ÍNDICE

PORTADA

SINOPSIS

PORTADILLA

DEDICATORIAS

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE. UNA MIRADA NIPONA A UNA LEGISLATURA CONDENADA

1. UN PLENO QUE CONDENSA TODA UNA LEGISLATURA

2. LA MANCHA DE LA MORA CON OTRA VERDE SE QUITA

3. 1 DE OCTUBRE: ¿REFERÉNDUM O MOVILIZACIÓN?

4. OCTUBRE DE 2017: UN AGUJERO NEGRO

5. CAMINO DEL DELTA DEL OKAVANGO

6. LA GRAN ESCAPADA BELGA

7 EL DESCONCIERTO SE CONTAGIA

8. LA PATRULLA NIPONA

SEGUNDA PARTE. ESCANEANDO EL INDEPENDENTISMO

1. ¿FENÓMENO SINGULAR O RESPUESTA LOCAL A LA CRISIS GLOBAL?

2. ATRAPADOS ENTRE LA BRUNETE Y LA ÍTACA

3. EFECTOS COLATERALES DEL PROCÉS

TERCERA PARTE. ¿QUÉ HACER?

1. NI AUTOCOMPLACENCIA NI ADANISMO

2. MEJOR EXPLORADORES QUE CHAMANES

AGRADECIMIENTOS

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SINOPSIS

El 7 de septiembre de 2017 la voz de Joan Coscubiela resonó con fuerza en el Parlament de Cataluña. Denunciaba la vulneración, por parte de las fuerzas independentistas, de la legalidad y de los derechos de la minoría parlamentaria para aprobar el marco legal del referéndum del 1 de octubre. Diputados de Ciudadanos, PSC y PP se levantaron para aplaudirle. En cambio, no todos los diputados de su propio grupo parlamentario lo hicieron.

La intervención de Coscubiela aquel día alienta este libro, en el que el exdiputado explica, desde la sensatez y el respeto hacia todas las posiciones, cómo se ha llegado hasta aquí. Su voz viene a ocupar un espacio silenciado, el de la equidistancia —que no equivale a una neutralidad imposible—, en el que muchos han dejado de sentir que exista una representación política.

¿Es posible superar el empantanamiento de la situación actual? A la incapacidad de gestionar las grandes ilusiones y expectativas creadas por el independentismo se ha sumado el inmovilismo del Gobierno del PP y la reacción del españolismo más rancio e intolerante, en un cóctel de difícil digestión del que, según Coscubiela, solo se saldrá pactando el desacuerdo. Con un requisito imprescindible: que a corto plazo la independencia deje de ser el único eje de la política catalana.

Joan Coscubiela

Empantanados

Una alternativa federal al sóviet carlista

A la patrulla nipona, lo mejor de una legislatura condenada.

A su comandante en jefe, Lluís Rabell, la dignidad y la generosidad hechas persona.

A mi padre, que se socializó en la lucha obrera en CC. OO. y con ello dio sentido a mi vida.

A mi madre, que amó hasta el infinito y me enseñó a amar.

Artículo 88.2 de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República: «Ninguna de las decisiones de la Asamblea constituyente, en ejercicio del poder constituyente, serán susceptibles de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal».

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), 8 de septiembre de 2017

«El seny, la medida y la ironía se hallan al servicio de la continuidad […]. Por otro lado comprobamos cómo, de repente, estas cualidades parecen frenadas, e incluso invertidas, por una actitud en la que se mezclan la exasperación y el sentimentalismo, la rauxa y el vapuleo. En tales instantes perdemos el sentido de la continuidad, la visión de la justa proporción de las cosas o la exigencia de nuestra responsabilidad en cuanto pueblo que lleva un mensaje. No aguantamos como sería nuestra obligación; cedemos. De ahí que nuestra vida colectiva esté tejida por una sucesión de resurgimientos y decadencias; que disolvamos en pocas horas el trabajo de años de reconstrucción. Y luego a empezar de nuevo, lamentándonos del tropiezo, pero sin meditar sobre ello, evitando plantearnos el análisis político, social y espiritual de los hechos, casi dispuestos a perdonarnos o bien a encumbrarnos en nombre de un patriotismo mal entendido”.»

Jaume Vicens Vives, Noticia de Cataluña, 1960

PRÓLOGO

Este libro es hijo de la duda, de muchas dudas acumuladas.

De la duda sobre su sentido. No es la primera vez que me proponen escribir sobre mis experiencias profesionales o sindicales, pero es la primera vez que, pese a las dudas, me decanto por un «sí, quiero». Aún hoy dudo del acierto de mi decisión.

De la duda sobre su interés para el lector. Hay tanto escrito sobre el proceso (en adelante procés), y sobre casi todo, que tengo dudas de poder aportar algo nuevo. Lo intentaré al menos.

De la duda sobre su oportunidad. Como parece que dijo Trotski y nos recuerda siempre el amigo Lluís Rabell, el tiempo es la materia prima de la política. Y como también lo es en la industria editorial, tengo dudas sobre si la proximidad temporal y emocional respecto a mi experiencia parlamentaria lo han podido contaminar en exceso.

De la duda de su actualidad. Quizá cuando este libro llegue a manos de los lectores, algunas de las reflexiones aportadas ya habrán sido superadas por los acontecimientos. El ritmo vertiginoso de los tiempos digitales actúa como una guillotina sobre el papel escrito y de ello no se salva ni el libro electrónico. Mucho más al tratar del procés que Cataluña ha vivido en los últimos años, con una aceleración histórica y unos giros bruscos e inesperados en el guion que desbordan cualquier intento de reflexión serena.

Soy una persona dubitativa. Me gusta, me encanta dudar. A todos mis artículos, mis intervenciones, les dedico mucho tiempo y los repaso una y mil veces introduciendo cambios. Como explica Chesús Yuste en su libro Asesinato en el Congreso,¹ en mi etapa de diputado en Madrid solía correr, al romper el alba, por el parque del Retiro. Era en esos momentos de gran concentración cuando pensaba mis intervenciones, les daba el último retoque, acariciando y mimando los detalles. Para luego, a la vuelta al despacho, incorporarlas al papel, incluso pocos minutos antes de intervenir. Quizá por eso desconfío y me dan pánico las personas que no dudan, que solo tienen certezas. Reivindico la duda como la mejor compañera de vida, incluso como complemento perfecto de las utopías, para que no dejen de ser sueños y se conviertan en pesadillas.

Como verán en este libro, suscito algunas reflexiones e intento aportar algunas respuestas, siempre desde la convicción de que no estoy muy seguro de nada. Y de que tengo muchas dudas, sobre todo en relación con la manera de alumbrar una salida a este monumental conflicto, que en ocasiones tiene más de embrollo que de otra cosa.

Me parece oportuno adelantarles cuáles son los modestos objetivos que me he planteado al ponerme a escribir, comenzando por reconocer que este es un libro con pocas pretensiones. En primer lugar, me gustaría explicar estos dos años de legislatura breve, pero intensa e inacabable, desde una mirada personal y también colectiva, la de la «patrulla nipona». De esa manera nos referíamos a nosotros mismos los diputados independientes y los de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) del grupo parlamentario para describir nuestra situación y estado de ánimo. En un segundo plano, el libro es un intento de entender qué es el movimiento independentista. Con toda su complejidad y diversidad, con toda su fuerza, que en algunos casos ha sido también su debilidad. ¿Qué tiene el independentismo de proceso único y singular en Europa, y qué de respuesta local a una crisis global? Por último, intentaré reflexionar sobre por dónde debería transcurrir el futuro inmediato, aunque me temo que lo que ustedes leerán será más un deseo que una predicción.

Este libro tiene mucho de catarsis personal después de una legislatura de vértigo, de infarto. Escribir ha sido como estar tumbado en el diván del psicoanalista. He intentado que sea una catarsis colectiva, la de los miembros de la patrulla nipona, que conseguimos convertir una experiencia política intensa y dura en un factor de enriquecimiento personal y en una profunda amistad.

Es también un reconocimiento y una reivindicación del trabajo realizado por el grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot (CSQP). Un Objeto Político No Identificado (OPNI), creado con un chip de obsolescencia programada para dieciocho meses, que consiguió sobrevivir a todos los avatares y a algunos tsunamis jamás imaginados, y que al final de la legislatura se ha perdido en el espacio, como sucede a veces con algunas sondas espaciales, sin poder transferir a nadie el resultado de su trabajo. Un grupo que, en una legislatura marcada por un conflicto entre bloques en relación con la independencia, ha mantenido un perfil propio, y en ocasiones hasta una centralidad política, impensable en sus inicios. Un grupo parlamentario que nació prematuro y muy débil de salud política, pero que ha demostrado tener más vidas que un gato.

Este libro rinde también homenaje a todas las personas que a lo largo de muchos años construyeron un proyecto potente, el catalanismo popular, que vertebró la lucha contra el franquismo y la construcción del autogobierno de Cataluña. A la militancia del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) y de ICV, a quienes debemos buena parte —no exclusiva, obviamente, pero sí gran parte— del éxito de un proyecto social y político que trabajó y luchó por hacer de Cataluña una sociedad integradora e inclusiva, hoy en grave riesgo.

Al PSUC y a las Comisiones Obreras (CC. OO.) de la dictadura y la Transición les debemos que los procesos migratorios que ha vivido Cataluña hasta ahora se hayan saldado en positivo. Les debemos la apuesta por un proyecto social en el que el conflicto nacional se abordó en términos inclusivos, apostando por la cohesión de la sociedad, situando el conflicto social como eje vertebrador de la política.

A las CC. OO. del siglo XXI les debemos que en unas condiciones si no más difíciles, sí más complejas, hayan mantenido esa apuesta por la unidad de las personas trabajadoras como factor genético del sindicalismo y como aportación determinante para la unidad civil de Cataluña.

A dirigentes políticos como Gregorio López Raimundo, Antoni Gutiérrez Díaz, Rafael Ribó, Eulàlia Vintró, Joan Saura, Dolors Camats y Joan Herrera, entre otros, les debemos que fueran capaces de construir un proyecto político que durante años ocupó la centralidad en la sociedad catalana. Y lo más difícil, les debemos que supieran aprovechar ese capital político para transformar los restos del naufragio del comunismo catalán, después de la crisis del PSUC, en un proyecto con vocación de representar las nuevas formas del conflicto social, nacional y ecológico en los albores del siglo XXI.

A sindicalistas como Cipriano García, Ángel Rozas, Pura Fernández (L’Hospitalet), Tito Márquez, Georgina Villanueva, José Luis López Bulla o Aurora Gómez, y tantos otros, les debemos que fueran capaces de construir un sindicalismo de clase y nacional que, entre otras cosas, cerró el paso a la división en clave nacionalista de la clase obrera catalana, algo que sí sucedió en Euskadi y Galicia. La fuerza de «Catalunya, un sol poble» («Cataluña, un solo pueblo») estuvo y está en la unidad de los trabajadores. Un valor que se ha puesto en grave riesgo con la fractura social producida en Cataluña.

Esta trayectoria, la de estos líderes del catalanismo popular, adquiere hoy aún mayor grandeza cuando comprobamos cómo otros pretenden construir el futuro a partir de un proyecto que, más allá de las intenciones de sus impulsores, se está manifestando claramente excluyente. En la medida en que deja fuera e incluso se confronta a la mitad de la ciudadanía de Cataluña, y en que alimenta el imaginario de «los de dentro y los de fuera» en relación con España y el de «ellos y nosotros» en el interior de la sociedad catalana.

Este libro es, como muchas cosas en la vida, fruto de una eventualidad, en este caso la desencadenada por una intervención mía en el Pleno del Parlament de Cataluña de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, en los debates de la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Así como del impacto mediático y social que produjo. Y como otras muchas veces, me dicen los que saben de esto, que es también fruto de la perseverancia de un editor, Ramon Perelló. De quien mis buenos amigos Antón Costas y Jordi Alberich me advirtieron que era un sabueso que cuando husmeaba una oportunidad, no la soltaba fácilmente. Fueron estos amigos los que me aconsejaron que no me resistiera a la propuesta del editor. Quizá, quién sabe, la decisión de dar el «sí, quiero» no cabe buscarla en consideraciones muy profundas, sino en el consejo que recibí esa noche en una cena de amigos.

Antes de seguir adelante, me siento en la obligación de advertir de una obviedad: mis reflexiones no tienen ninguna pretensión de objetividad. Eso lo dejo para la historiografía, que ya analizará en el futuro qué es lo que ha sucedido en Cataluña, España y el mundo en estas últimas décadas. Aunque a la vista del fervor patriótico con el que algunos historiadores están reescribiendo la historia reciente de Cataluña, tampoco parece claro que el rigor historiográfico esté garantizado. Una cosa es que la historia no sea objetiva (por definición, no lo es ninguna actividad humana) y otra distinta que pueda falsificarse de forma tan burda. No hay, pues, objetividad en este libro, y lo único que les puedo garantizar es honestidad. De mi padre aprendí la necesidad de ir siempre de cara y he intentado respetar este consejo, a pesar de los muchos disgustos que comporta hacerlo. Lo que en este texto se cuenta ha tenido lugar y responde a cómo yo lo he vivido y recuerdo, lo que no excluye, por supuesto, que otros lo hayan vivido y lo recuerden de manera distinta.

El libro aparece después de celebradas las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña. Esta fue la única condición que le puse al editor para aceptar el encargo. Quería expresarme con libertad, sin más límites que los derivados de mi capacidad y de mis dudas. Sin tener que estar pensando a cada momento si mis palabras podían ser utilizadas en la batalla partidaria que siempre suponen unas elecciones. Pensé que no tenía sentido hacer un libro «políticamente correcto», y para intentarlo necesitaba la libertad de no ostentar ninguna representación política.

Los poetas, los pintores, los escultores y los artistas en general suelen ser los propietarios únicos de sus trabajos. Las personas que desempeñamos funciones políticas hemos de ser conscientes de que representamos, o al menos lo intentamos, a muchas otras personas. Hemos de tener muy presente que nuestros actos, comenzando por nuestras palabras e incluso nuestros silencios, serán intermediados por los medios de comunicación y así llegarán a la ciudadanía. Eso genera unas limitaciones que no se tienen, al menos con la misma intensidad, cuando uno se libera de la responsabilidad de la representación política. Espero haber sabido aprovechar bien esa mayor cuota de libertad.

He escrito bajo los efectos del impacto personal y colectivo que supuso la votación del 1 de octubre de 2017 y la violencia con la que se intentó impedir. Y de los hechos que, de manera vertiginosa, se produjeron en unos meses en los que pasó de todo.

El paro de país del 3 de octubre; las movilizaciones del sábado 7 de octubre que en toda España llamaron a hablar, a dialogar; las manifestaciones que, convocadas por Societat Civil Catalana los días 8 y 29 de octubre, llenaron las calles de Barcelona. También el Pleno del Parlament del 10 de octubre, previsto inicialmente para la proclamación unilateral de la independencia, y que terminó siendo un reconocimiento implícito de la inviabilidad de las vías unilaterales; el esperpento de las cartas que se intercambiaron Rajoy y Puigdemont. En medio de esta marabunta, las detenciones de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes del movimiento cívico independentista, a los que la Audiencia Nacional mandó a la cárcel de manera injusta. Todo ello culminó con la celebración simultánea los días 26 y 27 de octubre de un nuevo Pleno del Parlament y del Pleno del Senado. El mismo 27, un Consejo de Ministros extraordinario acordaba la destitución del Govern, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Sin olvidar la gran escapada de Puigdemont a Bruselas, la escenificación y frivolización del «exilio», y el encarcelamiento de miembros del Govern.

Por fin, las elecciones del 21 de diciembre de 2017, que llegaron por un camino inesperado y que nos depararon más sorpresas aún. Con Carles Puigdemont encabezando una lista electoral, después de toda una legislatura diciendo lo contrario. Con unos resultados que confirmaron la fuerza del independentismo y un aumento de la polarización política y social. Y sobre todo, con un bloqueo y un empantanamiento que parecen arrastrarnos hacia una ingobernabilidad de larga duración; salvo que se sea capaz de pactar el desacuerdo, la única salida que soy capaz de vislumbrar en estos momentos.

He de reconocer que me ha resultado complejo hacer un análisis crítico del procés y al mismo tiempo expresar el respeto a las personas que reivindican la independencia de Cataluña y luchan por ella. Entre ellos tengo familiares, amigos y compañeros que llevan años implicados en este movimiento. Cuesta encontrar el punto de equilibrio entre el respeto a estas personas y su legítima reivindicación y el desprecio político a quienes han construido el gran autoengaño colectivo de la vía unilateral a una independencia low cost. Una gran escenificación con elevados costes colectivos para toda la sociedad. Hubo un momento en que se me hizo muy difícil continuar escribiendo. Analizar lo que estaba pasando en Cataluña, formulando críticas a la actuación del Govern, mientras se encarcelaba a los Jordis y a los consellers, me resultó imposible y tuve que darme un respiro. Me di cuenta de que los sentimientos de solidaridad que me despertaba su encarcelamiento me estaban condicionando y llevando a autocensurarme en exceso. Tuve que dejar de escribir durante unos días, hasta recuperar cierto equilibrio emocional y asumir que estaba ante dos planos absolutamente diferenciados que no podía confundir.

Todo lo que cuento sucedió en el breve lapso de cuatro meses, que en algunos momentos han parecido una era geológica. Si toda la legislatura había sido anómala desde sus inicios, con las elecciones «plebiscitarias» del 27-S de 2015, su final confirmó que todo es susceptible de empeorar cuando los conflictos adquieren vida propia y se descontrolan. A estas alturas no es descartable que hayamos entrado en una etapa de gran descomposición, con elevadas dosis de empantanamiento, de la que igual nos cuesta algunas décadas salir. Posiblemente, Cataluña solo sea, como en otras ocasiones, un indicio más de un proceso que puede ser la norma en Europa en las próximas décadas, la descomposición de las estructuras sociales e institucionales del Estado nación y la gran inestabilidad que ello provoca.

Me hubiera gustado disponer de más tiempo para trabajar mejor el texto, incorporando más matices, siempre importantes. Pero el editor consideró, y yo coincidí con él, que un texto de esta naturaleza debía garantizar la inmediatez de la actualidad y que perdía parte de su sentido con el paso del tiempo. Entre otras razones porque el tiempo va a situar algunos hechos que hoy nos parecen muy trascendentes en un lugar menor. Incluso es posible que pronto nos hayamos olvidado de algunas de las cosas que han pasado durante estos años. A veces pienso que sería lo mejor que nos podría ocurrir. Seleccionar las cosas que recordamos y las que olvidamos forma parte del instinto de supervivencia del ser humano.

En más de una ocasión, durante el breve pero intenso parto de este libro, tuve la sensación de que no podría acabarlo nunca. Mientras intentaba poner en orden las ideas para luego volcarlas en el papel, los acontecimientos se iban produciendo a ritmo vertiginoso, parecían un potro salvaje. Algunos matizaban o incluso desubicaban las reflexiones que tenía previsto incluir. Una prueba más de los tiempos líquidos, que en ocasiones parecen más bien gaseosos, que nos ha tocado vivir.

En algún momento había que parar de escribir para entregar el manuscrito, y ese momento ha sido el 27 de diciembre de 2017. Seguro que entre la entrega del original y su publicación se habrán producido nuevos acontecimientos. Esperemos que no le rompan el espinazo a mi relato y que el esfuerzo realizado haya servido para aportar algo nuevo a los lectores. En todo caso, yo me lo he pasado muy bien intentándolo. Y eso, tal como están las cosas por el mundo, ya es mucho.

Barcelona, 27 de diciembre de 2017

INTRODUCCIÓN

Me ha parecido oportuno comenzar explicando las premisas a partir de las que formulo mis reflexiones. En nuestros análisis, todos partimos de unos presupuestos, y los lectores tienen el derecho a conocer cuáles son los míos.

Desde mi punto de vista, lo que está sucediendo en Cataluña tiene elementos propios, únicos y singulares. Pero también tiene, en sus orígenes y como factores desencadenantes, muchos elementos comunes a otros procesos que se están viviendo en otros lugares del mundo, con los que comparte un potente hilo conductor. Ese hilo, que tiene el grosor de una maroma, lo conforman los efectos que está provocando una globalización económica sin reglas ni contrapoderes, que está erosionando todas las estructuras sociales e institucionales de la sociedad industrialista y del Estado nación. Y la reacción de las sociedades frente a este tsunami.

Este proceso, que en Cataluña y España se ha agravado y acelerado como consecuencia de la Gran Recesión económica, ha provocado una pérdida de soberanía efectiva de las sociedades en relación con los poderes económicos y ha deteriorado la capacidad de las estructuras sociales e institucionales para gobernar la sociedad. La consecuencia de este desequilibrio de poderes, entre sociedad y política de un lado, y economía y mercado de otro, ha sido un aumento de las desigualdades sociales, un incremento de la inseguridad y del miedo de amplias capas de la sociedad sobre su futuro. También se expresa en forma de desconcierto e insatisfacción. La ciudadanía ha dejado de sentirse representada, no se siente ni reconocida ni escuchada.

La gran desigualdad social, la inseguridad en relación con el presente y el miedo respecto al futuro han provocado reacciones sociales que se canalizan a través de las estructuras más primarias de la sociedad: la familia, la tribu, la religión y la nación. A ello ha contribuido el hecho de que las clases sociales, el factor determinante en la articulación política del siglo XX, hayan perdido gran parte de su protagonismo. Ese vacío se ha visto ocupado por los conflictos territoriales o aparentemente religiosos que protagonizan el presente. Sin olvidar el componente de conflicto generacional, producido por la frustración que ha provocado en las generaciones más jóvenes la interrupción de sus expectativas sociales. Ante esta crisis de época, las sociedades buscan respuestas sistémicas que ofrezcan soluciones simples y rápidas a problemas muy complejos. Seguro que a todos nos vienen a la cabeza ejemplos de estas simplistas respuestas para «asaltar los cielos».

Este fenómeno, que es global, ha impactado en las sociedades de manera distinta. Como sucede con los virus en el cuerpo humano, esta «enfermedad social» ha atacado a cada sociedad en su parte más débil. En el caso de Cataluña y España, ha afectado a nuestras dos grandes debilidades como país, la profunda desigualdad social y la incapacidad de abordar el encaje de Cataluña en el Estado español. La confluencia en el tiempo del conflicto histórico por la distribución del poder político territorial en España y de los efectos sociales y políticos de la globalización económica, acelerados por la Gran Recesión, ha generado la tormenta perfecta. Y la respuesta de la sociedad catalana a esta crisis múltiple es lo que explica la aparición en estos momentos de la reivindicación de independencia de Cataluña. Estamos ante una respuesta que se ha convertido en el movimiento social más importante de toda Europa en los inicios del siglo XXI. Que ha demostrado grandes potencialidades y, al mismo tiempo, unos límites muy evidentes. Que ha venido para quedarse y desempeñar un papel importante en la vida social y política de Cataluña y España.

Sin embargo, este movimiento tiene una gran debilidad, que es haberse construido a partir de dos grandes errores de enfoque. El primer error ha sido plantear el debate de soberanías como si este fuera hoy un conflicto solo entre Cataluña y España, cuando en realidad hay otros dos actores, la Unión Europea y los mercados globales, que desempeñan un papel trascendental en la batalla por las soberanías. Y el segundo error, consecuencia del anterior, ha sido buscar la respuesta más en el pasado, en las estructuras institucionales conocidas, las propias de los siglos XIX y XX, que en el futuro. Si el objetivo es recuperar para la ciudadanía una soberanía deteriorada como consecuencia de una globalización sin reglas ni contrapoderes, ese futuro solo lo vamos a construir en espacios más amplios que los que alumbraron las economías industrialistas y los Estados nacionales que nacieron para darle cobertura política. En este intento de recuperar la soberanía para la ciudadanía no precisamos de más fronteras, sino de menos. Por eso, la modesta reflexión que realizo en este libro apunta a la construcción de una respuesta federal para el Estado español, enmarcada en el proceso de construcción de Europa.

Que no comparta la reivindicación independentista como «la solución» no significa que no la considere absolutamente legítima. La ciudadanía de Cataluña tiene derecho a decidir democráticamente su futuro. Eso, a mi juicio, debería hacerse a partir de un referéndum, aunque soy consciente de los riesgos de polarización que comporta una consulta con respuestas binarias, y por eso estoy dispuesto a escuchar otras propuestas; ojalá hubiera dónde escoger. Un referéndum que, para ser efectivo, debe ser pactado, primero a nivel interno en la sociedad catalana y después con el Estado español. He sostenido siempre el derecho a celebrar el referéndum y el hecho de que es perfectamente posible hacerlo en el marco de la Constitución Española. Lo hice en el Congreso de los Diputados, cuando el 8 de abril de 2014, en calidad de portavoz del grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA), defendí el voto favorable a la proposición de ley presentada por el Parlament de Cataluña en este sentido. Y después como portavoz del grupo parlamentario de CSQP en el Parlament de Cataluña, donde me tocó defenderlo frente a quienes, desde la mayoría de gobierno y el movimiento independentista, lo calificaron durante meses como pantalla pasada, por considerar que las elecciones «plebiscitarias» del 27 de septiembre de 2015 ya tenían este carácter refrendario. Con la misma convicción con que he apostado por el referéndum pactado me he opuesto a su convocatoria unilateral, por considerar que era una vía condenada al fracaso, como así se ha demostrado.

Se tuvo que producir la votación del 1 de octubre de 2017, en los términos de precariedad democrática en que se produjo (tanto por los déficits en la aprobación de la ley, en su convocatoria y en su celebración, como por la represión desencadenada por el Estado español), al tiempo que se comprobaban los límites políticos de una Declaración Unilateral de Independencia y el callejón sin salida al que se nos ha conducido, para que los argumentos contra la convocatoria unilateral del referéndum y a favor de una solución pactada hayan adquirido más fuerza, la que da haber sido ratificados por la vida y la tozuda realidad.

Por último, en esta introducción debo realizar una observación metodológica. Verán que en el transcurso de este libro utilizo mucho las expresiones «independencia» e «independentismo» por un lado, y «procesismo» y «unilateralismo» por el otro. Quiero advertir de que distingo nítidamente entre independencia e independentismo, como reivindicación y movimiento absolutamente legítimos, de procesismo o unilateralismo. Cuando hablo de «procesismo», lo hago para identificar una estrategia que yo considero de manipulación partidista de la independencia y el independentismo. En la que la ilusión se confunde con la ficción y la astucia, con el engaño. También distingo el independentismo del unilateralismo, que ha sido la culminación de esta estrategia procesista.

PRIMERA PARTE

UNA MIRADA NIPONA

A UNA LEGISLATURA CONDENADA

En esta primera parte ofrezco mi mirada sobre lo que ha sido una legislatura condenada al fracaso desde el mismo momento de la convocatoria de las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015 y la promesa de Declaración Unilateral de Independencia (en adelante, DUI) en dieciocho meses. Además de ser una legislatura condenada al fracaso, ha sido también una condenada legislatura, por la dureza de estos dos años y por su esperpéntico final.

Por supuesto, es mi mirada personal. Si me refiero a ella como «una mirada nipona», es porque todo aquello que yo he vivido y ahora interpreto está muy influenciado por la observación colectiva de la «patrulla nipona». Y también como reconocimiento al trabajo realizado por las personas que han formado parte de esta experiencia, con las que he compartido mucha fraternidad en esta legislatura.

1

UN PLENO QUE CONDENSA

TODA UNA LEGISLATURA

Se ha hablado mucho del Pleno del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, pero no se ha destacado lo más significativo: en dos días se condensó toda una legislatura.

El ritmo tan vertiginoso de los acontecimientos puede hacernos olvidar o dar por amortizados determinados hechos de gran trascendencia. Es lo que tienen los tiempos líquidos. Por eso, para explicar lo que sucedió esos días, me resulta imprescindible retrotraerme a lo acontecido en dos años intensos, marcados por tres factores clave. Por un lado, la legislatura ha estado condicionada por la imperiosa e ineludible necesidad de materializar las grandes ilusiones y expectativas creadas por las impresionantes movilizaciones independentistas de los años anteriores. Por otro lado, estos dos años han sido una constante batalla de posiciones entre las fuerzas políticas independentistas, de todas contra todas, para hegemonizar este espacio político. Por último, ha sido la legislatura en que la astucia alcanzó su cénit como principal estrategia procesista y también constató sus límites. Todo ello culminó en el Pleno de los días 26 y 27 de octubre. Y lo hizo de la misma manera en que el río Okavango desemboca en el desierto del Kalahari en Botsuana, formando el delta que lleva su nombre: con sus aguas evaporadas o infiltradas en las arenas y sin poder llegar al mar.

Para entender mejor esta abreviada pero intensa legislatura conviene retroceder a las elecciones «plebiscitarias» del 27 de septiembre de 2015, que pusieron una vez más de manifiesto la gran capacidad de mutación y la astucia del procesismo para gestionar políticamente el movimiento independentista. Con su convocatoria anticipada, Artur Mas pretendió dar continuidad, en forma de patada hacia adelante, a lo que comenzó siendo una instrumentalización partidaria del independentismo, las elecciones anticipadas de noviembre de 2012. Y ha terminado siendo una hoja de ruta sin salida.

Las impresionantes movilizaciones del independentismo han generado una gran ilusión y muchas expectativas. A pesar de que sus detractores hayan anunciado en diversas ocasiones que el «suflé» independentista estaba bajando, su capacidad de movilización se ha mantenido intacta. Cuanto más músculo social mostraba el independentismo, más aumentaban la ilusión, las expectativas y el convencimiento de que la independencia estaba al alcance, era una cuestión de pocos meses. Pero esa realidad chocaba con otra, también muy potente, la imposibilidad de convertir esa fuerza movilizadora en avances, aunque fueran parciales, hacia la consecución de la independencia.

Esta contradicción es algo que conocemos bien los sindicalistas. Las huelgas generales contra políticas sociales y laborales de los gobiernos han concitado un gran apoyo, pero convertir ese éxito en conquistas no ha sido automático, ni mucho menos. Con la potencia movilizadora que se ha desplegado en las huelgas generales, en cualquier conflicto empresarial o sectorial, esa fuerza se hubiera convertido automáticamente en conquistas laborales y sociales. Pero cuando el interlocutor es el gobierno de turno, las reglas del juego cambian, y no siempre un éxito en la movilización se convierte de manera inmediata en la conquista de la reivindicación. En este conflicto puede que incluso haya sucedido lo contrario. La fuerza de las movilizaciones independentistas ha generado una reacción en sectores de la sociedad española que, lejos de debilitar al Gobierno español, lo ha reforzado en su posición política en toda España. Y ha actuado como un desincentivo al diálogo y a la búsqueda de soluciones.

Para afrontar esta dialéctica perversa, la dirección política del independentismo ha utilizado desde el primer momento la estrategia de la astucia, que le ha permitido mantener viva la reivindicación y la capacidad de movilización, aunque de ello no se desprendiera ningún avance concreto. La consulta del 9 de noviembre de 2014 tuvo ese objetivo, mostrar la fuerza democrática del independentismo ante la constatación de que las movilizaciones de los tres años anteriores no habían hecho mover ni un ápice la posición de Rajoy. Fue precisamente el éxito de participación en la consulta de 2014 lo que obligó a Artur Mas a situar un nuevo objetivo con el que mantener vivas la ilusión y las expectativas, y ofrecer una motivación para continuar con las movilizaciones. Eso y no otra cosa fueron las elecciones «plebiscitarias» del 27 de septiembre de 2015; las de «el voto de tu vida» de Junts pel Sí (JxSí).

La explicación de Artur Mas fue que esas elecciones eran la respuesta a la negativa del Gobierno de Rajoy a celebrar un referéndum. Y que era el único camino, así se explicó, a la independencia, a través de la vía de su declaración unilateral. Esta argumentación era un placebo para obviar la realidad: las elecciones «plebiscitarias» de 2015 se convocaron no porque tuvieran la más mínima posibilidad de actuar como un referéndum, sino para canalizar y no frustrar las grandes expectativas creadas por las espectaculares movilizaciones de cada 11 de septiembre. También para reconducir la batalla interna entre las fuerzas políticas independentistas, que ha sido un gran factor de desestabilización. Y, por supuesto, para conseguir una mayoría parlamentaria con la que continuar gobernando.

Durante estos años se ha creado un círculo, virtuoso y vicioso al mismo tiempo, al que había que dar salida. Cada gran movilización en la calle generaba un círculo virtuoso que reforzaba la reivindicación de independencia. Pero al mismo tiempo, este círculo tenía un componente vicioso en la medida en que las expectativas no podían convertirse en conquistas concretas, con lo que el movimiento se obligaba a sí mismo a marcar otro nuevo objetivo para el año siguiente. Siempre más ambicioso y menos realista. El componente vicioso del círculo se agravó a partir del momento en que buena parte del movimiento independentista se instaló en la estrategia hiperventilada, la del «tenim pressa» («tenemos prisa»), «no podem esperar més» («no podemos esperar más») y «o ara o mai» («o ahora o nunca»). Esta impaciencia aumentó aún más la presión sobre los dirigentes del independentismo, hasta el punto de marcar sus decisiones. Sin obviar, claro, el papel que en este sentido ha tenido la batalla interna por la hegemonía en el mundo nacionalista, que ha actuado como un incentivo para estas fugas hacia ninguna parte.

Las elecciones de septiembre de 2015 no solo reflejaban astucia, sino que también comportaban una parte de autoengaño, en la medida en que generaron un imaginario en el que creyeron muchas personas y que ha marcado toda la legislatura. Se dijo que sus resultados actuarían como si de un referéndum se tratara y que de ellos se desprendería un mandato democrático para legitimar la DUI y la proclamación de la República catalana. O sea que se ofrecía a las personas ilusionadas con la independencia un horizonte a través del cual canalizar sus grandes expectativas. Sin prestar atención a que cada vez nos acercábamos más a ese punto de no retorno en que la ilusión se convierte en ficción, la astucia, en engaño, y todo choca con la cruda realidad. Para que la naturaleza plebiscitaria de las elecciones fuera creíble, se planteó la DUI como gran objetivo de la legislatura, y la batalla interna entre fuerzas políticas obligó a marcar un plazo breve, de dieciocho meses, coherente con el «tenemos prisa» o «no podemos esperar más».

UNA LEGISLATURA EN QUE LA ASTUCIA SE HIZO ENGAÑO Y LA ILUSIÓN, FICCIÓN

Esta legislatura ha estado muy marcada por la Resolución 1/XI del Parlament del 9 de noviembre de 2015.¹ Con ella, JxSí se comprometió con la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a una hoja de ruta absolutamente inviable, pero que ha terminado siendo la esencia de la legislatura, al mismo tiempo que su motor y la principal causa de su descalabro. En aquella resolución se recoge, entre otras cosas, lo que después ha terminado siendo el contenido de las proposiciones de Ley del Referéndum de Autodeterminación y de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. A pesar de que desde el principio era muy evidente su inviabilidad política, se justificó su aprobación por la necesidad de salvar la investidura de Artur Mas, que nunca se produjo.

A la vista de cómo han sucedido los acontecimientos, creo que se puede afirmar lo que en su momento intuí y dije, que la aprobación de esa resolución no tenía solo por objetivo —que también— salvar la candidatura de Mas a la Presidencia de la Generalitat, sino que era el resultado inevitable de haber convocado unas elecciones «plebiscitarias», con un compromiso de DUI en dieciocho meses. Ciertamente, la resolución podía haberse redactado con más finezza, pero su destino hubiera sido el mismo, el delta del Okavango independentista. El independentismo se había situado en un túnel de una sola dirección que no tenía salidas de emergencia. O se conducía la legislatura por estos inciertos vericuetos, y ya encontraría la astucia procesista una manera de salir de la trampa en la que se había metido, o alguien tendría que explicarle al movimiento independentista algo que ni unos estaban en condiciones de decir, ni otros de escuchar, a saber, que no habían sido unas elecciones «plebiscitarias», que no existía ningún mandato con legitimidad democrática y que una declaración unilateral no tendría ningún efecto político práctico. En resumen, el dilema era decir la verdad o protagonizar otra fuga hacia adelante. En eso consistió fundamentalmente la resolución del Parlament del 9 de noviembre de 2015 y todo lo que de ella se desprende.

En el momento actual, cuando los miembros del Govern, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la propia CUP reconocen que la aprobación de las leyes y la proclamación de la independencia y la República catalana no tenían ninguna posibilidad de ser efectivas, todo parece muy claro. Sin embargo, explicarlo así en aquellos momentos comportaba el riesgo de ser anatemizados, como poco de antidemócratas, cuando no de traidores. Incluso de ser considerados aliados de la «caverna» del Partido Popular (PP) por algún compañero de nuestro nuevo espacio político, como así sucedió.

Pero la historia no es determinista, y no estaba escrito que tuviera que comportarse en los términos en los que al final se produjo. Hubo oportunidades para salir de esta trampa. Nuestro grupo parlamentario generó dinámicas para ello. Las llamamos «pistas de aterrizaje para el independentismo». Desgraciadamente, cada vez que nosotros montábamos una pista de aterrizaje, pues nos interesaba por razones partidarias y sobre todo de país, los independentistas terminaban bombardeándola. Como si estuviéramos ante una maldita adaptación de la fábula del escorpión y la rana.

Esta legislatura tiene dos etapas claramente diferenciadas y separadas entre sí por la cuestión de confianza planteada por el president Puigdemont. En aquel momento se perdió la oportunidad de reorientar la estrategia y se optó, en cambio, por ir directos al precipicio, aunque se vistiera de astucia con la frase del President de «referéndum o referéndum» para ilustrar que sería pactado o unilateral.

En un primer momento pareció que la resolución del 9 de noviembre de 2015 quedaría en un cajón, como muchas otras aprobadas por el Parlament de Cataluña desde 1989. En los primeros meses de la legislatura, la batalla por marcar relato y agenda dentro del bloque independentista puede resumirse de la siguiente manera: la CUP presentaba de manera constante resoluciones, mociones, interpelaciones que reflejaban el «momento histórico» que vivíamos. JxSí las votaba y el Govern, una vez aprobadas, las guardaba en el cajón, no sin el consabido escarceo entre ERC y el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). Una muestra de ello es la Proposición de Ley de la Agencia Catalana de Protección Social, con la que pretendía crearse la ficción de una estructura del futuro Estado para gestionar las pensiones contributivas de la Seguridad Social. Esta proposición de ley llegó a estar aparcada en su tramitación durante más de seis meses, a pesar de que la resolución del 9 de noviembre le marcaba unos plazos perentorios para su aprobación definitiva. Y así todo. En justa contrapartida a este doble juego por el que JxSí votaba a favor de todo tipo de propuestas de la CUP, que luego no se aplicaban, la CUP prometía estabilidad parlamentaria para después no dar su apoyo a la investidura de Mas ni aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2016. Esta situación llevó a que en más de una ocasión, los responsables parlamentarios de JxSí me anunciaran que «esta sí que no la pasamos», o cosas por el estilo. Después se las tragaron todas juntas, una detrás de otra.

El punto de inflexión de la legislatura llegó con dos hechos simultáneos en el tiempo, la cuestión de confianza del president Puigdemont y la renovación de la dirección política de la CUP. Los dos movimientos tenían un objetivo compartido, evitar que la legislatura naufragara y que las fuerzas políticas fueran culpadas del naufragio por las organizaciones sociales que articulaban el movimiento independentista, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Este cambio de escenario se materializó en el apoyo de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC) a la cuestión de confianza planteada por el President y en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2017, como contrapartida al compromiso de Puigdemont de «referéndum o referéndum». Ello podría haber evolucionado hacia una posición de realismo a partir de la asunción del referéndum pactado como único camino transitable. Pero de nuevo apareció la gran fuerza de atracción gravitatoria del independentismo hacia su particular «delta del Okavango», con las fuerzas generadas por las importantes movilizaciones evaporándose o infiltrándose en el desierto.

La CUP-CC supo aguantar pacientemente las dudas, las idas y venidas, los desplantes, las marchas atrás del Govern. Incluso en momentos delicados como los plenos del 10, 26 y 27 de octubre, en los que parecía que todo se iba a quedar en nada. La CUP-CC se había puesto como objetivo que de ninguna manera se la pudiera acusar de ser la responsable de no llevar a buen puerto la DUI y la proclamación de la República. Y para eso dio apoyo a un Govern que aplicaba unas políticas contra las que, teóricamente, ellos luchaban. ¿Qué diferencia hay entre los Presupuestos de la Generalitat de 2016 y los de 2017? Pues que los primeros fueron rechazados por la CUP y los segundos fueron aprobados, a pesar de que su contenido era prácticamente idéntico. Por mucho que luego se intentó vestir la mona de seda, con el llamado impuesto a las grandes fortunas, que ya nadie recuerda y que es muy probable que nunca aporte un solo euro a las finanzas de la Generalitat. Para sobrellevar esta contradicción y no desencantar a su gente, la CUP-CC optó durante estos meses por una estrategia parlamentaria consistente en una crítica feroz al capitalismo global en genérico, mientras se daba apoyo a un Govern que era la expresión local de ese capitalismo salvaje que tan retóricamente combatía. ¿Nueva política? No, nada nuevo. Es la vieja táctica del izquierdismo impostado. Que tu mano izquierda, la que escribe discursos y lanza proclamas, no sepa lo que hace tu mano derecha, la que vota a favor de las políticas contrarias.

Se acercaba el final de los dieciocho meses y nadie quería aparecer como responsable de frustrar las grandes ilusiones y esperanzas de dos millones de personas entusiasmadas con la independencia. Ese temor a mirarle la cara a la realidad y decirle la verdad a la ciudadanía no era solo de los partidos independentistas. Lo compartían con los dirigentes de la ANC y Òmnium, los intelectuales orgánicos del independentismo o los periodistas que lo han arengado y acompañado durante años. Entre todos ellos se han hecho un marcaje feroz, y cada vez que alguien iniciaba un pequeño desmarque, caía sobre esa persona la acusación o insinuación de «traición». No comparto la explicación, que de hecho es una consigna, del PP y de Ciudadanos, por la que todo este escenario es fruto del sometimiento de JxSí a la estrategia «radical» de la CUP-CC. No resto mérito a los «cuperos» por su perseverancia, pero no fueron los determinantes de que los acontecimientos sucedieran en los términos en que al final ocurrieron. El factor que de verdad llevó a las fuerzas independentistas hasta el 1 de octubre, la posterior DUI y la proclamación de la República catalana fue la gran fuerza de atracción gravitatoria que ejercía la gran ilusión generada. Y la incapacidad de explicarle a tanta gente que lo que se les había prometido no era posible.

Solo había un resquicio por el que transitar en esa ruta alternativa hacia la realidad. Replegar fuerzas, protegerse y seguir los sabios y reiterados consejos de Alex Salmond. El que fue primer ministro escocés insistió hasta el agotamiento en la necesidad de actuar como un corredor de fondo. Ese resquicio de lucidez pasaba por que todas las fuerzas independentistas socializaran el coste de explicar la realidad. Pero ese angosto sendero fue imposible de transitar por la intensa competencia política entre los partidos independentistas. Muy fratricida, aunque se intentara disimular. Estos tres factores, la incapacidad de gestionar políticamente las grandes ilusiones y expectativas creadas, la batalla interna en el independentismo y el agotamiento de la estrategia de la astucia, marcaron la legislatura, se condensaron en el Pleno del 6 y 7 de septiembre y terminaron explosionando el 26 y 27 de octubre.

La astucia se llevó a unos extremos en que los astutos dirigentes procesistas creyeron que era posible engañar al mismo tiempo a la ciudadanía y al Estado español, y hacerlo de manera reiterada y hasta el final. Lo prueban las actas de la Mesa del Parlament del 27 de octubre, en que se admitió a trámite la propuesta de resolución por la que se declaraba la independencia y se proclamaba la República catalana. En esa acta se transcribe la intervención de la secretaria primera, en la que solicita que se deje constancia de que las propuestas de resolución presentadas no tienen efectos jurídicos. Sin duda se trataba de preparar la defensa jurídica posterior de los miembros de la Mesa. Algo absolutamente legítimo y comprensible. Sin embargo, con esa advertencia de ausencia de efectos jurídicos de la resolución y la posterior petición de su voto secreto en el Pleno quedó al descubierto el inmenso engaño que estaban perpetrando. En ningún momento se creyeron la efectividad de su declaración de independencia y proclamación de la República catalana. Lo más grave es que esa observación, que consta en las actas de la Mesa, se realizaba mientras, a escasos metros y en una sala del Parlament, había 300 alcaldes dando la bienvenida a la independencia. Y en los alrededores, miles de personas, como en otros lugares de Cataluña, estaban celebrando con euforia que por fin había llegado la independencia y la creación de la República catalana. La estrategia de la astucia había llegado a su nivel más elevado de paroxismo. ¿Qué podía salir mal?

UN PLENO CON MOMENTOS PARA OLVIDAR Y LECCIONES QUE RECORDAR

El Pleno del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre fue muy intenso, con muchos momentos para olvidar y algunas lecciones que recordar. Anunciado con mucha antelación, era la culminación de la estrategia de la mayoría independentista para «burlar astutamente» al Estado español. Así se explicó durante meses, en los que la astucia pasó a ser la palabra más pronunciada y se convirtió en la virtud política más valorada por los procesistas. Supuso el punto de no retorno del unilateralismo. Una astucia que acabó convirtiéndose en graves vulneraciones de la legalidad, tanto española como catalana, de los derechos de los grupos parlamentarios y de los de la ciudadanía a la que representamos.

Conviene recordar que la Proposición de Ley del Referéndum se presentó en el registro el 31 de julio de 2017, último día hábil del período de sesiones, pero no se publicó en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), y por tanto no existía a efectos parlamentarios, hasta el día 6 de septiembre, el mismo día en que sería aprobada horas después. Se trataba de una astucia que bien podríamos calificar de «aquí te pillo, aquí te voto». Que entre la publicación en el Boletín del Parlament de una proposición de ley que convocaba un referéndum de autodeterminación y su aprobación pasen solo algunas horas da una imagen del tamaño de la aberración democrática que se perpetró en ese Pleno. La mayoría gubernamental usó el artículo 81.3 del Reglamento, que solo permite alterar el orden del día incorporando un nuevo punto inicialmente no previsto, para hacer desaparecer de un plumazo todos los trámites obligatorios para la aprobación de las leyes. Unos requisitos de procedimiento que no son aspectos formales o estéticos prescindibles, sino que constituyen la base de la seguridad jurídica, uno de los pilares del sistema democrático.

No se trataba de un procedimiento exprés, o sea de urgencia, como se lo denominó. Más bien fue, tal como yo denuncié, un procedimiento «bucanero». Se vulneró la legalidad (española y catalana) y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, se pisotearon los derechos y garantías de los grupos parlamentarios. No es un dato menor que durante los días anteriores al 6 de septiembre, ese procedimiento fuera vendido y normalizado por los medios de comunicación de la División Mediática Ítaca —una denominación cuyo origen explicaré más adelante—, especialmente TV3, como la vía más probable para poner en marcha la astucia procesista y poder aprobar las leyes. Todo relato tramposo necesita, para triunfar, las oportunas dosis de manipulación «informativa».

Celebrar el Pleno del Parlament los días 6 y 7 de septiembre, solo tres semanas antes de la fecha anunciada para la celebración del referéndum del 1 de octubre, fue otra astucia —así se explicó— para no dar margen de reacción política y jurídica al Gobierno español. Sin duda, más que una astucia, era una ingenuidad, en ese escenario de ficción creado por el procesismo. Todo el mundo sabía que el Gobierno español y el Tribunal Constitucional reaccionarían en pocas horas, como así fue, con la suspensión de ambas leyes y, posteriormente, su anulación en tiempo récord. Para burlar «astutamente» al Gobierno español se fijaron unos plazos parlamentarios de tres semanas, entre el 16 de agosto y el 6 de septiembre, que hacían imposible su tramitación en términos de normalidad democrática. Imposible en un plazo tan breve cumplir con las normas y las garantías democráticas exigidas para la tramitación de las leyes. Especialmente si se trata de leyes que pretendían dar cobertura legal, aunque fuera aparente, a la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, legitimar una futura DUI e iniciar un proceso constituyente para la creación de la República catalana y la transformación de las estructuras económicas y sociales de Cataluña. Casi nada.

Visto desde fuera, puede resultar incomprensible que se trate con esa superficialidad y frivolidad objetivos tan trascendentes. Pero dentro de la burbuja de política ficción en que los procesistas consiguieron situar la política catalana, eso parecía de la más pura lógica para centenares de miles de catalanes. Esa grave vulneración democrática fue interiorizada como imprescindible por una parte de la ciudadanía de Cataluña y defendida con fervor por la División Mediática Ítaca. El reto que tenían no era fácil, y se comprobó rápidamente. En principio se había elegido iniciar la tramitación de estas leyes, con su admisión a trámite por la Mesa del Parlament, el día 16 de agosto. Para ello se había forzado una reforma «exprés» del Reglamento del Parlament, aprobada con los únicos votos de la mayoría gubernamental. Y aquí ya aparecieron dos obstáculos importantes para la estrategia procesista.

El primer obstáculo fue el dictamen sobre esa reforma del Reglamento que emitió el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), en el que expresó por unanimidad que no era posible aprobar leyes de esta naturaleza por la vía exprés de lectura única. Que la decisión del Consejo fuera por unanimidad, en un organismo en el que muchos de sus miembros lo eran a propuesta de los partidos de la mayoría gubernamental, da la medida del tamaño de la cacicada parlamentaria que se iba a perpetrar. Los argumentos utilizados en ese dictamen del CGE, adoptado antes del verano, hacían presagiar que no iba a avalar las dos proposiciones de ley, la del Referéndum y la de la Transitoriedad. Y esa previsión fue leída perfectamente por la mayoría gubernamental. En el futuro impedirían, aunque fuera ilegalmente, que el Consejo pudiera emitir sus dictámenes antes de la aprobación de ambas leyes. Así se evitaban un nuevo revolcón jurídico y político por parte del CGE.

Un segundo obstáculo surgió porque el procedimiento elegido para la tramitación de las leyes cargaba toda la responsabilidad sobre la Mesa del Parlament, y en especial sobre su presidenta. Y eso no era un bocado fácil de digerir para las personas directamente afectadas. Durante todo el mes de agosto se produjo un debate, no por subterráneo menos evidente, entre los dirigentes del procesismo, para ver cómo se minimizaban los costes penales de esta decisión, y quien los iba a asumir. Lo que ya hacía presagiar que no estaban muy convencidos de la viabilidad de su estrategia. La resistencia de la presidenta del Parlament a asumirlos en solitario provocó que se aplazara toda la tramitación de las leyes, que debía comenzar el 16 de agosto, y que se pospusiera la admisión a trámite de las dos proposiciones de ley hasta el mismo día 6 de septiembre, pocas horas antes de su debate —es un decir— y aprobación.

Si la tramitación de estas dos leyes en tres semanas era legalmente imposible, hacerlo en pocas horas se convirtió en una chapuza legal y democrática que contaminaba en origen el «referéndum» del 1 de octubre. Este dato sobre el procedimiento utilizado puede parecer anecdótico, pero no lo es, porque fue determinante para la degradación democrática del Pleno del 6 y 7 de septiembre. Porque para que se pudiera celebrar el referéndum el 1 de octubre, fecha simbólica e inamovible, la tramitación y aprobación de dos leyes de esa trascendencia social y política debía hacerse en solo cuarenta y ocho horas, vulnerando el reglamento del Parlament, la legalidad catalana y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, ninguneando al CGE de la Generalitat y pisoteando los derechos de los grupos parlamentarios y de la ciudadanía a la que representan. Así y sin pestañear.

Como toda justificación para tamaña aberración se utilizaron dos argumentos: «el Estado español no nos ha dejado ninguna otra vía para convocar el referéndum», y el más peligroso en términos democráticos, que la mayoría parlamentaria de 72 diputados, si así lo acuerda en votación, lo puede todo; incluso saltarse toda la legalidad y los derechos de las minorías. Repitieron tantas veces en esas cuarenta y ocho horas que la mayoría, por el simple hecho de serlo, lo puede todo, sin límites legales ni democráticos, que terminaron por creérselo y hacérselo creer a una parte importante de la ciudadanía. Otra vez con la ayuda imprescindible de la División Mediática Ítaca.

Recuerdo que expliqué con desesperación una y mil veces a los profesionales de la comunicación que los procedimientos legales no son florituras que uno puede poner o sacar del decorado de una obra. En este proceso de hacer pedagogía entre los medios de comunicación tuve que tirar mano de los diccionarios, del María Moliner de la lengua castellana y del Pompeu Fabra de lengua catalana. E incluso utilizar el diccionario de sinónimos. Todo ello para explicar algo tan sencillo de entender como que la mayoría parlamentaria no podía saltarse el trámite preceptivo del dictamen del CGE, exigido por el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Aunque una vez emitido el dictamen, al no ser vinculante, no existiera ninguna obligación de hacer caso de su contenido.

La mayor parte de los profesionales de la comunicación lo entendieron a la primera, porque no hace falta ser experto en derecho para ello. Pero otros, situados en el mundo de la División Mediática Ítaca, se resistían a entender algo tan obvio. Intentar explicar a algunos periodistas que carácter preceptivo es sinónimo de «trámite obligatorio» y carácter «no vinculante» significa que no existe obligación de respetar el contenido de un dictamen puede llevarte hasta un intento de suicidio. Así que al final desistí de mis explicaciones, cuando tuve claro que no se trataba de problemas de comprensión. Los profesionales lo entendían perfectamente, pero eso les creaba un conflicto con el relato del medio de comunicación para el que trabajan. Lo cierto es que el único problema de comprensión era que la realidad no casaba con el relato de los procesistas y que los medios de comunicación descaradamente a su servicio no podían nunca entender lo obvio, porque si lo entendían y lo explicaban así a la ciudadanía, se les hundía el relato de un procedimiento que presentaban como una astucia, cuando en realidad se trataba de una chapuza legal y una grave vulneración democrática.

Las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre no son precisamente para sentirse orgullosos de la política. Aunque no todos tuvimos la misma responsabilidad. Algunos siempre intentamos mantener la calma, un clima de diálogo y la dignidad del Parlament. El día 6 se dedicó a la aprobación de la Ley del Referéndum de Autodeterminación y se alargó hasta la madrugada del día 7. Infinidad de reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, reconsideraciones de las decisiones adoptadas, reclamaciones contra la vulneración de derechos, tensión, acusaciones de filibusterismo parlamentario y bronca, mucha bronca. Y una Presidenta desbordada en su función institucional, presionada y abrumada por las instrucciones partidistas, en el sentido literal del término, que había recibido de los suyos para aprobar la ley, sí o sí, y de la manera que fuese. Y además, hacerlo en un horario en que permitiera celebrar después la reunión del Govern para firmar la convocatoria del referéndum y así garantizar su oportuna difusión por los medios de comunicación en prime time televisivo.

Se ha hablado mucho de los errores cometidos por la Presidenta en el gobierno de esa sesión parlamentaria. Pero mucho menos de las presiones ocultas a las que el Govern y la mayoría parlamentaria la sometieron para poder cumplir su objetivo de aprobar, sí o sí, la Ley del Referéndum, y además en un horario predeterminado.

EN ESO LLEGÓ EL CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS Y MANDÓ PARAR

La sesión del 6 de septiembre tuvo un momento propio de novela de intriga. Por sorpresa, y a media tarde, llega el acuerdo del CGE que, por unanimidad, acuerda recordar al Parlament que no puede aprobarse la Ley del Referéndum sin esperar a que el Consejo emita su dictamen sobre esa ley, que es preceptivo según el Estatuto de Autonomía. Con prudencia, pero de manera clara y contundente, el CGE afirmó que no podía continuarse con la tramitación de la Ley del Referéndum. Ya pueden imaginar la satisfacción que me produjo comprobar que el Consejo decía por unanimidad aquello que yo llevaba semanas explicando a los periodistas y que algunos medios no habían querido entender.

Conviene insistir en que ese acuerdo lo adoptó por unanimidad un organismo de la Generalitat de Cataluña compuesto por expertos, algunos elegidos a propuesta de la mayoría gubernamental. En condiciones normales, lo racional hubiera sido paralizar la tramitación de la ley, pero la decisión de los independentistas de continuar, fuera como fuera, con su astucia, estaba tomada. El día 6 de septiembre debía aprobarse la Ley del Referéndum sí o sí, a cualquier precio. La sorpresa al llegar al Parlament el acuerdo del CGE fue mayúscula. Nadie esperaba ese torpedo en la línea de flotación de la estrategia procesista. A partir de ahí se suscitaron todo tipo de especulaciones sobre las razones de esta actuación tan sorprendente como contundente del CGE.

¿Obedecía solo a un ejercicio de responsabilidad de sus miembros y a la consciencia de la gravedad de los incumplimientos legales que estaba perpetrando la mayoría? ¿Fue un instinto de autoprotección frente a lo que era una grave ilegalidad, que no querían avalar? ¿Quizá una reacción de dignidad institucional frente al ninguneo público al que llevaban varias semanas sometidos los miembros del CGE por la mayoría parlamentaria? ¿O incluso una reacción de los sectores sensatos del independentismo, convencidos de que ese camino los llevaba al precipicio? Muy probablemente fueran todas esas razones y algunas más. Alguien en el gobierno y en los grupos parlamentarios de la mayoría debió haber leído mejor ese dato que llegaba del CGE y así nos hubiéramos ahorrado el bochornoso espectáculo que nos iba a deparar la sesión del día siguiente, el 7 de septiembre. Desgraciadamente, no fue así.

El acuerdo del CGE fue todo menos una casualidad. La petición de dictamen sobre una ley debe presentarse en el Registro del Parlament, que después, en un mero trámite reglado, lo remite al Consejo. Pues bien, uno de los grupos que había solicitado el dictamen, el grupo socialista, previendo que la presidenta del Parlament no iba a cumplir con su obligación, presentó la solicitud del dictamen por partida doble, en el Registro del Parlament y directamente ante el CGE. Ese detalle, no menor, fue el que permitió que el Consejo pudiera adoptar su acuerdo. Situación que no se hubiera producido si la solicitud de dictamen se hubiera presentado únicamente en el Registro del Parlament y hubiera sido bloqueada por la Presidenta, como así sucedió. Quien a astucia mata, a astucia muere.

DE TREINTA Y OCHO AÑOS SIN LEY ELECTORAL A UN «REFERÉNDUM» SIN SINDICATURA ELECTORAL

Al final, la Ley del Referéndum de Autodeterminación se aprobó con los 72 votos independentistas, la abstención de nuestro grupo (CSQP) y el abandono del hemiciclo del resto de diputados de Ciudadanos, del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y del PP. La aprobación con 72 votos se produjo a pesar de que un aspecto clave de la ley, la Sindicatura Electoral, el equivalente a la Junta Electoral Central, precisaba de una mayoría de 90 diputados para ser aprobada, según establece explícitamente el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Otra más de las muchas vulneraciones de la legalidad, en este caso la catalana, que se perpetraron en esas cuarenta y ocho horas.

