediante políticas que aumenten los impuestos a los ricos, algo que he explorado anteriormente en mi investigación. Las políticas fiscales que redistribuyen aún más los ingresos a los hogares de bajos ingresos podrían reducir adicionalmente la pobreza, que en mi estudio se asoció con una tasa de homicidios por armas de fuego en el vecindario un 27% más alta […] No exploré por qué cada uno de estos factores podría tener un efecto en los homicidios con armas de fuego. No obstante, existen hipótesis plausibles que respaldan cada una de estas relaciones. Por ejemplo, en comunidades que tienen bajos niveles de confianza en las instituciones, como la policía, las personas pueden optar por tomar la ley con sus propias manos y recurrir a conductas delictivas, incluido el homicidio. Los estudios futuros serían útiles para seguir explorando estos mecanismos.

Represión policial

El capítulo se iniciaba destacando los importantes niveles de violencia de la capital en el año 2020. Sin embargo, el fenómeno no fue anecdótico. Otras ciudades como Nueva York, San Luis, Filadelfia o Atlanta experimentaron aumentos en la tasa de homicidios con porcentajes situados alrededor del 40%. Teniendo en cuenta lo expuesto a tenor del estudio de Kim, los motivos para tal elevado nivel de vidas segadas varían en función de los expertos. Lo que para ninguno fue innegable fue la curva ascendente de violencia tras el fin de los cierres por la pandemia, sobre todo a finales de la primavera y el verano, situándose el pico durante los meses de protestas contra la brutalidad policial y por la justicia racial. Cabe poner de manifiesto, no obstante, que los homicidios no fueron dentro de dichas reivindicaciones, sino en paralelo. Es decir, mientras se registraba semejante aumento de la violencia común, el Gobierno se dedicaba, entre otras cosas, a lanzar la Operación Leyenda. Esto supuso el despliegue de la Guardia Nacional en diferentes puntos del país que, junto con la policía, se dedicaron a perseguir y reprimir de forma extrema las manifestaciones que precisamente pretendían condenar la brutalidad policial y el racismo institucional. Frente a una ola de protestas que ha llegado a ser calificada como el mayor movimiento reivindicativo de la historia de Estados Unidos, la policía respondió con una espiral de violencia que dejó al menos 25 fallecidos, entre mil y dos mil millones de dólares en daños y saqueos, más de 400 heridos, más de 14 mil arrestos sólo en las marchas relacionadas con la muerte de George Floyd o la dimisión de los jefes de policía de al menos 16 grandes ciudades. Mientras esto sucedía, la delincuencia común, aquella que no parece preocupar al establishment, se disparaba. Pese a la espectacularidad de las imágenes y a la insistente estigmatización de los manifestantes por parte de Donald Trump, para así presentarse como el presidente de la «ley y el orden» ante sus seguidores, políticos, electorado republicano en general y medios afines, diversos análisis demostraron que la mayor parte de dichas reivindicaciones, en las que participaron entre 15 y 26 millones de personas dependiendo de la fuente, transcurrió en paz.

Según un informe elaborado por US Crisis Project, en el que participó la Universidad de Princeton recopilando y analizando datos en tiempo real sobre manifestaciones, aproximadamente el 93% de las protestas por la justicia racial desde la muerte de Floyd fueron pacíficas. A pesar de ello, los autores detectaron que, cuando las autoridades intervinieron en algunas (el 9%), hicieron uso de la fuerza e instrumentos como gas lacrimógeno, balas de goma o gas pimienta en más de la mitad. Esto supuso un aumento de las tensiones y, en último lugar, de la violencia. Pongamos como ejemplo Oregón: «Antes del despliegue, más del 83% de las manifestaciones eran no violentas. Después del despliegue, el porcentaje de manifestaciones violentas ha aumentado de menos del 17% a más del 42%, lo que sugiere que la respuesta federal sólo ha agravado los disturbios», aseguraron los autores. Dejando a un lado el hecho de que los autores también detectaron una mayor incidencia de actos violentos en los casos en los que se celebraron contraprotestas, con la aparición de actores no estatales como milicias, grupos y movimientos como antifa, Proud Boys, Boogaloo Bois y el Ku Klux Klan, en general, la fuerza que desencadenaría la violencia principalmente vino de aquellos que, teóricamente, debían restaurar el orden. Paradójico, o más bien revelador, teniendo en cuenta que el objetivo era protestar contra la brutalidad de estos mismos. «Estos datos revelan que Estados Unidos está en crisis», concluyeron los autores del informe: «Se enfrenta a una multitud de riesgos concurrentes y superpuestos, desde el abuso policial y la injusticia racial hasta los disturbios relacionados con la pandemia y más allá; todos exacerbados por la creciente polarización».

Lejos de atajar semejante estallido social con políticas de contenido social y reformas de calado, siguiendo el mantra del castigo y la violencia extrema como solución a las desigualdades sistémicas, el Estado se armó hasta los dientes. Según un análisis de Bloomberg, desde finales de mayo de 2020 hasta mediados de agosto las agencias federales, las cuales en principio no entran en competencias relacionadas con la dispersión de multitudes, reforzaban su arsenal de material de tipo antidisturbios. Si la línea de contención policial falla ante el descontento, no se preocupen, activaremos un nivel superior. Así, el Departamento de Justicia, el de Seguridad Nacional y otras agencias, que no son ejército y que no están diseñadas para el control de disturbios, pagaron al menos 28,6 millones de dólares por equipos no letales, un aumento del 114% respecto al mismo periodo del año pasado. Por poner un ejemplo concreto, el Departamento de Seguridad Nacional gastó más de 9,3 millones en equipos de aplicación de fuerza menos letal, como armas Taser. La compra fue tan importante que la empresa fabricante aumentó su valor en el mercado hasta en seis mil millones de dólares desde que comenzaron los disturbios. También adquirieron un producto láser llamado Helios y que pertenece a una línea en un principio diseñada para el ejército en Iraq y Afganistán. En cinco meses, Washington DC tendría una zona verde y roja a lo Bagdad.

Una explanada nacional prácticamente vacía, tradicionalmente corazón de la expresión de grandes manifestaciones o eventos patrióticos, recibía a cualquiera que intentase acceder al centro de la capital de Estados Unidos a una semana de la toma de posesión de Joe Biden. Trabajadores, en su mayoría latinos, se afanaban por levantar todo tipo de vallas alrededor de las calles y edificios. De vez en cuando, como en una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, una torre de comunicaciones tipo militar se alzaba en lugares tan insospechados como cerca del museo de historia afroamericana. Al llegar a la plaza de la Libertad, un nutrido contingente de militares pasaba el rato arma en mano. Uno de ellos, más relajado, fumaba un cigarrillo con el personal de seguridad de uno de los hoteles de la zona que estaba protegido por grandes tablones de madera. Obstáculos de cemento a modo de barricada se situaban ante el Centro Nacional de Prensa, lugar donde muchos medios albergan despachos y estudios. Un paseo por otro punto de la ciudad daba cuenta de la fuerte presencia militar en lugares estratégicos del mismo tipo, como la sede de la cadena CNN. Marquesinas de autobuses con pantallas luminosas ofreciendo recompensas por parte del FBI sobre sospechosos, trabajadores portando cartas selladas por sus empresas para poder circular tras mostrarlas a agentes del servicio secreto, comercios y restaurantes cerrados a cal y canto como si estuviesen esperando el paso de un huracán, soldados obligados a dormir en el suelo dentro de edificios oficiales, muchas ONG hambrientas de relaciones públicas ofreciendo comidas gratis a las tropas… cualquier distopía de control estatal y militarización masiva podía quedarse corta ante el despliegue del «faro de Occidente» durante los días previos a la consagración de su nuevo jefe de Estado. Una ceremonia plagada de brindis al sol en nombre de la diversidad, o lo que quiera que entienden por la misma, salpicada de eventos «virtuales», coronada por un show de reciclaje de símbolos pop en decadencia y firmada con fuegos artificiales. Como testigo, 25 mil miembros de la Guardia Nacional más personal de otras agencias. Dos días después, con las 13 paradas de metro cercanas al Capitolio abiertas de nuevo y el perímetro de varias millas a la redonda relajado, el centro seguía siendo un páramo apenas concurrido por algún que otro trabajador, personas sin hogar y grupos de soldados paseando sus rifles de asalto arriba y abajo.

—¿Hasta cuándo vais a estar aquí?, le pregunté a uno de ellos.

—Hasta que sea necesario.

La deuda infinita

Puede que el área de Eastern Market, situada al sudeste de la capital y aledaña al Capitolio, sea la más parecida estéticamente a Europa. Su pequeño mercado tradicional y los puestos que ocupan una calle reconvertida totalmente en peatonal los domingos crean un efecto lo suficientemente acogedor y cercano como para olvidar que, unas pocas calles más hacia el este, empiezan los distritos caídos en desgracia. El encantamiento es momentáneo, dado el merodeo continuo de personas sin hogar o con claras adicciones, y el agolpamiento de ciudadanos afroamericanos pobres en las paradas de autobús dirección al sur de la ciudad. Una de aquellas paradas, durante algunos meses, fue convertida en una especie de enorme calculadora que informaba a cada segundo mediante paneles luminosos sobre la cantidad de deuda acumulada por Estados Unidos a tiempo real, para a continuación ofrecer a cuánto toca por ciudadano. No hay ni siquiera que observar los números durante un minuto para que una sensación de ahogo y ansiedad empiece a asomarse. Busquen la web usdebtclock.org y hagan la prueba.

«Es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas.» La cita es, ni más ni menos, que de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de la nación estadounidense. Más de tres siglos después, Estados Unidos tiene la deuda soberana más grande del mundo. A enero de 2021 ya superaba los 27 billones de dólares, o lo que es lo mismo, 84 mil dólares por ciudadano. Este dato no es baladí teniendo en cuenta que la mayor parte de la misma se carga sobre las espaldas del contribuyente. Cabe mencionar, no obstante, que prácticamente un tercio pertenece a otros Gobiernos, y a quien más debe Estados Unidos es a Japón, seguido muy de cerca por China. Un tema bastante peliagudo teniendo en cuenta las tensiones entre ambas potencias y la competición constante por hacerse con el primer puesto de la economía mundial.

Como pueden imaginarse, teniendo presente las palabras de Franklin, el crecimiento reiterado de la deuda estadounidense no es una característica originaria de la nación, sino un aspecto disparado sobre todo desde los ochenta. El motivo, a grandes rasgos, es que no ha habido políticas efectivas para reducirla, básicamente porque el gasto público, sobre todo en Defensa, no ha parado de aumentar, mientras que los diferentes Gobiernos no se han atrevido a imponer más impuestos, sobre todo a las grandes fortunas. Así, la deuda nacional estadounidense ahora es tan enorme que es mayor de lo que produce el país en todo el año: en 2020, el 107,60% del producto interior bruto. Un dato alarmante teniendo en cuenta que en 1988 sólo suponía la mitad de la producción económica anual. A nivel internacional, la relación entre deuda y PIB estadounidense es de las más altas del mundo desarrollado. Teniendo en cuenta países industrializados de importancia, sólo está por detrás de Portugal, Italia, Grecia y Japón. Cualquiera que mínimamente siga las noticias de carácter económico se habrá dado cuenta de que en esa lista de naciones hay algo que no cuadra. Si bien la mayor parte de ellas han sido castigadas financieramente y condenadas a austericidios salvajes, no ha sido el caso de Estados Unidos. ¿Por qué unos sí y otros no?

El tan cacareado «excepcionalismo» estadounidense nunca es mentado para una de sus características más excepcionales. Básicamente, la economía internacional tras la Segunda Guerra Mundial se estructuró de tal forma que Washington siempre pueda ganar. Desde la década de 1940, Estados Unidos ha sido el país con la moneda de reserva del mundo, el dólar es la divisa central en el sistema de cambios y, en ese contexto, es difícil que deje de ser considerada como la moneda más deseable. Así, la alta demanda del dólar ha ayudado en mucho a Estados Unidos a financiar su deuda, que, a su vez, puede controlar en beneficio propio la divisa. Algo así como un «la banca siempre gana» en versión geopolítica. Sin embargo, pese a la trampa, la situación es tan abismal que incluso el Fondo Monetario Internacional ya ha advertido en numerosas ocasiones que las finanzas públicas estadounidenses son insostenibles y cada vez son más los que auguran que una debacle del dólar podría asestar un duro golpe al país, acostumbrado a los bajos intereses. Es decir, a medida que ese contador suma números, el escepticismo empieza a incrementarse. Ante semejante escenario, cabría esperar cierta sensibilidad al respecto por parte de quienes gobiernan el país. En absoluto. Si bien Donald Trump, durante la campaña contra Barack Obama, usó la deuda como ataque a su predecesor, sólo durante sus primeros tres años de mandato el déficit subió casi un 50%. Biden, por su parte, prometió en campaña, y está previsto para antes del fin de su legislatura, que se aumenten los impuestos, pero no así que se recorte en gastos. Es más, diversos análisis advierten que, de ejecutarse los planes que promete, aumentaría todavía más el dispendio.

La realidad es que la arrogancia de Estados Unidos en este aspecto es tal que no sólo desoye las advertencias del riesgo que supone el crecimiento de una burbuja que cada vez tiene un grosor más fino y, por lo tanto, es susceptible de explosión, sino que, en su convencimiento de mantener el toro por los cuernos, utiliza su posición ventajosa como herramienta de castigo político a quien ose desafiarle internacionalmente. Una de las características de la prensa occidental a la hora de explicar la realidad de determinados países y conflictos es el desdén en desarrollar de manera detallada y profunda el papel que los bloqueos y las sanciones económicas del emperador terrestre ejercen en la realidad económica y social de determinadas naciones. Puesto que este no es el tema central de este libro, me extenderé muy poco, lo necesario para perfilar una idea de este poder y dejar clara la extrema ventaja que Washington ostenta respecto al resto del planeta para, aun así, no ser capaz de garantizar una vida digna para millones de sus ciudadanos.

Sanciones como instrumento de control político

¿De qué hablamos cuando hablamos de sanciones? Estados Unidos dispone de un largo abanico con el que implementar castigos económicos a quien le plazca: confiscación de propiedades en suelo estadounidense, congelación de cuentas bancarias, inhabilitación de visas y prohibición de entrada al territorio, o de toda relación con personas y empresas estadounidenses. En un mundo globalizado con un sistema financiero íntimamente ligado a Washington, el tema no es menor; por ejemplo, significa la imposibilidad de pagar con Visa o Mastercard. Esta forma de castigo económico fue creada bajo el mandato de Bill Clinton y, aunque en un primer momento tenía como objetivo luchar contra el narcotráfico, actualmente la sofisticación de la herramienta es tal que los motivos por los que alguien puede acabar padeciéndola son de lo más variopintos. Abuso de los derechos humanos en el caso de Corea del Norte, ciberactividades maliciosas en el caso de Irán, actividades malignas en el de Rusia… Ni qué decir tiene que nunca hace falta demostrar dichas acusaciones, que, prácticamente en su totalidad, también se dan en y por Estados Unidos.

Tal y como destaca la analista internacional en CELAG, Silvina Romano, «las sanciones económicas son un arma política porque son una manera de seguir la guerra pero por otros medios. Lo que buscan es desmoralizar, desestabilizar, quitar apoyo popular a algunos sectores políticos, a un Ejecutivo en concreto, a personalidades con liderazgo… utilizando la vía económica de la asfixia de una economía, pero sin recurrir claramente a las armas. Sin embargo, indudablemente, tienen fines políticos claros». Tomemos como muestra la fotografía concreta de los primeros dos años de la Administración Trump: sólo teniendo en cuenta los tres países previamente mencionados, más de 1.600 personas y entidades fueron objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. Es difícil que pase una semana sin que el Gobierno de Washington amplíe su lista punitiva internacional, el goteo es constante. Sirva como ejemplo el objetivo número uno de Washington en Latinoamérica, Venezuela, para esbozar las consecuencias del uso y abuso de estas políticas. Bajo el pretexto principalmente de la lucha contra la corrupción, la Casa Blanca ha emitido decretos sancionatorios contra Caracas como nunca antes en su historia desde que Obama estuviera al frente del Ejecutivo. La agresividad y el ahogo son tales que el propio Servicio de Investigación del Congreso estadounidense ha reconocido en más de una ocasión que las sanciones podrían exacerbar la situación humanitaria, aumentando la escasez de alimentos y medicinas. Un informe, de un experto independiente, transmitido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en agosto de 2018 destacaba, entre otras cosas, lo siguiente:

Si bien los embargos de la venta de armas contra algunos países pueden justificarse, especialmente para facilitar el diálogo y la consolidación de la paz, las sanciones económicas que perjudican a las poblaciones inocentes contravienen el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas […] Las sanciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad, según lo dispuesto en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Cabría que tal Corte realizara la correspondiente investigación, pero es posible que su sumisión geopolítica le impida hacerlo. Las sanciones y los bloqueos económicos de nuestros días pueden compararse con los asedios de las ciudades en la Edad Media con la intención de obligarlas a rendirse. Las sanciones del siglo

xxi

intentan que caigan de rodillas no sólo una ciudad sino países soberanos. Una diferencia, quizá, es que las sanciones del siglo

xxi

están asociadas a la manipulación de la opinión pública a través de «noticias falsas», relaciones públicas agresivas y una retórica que dice ser de derechos humanos, a fin de dar la impresión de que un «fin» en materia de derechos humanos justifica los medios criminales. No sólo existe un orden mundial jurídico horizontal, regido por la Carta de las Naciones Unidas y los principios de igualdad soberana, sino también un orden mundial vertical que refleja la jerarquía de un sistema geopolítico que establece la posición dominante de unos Estados respecto a otros en función del poder militar y económico.

La sociedad del crédito

Pero volvamos al interior del imperio. Si bien a nadie se le escapa el ADN consumista de la meca del capitalismo mundial –el gasto del consumidor representa más de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos–, menos popular es poner de manifiesto cómo ese abocamiento al gasto sin mesura es uno de los mecanismos de control más efectivos del sistema. La sociedad estadounidense es, también, una sociedad esclava del crédito.

«¿Tú qué método vas a utilizar, la bola de nieve o la avalancha?». Aunque hay a quien esta pregunta le pueda parecer un auténtico jeroglífico, lo cierto es que ambos se tratan de métodos populares en Estados Unidos para el pago de las deudas. En el primero, se van saldando los impagos empezando por el de menor cantidad. En el segundo, se priorizan las deudas en función de los intereses, es decir, primero se paga aquel préstamo que más nos está penalizando en el cobro. Sea como sea, este es tan sólo un ejemplo de la ingente literatura de motivación y el uso de términos para dulcificar una realidad: buena parte de la sociedad estadounidense no sólo vive con el agua al cuello, sino que lo tiene plenamente normalizado. Tomemos una fotografía concreta para hacernos una idea de la situación. Según la Reserva Federal de Nueva York, la deuda de los hogares estadounidenses en Estados Unidos aumentó en 87 mil millones sólo en los tres meses previos al 30 de septiembre de 2020. Si bien las hipotecas o las deudas estudiantiles tuvieron buena parte de la culpa, la deuda de las tarjetas de crédito aumentó en ese trimestre en 46 mil millones de dólares. Teniendo en cuenta que dicha deuda sobre todo crece en el cuarto trimestre debido a las compras navideñas, los economistas apuntaron que dicha cantidad era mayor a lo acostumbrado. Es decir, la sociedad estaba comiendo a crédito en plena pandemia. La perspectiva antes de la crisis tampoco era halagüeña en este sentido. Según un estudio sobre la deuda del consumidor de 2019, el adeudo total era de 14,1 billones de dólares, lo que suponía una deuda personal promedio por estadounidense de 90.460, un récord obtenido tras un crecimiento del adeudo del 19% en tan sólo una década. Un desglose por categorías demostraba que prácticamente todas habían sucumbido a un aumento porcentual de dos dígitos. Si bien la generación más castigada por edades era la X (entre los cuarenta y los cincuenta y cinco años), con unos 136 mil dólares que deben por cabeza, aquellos situados entre los dieciocho y los veintitrés años ya acumulaban casi 10 mil dólares por individuo. En general, se calcula que el 60% de los consumidores dispone de tarjeta de crédito y el 30%, por ejemplo, tiene un préstamo de financiación por un automóvil. Dicho estudio, por otro lado, remarcaba que, pese a que la deuda era histórica, el credit score había mejorado. ¿A qué se refiere?

El credit score es un sistema en el que están incluidos la mayoría de consumidores estadounidenses y del que no tienen escapatoria posible. Se trata de una puntuación situada entre los 300 y los 850 que representa la solvencia de esa persona en función de lo que llaman historial crediticio: número de cuentas abiertas, cantidad total de deuda personal a base de créditos, refinanciaciones de la misma, así como otros factores. Cuanto más alta es la puntuación, más facilidades para acceder a nuevos préstamos a mejor interés. Cuanto más baja, más intereses por pagar o dificultades para acceder a préstamos. Es decir, el criterio es altamente punitivo; mientras que penaliza a quien menos tiene, condenándolo a pagar más por cualquier cosa, ofrece todo tipo de facilidades a quien ya de entrada no tendrá ningún problema en adquirir aquello que desee o necesite. Existen estimaciones que cifran en hasta un millón de dólares el coste de tener una calificación crediticia baja a lo largo de la vida. Alguien externo a esta sociedad podría pensar en optar por vivir al margen de pedir créditos para no entrar en otra espiral de pobreza; sin embargo, el credit score es un elemento más de la telaraña que el sistema teje con el objetivo de retenerte en él. Si bien en capítulos previos se ha esbozado, por ejemplo, que incluso siendo pobre básicamente debes adquirir (y por tanto endeudarte) un vehículo para poder salir del gueto y comprar comida, otra particularidad, a bote pronto, es la siguiente: en Estados Unidos es prácticamente imprescindible tener una tarjeta de crédito para realizar operaciones básicas como, ¡sorpresa!, alquilar un vehículo. La puntuación crediticia se puede llegar a revisar para contratar servicios tan básicos como una línea de teléfono móvil, televisión por cable o incluso a la hora de intentar alquilar un apartamento. Si no tienes ninguna valoración o es baja, las empresas suelen establecer sus propias reglas, que suelen ser condiciones más restrictivas para acceder a dichos bienes y servicios (como un mayor depósito inicial o fianza). Por ejemplo, una persona en principio solvente por su nómina, que acaba de llegar al país y con una economía normal puede llegar a tener que pagar más fianza o incluso alquiler por no tener valoración crediticia. También está la opción de que directamente te declaren no apto. En el caso de las tarjetas de crédito, por ejemplo, la puntuación crediticia suele determinar la tasa de interés que van a aplicarte, así como el límite de crédito que puedes gastar. Es decir, este sistema supone que, ante un mismo servicio o bien de consumo, el pobre acabe pagando más que el rico. Se calcula que aproximadamente el 90% de los principales prestamistas se guían por esos tres dígitos para decidir acerca del ciudadano, lo que supone, según la corporación que los desarrolla, que estos influyan en más de 13 mil millones de decisiones crediticias cada año.

Es preciso destacar, no obstante, que una investigación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en 2015 descubrió que 45 millones de estadounidenses, el 20% de la población adulta, caen en la categoría de crédito invisible o no calificable, en su mayoría minorías y hogares con bajos ingresos. Es decir, ni tan siquiera son considerados consumidores de pleno derecho. Si tener un credit score bajo penaliza al individuo, el no tenerlo directamente le aboca a acudir a empresas con prácticas de financiación más abusivas, prestamistas que se aprovechan de su situación económica, ahondando aún más en esa espiral de pobreza.

Pero vayamos al origen de este sistema. Esos tres dígitos tan determinantes en la vida del estadounidense promedio fueron creados en 1956 por la Fair Isaac Corporation (FICO) a partir de sistemas informáticos y software que predicen los resultados basándose en diferentes inputs. A su vez, Fair Isaac otorga licencias de su tecnología a las agencias de informes crediticios, quienes agregan sus propios datos y programas para producir las puntuaciones de crédito (las principales son Transunion, Equifax y Experian). Es decir, es un sistema puramente privado con el cual Fair Isaac se ha hecho de oro vendiendo más de 10 mil millones de puntuaciones sólo desde 1985. En enero de 2017, una investigación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor reveló que dos de esas agencias, Transunion y Equifax, habían estado mintiendo a los consumidores y se les impuso la correspondiente multa. Ambas agencias habían tergiversado los informes de las puntuaciones, dándoles a los consumidores un resultado diferente al que entregaban a los prestamistas. Por ley, los consumidores deben poder consultar el informe sobre ellos mismos de manera gratuita una vez al año. Equifax, además, estaba insertando anuncios para seguir lucrándose a costa del único acceso anual gratuito que los ciudadanos tienen a sus propios datos. Por si fuera poco, ese mismo año, Equifax reveló que había sido víctima de un hackeo que habría afectado a más de 145 millones de estadounidenses, aproximadamente dos de cada cinco. «La realidad hoy es que, si tiene un archivo de créditos, su información probablemente esté en la dark web», aseguró el miembro de la Cámara de Representantes republicano por Carolina del Norte, Patrick McHenry, en una audiencia sobre este tema en febrero de 2019. Es decir, según los propios representantes políticos estadounidenses, es muy posible que la información financiera y personal de todo ciudadano con un credit score haya sido expuesta y/o compartida en la llamada internet oscura; esa parte de la web a la que un usuario convencional no sabe ni puede acceder puesto que está intencionalmente oculta a los motores de búsqueda y que en ocasiones se utiliza para acciones delictivas. McHenry incluso reconoció que el sistema «está roto», no funciona. Además de todo lo expuesto, hay que tener en cuenta lo siguiente: se calcula que aproximadamente uno de cada cinco informes de puntuación crediticia contiene algún tipo de error, según la propia Comisión Federal de Comercio. Cualquier inexactitud en este sentido no es baladí. Cada información adversa que supone un descenso en la puntuación crediticia, como una refinanciación de deuda, permanece en dichos informes durante siete años. Durante ese tiempo seguirás siendo penalizado cada vez que pretendas pedir un crédito, al margen de si, tras ese traspiés, tu historial de pago es impecable, tu sueldo ha aumentado o directamente te ha tocado la lotería.

