Cuando hablo de liberalismo, hablo de aquel sistema político que permite a las sociedades modernizarse, incorporar las demandas de la sociedad, atenuar los conflictos mediante la negociación e incluso convertirlos en un factor de progreso. No renuncia al legítimo uso de la fuerza cuando es necesario, pero establece límites y condiciones para ello. Vive en un equilibrio siempre inestable, permite el debate sobre su propia naturaleza, no persigue a quien lo cuestiona, aunque tampoco se rinde sin más. La Unión Europea simboliza este liberalismo mejor que ningún país por sí mismo.

Europa está preparada para una revolución liberal del siglo XXI, europeísta y aperturista, frente al proteccionismo, el populismo, el nacionalismo y la eurofobia, y al modelo dual agotado de conservadores y socialistas. Millones de europeos no temen a una sociedad abierta y fuerte; en el centro del espectro político y defienden una democracia liberal eficiente, superadora de modelos caducos.

Beatriz Becerra Basterrechea

Eres liberal y no lo sabes

Un manifiesto europeo por el progreso y la convivencia frente al populismo y al nacionalismo

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Titivillus 03.04.2019

Título original: Eres liberal y no lo sabes

Beatriz Becerra Basterrechea, 2018

Editor digital: Titivillus

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Introducción

I. Yo era liberal y no lo sabía

Nunca he sido muy amiga de etiquetas: los encasillamientos me producen un rechazo natural. Tampoco me formé en ciencia política ni en sus aledaños, sino en psicología y, posteriormente, en administración y dirección de empresas. Mi carrera profesional se desarrolló en el ámbito privado, tanto en grandes empresas como por cuenta propia, un mundo en el que prima la visión práctica y ejecutiva sobre la teórica o especulativa. Quizá por eso nunca me había dado por pensar qué ideología política me podía describir mejor.

En mi vida democrática, he votado todo tipo de opciones políticas. Sin embargo, en ningún momento me planteé si debía etiquetarme ideológicamente. Es decir, nunca pensé en si «era» una cosa u otra. Yo ya era, estaba siendo, muchas cosas (sucesivamente universitaria, psicóloga, profesional de la comunicación y del marketing, contribuyente, activista, cinéfila, madre, novelista, consultora, emprendedora, viajera). Mi lista de autodefiniciones no incluía «ser» socialdemócrata, conservadora, comunista, anarquista, liberal o cualquier otra cosa. Yo votaba a quien me parecía que podía ser más útil en cada momento, al instrumento político que podía servir mejor a esos fines (libertad, igualdad, solidaridad) para mí irrenunciables.

Sentí la necesidad de implicarme activamente en política en el año 2004, tras los terribles atentados del 11 de marzo en Madrid. Aquel crimen logró dividir a la sociedad española, polarizarla de una forma terrible, y produjo unas heridas públicas que tal vez no se hayan cerrado todavía. Mi impulso político, sin embargo, chocaba con la dificultad de no encontrar una opción en la que me sintiera realmente cómoda. Los dos partidos mayoritarios parecían más alejados que nunca, más empeñados en subrayar sus diferencias que en llegar a acuerdos en favor de todos los españoles. Las etiquetas se usaban como armas arrojadizas, o como tiralíneas para separar a los nuestros de los suyos. Paradójicamente, esto era compatible con el mantenimiento de inercias y estructuras que se habían quedado obsoletas, en lo relativo a la calidad de las instituciones o la relación con el nacionalismo, por citar sólo dos aspectos.

En 2007, surgió Unión Progreso y Democracia (UPyD). Su historia es de sobra conocida: impulsado por Fernando Savater, Rosa Díez y algunos más de quienes crearon años antes la plataforma ¡Basta ya! contra ETA y el nacionalismo obligatorio, se concibió como un proyecto que pretendía, por una parte, superar la polarización y el sectarismo de aquel momento y, por otra, promover las reformas soslayadas durante tanto tiempo. Con una visión laica, radicalmente igualitaria y progresista de España, UPyD se definía como transversal, y en verdad lo era: entre sus dirigentes, cuadros y militantes de base, había quienes se definían como liberales o socialdemócratas, y quienes, como yo, no tenían interés en aplicarse categoría alguna. Muchos que nos sentíamos huérfanos de representación nos vimos inmediatamente atraídos por este partido, que en sólo unos pocos meses de vida logró un valioso escaño en el Congreso de los Diputados tras las elecciones de marzo de 2008. Me afilié y me integré en una organización incipiente, con escasos medios y enorme entusiasmo, en la que casi todo se hacía a base de buena voluntad, a falta de otros recursos. Me incorporé a la dirección y fui testigo y participante en los debates que sirvieron para convertir el magnífico Manifiesto Fundacional del partido en un proyecto político completo capaz de dar respuesta a las necesidades de nuestro país y a las reclamaciones de la sociedad.

Estos debates podían ser encendidos, pero no eran en ningún caso dogmáticos. Se analizaban los problemas con los datos disponibles y se buscaba la mejor forma de resolverlos. Aquello fue cristalizando en iniciativas parlamentarias y, con la participación de todos los afiliados, en un cuerpo de propuestas y planteamientos políticos que se convirtieron en la propia esencia de UPyD. No estábamos allí para reivindicar ninguna cosmovisión, ninguna ideología de las que creen que pueden reducir el mundo social a unas pocas leyes básicas que lo explican todo. Con independencia de que estuviera más o menos de acuerdo con cada propuesta que lanzaba el partido, yo me sentía absolutamente cómoda con esta forma de trabajar y de pensar. Después, a UPyD no le fue bien, como también es de sobra conocido. Tras el fracaso en las autonómicas, municipales y, posteriormente, en las generales de 2015, los fundadores abandonaron el partido, y así lo hice yo también unos meses después, tras concluir que, para defender mejor el proyecto de UPyD en el Parlamento Europeo (para el que fui elegida en 2014), debía hacerlo como independiente. Pero esta es otra historia y otro libro. Lo que me interesa destacar es que, para mí, la reflexión política se produce desde unos principios básicos ampliamente compartidos y mediante una aproximación práctica, realista, apoyada en datos y sin rechazar ninguna idea por el mero hecho de que no venga del lado de «los míos».

Los principios a los que me refería podrían resumirse en la versión actualizada del lema revolucionario: libertad, igualdad y solidaridad. Sin embargo, cierta tradición política surgida de la Revolución francesa no confía en el individuo y considera que debe ser tutelado, dirigido y abastecido por el Estado. El enfoque «revolucionario», que considera que debe construirse un orden nuevo desde arriba, destruyendo instituciones y dando poder ilimitado a los expertos gubernamentales para «ajustar la sociedad», ha proporcionado durante siglos argumentos para ideologías opresivas y regímenes totalitarios. Ideologías y regímenes, por cierto, objetivamente fracasados para proporcionar prosperidad, pero muy eficaces para oprimir y restringir libertades. Lo hemos visto (y lo seguimos viendo) en Europa y en Latinoamérica en demasiadas ocasiones. Yo creo en el individuo como motor de la historia y del progreso, con el papel del Estado restringido a la famosa frase de Keynes: no se trata de que haga lo mismo que el mercado ya hace un poco mejor o peor, sino de que se encargue de lo que no hace en absoluto. Para mí, esta máxima acota bien el principio liberal de mínima intervención del Estado. Se trata, por tanto, de elegir el eje en torno al que gira la sociedad: el individuo o el Estado. Es una decisión, una cuestión de confianza sobre cuál es la clave del progreso y la prosperidad. Y la respuesta siempre se va a basar en un argumento profundamente filosófico, ontológico si quieren: el individuo-adulto, que es igual, libre y responsable, o el individuo-niño, que es incapaz y debe ser tutorizado.

Pero sé de sobra que estos principios son tan amplios que mucha gente podría estar de acuerdo con ellos y discrepar después cada vez que se trate de descender a cuestiones concretas. Para mí, pensar así no significaba estrictamente ser liberal. Muchas personas valiosas a las que he conocido y que pueden compartir esta visión del mundo se definen como socialdemócratas o directamente socialistas. ¿Por qué, entonces, he llegado a verme como liberal, a definirme como tal, a aceptar por fin esta definición? Se debe, en realidad, a motivos hasta cierto punto azarosos, lo que no quiere decir que carezcan de significado. Las circunstancias políticas y orgánicas me llevaron, tras entrar en el Parlamento Europeo, al Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), al que, para simplificar suelen referirse los medios como «los liberales». Y aunque, una vez más, se trata de un grupo heterogéneo, con diferentes puntos de vista y aproximaciones, el liberalismo y su creencia en el individuo nos une a casi todos por encima de las discrepancias concretas.

Por otra parte, ha habido otras circunstancias específicas que me han llevado a adoptar la categoría de liberal. Desde la Eurocámara he asistido a algunos fenómenos que han sacudido la vida política española, europea y mundial. Resumidamente, se trata de la arremetida del populismo en diferentes versiones, cuyos mayores éxitos (dolorosos y de graves consecuencias) han sido el brexit y la victoria de Trump. Salvamos la situación en Francia con la gran victoria de Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen, y lo mismo ocurrió en los Países Bajos y en Alemania. La situación es mucho peor en Polonia, Hungría y otros países del grupo de Visegrado. En Cataluña, el nacionalismo populista ha llevado a cabo un intento de secesión ilegal que ha obligado al Estado a hacer una de esas cosas que el mercado nunca haría: salvar la democracia y los derechos del conjunto de todos los españoles sobre su país.

Esta arremetida populista, que no ha terminado, ha puesto en cuestión elementos que muchos dábamos por supuestos: la Unión Europea, la unidad de España, el libre comercio, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, el Estado de derecho e incluso el progreso material y social. Ha creado una sensación de crisis integral de la democracia y nos ha obligado incluso a recuperar su viejo apellido: democracia liberal. Nos ha hecho conscientes de la necesidad de defender lo conseguido, al mismo tiempo que trabajamos por avanzar más allá. En efecto, nos ha hecho volver a lo esencial, preguntarnos por la naturaleza de nuestro sistema político para encontrar de nuevo sus raíces liberales, su empeño en crear un marco de seguridad jurídica, un mecanismo de frenos y controles que protege al individuo de otros individuos o de los abusos del poder, a las minorías de las mayorías. Un sistema que hace posible, por tanto, la convivencia. Y es que ésta es la cuestión: que hemos dado por hecha la convivencia, cuando no hace tanto Europa era una ruina humeante tras la guerra más devastadora de la historia.

Presenciar estos fenómenos y poder actuar contra ellos desde el grupo liberal del Parlamento Europeo me ha hecho consciente de que, para mí, la convivencia de los diferentes es el primer objetivo de la política, porque sin él nada es posible. Me ha convencido de que el liberalismo es el que puede hacernos recuperar esta convivencia y dar un nuevo impulso al progreso de Europa. Será la aproximación individual lo que nos permita derrotar al populismo y al nacionalismo. A falta de otra cosa, agradezco a sus líderes que me hayan mostrado que yo era liberal y no lo sabía.

Al fin y al cabo, ¿qué es ser liberal? De verdad, sin añadidos ni oportunismos ideológicos. En esencia, ser liberal no es un sello político, es una manera de ver la vida, basada en el ejercicio de tu libertad de elección como adulto, a la vez que asumes tu propia responsabilidad individual. Como progresista o conservador, son adjetivos (calificativos) que devienen sustantivos. Como cuando en publicidad hablamos de creativos y ejecutivos. En realidad, todo es cuestión de la proporción de los ingredientes en el cóctel, todos tenemos un poco de cada... menos los nacionalistas, los totalitarios y los populistas, que son de entrada única. En la agenda liberal, las políticas sociales y las económicas son inseparables, y tan importantes unas como otras. El liberalismo se reveló para mí como el mejor marco conceptual y la más pragmática caja de herramientas procedimental para acabar con la pobreza y la desigualdad, porque fortalecía la responsabilidad y la decisión individual, desde la garantía de libertad e igualdad de oportunidades. El liberalismo del siglo XXI daba respuesta a mis preguntas sobre la libertad, los derechos individuales, la igualdad, el progreso, la prosperidad y la construcción de un espacio plural de convivencia. Y no era una aspiración, un deseo o una utopía: ya estaba en marcha en Europa.

II. La libertad envilecida

La palabra «libertad», origen y sentido del liberalismo, está rebajada. Tanto que se la han quedado a precio de saldo los más indigentes y reaccionarios líderes políticos y sociales europeos. Marine Le Pen no dejó de hablar de «liberté» durante toda la campaña electoral francesa de 2017. Tampoco al holandés Geert Wilders, cuya formación se llama, precisamente, Partido de la Libertad. El brexit se alcanzó al grito de libertad, además de en medio del mayor vertido de mentiras jamás visto hasta que llegó el intento secesionista catalán. Ellos, los secesionistas, ansían tanto la libertad que olvidan la de los demás. Su derecho a decidir era en realidad su derecho a que no decidiéramos todos. Cuando piden «libertad para los presos políticos», en una democracia avanzada como España, donde tal cosa no puede existir, es obvio que donde dicen «libertad» deberían decir «impunidad».

Lo más paradójico es que las primeras medidas que prometen los nacionalistas y populistas son golpes contra la libertad. Quieren recuperar las fronteras nacionales, limitando así la libertad de movimiento que trajo consigo la construcción europea. Wilders quería prohibir el Corán, reduciendo la libertad religiosa. Theresa May, primera ministra del Reino Unido, amenazaba con retirar derechos y libertades a los europeos residentes en su país antes de que la realidad de la negociación la pusiera en su sitio. Puigdemont, Junqueras y los demás, anularon la libertad y los derechos de los diputados de la oposición en el Parlamento autonómico para poder aprobar sus ilegales leyes golpistas.

¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha devaluado tanto la palabra que encabeza el lema de la Revolución francesa? ¿Cómo es posible que ahora sea malversada por los nuevos (y no tan nuevos) autoritarios? Antaño, la extrema derecha defendía el orden, la jerarquía, la tradición, pero no la libertad, algo que rechazaban. Un día, comenzó a advertir que no había que confundir la libertad con el libertinaje: a ellos no les gustaba ni la primera ni el segundo, pero ya estaban transigiendo, o eso creíamos. El hecho de que ahora los reaccionarios se erijan en libertadores no los convierte en progresistas, sino que muestra su rearme. A falta de ideas nuevas, han encontrado fórmulas para que cuelen las viejas que ya fracasaron.

Hoy día, una moneda se devalúa cuando hay demasiada en circulación. ¿Es esto lo que ha ocurrido con la palabra «libertad»? ¿La hemos usado tanto que ya no significa nada? Yo diría que no. De hecho, la izquierda ha dejado prácticamente de usarla. El mantra socialdemócrata de las últimas décadas ha sido la igualdad. Podemos o Izquierda Unida en España y Syriza en Grecia prefirieron en su momento hablar de soberanía para pedir, en el fondo, lo mismo que sus gemelos populistas de derechas: el fin de la Unión Europea tal y como la conocemos.

No, yo más bien tiendo a pensar que la libertad se ha devaluado por envilecimiento, el método por el que los soberanos adulteraban las monedas mezclando los metales preciosos con otros de menos valor. Creo que hemos envilecido la idea de libertad limitándola, en los últimos tiempos, a la fiscalidad y al consumo. Para un cierto liberalismo, la libertad se limita a pagar menos impuestos para hacer lo que queramos con nuestro dinero. Muchos de estos autodenominados liberales defienden posiciones muy conservadoras en materia de igualdad efectiva de derechos, desde los relacionados con la salud sexual y reproductiva como los que tienen que ver con la brecha salarial entre hombres y mujeres o con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta idea de libertad, tan pedestre que ignora la desigualdad de oportunidades, resulta, a mi juicio, casi banal.

Aunque, sin duda, la peor parte del envilecimiento ha consistido en privar a la libertad de su metal más valioso: la responsabilidad. Cuando esto se ha producido, es cuando se han subido al carro los populistas. La libertad que ellos prometen no tiene coste, es un tesoro encontrado o (según su relato) recuperado de quienes lo robaron. Una vez devuelta al pueblo, éste verá colmadas sus ansias y todos sus problemas quedarán resueltos. Naturalmente, esto no es libertad, sino ingenua omnipotencia: la aspiración de cualquier niño. Si educar es, principalmente, enseñar la responsabilidad (hacerse cargo de las consecuencias de los propios actos), el populismo aspira a gobernar sobre un pueblo-niño. Es decir: un pueblo-esclavo.

Dicho de otro modo, la moneda de la libertad ha perdido tanto valor que se ha transformado en una falsa moneda. Una farsa monea populista igualita que la que cantaba Imperio Argentina: «que de mano en mano va y ninguno se la quea». Que circula de mano en mano engañando a muchos de los que la contemplan. De lo que se trata ahora es de poner en circulación otra que sí aporte riqueza política. La libertad tiene que ser una aspiración vibrante, elevada. Pero no tiene que ser una promesa de omnipotencia, sino un compromiso de responsabilidad. Tiene que ampliar nuestras posibilidades y hacernos más conscientes de nuestros deberes.

Debemos empezar por lo obvio: quien quiere levantar fronteras y muros, quien desea imponer aranceles y restringir los movimientos dentro de Europa, no favorece la libertad: la reduce. Continuemos por lo que es menos obvio: ampliar la comunidad política, trasladar competencias de un ministerio a la Comisión Europea, no nos hace menos libres, al contrario. Europa tiene una capacidad y un potencial de influencia de los que carecen los Estados miembros. La Unión Europea está en mejor disposición para afrontar los desafíos actuales y los futuros, y, por tanto, para ampliar la libertad de sus ciudadanos, al tiempo que los responsabiliza de las decisiones que se tomen.

Yo creo que los liberales tenemos mucho que decir. En realidad, somos los que más, por definición y por obligación. No deberíamos dejar que se nos cayera la libertad de la boca ni de nuestros actos ni un minuto. Por supuesto, los liberales seguiremos rechazando las trabas burocráticas y la intervención excesiva del Estado en los asuntos privados. Por supuesto, seguiremos defendiendo sin cuartel las libertades civiles. Pero, sobre todo, nos deberemos esforzar en garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, y lograr así que las nuevas generaciones miren al futuro con optimismo. Porque, para mí, la igualdad de oportunidades es la verdadera libertad. Sólo somos verdaderamente libres cuando nos sentimos dueños de nuestras vidas. Y lo somos realmente cuando somos conscientes de nuestros deberes. Al fin y al cabo, la Unión Europea es, en esencia, un gran espacio de libertad, de libertades compartidas.

Para mí es evidente que la libertad se defiende en común. De hecho, sólo es posible en comunidad: al náufrago en una isla desierta nadie le dice lo que tiene que hacer, pero sólo es libre de subirse o no a la palmera a observar desde allí el horizonte. Por eso creo que debemos enfrentar sin complejos a los nacionalistas y populistas que quieren aislar a sus naciones del resto en nombre de la libertad. Hay que desenmascararlos por dos razones: porque mienten y porque lo hacen por interés propio. Y yo apuesto por desenmascararlos recordando una y otra vez, sin cansarnos, que es Europa la que nos ha hecho más libres, la que nos ha dado nuevos horizontes.

Combatamos con talante liberal el exceso de burocracia, pero no aceptemos la simpleza de comparar la Unión con poco menos que el imperio galáctico de Star Wars. Al contrario, Europa es la República antes de que el Lado Oscuro se hiciera con el poder. ¿Cómo van a traernos la libertad unos tipos que lo que quieren es acaparar más poder, intervenir más, silenciar a sus adversarios?

Hablemos de reformas y de propuestas, pero sin olvidar que a los humanos nos moviliza la emoción, y nada más emocionante que una buena aventura. Volvamos a explicar Europa como una aventura compartida por la libertad. La Unión es mucho más que un entramado jurídico inextricable, es un hermoso proyecto político, un faro para los que no olvidan ni un minuto el valor de la libertad, precisamente porque les falta. Europa es, somos, inspiración y referencia para muchos disidentes democráticos en dictaduras, desde América Latina hasta el Extremo Oriente.

Porque resulta que la democracia liberal, en su esencia misma, está gravemente amenazada, y ni sabíamos que lo estaba. En realidad, ni siquiera sabíamos que lo era. Liberal, me refiero. Era la democracia y punto.

III. La crisis liberal

El liberalismo que yo defiendo, el que quiero y propongo, no será nunca un club cerrado, ni un culto milenarista, ni una secta. Debe estar abierto a influencias y a personas, debe ser adaptable y flexible. De hecho, tal ha sido hasta ahora la inmensa ventaja de la democracia liberal: su capacidad para adaptarse a los cambios. Con frecuencia nos parece insuficiente, desesperamos ante la lentitud de las reformas, ante las inercias. Yo misma he sufrido esto en el Parlamento Europeo. Pero adoptemos algo de perspectiva. Cuando hablemos de democracia liberal, deberíamos hacerlo siempre de forma comparada. ¿Qué otro sistema se ha mostrado más dúctil? ¿Cuál otro ha logrado mejores resultados? Los sistemas feudales sobrevivieron muchos siglos, pero dejando a un lado que lo hicieron en un entorno histórico muy distinto, no creo que nadie desee volver ahora al Medievo. ¿O tal vez sí?

Dicen que la democracia liberal está en crisis. Y puede que sea cierto, pero habrá que añadir que siempre lo ha estado, no como otros sistemas que gozaban de una salud envidiable hasta el minuto justo en que se vinieron abajo. Precisamente, si la democracia transmite una cierta sensación de crisis es porque permite que se debata públicamente en torno a ella, porque permite la discrepancia y el análisis, y por tanto quedan al descubierto sus debilidades, unas veces aparentes y otras no, unas veces ciertas y otras no.

Hoy tendemos a observar la posguerra europea como una historia de éxito, y desde luego lo es. Europa se levantó de sus ruinas con la ayuda del Plan Marshall, se dotó de nuevas instituciones, logró un crecimiento económico más que notable y lo hizo en paralelo con un Estado del Bienestar que, si bien ha pasado por variadas peripecias en los últimos treinta años, sigue siendo el más amplio del mundo. Cuando los populistas de hoy vuelven la vista al pasado, lo hacen con frecuencia a este período debidamente idealizado. Pero la realidad es otra.

En la segunda parte del siglo XX, los países de Europa Occidental (dejaremos aparte a España, que vivió al margen hasta la Transición, y también a Portugal y Grecia) vivieron una etapa que no puede calificarse de tranquila. No sólo había que reconstruir lo que la guerra había destruido: también había que mantenerse alerta frente al bloque comunista. La Guerra Fría terminó y ganó la democracia, así que es tentador ver lo ocurrido como inevitable. No lo era. La Unión Soviética demostró un gran vigor militar e incluso económico en la posguerra y, frente a las divisiones partidistas y conflictos de todo tipo de las sociedades abiertas, podía aparentar una unidad y una homogeneidad envidiables. Obviamente, se basaban en mentiras y en abusos totalitarios, y cada vez fueron engañando a menos gente. Pero lo cierto es que durante mucho tiempo no estuvo nada claro quién ganaría aquella guerra no declarada que tuvo en Berlín su escenario más emblemático.

Recordemos que, durante aquellos años, Francia se enfrentó al colapso de la cuarta República y a la fundación de la quinta; Alemania tuvo que digerir en diferentes fases su reciente pasado nazi; el Reino Unido tuvo que asumir su nuevo papel secundario en la escena mundial y la pérdida de su imperio, algo que también le ocurrió al resto de potencias; Italia se instaló en una inestabilidad política marcada por la corrupción que, por desgracia, no ha terminado de superar... Todos estos países y muchos otros sufrieron la aparición y fueron golpeados por grupos terroristas nacionalistas o de extrema izquierda. En los años sesenta, se produjo la mayor ruptura generacional que se haya presenciado y una transformación social sin precedentes: las mujeres y las minorías dijeron que no seguirían callando. Hoy es fácil reírse de los hechos del Mayo del 68, pero lo cierto es que en su momento muchos creyeron que estábamos ante el apocalipsis.

Como explica el historiador Yuval Noah Harari,[1] no era seguro en absoluto que lo que él llama el «humanismo liberal» fuera a imponerse, más bien lo contrario. Y, sin embargo, resistió, al contrario que las llamadas democracias populares, en realidad férreas dictaduras incapaces de evolucionar, de satisfacer las demandas de sus súbditos, de hacer siquiera un diagnóstico objetivo y realista de su situación. Cuando un hombre, Mijaíl Gorbachov, se atrevió a hacerlo, el resultado fue el desmoronamiento completo del sistema que la Unión Soviética había creado y tutelado.

De modo que la crisis parece el estado natural de la democracia liberal. Sin embargo, ha demostrado tener una mala salud de hierro. Esta capacidad de resistencia se debe a que puede adaptarse y cambiar, a una flexibilidad incompatible con el dogmatismo. En la actualidad, cuando se cantan las desgracias de las democracias occidentales, yo siempre me pregunto: ¿cuál es la alternativa? ¿Qué otro modelo se nos ofrece? Las últimas innovaciones en sistemas políticos incluyen, por ejemplo, el caso de Venezuela. El llamado «socialismo del siglo XXI» se ha demostrado tan poco útil para las personas como el del siglo XX, e igualmente feroz y represivo. Otra alternativa es la Rusia de Putin, basada en un autoritarismo nacionalista con vanas ambiciones imperiales. Lo demás son resabios del siglo XX, viejas dictaduras que han sabido sobrevivir gracias al totalitarismo (Corea del Norte), a las redes clientelares (Cuba) o a astutas reformas económicas (China).

Aunque hay gente para todo, no creo que muchas personas prefirieran vivir en la Venezuela de hoy (o en Corea del Norte, o en Cuba, o en Rusia) antes que en cualquier democracia de Europa. El único modelo alternativo real hoy —dando por hecho que Trump fracasará en cualquiera que sea su proyecto, si es que tiene alguno— es el chino. El camino de apertura económica y diplomática emprendido en los años setenta del siglo pasado ha arrojado unos resultados espectaculares en términos de crecimiento económico y prosperidad, algo que los sucesivos jerarcas del Partido Comunista han hecho compatible con el mantenimiento de una dictadura que niega tanto las libertades civiles como los derechos fundamentales. Se trata de una realidad que debemos afrontar: China puede ser, y de hecho es, un modelo a imitar por los países que desean dejar atrás la pobreza o que se encuentran insatisfechos con su situación.

Pero lo cierto es que tanto la fortaleza como la debilidad de China son de carácter liberal. Sus reformas económicas, aunque limitadas y siempre controladas, se han basado en principios liberales. Es paradójico (y lamentable) que hoy se haya erigido en defensor del libre comercio tras la retirada de Estados Unidos y —me duele decirlo— ante la escasa reacción de la Unión Europea. China hizo algo que muchos creían imposible: separar radicalmente lo económico de lo político para aplicar un liberalismo devaluado en lo primero y ninguno en absoluto en lo segundo.

Sin embargo, como predicen Acemoglu y Robinson,[2] el modelo chino terminará agotándose porque no deja de ser un sistema extractivo, que no genera nuevas oportunidades ni ofrece la seguridad jurídica suficiente para el desarrollo económico. Siguen, tantos años después, beneficiándose de su paupérrima posición de salida. Pero, como ocurrió con la Unión Soviética, es probable que en no mucho tiempo entren en una fase de desaceleración o incluso de crisis, y entonces descubrirán que no tienen el marco adecuado para volver a despegar. Tendrán que elegir entre mantener los privilegios de su casta dominante o reformar el sistema por completo, para que sean los propios chinos, cada uno de ellos, los que hagan progresar el país con su esfuerzo y su ingenio. Antes o después, el liberalismo político llamará a su puerta.

Sí, soy optimista. Creo que los liberales debemos serlo. No por una cuestión de voluntarismo, sino por los hechos. La democracia liberal se ha impuesto progresivamente desde finales del siglo XX y durante el XXI. El libre comercio se ha abierto camino y nos ha llevado a unas cotas de prosperidad inigualables. La pobreza extrema desciende de modo espectacular en todo el mundo, los índices de alfabetización se han disparado, hay menos muertes violentas que en cualquier época pasada. Temo que esto pueda ofender a algunos, a quienes se centran en lo mucho que todavía queda por hacer, en quienes siguen viviendo con miedo a morir al día siguiente, tal vez de hambre, tal vez de frío, tal vez en un bombardeo aéreo. La crisis de los refugiados nos conmueve, la guerra de Siria nos indigna, la pobreza en África no desaparece. Todo esto es cierto, y el inconformismo es clave en política como en cualquier otro ámbito: sin él no hay progreso. Con todo, si no somos capaces de comprender lo logrado hasta ahora, lo mucho que hemos avanzado, corremos el riesgo de caer, fruto de la desesperación, en manos de desaprensivos que no tienen nada que ofrecer, que se venden como auténticos cuando son un fraude, que hablan de libertad cuando lo que quieren es acabar con ella.

Es el momento liberal, el momento de reinventarnos una vez más frente a los nuevos retos, locales o globales, para defender el terreno ganado y conquistar el futuro. Esto sólo lo lograremos huyendo de concepciones excluyentes o puritanas del liberalismo, abriéndonos a nuevas ideas y renunciando, cuando sea necesario, a algunas de nuestras preferencias. Es decir: un posibilista pragmatismo con principios, frente a incendiarios planteamientos maximalistas que se consumen en sí mismos.

IV. El centrismo insurgente

Piense en las personas que más le inspiran. En las que confía. A las que admira. Seguro que tiene una buena lista de palabras para definirlas. Y apostaría a que en ninguna de esas listas aparece el adjetivo «moderado», ¿me equivoco? Es lo normal. Cuando de liderar o transformar el mundo se trata, todos tendemos a señalar características como la audacia, la creatividad, la valentía, la visión, la belleza, el esfuerzo, la honestidad, la brillantez intelectual... Pero, más allá de sus atributos caracterizadores, resulta un ejercicio sorprendente comprobar que la posición ante la vida de una inmensa mayoría de esas personas que admiramos es radicalmente moderada. Centrista, vamos. ¿Por qué digo esto?

El centrista es radicalmente procambio y antiinmovilismo: su máxima es progresar, mejorar, reformar. Y eso diferencia al centro de esas especulares izquierda y derecha, que, a lo Lampedusa, hacen como que lo quieren cambiar todo para que en realidad nada cambie. Lo único que rechaza el centrista es el arrebato destructivo, el extremismo y la violencia (también la intelectual). El centrista, por mucho que insistan los interesados en confundir o caricaturizar, no ha «caído en el medio» porque no podía llegar a los extremos. No sólo no es débil, tibio, aburrido, indeciso o equidistante, sino precisamente lo contrario: ser centrista es tremendamente provocador. Atractivo. Sexy. Estimulante. Y les voy a explicar por qué.

Para ello, me voy a servir, con permiso del autor, de una reflexión aguda y descriptiva publicada en Quillette en 2017. Se trata de Centrismo: un manifiesto moderado, del ensayista Bo Winegard.[3] Lo cierto es que comparto ampliamente sus consideraciones (no todas, claro), pero me gusta en particular la precisión con la que acierta a dotar al centrista de un perfil propio. Porque lo tiene, vaya si lo tiene...

Para el autor, el centrista vendría a ser un pragmático con principios, escéptico comprensivo, desconfiado innovador, negociador transaccional y patriota constitucional leal al Estado de derecho. No está nada mal.

¿Cómo saber si uno responde a este perfil? ¿Eres un centrista y no lo sabías? Hagamos un test casero. Decide con cuántas de esta veintena de afirmaciones de Winegard estás de acuerdo:

Los cambios radicales y las propuestas extremas suelen traer consigo errores y con frecuencia implican limitación de libertades básicas.

Proponer e innovar es esencial, con la consideración y plan de implementación adecuados.

Las grandes teorías son casi siempre incorrectas y fomentan el dogmatismo y el extremismo.

El utopismo es quizá el tipo de gran teoría más peligrosa y seductora.

Las ideas que requieren un daño significativo hoy para lograr un mejor mañana son particularmente perniciosas.

La incertidumbre sobre el futuro requiere humildad y un compromiso con el orden y el bienestar en el aquí y ahora.

Las políticas de identidad tienden a dividir a las personas y crear facciones amargas que compiten por sus intereses percibidos.

Uno debe buscar la mejor respuesta. Es muy poco probable que un partido político tenga el monopolio de la verdad.

Los sistemas políticos y culturales deben tratar con los seres humanos tal como existen y comprender sus propensiones básicas.

El excesivo optimismo sobre la naturaleza humana a menudo ha llevado a la tragedia.

El sistema político actual, cualesquiera que sean sus fallos, a menudo es sabio porque ha sido condicionado por años de lenta experimentación con humanos reales.

Una sociedad decente en el mundo vale más que mil utopías en la cabeza.

Aunque la ciencia no puede resolver todos los problemas sociales, es el mejor instrumento que tenemos para medir el éxito o el fracaso de políticas particulares.

Es importante, por tanto, proteger atentamente la libertad de expresión y la investigación libre para que las mejores ideas se debatan rigurosamente en el foro público.

Las ideologías políticas tienden a cegar a las personas sobre las mejores políticas.

Las mejores políticas sociales se logran mediante una experimentación lenta y cuidadosa, no a través de un dogma.

Las propuestas de políticas que se desvían del consenso con los gobernados, aunque sean en última instancia correctas, amenazan con alienar a las personas y fomentar el descontento.

El Estado de derecho es uno de los logros más grandes y frágiles de la civilización occidental. Protege a los ciudadanos de los caprichos de sus líderes, por tanto, debe ser elogiado y protegido.

Los prejuicios de las personas requieren atención y no pueden pasarse por alto.

Tener un documento escrito (o legado de leyes y principios que se respetan) ayuda a asegurar la preservación del Estado de derecho.

Si tienes la sensación de reconocerte... ya sabes.

Entenderás que yo me considere centrista, por dos motivos principales. El primero, porque efectivamente acepto que los seres humanos somos imperfectos, tenemos prejuicios y pulsiones ancestrales, y a la vez cualidades constructivas de un valor incalculable. Y el segundo, porque celebro los logros deslumbrantes de la civilización, si bien quiero superar sus defectos desarrollando propuestas innovadoras a través del consenso. «Las teorías abstractas sobre el altruismo humano y la dicha son atractivas, pero no han sido probadas por las despiadadas realidades del mundo. Cuando se han intentado teorías inspiradoras que malinterpretan o tergiversan la naturaleza humana, los resultados han sido invariablemente trágicos», resume Winegard.

¿Es posible ser vehemente, apasionado, inspirador cuando se está en el centro? ¿Se puede crecer desde el centro, elevarse por el medio, levantarse contra lo corrosivo del establishment sin abolir las instituciones, incorporar a los ciudadanos en las bases y tratarlos como adultos, y «drenar el pantano» en todas direcciones? Yo diría que sí. Seguro que no hace falta que vuelva a recordar a Macron... pero no quería dejar de celebrar aquí su hallazgo de la expresión «centrismo insurgente» que ha ido consolidando a su alrededor, desde esa prosa magnífica con la que ha sacado brillo a los cristales discursivos de la política europea.

En definitiva, de esto trata esta humilde reflexión que tienes en tus manos. Sin más aspavientos. Sobre cuáles son los principios que a tantos nos identifican como liberales del siglo XXI, resumidos en un decálogo muy simple. Porque este liberalismo de hoy (reformista radical, centrista insurgente) nos ofrece lo que necesitamos para lograr el objetivo último de lo que conocemos como democracia liberal: garantizar la libertad, la seguridad, la igualdad efectiva y los derechos individuales. Dentro del Estado de derecho, el marco de convivencia humana más eficaz que existe.

UN DECÁLOGO LIBERAL PARA EL SIGLO XXI

1

Eres liberal si reivindicas los derechos universales como único contrato común

Si hay una pregunta que incomoda a un liberal es por qué dos personas tienen derechos diferentes sólo por el hecho de haber nacido en dos países distintos. Hacer política hoy es avanzar para que un día nadie tenga que hacer esta pregunta. Si se mira el detalle de la foto, tal vez parezca un empeño inútil en este momento de nacionalismo emergente. Pero, si se observa todo el cuadro, se comprueba que las circunstancias varían, que todo pasa, pero que la flecha del progreso lleva ya mucho tiempo apuntando hacia el nuevo orden internacional, hacia un mundo multilateral de valores democráticos. La democracia se ha ido abriendo camino en las últimas décadas, y los crímenes contra la humanidad han ido disminuyendo. Hay motivos para ser optimistas y para confiar en las estructuras ideadas en la posguerra mundial. La Unión Europea es una de ellas, y, al mismo tiempo, la mejor plataforma para continuar con la defensa y extensión de los derechos humanos en todo el planeta.

Porque los derechos humanos nacieron como universales. Quienes los promulgaron eran humanistas radicales, hombres que entendían esa misma naturaleza que está presente en toda persona. Eran, por tanto, universalistas. Pero no trabajaban en asambleas universales o internacionales, sino que lo hacían en las constituyentes de Estados Unidos y Francia, un país llamado a un destino de liderazgo y otro con un pasado esplendoroso. Al mismo tiempo que se redactaban estos textos fundacionales, se tejían las banderas de las barras y estrellas y la tricolor. A la vez que se exaltaba lo universal, se creaba lo nacional. Los derechos eran universales, pero lo que estaban inventando era el Estado-nación...

El 4 de julio de 1776, el Segundo Congreso Continental, formado por los representantes de las Trece Colonias de lo que pronto serían los Estados Unidos de América, aprobó la Declaración de independencia, cuyo segundo párrafo comienza con estas frases millones de veces citadas y todavía hoy conmovedoras:

Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

«Sostenemos como evidentes», dicen. Obviamente, los representantes de las colonias no querían un texto filosófico (aunque bien hubieran podido redactarlo, dado el bagaje cultural de muchos de los allí reunidos), sino uno político que diera comienzo a un tiempo nuevo, revolucionario y nunca visto. Seis años después, en 1784, se aprobó la Constitución de Estados Unidos, cuyo articulado expone los pilares de la arquitectura institucional del nuevo país. A este articulado se añadieron las diez primeras enmiendas, «The Bill of Rights», que establecen los que, a juicio de los constituyentes, eran los derechos fundamentales de cada individuo, de cada ciudadano estadounidense. Lo que les preocupaba por encima de todas las cosas era que el leviatán que se convocaba en los primeros artículos del texto fundacional llegara a tener el poder suficiente para oprimir a cada estadounidense, para imponerse por la fuerza y la coacción a «we the people», el pueblo sobre el que recae la soberanía y, por tanto, el único poder legítimo. No se libraban del yugo de un gobierno extranjero para caer bajo el yugo del gobierno autóctono. Era un impulso liberal no carente de contradicciones.

El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente francesa aprobaba en París la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, de la que habría una nueva versión en 1793. Con un tono más pesimista que el de los estadounidenses, los revolucionarios franceses comienzan así su proclamación:

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una Declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre…

Lo que se hizo en Estados Unidos y en Francia fue sembrar unas semillas que germinarían, con grandes dificultades y siempre bajo amenaza, a lo largo de los dos siguientes siglos. Pero hoy podemos decir que los brotes han prendido firmemente en el suelo y que ya nadie podrá arrancarlos de raíz. Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que los derechos fundamentales, ni su versión ampliada y universalizada que son los derechos humanos, estén asegurados para siempre y para todo el mundo. Sería absurdo sostener tal cosa. Pero sí me parece claro que hemos llegado a un punto en el que, incluso quien desea librarse de tales derechos, ignorarlos o vulnerarlos, no puede sino disimular. Es más, los nuevos autoritarios utilizan hoy la retórica de la libertad individual que se desprende de las declaraciones revolucionarias de 1776 y 1789. Como decíamos en la introducción, los reaccionarios de hoy ya no huyen de la palabra «libertad» —como tampoco del término «derechos»—, sino que los adulteran y manipulan para lograr sus fines.

Es casi un lugar común criticar a los constituyentes de Estados Unidos y Francia por haber olvidado a las mujeres y a las minorías étnicas (en especial a los negros) en sus declaraciones. Lo cierto es que lo que hicieron ellos fue cambiar el juego, imponer una nueva lógica. El poder ya no se lo daba Dios a un miembro concreto de una familia que ostentaba sus derechos en base a la tradición. No había persona superior a otra. Y el hecho de que mujeres, pobres o negros quedaran excluidos en un primer momento era ya una anomalía que habría que solucionar con el tiempo. Las minorías ignoradas y maltratadas no tendrían que pedir la derogación de la Constitución estadounidense ni de la Declaración de derechos, sino exigir su completa aplicación. No tendrían que redactar nuevos textos, sino leer los que ya existían. Deberían sostener «como evidente» lo que de hecho lo era: que nada justificaba que los trataran como a seres de segunda, semihumanos en el mejor de los casos.

Los autores de aquellos textos esenciales acertaron en lo más importante: el carácter individual de los derechos que proclamaban. Su enfoque encerraba una paradoja que todavía hoy desconcierta a muchos. Ser libre significaba entonces y significa hoy ser dueño de la propia vida, del propio destino. Significa tomar decisiones, ejercer la propia autonomía y no dejarse imponer preferencias ni acciones contrarias a su conciencia o a sus deseos, siempre con el límite del perjuicio que se pueda causar a los demás. De este modo, se hace posible que surja en el mundo una infinita variedad humana, una riqueza de caracteres, personalidades y expresiones individuales que, en solitario o coordinados, pueden dar lugar a proyectos de todo tipo en todos los ámbitos imaginables.

¿En qué reside esa paradoja? Pues en que, para que exista toda esta diversidad, para que cada uno pueda ser uno mismo —y, por tanto, diferente de todos los demás—, debe garantizarse la igualdad. Nuestra libertad individual depende de que formemos parte de ese «we the people», de que se nos reconozca una misma humanidad. Todo depende de que aceptemos que, bajo esta rica realidad diversa, bajo todas estas formas y expresiones, habita una misma naturaleza inalienable. De ahí vinieron precisamente los grandes desafíos a la libertad humana durante los siglos XIX y XX: de la negación de esta naturaleza común, bien al conjunto de los seres humanos o bien a grupos concretos de ellos.

En realidad, la paradoja sólo es aparente. No resulta difícil resolverla, pero, para ello, tengamos presente que, como recordaba al comenzar este capítulo, los derechos universales y los Estados-nación vivieron un alumbramiento paralelo.

La igualdad ante la ley (y de oportunidades, ya hablaremos de esto) es esencial para la diversidad. Sin embargo, todavía hoy hay quienes, como los nacionalistas, invierten los términos para anteponer la diferencia a cualquier otra consideración. Pueden hacerlo porque su enfoque no es individual, sino colectivo. No ven personas, sino, por decirlo con Orwell, insectos a los que clasificar. Su categoría es la nación o el pueblo. Ellos también dirán «we the people», pero querrán decir algo muy distinto. Para ellos, los rasgos que deberían derivar de las libres decisiones de cada uno de los individuos son, en cambio, expresiones de la historia o, tal vez, emanaciones de la tierra sagrada que habitan y a la que apenas distinguen de las personas que en ella nacen y mueren. El nacionalista ve grupos, no individuos. Ahí la paradoja se invierte, y en esta ocasión no puede resolverse: esa supuesta diversidad entre pueblos obliga a los individuos no a la igualdad, sino a la homogeneidad. Las expresiones individuales, las preferencias que se salen de la norma o cualquier desviación resultan sospechosas. Es muy fácil convertirse en un mal nacional: basta con votar al partido equivocado, vestir da la forma equivocada, hablar la lengua equivocada o llamarse con el nombre equivocado.

El nacionalismo fue una vez una forma de progreso. En su raíz está conceder a todos los individuos de un mismo Estado los mismos derechos y la misma dignidad. Como explica la profesora Liah Greenfeld,[4] este impulso surge en la Inglaterra del siglo XVI y se va extendiendo a todo el mundo. A los olvidados y marginados de todo el mundo, se les va diciendo que ellos no son menos que los poderosos. Pero no se pierden en universalismos: si son iguales, si son dignos, es porque son ingleses, franceses, españoles, alemanes, rusos. Durante décadas, el impulso democrático y el impulso nacional avanzan de la mano. Los derechos humanos se siguen considerando universales, pero en la práctica se aplican (o se dejan de aplicar) país por país. Es como si un gas benigno que tiende a expandirse se encontrara encerrado dentro de los límites que marcan las caprichosas fronteras de un Estado.

Y esto es algo que han sabido explotar, de un modo atroz, los enemigos de la humanidad. Han aplicado el principio nacionalista según el cual las diferencias valiosas son las que hay entre grupos (entre países) y la igualdad dentro del grupo se torna homogeneidad. Han establecido una forma correcta de ser nacional, fuera de la cual uno se convierte en sospechoso o directamente en enemigo. La forma en que los totalitarios han atacado a aquellos que querían destruir ha sido, con frecuencia, la de expulsarlos del cuerpo nacional, convertirlos en extranjeros. Pero no en cualquier tipo de extranjero, porque si uno deja de ser, por ejemplo, alemán para convertirse en, digamos, francés, al menos podrá reclamar la protección de otro Estado. No, como explica Hanna Arendt,[5] la táctica empleada por Hitler (y por muchos otros después) ha sido convertir a sus víctimas en apátridas. ¿De qué les servía a los judíos la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano si no había nadie capaz de aplicarla? Privados del escudo que supone la ley de un país concreto, sus derechos inalienables pueden ser, de hecho, fácilmente alienados.

Volviendo a la Constitución de Estados Unidos, fijémonos de nuevo en el legado jeffersoniano. En efecto, suyo es el mérito de las diez primeras enmiendas que reflejan los derechos individuales. Su sana desconfianza hacia el poder del Estado, su voluntad de equilibrar y limitar los tres poderes, sigue siendo muy valiosa. Pero hubo algo que, en mi opinión, Jefferson y sus seguidores no supieron ver del todo. Jefferson quería un gobierno federal lo más pequeño posible —si es que tenía que existir alguno—, siempre controlado por los ejecutivos de los estados miembros. El suyo es un modelo territorial confederado. Siempre me ha parecido sorprendente esta preferencia. Los individuos no están más protegidos del voraz poder del Estado por el hecho de que éste sea más pequeño en extensión y en habitantes. Los ciudadanos de Virginia, por poner un ejemplo, podían quedarse muy tranquilos al ver el escaso poder de Washington sobre sus vidas, pero, al mismo tiempo, estar sometidos por el gobierno local. Comprendo que los jeffersonianos creían que los gobiernos de los estados se controlarían entre sí y que, en todo caso, siempre serían preferibles trece (o cincuenta) tiranías a una supertiranía. Pero me temo que la historia ha demostrado que las cosas no son tan sencillas.

Cuando estalló la guerra de Secesión, era el norte federalista el que daba derechos a los negros, y fue su presidente, Abraham Lincoln, el que acabó con la esclavitud. Era, en cambio, el sur confederado el que pretendía mantenerla. Y, sin embargo, la retórica de los pequeños estados contra el gran leviatán de Washington estaba de su parte. Ya a lo largo del siglo XX, el gobierno central fue ganando atribuciones y poder, sin que esto significara una disminución de la libertad y de los derechos de sus ciudadanos. Antes al contrario. La lucha por los derechos civiles (es decir, por hacer efectivos los derechos humanos de la minoría negra) fue en buena medida la lucha del gobierno central contra los estados sureños. ¿Habría sorprendido esto a Jefferson? Es imposible saberlo, pero no debería sorprendernos a nosotros. Así como la separación de poderes y los límites, en especial, al poder ejecutivo son un elemento incuestionable para la defensa de los derechos y libertades individuales, la organización territorial tiene poco que ver en ello. Un estado central bien diseñado puede garantizar mejor que los gobiernos regionales el cumplimiento de los derechos fundamentales.

Volviendo al poder de los Estados-nación de conceder derechos a los individuos: nos encontramos, pues, con un doble papel del Estado, aparentemente contradictorio. Por una parte, tiene la capacidad imprescindible de proteger y hacer efectivos los derechos de los ciudadanos de ese país; por otro, puede anular la nacionalidad de una persona, convertirla en apátrida y hacer con ella lo que le venga en gana. ¿Cómo lo resolvemos?

Algo así debieron de preguntarse los hombres y mujeres que se enfrentaron con el mundo en ruinas que salió de la segunda guerra mundial. No era sólo el desastre material, medible en términos económicos o de vidas humanas perdidas. Era ante todo el desastre moral. Sí, se habían producido más de cuarenta millones de víctimas, pero entre ellas surgían seis millones muy concretos: los judíos exterminados por los nazis. Imaginemos el desconcierto. En medio de una guerra encarnizada que devoraba recursos a un ritmo infernal, el régimen de Hitler destinó hombres y recursos a un genocidio sistemático, de carácter industrial y sin precedentes. Sí, los judíos eran obligados a fabricar materiales en los campos de exterminio, pero eran una fuerza de trabajo muy poco productiva, dadas las condiciones en las que se los mantenía, y dado que no se los veía ni siquiera como a esclavos, sino como a una plaga que había que erradicar. Los nazis habían llevado a un límite terrible la gran debilidad de los derechos del hombre tal y como habían sido proclamados: se decían universales, pero no tenían un ámbito realmente universal.

Ésta era la cuestión crucial. Las leyes nacionales no bastaban. Los derechos humanos no podían dejarse al capricho de gobiernos nacionales, de mandatarios de buena voluntad que un día se retirarían o los retirarían. No era posible permitir que nadie, ni siquiera un presidente electo, pudiera despojar a nadie, en ningún lugar del mundo, de su condición humana. Esto debía estar por encima de todo. Se trataba de un imperativo moral. Pero el problema era que en la tensión original entre lo nacional y lo universal, lo primero se había impuesto. Vivíamos en un mundo de Estados-nación enfrentados. El mundo de la posguerra era además un mundo de bloques, lo que pronto se conoció como la Guerra Fría. Las armas nucleares se convirtieron en la nueva pesadilla. Nos enfrentábamos a la posibilidad de un holocausto de proporciones inimaginables. Si lo que acabábamos de vivir nos parecía espantoso, el futuro se nos figuraba todavía peor.

Era también el mundo de la descolonización. Incluso los países más democráticos entre los europeos se habían lanzado durante el siglo anterior a la construcción de imperios en ultramar. En las colonias se aplicaba una versión débil de las legislaciones nacionales. Los habitantes autóctonos no eran ciudadanos, sino súbditos. Pero estos súbditos reclamaban ahora la libertad, en ocasiones a través de la no violencia y otras a través de la guerra abierta o el terrorismo. Los países europeos no sólo tuvieron que aceptar que había pasado el tiempo del imperialismo: tuvieron que enfrentarse a su pasado como metrópoli, a sus culpas y a sus errores.

Éste es el contexto en el que, el 10 de diciembre de 1948, se aprueba en la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naturalmente, la nueva declaración procede del impulso de hacer algo ante el trauma de la segunda guerra mundial. Se vuelve la vista atrás y se llega de nuevo a 1776, 1784 y 1789. Se siente la necesidad de subrayar la declaración como universal y de llenar los huecos que habían dejado los textos anteriores. Se mencionan nuevos derechos y se desarrollan otros. Pero la cuestión sigue siendo la misma. ¿Cómo hacerla efectiva? ¿Cómo asegurarnos de que se cumple en un mundo que sigue formado por Estados-nación, algunos de ellos gravemente enfrentados en la política de bloques?

Los artículos 29 y 30 tienen mucho que decir al respecto, pero, para mí, el artículo más importante es el 28:

Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Este artículo es maravillosamente circular. Se crea el derecho a que exista un orden internacional que haga efectivos mis derechos humanos entre ellos éste. El derecho humano a que se apliquen los derechos humanos. Ésta fue la milagrosa respuesta del mundo de la posguerra a lo que se había vivido hasta entonces: un orden jurídico, político y social internacional, dotado de instituciones suficientes para evitar que nadie más pudiera quedar en el limbo de los apátridas o que los diferentes Estados pudieran abusar de su poder para imponerse a los individuos considerados uno por uno.

