Sinopsis

A lo largo del convulso otoño político de 2017, los corresponsales en España han gozado de una privilegiada mirada sobre los acontecimientos que se produjeron antes, durante y después del referéndum catalán del 1 de octubre. En primer lugar, porque el propio Ejecutivo catalán les dio un protagonismo importante de cara a internacionalizar el conflicto. Y, en segundo lugar, porque contemplaban los hechos desde la perspectiva única que da la falta de vinculación emocional.

Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España, nos cuenta en este libro su versión de lo acontecido con información de primera mano y con un resultado sorprendente. En la obra se reproducen declaraciones de los protagonistas desconocidas hasta ahora. Aunque no es este un análisis aséptico. La visión de Sandrine es crítica y mordaz, y pone en evidencia las estrategias de manipulación y movilización llevadas a cabo por las partes, a la vez que da su propia versión de los hechos sobre los verdaderos motivos —históricos, políticos y económicos— que confluyeron en el procés.

Un relato que pone luz a unos acontecimientos que forman ya parte de la historia de este país y que siguen muy abiertos en nuestras propias vidas cotidianas.

SANDRINE MOREL

EN EL HURACÁN CATALÁN

Una mirada privilegiada al laberinto del procés

Traducción de Lara Cortés

A Léo y Roxane, por la luz.

A Diego, por el camino.

Prólogo

Corresponsales bajo lupa

Nunca he sentido que se escrutara y se juzgara tanto mi trabajo como en el asunto de la independencia de Cataluña. Probablemente se debe a que, desde hace años, el apoyo, la simpatía o, al menos, la ausencia de animadversión de los Estados vecinos hacia la causa independentista ha sido una de las piezas fundamentales de la estrategia de la Generalitat. Esa postura favorable era crucial para evitar que la Unión Europea (UE) amenazara con expulsar a Cataluña de las instituciones comunitarias (una amenaza que, al final, sí ha llegado). También resultaba imprescindible para que Bruselas presionara a Madrid con el fin de que organizase un referéndum pactado de autodeterminación o, mejor aún, para que reconociera una hipotética república catalana (algo que, en cambio, no ha hecho, al menos en el momento en que escribo estas palabras). Y era, sencillamente, algo que se deseaba conseguir para aislar y desacreditar al «Estado español», mimar el ego de los dirigentes en busca de legitimidad y transmitir a sus votantes la idea de que el mundo estaba pendiente de ellos y los apoyaba.

Las extraordinarias puestas en escena que se desplegaban en cada Diada servirían, gracias a sus espectaculares imágenes, para asegurarse una buena cobertura en los informativos de las televisiones del mundo entero. A todo ello se sumaban los esfuerzos de la «diplomacia catalana» para ejercer presión a través de «embajadas» abiertas en las principales ciudades de Europa, conferencias organizadas en las universidades de mayor prestigio y reuniones con los redactores jefes de los grandes diarios internacionales.

Para un periodista, el «conflicto» catalán es mucho más que una cuestión difícil de tratar: es un verdadero terreno minado. El reto que plantea —la unidad o, incluso, la supervivencia misma de España, según unos, o la utopía de un nuevo Estado sin mácula de pecado, justo y libre, según otros— es demasiado grande para no desatar pasiones. Los informadores hemos tenido que trabajar en un ambiente de tensión exacerbada, en el que a menudo los sentimientos han sustituido a los argumentos. Dado que el tema catalán es impermeable a la razón, al principio los lectores intentaron etiquetarnos. Para muchos, los periodistas en Cataluña se dividen en dos grupos: los «partidarios de Madrid» y los «partidarios del independentismo». Así que, cada vez que subrayo las incoherencias que encuentro en el bando independentista, se dice de mí que estoy manipulada por el Gobierno español, y cuando trazo un retrato crítico de Mariano Rajoy, se me acusa de ser «desleal» a España.

A menudo los corresponsales nos hemos sentido presionados. Se nos ha leído, escuchado, interrogado. Se nos ha invitado a los platós de televisión. Se nos han enviado decenas de solicitudes de entrevistas, por parte de estudiantes universitarios, para trabajos académicos centrados en «la visión de los corresponsales extranjeros sobre la crisis catalana». Los lectores nos han acusado —a través de correos, de comentarios en línea o de las redes sociales— de tergiversar la información. El único que no ha ejercido ninguna presión sobre los corresponsales ha sido el Gobierno central: en general, nos ha ignorado.

He cubierto la actualidad española para el periódico francés Le Monde desde el verano de 2010. He asistido a todas las Diadas desde la de 2012, a favor de un «Nou Estat de Europa», hasta la de 2017, en pro del sí al referéndum. He realizado centenares de entrevistas a manifestantes, historiadores, intelectuales, periodistas, escritores… He podido entrevistar a Artur Mas y Carles Puigdemont, además de a decenas de otros personajes políticos de primer orden, como Ada Colau, Carme Forcadell, Marta Rovira, Inés Arrimadas y Albert Rivera. He cubierto las elecciones autonómicas de 2010, 2012 y 2015. El único gran acontecimiento de los últimos años en el que no he estado ha sido el referéndum del 9 de noviembre de 2014, porque me encontraba de baja por maternidad. Mi hija nació seis días más tarde.

Y, a pesar de todo, se me ha dicho una y otra vez: «tú no puedes comprenderlo», «eres francesa, jacobina» —con la variante del «despotismo ilustrado»—, «estás contaminada por Madrid»… Me han prevenido del «error» que supondría escribir acerca de las fracturas sociales que provoca el independentismo, advirtiéndome de que se trata de «una grosera manipulación orquestada desde la derecha». Me han indicado que no debo hablar con opositores a la inmersión lingüística porque, en realidad, existe «un consenso absoluto» en torno a esta cuestión. Han intentado imponerme una visión ficticia del «pueblo catalán», presentándomelo como si fuese una entidad unida y homogénea, y han tratado de manipularme con determinadas mentiras.

También he visto cómo un compañero, psicológicamente agotado, se planteaba optar por la autocensura para evitar insultos y tensiones. He escuchado a un colega español explicarme que su redacción había encontrado una solución muy sencilla: enviar a los periodistas a cubrir las noticias de los partidos cercanos a sus posiciones ideológicas. Un remedio cómodo que permite tener acceso a buenas fuentes, pero que tal vez resta espíritu crítico.

A estas dificultades se han sumado otras, específicas del independentismo catalán, cuando este ha decidido seguir la vía de la desobediencia y la unilateralidad. Las palabras se han vaciado, cada vez más, de significado. En los discursos públicos se difunden ideas contrarias a las que se nos comunican en privado. La propaganda política ha moldeado una realidad paralela, con su propia lógica, en la cual Cataluña —«oprimida» por España— aparece con una «legitimidad» superior, que justificaría que esta comunidad autónoma violara las leyes para «emanciparse».

En las redes sociales, pobladas por un ejército de troles anónimos, se han multiplicado los insultos contra los periodistas y se han propagado teorías conspirativas de todo tipo… La que me afecta directamente, por ejemplo, sostiene que la cobertura del problema catalán de Le Monde está orquestada desde Madrid, a través de Prisa, dado que esta compañía posee el quince por ciento de nuestro grupo. Es una acusación a todas luces falsa —jamás nadie ha revisado mis textos para cambiar su enfoque ni me ha indicado qué debo escribir, y mucho menos, desde luego, podría hacerlo un accionista minoritario—, pero de la que algunos irresponsables políticos se han hecho eco.

La realidad es que la única ocasión en la que se me amenazó con censurarme fue el día en que un responsable de prensa de la Generalitat, con el que mantenía una relación profesional de confianza desde hacía ya varios años, me soltó mientras tomábamos un café: «Si compramos dos páginas de publicidad en Le Monde, tus jefes te dirán qué debes escribir…». Al ver mi indignación, se disculpó añadiendo: «Bueno, así funcionan las cosas aquí». Después, pasó un ángel.

He aceptado escribir sobre la sucesión de acontecimientos en Cataluña tal y como la he visto y la he vivido. No pretendo en absoluto hacer un análisis del nacionalismo catalán, de sus raíces históricas, de sus motivaciones profundas, de los argumentos a favor o en contra de la independencia. El encadenamiento de graves decisiones políticas que desembocó en los hechos de octubre y noviembre de 2017 ha provocado que se pase de un debate legítimo a un conflicto absurdo e irresponsable y, en último término, a la declaración unilateral de independencia, a la activación del artículo 155 de la Constitución y al ingreso en prisión provisional de los dirigentes independentistas. En estas páginas he intentado reflejar la visión de una persona que, sin ser ni española ni catalana, ha asistido, con tristeza y temor, al crecimiento del odio dentro de una sociedad que hoy en día se encuentra terriblemente fracturada por un conflicto cuyas consecuencias aún resultan difíciles de valorar.

Introducción

Esquizofrenia identitaria

En este día otoñal, comenzado ya noviembre de 2017, me arrastro hasta un taxi en la estación de Barcelona Sants. Mi hija, de tres años, a la que no le gustan nada mis largos y frecuentes viajes a Cataluña, me tuvo en vela la noche anterior. Le indico al taxista la dirección de mi hotel sin intentar entablar una conversación, como suelo hacer. El tiempo es agradable. El cielo está despejado. Veo pasar los edificios modernistas de la Ciudad Condal tras el cristal de la ventanilla. «¡Que la metan en la cárcel, a esta también!» De repente, la voz del taxista, que masculla, me devuelve a la realidad. El hombre, de unos cincuenta años, regordete y con el contorno de los ojos arrugado por el sol, ha respondido así a la radio, que acaba de dar los titulares del día. Le pregunto, con fingida candidez, de quién está hablando. «De la Forcadell», me contesta con vehemencia. Esta semana, efectivamente, el magistrado del Tribunal Supremo deberá decidir si envía o no a prisión provisional a la expresidenta del Parlament catalán. La pasada, la Audiencia Nacional ya ordenó que ocho antiguos consejeros autonómicos, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras, ingresasen en la cárcel de forma preventiva.

Incito al taxista para que siga hablando acerca de los motivos de su cólera. No necesito insistir.

El hombre se remueve nerviosamente en su asiento, explicándome que ya no soporta más la situación política, la tensión, la presión y los insultos, que el turismo ha bajado, que se vivía bien. «Antes…» A continuación, añade que es catalán, nacido en Barcelona, e hijo de andaluces, de «republicanos, ¡así que no consiento que nadie me acuse de ser un facha!». Sin dejar de hablar, se inclina hacia delante y, mientras mantiene una mano en el volante, con la otra abre la guantera y empieza a rebuscar en ella, intentando no perder el control del vehículo. Empiezo a tener miedo. Por fin, su mano encuentra lo que estaba buscando. De repente, el taxista levanta una minúscula banderita rojigualda, pegada a una varilla de plástico blanco, y empieza a ondearla ante mi mirada estupefacta. No puedo evitar echarme a reír. «Yo soy republicano e hijo de republicanos. Esta bandera nunca ha sido la mía, ¿sabe? —me suelta, antes de añadir avergonzado—: Pero míreme ahora. Los independentistas me han convertido en un españolista.»

Vuelve a agitarla dos o tres veces, por si acaso no lo he entendido bien a la primera, y después la deja en el asiento delantero. Comprendo esta esquizofrenia. Hasta ahora, la bandera española era patrimonio casi exclusivo de los simpatizantes del Partido Popular (PP), a los que en Cataluña se les suele calificar fácilmente de fachas. Los descendientes de los republicanos tienen otra bandera —roja, amarilla y morada—, que no sobrevivió a la dictadura franquista. Y, como mucho, se limitan a ondear la actual enseña oficial durante los partidos de la selección española de fútbol, la Roja.

En los descendientes de andaluces y extremeños —y no solo en ellos—, el movimiento independentista provoca a menudo este desgarro. El cinturón de ciudades obreras que rodea Barcelona se construyó con las sucesivas oleadas de inmigrantes que fueron llegando, principalmente desde el sur del país, entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado. Estos españoles, que huían de la pobreza y participaron en el desarrollo industrial de Cataluña, convirtieron esta región en su tierra adoptiva. Se sienten tan catalanes como españoles. Una doble identidad que, para muchos, era lógica hasta que la situación alcanzó el grado de crispación actual.

Hemos llegado a mi hotel. La conversación ha terminado. Y mientras se imprime la factura, mi taxista guarda su banderita en la guantera. Seguro que desde entonces ha encontrado un sinfín de ocasiones para volver a sacarla.

Podría escribir un libro de relatos sobre Cataluña solo con las confidencias de los taxistas barceloneses, a los que, en cuanto puedo, les pregunto inocentemente sobre la situación política. Sin decirles nunca que soy periodista. Evidentemente, no son representativos de la diversidad de la opinión pública catalana: en realidad, constituyen un colectivo más conservador que la media y entre ellos hay menos independentistas. Pero me gusta escuchar cómo se explayan durante todo el trayecto, en ocasiones incluso después de haber llegado al destino. Por lo general, no tengo que insistirles para que den rienda suelta a su cólera, a su tristeza o a su análisis personal de la situación. En el último año, a través de sus comentarios, he visto cómo la sociedad catalana se estaba fracturando.

Recuerdo a un taxista que me contó cómo su hija se había convertido en independentista, algo que le resultaba incomprensible, porque su mujer y él eran extremeños. «Ella es maestra, y estoy seguro de que les lava el cerebro a sus pobres alumnos —me confió—. Cada vez que viene a casa, mi mujer tiene que intervenir para que no nos peleemos.» También me acuerdo de otro que se decía dispuesto a hacer las maletas si los independentistas ganaban, y de aquel que, llegado el caso, pensaba pertrecharse con «un bate de béisbol» para defender España.

Pero, sin duda alguna, el episodio que más me ha marcado ha sido el de la bandera. Ilustra la crispación en la que está sumida la sociedad catalana, la fractura social y la ruptura de esa cohesión de un «solo pueblo» sobre la que los nacionalistas llevan treinta años teorizando y trabajando. Pero también recuerda los complejos de la identidad española, que en los últimos tiempos no se había expresado con tal magnitud hasta que la amenaza de la secesión se percibió como real. El socialista Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno entre 1982 y 1991, me dio una pista para entenderlos en una entrevista que me concedió y que incluí en un artículo publicado en Le Monde en 2015: «Durante cuarenta años, Franco patrimonializó y envenenó el concepto de nación española. Todos aquellos que luchaban contra la dictadura fueron calificados de antiespañoles. Los franquistas se presentaban como grandes patriotas, lo que acabó generando un desprecio hacia el tema de la consolidación de la nación española».

La bandera de entonces, de la que simplemente se eliminaron el escudo y el águila del periodo franquista, se convirtió en monopolio de Alianza Popular (AP) —partido fundado por Manuel Fraga, exministro de Franco—, que más adelante se convertiría en el PP. El himno, la Marcha Real, se mantiene, aunque sin letra, en vista de que no hay forma de encontrar un texto que suscite el consenso. No se canta nunca, pero a menudo se silba… Y la fiesta nacional se sigue celebrando el 12 de octubre, fecha en la que se conmemora la llegada de Colón a América en 1492, origen de lo que, desde las alas más izquierdistas, se califica de genocidio.

Después de cuarenta años de dictadura, la obsesión de los jóvenes políticos que sentaron las bases de la nueva democracia era la estabilidad de las instituciones. Para garantizarla y ganarse el apoyo de los «nacionalismos periféricos» vasco y catalán, procedieron a una profunda descentralización de los poderes. Nació así el Estado de las autonomías, regiones con amplias competencias sobre la educación, la salud o la cultura, y en ocasiones también sobre la justicia o la policía.

Durante la Transición, me señaló el historiador Tomás Pérez Vejo,1 «la principal preocupación fue el Estado, y no la nación, lo cual explica que la mayoría de los instrumentos de construcción de las identidades se dejaran en manos de los Gobiernos autonómicos. Aquello no tenía por qué suponer un problema, salvo en el caso de que quienes ocupasen el poder fueran partidos que tuvieran un proyecto de construcción nacional alternativo al de España».

PARTE PRIMERA

2012: EL PISTOLETAZO DE SALIDA
DEL PROCÉS

¿Cuál es el origen del auge independentista? La decisión del Tribunal Constitucional de invalidar una parte del nuevo Estatut de Cataluña en junio de 2010 es, para muchos, el detonante de la crisis política que desembocó en los acontecimientos de 2017. Al contemplar como nulos catorce de sus doscientos veintitrés artículos, reinterpretar otros veintisiete y declarar sin «eficacia jurídica» el preámbulo sobre la «nación» catalana, aquel órgano jurisdiccional ofendió a muchos catalanes que, en el referéndum de 2006, habían votado un texto previamente elaborado, enmendado y aprobado en el Parlament y en el Congreso de los Diputados.

Es cierto que la manifestación celebrada el 10 de julio de 2010, bajo el lema «Som una nació, nosaltres decidim» («Somos una nación, nosotros decidimos»), consiguió reunir a cientos de miles de personas en Barcelona, pero, aunque muchas de ellas gritasen «independencia», su consigna era, en realidad, más abierta: se movilizaban contra la sentencia del Tribunal Constitucional y a favor de la afirmación de la «nación catalana». Conviene recordar que, según el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el número de partidarios de la independencia se mantenía entonces más o menos estable, en torno al veinticinco por ciento de la población de Cataluña.

En 2011, los que tomaron las calles, tanto en Barcelona como en Madrid, fueron el movimiento de los «indignados» y sus cánticos contra la corrupción y la austeridad. Seguramente, Artur Mas no ha digerido aún la humillación de haberse visto obligado a acudir en helicóptero al Parlament, en junio de ese año, para esquivar la marea de jóvenes manifestantes enfurecidos que le cerraron el paso.

Sin embargo, si hubiera que poner una fecha al radical viraje desde el autonomismo hasta el independentismo, quizá sería el año 2012.

Fue el año en que los partidarios de la independencia pasaron de representar el veintinueve por ciento de la población catalana en febrero a suponer ya más del cuarenta y cuatro por ciento en octubre. El año en el que España, al borde del precipicio, arrastrada por el huracán de la crisis económica, se libró por muy poco de la quiebra. El año en el que se creó la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y se organizó la primera gran Diada independentista. El año del «no» de Mariano Rajoy a la soberanía fiscal y económica que exigía Artur Mas. El año de los casos de presunta corrupción y financiación ilegal del PP en Madrid y de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en Barcelona. Y también el año del adelanto de las elecciones catalanas, que constituyeron el verdadero pistoletazo de salida del procés independentista.

1

Artur Mas: «Somos más fuertes que nunca»

Febrero de 2012. Deambulo por los pasillos del Palau de la Generalitat, fascinada por la belleza de esta joya arquitectónica construida entre principios del siglo XV y el siglo XVII. El edificio es un símbolo del poder del condado de Barcelona en el reino de Aragón. Y Artur Mas, «el centésimo vigésimo noveno presidente de la Generalitat», como me recalca el jefe de prensa que me acompaña, como si quisiera impresionarme, y que me ha propuesto una entrevista «en primicia y en exclusiva» para Francia al dirigente nacionalista.

No me sorprende la cifra en sí, sino la solemnidad del encuentro. Resulta evidente que Mas, gran señor que reina en su palacio gótico, no ha aceptado su cargo con la intención de limitarse a hacer de mero administrador de una comunidad autónoma, precisamente. No oculta su deseo de que su nombre aparezca en los libros de historia. La internacionalización de las reivindicaciones forma ya parte de los objetivos del nacionalismo, pero en este momento resulta difícil imaginar lo lejos que llegará tal apuesta.

Durante la entrevista se evidencia que la gran obsesión del dirigente nacionalista es establecer una relación «de igual a igual» con Madrid. Al carismático y políglota Artur Mas, que se dirige a mí en un perfecto francés y representa a una derecha liberal, moderna y, según asegura, dispuesta a hacer los sacrificios presupuestarios que reclama Europa, le resulta insufrible depender de las decisiones de Mariano Rajoy, un dirigente sin encanto, heredero de una derecha conservadora anticuada e incapaz de hilar dos frases seguidas en inglés.

Y, dado que Cataluña es uno de los principales motores de España, parece lógico que tenga voz en la política nacional. Sin embargo, la mayoría absoluta que ha conseguido Rajoy le ha arrebatado a esta comunidad el papel y el poder del que disfrutaba en la época en que Convergència i Unió (CiU) era necesaria para completar las mayorías simples del PSOE o del PP. En cualquier caso, la relación que se reclama ya no pretende tanto orientar la política nacional como reducir la contribución de Cataluña a la solidaridad con otras regiones.

Mas exige un «pacto fiscal» a Madrid, y amenaza con convocar un referéndum si no se le concede. Según algunos cálculos polémicos, la diferencia entre los impuestos y las cuotas que aporta la comunidad, por un lado, y lo que, por el otro, invierte el Estado después —en parte para reducir la brecha respecto a las regiones más pobres— provocaría un lucro cesante equivalente al ocho por ciento del PIB catalán, o sea, de dieciséis mil millones de euros. Para Artur Mas, es imprescindible que Cataluña gestione sus propios impuestos y que se establezca la cantidad que, posteriormente, podrá entregar al Estado en aras de la solidaridad nacional.

El motivo de tanta urgencia es la crisis que golpea de lleno al país y de la que no se salva Cataluña. El Gobierno autonómico es el primero que ha reducido los sueldos de los empleados públicos y aumentado las tasas universitarias, el precio de los transportes, los impuestos sobre el patrimonio o los carburantes, la parte del IRPF sobre la que tiene competencias, etcétera. Pero Mas me explica que la Generalitat ya no puede hacer mucho más frente a la subida de los tipos de interés de la deuda, que la está ahogando. Corre el riesgo de no poder pagar a los proveedores de la Administración pública. Y teme que la tensión aumente entre la ciudadanía por los recortes en salarios y gasto social.

El «pacto fiscal» no es solo una cuestión económica. También es un arma política. En un momento en el que crece la indignación en las calles por su severa política de austeridad y aumenta el independentismo, Mas necesita lograr una victoria frente a Madrid para tener opciones de mantenerse en el poder.

Lejos de la tenebrosa escena de las relaciones con Madrid que dibujará más adelante, el president me explica que la autonomía que tiene Cataluña desde hace más de tres décadas «ha funcionado bastante bien», pero advierte de que «esta etapa está llegando a su fin» porque el marco actual no les permite alcanzar una mayor soberanía política.

Durante la entrevista, insiste en que «Cataluña es una nación» y de ello se desprende que «tiene derecho a decidir sobre su futuro». Pero cuando le pregunto si se plantea optar por la independencia, descarta esta posibilidad y me explica que la realidad catalana es «complicada», que aquí la sociedad está «muy mezclada», ya que más de la mitad de la población viene de otras comunidades o del extranjero, y que Cataluña lleva «quinientos años perteneciendo al Estado español, desde hace trescientos años por la fuerza, después de haber perdido batallas y guerras». Reconoce también que, para muchas empresas catalanas, «el mercado natural es España» y que existen muchos «intereses cruzados». En su opinión, la solución pasa por obtener «un estatus diferente», por convertirse en una especie de estado libre dentro de una España confederal. Pero añade que podría conformarse con un «pacto fiscal», que es la solución «no solo para Cataluña, sino también para España».

Este chantaje —o pacto fiscal o referéndum— es su única baza. No tiene nada que ofrecer a Madrid, aparte de la estabilidad política, dado que Rajoy cuenta con una mayoría absoluta en las Cortes. Pero es un arma que no hay que subestimar, porque en Cataluña los nacionalistas son «más fuertes que nunca», lo cual «compensa» su escaso poder en Madrid. En este momento, no solo gobiernan en la Generalitat, sino también en las cuatro diputaciones provinciales catalanas y en la inmensa mayoría de los ayuntamientos, entre ellos el de Girona y el más importante, el de Barcelona, que en 2011 pasó a manos de CiU después de treinta y dos años de hegemonía socialista. Para Artur Mas, este inmenso poder local le permite confiar en que, si se empeña, obtendrá «más apoyo que nunca para un referéndum».

Hoy en día, seis años después de esa entrevista, muchos consideran que la confianza de Mas en su capacidad de doblegar a Madrid más tarde o más temprano es el motivo de que las cosas hayan ido tan lejos después.

Para una buena parte de los analistas y de los historiadores con los que he hablado, la amenaza de la independencia no era más que un farol empleado para forzar una negociación. Porque, durante treinta y siete años, CiU dominó la escena política catalana y, durante veintiocho, gobernó Cataluña. La coalición nacionalista era el punto en torno al cual giraba la vida política y social catalana. Su nacionalismo, moderado, trabajaba por la cohesión de un solo pueblo catalán con una misma cultura y un mismo idioma. En los colegios, la inmersión lingüística en catalán, con la que se esperaba reducir las diferencias y unir a la ciudadanía, era la clave de bóveda del sistema. Es cierto que Cataluña cada vez reclamaba más autonomía a Madrid, pero nunca llegó a agitar la amenaza de la independencia y siempre apoyó a los Gobiernos nacionales.

Poco antes de las elecciones de 2010, Mas volvió a asegurar que era contrario a poner en marcha un proceso independentista, dado que este dividiría al país en dos, con «una mitad a favor y una mitad en contra», y generaría «un problema dentro de Cataluña». Durante el primer año de su mandato, jugó a la ambigüedad: por una parte, completó su mayoría parlamentaria apoyándose en el PP, un partido supuestamente despreciable que había llevado el Estatut ante el Tribunal Constitucional; por otra, endureció su discurso contra el Estado, chivo expiatorio para todos los males de Cataluña.

En 2012, sin embargo, CiU inició su viraje hacia el independentismo. Antes de salir del Palau de la Generalitat, uno de los colaboradores de Mas me susurra: «España se hunde: tenemos que abandonar el barco como sea. Cataluña tiene un futuro. España, no».

2

«España es el Titanic. No se nos puede negar nuestro bote salvavidas»

En la época en la que me reuní por primera vez con Artur Mas, Cataluña no era el principal problema del Gobierno central. España estaba inmersa en la peor crisis económica que ha vivido desde el restablecimiento de la democracia. El paro, galopante, afectaba a más del veintitrés por ciento de la población activa y no dejaba de aumentar. Los tipos de interés de la deuda soberana resultaban ya insostenibles. Las quiebras de empresas y los desahucios desgarraban el tejido profesional y social. La brutal caída de los ingresos del Estado debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria había dejado un déficit público cercano al diez por ciento del PIB, lo que obligaba a aplicar una drástica política de austeridad. Buena parte del sector bancario se hallaba al borde de la ruina y la pobreza avanzaba a pasos agigantados.

A diario, las conversaciones versaban sobre los problemas de los bancos, la explosión del fenómeno de los desahucios, la posibilidad de que Europa aplicara un plan de rescate, la emigración de los jóvenes en busca de empleo, la fuga de cerebros, la solidaridad familiar como instrumento para paliar las carencias del Estado del bienestar español…

Que, en este contexto, Artur Mas reclamase una autonomía fiscal resultaba bastante fuera de lugar y utópico: a todas luces, lo único que podía distribuir España era miseria. Cataluña, al igual que el resto de las comunidades autónomas encargadas de sufragar los gastos en materia de educación y salud públicas, estaba asfixiada por la crisis.

En 2011, Cataluña era la región más endeudada del país. Tenía que refinanciar una deuda de trece mil millones de euros que vencía ese mismo año, pero los mercados le habían cerrado sus puertas. Los catalanes habían tirado ya tanto de sus ahorros que a esas alturas resultaba impensable seguir recurriendo a los «bonos patrióticos», unas emisiones de deuda abiertas a los particulares. Las agencias de calificación estaban a punto de bajar la nota de la comunidad para dejarla al nivel de los emisores especuladores, del bono «basura». En definitiva, se encontraba al borde del abismo.

Considerada uno de los principales motores económicos de España, Cataluña no se libró de la explosión de la burbuja inmobiliaria ni de la crisis del sector financiero: buena prueba de ello es que la caja de ahorros CatalunyaCaixa estuvo a punto de quebrar y el Estado español se vio obligado a inyectar en ella, a fondo perdido, casi doce mil millones de euros. Además, el paro estaba en el veintidós por ciento, es decir, apenas un poco por debajo de la media nacional. Su deuda alcanzaba los cuarenta y dos mil millones de euros (el veintiuno por ciento de su PIB), lo que suponía el treinta por ciento de la de todas las comunidades autónomas. El Govern tomó varias medidas de austeridad (creación de nuevas tasas, recorte del sueldo de los funcionarios y despidos en el sector público), que se sumaron a las que ya había impuesto el Ejecutivo central para reducir el déficit. Los ciudadanos se manifestaron masivamente en las calles contra estas políticas. Fue la época en la que la Generalitat intentó vender el patrimonio inmobiliario que poseía en Barcelona para saldar sus deudas y, en muchos casos, se vio obligada a dar marcha atrás por lo irrisorio de las ofertas que recibía. También se encontró con verdaderas dificultades para abonar las subvenciones a hospitales y colegios o para pagar los medicamentos que encargaba a los laboratorios farmacéuticos. Los mercados financieros le habían dado la espalda. Su único banco era Madrid.

Para pagar sus facturas de 2011, Cataluña se vio obligada a solicitar, a principios de año, casi dos mil millones de euros al Gobierno central, que decidió poner en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un mecanismo de financiación de las comunidades cuya principal beneficiaria sería Barcelona. En verano, la Generalitat pidió cinco mil millones más para hacer frente a los próximos vencimientos de su deuda, pero, a través de su vicepresidente, Francesc Homs, advirtió a Madrid de que no daría las gracias porque era «dinero de los catalanes». Era otra forma de decir que «España nos roba», un eslogan que se había puesto de moda en el Parlament, concretamente en las filas de las dos formaciones independentistas con representación en ese órgano: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y un pequeño y efímero partido secesionista denominado Solidaritat Catalana per la Independència (SI).

Un lema fácil, fruto de un polémico cálculo del déficit fiscal, que encontró una creciente aceptación entre los catalanes, convencidos de que, si su próspera comunidad fuese por libre, se las arreglaría mejor.

Para los independentistas de toda la vida había llegado el momento de acelerar.