Como vemos, otra vez un sistema completamente disfuncional, que sirve de lucro a unos pocos, que no tiene un control público efectivo y que, sin embargo, es determinante en la vida del ciudadano de a pie –quien ni pincha ni corta en todo este asunto–. Lo desesperante del tema es que, ya en los noventa, las agencias de crédito eran la principal queja ante la Comisión Federal de Comercio. Ante esto, el dos veces precandidato rechazado por los demócratas para la presidencia, Bernie Sanders, presentó en 2019 un plan para crear un registro público de crédito que utilice «un algoritmo público y transparente para determinar la solvencia y que elimine los prejuicios raciales en las calificaciones». Gracias a esto, Joe Biden presentó una propuesta para implementar una agencia pública. Ni existe un plan concreto para llevarlo a cabo ni mucho menos los expertos lo consideran una prioridad de su Gobierno. Mientras, las agencias, para contrarrestar las críticas, anuncian el lanzamiento de productos que incorporan información adicional en el informe crediticio; como el historial de pago del teléfono o servicios públicos para, según ellas, hacerlo más justo y completo. Otras empresas proponen incluir información de las redes sociales, laboral o educativa de los consumidores. Esto es, utilizar como Gran Hermano la sesgada inteligencia artificial para acabar con el sesgo actual. Una gran idea revolucionaria y para nada inquietante –léase el sarcasmo– en pro del «consuma, pague y endéudese». Money, money, money.

Dinero y memoria

«Es importante que nuestro dinero refleje la historia y la diversidad de nuestro país.» Jen Psaki respondía así, en una de sus primeras intervenciones como flamante portavoz de la Casa Blanca para la Administración Biden, ante la pregunta de si el retrato de Harriet Tubman, histórica abolicionista estadounidense, sería impreso en los billetes de 20 dólares. Una promesa de la época de Barack Obama al frente del Ejecutivo que había sido paralizada por Donald Trump alegando «pura corrección política». Lo cierto es que el retrato de Tubman supone la sustitución del séptimo presidente, y dueño de esclavos, Andrew Jackson. Trump había declarado en más de una ocasión que era uno de sus favoritos. Tarjetas de crédito con la cara de Tubman o incluso diseños de sellos de estampado para utilizarlos sobre billetes en circulación fueron algunas de las iniciativas que, como protesta, se dieron tras la decisión del republicano. Una vez fuera de la Casa Blanca, Tubman volvía a estar sobre la mesa, y toda la corte demócrata liberal, así como el vulgo de su cuerda, aplaudían el último símbolo pop del mercado de la diversidad. El problema es que, en esta ocasión, la reconversión de la memoria para alimentar y mantener los mitos sobre los que se sustenta la nación era demasiado evidente.

Esclavizada desde muy temprana edad, Tubman escapó y regresó sin ser capturada unas 13 veces para rescatar a unas 70 personas. Durante la guerra civil fue una de las primeras mujeres afroamericanas en servir en el ejército y, posteriormente, formó parte de la campaña por el sufragio femenino. Si bien la decisión de incluir a Tubman, como es de esperar, causó críticas desde la derecha y directamente por parte de ciudadanos racistas, la polémica esta vez también llegó desde sectores de izquierda con conciencia crítica; sobre todo por parte de afroamericanos, a quienes les pareció irónico, paradójico o incluso hiriente honrar a una mujer que luchó contra ser una mercancía poniendo su rostro en aquello con lo que hoy en día se compran mercancías. El profesor de Estudios Afroamericanos James Pope lo explica así:

Es una contradicción absoluta porque, por supuesto, Harriet Tubman es una de las representaciones de la resistencia directa a lo que representa el billete de un dólar, de cinco o de 20 en el contexto de la historia global y de Estados Unidos. Sin embargo, esta contradicción también expone cómo el Estado coopta y distorsiona las historias de resistencia a su narrativa nacional, aquella que utiliza para mantener este sistema de estructuras opresivas a través de la manipulación de la memoria colectiva. Es decir, incorpora a aquellos que trataron de romper el sistema racista y capitalista de una manera puramente simbólica para construir la narrativa que protege a este Estado represivo e imperialista.

En resumen, tal y como expuso la también profesora en Estudios Afroamericanos Karla Hollowey, el «extraño honor» que se le rinde a Tubman sirve para borrar el peso sustantivo de su activismo. «Éramos una propiedad, un sustituto del dinero», recordaban en redes sociales algunos afrodescendientes tras el anuncio. Papel verde como perfecto ejemplo de la extrema perversión de un sistema constantemente celebrado por quienes, pase lo que pase, se mantienen fieles al mito.

El voto como ilusión

La democracia que prohíbe votar

Lanisha Bratcher no puede hablar, por un acuerdo judicial, de aquello que le persigue desde hace más de cuatro años. Todo se remonta a las elecciones de 2016, cuando, después de haber ejercido como anfitriona en un evento de la iglesia, acudió a votar por su candidato presidencial acompañada de su madre y tras registrarse previamente. Tiempo después, un grupo de policías le notificaría su arresto y una condena potencial de 19 meses de prisión, interrumpiendo un desayuno ya de por sí difícil; acababa de regresar del hospital tras sufrir un aborto. El motivo: haber depositado una papeleta estando en libertad condicional. Bratcher desconocía que en Carolina del Norte no se pudiera votar hasta completar la sentencia debido a una regla establecida por el Partido Demócrata[3] de ese estado a finales del siglo xix para limitar el poder de voto de los esclavos recién liberados. Si bien su caso es extremo y cada estado aplica sus propias leyes, lo cierto es que, a grandes rasgos, Estados Unidos es una democracia que durante el pasado medio siglo ha trabajado para restringir este derecho. A modo de ejemplo, de 2010 a 2018, 23 estados aprobaron leyes racistas de supresión de votantes, incluyendo la manipulación y redistribución de distritos electorales, imposición de dificultades para el registro, la eliminación de listas de votantes o la implementación de leyes de identificación de votantes más restrictivas. Los principales afectados: afroamericanos e indígenas.

Mención aparte merecen los 14 millones de residentes permanentes o los millones de inmigrantes en situación de ilegalidad sin derecho al voto. Si se suman a aquellos privados de libertad o todavía cumpliendo condena –unos cinco millones de personas–, la cantidad asciende a un 10% de la población que mira impasible campañas, candidatos, promesas y discursos. En este sentido, no es de extrañar que, según el Sanders Institute, la nación norteamericana ocupe uno de los últimos puestos en participación electoral de todas las democracias avanzadas, por detrás de países como la República Checa, Eslovaquia y Estonia. Sólo en 2018 hubo 76 millones de ciudadanos que podrían haber votado pero que no pudieron ejercer ese derecho por no haberse registrado antes, ya sea por dificultades a la hora de hacerlo o directamente por fallos a la hora de completar la solicitud. Que el día de llamada a las urnas caiga siempre en martes tampoco es baladí, sobre todo teniendo en cuenta que no hay establecido legalmente un permiso de trabajo para poder votar, cómo son los turnos de buena parte de la población y que no todos disponen de tiempo que perder en una fila. Un pormenorizado estudio sobre este asunto revelaba que, si bien la mayoría de los votantes estadounidenses en 2012 esperaron menos de 10 minutos para votar, para aquellos en los que fue más de una hora, el tiempo de espera promedio se situó en unos 110 minutos. Los más afectados, otra vez, los afroamericanos. Una investigación de 2019 llegaba en líneas generales a la misma conclusión y un estudio del Centro Brennan más actual añadía también como otro de los grandes damnificados al electorado latino, además de destacar lo siguiente en la ecuación: «Los condados que se volvieron menos blancos durante la última década tenían menos recursos electorales –menos lugares de votación, máquinas de votación y trabajadores electorales– por votante en 2018 que los condados que se volvieron más blancos».

Una de las obras recientes que mejor explica el fenómeno estadounidense de la supresión del voto es How Trump stole 2020 (Cómo Trump se robó 2020), del veterano periodista Greg Palast. En ella cuenta cómo, entre 2014 y 2016, casi 17 millones de estadounidenses fueron eliminados de las listas de votantes. Su investigación, base para una querella contra el secretario de estado de Georgia, se centra en ese territorio, donde pudo acceder a la lista secreta de purgas. Uno de los ejemplos que pone es que 538 hombres con un nombre tan común como James Brown fueron sacados de la misma porque encontraron a otro James Brown en Detroit y lo utilizaron para dar por hecho que se refería a la misma persona; es decir, los eliminaron poniendo como excusa un potencial doble voto. «Lo crean o no, Trump no necesitó la ayuda de un adolescente con granos jugando con computadoras en su habitación de Moscú para robarse las elecciones. Fue cosecha propia en 2016 y será cosecha propia en 2020», dijo Palast en una entrevista en el programa de humor de RT América –rama en Estados Unidos del canal público Russia Today–, mofándose así de las acusaciones demócratas de que fue una injerencia rusa la culpable del triunfo del republicano ante Hillary Clinton. Más allá de la burla al enemigo exterior, esgrimido para tapar vergüenzas internas, de lo que Palast advierte es de que las purgas en las listas de votantes o la dificultad del acceso al voto de determinadas minorías no son las únicas tretas empleadas por los republicanos para hacerse con el poder. Ni siquiera son los únicos; los demócratas también cometen sus propios pecados.

No todos los votos son iguales

El principal enemigo de la democracia en Estados Unidos es el propio sistema electoral, de carácter indirecto. Dicho sistema se encuentra incluso en las elecciones primarias, es decir, a la hora de elegir candidato a la contienda electoral presidencial. Las elecciones primarias permiten tal nivel de variaciones en sus procedimientos que el camino que un estadounidense debe seguir para participar en los estadios iniciales de las elecciones es muy diferente dependiendo de dónde viva. Aviso de antemano que el proceso, adrede, es intrincado; intentaré que nadie se pierda.

Existen dos formas como ciudadano de participar en las primarias: los caucus y las primarias estatales. Estas últimas son comicios organizados por los propios Gobiernos estatales y locales mediante votación secreta. Los caucus, sin embargo, son unas asambleas físicas de personas que se reúnen para mostrar apoyo a sus candidatos preferidos. En ellas se oyen discursos en defensa de unos y otros y se llevan a cabo varias rondas de votación, incluso a mano alzada, en las que los partidarios de los candidatos que se van descartando pasan a apoyar a los que aún están vigentes. El procedimiento varía dependiendo del territorio y es extremadamente complejo, arcaico e incluso clasista (los participantes deben asistir físicamente a dichas reuniones, celebradas por la tarde-noche entre semana, lo que deja fuera a trabajadores, ciudadanos discapacitados, ancianos o a quienes tengan personas a su cargo). Tanto las primarias como las asambleas de los caucus pueden ser abiertas, cerradas o híbridas. En las abiertas, la gente en general puede votar por un candidato de cualquier partido, y en las cerradas, sólo pueden participar los afiliados del partido en cuestión. De este modo, estados con primarias abiertas como Minnesota registran una participación ciudadana del 50 al 75%, mientras que los caucus suponen una participación de alrededor de un 15%.

Sigamos. El resultado de dichas primarias no supone directamente la elección del candidato, sino la de los delegados de los partidos de esos territorios que decidirán, en las convenciones nacionales de las formaciones, el candidato final en función de los resultados obtenidos. Los delegados suelen ser activistas de los partidos, políticos locales, miembros del comité directivo de una campaña, miembros históricos del partido a nivel local o fervientes partidarios de un candidato determinado. En el caso de los demócratas, el candidato final debe obtener en la convención al menos los votos de 2.376 delegados del total de 4.750. En el caso de los republicanos, 1.277 delegados de los 2.552. Ya tenemos candidato. Sigamos con cómo funcionan las elecciones presidenciales, la joya de la corona del despropósito.

A la hora de votar en unas elecciones presidenciales, tal y como hemos apuntado anteriormente, el ciudadano debe registrarse previamente en un plazo concreto de tiempo; a diferencia del sistema español, por ejemplo, donde sólo hay que confirmar que se está en el censo y acercarse el día de la votación a la mesa electoral asignada. En Estados Unidos sin registro no hay forma posible de participar en la jornada electoral. Sin embargo, incluso en el caso de que puedas llegar a depositar tu papeleta, el voto en realidad no va directamente para el candidato escogido. El sistema electoral indirecto supone que sean los que se conocen como «electores» quienes al final decidan quién es presidente. La Constitución de Estados Unidos establece que dichos electores –a los que me referiré como representantes electorales– no deben ser ni miembros del Congreso ni ocupar cargos federales ni estar «involucrados en una insurrección o rebelión contra Estados Unidos, o haber brindado ayuda o consuelo a sus enemigos». A partir de ahí, son los estados quienes eligen quiénes son. Actualmente el método más común para elegir a esos representantes es también mediante la convención del partido y suelen ser personas a las que las formaciones quieren premiar por su servicio y apoyo. Pero volvamos al día de las elecciones. Ese día, aunque en la papeleta ponga Joe Biden y Kamala Harris, los estadounidenses lo que están haciendo es votar por esa lista de representantes electorales que a priori se han comprometido a votar por Biden y Harris. De hecho, sus nombres pueden aparecer o no en la papeleta debajo de los nombres de los candidatos, según las reglas electorales y el formato de cada uno de los estados. En total hay 538 representantes electorales repartidos por los diferentes estados de Estados Unidos, por lo que para acceder a la presidencia se necesita obtener el siguiente número mágico: 270.

Pese a todo lo explicado, la mayor injusticia de las elecciones estadounidenses se encuentra en lo que expondremos a continuación: los estados (excepto Maine y Nebraska) inclinan la balanza hacia uno u otro candidato funcionando como un todo al ganador. Es decir, cuando uno de los candidatos gana la mayoría de los votos de los representantes electorales de un determinado estado, se lleva el conjunto de los representantes electorales de ese territorio. Por ejemplo, Florida tiene 29 representantes electorales. Pongamos el caso de que los votos dan 18 representantes a favor del candidato republicano y 11 a favor del candidato demócrata. Al final, estos votos no se reparten proporcionalmente, sino que el conjunto de los 29 iría para el republicano. Para hacernos una idea de lo que esto supone en términos de representatividad, en 2016, cuatro estados se decidieron por uno u otro candidato debido a una diferencia de menos del 1% de los votos. Por si fuera poco, los representantes electorales ni siquiera tienen que votar de acuerdo con el resultado del voto popular de su propio estado. El sistema es tan surrealista que, a efectos prácticos, esto se traduce en que en ocasiones ni siquiera el candidato con mayor número de votos por parte de la ciudadanía acabe por acceder a la presidencia, porque el otro acabó por imponerse en más estados debido a este sistema basado en representantes electorales y en «todo al ganador». Así, tanto en 2000 como en 2016 los republicanos perdieron el voto popular, pero accedieron a la Casa Blanca al obtener un mayor número de representantes electorales. De hecho, los republicanos sólo han ganado ambos votos (el de la ciudadanía y el de los representantes) en una ocasión desde el año 1992, con George W. Bush en 2004.

Por otro lado, tal y como quedó patente en el desastroso devenir de las elecciones en 2020, el conteo es tan intrincado, lento y diferente entre territorios que la victoria durante la noche electoral la atribuyen los medios de comunicación según sus estimaciones. Aunque tradicionalmente no suelen fallar y tanto el ganador como el perdedor acostumbran a aceptarlas sin reservas, esas estimaciones no son realidades tangibles, por lo que hay margen para que uno de los candidatos abra la puerta a especulaciones.

Otra de las estrategias de manipulación de la democracia en Estados Unidos es el conocido como gerrymandering: una táctica que utilizan los partidos para manipular las circunscripciones electorales de un determinado territorio redibujando los mapas de los distritos, de forma que puedan mejorar sus resultados o empeorar los del partido contrario. En la práctica, la formación que está en el poder encapsula la mayor cantidad de votantes de su contrincante en la menor cantidad de distritos posible, para así minimizar su representación legislativa. Esto supone que determinados distritos estén sobrerrepresentados y otros infrarrepresentados. La importancia de controlar los distritos reside en que cada uno equivale a un escaño en la Cámara de Representantes, organismo que, junto con el Senado, forma el brazo legislativo de Estados Unidos. Así, cuantos más distritos, más poder a la hora de redactar y aprobar leyes. Es decir, aquí también se impone la siguiente máxima: sólo obtiene representación el partido mayoritario y el resto de votos van directamente a la papelera.

En el caso del Senado, el desequilibrio también es patente. Formado por 100 miembros, dos por cada estado, los senadores cumplen un mandato de seis años. El problema de fondo es que los estados rurales más pequeños ocupan escaños e influencia de manera desproporcionada. Valga como ejemplo lo siguiente: si juntamos la población de estos 15 territorios: Alaska, Idaho, Utah, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Kentucky y Carolina del Sur, nos da un total de 38 millones de personas, menos que el total de la población del estado de California. Sin embargo, los primeros tienen una representación de 30 senadores. Los ciudadanos de California, tan sólo dos. Esto supone la siguiente paradoja: un Senado de mayoría republicana puede en realidad haber obtenido menos votos que la minoría demócrata. Si lo ponemos en perspectiva añadiendo la cuestión racial, un estudio de The New York Times estimó que un estadounidense negro, de media, sólo obtiene un 75% de la representación que debería y en el caso del votante hispano sólo el 55% debido a la infrarrepresentación de los territorios en los que residen.

Volviendo a la obra de Palast, uno de sus capítulos lleva por nombre «El silencio de los corderos demócratas». En él recuerda el hecho de que, por ejemplo, Hillary Clinton decidió no forzar un recuento en Detroit aun cuando la propia candidata por el Partido Verde acudió a los tribunales para intentar probar que no se habían contado miles de votos de, básicamente, afroamericanos y estudiantes, y que esto había supuesto inclinar la balanza hacia Trump en 2016. También el hecho de que, incluso cuando Al Gore perdió la presidencia ante George W. Bush Junior tras llevar el conteo de Florida al Tribunal Constitucional, los demócratas rechazaron denunciar las tretas de supresión de votos afroamericanos en ese estado. ¿Por qué, siendo conscientes de las trampas que los republicanos utilizan para suprimir el voto de minorías y la desventaja de determinados estados urbanos que son bastiones demócratas, se quejan con la boca pequeña y prefieren promover como determinantes narrativas como la de la injerencia rusa? Porque los demócratas son simplemente la otra cara de la moneda de un sistema mantenido por el establishment del que también forman parte. El propio Palast concluye el capítulo de esta manera:

En el fondo, se trata de ingresos, riqueza, poder. Se trata de clase. Los negros son el objetivo porque las comunidades de color están económicamente desarmadas. Todos mis estudios durante estas dos décadas muestran las mismas estadísticas: los blancos pobres son eliminados de su voto con tanta frecuencia como los negros pobres, o casi. La supresión de votos es simplemente una guerra de clases por otros medios.

Todos conocen las carencias de una democracia atípica. Desde unos caucus demócratas, donde prácticamente todo vale debido a un sistema desfasado hace décadas y cuyo establishment no tiene miedo a pisotearlo si las cosas no resultan como esperan, hasta el hecho de que sea la única democracia en el mundo en cuyo resultado final prevalezca el voto del representante electoral frente al popular o los medios de comunicación vayan cantando ganador antes de que se procesen todas las papeletas. El sistema es tan poco representativo que Kamala Harris ha llegado a la vicepresidencia tras retirarse prematuramente de las primarias de su partido ante la perspectiva de no ser capaz de ganar ni un solo delegado incluso en su propio territorio, California. Todos, sin excepción, saben que el sistema está viciado, que es anacrónico e impreciso, pero todos juegan como saben y pueden a ganar.

El blindaje bipartidista

«En 2020 conseguimos una campaña socialista con una presencia que jamás habíamos obtenido en décadas. ¿Sabes que para aparecer en las papeletas tienes que juntar firmas suficientes? Pues las conseguimos en 15 estados. Fue tremendo.» Gloria la Riva fue candidata a la presidencia de Estados Unidos en 2020 por el Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL), aunque su primera vez fue en 1992, por el Workers World Party.

En Estados Unidos, por sistema, es extremadamente difícil que los terceros partidos puedan irrumpir en las instituciones. En el caso de que suceda, por lo general al final deben alinearse o lo han estado de alguna forma con demócratas y republicanos. Una de las principales barreras que encuentran los terceros partidos es que sea materialmente imposible que los ciudadanos puedan votarles. Aunque, de nuevo, los criterios para poder figurar en las papeletas de unas elecciones varían mucho entre estados, en general hay que llegar a un mínimo de apoyos para que esto suceda (puede ser un porcentaje establecido en función de los votantes de los anteriores comicios o una cifra en miles) y abonar unas tarifas de registro. Otro de los obstáculos es la práctica imposibilidad de acceso a los debates televisados entre candidatos, que en este país son muy importantes en el devenir electoral. Las reglas de dichos debates vienen establecidas por la Comisión de Debates Presidenciales, una corporación sin ánimo de lucro creada en 1987 bajo el patrocinio conjunto de los partidos políticos demócrata y republicano. Dicha comisión decidió en el año 2000 aprobar una regla según la cual, para que un candidato sea incluido en los debates nacionales, debe obtener al menos un 15% de apoyo en cinco encuestas de voto nacionales, lo que supone excluir de manera definitiva los terceros partidos. Pese a las protestas y a las numerosas demandas interpuestas en contra, la medida sigue en vigor. Además, a diferencia de España, no existe ninguna regulación sobre la emisión de anuncios electorales, ni una ley que marque el tiempo proporcional que los medios públicos deben emitir de cada formación política.

No obstante, el principal problema que afrontan las formaciones políticas alternativas a los demócratas y republicanos es el sistema electoral de todo al ganador. En Estados Unidos, los sistemas de representación proporcional sólo se dan en contadas elecciones locales, pero nunca a nivel nacional. Tal y como he explicado anteriormente, si ni siquiera el subcampeón obtiene representación final alguna aunque el margen de victoria haya sido estrecho, todavía menos quien pudiera quedar en tercer lugar.

En este sentido, en las elecciones de 2020, de los terceros partidos existentes tan sólo uno logró aparecer en las papeletas de todos los estados, el Partido Libertario, obteniendo un puñado de votos en comparación con los que obtuvieron demócratas y republicanos. Además de dicha formación, sólo el Partido Verde figuró como opción de voto en las papeletas de más de la mitad de los territorios. Las dificultades de triunfo de otra opción al margen del bipartidismo imperante, no obstante, contrastan con los deseos de la ciudadanía. Una encuesta de Gallup, publicada tan sólo tres meses después de las elecciones de 2020, mostraba que el 72% de los adultos estadounidenses declaraban la necesidad de que el sistema permita representación de un tercer partido. Un resultado histórico cuya tendencia, sin embargo, lleva creciendo desde el año 2012. El silencio de la elite económica, política y mediática acerca de otras opciones quizá tenga algo que ver con el hecho de que millones de personas deseosas de alternativas no ven materializarse su voluntad. Cabe destacar, no obstante, que dicha encuesta arrojó lo siguiente: por primera vez los republicanos eran casi tan propensos como los votantes independientes a favorecer a un tercer partido. ¿Qué pasa con los votantes más progresistas o incluso de izquierdas en Estados Unidos? Una de las posibles respuestas: la actuación del propio Partido Demócrata.

Tal y como explica Gloria la Riva, si bien existen muchas formaciones de izquierdas, en un contexto tan hostil como el descrito en este libro la mayoría acaba desapareciendo. Sin embargo, cuando alguna ha conseguido en algún momento canalizar la suficiente fuerza social, la estrategia es la siguiente: el Partido Demócrata acaba por engullirla. «Es lo que pasó en los DSA, por ejemplo, en 2016, cuando la campaña de Bernie Sanders inspiró a mucha gente», recuerda La Riva. Los Socialistas Democráticos de América (DSA) son la organización socialista más grande de Estados Unidos, con más de 92 mil miembros y secciones en los 50 estados, según datos de la propia formación. Los DSA fueron una de las principales organizaciones de apoyo de la campaña del senador por Vermont, quien abiertamente habló de socialdemocracia en un país donde la palabra socialista o cualquiera de sus derivados históricamente ha generado miedo y rechazo. El liderazgo y la atracción de potenciales votantes que algunos de los miembros de los DSA mostraron durante dicha campaña provocaron que el Partido Demócrata acabara por «ficharlos». La Riva recuerda que esto también sucedió en 1984, «cuando varios partidos se inspiraron y fueron influenciados por la campaña de Jesse Jackson». «El Partido Demócrata es especialista en absorber organizaciones políticas que comienzan de manera independiente para a fin de cuentas acabar por desaparecer dentro de la estructura», resume La Riva. Es decir, el problema no es que no sepan captar los movimientos sociales de cambio y que los integren, sino que lo hacen con la finalidad de neutralizarlos, integrando a la competencia para acabar eliminándola.