Desde entonces, éste es un proyecto en marcha. Su ambición no tiene precedentes. Seguimos en un mundo de Estados-nación, pero también de tratados y organismos internacionales que vinculan a unos países con otros, que obligan a sus miembros y permiten imponer sanciones. Sí, ya sé que la operatividad de estas instituciones ha dejado y deja mucho que desear en demasiadas ocasiones. A todos nos gustaría que Naciones Unidas fuera más eficaz, más rápida, menos sujeta al chalaneo con países no democráticos. Pero si esto es así, si miramos las instituciones internacionales con frustración, es porque ellas mismas nos han hecho soñar con un mundo en el que los derechos humanos son plenamente efectivos. Me entristece comprobar, de vez en cuando, que desde posiciones liberales se ataca a los organismos internacionales, que se los ridiculiza por su supuesta lentitud o por cualquier otro motivo. Estos organismos son, como hemos visto, los únicos capaces de garantizar la efectividad de los derechos humanos, y estos derechos proceden del marco de pensamiento liberal. Se ha recorrido un largo y doloroso camino para llegar hasta aquí, para comprender que, si bien el exceso de poder de los Estados es una amenaza para las vidas y las libertades de los ciudadanos, su excesiva debilidad o la inexistencia de un poder supranacional son todavía más peligrosos. Lo cierto es que se ha avanzado mucho, que la Corte Penal Internacional funciona y ofrece al mundo una garantía de justicia, que es cada vez más difícil tomar decisiones bélicas sin obtener el beneplácito de Naciones Unidas y que existen mecanismos para influir —bien es cierto que no para determinar— en las políticas contrarias a los derechos humanos de dictaduras y tiranías.

Desde entonces, Europa ha recorrido su propio camino. El Tratado de Roma de 1957 marca el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. Nace de la evidencia de que la segunda guerra, aunque fuera mundial, había tenido un origen europeo, igual que la primera, y que si no se hacía nada, seríamos el principal campo de batalla de la tercera. Aunque nació en principio como una comunidad económica, el impulso político internacionalista nunca desapareció. Es curioso, sin embargo, que no fuera hasta el año 2000 cuando se proclamó la Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea, vinculante para todos los Estados miembros desde el año 2007. Como es sabido, la Carta debía formar parte de la frustrada Constitución Europea.

En los últimos años, vuelve a percibirse la tensión entre lo que la UE es y lo que algunos querrían que fuera. La naturaleza internacionalista del proyecto es evidente, pero algunos Estados pretenden que sea sólo un club económico, un zoco donde comprar y vender, y un cajero automático del que obtener fondos estructurales. En este sentido, cuando se habla de política exterior común, éstos querrían verla limitada a la apertura de nuevas oportunidades comerciales, dejando al margen otras consideraciones. Como vicepresidenta de la subcomisión de Derechos humanos del Parlamento Europeo, es algo que he podido ver con frecuencia, un mal contra el que siempre hay que estar alerta.

Jefferson acertó con los frenos y equilibrios, pero se equivocó con el ámbito territorial. El principal peligro para los derechos humanos es la fragmentación, la atomización. Es preocupante (pero no del todo sorprendente) que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desconfíe de los foros multilaterales y del concierto internacional. Aunque él mismo no sea consciente, es heredero de una tradición intelectual que ve con simpatía el aislamiento y considera el compromiso como una atadura innecesaria. Sus inspiradores europeos, desde Farage hasta Le Pen, también sueñan con un mundo más dividido, con ignorar a los organismos supranacionales, a los que acusan de ostentar un poder antidemocrático.

La Unión Europea no puede prescindir de los derechos humanos sin negarse a sí misma. Somos uno de los mejores frutos de aquella semilla que plantaron los padres de la patria estadounidense y de la Revolución francesa. Hasta la fecha, la Unión es la más perfecta organización supraestatal del mundo, y lo es porque proviene de ese impulso universalista y humanista que nos acompaña desde finales del siglo XVIII. Cada vez que caemos en la tentación de mirar para otra parte en materia de derechos humanos para firmar un convenio comercial o militar, nos negamos a nosotros mismos y damos munición a los enemigos de Europa. No pretendo caer en un idealismo pueril que impide cualquier trato con los países que consideramos impuros. Hablo de que la promoción de los derechos humanos debe formar parte estratégica de todas nuestras políticas.

Como liberal, no necesito ser judía para oponerme al antisemitismo, ni musulmana para defender la libertad de culto, ni negra para luchar contra el racismo, ni yazidí para exigir la protección de las minorías. No necesito ser mujer para defender los derechos de las mujeres, ni discapacitada para defender los derechos de las personas discapacitadas, ni LGBTI para defender los derechos de las personas LGBTI. Todos estamos llamados a defender nuestros derechos, los de todos. Desde luego, si intentan vulnerar los míos, pero también, y aún con más empeño, si están en peligro los del que tengo al lado. O enfrente. O lejos. Los liberales debemos comprender que los derechos humanos son, tal vez, nuestro mejor legado. Son el contrato que nos une a todos los habitantes del planeta, que nos protege y que llena de posibilidades nuestro futuro. Los liberales no podemos ser sino internacionalistas, defensores del orden surgido en la posguerra mundial. Debemos buscar formas de mejorarlo, hacerlo más eficiente, más controlado y más obligado a rendir cuentas. Un liberal debe ser pragmático, pero no cínico. Debe saber que el paraíso no se conquista en un día (si es que se conquista), pero que renunciar a él es aceptar el infierno.

Nuestra voluntad de ser realistas al tiempo que mantenemos nuestros objetivos se puede conjugar a través del comercio. Los liberales vemos el comercio como mucho más que una oportunidad de riqueza. Sabemos, porque la historia lo demuestra, que el intercambio comercial ha servido para romper el hielo entre civilizaciones muy alejadas no sólo en el espacio físico, sino también en el mental. Las ideas han recorrido el mundo en los barcos de los navegantes fenicios, italianos, portugueses, chinos. Ideas científicas, técnicas, pero también políticas, económicas y morales. Somos seres miméticos, aprendemos de lo que vemos. Aspiramos a lo que otros tienen. El comercio provoca que los países hablen entre ellos. Lo hacen porque esperan ganar algo, pero entre tanto pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, uno puede llegar a conocer a quien le era desconocido. Tal vez se buscara una oportunidad y aparecieran dos. Hay una oportunidad para obtener algo, pero sin duda también habrá que entregar algo a cambio. Hoy, el comercio es un flujo continuo, casi desatado, la mayor fuerza para el cambio. Y la Unión Europea, si es capaz de hacerlo bien, está en una excelente posición para aprovechar las oportunidades que brinda. Y no me refiero sólo a las oportunidades mercantiles.

Como he explicado antes, Europa no puede renunciar a lo que es. Los derechos humanos tienen que formar parte de las conversaciones comerciales con todos los países del mundo. Debemos conseguir, con inteligencia y sensibilidad, que se vayan produciendo avances, por pequeños que puedan parecer, a cambio de aprovechar la ventaja del trato con un mercado de quinientos millones de consumidores. Los propios europeos lo están exigiendo ya. No quieren unas instituciones ciegas, puramente burocráticas, que ignoran todo lo que no se puede medir a partir del PIB. Las nuevas generaciones aspiran, como siempre, a un mundo mejor. Y a que las escuchemos.

Los fantasmas nacionales y tribales vuelven a agitarse, por lo que es el momento de levantarse de nuevo en defensa del universalismo. Los valores que defendemos los liberales no son culturales, ni locales, ni construcciones sociales. No los vemos como opcionales o accidentales. No aceptamos excusas históricas ni religiosas, no compramos la mercancía averiada de que «todas las ideas son respetables». En absoluto, hay ideas que no merecen ningún respeto, y hay otras que lo merecen todo. La idea de que la dignidad humana reside en una naturaleza común y que de ella se deriva un conjunto de derechos indivisibles e inalienables es quizá la idea más respetable que hay, la más digna de consideración. Esta idea nos enfrenta con una realidad política en la que todavía las leyes que más afectan a la gente son nacionales, en la que es difícil detener los abusos que tienen lugar en muchos lugares del mundo. Por eso conviene, como siempre, volver la vista atrás y ver de dónde venimos y adónde hemos llegado.

2

Eres liberal si defiendes las libertades y los derechos individuales

Hay que reconocer algo a populistas y nacionalistas: han sabido explotar las aparentes contradicciones de las democracias liberales, en especial las que tienen que ver con nuestras libertades y con el valor que damos al pluralismo político. Llevamos muchas décadas diciéndonos a nosotros mismos, proclamando con orgullo, que en democracia se puede sostener cualquier idea. En algún momento se nos fue de las manos y dijimos que «todas las ideas son respetables».

A esto se aferran los nuevos populismos para impugnar al completo el marco liberal en el que vivimos. Hablaremos de ello en el capítulo dedicado al problema nacional-populista, pero cabe adelantar que su desafío pasa porque rechazan el pluralismo. Ellos dibujan un pueblo virtuoso atrapado por una élite malvada. Por tanto, el 99 por ciento de los ciudadanos están en un bando y el 1 por ciento en otro. Es una forma retorcida de decirle a la gente: o conmigo o contra mí. Y si estás contra mí, no te reconozco dignidad ciudadana, te consideraré un traidor al pueblo.

Esto es una barbaridad desde el punto de vista liberal, pero para rebatirla nos encontramos con el prejuicio ampliamente instalado de que todas las ideas son respetables. ¿Todas? ¿Incluso las que niegan respetabilidad a las ideas contrarias? ¿Las que llevan a recortar derechos y libertades, a la discriminación del diferente? No, en absoluto. Lo que debe ser respetado es el derecho a expresar libremente cualquier opinión. Pero, una vez emitida, cada cual es responsable de las consecuencias de la misma. Todas las personas son, a priori, respetables. Las ideas, en cambio, depende: de su relación con la verdad, de la forma en que ven al otro, del bien que pueden aportar al conjunto de la sociedad. Y de cuán compatibles son con la ley y las reglas de convivencia que nos hemos dado.

El empuje populista nos ha obligado a despertar y a reflexionar sobre la naturaleza de la democracia liberal. De alguna forma, nos ha obligado a trazar unos límites que antes estaban difusos, como las lindes de fincas largo tiempo descuidadas. Nos vemos obligados a restaurar las vallas, a desbrozar el terreno y a colocar carteles que señalan que, a partir de este lugar, la democracia no se reconoce a sí misma. Sí, estamos a la defensiva, no conviene negarlo y no tiene por qué ser del todo malo. De hecho, yo creo que es necesario y positivo. Creo que saldremos fortalecidos de esta situación.

No todo mal viene del populismo. Algunos desafíos a los que nos enfrentamos tienen unas raíces más complejas, tal vez más siniestras. Ciertas formas de pensamiento mágico que creíamos desterradas están despertando y difundiendo mentiras que, pese a ser evidentes y ridículas, se abren paso en el tiempo de la posverdad. Algunas, como las del movimiento antivacunas, pueden tener consecuencias nefastas para la sociedad. El problema, una vez más, es que utilizan y se benefician de valores clásicos de la democracia liberal, en particular de la libertad de expresión.

Estos desafíos surgen en un momento de exaltación del grupo, un momento identitario que vivimos desde los años sesenta del siglo XX y del que es principalmente responsable la izquierda académica y política. Las libertades y los derechos han dejado —peligrosamente— de defenderse de forma individual para defenderse de forma colectiva. Los que defienden determinadas ideas —a veces falsas, a veces nobles— lo hacen en nombre de determinado grupo, lo que los imbuye, en apariencia, de más fuerza, de más poder. Se presentan como una minoría (o incluso como una mayoría) oprimida. En ocasiones pueden serlo, pero su enfoque identitario los lleva a olvidar al individuo concreto que queda a la intemperie, que se convierte en prescindible, sacrificable. Nos hemos ido deslizando hacia un mundo en el que se nos exige pertenecer a una identidad para vivir protegido. Si no lo aceptas, te arriesgas a pagar un precio: el de ser considerado un enemigo de lo justo. Pero si lo aceptas, también pagas: te ves reducido a miembro de un grupo, siempre examinado, siempre vigilado y sometido por unos gestores autonombrados que deciden cuáles son las reglas del club, qué es legítimo decir y pensar. Es un mundo posliberal.

Es urgente recuperar el valor de las libertades y los derechos individuales, porque sólo estos pueden proteger a todos los individuos, impidiendo la acción dañina de los gestores de identidades y permiten una vida autónoma y verdaderamente libre. Sin embargo, nos encontramos en la apoteosis del pensamiento grupal. En parte es lógico: los problemas de una persona concreta difícilmente interesarán a alguien, salvo que se conviertan en un espectáculo para la televisión y las redes sociales. En cambio, si se trata de un grupo más o menos numeroso, entonces es posible lograr un mayor impacto, recibir la imprescindible atención mediática y, con suerte, forzar una acción política, un cambio legislativo que atienda a las necesidades o reclamaciones del grupo.

Lo que me preocupa es que hemos llevado esto demasiado lejos, y que esta forma de reivindicación grupal ha generado dinámicas perversas. Por una parte, como decía más arriba y veremos con atención más abajo, ha llevado a debilitar las libertades individuales. Por otra, ha llevado a una proliferación de grupos e identidades que ha sido aprovechada por aventureros políticos a los que hace diez o quince años pocos habrían escuchado.

Por ejemplo, una identidad que está surgiendo de forma callada, sin necesidad de una base ideológica o teórica, es la del mundo rural. Se ha ido abriendo una brecha entre el campo y la ciudad, entre las provincias y las capitales. Nadie se ha preocupado de dar una identidad a los ciudadanos que viven en comunidades tradicionales, ha surgido de forma espontánea precisamente porque nadie les ha hecho caso, o así al menos lo ven ellos. Se sienten amenazados por los cambios sociales y económicos, creen que no se respeta su forma de vida, ven que nadie incluye sus problemas o sus puntos de vista en la agenda política. Y un día, aprovechando, por ejemplo, el grave error de un primer ministro irresponsable y atendiendo a la retórica exaltada de unos cuantos populistas, van a las urnas y deciden que el Reino Unido debe salir de la Unión Europea.

Esta ruptura entre el ámbito rural y el urbano no se ha dado sólo en el Reino Unido, también ha dejado notar sus efectos en Estados Unidos: Donald Trump ha sabido explotar esa vaga identidad, ese victimismo, no sólo en el campo, sino también en antiguos estados industriales hoy sumidos en el desconcierto. En España, el problema se ha manifestado de forma muy distinta. En general, las provincias más rurales se mantienen fieles a los partidos tradicionales, pero esto precisamente ha tenido consecuencias en la crisis catalana. Mientras Barcelona y su área metropolitana, donde vive una gran parte de la población, es ampliamente contraria a la secesión, grandes zonas del campo de Gerona y Lérida (y parte de Tarragona) se inclina mayoritariamente por la ruptura. Esto, unido a un sistema electoral que castiga a las provincias más urbanas, ha llevado a que los secesionistas, pese a no tener mayoría en votos, dispongan de una mayoría parlamentaria que les permite, hasta cierto punto, seguir con su agenda política.

Tanto en Cataluña como en el resto de Europa y en Estados Unidos, este despertar rural tiene mucho de idealización del pasado, algo típico del pensamiento conservador o incluso reaccionario. Muchos ciudadanos que viven en provincias entienden que el progreso lo disfrutan otros y quieren regresar a un tiempo que recuerdan mejor (o, más bien, que les han llevado a recordar como mejor). Creen que los partidos tradicionales los ignoran, que sólo atienden a las necesidades de otros grupos y minorías. Reaccionan contra un mundo en el que se ha impuesto no ya una agenda, sino incluso un lenguaje que parece diseñado para otros y no para ellos. Y esto es algo que han sabido explotar muy bien determinados reaccionarios. En su empeño por redefinir la palabra «libertad», han clamado contra lo políticamente correcto, han denunciado límites a la libertad de expresión y los han transgredido para decir mentiras o lanzar exabruptos. Y el problema es que tienen razón: estos límites a la libertad de expresión existen.

Lo políticamente correcto ha llegado demasiado lejos en demasiados ámbitos. Está claramente vinculado con las visiones identitarias de la sociedad y al victimismo que las rodea. También derivan de las propuestas posmodernas que dan al lenguaje más poder del que realmente tiene (y créeme: yo tengo claro que el lenguaje es poderoso, pero no hasta el punto de cambiar la realidad como por arte de magia). Por desgracia, hemos llegado a un punto en que hay cosas que no se pueden decir, que no se pueden debatir. Creíamos que estábamos construyendo una sociedad sin tabúes y resulta que estos crecen como las setas en otoño.

La libertad de expresión es puramente individual, afecta a cada ciudadano. Pero cuando se adopta una perspectiva grupal, la estamos debilitando, porque el grupo siempre se considera con más derechos que el individuo. La estrategia principal que usan los enemigos de la libertad de expresión es la ofensa. Vivimos unos tiempos terriblemente susceptibles, en los que todos parecemos dispuestos a sentirnos ofendidos en cuanto se cuestionan nuestros valores, nuestras creencias, a veces simplemente nuestros gustos o aficiones. En todo caso, el problema no es tanto la susceptibilidad como el que muchos crean que tienen derecho a no ser ofendidos. Este derecho no existe.

Por supuesto, existe el derecho a no ser difamado ni injuriado, a que no se difundan mentiras dañinas sobre uno. Pero no existe un derecho a no ser ofendido por el sencillo motivo de que cada uno tenemos un umbral muy diferente para la ofensa. Como decía, es obvio que este umbral, en términos generales, ha descendido de forma alarmante. En realidad, esto nos debería ofrecer una gran oportunidad. ¿Te ha ofendido algo que alguien ha dicho? ¿Te duele en lo más profundo? Enhorabuena, entonces tienes una gran oportunidad para demostrar que crees en la libertad de expresión.

Todas las libertades alcanzan su máximo sentido cuando nos crean problemas, cuando tenemos que reconocérselas a otros. Es muy fácil defender la propia libertad de expresión, o la de aquellos con los que coincidimos. En cambio, es mucho más difícil salir en defensa de aquellos de los que discrepamos, no digamos ya de quienes nos ofenden. Surge entonces la vocecita que nos repite el tópico: «todas las ideas son respetables». Pensamos que el ofensor no está respetando nuestras ideas y, sin caer en que el tópico también se debería aplicar a las suyas, reclamamos protección legal para las nuestras. No nos vale con contestarle, queremos callarle. Si nos vemos como individuo, es difícil que nos hagan caso; pero si nos decimos parte de un colectivo, de una minoría, entonces no sólo nos veremos más fuertes, sino que probablemente recabemos el apoyo de nuestros compañeros. «No me ofendes a mí —decimos—, ofendes a todos los que son como yo.»

Si hay un lugar donde esto se ha convertido en un gravísimo problema es en las universidades estadounidenses, otrora símbolo del debate libre y vivero de las ideas más subversivas. Lo políticamente correcto se ha convertido en un corsé que ahoga, no ya la fértil discusión, sino la vida misma. En este entorno es donde han hecho fortuna los que se dicen políticamente incorrectos. Han visto en esto una gran oportunidad, porque así pueden decir cualquier cosa sin verse a sí mismos como racistas, machistas o integristas. En la actualidad, cuando alguien anticipa lo que va a decir con un «voy a ser políticamente incorrecto», podemos estar seguros de que va a decir algo que es incorrecto, sí, pero desde el punto de vista de los hechos. Probablemente una barbaridad.

¿Qué debe hacer un liberal en estas circunstancias? Me parece claro que en estos casos nuestra posición sólo puede estar a favor de la libertad de expresión. A los xenófobos y fanáticos de toda condición no hay que aplicarles la ley del silencio, sino contestarles. Sus ideas no son respetables porque son falsas, y tenemos que demostrarlo. Si, en cambio, optamos por la acción judicial, por la censura o por cualquier otra fórmula de amordazamiento, estaremos debilitando nuestra propia libertad de expresión, y a la larga regalándoles la victoria. Seguirán diciendo sus mentiras, reforzarán su victimismo, se dirán apóstoles de la verdad, y mucha gente los seguirá creyendo.

También debemos luchar contra la tiranía de lo políticamente correcto. En la universidad, en los parlamentos, en los medios de comunicación no hay debates prohibidos. Todo se puede poner sobre la mesa para discutirlo con una condición: que pasemos por la trituradora el tópico de que todas las ideas son respetables. Algunas ideas deben ser tratadas como repugnantes, deben ser combatidas con la luz de la verdad, pero no deben ser calladas. Cuando algo nos ofende, debemos preguntarnos en primer lugar si es cierto, porque si lo es, lo que debemos hacer es revisar nuestras creencias. Y si es falso, entonces tenemos todo el derecho a rebatirlo con claridad y dureza. Así funciona la libertad de expresión.

O debería. Porque lo cierto es que hay casos en los que estos principios liberales entran en colisión con necesidades vitales. Veamos los casos más significativos.

Cuando discutimos con alguien, lo honesto es dar por hecho que la otra persona es sincera, que no pretende manipularnos y que cree de verdad en lo que está diciendo. De esta forma, el debate puede llegar a ser fructífero para las dos partes: tal vez consigamos, si no convencerle, sí hacerle ver el objeto de discusión desde un prisma diferente. Tal vez él no nos convenza a nosotros, pero quizá aceptemos un matiz importante que enriquezca nuestro punto de vista. Si el intercambio se produce de buena fe, el resultado podría ser productivo para las dos partes.

Pero ¿qué ocurre cuando tenemos motivos para dudar de la buena voluntad de la otra parte o cuando sabemos que nos está mintiendo deliberadamente? Y, sobre todo, ¿qué pasa si sabemos que lo hace con un objetivo concreto, que quiere perjudicarnos? En el debate público, y en condiciones normales, yo diría que debemos ahogar una vez más nuestro sentimiento de ofensa y pelear por desvelar las mentiras. Sin embargo, en los últimos años, han surgido algunos casos en los que no puede hablarse de condiciones normales, y que nos deben llevar a la reflexión.

Rusia es un gran país, protagonista de su propia historia y de la historia del mundo. Su complejidad, su riqueza cultural, son dignas de admiración. Y yo, como eurodiputada, desearía de todo corazón que pudiéramos tener una relación fluida, confiada, incluso cordial con el Gobierno ruso. Sé que Europa (Occidente en general) les falló en un momento clave, cuando las reformas de Boris Yeltsin fracasaron y el país se replegó sobre sí mismo, se entregó a un nacionalismo imperialista nostálgico y agresivo. Desde que esto ocurrió, las relaciones entre la Unión Europea y Rusia no han sido precisamente las de dos amigos. Digamos, por no llevarlo demasiado lejos, que han sido de rivalidad.

Los tiempos han cambiado y ya no vivimos en los tiempos de la Guerra Fría. Los intentos de reforzar posiciones y ganar influencia no son ya estrictamente militares, si es que alguna vez lo fueron. De hecho, existe una larga tradición rusa en las políticas de desinformación. Esta tradición se ha actualizado y adaptado a los tiempos de Facebook, Google y, en general, la sociedad de la información. En un artículo definí la política exterior rusa como de palo, zanahoria y noticias falsas. Explicaba que Rusia continuaba con sus operaciones militares, a veces abiertas y a veces encubiertas, con sus premios para Estados clientes y con su estrategia de desinformación dirigida tanto a los propios rusos como a los países vecinos y a sus adversarios occidentales.

La injerencia rusa no es una hipótesis: está acreditada en los casos de la victoria de Trump, del brexit e incluso del intento de secesión ilegal en Cataluña. Utilizan medios controlados por el Kremlin para difundir bulos o exageraciones que ayudan, siempre, a los partidos o coaliciones capaces de desestabilizar a los países europeos o a Estados Unidos. Marine Le Pen en Francia, Geert Wilders en Holanda, además de la campaña de Trump, la del brexit y la de Carles Puigdemont han contado con el interesado apoyo de Moscú.

¿Por qué hace esto Rusia? ¿Es que tiene un interés especial en participar en el debate público occidental? ¿Simplemente desea ofrecer los llamados «hechos alternativos»? Obviamente no. Las noticias falsas forman parte de las llamadas «amenazas híbridas». El presidente ruso, Vladimir Putin, sabe que si desestabiliza los países de la Unión o a la propia Unión, le será más sencillo lograr sus objetivos... por ejemplo, en Ucrania, donde está metido hasta el cuello en la guerra que se vive en su zona oriental. No olvidemos que la Unión aprobó sanciones contra los jerarcas rusos y contra personas cercanas a Putin. Aunque a veces no lo parezca, Europa tiene fuerza diplomática y exterior.

Por tanto, estamos ante una cuestión de seguridad que se cruza con la libertad de expresión. Las noticias falsas rusas no son mentiras difundidas por políticos domésticos que pretenden ganar elecciones, sino que forman parte de una estrategia a largo plazo para debilitarnos y lograr unos objetivos exteriores o incluso militares. Son una amenaza a nuestra seguridad e incluso a los derechos humanos en algunas regiones del mundo.

El asunto se parece al viejo dilema de quien grita «fuego» en un teatro lleno cuando no hay fuego alguno. ¿Se le debe aplicar el beneficio de la libertad de expresión? Para mí está claro que no, ya que está poniendo en peligro la seguridad de los espectadores. Por eso defiendo que la Unión Europea, en coordinación con la OTAN, se dote de los recursos necesarios para hacer frente a la moderna desinformación. Estoy en esto con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ya ha puesto en marcha iniciativas para combatir la plaga. Sólo que, en mi opinión, las soluciones locales valen de poco ante amenazas globales. Debemos dotarnos de una política europea.

Y debemos hacerlo, sobre todo, porque para bloquear a determinados medios o noticias necesitamos todas las garantías de que actuamos correctamente. Comprendo y valoro la preocupación de quien teme que, por la puerta de la política de seguridad, se cuele un nuevo macartismo. La excusa de la defensa nacional se ha usado demasiadas veces para silenciar al disidente, algo que debe repugnar siempre a los liberales. Por eso creo que los organismos de seguridad europeos deben asegurarse por completo de que estamos ante medios y noticias diseñados con fines bastardos. El gobierno ruso, obviamente, no reconoce estar detrás de RT (antes Russia Today) o de la agencia Sputnik, pero debemos tener la capacidad para demostrarlo y actuar en consecuencia.

Hay otro ámbito en el que la libertad de expresión se ve seriamente desafiada y que va cobrando fuerza de forma preocupante. En los últimos años, se han reforzado determinados movimientos contrarios a los avances médicos, aunque ellos dirán que a lo que se oponen es a la industria farmacéutica. En ocasiones, rechazan las vacunas, a las que acusan de ser inútiles en el mejor de los casos o dañinas en el peor. En otras vertientes, son contrarios a los tratamientos contra el cáncer, y elaboran un relato fantástico (o de terror) sobre los orígenes y causas de la enfermedad. Se ha llegado a decir que es el miedo a la muerte lo que crea los tumores y que no hacer nada es lo mejor para curarse.

Una vez más, estamos ante individuos, grupos y a veces empresas que gritan «fuego» en un teatro lleno. Cada vez hay más familias que deciden no vacunar a sus hijos. No sólo los ponen a ellos en peligro, también al conjunto de la sociedad, al dar una segunda oportunidad a enfermedades que estaban casi erradicadas precisamente gracias a la vacunación general. También hay personas que mueren porque eligen «terapias alternativas» o incluso ninguna terapia en lugar de las que se sabe que funcionan contra el cáncer. Es paradójico: cuando mejor preparados estamos contra esta enfermedad, cuando más aumentan las probabilidades de supervivencia, hay gente que cree lo contrario y elige el camino que les llevará al peor desenlace.

Susan Sontag escribió a finales de los años setenta un excelente ensayo en el que advierte contra los falsos relatos sobre el cáncer (luego escribió uno sobre el sida) en los que se apoyan los nuevos charlatanes.[6] Su lectura es muy aconsejable, pero no cabe engañarse: la mayoría de la gente nunca lo leerá, y los que lo hagan serán precisamente los que ya son menos vulnerables a la charlatanería anti-medicina-occidental.

¿Cómo afrontar entonces el problema? Creo que conviene diferenciar a los que viven de esto de los simples aficionados. Entre los segundos, hay personas verdaderamente equivocadas pero que creen en lo que dicen. Algunos tienen blogs, cuentas en las redes sociales u otras formas de propagar sus ideas. Una vez más, estas ideas no son respetables, y debemos combatirlas sin descanso y sin piedad. La realidad está a nuestro favor, y aunque sabemos que esto no permite nunca convencer a todo el mundo, al menos sí puede frenar el contagio (y valga esta vez la metáfora). Forma parte del debate público.

En cambio, hay gente que vive de eso. Ganan dinero con empresas de terapias alternativas o dando conferencias. Son los viejos vendedores de «crecepelo mágico» adaptados a los tiempos que corren. Estas personas están perpetrando una estafa de terribles consecuencias. No sólo se enriquecen a costa de la ingenuidad de otros, sino que los exponen a gravísimos riesgos para la salud. Me parece obvio que las autoridades deben actuar contra quienes llevan a cabo actividades como éstas.

Otros principios elementales de la democracia liberal, vinculados con las libertades individuales, se encuentran amenazados o plantean dilemas nuevos de compleja solución. Me preocupa en especial el deterioro de la presunción de inocencia. Tiene que ver con un peligroso e inadvertido cambio de equilibrio en los valores democráticos. Originalmente, el ideal era la justicia. Cuando hablamos de delitos, este ideal era muy claro: se trata de que el culpable cumpla condena, que pague por lo que ha hecho. De esta forma, por una parte, la sociedad se siente resarcida y, por otra, se protege de nuevos delitos. Hay algo aparentemente obvio y crucial: castigar a un inocente va contra el ideal de justicia, de hecho es justo lo contrario de este ideal, y, por tanto, se considera preferible que un crimen quede sin condena a que se condene a quien no lo ha cometido.

En algún momento, el ideal de hacer justicia se cambió por el de evitar la impunidad. Todo el mundo lo repite: que el crimen no quede impune. Para ello, basta con que haya un condenado, sea quien sea. Puede evitarse la impunidad y al mismo tiempo cometer una grave injusticia. Claro, nadie desea esto explícitamente, pero mucha gente parece desearlo implícitamente. Todo el entramado de garantías legales propio de las democracias y de los Estados de derecho empieza a verse como un estorbo, como la manía de unos tiquismiquis o, más habitualmente, como un subterfugio para que los criminales puedan irse de rositas. Esto se observa muy claramente cuando estamos ante casos de corrupción en que se acusa a políticos o empresarios y cuando asistimos a crímenes mediáticos en los que se exige que alguien pague pronto y mucho.

Lo cierto es que todo el edificio garantista de las democracias se diseñó pensando precisamente en los más desfavorecidos, en aquellos que podrían tener más dificultades en defenderse o que podrían ser acusados falsamente con mayor facilidad. Las garantías nos protegen a todos individualmente, pero los tiempos exigen culpables colectivos. En los casos de corrupción, aunque haya acusados con nombres y apellidos, se trata de condenar a todo un partido o a toda una opción ideológica. En otros casos, se pretende condenar a una minoría o a un colectivo como chivo expiatorio. Si salen absueltos, a veces si simplemente osan defenderse, no se reconoce la sentencia, se acusa al sistema de estar amañado y, de este modo, se debilita gravemente la democracia liberal.

Debemos cuidarnos mucho de las voces populistas (a veces, incluso, del mundo judicial) que nos piden que reduzcamos las garantías con la excusa de evitar la impunidad. El sistema judicial no se hizo para los grupos ni para las ideologías, sino para los individuos. Por eso la presunción de inocencia es tan valiosa y debe ser protegida como un preciado tesoro liberal.

Otra cuestión delicada en cuanto a las libertades en nuestro tiempo es el de la tolerancia religiosa. Como es sabido, éste era un problema al que dedicaron mucho tiempo los padres fundadores de la democracia estadounidense. Ellos se veían como un país fundado por personas que huían de la persecución en Europa, que buscaban un lugar donde poder vivir de acuerdo con sus creencias. Eran muy sensibles a esta cuestión y comprendieron que, para garantizar la libertad de conciencia y religiosa, era imprescindible separar por completo al Estado de la Iglesia. El laicismo no era para ellos un anticlericalismo, sino la garantía de la libertad de culto.

En la actualidad, el laicismo se ha llegado a cargar de desprecio a la religión, y se ha utilizado como un arma contra los creyentes y una forma sectaria de dividir a la ciudadanía. Esto ha llevado a muchas personas de sensibilidad religiosa a ver el laicismo como una amenaza, cosa que no es. El laicismo sigue siendo la mejor forma de garantizar la libertad de culto y de conciencia.

El problema ha sido, hasta cierto punto, artificial. La religiosidad de los ciudadanos en Europa, y en particular en España, ha sufrido una gran transformación en las últimas décadas. La religión se ha convertido, para muchos, en una cuestión muy personal, alejada de estructuras eclesiásticas. Para otros, que siguen sintiéndose cercanos a tales estructuras, también ha cambiado: ya son pocos los que no entienden que vivir en una sociedad democrática supone separar las creencias privadas de las normas públicas. Sólo algunos obispos nacionalistas catalanes se han atrevido a aconsejar a los fieles que ignoren las leyes positivas y escuchen las divinas (que, casualmente, parecían dictar la independencia de Cataluña). Pero es una minoría.

En otros países de Europa, en cambio, se plantea un problema más complejo. La inmigración de países musulmanes ha traído consigo una nueva cultura, valiosa en algunos ámbitos y no tanto en otros. El problema lo encarna Ayaan Hirsi Ali, una mujer somalí que sufrió mutilación genital y escapó a los Países Bajos. Allí participó en política con un discurso incómodo: explicaba que ciertos principios religiosos eran incompatibles con la democracia, o, como decíamos al comienzo de este capítulo, caían fuera de las lindes de nuestras sociedades. Ayaan sufrió graves amenazas y, tras el asesinato de su compañero Theo van Gogh y la falta de protección por parte de las autoridades neerlandesas, dejó el país y se trasladó a Estados Unidos, donde reside y trabaja.

El caso de Ayaan marca los límites de la tolerancia religiosa. En una democracia liberal, se puede creer lo que se quiera sobre la creación del mundo o incluso sobre el origen de los preceptos morales, pero no se puede defender la ablación ni la reducción de la mujer a un simple robot de cocina o incubadora de bebés. Y resulta sorprendente que estos puntos de vista hayan contado en ocasiones con el beneplácito, o incluso el apoyo, de parte de la izquierda, que ha aplicado a algunas religiones (rara vez a las de origen cristiano) los mecanismos del pensamiento grupal, y en particular el de la ofensa. El relativismo cultural todavía hace difícil para ciertos partidos y líderes políticos cuestionar preceptos religiosos que autorizan verdaderas atrocidades.

El liberalismo que yo defiendo es absolutamente clásico en lo que se refiere a los derechos y libertades individuales, pero también es pragmático y realista. Tener claros los principios no debe cegarnos a la hora de evaluar las nuevas realidades. No me gusta decir que la libertad es sagrada porque en el fondo es un tópico, lo que quiere decir que sólo es verdad en parte y que incluso esa parte resulta bastante inútil.

La libertad es un bien que debe protegerse, pero hay otros bienes, como la seguridad, la salud y la vida. Muchas veces vamos a tener que aceptar restricciones de la libertad a cambio de cuidar de estos otros bienes. La cuestión es: ¿qué reglas tenemos para saber, hasta dónde deben llegar estas restricciones? La respuesta es que no las hay. Debemos analizar caso por caso, teniendo en cuenta que las circunstancias cambian con el tiempo, a veces a una velocidad de vértigo. Por eso he querido plantear aquí algunas de las cuestiones que me parecen más problemáticas de estos tiempos de redes sociales, amenazas híbridas, teorías de conspiración y relativismo cultural.

La única regla que me parece siempre aplicable es la de evitar los enfoques grupales. Las libertades se aplican a individuos y, cuando no lo hagamos, dejaremos víctimas inocentes por el camino. Los autoritarios nunca tienen problema en tratar con colectivos porque saben que así pueden deshacerse de individuos concretos o incluso de grupos disidentes al completo.

Defender las libertades suena heroico, divertido y, en democracia, sencillo. Pero no lo es tanto. Debemos estar dispuestos a sentirnos ofendidos y aguantarnos. Debemos aceptar que la impunidad puede ser el precio que paguemos para evitar que se condene a un inocente. Debemos aceptar ideas que no nos gustan, pero estar dispuestos a combatir hechos incompatibles con la democracia. Las libertades se aplican a los individuos, y somos los individuos, cada uno de nosotros, los que debemos defenderlas cada día con nuestros hechos y nuestras palabras.

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Eres liberal si luchas contra la desigualdad y la discriminación

Hagamos algo de autocrítica liberal. Históricamente, los pensadores liberales enunciaron grandes principios, los dedujeron con lógica aplastante de la observación del mundo, construyeron magníficos edificios teóricos que aseguraban que el hombre es la medida de todas las cosas, que nunca se debe anteponer al colectivo sobre el individuo, que la igualdad no era una aspiración, sino un punto de partida basado en los hechos, en la naturaleza humana. Pero resultó que, al mismo tiempo, esta lógica tan poderosa, esta visión privilegiada, naufragaba a la hora de explicar a qué se referían con «el hombre». Para empezar, las mujeres quedaban fuera. Muchos liberales se opusieron a que se concedieran derechos a las mujeres. Otros creían con vehemencia en sus principios, pero sólo los aplicaban a las clases privilegiadas (a las que, oh coincidencia, siempre pertenecían). En cuanto a las personas homosexuales, sencillamente ni se las consideraba: las conductas consideradas entonces inmorales se veían como incompatibles con la dignidad humana. Y Jefferson hizo que esclavos negros construyeran su mítica mansión de Virginia: Monticello. Visto así, esa sacralización de «el hombre» resulta menos elevada, mucho más limitada. Casi rastrera desde nuestra perspectiva actual: se trataba del hombre blanco, heterosexual y rico.

Ya he criticado en capítulos anteriores las políticas identitarias de la izquierda y de la derecha, y lo haré de nuevo en capítulos posteriores, ya que creo que, hoy, es el principal desafío al que nos enfrentamos dentro del campo liberal. Pero sería muy injusta si no reconociera el valor que han tenido estas políticas en momentos concretos. Cuando los estudios de identidad se impusieron en las universidades estadounidenses y en muchas europeas hacia los años sesenta del siglo pasado, dieron un impulso decisivo a los movimientos feminista, de derechos civiles y a favor del colectivo LGTBI. Fueron los años de la reivindicación, de la protesta y también de las primeras reformas. Y sobre todo fueron los años en los que se aceptó a las minorías como actores políticos con reclamaciones legítimas.

La aproximación era identitaria, grupal, pero si estos movimientos en defensa de la igualdad pudieron tener éxito, fue precisamente porque lo hicieron en el marco de las democracias liberales. Apelaron a la lógica que fracasó en los siglos XVIII y XIX, señalaron las contradicciones de reconocer dignidad y derechos al varón blanco heterosexual y negárselo a mujeres, minorías étnicas y personas con otras orientaciones sexuales. Los derechos se fueron incorporando —lentamente, de forma insuficiente incluso en la actualidad— como derechos individuales. En cambio, los regímenes dictatoriales, en especial los comunistas —con los que simpatizaban precisamente algunos de los movimientos de los años sesenta—, evitaron la cuestión o hicieron reconocimientos puramente retóricos. La herencia se aprecia todavía en los países poscomunistas de la Europa del Este: si el machismo, la homofobia o el racismo son allí más fuertes, se debe al efecto represivo de las llamadas democracias populares, que no sólo ahogaron cualquier movimiento de protesta, sino que evitaron cualquier debate al respecto.

El hecho de reconocer el valor de los movimientos de los años sesenta —la mayoría vinculados a la izquierda— no debería llevarnos a olvidar figuras liberales de importancia decisiva y frecuentemente maltratadas por la historia. Por ejemplo, del primer liberalismo femenino en España poco se ha sabido durante décadas, más allá de la figura heroica de Mariana Pineda, elevada a la categoría de «Mártir de la Libertad» del siglo XIX e inmortalizada por Lorca en una obra de teatro estrenada en 1927. Recientemente, sin embargo, se ha difundido la actividad de casi mil quinientas mujeres liberales, un «ejército de amazonas» que escribía folletos, publicaba artículos y participaba intensa y extensamente en actos cívicos en defensa de la sociedad liberal. Mujeres que dieron un nuevo sentido al valor de lo simbólico, portando cintas verdes liberales o usando abanicos y vajillas adornados con motivos constitucionales. Que su papel haya permanecido oculto durante tanto tiempo es un hecho lamentable.

Pero quizá la actividad política individual más decisiva de nuestro tiempo, una auténtica revolución de una sola persona, la llevó a cabo Clara Campoamor. Ella sola, contra viento y marea, superando las trabas que le ponían desde la derecha, desde la izquierda y desde sus propias filas, tanto hombres como mujeres, logró instaurar el voto femenino durante la Segunda República. Tuvo el apoyo de una minoría de sufragistas, pero no nos engañemos: en nuestro país, tal vez por motivos religiosos, el movimiento tuvo menos fuerza que en los países anglosajones, por ejemplo. En los últimos años, se ha hecho algo por rescatar a Campoamor del olvido, por otorgar a su figura el tamaño de gigante que merece. Pero no es fácil, porque hablamos de una mujer que dijo: «Estoy tan alejada del fascismo como del comunismo. Soy liberal». Decía la profesora María Blanco en la presentación de uno de sus últimos libros[7] que «hay pocas mujeres liberales porque los hombres liberales son muy aburridos y hablan en código masculino ofreciendo ideas que no interesan a las mujeres». Habrá pocas, pero Campoamor vale por muchas. Y por ser liberal fue perseguida por la derecha y por la izquierda, y después ninguneada por unos y por otros, marginada, silenciada. Perteneció a esa tercera España que todavía lucha por salir del olvido y reclamar el reconocimiento de su legado.

Soy consciente de que la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres es conflictiva dentro de la familia liberal. Todos aspiramos a ella, pero discrepamos en la forma de lograrlo o incluso en el camino que nos queda por andar. No nos ponemos de acuerdo en si la brecha salarial entre hombres y mujeres es tan grande como sugieren los datos, ni tampoco en las políticas que hay que adoptar. De hecho, hay quien incluso niega su existencia, a pesar de tratarse de un hecho objetivo, multivariable sin duda en su causalidad. Un cierto liberalismo cree que no hay que actuar para que haya mujeres en los consejos de administración, en los puestos de decisión de la economía y de la política. Normalmente, el argumento es que hay que dar libertad a las empresas u organizaciones para gestionar la composición de sus órganos de gobierno o dirección. Se suele sugerir que las compañías terminarán incorporando a las mujeres por su propio interés: si renuncian al talento de la mitad de la población, antes o después se notará en su cuenta de resultados. En principio, así debería ser, esto es lo que dicta la lógica, pero los hechos demuestran que no sucede, o que si sucede, lo hace demasiado despacio. Las organizaciones y las personas tomamos a menudo decisiones que nos perjudican, no somos tan racionales como creíamos. Ocurre por motivos muy variados: a veces es por ignorancia, otras por prejuicios, en ocasiones por la disonancia cognitiva, que nos vuelve ciegos a la evidencia, y, por último, en muchos casos surge un conflicto de intereses entre la organización y las personas que las dirigen: lo que es bueno para los segundos (históricamente varones) no tiene por qué serlo para la primera.

Cuando hablamos de igualdad, hablamos de poder, por eso me preocupa tanto la ausencia de mujeres en puestos de decisión, tanto en el ámbito público como, especialmente, en el sector privado. Actualmente, sólo el 13,7 por ciento de los miembros de los consejos en grandes empresas en la Unión Europea son mujeres. Diez países de los veintiocho se opusieron hace unos meses a una propuesta de la Comisión, con el beneplácito del Parlamento, para imponer multas disuasorias a las empresas que no cumplan con unas cuotas que debían elevar el porcentaje de mujeres en los consejos de administración hasta el 40 por ciento. Los países fueron Croacia, Dinamarca, Estonia, Alemania, Hungría, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido. Todos dieron dos argumentos: que ya se estaba avanzando sin necesidad de multar y que era más importante proteger la libertad de las empresas. Lo cierto es que sin la intervención de las instituciones, tardaremos muchas décadas en alcanzar la paridad al ritmo actual. La pregunta que surge de inmediato es: ¿nos lo podemos permitir? Yo diría que no. Y que la introducción de una «ortodoncia política» es más que recomendable para corregir una evidente desviación, acelerar el proceso y garantizar que el resultado sea el deseable. Una vez obtenido y estabilizado, se retira.

¿Cuál es el prejuicio para las empresas? Si nos atenemos a las experiencias ciertas de nuestros colegas europeos, ninguno. Más bien al contrario. Los datos revelan que las cuotas no sólo contribuyen a acabar con una injusticia, sino que además hacen que las empresas estén mejor gestionadas. El embajador de Italia en España, Stefano Sannino, ha explicado que la introducción de cuotas «ha supuesto que el 35 por ciento de las compañías cotizadas italianas renueven la composición de su consejo. Además de otros efectos positivos, como son que los órganos rectores de las empresas hayan rebajado su media de edad, hayan elevado su nivel de formación y haya menos miembros de familias. Ha permitido tener mejores consejos de administración». Y, por supuesto, a mejores consejos, mayor productividad y mayores beneficios. Lo mismo ha ocurrido en Francia, Alemania, Noruega... y, en menor medida, en España.

Es en contextos como éste donde la intervención de las instituciones está sobradamente justificada, porque, parafraseando a Keynes, debería encargarse de lo que el mercado, per se, no va a hacer en absoluto. No se trata de decirle a las empresas a quién tienen que contratar, sino de exigirles que el género no sea un obstáculo. Se trata de acelerar un proceso que encuentra demasiadas resistencias. Se hace por justicia, por igualdad y también por eficacia. Europa tiene que ser al tiempo el lugar donde no se discrimina a nadie por razones de género, raza, orientación sexual... y el lugar donde están las empresas del futuro, las más competitivas y modernas. Frente a quienes insinúan que son objetivos incompatibles, yo respondo que todo lo contrario: van de la mano.

La desigualdad de las mujeres en puestos relevantes y de decisión ha demostrado ser un problema de raíces profundas y escondidas. El movimiento #metoo surgió en Estados Unidos a raíz del escándalo del productor de Hollywood Harvey Weinstein, un hombre que durante décadas se había valido de su posición de poder para acosar e incluso abusar sexualmente de innumerables mujeres, muchas de ellas actrices. Lo peor del caso Weinstein tal vez haya sido que se trataba de un secreto a voces, algo que todos sabían en un mundo supuestamente progresista, pero del que no se hablaba con algunas pocas excepciones (años antes del escándalo, la actriz y cantante Courtney Love, al pedirle alguien un consejo para una recién llegada a Hollywood, dijo: «Nunca te quedes a solas con Harvey Weinstein»).

El foco se ha puesto sobre la situación de vulnerabilidad de las mujeres en un mundo dirigido por hombres. Según datos de la Comisión Europea, el 55 por ciento de las mujeres afirman haber sufrido acoso sexual. La cifra asciende al 75 por ciento cuando hablamos de mujeres directivas. Estamos, por tanto, ante un mal oculto y terriblemente extendido que va mucho más allá de la violencia: muestra una tolerancia inaceptable y una posición de superioridad que permite al delincuente asustar a la víctima y esconderse tras un muro de silencio.

Es un terrible círculo vicioso, porque el acoso no es sólo un mal en sí mismo que mina a la mujer, que la hace sufrir, sino que además se convierte en un obstáculo difícil de superar en sus carreras profesionales. Aquellas que deseen alcanzar puestos de responsabilidad saben que se exponen a sufrir situaciones estresantes y humillantes por las que los hombres no tienen que pasar. Visto así, el análisis de la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral no puede prescindir del factor que supone el acoso. Por desgracia, el enfoque clásicamente liberal, que subraya la libertad de las empresas, no es capaz de incorporar esta realidad. Las cuotas son imprescindibles, como también lo es una nueva legislación contra el acoso sexual a la vista de que la actual ha fracasado.

También están fracasando las políticas destinadas a acabar con la violencia de género y, en particular, con el asesinato de mujeres a manos de sus parejas. La actual legislación pone el foco en la víctima. Parece lógico: se trata de la persona a la que hay que proteger. Se les busca acomodo, se las dota de medios para conocer su ubicación, se dictan órdenes de alejamiento. Pero es el momento de preguntarse si no sería más útil centrarse en el agresor, si no debería ser él quien estuviera controlado en todo momento. Temo también que la normativa actual esté demasiado impregnada de ideología, lo que impediría analizar los datos con más frialdad y aplicar medidas más eficaces, aunque no encajaran en los prejuicios establecidos.

No quiero centrarme sólo en nuestras sociedades europeas y occidentales. Por muchos que sean nuestros problemas, debemos ser conscientes de que en otras partes del mundo la situación es mucho peor, y que no hay perspectivas de una solución rápida. El Foro Económico Mundial advirtió en 2017 sobre que el ritmo de cierre de la desigualdad entre hombres y mujeres se había ralentizado. A la velocidad actual, la igualdad real no se alcanzaría hasta el año 2234. Es más: en el último año ha habido, incluso, retrocesos en la representación política de las mujeres.

De los datos que desgrana el informe del Foro Económico Mundial, tal vez el más descorazonador sea precisamente el que tiene que ver con el acceso a la educación. Si las niñas no estudian, no sólo quedarán relegadas a la insignificancia económica, sino también a la política: nunca llegarán a tener las herramientas necesarias para organizarse, para reivindicar, para luchar por sus derechos. Serán presa fácil para los poderosos. Esto es algo que, en general, hemos solucionado en Occidente, pero que sigue siendo el primer problema de las mujeres en muchos países en desarrollo. Las niñas estudian menos, quedan embarazadas muy jóvenes y llevan una vida sometida, en ocasiones terriblemente violenta.

Hay motivos para el optimismo, sin embargo. El acceso a la educación ha crecido en todo el mundo en las últimas décadas, y esto debería favorecer más a las mujeres. Se han adoptado acuerdos internacionales valiosos, como el Convenio de Estambul, que define y establece medidas claras contra la violencia de género e intrafamiliar. En países como Ruanda o Nicaragua, el establecimiento por ley de cuotas para que las mujeres estén en puestos de representación política ha llevado a la agenda pública las reformas sociales que más pueden beneficiar a las mujeres, muchas de ellas relativas, precisamente, a la educación. Es una constante histórica: ¿quieres erradicar la discriminación hacia un grupo? Dale poder político real.

A veces parece que en política no existe el largo plazo: los cargos, en los sistemas democráticos, estamos sometidos a un escrutinio periódico en el que rendimos cuentas antes de ser reelegidos, si tal es nuestra intención. Una de las críticas menos triviales que se hace a las democracias es que les cuesta mirar al futuro más allá de las siguientes elecciones. Y es cierto que cuesta, pero en ocasiones se consigue elevar el vuelo y llegar a acuerdos vinculantes y relevantes. Para ello, el consenso es imprescindible.

Por mucho que un país consiga movilizar sus recursos y trazar planes estratégicos a largo plazo, un horizonte a más de dos siglos no es un horizonte político. Si alguien tiene la tentación de decir: «De acuerdo, avanzamos lentamente, pero avanzamos», o «qué son doscientos años tras milenios de desigualdad», yo le diría que se aparte del camino. No podemos decir a una niña de hoy que tal vez sus tataranietas conocerán la igualdad real. La obligación de la política es decirle que ella, al menos ella, podrá disfrutarla.

Suelo decir que los liberales tienen la obligación de ser feministas. Nos han vendido durante demasiado tiempo que el feminismo era cosa de la izquierda pata negra. Hoy, sin embargo, esta izquierda se encuentra desorientada, perdida. Cuando tratan de aferrarse al feminismo como si fuera de su propiedad, no hacen ningún favor a la causa, todo lo contrario: la debilitan. Estamos en un momento clave para la igualdad entre hombres y mujeres, en especial en Occidente. Caen los últimos tabúes, y deberíamos cuidarnos mucho de construir otros nuevos. Las políticas identitarias de la izquierda, por desgracia, tienden precisamente a establecer un absurdo control del discurso, a formar cuadros para la policía moral, la que dictamina quién está dentro y quién está fuera.

Soy absolutamente partidaria del movimiento #metoo, creo que es hora de dar un paso adelante, hablar de lo que se callaba y marcar nuevos objetivos. Pero sí me preocupa cierta tendencia a englobar al conjunto de los hombres o incluso a hacer pagar a algunos sin pruebas de que hayan cometido abuso alguno. Ninguna caza de brujas puede investirse de respetabilidad en una democracia liberal. Y percibo en esto un nuevo intento de la perspectiva identitaria por imponer su lógica: como hablamos de grupos, los individuos concretos dan igual. Qué más da una víctima inocente cuando se trata de la causa de todas las mujeres. Los liberales no podemos aceptar esta indiferencia. Si se trata de lograr la igualdad, de acabar con abusos e injusticias, no debemos resignarnos a hacerlo con nuevas injusticias. Se trata de defender nuestra dignidad como seres humanos iguales a los hombres, no nuestra especificidad femenina.