La Proposición de Ley del Referéndum de Autodeterminación regulaba la composición y el funcionamiento de la Sindicatura Electoral, creada ex profeso para el referéndum que se pretendía convocar. Esa fue la solución que encontró la mayoría independentista para dar salida a la peculiar situación de Cataluña, al ser la única comunidad autónoma que no dispone de Administración Electoral propia porque no ha sido capaz de aprobar una ley electoral catalana. La razón debe buscarse en el bloqueo de Convergència i Unió (CiU) y ERC a esa ley para evitar un reparto equitativo de los escaños y mantener así una distribución que les beneficia, aunque lo vistan de equilibrio territorial. Al no disponer de Administración Electoral propia, esta función la ha desempeñado, en todas las elecciones autonómicas y durante treinta y ocho años, la Junta Electoral Central. Y como resultaba obvio que no se podía contar con la Junta Electoral Central para legitimar el referéndum unilateral, la Ley del Referéndum creó una Sindicatura Electoral ex profeso para el 1 de octubre.

En plena orgía de incumplimientos legales y deterioro democrático, la mayoría parlamentaria forzó esa noche la aprobación de la Sindicatura Electoral sin los 90 votos necesarios para ello y con una composición escasamente neutral. Sus componentes fueron elegidos solo a propuesta de la mayoría parlamentaria, dado que los demás grupos nos negamos a participar y legitimar una elección hecha en la más absoluta precariedad legal y democrática. Pero la cosa no se detuvo ahí, porque la Sindicatura Electoral iba a protagonizar uno de los momentos más esperpénticos del referéndum unilateral, con la dimisión de sus miembros, a los pocos días de ser elegidos, para evitar así la multa de 12.000 euros por cada día de ejercicio ilegal de sus funciones, impuesta por el Tribunal Constitucional.

Eso significó que todo el proceso de referéndum unilateral se hizo sin el control de la Sindicatura Electoral y que los resultados de la votación del 1 de octubre no pudieron ser proclamados por la Sindicatura, tal como establecía la ley aprobada. Ni por ninguna autoridad pública legitimada para ello. Ni tan siquiera fueron reconocidos por los observadores internacionales invitados por el Govern a seguir el referéndum. Claro que a la altura a la que habían llegado las cosas, estos graves incumplimientos legales, que en otras circunstancias hubieran viciado plenamente la votación del 1 de octubre y centrado los debates sobre la falta de garantías del referéndum, pasaron a un segundo plano. Sobre todo porque fueron superados, y de largo, por el impacto que provocó la inconcebible y torpe actuación represiva de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado en los días posteriores.

No está de más recordar que la decisión del Tribunal Constitucional de imponer una multa a los miembros de la Sindicatura Electoral se adoptó usando unas atribuciones introducidas en la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, promovida en el año 2015 por el Gobierno de Rajoy, aprovechando su mayoría absoluta y absolutista.

He sido siempre contrario a la ley de 2015 para la reforma del Constitucional, que le otorga al propio tribunal funciones de ejecución directa de sus sentencias. Fui el portavoz del grupo parlamentario de la Izquierda Plural en el debate de esa ley. Tuve la oportunidad de denunciar los riesgos que supondría para el propio Tribunal Constitucional y su auctoritas, como así ha sido, encargarle funciones punitivas en ejecución de sus propias resoluciones.

También lo advirtió con mucha más autoridad el que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado, el profesor Rubio Llorente, con una advertencia que ha acabado siendo premonitoria: «La corrección constitucional de estas normas es cuestionable, y dudosa su eficacia para frenar el independentismo catalán, pero es segura su capacidad para echar sobre el Tribunal Constitucional una carga política que terminará por aplastarlo».² Después de su aprobación, y como si de un epitafio se tratara, añadió: «Un día de luto para quienes quisimos librarlo [al Tribunal Constitucional] del triste destino del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, cuya destrucción contribuyó no poco a la de esta».

Aquella ley de reforma del Tribunal Constitucional fue aprobada en el año 2015 y ha pasado el control de constitucionalidad del propio Constitucional. Afortunadamente, los miembros del Tribunal la han aplicado con prudencia y se han resistido, al menos hasta ahora, a ser utilizados como los arietes ejecutores de la política del Gobierno de Rajoy. Soy consciente de que esta afirmación es polémica en Cataluña, donde la actuación del Tribunal Constitucional está muy marcada por la sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía y todo lo que hace se descalifica por el simple hecho de venir del Constitucional.

Si quieren contrastar esta valoración mía sobre la prudencia y autoprotección con la que están actuando, al menos hasta ahora, los miembros del Tribunal, les sugiero que hablen con José María Brunet, periodista de La Vanguardia y el mejor conocedor de sus entrañas. Parece que en el Constitucional hay quien considera que Brunet es un ectoplasma que se adhiere a la Mesa del Tribunal y así se mantiene al corriente de todas sus deliberaciones.

¿CUANDO EL FIN ES LEGÍTIMO, LO SON TAMBIÉN LOS MEDIOS UTILIZADOS?

La sesión parlamentaria del 6 de septiembre puso a prueba los límites éticos de la astucia parlamentaria. La mayoría gubernamental intentó justificar todas las vulneraciones legales y el aplastamiento de los derechos del resto de grupos parlamentarios con la conocida máxima de «el fin justifica los medios». Para sus proponentes, la grandeza y la superioridad moral de los fines perseguidos, el referéndum y la proclamación de independencia, sumadas a la negativa reiterada del Estado, justificaban, a juicio de sus defensores, la ilicitud de los medios utilizados para alcanzar estos objetivos. Este debate sobre fines y medios es un viejo conocido. Posiblemente sea una de las formulaciones que más daño ha hecho a la humanidad, y quizá por ello todo el mundo rechaza su paternidad, a pesar de haber sido muy utilizada a lo largo de la historia. Mucho antes de que se formulara teóricamente en los debates sobre ética y moral.

No es seguro que tuviera su origen en Maquiavelo, aunque algunos le adjudican la paternidad. Sin embargo, sí hay evidencias de haber sido utilizada por Napoleón en su libro El Príncipe,³ en el que se hace evidente el interés de Bonaparte por pasar a la historia como el heredero natural de Maquiavelo. Por cierto, al rescatar ese ejemplar para utilizarlo en este libro me encuentro entre sus páginas un papelito amarillento de la cárcel Modelo de Barcelona, autorizando su entrada. Por lo que deduzco que entró conmigo en la prisión cuando en septiembre de 1972 fui encarcelado bajo la acusación de asociación ilícita. También se adjudica la paternidad de esta teoría a los jesuitas; los malpensados dicen que eso se debe a lo mucho que la Compañía ha practicado esta máxima, aunque una razón más objetiva quizá deba buscarse en que fueron pensadores jesuitas los que primero discutieron sobre este dilema ético.

Una de sus primeras apariciones públicas se la debemos al jesuita aragonés, rebelde a su orden, Baltasar Gracián, considerado el más afín a Maquiavelo entre los escritores del Siglo de Oro. En uno de los libros más universales e imperecederos, que recomiendo encarecidamente, El arte de la prudencia. Oráculo Manual,⁴ lo recoge en forma de aforismo: «Todo lo dora un buen fin, aunque lo desmientan los desaciertos de los medios». Qué distintas hubieran sido las cosas si los dirigentes del procés hubieran leído, entendido y aplicado todos los aforismos del libro de Gracián y no se hubieran quedado solo con este. Casi de manera simultánea en el tiempo, otro jesuita, en este caso el alemán Hermann Busenbaum, lo populariza cuando escribe: «Cum finis est licitus, etiam media sunt licita» («Cuando el fin es lícito, también lo son los medios»).

No es momento para debatir si lo que quisieron decir Gracián y Busenbaum es exactamente aquello que se les adjudica, pero si esta máxima no nace de la Compañía de Jesús, tampoco es ajena a las reflexiones de destacados jesuitas sobre ética o teología moral.

Afortunadamente, otros pensadores han impugnado este automatismo entre la licitud de los fines y la de los medios utilizados para conseguirlos. En este sentido, Norberto Bobbio nos ha dejado escritas sus reflexiones sobre los límites y, sobre todo, los riesgos de esta peligrosa máxima moral. Desgraciadamente, no consta que estos debates y reflexiones hayan sido incorporados al corpus doctrinal del procesismo unilateralista. Qué bien nos hubiera ido a todos si Oriol Junqueras hubiera leído Elogio de la templanza de Norberto Bobbio, ⁵ donde reflexiona sobre la siempre discutida relación entre ética y política.

Por cierto, Bobbio se calificó a sí mismo como hombre de la duda y el diálogo. ¿Les suena de algo? Pues si no les suena, les recomiendo que se sumerjan en ese ensayo, donde posiblemente encontrarán afirmaciones como: «Ni esperanza, ni desesperación. Hoy en día son necesarios más que nunca prudencia y paciencia, y debe rechazarse la tentación del todo o nada». Si Bobbio viviera entre nosotros, es probable que formara parte de la larga lista de equidistantes y traidores a Cataluña.

¿DIRIGÍA HERNÁN CORTÉS LA ESTRATEGIA INDEPENDENTISTA?

¿Estaba la estrategia de la mayoría gubernamental dirigida por Hernán Cortés, o algún ferviente seguidor suyo, en el Parlament de Cataluña? Esa es una pregunta que me hice muchas veces esos días, y mi respuesta es que al menos lo parecía. Una vez aprobada la Ley del Referéndum, imprescindible para convocar la votación del 1 de octubre, faltaba tramitar la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, cuyo contenido pretendía establecer la nueva legalidad que debía regir Cataluña una vez celebrado el referéndum del 1 de octubre y proclamados los resultados con la victoria del «sí».

En la madrugada del día 6 de septiembre no era seguro que la Ley de Transitoriedad Jurídica fuera a tramitarse en el Pleno del día siguiente. Ni tan siquiera constaba en el orden del día. Para debatirla y aprobarla faltaba que la mayoría volviera a plantear una nueva alteración del orden del día, forzando hasta destrozar de nuevo el reglamento de la Cámara. Eran muchas las voces dentro de la mayoría gubernamental que consideraban absolutamente prescindible esa ley y aconsejaban no tramitarla. Esa madrugada, y la mañana siguiente del 7 de septiembre —solo dormí tres horas, aunque aún me dio tiempo de ir a correr antes de volver al Parlament—, yo mismo intenté convencer a los portavoces de JxSí de que para la votación del 1 de octubre no necesitaban la aprobación de la Ley de Transitoriedad, que hacerlo suponía poner de nuevo en una tensión insoportable al Parlament y degradar aún más su imagen ante la ciudadanía, como así sucedió.

En este tipo de situaciones, es muy importante intentar entender la lógica del otro, aunque no se comparta. En este sentido, yo podía entender, y así se lo comenté a los portavoces de la mayoría, que en su relato necesitaran aprobar la Ley del Referéndum para dar apariencia de legalidad a la votación del 1 de octubre. Pero resultaba incomprensible que forzaran la aprobación de una ley, la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, cuya vigencia quedaba en suspenso y no entraría en vigor hasta cuarenta y ocho horas después del referéndum, y siempre que ganara el «sí». Una ley que los ataba de pies y manos y les restringía los márgenes de maniobra en la búsqueda de diálogo, que según ellos era lo que perseguían.

¿Qué sentido tenía forzar la aprobación de una Ley de Transitoriedad que era prescindible? Y además, hacerlo vulnerando de nuevo la legalidad, ninguneando otra vez al CGE y pisoteando los derechos de los grupos parlamentarios. La respuesta es muy evidente: la desconfianza mutua entre la ANC, Òmnium, la CUP y algunos sectores de los partidos independentistas sobre la fiabilidad del compromiso del president y su Govern con la DUI les llevó a imponer la estrategia de «quemar las naves», en plan Hernán Cortés. Se trataba de no dejar margen a la retirada, ni a la reconsideración, ni a la negociación, ni al diálogo. Apostaron por jugárselo todo a la DUI. Por ello forzaron la aprobación de una ley que establecía un automatismo en la aplicación de la DUI y, además, impedía cualquier intento de negociación. Quemaron las naves del diálogo.

UN PRESIDENT HOOLIGAN

Mi intervención del 7 de septiembre se produjo en el marco del debate sobre el procedimiento de una nueva alteración del orden del día, necesario para aprobar por la puerta de atrás la tramitación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Durante la sesión del día anterior habíamos escuchado cosas muy graves en términos democráticos y habíamos visto cómo se degradaba la institución parlamentaria hasta extremos nunca vistos. Pero la sesión del día 7 superó todo lo imaginable.

En medio del debate procedimental sobre la alteración del orden del día, llegó al Parlament un nuevo acuerdo del CGE. Otra vez por unanimidad se volvía a recordar al Parlament, con más contundencia si cabe que el día anterior, que no podía tramitarse la Ley de Transitoriedad sin antes esperar a la emisión del dictamen preceptivo del Consejo de Garantías. Era el segundo acuerdo en este sentido emitido por este organismo estatutario en menos de veinticuatro horas, que dejaba sin argumentos a la mayoría gubernamental. La verdad es que recibir ese acuerdo fue una gran sorpresa, al menos para mí. No me importa reconocer que pocas horas antes había vaticinado, ante un grupo de periodistas, que no creía que se produjera esta situación. El acuerdo del día anterior era tan claro y contundente, y además, perfectamente aplicable también a la Ley de Transitoriedad, que yo pensé que el Consejo no adoptaría un nuevo acuerdo, por considerar que con el del día anterior era suficiente.

Es evidente que me equivoqué en estas predicciones. Y también me equivoqué cuando pensé que, ante este nuevo acuerdo del Consejo de Garantías y ante la evidencia de que las leyes del Referéndum y de Transitoriedad se tramitaban vulnerando toda la legalidad catalana y los derechos de los grupos parlamentarios, la mayoría gubernamental renunciaría a su tramitación, máxime cuando no necesitaban de su aprobación para justificar su relato y avalar la votación del 1 de octubre.

Pero no fue así, y una vez más se demostró que no había ningún piloto a bordo del avión, o quizá que había tantos que la nave no sabía qué ruta debía coger, como se demostró en las semanas siguientes. Contra toda lógica y sentido común, la portavoz de JxSí, Marta Rovira, tomó la palabra para justificar la alteración de nuevo del orden del día con la aprobación de la Ley de Transitoriedad. Volvió a repetir que la mayoría, por el simple hecho de serlo, podía decidir sin límites. Incluso la desaparición de todos los trámites obligatorios para aprobar leyes.

De las palabras de Marta Rovira se desprende que no ha leído lo que nos dejó escrito Giovanni Sartori: «Quien impone la regla de la mayoría olvidándose de los derechos de las minorías no promueve la democracia, la sepulta». Y eso fue lo que hizo la mayoría parlamentaria en ese Pleno, sepultar la democracia. Por si fuera poco, Marta Rovira decidió aplicar la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque. Y para justificar lo injustificable, se encharcó en una increíble descalificación del propio Consejo de Garantías. No se le ocurrió otra cosa que afirmar que el Consejo había adoptado sus acuerdos bajo presión, ejercida por «la puerta de atrás». Marta Rovira no solo ninguneó al Consejo de Garantías, al no hacer caso de sus acuerdos, sino que lo denigró con estas sospechas y descalificaciones. Para terminar de degradarlo todo, estas imputaciones en forma de arenga arrancaron el aplauso entusiasta del grupo de JxSí y de los miembros del Govern catalán.

No podíamos creer lo que estábamos viendo, el president, el vicepresident y su Govern aplaudiendo, cual hooligans, la descalificación del Consejo de Garantías, un organismo de la Generalitat de Cataluña. Era la prueba definitiva de que se habían cruzado todas las líneas rojas. En aquel momento se confirmó que Puigdemont no ejercía de presidente, sino de hincha independentista.

ROSA LUXEMBURGO, NORBERTO BOBBIO Y LLUÍS RABELL

Fue entonces cuando, de común acuerdo con Lluís Rabell, decidí pedir la palabra para poner de manifiesto la gravedad de los argumentos utilizados y la degradación democrática que suponían. Se trató de una intervención improvisada, que no estaba prevista en su desarrollo, pero que era previsible en su contenido. Porque en ella volqué mis profundas convicciones en relación con la importancia que tiene respetar los procedimientos democráticos, que no son florituras formales, sino garantía de derechos. Y la importancia que tiene el respeto a las minorías, a todas las minorías.

Su objetivo era defender el derecho de los grupos parlamentarios que habían presentado la petición de dictamen al CGE de que la Ley de Transitoriedad no se aprobara hasta conocer el dictamen preceptivo del Consejo. Nuestro grupo no había presentado la solicitud de dictamen por no disponer de los diputados suficientes para ello. Rechazamos la invitación del grupo socialista de hacerlo conjuntamente. Las diferencias con los socialistas en relación con la propuesta de un referéndum pactado nos aconsejaron no ofrecer esa imagen unitaria, que sin duda hubiera sido manipulada en nuestra contra. También para evitar enfrentarnos a la absoluta indefinición sobre el tema de la dirección de Catalunya en Comú (CatComú).

Pero que no fuera nuestro derecho el pisoteado no le restaba gravedad al comportamiento de la mayoría gubernamental, avalado por la presidenta del Parlament y la mayoría de la Mesa. En aquellos momentos me vinieron a la mente unas recientes reflexiones de la «patrulla nipona» sobre cómo se iba degradando día a día la actividad parlamentaria. Y las habituales sugerencias que nos hacía Lluís Rabell sobre la necesidad de releer a Rosa Luxemburgo, pues es un apasionado defensor del pensamiento y de la vida de esta revolucionaria.⁶ Quizá fuera el recuerdo de una de las conocidas reflexiones de la comunista alemana, asesinada poco tiempo después de participar en la creación del Partido Comunista Alemán, lo que inspiró mi intervención en defensa de la libertad de las minorías, de la libertad de los que piensan diferente. Por eso me apetece recordarlas: «La libertad solo para los que apoyan al Gobierno, o solo para los miembros de un partido, por numerosos que sean, no es libertad. La libertad siempre es libertad para los que piensan de manera diferente. No a causa de ningún concepto fanático de la “justicia”, sino porque todo lo que es instructivo, totalizador y purificante en la libertad política depende de esta característica esencial, y su efectividad desaparece tan pronto como la “libertad” se convierte en un privilegio especial».

La intervención no fue solo un alegato de respeto a las formas democráticas y una defensa del derecho de las minorías, sino que fue también una dura denuncia del comportamiento de la mayoría parlamentaria y del uso abusivo de la máxima de «el fin justifica los medios». En aquel momento llevábamos treinta y seis horas escuchando a los portavoces de la mayoría decir que la cerrazón del Gobierno de Rajoy y su negativa a dialogar y a abrir una vía al referéndum justificaba la estrategia «astuta» de los procesistas. Repitieron hasta la saciedad que para conseguir la aprobación de unas leyes que dieran amparo formal a la votación del 1 de octubre, era legítimo utilizar todos los medios, incluida la vulneración de la legalidad, española y catalana, y pisotear los derechos de los grupos parlamentarios.

Quizá fuera eso lo que despertó en mi consciencia las reflexiones de Norberto Bobbio sobre la dialéctica de los fines y los medios, que fue siempre una preocupación del filósofo italiano. Queda constancia de ello en su extensa obra, de la que recuerdo especialmente Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política.⁷ En ella, Bobbio nos explica lo que sucede cuando el criterio de la libertad atraviesa los proyectos políticos que se identifican como izquierda y derecha. También cómo la diferenciación entre comportamientos libertarios y autoritarios llega a transformar y, en ocasiones, diluir la barrera entre izquierda y derecha, e incluso provoca la aparición de nuevas fronteras entre moderados y extremistas. Se trata de una reflexión de valor universal y atemporal, muy útil para el «conflicto catalán». Y que, modestamente, me atrevo a recomendar a los dirigentes de la «nueva política».

Todo este poso de reflexiones, junto con mis vivencias personales, dio lugar a una intervención que sobrepasó en mucho la controversia sobre el procedimiento parlamentario en el que estaba ubicada. Para entonces, el debate ya no era sobre la posibilidad o no de ampliar el orden del día del Pleno. Habíamos entrado en un terreno mucho más sustancial, el de la defensa de las libertades y los derechos de las minorías. Bien puede decirse que Lluís Rabell fue el instigador de esa intervención, Rosa Luxemburgo su ideóloga y Norberto Bobbio su inspirador.

¿UNAMUNO EN EL PARLAMENT?

¿Qué tiene una intervención parlamentaria para desencadenar tantas reacciones y en todas direcciones? ¿Qué tiene esta intervención que no tenga alguna de los miles que he hecho a lo largo de mi vida, como abogado, profesor, sindicalista o parlamentario?

Unos la vieron como una intervención que transmitía autenticidad y convencimiento, y así me lo hicieron saber después. Otros se fijaron en las referencias personales, que hicieron suyas muchas de las personas que la escucharon y la aplaudieron o criticaron. Como sucede a menudo, esas y otras razones —quizá tantas y tan diversas como personas la pusieron en valor— estén detrás del impacto que provocó. Tengo pocas dudas de que el factor determinante fue su impacto mediático y su masiva reproducción en los medios. Sin este factor nada existe en los actuales tiempos.

Y lo que desencadenó este impacto mediático extraordinario fue una imagen inusual en la sede parlamentaria. Ver a los diputados de otros grupos, con los que mantengo grandes discrepancias ideológicas y también políticas sobre el tema del referéndum, ponerse en pie y aplaudir mi intervención no es una imagen muy frecuente. Reconozco que el revuelo estaba justificado y que era noticia de las buenas, sobre todo en aquellos momentos. El impacto mediático estaba garantizado y fue determinante para su impacto social.

A las pocas horas, Antonio Elorza publicaba un artículo titulado «Unamuno en el Parlament»,⁸ en el que para elogiar mi intervención, la relacionaba exageradamente con el «venceréis, pero no convenceréis» de Unamuno. La satisfacción por el reconocimiento y el elogio de una persona como Elorza, que me llegó cuando yo había entrado íntimamente en un mar de dudas sobre la oportunidad y el acierto de mi intervención, no me hacen perder de vista que se trata de una comparación exagerada. Quizá motivada por la simpatía que me depara, como explica él en su artículo. Al parecer, fui el único diputado del Congreso que en la anterior legislatura respondió a su invitación de poner en marcha una iniciativa para combatir socialmente la corrupción, que finalmente resultó frustrada.

Recuerdo perfectamente la conversación telefónica en la que constatamos dos cosas, el fracaso de la iniciativa y el carácter absolutamente instrumental con el que se denuncia la corrupción en el mundo de la política y en la sociedad en general. La corrupción importa cuando permite erosionar al adversario, pero importa poco cuando se trata de impulsar iniciativas que promuevan las bases de una lucha sincera contra la corrupción sistémica, que no es lo mismo que generalizada, en la que estamos inmersos.

También recuerdo mis reflexiones en relación con que el principal obstáculo en la lucha contra la corrupción no proviene del mundo de la política, sino de la elevada connivencia con que la sociedad trata esa lacra social. Solo así puede explicarse que, durante décadas, los Gil, Camps, Matas, Bárcenas, González, Millet, Pujol o Guerrero, de Andalucía, y tantos otros, hayan podido campar a sus anchas. Y que las dificultades no las sufrieran los corruptos, sino quienes se atrevieron a denunciar la corrupción en sociedades anestesiadas y dormidas.

DE LA FALACIA AD HOMINEM A LA FALACIA AD PLAUSUM

Sin ninguna duda, aquellos fueron aplausos inusuales y políticamente incorrectos. Y esta fue en su momento, y aún ahora, la razón de las críticas más duras a mi intervención.

Al volver al escaño, comencé a ser consciente del impacto provocado por la misma. Un impacto en ningún modo unidireccional. Mientras comenzaba a recibir a través de las redes sociales todo tipo de muestras de apoyo y felicitación de los compañeros de ICV y de CC. OO., y de muchas otras personas, conocidas o no, también comencé a constatar la incomodidad que había generado en la dirección de los «Comunes». Creo que la incomodidad era más por los aplausos recibidos de parte de Ciudadanos, el PP y el PSC que por el contenido de la intervención en sí. El silencio en las redes sociales por parte de la dirección de los Comunes hablaba por sí solo y se convirtió en un griterío ensordecedor.

Se me llegó a comentar que había caído en una trampa, que los aplausos no habían sido espontáneos, que me habían manipulado y que generaban una imagen no deseada por nuestro espacio político. Y ciertamente, hay que reconocer que en un debate como aquel, y en momentos de elevada crispación y emotividad, en plena batalla entre bloques políticos, esos aplausos podían distorsionar la imagen de nuestra posición como grupo parlamentario y espacio político. Durante semanas tuve que responder a estas descalificaciones. Muchas veces se me formuló la pregunta de si me molestaron aquellos aplausos. Mi respuesta desde el primer momento fue poner en evidencia la inmensa falacia de juzgar una intervención no por su contenido, sino en función de quién la aplaude.

La falacia más utilizada en los debates en todo el mundo desde los clásicos es la falacia ad hominem, o sea, la descalificación de un argumento por quién lo defiende en vez de por su contenido. Ese 7 de septiembre en Cataluña se creó, con la inestimable ayuda de la División Mediática Ítaca, una variante de la falacia ad hominem, la falacia ad plausum, la descalificación de una intervención en función de quién la aplaude.

Repasando a posteriori estos momentos, me doy cuenta de que en mi intervención no solo no rechazo estos aplausos, sino que llego a afirmar que no me molesta coincidir con quien haga falta si es en defensa de la democracia, que en aquellos momentos considero gravemente vulnerada. Sinceramente, me siento muy cómodo con estas palabras y con la defensa que hice de ellas en aquel momento, sobre todo después de releer a Rosa Luxemburgo y comprobar hasta dónde se ha llegado. Es cierto que podía haber interrumpido mi intervención para hacer alguna recriminación al PP por unos aplausos que, viniendo de su parte, sonaban a falsos. Que el PP aplaudiera mi denuncia de los abusos de la mayoría independentista, cuando ellos ejercen sus mayorías de manera totalmente absolutista y autoritaria, es cuando menos fariseísmo. Y así lo he hecho constar después.

Pensando a posteriori en ese error, o esa falta de agilidad, he llegado a la conclusión de que en mi subconsciente no cabía que mi intervención pudiera ser calificada de connivente con el Gobierno de Rajoy. Quizá di por hecho y sobrevaloré que aún se recordaban mis durísimas críticas a Rajoy y a su Gobierno absolutista en mi etapa en el Congreso de los Diputados. Evidentemente, no fue así. La memoria es corta, sobre todo cuando no interesa recordar.

Fuera por falta de reflejos o por ingenuidad, la verdad es que en las primeras horas, incluso en los primeros días, esos aplausos me generaron más incomodidad de la que yo quería reconocer. Como soy una persona que duda mucho, me surgieron dudas sobre la oportunidad de mi intervención. Pero estas se fueron disipando hasta desaparecer en la medida en que fui consciente de la gran sintonía que había generado en muchas personas, de manera de pensar muy distinta, pero que en ese momento se sintieron representadas por la defensa de la democracia. Esa coincidencia en la defensa de valores compartidos por personas con diferentes ideologías es lo que caracteriza una sociedad sana y la distingue de la selva.

A esas dudas contribuyó la reacción que los medios de comunicación procesistas desencadenaron contra mi intervención. Desde fuera del Parlament me llegaba, a través de las redes sociales, la indignación que produjo la actuación de Mònica Terribas. Al parecer, al escuchar mis primeras palabras, no se le ocurrió otra cosa que interrumpir la emisión en directo de mi intervención para dar paso a un alud de críticas sobre la misma, sin esperar ni tan siquiera a escucharla íntegramente. Con eso contribuyó a crear la imagen en el mundo independentista de «la intervención de Coscubiela aplaudida por el PP y Ciudadanos». Una imagen alimentada, tan deshonesta como torpemente, por Jordi Sànchez, el presidente de la ANC, en uno de los actos centrales a favor del 1 de octubre, quien en un momento de su alocución incluyó mi nombre, junto a los de Albiol, Arrimadas e Iceta, entre los enemigos del referéndum. Aquella acusación me pareció profundamente injusta. Máxime cuando la persona que me acusaba era alguien que, durante meses, había estado en contra del referéndum por considerar que era pantalla pasada, al haberse celebrado ya las elecciones «plebiscitarias» el 27 de septiembre de 2015. Pero sobre todo, esas palabras me resultaron torpes. Ampliar injustificadamente la lista de enemigos del referéndum no reforzaba la reivindicación, sino que la debilitaba.

En los días y meses siguientes, comprobé que esa torpeza no había sido algo personal y puntual de Jordi Sànchez. Obedecía a un problema más profundo del independentismo: se había desbocado su versión «hiperventilada», y la lista de enemigos y traidores a Cataluña se ampliaba estúpidamente. Ese grave error de encontrar adversarios por todas partes, en vez de sumar aliados, obedecía a un problema aún más profundo que tenía que ver con el «encapsulamiento» del movimiento y la sensación de estar acorralados. La historia demuestra que cuando eso sucede, en vez de fortaleza, lo que se expresa es una profunda debilidad.

Actitudes como la de Mònica Terribas y otros no hacen más que confirmar uno de los efectos colaterales del procés, que buenos profesionales pierden los papeles cuando hablan del procés. Este comportamiento es, desgraciadamente, muy frecuente a un lado y otro del conflicto. Por eso es tan de agradecer el papel de los equidistantes, de los que dudan, sobre todo si son profesionales, creadores de opinión, personas con capacidad de incidir con sus dudas en la sociedad y contribuir así a un debate más sereno.

LOS SILENCIOS SALEN DEL ARMARIO

Fíjense que utilizo el plural, «los silencios», porque no es uno solo y unívoco. Son muchos los silencios de estos años. Con el paso de los días fui consciente de que mi intervención había sintonizado con mucha gente con una manera de pensar muy diversa. Una gran cantidad de gente me transmitió su satisfacción al constatar que alguien ponía voz a sus inquietudes. Así me lo explicaban por la calle, en el bus o en el metro.

Lo determinante del «éxito» de esa intervención fue quizá que hizo visibles a muchas personas invisibilizadas, a muchos equidistantes, a muchas personas silenciadas, a muchos huérfanos de la política que en ese momento se sintieron representados en el Parlament. Llevó a muchas personas a salir del armario del silencio en el que de manera voluntaria o forzosa llevaban mucho tiempo escondidas y a sentirse orgullosas. El papel de los equidistantes silenciados ha sido muy importante durante todo el proceso. Lo ha sido sobre todo su silencio. Peligroso, porque no era voluntario sino autoimpuesto. Un silencio que en muchos casos se ha vivido como asfixia. Y aquí de nuevo resuenan las reflexiones de Rosa Luxemburgo sobre la libertad, la libertad de todos, sobre todo la libertad del que piensa diferente.

Esos silencios se rompieron definitivamente un mes después, el fin de semana del 7 y 8 de octubre de 2017. Primero, con las concentraciones del sábado 7 de octubre en toda España a favor del diálogo, «Parlem/Hablemos». Después, con la importante manifestación del domingo 8 de octubre por las calles de Barcelona, convocada por Societat Civil Catalana contra la independencia. Con una intervención valiente, por su contenido y por el entorno en que se producía, de Josep Borrell. Incluso haciendo callar a quienes clamaban venganza en vez de pedir justicia. Que esa manifestación fuera importante lo demuestra la elevada participación. Y lo confirma que Puigdemont se refiriera a ella en su intervención en el Pleno del día 10 de octubre. Lo hizo para poner en valor la pluralidad de la sociedad catalana y le reconoció la misma legitimidad que al paro de país del 3 de octubre contra la represión policial, a las concentraciones por el diálogo del sábado 7 de octubre o a las manifestaciones a favor de la independencia.

Esa sintonía con mucha gente de la calle fue en aumento, y de manera directamente proporcional al aumento de la tensión y a la aparición de las primeras consecuencias de la estrategia unilateralista, en forma de cambios de sede social de bancos y empresas. De repente, la serenidad, el diálogo y el pacto adquirieron un protagonismo en el debate social que hasta entonces no habían tenido, o que simplemente se expresaba en la intimidad. Lo que durante años había sido tildado de una posición tibia o ingenua, la apuesta por el diálogo y el pacto, adquirió toda la centralidad social. Y no solo entre los contrarios a la independencia. También entre quienes habían optado por esa opción, convencidos de que el camino era fácil y rápido, y no tenía ni riesgos ni costes. De golpe descubrieron que no todo era tan sencillo y bonito. Por supuesto, ni se me ocurre pensar que mi intervención fuera el detonante de nada. Solo constato que coincidió en el tiempo con una aceleración de los acontecimientos. Quizá el aumento de la conflictividad y la evidencia de las consecuencias que comporta un conflicto como este, sin cauces de solución, le otorgó a mi intervención más relieve del que hubiera tenido en otras circunstancias.

EL CONFLICTO ENTRE DOS SUEÑOS PUEDE CONVERTIRSE EN UNA PESADILLA

La manifestación convocada por Societat Civil Catalana el domingo 8 de octubre de 2017 tuvo muchas caras, tantas como medios de comunicación la explicaron. Fue más plural de lo que los propios convocantes y sus adversarios relataron después, con una diversidad de origen social igual o más polarizada que las manifestaciones independentistas. En ese sentido resultó patético el esfuerzo de algunos medios de comunicación de la División Mediática Ítaca para intentar reducir la manifestación a las personas llegadas desde fuera de Cataluña.

La cosa no tendría más importancia que la tradicional manipulación de las cifras de los asistentes a actos de este tipo. Si no fuera porque la idea de una manifestación con personas «acarreadas» desde España se construye sobre la convicción de que no cabe la posibilidad de que aquellos centenares de miles de personas pudieran ser catalanes. Durante años han explicado, hasta creérselo, que la independencia era una reivindicación de todo el pueblo de Cataluña. Tantos años negando la pluralidad de la sociedad catalana les impedía aceptar que esa manifestación estuviera formada mayoritariamente por ciudadanos de Cataluña. Ese día se puso de manifiesto que un sueño había provocado el despertar de otro sueño, hasta entonces dormido, el de una España centralizada y jacobina. En esos momentos recordé la insistencia de Jordi Pujol cuando instaba al catalanismo a comportarse con prudencia; su preocupación venía motivada —y así lo explicaba— por el temor a despertar al monstruo dormido del nacionalismo español. También se pusieron de manifiesto los riesgos para la convivencia que comporta confrontar dos sueños con una elevada carga emocional. El conflicto entre sueños puede convertirse en una gran pesadilla, la de la fractura social, que durante años negaron los que han creado un imaginario de sociedad catalana uniformizada.

¿FUE EL PLENO DEL 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 UN GOLPE DE ESTADO?

Por supuesto que no, pero esa fue la imputación que se hizo desde el PP y Ciudadanos; esta vez con la inestimable ayuda de la División Mediática Brunete. Me parece una aberración hacer una interpretación tan abusiva del concepto de golpe de Estado. Esa no fue la única vez que se abusó del lenguaje, imputando a los adversarios políticos comportamientos propios de dictaduras o regímenes fascistas. Más adelante, desde el independentismo, se acusó a Rajoy de dar un golpe de Estado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. Demasiados golpes de Estado en tan pocos días para ser verdad.

Para degradar aún más el uso del lenguaje, Puigdemont, en su escapada a Bélgica, frivolizó la idea del exilio. Entre los efectos colaterales de este conflicto podemos apuntar la banalización del lenguaje político. De manera reiterada, a un lado y otro del conflicto, se han utilizado inadecuadamente expresiones como «golpe de Estado», «presos políticos», «dictadura» y «exilio». De manera que si alguna vez tenemos la desgracia de volver a sufrirlos, ya no tendremos palabras con las que nombrar esos hechos. Desde el principio me opuse al uso abusivo de esos calificativos, aunque con menos beligerancia de la que me hubiera gustado. Destacados dirigentes de los Comunes y de Podemos las utilizaban, y tampoco se trataba de generar atracción informativa hacia esas evidentes discrepancias.

Yo sentía necesidad de desmarcarme. No por razones de rigor lingüístico o político, sino por el respeto que siempre he tenido a los presos políticos del franquismo y a los que vivieron el exilio. Y por el profundo desprecio que siento por las dictaduras y los golpes de Estado. Una cosa es que las mayorías aprovechen su posición de dominio político para devaluar los derechos de las minorías, con actuaciones autoritarias y de dudosa solvencia democrática. Y otra es que cualquier abuso autoritario del poder, o las evidentes limitaciones de nuestro sistema democrático, puedan asimilarse a golpes de Estado, dictaduras o presos políticos.

Hablar del Pleno del 6 y 7 de septiembre, o de la aplicación del 155 por parte de Rajoy, como de un golpe de Estado supone «blanquear» el golpe de Estado fascista de julio de 1936 y el golpe militar del 23 de febrero de 1981. De la misma manera que igualar las actuaciones autoritarias del Gobierno de Rajoy a una dictadura es «amnistiar» políticamente otra vez a la dictadura de Franco. Y referirse a personas, injustamente encarceladas, como «presos políticos» es una falta de respeto a los presos políticos del franquismo. Era como someterlos de nuevo a las tropelías que tuvieron que soportar.

Afortunadamente, apareció en auxilio de mi conciencia el buen amigo y compañero Carlos Vallejo, veterano militante sindical de CC. OO. y del PSUC de la Seat. En su condición de presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, realizó unas declaraciones muy sosegadas y acertadas en las que rechazaba claramente esa similitud y el uso de esos calificativos. Sus argumentos estaban cargados de razones políticas, y sobre todo de su autoridad moral como preso político. Especialmente cuando relató con su experiencia y la de otros qué significaba exactamente ser preso político durante el franquismo. Terminó de relajarme, pero al mismo tiempo de preocuparme, entender que esa diferente percepción podía tener su origen en un factor generacional. La confirmación me la brindó uno de los simplistas tuits de Gabriel Rufián, quien, con su «rigor» habitual, comparó la aplicación del 155 de la Constitución con el golpe de Estado del 23-F. «Nuestra generación ya tiene su 23 de febrero», sentenció. La verdad es que Rufián es una mina y no solo cuando actúa como discípulo aventajado de Zaratustra en Cataluña.

2

LA MANCHA DE LA MORA

CON OTRA VERDE SE QUITA

¿La mancha de la mora con otra verde se quita? Esa es una pregunta que me hice varias veces a lo largo de estos meses. Acontecimientos que tenían un impacto brutal en la ciudadanía quedaban borrados de la memoria por otros que pasaban a los pocos días y que no tardaban mucho en verse solapados por los siguientes. Y todo a un ritmo vertiginoso. Con el agravante de que en muchos casos suponían una grave vulneración de los derechos democráticos, pero que eran «compensados» por una reacción en la misma dirección, aunque desde las posiciones contrarias.

Esta vorágine de acontecimientos, que se pisaban unos a otros, alimentó un posicionamiento acrítico de buena parte de la ciudadanía, a un lado y otro del conflicto. Cada vez resultaba más difícil no alinearse gregariamente. Poco a poco, los equidistantes iban cayendo de un bando o del otro del conflicto, ante planteamientos cada vez más dicotómicos y de los que costaba huir. Así sucedió después del Pleno del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre. En condiciones normales, la gravedad de los incumplimientos legales, de la vulneración de derechos, del aplastamiento de la oposición y del ninguneo del CGE hubiera deslegitimado la votación del 1 de octubre.

Pero los hechos que se produjeron en los días sucesivos consiguieron, si no hacer olvidar aquel Pleno de vergüenza, sí que pasara a un segundo plano. De manera incomprensible, diferentes estructuras del Estado español comenzaron a adoptar iniciativas de dudosa utilidad, y sobre todo de escasa cualidad democrática. El 20 de septiembre de 2017 comenzó con el anuncio de los registros en la sede de la Consejería de Economía. A mí me pilló de camino entre el hospital, donde acababan de ingresar de nuevo a mi madre, y los estudios de Catalunya Ràdio, donde me esperaba dispuesta a entrevistarme e interrogarme Mònica Terribas. La verdad es que tanto ella como yo tuvimos que cambiar el registro de la entrevista. Lo que en principio estaba previsto para hablar de la participación de los Comunes en la votación del 1 de octubre, y muy poco o nada del nefasto Pleno del 6 y 7 de septiembre, se transformó en una entrevista a salto de mata sobre las noticias que iban llegando al estudio.

Comenzando por la detención del secretario general del Departamento de Economía, Josep Maria Jové. En casos como este, la formación jurídica ayuda un poco. Aunque no siempre, porque hacer reflexiones jurídicas en medio de un conflicto político, gobernado por las emociones y los hooligans, suele conducir a que te consideren un extraterrestre. Desde el primer momento dejé bien claro que consideraba aquellas detenciones una barbaridad en términos jurídicos y políticos. La detención que, en un régimen penal garantista como el nuestro, es una decisión excepcional prevista solo para garantizar la investigación, no parecía justificable. Conforme pasaban las horas, se hizo evidente que estas actuaciones estaban más orientadas a mostrar musculatura por parte del Gobierno español que a perseguir las ilegalidades que se pudieran estar cometiendo. Muy pronto aparecieron críticas muy fundamentadas desde el mundo del derecho y de las asociaciones judiciales. Fue el portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia quien dijo que en un Estado de derecho, la persecución de las conductas ilegales debe hacerse respetando los derechos de los investigados. El 20 de septiembre de 2017 fue un día difícil con graves consecuencias posteriores.

Si el 6 y 7 de septiembre de 2017, los grupos parlamentarios independentistas habían impuesto su mayoría en el Parlament, dejando en suspenso la Constitución Española y el propio Estatuto de Autonomía, la respuesta de Rajoy se situó claramente fuera del marco constitucional. Una cosa es que el artículo 155 de la Constitución sea un artículo abierto, sin concreción ni desarrollo posterior, y otra muy distinta es que su aplicación no tenga límites. Las medidas incluidas en los acuerdos que el Gobierno sometió a la aprobación del Senado superan en mucho los márgenes amplios del artículo 155 de la Constitución. Aunque si alguna vez un tribunal español o europeo así lo determina, los efectos de este pronunciamiento ya no podrán resarcir las consecuencias que iban a producir en el terreno del deterioro de la democracia y la convivencia. Ese día quedó clara la ruptura del pacto constitucional de 1978 y que lo que comenzó siendo el «problema catalán» se ha convertido en una verdadera crisis del Estado español.

Al mismo tiempo se inició un debate tan absurdo como peligroso en términos democráticos entre los dos bloques en los que tan maniqueamente se ha instalado este conflicto. ¿Quién había dejado en suspenso antes la Constitución y el Estatuto? ¿Cuál de las dos actuaciones era más antidemocrática? ¿Cuál de los comportamientos de una parte justificaba la actuación de la otra? ¿Era la mayoría gubernamental en Cataluña, con su actuación el 6 y 7 de septiembre, o el Gobierno de Rajoy, con sus medidas de aplicación del 155, el responsable de ese deterioro de la Constitución y de los abusos antidemocráticos?

En los términos en que se planteó, este debate resulta estúpido, y sobre todo peligroso desde el punto de vista democrático. Pero esa fue la batalla por el relato de los siguientes meses para convencer a los propios y combatir a los adversarios. Consistía en apropiarse del papel de defensores de la democracia unos, y de la Constitución y el Estatuto otros. Desgraciadamente, fue una estrategia comunicativa indistinta que terminó haciendo suya la mayoría de la ciudadanía. Durante meses pareció que Zaratustra guiaba la política y la sociedad catalana y española.

Si bien resulta fácil desmontar estas falacias, fue imposible hacer un debate sereno. Aunque algunos no renunciamos a decir algunas obviedades y batallar políticamente por ellas. Exigir a Rajoy más democracia, con la convocatoria del referéndum, no podía hacerse vulnerando la democracia y los derechos de las minorías, como impuso la mayoría independentista en el Pleno del 6 y 7 de septiembre. Reinstaurar la normalidad constitucional, que según Rajoy y su Gobierno habían sido suspendidas en ese Pleno, no podía hacerse con medidas situadas fuera de la Constitución, como hizo el Consejo de Ministros. Si el 6 y 7 de septiembre, Puigdemont y el bloque independentista se inventaron una legalidad para imponer su hoja de ruta, el 27 de octubre, Rajoy se inventó un artículo 155 de la Constitución que no existe con el contenido que se le dio. Si Puigdemont pretendió defender la democracia con menos democracia, Rajoy le respondió «restaurando» el orden constitucional, situándose extramuros de la Constitución.

En términos democráticos, no es verdad que una mancha de la mora con otra verde se quite. Pero para eso hay que estar convencidos de que el fin no justifica los medios. Desgraciadamente, las reflexiones del gran pensador Norberto Bobbio tienen muy buena fama, pero muy mala praxis.

¿QUÉ PASA CUANDO LE DAS UN BISTURÍ A UN MATARIFE?

Esta pregunta tiene una respuesta evidente: provoca un destrozo en el cuerpo en el que se interviene. Y eso fue lo que pasó en Cataluña los días previos al 1 de octubre, y especialmente ese mismo día, con la torpe actuación represiva del Estado español. Durante años, la estrategia del independentismo consistió en aumentar la fuerza propia con los errores ajenos. Así comenzó la historia, con la recogida de firmas por parte del PP contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y así ha continuado durante doce años, y se ha acrecentado al ritmo con que se iba intensificando el conflicto.

Para ello se creó el imaginario de una actitud agresiva y autoritaria del Gobierno español contra el independentismo. Un imaginario que se alimentaba día a día con hechos reales, con las decisiones del Gobierno de Rajoy, necesitado también de mostrar musculatura y testosterona a los suyos. Y sobre todo con las torpezas cometidas, las reales y las inventadas o exageradas por los hiperventilados del independentismo. Cualquier cosa era magnificada, en ocasiones hasta el invento. Recuerdo las portadas de algunos medios de comunicación al conocerse una sentencia del Constitucional sobre los procesos de selección de personal para desplegar la Agencia Tributaria de Cataluña. La ley catalana había previsto la creación de un cuerpo propio de inspectores y gestores de la Agencia. Para ello primó a los empleados públicos que ya estuvieran prestando servicios en la Generalitat y no justificó ese trato diferenciado. Ese apartado de la ley fue anulado por el Tribunal Constitucional, con razonamientos propios de Función Pública. Concretamente por la obligación constitucional (artículo 23.2 de la Constitución Española) que tienen los poderes públicos de respetar el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y a los cargos públicos.

Se podía estar de acuerdo o no con la sentencia y, por supuesto, criticarla. Lo que no se podía hacer es titular la noticia así: «El Tribunal Constitucional anula la Agencia Tributaria catalana». Si repasamos la hemeroteca, encontraremos que esta Agencia, según algunos medios de comunicación, se ha declarado nula unas cuantas veces. Con lo que una de dos, o tiene más vidas que un gato, o todos estos titulares eran falsos.

En la medida en que el conflicto se iba acrecentando y la grieta profundizándose, la estrategia de los dirigentes procesistas para confiar en las reacciones del Gobierno español como acicate al triunfo de sus posiciones se iba haciendo más exagerada. Las referencias a una posible entrada de tanques por la Diagonal o al encarcelamiento de dirigentes independentistas fueron en aumento. Primero con guiños humorísticos en algún programa de gran audiencia, después en las redes sociales (donde parece que todo vale) y al final en los medios más convencionales, hasta convertirse en una especie de llamada a la «profecía de autocumplimiento». Desgraciadamente, por sus consecuencias humanas y políticas, esta fue una profecía que acabó cumpliéndose con el encarcelamiento de los dos Jordis, y después de los consellers del Govern, unas decisiones jurídicamente injustificables y de consecuencias políticas nefastas.

Ante esa estrategia del mundo procesista, Rajoy y su vicepresidenta reaccionaron anunciando algo así como contundencia y moderación. Durante algunos meses parecía que iba a ser así. Por eso, al inicio de esta fase del conflicto utilicé la metáfora de comparar al Gobierno de Rajoy con un neurocirujano que actuaba con bisturí. Pero conforme se acercaba el 1 de octubre, el neurocirujano fue poniéndose nervioso. En la batalla mediática se confrontaron durante semanas dos afirmaciones muy contundentes: de un lado, el «Votaremos» y del otro, «el referéndum no se va a celebrar». Era evidente que alguien fracasaría en sus predicciones. Quizá condicionado por la imagen de la consulta de noviembre de 2015, quizá presionado por sus hooligans, quizá empujado por los pocos éxitos conseguidos en la neutralización de la logística del referéndum, la realidad es que a partir del día 20 de septiembre de 2017, el Gobierno le arrebató el bisturí al neurocirujano y se lo entregó a un matarife. La torpeza con la que se comportaron diferentes estructuras del Estado español fue de una magnitud solo comparable a la satisfacción de algunos dirigentes procesistas, muy contentos de que su profecía se estuviera cumpliendo. La dialéctica acción-reacción comenzaba a dar sus frutos.

La detención de altos cargos del Govern no parecía ajena al impulso del Gobierno español a través de la Fiscalía. La precisión de neurocirujano con la que decidieron intervenir el 20 de septiembre contra los altos cargos del Govern, pero no contra los consellers, se convirtió en una escena propia de matarifes cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a actuar en la calle, especialmente el 1 de octubre.

La frustración provocada por la incapacidad de destruir la logística de la votación llevó al Gobierno y a los mandos políticos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a cometer graves vulneraciones de derechos y también grandes torpezas. Debió de ser muy frustrante para el Gobierno comprobar que un grupo de voluntarios muy bien organizados, y utilizando los nuevos medios que facilita el uso de las redes sociales, burlaban a los servicios de Inteligencia en la búsqueda de las urnas. Y ello debió de desquiciar a más de uno. El error no fue solo de ejecución, sino de diseño de la operación para abortar la votación del 1 de octubre. Desde el Gobierno español intentaron impedir la votación con mentalidad de Ministerio del siglo XX, imaginando que tenían enfrente una estructura centralizada y totalmente jerarquizada. Y se encontraron con que los organizadores de la votación habían puesto en marcha todas las potencialidades de las redes sociales para articular mecanismos muy descentralizados propios del siglo XXI, contra los que no sirven las formas represivas al uso.

El Gobierno español pareció no ser consciente de lo que significa que ya no existan prácticamente espacios ocultos al ojo humano. Eso a pesar de que fuera el propio PP el que en la anterior legislatura aprovechara su mayoría absolutista para imponer la «Ley Mordaza», que entre sus objetivos contaba con la prohibición de la grabación de las actuaciones policiales. Un intento no solo ingenuo, sino también infructuoso, como se demostró el 1 de octubre. Incomprensiblemente, los mandos policiales se olvidaron de que es imposible ponerle puertas al campo o impedir que se graben sus actuaciones. Soy consciente de que lo que voy a decir ahora puede ser malinterpretado y manipulado, pero tengo necesidad de contarlo. Los que hemos participado en conflictos laborales y sociales sabemos de la dureza con la que en ocasiones se emplean los cuerpos de seguridad —todos—, y ese día no creo que fuera mayor que en otras ocasiones. Las diferencias con el 1 de octubre son de dos tipos. De un lado, la cantidad y diversidad de espacios de intervención de la policía aumentó el riesgo de desmanes. Por otro lado, la facilidad para grabar y hacer público por todo el planeta esos abusos y la violencia utilizada. Ignorar las posibilidades que ofrece organizarse en red por parte de voluntarios que ejercen la insumisión civil y menospreciar el hecho de que ya no quedan espacios opacos, salvo en situaciones muy extremas, fueron dos errores muy graves que decantaron la batalla de la imagen del conflicto. El bisturí en manos de un neurocirujano puede realizar operaciones casi limpias, pero en manos de un matarife desgarra todo lo que toca. Y eso fue lo que pasó el 1 de octubre.

El día 8 de septiembre de 2017, el Govern y el movimiento independentista, con sus actuaciones antidemocráticas en el Parlament, habían perdido la batalla del relato. Un mes después, quien había perdido estrepitosamente la batalla frente a Europa y la Comunidad Internacional era el Gobierno español. Esos días pusieron de manifiesto la situación de aluminosis democrática de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se hizo evidente con las imágenes grabadas en el interior del hotel de Pineda de Mar, en el que se alojaba una parte del dispositivo de la Policía Nacional. Si lamentables fueron las escenas de acoso de algunos vecinos a la Policía en el exterior de los hoteles, mucho más preocupantes fueron las escenas de los policías, gritando que los dejaran actuar. Una expresión que en aquel contexto sonaba a ansias de venganza. Aquel día, viendo estas imágenes, tuve el convencimiento de que existe un problema de formación entre estos servidores públicos en relación con cuál es el papel de la Policía en un sistema democrático. Intuyo que ese problema es mayor en la Policía Nacional que en la Guardia Civil o en el propio Ejército.

¿CUÁNTOS ERRORES REPETIDOS HACEN UNA OPCIÓN?

La intervención de la Policía y la Guardia Civil el 1 de octubre de 2017 no fue solo un error, sino una suma de errores acumulados. Entre las muchas enseñanzas que le debo a mi maestro sindical, José Luis López Bulla, está una reflexión que me hizo un día. Ya no recuerdo a santo de qué venía, pero no importa, porque tiene valor universal e imperecedero: «Un error es solo eso, un simple error. Cuando el error se comete otra vez, es un error repetido. A partir de la tercera vez, el error deja de serlo para convertirse en una opción».

Este aforismo de estar por casa, en este caso por la casa de CC. OO., me sirve para analizar lo que muchos analistas consideran los errores cometidos por Rajoy y por los dirigentes independentistas. A la vista de la cantidad de veces que han errado, parece evidente que no han sido errores, sino opciones con consecuencias.

No fue un error de Rajoy, sino una opción, recoger firmas por toda España contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña como forma de erosionar al Gobierno de Zapatero.

No fue un error de Rajoy, sino una opción, presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y hacerlo contra artículos que también se introdujeron en otros estatutos de autonomía que aún hoy están vigentes.

No fue un error de Rajoy, sino una opción, conspirar en el Tribunal Constitucional para conseguir, con todas las artimañas posibles, incluida la recusación de uno de sus miembros, una sentencia que declaraba nulos aspectos claves del Estatuto de Autonomía.

No fue un error de Rajoy, sino una opción, negarse durante doce años a hablar de todas las propuestas de negociación planteadas.

No fue un error de Rajoy, sino una opción, negarse a escuchar las propuestas en favor de celebrar en Cataluña un referéndum pactado de naturaleza consultiva, a pesar de que esta posibilidad fuera defendida por solventes constitucionalistas, entre ellos Rubio Llorente, que fue vicepresidente del Constitucional y presidente del Consejo de Estado.

No fue un error de Rajoy, sino una opción, votar en contra de la propuesta para permitir la convocatoria de un referéndum consultivo en Cataluña, que el Parlament presentó en el Congreso de Diputados el 8 de abril de 2014, y que fue rechazada con los votos de PP y PSOE, entre otros.

No fue un error de Rajoy, sino una opción, poner a macerar el conflicto independentista, pensando que con el paso del tiempo el «suflé» independentista bajaría.

No fue un error de Rajoy, sino una opción, utilizar el conflicto con el independentismo para exhibir musculatura patriótica en toda España y aprovecharlo electoralmente durante doce años.

Esta lista de «errores», que en el fondo son una opción de Rajoy, sería interminable, como lo es la lista de «errores» cometidos por Mas, Puigdemont y Junqueras.

No fue un error de Mas, sino una opción, instrumentalizar la legítima aspiración de más soberanía política de una parte de la sociedad catalana para convocar elecciones anticipadas en noviembre de 2012, intentando así conseguir la mayoría absoluta que le permitiera aplicar con comodidad sus políticas de ajuste y recortes.

No fue un error de Mas, sino una opción, no leer los resultados de esas elecciones de 2012 —en los que en vez de conseguir mayoría absoluta, la lista de CiU que él encabezaba pasó de 62 a 50 escaños— y responder con una fuga hacia adelante.

No fue un error de Mas, sino una opción, radicalizar el proyecto de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para así disputar a ERC la hegemonía dentro del espacio nacionalista, aunque fuera a costa de destruir uno de los capitales políticos más importantes de Cataluña antes de la crisis.

No fue un error de Mas, sino una opción, generar una falsa ilusión en la ciudadanía por la que la independencia iba a acabar con los recortes de derechos, que él defendió y aplicó de manera entusiasta. Y sostener que comportaría la aplicación de unas políticas sociales —que él nunca había defendido, sino más bien combatido— en el terreno laboral, social y fiscal.

No fue un error de Mas, sino una opción, responder a la bunquerización de Rajoy y del Estado español con una fuga hacia ninguna parte.

No fue un error de Mas, sino una opción, sacrificar la unidad de las fuerzas soberanistas partidarias del derecho a decidir en el altar de la lucha partidista de las elecciones.

No fue un error de Mas, sino una opción, abandonar en 2015 la reivindicación del referéndum por la de unas elecciones «plebiscitarias» que tenían como gran objetivo mantener la mayoría parlamentaria y permitirle seguir siendo el president de la Generalitat.

No fue un error de Mas y Junqueras, sino una opción, aprobar en el Parlament la resolución del 9 de noviembre de 2015, que inició el camino de la independencia unilateral, con el vano propósito de que la CUP-CC votara la investidura de Mas.

No fue un error de Mas, Puigdemont y Junqueras, sino una opción, negar los riesgos de fractura social de la sociedad catalana si se continuaba tensando la cuerda de un conflicto en el que los elementos emocionales desempeñan un papel muy importante.

No fue un error de Mas, Puigdemont y Junqueras, sino una opción, negar los riesgos económicos que para Cataluña suponía apostar por la independencia unilateral.

No fue un error de Mas, Puigdemont y Junqueras, sino una opción, mentir a la ciudadanía en relación con el papel de la Unión Europea y la inexistencia de riesgos si se proclamaba unilateralmente la independencia.

No fue un error de Junqueras, sino una opción, apostar por radicalizar el conflicto con el convencimiento de que, en el último momento, sería el PDeCAT quien lo frenaría y así ERC podría salir airosa y consolidar su hegemonía en el espacio nacionalista.

No fue un error de Rajoy y los dirigentes independentistas, sino una opción compartida, apostar por un conflicto maniqueo entre los bloques del sí o el no, en el que cualquier otra opción era asfixiada social y políticamente.

No fue un error de Rajoy, Mas, Puigdemont y Junqueras, sino una opción compartida, utilizar la División Mediática Brunete y su homónima, la Ítaca, para hooliganizar las opiniones públicas y contribuir a la batalla entre bloques.

No fue un error de Rajoy y los dirigentes independentistas, sino una opción compartida, la de apostar por la estrategia de «cuanto peor, mejor», pensando que los «errores» ajenos contribuían a los «éxitos» propios.

Entre las opciones que durante estos años han compartido unos y otros, esa estrategia es la que más se ha utilizado para aglutinar a los propios, aunque sea a costa de alimentar también a los contrarios. Y esta estrategia ha llevado el conflicto a un cul de sac, a un callejón sin salida. Ambos bandos estaban convencidos de que sería la otra parte la que terminaría cediendo. Apostaron por un desenlace de vencedores y vencidos, obviando así al conjunto de la sociedad y la búsqueda de soluciones.

LOS CONFLICTOS SE ALIMENTAN A SÍ MISMOS. LOS PACTOS TAMBIÉN

Los conflictos se alimentan a sí mismos. Esta es una enseñanza de la vida que los sindicalistas conocemos muy bien. Por eso valoramos la importancia del conflicto y la del acuerdo. Sin el conflicto, que comporta una movilización, no se tiene fuerza para negociar y el acuerdo es más difícil. Pero si el conflicto no conduce al acuerdo, la fuerza de la movilización se diluye y se convierte en estéril. Cuando eso sucede, una salida puede ser pactar el desacuerdo. En estos casos, las partes del conflicto, ante la imposibilidad de encontrar un acuerdo definitivo, y conscientes de los riesgos que hay siempre detrás de un conflicto no resuelto, pactan el desacuerdo para ganar tiempo, distender el conflicto y, en ocasiones, volver a retomar después las negociaciones.