Mas y su gobierno sostuvieron, ante todo aquel que quisiera escucharlos, que el nivel de déficit fiscal resultaría impensable en Alemania, donde, según ellos, el déficit en el caso de los Länder estaba «limitado al cuatro por ciento».

Por esta falsedad, a la que yo misma di difusión a través de mi entrevista al president para Le Monde, recibí una llamada telefónica de Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo, quien por aquel entonces estaba preparando el ensayo Las cuentas y los cuentos de la independencia (Los Libros de la Catarata, Madrid, 2015). No existe ese supuesto límite del déficit de los Länder. Es más, según algunos cálculos, si en lugar de hacer las cuentas por los flujos monetarios se hubiesen hecho por los flujos del beneficio, habría resultado que la media anual del déficit fiscal de Cataluña no superaba el cinco por ciento. Y ese porcentaje habría descendido mucho más si se hubiesen considerado las ventajas que supone estar integrado en el mercado español. Sin embargo, el error (o la mentira) que difundían Mas y sus consellers hacía que se extendiera la sensación de que España se encontraba lejos de los estándares europeos y de que estaba cometiendo una terrible injusticia contra Cataluña, y reforzaba la idea de que el Estado saqueaba las riquezas de esta comunidad, precisamente en un contexto de grave crisis económica y social.

En un encuentro que mantuve con Alfred Bosch en su despacho del Congreso de los Diputados, este político independentista, de ERC, me resumió con una metáfora el sentimiento que iba extendiéndose entre la población: en su opinión, España era «el Titanic», y nadie podía negar a los catalanes su «bote salvavidas».

Aunque la crisis económica no lo explica todo, en buena medida ha sido la responsable de este viraje al independentismo que han protagonizado en Cataluña tanto las élites políticas como la sociedad: las primeras, tanto (o más) porque estaban convencidas personalmente de las ventajas que aportaría la independencia como porque querían sobrevivir al hartazgo de los ciudadanos respecto a los políticos y a la crisis de representación que se extendía por toda Europa; la segunda, porque la independencia era la única utopía a la que podía aferrarse en un contexto marcado por el incremento de la pobreza y las políticas de austeridad.

En febrero de 2012, ninguno de los economistas a los que consulté se tomaba en serio la exigencia del pacto fiscal, en vista de que España se encontraba en plena recesión. Pero Artur Mas advertía de que, si en la reunión prevista para el 20 de septiembre en el palacio de la Moncloa se topaba con la negativa de Rajoy, «el camino de la libertad está abierto».

3

La gran comunión de la Diada:
«¡El mundo nos mira!»

En los primeros meses de 2012 comencé a recibir correos electrónicos de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Esta asociación —constituida en marzo de ese mismo año— me informaba de que estaba preparando la primera gran movilización a favor de la independencia. De hecho, prometía que en la siguiente Diada tendría lugar un acontecimiento excepcional. El lema era claro: «Cataluña, nuevo Estado de Europa». Así que el 11 de septiembre me encontraba en Barcelona para cubrir mi primera Diada.

Por las calles desfilan cientos de miles de manifestantes: cerca de un millón y medio, según los organizadores; seiscientos mil, según la Delegación del Gobierno. Hasta ese momento, apenas unos miles de personas se han movilizado cada año para conmemorar la fiesta oficial de Cataluña. «Madrid nos roba», «España no nos respeta»: eso es lo que se oye en cada esquina. Sin embargo, detrás de estos reproches reina el ambiente propio de un enorme espectáculo reivindicativo que es, a un mismo tiempo, manifestación política, gran comunión de corazones y exhibición del folclore regional. Se ven torres humanas —los castells—, tamborileros y gente que baila la sardana. La emoción embarga a la multitud cuando centenares de miles de personas cantan, todas a coro, Els segadors, el himno catalán. También cuando entonan la célebre canción antifranquista de Lluís Llach L’estaca o cuando guardan, exactamente a las 17.14 horas, un minuto de silencio en memoria del sitio de Barcelona, acaecido en 1714. Escuchan discursos sobre la libertad y la emancipación del «pueblo catalán», que pronuncian en la tribuna personajes públicos como Pep Guardiola —que envía un mensaje desde Nueva York— o los presidentes de las asociaciones independentistas. No se ha invitado a subir al estrado a ningún representante político, lo que permite garantizar una movilización unitaria, en la que todos, ya sean de derechas, de izquierdas, ultraliberales o anticapitalistas, se sientan cómodos. El «pueblo catalán», lanzado a las calles, puede así tener la sensación de estar unido en torno a un proyecto común.

Desde que estalló la crisis, he cubierto muchas manifestaciones en España, pero nunca he visto nada comparable a las concentraciones de la Diada. Lo sorprendente no es solo la gran afluencia de gente ni el ambiente festivo y pacífico del acontecimiento, del que tan orgullosos se sienten sus participantes. También en Madrid las concentraciones en contra de la austeridad y del paro fueron, por lo general, pacíficas, a pesar de la terrible crisis económica que estaba causando estragos y de la muchedumbre que abarrotaba las calles. Mucho antes de las Diadas, el movimiento de los indignados —formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011— apostaba ya por la idea de «fiesta de la democracia».

No. Lo que diferencia a las Diadas de cualquier otra convocatoria es su sentido de la puesta en escena, la disciplina de sus participantes y la ultramediatización. Los manifestantes visten la camiseta amarilla de la ANC que previamente se les ha indicado que deben comprar, llevan aprendida de memoria la coreografía que se han inventado una serie de expertos en comunicación, han reservado con antelación un asiento en los autobuses fletados en todos los rincones de la geografía catalana y, además, se han colocado en un tramo muy concreto de la manifestación. Antes de reunirse con sus amigos o familiares, han cubierto el carrito del bebé, la silla de ruedas de la bisabuela o el lomo de su perro con una estelada. Y, cuando los entrevisto, me responden con orgullo: «El mundo nos mira».

Lo cierto es que ellos, en cualquier caso, sí que se miran. Porque lo que más me llama la atención es el número de pantallas gigantes y cámaras al hombro que hay sembradas por todo el recorrido. Durante horas y horas, las pantallas difunden la programación especial en directo que ha preparado TV3, la televisión pública autonómica, para este «acontecimiento histórico». Es una sucesión de imágenes de la manifestación, con sus largas hileras de gente, su minuto de silencio, las entrevistas a los manifestantes, los discursos en el estrado…

Camino detrás de la multitud, que se siente extasiada al ver su propio reflejo, busca la cámara y se saluda. Los manifestantes se contemplan mientras desfilan. Se encuentran allí, en la calle, en una verdadera marea humana, gritando consignas a favor de la independencia. Y, al mismo tiempo, están ya en antena y en la historia. Son como participantes de una especie de reality show con escenografía perfecta, conscientes, en tiempo real, de su número y de su público.

En ese momento, la principal pregunta que me ronda la cabeza es quién paga todo este despliegue. (Por aquel entonces todavía ignoraba que el presupuesto anual de TV3, financiado en su mayor parte por la Generalitat, ascendía a más de trescientos millones de euros al año. Pero sí tenía claro que se estaba yendo más allá del interés puramente informativo para entrar en el terreno de la movilización activa: TV3 era un actor más de la manifestación, tanto como lo eran las personas que recorrían las calles.)

Los manifestantes me explican cómo se han convertido en independentistas o por qué lo han sido desde siempre. El principal argumento (estamos en 2012) es el económico, aun cuando algunos me digan también que no quieren depender de un Gobierno que «no les representa». Coinciden en esta reflexión con los indignados, pero aquí hay una diferencia: en Cataluña, el PP es, efectivamente, muy minoritario, con un doce por ciento del electorado. Cuando los populares consiguieron de nuevo el poder en Madrid, tras las elecciones celebradas en noviembre del año anterior, la «desconexión» resultó ya evidente para una gran mayoría de los catalanes. Y la contestación sobre la legitimidad del Estado creció.

A ojos de los dirigentes independentistas, la crisis económica y el regreso del PP a la Moncloa constituyen una oportunidad única para multiplicar los apoyos a su causa. Los manifestantes me explican que Cataluña «paga para todos», que España la explota, que el resto del país le arrebata cada año dieciséis mil millones de euros. Me hablan de los andaluces, que cobran el subsidio agrario o el PER «sin trabajar». Me dicen que en los colegios de Extremadura hay un ordenador por niño, a pesar de que esa comunidad «vive a costa de los catalanes». Los manifestantes se sienten perjudicados, víctimas de una profunda injusticia. Aunque lo cierto es que el tema más reiterado es el del servicio de Rodalies, los trenes de cercanías, que «siempre están averiados o llegan con retraso».

Si bien muchos me reconocen, en voz baja, que todo esto no es más que una estrategia para conseguir una serie de ventajas económicas, otros no dudan en utilizar palabras grandilocuentes y definir Cataluña como una «colonia española», aun cuando su PIB por habitante, que supera los 28.000 euros anuales, sea uno de los más elevados del país y esté muy lejos de los 16.000 euros per cápita de Extremadura o de los 17.000 de Andalucía.

El paro y el incremento de la pobreza son una potente herramienta para unir a los recién conversos, que llegan atraídos por las promesas de prosperidad y los sueños de abundancia. Algunos manifestantes han hecho incluso sus propios cálculos. Por ejemplo, un chico de diecisiete años me explica, totalmente convencido, que si Cataluña se independiza, «todo el mundo ganará dos mil euros más al mes».

El objetivo de esta manifestación es dar al viraje independentista de Artur Mas una especie de legitimidad popular. Porque no hay duda de que Rajoy no aceptará la exigencia de «pacto» fiscal que el president le presentará unos días más tarde durante una reunión en el palacio de la Moncloa.

4

El silencio de Rajoy

He viajado a Andalucía, concretamente hasta el municipio sevillano de Marinaleda, para preparar un reportaje sobre el movimiento de ocupación de las tierras abandonadas que abanderan miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), pero sigo la actualidad de Cataluña desde la distancia. Es jueves, 20 de septiembre de 2012.

La reunión de la Moncloa entre Artur Mas y Mariano Rajoy no ha permitido llegar a ningún acuerdo, lo cual no es, desde luego, una sorpresa. Tampoco me sorprende ver que el president acude al Centro Cultural Blanquerna para presentar el «no» de Madrid a sus pretensiones como un agravio, como un gesto de desprecio, abriendo así la puerta a la convocatoria de unas elecciones anticipadas en las que solicitará al «pueblo catalán» un voto a favor del «derecho a decidir».

Lo que, en cambio, no me esperaba es el silencio de Rajoy. El presidente no dice nada, no comparece ante los medios de comunicación, no transmite ningún mensaje institucional para explicar su oposición al «pacto fiscal» catalán.

Sin embargo, si algo no le falta a Rajoy son excusas para aplazar las negociaciones con Mas. España, al borde de la quiebra, tiene otras prioridades, entre las que no se encuentran precisamente la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas ni la reforma del frágil modelo de solidaridad territorial. Aun así, el presidente del Gobierno español debería dar explicaciones. Pero Rajoy guarda total silencio ante la subida del independentismo y las reclamaciones catalanas. Más allá de la seguridad que le confiere su mayoría absoluta —y que, desde luego, no le motiva a negociar—, da la impresión de que es incapaz de ofrecer un discurso político sólido para contrarrestar los argumentos nacionalistas.

Rajoy no responde al malestar catalán, que se ha evidenciado una semana antes en las calles de Barcelona. Ya no es solo que no actúe a corto plazo: es que ni siquiera propone ninguna solución futura. No intenta seducir, por ejemplo elogiando los esfuerzos que están haciendo los catalanes para salir de la crisis, ni tampoco plantar cara, denunciando la falta de solidaridad del proyecto de Mas o el riesgo que supondría el pacto fiscal para la economía española.

Se limita a emitir una nota de prensa, breve, tardía y abstracta. Una nota, con argumentos que bien podría haber expuesto en la tribuna del Congreso para conferirle peso y sentido, de la que nadie se acordará. Eso sí, tampoco le da a Cataluña con la puerta en las narices, como sugiere Artur Mas, sino que propone reformar el sistema de financiación autonómica y desbloquear fondos para las comunidades, al tiempo que argumenta sucintamente su rechazo al pacto fiscal asegurando que es «contrario a la Constitución» porque provocaría «la división o la inestabilidad institucional».

Esta vaga propuesta intermedia y por escrito pasará sin pena ni gloria. En cambio, la escenografía del «agravio» del «no» al pacto fiscal formará parte del guion de los discursos nacionalistas catalanes durante semanas, meses e incluso años.

Como de costumbre, Rajoy no ha hecho política. Una semana antes, su evidente indiferencia hacia los cientos de miles de personas que se habían manifestado en Barcelona a favor de la independencia se había interpretado ya como un gesto de desprecio. El presidente del Gobierno español habría podido abrir bien los brazos, proclamar «¡Catalanes, catalanes, os he comprendido!» y soltar después dos o tres tópicos sobre los vínculos históricos entre Cataluña y España, para pasar a continuación a retrasar el difícil acuerdo hasta una fecha indeterminada… pero no reaccionó. Lo único que hizo ante las mareas humanas que, Diada tras Diada, exigían la independencia fue alabar a la «mayoría silenciosa».

En realidad, Rajoy no tenía ninguna motivación electoral. Históricamente, mostrar firmeza ante el nacionalismo catalán le ha dado votos en el resto de España. Y, de todas formas, el actual líder del PP no es sensible a las reivindicaciones catalanas: él se presenta como defensor de la unidad de la «gran nación española» y considera que los catalanes no tienen más motivos para quejarse que el resto. En efecto, todas las autonomías sufren —más en este tiempo de recortes— y en todas partes crece la protesta social. Cataluña tampoco puede decir que sea la peor financiada: de hecho, Baleares presenta un déficit fiscal mucho mayor, y hasta Valencia recibe un tratamiento menos ventajoso. Mientras que las cuatro capitales de provincia catalanas cuentan con AVE, Extremadura se queja por sus anticuadas conexiones ferroviarias y por la ausencia de infraestructuras imprescindibles para acabar con el aislamiento de determinadas zonas. Andalucía, por su parte, teme que se construya una España de dos velocidades.

Pero la diferencia —fundamental— de Cataluña es que en esta comunidad existe un fuerte sentimiento de identidad que puede estallar en cualquier momento, a poco que se sepa aprovechar políticamente.

Recuerdo una conversación con Josep Antoni Duran i Lleida, defensor de una tercera vía entre la ruptura y el statu quo. En ella, el exdiputado de CiU me explicó que tenía motivos para sentir rencor tanto hacia los independentistas, por haber provocado el fin de su partido y su propia muerte política, como hacia el Gobierno español, por no haber ofrecido a los catalanes nada a lo que aferrarse para defender, con argumentos atractivos, la permanencia en España.

Rajoy, gallego, registrador de la propiedad y con una cota de popularidad siempre baja, prácticamente no presta atención ni a la comunicación ni a su propia imagen. Un antiguo colaborador me explicó que el presidente tenía una opinión bastante lamentable de los periodistas: «Cree que, diga lo que diga, al final ellos escribirán lo que les dé la gana».

El único ministro que, durante los años de la crisis, mantuvo un canal de comunicación relativamente regular con un reducido grupo de corresponsales, del que tuve la suerte de formar parte, fue el de Economía, Luis de Guindos. Sin embargo, cuando le preguntábamos por el tema de Cataluña, su única respuesta consistía en restar importancia al problema: nos aseguraba que, cuando la recuperación económica se notase, aquel movimiento «se desinflará solo».

En el Gobierno central están convencidos de que el auge del independentismo no es más que una burbuja. Y, en España, las burbujas, como la inmobiliaria o la de las hipotecas, siempre corren la misma suerte: se inflan hasta alcanzar un tamaño desproporcionado y después acaban por explotar y provocar unos daños colosales. Ningún dirigente político tiene el valor de pincharlas antes de que eso suceda.

Poco importa cuáles son las razones que llevan a desear la independencia —una utopía, la manipulación, un posible «adoctrinamiento»— si el sentimiento de desapego respecto a España es real. Y poco importa también que un sentimiento sea irracional, exagerado o injustificado: no por eso se esfumará sin más. Pero Rajoy estaba convencido de que sería así. Según él, el tiempo acaba siempre por solucionar cualquier problema.

Sin embargo, fue ganando terreno la idea —alentada por el Govern— de que Cataluña sería más próspera sin España, precisamente en un momento en el que las principales preocupaciones, tanto de catalanes como de españoles, eran el paro y los problemas económicos.

Además, la independencia de Cataluña llenó un vacío político en una época en la que el único proyecto que había para España se resumía en una sola palabra: austeridad. Como apuntaba la socióloga Marina Subirats, la independencia era la «única utopía disponible».2

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La huida hacia delante: del autonomismo al independentismo

Con los brazos bien abiertos ante una marea de senyeres ondeadas por una multitud compacta y anónima tras él. Así aparece Artur Mas, con gesto mesiánico, en los carteles electorales que en el otoño de 2012 inundan Cataluña. Su eslogan: «La voluntad de un pueblo». El 20 de septiembre de ese año, el president ha tomado nota de la negativa de Rajoy y ha decidido convocar elecciones anticipadas, para el 25 de noviembre siguiente, con el objetivo de recabar el «mandato democrático» de organizar un referéndum sobre la independencia. Su santo Grial.

Sigo de cerca la campaña y paso unos días en Cataluña elaborando una serie de reportajes sobre el auge del sentimiento independentista, los retos tanto políticos como económicos y el movimiento Nous Catalans («Nuevos Catalanes»), asociado a CDC, que reúne a latinoamericanos, marroquíes, rumanos, pakistaníes o chinos convertidos al independentismo.

En ese momento, todo el mundo se siente perplejo ante la deriva independentista que ha emprendido CiU. Algunos analistas se lo toman en serio; otros consideran que se trata de una escalada populista para evitar pagar el precio de la crisis económica y de los casos de corrupción de Convergència; hay también quien opina que estamos ante un farol con el que se intenta conseguir dinero y otras ventajas. Los propios votantes del partido tienen dudas, como me reconocen varios militantes de CDC a los que entrevisto durante un mitin en Barcelona. «Hay que pedir mucho para conseguir un poco», me resume una mujer en tono confidencial mientras, en el escenario, Artur Mas expone sus reproches hacia España y defiende la dignidad del pueblo catalán. «Nosotros no somos independentistas», afirma, muy seguro, otro de los militantes. Para ellos es evidente que CiU es una coalición seria, que no los arrastrará hacia un precipicio ni los llevará por los inciertos meandros de un enfrentamiento con el Estado. En el imaginario colectivo catalán, Convergència es el partido del sector de la economía, de la patronal, de la burguesía, y también el que mejor defiende los intereses de Cataluña, lo que explica que muchos estén dispuestos a firmar un cheque en blanco a favor de la política de Mas. Es eso lo que legitima el sueño de la independencia —que hasta ahora se consideraba una propuesta un tanto alocada— y, de forma indirecta, da a ERC la credibilidad que le ha faltado hasta hoy.

Al final del mitin me acerco a Oriol Pujol, secretario general de CDC. Se muestra accesible y relajado. La Justicia todavía no le ha acusado de haber cometido un delito de tráfico de influencias en el caso del amaño en la adjudicación de las estaciones de ITV, un escándalo de corrupción que le obligará a dimitir un año más tarde. Es el único hijo del antiguo patriarca catalán, el molt honorable Jordi Pujol, que ha entrado en política. Responde a mis preguntas con una seguridad absoluta. Está convencido de que se podrá forzar al Estado a negociar un referéndum, por una razón muy sencilla: «Convergència es mucho más que un partido —me dice—. Convergència es el país».

Pongo rumbo a Vic, una pequeña ciudad del interior, conocida por ser un bastión histórico del irredentismo. Quiero sumergirme en el ambiente de la Cataluña pura y eterna, a setenta kilómetros de la cosmopolita Barcelona. Josep Maria Vila d’Abadal, alcalde de la localidad en ese momento, se ahorra los gestos de falsa modestia y va directo al grano: los catalanes son «los más trabajadores, los más emprendedores, los más innovadores y los más europeos», así que habría sido lógico que tomaran las riendas de España. Pero, como no ha sido posible, la única opción que queda es marcharse. Siente algo de preocupación por España, que «no es viable sin Cataluña». Pero no muestra ni la más mínima inquietud por su comunidad, que «puede prescindir sin problemas de España». Considera que, una vez que se proclame la independencia, será necesario firmar una serie de acuerdos de asociación con el vecino, que para él es totalmente ajeno. En definitiva, a ojos de este dirigente nacionalista, ya está todo el pescado vendido.

Los nacionalistas catalanes han llegado a la conclusión de que España es una carga que frena su desarrollo. Pero de ahí a la ruptura… No todos están dispuestos a seguir a Mas, como me revela alguien que, más adelante, concretamente en el siguiente Gobierno autonómico, se convertirá en consejero de Interior: Ramon Espadaler, diputado de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) por Barcelona en el Parlament. Me recibe en la sede que su partido tiene en Vic para hacerme algunas confidencias antes de las elecciones. No oculta su decepción. Nadie ha consultado a Unió antes de tomar la decisión de adelantar la cita electoral. Teme que su formación pierda votos. Expresa abiertamente sus reproches hacia el Gobierno español, señala la falta de inversión en infraestructuras fundamentales como el Corredor Mediterráneo —el cual hace ya tiempo que debería estar conectando los puertos del litoral andaluz, valenciano y catalán hasta Francia— o el cuestionamiento del que, cada cierto tiempo, es objeto la enseñanza del catalán. Pero reconoce que habría preferido seguir presionando para conseguir una negociación con Madrid, en lugar de lanzarse a un camino incierto.

Sus previsiones pesimistas se confirman unos días más tarde: CiU pierde ocho puntos y doce escaños de los sesenta y dos que tenía la coalición. El partido de Mas sigue a la cabeza, con el treinta por ciento de los votos, y ERC, con el catorce por ciento, multiplica por dos su representación. Algunos se dicen que, puestos a votar a favor de la independencia, es mejor elegir el original en lugar de la copia… Artur Mas anuncia que, «quiera o no Madrid», va a organizar un referéndum sobre la independencia. Para Jaume Clotet, director de comunicación del president, España no tiene nada que temer, porque «si Madrid le hace una buena oferta a Cataluña, el “sí” a la independencia perderá en el referéndum».

Así que esta consulta es una situación win-win, un arma de chantaje, en la que, pase lo que pase, los nacionalistas saldrán ganando: o bien consiguen la independencia o bien obtienen ventajas políticas y económicas.

No obstante, uno de los asesores de Mas prevé que se va a producir un enfrentamiento. Así me lo confesó poco antes, en voz baja y con una sorprendente frivolidad, en un histórico bar de Barcelona: «En los próximos años, esto va a ser Vietnam». Cataluña está a punto de convertirse en un lodazal.

PARTE SEGUNDA

LA CONSTRUCCIÓN
DE UN MOVIMIENTO HEGEMÓNICO

Durante los dos años posteriores al descalabro en las elecciones de 2012, Artur Mas trabajó para organizar el referéndum que había prometido al «pueblo catalán». El nacionalismo tradicional de Cataluña, que habría preferido apostar por una España organizada como Estado confederal, había ido muy lejos en su propaganda antiespañola. Al azuzar el odio contra el país, al que, mediante una eficaz propaganda, presentó como un Estado autoritario que saqueaba sus riquezas y pisoteaba su sentimiento de identidad nacional, perdió el control sobre el proceso, se dejó arrastrar por las masas, se embriagó con sus propios conceptos grandilocuentes y fue incapaz de frenar a tiempo para evitar la colisión.

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La ANC y Òmnium Cultural: una maquinaria para movilizar a las masas

En la lista de las grandes Diadas, no hay ni rastro de la de 2011. Pero si este movimiento es consecuencia de que el Tribunal Constitucional anulara parcialmente el Estatut en 2010, ¿por qué entonces ese año no salieron a la calle, en la tradicional marcha, centenares de miles de personas indignadas? Rebuscando entre los archivos, solo encuentro breves artículos en la prensa catalana sobre aquella movilización, a la que asistieron cerca de diez mil manifestantes en Barcelona. Nada del otro mundo. La respuesta es sencilla: en aquella época todavía no existía la ANC.

Uno de los impulsores de la ANC, una organización con múltiples tentáculos y sumamente eficaz, es Miquel Strubell. Este especialista en multilingüismo, hijo de madre catalana y padre británico, trabajó en la implantación del modelo de inmersión lingüística en Cataluña en los años noventa del siglo pasado. Me explica la compleja estrategia que se aplicó en su momento para crear este movimiento transversal, presente en todos los ámbitos de la vida asociativa y profesional y que ha permitido intensificar, articular y coordinar el sentimiento independentista.

La ANC nació oficialmente en marzo de 2012, pero fue impulsada tres años antes, aún en forma embrionaria, por un puñado de independentistas en Arenys de Munt —un pequeño municipio barcelonés— coincidiendo con el primer referéndum popular sobre la independencia, que organizó allí un grupo local. En aquella localidad —me cuenta Strubell— se dieron cita todos los activistas proindependentismo de Cataluña, ya fuesen de izquierdas, de derechas o de la extrema izquierda revolucionaria, para apoyar la iniciativa y reproducirla en otros lugares. Strubell habló con otros independentistas acerca del éxito de la consulta. Ellos consideraban que el recurso interpuesto por el PP ante el Tribunal Constitucional contra el nuevo Estatut de 2006 les brindaba la posibilidad de «redefinir la política en términos de una oposición Cataluña-España que superase la tradicional división izquierda-derecha». Para conseguirlo, era fundamental organizar y unificar el movimiento independentista, que en aquel momento se encontraba segregado y disperso. Hasta entonces, las guerras de ego entre personajes del mundo de la política o de la cultura, las visiones enfrentadas que los libertarios revolucionarios y la derecha liberal o la izquierda republicana tenían acerca del objetivo último de la independencia y, además, las divisiones geográficas habían impedido medir cuál era la fuerza real del movimiento. Para resolverlo, el grupo impulsor de la ANC tuvo una idea: redactar un texto acerca de la independencia que fuese lo suficientemente general como para que cualquiera pudiese identificarse con él, y enviarlo a todos los independentistas de peso en Cataluña a través de correos electrónicos encriptados, desde un servidor situado en el extranjero, y empleando direcciones anónimas numeradas. Así fue como, durante meses, un grupo compuesto por unos sesenta independentistas debatieron entre ellos, sin saber quién se escondía tras cada pseudónimo, con el objetivo de preparar la estrategia de lo que más tarde se convertiría en la ANC. Lo que se pretendía era crear una asociación con presencia en toda Cataluña para tejer una red lo más densa posible, abriendo, por una parte, delegaciones en casi todos los municipios, que se encargarían de dinamizar la vida local y crear vínculos sociales y un espíritu comunitario, y, por otra, delegaciones «sectoriales» para presionar a los colectivos favorables a la independencia: bomberos, funcionarios, agentes forestales, ingenieros, músicos, jubilados, historiadores, profesores, policías, ecologistas e, incluso, gais. Y me dejo a muchos atrás.

Para implantar esta estrategia, la ANC contaba con un recurso fundamental, sin el cual jamás podría haber tenido éxito: el apoyo de Òmnium Cultural, una asociación que se creó en 1961 para promocionar la lengua y la cultura catalanas y que, con sus cerca de cuarenta mil miembros activos y treinta y ocho delegaciones, es una poderosa institución en Cataluña. Apolítica y transversal, constituye, en cierto modo, la gran casa del catalanismo. Entre 1963 y 1967 tuvo que exiliarse a París, tras haber sido prohibida por el franquismo, y desde 1969 concede cada año el Premio de Honor de las Letras Catalanas. Fue esta entidad la que, en 2010 y bajo el lema «Somos una Nación. Nosotros decidimos», reunió en Barcelona a un millón de personas de todo signo político contra la decisión del Tribunal Constitucional de anular una parte del nuevo Estatut.

«Cuando la ANC nos pidió ayuda, pusimos a su disposición nuestra estructura, un apoyo ideológico y logístico», me explicó su presidente, el empresario y activista Jordi Cuixart, en la magnífica sede central de Òmnium, apenas unos días antes de que se le encarcelase por sedición, en octubre de 2017.

De este modo, en septiembre de 2012, unos meses después de que naciera la ANC, tuvo lugar la primera gran Diada. Todo un éxito que marcó un antes y un después en el movimiento independentista, tanto desde el punto de vista económico como político. Gracias a las cuotas de sus cuarenta mil socios y a la venta de productos de merchandising, la ANC maneja en la actualidad más de tres millones de euros al año, que utiliza para promocionar la independencia. «Cuando logramos movilizar a un millón de personas a favor de la independencia durante la Diada, convencimos al Govern para que se sumara a nosotros» —me contó Miquel Strubell. Me resume el papel fundamental que han desempeñado las imágenes de la muchedumbre compacta utilizando una frase de una sinceridad poco frecuente—: «Nadie quiere formar parte de una minoría. Eso es algo que te hace sentirte miserable e insignificante.»

Aun cuando asegure no depender del Ejecutivo catalán, en la práctica la ANC actúa como una organización progubernamental, como explica Guillem Martínez.3 Justifica todas las decisiones que adopta el Govern, ayuda a Artur Mas —presentándole como protagonista de una misión histórica— a esquivar el desgaste de sus políticas de austeridad y de los escándalos de corrupción de su partido, o bien presiona a ERC para obligarla a que acepte presentarse a las elecciones de 2015 en una lista común con CDC llamada Junts pel Sí (JxSí).

Pese a que sus presidentes no hayan sido elegidos por los catalanes, forman parte del selecto gabinete político que se reúne en torno a Carles Puigdemont para decidir qué estrategia aplicar antes y después del referéndum del 1 de octubre de 2017 y para dirigir la política catalana, en un plano de igualdad respecto a los líderes de los tres partidos independentistas, las personas de confianza del president y otros ideólogos de la independencia. «Los partidos hacen política y la ANC y Òmnium Cultural se encargan de movilizar a las masas. Pueden hacer salir a un millón de personas a la calle. Ningún partido tiene semejante fuerza», me reconocía un dirigente de ERC, que admitía así una «coordinación» política con estas organizaciones.