Ser liberal no significa que no podamos observar a los grupos, ni apreciar discriminaciones entre unos y otros, ni aplicar políticas concretas destinadas a ciertos colectivos. Significa que debemos hacerlo pensando en lo que nos une, en lo que nos hace iguales, precisamente para que todos podamos ser diferentes. Las mujeres no somos una masa homogénea de unidades indistinguibles, sino todo lo contrario: hay una infinita riqueza de caracteres y capacidades entre nosotras, como la hay entre los hombres. Pero por ser mujeres, vemos todavía cómo debemos superar más obstáculos y cómo se quedan por el camino algunas que merecían mejor suerte. Creo que el feminismo del siglo XXI será liberal y no identitario.

En 2017, participé en un foro de análisis y debate sobre derechos LGBTI en el contexto del World Pride que tuvo lugar en Madrid. Fue una experiencia muy ilustrativa. Yo acudí para hablar de los derechos de estas personas en todo el mundo y el papel que la Unión Europea, y en concreto el Parlamento, desempeñaban en esta cuestión. Lo hice, claro está, desde mi perspectiva liberal. Intervinieron otras personas que formaban parte del panel y a continuación todo el que quiso pedir la palabra entre el público. Pronto me di cuenta de que era, probablemente, la única persona que defendía el enfoque del liberalismo, y que éste levantaba ciertas suspicacias: no entre los organizadores, que fueron muy amables y eran conscientes de la necesidad de incorporar voces diferentes a las habituales, sino entre los asistentes en general.

La cuestión es que el debate posterior a las intervenciones se convirtió en un catálogo de quejas y reclamaciones. La mayoría de las personas que intervinieron lo hicieron para protestar por la falta de representación en los actos previstos en torno al World Pride de grupos concretos, es decir, de identidades concretas. Por entonces, las siglas LGBTI se habían quedado cortas y tendían a ampliarse con nuevas letras, hasta que a alguien se le ocurrió añadir el signo de la suma como forma de dejarlo abierto a cualquier otra orientación minoritaria. No creo que funcione, porque la perspectiva identitaria tiende a ser muy susceptible y a dar un valor desproporcionado a lo simbólico. Y la cuestión se complicaba hasta el infinito cuando las identidades se cruzan: una mujer entre el público reclamó más visibilidad para las lesbianas de América Latina.

Resultaría fácil bromear con este asunto, pero sería insensible: soy muy consciente de la situación que viven las mujeres lesbianas en muchos países de América, África y Asia. También entiendo la angustia de personas que se sienten invisibles, cuya realidad se observa como problemática o despreciable por pura ignorancia. Es lógico que quieran hablar al mundo, decirle «aquí estamos y así es como nos sentimos». En muchas ocasiones, se enfrentan a riesgos específicos para su salud o a problemas concretos de integración, para los que hay que articular medidas particulares, de modo que tiene todo el sentido que se asocien y demuestren que su causa merece atención, respeto y acción.

Pero, una vez más, la aproximación identitaria resulta insuficiente. Por una parte, como pude comprobar en el evento citado, desperdicia energías en batallas internas con quienes deberían ser sus principales aliados. Por otra, se corre el riesgo de poner un énfasis excesivo en lo simbólico y olvidar lo sustantivo. No niego el valor de lo simbólico o, como ya he explicado, el poder del lenguaje. Lo que sí niego es que la realidad de las personas se pueda cambiar simplemente utilizando unas palabras en lugar de otras. De hecho, esta estrategia me parece el sueño de los hipócritas: simplemente usando lenguaje inclusivo o no homófobo conseguirán pasar por tolerantes, mientras en sus ámbitos de decisión pueden, por ejemplo, impedir el acceso de las minorías a los puestos de decisión, contribuir a su exclusión o incluso practicar formas relativamente sutiles de acoso. Estas son, para mí, las cuestiones decisivas en la lucha por la igualdad, y se defienden mejor en el marco liberal.

Lo cual no quiere decir que este marco sea perfecto, ni mucho menos. Empecé este capítulo recordando el pecado liberal original, el de enunciar los derechos del hombre blanco, rico y heterosexual. Esto tuvo como consecuencia ordenamientos legales que, en el caso que nos ocupa, criminalizaban la homosexualidad e ignoraban (por incomprensibles para las mentes legisladoras) el lesbianismo y otras orientaciones. Estos ordenamientos fueron progresivamente reformados para evitar una discriminación incompatible con los principios liberales y democráticos. El reconocimiento de los derechos y la despenalización de conductas privadas fue un avance decisivo que mejoró la vida de millones de personas, pero no acabó con todos los problemas. Hoy, todavía se producen en España agresiones a parejas LGBTI por el simple hecho de ir cogidas de la mano o por expresar su afecto en público, y eso que el nuestro es uno de los países más tolerantes del mundo. Otra realidad dolorosa que sigue existiendo es el acoso escolar. Cierto que puede afectar a cualquier niño, pero no es menos cierto que las probabilidades de ser acosado aumentan de forma notable cuando los menores comienzan a notar que uno de ellos es algo distinto, tiene otras preferencias, muestra actitudes que no encajan en la heterosexualidad mayoritaria. Y estamos hablando sólo de las democracias avanzadas.

Me parece obvio que los poderes públicos tienen que actuar de forma específica contra los resabios del pasado, contra la discriminación que se resiste a desaparecer, contra la violencia que perdura. No podemos escudarnos en que agredir a alguien ya es delito o que ya existen protocolos contra el acoso escolar. El colectivo LGBTI sigue teniendo dificultades específicas, sigue sufriendo las dañinas consecuencias de resistentes prejuicios. No debemos negarlo ni atenuarlo: debemos conseguir que todos los ciudadanos se sientan igualmente seguros, que no teman ser increpados ni mucho menos agredidos por ejercer la libertad que les reconocen formalmente las leyes. Por ello nos corresponde elaborar políticas destinadas a lograr esos objetivos. Entre las iniciativas pendientes, destacaría las encaminadas a reforzar la lucha integral contra el discurso del odio: el digital y el analógico, en los proyectos de ley, en la calle y en la escuela, así como a promover la igualdad de trato y no discriminación en los ámbitos de la salud mental, la investigación clínica y el acceso a medicamentos.

Dada la evolución de las reivindicaciones LGBTI en nuestra sociedad, me gusta vincular sus derechos a la defensa de la familia. Los liberales contemplamos una variedad amplia y rica de familias, basada en la libertad de los ciudadanos a constituirlas dentro del marco legal vigente. Y, como miembro del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, considero que la defensa de los derechos y las libertades debe seguir siendo un rasgo esencial de la Unión. Porque las familias, todas las familias europeas, han sido y son la balsa que está permitiendo a millones de personas atravesar la larga y dolorosa travesía de la crisis económica. Un espacio de solidaridad y apoyo, un refugio para la esperanza de progreso. Y, sí, una fortaleza para la felicidad.

La defensa de los derechos LGBTI es una de las grandes causas de la Unión Europea. Sus instituciones son claras en el rechazo de la discriminación, pero no siempre actúan con la misma intensidad con la que se expresan. Como suele ocurrir en Europa, una cosa es la enunciación de los principios y otra su aplicación. Pese a las acusaciones de intervencionismo, Bruselas suele entrar de puntillas en las legislaciones nacionales, si es que llega a entrar. Hoy nos encontramos con que en varios países de la Unión está regulado el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en otros sigue sin ser legal. Esto crea problemas a familias LGBTI que se trasladan a vivir a otros países europeos y de pronto encuentran que, a pesar de estar ejerciendo la libertad de movimiento que les garantiza su ciudadanía europea, los derechos que adquirieron en su país de origen dejan de ser reconocidos. Esto es algo impensable en familias tradicionales. Si la UE es realmente una comunidad política, no debería permitir algo así. Igualmente, es necesaria una directiva de permiso parental aplicable a todos los modelos de familia: incluso en países donde el matrimonio homosexual es legal, la cuestión de los permisos sigue anclada en el siglo XX. Por completar este breve repaso a la situación europea, es preocupante el retroceso que tiene lugar en algunos países de Europa central y del este, como Polonia, República Checa o Hungría, donde los populistas de extrema derecha reivindican una identidad excluyente y tradicional que margina a las orientaciones sexuales minoritarias. Allí, el movimiento por sus derechos no ha llegado a ser tan fuerte por la herencia del comunismo (una ideología que propició regímenes profundamente homófobos, además de represivos), y necesitan más que nadie el apoyo de las instituciones europeas y de los Estados miembros.

Con todo, el optimismo liberal me obliga a recordar los avances que se han producido en unos pocos años. En veintitrés países existe de forma plenamente legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, catorce de ellos en la Unión Europea. Varios primeros ministros europeos son abiertamente gays, incluyendo el de la católica Irlanda. No hace mucho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que la llamada «ley de propaganda gay» de Rusia, que prohíbe mencionar la homosexualidad, no sirve a ningún «interés público legítimo» y es «incompatible» con los valores de una sociedad democrática. Soy consciente, todos lo somos, de lo mucho que hay que avanzar todavía, pero hay que recordar que de todos los lugares y momentos de la historia, el día de hoy y la Unión Europea son los mejores para ser una persona LGTBI.

Por desgracia, los avances se han producido sobre todo en las democracias occidentales, mientras que en otras regiones del mundo el trayecto está todavía por empezar. En la actualidad, sigue existiendo algún tipo de represión legal contra las personas LGBTI en ochenta y nueve países de todo el mundo. En setenta y seis países, las prácticas homosexuales son ilegales y están penadas con cárcel. En diez países, entre ellos Arabia Saudí o Irán, el castigo es la muerte. No hay que irse a los países musulmanes (aunque conviene recordar que la situación allí suele ser peor): en Rusia, Vladimir Putin ha emprendido una cruzada legal contra los homosexuales. La situación es especialmente grave en Chechenia, región de mayoría musulmana donde a los homosexuales se les da caza y se los encierra en campos de concentración. Cuando se les muestran las pruebas, las autoridades chechenas dicen que eso es imposible porque en Chechenia no hay homosexuales.

Merece la pena recordar la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2017 trajo consigo la esperanza de una vida mejor, de un futuro más luminoso y digno, para millones de ciudadanos latinoamericanos. Porque ordenó a los veintidós países que la integran reconocer plenos derechos a las parejas LGBTI, y permitir el cambio de identidad sexual en los registros. Latinoamérica es una región de enormes contrastes y contradicciones: se han adoptado algunas de las legislaciones más progresistas en derechos LGBTI, a la vez que muestra algunos de los datos más negros del mundo en violencia y delitos de odio contra este colectivo. Es un buen momento para que los gobiernos aprovechen esta oportunidad de hacer de Latinoamérica una región igualitaria y segura para los ciudadanos LGTBI. Una tarea que no será fácil en países como Perú, con el auge del fujimorismo, o en Bolivia o Paraguay, donde el matrimonio igualitario está prohibido en sus constituciones. Hay un punto clave en el fallo de la CIDH que quiero destacar: considera que la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género es una violación de los derechos humanos. Y, por tanto, es una causa universal que debe ser protegida por todos los Estados. Desde las instituciones europeas, desde luego, estamos obligados a trabajar para que esta resolución tan importante sea un verdadero éxito. Para que, en los próximos años, Latinoamérica sea una región libre de miedo, vacunada contra el odio. Curada de impunidad.

Para mí, como liberal, el objetivo es cristalino: lograr la despenalización de la homosexualidad en el mundo y la abolición de las trampas legales que la estigmatizan o cercenan sus derechos. Y mantener a la comunidad internacional en primera línea de la denuncia y persecución de quienes acosan y matan a los defensores de derechos LGBTI. Sea en Chechenia, Guatemala, Arabia Saudí, Egipto, Honduras o Indonesia. No me importa el color de su gobierno.

Quizá uno de los debates más polémicos de nuestro tiempo sea precisamente sobre un tema que me interesa especialmente: la gestación subrogada. Aunque es una reivindicación de todos los modelos de familia (muchas de las cuales la ven como una solución a graves problemas de fertilidad), su causa ha sido abanderada en todo el mundo, y especialmente en España, por conocidos homosexuales. Creo que el ámbito de discusión sobre este tema es realmente único, además de muy crispado, porque parecen cruzarse los intereses y los puntos de vista LGBTI y feminista, al menos en su versión más izquierdista. Mientras que una parte importante del colectivo gay reclama la regulación de la gestación subrogada, casi toda la izquierda española (y buena parte de la europea) la rechaza al entender que cosifica a la mujer y convierte su cuerpo en un recipiente susceptible de ser comercializado. Sin que quepa sorpresa, coincide en este punto con la derecha más clerical y reaccionaria, que sigue poniendo reparos incluso a las técnicas de reproducción asistida.

Sinceramente, me parece que el debate está trucado. Ningún partido político importante en nuestro país pide que se permita la gestación subrogada sin más. Todas las propuestas plantean que se establezca de forma que sea altruista (en realidad debería llamarse no lucrativa, es decir, no remunerada) y que garantice la salud y la libertad de la mujer gestante. Planteado de esta forma, es obvio que no puede existir mercantilización alguna y que su sentido pasa por facilitar que personas cercanas y de confianza puedan llevar a término la gestación que por motivos médicos o puramente biológicos les está negada a otras familias. Es llamativo cómo este carácter no remunerado suele ser ignorado de forma persistente por quienes se oponen a la gestación subrogada, a la vez que insisten retorcida (y equivocadamente) en denominar «vientres de alquiler» a mujeres adultas que aceptan gestar con seguridad y sin lucro.

Para mí hay un motivo esencial que hace imprescindible su regulación en Europa: el hecho de que ya se está practicando y que la protección del menor es un mandato ineludible para todos. Las familias con recursos suficientes viajan a otros países (sobre todo Estados Unidos) donde es legal y vuelven tras nueve meses con su descendencia. Esos niños, en muchos casos, quedan en un limbo legal o, como poco, ven menoscabados sus derechos. Siempre es negativo que la ley se niegue a reconocer una realidad, y mucho más cuando esta realidad está limitada a familias con dinero, mientras se niega a otras con menor riqueza. La izquierda debería reflexionar sobre cómo su posición agudiza la desigualdad social.

Donde el liberalismo y la izquierda deben encontrarse, y lo hacen sin problema, es en la tragedia inaceptable de la trata de seres humanos, una forma de esclavitud moderna que afecta sobre todo a las mujeres y donde sí se produce una evidente mercantilización de las personas. Es una realidad oculta que algunos activistas y creadores, como Mabel Lozano, se empeñan en denunciar incluso a riesgo de su integridad. Las mujeres (en muchas ocasiones menores de edad) que sufren la trata están delante de nosotros, son nuestras vecinas. La mayoría viene de otros países, engañadas o por la fuerza. Viven atemorizadas y extorsionadas, sin condiciones de higiene ni salud adecuadas. El negocio de su esclavitud es uno de los más rentables del mundo y, sin embargo, pocas veces recibe la atención que merece.

Obviamente, una parte del problema es policial, pero hay otra más incómoda. Algunos liberales proponen legalizar la prostitución, con el argumento de que permitiría a las mujeres que la ejercieran evitar los abusos de las redes y les proporcionaría atención sanitaria y derechos económicos. Yo no lo veo así, porque parte de la asunción de que las prostitutas quieren serlo, y de que se trata de una actividad económica productiva sin más. Para mí, hay un profundo debate al respecto que no se ha realizado todavía, por dos razones principales: porque es un enorme negocio con amplias redes de beneficiarios y porque los apriorismos ideológicos y culturales sesgan cualquier abordaje desprejuiciado a nivel político que posibilite una revisión del marco legal. Por otro lado, en un país como España, en el que seguimos sin solucionar el problema de los falsos autónomos, me parece ingenuo confiar en que las organizaciones criminales no encontrarán la manera de mantener en la esclavitud a las mujeres mientras fingen que son libres. Debemos ser ante todo realistas. Proteger a las víctimas, sin ninguna duda, pero, sobre todo, tipificar adecuadamente el proxenetismo y perseguir sin tregua a los delincuentes para que respondan ante la sociedad de acuerdo a la gravedad de sus delitos.

No quiero cerrar este capítulo sin mencionar mi preocupación por nuevas formas de censura que han surgido como efectos secundarios indeseables de la toma de conciencia a favor de la igualdad, en especial de las mujeres. Como decía en el capítulo anterior, la libertad de expresión es un valor esencial de las democracias liberales, y muchos asistimos con preocupación a que se plantee seriamente si hay que retirar determinados cuadros de los museos, dejar de editar ciertas novelas o prohibir esta o aquella película. Creo que debemos ser implacables con esta pulsión recortadora e infantilizadora a la vez. Como adultos responsables y con criterio, como individuos con plenitud de derechos y obligaciones. No se trata de ser condescendiente con las mentalidades del pasado, de liquidar el asunto diciéndonos «dejemos que se vea cómo se pensaba antes». Se trata, en cambio, de entender el papel de la cultura, que no está para ofrecernos moralejas edificantes, como han querido los reaccionarios de todos los tiempos. Está para ofrecernos experiencias estéticas y mostrarnos la complejidad de la vida humana. Si retiramos de esta complejidad el mal y la ambigüedad, empobreceremos la visión de nosotros mismos. Las ficciones de la cultura nos acercan muchas veces a realidades crudas o dolorosas que podemos experimentar de forma vicaria, sin consecuencias reales. Es posible que quienes proponen recuperar la censura lo hagan a partir de sinceras preocupaciones sociales, pero no olvidemos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

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Eres liberal si crees que el libre comercio impulsa el progreso y la prosperidad

Siempre que hablo de libre comercio me gusta imaginar el Mediterráneo hace 3.000 años, o tal vez algo menos. Unos comerciantes se hacen a la mar, hacia un destino que no conocen demasiado, del que han oído hablar, que tal vez alguno de ellos visitó por casualidad. Llevan consigo tejidos, herramientas, minerales, tal vez vino y alimentos duraderos. Puede que les mueva la curiosidad, el gusto por la aventura, pero lo más probable es que simplemente quieran ganar dinero, sacar adelante a sus familias y, si es posible, prosperar. Nada que no hayan deseado los seres humanos en todos los momentos de la historia. Su plan es vender las mercancías y comprar allí otras que a continuación venderán en otros puertos. Si les va bien, volverán a su casa con un negocio en marcha. Lo que no saben es que llevarán consigo mucho más que dinero y mercancías. En las tierras que visiten, conocerán a personas singulares, lenguas desconocidas, culturas sorprendentes. Lograrán entender y hacerse entender, y entrarán en contacto con otras formas de ver el mundo, con ideas que serán nuevas para ellos. Tal vez conozcan una nueva técnica para curar la carne, una herramienta más eficaz para arar la tierra o una teoría sobre el Universo. Alguien les dará la copia de un mapa, les hablará de reinos muy lejanos, les recitará un poema que ellos aprenderán de memoria.

Vayamos un poco más atrás todavía. Se habla de la globalización como un fenómeno reciente, pero para mí no es más que una tendencia de la humanidad, algo inscrito en nuestros genes y en nuestra historia. Comenzó cuando un miembro de un clan de recolectores y cazadores salió de su cueva, venció su temor y se aproximó al campamento de otro clan al que, hasta entonces, habían visto como hostil. Si aquel acercamiento terminó mal, otros terminarían bien, y los Homo sapiens, desde entonces, se buscarían entre sí para obtener de los demás compañía, seguridad, riqueza, sabiduría. Por supuesto, no siempre lo obtendrán de forma amistosa, muchas veces será por la fuerza. Pero la guerra es pocas veces un negocio seguro, y a lo largo de los siglos las relaciones comerciales se irán haciendo más frecuentes y sustituyendo al pillaje y a la invasión. Si tenemos que creer a Steven Pinker[8] (y, desde luego, sus datos son abrumadores), existe un progreso histórico hacia una menor violencia que está relacionado con tres factores: la consolidación de los gobiernos, la mejora de la inteligencia y el pensamiento crítico, y el auge de lo que llama «el comercio apacible», un mayor intercambio comercial. Aquel cazador que salió de su cueva, como los comerciantes del Mediterráneo, volvieron a casa con la semilla de la paz. Los países que comercian de forma fluida tienen conflictos, pero pocas veces los resuelven a vida o muerte.

Sé que este relato puede parecer ingenuo a algunos. Podrían contestarme con la explotación de los trabajadores, con el colonialismo o con guerras en las que tuvo un papel importante la disputa por beneficios económicos de algún tipo. Y así ha sido en demasiadas ocasiones. Ocurre siempre con las transacciones económicas: los agentes tratan de obtener los mayores beneficios y en ocasiones recurren a medios inaceptables. Tratan de acceder sea como sea a fuentes de riqueza, procuran hacerse con el monopolio, compran el respaldo de un Estado para que les dé apoyo militar, sueñan con mercados cautivos, en los que a los consumidores no les queda más remedio que comprarles a ellos. Sé que las ideas que viajan de un lugar a otro no siempre son acertadas, que en ocasiones son dañinas, que al entrar en contacto con otras ideas pueden dar como resultado proyectos abominables en manos de personas sin conciencia. Sé todo esto, pero también sé que la alternativa es un aislamiento literalmente inhumano, una falta de comunicación e intercambio que hace la vida más pobre en todos los sentidos. Los enemigos del comercio, por usar el título de la obra de Escohotado,[9] me parecen enemigos de la naturaleza social del ser humano. No entienden que al negar el contacto mercantil entre países, están negando el contacto cultural. Es decir, el conocimiento. Porque conocer es entender, es encontrar lo común donde antes sólo había recelo y extrañeza. Ellos, los enemigos del comercio, lo negarán, asegurarán que hay otras vías de acceso: ideas, hábitos y manifestaciones intelectuales o artísticas. Pero lo realmente humano no es la simple contemplación, el estéril avistamiento de quien mira un escaparate. El instinto humano pide el contacto, el mestizaje, la mutación y, por decirlo con un término muy de moda, la apropiación cultural. Y esto siempre sucede cuando hay un tráfico comercial, cuando alguien apuesta su dinero para producir un disco que mezcla sonidos de aquí y de allá, cuando alguien abre un restaurante que combina sabores y texturas que parecían incompatibles, cuando un editor paga por traducir y publicar la obra de un filósofo lejano en el espacio y tal vez en el tiempo.

El libre comercio no vive su mejor momento. Se oye mucho a sus oponentes, y en algunos lugares han logrado grandes éxitos políticos. Sí, por supuesto estoy hablando de Donald Trump, que hizo campaña contra los acuerdos comerciales firmados por los anteriores presidentes e hizo bandera de un nuevo proteccionismo que, supuestamente, haría a Estados Unidos grande otra vez. Por supuesto, también estoy hablando del brexit, defendido por una coalición de reaccionarios e izquierdistas que detestan el comercio, a la que se unieron algunos conservadores que dicen ser partidarios, pero que en la práctica están favoreciendo un nuevo espléndido aislamiento. Estoy hablando de Marine Le Pen en Francia, de Geert Wilders en los Países Bajos, de Podemos en España. Desde la derecha y la izquierda, se han alzado voces virulentas contra la globalización, han ganado terreno discursos e incluso políticas que pretenden levantar muros físicos y morales. Este nacionalismo populista se dirige a personas que han salido perdiendo con la globalización (o, en ocasiones, a las que han convencido de que así ha sido). Se acude a un pasado ideal en el que Estados Unidos era grande, el Reino Unido era independiente, Francia era francesa y España bueno, hay que reconocer que los que quieren buscar ese paraíso perdido en nuestro país lo tienen francamente complicado. Obviamente no pueden recurrir al franquismo, y apenas les quedan los pocos años que duró la Segunda República, una democracia convulsa que no tuvo tiempo de ofrecer resultados palpables, aunque a cambio ofrece la posibilidad de soñar con «lo que pudo ser y no fue».

Qué paradoja: tanto Estados Unidos como el Reino Unido hicieron su fortuna gracias al comercio internacional, que potenciaron y favorecieron como ningún otro país. El liberalismo clásico se desarrolló en los países anglosajones, en ellos escribieron y publicaron Locke, Adam Smith, Jefferson, Stuart Mill y el resto de padres liberales. Todos eran partidarios de las economías abiertas. ¿Cuál es el pasado ideal, la edad de oro, por la que suspiran Trump o Farage? Vinculan los males que, según ellos, sufren sus países, con la debilidad en el ámbito internacional. Creen que están siendo explotados por otros Estados, a los que ven como parásitos, vampiros que les chupan la sangre. Su respuesta es replegarse, ensimismarse, ofrecer su lado más duro y hostil, volver al aislamiento y renegar de la multilateralidad. En términos económicos, esto implica proteccionismo, esa vieja pulsión tan intuitiva como contraproducente.

El proteccionismo ha sido siempre mucho más que una doctrina económica. Es una forma de ver el mundo. No se trata sólo de una estrategia para enriquecer a un país, sino que tiene raíces morales. El proteccionista es muy consciente de la relación entre comercio y cultura con la que comenzaba este capítulo. Sabe que con cada barco carguero, con cada transacción por internet o con cada porte aéreo, entran en el país otros modos de vida, otras costumbres y otras ideas. Y eso es lo que en el fondo no puede soportar el proteccionista. Él cree en la superioridad de su nación y en la santidad de sus creencias, si es de derechas. Si es de izquierdas, su miopía es la del relativista, que no cree en el diálogo entre diferentes, que no acepta la existencia de unas bases comunes sobre las que entendernos, y que por tanto tiende a congelar las culturas, a mantenerlas separadas y limita el contacto al viejo museo, tan alejado del actual, en el que se mira pero no se toca.

En el fondo, el proteccionista cree que, si mantiene a su país puro, libre de contaminaciones que alteren su esencia eterna (sea eso lo que sea), obtendrá como premio la prosperidad. No me gustan las explicaciones religiosas o culturales del diferente desarrollo económico de las naciones, y les explico aquí por qué. Los protestantes anglosajones fueron partidarios e impulsores del libre comercio hace siglos, pero hay también algo del puritanismo protestante, del calvinismo, en la preferencia proteccionista: sigue tu fe y serás recompensado en la tierra antes que en el cielo. Por otra parte, el tópico dice que los países católicos son más reacios a la aventura comercial porque en ellos la pobreza es un valor y la riqueza sospechosa, lo cual no explica la potencia económica de ciudades y países mediterráneos como Génova, Venecia o Portugal durante el Renacimiento, ni el hecho de que fuera Castilla y su reina católica quienes impulsaran la mayor empresa globalizadora de la historia, la que buscaba circunvalar el globo en dirección a Occidente y que dio como resultado el descubrimiento de América. No podemos olvidar que a Cristóbal Colón le movía tanto un interés científico como uno económico, una auténtica constante. Y, sin embargo, fue el nacional-catolicismo de Franco el que cerró España a cal y canto al grito de «autarquía» y convencido de ser la «reserva espiritual de Occidente». Tiene gracia echar la vista atrás y ver cómo convirtieron el Descubrimiento en una empresa espiritual, moral y evangelizadora, despojando a Colón y a la propia reina Isabel de Castilla de su curiosidad científica y de su voluntad emprendedora. El nacionalismo siempre hace lo mismo: convierte la historia en mito y el mito en propaganda.

En Trump, y en todos los populistas, se observa hoy la misma combinación: hablan de economía moralizando, los aranceles no son tanto decisiones económicas como diques contra el pecado, contra la marea negra que viene del exterior. El actual presidente de Estados Unidos siempre está hablando de muros: a veces literales, como el que pretende construir en la frontera con México, y en ocasiones, económicos, como las barreras que quiere poner al comercio y a la inversión. Y aquí llegamos a uno de los aspectos vinculados a esta visión económica más significativos: la inmigración.

Siempre ha sido, sin duda, otra forma de proteccionismo. Los comerciantes del Mediterráneo que imaginábamos al principio de este capítulo volvían a su casa o tal vez no. Algunos de ellos se quedarían en otra tierra, donde establecerían sus negocios o, simplemente, encontrarían trabajo. Se convertirían en inmigrantes. Y, sin duda, se tuvieron que enfrentar a los mismos problemas de incomprensión y rechazo que han atormentado siempre a quienes han dejado su tierra de origen. Los que creemos en el libre comercio, creemos en el beneficio de la inmigración. Un beneficio económico: está demostrado que los inmigrantes son más emprendedores, aunque sólo sea por necesidad, y, además, en poblaciones envejecidas como las de Europa occidental, son la mejor opción para el sostenimiento futuro del sistema de pensiones. Y aportan, qué duda cabe, un enriquecimiento cultural: hablemos de deportes, de cocina, de cine, de literatura o de cualquier aspecto de la vida en sociedad. Resulta desolador pensar quién preside hoy, y con qué agenda respecto a la inmigración, el país que incorporó a su industria cinematográfica a directores como Billy Wilder, Ernst Lubitsch o Fritz Lang (generación que fue relevada por la de Scorsese, Coppola o De Palma, segundas y terceras generaciones de inmigrantes).

Es en el aspecto de la inmigración donde más difieren el populismo de derechas y el de izquierdas. El primero la rechaza abiertamente, el segundo la saluda complaciente. Esto debería aproximar a los liberales y a los izquierdistas, pero no nos engañemos. Si se analiza brevemente, se observa que partidos como Podemos son igualmente reacios a la inmigración y, sobre todo, al intercambio que debería suponer. La inmigración ha sido, a mi modo de ver, una fuerza beneficiosa para el progreso del mundo, pero esto no quiere decir que sea un fenómeno indoloro. El emigrante rara vez lo es por su propia voluntad, sino que suele serlo empujado por las circunstancias. Acepta el desarraigo a cambio de un horizonte de prosperidad que se le niega en su país o región de origen. Corre riesgos (en ocasiones absolutamente excesivos) porque, muchas veces, está desesperado. Huye de la pobreza, pero también de la persecución ideológica, étnica o religiosa. Trata de que no le alcance la guerra. Son circunstancias dramáticas y, sin embargo, en muchos casos, dan lugar a historias de superación y éxito. Encuentran un nuevo hogar, se ponen manos a la obra y contribuyen con su esfuerzo a mejorar la vida en dos países: el de origen, adonde envían remesas con el dinero que logran ahorrar para mantener a sus familias, y el de acogida, donde contribuyen a dinamizar la economía y donde pagan impuestos.

Sin embargo, es un lugar común de la izquierda populista lamentar amargamente que los jóvenes de nuestro país (por hablar de España) se vean obligados a irse fuera por las circunstancias económicas. Y es cierto que la crisis tuvo este efecto, como lo han tenido todas las crisis, económicas, políticas o mixtas (véase hoy el caso de los millones de venezolanos que han salido de su país). Emigrar no suele ser un plato de gusto, pero poder hacerlo es en realidad una bendición. Cuando apenas hay otra alternativa, permite buscar la prosperidad en otro lugar, tal vez temporalmente o quizá para siempre. A mí me gustaría un mundo tan armonioso y perfecto que nunca nadie tuviera que verse obligado a emigrar, que sólo lo hicieran los que lo desearan, pero añorar mundos inexistentes es infantil. La realidad se impone, y cambiar de residencia, de hogar, de lengua seguirá siendo una opción menos mala que quedarse allí donde apenas hay futuro. La izquierda, y en especial la populista, no sabe apreciar esta ambivalencia de los flujos migratorios y tiende a verla como un mal.

Se dirá que, a cambio, están dispuestos a recibir a quienes se ven forzados a emigrar, ya sean inmigrantes económicos o refugiados. Y sí, así es, pero miremos otra vez algo más allá de las apariencias. El modelo de la izquierda para la convivencia es la multiculturalidad, que en su versión más tosca pretende un respeto intocable a las particularidades de cada etnia. Una vez más, es esa visión de las culturas como algo eterno, sagrado e incomparable en sentido literal: no hay una mejor que otra. En cambio, los liberales creemos en el imperio de la ley, que obliga a todos a adaptar sus creencias privadas cuando viven en sociedad. Por supuesto, tales creencias pueden ser valiosas (o no) y no se exige a nadie que renuncie a ellas, siempre y cuando no pretenda imponerlas a los demás ni que otros sufran sus efectos secundarios. El marco liberal, al rechazar la imposición, permite precisamente el mestizaje, la incorporación de ideas y costumbres enriquecedoras, mientras que rechaza las que oprimen. La izquierda parece desear una inmigración profiláctica, aislada, sin verdadero diálogo ni intercambio, una relación como la de los astros en el espacio exterior: simple coexistencia de un número infinito de grupos y subgrupos. No la convivencia plena de individuos iguales.

Con todo, es evidente que en el actual debate sobre inmigración, el liberalismo encontrará un aliado antes a su izquierda que a su derecha. El rechazo al inmigrante se apoya en uno de los instintos más dañinos y difíciles de erradicar que existen: el racismo, el prejuicio de que no todos los seres humanos somos iguales y que el color de la piel, la lengua o el origen étnico son marcadores válidos para detectar al que es diferente a nosotros, es decir, peor. Trump ganó con una campaña racista, igual que el brexit se produjo tras una campaña racista. Es así de crudo y así de sencillo a la vez. El rechazo a la inmigración se apoya siempre en el supremacismo, y el hecho de que en tantas ocasiones se usen argumentos económicos no debería llevarnos a error: una pequeña (y parece que insuficiente) victoria del progreso humano ha sido convertir en inaceptables, en muchas sociedades, las afirmaciones abiertamente racistas, aunque ellos, los racistas, siempre encuentran la forma de sugerir su odio y su vileza. Por eso es tan importante recalcar los logros de las democracias liberales y del libre comercio, recordar lo que hemos conseguido: no por complacencia, sino para mostrar claramente que los populistas y nacionalistas no tienen un modelo alternativo creíble. No sólo hay que combatir los prejuicios racistas, también —y diría que en primer lugar, porque sus efectos pueden ser más rápidos— hay que demostrar que los muros y las expulsiones de inmigrantes no garantizan en modo alguno una vida mejor para los autóctonos. Antes al contrario.

La ofensiva contra el comercio y la alianza de populismos de izquierda y de derecha se ha observado muy claramente en los últimos tiempos a través de los debates relativos a nuevos tratados comerciales, singularmente el firmado entre la Unión Europea y Canadá (el Acuerdo Económico y Comercial Global, CETA, por sus siglas en inglés) y el fallido entre la UE y Estados Unidos (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, el TTIP). Como eurodiputada, he vivido de cerca el proceso del CETA y debo reconocer que la batalla más dura en su contra la dio la izquierda radical (en España, Podemos e Izquierda Unida). A falta de argumentos veraces, se apoyaron en los prejuicios ideológicos para construir un acuerdo de mentira que nunca estuvo sobre la mesa. El hombre de paja ha sido siempre la estrategia preferida del demagogo.

El CETA, finalmente suscrito entre Bruselas y el Gobierno canadiense de Justin Trudeau (en la actualidad un icono progresista) es tremendamente cuidadoso con los derechos sociales y económicos de los ciudadanos europeos y canadienses. Establece que los conflictos entre empresas y Estados se dirimirán con transparencia en un tribunal. Existen cláusulas de desarrollo sostenible que garantizan el respeto al medio ambiente. Se especifica que los países aplicarán sus estándares sociales. Se reconocen mutuamente las cualificaciones profesionales. Y se eliminan aranceles en los bienes y servicios más demandados, lo que beneficiará a consumidores y servirá para crear empleo. Se trata de un buen acuerdo y por eso voté a favor con todo convencimiento.

Sin embargo, desde la izquierda europea más recalcitrante (que no incluye, por supuesto, a los socialistas) se afirmaba que el tratado estaba prácticamente redactado por las multinacionales; que los conflictos se dirimirían al margen de la justicia, mediante acuerdos opacos en ignotas instancias de arbitraje; que ignoraba la normativa internacional sobre medio ambiente; que degradaba las políticas sociales a uno y otro lado del Atlántico; que no reconocía las cualificaciones profesionales de la otra parte. Todo falso. Difundieron sus mentiras con un entusiasmo digno de mejor causa, y decidieron señalar a quienes votamos a favor con una campaña de acoso en las redes bajo el hashtag #culpableCETA. Una culpabilidad que yo acepté y acepto con la tranquilidad de conciencia de quien ha trabajado y usado su capacidad de representación para mejorar las vidas de las personas.

Nunca agradeceré lo suficiente al eurodiputado de Podemos Miguel Urbán que, durante el debate final del CETA en la Eurocámara, rodeara a los diputados de su grupo con precinto. Con aquel gesto tan teatral destinado a las redes sociales quería aparentar profilaxis, pero lo que levantó fue su frontera, su aduana. Su muro. De nuevo, la izquierda antiglobalización se confunde con la derecha: tras sus argumentos económicos y sociales, se esconde un mismo afán de pureza y un deseo de señalar al diferente. Una superioridad moral injustificada.

Esta misma superioridad les lleva a menudo a denunciar a las instituciones internacionales que han facilitado el comercio y que han logrado atenuar sus efectos negativos y acentuar los positivos. Instituciones que son hijas de la posguerra mundial y el fruto de la reflexión de políticos realistas y al mismo tiempo ambiciosos que comprendieron a la perfección la idea liberal de que el comercio aumenta las probabilidades de paz al producir prosperidad y facilitar los contactos fluidos entre naciones. La Organización Mundial del Comercio es quizá la más importante de estas organizaciones en el ámbito que ahora nos ocupa, pero resulta menos apetecible como diana que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Acusadas de forma permanente de bastiones del neoliberalismo (esa etiqueta hueca), lo cierto es que ambas tienen un papel intervencionista y hacen unas propuestas de reformas que, acertadas o no, entran en el consenso básico que protagonizó el siglo XX al margen del bloque comunista.

Pero si hay una institución supranacional que realmente ha dinamizado el comercio mundial y, con ello, aumentado la prosperidad, ésta ha sido, a mi modo de ver, la Unión Europea. En ella se ve a la perfección lo que he ilustrado anteriormente con otros ejemplos: la doble vertiente política y económica del libre comercio. Erigida sobre las ruinas de Europa, la Unión tuvo su modesta semilla en un acuerdo comercial para el carbón y el acero, que en 1957 se transformó en la Comunidad Económica Europea. Su nombre era muy indicativo: el objetivo era económico y, por tanto, lo primero era una unión aduanera que impulsara el comercio entre sus seis Estados fundadores: Alemania, Francia, Italia y los tres del Benelux. Después vendrían la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios. Pero ¿estaban los muñidores del Tratado de Roma pensando en un simple mercado común? Es obvio que no. Los padres de Europa sabían de sobra que el comercio era una vacuna contra la guerra y, a la vez, la mejor forma de colar a los gobernantes el comienzo de un proyecto más ambicioso.

Si se trataba de avanzar en la construcción de una comunidad política, comenzar por el libre comercio permitiría ir creando las condiciones, y así ha sido, con todas sus dificultades y limitaciones. Aunque hoy la Unión ha sido puesta en entredicho por los enemigos del comercio a derecha y a izquierda, la realidad es que se mantiene más robusta de lo que les gustaría creer. Un joven exministro de Finanzas, Emmanuel Macron, ha logrado llegar a presidente de la República francesa con un discurso que exalta los valores europeos y que defiende una globalización amplia aunque vigilada. Sí, el brexit ganó, pero la mitad de los británicos lo rechazaron en las calles con banderas europeas: aunque de forma insuficiente, una cierta identidad política, tolerante y abierta se ha implantado incluso en el siempre escéptico Reino Unido. Nos planteamos ahora cómo mejorar nuestra política exterior y de defensa, qué modelo social deseamos, cómo lograr la igualdad de derechos en toda la Unión y todo empezó con un acuerdo comercial.

Como es bien sabido, la Unión Europea está todavía lejos de ser un estado, y muchas de las principales competencias políticas siguen en manos de los países miembros. De las veintiocho comisarías (una por país, por lo que pasarán a veintisiete si llega a consumarse la salida del Reino Unido), muchas tienen escasas atribuciones y resultan hasta cierto punto superfluas. Otras, en cambio, acumulan un gran poder, y en particular hay una que es la joya de la corona, la que todos desean por la capacidad de influencia que acumula, y que tiene mucho que ver con el tema de este capítulo. Se trata de la comisaría de Competencia, que ocupa en el momento de redactar estas líneas la liberal danesa Margrethe Vestager.

Vestager (y con ella la Unión) ha sido acusada de intervencionista y de enemiga de la libertad económica por las enormes multas que ha impuesto a los modernos gigantes económicos, en particular a Apple, Google, Facebook y Amazon. Se suele decir que Europa castiga a las empresas estadounidenses que es incapaz de crear. El cambio, la innovación, siempre vienen del otro lado del Atlántico, y nosotros, en lugar de recibir a estas nuevas multinacionales con los brazos abiertos, les damos la bienvenida a palos (es decir, a multas). Dejando para un capítulo posterior la cuestión de la innovación en la economía y el problema de por qué Europa no da a luz ninguna Amazon ni ningún Google, conviene señalar que la labor de Vestager consiste en evitar los abusos de posición dominante y la instauración de monopolios. Algo en lo que fue pionero en su día Estados Unidos, aunque ahora parezca haberlo olvidado. Como ya hizo notar Guy Sorman en un artículo titulado «Europa, más liberal que EE. UU.»,[10] «nadie se habría imaginado hace veinte años que, bajo la influencia de la Comisión Europea, Europa se volvería más liberal que EE. UU.». Sin presiones políticas e indiferente a los lobbies, la Unión adopta e impone una posición netamente liberal, de verdadera «economía de mercado», garantizando la libre competencia y dando primacía al interés del consumidor. Mientras, EE. UU. se convierte cada vez más en una «economía capitalista», que da preferencia al accionista de las grandes empresas y grupos de presión que, a su vez, suelen financiar las campañas republicanas.

Las nuevas tecnologías fueron una bella promesa liberal hace unos años, parecía que iban a traernos un poder más horizontal y controlado, nuevas formas de comunicarnos, grandes oportunidades económicas y unas empresas más modernas y respetuosas con los valores del siglo XXI. Es hora de rebajar estas expectativas. Pese a mejoras técnicas indudables que nos han abierto nuevas puertas, los gigantes de la nueva economía tienden a comportarse como lo han hecho las empresas toda la vida: hacen lo posible por ocupar una posición dominante, tratan de ganarse a los gobiernos para que les ayuden y están centradas en su cuenta de resultados. Aprovechan, además, las oportunidades que les da la globalización de hacer malabarismos financieros para pagar los menores impuestos posibles y reducir sus gastos al máximo. Lógico y natural, sí, tanto como que los Estados hagan lo posible por remediarlo. Y, precisamente por la naturaleza de la globalización, hace tiempo que los países europeos cedieron las atribuciones en competencia a la Unión Europea, conscientes de que, si habla una comunidad de 500 millones de personas, las grandes multinacionales prestarán más atención, y si aquélla actúa, será más probable que éstas reaccionen.

Creo en el libre comercio como una fuerza de progreso, pero se trata de una creencia basada en hechos y datos, no es fe ciega. Soy consciente de que la economía de mercado genera ineficiencias que hay que corregir. La tendencia al monopolio que muestran los gigantes mencionados y otros de sectores más tradicionales (energía, infraestructuras, telecomunicaciones) es innegable y amenazadora. Factores como la estandarización o las economías de escala hacen que el primero que llega (o, a veces, el segundo, como ocurrió en la batalla entre Apple y Microsoft por copar los sistemas operativos de los ordenadores personales) se quede con toda la tarta. Y al principio, a casi nadie le importa, hasta que descubrimos que, si no hay competencia suficiente, estamos en manos de un único proveedor que puede hacer con nosotros casi lo que le parezca. El libre comercio necesita instituciones adaptadas a la realidad de la globalización, y la Unión Europea ha sabido en buena medida hacer frente a esta realidad, al menos hasta el momento. Debemos permanecer alerta y detectar lo antes posible los próximos cambios, la nueva revolución económica que lo cambie todo.

Como muchos ciudadanos, sentí al mismo tiempo un escalofrío y el impulso de una carcajada cuando, en noviembre de 2017, en una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico celebrada en Vietnam, un presidente hizo un discurso proteccionista mientras que otro defendió la apertura comercial y el multilateralismo. Lo que motivó mi mezcla de emociones fue que el primero era el presidente de Estados Unidos y el segundo el de China. No es que fuera del todo una sorpresa, al fin y al cabo Trump no engaña a nadie y Xi Jinping no tiene motivos para revertir una tendencia que ha sacado a su país del atraso hasta convertirlo en la segunda potencia mundial. Pero, como ya ha quedado claro en este capítulo, para mí la apertura económica y el libre comercio están tan vinculados a la prosperidad como al progreso moral, social y político, algo que ha representado Estados Unidos durante más de dos siglos y que China está muy lejos de perseguir. ¿Pekín hablando de cooperación y Washington de nacionalismo? Muy malas noticias.

El repliegue de la potencia estadounidense le supondrá graves dificultades a medio y largo plazo. China está dispuesta a aprovechar el hueco que va a dejar en el orden político y económico. No debe lograrlo, al menos no la China actual, que compagina sus poderosas cifras de crecimiento económico —que, a fuerza de repetirse, han dejado de asombrarnos— con la represión propia de las tiranías. Yo celebro, por supuesto, que los dirigentes chinos desde Jiang Zemin hayan sabido abrir los ojos a la realidad económica mundial y, con sus reformas, hayan impulsado la salida de la pobreza de cientos de millones de personas, pero me asusta que ese éxito en lo económico, combinado con el autoritarismo de su régimen, lleve a gobernantes de todo el mundo a tomar su modelo como el más adecuado. Hay motivos para creer que el crecimiento chino tocará a su fin en algún momento (y que todos tendremos que lidiar con las consecuencias), lo que podría ocasionar también una crisis política, pero entre tanto su riqueza sin libertad puede seducir a mucha gente.

No creo que el presidente Trump tenga demasiados reproches que hacer al Gobierno chino en materia de libertades y derechos: ha quedado claro que esto no es una prioridad de su administración. En cambio, cree que si el gigante asiático ha seguido creciendo en las últimas décadas se debe en parte a la debilidad estadounidense. En su mente, el comercio internacional es un juego de suma cero: lo que uno gana lo pierde otro. Sólo en su mente, porque los economistas han demostrado ampliamente que no es así, sino todo lo contrario: es un juego de suma positiva en el que todos pueden ganar. De modo que es de esperar que Estados Unidos continúe con su retroceso en materia comercial mientras que, en cambio, tome a China como modelo en materia de libertades y derechos. Por lo demás, Trump ha demostrado que en muchas cuestiones internas es un republicano más, y ha aprobado un recorte de impuestos que, previsiblemente, traerá un desequilibrio presupuestario y recortes sociales en un país que ya tiene graves carencias en sus servicios públicos, entre ellos los más sensibles, como la sanidad.

Esta situación coge a la Unión Europea en plena crisis existencial, debatiéndose entre el desmantelamiento que piden los nacional-populistas —cuyo primer capítulo habría sido el brexit— y la refundación que prometen Emmanuel Macron en Francia o Ciudadanos en España. No parece que esta circunstancia sea la mejor para intervenir en el nuevo panorama económico, y, sin embargo, ¿cuándo ha vivido Europa un momento mejor? ¿Acaso no han sido sus instituciones mil veces cuestionadas y su caída repetidamente vaticinada? Hablaremos de la UE en otro capítulo, pero ya adelanto que para mí es una realidad política que avanza con los hechos consumados mucho más rápidamente que con la planificación. Lo mejor que podemos hacer para resolver la crisis existencial (si es que tal cosa es posible) es ofrecer al mundo una alternativa a los modelos estadounidense y chino. Es decir, una economía abierta, leal y potente en el libre comercio, garantista en derechos y libertades y capaz de ofrecer a los ciudadanos suficiente protección y seguridad en forma de unos servicios públicos de la máxima calidad, que garanticen la igualdad de oportunidades.

Necesitamos una sola voz europea y una gran visibilidad. Alguien tiene que hablar en nombre de la Unión, de modo que, cuando se comente lo que han dicho Trump y Xi Jinping, no se pueda obviar una tercera voz, liberal en lo económico tanto como en lo político, que dé al mundo la esperanza de acceder a una prosperidad justa y libre. La voz de Europa.

5

Eres liberal si combates las mentiras del nacional-populismo para desactivarlo

El viernes 24 de junio de 2016, el día después del referéndum en el que los británicos votaron en contra de continuar en la Unión Europea, me desperté con una sensación desagradable, con la inquietud de que había ocurrido algo de profunda importancia, algo inesperado. Cuando se conoció el resultado la noche anterior, no sentí el amargo malestar que sentí el día siguiente. Porque una cosa es un golpe y otra saber que sus consecuencias serán permanentes. En el momento de escribir estas líneas, todavía trabajo con la confianza de que el brexit no llegue a consumarse, de que se convoque una segunda consulta en la que se dé a los ciudadanos la ocasión de cambiar de idea, de rectificar. En cualquier caso, aquel día afectó a mis prioridades políticas e incluso a mi forma de expresarme.

La pregunta correcta no es cómo pudo aquello llegar a ocurrir, eso es bastante obvio: los partidarios del brexit hicieron la que fue, hasta entonces, la campaña electoral más sucia y mentirosa que yo había presenciado. Mintieron para apelar a sentimientos poco nobles, en especial el desprecio por los extranjeros, de una parte de la población, en general rural y mayor, que se sentía amenazada. La pregunta de verdad es cómo llegaron a funcionar semejantes patrañas. Por qué la verdad, los hechos, no lograron imponerse.

Digo que el brexit fue un shock, pero no fue exactamente una sorpresa. Ya sabíamos que las encuestas estaban muy igualadas, y el estilo político que había detrás de sus partidarios llevaba fraguando varios años: desde la gran recesión de 2008. Por entonces, el populismo había emergido con fuerza en Europa. Recordemos: Marine Le Pen y Geert Wilders eran los favoritos para ganar las elecciones francesas y neerlandesas de unos meses más tarde; Trump se había convertido, contra todo pronóstico, en el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos; Podemos parecía a punto de convertirse en el segundo partido político español en los comicios que tendrían lugar apenas tres días después; populistas de derechas e izquierdas gobernaban ya Polonia, Grecia o Hungría. Y, sin embargo, el brexit fue el gran puñetazo del populismo en la mesa internacional. Demostró que era capaz incluso de revertir la construcción europea. Algo que, de alguna manera, yo no creía que pudiera llegar a suceder. Y sucedió, lo cual quería decir que todo era posible. La victoria de Trump fue un mal trago para mí como liberal, pero en absoluto me impactó de la misma manera.

De alguna forma, este libro es fruto del brexit. La enseñanza que extraje de aquello fue doble: una es que al populismo hay que tomárselo muy en serio, mucho más de lo que, a mi juicio, nos lo habíamos tomado quienes no somos populistas hasta aquella fecha memorable; y la segunda, y más importante, es que lo contrario del populismo es el liberalismo tal y como yo lo entiendo. Los populistas, de derecha y de izquierda, quieren desmontar el sistema político construido en Occidente desde finales del siglo XIX, despedazado por los totalitarismos de los años treinta y cuarenta del siglo XX y reconstruido tras la segunda guerra mundial. Este sistema ha dado a Europa (primero occidental y luego también oriental), a Estados Unidos, a Canadá, a Australia y —con los matices que se quiera— a muchos otros países del mundo los mejores años de su historia. ¿En qué me baso? En datos sencillos y objetivos: hoy los seres humanos vivimos más y mejor que en 1945, especialmente en los países que han disfrutado de la democracia liberal durante décadas.

Por eso, de las páginas de este libro se desprende una visión amplia, en absoluto sectaria, del liberalismo. Porque creo que lo pueden representar perfectamente un conservador moderado y un socialdemócrata con los pies en el suelo. De hecho, han sido ellos y sus viejos partidos los responsables de buena parte del éxito europeo de la posguerra, mediante un consenso que permitió reconstruir el continente, frenar al totalitarismo comunista y ofrecer seguridad y prosperidad a los ciudadanos. Tras el brexit, las disputas entre el centro derecha y el centro izquierda que tanto dieron que hablar durante décadas parecían de repente rencillas sin importancia. El populismo desafía la pura existencia de la Unión Europea, sin duda el mejor fruto de aquel consenso que Tony Judt[11] describía como socialdemócrata y que, a mi modo de ver, bien podría llamarse liberal. Estar contra Europa es estar contra ese consenso y contra todo lo que ha conseguido. De hecho, los populistas no lo esconden, al contrario. Impugnan el statu quo y prometen un cambio radical para volver a no se sabe qué paraíso perdido o alcanzar un fantasioso paraíso futuro.