Pactar el desacuerdo es una fórmula muy utilizada en los conflictos laborales, en forma de mediación de terceros o de laudos arbitrales. Hasta el punto de que, en alguna ocasión, el laudo arbitral puede ser la manera de llegar a un acuerdo que las partes no son capaces de hacer a cara descubierta, por las dificultades de explicar que un «mal acuerdo» puede ser mejor que un buen conflicto. Ese fue exactamente el laudo arbitral obligatorio (un oxímoron en sí mismo) que terminó con la huelga de la construcción que afectaba a las obras olímpicas de Barcelona 92. No fue propiamente un laudo, sino un acuerdo entre las partes, disfrazado de laudo. La huelga había sido dura y las diferencias en la negociación, muchas. Se hacía difícil explicar que, de golpe, se transitaba de un conflicto con grandes diferencias a un acuerdo que no satisfacía plenamente las posiciones de ninguna de las partes. La fórmula por la que se optó fue pactar el contenido del laudo obligatorio. Obviamente, no es la mejor manera de resolver un conflicto laboral. Siempre es más pedagógico explicar un acuerdo, y asumir responsabilidades. Pero en ocasiones, lo óptimo es el principal enemigo de lo posible. En eso también consiste pactar los desacuerdos.

Pues bien, ni eso supieron hacer Rajoy y Puigdemont. El grado de radicalización de las posiciones se enquistó de tal manera y el grado de hooliganización de los propios y contrarios era tal que no tuvieron la valentía ni tan siquiera de pactar el desacuerdo. En esos momentos ya se hizo evidente lo que luego se confirmaría: la potencia de la movilización social era uno de los grandes activos del independentismo, pero al mismo tiempo es una de sus rémoras, porque ha restringido, y mucho, la capacidad de tomar decisiones. Es lo que tiene abusar de la épica y de conceptos como valentía, cobardía, traición y otros que durante años han marcado el guion del procés.

Rajoy y los dirigentes independentistas hubieran hecho bien en escuchar las sabias palabras de Tito Livio, que, al parecer, las tomó prestadas de Catón: «La guerra se alimenta a sí misma». Para dejar de alimentar los conflictos hace falta mucha valentía, pero no la valentía de desatar una guerra, sino la de dejar de alentarla, para dar una oportunidad al diálogo.

3

1 DE OCTUBRE:

¿REFERÉNDUM O MOVILIZACIÓN?

Fue la dinámica determinista del procesismo la que los llevó a mantener la votación del 1 de octubre de 2017, intentando darle la consideración de referéndum vinculante y desprendiendo de él un supuesto mandato democrático. Aquello suponía dar un paso más hacia un camino sin salida.

Es cierto que Rajoy no contribuyó en nada a facilitar una salida no traumática. Más bien al contrario: la cerrazón del Gobierno español y la negativa a dialogar generaba en Cataluña una imagen en la que cualquier movimiento de Puigdemont que no fuera acelerar, aunque delante tuviera un abismo, era algo parecido a un trágala, a una derrota o a una humillación.

Durante esos días, y en las semanas siguientes, el argumento que más veces oí de los dirigentes independentistas para justificar sus decisiones fue ese, el de no poder aceptar el trágala y la humillación. Y viendo cómo actuaba Rajoy, esa argumentación tenía cierta lógica, aunque ninguna salida. No era la primera vez que eso ocurría, pero nunca se había presentado este dilema con tanta virulencia. La reiterada negativa de Rajoy al referéndum pactado ha llevado al independentismo a buscar otros caminos para sustituir al referéndum, intentando así legitimar su reivindicación de independencia. Nada que objetar si no fuera porque, en esta ocasión, el camino del unilateralismo se convirtió en un atajo sin salida.

La primera respuesta a la negativa de Rajoy al referéndum pactado fue la consulta participativa de noviembre de 2014. Se estuvo organizando durante un año y debía ser el punto culminante de un trayecto que nos conducía, así se explicó, al año 2014, el tricentenario de 1714, que sería el momento épico para proclamar la independencia. Si nos sumergiéramos en la hemeroteca, nos sorprendería la capacidad de «autoengaño» que aporta la épica y la capacidad de los humanos para olvidar. En el otoño de 2013, Oriol Junqueras, líder de la oposición y a su vez el principal apoyo parlamentario del Gobierno de Mas —uno de los casos de mayor desdoblamiento de la personalidad que recuerdo en política—, dejó constancia de su capacidad para simular. En pleno debate de los presupuestos de la Generalitat de 2014, llegó a afirmar, sin despeinarse, que su voto a favor de unas cuentas que incluían recortes de servicios públicos, privatizaciones y venta de patrimonio de la Generalitat estaba justificado porque los del año 2014 serían los últimos presupuestos autonómicos de la historia. Los de 2015 ya serían los presupuestos de la República catalana.

La combinación de épica, astucia y olvido puede ser letal para una sociedad sana. Y como puede comprobarse, no es una cosa propia del final del procés, sino que forma parte de sus genes fundacionales. Como es evidente, ni la consulta popular ni el año 2014 nos deparó la independencia. Posiblemente por eso, y para mantener viva la ilusión, se convocaron las elecciones «plebiscitarias» de 2015. De ellas se dijo que eran la alternativa a la imposibilidad de celebrar el referéndum y que de sus resultados se desprendería un mandato democrático para proclamar unilateralmente la independencia en dieciocho meses. Ese fue el relato que mantuvieron los independentistas, a pesar de su debilidad democrática, hasta el debate de la cuestión de confianza de septiembre de 2016. En ese momento, Puigdemont anunció una nueva hoja de ruta, la del «referéndum o referéndum».

El 1 de octubre era la tercera vez que los independentistas intentaban que unas votaciones, que no eran propiamente un referéndum, legitimaran una lectura favorable a la independencia. Quizá por eso, por haber repetido tantas veces la misma jugada, se restringió el margen de maniobra de Puigdemont y su Govern después de ese día.

Estos dos precedentes, y marcajes entre PDeCAT y ERC ante unas posibles elecciones y los estrechos límites que ofrecían las organizaciones que lideran el movimiento independentista, la ANC y Òmnium, fueron determinantes para que Puigdemont mantuviera el reto de la convocatoria de un referéndum.

Esa decisión de convocar a las urnas el 1 de octubre y considerarlo un referéndum vinculante situó al espacio político de los Comunes en una posición incómoda y al mismo tiempo confusa, por la falta de claridad en el proyecto y el exceso de tacticismo en las decisiones.

Con una Ley de Referéndum aprobada con la precariedad legal e indigencia democrática en que transcurrió el Pleno del 6 y 7 de septiembre, y además suspendida (y anulada posteriormente) por el Tribunal Constitucional, parecía evidente que el 1 de octubre no podía considerarse un referéndum, y menos, vinculante. No solo por razones legales, constitucionales, sino sobre todo políticas. Se trataba de un referéndum no reconocido por casi la mitad del Parlament, que no suscitaba la implicación de buena parte de la sociedad catalana, especialmente de los contrarios a la independencia; que no ofrecía las garantías democráticas mínimas recogidas por el Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia; que no tenía ningún reconocimiento ni europeo ni internacional, más bien lo contrario.

La estrategia del unilateralismo independentista consiguió acorralar a la Galaxia de los Comunes, a la que la mayoría gubernamental logró situar en la tesitura de tener que escoger entre avalar su estrategia de referéndum unilateral, o bien ser acusados ante la ciudadanía de Cataluña de haberse aliado con el PP, de traidores a Cataluña. De nuevo la política de bloques construida con el maniqueísmo de «o conmigo o contra mí y al lado del PP» que tanto daño ha hecho a la sociedad catalana y a la propia reivindicación independentista.

¿PUEDE EL TACTICISMO LLENAR EL VACÍO DE LA FALTA DE PROYECTO?

Ante esta tesitura, los Comunes optaron de nuevo por una respuesta táctica, en la que lo determinante no era la defensa de un proyecto o una idea, sino la habilidad para salir lo mejor librados de este envite. Nada que objetar sobre el necesario tacticismo en política, pero termina siendo un problema cuando voluntariamente se opta por no tener proyecto para así poder maniobrar más hábilmente. A esta encrucijada del 1 de octubre, la Galaxia de los Comunes llegó con un cierto desconcierto. Sobre todo porque, por razones también tácticas, al inicio del debate no se quiso dar la batalla política contra la unilateralidad.

En el momento de escribir estas líneas acaba de producirse un desayuno-coloquio en el que Ada Colau ha presentado a Xavi Domènech, candidato de Catalunya en Comú-Podem en las elecciones de diciembre de 2017, y en el transcurso de este acto ambos han afirmado que «nosotros siempre hemos defendido el referéndum pactado». Ojalá hubiera sido así. Porque si desde el principio se hubiera rechazado de manera nítida el referéndum unilateral, hubiéramos llegado al 1 de octubre con menos problemas para fijar una posición comprensible, más allá de los círculos dirigentes propios y de los grupos de Telegram. Desgraciadamente no fue así; la Galaxia de los Comunes no quiso explicitar nítidamente su oposición al referéndum unilateral. Muchas veces, Lluís Rabell y yo tuvimos que modular nuestro rechazo al unilateralismo para evitar confrontarnos con los Comunes públicamente. Aunque éramos conscientes de que ello nos situaba en una posición subalterna en relación con las fuerzas que habían optado por la unilateralidad.

Para mantener esa indefinición, que es algo más que equidistancia, y para proteger a Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, se optó por la vía de considerar el 1 de octubre como una movilización. Para llegar a esta conclusión preestablecida se acordó celebrar una consulta, por cierto de una manera un tanto curiosa: atrasando y posponiendo la votación a un momento en que las cosas ya estuvieran decantadas en relación con el 1 de octubre. Es lo que tiene el tacticismo, que para tomar decisiones hay que esperar a ver de dónde sopla el viento para así orientar las velas en la buena dirección, aunque eso suponga llegar siempre tarde a las decisiones importantes. Además, fue una decisión con un grave déficit democrático, sobre todo viniendo de una fuerza política que hace de la participación y del empoderamiento una seña de identidad, al menos en los papeles: con anterioridad a la celebración de la consulta interna, los portavoces de CatComú ya daban por hecho en sus comparecencias públicas la posición final. A pesar de este pronunciamiento público de la dirección de los Comunes a favor de la participación el 1 de octubre y de las constantes comparecencias de sus portavoces, dando por hecha la participación cuando aún no se había celebrado la consulta interna, la votación dio un resultado muy ajustado. La opción de no participar en el 1 de octubre ni como referéndum ni como movilización obtuvo el 40 por ciento de los votos. Este resultado expresaba una pluralidad interna que nunca aparece en las comparecencias públicas de los dirigentes de los Comunes, y eso sin duda expresa graves déficits democráticos.

Si pongo de manifiesto esta realidad, que algunos consideramos de subalternidad política aunque se vistiera de habilidad, es por las consecuencias que tuvo después, en la medida en que contribuyó a legitimar la DUI aprobada en la resolución del 27 de octubre. La interpretación del 1 de octubre como referéndum vinculante es responsabilidad de Puigdemont y su Govern, pero que los Comunes llamaran a participar en esa votación ayudó a consolidar el relato de que había sido un referéndum. Al cabo de pocos días, nadie, excepto los Comunes, hablaba del 1 de octubre como de una movilización y todo el mundo se refería a ella como a un referéndum. Los medios de comunicación hablaban con naturalidad de los resultados, que nadie había proclamado. Es lo que tiene meterse en el marco mental del otro, ya que más pronto que tarde se acaba siendo absorbido por él. No hace falta ser un estudioso de Gramsci ni un lector de Lakoff para entenderlo.

Esa ha sido la gran debilidad de la izquierda catalana y la gran victoria del movimiento independentista, haber asumido constantemente el marco mental del independentismo y su hegemonía ideológica. Tratar de impedirlo no es fácil, lo sé por experiencia, sobre todo porque el conflicto entre bloques en temas de gran emocionalidad, con la Brunete y la Ítaca a toda máquina, dificulta mucho tener un perfil propio. Pero aun no siendo fácil, es imposible si se opta por la comodidad como actitud vital y el tacticismo como política.

RAZONES PARA NO VOTAR EL 1 DE OCTUBRE

En este debate yo me decanté por la no participación el 1 de octubre, ni tan siquiera como proceso de movilización. No sin dudas, sobre todo cuando ese día se produjeron las violentas intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que llevaron a algunas personas, que inicialmente no pensaban participar en la votación, a cambiar su decisión y terminar votando. Ese día, muchas personas lo vivieron con un profundo desgarro interior. Con la convicción de que hicieran lo que hicieran se iban a sentir mal consigo mismas.

Los días anteriores al 1 de octubre estuve a punto de hacer pública mi posición, incluso la llegué a redactar para publicarla en El bloc del Coscu. Al final, y ante la confusión creada, decidí mantener mi posición de no votar, pero no darle publicidad. En ello influyeron muchos factores, quizá la situación personal (estaba despidiendo, en el sentido literal de la palabra, a mi madre en sus últimos días de vida) y quizá también una valoración de oportunidad. En cualquier caso, la verdad es que decidí no votar y explicarlo cuando me lo preguntaran, pero no hacer ostentación de ello con la publicación de mis motivos.

Ahora me siento en la obligación de hacerlos públicos. Y lo hago reproduciendo íntegramente el artículo que redacté y que al final se quedó guardado en mi escritorio. Me he limitado a traducirlo del catalán al castellano:

En momentos de certezas absolutas, de blancos o negros, sin matices, dudar tiene muy mala fama. Pero como, para mí, dudar es un síntoma de madurez democrática, no tengo ningún problema en reconocer que he dudado mucho en hacer pública mi decisión personal de no votar el 1 de octubre y he dudado aún más en la manera de hacerla pública.

He decidido explicar mis razones para no votar el 1 de octubre porque considero que tengo una obligación política y cívica ante la ciudadanía.

Y he optado por la fórmula más personal, la que me permite explicarme mejor y la que tiene menos riesgos —santa ingenuidad la mía— de ser tergiversado o manipulado.

Para hacerlo necesito extenderme en explicar cómo he vivido como ciudadano, abogado, profesor de derecho, sindicalista y parlamentario los últimos años.

Tuve la oportunidad de participar, en representación de CC. OO., y en el marco del proceso de participación puesto en marcha por el conseller Saura, en la elaboración del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y de contribuir con propuestas a que el Estatuto tenga un título primero dedicado a Derechos, Deberes y Principios Rectores. En él se afirma nuestra identidad nacional en clave social y a partir de los Derechos de Ciudadanía Social, que es la más inclusiva de las identidades.

En aquellos momentos viví por primera vez uno de los factores que más han marcado la política catalana de los últimos quince años, la pugna por la hegemonía política dentro del espacio nacionalista entre CDC (ahora PDeCAT) y ERC. Una pugna que ha recorrido todo el procés y es uno de los factores determinantes de lo que ha acabado pasando. Esta batalla por la imagen entre CiU en la oposición y ERC en el Gobierno tripartito llevó a incluir en la propuesta inicial del Estatuto contenidos que todos sabían que no tenían ninguna posibilidad de ser acordados con el Estado español. Para comprobar a continuación que quien más había «radicalizado» la propuesta inicial, Artur Mas, pactaba con el presidente Zapatero la retirada de muchos de estos redactados del Estatuto. Fue la primera vez que me sentí engañado como ciudadano.

Cuatro años después, la sentencia del Tribunal Constitucional supuso mucho más que un engaño, supuso la ruptura unilateral de la «Constitución Territorial», en palabras del constitucionalista Javier Pérez Royo.

Durante años me he sentido engañado como ciudadano cada vez que era convocado a un acto a favor del derecho a decidir, que era lo que nos unía a todos los participantes, y el acto acababa siendo a favor de la independencia. Objetivo absolutamente legítimo, pero que no compartíamos todos los que habíamos convocado el acto.

Me sentí engañado como ciudadano al comprobar que la consulta del 9 de noviembre de 2014, en la que participé, era presentada como un proceso de movilización, una consulta y un referéndum al mismo tiempo. Todo en función del relato que interesara en cada momento. Y esta manipulación ha llegado hasta nuestros días a las puertas de los tribunales.

Me sentí engañado cuando, para justificar el voto favorable a los Presupuestos de 2014, que incluían la venta de patrimonio de la Generalitat, privatizaciones y recortes de derechos y servicios, Oriol Junqueras, líder de la oposición y principal apoyo del Gobierno de Mas, lo justificó diciendo —así consta en el diario del sesiones— que aquellos eran los últimos presupuestos de la Cataluña autonómica. Que los siguientes ya serían los de la Cataluña independiente.

Me sentí engañado cuando el president Mas disolvió anticipadamente la legislatura por segunda vez y convocó unas elecciones a las que llamó «plebiscitarias» para el 27 de septiembre de 2015, y a las que quiso dar el valor de referéndum de autodeterminación.

Me sentí engañado cuando, después de las elecciones y a pesar de que los resultados leídos en clave plebiscitaria no daban mayoría de votos a JxSí y la CUP, se mantuvo el compromiso y la promesa de hacer una Declaración Unilateral de Independencia en dieciocho meses.

Me sentí engañado cuando en base a una lectura plebiscitaria de los resultados del 27 de septiembre de 2015, se consideró la propuesta de referéndum como pantalla pasada y a sus defensores como «mals catalans».

Me sentí engañado cuando, en el debate de la Cuestión de Confianza de septiembre de 2016, el president Puigdemont renunció a su compromiso de DUI y sin ninguna explicación recuperó la «pantalla pasada» del referéndum.

Me siento engañado ahora cuando el Govern de Puigdemont y Junqueras presenta el 1 de octubre como un referéndum vinculante, cuando ellos saben que no reúne ninguna de las características propias de un referéndum. No es inclusivo de la sociedad catalana, no tiene las garantías democráticas exigibles y no tiene el aval internacional, más bien lo contrario.

Me siento engañado cada vez que oigo decir a las fuerzas procesistas que pactar un referéndum es imposible y, en cambio, hacerlo de manera unilateral y que tenga efectos jurídicos es viable.

Me siento engañado cuando se aprueba de manera antidemocrática la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, en la que se dice que, sea cual sea la participación en lo que se denomina «referéndum vinculante», si hay un voto más para el sí que para el no, se considerará legitimada una DUI y el inicio de un proceso constituyente hacia la República catalana.

Me siento engañado cuando confirmo que la aprobación de la Ley de Transitoriedad se plantea como un acto dirigido a quemar las naves y a cerrar cualquier posibilidad a una solución negociada después del 1 de octubre. Me siento engañado cuando estas dos leyes se aprueban por procedimientos absolutamente antidemocráticos que se cargan toda la legalidad catalana y menosprecian instituciones catalanas, como el Consejo de Garantías Estatutarias.

Me siento engañado y manipulado cuando se nos dice, a mí y a toda la sociedad catalana, que hemos de escoger entre la irresponsabilidad y el comportamiento autoritario y antidemocrático del Gobierno de Rajoy y el aventurerismo construido también sobre comportamientos antidemocráticos del Govern de Puigdemont y Junqueras. Y que no hay otra opción posible.

Me siento engañado e insultado como ciudadano cuando miembros del Govern califican de antidemocráticas a las personas que no reconocen el 1 de octubre como referéndum vinculante. Y al maniqueísmo de buenos y malos catalanes, se suma ahora el de demócratas y no demócratas.

Respeto, y mucho, a los que creen que ante esta situación, lo mejor que se puede hacer es ir a votar el 1 de octubre para expresar la indignación y la protesta ante los comportamientos irresponsables y antidemocráticos del Gobierno de Rajoy, poniendo en segundo plano el riesgo de que su voto se utilice para validar como referéndum lo que no lo es y sus resultados sirvan para legitimar una DUI.

Mi respeto por su decisión va acompañada de la exigencia de respeto para los que creemos que no hemos de ir a votar el 1 de octubre, ni tan siquiera dándole la consideración de una simple movilización.

Comparto las palabras de Jordi Évole cuando afirma que es legítimo estar contra las actuaciones del Gobierno del PP y al mismo tiempo defender que el 1 de octubre no es un referéndum.

Soy consciente desde el primer momento de que, en un ambiente y un debate absolutamente maniqueo en el que solo es posible estar con los procesistas o estar con Rajoy, mi decisión de no ir a votar el 1 de octubre se puede manipular y presentar como un aval a Rajoy. Y a pesar de este riesgo más que evidente de manipulación, asumo ese coste personal.

Lo hago desde la tranquilidad y autoridad de quien ha defendido el derecho a decidir y el referéndum en todas las situaciones y condiciones posibles, incluso cuando los que ahora se apropian de él lo abandonaron durante un año por razones partidistas. Lo he hecho en Cataluña y en el Congreso de los Diputados con un grupo parlamentario de solo once miembros.

Lo hago desde la tranquilidad y autoridad de haber combatido como el que más las políticas autoritarias de Rajoy y del PP, mientras algunos de los que ahora dan y quitan credenciales de demócratas les daban apoyo en sus políticas antisociales y en sus comportamientos antidemocráticos.

Lo hago porque no quiero que mi voto de protesta contra Rajoy y en defensa del referéndum sea utilizado de nuevo para legitimar como referéndum vinculante el 1 de octubre y para legitimar una DUI a partir del 2 de octubre. Y no quiero que lo utilicen para dar continuidad al relato procesista y el fraude democrático que supondría prorrogar seis meses más una legislatura que debía ser de dieciocho meses para convocar después unas nuevas elecciones excepcionales, esta vez con el nombre de elecciones constituyentes.

Lo hago convencido de que en situaciones como estas hace falta que se mantengan posiciones que no entren en la fácil dicotomía de tener que escoger entre la irresponsabilidad autoritaria de Rajoy y el aventurerismo de Puigdemont y Junqueras. Y que si bien estas son las posiciones más difíciles de mantener en estos momentos, son las que permiten trabajar para un acuerdo y para evitar una fractura social interna en la sociedad catalana.

Lo hago porque estoy convencido de que en contra de lo que piensan otros, a Rajoy no se le gana retroalimentando una dialéctica acción-reacción. Muy al contrario, esto no hace más que reforzarlo en el conjunto de España, como en Cataluña refuerza a los que han apostado por el «cuanto peor, mejor».

Lo hago porque estoy convencido de que no habrá solución sin negociación, y para eso es imprescindible que la estrategia del unilateralismo, fácil, sin costes ni riesgos, se acabe el 1 de octubre.

Lo hago porque estoy convencido de que en la sociedad catalana hay mucha gente de izquierdas que ha luchado por el referéndum y contra el Gobierno de Rajoy que piensa lo mismo que yo he expuesto en estas líneas y que se merecen que alguna persona con responsabilidades políticas defienda sus planteamientos, aunque sea con elevados costes personales.

YO SOY YO, MIS CIRCUNSTANCIAS Y MIS CONTRADICCIONES

El que crea que está libre de contradicciones, mejor que use todas sus capacidades para librarse de sí mismo.

Eso viene a cuento de que, como se puede comprobar, terminé por no publicar este post que ahora he reproducido. En este libro me podía haber ahorrado explicar esta contradicción entre lo que pensaba y escribí y lo que terminé haciendo. Pero como anuncié en el prólogo, quiero ser lo más honesto que pueda con los lectores. Y explicar que al final no hice público el artículo que ya tenía preparado es también una manera de aceptar que «yo soy yo, mis circunstancias y mis contradicciones».

No publiqué ese artículo, que se quedó esperando el momento oportuno en el escritorio del ordenador, ni fui a votar, y así lo expliqué los días antes, no sin algunas florituras. Si hacer público que no iba a votar el 1 de octubre ya era noticia, hacerlo contra la decisión de la galaxia comunera de «votar como movilización» era ofrecer demasiada munición a los hiperventilados y a la División Mediática Ítaca. Reconozco que mantener la decisión de no votar el 1 de octubre no fue nada fácil. Ese día las dudas fueron más grandes de lo habitual. Las imágenes que llegaban de los lugares de votación eran desgarradoras y no pude evitar que ante ello me entraran importantes problemas de conciencia. Eso mismo les pasó a personas amigas, y cada una lo resolvió como pudo, según su conciencia. Después he pensado que quizá la decisión de no votar estuviera más condicionada por el hecho de estar ese día a pie de una cama de hospital, acompañando a mi madre, que a razones políticas. Igual ese fue su último acto de amor hacia mí, ofrecerme una coartada para no tener que decidir entre dos opciones que me producían, ambas, una gran angustia y desasosiego interior.

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OCTUBRE DE 2017: UN AGUJERO NEGRO

El 1 de octubre de 2017 no fue el final de nada, como algunos esperaban, sino el inicio de un mes de infarto, marcado por los efectos que tuvo el empecinamiento procesista en la vía unilateral y por las consecuencias de la represión de las fuerzas de seguridad. Octubre fue un mes en que los minutos parecían horas; las horas, semanas; los días, años, y un mes, casi una era geológica. Pareció que estábamos atrapados en un agujero negro, de alta densidad, del que era imposible escapar y que ejercía una gran fuerza de atracción gravitatoria.

El 1 de octubre fue una jornada de éxito para el independentismo en todos los aspectos: éxito de participación; éxito logístico, con la aparición de unas urnas buscadas por tierra, mar y aire por el Estado español; éxito de imagen pública a nivel internacional; éxito en el relato, e incluso éxito en la capitalización de la violencia policial.

Éxito en todo, menos en aquello que permite consolidar las victorias en avances concretos en la reivindicación. El Govern y la mayoría independentista no supieron aprovechar una jornada exitosa en beneficio propio, de la única manera posible, con la convocatoria de elecciones anticipadas. No fueron capaces de entender que habían llegado lo más lejos que podían llegar sin, a partir de entonces, retroceder. No fueron capaces de replegar fuerzas y protegerse de la reacción del Estado español. El éxito, como sucede en muchas ocasiones, les obnubiló la vista. Debieron pensar que si la astucia del procesismo unilateralista les había funcionado hasta entonces, no había razón para cambiar de estrategia. O quizá no, igual ya habían perdido la capacidad de decidir libremente. Fue un gran error que, como se ha visto después, ha terminado pagando caro no solo el independentismo, sino toda la sociedad.

Convirtieron en realidad sus medias verdades, incluso sus falsedades, con la vana ilusión de culminar una estrategia unilateralista que era, a ojos de cualquiera que tuviera dos dedos de frente, inviable por imposible de ejecutar. Esa expresión de «dos dedos de frente» para referirse a la inviabilidad de la unilateralidad fue exactamente la que utilizaba en sus comunicaciones el secretario de Hacienda del Govern. Lo supimos unos días después, al hacerse públicas unas grabaciones obtenidas en los procedimientos penales. Los dirigentes independentistas eran conscientes de que la unilateralidad no podía ganarle el pulso al Estado de ninguna manera, pero no se atrevieron a explicárselo a la ciudadanía. Después de tanto tiempo utilizando los espejos deformantes de la realidad, ya no eran capaces de distinguirla de la ficción.

No entendieron, o no quisieron entender, que la participación del 1 de octubre, siendo muy importante, no permitía legitimar la declaración unilateral. Los niveles de apoyo de la ciudadanía a la independencia eran y son insuficientes, mucho más si se pretenden imponer unilateralmente al Estado.

No entendieron, o no quisieron entender, que a pesar de las simpatías de la opinión pública y de las críticas de algunos gobiernos y portavoces de la Unión Europea a la represión policial, no llegaría ningún apoyo europeo ni internacional a la declaración de independencia. Ignoraron algo básico, el instinto de autoprotección de los Estados europeos, y se engañaron al pensar que la opinión pública obligaría a sus gobiernos a modificar su posición y hacerla favorable a la independencia de Cataluña.

No entendieron, o no quisieron entender, que les faltaba el apoyo del poder económico. De tanto explicar que la independencia tendría un coste de transición cero y que el unilateralismo era posible sin pagar ningún precio en términos económicos, acabaron por creérselo. Tanto tiempo manteniendo la ficción de que las empresas no se irían de Cataluña o diciendo que los bancos se pelearían entre ellos para conseguir el favor de la República catalana, que ignoraron que estaban a punto de provocar una reacción de ese poder económico. Es lo que tiene ser un movimiento dirigido por menestrales y personas instaladas en el interior de la ciudadela de la función pública, protegidas de los vientos de la competencia económica y de los mercados globales.

No entendieron, o no quisieron entender, que a pesar de la torpeza policial del 1 de octubre, el Estado mantenía, como todos los Estados (el catalán también, si alguna vez llega a existir), una capacidad de violencia institucional muy importante y decisiva para conflictos de este tipo.

Parece que los dirigentes independentistas no solo no habían leído a Norberto Bobbio, sino tampoco a Marx o a Max Weber. Solo así puede entenderse que durante todo el proceso hayan mantenido la ficción de aprobar resoluciones y leyes, pensando que su contenido se aplicaría alguna vez sin tener un Estado detrás para imponerlas. Quizá si hubieran leído a cualquier estudioso de la teoría del Estado sabrían que este se caracteriza por ostentar el «monopolio legítimo de la violencia institucional». Fuera de ese espacio, no hay normas que puedan obligar, ni políticas que puedan imponerse.

La satisfacción e instrumentalización política de la torpeza policial no les dejó ver la imposibilidad de hacer frente a la violencia institucional que hay siempre detrás de cualquier Estado. Que el Gobierno español hubiera sido muy torpe en las acciones para impedir la votación del 1 de octubre no significaba que fuera débil. Así, en vez de parar máquinas para agrupar fuerzas y rentabilizar los éxitos del 1 de octubre, se continuó apostando por una estrategia que cada vez se separaba más de la realidad. Puigdemont debió aprovechar ese momento para convocar elecciones autonómicas con las que poder capitalizar todo aquello. Pero dejó pasar su primera oportunidad, y luego repitió el error otras dos veces, dejando claro que más que un error, era una opción. Criticar los errores de Puigdemont es fácil, sobre todo a toro pasado, pero las dificultades a las que se enfrentaba eran muy fuertes. Después de tanta ficción, incluso de tantas mentiras, nadie se atrevía a ponerse delante de un movimiento independentista, muy potente, a decir verdad. El movimiento independentista había adquirido vida propia, funcionaba con su propia lógica. Como los grandes transatlánticos, tenía muchas dificultades para virar su rumbo y evitar así chocar con un iceberg, como terminó pasando. A partir de aquí, la disonancia cognitiva del procesismo unilateralista fue a más.¹

EL COMPROMISO Y LA SENSATEZ DE CC. OO. Y UGT

Con la irresponsabilidad de esa fuga hacia ninguna parte contrasta el papel desempeñado en esos días por muchas organizaciones sociales, entre ellas CC. OO. y la Unión General de Trabajadores (UGT), que combinaron su compromiso con la sociedad y la democracia con la sensatez. Comenzando por expresar su rechazo a la represión policial del 1 de octubre, que se concretó en la convocatoria unitaria de un «paro de país» el martes 3 de octubre. Aunque algunos le quisieron dar la consideración de huelga general, no lo fue. Se trató más de un lock out, un cierre patronal de la función pública catalana, que de otra cosa. Pero más allá de este debate, no solo semántico, lo importante es que permitió visibilizar un gran rechazo social a la actuación policial el 1 de octubre.

Convocado por la Mesa para la Democracia, una plataforma formada por un gran número de entidades sociales, organizaciones sindicales y patronales, tuvo la virtud de dar una respuesta rápida y unitaria, y canalizar así de manera ordenada la indignación que se vivía. Es oportuno destacar el papel desempeñado por el sindicalismo confederal de CC. OO. y UGT. Su posición no era fácil: tuvieron que lidiar con una convocatoria previa de sindicatos minoritarios, sin ningún tipo de representatividad en los centros de trabajo, pero que contaban con el apoyo político del Govern y del movimiento independentista, y con el aliento no menospreciable de la División Mediática Ítaca. Ante eso, CC. OO. y UGT de Cataluña consiguieron evitar que el debate sobre la participación en el paro del día 3 de octubre explotara en los centros de trabajo y provocara conflictos entre los trabajadores, lo que hubiera sido un desastre.

La fórmula del paro de país, en forma de huelga cívica, fue, a mi entender, una buena solución. Permitió expresar el rechazo a la represión policial sin tensar más la situación en los centros de trabajo. El resultado fue una significativa incidencia ciudadana, con un seguimiento importante en la función pública y una escasa participación en el sector privado, en el que el coste de un día de huelga tiene para trabajadores y empresas un valor distinto que en el sector público. Además, se consiguió salvar la unidad interna de los sindicatos, evitando que el conflicto, que ya ha fracturado la sociedad, se trasladara también a los centros de trabajo y dividiera a los trabajadores en función de su opinión sobre la independencia de Cataluña.

Esa misma sensatez llevó a CC. OO. y UGT a no apoyar la llamada a una huelga general para el 8 de noviembre. En momentos en que el sindicalismo se está recuperando del fuerte desgaste provocado por el impacto de la Gran Recesión económica en el empleo, hubiera sido una insensatez trasladar un conflicto político con fuerte carga emocional a los centros de trabajo. Mantener la unidad entre los trabajadores es determinante para la utilidad del sindicalismo. También me pareció inteligente la gestión de las diferencias en el seno de los propios sindicatos, entre la posición de las organizaciones sindicales de Cataluña y sus mismas organizaciones a nivel estatal. Dos secretarios generales, acabados de elegir, Javier Pacheco en Cataluña y Unai Sordo en España, demostraron temple y sensatez para abordar este conflicto.

PARLEM, HABLEMOS

A los pocos días del paro de país, el sábado 7 de octubre de 2017 se produjeron en toda España concentraciones a favor del diálogo con el emblemático frontispicio de «Parlem/Hablemos». Fueron manifestaciones tan necesarias, dado el clima de conflicto social generado, como tardías en su organización.

Desde hacía algún tiempo, era evidente que existía una mayoría social a favor de una solución negociada, pero era una mayoría huérfana de referente político y social. La fuerza del movimiento cívico independentista actuaba como un bosque de eucaliptus que absorbía toda la energía de la sociedad, y mucho más a partir de las reacciones de solidaridad provocadas por la acción represiva del Estado. Esa articulación de una mayoría social favorable al diálogo solo la podíamos articular el espacio de los Comunes, pero no fuimos capaces de ello, quizá por la indefinición, que no es solo equidistancia, en la que nos habíamos situado, quizá por temor o por un exceso de cálculos políticos. Nunca es tarde si la dicha es buena, y lo era para los que en el mundo de la política institucional llevábamos mucho tiempo insistiendo, en ocasiones en solitario, en que la solución solo vendría del diálogo y el pacto.

LA CALLE ES DE TODOS: CATALUÑA TAMBIÉN

Sin tiempo de digerir lo que significaban estos actos a favor del diálogo en toda España, se produjo la manifestación del domingo 8 de octubre a favor de la unidad de España y contra la independencia, convocada por Societat Civil Catalana. Ese día se hizo visible una parte de la sociedad catalana que hasta entonces había estado oculta y silenciada, no siempre de manera voluntaria. Fue la evidencia de la fractura interna existente en Cataluña, que nunca se quiso reconocer desde las filas independentistas porque suponía romper el imaginario de una Cataluña única y compacta. Durante años, a quienes advertíamos de los riesgos de fractura social, que ya se detectaban entre las familias, los amigos, las organizaciones sociales o los sindicatos, incluso en las escuelas y los institutos, se nos acusaba de generar miedo y de estar al servicio de la estrategia del PP.

Ni tan siquiera ese día, con centenares de miles de personas en las calles de Barcelona, se quiso asumir que existía otra Cataluña y que el hecho de que no se hubiera manifestado pública y organizadamente hasta entonces no significaba que no existiera. Los intentos de minimizar esa importante movilización social desde la División Mediática Ítaca fueron esperpénticos. Se vendió la idea de que no se trataba de catalanes, sino de españoles «acarreados» desde otros puntos de España. Una lectura que compraron incluso personas de barrios obreros que tenían vecinos o compañeros de trabajo que habían acudido a la manifestación. Un día, en la peluquería de barrio de mi amiga Merche, oí ese intento de explicar la manifestación con el argumento de que venían de otros lugares de España. Me entró una gran tristeza y sobre todo indignación por el nefasto papel de contaminación de algunos medios de comunicación.

Al mismo tiempo que se menospreciaba lo que esa manifestación suponía como expresión de la pluralidad de la sociedad catalana, también se intentó vender la imagen de que se trataba de una manifestación de franquistas y fascistas. Afortunadamente, no hay tantos nostálgicos del franquismo en Cataluña. Ese acto de masas expresó también una gran diversidad social en su composición. Había sin duda gente venida de la parte alta de Barcelona, de la alta burguesía catalana, pero estaba lleno de personas llegadas de barrios y ciudades de la Cataluña metropolitana, y el metro y los trenes de Cercanías eran la mejor prueba de ello. Desde el independentismo no se quiso reconocer la importancia de esa manifestación porque significaba el fin de un imaginario falso: el conflicto no era entre Cataluña, como un todo absoluto, y España, una realidad uniforme. El conflicto existía también en el seno de la sociedad catalana.

Aun así, es justo, sin embargo, recordar que la manifestación fue reconocida por Puigdemont cuando, solo cuarenta y ocho horas después de su celebración, se refirió a ella en su intervención en el Pleno del 10 de octubre. El President le otorgó el mismo grado de representatividad y legitimidad que a las manifestaciones unitarias del 3 de octubre o a las multitudinarias manifestaciones independentistas. Esa actitud de Puigdemont, que le honra, puso aún más de manifiesto la tendencia gregaria de algunos medios de comunicación a ser más papistas que el papa. Tuvo que producirse otra manifestación de estas características, el domingo 29 de octubre, para que se comenzara a asumir que sus participantes eran también una parte de Cataluña.

Pero ya para entonces, con las elecciones del 21 de diciembre convocadas por Rajoy, el clima preelectoral era muy evidente, y muy patente la voluntad de los partidos llamados «constitucionalistas» de disputarse la representación de esos centenares de miles de catalanes.

¿ESCRIBIÓ KAFKA EL GUION DEL PLENO DEL 10 DE OCTUBRE?

Esa pregunta nos la hicimos muchas personas esos días, pero ni Kafka hubiera sido capaz de dibujar un escenario tan kafkiano. La realidad volvió a superar con creces a la ficción. Sin tiempo para asimilar todos los hechos acontecidos en esos días, que parecían años, nos presentamos en el Pleno del 10 de octubre. De una manera tan rocambolesca que permitía intuir lo que nos iban a deparar las dos próximas semanas, el Parlament llevaba paralizado y sin actividad, por imposición de la mayoría independentista, desde el 6 y 7 de septiembre. Primero con el argumento de la campaña electoral del «referéndum» y luego ya a la brava, porque sí. Inicialmente, ese Pleno fue convocado atendiendo a una petición de comparecencia del President con el objetivo de «valorar los resultados del referéndum del 1 de octubre, y sus efectos, de acuerdo con el art. 4 de la Ley del Referéndum de Autodeterminación». No hace falta ser un lince para darse cuenta de que esta formulación pretendía legitimar como referéndum la votación del 1 de octubre y la proclamación unilateral de la independencia.

Esa convocatoria, efectuada el 4 de octubre, fue recurrida el mismo día por el grupo parlamentario socialista ante el Tribunal Constitucional. Este, con una insólita rapidez, dictó en menos de veinticuatro horas un auto por el que admitía a trámite el recurso y acordaba, como medida cautelar, la suspensión del Pleno convocado. La imprevisible, por rápida, resolución del Tribunal Constitucional nos desconcertó a todos. Nuestro grupo parlamentario tuvo que improvisar una reacción para evitar quedar atrapado otra vez en la perversa dinámica del conflicto entre bloques, en el que nosotros solo podíamos perder. Nuestra propuesta fue pedir la comparecencia en el Pleno del President, pero con una formulación que no pudiera ser impugnada: «Hacer balance de la situación política de Cataluña después del 1 de octubre y proponer las medidas políticas que se consideren oportunas». La respuesta del Govern y de la mayoría fue sumarse a nuestra propuesta, pero como no podían asumir que el Pleno se convocara a iniciativa nuestra, presentaron una nueva petición de comparecencia del President. Esta vez con un planteamiento no insumiso, sino obediente al Tribunal Constitucional. Su formulación fue: «Solicito comparecer ante el Pleno del Parlament el próximo martes día 10 de octubre, por la tarde, a fin de informar sobre la situación política actual».

No fui entonces, ni soy capaz ahora, de entender qué sentido tenía haber forzado una primera petición de comparecencia con un orden del día «insumiso» para inmediatamente después someterse a la decisión del Tribunal Constitucional, proponiendo un nuevo orden del día, esta vez «sumiso», que eludía el conflicto constitucional. Y pocas horas después, dar otro giro de 180 grados y pretender la proclamación unilateral de la independencia. Resultaba sencillamente desconcertante. Desobediencia y sumisión al Constitucional en el mismo acto es algo que solo estaba al alcance de la astucia procesista, pero era una estrategia que ya se estaba agotando y tocaba a su fin.

Con esta contradictoria actuación ya se presagiaba el grado de desconcierto e improvisación de la mayoría independentista, que no había hecho más que comenzar. Y se constataban sus dificultades para gestionar el «éxito» del 1 de octubre. Un éxito que solo podía capitalizar el Govern, con la convocatoria por parte de Puigdemont de las elecciones anticipadas, aprovechando la nueva oportunidad que le ofrecía el Pleno del 10 de octubre. Parece evidente que el President no es un lector de Trotski y de sus sabios consejos sobre la gestión del tiempo como la materia prima de la política, ni tampoco había escuchado a Lluís Rabell citando al maestro. Al contrario, Puigdemont optó por continuar abusando de la astucia para simular que hacía algo que en realidad no hacía, pero que necesitaba que pareciera que se hacía.

POR FIN EL MUNDO NOS MIRA Y… SE QUEDA ATÓNITO

Al final, el Pleno se convocó para el día 10 de octubre y se celebró con una expectación inaudita. Más de mil periodistas de 358 medios internacionales y una multitud convocada a las puertas del Parlament. Todo preparado, incluso la hora del Pleno, las 18 horas, para una perfecta puesta en escena para la declaración de la independencia de Cataluña. Periodistas que buscaban a diputados que los pudieran atender en alemán, otros que trabajaban para la televisión australiana y mil anécdotas más. Un Parlament colapsado en todos los sentidos, políticos y logísticos, para el que había de ser el día más histórico entre los históricos.

A medida que se iba acercando el día D, la hora H, se veía venir que algo se estaba escapando del guion previsto. A pocos minutos del inicio del Pleno recibimos una petición del President de atrasar la hora de inicio. La sesión comenzó a las 19.11 horas, más de una hora después de la prevista en su convocatoria. Puigdemont tomó la palabra y desde el principio hizo evidente que no hablaba para los diputados, sino para las personas que estaban fuera del hemiciclo, para los que lo seguían a través de los medios de comunicación y para la opinión pública y publicada.

Después de decirnos que vivíamos un momento excepcional, de dimensiones históricas, cuyas consecuencias iban a ir mucho más allá de nuestro país, nos recordó su relato de los últimos años con el máximo detalle. Desarrolló su coartada del 1 de octubre como un referéndum vinculante, utilizó la violencia policial para desautorizar al Estado y puso en valor la elevada participación, agradeciendo a los voluntarios su trabajo. A continuación, en un ejercicio de magia, sacó de la chistera, como si de un conejo se tratara, los resultados de la votación y los presentó como si fueran oficiales, a pesar de no haber sido proclamados por la Sindicatura Electoral, tal como establecía su Ley del Referéndum. Hasta aquí, todo previsible, el Pleno estaba convocado para eso, para legitimar la votación del 1 de octubre como un referéndum vinculante, para desprender de ello un mandato democrático con el que declarar la independencia y proclamar la República catalana. Esa lectura no me sorprendió en absoluto, pues ya sabía que esa era la trampa de la votación del 1 de octubre, y por eso me negué a participar en ella, ni tan siquiera como movilización. Era consciente de que participar en la votación, fuera cual fuera la caracterización que nosotros le diéramos, se utilizaría, como así sucedió, para legitimar el relato de la DUI.

Pero cuando todo el mundo esperaba que el President entrara a matar —utilizo un símil taurino que me permite pronunciarme contra esta salvajada de la fiesta nacional de los toros—, entonces nos hace un requiebro. A esas alturas, todos estábamos expectantes por saber si Puigdemont se atrevería o no a proclamar la independencia, que era para lo que nos había convocado y lo que esperaban los miles de personas que estaban a las puertas del Parlament y ante las radios, los televisiones y los ordenadores por todo el país. A aquello para lo que mil periodistas habían sido enviados a Cataluña. Pues bien, el desenlace no fue ni una cosa, ni la otra, ni tampoco la contraria. Yo llevaba varios días vaticinando ante los medios de comunicación que Puigdemont volvería a echar mano de la astucia y nos haría creer que hacía algo que en verdad no hacía, pero que necesitaba que pareciera que hacía.

De nuevo, la realidad superó la ficción. En el momento álgido de su intervención, y con toda la teatralidad del momento, nos dijo: «Hay un antes y un después del 1 de octubre. Hemos conseguido lo que nos comprometimos a hacer al inicio de la legislatura. Llegados a este momento histórico, como president de la Generalitat, asumo, al presentar los resultados del referéndum ante ustedes y ante nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República».

En ese instante, la mayoría parlamentaria irrumpió en aplausos (muchos menos de los que podía imaginarse en un momento histórico) y el entusiasmo se desbordó en las calles y plazas de Cataluña. El tiempo suficiente para que las imágenes de la alegría exultante de tantas personas quedaran inmortalizadas. Y para que Puigdemont cogiera aire, terminara su último e histórico discurso —ya no volvería a hablar más en sede parlamentaria— y nos dijera: «Eso es lo que hoy hacemos con toda solemnidad, por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad, el Govern y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia, para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada».

Me he leído la intervención decenas de veces, y cada vez que lo hago me deja más atónito la cantidad de trampas y autoengaños que pueden contener dos párrafos y un poco más de cien palabras. Puigdemont comienza hablando de unos resultados electorales que nunca fueron proclamados legalmente. A continuación coge carrerilla y se refiere al mandato que, según él, se desprende de esos supuestos resultados, un mandato que no existe en términos democráticos, pero que él dice asumir. Luego ejecuta un doble salto mortal con tirabuzón, convirtiendo lo que él considera un mandato, que dice asumir, en una proclamación de independencia y, a continuación, en un requiebro definitivo, nos propone dejar sin efectos esa supuesta declaración de independencia. O sea, nos propone suspender los efectos de algo que no existe, que nunca se ha producido. Para terminar de rizar el rizo y como broche final, nos dice que solo así se podrá llegar a una solución acordada. Eso después de haber optado por la vía de la unilateralidad y de haber denigrado las vías pactadas y a quienes las proponíamos.

Increíble si no fuera porque está todo grabado y forma parte de las actas del Parlament. Como todo el mundo sabe, ese día ni se votó la declaración de independencia ni se acordó dejarla en suspenso. Todo quedó en «parole, parole, parole». Y en un espectacular vodevil que por fin atraía la atención del mundo, aunque no en la manera deseada por el independentismo. Es imposible colocar más trampas en menos palabras, aunque en realidad no engañó a nadie, excepto a la ciudadanía de buena fe. Todo el mundo entendió lo que le interesaba políticamente entender.

A JxSí no le quedó más remedio que entender aquello que el President quería que se sobreentendiese. La CUP-CC entendió que no se había proclamado la independencia, entre otras cosas porque Puigdemont había incumplido el compromiso que tenía con ellos y que rompió minutos antes de entrar en el Pleno. El grupo de Ciudadanos, en cambio, estaba absolutamente convencido de que sí se había proclamado la independencia, porque estaban ansiosos por asistir a una escalada del conflicto y así poder exigir la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El PP de Cataluña entendió aquello que le interesaba a Mariano Rajoy. El grupo socialista, por boca de su presidente, Miquel Iceta, entendió que se había producido el esperpento de dejar en suspenso una declaración que no se había efectuado, pero tuvo una reacción amable y cortés con el President.

CSQP no fuimos menos en esa lectura interesada de lo escuchado. Ya antes de iniciarse la comparecencia del President habíamos decidido que, dijera lo que dijera, por poco margen que nos ofreciera, íbamos a apuntarnos a la lectura que nos permitiera «desescalar» el conflicto. Por eso, la intervención de nuestro presidente, Lluís Rabell, fue deliberadamente prudente. Se guardó para sí todo lo que pensaba de aquel monumental engaño a la ciudadanía y al Parlament, y se apuntó a la lectura que interesaba a nuestra estrategia para evitar el irreversible choque de trenes. Es útil, para saber lo que pasó exactamente en realidad, fijarse en la reacción de la ciudadanía. Lo que hacía un momento era euforia se convirtió en pocos segundos en desconcierto y desolación.

En los días posteriores, Puigdemont fue víctima de su subconsciente. Sin venir a cuento, en su respuesta del día 16 de octubre a la carta de Rajoy, le dijo: «Cuando el pasado 10 de octubre, atendiendo a la petición de numerosas personalidades e instituciones internacionales, españolas y democráticas, le planteé una oferta sincera de diálogo, no lo hice como una demostración de debilidad sino como una propuesta honesta para encontrar una solución a la relación entre el Estado español y Cataluña, que lleva bloqueada desde hace muchos años».

Un buen ejemplo del viejo aforismo «excusatio non petita, accusatio manifesta». Era debilidad y no voluntad de diálogo lo que le había llevado a posponer la DUI. Lo sabía, pero no quiso, o no pudo, explicárselo así a la ciudadanía, porque todos los discursos del procesismo nos decían que estábamos a punto de hacer cumbre. Las metáforas utilizadas para describir ese momento, sobre todo en las redes sociales, desbordaron la imaginación más creativa.

En los días siguientes se produjeron todo tipo de interpretaciones sobre estas tramposas palabras de Puigdemont, que habían conseguido superar el récord de astucia del procesismo. Pero la única importante en términos políticos era la interpretación que hizo Rajoy. Y aquí comenzó otro de los esperpénticos momentos del mes de octubre de 2017. Por fin el mundo nos miraba y se quedaba atónito. Tanto como la ciudadanía concentrada a las puertas del Parlament para celebrar un momento histórico que no llegó.

KREMLINÓLOGOS PARA UN INTERCAMBIO EPISTOLAR

La kremlinología es el estudio y análisis de los políticos y las políticas de la Unión Soviética. Para saber qué sucedía en las esferas de poder del Partido Comunista de la Unión Soviética, se precisaba mucho conocimiento de aquel mundo y una capacidad de análisis importante, de la que solo disponían algunos expertos, los kremlinólogos. Se trataba de personas que sabían entender entre líneas los comunicados emitidos desde el Kremlin. Incluso sabían interpretar los movimientos dentro del poder a partir de pequeños detalles en los actos oficiales o las ceremonias, como si fueran augures etruscos leyendo el futuro a partir de los gritos o vuelos de las aves. Esos días pensé que hasta los mejores kremlinólogos hubieran tenido muchas dificultades para interpretar el intercambio epistolar que mantuvieron Rajoy y Puigdemont entre el 11 y el 20 de octubre de 2017.

El resumen que puede hacerse es que algunas fuerzas antiindependencia, deseosas de que se produjera la DUI para así poder imponer el artículo 155, fueron las únicas que vieron la DUI en la intervención y en las cartas de Puigdemont. En eso los más beligerantes fueron los de Ciudadanos, que parecían haber olido sangre, en su sentido político. A su vez, algunas fuerzas independentistas insistían en que no había quedado claro que se hubiera producido la DUI y exigieron a Puigdemont más claridad. Así propiciaban la aplicación del artículo 155, que en su imaginario significaba un aumento de la represión institucional o policial y la posibilidad de radicalizar la situación, para así darle el empujón definitivo al procés.

MATRIX SE IMPONE

En los últimos días del mes de octubre, las hermanas Wachowski tomaron el relevo de Kafka en el guion del procés. Algunos de sus protagonistas ya hacía tiempo que se habían situado en un mundo virtual y habían arrastrado a una parte de la sociedad a vivir su particular realidad, hecha tanto de ilusión colectiva como de simulación interactiva, como la que describe Matrix.

La cosa venía de lejos. Un ejemplo de ello son las actuaciones, en el sentido literal, del senador Santi Vidal por toda Cataluña. En sus actos daba explicaciones tan delirantes como estas: que el Govern disponía de los datos fiscales de los catalanes obtenidos ilegalmente; que once países de la Unión Europea reconocerían a Cataluña el día después de la declaración de independencia; que se contaba con el apoyo de servicios secretos de otros países; que dos fondos de inversión internacionales estaban dispuestos a apoyar la independencia con una línea de crédito de 200.000 millones de euros; que se podía dejar de pagar la deuda pública sin costes para Cataluña, porque el que se hundiría sería el Estado español; que inmediatamente después de la declaración de independencia, el Tribunal Supremo de la República catalana acordaría la amnistía para todos los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014. Y muchas otras afirmaciones de este estilo, a cual más increíble.

Estas y muchas otras garantías para el «éxito» del procés las ofrecía Santi Vidal a los ciudadanos para mantenerlos ilusionados con la apuesta de la independencia unilateral. Cuando se hicieron públicas las filmaciones de los actos, desde el independentismo y desde ERC, el partido en el que milita Santi Vidal, corrieron a desautorizarlo, con algunas malas artes por cierto. Intentaron convencernos de que todo era una invención suya.

Desde el primer momento sostuve que Vidal ni iba por libre ni se salió del guion. Simplemente cometió el error de pasarse de sal en el menú de la ficción y tuvo la mala suerte de ser descubierto. Sus argumentos y sus ejemplos, con menos imaginación pero con el mismo relato, eran los mismos que utilizaban otros dirigentes del procesismo, incluso los propios miembros del Govern. Durante meses, Oriol Junqueras y su equipo de Economía explicaron que lo tenían todo preparado para gestionar todos los impuestos, incluso los estatales. Posteriormente, las grabaciones judiciales demostraron que habían estado mintiendo, que la Agencia Tributaria catalana no estaba en condiciones ni de garantizar el cobro de los impuestos propios, de gestión mucho más sencilla. Lo mismo sucedía con Raül Romeva, que iba vendiendo la buena nueva del apoyo europeo a la independencia de Cataluña y explicando cosas tan increíbles como que una declaración unilateral sería reconocida por la Unión Europea. Es evidente que Romeva no es un ignorante sobre el funcionamiento de Europa. O sea que deberemos buscar otro calificativo para explicar su comportamiento.

Santi Vidal, Oriol Junqueras y Raül Romeva, entre otros, mentían a la ciudadanía; la única diferencia es que el primero lo hacía con menos habilidad. Se trataba de insuflar ánimos a la tropa. Cuantas más dificultades tenía el unilateralismo para abrirse paso en su estrategia unilateralista, más necesidad tenían de aumentar el engaño y la ficción para mantener la ilusión. Solo si recordamos lo que han sido estos cinco años de realidad virtual se puede entender lo que pasó después en esos dos meses. Me atrevo a decir que fue la «crónica de un desastre anunciado».

LAS TOGAS ENTRAN EN JUEGO

Los que siempre hemos defendido una salida política y rechazamos las respuestas judiciales no lo hacemos, al menos yo, porque pensemos que hay personas que puedan situarse por encima de las leyes y los tribunales. La justicia no puede aportar ninguna solución a este conflicto político, y en ocasiones lo complica. Una vez puestas en marcha las actuaciones judiciales, estas tienen sus propias dinámicas, que sobrepasan las lógicas políticas y son incontrolables. Eso es lo que terminó pasando con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y su injusto encarcelamiento. Dije desde el primer día que no compartía la decisión de la jueza de aplicar como medida cautelar la prisión provisional para los dos Jordis. No la compartía por razones jurídicas y también políticas.

Conviene recordar que la prisión provisional la acordó un tribunal, la Audiencia Nacional, que tenía en discusión jurídica su competencia para juzgar los delitos de sedición y rebelión. Se trata, desde el Código Penal de 1995, de delitos que entran dentro del capítulo de conductas contra el Orden Público, que no son competencia de la Audiencia Nacional. Resulta incomprensible que la jueza instructora decidiera aplicar la prisión provisional, una medida excepcional que debe estar muy justificada. Entre otras razones porque comporta privar de libertad a una persona antes de haber sido condenada por sentencia firme. Desgraciadamente, es una medida que en ocasiones se aplica con cierta ligereza.

No he sido capaz de entender el razonamiento jurídico que llevó a acordar la prisión provisional. Y aún menos que no se decidiera aplicar la prisión provisional con fianza, una situación a medio camino entre la libertad con cargos y la prisión provisional sin fianza. No creo que esta decisión obedeciera, como se ha dicho, a una estrategia urdida por el Gobierno y ejecutada por la Audiencia Nacional. Pero tampoco soy tan ingenuo como para pensar que en el resultado final no influyó el impulso político del Gobierno a través del fiscal general del Estado. Tengo elementos de conocimiento para saber que en la decisión de la jueza pudo influir cierto sentido «justiciero» que se tiene en la Audiencia Nacional, quizá arrastrada por la gravedad de los delitos que allí se juzgan.

Me cuesta mucho entender que la jueza no atendiera al impacto político de su decisión y no tuviera en cuenta el artículo 3.1 del Código Civil español:

«Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas».

Uno de los efectos colaterales del conflicto catalán está siendo la tensión que produce en los tribunales a los que les toca juzgar. Y el malestar que les generan los reiterados menosprecios y desplantes del ejecutivo y el legislativo catalán, incluso con ostentación pública del incumplimiento de sus sentencias. Quizá en la condición humana de las personas que actúan como Poder Judicial podamos encontrar una explicación más ajustada a la realidad que la más conspirativa de manipulación judicial por parte del Gobierno de Rajoy. Eso al menos es lo que me dicen mis buenos amigos y amigas de Juezas y Jueces por la Democracia. De lo que no me cabe duda es de que la decisión de prisión provisional de los dos Jordis no se hubiera adoptado sin la beligerancia de la Fiscalía, que no hay que olvidar que tiene estructura jerárquica y dependencia del Gobierno a través del fiscal general del Estado. Y ahí de nuevo aparece la torpeza y la poca finezza con la que el Gobierno español ha usado los resortes de la Fiscalía. O quizá, quién sabe, la explicación esté en que el fiscal general del Estado había adquirido autonomía hasta del propio Gobierno español. Además de la injusticia que supone tener a dos personas encarceladas durante meses —en el momento de cerrar este texto, aún en prisión preventiva—, el impacto emocional y político de esta medida fue importante y decisivo en las semanas siguientes.

No creo que el fiscal general se equivocara al solicitar la prisión provisional, sino que actuó atendiendo a que se estaba en la fase álgida del conflicto, cuando todo el mundo parecía tener necesidad de exhibir testosterona política.

A partir de ese momento, la intersección de política y justicia, con lógicas distintas y en ocasiones contrapuestas, jugaron en contra de una solución dialogada. La voluntad de demostrar testosterona política puede servir para explicar la petición fiscal de encarcelamiento de los Jordis. No sirve, en cambio, para explicar la decisión de pedir el encarcelamiento del Govern unos días después, el 2 de noviembre. Para mí continúa siendo una incógnita saber qué nos condujo hasta esta situación, salvo la consabida frase de «han entrado en juego las togas».

¿VICTORIA O SOLUCIÓN?