Su poder sobre las masas parece evidente. Y no solo porque durante cinco años hayan conseguido movilizar una y otra vez a centenares de miles de personas: en la noche del miércoles 20 de septiembre de 2017, cuando los manifestantes independentistas rodearon el Departamento de Economía de la Generalitat para protestar contra el registro de la Guardia Civil, bastó una orden de la ANC para que la muchedumbre se dispersase inmediatamente. Fue esta manifestación la que justificó que detuvieran a su presidente, así como al de Òmnium, y se les imputara por un delito de «sedición». Más adelante, cuando, en las movilizaciones posteriores al referéndum del 1 de octubre, pregunté a los manifestantes qué estaban dispuestos a hacer para «implantar» la república, muchos de ellos me respondieron: «Lo que nos pidan». El sujeto de aquel pidan eran tanto el Gobierno catalán como la ANC.

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Diadas: de la revolución de las sonrisas al odio desacomplejado

Desde la gran manifestación de la Diada de 2012, la ANC ha convocado, cada 11 de septiembre, manifestaciones espectaculares e imaginativas, que son también demostraciones de fuerza con las que espera hacer temblar a Madrid, cerrar filas, mantener viva la llama independentista y, por encima de todo, llamar la atención del planeta entero, concienciar a la comunidad internacional y avisar a Europa.

En 2013, la Diada quiere ser grandiosa: se pone en marcha la Vía Catalana, una iniciativa para formar una cadena humana de cuatrocientos kilómetros que una el territorio de los «Países Catalanes» de norte a sur, siguiendo el trazado de la Vía Augusta romana. En ese momento, decido viajar al punto más al sur, a Alcanar, un municipio tarraconense en la frontera con la Comunidad Valenciana. Allí, la falta de manifestantes obliga a los organizadores a llenar los «huecos» con gente llegada de otras provincias.

Antes de acudir a la concentración, pruebo en un restaurante del delta del Ebro la especialidad local: una deliciosa paella o, mejor dicho, un «arroz», como lo llaman aquí. Después, mientras tomo un café, hablo por teléfono con mi jefe para comentarle cómo está transcurriendo la jornada. Un grupo de treintañeros que se encuentran en la mesa de al lado, pertrechados para la manifestación, han oído algunos fragmentos de la conversación y me preguntan para qué medio trabajo. Me proponen que me una a ellos para que les explique cómo veo su lucha. Acepto su invitación.

Sentado cómodamente a la mesa, disfrutando del sol y de la agradable temperatura de este final del verano, rodeado de un paisaje magnífico y acompañado por tres amigos que comparten risas y copas, Roger, un productor audiovisual de treinta y cinco años, me explica con claridad su punto de vista: «Si queremos que dentro de veinte años Cataluña mantenga su nivel económico y su calidad de vida, no podemos permitir que España nos hunda». «No sentimos ni rencor ni cólera», añade Esther, jefa de marketing, como queriendo disculparle. A su lado, otra compañera, descendiente del poeta Joan Maragall, apoya su idea: «Hace ya un siglo, mi abuelo, que era federalista, les pedía a sus amigos que, sencillamente, respetaran su sentimiento catalán, su identidad. Esto es también lo que nosotros pedimos». Las dos jóvenes no están seguras de que la independencia sea realmente la solución.

Quieren conocer mi opinión porque, como ellas mismas reconocen, tienen dudas sobre si es legítimo romper las relaciones con el resto de España y sobre las consecuencias que podrían derivarse de esa decisión. Les confieso que me siento sorprendida al ver tanta alegría y tantas risas en un momento en el que, en realidad, se está pidiendo un divorcio, y que me desconcierta oír a determinados manifestantes decir que se sienten oprimidos cuando veo que disfrutan de la vida en Cataluña, que han podido progresar laboralmente sin necesidad de marcharse de su tierra y que apenas tienen contacto con el «Estado español». Para Carles, un traductor de treinta y ocho años, es una cuestión de «dignidad», de orgullo y de poder: está convencido de que «España y Cataluña son dos naciones que han de ser iguales, en lugar de que una quede subordinada a la otra». Al final de la conversación, me escapo para ir a la manifestación. El ambiente es festivo. Todos gritan, cogidos de la mano, «in-de-pen-dèn-ci-a». Algunos tocan el tambor. Agitan banderas, sonrientes, saludando al helicóptero desde el que se está grabando esta interminable cadena humana.

Las palabras que pronuncian los manifestantes contrastan con la alegría que reina en la movilización. Miguel, un jardinero de cuarenta años acompañado de su hijo de tres —que, mientras hablamos, da vueltas alrededor de nosotros en su bicicleta sin pedales, vestido con una camiseta que lleva los colores de la senyera—, me explica que «pertenecer a España no sale rentable». Mercè, de cincuenta y tres años, acompañada por su caniche, ataviado de rojo y dorado, no duda en hablarme de un «maltrato económico y cultural». Jaume, de cuarenta y nueve años, dueño de una empresa de infografía, va más allá: «Somos diferentes, no nos entendemos y no nos queremos».

Para esta manifestación, la ANC se ha inspirado en el ejemplo de la Vía Báltica, una gran cadena humana de seiscientos kilómetros que, en 1989, reunió a casi dos millones de estonios, letones y lituanos que reclamaban su independencia respecto a la URSS. Nadie parece percatarse de las diferencias que existen entre la emancipación de las antiguas repúblicas soviéticas y la situación de Cataluña.

La preocupación de los manifestantes por la imagen que transmiten se evidencia de forma muy clara en su reacción a mis preguntas. Antes de responderme, muchos de ellos quieren saber cómo percibo, en calidad de extranjera, de francesa, su movilización y sus reivindicaciones. Me limito a comentarles que me resulta difícil entender qué motivos racionales hay detrás de este movimiento, en vista del nivel de autonomía del que goza Cataluña. En general, me parece evidente que contemplar a niños envueltos en banderas no es algo que despierte la simpatía de mucha gente.

Al año siguiente, el objetivo de la Diada está claro: hay que preparar el terreno antes de la «consulta» sobre la independencia prevista para el 9 de noviembre de este 2014. Madrid ha solicitado al Tribunal Constitucional que suspenda el proyecto de referéndum. Para evitar un procedimiento penal por malversación de caudales públicos, Artur Mas ha rebautizado la iniciativa para presentarla como un «proceso participativo», organizado por la ANC y por miles de voluntarios. Antes de que arranque la manifestación, estoy citada con la diputada y secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el vestíbulo de un hotel en el que me cruzo con eurodiputados corsos, vascos, escoceses, flamencos y quebequenses. Da la impresión de que todos los movimientos nacionalistas que existen en Europa han acudido a Barcelona para apoyar la Vía Catalana o aprender de ella.

Rovira me resume el objetivo de esta Diada: «Volver a motivar a determinados responsables políticos, por si acaso tuvieran dudas». Añade que, si Madrid interviene, defenderán la «desobediencia civil».

Me sumerjo en la manifestación. Los participantes, ordenados en filas (los que visten camisetas rojas, en una hilera; los que llevan camisetas amarillas, en otra), dibujan una gigantesca uve, de «votación» o «victoria», con los colores de la bandera catalana, llenando las avenidas Diagonal y Gran Via. «¡Cuidado, os estáis equivocando! ¡Habéis formado una bandera española y eso no puede ser!», se desgañita al micrófono uno de los organizadores. Sin embargo, rápidamente, después de reestructurar más o menos las filas, la senyera se despliega por la avenida. Una vez más, los manifestantes demuestran su capacidad de producir imágenes grandiosas para los medios de comunicación. Algunos siguen pensando que todo esto no es más que una medida de presión. Es el caso de Álex, obrero de cuarenta y nueve años, que me asegura que no quiere «ser español porque este país está arruinado y sus políticos no son demócratas de verdad», pero reconoce también que, si el Gobierno central propone «la autonomía fiscal, tal vez cedamos». Sin embargo, otros insisten en que se ha tomado un camino sin retorno. Así lo entienden, por ejemplo, los miembros de la plataforma civil de extrema izquierda Procés Constituent a Catalunya, que se manifiestan a las puertas de la oficina del Deutsche Bank en contra de la austeridad y a favor de la soberanía real del pueblo catalán. «Tenemos que echar a las élites catalanas, al Estado español y a los tecnócratas europeos, y decidir nosotros sobre el empleo, la salud, la educación, la cultura…», me explica un profesor de Filosofía, de treinta y ocho años. «Seguramente la burguesía catalana dará marcha atrás, como siempre, pero nosotros no lo haremos», me ha asegurado antes, en su despacho, el economista Arcadi Oliveres, cofundador de Procés Constituent.

Y así, año tras año, se han sucedido las Diadas. La de 2015, con el lema «Ara és l’hora» («Ahora es el momento») y cuya puesta en escena, con códigos de colores diferentes en cada lugar, fue aún más compleja, tuvo lugar poco antes de que se celebrasen unas elecciones autonómicas calificadas de plebiscitarias. Para mí, esta Diada marcó un antes y un después. En ella se pasó de las consignas generales a una propaganda inequívoca acerca de las bondades de la independencia. En las pancartas que, durante esa Diada, pendían de las ventanas se podía leer que la independencia traería consigo «un aumento del 15 % de las pensiones de jubilación», una «Cataluña mejor», «más dignidad», «menos machismo»… Sin el más mínimo pudor, se prometían maravillas para convencer a los electores de que votasen a favor de la lista única independentista de JxSí.

En 2016, el lema fue «A punt» («A punto»). Barcelona dejó de ser el centro de las concentraciones, que se extendieron a Salt, Berga, Lleida y Tarragona.

La siguiente Diada, la de 2017, fue la del «Sí» a la independencia y precedió al controvertido referéndum del 1 de octubre.

He cubierto todas las Diadas desde 2012. Sin excepción. Para impresionar al mundo entero, presionar a los políticos catalanes, lograr nuevos adeptos y motivar a los ya ganados, la ANC ha organizado cada año un espectáculo narcisista tras otro. Y he visto cómo, poco a poco, a medida que se sucedían las Diadas, el movimiento independentista ha evolucionado: habla cada vez menos de dinero y cada vez más de «dignidad», de cuestiones puramente identitarias, para acabar mostrando sin tapujos un rechazo, cuando no incluso odio, hacia España.

Con el tiempo, los independentistas se han convencido de que están en lo correcto, en lo verdadero, en lo justo. Su combate ya no es una opción política, sino una lucha del bien contra el mal, representado, este último, por una España aún vinculada al franquismo, corrupta y autoritaria. Así fue como se llegó a la Diada de 2017, donde el gran eslogan elegido fue «Democràcia». Como si los independentistas fuesen los únicos capaces de garantizarla.

Ese año, la lucha por la independencia de Cataluña se puso sus mejores galas para seducir al mayor número posible de ciudadanos y aparecer ante ellos como una causa noble, justa y solidaria. Enarboló las banderas más progresistas y loables, empezando por la del combate a favor la democracia, aun cuando al mismo tiempo se estuviese preparando para violar las leyes e imponer una ruptura unilateral, no ya solo a España, sino también a la mitad de los catalanes. Pero en las declaraciones de los manifestantes también cobró cada vez más fuerza el rechazo hacia el otro, hacia el español. Este manejo de un discurso que incitaba al odio, esta forma tan desenvuelta de hablar de «fuerzas de ocupación», «franquismo» y «fascismo», sin consideración alguna hacia el sentido de las palabras y, sobre todo, de la historia, solo podía tener un resultado: que también la calle se inundara de odio.

Una noche de finales de septiembre, sentada a la mesa de una cafetería en la plaza del Fort Pienc —cercana al parque de la Ciudadela—, donde me colé amablemente entre unos jóvenes para intentar comprender sus sentimientos respecto a la independencia, me sorprendió oír a un estudiante contarme que el Estado había enviado a hordas de españoles con el único objetivo de «disolver a los catalanes», y que no era justo que esos españoles pudiesen votar el 1 de octubre. Al ver mi desconcierto, probablemente consideró necesario insistir, y me dijo entonces que era como si en Francia «los musulmanes impusieran la sharía a los franceses de verdad». Yo no daba crédito a lo que estaba escuchando. Le pregunté cuál era la diferencia entre un catalán de verdad y un catalán falso, dónde estaba, en su opinión, el límite entre un ciudadano con derecho a voto y otro que no lo merece. Hasta que él, molesto, cambió de tema.

Ya unos días antes, durante una manifestación que tuvo lugar ante la sede de la ANC, me había quedado de piedra ante el odio que demostró un periodista catalán. Señalando a un grupo de falangistas y neofascistas que llevaban una bandera preconstitucional con el escudo del águila, me dijo sin ocultar su asco: «Eso es España».

Tiempo después, en uno de los patios de la Universitat de Barcelona, volví a quedarme helada ante las declaraciones de un grupo de chicas de veinte años acerca de la independencia. Estábamos en noviembre. Todas ellas eran favorables a la independencia, salvo una, que me explicó, avergonzada, que no era «de aquí», y que por eso no la apoyaba. La joven había nacido en Barcelona. Había crecido en ella. La amaba. El catalán era su lengua, una de las que hablaba. Todas sus amigas vivían en la ciudad. Y, sin embargo, de forma espontánea, me respondió «no soy de aquí» porque su familia venía «de fuera», de otra comunidad española. Lo que me sorprendió fue que sus amigas escuchaban, asentían, pero ninguna le hizo ver que Barcelona era su casa, aun cuando sus padres procediesen de otra región. Todo lo contrario. Una de ellas, a pesar de ser simpatizante de ERC, pronunció unas palabras que rozaban la xenofobia: aseguró que la solidaridad de los catalanes no podía seguir sirviendo para subvencionar a los holgazanes de Extremadura, porque, «si son pobres, es porque no se esfuerzan».

A medida que la situación se iba tensando, este tipo de discursos se pronunciaban cada vez con mayor frecuencia. Cada vez con menos tapujos. Algunas personas a las que yo conocía desde antes de que estallara este «conflicto» me decían que no querían un DNI español, que ese documento les provocaba rechazo, porque «tiene un sentido, un significado», y no deseaban que se las asociase a la habitual imagen del español.

También del otro lado la crispación aumentó, evidentemente.

A partir de 2015 me encontraba con gente cada vez más harta del debate identitario, de la marea de esteladas —«parecemos Corea del Norte», me dijo uno—, de los ataques contra España y del menosprecio hacia extremeños y andaluces. Hasta entonces, los que se oponían a la independencia se habían mantenido muy discretos, a pesar de representar, según los resultados electorales y los sondeos, algo más de la mitad de la población catalana.

Aparte de algunos encuentros organizados por los federalistas de Esquerra y la Societat Civil Catalana a los que pude asistir, hasta ahora habían sido muy poco activos y estaban muy divididos.

Solo en el año 2017 se despertaron del todo. Josep Borrell, con el que me reuní varias veces, me explicó que seguramente los no independentistas tendrían que haber reaccionado antes, pero que existía un «miedo a ser señalado», en particular en los pueblos. Además, no lo veían necesario, ya que no consideraban que la situación fuera a llegar tan lejos.

Me comentó también que, en Cataluña, para la izquierda, manifestarse junto al PP es complicado, ya que se les podía tachar de anticatalanistas. Por el contrario, «los independentistas no tienen ese tipo de consideración: los anticapitalistas se alían con la burguesía liberal si es por la causa».

8

Ya van trescientos años de opresión

En diciembre de 2013 acudí al Institut d’Estudis Catalans (IEC) —el instituto catalán de las ciencias y las humanidades—, que había organizado, bajo la dirección del Centre d’Història Contemporània de Catalunya (CHCC) —vinculado a la Generalitat— un simposio de tres días con el título España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014). Quería saber por qué en las Diadas tanta gente me repetía que llevaban trescientos años oprimidos.

Aquel encuentro reunió a unos veinte historiadores, economistas, sociólogos y periodistas, que abordaron todas las formas de «opresión» que habían sufrido los catalanes. Los puntos fuertes del programa eran «Represión militar: el Ejército contra el país», «Trescientos años de españolismo en Cataluña», «La apoteosis del expolio» —conferencia en la que se concluyó que España había robado doscientos cincuenta mil millones de euros a Cataluña a lo largo de treinta y cinco años— y «La humillación como desencadenante de la eclosión independentista».

El documento de presentación del simposio dejaba poco margen para los matices: el objetivo era «analizar con criterios históricos, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, las consecuencias que ha tenido […] la acción política, casi siempre represiva, del Estado español frente a Cataluña […] y las condiciones de opresión nacional que ha padecido el pueblo catalán a lo largo de los siglos y que han impedido el pleno desarrollo político, social, cultural y económico de Cataluña».

Algunos historiadores de prestigio se indignaron ante esta interpretación sesgada y parcial de la historia. Fue el caso de John H. Elliott, que calificó el simposio de «disparate». Desde luego, el historiador Jaume Sobrequés, director del CHCC desde febrero de 2012, no intentó engañarme sobre aquel encuentro —que, en realidad, no era más que una serie de conferencias por encargo—. Sobrequés me aseguró: «Este simposio responde perfectamente a lo que habíamos previsto al organizarlo: la animosidad de España contra Cataluña es una realidad objetiva». También me explicó que el centro que dirigía iba a hacer un inventario de los «trescientos años de afrentas de España hacia Cataluña», con el que se demostraría, de manera «absolutamente incontestable» y sobre la base del Boletín Oficial del Estado, la aversión que el Estado español demostraba hacia los catalanes.

En la misma fecha de la apertura del simposio, Artur Mas decidió anunciar en qué día de noviembre de 2014 se celebraría el referéndum sobre la independencia, haciendo así caso omiso a la prohibición impuesta por Madrid. Como si una cosa justificara la otra.

«Hace trescientos años que estamos oprimidos.» En las manifestaciones que he cubierto en Cataluña, esta frase se repetía en bucle. Para una francesa como yo, el nivel de autonomía y el reconocimiento cultural, político y social de las particularidades de Cataluña casan poco con esta supuesta «opresión». Al otro lado de la frontera, los «catalanes del norte», es decir, los franceses del Rosellón, no disfrutan ni de la décima parte de la soberanía política o del modelo lingüístico y cultural que existe en Cataluña. Cada vez que leo que España no reconoce su plurinacionalidad, me sorprendo: quizá no lo haga bajo ese nombre, pero, en la práctica, garantiza una enorme protección a la cultura y la identidad de cada región. Cataluña dispone de su propio Parlamento, con 135 diputados autonómicos, y también de su propio Ejecutivo, que posee competencias en materia de educación, salud, cultura, políticas sociales, medio ambiente, justicia, política penitenciaria y policía, y, además, gestiona varios impuestos. El presidente catalán tiene motivos para mirar por encima del hombro a su homólogo español: su sueldo, de 145.000 euros al año, es casi el doble que el del jefe del Gobierno de España, que no llega a los 80.000 euros.

Aunque el Ejecutivo de Madrid presenta recursos ante el Tribunal Constitucional periódicamente —cada vez que considera que las leyes autonómicas van más allá de las competencias transferidas o rompen el principio de igualdad entre todos los españoles—, resulta difícil considerar este gesto como una «opresión».

La insistencia en este argumento, que más parece un eslogan político que una realidad, revela el éxito que ha logrado la construcción del «relato nacional catalán».

Para los nacionalistas, el 11 de septiembre de 1714, fecha en la que la ciudad de Barcelona cayó en manos de las tropas del rey Felipe V después de once meses de asedio, supuso el fin de las «libertades» del Principado, que antes de la guerra de Sucesión gozaba de cierto grado de autonomía dentro de la Corona de Aragón. Por eso, en la victoria de los Borbones sobre los Habsburgo ven el triunfo de una monarquía absoluta, caracterizada por una voluntad centralizadora que beneficia a Madrid y que para ellos siempre ha sido dañina.

Este relato nacional une al «pueblo» catalán contra el «enemigo» español. Sin embargo, solo presenta los hechos desde un único ángulo: el del enfrentamiento entre dos naciones, la catalana y la española. Y ello, a pesar de que durante estos tres siglos también han existido vínculos sólidos, relaciones a menudo estrechas y positivas, y de que el nacionalismo, cuando aún no era independentista, se implicó en la modernización de España.

Pero este aspecto de la historia ha quedado excluido de los actos y las celebraciones oficiales, al contrario de lo que ha ocurrido con los acontecimientos de 1714, omnipresentes en Cataluña. Más incluso que los de la Guerra Civil. La caída de Barcelona a manos de las tropas borbónicas no solo se conmemora en la Diada, sino también en novelas, series de televisión, documentales y hasta programas para niños, a los que se les enseña, desde su más tierna infancia, que la llegada al trono de la dinastía de los Borbones supuso «la pérdida de las libertades del pueblo catalán» (según un programa emitido el 9 de septiembre de 2013 en TV3).

Después de pasar por el simposio del IEC, también fui a echar un vistazo al nuevo Born Centre de Cultura i Memòria (Born CCM), inaugurado en septiembre de ese mismo año. Ocupa el espacio del antiguo mercado cubierto del barrio de la Ribera, construido en el siglo XIX en hierro forjado, y ha permitido recuperar los restos del asedio de la ciudad por las fuerzas de Felipe V. Recuerdo mi sorpresa ante la falta de seriedad de la exposición, que prescindía sin pudor de la terminología científica para dar prioridad a las metáforas grandilocuentes. Los paneles explicaban que en 1714 cayó sobre Cataluña una «furia borbónica» y presentaban la guerra de Sucesión como un conflicto de anexión del «Estado catalán» a España.

En la exposición sobre «el sitio de 1714» se representaban los abusos que cometieron los soldados borbónicos durante el asedio. En una de las escenas, un militar arrancaba a un bebé de los brazos de su madre, mientras sonaba, de fondo, una pieza de música clásica. El último panel explicativo cerraba la visita con la siguiente frase: «Para los catalanes, fue el comienzo de una larga noche».

Planteé mis dudas acerca de la objetividad de la exposición a su comisario, el historiador Francesc Xavier Hernández, que me aseguró que no consideraba «que esa expresión sea exagerada». Incluso lo comparó con el «genocidio armenio». Y me aseguró que fue una «guerra de buenos contra malos», en la que se enfrentaron dos concepciones de mundo: la monarquía absoluta, representada por Luis XIV y Felipe V (los Borbones), y el sistema parlamentario de los Habsburgo, que defendía Inglaterra».

Un tiempo después, cuando desde el independentismo se tachaba ya a España de franquista y numerosos manifestantes reinterpretaban la Guerra Civil como si básicamente hubiese sido un conflicto entre España y Cataluña, telefoneé al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, hijo y nieto de republicanos, que se sentía indignado ante los atajos de la historia que estaban tomando los independentistas. Sobre todo porque, como me explicó, el Govern, que presumía de estar a la vanguardia en materia de memoria histórica, solo había abierto las fosas en las que se encontraban los soldados, y no las de los civiles, para evitar así «acabar con el mito» de que en el bando fascista no hubo catalanes…

Esta visión de la historia que se estaba extendiendo por Cataluña permite entender que los manifestantes de la Diada de 2014 hubiesen asumido con tanta facilidad ese eslogan sobre los «trescientos años de opresión» que me recitan una y otra vez.

Desde que cubro la actualidad en Cataluña, he oído a muchos de sus ciudadanos quejarse de que el resto de España los maltrata, se burla de su lengua, los desprecia, los rechaza. Cada retraso en la construcción de una infraestructura que se considera fundamental se ve como un complot destinado a frenar su desarrollo. Y aquellas infraestructuras absurdas que se han levantado en el resto del país —aeropuertos sin aviones, autopistas de peaje sin clientes y que el Estado acaba rescatando— se presentan como la prueba de la ineficacia de España, cuando no incluso de su incompetencia y de la estupidez de sus dirigentes. Lo mismo ocurre con los escándalos de corrupción. Sin embargo, Cataluña no se libra de posibles críticas. El aeropuerto de Lleida es un fiasco, una infraestructura que jamás será rentable, ya que solo tiene unos cuantos vuelos los viernes y los domingos, y que CDC, al igual que el PP, está siendo investigada por la justicia, que sospecha que, durante muchos años, cobró comisiones ilegales del tres por ciento en las infraestructuras adjudicadas por la Generalitat.

El Gobierno español intentó contrarrestar este discurso proponiendo que, en lo sucesivo, el currículum escolar hiciese hincapié en la historia de la Hispania romana, cuyo territorio abarcaba provincias que corresponden a la actual Cataluña, o en la unidad de España durante el reinado de los Reyes Católicos. Televisión Española (TVE), por su parte, encargó una serie sobre Isabel la Católica, quien, al casarse con Fernando II de Aragón, logró unificar el Reino de España. El Ajuntament de Barcelona, que por aquel entonces estaba en manos de los nacionalistas de Convergència i Unió, denegó el permiso para que Isabel se rodara en el Museo de Historia de la ciudad. Según la versión oficial, por su «falta de rigor histórico».

A su vez, TV3 emitió en septiembre de 2014 una serie basada en la trilogía de novelas 1714, escritas por el diputado independentista e historiador Alfred Bosch. En su momento, este me comentó que «los nacionalistas escoceses cosecharon muchos apoyos después del estreno de la película Braveheart»4.

9

El «derecho a decidir» y otros eufemismos

Al mismo tiempo que elaboraban un relato nacional y proclamaban las bondades de la secesión, los independentistas fueron desarrollando todo un vocabulario a través del cual su causa se presentaba como un combate en primera línea de la democracia. «Un demócrata tiene que escuchar las reclamaciones del pueblo», repetían sin parar Artur Mas, primero, y Carles Puigdemont, después. Pese a que el independentismo había mostrado ya cuáles eran sus límites —nunca consiguió sumar más del cuarenta y ocho por ciento de los votos— y a que, así y todo, sus líderes optaron por avanzar hacia la ruptura unilateral, los independentistas no dejaron en ningún momento de presentarse como los únicos capaces de garantizar la «democracia», de la que previamente habían creado su particular definición.

Así, para formar parte de la familia de los auténticos «demócratas», era necesario, en primer lugar, defender el «derecho a decidir», fórmula esta con la que resulta difícil no estar de acuerdo, aunque en realidad no significa nada si no se le añade un complemento directo. ¿A decidir qué? Eso es lo que no se decía. En el mejor de los casos, se añadían conceptos grandilocuentes como «el futuro», «la libertad» o, con menos frecuencia, «el modelo de encaje en España». Futuro, libertad y encaje son eufemismos que permiten evitar la palabra independencia. En realidad, el término derecho a decidir no es nuevo: se remonta al Plan Ibarretxe, el proyecto de referéndum en el País Vasco que el antiguo lehendakari puso sobre la mesa entre 2003 y 2005.

Hay otros conceptos y eufemismos que han enriquecido el diccionario catalán y permitido crear una serie de esquemas mentales que facilitan la adhesión de los votantes moderados al independentismo. Se ha empezado a hablar de aplicar la «radicalidad democrática» para llevar a cabo la «desconexión» de Cataluña respecto al resto de España, una frase que, cuando se descifra, viene a significar que se va a defender la «desobediencia» para proceder a la «secesión», dos términos que no aparecen en el discurso de los independentistas —salvo en el de la Candidatura d’Unitat Popular, la CUP, un partido de extrema izquierda que se muestra mucho más sincero y directo en sus objetivos—.

En el particular léxico catalán, se habla de libertad, mejor que de secesión; de soberanía, más que de independencia; de radicalidad democrática, y no de insumisión ante las leyes. Estos términos resultan más amables y han dado un toque de romanticismo a la causa.

Pero el término más importante en este diccionario catalán es el de «derecho a decidir», que en realidad es sinónimo de «derecho a la autodeterminación», aun cuando en su momento nadie lo confesara, probablemente porque ese derecho se asocia a pueblos que sufren el yugo del colonialismo o una discriminación racial, étnica o religiosa. Sin embargo, resultaba difícil considerar que Cataluña estuviese oprimida.

Con todo, después de años y años de insistencia machacona con esa expresión, una buena parte de la población ha pasado a asumirlo como un derecho fundamental, igual de importante que la libertad de expresión o la igualdad de género. Como si se tratase de una reclamación amparada por el derecho internacional, más allá de lo que puedan decir al respecto las leyes y los tribunales españoles. Y el solo hecho de impedir, prohibir o sancionar el ejercicio de ese «derecho» se ha considerado un ataque a los principios básicos de la democracia, la libertad, la dignidad y el respeto. En otras palabras, como un signo de opresión. Es este postulado el que ha permitido a los independentistas llegar tan lejos en sus tentativas secesionistas. Y es también la razón por la que, en algunas de las manifestaciones que cubro como corresponsal, me encuentro con personas que, plenamente convencidas, se comparan con las grandes figuras de la defensa de los derechos civiles.

Al ver que Madrid les niega el derecho a la autodeterminación, concluyen que España se comporta como un país antidemocrático, adjetivo al que después han seguido otros que, desde hace unos meses, forman ya parte del vocabulario corriente en Cataluña: autoritario, fascista o, especialmente, franquista. De ahí deriva también la costumbre de los independentistas de presentarse como «demócratas». Como si los demás no lo fueran.

Los no independentistas no han presentado suficientes argumentos contra el «derecho a decidir». El Gobierno español apenas ha tratado de desarrollarlos y difundirlos. Muy a menudo se ha limitado a repetir argumentos jurídicos, explicando que este derecho no es aplicable en Cataluña o bien que es contrario a la Constitución. La izquierda, por su parte, ha titubeado, seguramente porque durante mucho tiempo se ha dejado la defensa de la unidad de España, una expresión muy asociada al período franquista, exclusivamente en manos del PP. Por eso el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) empezó a sumarse a la idea del «derecho a decidir» en la campaña de las elecciones catalanas anticipadas de 2012, en la que apostó no ya por la independencia, sino por el modelo de un Estado federal. Algo de lo que después se arrepentiría amargamente…

De hecho, en una entrevista a Esther Niubó en la sede central del PSC, esta diputada socialista llegó a confesarme, tres años antes, que habían «caído en la trampa. ¿Quién iba a atreverse a decir “no tenéis derecho a decidir”?». Por su parte, le preocupaba ver cómo se estaba rompiendo la cohesión social en ciertas ciudades de la periferia de Barcelona.