Cuando los populistas enseñaron las garras allá por primera vez tras el duro impacto de la crisis económica, la respuesta más común fue la autocrítica. Ante las dimensiones del desastre, ante el paro y la pobreza, ante el rescate del sistema financiero y de economías europeas, era lógico —y lo sigue siendo— preguntarse qué se había hecho mal y cómo podíamos reformar el sistema político para aumentar la igualdad y la prosperidad y para evitar que algo así volviera a suceder. Visto con la ventaja de la retrospectiva, creo que también había algo de negación en aquello. Surgían nuevos actores políticos con mucha fuerza, partidos y líderes nuevos que sabían canalizar el enfado de los ciudadanos y convertirlo en votos. Por entonces, yo formaba parte de la dirección de Unión Progreso y Democracia, un partido joven pero al que empezó a verse como viejo en comparación con el populista Podemos. Nuestro mensaje de cambio profundo pero razonable sonaba tibio y complejo frente al llamamiento a un nuevo orden y a la venganza contra «la casta». Probablemente no supimos aceptar a tiempo que las reglas del juego habían cambiado, y preferimos pensar que era algo pasajero, un síntoma que se superaría si éramos capaces de mostrar a los ciudadanos que sabíamos lo que le pasaba a la sociedad y que podíamos solucionarlo. No comprendimos (no sólo mi partido, tampoco los demás, en España y en los países de nuestro entorno) que aquello iba muy en serio.

La autocrítica no funcionó como medicina contra el populismo. De hecho, creo que lo reforzó. El motivo es que el análisis social, económico y político es siempre complejo, y su debate se llena de matices y condiciones. El consenso de posguerra estaba en crisis y sus protagonistas no se ponían de acuerdo sobre cómo recomponerlo. ¿Debíamos renunciar al Estado del Bienestar y jugarlo todo a la carta de la innovación científica? ¿Era el emprendimiento la única salida al desempleo? ¿Había que completar las pensiones con planes privados o se podía mejorar su financiación? ¿Es la renta mínima la panacea o la puntilla a las finanzas públicas? Con cierta desesperación, académicos, analistas y políticos buscábamos respuestas rápidas, sin ponernos de acuerdo ni entender que no es posible hacer las reformas en dos días. La autocrítica es imprescindible, y este libro quiere ser una contribución a muchos de los debates de nuestros días, pero contra el populismo no iba a bastar. Esto es lo que se me impuso con la fuerza de los hechos consumados al día siguiente del referéndum británico: es imprescindible que el liberalismo dé la batalla en campo abierto contra el populismo.

Hay muchos libros y artículos valiosos sobre la naturaleza del populismo, y dado que éste no es un libro teórico, sino práctico, no entraré en cuestiones abstractas. Baste decir que, para mí, no es tanto una ideología como un estilo político adaptable a la derecha y a la izquierda. Un discurso es populista desde el momento en que identifica (o más bien deberíamos decir construye) una élite malvada que oprime a un pueblo (igualmente construido) virtuoso. De esto se deriva que a este pueblo jamás se le exigen responsabilidades, ya que todo lo malo que le ocurra será siempre culpa de la élite. Ésta, la élite, controla todos los resortes del poder, y de ella forman parte todos los políticos y partidos salvo el populista.

Aparentemente, el populismo aspira a reunir en torno a él al 99 por ciento de la nación, excluyendo únicamente a esa élite escasa pero poderosa. En la práctica, lo que hacen es crear una fortísima división entre los ciudadanos. Al identificar al resto de partidos como cómplices en la trama elitista para tener sometido al pueblo, están acusando de traidores a quienes apoyan a dichos partidos. El populista sabe de sobra que nunca le apoyará el 99 por ciento de la gente, ni aspira a ello ni lo desea. Le basta con un apoyo —en ocasiones minoritario— que simplemente le sirva para acceder al poder. Todos los partidos quieren llegar al poder, pero no todos están dispuestos a hacer pagar a la sociedad el precio que exige el populista: la quiebra de la convivencia.

Porque éste es el problema real: el populismo es contrario al pluralismo, plantea las situaciones en términos de «conmigo o contra mí». Si es «conmigo», gana, y si es «contra mí», también gana, porque puede mantener en marcha la sala de máquinas de su nave política. En todo caso, la «construcción de sentido político» y todas esas elaboraciones teóricas que gustan tanto a los discípulos de Laclau consisten simplemente en polarizar, dividir y poner en riesgo la convivencia entre ciudadanos. No es una hipótesis: observen el triste caso de Venezuela, sumido en una crisis completa y con la convivencia despedazada, de forma absolutamente consciente, por un régimen que sólo sobrevive —en el momento de redactar estas líneas— gracias a que controla los resortes del poder.

La convivencia es, a la vez, un bien en sí misma y la condición imprescindible para los demás bienes. Si hubiera que trazar una historia del progreso humano, quizá el primer elemento que habría que analizar sería la evolución de nuestra capacidad de vivir juntos, sin violencia, resolviendo nuestros conflictos de acuerdo con unas reglas claras, públicas y conocidas, que pueden cambiarse pero no ignorarse. La convivencia puede fallar de dos formas. Una es el enfrentamiento civil de unos conciudadanos contra otros o de unos contra los poderes públicos. La otra forma es la dictadura, la supresión de la disidencia, la resolución del conflicto por vías autoritarias. Ambas conducen a un debilitamiento social que, antes o después, resulta en pobreza, desigualdad e inestabilidad.

Las democracias liberales articulan un sistema político amplio, inclusivo, en el que es posible, incluso, cuestionar la propia naturaleza del sistema. Se ponen muy pocos límites a lo que se puede decir o hacer. En España, por ejemplo, se prohibieron los partidos que colaboraban con los fines de ETA, pero no porque propusieran la independencia del País Vasco o por su ideología totalitaria, sino simplemente porque eran piezas de una máquina de matar. Eran parte de la propia ETA, y su ilegalización fue muy útil para la derrota policial del terrorismo. En otros países, están prohibidos los partidos nazis o comunistas. En todo caso, siempre que es una democracia liberal, existe un margen amplio para la disputa política. La estrategia populista consiste en colocarse con un pie dentro y otro fuera de este margen. Afirman que la supuesta tolerancia es falsa, porque si fuera cierta, gobernarían ellos. Quieren tener a todo el mundo en contra, como logró Trump en su campaña electoral: se enfrentaba al Partido Demócrata, sí, pero también al Republicano. No olvidemos que durante las primarias amenazó con presentarse como independiente si no era elegido. Finalmente no tuvo que hacerlo, pero aquello le alejó del consenso básico estadounidense.

Los populistas nos obligan a elegir: o los ignoramos y nos centramos en la autocrítica o los combatimos en el terreno de la democracia liberal, sabiendo que ellos no respetarán las reglas tradicionales, que ellos no nos dispensarán la mínima cortesía que se debe a un rival en un sistema pluralista. Lo dijo muy bien el candidato socialista francés Benoit Hamon cuando, tras su tremenda derrota en las presidenciales de 2017, apoyó a Emmanuel Macron para la segunda vuelta que le enfrentaría a Marine Le Pen, cosa que no hizo el populista de izquierdas Jean-Luc Mélenchon. «Sé distinguir entre un adversario político y una enemiga de la República», dijo Hamon, queriendo señalar que los populistas carecen de esta capacidad de discernimiento. Para ellos sólo hay enemigos.

El populismo tuvo su gran año en 2016: ganó en el Reino Unido (el brexit) y en Estados Unidos (Trump). También se le puede atribuir parte de responsabilidad en la derrota del primer ministro italiano Matteo Renzi en el referéndum para la reforma constitucional que se celebró a finales de aquel año. Saltó la alarma: en 2017 habría elecciones en los Países Bajos y Francia, donde los favoritos eran los populistas Geert Wilders y Marine Le Pen. También en Alemania, donde seguía al alza el partido ultraderechista Alianza por Alemania. Finalmente, Wilders y Le Pen fueron derrotados, y frente al desasosiego surgió la esperanza que encarnaba el nuevo y joven presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Sin duda, ya debes conocer su trayectoria: formación clásica en lo más selecto del sistema educativo francés, financiero de éxito, ministro de Finanzas en el gobierno socialista de François Hollande, dimisión, creación de su propia plataforma electoral (En Marche) y, en pocos meses, un éxito político con pocos precedentes aprovechando los escándalos en que se vio envuelto el candidato conservador y favorito François Fillon. Ganó como nadie lo había hecho nunca: con una encendida defensa de la Unión Europea y de la globalización como fenómeno más positivo que negativo. Supo leer la crisis de los partidos tradicionales y, en particular, de la izquierda. Y se dirigió a los liberales y moderados franceses que querían un cambio responsable.

Se ha dicho que Macron es también un populista, porque emprendió su propio proyecto político al margen de los partidos para poder situarse como el outsider que desafía al conjunto del sistema. Alabó la capacidad del ciudadano francés de a pie mientras cuestionaba al conjunto de la clase política de su país. No comparto este análisis. Naturalmente, en la competición electoral, los partidos se ofrecen como la única solución, la única opción correcta. Pero no es esto lo que los convierte en populistas, sino la deslegitimación de cualquier otra alternativa. Una cosa es afirmar que «yo lo haré muy bien mientras que los demás nos conducirán a la catástrofe porque están cegados por los intereses» y otra decir que «existe una conspiración contra los franceses en la que están todos menos yo». Puede parecer una cuestión de matiz, pero no es así. La primera frase, por dura que sea, admite la necesidad de llegar a acuerdos una vez que los adversarios, desprovistos del poder, renuncien, al menos, a parte de sus intereses; la segunda frase, en cambio, no deja lugar al consenso, apenas a la rendición.

Sí, Macron atacó a sus adversarios, pero, como Hamon, sabía que la enemiga de la República era Marine Le Pen. Y le plantó cara de forma directa. No sólo combatió sus mentiras y subrayó sus incoherencias, sino que construyó su discurso en torno a lo que más odia Le Pen: la Unión Europea y la globalización. Al hacerlo, Macron consiguió mostrar en muy poco tiempo que él, por joven que fuera, no había salido de la nada ni llegaba sin proyecto. Se hacía heredero del consenso de posguerra y, al mismo tiempo, prometía actualizarlo para llevar a Francia a un nuevo momento de esplendor. No un esplendor nacionalista y aislado, sino uno integrado en el mundo de hoy. Al actuar así, Macron estaba diciendo a los franceses: yo sé lo que quiero, ¿qué es lo que quiere Le Pen, más allá de echar a los extranjeros, sacarnos del euro y sustraernos a la globalización? Macron podía exhibir un modelo, discutible, como todos, pero real. ¿Cuál era el espejo en el que se miraba Le Pen? ¿A qué quería que se pareciera Francia?

Por eso creo que hay que defender los principios de la democracia liberal y sus logros. Por eso creo que debemos hablar del progreso y de lo que hemos avanzado los países de Occidente y los de todo el mundo gracias al Estado de derecho, la democracia y el libre comercio. Realidades todas ellas de origen liberal. Tenemos problemas, de acuerdo; hay mucho por cambiar, de acuerdo; lo que ha servido para el pasado podría no servir para el futuro, de acuerdo. Pero ¿de verdad vamos a renunciar a lo que nos ha traído hasta aquí, a la convivencia en pluralismo y la estabilidad que ofrece, a cambio de unas promesas inspiradas, en el mejor de los casos, por la Rusia de Putin o por la Venezuela de Maduro? Ni Le Pen, ni Mélenchon, ni Iglesias reconocerán que estos son los ejemplos que les sirven de guía, pero tampoco serán capaces de proponer otros. Bueno, sí: Dinamarca, dirá Iglesias. Todo el mundo quiere que su país sea como Dinamarca (salvo los daneses), sin caer en que las democracias escandinavas son hijas del pluralismo liberal y no del populismo.

En la búsqueda de esa quimera escandinava hacemos puerto en Barcelona, que para los secesionistas debía convertirse en la Dinamarca del sur. Decía más arriba que hasta 2016, nunca había visto una campaña tan repleta de mentiras como la del referéndum del brexit. Debo matizar ahora que nunca la había visto fuera de España, porque en mi país había seguido las que habían tenido lugar en Cataluña desde 2012, momento en que comenzó la ofensiva independentista. A decir verdad, si hay un caso que ejemplifique mejor que cualquier otro la naturaleza del populismo es el del nacionalismo catalán. No en vano, se suele hablar de nacional-populismo.

Sus líderes en Cataluña han santificado al pueblo catalán, compendio de virtudes mortificado por una élite (los dirigentes políticos y económicos españoles, a los que suelen referirse como Madrid) que les roba, los oprime y los mantiene alejados de un destino incomparable. Por su discurso se filtra el repugnante supremacismo que considera inferior al español de fuera de Cataluña, una xenofobia que emparenta a estos nacionalistas con Trump, Le Pen o Farage. Los líderes nacionalistas hablan siempre en nombre de Cataluña, como si fuera una realidad homogénea dotada de unos rasgos nítidos que ellos encarnan mejor que nadie. Por supuesto, es falso: Cataluña es tan plural como cualquier territorio del conjunto de España o de cualquier otra parte de Europa, y al hablar en nombre de los catalanes, los líderes nacionalistas llevan décadas marginando políticamente a todo catalán no nacionalista, y ahora, no independentista.

En realidad, los españoles, por nuestro trato habitual con el nacionalismo en las últimas décadas, estamos mejor preparados para combatir al populismo, para no dejarnos sorprender. Lo que ocurre es que muchos no creímos que algo así pudiera suceder en los países anglosajones, que pudieran llegar a tener el éxito que ejemplifica Trump. Creo que esto se debe a que, de alguna forma, hemos compartido con los nacionalistas una visión de nuestro país como una democracia de segunda, incapaz de medirse con las más antiguas del mundo, o incluso con algunas más recientes. Nuestra propia falta de autoestima política e histórica ha servido para prolongar la leyenda negra en el extranjero y para impedir respuestas inequívocas al nacionalismo en nuestro país.

Para nosotros es fácil ver en Trump la misma preferencia por la polarización, la xenofobia y las mentiras que caracterizan a nuestros nacionalistas, pero no ha resultado ser así a la inversa. Demasiados medios extranjeros, en especial de Estados Unidos y el Reino Unido, fracasaron a la hora de identificar a los secesionistas con el populismo que tanto daño está haciendo en sus países. Por su desconocimiento o por nuestra incapacidad para trasladar un relato positivo, demasiados corresponsales recurrieron a Hemingway y a los tópicos sobre la España profunda, visceralmente violenta, franquista todavía.

En el extranjero, la batalla mediática en torno al intento de golpe de Estado en Cataluña ha tenido un resultado incierto, pero por suerte no así la política. Como no podía ser de otra manera, el secesionismo es eurófobo. ¿Cómo no va a serlo un movimiento que pretende levantar fronteras donde la Unión se ha encargado de abolirlas? ¿Una ideología que divide a los ciudadanos según características étnicas y lingüísticas, que ignora el Estado de derecho y la legislación en vigor? Sin embargo, dado que se trata de un populismo contra un Estado miembro, trataron de ganarse a la instancia supranacional y fingieron un europeísmo de cartón piedra que se vino abajo en cuanto quedó claro que las instituciones de la UE estaban con el orden constitucional español. Esto era algo que sabíamos de sobra quienes desde estas instituciones defendíamos la unidad de España, pero la experiencia del brexit y la victoria de Trump nos habían enseñado que ni basta con la autocrítica ni con la verdad, por triste que resulte admitirlo. En respuesta a una carta mía, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, volvió a dejar patente la incompatibilidad de la secesión con el principio de integridad territorial garantizado por los tratados. Y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, me contestó dejando claro que «cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro es una acción contra el marco legal de la UE». Esta respuesta —que agradezco mucho a Tajani— no fue suficiente porque la Unión llegaba tarde (se produjo a menos de un mes del fraudulento referéndum del 1-O). Bruselas no falló en sus principios, que eran nítidos para cualquiera con buena fe, sino en su capacidad de expresarlos. Creo sinceramente que si hubiera habido una respuesta más clara, incuso sobreactuada, tal vez el suflé independentista se habría venido abajo. ¿Cuántos entre los catalanes independentistas hubieran seguido apoyando la causa de haber escuchado sin lugar a dudas que Europa la consideraba un ataque directo? Nunca lo sabremos, pero esta experiencia me reafirma en que al populismo hay que combatirlo sin escatimar medios dialécticos y comunicativos. En tiempos de la posverdad, no queda otra que alzar más la voz, recurrir a todos los canales y repetir cuantas veces sea necesario las verdades del barquero. Como mínimo con la misma persistencia, rotundidad y determinación con las que los populistas repiten sus mentiras.

El caso del golpe en Cataluña debe reafirmarnos también en la importancia de la movilización en su contra, algo que supo interpretar muy bien Macron y que aquí tardamos demasiado tiempo en practicar. Se ha permitido durante demasiado tiempo la identificación del conjunto de los catalanes con el nacionalismo, se ha consentido que sus líderes controlaran la educación y los medios públicos de comunicación y los pusieran a su servicio. Esto produjo una espiral de silencio, la impresión equivocada de que los nacionalistas eran muchos más y de que pronunciarse públicamente en contra era inadecuado o incluso arriesgado. Fue una especie de hechizo que ha durado más de treinta años, hasta que el 8 de octubre de 2017 cientos de miles de catalanes se hicieron a las calles de Barcelona y las llenaron de banderas constitucionales (españolas, catalanas y europeas) en una manifestación sin precedentes que desde entonces hace más difícil (aunque mentir nunca es imposible para un populista) afirmar que había «un solo pueblo» catalán. Confío en que este despertar sea permanente, en que las asociaciones y personas que lo organizaron mantengan el coraje y la fortaleza, y por supuesto, confío en que reciban todo el apoyo de la sociedad española. El objetivo no es «derrotar» al nacionalismo ni hacerlo desaparecer, sino impedir que ellos, los nacionalistas, puedan seguir ignorando a la mitad de Cataluña convirtiendo así la convivencia en tiranía, laminando el pluralismo propio de cualquier sociedad moderna.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución española y la acción de los tribunales a partir de que se aprobaron las leyes que pretendían hacer posible el referéndum del 1 de octubre llevó al fracaso a los golpistas, pero no a la rendición. Todavía continúan y continuarán con la falacia de contraponer la «voluntad del pueblo» a las leyes, como si éstas no procedieran precisamente de la voluntad del pueblo. Es otro clásico del nacional-populismo, que con frecuencia encuentra obstáculos molestos en la aplicación del Estado de derecho y en la separación de poderes, y recurre al pueblo para saltárselos cuando le conviene. Si los secesionistas fracasaron es porque no tenían los resortes del poder, y el Estado español, con todas sus timideces y complejos, terminó por utilizar los legítimos instrumentos de los que disponía en defensa de los derechos de todos los españoles.

Por desgracia, las cosas pueden salir de un modo muy distinto cuando el populismo alcanza el poder. Lo que hará el gobernante populista, invariablemente, es tensar los límites de las instituciones legítimas, forzar la resistencia del sistema cada vez que éste pretenda frenar sus iniciativas o su simple deseo. De nuevo recurro al ejemplo de Venezuela. Aunque el descontento con el régimen chavista es enorme, a pesar de la movilización de la oposición democrática e incluso de su victoria en las elecciones legislativas de 2015, Nicolás Maduro logró resistir en el poder. Cuando la oposición recurrió a un mecanismo constitucional como el referéndum revocatorio, que obligaba al presidente a consultar a los venezolanos sobre su continuidad, Maduro se las arregló para bloquearlo en la práctica, aprovechando la infiltración del chavismo en todos los sectores de la administración y hasta de la sociedad civil. Si ya era un dirigente autoritario, condujo a Venezuela a la dictadura cuando se inventó una Asamblea Constituyente para neutralizar a la legítima Asamblea Nacional, que no podía controlar. Y, cuando los venezolanos volvieron a las calles, la represión fue brutal, con más de un centenar de muertos y varios cientos de presos políticos en las cárceles. La paradoja (sólo aparente) es que el régimen ignoró, en estos casos y en muchos otros, la Constitución impulsada por Hugo Chávez, mientras que la oposición antichavista se limitaba a recurrir a sus disposiciones de forma escrupulosa. Es la prueba de que al populismo la legalidad sólo le merece respeto cuando puede usarla a su favor. En caso contrario, la vulnera.

Otro caso de populismo contra el Estado de derecho se da en Polonia. A diferencia de Venezuela, es un país de la Unión Europea y, por tanto, está sometido a los tratados. Pertenecer a Europa no consiste simplemente en acceder a fondos comunes y participar en el mercado único, sino que implica el respeto a los valores democráticos que hemos heredado de la Ilustración, entre ellos el respeto a la ley y a la separación de poderes. El Gobierno nacionalista polaco, muy derechista, emprendió una cruzada moral contra las libertades y los derechos civiles de mujeres, homosexuales y minorías étnicas. Al chocar con el obstáculo de la legalidad, se propusieron hacerse con el control de la Justicia. En uno de los golpes más surrealistas a la independencia judicial jamás vistos, al fracasar en la designación de jueces afines para el Tribunal Constitucional, dejaron de imprimir sus sentencias en el boletín oficial, de modo que no llegaban a entrar en vigor. Este hecho y otros de sus proyectos han llevado a las instituciones comunes, por primera vez, a pedir la aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que permitiría suspender el derecho de voto de Polonia en el Consejo Europeo por un caso de violación muy grave de los valores en los que se inspira la Unión. En éste, el Estado de derecho y la separación de poderes.

Aunque el artículo 7 no se ha aplicado nunca, sí se ha solicitado en otras ocasiones. Por ejemplo, Podemos pidió desde el Parlamento Europeo su aplicación contra España. La excusa era la actuación policial del 1 de octubre. Obviamente no prosperó, pero lo menciono porque muestra las contradicciones del populismo de izquierdas, y en particular de su versión española.

Como todo el mundo ha podido comprobar, Podemos, bajo su inane lema de «ni DUI ni 155», ha favorecido sistemáticamente al secesionismo en Cataluña. Esto le ha costado varios puntos en la intención de voto, lo que ha llevado al partido a preguntarse qué está haciendo mal. Es una pregunta fácil de responder: ante una crisis nacional que pone en riesgo la unidad del país, Podemos no tiene una respuesta satisfactoria para la mayoría de los españoles. Su propuesta de la España plurinacional fracasa porque nadie la entiende: entre tantas nacionalidades desaparece precisamente la española, y ante esta situación, los ciudadanos, incluso muchos que podrían apoyar a Podemos, se preguntan en qué lugar los deja aquello. Se diría que Pablo Iglesias los quiere forzar a ser riojanos, andaluces o murcianos, pero nunca españoles, o en todo caso, no demasiado. Esto no había tenido demasiada importancia hasta que la situación en Cataluña se volvió límite, y los ciudadanos interpretaron el «ni DUI ni 155» como un «no nos gusta España».

El populismo es incapaz de entender la nación democrática. En general, el de derechas se aferra a identidades tradicionales que utiliza para movilizar y polarizar. Manipula la historia y la sociología, rastrea hechos diferenciales y señala o invisibiliza al disidente, al extranjero. El de izquierdas, en cambio, rechaza cualquier identificación nacional como fascista (más todavía en el caso de España), quiere crear sus propias divisiones sociales y por eso siempre termina poniéndose de parte de quien quiere debilitar al Estado. En cambio, los liberales entendemos que ser español hoy —como ser francés o alemán— significa ser ciudadano, titular de derechos y libertades contemplados en nuestro ordenamiento legal. Esto es algo que da tranquilidad y esperanza a los españoles, que se saben partícipes de la soberanía nacional, dueños de su destino, que es compartido con el resto de los ciudadanos europeos. Como es lógico, no quieren que les arrebaten su soberanía ni sus derechos, y sin que sea necesaria ninguna exaltación nacionalista, son capaces de llenar las calles de Barcelona para recordar a todos que no están dispuestos a que los silencien.

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Eres liberal si quieres más participación y mejor democracia para los ciudadanos

Los bolcheviques pedían todo el poder para los soviets y los liberales queremos todo el poder para los ciudadanos. Los primeros lo consiguieron y la cosa acabó como ya sabemos; los segundos hemos conseguido avances, pero siempre debemos pensar de qué manera transferir más capacidad desde las instituciones hacia la gente, cómo abrir nuevos canales de participación y lograr que se involucren, que se sepan decisivos.

En esto parece que coincidimos con la izquierda, o con parte de ella al menos, que también reclama más participación, hasta el punto de contraponer las decisiones que toman los partidos, los gobernantes y las autoridades —según su relato, siempre pensadas en beneficio de ciertas élites y en perjuicio del pueblo— frente a lo que deciden los ciudadanos por sí mismos cuando se les da la posibilidad y se eliminan los intermediarios. Suena muy bonito, y sonaría todavía más si no contrastara tanto con la forma en que se comportan dentro de sus propios partidos, en los que tienden a silenciar a los críticos y a la disidencia. En esto no logran diferenciarse demasiado de sus rivales de la derecha.

Y es que la cuestión de cómo lograr unas decisiones más democráticas no se presta bien a los mensajes simples, a los eslóganes gastados. La retórica populista (tanto de izquierdas como de derechas) insiste en que el pueblo es un ente homogéneo que comparte los mismos intereses y las mismas prioridades. Vox populi, vox Dei (la voz del pueblo es la voz de Dios), de modo que basta con escuchar y ejecutar. Los representantes y cargos son simples conductores de la voluntad inequívoca del pueblo. Es una visión puramente religiosa que convierte a los políticos en sumos sacerdotes, es decir: en gente que se finge sierva, pero que en realidad administran el acceso al conocimiento sagrado.

La verdad es que en ningún lugar existe «un solo pueblo», expresión con tristes antecedentes nacionalsocialistas que han adoptado sin escrúpulos los nacionalistas catalanes y hasta Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. La ciudadanía es compleja, está dividida en grupos, cada grupo tiene intereses que son contrarios a los de otros grupos, y cada individuo puede formar parte de varios grupos a la vez. Así que «la voz del pueblo» se parece mucho a un transistor de los antiguos, sin antena, en lo alto de una montaña cuyo dial movemos con desesperación intentado dar con una frecuencia que se escuche. Ésta es la realidad de la que debería partir cualquier político, liberal o no: vivir en sociedad no significa eliminar el conflicto, sino asumirlo, gestionarlo y, con mucho esfuerzo, canalizarlo para convertirlo en la energía que hace progresar un país.

Lo que es fundamental para cualquier cargo o quien aspire a serlo es convertir esa aparente cacofonía en algo comprensible, en un coro que tal vez no afina, pero en el que podemos distinguir las diferentes voces, los mensajes que se nos envían. La política no puede ser una torre de marfil, una cámara de aislamiento ni un club de debate para iniciados. Las puertas tienen que estar abiertas y nuestros oídos dispuestos a escuchar a todo ciudadano que desee expresarse, quejarse, proponer o exigir. Esto no quiere decir que tengamos que darle la razón, ni que la tenga necesariamente, pero ignorarlo, pretender que no existe, es mucho más que una falta de respeto: es el mayor error que se puede cometer.

Una de las comisiones en las que participo en el Parlamento Europeo es la de Peticiones, que, precisamente, escucha, analiza y tramita todo aquello que los ciudadanos nos hacen llegar por una vía oficial. Es una labor interesantísima, que me pone en contacto con personas y problemas a veces conocidos, pero muchas veces desconocidos, locales, muy concretos, y no por ello menos interesantes o importantes. En las audiencias, descubro lo que preocupa realmente a mis conciudadanos españoles y de toda Europa, que no siempre tiene que ver con las portadas de los periódicos o con lo que dicen las encuestas. La labor de esta comisión es un ejemplo de atención y servicio a los ciudadanos que deberían imitar muchos parlamentos nacionales o regionales, por eso dedicamos mucho esfuerzo a darla a conocer y hacerla eficiente y operativa.

La cercanía de los cargos y de las instituciones es una aspiración que suena en ocasiones demasiado vacía. A veces se reduce a la apariencia, a subir fotos a Instagram, a vestirse «como se viste la gente normal», a acudir a tal fiesta popular, eso sí, siempre con un fotógrafo y un community manager cerca de ti, no vaya a ser que nadie se entere y aquello termine siendo simple y pura diversión. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Los ciudadanos no son tontos, y saben distinguir muy bien cuándo un político es cercano de verdad o cuando simplemente lo simula. No me engaño: soy consciente de que en este ámbito (y en muchos otros) la apariencia es importante, que hay servidumbres, pero me parece que se trata de escuchar de verdad, no de que parezca que lo haces. No sólo porque, antes o después, se va a notar que no es así, sino porque un resultado eficaz dependerá de que hayas hecho bien tu trabajo. Y para comprender y actuar, primero tienes que escuchar.

Aunque nadie llega a plantearlo en términos tan crudos, en los últimos años ha revivido el viejo debate entre democracia representativa y democracia directa. Movimientos como el 15-M advertían ya de la brecha y reclamaban más poder de decisión. Paradójicamente, el 15-M demostró a los más desprejuiciados de los que participaron lo complicado que es el acuerdo en una comunidad donde cada cual tiene sus preferencias. Sin embargo, quedó como lema para el recuerdo el «no nos representan». Y, hasta que Podemos se reclamó depositario de sus esencias —cuando el movimiento ya había dejado de existir y se podía manipular sin problemas lo que había sido—, pareció que se abogaba por formas asamblearias de decisión y participación.

No creo en la democracia directa ni en la asamblearia, porque reducen (hasta eliminarlos) los conflictos de intereses, valores y percepciones y la complejidad social que hay en todo colectivo suficientemente grande. El sistema asambleario conduce a debates interminables, poco prácticos, confusos, pero esto no es lo malo. Lo malo es que, después del debate, viene la votación, y la mayoría termina haciéndose pasar por «la voz de Dios». En contra de lo que puede parecer, esta forma directa de democracia, en lugar de proteger a las minorías, puede servir para laminarlas. En lugar de dar más poder al ciudadano, puede dar todo el poder a algunos ciudadanos. Y esto sin hablar de las múltiples formas que pueden encontrar los gestores de las asambleas (quienes deciden las formas del debate) de disponer todo de tal forma que el resultado sea el que ellos desean. Es curioso, además, cómo algunos de los más cercanos al asamblearismo tienden a desconfiar de la separación de poderes y de los frenos y contrapesos de la democracia liberal.

La democracia representativa también se basa en la regla de la mayoría: los ciudadanos van a las urnas, votan, y el más votado es el que gana. Sin embargo, tanto los sistemas presidenciales como los parlamentarios disponen de mecanismos y garantías para que se respete la representación de las minorías, y por tanto, en última instancia, los derechos de las personas que a ellas pertenecen. Por eso fue tan grave y tan vergonzoso lo que ocurrió en el Parlamento de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando la mayoría parlamentaria secesionista (que ni siquiera tenía mayoría en votos) violó las normas de la propia institución y actuó contra el criterio de los letrados y contra las resoluciones del Tribunal Constitucional para aprobar las leyes que daban supuesta cobertura al referéndum secesionista que se celebraría el siguiente 1 de octubre. Ignoraron las normas que impiden a la mayoría pisotear los derechos de la minoría para celebrar una consulta que no sólo sabían ilegal, sino que nunca pretendió contar con la participación de los catalanes contrarios a la independencia. Este caso demuestra que la democracia directa y la lógica de la mayoría (que, insisto, ni siquiera tenían los secesionistas) pueden ser antidemocráticas y autoritarias cuando tienen lugar al margen del marco legal que protege a todos los ciudadanos de los abusos del poder. Nos extenderemos sobre las ambivalencias de los referendos más adelante.

Afirmar que prefiero la democracia representativa a la directa puede sonar a poco, ya que la primera puede organizarse de tantas formas que obliga también a elegir entre unas y otras. Es obvio que un sistema parlamentario mal organizado, sin mecanismos de participación, rendición de cuentas y control, puede terminar siendo la antesala de la tiranía, o incluso la tiranía en sí misma. Cuando hablo aquí de este tipo de sistemas me refiero a los que disponen de garantías suficientes y mecanismos regulatorios, por más que podamos estudiar cómo ampliarlos y mejorarlos. Pero una diferencia que, incluso en estas condiciones, sí resulta relevante es la que hay entre los sistemas electorales proporcionales y los mayoritarios.

Ambos tienen pros y contras. Como ya sabrás, para la mayoría de las elecciones en la mayoría de los países de cierto tamaño, se divide el territorio en circunscripciones electorales, y cada vecino vota en la que le corresponde. Si el sistema es mayoritario, cada circunscripción elige a un solo representante: el que saca más votos es elegido para el cargo. Igual que en la canción de ABBA: The Winner Takes It All, el ganador se lo lleva todo y los perdedores se van de vacío. En los sistemas proporcionales, los cargos se reparten en función de los votos obtenidos: el partido ganador, según la diferencia que saquen los demás y la fórmula de recuento, puede obtener más cargos (normalmente, escaños), pero los demás partidos, si superan un umbral mínimo, también pueden lograr representación. Estados Unidos, Francia o el Reino Unido tienen sistemas mayoritarios; España y muchos otros países de Europa tienen sistemas proporcionales.

En los primeros, el que gana es mucho más el candidato que el partido. Se vota a una persona, que además hace campaña local, cercana y se convierte en una cara conocida. Está muy ligado a los problemas e intereses de su circunscripción y la disciplina de partido le alcanza sólo hasta cierto punto. Si su formación le pide que vote una ley que tiene consecuencias negativas para la gente que le ha votado, es posible que se niegue y ponga al partido en una tesitura complicada. En el lado negativo, está que este tipo de sistemas favorece el bipartidismo (los partidos pequeños tienen muy pocas opciones, lo que lleva a los electores a inclinarse por el voto útil). También dificulta la adopción de políticas de Estado cuando éstas puedan suponer un desgaste electoral al representante en su circunscripción.

En los sistemas proporcionales, se vota antes al partido que al candidato. Cuando hay elecciones generales en España, los votantes eligen un Parlamento, pero saben que de él saldrá también un gobierno, así que eligen la papeleta pensando en las siglas y en el candidato presidencial, independientemente de que su nombre aparezca en la lista o no. De hecho, muchos ciudadanos no se molestan ni en mirar el nombre de los candidatos a los que están votando y no llegan a saber quiénes son los diputados o senadores elegidos por su circunscripción (en el caso de España, la provincia). El resultado es que los representantes son soldados del partido, sometidos a una dura disciplina, y alejados de sus electores, ya que no dependen de ellos para ser reelegidos, sino de los dirigentes de su partido que deciden las listas electorales. A cambio, el sistema proporcional facilita la entrada en el Parlamento de opciones que pueden dar voz a las minorías, y aunque esto puede complicar la gobernabilidad, también puede facilitar la adopción de políticas de Estado al permitir configuraciones de mayorías variadas.

De alguna manera, el sistema mayoritario de circunscripciones uninominales está más unido a la tradición liberal, tal vez por su presencia en los países anglosajones. Cuando oímos en las películas y series estadounidenses eso de «voy a escribir a mi congresista» no es ninguna fantasía, es algo que ocurre: el ciudadano se dirige al representante de su circunscripción, quien se supone que debería escucharle con atención. El cargo público, por su parte, viajará con frecuencia al territorio que lo eligió y hará un esfuerzo por conocer los problemas de la gente, porque la reelección le va en ello. Sin duda, esto es cercanía entre electores y elegidos. Además, aunque existe disciplina de partido, ésta no es irrompible. Algo parecido nos ocurre en el Parlamento Europeo: yo pertenezco a ALDE, el grupo liberal-demócrata, pero no siempre voto con mis compañeros. Para todos los eurodiputados es muy importante cómo una medida va a afectar a su país: no sólo nos preocupa porque sea el nuestro, sino también porque son nuestros compatriotas los que nos eligen.

Y, sin embargo, yo prefiero el sistema proporcional. Por una parte, porque impide que minorías importantes sientan que no se les representa. Por otra, porque favorece el surgimiento de partidos nuevos que pueden convertirse en alternativa y renovar así el panorama político. Pero, sobre todo, porque aumenta el valor del voto de la mayoría de los ciudadanos. Un republicano en un estado ampliamente demócrata de Estados Unidos, es un ciudadano cuyo voto puede no contar durante décadas. Pero incluso un demócrata en ese mismo estado es un ciudadano cuyo voto tampoco va a ser decisivo. En el sistema estadounidense, el poder lo tienen al final unos cuantos votantes de los swing states, aquellos que una vez se decantan por un candidato y la siguiente por otro. Son sus habitantes, y en particular aquellos suficientemente desideologizados como para cambiar su voto, los que pueden decidir quién preside el país. Y lo mismo ocurre en las circunscripciones para el Congreso: algunos condados llevan décadas eligiendo siempre al candidato del mismo partido, sea quien sea.

El voto es lo más valioso que tiene un ciudadano en democracia, y es importante que se perciba su valor. De hecho, un problema real en nuestro país es que, siendo nuestro sistema proporcional, a veces tiende a parecer mayoritario. Hay muchas provincias en las que apenas se eligen a dos, tres o cuatro diputados, lo que hace casi imposible la elección de partidos emergentes o minoritarios y ofrece resultados iguales o muy similares comicio tras comicio. Se da la circunstancia, además, de que estas provincias —las menos pobladas— tienen un mayor peso en función del número de habitantes. Hasta la fecha, esta configuración favorece a PP y PSOE a nivel nacional y a los nacionalistas en Cataluña (de hecho, explica por qué los secesionistas tienen mayoría de escaños sin mayoría de votos). La reforma electoral es una reclamación seria y razonable, aunque una de las más difíciles de llevar a cabo: los partidos mayoritarios la rechazan porque se benefician del sistema actual, y los partidos que la defienden desde la oposición cambian de opinión, frecuentemente, cuando alcanzan el poder porque para entonces son ellos los que salen ganando.

Las propuestas que existen para mejorar la proporcionalidad del sistema electoral suelen recibir la crítica de que dificultan la gobernabilidad, y por tanto la estabilidad política. No es una objeción banal. La capacidad de gobierno es importante, y al aumentar la proporcionalidad también aumenta la fragmentación parlamentaria: más partidos, más voces, más vetos y menos mayorías. Los españoles asistimos con preocupación en 2016 a una repetición de las elecciones debido a los vetos cruzados tras la irrupción en el Congreso de dos partidos —Ciudadanos y Podemos— con un número significativo de escaños. Una mayor proporcionalidad consagraría esta situación o incluso la complicaría aún más. Sin embargo, existen países que llevan mucho tiempo resolviendo estas circunstancias con acuerdos plurales y con rotaciones. Cuando explico esto suelen decirme que me refiero a países del norte de Europa, con otras culturas políticas, con mayor tradición democrática, en definitiva, más civilizados que el nuestro. Rechazo por completo estas explicaciones: es el diseño institucional, el sistema político (y en particular el electoral) lo que configura la cultura política, y no al revés. Adaptemos el sistema, obliguemos a los partidos a entenderse, y en unos años mejoraremos la cultura del pacto en España. Es asombroso cómo, a pesar de las tremendas transformaciones de nuestra sociedad, mantenemos ese prejuicio contra nosotros mismos de que somos incapaces de cambiar.

Con todo, el sistema proporcional exige la creación de mecanismos que corrijan sus defectos, en particular, la falta de conexión entre representantes y representados y la creación de sistemas de partidos fuertemente cerrados, incluso autoritarios. La solución que se suele dar más habitualmente es la democracia interna, una obligación constitucional de los partidos que suele materializarse, en el mejor de los casos, en primarias y otros procesos para elegir los órganos de la formación política. Las primarias son una exigencia de los españoles a unos partidos que ven como entes cerrados, controlados por camarillas y ajenos a la ciudadanía. Poco a poco, se han ido abriendo camino y los partidos nacionales, salvo el PP, las practican con frecuencia.

Yo soy partidaria de las primarias y de la democracia interna en general. Soy consciente de que los aparatos de los partidos tratan de ejercer su influencia para obtener los resultados que desean, pero ni esto es malo en sí mismo, ni tiene solución, ni tiene por qué desvirtuar los resultados, siempre que los mecanismos sean los suficientes como para que cada cual tome su decisión en secreto y libremente. Esto otorga legitimidad a los candidatos elegidos, que se presentan ya con un cierto aval democrático más allá del proverbial «dedazo» del mandamás de turno. Esto es lo que me hace ser partidaria de las primarias, pero no se me escapan sus peligros.

Lo hemos visto muchas veces últimamente: un dirigente de un partido recibe una gran presión para tomar una decisión y decide consultar con la militancia. Nadie puede decirle nada, es democracia interna. ¿O sí podemos decirle algo? En muchas ocasiones, la presión no procede sólo de grupos de poder extraños al partido, sino de sus propios votantes, y la decisión del dirigente de consultar a los afiliados se debe a que sabe que estos sí le apoyarán. El problema viene de la distancia entre votantes y militantes. Los segundos no son ciudadanos corrientes: están más implicados, tienen una mayor conciencia política, están más informados. Esto es positivo, pero suele conllevar posiciones ideológicas más rígidas, que no se identifican necesariamente con las de sus votantes. Así que los afiliados, por extraño que suene, pueden terminar votando en contra de los votantes de su partido, lo cual puede ser útil en momentos determinados para que un dirigente mantenga su puesto o se salga con la suya. ¿Cuál sería la solución? Que el ciudadano medio se afiliara a un partido para que su opinión se viera reflejada en las decisiones que éste tomara. Y que la participación no fuera cosa de un porcentaje pequeño de personas muy motivadas, pero tal vez sesgadas.

Si hablamos de los referendos, éstos no tendrían, en principio, este problema. Se consulta al conjunto de la población, por lo que sus preferencias no estarán sesgadas. ¿Qué puede haber más democrático? Los gobernantes de hacen a un lado y se limitan a organizar la consulta, como los científicos que montaban la plataforma para recibir a los extraterrestres de Encuentros en la tercera fase: disponían los medios para escuchar lo que tenían que decirles. Y así sucede en los plebiscitos que invocan la voz del pueblo como la voz de Dios. ¿Verdad?

Pues no. Es falso o, como mínimo, media verdad. La experiencia reciente nos ha demostrado cómo los referendos plantean dilemas muy serios: pueden arrojar resultados antidemocráticos o incluso ser ejercicios antidemocráticos en sí mismos. Respecto a este último caso, ya hemos hablado del caso de Cataluña el 1 de octubre de 2017: una consulta fuera del marco legal jamás puede ser democrática, y menos todavía cuando lo que sus impulsores llamaban «el derecho a decidir» consistía en sustraer al conjunto de los españoles su derecho a decidir, tal y como está consagrado en la Constitución.

Obviamente, una consulta de este tipo es fácilmente manipulable. Es más, podemos estar seguros de que quien la convoca tiene intención de manipularla. Pero incluso una absolutamente legal y conforme a derecho es susceptible de convertirse en una lamentable escalada de mentiras. El caso más triste fue el referéndum del brexit en junio de 2016. El entonces primer ministro, David Cameron, en uno de los errores políticos más clamorosos que se recuerdan, convocó a los británicos creyendo que votarían por la permanencia. Se encontró con una campaña repleta de falsedades, algunas tremendamente groseras y racistas, que no supo neutralizar (entre otras razones, porque en buena medida venían de sus propias filas) y el resultado fue el contrario al que él esperaba. Después se supo, además, que Rusia había intervenido a través de hackers y con noticias falsas, por supuesto a favor del bando que pretendía debilitar a la Unión Europea.

Sólo un tiempo después, tras largos meses de negociaciones, se comprendió que lo que se presentaba como una decisión sencilla (quedarse o irse) era en realidad tremendamente complejo. Un verdadero callejón sin salida, que afectaba a infinidad de tratados internacionales, a las relaciones diplomáticas y comerciales, a cuestiones de seguridad y, lo que es más importante, a los derechos de millones de ciudadanos. Algunos efectos de la salida podían preverse, pero la mayoría de ellos apenas podían intuirse. Una decisión así hubiera merecido, antes de la campaña electoral, un debate profundo y sosegado, con muchos aspectos técnicos, tal vez difícil de comprender para la mayoría de la gente. Su resultado tendría que ser, al final, puesto entre interrogaciones. En el referéndum del brexit, lo único seguro era la incertidumbre. ¿No habría sido más sensato debatir algo así en las cámaras legislativas y que lo votaran los lores y los comunes antes de llevarlo a las urnas del referéndum?

Pero mi principal argumento contra este tipo de consultas no son las mentiras ni la complejidad, sino el hecho de que en un día concreto, elegido de forma más o menos arbitraria, una pequeña mayoría puede decidir en contra de una gran minoría. Ganó el brexit y los partidarios de la permanencia lo perdieron todo, como sucede en los sistemas mayoritarios. Si el resultado se hubiera reflejado en un parlamento, se habría podido debatir y llegar a una solución de compromiso, a una salida condicionada o a una nueva negociación con la UE. Algo que no hubiera lanzado a los perdedores el mensaje de que ahí os quedáis, sin capacidad siquiera de protestar porque, oye, esto es democracia. Bien, un segundo referéndum también sería democracia. ¿O es que no tienen los británicos el derecho a cambiar de opinión? Y lo mismo pasaría con un tercero y un cuarto.

Creo en dos tipos de referendos: en los nacionales cuando se trata de legitimar decisiones que afectarán a generaciones, como un cambio constitucional, y siempre después de un amplio debate parlamentario que logre un consenso amplio entre los representantes de los ciudadanos. Y también creo en las consultas locales para cuestiones de cercanía, siempre que estén bien organizadas. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por un satélite de Podemos, planteó recientemente una serie de preguntas a los ciudadanos, pero se hizo de tal forma que la respuesta fue escasa y, en algunos casos, inútil, ya que invadía competencias que no eran municipales. Sin embargo, valoro la iniciativa y confío en que se mejore en el futuro. Es necesario dar más información, evitar sectarismos, dejar claras las alternativas y ceñirnos las competencias. Y evitar «balcanizaciones» municipales como la que llevó a preguntar a los vecinos del barrio de Valdebebas por el nombre de un parque situado en su distrito pero que podemos usar todos los madrileños. ¿Y si los vecinos del Retiro decidieran rebautizar a su histórica zona verde como Parque Ana Botella? ¿Qué le parecería entonces a la alcaldesa Manuela Carmena y a los suyos? No utilicemos las consultas ciudadanas para separar y dividir.

Desde una perspectiva liberal, hay muchos caminos posibles para avanzar hacia más democracia y mayor participación. Yo creo que las instituciones deberían estudiar las iniciativas de gobierno abierto y las posibilidades que ofrece la tecnología. La rendición de cuentas debería ser algo que se llevara a cabo de forma continua y que estuviera siempre disponible para cualquier ciudadano con acceso a internet. No me hago ilusiones, sé que la mayoría de las personas tienen mucho que hacer y que no encontrarán el momento para revisar un contrato o la ejecución de un presupuesto, y que por sencilla que sea la forma de presentar la información, siempre resultará un tanto abstrusa. Pero siempre habrá una asociación o un medio que se encargarán de buscar fallos con sano afán fiscalizador.

En cuanto al contacto directo, está claro que las redes sociales ofrecen grandes oportunidades. Las uso con frecuencia y me sirven para estar en contacto con los ciudadanos españoles, europeos y de todo el mundo. No comprendo a los políticos que eligen no estar en las redes ni a los que las gestionan de modo impersonal, como con guantes de látex. Soy consciente de los riesgos que entrañan para la reputación si olvidamos su enorme alcance, pero a estas alturas, la mayoría hemos aprendido cómo usarlas adecuadamente. Son útiles, diría que imprescindibles, para un político moderno.

Sin embargo, creo firmemente que hay dos aspectos que no pueden ser sustituidos por el contacto virtual. Uno es el liderazgo. Desconfío de los políticos que afirman que ellos se limitan a escuchar y a obedecer la voz del pueblo. Mi experiencia es que los ciudadanos, por supuesto, quieren que les escuchen, pero también esperan liderazgo y posicionamientos claros, alguien que los guíe por el tormentoso mar de la política, que dé los pasos necesarios o incluso que introduzca en la agenda los temas que nadie trata. El liderazgo democrático no es una forma de autoritarismo, todo lo contrario: es un diálogo leal y sincero con los ciudadanos. En esto creo que el liberalismo insurgente y reformista da en el clavo. Porque si de verdad aceptas la igualdad de todos los seres humanos y la defiendes, no puedes caer en la trampa de sentirte superior, ni encerrarte en una burbuja de cristal, ni creerte de una clase diferente. El pragmatismo con principios es, nuevamente, de rigurosa aplicación aquí.

Las redes sociales tampoco pueden sustituir el contacto real, físico, concreto con la población de un país, con los votantes y con todos los que en él viven. El profesor canadiense Michael Ignatieff explica en sus excelentes memorias políticas[12] su dolorosa derrota política cuando pasó del mundo académico a la contienda electoral, y una de las lecciones que extrajo es que para un candidato es imprescindible saber lo que ocurre en los pueblos, en los barrios, en las calles de su país. «Mientras la democracia exija este conocimiento de los asuntos locales a los políticos —explica—, mientras haga de ello la prueba de credibilidad y la confianza, el país irá bien. Tan pronto como la democracia pierda su vinculación con lo físico, tan pronto como el lugar de la política no sea el salón de actos, la sala de estar, el restaurante o el bar local y resida únicamente en la pantalla de televisión y en una página web, tendremos problemas, porque estaremos totalmente en manos de los asesores de imagen y de las fantasías que inventan.»

En efecto, el contacto con los ciudadanos, eso que llamamos cercanía, no puede ni debe ser algo impostado, calculado, previsto. Tiene que responder a un conocimiento real, a una preocupación auténtica, a un genuino interés. Que nadie espere revelaciones ni epifanías al recorrer el territorio y hablar con la gente. No encontrará una solución mágica ni una fórmula para contentar a todos, porque tal cosa no es posible. Al contrario, lo que aprenderá el político que actúe así es que el pluralismo es más que una proclama, es la forma en que se entrelazan intereses, problemas y preocupaciones contrapuestos. Entenderá que lo cotidiano, la vida en sí, no es una abstracción, sino que tiene nombre y apellidos. Y también asumirá, como dice la frase adjudicada a Platón, que hay que ser amable siempre, porque cada persona que te encuentras está librando su propia batalla, de la que tú no sabes nada.

El trabajo del representante público es comprender a todo el mundo, no agradar a todo el mundo. Es buscar lo que tenemos en común, pero no inventarnos un pueblo ficticio en el que no existen las diferencias. Debemos ser ecuánimes, lo más justos que podamos, y cuando estemos ante alguien que, a nuestro modo de ver, no tiene razón, comprender que, al menos, tendrá sus razones. La ansiedad, la desconfianza en el futuro y el cambio acelerado pueden llevar a muchas personas a tomar actitudes negativas, tal vez dañinas, y tenemos la obligación de decirles que se equivocan. Pero si de verdad queremos acabar con esas actitudes, más nos vale escuchar atentamente, comprender qué miedos se esconden tras la máscara agresiva, qué problemas reales. Porque, seguramente, serán distintos de los que tengo yo, mi familia, mis amigos. La política debe ser empática, y para ello tiene que ser más que democrática: tiene que ser cercana.

7

Eres liberal si estás dispuesto a revisar el papel del Estado con visión de futuro

Seamos conscientes o no, los ciudadanos extraemos nuestras preferencias políticas de una cierta idea sobre el ser humano. Siendo muy esquemáticos, esta idea puede ser optimista o pesimista. Los optimistas creen que las personas son buenas por naturaleza y que ciertos elementos de la realidad las echan a perder, bien porque las llevan a cometer maldades o bien porque las condenan a la esclavitud. Los pesimistas, en cambio, creen que las personas están llenas de malos instintos y que si no se interviene con un proceso civilizatorio, terminan en la guerra de todos contra todos. Simplificando mucho, sería la visión de Rousseau contra la de Hobbes.

En ocasiones, se identifica el optimismo con la izquierda y el pesimismo con la derecha. Ciertamente, algunos optimistas creían que la injusticia y el sufrimiento eran consecuencia de largos procesos históricos que había que corregir mediante una fuerte intervención, mediante un proyecto esencialmente educativo que diera lugar a un hombre nuevo. Para ello, el Estado tenía que acumular un enorme poder con el que llevar a cabo su supuesta función pedagógica, ya que la tarea implicaba controlar cada aspecto de la vida de las personas, a las que se veía como una plastilina totalmente maleable. Sí, estoy hablando del comunismo.