Durante esas semanas se constató que existían dos lecturas distintas de la situación. La de quienes consideraban que un bando podía imponerse al otro y derrotarlo, y la de los que creíamos que el Estado español no podía aplastar al movimiento independentista y el independentismo no podía romperle el espinazo al Estado español. Es cierto que en algunos momentos puntuales parece que ese match point se va a decantar en favor de una de las partes del conflicto, pero poco después se comprueba que ese relato de vencedores y vencidos es puro espejismo. Lo peor que nos podía pasar es que una de las partes se empeñe en la derrota total y la humillación de la otra, como en algún momento parece ser la estrategia del Gobierno de Rajoy.

En esos días, los hechos transcurrieron entre la épica de la DUI y el mito de un artículo 155 que todo lo puede. Me cansé de explicar que una declaración de independencia se podía aprobar, pero que era inaplicable. Y que el artículo 155 se podía acordar, pero su aplicación era tremendamente compleja. Del artículo 155 se sabe cómo se entra, por la puerta del Senado, pero no cómo se sale. Incluso ahora, en que todo el mundo ha asumido el marco mental de las elecciones del 21 de diciembre de 2017. Quizá por ello, un hábil e imprevisible Rajoy decidió una modalidad del 155 intensa en su contenido, pero breve en su duración temporal. Y lo más importante, señaló la puerta de salida, la disolución del Parlament y la convocatoria de las elecciones autonómicas. Que tampoco será una salida si sus resultados se quieren poner al servicio de la victoria y no de la solución.

Después del 21-D, el dilema entre victoria o solución continuará marcando el futuro, y en el momento de escribir este texto no se puede ser muy optimista. Algunos sectores de la política y la sociedad española se han adentrado en la peligrosa senda de la ridiculización del procés, incluso de sus protagonistas encarcelados. Y la reacción de una parte importante del independentismo tampoco ofrece esperanzas. Para justificar el desenlace entre farsa y tragedia, y camuflar el desastroso final de la apuesta unilateralista, se presenta a la sociedad española como un cuerpo social irreformable, utilizando los más viejos tópicos. Nada bueno puede esperarse de una situación en la que se deshumaniza al adversario y se intenta humillarlo, sea imponiendo condiciones de rendición, que solo dejan resentimiento, sea alimentando este resentimiento con un embrutecimiento de la mirada del «otro».

PEDIR ELECCIONES SIN QUE SE NOTE

Llegados a este momento, yo no era capaz de imaginar una salida que no fuera la de ganar tiempo con el que comprar un poco de sosiego que permitiera pactar el desacuerdo, aunque fuera provisional. Se trataba de intentar un cambio de tendencia, pasando de la escalada a la desescalada del conflicto. Y el tiempo solo se compraba en la taquilla de las elecciones anticipadas. Esa era la opinión que teníamos buena parte del grupo parlamentario, pero no los Comunes. Y aunque formalmente no los representábamos —a esas alturas de la legislatura continuaban sin reconocernos como parte de su familia—, permanecíamos atados a ellos por una cadena de reo, la de la percepción ciudadana, que no entiende de tantas florituras y sofisticaciones.

El desenlace de este lío fue que durante quince días nos tocó a Lluís Rabell y a un servidor hablar a todas horas de las elecciones como una posible salida, sin que nadie pudiera decir que las estábamos proponiendo. En algún momento me encontré siendo un fiel seguidor de uno de los aforismos de Baltasar Gracián: «Usar, y no abusar, de las segundas intenciones. No se deben mostrar ni dar a entender. Todo artificio se debe encubrir, pues es sospechoso, y más las segundas intenciones, pues son odiosas».²

Mis segundas intenciones se podían ocultar, se trataba de acabar de una vez con aquella condenada legislatura. Por la mañana me despertaba pensando cuál sería la manera en que podría dorar la píldora comunicativa sin generar muchas distorsiones.

Comencé por decir que «me cuesta imaginar qué actividad normalizada puede tener el Parlament en esta situación», para después deslizarme con declaraciones del estilo de «la legislatura parece que ya no tiene un contenido útil», o «esta legislatura parece tener poco recorrido», o «la legislatura más bien parece agotada». Siempre con el «parece» por delante, como si esa palabra me permitiera esconder la verdadera intención.

A los pocos días me encontré diciendo: «Hay quien propone elecciones anticipadas como una manera de ganar tiempo», o «quizá las elecciones sean la manera de parar máquinas para buscar puntos de diálogo». Hasta que algún periodista, harto de tantos eufemismos, me preguntó directamente si pensaba que debían convocarse elecciones, y mi respuesta fue clara. No veía otra manera de salir de aquel monumental entuerto en el que estábamos metidos. No porque las elecciones pudieran resolver nada por sí mismas, sino porque permitían parar máquinas, evitar la DUI y la aplicación del artículo 155, y enfriar un poco la situación. Cuando no es posible el acuerdo, gestionar el desacuerdo, comprando tiempo, puede ser una buena opción.

Todo este lío comunicativo se produjo porque alguien en nuestro espacio político pensaba que las elecciones no nos iban bien en ese momento. Yo pensé que nunca es buen momento para presentarse a las elecciones si se ha optado por no tener un proyecto para así poder maniobrar mejor tácticamente. Supongo que se creyó que si no se hablaba de las elecciones, estas no se iban a convocar, y que tapándose los ojos se evitaba el problema.

Quizá los diferentes análisis sobre la convocatoria de las elecciones no obedecían a valoraciones políticas, sino que estaban condicionados por la situación y los deseos de cada cual. Los que estábamos en el Parlament teníamos unas ganas locas de terminar una legislatura que se nos estaba haciendo larguísima e insufrible, y por eso nos costaba poco hablar de elecciones. En cambio, a los que tenían que venir al Parlament no les hacía ninguna gracia hacerse cargo del marrón, y por eso no hablaban de elecciones, a ver si así se despejaba el riesgo de su convocatoria. Como dijo el barbudo de Tréveris, las condiciones materiales hacen la conciencia, pero quizá le faltó añadir que el mundo se interpreta desde la baldosa que cada uno pisa.

5

CAMINO DEL DELTA DEL OKAVANGO

Cuando parecía imposible que las cosas se complicaran aún más, llegaron los días 26 y 27 de octubre de 2017 con una trama y un desenlace que superan cualquier esfuerzo de ficción. Ni la más trabajada de las imaginaciones podría ofrecernos tanta intensidad en menos tiempo. Se había convocado lo que se conoce como Pleno específico, previsto para debates monográficos en dos actos: el debate propiamente dicho y, después, la presentación y votación de las resoluciones subsiguientes. Todo estaba preparado para llevar las caudalosas aguas de la ilusión independentista hasta la esperada DUI, pero al final terminaron desembocando en su particular delta del Okavango.

Ese Pleno se acordó a propuesta de JxSí y la CUP-CC en una sesión de la Junta de Portavoces. Como en las últimas semanas, los portavoces del grupo parlamentario de Ciudadanos tensaron innecesariamente los debates y el ambiente. Y digo innecesariamente porque Ciudadanos buscaba esa tensión, la forzaba, más allá de la que ya existía de por sí. En las reuniones de la Junta asistimos a una escenificación tan peligrosa como estúpida, con intervenciones exageradamente teatrales, de cara a la galería. En esas reuniones, el portavoz de Ciudadanos pasó a utilizar un tono dramático, con frases grandilocuentes y comentarios apocalípticos, incluso elevando el tono de voz, que se notaba mucho que era impostado. Si la situación del país aconsejaba no tensar más el ambiente, hacerlo cuando nadie nos podía ver (las Juntas de Portavoces se celebran a puerta cerrada) era bastante estúpido. Las actas, redactadas por el Letrado Mayor, por muy fidedignas que sean, que lo son, no pueden reproducir el ambiente y la tensión.

MOBBING A LA PRESIDENTA

En esa espiral de tensión se produjeron momentos muy desagradables, sobre todo por las escenas de verdadero mobbing a la presidenta del Parlament, que provocaron la reacción de algunos miembros de la Junta.

Es verdad que la presidenta del Parlament nunca supo asumir su papel institucional y llevaba su sectarismo partidista a extremos absurdos. Yo no podía evitar establecer comparaciones con la actuación de Jesús Posada como presidente del Congreso. Posada nunca se equivocó de bando en las decisiones importantes y muy polémicas que adoptó como presidente del Congreso. Pero luego, en el día a día, repartía juego, era flexible y se permitía algún gesto de equilibrio, incluso en forma de bronca a los miembros del PP. Sabía que debía abrir la válvula de escape a la oposición, bastante machacada ya por la mayoría absolutista del PP. No se me olvidará el día en que le retiró la palabra a García-Margallo, que nos estaba deleitando con una de sus soberbias intervenciones (no por buenas, sino por estar marcadas por el vicio de la soberbia).

En más de una ocasión intenté que la presidenta del Parlament entendiera que en temas menores no podía ser tan beligerantemente sectaria. No lo necesitaba, la perjudicaba a ella y a la institución, pero Dios no ha bendecido a Carme Forcadell con esa habilidad. En más de una ocasión tuvimos conflictos innecesarios por su rigidez y torpeza, y ese sectarismo hizo que la Presidenta perdiera autoridad delante de la Cámara. Hasta el punto de que Miquel Iceta, presidente del grupo socialista, decidiera que ya no se dirigiría a ella como Presidenta, sino como señora Forcadell. Una manera sutil pero cruel de decirle que no reconocía su autoridad como Presidenta. Sin embargo, que Carme Forcadell no supiera ejercer su función como presidenta del Parlament no podía justificar en modo alguno la actitud de acoso que tuvieron con ella los portavoces de Ciudadanos al final de la legislatura. Me pareció algo reprobable y así se lo hice saber. No creo que fuera nada personal, más bien era la estrategia política de Ciudadanos. Se sentían cómodos en la escalada de la tensión y cuando no se producía, ellos se encargaban de alimentarla.

NI DUI NI 155, DISTENSIÓN Y DIÁLOGO

Abordamos las jornadas del 26 y 27 de septiembre en un clima de incertidumbre y confusión que superaba lo vivido hasta entonces y que fue en aumento conforme avanzaban las horas. El Pleno se celebraba de manera simultánea a las sesiones del Senado en las que se iba a discutir y aprobar la aplicación el artículo 155 de la Constitución Española. Nuestro grupo parlamentario llegó a ese momento con una posición muy nítida en contra de la DUI y en contra de la aplicación del 155. También con una apuesta firme por la distensión y el diálogo.

Teníamos acuerdo con el espacio político de los Comunes, al que, como ya he dicho, no pertenecíamos formalmente, pero con el que todo el mundo nos identificaba, incluidos los periodistas. Acostumbrados a hacer todo tipo de malabarismos para que no se notaran nuestras diferencias, estar de acuerdo en el rechazo a la DUI y la aplicación del 155 nos ofrecía un ambiente más confortable que de costumbre, aunque como se vio después, las cosas no fueron tan fáciles. Además, abordábamos el debate con la satisfacción de habernos convertido, a ojos de una buena parte de la ciudadanía, en la voz de la sensatez y la cordura ante tanta crispación y visceralidad en el conflicto entre los dos bloques en que se había instalado la política catalana.

Para facilitar la presencia del Puigdemont en el Senado, en la Junta de Portavoces habíamos acordado que la sesión comenzaría a las 10 horas del día 26 de octubre para que así el President pudiera ir por la tarde a la Comisión de la Cámara Alta que debatía sobre la aplicación del 155. Al final, el President decidió no ir al Senado y se modificó la hora del Pleno, pasándola de la mañana a la tarde y haciendo que coincidiera con la sesión de la Cámara Alta. Me temo que otra vez por razones de astucia, una estrategia que ya comenzaba a agotar hasta a sus más firmes defensores. Durante horas estuvimos asistiendo a un continuo de informaciones y desmentidos. Las «últimas horas» de las ediciones digitales de los medios de comunicación duraban menos que el tiempo que se tardaba en leerlas. Eso pasó con la decisión de Puigdemont de ir o no al Senado y con sus constantes idas y venidas hasta el plante definitivo.

UNA CONVOCATORIA DE ELECCIONES DE QUITA Y PON

La mañana del jueves 26 de octubre, previa al Pleno de la tarde, no defraudó las expectativas en cuanto a tensión, pero sí en relación con la única decisión sensata que podía haberse tomado ese día, la convocatoria de las elecciones autonómicas por parte de Puigdemont. Era su tercera oportunidad y no podía desaprovecharla, pero la volvió a tirar por la borda. A primera hora de la mañana llegaron, a través de terceras personas, las primeras informaciones de que existía un acuerdo entre Puigdemont y Rajoy que podría desencallar el conflicto.

Inmediatamente me puse en contacto con mis interlocutores en la mayoría parlamentaria de Cataluña y con el Gobierno de España, aprovechando las relaciones que conservaba, fruto de mi paso por el Congreso de Diputados. En ambos casos me confirmaron la certeza de las informaciones, aunque ya en aquellos contactos telefónicos detecté que la cosa estaba cogida con alfileres.

No me quedó claro si lo que se había acordado era la no aprobación por el Senado de las medidas del artículo 155, o bien su no aplicación una vez aprobadas. O una tercera hipótesis, su aplicación muy gradual, una vez aprobadas, y siempre en función de cómo actuara el Govern en el futuro. Una especie de 155 condicional. Incluso aparecía la posibilidad de suspender la sesión del Senado a la espera de cómo evolucionaran los acontecimientos.

Tampoco estaba claro si Rajoy aceptaba que las elecciones convocadas por Puigdemont pudieran ser calificadas de constituyentes. En un momento de la conversación con mi interlocutor del Gobierno español me encontré utilizando el aforismo jurídico de «las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son». Qué más da el adjetivo político que se le dé a las elecciones si se convocan por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. «¿Queréis más pruebas del sometimiento del Govern a la legalidad española que convocar unas elecciones al amparo de la LOREG?», recuerdo haberle dicho a mi interlocutor para rebajar la importancia de llamarlas o no constituyentes. «Tenéis que darle un margen a Puigdemont para que pueda justificar ante los suyos la convocatoria de elecciones», fueron mis últimas sugerencias.

En mi época de abogado laboralista había utilizado frecuentemente el principio del nomen iuris o de «primacía de la realidad» para defender la existencia de relación laboral en el caso de los falsos autónomos, o para desmontar fraudes en la contratación. Incluso relacionándolo con la doctrina del «levantamiento del velo» en los casos de grupos empresariales fraudulentos. En el sector de la construcción de los años ochenta era muy frecuente este tipo de fraudes, pero es que ahora la línea divisoria entre legalidad y fraude se ha diluido hasta casi desaparecer. Recuerdo haber utilizado este principio con cierto éxito judicial. Entre otros casos, frente al grupo Núñez y Navarro, que tenía la mala costumbre de que los trabajadores constaran en la plantilla de sociedades sin patrimonio y el patrimonio acumulado, en sociedades sin trabajadores.

No me costó nada encontrar argumentos con los que defender que unas elecciones «constituyentes» convocadas al amparo de la LOREG eran unas elecciones autonómicas sin más. Qué pena que en aquellos momentos la cosa no fuera de argumentos racionales ni de principios jurídicos.

Una vez constatado que había agua para que Puigdemont se tirara a la piscina convocando elecciones autonómicas, entré en un estado de alegría, muy parecido al de la euforia. No solo por lo que significaba para el país, sino también por un factor personal. Yo, como todos los miembros de la patrulla nipona, necesitábamos como el aire que respirábamos que acabara la legislatura y marcharnos a casa.

Mi euforia se contagió al resto de componentes de la patrulla nipona. Reservamos un lugar para comer y celebrarlo después de la comparecencia de prensa de Puigdemont, prevista inicialmente para las 13.30 horas. Todo ello mientras esperábamos la suspensión del Pleno de la tarde, que con las elecciones convocadas, ya no tenía ningún sentido. La comida de celebración de la patrulla nipona nunca se produjo porque la rueda de prensa para convocar las elecciones tampoco tuvo lugar. Nos tocó esperar a celebrarlo unas semanas después.

A partir de ese momento, el Dragon Khan político se convirtió también en un gran tobogán emocional. Pasamos de la euforia a la depresión, en un camino de ida y vuelta que hicimos varias veces durante esas treinta y seis horas hasta el desenlace final, provocado por la decisión de Rajoy de disolver el Parlament y convocar elecciones. Cuando todo parecía preparado para pactar el desacuerdo, parar máquinas, coger aire y dar una oportunidad al diálogo, ese acuerdo no se materializó. Antes de convencerme de que se había ido todo al garete, aún tuve la oportunidad, hacia las 14.30 horas, de volver a establecer otra vez contacto con mis interlocutores españoles para conocer detalles del desacuerdo y saber si existía la posibilidad de un milagro.

Desgraciadamente, no había ningún margen. En mi opinión, no por problemas de concreción del acuerdo en su letra pequeña, como explicó Puigdemont para justificarse, sino por las dificultades y la incapacidad del President para liderar esa decisión. Reconozco que se trataba de una decisión muy complicada de explicar y justificar, teniendo en cuenta que el relato independentista continuaba instalado en la ficción de la viabilidad de la DUI y de su efectividad política. Dar marcha atrás en ese «momento histórico» era muy duro de explicar, y Puigdemont no se atrevió.

MÁS VALE ÉPICA SIN AUTOGOBIERNO QUE AUTOGOBIERNO SIN ÉPICA

En ese momento crucial, los dirigentes independentistas actuaron a la manera más castellana posible, lo que confirma que son más las cosas que nos unen que las que nos separan, sobre todo en lo que se refiere a la condición humana. Adaptaron al momento la célebre frase de Casto Méndez Núñez, almirante de la flota del Pacífico en las guerras del siglo XIX: «Más vale honra sin barcos que barcos sin honra». Los dirigentes independentistas prefirieron mantener la épica del unilateralismo, aunque fuera poniendo en riesgo no solo la reivindicación de independencia, sino el propio autogobierno catalán, que tomar la decisión arriesgada de replegarse para defender el autogobierno, manteniendo íntegras las reivindicaciones independentistas. En resumen, prefirieron la épica sin autogobierno al autogobierno sin épica. Era la tercera vez en un mes (el 2, el 10 y el 26 de octubre) que Puigdemont desaprovechaba la oportunidad de dirigir el proceso. A partir de aquí perdió el control de todo, incluso el de su propia vida, aunque algunas de sus actuaciones posteriores intentaran disimularlo.

En términos racionales no es difícil darse cuenta de que, en aquellas circunstancias, lo inteligente hubiera sido replegarse para conservar las fuerzas y mantener controlada la dirección del proceso político. A Puigdemont le llegaban consejos en este sentido desde todos los puntos cardinales, incluyendo los de notables intelectuales orgánicos del procés, que habían alimentado el imaginario de una independencia declarada unilateralmente. En el momento de la verdad les temblaron las piernas y les entró el sentido de la responsabilidad. A buenas horas, mangas verdes.

Se había conseguido llevar la reivindicación independentista a unas cotas jamás alcanzadas. La racionalidad aconsejaba no tensar más la cuerda de un conflicto que en el terreno de la correlación de fuerzas se presentaba muy desigual. Pero en estos cinco años de procés, las emociones siempre han ganado la batalla a la razón, para bien en unos casos y para mal en otros. Y eso fue lo que pasó. Los factores que determinaron que Puigdemont diera marcha atrás en su intención de convocar elecciones autonómicas son muchos, diversos y acumulados: su propia incapacidad de ejercer el liderazgo en un momento muy difícil y delicado; también el papel del «cardenal Mazarino»; el factor «traición» muy instalado en la lógica procesista, que se había acostumbrado a calificar de traidor a todo aquel que tuviera la más mínima discrepancia con la decisión de su Politburó; la minusvaloración por el independentismo del poder del Minotauro; el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; el avanzado estado de las querellas anunciadas por la Fiscalía contra los miembros de la Mesa y el Govern, y el más importante de todos, que nadie se atrevía a decirle la verdad a dos millones de personas ilusionadas con la independencia.

SE ESPERABA A TARRADELLAS O A SALVADOR SEGUÍ Y APARECIÓ JUDAS ISCARIOTE

En algún momento se llegó a recriminar a Puigdemont que no hubiera actuado al estilo Tarradellas. Quienes eso decían se referían a cómo el president Tarradellas, en 1977, al salir de una reunión con Suárez que había ido mal, hizo una valoración muy positiva del encuentro, poniendo la responsabilidad del fracaso de las negociaciones en el tejado de Suárez. Lo que a juicio de la historia contribuyó, dicen, a encontrar una solución final.

No comparto las explicaciones palaciegas que se hacen de la Transición. Menosprecian el papel de la sociedad y sus luchas en lo que sucedió en aquellos años tan duros. Si al final Suárez aceptó reconocer a Tarradellas como president de la Generalitat se debió sobre todo al temor que le provocaron las impresionantes movilizaciones sindicales dirigidas por CC. OO. durante los años 1976 y 1977. También a los resultados de las elecciones generales del 15 de junio de 1977, que en Cataluña habían otorgado una amplia mayoría a la izquierda catalana del PSC y PSUC. Suárez y los herederos del franquismo no podían soportar una Cataluña en manos de los «rojos», y Tarradellas les fue muy bien para construir un gran cortafuegos. Pero se non è vero, è ben trovato, como dirían los italianos. Ciertamente, Puigdemont, ante las dudas que le ofrecía un posible acuerdo con Rajoy, podría haber hecho de Tarradellas y pasar la pelota al tejado de Rajoy. Pero no se atrevió.

En todo caso, si ese día se echó de menos a algún personaje histórico fue a Salvador Seguí, el Noi del Sucre. Me refiero a su capacidad de liderazgo, que demostró con creces a lo largo de su actividad sindical antes de caer asesinado por los pistoleros de la patronal, y que confirmó con motivo de la huelga general de la Canadenca en la asamblea que se celebró en la plaza de toros de las Arenas, a rebosar de huelguistas. En aquel momento álgido del conflicto, a finales de marzo de 1919, después de más de cuarenta días de huelga y con una buena parte de la CNT defendiendo su continuidad, Salvador Seguí consiguió que una asamblea multitudinaria aprobara el acuerdo alcanzado con el Gobierno español y la patronal y se desconvocara la huelga. Ello a pesar de las muchas dudas que tenía el Noi del Sucre sobre el cumplimiento del acuerdo. Dudas que, desgraciadamente para él, se confirmaron poco después.

Eso fue exactamente lo que faltó esos días, capacidad de liderazgo frente a un movimiento independentista al que le costó entender que debía capitalizar los avances conseguidos y no lanzarse a la aventura de un conflicto con el Estado en clara desigualdad de fuerzas. Esa falta de liderazgo se plasmó en un hecho insólito: un Pleno que había sido convocado para la declaración de independencia y la proclamación de la República catalana no contó con la intervención del president de la Generalitat. Puigdemont estaba agotado, se le notaba. Después de haber adelantado que iba a convocar elecciones y de no hacerlo, prefirió no hablar ante el Pleno; debió de pensar que en aquellos momentos no estaba en condiciones de mejorar el silencio.

El problema no fue solo de falta de liderazgo de Puigdemont. Incidieron muchos otros factores, y todos en contra de la convocatoria de las elecciones por parte del President. En ese momento trascendental, ERC dejó en la estacada y al pie de los caballos a Puigdemont, y este no pudo aguantar la presión de pasar a la historia como el traidor a la independencia de Cataluña, a la República catalana.

No es una anécdota que el «héroe de Twitter», Gabriel Rufián, fuera de los primeros en criticar públicamente y de manera muy dura la posibilidad de convocar elecciones. Rufián no tuvo ningún escrúpulo en acusar a Puigdemont de ser el Judas Iscariote con su explícito tuit: «155 monedas de plata». No fue el único, pero sin duda fue la señal de salida de una ofensiva brutal contra Puigdemont. Cuando Cataluña necesitaba que Puigdemont actuara en el Parlament como el president Tarradellas o, mejor, como Salvador Seguí, el que se presentó fue Judas Iscariote, de la mano del que era el socio de gobierno. Con el agravante de que el vicepresident Junqueras había hecho creer a Puigdemont que a pesar de no compartir la decisión, no se opondría públicamente a la propuesta de convocar elecciones. Esa dura acusación de traición a Puigdemont canalizó y catalizó todo lo que había pasado en los últimos años entre ERC y CDC (ahora PDeCAT). Primero, una batalla constante —día y noche— por conseguir la hegemonía en el movimiento independentista. Y después, el cargar en el otro todas las responsabilidades del fracaso de una estrategia suicida.

También desempeñó un papel el estado de disonancia cognitiva en que se había situado el conjunto del movimiento independentista y que lo llevaba a no asumir la realidad que tenía ante sus ojos. Cada día que pasaba crujía más el contraste entre la realidad y el mundo virtual en el que estaban instalados. A los dirigentes independentistas les entró pánico ante la necesidad de poner al independentismo frente al espejo. A tener que explicar las dificultades reales, sobre todo porque cuando alguien, fuera o dentro de ese mundo, se había atrevido alguna vez a hacerlo, inmediatamente se había visto sepultado por acusaciones de tibio, claudicante o traidor. Fueron devorados por el monstruo que ellos mismos habían creado. Este ha sido uno de los elementos más distorsionadores del procés, la facilidad de convertir a los dubitativos, a los escépticos, a los que se permitían un matiz o simplemente expresar una contradicción en un traidor. Nadie quería pasar por ninguna de estas acusaciones, porque hacerlo suponía salir de la zona de confort de las verdades absolutas.

El 26 de octubre de 2017, Puigdemont pasó en pocos minutos de ser un héroe a ser un traidor a ojos de los hiperventilados del independentismo. Es posible que en ese momento lo atormentara un pensamiento. Si no había sido capaz de ser Tarradellas ni Salvador Seguí, al menos no quería ser Judas Iscariote. No pudo aguantar la presión y prefirió equivocarse —aunque eso significara perder la iniciativa política y tuviera un coste elevadísimo para él y para el país— que acertar pero pasar a la historia como el Judas del independentismo.

Hay quien ha llegado a decir que si en 1977 hubieran existido las redes sociales, Tarradellas no se hubiera atrevido a hacer lo que hizo en su reunión con Suárez. La hiperrepresentación que se le da en el mundo de la política a la burbuja tuitera no tiene mucha lógica, pero parece ser la condena bíblica del siglo XXI. Las redes crean imágenes con mucha fuerza para modelar la percepción de la realidad, entre otras cosas por su capacidad de ser replicada en las propias redes y también por los medios de comunicación convencionales. Hasta el punto de que muchas personas consideran que esa es toda la realidad que realmente existe. Y ello conlleva importantes errores en la toma de decisiones de quienes están todo el día pendientes de las redes sociales.

Eso también sucedía en el mundo analógico, pero en el mundo digital se ha desbocado. En las elecciones generales de 1977 y 1979 tuve la oportunidad de aprender una gran lección. El mitin más grande, el acto con más participación, siempre es una pequeña parte de las personas que votan. Los actos del PSUC superaban, hasta multiplicar en presencia, a los actos del resto de las fuerzas políticas juntas, pero en las urnas no se reflejó esa abrumadora victoria de los actos electorales. Esa enseñanza la he aplicado después en todas mis actividades, sobre todo para analizar qué significan exactamente las manifestaciones multitudinarias. Son una parte importante de la realidad, pero solo una parte.

Con Twitter, y con las redes sociales en general, pasa exactamente lo mismo, pero multiplicado por el impacto que produce ser alabado, elogiado, criticado o insultado en ese ámbito. La percepción que se tiene, lo sé por experiencia propia, es que toda la sociedad está compartiendo esas opiniones, especialmente cuando se trata de descalificaciones. Y de ahí su fuerza intimidatoria y su utilización partidista y organizada. Por eso creo que resulta imprescindible, si se quiere actuar con un mínimo de libertad, no dejarse arrastrar por ese mundo, o cuando menos, relativizarlo. En caso contrario, la libertad para decidir está muy condicionada. No fue solo el impacto de las redes sociales el que empujó a Puigdemont a echarse atrás de una decisión que tenía bien meditada y contrastada. Le afectó, y mucho, escuchar a los diputados de JxSí descalificando duramente la convocatoria de elecciones anticipadas o ver los anuncios de dimisión de alcaldes y dirigentes del PDeCAT. Pero seguro que la imagen de Judas Iscariote actuó como una losa que se abalanzó sobre su conciencia y condicionó mucho su decisión.

EL CARDENAL MAZARINO

A estas alturas es público y notorio que uno de los factores más distorsionadores esos días, en los momentos decisivos, fue el papel desempeñado por el vicepresident Oriol Junqueras, también conocido en nuestro grupo como «cardenal Mazarino». Ese sobrenombre se lo debemos, como muchas otras cosas que aparecen en este libro, a Lluís Rabell. Su inabarcable cultura y su prodigiosa memoria ilustraban nuestras reflexiones e intervenciones, y también nos servían de terapia a la patrulla nipona. Junqueras dejó solo a Puigdemont en la decisión de convocar las elecciones autonómicas. No fue una sorpresa, sino la culminación de una estrategia que había mantenido durante toda la legislatura.

En estos años, especialmente en los debates presupuestarios, pudimos comprobar la capacidad del vicepresident Junqueras para simular. Durante meses aplicó la austeridad fiscal más sumisa a Montoro. Posiblemente no tuviera margen para otra cosa, teniendo en cuenta que la Generalitat permanecía enchufada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con una dependencia de más de 50.000 millones de euros. En más de una ocasión, yo mismo le había reconocido estas limitaciones. Pero ante esta realidad, el cardenal Mazarino simulaba y disimulaba. Por la mañana, en su cargo de vicepresidente económico, actuaba como el alumno más aventajado de la troika. Por la tarde, como presidente de ERC, se convertía en un ardiente insumiso frente al Estado español. Demasiada ficción para aguantar el contraste con la realidad.

Ese comportamiento, que la portavoz socialista Alicia Romero y yo mismo habíamos denunciado reiteradamente, provocó que Lluís Rabell lo identificara con el cardenal Mazarino por su ilimitada ambición y su gran capacidad de «simular y disimular». Al parecer, Mazarino comenzó como representante de los intereses del Estado Vaticano en sus negociaciones con Francia y terminó al servicio de Richelieu, siendo nombrado cardenal y su heredero político como ministro del Rey de Francia. No es poca habilidad, sinceramente. En uno de los debates parlamentarios, el vicepresident llegó a decir que él no mentía, que nunca había mentido. Ya se pueden imaginar que a partir de ahí, su credibilidad y la de sus palabras cayó en picado para nosotros. Eso fue lo que nos llevó a coger prestada la figura del cardenal Mazarino y a utilizarla en los debates para describir las «habilidades» de Junqueras. Si alguien piensa que eso inquietó al vicepresident, es que no lo conoce. No solo no se molestó, sino que se sintió orgulloso de que alguien le reconociera esas cualidades para la simulación.

Este episodio no pasaría de pura anécdota si no fuera porque nuestro particular cardenal Mazarino ha sido durante esta legislatura uno de los elementos determinantes para llevarla hacia un callejón sin salida. Su estrategia consistía en apretar el acelerador del coche independentista a tope, rumbo del barranco, esperando que el otro conductor, el PDeCAT, pusiera el freno de mano en el último minuto. No solo no disimulaba esta estrategia, sino que en ocasiones incluso hacía ostentación de ella.

La batalla entre ERC y el PDeCAT para hacerse con la hegemonía del mundo independentista venía de la anterior legislatura. Al parecer, había dejado en Junqueras elevadas dosis de resentimiento y rencor hacia Artur Mas. Y ese ha sido uno de los factores más distorsionadores durante estos dos años. Lo confirmó el propio Junqueras cuando, ya desde la cárcel, se pronunció en contra de una lista unitaria con un argumento que más bien parecía un testamento: «Que cada uno elija la mejor fórmula para concurrir a las elecciones y una estrategia compartida sea lo que nos una». «El debate sobre la lista única ya lo vivimos y fue nefasto», concluyó.

El problema fue que Oriol Junqueras, en esta estrategia de que fueran otros quienes asumieran el coste de la inviabilidad de su apuesta unilateralista, topó con un factor descontrolado, Puigdemont, que no estaba dispuesto a hacerle el juego. Quienes le conocen desde adolescente saben de su sueño de tener un papel destacado en la historia de Cataluña. Nuestro cardenal Mazarino minusvaloró el efecto Puigdemont y las consecuencias de que nadie frenara a tiempo el vehículo que se dirigía a toda velocidad hacia el barranco. El particular juego de la gallina (al estilo de la película Rebelde sin causa) que protagonizaron el cardenal Mazarino y el «Pastelero Loco» (nombre con el que se referían a Puigdemont algunos de los suyos) tuvo nefastas consecuencias.

En esta fase final del procés no encontré a ningún diputado de JxSí que no reconociera que su estrategia era inviable y nos llevaba a todos al abismo, frente a un Estado envalentonado y con mucha capacidad de represión. Ante esa evidencia, la respuesta era siempre la misma, dejarse arrastrar. Nadie se veía con fuerzas de volver a su ciudad o pueblo, mirar a la cara a la gente a la que había estado ilusionando hasta lo indecible y decirle que las cosas no iban a ser como les habían contado. La suma de estas incapacidades para afrontar la realidad se convirtió en una gran resignación ante lo que parecía evidente e inminente. Optaron por dejarse arrastrar por la inercia de la historia.

¿PUEDE LA FORTALEZA DE UN MOVIMIENTO CONVERTIRSE EN SU PRINCIPAL DEBILIDAD?

Otro factor que ayuda a entender las dificultades para reconducir la estrategia unilateralista es la fuerza emocional, política y organizativa que alcanzó el independentismo. Y que se convirtió en su principal debilidad cuando en momentos decisivos no le permitió virar y adoptar decisiones racionales. De eso los sindicalistas sabemos algunas cosas, porque la historia está preñada de grandes derrotas que poco antes parecían momentos «revolucionarios». La fuerza del independentismo es la de centenares de miles de personas que con distinta intensidad se convencieron no solo de que el independentismo podía ser la solución a todos sus problemas, sino de que el unilateralismo era posible. Hasta unos niveles de ilusión que cuando se investigue el fenómeno, seguro sorprenderá a los propios estudiosos.

Un ejemplo lo vivimos el mismo día 27 de octubre de 2017. En el Parlament, el ambiente no era de felicidad; se veían más bien semblantes de funeral por lo que sabían que estaba a punto de pasar en el Senado. Mientras, en las calles y plazas, la gente celebraba la proclamación de la República catalana. Me golpeó especialmente ver cómo en televisión coincidían las imágenes de Rajoy anunciando la aplicación del artículo 155, con la destitución del Govern, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones en Cataluña, y de forma simultánea, en la plaza de San Jaime de Barcelona y en las plazas de los pueblos, miles de personas estaban celebrando y llorando de alegría por lo que pensaban que era el momento histórico por el que habían estado luchando durante muchos años.

Desde el respeto más absoluto a todas esas personas ilusionadas, en algunos casos por el sueño de toda una vida, cuesta entender el grado de disonancia cognitiva en el que se puede vivir para no darse cuenta de que las cosas no iban por el camino que esas personas imaginaban. Esa ilusión, que les hacía creer las palabras del senador Santi Vidal cuando aseguraba que la independencia contaba con el apoyo de dos fondos de inversión internacionales, o de once Estados de la Unión Europea, o el de los servicios secretos de otros países, aportaba al independentismo una gran fortaleza. Tanta como para creerse que una mera declaración parlamentaria podía cambiar el curso de la historia.

Fue justo esa fortaleza, construida sobre esa gran capacidad de ilusionarse, la que, en el momento en que era necesario ajustar la estrategia, se convirtió en su mayor debilidad. Nadie era capaz de decirles a esas personas que la independencia unilateral low cost no era posible. Nadie fue capaz de decirles todo aquello que los miembros del Govern y los dirigentes del procés se explicaban entre sí discretamente: que la DUI había sido una gran ficción, un gran autoengaño. Como ya he mencionado, más tarde supimos, por las grabaciones judiciales a algunas personas investigadas, que habían estado engañando de manera consciente a todas esas personas y ahora no se atrevían a mirarles a la cara y explicarles la verdad.

EL FACTOR MINOTAURO

Otro de los factores que explican la incomprensible decisión del movimiento independentista de ir de frente al choque de trenes con un Estado nos la ofrece Jaume Vicens Vives en su libro Noticia de Cataluña¹ con la figura mitológica del Minotauro para referirse al poder del Estado.

La historia de Cataluña durante los siglos XIX y XX es la historia de unas clases sociales que nunca han entendido la importancia del poder del Estado. Cataluña siempre ha visto el Estado como algo «distante, ajeno, inalcanzable», en palabras de Vicens Vives. Cada intento de la burguesía catalana de acercarse a los aledaños del Minotauro fue «frenado por el Estado ante el temor de tener que compartir con los catalanes una parte de su potencia económica y social». Lo mismo sucedió con los obreros que «vieron cómo el Estado les cerraba las puertas cuando postulaban el derecho a constituir asociaciones obreras como hacían los fabricantes». De «ese desencanto colectivo iba a surgir la actitud antiestatal de los catalanes de la segunda mitad del siglo XIX, y, sobre todo, basándose en la teoría de la maldad consustancial del Estado, el desasosiego anarquista de la población obrera».

Estas y otras reflexiones le hicieron decir a Jaume Vicens que Cataluña no supo entender nunca la fuerza del Minotauro que representa el Estado. No creo en los análisis deterministas que condenan a los pueblos a vivir atados a unas características inmutables que los hacen prisioneros del destino, pero releyendo Noticia de Cataluña, publicado en 1960, me impacta la tremenda actualidad de sus reflexiones. Al final del libro, cuando se analizan los «resortes psicológicos colectivos» que marcan la historia de Cataluña, Vicens resume lo que considera que es la esencia de la personalidad colectiva de Cataluña con estas palabras:

El seny, la medida y la ironía se hallan al servicio de la continuidad […] Por otro lado comprobamos cómo, de repente, estas cualidades parecen frenadas, e incluso invertidas, por una actitud en la que se mezclan la exasperación y el sentimentalismo, la rauxa y el vapuleo. En tales instantes perdemos el sentido de la continuidad, la visión de la justa proporción de las cosas o la exigencia de nuestra responsabilidad en cuanto pueblo que lleva un mensaje. No aguantamos, como sería nuestra obligación; cedemos. De ahí que nuestra vida colectiva esté tejida por una sucesión de resurgimientos y decadencias; que disolvamos en pocas horas el trabajo de años de reconstrucción. Y luego a empezar de nuevo, lamentándonos del tropiezo, pero sin meditar sobre ello, evitando plantearnos el análisis político, social y espiritual de los hechos, casi dispuestos a perdonarnos o bien a encumbrarnos en nombre de un patriotismo mal entendido.

Ahí quedan estas reflexiones publicadas hace cincuenta y siete años por si nos pueden ser útiles para entender lo que ha sucedido en estos años y que, de momento, nos resulta incomprensible.

ATRAPADOS EN UN GRAN AGUJERO NEGRO

El viernes 27 de octubre, los grupos independentistas sabían que la resolución que pretendían aprobar no tenía ninguna posibilidad de convertirse en realidad. Quizá por ello decidieron abusar de la astucia, hasta llevarla al paroxismo.

Ese día tocaba aprobar las resoluciones subsiguientes al debate del día anterior, entre ellas la que declaraba unilateralmente la independencia y proclamaba la República catalana. Su admisión a trámite por la Mesa del Parlament, en contra de las reiteradas prohibiciones del Tribunal Constitucional, comportaba importantes riesgos penales para los miembros de la Mesa que votaran a favor de su tramitación. Lo habían advertido, en muchas ocasiones y de manera cada vez más explícita y formal, los letrados del Parlament.

En estas condiciones, las dudas de quienes arriesgaban su libertad y patrimonio eran más que lógicas. Hipotecar tu vida y la de tu familia para dar un paso que no tenía ninguna posibilidad de convertirse en nada no parecía lo más racional. El grado de presión al que se sometió a los miembros independentistas de la Mesa la mañana del viernes 27 fue especialmente cruel. Se los puso entre la espada y la pared. Nadie quería aparecer como el culpable de interrumpir el relato mágico que se había construido. Nadie quería quedar de traidor por haber abortado la declaración de independencia. Aunque a estas alturas ya sabían —pero no se atrevían a explicarlo— que esa resolución, como todas las anteriores, era solo papel mojado. Para sortear este dilema entre la realidad y el mundo mágico en que se habían instalado, volvieron a echar mano de la astucia, que, llegados a este punto, era más autoengaño que otra cosa. Se intentó convencer a los miembros de la Mesa para que dieran el visto bueno a la resolución de independencia con el argumento de que la redacción de la resolución permitía su defensa jurídica. Y para dar cobertura a ese autoengaño se hizo constar en el acta de la reunión de Mesa del Parlament, a petición de la secretaria primera, que la resolución que se iba a votar no tenía efectos jurídicos.

Se pretendió una vez más engañar a todo el mundo al mismo tiempo. Con una resolución que de cara a quienes estaban en la calle celebrando el momento histórico, se presentaba como una declaración de independencia con efectos jurídicos y políticos, y de cara a los tribunales, como una mera declaración de intenciones sin efecto alguno.

Con ese autoengaño, acompañado de mucha coacción emocional, se presionó a los miembros independentistas de la Mesa hasta que aceptaron votar a favor de su tramitación. Que a aquellas alturas del conflicto, alguien pretendiera engañar «astutamente» a todo el mundo fue una irresponsabilidad con consecuencias políticas y personales muy graves. Y una ingenuidad, porque era una astucia que hacía tiempo el Tribunal Constitucional había desmontado, después de comprobar el doble juego de las resoluciones aprobadas por el Parlament de Cataluña en los últimos años. Desde que, el día anterior, Puigdemont había tirado la toalla al renunciar a convocar elecciones y así evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, los diputados de JxSí se habían instalado en la actitud de dejarse arrastrar por la corriente, como si estuvieran atrapados por la fuerza gravitatoria de un gran agujero negro. Aunque sabían que el destino era un estrepitoso choque contra el acantilado.

Por si fuera poco, el texto de la resolución que declaraba la independencia unilateral y proclamaba la República lo conocían pocas personas. Solo se hizo público pocos minutos antes de su presentación en el Registro del Parlament. Quienes estaban al corriente de su redacción se negaron a compartirla, ni tan siquiera con los miembros del Govern. Existen imágenes del final del Pleno del día 26 en que el conseller Santi Vila le reclama al presidente del grupo parlamentario de JxSí conocer el contenido de la resolución que al día siguiente se sometería a votación. Así lo explicó, pocos días después, el propio Vila en una entrevista.

No pretendo juzgar las intenciones de quienes convocaron la concentración a las puertas del Parlament e invitaron a 300 alcaldes y alcaldesas independentistas a asistir, desde una sala del Parlament, a la proclamación de la independencia y la República catalana. Pero el resultado fue que, con estas decisiones, pusieron una presión insostenible sobre los miembros de la Mesa. En un momento en que tenían que tomar decisiones que afectarían, y mucho, a sus vidas y a sus familias. Estábamos en la Junta de Portavoces, discutiendo sobre la reconsideración de la decisión de la Mesa de admitir a trámite la resolución de declaración de independencia, cuando nos llegó un griterío ensordecedor que no venía de fuera del Parlament, sino de su interior. Eran los alcaldes y alcaldesas invitados a este «momento histórico», que lo celebraban con cánticos acompasados de independencia. La tensión que se produjo en la Junta de Portavoces fue importante, y estuvo a punto de provocar la suspensión del Pleno ante las quejas del PP y Ciudadanos.

A mí personalmente no me inquietaban en exceso esos hechos, ya que estoy acostumbrado a discutir en climas de tensión. Además, sabía que su objetivo no era presionar a los que no compartíamos la DUI, sino condicionar a sus propios diputados, especialmente a los miembros de la Mesa, que tenían que decidir si admitían a trámite o no la declaración de independencia. En algún momento del día, y en momentos posteriores, algunas de estas personas me confesaron que vivieron aquellos momentos bajo una presión insostenible y que se sintieron engañadas y manipuladas. El problema era que había sido un engaño al estilo de Fuenteovejuna. Algunas incluso entendieron que se trató de un gran autoengaño. Afortunadamente, no tuvieron que pasar por el mal trago de entrar en prisión. El Tribunal Supremo aplicó, con bastante más rigor jurídico que la Audiencia Nacional, sus atribuciones en relación con la prisión preventiva.

¿RAJOY, PREVISIBLE?

He discrepado siempre de la imagen estereotipada que algunos han creado de Rajoy, hasta terminar creyéndosela, lo que los ha llevado a cometer errores que les han costado muy caros en el terreno político. Ese viernes, Rajoy demostró que es menos previsible de lo que se dice de él. Cuando todo el mundo estaba especulando con el contenido de las medidas que iba a adoptar el Consejo de Ministros, Rajoy se descolgó con la destitución del Govern, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones. Se trataba de una medida que gran parte de los constitucionalistas dudaba que tuviera cabida en las previsiones del artículo 155 de la Constitución. Pero ese debate pasó a mejor vida a partir de las 20 horas del viernes 27 de octubre de 2017.

Rajoy había sorprendido a todo el mundo, y por supuesto a mí también. He de reconocer que mi reacción fue de lo más contradictoria. Mientras mi razón democrática me llevaba a rechazar las medidas que, estaba y estoy convencido, tienen dudoso encaje constitucional, mi reacción emocional fue de alivio y alegría. Alivio porque la convocatoria de las elecciones permitía parar máquinas durante unos meses, evitaba un período largo de conflicto en la sociedad y lo reconducía a un contencioso electoral en un breve espacio de tiempo. Y alegría porque, para mí y la patrulla nipona, terminaba una legislatura que ya hacía tiempo se había convertido en políticamente insostenible y humanamente insoportable.

Era consciente, como muchos otros, de que la convocatoria de elecciones por parte de Rajoy, más allá de las dudas sobre su constitucionalidad, no era la solución, pero al menos permitía ganar algo de tiempo. Puigdemont pudo haber tomado esa misma decisión al menos en tres ocasiones durante el mes de octubre y no lo hizo, dejándole la iniciativa a Rajoy, un político al que algunos pintan con el puro en la boca leyendo el Marca, pero que había hecho una jugada política que dejó a todo el mundo descolocado. Mientras estaba en estas disquisiciones, se me pasó por alto, y creo que a mucha gente, un factor importante que de nuevo iba a provocar un giro brusco en el guion del conflicto. Se estaban preparando acciones penales contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament. Y eso iba a complicar de nuevo las cosas, porque como dice un muy conocido asesor de Rajoy, cuando las togas aparecen en escena, todo es posible y nada es controlable.

A partir de ese momento se volvió a hacer evidente la relación dialéctica entre impotencias mutuas y errores compartidos. La impotencia propia se convertía en la fuerza del contrario, de la misma manera que los errores ajenos se convertían en fuerza propia. En más de una ocasión he tenido la impresión de que asistíamos a uno de esos partidos en los que no gana quien juega mejor, sino quien sabe aprovecharse mejor de los errores ajenos. Solo así puede llegar a entenderse la resignación con la que se acogió desde las filas independentistas la aplicación del artículo 155. En algunos momentos pareció que el Govern y los líderes independentistas recibieron el artículo 155 con un cierto alivio, aunque hacia fuera expresaran rechazo. Parecían sentirse aliviados de que Rajoy los sacara del inmenso lío en que se habían metido y del que no sabían cómo salir.

Esta resignación inicial se volvió a convertir en indignación cuando desde la Fiscalía General del Estado se pidió, y la Audiencia Nacional acordó, prisión de los consellers querellados. Si con la convocatoria de elecciones, Rajoy había recuperado la iniciativa del conflicto, con el encarcelamiento de los miembros del Govern se regaló al independentismo un nuevo relato muy potente, el de la solidaridad. Aún iban a tener lugar muchos acontecimientos hasta el 21 de diciembre y, además, nadie pensaba que las elecciones iban a poder resolver nada. Su única virtud, ganar tiempo y un poco de tranquilidad, se diluyó con la entrada en escena de nuevo de las togas.

LA PAELLA INSUMISA DE LA REVOLUCIÓN ADOLESCENTE

Una de las evidencias de que el bloque independentista actuaba con improvisación y a salto de mata fue el desconcierto que provocó la decisión de Rajoy de aplicar un 155 intenso en su contenido (sin duda lo es disolver el Parlament y destituir al Govern), pero breve en el tiempo. No se lo esperaban y no tenían preparada ninguna respuesta para esta situación. La mayor boutade vino de la mano de la CUP-CC y de su presidenta, Mireia Boya. Su reacción inmediata fue convocar vía Twitter a una paella insumisa para el 21-D. Una vez más se demostró que en la vida no funciona la propiedad conmutativa que rige determinadas operaciones matemáticas. En política, el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo pensar primero y después lanzar un tuit que enviar un mensaje por Twitter y luego pensar. Un detalle que suele pasar desapercibido para Mireia Boya y otros «revolucionarios» de Twitter.

No habían transcurrido ni veinticuatro horas cuando los posicionamientos de la CUP fueron virando en dirección contraria al de la paella insumisa. Primero, las declaraciones de Benet Salellas constatando y reconociendo que no había nada preparado para materializar la declaración de independencia. Después, los mensajes que apuntaban a lo que luego se confirmó: la participación «sumisa» de la CUP en unas elecciones, no de la República catalana, sino autonómicas y convocadas por Rajoy. Eso sí, la decisión de la CUP fue acompañada, como siempre, de grandes dosis de fariseísmo. Antes de decidir la participación en las elecciones convocadas por Rajoy se las calificó de ilegítimas, para después añadir que lo que las convertiría en legítimas era la participación de la CUP. Así, literalmente y con este desparpajo lo explicaron. Con esta decisión puede afirmarse que la CUP-CC alcanzó las más altas cotas de la doble moral. Y salvo que se apliquen a sí mismos el aforismo latino quod licet Iovi, non licet bovi («lo que es lícito para Júpiter, no lo es para todos»), bien podríamos añadir que con esta decisión de participar en las elecciones del 21-D, la CUP ya ha entrado a formar parte del «régimen del 78».

Esos días se hizo muy evidente que estábamos asistiendo a una revolución adolescente más que a la «revolución de las sonrisas», como a sí mismo se llamaba el movimiento independentista. No es posible entender de otra manera la disonancia cognitiva que hay entre las muestras de alegría, incluso de euforia desbordada, que protagonizaron los miembros de la CUP-CC la tarde del 27 de octubre en el Parlament, con el reconocimiento en menos de cuarenta y ocho horas de que nada estaba preparado para ese momento. Las llamadas estructuras de Estado se demostraron más bien como estructuras de cartón piedra. Asistíamos a una revolución adolescente que haría retroceder varias décadas al catalanismo político y su principal logro, el de una Cataluña inclusiva. Algunos de nosotros habíamos vaticinado lo que podía pasar si el bloque independentista insistía en apostar por el unilateralismo y por estrellarse contra el muro del poder del Minotauro. Lo explicó lúcidamente el buen amigo Xavier Fina cuando predijo que aquello podía acabar con manifestaciones exigiendo de nuevo «Libertad, Amnistía, Estatuto de Autonomía», la reivindicación unitaria que en los finales del franquismo agrupó a la sociedad catalana bajo el paraguas de la Asamblea de Cataluña.

Qué diferente hubiera sido todo si los dirigentes independentistas hubieran seguido la cultura política de la Asamblea de Cataluña. Andar el máximo de personas juntas, durante el máximo tiempo posible, con el máximo de reivindicaciones compartidas. No se avanza más cuando los que tienen prisa aceleran, sino cuando todos avanzan juntos. Esa percepción de retroceso también la explicitó de manera lúcida el ex conseller Santi Vila cuando dijo que «queríamos llevar a Cataluña a la preindependencia y la hemos conducido a la preautonomía».

Al parecer, esa frase la cogió prestada del propio Puigdemont, que la había utilizado el día 26 de octubre para justificar ante su grupo parlamentario la decisión de convocar elecciones, que luego no materializó. Santi Vila lo explicó en el momento de anunciar su voluntad de dar batalla electoral con una propuesta que rompía la estrategia unilateralista del independentismo. Su apuesta quedó aplastada rápidamente por el encarcelamiento de sus compañeros de Govern y la decisión de Puigdemont de presentarse a las elecciones.

6

LA GRAN ESCAPADA BELGA

Como en algunas novelas en las que su autor parece no saber cómo acabar y complica cada vez más la trama, así se fue comportando este conflicto. Cuando parecía que entrábamos en un terreno conocido, el de las elecciones autonómicas, de nuevo se produjeron unos hechos imprevistos. La marcha de Puigdemont y cuatro de sus consellers a Bélgica y el encarcelamiento del resto del Govern nos devolvieron a territorio ignoto. Es muy probable que no pueda analizarse el acierto o el error de esta iniciativa hasta no conocer cuál es su desenlace final. Así suele escribirse la historia.

Todo apunta a que fue una decisión no consensuada con su partido, el PDeCAT, cuyos dirigentes se enteraron en el mismo momento que el resto de los mortales, o sea, una vez consumada. Se confirmó así uno de los factores distintivos del nacionalismo catalán. A diferencia de Euskadi, donde el lendakari está sometido a la disciplina férrea del PNV, en Cataluña, desde siempre, los presidentes nacionalistas de la Generalitat se han situado por encima de su partido. Así pasó en el siglo XX, así se comportó Jordi Pujol, y Puigdemont no es una excepción, más bien es un caso extremo. Durante esta legislatura, el PDeCAT ha asistido de convidado de piedra a las decisiones del President. Y en estos momentos me atrevo a decir que las cosas pueden ir a más.

A Puigdemont también se le echó en cara su insolidaridad hacia los que se habían quedado en Cataluña. Sobre todo por no tener en cuenta el impacto judicial que su decisión podría tener en las otras personas querelladas. En un primer momento no quedó claro si la fuga fue una respuesta improvisada o bien respondía a una estrategia pensada y elaborada. Si tuvo una motivación de defensa penal o bien se trataba de una iniciativa política para mantener vivo el relato del procés después del fiasco de la DUI. En Cataluña no faltaron quienes vieron la decisión de Puigdemont absolutamente justificada por la falta de garantías que ofrecía la Audiencia Nacional, a la vista de la decisión de encarcelar a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Pero si unos huyeron por falta de garantías judiciales, no se entiende la decisión del resto del Govern y los miembros de la Mesa de quedarse en España y comparecer ante la Audiencia Nacional.

A posteriori, la decisión se presentó como fruto de una estrategia superestudiada y medida hasta el detalle, la única cosa que es evidente que no sucedió. Esta manera de explicar las cosas ha sido un clásico del procesismo: fingir que todo está pensado, que todo tiene lógica, que todo responde a una estrategia astuta y todo tiene justificación. Forma parte de la necesidad de ofrecer seguridad para mantener la ilusión.

Quizá en la decisión de Puigdemont, lo que más pesó fue la necesidad de mantener viva y digna su posición política personal, después del gran desconcierto generado con sus cambios de criterio en relación con la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas y la frustración de ver que, después de la resolución que declaraba la independencia y proclamaba la República, no había nada, salvo un inmenso vacío. Lo que sí puede afirmarse, a la vista de cómo fueron produciéndose los acontecimientos posteriores, es que no era una estrategia coordinada del movimiento independentista. Mientras unos apostaban de nuevo por la astucia, Puigdemont parecía apostar por una peculiar forma de resistencia. Hasta el punto de que, en aquellos momentos, lo único que mantenía unido al movimiento independentista era la solidaridad con los encarcelados y la exigencia de su libertad. Incluso en relación con las elecciones de diciembre y su posible utilización para plebiscitar de nuevo el independentismo, la falta de una estrategia única y el desconcierto se hicieron evidentes durante la campaña electoral.

¿ES JUSTA UNA JUSTICIA «JUSTICIERA»?

La decisión de la jueza Lamela de enviar a prisión a los consellers del Govern terminó abonando las dudas sobre las garantías de la justicia española. Por mucho que leo y releo el Auto del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, no soy capaz de encontrar solidez jurídica en los argumentos utilizados por la jueza Lamela. Sobre todo después de que el Tribunal Supremo resolviera en sentido contrario en relación con los miembros de la Mesa querellados.

De entrada sorprende que la Audiencia Nacional admitiera a trámite la querella de la Fiscalía, asumiendo su competencia en delitos de rebelión, cuando la propia Audiencia había dictado en el año 2008 una interlocutoria rechazando de plano ser competente para este tipo de delitos. Sorprende aún más que teniendo en discusión su competencia, la jueza de la Audiencia no actuara con más prudencia y proporcionalidad. Una prudencia que debería haber aplicado, por ejemplo, en relación con la petición de suspensión de los interrogatorios. Sorprende y supone una clara limitación del derecho de defensa de los imputados que se les comunicara la querella pocas horas antes de su citación en la Audiencia Nacional y que no se aceptara la suspensión de los interrogatorios, como sí hizo el Tribunal Supremo con los miembros de la Mesa del Parlament.

Me parece que se ha profundizado poco sobre las razones de estas decisiones judiciales. Lo fácil fue explicarlas, al menos en Cataluña, por la falta de independencia de la justicia española. Una explicación que permitía mantener el relato de persecución política y la consideración de presos políticos de las personas encarceladas, y al mismo tiempo justificar la decisión de Puigdemont y otros consellers de huir a Bélgica. Sinceramente creo que las razones son un poco más complejas. De no existir independencia judicial, no se explicarían los procesos penales seguidos en los casos de corrupción del PP, ni las decisiones de prisión provisional, por períodos muy largos de tiempo, adoptadas contra algunos de los imputados, sin olvidar las condenas dictadas en algunas de las sentencias. Creo que hay otros factores más determinantes para entender esta actuación. De un lado, el sentido «justiciero» que tiene la Audiencia Nacional, en general muy dada a aplicar medidas cautelares muy duras, y especialmente la prisión provisional.

Eso ha sucedido también en conocidos casos de corrupción. Alguien podría decir, con razón, que no pueden compararse los casos de corrupción del PP con los hechos imputados a los consellers del Govern. Es cierto que son muy distintos los delitos imputados, pero hay un elemento común a todos los casos: como ya he dicho, la prisión provisional comporta la privación de libertad a una persona antes de ser condenada. En puridad es prisión para un inocente, que lo es mientras no esté condenado por sentencia firme. Hace algún tiempo, yo mismo había comentado, para escándalo de algunos de mis interlocutores, que no podíamos alegrarnos de la utilización de la prisión provisional como una especie de condena anticipada cuando los encarcelados eran presuntos corruptos. Mi argumento fue que acomodarnos a esta aplicación severa de la prisión provisional no tardaría en tener consecuencias perversas. No se me ocurrió pensar que ello iba a suceder en el marco del conflicto catalán.

Normalizar el uso de la prisión provisional nos adentra en una senda peligrosa, en la que resulta difícil discernir dónde está la frontera que justifica o no esa práctica. Lo que parece evidente es que ni la jueza Lamela ni algunos de sus compañeros comparten la doctrina sobre la prisión preventiva elaborada por uno de los mejores filósofos del derecho, Luigi Ferrajoli. Se da la circunstancia de que el profesor Ferrajoli estuvo en Cataluña durante esos días participando en una actividad académica. Y gracias a su compañero Josep Joan Moreso,¹ de la Universidad Pompeu Fabra, conocemos la claridad y contundencia de los argumentos de Ferrajoli contra el abuso de la prisión preventiva, que además se basa en las aportaciones de los grandes pensadores del derecho. En sus reflexiones, Ferrajoli, para justificar su rechazo a la prisión preventiva, nos recuerda que personajes como Hobbes, Diderot, Voltaire, Condorcet o Bentham sostuvieron que la pena de prisión solo se justifica después de haber probado en un juicio justo que el acusado ha cometido el delito que se le imputa.

