MARGARITA STOLBIZER

SILVINA MARTÍNEZ

Ella miente

CFK y los 2.000 millones de dólares

LA RESPUESTA MÁS AGUDA, REVELADORA Y DETALLADA AL NUEVO RELATO ENGAÑOSO DE LA EX PRESIDENTA

© 2019, Margarita Rosa Stolbizer y Silvina Alejandra Martínez

Diseño de cubierta: Departamento de Arte de Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.

Foto de Silvina Martínez: Gentileza de la autora

Foto de Margarita Stolbizer: © Pablo Aharonian

Todos los derechos reservados

De esta edición:

© 2019, La Cornisa Producciones S.A.,

bajo su sello Margen Izquierdo

Concepción Arenal 4865 CABA.

Producción, distribución y comercialización exclusiva

Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.

Primera edición en formato digital: julio de 2019

Digitalización: Proyecto451

ISBN edición digital (ePub): 978-987-4961-04-4

PRÓLOGO

Nunca nos gustó el mote de «denunciadoras».

Porque lo que se buscaba era descalificar nuestro trabajo y alimentar la idea de una persecución política o judicial. Y de esa manera intentar dejar dudas sobre todo lo que veníamos diciendo desde hacía años: que los sucesivos gobiernos kirchneristas habían sido protagonistas centrales de un verdadero saqueo y los instrumentadores de un plan sistemático de corrupción que se había extendido por más de una década y había comprometido ética y judicialmente a muchas personas, funcionarios, empresarios y otros cómplices.

La investigación que llevamos adelante fue innovadora respecto de todo lo que hasta ese momento se había dicho con relación al patrimonio que Néstor y Cristina Kirchner incluían en sus declaraciones juradas. Ya lo dijimos en el libro Yo acuso. En busca de la verdad y la justicia, que se publicó en 2016 también por Margen Izquierdo.

Hasta ese momento nadie había prestado atención a las sociedades declaradas como propias por la ex pareja presidencial. Y ahí detuvimos nuestra mirada en el año 2014, cuando ella todavía gozaba de un inmenso poder que intimidaba a muchos, sobre todo por la forma despiadada de su ejercicio con relación a cualquiera que se plantara como detractor.

No nos ha inspirado ningún resentimiento. Más de una vez hemos aclarado que ni siquiera la posibilidad de una pena de prisión había estado en nuestros objetivos. Sí un fuerte reclamo de justicia.

Y, por supuesto, la aplicación del artículo 36 de nuestra Constitución Nacional, en cuanto impone la inhabilitación para ejercer cargos públicos a quienes incurrieren «en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento». Estos delitos son asimilados al atentado contra el sistema democrático y están excluidos de los beneficios del indulto o la conmutación de penas.

Desde la recuperación democrática, la lucha contra la impunidad ha sido un compromiso ético y político para pensar en una Argentina con la plena realización del estado de derecho. Así nos enrolamos en favor de los juicios contra los represores de la dictadura y abrazamos la consigna Memoria, Verdad, Justicia. Y con el mismo sentido también apoyamos la creación de una Corte Penal Internacional para el juzgamiento de los crímenes de genocidio y lesa humanidad que se cometan en cualquier lugar del mundo.

La impunidad es el no castigo. Significa la renuncia a impartir justicia por quienes están llamados, obligados a hacerlo.

De la comisión de un crimen surgen indudablemente responsabilidades, derechos y deberes. Los nuevos paradigmas ubican a las víctimas como el centro de las respuestas que deben los Estados. Es hacia ellas hacia quienes prioritariamente se extienden las obligaciones de los poderes públicos.

Y de entre los muchos derechos que a ellas se reconocen, la respuesta primaria del Estado es la investigación, el esclarecimiento y la aplicación de una condena. Siempre, en todos los casos.

Por eso, frente a los delitos vinculados con la corrupción, lo que se impone es reconocer a la sociedad como víctima. Y frente a ella deben concurrir una cantidad de acciones y en particular una acción eficaz de la Justicia para determinar responsabilidades e imponer sanciones.

El conjunto social se ha visto vulnerado en su confianza. Pero también ha sido privado del goce de bienes y servicios que debían prestarse en su favor con aquellos recursos que fueron a parar a otros destinos: a los bolsillos o las cuentas de los corruptos. Es acreedora, entonces, de una doble respuesta: la verdad sobre lo ocurrido con la aplicación de una condena. Pero también la reparación material que deberá venir por el lado de la recuperación de los activos apropiados en forma ilegal.

Hacia todos estos puntos hemos orientado nuestras acciones desde el inicio. No hay cuestiones personales. Ni siquiera meramente políticas. Ya lo hemos dicho: se trata de un compromiso ético, con la sanción sobre el pasado; pero también para tratar de recuperar como sociedad la credibilidad y la confianza perdidas imponiendo otros estándares morales como regla de la acción y la gestión pública.

Hemos aportado en la Justicia todo aquello que estaba a nuestro alcance y era materia de nuestro conocimiento. La información que pudimos obtener y las conclusiones a las que llegamos luego de tiempo de estudio, consultas, cotejo de documentos y acceso a fuentes primarias.

La obligación de denunciar y la convicción de una lucha que tiene, como principal objetivo, impedir que todo pase como si a nadie le importara, o como si nada se pudiera hacer para evitar la repetición de lo que desde hace años cae sobre nosotros como espada de Damocles.

Lo hemos repetido tantas veces, pero es así de fuerte: el mayor problema de la Argentina no es la corrupción (que, como muchos afirman, existe en todos los rincones del planeta), sino la impunidad de los corruptos, la falta de castigo oportuno. Y eso ha sido, sin dudar, el mayor incentivo para la repetición. Y la principal causa de la pérdida de confianza de que gozan nuestras instituciones, tanto la política como la Justicia.

No es conveniente generalizar cuando hablamos de «la Justicia». En definitiva, debería estar más vinculada con la virtud del dar a cada cual lo suyo. Es más preciso referirnos a ciertos sectores (no menores ni poco importantes) del Poder Judicial, que, por ineficacia, lentitud o complicidades, han sido los responsables de la demora en las investigaciones, los caminos sin salida y, finalmente, la impunidad como moneda corriente frente a los delitos de la corrupción.

¿Cómo interpretar este fenómeno en un contexto social que demanda siempre más penas y cárceles (siempre repletas), pero que tolera a los delincuentes de guante blanco y, hasta puede llegar a votarlos ungiéndolos del poder popular que los legitima cada vez para volver a la misma escena del crimen?

Sin duda, esa mirada tolerante ha sido funcional a la comisión y repetición de los delitos y al no castigo que ha operado como motor para la instalación de verdaderos aparatos o sistemas firmemente instalados en las distintas esferas del poder.

Insistimos, entonces, en que la búsqueda de la sanción y de la reparación social fueron desde siempre nuestros objetivos frente a la convicción documentada sobre los delitos que se estaban cometiendo.

Prestamos atención a las sociedades que se encontraban incluidas en las declaraciones juradas de Cristina Fernández y la primera comprobación fue la irregularidad de su funcionamiento, despertando entonces la sospecha razonable sobre su verdadera misión: se usaban como pantalla para encubrir negocios de los funcionarios públicos con empresarios que eran beneficiarios de las decisiones de aquellos, produciendo resultados económicos en favor de todos, de manera manifiestamente ilegal y con enormes dimensiones.

Podríamos hablar en extenso de la relación entre el poder y el dinero. Y esa es la síntesis sobre la que recae cualquier análisis acerca de la forma en que se relacionan el ámbito público con el privado, los políticos con los empresarios, los decisores de la gestión con los proveedores, adjudicatarios o beneficiarios de aquellos.

No ha sido casual que, en los últimos largos años de vida democrática, se hayan ido debilitando o directamente anulando los organismos de control público. Y que el poder se haya situado en altos niveles inalcanzables para el control social, incluso favorecido por la falta de una ley de acceso a la información pública. No está de más recordar aquí que Argentina fue uno de los últimos países en aprobar esa norma en el año 2016.

La idea del poder como privilegio y de la omnipotencia de quien decide fueron también parte del esquema que garantizó impunidad durante mucho tiempo. También por los efectos socioemocionales con los que ese poder se impuso, bien generando pasiones furiosas de apoyo, bien en el disciplinamiento fundado en el temor.

Somos conscientes de que es difícil luchar contra todo ello casi en soledad. Pero es lo que hemos intentado, sabiendo la importancia y de la urgencia que ello tiene para la Argentina. Por eso, nuestras denuncias, el seguimiento de cada cuestión, las presentaciones con voluntad de cooperar. Y también, en la misma línea, la necesidad de contar cómo había sido nuestro trabajo, tal como lo hicimos en Yo acuso.

Así lo manifestamos en las primeras páginas del libro, y vale la pena retomar aquí esos dichos:

«Yo acuso a quienes han sido responsables de robarnos dignidad y degradarnos como sociedad para instalar una cultura de la prebenda de la dádiva de la coima.

«Acuso a quienes hicieron de la Justicia una espada militante y funcional para consumar el saqueo.

«Acuso a quienes, aun teniendo todo el poder para cambiar la realidad, dieron la espalda con indiferencia hacia los pobres, a quienes volvieron a postergar para hacerlos simples espectadores de la riqueza que ellos mismos iban acumulando.

«Y, tomando las palabras de Emile Zola: ‘El acto que realizo aquí no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia’».

Hemos visto como, en los últimos años, nuevamente algunos sectores del poder judicial han vuelto a ser funcionales a los tiempos y resultados electorales.

La impunidad está siempre relacionada con el poder y con los poderosos, tanto en el ámbito político como económico. Allí es donde encontraremos siempre a los «intocables». Y no nos referimos en exclusiva a quienes han tenido o tienen a su cargo el enjuiciamiento de los funcionarios del gobierno anterior, sino que como práctica se repite e incluso, a veces, los mismos que fueron tapadera de aquellos pueden volverse los más leales de los presentes.

Ahora bien, lo que se ha impuesto como discusión necesaria a partir del avance de algunos juicios y la explicitación obscena de los comportamientos y los pagos ilegales y de la riqueza mal habida, es cómo hacer para recuperar, ya que si la corrupción en sí misma es reprochable como comportamiento, mucho peor es que quienes cometieron esos delitos puedan permanecer usufructuando del producto de ellos.

Es imprescindible la recuperación de los activos de la corrupción. Y para ello se hace imprescindible la identificación, determinación y localización de esos bienes y de ese dinero.

Sobre esta cuestión se han abierto muchísimas puertas, pero ninguna ha resultado lo suficientemente certera como para poder avanzar. Con la excepción de algunos bienes particulares, que ya fueron objeto de decomiso.

La falta de sanción de la ley de extinción de dominio constituye una verdadera frustración y una demora injustificable para que la sociedad pueda ser resarcida en el daño material y efectivo que se le produjo. Implica la doble injusticia de la privación para algunos y el goce presente y/o futuro para otros. Ahí radica, a nuestro juicio, la gran razón del silencio de muchos de los imputados detenidos: la posibilidad de que su resistencia los lleve, aun condenas mediante, a recuperar su libertad y poder disfrutar de aquello que obtuvieron a través de las conductas ilegales que se investigan, pero sobre las que no parecen conducir exactamente a privarles de esos activos.

Entre las muchas especulaciones que se han hecho sobre la dimensión del saqueo, advertimos también cierta irracionalidad en el cálculo. No porque no sean realmente enormes los montos de la apropiación ilegal, sino porque no existen elementos de certeza para establecer un número definitivo.

Por eso mismo, y aunque hemos podido aproximarnos bastante a lo que creemos que es una pista segura, hemos preferido tener la cautela suficiente en cuanto a la cuantificación de estas fortunas y, en gran medida, este libro apunta en tal sentido. Brindar algún marco de certidumbre respecto de cantidades como también sobre hacia dónde debería apuntar la búsqueda. Hemos desarrollado la idea de los testaferros con la seguridad de que es precisamente allí, en los patrimonios de estas personas allegadas a la familia Kirchner, donde encontraremos la explicación y una relativa dimensión para el cálculo y el inicio de las acciones de recuperación.

En este sentido, no ha sido causal que Cristina Fernández de Kirchner incluyera de manera específica una respuesta a quienes han hablado sobre la apropiación ubicándola en lo que podría ser «un PBI.»

Semejante afirmación, que no tiene sustento fáctico real, ha dado lugar a la réplica que podría tomarse en ese único punto y nunca como negación de la existencia efectiva de los delitos y el enriquecimiento económico que produjeron en el patrimonio de la ex Presidenta.

El costo económico de la corrupción ha sido enorme. Por eso costará mucho ubicarlo en su verdadera dimensión. Se habla de veinte mil millones y esa cifra tal vez pueda considerarse acertada. Pero no debe errarse en la consideración del monto que implica el enriquecimiento personal, en sus patrimonios, de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. Allí deberá alcanzarse una precisión inobjetable, porque hacia ese patrimonio real, visible y cuantificable, deberán dirigirse las acciones del Estado.

Sinceramente, el libro, es una nueva imposición del relato K con formato editorial. En sus páginas Cristina se victimiza y habla del «terrorismo judicial», pretendiendo hacer descargos que nunca hizo en las oportunidades en que fue convocada a sede judicial, aun sabiendo que la instancia de la citación a indagatoria es justamente la oportunidad de ejercitar el derecho de defensa. Vuelve a usar la descalificación como herramienta, que despliega contra quienes la acusan, la cuestionan, la denuncian o la investigan. Y tergiversa los hechos volviendo a entremezclar cuestiones del ámbito privado o de su vida personal con aquellas que hacen a las funciones públicas.

En esa línea es que dice que se ha considerado a su gobierno como una asociación ilícita. Y, por supuesto, rechaza esa imputación. Sobre este punto volveremos en el primer capítulo de este libro.

Lo cierto es que no hay una acusación sobre el gobierno. No podría haberla. Sino que lo que se maneja en el ámbito judicial a partir de muchas de nuestras investigaciones y aportes, es la certeza de la existencia de una banda o asociación ilícita que ella misma lideraba y que utilizó el poder (o más aún, el gobierno) para cometer delitos y enriquecerse a partir de ellos.

Pese a los esfuerzos que ella misma hiciera en una entrevista con el periodista Luis Novaresio, en 2017, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo puede considerarse normal que la jefa del Estado haga negocios particulares recibiendo pagos de los empresarios contratistas de ese mismo Estado. Eso está, indiscutiblemente, dentro del ámbito del delito penal, lo disfrace como quiera.

Es necesario también en esta oportunidad aclarar, por si hiciera falta, que jamás el juez Claudio Bonadio nos ha hecho entrega de ninguna documentación, ni de los plazos fijos de la Señora ni ninguna otra. Sí es cierto que muchas de nuestras conclusiones fueron tomadas a partir de un exhaustivo análisis de documentación que se encontraba dentro de las causas judiciales como consecuencia de los allanamientos que en ellas fueron ordenadas y la que accedimos por nuestra condición de amicus curiae o amigas del Tribunal.

El cotejo de esos documentos es lo que choca de narices con las afirmaciones que ella hace para descalificarnos. Como también hemos demostrado la intención de trasladar responsabilidades a sus hijos y de insolventarse personalmente mediante la transferencia de sus bienes.

Ha sido ella misma quien involucró de manera directa a sus hijos Florencia y Máximo trasladando también a ellos las responsabilidades por los delitos cometidos por sus padres. Pero además los incluyó tan de lleno en el manejo de las sociedades y negocios familiares, poniendo en sus cabezas las decisiones tomadas en las empresas, que no pueden ahora eludir su participación necesaria o coautoría con relación a los delitos que se cometieron mediante ellas.

Reiteramos lo que ya hemos denunciado y comprobado —y ella se empecina en negar—, que es la existencia de sobreprecios en las obras públicas, así como las maniobras para favorecer a Lázaro Báez.

Resulta llamativo que el repudio de ella sobre parte de la acusación tenga que ver con los montos, reconociendo haber adjudicado en favor del amigo y socio por cuarenta y seis mil millones y habiendo recibido apenas veintisiete millones. Rechazo que hace, obvio, por considerar bajo el monto del retorno.

Sin duda, el hallazgo de los cuadernos del chofer Centeno fue una vuelta de tuerca muy fuerte en la investigación de la corrupción. Por primera vez aparecen claramente explicados los movimientos, quiénes eran los que pagaban, a quiénes y hasta cómo se trasladaban esos dineros que, en casi su totalidad llegaban a manos de los entonces presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Ella habla de una causa armada («construyeron la causa de las fotocopias de los cuadernos», escribe). Por lo menos, debería reconocer que el sustento de esa causa dejaron de ser los datos escritos de puño y letra del chofer y reconocidos por él mismo, para pasar a ser los testimonios de protagonistas arrepentidos que abundaron en datos y detalles sobre la operatoria de corrupción de los gobiernos kirchneristas con identificación de sus protagonistas en los distintos eslabones de esa cadena de favores.

El libro podría haber sido usado para un descargo que tampoco hizo en cada oportunidad que tuvo en Comodoro Py. Ella se siente cómoda en la repetición de sus denuncias de persecución y asombra incluso con una afirmación temeraria que no debería dejarse pasar: «la estigmatización de los dirigentes populares».

Nuevamente esa expresión que fue tantas veces usada para negar la realidad. No es causal que se hablara de la estigmatización de los pobres cuando estos eran escondidos en un Indec que dejaba de medir y de informar.

Los dirigentes populares están llamados a no traicionar el ejercicio de las funciones que se les encomiendan con el carácter de servicio público. No han sido empoderados para utilizar esos lugares en beneficio propio. El sistema democrático les ha vedado absolutamente la consideración del cargo como un privilegio y la posibilidad cualquiera de hacer negocios con el Estado a partir de su ejercicio.

Por eso, este libro viene a cubrir un paso necesario para demostrar de manera más efectiva qué es lo que ha pasado. Ya no se trata solo de la tipificación de las conductas, sino de la localización de los canales ilegales de la corrupción por donde se ha ido la plata de los argentinos. Es posible determinarlo. Ojalá contemos con una Justicia eficaz en la búsqueda, el hallazgo y la recuperación. Porque en ese camino también podremos reconstruir la verdad y la confianza.

Hay que despejar definitivamente las sospechas sobre que todo es igual en la política. Hay que impedir que el oportunismo se imponga como regla. Que las conveniencias superen a las convicciones. Que la grieta provocada desde dos extremos que no tienen sentido humano ni ético vuelva a ganarnos la carrera. Hay que sentar bases serias para honrar nuestro tiempo y poder ofrecer un futuro que nos dignifique.

Capítulo 1

Ella miente

Hablemos de relatos. De la búsqueda de la verdad y de mentiras camufladas. De tesoros enterrados. De dinero sucio. Digámoslo con todas las letras. Saquemos a la luz lo que estaba destinado a permanecer oculto para siempre. De hechos se trata, pero también, de palabras. A pocos días de terminar esta investigación que nos llevó más de cinco años de arduo trabajo, nos enteramos de que Cristina Fernández de Kirchner publicaba su libro. El título, Sinceramente, nos generaba mucha expectativa. Nos intrigaba conocer el secreto de su fortuna. Cristina había comenzado en 2007 su mandato como presidenta de la Nación con apenas $132.500 pesos de activos y culminó su segunda presidencia en 2015 con más de 77 millones de pesos. Un crecimiento exponencial.

Aunque habiendo llegado a un conocimiento bastante profundo de su personalidad, no parecía razonable esperar una autocrítica. Si algo ha caracterizado a Cristina Fernández de Kirchner y ha quedado claramente explicitado en todos estos años, es que la humildad nunca será un rasgo que pueda exhibir en su favor. Por el contrario, el autoelogio quedaría una vez más plasmado en este libro que pretende ser una autobiografía dirigida a dar inicio a una campaña electoral que volverá a tenerla como protagonista principal.

Podría, de todos modos, haber sincerado su propia historia personal, con algún dato que facilitara a quien estuviera dispuesto a creer en esta remake del relato. Cambiado el tono, no ha cambiado la esencia. El libro de Cristina Fernández es, nuevamente, Ella misma. Desde el pedestal en el que durante muchos años dirigió los destinos de la Nación y también la administración de los negocios familiares. Siempre Ella, ahí arriba, un lugar desde donde poder mirarnos a todos con la superioridad de quienes se sienten «elegidos» y a quienes el resto debemos pleitesía y hasta agradecimiento por haberlos tenido ahí para guiar nuestros destinos. Una vez más, la Cristina a la que no merecemos aquellos que nunca alcanzamos a comprender la virtuosidad de ese liderazgo tan particular. Ella, la elegida.

El libro vuelve sobre las mismas formas de las que ella siempre intentó valerse, para gobernar, para ejercer poder y enriquecerse con él. Y para construir desde la nada de su derrota electoral, un nuevo engaño, tan pero tan potente, que hasta podría existir la posibilidad de que vuelva a gobernar.

No se puede eludir esta consideración cuando ya estamos en marcha con un nuevo proceso electoral. Y, para tomar el «sincera-miento» que ella ha propuesto, debemos reconocer que este libro será el intento, una vez más, de evitar la repetición del engaño. Porque efectivamente, duele pensar que a muchos les satisface, los conforma o los resigna, saber que podemos ser víctimas de un robo frente mismo a nuestras narices, sin voluntad de frenar el nuevo golpe.

No corresponde introducir aquí las responsabilidades que tiene el actual gobierno de Mauricio Macri el haberle dejado a esta señora el lugar de la oposición en que hoy está situada, por incapacidades, errores, brutalidades o simples especulaciones electorales. Pero lo cierto es que existe una proporción no tan pequeña que parece dispuesta a reincidir en el voto a quien ha llevado adelante el mayor saqueo de las arcas públicas en beneficio propio. Y eso ha sido comprobado.

Es necesario entonces que, a partir de la información veraz, objetiva y documentada que intenta aportar esta publicación, pueda generarse una apreciación diferente ya no sobre el pasado, cuya realidad es tan incontrastable como inexorable en sus consecuencias, sino, de cara al futuro al que aspiramos encaminarnos. ¿Estamos nuevamente dispuestos a participar pasivamente de este nuevo relato? ¿Realmente pensamos entregarnos una vez más a las manos y decisiones de unos pocos que construyeron su riqueza con la facilidad de un pueblo mirando hacia el costado? Haciendo (o soportando) las mismas cosas, no será posible encontrar un resultado diferente.

Volviendo al meollo de nuestra investigación sobre los hechos de corrupción como la fuente directa del enriquecimiento de la familia Kirchner y estudiando la trama de sus negocios particulares al tiempo en que ejercían la administración de los recursos públicos, trataremos de analizar ese «sincera-miento», contrastando con los elementos documentales que sostienen nuestra investigación.

El libro de Cristina Fernández de Kirchner es más de lo mismo. Nunca, ni siquiera en las oportunidades en que se presentó en la Justicia, ni en su libro ha justificado el enriquecimiento desmedido de su capital. Tenemos la convicción de que no podría hacerlo. Eso consolida nuestra convicción sobre la ilicitud de su evolución patrimonial. No existe una fórmula que, por vía de la legalidad, lo haga posible. Y ella nunca brindó ninguna explicación.

Las reiteradas citaciones a declaración indagatoria en las diferentes causas fueron la oportunidad procesal para el ejercicio de su defensa. Ahí, en ese momento, debía hacerlo. Sin estar obligada a declarar contra sí misma, estaba claro que la convocatoria le permitía demostrar que aquello que se le imputaba no era cierto.

Sin embargo, solo se paró en sus argumentaciones políticas, rechazando acusaciones, no por inciertas, sino intentando disfrazarlas de una persecución judicial. Acusó a los jueces de pertenecer a un «partido judicial», una especie de grupo de tareas cuya única finalidad era encarcelarla. Descalificó a denunciantes, jueces y fiscales y desconoció todas las pruebas contundentes con que se formaron esos expedientes. E hizo de cada oportunidad una tribuna para que el papel de víctima perseguida le pudiera valer en su nueva carrera hacia la cúspide de la política.

En nombre de la hija

En esta nueva etapa, Cristina Fernández ha incorporado un nuevo elemento para usar en su descargo y en los nuevos ataques que despliega contra el sistema judicial. Valga aclarar en este punto que nuestra descripción de acontecimientos y situaciones no implica una validación permanente y absoluta sobre la acción de toda la estructura del Poder Judicial, sobre el que también tenemos una mirada crítica. Pero, claro está, por motivos absolutamente diferentes, como veremos más adelante.

Lo que ella viene a usar descaradamente ahora es la enfermedad de su hija Florencia. Lo hace para ampliar con sus ataques una rara forma de defensa, para repeler acusaciones, para dar lástima. O más bien para obtener un rédito político, casi en la línea en que actuó durante varios años a partir de la muerte de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner. Expone innecesariamente a su hija Florencia, quien se encuentra en Cuba realizando un tratamiento médico por una enfermedad de la que mucho se habla y poco se sabe.

Florencia viajó a Cuba para realizar un curso sobre cine y desde marzo de 2019 no pudo regresar a la Argentina por prescripción médica. Esta situación generó muchas especulaciones debido a los procesamientos que pesaban sobre ella y las iniciaciones inminentes de los juicios orales en los que ambas deberían estar presentes. La falta de información y de claridad sobre el verdadero estado de situación y de paradero han justificado que se vuelvan a tejer sospechas sobre las intenciones con respecto al avance de las causas judiciales. En un comienzo parecía que los jueces serían bien severos respecto de todo esto, pero finalmente decidieron sobrellevarle a Florencia la carga de tener que dar más explicaciones o presentarse. Además, esa discusión servía para distraer un poco la atención sin ir a lo importante, que es la iniciación de los juicios. Aquí la Justicia tuvo un rol que dejó bastante que desear.