Tan importante como sacar las consecuencias correctas de los hechos es tratar de ver las cosas como las vieron nuestros antepasados, las personas que vivieron circunstancias históricas sin saber cómo acabarían. Sabemos que el comunismo fracasó en medio de un colapso estruendoso entre los años 1989 y 1991. Se produjo entonces el desmoronamiento de unos regímenes ineficientes hasta el ridículo, represivos hasta el genocidio e incapaces de modernizarse ni de ofrecer a sus súbditos un horizonte ambicioso. Si crearon un hombre nuevo, no fue exactamente el que sus dirigentes esperaban. Éste fue el fin de la aventura, por llamarlo así, pero conviene recordar que, durante un par de décadas, la Unión Soviética logró un enorme crecimiento económico y unos éxitos militares, científicos y propagandísticos que llevaron a muchas personas a pensar que su sistema podía triunfar. En cuanto al «Homo sovieticus», tal vez no fuera lo que Lenin había soñado, pero conviene leer las conmovedoras crónicas de Svetlana Aleksiévich[13] para entender que sí existió. Y todavía existe.

El mismo optimismo sobre la naturaleza humana puede llevar a posiciones políticas diametralmente opuestas. Hay quien piensa que todo lo malo que ocurre es por la acción del Estado, auténtico enemigo de la libertad de las personas. Afirman que Hobbes se equivocaba y que el Leviatán debía ser abatido, o cuando menos reducido a una mínima fuerza para garantizar los contratos privados. Cada vez que hay un problema de algún tipo, echan la culpa al Estado. Juega a su favor que, al contrario que ocurre con el comunismo, su utopía nunca se ha llevado a cabo, de modo que todavía es imaginable, todo está por descubrir. Estas personas reclaman para sí el título de auténticos liberales, aunque a veces se hacen llamar libertarios para evitar la confusión del término en Estados Unidos, donde liberal viene a significar algo parecido a «progre». Se llamen como se llamen, a estas alturas ya sabrás que el liberalismo de los libertarios no es el mío.

Tengo absoluta alergia a las utopías y a los planteamientos esquemáticos, maniqueos. Creo en una política prudente y basada en el acuerdo y en el cambio gradual. No aspiro al paraíso en la Tierra ganado a partir de la política, ni a crear un hombre nuevo, ni a la felicidad eterna para todos. Aspiro a la convivencia pacífica (lo que no significa carente de conflictos), a la ampliación de las posibilidades humanas a través del progreso científico, económico y social, y a la mayor justicia que podamos lograr. Soy optimista respecto a estos objetivos, porque hemos visto avances importantes: la mayoría de la gente en la mayoría de los países viven más y mejor que hace doscientos, cien, cincuenta años. Pero no soy optimista respecto a la naturaleza humana. Ni pesimista. Me parece que es algo muy complejo como para reducirlo a este esquema. Y de esta complejidad deduzco mi forma de entender el papel del Estado en la sociedad y en la economía, que, como se ve, es algo que está muy lejos de ser una cuestión técnica. Tiene que ver con la forma en que vemos la condición humana.

En las últimas décadas, psicólogos, biólogos y neurocientíficos de distintos ámbitos han tomado el relevo de los filósofos en el estudio de la naturaleza humana y han encontrado evidencias asombrosas, muchas veces ambivalentes e imposibles de reducir a un eslogan político. Me interesa centrarme, a efectos de este capítulo, en la influencia de los psicólogos Daniel Kanheman y Amos Tversky, cuya aventura intelectual y peripecia personal ha narrado magníficamente Michael Lewis.[14]

El trabajo de estos dos académicos israelíes ha sido tan influyente que mereció el premio Nobel de Economía (para Kanheman, ya que Tversky había fallecido poco antes), aunque lo cierto es que su impacto afectó a todas las ciencias sociales. Básicamente, cuestionaron la idea estándar de la racionalidad de la mente humana. Sus investigaciones les llevaron a aislar una gran cantidad de sesgos cognitivos de los que nadie se libra y que llevan a las personas a tomar decisiones que les perjudican. Describieron procesos mentales catastróficos desde el punto de vista racional. Muy pronto merecieron la atención de los economistas más escépticos, que por fin tuvieron datos concretos que oponer a quienes seguían afirmando que, en condiciones de información completa, los agentes económicos tendían a maximizar su utilidad. Pues no, vinieron a decir los dos profesores: incluso si alguna vez se da algo como la información completa, los agentes usarán una parte, descartarán el resto y el resultado será vaya usted a saber.

Es divertido elucubrar sobre por qué el trabajo de Kanheman y Tversky apenas ha sido utilizado por la izquierda, y en particular por el comunismo, como munición contra el capitalismo. Probablemente se deba a que ambos partían de un principio (que la mente humana es una tabla rasa y las personas somos de plastilina) que se ha demostrado inaceptable. En todo caso, estas ideas deberían llevarnos a ser cautos respecto a la eficiencia de los mercados, a la capacidad de las personas de tomar decisiones acertadas y al papel del Estado en la sociedad. El viejo principio liberal de los frenos y contrapesos sigue siendo válido para el ámbito público, pero tal vez haya llegado el momento de ver también al Estado como un sistema de frenos y contrapesos para ciertas dinámicas sociales y, en especial, económicas.

Cuando hablamos de igualdad, los liberales solemos cargar el peso en la igualdad ante la ley. Conseguida ésta, la igualdad de oportunidades se da por añadidura. Y después subrayamos que a lo que no se puede aspirar es a la igualdad de resultados. Estoy totalmente de acuerdo con esta conclusión, pero no con el salto automático de la igualdad ante la ley a la igualdad de oportunidades. La historia impone sus reglas, y el destino de las personas depende todavía mucho de sus orígenes, algo que tiene que repugnar a los liberales. Ser iguales ante las leyes no basta si esas leyes no facilitan el acceso a nuevas oportunidades y simplemente consagran las diferencias sociales a lo largo de las generaciones.

La permeabilidad social debe ser clave para el liberalismo. Si de verdad existe igualdad de oportunidades, entonces veremos a los hijos llegar más lejos que sus padres. Ojo, no a todos. Pero el objetivo no puede ser otro que una sociedad que premie el talento, el conocimiento y el esfuerzo, sin mirar los apellidos. Europa vivió una etapa excepcional a este respecto en la posguerra mundial. El crecimiento económico se combinó con unas políticas que permitían a los menos favorecidos acceder a unos servicios públicos de calidad, en particular, educación y sanidad. El ascensor social funcionaba, tal vez no perfectamente, pero lo suficiente. Era la época de lo que se ha llamado «el consenso socialdemócrata», pero que, como dije en un capítulo anterior, bien podría llamarse «el consenso liberal», al menos tal y como concibo yo el liberalismo.

Eran otros tiempos, está claro. Los arquitectos de la nueva Europa no eran comunistas, pero tampoco utópicos liberales. Crearon unas economías mixtas que no sólo daban servicios públicos, sino que contaban con un enorme sector público que producía, comercializaba y competía con el privado. Había espacio de sobra para la iniciativa individual, pero el Estado parecía muchas veces el verdadero motor de la economía. Sí, tal vez había cierta desconfianza desde el poder hacia el sector privado, pero tampoco se perdía de vista la amenaza del totalitarismo. Camino de servidumbre es un libro estimulante lleno de grandes ideas, pero no olvidemos que en él Hayek[15] predecía que si el Reino Unido seguía por el camino estatalista, terminaría abandonando el camino democrático. Tal profecía no se cumplió ni allí ni en ningún otro país de Europa occidental de los que (cada uno con sus particularidades) siguieron políticas similares.

Lo que llegó no fue el totalitarismo, pero sí la quiebra de los sectores públicos y su privatización a partir de los años setenta y ochenta. La historia es casi un lugar común. Los gigantes propiedad del Estado estaban mal gestionados y altamente burocratizados, eran incapaces de innovar y, cuando se adaptaban a un cambio, ya había llegado el siguiente. Las decisiones que tomaban tenían más que ver con los intereses políticos de la administración que los controlaba que con los de los ciudadanos que, en teoría, eran sus propietarios. Se habían convertido en un lastre (para algunos, siempre lo había sido) para la competitividad de un país y para el equilibrio presupuestario. Había que deshacerse de ellos y, ya de paso, ganar algo de dinero para las menguadas arcas públicas.

Algunas de las antiguas compañías de titularidad pública son hoy exitosas empresas privadas. En España podemos pensar en Telefónica, nuestra mayor multinacional. Ha quedado establecido como un axioma que el Estado no pinta nada como empresario, que lo hace mal, que crea desequilibrios, que frena el cambio. Sin embargo, no debemos olvidar que no todos los casos de privatización fueron exitosos. El fracaso del transporte ferroviario privado británico (desde hace tiempo un servicio caro y de mala calidad) ha llevado a muchos países a pensárselo dos veces y a muchos estudiosos a afirmar que tal vez haya sectores en los que la privatización no sea la panacea.

En todo caso, y pese al mantenimiento de algunas empresas de propiedad estatal, el sector público, tal y como fue concebido y existió durante el siglo XX, se ha ido para no volver. ¿Quién podría hoy defender la creación de nuevas empresas públicas, salvo tal vez algunos nostálgicos? ¿Cuál sería la propuesta: un fabricante de dispositivos electrónicos para competir con Apple? ¿Un diseñador de sistemas operativos que sea la alternativa a Microsoft? ¿Una red social que haga sombra a Facebook? Resulta risible sólo pensarlo. El mundo ha cambiado y cambia cada vez más deprisa, impulsado por la innovación tecnológica. No, el sector público no volverá, pero en cambio, tal vez el Estado tenga todavía un papel importante que desempeñar. Volveremos a ello al final de este capítulo.

Si ha renunciado a su papel de motor económico, el Estado mantiene el de garante de la igualdad de oportunidades a través de los servicios públicos. Desde la izquierda se insiste en que cada vez son más débiles, en que pierden financiación y alcance. Es cierto que la crisis y su tremendo impacto sobre los presupuestos del Estado ha obligado a practicar algunos recortes, pero exageran de modo irresponsable los que hablan de «desmantelamiento» en la mayor parte de Europa. En el caso de España, su sistema sanitario público sigue siendo uno de los mejores del mundo, y una causa importante de que disfrutemos de la esperanza de vida más alta después de Japón. En cuanto a la educación, se enfrenta sin duda a problemas y desafíos, pero si se observan globalmente los niveles y la evolución de la inversión, se llega a la conclusión de que la tarea tiene ya poco que ver con inyectar más dinero, sino más bien con adecuarla a las necesidades reales de los niños (y las sociedades) de hoy. Y con desprenderse de algunos prejuicios y dogmas inútiles.

El otro pilar clásico del Estado del Bienestar, las pensiones, se enfrenta a un futuro más incierto: el cambio demográfico —la bajísima natalidad europea sumada al espectacular aumento en la esperanza de vida— ha creado una gran incertidumbre sobre su futuro. Cualquiera te muestra la pirámide poblacional invertida y te explica que es el fin, que los que hoy tienen treinta o cuarenta años (no digamos ya los de veinte) no cobrarán algo digno de llamarse prestación, y te aconsejan de inmediato abrirte un fondo privado. El pesimismo me parece justificado sólo hasta cierto punto. Lo cierto es que la inversión de la pirámide poblacional es un hecho, pero no lo es menos que será transitorio. El tránsito puede durar unas décadas, pero cuando alcance su peor punto, comenzará a mejorar (salvo que los europeos estemos llamados inevitablemente a extinguirnos, en cuyo caso, sálvese quien pueda). Por otra parte, siempre se mira el lado de los gastos cuando se afronta este problema y rara vez el de los ingresos. Sí, el envejecimiento hará que se tenga que gastar más en pensiones y en sanidad, pero también menos en educación (habrá menos niños). Y algunos países como España tienen todavía cierto margen impositivo para financiar las pensiones en comparación con otros países europeos. Por último, el retraso de la edad de jubilación me parece una opción más que justificada: no sólo por necesidades financieras, también por una cuestión vital. Si vivimos hasta los cien años, ¿es responsable, sano y sensato dejar de trabajar a los sesenta y cinco? ¿No estamos desperdiciando experiencia y capacidad? No olvidemos que las pensiones fueron un invento de Bismarck para los mineros prusianos, hombres cuya esperanza de vida no llegaba a los sesenta años. Los tiempos han cambiado.

Creo que los liberales debemos comprometernos con el Estado del Bienestar, con los servicios públicos esenciales y, por tanto, con la igualdad de oportunidades. Si surgen problemas de financiación, nuestra tarea no debe ser reclamar su desmantelamiento, sino buscar soluciones creativas y marcar prioridades. Debemos liderar la reforma de estos servicios para adecuarla a las nuevas necesidades y librarla de viejos prejuicios sin fundamento, en especial en el campo de la educación. Y debemos contribuir también a desmontar los intereses creados en torno a estos sectores que los dejan anclados en un inmovilismo absurdo. Si el Estado tiene problemas de dinero (y los tiene, aquí y en todo Occidente), hay otros lugares en los que recortar.

El Estado es una construcción extraña que se crea por acumulación, a partir de ideas diversas, pero pocas veces a partir de un diseño previo. Además, produce una inercia que hace complicada su reforma. Parte de esa inercia se debe a los intereses particulares que surgen en torno a él. Hay personas que encuentran en las instituciones un cómodo lugar para vivir, para medrar, para ser alguien. Y, en ocasiones, para quedarse con lo que no es suyo.

Todos los países de Europa han padecido sobredimensionamiento en algunas de sus estructuras, por ejemplo en las territoriales. Es conocido el caso de los municipios: durante los siglos XIX y xx, muchos Estados llevaron a cabo procesos de fusión de ayuntamientos, con el fin de crear entidades de un tamaño suficiente como para ganar eficacia en su gestión y alcanzar, en algunos casos, economías de escala. España es una excepción, y todavía conserva más de ocho mil ayuntamientos —tantos como Alemania, que tiene casi el doble de nuestra población—. Para dar servicio a los municipios más pequeños (muchos de apenas unas decenas o centenares de habitantes), existen las diputaciones provinciales, unos órganos heredados del siglo XIX, escasamente democráticos y más bien opacos. Éste es un ejemplo de reforma administrativa que el liberalismo debería abanderar, siendo bien consciente de su dificultad: fusionar ayuntamientos y eliminar las diputaciones se encontrará con la oposición de cargos públicos y partidos que están ahormados a esta realidad, que obtienen de ella su modo de vida y que no la abandonarán sin pelea. Pero si se consigue, como se hizo recientemente en Italia, el ahorro (y el consiguiente incremento de eficiencia) podría ser una de las soluciones a los problemas de financiación del Estado. En otros países, sin duda existen otras estructuras donde también hay margen de intervención.

Otro ámbito en el que es posible actuar es el de las subvenciones y bonificaciones. Un proyecto ambicioso y pendiente es el de crear un mapa de todas las que se conceden en España o en Europa. Es casi imposible conocerlas todas, no digamos ya entenderlas. No estoy en contra de cualquier subvención, pero hay demasiadas que son evidentemente formas de alimentar redes clientelares. Y otras introducen distorsiones en el mercado y, a fuerza de poner condiciones, favorecen el fraude. Una vez más, la poda adecuada de fondos públicos a través de subvenciones y otro gasto superfluo va a chocar con los intereses creados. Pero si alguien puede liderar su reforma, somos los liberales.

Mención aparte merece la corrupción. No me gusta vincularla directamente a la simple existencia de las subvenciones o al excesivo tamaño de la administración, porque, al menos en Europa occidental, sigue siendo un fenómeno aislado, no la lacra generalizada que a veces dibujan los populistas. Con todo, existe, es excesiva y los ciudadanos modernos no estamos dispuestos a tolerarla, y nos negamos a verla como un mal inevitable. Genera una gran desmoralización, aleja a la gente de la política y es alimento para los antisistema y para los enemigos de la democracia liberal. Las reformas más importantes para combatirla tienen que ver, a mi juicio, con la contratación pública, las subvenciones y sus condiciones. Debería eliminarse el más mínimo resquicio de arbitrariedad. Por supuesto, la eliminación de organismos de escasa utilidad o directamente duplicados, también contribuiría a lograr ese objetivo, porque muchas veces se mantienen, precisamente, porque permiten prácticas poco recomendables.

En todo caso, y en relación con la corrupción, siempre conviene recordar que suelen intervenir dos partes: una pública, que cobra a cambio de un favor, y otra privada, que paga por él. Lo habitual es que se señale al funcionario implicado; en cambio, poco se suele hablar del individuo o empresa que pagó la comisión o el soborno. Es lógico, ya que nos ofende más quien traiciona una confianza que le hemos otorgado, y tal es el caso del servidor del Estado que usa sus atribuciones para lucrarse de forma ilícita. Pero convendría siempre recordar que el pagador también es responsable y que, al actuar así, perjudica al conjunto de la sociedad.

Aunque no despierta tantas pasiones como la corrupción, el fraude fiscal es un problema mucho mayor en su cuantía. Si algún día llegara a eliminarse por completo (algo francamente difícil), buena parte de los problemas de financiación desaparecerían. Sin ser tan ambiciosos, es posible mejorar los sistemas que lo combaten. Si en algo puede rendir bien una inversión pública es precisamente en dotar de más y mejores medios a los equipos que persiguen la evasión fiscal. También debemos controlar la información y evitar los paraísos fiscales.

Hablar de lucha contra el fraude hace inevitable hablar de fiscalidad. Muchos liberales sostienen que si los impuestos fueran menores, se defraudaría menos y se recaudaría más. La famosa curva de Laffer mostraba gráficamente que, a partir de cierto nivel de impuestos, la economía se estancaba y la recaudación bajaba. El presidente Ronald Reagan aplicó con entusiasmo las recomendaciones de sus asesores y bajó los impuestos. El resultado fue que la recaudación cayó, el déficit se disparó y la curva de Laffer quedó, para muchos, desacreditada. Probablemente sea injusto: Estados Unidos no estaba en el nivel impositivo que hacía aconsejable esa política, pero unos años después, Suecia, cuyo modelo estaba metido de lleno en una crisis muy grave, aplicó con éxito una bajada de impuestos que le permitió revitalizar la economía y mantener —reformado— su proverbial Estado del Bienestar. Hay que recordar que la escritora Astrid Lindgren, creadora de Pippi Calzaslargas, denunció por entonces que había llegado a un punto en el que ganar más dinero significaba para ella perder dinero, ya que pasaba a un nivel impositivo absurdo que la obligaba a pagar más de lo que ingresaba. Lo explicó en su cuento Pomperipossa en Monismania.[16] Es curioso que Suecia siga siendo el referente de buena parte de la izquierda cuando lo cierto es que su éxito actual tiene una raíz claramente liberal.

El debate sobre fiscalidad y nivel impositivo no termina nunca. Si hablamos en teoría, todos los liberales queremos impuestos bajos, pero muchos queremos mantener cierto nivel de gasto público. Así que pretendemos resolverlo todo con un «impuestos altos a los ricos y bajos a las clases medias», como si esto significara algo. Habría que definir ricos y pobres, porque si se hace mal es posible que al final no sirva para nada. Me parece que más allá de los tipos y los tramos del IRPF, lo crucial es revitalizar el pacto social que hizo que las clases medias (que son las que, al final, sostienen el sistema) paguen una cantidad justa al tiempo que siguen beneficiándose de los servicios del mismo modo que las clases bajas. Por supuesto, empresas e individuos con altos ingresos deben contribuir como les corresponde al bienestar general.

En esto tiene un papel importante la Unión Europea. La fiscalidad común es todavía una quimera, y quién sabe si dejará de serlo algún día, pero en los tiempos que vivimos, las decisiones más importantes, sobre todo en lo relativo a la fiscalidad a multinacionales y grandes fortunas, se tienen que tomar en un ámbito supranacional. La globalización hace muy sencillo buscarse un refugio fiscal en cualquier rincón del mundo. Los países, uno por uno, pueden hacer relativamente poco, pero la Unión sí ha demostrado capacidad de impactar. Puede hacer la vida difícil a los paraísos fiscales y puede obligar a las empresas a tributar allí donde prestan el servicio.

Y ya que hablamos de Europa, ¿qué hay de su proverbial despilfarro? Que nadie piense que quiero evitar el tema por ser eurodiputada, pero es que no existe tal despilfarro, al menos no en la cuantía que han difundido conocidos populistas y nacionalistas. El gasto corriente de la Unión asciende al 6 por ciento de su presupuesto. Es posible que se pueda recortar, pero no es muy alto si se compara con otras administraciones, en las que puede llegar al 25 por ciento o incluso al 40 por ciento. Sin embargo, deberíamos dar ejemplo y evitar cualquier despilfarro. Aunque se auditan todas las subvenciones que se conceden, es indudable que todavía se escapa alguna a quien no debería (por ejemplo, fondos europeos han financiado asociaciones que han hecho propaganda a favor del golpe secesionista en Cataluña). La reforma que a mí me parece más urgente, tanto por lo simbólico como por lo económico, es la creación de una sede única del Parlamento Europeo. Que los 751 eurodiputados tengamos que trasladarnos con nuestros equipos de Bruselas a Estrasburgo cada vez que hay pleno (una semana al mes) es algo que causa incomprensión. Empezando, créanme, por nosotros mismos. Desde que fui elegida eurodiputada, defiendo desde el grupo de trabajo Single Seat el establecimiento de esa sede única, para lo cual hemos conseguido ya cuantificar los argumentos económicos, laborales e incluso medioambientales, que son irrebatibles. Sin embargo, permítanme recordarlo, este empeño se encuentra bloqueado porque requiere modificar los tratados con el voto unánime del Consejo... y Francia lo veta de forma sistemática.

Hay un aspecto del Estado que ha pasado históricamente desapercibido y que vuelve a conectarlo con la economía y, sobre todo, con la forma de entender la naturaleza humana. Es probable que conozcas el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, en la cual nunca llegó a graduarse. Esa intervención ha inspirado a emprendedores de todo el mundo desde que tuvo lugar. Hace un llamamiento lleno de pasión (aunque con la seriedad zen de Jobs) a la búsqueda de la innovación como fuerza principal en la economía y en el progreso humano. El fundador de Apple utiliza una creencia muy extendida: es la iniciativa privada la que crea, la que innova, mientras que el sector público va quedándose obsoleto y termina siendo el esqueleto de un dinosaurio enterrado en el desierto.

La economista italiana Mariana Mazzucato utiliza en sus charlas y en sus escritos el discurso de Stanford para señalar algo que, siendo público y notorio, muchos suelen ignorar (sin duda, por el sesgo de confirmación de Kanheman y Tversky): que las innovaciones que hicieron la fortuna de Jobs y todavía hacen la de Apple fueron obra del Estado y no de la iniciativa privada. Mazzucato explica con soltura que el iPhone, el producto emblemático de la marca, es un dispositivo que usa internet, un invento del departamento de Defensa de Estados Unidos; una pantalla táctil, un invento del departamento de Defensa de Estados Unidos; un GPS, un invento del departamento de Defensa de Estados Unidos, y un protocolo de voz (Siri), un invento del departamento de Defensa de Estados Unidos. Todas las innovaciones clave proceden del Estado.

No ocurre sólo con el iPhone, sino con infinidad de otras innovaciones en campos muy diferentes, desde la medicina hasta las energías renovables. Y sucede por un motivo: los avances realmente rompedores, los que cambian las reglas del juego, no pueden predecirse, sino que son el resultado de investigaciones que no ofrecen, al comenzar, ninguna garantía de éxito. Esto hace que la iniciativa privada las financie en raras ocasiones. Como dice Mazzucato, el llamado capital riesgo sólo aparece cuando el riesgo es ya muy limitado. La mayor parte lo ha asumido el Estado. Muchas veces fracasa, pero cuando acierta, el mundo cambia. Y esto es así porque así somos las personas, incluidas las más audaces: no saltamos al vacío sin intuir, al menos, que hay una red debajo. En cambio, el Estado tiene la fuerza suficiente para sobrevivir a las caídas y seguir intentándolo.

¿Dice Mazzucato, entonces, que Jobs no hizo nada? En absoluto. Jobs tuvo el talento empresarial suficiente para unir unas tecnologías aisladas a través de un diseño maravilloso y vender unos dispositivos nada baratos como si fueran cacahuetes. Y en esto, probablemente, siempre será mejor la iniciativa privada. Por eso, lo que defiende la economista italiana —y yo con ella— es un nuevo papel para el Estado como innovador y como emprendedor,[17] que pueda colaborar con el sector privado para dinamizar la economía y aportar crecimiento y prosperidad. Eso sí, ese nuevo papel (que en realidad no es nuevo) debe ser reconocido y retribuido adecuadamente. Si Apple le debe tanto (de hecho casi todo) al Estado, entonces no es justo que luego mueva sus sedes a los lugares donde menos impuestos se pagan.

Hemos entrado en una fase de cambio fulgurante, como describe Yuval Noah Harari en Homo Deus,[18] y es difícil imaginar el futuro, incluso el más cercano. Se habla con naturalidad sorprendente del fin del trabajo, del fin de la muerte y hasta del fin de la especie humana. Sin llegar a tanto, la periodista española Marta García Aller ha expuesto,[19] algunas de las perspectivas más probables para la próxima década y sus posibles consecuencias. Sin entrar en profecías, señala que muchos puestos de trabajo tradicionales están comprometidos por el avance de la automatización, por ejemplo. ¿Nos encontraremos con grandes masas de desempleados? ¿Qué puede hacer el Estado ante esta posibilidad? La renta mínima universal es una iniciativa que está sobre la mesa, y aunque éste no es el lugar para extenderme al respecto, creo que los liberales debemos entrar en el debate sin miedo ni prejuicios.

¿Qué hay de la salud? ¿De verdad nos aproximamos a un momento en el que podrá prolongarse la vida hasta límites que parecen fantasía? ¿Se podrán curar enfermedades que hoy día son una condena a muerte? ¿Qué ocurre con el diseño genético, con la capacidad —que ya existe en buena medida— de seleccionar genes para nuestros hijos? Las tecnologías que lo harán posible estarán disponibles, al menos en una primera fase, sólo para los pocos que puedan pagarla. ¿Se creará entonces una nueva raza de semiinmortales? ¿Habrá castas basadas en los genes en lugar de en la procedencia social? Nadie puede dar una respuesta completa a los desafíos que nos esperan. Pero sí tengo claro que debemos pensar en estas preguntas cuando hablamos del Estado, porque sin duda será un agente esencial en la solución a problemas que hoy día nos cuesta incluso imaginar.

8

Eres liberal si consideras que la negociación y el consenso posibilitan las reformas

El liberalismo podría ser una utopía, y algunos liberales (del tipo libertario) parecen verlo así. Ven el mundo a través de una teoría completa, con diferentes versiones, que da la respuesta óptima a cada dilema, a cada dificultad, a cada peligro. Siempre que ocurre algo desagradable o realmente catastrófico (salvo que sea de orden natural), el culpable es el Estado por esto o por lo otro. Cuando algunos apuntaron a la desregulación financiera como causa de la crisis de 2008 y del colapso de la deuda soberana posterior, ellos señalaron a los bancos centrales. No digo que no puedan tener razón, que se equivoquen en este problema concreto, pero desde luego no aciertan en todos. A decir verdad, es una posición cómoda: como existe el Estado y como se trata de una realidad enormemente compleja, entreverada con todos los subsistemas sociales, presente en tantas facetas de la vida, siempre se pueden encontrar sus huellas y conjeturar que si no se metiera en esto o en aquello, entonces todo iría bien.

Lo cierto es que nunca ha existido un Estado realmente libertario. No es posible encontrar un ejemplo de total desregulación, de mínima intervención, tal y como parece que ellos desearían. Hay que recurrir a casos particulares, locales, insuficientes. No tenemos, por tanto, datos que nos permitan un análisis empírico. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que nunca nadie, en ningún lugar haya optado por ese Estado de mínimos, sutil, ingrávido y gentil, como las pompas de jabón de Machado y Serrat? ¿Es que nadie en la política defiende este modelo o es que se echan atrás cuando llega el momento? ¿De verdad existe tanta presión para mantener con vida al viejo Leviatán de Hobbes? Siempre se puede encontrar la explicación que más nos convenga.

(Un breve inciso: la izquierda, en cambio, sí afirma que existen o han existido casos de desaparición del Estado, infiernos «neoliberales» que han conducido al desastre. Lo cierto es que no es así. Ni los proverbiales mandatos de Thatcher y Reagan condujeron por reacción en ningún lugar al modelo libertario del que aquí estamos hablando. Los gobiernos renunciaron a parte de su poder, pero en modo alguno a todo. La intervención pública pudo ser menor, pero no inexistente, y, opinemos lo que opinemos de sus resultados, en absoluto representaron la realización de una utopía como sí lo fueron los regímenes comunistas para la izquierda.)

Este deseo de desaparición del Estado ha sido siempre minoritario. No cuenta en absoluto con el apoyo de los ciudadanos, ni en Europa ni tampoco en Estados Unidos, aunque allí pueda tener unas raíces más fuertes. Son muchos los españoles que se dicen liberales en las encuestas de opinión. De hecho, suele ser la autodescripción líder por delante de la de progresista, conservador o socialista. Naturalmente, cada cual entiende por liberal lo que buenamente le parece, pero, viendo las preferencias de los ciudadanos respecto a cuestiones políticas y su comportamiento electoral, no parece que encajen como seguidores de la utopía libertaria.

El liberalismo que yo defiendo, vuelvo a insistir, rechaza cualquier utopía. Es refractario al cambio radical, a tirar abajo el edificio político e institucional construido durante tanto tiempo para levantar uno nuevo supuesta (e indemostrablemente) mejor, menos aún perfecto. El liberalismo que yo defiendo es radicalmente reformista. Esto quiere decir que, respetando los cimientos de la democracia liberal y del Estado del Bienestar, se propone llevar a cabo las reformas oportunas para mejorar la vida de los ciudadanos. Puede defender, y de hecho defiende, reformas de calado, que afecten a áreas importantes o a elementos estructurales del sistema político, como, por poner un ejemplo, el modelo territorial en España o la creación de una defensa común en Europa. Cambio gradual no significa cambio insignificante, sino todo lo contrario: se trata de un cambio con un objetivo de resultados concretos.

Lo que significa es que el conjunto de la sociedad debe estar preparado para ese cambio. No que todo el mundo esté a favor, eso sucede pocas veces en las sociedades complejas, ni que vaya a gustar a todo el mundo. Pero tiene que formar parte de lo imaginable y tener un apoyo social suficiente, mayor cuantas más consecuencias pueda tener el cambio en cuestión. Tenemos que ser capaces de explicar lo que queremos hacer, por qué queremos hacerlo y qué puede pasar cuando lo hagamos. Es importante debatir libremente, escuchar opiniones discordantes y nunca cerrarnos a la evidencia sólo porque no nos dé la razón. No hay que tener miedo a ir paso a paso, a que nos califiquen de «tibios». A lo que hay que temer es a las consecuencias inesperadas.

No debemos entregarnos a experimentos políticos ni a la ingeniería social. Los liberales nunca querremos hacer un «hombre nuevo» porque sabemos que no es posible. No creemos en la tabla rasa ni en que la gente sea de plastilina. Puede que no nos gusten algunas opiniones, que nos desesperemos por ciertas tendencias sociales que nos gustaría revertir, pero siempre debemos tener en cuenta que la política no lo puede todo, ni es su papel cambiarlo todo. Cada vez que lo ha intentado, el resultado ha sido, pura y llanamente, el desastre. El caso del comunismo es obvio y ya hemos hablado de él; el de los fascismos resulta también evidente, y en el de la utopía libertaria, habría que señalar a sus defensores que las personas siempre hemos querido y siempre querremos seguridad. No nos gusta sentirnos a la intemperie, y estamos dispuestos a renunciar a cosas importantes (incluso a parte de nuestra libertad) a cambio de protección. La Historia (y me refiero a la historia natural completa, a los millones de años de la evolución) ha dejado en nosotros la convicción de que el azar es una fuerza decisiva en nuestras vidas, y de que, incluso haciéndolo todo bien, actuando de forma virtuosa, esforzándonos al máximo, lo malo nos puede suceder. El Estado y sus instituciones son, en parte, la respuesta del Homo sapiens contra el azar.

Esto puede sonar más conservador que liberal. Incluso se podría asimilar a la astucia reaccionaria que describía Lampedusa: «Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie». Pero no es así. Los liberales, al contrario que los reaccionarios, no somos insensibles a la injusticia y en absoluto rechazamos el cambio político ni lo consideramos estrictamente peligroso. Simplemente, creemos que es necesario analizar las circunstancias y combinar la audacia con la prudencia. Es más, la famosa frase de El Gatopardo,[20] aunque gusta mucho a la izquierda, es para mí una advertencia contra los cantos de sirena que prometen tirarlo todo abajo y abrir una etapa nueva y radicalmente distinta: los defensores de la utopía a veces desean, únicamente, el poder.

Cuando los ciudadanos entramos en política, es muy habitual que lo hagamos movidos por un afán de rebeldía, por un deseo de rectificar lo que no nos gusta. Tenemos grandes ambiciones para nuestro país y no podemos esperar a verlas realizadas. Vemos a quien ya estaba en este mundo como gente amoldada, domesticada, guardianes de un orden establecido en el que viven cómodamente, o incluso como miopes incapaces de apreciar las ventajas de las soluciones que nosotros defendemos. Somos, de forma casi inevitable, maximalistas y, de entrada, consideramos una traición imperdonable renunciar al más pequeño de nuestros principios. Pero yo llevo ya suficientes años en la política para haber superado ese adanismo de creer que todo empieza conmigo. Aprecio la experiencia y el trabajo que han llevado a cabo muchas personas durante décadas, algunas próximas desde el punto de vista ideológico, otras no. Creo que éste es el talante idóneo para un liberal.

El posibilismo tiene mala fama, incluso resonancias peyorativas, pero no para mí. Significa dos cosas. Una, aceptar nuestras limitaciones cognitivas, la posibilidad real de que podríamos estar equivocados, de que tal vez esto que proponemos, cuando se haga realidad, no tenga los efectos benéficos que habíamos calculado. Es sinónimo de modestia y de prudencia. Por otra parte, significa realismo, aceptar como adultos la frustración de nuestras expectativas y conformarnos con logros parciales, con subir cinco escalones en lugar de la escalera entera, con dejar para más adelante, y tal vez a otras personas, la consecución del objetivo último, si es que llega a alcanzarse. ¿De qué sirve, por ejemplo, tener un excelente proyecto de reforma constitucional si al cabo eres incapaz de negociarlo, de sumar apoyos, de sacarlo adelante porque no estás dispuesto a cambiar «ni una coma» o «ningún aspecto clave»?

El liberalismo actual tiene que ser pactista, tiene que saber sumar. Incluso si cuenta con la mayoría o con los mecanismos para poner en marcha una reforma, debería buscar el mayor apoyo posible, el consenso más amplio, incorporando, si es necesario, enmiendas y propuestas de otros grupos. Debe renunciar al maximalismo con el fin de hacer más duraderas sus reformas, menos vulnerables a los vaivenes de la política. Debe ganarse el apoyo de cuantos más ciudadanos mejor, y eso se hace logrando sumar a otras fuerzas políticas y sociales. Asumiendo honestamente y con convicción la máxima del win-win, que implica apertura de miras, empatía y generosidad.

El pactismo forma parte de la cultura política de muchos países europeos, como los Países Bajos, Dinamarca, Suiza o Alemania. Por desgracia, es menos frecuente en los países del sur. En todo caso, es un hábito que está siendo cuestionado y amenazado en todas partes por parte de los populistas. Ellos dibujan un mundo controlado por élites malvadas que, a veces, fingen discrepancias, pero que en el fondo comparten objetivos. Los pactos entre los partidos políticos se ofrecen como pruebas de esta supuesta colusión, de la que ellos son los únicos que se quedan al margen, los únicos íntegros y puros que están de parte del pueblo virtuoso. La presión populista estuvo a punto de llevar a España a unas terceras elecciones generales tras las de diciembre de 2015 y las de junio de 2016. Pedro Sánchez, entonces secretario general del PSOE, se negó a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy para evitar que Podemos le colocara en el lado de «la casta». El problema era que Sánchez no era capaz de ofrecer una alternativa más allá del eslogan «No es no». Carecía de mayoría alternativa para formar gobierno, salvo una mínima opción descabellada que pasaba por aliarse con Podemos y con los nacionalistas metidos de lleno en el proceso secesionista. Nunca dio señales de contemplar esta opción, pero tampoco fue capaz de explicar a sus militantes que lo único responsable era abstenerse, evitar otras elecciones y hacer oposición. Finalmente, perdió su puesto (sólo por unos meses), los socialistas se abstuvieron y pudo comenzar la legislatura.

Algo parecido estuvo cerca de suceder en Alemania. Angela Merkel ganó las elecciones de 2017 sin mayoría absoluta. Se abrieron dos opciones: la repetición de la Gran Coalición entre socialistas y conservadores que había gobernado en la legislatura anterior o la llamada coalición Jamaica entre conservadores, verdes y liberales. Martin Schulz, el líder socialista, descartó la primera opción tras los malos resultados obtenidos, pero las conversaciones «jamaicanas» terminaron naufragando. Y tengo que decir aquí, con disgusto, que en parte se debió a la intransigencia de los liberales alemanes, que se habían escorado hacia la derecha y demostraron una actitud poco posibilista y, por tanto, poco liberal. Finalmente, y con muchas dificultades por parte de los socialistas, la Gran Coalición se reeditó, priorizando el interés de Alemania. El alto precio que Martin Schulz tuvo que pagar por el camino es para mí una muestra de su propia estatura política y la del país.

El pactismo siempre ha sido un equilibrio complicado. La lógica electoral impone discursos maximalistas y agresivos. Se prometen muchas cosas y se ataca al adversario. Se trata de polarizar a la sociedad para, en primer lugar, movilizar a los tuyos y asegurarte su voto y, en segundo, atraer a los indecisos o, si esto no es posible, lograr que se queden en casa antes que votar al rival. Luego la gente vota y se produce el reparto de escaños. La aritmética obliga a olvidarse de los calificativos gruesos, de muchos de los objetivos y llegar a acuerdos de mínimos. Los ciudadanos, al principio, recibían estos virajes con cierto asombro, pero en las democracias consolidadas terminaron por acostumbrarse y sonreír con ironía. El contraste entre el discurso del mitin y el del día en que se anuncia la coalición llevó a muchos ciudadanos a ver en la política el arte de la hipocresía, y en los políticos, a tipos de los que no te podías fiar demasiado. Pero mientras las cosas fueran bien, esto no era un problema grave.

Cuando las cosas empezaron a ir mal, la irritación abonó el campo para el populismo. «Yo digo las cosas claras», dicen sus líderes, «yo no soy como ellos», exclaman. Y es cierto, no lo son. Si pueden, no pactarán en absoluto, eso hay que reconocérselo. Lo que no les reconozco es que eso sea una virtud, sino todo lo contrario. Es coherente con lo que anuncian, pero no con la naturaleza de la política en las sociedades complejas. Ellos aspiran a imponer, por eso tienen más éxito en los sistemas presidencialistas, donde acuden directamente al pueblo y pueden acceder al poder simplemente con un voto más que su rival, o —como en el caso de Donald Trump— incluso con menos votos. Los sistemas parlamentarios, en los que se elige a unos representantes para las cámaras, que a su vez eligen a un presidente, obligan más al pactismo y suponen un freno para los populistas y otros autoritarios. Al final, se ven obligados a llegar a acuerdos, rebajar sus expectativas y amoldarse al sistema, si bien harán todo lo posible por mantener vivo el conflicto y la división en otros ámbitos. La importancia del dilema se pudo observar recientemente en España, cuando, tras las elecciones de diciembre de 2015, Podemos tuvo que elegir entre apoyar el pacto de gobernabilidad de PSOE y Ciudadanos o forzar unas nuevas elecciones. Optó por lo segundo y terminó gobernando el PP, supuesto archienemigo del partido de Pablo Iglesias. Sin duda, él lo prefería mil veces antes que hacer presidente a Pedro Sánchez, pero ahora tiene que soportar que se lo echen en cara. Esto en Venezuela no le habría pasado.

En ocasiones, los obstáculos para el pacto son personales. Se deben a los intereses o a las obsesiones de los líderes de los partidos, que tal vez se sienten amenazados por otras figuras o no desean compartir su poder, lo que les lleva a calcular mal los riesgos de no alcanzar un acuerdo. Algo así nos ocurrió en UPyD respecto a Ciudadanos. Por más que nos empeñáramos en subrayar nuestras diferencias, los votantes —con sobradas razones objetivas— nos veían como partidos similares, que compartían un espacio político y que juntos podían ser más fuertes. En UPyD no supimos librarnos de ese narcisismo de las pequeñas diferencias y, al final, los votantes se decantaron por Ciudadanos. Pero incluso para este partido el resultado no fue óptimo. Aunque algunas personas valiosas pasaron de un partido a otro, el de Rivera se habría beneficiado de más experiencia y más conocimiento con un acuerdo total, y probablemente también habría obtenido más votos en los comicios siguientes.

Podría pensarse que, al defender la capacidad de pactar y el posibilismo como un valor en política, rechazo la posibilidad de elaborar proyectos políticos ambiciosos y complejos: ya que el cambio será gradual, basta con estar preparado para adaptar lo que sea necesario, con arreglar lo que no funciona y seguir tirando. Pues no es así como yo lo veo, en absoluto. Creo que los partidos liberales deben tener un catálogo de reformas poderosas, meditadas, trabajadas, consultadas con los expertos y lo más detalladas que sea posible. Tenemos que ofrecer un programa completo, una foto detallada del tipo de sociedad e instituciones que querríamos, unas instrucciones para llegar al mundo que deseamos. Paso corto y vista larga: sólo con una visión integrada y una estrategia política completa se puede desarrollar un programa con pragmatismo y eficacia.

Ya habrás deducido que no creo en el carácter sagrado de los programas. No considero que el político que mayor porcentaje de sus propuestas ha conseguido hacer realidad sea el mejor simplemente por ese hecho. La coherencia es esencial, es el mayor patrimonio de un cargo público, pero no se puede medir basándose sólo en el porcentaje de cumplimento del programa. Para empezar, porque no todas las propuestas tienen el mismo peso ni la misma importancia para los votantes, y si incumples lo esencial poco importará que hayas cumplido lo demás. Pero, sobre todo, porque con lo que hay que ser coherente es con los principios que te guían y con la realidad, y en modo alguno es coherente quien, por sacar adelante una reforma, sacrifica sus valores o causa problemas de mayor importancia que los que pretendía solucionar.

Entonces, ¿por qué afirmo que es importante disponer de un programa completo y detallado cuando se hace política? En primer lugar, porque las propuestas, más allá de su letra concreta, ilustran la forma de ver el mundo y el lugar desde el que piensa el político o el partido en cuestión. Informa al ciudadano sobre sus prioridades, sobre sus bases intelectuales, en definitiva, sobre qué tipo de política quiere hacer. Qué puntos del programa llegue a cumplir y qué puntos deje en el tintero no será tan relevante como el motivo por el que se olvidó de algunos. ¿Fue porque en ese momento no se daban las circunstancias adecuadas? ¿Fue porque sacrificó una reforma a cambio de sacar adelante otra? ¿Fue porque comprendió que estaba equivocado? Éstas son las preguntas importantes, las que nos permiten ver la dirección que toma un partido y hasta qué punto los ciudadanos pueden confiar en él. El ciudadano tiene que evaluar hasta qué punto comparte las decisiones tomadas por aquel a quien votó para saber si debe volver a votarle o no. En cambio, el porcentaje del programa aprobado apenas le dirá nada. Es puro fetichismo.

En segundo lugar, el programa, visto como mapa, servirá al partido para orientarse en el día a día de la política, para no tener que improvisar cada mañana según sean los titulares de los periódicos. Un programa bien hecho habrá exigido la participación de expertos, el debate, la reflexión, y esto llevará a la acumulación de conocimiento externo. La sociedad civil participa en política de esta forma, dejando sus huellas en el texto de esos programas que casi nadie lee, pero que podrían terminar incorporados al Boletín Oficial del Estado y afectar a la vida de las personas. Todo programa es una tarea colectiva que descarga al político de la responsabilidad de tener que saber de todo, algo que siempre fue difícil y que es imposible en la sociedad actual.

Esta defensa del pacto no estaría completa sin hablar de sus límites. Todos, instintivamente, sabemos que, si cualquier cosa es susceptible de ser negociada, al final no queda ningún espacio seguro, sagrado. Con la excusa del posibilismo se puede terminar en el inmovilismo o, lo que es peor, en la traición. Aceptando que un programa político no es un contrato de obligado cumplimiento, no podemos llegar al extremo de tener que fiarnos sólo de vagas promesas o principios tan generales que cualquiera podría estar de acuerdo. Y más allá: ¿acaso no existen líneas rojas que no deben traspasarse? De acuerdo, la inflexibilidad es poco liberal, pero, ¿acaso lo es más la flexibilidad infinita en la que ya no se respetan ni siquiera esos principios generales? Si estamos de acuerdo en que esto no es admisible, ¿dónde ponemos el cartel de non plus ultra?

Me gustan mucho estas preguntas porque no tienen respuesta, al menos no una clara y contundente. No se puede extraer un principio general que sirva para todas las ocasiones. La política y la ética siempre están en contacto, pero en ningún lugar tanto como aquí. Equivocadamente, algunos creen que la ética consiste en un conjunto estático de mandamientos morales, cuando, en realidad, es una disciplina, un ejercicio, un work in progress. La política brinda a quienes la practicamos infinidad de circunstancias ambiguas, de razones ambivalentes, de paradojas. En cada ocasión, cada uno de nosotros debe decidir cómo resolverlas. La obligación de un político honesto (como la de cualquier ciudadano) es hacerse las preguntas correctas, por difíciles que sean. ¿Qué consecuencias tiene esto que voy a hacer? ¿Pesa más el beneficio de mi acción que el perjuicio que voy a causar? Al actuar así, y aún sabiendo que este caso está claro, ¿estoy sentando un precedente peligroso? Si me debato entre dos lealtades, hacia personas concretas y hacia un proyecto abstracto, ¿por cuál debo inclinarme?

En lo relativo al pacto político, la situación se agrava cuando las circunstancias nos empujan a entendernos con quienes consideramos nuestros adversarios, tal vez incluso nuestros enemigos, cuando entran en colisión sistemas de valores diferentes. Supongo que ha quedado claro que no soy relativista, y si defiendo los principios que se exponen en este libro es porque, tras haber reflexionado sobre ellos, los considero los mejores, los más adecuados a la condición humana. Por tanto, rechazo otros que no cumplen esta condición. Y, sin embargo, la política nos lleva en ocasiones a tener que entendernos con personas o instituciones que consideramos no sólo equivocados, sino dañinos.

Donde mejor se aprecia esto es en la política internacional. Cuando el presidente Obama llegó en 2015 a un acuerdo con Irán, tenía buenas razones para hacerlo, sin duda, pero no es posible descartar las razones de quienes se oponían a aquel pacto. Las razones del dirigente estadounidense eran, sobre todo, de seguridad. Quería cerrar definitivamente, o al menos durante largo tiempo, la posibilidad de que el régimen iraní finalizara su proyecto nuclear y se hiciera con la bomba atómica, lo que habría abierto un nuevo frente en un mundo ya muy inestable y habría desequilibrado todavía más una región en permanente fricción. Tras cuatro décadas de desencuentros y sanciones, Obama pensó que aquello no estaba funcionando y probó algo distinto. Hasta aquí bien.

Pero al hacerlo, dio oxígeno a un régimen brutal, uno de los más represivos, de los que más personas ejecutan, dirigido por unos clérigos fanáticos, patrocinador de terroristas y opresor de las mujeres. En definitiva, un país que ignora los derechos humanos de forma sistemática. Quienes se oponían al acuerdo argumentaron, además, que sólo congelaba el programa nuclear iraní por diez años. El pacto, además, vino acompañado de la apertura diplomática y comercial, y fue el pistoletazo de salida para una carrera por entrar en un mercado de ochenta millones de personas. Europa, que no lideró el pacto nuclear, quiso liderar la ofensiva económica y desplegó sus redes al máximo nivel. Incluso la Alta Representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, acudió a la toma de posesión del (supuestamente moderado) presidente Rouhani en agosto de 2017, algo impensable sólo tres años atrás.

Son muchas las preguntas que podemos hacernos en este caso. Obama podría responder a sus críticos que los largos años de bloqueo y amenazas no habían servido para mejorar la situación de las mujeres y los derechos humanos en Irán, mientras que así, al menos, ganaba unos años de paz. Otros vieron en esto una excusa para hacer negocios olvidándose de los principios democráticos. A esto podría oponerse que las relaciones comerciales, como hemos visto, pueden crear las condiciones para el cambio político, al facilitar la entrada de nuevas ideas y costumbres en un país tan cerrado. Otro argumento contra el trato con Irán podría ser que al final se trata de ganar influencia geopolítica en la zona, de afianzar los intereses europeos sin atender a consideraciones humanitarias. A lo cual se podría responder que, si dejamos el campo libre, toda la influencia la ejercerán Washington, Moscú o Pekín, lo cual tampoco mejorará la vida de los iraníes.

¿Cómo resolver la cuestión? ¿Debería Europa quedarse al margen de las relaciones con Irán hasta que se den verdaderos avances en igualdad y derechos humanos? Sería un noble gesto, pero ¿de qué serviría? En este caso y en otros similares, creo que lo fundamental es tener claros nuestros objetivos y no negar la realidad. Tenemos intereses económicos, tenemos intereses de política exterior y de seguridad. Y tenemos la obligación (y también el interés) de promover los derechos humanos y la igualdad allí donde no se respetan los primeros y donde la segunda sea una quimera. En efecto, renunciar a nuestros intereses no mejorará en nada la vida de los iraníes, pero defenderlos sin otra consideración tampoco lo hará. Europa tiene la capacidad de ser un ejemplo para el mundo, una autoridad moral, y debe mantenerla. En mi opinión, derechos humanos y relaciones bilaterales deben ir de la mano, deben estar presentes en todos los encuentros. Debemos lograr avances en paralelo, usar nuestra capacidad de seducción y de coacción para ir ganando terreno. No convertiremos a los ayatolás a la democracia liberal, pero tal vez les arranquemos avances graduales que se puedan ir acumulando. El maximalismo es una lacra en política exterior, pero el cinismo no es una alternativa para nosotros. No podemos jugar con las reglas de, por ejemplo, la Rusia de Putin sin debilitar nuestro propio proyecto.

La Unión Europea es el mejor logro que ha dado jamás el pacto político. Tony Judt[21] cuenta que el impulso principal se produjo en 1956, tras el fiasco franco-británico en Egipto. De Gaulle se sintió traicionado por sus aliados y por Estados Unidos, que no acudió en su ayuda para mantener el control del canal de Suez. La humillante derrota le llevó a vencer sus prejuicios y mirar al enemigo secular: Alemania. Ya no era la feroz potencia militarista con la que los franceses se las habían visto cuatro veces en un siglo, pero había que vencer muchos resquemores. Al año siguiente se firmó el Tratado de Roma, por el que nacía la Comunidad Económica Europea.

Cuento esto porque hoy hablamos del eje franco-alemán con toda naturalidad, cuando se trata de un hecho sorprendente. No fue sencillo, claro está. Alemania poseía de nuevo el mayor peso económico y demográfico, pero Francia había ganado la guerra (o, al menos, otros la habían ganado por ella, y la República había salvado el honor gracias precisamente a De Gaulle y al heroísmo de la Resistencia). Se enfrentaban al reto amenazante del comunismo y a un telón de acero que dividía Alemania en dos. Las probabilidades no eran muchas.