Es en base a este aspecto fundamental del derecho penal, que en su momento fue expresión de civilización, que Ferrajoli defiende un proceso penal sin prisión preventiva. Y lo justifica por la dignidad que se merece un ciudadano presuntamente inocente. También se basa en la necesidad de garantizar la igualdad del acusado frente al acusador y al propio derecho de defensa, que puede verse mermado con la prisión preventiva. Incluso destruye la idea del peligro de fuga con el poderoso argumento de que los incentivos para la fuga provienen fundamentalmente del temor a sufrir la prisión preventiva. Desgraciadamente, los consellers encarcelados han pagado con su libertad ese desplazamiento «justiciero» de algunos tribunales en la aplicación de la prisión provisional. Esperemos que el rechazo público producido por este caso sirva para que el conjunto de la sociedad sea consciente de los riesgos que tiene concebir la justicia como una venganza y no como la manera de restituir el bien jurídico dañado. Y que en el futuro rechacemos una justicia «justiciera», sea cual sea la persona acusada.

SUMMUM IUS, SUMMA INIURIA

La imagen que esos días dio la justicia fue lamentable. El deterioro de su auctoritas no vino solo del carácter justiciero e injustificado de algunas de sus decisiones, sino de la falta de un criterio único en procesos en que se imputaban delitos tan graves, con penas tan elevadas, como los de sedición y rebelión. Durante algunas semanas tuvimos a tres tribunales actuando sobre hechos que tenían una clara conexión entre sí. De un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tramitaba las querellas contra los miembros de la Mesa por desobediencia, con base en los primeros incumplimientos de las resoluciones del Tribunal Constitucional. De otro, el Tribunal Supremo, que actuaba contra esos mismos miembros de la Mesa por las querellas presentadas por la Fiscalía por hechos que eran una continuidad de los anteriores. Y en paralelo, un procedimiento penal en la Audiencia Nacional por un delito de rebelión contra los consellers. Por si fuera poco, las resoluciones judiciales de estos tribunales expresaban criterios muy dispares, y no en un tema menor, sino en la decisión sobre medidas cautelares como la prisión provisional.

Si en el terreno estrictamente jurídico, la imagen fue deplorable, en el terreno político esta actuación de los tribunales tuvo efectos nefastos. Contribuyó a degradar la imagen de la justicia, lo que debería preocuparnos, puesto que su auctoritas es un factor clave para la democracia.

Por eso me felicité de que el Tribunal Supremo decidiera reclamar para sí el conocimiento de todas las querellas que estuvieran conectadas por las imputaciones de sedición o rebelión, y que esa fuera la vía para racionalizar la instrucción de los procesos penales. Pero con la asunción por parte del Tribunal Supremo del conocimiento de todos los procedimientos no terminaron las sorpresas. Pocos días después se dejaba en libertad a algunos consellers, pero se mantenía en prisión a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los dos Jordis. No comparto las críticas de politización de esta decisión, pero me cuesta entender los argumentos utilizados para mantener la prisión provisional. Están cogidos por los pelos y cuesta explicarla.

Quienes toman decisiones sobre la libertad de otras personas deberían siempre recordar un viejo aforismo jurídico: «Summum ius, summa iniuria», o sea que cuando el derecho se aplica de manera extrema, provoca una extrema injusticia. El desconcierto generado por las decisiones judiciales continuó con la retirada por parte del Tribunal Supremo de la Euroorden de detención de Puigdemont, lo que no hizo más que aumentar las dudas sobre la poca solidez de la acusación de rebelión formulada por la Fiscalía. No pongo en duda la posible existencia de responsabilidades penales, pero calificar de rebelión los actos de los dirigentes independentistas fue una barbaridad jurídica y una estupidez política. Entre otras cosas, porque si los actos que se imputan a los dirigentes independentistas tienen la calificación penal de rebelión, en el supuesto de que alguna vez volvamos a toparnos con actos como el 23-F o el golpe fascista de 1936, no sabremos cómo calificarlos penalmente. En algún momento pareció que la hibris de la tragedia griega se había apoderado del escenario, y por eso recuperar el equilibrio y la proporcionalidad se convirtió en un objetivo imprescindible para dar un cauce racional al conflicto.

Pero no solo fueron las actuaciones judiciales las que deterioraron la necesaria auctoritas del Poder Judicial. Desde hacía años veníamos asistiendo a una peligrosa práctica del Legislativo y del Ejecutivo de Cataluña: la de ignorar, desobedecer, incluso ningunear al Poder Judicial. Cuando la Mesa del Parlament de Cataluña ignora de manera reiterada las sentencias del Tribunal Constitucional y desoye los requerimientos de los tribunales, está contribuyendo a deteriorar la función del Poder Judicial o de la Justicia Constitucional. Por cierto, estos son los hechos por los que se imputa penalmente a los miembros de la Mesa y del Govern —el reiterado incumplimiento de sentencias—, no por su ideología, sus opiniones o sus votos, que están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria que reconoce tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esta acusación de persecución ideológica ha sido otra de las manipulaciones utilizadas por el independentismo, con la complicidad incomprensible de algunos dirigentes de los Comunes.

Cuando el Parlament aprueba resoluciones e incluso leyes como la de Transitoriedad Jurídica, en la que se dice literalmente que el nuevo poder constituyente no se someterá a ningún otro poder y que sus actos no podrán ser controlados por los tribunales, ni los existentes en el Estado español ni los que supuestamente se creen en la República catalana, se está configurando un imaginario de menosprecio y ninguneo al Poder Judicial y al Estado de derecho. Esta actuación del Legislativo y del Ejecutivo catalán puede explicar la actuación de los miembros de los tribunales. Más en el terreno de la psicología humana que en el de la política. El desprecio demostrado de manera reiterada por el Ejecutivo y el Legislativo catalán en relación con otro poder del Estado como el Judicial, no ha sentado nada bien a los jueces y magistrados que lo ejercen, sea cual sea su ideología. De manera reiterada se ha manifestado por parte del Ejecutivo y el Legislativo catalán la voluntad de incumplir las sentencias. Se ha calificado a la justicia española como un sistema que no garantiza los derechos. Incluso se ha llegado a decir que vulnera los derechos humanos. Todo ello ha provocado entre jueces y magistrados una reacción que algunos considerarán corporativa y otros, una defensa lógica de la división de poderes y la democracia.

Sin salir del ámbito de los tribunales, hay otro factor que ha incidido de manera negativa en el conflicto y sobre el que he de reconocer que no tengo una explicación racional. Me refiero al comportamiento de la Fiscalía. Es cierto que el hecho de que se trate de una institución jerarquizada y dependiente del Gobierno no significa necesariamente que sus actos deban estar sometidos a los intereses del Gobierno de turno y a sus movimientos tácticos en cada momento. Ya se ha comprobado con algunos sumarios sobre corrupción. Pero me cuesta entender que el fiscal general del Estado no fuera consciente de las consecuencias políticas de sus actuaciones. Presentar las querellas ante la Audiencia Nacional no es una decisión inocente, y pedir la prisión sin fianza como medida cautelar para los querellados, aún menos. Tuvo claras consecuencias judiciales y políticas. Y aún hoy me pregunto si no tuvo también claros objetivos políticos.

No me encaja que después de la convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas por parte de Rajoy, el fiscal general del Estado optara por pedir la prisión provisional de los miembros del Govern querellados, sabiendo las consecuencias que ello podría tener en el ámbito electoral. Un impacto no deseado ni por el propio Gobierno español. Este interrogante se suma a otro derivado de la incredulidad que me produjo comprobar que todas las fuerzas de seguridad del Estado y el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no supieran detectar dónde estaban las urnas en su etapa logística «mayorista». Soy consciente y conocedor de la habilidad de la red tejida por el movimiento independentista para hacer llegar las urnas a los lugares de votación, pero me cuesta más entender la incompetencia del CNI para detectarlas a tiempo. Ahí quedan esos dos interrogantes sobre dos hechos que concitan la misma duda: ¿es posible que el Gobierno español no tuviera controlados en este conflicto a todos los aparatos del Estado? ¿Es posible que exista entre esos aparatos una estrategia propia y diferenciada de la de Rajoy? Ahí queda la pregunta, por si alguien está en condiciones de contestarla. Yo, por supuesto, no.

¿PUEDE UN «SÓVIET CARLISTA» MEJORAR LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA?

La prisión de los consellers del Govern y la huida de Puigdemont y parte del Govern a Bélgica permitieron incrementar el relato independentista de la falta de garantías del sistema judicial español y de la baja calidad de la democracia española. No seré yo el que caiga en la autocomplacencia en relación con la democracia española y sus déficits. Comenzando por un aspecto del sistema democrático que para mí es muy importante, el de las insuficiencias sociales en el terreno de la lucha contra las desigualdades. Un aspecto que casi siempre suele olvidarse cuando se analiza la calidad de nuestra democracia. Preocupante olvido, que no es exclusivo de España, porque es en el ámbito social en el que existen más evidencias de una democracia incompleta y, en cambio, es un factor que suele ignorarse al analizar la calidad de los sistemas democráticos.

Lo mismo sucede en el terreno de la transparencia y la corrupción. Por supuesto, también comparto las críticas a los comportamientos autoritarios que acompañan a las mayorías absolutas o al incremento de las medidas que limitan las libertades como consecuencia de políticas que dicen querer garantizar la seguridad. La lista de ejemplos que yo podría poner de déficits de la democracia española es larga, y los denuncié en mi trayectoria en el Congreso de los Diputados. Pero no comparto la idea impuesta por el relato independentista de España como una sociedad de baja calidad democrática. No al menos si la comparamos con otros países donde funciona la democracia liberal, sea en la Unión Europea o en Norteamérica. Aunque todo es relativo, y no es lo mismo compararse con Suecia, Finlandia o Dinamarca que hacerlo con Francia, Italia o Grecia. Y por supuesto, nada que ver con Polonia o Hungría, por citar ejemplos de países que tienen procedimientos sancionadores en marcha por parte de la Unión Europea. Por no hablar de Turquía, país que Puigdemont comparó con España. Los datos desmienten estas acusaciones, como puso de manifiesto el trabajo de Argelia Queralt en Agenda Pública.²

Lo que más me ha sorprendido es que las acusaciones de baja calidad de la democracia española las formulen unas fuerzas políticas que se comportaron como lo hicieron en el Pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017. Y que han sido capaces de aprobar una ley como la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que se sitúa muy por debajo de los umbrales de calidad de la actual democracia española.

Para argumentar esta contundente afirmación quisiera compartir un espléndido artículo, publicado en el blog del Instituto de Derecho Público por el catedrático de Derecho Constitucional, el buen amigo Xavier Arbós Marín.³ En ese artículo, el profesor Arbós levanta el velo a esa Ley de Transitoriedad, poniendo de manifiesto la baja calidad democrática de las nuevas instituciones de la República catalana, al menos en temas tan trascendentes como un parlamentarismo degradado, un poder judicial politizado (más que el actual) y un proceso constituyente viciado y muy separado de los mínimos cánones democráticos.

En términos de parlamentarismo y de control de la actividad del Ejecutivo (el de la nueva República catalana), la Ley de Transitoriedad no prevé la posibilidad de impugnar los decretos leyes que emanen del nuevo poder, estableciendo un régimen de control de constitucionalidad muy por debajo del que hoy recoge la Constitución Española. Hasta el punto de que resultaría imposible determinar si un decreto ley de la República catalana incumple los límites establecidos por la propia Ley de Transitoriedad Jurídica.

En relación con el denostado (no sin razones) Poder Judicial y su politización (denunciada no sin motivos), la Ley de Transitoriedad sitúa al nuevo Poder Judicial de la República catalana en unos niveles de politización y de falta de independencia muy preocupantes. Así, los presidentes de las Salas Jurisdiccionales del Tribunal Supremo de Cataluña son nombrados por el Parlament por mayoría absoluta. La Comisión Mixta encargada de la selección de estos presidentes tendría como vicepresidente al titular de la Consejería de Justicia del Gobierno. Algo parecido sucede con la elección de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de Cataluña, en sus funciones de Gobierno del Poder Judicial. En resumen, la politización del Consejo General del Poder Judicial queda pequeña ante el sistema que contiene la Ley de Transitoriedad aprobada en el nefasto Pleno del 6 y 7 de septiembre.

Y para acabarlo de rematar, se diseña un proceso constituyente que hace temblar de frío polar cualquier termómetro de democracia. De entrada, se encarga la organización del proceso constituyente a un Foro Social Constituyente (FSC) que, con unos criterios de composición y de participación indefinidos, y por tanto arbitrarios, emitirá unas conclusiones que vincularán políticamente a la nueva Asamblea Constituyente. Además, las decisiones de esta Asamblea Constituyente, adoptadas en nombre del nuevo poder representado por el FSC, no serán susceptibles ni de control, ni de suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal. Curiosa manera de entender la democracia y la soberanía popular. Al leer la ley, no pude evitar relacionarla con una cierta degradación del concepto de «democracia de los sóviets», y al mismo tiempo con el espejismo de recrear en Cataluña una especie de neocarlismo, como respuesta a los temores y a la inseguridad generada por un futuro incierto. Más adelante me referiré a la peculiar mezcla ideológico-religiosa que ha generado el movimiento independentista en algunas —insisto en lo de «algunas»— de sus franjas sociales.

En resumen, la democracia española tiene déficits importantes, pero quienes la descalifican no tienen mucha autoridad para formular estas críticas. Los precedentes de cómo se han comportado durante estos últimos meses y la República que nos proponen no parece que puedan mejorar los niveles de calidad democrática, más bien los rebajarían si se hicieran realidad las leyes aprobadas en el Parlament.

Mucho me temo que el discurso independentista de la baja calidad de la democracia española, al que de manera incomprensible se han sumado acríticamente algunos dirigentes de los Comunes, pretende servir de coartada a la independencia como único camino.

FRIVOLIZANDO EL EXILIO Y HACIENDO «AMIGOS» EN EUROPA

En esta aceleración de las reacciones procesistas se ha alargado también la sombra de la duda respecto a la calidad democrática de la Unión Europea. Tampoco seré autocomplaciente con el comportamiento de Europa, sobre todo después de su actuación en la crisis de los refugiados o en la tibieza con la que trata los desmadres de los gobiernos de Hungría o Polonia, por poner solo algunos ejemplos. Pero aunque solo fuera por una razón de oportunidad y de no aislarse aún más políticamente, Puigdemont y sus alcaldes deberían haber sido más prudentes en su visita, en sus actos y en sus declaraciones en Bélgica.

La independencia de Cataluña tiene argumentos mucho más sólidos con los que defenderse que los que nos acercan peligrosamente al riesgo de considerarnos el «pueblo elegido» frente a sociedades «irreformables» como la española o «decadentes» como la europea. La estancia de Puigdemont en Bruselas supuso, además, una frivolización del exilio, que se sumó a la que ya se había producido con el abuso de términos como «presos políticos» o «golpe de Estado». Quien mejor lo plasmó esos días, quizá por su proximidad a la experiencia del exilio, fue el escritor Sergi Pàmies con estas reflexiones: «El golpe de efecto de la operación Bélgica oficializa el triunfo de la clandestinidad de Instagram que no debería trivializar la dimensión trágica de un exilio con catalanes en todos los cementerios del mundo».⁴

Conforme pasaban los días, se hacía evidente una torpe y estúpida radicalización de las posiciones, en la que Puigdemont parecía más interesado en aumentar los adversarios que en sumar aliados. La manifestación de los alcaldes y la intervención de Puigdemont supusieron un punto de inflexión, especialmente en relación con la Unión Europea.

Esta radicalización estéril no era solo responsabilidad de Puigdemont. En paralelo, y la misma semana, se producía también en Cataluña un proceso de la misma naturaleza con la convocatoria de una fantasmagórica huelga general por parte de una organización sindical inscrita en el registro de sindicatos, pero con escasa afiliación y representación en los centros de trabajo.

Ese día 8 de noviembre no hubo huelga, porque no hubo cese de la actividad laboral en los centros de trabajo, que en eso y no en ninguna otra cosa consiste una huelga. El único sector donde la huelga tuvo repercusión, y de manera desigual, fue en la enseñanza pública. No dispongo de información suficiente para analizar esta peculiaridad del sector de la educación pública, pero sugiero que no lo perdamos de vista. Y no me refiero a su incidencia sindical, sino a la significación política que pueda tener la implicación activa de los profesionales de la educación en el movimiento independentista, especialmente en algunas comarcas de Cataluña. De hecho, las acciones de ese miércoles 8 de noviembre se enmarcaron más en una acción al estilo de los piqueteros argentinos, aunque con la diferencia de la extracción social de los participantes. En el caso de Argentina se trataba de trabajadores en paro de barrios marginales; en el caso de Cataluña, de estudiantes y personas de clase media.

En un sentido contrario, la manifestación del sábado 11 de noviembre de 2017 confirmó que la fuerza del independentismo estaba intacta en términos de movilización. La pérdida de apoyo por un cierto sentimiento de engaño fue compensada por la simpatía que siempre producen las personas víctimas de injusticias y la solidaridad que despiertan. Esa diferencia evidente en los niveles de participación entre dos movilizaciones, separadas por pocas horas entre ellas, no hace más que ratificar uno de los grandes aciertos y potencialidades del movimiento independentista y, al mismo tiempo también, sus limitaciones. Mientras la manifestación convocada por la ANC y Òmnium para exigir la libertad de los encarcelados permitía, por sus objetivos y las formas de movilización, sumar a independentistas y a quienes no lo son con un objetivo compartido como la libertad de los encarcelados, en el otro extremo, la ficción de huelga general de unos días antes ponía de manifiesto las limitaciones de este tipo de acciones, que comportan más compromiso y un coste y riesgo personal mayor. Lo que provoca una reducción significativa del apoyo y, por tanto, de su utilidad, aunque sirvan como un fin en sí mismas para alimentar la autoestima de sus convocantes.

El dato que aporta la comparación entre estas dos manifestaciones y la diferencia en su capacidad de movilización y su sostenibilidad en el tiempo parece haber pasado desapercibido para el movimiento independentista. Solo así puede entenderse que hayan confundido la gran fuerza simbólica que transmiten las espectaculares manifestaciones celebradas con la fuerza necesaria para imponerse a un Estado. Esta última opción comporta más riesgos, más costes, y no parece que todo el mundo esté dispuesto a soportarlos, comenzando por sus dirigentes. Ha sido un error grave menospreciar este factor.

7

EL DESCONCIERTO SE CONTAGIA

Pensar que, en este contexto, el desconcierto solo afectaba al independentismo sería una ingenuidad o una actitud maniquea. Sin duda, terminó incidiendo en otras esferas y espacios políticos, provocando decisiones que en su momento resultaron difíciles de explicar y que hoy aparecen como graves errores. Esa fue y es hoy, aún más, la incomprensible decisión de Barcelona en Comú (BComú) de romper el acuerdo de gobierno con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.

BCOMÚ SE PEGA UN TIRO EN EL PIE

A partir de la aprobación de las medidas del artículo 155, se inició en el seno de BComú un debate sobre si debía mantenerse la coalición de gobierno con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. No es un hecho anecdótico conocer a quienes, dentro de BComú, propiciaron el debate y forzaron la consulta interna. La razón alegada, el apoyo del PSC a la aplicación del 155, me resultó desde el principio una cortina de humo, una coartada que pretendía tapar otras motivaciones. Que aún hoy me resultan incomprensibles.

Para hacernos una idea del contexto vale la pena recordar algunas cosas. Que en el pacto de gobierno firmado entre BComú y el PSC quedaban salvadas las diferencias que pudieran producirse sobre aspectos ajenos al gobierno municipal de Barcelona. Que en Cataluña hay muchas instituciones locales en las que el PSC recibe el apoyo o lo ofrece a partidos que se oponían al artículo 155 de la Constitución, entre ellos ERC y el PDeCAT, que mantuvieron los acuerdos. Entre ellos, ayuntamientos como los de Castelldefels o Premià de Dalt, y de manera destacada Vilanova i la Geltrú, cuya alcaldesa, Neus Lloveras (del PDeCAT), gobierna con el apoyo del PSC, siendo además presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI). También que la mayoría de fuerzas políticas, aunque lo denunciaran, habían asumido de una manera más o menos explícita el artículo 155, presentándose a las elecciones del 21-D o asumiendo la destitución de los consellers en sus escritos judiciales.

Lo sorprendente no fue que ERC o el PDeCAT aprovecharan la oportunidad para desgastar a Ada Colau. Lo increíble es que quienes más presionaron para romper el acuerdo fueron determinados sectores de BComú, aunque, eso sí, lo hicieron dándole la palabra a las bases a través de una consulta. Con la peculiaridad de que ni Ada Colau ni el resto de dirigentes de BComú explicaron públicamente su posición sobre la ruptura del pacto, como sí en cambio habían hecho en el momento de firmarlo. No es lugar aquí para analizar la idoneidad de estos procesos participativos en este tipo de decisiones y su cualidad democrática, pero parece evidente que alguien debería hacer esta reflexión.

Muchos sectores de BComú consideraron esta decisión un error. Personalmente, creo que no fue un error, sino una opción de Ada Colau, camuflada de ética política. Quien en su momento lo expresó de manera más clara fue Lluís Rabell, con la autoridad moral que le da haber sido durante tiempo presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona: «La ruptura es una pésima noticia para Barcelona y peor para Cataluña. Ha sido una consulta condicionada, con un resultado previsible, para vestir una decisión de ruptura tomada de antemano».

En esta decisión se acumularon diversos «errores» que en la Galaxia de los Comunes se han convertido en opciones. Entre ellos, analizar la realidad desde mundos muy endogámicos, especialmente sorprendente cuando se gobierna una ciudad con la complejidad y pluralidad de Barcelona. También tomar decisiones pensando solo en la ciudad-Estado de Barcelona, menospreciando los impactos en otros ámbitos políticos o instituciones. Desde luego, renunciar a tener un proyecto político sobre la estructura del Estado. Y por último estar todo el día pendientes del impacto estético de las decisiones en los círculos cerrados de las redes sociales. Y sobre todo someter los proyectos políticos siempre al dictado de movimientos tácticos, basados en la intuición de los dirigentes. Siguiendo la metáfora utilizada por Raimon Obiols en sus «Notas de la extraña campaña»¹ sobre la nariz (el olfato en sentido metafórico) de Cleopatra, creo que podemos afirmar que decisiones de este calibre no pueden someterse a la nariz de Ada Colau, por mucho olfato político que tenga la alcaldesa.

Demasiados errores acumulados, convertidos en opción política, que tienen, en mi opinión, consecuencias negativas para la ciudad de Barcelona en primer lugar y para el espacio político de los Comunes en un sentido amplio. Comenzando por generar dudas en relación con cuál es el papel que desempeñan los intereses de la ciudadanía de Barcelona en las decisiones que adopta BComú. También trasladando presión a otros equipos de gobierno que tenían acuerdos con el PSC en otros ayuntamientos, equipos a los que se dejó a la intemperie. Por último, dificultando el relato de la candidatura de CatComú para las elecciones autonómicas y dejando en falso la propuesta postelectoral del espacio de los Comunes. A Xavi Domènech le resultó muy difícil hacer creíble en los debates electorales su propuesta de pacto transversal con ERC y PSC a las pocas semanas de que BComú rompiera el acuerdo de gobierno con el PSC en Barcelona. Lo repitió muchas veces, pero el contraste con la realidad le restaba credibilidad.

Quedan muchos meses para las próximas elecciones municipales y no se sabe el impacto que tendrá esta decisión. En todo caso, puede haber afectado a la credibilidad del proyecto político, sobre todo entre los propios votantes de BComú.

¿CAMINO DE LAS SOLUCIONES O DEL EMPANTANAMIENTO?

Las elecciones del 21-D se celebraron en una situación de absoluta anormalidad y excepcionalidad. Convocadas, no por el president de la Generalitat, sino por el presidente del Gobierno español, con un cabeza de lista encarcelado y otro en el exilio, o huido de la justicia española, depende de cómo se mire. Unas elecciones consideradas ilegítimas por los partidos independentistas, cuya participación, no obstante, contribuyó a legitimarlas. Con una campaña en la que, lejos de huir del conflicto frentista, se radicalizaron las posiciones y la dinámica de bloques.

En el momento de redactar estas líneas, la noche del 21-D, aparecen ya algunos datos relevantes. Se ha reconocido unánimemente la legitimidad de las elecciones y sus resultados, lo que sin duda es una buena noticia, sobre todo si la comparamos con el escenario de no aceptación de los resultados con el que algunas fuerzas políticas habían amenazado durante la campaña. La ciudadanía se ha movilizado masivamente (con una participación del 79 por ciento) no para tender puentes, sino para afianzar bloques, y la prueba es que los mejores resultados han sido para las dos fuerzas (Ciudadanos y Junts per Catalunya, JuntsxCat) que mejor supieron representar el conflicto en relación con la independencia. La sociedad catalana continúa dividida en dos partes, prácticamente iguales y confrontadas. A pesar del fracaso de su estrategia unilateralista, el independentismo mantiene un apoyo del 47,5 por ciento del electorado.

Para avanzar más en la interpretación de los resultados es imprescindible esperar a la lectura que hacen en frío todas las fuerzas políticas; las de la noche electoral no son determinantes. De momento aparecen algunos vencedores, pero ninguno con capacidad de concretar su victoria en acción de Gobierno. Ni el independentismo, a pesar de disponer de mayoría absoluta, puede avanzar en su proyecto más allá de la retórica de las palabras de Puigdemont, ni Ciudadanos está en condiciones de construir una alternativa encabezando el bloque constitucionalista. Tampoco la apuesta por una transversalidad superadora del conflicto, que durante la campaña defendieron el PSC y CatComú-Podem, puede articularse. De nuevo aparece el dilema entre victoria o solución.

Todo apunta a que se pueda mantener el bloqueo político generado por la dificultad, casi la imposibilidad, de dar solución a un conflicto que se ha planteado en términos dicotómicos: independencia sí o independencia no. Las elecciones ordinarias en las que se discute de políticas, de propuestas, de soluciones a problemas concretos permiten siempre múltiples variables, incluso en las situaciones más polarizadas. Entre otros factores porque posibilitan pactos en los que se materializa solo una parte de los planteamientos de cada opción política. En el actual debate catalán, eso no es posible porque se trata de un conflicto con planteamientos binarios y soluciones indivisibles, en las que solo es posible el todo o nada. Pero que no sea posible un acuerdo sobre la independencia, no significa que no exista una manera de resolver el conflicto. He reiterado a lo largo de este libro la importancia que tiene saber pactar los desacuerdos cuando el acuerdo es imposible.

Ante este conflicto indivisible que plantea la independencia, la única alternativa al bloqueo, al empantanamiento constante y perpetuo es que la independencia deje de ser a corto plazo el eje de la política catalana. Eso no tiene por qué suponer el abandono de esta legítima reivindicación, sino que se trata de evitar que ese sea el único factor que todo lo articula, a favor o en contra. Soy consciente de que eso no es un camino fácil. En su momento, Puigdemont no se atrevió a convocar elecciones autonómicas por las dificultades de explicar al movimiento independentista que el unilateralismo no era viable. Asumir ahora, después de unos resultados que le dan mayoría al independentismo, que se pasa a otra pantalla y se aparca la independencia como objetivo inmediato, puede ser aún más complicado. Sobre todo en un clima social en el que se ha polarizado, y mucho, el conflicto entre bloques políticos y también la competitividad en el interior de los bloques, especialmente el independentista. Ese paso del independentismo, que nos permitiría salir del bloqueo actual, solo es posible si Puigdemont y Junqueras deciden socializar el coste que ello implica. Pero en estos momentos, esta posibilidad se vislumbra difícil, porque los resultados electorales han aumentado la tensión dentro del bloque independentista y la pugna por hacerse con la mayoría nacionalista. También en el lado «constitucionalista», las elecciones han avivado la batalla entre el PP y Ciudadanos, muy alimentada por los medios de comunicación, sobre todo los de la Villa y Corte.

No es descartable, pues, que nos veamos abocados a una situación de empantanamiento crónico en Cataluña con consecuencias también sobre la gobernabilidad de España.

8

LA PATRULLA NIPONA

A lo largo de este texto ha aparecido citada en muchas ocasiones la «patrulla nipona», sin que hasta ahora haya dado ninguna explicación, aunque sí algunas pistas, de su significado. Cuando en mi condición de lector me encuentro en situaciones parecidas, mi espíritu de tafaner, que no significa necesariamente «chafardero», me lleva a buscar en el índice y a saltarme el curso ordenado del relato. Sea cual sea el camino que ustedes hayan escogido para llegar hasta aquí, sea el del lector paciente o el del inquieto y tafaner, ahora sabrán de qué va la cosa. «Patrulla nipona» es la manera en la que los diputados y las diputadas independientes y los de ICV del grupo parlamentario nos llamábamos a nosotros mismos para describir nuestra situación política y nuestro estado emocional. Como explica Lluís Rabell, éramos la patrulla a la que se había mandado a defender unas posiciones difíciles en una isla alejada del Pacífico. Si las cosas iban bien, el Estado Mayor se alegraba públicamente de nuestros éxitos, como pasó con la propuesta de la Comisión de Venecia. Pero si las cosas iban mal dadas, el Estado Mayor negaba tener nada que ver con esos desarrapados. Por descontado, no era posible sacar a la patrulla nipona de ese inmenso lodazal al que se la había enviado, por el elevado coste político que suponía organizar el rescate.

LOS HIJOS BASTARDOS DE LOS COMUNES

La patrulla nipona no fue la primera imagen que utilizamos para referirnos y reírnos de nosotros mismos. La primera autodescripción fue la de los «hijos bastardos de los Comunes». Quizá por la dureza de la expresión, o por la ideología patriarcal que desprende, dejamos de utilizarla. Pero continuamos sintiéndonos así, como los hijos no reconocidos, ocultados, del matrimonio de los Comunes.

La coalición de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) se constituyó para concurrir a las elecciones «plebiscitarias» del 27 de septiembre de 2015; para una legislatura excepcional, por su duración restringida a dieciocho meses y por el compromiso de adoptar en ese breve período de tiempo una DUI. Casi nada. Nuestro grupo se constituyó con un chip de obsolescencia programada para dieciocho meses en un momento de especial complejidad política en el que confluyeron muchos factores de incertidumbre e inestabilidad. El 27-S nos pilló en el marco de un proceso de configuración de un nuevo espacio político que pretendía la confluencia entre organizaciones políticas ya existentes, como ICV, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) o Equo, y otros actores que estaban en proceso de tránsito desde la condición de movimientos sociales a fuerzas políticas.

Esa confluencia política se ha demostrado más compleja de lo que inicialmente ya se preveía. El conflicto generacional, las diferentes culturas políticas, la constante inestabilidad interna de algunas de estas fuerzas y las tentaciones hegemonistas en la construcción del espacio lo han puesto a prueba. Lo más determinante han sido las carencias democráticas en su funcionamiento y la ausencia de fraternidad en su construcción. Nuestro nacimiento como grupo parlamentario se produjo en el marco de una tormenta perfecta. Lo sabíamos y lo asumimos, pero no imaginamos que iría acompañado de un terremoto con múltiples réplicas y sus consiguientes tsunamis.

ADA NOS DEJÓ EN LA ESTACADA

Después del éxito de la candidatura de BComú y la elección de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, todo el mundo daba por hecho que se repetiría la fórmula ganadora, con una candidatura de CatComú. Pero no fue así. Las negociaciones no fueron fáciles: ICV acudía con una dirección en tránsito y debilitada; Podem tenía una dirección provisional y absolutamente tutelada por Podemos, que la trataba como una mera franquicia, y el núcleo de activistas de Procés Constituent, encabezados por Teresa Forcades y Arcadi Oliveres, decidieron no participar después de condicionar el programa electoral.

El golpe definitivo para la credibilidad de la coalición nos lo dio Ada Colau y su grupo Guanyem, que era solo una parte de BComú, aunque hablara en nombre del todo. Ada decidió no formar parte de la candidatura a las elecciones catalanas del 27-S con la excusa de tener que dedicar todos sus esfuerzos a consolidar el gobierno municipal de Barcelona y la coartada de que habían nacido para un proyecto estrictamente municipal y no querían implicarse en ámbitos políticos más amplios. Tres días antes de las elecciones, Ada, en una entrevista de radio en la que coincidió con Pablo Iglesias, llegó a decir que «el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat viven procesos políticos diferentes y, por ello, BComú ha decidido no implicarse directamente en la campaña y dar libertad de voto a todos sus miembros».

Al cabo de solo dos meses se hizo evidente que todas esas razones eran excusas o coartadas para camuflar los motivos reales. Ada Colau se implicó muy activamente en las elecciones generales de noviembre de 2015, y en su repetición en junio de 2016, con la candidatura de CatComú-Podem, promocionando a Xavi Domènech como su cabeza de lista. En pocas semanas pasó de desentenderse de las elecciones autonómicas de septiembre de 2015 a volcarse en las generales de noviembre del mismo año.

¿Qué había pasado en esos escasos tres meses para ese súbito cambio de criterio? Nada. En realidad no había cambio de criterio. Lo único que era distinto entre unas elecciones y otras es que la CUP-CC se presentó a las elecciones «plebiscitarias» del 27-S y decidió no hacerlo en las elecciones generales de dos meses después. Esta realidad condicionó, y mucho, al alma «cupera» de una buena parte del equipo de Ada Colau y fue determinante para su no implicación en la candidatura de CSQP. Incluso algunos concejales de BComú, que lo eran en nombre de una coalición en la que estábamos todo el espacio político, pidieron el voto para la CUP-CC. La cosa no hubiera tenido más importancia que el de un mero rifirrafe político si no fuera porque expresaba un problema de fondo que ha terminado marcando la vida del espacio político de los Comunes y lastrando su proyecto. Así, la opción de participar en la política municipal y en la española, pero no en la catalana, era una expresión de la incomodidad que les producía tener que pronunciarse sobre el conflicto que marca la agenda política catalana desde hace años: el del modelo territorial. Y es también la consecuencia de la indefinición del proyecto político, que es algo más que la legítima equidistancia entre bloques.

El resultado ha sido un constante uso y abuso del tacticismo para tapar y sustituir la falta de proyecto, hasta el punto de hacer del vicio virtud y de la excepción, norma. Reconozco que esta opinión puede ser fruto de mi concepción antigua de la política y de la vida. Quizá tenga razón Zygmunt Bauman cuando dice eso de que «la cultura líquida moderna ya no siente que es una cultura de aprendizaje y acumulación, como las culturas registradas en los informes de historiadores y etnógrafos. A cambio, se nos aparece como una cultura del desapego, de la discontinuidad y del olvido».¹

A partir de ese momento se produjo una situación esperpéntica: mientras nosotros participábamos y reconocíamos a BComú y a En Comú Podem, ellos no nos reconocían a nosotros como su representación en el Parlament de Cataluña.

Los deficientes resultados de nuestra candidatura en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015 y los excelentes resultados de Xavi Domènech dos meses después, encabezando la candidatura de En Comú Podem a las elecciones generales de noviembre de 2015, y de nuevo en las de junio de 2016, parecieron darle la razón a Ada y a su equipo. Al menos, ese fue el relato que se impuso, aunque para ello debiera obviarse que el voto en Cataluña ha sido siempre un voto dual, con grandes diferencias entre las autonómicas y las generales. Algunos, aunque solo fuera por edad, conocíamos bien ese comportamiento del electorado. Y recordábamos la experiencia de Sabadell, donde Antoni Farrés, candidato del PSUC, ganó todas las elecciones municipales a las que se presentó, mientras las autonómicas las ganaba Jordi Pujol y las generales, Felipe González. Esta es una realidad que Xavi Domènech obviamente conocía muy bien en su doble condición de sabadellense e historiador. Aunque ha llovido mucho desde entonces, los resultados del 21 de diciembre de 2017 confirman que en Cataluña se mantiene, incluso aumenta, esta pauta dual en el comportamiento electoral de la ciudadanía. Como demuestra el diferencial entre el 24,5 por ciento obtenido por En Comú Podem en las elecciones generales de 2016 y el 7,4 obtenido por CatComú-Podem en las autonómicas del 21-D.

CÓMO HACER PAN SIN HARINA, AGUA NI LEVADURA

A partir de ese momento tuvimos que adaptarnos a una realidad que algunos sabíamos que iba a durar toda la legislatura, a pesar de las constantes promesas de solución que periódicamente recibíamos de la dirección de ICV, que hizo lo que pudo —aunque pudo poco— por resolver esa absurda situación. Como éramos conscientes de ello, aplicamos la máxima de salir llorados de casa, pues no tenía ningún sentido quejarse de las condiciones políticas en las que nos tocaba trabajar. En la vida hay que hacer pan con la harina que se tiene. No ha sido fácil representar —eso es lo que se consideraba que hacíamos nosotros— a un espacio político que no nos reconocía como sus representantes, sin disponer ni tan siquiera de la más mínima coordinación política y organizativa en una legislatura de lo más compleja. Si la cosa no fue más grave, se lo debemos a la tarea de coordinación informal de la dirección de ICV, que estuvo durante todo este período haciendo de vaso comunicante y garantizando que no hubiera accidentes mayores. Y en este sentido, el papel de Marta Ribas fue determinante y titánico.

Mientras, en el grupo parlamentario hicimos todo lo que pudimos para que nuestro esperpento no llegara a la calle. Y no porque fuéramos masoquistas o para ganarnos el cielo, sino porque quienes más teníamos que perder si se descubría la cruda realidad éramos nosotros. En la vida de barrio de mi infancia y adolescencia aprendías rápidamente a no quejarte si te pegaban. Si lo hacías, te mostrabas más débil aún y el resultado era que atraías hacia ti todos los golpes. No ha dado mal resultado aplicar a esa situación política el aprendizaje de la calle. Debo reconocer que los profesionales de los medios de comunicación nos trataron exquisitamente. Si hubieran querido, nos hubieran destrozado políticamente. Y de haberlo hecho, ni tan siquiera hubiéramos podido quejarnos. Sin duda, una parte muy importante del mérito lo tienen las personas del equipo de comunicación de ICV y del grupo parlamentario, que trabajaron mucho para hacer soportable la «conllevancia». Dani Álvarez, Júlia Brossa y José Luis Palomo demostraron su talla de grandes profesionales. Si no doy más detalles, es para no comprometerlos en su actual vida profesional, pero se merecen que algún día se expliquen los «milagros» de los que fueron capaces.

¿SE PUEDE HACER POLÍTICA CATALANA DESDE LA CIUDAD-ESTADO Y EL TENDIDO 9 (SOMBRA)?

Para soportar una situación compleja políticamente y dura emocionalmente nos valimos de la ironía. Nos reíamos de nosotros mismos y de nuestra situación, sobre todo cuando nos enterábamos por los medios de comunicación de un pronunciamiento sobre política catalana de los compañeros del Ayuntamiento de Barcelona o del Congreso de los Diputados. Y para describir esa situación echamos mano de otras dos metáforas. Lluís Rabell nos vino un día con su teoría de cómo, desde el equipo de Ada, se pretendía hacer política catalana sin implicarse en ella, desde la ciudad-Estado de Barcelona. No era la primera vez que alguien lo intentaba desde la alcaldía de Barcelona. Esa fue una de las tentaciones de Pasqual Maragall, que comprobó las dificultades de esa forma de hacer política catalana, incluso para alguien como él, que tenía un proyecto para Cataluña.

No sé de dónde me viene la costumbre de utilizar imágenes taurinas, teniendo en cuenta que no solo no soy aficionado, sino claramente contrario a esa barbarie, pero un día me encontré hablando del «Tendido 9 (sombra)» en uno de los encuentros clandestinos de la patrulla nipona en casa de Gemma Lienas. Y lo hice para describir cómo veía la manera de hacer política catalana de Xavi Domènech desde el Congreso de los Diputados. Desconozco el rigor taurino de mi metáfora, pero hizo fortuna entre nosotros. Se trataba de describir la comodidad de hacer política catalana desde Madrid. No necesitas hacer oposición al gobierno catalán, con lo cual estás a bien con todo el mundo. Le atizas cada día al PP, venga o no a cuento. Cuando las cosas se ponen mal, porque el toro que ha salido al ruedo de la política catalana es un miura, te quedas a resguardo en el Tendido 9 (sombra). Y si en algún momento aparece por la plaza algún novillo, te puedes permitir el lujo de saltar al ruedo, como si de un espontáneo se tratara, a dar unos capotazos. Puede que esa imagen me viniera a la mente porque yo también estuve en el Tendido 9 (sombra) del Congreso de los Diputados mientras Joan Herrera y Dolors Camats se encaraban a los miuras. Y me consta que Xavi Domènech es consciente de que, a partir de ahora, en el Parlament, las cosas serán distintas para él de como habían sido en el Congreso. La única diferencia es que un servidor y los coordinadores de ICV nos reconocíamos políticamente y nos coordinábamos. Llámenme pejiguera, pero les puedo asegurar que la diferencia es como la noche y el día.

Aún hoy me sorprendo de cómo, en estas condiciones, no tuvimos ningún accidente grave. Rasguños y heridas muchas, pero llegamos vivos hasta el final. Pero con el paso del tiempo se comprobó que todas las opciones tienen consecuencias, hasta las que desde la corta mirada parecen inocuas.

LA FRATERNIDAD, CLAVE DE LA SUPERVIVENCIA

He pensado mucho en las razones de la supervivencia de la patrulla nipona, de una resistencia que terminó cogiendo forma de resiliencia. Creo que las claves han sido volcarnos en el trabajo diario sobre temas que afectan a la vida cotidiana de las personas, así como nuestra obsesión por tener siempre iniciativas políticas que nos permitieran salir del rincón al que nos querían llevar los dos bloques en conflicto, y sobre todo nuestras convicciones profundas y la mucha, mucha fraternidad que creamos entre los miembros de la patrulla nipona.

Obviamente, no soy objetivo, y en este aspecto mucho menos, pero me place destacar que algunas de las iniciativas sociales más importantes de esta legislatura llevan el sello de las diputadas y de los diputados de CSQP. Y lo hago utilizando las palabras que nos dedicó Lluís Rabell, para acompañar las canciones de Georges Brassens, que él había adaptado al catalán para nosotros.

Las denuncias de los abusos sexuales en el caso de los Maristas, y las propuestas para hacerles frente, el trabajo con los adolescentes tutelados o el impulso de políticas de apoyo al libro llevan el sello de Gemma Lienas, a la que Lluís Rabell dedicó estas palabras:

Vet aquí una història d’amor… frustrat. Una ploma inspirada com la seva podria fer-ne una novel·la de tèrboles passions, crims abominables... i redempció final. Naturalment, en l’escenari dels carrerons ombrius del Raval – el «xino» de la meva infantesa.²

Las iniciativas en el terreno ambiental y de defensa del territorio, el trabajo con un colectivo minoritario de la economía catalana, como el agrario, son problemáticas en las que Hortènsia Grau asumía todas las responsabilidades, las nuestras y las de los demás, de una manera que conseguía desbordar a propios y adversarios. Así le cantó Rabell:

Un himne a la llibertat que parla d’aus de galliner que, sumides en una confortable absència d’anhels i neguits, alcen la mirada al cel... i, de cop i volta, veuen passar una bandada d’ànecs salvatges, «assedegats de blau», rumb a l’horitzó de la seva utopia?³

El abordaje de los temas industriales, los conflictos empresariales y los referidos a la función pública tenían en Marc Vidal al Petronio del parlamentarismo. Y han dejado una huella incisiva, la de la mano de hierro en guante de seda. Así lo ilustró Lluís Rabell:

Àrbitre indiscutible de l’elegància parlamentària. Aquí una cançó dita a destemps —quan la vaig oferir a la Maribel i al Marc, ja havien comès el gest irreparable de contraure matrimoni—, però que segueix sent una bellíssima declaració d’amor.⁴

Las propuestas para reforzar la educación pública y la batalla por acabar con los conciertos educativos que segregan al alumnado en función del género han tenido en Jéssica Albiach a la joven y experimentada diputada que tuvo que hacer una inmersión acelerada de la mano de nuestra coordinadora Marta Otero:

La joventut és el privilegi d’assaborir la intensitat de les coses efímeres. Amb un puntet de melangia. Com la Marina...⁵

El trabajo de hormiga, discreto pero eficiente, para abrir paso a la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía, o las propuestas para afrontar las situaciones de emergencia social contaban con la perseverancia de Marta Ribas, que asumió esas tareas incluso cuando tuvo que compatibilizarlas con sus responsabilidades maternales. Y así le cantó Rabell:

Vet aquí que el cor, que púdicament s’amaga, pot ser un bosc frondós, poblat de flors misterioses… i de tota una colla d’amics. Una cançó ben sentimental i bohèmia de Brassens…⁶

Dado que el grupo tenía unos efectivos disponibles tan mermados, como inmensa era nuestra voluntad de dar respuesta a todo, Rabell siempre se prestaba a hacer cualquier tarea: desde las más vistosas, como los debates con el president Puigdemont, a las más agradecidas, como canalizar las reivindicaciones vecinales o poner voz a todas las personas que no disponen de altavoces a su alcance.

La patrulla nipona y el grupo parlamentario no hubieran aguantado ni una semana sin el trabajo de coordinación de Marta Otero. Si alguna vez tienen que explicar en qué consiste ser una persona facilitadora, les sugiero que inviten a Marta, de quien Rabell decía:

Brassens era molt discret a l’hora d’exhibir els seus sentiments. Potser per això va compondre una de les seves més belles melodies musicant aquest poema d’Antoine Pol («Les passantes»), uns versos que ell mai no hagués gosat escriure. Tots vivim una mica per procuració.⁷

Y si quieren saber cómo funciona el Parlament de Cataluña, llamen a Dolors Estela, una institución parlamentaria. Aunque, como ella explica, para intentar entender qué ha pasado durante esta legislatura tuvo que desaprender todo lo que había aprendido durante más de veinte años. Quizá por eso Rabell le dedicó estas palabras:

Dolors… que, sota un posat falsament innocent, conserva l’esguard maliciós i rialler de l’adolescència. I a qui imagino perfectament en l’atmosfera sobrecarregada d’un local poc recomanable, escoltant una cançó un pèl canalla com aquesta... Per una nineta m’he fet tot petit.⁸

Marc Bartomeu nos dejó claro desde el principio que puede haber sintonía política entre generaciones distanciadas por cuatro décadas. A diario nos ofrecía una mente privilegiada para el análisis y la valentía de decir siempre lo que pensaba. Así lo vio Rabell:

Una cançó molt adient per a un esperit crític —crític enfront del relat dels adversaris; però també dels discursos dels amics, d’on acostuma a venir bona part dels perills. Dubtar és saludable. I no hi ha pressa per morir, per molt que algunes causes reclamin sacrificis. La reflexió de Brassens —que li va valer una pluja d’atacs quan va donar a conèixer aquesta peça— sembla més actual que mai.⁹

En ocasiones, la discreción se apodera de algunas personas para poder presentarse de manera aún más discreta y eficiente. Ese es el caso de Joan García o de Laia Sánchez, que además nos mimó durante estos años con sus cajas de galletas. La fraternidad tiene momentos épicos, pero la mayor parte de las veces es una fraternidad cotidiana, la de los pequeños detalles.

LOS RIESGOS DE LA PAPIROFLEXIA

En política, si no se quieren asumir riesgos, es mejor dedicarse a la papiroflexia. Esa fue la respuesta que le di un día a Pepa Bueno en una entrevista matutina en Hoy por Hoy, cuando me preguntó si no me preocupaba que una iniciativa nuestra fuera instrumentalizada por el Govern.

Eso es siempre así: la política, como la vida, no existe exenta de riesgos, pero en esta legislatura aún más. Ese convencimiento fue el que nos llevó a adoptar múltiples iniciativas para no quedar atrapados por el conflicto entre bloques, en el que desde el primer día de la legislatura se instaló el Parlament de Cataluña. Por eso no nos quedó más remedio que arriesgar con iniciativas que unas veces nos permitían salir del rincón y otras nos generaban más dificultades que reconocimiento.

La legislatura comenzó mal para nosotros. Nuestra primera decisión fue dividir el voto, entre sí y abstención, en la elección de Carme Forcadell a la Presidencia del Parlament. Se trataba de evitar decantarnos por ninguno de los bloques que desde el primer día configuraron la vida del Parlament. Y también expresarle un margen de confianza institucional, a pesar de la discrepancia con el proyecto que ella representaba. El resultado fue que nadie entendió el sentido de nuestro voto dividido y recibimos una desaprobación unánime a babor y estribor. Además, la Presidenta se empeñó desde el primer día en demostrarnos que nos habíamos equivocado y que no merecía ese margen de confianza, porque nunca entendió la importancia de representar a toda la institución parlamentaria. Total, que me tocó aceptar el error y asumir la crítica porque esa «brillante» idea había sido mía. No se podía empezar peor.

A los pocos días nos encontramos con la resolución del 9 de noviembre de 2015, orientada a salvar la candidatura de Artur Mas. Que al final solo sirvió para acordar una hoja de ruta inviable y suicida que está en el origen del conflicto en el que estamos inmersos. A pesar de que presentamos una resolución alternativa con la que cohesionarnos, ello no nos evitó un amago de voto diferenciado dentro del grupo sobre la resolución independentista. A su vez, un destacado dirigente de BComú y teniente de alcalde de Barcelona nos acusó de habernos aliado con la caverna del PP, por no haber votado a favor de la resolución del bloque independentista. Este escarceo nos brindó al grupo parlamentario la primera atención mediática importante. Llevábamos solo dos semanas de legislatura y ya habíamos pasado de ser ninguneados por «nuestro» espacio político a ser considerados parte de la caverna. Para comenzar, no está nada mal.

Ni coger aire pudimos cuando nos topamos con la siguiente trampa para elefantes. La mayoría independentista presentó la propuesta de elaborar tres proposiciones de ley en el marco de unas ponencias conjuntas. JxSí y la CUP-CC pretendieron que nosotros participáramos en la elaboración de las proposiciones de ley de las tres leyes de desconexión que formaban parte de su programa electoral y que, claro está, se confrontaba con el nuestro. Ya entonces se puso de manifiesto la actitud de las fuerzas políticas independentistas: o aceptabas su marco mental y sus estrategias y te sometías a ellas de manera subalterna y sin matiz alguno, o pasabas a engrosar el grupo de los adversarios y, más adelante, de los traidores.

En condiciones normales, no debería haber costado mucho explicar que no tenía ninguna lógica participar en unas ponencias conjuntas cuyo objetivo era elaborar las proposiciones de ley que formaban parte del programa independentista. Pero entre la presión de la División Mediática Ítaca, la permanente indefinición del espacio político de los Comunes y las diferencias internas nos abrieron otro frente, del que al final pudimos salir convirtiendo una de esas comisiones, la del proceso constituyente, en una comisión de estudio. Ganamos tranquilidad, pero por poco tiempo. Porque cuando alguien pretende que seas un sujeto subalterno de su estrategia y tú no tienes la claridad o la valentía de oponerte a ello, no hay solución buena. Estuvimos participando en la comisión del proceso constituyente, aunque al final terminamos votando en contra de las conclusiones presentadas por JxSí y la CUP y presentando unas conclusiones alternativas. El resultado fue que el concepto de aliarnos con la caverna del PP volvió a estar en boca, o en el Twitter, de algunos de nuestros supuestos compañeros políticos.

Obsesionados por no dejarnos arrastrar por las iniciativas de los otros grupos, aprovechamos el resquicio que apareció en una reunión discreta entre el president Puigdemont y Lluís Rabell. Así negociamos con el Govern una resolución a favor del referéndum pactado, que contenía nuestras condiciones de inclusividad, garantías democráticas y reconocimiento internacional previo. Y que fue aprobada con nuestros votos y los de JxSí, y la abstención de la CUP-CC. En esas negociaciones comprobé que la consellera Neus Munté es una interlocutora segura y que Oriol Junqueras no sabe lo que significa pacta sunt servanda. El vicepresident estaba dispuesto a destrozar cualquier posibilidad de puente, y a quince minutos de cerrarse el plazo de presentación de resoluciones en el Registro del Parlament, intentó abortar el acuerdo alcanzado con Neus Munté y avalado por Puigdemont.

Se da la circunstancia de que esa resolución aprobada por el Parlament, que nunca fue impugnada por el Gobierno español, fue el anclaje que utilizó Puigdemont para convocar el Pacto Nacional por el Referéndum, y aún hoy se mantiene vigente. Aunque, curiosamente, nunca fue cumplida en sus propios términos por el Govern catalán, que a la primera de cambio se deslizó hacia el referéndum unilateral.

La situación del grupo y la relación con nuestra familia política se fue complicando conforme pasaban las semanas. Para entonces se había consolidado una situación mucho más perversa que el simple ninguneo de los Comunes a sus hijos bastardos. No nos reconocían como su grupo parlamentario, pero pretendían marcar nuestras decisiones, de manera nunca directa, sino más sofisticada. Para el grupo parlamentario eran unas reglas del juego difíciles de aceptar, y no por razones de prurito: estábamos convencidos de que era imposible dirigir el grupo parlamentario desde la ciudad-Estado de Barcelona o desde el Tendido 9 (sombra). Es imposible dirigir nada si no se está en los pucheros de Santa Teresa.

La siguiente iniciativa de nuestro grupo nos ofreció durante dos meses toda la centralidad del debate parlamentario. Después de una interpelación al vicepresident Junqueras, presentamos una moción por la que propusimos acudir a la Comisión de Venecia y a su Código de Buenas Prácticas a buscar el aval internacional para la celebración del referéndum. Al final, la moción se terminó aprobando con nuestros votos y los de JxSí. Ese fue uno de los momentos en que el Estado Mayor de los Comunes se sintió orgulloso de su patrulla nipona e hizo suya la propuesta. No el primer día, por supuesto, sino cuando la propuesta ya había triunfado mediáticamente y todo el mundo hablaba bien de ella.

A partir de esa situación estuvo claro para nosotros cómo debíamos comportarnos: dado que era imposible coordinarnos con los Comunes como hacen el resto de las fuerzas políticas, la única posibilidad de hacerlo era teniendo siempre la iniciativa y provocando que fuera la vida la que cubriera el espacio que no ocupaba la política.

¿QUÉ SON MÁS PELIGROSAS, LAS MOSCAS O LAS TERMITAS?

Esta pregunta puede resultar estúpida, pero ya verán que no lo es tanto. Durante la legislatura, nuestro grupo parlamentario gozó de una mala salud de hierro. Los medios de comunicación sabían que con nosotros tenían garantizadas noticias todas las semanas, unas por razones políticas, otras por causas más tabernarias. Curiosamente, los medios se fijaban en los líos más aparentes en términos mediáticos, pero poco importantes en términos políticos, que en los verdaderos conflictos, ocultos, como algunos tramos del Guadiana.

Los líos menores se reproducían con bastante frecuencia, pero su distorsión para el grupo parlamentario era de una dimensión parecida a la que producen los moscardones a finales de verano: se ponen muy pesados, pero basta con un manotazo para ahuyentarlos. Eso sí, no se van nunca y vuelven de nuevo a revolotear, hasta que al final del verano, cuando llega el frío, desaparecen. Los nuestros eran, sin embargo, unos moscardones muy resistentes, que aguantaron gracias al calor que se les ofrecía desde dentro de nuestro espacio político. Al final de la legislatura, los moscardones dejaron de recibir calor y se marcharon, no sin antes propinar unas buenas picaduras, como si de tábanos se tratara, a quienes durante toda la legislatura les habían ofrecido cobijo.

No soy un experto en el mundo de los insectos, pero mi cultura general me permite saber que los moscardones son incómodos, pero no alcanzan la peligrosidad de las termitas, que pueden llegar a derribar una construcción o a dejarla en condiciones muy precarias. Siempre me ha resultado curioso que en nuestro caso, los medios de comunicación se fijaran más en los moscardones que en las termitas. Afortunadamente, puedo añadir hoy.

LALI VINTRÓ Y EL ORGULLO PSUQUERO

En estas condiciones, a la patrulla nipona no nos fue fácil llegar al final de la legislatura. Debo reconocer que en más de una ocasión estuvimos a punto de tirar la toalla, y si no lo hicimos fue porque entre nosotros teníamos un pacto de sangre para tomar todas las decisiones de forma mancomunada. Afortunadamente, los bajones de moral no nos venían todos al mismo tiempo.

También aguantamos por un compromiso moral con nuestra gente y nuestros referentes. A mí, personalmente, una de las crisis me llegó coincidiendo con la muerte de Enric Pubill, un viejo luchador comunista con muchos años de cárcel, que murió en el AVE, volviendo de un acto en Madrid al que había asistido en su condición de presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos. La ceremonia de despedida fue muy emotiva, y a la salida hice una promesa a un grupo de veteranos psuqueros, entre los que se encontraban los miembros del fil roig Enric Cama, Eugeni Forradellas, Montse Torras, Eduard Amoroux y el más joven Andreu Mayayo: pasara lo que pasara, aguantaríamos hasta el final de la legislatura. Escuchando los avatares de Pubill durante el franquismo y recordando los de otras personas muy cercanas, me parecía una banalidad todo aquello que algunos días se nos convertía en insoportable.

No era infrecuente que en nuestros encuentros en casa de Gemma Lienas, el refugio de la patrulla nipona, nos preguntáramos casi en plan shakesperiano quiénes éramos y a quién representábamos. Esa era, de todas las preguntas que nos hacíamos, la más fácil de contestar. Representábamos a nuestra gente, y no era difícil ponerle cara de activista de movimiento vecinal, de feminista, de sindicalista, de ecologista, de profesor o de periodista.

Las siguientes preguntas eran un poco más complejas: ¿para qué proyecto y para quién trabajamos? Nosotros estábamos seguros de estar trabajando para un proyecto que hundía sus raíces en lo mejor del PSUC y que se alimentaba de las aportaciones de muchas organizaciones y movimientos sociales, pero nuestro entorno político nos hacía dudar. Todo el mundo decía que quería reconstruir el PSUC del siglo XXI, pero parece que cada cual tenía una idea propia de qué fue exactamente el PSUC, especialmente en relación con las formas democráticas y el sentido de la fraternidad. Por eso me sentí y nos sentimos muy reconocidos por el artículo que, a raíz del Pleno del 6 y 7 de septiembre, nos dedicó Lali Vintró en la revista Treball, reivindicando el orgullo psuquero.¹⁰

En la patrulla nipona convivíamos personas con experiencias políticas y vitales muy diversas. Unas proveníamos del PSUC, otras con una trayectoria vinculada a la familia socialista, las más jóvenes habían entrado en política directamente de la mano de Iniciativa. Y un trotskista, Lluís Rabell, con una cultura política inmensa labrada en los movimientos sociales, en Francia y en Cataluña. Una buena amalgama de sinfonías.

Todas y todos tenían trayectorias en movimientos sociales, como el feminismo, el ecologismo, el sindicalismo o el movimiento vecinal. Quizá por eso nos sorprendíamos cada vez que alguien se refería a los movimientos sociales como espacios de lucha de reciente creación.