En su libro, Cristina asegura que existió (y existe) una persecución mediática que provocó la enfermedad de su hija. Es importante destacar que nadie persigue a Florencia Kirchner. Queda claro que su propia madre fue quien la metió en semejantes complicaciones judiciales, haciéndola penalmente responsable por hechos relacionados con el lavado de dinero obtenido a través de otros ilícitos cometidos por sus padres. Difícil de entender, de aceptar, pero así ha sido. Los padres se enriquecieron a través de acciones irregulares en el ejercicio de las funciones públicas, y luego introdujeron a sus hijos en la implementación del circuito que serviría para alejar ese dinero de su origen ilegal. Entonces, y en todo caso, es la propia Cristina quien debe preguntarse por qué involucró a su hija en los negocios turbios que mantenía con su marido o por qué la utilizó para esconder el botín familiar en unas cajas de seguridad a su nombre en la sede central del Banco Galicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Solo para citar algunos hechos que corroboran esta responsabilidad penal, recordemos que Florencia fue miembro del directorio de las dos empresas involucradas en las causas de corrupción que se investigan con relación al patrimonio y el lavado de dinero de los Kirchner: en Hotesur SA fue directora suplente y en Los Sauces SA, vicepresidenta. Es decir que Florencia Kirchner, además de ser accionista de la empresa como consecuencia del fallecimiento de su padre, es decir, como heredera forzosa, se incorporó a la gestión de la empresa. Es muy importante destacar este dato, ya que no existía la obligación por parte de los accionistas de ocupar puestos directivos ni gerenciales en la empresa. Pero siempre estuvo claro que se trataba de empresas y negocios intrafamiliares. Esas sociedades fueron declaradas como propias por sus padres y en tal sentido fueron incorporados sus hijos.

A Florencia Kirchner se le atribuyó que, en el marco de la asociación ilícita que funcionó al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito por medio del cual se legitimó a través de la actividad hotelera desarrollada por los hoteles Alto Calafate y Las Dunas una porción del dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por las empresas del grupo perteneciente a Lázaro Báez, producto de la defraudación al Estado Nacional. En ese sentido, utilizó una estructura societaria y a partir de su ingreso a la firma como accionista, designó autoridades en el órgano de directorio, aprobó cada uno de los ejercicios económicos de la empresa Hotesur SA entre 2010 y 2013, ratificó la contratación con la empresa Valle Mitre SA y se benefició con el crecimiento de la sociedad familiar y con el retiro personal de fondos.

A su vez, ejecutó y dirigió a partir de su ingreso y hasta el mes de marzo de 2016 un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces SA, por medio del cual se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima, que era canalizado por empresas del grupo Báez y del grupo Indalo, de Cristóbal López, a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la mencionada sociedad comercial. Designó autoridades en el órgano de directorio y se colocó a sí misma en el cargo de vicepresidenta a partir del año 2012 —durante dos mandatos de tres años cada uno—, escoltando primero a su hermano Máximo, que ocupó el puesto de presidente del Directorio hasta el año 2015, y luego a su prima Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, quien lo reemplazó.

Una vez que se encontraba en funcionamiento el mecanismo de reciclaje de activos a través de la firma en cuestión, Florencia Kirchner, junto con su madre y su hermano, adquirió el departamento de la calle San José 1111, de la Ciudad de Buenos Aires, que ocupó como vivienda particular sin abonar ningún canon a la sociedad. Para la primera operación, en su carácter de vicepresidenta —junto con Romina Mercado, quien ostentaba el cargo de presidenta— aceptó la suma de $4.000.000 en concepto de aportes irrevocables de la sucesión de su padre y autorizó la adquisición del inmueble a través de CEDINES, para lo cual facultó a su prima a realizar las operaciones necesarias para el pago y escrituración de la propiedad por la que la firma desembolsó la suma de 370.000 dólares.

En síntesis, Florencia suscribió actos y retiró dividendos que la Justicia consideró ilícitos producto de las maniobras de lavado de activos.

Florencia no fue denunciada por nosotras hasta el episodio de las cajas de seguridad del Banco Galicia. Pero ese año (2016) Cristina llevó su egoísmo a un extremo inimaginable. Perjudicar a sus propios hijos para intentar salvarse. Después de muchos reclamos por parte de Florencia, decidió ceder sus bienes a sus hijos y que fuera su hija menor quien escondiera el dinero que la Justicia buscaba embargar.

Una de las pocas cosas que Florencia podía compartir con su madre era el gusto por las carteras lujosas de marcas internacionales como Gucci, Hermes, Prada, Dior, Valentino, Louis Vuitton o Chanel. Antes de cada viaje presidencial, Florencia le requería al secretario de su madre, Mariano Cabral, que pasara por las imponentes tiendas y adquiriera no menos de diez carteras para su madre y otras tantas para ella. Seleccionaba cuidadosamente cada cartera y solicitaba, con expresas indicaciones, qué modelos había que comprar para que no hubiera equivocaciones.

Algo que caracterizó a los Kirchner durante los doce años de gobierno fue la utilización de los recursos del Estado como propios. Utilizaban, por ejemplo, los aviones de la flota presidencial para llevarles los diarios del día cuando estaban en Santa Cruz. Pero lo aviones no solo funcionaban como «diarieros» sino que también podían trasladar sobres con documentación, personal doméstico, muebles, televisores y materiales para los hoteles de los Kirchner, como también a personas: las amigas de Florencia, o al peluquero de Cristina para una ocasión especial.

La modalidad era la siguiente: empleados de LADE (Líneas Aéreas del Estado) llevaban el catering hasta Aeroparque. En el camino pasaban por la Casa Rosada, donde era recogida la síntesis de prensa. Luego, en un quiosco de Aeroparque compraban los quince o veinte diarios del día. El personal de LADE llevaba hasta el avión tanto el catering como los diarios y la síntesis. Al aterrizar, la tripulación le entregaba los diarios a custodios que se acercaban hasta el avión. Los aviones salían a las 6 de la mañana de Aeroparque todos los días, cuando ellos estaban en Río Gallegos o en El Calafate.

Mientras los Kirchner impulsaban la frase «la Patria es el otro», practicaban el slogan «el Estado es nuestro».

Lamentamos de verdad los problemas de salud de Florencia. Pero eso no tiene nada que ver con las causas judiciales. Su madre alega que solo revistió la condición de accionista por las reglas del derecho sucesorio, que no había intervenido en su giro comercial ni en su administración. Este argumento se contradice con la realidad de los hechos, pues esa calidad la posiciona en un lugar especial, dado que no se trataba de «bienes» heredados que no producían frutos, sino que recibía el producido de esas actividades, y por lo tanto no puede desconocer ni desligar a ella de su responsabilidad. En efecto, su accionar demostró el manejo personal y directo que realmente tenía de la empresa —como si fuese administradora—, que actuó como un medio para transferir los montos correspondientes de las operaciones que efectuó hacia sus accionistas.

Florencia bien podría haber recibido los bienes heredados, pero sin utilizar los frutos producto del ilícito. Tampoco ocupar cargos directivos en las empresas y firmar balances y documentos avalando las operaciones ilícitas. Cabe recordar que no estaba investigada en ninguna causa y fue su propia madre la que, aprovechándose de esta situación, utilizó a su hija para que ocultara el botín en cajas de seguridad a su nombre, a los fines de evitar embargos y medidas cautelares.

Retomaremos esta cuestión más adelante, pero no podemos soslayar aquí que fue en momentos en que advertimos sobre lo que estaba ocurriendo, desnudando la intención de insolventarse y los diversos traspasos y conversiones de dinero, billetes, monedas y papeles, cuando recibimos duros ataques, insultos y descalificaciones de la Señora de Kirchner. Sin embargo, todos nuestros avisos fueron cotejados luego en los procesos judiciales y hasta registrados por alguna cámara no autorizada que se inmiscuyó en el lugar donde se realizaba la apertura de la caja de seguridad de Florencia y que registraba con claridad la existencia de los millones de dólares que intentaban eludir controles, trabas y miradas indiscretas.

Otra vuelta de relato

Volviendo al «sincera-miento», Cristina miente alevosamente. Afirma que llegaron a la Presidencia con una considerable fortuna. Si bien es cierto que cuando Néstor Kirchner llega a la Casa de Gobierno en el año 2003, la pareja contaba con más de veinte propiedades en Santa Cruz y en Capital Federal, lejos de ser «abogados exitosos», como ella asegura, eran titulares de propiedades modestas y solo recibían en concepto de alquiler anual un total de 58.000 pesos. Cinco años después, en 2008, y gracias a los empresarios ligados a la obra pública, la entonces Presidenta declaró ingresos por alquileres superiores a los diez millones de pesos ($ 10.000.000).

En su libro, Cristina intenta inducir al lector a una realidad paralela que nada tiene que ver con lo sucedido. Afirma que en 2007, cuando la agreden a Alicia Kirchner, Néstor decide vender todas las propiedades en Río Gallegos. Al desprenderse de los inmuebles a valor real a diferencia del valor registrado, se produce el crecimiento falso. Una vez más. En 2008 y 2009, los Kirchner utilizan tres terrenos en Río Gallegos para que Lázaro Báez construya complejos de departamentos que luego alquilarían diferentes empresas de su propio grupo durante años.

Tantas fechas y propiedades la llevaron a cometer un gran error en su relato con relación a la propiedad de la calle Mascarello 441. Este inmueble fue comprado mediante boleto de compraventa del 14 de agosto de 2009 a Negocios Patagónicos SA, empresa de Osvaldo Sanfelice, testaferro de la familia, por tan solo 200.000 pesos. Un año después, el 19 de agosto de 2010, Negocios Patagónicos cedió a Los Sauces SA la empresa de los Kirchner, los derechos, obligaciones y acciones resultantes del boleto de compraventa por un valor de 250.000 dólares. Ni los Kirchner ni Sanfelice brindaron los motivos de la diferencia de más de un quinientos por ciento entre el valor de adquisición de Negocios Patagónicos y la venta a Los Sauces en tan poco tiempo. Tampoco se prueba el pago de las cuotas de Los Sauces a la empresa de Sanfelice, ni la compra de dólares necesaria para llevar a cabo las operaciones.

No parece disparatado interpretar el traspaso de esas propiedades entre las mismas personas como un mecanismo destinado a blanquear activos que tenían un origen fuera de la ley. Para que quede bien en claro:

Los Kirchner compran a empresa de Sanfelice en $ 200.000.

Un año después, Sanfelice cede el mismo bien a la sociedad Los Sauces de los Kirchner en U$S 250.000.

Nunca se acreditaron los pagos ni el origen del dinero con que se hicieron.
Otro punto a analizar es la referencia que ella hace a la investigación por enriquecimiento ilícito que llevara adelante el ex juez Norberto Oyarbide. No quedan dudas de la nulidad del sobreseimiento dictado en la causa 9423/2009. Para sustentar esta afirmación, fundamos nuestra convicción en varios ejes y a partir de ello hemos pedido la reapertura, la aplicación de la sanción de nulidad por la existencia de una causa juzgada írrita: (1)

En declaraciones públicas y en indagatoria, el ex juez Norberto Oyarbide da cuenta de que habría recibido presiones para dictar el sobreseimiento. Existen muchas pruebas documentales de estos dichos.

Cabe sumar además la investigación periodística y judicial referida a las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta y Julio De Vido, que relató en forma minuciosa un sistema de reparto de coimas que terminaba en la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y el departamento de la familia Kirchner ubicado en Uruguay y Juncal, en la Ciudad de Buenos Aires. De esa investigación surge que, al menos en veinte ocasiones, durante el año 2008, fueron llevados bolsos repletos de dólares al departamento mencionado.

La importante y contundente investigación llevada a cabo por el equipo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita en las causas 11352/14 y 3732/16, que da cuenta del aumento injustificable del patrimonio de los Kirchner, principalmente en el año 2008.

Las declaraciones del contador Víctor Manzanares, quien cuenta que el sobreseimiento fue arreglado con Oyarbide en un encuentro con champagne y masas de por medio.

Fraudulentamente, Cristina insiste en que las causas Hotesur y Los Sauces fueron inventadas. Pero veamos lo que no cuenta la ex Presidenta.

Las acciones de la sociedad Hotesur fueron adquiridas el 7 de noviembre de 2008 por Osvaldo Sanfelice en comisión, esto es, para Néstor Kirchner y Máximo Kirchner. Tres días después de la compra de las acciones, el 10 de noviembre de 2008, Hotesur SA celebró un contrato de locación con Valle Mitre, empresa de propiedad de Lázaro Báez y operadora turística de la Provincia de Santa Cruz. El objeto del contrato era la locación del Hotel Alto Calafate con todo su mobiliario por el lapso de un año. Lázaro comienza a pagar un alquiler exorbitante por el hotel a la familia Kirchner. Pero además se registran contrataciones falsas de habitaciones por parte de otras de las empresas del Grupo Báez, que tendrían como resultado un alojamiento fantasma o simulado en esos hoteles. Lázaro Báez afirmó ante la AFIP que contrató cientos de habitaciones en el hotel Alto Calafate para hospedar al personal jerárquico de sus empresas a cargo de la ejecución de varias obras públicas. Pero estas obras se encontraban entre 300 y 600 kilómetros de distancia del hotel en cuestión. Báez pudo alojar a sus colaboradores en hoteles más cercanos en cada una de esas localidades. O pudo mantenerlos en Río Gallegos —sede central de sus empresas—. Se destaca que cuando Báez optó por contratar al Alto Calafate, eso les permitió a los Kirchner mantener abierto el hotel durante julio, agosto y septiembre, a diferencia de lo que ocurre con otros establecimientos de la zona, que cierran sus puertas durante el invierno.

Así, con todo ese flujo de fondos, Báez le garantizó ingresos millonarios al Hotel Alto Calafate, que facturaba seis millones de pesos por año antes del cambio de dueño y al año siguiente, gracias a los convenios con las empresas del grupo Báez, pasó a facturar más de veintiún millones.

La riqueza de Lázaro Báez creció en forma desmesurada durante los años en que gerenció el hotel de los Kirchner. En forma simultánea, su fortuna se basó en los contratos de concesión de obras públicas que los mismos funcionarios, el matrimonio —ejerciendo de manera consecutiva la Presidencia de la Nación— le otorgaron.

Néstor y Cristina Kirchner tardaron varios años en presentar los balances de su principal empresa ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Eso recién ocurrió en fines del año 2014, cuando ya habíamos presentado la denuncia judicial y comenzaban a salir a la luz —como nunca antes— las sospechas sobre el aprovechamiento que se hacía de sus posiciones de poder puestas al servicio de su propio enriquecimiento.

Durante la Presidencia de Néstor Kirchner existieron denuncias y muchas sospechas bien fundadas sobre los negocios que se alentaban desde las máximas esferas del Gobierno para favorecer a empresarios amigos. Sin embargo, no habiendo existido contundencia suficiente ni pruebas documentales, la sola exhibición del caso a través de los medios dejó abierta la puerta para que impúdicos magistrados sin vocación de investigar que paralizaran las causas, las guardaran en un cajón, o incluso, dictaran algún sobreseimiento.

Fue con la apertura de la causa denominada Hotesur cuando, por primera vez, se empezaba a poner una mirada firme no solamente sobre la evolución patrimonial, sino también sobre el componente societario de las declaraciones juradas. Ahí fue donde encontramos las razones para profundizar en una investigación que nos llevó a la convicción de que las operaciones de lavado de dinero que el mismo grupo de personas (funcionarios y particulares) llevaba a cabo no eran sino una forma de ocultar que la procedencia del enriquecimiento eran los delitos de corrupción de los que participaban los máximos representantes del poder político.

Fueron las irregularidades detectadas en el manejo de las sociedades, las transferencias dinerarias las que nos condujeron en esa misión. Y también el proceder cómplice de funcionarios, organismos y sociedades que permitían visualizar ese entramado de relaciones que los propios jueces terminaron calificando como una banda o asociación ilícita (la organización de varias personas con la intención de cometer delitos).

Hotesur SA había llamado nuestra atención en la declaración jurada de Cristina Fernández y por eso fuimos a cotejar de qué se trataba. Fue entonces cuando detectamos una gran cantidad de irregularidades que solo podían estar motivadas en el ocultamiento de su verdadero origen.

Luego de avanzar con ellos, apuntamos hacia la otra sociedad incluida en la misma declaración jurada: Los Sauces SA. Y encontramos mecanismos similares. Esta sociedad también era usada como pantalla para ocultar el origen ilegal de sumas millonarias que manejaba la familia Kirchner y, una vez más, ese dinero era transferido de manera directa por empresarios que habían sido o eran beneficiarios de las decisiones políticas del gobierno proporcionándoles ganancias abultadas. No se podía, entonces, pensar en otra fuente que no fuera la devolución o compensación de aquellos beneficios.

Máximo, Néstor y Cristina crean la empresa Los Sauces en el año 2006. En los papeles, Los Sauces SA posee un objeto social muy amplio que le permite realizar tareas inmobiliarias, hoteleras, comerciales y de turismo. Su finalidad real siempre fue alquilar los bienes de su titularidad a empresas de Lázaro Báez (Valle Mitre, Loscalzo y del Curto y Kank y Costilla) y firmas de Cristóbal López o Grupo Indalo (Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia). En todos los casos fue comprobado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación que el valor del alquiler que pagaban era exageradamente superior al valor de mercado.

En los años 2007 y 2008, la empresa no realizó ninguna operación ni actividad, no facturó ni distribuyó utilidades. Pero como por arte de magia, y teniendo un capital de tan solo 100.000 pesos, compró inmuebles y terrenos por cifras millonarias. Las inversiones más importantes las realizó mediante aportes irrevocables de los socios.

Toda esta enmarañada operatoria ha tenido por objeto intentar justificar el ingreso del dinero generado por la corrupción, de tal manera que pareciera un negocio legal sobre el cual se pagaran impuestos por un capital que había perdido en el camino sus oscuros orígenes. Para eso ha servido esa estructura de sociedades pantallas y prestanombres. ¿Cómo funcionó esta operatoria? Primero crearon empresas, todas de servicios. De esta manera no era necesario demostrar movimiento de compra y venta o de producción de ningún tipo. Solo era necesario poder demostrar ingresos por alquiler y gastos que se pudieran inflar.

Supongamos que en cada período necesitaban blanquear veinte millones de pesos. Entonces se inventaban alquileres por esas sumas, se facturaban, se pagaban los impuestos correspondientes y el dinero ya estaba ingresado en el circuito legal. Luego los integrantes de la familia Kirchner retiraban los veinte millones como adelanto de dividendos de la empresa. Circuito cerrado. ¿Y cómo terminaba la historia? Mediante la entrega de parte del dinero obtenido en forma ilegal a las sociedades de la familia Kirchner, a través del supuesto alquiler de inmuebles bajo la firma de contratos que celebraban con Los Sauces SA, empresa dueña de diferentes propiedades en Capital Federal, y en las localidades patagónicas de Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén. Y resulta obvio que en dicho proceso se bancarizaran los fondos, ya que es la manera de introducirlos al mercado financiero. Lavado de dinero no es evasión.

Los beneficiados con las decisiones políticas de los gobernantes eran quienes les transferían sumas millonarias a través de figuras jurídicas simuladas. Es evidente que la sociedad solo fue constituida con la finalidad de constituirse en el instrumento jurídico a través del cual se realizaban esos pagos por medio de la maniobra descripta.

Simuladamente, Cristina Fernández afirma que el dinero de la familia siempre estuvo en el Banco Galicia. Recordemos que durante muchos años y hasta fines del 2015 los fondos de la familia Kirchner estuvieron depositados en el Banco de Santa Cruz, entidad que les pagaba a los Kirchner unas tasas de intereses significativamente superiores a las que pagaba el mercado por operaciones de similares características. En algunos casos superiores al 500 por ciento con respecto a las tasas vigentes en el mercado financiero.

Desde el mes de noviembre de 2015, y por lo menos hasta julio del 2016, existieron una serie de movimientos bancarios sospechosos entre las cuentas de Cristina, sus hijos y sus empresas. Estos movimientos tuvieron como único objetivo «mezclar» el dinero de los Kirchner, a efectos de confundir los fondos que provenían de los intereses de los plazos fijos que la familia administró durante años y el dinero que provenía de la empresa Los Sauces SA, sin que tuviera un origen justificable contablemente.

La cifra de estos movimientos asciende a la suma de 82.500.000 de pesos, que se trasladaron desde diferentes cuentas de la familia Kirchner y sus empresas. Los miembros del Clan Kirchner abrieron y manejaron diferentes cuentas en el Banco Galicia, en algunos casos en la sucursal Río Gallegos y en otros en la Casa Central de Capital Federal. Lo llamativo es que en un período corto de tiempo, realizaban muchas transferencias y operaciones bancarias que tenían como intención hacer perder el rastro del dinero, como si buscaran mezclarlo.

Los fondos del Banco Galicia provenían de una cuenta de la familia Kirchner del Banco Nación. ¿Y cuál era el origen de estos fondos? Desde el Banco de Santa Cruz, cuenta de titularidad de la sucesión de Néstor Kirchner, se transfirieron al Banco Nación la cifra de 32.270.999 pesos correspondientes al período 2012/2015. También existieron transferencias desde las dos cuentas de la empresa los Sauces SA con destino a la cuenta (de los Kirchner) que tenían en el Banco Nación por una cifra de 3.700.000 pesos referidas a los años 2014 y 2015.

En una primera etapa, Cristina Kirchner abrió varias cuentas en el Banco Galicia a su nombre (algunas en cotitularidad con sus hijos) y fue transfiriendo diferentes sumas de dinero de otras cuentas de su titularidad en otros bancos a estas nuevas cuentas del Banco Galicia. Se trataba de cifras millonarias que Cristina transfería diariamente sin ninguna justificación. Una vez que el dinero figuraba en el Banco Galicia, ella ponía el dinero a plazo fijo con vencimiento a treinta días.

Durante el mes en que el dinero se encontraba inmovilizado por haber sido colocado en un plazo fijo, Cristina recibía sumas periódicas millonarias en sus cajas de ahorro en el Banco Galicia. Este dinero provenía de la cuenta corriente de su empresa Los Sauces SA. Recordemos que esta empresa se dedicaba únicamente a alquilar inmuebles a empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez.

Una vez que los plazos fijos vencían, al culminar el primer mes, Cristina transfería el dinero producto del plazo fijo más intereses y le sumaba el que había recibido de las cuentas bancarias de su empresa Los Sauces (dinero que había sido depositado por Lázaro Báez o Cristóbal López) a otra cuenta de la que ella era titular, en el mismo banco. ¿Cuál era la finalidad de transferir el dinero en el mismo banco y a otra cuenta de la misma titularidad? Repetimos: únicamente perder el rastro del dinero.

La primera etapa implicó el movimiento de casi ochenta millones de pesos (exactamente $ 77.654.749).

La segunda etapa de esta «mezcladora» de dinero consistía en la licitación de Letras emitidas por el Banco Central de la República Argentina, denominadas Lebac. Estas operaciones existieron entre los meses de enero y febrero de 2016, a la par que se constituían nuevos plazos fijos y se movía el dinero entre las cuentas de la familia. Esta segunda etapa implicó el movimiento de casi sesenta y cinco millones de pesos ($ 64.407.525).

La tercera etapa implicó la compra de dólares, a través de las cuentas de Florencia y Cristina. De esta forma, Cristina compraba dólares debitando los correspondientes pesos de una de sus cajas de ahorro y depositando el resultado de los dólares en la caja de ahorro de su hija. En otros casos, depositaba los dólares en una caja de ahorro en dólares propia para después poner el dinero en plazos fijos en dólares, con vencimiento a los treinta días. La última fase de esta etapa consistía en transferir los fondos a la caja de ahorro en dólares de Florencia y a dos cajas de seguridad. Así quedó demostrado a través de la orden judicial para la apertura de esas cajas en las que fueron hallados los dólares y que culminó en el mes de julio de 2016 con el embargo de más de cinco millones de dólares (U$S 5.696.144), o su equivalente en moneda nacional, suma que superaba los ochenta y cinco millones de pesos ($ 85.442.160)

Estos movimientos no pasaron desapercibidos para el Banco Galicia. Tarde pero seguro, al finalizar el mes de junio de 2016, el oficial de cumplimiento pidió explicaciones a Florencia sobre el origen del dinero que tenía en sus cuentas. La menor de los Kirchner informó que el dinero provenía de sus cuentas del Banco Nación y era producto de la capitalización de intereses de los plazos fijos y del resultado de las actividades económicas, sumado al rendimiento obtenido con la compra de las Lebac. Destacó que el dinero le correspondió en su carácter de legítima heredera y con motivo de la cesión que le efectuara su madre. Para traducir: Florencia aseguró que el dinero era de ella, aunque nunca pudo justificar su origen.

Luego de todo este devenir que apenas hemos ido describiendo de manera rápida, y habiendo tantos elementos probatorios incorporados en las casusas judiciales, era esperable una decidida acción de los magistrados para dar fuerte impulso a las investigaciones y el avance del trámite de enjuiciamiento. No fue así. Y llegamos a un año electoral que parece anunciarse como un nuevo parate funcional a la impunidad de quienes cometieron una serie continuada de delitos en contra de la administración pública, conllevando para ellos un enriquecimiento patrimonial injustificado.

El proceso electoral parece haberse abierto con la presentación del libro de Cristina Kirchner. Nosotras creemos que lo más preocupante ya no es la imposición del nuevo relato, la mentira, la transformación de hechos para acomodarlos a sus intereses y conveniencias. Lo que más alarma es este juego perverso dentro del Poder Judicial, que no encuentra a quienes efectivamente se hagan cargo e impongan a los imputados la obligación concreta de sentarse a enfrentar el juicio oral para rendir cuentas y finalmente ser sancionados por los delitos cometidos. Lejos de eso, vemos cómo los jueces se pasan la pelota para eludir hacerse cargo de las causas de corrupción contra Cristina Kirchner y su banda. Y eso no puede estar tan desprendido de lo que muchos creen ver o preanuncian como un regreso de la ex a un nuevo mandato en la Presidencia de la Nación.

El Tribunal Oral Federal N° 5 recibió la llamada causa «Los Sauces» en octubre de 2018 y luego de casi 6 meses y vencido en marzo el plazo para recibir las pruebas de las partes, se declaró incompetente para seguir adelante con el juicio oral. El Tribunal señaló que el juez de Instrucción, al momento de dictar el procesamiento (ratificado por las instancias superiores), consideró que otros jueces debían investigar esta causa y de este modo se acumuló la causa Los Sauces con Hotesur y Obra Pública, que fue iniciada en 2016 por el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Así, habiendo transcurrido seis meses y sin expedirse sobre la prueba, el Tribunal N° 5 envió todo el paquete, como en el juego de la mancha venenosa, al Tribunal Oral Federal N° 2, que tenía a su cargo el caso referido a la Obra Pública.

El Tribunal N° 2 rechazó la competencia de Los Sauces con un argumento más que lógico: se provocaría una demora innecesaria de todas las causas de corrupción que pesan sobre Cristina Fernández de Kirchner y otros. La Cámara de Casación solucionó el tema y determinó que la causa Los Sauces debía permanecer en el Tribunal N° 5, donde se había originado el expediente. Este último aún demora la fecha de comienzo del juicio. En apariencia, No tiene apuro en avanzar con el enjuiciamiento que podría terminar con una severa condena a varios de los responsables del saqueo producido durante los años de gobierno kirchnerista.