Pongamos un ejemplo concreto. ¿Se imaginan que en Estados Unidos, registrando máximos de muertes por la pandemia, sin intereses electorales inmediatos tras la celebración de los comicios presidenciales y con el auge de la opinión ciudadana a favor de un programa público de sanidad, hubiese una posibilidad de llevar a debate el tema en el Congreso? ¿Se imaginan que, en un contexto en el que el ala más progresista del Partido Demócrata no estaba consiguiendo representación en los nombramientos del nuevo Gobierno, hubiese podido presionar con uno de sus temas estrella, la sanidad? No lo imaginen, fue una realidad y se llamó «Force the Vote». El controvertido cómico político Jimmy Dore vio esta posibilidad en el siguiente hecho: Nancy Pelosi necesitaba de los votos de ese sector para ser reelegida como la portavoz de los demócratas en la Cámara. Así, Dore pidió a The Squad (un grupo formado por seis jóvenes y populares congresistas demócratas del ala más progresista del partido) y concretamente a Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) que retuviesen sus votos a menos que llevara sanidad básica para todos a debate al pleno de la Cámara.

En aquellos momentos, todavía faltaba por saber el resultado de un par de contiendas electorales para que el Senado fuese de mayoría demócrata y Joe Biden ya había manifestado estar en contra de la sanidad universal, por lo que se daba por seguro que la medida no saldría adelante. Sin embargo, forzar a votar a los políticos en contra de la misma en medio de una pandemia supondría mostrar en muchos casos cuánto de vendidos estaban al sistema. Contra pronóstico, AOC y ese sector más progresista no sólo no recogieron el guante, sino que dieron excusas bastante peregrinas para no exigir un debate sobre la sanidad pública, como que el Congreso no funciona de esa forma, que se necesita copatrocinar leyes o esperar a que organizaciones de base y activistas presionen para esto. Es decir, construir el llamado momentum político. También alegaban que no servía para nada llevar a debate la sanidad pública sabiendo de antemano que fracasarían posteriormente en el Senado, puesto que algunos miembros de la Cámara, conscientes de esto, podrían votar a favor sólo para quedar bien cuando en realidad votarían en contra si la medida tuviese posibilidades reales de implementarse.

Dichas respuestas no se sostenían por diferentes motivos. Como le echarían en cara en redes sociales de manera masiva, si con una pandemia que expuso las vergüenzas sanitarias del país y con una opinión publica favorable al Medicare según las encuestas no lo consideraban adecuado, entonces nunca lo sería. Llevar leyes a votación aun sabiendo que no saldrán adelante es una práctica política común utilizada incluso por AOC –sirva como ejemplo el Green New Deal, un ambicioso plan económico cuyo objetivo era eliminar las emisiones de carbono–. Por otro lado, es muy difícil que ese sector progresista tenga oportunidades como la expuesta de ejercer presión real en el resto del partido, más allá de los discursos para lucimiento nacional de impacto mediático. El tema fue muy polémico entre los sectores más de izquierdas estadounidenses y dio para mucho, incluso para que la propia AOC calificara dicha presión en redes sociales de «violencia».

Al mismo tiempo que esto sucedía, mientras se configuraban los nuevos comités en el Congreso como resultado de las elecciones, el partido le pagaba su disciplina tendiéndole una emboscada para impedirle representar al grupo en la Comisión de Energía y Comercio. Todos daban por hecho que, dada la trayectoria de AOC, dicho cargo sería para ella. No obstante, en una extraña maniobra de última hora, el establishment demócrata forzó una votación anormal que acabaría por darle el puesto a una representante a priori menos idónea, definitivamente menos conocida, pero también, definitivamente, bastante más obediente y a la derecha del partido.

Elecciones 2020

Los comicios pandémicos de 2020 fueron extraños en muchos sentidos. Por un lado, pese al peligro y el miedo infligido por el coronavirus, la participación aumentó a niveles nunca vistos, situándola en un 66,3% –aun así, por detrás de las principales democracias–, y supuso que tanto Joe Biden como el expresidente Donald Trump batieran el récord de los candidatos con más votos de la historia de Estados Unidos. Más de 81 millones de votos frente a unos 74, ambos superando con creces aquellos 70 millones del «Yes, we can» que abriría la puerta a la primera legislatura de Barack Obama. Por otro, los dólares en donaciones fluyeron en plena crisis económica cual cascada sin fin a uno y a otro lado durante la campaña. Según el portal Opensecrets, las campañas alcanzaron el récord de unos cuatro mil millones de dólares en total, un máximo que nunca antes se había conseguido. Si bien Joe Biden en solitario consiguió más contribuciones que su contrincante, a nivel general y juntando comités y otros fondos relacionados con la campaña, Donald Trump le superó en algunos millones.

En Estados Unidos, la financiación actual de las astronómicas campañas electorales se estableció a partir de 1970 en la Ley de Campañas Federales. Por un lado, dicha ley recoge que los candidatos pueden tomar recursos de un fondo público de campañas a donde va a parar una donación voluntaria de tres dólares que los estadounidenses hacen mediante la declaración de impuestos. Sin embargo, el financiamiento público es limitado, por lo que los candidatos sobre todo optan por la vía privada. La financiación de carácter privado puede llegar por parte de individuos o grupos de interés. En el caso de los individuos, ciudadanos o residentes permanentes, estos pueden donar sin restricción de edad con límites desde 2.900 dólares por contribución directa a un candidato por cada elección hasta 109.500 dólares por año a cuentas de comités nacionales de los partidos. En segundo lugar, están las aportaciones por parte de grupos constituidos principalmente por sectores económicos, corporaciones o sindicatos, que establecen los llamados Comités de Acción Política (PAC) para promover o apoyar a ciertos candidatos, o a más de un candidato y/o partido. Dichos comités también están sujetos a límites en sus contribuciones. No obstante, desde 2010 y gracias a una sentencia del Tribunal Supremo que determinó que el gasto en las campañas es fundamental para la libertad de expresión, existen los llamados Super-PAC. Estos comités de gasto independiente pueden recaudar contribuciones sin límite por parte de empresas, sindicatos, asociaciones e individuos. La diferencia con los PAC es que el dinero no se dona directamente a la campaña ni pueden coordinarse con los candidatos, unas reglas que son pura fachada. Un ejemplo claro es que, al final de los anuncios pagados por los Super-PAC, suele insertarse un rótulo en el que se dice que determinado candidato «aprueba el mensaje» de dicha publicidad, lo cual es una forma implícita de coordinación.

En 2020, la lluvia de dólares hacia los dos candidatos dio cuenta de la lucha encarnizada por el poder en la que pudiera ser la contienda más polarizada que se recuerda. «El cambio más grande que estamos viendo es que hay más participación de pequeños donantes en esta campaña presidencial de lo que jamás hayamos visto antes. Eso es cierto en ambos lados y esto realmente representa un fuerte sentimiento de compromiso en las personas de los dos lados del espectro político», subrayaba Pete Quist, portavoz de la organización Follow the Money a un mes de los comicios, cuando todavía ambos candidatos sumaban poco más de 1.400 millones de dólares recaudados. El sector educativo, con grandes universidades a la cabeza; el judicial; el de valores e inversión, además de Silicon Valley, inyectaban verde a Joe Biden. Las industrias más favorables para Trump eran la inmobiliaria, la de las finanzas, el gas y el petróleo. Otro de los récords fue que se alcanzase un gasto histórico de 8,5 millones de dólares en publicidad en televisión, radio y medios digitales, un 30% más de lo que incluso se estimaba antes de los comicios y un 108% más que en 2017-2018, que hasta entonces ostentaba el primer puesto. Entre bambalinas, otro elemento que se debía considerar por su aumento exponencial, según advertencias de los expertos, el dark money. El dinero oscuro se refiere a gastos destinados a influir en el resultado electoral de los que se desconoce la fuente de financiación. Suele ser empleado por parte de organizaciones sin ánimo de lucro que no tienen la obligación legal de revelar sus donantes. Así, su financiación es difícil, si no imposible de rastrear, y, con dichos ingresos, estas organizaciones realizan actividades que suponen un añadido a las campañas. Por ejemplo, realizando anuncios de apoyo o de oposición a uno de los candidatos. Es destacable que dicha explosión económica hacia ambas campañas, traducida en un auténtico bombardeo propagandístico, se diera en medio de la escasez económica provocada por la pandemia, un descontento social masivo expresado en una ola de protestas sin precedentes y en un contexto en el que, según las encuestas, la ciudadanía pedía mayoritariamente limitar el gasto de las campañas y cambiar las leyes de financiación. Pareciera que, ante la escasez y el descontento, la clase dominante plantease como solución temporal un incremento del espectáculo político. Si hay menos pan, aumentemos las pistas del circo.

Los orígenes de QAnon

La cámara está pegada en la guantera del coche, apuntando al conductor. Tres ambientadores con forma de abeto son los únicos elementos que distraen la mirada del hombre con gorro de lana y ojos tristes que habla al volante. «No puedo dejar que crezcan en un mundo tan corrupto por el mal», dice, en referencia a sus dos hijas. Es parte del mensaje que Edgar Madisson Welch grabó en diciembre de 2016 durante su trayecto de 350 millas a la capital de Estados Unidos, donde horas después se convertiría para siempre en el asaltante del Pizzagate. Welch perdería la cabeza por la que quizá pueda considerarse la primera conspiración de la llamada era Trump. Su origen se encuentra en un antiguo correo electrónico filtrado por WikiLeaks. En él, el presidente de campaña de Hillary Clinton es preguntado por el dueño de una pizzería popular en DC sobre una recaudación de fondos en ese lugar y hablan de servir «pizza de queso». Estas palabras fueron tomadas por ciudadanos anónimos como una especie de mensaje en clave para referirse a pornografía infantil. A partir de ahí, aupado por medios de extrema derecha, el bulo sobre una especie de anillo pedófilo demócrata en el lugar empezó a extenderse como la pólvora. Welch no sólo lo creyó, sino que decidió tomarse una supuesta justicia por su mano presentándose en la pizzería, atestada de gente, con un rifle de asalto. Tras no encontrar nada y con la policía ya en la puerta, el asaltante se entregó. «Nunca fue mi intención dañar o asustar vidas inocentes, pero ahora me doy cuenta de lo tonta e imprudente que fue mi decisión», escribió en una carta al juez que llevó su caso más tarde. En mayo de 2020 volvería a estar fuera de la cárcel. Para entonces, el Pizzagate ya habría quedado como una teoría conspirativa nivel principiante.

No es baladí que algunos de los seguidores de Trump, que participaron en la manifestación que desembocaría en la toma del Capitolio, se presentaran de nuevo ante esa pizzería en DC días después del asalto para seguir acusando a su dueño de ser un corrupto colaboracionista de una elite depravada. No en vano, el conjunto de teorías conspirativas QAnon, uno de los mayores motores detrás de esa suerte de rebelión trumpista, se considera una rama del Pizzagate. En resumen, se trata de una supuesta trama secreta en la que el Estado profundo conspira contra Trump y sus seguidores. Dicha trama estaría formada por actores progresistas de Hollywood, políticos del Partido Demócrata y funcionarios que forman parte de una red internacional de tráfico sexual de niños. Según ellos, el republicano fue reclutado para la presidencia en 2016 por generales de alto rango para que se impusiera a Clinton y, así, poder disolver la trama, llevarlos ante la justicia y neutralizar su control de la política y los medios de comunicación.

Las conspiraciones forman parte del ADN estadounidense. Pese a que se atribuyen falsamente a la legislatura del empresario republicano al frente del Gobierno, lo cierto es que, como explica la profesora de historia Rachel Cleves:

La primera división política bipartidista en Estados Unidos surgió de ansiedades conspirativas. En la década de 1790, a los federalistas conservadores les preocupaba que sus rivales jeffersonianos más democráticos quisieran llevar una revolución al estilo francés a Estados Unidos. En su forma más extrema, archiconservadores como Timothy Dwight advirtieron de que los jeffersonianos estaban bajo el dominio de los Illuminati de Baviera, una conspiración internacional que apunta a derrocar el cristianismo.

Es decir, en el mismísimo origen de la separación política demócratas versus republicanos encontramos una conspiración. De ahí, por ejemplo, a la época paranoica macartista en los cincuenta y sesenta sobre conspiraciones rusas fruto de la Guerra Fría. O hasta en nuestros tiempos, donde las conspiraciones campan sin control a uno y a otro lado del espectro político. El problema en sí no es que existan, sino que determinadas condiciones en un determinado momento histórico las conviertan en fatales. En el caso de QAnon, una de las características más notables y que la diferencia de la mayoría de teorías conspirativas es su alta participación, algo que ha sido posible debido a las redes sociales. Otra de esas circunstancias excepcionales que haría posible el asalto al Capitolio fue la siguiente: si bien normalmente son aquellas personas o partidos fuera del poder quienes impulsan las conspiraciones, en este caso, por el contrario, fue el propio Trump a punto de perder la presidencia quien con su aliento conseguiría instigar a una turba armada a convertir en realidad lo que de sólo imaginarse parecería un delirio cinematográfico de filme distópico zombi.

La rebelión del 6 de enero de 2021

«Vamos a parar el robo. Hoy presentaré algunas de las pruebas de que ganamos las elecciones […] Después de esto caminaremos hacia el Capitolio.» Una multitud enfervorizada aplaude y jalea al que está a pocos días de convertirse en expresidente de Estados Unidos, un hecho inconcebible para todos ellos y quizá también para quien los lidera. A pocos metros de allí, en el edificio que encarna la voluntad popular de la nación, las dos Cámaras están reunidas en una sesión conjunta donde se validan los votos electorales que oficializan la victoria de Joe Biden en las presidenciales. Presidiéndola, el todavía vicepresidente republicano Mike Pence. Consciente de ello, Donald Trump arenga a sus seguidores con soflamas como «espero que Mike haga lo que tiene que hacer» (demandando así a su vicepresidente boicotear la validación de los votos) o «si no luchas como en el infierno no vas a tener nunca más un país, vamos a recuperar nuestro país». Antes incluso de que Trump acabe su discurso, decenas de seguidores derriban las primeras vallas de acceso al edificio, gritando consignas como «insurrección». Las barricadas y la policía del exterior resultan inútiles para cada vez más amotinados, que llegan prácticamente sin problemas a las puertas, crecidos, rugiendo: «que los jodan a estos cerdos, tomemos el edificio».

Mientras en el interior el propio líder de la mayoría republicana reconoce la ausencia de pruebas sobre un fraude masivo de voto, la policía intenta resistir en las últimas barreras de seguridad. En cuestión de momentos, una turba consigue acceder a la entrada, rompe ventanas sin control y exhibe sin complejos carteles con las palabras «revuelta» o incluso una soga con la que colgar a quienes representan políticamente la voluntad popular. Entran. Pence es evacuado del Senado y un agente completamente solo desvía como puede a una multitud que no sabe que está a pocos metros del vicepresidente. Un ayudante murmura a quien está en la tarima que los manifestantes están dentro mientras se suspende la sesión. Saltos a través de ventanas y puertas, acorralamiento de policías, manifestantes armados golpeando puertas en busca de congresistas… el descontrol y la violencia desatada dentro se alimentan de la acumulación de más multitudes en los aledaños, envalentonadas por un tuit de Trump en el que critica a Mike Pence. «¡Traidor!», gritan por miles.

Todavía en esos momentos hay legisladores resguardados dentro de la Cámara de Representantes, a los que se les ha dado instrucción de utilizar sus máscaras antigas. El pánico sólo es contenido por el desconocimiento del alcance de la situación. A pocos metros, un agente en solitario intenta contener a decenas de insurrectos, la mayoría armados, y acaba disparando a través del cristal de una puerta a una mujer que salta. Ashli Babbitt sería la primera de las cinco víctimas mortales que se cobraría el episodio; una de ellas, un oficial. «¿Dónde cojones están?», espetan ya dentro del Senado los manifestantes, mientras revisan documentos, se fotografían en asientos y tarimas, y profanan todo tipo de símbolos y propiedades de los legisladores. Afuera, en la entrada, la multitud embiste sin control y algunos agentes quedan atrapados entre las puertas. Sólo se escuchan gritos; de rabia por parte de la muchedumbre, de dolor por parte de los pocos miembros de la policía que aún resisten en ese punto.

Mes y medio después de ese día, que supondría entre otras cosas la dimisión del jefe de policía del Capitolio y del sargento de armas de la Cámara, la sucesora del primero confirmaría una estimación de 800 «patriotas» dentro del edificio, tal y como los llamó Ivanka Trump en un tuit que tuvo que borrar posteriormente. En los aledaños, decenas de miles. «Fue una elección fraudulenta pero tenemos que tener paz. Id a casa, os queremos, sois muy especiales», diría Donald Trump en un vídeo-mensaje tuiteado por el todavía presidente dos horas después de que comenzase el ataque.

Se ha sugerido que no hicimos caso a las advertencias que nos llegaron por parte de las agencias de inteligencia. No es cierto. Simplemente, nunca se nos dijo que se iba a formar una multitud de decenas de miles cuyo objetivo iba a ser el Capitolio. No ignoramos la amenaza. Hay evidencia de que algunos de los que lo asaltaron estaban organizados, pero también hay pruebas de que un número grande eran estadounidenses de a pie que adoptaron la mentalidad de rebaño porque estaban enfadados y desesperados. El departamento no estaba preparado para la conducta de este último grupo.

Así comentaría el episodio el 25 de febrero Yogananda Pittman, jefa interina de la policía del Capitolio, ante un subcomité de la Cámara de Representantes, donde confirmaría que 35 oficiales estaban bajo investigación y seis miembros de la policía suspendidos debido a su actuación el día de la toma. Según una investigación de The Washington Post, casi el 60% de las personas que se enfrentaban a cargos relacionados con los disturbios poco más de un mes después tenían problemas económicos, «incluidas quiebras, avisos de desalojo o ejecución hipotecaria, deudas incobrables, o impuestos no pagados en las últimas dos décadas». En este sentido, la tasa de quiebras del grupo era casi del doble que la media estadounidense. Uno de cada cinco había afrontado la posible pérdida de su hogar en algún momento. A partir de este análisis, el diario trataba de perfilar qué podría haber llevado a esos partidarios de Trump, muchos de ellos sin antecedentes y con un nivel educativo superior, a participar en el ataque.

Diversos expertos coincidieron en señalar que muchos de los movilizados aquel día manifestaban «un profundo sentimiento de precariedad sobre su situación personal» combinado con «una sensación de traición o enojo al percibir que alguien les está quitando algo». Más allá de la participación de grupos extremistas paramilitares, como los Proud Boys o los Oath Keepers, organizados y dispuestos a protagonizar su propia «revolución de colores» en el corazón del imperio que las exporta a medio mundo, muchas de las personas que llegaron al Capitolio «parecían haber adoptado sus puntos de vista radicales de manera más informal, víctimas de manipulaciones y conspiraciones sobre las elecciones que habían visto en televisión, redes sociales y sitios web de derecha». Ese escepticismo respecto a la información oficial, en contraposición con una fe fanática en aquello que circula en las redes sociales, llegó hasta tal punto que algunos de los últimos objetivos foco de violencia de la masa trumpista a las puertas del Capitolio fueron, precisamente, cámaras, trípodes y material televisivo dejado a su suerte por los periodistas que afrontaron el caos in situ. El descrédito de los medios, sin embargo, es un fenómeno que va más allá de este episodio y que desempeña un papel importante en la situación actual de las democracias liberales.

Desconfianza en los medios

Ese mismo mes de enero, el último barómetro Edelman sobre confianza en los medios tradicionales marcaba un mínimo histórico. Por primera vez, menos de la mitad de los estadounidenses declaraba confiar en ellos, una crisis que también tenía su eco en las redes sociales, con un índice del 27%. Así, el 56% de los estadounidenses se mostraba de acuerdo con la afirmación de que «los periodistas y reporteros intentan deliberadamente engañar a la gente diciendo cosas que saben que son falsas o exageraciones graves», y el 58% declaraba que «la mayoría de las organizaciones de noticias están más preocupadas por apoyar una ideología o posición política que por informar al público». Las críticas se reparten a derecha e izquierda, y arriba y abajo, más allá del señalamiento interno entre medios rivales o la soberbia de aquellos con más capital económico que siguen creyéndose por encima de los demás. La crisis de confianza mediática es global, trasciende a Donald Trump y sus fake news, y la culpabilidad es también de los propios medios y periodistas. Pongamos de ejemplo a tres figuras mediáticas de renombre en Estados Unidos, todas ellas con público y sensibilidades políticas dispares: Tucker Carlson de la cadena Fox News, quien en julio de 2020 rompió el récord del programa de mayor audiencia en la historia de las noticias por cable; Rachel Maddow, presentadora del programa más visto de la cadena MSNBC, y Alex Jones, el rey de la radio de la extrema derecha estadounidense y las teorías de la conspiración. Todos coinciden en lo siguiente: al verse ante los tribunales por diferentes motivos, sus abogados y/o el juez concluyeron que cualquier «espectador razonable» sabe que no debe de creer por completo aquello que dicen en sus programas. ¿A quién deben creer entonces? Teniendo en cuenta que teóricamente los medios suponen uno de los elementos de cohesión de una sociedad, la desaparición de ese pegamento básicamente nos deja en terreno desconocido. Otra cuestión es que ese pegamento mediático también haya servido a los intereses del establishment.

«El sistema más poderoso y con mayor conciencia de clase es el sistema imperial. No sólo controla muy bien al electorado, también otras esferas políticas, como la prensa», sentencia Gloria la Riva, acostumbrada al constante silencio de unos medios que sólo hablan sobre los terceros partidos para dar informaciones de tipo anecdótico o directamente falsas. Un ejemplo es la acusación sin fundamento de Hillary Clinton de que «los rusos» estaban «preparando» a la representante Tulsi Gabbard, demócrata presentada a las primarias para la presidencia, para que se postulara como candidata de un tercer partido. Un ataque sin evidencia o prueba alguna que también había lanzado ya en 2016 contra Jill Stein, del Partido Verde. Cualquier cosa vale para intentar neutralizar otra opción que esté más allá del bipartidismo reinante. Luego estas mismas figuras y medios que no dudan en utilizar fake news contra sus oponentes políticos o mediáticos pretenden que las teorías de la conspiración no les coman terreno.

—No creo que salga lo suficientemente fuerte un partido de izquierda, que pueda desafiar al Demócrata, con esperanzas de ganar u obtener representantes en el Congreso y mucho menos un presidente. Este sistema electoral es distinto al de Europa u otros países latinoamericanos, donde existe ese parlamentarismo en el que varios partidos pueden unirse en coalición y existe la representación proporcional. Aquí no. El sistema estadounidense está muy controlado de manera bipartidista por la burguesía, resume La Riva.

—¿Y entonces?

—Mira lo que está pasando con esta Administración de Biden. Es interesante. Clinton y Obama en sus primeros dos años de presidencia tenían una fuerte mayoría, podrían haber cambiado muchas cosas y no lo hicieron porque en realidad no querían. Usaron la excusa del bipartidismo y la unidad. Tras años de no hacer nada, la gente abrió los ojos y los republicanos usaron el desencanto para avanzar. Ahora Biden, que históricamente no ha sido más progresista que ellos, anuncia determinadas medidas y tiene un determinado discurso que no habrían salido de él si no fuera porque los demócratas creen que deben evitar una explosión social. Creo que, aunque no lo quieran admitir, están sintiendo la presión del pueblo. Movimientos como el que defiende el salario a 15 dólares la hora, Black Lives Matter, antes, en 2006, la masiva ola de protestas por una reforma migratoria… estos movimientos demuestran que la gente está perdiendo la paciencia.

Biden accedió a la presidencia con el siguiente lema: «Build Back Better» («reconstruir mejor») y la siguiente declaración de intenciones: «un contrato social actualizado que trate a los trabajadores estadounidenses y a las familias trabajadoras como algo esencial en todo momento, no sólo en tiempos de crisis». En sus primeros 100 días de Gobierno, y sólo tomando como referencia los ejemplos dados por La Riva, Biden hizo radicalmente lo opuesto a lo que prometió respecto a inmigración y subida del salario mínimo.

[1] En la famosa novela de Huxley, el Soma es una droga utilizada por el Estado para controlar las emociones de las personas, que la consumen cada vez que se encuentran deprimidas.

[2] El Bible Belt o Cinturón de la Biblia es un término coloquial que se usa en referencia a una área de Estados Unidos, principalmente en el sudoeste del país, donde el cristianismo evangélico está profundamente arraigado en todos los aspectos sociales e incluso políticos de la misma. El Rust Belt o Cinturón del Óxido es una región, que engloba algunos estados del nordeste del país, cuya principal actividad económica está relacionada con las manufacturas y la industria pesada, donde el impacto de la desindustrialización, sobre todo derivada de la crisis de la industria automotriz, ha devastado económicamente amplias áreas de población.

[3] El Partido Demócrata fue en sus inicios esclavista y estaba vinculado a los estados conservadores del sur de Estados Unidos. El giro ideológico con los republicanos se produjo en los años treinta del siglo

xx

.