Una prueba de las dificultades del grupo se produjo en el mismo Pleno de los días 6 y 7 de septiembre. Todo el mundo se ha quedado con determinadas imágenes, pero lo más importante quedó fuera de la Cámara, como sucede muchas veces. El día 6, la patrulla nipona llegó al Parlament absolutamente hundida de moral. Nos habíamos visto obligados a cambiar la orientación de nuestro voto en la Ley del Referéndum de Autodeterminación y a renunciar a presentar una enmienda a la totalidad, con la que queríamos demostrar que teníamos una alternativa. Cambiar la inicial orientación de voto y hacer equilibrios es lo más normal en el parlamentarismo: nuestro drama era que esas decisiones de última hora no las habíamos tomado por convicción, ni tan siquiera se puede decir que las hubiéramos adoptado nosotros. Lo hicimos porque las presiones de la dirección de los Comunes nos habían situado en una posición insostenible, y si insistíamos en lo que nosotros considerábamos que debíamos hacer, nos quedábamos en minoría en el grupo y se rompía la unidad de la patrulla nipona. Al final, optamos por la fraternidad de mantenernos unidos, aunque fuera a costa de hacer algo en lo que no creíamos.

Treinta minutos antes de comenzar el Pleno, nos reunimos en el despacho de la coordinadora del grupo, Marta Otero, nuestra verdadera alma, la persona que siempre nos daba fuerzas, pero que ese día no tenía ni para ella. Nos encontramos todos y todas llorando, nos sentíamos derrotados políticamente, pero sobre todo destrozados como personas. Lo que pasó después en el Pleno está grabado. Conseguimos sobreponernos a estas adversidades, jugar un papel significativo en la defensa de la democracia y del autogobierno de Cataluña y contra un unilateralismo estéril y frustrante. Aún hoy ninguno de nosotros es capaz de explicarse cómo pudimos superar aquella situación. Quizá solo tenga una explicación, las convicciones muy profundas que nos unían y mucha, mucha fraternidad entre nosotros.

DEL ESPACIO ÁGORA AL REFUGIO DE WANNACRY

Durante la legislatura, los miembros de la patrulla nipona buscamos espacios en los que protegernos del frío del exterior y mimarnos un poco entre nosotros. Aprender a mimarse entre humanos debería ser una asignatura obligatoria, especialmente entre los que se dedican a actividades de alto riesgo emocional como la política. Es una buena manera de trabajar la fraternidad y de no caer en el frío de la indiferencia afectiva.

Al primero de estos espacios le llamamos Ágora, y desempeñó el papel que se desprende de su propio nombre. En él, los de la patrulla nipona dialogábamos, intercambiábamos opiniones, nos lamíamos las heridas y nos dábamos cariño. Más adelante, en pleno conflicto entre CatComú y Podem por la configuración del nuevo espacio político, se produjo el discriminatorio despido, por parte de la dirección de Podem, del compañero Marc Bertomeu. Fue entonces cuando el foro Ágora aumentó sus componentes y mutó en el grupo de WannaCry. Ha sido un verdadero placer compartir estos espacios. Los utilizamos para intercambiar los artículos y las informaciones más importantes del día y para cohesionar la lectura política de lo que estaba pasando. Aunque, sin duda, lo más interesante era leer las aportaciones que hacía Lluís Rabell, una de las personas más cultas y documentadas que recuerdo haber conocido.

No era infrecuente que Lluís nos ilustrara el momento político con alguna cita histórica, con algún chiste vinculado a su trayectoria trotskista, o alguna canción, con especial predilección por Georges Brassens, al cual traducía y adaptaba para nosotros. De la misma manera aparecían en WannaCry episodios históricos de la Tercera o la Cuarta Internacional. Resultaban increíbles las citas o reflexiones que nos proporcionaba Lluís. Esta es una pequeña muestra:

Para los más interesados en el conflicto Israel-Palestina, esta entrevista es de lectura obligada. Sobre todo en un país [Cataluña] como el nuestro, con una derecha marcadamente filosionista. Y para los interesados en los enfrentamientos políticos históricos en el seno de la izquierda, conviene recordar otra derrota olvidada que tiene que ver con el apoyo (político, militar) de Stalin a la creación del Estado de Israel: la derrota de los trotskistas, opuestos a la partición de Palestina. En aquella época, la organización de la Cuarta Internacional, esencialmente judía, defendía la perspectiva de una República palestina democrática y laica, con sus componentes árabes y judíos, organizada sobre el conjunto del territorio histórico.

Acompañaba a este comentario con una entrevista en La Vanguardia de Nur Masalha, escritor, historiador y académico palestino.¹¹

UN FINAL EMOTIVO, PROPIO DEL FIL ROIG

La legislatura fue un reto constante. A las dificultades para evitar ser alineados con uno de los bloques se añadían las internas del grupo y el ninguneo de nuestro espacio político, cuando no la clara desautorización. Por eso vivimos como un regalo de cielo la cena que al final de la legislatura nos organizaron los compañeros y las compañeras del fil roig, un grupo de veteranos del PSUC, que me propusieron quedar una noche para charlar, y al llegar a la cita, me encontré con más de ciento cincuenta personas.

Esa noche me golpeó comprobar la orfandad política en la que se encuentran tantas personas que llevan militando política y socialmente durante varias décadas. Ese sentimiento, muy compartido por muchas personas con décadas de activismo social y político confirma que la creación del nuevo espacio político no lleva buen camino. Quizá porque no está sumando diferentes experiencias, sino sustituyendo unas por otras. Quizá porque tiene carencias evidentes en dos de los requisitos imprescindibles para construir el bien común: democracia y fraternidad.

Todo quedó compensado cuando les escuché decirnos que durante estos duros y complejos momentos se habían sentido representados por la patrulla nipona. Nos lo decían personas que en Cataluña son referentes éticos de la lucha por las libertades y los derechos sociales y nacionales. No podíamos imaginar mejor broche para la patrulla nipona, sobre todo porque todas esas personas, de trayectorias muy diversas, se sentían unidas por un fuerte sentimiento de fraternidad. Quizá por ello, y para agradecérselo, les dije que «con fraternidad podemos soñar en asaltar los cielos; sin fraternidad, el único destino posible es estrellarse contra el suelo».

SEGUNDA PARTE

ESCANEANDO EL INDEPENDENTISMO

No creo que exista en la historia ningún acontecimiento importante que tenga una naturaleza o una explicación simple. La complejidad forma parte de la vida, aunque nos empeñemos en ignorarlo. El independentismo catalán es un fenómeno enormemente complejo cuyo análisis escapa en mucho a mis capacidades y a las posibilidades de este libro.

A pesar de esas limitaciones, me interesa reflexionar sobre en qué medida el independentismo es un factor propio, singular, genuino de Cataluña, y en qué medida puede considerarse una respuesta local a una crisis global. Entre otras razones, porque de ello depende la orientación de las respuestas a este complejo conflicto.

En esta segunda parte voy a exponer mi convencimiento de que estamos ante un conflicto que tiene raíces muy profundas que se hunden en el pasado, en el reparto del poder territorial en España. Un conflicto que reaparece, de manera periódica y recidivante, y que explosiona cada vez que España entra en un período de normalidad democrática.

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¿FENÓMENO SINGULAR

O RESPUESTA LOCAL A LA CRISIS GLOBAL?

El «conflicto catalán» es sobre todo un problema español, de larga historia. España ha sido incapaz de construir una identidad inclusiva, como la que sí han generado otros Estados europeos, algunos con menos historia compartida. A España le llega tarde el liberalismo, que está en la base de los Estados nacionales, y este choca con estructuras e intereses que dificultan su implantación. Hago mío el relato de Juanjo López Burniol, «El problema español», en su aportación a Escucha, Cataluña. Escucha, España.¹

La identidad nacional de España se ha construido sobre la negación de las identidades nacionales diversas que hay en su seno, especialmente en relación con la lengua, donde las políticas de imposición del castellano a lo largo de la historia han sido más expresión de debilidad que de fortaleza. La respuesta del nacionalismo catalán a este sentimiento nacional español excluyente ha sido la negación también desde Cataluña de la realidad nacional española. La relación durante décadas entre el nacionalismo español y catalán ha consistido en negarse mutuamente la condición de nación. Y en engañarse el uno al otro: el nacionalismo español, prometiendo reconocimiento para después aplicar uniformización, y el catalán, prometiendo compromiso mientras trabaja para abandonar el espacio común.

Aun siendo muy importante este problema catalán y español, cuyos elementos se entretejen hasta hacerse indistinguibles, no explica por sí solo la irrupción en estos últimos años, y de manera muy acelerada, de un potente movimiento independentista. Si bien las causas profundas de este conflicto pueden ser locales y remotas en el tiempo, su desencadenante a comienzos del siglo XXI es la expresión de un fenómeno más global. Asistimos a la reacción de la sociedad catalana frente a una crisis de época provocada por el impacto de una globalización sin reglas, sin contrapoderes sociales y con una gran capacidad de generar desigualdades sociales.

Diferenciar las causas desencadenantes es importante, aunque en muchas ocasiones se entrecrucen hasta confundirse, como pasa en las catástrofes naturales (por ejemplo, en los incendios).

Lo que me interesa destacar, sobre todo de cara a apuntar posibles soluciones, es que estamos ante una respuesta local a una crisis global. Y que sin abordar de manera simultánea el conflicto local por el reparto territorial del poder político y los impactos que, en términos de grandes desigualdades sociales, está provocando la globalización, no hay posibilidad de aproximarse a las soluciones, que siempre serán parciales y temporales.

LA LEGITIMIDAD DE LA INDEPENDENCIA Y LA CONSTITUCIONALIDAD DEL INDEPENDENTISMO

Puede parecer obvio, pero dada la indigencia intelectual y política a la que ha llegado este debate, me parece imprescindible comenzar destacando que la independencia de Cataluña como reivindicación es absolutamente legítima en términos democráticos. Que no quepa en el estrecho marco que la Constitución describe en su artículo 2 al afirmar la «indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles» no significa que no quepa en el marco de la democracia, que sin duda es mucho más amplio. Afortunadamente, así lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, al afirmar en diferentes sentencias que la nuestra no es una Constitución militante.² Eso significa que en el marco de la Constitución cabe perfectamente la defensa de cualquier fórmula de organización política, distinta de la actual, y por supuesto, la independencia de Cataluña. Siempre que se plantee dentro del marco de las reformas constitucionales que la propia Constitución ha previsto.

Por eso resulta propio de pirómanos políticos que dirigentes del PP se hayan atrevido a proponer, en los momentos más tensos del conflicto, la ilegalización de los partidos independentistas por el mero hecho de serlo. El independentismo como movimiento social es la expresión emocional, social, política y organizativa de una reivindicación legítima desde el punto de vista político y perfectamente constitucional. Y esto obviamente no significa que lo sean todas sus actuaciones.

EL UNILATERALISMO, LA FASE SUPERIOR DEL PROCESISMO Y LA ENFERMEDAD INFANTIL DEL INDEPENDENTISMO

Es en el terreno de las actuaciones y las estrategias del independentismo en el que me parece oportuno recordar la explicación metodológica realizada en el prólogo; especialmente la diferenciación que hago entre la independencia como un objetivo y el independentismo como un movimiento, ambos absolutamente legítimos, de lo que son el procesismo y el unilateralismo.

Considero el procesismo como la instrumentalización partidista del independentismo, que ha usado la ilusión hasta convertirla en una gran ficción y ha transformado la astucia en un engaño. Y ha hecho de la constante mutación de su estrategia una forma de supervivencia política frente a la imposibilidad de hacer realidad sus ficciones y engaños. El procesismo es también la estrategia política por la que «desde arriba» se instrumentaliza un movimiento nacido «desde abajo». Luego matizaré mucho más esta aparente dicotomía del independentismo. El cénit del procesismo se alcanza con la estrategia unilateralista, una apuesta con un elevado grado de irrealidad, y que es uno de los factores desencadenantes de la virulencia del conflicto en su última fase. Parafraseando y abusando de Lenin, bien podríamos decir que el unilateralismo es «la fase superior del procesismo» y «la enfermedad infantil del independentismo».

¿PROBLEMA CATALÁN O CRISIS DEL ESTADO ESPAÑOL?

Desde siempre, el conflicto catalán ha sido un problema español, que expresa las dificultades históricas de las clases dirigentes para conciliar sus intereses contrapuestos y para acordar el reparto territorial del poder político. Hoy se ha convertido en una verdadera crisis de Estado, la más grave de los últimos cuarenta años. Conviene que nos paremos a reflexionar hasta qué punto el «conflicto catalán» es el causante de esta crisis de Estado, y en qué medida ha sido la crisis del Estado español, que no solo es una crisis territorial, la que ha alimentado el conflicto catalán. A mi entender, se trata de factores que se han retroalimentado mutuamente y que han encontrado en la crisis global de los Estados nacionales un caldo de cultivo perfecto.

En su momento, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anulaba determinados preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña fue calificada por algunos constitucionalistas, entre ellos Javier Pérez Royo, como la implosión de la Constitución Territorial de 1978. Existe una opinión comúnmente aceptada que identifica esta sentencia como un punto de inflexión en el sentimiento de desafección de una parte, cada vez más creciente, de la sociedad catalana en relación con España y de desconfianza en el Estado autonómico y el marco constitucional. No se puede negar el impacto que tuvo la sentencia del Constitucional, sobre todo porque era la culminación del tormentoso proceso vivido en la elaboración del Estatuto de Cataluña, su negociación y posterior impugnación, sin olvidar los cuatro años en que el Tribunal Constitucional fue el terreno de una vergonzosa batalla política, que deterioró, y mucho, su autoridad moral.

Recientes datos y estudios permiten dudar de que esta fuera la única causa y ponen a debate la interrelación entre causas y efectos en este conflicto. En alguno de estos análisis se destaca la coincidencia en el tiempo entre la sentencia del Constitucional y el malestar por las consecuencias de la crisis económica y de las políticas de recortes. Así, en un artículo de Eloísa del Pino Matute, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, publicado en Agenda Pública, se aportan datos en este sentido.³ Destaca entre ellos que la valoración sobre el funcionamiento del Estado autonómico cae en picado no solo en Cataluña, sino en todas las comunidades autónomas, en el período de 2010 a 2012. Es también significativo que la caída en la valoración positiva por parte de la ciudadanía de Cataluña comienza mucho antes, en el año 2005.

Esa interrelación entre desafección a España e insatisfacción por las consecuencias de la crisis se hace evidente en las iniciativas que desde el independentismo se pusieron en marcha para vincular la exigencia de soberanía política con aspectos concretos de la vida de las personas: la campaña contra el peaje de las autopistas, la denuncia de las condiciones de la red ferroviaria de Cercanías. Las modestas —en ese momento— fuerzas independentistas consiguieron canalizar la insatisfacción de la ciudadanía y sintonizarla con las pretensiones de soberanía. Y lo hicieron de manera simultánea a otro proceso de verdadera mutación del catalanismo hacia posiciones nítidamente soberanistas primero e independentistas después.

El 18 de febrero de 2006, pocas semanas después de la aprobación del proyecto del Estatuto por el Parlament, y pocos días antes de que Zapatero y Mas acordaran en solitario su recorte, la Plataforma por el Derecho a Decidir (PDD) convocó una manifestación que resultó masiva. Esa movilización expresó una insatisfacción que se haría después muy evidente con una participación por debajo del 50 por ciento en el referéndum del Estatuto de Autonomía. Entre 2006 y 2010, esta insatisfacción soberanista, así como el malestar y la inquietud producidos por los impactos de la crisis económica, se encontraron y se dieron la mano. Lo describe con habilidad Jordi Amat en su espléndido panfleto La conjura de los irresponsables.⁴

La sentencia del Constitucional sobre el Estatuto no fue en 2010 la única evidencia del agotamiento del pacto constitucional de 1978. En paralelo, la crisis económica, convertida después en una Gran Recesión, puso de manifiesto la incapacidad de ese pacto social para responder a los grandes impactos que una globalización económica sin reglas ni derechos estaba provocando en la ciudadanía, con un aumento brutal de las desigualdades sociales. Es cierto que España no era una excepción en la Unión Europea, pero el punto de partida era mucho peor para nosotros, sobre todo por la mayor desigualdad social, por el menor desarrollo del Estado social y sus políticas, por la existencia de mayores riesgos provocados por el modelo de crecimiento insostenible de las décadas doradas, y por la mayor duración de una crisis que se convirtió en Gran Recesión. Todo ello ha situado el contrato social, explícito e implícito, que supuso la Constitución Española en una situación de quiebra. Algo parecido ha sucedido también en términos democráticos. La incapacidad de la política y las instituciones para canalizar los intereses y las inquietudes de la ciudadanía, la incertidumbre, la inseguridad y los miedos provocados han puesto en la picota al propio sistema de democracia liberal, vertebrado en España por la Constitución. La salida a la superficie de una corrupción, de la que ya he dicho que no es generalizada, pero sí es sistémica, y que afecta al conjunto de la sociedad, sus instituciones y estructuras, ha agravado el agotamiento del pacto constitucional.

La crisis de relación entre Cataluña y España, la incapacidad para resolver el conflicto durante doce años y el enquistamiento durante este largo período han sido la certificación definitiva de que el pacto constitucional está agotado en su vertiente territorial, como lo está también en su contenido social y en su dimensión democrática. No hay salida sin asumir esta realidad. Esta profunda crisis, que está orillando los cimientos sobre los que se ha construido la democracia española durante cuatro décadas, nos ofrece la oportunidad de plantearnos una reformulación de este pacto. Aunque para ello el conjunto del país ha de ser consciente de su necesidad, y sobre todo debe dibujar bien sus objetivos y orientación. En este sentido, Antón Costas, en su ensayo El final del desconcierto, esboza los mimbres mínimos de lo que él considera que debe ser un nuevo contrato social.⁵

En todo caso, deberíamos ser conscientes de que en ningún lugar está escrito que esa reformulación del pacto constitucional sea en un sentido progresista. Desde algunas fuerzas políticas se está aprovechando el conflicto entre Cataluña y España para plantear la necesidad de revertir la descentralización política y aumentar la capacidad del Estado central para intervenir en una dirección uniformizadora. Tratan de aprovechar la crisis de Estado provocada por el conflicto catalán para profundizar en la estrategia puesta en marcha por el PP desde los gobiernos de Aznar. Esa apuesta tiene en Ciudadanos no solo un aliado, sino su principal instigador.

«RÉGIMEN DEL 78» Y PROCESO CONSTITUYENTE

Ello me lleva a formular un apunte sobre el manoseado «proceso constituyente» que se ha convertido en una seña de identidad tanto del independentismo como de la «nueva política», ambos partidarios de derribar el «régimen del 78». Ya ha quedado clara mi opinión sobre el agotamiento —que no es sinónimo de fracaso— del pacto constitucional de 1978 y sobre la necesidad de reformularlo, pero deberíamos intentar no ser muy ingenuos al respecto. Abrir ese melón tiene sus riesgos, entre otras cosas porque su resultado depende de la correlación de fuerzas, un concepto olvidado por las diferentes expresiones de la revolución adolescente. En las condiciones actuales, en un momento de debilidad de la sociedad y la política frente a los mercados, con una globalización económica sin reglas ni contrapesos sociales, no tenemos garantizado un resultado mejor que el de 1978 en aspectos clave como los derechos colectivos de los trabajadores o como los derechos cívicos y sociales.

Temo que en estos momentos costaría mucho consolidar una regulación del derecho de huelga tan expansiva como la que se contiene en la Constitución Española de 1978. La Constitución ampara —así lo ha reiterado el Tribunal Constitucional— huelgas con motivaciones y objetivos sociopolíticos que, en cambio, están prohibidas en muchos de los países de la Unión Europea. En este contexto, no creo que nos interese abrir en canal la Constitución con un proceso constituyente. Puede ser más útil acotar los objetivos socioeconómicos, democráticos y de reforma de la estructura del Estado, procurando que la ambición de los objetivos se corresponda con la correlación de fuerzas que seamos capaces de generar, siendo conscientes de que ello no depende solo de nuestros deseos o de la bondad de nuestras propuestas. No vaya a ser que, al final, el proceso constituyente se convierta en un proceso destituyente, pero en la dirección contraria a la que muchos hemos imaginado.

LA INDEPENDENCIA, UNA RESPUESTA LOCAL A UNA CRISIS GLOBAL

En todo caso, analizar el independentismo como un problema estrictamente catalán o como una crisis del Estado español motivada por los ancestrales problemas de encaje de Cataluña en España, es una mirada parcial. La irrupción, en estos momentos, de la reivindicación de independencia de Cataluña es también, y especialmente, la expresión de una crisis global más profunda. Quizá el conflicto entre Cataluña y España esté anticipando lo que puede ser en el futuro —ya existen indicios en este sentido— una generalizada crisis de los Estados nación europeos. Asistimos a las consecuencias de la inadaptación de las estructuras sociales e institucionales de los Estados nación a los impactos producidos por la globalización económica.

El modelo de globalización que se ha impuesto y la ideología que lo sustenta, a la que bien podemos llamar «globalismo», se está consolidando como una globalización económica sin reglas, sin contrapesos de poder y sin derechos. El resultado es un gran desequilibrio de poderes entre sociedad y política, de un lado, y economía y mercado, del otro, todo en beneficio de unos mercados globales que no solo son agentes económicos, sino que ostentan un gran poder político, en la medida en que han adquirido capacidad y poder regulatorio de facto de las relaciones económicas y sociales. Basta ver cómo el vacío regulatorio dejado por la negativa de los Estados y la incapacidad de la Unión Europea para la armonización política de las relaciones laborales o de los sistemas de seguridad social es ocupado por una regulación impuesta a través de mecanismos de armonización competitiva. Un ejemplo lo tenemos en la secuencia de reformas laborales acordadas en muchos países europeos por decisiones adoptadas formalmente por sus instituciones, pero que en la práctica son políticas decididas en espacios no democráticos —el paradigma de la troika es muy evidente— que terminan implantándose de manera armonizada por la vía de la competencia que impone el capitalismo global.

El principal impacto de ese gran desequilibrio de poder entre los mercados, de un lado, y la sociedad y la política, del otro, se presenta en forma de un aumento brutal de las desigualdades sociales. Y en el terreno democrático se expresa en forma de erosión de la capacidad y también de la credibilidad de todas las estructuras sociales e institucionales propias de la sociedad industrialista y del Estado nación. Una consecuencia de esta progresiva pérdida de soberanía de los Estados, así como del deterioro de las instituciones democráticas, es que no son reconocidas por la ciudadanía como instrumentos útiles. Se ha abierto un enorme boquete entre las instituciones y la ciudadanía.

Esta crisis no afecta solo a las instituciones políticas. También ha impactado de manera notable en las estructuras sociales creadas a partir de la industrialización, entre ellas los propios partidos políticos, los sindicatos y, en general, las organizaciones sociales. De esas dificultades y esa incapacidad nace la percepción de inutilidad y la pérdida de confianza por parte de una ciudadanía que ha dejado de sentirse representada, que no se siente ni reconocida ni escuchada. El resultado de todo ello es que no solo han aumentado las desigualdades sociales, sino que también ha crecido la desconfianza, el desconcierto, la insatisfacción de amplias capas de la población, y también la percepción de inseguridad, los temores y los miedos en relación con el futuro.

Este proceso, que viene larvándose desde hace décadas, se ha acelerado y agravado como consecuencia de la Gran Recesión. De hecho, estamos ante una profunda crisis de la democracia tal como la hemos conocido hasta ahora. La inseguridad en relación con el presente y el miedo respecto al futuro han provocado reacciones sociales en todos los países, una búsqueda de la seguridad perdida, las cuales se canalizan a través de las estructuras más primarias de la sociedad: la familia, la tribu, la religión y la nación. A ello ha contribuido el hecho de que las clases sociales, el factor determinante en la articulación política de los conflictos durante el siglo XX, hayan perdido gran parte de su protagonismo. Ese vacío ha sido ocupado por los conflictos territoriales o aparentemente religiosos que hoy protagonizan el presente. Sin olvidar el componente de conflicto generacional, producido por la frustración que en las generaciones más jóvenes provoca la interrupción de sus expectativas sociales.

Ante esta crisis de época, todas las sociedades están buscando su salida, y lo hacen, como siempre, apuntando soluciones a partir de aquello que conocen. Buscan respuestas sistémicas que ofrezcan soluciones simples y rápidas a problemas muy complejos, y liderazgos que las representen. Sin embargo, la historia nos enseña que, en momentos como estos, las soluciones requieren de más tiempo, porque se trata ni más ni menos que de construir nuevas estructuras sociales y políticas que recuperen el equilibrio entre sociedad y economía, entre política y mercado. Este no es un fenómeno nuevo, sino que se reproduce a lo largo de la historia en todos los momentos de grandes cambios.

Siendo estos factores características comunes a todos los procesos que hoy se dan en el mundo, han impactado en las sociedades de manera distinta. Como sucede con los virus con el cuerpo humano, esta «enfermedad social» ha golpeado a cada sociedad en su parte más débil. En el caso de Cataluña y España, ha afectado a nuestras dos grandes debilidades: una ancestral y profunda desigualdad social y la histórica incapacidad para abordar la incardinación de Cataluña en el Estado español. Frente a ello, en España se produjeron importantes reacciones sociales, que adoptaron forma de huelgas generales contra las reformas laborales y las políticas de recortes sociales o de importantes movilizaciones contra la corrupción. Pero la reacción más significativa, por novedosa, se materializó en las revueltas sociales articuladas a partir y alrededor del 15 de mayo de 2011. Tal como explica lúcidamente Antón Costas en El final del desconcierto, el 15-M expresa un cambio brusco en la tolerancia social frente a la desigualdad y la corrupción.⁶ Esta reacción social tiene un fuerte componente de conflicto generacional, en el que el factor clase social ha quedado muy diluido. En este sentido puede afirmarse que, en sus causas y factores desencadenantes, el 15-M y la reivindicación de independencia de Cataluña tienen muchos elementos en común.

En mi opinión, el independentismo es la respuesta de la sociedad catalana a esta crisis múltiple, que tiene factores propios y factores comunes. Estamos ante la aparición y consolidación de un gran y sostenido movimiento social por la independencia que ha venido para quedarse y desempeñar un papel determinante en la vida social y política de Cataluña y España en los próximos años. Esa gran y sostenida fuerza del independentismo quizá se explique porque la independencia ha sido identificada por una parte de la sociedad catalana como la única «utopía disponible», en palabras de Marina Subirats. Con toda la fuerza que todas las utopías comportan, y también con los riesgos de terminar siendo una gran distopía, como ha sucedido en otros momentos de la historia.

EL INDEPENDENTISMO Y EL TRILEMA DE RODRIK

Puede que haya sido esa gran fuerza emocional, social y política acumulada la que haya llevado al independentismo a ignorar el trilema de Rodrik, y quizá sea esa una de sus debilidades. Escuché, por primera vez, al profesor Dani Rodrik exponer el trilema que comporta la globalización en una de las Jornadas de Sitges organizadas por el Círculo de Economía.⁷ Según él, asistimos a la imposibilidad de hacer compatibles globalización económica, democracia política y soberanía nacional en el mismo espacio territorial y temporal. Aunque las cosas siempre son un poco más complejas, me parece una manera pedagógica de explicar nuestros retos frente a la globalización.

El principal error del independentismo en su reivindicación de soberanía política ha sido ignorar el trilema de Rodrik. Identificar hoy soberanía política con Estado nacional, y hacerlo en un contexto de globalización económica y de profunda crisis de la democracia política, constituye una visión ucrónica del mundo. Esta compatibilidad ya resulta difícil para los Estados nacionales constituidos durante los siglos XIX y XX, que ostentan una posición consolidada y una capacidad de resistencia frente al acecho a su soberanía política por parte de la globalización económica.

Intentarlo desde la posición de debilidad de una comunidad política que se siente nación y que pretende convertirse en Estado ha constituido una gran ficción. Sobre todo porque esa soberanía política que los independentistas quieren para Cataluña pretende conseguirse a contracorriente de la globalización y contra un Estado español que sufre, como todos los Estados nacionales, una profunda crisis de identidad ante la pérdida de soberanía real que comporta la globalización económica. Por si fuera poco, el independentismo lo ha pretendido hacer por la vía de la unilateralidad. Demasiados obstáculos juntos, demasiada ignorancia de la ley de la gravedad política, para que el resultado no fuera un estruendoso choque contra el suelo.

INDEPENDENTISMO: DIVERSIDAD DE MOTIVACIONES Y ESTRATOS

Que considere el independentismo como la reacción local a una crisis global no significa que ignore la importancia que han tenido las causas y los desencadenantes más propios, más singulares. Una de las características del movimiento independentista es esa complejidad en las causas y los detonantes que lo han hecho posible; también en la diversidad de sus motivaciones y de su composición social.

El independentismo se ha ido configurando durante estos años con las adhesiones que ha recibido, de manera sucesiva, en forma de diferentes capas. En este sentido, el independentismo recuerda a uno de esos accidentes geológicos en los que, a lo largo del tiempo, se acumulan diferentes estratos de materiales, con una naturaleza, una composición y unos orígenes muy diversos.

A riesgo de simplificar en exceso, bien podríamos decir que el independentismo cuenta con un estrato primigenio de naturaleza identitaria, un estrato basado en argumentos democráticos que adopta la forma del derecho a decidir, otro muy importante formado por motivaciones de naturaleza económica, el estrato aportado por los agravios provocados por las políticas y actitud del PP, el de solidaridad con las víctimas de estas políticas, sin olvidar el estrato más reciente, aportado por el decantamiento emocional. Se ha producido en esta última etapa y como consecuencia de la perversa y constante dinámica de bloques, que ha forzado a la ciudadanía de Cataluña a decantarse, casi obligatoriamente, por una de las opciones en conflicto. Muchos, presionados por la dinámica de «estás con la independencia o con el PP», han tomado partido por el independentismo.

Cada uno de estos estratos aporta alguna de las muchas razones por las que la independencia ha sido capaz de pasar en muy pocos años de ser una opción absolutamente minoritaria a disponer de una clara hegemonía ideológica. Es un proceso que se ha producido en un período de tiempo muy breve, en el que los impactos de la recesión económica y la crisis de la Constitución territorial de 1978 han actuado como un potente acelerador de partículas.

En este sentido, el independentismo expresa al mismo tiempo un conflicto de identidades, un conflicto por el reparto territorial del poder político, un conflicto democrático, un conflicto de intereses económicos y un conflicto de agravios. Y la argamasa de todo ello ha sido la ausencia deliberada de respuestas políticas para canalizar todos estos conflictos.

ADMIRACIÓN Y ENVIDIA SANA

Creo que lo escrito hasta ahora expresa claramente mi profundo respeto y hasta admiración por el movimiento independentista, aunque no comparta su objetivo, y menos su opción unilateralista. Una admiración que en ocasiones, lo reconozco, se convierte en envidia. Sana, pero envidia al fin y al cabo, por la capacidad que ha demostrado para canalizar sentimientos, sumar ilusiones, construir un relato muy convincente, crear un potente imaginario, organizar a su alrededor personas y entidades sociales muy diversas, levantar un proyecto y hegemonizar el debate social y político en Cataluña y también en España.

Antes de que se me malinterprete quiero explicar lo de la envidia. Mi punto de partida es el de alguien que no comparte en ninguna de sus variables o estratos la reivindicación de independencia, aunque la respeta. Desde esa perspectiva, a una persona como yo, que tiene sus orígenes familiares y su experiencia vital anclados en el conflicto social, como articulador de la sociedad y la política, comprobar que en plena crisis democrática, aparece, crece y se consolida un movimiento social de esta naturaleza le produce una sana envidia.

El movimiento independentista es uno de los procesos sociales más interesantes y más potentes de los inicios del siglo XXI en toda Europa. Es el objetivo político mejor articulado, el hegemónico desde el punto de vista ideológico en la sociedad catalana, hasta el punto de haber conseguido que la mayor parte de los debates y proyectos políticos se hayan visto obligados a articularse a su alrededor. A favor o en contra, pero siempre con la independencia como marco mental.

¿Qué hay detrás de este movimiento? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Es solo un movimiento construido desde abajo, como algunos mitifican? ¿O es fruto de una estrategia desde arriba, como algunos afirman para devaluar su importancia? Se tardará algún tiempo en disponer de un análisis riguroso, no contaminado por la proximidad. Pero, desde ya, podemos afirmar que su complejidad no permite simplificar las miradas ni caer en el maniqueísmo. Para facilitar la comprensión de mi reflexión me ha parecido útil estructurarla alrededor de dos preguntas.

¿Es el independentismo un movimiento construido desde abajo o es una creación institucional desde arriba? Entendiendo por abajo la sociedad y por arriba, las instituciones.

¿Es posible que los puntos fuertes del independentismo sean al mismo tiempo sus principales debilidades?

EL PROCÉS, CONSTRUIDO DESDE ABAJO O FABRICADO DESDE ARRIBA

Si no se quiere caer en el maniqueísmo, parece oportuno aceptar que en la consolidación del independentismo han desempeñado un papel importante estos dos vectores de fuerza. En qué orden y proporción es una cuestión que dejaremos para la investigación social. Me parece absurdo afirmar, como se hace desde determinados ámbitos, que el independentismo es exclusivamente un producto mediático de TV3 (por simplificar) o una maniobra partidista de Artur Mas para tapar la corrupción o imponer sus recortes sociales. De la misma manera que resultaría ingenuo negar el papel que ha desempeñado en su consolidación la División Mediática Ítaca, o los impulsos y apoyos institucionales que ha recibido, o la propia dinámica competitiva dentro del espacio nacionalista.

En los días posteriores a la votación del 1 de octubre se suscitó un interesante debate en círculos académicos sobre el papel que en el referéndum y en el procés han tenido las iniciativas adoptadas desde abajo, o sea la sociedad civil, y el que vienen desempeñando las instituciones y los medios de comunicación desde arriba. Todo ello a partir de un estudio colectivo, Social Movements and Referedums from Below.⁸

Su enfoque me permite aproximarme al papel que han desempeñado las iniciativas desde abajo y los impulsos y apoyos desde arriba. Para ello, me fijaré en un momento que comúnmente se considera el inicio de una discontinuidad que adquiere después forma de ruptura. Me refiero a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anuló preceptos importantes del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La manifestación del 10 de julio de 2010 es un buen ejemplo para entender esa interrelación entre sociedad civil e instituciones. La convocó Òmnium Cultural bajo la presidencia de Muriel Casals, pero tuvo todo el apoyo gubernamental del gobierno tripartito catalanista y de progreso, presidido por José Montilla. A esa manifestación se llegó con una reivindicación catalanista, «Som una nació, nosaltres decidim» («Somos una nación, nosotros decidimos»), y de ella se salió con una nueva ilusión, la de la independencia de Cataluña. A pesar de los esfuerzos del president Montilla, del ex president Jordi Pujol y de muchos otros dirigentes políticos para que la manifestación se mantuviera en el marco de defensa del Estatuto recortado, la reivindicación de independencia estuvo muy presente.

Esa manifestación multitudinaria catalizó todos los sentimientos de ninguneo, de desprecio, que durante años había experimentado una buena parte de la sociedad catalana por parte de las instituciones y la política española. Los diez años transcurridos entre la propuesta del nuevo Estatuto de Autonomía y la sentencia del Tribunal Constitucional son un período en el que en Cataluña se va consolidando la idea de la imposibilidad de resolver el contencioso por la vía de las reformas y va adquiriendo fuerza la idea de la independencia. Es evidente que el papel de la sociedad para impulsar desde abajo esa reacción fue determinante, pero no cabe menospreciar el papel desempeñado por los impulsos políticos desde arriba. En un doble sentido, a favor y en contra.

El pujolismo no planteó nunca una propuesta independentista, pero se encargó de construir un imaginario que la situaba en el horizonte. Baste recordar las numerosas resoluciones (unas treinta) que en este sentido se han aprobado en el Parlament de Cataluña. Desde la primera, la 98/III del 12 de diciembre de 1989, hasta la 5/X del 23 de enero de 2013. Por eso a los nuevos dirigentes nacionalistas no les costó especialmente construir el relato de que la sentencia del Constitucional de 2010 significaba el agotamiento total del catalanismo existente y la necesidad de abrir el camino a la independencia. Los impulsos al independentismo desde la política también han venido en forma de agravios o de ataques, y la manifestación de julio de 2010 es la mejor prueba de ello.

Pero que ese fuera el punto de inflexión no permite ignorar que ya antes diferentes sectores sociales habían puesto en marcha el imaginario de la independencia como «la solución». Así, el 13 de septiembre de 2009, el Moviment Arenyenc per a l’Autodeterminació (MAPA) había impulsado y convocado en Arenys de Munt la primera de las consultas locales a favor de la independencia. Con una pregunta muy clara: «¿Está de acuerdo en que Cataluña se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?».

A partir de la de Arenys de Munt se inicia todo un proceso de acumulación de fuerzas con la generalización de consultas por toda Cataluña, que culminan en Barcelona el 10 de abril de 2011 y ponen de manifiesto algunas de las fortalezas que el independentismo ha demostrado en estos años. Las consultas populares expresan una gran capacidad de generar un imaginario muy potente: la reivindicación de la independencia se vincula desde el comienzo al ejercicio democrático del voto. Esa ha sido una de sus fortalezas: la inteligente apropiación de la democracia ha permitido situar el imaginario de que el referéndum, y vinculado a él, la independencia, eran sinónimos de democracia, de la misma manera que los que en España o Cataluña se oponían a ello expresaban un comportamiento poco democrático.

Las consultas, ya desde el comienzo, demuestran una gran capacidad de trabajar en red, sin estructura jerarquizada ni uniformizada, y una gran capacidad logística, fruto de la movilización de los voluntarios. También una gran habilidad en el diseño de las campañas, que se estructuran en diferentes etapas, comenzando por las localidades y comarcas más proclives a la independencia, dejando para el final los municipios supuestamente más refractarios por su composición social. Y culminando en Barcelona como factor de cierre.

Desde esa valoración muy positiva de los factores que desde abajo contribuyeron al éxito político de las consultas, no creo que pueda menospreciarse el papel que desempeñaron el apoyo institucional y el de los medios de comunicación en su consolidación. Conviene recordar que durante meses, tanto la televisión como la radio pública catalana, entre otros medios, convirtieron las consultas populares en la información estelar de los informativos de fin de semana. Los sábados y domingos, mediodía y noche, estos informativos solían abrir sus programas con las imágenes de las consultas de la semana, fuera cual fuera la participación en esas acciones. Recuerdo especialmente la consulta en la Barceloneta, mi barrio de nacimiento. Yo personalmente pude comprobar el moderado seguimiento de la acción, mientras que TV3 nos informaba de lo contrario ese mediodía. Las informaciones de las consultas se convirtieron durante meses en uno de los componentes obligados de los informativos, junto a la información de deportes —me refiero por supuesto al fútbol— y a las previsiones meteorológicas. El papel de los medios de comunicación también ha sido determinante para la capacidad de convocatoria de las multitudinarias manifestaciones organizadas por la ANC y Òmnium. Meses antes de las manifestaciones, estos medios se encargaban no de informar, sino de convocar las manifestaciones, creando un ambiente social favorable a la participación.

Algo parecido ha sucedido con la construcción del poderoso relato de la independencia como «solución» a los problemas sociales que ha sufrido la ciudadanía en la última década. En este capítulo se vivió otro de los momentos estelares del papel desempeñado por TV3. Me refiero a la emisión por entregas, y durante varios fines de semana seguidos, de los diferentes informes del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), destinados todos ellos a explicarnos las bondades de la independencia y las posibilidades que ofrecía para mejorar la vida de las personas. Es imposible entender la fuerza que consiguió el relato de los supuestos 16.000 millones de euros de déficit fiscal de Cataluña sin el trabajo que la División Mediática Ítaca ha hecho durante estos años, determinante para que buena parte de la población crea que con la independencia dispondríamos de 16.000 millones de euros más para políticas sociales. Una interpretación exagerada que no se atrevió a hacer ni el propio Mas-Colell, conseller de Economía del Govern Mas, que era mucho más prudente en la presentación de los desequilibrios fiscales de Cataluña con España.

Cuando destaco la importancia que ha tenido para el movimiento independentista el apoyo de los medios de comunicación, no estoy restando ni un ápice al mérito de las iniciativas nacidas desde abajo, desde la sociedad.

Pero cualquiera que haya organizado una movilización, una manifestación o una huelga sabe la diferencia entre tener el viento de los medios de comunicación a favor o tenerlo en contra. En esta reflexión sobre el papel desempeñado por los impulsos desde arriba no puede ignorarse la incidencia que ha tenido la política partidaria, al instrumentalizar la reivindicación construida desde abajo. La pugna entre CDC y ERC para hegemonizar el espacio nacionalista, que venía de la época de elaboración del Estatuto, ha sido determinante. La convocatoria por Artur Mas de las elecciones anticipadas de 2012 constituye un punto de inflexión en la instrumentalización partidaria de la reivindicación independentista. A partir de ese momento se ha ido manteniendo una relación dialéctica en la que las iniciativas sociales desde abajo, y los impulsos y apoyos políticos desde arriba se han retroalimentado. Basta ver lo sucedido entre septiembre y diciembre de cada año desde el año 2012, meses en los que costaba distinguir entre las movilizaciones del 11 de septiembre y los procesos de votación. De manera que las manifestaciones de la Diada formaban parte de las campañas y las elecciones parecían una movilización más, y así todos los años hasta 2017, con el mismo formato y ritual cuasi litúrgico. Esa relación dialéctica entre las actuaciones sociales y las institucionales no ha existido para impulsarse entre sí, sino también para condicionarse en sus decisiones. Ello ha sido más evidente durante esta legislatura y en la fase final del procés.

LA ILUSIÓN COMO GRAN MOTOR DEL INDEPENDENTISMO

El independentismo ha sabido crear una gran ilusión, que aparece como la «solución» en mayúsculas a los múltiples problemas de la sociedad catalana, agravados por la recesión económica. En momentos de grandes dificultades, de noticias negativas, en que crecía la insatisfacción de la ciudadanía, la inseguridad en el presente y el miedo al futuro, el independentismo ha sido capaz de crear un imaginario muy potente que ofrece una propuesta en positivo, que genera ilusión y un motivo para movilizarse y no caer en la resignación. La independencia de Cataluña se ha convertido en una gran ilusión que ha ocupado el inmenso vacío social y político dejado por la falta de propuestas alternativas al actual modelo socioeconómico. El independentismo ha desempeñado el papel que en otros momentos de la historia protagonizaron los conflictos sociales y, como ya he mencionado, se ha convertido en la única «utopía disponible» a ojos de buena parte de la ciudadanía.

En un momento en que el mundo se presentaba con más incertidumbres que certezas, con más riesgos que seguridades, el independentismo tiene la virtud de ofrecer una propuesta fácil de entender que no requiere demasiadas explicaciones ni sofisticados argumentos. Una respuesta que ofrece seguridad, en un mundo de grandes incertidumbres, a una sociedad que como todas las sociedades humanas, y especialmente las occidentales, lleva mal los riesgos y la inseguridad. En ese sentido, creo que podemos afirmar que la fuerza del independentismo es cuasi teológica. Cuando uno analiza estos años, puede llegar a entender con más facilidad los factores que facilitaron la construcción humana de las religiones. Además, esa ilusión se articula a partir de un elemento también muy poderoso, el de la identidad del «nosotros» frente a la de «ellos», que históricamente ha demostrado, especialmente en momentos difíciles, tener una gran capacidad de cohesión identitaria y de movilización. Y, por supuesto, también muchos riesgos para la convivencia.

LA FUERZA DEL RELATO, CLAVE EN LA HEGEMONÍA IDEOLÓGICA DEL INDEPENDENTISMO

Para que la ilusión del independentismo adquiriera esta gran fuerza movilizadora ha sido imprescindible construir un relato muy potente que le diera a la independencia capacidades taumatúrgicas en relación con los problemas y retos sociales. Para ello se presenta y se asume la independencia como una opción que solo tiene beneficios, nunca costes. Los componentes de este relato «ganador» son conocidos, pero me permito recordar aquellos que enfatizan las ventajas en el terreno de los mayores recursos económicos disponibles. Así, se ha impuesto un relato por el que los problemas de Cataluña para atender las necesidades sociales se derivan de nuestra pertenencia a España. Y en ese relato tienen un papel determinante los famosos 16.000 millones de euros que, según Oriol Junqueras, se quedarían en Cataluña en caso de independencia. Sin embargo, son datos económicos que no tienen ningún soporte empírico. En su momento, ya lo he mencionado, el propio conseller de Economía, Mas-Colell, redujo estos mayores recursos disponibles a 2.405 millones de euros.⁹ Pero el relato sobre el déficit fiscal de 16.000 millones de euros ha calado en lo más profundo de la gente, hasta convertirse en indiscutible, prácticamente en una verdad de fe. Para ello fue necesaria la confluencia de varios factores, comenzando por la fuerza que aporta la ilusión de disponer de 16.000 millones de euros.

Recientemente, el historiador y buen amigo Andreu Mayayo recordaba lo que dijo Gramsci al respecto: «La ilusión es la mala hierba más difícil de arrancar de la conciencia colectiva». No se puede obviar que en momentos de crisis, de grandes dificultades, en los que cuesta encontrar soluciones, a todos nos gusta escuchar discursos en positivo y creer que tenemos a mano la «solución». A ello ha contribuido, y no poco, el papel de los medios de comunicación.

En mi etapa de profesor participé en algunos debates en Catalunya Ràdio sobre la problemática fiscal de Cataluña. En ellos yo ponía especial énfasis en que una buena parte de nuestros insuficientes recursos no se debía al llamado «expolio fiscal», sino que era consecuencia del nivel cadavérico del sistema fiscal español. Trataba de destacar la importancia de tener un diferencial negativo de ingresos fiscales del 8 por ciento del PIB en relación con la media de la Unión Europea. Pues bien, en cada programa tenía que librar una batalla cuerpo a cuerpo con el presentador Manel Fuentes para que me dejara hablar sobre este aspecto. Para él y para el relato hegemónico en Cataluña, solo tenía sentido hablar del déficit fiscal catalán. Argumentar sobre el cadavérico sistema fiscal del Estado español y su incidencia en los insuficientes recursos de Cataluña era, según ese pensamiento dominante, desviar la atención. Y por eso no querían ni escucharlo.

En un sentido similar, durante la etapa en que el Govern de Mas acordó grandes recortes de derechos y servicios, el programa de humor Polònia, que emite TV3, uno de los grandes creadores de pensamiento hegemónico en Cataluña, trataba semanalmente y de manera crítica sobre las políticas de recortes. Y además, presentaba esas críticas al Govern de Mas como una muestra de la pluralidad del programa, aunque lo que en realidad hacía el programa era reforzar el relato independentista. Primero aparecían las parodias en las que se criticaban estas políticas de recortes del Govern de Mas y a continuación venían inmediatamente las que se referían al «expolio fiscal» al que Cataluña está sometida por parte de España. Imposible no establecer mentalmente una relación de causa y efecto entre los recortes sociales y el déficit fiscal de Cataluña con España. Ese relato de Polònia tan sencillo de explicar es invencible: en Cataluña, el Govern también recorta servicios, pero lo hace obligado por el déficit fiscal que sufrimos los catalanes. Luego —en un silogismo tan sutil como simple— si conseguimos la independencia, dispondremos de 16.000 millones de euros más para políticas sociales y no será necesario recortar servicios básicos a la ciudadanía.

Mensaje sencillo, pero muy potente. Lo tiene todo: un enemigo externo, una perspectiva de disponer de 16.000 millones de euros anuales, la solución a los recortes de derechos y servicios. No se puede pedir más fortaleza con menos esfuerzo. Este relato, una semana tras otra, en un programa de gran audiencia, que además se camufla como de humor, tiene todas las de ganar. Este no es un fenómeno exclusivamente catalán. Recientemente, Dominic Mckenzie Cummings, director de campaña a favor del Brexit, ha reconocido que la promesa de los 350 millones de libras esterlinas semanales que la salida de la Unión Europea dejaría en el Reino Unido fueron determinantes en su victoria en el referéndum.¹⁰ Una promesa que se reconoció falsa a los pocos días de ganarlo.

Así se generó una gran ilusión en la independencia como solución, y algo parecido se produjo en relación con la viabilidad política de la unilateralidad. Este es uno de los terrenos en los que de manera más nítida se ha traspasado la línea que separa la ilusión de la ficción y la astucia del engaño. Y para ello, la División Mediática Ítaca ha sido imprescindible. Escuchar a responsables del Govern y del independentismo explicar que la DUI no comportaría la salida de Cataluña de la Unión Europea producía rubor. Comprobar que ese era un mensaje que resultaba creíble para muchos catalanes generaba preocupación por los niveles de autoengaño que se han alcanzado.

Otro de los factores importantes que han influido en la creación de este potente imaginario de la independencia como solución es el de la incomparecencia en ese debate de las posiciones o argumentos contrarios. A las fuerzas sociales y políticas y a los profesionales que no comparten la independencia como alternativa o que no aceptan el relato mágico de la independencia unilateral low cost les ha costado mucho entrar en el debate. Intuyo que por diversas razones. De un lado, la que supone hacer el papel de «aguafiestas» que rompe la ilusión de millones de personas. De otro, la incomodidad de ser presentados como aliados de Rajoy. También la dificultad de oponerse a una propuesta muy atractiva, sin ofrecer ninguna alternativa. Y quizá la dificultad de ir a contracorriente, o quizá todas ellas juntas y a la vez. Resulta increíble que después de ocho años no se haya producido en Cataluña un debate de fondo sobre la independencia, sus ventajas y sus inconvenientes, sus beneficios y sus costes. Y que el debate, cuando ha emergido, se esté produciendo en el terreno de las emociones, los sentimientos, las identidades.

El resultado es que el independentismo ha ido subiendo escalones en esa hegemonía ideológica, cubriendo etapas. De manera que incluso se ha permitido el lujo de ir abandonando la batalla por determinados argumentos, porque estos ya han sido asumidos como verdades de fe por una buena parte de la ciudadanía. El caso más evidente vuelve a ser el de las balanzas fiscales y el supuesto déficit fiscal de 16.000 millones de euros. En este sentido, un punto de inflexión lo aportó el debate en la cadena 8tv entre Oriol Junqueras y Josep Borrell. Este último desmontó todas las falsedades repetidas reiteradamente durante años, con los datos aportados en su libro,¹¹ y lo hizo ante un vicepresident que se quedó sin argumentos. Pero para entonces esa falta de argumentos de Oriol Junqueras ya no tenía consecuencias, porque el imaginario se había consolidado en las mentes de una parte importante de la ciudadanía, era muy potente y ya no había argumentos que pudieran generar ni tan siquiera dudas sobre ello. En ese momento, la batalla por el relato ya había subido otro escalón. Se trataba de explicar que la independencia podía alcanzarse de manera unilateral y que no tendría ni riesgos ni costes, que en el camino de la independencia low cost, todo eran ventajas y nada, inconvenientes.

LA ASTUCIA MANTIENE VIVA LA ILUSIÓN, EN PERMANENTE MUTACIÓN

Una de las fortalezas del independentismo ha sido su inmensa capacidad de adaptación, de mutación en los objetivos y las consignas. Incluso en la capacidad de convertir pinchazos o derrotas en nuevas oportunidades. Y eso, durante un período de seis años, tiene mucho mérito.

Parece evidente que sin el sustrato de una fuerte ilusión por la independencia, esta capacidad de mutación no hubiera soportado el contraste con la realidad, pero ello no desmerece en absoluto el mérito de quienes construyeron esa estrategia y la convirtieron en victoriosa. Después de cada día histórico se constataba que las cosas no cambiaban en el sentido anunciado. Pero eso, lejos de provocar desencanto, se convertía en un aliciente para plantearse otro objetivo, en muchos casos más ambicioso.

Esta evolución se hace muy evidente en los diferentes eslóganes de las manifestaciones de las Diadas cada 11 de septiembre, que son el paradigma de esta inmensa capacidad de mutación del independentismo. Así, la de 2012, previa a las primeras elecciones anticipadas, con las que Artur Mas pretendía alcanzar la mayoría absoluta, se celebró bajo la bandera de «Cataluña, nuevo Estado de Europa». Un eslogan que aún dejaba resquicios para diferentes interpretaciones. Un año después, en 2013, con un Govern más débil, dado que CiU, en vez de alcanzar la mayoría absoluta había caído de 62 a 50 diputados, la Diada se convocó con una reivindicación nítidamente independentista: «Vía catalana hacia la independencia».

En 2014, año histórico por excelencia y que llevaba siendo anunciado desde mucho antes como el del momento definitivo, se necesitaba visualizar que ese momento había llegado. Además, la Diada se celebraba como anticipo de la consulta popular del 9 de noviembre de 2014. Los hiperventilados del independentismo comenzaban a manifestar que tenían prisa. Y todo ello se resumió en el «Ahora es la hora». Después del éxito de la consulta popular de 2014, la Diada de 2015 se celebraba justo antes del inicio de la campaña de las elecciones «plebiscitarias» del 27 de septiembre. El horizonte de la DUI y el proceso constituyente que nos llevaría a la República catalana ya estaba en marcha. En coherencia con ello, el eslogan de esta Diada sirvió para dar cobertura al carácter plebiscitario de las elecciones y a las candidaturas independentistas. El resultado fue «Vía libre a la República catalana». En 2016, la pancarta de la Diada volvió a expresar la proximidad de otro momento histórico. El eslogan «A punto» daba a entender que todo estaba preparado para el asalto final. Por último, la de 2017, que se celebró solo veinte días antes de la fecha marcada para la celebración del «referéndum vinculante» del 1 de octubre, iba encabezada por lo que mejor podía expresarlo: «La Diada del sí».

Tendremos que esperar al juicio de la historia para comprobar qué valoración se hace, en la distancia, de esta gran capacidad de mutación. Sin embargo, me parece que ha sido una de las claves para mantener viva la ilusión a pesar de las dificultades para convertir los éxitos de la movilización en avances concretos.

PACIFISMO E INSUMISIÓN, GRANDES ATRACTIVOS

Uno de los aspectos que más destaca en las movilizaciones independentistas ha sido el carácter absolutamente pacífico que han demostrado los participantes. Un carácter cívico, comunitario y no violento que es una de sus principales fortalezas. Que todos los actos y las manifestaciones celebradas durante estos ocho años, desde la consulta popular de Arenys de Munt de 2009, hayan transcurrido en términos pacíficos, sin ningún incidente, dice mucho a favor del movimiento independentista. Y ha sido uno de sus grandes aciertos, que le ha permitido calificarse a sí mismo de «la revolución de las sonrisas». Hay quien ha relacionado este carácter pacífico con el hecho de que algunos de sus dirigentes provienen del movimiento pacifista, de la no violencia, y en favor de la insumisión cívica como forma de lucha política. Esa valoración positiva requiere incorporar algunos matices, y es lo que algunas voces han hecho desde fuera y desde dentro del propio movimiento independentista.

Sobre la caracterización como insumisión de los actos protagonizados por el Govern y el Parlament han sido muchos los que han recordado que la insumisión es una actuación propia de la sociedad civil y, por tanto, imposible de reconocerla como un derecho de los poderes públicos, que están obligados a cumplir con las leyes. Es interesante leer a Jordi Armadans, director de FundiPau (Fundació per la Pau), en un artículo publicado en el portal Sentit Crític.¹² En él se aportan dos reflexiones que me parece importante destacar. De un lado, recuerda que la desobediencia civil no es un acto para evitar de manera astuta el cumplimiento de las leyes, intentando que ello no tenga consecuencias, sino que debe hacerse a plena luz, a cara descubierta. Está claro que, desde esta perspectiva, el movimiento independentista puede ser calificado de pacifista, pero las actuaciones de sus dirigentes políticos difícilmente pueden considerarse una insumisión. Jordi Armadans también nos recuerda que una de las características de la no violencia consiste en rebelarse contra las injusticias utilizando siempre métodos de respeto a las personas, incluso frente a los que están ejerciendo la injusticia.

INTIMIDACIÓN EMOCIONAL Y ASFIXIA AMBIENTAL

Es esa reflexión de Jordi Armadans, que comparto, la que me lleva a poner en duda el carácter no violento del movimiento independentista. Si bien es cierto que las actuaciones del independentismo han sido siempre pacíficas, no lo es menos que durante estos años se ha ejercido, de manera creciente, lo que pudiéramos llamar una estrategia de intimidación emocional. Con ello me refiero a las situaciones más benignas vividas en entornos como la familia, los grupos de amigos o las entidades transversales de la sociedad, en las que los no independentistas han sufrido una presión emocional importante. También me refiero a los casos más extremos de descalificación o insultos vertidos contra personas, públicas o no, por el hecho de oponerse al independentismo, o simplemente por expresar dudas o matices con sus actuaciones. Ello ha sido especialmente preocupante en la fase final del procés, cuando se ha tensado más el conflicto. Y no ha sido infrecuente que los que se oponían a la independencia o a la estrategia unilateralista recibieran todo tipo de descalificaciones: desde la de malos catalanes hasta la de traidores, pasando por la de antidemócratas.

Esta intimidación emocional hacia los discrepantes obliga a matizar la naturaleza pacífica del independentismo, o al menos de algunos de sus exponentes. De la misma manera que el pacifismo mostrado en los actos y manifestaciones ha sido un gran activo y un factor clave para la expansión del independentismo, la intimidación emocional ejercida sobre los discrepantes ha sido un gran error que le ha restado fuerza al independentismo, y posiblemente haya sido un factor definitivo para que no haya alcanzado los niveles de apoyo necesarios para su triunfo. Sobre todo porque esa intimidación emocional se ha convertido en muchas ocasiones en asfixia ambiental y se ha dirigido contra los colectivos más cercanos al movimiento independentista, los más susceptibles de ser convencidos. Por eso en las propias filas del independentismo había quien llamaba a dejar de agredir para pasar a seducir, pero ello no era posible en un clima de asfixia ambiental y con actuaciones en algunos casos cercanas a la evangelización. Es cierto que estas actitudes no son imputables a todo el movimiento independentista, pero tampoco han sido anecdóticas.

EL INDEPENDENTISMO COMO GRAN INNOVACIÓN POLÍTICA

Además de generar una gran ilusión y de construir un relato hegemónico, el independentismo ha sido capaz de consolidar una potente maquinaria organizativa y logística, sostenida en gran parte con trabajo voluntario, con una innovada capacidad de comunicación, todo ello articulado a través de entidades como la ANC y Òmnium. En ese sentido, el movimiento independentista ha supuesto un fenómeno de gran innovación política, que es una de las claves de su éxito y que merece ser estudiado. Se ha escrito mucho sobre ello, pero me gustaría destacar la gran capacidad para trabajar en red, para aprovechar el trabajo voluntario, para llegar a rincones a los que otros movimientos sociales no podían ni soñar. También han demostrado un gran ingenio en la formulación de las acciones reivindicativas, una gran capacidad logística para organizarlas y unas habilidades comunicativas que no pueden explicarse solo con el apoyo dado por los medios de comunicación afines.

En este éxito organizativo de la ANC y Òmnium ha sido determinante la fuerza de la ilusión y del relato construido. También el principal atractivo de sus acciones: formas de movilización que han permitido sumar a muchas personas de manera sostenida en el tiempo. La clave puede estar en la sencillez de las acciones reivindicativas y en el significativo y rápido retorno en términos de satisfacción que producía la participación en las movilizaciones.

Un ejemplo que sintetiza esta fuerza organizativa, de imagen y de logística del movimiento independentista se vivió en todo el proceso de gestión de las urnas para la votación del 1 de octubre. Es impensable «burlar» todos los controles del Estado si no se cuenta con la inmensa fuerza de la labor de tantas personas voluntarias, ilusionadas con su participación en un momento de elevada carga simbólica, como es garantizar la presencia de urnas en los colegios electorales.