La mancha venenosa salpica a todos. Nadie en los tribunales de Comodoro Py quiere hacerse cargo de juzgar a Cristina Fernández. Y mientras tanto, los plazos pasan, los recursos y excepciones llegan. Los argentinos pensábamos que CFK iba a pasar todo el año 2019 sentada en el banquillo de los acusados rindiendo explicaciones. Y ahora, promediando el año, nos encontramos con que ningún juez quiere sentarse en el estrado. Sumándose entonces, también, el riesgo potencial de un eventual triunfo electoral de la imputada con las consecuencias tan previsibles como indeseadas.

1. Ver Apéndice II. Pruebas documentales. Ídem para puntos 1, 2, 3 y 4 de la siguiente enumeración.

Capítulo 2

Dónde están los 2.000 millones de dólares

No resulta fácil imaginar un país de ficción donde ocurran las situaciones que la Argentina ha tenido que atravesar y de las cuales terminamos siendo protagonistas de reparto, involuntarios e indignados, pero con muy baja capacidad de reacción.

No se conoce, ni en la realidad ni en la ficción, algún otro país donde hayan pasado las cosas que aquí hemos vivido. No queremos decir que la corrupción sea un fenómeno exclusivamente local. Pero es que aquí no estamos solo frente a delitos tantas veces propios del poder y la política. Estamos frente a una banda que ha lucubrado una serie de mecanismos y circuitos para, desde la función pública, tomar decisiones, definir beneficiarios directos nunca casuales y recibir pagos de los particulares beneficiados, completando el circuito con el blanqueo de capitales. Mientras el mundo ha comenzado a discutir y sancionar con dureza el delito de autolavado.

El propio Néstor Kirchner armó con su entorno una asociación ilícita para cometer delitos en contra del Estado que él mismo conducía. Lo hizo copiando y ampliando la práctica que ya había institucionalizado en el Gobierno provincial que antes tuvo a cargo. Había pasado a jugar en las grandes ligas. Entonces, aquel empresario que quería ganar una obra pública, explotar un corredor vial, recibir subsidios al transporte, relacionarse con el rubro energético, debía entregar un porcentaje de aquellos fondos que el Estado le pagaba. Fondos que eran previamente inflados para generar el «resto» que los empresarios debían pagar a los funcionarios que el Presidente designaba para esta tarea.

El mismo Presidente luego dejó el mando para un próximo gobierno a su esposa, que continuó con los mismos negocios espurios funcionando con la precisión de un reloj y que continuaron después de la muerte de la muerte de aquel y con los herederos haciéndose cargo, para solventar costosas campañas electorales, comprar voluntades del Poder Judicial y engrosar su patrimonio. Casi emulando una serie de gangsters, los funcionarios públicos involucrados se enriquecieron desmedidamente y los empresarios gozaron del sistema sin quejarse.

Hemos colaborado en numerosas causas de corrupción aportando pruebas y ayudando en nuestro rol de Amigo del Tribunal (amicus curiae, una figura que refiere a presentaciones judiciales realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión para colaborar con el Tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso, en casos que afecten el interés público) para acelerar las causas de corrupción. Muchas veces nos sentimos agotadas y decepcionadas, pero seguimos adelante.

Nunca fuimos impulsoras de la prisión preventiva como comodín a utilizar cuando la ciudadanía exige resultados frente al saqueo que vivimos durante muchos años. Pero sí nos propusimos como objetivo llegar a establecer el destino final de los millones de dólares que Néstor y Cristina Kirchner, junto con sus testaferros, lograron desviar de las arcas del Estado. No fue fácil determinar la ruta de los fondos ilícitos. Pero tampoco es una tarea imposible.

Dinero enterrado o escondido en los lugares más insólitos, oficinas convertidas en bóvedas, historias fantasiosas que formaban parte de las leyendas de diferentes lugares donde podrían encontrarse los tesoros. Es difícil separar la ficción de la realidad. Pero lo cierto es que en diferentes propiedades de los Kirchner han podido hallarse habitaciones con puertas blindadas que habrían funcionado como bóvedas donde se guardó el dinero de las coimas K. Una de ellas se ubicaba en el inmueble de Río Gallegos donde funcionaba la Inmobiliaria Sanfelice, Sancho y Asociados.

Muchos testigos e imputados colaboradores en causas judiciales hablaron de los millones de dólares que terminaban en Santa Cruz en una bóveda que los Kirchner mandaron construir en un inmueble que luego se vendería a Lázaro Báez. Pero no era el único lugar donde los Kirchner tenían una bóveda. En la inmobiliaria de Máximo Kirchner había una habitación-bóveda. Primero una puerta común parece indicar que detrás hay una habitación, pero al abrir una nueva puerta, esta vez blindada, impide el acceso. Esta bóveda está ubicada en la oficina principal que ocupaba Máximo Kirchner. Un enorme cuadro de Néstor Kirchner con la imagen de Evita de fondo marca la bóveda. En el interior había muebles de guardado en color negro. Parecen estanterías que fácilmente servían para apilar bolsos o cajas con dinero.

Bóvedas, bolsos, aviones, dólares. Todo suena abstracto si no encontramos la evidencia. Por eso nos propusimos no solo investigar y denunciar los delitos que cometieron los Kirchner sino, fundamentalmente, encontrar dónde fueron a parar los millones de dólares producto de la corrupción.

La búsqueda del tesoro

El recorrido debe empezar necesariamente con la fortuna declarada de los Kirchner. La base de la fortuna familiar siempre intentó justificarse en el empresario Lázaro Báez. Basta solo mirar las declaraciones juradas de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández y analizar las ganancias que tuvieron cada período, para comprobar que aumentaron año tras año gracias a negocios o vínculos con el empresario santacruceño.

Podemos citar el contrato de fideicomiso suscripto el 10 de junio de 2005 entre Néstor Kirchner, Austral Construcciones SA y Fernando Butti (contador de Lázaro Báez). El objeto del fideicomiso era la construcción de un edificio de diez unidades funcionales en Río Gallegos: Néstor Kirchner aportaba el terreno y la empresa de Lázaro Báez aportaba las máquinas, el personal, los materiales y el dinero para realizar la construcción. A partir de la declaración jurada de Néstor Kirchner como presidente de la Nación correspondiente al año 2007, se declaran las diez unidades funcionales del edificio de la calle Bartolomé Mitre con fecha 2 de marzo de 2007, es decir que a partir de la finalización de su construcción quien se quedó con el total de las unidades fue la familia Kirchner, a pesar de que el dinero para la construcción lo aportó el empresario y amigo Lázaro Báez. Néstor Kirchner no solo se quedó con las cinco unidades funcionales que le pertenecían a la empresa de Lázaro Báez, sino que este último le alquiló durante años esas mismas unidades funcionales pagando por inmuebles que por derecho le pertenecían.

Lázaro Báez construyó varios complejos de departamentos sin que los Kirchner pusieran un peso y desde 2008 a 2013 alquiló estos departamentos pagando sumas exorbitantes por ellos y, en la mayoría de los casos, ni siquiera los ocupaba. También adquirió varias propiedades de la familia Kirchner durante los años 2008 y 2009, a precio superior que el valor de adquisición y en muchos casos mediante operaciones de compraventa simuladas.

No podemos dejar de mencionar además que desde 2008 hasta 2013 Lázaro Báez, a través de su empresa Valle Mitre, le alquiló los hoteles de la familia Kirchner (Alto Calafate, Las Dunas, La Aldea del Chaltén), pagando millonarios alquileres y contratando habitaciones para que se hospedaran empleados de sus empresas que trabajan en obras a miles de kilómetros de distancia.

También remodeló los Hoteles Las Dunas y Los Sauces sin que los Kirchner pusieran un solo peso por las reformas. A cargo de las remodelaciones estuvo Pablo Grippo, el histórico arquitecto de los Kirchner.

Pero la fortuna de los Kirchner no era la única que crecía: todo su entorno se enriqueció considerablemente. Sus amigos, sus secretarios, sus custodios y hasta el arquitecto Grippo forman un selecto grupo que acompañó a los Kirchner desde antes de que llegaran a la presidencia de la Nación, y tuvieron sus recompensas.

No solo eran recompensados por callar los secretos de los tesoros que guardaban sino que también era su pago por desempeñarse como testaferros para adquirir propiedades, hoteles, o realizar emprendimientos comerciales ocultando a la familia presidencial.

Uno de esos negocios en los cuales se debía esconder a sus verdaderos dueños fue revelado por el contador Víctor Manzanares en la causa conocida como Los cuadernos de la corrupción K, quien manifestó que un lujoso crucero que figuraba a nombre de una empresa de Pablo Grippo en realidad era propiedad de la familia Kirchner.

Se trata del crucero Santa Cruz, un lujoso barco que ofrece navegar cerca de los glaciares por precios para nada accesibles y en dólares. Sus dimensiones lo demuestran: mide 40,5 metros de eslora y 10 metros de largo. Cuenta con dos plantas. El servicio garantiza más de veinte camarotes, un restaurante para unas cincuenta personas y salas de estar.

Esta empresa (Marpatag) fue beneficiada por la Administración de Parques Nacionales en diciembre de 2014 para la concesión de un servicio de excursiones turísticas de navegación lacustre de crucero con pernocte y de un servicio con comida gourmet a bordo, en el Lago Argentino, en jurisdicción del Parque Nacional Los Glaciares en El Calafate. Marpatag nunca pagó el canon por esta concesión y con el cambio de Gobierno Nacional fue intimada a regularizar la deuda cercana a los siete millones de pesos ($6.821.962,48). Luego de la intimación abonó la deuda.

Sin embargo, Pablo Grippo negó por completo ser el testaferro de la familia Kirchner y que el lujoso crucero haya sido adquirido con dinero de los Kirchner, y afirmó en cambio que diferentes personas le prestaron los fondos.

En nuestra búsqueda de los millones encontramos muchas personas interpuestas, es decir, aquellos que simulan ser protagonistas de determinados negocios que, en realidad y en forma encubierta, son realizados por cuenta y orden de un funcionario enriquecido, quien no podría justificar tal actividad, precisamente por la procedencia ilícita del dinero necesario para ello. Y parte de los millones de dólares están escondidos detrás de estas personas, a quienes vamos a conocer con profundidad a lo largo de este libro.

El piso de los dos mil millones

Pero además de buscar los tesoros debíamos saber de qué cifra estábamos hablando. Mucho se dijo al respecto. Pero para ser serias y cercanas a la realidad, proponemos el siguiente cálculo apoyado en las investigaciones judiciales. La Justicia determina no solo los procesamientos de los involucrados en las causas penales, sino que también puede disponer medidas cautelares como el embargo para reparar lo que considera el perjuicio al Estado Nacional y evaluar la magnitud del beneficio que recibió el imputado.

Para eso tomamos en cuenta los embargos dictados en las principales causas de corrupción que involucran a Cristina Kirchner, sus hijos y su entorno más cercano. Podemos citar algunos casos:

En la causa conocida como Los Sauces, los embargos alcanzan a los novecientos noventa y seis millones de pesos ($996.000.000) equivalentes a 21.652.173 dólares dictados a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Romina Mercado, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares, entre otros.

En la causa Hotesur, los embargos dictados suman los catorce mil cien millones de pesos ($14.100.000.000) equivalentes a 306.521.739 de dólares sobre el patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Lázaro y Martín Báez, y Romina Mercado, entre otros.

En la causa conocida como Obra Pública, se decretó el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner y se dictaron medidas cautelares por la suma de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000). En total en la causa, se trabó embargo por la suma de setenta mil millones de pesos ($ 70.000.000.000) equivalentes a 1.521.739.130 dólares.

En la causa conocida como Los cuadernos de la corrupción K, el embargo que se trabó a Cristina Fernández de Kirchner asciende a los mil quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000). En total, en la causa se ordenaron embargos por la suma de diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000) equivalentes a 228.260.869 de dólares.

A los efectos de fijar el monto, se tomó en cuenta la afectación al dinero público como consecuencia de las maniobras investigadas, toda vez que el Estado se habría visto obligado a afrontar mayores gastos en obras y servicios públicos, mientras que los imputados —tanto funcionarios como empresarios— obtuvieron un importante rédito económico a su costa.

En total, y a partir del cálculo realizado, se desprende que la cifra del dinero robado durante los años de mandato de la familia Kirchner es cercana a los dos mil millones de dólares (U$S 2.000.000.000). Precisamente, el número de los embargos trabados hasta la fecha en las causas judiciales que tienen como protagonista a Cristina Kirchner y en los que se juzgan hechos de corrupción es de U$S 2.078.173.911. Claro que este número es variable y podemos encontrar nuevas evidencias que determinen que la cifra es aun mayor.

No solo se dictaron embargos, inhibiciones, sino también intervenciones de las empresas involucradas en las maniobras. Estas medidas se tomaron después de que denunciáramos diferentes medidas adoptadas por la familia Kirchner. Particularmente la cesión de los derechos hereditarios gananciales efectuada por Cristina Fernández el día 10 de marzo de 2016, tras cinco años de la declaratoria de herederos y en pleno trámite de las causas seguidas en su contra por delitos de carácter económico y a pocos días del llamado a indagatoria que efectuó el juez Claudio Bonadio. También sucedía contemporáneamente la apertura de la caja de seguridad en el Banco Galicia por parte de Florencia Kirchner, el 3 de marzo de 2016, donde se encontraran los casi 6 millones de dólares que fueron luego embargados. Alertamos sobre la maniobra para que todo el dinero en efectivo de la sucesión de Néstor Kirchner (el cual se había duplicado en pocos años sin explicación legal) y que estaba alojado en cajas de seguridad en la sede central del Banco Galicia, había pasado a nombre de Florencia Kirchner, quien no era investigada hasta ese momento en causa judicial alguna. Se trataba de una nueva maniobra para que la Justicia no pudiera embargar ese dinero, cuando pesaban diferentes causas judiciales que investigaban el origen de la fortuna familiar.

Se trataba de maniobras que se orientaban al desapoderamiento de los bienes que eventualmente podrían ser objeto de decomiso.

Todas estas medidas cautelares se encuentran alineadas con los parámetros internacionales dictados para tratar causas de corrupción. En este sentido, el artículo 35 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ratificada mediante la Ley Nº 26.097) establece que los Estados parte deben adoptar las medidas necesarias para garantizar a los perjudicados por actos de corrupción su derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener una indemnización.

También dispone que cada Estado parte adoptará las medidas necesarias para autorizar el decomiso del producto de delitos tipificados en esa convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto y de los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de aquellos, y también establece la posibilidad de proceder al embargo preventivo o incautación de los bienes.

En los últimos años se ha incrementado, de manera alarmante, el número de delitos que atentan contra el patrimonio del Estado mediante actos de corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos, a la vez que más personas individuales y jurídicas han acumulado bienes con recursos provenientes de actividades ilícitas o delictivas.

Por ello es necesario contar con una normativa apropiada para recuperar, a favor del Estado, sin condena penal previa ni contraprestación alguna, los bienes, las ganancias, productos y frutos generados por las actividades ilícitas o delictivas.

Extinción de dominio es la pérdida a favor del Estado, de cualquier derecho sobre los bienes obtenidos mediante la comisión de ilícitos, y que se encuentren dentro de causales estipuladas normativamente, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular. La acción de extinción de dominio se ejerce mediante un proceso autónomo e independiente de cualquier otro juicio o proceso que tramite en el ámbito civil o comercial.

El Senado aprobó durante el año 2018 un proyecto de ley de extinción de dominio que desvirtuaba su finalidad al establecer que la extinción se debía tramitar dentro del fuero penal y que, salvo en casos de fuga o flagrancia, se debía proceder con la extinción de dominio cuando hay sentencia de Cámara. Este proyecto volvió a la Cámara de Diputados para su análisis generando una fuerte división entre los legisladores.

Como siempre, las mezquindades políticas prevalecieron sobre la racionalidad. Todos los ciudadanos reclamamos no solo una condena en tiempo justo sino también poder recuperar el dinero robado. Todos sentimos de alguna u otra manera que lo que nos falta lo tienen los corruptos. Vemos el incremento patrimonial desmedido de los investigados en las múltiples causas de corrupción que proliferan en los tribunales de Comodoro Py. Fuimos testigos de herencias millonarias producto de la muerte de un ex Presidente que encabezó una asociación ilícita para saquear el Estado y dejarle el mando a su esposa, como sucede en la mafia.

Solicitamos en diferentes causas judiciales el decomiso anticipado de los bienes que formaban parte de la sucesión de Néstor Kirchner de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Código Penal. Este artículo señala que debe haberse comprobado el origen ilícito de los bienes o el hecho material con el que están vinculados y una imposibilidad de juzgar a las personas imputadas en tales delitos o que estas hubieran reconocido la ilicitud del origen de los bienes o su uso ilícito. Esta disposición se aplica a los bienes que sirven como instrumento del delito de lavado de activos o que constituyen su producto o provecho, y a los efectos relacionados con aquel.

Por último, creemos que no solo es necesario contar con una herramienta legal sancionada en debida forma y con el consenso de todos los sectores. Es urgente que la Justicia avance en los procesos originados en delitos de corrupción en forma rápida, sin dilaciones, sin especulaciones políticas. De nada sirve una acción paralela al proceso penal para recuperar bienes si la Justicia demora años.

Solo de este modo, los argentinos podremos imaginar un país diferente, en el que las más altas autoridades brinden garantías absolutas en el sentido de que cumplirán con sus mandatos y de ninguna manera se verán involucrados en la comisión de delitos desde el ejercicio de las funciones públicas.

Capítulo 3

La riqueza

Ni la sumatoria de investigaciones periodísticas, ni las múltiples causas judiciales. Tampoco la enorme cantidad de pruebas aportadas en esas causas. Y por supuesto, mucho menos, las propias declaraciones juradas de los mismos involucrados. Nada de todo eso ha servido hasta ahora para que pueda dimensionarse con precisión la fortuna de la familia Kirchner. Ninguna cifra parece suficiente para dimensionarla. Cuáles son sus bienes y a cuánto asciende el valor patrimonial sigue siendo un misterio. Ni qué hablar de lo que podría constituir una fortuna incalculable en dinero «físico». Nunca fueron claras las cuentas sobre el patrimonio que había constituido el acervo hereditario del padre fallecido. Mucho menos lo fueron las que terminaron asumiendo su viuda e hijos.

Ese misterio se ha visto alimentado por la fantasía popular, por los fanatismos, como por muchos periodistas interesados en contar primicias que después no podrían comprobarse. A eso habría que agregar las imágenes sacadas de alguna película de Indiana Jones, cuando un fiscal rastreaba tierras patagónicas en la búsqueda de un tesoro escondido y nunca encontrado.

Pero más allá, el misterio se justificaba por la falta de información, las cuentas dudosas, contradictorias o inexistentes.

Nos referimos aquí tanto a la falta de claridad de los números y balances que deberían corresponder a lo que se denominarían rendiciones o presentaciones de un «patrimonio en blanco», como a todo aquello que compone el capital familiar y que ha sido correspondiente, oportuna y legalmente incorporado en las declaraciones juradas y el pago de los impuestos, realizado ante los organismos correspondientes.

Ahora bien, dejando a salvo que la familia nunca ha podido justificar la existencia ni siquiera de aquello que compone el patrimonio declarado o denominado «blanco», muchas más han sido las dudas que han recaído sobre los bienes y activos que nunca fueron registrados dentro de los estados contables que se fueron conociendo, los que nunca fueron declarados o reconocidos como propios.

Si bien la composición familiar de los Kirchner es pequeña (el matrimonio y sus dos hijos) y sus círculos familiares o sociales de confianza eran más que limitados, siempre ha llamado la atención la existencia de personas de muy estrecha vinculación (laboral, funcional o societaria) que llegaron a amasar fortunas incalculables al amparo del poder político durante las presidencias de Néstor y de Cristina Kirchner. Sus circuitos, integrados por parientes cercanos, secretarios, choferes o jardineros, aun con nombres (identificatorios) poco o nada conocidos durante las gestiones, no han pasado desapercibidos cuando se los ha reconocido como titulares de inmuebles y capitales imposibles de justificar con los ingresos que ellos mismos habrían declarado.

De este modo, y a partir de estas personas, se ha justificado la sospecha de que, en realidad, más que amigos, secretarios o parientes, prácticamente en todos esos casos, se trataba de verdaderos prestanombres, bajo cuya identidad se ocultaban los verdaderos titulares de semejante patrimonio: los integrantes de la familia Kirchner.

Las fortunas son ajenas

Sin duda que estos prestanombres vieron acrecentar su propia fortuna. Aunque todavía son inexplicables sus dimensiones. Sobre todo, cuando ha quedado un camino sin terminar (vaya la paradoja de la metáfora) y es el hilo conductor que lleva a precisar el monto total del dinero que pertenece (o perteneció) a la ex pareja presidencial.

No solo nos referimos a esas propiedades y activos que figuraban a nombre de otras personas. Por detrás de los inmuebles registrados, sigue existiendo el faltante (lo no hallado), esto es, el dinero acumulado en moneda extranjera que, según se ha probado judicialmente, era trasladado en bolsos que llegaban a alguno de los domicilios del matrimonio.

Todas las fantasías que se alimentaron en torno a la figura de Néstor Kirchner y su inclinación por el dinero físico, sumado a las evidencias en la gran exhibición de marroquinería en la que era trasladado, son datos o elementos circunstanciales para considerar que lo que tenían, estaba (o está) muy por encima de lo declarado.

Son muchas las cuestiones que hemos alcanzado a conocer para llegar a la fundada convicción de la existencia de importantes sumas de dinero que habrían sacado del país. Existen múltiples datos y versiones sobre la forma, los medios de transporte, las fronteras y hasta las personas que podrían haber actuado como «traficantes de fortuna». De igual modo, las sumas que podrían estar depositadas en cuentas o cuevas en el exterior con identidades ocultas. Las recurrentes referencias a diversos paraísos fiscales que podrían haberse utilizado, sumado a facilidades que brindaban esas plazas, contribuyen a fortalecer estas suposiciones. No debemos olvidar que se trataba, además, de dos personas que en ejercicio del más alto cargo de la Nación, con el consecuente tratamiento que las instituciones financieras internacionales podrían estar interesadas en brindarles.

En esta línea, también, hay que considerar las propiedades inmuebles registradas en el extranjero a nombre de esas personas de la intimidad familiar o de sociedades con nombres de fantasía que impiden la identificación de sus verdaderos titulares.

De todos modos, sobran elementos y documentación real, accesible, que permiten calcular, aun parcialmente, cuánto han acumulado en los años en que ejercieron el máximo poder político en Argentina. Nos referimos a aquello que se ha encontrado, se ha visualizado, o lo que los involucrados han incluido en sus declaraciones judiciales. Todo esto sin perjuicio de lo que ellos mismos han reconocido poseer.

Aquí es necesario detenerse para diferenciar lo «declarado» (es decir, incluido en las declaraciones juradas) de lo «legal». No es lo mismo.

Declarado o blanco, por encontrarse en alguna declaración jurada de los funcionarios públicos, no le da al dinero la condición de su licitud. En especial, la licitud de origen que debería tener el patrimonio por el cual se habrían pagado los tributos correspondientes.

Lamentablemente el sistema de rendiciones de cuentas, declaraciones juradas y controles fiscales es ineficaz para sacar conclusiones más o menos certeras sobre la verdadera dimensión de esos patrimonios. Pero no nos caben dudas de que el capital declarado por el matrimonio Kirchner no podía ser argüido de legitimidad, como tampoco podía admitirse que allí estaba comprendida la totalidad de la fortuna acumulada a lo largo de los años de ejercicio del poder político, tanto en la provincia de Santa Cruz como en la Nación.

Veamos entonces cuál es la información con la que contamos basada en esos datos ciertos y —reiteramos, sin perjuicio— de la convicción plena acerca de que el verdadero tamaño de esa riqueza excede superlativamente lo que se pueda demostrar.

La fortuna de la familia, al momento del fallecimiento de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, ascendía a más de sesenta millones de pesos (exactamente $ 60.440.299,66). Es un dato duro, cierto, certificado en declaraciones que ellos mismos han presentado.

Claramente el monto es mayor, ya que se valuaron los bienes de acuerdo con la tasación fiscal y, por tanto, son cifras irrisorias. Ello entre otras irregularidades o desfasajes en varias de las declaraciones juradas que fuimos examinando.

Esa fortuna siempre estuvo bajo la lupa de la Justicia, sin que se pudiera desentrañar o justificar el origen de los fondos que los Kirchner usaron inicialmente para convertirse en exitosos empresarios y terratenientes. La propia Justicia, con acciones u omisiones, frustró en diversas oportunidades la indagación sobre estas declaraciones.

Mucho se ha dicho y escrito al respecto y no vamos a detenernos en una investigación que no compete al enriquecimiento patrimonial como consecuencia del ejercicio de funciones de representación popular. Pero sí vamos a analizar sobre qué base fáctica el matrimonio Kirchner alcanzó un poderío económico inexplicable en función del lugar y el tiempo en que se han desempeñado públicamente. Nos vamos a detener particularmente en el lapso en que hemos hallado los datos más llamativos de ese suculento incremento patrimonial.

En ocho años de ejercicio de la Presidencia de la Nación, el patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner experimentó una evolución exagerada. Aun dentro del limitado caudal de lo declarado o reconocido, es imposible de justificar en el marco de las declaraciones de ingresos entre 2007 y 2015.

Cristina terminó su mandato con un patrimonio de más de setenta y siete millones de pesos ($ 77.303.100). Al momento de asumir como Presidenta, declaró tan solo ciento treinta y dos mil quinientos veinticinco pesos ($ 132.525). El mayor aumento de su patrimonio se verificó en el año 2011: en 2010 su activo era de poco más de un millón de pesos ($1.187.323), mientras que en 2011 declaró poseer casi treinta y ocho mil pesos ($ 37.807.838).

Volver al pasado

Para entender los millones de Cristina y sus hijos, Máximo y Florencia, hay que viajar en el tiempo hasta 2008 y analizar el incremento patrimonial de Néstor Kirchner. En ese año se ubica el origen de una fortuna ilícita, que será incrementada sucesiva e injustificadamente.

Ese año comienzan los negocios multimillonarios de Néstor Kirchner, que lo llevan a aumentar su patrimonio un cuatrocientos nueve por ciento (409%) respecto del período anterior.