IV

LA SED. EL MODELO SE AGOTA

La crisis del agua de Flint ilustra cómo los desafíos en las ciudades cada vez más reducidas de Estados Unidos no son una crisis de liderazgo local, o, al menos, no sólo eso, sino una crisis de sistemas

Ana Clark, The Poisoned City: Flint’s Water and the American Urban Tragedy

Todo, o casi todo, está en Flint

La historia ha sido explicada en numerosas ocasiones, la mayoría de veces de manera inacabada. Aquí volverá a estarlo. Pese a que este es un intento por ampliar la perspectiva, las aristas son incontables. El resumen de lo ocurrido es que, en abril de 2014, las autoridades de la ciudad de Flint, donde residen unos 100 mil habitantes, decidieron cambiar el origen del suministro del agua para ahorrar costes. Del lago Huron, procesado en Detroit, cambiaron al río Flint, haciendo uso de una planta que no estaba preparada para tratar unas aguas que llevaban décadas siendo destino de productos contaminantes y desechos de fábrica. Las autoridades no aplicaron inhibidores de la corrosión al agua, lo que supuso que partículas de plomo y otros materiales que se desprendieron de unas infraestructuras y tuberías no renovadas corrieran por los grifos de toda la ciudad. Para hacernos una idea del veneno, la propia General Motors dejó de utilizar el agua en la planta al poco tiempo del cambio por los daños que causaba en los equipos. Imaginen en los humanos. La exposición al plomo, por ejemplo, puede causar problemas de conducta y de aprendizaje en los niños, y dejar secuelas de por vida en el caso de la ingesta en embarazadas. En octubre la ciudad volvió a conectarse con el sistema de agua inicial, pero la crisis ya estaba desatada. Sin un reemplazo del sistema de tuberías no podía garantizarse que el plomo no siguiera contaminando el servicio, algo que las autoridades en un primer momento trataron de ocultar. Melissa Mays, conocida como la madre de Flint por ser una de las primeras personas en dar la voz de alarma, describe así lo que sucedió:

El agua empezó a cambiar de color de vez en cuando; nos salieron sarpullidos; desarrollé una infección respiratoria; mi hijo menor, neumonía; el mediano, en una caída de la bicicleta, se astilló los huesos de la muñeca; perdíamos pelo. En enero de 2015 recibí una carta que decía: «querido residente, durante los últimos nueve meses tu agua ha sido contaminada con un subproducto causante de cáncer, aunque probablemente todo esté bien». Así que empezamos a hervir el agua, pero luego nos dimos cuenta de que todavía era peor. En un momento dado, decidí acercarme a activistas como Erin Brokovich, quien nos envió un experto. Comenzamos a hacer pruebas y, efectivamente, encontramos plomo. Elaboramos un mapa y vimos que estaba en toda la ciudad, así que se convirtió en una bola de nieve porque las autoridades nos estaban mintiendo.

En realidad, el problema no era un subproducto añadido al agua, sino la falta de tratamiento para hacerla potable. Dos estudios pusieron negro sobre blanco lo que estaba sucediendo, eso sí, más de un año después del cambio de aguas. Por un lado, la doctora Mona Hanna-Attisha, utilizando registros hospitalarios, confirmó que la proporción de bebés y niños con niveles elevados de plomo en la sangre casi se había duplicado desde que la ciudad cambió de sistema. Los hallazgos fueron en un primer momento negados por el portavoz del Departamento de Calidad Ambiental del estado de Míchigan. Tiempo más tarde pediría perdón y acabaría por dimitir. El otro estudio que insistiría en destapar la verdad fue el de un equipo de la Universidad Virginia Tech que llegaría a la ciudad en septiembre de 2015. Dicho trabajo encontró que al menos una cuarta parte de los hogares de Flint tenía niveles de plomo por encima del nivel federal, situado en 15 ppb[1]. Para hacernos una idea, en algunos lugares ese nivel era de 13.200 ppb. A partir de ahí, llegaría la declaración de emergencia, el grito en el cielo político y mediático general, y unos esfuerzos por diluir responsabilidades bastante superiores a los de arreglar el destrozo. Visité la zona en julio de 2019. Pese a que las autoridades llevaban desde enero de 2017 asegurando que el agua era segura, tan sólo unos meses antes de mi llegada una investigación periodística de Status Coup había acusado al Departamento de Calidad Ambiental de haber falsificado las pruebas de agua para obtener informes favorables haciendo trampas como, por ejemplo, tomar las muestras tras dejar correr el agua del grifo durante un buen rato, contraviniendo así las instrucciones de la Agencia de Protección Ambiental, que aseguran que deben ser tomadas en la primera extracción. Fuese o no segura, prácticamente nadie en Flint utilizaba agua corriente. El motivo más racional era el hecho de que el total de tuberías de plomo aún no habían sido remplazadas todo ese tiempo después. El más extendido, sin embargo, la total pérdida de confianza en quienes teóricamente debían velar por ellos.

Mentira sobre mentira

Nakiya Waves vive en una pequeña casita de exterior destartalado y asfixiantemente oscura una vez se cruza el umbral de la puerta, donde uno se encontrará con cajas llenas cubiertas de mantas por doquier, como en una permanente mudanza. Entre tal revoltijo, es capaz de sacar, como por arte de magia, una factura de suministro de la empresa pública del agua de más de tres mil dólares. No piensa pagarla, tampoco puede. Lleva más de tres años consumiendo sólo botellas que paga con los cupones de alimento que recibe del estado, pese a tener dos empleos con los que apenas sobrevive. «En 2015 y en 2017 tuve abortos gemelares. Perdí cuatro bebés. Mi hijo ahora mismo ni siquiera va al colegio porque desarrolló déficit de atención por la exposición al plomo. Empezó a ponerse agresivo, a estar atrasado, en la escuela no le proporcionaban la educación especial que necesitaba, así que le llevé a un terapeuta y lleva en casa casi tres años, sin escolarizar.» Cualquiera diría que Nakiya fue recibida en la mismísima Casa Blanca.

Es todo lo que obtuve. Estuve en la Casa Blanca con Obama, hablé con Hillary Clinton cuando era candidata presidencial… Obama vino a Flint y fue como una bofetada en la cara, porque viene y dice, oh, tengo sed, y hace como que bebe agua y problema resuelto. Esa agua claramente no era de Flint. No me importa si mamá u Obama beben de esta agua, el agua de Flint no es segura. Ahora, también digo: la gente debe saber lo que sucedió porque, con tanta infraestructura vieja, esto puede pasar en cualquier lugar de Estados Unidos.

Nakiya hace referencia al episodio en que Barack Obama, por aquel entonces presidente, hizo una interpretación en Flint en mayo de 2016. En una visita a un banco de alimentos, bebió de un vaso asegurando que era agua filtrada del grifo, y dijo: «Tengo vuestras espaldas cubiertas». A continuación, advirtió que las embarazadas y los niños menores de seis años deberían seguir bebiendo agua embotellada «por precaución». El gesto es una de las mayores afrentas que se recuerda en el orgullo herido y vilipendiado de la ciudad. También el más conocido en la interminable lista de mentiras o medias verdades que los afectados han ido escuchando durante todo este tiempo.

Uno de los episodios más oscuros respecto a la crisis de Flint es la imposibilidad de saber el número exacto de afectados. De hecho, jamás hubo ni ha habido voluntad por saber exactamente cuántos muertos y víctimas ha dejado la catástrofe. Si bien en un primer momento las autoridades cifraron entre seis mil y 12 mil los niños contaminados con plomo, no hubo posteriormente intentos significativos de establecer una lista más precisa, teniendo en cuenta que los efectos relacionados con el desarrollo de la conducta en menores suelen aparecer más tarde. Por otro lado, en un principio también se aceptó que una docena de muertos por legionela[2] y neumonía estaban relacionados con el consumo del agua. Sin embargo, el Departamento de Salud sólo tuvo en cuenta aquellas personas que fallecieron hospitalizadas o 30 días después del cambio de agua. Una investigación de la cadena PBS demostró que el brote continuó durante meses: «Es importante destacar que el brote comenzó justo después del cambio de aguas y perduró. Los funcionarios estatales sabían de este brote, sabían que había una bacteria en el agua que podría estar matando gente y, en muchos casos, fueron los mismos que decidieron que la ciudad siguiera consumiendo esa agua durante seis meses más», dijo la directora del documental resultado de la investigación. Para avalar sus sospechas, encargaron un estudio a un equipo independiente de epidemiólogos. Otro de los hallazgos más importantes fue que las muertes por neumonía ascendieron exponencialmente durante el periodo examinado, por lo que podían haber sido casos de víctimas de legionela que «no se diagnosticaron a tiempo, no se trataron y, en última instancia, no se contaron». Por otro lado, del total de casos diagnosticados y reconocidos por las autoridades que en un primer momento sobrevivieron, al menos 20 de ellos murieron por problemas derivados del envenenamiento en los meses o años posteriores. El equipo de la PBS sólo se atrevió a decir que había encontrado docenas de muertos no contados. El número real sigue siendo una incógnita.

Clara Moore cree que se muere y aún no sabe de qué. Apenas se le oye un susurro en el que pone todo su empeño vocal. Soy consciente de que este esfuerzo la arrastrará a la cama durante mucho tiempo en cuanto salga por la puerta, pese a que, hasta entonces, aparentará una agilidad que no tiene abriendo mucho sus enormes ojos e intentando mostrarme todo aquello importante que se le ocurra a la hora de contar su historia. Clara desgrana con detalle cómo en 2014 su garganta empezó a molestarle, el doctor le recetó un antialérgico, en cuestión de semanas su voz empezó a cambiar y una especialista le diagnosticó un tumor maligno en las cuerdas vocales. Recibió 36 tratamientos de radiación en los que le colocaban una especie de armazón con pinchos que la inmovilizaba y que todavía conserva en el salón de casa, para horror visual de quien ose preguntarle cómo eran las sesiones. Su madre, que debido a los estragos que la enfermedad ha dejado en Clara parece prácticamente de su misma edad, sonríe con tristeza cuando lo muestra, mientras saca como complemento el cofre lleno de las pastillas que su hija sigue tomando. «Pero, adivina, ¿sabes qué? No era cáncer. De repente me dicen que es un hongo o una bacteria. Todo porque empecé a toser unas flemas amarillas y verdes. Así que sigo sin saber exactamente qué es. Mira, a mí me hicieron biopsias antes del tratamiento contra el cáncer. Biopsias. ¿Y me quieres decir que los médicos no sabían y no saben, o más bien no quieren decirme, qué es?». Clara no llega a los sesenta y se deja la voz al explicar su situación, no para pedir ayuda, sino, simplemente, para agitar conciencias: «Si alguien en Estados Unidos se cree que nuestra agua está limpia le enviaré unos cuantos galones. No, la verdad, porque nunca haría daño a un ser humano como el que nos han hecho. Cuatro años después, no me puedo ni duchar en mi baño».

El testimonio de Clara puede parecer increíble, pero no es el único de este tipo en Flint. La ciudad está llena de personas enfermas que aseguran tener diagnósticos sospechosos, ciudadanos con trastornos visibles pasado un tiempo… Ya sea por pura desconfianza en cualquier tipo de autoridad, hasta del personal médico, o porque realmente son víctimas de una estrategia de ocultación de lo sucedido, lo que es cierto es que ninguno de ellos está reflejado en el negro sobre blanco de cifras o estimaciones. De nuevo, lo que no se cuenta no existe.

Sin castigo

Si la minimización consciente del desastre inicial, tan recurrente en un país cuyos políticos y medios utilizan de forma magistral la velocidad del usar y tirar informativo, resulta escandalosa, puede que lo sea aún más la falta de castigo y responsabilidad. De los 15 funcionarios que fueron acusados en un principio, siete aceptaron acuerdos de culpabilidad que en ningún caso los llevaron a prisión. Los ocho que estaban a la espera de juicio se libraron en junio de 2019, cuando la fiscal general de Míchigan retiró todos los cargos para dar paso a una nueva investigación cuya duración no debía superar los nueve meses. Poco más de un año después, la fiscal anunciaba un acuerdo para compensar a los residentes con 600 millones de dólares por el daño causado. Si la exalcaldesa lo calificó de irrisorio, burla sería el término más suave empleado por los afectados. Como en una premonición, Jennifer Kurland me contaba lo siguiente prácticamente un año antes, sentadas en un banco frente al río: «A mi parecer, la gente de Flint no va a tener justicia, porque, en este caso, no importa si el que está a cargo es de los azules o los rojos».

Kurland, que en el momento de nuestro encuentro era responsable de Comunicación del Partido Verde, empezó durante el estallido de la crisis a acumular documentación pública sobre lo sucedido para hacer un documental. Los contratos que obtuvo, los acuerdos y demás hojas municipales y estatales demuestran que los responsables del cambio en el agua eran conscientes de que no era apta para el consumo humano.

Mira, este estudio que aquí muestro repite lo mismo que el de 2009, y nuevamente lo mismo cuando el estado hizo también su propio análisis en 2013. También puedes verlo en estos documentos de fianza: que la planta de depuración de Flint no podía tratar adecuadamente el agua, que necesitaba al menos entre siete y ocho millones de dólares en actualizaciones sólo para los ortofosfatos simples; el gran tema del que la gente comenzó a hablar, el tratamiento real del agua. Los funcionarios, las personas que estaban a cargo, lo sabían. Está en todos estos documentos y lo sabían de antemano. Lo que le sucedió a la gente de Flint fue absolutamente premeditado.

Papel mojado –nunca mejor dicho–, como lleva siéndolo la Ley federal de Agua Limpia, pisoteada desde los setenta. A Kurland la dejadez y corrupción de un lado y otro del espectro político tradicional la empujaron a intentar apostar por una alternativa política a través del Partido Verde. Un paso valiente si se cree en el sistema. No obstante, el resto de habitantes se abocaron directamente a intentar sobrevivir mediante redes comunitarias.

Sin estado

Una larga fila de vehículos espera a un lado de la carretera. Calculo unos tres kilómetros y no son ni las nueve de la mañana. Me acerco al primero de ellos. El vecino Herman Price explica que lleva en ese lugar desde las cinco. Un ritual que lleva repitiéndose más de tres años y medio cada jueves en ese mismo punto, y no es el único en la ciudad. Le pregunto cuánta agua embotellada espera obtener y me contesta que dos cajas. Es decir, cinco horas de espera en el coche por un ahorro de 10 dólares. Entro al recinto de la iglesia responsable de la distribución y el movimiento es incesante. De entre un grupo de jóvenes voluntarios emerge con disposición artística y sonrisa de estrella televisiva Miss Jones, la mujer del pastor: «La pregunta es: ¿si las autoridades dicen que el agua ya está bien, por qué necesitamos todo esto? Las tuberías no se han cambiado en todas las casas, otras no tienen filtro, otros vecinos directamente saben que el agua sigue siendo mala. Es una historia de descrédito y de no creer en las autoridades. La gente ni se fía ni confía en lo que se les dice. Entonces, nosotros distribuimos agua, entre 420 y 620 hogares en cada una de estas jornadas[3]». Pese al despliegue explicativo inicial sobre la caridad recibida, Miss Jones es franca:

Hemos tenido que dar un paso atrás en la cantidad de agua que damos a cada residente para poder tratar de atender a todos los que vienen. Comenzamos repartiendo seis cajas por hogar, tuvimos que recortarlas a cuatro y ahora a dos. Algunos al final del día sólo podrán obtener una. El Gobierno y el estado hace tiempo que se desentendieron y nosotros asumimos todo el coste, así que aquí hacemos lo que podemos. ¿Te puedes creer que en Estados Unidos estemos funcionando como un país del tercer mundo? Hoy somos nosotros, pero mañana puede ser cualquiera.

Le pregunto qué opina sobre el hecho de que Washington se jacte a diario de la ayuda humanitaria que presta a otros países y que incluso la ofrezca a cambio de promover cambios de Gobiernos. «Vamos a poner que tienes niños, ¿dejarías de dar de comer a tus hijos pero irías a las casas de los vecinos a darles de comer? ¿A que no tiene sentido? Necesitamos encontrar una manera de darles de comer a todos.» La referencia a la alimentación no es casual, junto con las cajas de botellas, también reparten comida de primera necesidad para quienes se la solicitan.

La actividad en la parroquia de Miss Jones contrasta con el pequeño edificio destartalado en el que nos recibe el pastor Bobby Jackson y que en el momento del estallido de la crisis fue el primer punto de distribución de agua embotellada. Lleva meses sin abrir el grifo y cuando lo hace el vaso se tiñe completamente de negro. «Es que el edificio está cerrado ahora, en los últimos tiempos era insostenible económicamente. Ya sólo utilizo el terreno exterior como punto de recogida de botellas de plástico.» Bobby Jackson señala una ingente pila de botellas que relucen bajo un sol que va y viene en un día de verano incipiente en Míchigan. Por un momento, pienso en niños saltando sobre una de esas montañas, jugando a lanzarse tapones, hasta que caigo en la cuenta del desastre ecológico desatado. Una lógica similar siguió el pastor, cuando, tras meses de repartir cajas, se dio cuenta del reguero de botellas que aparecían en las calles de la ciudad. Del desastre inicial en Flint se ha derivado otro desastre medioambiental del que ni el Gobierno local ni estatal hacen cuenta.

En Flint somos unas 100 mil personas. Incluso contando sólo seis botellas por individuo al día, y eso siendo optimista, puesto que hay quien las usa para cocinar y bañarse, son 600 mil botellas diarias. Las botellas de plástico tardan 150 años en empezar a degradarse en nuestros vertederos. Si almacenamos todo eso aquí, esto causaría otra catástrofe en la ciudad. Así que empecé a concienciar en el reciclaje, a repartir bolsas entre los vecinos y a recogerlas cuando les dábamos agua nueva. Hasta que no hicimos esto, en Flint sólo se reciclaba un 3 o 4% del total y no teníamos tiempo de hacer una educación masiva al respecto. Sin embargo, cuando el ayuntamiento dejó de repartir agua también dejó de repartir bolsas de reciclaje. La gente volvió a tirarlas. Es por esto que al menos dejé este espacio y yo mismo llevo lo que me traen a un supermercado donde tienen un programa de reciclaje. Eso sí, cuando me prestan un vehículo. El camión que tenía hace ya tiempo se estropeó, pero siempre hay alguien dispuesto a ayudarme.

El pastor da las gracias repetidamente: a los vecinos, a Dios, a la cámara. Recuerda los tiempos en los que incluso la conocida presentadora de televisión Rachel Maddow hizo un programa especial desde allí. «Ya no somos noticia. Muchas gracias por venir.» La historia de Flint es también la del olvido mediático. Todas y cada una de las personas a las que entrevisté destacaban cómo de la noche a la mañana pasaron de ser el tema estrella en los canales de todo el país y buena parte del extranjero a que prácticamente nadie se interesara por hacer un seguimiento de su situación, más allá de los medios locales y algún que otro reportaje para publicar el día del aniversario del estallido de la crisis.

Ariana Hawk es la madre del niño que ocuparía la portada de la revista Time que le convirtió en símbolo internacional del desastre: «Ah, sí, le hicieron medio famoso en la ciudad un tiempo. Te la enseñaría para que la grabases, pero no sé ni dónde la tengo». Es la tercera vez que intento hablar con ella. Cada día le ha ocurrido algo que la mantiene fuera de casa más de lo normal, casi siempre relacionado con la pobreza en la que vive.

Cada mes recibimos una factura del agua de 200 dólares. Un agua que prácticamente no usamos, pero por la que debo pagar porque ¿sabes qué pasa si no lo hago? Tengo que bregar con los servicios de protección de menores y todos aquellos que se meten en mis asuntos y responder por qué no pago el agua. Bien, yo prácticamente sólo uso botellas y bidones, esto debería ser suficiente, pero aun así tengo que pagar por un agua envenenada que ni uso y que además mató al padre de mi hija oficialmente de legionela. Y luego está mi hijo, el de la portada de la revista, que en su día dijeron que no estaba en el grupo de riesgo, pero que ahora está mostrando carencias en su desarrollo y temo que fuera por el consumo del agua.

Individuos solos ante el desastre y a los que se les siguen exigiendo responsabilidades mientras sobreviven gracias a las migajas en forma de donaciones de la iniciativa privada. La defensa exacerbada del neoliberalismo podría ver en esto la confirmación de sus teorías; aquellos defensores libertarios, incluso el inicio de un ideal. Sin embargo, lejos de asumir el papel de un Gobierno y unas autoridades que ni están ni se las espera, los elementos no públicos nunca ensartan el hilo para dar puntadas altruistas. Detrás, siempre hay el remiendo de una culpabilidad compartida o un bordado con beneficios. Puede que lo más sangrante de la crisis de Flint sea el hecho de que la ciudad está prácticamente situada en la zona de los Grandes Lagos. Es decir, miles de ciudadanos fueron envenenados y no pueden beber de sus grifos habitando a pocas millas de la formación natural que contiene el 20% del agua dulce en superficie del mundo y el 90% de la de América del Norte. Melissa Mays resume el plan:

No tiene sentido, año 2019, Estados Unidos. Se supone que debemos ser… ya sabes, liderar el camino para el resto del mundo. ¡De ninguna manera! No sigan nuestro ejemplo porque estamos envenenando a nuestras comunidades pobres y minoritarias. Al mismo tiempo, les estamos haciendo pagar una de las facturas más caras. Estamos atrapados. Mientras, tienes a estas grandes corporaciones como Nestlé ganando toneladas de esta crisis. Nestlé paga 200 dólares al año para extraer agua de manera infinita en los Grandes Lagos, secar los arroyos, destruir la agricultura y todo lo demás, y yo tengo que pagar 300 cada mes en una factura por un agua que no puedo usar de forma segura estando a una hora de la región. Aparte, otros 100 por comprar sus botellas de esa u otra marca. La gente necesita despertar. Todos usamos agua. Si se salieron con la suya haciéndonos esto a nosotros, con todas las personas que han muerto, con toda la evidencia que ha existido, las mismas leyes de detección de mala calidad del agua que se suponía que debían protegernos tampoco te protegerán a ti. No es sólo Flint. Lo peor es saber que si nos barren debajo de la alfombra, con toda la atención que tuvimos, este será el manual de uso en todas las ciudades posindustriales o rurales que necesitan inversiones para reconstrucción. Tenemos que detenerlo. Somos los pobres y los envenenados cuidándonos unos a otros porque no tenemos ayuda. Si se deshicieron de Flint, ¿por qué no hacer lo mismo en la siguiente ciudad?.

¿Sin futuro?

No hay más que darse una vuelta por los aledaños de la antigua fábrica General Motors para darse de bruces con el impacto de una retirada económica a gran escala. Como si del paso de un huracán se tratara, decenas de esqueletos de antiguas casas unifamiliares con porche y jardín ofrecen un espectáculo devastador. En los cristales de muchas de las puertas o ventanas frontales, notas de avisos de desahucio o de pagos atrasados de suministros. No se me ocurre mejor escenario para una película distópica zombi (de nuevo) que la calle Addison, si no fuera porque, en algunos de los inmuebles, sorprendentemente siguen viviendo algunos vecinos. A modo de frontera, una valla separa el final de numerosas calles de un enorme aparcamiento de vehículos nuevos que esperan su traslado. No hay atisbo de trabajadores en el terreno.

La historia de Flint es la del aumento de 13 mil a 156 mil residentes entre 1900 y 1930, con un punto máximo poblacional de unos 200 mil en los sesenta. Con un auge en los años cincuenta en el que aproximadamente el 90% de los sueldos y ganancias de la ciudad provenía de la General Motors. La ciudad llegó a registrar el ingreso per cápita más alto del estado, escenificando el sueño americano de esa clase media de película a la que creen que ascenderán o pertenecen los que son y serán clase obrera. A partir de los años setenta, como tantas otras ciudades industriales, los trabajos empezaron a desaparecer y, ya en los ochenta, sólo unos 85 mil operarios se empleaban a fondo en unas instalaciones que posteriormente serían demolidas. Automatización de procesos, deslocalización en el extranjero en busca de mano de obra barata, globalización. Los que pudieron huyeron, pero muchos otros no tuvieron escapatoria. ¿Cómo vender por menos el hogar que había costado tanto trabajo construir? ¿A dónde ir? ¿En qué trabajar? Al frente, un Gobierno débil sin liderazgo real para marcar un nuevo camino que seguir. Cómo hacerlo, cuando el sistema está construido para bailar al ritmo de empresas, inversionistas y especuladores. Laissez faire, hasta que no hubo más que chupar. Se retiraron y la ciudad fue abocada a la suspensión de pagos, dos veces en tan sólo una década. La receta, el nombramiento de un administrador financiero, recortes, reducción de costes. Ni rastro de un refuerzo de lo público o la atracción de nuevas inversiones. Creo que a todos nos suena la cantinela. El trato a las comunidades, a las personas, como a corporaciones municipales. Para 2016 Flint registraba la tasa de pobreza más alta del país de entre las ciudades de Estados Unidos, con un 45% de los residentes por debajo del umbral de la pobreza, un 58% en el caso de menores de dieciocho años según la Oficina del Censo. Con la miseria llegó la criminalidad, con tasas un 75% más altas que el promedio nacional, un 378% en el caso de los delitos violentos. La espiral de depredación, depresión y delincuencia girando a toda potencia. El huracán de la calle Addison nunca fue metafórico.

Hay quien podría aducir que si –tras el desastre y las incontables vidas humanas perdidas– todo el coste que les supuso fueron 600 millones de dólares en indemnizaciones, el enorme daño infligido se compensó. Como siempre.

Rick Sadler, profesor en la división de salud pública de la Universidad Estatal de Míchigan, reflexionaba de esta forma sobre lo sucedido:

Me resulta muy extraño cómo esta idea de un mínimo Gobierno se ha fusionado con la idea de que el Gobierno no debe ser diseñado para servir al ciudadano. Seamos eficientes, seamos tecnócratas, por supuesto, pero lo que lo público en este país no parece entender es que, cuando, por ejemplo, ignoras problemas públicos de salud, la gente va a enfermar y a morir, y no sólo eso, si seguimos reduciéndolo al dinero, la solución al problema te va a costar todavía más que el haberlo prevenido. La salud púbica sirve, entre otras cosas, para hacer que las personas sean productivas. Mi mayor preocupación es que no vivimos en un sistema en el que tratemos al Gobierno como un agente cuyo objetivo deba ser ayudar a la gente. Mi mayor preocupación es que, pese a lo sucedido, todavía estemos en este marco neoliberal en el que nos venden que el mejor sistema es que nuestro Gobierno simplemente sirva como interlocutor para las grandes empresas y gaste la menor cantidad de dinero posible en ayudar al ciudadano, lo cual es totalmente perverso.