Recuerdo un sorprendente mitin que cubrí en la campaña de las elecciones catalanas de 2012. Lo dio el candidato socialista, Pere Navarro, en la periferia de Barcelona, concretamente en L’Hospitalet de Llobregat. El público estaba formado sobre todo por personas mayores, muchas de las cuales habían llegado a Cataluña, procedentes de otras comunidades, en su juventud para participar en el desarrollo industrial de la zona. La mayoría de los asistentes estaban preocupados por la crisis económica, el paro, los desahucios de los bancos que dejaban a tantas familias en la calle, las dificultades de sus hijos, las necesidades de sus nietos. Muchos de ellos contribuían con sus modestas pensiones a la maltrecha economía familiar… Sin embargo, en el escenario, Navarro defendía una propuesta de reforma territorial que al público le sonaba casi a chino. En los pasillos muchos me decían que lo único que les preocupaba era el paro. El eslogan de su campaña era «Federalismo, la alternativa sensata». La falta de conexión entre las preocupaciones de los asistentes y la propuesta socialista era más que evidente. Los socialistas catalanes se habían dejado arrastrar al terreno del debate territorial por los demás partidos, por la presión mediática y por su propia necesidad de encontrar una solución intermedia y apaciguar sus divisiones internas. El resultado fue seguramente el que esperaban los independentistas: el PSC se desmoronó en beneficio de ERC, por una parte, y del PP y de Ciudadanos (C’s), por otra. La polarización del tablero político catalán convenía a sus intereses: en aquella situación, podían dividir mejor la sociedad entre los demócratas y los demás (los «fachas», se sobreentiende), entre los buenos y los malos, entre los catalanes de verdad y los traidores. Así, la sociedad quedó fragmentada en dos.

Si para unos Madrid se había convertido en sinónimo de fascismo, para otros la estrategia de los dirigentes catalanes constituía un intento de golpe de Estado, y en este grupo se extendió a su vez el insulto nazi para calificar a los independentistas.

Después, en nombre del derecho a la autodeterminación, los independentistas aseguraron estar dispuestos a violar las leyes españolas y a desafiar a los tribunales. Se jactaron de ello en público, como hizo Carles Puigdemont, quien, en abril de 2017, posó con orgullo no ya con una, sino con cinco notificaciones del Tribunal Constitucional en las que se le advertía de las consecuencias penales que podría conllevar la preparación del referéndum ilegal.

Los dirigentes catalanes han enarbolado como ejemplo de inteligencia y de democracia la decisión del primer ministro inglés David Cameron de organizar un referéndum de autodeterminación en Escocia. En cambio, han evitado elogiar otra resolución mucho más polémica: la de someter al voto del pueblo la pertenencia a la UE. Y, sin embargo, las diferencias entre el referéndum escocés y la consulta catalana son de calado. Para empezar, están las históricas: el reino de Escocia fue independiente hasta que, en el siglo XVIII, decidió, de forma voluntaria, unirse a la Corona británica. Por otra parte, Gran Bretaña no dispone de una Constitución escrita, mientras que la Carta Magna establece que «La soberanía nacional reside en el pueblo español», que, por tanto, es el único que puede tomar una decisión acerca de la posible independencia de Cataluña. También las circunstancias políticas y económicas en uno y otro caso son muy distintas. Escocia supone menos del diez por ciento del PIB británico, mientras que Cataluña representa casi el veinte por ciento del PIB español. Si se encontrase la forma de organizar un referéndum en Cataluña, España tendría motivos para temer que rápidamente se abriesen otros frentes. De hecho, en el País Vasco, los nacionalistas del PNV, al frente del Gobierno de esta comunidad, pidieron ya mucho antes que Cataluña la celebración de un referéndum. Aquella iniciativa, el Plan Ibarretxe, fue rechazada por la mayoría del Congreso español en 2005. El independentismo radical, por su parte, quiere la anexión de Navarra (y también del País Vasco francés). Tampoco cabe descartar que Baleares —que contribuye a la solidaridad con otras comunidades españolas mucho más, en términos porcentuales, de lo que lo hace Cataluña, y donde está ganando terreno un incipiente movimiento soberanista— solicite en un futuro lejano también que se le deje ejercer el derecho a la autodeterminación. Lo mismo podría ocurrir en la Comunidad Valenciana, que contribuye en gran medida a la solidaridad nacional, o en Galicia, una de las tres «nacionalidades históricas» que menciona la Constitución de 1978. Porque los nacionalistas catalanes, que invocan sus particularidades, no tienen en cuenta el riesgo de fractura en un país en el que cerca de la mitad de la población tiene otra lengua oficial además del castellano.

También han aludido al referéndum de la provincia canadiense de Quebec, restando importancia a la fractura que provocó en la sociedad local y pasando por alto las draconianas condiciones que impuso el Gobierno de aquel país: la famosa Ley de Claridad, que, en la práctica, convierte la independencia en un objetivo prácticamente imposible.

Algunos han invocado el referéndum de autodeterminación fijado para el 4 de noviembre de 2018 en Nueva Caledonia, un archipiélago del Pacífico que pertenece a Francia y que conozco bien, pues durante un año (entre 2005 y 2006) trabajé en el periódico local Les Nouvelles Calédoniennes. Pero el caso no es en absoluto comparable. Este referéndum se ha autorizado para un territorio de ultramar situado a más de veinte mil kilómetros de Francia, y después de un larguísimo proceso, que se puso en marcha tras una violenta época marcada por la muerte de diecinueve militantes independentistas y cuatro gendarmes en 1988. Ese mismo año, Francia sometió primero a la votación de todos los franceses la posibilidad de organizar un referéndum de autodeterminación en Nueva Caledonia. Después de que ganara el «sí», se fijó un plazo de diez años para organizar aquel referéndum, con la idea de que los ciudadanos maduraran su decisión. En 1998, ese plazo se prorrogó por veinte años más y se definieron condiciones muy estrictas para establecer quién podía votar y quién no. Así pues, han sido necesarios más de treinta años para que, finalmente, el referéndum pueda llevarse a cabo.

También el referéndum sobre la independencia de Argelia se sometió previamente a la aprobación de todos los franceses a través de una votación. El derecho de autodeterminación del país norteafricano obtuvo primero el reconocimiento del noventa por ciento de la ciudadanía de toda Francia, y en la votación sobre su independencia, el «sí» consiguió prácticamente el cien por cien de los votos de los argelinos. Y todas estas precauciones se tomaron a pesar de que esos territorios fueron colonias.

La idea de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña no conseguiría el apoyo del resto de España. Al menos, no por ahora. Además, según todas las encuestas, la independencia está dividiendo en dos partes, prácticamente iguales, a la población catalana: quienes consideran que es legítimo defender a cualquier precio el derecho a la autodeterminación y, frente a estos, quienes se sienten desamparados ante el desprecio a la ley que están mostrando los dirigentes locales. Ambas partes han vivido los acontecimientos de octubre y noviembre de 2017 como realidades paralelas y son incapaces de dialogar o debatir entre sí sin caer en el insulto.

Fue así como, una vez que todos los medios de comunicación aceptaron el vago término de derecho a decidir, los adversarios políticos de los independentistas pasaron a ser enemigos de la democracia.

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La independencia, ese gran cajón de sastre

¿Independencia para hacer qué? Esta pregunta, que he formulado de mil maneras diferentes, no tiene respuesta. En el movimiento independentista catalán no hay grandes exigencias concretas. Sí está la de administrar los impuestos recaudados en esta comunidad autónoma. Pero ¿para hacer qué? ¿Para qué proyecto? Los tres partidos independentistas no consiguen ponerse de acuerdo en este punto, lo cual explica que no exista un debate sobre la independencia: rompería la unidad del movimiento.

La independencia es una cáscara vacía en la que cada cual mete sus sueños, sus deseos, imaginando, acertada o equivocadamente, que se harán realidad. Y por lo que me cuentan en privado los dirigentes independentistas, parece que algunos se equivocan de pleno.

En 2012, por ejemplo, surgió en las autopistas catalanas la campaña No vull pagar («No quiero pagar»). Los conductores se negaban a abonar los peajes porque consideraban que era sumamente injusto pagar en Cataluña por este tipo de vías, que alrededor de Madrid y en buena parte del resto de España son mayoritariamente gratuitas. En la primera Diada que cubrí como corresponsal, esta «injusticia» aparecía en los primeros puestos de las listas de «protestas» de muchos de los manifestantes contra Madrid.

Un asesor de Artur Mas sacó el tema espontáneamente mientras manteníamos una conversación informal. «No hay peajes en las autopistas fuera de Cataluña o del País Vasco. Eso no es normal», me dijo, justo antes de añadir una frase que revela al mismo tiempo la ingenuidad de los manifestantes independentistas y la verdadera frustración de los nacionalistas de CiU: «No es que estemos en contra de que haya peajes aquí. Todo lo contrario: nos parece bien la privatización de las autopistas. Lo que no es justo, lo que criticamos, es que no haya peajes en otros sitios». Para la derecha catalana, a la que le habría gustado dirigir España, la derecha española no es lo suficientemente liberal. Mi interlocutor me lo confirmó a lo largo de aquella conversación: «Es lo mismo que ocurre en el caso de la sanidad pública y la tasa de un euro por receta. No queremos anularla. Al contrario: estamos en contra del gratis total. Lo que queremos es que el copago se generalice en el resto de España». Su conclusión: «La Cataluña independiente será business friendly, como Mónaco».

Por otra parte, durante la entrevista que le hice en 2012, el propio Mas sacó pecho por las medidas de austeridad que había aplicado, aunque criticaba el ritmo impuesto por Bruselas. Me explicó entonces, con la satisfacción de haber hecho los deberes, que el año anterior había conseguido ahorrar mil ochocientos millones de euros, que había bajado los sueldos de los doscientos treinta mil empleados públicos de Cataluña y recortado el gasto en un ocho por ciento, y me anunció que pensaba crear nuevos impuestos, en concreto una tasa turística y una tasa sobre las recetas médicas. Y concluyó que «podría hacer más cosas» si tuviese «¡más competencias!».

Existe un abismo entre lo que muchos manifestantes esperan de la independencia y lo que los dirigentes que estaban en el poder en 2012 pretendían hacer si finalmente la conseguían. La independencia solo garantiza una cosa: la independencia. Todo lo demás dependerá de las políticas que se apliquen, de los partidos que gobiernen. Es algo que parece lógico. Pero en las manifestaciones se mantiene intencionadamente la confusión, la ambigüedad: dirigentes independentistas aseguraban incluso que la independencia garantizaría la igualdad entre hombres y mujeres. Para algunos, la independencia representa la oportunidad de crear un nuevo país, virgen, sin corrupción, sin asuntos turbios, y de desarrollar una democracia participativa en la que cada cual pueda decidir sobre cualquier tema. Pero Cataluña no está exenta de casos de corrupción.

Para una parte de la derecha liberal, la independencia brinda la ocasión de convertirse en un pequeño Estado comparable a Suiza, Luxemburgo o, incluso, Mónaco, como se me ha confesado en privado. No obstante, oficialmente la referencia es Dinamarca o los Países Bajos. No en vano, la izquierda republicana defiende un modelo más social. La CUP considera la independencia una condición indispensable para poder dar después al pueblo una soberanía real, abolir las fronteras y facilitar la autogestión, con el fin de crear una república cuyo poder resida, fundamentalmente, en los municipios. Esta formación defiende la salida de la UE, mientras que ERC y el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) —fundado en julio de 2016 para deshacerse de la mancha de corrupción de CDC— se han presentado como profundamente europeístas e insisten desde hace ya tiempo en la importancia de obtener la independencia dentro de la Unión.

Durante muchos años, lo fundamental ha sido transmitir una idea básica: la independencia no tendrá ningún efecto negativo sobre la economía o la sociedad, y solo traerá consigo riqueza, paz y prosperidad.

PARTE TERCERA

PERIODISTA EN MADRID Y BARCELONA

En los últimos años, los servicios de prensa de la Generalitat han mimado mucho a quienes nos dedicamos a la información: nos han invitado a reuniones periódicas sin que hayamos tenido siquiera que solicitarlo, nos han enviado rápidamente comentarios sobre la actualidad —en español, en inglés y, en ocasiones, incluso en francés—, nos han facilitado entrevistas con el president, nos han proporcionado un acceso fácil y continuo a los gabinetes de comunicación, etcétera. En mi caso, por ejemplo, los responsables de prensa siempre han estado disponibles para pasarme el número de teléfono móvil de un diputado, del jefe de comunicación de un conseller o del presidente de una asociación… y para hablarme del ambiente y de los últimos objetivos de la Generalitat.

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La presión a los informadores

En 2017, el director de comunicación exterior de la Generalitat, Joan Maria Piqué, incluyó a los corresponsales en una lista de difusión para enviarnos todo lo que, a su juicio, nos ayudaría a entender la actualidad catalana desde la perspectiva del Gobierno autonómico. Esta vía directa de contacto nos permitió recibir noticias, reacciones, imágenes y vídeos casi en tiempo real, tan pronto como se producía algún acontecimiento. Pero, a través de ella, la Generalitat también pudo hacernos llegar su propaganda, remitirnos personalmente los datos que tenía especial interés en difundir, aconsejarnos que consultáramos a tal o cual experto (independentista) en determinados temas y transmitirnos su visión parcial de lo que estaba ocurriendo, para orientar con más facilidad el enfoque de nuestros textos.

En ocasiones, recibíamos un artículo sobre un escándalo de corrupción del PP y otro sobre la falta de independencia de determinado organismo público. Cualquier excusa era buena para transmitirnos la imagen más negativa posible del Estado español. También nos aconsejaban qué páginas web de noticias en catalán seguir o qué artículo de blog leer. Recuerdo que incluso llegué a recibir, a las nueve de la mañana de un sábado, una cita de un personaje histórico del siglo XVII con la que se pretendía ilustrar la persecución que, a lo largo del tiempo, los catalanes han sufrido a manos de los españoles…

Otras veces, nos mandaban artículos de compañeros como ejemplos de buen hacer periodístico. Por otra parte, muchos colegas se han quejado de haber recibido comentarios sobre algunos de sus textos —que no habían gustado— o hasta reprimendas en público a través de Twitter, en los casos de presión más flagrantes. Así lo han denunciado varios compañeros a Reporteros Sin Fronteras (RSF).5 El corresponsal de la cadena de radio Europe 1 en Barcelona, Henry de Laguérie, incluso fue testigo del modo en que los jefes de prensa de uno de los consellers elaboraron una lista de corresponsales: en ella incluyeron comentarios sobre cada uno de estos profesionales, del tipo «muy concienciado con el tema catalán» o «muy crítico con el independentismo».

La Generalitat aprovechaba esta línea directa con los corresponsales para indicarnos aquello que, en su opinión, debíamos o no escribir si lo que pretendíamos era hacer un trabajo «serio». Por ejemplo, un director de comunicación no dudó en intentar quitarme las ganas de abordar determinadas cuestiones, como la fractura social que la política estaba provocando en Cataluña, sugiriéndome que yo no tenía legitimidad para escribir nada al respecto, dado que no vivía allí. También me boicoteó durante un tiempo por haber retuiteado el informe de RSF acerca de las presiones de la Generalitat sobre los periodistas. Y me dijo que tuviera cuidado con lo que escribía en Twitter si no quería «perder fuentes…».

La coacción, sobre todo en Twitter, fue especialmente dura en los meses de octubre y noviembre de 2017. Cuando, el 23 de octubre, Le Monde publicó un editorial crítico con la huida hacia adelante de los independentistas, Albano-Dante Fachin —entonces diputado y secretario general de Podem, la rama catalana de Podemos— tuiteó un comentario en el que daba a entender que Prisa maneja este periódico francés, por la única razón de que el conglomerado español —presidido por Juan Luis Cebrián hasta 2018— posee el quince por ciento de las acciones del grupo Le Monde, que, a su vez, controla el sesenta por ciento de las acciones del diario francés. «Siempre, siempre, siempre, antes de escuchar lo que dice alguien, hay que mirar quién le paga», escribió Fachin para minimizar el efecto de aquel editorial y desacreditar al periódico. Inmediatamente después, empecé a ser objeto de acoso en Twitter a través de comentarios en los que se me acusaba de recibir dinero de Cebrián a cambio de escribir mis artículos. Otro tertuliano independentista, Pere Mas, se refirió a mí en Twitter tras la publicación de uno de mis artículos sobre TV3: «La próxima vez, sería estupendo que hablases con todas las partes», lo que desencadenó una oleada de críticas e insultos en mi contra. Era evidente que no había leído mi texto, ya que en él recogí testimonios de periodistas y sindicalistas, así como del director de esta cadena pública catalana. Pero él ya se había encargado de azuzar contra mí a una jauría de troles.

Cubrir la actualidad catalana ha acabado convirtiéndose en una tarea extenuante. Exige aguantar las presiones en Twitter, tratar de no caer en las trampas y en los intentos de manipulación, soportar las críticas de los independentistas más radicales y el tono condescendiente de los compañeros y lectores contrarios a la independencia, que piensan que, en general, los corresponsales nos hemos tragado la propaganda de la Generalitat. Además, hay que saber diseccionar el doble discurso de los independentistas y reconocer sus intentos de utilizarnos para sus fines políticos: dado que entre sus objetivos están la internacionalización del conflicto catalán y la intervención de la UE, hemos sido un componente del plan secesionista.

La víspera del referéndum del 1-O, y también en los días posteriores a él, varios independentistas me reconocieron en privado que España era una «democracia europea», lo que les garantizaba que podrían ir más lejos en sus medidas unilaterales sin «temer que ocurra nada grave». En público, en cambio, protestaban contra el «regreso de la dictadura franquista» y la «brutal represión».

En privado, me explicaban que la aplicación del artículo 155 podría servir para hacer reaccionar a la comunidad internacional. En público, cuando Madrid se planteaba la posibilidad de recurrir a este instrumento, clamaban contra el escandaloso recorte de libertades en Cataluña, más propio de otros tiempos.

En privado, aseguraban que la cárcel era uno de los riesgos que ya habían asumido. En público, sostenían que la prisión constituía una medida de venganza, una injusticia manifiesta que carecía de fundamento real y revelaba la ausencia de separación entre los poderes.

En privado, me decían que, si Madrid impedía el referéndum o se negaba a negociar, se produciría una «ocupación permanente de las calles», un «Maidán», como en Ucrania. En público, se indignaban cada vez que alguien se atrevía a expresar su temor de que el conflicto tuviese una deriva violenta.

En privado, me explicaban que lo único que cabía negociar era la celebración de un referéndum en toda regla o bien las condiciones de la ruptura entre España y Cataluña. En público, Puigdemont trataba de convencer de que actuaba de buena fe, pidiendo, sencillamente, un «diálogo» sin requisitos previos.

Con el paso de los meses, los dirigentes catalanes perdieron credibilidad ante una buena parte de la prensa internacional, como me aseguró una directiva de una importante agencia de información. Sin embargo, contaron con una gran ventaja: la ausencia de una estrategia de comunicación por parte de la Moncloa ante los medios internacionales.

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Corresponsales abandonados

Durante los primeros años del procés, la atención que prestó el Gobierno español presidido por Mariano Rajoy a los corresponsales fue nula. Entre 2012 y 2016 únicamente recuerdo una reunión en la Moncloa, con Jorge Moragas, director del Gabinete de la Presidencia. En ella se intentó desmontar la propaganda nacionalista y explicarnos cómo el Ejecutivo central estaba tratando de reconducir la situación hacia una negociación convencional, de la que quedaría totalmente excluido el referéndum de autodeterminación. En cambio, mantuve innumerables entrevistas y reuniones con Artur Mas, Carles Puigdemont, Raül Romeva, Francesc Homs, Andreu Mas-Colell y Marta Rovira, entre otros, por no hablar de los contactos periódicos con los servicios de prensa.

Rajoy, en particular, no se prodigaba a la hora de conceder entrevistas. Solo conseguí hacerle una, junto con otros compañeros, en noviembre de 2013, para la elaboración del especial «Europa» en el que participaban Le Monde, El País y otros periódicos europeos.

En aquella época, el presidente estaba acosado por los asuntos de corrupción del PP, desde el caso Gürtel —una presunta trama de financiación ilegal del partido mediante el cobro de comisiones ilícitas a cambio de la adjudicación de contratos públicos— hasta la presunta contabilidad en B en la que aparecía su nombre, pasando por muchos otros casos más, distribuidos por todos los rincones de la geografía española y que han dado lugar a la apertura de multitud de procesos judiciales que afectan a varios centenares de cargos populares. Esta corrupción masiva explica, en parte, que Rajoy se mantuviese a la defensiva. También es el motivo de que la imagen de las instituciones y Administraciones públicas españolas se haya erosionado. Si a todo ello se le añade el escándalo de la cacería de elefantes del rey Juan Carlos en abril de 2012, justo en plena crisis, o el nombramiento de un exmilitante del PP al frente del Tribunal Constitucional —Francisco Pérez de los Cobos, quien presidió este órgano desde junio de 2013 hasta marzo de 2017— resulta lógico que las instituciones del Estado en su conjunto hayan quedado desacreditadas a los ojos de los ciudadanos.

La corrupción también sirvió para alimentar el argumentario de los independentistas, a pesar de que ellos mismos sufrían el impacto de los escándalos de CDC por un posible sistema de corrupción casi institucionalizada en Cataluña. Y eso por no hablar de las cuentas de Jordi Pujol en Suiza o de las revelaciones sobre presuntos viajes periódicos a Andorra de uno de sus hijos, cargado con bolsas repletas de billetes de quinientos euros… En este terreno, Cataluña no es una excepción.

Durante la entrevista, Rajoy habló de la corrupción, pero también de Cataluña, a la que se refirió como «uno de los temas más importantes que tenemos planteados en este momento». Por aquel entonces habían tenido ya lugar una serie de encuentros secretos con Artur Mas para intentar disuadirle de que convocara un referéndum en 2014. Pero los periodistas que acudimos a la Moncloa no conocíamos esas reuniones todavía. Rajoy nos explicó que «España es la nación más antigua de Europa» y que «nunca Cataluña y el resto de España han vivido separados». Insistió en los «lazos afectivos, históricos, comerciales, personales…» que unen a catalanes y españoles, pero también en que su obligación como presidente era «hacer cumplir la ley». Aseguró que no solo no quería, sino que tampoco podía autorizar un referéndum en Cataluña porque, a diferencia de lo que ocurre en Escocia, la Constitución lo impide. Y añadió: «Nunca me he negado a hablar. De hecho lo hice en numerosas ocasiones». Pero si los dirigentes querían organizar un referéndum, primero habría que reformar la Constitución y, concluyó, «existen procedimientos para ello».

En los años posteriores, Rajoy no se movió ni un milímetro de esa posición. No conseguí ninguna entrevista más. Ni con él ni con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Cuando los acontecimientos se aceleraron y cada vez resultaba más evidente que no habría forma de evitar el choque, el Gobierno central acabó invitando a los corresponsales a varias reuniones off the record. El objetivo de esos encuentros, que tuvieron lugar en 2017, era cuestionar la capacidad real de los independentistas para organizar el referéndum ilegal de autodeterminación.

Al principio, el Ejecutivo nos explicó que, en realidad, Oriol Junqueras aspiraba a convertirse en presidente de la Generalitat, así que estaban convencidos de que no firmaría el decreto de convocatoria de aquella consulta porque no querría correr el riesgo de que la Justicia le inhabilitase para ejercer cargos públicos. Aquel argumento nunca me convenció: la historia reciente de este político y de ERC ha estado marcada por una constante sucesión de renuncias y de sumisión al PDeCAT. Yo sabía, gracias a una fuente fiable, que a Junqueras le había sido difícil contener las lágrimas el día en que Mas y la ANC le obligaron a agachar la cabeza y a formar parte de la lista común de JxSí en las elecciones plebiscitarias de 2015. Si se hubiese presentado solo, sin CDC, Esquerra habría ganado y él se habría convertido en presidente de la Generalitat. Pero no pudo soportar la presión de quienes proclamaban a los cuatro vientos que había que pensar en el país y no en el partido —aunque, en realidad, trabajaban para mantener a Convergència en el poder, costara lo que costase—. En definitiva, yo no veía nada claro que Junqueras fuera a mantenerse firme frente a las presiones.

Unos meses más tarde, la Moncloa no tuvo más remedio que admitir que su previsión era errónea, pero entonces nos aseguró que el referéndum no se celebraría, porque los funcionarios —imprescindibles para abrir los colegios electorales, entregar las llaves de los centros o velar por que la votación se llevase a cabo correctamente— se lo pensarían dos veces antes de saltarse la ley y arriesgarse a perder su puesto de trabajo. Para convencernos, nos explicaron que aprobar las oposiciones es una tarea muy difícil, que exige muchos años de enormes sacrificios. En definitiva, utilizaron argumentos muy débiles. Y la estrategia del Gobierno contra los planes secesionistas consistía sencillamente en esperar a que el movimiento se desinflase solo y, al mismo tiempo, en suponer que se produciría una desbandada general por temor a la acción de la Justicia.

Cada vez que planteábamos dudas, la respuesta general que se nos daba era que, en cualquier caso, el Ejecutivo garantizaría la unidad de España. Cuando preguntábamos si se había preparado una estrategia política para reducir el apoyo social a la independencia o si existía algún proyecto de reformas para resolver el malestar y la «desconexión», la respuesta que obteníamos era, sencillamente, «no».

La sensación que se extendía entre los periodistas que, como yo, nos movíamos entre los pasillos de la Moncloa y los del Palau era que el Gobierno central pecaba de una enorme ingenuidad a la hora de valorar la determinación de los independentistas, mientras que los independentistas eran extraordinariamente cándidos en sus suposiciones sobre la debilidad del Estado y el apoyo internacional con el que esperaban contar.

Mientras que los dirigentes catalanes manejaban una retórica y un léxico grandilocuentes, la comunicación del Gobierno español no iba más allá de los meros argumentos jurídicos: que si el referéndum era contrario a la Constitución, que si se garantizaría la igualdad entre todos los españoles, que si quienes desafiaban a las leyes serían castigados, que si el Estado velaría por el respeto de la legislación… A finales de septiembre, y después de mucho insistir ante el Ejecutivo en que, si quería que se conociera una versión de los hechos diferente a la de los independentistas, le convenía comunicarse, conseguí, por fin, una entrevista con Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado para las Administraciones Territoriales. Después tuve otra con Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña, para hablar del referéndum del 1 de octubre. Me dijo unos días antes que había trabajado personalmente durante seis meses sobre los cuarenta y seis puntos escogidos por Puigdemont, pero que a este solo le interesaba la independencia. Y tuve acceso también a un canal de comunicación más fluido con la Moncloa. Sin embargo, a diferencia de lo que encontré en el Palau de la Generalitat, aquí no vi un doble discurso: tanto en público como en privado, el Gobierno central demostraba que no tenía ninguna idea ni ningún proyecto concreto para solucionar la crisis catalana. Como el propio Rajoy dijo en su mensaje a la prensa en enero, «el proyecto es la recuperación económica». Una secretaria de Estado me soltó también que Cataluña «ya tiene muchas competencias y autonomía» y que no se le podía dar más, porque «lo siguiente sería ya la independencia». Una asesora de La Moncloa me insistió en que el Ejecutivo no presentaría ninguna propuesta y que si los dirigentes catalanes querían algo —siempre y cuando no fuera la independencia—, tendrían que venir a pedirlo. En Barcelona oía lo mismo: que si Rajoy tenía algo que proponerles, que lo hiciera…

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Medios de comunicación públicos bajo control

Me encuentro en el bar de un hotel de Barcelona para tomarme un café con un director de comunicación del PDeCAT con el que mantengo una relación de confianza desde hace ya varios años. Estamos en junio de 2017 y la situación es cada vez más tensa. Hablamos, en un tono informal, acerca del referéndum del próximo 1 de octubre. Le expongo mis dudas sobre su legitimidad, sobre las garantías que pueden ofrecerse en el caso de una consulta organizada unilateralmente, sobre las consecuencias que entrañará retar a Madrid. Él se siente molesto ante mi escepticismo. Considera que estoy siendo demasiado crítica con el independentismo. Y me suelta una frase que me deja helada: «Si compramos dos páginas de publicidad en Le Monde, escribirás lo que tus jefes te digan…». Al ver mi indignación, me responde avergonzado: «Bueno, así funcionan las cosas aquí».

Esta confesión resulta muy reveladora: demuestra que la Generalitat ha adoptado la costumbre de controlar la línea editorial de los medios de comunicación privados mediante subvenciones, publicidad institucional o nombramientos, y también de los medios públicos, a cuya cabeza los nacionalistas han puesto a simpatizantes, cuando no a militantes independentistas.

El poder de la Generalitat sobre los medios no es un secreto, pero en Cataluña a nadie parece resultarle chocante. De hecho, en el momento en que escribo estas líneas, los partidos independentistas están negociando la formación de un posible gobierno, y uno de los principales escollos con los que se están encontrando es el control de los medios públicos. ERC y JxC se pelean por ver quién dirigirá la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que, a su vez, controla TV3 y Catalunya Ràdio, pero también por determinar el reparto de subvenciones entre las empresas privadas de comunicación: cada cual quiere agasajar a aquellos que le son más favorables. No se trata de decidir si sus directivos serán o no simpatizantes del independentismo —sobre eso no hay ni la más mínima duda—, sino si serán más cercanos a ERC o a JxC.

Después de pasar horas y horas viendo la televisión pública catalana y comprobando la orientación ideológica de la cadena a través de sus informativos y sus programas de debate, de la selección de los invitados y de los temas, hasta en algo tan anecdótico pero revelador como su costumbre de dar la previsión meteorológica exclusivamente para los «Países Catalanes» (incluido el Rosellón francés), a pesar de que hay miles de ciudadanos de Cataluña que toman diariamente el tren para desplazarse a Madrid, en octubre decido visitar TV3 para hacer un reportaje.

Allí entrevisto durante un buen rato a su director, Vicent Sanchis, un hombre exaltado, siempre con una sonrisa irónica en los labios. Le voy haciendo preguntas y él, a su vez, me las plantea a mí también para tratar de conocer cuál es mi opinión acerca de la independencia catalana. Me somete así a una especie de interrogatorio. El tono de la conversación sube. Él se muestra convencido de que pienso que los catalanes están «adoctrinados». Los dos coincidimos en que, en los últimos treinta años, Cataluña ha trabajado sin descanso para «construir una identidad política». Al final, acaba contestando a mis preguntas.