Vamos a desentrañar su composición:

Hoteles: En 2008 Kirchner adquirió el Hotel Alto Calafate a través de la compra de las acciones de la empresa Hotesur SA por valor de cuatro millones novecientos mil dólares (U$S 4.900.000). Ese mismo año, compran el Hotel Las Dunas, también en El Calafate, declarando su adquisición por setecientos mil dólares (U$S 700.000). Actualmente está cotizado en casi nueve millones de dólares (U$S 8.950.000).

Plazos fijos: Entre 2008 y 2010, el ex Presidente invierte mensualmente una suma considerable de dinero en plazos fijos en el Banco de Santa Cruz. Este banco le otorga tasas significativamente superiores, sin justificación, alegando que privilegia a grandes clientes. Esto resulta en una ganancia de quinientos por ciento (500%), superior al promedio de mercado, o sea, significativamente superior a lo que cualquier otra persona hubiera recibido por una operación similar.

Venta de inmuebles: Se ha determinado en la Justicia que el dinero utilizado para adquirir los hoteles por parte de la familia Kirchner y sus empresas entre los años 2008 y 2009 tuvo su origen en la venta de propiedades fiscales a más de cuarenta (40) veces su valor original. La mayoría de esas propiedades fueron vendidas al Grupo Báez. Así Lázaro Báez —y sus empresas— le suministraron a la familia Kirchner un flujo de fondos que sumaron quince millones de pesos ($ 15.103.096,50), contemporáneamente a la compra de sus hoteles. Un ejemplo de estas ventas es el terreno de 20.095 m2 en El Calafate, que Báez obtuvo a cambio de seis millones trescientos mil pesos ($ 6.300.000), y que había sido adquirido por Kirchner a solo ciento treinta y dos mil pesos ($ 132.000). Otra de ventas realizadas fue el 14 de enero de 2008, cuando la empresa EPELCO —también perteneciente al Grupo Báez— le compró a Néstor y Cristina Kirchner un inmueble en Río Gallegos a tres millones de pesos ($ 3.170.000), suma que a la fecha de venta correspondía a poco más de un millón de dólares. Podemos afirmar que se trató de una venta simulada por parte de los Kirchner. En varias declaraciones de arrepentidos en el marco de la causa conocida como Los cuadernos de las coimas, en trámite por ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 11, se destacó este inmueble ubicado en la calle 25 de Mayo como uno de los depósitos de los millones de dólares de pago de coimas.

Aun con semejante activo, Néstor Kirchner tenía un importante pasivo. La deuda más importante la había generado con el Banco de Santa Cruz, que en 2008 le otorgó un crédito por casi nueve millones de pesos ($ 8.834.369). Resulta por demás llamativo que el Banco le hubiera asignado a Néstor Kirchner intereses diferenciados y exorbitantes para los plazos fijos y por el otro le prestara plata. Aunque quizás no lo sea tanto si tenemos en cuenta que el síndico del Banco de Santa Cruz era Víctor Manzanares, contador de la familia Kirchner, luego arrepentido en algunas causas judiciales.

Es una cuestión de sentido común: no se explica que una persona pida un préstamo para ponerlo en plazo fijo, porque pierde plata. No se justifica entonces que Néstor Kirchner solicitara un crédito por casi nueve millones de pesos mientras tenía unos doce millones de pesos en plazos fijos en la misma institución, toda vez que los intereses que le debió cobrar el banco por el crédito que le había concedido implicaba una pérdida de capital.

¿Existió realmente ese préstamo o fue un asiento contable que se usó para justificar esos casi nueve millones de pesos?

Palabra de contador

Como se consignó arriba, quien no podía faltar en medio de esta sospechosa operación era el amigo Lázaro Báez. En 2008, Lázaro era acreedor de Néstor Kirchner, a través de la empresa Austral Construcciones S.A, por la ampliación del Hotel Los Sauces. ¿De cuánto era esa deuda? Superaba los ocho millones de pesos ($ 8.329.596). Al respecto cabe tener a consideración que en realidad se trataba de un asiento contable simulado, tal como consignó en su declaración como arrepentido Víctor Manzanares, quien manifestó que Austral Construcciones construye el complejo hotelero Los Sauces y que los Kirchner no pagan un solo centavo. Por eso se consignaba el pasivo a favor de Austral Construcciones en las declaraciones juradas durante dos ejercicios consecutivos.

Manzanares declaró que aconsejó a Néstor Kirchner solucionar el tema porque no era creíble mantener el pasivo por mucho tiempo: «No recuerdo cuánto tiempo pasó desde este consejo hasta que Néstor Kirchner toma la decisión y me indica que me ponga en contacto con Butti para ultimar lo concerniente a la cancelación del pasivo y que debía hacer esto el 30 de diciembre de 2008, día que le vencía un plazo fijo por un monto significativo (…) El contador Butti me indicó que me iba a hacer llegar la factura por los intereses resarcitorios, me pide que calcule la retención de impuesto a las ganancias, y que coordine con el Banco Santa Cruz un horario. El 30 de diciembre 2008, concurrí junto con un enviado del contador Butti, de nombre Mario, cuyo apellido desconozco, al Banco de Santa Cruz. Mario concurrió con la factura de intereses, yo con el certificado de retención de impuestos a las ganancias. Nos reunimos en el segundo piso del Banco en la oficina de uno de los gerentes operativos, allí esperamos que se habilitara el sistema interno del banco para que se acreditara, en la cuenta de Néstor Kirchner que antes referí, el importe del plazo fijo que se había liquidado. Desde esa cuenta se transfirió luego, a la cuenta de Austral Construcciones, las sumas adeudadas, es decir los aproximadamente 8 millones de dólares (sic), más los intereses que representaban aproximadamente 1 millón más, menos la retención de impuesto a las ganancias. Con el dinero restante Néstor Kirchner constituyó un nuevo plazo fijo. Mientras ocurría esto, que duró alrededor de dos horas, Néstor Kirchner con Lázaro Báez transitaban las calles de la ciudad en un auto conducido por Daniel Muñoz (1), ansiosos por recibir novedades y saber si el tema estaba o no concluido. Muñoz así me lo comentó, también me dijo que Néstor Kirchner le había dicho a Lázaro Báez: ‘Fijate a ver cómo me la devolvés’.» (2)

De esta forma, gracias al crédito y los intereses exorbitantes del Banco de Santa Cruz y los préstamos de Lázaro Báez, el entonces Presidente consorte intentaba justificar la compra de hoteles, departamentos con múltiples cocheras en lujosos edificios de Puerto Madero, además de otras propiedades en la Patagonia.

Pero la cosa no queda ahí. Porque en el año 2009, todas las deudas por más de 17 millones de pesos desaparecieron como por arte de magia. Se evaporaron.

En numerosas oportunidades fue solicitada la reapertura de la investigación sobre el enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, para que se ordenara la nulidad del sobreseimiento dictado por Norberto Oyarbide en la causa N° 9423/09 por cosa juzgada írrita. (3) Es decir: inválida. Nula.

La Constitución Argentina, en su Preámbulo, nos habla de «afianzar la justicia», esto es, no tolerar una sentencia injusta, viciada, violatoria de los derechos. La revisión, fundada en la «cosa juzgada írrita», tiene raigambre constitucional, y consecuentemente, se deriva del propio paradigma constitucional argentino. La cosa juzgada es un efecto del principio que prohíbe no sólo la nueva aplicación de una pena por un mismo hecho, sino también la reiterada exposición al riesgo de que ello ocurra a través de un hecho nuevo. La autoridad de la cosa juzgada responde a una consideración esencial: la necesidad de que el orden y la paz reinen en la sociedad poniendo fin a los litigios y evitando que los debates entre partes se renueven indefinidamente.

Como regla, la sentencia basada en autoridad de cosa juzgada, pese a sus errores o irregularidades, es inmutable, salvo —como excepción— en los supuestos de revisión en beneficio del condenado o también por cosa juzgada írrita o fraudulenta.

Para Federico Morgenstern, autor del libro Cosa juzgada fraudulenta (2015), la doctrina de la cosa juzgada írrita debería ser ampliamente usada siempre que, por un lado, la «exploración judicial no se hubiera encaminado a la búsqueda de la verdad sino a rescatar y sobreseer a quien fue objeto de una hipótesis delictiva plausible» (página 15) y, por el otro, el nuevo proceso no somete al imputado a un doble riesgo de pena. En los casos donde en el primer juicio no se colocó al imputado en un efectivo riesgo de sanción, según este autor, la «respuesta normativa debería ser que no hubo juicio» anterior y que, por lo tanto, el ne bis in idem (una figura legal que traducida literalmente del latín significa: «no dos veces lo mismo») no es invocable.

Morgenstern sostiene que la revisión de las sentencias írritas es necesaria para que en el país se pueda desarrollar una mayor adhesión a la ley pues, en gran medida, la «autoridad moral de la ley deriva de la precisión fáctica de los fallos judiciales» (op. cit., página 17)

Por todo lo dicho, creemos que debe reabrirse la investigación sobre el enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, ordenándose la nulidad del sobreseimiento dictado en la causa N° 9423/09 por cosa juzgada írrita. La Justicia tiene frente a sí el enorme desafío de brindar a la Nación las certezas respecto de la imparcialidad y la contundencia de su sanción frente al delito, especialmente cuando por ese medio se ha lesionado la integridad de la administración pública y se han alterado la confianza y la tranquilidad públicas.

La familia Kirchner ocultó muchas de las propiedades que posee en la Provincia de Santa Cruz. Detectamos tres departamentos en Río Gallegos que les pertenecen. Han sido ocultos en el expediente sucesorio judicial, así como también en las respectivas declaraciones ante los organismos tributarios. Tampoco constan en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción por Cristina Fernández de Kirchner.

Lo cierto es que únicamente se declaró un local ubicado en la planta baja del inmueble en la calle Alcorta 99 (esquina Chacabuco), pero no los tres departamentos en planta alta. Se trata de un terreno adquirido por Néstor Kirchner el 30 de junio de 1982, en el cual se construyeron el local y los departamentos, que fueron alquilados por diferentes empresas de Lázaro Báez hasta fines de 2015.

No son los únicos inmuebles omitidos en las declaraciones juradas. También encontramos un terreno en la calle 25 de Mayo, en Río Gallegos, que vendió Lázaro Báez a través de Austral Construcciones SA a Los Sauces SA, la empresa de la familia Kirchner. Se trataba de un terreno de 1.250 metros cuadrados que fue vendido el 28 de junio de 2010 por noventa y siete mil dólares (U$S 97.000) (4). Sin embargo, este terreno no fue declarado por Los Sauces ante los organismos tributarios ni por Austral Construcciones, aunque los informes de dominio ante el Registro de Propiedad Inmueble los hacen constar a nombre de la empresa familiar.

Los Kirchner, por algún motivo, omitieron la declaración de todas las propiedades que poseían en la calle 25 de Mayo, de Río Gallegos. Podemos reconocer la intencionalidad en dichas omisiones como parte de las maniobras que hemos detectado durante varios años, para eludir miradas inquisidoras y acciones judiciales. Eso ocurrió, por ejemplo, con dos casas adquiridas por Néstor Kirchner en la década del 80, situadas en la misma calle, y que tampoco fueron incluidas en las declaraciones.

Tampoco declaró cuatro departamentos en la calle Mariano Moreno 882 de esa ciudad. Solo se incluyó un terreno baldío, propiedad de la familia, que en 2008 fue aportado a Los Sauces, y la empresa Loscalzo y del Curto (de Lázaro Báez) construyó en ese lugar los departamentos. La misma maniobra se realizó con cuatro departamentos en Alvear y Tucumán, también en Río Gallegos.

Entre los inmuebles declarados por la familia Kirchner, solo unos pocos se ubican en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos, en el quinto piso de la calle Juncal 2166. Se trata de un departamento de 160 metros cuadrados, adquirido por Cristina Fernández de Kirchner en octubre de 1980 y alquilado durante los últimos años a Francisco Martín Santamaria, un joven de 26 años domiciliado en Río Gallegos y empleado de la empresa Idea SA (cuyos dueños son Osvaldo Sanfelice y su esposa) (5). Se trata de la misma compañía que administra los hoteles de la familia Kirchner.

El otro inmueble, en Uruguay 1306, piso 5°, fue alquilado hasta fines del 2015 a Mauro Sánchez, directivo del Grupo Indalo. Las facturas se emitían a nombre de la esposa de Sánchez, Natalia Inés Lima, pero los pagos provenían de las empresas del grupo de Cristóbal López.

Este departamento se hizo conocido a partir de la crónica del chofer Oscar Centeno en lo que terminó siendo la causa judicial ya mencionada, Los cuadernos de la corrupción K, y que vale la pena recordar aquí a grandes rasgos por la magnitud que adquirió. Daniel Muñoz recibía las coimas que pagaban diferentes empresarios. Esta megacausa investigada por el juez Claudio Bonadio determinó que Néstor y Cristina comandaban una asociación ilícita para recaudar fondos ilegales. El dinero era entregado a los Kirchner o a sus secretarios privados en el departamento de la calle Uruguay mencionado arriba o en Juncal 1411, domicilio particular de la pareja.

En relación a la participación de Muñoz en el manejo irregular de los fondos, Manzanares declaró: «No tuve oportunidad de constatar el origen de los fondos que manejaba Muñoz hasta tanto no se dio la experiencia vivida de ir a buscarlo al aeropuerto de Río Gallegos, sabía yo a que concurría y por ellos ingresaba a la pista de aterrizaje del aeropuerto con el automotor de mi propiedad que tenía a esa fecha que era una VW Passat 2.0 que se caracteriza por tener un baúl muy amplio. Ingresado a la pista estacionaba mi auto junto al Tango 01, cuyo piloto era Sergio Velázquez, esperando que Muñoz bajase. En algunas otras oportunidades, Muñoz aterrizaba en un hangar a doscientos metros de la pista principal con un avión privado. Una vez aterrizado, me acercaban de la bodega del avión o desde arriba de la cabina dos valijas grandes que se colocaban en el baúl de mi auto al cual subía Muñoz. Iniciábamos un trayecto desde el aeropuerto hasta la casa donde vivía la madre del Dr. Kirchner en la calle 25 de mayo. Llegados a la puerta del domicilio, yo detenía la marcha, Muñoz bajaba, descargaba las valijas donde presumo que había dinero e ingresaba a este domicilio. Algunas veces le era abierta la puerta por alguien de su interior, y otras veces Muñoz poseía las llaves. Yo permanecía dentro del auto por aproximadamente 30 minutos esperando a Muñoz. Muñoz salía a veces con una mochila y otras veces con un bolso que contenía dinero, que contenía 2 millones de dólares aproximadamente. Subido al auto él hacía una llamada telefónica informando que ya estaba cumplida la misión.» (6)

La maniobra denunciada en la causa de Los cuadernos de la corrupción K fue organizada por Julio Miguel De Vido (por entonces ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y por Roberto Baratta (ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de ese Ministerio), que fue el principal recaudador de los fondos, junto con su secretario privado, Nelson Javier Lazarte. Se trataba de una organización criminal que desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo diseñó un mecanismo mediante el cual se recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos. Esta maniobra fue perpetrada con la participación de funcionarios públicos que se aprovecharon de sus cargos para hacerse de fondos correspondientes a contratos de obra y servicios públicos, como de empresarios que durante años abonaron sumas de dinero, por lo que mantuvieron esos contratos con enormes réditos para las empresas que representaban.

En este rápido repaso de los bienes que conformaron el patrimonio de la familia Kirchner, no podemos olvidar los famosos departamentos ubicados en Puerto Madero. Era el 8 de abril de 2008 y, a nombre de Los Sauces SA, Kirchner adquirió dos departamentos: el piso 4° L del complejo de Madero Center, por la suma de novecientos cuarenta y tres mil dólares (U$S 943.000). Y el piso 8° D, por un millón cuatrocientos mil dólares (U$S 1.407.000,00). Ambos inmuebles fueron escriturados el 9 de marzo de 2011.

Estos departamentos fueron alquilados a Cristóbal Manuel López, el mismo que había sido beneficiado con licencias de juego, exploración petrolera, construcción de rutas, entre otros conceptos. El alquiler de los inmuebles pareció ser, entonces, la devolución de aquellos beneficios.

Hay datos que resultan interesantes. El banquero Jorge Brito, a través del Banco Macro, ofreció financiar la compra de los departamentos en Puerto Madero. Como siempre, los negocios de la familia Kirchner estaban en manos de Osvaldo Sanfelice, quien se contactó en varias oportunidades con Brito para ultimar los detalles de la compra del departamento y la oficina del Madero Center sobre la calle Trinidad Guevara al 300.

Contentos con la operatoria, decidieron ampliarse y adquirir nuevas unidades en ese centro comercial. Claro que sin declararlas a nombre propio o de sus empresas. Llovían las ofertas de unidades amuebladas y libres para ser adquiridas en el año 2011. Nuevamente el intermediario fue Sanfelice, quien se contactaba con la escribana Sara Perelmuter o con la inmobiliaria Kineret, con oficinas en el Madero Center.

Así terminaron adquiriendo el departamento C ubicado en el piso 1, el departamento D en el piso 2 y el D en el piso 3 del edificio Trinidad Guevara.

Los lujosos departamentos cuentan con amplias comodidades: un baño de servicio, un baño secundario, un dormitorio en suite, cocina, comedor, habitaciones de servicio, lavadero, dormitorios, sala de estar, vestidor. Todas las unidades tienen cocheras ubicadas en el tercer subsuelo del edificio.

El sector de amenities es sin lugar a dudas un mundo aparte: incluye cuatro piscinas, dos cubiertas y dos descubiertas, un completo SPA con sauna, ducha escocesa, finlandesa y cabina de nieve, además de gimnasio, vestuarios, dos salones de usos múltiples, bar y business center, entre otras alternativas. En definitiva, un verdadero cinco estrellas.

Los departamentos de los Kirchner, a nombre de testaferros, fueron decorados con exclusivos muebles de Fontela. El costo total de la decoración de dos de los departamentos fue de más de seiscientos mil pesos en 2011. En el palier, un espejo con marco de madera y una mesa con detalles de metal y vidrio dan la bienvenida. El living consta de un sofá de dos cuerpos, mesas de cuero y mesas de acero con tapa de cristal, banquetas tapizadas con estampas; sillas importadas y mesa de cristal para el comedor, el dormitorio principal y el secundario decorado con estilo Luis XV.

Cristina tiene sus locales exclusivos favoritos donde adquiere los mejores muebles para sus propiedades. La Ferme, una reconocida casa ubicada en la calle Talcahuano al 1100, en Recoleta, se destaca por un estilo antiguo. Flox, en Peña 2331, donde adquiere sillones y los juegos de vajilla marca Verbano. En blanquería, siempre elige el color blanco, marca Home Collection. Las refacciones en los departamentos no tardaron en hacerse de acuerdo con las exigencias de la ex Presidenta: pulido de pisos e hidrolaquelado, agregado de amplios vestidores y placards.

Los departamentos fueron alquilados, al igual que el resto de las inversiones inmobiliarias de la familia Kirchner. Esta vez el locador fue Osvaldo de Sousa, como presidente de la constructora CPC SA. Uno de los inquilinos fue Rolando Echave. Se trata del director de la editorial de la Universidad de La Matanza, quien declaró ante la comisión legislativa que investigaba la responsabilidad de Mauricio Macri en la causa de escuchas ilegales. Allí afirmó conocer a Ciro James, acusado en la misma causa, pero negó haberlo recomendado como asesor del Ministerio de Educación porteño, tal como sostuvieron el jefe de Gobierno porteño y el ex ministro Mariano Narodowski, en la causa judicial que llevaba adelante el entonces juez federal Norberto Oyarbide. «Yo sólo le sugerí (a Ciro James) que enviara el curriculum. Es como cuando sabés que en un lugar falta una secretaria», dijo Echave, que protagonizó un verdadero show, levantando la voz y enojándose cuando alguna pregunta lo molestaba.

Había fallecido Néstor Kirchner y Osvaldo De Sousa (hermano de Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López) se convertía en el testaferro perfecto. El nexo de «los Osvaldos» era fundamental. De Sousa debía mantener al tanto a Sanfelice de cada movimiento y negocio que se realizaba en las empresas de Cristóbal López. Sanfelice, a su vez, se lo comunicaba a los Kirchner.

La descripción minuciosa de lo que hemos dado en denominar «La riqueza» es apenas una somera y parcial identificación de aquellos bienes sobre los que hemos podido hallar documentación respaldatoria para sostener lo que afirmamos. Reiteramos nuestra convicción de que el caudal económico financiero de la familia Kirchner ha sido y es, inconmensurable por encontrarse en lugares a los que no se ha podido acceder por falta de información, o bien bajo la titularidad de terceras personas que aún no han sido citadas a declarar sobre esta particular situación.

Las inversiones realizadas durante varios años, y en particular en aquellos tiempos en que Cristina Kirchner ejercía el cargo de presidenta de la Nación, no han podido ser justificadas. Ni los bienes y el capital originario, ni mucho menos el que han acumulado durante esos períodos. No tenemos dudas de que, en ningún caso, en ninguna situación, un funcionario honesto, un representante político, en la República Argentina, puede alcanzar un nivel de riqueza personal ni un incremento de fortuna como el que han tenido, en sus aspectos declarados o no, los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Una de piratas

Los hechos que vamos a contar bien podrían ser la base de una historia sobre piratas. O la trama de una novela. Pero se trata de hechos reales. Es una historia en la que no faltan las suspicacias y las dudas sobre el destino final de un cargamento repleto de oro y plata de un barco que naufragó. Y donde tampoco falta la venta de influencia de los familiares del poder para favorecer a uno de los actores de esta historia.

Para entender mejor la trama, tenemos que remontarnos a enero de 2009, cuando el Polar Mist, barco chileno que transportaba diez mil kilos de oro y plata extraídos de una mina santacruceña, fue sorprendido por una brutal tormenta en el Estrecho de Magallanes y se hundió con su preciada carga, valuada en más de 16 millones de dólares.

El barco había partido el 15 de enero desde el puerto de Punta Quilla (Santa Cruz) con destino a Punta Arenas y Valparaíso. La carga debía seguir a Santiago y, vía aérea, a Suiza, donde se realizaría la refinación de los metales preciosos, pero al ingresar en el Estrecho de Magallanes, arreció una fuerte tormenta. Después de casi 24 horas, el capitán del barco pidió auxilio y fue rescatado por el Centro de Búsqueda y Rescate de Ushuaia, de la Armada Argentina. Al día siguiente, cuando la tormenta había amainado, un helicóptero de la Prefectura detectó que un remolcador de bandera chilena denominado Beagle intentaba remolcar el barco desde el Mar Argentino y trasladarlo por el Estrecho de Magallanes en dirección a Chile. Misteriosamente, esa misma noche, cerca de las 23, el remolcador anunció a las autoridades argentinas que mientras lo remolcaba a la costa argentina, el Polar Mist empezó a escorar y se hundió en el Mar Argentino.

Varias sospechas rodearon al hundimiento del barco: dudas sobre las condiciones técnicas, dudas sobre el abandono de su tripulación. Había mucho dinero en juego y muchos intereses cruzados.

El Polar Mist permaneció hundido a 40 kilómetros de la costa argentina, bajo la custodia de la Prefectura Argentina, por orden del Juzgado Federal de Río Gallegos, y nadie podía acercarse sin autorización. El cargamento era muy valioso y estaba cerca de la costa.

Pasaron varios meses hasta que la justicia federal autorizó la búsqueda, inspección y extracción del cargamento del buque a cargo de la empresa Raúl Negro & Cía. El rescate costó 16 millones de dólares, valor similar al valor de la carga. El trámite era muy engorroso y requería de muchos pasos y poderes especiales, además de la autorización judicial. El conflicto no terminó con el rescate, sino que se extendió durante varios años.

Entonces comenzó otro capítulo. Se trataba de investigar quién era el titular del embarque. Por ello, la Aduana resolvió que el cargamento permaneciera en custodia judicial en las bóvedas del Banco Nación. El Juzgado Federal de Río Gallegos debió intervenir debido a que la Aduana consideró que no se encontraba justificada la verdadera titularidad del cargamento, reclamada por las empresas Cerro Vanguardia SA y Minera Tritton Argentina SA, la compañía de seguros SanCor y la empresa encargada de la logística del transporte (Securus Logistics SA). Resultaba clave la influencia de alguien muy cercano al poder. Había millones de dólares en juego y nadie quería perder.

Con motivo de las controversias, se profundizaron las dudas sobre el hundimiento del Polar Mist. El naufragio de un barco cargado con oro y plata en pleno siglo XXI llama la atención y remite a antiguas historias de galeones, piratas y tesoros escondidos. Si bien es una historia que tiene algunos años, ahora estamos en condiciones de afirmar que funcionarios públicos recibieron dinero en forma ilegítima hasta, por lo menos, el año 2015, a cambio de hacer valer indebidamente su influencia, aprovechándose de su parentesco con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No se descarta que Cristina estuviera enterada de las negociaciones.

Así, Romina Mercado solicitó y recibió dinero a cambio de dirigir la investigación y ejercer influencia sobre personal de Prefectura, Aduana y jueces federales a fin de que estos beneficiaran a sus contratantes. Esto está probado.

Una factura fechada el 13 de agosto de 2015, mediante la cual se da cuenta del pago por parte de una empresa del Reino Unido con sede en Londres (INCE & CO LLP), consigna un pago de honorarios a Romina Mercado por asesoramiento en el caso Polar Mist, con un detalle de las actividades realizadas. Por ejemplo, reuniones con jueces y secretarios de juzgados federales que tuvieron causas relacionadas con el Polar Mist, así como encuentros con miembros de la Prefectura Naval Argentina. Desconocemos si esas reuniones se llevaron a cabo. Lo que está claro es que los contratantes pagaban una retribución por la influencia que Romina Mercado prometía ejercer con los principales actores del caso del barco hundido.

Fue evidente que Romina Mercado no fue contratada por sus conocimientos específicos en la materia ni por su especialización, ya que no contaba con antecedentes en los rubros de seguros, derecho internacional privado o derecho marítimo. Su valor agregado consistía en ser la sobrina de la Presidenta.

No se trataba del ejercicio de la profesión de abogada de Romina Mercado. Sabido es que es obligación de los profesionales del derecho obrar con apego a la ley y comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional. Si bien es su derecho defender, patrocinar, representar —judicial o extrajudicialmente— y evacuar consultas jurídicas a cambio de una remuneración, les está vedado ofrecer ventajas que resulten violatorias de leyes en vigor o que atenten contra la ética profesional.