Pero salió bien, y desde entonces la construcción europea ha seguido avanzando, siempre de la misma forma: a trompicones, lentamente, con dificultades y, ocasionalmente, con retrocesos. ¿Quién está del todo contento con la Unión tal y como es hoy? Apenas nadie. Los eurófobos, obviamente, querrían verla extinguirse, los euroescépticos querrían limitarla hasta la irrelevancia y a los europeístas todo nos sabe a poco: querríamos, si no unos Estados Unidos de Europa, al menos unas competencias federales más potentes, en especial unas políticas de exteriores y defensa que nos dieran una sola voz. Si todos estamos descontentos, se debe al carácter netamente negociador del proyecto, a que cada paso hay que sopesarlo, consensuarlo, pactarlo entre gobiernos con muy distintos intereses y circunstancias, a lo que hay que sumar que los propios gobiernos tienen que lograr ratificaciones en sus parlamentos, lo que implica en muchas ocasiones llegar a acuerdos con socios de legislatura o, incluso, con la oposición, que a su vez también tiene sus servidumbres y sufre sus propias presiones. Europa es política al máximo nivel porque exige un esfuerzo negociador incesante. El que no sea capaz de flexibilizar sus posiciones y renunciar a parte de sus objetivos, mejor que no se dedique a esto.

Dentro de mi institución, el Parlamento Europeo, la negociación es también constante, sin descanso. Como ya he explicado, no existe una disciplina rígida dentro del grupo parlamentario, lo cual está muy bien para una eurodiputada independiente como yo. Pero la otra cara de la moneda es que esto obliga a negociar dentro del propio grupo cada iniciativa, cada posición, si se desea que los liberal-demócratas (en mi caso) muestren un apoyo mayoritario. Los debates son vivos, intensos. Después se discute en otros ámbitos, como la conferencia de presidentes o las comisiones, y se sigue negociando hasta que el texto en cuestión llega al Pleno, e incluso después de debatirlo y hasta el momento en que se somete a votación. Las posiciones ideológicas se cruzan con los intereses nacionales. Un conservador de Estonia puede entenderse mejor con un socialista italiano que con otro conservador de la República Checa en un asunto cualquiera, y aliarse a continuación con un izquierdista de su propio país para defender un interés local.

En los últimos meses Europa ha alumbrado, incluso, un tipo de negociación sin precedentes: la destinada al acuerdo para la salida de un país miembro, en este caso el Reino Unido. Recuerdo lo que dijo la primera ministra, Theresa May, al poco tiempo de haber sustituido a David Cameron en el cargo: «Brexit significa brexit, y haremos de ello un éxito». Una frase que quería sonar contundente para ocultar la realidad: el significado de brexit era por entonces desconocido, ya que dependía, precisamente, del resultado de la negociación, del acuerdo que alcanzaran ambas partes. Podía significar una ruptura total, una nueva forma de colaboración, una relación especial. Incluso podía no llegar a significar nada en absoluto. Fueron apareciendo los problemas, primero la llamada «factura», después la situación de los ciudadanos europeos en territorio británico y de los británicos en suelo de la Unión, y a continuación el más delicado: la frontera entre las dos Irlandas. Es el acuerdo, resultado de un complejísimo cruce de intereses, lo que define la naturaleza de la relación.

La negociación del brexit representa muy bien lo que son todas las negociaciones europeas: se puede acudir a ellas con brillantes principios y retórica elevada, pero nadie sabe cómo va a terminar hasta que termina. Es el terreno perfecto para el político oportunista, que, como explica Ignatieff,[22] no tiene por qué ser un estigma, sino que puede referirse al que es capaz de convertir problemas en oportunidades. En este sentido —en el de aprovechar el diálogo y la negociación para crear oportunidades y aprovecharlas—, creo que todos los liberales deberíamos ser oportunistas.

9

Eres liberal si te comprometes a hacer posible la agenda 2030 en una generación

En septiembre de 2015, bajo el auspicio e impulso de Naciones Unidas en Nueva York, 193 países firmamos la Agenda 2030 en la Cumbre del Desarrollo Sostenible. Un programa —heredero de los Objetivos del Milenio— por primera vez elaborado y suscrito por todos los países miembros, estructurado en diecisiete objetivos y 169 metas, de aplicación universal desde el 1 de enero de 2016 y con una vocación clara de inclusividad y eficacia:

Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente.

Se trata de un colosal contrato a quince años que incluye una lista de compromisos definidos, con calendario, medidas y criterios de seguimiento y valoración:

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Los países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, para lo cual es necesario recopilar datos fiables, accesibles y oportunos. Las actividades regionales de seguimiento y examen se basarán en análisis llevados a cabo a nivel nacional y contribuirán al seguimiento y examen a nivel mundial.

Ya hablé en el primer capítulo de que el liberalismo debe ser internacionalista y estar comprometido con las instituciones y la legalidad internacionales. Su principal bandera deben ser los derechos humanos, sin que sea posible desentenderse de su situación en ninguna parte del mundo simplemente porque a los liberales occidentales nos quede lejos o nos resulte ajena. Y si los Objetivos del Milenio significaron un momento histórico como aceptación de una brújula común (aunque sólo unos pocos actores participaran en ello, y la dualidad donantes-receptores marcara la pauta), los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 constituyen un mapa, una plasmación de la ruta para llegar a ese destino que hemos decidido conjuntamente al mundo al que debemos aspirar. La cuestión es que no podemos esperar que ese mapa tenga la precisión de las rutas por satélite que ahora esperamos tener siempre a disposición. Pero sí establece la meta y las etapas. Y los hitos que deben ir superándose en el camino.

Como no te sorprenderá, yo propongo aplicar la vía liberal para impulsar la eficacia en alcanzar la Agenda 2030. En este capítulo me propongo esbozar cuál sería esa vía para cada uno de los grandes grupos de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los primeros objetivos están relacionados con la pobreza y el hambre, es decir, con los dos problemas, junto a la guerra y la enfermedad, que más sufrimiento conllevan para la humanidad en su conjunto. Y que son, a su vez, causa de otros muchos males para las personas que las sufren. Acabar con la pobreza es una vieja aspiración humana. Percibimos la injusticia que supone, en especial porque no está vinculada a ningún tipo de conducta inapropiada (contra lo que han pensado los reaccionarios durante siglos), sino al simple azar: nacer a un lado u otro de una frontera puramente arbitraria y contingente puede determinar el destino de un niño, y más todavía de una niña. A veces ni siquiera hace falta una frontera, basta con la calle que separa un barrio pudiente de uno desfavorecido. Por último, los horizontes de muchas personas se pueden ver comprometidos por factores que no controlan, desde las guerras hasta el cambio climático. La pobreza es injusta, y los que tenemos la suerte de no padecerla debemos comprometernos en su erradicación.

Los objetivos de la Agenda 2030 hablan, como es de esperar, de transferencias económicas de los países más ricos a los más pobres. La ayuda oficial al desarrollo es un pilar en la lucha contra la pobreza, pero no es suficiente. No se trata sólo de dinero público. Es imprescindible que las empresas se involucren de forma sistemática en mejorar la economía y la democracia en los países en los que operan. Y sin excusa, en forma de acuerdos formales de colaboración, comprometidos estructural y legalmente. No se trata sólo de dedicar parte de sus beneficios, como ya hacen muchas bajo el paraguas de la responsabilidad social corporativa (RSC).

Hay que señalar que la pobreza extrema se ha reducido de forma muy notable. Según datos del Banco Mundial, en 2015 el 12,7 por ciento de la población mundial vivía con menos de 1,90 dólares al día en 2011, cifra inferior al 37 por ciento de 1990 y al 44 por ciento de 1981. En términos absolutos, la reducción es importante, a pesar del crecimiento de la población mundial: 896 millones de personas subsistían con menos de 1,90 dólares al día en 2012, en comparación con 1.950 millones en 1990 y 1.990 millones en 1981.[23] De hecho, el objetivo del milenio de reducción de la pobreza se alcanzó con cinco años de antelación sobre la fecha establecida.

¿Se debe esta reducción a los fondos de ayuda al desarrollo? Sin duda han tenido su papel, pero hay otros factores que lo explican mejor. Por una parte, la consolidación de la seguridad jurídica en muchos países (en ocasiones, no siempre, como consecuencia de un proceso democratizador); por otra, la disminución de los conflictos bélicos y la violencia, y, en último lugar —pero a juicio de muchos expertos, lo más importante—, el incremento del comercio y la apertura económica. Desde luego es innegable el efecto que esta apertura ha tenido en el caso más espectacular de crecimiento económico y reducción de la pobreza: el de China. Pero esto ha sucedido de igual manera en toda la región de Asia-Pacífico, en buena parte de América Latina y, con más retraso pero con una fuerza nada desdeñable, en África. Ya expliqué en el capítulo relacionado con el comercio la importancia de la apertura en el bienestar de la gente, al crear nuevas oportunidades y facilitar un crecimiento que, en modo alguno, es un juego de suma cero. Por eso considero tan irresponsables e involucionistas a los nuevos apóstoles del proteccionismo, desde Trump hasta Marine Le Pen.

Naturalmente, acabar con la pobreza es la mejor forma de acabar con el hambre, pero respecto a este mal hay otras consideraciones que hacer. En ocasiones, se ha acusado a las multinacionales que participan en el mercado agroalimentario de manipular los precios, provocar carestías y perjudicar así a las personas con menos recursos. Algunas de estas denuncias son simples teorías de la conspiración que no soportan el contraste con los hechos, pero no pueden descartarse por sistema. Las prácticas colusivas y las ineficiencias se dan en todos los mercados, y la vigilancia para que esto no suceda tiene que ser especialmente intensa en el de los alimentos. Vigilar un correcto funcionamiento de la competencia es esencial para mantener los precios bajos y estimular la producción. Por supuesto, las prácticas proteccionistas son inaceptables, y en este sentido, sin desatender a los sectores agropecuarios de nuestros países, la Unión Europea debería hacer examen de conciencia sobre cómo ha vulnerado sus propios principios liberales al imponer aranceles abusivos a productos procedentes de países en vías de desarrollo.

Dos comentarios más respecto al problema de los alimentos y el hambre: el liberalismo no puede aceptar los prejuicios ideológicos que condenan los alimentos transgénicos por sistema, sin atender a pruebas ni datos que demuestran que pueden ser perfectamente aptos para el consumo, además de adaptarse mejor a entornos ambientales poco fértiles, escasos de recursos hídricos o con otras dificultades. Por otra parte, cabe recordar que en los países occidentales, la pobreza se manifiesta en muchas ocasiones en forma de obesidad: las personas con pocos recursos comen peor y esto afecta a su salud. Sin duda, debemos actuar para favorecer dietas equilibradas y saludables, aunque, una vez más, lo mejor siempre será reducir la pobreza para que todo el mundo tenga acceso a estas dietas y a la educación que crea hábitos sanos.

Tanto la educación como la sanidad son troncales como Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y me parece importante señalar que la mejora en los niveles educativos y de salud en los países pobres genera a su vez unos recursos que permiten continuar invirtiendo en educación y sanidad, dando lugar así a un círculo virtuoso con consecuencias más que benéficas en la economía.

¿Qué debe defender un liberal en lo que a educación se refiere, además de que es la base de todo, la única garantía para la igualdad de oportunidades y para el desarrollo social y económico? Pues algo esencial: que es un objetivo para cuya consecución debemos prestar especial atención a las niñas. Todavía son muchos los países y las culturas en las que es costumbre que ellas estudien menos (o no estudien en absoluto) en comparación con los niños. Se las ve destinadas a la maternidad y a la crianza, por lo que ven sus posibilidades muy limitadas y terminan viviendo vidas subordinadas, sin autonomía ni verdadera libertad, en ocasiones atrapadas en relaciones en las que sufren agresiones y violencia. En este sentido, de poco servirán los recursos que los países ricos puedan proveer en aquellos que tienen establecido un sistema político y legal que considera a las mujeres como ciudadanos de segunda o de tercera.

También el derecho a la salud es clave para el desarrollo, como un valor en sí mismo y como la única forma de desarrollar una vida plena en todos los aspectos, desde el familiar hasta el profesional. Es natural indignarse cuando se ve que en los países pobres mueren personas por enfermedades largamente erradicadas en Occidente. He reclamado sin descanso un cambio de modelo en lo que a la industria farmacéutica se refiere. El sistema de patentes en vigor no puede constituir un obstáculo para que, demasiadas veces, países de África y otros lugares del mundo (incluida Europa, no olvidemos la cura de la hepatitis C) puedan mejorar sus índices de salud y de esperanza de vida. No se trata de penalizar su esfuerzo en investigación ni de pretender que renuncien a un beneficio legítimo y razonable, sino de reconocer, por una parte, el papel que los Estados tienen en el desarrollo científico que ha permitido crear las patentes y, por otra, el valor superior de los derechos humanos. Las empresas farmacéuticas no pueden seguir manteniendo en sus manos el sistema de fijación de precios de los medicamentos para salvar vidas, ni seguir actuando como «cazadores de patentes» en casos en los que el esfuerzo de descubrimiento, investigación y desarrollo ha venido en buena medida de las universidades e investigadores de la esfera pública. No podemos tratar igual un hallazgo científico como es encontrar cura para una enfermedad que era incurable y letal para millones de personas (insisto en el ejemplo de la hepatitis C) que la viagra. La industria farmacéutica no es sólo un sector de enorme relevancia económica, sino un socio esencial de los Estados para garantizar el derecho a la salud. Es incuestionable revisar el paradigma de actuación en este sentido para adecuarlo a las necesidades y los tiempos. Se impone un debate profundo acerca de estas relaciones a nivel internacional y sobre los criterios de transparencia y equilibrio en todo el proceso, para encontrar la forma de conservar una industria potente y al tiempo permitir que los medicamentos lleguen a todos los que los necesitan.

Una vez más, la salud de las mujeres presenta especiales desafíos, en especial los relacionados con la salud sexual y reproductiva. La planificación familiar, la educación sexual en la escuela y, por supuesto, la interrupción voluntaria del embarazo, aún no reconocido en muchos países en desarrollo (aunque hay que destacar que también se ve amenazado en la propia Unión Europea, por ejemplo, en los casos de Polonia y, en menor medida, de España). La persecución de las mujeres por abortar pone en riesgo sus vidas y condiciona su futuro. Además, como puso de manifiesto el informe aprobado por el Parlamento Europeo en 2016 del que fui autora, también hay una tendencia a investigar e invertir en el desarrollo de medicamentos y tratamientos pensando especialmente en los hombres. Y, lo que es más grave, es un hecho que los ensayos clínicos no se realizan en poblaciones-muestra que representen adecuadamente las poblacionesdestino en términos de sexo. Esto significa no sólo perpetuar un claro e injustificable sesgo, sino invalidar, de facto, los indicadores de eficacia para los que esos ensayos clínicos deben servir.

Ya hablamos de igualdad de género en un capítulo anterior, pero quisiera detenerme en un hecho que quizá no se haya señalado lo suficiente: el hecho de que tenga un objetivo separado y específico en la Agenda 2030, el número 5. Vale la pena recordar que es en los países más pobres donde más duro y peligroso resulta ser mujer. Según informa Naciones Unidas,[24] «con arreglo a los datos de 2005 a 2016 referidos a 87 países, el 19 por ciento de las mujeres de entre quince y cuarenta y nueve años de edad dijeron que habían experimentado violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores». Millones de niñas son víctimas del matrimonio infantil y la mutilación genital, que ya hemos reconocido internacionalmente como inaceptables formas de violencia contra la mujer que a mí me importan especialmente, porque tienen un origen cultural. Y a los liberales nos recuerda que la tradición no es desde luego un valor en sí misma. Ojalá se lo recordara también a la izquierda. Me alegra decir que ambas lacras están retrocediendo. Estamos ganando la batalla, pero aún lejos todavía de darla por terminada, incluso en Europa.

Respecto al acceso de las mujeres a puestos de dirección, hay que destacar que existen casos en los países en desarrollo que podrían servirnos de lecciones a los del primer mundo. Por ejemplo, la incorporación a la legislación de la paridad obligatoria en órganos legislativos en Ruanda o en Nicaragua ha permitido que las cuestiones más relacionadas con las mujeres ocupen un lugar destacado en la agenda pública, con los efectos positivos que cabría esperar. A estas alturas, ya sabrás que el liberalismo que defiendo no tiene problema alguno con políticas de este estilo. Al contrario, me parecen muy aconsejables.

El sexto objetivo de la Agenda promueve garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable en el hogar. Resulta difícil de entender para quienes siempre hemos dispuesto de lo que consideramos básico, que en el siglo XXI dos tercios de la población mundial, más de 4.500 millones de personas, no dispongan de saneamiento seguro. Es conocida la gravedad del peligro al que se enfrentan quienes no tienen instalaciones adecuadas, y no sólo por cuánto afecta a la salud la ausencia de higiene básica (defecación al aire libre, no poder lavarse las manos con jabón) en términos de enfermedades evitables. Carecer de un retrete es además un alto riesgo para la seguridad —una vez más— de las mujeres, que deben aventurarse solas en lugares escondidos, donde, con frecuencia, son víctimas de violaciones y abusos sexuales. Superar la pobreza (y dignificar al ser humano) significa también instalar sanitarios y suministro de agua potable. Es muy importante favorecer proyectos destinados a este fin. Sin olvidar que el cambio climático, del que hablaremos más adelante, es un factor clave en las sequías que agravan el problema.

El siguiente grupo de objetivos de la Agenda 2030 está muy relacionado con la creación y reparto de riqueza, como el acceso a la energía. En muchas ocasiones, para situar un problema hay que ponerlo en cifras totales. Si digo que en 2016 el 85 por ciento de las personas tenían acceso a la electricidad, tal vez parezca que la cuestión afecta relativamente a pocas personas, pero el 15 por ciento restante son más de 1.000 millones de personas. Pensemos en la totalidad de los ciudadanos de la Unión Europea sin electricidad, y multipliquemos por dos. E imaginemos un solo día sin suministro eléctrico para todos ellos (o nosotros). Este asunto me sirve muy bien para explicar cómo entiendo yo el desarrollo, y, claro está, el papel que, a mi juicio, el liberalismo debería conceder a este ámbito. Creo que el crecimiento económico es capaz por sí mismo de desarrollar las infraestructuras necesarias para que la gente tenga acceso a suministros y servicios esenciales hasta cierto punto. Puede haber zonas que, por sus características geográficas, orográficas, étnicas o políticas queden marginadas y sin acceso a estos suministros. Sencillamente, no es rentable o no interesa tirar un tendido en determinados lugares: el mercado tiene sus límites. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado, pero en ocasiones éste carece de los recursos o de la voluntad para acometer las obras necesarias. Ése es el terreno tanto para la cooperación al desarrollo y para el activismo político. La primera puede (debe) cubrir el hueco dejado por el mercado, y el segundo, cuando sea necesario, puede (debe) arrojar luz sobre las condiciones de vida de los más desfavorecidos y los motivos poco confesables por los que se les condena a una vida previa a la Revolución Industrial. Lo mismo que vale para las infraestructuras eléctricas, por supuesto, sirve para el alcantarillado, las carreteras o algo que ya forma parte de las vidas cotidianas de miles de millones de personas: el acceso a internet.

En cuanto al crecimiento económico en sí mismo y a su capacidad para repartir prosperidad, llegados a este punto del libro, ya habrás adivinado mi punto de vista. Lo mejor que pueden hacer los países en vías de desarrollo es abrir fronteras y economías, bajar aranceles y entrar en el flujo del comercio internacional. Esto creará oportunidades de todo tipo para emprendedores y trabajadores locales. En realidad, es algo que lleva ya décadas ocurriendo y que explica el crecimiento espectacular de muchos países en Asia e incluso en África, y tal vez en menor medida en América Latina. El resultado ha sido la mayor reducción de la pobreza que hemos conocido.

Es cierto que la Agenda 2030 no se limita a reclamar crecimiento, sino que éste se traduzca en trabajo decente y en una menor desigualdad. Esto queda plasmado en el mismo principio del programa: que nadie se quede atrás. Es decir, que llegue a todos, que no se limite a enriquecer a unos pocos. Y, en este sentido, creo que hay que reclamar con más esmero y energía la seguridad jurídica, antes incluso que políticas fiscales determinadas o un Estado del Bienestar. Acemoglu y Robinson[25] nos recuerdan que ésta es la clave para cambiar la historia de los países perdedores: impedir que las castas extractivas exploten el talento y el esfuerzo de otros en su beneficio. Una de las conclusiones a las que llegan en Por qué fracasan los países es que la ayuda al desarrollo, cuando va destinada a países controlados por caciques, no va a lograr otro objetivo que enriquecer todavía más a quien esquilma a su pueblo. Es así de crudo. En cambio, en países donde hay seguridad jurídica, donde el inversor o el emprendedor saben que tienen opciones de prosperar porque las reglas del juego no están amañadas, esa misma ayuda al desarrollo funcionará como catalizador y surtirá un efecto exponencial.

Yo añadiría algo más. Los dos economistas estadounidenses hablan de seguridad jurídica y de Estado de derecho, pero no tanto de democracia. Lo cierto es que, aunque en la teoría se pueden separar, la historia nos demuestra que en la práctica no tanto. Los regímenes no democráticos suelen saltarse sus propias leyes cuando les interesa y están menos interesados en crear incentivos para un crecimiento inclusivo. Un triste ejemplo reciente es el de Venezuela, en el que no podemos separar la crisis humanitaria del deterioro democrático. Por tanto, para que se genere riqueza (y esta riqueza alcance a todos), son necesarias instituciones democráticas garantes de que se escucha a los más desfavorecidos, que, a su vez, permitan a éstos presionar para que se reconozcan sus derechos y les alcance la prosperidad.

Soy consciente de lo que estoy afirmando: lograr los objetivos de la Agenda 2030 implica transformar políticamente a muchos países. Durante varias décadas, parecía que la democracia avanzaba en todo el mundo. Al final de la segunda guerra mundial, apenas existía en una minoría escuálida de países; hoy, según el Democracy Index de The Economist,[26] son setenta y seis (aunque sólo diecinueve tendrían una democracia plena). Tampoco hay que despreciar que algunos regímenes autoritarios hayan evolucionado hacia sistemas híbridos, que todavía no pueden considerarse democracias, pero que han abierto algunos ámbitos de libertad. Sé que no es un camino en línea recta y que se producen retrocesos:

incluso dentro de la UE, algunos países del Este y del centro de Europa están sufriendo tensiones antidemocráticas. Con todo, la lección es clara: lo que más puede hacer por el desarrollo mundial es la promoción del Estado de derecho y de la democracia.

Del mismo modo, estos procesos democratizadores, unidos al impulso al comercio mundial, han contribuido y seguirán haciéndolo a la reducción de las guerras y de la violencia en todo el mundo: las democracias resuelven sus diferencias sin recurrir a la guerra y los países que comercian es más probable que negocien antes de atacarse. El penúltimo objetivo de la Agenda, «Paz, justicia e instituciones sólidas», no va por tanto por mal camino. Las estadísticas muestran que los últimos siglos, y en particular las últimas décadas, han mostrado un declinar de la violencia, tal y como expone Ian Morris en un reciente libro de título provocador: Guerra, ¿para qué sirve?[27] Según el autor —profesor de Historia en Stanford—, la guerra ha sido la forma en que los Estados se han hecho más fuertes y, como consecuencia, han podido ofrecer más seguridad y prosperidad a sus habitantes de la que tenían en un mundo tribal y de pequeños países con gobiernos débiles. Naturalmente, Morris no defiende la guerra moralmente, sólo muestra que, hasta la fecha, los humanos hemos sido incapaces de lograr una vida mejor por medios más civilizados. A estas alturas de nuestra historia, parece evidente que el desafío consiste en avanzar por la vía del Estado de derecho en todos los países, resolviendo los conflictos en las instituciones supranacionales y en los foros multilaterales. Reforzar los tribunales internacionales es clave para que la paz y la justicia sigan avanzando en todo el mundo.

Esta reducción de la violencia entre países, e incluso dentro de los propios países, es un hecho avalado por los datos aunque hay quien opina que podríamos estar simplemente en un estadio de calma antes de la tempestad: una guerra entre, pongamos, Estados Unidos y Corea del Norte podría suponer el mayor desastre de todos los tiempos. Personalmente, creo que, pese al escalofrío que nos recorre a muchos cuando vemos quiénes gobiernan ambos países, el conflicto terminará suavizándose y no se llegará al choque. En todo caso, no soy amiga de la autocomplacencia, antes al contrario: ahora más que nunca en la historia de la humanidad, nos produce indignación la existencia de guerras como las de Siria o Yemen, y esta indignación contribuye precisamente a que presionemos a los gobernantes y a que haya menos conflictos. Por desgracia, no ha contribuido aún lo suficiente a que se ponga fin a las matanzas, ni siquiera a las peores.

No es casual que el último objetivo de la Agenda 2030 se refiera precisamente a reforzar las alianzas para lograr ese conjunto de objetivos. La Unión Europea, en cuyo órgano representativo ejerzo mi función política, es, junto a sus Estados miembros, el mayor contribuyente del mundo en ayuda al desarrollo. Y está bien que así sea. Para que la cooperación pueda seguir mejorando el mundo en la medida en que puede hacerlo, es esencial incorporar al sector privado. Esto, como decía al principio, no pasa sólo —ni fundamentalmente— por obtener más fondos de empresas y ciudadanos, sino por conseguir que las compañías se comprometan de forma decidida y comprobable con los derechos humanos y con la seguridad jurídica. Y no estoy hablando únicamente de perseguir y castigar la explotación laboral o infantil, sino también el pago de sobornos para obtener un contrato o la elusión fiscal en un país en vías de desarrollo. Se trata de prácticas que perpetúan las castas extractivas, ignoran el Estado de derecho y acentúan la inseguridad jurídica, lo que inevitablemente hará que ese país se mantenga en la pobreza y en la injusticia. Por decirlo claramente: prefiero a una empresa que no destine un euro a proyectos de desarrollo o de responsabilidad social corporativa, pero que respete escrupulosamente las convenciones internacionales de derechos humanos y sólo invierta de forma legal en países con Estado de derecho, a una que contribuya con decenas de millones y termine financiando a caciques y tiranos. Aunque, sobra decirlo, lo que prefiero antes que nada es a una compañía responsable en todas sus facetas.

He dejado para el final los objetivos relacionados con la acción por el clima y el medio ambiente, una cuestión que ya está marcando la política mundial pero que, previsiblemente, lo hará todavía más en los próximos años. Soy optimista respecto a la capacidad del ser humano para solucionar los problemas que él mismo crea: lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Sin embargo, también es cierto que las soluciones suelen llevar su tiempo, que implican cambios de actitudes que no se dan hasta que unas generaciones sustituyen a otras. Según la mayoría de los expertos, con el cambio climático no podemos permitirnos algo así. Estamos en un momento clave, la temperatura del planeta está aumentando y nuestra capacidad de respuesta se está mostrando limitada. No podemos esperar a que cambien las actitudes, a que las políticas públicas se adapten lentamente, a que el mercado incorpore los cambios necesarios. Es imprescindible una acción internacional concertada. Y, por supuesto, un cumplimiento riguroso de los acuerdos comprometidos en la COP 21, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 en París. Esto es algo que repele a muchos liberales, que recelan de los dirigentes del mundo reunidos en una sala y decidiendo en qué medida y en qué sectores tiene el Estado que intervenir para lograr cierto objetivo. Me duele que entre los negacionistas se cuenten algunos liberales, ya que para mí el liberalismo debe ser, antes que nada, empírico, y los datos demuestran no sólo el aumento de la temperatura (algo que ya sólo niegan unos pocos conspiranoicos), sino que este aumento se debe a la mano del hombre, y en particular a la emisión de determinados gases a la atmósfera (algo que todavía niegan con insistencia quienes sugieren que estamos ante una variación climática natural).

El cambio climático es uno de los principales motivos por los que defiendo un nuevo liberalismo amplio y sin dogmas. La vieja creencia de que el mercado puede arreglarlo todo choca con la realidad de un desafío sin precedentes que obliga a una iniciativa internacional en diversos ámbitos. No hay que tener miedo a esto, sino a la inacción o a una acción excesivamente ideologizada y alejada de los hechos. «Lo importante para el gobierno no es hacer cosas que ya están haciendo los individuos, y hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas que en la actualidad no se hacen en absoluto», dejó escrito Keynes.[28] Bien, la respuesta ante el cambio climático es una de estas cosas que los individuos (ya sean personas físicas o jurídicas) no estamos haciendo en la forma adecuada.

El objetivo actual, que la temperatura no aumente más de dos grados, implica que parte del problema ya no tiene solución, pues no podremos solventar la acumulación de gases de efecto invernadero que ya se ha producido en milenios. La cuestión es de qué forma nos ponemos manos a la obra. El sistema de compraventa de derechos de emisión, que pretende introducir mecanismos de mercado dentro de las políticas estatales, es discutible y no termina de dar resultado. Deja en mejor situación siempre a los países más ricos, con más recursos. Por otra parte, limitar a los países más pobres —precisamente los que necesitarían una mayor modernización y un fortalecimiento industrial para alcanzar mayores niveles de prosperidad— parece hipócrita, como si los países más ricos quisieran aprovechar este problema para mantener su posición de privilegio y reforzar de forma artificial a su sector secundario.

Todos los países del mundo deben asumir el compromiso, y más todavía aquellos que son responsables de la mayor parte de las emisiones. Una forma muy prometedora de hacerlo es con cambios legales e incentivos fiscales para el desarrollo de nuevas tecnologías que aumenten la eficacia de las energías renovables. Es algo que está funcionando: estas tecnologías avanzan cada año y van solucionando los problemas que impiden que puedan competir con los combustibles fósiles. Se aprecia especialmente en un sector industrial clave en todo el mundo y en especial en España, el del automóvil. Lo que hace pocos años parecía ciencia ficción ya está teniendo lugar: los coches eléctricos ya circulan por nuestras ciudades y, en unos años, serán probablemente mayoría. Más allá del medio ambiente, están cambiando el ecosistema urbano.

Como explica Mariana Mazzucato,[29] aunque muchas grandes empresas participan ahora en estos desarrollos tecnológicos y destinan parte de sus beneficios a inventar la forma de generar, conservar y canalizar energías renovables, en su origen se trataba de investigaciones públicas. Recordemos lo que vimos en el capítulo sobre el Estado emprendedor: el capital riesgo sólo aparece, paradójicamente, cuando ya apenas hay riesgo. Antes de que esto ocurra, es la inversión pública la que permite las investigaciones básicas y los desarrollos más arriesgados. Una vez más, el Estado haciendo lo que nadie hace. Sin duda, ésta es la vía esencial para el futuro, aunque hay otro debate que no deberíamos orillar.

Decía que el liberalismo debe huir de debates ideologizados y buscar soluciones pragmáticas. Hay un tipo de energía, ya plenamente desarrollada y ampliamente explotada, que es eficiente, barata y no genera emisiones: la nuclear. Todos somos conscientes de que donde hay un reactor hay un peligro, pero este peligro puede ser minimizado y gestionado, como también lo puede ser la gestión de los residuos. Creo que Occidente debería revisar con humildad su visión de este tipo de energía, y no descartarla sencillamente por la influencia que ejerce el entorno ecologista. Yo veo la energía nuclear, en la actualidad, como una parte importante del conjunto de energías que nos permite generar los recursos que necesitamos sin contribuir al calentamiento global.

Por supuesto, el problema de la energía no agota el debate sobre este desafío. La producción de carne, como es bien sabido, genera unas emisiones de metano que contribuyen al calentamiento de forma decisiva. Una vez más, estamos ante una consecuencia inesperada del aumento de la prosperidad. Cuando un individuo sale de la pobreza, una de las primeras cosas que demanda es proteína, es decir, carne. Los occidentales hemos vivido muy cómodamente en los últimos años, hemos comido lo que hemos querido (la mayoría de nosotros, no todos) gracias a que en lo que se daba en llamar el Tercer Mundo no podían hacerlo. Dado que en la actualidad no se conoce una «carne limpia» que no produzca emisiones, vamos a tener que plantearnos hasta qué punto el consumo de proteínas puede mantenerse en los niveles actuales. El consumo de carne conlleva otro problema: en exceso, es malo para la salud. Como también lo es vivir en ciudades altamente contaminadas. La búsqueda de una vida más larga y mejor puede tener como efecto secundario mejorar el medio ambiente. Existe una creciente sensibilidad en Occidente hacia la necesidad de dejar de lado prácticas poco saludables y lograr un aire más respirable. La política tiene aquí una gran oportunidad para responder a estas nuevas demandas y alcanzar así un doble objetivo: mejorar al mismo tiempo los niveles generales de salud y combatir el cambio climático.

La Unión Europea es clave instrumental en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: en conjunto, representamos el mayor PIB del mundo y la tercera mayor población mundial. Tenemos el mayor potencial para el mal y para el bien. Por suerte, creo que en Europa somos más sensibles que en otros lugares del mundo acerca de la urgencia de detener el cambio climático y continuar abriendo oportunidades para los países en vías de desarrollo. Creo que representamos el equilibrio entre iniciativa pública y privada, entre la ayuda al desarrollo y las reformas políticas, entre la defensa de los derechos humanos y el impulso de la democracia como mejor sistema para la convivencia y el progreso. Ésta es para mí la aproximación liberal y efectiva a los desafíos de nuestro planeta. Además, somos el mejor ejemplo de colaboración y acción concertada que ha dado la historia, y aunque a veces nos cueste a nosotros mismos reconocernos este mérito, basta con viajar fuera de nuestras fronteras para comprender el liderazgo económico, político y moral que está en nuestras manos ofrecer al mundo.

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Eres liberal si estás decidido a convertir Europa en una promesa cumplida

Soy eurodiputada desde 2014. Nunca antes de aquella fecha me había presentado a un cargo público ni tenido vinculación con la representación política. Vengo de la empresa privada, donde he desarrollado prácticamente toda mi vida profesional en multinacionales del sector audiovisual durante casi dos décadas. Entré en política porque me preocupaba mi país, pero desde el principio supe que hoy España no se puede comprender sin la Unión Europea. El tiempo que he pasado recorriendo los larguísimos pasillos de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, interviniendo en acalorados debates en los plenos de Estrasburgo, elaborando propuestas y llegando a acuerdos con colegas, comisarios, funcionarios o ciudadanos de los cinco continentes no sólo me ha reafirmado en aquella identificación, sino que me han llevado a comprender mejor hasta qué punto Europa es, como dijera Helmut Kohl, «nuestro futuro, nuestro destino».

Todos los eurófobos se parecen, pero cada europeísta lo es a su manera, por parafrasear a Tolstói. Hoy está muy de moda decir que parte de la culpa de la crisis europea, de su cuestionamiento por parte de partidos populistas y nacionalistas (que obtienen un apoyo social muy considerable) es de los que defendemos a la Unión, por dar siempre la misma respuesta a todos los problemas: necesitamos más o mejor Europa. Cuando escucho esta crítica me digo a mí misma: «cierto, son tópicos, palabras vacías, trazos de brocha gorda». Y me prometo reflexionar sin prejuicios sobre cada cuestión concreta, candente, acuciante. Por ejemplo, cuando gana Trump y amenaza con cambiar el equilibrio de la seguridad mundial insinuando (cuando no diciendo abiertamente) que no está dispuesto a que Estados Unidos siga aportando tanto a la OTAN, para mí es obvio que es una oportunidad para avanzar en una seguridad y defensa europeas más fuertes y coordinadas. Es decir, más Europa.

Otro ejemplo: la amenaza terrorista. Cuando el problema eran ETA y otras bandas locales (Baader-Meinhof, Brigadas Rojas), la solución podía ser local (hasta cierto punto). Pero el yihadismo de hoy actúa por todo el mundo mediante redes escasamente centralizadas, lo que nos obliga a coordinar nuestros esfuerzos policiales, reforzar la prevención de la radicalización en todos los países y crear un servicio de inteligencia común. Es decir, más Europa.

Otro más: en el ámbito político, cuando emergen nuevos gigantes (China, India) y multitud de nuevos actores toman un papel relevante, podemos elegir que cada pequeña nación europea aguante su vela, pero parece más eficiente compartir una política exterior común que haga sentir el peso de la mayor economía del mundo y de sus quinientos millones de habitantes. Más Europa.

Pero el caso más evidente para mí, sin embargo, es el medio ambiente: quien contamina no contamina su país, contamina el mundo, y el calentamiento global se llama así por algo. ¿Queremos ir a los foros internacionales con casi treinta voces o con una sola voz, alta y clara? Pues sí: más, más y más Europa.

Hay muchos otros asuntos en los que tal vez la respuesta no sea tan evidente: la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de las minorías, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, etc. Todas estas cuestiones podrían afrontarse localmente, por supuesto, pero no tendría mucho sentido. Cuando hablamos de derechos civiles, políticos y económicos hablamos de derechos universales. Si cada país legisla por su cuenta, el resultado será que algunos ciudadanos tendrán una situación mucho mejor que otros. Sólo desde el relativismo más ramplón se puede dar esto por bueno. Europa puede acordar marcos generosos, establecer estándares altos para todos los países, de modo que la democracia se haga más fuerte en todo su territorio. Esto es lo que, en definitiva, significa más Europa.

Pero atención, lo que no significa «más Europa» es que todo se haga desde Bruselas, por supuesto. Muchas de las políticas que hay que poner en marcha deben adaptarse a las circunstancias de cada país, región o localidad, y deben ser gestionadas, según el caso, por gobiernos nacionales, regionales o municipales. Y, por supuesto, todo pasa por dotar a la Unión de mayor legitimidad y cercanía, para blindarla frente a las mentirosas críticas de los nacional-populistas. De hecho, los que nos regañan por solucionar todo con «más Europa» suelen dar a entender que su razón para no pedirla es que resulta contraproducente. Básicamente, nos vienen a decir que nos hagamos un poco populistas para ganar a los populistas. Una estrategia que, a mi modo de ver, ya se ha demostrado que sólo conduce al fracaso.

Cuando se habla de unos Estados Unidos de Europa, o bien se hace desde el sarcasmo o bien provoca condescendencia. Puedo entender que resulte una perspectiva lejana, poco factible hoy, y desde luego soy partidaria de objetivos realistas. Pero la idea de un estado europeo no me parece ni indeseable ni utópica. Tengo una visión accidentalista de la historia. Como dijo en una comparecencia parlamentaria el profesor Álvarez Junco,[30] «España no es eterna. Hace cinco mil años no existía. Dentro de tres mil no existirá». Y lo mismo podría decirse del resto de países. No son, contra lo que afirman los nacionalistas, entes trascendentales ni naturales, sino simples y contingentes creaciones sociales, que tanto aparecen como desaparecen. ¿Un gran Estado que una a todos los países europeos? ¿Y por qué no? Es perfectamente posible.

Lo que no podemos hacer es imaginar cómo llegaremos a él, ni la forma que tomará de acuerdo a los antecedentes históricos, a los casos anteriores. Europa es ya una entidad sui generis, una asociación voluntaria para fines de amplio alcance, no específicos, y sobre unas bases políticas democráticas. Si es un imperio, como gustan de retratarla sus enemigos, es el más raro que han visto los siglos. No se ha construido a través de la guerra, sino contra ella. No tiene emperador ni ejército propio, y toda su expansión se produce por la adhesión, absolutamente voluntaria, de los países vecinos. No se levantan empalizadas para contener su avance, sino que se hace cola para poder entrar.

¿Es la Unión Europea, por tanto, una catedral que estamos construyendo paso a paso, un objetivo concreto y tangible —llamémoslo Estados Unidos de Europa—, un proyecto con sus plazos y sus etapas? No lo creo, salvo que pudiéramos imaginar a unos arquitectos que, partiendo de los planos de una catedral gótica, los modificaran cada día de modo que en ocasiones se pareciera más a un palacio de congresos, a un estadio de fútbol o a una presa hidroeléctrica. ¿Es entonces Europa un viaje? De algún modo lo es, en cuanto a esa vocación de futuro, de destino común. Pero no hay una Ítaca a la que llegar al final de la travesía, ni disponemos de un mapa para el trayecto con hitos o metas volantes marcadas. Es cierto que ha ido tomando su forma en respuesta a crisis y situaciones concretas que han exigido actuaciones rápidas. Pero también lo es que la gama de respuestas, reformas y políticas que los mandatarios tenían a su alcance no era infinita, sino que estaba restringida por la última característica que la aleja definitivamente de los imperios de antaño: sus bases netamente liberales. Ésa sería para mí la brújula que guía el viaje.

Al terminar la segunda guerra mundial, los demócratas de Europa Occidental sólo disponían del presente. Su pasado inmediato era atroz: decenas de millones de muertos (entre ellos seis millones de judíos exterminados de forma sistemática) causados por la agresión brutal de un régimen totalitario. El futuro no se presentaba mucho mejor. Al otro lado del telón de acero acechaba otro totalitarismo brutal, con cientos de millones de muertos a sus espaldas: el comunismo. Sólo podían apoyarse en el momento presente, y tampoco es que fuera muy halagüeño: ruinas, miseria y hambre. Pero, por debajo de esta realidad inmediata, había otra menos visible: la democracia liberal sobre la que se refundarían los viejos Estados de la nueva Europa.

La idea de liberalismo que contiene este libro remite a aquel momento. Muchos de los hombres que tomaron la iniciativa eran socialdemócratas o democristianos, muy pocos militaban en partidos liberales. Tenían presentes las enseñanzas del período de entreguerras, cuando un clamor mundial por la paz terminó apagado bajo los salvajes alaridos de los fascistas. Recordaban las amenazas revolucionarias, la hiperinflación, la aparición de partidos antisistema, populistas y radicales. Tenían presente que el principal objetivo debía ser la convivencia dentro de cada país y entre los países europeos. Se trataba de ser pragmático y al mismo tiempo ambicioso; imaginativo y realista.

Fue el afán de convivencia lo que guió cada uno de sus pasos. Crearon marcos legales que proclamaban los valores democráticos, en especial el pluralismo: se consagraban la libertad de conciencia y los derechos políticos, pero también se buscaba la forma de cerrar la puerta a las fuerzas que, apoyándose en tales derechos, pudieran acabar con el pluralismo. Evitaron igualmente poner el acento en el castigo a los países derrotados, al contrario: buscaron la coincidencia de intereses para tejer redes de colaboración y firmar acuerdos que facilitaran el diálogo y la negociación, que crearan formas pacíficas de resolver los conflictos. Al mismo tiempo, buscaban alianzas militares que protegieran a los países de Europa Occidental del expansionismo soviético. Y también crearon un sistema económico basado en la economía de mercado, pero fuertemente intervenido: se trataba de recuperar el crecimiento y, al mismo tiempo, repartir sus beneficios entre toda la sociedad, evitando que los más desfavorecidos se sintieran víctimas de un sistema injusto.

Ahora lo vemos como una historia de éxito, pero no siempre estuvo tan claro. De hecho, durante mucho tiempo parecía que el comunismo iba a ganar: el PIB de la Unión Soviética crecía con fuerza, las viejas potencias occidentales vieron cómo se desmoronaban sus imperios coloniales, los conflictos sociales reaparecieron y el terrorismo sacudió Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia o España. Las sociedades abiertas gestionan la mayoría de sus conflictos a la luz del día, mientras que las cerradas logran dar una falsa apariencia de estabilidad. Incluso la autoridad moral de las democracias estaba en entredicho: en 1956, la URSS intervino en Hungría para impedir por la fuerza la apertura política de un país, en teoría, soberano; pero el efecto revelador que podía haber tenido aquel abuso quedó diluido por la intervención de Francia y el Reino Unido en Egipto para proteger sus intereses en el Canal de Suez. Para muchos, la única diferencia fue que, mientras que los rusos tuvieron éxito, los franceses y los británicos fracasaron.

Sin embargo, ya sabemos cómo acabó la historia. En 1989 cayó el muro de Berlín, y a finales de 1991 se desintegró la Unión Soviética. Las economías occidentales sufrieron un importante choque a mediados de los años setenta con la crisis del petróleo, pero lograron superarla, mientras que, desde los años sesenta, las economías planificadas del bloque comunista habían entrado en una situación de deterioro irreversible. Europa Occidental se adaptaba a los cambios, incorporaba las nuevas demandas de sus ciudadanos, propiciaba acuerdos sociales, permitía el progreso. Mientras, el Este parecía haber quedado congelado en los años cincuenta: no incorporaban nueva tecnología, reprimían cualquier exigencia de apertura y seguían en manos de una gerontocracia endogámica, corrupta e incompetente. Cuando, tras la muerte de tres secretarios generales en tres años, el Partido Comunista de la Unión Soviética eligió al relativamente joven Mijaíl Gorbachov y éste prometió un camino de cambio, todo se vino abajo en apenas un lustro. Para mí, Gorbachov era sin duda un político honesto, consciente de que debía ofrecer a su pueblo un horizonte, pero no calculó la escasa capacidad del sistema comunista para incorporar cambios. En cuanto tocó algunas piezas, todo se vino abajo.

Mientras tanto, al otro lado del telón de acero había ido tomando forma un extraño cuerpo político que, sin ser un Estado, era ya más que una simple comunidad económica. Pocos meses después de la disolución de la Unión Soviética, se firmó el Tratado de la Unión Europea en Maastricht, en los Países Bajos. No hizo falta movilizar tanques, ni amenazar a nadie, ni colocar gobiernos títeres. La Unión no se basaba en una ideología ni en una cosmovisión. No pretendía ser el resultado inevitable de las fuerzas de la historia, ni responder a análisis supuestamente científicos, como hacía el comunismo. Era una realidad más modesta, más contingente, de escala más humana. Pero sí se sustentaba en unas ideas y en unos principios, netamente liberales.

Cuando hablo de liberalismo, hablo de aquel sistema político que permite a las sociedades modernizarse, incorporar las demandas de la sociedad, atenuar los conflictos mediante la negociación e incluso convertirlos en un factor de progreso. No renuncia al legítimo uso de la fuerza cuando es necesario, pero establece límites y condiciones para ello. Es capaz de observarse a sí mismo y reformarse para seguir existiendo. Vive en un equilibrio siempre inestable, permite el debate sobre su propia naturaleza, no persigue a quien lo cuestiona, aunque tampoco se rinde sin más. La Unión Europea simboliza este liberalismo mejor que ningún país por sí mismo.

En ocasiones, hemos mirado al futuro con certidumbre, con la impresión de que sabemos lo que va a pasar, y otras veces lo hemos observado con inquietud, como si cualquier cosa fuera posible. El primer caso es más tranquilizador y nos hace vivir mejor, el segundo nos resulta indeseable. Y, sin embargo, el futuro siempre es una incógnita, y lo cierto es que sólo nos engañamos cuando creemos saber lo que va a ocurrir. La situación actual, de cambios acelerados en lo político, económico, social y tecnológico, puede ser alarmante o estimulante, según como queramos verla. Pero si algo surge de la falta de certezas es una cierta seguridad: que ese cambio imparable implica necesariamente revisar la realidad del mundo tal y como lo conocemos.

La política internacional y la geopolítica están viendo una nueva era. Estados Unidos ha ejercido un liderazgo incuestionable desde la caída del muro hasta ahora. Con sus errores y sus aciertos, con su intervencionismo abusivo y su vigilancia constante, ha dado estabilidad al mundo, aunque pueda parecernos lo contrario. Sí, ha habido y todavía hay guerras que nos indignan, pero son menos y menos sangrientas que las del pasado. Podríamos hablar de una pax estadounidense.

Todo esto parece estar cambiando hoy. La Rusia de Putin es mucho más débil que la Unión Soviética de Stalin y Jrushchov, pero parece haber encontrado el ámbito y la manera de ejercer cierta influencia en el ámbito de su viejo imperio y de sus históricos intereses, al tiempo que logra crearnos molestias a las democracias occidentales mediante una adaptación a los tiempos de Facebook de la propaganda y la desinformación de toda la vida. La India también está emergiendo como un actor relevante a medida que crece su población y su economía. Con todo, es ya evidente que no se puede hablar de política internacional sin mirar a los ojos al nuevo gigante chino. Todavía no ha alcanzado su máximo potencial, pero trabaja de forma incansable en sus propios objetivos de seguridad. Ejerce un poder blando gracias a su creciente influencia económica en todo el mundo —y en especial en Asia Oriental y Suroriental—, mientras trabaja incansable en reforzar su poder duro, con el punto de mira en los mares y océanos que la rodean. Quiere ser una potencia global y nadie sabe cómo impedírselo.

Como ya he explicado en este libro, creo en el multilateralismo y en la red de instituciones internacionales que nacieron en la posguerra y que han ido cobrando importancia a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Estos organismos no son ya las moscas que Moscú o Washington se sacudían con displicencia durante la Guerra Fría. Entre otras cosas, se han dotado de herramientas para imponer sanciones a quienes se saltan las normas y actúan como gamberros planetarios. Pero esto no puede engañarme ni engañarte a ti: el orden internacional sigue necesitando un «policía global», como dice Ian Morris,[31] para evitar el abuso de los fuertes. Y China está cada vez más cerca de poder disputar ese papel a Estados Unidos, más todavía cuando en la Casa Blanca hay un hombre que ha apostado por el repliegue, el aislacionismo y el proteccionismo. El hecho de que China haya hecho su fortuna a través del comercio internacional y se erija ahora en su máximo defensor tras el viraje estadounidense resulta tranquilizador. En principio, a quien vive del tráfico comercial no debería interesarle provocar conflictos que lo disminuyan. Pero, en todo caso, Pekín mirará siempre por sus intereses y por los de la élite del Partido Comunista que desde allí gobierna. Y no podemos olvidar que hablamos de un sistema político opaco, sin rendición de cuentas, y por tanto más susceptible a giros inesperados (a pesar de que la elección de Donald Trump pueda sugerir lo contrario).

La cuestión es cómo nos enfrentamos los europeos a este futuro geopolítico. No hablemos ya de los países pequeños y medianos, pensemos en Francia y Alemania. Siguen siendo economías importantes, en especial la alemana, pero empalidecen ante el auge chino, y en el futuro también los grandes países del Sudeste asiático o incluso de África. La globalización está cerrando las diferencias entre países. Por sí mismos, alemanes y franceses apenas tienen capacidad de influencia. Si miramos ahora a España, Italia o Países Bajos, a Polonia o Hungría, y no digamos ya a Portugal, Letonia o Eslovaquia, la cuestión parece casi un chiste: estamos condenados a ser simples barquitos a la deriva. Si nos va bien será por casualidad, pero apenas nada estará en nuestras manos.

Sí, es verdad que los intereses alemanes no tienen por qué coincidir con los españoles, del mismo modo que los de Baviera tal vez no sean los mismos que los de la Baja Sajonia o los del País Vasco puedan diferir de los de Extremadura (por no hablar de las brechas entre ciudades y campo en todas las regiones del mundo, o de las que existen entre barrios dentro de las mismas ciudades). Pero las comunidades políticas se las han arreglado bastante bien a lo largo de la historia para encontrar posiciones comunes que beneficien a todos a largo plazo. Europa es un subcontinente cuyas naciones comparten muchos retos y amenazas, así como grandes oportunidades y un camino ya recorrido. Y la fuerza que puede adquirir si continúa ampliando su posición común en política exterior y en defensa podría convertirla (convertirnos) en aspirantes a ese papel de policía global, o al menos al de árbitro en caso de choque entre Estados Unidos y China.

Y si avanzamos en estos dos aspectos decisivos en la geopolítica (exteriores y defensa), estaremos mucho más cerca de esos quiméricos Estados Unidos de Europa, porque los Estados pueden transferir todas las competencias que les parezca sin dejar de serlo, salvo estas dos: las relacionadas con la seguridad y la representación internacional. La actual alta representante y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, ha adquirido en los últimos tres años un peso importante y se ha convertido en la primera voz reconocible de la Unión en el mundo. Si todavía no tiene la capacidad suficiente para llevar la iniciativa en la medida en que corresponde a Europa, se debe más a cuestiones de organización institucional que a su valía personal y profesional. En todo caso, es en defensa donde más lejos estamos todavía de lo que necesitamos. Si queremos ser un actor global influyente, necesitamos un mando unido, aunque sólo sea para lanzar un mensaje inequívoco: no nos podréis dividir, actuaremos como un todo en defensa de nuestros valores y de nuestros intereses. Paradójicamente, las amenazas de Donald Trump pueden ser un acicate para que por fin asumamos nuestra mayoría de edad y avancemos hacia una defensa común. Qué forma debería adquirir esta defensa es algo que queda fuera del ámbito de este libro. Baste con señalar que, una vez más, podría ser una forma novedosa y original, no necesariamente un único aparato militar al modo tradicional.