La historia del 1 de octubre está marcada por miles de anécdotas que seguro alguien recopilará en el futuro. Desde la modesta aportación de un cura (por cierto, nada proclive a la independencia) que en una pequeña ermita de su término municipal, en la comarca del Gironès, guardó las urnas de su municipio y de otros más poblados y más emblemáticos, hasta la historia de muchas personas que las mantuvieron escondidas en sus propios domicilios o en masías en la montaña. Y lo mantuvieron en secreto, ocultándoselo incluso a sus allegados, hasta después del 1 de octubre. Sin atender a realidades como esta no es posible entender la fuerza del movimiento independentista y también su permanencia en el tiempo.

NADA EN EXCESO, TODO CON MEDIDA

A lo largo de este texto ya he tenido oportunidad de reflexionar acerca de en qué medida la gran ilusión generada por el independentismo se ha convertido en ficción. Y la astucia, en engaño, un gran autoengaño colectivo. Hasta qué punto lo que en principio fueron las grandes virtudes del independentismo se han terminado volviendo en su contra al ser utilizadas en exceso. Los dirigentes independentistas ignoraron uno de los más antiguos y sabios aforismos griegos. El que nos aconseja «nada en exceso, todo con medida», que la historia adjudica a Solón de Atenas.

La ilusión, en su justa medida, ha sido determinante para hacer del independentismo un proyecto con una gran fuerza emocional, social y política. Pero la ilusión, en exceso, ha generado una gran ficción que ha situado al independentismo en un mundo irreal y ha dificultado su gobierno racional. La astucia, en su justa medida, ha sido determinante para mantener viva durante estos años la reivindicación de independencia de Cataluña, incluso ante las dificultades para convertir la ilusión en avances concretos. Pero la astucia, en exceso, ha generado un gran engaño, el inmenso autoengaño de la viabilidad del unilateralismo. Ha sido exceso de astucia, convertido en engaño, el que impidió al president Puigdemont convocar elecciones y evitar así arrojarse al precipicio.

La hegemonía ideológica del independentismo, en su justa medida, ha sido clave para construir un potente movimiento social y político. Pero esa misma fuerza ideológica, en exceso, ha provocado reacciones de intimidación emocional o de asfixia ambiental en determinados sectores de la sociedad catalana y se ha convertido en un obstáculo para ampliar su base social.

Quizá porque la sabiduría popular es conocedora de la maldad de los excesos, incluso cuando se trata de virtudes, es frecuente oír en los pueblos y ciudades aquello de «todo en exceso, hasta la bondad, es perjudicial». Un aforismo popular que ignoró el independentismo.

EL MÚLTIPLE DESPRECIO DEL INDEPENDENTISMO

Otro de los excesos cometidos por el independentismo ha sido no controlar las reacciones de desprecio hacia lo externo. El independentismo ha pecado de un múltiple desprecio hacia España, el Estado español, las leyes y la correlación de fuerzas.¹³

Ese desprecio no ha sido siempre así. En un principio se mantuvo una actitud de respeto hacia España, que se expresaba en las bondadosas y en ocasiones retóricas llamadas a la buena vecindad. Pero al final, en esta última etapa en la que se apostó por el unilateralismo, el respeto se convirtió en desprecio.

Con esta actitud de desprecio a España, el independentismo también generó muchos anticuerpos en Cataluña, especialmente en aquellas personas que comparten una identidad múltiple, la de catalanes y españoles, en cualquiera de sus proporciones. Y entre los que mantienen vínculos emocionales con España. En ese error puede estar una de las razones por las que cada vez más el conflicto desplazó su eje, y pasó de ser entre Cataluña y España a ser también, y cada vez más, un conflicto en el seno de la sociedad catalana.

En paralelo, el independentismo ha menospreciado de manera imprudente al Estado español; en la forma que describe Jaume Vicens Vives en Noticia de Cataluña, utilizando la imagen del Minotauro. Se ha menospreciado la capacidad de reacción del Estado español. De una manera que en ocasiones ha sido casi tan ingenua como imprudente. También se ha menospreciado al Estado español como lo que es cualquier Estado: un sistema jurídico que establece las reglas de convivencia y el respeto a las formas democráticas. Muy relacionado con lo anterior ha sido el desprecio por las leyes como marco civil de convivencia. Y de ello quedan pruebas en el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017 y en sus preparativos. La propia idea de una doble legalidad, la española y la catalana, a la que cada cual puede someterse en función de sus prioridades, es de una gravedad democrática que no deberíamos olvidar. La imagen de la legalidad como si fuera un bufé libre, en el que cada cual puede escoger el plato que más le apetezca, comporta una grave ignorancia de la función de la ley como espacio civilizatorio de convivencia.

De todos, el que más consecuencias negativas ha tenido para el independentismo ha sido el desprecio a la correlación de fuerzas, elemento determinante en todos los conflictos y en sus resultados. El independentismo ha ignorado que no basta con tener razón, o creer que se tiene, y ha ignorado que la correlación de fuerzas es clave para afrontar, con una mínima posibilidad de éxito, un desafío al Estado de esta envergadura. El independentismo se ha hecho trampas al solitario y ha querido ignorar los factores que le impedían tener una correlación de fuerzas favorable a sus pretensiones. No ha sido solo la fuerza coactiva del Estado español lo que ha derrumbado la estrategia unilateralista. Al independentismo le ha faltado apoyo social. Disponer del 47 por ciento de los votos el 27 de septiembre de 2015 es mucho, pero insuficiente, sobre todo a partir del elevado grado de tensión generado en la sociedad. No disponer de ningún apoyo del poder económico no es un tema menor, y ese obstáculo se ha intentado obviar, pero ha explosionado en el momento decisivo, con el cambio de sede social de varias empresas. Carecer de apoyos en la comunidad internacional, no disponer del apoyo de ningún país europeo, es un síntoma de debilidad que deberían haber leído los dirigentes independentistas, en vez de jugar a la diplomacia de cartón piedra.

Un reto de esta magnitud, como el de la DUI, sin el suficiente consenso interno, sin un poder económico detrás y sin el apoyo de nadie significativo en la comunidad internacional, no reunía la correlación de fuerzas necesaria para tener la más mínima posibilidad de éxito. Despreciar este factor ha sido otro inmenso error. Ignorar lo que significa aprobar una DUI sin la más mínima posibilidad de hacerla efectiva es la prueba más evidente de la ingenuidad en que se había situado el independentismo. Sorprendió escuchar a destacados dirigentes independentistas decir, los días siguientes a la aplicación del artículo 155, que no estaban preparados para la «dura» reacción del Gobierno español.

Esa imposibilidad de aplicar las leyes aprobadas no fue una sorpresa. Yo mismo lo había advertido el 7 de septiembre de 2017 en el debate de la Ley de Transitoriedad Jurídica. En ese Pleno formulé una serie de preguntas retóricas a los grupos independentistas, en relación con cómo pensaban aplicar las previsiones contenidas en esa ley. Y utilicé, también de manera retórica, el «no lo sé», la misma respuesta que días antes había dado el diputado Gabriel Rufián a las preguntas que, en una entrevista en televisión, le hicieron en relación con cómo pensaban los independentistas controlar el territorio y las fronteras, o expulsar al Ejército español de Cataluña. El «no lo sé» de Rufián camuflaba otra respuesta más dura: era imposible aplicar la Ley de Transitoriedad aprobada el 7 de septiembre, con la que se justificaba la proclamación de la República catalana. Lo sabían y lo quisieron ignorar, engañando a la ciudadanía al respecto y sembrando dudas sobre si se trató de ingenuidad o cinismo.

EL INDEPENDENTISMO HA VENIDO PARA INSTALARSE POR MUCHO TIEMPO

Las dificultades sufridas por el unilateralismo para culminar su hoja de ruta pueden llevar a algunos a creer que el independentismo ha sido derrotado y que a partir de ahora se va a producir el tantas veces anunciado bajón del suflé. Creo que se equivocan los que así piensan, y las elecciones del 21-D de 2017 lo confirman. Sea cual sea la gestión política que se haga de los resultados electorales, ha quedado demostrado que el independentismo está consolidado en Cataluña. Se trata de un movimiento que ha venido para quedarse por mucho tiempo en la sociedad catalana y para desempeñar un papel importante en la política española.

Las razones de mi diagnóstico son diversas. De un lado, la fortaleza emocional, social, política y organizativa del independentismo es mucha, y no va a desaparecer por muy adversa que sea la gestión posterior a la fallida declaración de independencia de Cataluña. Además, el movimiento independentista ocupa un espacio social, el de la respuesta a las consecuencias de una crisis de época, que la ciudadanía no va a dejar vacío. Sobre todo si el Estado español es incapaz de ofrecer algo distinto al reiterado rechazo a dialogar con el que siempre ha contestado Rajoy. La única posibilidad de que el independentismo pierda fuelle político es que su espacio lo ocupe una respuesta alternativa, en clave de conflicto social en el terreno socioeconómico, una respuesta a los problemas generados por la globalización económica, especialmente en términos de gran desigualdad social. Pero eso no aparece en el horizonte, al menos de momento. Mientras el conflicto social no ocupe el espacio que ha dejado vacío en las últimas décadas, el independentismo continuará canalizando esa necesidad de respuesta de la sociedad catalana.

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ATRAPADOS ENTRE LA BRUNETE

Y LA ÍTACA

La huelga general del 14 de diciembre de 1988 contra la política sociolaboral del Gobierno de Felipe González dio y sigue dando para mucho. En los preparativos de aquella huelga, José Luis López Bulla, por entonces secretario general de CC. OO. de Cataluña, acuñó la expresión de «División Acorazada Benegas» para referirse al papel que desempeñó contra la huelga Txiki Benegas, en aquel entonces secretario de organización del PSOE, utilizando la inestimable colaboración de los medios de comunicación amigos. Aquella era la segunda huelga general contra las políticas del Gobierno socialista: la primera la realizó en solitario CC. OO. el 20 de junio de 1985. El PSOE reaccionó con mucha agresividad contra CC. OO. y UGT, tanto que esa actitud beligerante pudo actuar como incentivo para que se unieran a la movilización sectores sociales en general poco proclives a ello.

Quizá fuera el recuerdo de aquella experiencia en la huelga general del 14-D lo que después me llevó a utilizar esa metáfora en otros momentos de mi actividad sindical en CC. OO. Y durante mi etapa de diputado en el Congreso utilicé la idea de División Mediática Brunete para referirme a la actuación de los medios de comunicación afines al PP. La imagen la tomé prestada del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ya la había popularizado en Euskadi en los momentos del duro conflicto político con el Gobierno de Aznar. Desde entonces he usado la metáfora de las «divisiones mediáticas» para ilustrar el papel de la prensa militante, lo que algunos en Cataluña llaman, refiriéndose a determinados medios de comunicación españoles, como «periodismo de Estado». Definición que en muchas ocasiones es ajustada a la realidad, aunque resulta curioso verla en análisis de profesionales que no parecen mirarse al espejo.

Una característica común de las divisiones acorazadas mediáticas es su escaso pluralismo. Es tal el grado de militancia que expresan en favor de su causa que puede afirmarse que, durante la Transición, alguna prensa de partido expresaba más pluralidad. Otro de los elementos que comparten estos medios y periodistas es, como corresponde a los hooligans, que no asumen su condición. Y se molestan sobremanera cuando alguien pone de manifiesto el papel que están desempeñando como ejército mediático partidista. La tercera característica compartida es que su papel es clave en las estrategias de construcción de relatos, de colonización de las mentes y de intoxicación informativa. Son determinantes en la creación de burbujas comunicativas, cerradas en sí mismas, en las que no dejan entrar ni dudas, ni matices, ni impugnaciones. Bien pudiera decirse que las divisiones mediáticas son las armas más poderosas en las estrategias de manipulación e intoxicación de la opinión pública.

Siempre que he denunciado la División Mediática Brunete para atacar las manipulaciones informativas de algunos medios públicos y privados españoles en favor del PP he sido bien recibido y aplaudido en Cataluña. En cambio, no he tenido la misma suerte con la División Mediática Ítaca cuando me ha parecido necesario denunciar la manipulación informativa que ejercen algunos medios de comunicación públicos y privados catalanes. Lo de la División Mediática Ítaca no ha gustado nada, e incluso algunos lo han calificado de insultante, y, sobre todo, nadie considera que forme parte de ella. Por definición, ningún hooligan reconoce que lo es; los hooligans solo existen en el equipo contrario.

Estoy profundamente convencido de que la División Mediática Ítaca ha tenido un papel parecido al de la Brunete. Y que las diferencias que algunos ven entre unos y otros obedecen solo al color del cristal con el que se mira la realidad o a la baldosa en la que cada uno vive y desde la que observa la vida. Lo del estilo diferente de los medios de comunicación catalanes puede ser cierto en algunos aspectos, pero lo de la manipulación informativa ya es cosa de la historia, aunque forma parte del relato de la «superioridad» catalana que esos propios medios alimentan.

Afortunadamente para mí, no he sido el único en poner de manifiesto esta gran anomalía que supone que algunos medios de comunicación (muchos, demasiados) no cumplan su papel, sino justo el contrario. En este sentido son especialmente punzantes los análisis de un buen periodista «libertario», Guillem Martínez, cuando habla del papel de los medios de comunicación catalanes, los públicos y los subvencionados. Otro de los profesionales que contribuyen a tener una mirada crítica con los medios es Ferran Monegal, con sus análisis de la actuación de las televisiones, a las que suele sacar los colores.

Aunque la crítica más dura que recuerdo desde dentro de la profesión es la que ha hecho el periodista Jaume Barberà en un artículo donde dice cosas como estas: «El procés se ha llevado muchas cosas por delante. Una de estas cosas es, sin duda, el periodismo. Para abreviar, el periodismo ha de fiscalizar. Si no cumple esta función, se convierte en propaganda o militancia. Y entonces es un fraude, se convierte en totalmente prescindible y denunciable, y si es pagado con fondos públicos, pasa a ser directamente malversación». Y añade: «El procés, o mejor dicho, los ideólogos del procés y sus portavoces mediáticos no quieren periodismo, sino militancia».¹

Lo más curioso de esta sangrante crítica al periodismo militante es que la realiza una persona que durante años participó de esa manera de hacer, en los debates y tertulias en las que intervino, y que la publicó en Nació Digital, uno de los miembros del Politburó de la División Mediática Ítaca. Para confirmar que esta denuncia era del todo acertada, solo había que mirar las noticias que ese digital publicaba ese mismo día, rodeando literalmente el artículo de Jaume Barberà.

He querido destacar ejemplos de crítica a los medios de comunicación formulados desde dentro de ese mundo para justificar que mi denuncia no responde a una obsesión personal, sino que es uno de los problemas más graves de nuestra democracia. Afortunadamente, son algunos más los periodistas que no hacen el juego a las divisiones mediáticas, pero la fuerza destructiva de la Brunete y la Ítaca deviene aplastante en el debate de la independencia y en la construcción de los respectivos relatos «de guerra».

Este no es un fenómeno que se dé exclusivamente en el conflicto por la independencia, ni tampoco solo en nuestro país. Por desgracia, es una tendencia generalizada y mundial, pero he querido traerlo a colación porque ha desempeñado un papel decisivo y nefasto en la escalada del conflicto y en la dificultad para construir vías de diálogo y puentes para la búsqueda de soluciones.

Los grandes perjudicados son la sociedad en su conjunto, que pierde capacidad de conciencia crítica. Y las personas que individual o colectivamente se niegan a dejarse arrastrar por la política de bloques. Una parte de la asfixia que han sentido durante estos años muchos ciudadanos tiene su origen en esa dinámica comunicativa que ha provocado la dialéctica perversa entre la Brunete y la Ítaca. Las personas nos hemos defendido cada una a nuestra manera. Unos simplemente han dejado de prestar atención a los medios de comunicación que hasta entonces les merecían respeto. Otros, los que disponen de más recursos, no solo económicos, han ido a buscar aquellos resquicios, aquellos espacios intersticiales de verdadero periodismo. Ha sido como buscar burbujas de aire en las que poder respirar y conservar la vida cuando te ves enterrado por un alud de nieve que todo lo arrastra y que te deja colgado.

DE CREADORES DE CONCIENCIA CRÍTICA A FÁBRICA DE HOOLIGANS

El problema suscitado por esa manera de comportarse de los medios de comunicación y de algunos —demasiados— de sus profesionales se ha convertido en una verdadera tragedia democrática, no solo en el terreno de la política, sino en general. Pasa más desapercibido, pero es igualmente sangrante, lo que se refiere a información económica o social. Los medios de comunicación son uno de los pilares de una sociedad democrática, en la medida que una de sus funciones es, o debería ser, la de contribuir al pluralismo de la sociedad, que es algo más amplio que el pluralismo de los partidos políticos. Su papel resulta determinante para crear contrapesos sociales a los poderes económicos, políticos o sociales cada vez más concentrados. Su función debe ser controlar a los poderes existentes, no jalearlos o contribuir a hacerlos más poderosos. Y cada medio debe desempeñar este papel de conciencia crítica en el espacio en que se mueve, frente a todos los poderes, pero especialmente frente al poder con el que convive más directamente.

Los medios de comunicación son útiles a la sociedad cuando contribuyen a generar conciencia crítica, cuando promueven el escepticismo frente a todas las verdades. Y son más necesarios cuanto más importante es el poder, el ideal o el relato al que se enfrentan. Ese poder puede ser político o económico, o puede ser una idea, un relato que se impone como dominante en una determinada sociedad y que requiere que los medios de comunicación y sus profesionales actúen no a su servicio sino como contrapunto crítico. Esa actitud es la que permite a los medios de comunicación contribuir a generar conciencia crítica. Es lo que aún hacen algunos profesionales con sus artículos. Es lo que cada vez hacen menos los medios con sus supuestas informaciones. Lo que no se precisa de los medios es aquello que se ha convertido en su razón de existir, ser soldados al servicio de una idea, un poder que tiene como función configurar acríticamente el pensamiento dominante. Hoy la función informativa de algunos medios ha sido sepultada por su función de adoctrinamiento. Muchos de sus trabajos son propaganda sin argumentos o argumentos sin voluntad de debatir y convencer, sino con el objetivo de colonizar las mentes propias y aplastar a los adversarios. En este sentido, bien puede decirse que los medios de comunicación han dejado de crear conciencia crítica para actuar como verdaderas fábricas de hooligans.

Hay cosas que han sucedido durante estos años en nuestro país que no se entienden sin esta degradación de los medios de comunicación, que es una expresión más de la crisis de la democracia liberal. Por ejemplo, no se entiende que en España haya tanta gente (incluso militantes de izquierda) que esté convencida de que lo que genera desigualdad en el acceso a derechos sociales básicos como la salud o la educación son las diferencias entre comunidades autónomas, en vez de las diferencias entre clases sociales.

Para que ese relato se haya convertido en dominante, incluso entre personas que soportan las dobles listas de espera en sanidad mientras ven cómo otros se las saltan aprovechando su estatus económico, ha sido determinante el papel de los medios de comunicación. Lo mismo sucede con la convicción de gran parte de la ciudadanía española que considera que la independencia no es una opción democrática ni legítima. Y se han creído la consigna de Rajoy de «ni puedo, ni quiero», a pesar de que el propio Tribunal Constitucional ha dicho en varias ocasiones que si se quiere, sí puede darse cauce democrático a la reivindicación de independencia de Cataluña en el marco de la Constitución. De la misma manera que ha sido fundamental para el relato independentista que una gran parte de la ciudadanía de Cataluña esté convencida de que la falta de recursos para políticas sociales tiene como causa el llamado «expolio fiscal» de España y no la anorexia de un sistema fiscal que ingresa cada año el 8 por ciento del PIB menos que la media de los países de la Unión Europea; de nuevo el conflicto territorial ganándole la batalla al conflicto social. O que la causa única de los recortes en políticas sociales ha sido ese expolio fiscal y no las políticas de austeridad aplicadas en Cataluña y en España de manera indistinta y mancomunada por los mismos que luego se confrontan por el reparto del poder político.

En lo que los medios de comunicación procesistas han sido determinantes ha sido en la creación de la ficción de la viabilidad de la independencia unilateral de Cataluña. Y ahora, cuando ya resulta evidente el engaño, esos mismos medios de comunicación inciden en el relato de que la ciudadanía no estaba preparada para tanta represión. Cuando eran ellos los que no estaban preparados era para decirle a la ciudadanía que todo lo que se le había estado explicando con astucia durante tantos años no era verdad.

Si pongo tanto énfasis en el papel de los medios de comunicación en la polarización del conflicto es porque pienso que su papel ha sido clave, en negativo, para llevar el conflicto a un callejón sin salida. Han creado mundos paralelos, han fabricado burbujas comunicativas, han alimentado los discursos excluyentes, en resumen: han sido determinantes para generar un cerco cognitivo entre los bloques en conflicto que ha dificultado el diálogo. Incluso, en ocasiones, algunos de ellos han actuado como fieles guardianes de la ortodoxia del bloque en el que están encuadrados. Sin duda, las razones son múltiples, pero una de ellas tiene mucho que ver con la crisis de los medios y el recrudecimiento entre ellos de una mal entendida competitividad.

En el espacio de la comunicación es donde se ha hecho muy visible que la competitividad tiene en muchos casos efectos perversos. Una de las razones, no la única, pero sí muy importante, de esta degradación de la función social de los medios de comunicación es la profunda crisis de modelo de negocio y también la crisis de identidad social que están sufriendo. Una crisis que los lleva a adoptar posiciones extremas de competencia entre ellos, en las que de nuevo el fin (ganar audiencia o simplemente no desaparecer) pretende justificar los medios (todo vale). Sin un cambio de actitud de los medios, sin su aportación en positivo a la creación de conciencia crítica, será mucho más difícil abrir el diálogo y encontrar soluciones.

3

EFECTOS COLATERALES DEL PROCÉS

La gravedad de este conflicto no solo reside en el choque institucional y en sus consecuencias directas en el autogobierno de Cataluña. Ello podría revertirse si se encuentran vías para reconducir la situación por la senda del diálogo y la búsqueda de zonas de encuentro, o al menos de gestión del desencuentro. Su gravedad deriva de los múltiples efectos colaterales que está provocando, con desenlaces y consecuencias, imprevisibles en estos momentos, que pueden conllevar riesgos muy importantes para nuestra sociedad en un futuro cercano. Algunas de las huellas que está dejando este conflicto son muy profundas y las secuelas pueden ser muy largas en el tiempo. Por eso resulta imprescindible que las identifiquemos y las reconozcamos, la única manera de intentar que no aniden en nosotros y provoquen consecuencias aún peores.

SE HA ABIERTO LA CAJA DE PANDORA. VIEJOS Y NUEVOS FANTASMAS Y DEMONIOS

Los conflictos son inherentes a la vida y no tienen por qué tener una connotación negativa. De hecho, son los conflictos lo que nos permite avanzar, pero en ocasiones hacen surgir los aspectos menos positivos, lo peor de nosotros.

La larga duración de este conflicto, su radicalización y los fuertes elementos emocionales que contiene han hecho aparecer, en la sociedad catalana y española, viejos y nuevos fantasmas y demonios. Se ha abierto la caja de Pandora.

En estos años se ha ido generando y agrandando una fractura profunda en el seno de la sociedad catalana que se ha agravado en la medida en que durante mucho tiempo se ha negado su existencia. Reconocer la fractura era para algunos impugnar la naturaleza bondadosa e inocua de la «revolución de las sonrisas». Esta fractura social se ha manifestado de múltiples formas. Desde las más suaves, como no poder hablar del tema en las reuniones familiares o de amigos para evitar situaciones de tensión, hasta las más complejas por el poso que dejan, que son la sensación de hartazgo, de asfixia ambiental, hasta de intimidación emocional que algunas personas explican vivir.

Se ha producido también un retroceso evidente en una de las características más preciadas de la sociedad catalana, su carácter inclusivo. La tensión provocada se ha expresado en forma de aumento de la intolerancia en relación con el diferente, con el discrepante. Por supuesto, se trata de muestras de intolerancia en las dos direcciones. En algún momento se ha llegado a «extranjerizar» al otro. Ello ha sido muy evidente en declaraciones de algunos dirigentes políticos españoles, incluso miembros del Gobierno, que han pasado a tratar a la ciudadanía de Cataluña como extranjeros. También por parte de algunos líderes y creadores de opinión del independentismo, con sus referencias extranjerizantes a España y los españoles. Es como si, de golpe, nuestro país se hubiera llenado de «bárbaros» en su sentido primigenio de extranjeros. En esta línea han aparecido actitudes supremacistas en Cataluña, donde para justificar la vía unilateral se ha construido un imaginario de España como país que no tiene solución, lo que inexorablemente conduce a considerarse «pueblo elegido». En paralelo, el conflicto ha despertado el viejo fantasma castellano de la España imperial. Son reacciones que se han retroalimentado mutuamente.

La óptica que distingue a los de dentro y los de fuera, nosotros y ellos, se ha instalado como una manera, hasta cierto punto normalizada, de analizar el conflicto. La dinámica bárbara del extranjero, tanto el de fuera como el de dentro, se ha apropiado de algunos debates. Desgraciadamente, no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, y así lo pone de manifiesto Tzvetan Todorov.¹ Como sucede con los conflictos binarios, se ha producido un aumento en la natural tendencia humana al maniqueísmo, con lo que comporta de intolerancia. A un viejo conocido del nacionalismo, el esquema primario de buenos y malos catalanes, se ha añadido ahora el de demócratas y no demócratas.

Este ambiente de escalada en la tensión ha envalentonado a los más intransigentes. Y ha hecho aparecer actitudes y comportamientos que hasta ahora se mantenían ocultos: en Cataluña, un nacionalismo ultraderechista y xenófobo, con fuertes componentes clasistas, que siempre se ha negado, porque topa con una imagen idílica que la sociedad catalana tiene de sí; y en España, la extrema derecha tradicional y su genética tendencia a la intolerancia y al uso de expresiones violentas. En el horizonte aparece en actitud amenazante el viejo espíritu recentralizador, uniformizante y uniformizador del nacionalismo español, que ha visto en el conflicto catalán una oportunidad para afianzar y legitimar sus posiciones y propuestas. Estas realidades han existido desde siempre en nuestras sociedades, como en todas, pero el fuerte y prolongado conflicto las ha hecho aflorar y les ha dado mayor protagonismo y vistosidad. Por supuesto, ni se me ocurre insinuar que su aparición sea responsabilidad del independentismo o de las reacciones contrarias a él. En todo caso son consecuencia de una nefasta gestión del conflicto. Y por eso creo oportuno ofrecer una pequeña mirada.

¿CATALUÑA, UN SOLO PUEBLO?

Una de las mejores aportaciones del catalanismo popular, construido durante el siglo XX, fue su carácter inclusivo. No siempre ha sido así, porque junto al nacionalismo integrador, siempre ha existido en Cataluña un nacionalismo tradicionalista y romántico.

El catalanismo popular ha sido un factor clave en el proceso de integración de grandes flujos migratorios en Cataluña, que se han resuelto de manera exitosa. La bandera de «Cataluña, un solo pueblo», una de las aportaciones del PSUC a ese proyecto nacional inclusivo, es su mejor expresión. Tanto es así que sobre esta bandera se ha construido un mito que, en algunas ocasiones y aspectos, ha ocultado una realidad más compleja, la existencia de dos Cataluñas que durante tiempo han funcionado a dos velocidades. Un mito, el de «un solo pueblo», del que se apropió el pujolismo como imaginario de país, mientras una buena parte de sus políticas iban en el sentido contrario, reforzando la construcción de un país con dos realidades contrapuestas.

Esa hegemonía cultural pujolista fue posible, entre otras cosas, por la desaparición del PSUC, que durante décadas fue el partido y, más aún, la cultura nacional que hizo posible esta identidad inclusiva de Cataluña. Sobre todo por su ascendencia entre sectores sociales obreros de reciente inmigración. No debería perderse de vista que en la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con el crecimiento económico propiciado por los planes de estabilización y por los impulsos externos, Cataluña vio crecer su población a ritmos espectaculares. Un crecimiento de la población cercano al 23 por ciento entre los años 1950 y 1975. Esta realidad compleja se superó gracias a esa cultura política que impregnó al conjunto de la sociedad y que también ha sido determinante para la incorporación de una nueva inmigración, esta vez procedente de todo el planeta.

Se suele afirmar que el PSC vino a ocupar el espacio dejado por la crisis del PSUC, y en parte fue así, pero no me parece que pueda decirse que tuvo éxito en esa tarea nacional de garantizar la inclusión que hay detrás del mito de «un solo pueblo». Entre otras cosas porque el PSC no fue capaz de hacerlo ni en su propio fuero interno, donde el aceite y el agua se mantuvieron siempre en capas muy separadas entre sí.

Que la integración haya sido un éxito no significa que no existan realidades sociales muy distintas, con muchas desigualdades que la crisis económica ha agravado y que se expresan en términos territoriales en las diferencias entre las áreas metropolitanas (especialmente la de Barcelona) y la Cataluña interior. O las propias diferencias entre municipios colindantes de la propia área metropolitana. Incluso en el interior de las ciudades, donde, como en Girona, las diferencias entre algunos barrios es espectacular. O un municipio como Cornellá de Llobregat, uno de los de menor extensión territorial de Cataluña, pero con diferencias notables entre el centro y sus barrios. En este sentido, es obligatorio reivindicar el papel muy positivo que ha desempeñado la escuela catalana como dique de contención de esa dualización social. A pesar de que las políticas educativas, con el mantenimiento de una doble red de escuela pública y concertada, no siempre han contribuido a ello, en general, los profesionales de la escuela catalana han sido claves en el objetivo de garantizar cohesión e inclusión. Por eso son tan irresponsables los que con mala fe han vertido acusaciones falsas sobre la escuela catalana. El proceso de reivindicación de la independencia, por la forma en que se ha desarrollado, ha supuesto un punto de inflexión, incluso una crisis, en ese factor identificador de la sociedad catalana como inclusiva. Aunque determinados elementos, surgidos hace algunos años, ya apuntaban que eso podía pasar. De hecho, la aparición de Ciudadanos como partido político en Cataluña es la expresión política del resquebrajamiento del mito de «un solo pueblo». Albert Rivera canaliza un rechazo, quizá por cierto hartazgo, en una parte de la sociedad que detecta que no existe plena correspondencia entre el discurso políticamente correcto de «Cataluña, un solo pueblo» y una realidad que no lo es tanto.

En estos años de conflicto se ha producido una evidente fractura social, que ha sido más grave en la medida en que se ha negado su existencia, y más profunda conforme iba subiendo el tono y la agresividad del enfrentamiento. Hasta el punto de que puede haberse producido una evolución desde esta sociedad plural e inclusiva, tolerante con la discrepancia, acogedora, hacia una sociedad rígida y asfixiante cuando se trata del debate sobre la independencia. A ello ha contribuido mucho el papel desempeñado por las divisiones mediáticas Brunete e Ítaca, que han generado dos mundos comunicativos aislados hasta construir realidades contrapuestas a partir de relatos artificialmente confrontados de lo que está sucediendo. Las burbujas comunicativas en las que vive una buena parte de la sociedad catalana han contribuido a resquebrajar aún más el carácter de «Cataluña, un solo pueblo». Esta realidad queda camuflada o compensada por el hecho de que en otros aspectos de la vida social se mantienen claramente las formas de inclusión y pluralidad de la sociedad catalana.

Un ejemplo de ello, que puede parecer anecdótico, aunque no lo es, nos lo ha ofrecido la polémica suscitada por la posición de la Junta Directiva del Barça, acusada por sus detractores como poco comprometida con Cataluña y sus reivindicaciones. La exigencia de determinados sectores de la sociedad de un mayor compromiso o beligerancia del club es una muestra de esa voluntad de encorsetar a la sociedad catalana y a sus espacios sociales transversales en una realidad uniforme que verdaderamente no existe. La perversa identificación que en algunos relatos e imaginarios se produce entre Cataluña, TV3 y el Barça es un exponente de eso que intentamos explicar.

Es en este sentido que se puede afirmar que el procés ha significado la destrucción del capital político del catalanismo popular y su capacidad de inclusión. Y la aparición de síntomas de fractura en la unidad civil catalana. Por cierto, este es el verdadero y gran obstáculo para el avance de la independencia de Cataluña y no, como se intenta explicar desde las filas independentistas, la «imprevista» y represiva actuación del Estado español.

SOCIEDADES IRREFORMABLES O ABDUCIDAS Y PUEBLOS ELEGIDOS

Los relatos construidos durante este conflicto respecto a los «otros» nos han conducido hasta terrenos no deseados. Los independentistas, para justificar el unilateralismo, han generado la imagen de que el problema no es solo el Gobierno de Rajoy, ni tan solo el Estado, sino el conjunto de España. El unilateralismo se construye como única opción del independentismo frente al carácter «irreformable» de la sociedad española. Ello ha llevado a la creación de un imaginario perverso de España, que nos puede dificultar la convivencia o la simple conllevancia en el Estado español, o incluso las buenas relaciones de vecindad, en el hipotético caso de producirse la independencia. El problema de estos relatos es que quienes los formulan no son conscientes de hasta qué punto su construcción mental de España como sociedad irrecuperable les lleva hacia su reverso de «Cataluña como pueblo elegido». No parece que hayan prestado atención a la advertencia que lanza Jorge Drexler en su preciosa canción Milonga del moro judío, cuando dice aquello de «no hay pueblo en el mundo que no se haya creído el pueblo elegido».

En España, en paralelo, algunos personajes públicos y creadores de opinión han generado la imagen de Cataluña como un pueblo que ha perdido su capacidad de razonar, que parece tener secuestrada su voluntad. Fue el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en unas declaraciones que ponían de manifiesto el escaso sentido institucional que tuvo de su cargo, quien habló de los catalanes como un pueblo abducido. Intuyo que el sentido que le quiso dar el fiscal Maza al concepto de «abducción» para referirse a los catalanes (por cierto, también mal entendidos como un todo genérico) no lo era tanto en su acepción original, sino en la que ha hecho suya la ufología para referirse a los secuestros o cooptaciones de seres humanos efectuados por extraterrestres, con la misión de llevarlos al espacio o a una nave espacial. Considerar en este sentido a los catalanes como abducidos me parece una simplificación tan estúpida como considerar a España una sociedad irreformable. Ambas tienen un elemento común, nos conducen a unos relatos excluyentes del otro que nos adentran en el peligroso terreno de la xenofobia.

DESPLAZAMIENTO POLÍTICO HACIA OPCIONES DERECHISTAS Y XENÓFOBAS

En Cataluña, el conflicto ha hecho salir a la superficie los primeros indicios de creación de un espacio de opinión propio de la derecha ultranacionalista xenófoba, que desmiente la imagen idílica de Cataluña y confirma que la sociedad catalana es más plural y diversa de lo que intentan vendernos. La aparición de este espacio sociológico de derecha nacionalista xenófoba, con una significativa presencia mediática, lo puso en evidencia un artículo de Roger Palà publicado en el portal Sentit Crític en febrero de 2017.² Titulado «La nueva derecha independentista catalana», analiza la orientación ideológica de un espacio que lleva años construyéndose en Cataluña, se apuntan sus similitudes con el Tea Party de Estados Unidos y se señala, con referencias a sus artículos, opiniones o tuits, a los principales mentores de este espacio social. En este artículo se hace una caracterización muy dura, pero muy real, de este fenómeno «nacionalista, clasista, racista, machista… y sin control». De momento aparece solo como un espacio comunicativo, pero en función de cómo evolucionen los acontecimientos, y del grado de frustración que se pueda generar, no es descartable que pueda adoptar forma de espacio político. Sería la normalización en Cataluña de algo que ya sucede en otros países europeos.

En España también son muchos los indicios que apuntan hacia una derechización del electorado. Lejos de debilitarlo, el conflicto catalán ha fortalecido al PP y sus concepciones centralistas y autoritarias, y dentro del propio PP se han fortalecido las posiciones más extremistas, auspiciadas por la sombra permanente de Aznar. Albert Rivera y Ciudadanos han detectado ese movimiento tectónico de la sociedad española y han decidido subirse al carro e imprimirle más velocidad, exigiendo a Rajoy mucha más mano dura. Los que estaban llamados a representar el espacio centrista de la política española han decidido ubicarse en un extremo. En paralelo se está produciendo en toda España la reaparición de expresiones de extrema derecha que durante años han permanecido ocultas o aletargadas y que se manifiestan de una manera desacomplejada en sus apariciones públicas, muchas veces acompañadas de formas violentas.

En contraposición, las fuerzas sociales y políticas que habían iniciado un tímido reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado español han sido arrinconadas o castigadas. Este tipo de reacciones «bumerán» no deberían sorprendernos. Ha sido un grave error del independentismo no buscar la complicidad de estas fuerzas políticas y sociales españolas. Incluso en ocasiones se ha hecho todo lo contrario, menospreciar estas actitudes de aproximación, de comprensión y de apoyo. La apuesta unilateralista ha dificultado tejer complicidades y ha alimentado las reacciones de rechazo. Y una estúpida batalla partidista ha hecho argamasa de todo ello.

Aunque, analizándolo en frío, tampoco es ninguna sorpresa ni posiblemente haya sido un error. La estrategia del independentismo unilateralista en esta última etapa ha pasado por radicalizar las posiciones, y ha trabajado para hacer realidad la máxima de «cuanto peor, mejor». Cuanto peor fuera la actuación de España, más se fortalecía el movimiento independentista. Esa era su estrategia, y ha terminado siendo su única esperanza. Los que la han articulado olvidaron que solo puede ser exitosa desde la derrota del adversario. Si esta no se produce, como así ha sucedido, se fortalecen las posiciones más radicales, en este caso, la derechización del espectro electoral en España.

¿ASISTIMOS AL SURGIMIENTO DE UN NEOCARLISMO?

El procés ha acabado incidiendo en la percepción de la Unión Europea en Cataluña a partir de un cambio de relato, que puede parecer brusco, pero no lo es, porque llevaba tiempo larvándose en algunos sectores independentistas. Esta evolución pone de manifiesto el grado de desconcierto en que se ha sumido el independentismo, que ha pasado de una posición euroeufórica a síntomas evidentes de euroescepticismo con algún rasgo incluso eurofóbico.

Las declaraciones de Puigdemont en Bélgica, que sugerían un referéndum sobre la pertenencia de Cataluña a la Unión Europea, son una muestra de ello. Y nos equivocaríamos si las viéramos como una anécdota o un mero desliz. Son ilustrativas del desplazamiento ideológico y sobre todo emocional que ha vivido el movimiento independentista.

En sus inicios, todas las propuestas independentistas (excepto las de la CUP) incluían sin matices la continuidad de Cataluña en la Unión Europea, hasta el punto de afirmar que, aunque Cataluña abandonara España, continuaría en la Unión Europea. Recuperar la hemeroteca debería avergonzar a quienes contribuyeron a generar este monumental autoengaño en el que se situó el independentismo en relación con Europa.

Esta apuesta europeísta no debería sorprender. Las principales fuerzas nacionalistas de Cataluña han mantenido siempre una posición claramente europeísta, en ocasiones incluso euroeufórica, como en el caso de CDC. Con poco espacio para la crítica.

Pero el independentismo de estos últimos años ha vivido un proceso de transformación ideológica, en algunos aspectos compartido con lo que ha venido en llamarse la «nueva política». Ambos movimientos coinciden en su naturaleza reactiva frente a los excesos de una globalización sin reglas ni contrapoderes sociales. Y en ese contexto han aparecido en nuestra sociedad determinados relatos que parecen buscar, en un pasado recreado, protección frente a esos abusos. Así, frente a los abusos del poder económico y la corrupción, se ha producido una reacción que bien podríamos calificar de resurgimiento del voto de pobreza franciscano. Se trata de una actitud y de unas propuestas muy alejadas del concepto de austeridad histórico de la izquierda que, entre otros, formuló Enrico Berlinguer en la Convención de Intelectuales del Partido Comunista Italiano en 1977.³ En este caso se trata de planteamientos más cristianos que marxistas, por simplificar.

En paralelo, también ha cogido fuerza un sentido zoroástrico de la política. La lucha entre el bien y el mal. Del tradicional maniqueísmo de buenos y malos catalanes del pujolismo se ha pasado a los buenos y malos demócratas del independentismo. El cénit del zoroastrismo lo ha alcanzado Oriol Junqueras, que ha llegado a caracterizar las elecciones del 21-D como una batalla entre el bien y el mal.

El complemento perfecto a esta idea maniquea de la vida son las actitudes dominicas, entendidas como sinónimo de formas inquisitoriales, que castigan al disidente, al dubitativo, al equidistante. Me parece intuir en esta actitud una reacción frente al liberalismo como opción vital.

En este contexto, no debería extrañar que en algunos espacios —insisto en lo de «algunos»— del independentismo hayan aflorado ciertas ideas neocarlistas. Entre ellas, la sublimación de pasados que hay que recuperar, que en su expresión política nunca existieron (como los Países Catalanes), o un rechazo casi antropológico a las nuevas realidades económicas y sociales. Es en este contexto en el que se ubican las críticas a la Unión Europea formuladas por la CUP y de las que Puigdemont se ha hecho eco. La caracterización que hace Puigdemont de la Unión Europea como un «club de países decadentes y obsolescentes» ha sido criticada por su similitud con la de la extrema derecha francesa. Personalmente, creo que sintoniza más con un cierto resurgimiento del tradicional carlismo catalán y español, y forma parte de esa reacción de defensa tradicionalista de las estructuras sociales y políticas conocidas.

Uno de los aspectos que sería interesante analizar son los posibles vínculos antropológicos, culturales y sociológicos de un sector del independentismo con el componente más tradicionalista del nacionalismo catalán, el que expresa el obispo Torras i Bages. Este podría ser otro de los autoengaños históricos que nos hemos hecho en Cataluña: creernos que el actual nacionalismo catalán —a diferencia del vasco, según se dice— hunde más las raíces en el republicanismo de Valentí Almirall y Pi i Margall, obviando que Pujol recoge buena parte del pensamiento del nacionalismo tradicionalista. Lo que ha sucedido durante estos años bien pudiera ser un cierto resurgimiento de ese tradicionalismo, en forma de neocarlismo, que creíamos olvidado en el desván de la historia.

En algún momento me ha parecido apreciar en esta curiosa combinación de franciscanismo, zoroastrismo, Inquisición e ideario carlista una reacción de sectores de la sociedad frente a los abusos del «cosmopolitismo tecnocrático» con el que se ha querido imponer la globalización y, en este marco, un determinado proyecto europeo. También frente a la tendencia al jacobinismo ilustrado de algunas élites políticas. Quizá estemos asistiendo a una reacción que se enmarca en el resurgimiento de la lucha contra el liberalismo político, tan presente en la historia de nuestro país. Uno de esos puntos de encuentro más evidentes, entre el pasado y el presente, se produce en algunas expresiones del independentismo, y especialmente en lo que se conoce como la CUP de comarcas.

EFECTO BUMERÁN EN EL TERRENO SOCIAL Y ECONÓMICO

El conflicto ha tenido un efecto bumerán que ha debilitado el tejido social de Cataluña y su peso económico. Ha afectado a las organizaciones sociales, les ha generado problemas en su fuero interno y las ha debilitado, y en consecuencia, ha debilitado a Cataluña como sociedad.

Cada vez que el movimiento independentista ha exigido un alineamiento nítido, en momentos complejos como los de las convocatorias de huelgas, ha situado a estas organizaciones en una tensión en muchos casos insostenible. Ello ha afectado a las organizaciones sindicales, a asociaciones de vecinos, a entidades sociales. El independentismo y algunas de estas organizaciones no han sabido entender que en el seno de la sociedad catalana existe más pluralidad de la que quieren reconocer.

Un momento especialmente delicado se vivió con las asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros escolares cuando, para garantizar la celebración de la votación del 1 de octubre, se llamó a ocupar las escuelas con diferentes actividades. En muchas AMPAS no había una opinión unánime sobre qué hacer. Esos días se tensó la cuerda, generando situaciones que debilitan ese tejido asociativo, que es un factor clave en la educación.

Otra manifestación de ese empobrecimiento del tejido asociativo lo tenemos en el alineamiento de organizaciones culturales o deportivas en favor de la independencia, rompiendo el vínculo plural que les une con sus asociados y debilitando así su función social. Un ejemplo de los muchos que podría citar es el de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana y el comunicado que emitió el 29 de octubre, en el que se pone de manifiesto esa ruptura con el carácter plural de la asociación.

Eso mismo sucede en el mundo de las entidades excursionistas. Es cierto que desde su nacimiento establecieron un potente vínculo entre su actividad deportiva y cultural y la construcción nacional de Cataluña. De hecho, se crearon a finales del siglo XIX o comienzos del XX como parte de un movimiento que apostó por la construcción nacional de Cataluña a partir de un reforzamiento de la sociedad civil con el que compensar la inexistencia de un Estado propio. Pero de su fuerte compromiso con el catalanismo no se puede desprender que todos sus asociados compartan el ideal independentista y, sin embargo, algunas de sus juntas directivas se comportan como si así fuera. Es a estos aspectos a los que me refiero al hablar del debilitamiento que puede estar sufriendo el tejido asociativo de Cataluña.

¿MÁS SOBERANÍA CON MENOS PESO ECONÓMICO?

Como ha sucedido también en el terreno del autogobierno y de la sociedad civil, el unilateralismo independentista y la tensión generada no han conllevado un reforzamiento económico de Cataluña, sino justo lo contrario. La decisión de determinadas empresas, algunas del sector financiero, de trasladar su sede social hacia otros lugares de España ha sido menospreciada por los defensores del unilateralismo. Pero es imposible negar que está teniendo un impacto negativo en la economía de Cataluña. En qué dimensión eso se produce va a depender del tiempo que se tarde en reconducir el conflicto y de en qué dirección se haga.

Esta situación ha puesto de manifiesto la frivolidad con la que se ha comportado el independentismo. Primero negando que el proceso de independencia fuera a tener costes de transición y después apostando por el unilateralismo sin atender a las consecuencias negativas que un conflicto de esta naturaleza provoca. Es una muestra más de hasta qué punto el independentismo ha vivido en una burbuja en que no se han tenido en cuenta las realidades económicas.

Lo más preocupante es que esa actitud de sus dirigentes ha sido asumida acríticamente por el conjunto del independentismo. Las declaraciones formuladas durante años por Mas, Puigdemont o Junqueras, negando el riesgo de fuga de empresas primero, y después que eso tuviera un impacto económico, han calado muy hondo en las bases del independentismo. Un amigo, persona formada y con capacidad de analizar la realidad, ante mis comentarios sobre las consecuencias de estas decisiones y la irresponsabilidad de haberlo negado me soltó en medio de una conversación: «No pasa nada. Si se van estos bancos, ya vendrán otros». La profundidad del fenómeno de disonancia cognitiva ha llegado hasta el extremo de no entender la lógica de los procesos de globalización económica, no darse cuenta de que la soberanía política sin fuerza económica no es nada y no comprender que en un futuro (que ya es presente), una parte de la soberanía de las sociedades va a venir de la mano de su capacidad económica. Este ha sido el hilo conductor de estos años, que se ha querido compensar con la idea independentista de que el riesgo valía la pena, porque con Estado propio podría reforzarse el tejido económico de Cataluña, y sin ese Estado o con un Estado «enemigo» de Cataluña, todos los esfuerzos económicos no servían de nada.

Puedo llegar a entender estas argumentaciones, aunque no las comparta, si se refieren en general a la reivindicación independentista. Pero son imposibles de sostener cuando se plantean también como coartada para defender la vía unilateral. Este error garrafal del independentismo está siendo aprovechado por aquellos intereses económicos y sectores de la derecha que llevan años soñando con una España vertebrada exclusivamente de manera radial, en la que el eje mediterráneo sea relegado a un papel menor. Y han visto en este conflicto una oportunidad para castigar las posibilidades de Cataluña de ser, a través de Barcelona, la capital económica del Mediterráneo. Si los independentistas se han disparado al pie con la radicalización del conflicto, quienes así reaccionan, de una manera tan oportunista, hacen exactamente lo mismo. Ese debilitamiento económico de Cataluña tiene repercusiones también en el conjunto de España.

TERCERA PARTE

¿QUÉ HACER?

Mi experiencia de lector me dice que esta suele ser la parte más complicada de cualquier libro, en la que se pierde ritmo y fuelle. Si me ha resultado complejo describir lo sucedido en estos años, identificar los caminos de una posible salida se me ha hecho más largo y duro que los últimos kilómetros de una maratón. Por supuesto, no tengo la solución, y me atrevo a decir que no la tiene nadie, pero sí algunas intuiciones de por dónde pudiera transcurrir una estrecha senda que nos permita, primero, salir del empantanamiento en el que estamos atrapados y, después, construir conjuntamente microsoluciones, que solo pueden ser parciales y temporales.

Les adelanto que mis intuiciones apuntan a que, desde una perspectiva de izquierda —esta es mi mirada—, las microsoluciones deben girar alrededor de estos ejes: realizar un diagnóstico alternativo y crítico de estos cuarenta años, que huya tanto de la autocomplacencia como del adanismo ucrónico; aprovechar los márgenes de acuerdo que ofrece la reforma del sistema de financiación autonómico; apostar por una reforma constitucional que permita construir un Estado federal asimétrico (luego concreto qué significa eso); dar un mayor protagonismo ideológico y político al conflicto social, especialmente al factor trabajo como elemento determinante de la articulación de un proyecto político, y apostar nítidamente por la Unión Europea como espacio político territorial en el que reconstruir la soberanía de la ciudadanía frente a los mercados.

Soy consciente de que cualquier propuesta que pueda formularse tiene como gran reto su articulación política. El papel lo aguanta todo, pero la vida es un poco más exigente, sobre todo por el panorama que nos han dejado las elecciones autonómicas, celebradas en una situación de total excepcionalidad y con unos resultados de difícil gestión. Por eso creo imprescindible comenzar apuntando de qué manera deberían gobernarse los resultados electorales del 21-D. Escribo sin haber tenido tiempo de digerirlos e interpretarlos de manera serena, y por tanto con muchas incertidumbres, y sobre todo con el riesgo de que, en el momento de salir publicado este libro, la vida me haya desautorizado. Sin embargo, tengo el convencimiento de que, sea cual sea la interpretación que se haga de estos resultados, solo hay una manera de intentar salir del estancamiento en el que estamos inmersos: pactar el desacuerdo y abrir una nueva etapa de desescalada en el conflicto. Esta es una condición previa y absolutamente imprescindible para intentar abrir una vía a posibles soluciones a medio plazo.

POLÍTICA: EL ARTE DE LO POSIBLE MÁS LA VIRTUD DE LA RENUNCIA

El Parlament que ha salido del 21-D tendrá siete grupos parlamentarios y estará más «balcanizado» que nunca. Aunque existe la posibilidad de configurar una mayoría estable (escenario harto complicado), no es viable construir el futuro desde la perspectiva de que una mayoría, absoluta o relativa, pueda sacarnos de este empantanamiento. Por eso creo que después del 21-D, el objetivo a compartir es excepcional. Pero no en el sentido épico que el independentismo ha dado a esta palabra. En este caso, la excepcionalidad sería la del sentido común. Quienes han resultado vencedores o se consideran —no siempre es lo mismo— vencedores del 21-D tendrán que elegir entre la victoria o la solución.

Estoy profundamente convencido de que no hay solución desde la victoria de un bloque sobre el otro, ni siquiera aunque lo aparenten los resultados electorales. Incluso las microsoluciones requieren abordar la situación rompiendo la lógica de bloques en que se ha instalado la política catalana y española. La solución no la puede aportar el independentismo, que ya ha agotado todo el elenco de propuestas astutas y descerebradas. Cuando se tira la bomba atómica —y las leyes del Referéndum y de Transitoriedad, más la DUI del 27 de octubre lo fueron—, ya no queda nada más con lo que amenazar, sobre todo si no se ha conseguido doblegar al adversario, antes bien lo contrario. La solución tampoco la puede aportar el llamado bloque constitucionalista, y no solo por la ausencia de mayoría parlamentaria; la falta de una propuesta que ofrecer que no sea el «no a la independencia» y sus diferencias internas lo incapacitan para ofrecer una salida al empantanamiento por sí mismo.

Pero más allá de las limitaciones de cada bloque, el principal obstáculo es que de esta no se sale con un bloque victorioso y el otro derrotado. De nuevo vuelve a aparecer el dilema: ¿victoria o solución? No hay solución en mayúscula, ni tan siquiera soluciones en minúscula, a partir de la victoria. Ese fue uno de los principales errores del independentismo, en el que es de esperar que no reincidan.

Por eso creo que deviene imprescindible hacer emerger un tercer bloque, que hoy existe en Cataluña, pero que está sepultado por el conflicto maniqueo entre independentistas y constitucionalistas. En este sentido, comparto la reflexión de Josep Maria Vallès:¹ el gran reto del 22-D será construir una alternativa a esta polarización binaria. Para que la apuesta por la solución y no por la victoria se abra paso, debe ser asumida también por la ciudadanía. Y para ello es imprescindible hacer pedagogía, explicando a la sociedad que la política es el arte de lo posible más la virtud de la renuncia. Únicamente así se asumirá que, a estas alturas, solo puede reconstruirse lo que se ha destruido pactando el desacuerdo.

Para que esa suerte de tiempo muerto que propongo se abra camino van a ser claves las primeras reacciones después del 21D. Es muy importante saber cómo van a digerir ERC y JuntsxCat los resultados electorales, y si van a continuar compitiendo entre sí por el control del espacio independentista, o bien van a socializar la respuesta y sus costes. En este sentido, la respuesta de Puigdemont es crucial: deberá optar entre capitalizar su éxito electoral y político (lo que no supo hacer durante el mes de octubre) o continuar radicalizando la situación con la expectativa ilusoria de «reventar» el Gobierno español y forzar una intervención europea. También es fundamental conocer cómo ha encajado Rajoy y el PP lo que, desde una perspectiva partidista, es una contundente derrota electoral. Y si Ciudadanos va a utilizar los muy buenos resultados obtenidos al servicio de la solución o de una futura victoria en el escenario político español, aumentando su apuesta por la radicalización del conflicto. Sin olvidar que la dinámica judicial sigue en marcha y que la lógica de las togas no contribuye mucho a enfriar el ambiente.

Por último, para intentar abrirse paso por este estrecho sendero, me parece determinante el papel de los medios de comunicación. Porque si la competencia política en el interior de los bloques independentista y constitucionalista dificulta los acuerdos, la crisis de los medios de comunicación y la competencia salvaje entre ellos no los conduce a hacer pedagogía en favor de pactar el desacuerdo, sino a todo lo contrario, a continuar alimentando actitudes de intransigencia.

No se sale fácilmente, de la noche a la mañana, del pozo que tanta gente ha estado excavando tan arduamente durante tantos años. Para intentarlo hace falta tiempo y un clima distinto al actual. Por eso mi propuesta, que a estas alturas parece más un deseo que otra cosa, es que del 21-D nazca una solución de emergencia, que pueda pactar el desacuerdo y persiga generar el clima necesario para intentar reconstruir todo lo destruido, que es mucho. Llámenme ingenuo, sobre todo por arriesgarme a escribir algo que se leerá mucho después del 21D. Espero no haber hecho demasiado el ridículo.

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NI AUTOCOMPLACENCIA NI ADANISMO

Para intentar una salida del empantanamiento, necesitamos comenzar por compartir un diagnóstico de estos últimos cuarenta años de Estado autonómico, que huya tanto de las lecturas ucrónicas de la Transición y las adanistas de la crisis del régimen de 1978 como de los relatos autocomplacientes sobre las bondades de la transición política. Que, por cierto, fueron un pacto entre debilidades, propiciado por las impotencias mutuas. Tomemos nota. Solo identificando bien, y de manera compartida, lo que ha pasado durante estas cuatro décadas estaremos en condiciones de intentar abordar reformas que nos aporten microsoluciones. Para ello propongo que nos hagamos una pregunta: ¿puede ser que la solución táctica del Estado de las autonomías de 1978 sea hoy el principal obstáculo para desbloquear la situación? Yo así lo creo. Y no tanto por su pecado original, el llamado «café para todos» del Estado autonómico, sino por su desarrollo posterior durante estos años.

La solución táctica de 1978, prevista para facilitar el encaje de Cataluña y Euskadi en España, se ha terminado convirtiendo, en el caso de Cataluña, en un inmenso corsé que impide hoy que el encaje sea viable. Y ha actuado como uno de los principales detonantes locales de la explosión independentista.

EL PECADO ORIGINAL DE LA TRANSICIÓN

Me parece imprescindible hacer emerger realidades de estos últimos cuarenta años, que no siempre se tienen presentes, o a las que se ha dado una importancia residual. Son las que, a mi juicio, explican el agotamiento, que no fracaso, del pacto constitucional de 1978. No descubro nada si digo que la incardinación de Cataluña en el Estado español es un reto nunca superado. Aparece periódicamente, cual Guadiana. Lo hace en los momentos de normalidad democrática, que en nuestra desafortunada historia suelen coincidir con períodos de grave crisis económica. Fue así en los años treinta del siglo pasado con la República, y se volvió a producir en la transición del franquismo a la democracia.

Supera en mucho las posibilidades de este texto, pero es muy ilustrativo, adentrarse en los debates que durante la Segunda República se suscitaron en sede parlamentaria entre Ortega y Azaña,¹ muy especialmente con motivo del Estatuto de Autonomía de Nuria.² A menudo voy a buscar en esos debates algunas de las claves actuales. La historia no se repite, pero tiene potentes hilos conductores.

Es evidente que uno de los éxitos de la Transición fue la solución, aunque fuera temporal (siempre lo es), del conflicto territorial, vía Estado de las autonomías. En cambio, no lo es tanto el balance de estos años. No tengo dudas de la bondad que tuvo en su momento, al facilitar el tránsito de la dictadura a la democracia. Y de los beneficios obtenidos al aproximar el gobierno de las políticas, especialmente las sociales, a la ciudadanía. También en lo que ha supuesto en cuanto a reducción de las desigualdades territoriales. Pero me parece que esta valoración, aun siendo correcta, es parcial, en la medida en que no analiza los efectos colaterales no deseados, ni previstos en su momento, que ha producido. La respuesta táctica que dio Suárez permitió salvar uno de los grandes obstáculos de la Transición. Pero esa misma solución, el Estado de las autonomías, llevaba dentro el germen del conflicto posterior, su enquistamiento actual y, posiblemente, su empantanamiento por mucho tiempo si no somos capaces de superar ese modelo.

Me explico: a la Transición se llegó sin el reconocimiento de las reivindicaciones nacionales de Cataluña y Euskadi, y en menor medida de Galicia, especialmente después de los oscuros años del franquismo. También se llegó con la absoluta indiferencia en relación con el autogobierno del resto de regiones (su nombre en aquellos momentos), con la única salvedad relativa de Andalucía. El punto de partida de las regiones y naciones era muy distinto, Había una conciencia nacional muy potente en Cataluña y Euskadi, que se expresa en la existencia (previa al golpe de Estado militar de Franco) del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932. En Euskadi, su estatuto no se aprobó hasta el mes de octubre de 1936, una vez iniciada la guerra civil. En el caso de Galicia, a pesar de haber iniciado su singladura en 1932, no se aprobó hasta junio de 1936, y nunca entró en vigor, como consecuencia del golpe de Estado fascista. En 1977, en el resto de España había una exigencia de libertades democráticas, políticas y sindicales y de amnistía. En Cataluña, la aspiración nacional de autogobierno formaba parte del problema y formó parte de la solución.