La ética le prohíbe al abogado no solo ejercer una influencia derivada de una situación excepcional, sino que le impone apartarse de prácticas que puedan ser mal interpretadas; es decir, no sólo ser sino también parecer. Desde ya, la prohibición del uso de la influencia se extiende, en este plano, a su ofrecimiento, como atractivo en la captación del cliente.

Pero Mercado no solo recibió dinero a cambio de ejercer influencia en funcionarios públicos. También fijaba ante diferentes trámites administrativos como judiciales un domicilio procesal que se correspondía con una propiedad de la Presidenta y quienes todos referenciaban con la familia Kirchner. Así, podemos citar a modo de ejemplo la causa «G4 Securities Inc y otros S/ medida autosatisfactiva», en la cual Romina Mercado fijó como domicilio procesal de la empresa aseguradora del Barco Polar Mist el inmueble sito en la Av. Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner 496, en Río Gallegos. Dicho inmueble era propiedad de la ex Presidenta pero además era sede de la inmobiliaria de la familia Kirchner (Sanfelice, Sancho y Asociados).

Romina Mercado se desempeñó desde enero de 2005 hasta enero de 2012 en el Banco Nación sucursal Río Gallegos como procuradora apoderada. Casualmente, allí se dispuso el resguardo del cargamento del Polar Mist hasta determinar a sus legítimos titulares. Durante el período 2011/2012, se desempeñó en la Procuración del Tesoro de la Nación. Pero no solo se desempeñaba en el Estado: la sobrina de la Presidenta fue su apoderada durante los mismos años de gobierno, tal como surge de diferentes poderes presentados ante bancos, en juicios, organismos públicos, suscripción de contratos. Era la persona encargada de negociar en nombre de Cristina Fernández de Kirchner y nadie cuestionaba su mandato. A esto cabe agregar que también presidía las empresas de la Presidenta de la Nación.

1. Secretario del matrimonio Kirchner, ver Quién es Quién.

2. El testimonio completo de Víctor Manzanares puede consultarse en el Apéndice II.

3. Ver Apéndice II. Pruebas documentales.

4. La compraventa fue formalizada por Escritura Nº 254, de fecha 28/06/2010, ante el escribano público Ricardo Leandro Albornoz, titular del Registro Notarial 37 de Río Gallegos.

5. Ver Apéndice 1, «Quién es quién».

6. Ver Apéndice II

Capítulo 4

El amigo

Osvaldo Sanfelice es un verdadero amigo. Un perro fiel de la familia Kirchner, aún después de muerto Néstor. Leal siempre, en las buenas y en las malas. Al menos hasta ahora, no ha pasado a engrosar las filas de arrepentidos que reclaman para ser llamados a declarar y contar los desaguisados de los gobiernos K y la generosidad de los empresarios y los negocios que se han ido conociendo. El vínculo es firme, permanente, indisoluble. Gracias a ello pudo construir una verdadera fortuna, solo con apariencia de propia. Difícil establecer cuánto de ella le pertenece en exclusiva, y cuánto en realidad a sus amigos.

No solo él, también otros miembros de su familia —como veremos más adelante en este mismo capítulo— poseen el perfil del testaferro: su mujer no registra impuestos activos ni actividades económicas, aunque se desempeña como empleada de la empresa que en apariencia le pertenece. Y ninguno de ellos puede acreditar su solvencia económica o idoneidad para las operaciones que registraron.

Es fácil encontrar por detrás de estas características las que corresponden a los sobreabundantes prestanombres de los Kirchner. Poco conocidos, sin actividades públicas, pese a haber estado muy cerca del poder y de quienes lo ejercieron, sin cargo público y con una vida personal dedicada a los negocios particulares, manejo de dinero y propiedades, inversiones de distinto tipo entre las que se encuentran, incluso, algunas relacionadas con la actividad hotelera.

Osvaldo Sanfelice es titular de varias empresas utilizadas para hacer negocios y facturar millones de pesos a diferentes personas y sociedades ligadas con la adjudicación de obra pública en la Provincia de Santa Cruz, pero no solo en ella. Esas empresas han resultado una pantalla perfecta para el entrecruzamiento de vínculos entre las personas allegadas a la familia Kirchner (y sus miembros). Y, sobre todo, han servido como cortina para la realización de transferencias millonarias, que, en casi todos los casos, terminaron engrosando el patrimonio familiar. Aunque en otros casos, directamente desaparecieron. Como si se hubieran esfumado o las hubiera tragado la tierra. O como si alguna otra mano los hubiera trasplantado afuera de la Argentina.

Al cabo de muchos años de esta aceitada y férrea amistad, se podría decir que las gestiones han sido eficaces, sin traiciones y que la intermediación de Sanfelice, ya sea a través de la administración y gestión de propiedades, o, como suponemos, como comprador por y para otro, o incluso poniéndose a sí mismo como titular de bienes, lo que ha hecho ha sido ocultar un capital importante que no le pertenecía. Tal vez esa sea la razón por la cual, al comprar un campo en San Carlos de Bariloche, en la Provincia de Río Negro, lo llamó Establecimiento El Amigo, como un cálido y justificado homenaje a Néstor Kirchner.

Códigos son códigos, deudas son deudas y la amistad sigue siendo, aun en estos casos, el valor más preciado.

Yo soy tu amigo fiel

Ahora bien. Osvaldo Sanfelice actúo en diferentes operaciones de compraventa de propiedades y de adquisición de participaciones societarias de empresas, como testaferro de la familia Kirchner. Esto se remonta a los tiempos en que Néstor, quien ya había empezado a amasar una fortuna, pero en forma muy burda y abrupta, hacia 2008, tomó la decisión de adquirir propiedades, terrenos y hoteles, advirtiendo desde entonces que serían útiles para encubrir o disfrazar otras operaciones. Claramente, desde la puesta en marcha de ese operativo y entramado de relaciones societarias y compraventas, la intención era cometer delitos y blanquear otros precedentes por los que iba obteniendo dinero de origen ilegal.

Desde aquel entonces, Néstor Kirchner había confiado en este viejo amigo de su tierra para que constituyeran una asociación con esos fines. Nada mejor que contar con alguien de suma confianza, pero que al mismo tiempo conociera bien las características lugareñas locales, pudiendo ver las oportunidades y con la suficiente pericia como para encarar negocios y antecedentes que le permitieran mostrar que, aún en apariencia, estaba negociando en nombre propio. O podía hacerlo.

No es que Sanfelice fuera el único. Bien sabemos que Néstor fue leal a viejas amistades de su provincia natal, esos compañeros de infancia y juventud. Cuando decidió encarar una carrera política —y está claro que sus planes de empoderamiento y enriquecimiento personal formaron parte de esa planificación de un proyecto político y de vida—, sabía con quiénes iba a contar. Se trataba de sus viejos compinches, a los que les había relatado tantas veces sus sueños en trasnoches y copas. Lo haría con ellos. Lo hizo con ellos.

Cristina Fernández sería la continuadora de esos vínculos y negocios. Ella también formaba parte de ese proyecto que aún desde muy joven Néstor ya había ubicado en el terreno de la política. El crecimiento de su fortuna, el cambio definitivo de su suerte y el de su familia estaban directamente vinculados con las posibilidades de alcanzar, con apoyo del pueblo, distintos espacios de decisión política y pública a los que fue accediendo. Cada uno estaba relacionado con otro escalón que algún día le permitiría alcanzar a Néstor Kirchner la presidencia de la República. Lo haría en nombre y en homenaje a la provincia que lo vio nacer, y el paso por el gobierno municipal en Río Gallegos y la casa provincial fueron parte fundamental de ese proyecto, pero siempre como un medio para escalar a la cima, un lugar, el más encumbrado, que siempre pensó que le correspondía. Cristina, siempre, desde muy joven, estuvo a su lado, fue su esposa y su socia en ese destino proyectado entre ambos. Por eso, a la muerte de Néstor, no podía caber duda respecto del lugar que ella iba a ocupar en la continuidad de aquellos negocios, como la titular de las decisiones y quien, de manera personal y directa, sostuvo el entramado de relaciones, amistades y empresas. Puede haber sido porque compartía las mismas ambiciones y la inclinación por los buenos gustos (en su caso, incluso, acentuados), pero también es posible que ella pensara en esa continuidad como una forma de homenaje a su esposo muerto. Y por qué no, una manera cierta, concreta, efectiva, de dejar a sus hijos un legado próspero, algo que solos nunca habrían conseguido.

Ya está probado en diferentes causas judiciales que Cristina fue, luego de la muerte de Néstor, la jefa real en el manejo (de varias diversas composiciones) de sociedades comerciales, asociaciones ilícitas que tuvieron como primer objeto continuar con la apropiación de dineros públicos a través de la adjudicación de obras públicas al amigo Lázaro Báez, su familia y empresas, así como también a otros, relacionados con distintas adjudicaciones estatales, y liderar al mismo tiempo un entramado de relaciones delictivas que han quedado al desnudo con la causa de Los cuadernos de la corrupción K (también denominada «de los arrepentidos»), mediante el pago de coimas y dádivas de una importante cantidad de empresarios que se avinieron a formar parte de ese club de contratistas que alimentaron la voracidad K. Por otro lado, una asociación ilícita paralela —conformada por algunos de los integrantes de las anteriores, sobre todo los jefes, y algunos socios— estuvo destinada a lavar el dinero proveniente de la corrupción de la obra pública, interviniendo no solo la familia Kirchner sino también funcionarios públicos, el propio Sanfelice y empresarios beneficiados con contratos del Estado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, tal como ha quedado establecido en las causas Los Sauces, Obra Pública y Hotesur.

En el período investigado, Sanfelice acrecentó su patrimonio comprando una gran cantidad de inmuebles, constituyó sociedades y adquirió empresas mediante operaciones en efectivo, sin justificar el origen de los fondos. Está claro que no podía hacerlo debido a la procedencia ilegal del dinero. Pero tampoco lo hizo porque nunca nadie se lo requirió. Como en muchas otras operaciones que tuvieron al kirchnerismo como eje de negocios particulares, era ostensible la impunidad o al menos el descontrol con que podían concretar pagos en efectivo, transferencias sin dar cuentas, adquisiciones millonarias y nunca tener que explicar nada.

En el año 2008 constituyeron una sociedad anónima denominada Invernepa, con un capital inicial de 100.000 pesos. El 50% de las acciones fue suscripto por Osvaldo Sanfelice y el 50% restante por su esposa Marta Leiva. Con posterioridad, crearon Inverlife, otra sociedad anónima con la misma sede. Estas empresas no realizarían actividad comercial y solo servirían para adquirir inmuebles, pese a que nunca acreditaron de dónde habían obtenido el dinero para efectuar esas operaciones. Al mismo tiempo, sirvieron como pantalla para realizar esos negocios sin generar ganancia. Los movimientos eran inexplicables, imposibles de justificar en balances societarios o pagos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las sociedades se solventaban únicamente a través de los aportes continuos que hacía Sanfelice. Y de ese modo, capitalizada la sociedad, se pretendían justificar los fondos para la adquisición de inmuebles.

Invernepa SA pudo subsistir gracias a los continuos aportes irrevocables de su socio mayoritario: Osvaldo Sanfelice. Esos aportes nunca se capitalizaron, de modo que resultaban una manera creativa de inyectar fondos continuamente a la empresa sin justificar su origen. Nadie les preguntaba a los socios de dónde provenían esos supuestos aportes y no existe rendición alguna que los justificara. Recién en el año 2016 se aumentó el capital social: pasó de 100.000 pesos a 500.000 de la misma moneda. El aumento lo suscribió Sanfelice en un 100 por ciento.

Osvaldo Sanfelice no era un hombre de fortuna. Al menos, no lo fue hasta que el matrimonio amigo llegó a ocupar lugares de relevancia política en la provincia de Santa Cruz y luego, por supuesto, al asumir el máximo cargo dentro del Gobierno Nacional. No había posibilidad de trazar una historia certera, razonada, que justificara el ingreso de bienes y dinero en el patrimonio de la pareja de Sanfelice y Leiva. Por eso, cuestiones financieras, pero también y en gran medida, los comportamientos personales, las relaciones familiares y las sospechas acerca de los orígenes ilegales de esos canales de flujo de dinero, nos han llevado a la convicción fundada de que, por detrás de las máscaras de aquella pareja de amigos, lo que se estaba ocultando era otro matrimonio: el de Néstor y Cristina Kirchner, como los verdaderos dueños de esa fortuna que apenas se manifestaba con algunos de estos inmuebles pero que, según se vería más adelante, no estaba limitada a esos bienes, sino que parecía tener una dimensión verdaderamente exuberante.

La sociedad Invernepa compró en el año 2012 un establecimiento rural en la provincia de Rio Negro por un monto de ochocientos mil dólares (U$S 800.000). Se trata de un campo de 34.754 hectáreas a 150 kilómetros de la ciudad de Bariloche, en conflicto con una comunidad mapuche que aún hoy sigue reclamando la propiedad de esa tierra cuya adquisición considera fraudulenta.

El nombre de fantasía del emprendimiento ganadero es Estancia El Amigo, un campo administrado por el yerno de Sanfelice, un israelí llamado Nir Weinberg, pareja de María Marta, la hija mayor, en una lujosa propiedad del Country Arelauquen, a orillas del Lago Gutiérrez, y que además figura como empleado de BMC SRL, empresa de Sanfelice dedicada a la cría de ganado ovino. Ese campo, rico en ovejas y terneros, prácticamente salió a la luz cuando la comunidad mapuche Newen Ñuke Mapu, a través del Lof (jefe de familia) Mariano Epulef, denunció penalmente a Los Amigos de «despojo territorial» de una porción de 13.000 hectáreas. Se distribuye en los parajes Anecón Chico, Cerro Mesa y Tres Cerros.

En Bariloche, Sanfelice desembarcó en diferentes rubros, como el agro, a través de la Estancia El Amigo o el hotelero, a través el Hotel El Retorno, sobre el lago Gutiérrez, a 12 km de Bariloche, en Villa Los Coihues, cerca del country Arelauquen. Fue inaugurado en el año 2001. Se trata de un reducto exclusivo, rodeado de parques nacionales, sobre la ladera boscosa del Cerro Otto. Posee club de Golf, de Polo, Náutico, cancha de tenis y squash, senderos para trekking, mountain bike y pistas de montañismo. Tiene un muelle y amarras sobre el Lago Gutiérrez. Como no podía ser de otra manera, las expensas de la lujosa casa que Sanfelice adquirió las pagaba el Grupo Indalo, a través de la empresa contratista de obra pública CPC SA., de Cristóbal López, quien, bajo la presidencia de Osvaldo de Sousa, también adquirió otra lujosa propiedad en ese mismo, exclusivo, country.

La Estancia El Amigo campo era propiedad de Las Chinitas SA Agropecuaria, que inició un litigio para recuperar la posesión, pero en medio del juicio, en el año 2011, terminó vendiéndole el establecimiento a Sanfelice.

Según se encuentra asentado en el libro diario de la empresa Invernepa, el campo fue adquirido por Sanfelice por poco más de dos millones y medio de pesos ($ 2.565.900). Sin embargo, extrañamente, Sanfelice no contaba con recursos propios suficientes para hacer frente a esa compra. Nos preguntamos, entonces: ¿cómo hizo? Bueno, parece que empresarios generosos le prestaron dinero. La empresa Lakaut SA contribuyó con un préstamo de casi los dos millones y medio necesarios ($ 2.454.000) en 2011 y lo curioso es que esta deuda se mantendría por años sin saldarse y sin que tampoco haya generado intereses a favor del acreedor.

Algo similar ocurrió con el anterior dueño del establecimiento: El 15 de junio, Invernepa adquirió una fracción de campo de casi treinta y cuatro mil hectáreas en Río Negro. En la escritura, las partes acordaron la venta por la suma de un millón doscientos mil dólares (U$S 1.200.00). Sanfelice pagó solo cuatrocientos mil dólares (U$S 400.000) y se fijó que el saldo se iba a pagar en dos cuotas iguales por ese mismo monto cada una, con vencimientos el 14 de junio de 2012 y 14 de junio de 2013. Sanfelice hipotecó la estancia en garantía de la deuda que tenía con la empresa Las Chinitas SA por ochocientos mil dólares (U$S 800.000), pero incumplió con los pagos, de modo que en 2015, la deuda continuaba. Los contratantes pactaron prorrogar el primer vencimiento hasta el 13 de junio de 2016. Si todos los detalles de la operación de compra resultaban difíciles de explicar, así como el intrincado laberinto de relaciones societarias, mucho mayor fue la sorpresa al comprobar que, llegado el último plazo de pago, el vendedor de Las Chinitas SA terminó perdonando la deuda al comprador. Semejante acto de generosidad no puede considerarse menos que sospechoso.

Mientras tanto, la empresa Inverlife adquirió, en 2009, dos propiedades en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz; una vez más, gracias a los aportes irrevocables de Osvaldo Sanfelice y nuevamente sin ninguna justificación sobre el origen de los fondos. El esquema se repetía: operaciones millonarias sin una autoridad de control que exigiera explicaciones.

Una de esas propiedades (ubicada en Ramón y Cajal) fue alquilada durante años a la empresa Austral Construcciones SA, constructora emblema de Lázaro Báez. En 2011 Inverlife adquirió una cabaña en El Calafate y (a esta altura no debería sorprendernos), el dinero para comprar la propiedad lo aportó Sanfelice… en efectivo.

Un año más tarde, a través de la misma sociedad anónima y en efectivo, compraron dos departamentos en la calle Mitre 256, Río Gallegos, y terreno en Bariloche. Cuando se hace el seguimiento de estas operaciones, no parece para nada caprichosa la decisión judicial de involucrar a los escribanos intervinientes como miembros de la asociación ilícita que se le adjudica a la familia Kirchner y el grupo de asociados y amigos que funcionaban en conjunto como poleas de una maquinaria aceitada que trabajaba sin descanso para multiplicar propiedades y billetes.

Pero también es necesario advertir que Sanfelice no solo aportó miles de dólares a sus sociedades para capitalizarlas y así adquirir propiedades a nombre de esas personas jurídicas. En 2009 le donó a su hija María Marta noventa mil dólares (U$S 90.000) en efectivo, para que ella pudiera comprar, a su nombre, el departamento al lado del de sus padres, en el cuarto piso del edificio sito en O’Higgins 2422/24. Ese año también adquirieron unidades en Rodríguez Peña 2018/22 y en Montevideo 1562/76. Todas estas propiedades ubicadas en Capital Federal. Y siempre en efectivo. Tantas operaciones bien podrían haber alimentado la fantasía de una impresora de dinero propia ya que se volvía muy difícil de descifrar de dónde Sanfelice obtenía todos los billetes para hacer tanta cantidad de compras y pagos con efectivo.

En 2010 compraron a través de Sanfelice la empresa BMC, cuya sede social se ubicaba en un inmueble propiedad de la familia Kirchner. La ubicación no podía ser más simbólica: calle Néstor Kirchner 496, Río Gallegos. Esta nueva sociedad no escapa a las características de este grupo ya que posee los mismos clientes y financistas de sus operaciones: empresas de Cristóbal López y del Grupo Sanfelice (Agosto, Hotel Waldorf, entre otras). En ese año, Sanfelice adquirió, siempre en efectivo, un departamento en el mismo edificio en el que había comprado su hija María Marta.

Buscando expandir sus dominios, Sanfelice decidió desembarcar en la Provincia de Buenos Aires. Así, compró una quinta en el exclusivo barrio Puerto Panal, partido de Zárate, por más de tres millones de pesos ($ 3.118.826). La propiedad fue ocupada por el socio de Cristóbal López, Fabián De Sousa, quien prestó el dinero: otro testaferro de los K.

Robar para la corona: en el 2000 también

Entre estas personas puede trazarse un complejo entramado de relaciones personales y económicas que dieron fundamento a las resoluciones judiciales que los llevaron a ser procesados como integrantes de una asociación ilícita conformada para producir el saqueo más importante de la historia democrática de la Argentina. Todos ellos han sido piezas clave. Se relacionan como parte de sociedades comerciales realizando operaciones y transferencias que no han contado con respaldos documentales que permitieran justificarlas.

Han ocupado diferentes cargos en las múltiples ramificaciones societarias, pero casi no quedan dudas respecto de quiénes tenían el papel de líderes, ordenadores, e incluso sostenedores de una corona, si quisiéramos hacer un paralelo con la década del 90, el menemismo y el conocido «robo para la corona». El análisis radiográfico de este tumor extendido ha dejado al descubierto quiénes cumplieron con eficacia el papel de testaferros, ocultando bajo sus nombres o sociedades constituidas por ellos mismos a los verdaderos dueños de los negocios y la fortuna: los Kirchner.

La quinta de Zárate le trajo continuos dolores de cabeza a Sanfelice. En más de una oportunidad, la administración impuso multas atento las quejas de los copropietarios por la comprobación de diversas irregularidades e incumplimientos de normas dentro del condominio. Por ejemplo, construían caminos alternativos en espacios comunes que no estaban destinados a ello y circulaban dañando el entorno. Realizaban desmontes y reformas sin la debida autorización del consejo de administración, o aterrizaban en sitios donde no estaba permitido, alterando con todo esto la vida del lugar y de los demás copropietarios.

Puerto Panal fue inaugurado en la década del 90 y se constituyó como un barrio de chacras. Con una extensión de 700 hectáreas, allí conviven lujosas quintas y una reserva natural de 200 hectáreas, donde se puede montar a caballo, pescar y hasta navegar, ya que las tierras desembocan en un río. Canchas de polo y tenis y un Club House completan algunos de los amenities más lujosos del country. Las personas que viven o descansan periódicamente en el lugar buscan tranquilidad y reserva, y los códigos de convivencia son muy estrictos.

Pero los negocios de Sanfelice no terminan aquí. No hay duda de que existen otros que no hemos alcanzado a detectar.

Sí conocemos el dato de que en el año 2012 le compró a Carlos Elzagebe y a Rafael Toscani 102 cuotas sociales de Tecnovial SRL, con domicilio en Santa Rosa 728, provincia de Neuquén.

Esa adquisición nunca tuvo un objetivo claro ni se conoce el uso que se ha dado a esta sociedad y que fuera vendida a los pocos años. Tecnovial es una empresa de servicio y constructora y tenía como principales clientes a importantes empresas petroleras, entre otras, Petrobrás, YPF, Enarsa, American Petrográs y OPS.

Constituida en febrero de 2012, Tecnovial tiene como actividad principal declarada ante la AFIP la construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales y por objeto dedicarse a la comercialización de maquinarias viales, agrícolas e industriales, y a la construcción y refacción de obras públicas o privadas. Sus socios fundadores, Rafael Toscani y Carlos Elzebe, quienes vendieron parte de sus acciones a Sanfelice, fueron empleados en dos de las empresas de Cristóbal López, OIL M&S Y Inversora M&S. Pero en 2015, Sanfelice vuelve a vender su parte a Toscani, declarando la venta en poco más de dos millones y medio de pesos ($ 2.698.500).

En el año 2013, compraron Agosto, sociedad constituida en el año 2011 por Carlos Sancho con un capital inicial de ciento veinte mil pesos ($ 120.000). Su actividad declarada es el alquiler de maquinarias y sus clientes únicamente son sociedades de Cristóbal López, tal como surge de sus estados contables y sus movimientos bancarios. Su domicilio se encuentra en la calle Néstor Kirchner 496, Río Gallegos. Posee un solo empleado, curiosamente, la mujer de Osvaldo Sanfelice: Marta Leiva. Un autoempleo que pone de manifiesto a alguien que presta su nombre para ocultar a otros.

Pero hay más: en 2015 compraron, a través de Agosto, un inmueble en la calle Winemberg 2246, Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Esta casa se ubica a pocos metros de la quinta presidencial de Olivos. En la compra intervino Emanuel Matías Gómez, quien se desempeñó como director de otra empresa de la familia Kirchner, Hotesur SA. La operación se realizó por la suma de quinientos diez mil dólares (U$S 510.000). Sin embargo, este inmueble fue ocupado por Osvaldo Sanfelice. El vendedor fue la empresa Lakaut SA, que lo había adquirido en el año 2011 y lo había pagado ochocientos mil dólares (U$S 800.000). Años después, Sanfelice simularía adquirirlo por menos de la mitad.

Creada en 2009, Lakaut es una empresa dedicada a la ingeniería documental, el gerenciamiento y la digitalización de documentos. Tiene sede en el polo tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires. En una publicación del sitio borderperiodismo.com, el periodista Daniel Seifert relata que Sanfelice habría expandido su área de influencia hasta este tipo de empresas, que manejan información sensible. Y que en 2011, Sanfelice recibió un poder especial para administrar una casa en Olivos, «con facultad para efectuar en el mismo, las reparaciones que fueren necesarias para su conservación; abonar tasas, contribuciones e impuestos de toda índole».

Los nombres de personas y empresas se repiten una y otra vez: son siempre los mismos, que se entrelazan a los fines de constituir negocios millonarios sin antecedentes en el rubro. Las mismas sedes sociales para múltiples empresas, los mismos socios que a su vez se vinculan con negocios de los que también participa la familia Kirchner y los mismos empresarios beneficiados con adjudicaciones del Estado, que se mezclan con empresas fantasmas a los fines de retornar sumas millonarias.

Los programas del lavadero de billetes

A esta altura, es útil recordar la definición de «lavado de dinero» tal como figura en la página de la AFIP (1), como el proceso a través del cual se pretende encubrir, disimular y ocultar el verdadero origen de fondos y otros bienes generados en actividades ilícitas, para darles apariencia de legitimidad. Por ende, es determinante para la configuración del delito de lavado, el origen ilícito de los fondos. Y la existencia de un delito precedente que genera ese dinero sucio que después se va a lavar por las mismas u otras personas para ingresarlos al circuito financiero con apariencia de legalidad.

Desde su metodología habitual, el proceso se ejecuta en tres etapas:

Colocación o prelavado: consiste en introducir fondos o activos ilícitos en el circuito financiero legal.

Decantación o estratificación: supone movilizar dichos fondos con la finalidad de mezclarlos y disimular su origen.

Integración o reciclado: en esta última etapa se logra la apariencia legal de los fondos.

Podemos evidenciar con claridad las tres etapas del proceso del lavado en varias operaciones realizadas por la familia Kirchner y sus testaferros. Pero la más básica y clara para comprender el proceso ocurrió con los hoteles que adquirieron los Kirchner a través de Osvaldo Sanfelice (por ejemplo, el Hotel Alto Calafate).