Sadler fue uno de los profesionales que ayudó a la doctora Mona Hanna-Attisha a elaborar el primer estudio que expuso la elevada presencia de plomo en la sangre de los niños de Flint. Frente a mapas de la ciudad y alrededores, Sadler explica cómo se dieron cuenta de que los funcionarios estatales estaban utilizando los códigos postales para descartar el posible envenenamiento. «Los códigos postales son completamente arbitrarios y particularmente en Flint; un tercio de las direcciones no están realmente en el núcleo urbano.» Es decir, la ubicación de los números no es consecutiva y un tercio de las direcciones estaban situadas en la periferia de la ciudad, donde la contaminación era menor o casi inexistente. «Lo que estaban haciendo era diluir los resultados, estaban considerando población que no estaba expuesta a esa agua con ciudadanos que sí lo estaban. Realmente espero que no lo estuvieran haciendo aposta». Sadler insiste en la necesidad de dejar claro que la crisis no fue un evento pasado, sino tan sólo la punta del iceberg de un problema endémico:

El problema es que nunca se trató sólo del plomo, sino también de todos los problemas bacterianos del agua estancada y la ausencia de cloración. Nuestra infraestructura, como la de tantas otras ciudades industriales, fue construida para el doble de personas y muchas más fábricas de las que hay ahora, por lo que estamos usando el 35 o 40% de la capacidad de nuestro sistema, así que existen áreas donde el agua se estanca durante un tiempo indeterminado en las tuberías, no fluye y crecen todo tipo de bacterias. Este es un problema que se solucionaría al 100% con la construcción de nueva infraestructura, pero el sistema urbano estadounidense no está diseñado para fomentar la reurbanización y reorganización de lo que ya existe, sino en construir. Estamos obsesionados con construir nuevos suburbios y lo que va quedando antiguo lo dejamos morir, dejando atrás a las personas, dejando que las infraestructuras se caigan a pedazos.

Usar y tirar en lugar de arreglar. Consumir, consumir, consumir. Beneficios, beneficios, beneficios. Da igual el coste social o ambiental. Sadler continúa:

Es divertido de una manera un tanto macabra ver cómo todos estos problemas de infraestructura y agua están ocurriendo en lugares que de manera natural son más propicios para el desarrollo urbano y humano; por ejemplo, aquí, cerca de los Grandes Lagos. Esto refleja nuestro patrón de desarrollo. Mientras esto sucede, en los últimos 50 o 60 años hemos estado construyendo de forma desmedida en el Cinturón Solar: Arizona, Florida, lugares donde las toneladas de humanos no son sostenibles porque no hay agua. Ni siquiera se puede cultivar a gran escala. Sin embargo, hemos preferido este tipo de desarrollo urbano porque hace buen tiempo, al margen de si tiene sentido.

En una lógica capitalista, por supuesto. Enormes cantidades de tierra baldía por construir y explotar. ¡Qué más da si es contra natura! Existen tres motivos principales tras la sed en Estados Unidos: contaminación, falta de acceso y escasez. Sadler acaba de introducir esta última, la sequía. Volveremos a ella un poco más adelante.

Flint está en todas partes

Millones de ciudadanos sin agua potable

Según The Natural Resources Defense Council, sólo en 2015 más de 18 millones de personas bebieron de sistemas con presencia dañina de plomo y cobre en el agua, y casi 77 millones de estadounidenses, de agua proveniente de servicios que violaban las protecciones federales. Si nos atenemos sólo al plomo y cobre, las reglas establecidas por la Agencia de Protección ambiental (EPA) son de hace tres décadas. Esto supone, según una publicación de APM Reports, que el límite establecido no se basa en la salud humana y que, según un análisis interno de la propia agencia obtenido por los investigadores, el límite real debería ser un 70% más bajo del actual para prevenir el envenenamiento en niños pequeños. Lo más escandaloso es que la propia EPA sabe desde 2011 que su método de prueba no mide adecuadamente la cantidad de plomo. Pese a esto, se han dejado premeditadamente sus estándares sin cambios. Tanto la ciudad de Chicago como el estado de Míchigan decidieron en los últimos tiempos establecer pruebas más rigurosas. Según la investigación de AMP Reports: «los niveles de plomo eran dos veces más altos en promedio que los resultados del procedimiento estándar de la EPA».

La dejadez en actualizar los límites legales es directamente proporcional con el recambio físico de las tuberías de plomo. Si la EPA estimó –se cree que en realidad eran y son más– en 10 millones los usuarios registrados con ese tipo de tuberías en 1991, cuando implementó por primera vez la regla de plomo y cobre, en 2016 todavía había al menos 6,1 millones, un proceso que no se ha acelerado en los años más recientes. El motivo: puramente económico. Se calcula que reemplazarlas podría costar entre 30 y 44 mil millones de dólares. La insistencia en la peligrosidad del estado actual ha llevado por primera vez al Gobierno a hacer una propuesta en este sentido. El plan de la Administración Biden, de aprobarse y según sus cálculos, supondría la reducción de la exposición al plomo en 400 mil escuelas y centros de cuidado infantil y de seis a 10 millones de hogares. No obstante, cabe destacar que el reemplazo de las tuberías dentro de las casas correría a cargo de los propietarios. Un esfuerzo económico que difícilmente todo el mundo puede asumir.

Más allá del plomo, la investigación de The Natural Resources Defense Council en 2015 detectó que millones de proveedores en Estados Unidos no probaron la seguridad del agua; un fenómeno que no sólo se da en grandes ciudades, sino que, de manera preocupante, se encuentra también en sistemas que prestan servicios a comunidades muy pequeñas, en áreas rurales (donde se registraba una tasa significativamente más alta de violaciones de los estándares de salud en comparación con núcleos poblacionales mayores). En general, las violaciones de la Ley de Agua Potable Segura de la Agencia de Protección Ambiental se dieron en todos los estados. Por si fuera poco, el estudio también destacaba que dichos estándares no son precisamente exigentes. Así, se estima que hasta el 15% de los hogares en Estados Unidos podría tener agua de grifo contaminada. Las consecuencias en salud pública son tan fatales como inabarcables. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades calculan aproximadamente que 19,5 millones de estadounidenses enferman cada año por patógenos resultantes de beber agua contaminada de sistemas públicos. Como además se apunta en el informe, dichas estimaciones sólo se realizan basándose en afecciones transmitidas por el agua de detección fácil, como la legionela. No existen estimaciones del número de cánceres, enfermedades reproductivas neurológicas o similares causados por la ingesta a largo plazo de agua contaminada.

Uno de los hallazgos más importantes, no obstante, es que, incluso cuando se detectan infracciones, estas carecen de corrección o reprimenda. En casi nueve de cada 10 violaciones de agua potable, no hubo ninguna acción formal por parte de la EPA o el estado, una demanda civil o penal, sanciones o ni tan siquiera la emisión de un aviso de sanción. Cabe destacar que el estudio del Natural Resources Defense Council no es el único sobre el fenómeno ni tampoco el más pesimista; otros dibujan un panorama mucho peor. La encuesta de la Universidad Chapman del año 2018 sobre los mayores miedos de la sociedad estadounidense posicionó en tercer lugar la contaminación del agua del grifo. Por delante sólo estaban la corrupción de Gobiernos y funcionarios, y la contaminación de océanos, ríos y lagos.

Medio mundo llenó las salas de cine recién entrado el nuevo milenio para ver la última de la sonrisa de América, Julia Roberts. El film contaba una historia basada en hechos reales, la de la activista medioambiental Erin Brockovich, quien en los noventa investigó y encontró una contaminación masiva del agua por parte de una fábrica. Décadas después y pese a la popularidad adquirida, Brockovich sigue alertando de manera clara: «la crisis del agua en Estados Unidos es mucho peor de lo que se imaginan». Cansada de la inacción general, Brockovich directamente aboga por la organización civil y ha lanzado el primer registro nacional de informes generados por la comunidad. Un mapa donde los particulares pueden informar sobre los problemas de salud pública y medioambiental de su zona, o las sospechas sobre los mismos. En una sociedad hiperindividualista, donde además las autoridades se desentienden del fenómeno, sólo queda el atar cabos comunitarios si tus vecinos también están cayendo enfermos. La posible forma de enterarse: un registro en internet.

Facturas sin pagar

Si bien el envenenamiento masivo del agua en Flint fue el problema más llamativo, no es de recibo pasar por alto el hecho de que los vecinos tengan una de las facturas más elevadas de un país en el que el acceso al agua, considerado un derecho humano, no sólo está cada vez más restringido, sino que no está garantizado por ley. Según un informe del año 2017 de la Universidad Estatal de Míchigan, por aquel entonces para unos 14 millones de hogares estadounidenses, el 12%, los recibos de agua estaban por encima del máximo establecido por la EPA[4]. Según sus proyecciones, de seguir el aumento sostenido de dichas facturas, un tercio de las familias estadounidenses corrían el riesgo en 2020 de tener dificultades a la hora de pagar su factura del agua. Cabe destacar que dicha estimación es incluso más conservadora en comparación con otras, como la de la ONG Circle of Blue, fundada en ciudades que, en tan sólo cinco años, experimentaron aumentos de las tarifas de más del 50%, como Austin, Chicago, San Francisco o Tucson.

Llegados a este punto, cabe señalar que prácticamente el 90% de los estadounidenses reciben su suministro de agua por parte de empresas públicas. En Estados Unidos se produjo algo muy curioso, las compañías privadas eran mayoría en las grandes ciudades hasta principios del siglo xx, cuando brotes de cólera e incendios en los servicios impulsaron un cambio en la propiedad. Actualmente, debido al deficiente estado de las infraestructuras, existe una ofensiva real de corporaciones y fondos de inversión por revertir la tendencia. Sin embargo, organizaciones como Food and Water Watch advierten de que las empresas privadas de suministro de agua cobran de media un 59% más que los Gobiernos locales.

Pese a estar en el norte de Estados Unidos, el calor es sofocante el día de julio que llegamos a Detroit. Buscando los mejores planos, cruzamos un largo puente que da a uno de los accesos a un majestuoso parque natural situado justo a la orilla del lago con el mismo nombre que la ciudad. La masa de agua es inmensa. A lo lejos, un barco rompe la ausencia de movimiento de un perfil urbano no demasiado atractivo. Una pareja nos mira entretenida, son de los pocos que han pagado el peaje para disfrutar del espacio un día entre semana. Volvemos al asfalto y aparcamos en uno de esos barrios que pueden despertar la curiosidad del foráneo que raramente viaje por el país; una sorprendente mezcla de edificios y placas conmemorativas, y algunas de las primeras comunidades de la zona colindando con edificios de apartamentos por estrenar, muchos de ellos languideciendo vacíos. De nuevo, el sello reconocible de la gentrificación. En la principal iglesia del distrito son carteles y murales los que han ocupado el espacio, estamos en la sede de la organización We, the People of Detroit.

En la ciudad de Detroit, durante los últimos años, las tarifas del agua han aumentado constantemente, utilizándolas como mecanismo de chantaje y de presión para llevar a cabo más desahucios. A principios de 2007, lo que estaba haciendo la ciudad de Detroit era que, si usted estaba atrasado en su factura, ellos tomaban dicha factura y la incluían en los impuestos a la propiedad, que estaban a una tasa de interés más alta. Por ejemplo, del 18% al segundo año de morosidad. Esa práctica cesó, pero no así la dificultad de pago. En los últimos años la factura ha aumentado casi un 10% anualmente. Tenemos gente aquí, en Detroit, que paga hasta el 20% de sus ingresos en facturas de agua.

Cecily McLallen decidió fundar junto con otras activistas la organización en plena oleada de desahucios[5]. Surtir de agua potable a familias que no la pueden pagar o asesorar sobre qué pasos tomar ante el primer aviso de impago son algunos de sus servicios más populares. Cada una de ellas tiene una historia personal que la impulsó a ocupar todo su tiempo en intentar ayudar a las víctimas de una gestión municipal pésima en una ciudad asediada por la bancarrota. En el caso de Aurora Harris, su paso temporal por la línea directa de emergencia del agua del ayuntamiento le hizo caer en la cuenta de la dimensión del problema.

Tenía clientes que de repente me llamaban y me decían que su factura promedio era de 100 dólares pero habían recibido una de cinco mil. Desde la organización investigamos este tipo de casos y nos dimos cuenta de que, en la mayoría de ellos, la compañía había estado promediando cientos de millones de galones de agua que se perdieron en la zona dividiendo el coste entre las personas que seguían viviendo en el bloque. Para que me entiendas. En una calle hay varias casas abandonadas o vacías donde el agua corre durante años y años. Pues bien, la compañía hace que todo eso lo paguen los todavía habitantes de otros inmuebles de esa manzana. Además, gran parte de nuestro coste no sólo proviene de la tarifa de servicio, también tenemos una tarifa de acceso al almacenamiento y otra de drenaje del agua, lo que es ridículo porque lo hacen a través de un medidor de cantidad del agua que va hacia el alcantarillado. Esto supone que, en algunos casos, llegan a tener en cuenta el agua de lluvia o la nieve que se derrite en esa propiedad. Otro de los problemas que vimos es el que te ha comentado Cecily sobre las ejecuciones hipotecarias. Muchas personas ni siquiera sabían que sus casas se iban a vender en subastas por no haber pagado una factura. Ayudamos a clientes, sobre todo personas mayores, con facturas sin pagar de tan sólo cinco o 25 centavos, que, como no sabían que el cobro había pasado de ser trimestral a mensual, habían dejado de pagar un par de ellas. Estas habían acabado automáticamente en la compañía de agua de la ciudad y posteriormente en el sistema de la jurisdicción del condado encargado de emitir la ejecución hipotecaria. Hubo, literalmente, miles de personas que corrían el riesgo de despertar con una bolsa amarilla en la puerta con el mensaje «su casa va a ser embargada», sin saber que era por no haber pagado el agua.

Manifestaciones, protestas, ayuda vecinal, estudios, comunicaciones a medios… We, the People of Detroit se empleó y se emplea a fondo para parar la sangría. Al preguntarles qué han conseguido hasta la fecha, muestran satisfacción con un regusto de realismo amargo. El ayuntamiento instauró programas de asistencia del agua, «lo que significa que el departamento establece que, si tienes dificultades para pagar la factura por primera vez, podrás pagar sólo el 10% y abonar el resto en un periodo que puedes estirar hasta 24 meses. Sin embargo, cuando te ha llegado una factura de mil dólares que no puedes pagar y además sube la deuda de la misma, 24 meses no te va a suponer una gran diferencia. El programa no está basado en los ingresos del ciudadano, es plenamente punitivo», resume Cecily. En 2014 la ciudad cortó el suministro de agua a 44 mil hogares por impago. Sólo en los primeros ocho meses de 2019 fueron 12 mil. Tal y como sucede con los desahucios, no hay un registro general de estos cortes. Sin embargo, la situación está tan extendida que, para hacernos una idea, una coalición de 600 organizaciones pidió al Gobierno en enero de 2021 una moratoria nacional en los cortes de agua, alegando que más de la mitad de los estadounidenses corría el riesgo de perder el suministro en caso de no estar al día en el pago de las facturas. Algunos ejemplos de datos a los que el diario The Guardian tuvo acceso fueron que más de medio millón de hogares no pagaron en diciembre de 2020 en el estado de Virginia o que American Water, la empresa privada de suministro de agua más importante, desconectó más de 12.600 viviendas en Illinois, Tennessee y Misuri sólo entre septiembre y noviembre de ese mismo año.

«En ciertos estados, no tener agua corriente supone que el estado te pueda quitar la custodia de tus hijos. Yo lo he visto y vivido como abogada.» Uno de ellos es Míchigan. El despacho de Coty Montag, en la sede de la organización histórica y firma legal Asociación Nacional para el Adelanto de las Personas de Color de Washington DC, está decorado con la portada de su estudio sobre raza y la crisis de acceso al agua. Es la cara de una niña afroamericana con semblante serio cuya mitad se convierte en un torrente que cae sobre el título. En su reporte, Montag desgrana el resultado de numerosos estudios que arrojan cómo el impacto de este problema está golpeando principalmente a las comunidades afroamericanas y latinas. Además, realiza un análisis específico de dos ciudades, Baltimore y Cleveland. En ambos casos detectó que desembocaron en embargos. A la hora de estudiar la suspensión del servicio, se dio cuenta de que las autoridades públicas, para «maximizar eficiencia», dan prioridad a los cortes de hogares morosos que están cerca unos de otros, lo que supone potencialmente penalizar los vecindarios afroamericanos, independientemente de a cuánto ascienda el impago. Eso sin olvidar que hay muchas comunidades en Estados Unidos en las que directamente no hay acceso a agua potable o sistema de alcantarillado. En 2013, se calculaba que entre 600 mil y un millón de hogares no tenían tuberías; un fenómeno que prevalece sobre todo en comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos.

Volviendo al corte de agua potable de millones de ciudadanos por impago, lo peor del asunto es el hecho de que un desenlace como el que se está viviendo en buena parte de Estados Unidos era del todo predecible. Los enormes costos de reparación de una infraestructura del agua que data de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial han ido aumentando a medida que fue decreciendo la financiación federal (desde un 60% en la década de los setenta hasta un 9% en la actualidad). Los municipios, ahogados, acaban por tanto implementando ese tipo de prácticas abusivas de pérdida de las viviendas por impago de impuestos, para acabar así deshaciéndose de sus habitantes más precarios, mientras venden el sobrante al mejor postor privado. El perfecto plan capitalista neoliberal. Sin embargo, hay dos problemas. Como ya hemos visto, aquellos desechados del sistema acabarán siendo legión y a algún lugar tendrán que ir. El segundo, en cuanto al agua, es que hablamos de un recurso tan necesario como finito. A los miles de millones necesarios para reformar el sistema de agua potable hay que añadir otros miles más, que ni están ni se los espera, para combatir el cambio climático. «Flint está en todas partes porque los problemas del agua afectan a toda la nación. Una de las cosas que se deben tener en cuenta es que este país es tan variado geográficamente que dichos problemas pueden ser diferentes según el área, pero eso no quiere decir que no existan. Si bien el envejecimiento de la infraestructura desempeña un papel muy importante en el medio oeste y en el nordeste, en el oeste tienen el desafío de la escasez.» Coty Montag introduce el tercer motivo, tras la contaminación o el corte por impago, por el cual un ciudadano no puede acceder al agua: que directamente no haya.

Sequía

Quizá el mayor emblema de la conquista del oeste sea el poderoso río Colorado. Dios ancestral y proveedor para los nativos americanos durante ocho mil años, objeto de leyendas que impulsaron la búsqueda de oro, agente creador de algunos de los parajes naturales más espectaculares de Estados Unidos, sus aguas brotan con enorme caudal en su nacimiento en las Montañas Rocosas. Para cuando llega a la desembocadura, tras cañones, rápidos y riachuelos, mil quinientas millas al sur en el golfo de California, está seco. Lo está desde hace décadas y continuará estándolo, es prácticamente irrecuperable. De hecho, el siguiente paso es su lenta extinción. El flujo ha ido disminuyendo un 19% anualmente en comparación con su caudal durante el siglo xx. Hay previsiones que vislumbran una caída del 55% para el año 2100.

Si bien el calentamiento global tiene buena parte de culpa con una sequía prolongada desde el año 2000, la concepción política y económica de explotación de los recursos que vengo exponiendo es igualmente responsable. La cuenca del Colorado está plagada de un intrincado y vasto sistema de presas que desvían el agua hacia poblaciones y cultivos. Casi 40 millones de personas dependen de él y se espera que en un futuro sean muchas más. Para hacernos una idea, el Colorado abastece de agua a uno de cada 10 estadounidenses; es la fuente de ciudades como Las Vegas, Denver, Los Ángeles o Phoenix. Según la organización American Rivers, riega casi el 90% de los vegetales que se producen durante el invierno. «Aproximadamente 1,4 billones de dólares de nuestra economía dependen del río Colorado», sentencia Sinjin Eberle, director de Comunicaciones de la cuenca del río. Pero ¿cuánto puede usarse, quiénes y en función de qué? Los acuerdos de distribución del Colorado datan de la década de 1920 y dividieron en cuenca superior e inferior los estados afectados. A partir de cálculos basados en el agua y las poblaciones de aquel entonces se establecieron los pactos. Sin embargo, el primer factor se concibió en función de caudales demasiado altos y el segundo sobre núcleos en conjunto nueve veces inferiores a la actualidad.

Cuando se hicieron muchos de los acuerdos originales, no había una buena idea de cuán finito podía ser el río Colorado. La gente quería crecer, las ciudades querían crecer. Los Ángeles estaba floreciendo, Phoenix y Tucson eran comunidades realmente pequeñas y, a medida que continuaban creciendo, nunca hubo límites estrictos sobre cuánto. Realmente el problema no empezó a ser evidente hasta quizá la década de 1980, cuando Phoenix comenzó a darse cuenta de cuán rápido estaba creciendo; casas, césped verde y piscinas en cada patio trasero; ya sabes, agua, agua y más agua. El condado de Maricopa, donde nos encontramos, es el condado de crecimiento más rápido de todo Estados Unidos. La gente viene aquí debido al clima y porque es muy económico.

Enormes superficies de terreno donde empezar de cero, el eterno frotado de manos ante el beneficio rápido de la industria de la construcción. Qué más da que lo que se pueda reformar caiga en el olvido; qué más da que lo nuevo sea en pleno desierto, donde la naturaleza apenas sí permite vivir a reptiles, coyotes, cactus y alguna que otra ave. ¿Por qué? Eberle admite que en estos momentos, pese a la celeridad y las evidencias del desastre al que imparablemente se dirige el sudoeste estadounidense, hay pocos reconociendo los límites a los que se enfrentan.

Lo que tiene que suceder es otro conjunto de acuerdos entre estados que teóricamente llegará en 2026. Esos son los que realmente crearán un marco de cómo se manejará el río durante los próximos 20 o 30 años. Hasta ahora, muchas de las acciones que han tenido lugar son reaccionarias, de reacción a la aridificación de estos 20 años. Así que lo peor que puede pasar es que sigamos igual y no hagamos nada. Hay miles de millones de aves, hay cuatro especies diferentes de peces en peligro de extinción, hay una variedad de otros impactos que, si permitimos que el río muera, serán dramáticos y terribles. Los medios de subsistencia de las personas se están muriendo y, para que no desaparezcan, cabe responder ya a determinadas preguntas: ¿puede un agricultor de alfalfa cambiar a viñedos? ¿Podría un agricultor de algodón hacer la transición a otro cultivo que sea económicamente más valioso pero que use mucha menos agua?

Unas cuantas millas al sur, tras conducir por carreteras que se abren paso en medio del polvo, de montañas de perfiles cuadriculados y rocosos, y de superficies con enormes grietas en un suelo de profunda sequedad, enormes campos de algodón se abren en medio del desierto. Es la estación seca; en invierno, en lugar de algodón habrá lechugas. John Boelts es agricultor en Yuma, prácticamente en la frontera con México. Consciente de la ofensiva que se avecina para lo que, más que su sustento, es su pasión, Boelts, entusiasta de las redes sociales y la tecnología, expone con calma y optimismo sus argumentos. «Históricamente, la situación agrícola aquí ha sido muy buena. Tenemos la oportunidad de cultivar dos o tres cosechas al año en el mismo terreno. Cuando la gente se queja de que haya agricultura aquí para pedir que se reserve el agua para el consumo humano, lo que no entiende es que en estos valles fluviales ha habido personas cultivándolos desde que empezó la colonización.» Es decir, los cultivos preceden a la explosión poblacional. Boelts además recuerda que buena parte de la infraestructura de presas y riego de la zona fue financiada por los propios agricultores, que esa zona es la huerta en invierno de la nación y que, en los últimos años, han sido capaces de usar un 25% menos de agua para producir la misma cantidad y, en algunos casos, hasta un 40% más. «Durante décadas tuvimos exceso de agua y es el incremento de la población en el Sur de California y en Arizona central lo que nos está poniendo al límite. Necesitamos que alivien dicha presión y que, eventualmente, se empleen nuevas tecnologías, como la desalinización.» A pocos metros de allí, una planta construida en los noventa, que supuso una inversión de 250 millones de dólares, languidece sin producir nunca agua a un coste de más de dos millones de dólares en mantenimiento al año. Se calcula que volverla a poner en marcha supondría, por lo menos, otros 55 millones más. No hay planes a la vista.

Mientras semejante inversión pública acumula pérdidas y óxido, el gerente de Programas del río Colorado para el Proyecto Central de Arizona, institución encargada de la gestión del agua, afirma sereno no estar preocupado. Me cuenta que tienen billones de galones de agua almacenados de años previos, como para unos 30 años de suministro sólo para la ciudad de Phoenix. Suspiro, aún tienen algo de tiempo. A continuación matiza que dichas reservas, eso sí, están en entidades privadas. Habla de desarrollar «resiliencia» y de recortar el suministro de «algunos de nuestros clientes agrícolas» en pro de ciudades y pueblos. El control del enorme crecimiento poblacional de la parte seca del país no está sobre la mesa. No hay que ser muy inteligente para hacerse una idea del futuro cercano atando todos estos cabos.

Lo interesante de conocer la estrategia de Arizona es el hecho de saber que son de los primeros, pero no serán los únicos. El estrés hídrico extremo afecta a una cuarta parte de la población mundial y, en el caso de Estados Unidos, Nuevo México arroja números similares a los de Emiratos Árabes Unidos o Eritrea. Tras él está California, seguido de Colorado, Nebraska y el estado que ya tiene por bandera un sol abrasador, Arizona. Si bien la sequía está impactando en la zona oeste, una encuesta de 2013 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental ya exponía que 40 de los 50 administradores públicos hídricos estadounidenses esperaban escasez de agua dulce en sus estados. Según un informe del que se hizo eco la Universidad de Harvard, en sólo medio siglo prácticamente la mitad de las cuencas de agua del país podrían no satisfacer la demanda mensual. Ante este panorama, sólo el estado de California ha reconocido el derecho humano al agua. Mientras, Wall Street inicia la embestida comenzando a negociar contratos de futuros sobre el agua del estado, los primeros de su tipo en Estados Unidos. Hace una década, mientras Brockovich y compañía advertían, el inversor Michael Burry ya llamaba la atención hablando de invertir en tierras agrícolas con agua. Frente a la escasez, la oportunidad del beneficio.