Cree que, si hay críticas contra TV3, en todo caso se debe a que la televisión pública constituye, junto con la policía y la escuela, uno de «los tres pilares básicos de un Estado». No duda de que su papel es fundamental, y me explica que debe representar a «la mayoría social de este país», que, según asegura sin el más mínimo titubeo, es «independentista». La sinceridad con la que proclama su posicionamiento ideológico y el de su cadena resulta desconcertante.

Durante la entrevista, Sanchis —vicepresidente de Òmnium Cultural entre 2008 y 2015— no solo se jacta de haber sido uno de los principales organizadores de la gran manifestación de 2010 contra el Tribunal Constitucional bajo el lema «Somos una Nación. Nosotros decidimos», sino que, además, añade con orgullo que fue él mismo quien «inventó el eslogan».

Cuando se le nombró para este cargo en la cadena pública, los empleados protestaron por considerar que su designación era excesivamente política. No es difícil encontrar los comunicados que el Comité de Empresa y el Consejo Profesional de TV3 emitieron con ocasión de aquel nombramiento, en marzo de 2017. En ellos critican su cercanía respecto a «la antigua Convergència Democràtica de Catalunya» y lamentan que el Govern siga contemplando la CCMA como «un instrumento de propaganda a corto plazo». Cuando, a finales de octubre de ese mismo año, el Gobierno español hizo el amago de tomar el control sobre TV3 tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña, los empleados alzaron la voz contra el riesgo de injerencia política. Recordaron el vergonzoso uso que el PP ha hecho de Televisión Española, pero olvidaron que ellos mismos pidieron en su momento que se despolitizara la CCMA, dado que, a partir de una reforma de 2012, sus miembros se eligen por mayoría absoluta en el Parlament, mientras que antes se necesitaba el apoyo de los dos tercios de la Cámara, y no se da suficiente valor a criterios profesionales.

Las críticas internas de TV3 parecen tímidas en comparación con las protestas que llevan a cabo sus compañeros de TVE, los cuales, en cuanto consideran que un tema se está censurando o recibe menos atención de la que merece, multiplican sus comunicados. Además, denuncian constantemente el control político al que está sometida esta cadena pública española. Un dirigente sindical del canal autonómico accede a hablar conmigo —con la condición de que mantenga su anonimato— y me explica que, para muchos periodistas independentistas, la «lucha por la libertad» se ha convertido en una «causa superior» que está por encima de cualquier norma deontológica. También me confiesa que TV3 paga «muy bien» a sus empleados y que resulta difícil pegarse un tiro en el pie y arriesgarse a dañar la reputación del canal.

Sin embargo, la calidad de este medio no debería ser una excusa para evitar preguntarse qué partido han tomado determinados periodistas, convertidos en militantes políticos, cuando no en activistas contrarios al Estado español. El 20 de septiembre, durante una emisión en directo, un reportero de TV3 se subió al capó de uno de los coches de la Guardia Civil atacados por la multitud y arengó, como si fuesen héroes, a los manifestantes que bloqueaban la puerta del Departament d’Economia, donde los agentes estaban realizando un registro. Dos días después, una locutora de Catalunya Ràdio pidió a los oyentes, taxistas y camioneros, que informasen de los movimientos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña para que esos datos se pudiesen difundir en antena. Como si fuesen enemigos. De un modo más sutil, cuando el presidente francés Emmanuel Macron se pronunció contra la independencia de Cataluña o las empresas anunciaron que iban a trasladar su sede social, aparecía en pantalla el subtítulo «Presión del Gobierno español». Como si la única explicación posible para cualquier crítica a las decisiones de los dirigentes catalanes fuese la existencia de amenazas o de intereses ocultos.

En mi caso, conseguí que se rectificara una información que se había dado en el programa Tarda Oberta el 21 de septiembre: en él se presentó la entrada del blog de una suscriptora —representante de la ANC en Francia— como si se tratara de un artículo de mi periódico. En aquel texto se calificaban las detenciones y los registros del 20-S de posible «golpe de Estado» por parte del Gobierno central en Cataluña. Y yo recibí en mi teléfono un mensaje tras otro de personas que me preguntaban cómo era posible que Le Monde hubiese escrito aquello…

En la noche del 10 de octubre, cuando se declaró y suspendió la independencia, mi colega de Le Monde, Isabel Piquer, habló con algunos de los manifestantes concentrados ante el Parlament. Una mujer le dijo entonces que confiaba en Puigdemont porque el president había elegido una vía «parecida a la de Eslovenia». Lo sabía porque lo había visto en la televisión: «Ahora entiendo por qué TV3 ha hablado tanto de eso: ¡era para prepararnos!». Esta comparación resultaba atrevida, cuando no absurda. Es cierto que, en 1990, Eslovenia organizó un referéndum sin contar con el consentimiento de Belgrado y que después suspendió su independencia para negociar con el Estado yugoslavo. Pero Eslovenia no solo votó a favor del «sí» (que ganó por un noventa y cuatro por ciento, equivalente al ochenta y ocho por ciento del censo electoral, en un referéndum ilegal con un nivel de participación del noventa y tres por ciento), sino que, al cabo de seis meses, cuando ya había declarado la independencia de forma unilateral, se vio inmersa en una guerra de diez días (del 27 de junio al 6 de julio de 1991) en la que murieron decenas de personas.

La pésima cobertura de la crisis catalana que ha hecho TVE ha sido el principal argumento que han esgrimido los defensores de TV3. Como si una cosa justificara la otra. Es cierto que la cadena pública española, cuya línea editorial quedó bajo el control del PP ya en el arranque de la legislatura de Rajoy, resta importancia a las manifestaciones independentistas, exagera la representación de los constitucionalistas, no mostró las imágenes de las cargas policiales durante el referéndum del 1-O hasta que había pasado ya medio informativo y no invita a sus tertulias a los representantes del independentismo. En los cinco últimos años he escrito tres artículos sobre la falta de independencia de TVE y, especialmente, acerca del tratamiento parcial del conflicto catalán en sus informativos. Pero eso ha sido posible gracias a las durísimas críticas de sus empleados, a los que les preocupa enormemente que no se dé una cobertura adecuada. Es una actitud que casi no se encuentra entre los empleados de TV3 y de Catalunya Ràdio. En el caso de la televisión pública de Cataluña, además, la propaganda nacionalista va mucho más allá de los informativos, para ocupar multitud de debates y programas de entretenimiento, por no hablar de los documentales que presentan el independentismo como un combate heroico, una lucha legítima y un deseo claramente hegemónico en la región.

Dos realidades completamente antagónicas se impusieron en los medios de comunicación mucho antes de que la ruptura comenzara a consumarse.

PARTE CUARTA

LA ESCALADA DE LA TENSIÓN

Después del «proceso participativo» del 9 de noviembre de 2014, en el que votaron más de 2,2 millones de personas y que se saldó con un ochenta y uno por ciento favorable a la independencia de Cataluña, Artur Mas consideró que este resultado daba el derecho a organizar un referéndum de verdad, de carácter vinculante.

Para esquivar la oposición de Madrid y las sentencias del Tribunal Constitucional, Mas decidió convocar nuevamente elecciones anticipadas, que calificó de plebiscitarias: deberían servir como una especie de referéndum a favor o en contra de la independencia. Previamente, el president impuso una condición a ERC: que se integrara en una lista común junto con CDC y que él, Artur Mas, fuese el nuevo presidente de la Generalitat.

ERC intentó resistir durante largo tiempo el chantaje de una derecha nacionalista a la que despreciaba, y defendió la concurrencia por separado a las elecciones para evitar mezclarse con Convergència, un partido salpicado por la corrupción cuyo fundador, Jordi Pujol, acabó reconociendo que llevaba treinta y cuatro años cometiendo fraude fiscal, y en el que varios de sus dirigentes habían sido condenados por cobrar comisiones ilegales a grandes empresas a cambio de adjudicaciones de contratos. Pero, al final, el jefe de filas de Esquerra, Oriol Junqueras, al que todas las encuestas daban como ganador, cedió.

En cambio, CiU —que llevaba más de veintiséis años gobernando en Cataluña— saltó por los aires. Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió y hombre fuerte de la coalición en el Congreso de los Diputados, no estuvo de acuerdo con este viraje independentista, y menos aún con la secesión unilateral y la ruptura del marco legal español. Tampoco estaba dispuesto a aceptar una coalición con ERC, una formación a la que CiU siempre menospreció por considerarla un partido de nostálgicos de la República, ingenuo y utópico, con unas propuestas de política económica desastrosas y perjudiciales para los intereses de las empresas y de la burguesía.

Finalmente, CDC y ERC formaron una lista unitaria, Junts pel Sí, el «sí» a la independencia de Cataluña. Y prometieron que si JxSí conseguía la mayoría en las elecciones al Parlament que se celebrarían en septiembre de 2015, el flamante Gobierno catalán implantaría la República en un plazo de dieciocho meses.

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La CUP marca el ritmo

En la noche electoral del 27 de septiembre de 2015 había banderas ondeando al viento o cubriendo los hombros de los nacionalistas, que intentaban convencerse a sí mismos de que habían ganado. Pero de lo que más me acuerdo es del ambiente agridulce que se respiraba en la plaza del Born, en Barcelona. Los independentistas estaban seguros de que iban a obtener la mayoría absoluta. El resultado de aquellas elecciones fue una amarga victoria. Es cierto que JxSí y la CUP habían logrado la mayoría absoluta en el Parlament, con 72 de los 135 escaños. Pero en el «plebiscito» habían perdido. Con el 39,54 % que habían conseguido los primeros y el 8,20 % de los segundos, los partidarios de la independencia sumaban un 47,74 % de los votos. ¿Cómo iban a continuar por la vía unilateral si el proyecto de secesión contaba con el apoyo de menos de la mitad de la población catalana? Dos años más tarde, un diputado del PDeCAT en Madrid me confesó que, aquella noche, Artur Mas dudó. Que todo el partido dudó. Pero que la presión de las asociaciones independentistas era demasiado grande. Y, sobre todo, que estaban convencidos de que Madrid acabaría aceptando la negociación. Si Rajoy proponía un referéndum legal de autodeterminación, los nacionalistas estaban dispuestos a detenerlo todo. Así pues, siguieron adelante.

Para dar una apariencia de legitimidad a la independencia unilateral, los jefes de prensa se encargaron de repetirnos una y otra vez cómo teníamos que interpretar los resultados: no debíamos contar los votos de los diputados de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) —esta coalición de izquierdas era partidaria de un referéndum, pero no quería que se la computase ni dentro del «no» ni del «sí»—, y teníamos que considerar que la relación de fuerzas era favorable a los independentistas frente al 39,17 % del PSC, C’s y el PP.

Y siguieron adelante, sí, pero no ocurrió nada de lo que había previsto Artur Mas. Aunque el líder nacionalista estaba convencido de que se le agradecería su sacrificio y su determinación a favor de la causa independentista, recibió el veto de la CUP. Este pequeño partido antieuropeísta, anticapitalista, revolucionario, feminista, socialista y separatista no quiso saber nada de Mas, al que consideraba poco fiable y con un concepto del poder demasiado personalista.

¿Daría la CUP jaque mate al gran mesías de la independencia? A principios del mes de noviembre de 2015, hablé durante dos horas en un despacho del Parlament con tres diputados de esta formación: Anna Gabriel, Gabriela Serra y Albert Botran. Tres, porque esta formación, de carácter horizontal, rechaza la jerarquía y alterna a sus portavoces. Y durante dos horas, o sea, tiempo suficiente para recibir una clase magistral sobre el movimiento independentista revolucionario de extrema izquierda catalán, desde el antifranquismo hasta el terrorismo de Terra Lliure, desde el municipalismo hasta el independentismo, pasando por el feminismo, el anarquismo y el antifascismo. Aquello me permitió comprender también el desprecio de los miembros de esta formación hacia el sistema parlamentario, que los llevó a evitar la cámara autonómica hasta el año 2012. Pero ahora que había entrado en ella, este partido anticapitalista estaba decidido a demostrar su firme intención de marcar la agenda independentista.

Con una voz serena y dulce, que contrastaba con sus piercings, su flequillo a media frente y su camiseta con mensaje reivindicativo, una sonriente Anna Gabriel (nacida en 1975 y profesora de Derecho en la Universitat Autònoma de Barcelona) me aseguró en ese momento que la probabilidad de que cediesen ante CDC y votasen a favor de la investidura de Mas era, sencillamente, nula. No en vano, Artur Mas representaba la política de austeridad, daba voz a esa burguesía que era demasiado tímida como para llevar al extremo la desobediencia y simbolizaba al partido de la corrupción en Cataluña, Convergència. También descartaba volver a caer en las trampas que había tendido Jordi Pujol, quien aseguraba encarnar a Cataluña y había desarrollado un modelo personalista del poder.

Sin embargo, los nacionalistas, cegados por sus propias convicciones, creían firmemente que este partido de extrema izquierda acabaría cediendo en beneficio del «país», como antes que él había cedido ya ERC. Pero a la CUP no se la puede ganar por desgaste, como me explicó Gabriela Serra, de sesenta y tres años, procedente de la lucha antifranquista, anticapitalista e internacionalista y exmiembro de las Brigadas Internacionales de Paz en Guatemala. Serra me facilitó las claves históricas necesarias para entender que la CUP, un movimiento surgido en 1986 para coordinar las diferentes candidaturas municipales de la extrema izquierda independentista y extraparlamentaria —que engloba a anarquistas, okupas, feministas, antimilitaristas, internacionalistas y anticapitalistas, por citar solo unos pocos ejemplos—, no responde a lógicas de partido ni institucionales. Para los cupaires, como se conoce a los miembros de la CUP, no había duda de que, de todas formas, la independencia no se conseguiría en el Parlament, sino en las calles, a través de un proceso de emancipación del pueblo y una lucha neorrevolucionaria.

Después de dos meses de negociaciones con la CUP, a principios de enero de 2016 —en la víspera de la fecha límite prevista para presentar un candidato a la presidencia de la Generalitat y evitar así que se disolviera la cámara—, Artur Mas cedió: abandonó el Parlament para trabajar en la creación de un nuevo partido libre de corrupción, el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). Pero no ha digerido lo que ocurrió. Dos años más tarde, uno de sus colaboradores cercanos me aseguraba todavía que, cuando la República Catalana estuviese encauzada, «nos ocuparemos de la CUP…».

La formación anticapitalista aceptó refrendar a un personaje político desconocido, Carles Puigdemont, independentista convencido, alcalde de Girona y, por aquel entonces, presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI). El texto difundido entonces, que anunció «solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de República», dejaba claro que «esta cámara y el proceso de desconexión democrática […] no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional». La desobediencia se había colado en el Parlament.

15

La escalada

La maquinaria ya está en marcha y nada parece capaz de detenerla. Estamos en 2017 y, desde hace más de un año, los diputados independentistas trabajan de forma clandestina en la creación de «estructuras de Estado» embrionarias y en las «leyes de ruptura», que preparan en secreto para evitar que Madrid acabe con sus planes secesionistas. Sigo la cuestión catalana, pero desde una mayor distancia. Los nacionalistas, dejándose llevar por el entusiasmo, anuncian otro referéndum más. Ya es el tercero, si contamos las elecciones plebiscitarias. Aún albergan la esperanza de ganarse el favor de la comunidad internacional. Pero esta vez, aseguran, van en serio: prometen que la consulta será «vinculante».

Mientras proclaman que son ellos quienes representan la democracia, toman cada vez más atajos para saltarse las normas básicas de cualquier sistema democrático parlamentario, la Constitución española y el Reglament del Parlament. Actúan como si la mayoría absoluta con la que cuentan en la cámara catalana les otorgase todos los derechos, a pesar de que para las reformas más importantes, las que afectan por ejemplo a la ley electoral, es imprescindible recabar el apoyo de los dos tercios de este órgano, votan una modificación de su Reglament para poder aprobar leyes en menos de veinticuatro horas, lo que en la práctica supone silenciar a la oposición, que se ve privada así de cualquier posibilidad de interponer un recurso ante el Consell de Garanties Estatutàries —el órgano catalán «que vela por la adecuación de las normas con rango de ley del Govern y del Parlament al Estatut y a la Constitución»— o de examinar los textos en profundidad para proponer enmiendas.

El diálogo entre Madrid y Barcelona se ha roto por completo. La última reunión que mantuvieron Rajoy y Puigdemont, durante un almuerzo en el mes de enero, acabó fatal. Puigdemont no quiere renunciar al referéndum. Y Rajoy no está dispuesto a ceder en este punto. Un colaborador del president me confirma que el tiempo del «pacto fiscal» ya ha terminado.

En julio de 2017, quienes aún confiaban en que los nacionalistas moderados lograrían frenar la escalada pierden cualquier esperanza: son esos nacionalistas, precisamente, los que abandonan el barco. Puigdemont destituye a los más tibios, a los que plantean dudas sobre el sentido que tiene convocar un referéndum unilateral y a los que expresan su temor de acabar en prisión o ser condenados a pagar una sanción económica. A todos los que comparten esos recelos, les pide que hagan las maletas, si es que no lo han hecho ya motu proprio. Cuatro consellers quedan relevados de sus funciones. Lo mismo ocurre con el Secretari del Govern y con varios directores generales, como el de los Mossos d’Esquadra. Todos ellos son sustituidos por independentistas radicales. Un diplomático francés con el que hablo me confiesa estar preocupado porque ha perdido los pocos contactos con dirigentes moderados dentro de la Generalitat que le quedaban aún. Los consellers que permanecen y los recién llegados saben que van a saltarse las leyes españolas. Es evidente que están dispuestos a asumir las consecuencias penales de la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre, ya que Rajoy no deja de repetir que piensa utilizar todos los medios legales existentes para impedir que se celebre.

El nuevo portavoz del Govern, Jordi Turull, para el que la preparación de la consulta «no será un problema, sino un honor», confirma que habrá votación y que, en caso de que gane el «sí» —e independientemente del porcentaje de participación—, se declarará unilateralmente la independencia.

Los días 6 y 7 de septiembre, en un ambiente terriblemente tenso, se aprueba la Ley 19/2017 del referéndum de autodeterminación, que pretende prevalecer sobre la legislación española y servir de marco jurídico para la votación que el Govern catalán prevé organizar el 1 de octubre siguiente. Para que Madrid no pueda impedir esta consulta, el proyecto de ley, elaborado en secreto, se incluye en el debate parlamentario en el último minuto, después de que los independentistas soliciten modificar el orden del día de la sesión. Se ignoran los recursos presentados ante el Consell de Garanties Estatutàries. También se hace caso omiso de las advertencias del secretario general del Parlament, Xavier Muro, que avisa de que el texto es contrario a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Los diputados no independentistas carecen de tiempo para examinar el texto y proponer enmiendas. La ley se votará por la vía de urgencia, con lectura única. Después de once horas de debate, el texto consigue el voto favorable de los 72 diputados independentistas (de 135 escaños en total). Previamente, los diputados del PSC, de C’s y del PP abandonan el hemiciclo, en señal de protesta, indignados por los atajos que se están tomando en las normas democráticas. Joan Coscubiela, diputado ecologista de Catalunya Sí que es Pot, cercano a los Comuns, que defiende la organización de un referéndum de independencia —siempre y cuando sea legal, se pacte con Madrid y cuente con todas las garantías necesarias—, protesta en la tribuna contra una «actuación antidemocrática […] sin precedentes» y un «procedimiento “bucanero”». «¡Esto no es democracia, esto tiene otro nombre!», afirma.

Poco antes de la medianoche, el Govern al completo firma el decreto de convocatoria oficial del referéndum. «Nadie tiene la autoridad ni el poder para confiscarnos el derecho a decidir», concluye Carles Puigdemont.

Rajoy lleva inmediatamente el caso ante el Tribunal Constitucional. La Fiscalía presenta una querella contra todos los consellers por «desobediencia».

16

De la Diada a la víspera del referéndum

El 11 de septiembre me instalo en Barcelona. Todavía no sé por cuántos días. No tengo billete de vuelta. El desenlace de estos cinco años de tensiones políticas parece estar cerca. Mi primer cometido es cubrir la Diada de este 2017, que se celebra como de costumbre: sin incidentes, en un ambiente festivo, aunque, eso sí, con más comentarios hostiles y antiespañoles de lo habitual. En esta ocasión, la consigna que vuelve con fuerza es la de la desobediencia: «Si las mujeres no hubiesen luchado contra las leyes en vigor, no habrían conquistado el derecho a votar», me asegura una química de cincuenta años. Al final de la manifestación, entrevisto a Jordi Sànchez, el presidente de la ANC, que asegura contar con «la fuerza de la gente» y con «la capacidad de movilizarla» y que no piensan «acatar sentencias que impiden que las urnas hablen».

Tres días después, el martes 14, me dirijo al mitin de apertura de campaña en Tarragona, sin saber si la policía evitará que se celebre. En la puerta, los independentistas, imbuidos de entusiasmo y despreocupación, cantan «¿Dónde están las papeletas?», refiriéndose así con ironía al hecho de que los agentes españoles no las hayan encontrado. Como si en realidad todo esto no fuera más que un juego de la caza del tesoro en el que estuvieran retando a Madrid. Carles Puigdemont recibe a Neus Lloveras —alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, presidenta de la AMI desde enero de 2016 y a la que la Justicia está investigando— con un sonoro «¡Bienvenida al club de los imputados!». A continuación, los independentistas cambian de registro para criticar con grandilocuencia el «neofranquismo» que impera en España…

El día 15, entrevisto a Ada Colau. La alcaldesa aboga por que se retome el diálogo entre Madrid y Barcelona. Su posición, sin embargo, es confusa. Apoya el referéndum, pero se opone a una posible declaración unilateral de independencia (DUI) si finalmente gana el «sí». Defender ambos postulados parece contradictorio, considerando que el Gobierno catalán no deja de repetir que el resultado del referéndum será vinculante. Sin embargo, Colau se muestra convencida de que el Govern «entenderá que no puede gestionar el resultado de una forma que solo contente a la parte independentista». Como si reconociera que todo esto no es más que una farsa, me sugiere que los independentistas no llegarán hasta el final, a pesar de sus declaraciones públicas y de la sucesión actual de acontecimientos.

Esa misma noche asisto a un discurso de Mariano Rajoy, que ha venido a Barcelona para dar un puñetazo en la mesa: advierte a los independentistas de que no deben «subestimar la fuerza de la democracia española» y asegura que el referéndum no se celebrará. Pero se trata de un discurso pronunciado ante unas decenas de militantes, en una pequeña sala de reuniones de un hotel de las afueras, al final de un largo muelle cuya entrada está protegida por furgonetas de policía… La imagen lo dice todo. Rajoy actúa como el jefe de un partido, no como el jefe de Gobierno español, como si solo hablara para los que le votan.

Al día siguiente, sábado 16, me acerco a la plaza de Sant Jaume, en la que miles de manifestantes rinden homenaje a los 712 alcaldes catalanes a los que los jueces han citado para que expliquen cómo han colaborado con el referéndum. El ambiente es eléctrico, eufórico. A mi lado, Eulalia, una mujer de unos cincuenta años, se deja llevar por el entusiasmo: «¡Honores y gloria a los alcaldes! Son unos valientes. ¡Y nosotros también lo seremos!». Por casualidad, me cruzo con el director del Museu Etnològic y del Museu de Cultures del Món, Josep Fornés, quien me dice que los catalanes han hecho todo lo posible para reformar España, pero que este país es un caso perdido: «Nosotros nos vamos. Completaremos la transición democrática, terminaremos lo que empezaron nuestros padres y proclamaremos la república». En la plaza, entre el Ajuntament y el Palau de la Generalitat, edificios situados uno frente a otro, se ha despejado un pasillo entre la gente. Por él avanzan los alcaldes, con su bastón de mando, el símbolo de su autoridad, entre los aplausos de la multitud. Algunos se paran, estrechan manos, levantan los brazos como si fueran ya héroes. Los mártires de la independencia.

El Gobierno español parece incapaz de poner freno a este fervor. Se contenta con anunciar que, de cara a la consulta ilegal, se requisarán los folletos y demás material de propaganda, y también las papeletas, y que la policía está impidiendo que se distribuya el correo electoral y acudiendo a las imprentas. No hay duda de que la votación no podrá considerarse un referéndum en regla, ya que carecerá de las garantías mínimas. Pero para los manifestantes eso apenas tiene importancia. Ya se sienten independientes, porque las autoridades catalanas han decidido liberarse de las ataduras de las leyes españolas.

En medio de este extraño ambiente, en el que cada golpe que se asesta a la organización del referéndum o cada nueva citación judicial sirven para unir aún más a los independentistas, llega el 20 de septiembre. Se producen los primeros registros en las instituciones catalanas y las primeras detenciones de altos cargos de la Generalitat para someterlos a interrogatorio. Rápidamente, una masa de manifestantes consigue bloquear la sede del Departament d’Economia catalán, en la que tiene lugar un importante registro. Paso por delante, entrevisto a varias personas en el Passeig de Gràcia y me dirijo a la sede de la CUP, en la calle Casp, donde otros manifestantes están intentando impedir que la Policía Nacional también la registre. Gritan «¡fuera las fuerzas de ocupación!», mientras aplauden, y «la calle siempre será nuestra». Están sentados en el suelo, en mitad de la calzada. Hay policías en los dos extremos de la calle, pero no se mueven. Y así pasan las horas. Intento abrirme paso para acercarme lo máximo posible a la entrada del edificio. Me veo obligada a saltar por encima de los jóvenes, que, sentados en corro sobre el asfalto, forman pequeños grupos. El humo de la marihuana perfuma el ambiente. Elijo a uno de esos grupos al azar y me aproximo. Me presento y le pido a un joven que me explique cuáles son las reivindicaciones de los manifestantes. «Bueno, que responda mejor la María. ¿Dónde se ha metido la María?», pregunta a su alrededor. Y su pregunta empieza a circular. Finalmente, los jóvenes se apartan y «la María» aparece ante mí. Le pido que me indique su nombre completo y su edad. «Maria Batlló, veintinueve años», responde. Le pregunto entonces si tiene algo que ver con la Casa Batlló y me contesta que, en efecto, el edificio perteneció a sus antepasados, ricos industriales textiles. Esto confirmaría las estadísticas que señalan que los electores de la CUP pertenecen fundamentalmente a las clases medias y altas. «Estamos dispuestos a todo para acabar con esta falsa democracia, haremos lo que nos pidan las instituciones catalanas y nos manifestaremos hasta que Cataluña sea independiente», me adelanta, sin renunciar a poner un toque de romanticismo a su discurso: «Si la policía intenta impedir que votemos, les daremos claveles…». Decididamente, a los manifestantes les encanta apropiarse de las referencias históricas para situarse en el bando de los combatientes del fascismo o la dictadura.

Después de varias entrevistas, me marcho para dirigirme al Departament d’Economia de la Generalitat. Por el camino, me cruzo con el portavoz de ERC en el Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, que viene acompañado de Xavier Trias, antiguo alcalde nacionalista (por CDC) de la ciudad. Ellos también están saliendo de la sede de la CUP. Me sorprende. Ya tuve ocasión de entrevistar a Trias en la época en la que fue alcalde. Se trata de un político tradicional, representante de la burguesía y de los intereses económicos catalanes, pragmático y eficaz en el control del presupuesto. En definitiva, la antítesis de la CUP. Le pregunto qué opina acerca de lo que está sucediendo. Visiblemente furioso, me responde con una sola frase, sin dejar de caminar: «Somos mercaderes, pero no somos sumisos». Vuelvo al hotel justo para ver a Rajoy hacer una declaración institucional con un enfado visible que le es poco común. Avisa de que la Generalitat está a tiempo de recular para evitar «males mayores».

Salgo a cenar. La noche cae y los manifestantes siguen sin moverse. Veo cómo pasan tractores —que vienen a apoyar la campaña catalana— por el centro de Barcelona.

No sé si es la falta de sueño la que me está provocando alucinaciones…

17

Puigdemont:
«Todos nosotros estamos preparados»

Al día siguiente, 21 de septiembre, entrevisto a Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat. Me asegura que no piensa renunciar al referéndum. Reina un ambiente cargado, asfixiante. El presidente catalán tiene aspecto agotado, serio, apagado. ¿Se imaginaba que las cosas llegarían a este punto? ¿No teme que la votación desencadene la violencia?

Un año antes, le había entrevistado junto con otros corresponsales en un ambiente muy distinto. Estaba relajado, confiado en que le ganaría el pulso a Rajoy.

Era marzo de 2016 y nos interesaba su posible disposición a apoyar la investidura de uno de los candidatos a la presidencia del Gobierno en Madrid. España sufría entonces un bloqueo político que le impedía formar un nuevo Ejecutivo, pero solo estaba dispuesto a apoyar a un candidato que se «comprometiera a celebrar un referéndum». Cuando le preguntamos si no podría conformarse con la proposición del PSOE de reformar la Constitución y el Estatut, y someter esa reforma a un referéndum, su respuesta fue tajante: «Es muy sorprendente esa capacidad de proponer, desde Madrid, cosas que nadie pide ni espera». Y zanjó el tema con una frase: «No vamos a esperar cinco o diez años más».

Se felicitaba por el interés que suscitaba el procés entre los embajadores extranjeros, que le visitaban «uno tras otro», nos decía. Estaba convencido de que la UE se iba a «adaptar» a la independencia.

Un año después, se le ve mucho más preocupado. La ausencia de apoyo europeo es clara. Se avecina un choque y ya no está tan convencido de ganar la batalla.