Así, la primera etapa («colocación o prelavado») consistía en adquirir hoteles por un valor inferior al precio de mercado con dinero que se pudiera justificar; el resto del valor se pagaría en negro.

La segunda etapa («decantación o estratificación») consistía en el alquiler de cientos de habitaciones de dicho hotel sin que efectivamente se usaran. Esto significaba que el hotel aparecía siempre con capacidad colmada en los números y registros contables, pero en la práctica estaba con solo el treinta por ciento de ocupación real en promedio desde 2008 hasta 2015. De esta forma se mezclaban estos fondos negros que provenían de empresarios ligados a la obra pública y que devolvían sumas de dinero en concepto de coimas por la adjudicación de importantes licitaciones.

Y en la última etapa («integración o reciclado»), estos fondos ya fueron «blanqueados» y volvían a las cuentas bancarias de la familia Kirchner como ganancias por las operaciones hoteleras desarrolladas.

En relación con los hechos descriptos, creemos que el origen del dinero que se utilizó para adquirir numerosos inmuebles y empresas provenía de la obra pública. Sin duda, la corrupción se registra como una de las principales causas generadoras de los activos que conducen luego por el camino del delito de lavado de dinero en Latinoamérica. En este caso particular, la fuente de los fondos mencionada consistiría en sobreprecios en la obra pública, coimas, malversación de recursos públicos, entre otras fuentes ilegales.

Por otra parte, se trata de negocios vinculados a personas expuestas políticamente (PEP), otro de los factores de mayor riesgo configurativos de los delitos de lavado de dinero. En este caso, corresponde analizar la definición adoptada por la propia Unión de Información Financiera (UIF) que, en las resoluciones 134 y su modificatoria 15, de 2018, establece qué se entiende por PEP y, a una larga lista de funcionarios públicos, sindicalistas y empresarios y familiares agrega la figura de «personas allegadas o cercanas»: «debe entenderse como tales a aquellas personas públicas y comúnmente conocidas por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente». (2)

Por su parte, el artículo 5 de la resolución 52 aclara específicamente el alcance del concepto:

Son consideradas personas expuestas políticamente, por cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones establecidas en los artículos 1 a 4 de la presente.

A los fines indicados se consideran los siguientes vínculos:

c. Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a aquellas personas públicas y comúnmente conocidas por su íntima asociación a la persona definida como persona expuesta políticamente.

d. Personas con las cuales se hayan establecido relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativo, aun de carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza.

Osvaldo Sanfelice encuadra en la definición de «persona allegada y cercana» a Néstor y Cristina Kirchner. Esta cercanía no solo era pública y notoria, sino que además se ha comprobado la realización de múltiples operaciones de compraventa de empresas y propiedades a nombre de la familia Kirchner, además de poseer poderes amplios de administración y disposición de sus bienes.

El fin de una operación de lavado consiste en la integración del dinero al circuito normal, legal, ocultando la ilicitud de su origen. Ante esto debe tenerse en cuenta que, en los casos de corrupción por sobreprecios, el valor de la sobrefacturación (o precio de la corrupción) debe ser extraído de las empresas que lo cobraron, mediante mecanismos de aparente licitud, tales como facturas y cheques que luego son convertidos en efectivo, para ser distribuidos entre quienes corresponda, en forma oculta.

Estamos frente a maniobras premeditadas para poner en circulación cuantiosas sumas de dinero, traducidas en bienes cuya adquisición no estaría justificada y cuyo origen estaría ligado a delitos de corrupción. Consideramos que las propiedades y empresas adquiridas por Osvaldo Sanfelice podrían haber sido obtenidas con los frutos de las actividades ilícitas por las que se lo investiga en la órbita de la justicia penal e incluso motivaron diversos procesamientos al propio Sanfelice como también a la familia Kirchner y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.

Los ingresos de Sanfelice no tienen orígenes conocidos o justificados. En algunos casos, se vincula con Cristóbal López (mensualmente Sanfelice le facturaba una cifra considerable de dinero por supuestos asesoramientos inmobiliarios y comerciales a diferentes empresas del grupo Indalo además de alquilar maquinarias y camiones a las compañías que ganaban licitaciones del Estado).

Sanfelice también le alquilaba inmuebles a López. Por ejemplo, a CPC (propiedad de Cristóbal López) le alquiló los dos departamentos en la calle O’Higgins 2424, piso 3 B y 4 A de la Ciudad de Buenos Aires. A esta empresa también le alquiló automotores para ser utilizados en la provincia de Río Negro, y lo hizo a través de su compañía Agosto (que, curiosamente, no registra ninguna actividad desde que Sanfelice la adquirió en 2013 y que solo se vinculó comercialmente con las empresas de Cristóbal López).

Año tras año, la fortuna de Sanfelice iba creciendo. En 2006, trabajaba para Alcalis de la Patagonia y recibía ingresos mensuales por más de 100.000 pesos. A estos pagos como director de la compañía deben sumarse los que recibía también en forma mensual por supuestos asesoramientos inmobiliarios.

Una autopista con múltiples peajes

Cristóbal López no era el único empresario ligado con la obra pública recibida en adjudicación durante los gobiernos kirchneristas y con buena relación con Osvaldo Sanfelice. Otro empresario santacruceño, Rubén David Aranda, dueño de la empresa Chimen Aike, también consultaba mensualmente a Sanfelice sobre las distintas obras en las cuales su empresa competía en las licitaciones. Muchas veces le había pedido «favores» para poder resultar adjudicado en alguna licitación. Estos favores podían consistir en agregar determinadas cláusulas en las convocatorias para dejar de lado a los competidores y así ganar la licitación. Este hombre de perfil bajo tenía los más altos y eficaces contactos con las oficinas del poder que tomaba decisiones en las adjudicaciones. Y por eso era considerado no un simple consultor sino más bien un «abrepuertas del poder».

Por detrás de esos buenos contactos para conseguir «ganar licitaciones» para la ejecución de obras, venían otros pasos que nunca faltaban y que eran los que, efectivamente, terminaban engrosando las planillas de cobro de los adjudicatarios. Ese camino contemplaba la fijación de un sobreprecio que iba a elevar el monto de la presentación del oferente; y que era, siempre, el margen de ganancia que luego terminaban compartiendo entre los que habían participado de ese proyecto. Sobreprecio y pago del retorno eran el cierre de un esquema en que participaban estas figuras clave que conocían y estructuraban el mecanismo en plenitud.

Chimen Aike se constituyó en marzo de 2001. Su actividad principal era la construcción. El escribano que intervino en todos los trámites de la empresa fue Ricardo Albornoz, el mismo de las familias Báez y (de los) Kirchner. Los socios que fundaron Chimen Aike fueron Rubén David Aranda y Marcelo Juan Carreño. El domicilio se fijó en Ángel Peñaloza 1664, Río Gallegos. El último directorio de la empresa se inscribió en el año 2017, conformado con Aranda como presidente, Flavia Carina Silón como vicepresidenta y Gustavo Alberto Moine como director suplente.

Entre los principales trabajos de Chimen Aike, según se informa en la página web de la empresa (3), se pueden citar: provisión de materiales y mano de obra para la ampliación de la red de distribución de gas en la localidad de las Heras; gasoductos de interconexión y planta reguladora de presión y red de distribución en los barrios 3 de Febrero, Nuevos pobladores, Vista hermosa, Zona industrial y Zona de chacras sectores I y II; proyecto y construcción de dos plantas de GLP y 15.000 metros de red de distribución en El Chaltén; refuerzo de una red de gas en la localidad de Pico Truncado; Construcción de refuerzo de gas en Río Gallegos; proyecto y construcción de planta reguladora de gas 15 kg a 1,5 kg , Ciudad de Río Gallegos; construcción de una escuela y jardín de infantes en Caleta Olivia, Santa Cruz; construcción de líneas de media tensión, baja tensión y alumbrado público en la zona Chacras sur en Las Heras; entre otras.

Esta enumeración vale de muestra de la cantidad de ocasiones en las que la empresa obtuvo la adjudicación de obras mediante licitaciones en el marco de la operativa descripta.

Una de las licitaciones más importantes en las que participó Chimen Aike fue la número 36/05 para la infraestructura de servicios, pavimento y obras exteriores en Puerto Loyola de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio, en la provincia de Santa Cruz. En marzo de 2018, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de diecisiete empresarios por defraudación y sospechas de sobreprecios en estas obras. La citación estaba referida por la «conformación de un complejo y millonario plan criminal, del cual derivarían al menos dos comportamientos diferenciados: una defraudación contra la administración pública y un peculado de bienes públicos». Por supuesto, entre los empresarios citados estaba Rubén Aranda, el amigo de Sanfelice.

Aranda fue procesado por el juez Claudio Bonadio en la causa de Los cuadernos de la corrupción K, que fueron redactados por el chofer Oscar Centeno. El juez consideró que, junto a otras personas, formaron parte de una asociación ilícita que desarrolló sus actividades desde principios de 2003 hasta noviembre del 2015 y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y utilizar además parte de esos fondos en la comisión de otros delitos. Bonadio estableció que la asociación ilícita fue comandada por Néstor y Cristina Kirchner, como presidentes de la República, entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente.

Aranda le informaba a Sanfelice cada licitación de obra a la que se presentaba su empresa con los datos completos, fecha de apertura, número de licitación y presupuesto oficial. Y también, cuánto podían «inflar» el presupuesto. Ya mencionamos que a través de Chimen Aike se realizó la ampliación de red de distribución de gas de la localidad de Las Heras. Pudo realizar esta obra gracias a la ayuda de Sanfelice. Se trata de la licitación Número 003 DGSA 2006, que contó con un presupuesto oficial de un millón ochocientos mil pesos ($ 1.806.387). No le resultaba tan fácil a Aranda ganar esta licitación, de modo que le suplicó a su amigo que se agregara al pliego una cláusula que dijera: «Antecedentes de obra ejecutada en la provincia de Santa Cruz en los últimos cinco años, mínimo 50.000 metros con entidades privadas o públicas». De ese modo, podía llevar las de ganar.

Los dueños de Chimen Aike sabían que contaban con privilegios a la hora de resultar adjudicados en las obras. Así lo dejaban sentado en sus propios estados contables. Basta citar la memoria que acompañó el balance del año 2009, en la cual el Directorio manifestaba el conocimiento de que al año siguiente iban a tener nuevos contratos, a pesar de que a esa fecha no habían comenzado las licitaciones. Así dejaban constancia de que iban a ser subcontratistas de las empresas que llevarían adelante la ejecución de las represas hidroeléctricas de Condor Cliff y Barrancosa. Claro, Lázaro Báez era uno de los finalistas en las licitaciones de esas magnificas obras.

En el Capítulo 3 del balance de 2009, «Perspectivas futuras», se lee: «Este Directorio considera que las perspectivas para el próximo ejercicio son razonablemente alentadoras, ya que se cuenta con varios contratos que continúan su ejecución (…), y se espera la reactivación de las inversiones en el sector petrolero y la posibilidad de obtener nuevos contratos como subcontratistas de las empresas que llevarán adelante la ejecución de las importantes Obras de las represas hidroeléctricas de Cóndor Ciff y Barrancosa y de la nueva Usina de Río Turbio, cuyas obras se estimaba iniciar el año anterior y aún continúan con demoras en ese inicio. Asimismo (…), nos encontramos en un proceso de financiar obras que por variaciones en las fechas de inicio por otras circunstancias de su desarrollo han incurrido en mayores costos que los presupuestados, cuyas redeterminaciones de precios se encuentran aún en trámite para su reconocimiento por parte de los comitentes, lo que entendemos que una vez resuelto nos otorgará una recomposición tanto de los resultados de las mismas como del capital de trabajo que fue necesario inmovilizar para llevarlas a cabo.

«La gestión llevada adelante en estos últimos ejercicios económicos nos hace confiar en nuestras fortalezas y otorgan a este Directorio una gran convicción en cuanto a su capacidad para cumplir con los objetivos trazados. En virtud de ello se pronostica un ejercicio económico de buenos resultados, conscientes de las dificultades que habrá que sortear y adaptando permanentemente el funcionamiento de la empresa a las circunstancias de mayores restricciones que prudentemente estamos presupuestando».

Es importante aclarar aquí que, en los estados contables, el directorio informa a los accionistas las ganancias o pérdidas ocurridas con motivo de la marcha de los negocios en un período determinado. También puede mencionar proyectos futuros, pero es totalmente inusual que el directorio informe a sus accionistas que en los próximos ejercicios van ser contratados para obras que todavía no comenzaron. Solamente quien tenga semejante certeza producto de sus vínculos con funcionarios públicos del más alto nivel puede arriesgarse a asegurar un ejercicio económico de buenos resultados cuando ni siquiera fueron firmados los contratos por obras que ni siquiera comenzaron.

El proyecto del aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz prevé la construcción de las dos represas mencionadas, ubicadas sobre un importante curso de agua de alta potencialidad hidroenergética. La primera, Cóndor Ciff, se encuentra a 130 kilómetros de la localidad de El Calafate. Tiene una potencia de 950 mw y una altura de 70 metros. La segunda, La Barrancosa, está localizada a 170 kilómetros de la ciudad Comandante Luis Piedra Buena. Cuenta con una capacidad instalada de 360 mw y 45 metros de altura.

Tal como ocurrió con Austral Construcciones, la principal empresa de Lázaro Báez, Chimen Aike debía resarcir los beneficios otorgados al ganar diferentes obras de manos del Poder Ejecutivo Nacional. No solo a través del pago de coimas, sino también de la refacción de propiedades de la familia Kirchner sin ningún costo. Una de las propiedades que Chimen Aike refaccionó fue la ubicada en la intersección de las calles Alcorta y Chacabuco, en Río Gallegos. A fines de 2015, una vez desocupados esos departamentos de Cristina Kirchner, fue esta misma empresa la encargada de refaccionarlos. Pusieron a nuevo los baños y toilette, la puerta de acceso al departamento, persianas, muebles, termotanque, cocinas, extractores de cocina, calefactores etc. El principal arquitecto de la empresa, Gustavo Moine, fue el encargado de la obra. Nuevamente el esquema se reiteraba: un contratista de obra pública beneficiado por los Kirchner devolviendo favores.

Los negocios de Osvaldo Sanfelice han sido múltiples y de lo más variados. Utilizó una empresa diferente para cada rubro. Una de sus empresas, Negocios Patagónicos, comercializó durante los años de gobierno kirchnerista los espacios comerciales y el estacionamiento del Aeropuerto Piloto Civil N. Fernández de Río Gallegos. Creada el 4 de junio de 2004 con domicilio en Maipú 2255, su actividad principal fue la emisión y retransmisión de radio, además de servicios inmobiliarios y playa de estacionamiento. Esta compañía tampoco escapó al modus operandi de los negocios de los Kirchner y Sanfelice.

Ahora bien, una de las principales actividades de la empresa de Carlos Sancho y Sanfelice era la explotación de una playa de estacionamiento con capacidad para 217 vehículos y una superficie total de 6.670 m2, con once locales en el hall de la terminal de 188 m2, tal como surge de los diferentes contratos suscriptos entre la empresa de Sanfelice y Aeropuertos Argentina 2000, concesionario del Estado Nacional para la administración, explotación y funcionamiento del Grupo A dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Desde el año 2006, el valor que pagaban era mínimo, manifiestamente inferior al valor comercial de los locales. El canon que se había fijado era de $ 4.100 mensuales. También explotaban la publicidad en el Aeropuerto, a través de la venta de los espacios publicitarios a favor de terceros anunciantes.

En 2015, AA2000 intentó aumentar el canon. El contrato había vencido el año anterior y, luego de un relevamiento de los espacios comerciales del Aeropuerto, propuso que el canon mensual debería ser de 40.000 pesos. Se terminaba la presidencia de Cristina Fernández y era momento de volver las cosas a su lugar. Sin embargo, Sanfelice rechazó cualquier aumento. Así argumentó frente al director comercial de la empresa de Eduardo Eurnekian que no había interés por parte del comercio local en instalarse en el aeropuerto o de pautar publicidad. La ciudad no era turística, por lo que tampoco existían intereses de otras empresas y, además, la mayoría de los vehículos que utilizaba el estacionamiento pertenecían a las personas que desarrollaban actividades en el Aeropuerto a quienes no podían cobrarles ya que afectaría su salario. Así, ofreció un canon mensual de diez mil pesos ($10.000).

En 2018 la playa de estacionamiento y los locales comerciales del hall fueron clausurados por orden del intendente interino de Río Gallegos, Fabián Leguizamón. Sanfelice, a través de su empresa Negocios Patagónicos, olvidó pagar el canon. Negocios Patagónicos se instaló, según las autoridades municipales, de forma unilateral, sin licitación y sin ningún tipo de habilitación municipal, pero ningún intendente había intentado cobrarle. La deuda que tiene Sanfelice con la municipalidad es millonaria y el contrato con AA2000 se encontraba vencido y seguía operando. Cobraba $ 25 por vehículo en el estacionamiento. Las irregularidades en el manejo de las empresas era una característica común en la familia Kirchner y también en las de sus testaferros.

Negocios a costa del Estado, empresas irregulares, dinero fácil y de difícil justificación. El modus operandi de Sanfelice y sus empresas se va a repetir en el de otros «amigos», socios «allegados y cercanos» a la pareja presidencial, como veremos en el capítulo siguiente.

1. Ver http://www.afip.gob.ar/lavado/

2. Las resoluciones 134 y 15 completas pueden leerse en la página web oficial de la UIF. https://www.argentina.gob.ar/uif/declaraciones

3. www.chimenaike.com

apítulo 5

Laberinto de testaferros

Desde que existe una sociedad humana organizada con cierta complejidad se ha acudido al auxilio de testaferros o prestanombres, también conocidos como «hombres de paja», para encubrir la titularidad de bienes o el ejercicio de actividades por parte de sujetos que, por diversos motivos, generalmente espurios, no desean que se conozcan sus negocios, sociedades, operaciones de comercio o finanzas, o su patrimonio, entre otras cuestiones.

Esto pertenece también a la cultura del secreto, que ha hecho creer durante mucho tiempo que la preservación de datos relacionados con los manejos económicos y financieros de personas humanas o jurídicas podía facilitarles el acceso a vinculaciones políticas o evitar que el conocimiento de esa información reservada les implicara reclamos o críticas.

Esta cuestión no solo tiene que ver con el ocultamiento de datos patrimoniales para disimular informaciones que, ventiladas, podrían ser causa de reproche o de protesta. También está claro que la mentira que se cierne sobre la utilización de otras personas para encubrir negocios o patrimonio propio es un camino muy utilizado para disminuir o evitar responsabilidades fiscales o de otro tipo.

Esta situación se ha visualizado en determinados sectores de gran poder económico y antiguamente se reducía a una utilización casi familiar o de relaciones íntimas, también vinculada con la disimulación de un acervo para no cumplir con obligaciones alimentarias o de otro tipo. En este último caso nos referimos a un marco del orden de lo privado, reservado a circuitos patrimoniales, dentro de un ámbito cerrado.

También es cierto que los prestanombres aparecen incorporados en asociaciones ilícitas porque el mecanismo siempre ha sido comprar voluntades, o comprar silencio. No ha sido incausado el incremento de patrimonio que se ha observado en ellos. Pertenecer tiene sus privilegios. El testaferro, sea el disfraz de personas allegadas o simplemente de aquellas que lo han adoptado como una actividad cuasi profesional y lucrativa, siempre se convierte en cómplice, porque ha contribuido al encubrimiento de los delitos cometidos para la adquisición de los dineros o bienes, poniéndose a sí mismo, también, en esa condición de autor de un nuevo delito.

Por eso en los últimos tiempos se ha ido perfeccionando y masificando el uso de otras herramientas, como las sociedades off shore, las cuentas en paraísos fiscales y empresas fantasma. Frente a ello, los testaferros resultan figuras anacrónicas y menos utilizadas. No parecen, sin embargo, tan descolgados cuando los vemos asociados con actividades de lavado de activos algo más rústicas si se comparan con las operaciones financieras que en el mundo son más eficaces para distraer fortunas de las garras de los investigadores, la Justicia, los controles o los Estados.

En los últimos años, se ha extendido el fenómeno de la corrupción o los delitos vinculados con el ejercicio de funciones públicas, o el enriquecimiento injustificado de personas en el poder, con lo cual la utilización de personeros que prestan su nombre para disimular el patrimonio de otros se trasladó hacia el sector público, o de la política. No como ámbito único o exclusivo, pero sí visualizado como un espacio facilitador de la comisión de tropelías con impunidad. Con la impunidad, claro, que otorga el poder.

Podríamos preguntarnos si este fenómeno es nuevo. O si es exclusivo de nuestro territorio. Por supuesto, no lo es. Ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, la magnitud de lo ocurrido en los últimos años en la Argentina nos obliga a prestar atención no solo a la denuncia sino también a los factores sociológicos que han influido de manera determinante para que esto ocurra. Esta situación nos ha marcado con tanta intensidad que nos convertimos en un país que atrae miradas desde los cuatro puntos cardinales del planeta.

No es la intención de este libro ahondar en estas cuestiones. Porque, además, eso podría malinterpretarse como una exculpación hacia los responsables de este descarado saqueo que sí estamos tratando de poner al desnudo.

Volvamos, entonces, al análisis de esta figura, cuando la intención de ocultamiento tiene que ver con las personas a las que se encubre, con los volúmenes que se ocultan, y con la precariedad de los medios que se han utilizado. Describirlo nos pondrá, efectivamente, en medio de un laberinto.

Aquí es donde comienzan a jugar otros elementos, como son las relaciones de poder político y económico en ámbitos de la dependencia funcional, con otro tipo de implicancias. Por todo esto, el tema ha merecido la atención tanto del ámbito académico como judicial y de las organizaciones sociales que transitan el accionar de la lucha anticorrupción.

Lo mío es mío y lo tuyo también

El término «testaferro» procede de una palabra italiana que puede traducirse como «cabeza de hierro» (del latín testa: cabeza, ferro: hierro). Un testaferro es un individuo que se hace cargo de alguna responsabilidad o asume una titularidad que, en realidad, corresponde a otra persona. El testaferro, por lo tanto, actúa encubriendo a otro sujeto. Lo que hace es prestar su identidad para emular el rol social de aquel al que representa. Esto permite que la persona representada pueda disfrutar de ciertos beneficios al eludir obligaciones legales. Un político corrupto puede contar con un testaferro ya que no está en condiciones de utilizar su nombre para realizar ciertas operaciones comerciales o financieras. De lo contrario, tendría que justificar cómo accedió a los fondos que obtuvo de manera ilícita.

La idea de testaferro también se emplea en psicología para nombrar a los sujetos que son manejados por otros o que adoptan, por conveniencia, una actitud o un rol que no les es propio. La psicología reconoce ciertos rasgos comunes entre los individuos que se ofrecen como testaferros. Lo más común es que se trate de personas muy flexibles y versátiles, capaces de modificar su comportamiento y sus hábitos mientras se encuentran asumiendo ese rol, para convencer a su entorno de que son en realidad los personajes a los cuales están interpretando. De hecho, un actor muy talentoso sería el candidato idóneo para esta tarea; sin embargo, por obvias razones, un perfil bajo es más adecuado.

Y, sin perjuicio de esas características más derivadas de los estudios relacionados con la psiquis o la personalidad, es pertinente reconocer que, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando la actuación de estas personas se relaciona con los funcionarios públicos, lo que está en juego es la administración pública, el Estado, el interés común y la sociedad como principal afectada por los hechos de que se trata. Esto exige prestar atención a los estándares éticos. De los políticos, de los funcionarios y también de una sociedad que no ha desarrollado de manera suficiente su capacidad de reacción y de intolerancia frente a esas conductas.

No es común encontrar personas ingenuas o distraídas cumpliendo ese rol con desconocimiento de lo que encubren, o con las responsabilidades que derivan de su condición de cómplices en la ejecución de delitos de gravedad institucional y con consecuencias económicas como las que estaremos valorando en estas páginas.

Tampoco sobreabundan los casos de dependientes bajo presión, los que no tienen la libertad para el no. Claro que muchas veces el titular verdadero de los bienes ha usado su posición de poder, de manera autoritaria sobre personas sometidas sin posibilidad de salir de ese lugar. En general, las razones de necesidad personal implican actos de autosometimiento de quienes aceptan involucrarse de manera cómplice en los actos de otros, bien sea motivados por una necesidad de la paga, o simplemente como el acatamiento respecto de aquel del que por algún motivo se consideran deudores. O, a veces, un pago de favores.

Aquellas personas a las que haremos referencia en esta calificación no fueron en ningún caso ajenas ni indiferentes a las operaciones económicas y adquisiciones que en realidad pertenecían a sus representados ocultos. Fueron razonadamente incluidos como partícipes necesarios de los delitos cometidos. Y en todos los casos fueron beneficiarios directos de parte de los negocios que ayudaron a armar, obteniendo réditos tan grandes que no se concibe los hubieran podido alcanzar solamente como resultado de un trabajo decente.

Los Kirchner utilizaron varios testaferros para ocultarse y adquirir bienes, así como para llevar adelante numerosos emprendimientos comerciales. Titulares de diversos rubros, como empresas contratistas de obra pública, compañías dueñas de importantes medios de comunicación y hasta la máquina de digitalizar archivos del Estado son solo algunos de los ejemplos de negocios en los cuales se bifurcó el poder de la familia que gobernó la Argentina durante doce años. No fueron los únicos negocios. Hemos detectado personas, emprendimientos, bienes y cuentas que quedan dentro de ese laberinto de relaciones societarias de apariencia. Pero sin duda existen muchas más. Una rápida y eficaz acción de la Justicia y de otros organismos de control hubiera permitido mucho antes de ahora detectar y desbaratar esas organizaciones, pero está claro que la impunidad del poder ha sido la cobertura necesaria para que pudieran poner en marcha y utilizar durante tanto tiempo toda esta maquinaria.

La máquina de digitalizar al Estado

En febrero de 2009, el entonces flamante titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, dictaba la Resolución General 2573, que establecía la implementación de un «Régimen de Resguardo de la Documentación Aduanera», por parte de los despachantes de Aduana. Vinculada con esta resolución, se creó la figura del «depositario fiel», declarante obligado a archivar y resguardar la documentación que quedaba bajo su poder y a aportar información a requerimiento de la AFIP en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de la comunicación de su requerimiento.