«Aquí es.» Una enorme explanada de cemento a modo de aparcamiento nos da la bienvenida. Al fondo, un pequeño y destartalado edificio de oficinas. Del otro lado, una gran construcción de color adobe adornada con luces y pequeños techos piramidales sobresale entre un puñado de palmeras: es un casino, y el corazón de la reserva de los quechán. En la tarjeta de negocios de uno de los miembros del consejo tribal hay escrito un «Brian Golding Senior. Director de Desarrollo Económico». Los beneficios de las tragaperras, ruleta y similares son uno de los principales sustentos de los nativos en Yuma, que, entre otras cosas, también controlan un punto fronterizo mano a mano con las autoridades migratorias estadounidenses; «somos socios», comenta Golding. Mientras nos dirigimos al humedal, charlamos. «Los días posteriores a Acción de Gracias o Navidad recibo un montón de llamadas de personas que descubren su antepasado quechán, ya sea por un test de ancestros o porque el abuelo rompe y confiesa lo que durante mucho tiempo ha sido motivo de vergüenza.» Un vergel ribereño surge a modo de milagro en medio del desierto, 350 acres bañados por el Colorado restaurados en el año 2000 por la ciudad, organismos estatales y federales, y los quechán, dueños de dos tercios de las tierras. Un proyecto, para unos, cuyo objetivo principal fue recuperar algo de caudal allí donde la sequedad era tan evidente que anunciaba el futuro que está por llegar. Golding aporta las razones de los nativos: «vimos la oportunidad de crear un almacén natural de material vegetal tradicional que en su día era vital para nuestra producción cultural. Sin agua y sin vegetación autóctona, habíamos perdido ese acceso. El río es una fuerza espiritual que había sido degradada». Esperando una explicación completa del proceso de restauración, le pregunto cómo lo consiguieron. Golding, haciendo honor a su apellido, contesta: «con dinero, con mucho dinero». Estalla en una carcajada y mira hacia la orilla, dejando ver al completo la larga cabellera recogida en una trenza.

Como pueden imaginarse, el verdadero nombre del consejero no es Brian Golding; sin embargo, que el descendiente actual de aquellos orgullosos jefes tribales de un majestuoso territorio bañado por el Colorado haya optado por registrarse con un nombre común y un apellido que apela al gold, al oro, dice mucho del funcionamiento del país. Una de las ironías más amargas que condensan la esencia de Estados Unidos es el hecho de que las tribus indígenas hayan acabado por optar por las tragaperras y las ruletas para sobrevivir al propio capitalismo. Que bajo la ley federal sean consideradas naciones soberanas les permite operar casinos a gran escala, lo que les supone miles de millones de dólares en beneficios. Corromperse hasta ese límite ha sido, básicamente, el único medio efectivo para poder competir económicamente en un sistema depredador. Quien dice competir dice sobrevivir y recuperar el agua que bañaba sus tierras.

[1] El plomo en el agua se mide en términos de partes por mil millones (ppb). Si una prueba da como resultado niveles de plomo superiores a 15 ppb, la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) recomienda que los propietarios de viviendas y los municipios tomen medidas para reducir ese nivel, como actualizar las tuberías y colocar elementos anticorrosivos en el agua cuando sea apropiado.

[2] ¿Por qué la legionela? El 5 de febrero de 2018, un estudio independiente concluyó que el brote de legionelosis en Flint fue causado por niveles bajos de cloro. Debido a que el cloro reacciona con metales pesados como el plomo y el hierro, los altos niveles de ambos en el agua de Flint podían haber sido responsables de la disminución de la cantidad de cloro disponible.

[3] En el momento de mi visita, en total había tres puntos de distribución que suministraban agua embotellada tres días cada semana desde las 10 de la mañana hasta las dos de la tarde, pese a que el estado hacía más de un año que había puesto fin a la ayuda que brindaba de este tipo.

[4] El informe se guía por el estándar de asequibilidad adoptado por la propia EPA, del 4,5% del ingreso familiar medio. Dicho estándar es superior al que se establece por ejemplo en Reino Unido, aunque similar al del Banco Mundial (5%).

[5] Entre 2005 y 2015 aproximadamente el 48% de todas las propiedades residenciales en Detroit experimentaron una ejecución hipotecaria, según un estudio de la Universidad de Míchigan. La alta tasa de ejecución hipotecaria relacionada con el impago de impuestos en Detroit está vinculada al hecho de que a los propietarios se les cobraban facturas a la propiedad inconstitucionalmente altas basádose en evaluaciones de propiedad infladas.

EPÍLOGO

Estados Unidos es la nación de la libertad que sólo da el tener dinero, de la prosperidad de unos pocos y, más bien, de la pesadilla para minorías y clase trabajadora en general. La realidad de buena parte de los ciudadanos que habitan la metrópoli económica de Occidente queda a diario eclipsada por la propaganda dedicada a sustentar, ya sea por omisión o sesgo, un sistema neoliberal que pese a su elevado coste social no hace más que entrar en una crisis tras otra. A pesar del agotamiento del modelo, que supone condenar no sólo a la enorme masa de trabajadores sino a la tierra misma, quienes se siguen beneficiando del mismo continúan desplegando ardides sofisticados para seguir justificando y enmascarando su verdadera cara: el capitalismo sólo sobrevive a base de explotación; no sólo de recursos, sino también humana. Así, la esclavitud no sólo se encuentra en el origen mismo de esta nación, sino en su mantenimiento, aunque parezca que todavía muchos no lo quieran ver.

Una bofetada de bochorno estival recorre cada poro del cuerpo de los visitantes de Mount Vernon, lugar de residencia de George Washington, padre fundador. Es 4 de julio y quizá no haya en Estados Unidos un lugar y día de mayor peregrinación patriótica. Cantos militares, disparo de cañones o lecturas de la Declaración de Independencia se entremezclan con personajes vestidos de época y familias venidas de todos los puntos del país, en una especie de parque temático de exaltación nacionalista. La finca, delimitada por el río Potomac, ocupó en su día más de tres mil hectáreas, de las cuales 200 siguen conservadas como parque nacional. En ella puede visitarse la casa de los Washington, construcciones aledañas que en su día fueron los establos o la herrería, una pequeña muestra de la granja, una destilería e incluso dar un agradable paseo por una zona boscosa. Sin embargo, si hay un punto extremadamente transitado el día de la patria es la tumba del que fuese comandante en jefe del ejército continental. Cual lugar sagrado y digno de veneración masiva, los visitantes se agolpan dentro y fuera de la reja que delimita el pequeño lugar donde están apostados los féretros de los Washington. Un silencio sepulcral y contenido sólo se ve interrumpido de vez en cuando por lloros de bebés; demandas de niños rubios que no acaban de entender el sacrilegio que cometen pese a las miradas reprobatorias de sus padres o la explicación de los guías que, de vez en cuando, pasan por el lugar a dar algunos datos. Todo el mundo se aprieta entre sí, aguanta el calor como puede y, tras un par de minutos de presentar sus respetos, poco más tienen que hacer salvo curiosear las dedicatorias de las flores y coronas que ese día llegan con prodigalidad.

El tumulto de esa zona contrasta, sin embargo, con la práctica ausencia de individuos camino arriba, al final de un pequeño sendero marcado por ladrillos. Allí, una minúscula plaza rectangular tiene ensartada en el centro un pequeño monolito que explica lo que es: un cementerio de esclavos. Al menos 577 personas esclavizadas vivieron y trabajaron en Mount Vernon durante la vida de George Washington, un número que creció constantemente bajo mandato del amo, cuyo afán por comprar seres humanos le vino desde joven. Más tarde, tras casarse con la rica viuda Martha Dandridge Custis y heredar por parte de padres y hermanos, el padre fundador de la nación estadounidense vio aumentar su posesión de almas trabajadoras. También, cada vez que una mujer esclava daba a luz, los bebés nacían con el mismo sino. Alrededor del lugar, plásticos sujetos con piedras tapan diversas excavaciones; le llaman cementerio cuando en realidad es una fosa común. No se sabe de cuántos. George Washington es conocido por muchas cosas; entre ellas, por ser extremadamente meticuloso a la hora de registrar cualquier cosa relacionada con su patrimonio. En cambio, nunca se encontraron escritos que mencionasen dicho lugar. En el año 2014, un grupo de arqueólogos decidió empezar a buscar alguna respuesta. Tres años después empezaron a manejar la cifra de unas 70 tumbas. La lentitud de los trabajos en uno de los parajes sagrados del mito fundacional de la nación más poderosa del planeta se explica debido a que son voluntarios y no reciben financiación pública, por lo que están permanentemente a la espera de caridad.

En tres años habré visitado el sitio unas cuatro o cinco veces y casi siempre me siento a observar el lugar completamente sola. Aquel 4 de julio, mientras miraba la tierra revuelta y pensaba en todos esos seres humanos condenados al anonimato pese a ser el principal pilar sobre el cual el venerado padre fundador de la nación de naciones construyó su fortuna, el ruido de una algarabía desordenada me hizo regresar hacia la zona del río. Una multitud exaltada se repartía en diversos espacios. En uno de ellos, decenas de mujeres y hombres contenían la respiración y hacían gala de excitación y nerviosismo: estaban a punto de ser nombrados ciudadanos estadounidenses. Cada año, uno de los números cumbre de las festividades de la jornada en Mount Vernon es protagonizado por unos cuantos individuos, con todos los trámites aprobados, cuya naturalización se escenifica seguida por el himno a la patria. Ante ellos, un público eminentemente blanco se lleva la mano al pecho. Lágrimas caían por las mejillas de muchas de las caras con las que previamente había coincidido ante la tumba del gran George. Al cruzar miradas, algunas de ellas intentaban escudriñar con asombro el porqué de mi compostura, impasible ante semejante despliegue sentimental. La ceremonia finalizó con unos fuegos que, al ser mediodía, en realidad fueron humo de colores. Blanco, rojo y azul. Blanco, rojo y azul. Blanco, rojo y azul. Aplausos, vítores, toma de fotos. Una vez desvanecido el artificio, en el cielo quedó un gran rastro de humo oscuro. Para cuando se volvió completamente negro ya nadie miraba. Mientras seguía su reflejo en el agua, rumiaba la metáfora; ahora sí, con imperceptibles lágrimas en los ojos.

BIBLIOGRAFÍA

PREFACIO La tormenta perfecta. Cómo la covid-19 desnudó la crueldad del sistema

Dixon, B., «Presidential candidate Bernie Sanders: Sheepdogging for Hillary and the democrats in 2016», Black Agenda Report, 7 de mayo de 2015 [https://www.blackagendareport.com/bernie-sanders-sheepdog-4-hillary].

Kelly, K., «Coronavirus has come to Rikers, and the people inside are fighting to survive», The Appeal, 24 de marzo de 2020 [https://theappeal.org/rikers-island-coronavirus-covid-19-kim-kelly/].

Kliff, S., «Covid Killed His Father. Then Came $1 Million in Medical Bills», The New York Times, 21 de mayo de 2021 [https://www.nytimes.com/2021/05/21/upshot/covid-bills-financial-long-haulers.html].

Lerer, L., y Epstein, R., «Democratic Leaders Willing to Risk Party Damage to Stop Bernie Sanders», The New York Times, 27 de febrero de 2020 [https://www.nytimes.com/2020/02/27/us/politics/democratic-superdelegates.html].

Mays, J., y Newman, A., «Virus Is Twice as Deadly for Black and Latino People Than Whites in N.Y.C.», The New York Times, 8 de abril de 2020 [https://www.nytimes.com/2020/04/08/nyregion/coronavirus-race-deaths.html].

Olen, H., «The stimulus package is a missed opportunity for American workers», The Washington Post, 27 de marzo de 2020 [https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/03/27/stimulus-package-is-missed-opportunity-american-workers/].

Perret, C., «The White House has invoked the Defense Production Act to produce over 39 million N95 masks over the next 90 days», Business Insider, 11 de abril de 2020 [https://www.businessinsider.com/defense-production-act-authorized-to-manufacture-39-million-n95-masks-2020-4].

«“Será nuestro momento Pearl Harbor, nuestro momento 11 de septiembre”: la dura advertencia del cirujano general de Estados Unidos sobre la pandemia de covid-19», BBC Mundo, 6 de abril de 2020 [https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52177666].

Talev, M., «Coronavirus Index: Rich sheltered, poor shafted amid virus», Axios-Ipsos, 1 de abril de 2020 [https://www.axios.com/axios-ipsos-coronavirus-index-rich-sheltered-poor-shafted-9e592100-b8e6-4dcd-aee0-a6516892874b.html].

Tankersley, J,, y Cochrane, E., «Pelosi Floats New Stimulus Plan: Rolling Back SALT Cap», The New York Times, 30 de marzo de 2020 [https://www.nytimes.com/2020/03/30/business/economy/coronavirus-economic-stimulus-taxes.html].

Tankersley, J.; Rappeport, A.; Gelles, D.; Eavis, P., y Yaffe-Bellany, D., «The Coronavirus Economy: When Washington Takes Over Business», The New York Times, 26 de marzo de 2020 [https://www.nytimes.com/2020/03/26/business/economy/coronavirus-relief-bill.html].

«Whitehouse, Doggett Release New Analysis Showing GOP Tax Provisions in CARES Act Overwhelmingly Benefit Million-Dollar-Plus Earners» [https://www.whitehouse.senate.gov/news/release/whitehouse-doggett-release-new-analysis-showing-gop-tax-provisions-in-cares-act-overwhelmingly-benefit-million-dollar-plus-earners].

1. LOS PILARES DE LA DESIGUALDAD Salud o billetera

Berchick, E.; Barnett, J., y Upton, R., «Health Insurance Coverage in the United States: 2018», US Census Bureau, 8 de noviembre de 2019 [https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2019/demo/p60-267.pdf].

Case, A., y Deaton, A. «Deaths of despair and the future of capitalism», Princeton, Princeton University Press, 2020.

Cecere, D., «New study finds 45,000 deaths annually linked to lack of health coverage», The Harvard Gazette, 17 de septiembre de 2009 [https://news.harvard.edu/gazette/story/2009/09/new-study-finds-45000-deaths-annually-linked-to-lack-of-health-coverage/].

Centers for Disease Control and Prevention, «Estimated Influenza Illnesses, Medical visits, Hospitalizations, and Deaths in the United States - 2017-2018 influenza season», 22 de noviembre de 2019 [https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2017-2018.htm].

Center for Responsive Politics, [https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/industries/summary?cycle=2019&id=H04].

—, [https://www.opensecrets.org/industries/indus.php?ind=H04].

«Exports: Plasma, vaccines, blood» [https://www.ustradenumbers.com/export/plasma-vaccines-blood/].

Himmelstein, D.; Lawless, R.; Thorne, D.; Foohey, P., y Woolhandler, S., «Medical Bankruptcy: Still Common Despite the Affordable Care Act», American Journal of Public Health, 27 de noviembre de 2018 [https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2018.304901?eType=EmailBlastContent&amp;eId=a5697b7e-8ffc-4373-b9d2-3eb745d9debb&amp;].

Khera, R.; Valero-elizondo, J.; Das, S.; Virani, S.; Kash, B.; de Lemos, J.; Krumholz, H., y Nasir, K., «Cost-Related Medication Nonadherence in Adults With Atherosclerotic Cardiovascular Disease in the United States, 2013 to 2017», AHA Journals, 24 de diciembre 2019 [https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.041974]

Lewine, H., «Millions of adults skip medications due to their high cost», Harvard Health Publishing, 30 de enero de 2015 [https://www.health.harvard.edu/blog/millions-skip-medications-due-to-their-high-cost-201501307673].

«Lobbying Disclosure Act (LDA) Reports» [https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=processSearchCriteria].

Nacional Association of Insurance Commissioners, «U.S. Health Insurance Industry 2018» [https://naic.org/documents/topic_insurance_industry_snapshots_2018_health_ins_ind_report.pdf].

Picchi, A., «Big Pharma ushers in new year by raising prices of more than 1,000 drugs», CBS News, 2 de enero de 2019 [https://www.cbsnews.com/news/drug-prices-oxycontin-predaxa-purdue-pharmaceuticals-boehringer-ingelheim/].

Remote Area Medical, «Our Mission» [https://www.ramusa.org/wp-content/uploads/2019-FactSheet.pdf].

Rice, W.; Clemente, F., y Kitson, K., «Bad Medicine: How GOP Tax Cuts Are Enriching Drug Companies, Leaving Workers & Patients Behind», American for Tax Fairness, 2018 [https://americansfortaxfairness.org/wp-content/uploads/Pharma-Tax-Cut-Report-4.26.18-FINAL-.pdf].

Sawyer, B., y Mcdermott, D., «How do mortality rates in the U.S. compare to other countries?», Health System Tracker Peterson-KFF, 14 de febrero de 2019 [https://www.healthsystemtracker.org/chart-collection/mortality-rates-u-s-compare-countries/#item-overall-years-life-lost-1990-2017].

T1International, «T1International Statement on Lilly & Novo’s ‘’Generic Insulin’’» [https://www.t1international.com/blog/2019/03/04/t1international-statement-lillys-humalog/].

Zhang, W.; Williams, A.; Griffith, N.; Gaskins, J., y Bookstaver, P., «Online availability of fish antibiotics and documented intent for self-medication», PLoS ONE 15(9): e0238538. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238538, 2020 [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238538].

Sin educación, sin oportunidad

Allegretto, S., y Mishel, L., «The teacher pay penalty has hit a new high», Economic Policy Institute, 5 de septiembre de 2018 [https://www.epi.org/publication/teacher-pay-gap-2018/].

Barnum, M., «Critics of charter schools say they’re hurting school districts. Are they right?», The Chalk, 11 de junio de 2019 [https://www.chalkbeat.org/2019/6/11/21108318/critics-of-charter-schools-say-they-re-hurting-school-districts-are-they-right].

Burris, C., y Bryant, J., «Asleep at the wheel», Network for public education, 15 de abril de 2019 [https://networkforpubliceducation.org/asleepatthewheel/].

Cox, J., «Student debt is over $1.6 trillion and hardly anyone is paying down their loans», CNBC, 16 de enero de 2020 [https://www.cnbc.com/2020/01/16/student-loan-debt-is-over-1point6-trillion-and-balances-arent-going-down.html].

«Quick facts about student debt», The institute of college access and success, marzo de 2014 [https://ticas.org/wp-content/uploads/legacy-files/pub_files/Debt_Facts_and_Sources.pdf].

Morgan, I., y Amerikaner, A., «An analysis of school funding equity across the U.S. and within each state», The education trust, 27 de febrero de 2018 [https://edtrust.org/resource/funding-gaps-2018/].

Moody’s, «Slow payments a key contributor to the continued growth of US student loan debt», 17 de enero de 2020 [https://www.moodys.com/research/Moodys-Slow-payments-a-key-contributor-to-the-continued-growth--PBC_1210392].

National Alliance for Public Charter Schools, «Estimated Charter Public School Enrollment» [https://edtrust.org/resource/funding-gaps-2018/].

OECD, «Survey of adult skills. United States» [https://www.oecd.org/skills/piaac/Country%20note%20-%20United%20States.pdf].

Resilient Educator, «Crisis point: the state of literacy in America» [https://resilienteducator.com/news/illiteracy-in-america/].

Schaeffer, K., «About one-in-six U.S. teachers work in second jobs - and not just in the summer», Pew Research Center, 1 de Julio de 2019 [https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/01/about-one-in-six-u-s-teachers-work-second-jobs-and-not-just-in-the-summer/].

Sonmez, F., «Biden unveils education plan, his first major policy proposal as a 2020 candidate», The Washington Post, 28 de mayo de 2019 [https://www.washingtonpost.com/politics/biden-unveils-education-plan-his-first-major-policy-proposal-as-2020-candidate/2019/05/28/1fd802c8-8180-11e9-95a9-e2c830afe24f_story.html].

Wang, K.; Rathbun, A., y Musu, L., «School choice in the United States: 2019», NCES, 25 de septiembre de 2019 [https://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2019106].

La vivienda como apartheid

Aaronson, D.; Hartley, D., y Mazumder, B, «The effects of the 1930s HOLC Redlining maps», Federal Reserve of Chicago, 2017 [https://www.chicagofed.org/publications/working-papers/2017/wp2017-12].

Badger, E., «How redlining’s racist effects lasted for decades», The New York Times, 24 de agosto de 2017 [https://www.nytimes.com/2017/08/24/upshot/how-redlinings-racist-effects-lasted-for-decades.html].

George, S.; Hendley, A.; Macnamara, J.; Perez, J., y Vaca-Loyola, A., «The Plunder of Black Wealth in Chicago: New Findings on the Lasting Toll of Predatory Housing Contracts», The Samuel Dubois Cook center on social equity at Duke University, mayo de 2019 [https://socialequity.duke.edu/wp-content/uploads/2019/10/Plunder-of-Black-Wealth-in-Chicago.pdf].

Greene, S., y Mccargo, A., «New data suggest COVID-19 is Widening Housing Disparities by Race and Income», Urban Institute, 2 de junio de 2020 [https://www.urban.org/urban-wire/new-data-suggest-covid-19-widening-housing-disparities-race-and-income].

Hoffman, J.; Shandas, V., y Pendleton, N., «The effects of historical housing policies on resident exposure to heat: a study of 108 US urban areas», Climate, 2020; 8(1):12 [https://doi.org/10.3390/cli8010012].

Jackson, K., «Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United States», New York, Oxford University Press, 1985.

Mccaughey, B., «Joe Biden’s disastrous plans for America’s suburbs», New York Post, 21 de julio de 2021 [https://nypost.com/2020/07/21/joe-bidens-disastrous-plans-for-americas-suburbs/].

Mitchell, B., y Franco, J, «Redlining maps: the persistent structure of segregation and economic inequality», NCRC, 20 de marzo de 2018 [https://ncrc.org/holc/].

Nova, A., «Looming evictions may soon make 28 million homeless in the U.S, expert says», CNBC, 10 de julio de 2020 [https://www.cnbc.com/2020/07/10/looming-evictions-may-soon-make-28-million-homeless-expert-says.html].

The Trust for Public Land, «The heat is on», 2020 [https://www.tpl.org/sites/default/files/The-Heat-is-on_A-Trust-for-Public-Land_special-report.pdf].

2. TRABAJAR COMO UN ESCLAVO Jobs, jobs jobs! O el espejismo de los datos de empleo

Abraham, K.; Haltiwanger, J.; Sandusky, K., y Spletzer, J., «Measuring the Gig Economy: Current Knowledge and Open Issues», National Bureau of economic research, agosto de 2018 [https://www.nber.org/papers/w24950].

Baum, B.; Gascon, H., y Manzo, P., «Struggling to stay afloat: the real cost measure in California 2019», United Ways of California, 2020 [https://www.unitedwaysca.org/images/realcostmeasure2019/The-Real-Cost-Measure-in-California-2019-Executive-Summary.pdf].

Board of Governors of the Federal Reserve System, «Report on the Economic Well-Being of U.S. Households in 2017», mayo de 2018 [https://www.federalreserve.gov/publications/files/2017-report-economic-well-being-us-households-201805.pdf].

Naciones Unidas, «Statement on visit to the USA, by Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights», 15 de diciembre de 2017 [https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22533].

Ozimek, A., «Freelancing in America», Upwork, 2020 [https://www.upwork.com/i/freelancing-in-america/].

Ross, M., y Bateman, N., «Meet the low-wage workforce», Brookings, 7 de noviembre de 2019 [https://www.brookings.edu/research/meet-the-low-wage-workforce/].

Las leyes de la clase trabajadora estadounidense

Ali, R., «No vacation nation: 41% of americans didn’t take a day off in 2015», Skift, 18 de enero de 2016 [https://skift.com/2016/01/18/no-vacation-nation-41-of-americans-didnt-take-a-day-off-in-2015/].

Baker, D., «If worker pay had kept pace with productivity gains since 1968, today’s minimum wage would be 24 dollars an hour». Common dreams, 21 de enero de 2020 [https://www.commondreams.org/views/2020/01/21/if-worker-pay-had-kept-pace-productivity-gains-1968-todays-minimum-wage-would-be-24].

Becher, M., y Stegmueller, D., «Reducing unequal representation: the impact of labor unions on legislative responsiveness in the U.S. Congress». Perspectives on Politics, 2020.

Collins, W. J., y Gregory, N. T., «Unions and the great compression of wage inequality in the US at mid-century: evidence from local labour markets», The Economic History Review, 2019.

Desliver, D. «10 facts about American workers», Pew Research Center, 29 de agosto de 2019 [https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/08/29/facts-about-american-workers/].

Departamento del Trabajo de EEUU, «History of Federal Minimum Wage Rates Under the Fair Labor Standards Act, 1938 - 2009», Accessed Nov. 5, 2020.

—, [https://www.dol.gov/general/topic/workhours/sickleave]

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, «2020 Poverty Guidelines Computations», Accessed Nov. 5, 2020.

ITUC, «2020 ITUC Global rights index. The world’s worst countries for workers», 2020 [https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_globalrightsindex_2020_en.pdf].

Maye, A., «No-vacation nation», Center for Economic and Policy Research, mayo de 2019 [https://cepr.net/images/stories/reports/no-vacation-nation-2019-05.pdf].