Puigdemont me asegura que preveía «una reacción dura por parte del Estado español. Pero lo que no esperábamos es que fuese a aplicar el estado de excepción y a suspender la autonomía». Califica la acción del Gobierno español como «propia de un Estado totalitario». Quiere hundir la reputación de Rajoy en Europa radicalizando su discurso. En este momento, ningún dirigente independentista está en la cárcel y el referéndum del 1-O y la respuesta policial que lo acompañó aún no han tenido lugar. Lo que motiva sus acusaciones es que el Ministerio de Economía haya decidido tutelar las finanzas catalanas, que la Justicia haya ordenado abrir los sobres para interceptar las tarjetas de los electores y las convocatorias de los presidentes de las mesas y prohibido los anuncios electorales en los medios de comunicación, y que la policía haya interrogado a funcionarios y empresarios. Cuando le pregunto a Puigdemont qué piensa hacer si las fuerzas del orden bloquean la entrada a los colegios electorales, me responde que su «determinación está clara. La del pueblo de Cataluña, también. Queremos votar y vamos a votar y a aplicar el resultado».

El president está convencido de que les «ampara el derecho internacional» y también de que no se podrá expulsar a Cataluña de la Unión Europea. Me expone su teoría. Según él, solo hay dos escenarios posibles: que, tras el referéndum, España reconozca la independencia, lo cual querrá decir que habrá habido negociaciones, con lo que la cuestión de la permanencia en la UE habrá quedado zanjada, pues es prioritaria; o bien que no la reconozca, en cuyo caso no ocurriría nada: «Estaremos en un país habitado por siete millones y medio de ciudadanos europeos». Y concluye que, «sea cual sea el escenario, se mantendrá la normalidad europea». Le pregunto qué sentido tiene proclamar la independencia si él mismo reconoce que probablemente no surtirá ningún efecto. Despeja mis dudas asegurándome que «los precedentes demuestran que la UE se adaptará a la realidad, aunque no le guste». Sus respuestas siguen una lógica peculiar porque juega a dos bandas al mismo tiempo: la real y la simbólica. Termino preguntándole si teme que le detengan. Me contesta que eso es algo que confirmaría las «derivas autoritarias» de Madrid, pero, mirándome a los ojos, me asegura: «Todos nosotros estamos preparados para ello».

Una vez concluida la entrevista, me hace su diagnóstico acerca de la actual situación política. Está seguro de que «Rajoy ya no manda en Madrid» y de que quienes de verdad llevan las riendas en la Moncloa son «José María Aznar y Soraya Sáenz de Santamaría», a lo cual no le veo ningún sentido, porque las relaciones entre estos últimos son pésimas. Pero seguramente se trata de una estrategia para hacerme creer que es la derecha dura la que ha tomado el timón en el Gobierno central. Después, añade otra reflexión que refleja su determinación de llegar hasta el final: «Estamos convencidos de que podemos hacer caer a Rajoy». Para él, esto es un duelo y está decidido a vencer.

PARTE QUINTA

CRÓNICA DE UN CHOQUE ANUNCIADO

«El Estado no controla el territorio.» La última semana de septiembre recibo este mensaje de la Generalitat y de partidos independentistas, tanto de viva voz como a través de WhatsApp, de manera directa o indirecta. En la práctica, Cataluña sería ya irrecuperable, fuera de control, libre. Para los independentistas, lo que importa del referéndum no es tanto su resultado —que ya se conoce, dado que en esta votación prácticamente no van a participar los partidarios del «no»— como el mensaje que se enviará a Madrid y a los catalanes: España ha perdido Cataluña, el pueblo unido es más fuerte que las leyes, la determinación de los catalanes es imparable, el Estado no puede hacer nada para evitar la independencia…, entre otras conclusiones épicas acerca de la «liberación del pueblo catalán».

Mientras tanto, Mariano Rajoy y sus ministros repiten hasta la saciedad que el referéndum no se va a celebrar, que no habrá urnas ni se verán filas de votantes ante los edificios públicos, que «ni siquiera será una reedición del 9-N», de la «consulta popular» del 9 de noviembre de 2014. Es lo único que se nos asegura en las reuniones off the record con los corresponsales extranjeros, que se hacen más y más frecuentes a medida que se acerca la fatídica fecha del 1-O. Están en juego la autoridad, la fuerza y la credibilidad del Estado. Y los independentistas lo saben. Si demuestran que las amenazas no surten ningún efecto, habrán logrado una enorme victoria. Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña, me contó que el 28 de septiembre, durante una reunión de la Junta de Seguridad con las autoridades catalanas, presentó una última propuesta para intentar evitar que al final ocurriese lo peor. Ofreció entonces mantener cerrados los colegios electorales, pero que quienes así lo desearan pudiesen votar en las calles, en las plazas, en las sedes de la ANC y de Òmnium o en locales privados. «De este modo, ellos podrían decir que habían votado y yo podría decir que no había habido un referéndum», concluye. La respuesta de Puigdemont fue rotunda: «Haremos lo que hemos venido a hacer».

A pesar de la confiscación de las tarjetas censales, de la interceptación de las convocatorias de los presidentes de las mesas por parte de la policía, de la disolución de la comisión electoral y, en definitiva, de la ausencia de garantías mínimas, todo está listo para que la votación parezca un verdadero referéndum de autodeterminación. «Si a las diez de la mañana las primeras imágenes muestran que la gente puede votar tranquilamente, habremos ganado, porque eso animará a otras personas a acudir también a las urnas. Después, lo único que tendremos que hacer es demostrar poco a poco que controlamos todo el territorio», me explicaba, dos días antes de la votación, Alfred Bosch.

18

Una performance de desobediencia masiva

Viernes, 29 de septiembre

La convocatoria del 1 de octubre no es un referéndum serio sobre la independencia: no reúne ninguno de los requisitos necesarios (no tiene comisión electoral, no se ha garantizado la neutralidad por parte de la Administración…) y, sobre todo, los partidos «constitucionalistas» —PSOE, PP y Ciudadanos— han llamado a la gente a boicotear esta votación ilegal y sin garantías. Se trata, fundamentalmente, de una performance de desobediencia civil masiva.

Una vez más, sus participantes están a la altura de las expectativas de las asociaciones independentistas y de los Comitès de Defensa del Referèndum (CDR), impulsados sobre todo por la CUP. Desde el viernes 29 de septiembre por la noche, padres de escolares, voluntarios neófitos y activistas veteranos ocupan los colegios de toda la comunidad autónoma para evitar que la policía cierre estos lugares designados para depositar el voto.

La escuela Fort Pienc, situada en el distrito del Eixample y cerca de la barcelonesa Estación del Norte, que elijo al azar, está repleta de gente en esta noche de viernes. En cuanto entro en este bonito centro, luminoso, amplio y moderno, me cruzo con una responsable del centro, que, para evitar problemas con la Justicia o sanciones administrativas, se apresura a explicarme que ella no es la responsable de lo que ocurra en el lugar. Le pregunto si el colegio ha decidido tomar partido políticamente. Con voz convencida, me responde: «Defendemos la democracia». Después, se esfuma.

Me acerco a la puerta del comedor escolar, donde decenas de niños juegan, sentados en el suelo, bajo la mirada vigilante de varios padres. Al fondo de la sala, una joven de pelo negro rapado, grandes pendientes de aro en las orejas, minifalda y una ancha camiseta de tirantes que deja a la vista su sujetador está sentada, indolentemente, sobre una mesa. La rodean unos cuarenta padres, algunos de pie, otros sentados en el suelo, con las piernas cruzadas. La chica, conocida por muchos de los padres de los escolares, trabajó en el colegio como asistente interina de educación infantil y es miembro del CDR del barrio. Da instrucciones sobre cómo «oponer resistencia pacífica» si llega la policía. Explica el objetivo, que no es otro que impedir que se precinten las puertas hasta que el domingo por la mañana otros activistas, que están trabajando en secreto para que el referéndum salga bien, traigan las urnas. Propone que quienes se han apuntado a dormir en el gimnasio hagan turnos de vigilancia por la noche…

Los padres parecen haber vuelto a la adolescencia. Se preparan para desafiar a las leyes y a la policía como si se tratase de un juego. Van a violar una prohibición, como forajidos. En el lugar reina un espíritu de comunidad: es como si todos ellos pertenecieran a una gran familia, como si fueran hermanos o miembros de una misma banda. Se aprietan unos contra otros, cómplices y solidarios, en el entusiasmo de la preparación de la batalla. Apenas se conocen, pero forman parte del mismo bando, de una fraternidad independentista. Y, por si fuera poco, tienen la certeza de estar en lo verdadero, en lo justo, en lo correcto: en la defensa de la democracia. Y también la certeza de estar pasando a la Historia, en mayúsculas: «Vamos a conseguir que todos los catalanes puedan votar», me asegura uno de los padres, con el tono propio de alguien que se siente investido de una responsabilidad ante sus semejantes. Después de tantos años de discursos épicos y arranques líricos, la sociedad está henchida de romanticismo. Algunos asistentes, de unos cuarenta años, sentados en el suelo, tienen una sonrisa de oreja a oreja; otros, concentrados, se toman su papel muy en serio. Hablo con varios de ellos. Una madre soltera me explica que piensa pasar la noche aquí, junto con su hijo, de cinco años, al que lleva de la mano. Unos días más tarde volveré a encontrármela, por casualidad, en el Parlament: aunque me contó que era editora, en realidad trabaja en la biblioteca de esta cámara. Un padre de familia, con su hijo en brazos, me asegura que, si la policía viene, no opondrá resistencia, ni siquiera esa que se califica de pacífica. «Explicaré mi punto de vista y me iré, porque quiero que mi hijo sepa que hay que respetar las leyes y la autoridad de la policía», me cuenta, admitiendo lo contradictorio de su postura.

He cubierto suficientes iniciativas de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) —la asociación por el derecho a una vivienda digna que encumbró a Ada Colau, aunque luego rompió con ella— para saber qué quiere decir en realidad «resistencia pacífica» y cuáles son las consecuencias de obstaculizar la acción de la Justicia y las fuerzas de policía: gente arrastrada por los suelos, golpes de porra… Me voy de allí, preocupada.

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La «gran noche» de los revolucionarios

Sábado, 30 de septiembre

Al día siguiente me levanto a las seis de la mañana para terminar mi artículo sobre la ocupación de los colegios. Le Monde es un periódico vespertino: llega a los quioscos a mediodía y cierra la edición a las diez y media de la mañana. Por eso, tenemos que enviar los textos hacia las ocho de la mañana o, mejor aún, la noche anterior, para que el equipo que se encuentra en Los Ángeles los revise para la edición matinal en internet («La Matinale»). Trabajo a toda prisa, porque hoy, sábado 30 de septiembre, víspera del referéndum, estoy invitada a un desayuno off the record que la CUP ha organizado para un grupo de corresponsales extranjeros. Somos pocos: unos diez. El diputado cupaire Carles Riera nos recibe, acompañado de dos personas de su gabinete de comunicación, en Terra d’Escudella, un bar autogestionado como una cooperativa en el barrio de Sants, cuyas paredes están decoradas con motivos comunistas (incluido un cuadro con una hoz y un martillo ensangrentados que me deja perpleja). El lugar es original. La reunión, decepcionante. Han mezclado a corresponsales, es decir, periodistas que viven permanentemente en España y que, en muchos casos, llevan años cubriendo la situación catalana, y a enviados especiales, o sea, profesionales que acaban de llegar de sus países y están empezando a descubrir la problemática. Y nos hacen un resumen de la historia reciente de Cataluña desde la perspectiva de la CUP, sentados en torno a un desayuno pantagruélico, a base de embutidos catalanes y pan con tomate.

Estamos ya muy cerca de ese alzamiento revolucionario que la CUP está esperando desde que echó a Mas y puso a Puigdemont al frente de Cataluña. Los cupaires sienten que han ganado ya al haber llevado a los políticos tradicionales a su terreno: el de la desobediencia. El referéndum es la «confrontación democrática» que tanto han deseado en los últimos meses. Por eso, precisamente, Carles Riera quiere hablar con nosotros. Para la CUP es importante transmitirnos la idea de que el movimiento independentista no es un asunto solo de la derecha liberal catalana y de la izquierda republicana, sino también de un movimiento de extrema izquierda cuyo objetivo es la emancipación, la afirmación y la autogestión del «pueblo catalán». Un movimiento que se burla del pacto fiscal y que llama a «la fraternidad con todos los pueblos de España». La CUP quiere que se destruya «el Estado», que las élites económicas catalanas queden supeditadas al pueblo, que se ponga fin a la lógica capitalista y que Cataluña abandone la Unión Europea. Aspira a construir una república que abolirá las fronteras para recibir a los refugiados y migrantes que están buscando una tierra de acogida… Una corresponsal interrumpe a Carles Riera y le señala la contradicción que supone desear un Estado independiente cuando se es, como en el caso de la CUP, una formación anarquista. Riera da largas a la pregunta. No es la única contradicción de este movimiento independentista de extrema izquierda. La lucha identitaria ha acabado asfixiando la lucha de clases, ha apagado el movimiento obrero, ha sustituido a las movilizaciones sociales contra la austeridad, que tan intensas fueron en 2011. Ellos lo saben. Están convencidos incluso de que la derecha catalana se ha lanzado a este viraje independentista por oportunismo, por mero instinto de supervivencia política, para mantenerse en el poder, salvaguardar los intereses de la burguesía y desviar la atención de sus casos de corrupción. Pero la CUP cree que el pueblo, movilizado, está tomando el control del movimiento independentista y que la organización de un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional así lo demostrará. Esta es la oportunidad de poner en práctica esa desobediencia masiva sobre la que la formación ha teorizado desde siempre, esa resistencia frente a las fuerzas del orden, el desafío a la autoridad, la negación del Estado. Se trata, en definitiva, de la revolución… Y Carles Riera nos explica que será un proceso largo. Nos vamos, no sin antes intentar averiguar dónde están las urnas, que nadie ha conseguido encontrar a pesar de las decenas de registros que se han realizado en los últimos días. En vano. Riera sonríe, orgulloso de ese anticipo de la humillación que pretenden infligir al Estado.

Decido tomarme la tarde libre. Le Monde no se publica los domingos, y yo necesito recargar baterías antes de la dura jornada que me espera mañana. Además, y por encima de todo, quiero aprovechar estas pocas horas de descanso para visitar a una amiga catalana que ha dado a luz hace unos días en una clínica privada de Barcelona. La llamo para preguntarle la dirección y el número de habitación y salgo para allá inmediatamente. Bajo el brazo, llevo una carpeta negra con el logotipo de la CUP en una esquina. En ella, varios documentos que me acaban de entregar.

En la planta baja de la clínica, veo una tiendecita y decido hacer una parada en ella para buscar un detalle para la mamá. Tras la caja se encuentra la dependienta, muy atareada. Está sacando la mercancía y colocándola en los expositores. Mientras tanto, yo busco el regalo para mi amiga. Encuentro un bonito collar de bisutería. Me acerco a pagarlo. Para poder sacar la cartera del bolso, dejo la carpeta de la CUP sobre el mostrador. De repente, el rostro ojeroso y apagado de la dependienta se ilumina. La mujer, de unos cincuenta años, con una sonrisa cómplice dibujada en los labios, se inclina hacia mí y, en voz baja, con un tono confidencial, me susurra: «Psss… ¿Qué novedades tenéis?».

Me quedo ojiplática. En ese momento, no consigo comprender a qué se refiere. Viendo mi perplejidad, insiste, otra vez en tono confidencial, como si fuésemos agentes secretas vestidas de paisano: «Yo también estoy en esto —me dice, señalando la carpeta de la CUP con un movimiento de la barbilla—. A las tres de la tarde termino de trabajar y voy a recoger a mi hija al CDR del barrio para prepararlo todo para mañana». Y añade, bajando aún más la voz: «Aquí hay que ser discretas, estamos en territorio comanche».

La escena, surrealista, tiene su gracia. Podría mentirle o, sencillamente, asentir con la cabeza, pero prefiero explicarle que no soy miembro de la CUP, sino periodista. Aprovecho para preguntarle por qué habla de un «territorio comanche», si en realidad buena parte de la burguesía catalana apoya la independencia. Me responde que la gente que suele ir a la clínica no quiere líos: nada de desobedecer, de proclamar unilateralmente la independencia o de correr el riesgo de asustar a las empresas y salirse de la Unión Europea. «Es mejor pasar desapercibidos», concluye. Justo cuando estoy a punto de marcharme, me suelta una última frase, que me deja pensativa: «Explique bien en su país lo que está pasando aquí». Me sonríe, con una expresión alegre. Rejuvenecida.

En la habitación de mi amiga, el ambiente es muy distinto. Ella está en contra de la independencia y sigue con angustia el devenir de los acontecimientos. Le saca de quicio que los independentistas aseguren hablar en nombre del «pueblo catalán». También le exaspera el nacionalismo antiespañol, basado en un sentimiento de superioridad moral e intelectual, que ve a su alrededor. Pero no se atreve a expresar su opinión en público. No quiere ser tachada de facha ni entrar en debates con sus amigos independentistas. Tampoco piensa participar en una manifestación en defensa de la unidad de España. No se ve desfilando con una bandera, sea la que sea.

No le gusta el debate identitario. Me comenta que lo está pasando muy mal porque oye a su alrededor comentarios cada vez más cargados de odio y se siente silenciada por la presión del ambiente, las banderas en las fachadas que dan la sensación de unanimidad, el proselitismo de los independentistas, su confianza de ser los «buenos» de la película.

20

El 1-O.
Y pasó lo que se temía que iba a pasar

Todo está ya listo para el referéndum ilegal y de alto riesgo. En los días previos, algunos integrantes de las filas independentistas han intentado convencer a Puigdemont de que debe renunciar a convocarlo. Así me lo aseguró más adelante un representante del PDeCAT en el Congreso de los Diputados que temía que la votación desencadenara la violencia.

El 1 de octubre, en cuanto me levanto, me acerco al colegio electoral de Fort Pienc. ¿Qué va a pasar? Todo me parece posible. La orden judicial que exige a los policías requisar las urnas establece que la operación no debe alterar la «paz social», lo cual deja un margen muy amplio para la interpretación. En cualquier caso, me parece evidente que los seis mil policías desplegados sobre el terreno desde mediados de septiembre no van a seguir limitándose a actuar como meros figurantes, ya que es obvio que su presencia no ha tenido ningún efecto disuasorio.

Cuando llego al colegio, hacia las ocho de la mañana, me encuentro con una cola larguísima que da la vuelta al edificio. El centro todavía no ha abierto, pero muchas personas han venido a las cinco de la mañana para disuadir a los agentes de intervenir. Los padres, encerrados en la escuela con las urnas —que han llegado, apenas un poco antes, en el coche de un activista anónimo—, bloquean las puertas desde el interior. Hablo con varias personas. Algunas exponen con serenidad sus argumentos a favor de la independencia. Otras expresan sin tapujos su odio hacia España. Hay quienes se limitan a invocar la necesidad de que triunfe la democracia.

Isabel, de sesenta y siete años, ha venido a las cinco de la mañana para «defender el derecho a votar» y crear «una nueva república». Se muestra convencida de que, a pesar de la falta de garantías legales y de que no van a participar los partidarios del «no», hay que «aplicar el resultado».

Jaume, un educador social de cincuenta y tres años, pasa por las filas de gente en busca de voluntarios para constituir las mesas electorales. «Espero que podamos empezar el proceso para decretar la independencia y construir un nuevo modelo de sociedad», me explica, sonriente. Le pregunto qué cree que cambiará en su vida cotidiana si se consigue la independencia. Titubea. «Eeeeh…», pide disculpas, se da media vuelta y se marcha. Empiezo a estar ya acostumbrada a estas reacciones.

Después de comprobar que no hay policía en los alrededores, salvo dos mossos que charlan apoyados contra una pared frente al colegio sin prestar atención a la multitud, decido irme a otros colegios electorales. Antes me han invitado a participar a las nueve de la mañana en el programa A vivir que son dos días, de la Cadena SER. Llego tarde a la emisora, que se encuentra en la calle Casp, pero ya había avisado a la productora de que mi prioridad era cubrir la votación. De hecho, cuando entro en el estudio —en el que están ya los corresponsales Raphael Minder, del New York Times, y Hans-Günter Kellner, de la radio alemana Deutschlandfunk— y veo en las pantallas las primeras imágenes de las cargas policiales, doy media vuelta y me marcho. La violencia de esos vídeos contrasta con la tranquilidad que reinaba en el colegio Fort Pienc. Le explico a la productora del programa que, dadas las circunstancias, tengo que acudir inmediatamente al lugar de la noticia. Aun pensando que podía haber intervención policial, no me esperaba estas imágenes tan chocantes.

A menos de cien metros de allí, delante del colegio Sagrat Cor de Jesús, en la misma calle Casp, la gente hace cola para votar, pero se queja de que se están produciendo fallos informáticos. El Gobierno español ha anunciado que ha desactivado el sistema informático de recuento, pero la Generalitat está trabajando sin descanso para repararlo. Sigo mi camino y llego al instituto Jaume Balmes, cuatrocientos metros más allá, en la calle Pau Claris. Ante la puerta de entrada y también en el interior, varias decenas de personas charlan en pequeños corros. Se sienten decepcionadas. La policía acaba de llevarse las urnas. Uno de los organizadores, Xavier, profesor de este instituto, tiene los ojos rojos y aspecto abatido. «Entre cien y trescientas personas hemos estado encerradas en este centro desde el viernes para impedir que la policía lo cierre y para garantizar que se pudiese votar —me cuenta—. Hemos organizado un torneo de voleibol, sesiones de cine, bailes, conciertos con los alumnos del conservatorio de al lado… Pero esta mañana, sobre las ocho y media, la Policía Nacional ha venido y se ha abierto paso por la fuerza entre la multitud de personas que estaban a uno y otro lado de las puertas. Las han arrastrado por el suelo. Hemos puesto las manos en alto, pero nos han empujado y han herido a dos jóvenes. Me siento indignado y atacado. Este país no entiende la realidad catalana». Junto a él, un asesor de ERC, más pragmático, me confiesa que, «en el fondo, prefiero que hayan venido antes de que la gente empiece a votar; habría sido peor tirar las papeletas a la basura». De repente, una berlina negra se detiene ante la puerta del centro. De ella descienden dos eurodiputados, invitados como observadores internacionales. Consigo entrevistar al danés Pelle Dragsted, de la Alianza Roja y Verde (Enhedslisten), una formación ecologista de extrema izquierda. Me reconoce que, en vista de las condiciones en las que se está votando, «el resultado no será, seguramente, ni claro ni válido», pero defiende «el derecho a la autodeterminación» y considera que este ejercicio tal vez sea necesario para «demostrar que la gente quiere votar» y forzar así a Madrid a un diálogo. Y concluye que «es evidente que resulta imposible celebrar un referéndum de forma unilateral».

Al salir, veo a Diego Torres, un compañero de la página web Politico.eu, que me avisa de que hay un altercado en el colegio Ramon Llull. Cogemos un taxi junto con Georges Bartoli, el fotógrafo que está cubriendo la votación para Le Monde. Cuando llegamos, todavía hay mucha gente. En corros, en las aceras, en mitad de la avenida Diagonal, los presentes comentan lo ocurrido. Me acerco a una ambulancia que distingo un poco más allá. Solo me da tiempo de ver cómo los enfermeros están introduciendo en ella a un hombre, tendido en una camilla, con una herida cerca del ojo. Un joven que dice ser periodista llama a varios compañeros. Me acerco a él. Se saca del bolsillo una pelota de goma y nos asegura que la policía se ha puesto a disparar, «de repente», sobre la multitud. Me tiende aquel objeto, explicándome que en Cataluña está prohibido utilizar este tipo de proyectiles. Tanteo su peso, impresionada, y se la devuelvo. No entiendo la decisión de la policía de utilizar esos proyectiles. Decido buscar otros testigos, pero muchas de las personas que hay allí han llegado después de la batalla. Me dirijo a una joven pareja, con sudaderas de capucha y piercings, que está comentando lo ocurrido. El chico me describe cómo se han ido sucediendo los acontecimientos: la policía llegó e intentó entrar en el colegio para llevarse las urnas, los manifestantes opusieron resistencia y, al final, los agentes consiguieron entrar y arrancarles a los organizadores las urnas de las manos. «Cuando salieron, los policías quisieron subir por esta calle, pero decenas de personas les bloquearon el paso, y cada vez llegaba más gente de refuerzo, porque difundimos la información por mensajes. Entonces los policías intentaron ir en dirección contraria, pero también les cortamos el paso calle abajo. ¡Los teníamos acorralados!», resume, con orgullo y entusiasmo, sin que parezca darse cuenta de lo que entrañan sus palabras. En definitiva, han cercado a varios policías armados, les han bloqueado el paso, les han tendido una emboscada. El joven continúa el relato. «Nos sentamos en el suelo, con las manos en alto. Al lado de mí, un bombero intentó negociar con un policía para que devolviesen las urnas. Aquello duró… no sé, entre quince y treinta minutos. Y después, de repente, se pusieron a disparar pelotas de goma. Salimos corriendo.» La joven que le acompaña corrobora su versión. Otro manifestante, de unos cuarenta años, descalzo, con las chanclas en la mano, se acerca a nosotros mientras el chico me habla; asiente, añade dos o tres detalles y, cuando el joven ha terminado su relato, se levanta la camiseta y me enseña una marca roja en su espalda. «Un golpe de porra», me dice, con gesto indignado.

Voy a otros colegios electorales. En el Sagrat Cor, la votación está transcurriendo con relativa normalidad por el momento. El sistema informático vuelve a funcionar. Un joven que hace cola me cuenta que se ha decidido a venir después de ver las imágenes de la violencia policial esta mañana. Una mujer de avanzada edad que preside una de las mesas electorales me asegura que está dispuesta a ir a la cárcel para defender el referéndum. Otra me confiesa que sabe que esta votación no tiene validez, pero que es una forma de protestar. Hay quienes no esperan ningún resultado concreto de esta iniciativa, que consideran más simbólica que efectiva. Otros exigen que se proclame lo antes posible la república y piensan que la votación es plenamente válida.

Voy al hotel para empezar a escribir. Vuelvo a ver en TV3 las imágenes de las cargas policiales, que se repiten en bucle. Son duras. No creo que su fuerza resida en la violencia que se ve en ellas. En realidad, son habituales cada vez que los policías dispersan a manifestantes. Impactan porque, mientras nos hemos acostumbrado a ver a jóvenes anarquistas o antisistema recibir golpes de porra en las manifestaciones contra la globalización o la austeridad, no solemos ver a personas mayores, madres de familia, funcionarios con camisa o tietes —esas burguesas de unos sesenta años, perfectamente peinadas, que representan a la sociedad tradicional catalana—, arrastrados por el suelo. Menos aún para proteger urnas. El impacto es demoledor para la imagen del Estado.

Sin embargo, la sorpresa y la cólera de los dirigentes independentistas no casan con lo que me han dicho y repetido durante meses. Para muchos de ellos, era necesario presionar al Estado hasta llevarlo a una situación límite y obligarlo así a reaccionar, en la medida de lo posible incluso de forma desproporcionada. El silencio y la indiferencia de Rajoy les resultaban insoportables porque no les daban pie ni a avanzar ni a retroceder. Me decían que si Madrid ponía a la comunidad bajo su tutela en aplicación del artículo 155, Bruselas reaccionaría; que si la Justicia española encarcelaba a los representantes políticos, Europa no se mantendría impasible; que tarde o temprano la UE obligaría a Rajoy a negociar el referéndum de autodeterminación que llevaban exigiendo desde 2012. Pero para eso era necesario que, de una u otra manera, el conflicto se agravara. Un año antes, en septiembre de 2016, Quim Arrufat, secretario nacional de la CUP, declaró que la convocatoria del referéndum serviría «como mínimo para hacer entrar en contradicción antidemocrática al Estado español» y haría que este tuviese que «recurrir a algún tipo de fuerza legal o incluso de fuerza bruta».

La intervención policial entraba dentro de lo posible. Los independentistas sabían que Rajoy solo tenía dos opciones: dejar que el referéndum se celebrase y dar así la impresión de que el Estado era débil, incapaz de controlar su territorio y de hacer que se respetara la ley, o bien transmitir la imagen de un Estado violento, represivo y antidemocrático, enviando a la policía a requisar urnas a unos colegios electorales a cuyas puertas se concentran centenares de personas, electores de a pie. En todos los escenarios posibles, los independentistas salían ganando.

Pero, al final, el Gobierno se decantó por las dos opciones al mismo tiempo o, más bien, por ninguna de ellas: después de los episodios de violencia y brutalidad policial que se vivieron en algunos colegios electorales a primera hora de la mañana, la gente pudo votar sin problemas durante el resto del día. Y, pese a los temores de los independentistas, la policía no fue a buscar las urnas llenas de papeletas al cierre de las mesas.

Sin embargo, el Gobierno español sí que lanzó una clara señal: de ser necesario, no dudaría en emplear la fuerza para impedir la secesión.

Por su parte, el Govern ignoró a los jueces, que habían ordenado que se requisaran las urnas, y mantuvo un referéndum que el Tribunal Constitucional había suspendido, prohibido, con lo que expuso a los electores a una previsible intervención policial. Al animarlos a oponer una «resistencia pacífica», que es otra forma de referirse a la «obstrucción a la justicia», los estaba convirtiendo en carne de cañón.

A última hora de la tarde vuelvo a Fort Pienc. Centenares de personas siguen allí. Las mesas electorales están cerrando. Los asistentes aplauden lo que, consideran, es una victoria. Comentan las imágenes del día. Se palpa la indignación.

Pongo rumbo a la plaza de Catalunya, donde las asociaciones independentistas han instalado una pantalla gigante para seguir en directo, a través de TV3, el escrutinio. Hay muchos jóvenes en este lugar, sentados frente a la pantalla, en el suelo. En cuanto aparecen las imágenes de las intervenciones policiales, aplauden. Como si los heridos fuesen héroes. Si, en cambio, el que aparece es un miembro del Gobierno español, silban. Un representante de los «observadores internacionales» interviene, en inglés, para hablar acerca de cómo ha transcurrido el referéndum. Un chico que está a mi lado grita a la pantalla: «Parla català!». Se pone a reír a carcajadas, eufórico.