Otro factor no menor es que mientras en el resto de España se produjo una continuidad en las instituciones de la dictadura, en Cataluña se produjo uno de los pocos espacios de ruptura institucional explícita con el franquismo. El pacto de Suárez con Tarradellas supuso el reconocimiento por el franquismo y sus herederos de la legalidad republicana, en forma de reinstauración de la Generalitat y la restitución de la presidencia de Josep Tarradellas. No fue el acto de mayor ruptura —otros en el terreno sindical y político lo fueron más—, pero sí el único en que explícitamente se reconoce la legalidad republicana, aplastada por el golpe de Estado fascista. De ese momento nace una realidad política que no tuvo después relevancia constitucional. Es cierto que las autonomías son expresión de la voluntad del poder constituyente que expresa la Constitución, pero no lo es menos que, en el caso de Cataluña, esa legitimación sea solo una parte de la realidad. Antes de la aprobación de la Constitución de 1978 ya existía, y así se reconoció expresamente, la personalidad jurídica diferenciada de Cataluña. No deja de ser sorprendente que mientras en Cataluña existió un reconocimiento explícito de ese factor diferencial, ello no se plasma después constitucionalmente en el reparto del poder político. En cambio, en Euskadi, donde no se produjo ese reconocimiento de la legalidad republicana, la Constitución sí recoge una especificidad muy importante en términos de poder político. El modelo de financiación que instaura el concierto y cupo vasco, y el convenio económico navarro les ha otorgado mucho más poder político por la vía de una mayor soberanía fiscal. Una especificidad que nace del reconocimiento de los derechos históricos de naturaleza foral, muy anteriores en el tiempo.

Es comúnmente aceptado que el Estado de las autonomías no fue la respuesta a una exigencia de autogobierno, ni tan siquiera de descentralización política, de todas las regiones españolas, sino que fue la solución táctica para «colarle» a los poderes del franquismo, aún muy fuertes, la autonomía de Cataluña y Euskadi. El llamado «café para todos».

LA CONSTITUCIÓN ABRIÓ CAMINOS QUE LOS MIEDOS ANCESTRALES CERRARON

No comparto la opinión hipercrítica que algunos hacen de la Transición. Por supuesto que tuvo errores y limitaciones, quizá porque era la expresión de una correlación de fuerzas que no permitió la ruptura. En el fondo, fue un pacto en el que se plasmaron las impotencias mutuas entre los herederos del franquismo y las fuerzas democráticas. No comparto tampoco la idea de que el problema territorial actual radique en la Transición y en el pacto constitucional. Por definición, las constituciones deben ser textos muy abiertos, con capacidad de adaptarse a realidades distintas y a orientaciones políticas diversas, y la nuestra lo es. Los constituyentes dejaron abierta la puerta a que las cosas pudieran haber transcurrido de otra manera.

Es cierto que el artículo 2 de la Constitución Española imposibilita la opción independentista, el derecho de secesión. Por cierto, como también lo hacen prácticamente todas las constituciones de los Estados constituidos. Pero ese mismo artículo 2 deja abiertas muchas vías. Incluso la de la plurinacionalidad y la de un desarrollo asimétrico del Estado de las autonomías, si así se hubiera querido posteriormente. La compleja redacción de ese artículo se salvó estableciendo una clara diferenciación entre regiones y nacionalidades. Que, como queda reflejado en los debates de los constituyentes, es sinónimo de naciones y se refiere especialmente a Cataluña y Euskadi.

Algunos de los déficits que se imputan a la Transición son más el fruto de su deficiente gobierno posterior. Eso es así no solo en el plano territorial, sino también en su vertiente social y democrática. La responsabilidad de que el Estado de las autonomías se deslizara, cada vez con más fuerza, hacia la uniformización, que no es sinónimo de igualdad ni la garantiza, está en quienes gobernaron el país en las décadas posteriores. Desde muy pronto se comprobó que no existía un proyecto pensado y que todo estaba abierto. La construcción del Estado autonómico no iba a ser el resultado de un proyecto definido y consensuado, sino el fruto de muchas decisiones tácticas, algunas de naturaleza local, y no todas en la misma dirección.

AGRAVIO COMPARATIVO, EL MOTOR DE LA HISTORIA

Junto al tacticismo, el otro gran hilo conductor que ha recorrido la construcción del Estado autonómico ha sido el agravio comparativo, que se ha convertido en el verdadero motor de la historia. Sobre todo a partir del momento en que una parte de la izquierda sustituyó el conflicto social por el agravio comparativo y sus dirigentes territoriales lo utilizaron como elemento de cohesión identitaria para tapar el vacío dejado por la falta de alternativas políticas en el terreno socioeconómico.

Andalucía, con la iniciativa adoptada por la Junta para acceder a la autonomía plena por la llamada vía rápida del artículo 151 de la Constitución, trastocó el diseño inicial de diferenciar entre las nacionalidades y las regiones en la forma, los ritmos y la intensidad de la construcción autonómica. El referéndum andaluz, celebrado el 28 de febrero de 1980, recogió el fuerte sentido comunitario de Andalucía y puso de manifiesto la clara voluntad de su ciudadanía de acceder al nivel más elevado de autogobierno previsto en la Constitución, aunque fuera por la vía de la «emulación». Ni tan siquiera el hecho de que dos provincias, Jaén y Almería, no alcanzaran los mínimos necesarios a favor del sí para dar validez al referéndum supuso un obstáculo. El «agravio comparativo» demostró por primera vez su potencia política como fuerza constructora del Estado autonómico. Unión de Centro Democrático (UCD), el partido en el Gobierno de España, que inicialmente recomendó la abstención en el referéndum, decidió no resistirse a la fuerza que en la sociedad andaluza había alcanzado la exigencia de equiparación a las nacionalidades históricas, sobre todo después de que Clavero Arévalo, uno de sus principales dirigentes regionales, dimitiera como ministro de Suárez y llamara a votar «sí», en contra de la recomendación de su propio partido, UCD. No habían pasado ni quince meses de la aprobación de la Constitución y ya se comprobó la fuerza que tendría el agravio comparativo en la construcción del Estado autonómico.

Un año después se producía el golpe de Estado del 23-F de 1981, que aunque fracasó en sus objetivos, acabó teniendo consecuencias. Así, en julio de 1982 se aprobaba, con los votos de UCD y el PSOE, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Es cierto que el Constitucional la declaró parcialmente inconstitucional, y que 14 de sus 38 artículos fueron anulados, pero al final su contenido se fue aplicando, de manera progresiva, comenzando por la aprobación de la Ley 12/1983 del Proceso Autonómico de 1983. La LOAPA no pasó el filtro del Tribunal Constitucional, pero su espíritu se impuso por la puerta de atrás. La uniformización, camuflada de armonización, no vino solo de la acción política del Gobierno central. En este proceso ha desempeñado un papel determinante el agravio comparativo. En ausencia de la lucha de clases, este ha sido el motor de la historia durante estos años, y hoy es uno de los principales obstáculos, incluso para las microsoluciones. La uniformización se ha vestido siempre de apuesta por la igualdad, confundiendo deliberadamente diversidad con desigualdad, igualdad con uniformización.

¿PUEDE UNIFORMIZARSE AQUELLO QUE ES DIVERSO SIN PROVOCAR UN CONFLICTO IRRESOLUBLE?

El Estado autonómico fue un gran movimiento táctico de Adolfo Suárez y los constituyentes, pero su evolución puede haberse convertido en el principal factor que dificulta resolver el anclaje de Cataluña en España. Los diversos puntos de partida en relación con la voluntad de autogobierno de las diferentes comunidades se convirtieron de manera forzada en la construcción de un Estado autonómico con 17 unidades políticas. Alguien debería haber entendido que esa apuesta por la uniformización podía convertirse en una bomba de relojería de efectos retardados. Pretender construir un Estado en el que a unos se les restringe su voluntad de autogobierno y a otros se les obliga a asumirla no es el mejor camino para que las cosas salgan bien.

Aún hoy, cuarenta años después, la diferencia entre la ciudadanía de las comunidades autónomas en lo que respecta a la voluntad de autogobernarse es extrema. En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio de 2017 surge una gran diferencia entre comunidades autónomas en la opinión sobre el Estado de las autonomías y el modelo de Estado. Mientras, en Cantabria, un 67,6 por ciento de la población se declara satisfecha con el actual Estado autonómico, ese porcentaje baja al 26,5 por ciento en Cataluña y a un 26,2 por ciento en Euskadi. Un 58 por ciento de la ciudadanía de Castilla y León y un 49,1 por ciento de la de Castilla-La Mancha es partidaria de un Estado central sin autonomías en el mismo momento que en Cataluña existía un gran apoyo a la independencia. Querer encajar esta gran diversidad en una fórmula uniformizadora ha sido un gran error y ha demostrado no ser viable.

En algún momento deberemos discutir de manera sincera y sin estereotipos si el Estado español soporta una estructura de 17 unidades políticas uniformizadas. No creo que haya masa crítica (ni económica, ni de población) ni voluntad de autogobierno para ello. Y cuanto antes se asuma, mejor. La realidad actual es que el Estado de las autonomías no satisface la voluntad de autogobierno de una parte importante —mucho más que los independentistas— de la ciudadanía de Cataluña. Dar respuesta a esa reivindicación, o bien bloqueándola o bien generalizándola a 17 comunidades autónomas ha sido un grave error. Ese camino no me parece viable, ni tan siquiera en el marco de una propuesta federal.

En el proceso de uniformización de las comunidades autónomas, además del agravio comparativo, tuvo un desastroso papel la derecha española, encabezada por José María Aznar, obsesionado desde el minuto cero por construir una España basada en una idea uniformizadora y una actitud supremacista, en este caso, castellana. Ya desde la oposición, Aznar se inventó una nueva Constitución, al reinterpretarla en un sentido centralizador y uniformizador. Para ello contó con la inestimable ayuda del Constitucional. En sus primeros años, el Tribunal actuó como principal impulsor de un desarrollo progresista de la Constitución, pero a partir de un determinado momento se convirtió en el gran obstáculo. Hasta llegar a la sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en la que el Constitucional no supo autolimitarse en el ejercicio de sus funciones y aceptó convertirse en una tercera cámara legislativa capaz de modificar el acuerdo entre Parlament y Congreso, aprobado en referéndum por la ciudadanía de Cataluña.

La derecha española lleva en sus genes la unidad de España, que solo entiende si va acompañada de uniformidad. Y si desaparece este gen, desaparece la derecha como opción política. De ahí la agresividad con la que se comporta y la negativa absoluta a dialogar para buscar una solución. Y para añadir complejidad al conflicto, la izquierda española no ha sido capaz de generar un proyecto alternativo que sea atractivo. En España, los momentos de falta de libertades siempre van acompañados de centralización política, y los momentos democráticos, de descentralización. En consonancia con ello, la izquierda debería haber entendido que necesitaba y necesita una propuesta alternativa a la unidad uniformizadora de España. La izquierda solo puede tener un proyecto alternativo si este se construye a partir del reconocimiento e impulso de la plurinacionalidad y su plasmación en la forma en que se estructura el Estado. Por supuesto, esto sería más fácil, o menos difícil, si la izquierda identificara de manera clara la desigualdad con las diferencias de clase. Y si no hubiera caído en la trampa de la derecha de negar el conflicto social y considerar que la desigualdad tiene su origen en las diferencias territoriales. Por ello considero que la solución del conflicto territorial solo será posible si va acompañada de un mayor protagonismo del conflicto social, de alternativas socioeconómicas y también de una reforma social de la Constitución.

LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS, MUCHO TACTICISMO Y NINGÚN PROYECTO

La construcción tacticista del Estado de las autonomías se puso de manifiesto desde el primer día, y el precio a pagar por la falta de un proyecto de estructura de Estado está siendo muy caro. El modelo de Estado autonómico que se puso en marcha tiene un gen perverso. Es la antítesis del autogobierno, que es sobre todo asunción de las responsabilidades, los riesgos y los costes que comporta gobernar. En cambio, en un principio se dotó a las comunidades autónomas de un nivel muy elevado de autonomía en el gasto (con especial protagonismo del gasto social) y nula autonomía ni responsabilidad en los ingresos. Sin duda, esto ha contribuido a crear en algunos gobernantes autonómicos cierta mentalidad de caciques locales. Este vacío de proyecto se ha ido llenando a lo largo de los años, y el único cuaderno de bitácora ha sido un tacticismo extremo. El desarrollo autonómico ha sido el espacio de intercambios políticos, el terreno de juego de las negociaciones para conseguir mayorías de gobierno a nivel estatal. Se ha utilizado el autogobierno como moneda de cambio de la gobernabilidad de España.

El papel de partido bisagra que en otros países europeos han desempeñado los pequeños partidos estatales, en España lo ha desempeñado CiU. Quizá la historia hubiera sido distinta si en su momento hubiera prosperado la operación reformista que intentaron Roca i Junyent y Garrigues Walker con el objetivo de crear un partido que ocupara el espacio de los liberales europeos. Porque la falta de un partido intermedio entre las dos grandes opciones, PSOE y PP, le ha otorgado a la derecha nacionalista catalana (CiU) y a la vasca (PNV) un protagonismo desproporcionado.

Pero de la misma manera que las negociaciones con el PNV nunca han sido un factor distorsionante, en la medida en que se han centrado en el concierto y el cupo, que no son trasladables a otras comunidades autónomas, en el caso de Cataluña, la distorsión ha sido máxima. Cada avance exigido por Cataluña en materia de autogobierno, y negociado a cambio de la gobernabilidad de España, se presentaba como una concesión al nacionalismo. Y seguidamente se exigía por parte del resto de comunidades autónomas su generalización.

Durante estos años se han generado dos dinámicas, cada cual más peligrosa. De un lado, se alimentaba el sentimiento de agravio comparativo y, del otro, se ponían en marcha dinámicas de generalización de lo negociado, que han terminado siendo inasumibles por el Estado. Todo esto ha ofrecido la coartada perfecta a quienes desde la derecha llevan años intentando un proceso de recentralización. Mucho más después de que Ciudadanos se haya apropiado de esta bandera y presione con ella al PP.

LOS ACUERDOS DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El paradigma de este proceso perverso que describimos son los diferentes acuerdos de financiación autonómica. En un primer momento, las comunidades autónomas disponían de muy poca autonomía fiscal. La Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas estableció un período de tránsito hasta 1986. Inicialmente se cedió la recaudación, sin capacidad normativa, del impuesto de sucesiones, patrimonio y transmisiones. Y las comunidades autónomas utilizaron muy poco sus competencias para crear impuestos propios. El resultado fue que, en los primeros años, la financiación de las comunidades autónomas dependía prácticamente de las subvenciones del Estado, lo que supone la antítesis del autogobierno, que comporta asumir responsabilidades frente a la ciudadanía.

A partir de 1986 se fueron negociando diferentes acuerdos de financiación autonómica por períodos de cinco años, comenzando por el de 1987-1991. Todos con la misma lógica perversa: Cataluña comienza exigiendo más recursos y más soberanía fiscal, y la reacción en general del resto de comunidades autónomas es de crítica, utilizando los tópicos típicos para referirse a Cataluña. Una vez alcanzado el acuerdo bilateral entre Cataluña y el Estado, este se generalizaba en el marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El partido que estaba en el Gobierno central le daba apoyo y el que estaba en la oposición formulaba críticas feroces por los riesgos para la unidad de España.

Así sucedió cuando, en 1993, se empezó a aplicar el acuerdo para el período 1992-1996, que cedió el 15 por ciento de la recaudación del IRPF a las comunidades autónomas, sin capacidad normativa. Gobernaba Felipe González, y en la oposición, Aznar ya había puesto en marcha su estrategia de acusar al PSOE de romper España. Con la inestimable ayuda de dirigentes autonómicos del PSOE, encabezados por el «Bellotari»³ Rodríguez Ibarra, que se opuso a este acuerdo con el poco original argumento de que «rompe la Hacienda del Estado y fomenta la insolidaridad entre las regiones ricas y las pobres».⁴ Para entonces, el socialismo meridional —y no solo él— ya había abandonado la idea de que son las diferencias sociales, entre clases, las que crean desigualdad, y había sustituido la lucha de clases por el agravio comparativo entre comunidades autónomas como motor de su acción política.

La historia se ha repetido así hasta en cinco ocasiones, siempre con el mismo guion, aunque con diferentes protagonistas. El acuerdo para el período 1997-2001 incluyó la transferencia del 30 por ciento de la recaudación del IRPF. Para entonces ya gobernaba Aznar, que consiguió el apoyo parlamentario de CiU en el conocido Pacto del Majestic, y esa fue una de las claves del nuevo acuerdo de financiación. En la oposición estaba el PSOE, que se opuso al nuevo acuerdo, y quizá por eso las comunidades autónomas que gobernaba, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, lo rechazaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para el acuerdo de 2002, Jordi Pujol intentó cambiar el terreno de juego. En la primera legislatura de Aznar, aprovechando que el PP no tenía mayoría absoluta y necesitaba a CiU, Pujol planteó por primera vez un pacto fiscal al estilo del concierto vasco. Pero en el momento de negociarlo, Aznar ya tenía mayoría absoluta y la cosa se quedó en un nuevo acuerdo de financiación con más competencias para todas las comunidades autónomas. Con este acuerdo sucedió lo mismo que con todos: críticas iniciales muy duras del resto de comunidades autónomas a Cataluña por sus «ávidas» intenciones económicas y generalización después a todas las comunidades autónomas, que veían así mejorados sus ingresos. En general, para Cataluña, los impactos económicos de estos acuerdos siempre fueron menores de los inicialmente previstos. Las previsiones de recaudación del Gobierno catalán estaban hinchadas para poder venderlas mejor en Cataluña, lo que provocaba críticas de insolidaridad del resto de España, pero no más recursos. En general, acabaron siendo afectadas por los cambios de ciclo económico y su repercusión negativa en la recaudación final.

Así fue hasta llegar al último acuerdo de financiación, el del período 2009-2013, prorrogado unilateralmente por el Estado, desde el 1 de enero de 2014, y aún hoy vigente. Es posiblemente el acuerdo que aporta cambios más sustanciales, en forma de más financiación para las comunidades autónomas y más soberanía fiscal. Desgraciadamente, su aplicación coincidió con la crisis económica, lo cual comportó una caída brutal en las previsiones de recaudación para las comunidades autónomas. Por eso, en su momento fue muy criticado, pero con el paso del tiempo se han visto sus potencialidades. El propio vicepresident Oriol Junqueras así lo reconoció con motivo de los Presupuestos de 2017. En algún momento se reconocerá el trabajo de Antoni Castells, conseller de Economía, y su equipo, verdaderos artífice del acuerdo. Ahora, con su revisión, podría convertirse en la base para un punto de inflexión en la dinámica del conflicto y para pasar de abrir trincheras a construir puentes.

Si he realizado esta rápida mirada de Meteosat por la historia de los acuerdos de financiación autonómica ha sido para dejar constancia de que los lodos actuales vienen de muchos años de irresponsabilidades compartidas. Y sobre todo de la falta de un proyecto de Estado que no sea el de la unidad uniformizadora de España, pasada por el cepillo de las necesidades tácticas del Gobierno de turno. El último ejemplo de esta manera de gobernar se produce de manera simultánea a la redacción de este libro. La Comisión de Expertos sobre financiación autonómica ha entregado sus conclusiones, que contienen propuestas sobre los sistemas forales (Euskadi y Navarra).⁵ Los expertos no impugnan el modelo de concierto, pero proponen una revisión del cálculo del cupo a pagar por las comunidades forales, para así aumentar su aportación. Y al mismo tiempo plantean la necesidad de reducir de manera progresiva las grandes diferencias entre lo que perciben por cada ciudadano para financiar los servicios básicos las comunidades autónomas forales (que salen muy beneficiadas con el sistema actual) y las del régimen común.

Pues bien, antes de que pudiera negociarse el nuevo acuerdo de financiación para todas las comunidades autónomas, Rajoy ya ha llegado a un pacto por el que, a cambio del apoyo del PNV en el Congreso, se ha fijado un cupo que agranda aún más la diferencia de financiación por habitante. Las razones por las que el Estado español concede a Euskadi lo que niega a Cataluña, además de las de origen antropológico —de las que no me siento en condiciones de hablar—, tienen que ver con el diferente peso económico de Euskadi y Cataluña. No es lo mismo cuando está en juego el 6 por ciento del PIB (Euskadi) que si el impacto afecta al 19 por ciento (Cataluña) de la riqueza nacional.

AUTOGOBIERNO POR CONVICCIÓN, EMULACIÓN, IMITACIÓN Y «A LA VALENCIANA»

Que me disculpen mis amigos valencianos de Compromís y el Partit Socialista del País Valencià (PSPV) por el uso de la metáfora, que es prestada y muy ilustrativa de lo que quiero explicar. Hoy, para mí, «a la valenciana» es sinónimo de buen hacer, pero en el momento en que está situada la anécdota, con Camps en la Presidencia de la Generalitat, «a la valenciana» era sinónimo de lo contrario y de muchas más cosas.

En pleno proceso de reforma de los estatutos de autonomía, participé en un seminario en el que un conocido catedrático (no catalán, para más señas) formuló una descripción de las maneras de entender el autogobierno por parte de las comunidades autónomas que resulta de lo más ilustrativa. Según él, los planteamientos de las distintas comunidades autónomas en relación con las reformas de los estatutos de autonomía permitían explicar cómo se había ido configurando el Estado autonómico. Su diagnóstico fue que había comunidades autónomas, como Cataluña, que actuaban por convicción y otras, como Andalucía, que lo hacían por emulación. En otro grupo estaban las que actuaban por imitación. Y, finalmente, estaba la construcción del autogobierno «a la valenciana» con la fórmula Camps. Con esa descripción se refería a la disposición segunda que se incorporó en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que dice lo siguiente:

1. Cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las comunidades autónomas será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias.

2. La Comunitat Valenciana velará por que el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad con las demás comunidades autónomas.

3. A este efecto, cualquier ampliación de las competencias de las comunidades autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunitat Valenciana con anterioridad obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización.

No creo que haya mejor ejemplo de la perversión que supone concebir así el autogobierno y el Estado autonómico: a partir de la cultura política del agravio comparativo.

¿COMETIÓ UN ERROR MARAGALL?

En estos años que han pasado desde la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía me he preguntado muchas veces si la iniciativa de Pasqual Maragall fue un error. Lo hago desde la corresponsabilidad con esa iniciativa, que apoyé siendo secretario general de CC. OO. de Cataluña, consciente de lo fácil que es analizar a toro pasado. Pero es una pregunta que deberíamos hacernos por las consecuencias que ha tenido y por las enseñanzas que pueda contener de cara al futuro.

Hace tiempo que llegué a la conclusión de que en aquella iniciativa se condensaron diversos errores. Desde la perspectiva del «Gobierno catalanista y de progreso», el Tripartito, fue un error situar de entrada el eje de la acción de gobierno en la reforma estatutaria en vez de poner en marcha un proyecto alternativo en clave social, ya que desestabilizó al Tripartito, permitiendo que la pugna nacionalista entre ERC (en el Gobierno) y CDC (en la oposición) deteriorara su tramitación y convirtiera la reforma estatutaria en una subasta nacionalista. Desde aquel momento, el conflicto nacional ha tenido un papel de eucaliptus político en Cataluña. Ha ocupado todo el espacio, secando el terreno de la política catalana, incluso el del conflicto social. Ha absorbido todos los nutrientes y capacidades de la sociedad, y mucho me temo que ha dejado yermo el terreno para otras especies durante algunos años. En términos políticos, el predominio del conflicto nacional es y puede seguir siendo un impedimento insalvable para construir una alternativa de izquierdas en Cataluña.

Para el conjunto de España, abrir el melón en aquellas condiciones, con el PP herido y rabioso por su salida del Gobierno español en condiciones traumáticas, ansioso de poner en marcha su proyecto uniformizador de España en el marco de la revolución conservadora de Aznar, fue como meter la cabeza dentro de una colmena de abejas. Un proyecto de cuasi reforma constitucional, o al menos de relectura amplia de la Constitución, hecho sin el consenso necesario y contra el gran partido de la oposición, en un país que ha hecho del agravio comparativo el motor de la historia, era una operación de alto riesgo. Para ser un coctel explosivo, a esta apuesta solo le faltaba el ingrediente de la crisis económica, que acechaba, y que llegó al mismo tiempo que la sentencia del Tribunal Constitucional.

Este conflicto ha abierto la caja de Pandora de todos nuestros demonios nacionales y me ha hecho recordar la cantidad de veces que Jordi Pujol se había manifestado en contra de abrir esta vía, advirtiendo de los riesgos que ello comportaba y de la posibilidad de que tuviera un efecto bumerán. Si saco a colación esto ahora, después del desastre producido a raíz de la tentación unilateralista del independentismo, es para que, en la búsqueda de soluciones, intentemos no cometer los mismos errores. Que desde mi punto de vista, son tres errores en uno: intentar reformas sistémicas que lo tocan todo, querer reformas para siempre y no para un período temporal limitado, y pretender reformas sin grandes acuerdos.

EL ESTADO AUTONÓMICO HA COLAPSADO

Uno de los efectos colaterales de esta crisis, que en este caso podría ser positivo si se sabe aprovechar, es que ha puesto de manifiesto que la actual ordenación territorial del Estado español ha colapsado. Lo adecuado sería plantearse algunos cambios, de manera gradual, tanto en el tiempo de implantación como en su intensidad, y para ello se necesita primero normalizar la situación en Cataluña. Pero en ningún sitio está escrito que esto sea posible, y no deberíamos descartar que al final terminemos en una etapa de empantanamiento total y por mucho tiempo de la vida política española, no solo de la catalana. Por eso me atrevo a sugerir unos escenarios, con objetivos graduales. De manera que si no existen condiciones para una reforma en profundidad del Estado, al menos se puedan adoptar decisiones que desactiven algunas minas y permitan avanzar en la solución de algunos problemas, huyendo tanto de la resignación como de la épica de las grandes soluciones.

2

MEJOR EXPLORADORES QUE CHAMANES

Pese a no compartir algunas de sus reflexiones y propuestas, ni los apuntes que hace sobre la actual política española, me siento muy identificado con la metáfora utilizada por Víctor Lapuente en su libro El retorno de los chamanes¹ en el que diferencia entre quienes se dedican a ofrecer a la ciudadanía soluciones mágicas y simplistas a problemas complejos —los chamanes— y quienes dedican sus esfuerzos a buscar soluciones parciales, modestas pero factibles y útiles —los exploradores. Me sirve para explicar la actitud con la que creo que deberíamos abordar los conflictos que tenemos abiertos.

No creo, sinceramente, que en el actual escenario exista una solución, en mayúsculas, al estilo chamán. Eso ya lo han intentado los independentistas con el resultado conocido. Estoy convencido de que deberíamos intentar encontrar soluciones en minúscula, al estilo de los exploradores. Entre otras cosas, para no caer en los riesgos que en su momento detectó Zygmunt Bauman cuando escribió: «Si no existe una buena solución para un dilema, si ninguna de las actitudes sensatas y efectivas nos acercan a la solución, las personas tienden a comportarse irracionalmente, haciendo más complejo el problema y tornando su resolución menos plausible».

En la búsqueda de las microsoluciones del explorador, lo más importante son las preguntas. Y de todas las preguntas necesarias, hay una que me parece imprescindible: ¿cuál es el problema que tenemos hoy sobre la mesa? Puede parecer obvia, pero estoy seguro de que si la formuláramos, no tendríamos una respuesta compartida. La mía es que tenemos varios problemas, acumulados y entrecruzados entre sí. Y eso es lo que dificulta la tarea de darles respuesta.

Tenemos el problema ancestral de encaje de Cataluña en España, como expresión de un problema más amplio que es el del reparto del poder político territorial en España. Tenemos el problema de la insuficiente financiación de Cataluña, que es común a las otras comunidades autónomas y enlaza con el reto de la distribución de los deficientes recursos fiscales disponibles. Tenemos el problema del agotamiento del pacto constitucional de 1978. No solo en su aspecto territorial, sino también en el social y democrático. Y en el trasfondo de todo ello tenemos un problema más amplio: el conflicto por la soberanía política, no solo entre Cataluña y España, sino también con la Unión Europea y los mercados globales como protagonistas. Y la cuestión de qué papel le queremos hacer desempeñar a Europa.

Por supuesto, abordar todos estos retos de golpe sería una ingenuidad del tamaño de la DUI. Pero resulta imprescindible identificarlos para así intentar enfilar las posibles soluciones (siempre teóricas, porque su plasmación política es mucho más complicada). Enfilar las respuestas, en el sentido de darles coherencia, resulta imprescindible para evitar que algunas de ellas puedan ser contradictorias entre sí.

EL NORTE EN LA BRÚJULA DE LOS EXPLORADORES

Para encontrar microsoluciones coherentes entre sí es imprescindible saber cuál es el norte al que queremos dirigirnos. A mi juicio, el objetivo que deberíamos perseguir es el de recuperar la capacidad de la política para gobernar una economía globalizada y la sociedad que la acompaña.

Nunca los contemporáneos de las grandes crisis de época —y esta lo es— han acertado en las respuestas que dar a los cambios que vivían y sufrían. Basta ver cómo la proliferación del comercio por todo el mundo provocó la obsolescencia de las sociedades feudales y la inadaptación de la ciudad como espacio territorial adecuado para regular estas nuevas realidades económicas. O cómo los gremios dejaron de ser estructuras útiles para la defensa de los intereses profesionales y se convirtieron en una rémora para el desarrollo de la economía industrial. O, después, la historia de la industrialización y el grado de desconcierto que generaron los cambios en las formas de trabajo, los flujos migratorios del campo hacia las ciudades, el gran aumento de las desigualdades sociales y la crisis de las estructuras sociales existentes. El capitalismo industrial necesitó de los Estados nacionales para proteger e impulsar su desarrollo, aunque tuvieron que pasar dos siglos para que adquirieran las formas del Estado social de la segunda mitad del siglo XX en las sociedades europeas que hoy conocemos. Y durante este trayecto hubo más desconcierto y apuestas fallidas que otra cosa: basta recordar la convulsa historia del siglo XX.

Ahora nos disponemos a afrontar el reto de construir nuevas organizaciones sociales, nuevas instituciones políticas y los espacios territoriales más adecuados en los que actuar e intervenir para ser útiles a la ciudadanía en el intento de gobernar las nuevas relaciones económicas construidas sobre la prevalencia de un capitalismo financiero profundamente globalizado. Por eso intuyo que las microsoluciones al conflicto catalán y a la crisis del Estado español deben relacionarse también con la construcción de la Unión Europea y con la respuesta política a la globalización económica. No podemos abordar el debate sobre la distribución del poder político entre Cataluña y España como si estuviéramos aún en la sociedad industrialista y con criterios nacionalistas, propios de la etapa histórica de los Estados nación.

Si queremos ser útiles en la recuperación de la soberanía de los ciudadanos frente a los mercados globales, deberemos acertar en la dimensión territorial en que han de actuar las instituciones políticas. Y deberíamos aprovechar esta profunda crisis del Estado español desencadenada por el conflicto catalán, pero con causas más profundas, para debatir y acordar una nueva distribución del poder político entre Cataluña y España, con Europa en el escenario y la globalización en el horizonte. Y hacerlo en términos de eficiencia y no identitarios.

Para explicar mi intuición de cómo construir el futuro, lo ilustraré con un ejemplo actual. En el momento en que se aprobó la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el sector financiero contaba en España con una presencia importante de las cajas de ahorro, unas instituciones nacidas durante el siglo XIX, con una fuerte impronta local y regional. Quizá por eso, cuando se aprobó el Estatuto de Sau en 1979, las competencias regulatorias de las cajas de ahorro se distribuyeron entre el Estado central y las comunidades autónomas. Con esa distribución competencial llegamos a la Gran Recesión, y de ella hemos salido sin cajas de ahorro, con un sector financiero muy concentrado y con entidades globales, en el que las comunidades autónomas ya no tienen nada que decir ni regular. Al contrario, el proceso que está en marcha a nivel europeo, aunque lento, pasa por transferir las competencias de regulación y supervisión a espacios supranacionales. El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) puesto en marcha desde 2011 es el embrión de lo que debería ser una única regulación y supervisión del sistema financiero en Europa. Esta adecuación de la gobernanza del sistema financiero a los cambios en el sector se ha producido como respuesta a una crisis que puso de manifiesto la obsolescencia de un sistema de regulación y supervisión financiera que pretendía actuar desde los Estados, y en el caso de España, también desde las comunidades autónomas.

No deberíamos esperar una nueva crisis para abordar los muchos desajustes que aún hoy existen en la distribución del poder político entre el Estado central y las comunidades autónomas. La actual crisis del Estado español es una oportunidad para hacer de nuevo la reflexión de cuál es el ámbito político territorial más adecuado para regular cada una de las realidades económicas y sociales. Siempre con la mirada puesta en la eficacia regulatoria frente a los mercados, la eficiencia en el uso de los recursos y la igualdad —que no uniformidad— en el acceso de los ciudadanos a los derechos y servicios básicos.

PROPUESTAS PARA SALIR DEL EMPANTANAMIENTO

En este camino de construir soluciones hay algunas apuestas que no nos llevan a ninguna parte. De todas, la más peligrosa, porque enquista el conflicto, es el inmovilismo político de Rajoy y quienes le apoyan en la negativa a discutir las alternativas, por considerar que hay verdades inmutables: hasta aquí hemos llegado por una negativa cerrada de la derecha y del Gobierno de Rajoy a abordar ningún cambio significativo. Durante estos años, la respuesta al conflicto entre inmovilismo e independentismo ha girado sobre dos propuestas distintas: el referéndum pactado de un lado y la reforma constitucional del otro.

Siempre he considerado que la celebración de un referéndum consultivo pactado, en el marco constitucional, es la mejor opción. Facilitaría el debate plural y más abierto sobre la independencia, que Cataluña aún no ha hecho, y permitiría conocer así la opinión de la ciudadanía. Debo reconocer, no obstante, que un referéndum con un planteamiento binario comporta un grado de polarización de la sociedad catalana que quizá no es lo más aconsejable en estos momentos. Algunas de las salidas del conflicto que pudieron ser útiles en su momento igual ya no son viables ahora, después de la radicalización de posiciones provocada por el inmovilismo de unos y la DUI de otros. La derecha española no parece dispuesta ni tan siquiera a aceptar el debate democrático sobre la hipótesis de la independencia.

Por ello no deberíamos descartar la hipótesis de una reforma constitucional pactada previamente entre las fuerzas políticas, y sometida después a referéndum. Aunque he de reconocer que tampoco está garantizado que la derecha acepte discutir sobre ello, y mucho menos que pueda existir acuerdo sobre el ámbito, la orientación y la ambición de esta posible reforma constitucional. De ahí la importancia de reconducir la situación hacia una propuesta lo más compartida posible por las fuerzas políticas de Cataluña para lograr la máxima fuerza negociadora. Y en este sentido, yo apuesto por que en cualquiera de los dos supuestos (referéndum o reforma constitucional) el resultado final sea un Estado federal para España.

Dado que la «solución» en mayúsculas no parece una tarea fácil ni rápida, considero imprescindible que de manera simultánea nos pongamos a trabajar en la búsqueda de microsoluciones a algunos de los problemas importantes que tiene nuestra sociedad, especialmente en el terreno de los recursos públicos con los que financiar políticas sociales. En una doble dirección, la de la mejora de la financiación de Cataluña y la de la cancelación del elevado grado de endeudamiento. Un problema de todas las comunidades autónomas, pero especialmente grave para Cataluña, que según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), no alcanzaría niveles de sostenibilidad hasta el año 2047.² En resumen, se trata de trabajar en la búsqueda de soluciones en diferentes niveles, sin poner todos los huevos en la misma cesta, y huyendo del planteamiento binario del todo o nada que nos podría condenar al empantanamiento perpetuo.

SISTEMA TRIBUTARIO Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Con la filosofía de no esperar la solución de los chamanes, sino de explorar microsoluciones, creo que no deberían menospreciarse, sino todo lo contrario, las posibilidades que ofrece la revisión del sistema tributario y de la financiación autonómicos. En su momento, cuando analizamos los diferentes estratos que configuran el independentismo catalán, ya apuntamos la existencia de un estrato basado en razones económicas y otro construido sobre los agravios. Ambos tienen mucho que ver con la insuficiente financiación de Cataluña y la percepción de injusticia que genera el actual modelo de financiación. Una parte de esta insuficiencia de recursos se deriva de nuestro cadavérico sistema tributario: por más grande que sea la parte del pastel fiscal que se le adjudique a Cataluña, si el pastel es muy escaso, difícilmente los recursos que le correspondan a Cataluña podrán ser nunca suficientes. Pero hay otros dos problemas que sí podríamos abordar: el del poder político tributario y el del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que es manifiestamente mejorable.

En este escenario hay dos movimientos que explorar. Primero, el que se desprendería de la transferencia a la Hacienda catalana de la plena capacidad para recaudar todos los impuestos, excepto aquellos que gravan hechos imponibles con mucha capacidad de movilidad territorial. Esa mayor soberanía fiscal para Cataluña no debería comportar ni desigualdad, ni la ruptura de la solidaridad entre personas y territorios. La combinación de un «concierto solidario» que establezca un cupo que no rompa la igualdad en la financiación por habitante de los servicios básicos, y un consorcio de las dos administraciones tributarias, la central y la catalana, es un camino a explorar. De hecho, el Consorcio Tributario está previsto en el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, sin que nunca se haya desarrollado. Se trataría de combinar más soberanía y poder fiscal para Cataluña con más equidad horizontal entre comunidades autónomas, garantizando la eficacia recaudatoria de las dos administraciones tributarias, la estatal y la catalana. Para ello sería necesaria solo una pequeña enmienda constitucional por la que se incorporaría una nueva disposición adicional que recogería el pacto político entre el Estado y Cataluña. Esta solución ya fue apuntada por Miguel Herrero de Miñón en una conferencia en Barcelona en abril de 2014.³

En otro nivel de menor complejidad política disponemos de las posibilidades que ofrece la revisión del actual sistema de financiación autonómica. En este sentido, sugiero la lectura de los trabajos de Maite Vilalta, profesora de la Universidad de Barcelona y una de las grandes expertas en financiación autonómica.⁴ La profesora Vilalta apunta a una reforma que, a partir del sistema actual, incorpore los siguientes cambios: aumentar el volumen global de recursos del sistema a favor de las comunidades autónomas; reforzar la autonomía financiera de las comunidades autónomas, otorgándoles más capacidad normativa sobre algunos impuestos; dar cumplimiento al principio de equidad horizontal, con la mejora del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales; revisar las distorsiones provocadas por los otros tres fondos: el de suficiencia global, el de competitividad y el de cooperación; garantizar la estabilidad del modelo, de manera que lo que se pacta el año base debe cumplirse a lo largo del tiempo, y aumentar la coordinación del sistema a través de los mecanismos multilaterales y bilaterales.⁵ Las dos vías a explorar, el concierto solidario y la revisión del sistema de financiación autonómico, no son incompatibles entre sí, más allá de la complejidad política para su pacto e implantación.

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

En paralelo a las potencialidades que aporta un nuevo sistema de financiación autonómico, disponemos de la posibilidad de encarar de una vez la reforma constitucional. Existe en nuestro país una opinión bastante generalizada sobre el desgaste sufrido por la Constitución Española a lo largo de estas cuatro décadas, de la necesidad imperiosa de abordar una reforma que la refuerce como espacio de convivencia y de la oportunidad de llevarla a cabo para romper el maleficio histórico del constitucionalismo español, en que las constituciones no se reforman, sino que simplemente o son aplastadas por golpes militares o sustituidas por otra.

Las posibilidades de reformas son diversas y, aunque el ámbito oportuno para presentar propuestas es el del Congreso de los Diputados, existen aportaciones interesantes desde el ámbito académico. La más reciente es la realizada por un grupo de profesores de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de toda España en la que optan por acotar, de momento, la reforma al modelo territorial, para evitar que un exceso de ambición bloquee el acuerdo.⁶ Debo decir que no creo mucho en el llamado blindaje constitucional de los derechos sociales. No porque no sea necesario mejorar la garantía de estos derechos, sino porque pensar que una Constitución puede blindar derechos, al margen de la situación económica o la correlación de fuerzas, es un poco ingenuo. En todo caso me encuentro entre quienes creen que en esta reforma constitucional deberíamos abordar no solo el modelo territorial del Estado, sino otras cuestiones referidas al modelo social, que permita un mayor reconocimiento de derechos sociales de nueva generación, como la renta garantizada de la ciudadanía. Y también otros cambios, con el objetivo de reforzar la democracia o avanzar en la sostenibilidad y el reconocimiento de nuevos derechos en el terreno ambiental.

Soy consciente, en todo caso, de que la ambición de la reforma constitucional debe ir pareja a las capacidades y a las posibilidades de que se disponga, y por ello puedo entender el planteamiento de los constitucionalistas, que han propuesto una reforma constitucional limitada a la ordenación territorial del Estado. Sobre la mesa existen ya diferentes enfoques. Desde el orientado a resolver solo el encaje de Cataluña a partir del reconocimiento nacional que no se produjo en 1978 (la propuesta de Herrero de Miñón) a otros más ambiciosos.

Sin embargo, no todas las posibilidades de abordar el problema catalán pasan por la reforma constitucional. En un reciente artículo, Santiago Muñoz Machado, una de las personas que mejor conocen el Estado y su desarrollo en estos años, ha apuntado cambios sustanciales que pasan por la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.⁷ Eso sí, recuerda que para ello es imprescindible voluntad política y acordar previamente el terreno de juego constitucional. Valga esta cita para poner de manifiesto las muchas posibilidades que hay en el terreno de las microsoluciones.

Desde mi modesto punto de vista, la reforma territorial del Estado debería incluir al menos dos aspectos clave. De un lado, el reconocimiento de su carácter plurinacional, del que debería desprenderse un blindaje de competencias en determinados ámbitos para las naciones que se reconozcan como tales (soy consciente de que este tema no es pacífico y está muy condicionado por el agravio comparativo). Y del otro, la reforma del Título VIII en una dirección federal. Ya he comentado antes que creo que deberíamos evitar los debates nominalistas, pero sin duda hay que dotar de contenido a esta propuesta federal. Desde mi punto de vista, debería incorporar claros elementos de asimetría, que algunos pueden considerar más propios de una estructura confederal, pero que no lo son, porque no se trata de un pacto entre Estados, sino de un Estado con estructura federal.

FEDERALISMO, ASIMETRÍA E IGUALDAD

¿Puede un Estado federal incorporar elementos de asimetría en relación con las unidades políticas que federa, y al tiempo asegurar igualdad entre los ciudadanos del conjunto de la federación? Mi respuesta a esta pregunta es que sí, que es posible. Sin duda, no sin cierta complejidad. En todo caso resulta imprescindible no confundir federalismo con uniformidad. Entre otras cosas porque existen experiencias diversas de países que son considerados federaciones que han integrado la asimetría entre sus Estados como una manera de hacer más estable la federación y de integrar las diferencias de inicio.⁸ La idea de que el federalismo es sinónimo de uniformidad y que no permite abordar la asimetría como una manera de encajar diversidad con igualdad no tiene respaldo empírico.

En este intento de explorar la senda del «federalismo asimétrico» comparto las reflexiones de Juanjo López Burniol,⁹ aunque con algún matiz sobre el que hemos tenido oportunidad de reflexionar. Para que el Estado federal responda a su objetivo de cooperación, debe garantizar espacios multilaterales en los que determinar la gobernanza del conjunto de la federación y los instrumentos de cooperación y solidaridad. Y en los que todos los estados actúen en igualdad de condiciones. Esos espacios multilaterales deben garantizar la simetría entre los diferentes entes estatales, pero no comportan, a mi juicio, la negación de relaciones bilaterales de los estados federados con la federación, siempre que estén acotadas y transaccionadas. La idea de que multilateralidad y bilateralidad no son compatibles, además de expresar una rigidez poco útil para abordar los conflictos, no se corresponde con la realidad de lo que hoy es el funcionamiento de los estados federales.

Ese federalismo formalmente simétrico que propongo puede convivir perfectamente con un federalismo materialmente asimétrico que refleje las diferencias objetivas y de partida de las que hemos hablado al referirnos al modelo de «café para todos» del Estado autonómico. Y que se refleje en el nivel competencial y en el grado de poder político, especialmente en todos aquellos aspectos que afectan a lengua, cultura y educación.

Una tercera pieza de este encaje de bolillos para conseguir que la asimetría federal no genere desigualdad entre personas debería asegurarla un doble mecanismo de garantías: adjudicar al Estado central las competencias legislativas plenas sobre la regulación de las relaciones laborales y la normativa fiscal sobre hechos imponibles que, como el capital, ostentan una gran movilidad geográfica, así como la competencia plena sobre el sistema contributivo de Seguridad Social tanto en su vertiente normativa como de gestión. A ello debería sumarse, en materia de financiación, los mecanismos de equilibrio horizontal y vertical que garanticen la igualdad en la financiación de los derechos sociales básicos reconocidos constitucionalmente.

En todo caso, creo conveniente desmitificar el papel de la estructura territorial del Estado como creadora de desigualdades sociales. Deberíamos ser conscientes de que el principal riesgo para la igualdad entre personas proviene del modelo socioeconómico y que el origen de la desigualdad es de clase y no territorial. Lo que debemos pedirle a un Estado federal es que no contribuya al aumento de las desigualdades, sino a su reducción, pero no solo a través de su eficaz ordenación territorial, sino de una potente política fiscal que reduzca la desigualdad primaria de renta que genera la economía. Es el «mercado de trabajo» y las estructuras económicas las que provocan la gran desigualdad que sufrimos, no, como pretende la derecha y compra alguna izquierda, la estructura territorial del Estado.

Por último, y para no parecer muy ingenuo, soy consciente de que el principal obstáculo para implementar una reforma constitucional tan compleja con elementos de asimetría federal no proviene del Estado central, sino de la cultura del agravio comparativo que se ha convertido en el principal actor de la política española.

EL PAPEL TODO LO AGUANTA, HASTA LAS COSAS INVIABLES

Llegados a este punto, me siento en la obligación de recordar y recordarme a mí mismo que el papel —sea un programa electoral o un libro— todo lo aguanta, hasta las cosas inviables. La situación actual, la resaca dejada por el conflicto catalán, las reacciones centralizadoras y uniformizadoras, apuntan a que cualquier reforma tiene un especial grado de complejidad. En ningún lugar está escrito que después del 21-D no entremos en una situación de empantanamiento crónico de este conflicto.

Ya advertí de ese riesgo en mi intervención del 8 de abril de 2014 en el Congreso de los Diputados con motivo del debate sobre la proposición de ley presentada por el Parlament de Cataluña para la celebración del referéndum. Me dirigí a Rajoy para anunciarle de manera premonitoria: «Señor Rajoy, las aguas democráticas tienen mucha fuerza; si las aguas democráticas no tienen cauce, se pueden encontrar con dos situaciones: una que se estanquen, lo cual no es una buena solución; otra es que cojan fuerza y derriben todos los diques».¹⁰

Después le recordé a Rajoy las palabras de Azaña en el debate del Estatuto de Nuria de 1932: «A nosotros, señores diputados, nos ha tocado vivir y gobernar en una época en que Cataluña no está en silencio sino descontenta, impaciente y discorde».¹¹ «Todos los problemas políticos, señores diputados, tienen un punto de madurez, antes del cual están ácidos; después, pasado este punto, se corrompen, se pudren», decía el mismo discurso.

Mucho me temo que la vida me ha dado la razón: las aguas democráticas no han desbordado los diques, pero hoy estamos empantanados. Hay algunas propuestas para salir del empantanamiento. Pero incluso aunque eso no fuera posible a corto plazo, no significa que debamos resignarnos. En situaciones como esta conviene hacer caso a quienes por edad y por conocimiento han adquirido sabiduría. En una entrevista reciente, el 24 de septiembre de 2017, Josep Fontana, después de decir que no consideraba viable la DUI y que no descartaba una situación de bloqueo por muchos años, afirmaba: «Lo que hay que hacer no es resignarse, lo que hay que hacer es plantearse objetivos de lucha racionales con los que puedas movilizar a la gente y con los que puedas aspirar a ganar cosas, que bastantes cosas hay que ganar todavía».¹² No encuentro una manera mejor de acabar este libro que citando a un gran explorador de la historia. Seguro que sus consejos nos serán útiles para salir del empantanamiento.

AGRADECIMIENTOS

Este libro es deudor de todas las personas que a lo largo de muchos años me han enseñado todo aquello que ahora he podido volcar en estas intensas siete semanas y media de trabajo. Especialmente de todos aquellos hombres y mujeres de CC. OO. que con su trabajo sindical diario aportan microsoluciones útiles para construir la utopía cotidiana de mejorar la vida de los suyos. Gracias a CC. OO. por continuar siendo un gran intelectual colectivo, quizá el último situado en la izquierda que le queda a este país.

También soy deudor de todos los componentes del fil roig, no solo de sus selectos miembros, sino de todas aquellas personas que se sienten identificadas con ellos y que durante años me han enseñado una manera de entender la política como compromiso y fraternidad.

Gracias a la patrulla nipona, los verdaderos autores de este libro, que bien pudiera llevar su firma colectiva.

Gracias a Marta Otero por revisar el manuscrito para evitar que se colara algún gazapo. Si detectan alguno, obviamente es de mi responsabilidad.

Gracias a Gemma Lienas por su trabajo de corrección, por las lecciones aceleradas que he recibido durante estas semanas, por ofrecerme la seguridad que necesitaba para continuar escribiendo. Y sobre todo por la amistad y el acompañamiento que me ha brindado durante el intenso parto del libro.

Gracias a Ramon Perelló y al equipo editorial. Primero por su perseverancia para conseguir el «sí, quiero». Y después por la paciencia que han tenido y con la que han contribuido a atenuar mis muchas inseguridades en la redacción del libro.

Ni estos años, ni estas siete semanas y media que ha durado su redacción hubieran sido posibles sin disponer de un poco de paz interior. Para alcanzarla ha sido determinante mi compañera de vida, Tona, que, de manera discreta pero sentida, ha estado siempre presente. Incluso en los momentos muy difíciles para ambos, en los que su resiliencia ha sido determinante.

Notas

1. Chesús Yuste Cabello, Asesinato en el Congreso, Xordica Editorial, Zaragoza, 2017.

1. Resolución 1/XI del Parlament de Cataluña, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015 (tram. 250-00001/11).

2. Soledad Gallego-Díaz, «La reforma del PP aplastará al Constitucional», Contexto y acción (ctxt), 2 de septiembre de 2015.

3. Nicolás Maquiavelo, El Príncipe (comentado por Napoleón Bonaparte), versión castellana de Vicente Santiago, Ed. Mateu, Barcelona, 1970.

4. Baltasar Gracián, El arte de la prudencia. Oráculo Manual (edición de José Ignacio Díez Fernández), Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1993.

5. Norberto Bobbio, Elogio de la templanza y otros escritos morales, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1997.

6. Rosa Luxemburgo, Obras escogidas, Editorial Ayuso, Madrid, 1978.

7. Norberto Bobbio, Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política, Taurus, Madrid, 1995.

8. Antonio Elorza, «Unamuno en el Parlament», El País, 7 de septiembre de 2017.

1. Utilizo el término «disonancia cognitiva» que la profesora Astrid Barrio tomó prestado del psicólogo Leon Festinger y su obra Una teoría de la disonancia cognitiva en el artículo «¿Hasta cuándo la disonancia cognitiva del independentismo?», El Periódico, 1 de noviembre de 2017.

2. Baltasar Gracián, ob. cit.

1. Jaume Vicens Vives, Noticia de Cataluña, Ediciones Destino, Barcelona, 2012.

1. Josep Joan Moreso, «La doctrina Ferrajoli y la prisión preventiva», Agenda Pública, 9 de noviembre de 2017.

2. Argelia Queralt, «President, España aprueba los estándares europeos de derechos humanos», Agenda Pública, 7 de noviembre de 2017.

3. Xavier Arbós Marín, «La Ley de Transitoriedad Jurídica», Blog del Instituto de Derecho Público (IDP), 25 de septiembre de 2017.

4. Sergi Pàmies, «Un deseo: ojalá no trivialicen el exilio», La Vanguardia, 31 de octubre de 2017.

1. Raimon Obiols, «Notes de l’estranya campanya», L’Hora.

1. Zygmunt Bauman, Tiempos líquidos, Tusquets Editores, Barcelona, 2017.

2. «He aquí una historia de amor... frustrado. Una pluma inspirada como la suya podría hacer una novela de turbias pasiones, crímenes abominables... y redención final. Naturalmente, en el escenario de los callejones sombríos del Raval, el “chino” de mi infancia.»

3. «Un himno a la libertad que habla de aves de gallinero que, sumidas en una confortable ausencia de anhelos y preocupaciones, alzan la mirada al cielo... y de repente, ven pasar una bandada de patos salvajes, “sedientos de azul”, ¿rumbo al horizonte de su utopía?»

4. «Árbitro indiscutible de la elegancia parlamentaria. Aquí una canción cantada a destiempo —cuando se la ofrecí a Maribel y a Marc, ya habían cometido el gesto irreparable de contraer matrimonio—, pero que sigue siendo una bellísima declaración de amor.»

5. «La juventud es el privilegio de saborear la intensidad de las cosas efímeras. Con un puntito de melancolía. Como Marina...»

6. «He aquí que el corazón, que púdicamente se esconde, puede ser un bosque frondoso, poblado de flores misteriosas... y de todo un grupo de amigos. Una canción muy sentimental y bohemia de Brassens...»

7. «Brassens era muy discreto a la hora de mostrar sus sentimientos. Quizá por eso compuso una de sus más bellas melodías musicando este poema de Antoine Pol (“Las transeúntes”), unos versos que él nunca hubiera osado escribir. Todos vivimos un poco por procuración.»

8. «Dolors... que, bajo un posado falsamente inocente, conserva la mirada maliciosa y risueña de la adolescencia. Y a quien imagino perfectamente en la atmósfera sobrecargada de un local poco recomendable, escuchando una canción algo canalla como esta... Para una niña me he vuelto muy pequeño.»

9. «Una canción muy acorde a un espíritu crítico; crítico frente al relato de los adversarios, pero también ante los discursos de los amigos, de donde suelen venir buena parte de los peligros. Dudar es saludable. Y no hay prisa por morir, por mucho que algunas causas reclamen sacrificios. La reflexión de Brassens, que le valió una lluvia de ataques cuando dio a conocer esta pieza, parece más actual que nunca.»

10. Eulàlia Vintró, «Vergonya aliena i orgull psuquero: Joan Coscubiela», Treball, 13 de septiembre de 2017.

11. Entrevista de Félix Flores a Nur Masalha: «Nur Masalha: “Hay que separar el Holocausto de la colonización sionista”», La Vanguardia, 4 de junio de 2017.

1. Josep Borrell, Francesc de Carreras, Juan-José López Burniol, Josep Piqué, Escucha, Cataluña. Escucha, España, Ediciones Península, Barcelona, 2017.

2. Tribunal Constitucional, Sentencia 42/2014, de 25 de marzo de 2014 (BOE, 10 de abril de 2014). Tribunal Constitucional, Sentencia 51/2017, de 10 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 89122010 (BOE, 10 de mayo de 2017).

3. Eloísa del Pino Matute, «Estaban un catalán, una madrileña y un andaluz y… llegó una terrible y sombría crisis», Agenda Pública, 10 de noviembre de 2017.

4. Jordi Amat, La conjura de los irresponsables, Editorial Anagrama, Barcelona, 2017.

5. Antón Costas, El final del desconcierto, Ediciones Península, Barcelona, 2017.

6. Ibídem.

7. Dani Rodrik, La paradoja de la globalización, Ed. Antoni Bosch, Barcelona, 2012.

8. Donatella Della Porta, y Francis O’Connor, Martin Portos y Anna Subirats Ribas, Social Movements and Referendums from Below. Direct Democracy in the Neoliberal Crisis, Policy Press, Bristol, 2017.

9. Joan Llorach, El Periódico, entregas del 5 a 10 de diciembre de 2017.

10. Dominic Cummings, «How the Brexit Referendum Was Won», The Spectator, 9 de enero de 2017.

11. Josep Borrell, y Joan Llorach, Las cuentas y los cuentos de la independencia, La Catarata, Madrid, 2015.

12. Jordi Armadans, «Present i bagatge de la lluita no-violenta», Sentit Crític, 12 de octubre de 2017.

13. Esta reflexión nace de un intercambio de opiniones con Juanjo López Burniol un día de noviembre de 2017.

1. Jaume Barberà, «Impressionant!», Nació Digital, 13 de noviembre de 2017.

1. Tzvetan Todorov, El miedo a los bárbaros, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017.

2. Roger Palà, «La nova dreta independentista catalana», Sentit Crític, 22 de febrero de 2017.

3. Enrico Berlinguer, «La austeridad (1977). Conclusiones ante la convención de intelectuales», Mientras Tanto, 30 de marzo de 2012.

1. Josep Maria Vallès, «¿Cinquanta-cinquanta o trenta-quarantatrenta?», Treball, 29 de noviembre de 2017.

1. Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Crítica, Barcelona, 1978.

2. Manuel Azaña, Azaña Imprescindible. Sus grandes discursos (selección y notas de Isabelo Herreros), Diario Público, Barcelona, 2010.

3. Bellotari era el nombre con el que se referían a él mis amigos extremeños para destacar su tendencia a practicar un peculiar nacionalismo muy cercano al caciquismo.

4. Luis R. Aizpeolea, «La dirección del PSOE se enfrenta a Serra y a Solchaga por la cesión del IRPF a las autonomías», El País, 29 de septiembre de 1992.

5. Ministerio de Hacienda y Función Pública, Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del sistema de financiación autonómico, julio de 2017.

1. Víctor Lapuente, El retorno de los chamanes, Ediciones Península, Barcelona, 2015.

2. AIReF, «Informe sobre las líneas fundamentales de presupuestos de 2018 de la Comunidad Autónoma de Cataluña», 2 de noviembre de 2017.

3. Àngels Piñol, «Herrero de Miñón propone una mutación de la Constitución para resolver la crisis», El País, 9 de abril de 2014.

4. Maite Vilalta, «La reforma del modelo de financiación autonómica», 3conomi4 (Revista del Consejo General de Economistas), 20 de febrero de 2017.

5. Maite Vilalta, «La revisión del sistema actual: mínimos deseables», IEB-Report (Institut d’Economia de Barcelona), 30 de junio de 2017.

6. Santiago Muñoz Machado et al., «Ideas para una reforma de la Constitución», 20 de noviembre de 2017. Disponible en: http://idpbar celona.net/docs/actual/ideas_reforma_constitucion.pdf.

7. Santiago Muñoz Machado, «Cómo reconstruir el autogobierno», La Vanguardia, 3 de diciembre de 2017.

8. Esther Seijas Villadangos, «Un nuevo estadio en el discurso federal: el federalismo asimétrico», en Pensamiento Constitucional, Universidad Católica de Lima, Perú, 2000.

9. Juan-José López Burniol, «El problema español», en Escucha, Cataluña. Escucha, España. Ediciones Península, Barcelona, 2017.

10. Congreso de los Diputados, Diario de sesiones, 8 de abril de 2014, p. 31.

11. Congreso de los Diputados, Diario de sesiones, 8 de abril de 2014, p. 32.

12. Ramón Lobo, «Entrevista a Josep Fontana», eldiario.es, 24 de septiembre de 2017.

Empantanados

Joan Coscubiela

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