Sobre el papel económico de la Unión Europea en el mundo del futuro, ya he hablado en capítulos anteriores: de nuevo, si no queremos quedarnos fuera de un juego mundial protagonizado por gigantes, debemos convertirnos en un gigante nosotros mismos. Un gigante adulto que se perciba y se crea como tal. Me interesa señalar algunos de los cambios tecnológicos que se avecinan, porque tienen un papel fundamental en ese mandato. La automatización ya está acabando con puestos de trabajo y lo hará de forma más acusada en el futuro. El coche autónomo revolucionará el mundo del transporte, aunque cabe señalar que una parte de él ya está en plena revolución desde la aparición de la llamada economía colaborativa. Ningún sector industrial ni de servicios está al margen de la influencia de internet, que, si bien no es ya exactamente algo nuevo, sí está empezando a acusar sus efectos más decisivos sobre las vidas de las personas. Algunas voces tratan de serenar el debate afirmando que siempre ha habido cambios tecnológicos, sectores que declinan y otros que aparecen, y que al final la humanidad se las ha arreglado para progresar. Los luditas culpaban a las máquinas de la pérdida de sus puestos de trabajo, cuando lo cierto es que se creaban otros al mismo tiempo, y el problema se reducía a encontrar acomodo a los damnificados transitorios del cambio, aquellos que se encontraban en el lugar equivocado, en el peor momento. Por otra parte, Yuval Noah Harari[32] y otros aseguran que la transformación que se avecina tiene características propias, ya que mientras que en la Revolución Industrial del siglo XIX los trabajos de tipo manual fueron sustituidos por otros cognitivos, la nueva revolución tecnológica amenaza a los trabajos cognitivos. Confiar en que estos sean sustituidos por otros que no existen y no somos capaces de imaginar entra dentro del terreno de la fe.

Como decía más arriba, estos cambios se pueden afrontar localmente, como siempre se hizo. Pero en un mundo absolutamente globalizado en el que se ha generalizado la convicción de que todos tenemos los mismos derechos, parece que sólo una visión global puede encontrar la solución. Si creemos que el trabajo tal y como lo conocemos, pilar esencial del desarrollo económico y de las políticas mundiales, está seriamente amenazado, debemos reconsiderar opciones ya propuestas, como la renta mínima, y no me parece que tenga sentido plantearlo sólo en unos países de la Unión, igual que no tendría sentido discutirla sólo para determinadas regiones. Estamos ante un debate universal y tenemos la suerte de pertenecer a la Unión Europea: aprovechémoslo y busquemos la mejor forma de prepararnos para el futuro usando todos los recursos de los que disponemos.

La biotecnología y la genética pueden alterar la misma naturaleza humana. La promesa que se nos hace va más allá de derrotar al cáncer y a otras enfermedades mortales: se nos dice que podremos considerar el envejecimiento como una enfermedad curable, y de ahí a alcanzar una suerte de vida eterna sólo hay un paso. Un paso que pone en cuestión todos los demás elementos. Sin entrar en profecías, sí parece que estamos a las puertas de cambios radicales que nos llevarán, tal vez, a convertirnos, a no mucho tardar, en semiciborgs, con cuerpos que combinarán partes humanas con otras robóticas. Los desafíos a los que nos enfrentamos ante estas tecnologías son difíciles de imaginar. Muchas innovaciones generan desigualdad, ya que suelen ser muy caras hasta que los avances las hacen asequibles. Pero cuando hablamos de postergar sine die la muerte y la vejez, de salvar vidas o incluso de aumentos significativos del potencial cognitivo, es natural que nos rebelemos: la perspectiva es una raza de humanos mejorados frente a una masa de vulgares Homo sapiens, tal y como señala Harari en Homo Deus. Sin entrar en las políticas que habrá que poner en práctica si llegamos a estos extremos, lo cierto es que el ámbito del debate trasciende incluso a la Unión Europea y alcanza a toda la humanidad. Europa debe tener una voz única y hacer que los controles y medidas que haya que tomar se practiquen por igual en todo su territorio.

Hablamos de una sola voz europea, pero ¿qué voz? ¿Acaso lo único que importa es que se nos oiga y no lo que tengamos que decir? Está claro que no. La Unión Europea se funda en valores liberales que incluyen los derechos humanos, la libertad y la igualdad. Como expuso Tony Judt[33] (un socialdemócrata al que yo incluiría encantada en mi equipo liberal), Europa ofrece hoy un modelo alternativo al estadounidense —cuyo principio ha sido tradicionalmente la libertad de empresa antes que la protección del individuo— y al chino —en el que la protección ni se contempla—. En este mundo cada vez más bilateral que antes describíamos, nuestra Unión se funda sobre la libertad, sin duda, pero también sobre la igualdad de oportunidades, lo que incluye una adecuada protección social para todos los ciudadanos.

Debemos ser conscientes de nuestra historia. Durante mucho tiempo, fuimos una región atrasada del mundo. Roma extendió la luz de Grecia sobre parte del territorio europeo, como otros imperios iluminaron otras zonas del mundo. Luego volvimos a la oscuridad, de la que salimos inesperadamente en torno al siglo XVI, cuando Europa se puso a la cabeza del mundo. Llegó la Ilustración, y con ella las ideas y la forma de ver el mundo que hoy nos son naturales. Y después, en el siglo XX, estuvimos a punto de destruirnos entre nosotros. Nada nos asegura que no vayamos a regresar al basurero de la historia, pero si así fuera, sería una pérdida para todo el mundo. No por nuestra riqueza, que viene y va, ni por nuestro poder, que ya nunca será el de los imperios atlánticos, sino por lo que representamos para tantas personas de todo el mundo.

No siempre somos conscientes de que, mientras nosotros nos complacemos en nuestra autocrítica, mientras nos centramos en los visibles defectos y riesgos a los que nos enfrentamos, para muchos asiáticos, africanos y latinoamericanos, Europa es un ejemplo impresionante, un logro único. Hemos hecho lo que parecía imposible: crear una entidad política de forma voluntaria que va mucho más allá de la simple asociación económica, que hunde sus raíces en la sociedad y que ha sido incluso capaz de crear una identidad. El Eurobarómetro de 2018 mostraba que un 80 por ciento de los españoles se sentían europeos, y los porcentajes no eran mucho menores en otros países de la Unión.

Desde Platea hasta Verdún, desde Alesia hasta Austerlitz, desde Bailén hasta las playas de Normandía, los europeos nos hemos asesinado mutuamente a lo largo de tres mil años salvo cuando hemos estado sometidos por algún imperio. Ahora nos hemos dado a nosotros mismos la posibilidad de la paz —y de la prosperidad que trae consigo— a través de un proyecto basado en las ideas liberales e ilustradas, en la separación de poderes, en la libertad individual, en los derechos humanos. Avanzamos sin saber siempre muy bien cómo y hacia adónde, a un ritmo en ocasiones demasiado lento, pero avanzamos. Debemos ser conscientes de hasta qué punto somos un símbolo para la humanidad.

No es el propósito de este libro ofrecer un catálogo de reformas que la Unión Europea debería acometer, pero me parece obligado mencionar las que me parecen más importantes, que son, naturalmente, las que profundizan en su naturaleza liberal. El actual diseño da excesivo poder a los Estados miembros, sesga los debates hacia el lado colectivo, identitario. Poner al ciudadano en el centro de la política significa, en mi opinión, restar poder al Consejo Europeo para dárselo a la Comisión y, sobre todo, al Parlamento. Es la Eurocámara la que tiene la representación de los ciudadanos, considerados individualmente, y, por tanto, la que está en mejor posición para proteger a los individuos frente a los grupos. Es importante que se le otorgue auténtica capacidad de iniciativa legislativa, y que se elimine el poder de veto del Consejo. Lo que dicen los europeos a través de sus representantes no deberían tumbarlo los jefes de Estado y de gobierno. La introducción de listas electorales transnacionales también ayudaría a aumentar, todavía más, el sentimiento de pertenencia a Europa y a garantizar la independencia de los representantes respecto de sus partidos y países. Porque, sin lugar a dudas, es el interés general europeo el que debería prevalecer.

La Comisión debe ganar protagonismo político. Se ha visto muy bien en la crisis secesionista y en la campaña del brexit: el perfil bajo es el que se exhibe desde Bruselas por defecto, lo cual no quiere decir que no tenga sus preferencias. Es necesario acentuar el perfil político de modo que podamos hacer frente a las amenazas populistas y nacionalistas. No basta con tener una sola voz y un solo mensaje: se tiene que escuchar. Debe mejorarse la seguridad jurídica y dejar más claro de lo que está que cualquier región que se independice de un país miembro queda fuera de la Unión, así como las consecuencias y el procedimiento de salida de un país, para evitar que cundan mentiras como las que contaron los brexiteros.

La Zona euro necesita sus propios mecanismos para funcionar adecuadamente, lo que implica también mejorar su diseño institucional. La crisis de 2008 dejó en evidencia que la política económica, fiscal y bancaria de la Eurozona debe estar mejor coordinada, si no directamente centralizada.

Resulta absurdo hablar de las distintas velocidades europeas cuando ya tenemos la moneda común y todo lo que implica. Hemos hablado de la necesidad de mayor integración en ámbitos como defensa y exteriores. Esto choca, actualmente, con gobiernos nacional-populistas en los llamados países de Visegrado. A mí me gustaría una Europa de una sola velocidad y que ésta fuera la de crucero, pero la realidad es tozuda. Creo que corresponde a los países más comprometidos con el proyecto acordar las reformas necesarias y no aceptar el chantaje de quienes ven en la Unión sólo una vaca a la que ordeñar y un zoco donde vender sus productos. Es más, sospecho que, ante los hechos consumados, algunos (si no todos) de estos gobiernos recalcitrantes cambiarán de actitud para no verse relegados. En todo caso, deberíamos revisar también la regla de la unanimidad que tanto dificulta la toma de decisiones ágiles en el conjunto de la Unión.

Sí, vivimos tiempos contradictorios. Macron preside Francia, pero Orban gobierna Hungría. En Alemania se reedita la Gran Coalición, mientras en Italia ganan los euroescépticos. Trump levanta muros y pone aranceles y Xi Jinping se convierte en apóstol de la libertad de comercio. Algunos proponen que Europa se repliegue, que asegure lo que tiene, se proteja como las tortugas y espere a mejores tiempos. Yo no lo veo así. Podríamos estar ante una encrucijada histórica, un momento perfecto para dar los pasos que parecían imposibles hasta ahora. No es manía de europeísta: la lógica y la sensatez nos empujan hacia una mayor integración, y sólo la inercia, el fanatismo y los intereses creados logran obstaculizarla. Es el momento de que hagamos de Europa, subidos sobre los hombros de nuestros valores liberales, una promesa cumplida.

CONTRIBUCIONES

Hilde Vautmans

Eurodiputada desde 2015 por los Liberales y Demócratas Flamencos, es miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, el Subcomité de Seguridad y Defensa y la delegación de relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Antes de ser eurodiputada, sirvió en la Cámara de Representantes belga y en el gabinete del primer ministro Guy Verhofstadt.

El populismo no se combate mediante discursos, sino resolviendo las preocupaciones de nuestros ciudadanos

La Unión Europea ha sido a menudo criticada por ser, en lugar de una democracia, una tecnocracia en la que muchas decisiones son tomadas por los funcionarios europeos a puerta cerrada. Aunque creo que esta crítica no está del todo justificada, es cierto que hace falta una consolidación del debate público a nivel europeo.

Como consecuencia de la falta de un debate público europeo, los ciudadanos europeos no se identifican con la UE. Es más, creen que pese a poder utilizar cualesquiera instrumentos de la democracia participativa, carecen de una influencia real en la sociedad europea. Tienen la impresión de que están incapacitados para expresar su insatisfacción cuantas veces sea necesario. Es precisamente ante esta insatisfacción, ante esta sensación de estar políticamente excluidos, ante la que reaccionan los populistas. Utilizando un lenguaje llano y directo, los populistas hacen hincapié en la diferencia entre «la gente normal y corriente de la calle» y «la élite política que cierra acuerdos entre bastidores». Imaginan nuestra democracia participativa como «un sistema complejo y no transparente», en el que «la gente normal está siendo engañada por una élite dominante». Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese populismo, en esencia, se basa en la noción mítica de una cohesión quimérica entre la gente y una sociedad supuestamente igualitaria.

Se podrían entender las reacciones populistas en lo relativo a reforzar la participación de la gente. Según la más reciente encuesta del Eurobarómetro, menos de la mitad de todos los europeos cree que su voz cuenta en la UE o está satisfecha con el funcionamiento de la democracia en la UE. No obstante, el populismo es una reacción inadecuada. El populismo niega la existencia de una división de intereses y opiniones entre la gente, y es antidemocrático por cuanto que no reconoce la legitimidad de sus adversarios. Así pues, ¿cuál es la respuesta?

Las elecciones de Francia, Países Bajos y Alemania han demostrado que los ciudadanos de la UE están dispuestos a votar a políticos que defiendan Europa. De todos modos, les gustaría votar a unos políticos europeos que tengan otra visión de la UE, una Unión Europea reformada y más democrática que escuche a los ciudadanos y dé una respuesta a sus preocupaciones. Están dispuestos a votar a políticos que no sean unos nostálgicos y que se comprometan a conducirlos hacia una Europa que cumpla lo prometido. Sólo en una Europa de estas características, el populismo quedará relegado al olvido.

Conservemos lo bueno

La mayor parte del tiempo la dedicamos a hablar sobre cómo reformar la UE, sin rendir tributo a lo que ha logrado en sus sesenta años de existencia. Ahora, por desgracia, todos sus logros se dan por sentados. Por esa razón, mientras reflexionamos sobre lo que hace falta cambiar o eliminar, propongo pensar también en lo que necesitamos conservar a todo trance.

Los ciudadanos europeos no están en contra de los setenta años de paz duradera que ha traído consigo la UE. No están en contra de valores fundamentales como la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en los que se basa la UE. Tampoco están en contra de una sociedad europea en la que prevalecen el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. Ni tienen nada en contra de la moneda única, que les permite comparar el precio de los productos en diferentes países de la UE. Y tampoco se oponen al espacio Schengen, por el que pueden viajar sin que ninguna frontera interna les ponga trabas.

Pero nunca deberíamos dar por sentados estos triunfos. Porque —tal y como demuestran, por ejemplo, los recientes sucesos de Polonia— proteger valores fundamentales como el Estado de derecho es una tarea que ha de hacerse día tras día. Y —como ha demostrado la crisis griega— es también un trabajo del día a día hacer que los logros de Europa se extiendan a cada uno de los Estados miembros de la UE.

Deshagámonos de lo malo

Lo que tenemos que cambiar, sin embargo, es la lógica tecnocrática de Europa. Las opciones políticas de Europa siguen careciendo de la suficiente visibilidad, y sus decisiones son demasiado anónimas. No existe una verdadera oposición europea, ni un foro político. Por consiguiente, no hay un debate público europeo ni una identificación de sus ciudadanos con el proceso político. Les sorprendería saber la cantidad de gente que no entiende cómo funciona en realidad la UE. Saben que hay un Consejo, una Comisión y un Parlamento, pero no saben en qué se diferencian estas instituciones. Esto representa un problema por la siguiente razón: cuando los políticos culpan a «Bruselas» por su actitud prepotente, la gente no comprueba qué decisiones se habían tomado en el Consejo. Sólo creen que la culpa la tiene Bruselas, porque es lo único que conocen. Dos tercios de todas las decisiones de Bruselas, sin embargo, se toman por unanimidad, lo que significa que todos los Estados miembros —todos los ministros— han de aprobarlas. De modo que si vamos a reformar Europa, facilitemos su comprensión a nuestros ciudadanos. Démosle unos líderes a la UE, deshagámonos del carácter anónimo que tiene para los ciudadanos.

De todas maneras, esta nueva Europa, más democrática, más fácil de entender y que presta atención a las preocupaciones de sus ciudadanos, no se puede lograr sin un cambio institucional. Ante todo, hemos de cambiar el actual marco institucional de la UE. En lo que se refiere a la Comisión Europea, dos son los cambios que tienen prioridad. En primer lugar, debe ser transformada en la principal autoridad ejecutiva de la UE, en un Gobierno europeo creíble que conste, entre otras cosas, de un ministro de Economía de la UE y de un ministro de Asuntos exteriores de la UE, y que rinda cuentas al Parlamento Europeo. En segundo lugar, el tamaño de este Gobierno de la UE ha de ser sustancialmente reducido, de tal manera que todos los ministros sean conocidos por nuestros ciudadanos. El objetivo de estos cambios sería reforzar el método de la Comunidad, en el que la Comisión tiene la iniciativa legislativa, y el Parlamento y el Consejo resuelven en codecisión por mayoría de votos. Esto nos lleva a los cambios que han de ser previstos para el Consejo y el Parlamento. En lo que respecta al Consejo, la obligación de unanimidad debería ser algo completamente excepcional, puesto que ha impedido con demasiada frecuencia que la UE cumpla con sus objetivos. Desde la fundación de la UE, la búsqueda de unanimidad ha sido un lastre. En cuanto al Parlamento, deberíamos sustituir el procedimiento de consulta por una codecisión entre el Parlamento y el Consejo, poniendo así al Parlamento —como representante del pueblo— y al Consejo en pie de igualdad.

Además de cambiar el marco institucional de la UE, hemos de modificar el planteamiento de las políticas europeas sobre los asuntos que más les importan a los ciudadanos de la UE. Según una encuesta reciente del Eurobarómetro, los ciudadanos son plenamente conscientes de que ni una sola nación es capaz de afrontar por sí sola los principales desafíos mundiales que soporta la UE, ni de apoyar las soluciones europeas para resolver estos problemas. La encuesta del Eurobarómetro también indica que los ciudadanos quieren que la UE redoble sus esfuerzos en los ámbitos de la inmigración, la seguridad y la defensa, pues saben que sólo Europa puede resolver la crisis migratoria, puede defender con efectividad a sus ciudadanos y puede luchar contra la amenaza constante del terrorismo. Éste ha de ser el principal cometido de Europa.

Aunque los ciudadanos de la UE piden una respuesta europea a las actuales crisis, hasta ahora los Estados miembros se han mostrado demasiado reacios a transferir poderes a la UE, impidiendo así que pueda abordar estas crisis. La única manera que tendríamos de afrontar los actuales desafíos, sin embargo, sería a través de una cooperación operativa a gran escala, a nivel europeo, y posiblemente mediante la integración de las estructuras de los Estados miembros. A modo de ilustración, véanse simplemente todos los atentados terroristas que se han producido en territorio europeo, y de los cuales al menos uno de sus perpetradores era conocido por uno de los servicios de inteligencia de Europa, pero no por los demás. Una semana antes de los atentados de París, la policía alemana detuvo un coche y descubrió armamento y municiones del tipo utilizado en los atentados de París. En el GPS del conductor aparecía París como destino. ¿Por qué nunca se pasó a las autoridades francesas esta alarmante información? ¿Dónde estaba la denominada cooperación?

El problema es que hasta hoy compartir información entre los Estados miembros es algo voluntario. Que se comparta la información de manera proactiva depende por completo de la buena voluntad de los Estados miembros, la cual ha demostrado ser insuficiente. En lugar de un esquema voluntario, necesitamos una plataforma para compartir e intercambiar la información procedente de los servicios de inteligencia nacionales de forma obligatoria, automática y diligente. Por fortuna, el presidente de la Comisión, Juncker, y el presidente francés, Macron, han manifestado recientemente su respaldo a un servicio de inteligencia europeo de estas características. ¡Hurra!

Otra propuesta que está siendo apoyada por Macron es la de formar un ejército europeo. Hasta hoy, Europa no tiene capacidad de acción autónoma. Dependemos de Estados Unidos para el uso de satélites o aviones cisterna, porque ningún Estado miembro es capaz de hacer él solo las inversiones necesarias, pese a que todos ellos dedican el 2 por ciento de su PIB a la defensa. Es más, aunque la UE ya tiene una fuerza de intervención y, por consiguiente, un modelo para un ejército europeo, estos «grupos de combate de la UE» nunca han sido desplegados por culpa de los obstáculos procesales, económicos y políticos. Un ejército europeo podría, por tanto, tener los rasgos de los ya existentes grupos de combate de la UE, pero habría que reformar su financiación y el esquema de la toma de decisiones. Necesitamos más financiación común y más procedimientos para tomar decisiones de una manera ágil y eficiente. Un presupuesto de defensa europeo común no sólo permitiría a la UE realizar las inversiones necesarias en satélites o aviones cisterna y, con ello, mejorar su autonomía estratégica, sino que además aumentaría el rendimiento de sus gastos de defensa. Hasta ahora, la UE ha acumulado unos gastos de defensa de aproximadamente 200.000 a 250.000 millones de euros. Aunque estos gastos acumulados ascienden a más del 45 por ciento del presupuesto de defensa de la UE, la capacidad operativa general de los militares de la UE supone tan sólo el 10 o el 15 por ciento de las capacidades defensivas de la UE. Si gastáramos los 200.000-250.000 millones de euros en un solo ejército europeo en lugar de en 28 ejércitos, aunando así nuestros recursos y comprando conjuntamente, nuestro rendimiento militar, como mínimo, se duplicaría gracias a las sinergias y a las economías de escala. Y la UE estaría en disposición de actuar.

Por último, pero desde luego no en último lugar, ¿cómo podría responder la UE a las preocupaciones de los ciudadanos relacionadas con la crisis migratoria? Debemos señalar que, con respecto a la política de inmigración, la capacidad de actuar de la UE está muy supeditada a la posición que ocupen los Estados miembros dentro del Consejo. La falta de solidaridad de algunos Estados miembros ha demostrado que el actual sistema de asilo no es en modo alguno europeo y, por tanto, debe ser reconsiderado. Necesitamos un sistema centralizado para procesar las solicitudes de asilo europeo y la distribución de los refugiados. En este sentido, hay que afianzar el papel de la actual Oficina Europea de Apoyo al Asilo.

¿Y qué hay de mí?

Los políticos liberales estamos comprometidos con la libertad del individuo. Esa libertad, sin embargo, sólo queda salvaguardada si un individuo es libre de expresar sus opiniones, de expresar sus deseos e incluso de expresar su descontento. Una Europa reformada nunca será reacia al populismo mientras los ciudadanos sigan sintiéndose excluidos o limitados a la hora de expresar su opinión. Es, pues, sólo una cuestión de tiempo que surja la próxima crisis —y posiblemente las próximas deficiencias institucionales— y vuelvan a aparecer las fuerzas populistas. Para entonces ya será demasiado tarde. Por eso es tan importante que se logre una reforma de Europa en la que estén involucrados sus ciudadanos. Ése es mi llamamiento como miembro del Parlamento Europeo, como representante de los ciudadanos.

Silvana Koch-Mehrin

Silvana Koch-Mehrin sirvió durante dos legislaturas en el Parlamento Europeo (2004-2014), en las que fue vicepresidenta del grupo parlamentario liberal paneuropeo ALDE y del propio Parlamento Europeo. Como vicepresidenta, se centró en las relaciones con los parlamentos nacionales y presidió el grupo de trabajo de alto nivel sobre igualdad de género. En 2013, fundó Women in Parliaments Global Forum (WIP), una red global de mujeres políticas con la misión de aumentar el número e influencia de las mujeres en posiciones de liderazgo político.

Liberalismo liberador: por qué la mujer debe estar en la política

Hace cincuenta y dos años, Mary Poppins ganó cinco Óscar. Singapur, las Maldivas y Gambia se convirtieron en países independientes. Alemania Occidental e Israel entablaron relaciones políticas. La Guerra del Vietnam estaba en pleno apogeo. Malcolm X fue asesinado. Ludwig Erhard fue reelegido canciller de la Alemania Occidental, y Konrad Adenauer dimitió como presidente de la CDU (Unión Demócrata Cristiana, por sus siglas en alemán). Se creó la Commonwealth, y Mireille Matthieu comenzó su carrera como cantante. He aquí suficiente material para los libros de Historia.

Según el último Global Gender Gap Report [Informe general sobre la brecha entre géneros] del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el mundo tardará otros cincuenta y dos años en alcanzar la paridad de géneros en los Parlamentos y en relegar a la historia la desigualdad en el marco de la representación política… si es que la anterior trayectoria, medida por el WEF desde 2006, mantiene actualmente la misma velocidad. Pero los tres últimos años han supuesto un retroceso significativo: el número de años hasta que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades está aumentando, no disminuyendo. Puede que los nietos de mi hija no vivan para ver el día en que una chica tenga las mismas posibilidades de convertirse en presidente de la Unión Europea que un chico. Esta perspectiva debería enfurecer a los liberales.

Pese a que se han producido algunas dinámicas positivas en los últimos años, el hecho de que haya una mujer por cada cuatro hombres en los parlamentos es un signo claro de lo mal que están aprovechando las sociedades el potencial talento de más del 50 por ciento de la población. Existen, desde luego, importantes variantes: los países nórdicos presentan la mayor igualdad de género, y la campeona mundial de la participación femenina en la política es Ruanda. En el otro extremo de la escala están los países árabes y los del Golfo. Actualmente, en 2017, dos de cada 28 primeros ministros de la UE son mujeres. Cuatro presidentes son mujeres, tres de ellas sin funciones ejecutivas. Con arreglo a la Unión Interparlamentaria, el 74 por ciento de los parlamentarios de la UE son hombres.

Y ocurre lo mismo que en el mundo empresarial y académico: cuanto mayor es la antigüedad, más bajo es el número de mujeres. Un informe de 2016 realizado por ONU Mujeres dice que los hombres constituyen el 77 por ciento de los parlamentarios, el 82 por ciento de los ministros de Gobierno, el 93 por ciento de los jefes de Gobierno y el 94 por ciento de los jefes de Estado. Cada vez que una mujer llega a la cima, la noticia salta a los titulares en todo el mundo. Se tarda menos de treinta segundos en nombrar a todas las actuales líderes de los países. Si se miran las fotos de la Cumbre de UE, la proporción entre hombres y mujeres es bochornosa. Y eso que hoy día Europa es el continente que presenta el mayor número de líderes femeninas. Este hecho debería enfurecer a los liberales.

Hay buenas razones para preocuparse por este desequilibrio. La igualdad de género en la participación política tiene un valor tanto intrínseco como instrumental. Las mujeres que tienen cargos políticos priorizan la promoción de los derechos y fomentan la igualdad de oportunidades para las mujeres y las chicas (en beneficio de toda la sociedad) de una manera y hasta un grado que los hombres que ocupan puestos de poder, abrumadoramente, no suelen alcanzar. Se trata de una cuestión de derechos humanos. Y de buena gobernanza. Es una herramienta para liberar el liberalismo. La composición de los poderes ejecutivos y legislativos afecta a la calidad de las leyes e influye en el alcance de su aplicación. Las mujeres líderes son también más proclives a prestar atención a las necesidades públicas y tienden a cooperar sin tener en cuenta el partido al que se pertenezca.

Hay buenas razones para que los liberales se preocupen incluso más que otros por este desequilibrio. El pensamiento liberal se basa en la fe en los derechos humanos. El pensamiento liberal está basado en la libertad de elección, en los beneficios que obtiene toda la sociedad cuando el individuo —hombre o mujer— puede maximizar su potencial. Así pues, parece obvio que los liberales estén en la vanguardia cuando se trata de eliminar las barreras a las que se enfrentan las mujeres. El feminismo como defensa de los derechos de las mujeres basado en la igualdad de sexos es la respuesta liberal frente al patriarcado y al conservadurismo.

Una serie de barreras —oficiales y oficiosas, regladas y no regladas— limitan la participación política de las mujeres. El Foro Global de Women Political Leaders [WPL, Mujeres como Líderes Políticos], la Gender and Development Unit [Unidad de Género y Desarrollo] del Banco Mundial y la Universidad de Yale llevaron a cabo un estudio sobre «La carrera política de las mujeres». El estudio analiza las respuestas de 617 políticos entrevistados, hombres y mujeres, procedentes de 84 países. Está pensado para que comprendamos las barreras no jurídicas que soportan las mujeres en diferentes etapas de su trayectoria política.

De los resultados no se deduce ninguna novedad, y esto es aplicable a todos los países europeos: las mujeres que ejercen la política empiezan su carrera profesional más tarde, tienen menos hijos, pasan más tiempo cuidando de la familia y disponen su vida de modo que tengan que dedicar al desplazamiento de casa al trabajo menos tiempo que sus homólogos varones. Da la impresión de que solamente las mujeres que cuentan con el apoyo de sus familias pueden presentarse a un cargo político, mientras que los hombres es más probable que lo hagan sin consultar a sus familias.

Los hombres y las mujeres tienen sistemáticamente diferentes niveles y tipos de redes de apoyo político. Por término medio, las mujeres políticas reciben menos donaciones privadas que sus homólogos varones. Ellas cuentan más con el patrocinio y el apoyo del partido. El retrato que hacen los medios de comunicación y la percepción que tienen los electores de «el lugar que le corresponde a una mujer» parece influir negativamente en las mujeres a la hora de decidir si participan en la política o si aspiran a un cargo más alto. Aunque tanto los hombres como las mujeres se manifiestan preocupados por los numerosos escollos que plantean las campañas políticas, por lo general, las mujeres muestran un mayor malestar, sobre todo por la discriminación estereotipada, la dificultad para recaudar fondos, la publicidad negativa, la pérdida de intimidad y porque no son tomadas en serio.

¿Qué se puede hacer para solucionar estos problemas? En la política las redes son esenciales. Hoy día las mujeres necesitan tres cosas para acelerar su carrera política: comunicación, conexión y comunidad. WPL tiene por objetivo aumentar tanto el número como la influencia de las mujeres que ocupan puestos de liderazgo político, optimizando el poder de la comunicación y la conexión con el fin de crear nuevas comunidades de conocimiento para las mujeres con altos cargos políticos. Para progresar es preciso congregar a aquellas líderes de la política que tengan la influencia y el impulso necesarios para construir un cambio positivo.

Y no sólo a las mujeres. Resulta alentador ver a líderes liberales como Emmanuel Macron hacer que la paridad del poder compartida entre hombres y mujeres sea una realidad. En una campaña emblemática, WPL solicitó a los presidentes y primeros ministros varones que completaran la frase: «Necesitamos más mujeres en los parlamentos y más líderes políticas porque…». Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, que figuraba entre los más de setenta que contestaron a esta pregunta, dijo: «Las generaciones futuras no van a preguntar si eras un político o una política, porque sencillamente será irrelevante. Lo que van a preguntar es: “¿Qué hiciste cuando estabas en condiciones de hacer algo que valiera la pena?”». Muchos líderes liberales dieron también su opinión personal, como por ejemplo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau: «Cuando las mujeres participan en el proceso político, las sociedades medran y prosperan». El presidente del Grupo ALDE del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, afirmó: «Sólo podemos construir unas sociedades justas, democráticas y fuertes si las mujeres lideran tanto como los hombres. No deberíamos conformarnos con menos». Y Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos, contribuyó con las siguientes palabras: «La igualdad de género en la política es una condición necesaria para lograr una sociedad verdaderamente democrática en la que puedan oírse todas las voces».

Cecilia Wikström

Política y diputada del Parlamento Europeo por el Partido Popular Liberal sueco desde 2009. Actualmente es la presidenta de la Comisión de Peticiones y miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; también es la líder del Parlamento Europeo sobre la reforma de la Convención de Dublín. Antes de su trabajo como eurodiputada, sirvió una legislatura en el Parlamento sueco. Es sacerdotisa en la Iglesia de Suecia y autora de varios libros.

Unidos en la diversidad

2017 fue el año en el que llegó una bocanada de aire fresco a Europa. Ahora los ciudadanos europeos tienen motivos para disfrutar de una fe nueva, alentadora y vigorizante en todas las oportunidades buenas y positivas que traerá consigo la Unión Europea. Tras años de crisis, después de que el Reino Unido haya votado abandonar la Unión, de que hayan aflorado a la superficie las posturas populistas y extremistas, y se hayan cuestionado la democracia y los derechos fundamentales del hombre en algunos de nuestros Estados miembros, por fin han cambiado las tornas. Como dijo Jean-Claude Juncker: «Volvemos a navegar viento en popa». Ya podemos mirar esperanzados hacia una nueva etapa de la Unión Europea, que está repleta de entusiasmo y de expectativas.

Las cifras del Eurobarómetro muestran que una creciente mayoría de los europeos, el 56 por ciento, ve con optimismo el futuro de la UE, y que está aumentando la confianza en las instituciones de la UE. Es más, el 68 por ciento de los encuestados decía identificarse como ciudadanos de la UE, lo que constituye un nuevo récord muy satisfactorio. El resultado de las encuestas puede ser contemplado como un gran éxito, si se compara con las cifras de años anteriores.

Pese a nuestra renovada fe en el proyecto europeo, aún no ha llegado el momento de relajarse. Al contrario, es ahora cuando debemos continuar trabajando con ahínco. En primer lugar, hemos de volver a examinar nuestra historia. En 2017, celebramos el sexagésimo aniversario de la firma del Tratado de Roma, que dio lugar a la fundación de lo que hoy conocemos como la Unión Europea, tras los efectos devastadores causados por la segunda guerra mundial, que dejó nuestro continente en ruinas.

Era un proyecto basado en valores como la democracia, la libertad, la igualdad y los derechos humanos, que nunca hemos de dar por sentados. Valores liberales como la libre circulación a través de las fronteras, el libre comercio y la cooperación económica son elementos fundamentales para un buen funcionamiento integrado de la Unión. Para mí, la Unión Europea tiene un significado más amplio todavía. Significa la oportunidad que tiene todo ser humano de configurar su propio futuro. Significa que todo ciudadano tiene garantizado vivir en una sociedad pacífica, segura y democrática. Asimismo, significa la esperanza en el futuro, la cohesión social y una visión conjunta de las cosas. Éste es el tipo de liberalismo que hace falta para superar posibles choques entre culturas, comunidades y generaciones, y ésta es la razón por la que creo que volver a nuestra historia y retomar los valores comunes fundamentales es la clave para resolver cualquier desafío que nos depare el futuro, siempre y cuando busquemos juntos esas soluciones.

Estos últimos años han mostrado la mejor cara de Europa y, al mismo tiempo, la peor. El populismo, el extremismo y la xenofobia han intentado dividir esta unión, pero los ciudadanos europeos han intervenido y han demostrado que esos principios no son aceptables. Durante y después del referéndum del brexit, muchos se preguntaban si habría más países dispuestos a seguir el ejemplo del Reino Unido, con la intención de destruir la Unión Europea. Pero los dos últimos años también nos han proporcionado algunos destellos de luz. Aunque hubo poco margen de diferencia, las elecciones austríacas de 2016 verificaron que los austríacos no querían ser gobernados por un presidente de extrema derecha, euroescéptico y contrario a la inmigración. A cambio, eligieron al líder del Partido Verde —y liberal— Alexander van der Bellen, un líder europeo comprometido que cree en mantener abiertas las fronteras de Austria. La misma evolución siguió los Países Bajos, donde Geert Wilders, de la extrema derecha, prometió una «primavera patriótica» que resultó ser todo lo contrario. El Partido por la Libertad (PVV, por sus siglas en neerlandés) de Geert Wilders fue derrotado por los liberales proeuropeos. En último lugar, pero no por ello menos importante, les tocó el turno a las elecciones francesas. La victoria presidencial de Emmanuel Macron fue un triunfo para toda Europa y sus ciudadanos. La aplastante victoria sobre Marine Le Pen demostró, de una vez por todas, que ni la xenofóbica extrema derecha ni el populismo ni el proteccionismo tienen nada que hacer en Europa. Al contrario, Macron fue capaz de aunar a los franceses en torno a un movimiento centrista y proeuropeo conocido como La République En Marche! Un movimiento que indica cuáles son las aspiraciones del liberalismo.

Los partidos populistas y proteccionistas han fracasado completamente en su misión. En lugar de dividir a nuestra sociedad, que era su principal objetivo, han logrado todo lo contrario. Si algo de bueno ha tenido la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el voto del Reino Unido para salirse de la UE o el dogmatismo cada vez mayor del presidente Putin, sería la cimentación de un sentido de unidad y cooperación más profundo. Los europeos hemos sido testigos de un soplo de optimismo y ahora encaramos el futuro más esperanzados. Me satisface ver que, al afrontar este tipo de retos, los europeos hemos aunado fuerzas para superar los obstáculos y ahora sabemos que, unidos, podemos capear el temporal. Es esencial que sigamos por el mismo camino. A ello se debe que movimientos como En Marche, pero también la iniciativa de los ciudadanos Pulso de Europa, donde gente procedente de toda Europa se reúne para mostrar su entusiasmo por formar parte de una identidad paneuropea, sean cruciales para demostrar que el populismo, la intolerancia y el extremismo no sirven para perfilar el futuro ni son bien acogidos en la próspera Europa que deseamos fomentar.

La manera en que han evolucionado las cosas durante estos últimos años nos ha dejado claro que ha llegado el momento de la renovación. Necesitamos una Unión con la que nuestros ciudadanos se sientan más vinculados y que esté firmemente arraigada en nuestros valores esenciales. Hemos aprendido que la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de derecho son las piedras angulares y nunca jamás han de ser dados por descontado. Al contrario; debemos asegurarnos de que la Comisión Europea pueda actuar más rápida y eficientemente para castigar a los Estados miembros que hayan incumplido estos valores y principios fundamentales.

No podemos permitir que los atentados terroristas formen parte de nuestra vida cotidiana. Los terribles, absurdos y demenciales atentados que ya se han producido en nuestras ciudades, cobrándose miles de vidas inocentes, han de cesar definitivamente. Creo que gran parte del trabajo que debemos hacer para evitar futuros atentados ha de tener lugar en el ámbito comunitario de nuestra sociedad, haciendo especial hincapié en prevenir la radicalización de la gente joven, desactivar las redes terroristas de internet y también integrar a quienes no se sienten parte de la sociedad. Soy una firme defensora de la idea de crear un FBI europeo. Además, los Estados miembros han de intensificar la cooperación transfronteriza de sus autoridades policiales. La clave para abordar este asunto es el trabajo en equipo y la colaboración entre todos los Estados miembros, pues ningún país es capaz de derrotar él solo a los terroristas.

En 2015, más de un millón de refugiados llegaron a la Unión Europea. La crisis migratoria ha puesto a prueba el proyecto europeo y ha dividido considerablemente a la Unión. Sin embargo, inevitablemente, la situación ha perjudicado sobre todo a los propios refugiados. En el papel que ocupo dentro del Parlamento Europeo como líder de la reforma del Convenio de Dublín, trabajo con el objetivo de lograr un sistema de asilo europeo verdaderamente nuevo, que funcione bien y esté basado en la solidaridad con los refugiados y, asimismo, entre los Estados miembros. Todos ellos han de compartir la responsabilidad para con los solicitantes de asilo. Los Estados miembros con fronteras exteriores, el primer lugar de llegada a Europa de la mayor parte de los refugiados, tienen que responsabilizarse de registrar a todos los que lleguen, así como proteger y mantener las fronteras exteriores de la UE. Quienes precisan de la protección internacional deben poder acceder a un proceso de asilo justo, mucho más rápido que el actual, mientras que aquellos de los que conste que no tienen derecho al asilo deben ser devueltos a sus países de origen de una manera rápida y digna. Ya es hora de dejar de apoyar un sistema por el que los refugiados caen forzosamente en manos de traficantes humanos sin escrúpulos que los introducen ilegalmente en Europa. Lo que debemos hacer es crear un sistema por el que los refugiados se sientan motivados para registrarse nada más llegar a la UE y que, al mismo tiempo, obligue a todos los Estados miembros a registrar a todos y cada uno de los que lleguen a la Unión.

La fuerza de la Unión Europea, que ante todo es un proyecto de paz, estriba en la resolución conjunta de los problemas, sencillamente porque ningún Estado miembro puede resolver por sí solo el calentamiento global o tomar las medidas necesarias para conseguir un planeta verde. Ni un solo país puede por sí mismo combatir la radicalización y protegernos del terrorismo, pues estas execrables y atroces acciones no conocen fronteras. Ningún país es capaz de recibir y cuidar él solo de todos los refugiados que llegan a nuestro continente, ni tampoco de crear el desarrollo y la innovación imprescindibles para asegurar nuestro bienestar común también en el futuro. Europa es un continente con enormes recursos, con una tremenda capacidad innovadora y una amplia diversidad cultural. Saquemos el mayor partido posible de nuestras increíbles oportunidades y cosechemos los beneficios de vivir «unidos en la diversidad».

Nick Clegg

Político británico social liberal, fue viceprimer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte durante el gobierno de David Cameron. Con anterioridad había servido en el Parlamento Europeo como eurodiputado hasta 2004 y, posteriormente, en el Parlamento británico, donde representó al distrito de Sheffield Hallam con el Partido Liberal Demócrata.

El futuro del liberalismo europeo

El recuerdo de ciudadanos de a pie esgrimiendo piquetas para derribar el muro de Berlín aún sigue vivo después de aproximadamente treinta años. Para cualquiera que hubiera alcanzado la edad suficiente para tener conciencia política en 1989, el espectacular derrumbamiento del poder soviético que tuvo lugar esa noche y las escenas de alegría en las calles de la ciudad no fueron sólo una emocionante odisea humana, sino la más poderosa ratificación imaginable de que nuestros valores —los de la apertura, la tolerancia y la libertad— eran los adecuados. Millones de personas rompieron con el comunismo y abrazaron la democracia liberal. De ahí que para los políticos de mi generación esa noche siga siendo una fuente de inspiración.

Por supuesto, los liberales hicieron bien en celebrarlo, pero la victoria se cobró su precio. En lugar de seguir poniendo en tela de juicio nuestros propios prejuicios, nos volvimos complacientes. Nos acomodamos a la idea, popularizada por Frances Fukuyama en su ensayo El fin de la historia,[34] de que acabábamos de experimentar «el total agotamiento de las sistemáticas alternativas viables al liberalismo occidental». En lugar de la búsqueda infatigable del progreso, que había caracterizado durante siglos al liberalismo europeo, empezamos a acariciar la idea de que habíamos solucionado casi todo lo que precisaba de una solución. Los restantes debates ya no versarían en torno a la existencia del mercado, sino que intentarían perfeccionar su funcionamiento.

Sin embargo, los años posteriores han revelado problemas estructurales profundos en nuestro modelo socioeconómico. Éstos abarcan desde grandes desigualdades en cuanto a ingresos y riqueza, hasta mercados mal regulados o una creciente brecha entre jóvenes y mayores. Hemos dejado que estos problemas se desarrollen delante de nuestras narices. Las élites políticas han prosperado, pero han perdido contacto con amplios sectores de la población, que cada vez se sienten más marginados y distanciados.

Esas tendencias alcanzaron su momento álgido durante la crisis financiera de 2007-2008. Todos estamos familiarizados con las consecuencias de la gran desarticulación económica: el auge del nacionalismo en la Europa central y oriental, la elección de Donald Trump, el voto por el brexit, el racismo y la antiglobalización de Le Pen y Wilders. A veces parecía como si los postulados básicos del consenso liberal —libre comercio, derechos humanos, el Estado de derecho e incluso la propia democracia— corrieran el riesgo de un repentino y dramático desmoronamiento. En esa época, las medidas políticas se tomaron de una manera extremadamente febril e impredecible.

Pero dejemos por el momento «el fin de la historia». Mientras escribo estas líneas, ha remitido un poco la marea del populismo en Europa. Los líderes populistas de Francia, Países Bajos y Austria han sido rechazados en las encuestas. Realmente no entendemos por qué. Tal vez, la inseguridad que siente tanta gente la haya apartado, paradójicamente, de los extremos. Quizá, el atropello que ha supuesto el brexit y el distópico espectáculo de la América de Donald Trump han convencido a la gente para tragarse sus agravios, al menos por ahora. Cualquiera que sea la explicación, no debemos permitir que la sensación de alivio nos lleve a otro episodio de complacencia. Las causas subyacentes del rebrote populista aún siguen ahí.

Hay una cosa que está clara: no vamos a ganar la batalla que hemos estado a punto de perder limitándonos a repetir los lugares comunes del pasado. El liberalismo está necesitando un renacimiento. Huelga decir que se trata de una ingente tarea que apenas hemos empezado a abordar.

Me gustaría sugerir tres ideas sobre lo que ha de suceder a partir de ahora.

En primer lugar, debe quedar claro que el liberalismo no puede prosperar en condiciones de absoluta inseguridad. Según Eurostat,[35] una cuarta parte de la población de la UE sufre privaciones materiales, pobreza o falta de trabajo. De los afortunados que tienen trabajo, muchos afrontan salarios bajos, pobreza pese a tener trabajo o falta de estabilidad laboral.

Necesitamos aliar nuestros puntos de vista económicos liberales con una mayor atención a los problemas del desempleo, del empleo precario y del coste de la vida, en especial, para la gente joven. Los avances tecnológicos en automatización e inteligencia artificial, que están a la vuelta de la esquina, probablemente exacerben estos problemas, aun cuando ofrezcan soluciones a otros muchos males de la sociedad. De manera que debemos empezar a actuar ahora mismo. Y debemos pensar a lo grande. No es una simple cuestión de retocar la legislación laboral, por ejemplo. Todo nuestro modelo económico está excesivamente supeditado a los gastos del consumidor basados en créditos, que han vuelto a inflarse desde 2008. Si queremos evitar otro desplome demoledor, hemos de diseñar un modelo económico que combine el dinamismo creador de empleo de los mercados laborables flexibles con una mayor estabilidad y seguridad para quienes tienen trabajo.

En segundo lugar, no podemos ignorar la reacción violenta ante la inmigración. Yo creo en una economía abierta y en una sociedad abierta, y mis ideas no van a cambiar. Pero la defensa de las ventajas de la inmigración ha de hacerse de una manera mucho más convincente. No podemos hacerla si amplios sectores de la población están luchando por adaptarse a la velocidad del cambio demográfico, mientras el Reino Unbido o la UE no proporcionan una ayuda significativa a esos países que, como Grecia e Italia, son los más damnificados por la crisis de los refugiados en el Mediterráneo.

Pero el estallido del enfrentamiento con la inmigración en algunas partes de la UE no es simplemente una cuestión de miedo a lo ajeno, sino que refleja la importancia vital que tiene la identidad nacional para una gran cantidad de electores. Éste es un desafío para los liberales que tienden a rechazar la política del nacionalismo y del patriotismo, recordando adónde condujo a Europa el excesivo amor al país en el pasado. Los liberales no sólo hemos optado por valorar nuestro internacionalismo igual —o a veces más— que la lealtad al Estado nacional, sino que en algunos casos hemos llegado a identificar el patriotismo con el racismo.

Esto ha sido un tremendo error. El orgullo patriótico no tiene por qué ser excluyente; no equivale a un prejuicio. Nunca vamos a ganar una batalla de políticas identitarias aparentando que amamos a nuestro país menos que nuestros adversarios; ni tampoco debemos intentarlo. Al contrario; debemos enaltecer la historia y la cultura que confieren a cada una de nuestras naciones un carácter único y, luego, demostrar que nada hay más patriótico que afrontar el mundo con franqueza, generosidad y optimismo.

Ello no es óbice para que los países sigan necesitando trabajar juntos a un nivel supranacional. Cuando recientemente Theresa May tildó a los «ciudadanos del mundo» de «ciudadanos de ninguna parte», estaba muy equivocada. Las instituciones de ámbito mundial y regional nos permiten abordar problemas irresolubles de nuestra época y aportar seguridad a nuestros ciudadanos. He aquí la paradoja de nuestros tiempos: sólo aunando nuestro poder decisorio a través de estas instituciones, particularmente en la UE, podemos ejercer un verdadero control dentro de las fronteras del Estado nacional. El comercio, la defensa, el cambio climático, la regulación financiera, la gobernanza de internet, la sanidad pública… todo ello requiere una intensa cooperación. La tragedia de los votantes del brexit y sus secuaces unilateralistas de Estados Unidos y de cualquier otra parte es que, pese a todas sus promesas de «recuperar el control», van a acabar socavando la capacidad de los gobiernos para proteger con eficacia a sus conciudadanos y para mejorar sus vidas. Por actuar en nombre de la soberanía, acabarán por debilitarla.

Por último, en tercer lugar, necesitamos aportar ideas nuevas y radicales acerca del futuro de la Unión Europea. El proeuropeísmo no puede ser una simple repetición de Monnet y Schuman. El hecho del brexit por sí solo, o la tan esperada recuperación económica de la Eurozona, no justifican una mayor integración europea. Tenemos que ser honestos a la hora de ver los problemas reales que afectan a la UE, desde las deficiencias estructurales sin resolver que hay en la eurozona entre las naciones «acreedoras» del norte y las naciones «deudoras» del sur, hasta el hecho de que las instituciones estén demasiado alejadas de la gente, en especial (y como antiguo europarlamentario, me entristece tener que decirlo), el Parlamento Europeo. Para seguir adelante con el proyecto europeo, hacen falta líderes que sean capaces de aprender realmente las lecciones del brexit y, en respuesta, formular unas propuestas radicalmente nuevas. No deberíamos dar por hecho que millones de personas nos van a seguir sin más. Las soluciones deben estar arraigadas en la experiencia vivida por los europeos. Las medidas políticas han de conectar con el sentido de comunidad y pertenencia de la gente y han de cambiar realmente la calidad de sus vidas.

Por encima de todo, el liberalismo moderno necesita redescubrir su visión de las cosas. No basta con que los liberales hagan de mediadores entre otros puntos de vista concurrentes y le llamen a eso un éxito. Tampoco es admisible reducir la política a una especie de contabilidad o «gerencialismo». Francis Fukuyama ya lo advertía de manera elocuente cuando dijo: «El fin de la historia será una época muy triste. La lucha por el reconocimiento, la voluntad de arriesgar la propia vida por un objetivo puramente abstracto, y la lucha ideológica mundial que fomentaba la audacia, el coraje, la imaginación y el entusiasmo, serán reemplazadas por el cálculo económico, la inagotable resolución de los problemas técnicos, las cuestiones medioambientales y la satisfacción de las sofisticadas demandas del consumidor».

En el siglo pasado, los partidos liberales europeos aspiraban a unos programas radicales encaminados a mejorar la vida de la gente corriente, desde el libre comercio hasta el voto de las mujeres, desde la creación del Estado del Bienestar hasta los derechos de los homosexuales. Si no somos capaces de entusiasmar hoy a la gente con una perspectiva de un futuro mejor que vaya más allá de la gestión del statu quo, no merecemos la confianza de los electores.

Xavier Bettel

Xavier Bettel es el primer ministro de Luxemburgo desde 2013. Miembro del Partido Democrático desde 1988, sirvió en la Cámara de Diputados y en el Consejo Comunal de la ciudad de Luxemburgo, antes de ser alcalde de dicha ciudad durante los años 2011-2013.

Una potente voz liberal que despierte el optimismo sobre el futuro de Europa

El 25 de marzo de 2017 celebramos el sexagésimo aniversario del Tratado de Roma. Este acontecimiento nos brindó una gran ocasión para reflexionar sobre el estado en que se encuentra la Unión Europea y sobre el rumbo que ha ido tomando desde su constitución. Los sesenta años de existencia de la Unión Europea han estado marcados por un período de paz sin precedentes, así como por la estabilidad y la prosperidad. Trascendiendo el nacionalismo, la Unión Europea fue erigida sobre varias piedras angulares de la integración, como, por ejemplo, la elaboración de un mercado interior con sus «cuatro libertades», el establecimiento de un espacio Schengen o la introducción de una moneda única. Estos logros políticos y económicos no sólo acrecentaron la fuerza de la Unión Europea, sino que además son únicos en la historia moderna. Por sí solos, constituyen unos ejemplos excelentes del éxito que ha tenido la implementación de las ideas liberales.

Sin embargo, pese al éxito generalizado de la integración europea, los tiempos podrían ser mejores para los eurófilos. Hoy, más de siete décadas tras el final de la segunda guerra mundial, los movimientos políticos que apoyan el proteccionismo y el nacionalismo están otra vez en alza. La Unión Europea y sus valores están siendo atacados por los populistas, que pretenden restablecer unos Estados nacionales «fuertes». Al mismo tiempo, el ambiente político de la UE está marcado por un estancamiento persistente, y la UE es incapaz de afrontar los problemas que lleva años padeciendo, como, por ejemplo, el masivo desempleo (juvenil) en algunos Estados miembros o la crisis de los refugiados.