Los asistentes, despreocupados, no se preguntan por las consecuencias que tendrá esta consulta. Lo que ellos querían era votar. Y lo han hecho. Tal y como se esperaba, el «sí» a la independencia triunfa, con el 90,2 % de los votos y un nivel de participación del 43 %. Hablo con unas chicas que están sentadas en el suelo. Una de ellas, francoespañola, me explica que al principio estaba contra la secesión, pero que, «después de la violencia de esta mañana», cree que «el camino de la independencia es el correcto».

Vuelvo al hotel a escribir el resumen de este día de locura.

21

Una difícil digestión

El referéndum del 1-O ha introducido un nuevo parámetro con el que se complica la ecuación catalana: las imágenes de la violencia policial. Ahora ya no se puede traicionar el «sacrificio» de los votantes que la han sufrido. Para los dirigentes independentistas, el resultado, por muy propio de una república bananera que sea, adquiere un carácter casi sagrado. Los vídeos en los que se ve a policías uniformados a lo RoboCop ante cadenas humanas en las que se dan la mano anarquistas y burgueses de peinado impecable, estudiantes y profesores, mujeres y hombres de toda condición se han convertido en imágenes para el culto. Acaba de nacer un nuevo mito, un nuevo agravio histórico contra el Estado español, que se suma a la lista que ya tenía el relato nacional catalán.

Así, las imágenes de la violencia producen un efecto devastador sobre el conflicto político y también sobre sus posibilidades de resolución. La «represión» ha convertido a los independentistas —que de entrada estaban ya predispuestos a presentarse como mártires— en víctimas, lo que impedirá durante mucho tiempo que se pueda mantener un debate sereno. Además, ha añadido a la balanza una nueva ola de emoción, en detrimento de la razón. Si las vergonzosas sesiones parlamentarias celebradas a principios de septiembre erosionaron la imagen de los independentistas, que aparecieron como dinamitadores de las normas básicas de cualquier democracia, los hechos del 1-O les han otorgado una nueva legitimidad frente a los contrarios a la independencia, que desde entonces han pasado a considerarse parte del bando de los «agresores». Los insultos contra España —acusada de fascista y franquista—, que habían empezado antes del referéndum, ahora son ya sistemáticos.

También en Madrid la emoción sube un grado. Las ofensas contra España que llegan desde hace semanas de Cataluña han avivado la cólera en el resto del país. Cuando, a finales de septiembre, una serie de efectivos de la policía parten de las principales ciudades españolas en dirección a Cataluña, la muchedumbre los despide al grito de «A por ellos». Para los líderes del independentismo, esta es la prueba del anticatalanismo que impera en España. Las banderas españolas, colgadas de las ventanas de los edificios o colocadas en el techo de las casas, se han convertido en un elemento omnipresente. Antes solo se sacaban los días en los que jugaba la Roja.

El nacionalismo español ha despertado. Se extiende la idea de que la violencia del 1-O habría podido evitarse si los mossos hubiesen hecho su trabajo, si hubieran entrado en los colegios electorales para expulsar de ellos a la gente y precintarlos. Esta «traición», que explicaría que la Policía Nacional interviniera tarde y mal, no se perdona. Los ataques y ofensas contra los policías nacionales que se alojan en hoteles y que han recibido la orden de no responder a las provocaciones, unidos a los testimonios de catalanes contrarios a la independencia que aseguran haber sido objeto de insultos y a los de hijos de guardias civiles que tienen que escuchar los reproches de sus profesores en el colegio, provocan una oleada de solidaridad con estos «resistentes» frente al separatismo y alimentan, a su vez, la tensión y el odio entre los no independentistas. En buena parte del país, los nervios están ya a flor de piel. Aunque Mariano Rajoy es tachado de «autoritario» por parte de los dirigentes catalanes, una parte importante de la ciudadanía le considera demasiado blando frente a los independentistas. El expresidente José María Aznar le insta públicamente a actuar o, en caso de que se vea «incapaz» de hacerlo, a convocar elecciones. En los sondeos se empieza a percibir la subida de Ciudadanos, que lleva un mes exigiendo que se aplique el artículo 155. En los hogares españoles reina la indignación y se reclama el encarcelamiento de Puigdemont. «Que se vayan los catalanes, si eso es lo que quieren —me dicen en Madrid, con un tono de rabia—. Pero que se juzgue y se condene a quienes han montado todo esto.» Porque son muchos los que se muestran completamente convencidos de que los catalanes están manipulados, adoctrinados, y de que se han dejado llevar por la propaganda.

En los círculos de periodistas y políticos los escenarios que se manejan son, sobre todo, los catastrofistas. La Ley del referéndum que se aprobó el 6 de septiembre establece que, en un plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la publicación de los resultados de la consulta, el Govern someterá a votación la declaración unilateral de independencia en el Parlament. Se teme que estalle la violencia, un conflicto abierto, un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes. Un profesor de Derecho Constitucional del País Vasco, Javier Tajadura, me dice que es probable que no quede otro camino que declarar el estado de sitio o el de excepción, para pasar después a aplicar el artículo 155 de la Constitución —que prevé que se ponga la comunidad autónoma bajo tutela—. El periodista Miguel Ángel Aguilar piensa que se va a tomar el control sobre el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, a los que se percibe como una potencial amenaza. En las puertas del colegio de mis hijos, oigo a muchos que creen que hay que arrebatarles las competencias en materia de educación para acabar con «el adoctrinamiento». Asisto a una cena en Barcelona en la que unos periodistas reflexionan sobre la posibilidad de proceder a una reforma confederal de España por la que se divida el país en cinco o seis estados federados, entre ellos Cataluña, Galicia, País Vasco, una gran Castilla y Andalucía. Varios periodistas catalanes no independentistas me aseguran que Cataluña ya se ha perdido, pero que hay que «salvar Barcelona», una ciudad cosmopolita, viva, creativa. Una ciudad que los nacionalistas más radicales detestan porque está demasiado mezclada, porque no es lo suficientemente pura. De hecho, ¿acaso Carles Puigdemont no volvía cada noche a Girona, su ciudad?, me comentan.

Después del 1 de octubre, los independentistas, por su parte, se aferran a una convicción que no se basa en ningún argumento o indicio concreto: algunos están convencidos de que el Gobierno español va a ceder y de que acabará aceptando un referéndum pactado; otros piensan que, poco a poco, y a fuerza de tenacidad y perseverancia, los vecinos europeos reconocerán la República Catalana y que la independencia, en un principio simbólica, virtual o imaginaria, se convertirá finalmente en una realidad tangible que desembocará en una negociación sobre la salida de España. Las personas del entorno de Puigdemont comparan la situación con una partida de ajedrez, con un juego que permitirá determinar quién es más astuto: Rajoy o Puigdemont. Su frivolidad es desconcertante. Subrayan, además, que, en cualquier caso, los riesgos son mínimos, dado que «España es una democracia europea, miembro de la OTAN, sujeta a las normas de Bruselas». Y eso a pesar de que, en público, agitan el fantasma de la dictadura franquista.

En realidad, nadie tiene ni la más mínima idea de lo que puede pasar a partir del primero de octubre. Ni siquiera los protagonistas de este gran teatro, que cada vez se mueve más por las emociones y lo irracional.

El 3 de octubre se convoca una huelga general en protesta contra la violencia policial de dos jornadas atrás. Una semana antes, varios sindicatos minoritarios de la extrema izquierda independentista y asociaciones de estudiantes ya habían llamado a manifestarse ese mismo día «contra la represión y a favor de las libertades». La movilización tiene un amplio seguimiento. Las carreteras se bloquean. Cataluña se paraliza. Los independentistas, de paso, quieren demostrar que «controlan el territorio».

Ese mismo día, por la noche, el rey Felipe VI pronuncia un discurso firme y decidido contra la «deslealtad inadmisible» y el «inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña». En él, ordena a «los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho». El joven monarca se presenta como garante de la unidad de España y del respeto a la ley. ¿Pecó de falta de compasión hacia los heridos del 1-O? ¿Debería haber deslizado en su discurso algunas palabras en catalán? Hay personas que le han reprochado que no lo haya hecho. Sin embargo, quienes piensan de este modo olvidan que el soberano está directamente afectado por la revuelta. A diferencia de los independentistas escoceses, que deseaban seguir siendo súbditos de la Corona británica, dentro de la Commonwealth, los independentistas catalanes pretenden proclamar una república y recuerdan, una y otra vez, que la restauración de la monarquía en España se debe a Franco.

¿Tal vez, como le alaban otros, con este discurso se ha hecho merecedor de su corona, tres años después de que abdicara su padre, el rey Juan Carlos I? Sea como fuere, don Felipe, que hasta ese momento parecía no tener más cometido que actuar como un embajador de lujo del país, desempeñó el papel de jefe de Estado al advertir a los dirigentes catalanes que —por si acaso todavía no lo tenían claro— no toleraría la secesión de Cataluña.

La huelga, con un importante seguimiento, es todo un éxito. Y, sin embargo, cada vez resulta más evidente que la sociedad catalana en su conjunto ha salido perdiendo. Está desgarrada. En los balcones de Cataluña han aparecido banderas españolas, que rivalizan con las omnipresentes esteladas. La cólera crece entre quienes se han pasado meses sin reaccionar frente a la escalada independentista. ¿Por qué han estado callados hasta este momento? Unos, porque no se daban cuenta de la urgencia del problema: sencillamente, pensaban que la cosa no llegaría tan lejos. Otros, porque no querían convertirse en defensores de la unidad de España —causa que se asocia al franquismo— ni que se les considerara partidarios de Rajoy, pues, en realidad, la mayoría de ellos no lo son. Estos españoles catalanes, estos catalanes españoles o catalanes no independentistas, como se prefiera llamarlos, nunca han sido activistas. Los que entrevisto en la calle me dicen que no entienden ni el nacionalismo ni los debates identitarios; quieren que se solucione el paro. Josep Borrell me habló de la espiral de silencio en su pueblo del Pirineo catalán y de los que temen que se les acuse de botiflers —el insulto aplicado a los partidarios de Felipe V durante la guerra de Sucesión y hoy, por extensión, a cualquier persona opuesta a la independencia de Cataluña—. Joaquim Coll, exvicepresidente de Societat Civil Catalana, me trasladaba su consternación frente a un debate estéril cuando se tienen «dos grandes culturas». En el paisaje de falsa unanimidad en torno a la independencia que impera en los medios de comunicación catalanes o que se muestra en las grandes Diadas, se sienten excluidos. Alba, una abogada de treinta y nueve años, me decía que no entendía el victimismo que se esgrime en una comunidad envidiada, una de las más ricas de España y de las que presentan mejor calidad de vida de toda Europa. Tras años de manifestaciones independentistas, muchos catalanes se han creído la cantinela de que son minoritarios y marginales, y esa convicción los ha paralizado. Tal y como había vaticinado la ANC (véase el capítulo 8). Y es así hasta que ven venir el abismo y se encuentran ante el precipicio. En ese momento, se despiertan. La palabra se libera. El mito que asegura que no hay más que «un sol poble», un solo pueblo, se resquebraja. La gran manifestación en contra de la independencia que tiene lugar el 8 de octubre es la prueba más clara. Y cuando decenas de miles de personas —un millón, según Societat Civil Catalana (SCC), la organización que la convoca— salen a la calle para proclamar que es posible ser al mismo tiempo español y catalán, gritan una frase que resume el estigma que han soportado en los últimos meses, tal vez incluso en los últimos años: «No somos fachas, somos españoles».

Cataluña ha salido perdiendo porque está fracturada. Como diría más adelante Joan Tardà, diputado de ERC, existe el riesgo de «batasunización». Un término duro, cargado de significado. Batasuna, el partido político vasco que apoyaba a la banda terrorista ETA, defendía un enfrentamiento permanente con el Estado español. La población estaba dividida entre buenos y malos vascos, entre quienes podían caminar con orgullo por el centro de San Sebastián como si la calle fuera de ellos y quienes solo eran tolerados si permanecían callados, porque, de lo contrario, se arriesgaban a sufrir el ostracismo social o, peor aún, a recibir una bala en la nuca o un paquete bomba.

Desde el punto de vista económico, Cataluña también ha salido perdiendo. El anuncio del traslado de las sedes sociales de los grandes bancos catalanes (CaixaBank y Banc Sabadell) supone un verdadero mazazo para la derecha nacionalista, que hasta ese momento ha proclamado alegremente y sin unas bases serias que la «independencia» iría de la mano de la «opulencia». De repente, el mito de la prosperidad garantizada, de la independencia exprés y gratuita, se desmorona. La posible fuga de las empresas de la que venían alertando los «unionistas» no era simplemente una herramienta dentro de la «estrategia del miedo», como aseguraban los independentistas para restarle importancia, sino una realidad. Tras el referéndum catalán, CaixaBank y Banc Sabadell pierden en apenas tres días tres mil millones de euros de capitalización bursátil y sufren una importante fuga de depósitos, aunque la mantienen en secreto para evitar que cunda el pánico. A la economía no le gusta la inestabilidad política. Muchas otras empresas quieren seguir el mismo camino, pero la rigidez de las normas supone una traba para el procedimiento, ya que en ocasiones es necesario contar con el visto bueno de la junta de accionistas. Pero… ¡que no sea por eso! A petición de CaixaBank, el Gobierno español les allana el camino al aprobar un decreto que facilita el traslado de la sede social a otra comunidad autónoma. Las principales empresas catalanas reaccionan ante la situación: Gas Natural, Abertis, Codorníu, Planeta… Más de tres mil de ellas inician los trámites oportunos. En una intervención con mala fe, Oriol Junqueras resta importancia a este fenómeno argumentando que la inmensa mayoría de las empresas se quedan. No menciona, sin embargo, que son precisamente las más importantes las que hacen las maletas: en concreto, seis de las siete compañías catalanas que cotizan en el Ibex 35 trasladan su sede social. Por ahora, parece que las plantas de producción y los empleos seguirán en Cataluña, pero de hacerse realidad la independencia, ¿qué pasaría?

En este tiempo, y durante días y días, TV3 sigue difundiendo en bucle las imágenes de la violencia policial con excusas diversas y variopintas. Una chica herida, que había asegurado que un agente le había roto los dedos de una mano uno a uno, se ve obligada a rectificar y a reconocer que, en realidad, solo sufre una capsulitis, una inflamación, en uno de ellos. En cambio, el hombre al que yo misma había visto en una camilla ha perdido la visión de un ojo. El relato de que iba a su casa cuando recibió el disparo se ve corregido por las imágenes en las que se ve cómo, previamente, había lanzado una valla contra los policías y había agredido a uno de los agentes, lo que no justifica que se emplearan pelotas de goma. También empieza a crecer la polémica en torno al número de heridos. En Cataluña, las autoridades hablan de más de ochocientos lesionados. Decido ponerme en contacto con la jefa de redacción en España de la Agencia France-Presse (AFP), Michaëla Cancela-Kieffer, para averiguar por qué esta agencia de noticias francesa es la única que habla de «al menos noventa y dos heridos». Me explica lo difícil que resulta en su trabajo no dejarse manipular por posibles informaciones falsas: «El domingo 1 de octubre, cuando llamé al gabinete de prensa del Departament de Salut de la Generalitat, a mitad de la jornada, me dijeron que unas cuatrocientas personas habían recibido asistencia sanitaria. Les pregunté entonces qué quería decir aquello, que si, por ejemplo, las personas que acudían por un dolor de cabeza o por un ataque de ansiedad entraban en las estadísticas. La respuesta que me dieron fue “sí”. Entonces pedí que me facilitasen los datos bien detallados. Resulta que el número de pacientes a los que se consideraba heridos era de noventa. A ellos había que sumar dos personas hospitalizadas. La polémica en torno a las cifras fue creciendo y, a lo largo del día, el gabinete de prensa bloqueó la información. Cuando volvimos a llamarles, se negaron a darnos los datos en detalle».

Este bloqueo de la información desacredita al Gobierno catalán ante los medios de comunicación más neutros e imparciales, que ya no están dispuestos a cubrir tácticas y maniobras políticas de las que ellos mismos son, a su pesar, una pieza estratégica. Su labor no se limita a informar: también deben tener cuidado con no dejarse manipular.

Los dirigentes de la Generalitat están convencidos de que las imágenes de las cargas policiales son lo suficientemente duras como para que Bruselas reaccione. Pero se equivocan. Creen que, si van más allá, Madrid aplicará el artículo 155. Y me advierten, con tono seguro: si el Gobierno central suspende la autonomía de Cataluña, Europa intervendrá. También en eso se equivocan, pero aún no lo saben. Pregunto por este asunto a un diplomático francés, que no oculta su sorpresa. «¿Por qué debería escandalizarnos esa suspensión?», me dice, preocupado por la irresponsabilidad de los líderes de Cataluña, que, en su opinión, no han aprendido que muchas de las grandes catástrofes de la historia han sido fruto de una sucesión incontrolada de acontecimientos. Me explica que se siente decepcionado porque, desde el verano, cuando abandonaron el barco los moderados, no le queda ni un solo interlocutor «sensato» en la Generalitat.

Los independentistas catalanes, por su parte, están convencidos de que Bruselas no aceptará que se aplique el artículo 155. No tienen más remedio que confiar en ello. Saben que, sin apoyo externo, no podrán llevar a cabo un verdadero referéndum de autodeterminación, y menos aún declarar una independencia unilateral.

Después del 1-O, el entorno de Puigdemont trata de forzar una mediación, pero los días pasan y las puertas se cierran. Los acontecimientos no se suceden como habían previsto y en la Generalitat la tensión va in crescendo. Los días pasan y tanto la ANC como la CUP se impacientan. Ellos no tienen ni la más mínima duda: hay que llegar hasta el final. La independencia se conseguirá en las calles. En Madrid, Xavier Doménech, de los Comuns, participa en una reunión con el Círculo de Corresponsales Extranjeros. Nos dice que está preocupado, que los catalanes tienen una larga historia de mártires y asegura que el sitio de 1714 fue, en cierto modo, un «suicidio colectivo».

En Barcelona, Puigdemont trata de ganar tiempo. Para demorar la declaración de independencia, retrasa la publicación oficial de los resultados, que es el momento a partir del cual, según la Ley del referéndum, empieza a correr el plazo de cuarenta y ocho horas previsto para esa declaración. Los resultados se dan a conocer el 6 de octubre. El día 9 el Parlament tendría que debatir sobre ellos, pero el Tribunal Constitucional opta en esta ocasión por intervenir de manera preventiva y suspende la sesión parlamentaria. El martes 10, por la noche, se convoca a Puigdemont para que hable acerca de la situación política general ante el Parlament. Nadie duda de que proclamará entonces la independencia…

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10 de octubre: sobre el arte de no proclamar la independencia… ¿o sí?

«Una vez llegados a este punto, ¿cómo vamos a dar marcha atrás? Sería una locura. La gente no nos lo perdonaría. ¿Y cómo queremos pasar a la historia? ¿Como personas que se rindieron?», me dice un cargo de ERC. Los independentistas han caído en su propia trampa: ya no pueden retroceder. Después de haber movilizado a más de dos millones de personas para desafiar a las leyes y a la policía y votar en un simulacro de referéndum de autodeterminación, ¿cómo van a confesar que la independencia no es factible, que no hay nada preparado y que todo lo ocurrido no es más que la consecuencia de un chickengame —un reto en el que dos participantes conducen un vehículo en dirección al del contrario, de modo que el primero que evita el choque pierde y es humillado por cobarde—, de un farol llevado demasiado lejos con el único objetivo de forzar un referéndum pactado, cuyo resultado, probablemente, no habría conducido a la independencia, sino a un nuevo estatus más favorable a sus intereses económicos y a sus ambiciones políticas? El dirigente de ERC con quien comento la situación concluye nuestro encuentro con la siguiente frase: «Quien dé marcha atrás está políticamente muerto».

El 10 de octubre, a Puigdemont ya solo le queda una carta por jugar si quiere ganar tiempo para convencer a Madrid de la necesidad de abrir una negociación o para lograr la mediación de Europa sin romper las promesas que hizo a los votantes del 1-O: la ambigüedad.

A los diputados de la CUP les ha asegurado que habrá una declaración de independencia en toda regla, una proclamación solemne de la república en el Parlament y, después, una suspensión provisional de su ejecución. Pero una hora antes de que arranque la sesión parlamentaria, les anuncia que el texto que han pactado se va a sustituir por otro, ambiguo, gris, sin gloria ni esplendor. Y, sobre todo, sin consecuencias penales.

La sesión se retrasa más de una hora. Según la versión que la Generalitat nos da en ese momento a través del grupo de WhatsApp para corresponsales extranjeros, la demora se debe a que se están manteniendo «contactos para una mediación internacional». Lo que está pasando, en realidad, es que la cólera ha estallado entre las filas de la CUP, que se plantea boicotear tanto la sesión como lo que queda de legislatura. Rápidamente se encuentra una solución intermedia: al discurso oficial en el hemiciclo del Parlament lo seguirá un acto simbólico en una de las salas de la planta baja. En presencia de los periodistas del mundo entero que están retransmitiendo su intervención en directo, Puigdemont declara entonces ante el Parlament: «Asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república», pero propone inmediatamente «suspender los efectos» de la declaración durante las próximas semanas para abrir un diálogo con Madrid.

La multitud independentista que, llena de esperanza, le está escuchando a través de las pantallas gigantes que la ANC ha instalado en el exterior y los invitados de los diputados, que se sientan apretujados en el auditorio del Parlament, pasan en apenas unos segundos de la explosión de júbilo a las lágrimas de tristeza. La decepción es inmensa. La incomprensión, absoluta. Se les ha hecho creer que son fuertes, que el 1-O obtuvieron la victoria frente a Madrid, pero parece que el plan se acaba aquí y que, en estos momentos, la estrategia no va más allá de la mera «acción-reacción». Todo parece una obra de teatro. Los periodistas sienten que se les ha utilizado para difundir falsas promesas y operaciones de comunicación y marketing. Porque ¿qué otra explicación cabe dar de lo que está ocurriendo? Una vez concluida la sesión parlamentaria, los setenta y dos diputados independentistas bajan por la monumental escalera de honor para entrar en el auditorio. Uno a uno, firman un documento cuyo contenido aún no se ha dado a conocer. Se trata de la declaración de independencia, del texto que les habría gustado votar en el hemiciclo. Por fin, la leen, pública y solemnemente. «Constituimos la República Catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social…», proclaman, como si de un conjuro se tratara. A continuación, cantan el himno catalán, aunque sin atisbo de alegría.

Me acerco a Josep Rull, diputado por la coalición JxSí y, desde enero de 2016, conseller de Territori i Sostenibilitat. Es el único que, sonriente y visiblemente satisfecho, charla con tranquilidad con los periodistas. Los demás permanecen en silencio, huyen de las cámaras, desaparecen con discreción. Me esfuerzo por entender lo que está diciendo. Cuando acaba su intervención, me ve e, inmediatamente, me pregunta a qué viene mi expresión de enfado. Entonces me doy cuenta de que tengo el ceño fruncido y la mirada seria. ¿Cómo es posible que él no se percate de la gravedad del momento, de la tensión que está creciendo tanto en Cataluña como en el resto de España, de las provocaciones y las amenazas que están agitando todo el país? ¿Cómo puede ser que no comprenda las terribles consecuencias que puede tener esta farsa, las hostilidades que va a suscitar una declaración unilateral de independencia? ¿Tal vez los independentistas se han dejado arrastrar por algo que para ellos no es más que un juego y han perdido así el contacto con la realidad? ¿Acaso Rull —un conseller amable, cordial y accesible— no tiene miedo de acabar en la cárcel? Sin ambages, me explica que esta declaración constituye un acto solemne («como la declaración de independencia de Estados Unidos», indica), pero que no tiene «ningún valor jurídico» porque no se ha proclamado ante el pleno del Parlament.

Por una parte, lanza palabras llenas de fanfarronería en público; por otra, toma precauciones de una precisión milimétrica para evitar lo irreparable. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha advertido una y otra vez en diversas entrevistas que una declaración de independencia conllevará un procesamiento por rebelión, delito que se castiga con hasta treinta años de prisión. Además, en el mes de septiembre anterior, fueron citados a declarar como investigados, por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, todos los consellers. Intento hablar con algunos de ellos, pero no lo consigo. Salgo del Parlament. En el exterior quedan todavía unos pocos curiosos que llevan la bandera colgada a la espalda, como si se tratara de una especie de capa de superhéroe. Pero no será esta noche cuando se produzca la revolución.

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Hacia una DUI suicida

En París, mis compañeros me confiesan que están siguiendo el devenir de los acontecimientos en Cataluña como si se tratase «de una serie de televisión». Desde luego, tiene todos los ingredientes necesarios para el éxito: imprevisibilidad, giros de guion, personajes pintorescos, situaciones grotescas, emoción, exaltación, trampas y duelos.

El 11 de octubre, por la mañana, hay quienes se empeñan en creer que aún es posible detener la escalada. Pero cada vez son menos. Los socialistas catalanes se aferran a la idea de que, en realidad, Puigdemont no ha declarado la independencia: lo alambicado de su fórmula les hace creer que está dispuesto a dar marcha atrás. Quieren evitar que se active el artículo 155 porque temen que se entienda como un regreso al centralismo franquista y, por tanto, como un ataque a las libertades en Cataluña. Pero Rajoy solo se plantea poner a esta comunidad autónoma bajo tutela si cuenta con el apoyo del PSOE, el principal partido de la oposición.

Al presentar una propuesta de diálogo, Puigdemont está intentando hacer que recaiga sobre Madrid toda la responsabilidad de ese choque anunciado desde que decidió saltarse las leyes españolas. Con un aplomo desconcertante, reescribe lo sucedido y consigue imponer un nuevo relato: este maestro de la desobediencia y de la provocación, se presenta de repente como un jefe de Estado generoso, dispuesto a hacer concesiones, y víctima de la rigidez de Rajoy. Lanza la pelota al tejado del Gobierno central para obligarle a mojarse, a tomar decisiones que, más adelante, podrá utilizar contra él para desacreditarle. Juega al ratón y al gato. Uno de sus asesores me dice que son los más astutos, y me habla de su táctica con una frivolidad increíble, como si estuviesen jugando a «hundir la flota».

Sin embargo, Rajoy ya no quiere jugar. Está dispuesto a actuar, pero, para que los socialistas den su visto bueno a la aplicación del artículo 155, tiene que demostrar que Puigdemont ha ido demasiado lejos y que no tiene intención alguna de retroceder. La Moncloa envía al president una carta en la que le pide que despeje las dudas que una parte de la ciudadanía tiene aún sobre el significado de sus palabras del día 10. Antes de las diez de la mañana del 16 de octubre, como muy tarde, Puigdemont deberá confirmar, con un «sí» o con un «no», si realmente ha declarado la independencia. Cualquier otra respuesta se considerará afirmativa y provocará la activación del artículo 155. Durante esos pocos días, el ambiente se relaja en Cataluña. El Gobierno está convencido de que tiene las de ganar: si Puigdemont reconoce que ha iniciado, de manera unilateral, una secesión, perderá la batalla de la comunicación. Si, en cambio, admite que ha dado marcha atrás, el independentismo saltará por los aires.

El lunes 16, a primera hora de la mañana, Puigdemont envía un texto ambiguo, un «ni sí ni no». Madrid le concede un nuevo plazo para «volver a la legalidad»: la fecha límite es el 19 de octubre.

Puigdemont no ha logrado apoyo internacional, sus filas están divididas, la presión de los círculos empresariales es cada vez mayor, la fractura de la sociedad no deja de crecer… Pero él no se atreve a descabalgar. El Gobierno español, en cambio, se encuentra en una posición cómoda: ha recabado el apoyo de los socialistas (que se suma al de Ciudadanos) para aprobar, por una amplia mayoría absoluta en el Senado, la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Los más acérrimos independentistas están desmovilizados, decepcionados, aún bajo los efectos de la sorpresa. En cambio, en las ventanas de Barcelona han empezado a aparecer banderas españolas. La imagen de unanimidad a favor de la ruptura que imperaba hasta entonces se ha roto. Pero esta inversión de la relación de fuerzas no dura mucho tiempo.

En la jornada del 16 de octubre, una resolución judicial que nadie se esperaba obliga a barajar de nuevo las cartas: se detiene a los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, conocidos como los Jordis. Se les investiga por un delito de «sedición», por ser los «promotores y directores» de las concentraciones ante la sede del Departament d’Economia el 20 de septiembre, por impartir a los manifestantes «órdenes de la actuación a realizar» para «impedir la aplicación de la Ley». Carmen Lamela, la juez de la Audiencia Nacional que dicta el auto, ordena inmediatamente su ingreso en prisión provisional.

El desánimo cunde entre los independentistas y también entre una parte de los no independentistas. «Los Jordis», desde luego, se habían preparado para la eventualidad de que se les enviara a prisión —y, de hecho, previamente grabaron una serie de vídeos y de audios que después se publicaron en sus cuentas de Twitter—. No me esperaba que entrasen en prisión preventiva. En la Delegación del Gobierno, un asesor me asegura que esta decisión, a pesar de que la jueza la haya tomado a instancias de la Fiscalía, es una mala noticia, ya que se veían en una posición de fuerza. Al delegar en los magistrados la tarea de dirimir un problema político, Rajoy ha perdido el control sobre él. ¿Se arrepiente de haberlo hecho? No he conseguido averiguarlo. Quizá se pensó que descabezar a la ANC y a Òmnium podría ser útil para liberar a Puigdemont de la presión de la calle y «domesticar» la protesta civil. El poder que las asociaciones independentistas han adquirido con el paso de los años, su capacidad para movilizar a centenares de miles de personas y su influencia mediática los han convertido en verdaderos órganos de poder político paralelo en Cataluña. Incluso «los Jordis» participaban asiduamente en las reuniones estratégicas que se organizaban de forma irregular en torno a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes independentistas, a modo de gobierno paralelo que se encargaba de determinar cuáles eran las mejores opciones tácticas. Eran el eslabón de la cadena más fácil de neutralizar desde el frente judicial que el político, en vista de que su poder no emana de ninguna votación democrática.

Sea como fuere, el primer efecto que ha tenido esta resolución judicial ha sido el cierre de filas entre los independentistas. Para quienes participaron en las numerosas Diadas pacíficas que lideraron los Jordis, se trata de «presos políticos». El relato nacionalista cuenta ahora con nuevos mártires. Algunos ideólogos del procés pensaban que, tarde o temprano, sería necesario llegar hasta aquí para que su causa avanzase.