La firma Lakaut nació en mayo del 2009 como una solución para la guarda de los despachos de la Aduana y, a tan solo dos meses de constituirse, se convirtió en la única empresa que prestaba el servicio de resguardo de documentación aduanera. Fue la primera en obtener la habilitación como Prestador de servicio de Archivo y Digitalización (PSAD) otorgado por AFIP. Es dable pensar que esa creación de un servicio a ser pagado por el Estado, tanto como la convocatoria para prestarlo, estuvieron hechos a su medida. Desde entonces, la empresa se dedica a brindar servicios de digitalización a empresas privadas y organismos públicos y permite convertir documentos físicos en imágenes digitales, obteniendo una copia fiel del original.

Lakaut es una de las pocas autoridades certificantes con licencia para emitir certificados de firma digital en el país. Esto significa que las firmas digitales otorgadas por esta compañía tienen el mismo valor legal que la firma ológrafa de un documento escrito en papel. Así, Lakaut obtuvo el 15 de mayo del 2015, mediante la resolución N° 40 de la entonces Secretaría de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros, su licencia para operar como Certificador Licenciado para emitir certificados digitales, en el marco de la Infraestructura de Firma Digital creada por la Ley 25.506.Cabe recordar que esta ley, sancionada en el año 2001, definió a la firma digital como el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante y que se encuentra bajo su absoluto control, y admitió la posibilidad de utilizar dispositivos de creación de firma por hardware o software.

El nivel de instalación casi monopólica y sus aceitados vínculos con el Estado nacional permiten observar que Lakaut no solo obtuvo beneficios durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Desde el 1º de febrero de 2018, atento a lo dispuesto por la resolución 116-E/2017 de la ex Secretaría de Modernización Administrativa del entonces Ministerio de Modernización, incorporó a sus procesos de identificación y autenticación de cada uno de los solicitantes de firma digital, la captura de fotografía digital del rostro y huella dactilar, almacenando la fotografía y la imagen y minucia de la huella de acuerdo con los estándares internacionales que regulan la materia.

Según informa la empresa en su página web (1), cuenta con más de treinta mil clientes directos y tres mil quinientos indirectos. Poseen un centro de procesamiento digital de avanzada que genera más de ochocientos cincuenta millones de imágenes digitales anualmente en todo el país, un data center con capacidad de procesamiento disponible para almacenar 3.400.000.000.000 de imágenes, siendo la única empresa en su tipo con receptorías en todas las provincias. El patrimonio neto de la empresa es de poco más de ciento cinco millones de pesos ($ 105.664.859), y registra ventas por más de trescientos ochenta millones de pesos ($380.000.000)

Esta empresa tiene registrados más de un centenar de empleados entre la sede donde se lleva a cabo toda la operación de digitalización y compras (ubicada en Avenida Caseros 3771) y las oficinas comerciales que, curiosamente, se encuentran en el edificio de la calle Lima 355 (piso 12 departamento A), el mismo en el que funcionaban las oficinas comerciales de Hotesur, en Capital Federal. Se trata de la sociedad declarada de la familia Kirchner que explotara el Hotel Alto Calafate y que fuera investigada con relación a operaciones de lavado de dinero, concluyendo con el procesamiento de una veintena de personas por la conformación de una asociación ilícita a esos fines, de la cual la ex Presidenta sería su jefa o líder. Veremos que la radicación de un domicilio común no es una mera coincidencia.

Lakaut compró en el año 2011 el inmueble ubicado en la calle Wineberg 2246, Olivos, partido de Vicente López, por la suma de seiscientos cuarenta mil dólares (U$S 640.000). Se trata de una imponente casa ubicada en las cercanías de la Quinta presidencial de Olivos, en Maipú al 2100. El detalle es que la compra fue realizada a pedido de Osvaldo Sanfelice, un amigo que ya conocemos. Se trata de una casa en tres plantas, de estilo clásico, con fachada de ladrillos a la vista, techos de tejas francesas y aberturas de madera y aluminio. Consta de un hall de entrada, toilette de recepción, living con chimenea, comedor, cocina, family room con toilette, más tres dormitorios, sótano, sector lavadero y dependencias de servicio.

Pero la mayor virtud de la casa es que se encuentra a metros de la residencia presidencial, lo cual descarta el carácter aleatorio de la operación.

Esta propiedad siguió su derrotero a través de su adquisición por la firma Agosto, de Osvaldo Sanfelice, a quien le fue transferida a cambio del pago de un importe de poco más de cuatro millones y medio de pesos ($ 4.651.000). Esta adquisición fue investigada en la causa Nº 8.284/2016, caratulada «Agosto SA sobre averiguación de delito». En ese trámite, el fiscal Gerardo Pollicita destacó que Lakaut tenía una relación comercial con Agosto, en cuya cuenta se recibieron cheques por un monto de más de setecientos veinte mil pesos ($ 724.114,18). Y también, de modo independiente, con Sanfelice, quien les facturó, entre julio y noviembre de 2013, un importe de treinta y seis mil pesos ($ 36.300) mensuales. Otro detalle no menor: la mujer de Sanfelice, Marta Leiva, figuraba como empleada de Lakaut entre noviembre de 2013 y agosto de 2015.

La cercanía con la quinta de Olivos permitía encontrar una explicación a la necesidad de que un hombre clave en el entramado delictivo de los Kirchner contara con un lugar próximo a la que fuera la residencia de la familia presidencial hasta diciembre de 2015.

A su vez, resulta de interés lo informado por la UIF en torno a la persona que intervino en la compra del inmueble en representación de Agosto. Se trata de Emanuel Matías Gómez, quien habría pasado a integrar, desde 2015, el directorio de Hotesur y registra como empleador a Negocios Patagónicos. Corresponde agregar que parte del importe que se abonó en la operación fue cubierto con un cheque por el monto de $ 109.020,10, emitido por Idea, la empresa que gerenciaba y administraba el hotel de los Kirchner, lo cual no permite descartar un ocultamiento sobre la identidad de los verdaderos titulares del bien.

Lakaut también alquilaba uno de los departamentos del Madero Center adquiridos por Osvaldo De Sousa a nombre de CPC SA, en la calle Trinidad Guevara 335, piso 3º departamento D, además de una cochera y una baulera en el tercer subsuelo del mismo complejo.

Cabe preguntarse aquí: ¿era Sanfelice el socio oculto en Lakaut representando a la familia Kirchner? Se le informaba de cada proyecto que emprendía la empresa; sabía de cada licitación en la que se presentaban; participaba en las ganancias a través de sofisticados mecanismos tales como préstamos, pago bajo la apariencia de locación de servicios, entre otros. Pero siempre quedaban rastros, como ocurrió con los lujosos autos que adquirió la empresa Lakaut y cuya cédula verde estaba a nombre de Osvaldo Sanfelice. También en los numerosos pagos que Lakaut realizaba a la AFIP o de impuestos de las propiedades del mejor amigo de los Kirchner.

No nos quedan dudas de que Sanfelice actuaba como un testaferro de la familia Kirchner en Lakaut. Con la misma seguridad con la que afirmamos que tampoco ha sido en esta única situación o sociedad. Más bien, este hombre, fiel amigo de todos los miembros de la familia Kirchner, fue quien facilitó en más ocasiones su propio nombre para la realización de operaciones encubiertas para disimular lo dineros que se manejaron y alejarlos de la ilegalidad de origen. Fue el personero de estas y muchas otras operaciones. Su bajo perfil no ha podido, sin embargo, disimular o encubrir definitivamente quiénes eran los verdaderos dueños de los negocios que él cerraba y seguro los destinatarios finales de la gran masa de dinero que pasó por sus manos o sus cuentas.

Sanfelice se presentaba en los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional como el socio de Lakaut para obtener millonarios contratos. Todos sabían quién era, de dónde venía, cuál era la cobertura que le permitía buscar, reclamar, definir e incluso indicar a muchos funcionarios hacia dónde debían orientar sus decisiones. Y no era ajeno para nadie que aquello que obtenía o se llevaba este santacruceño cuando trajinaba por despachos de funcionarios públicos provinciales o nacionales tenía un destino que excedía sus propios intereses personales. Nadie ignoraba que por detrás de él siempre, siempre, estaba alguno de los miembros de la familia que gobernaba la Argentina.

En el año 2012, la Inspección General de Justicia (IGJ) requirió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una solución para el problema del poco espacio físico destinado para el archivo de la documentación. El estado del archivo ubicado en el subsuelo de la sede del organismo carecía de condiciones óptimas para garantizar su operatividad. Los mecanismos de preservación de la documentación se presentaban considerablemente precarios y estaban sujetos a las inclemencias que implica su continua manipulación por parte de los agentes, entre otras cuestiones. Era necesario una solución que podría encontrarse en la digitalización de la documentación y que también garantizara su autenticidad mediante firma digital.

Poco tiempo después, el entonces ministro de Justicia, Julio Alak, ordenó que se llevara a cabo una reunión en la sede de la IGJ con una empresa que pudiera realizar este servicio. La orden, según se indicó, vino directamente de Presidencia de la Nación. La empresa era Lakaut y a esa reunión, además de personal jerárquico de la IGJ (2), se presentó Osvaldo Sanfelice en calidad de socio de la empresa privada. Recorrieron las instalaciones, se llevaron los datos necesarios y se marcharon indicando que tratarían el tema directamente con la Presidenta de la Nación.

A lo ya dicho, hay que agregar que Lakaut SA se constituyó el 23 de abril de 2009, su presidente es Guillermo Marcelo Cantini y Jorge Daniel Raskin ejerce como director suplente.

Como puede observarse, es un típico caso de la laberíntica utilización de testaferros para ocultar las distintas líneas por las que circulan ganancias habidas a partir de decisiones del poder político. Sociedad, empresa, personas… por todos estos caminos se ocultan los verdaderos dueños. Queda además al descubierto la impunidad del poder, desde donde se toman resoluciones dirigidas a crear un negocio y una sociedad solo constituida para ese fin. Y está claro cómo se entrelazan las personas y se vinculan entre sí a través de datos tan sensibles como irrefutables: el domicilio, la representación societaria y la diversificación de los negocios en los que se mezcla el ámbito público con el privado.

De heladero a millonario

A casi un año de finalizar el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la empresa OPS no pudo afrontar su importante pasivo (más de 400 millones de pesos) y pidió la apertura de su concurso preventivo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 31, Secretaría 61. Sin embargo, en diciembre de 2018 se decretó la quiebra de esta empresa, que creció bajo el amparo de la ex Presidenta.

Han sido varias las empresas que bajaron sus cortinas y abandonaron instalaciones y negocios una vez que los argentinos tomaron la decisión de cambiar el signo político de la coalición gobernante en el año 2015. Cientos o miles de trabajadores de diferentes ámbitos fueron expulsados a la calle. Incluso, en muchos casos, quedaron al desnudo las maniobras fraudulentas de vaciamiento de empresas que habían tenido ganancias extraordinarias en los años anteriores y ahora preferían escapar con el botín bajo el brazo (apenas un eufemismo porque casi todo el dinero que habían ganado ya estaría fuera del país). Desde los peones que trabajaban en la obra pública bajo las órdenes de los empresarios de la Patagonia hasta conocidos periodistas e incluso medios de la Ciudad de Buenos Aires, pasando por emprendimientos industriales o de servicios de distinto tipo, fueron cayendo financieramente cuando se fue cerrando el grifo del Estado del que sacaron durante mucho tiempo el dinero público que se malversó en su favor.

La utilización de recursos públicos fue un mecanismo claro, habitual, delictivo, que permitió al kirchnerismo llevar adelante una estrategia de cooptación, disciplinamiento y enriquecimiento, a través del desvío que se hizo no solo en favor de terceros sino también de la habilitación de las trayectorias que permitieron en muchos casos que ellos fueran los destinatarios finales de bienes y dinero.

OPS era el nombre social de una empresa creada en el año 2001 por Mario Cifuentes, quien, como sucedió con Lázaro Báez, pasó de ser un heladero modesto a convertirse en dueño de empresas, edificios, departamentos en el país y en el exterior, vehículos de alta gama y millones de dólares que provinieron de las facturaciones que pagaba el Estado nacional.

El 10 de octubre de 2001, Cifuentes y su esposa Mirtha Diana Sali constituyeron la empresa Prisma Mix, ante el Registro Público de Comercio de Neuquén. Dicha sociedad no realizó actividad ni movimiento alguno durante dos años. En 2003 cambió su nombre a OPS y mudaron de domicilio a Carlos Pellegrini 1149 piso 10, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación, se puede detectar la puesta en marcha de la empresa de Cifuentes. De facturar $ 0 (sí: cero pesos) en 2003, pasó a más de dos millones ($ 2.088.765,40) en 2004. A fines de ese año, entre activos y créditos por cobrar, el patrimonio neto superaría los dos millones ochocientos mil pesos ($ 2.800.000), según lo declarado por la propia empresa. Escalando a una velocidad asombrosa, en 2007 la cada vez más poderosa OPS facturó más de cuarenta y cinco millones de pesos ($ 45.218.825,64), que significaba el doble de las ganancias obtenidas en el período inmediato anterior, que alcanzó la cifra de veintidós mil millones de pesos ($ 22.025.552,83).

Esta empresa irrumpió en 2003 en el negocio petrolero sin que sus dueños contaran con antecedentes, experiencia ni conocimiento en el sector. Sin embargo, en pocos años se convirtió en un actor muy importante en esa área de la industria argentina y sus dueños aparecieron a partir de entonces constituyendo múltiples sociedades en el país y en el extranjero.

Esta empresa y sus dueños, además de sus vínculos con el kirchnerismo, extendieron sus tentáculos políticos y económicos en otras provincias patagónicas. Por esos negocios fueron denunciados por los diputados de Río Negro, Sergio Wisky, y de Neuquén, Leandro López, que encontraron elementos suficientes para imputarles la comisión de hechos relacionados con el lavado de dinero. Wisky y López denunciaron los negocios que el principal accionista de OPS posee en España.

La «pata» española se establece en 2010, con el nacimiento de la Cámara Empresarial Argentina en España (CEAES). Su presidente es Leandro Martín Sigman Gold, y entre sus cinco socios fundadores se encuentra Mario Cifuentes por la empresa OPS. Además, Cifuentes figura como socio en, al menos, tres empresas diferentes en España, que son:

De la Frontera Real Estate, creada en septiembre de 2010. En esta empresa, además de Cifuentes, también figura como socia su mujer, Mirtha Diana Sali.

Urbeciti, creada en 2011, entre cuyos directivos se encuentra Cifuentes.

Urbeciti de la Frontera XXI, creada también en 2011 y en la cual nuevamente figuran Cifuentes y Sali como socios.

Los legisladores también denunciaron los sospechosos viajes del directorio de OPS a distintos destinos del país y del exterior en aviones privados, y plantearon la posibilidad de que los mismos fueran propietarios de las aeronaves que utilizaban para trasladarse. Por ejemplo, el avión Lear Jet, que estuvo hangarado en el aeropuerto de Neuquén desde 2012. Dicho avión habría trasladado con gran frecuencia a los dueños y directivos de OPS y a funcionarios públicos nacionales y provinciales que ocuparon cargos importantes en el gobierno hasta el 10 de diciembre de 2015.

En todos los contratos que la empresa OPS suscribió y en los negocios que obtuvo, fue clave el rol de Osvaldo Sanfelice. OPS le vendió varios camiones a su empresa Agosto que, a su vez, los alquilaba a las empresas de Cristóbal López. Por otra parte, Cifuentes le vendió a Sanfelice un inmueble en un paradisíaco terreno de Bariloche, en el kilómetro 14,3 de la Avenida Bustillo, cerca de una cancha de golf de nueve hoyos. Se trata de una fracción de terreno de casi una hectárea, que posee una casa para caseros de setenta metros cuadrados, un quincho de una medida similar y una casa principal de trescientos metros cuadrados construida en dos plantas, con todas las comodidades, incluido hidromasaje. El lote posee sectores con vista al Lago Nahuel Huapi y tiene salidas a dos calles: la avenida Bustillo y la Subida del Corión.

Vuelve a evidenciarse que las transferencias de bienes y el traspaso de manos con escrituras que dieron sustento formal a diferentes operaciones de compraventa han servido para justificar el circuito o tránsito de sumas millonarias que debían ser distanciadas de su base ilegal o delictiva. Fueron pagos, compensaciones, coimas o simplemente operaciones de lavado para distraer la atención y dar apariencia a través de su reinserción en mercados o circuitos legales inmobiliarios.

Una vez más, la pregunta que corresponde hacernos es de qué manera, en un país como la Argentina, una persona puede acumular semejante fortuna en tan corto tiempo, cómo cambiar su condición económica, financiera y también social sin que se advierta ese resultado ni siquiera como efecto de grandes esfuerzos, la suerte, el azar u otro mecanismo. No hay explicaciones racionales.

Se trata de personajes inescrupulosos que tomaron por asalto el poder, contribuyendo a sostener una maquinaria institucionalizada de corrupción que reconoce como principales actores y beneficiarios a los funcionarios que ejercieron los máximos cargos de representación política y también a muchos, que, por su estrecha vinculación con aquellos, supieron constituir ese circuito de confianza que sustentó los negocios compartidos. Muchos de éstos, de los que permanecieron en el ámbito privado (también hacía falta contar con algunos del otro lado del mostrador) desempeñaron un papel central, en coordinación con los que pasaron al sector público y tomaban y firmaban decisiones.

Fue un plan perfectamente pergeñado desde que la mayoría de ellos todavía vivía en la Patagonia y que llevaron a cabo con perfección, impunidad y desvergüenza cuando alcanzaron el máximo poder del gobierno nacional.

Pero: ¿cómo pudieron amasar semejante fortuna en tan pocos meses? En 2004, Mario Cifuentes se encontraba catalogado por el Banco Central de la República Argentina como una persona insolvente. De acuerdo con el informe remitido por la empresa Volkswagen, figuraba con la categoría 5 de «deudor irrecuperable». Resulta llamativo que una persona con tan mal historial crediticio, que lo excluía del acceso a un simple crédito para comprar un auto, fuera el fundador de una empresa que en pocos años se convirtió tan rápidamente en un jugador clave del rubro servicios petroleros. Y sobre todo, que esta cuestión no haya generado curiosidad en los responsables de fiscalización del Estado.

En el mismo año de 2004, Cifuentes adquirió, a través de una cesión de derechos y acciones hereditarias, la Estancia donde funciona el establecimiento ganadero 9 de Julio, en la Provincia de Santa Cruz, por un monto de poco más de doscientos mil dólares (U$S 202.075), de los cuales pagó noventa y tres mil (U$S 93.750) a la fecha de la firma de la escritura, el 21 de octubre. Ese mismo deudor «irrecuperable» abonó en efectivo una altísima suma de dinero en dólares cuando era considerado un insolvente.

OPS, a su vez, fue generando empresas satélites ideadas para satisfacer todas sus necesidades operativas y para expandir sus negocios a la minería, las energías alternativas, el agro, la actividad inmobiliaria, e incluso a eventos deportivos, transporte y alimentación, entre otros múltiples rubros.

En España, OPS posee costosas propiedades en las calles madrileñas de zonas lujosas, como Condes del Val (cercana al estadio Bernabeu). El inmueble se ubica en el Barrio Hispanoamérica, dentro del distrito de Chamartín, al norte de Madrid. Es de las zonas más caras de la ciudad y contiene varias áreas de rascacielos y comercios de firmas reconocidas de nivel internacional. El nivel socioeconómico de la zona es muy alto, con viviendas de alto poder adquisitivo.

Todos estos nuevos ricos de la etapa kirchnerista en la Argentina responden a patrones comunes, en los que se repiten, como ya hemos dicho, personas, sociedades, domicilios, escribanos, contadores y sobre todo, procedimientos para la actuación. La impudicia con que actúan (como ladrones a cara descubierta) habla a las claras de la impunidad que el poder les aseguraba. No solo eran los beneficiarios de decisiones políticas a las que luego, sin dudar, tributaban a través del pago de altas sumas de dinero que circulaban por diferentes canales, sino que también fueron los sostenedores del modelo político de gobierno. Lo hacían tanto en el ejercicio de funciones como cumpliendo roles especiales en el marco de los sectores privados de la economía.

La falta de controles hizo la otra parte. Esta fue otra de las características de esos años: se destruyeron todos los mecanismos de control público y tantos ámbitos fueron cooptados para impedir que desde allí se pudiera ejercer alguna acción de supervisión o sanción sobre los comportamientos que sistemáticamente eran violatorios de normas o las armaban a la medida de la conveniencia del destinatario.

El control público no debe entenderse como una actividad de investigación policíaca. Al contrario, debe formar parte de una cultura propia de la gestión y que hace a la calidad de ésta. El manejo del Estado durante los últimos años careció absolutamente de la virtuosidad que debió haber tenido. Más bien hemos estado en presencia de un desenfrenado descontrol público que es lo que permitió el enriquecimiento de personas a costa de los recursos del Estado y también de las personas que debieron ser los verdaderos beneficiarios de las acciones distributivas que corresponden a un gobierno popular.

La impunidad es el mayor incentivo para seguir por el mismo camino. Al mismo tiempo que es el desincentivo para una sociedad que careció de verdaderos modelos para inspirar el bien, el desapego, la solidaridad y la cooperación. Por eso, pese a los años de crecimiento económico, la Argentina no pudo resolver el problema de la pobreza y las carencias fundamentales de los sectores menos favorecidos.

Los secretos del secretario

Héctor Daniel Muñoz fue el secretario privado de Néstor Kirchner durante toda su presidencia y, luego, también, en los primeros dos años de Cristina Fernández al frente del Poder Ejecutivo. Muñoz conocía al matrimonio desde que trabajaba como cobrador en el estudio jurídico que ellos tenían en Río Gallegos. Desde la llegada a la Casa Rosada, se encargó de asistir al primer mandatario en todo. Para hablar con Kirchner, primero había que pasar por él. Desde ese momento se instaló como una figura imprescindible, colmada del poder que solo tienen aquellos que conocen, comparten y guardan todos los secretos.

Persona de perfil bajo, pero de reconocido poder, Muñoz estaba casado con Carolina Pochetti, otra próspera empresaria kirchnerista, quien, al igual que su marido, aprovechó sobradamente el tiempo de vacas gordas para embarcarse en múltiples emprendimientos, inversiones turísticas, playas de estacionamiento, petróleo, entre otros rubros. Muñoz falleció y su pareja se quedó con el fruto de varios negocios negros.

El proceso que llevó a Muñoz a hacerse de una rápida y abultada fortuna es similar al que transitaron otros personajes del entorno más cercano de Néstor y Cristina Kirchner, quienes en poco más de una década pasaron de empleados rasos con una vida modesta a millonarios de vida fastuosa difícil de explicar. Salvo que podamos reconocer la explicación de semejantes fortunas para estos nuevos ricos, a partir del papel que desempeñaron como un entorno facilitador de los negocios que hacían los mandamases. Reconocer la fortuna de los Muñoz, como de otros, es un ejercicio bastante razonable para encontrar, en las proporciones, lo que efectivamente constituye el patrimonio de los jefes.

Las pruebas reunidas en el curso de La causa de los cuadernos de la corrupción K han permitido conocer con bastante precisión una cantidad importante de información relacionada con Muñoz (que murió el 25 de mayo de 2016) y también sobre su esposa Carolina Pochetti. Ellos, junto con otros imputados, habrían integrado una asociación cuyo objeto fue conformar, en la República Argentina y en el extranjero, una estructura societaria y financiera, a los efectos de administrar y poner en circulación parte del dinero ilícito obtenido a través del pago de coimas, dádivas y distintas formas de «colaboración» que, durante varios años, fueron una forma de tributo institucionalizado, organizado y corriente, que hicieron los empresarios que ahora también son investigados en la misma causa.

El propio Muñoz fue la persona encargada de llevar adelante y ejecutar, durante todos esos años, una serie de maniobras específicas para la aplicación de parte de esos fondos ilegales a la constitución de sociedades y negocios inmobiliarios en nuestro país y en el extranjero, y haber dado funcionalidad a un sistema de blanqueo de activos que le dio a esa asociación una aparente fachada de legalidad de la que carecía, visto el origen espurio del dinero.

Las actividades ilícitas a las que nos referimos en este capítulo, y que estuvieron destinadas al lavado de activos provenientes de los delitos cometidos en los años anteriores, se habrían llevado a cabo a partir de 2010 y parte de esos fondos ilícitos se destinó a la adquisición de propiedades en el extranjero, más precisamente en Estados Unidos, en Nueva York y Miami.

Entre 2010 y 2015, Muñoz constituyó en el exterior más de quince empresas. Con el fin de ocultar el origen ilegal del dinero usado en esas operaciones, habría comprado un total de dieciséis inmuebles a nombre de las empresas del exterior. Catorce de estos inmuebles se encuentran situados en Miami y otros dos, en Nueva York. Los valores de estas propiedades van desde los trescientos mil dólares la más económica hasta los trece millones de dólares, la más cara. Fueron adquiridas en forma escalonada, dentro del lapso de esos cinco años. Solo cuatro, en vida de Néstor Kirchner.

En 2016, los datos de Daniel Muñoz y su pareja aparecieron en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), a partir de la filtración de papeles del estudio panameño Mossack Fonseca, conocida como Panamá Papers. En el trabajo publicado en su página web, se afirma que: «Muñoz y su esposa estaban vinculados a Gold Black, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2010 para invertir en el sector inmobiliario de EE.UU. Se declara que el origen de los fondos de la sociedad es ‘ahorros personales’» (3).

La Justicia argentina hizo varios pedidos de informes a los Estados Unidos sobre inmuebles y cuentas bancarias ocultas del ex secretario de Néstor Kirchner a fines del 2016 para rastrear inversiones no declaradas e intentar confirmar la existencia de una estructura financiera negra que Muñoz había armado en el exterior y no podía justificar con sus ingresos como funcionario. Mientras, en nuestro país, se diseñaban estrategias para burlar a la Justicia.

Entre 2016 y 2017 Muñoz y su esposa se habrían desprendido de la totalidad de las propiedades adquiridas y parte del producido de dichas ventas fue reinsertado en el circuito bancario, más precisamente en cuentas del Banco Mercantil del Norte SA, Monterrey, Estados Unidos Mexicanos; en el Citibank Limited de la Región Administrativa Especial Hong Kong, Territorio Autónomo de la República Popular China; en la Banca Privada de Andorra, Principado de Andorra y del Bank of America y en el Florida Community Bank, Estados Unidos.

Volviendo la atención hacia la Argentina, se ha constatado que parte del dinero obtenido por Muñoz como consecuencia de las actividades ilícitas habría sido destinado a la compra de una cantidad importante de departamentos ubicados en el complejo Torres Horizons, en la calle Juan Díaz de Solís 1660, Vicente López, provincia de Buenos Aires, a través de la empresa Armoring Systems, cuyo titular sería él mismo.