Los muros no son la solución

La crisis de los refugiados y una serie de pavorosos atentados terroristas nos han recordado que Europa no es una isla que pueda ser aislada del resto del mundo. La construcción de muros no hizo avanzar a Europa en el pasado, ni tampoco revolverá nuestros problemas en el futuro. Moldear el futuro de Europa requiere hallar soluciones para los conflictos militares, para la pobreza y el hambre de Oriente Medio y África. Como liberales, hemos de ser los primeros en apoyar los movimientos democráticos del mundo árabe; debemos intentar mejorar el nivel de vida de sus países mediante reformas económicas y sociales. Por encima de todo, la Unión Europea es un proyecto de solidaridad.

Quienes hoy planean levantar más muros en Europa son los mismos que mañana conspirarán para destruir la Unión Europea con el fin de restablecer unos Estados nacionales «fuertes». Yo no creo en los muros. Los liberales sabemos que la colaboración es la única manera de dar solución a las dificultades que plantea el siglo XXI. Los problemas supranacionales requieren soluciones europeas. Creer que un país europeo por sí solo será capaz de solucionar problemas como el cambio climático o la pobreza energética es algo completamente ilusorio.

Aprendamos de errores cometidos en el pasado

Hoy día no debemos dar por sobrentendidas la paz y la prosperidad. Soy demasiado joven como para recordar los efectos devastadores que causó la segunda guerra mundial en nuestro continente, pero los horrores y la miseria que padecieron en esa época nuestros abuelos y bisabuelos deberían aleccionarnos a las nuevas generaciones para no permitir que eso vuelva a ocurrir. El anhelo de paz tras los horrendos años de la guerra fue un campo abonado para la Unión Europea que conocemos hoy. El espíritu de aquellos primeros días de la construcción europea debería seguir sirviéndonos de inspiración. A semejanza de nuestros predecesores, hemos de reconocer la necesidad de cambio, a fin de superar la actual época de estancamiento.

Los padres fundadores de la Unión Europea han reconstruido Europa sobre los cimientos de la paz y la prosperidad a través de la colaboración, no del proteccionismo. Los primeros tiempos de la Unión Europea nos ilustran sobre la necesidad de aprender de los errores cometidos en el pasado, para que así seamos capaces de configurar el futuro. El mayor logro de la Unión Europea es el hecho de que los enemigos de ayer sean los aliados de hoy. Pese a todas las diferencias, debemos conservar nuestros valores y convicciones comunes.

Un nuevo enfoque para reconstruir Europa

Liberales como nuestros antepasados han sido siempre firmes creyentes del futuro y han defendido sus ideas y sus valores con el optimismo que tanta falta hace para conducir a la Unión Europea y a sus ciudadanos hacia un futuro mejor. A semejanza de nuestros padres y nuestros abuelos, necesitamos un nuevo enfoque que vincule de nuevo a Europa y a sus ciudadanos con el fin de potenciar un proyecto europeo común.

Un enfoque liberal para conseguir una Unión Europea mejor forzosamente ha de incluir una mayor implicación de sus ciudadanos. Los políticos tienen la costumbre de hablar a menudo sobre los ciudadanos, pero rara vez hablan con ellos. Un gobierno y una administración más transparentes son esenciales en la lucha por recuperar la confianza de muchos ciudadanos europeos euroescépticos. Las necesidades de éstos deberían constituir el núcleo de la acción política.

Pongamos de nuevo a Europa en el mapa del mundo a través de la innovación

El futuro de Europa está en manos de nuestros jóvenes. Debemos animar a la juventud europea para que actúe con mayor eficacia en lo relativo a su futuro y al desarrollo de la sociedad. Es nuestro deber ofrecer a cualquier hombre o mujer joven las mejores condiciones de partida, proporcionándoles una educación de calidad, así como oportunidades de trabajo. Hemos de trabajar con ahínco para que Europa vuelva a estar en el mapa del mundo como una economía fuerte, estable y próspera, y para afianzar una sociedad abierta basada en unas sólidas creencias democráticas y liberales.

El envejecimiento demográfico pondrá a la Unión Europea en una difícil situación en la economía mundial, más difícil que la situación a la que nos habíamos acostumbrado en las últimas décadas. Nuestra única oportunidad de mantenernos a la cabeza de la economía mundial es convertirnos en campeones mundiales en el fomento de la innovación. No es una casualidad que yo sea no sólo primer ministro de Luxemburgo, sino que además me encargue de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) de mi país. De hecho, Luxemburgo ha redoblado sus esfuerzos para convertirse en uno de los países líderes en el sector de las TIC. Estoy convencido de que la revolución digital es uno de los factores clave para que la Unión Europea pueda progresar y dirigir la mirada hacia el futuro. Por esa razón, apelo al establecimiento de un mercado digital común en la Unión Europea, que siga el ejemplo de la Comunidad del Carbón y del Acero de Robert Schuman. En este momento tenemos 28 mercados, con 28 reguladores diferentes. Si no queremos perder el tren de la digitalización, necesitamos crear un mercado 4.0 («Cuarta Revolución Industrial»).

Europa necesita una firme impronta liberal

No cabe duda de que Europa necesita cambiar para superar los actuales tiempos de crisis económica y para adentrarse en una nueva etapa caracterizada por la creación del desarrollo, la promoción del empleo y el fomento de la innovación. Los europeos hemos de respaldar el cambio para construir un futuro mejor. Por esa razón, Europa necesita una sólida impronta liberal que permita ver con optimismo el futuro del continente. Únicamente una nueva visión de Europa nos permitirá superar el actual estancamiento y brindar mejores oportunidades a nuestros ciudadanos.

Guy Verhofstadt

Político belga, es líder del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa en el Parlamento Europeo desde 2009, y fue elegido como representante del Parlamento Europeo en las negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE. Entre los años 1998 y 2008, ocupó el cargo de primer ministro de Bélgica. Siempre ha estado muy implicado en el proyecto de la construcción europea: ha compartido su visión de una Europa federalista escribiendo varios libros sobre la cuestión.

Apuesta por Europa y gana

La semana pasada, Emmanuel Macron ganó la presidencia francesa con el 66 por ciento del voto popular, con una razonable participación electoral del 74 por ciento y, lo más importante, con una positiva visión proeuropea. Sin embargo, algunos comentaristas de los medios de comunicación escribieron que su mandato era «débil» porque «solamente» ganó frente a un rival de la extrema derecha. Donald Trump ganó su entrada en la Casa Blanca con el 46,4 por ciento del voto popular y una participación electoral de aproximadamente el 55 por ciento; en cambio, su victoria ha sido aclamada como un «desplazamiento tectónico».

Con el voto del brexit y la elección de Trump, que se sucedieron en el tiempo con unos pocos meses de diferencia, parecía que había nacido una nueva tendencia. Evidentemente, no ha sido así. Toda tesis genera una antítesis, y en un mundo que vive a la velocidad de los algoritmos de las redes sociales, la antítesis no tarda años en desarrollarse. El brexit fue seguido de las elecciones generales neerlandesas, en las que dos partidos muy proeuropeos, la Izquierda Verde y el progresista D66, obtuvieron juntos un tercio y pico de votos más que el partido antieuropeo de Geert Wilders.

La mejor ilustración de la antítesis, sin embargo, fueron las elecciones presidenciales austríacas. Un mes antes del referéndum británico sobre la adhesión a la Unión Europea, del año pasado, la primera votación de Austria fue anulada por razones técnicas. No obstante, el resultado se hizo público: el candidato proeuropeo Alexander van der Bellen sacó algo más del 50,3 por ciento de los votos, mientras que el candidato antieuropeo de extrema derecha, Norbert Hofer, obtuvo cerca del 49,7 por ciento, la victoria con el margen más estrecho, aunque fuera cancelada.

La segunda vuelta de las votaciones se celebró seis meses después del brexit. El resultado fue bastante significativo: el margen de Van der Bellen por encima de Hofer subió de 31.000 votos a casi 350.000. Esta vez ganó con un 53,8 por ciento de los votos a su favor. La razón de este cambio tan importante fue un lapsus linguae de Hofer: en la época de las segundas elecciones, no sólo se manifestó como euroescéptico, sino que además dio la impresión de estar ofreciendo un referéndum sobre si Austria debería abandonar la Unión por completo. Muchos austríacos podían ser críticos con el funcionamiento actual de la Unión Europea, pero ¿acaso querían un auténtico auxit? No, gracias.

Esto puede parecer una buena noticia para quienes estamos en el bando de los proeuropeos, pero debemos ser conscientes de que las causas fundamentales del euroescepticismo no están ni mucho menos resueltas. Los nacionalistas pueden estar equivocados con las soluciones que ofrecen, pero tienen razón en mostrarse críticos. La Unión Europea que tenemos ahora mismo es muy hábil para regular excesivamente el mercado interior y, sobre todo, para enredar a las pequeñas empresas en trámites burocráticos. Al mismo tiempo, a la Unión se le da muy mal tomar medidas políticas para reactivar la economía de Europa y resolver sus problemas de seguridad internos y externos, tales como el terrorismo local y la crisis de los refugiados provocada por la guerra civil de Siria.

Basta con ver a diario los sugerentes comentarios de columnistas de artículos de opinión, del comité de redacción de The Times y de corresponsales de todo el mundo.

Yo aún iría más lejos. Lo que llamamos la Unión Europea, de hecho, no es una unión. Sigue siendo lo que era hace medio siglo: una laxa confederación de Estados nacionales cuyas acciones coordinadas están basadas en el principio de unanimidad. A resultas de lo cual, sus actuaciones son siempre escasas o tardías.

Una preocupación aún mayor para quienes nos consideramos proeuropeos es que si la antítesis del euroescepticismo surgió tan aprisa, el tiempo también nos apremia a nosotros. Después de las elecciones alemanas de septiembre de este año, tenemos que empezar a reformar la Unión… no a base de poner parches en las fisuras, sino mediante unas reformas de hondo calado. Esto significa remediar los problemas de la Eurozona, reforzar la política exterior de la Unión y las medidas de protección de las fronteras, crear unas fuerzas de defensa europeas y establecer un servicio de seguridad para todo el continente. Todo esto requiere ir acompañado de unos cambios profundos en nuestras instituciones. Los retos principales son sustituir la abultada Comisión Europea por un gobierno más pequeño y erradicar de una vez por todas el principio de unanimidad.

En el pasado, cuando no existían los teléfonos inteligentes, Europa podía tomarse su tiempo para cambiar. Si no nos salía bien a la primera, siempre se podía volver a intentar una segunda o incluso una tercera vez. La Constitución Europea, por ejemplo, fue rechazada mediante votación por Francia y Países Bajos en 2005; luego, al cabo de dos años, la retomamos bajo el nombre de Tratado de Lisboa. Los irlandeses votaron dos veces sobre dos tratados europeos: el Tratado de Niza en 2001 y 2002, y el de Lisboa en 2008 y 2009.

Un proceso de estas características es impensable hoy día. El presidente electo Macron sucedió a dos presidentes de una sola legislatura, Nicolas Sarcozy y François Holland. Las presidencias de un único mandato, con una sola excepción, se han convertido en la regla. Asimismo, los franceses darán a Macron una sola oportunidad de hacerlo bien.

Lo último que debería hacer el centro político en Europa es seguir los mismos pasos que hasta ahora. El Partido Socialista gobernante fue aniquilado en las elecciones de Francia; se había convertido en un partido titubeante que no sabía bien qué hacer. Quería introducir reformas, pero al mismo tiempo se aferraba a un sistema del bienestar obsoleto y excesivamente generoso. Quería ser proeuropeo, pero fue también el primero en criticar el mercado común europeo, tildándolo injustificadamente de «neoliberal». Los socialistas franceses fueron incapaces de superar estas contradicciones internas y sintetizarlas para extraer de ellas algo nuevo. El resultado fue la inercia política y una absoluta pérdida de credibilidad por parte de los electores.

El Partido Laborista de Gran Bretaña tiene exactamente el mismo problema. La campaña del «Remain» (continuar en la UE) del año pasado se redujo a una serie de alarmismos: un informe tras otro sobre el potencial desastre económico del brexit. Apenas hubo argumentos positivos en favor de la Unión. Temblando ante la poderosa prensa amarilla británica, ningún político de izquierdas o de derechas se atrevió a defender contundentemente la adhesión a la Unión Europea. Y ahora, el Partido Laborista de Gran Bretaña, que, bajo el liderazgo de Jeremy Corbyn, fue el primero en titubear durante la votación del brexit, propone un brexit «liviano». El partido se enfrenta a una severa derrota electoral. Y no nos pilla por sorpresa.

La lección que se extrae de la victoria de Macron es que los ideales de la Unión Europea aún siguen vivos. Sin embargo, esto sólo puede ser el comienzo de algo nuevo, no el final. Ahora es cuando empieza de verdad el trabajo duro. Los ciudadanos de Europa están motivados para votar a políticos que defiendan Europa, pero sólo prorrogarán nuestra legislatura si nos lo merecemos. Y hay que darse prisa.

(Este texto fue publicado con anterioridad en The New York Times).

Hans van Baalen

Hans van Baalen lleva dos legislaturas en el Parlamento Europeo como eurodiputado por el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VDD) neerlandés. Además, es el presidente del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas (ALDE) en el Parlamento Europeo, presidente de la Delegación para las Relaciones con Sudáfrica y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Previamente, sirvió diez años en el Parlamento neerlandés y fue miembro de la dirección de la Internacional Liberal.

Liberalismo: un concepto muy singular

Los liberales han de unirse. Ése fue el eslogan de mi campaña electoral en el Congreso del Partido ALDE, que tuvo lugar en Budapest en el año 2015, donde fui elegido presidente del partido. Ese mensaje es hoy día tan válido como lo era entonces. Trabajando juntos, podemos llegar a ser más fuertes y cambiar la situación de Europa.

Cada vez hay más liberales en Europa. Nuestra familia de liberales y demócratas está bien representada en el Consejo Europeo por el primer ministro neerlandés Mark Rutte y sus homólogos Charles Michel (Bélgica), Xavier Bettel (Luxemburgo), Lars Lokke Rasmussen (Dinamarca), Miro Cerar (Eslovenia), Juha Sipilä (Finlandia) y Jüri Ratas (Estonia). En muchos otros Estados miembros de la UE, los liberales también han conquistado posiciones de liderazgo en el gobierno. Si ocupamos una posición destacada en el Consejo Europeo, podemos marcar la pauta. Con nuestros cinco comisarios europeos de ALDE, constituimos una fuerza significativa en la Comisión Europea. Ahora tenemos que potenciar nuestra presencia en el Parlamento Europeo, donde Guy Verhofstadt está ejerciendo una influencia enorme.

Fortalecer el liberalismo y los partidos liberales de toda Europa nos permitirá presentar soluciones para contrarrestar el actual estancamiento político europeo. En las recientes reuniones previas a la cumbre de ALDE, donde hemos reunido a los primeros ministros y comisarios ruropeos de nuestra familia política con una serie de personalidades destacadas, hemos hecho exactamente eso. Allí se abordaron temas cruciales como la crisis de los refugiados, el brexit, los tratados comerciales internacionales, la lucha contra el terrorismo y la situación económica de Europa.

El liberalismo es un concepto muy singular, pues es la única fuerza política de Europa que combina las libertades económicas con las libertades civiles; para nosotros, las libertades económicas y las civiles son dos caras de la misma moneda. Los liberales saben poner en práctica los valores, como lo hace nuestra comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström. Su principal cometido es entablar acuerdos comerciales adaptados a los tiempos modernos. Por esa razón, tenemos que ser capaces de conquistar más de cien escaños en el Parlamento Europeo en las elecciones de 2019. ALDE colabora estrechamente involucrado con los afiliados a nuestro partido, tanto nuevos como ya establecidos, de todos los Estados miembros de la UE, con el fin de ayudarles a prepararse para las próximas elecciones europeas. No será una lucha fácil; será difícil, pero ganaremos. ¡Avancemos juntos! ¡Los liberales han de unirse!

Vêra Jourová

Vêra Jourová es una política checa que actualmente ejerce el cargo de comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género como parte de la Comisión Juncker. Previamente, fue ministra de Desarrollo Regional y sirvió en el Parlamento checo tras las elecciones de 2013 por la región de Vysocina. Su partido, ANO, pertenece al Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa en el Parlamento Europeo.

Libertad, justicia y tolerancia en un mundo digital

Nuestro mundo está cambiando y, a menudo, más aprisa de lo que podíamos imaginar. Como padres, vemos las asombrosas nuevas tecnologías y las oportunidades que están al alcance de nuestros hijos. Como políticos, nos preocupa saber cómo podríamos, o deberíamos, legislar sobre estas nuevas realidades.

El cambio puede ser abrumador. La presión para adaptarnos, innovar y cambiar constantemente va en aumento. La solución fácil es oponerse a los cambios, volverse proteccionista y afirmar rotundamente que antes todo era mejor.

Creo firmemente que deberíamos defender el cambio, correr el riesgo de innovar. Hemos de adoptar una actitud abierta, tolerante y orientada hacia las soluciones. No debemos tener miedo. Podemos hacerlo y, al mismo tiempo, seguir siendo fieles a nosotros mismos. Podemos cambiar manteniendo nuestros valores democráticos básicos. El cambio no significa que tengamos que abandonar nuestros principios y nuestros valores fundamentales. Como comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género tengo una amplia cartera, que abarca objetivos estratégicos encaminados a los siguientes retos sociales: defender valores compartidos, proteger del crimen y asegurar la equidad en el mercado único. A menudo digo que los aspectos que yo trato guardan relación con el estómago y con la cabeza de la gente. Pero de hecho, la cuestión que más me preocupa está vinculada a nuestros corazones: el odio, los derechos fundamentales y la discriminación.

En el fondo de todas las formas de odio está el hecho de que a las personas se las juzga solamente por lo que son. No importa lo que hagan o lo que digan, son juzgadas por lo que son, y contra eso no pueden hacer nada. Si uno no puede dedicarse tranquilamente a sus actividades diarias y padece insultos ocasionales o chistes, está siendo víctima del abuso.

Internet no es una excepción, y no son sólo las minorías las que resultan amenazadas. Según una reciente encuesta[36] sobre el pluralismo y la democracia en las redes, una amplia mayoría de quienes siguen los debates o participan en ellos ha oído, leído, visto o experimentado casos en los que el abuso, la incitación al odio o las amenazas iban dirigidos a la gente que es activa en las redes sociales (el 75 por ciento). Para casi la mitad de ellos, estas experiencias los volvieron reacios a participar en debates en línea. Nunca se resaltará lo suficiente el efecto que surte la incitación al odio sobre la libertad de expresión. Un tercio de los periodistas dice autocensurarse por esta razón.

Ésta es una de mis principales preocupaciones. La Unión Europea no es sólo una unión política y económica, sino también una unión de valores. En esencia, Europa está basada en los valores del Estado de derecho y la libertad de expresión. Al mismo tiempo, la libertad tiene sus límites.

El entorno en línea, en particular, se ha convertido en arma y, al mismo tiempo, en blanco. Ha permitido una nueva y magnífica plataforma para que la gente exprese sus opiniones y sus ideas políticas y para que interactúe con los demás. Pero también ha dado lugar a nuevos niveles de abuso y amenazas —tanto a individuos aislados como a grupos— que pueden propagarse a las vidas reales.

A finales de la segunda guerra mundial, el filósofo y catedrático Karl Popper ya describió muy acertadamente la paradoja de la tolerancia,[37] de la que afirma que si se acepta a quienes son claramente intolerantes, en realidad disminuye la tolerancia. De ahí que defender la tolerancia requiera no tolerar a los intolerantes.

Creo que necesitamos comprometernos con la defensa de la seguridad personal y entablar un debate democrático sin odio. Por eso necesitamos que la sociedad tenga confianza en el mundo digital y no dé cabida a los contenidos ilegales, incluida la ilegal incitación al odio.

Hemos de subrayar que los esfuerzos por proteger a la gente de las amenazas y de la incitación al odio no constituyen una censura. Las manifestaciones que incitan a la violencia o al odio no están protegidas por la libertad de expresión. Esa incitación es ilegal, y la Comisión va a seguir garantizando que la ley de la UE, en especial, la Decisión Marco 2008/913/JHA, que obliga a los Estados miembros a criminalizar la incitación pública a la violencia y al odio por razones de raza, color, religión, ascendencia, nacionalidad y origen étnico, se haga cumplir tanto en el mundo en línea como en el mundo fuera de línea.

Sobre la base de las normas establecidas en el marco legal de la UE, hemos estado proporcionando apoyo a los Estados miembros y a la sociedad civil a través de intercambios y mediante la difusión de buenas prácticas. Con este propósito, en junio de 2006 creé un Grupo de Alto Nivel de la UE para combatir el racismo y la intolerancia. Y esto lo hemos respaldado con dinero «real» mediante una financiación de la UE expresamente orientada a tal fin (con arreglo al Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía).

Para asegurarme de que los intermediarios de internet cumplan con su parte, he dedicado muchas horas a negociar con las principales plataformas informáticas, hasta que en mayo de 2016 se acordó un Código de Conducta con Facebook, Microsoft, YouTube y Twitter que detallaba los compromisos concretos contraídos por las empresas para intervenir y luchar contra los contenidos en línea ilegales que inciten a la violencia y al odio.

¿Qué fue lo que acordamos?

En primer lugar, las empresas informáticas se comprometieron a poner en marcha procesos claros y efectivos para examinar las notificaciones de incitación ilegal al odio.

En segundo lugar, se comprometieron a revisar tales notificaciones frente a sus normas y directrices comunitarias y, si fuese preciso, frente a las leyes nacionales que transponen la decisión de la UE de combatir el racismo y la xenofobia mediante la legislación penal.

En tercer lugar, se comprometieron a examinar la mayor parte de las notificaciones para suprimir la incitación ilegal al odio en menos de veinticuatro horas y, si fuese necesario, suprimir el contenido de las mismas.

Una cosa son los contenidos, pero los cambios han de hacerse en la web. En la actualidad, estamos debatiendo sobre una posible actuación ulterior en el contexto del Mercado Único Digital de la UE, y me satisface poder decir que en un año las empresas informáticas han reforzado sus sistemas de denuncia y, con ello, han hecho que sea más fácil denunciar la incitación al odio. Han formado a su personal y han incrementado su cooperación con la sociedad civil. La implementación del Código de Conducta ha consolidado y ampliado la red de empresas informáticas de «censores» de confianza por toda Europa. El aumento de la colaboración con organizaciones de la sociedad civil ha dado lugar a una mayor calidad de las notificaciones, unos plazos de tramitación más eficaces y mejores resultados en lo relativo a las reacciones ante las notificaciones.

Agradezco el progreso que se ha hecho, pero al mismo tiempo soy consciente de que esto es una lucha continua que ha de tener un enfoque tanto personal como social. La Unión Europea se construyó sobre la base de valores comunes como la dignidad humana, los derechos fundamentales, el Estado de derecho y la democracia. Nunca debemos dar por sentados estos derechos y libertades. En las intervenciones públicas aún siguen presentes el extremismo, el nacionalismo, la xenofobia y el odio.

Los extremistas y los populistas aspiran a socavar los valores europeos que constituyen el núcleo principal del proyecto europeo.

Por supuesto, el miedo de la gente ha de ser comprendido y tomado en serio. Es nuestro deber, como instituciones europeas, y el deber de los líderes de los Estados miembros, demostrar que la democracia se aplica a todos los ciudadanos.

En los dos últimos años, hemos presenciado unos atentados terroristas execrables en algunas de las ciudades más maravillosas de Europa, como París, Barcelona, Londres y Bruselas. Ninguno de nosotros puede imaginar el impacto que han causado en las víctimas de estas tragedias. El objetivo de estos atentados es, sin duda, incitar al odio y aumentar el extremismo y el choque de culturas y civilizaciones. Me siento orgullosa de que la gente de Europa no esté preparada para dejar que ocurran cosas de este tipo. Lo que más me conmovió fue ver tanta solidaridad entre gente de toda condición en las ciudades utilizadas como blanco. Una de las imágenes más imborrables de nuestra generación es la de muchedumbres de diferentes nacionalidades, religiones y culturas, unidas codo con codo y demostrando que no tienen miedo de esos atentados terroristas y que seguirán apoyándose unos a otros en una sociedad caracterizada por su diversidad.

Desde luego, hemos de estar mejor equipados para evitar que se cometan atentados. La cooperación en materia de seguridad mediante la aplicación de las medidas políticas y de las leyes es crucial y ha de ser más eficiente y más fluida. Los intercambios de datos y la interoperabilidad, respetando plenamente la protección de datos, son factores clave.

Pero, por encima de todo, no podemos permitir que las voces extremistas y populistas dirijan el devenir de la historia; nuestro deber es ostentar y ejercer el liderazgo político y recordar que todos tenemos la responsabilidad de defender nuestros valores fundamentales europeos: la libertad, la democracia y la solidaridad. Debemos hacer un esfuerzo conjunto para lograr un verdadero cambio en la sociedad. Cada uno de nosotros, las autoridades nacionales, las compañías privadas y la sociedad civil, tiene su respectiva responsabilidad en cuanto a la promoción de los valores fundamentales y de la libertad, que son los pilares de nuestra sociedad. Y que hacen de Europa el mejor lugar para todos nosotros.

Debemos, pues, apoyar el cambio, pero sin dejar de defender nuestros principios y valores. Éste es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones.

Bart Somers

Bart Somers es un político belga miembro del partido liberal Open Vid y, desde 2001, alcalde de Malinas. Recibió el World Mayor Prize de 2016 como reconocimiento por sus destacados logros en la acogida de refugiados e integración de inmigrantes de diferentes culturas, religiones y entornos sociales. Es el presidente del partido liberal y demócrata paneuropeo ALDE en el Comité de las Regiones.

El deber moral del liberalismo

Vivimos en tiempos difíciles. Nuestra sociedad está siendo atacada desde múltiples frentes por ideas intransigentes, populistas y dogmáticas. Están en juego los principales valores de nuestra democracia y del Estado de derecho. Hoy más que nunca, el liberalismo ha de poner freno al populismo, al temor y a la codicia.

Es justo afirmar que los políticos liberales tienen la responsabilidad histórica de defender los valores y los principios de la «Era de la Ilustración». De defender los logros del pasado. Nuestro Estado democrático del bienestar ha sido construido sobre la base de los principios de libertad, progreso, Estado de derecho, tolerancia y fraternidad, y estos valores han de ser asegurados en todo momento. No obstante, los políticos populistas, que proclaman vehementemente defender también ellos estos principios, están poniendo en peligro nuestros queridos valores. Su manera de controlar cada paso que damos y de combatir todo cambio inevitable está destruyendo la libertad que afirman proteger.

La batalla de los derechos contra los valores

En nuestra sociedad del siglo XXI, el logro más importante de la Ilustración es que sus valores pueden utilizarse para crear puentes, en lugar de muros, entre unos y otros. Después de todo, son valores universales compartidos —y no sólo valores occidentales— que pueden acercarnos en lugar de dividirnos. Necesitamos urgentemente una sociedad abierta en la que la diversidad y la globalización sean contempladas de una manera positiva, que es la única manera constructiva de concebirlas. Para que una sociedad evolucione, es inevitable y crucial que se produzcan cambios. Como siempre lo ha sido. Por desgracia, observamos fuerzas que socavan sistemáticamente la retórica positiva del progreso. El liberalismo y los políticos liberales han de cambiar esta narrativa. Los liberales que protegen los logros de la Ilustración y del Estado de derecho son, al mismo tiempo, quienes han de allanar el camino hacia el optimismo y el progreso.

Pero, por supuesto, no podemos ignorar los posibles efectos negativos de la globalización y, finalmente, de la migración. Debemos tomarnos en serio las preocupaciones sobre cuestiones de seguridad y tenemos que invertir en la lucha contra la delincuencia. Porque a veces el cambio se presenta demasiado deprisa, y algunas personas no son capaces de adaptarse a las consecuencias de estos cambios constantes. Por eso es tan necesario que la gente se sienta respetada y segura en el terreno público. Si la gente se siente respetada, estará más abierta a los cambios que se produzcan en la sociedad. Por esa razón, en un mundo globalizado, necesitamos asegurar que siempre se respeten las reglas básicas de la conducta y de la interacción humana. Hace falta respetar a las mujeres, a la comunidad LGBT, las religiones y otras convicciones. Y si es necesario, debemos tomar enérgicas medidas para asegurarnos de que la gente obre en conformidad con esas normas. Pero nunca hemos de utilizar esta determinación para provocar un estancamiento ni para contemplar nuestra sociedad de una manera erróneamente nostálgica. No podemos permitir que las preocupaciones y los temores de la gente sean un motivo para frenar el cambio y el progreso. Así es como actúan los populistas. Utilizan el miedo y la aversión para ejercer el poder y el control. Eso constituye un ataque directo a nuestra libertad.

El objetivo de los populistas es profanar los valores de la Ilustración para hacer exactamente lo contario de lo que predican dichos valores. De ahí que tengamos que encontrar un equilibrio. Necesitamos un argumento mediante el cual reconozcamos que estamos viviendo unos tiempos en los que la creciente inseguridad e incertidumbre predominan en el discurso público, pero también un período en el que caben destacar las infinitas posibilidades de nuestra época contemporánea. A fin de cuentas, es preciso saber que estamos viviendo en una época de gran prosperidad, en la que cada vez hay más gente que vive acomodadamente y menos gente que vive en la pobreza extrema. Al mismo tiempo, hemos de ser conscientes de que no todo el mundo ha tenido la posibilidad de progresar, porque desde luego queda mucho trabajo por hacer.

La contradicción del populismo

Las fuerzas populistas utilizan la incertidumbre y el miedo de la gente para impulsar el pensamiento grupal y limitar nuestras libertades fundamentales. Esta enorme contradicción —afirman proteger la libertad a base de negarla— es el núcleo de su irracional argumentación. En Bélgica, por ejemplo, los partidos del ala derechista reclamaban que deberíamos reducir la libertad de expresión para asegurar nuestra propia libertad. Este razonamiento equivale a la siguiente frase: «De acuerdo, proclamamos ser una sociedad abierta y libre, siempre y cuando ellos se adapten a nosotros y a nuestros hábitos y tradiciones». Mediante semejante falacia, lo único que se hace es tener miedo de la libertad porque inevitablemente la libertad acarrea cambios. Sin embargo, a lo largo de toda la historia, el cambio es lo que hace que nuestra sociedad evolucione hacia un modo de vida más liberal. Ciertos grupos se sublevaron y exigieron igualdad. Igual que está sucediendo ahora con los inmigrantes que viven aquí. El movimiento por los derechos de las mujeres demandaba el derecho al voto, el derecho a trabajar y el derecho a vestirse como quisieran. Al principio, esto se vio como una amenaza porque acarrearía cambios. Pero al final nos ha aportado una mayor libertad. Lo mismo pasa con los matrimonios entre homosexuales, con las mujeres que participan en el mercado de trabajo y, ahora, con los inmigrantes que reclaman igualdad de oportunidades y derechos. La voluntad de controlar la libertad de la gente, de considerar el poder por encima de la libertad de expresión de todo ciudadano individual, es una manera orwelliana de concebir la libertad y su capacidad motivadora.

Este ataque fundamental a la libertad a menudo va de la mano del pensamiento grupal. Está clarísimo que los liberales nunca podrán aceptar el pensamiento grupal. Un individuo nunca puede quedar exclusivamente limitado a una parte de su identidad. Todos los individuos son únicos y tienen diferentes estratos identitarios. Nunca conviene generalizar ni tampoco minimizar. Un ciudadano puede ser un padre o una madre, un futbolista, un fan de Netflix, un entrenador, un profesor, etcétera. Contemplamos la diversidad de una manera positiva y en su sentido más amplio, y consideramos iguales a todos los ciudadanos. Después de todo, el pensamiento grupal es el clásico error de los partidos tradicionales de derechas y de izquierdas. Los partidos izquierdistas, por ejemplo, ven a los grupos migrantes como víctimas de la globalización, mientras que los partidos de derechas los convierten en chivos expiatorios de un borroso pasado monocultural que está en vías de extinción. Éste es un error que parecen cometer hoy en día muchos políticos. Al limitarse a la única parte de la identidad que quieren reconocer, minimizan a la persona que hay tras ella y no contemplan la diversidad que habita en cada uno de nosotros.

Una vía positiva de progreso

Los liberales creen que de ellos depende la construcción de un futuro mejor para ellos mismos, para su familia y para la sociedad. Un político liberal fomenta el optimismo y hace hincapié en los efectos positivos del cambio. Él o ella sólo quiere ver oportunidades y rechaza limitarse a los efectos secundarios negativos o a contracorriente. Necesitamos espacio para la inspiración, pensamientos que estén fuera de lo establecido y mucha energía positiva para cerciorarnos de la proliferación de nuevas ideas. Pero también necesitamos un progreso y unos resultados concretos, de modo que la gente pueda ver corroboradas sus convicciones.

Así pues, los liberales estamos convencidos del poder de la movilidad social, pues es una de las características más importantes de nuestra democracia liberal: la firme y sempiterna promesa de que si quieres conseguir algo y trabajas duro por conseguirlo, puedes lograr que tu sueño se haga realidad. Paralelamente, el gobierno (local) ha de crear los ajustes preestablecidos para que todo ciudadano pueda beneficiarse de esta movilidad social ascendente, independientemente de su origen social o étnico. Nuestro deber es empoderar a las personas otorgándoles a todas ellas iguales oportunidades. Por otra parte, esto significa tener una visión estricta y severa sobre el racismo y la discriminación. No puede haber excusa posible para ninguna de estas lacras. Ambas constituyen un golpe mortal para una sociedad moderna y liberal, y han de ser extinguidas.

Se trata de una responsabilidad colectiva de nuestra sociedad. Después de todo, la integración y la convivencia, manteniendo la diversidad, sólo son posibles si damos a todos los niños de nuestras ciudades y países las mismas posibilidades, si les ofrecemos un razonamiento equitativo que avive la esperanza y el optimismo.

Una lección para Europa

La lección más importante para Europa, impartida por el liberalismo y la «Era de la Ilustración», es asegurarnos de que nunca nos encerraremos en nuestra propia identidad ni en el pensamiento grupal. Hoy más que nunca, necesitamos una Unión Europea abierta en la que circulen con libertad la gente y las ideas. Lo más característico de nuestra identidad europea es que se compone de muchos estratos. Nunca debemos reducir a alguien únicamente a una parte de su identidad. Amartha Sen ya lo dejó muy claro en su libro Identidad y violencia (2006): «Los violentos acontecimientos y las atrocidades de los últimos años han marcado el inicio de un período de terrible confusión y pavorosos conflictos. La política del enfrentamiento global a menudo es contemplada como el corolario de las divisiones religiosas o culturales del mundo. De hecho, cada vez más el mundo es contemplado, aunque sólo sea implícitamente, como una federación de religiones o civilizaciones, ignorando de este modo los otros aspectos bajo los que la gente se concibe a sí misma». Si estoy hablando en Nueva York, soy un europeo; si juega (y preferiblemente gana) mi equipo de fútbol nacional, soy belga; a veces, soy un padre; otras, un político, o alcalde, o flamenco, o lector de libros, o europeo, o liberal… Sin embargo, nunca soy una sola de estas cosas, sino todas al mismo tiempo.

Violeta Bulc

Violeta Bulc se afilió al Partido Liberal de Miro Cerar en 2013 y, un año más tarde, fue nombrada ministra en el Gobierno esloveno. En 2014, se convirtió en la comisaria europea de Transporte en la Comisión Juncker. Antes de iniciar su carrera política, fue vicepresidenta de una compañía de telecomunicaciones y directora general de una empresa de innovación sostenible.

Una comisaria de mente abierta con una cartera integradora

Nací con genes liberales: siempre he buscado nuevas oportunidades y soluciones originales que estuvieran más allá de lo conocido, y he unido a la gente para sacar lo mejor de cada persona, y todo ello con vistas a su prosperidad individual y colectiva. Estoy convencida de que cada ciudadano es una pieza imprescindible para el desarrollo global sostenible de la UE y del planeta, de modo que ambos puedan medrar. Lo que me motivó para entrar en la política fue mi deseo de brindar a Eslovenia, a su gente y a mí misma la oportunidad de contribuir a la creación de un mundo moderno. La oportunidad de crear un espacio para que surjan nuevas oportunidades y soluciones basadas en los valores y las tendencias de la UE, definidos por el cambio climático y la evolución de los seres humanos.

Como ingeniera de profesión y tras haber sido empresaria durante más de catorce años, sabía que el futuro estaba en habilitar a todos los interlocutores del país para que actuaran con un espíritu de implicación dinámica, haciendo frente a los reajustes y las transformaciones cambiantes como la única manera de avanzar.

En 2013, quedó claro que esto sólo sería posible mediante algunos cambios reales en las estructuras políticas. Había llegado el momento de desarticular las élites políticas. El país necesitaba un empujón para abrir nuevas perspectivas, para dar cabida a nuevos modelos empresariales y sociales, para fomentar un mayor desarrollo de la participación democrática de los ciudadanos, y para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas centrándonos en la inversión y la cooperación mundial. Y eso fue lo que hicimos: cinco semanas antes de las elecciones, se creó un nuevo partido liberal (de centro-izquierda), el SMC, bajo el liderazgo de Miro Cerar, un respectado profesor de derecho especializado en temas de democracia parlamentaria. En las elecciones parlamentarias, que presenciaron la cifra más elevada de diputadas elegidas, el SMC ganó el mayor número de escaños en la historia de Eslovenia (36) y formó un Gobierno de coalición. La lucha por el poder fue sustituida por unas perspectivas de prosperidad y esperanza. Un mes y medio después, pasé de ser viceprimera ministra a convertirme en comisaria europea de Transporte y Movilidad.

El entusiasmo por reconocer nuevas oportunidades y por la creación de riqueza económica y social, así como la fe en las perspectivas de Europa, hicieron que me trasladara de Liubliana a Bruselas como parte de una familia política aún mayor: el Grupo ALDE. Y el transporte surgió como la cartera ideal para aprovechar las oportunidades de los principales impulsores del desarrollo y el crecimiento: la digitalización, la descarbonización e invertir en la financiación de los diez objetivos clave del presidente Juncker para lograr la prosperidad de la Unión Europea.

Desde el primer día, me comprometí plenamente. He estudiado la carrera de ciencias informáticas y tengo una amplia experiencia en telecomunicaciones y desarrollo de ecosistemas de innovación para empresas y comunidades. Todo ello me ayudó a comprender la importancia de cualquier interlocutor de la cartera de transportes: ciudadanos y ONG, empresas y asociaciones, sindicatos, Estados miembros... Pero por encima de todo, adquirí inmediatamente un enorme respeto hacia la estructura tripartita del proceso de la toma de decisiones en la UE, pues tanto el Consejo como el Parlamento y la Comisión trabajan conjuntamente. Este poder transformador de la toma de decisiones es el que sigue guiando a mi equipo por el cúmulo de opiniones diversificadas, por las largas negociaciones a base de diálogos a tres bandas, hasta que por fin surgen soluciones ecuánimes que pueden ser utilizadas tanto en el Mercado Único de la UE como a nivel mundial. Luchamos constantemente por hallar soluciones que nos ayuden a mantener la primera posición mundial de la UE, así como a lograr el máximo nivel de vida del mundo.

El transporte constituye el núcleo central de todo cuanto sucede y siempre está abierto al cambio, a la agregación y al compromiso por parte de múltiples interlocutores. Nuestro criterio estriba en que estamos al servicio de otras personas, para que puedan tener más éxito, ser más eficientes y estar mejor comunicadas. El transporte es el medio que puede utilizar el resto de la sociedad para cooperar, para seguir siendo competitiva, para crear nuevos puestos de trabajo, para evolucionar y para crecer.

El poder transformador del transporte

¿Dónde creo que reside el poder transformador del transporte?

En primer lugar, en su capacidad de estar al servicio de la gente

Centrándonos en la movilidad como un servicio que ofrece equilibradamente tanto soluciones públicas como individuales, nos vamos acercando cada vez más a la movilidad demandada, con el fin de estar disponibles allá donde sea necesario, en el momento preciso y con el formato adecuado, y siempre de una manera integradora y asequible. Estoy orgullosa de que la UE sea el único lugar en el mundo con un surtido bastante amplio de derechos de los pasajeros, y vamos a cerciorarnos de que estos derechos sigan vigentes cuando derivemos hacia un transporte multimodal integrado.

Igualmente importante es nuestro objetivo de reducir el impacto negativo de la movilidad. Los embotellamientos constituyen un problema de dimensiones colosales. Pero más aún me preocupa, y me parece sencillamente inaceptable, que cada año pierdan la vida más de 25.000 personas, y más de 135.000 resulten gravemente heridas, en la carreteras de la UE. Más de 400.000 muertes prematuras están relacionadas con el ruido y con la contaminación del aire y a diario la gente pasa horas en los atascos de tráfico. Estos factores externos guardan relación con numerosas tragedias personales, pero al mismo tiempo suman, sólo en la UE, más de 500.000 millones de euros en costes socioeconómicos al año. Basta con imaginar lo que supondría gastar ese dinero en fortalecer los modelos sociales, en invertir en innovación, en la puesta en marcha de empresas o en programas para la juventud y la tercera edad. La tecnología autónoma, una mejor organización del transporte y un urbanismo mejor planificado pueden ayudar mucho a mejorar la gestión de la movilidad demandada. ¡He aquí un reto para los liberales!

En segundo lugar, en su capacidad para estar al servicio de la industria de la UE

Al centrarnos en la eficacia y la conectividad mediante la digitalización y descarbonización del transporte y las prestaciones logísticas, estamos reduciendo las cargas administrativas de las empresas, creando nuevos indicadores (ecológicos) y asegurándonos de que la información sobre el tráfico sea abierta y compartida. Estas propiedades dan lugar a nuevas oportunidades para que la gente se sienta implicada, para que surjan nuevos modelos empresariales y para que se creen nuevas asociaciones y unos valores más elevados. Veamos unos pocos ejemplos: con el cuarto paquete ferroviario, aproximadamente once mil normativas locales fueron sustituidas por tan sólo algo más de novecientas normas vigentes en la UE. Cuando éstas se hayan implantado plenamente, los trenes podrán recorrer un espacio ferroviario europeo único, sin necesidad de cambiar de locomotora en cada frontera, con una gestión unificada del tráfico ferroviario y servicios digitales de seguimiento y localización. Otro buen ejemplo es el conjunto de medidas de movilidad, que reducirá la burocracia de las operaciones por carretera en más de un 60 por ciento, al introducir una «administración digital» que proporcionará soluciones administrativas para la gestión de las empresas, así como servicios de telepeaje y tacógrafos digitales, con el fin de minimizar las posibilidades de fraude y reducir los costes de los controles por carretera. La aviación, el gran éxito liberal de la UE, se ha basado en buena medida en soluciones digitales que han permitido la aparición de compañía aéreas de bajo coste y una gestión eficiente del espacio aéreo y de los aeropuertos, al tiempo que han reducido los problemas del CO₂ y han dado lugar a que surjan cada vez más soluciones ecológicas. Asimismo, esperamos que la digitalización y la descarbonización aporten efectos igualmente positivos al sector marino. ¡He aquí un reto para los liberales!

En tercer lugar, en su capacidad para estar al servicio de los Estados miembros

Al centrarnos en invertir en enlaces inexistentes, en la conectividad transfronteriza, en ciudades y pueblos inteligentes, en una ecología integrada y en soluciones digitales a la movilidad con un valor evidente para la UE, estamos fomentando el crecimiento económico, la creación de empleos temporales y duraderos y la eliminación de los obstáculos al mercado único, con el fin de que la economía de escala y volumen pueda reforzar las redes de la oferta y la demanda. Cada 1 por ciento de incremento de inversiones en infraestructuras aportará un 2,4 por ciento de aumento del PIB durante los próximos cuatro años. Si se gestiona bien, esta cifra puede ser incluso superior. Al fomentar la capacidad nacional para preparar proyectos de calidad y al implementar los cambios reglamentarios necesarios para la previsibilidad y transparencia del entorno de inversión, el transporte va adquiriendo un atractivo cada vez mayor como oportunidad de inversión global, junto con otros sectores infraestructurales, como el energético y el digital. Nuestros avanzados modelos de gobernanza reducen aún más los factores de riesgo. Es esencial que el plan de inversión de Juncker, así como el régimen de garantías, lleguen a todos los rincones de la UE. Sólo unas herramientas y unos modelos financieros dinámicos e innovadores pueden hacer frente a las necesidades del desarrollo y mantener a los Estados miembros a la cabeza de la modernización y del liderazgo mundial. ¡He aquí un reto para los liberales!

Podría seguir hablando sobre el poder de las soluciones autónomas, que reducirán el número de accidentes causados principalmente por el hombre; o sobre el espacio de la aviación urbana, que incorporará coches voladores y drones como parte de los servicios de la movilidad diaria; o sobre los nuevos materiales, que cambiarán la naturaleza de los vehículos, las embarcaciones y los aviones; o sobre los nudos multimodales, que redefinirán la relación con los usuarios; o sobre los nuevos dispositivos de almacenamiento, los sistemas de propulsión y los mecanismos de tarificación, que harán de las energías alternativas una parte esencial de las operaciones de transporte… Podría hacerlo, pero quiero dejar un hueco para tu imaginación. ¿En qué otro campo podemos los liberales aportar luz, esperanza y oportunidades para el transporte y desde el transporte? ¿Con quién más necesitamos comprometernos? ¿En qué otra parte podemos propiciar un futuro mejor? Espero que sigamos esforzándonos y descubriendo nuevas fronteras juntos. ¿Estás preparado? ¡Yo sí lo estoy!

Agradecimientos

Quiero expresar aquí mi más sincero agradecimiento a los diez líderes liberales europeos de ocho países diferentes, europeístas todos, que han aportado a este libro su valiosa contribución: Guy Verhofstadt, Vera Jourova, Nick Clegg, Violeta Bulc, Bart Somers, Silvana Koch-Merin, Xavier Bettel, Cecilia Wikström, Hans van Baalen y Hilde Vautmans. Para mí es un honor y un privilegio que hayan aceptado compartir su visión personal, y agradezco particularmente su desempeño cotidiano en sus distintos ámbitos de competencia y responsabilidad.

Quiero dar, asimismo, mis más expresivas gracias a todas las personas que, con su generosidad, puntos de vista y sugerencias, me han inspirado y apoyado en la elaboración de este libro, en especial a los miembros de mi equipo de trabajo en Bruselas y Madrid, que me acompañan a diario en este camino. Y, finalmente, de modo especial, a Juan de Ávila González, coordinador de esta obra, que ha sido el pilar determinante para hacerla posible.

BEATRIZ BECERRA BASTERRECHEA (Madrid, 14 de noviembre de 1966) es una escritora y política liberal demócrata española.​ En la actualidad es vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y está integrada en el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa.​ Entre 2009 y 2014 formó parte del Consejo de Dirección de Unión Progreso y Democracia como responsable de Comunicación. Fue elegida eurodiputada en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014​ tras concurrir por la lista de UPyD.

Se licenció en Psicología Industrial por la Universidad Complutense de Madrid en 1989. Ha realizado también un MBA Máster en Administración y Dirección de Empresas. Entre 1989 y 2005 trabajó en el sector audiovisual en multinacionales como CBS y Buena Vista International España. Entre 1998 y 2005 trabajó en Sony Pictures Entertainment, en la que llegó a ser Directora de Marketing y Ventas para España y Portugal. También trabajó para la ONG Acción contra el hambre y como consultora para Discovery Networks. Además, ha desarrollado una labor docente en estudios de posgrado entre 1998 y 2014 en el Centro Universitario Villanueva y en ICADE (Universidad Pontificia de Comillas).

Sin pertenencia política previa, en 2008 se afilia a Unión Progreso y Democracia, partido político español de centro fundado en 2007 y cuya líder era por entonces Rosa Díez. En el I Congreso de UPyD celebrado en 2009 resultó elegida para el principal órgano ejecutivo, el Consejo de Dirección, al formar parte de la candidatura encabezada por Díez. Durante los siguientes cuatro años y medio fue la responsable de Comunicación del partido. Concurrió a las Elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014 en la lista de UPyD.​ Salió elegida al recabar su partido el 6,5% de los votos y lograr cuatro escaños. UPyD se incorporó al Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), presidido por el belga Guy Verhostadt.

Durante los meses siguientes a las elecciones, UPyD sufrió una serie de crisis internas y electorales que acabaron con la retirada de Rosa Díez y con su partido fuera del Congreso de los Diputados y sin apenas cargos públicos relevantes. El 1 de abril de 2016, Becerra anunció, junto con otros cargos y miembros de UPyD, que abandonaba el partido​ porque «había dejado de ser útil a la sociedad». Continua como eurodiputada independiente dentro del Grupo ALDE.

Ha escrito: Las criadas de Caifás (2008), La reina del Plata (2013), La estirpe de los niños infelices (2014) y Eres liberal y no lo sabes (2018)

Notas

[1] Yuval Noah Harari, Homo Deus. Breve historia del mañana, Debate, Barcelona, 2017. <<

[2] Daron Acemoglu y James A. Robinson, Por qué fracasan los países, Deusto, Barcelona, 2014. <<

[3] Bo Winegard, Centrism a moderate manifesto, 29 de agosto de 2017. <http://quillette.com/2017/08/29/centrism-moderate-manifesto/ >. La Revista de Libros ha publicado una versión en castellano (abril de 2018): <https://www.revistadelibros.com/discusion/el-centrismo-un-manifiesto-moderado >. <<

[4] Liah Greenfeld, Nacionalismo: cinco vías para la modernidad, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2006. <<

[5] Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Alianza, Madrid, 2006. <<

[6] Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, Debolsillo, Barcelona, 2011. <<

[7] María Blanco, Las tribus liberales. Una deconstrucción de la mitología liberal, Deusto, Barcelona, 2014. <<

[8] Steven Pinker, Los ángeles que llevamos dentro, Paidós, Barcelona, 2012. <<

[9] Antonio Escohotado, Los enemigos del comercio, Espasa, Barcelona, 2016. <<

[10] ABC, 22 de enero de 2018, <http://www.abc.es/opinion/abci-europa-mas-liberal-eeuu-201801221533_noticia.html >. <<

[11] Tony Judt, Posguerra, Taurus, Barcelona, 2016. <<

[12] Michael Ignatieff, Fuego y cenizas: éxito y fracaso en política, Taurus, Barcelona, 2014. <<

[13] Svetlana Aleksiévich, El fin del «Homo sovieticus», Acantilado, Barcelona, 2014. <<

[14] Michael Lewis, Deshaciendo errores, Debate, Barcelona, 2017. <<

[15] Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, Alianza, Madrid, 2011. <<

[16] Versión en castellano: <https://www.clublibertaddigital.com/ilustra cion-liberal/54/pomperipossa-en-monismania-astrid-lindgren >. <<

[17] Mariana Mazzucato, El Estado emprendedor, RBA, Barcelona, 2014. <<

[18] Harari, op. cit. <<

[19] Marta García Aller, El fin del mundo tal y como lo conocemos, Planeta, Barcelona, 2017. <<

[20] Giuseppe Tomassi di Lampedusa, El Gatopardo, Cátedra, Madrid, 2006. <<

[21] Judt, op. cit. <<

[22] Ignatieff, op. cit. <<

[23] Fuente: Banco Mundial: <http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview >. <<

[24] <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ >. <<

[25] Acemoglu y Robinson, op. cit. <<

[26] <https://www.eiu.com/topic/democracy-index >. <<

[27] Ian Morris, Guerra, ¿para qué sirve?, Ático de los Libros, Barcelona, 2017. <<

[28] Citado por Mazzucato, op. cit. <<

[29] Mazzucato, op. cit. <<

[30] El País: <https://politica.elpais.com/politica/2018/01/31/actualidad/1517398873_363186.html >. <<

[31] Morris, op. cit. <<

[32] Harari, op. cit. <<

[33] Judt, op. cit. <<

[34] Publicado en The National Interest, verano de 1989. <<

[35] Quality of life in Europe — Facts and views (2015) [Calidad de vida en Europa - Hechos y opiniones]. <<

[36] Media pluralism and democracy — Special Eurobarometer 452: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-pluralism-and-democra cy-special-eurobarometer-452 >. <<

[37] Popper, Karl, The Open Society and Its Enemies, volume I, The Spell of Plato, Routledge, Londres, 1945; volumen I, Princeton ed., 2013. <<