Al día siguiente, 17 de octubre, se celebra en Barcelona una gran manifestación de apoyo. Los independentistas, a los que los últimos acontecimientos y la pseudodeclaración de independencia suspendida han dejado desmovilizados y desconcertados, recuperan su fe. Decenas de miles de manifestantes marchan a la luz de las velas. La prisión de los Jordis ha añadido cólera, rabia, emoción. Entrevisto a las personas que están en primera fila ante el escenario al que suben los consellers. La mayor parte de ellas son ancianas. Espontáneamente, expresan su indignación hacia la actitud de la Unión Europea, que, según ellas, las ha abandonado, «como en 1936». Su mensaje ya no es el de los eslóganes de 2012, que proclamaban la adhesión al proyecto de construcción europea: de hecho, están dispuestas a salir de la UE si eso les permite independizarse. Un hombre de unos setenta años me explica que es «consciente» de que no se puede llegar a la independencia sin violencia. Observo a este anciano, delgado y frágil, con arrugas marcadas y un ligero temblor en las manos, en las que sostiene una pancarta reivindicativa. Le pregunto, perpleja, si él desearía enfrentarse a la policía. No. Lo que él quiere es que le «peguen». Está dispuesto a «sufrir» la violencia, a convertirse también él en mártir para defender su «ideal» ante los ojos del mundo y de Madrid. Añade que lo haría para que sus nietos vivieran «en libertad». Hablo con otros manifestantes. Siento curiosidad por saber hasta dónde están dispuestos a llegar ahora en su defensa de la República Catalana. La mayoría de ellos me responde que harán «lo que les digan», lo que les indique la ANC o lo que les aconseje Puigdemont. Un treintañero, de profesión electricista, me repite más o menos los mismos argumentos que el anciano anterior: me asegura que quiere que la policía le golpee para tener así la oportunidad de enviar la fotografía de sus lesiones a Bruselas. A estos independentistas convencidos los propios dirigentes independentistas los califican de hiperventilados, un adjetivo que aparece en uno de los documentos de los que la Guardia Civil se ha incautado en el domicilio de Josep Maria Jové, secretario general de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat: son los militantes más radicales, los que no quieren ni oír hablar de renunciar a la independencia, los que están dispuestos a todo, los que no tienen nada que perder.

Y, por lo que parece, los dirigentes independentistas empiezan a ser de la misma opinión. Porque, el 19 de octubre, la respuesta de Puigdemont al ultimátum de Rajoy provoca la activación del artículo 155. El president da a entender más o menos que no declaró la independencia el 10-O, pero al mismo tiempo amenaza con hacerlo si el Ejecutivo «persiste en impedir el diálogo y continuar la represión». El texto es tan enrevesado que, en París, uno de los jefes de la sección de noticias sobre Europa me dice que se tendría que estudiar en las escuelas de Periodismo.

El Gobierno, que le ha propuesto acudir al Congreso de los Diputados a exponer sus argumentos —a sabiendas de que en él sus reivindicaciones no tienen ni la más mínima posibilidad de salir adelante—, le ofrece una última salida para evitar que Cataluña quede bajo la tutela del Estado: bastará con convocar elecciones anticipadas.

En los días posteriores, mientras el Gobierno central pone en marcha la aplicación del artículo 155, que requiere la aprobación por parte del Senado, se intenta convencer a Puigdemont de que las convoque. Para ello, se organizan una serie de discretas negociaciones en las que participa fundamentalmente el lehendakari Iñigo Urkullu, pero también empresarios, miembros de la Iglesia y otras personalidades públicas. Según algunos independentistas, esta solución permitiría reconfigurar la mayoría y quitarse de encima la presión de la CUP, un molesto aliado que da mala imagen en Europa y que está empujando a los demás partidos a acelerar el proceso independentista y lanzarse al vacío. También permitiría evitar que Puigdemont pase a la historia como alguien que, después de haber prometido la república, ha arrastrado a Cataluña a una situación preautonómica.

El 26 de octubre, el president parece convencido de que la mejor solución es ir a las urnas. De hecho, convoca una rueda de prensa para anunciar su decisión. Sin embargo, en Twitter le acusan de ser un traidor: «155 monedas de plata», escribe, en referencia a Judas, el diputado Gabriel Rufián, que no suele tener pelos en la lengua. Algunos diputados del PDeCAT amenazan con presentar su dimisión y darse de baja en el partido. Miembros de ERC se rebelan. Una buena fuente me cuenta que Marta Rovira reaccionó con gritos y llantos a la decisión tomada en una reunión que duró hasta la madrugada. Y Puigdemont, profundamente independentista, ya no aguanta más. Da marcha atrás y mantiene la convocatoria de la sesión parlamentaria para el día siguiente. Todo hace pensar que, en ella, se producirá la declaración unilateral de independencia. El conseller Santi Vila presenta su dimisión. Sabe que esa decisión los llevará a todos a la cárcel…

El 27 de octubre, el Parlament aprueba, por votación secreta, la declaración de independencia de Cataluña. El texto obtiene el sí de setenta de los 135 diputados. Pero nadie lo celebra. Todo lo contrario. La sesión parlamentaria parece un entierro. El hemiciclo está medio vacío, después de que lo hayan abandonado los diputados «constitucionalistas». Reina un ambiente fúnebre. Puigdemont y Junqueras se dan la espalda. Y la imagen con la que se pretende inmortalizar ese histórico momento no es más que un triste retrato del Govern junto a las escaleras del Parlament y una serie de alcaldes. Yo estoy en Madrid, en el Senado, aunque me mantengo en contacto permanente con mi compañera Isabel Piquer, que se encuentra en Barcelona. Unos minutos más tarde, la Cámara Alta aprueba la aplicación del artículo 155 en Cataluña con el apoyo del PP, el PSOE y Ciudadanos: 214 votos frente a 47. Una mayoría aplastante. España, al contrario que Cataluña, no está dividida. Todo lo contrario: en los últimos años, pocas veces ha estado más unida en una votación.

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Las consecuencias: exilio, cárcel, fractura social, depresión colectiva

No es hasta unos días más tarde cuando, examinando todos los testimonios que he recogido, consigo hacerme una idea de lo que fue y lo que pudo haber sido aquel día, el viernes 27 de octubre de 2017. El domingo 29, desde la localidad de Molins de Rei, de la que es alcalde, el diputado del PDeCAT Joan Ramon Casals me confiesa por teléfono que está «aprovechando estos instantes de libertad» con los que «no contaba». Este padre de familia estaba dispuesto a ofrecer resistencia frente a la Policía Nacional, a «proteger» a las instituciones catalanas, a atrincherarse en el Parlament o en el Palau para evitar la posible detención de Puigdemont y de los consellers. Por la mañana, avisó a su mujer de que no sabía cuándo volvería. Ni él ni otros diputados han comprendido que la aventura se haya frenado tan en seco.

Las cosas no están saliendo según el guion que, unos días antes, la ANC había acordado con los dirigentes independentistas, como me reconoce más tarde un responsable de esta asociación. El miércoles 25, asegura, los políticos favorables a la independencia pactaron un plan que consistiría en «resistir». Según él, la ANC podría movilizar entre veinte mil y treinta mil militantes y crear «un cuerpo de élite» formado por doscientos mossos armados y «una reserva de entre dos mil y tres mil más». También pretendía presionar en el terreno de la economía: había que «provocar el hundimiento de la Bolsa» y una «explosión de los tipos de interés» para obligar a Europa a «reaccionar».

¿Cuántos estaban dispuestos a llegar tan lejos, a arriesgarse a perder, en aras de una revolución sentimental, el nivel de bienestar y de comodidad del que disfruta esta próspera región europea? ¿Qué habría pasado si los dirigentes independentistas se hubieran encerrado en el Parlament? ¿Se habría producido un «Maidán», como se nos venía anunciando? Dar marcha atrás para evitar que estallase un conflicto violento ¿fue un acto de responsabilidad por parte de Puigdemont, como él mismo ha insinuado después? Es imposible saberlo. Nada sucedió como los independentistas radicales habían previsto. Después de una breve reunión en una sala del Parlament a la que asisten algunos de los consellers, las instituciones quedan abandonadas. Los políticos se van. Cada cual, a su casa. Aquellas últimas horas del viernes, que deberían haber sido históricas, marcan el principio de la desbandada.

En Madrid, Rajoy ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para esa misma noche. Anuncia la destitución de todos los miembros del Govern, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. A aquellos que temían una aplicación dura del artículo 155, les promete una salida democrática de la crisis, por la vía de las urnas.

Sin embargo, en Cataluña, en esa otra realidad en la que viven los independentistas, miles de personas empeñadas en creer que la República Catalana ya ha llegado se concentran en las calles para celebrarla. Parecen ciegas. ¿Cómo no ver que en la plaza de Sant Jaume la bandera española sigue ondeando al viento en el tejado del Palau de la Generalitat? ¿Cómo no darse cuenta de que los gritos que lanza la multitud que ha venido a festejar la República, igual que celebraría una victoria del Barça, no cambian en nada la situación? Los colores de España siguen luciendo en lo más alto del centro del poder de Cataluña y ninguna autoridad ordena retirarlos. ¿Cómo interpretar el silencio del jefe de esta pseudorrepública? Puigdemont no pronuncia ningún discurso. Ni en el balcón ni en ninguna otra parte. Y con razón: en realidad, ya se ha marchado a pasar el fin de semana en casa, en Girona. Como si no acabara de provocar un terremoto.

Al día siguiente, sábado 28, el presidente destituido graba un mensaje institucional en la ciudad de la que fue alcalde. En el vídeo, que se difunde a través de TV3, Puigdemont pide al «pueblo catalán» una «oposición democrática» a la aplicación del artículo 155. Pero en el mismo instante en el que ese vídeo se está emitiendo en televisión, las cámaras de La Sexta le sorprenden disfrutando de unas tapas en un bar de la ciudad. Como si todo esto no fuera más que una mala pantomima. ¿Cuál es el plan de los independentistas? ¿Tienen alguno? En un artículo de opinión publicado en la prensa, Junqueras avisa de que las decisiones de los próximos días «no siempre serán fáciles de entender».6

El domingo, en Barcelona, miles de personas se echan a las calles para defender la unidad de España. Cataluña está fracturada. Pero seguramente ese ya no es el problema de Puigdemont. Él ha elegido la política del «cuanto peor, mejor», la de la tierra quemada. Esa misma noche, aunque todavía no se sabe, viaja en secreto a Bélgica, acompañado de varios consellers, sin detenerse a contemplar la Cataluña herida a la que está abandonando a su suerte.

El lunes 30 por la mañana, Puigdemont decide jugar una última vez. A pesar de que ya ha puesto pies en polvorosa, a primera hora publica en su cuenta de Instagram una foto del cielo, tomada desde su despacho de la Generalitat. Como si de verdad estuviese allí. En realidad, esa fotografía se había hecho antes. Y él sigue divirtiéndose.

Solo el conseller de Territori, Josep Rull, sin abandonar su sonrisa habitual, acude a su despacho a las nueve de la mañana, como si estuviese dispuesto a ofrecer resistencia frente a la policía para mantener su cargo; como si estuviese dispuesto a saltarse su destitución, que Madrid ordenó el viernes. Publica una foto suya en Twitter. Unos minutos más tarde, sale, aclamado por un pequeño grupo de fieles colaboradores. Vencido. El juego político ha terminado. Aunque ha ido tan lejos que la Justicia española toma el relevo e interfiere en una campaña electoral que debería haber devuelto la «normalidad» a Cataluña, pero que, en realidad, no hace sino confirmar una fractura.

¿Por qué votar la DUI, si se tenía la intención de huir o abandonar la «república» enseguida? La única consecuencia de este acto ha sido el inicio de un procedimiento judicial contra sus instigadores por un delito de rebelión. El fiscal general del Estado ya había avisado de que esto pasaría. ¿Acaso la cárcel era la última estrategia suicida de los dirigentes catalanes para intentar forzar la intervención de la comunidad internacional? ¿O asumieron el riesgo de la prisión y del exilio en aras de una declaración sin efecto y «simbólica»… sencillamente a tontas y a locas, como dirían algunos?

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Rumbo a las elecciones

Los días posteriores a la declaración unilateral de independencia dejan a Cataluña sumida en la melancolía. Los acontecimientos se suceden como en una pesadilla. La maquinaria judicial, lanzada a toda velocidad, parece imparable. A principios de noviembre, el bando independentista vuelve a cerrar filas tras el ingreso en prisión de ocho antiguos consellers. Seis de ellos salen en libertad un mes más tarde.

La juez Lamela, de la Audiencia Nacional, emite órdenes de detención europeas e internacionales contra Puigdemont y los cuatro consellers «exiliados» en Bélgica, pero el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena las deja sin efecto en diciembre, cuando retoma la instrucción del caso, para evitar que, antes de entregarlos a España, la justicia belga deniegue la posibilidad de que se les juzgue por el polémico delito de «rebelión». Meses más tarde, el 23 de marzo de 2018, Llarena reactivará la euroorden contra Carles Puigdemont, Antoni Comín (exconseller de Sanitat), Clara Ponsatí (Ensenyament), Meritxell Serret (Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació), Lluís Puig (Cultura) y Marta Rovira, imputada por su participación en el «comité estratégico» independentista y que huyó a Suiza para no comparecer ante el juez.

Mientras se acercan las elecciones anunciadas para finales de 2017, concretamente para el 21 de diciembre, en las calles de Cataluña se convocan de cuando en cuando manifestaciones a favor de los «presos políticos». Pero estamos lejos de vivir ese «Maidán» que algunos dirigentes independentistas preveían y, tal vez, deseaban.

Para ellos, sin embargo, el partido aún no ha terminado. Hay que ganar en las urnas y enviar una clara señal a Madrid y a Europa. ERC no quiere concurrir en una coalición con el PDeCAT porque está convencida de que la victoria será suya: las encuestas le son favorables. Puigdemont no tiene intención de presentarse bajo la denominación del PDeCAT porque cree firmemente que, si prepara una lista personal y a medida, sin siglas, sencillamente compuesta por las personas del círculo del «legítimo presidente», ganará. Su promesa: restablecer el Govern de la República y regresar del «exilio» con la cabeza alta para volver a tomar las riendas de Cataluña.

Ni el PDeCAT ni ERC explican con claridad cuáles serán sus objetivos políticos si resultan vencedores. La mayoría de los diputados a los que consulto, en las filas de uno y otro partido, consideran que será necesario luchar para conseguir que la Fiscalía retire los cargos contra los líderes encarcelados y recuperar plenamente las instituciones catalanas. En definitiva, para volver al punto de partida, antes de que todo empeore. Acto seguido, habrá que «ampliar las bases», ya que reconocen que Cataluña está partida en dos y que, en la actualidad, la independencia resulta inviable. Por último, se deberá negociar cualquier cosa con el presidente del Gobierno español. Lo que sea. Simplemente, para justificar todo lo demás. En cuanto a las personas del entorno del Puigdemont, solo tienen una obsesión: vencer a ERC y asestar un golpe a Rajoy. Hacerle caer.

El artículo 155 se ha aplicado sin grandes obstáculos, pero es imposible restablecer la «normalidad» a la que el Gobierno central dice aspirar mientras haya dirigentes independentistas en la cárcel. ¿Cuántos ciudadanos se dejarán llevar por las emociones a la hora de votar?

Las elecciones evidencian también que a España le va a costar mucho resolver el conflicto catalán si no vuelve a aparecer un partido nacionalista contrario a la independencia. Esta es la conclusión que se hace patente cada vez que entrevisto a antiguos votantes de CiU: el 1-O acudieron a las urnas indignados ante las imágenes de violencia emitidas en televisión, llenos de rabia hacia el Gobierno español, pero ahora se sienten decepcionados, tristes, hastiados, abatidos. Uno de ellos llegó a temer por su empleo en los meses de octubre y noviembre: la mayoría de los clientes que llamaban al bufete de abogados donde trabaja querían anular operaciones de venta de inmuebles o trasladar su domicilio social o fiscal a otras comunidades autónomas, por miedo a la independencia, a la salida de la UE o a los disturbios políticos. En diciembre, en cambio, los negocios se han reactivado y este votante ha recuperado su confianza en la economía. Pero reconoce que no le gustaría que la situación volviera a agravarse. Está dispuesto a renunciar a la independencia, me asegura. De hecho, ni siquiera quiere ya un verdadero referéndum sobre la independencia: le bastaría con que se arreglase este asunto «del modo que más convenga a los intereses de Cataluña». Piensa votar a favor de la «lista del president» Carles Puigdemont, es decir, de Junts per Catalunya (JxC). No tiene la más mínima duda. Le pregunto por qué se decanta por esa opción, que podría provocar una prolongación del enfrentamiento con el Estado. Su respuesta es rotunda: nunca votará por un partido «español». Para la gestión de los asuntos de su comunidad, solo confía en los partidos «catalanes».

También entrevisto al director de una escuela de comercio, un nacionalista no independentista. Aunque no me confiesa que vaya a votar por Puigdemont, me parece probable que lo haga. Precisamente por las mismas razones. Califica al PP y a C’s de formaciones «anticatalanas». Tampoco ve con buenos ojos al PSC —a pesar de que se ha aliado con un grupo escindido de la derecha nacionalista para recuperar el voto no independentista de CiU—, porque, en su opinión, está «dirigido por el PSOE de Madrid: jamás regalarán nada a Cataluña, con tal de no perder votos en el resto de España». El rector de una universidad me asegura estar dispuesto a correr riesgos por la independencia, pero solo hasta cierto punto: no quiere salir de la UE ni que el conflicto degenere en violencia. Sin embargo, como no se ha «sentido nunca español», también votará por Puigdemont.

Los analistas ya habían advertido de que los movimientos de votos entre el bloque independentista y el no independentista serían mínimos, por no decir inexistentes. La comunidad está realmente partida en dos.

Así lo confirman los resultados de las elecciones. Los independentistas pierden dos escaños, pero, con el 47,5 % de los votos y 70 diputados, conservan la mayoría absoluta en escaños aunque Ciudadanos haya sido el partido ganador, con un 25 % de apoyos y 37 escaños: toda una proeza para este partido constitucionalista. Sin embargo, parece prácticamente imposible formar gobierno.

Las personas del entorno de Puigdemont me aseguran que él no piensa renunciar a la presidencia y que su intención es poner al Estado contra las cuerdas. Ha prometido a sus votantes que sería investido. No le interesa que vuelva «la normalidad». No tiene ya nada que perder. Pero ERC no tiene el más mínimo interés en investirle y exponerse así a nuevos procesos judiciales, sobre todo considerando que la continuación del enfrentamiento no puede sino agravar la situación judicial de su propio presidente, Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión provisional en la cárcel madrileña de Estremera desde el 2 de noviembre y la de los acusados por rebelión. En cuanto a la CUP, se siente traicionada por la desbandada que se ha producido tras la DUI y se niega a apoyar a cualquier candidato que no sea Puigdemont, el «presidente legítimo», pues considera que hacerlo supondría someterse a la Justicia española.

Los meses siguientes están marcados por el bloqueo en Cataluña, mientras en Madrid la Justicia ha tomado las riendas de la política. El magistrado del Tribunal Supremo decide procesar a los dirigentes independentistas por «rebelión», una acusación no exenta de polémica, ya que este delito, castigado con hasta treinta años de cárcel, solo abarca los alzamientos de carácter violento. A pesar de las dudas que esta decisión suscita en toda España y en el extranjero, los tribunales españoles no quieren dar marcha atrás. Este delito es la única vía que permite legalmente suspender antes del juicio, pero después de un auto de procesamiento firme, los derechos políticos de los acusados y, en consecuencia, evitar que Carles Puigdemont vuelva a ponerse al frente de Cataluña.

Hasta marzo, la Justicia, gracias a otras decisiones judiciales y a la ayuda del Tribunal Constitucional, consigue impedir tanto a Puigdemont, en el «exilio», como a Jordi Sànchez, en prisión, presentarse a la investidura. Los independentistas acaban proponiendo a Jordi Turull, pero fracasa en su intento de ser elegido como presidente de la Generalitat. Estamos a finales de marzo de 2018. Y no es la Justicia española la que ha impedido al candidato lograr su propósito, sino los cupaires, que le han negado su apoyo. Esta formación se ha mostrado insensible ante el único argumento que Turull estaba en condiciones de ofrecerle: su martirio. Junts per Catalunya era consciente de que, probablemente, el mismo juez del Tribunal Supremo que había declarado al candidato investigado por un delito de rebelión, junto con otra decena de dirigentes independentistas, volvería a ordenar al día siguiente su ingreso en prisión preventiva. Lo que querían los partidarios de la independencia era que, por lo menos, Turull entrara en la cárcel ya como presidente catalán. Por la carga simbólica. Por la posible reacción internacional que habían esperado constantemente en los últimos meses… Pero la CUP ha dicho no. Y ese «no» me parece muy significativo: los independentistas únicamente pueden ponerse de acuerdo para gobernar si hay de por medio un programa de enfrentamiento con el Estado.

Conclusión

Un desorden monumental

Abril llega a su fin mientras escribo estas páginas. El interés despertado por Cataluña en la prensa internacional se ha reducido en los primeros meses de 2018. Durante estas semanas he regresado a Cataluña en otras dos ocasiones. La primera, para escribir un reportaje sobre los Comitès de Defensa de la República (nuevo nombre de los CDR), cuyo objetivo es mantener viva la fiebre independentista en la calle. La segunda, para otro reportaje, este sobre Sant Jordi, la fiesta del libro y la rosa, donde el deseo de retomar una vida «normal» ha superado a los lazos amarillos que simbolizan el apoyo a los «presos políticos».

La venta de libros es un buen termómetro del clima de tensión política. En octubre pasado se había desplomado. La gente, pegada a las noticias, no tenía ni tiempo ni ganas de sumergirse en ninguna novela. Desde entonces, ha retomado el hábito de la lectura.

Este 23 de abril, el centro de Barcelona está repleto de casetas de librerías y editoriales. Cientos de autores dedican sus ensayos y novelas a miles de lectores que forman largas colas para intercambiar algunas palabras con ellos. Es una maravillosa declaración pública de amor a la lectura. Y es la ocasión para que pueda intercambiar opiniones sobre la situación política con muchos autores. Pregunto a Eduardo Mendoza y Enrique Vila-Matas, Javier Cercas y Jaume Cabré, Almudena Grandes y Fernando Aramburu. Hablo con periodistas, políticos, editores, catalanes anónimos. También conozco a los autores del ensayo Operació Urnes («Operación urnas»).7 Este libro cuenta cómo los independentistas driblaron a los servicios secretos españoles, compraron las urnas en China, las entregaron a Francia y las escondieron en almacenes antes de distribuirlas por casas de particulares para que, el 1-O, llegaran a todos los colegios electorales de Cataluña. Espero de pie a que Laia Vicens y Xavier Tedó, los periodistas del periódico Ara que llevaron a cabo la investigación, terminen su sesión de dedicatorias para poder entrevistarlos.

De repente, una señora que estaba esperando su turno se arroja impaciente sobre ellos con una sonrisa inmensa, exultante. Debe de tener alrededor de setenta años. Un peinado perfecto. Un tinte castaño brillante esconde sus canas. En su bonita cara surcada de arrugas, unas pequeñas gafas de montura dorada enmarcan unos ojos bien maquillados. Agarra con energía, a pesar de su espalda ligeramente arqueada, las manos de Xavier y repite risueñamente: «Som uns cracks, som uns cracks!». Mientras espera su dedicatoria, le felicita por su libro y repite al menos diez veces más «somos los mejores», riéndose y riéndose. Después se va. Su hilaridad es contagiosa.

Y sin embargo, ¿no es todo esto solo un juego? ¿Se trata de ser el más astuto? ¿De demostrar que es posible poner al Estado en jaque? «Som uns cracks»… pero nueve líderes independentistas están en prisión preventiva y seis en el «exilio». Todo esto por un «juego» que ha llegado demasiado lejos y que nadie parece saber cómo detener.

Los independentistas han creído que el apoyo de más de dos millones de votantes bastaba para desafiar a Madrid, desobedecer a los tribunales e imponer su programa político sin respetar el marco que protege los derechos de todos los ciudadanos frente a cualquier posible abuso de poder. Pensaban que podían liberarse de las ataduras de las leyes, como habían hecho antes que ellos otras personas, en otros lugares y en otros tiempos, y que podían hacerlo sencillamente porque estaban, según creían, en lo justo, lo correcto y lo verdadero. Se comparaban con Rosa Parks, con Martin Luther King o con Gandhi. Ponían la lucha por la independencia al mismo nivel que la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres o los afroamericanos. Se habían dejado cegar y embriagar por la multitud que los rodeaba durante las manifestaciones puntuales. Y por los medios de comunicación simpatizantes, que los cortejaban y los seguían en todos sus desvaríos. Estaban convencidos de que la «comunidad internacional» acudiría en su auxilio. Y también de que, si la Justicia española venía a pedirles cuentas, una barrera humana los protegería y los catalanes ocuparían masivamente las calles durante semanas, durante meses, si era necesario, para exigir su libertad en nombre de una palabra que repetían sin parar, como si bastase con invocarla para que se hiciera realidad: democracia. Se sentían protegidos por las urnas, que no les habían otorgado una mayoría absoluta, pero sí les habían dado la mayoría parlamentaria, y ellos la interpretaron como un cheque en blanco.

Ahora esperan a ser juzgados.

En Cataluña, los independentistas salen masivamente a las calles cada vez que se les convoca, como tan bien saben hacerlo. Pero por la noche regresan a sus casas, en la medida de lo posible no demasiado tarde. Siguen haciendo sus vidas con normalidad. ¿Revolución? Vale, pero no a cualquier precio.

Porque Cataluña no es una colonia. Los catalanes no están oprimidos. Su renta media per cápita es superior a la europea. Es una de las comunidades autónomas más ricas de España. Hace ya tiempo que el catalán dejó de estar perseguido: de hecho, se ha impuesto como principal lengua vehicular. Cataluña goza de una amplia autonomía política —con competencias sobre la salud, la educación, la cultura, la justicia, la policía y las cárceles—, aunque esta no sea absoluta. O tal vez fuese mejor decir que «gozaba» de una amplia autonomía, resultado de treinta años de fructíferos acuerdos con Madrid, que han quedado reducidos a meras cenizas por la irresponsabilidad de los dirigentes independentistas y por la apatía (nefasta, criticable y también irresponsable) de Rajoy, apatía que, sin embargo, no puede justificar la escalada ni el discurso del odio hacia España que se han propagado estos últimos años. Porque la huida hacia delante de los independentistas catalanes, lejos de haber conducido a la república, ha acabado provocando que la comunidad díscola quede bajo la tutela del Estado. Y ha roto por mucho tiempo la confianza entre las instituciones estatales y la Generalitat. También ha fracturado a la sociedad catalana en torno a una cuestión íntima que se ha planteado de manera populista en el ámbito de la política: la identidad.

En todo este tiempo, no me he encontrado con un «pueblo catalán» homogéneo. He conocido a varias generaciones de catalanes que derramaron lágrimas de tristeza y rabia durante el mes de octubre, incapaces de comprender la necesidad de arrastrar a Cataluña al terreno de la lucha y la división por temas de poder y dinero, por un sentimiento de superioridad y frustración política. Se indignaron al escuchar a Puigdemont hablar en nombre del «pueblo catalán».

He visto a españoles que viven en Barcelona desde hace apenas diez años apoyar la independencia, creyendo que es una oportunidad para deshacerse de la monarquía española y provocar una revolución en todo el país. He escuchado a hijos de trabajadores andaluces abrazar el secesionismo por razones económicas, después de haberse convencido de que toda España odia a los catalanes. He escuchado a otros maldecir a los dirigentes independentistas, culpándoles del rechazo creciente hacia los catalanes que han percibido en el resto de España. Me he encontrado con muchas personas que se declaraban independentistas porque eran contrarias al PP. Y a otras tantas que me dijeron con desprecio que España era irreformable. Todos ellos se consideraban catalanes, y muchos, también españoles. Otros nunca se habían planteado tal cuestión.

De estos años siguiendo el procés y escuchando a unos y a otros, solo me queda clara una idea, que la grave crisis económica, política, democrática e institucional que está viviendo el país merece, sin duda, otra respuesta que no sea «¡sálvese quien pueda!».

Barcelona, 23 de abril de 2018

Agradecimientos

Gracias a Diego Modino, por haber estado ahí, siempre, por el apoyo, por la ayuda y por el hombro.

A Ángela Quintas, por el ejemplo y por la patada.

A Ángeles Aguilera, por la confianza, y a Oriol Alcorta, por la paciencia.

A Cécile y a Lola, fuentes de inspiración. A Helena, por ser mi oasis en Barcelona, y a Cristina y a Wilfred, por lo mismo.

A Graziella, por el primer vistazo.

A Elyane, a Sarah y a Juliette, por los Choupinets.

A Thierry y a Franck, por haberme hecho guerrera.

A Antoinette y a Daniel, mis padres, a quienes se lo debo todo.

Notas

1   Autor del ensayo España imaginada. Historia de la invención de una nación (Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2015).

2   «Una utopía disponible. La Cataluña independiente», La Maleta de Portbou, 6 (julio-agosto), 2014, pp. 6-15.

3   Periodista y autor del ensayo La gran ilusión. Mito y realidad del proceso independentista (Debate, Barcelona, 2016).

4   Esta película estadounidense, protagonizada y dirigida por Mel Gibson, se estrenó en 1995 y se basaba en la vida del escocés William Wallace (1270-1305), quien participó en la primera guerra de Independencia entre Escocia e Inglaterra.

5   «RSF publica un informe sobre “Respeto de la prensa en Cataluña”», 16 de octubre de 2017.

6   Edurne Concejo, «Junqueras avisa que en los próximos días habrá que tomar decisiones “que no serán fáciles de entender”», La Vanguardia, 29 de octubre de 2017.

7   Laia Vicens y Xavi Tedó, Operació Urnes, Columna, Barcelona, 2017.

En el huracán catalán

Sandrine Morel

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