Statista, «Number of part-time employees in the U.S. 1990-2020», Statista Research Department, 25 de enero de 2021 [https://www.statista.com/statistics/192338/number-of-part-time-employees-in-the-us-since-1990/].

Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, «Union members summary», 22 de enero de 2021 [https://www.bls.gov/news.release/union2.nr0.htm].

Sanders, B., «Contra el capitalismo salvaje», Madrid, Clave intelectual, 2019.

¿Eres lo que comes?

Brown, H.C., «How does the $1.9 trillion stimulus package impact food and farming?», The Counter, 9 de marzo de 2021 [https://thecounter.org/covid-19-stimulus-american-rescue-plan-food-snap-restaurants-black-farmers/].

Mcfadden, C.; Siegel, E., y Monahan, K., «Hidden hunger: Elderly hunger is on the rise during Covid», NBC News, 17 de enero de 2021 [https://www.nbcnews.com/news/us-news/hidden-hunger-elderly-hunger-rise-during-covid-n1254415].

«Most obese countries 2021», World Population Review, 2021 [http://worldpopulationreview.com/countries/most-obese-countries/].

National Retail Federation, «Top 100 retailers 2019», 2019 [https://nrf.com/resources/top-retailers/top-100-retailers/top-100-retailers-2019].

OXFAM, «The journey of sustainable food», Oxfam briefing paper, 2019 [https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-journey-to-sustainable-food-btb-190416-en.pdf].

Ziliak, J. P., y Gundersen, C., «The State of Senior Hunger in America in 2018», 21 de mayo de 2020 [https://www.feedingamerica.org/sites/default/files/2020-05/2020-The%20State%20of%20Senior%20Hunger%20in%202018.pdf].

Corporatocracia, multimillonarios y desigualdad

Americans for Tax Fairness, «The Walmart tax subsidy», abril de 2015 [https://americansfortaxfairness.org/files/Taxpayers-and-Walmart-ATF1.pdf].

Citizens for Tax Justice, «Principles» [https://ctj.org/principles/]

Collins, CH., «The wealth of America’s three richest families grew by 6.000% since 1982», The Guardian, 31 de octubre de 2018 [https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/31/us-wealthiest-families-dynasties-governed-by-rich].

Goodman, J., «Bernie Sanders 2020: is US inequality the highest?», BBC News, 8 de marzo de 2019 [https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47456308].

Institute of Taxation and Economic Policy, «Corporate Tax Avoidance in the First Year of the Trump Tax Law», 16 de diciembre de 2019 [https://itep.org/corporate-tax-avoidance-in-the-first-year-of-the-trump-tax-law/].

Schaeffer, K., «6 facts about economic inequality in the US», Pew Research Center, 7 de febrero de 2020 [https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/02/07/6-facts-about-economic-inequality-in-the-u-s/].

Norton, M.I., y Ariely, D., «Building a better America - One Wealth Quintile at a Time», Perspectives on Psychological Science, 2011.

Page, B.; Seawright, J., y Lacombe, M., «Billionaires and stealth politics», The University of Chicago Press Books, diciembre de 2018.

Pew Research Center, «The share of aggregate income held by middle-income households plunged from 1970 to 2014 and is now less than the share held by upper-income households», 8 de diciembre de 2015 [https://www.pewresearch.org/social-trends/2015/12/09/the-american-middle-class-is-losing-ground/st_2015-12-09_middle-class-28/].

Porter, M., y Rivkin, J., «An economy doing half its job», Harvard Business School, septiembre de 2014 [https://www.hbs.edu/competitiveness/Documents/an-economy-doing-half-its-job.pdf].

Price, C., y Edwards, K., «Trends in income from 1975 to 2018», Santa Monica, Rand Corporation, 2020 [https://www.rand.org/pubs/working_papers/WRA516-1.html].

Scheidel, W. y Friesen, S., «The Size of the Economy and the Distribution of Income in the Roman Empire», Journal of Roman Studies, 99, 2010.

Sloan, A., «The CARES Act Sent You a $1,200 Check but Gave Millionaires and Billionaires Far More», ProPublica, 8 de junio de 2020 [https://www.propublica.org/article/the-cares-act-sent-you-a-1-200-check-but-gave-millionaires-and-billionaires-far-more].

Gran Hermano Amazon

Barda, D.; Zaikin, R., y Shirki, Y., «Alexa Hacked», Check Point Research, 13 de agosto de 2020 [https://research.checkpoint.com/2020/amazons-alexa-hacked/].

Blest, P., «Leaked Amazon memo details plan to smear fired warehouse organizer: ‘He’s not smart or articulate’. Vice News, 2 de abril de 2020 [https://www.vice.com/en/article/5dm8bx/leaked-amazon-memo-details-plan-to-smear-fired-warehouse-organizer-hes-not-smart-or-articulate].

Bose, N., «How Amazon.com moved into the business of U.S. elections», Reuters, 15 de octubre de 2019 [https://www.reuters.com/article/us-usa-elections-amazon-com-insight-idUSKBN1WU173].

Dean, S., «Bernie Sanders dominates democrats in donations from tech workers», Los Angeles Times, 13 de febrero de 2020 [https://www.latimes.com/business/technology/story/2020-02-13/sanders-fundraising-big-tech-amazon-google].

Flaming, D., y Burns, P., «Too big to govern», Economic Roundtable, noviembre de 2019 [https://economicrt.org/wp-content/uploads/2019/11/Too-Big-to-Govern.pdf].

Gurley, L., «Secret Amazon Reports Expose the Company’s Surveillance of Labor and Environmental Groups», Vice News, 23 de noviembre de 2020 [https://www.vice.com/en/article/5dp3yn/amazon-leaked-reports-expose-spying-warehouse-workers-labor-union-environmental-groups-social-movements].

Hao, K., «Amazon is the invisible backbone of ICE’s immigration crackdown», MIT Technology Review, 22 de octubre de 2018 [https://www.technologyreview.com/2018/10/22/139639/amazon-is-the-invisible-backbone-behind-ices-immigration-crackdown/].

Harwell, D., «Doorbell-camera firm Ring has partnered with 400 police forces, extending surveillance concerns», The Washington Post, 28 de agosto de 2019 [https://www.washingtonpost.com/technology/2019/08/28/doorbell-camera-firm-ring-has-partnered-with-police-forces-extending-surveillance-reach/].

Levy, A. y Hirsch, L., «Amazon bans police use of facial recognition technology for one year», CNBC, 10 de junio de 2020 [https://www.cnbc.com/2020/06/10/amazon-bans-police-use-of-facial-recognition-technology-for-one-year.html].

«Preserving our past and building for the future», Arlington County, 2017 [https://housing.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/15/2018/01/2017-Annual-Report-Final.pdf].

Schoolov, K., «How Amazon is fighting back against workers increasing efforts to unionize», CNBC, 22 de agosto de 2019 [https://www.cnbc.com/2019/08/22/how-amazon-is-fighting-back-against-workers-efforts-to-unionize.html].

Streitfield, D., «Activists build a grass-roots alliance against Amazon», The New York Times, 26 de noviembre de 2019 [https://www.nytimes.com/2019/11/26/technology/amazon-grass-roots-activists.html].

Tak, C. «How Rental Prices Have Changed Since the Amazon HQ2 Announcement», Apartmentguide, 15 de noviembre de 2019 [https://www.apartmentguide.com/blog/crystal-city-arlington-amazon-hq2-rent-prices/].

Warren, K., «How Jeff Bezos’ wealth compares to average US worker», Business Insider, 21 de octubre de 2020 [https://www.businessinsider.com/how-rich-is-jeff-bezos-mind-blowing-facts-net-worth-2019-4].

Economía colaborativa. ¿El principio del fin?

Cooper, R., «Uber is attempting to colonize the California government», The Week, 12 de octubre de 2020 [https://theweek.com/articles/942798/uber-attempting-colonize-california-government?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter].

«Delivering inequality», The Pay Up Campaign, 17 de abril de 2019 [https://payup.wtf/instacart/delivering-inequality].

Dicamillo, M., «Likely Voter Preferences on Four State Ballot Propositions» UC Berkeley: Institute of Governmental Studies, 23 de septiembre de 2020 [https://escholarship.org/uc/item/4cd2r446].

Feiner, L., y Kolodny, L., «Uber and Lyft eye other states after California ballot victory», CNBC, 5 de noviembre de 2020 [https://www.cnbc.com/2020/11/05/after-their-projected-victory-in-california-labor-law-fight-gig-companies-like-uber-and-lyft-eye-other-states.html].

Finnegan, M., y Mason, M., «Kamala Harris’ brother-in-law is the public face of Uber’s fight with labor. It’s awkward», Los Angeles Times, 12 de septiembre de 2019 [https://www.latimes.com/politics/story/2019-09-12/kamala-harris-uber-family-campaign-drivers-labor].

Gurley, L., «Instacart Will Lay Off All of Its Unionized Workers», Vice, 21 de enero de 2021 [https://www.vice.com/en/article/7k9deg/instacart-says-it-will-lay-off-all-of-its-unionized-workers].

Harmans, A., «The life and career of Tony West, the Uber executive married to Kamala Harris’ sister, and who may be in the running for a role in the Biden administration», Business Insider, 21 de noviembre de 2020 [https://www.businessinsider.com/tony-west-life-career-uber-maya-harris-kamala-harris-2020-11].

Hiltzik, M., «How millions from Uber and Lyft are funding the harassment of a critic», Los Angeles Times, 2 de septiembre de 2020 [https://www.latimes.com/business/story/2020-09-02/uber-lyft-veena-dubal-twitter-bullying].

Hussain, S., y Bhuiyan, J., «Uber, Lyft, DoorDash workers on Prop. 22: ‘I don’t want to end up on the wrong side’», Los Angeles Times, 27 de octubre de 2020 [https://www.latimes.com/business/technology/story/2020-10-27/uber-lyft-doordash-drivers-prop-22].

Hussain, S.; Bhuiyan, J., y Menezes, R., «How Uber and Lyft persuaded California to vote their way», Los Angeles Times, 13 de noviembre de 2020 [https://www.latimes.com/business/technology/story/2020-11-13/how-uber-lyft-doordash-won-proposition-22].

Roberts, W., «AOC warns of big tech’s influence on Biden after Prop 22 win», Al Jazeera, 14 de noviembre de 2020 [https://www.aljazeera.com/news/2020/11/14/aoc-warns-about-influence-of-big-tech-after-prop-22-win].

Sammon, A., «How Uber and Lyft Are Buying Labor Laws», The American Prospect, 5 de octubre de 2020 [https://prospect.org/labor/how-uber-and-lyft-are-buying-labor-laws/].

Siddiqui, F., y Tiku, N., «Uber and Lyft used sneaky tactics to avoid making drivers employees in California, voters say. Now, they’re going national», The Washington Post, 17 de noviembre de 2020 [https://www.washingtonpost.com/technology/2020/11/17/uber-lyft-prop22-misinformation/].

Sumagaysay, L., «Uber brands gig companies’ efforts to reshape labor laws as ‘IC+’», Market Watch, 11 de noviembre de 2020 [https://www.marketwatch.com/story/uber-brands-gig-companies-efforts-to-reshape-labor-laws-as-ic-11605138662].

Carne de cañón para la máquina de guerra

Capaccio, A., y Allison, B., «Biden Defense Pick to Get Up to $1.7 Million From Raytheon Role», Bloomberg, 10 de enero de 2021 [https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-10/biden-defense-pick-to-get-up-to-1-7-million-from-raytheon-role?sref=fuWJXfi6].

Departamento de Veteranos de EEUU, «2019 National Veteran Suicide Prevention Annual Report», 2020 [https://www.mentalhealth.va.gov/docs/data-sheets/2019/2019_National_Veteran_Suicide_Prevention_Annual_Report_508.pdf].

https://twitter.com/USArmy/status/1131682502165315585?s=20

Lindorff, D., «Exclusive: The Pentagon’s Massive Accounting Fraud Exposed». The Nation, 27 de noviembre de 2018 [https://www.thenation.com/article/archive/pentagon-audit-budget-fraud/].

Mccain, J. y Flake, J., «Tackling paid patriotism. A joint Oversight Report», 1 de octubre de 2018 [https://www.documentcloud.org/documents/2506099-tackling-paid-patriotism-oversight-report.html].

Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EEUU, «Actions Needed to Better Handle, Identify, and Track Cases Involving Veterans», junio de 2019 [https://www.gao.gov/assets/gao-19-416.pdf].

Rempfer, K., «Student loan crisis, not Mideast wars, helped Army leaders exceed recruiting goals this year», Army Times, 17 de septiembre de 2019 [https://www.armytimes.com/news/your-army/2019/09/17/student-loan-crisis-not-mideast-wars-helped-army-leaders-exceed-recruiting-goals-this-year/?utm_campaign=Socialflow+MIL&utm_medium=social&utm_source=twitter.com].

Skidmore, M., «MSU scholars find $21 trillion in unauthorized government spending; Defense Department to conduct first-ever audit», Michigan State University, 11 de diciembre de 2017 [https://msutoday.msu.edu/news/2017/msu-scholars-find-21-trillion-in-unauthorized-government-spending-defense-department-to-conduct/].

Statista, «Projected number of employees in the national defense industry in the United States in 2019 and 2026, by firm size», 26 de febrero de 2021 [https://www.statista.com/statistics/684454/forecast-of-employment-in-the-national-defense-industry-us-by-firm-size/].

Werner, B., «Navy Drops TV Ads: Trades Super Bowl Spots for Esports, YouTube», USNI News, 18 de diciembre de 2019 [https://news.usni.org/2019/12/18/navy-drops-tv-ads-trades-super-bowl-spots-for-esports-youtube].

Inmigrantes, la subasta continua

Borger, J., «US Ice officers ‘used torture to make Africans sign own deportation orders’», The Guardian, 22 de octubre de 2020 [https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/22/us-ice-officers-allegedly-used-torture-to-make-africans-sign-own-deportation-orders].

Burnett, J., «The Last ‘Zero Tolerance’ Border Policy Didn’t Work», NPR, 19 de junio de 2018. [https://www.npr.org/2018/06/19/621578860/how-prior-zero-tolerance-policies-at-the-border-worked].

Color of Change, [https://act.colorofchange.org/sign/Microsoft_ICE].

Departamento de Estado, [https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2020-01218.pdf].

Eligon, J., «The El Paso Screed, and the Racist Doctrine Behind It», The New York Times, 7 de agosto de 2019.

Iannelli, J., y Elfrink, T., «ICE’s Biggest Private-Prison Contractor Threatens to Sue Florida Civil-Rights Activists», Miami New Times, 6 de agosto de 2018 [https://www.miaminewtimes.com/riptide/2018/08/06/geo-group-threatens-to-sue-dream-defenders-over-anti-private-prison-activism].

Instituto de Política Fiscal de EEUU, «Three Ways Immigration Reform Would Make the Economy More Productive», 4 de junio de 2013 [http://fiscalpolicy.org/wp-content/uploads/2014/11/3-Ways-Reform-improves-productivity.pdf].

Krogstad, J.; Passel, J., y Cohn. D. V., «5 facts about illegal immigration in the U.S», Pew Research Center, 12 de junio de 2019 [https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/12/5-facts-about-illegal-immigration-in-the-u-s/].

Maloney, C. y Raskin, J., «The Trump Administration’s Mistreatment of Detained Immigrants: Deaths and Deficient Medical Care by For-Profit Detention Contractors», U.S. House of Representatives, septiembre de 2020 [https://oversight.house.gov/sites/democrats.oversight.house.gov/files/2020-09-24.%20Staff%20Report%20on%20ICE%20Contractors.pdf].

Merle, R., «As workplace raids multiply, Trump administration charges few companies», The Washington Post, 9 de agosto de 2019 [https://www.washingtonpost.com/business/2019/08/09/workplace-raids-multiply-trump-administration-charges-few-companies/].

Project South, «Re: Lack of Medical Care, Unsafe Work Practices, and Absence of Adequate Protection Against COVID-19 for Detained Immigrants and Employees Alike at the Irwin County Detention Center», 14 de septiembre de 2020 [https://www.scribd.com/document/476013004/OIG-Complaint#from_embed?campaign=SkimbitLtd&ad_group=30283X879131Xf9c7d55bc183da45ab98469fc9c85918&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate].

The Associated Press, «Geo Group sues California over AB 32, which bans private prisons», Desert Sun, 31 de diciembre de 2019 [https://www.desertsun.com/story/news/2019/12/31/geo-group-sues-california-over-ab-32-ban-private-prisons/2784752001/].

Transactional Records Access Clearinghouse, [https://trac.syr.edu/aboutTRACgeneral.html].

Mujeres: maternidad y violencia

«700,000 female farmworkers say they stand with Hollywood actors against sexual assault», Time, 10 de noviembre de 2017 [https://time.com/5018813/farmworkers-solidarity-hollywood-sexual-assault/].

Departamento de Estado, [https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2020-01218.pdf].

Everytown for Gun Safety, «Guns and violence against women», Everytown for gun safety. 17 de octubre de 2019 [https://everytown.org/press/everytown-for-gun-safety-releases-new-report-on-guns-and-domestic-violence/].

Greenwood, B.; Hardeman, R; Huang, L., y Sojourner, A., «Physician–patient racial concordance and disparities in birthing mortality for newborns», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1 de septiembre de 2020.

Jacobs, A., «Opposition to Breast-Feeding Resolution by U.S. Stuns World Health Officials», The New York Times, 8 de Julio de 2018 [https://www.nytimes.com/2018/07/08/health/world-health-breastfeeding-ecuador-trump.html].

OECD, «Violence against women», OECD Data, 2019 [https://data.oecd.org/inequality/violence-against-women.htm].

Oficina de Violencia contra la Mujer, [https://www.justice.gov/jmd/file/822296/download].

Rainn, «Scope of the problem: statistics», [https://www.rainn.org/statistics/scope-problem].

Young, A., «Hospitals know how to protect mothers. They just aren’t doing it», USA Today, 26 de julio de 2018 [https://www.usatoday.com/in-depth/news/investigations/deadly-deliveries/2018/07/26/maternal-mortality-rates-preeclampsia-postpartum-hemorrhage-safety/546889002/].

Los sintecho, desechados del sistema

Baker, A., «Skid Row: How did we get there?», Spectrum News, 19 de junio de 2019 [https://spectrumnews1.com/ca/la-west/news/2019/06/14/skid-row--how-did-we-get-here-].

Bragman, W., y Kotch, A., «The Business of Homelessness: NYC’s Biggest Shelter Contractor Makes Millions, Offers Shoddy Facilities», Sludge, 16 de octubre de 2019 [https://readsludge.com/2019/10/16/the-business-of-homelessness-nycs-biggest-shelter-contractor-makes-millions-offers-shoddy-facilities/].

Downtown Women’s Action Coalition, «The 2016 downtown women’s needs assessment», 2017 [https://www.downtownwomenscenter.org/wp-content/uploads/2017/08/2016DowntownWomensNeedsAssessment-web.pdf].

Grimaldi, J., «Eleven Percent of the Homeless Population Was Over 50 years Old in 1990; Today 50% of the Homeless Population is 50 and Older, says AMAC». Association of mature american citizens, 9 de agosto de 2019 [https://amac.us/eleven-percent-of-the-homeless-population-was-over-50-years-old-in-1990-today-50-of-the-homeless-population-is-50-and-older-says-amac/].

Holland, G., «Bathroom acmes on Skid Row is worse than in a Syrian refugee camp, report says», Los Angeles Times, 30 de junio de 2017 [https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-skid-row-bathrooms-20170630-story.html].

Moyer, J., «’She’s just one more missing voice’: D.C. says 117 homeless people died here this year», The Washington Post, 20 de diciembre de 2019 [https://www.washingtonpost.com/local/shes-just-one-more-missing-voice-dc-says-117-homeless-people-died-here-this-year/2019/12/20/8dfec686-21b9-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html].

Long, G., «NYC’s Unsold Condos: Thousands of Units Linger on Market as More Are Built», Street Easy, 13 de septiembre de 2019 [https://streeteasy.com/blog/nycs-unsold-condos/].

OECD, «HC3.1 HOMELESS POPULATION», OECD - Social Policy Division - Directorate of Employment, Labour and Social Affairs [https://www.oecd.org/els/family/HC3-1-Homeless-population.pdf], última consulta el 3 de marzo de 2020.

3. CÓMO SOBREVIVE Y SE SOBREVIVE AL SISTEMA Un mundo feliz: adictos y creyentes

Anbalagan, S. y Mendez, M., «Neonatal abstinence syndrome», National Center of Biotechnological information, 1 de octubre de 2020 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551498/].

Case, A., y Deaton, A. «Deaths of despair and the future of capitalism», Princeton, Princeton University Press, 2020.

Dalia, F., «Americans are far more religious than adults in other wealthy nations», Pew Research Center, 31 de julio de 2018 [https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/31/americans-are-far-more-religious-than-adults-in-other-wealthy-nations/].

Devitt, M., «CDC Data Show U.S. Life Expectancy Continues to Decline», AAFP, 10 de diciembre de 2018 [https://www.aafp.org/news/health-of-the-public/20181210lifeexpectdrop.html].

Duina, F., «Broke and Patriotic: Why Poor Americans Love Their Country (Studies in Social Inequality)», Standford, Standford University Press, 2018.

Green, E., «It Was Cultural Anxiety That Drove White, Working-Class Voters to Trump», The Atlantic, 9 de mayo de 2017 [https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/05/white-working-class-trump-cultural-anxiety/525771/].

Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, «Dramatic Increases in Maternal Opioid Use and Neonatal Abstinence Syndrome», 22 de enero de 2019 [https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/nas-infographic-2019.pdf].

Jones, J., «U.S. Church Membership Falls Below Majority for First Time», Gallup, 29 de marzo de 2021 [https://news.gallup.com/poll/341963/church-membership-falls-below-majority-first-time.aspx].

Katz, J., «Drug Deaths in America Are Rising Faster Than Ever», The New York Times, 5 de junio de 2017 [https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/05/upshot/opioid-epidemic-drug-overdose-deaths-are-rising-faster-than-ever.html].

Kliff, S., «They’re on Obamacare, they voted for Trump, and they’re already disappointed», VOX, 7 de junio de 2017 [https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/6/7/15674380/obamacare-kentucky-trump-ahca].

Mansfield hc., D.; Winthrop, D., y de Tocqueville, A., «Democracy in America», Chicago, University of Chicago Press, 2000.

Opportunity Insights, [https://opportunityinsights.org/].

Pew Research Center, «When Americans Say They Believe in God, What Do They Mean?», 25 de abril de 2018 [https://www.pewforum.org/2018/04/25/when-americans-say-they-believe-in-god-what-do-they-mean/].

—, «2. Views about religion in American society», 12 de marzo de 2020 [https://www.pewforum.org/2020/03/12/views-about-religion-in-american-society/].

—, «Faith on the Hill», 4 de enero de 2021 [https://www.pewforum.org/2021/01/04/faith-on-the-hill-2021/].

Pozzi, S., «El abuso de drogas trastoca el mercado laboral en EEUU», El País, 14 de julio de 2017 [https://elpais.com/internacional/2017/07/13/actualidad/1499965656_915170.html?id_externo_rsoc=TW_CC].

Rich, S.; Higham, S., y Horwitz, S., «More than 100 billion pain pills saturated the nation over nine years», The Washington Post, 14 de enero de 2020 [https://www.washingtonpost.com/investigations/more-than-100-billion-pain-pills-saturated-the-nation-over-nine-years/2020/01/14/fde320ba-db13-11e9-a688-303693fb4b0b_story.html].

Seaman, A., «More Than a Third of U.S. Adults Prescribed Opioids», Reuters, 1 de agosto de 2017 [https://www.scientificamerican.com/article/more-than-a-third-of-u-s-adults-prescribed-opioids/#:~:text=Reuters%20Health%20%2D%20The%20United%20States,many%20also%20misused%20the%20drugs.].

«The United States Has Opioid Overdose Death Rates More Than Twice Those of Any Other Country», The Back Letter, January 2019.

«Trump captó y manipuló la desesperación de la población estadounidense», RT en Español, 18 de diciembre de 2017 [https://actualidad.rt.com/programas/entrevista/257870-trump-captar-manipular-desesperacion-poblacion-eeuu].

Entre rejas

Alexander, M., «The New Jim Crow», New York, The New Press, 2012.

Austin, J.; Eisen., L-B.; Cullen, J., y Frank, J., «How many Americans are unnecessarily incarcerated?», Brennan Center for Justice, 2016 [https://www.brennancenter.org/sites/default/files/2019-08/Report_Unnecessarily_Incarcerated_0.pdf].

Benns, W., «American slavery, reinvented», The Atlantic, 21 de septiembre de 2015 [https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/09/prison-labor-in-america/406177/].

«California mom jailed for kid’s truancy», Fox News, 3 de octubre de 2012 [https://www.foxnews.com/us/california-mom-jailed-for-kids-truancy].

Centro de Derecho Juvenil, «Juvenile life without parole», 2020 [https://jlc.org/issues/juvenile-life-without-parole].

«Criminal justice facts», The Sentencing Project [https://www.sentencingproject.org/criminal-justice-facts/].

Defina, R., y Hannon, L., «The Impact of Mass Incarceration on Poverty», Crime & Delinquency. 2013;59(4):562-586, [https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0011128708328864].

Equal Justice Under Law, «Overview» [https://equaljusticeunderlaw.org/overview].

Faife, C., «Alabama the has most overcrowded prisons–if you look at the right data», The Appeal, 21 de agosto de 2019 [https://theappeal.org/alabamas-prisons-are-the-most-crowded-if-you-look-at-the-right-data/].

Gotsch, K., y Basti, V., «Capitalizing on mass incarceration: U.S. growth in private prisons», The sentencing project, 2 de agosto de 2018 [https://www.sentencingproject.org/publications/capitalizing-on-mass-incarceration-u-s-growth-in-private-prisons/].

Looney, A., y Turner, N., «Work and opportunity before and after incarceration», Brookings, 14 de marzo de 2018 [https://www.brookings.edu/research/work-and-opportunity-before-and-after-incarceration/].

Lopez, G., «Why Kamala Harris is under attack for a decade-old anti-truancy program», Vox, 7 de febrero de 2019 [https://www.vox.com/future-perfect/2019/2/7/18202084/kamala-harris-truancy-prosecutor-president-2020].

NJDC, «Minimum Age for Delinquency Adjudication–Multi-Jurisdiction Survey», [https://njdc.info/practice-policy-resources/state-profiles/multi-jurisdiction-data/minimum-age-for-delinquency-adjudication-multi-jurisdiction-survey/].

Pager, D., «The Mark of a Criminal Record», American Journal of Sociology, marzo de 2003 [https://scholar.harvard.edu/files/pager/files/pager_ajs.pdf].

Rabuy, B., y Kopf., D., «Detaining the Poor: How money bail perpetuates and endless cycle of poverty and jail time», Prison Policy Initiative, 10 de mayo de 2016 [https://www.prisonpolicy.org/reports/incomejails.html].

Rodriguez, M., y Emsellem, M., «65 Million “Need Not Apply” The Case for Reforming Criminal Background Checks for Employment», The National Employment Law Project, marzo de 2011 [https://www.nelp.org/wp-content/uploads/2015/03/65_Million_Need_Not_Apply.pdf].

Sickmund, M., «Easy Access to Juvenile Court Statistics: 1985-2017», Departamento de Justicia, Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de Delincuencia, [https://www.ojjdp.gov/ojstatbb/ezajcs/asp/selection.asp].

Sawyer, W., y Wagner, P., «Mass Incarceration: The Whole Pie 2020», Prison Policy Initiative, 24 de marzo de 2020 [https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2020.html].

St. John, P., «Federal judges order California to expand prison releases», Los Angeles Times, 14 de noviembre de 2014 [https://www.latimes.com/local/political/la-me-ff-federal-judges-order-state-to-release-more-prisoners-20141114-story.html].

Stein, D., «The untold story: Joe Biden pushed Ronald Reagan to ramp up incarceration — Not the other way around», The Intercept, 17 de septiembre de 2019 [https://theintercept.com/2019/09/17/the-untold-story-joe-biden-pushed-ronald-reagan-to-ramp-up-incarceration-not-the-other-way-around/].

The Sentencing Project, «People serving life exceeds entire prison population of 1970», febrero de 2020 [https://www.sentencingproject.org/wp-content/uploads/2020/02/People-Serving-Life-Exceeds-Entire-Prison-Population-of-1970.pdf].

Wagner, P., y Bertram, W., «“What percent of the U.S. is incarcerated?” (And other ways to measure mass incarceration)», Prison Policy Initiative, 16 de enero de 2020 [https://www.prisonpolicy.org/blog/2020/01/16/percent-incarcerated/#:~:text=Nearly%2520one%2520out%2520of%2520every,in%2520a%2520prison%2520or%2520jail.&text=We›re%2520often%2520asked%2520what,state%2520prison%2520or%2520local%2520jail.].

Winters, J., «California inmates fight fires for pennies. Now they have a path to turn pro», Grist, 15 de septiembre de 2020 [https://grist.org/justice/california-inmates-fight-fires-for-pennies-now-they-have-a-path-to-turn-pro/].

Un país sumido en una espiral de violencia

Badger, E., y Bui, Q., «The pandemic has hindered many of the best ideas for reducing violence», The New York Times, 6 de octubre de 2020 [https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/06/upshot/crime-pandemic-cities.html].

Buchanan, L., Bui, Q., y Patel, J., «Black Lives Matter may be the largest movement in U.S. history», The New York Times, 3 de julio de 2020 [https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-size.html].

Centers for Disease Control and Prevention, Web-based Injury Statistics Query and Reporting System (WISQARS), «Fatal injury reports» [https://www.cdc.gov/injury/wisqars], última consulta el 20 de marzo de 2020.

Everytown for Gun Safety, «Keeping our schools safe», 25 de enero de 2021 [https://everytownresearch.org/report/preventing-gun-violence-in-american-schools/].

Grinshteyn, E., y Hemenway, D., «Violent Death Rates in the US Compared to Those of the Other High-Income Countries, 2015», Preventive Medicine 123, 2019.

Hermann, P., y Williams, C., «1-year-old Carmelo Duncan is the latest victim of gun violence in D.C. as homicides hit a 15-year high», The Washington Post, 3 de diciembre de 2020 [https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/carmelo-duncan-fatal-shooting-dc/2020/12/03/fa0486de-3560-11eb-a997-1f4c53d2a747_story.html].

Jamison, P., «‘Here, life is cheap’», The Washington Post, 3 de enero de 2020 [https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2020/01/03/convenience-store-murders/?arc404=true].

Kalesan, B.; Weinberg, J., y Galea, S., «Gun Violence in Americans’ Social Network During Their Lifetime», Preventive Medicine 93, 2016.

Karp, A., «Estimating global civilian-held firearms numbers», Small arms survey, junio de 2018 [http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BP-Civilian-Firearms-Numbers.pdf].

Kaur, H., «About 93% of racial justice protests in the US have been peaceful, a new report finds», CNN, 4 de septiembre de 2020 [https://www.cnn.com/2020/09/04/us/blm-protests-peaceful-report-trnd/index.html].

Kim, D., «Social determinants of health in relation to firearm-related homicides in the United States: A nationwide multilevel cross-sectional study», Plos medicine, 17 de diciembre de 2019 [https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002978].

Kingston, J. «Exclusive: $1 billion-plus riot damage is most expensive in insurance history», Axios, 16 de septiembre de 2020 [https://www.axios.com/riots-cost-property-damage-276c9bcc-a455-4067-b06a-66f9db4cea9c.html].

Mcgee, C., «Riot-gear spending soars 114% in Trump’s police-power surge», Bloomberg, 15 de agosto de 2020 [https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-25/tear-gas-and-rubber-bullet-spending-by-u-s-jumps-after-protests?sref=fuWJXfi6].

Molar, R., «Can gun violence be traced back to its root causes?», News@Northeastern, 6 de enero de 2020 [https://news.northeastern.edu/2020/01/06/can-gun-violence-be-traced-back-to-socioeconomic-root-causes/].

«Tracking D.C.-area homicides», The Washington Post [https://www.washingtonpost.com/graphics/local/homicides/?itid=lk_interstitial_manual_17].

Parker, K.; Horowitz, J.; Igielnik, R.; Oliphant, B., y Brown, A., «America’s Complex Relationship with Guns: An In-depth Look at the Attitudes and Experiences of U.S. Adults», Pew Research Center’s Social & Democratic Trends Project, 22 de junio de 2017 [https://www.pewresearch.org/social-trends/2017/06/22/americas-complex-relationship-with-guns/#:~:text=An%20in%2Ddepth%20look%20at%20the%20attitudes%20and%20experiences%20of%20U.S.%20adults&text=As%20a%20nation%2C%20the%20U.Sand%20enduring%20connection%20to%20guns.&text=The%20survey%20finds%20that%20Americans,some%20point%20in%20their%20lives].

The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), «Demonstrations & Political Violence in America: New Data for Summer 2020» [https://acleddata.com/2020/09/03/demonstrations-political-violence-in-america-new-data-for-summer-2020/].

La deuda infinita

Amadeo, K., «Who owns the US national debt?», The Balance, 2 de marzo de 2021 [https://www.thebalance.com/who-owns-the-u-s-national-debt-3306124].

Comisión Federal de Comercio, «In FTC Study, Five Percent of Consumers Had Errors on Their Credit Reports That Could Result in Less Favorable Terms for Loans», 11 de febrero de 2013 [https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/02/ftc-study-five-percent-consumers-had-errors-their-credit-reports].

Congressional Research Service, «Venezuela: overview of U.S. sanctions», 22 de enero de 2021 [https://fas.org/sgp/crs/row/IF10715.pdf].

Fico Score, «FICO scores are used by 90% of top lenders», [https://www.ficoscore.com/about].

Lembo, S., «Debt Reaches New Highs in 2019, but Credit Scores Stay Strong», Experian, 9 de marzo de 2020 [https://www.experian.com/blogs/ask-experian/research/consumer-debt-study/].

Marte, J., «U.S. household debt rises above pre-pandemic levels due to mortgages», Reuters, 17 de noviembre de 2020 [https://www.reuters.com/article/us-usa-fed-debt/u-s-household-debt-rises-above-pre-pandemic-levels-due-to-mortgages-idUSKBN27X27B].

Mcbride, J.; Chatzky, A., y Siripurapu, A., «The National Debt Dilemma», Council on Foreign Relations, 9 de septiembre de 2020 [https://www.cfr.org/backgrounder/national-debt-dilemma].

OECD, «General government debt», OECD Data [https://data.oecd.org/gga/general-government-debt.htm]].

Oficina para la Protección Financiera, «Data point: credit invisibles», CFPB Office of Research, mayo de 2015 [https://files.consumerfinance.gov/f/201505_cfpb_data-point-credit-invisibles.pdf].

—, «Who are the credit invisibles?», diciembre de 2016 [https://s3.amazonaws.com/files.consumerfinance.gov/f/documents/201612_cfpb_credit_invisible_policy_report.pdf].

—, «CFPB Orders TransUnion and Equifax to Pay for Deceiving Consumers in Marketing Credit Scores and Credit Products», 3 de enero de 2017 [http://www.consumerfinance.gov/about-us/newsroom/cfpb-orders-transunion-and-equifax-pay-deceiving-consumers-marketing-credit-scores-and-credit-products/].

«Personal consumption expenditures/gross domestic product», FRED Economic Data [https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=AqOA], última consulta en 2021.

Peter G. Peterson Foundation, «IMF warns of rising U.S. debt», 8 de junio de 2015 [https://www.pgpf.org/blog/imf-warns-of-rising-us-debt].

Strein, J., «Your bad credit could cost you 1 million dollar», The Street, 1 de febrero de 2008 [https://www.thestreet.com/personal-finance/credit-cards/your-bad-credit-could-cost-you-1-million-12819094].

Zayas, A. de, «Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo acerca de su misión a la República Bolivariana de Venezuela y al Ecuador», Naciones Unidas, 3 de agosto de 2018.

El voto como ilusión

Cicero Arenas, P., «ABC del financiamiento de las campañas en Estados Unidos», Animal Político, 24 de febrero de 2016 [https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/abc-del-financiamiento-de-las-campanas-en-estados-unidos/].

Concha, J., «Judge dismisses One America News defamation lawsuit against Rachel Maddow», The Hill, 23 de mayo de 2020 [https://thehill.com/homenews/media/499294-judge-dismisses-one-america-news-defamation-lawsuit-against-rachel-maddow].

Edelman, «Edelman Trust Barometer» [https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer], última consulta en enero de 2021.

Folkenflik, D., «You Literally Can’t Believe The Facts Tucker Carlson Tells You. So Say Fox’s Lawyers», NPR, 29 de septiembre de 2020 [https://www.npr.org/2020/09/29/917747123/you-literally-cant-believe-the-facts-tucker-carlson-tells-you-so-say-fox-s-lawye].

Frankel, T., «A majority of the people arrested for Capitol riot had a history of financial trouble», The Washington Post, 10 de febrero de 2021 [https://www.washingtonpost.com/business/2021/02/10/capitol-insurrectionists-jenna-ryan-financial-problems/].

Homonoff, H., «2020 political ad spending exploded: did it worked?», Forbes, 8 de diciembre de 2020 [https://www.forbes.com/sites/howardhomonoff/2020/12/08/2020-political-ad-spending-exploded-did-it-work/?sh=51a6e9e33ce0].

Hope Cleves, R., «Why Americans turn to conspiracy theories», The Washington Post, 21 de octubre de 2019 [https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/10/21/why-americans-turn-conspiracy-theories/].

Instituto Sanders, «U.S. Voting and voting rights» [https://www.sandersinstitute.org/issues/democracy-and-government].

Jones, B., «Most Americans want to limit campaign spending, say big donors have greater political influence», Pew Research Center, 8 de mayo de 2018 [https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/05/08/most-americans-want-to-limit-campaign-spending-say-big-donors-have-greater-political-influence/].

Jones, J., «Support for Third U.S. Political Party at High Point», 15 de febrero de 2021 [https://news.gallup.com/poll/329639/support-third-political-party-high-point.aspx].

Keith Chen, M.; Haggag, K.; Pope, D., y Rohla, R., «Racial disparities in voting wait times: evidence from smartphone data», National Bureau of Economic Research, octubre de 2020 [https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26487/w26487.pdf].

Klain, H.; Morris, K., y Ayala, R., «Waiting to vote», Brennan Center for Justice, 3 de junio de 2020 [https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/waiting-vote].

Lempinen, E., «Stacking the deck: How the GOP works to suppress minority voting», Berkeley News, 29 de septiembre de 2020 [https://news.berkeley.edu/2020/09/29/stacking-the-deck-how-the-gop-works-to-suppress-minority-voting/].

Lenohardt, D., «The Senate: Affirmative Action for White People», The New York Times, 14 de octubre de 2018 [https://www.nytimes.com/2018/10/14/opinion/dc-puerto-rico-statehood-senate.html].

Levine, S., «A black woman faces prison because of a Jim Crow-era plan to ‘protect white voters’», The Guardian, 16 de diciembre de 2019 [https://www.theguardian.com/us-news/2019/dec/16/north-carolina-felony-vote-law-black-woman].

Masters, J., y Gopal, R., «The U.S. Presidential nominating process», Council on Foreign Relations, 13 de enero de 2020 [https://www.cfr.org/backgrounder/us-presidential-nominating-process].

Miller, M., «Pizzagate’s violent legacy», The Washington Post, 16 de febrero de 2021 [https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2021/02/16/pizzagate-qanon-capitol-attack/?arc404=true&wpmk=1&wpisrc=al_trending_now__alert-politics--alert-national&utm_campaign=wp_news_alert_revere_trending_now&utm_medium=email&utm_source=alert&location=alert&pwapi_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjb29raWVuYW1lIjoid3BfY3J0aWQiLCJpc3MiOiJDYXJ0YSIsImNvb2tpZXZhbHVlIjoiNTk2YjBhMDg5YmJjMGY0MDNmOGExOGE4IiwidGFnIjoid3BfbmV3c19hbGVydF9yZXZlcmVfdHJlbmRpbmdfbm93IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cud2FzaGluZ3RvbnBvc3QuY29tL2RjLW1kLXZhLzIwMjEvMDIvMTYvcGl6emFnYXRlLXFhbm9uLWNhcGl0b2wtYXR0YWNrLz9hcmM0MDQ9dHJ1ZSZ3cG1rPTEmd3Bpc3JjPWFsX3RyZW5kaW5nX25vd19fYWxlcnQtcG9saXRpY3MtLWFsZXJ0LW5hdGlvbmFsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13cF9uZXdzX2FsZXJ0X3JldmVyZV90cmVuZGluZ19ub3cmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWFsZXJ0JmxvY2F0aW9uPWFsZXJ0In0.VHcKdGPbqXO6OuynfnwZ8vSttWH6lHLIfYpwhR12v5Q].

Narcross, J., «When it comes to fair votes, the US Senate is ripe for reform», Electoral Reform Society, 2 de noviembre de 2020 [https://www.electoral-reform.org.uk/when-it-comes-to-fair-votes-the-us-senate-is-ripe-for-reform/].

Oficina de Censos de EEUU, «November Voting & Registration in the Election of November 2018» [https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/voting-and-registration/p20-583.html].

Open Secrets, «2020 Presidential Race» [https://www.opensecrets.org/2020-presidential-race], última consulta en 2021.

— «Contribution Limits» [https://www.opensecrets.org/elections-overview/contribution-limits], última consulta en 2021.

—, «Dark Money Basics» [https://www.opensecrets.org/darkmoney/dark-money-basics.php], última consulta en 2021.

Palast, G.; Camp, L. y Powers, N., «If we don’t have democracy, what the hell do we have?», Greg Palast investigative journalist, 18 de junio de 2020 [https://www.gregpalast.com/if-we-dont-have-democracy-what-the-hell-do-we-have/].

Palast, G., y Rall, T., «How Trump stole 2020», Seven Stories Press, julio de 2020.

Pintle, F., «Cómo funciona modelo de financiamiento de campañas de Estados Unidos – y por qué no puede replicarse en México», Business Insider, 2 de noviembre de 2020 [https://businessinsider.mx/como-funciona-financiamiento-de-campanas-estados-unidos/].

Pruitt, S., «How are electoral college electors chosen?», History, 21 de octubre de 2020 [history.com/news/electors-chosen-electoral-college].

Roose, K., «¿Qué es QAnon, la teoría de conspiración viral pro-Trump?», The New York Times, 21 de agosto de 2020 [https://www.nytimes.com/es/2020/08/21/espanol/qanon-que-es.html].

Sammon, A., «The Establishment Strikes Back», The American Prospect, 18 de diciembre de 2020 [https://prospect.org/politics/establishment-strikes-back-aoc-versus-centrist-democrats/].

Solomon, D., «Alex Jones’s Attorneys Argue That No Reasonable Person Would Believe What He Says», Texas Monthly, 31 de julio de 2018 [https://www.texasmonthly.com/politics/alex-joness-attorneys-defamation-suit-argue-no-reasonable-person-believe-says/].

Sparks, G., «Very few Americans are satisfied with campaign finance laws, but most don’t know a lot about them», CNN, 4 de abril de 2019 [https://www.cnn.com/2019/04/04/politics/campaign-finance-polling/index.html].

Stewart III, C., «Waiting to vote in 2012», Massachusetts Institute of Technology, 4 de abril de 2013 [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2243630].

The Poor People’s Campaign, «A moral agenda based on fundamental rights», [https://www.poorpeoplescampaign.org/about/our-demands/].

Uggen, C.; Larson, R.; Shannon, S., y Pulido-Nava, A., «Locked Out 2020: Estimates of People Denied Voting Rights Due to a Felony Conviction», The Sentencing Project, 30 de octubre de 2020 [https://www.sentencingproject.org/publications/locked-out-2020-estimates-of-people-denied-voting-rights-due-to-a-felony-conviction/].

«Why the Iowa caucuses are unfair and undemocratic», The Washington Post, 1 de febrero de 2020 [https://www.washingtonpost.com/opinions/the-iowa-caucuses-are-fundamentally-flawed/2020/01/31/9a0127fa-436d-11ea-b503-2b077c436617_story.html].

4. LA SED. EL MODELO SE AGOTA Todo, o casi todo, está en Flint

«A pediatrician General Motors and the Flint water crisis», Corporate crime reporter, 30 de julio de 2018 [https://www.corporatecrimereporter.com/news/200/pediatrician-general-motors-flint-water-crisis/#:~:text=In%20October%202014%20%E2%80%93%20eight%20months,was%20corroding%20their%20engine%20parts].

Adams, D., «Here’s how Flint went from boom town to nation’s highest poverty rate», MLive, 19 de enero de 2018 [https://www.mlive.com/news/flint/2017/09/heres_how_flint_went_from_boom.html#:~:text=Flint’s%20population%20boomed%20from%2013%2C000,MLive%2DThe%20Flint%20Journal%20archives.].

Andrew, K., «United Way estimates cost of helping children 100 million dollars», WNEM-TV, 18 de enero de 2016 [https://web.archive.org/web/20160203004456/http://www.wnem.com/story/30995770/united-way-estimates-cost-of-helping-children-100m].

Chariton, J. «Flushing Flint», Status Coup, abril de 2019 [https://statuscoup.com/flint/].

Childress, S., «We Found Dozens of Uncounted Deaths During the Flint Water Crisis. Here’s How», PBS FRONTLINE, 10 de septiembre de 2019 [https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/interactive/how-we-found-dozens-of-uncounted-deaths-during-flint-water-crisis/].

Clark, A., «The Poisoned City: Flint’s Water and the American Urban Tragedy», New York, Metropolitan Books, Henry Holt, 2018.

Flint Water Study, «The Virginia Tech Research Team», febrero de 2017 [http://flintwaterstudy.org/about-page/about-us/].

Hanna-Attisha, M.; Lachance, J.; Sadler, R., y Champney, A., «Elevated Blood Lead Levels in Children Associated With the Flint Drinking Water Crisis: A Spatial Analysis of Risk and Public Health Response», Am J Public Health, febrero de 2016 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4985856/].

Hersher, R., «Lethal Pneumonia Outbreak Caused By Low Chlorine In Flint Water», PBS, 5 de febrero de 2018 [https://www.npr.org/sections/health-shots/2018/02/05/582482024/lethal-pneumonia-outbreak-caused-by-low-chlorine-in-flint-water].

Ingragham, C., «This is how toxic Flint’s water really is», The Washington Post, 15 de enero de 2016 [https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/01/15/this-is-how-toxic-flints-water-really-is/].

Keefer,W., «Events leading to the dismissal of criminal charges in the Flint water cases», MLive, 19 de junio de 2019 [https://www.mlive.com/news/g66l-2019/06/3130bbe4e04115/events-leading-to-the-dismissal-of-criminal-charges-in-the-flint-water-cases.html].

Kennedy, M., «Lead-Laced Water In Flint: A Step-By-Step Look At The Makings Of A Crisis», NPR, 20 de abril de 2016 [https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/04/20/465545378/lead-laced-water-in-flint-a-step-by-step-look-at-the-makings-of-a-crisis].

Mack, J., «Flint is nation’s poorest city, based on latest Census data», MLive, 19 de enero de 2019 [https://www.mlive.com/news/2017/09/flint_is_nations_poorest_city.html].

Smith, M.; Bosman, J., y Davey, M., «Flint’s Water Crisis Started 5 Years Ago. It’s Not Over.», The New York Times, 24 de abril de 2019 [https://www.nytimes.com/2019/04/25/us/flint-water-crisis.html].

Zahran, S.; Mcelmurry, S. P.; Kilgore, P. E.; Mushinksi, D.; Press, J.; Love, N.; Sadler, R., y Swanson, M., «Assessment of the Legionnaires’ disease outbreak in Flint, Michigan», Proceedings of the National Academy of Science, 1 de febrero de 2018 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5828617/].

Flint está en todas partes

Akers, J., y Seymour, E., «The eviction machine: Neighborhood Instability and Blight in Detroit’s Neighborhoods», Poverty Solutions, University of Michigan, julio de 2019 [https://poverty.umich.edu/files/2019/08/Akers-et-al-Eviction-Machine-Revised-August-12.pdf].

American Rivers, «Lower basin of the Colorado River» [https://www.americanrivers.org/river/lower-basin-colorado-river/], última consulta en 2020.

Brockovich, E., «La crisis del agua en EEUU es mucho peor de lo que se imaginan: no busquen autorización para actuar», El Diario, 26 de agosto de 2020 [https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/crisis-agua-eeuu-peor-imaginan-no-busquen-autorizacion-actuar_129_6182872.html?s=16#click=https://t.co/sLMoljW4io].

Brown, T.C.; Mahat, V., y Ramirez, J.A., «Adaptation to future water shortages in the United States caused by population growth and climate change», Earth’s Future, 1 de marzo de 2019 [https://doi.org/10.1029/2018EF001091].

Chapman University, «America’s top fears 2018», 16 de octubre de 2018 [https://blogs.chapman.edu/wilkinson/2018/10/16/americas-top-fears-2018/].

Food and Water Watch, «Water Privatization: Facts and Figures», 2 de agosto de 2015 [https://www.foodandwaterwatch.org/2015/08/02/water-privatization-facts-and-figures/].

Kurth, J., «Detroit shut off water to 11,800 homes this year. Most are still off», Bridge Michigan, 19 de agosto de 2019 [https://www.bridgemi.com/urban-affairs/detroit-shut-water-11800-homes-year-most-are-still].

Lakhani, N., «Vast coalition calls on Biden to impose national moratorium on water shutoffs», The Guardian, 13 de enero de 2021 [https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/13/water-shutoffs-coronavirus-moratorium-biden].

Layne, R., «Lead in America’s water systems is a national problem», CBS News, 21 de noviembre de 2018 [https://www.cbsnews.com/news/lead-in-americas-water-systems-is-a-national-problem/].

Mack, E., y Wrase, S., «A Burgeoning Crisis? A Nationwide Assessment of the Geography of Water Affordability in the United States», Plos One, 11 de enero de 2017 [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0169488].

Montag, C., «Water/Color, a study of race and the water affordability crisis in America’s cities», 2019 [https://www.naacpldf.org/wp-content/uploads/Water_Report_FULL_5_31_19_FINAL_OPT.pdf].

Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EEUU, «Fresh Water: Supply Concerns Continue, and Uncertainties Complicate Planning», mayo de 2014 [https://www.gao.gov/assets/gao-14-430.pdf].

Pullen Fedinick, K.; W., M.; Panditharatne, M., y Olson, E., «Threats on tap: widespread violations highlight need for investment in water infrastructure and protections», NRDC, 2017 [https://www.nrdc.org/sites/default/files/threats-on-tap-water-infrastructure-protections-report.pdf].

Rosenthal, L., y Craft. W, «Buried Lead. How the EPA has left Americans exposed to lead in drinking water», APM Reports, 4 de mayo de 2020 [https://www.apmreports.org/story/2020/05/04/epa-lead-pipes-drinking-water].

Udall, B., y Overpeck, J., «The twenty-first century Colorado River hot drought and implications for the future», Water Resources Research, marzo de 2017 [https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016WR019638].

Xiao, M., Udall, B., y Lettenmaier, D., «On the Causes of Declining Colorado River Streamflows», Water Resources Research, septiembre de 2018 [https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018WR023153].