Hasta 2012, Daniel Muñoz solo habría registrado participación accionaria en las compañías Proxi y DS Mayer, y a partir de ese año adquirió el paquete accionario de las firmas Madaco, MM Servicios y Malabia 1741.

Madaco fue constituida en 2006 por Víctor Alejandro Manzanares, el contador de la familia Kirchner que también aparecería como titular de diversos activos cuya verdadera titularidad será materia de investigación judicial. Fue a partir de 2012 que Muñoz adquirió la totalidad del paquete accionario en la suma total de dos millones de pesos ($ 2.000.000). Asimismo, Madaco es titular del noventa por ciento del capital social de Cayuqueo, mientras que el diez por ciento restante le pertenece a MM Servicios, en la que fueron socios… Muñoz y Manzanares.

Carolina Pochetti fue accionista en las firmas Patagon Adventure y Patagon Experience. El activo de esta última firma estaría conformado —en gran proporción— por el inmueble sito en la calle Alberto Williams 5631, Ciudad de Buenos Aires. La participación accionaria que registraba Pochetti en las firmas Llaneza y Asociados, Del Sur y Del Pueblo se habría materializado mediante la compra del 50 por ciento de los paquetes, que fue efectuada el 22 de octubre de 2010. Los vendedores fueron Rubén Horacio y Leonardo Daniel Llaneza. Los montos involucrados en tales operaciones habrían sido de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000); cien mil pesos ($ 100.000) y seiscientos mil pesos ($ 600.000) respectivamente, abonados por Pochetti en efectivo. La mujer de Muñoz había adquirido, en marzo de 2015, siete mil quinientas (7.500) acciones de la firma Llaneza y Asociados Río Grande, que tendrían un valor nominal de seis millones de pesos ($ 6.000.000).

Por su parte, Madaco habría comprado, el 25 de septiembre de 2014, un inmueble ubicado en calle San Martín, entre Patagonia y Sarmiento, en Ushuaia, Tierra del Fuego, por doscientos treinta mil dólares (U$S 230.000).

La fortuna escandalosa y repentina de Daniel Muñoz y su esposa, que ascendería a más de 200 millones de dólares, era muy difícil de disimular. Y con las primeras investigaciones judiciales llegaron las burdas y complicadas maniobras para camuflar un enriquecimiento desmedido. Así, detectamos y denunciamos ante el juez Luis Rodríguez diferentes maniobras llevadas a cabo por el entorno de Muñoz para ocultar dos garajes de tres pisos cada uno y miles de metros cuadrados a través de alquileres simulados y compraventa ficticia y la complicidad de un escribano y otros profesionales para antedatar contratos, instrumentos y escrituras; maniobras realizadas en 2017, a pesar de que fueron fechadas en 2016.

Daniel Muñoz y Víctor Manzanares constituyeron y/o compraron diferentes empresas (Cayuqueo y Malabia 741), con el objetivo de adquirir dos garajes ubicados en Malabia 1741 y Amenábar 1934, en la Ciudad de Buenos Aires. Manzanares, asociado entonces a la viuda de Muñoz, perpetró una serie de maniobras complejas pero burdas. En octubre de 2016, en medio de las investigaciones y antes de que la Justicia avanzara sobre el garaje ubicado en la calle Amenábar, Manzanares se lo alquiló por veinte años a una empresa desconocida y cuyo objeto social no tenía nada que ver con la explotación de playas de estacionamiento: HCDA, presidida por Mauro Gabriel Profético. Las firmas de este contrato fueron certificadas por el escribano Andrés Mercuri, el 25 de octubre de 2016. En noviembre de 2016, Cayuqueo alquila el mismo garaje y sin rescindir el contrato anterior, pero esta vez por diez años, a otra empresa: Particular Group, cuya titular es Alejandrina Pochetti (hermana de Carolina). Ambas compañías, Particular Group y HCDA, figuraban con el mismo domicilio legal, el mismo abogado encargado de inscribir a la empresa en la IGJ y el mismo escribano certificante de las firmas de los contratos de locación.

Sin embargo, simularon vender ese garaje a Gabriel Fernando Diéguez, en una maniobra muy extraña. En marzo de 2017, Diéguez, como apoderado de Cayuqueo, se presentó ante el mismo escribano manifestando que Manzanares le había vendido, el 14 de julio de 2016, el garaje de la calle Amenábar, por trescientos mil dólares (U$S 300.000). Sin embargo, el valor real del garaje supera los tres millones de dólares (su equivalente en pesos para la época era de $ 48.000.000). Estamos frente a un precio declarado considerablemente menor al valor real. Pocos días después, Diéguez constituye un usufructo vitalicio a favor de una nueva empresa: ASHKOR, cuya presidencia él mismo ejerce.

La maniobra, de nuevo, fue igualmente burda. Manzanares alquiló dos veces el mismo garaje que supuestamente habría vendido tres meses antes. El nuevo comprador cedió el usufructo vitalicio del garaje a una empresa de su propiedad y nunca tomó posesión, ya que en los hechos sigue siendo explotado por HCDA, empresa con la cual comparte domicilio, aunque no parece estar relacionado.

El segundo garaje de la sociedad está ubicado en la calle Malabia 1741. La dueña de este predio es una empresa cuyo nombre coincide con el domicilio del inmueble: Malabia 1741, y cuyo principal accionista y presidente es Víctor Manzanares, junto con la pareja Muñoz/Pochetti. En este caso, ocurrieron maniobras similares en cuanto a contratos de alquiler, cesiones y ventas ficticias.

Antedataron y trastrocaron todas las fechas de firmas de contratos, compras de empresas y alquileres. Simularon una recesión de un contrato de alquiler cuando una de las empresas, Particular Group, sigue explotando el garaje de Malabia. A conciencia de que poner la empresa a nombre de la hermana de la viuda de Muñoz iba a alertar a los investigadores judiciales, volvieron a simular la venta de las acciones de Particular Group a Mauro Profético, a la sazón, el mismo que aparece como dueño de HCDA, la empresa que figuraba alquilando el garaje de Amenábar 1934.

Esta ensalada representa una serie de maniobras desesperadas para lavar dinero y evitar un embargo judicial. Se trata de desarrolladores que presentan inversiones desproporcionadas respecto de su patrimonio; inversores ocasionales y desconocidos en la industria que emprenden proyectos considerables sumado a la utilización de prestanombres o testaferros que comienzan a dedicarse a un rubro desconocido para ellos, sumado al blanqueo de activos. Su única finalidad es evadir las investigaciones judiciales y evitar embargos. Recurren a personajes que mutan para esconder a los verdaderos dueños, que no pueden justificar su patrimonio y que buscan no ser reconocidos por la Justicia.

Mezclas de alquileres simulados, tercerizaciones, ventas simuladas, permiten a sus titulares esconder su origen ilegítimo. Se disimula, se esconde, tapa, oculta o disfraza una cosa para que aparezca de un modo distinto y se encubra su verdadera naturaleza.

La viuda de Daniel Muñoz, Carolina Pochetti; el ex ministro de Economía santacruceño, Juan Manuel Campillo; el ex secretario privado de Cristina Kirchner, Isidro Bounine y el contador del ex matrimonio presidencial, Víctor Manzanares, se encuentran ahora procesados por lavado de dinero.

El juez federal Claudio Bonadio firmó el procesamiento a otro grupo de personas, entre ellos empresarios, agentes inmobiliarios, inversores y abogados, que formaron parte de un entramado societario, económico y financiero, para sacar dinero del país en bolsos, comprar propiedades en Estados Unidos y luego venderlas cuando estalló el escándalo de los Panamá Papers y salpicó al luego fallecido Muñoz, señalado como un «valijero» del matrimonio presidencial de Néstor y Cristina Kirchner.

Muñoz habría sido uno de los actores principales en el sistema de recaudación de fondos obtenidos en forma ilegal por parte de la organización criminal investigada en esa supuesta asociación ilícita, a punto tal de ser sindicado como el nexo último de recepción de dinero en el domicilio de la calle Uruguay 1306 y en la residencia presidencial de Olivos, entre otros lugares.

Incluso, el fallo revela inversiones que hasta ahora no habían sido descubiertas: parte de los millones fueron a parar a un hotel del archipiélago de Turks and Caicos, de Gran Bretaña, a los que llegaron por los dichos de los últimos arrepentidos.

Será materia de más profundas y dificultosas investigaciones la determinación sobre quiénes son o han sido los verdaderos dueños de toda esta fortuna invertida en negocios de distinto tipo y en lugares diversos. O sea, determinar responsabilidades.

La Justicia deberá actuar de modo efectivo, oportuno y creíble de modo que toda esta masa de dinero y bienes pueda reencausarse para llegar al destino que nunca debió abandonar: el bienestar de los argentinos, a través de la satisfacción de tantas necesidades de tantas personas que son, sin dudar, las víctimas de los actos de corrupción de los funcionarios públicos.

Resulta compleja la descripción de todas estas maniobras, los traspasos y transferencias de bienes y dinero, los circuitos clandestinos por donde pasa tanto dinero mal habido. Por eso hemos calificado a este capítulo como el laberinto de los testaferros. Por el papel que a ellos les cupo en la edificación de la estructura de corrupción, tanto como en el armado y ejecución del circuito financiero para blanquear en diferentes mercados los resultados de aquellas maniobras delictivas.

Hay un conjunto de personas que han resultado ser claves. Tal vez por la relación de extrema confianza que han tenido con los ex presidentes. O sea, por esa cercanía tan cercana al poder los hizo a ellos mismos personajes poderosos, sin cuyo atributo resultaría difícil llevar adelante estas situaciones, eludir controles, enriquecerse, entrar y salir y nunca ser observados ni objetados.

La justicia, que inexorablemente llegará sobre estas personas y deberá recuperar activos, ya tiene una deuda enorme causada por la lentitud y la inoperancia. En definitiva, el control intrapoderes les exige una mirada firme y de control sobre los otros, debiendo asegurar siempre, en todo caso y para todos, el cumplimiento de la ley. Y durante todos estos años lo que hemos visto ha sido que los poderosos sortean límites, controles y también las normas que parecen redactadas solo para los que no tienen esos privilegios. El resto se esconde en el laberinto.

Lázaro, el constructor

No podemos hablar de testaferros sin detenernos en Lázaro Báez, quien aumentó su patrimonio burdamente como consecuencia de una ingeniería armada desde el año 2003 a fin de resultar adjudicatario de la obra pública. Una vez que las obras eran adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, comenzaba a funcionar la maquinaria que incluía corrupción, evasión, facturación apócrifa y lavado de dinero, entre otros delitos.

Así, las empresas de Lázaro Báez tardaban el doble del tiempo estipulado en las obras adjudicadas. Y cobraban el triple gracias a la utilización de una ingeniería de facturación falsa que permitía aumentar los costos. A la fecha quedan muchas obras sin concluir, aunque ya se hayan abonado con costos increíbles. Las empresas del grupo Báez están en cesación de pagos, no poseen fondos en los bancos y adeudan millones de pesos. Esta ingeniería armada aparentaba legalidad. Sin embargo, estos contratos nunca se cumplieron en la realidad. Los millones que el Grupo Báez les pagaba a las empresas por servicios que nunca prestaron era dinero que le robaban al Estado al engañar e inventar una supuesta subcontratación con costos altísimos.

Esos millones tendrían un destino cierto: parte de ese dinero se evidencia en el enriquecimiento de la familia Báez. La otra parte estaba destinada a las cuentas de la familia Kirchner. Mientras las empresas de Lázaro Báez resultaban adjudicatarias de obra pública, le alquilaba los hoteles de los Kirchner en el Calafate. Pagaban millones de pesos en esos alquileres, millones que no estaban justificados en los pasajeros reales sino en contratos ficticios entre las propias empresas de Lázaro Báez.

A principios del año 2015 solicitamos la investigación por la utilización, por parte de Lázaro Báez, de facturas apócrifas por varios millones de pesos, emitidas al menos por tres grupos de empresas, conforme surge de registros contables, declaraciones tributarias, cheques y recibos, por servicios que jamás se prestaron o por los que inflaron sus precios. La referida facturación falsa le permitió al empresario —socio de Cristina Fernández de Kirchner—, inflar los costos en forma considerable en las obras de las cuales resultaba adjudicatario y cobrar hasta tres veces más que el monto adjudicado. La AFIP, entonces comandada por Ricardo Echegaray, permitió al empresario y a su sociedad principal justificar y respaldar documentalmente costos inexistentes que, a su vez, servían para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que luego, convertido en circulante, se volcaría o destinaría a operaciones de lavado de dinero.

Lázaro Báez trató de defenderse de las acusaciones y, a través de un escrito, manifestó que diferentes empresas de Bahía Blanca le prestaron servicios a Austral Construcciones SA. La mayoría de las empresas contratadas no poseían antecedentes en el rubro de la construcción, no tenían empleados ni maquinarias y lo más grave: la AFIP había dado de baja de oficio a los impuestos de estas empresas por no registrar movimientos al momento de la contratación y facturación por los supuestos servicios prestados. Pero facturaron millones a Lázaro Báez por la ejecución de obras adjudicadas a Austral Construcciones.

En 2016 se inició una causa como consecuencia de la denuncia formulada por el titular de la Dirección Nacional de Vialidad, a raíz de la detección de irregularidades en las obras viales adjudicadas al Grupo Báez.

Esta investigación fue llevada a cabo por el fiscal Gerardo Pollicita, quien logró establecer que, pocos días antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia de la Nación en el año 2003, Lázaro Báez fundó Austral Construcciones SA, empresa que pasó de tener el capital mínimo posible al momento de su fundación ($12.000), a poseer activos por más de 1.700 millones de pesos en el año 2014. Similar incremento experimentó el propio Lázaro quien, a pesar de no tener trayectoria ni experiencia en la construcción de obra pública, en el año 2003 declaró un patrimonio de 1,8 millones de pesos y, en el año 2014 poseía ya 137 millones de pesos.

Por otra parte, el análisis de las obras viales adjudicadas al grupo Báez y las restantes pruebas recolectadas permitió determinar que en el período 2003-2015 el Poder Ejecutivo Nacional convirtió a la Provincia de Santa Cruz en la más beneficiada con obras viales; dentro de esa provincia, el 78,3% de los fondos fueron destinados a Lázaro Báez, habiéndose firmado 51 contratos por 8 mil millones de pesos; sin embargo, a pesar de haber transcurrido doce años, tras haberse ampliado los montos de contratación a más de 16 mil millones de pesos, la mayor parte de las obras se encontraron inconclusas y las obras finalizadas se hicieron por mucho más dinero y en un plazo mucho mayor.

La modalidad escogida para la apropiación de los fondos del Tesoro Nacional fue adjudicar prácticamente el 80% de la obra pública vial de la provincia a la que intencionalmente más dinero se direccionó en nuestro país a uno de los miembros de la organización criminal, Lázaro Báez, quien recibió entre los años 2003 y 2015 contrataciones del Estado por valores cercanos a 8.000 millones de pesos, monto que actualizado a agosto de 2016 asciende a la suma de prácticamente 46.000 millones de pesos

Ahora bien, 37 obras de la provincia de Santa Cruz fueron adjudicadas durante los mandatos presidenciales de Cristina Fernández (período 2007/2015). En este sentido cabe destacar la gran cantidad de obras que se le otorgó a esta provincia en desmedro de las otras, sumado a la delegación de funciones propias de la Dirección Nacional de Vialidad en la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP). Estas obras, adjudicadas a Lázaro Báez, tienen como características la duplicación de los plazos originarios establecidos, aumentos groseros de los costos y la falta de cumplimiento de las condiciones de contratación.

Un caso particular refleja la burda operatoria. Se trata del pavimento de la ruta provincial 47, que une la ruta 3 con Puerto Deseado, y que se convirtió en la más cara del mundo. Esta adjudicación, dividida en dos tramos, fue otorgada a empresas de Lázaro Báez. El primer tramo se adjudicó en la suma de $ 618.356.032 y el segundo, en $613.430.468. Estas cifras crecieron sin límite durante estos años y a fines del 2015 la obra total de la ruta 47 tenía un valor de $2.345.994.614 por tan solo 200 kilómetros.

Según la revista especializada El constructor, a la fecha de la adjudicación (2011), el costo promedio del kilómetro de obra pública era de $1.018.624,78. En el caso de la ruta 47, el kilómetro se abonó a razón de 6.349.594 al momento de la adjudicación. Es decir, seis veces más. La misma revista establecía que en 2014 el costo promedio del kilómetro era de $1.742.863,80. Sin embargo, en el caso de la ruta 47, a fines de 2015 era de $12.986.268.

Pudo corroborarse que las licitaciones fueron una puesta en escena destinada a incrementar los montos de los contratos y aparentar competencia entre empresas cuando, en realidad, ya existía una firma preseleccionada para ganar, objetivo logrado a través de diversos mecanismos de corrupción.

Además de lo expuesto, las licitaciones investigadas presentaron muchas más irregularidades, entre las cuales pueden destacarse las siguientes:

En las primeras siete licitaciones, como Austral Construcciones no tenía antecedentes ni capacidad, se simuló una UTE (Unión Transitoria de Empresas) para aparentar mayor capacidad, pero en simultáneo la UTE cedió el contrato a Austral Construcciones a pesar de que estaba prohibido, lo que ocasionó su escandaloso retraso;

En la gran mayoría de las licitaciones se abrieron los sobres con las ofertas y recién después de conocerlas se designó a los integrantes de la Comisión de Adjudicación que debía dictaminar sobre la «más conveniente», a pesar de que la ley expresamente disponía que la Comisión debía nombrarse antes;

En reiteradas ocasiones se decidió la financiación de las obras por parte del Estado Nacional después de haber sido adjudicada a Báez;

Prácticamente en todas las licitaciones, se escogió a las empresas del Grupo Báez a pesar de que estaba prohibido elegir a contratistas que registraran incumplimientos de las contrataciones anteriores, tal como era el caso, que habían incurrido en demoras e incrementos de precios de manera sistemática.

Asimismo, quedó acreditado que se adjudicaron obras a las empresas de Báez que superaban varias veces su capacidad de contratación. Al mismo tiempo, se designó al mismo representante técnico en treinta y cuatro obras viales simultáneas y distantes entre sí, a pesar de que según la normativa vigente debía estar presente en la obra en forma permanente y se debían imponer graves multas por cada día de ausencia; también se acreditó que planillas de maquinarias idénticas fueron presentadas para la ejecución de múltiples obras simultáneas y lejanas, lo que también constituyó una grave irregularidad toda vez que la ley obligaba a la empresa a afectar la maquinaria a una sola obra a la vez, algo que lógicamente repercutió fatalmente en el avance de las obras.

Se creó un canal especial anticipado exclusivo para el Grupo Báez y era la preferida para cobrar ya que solo tenía una demora para el cobro de 60 días cuando el promedio era 207 días para las demás constructoras. A diciembre de 2015, no existía deuda vencida por parte de Vialidad, siendo la única contratista de obra pública a la que el Estado no le adeudaba un centavo.

El cúmulo de irregularidades en los procesos licitatorios condujo a la consecuencia previsible y programada: el incumplimiento sistemático, reiterado y permanente por parte del Grupo Báez en los plazos de contratación y entrega de las obras: de las 51 obras sólo dos fueron culminadas en el plazo previsto; de las restantes 49, tras doce años de pagos mensuales, quedaron sin terminar 25 obras viales, las otras obras finalizaron pero tras múltiples ampliaciones de plazos y costos; de las 51 obras, solo una fue ejecutada en el monto pactado, mientras que a las 50 restantes se le introdujeron numerosas ampliaciones de costos.

Por citar un ejemplo de aumento de costos, existen obras en las que, a pocos días de la fecha prevista para su finalización, Austral Construcciones propuso cambiar un componente químico a utilizar, lo que permitió incrementar el costo en millones de dólares y sumar dos años más de plazo, para que, transcurridos esos dos años, la empresa pidiera una nueva ampliación explicando que el componente químico citado no podía conseguirse en el mercado.

Esta causa derivó en el primer juicio oral y público que tuvo en el banquillo de los acusados a Lázaro Báez, Julio De Vido y Cristina Kirchner, acusados de conformar una asociación ilícita ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida a lo largo de más de doce años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos.

Para sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación escogieron a la obra pública vial como uno de los medios para obtener el dinero del Tesoro Nacional; convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez y seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde se ejecutaría la matriz de corrupción.

Una vez transferidos los fondos públicos a manos de Lázaro Báez, esta misma organización iniciaría una nueva etapa en la cual una porción de ese dinero atravesaría el camino inverso en favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero esta vez, ocupando otro rol, en una faceta privada, a través de la instrumentación de distintas maniobras, tales como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades. Esta segunda fase es la investigada en las causas Hotesur y Los Sauces.

1. www.lakaut.com.ar

2. Entre esas personas se encontraba una de las autoras de este libro, Silvina Martínez, por desempeñarse como directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ.

3. https://www.icij.org/

Capítulo 6

Hoteleros exitosos

Pese a los esfuerzos, especialmente de Cristina Fernández, para intentar convencer sobre la calidad de bien habido de su patrimonio, diciendo sin vergüenza que «nunca llegamos pobres a ningún cargo público», lo que jamás podrá explicar será el incremento exponencial de riqueza que (los Kirchner) obtuvieron durante el ejercicio de sus respectivos mandatos como las máximas autoridades del Gobierno nacional.

Ello no implica dar crédito a las pretensiones de legalidad que exhibieron para justificar el capital con el que arribaron. De ello podrían abrirse otras especulaciones, tanto jurídicas como morales, respecto de la ética exhibida en el ejercicio profesional. Pero no será ese el motivo de esta investigación. Por lo tanto, no vamos a ahondar hacia atrás.

Lo que sí está claro es que, en el ejercicio de las representaciones populares, hicieron uso, abuso y desvío de ese poder conferido para obtener, de manera irregular, un enriquecimiento de las dimensiones que estamos procurando describir. No tenemos duda sobre el desparpajo con que se han servido de ese poder delegado para gestionar en favor del interés general y que se ha visto postergado en función de los intereses personales privilegiados al momento de tomar decisiones que afectaron al bien común.

La marca más clara que ha tenido esa gestión ha sido la confusión permanente sobre sus roles, sus funciones, las expectativas sociales en ellos depositadas, y la administración de intereses comunes o particulares. Siempre, en todos los casos, ganaron estos últimos.

El más amplio circuito al que se amplió ese interés superior ha sido el que incluía a parientes, amigos y obviamente, a quienes, como ya hemos detallado, conformaron la orquesta de prestanombres que también se enriquecieron al compás del que participaron en la bailanta o festín que condujera la pareja presidencial.

Con la llegada de Néstor y Cristina Kirchner a la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante aquel sueño que habían empezado a pergeñar desde «su lugar en el mundo», comenzaría una etapa trágica para la historia contemporánea de la Argentina. Muchos aplaudieron y siguen vivando las acciones de ese gobierno. Tal vez con el transcurrir de los años puedan alcanzar alguna consideración diferente, más vinculada con la realidad.

Hoy, frente a la gran cantidad de evidencias que hemos recogido, la grave calificación que anteponemos es la única conclusión posible frente al sistema de corrupción brutal que se mofó de la confianza y el apoyo de millones de argentinos. No solo puso en evidencia la utilización del poder en provecho propio, el saqueo de los recursos públicos, la degradación moral e institucional de la República, sino que además y en todos los casos, la corrupción constituyó una flagrante violación de los derechos humanos y sus consecuencias afectaron, severa y ampliamente, el estado de bienestar y las posibilidades de progreso de los argentinos.

Como ya hemos dicho y probado, y así fue convalidado por diversas instancias judiciales, Néstor y Cristina Kirchner fueron la cabeza (en carácter de ideólogos y de líderes) de una banda o asociación ilícita que usó el poder público para enriquecerse personalmente y para saquear recursos del Estado en beneficio propio. Fueron ellos quienes condujeron una sucesiva ocurrencia de delitos de los que participaron otras personas y se valieron para generar dinero que, por canales clandestinos, fluyeron hasta el patrimonio de los acusados. O residen en algún lugar de la Argentina o del mundo, al resguardo de miradas indiscretas, controles públicos, reclamos judiciales, o mujeres ávidas de conquistar un tiempo justo.

La degradación de las instituciones fue el contexto armado, no como simple consecuencia de acciones disvaliosas, sino como contexto condicionante para hacer posible la imposición de un modelo tan autoritario en lo político como criminal y perverso en lo social.

La planificación de las acciones desplegadas para obtener dinero a partir de las coimas que pagaban empresarios y amigos que eran beneficiados con licitaciones, adjudicaciones y pagos, fue amplia, corriente, perfectamente ejecutada. Pero lo innovador ha sido, encontrar en las mismas cabezas de esa organización delictiva que actuaba desde lo más alto de la cima del poder, que a partir de organizaciones paralelas con socios que se repetían y otros que entraban y salían según la ocasión, fue que ellos también armaron esa enorme lavadora de dinero que les permitía transformar (o limpiar) el dinero que venía sucio de origen, en plata y bienes ingresados al mercado, dándole apariencias de legalidad.

Fueron los autores responsables de la creación de un mecanismo financiero a través del cual lavar o esconder ese dinero que ellos mismos habían generado.

Hablamos de lo novedoso del mecanismo porque no ha sido usual en el mundo de las organizaciones criminales vinculadas con el delito de lavado de activos, el hecho de que existiera unificación de personerías entre los responsables de los delitos precedentes y aquellos que asimismo desarrollaban los mecanismos para disimular la ilegalidad de origen, alejándolo del producto final, transformándolo y retornándolo al circuito legal, entre otras prácticas fraudulentas.

Lo cierto es que la llegada a la Presidencia de la Nación implicó rápidamente la implementación de las maniobras de recaudación ilegal a través del pago de retornos que —probadamente— pagaron los empresarios para acceder a obras públicas o ganar licitaciones, recibir o apurar pagos u otro tipo de favores que los particulares recibían como trato por el que debían «contraprestar».

Cuando eso se fue perfeccionando y el flujo de dinero ingresó en un circuito más aceitado y también más importante, se volvió necesario poner en marcha un sistema que les permitiera blanquear esa plata negra que iban recibiendo.

Algunas voces sostienen que fue la misma condición de codicioso por la que se reconocía a Kirchner la que lo llevó a imaginar y poner en marcha su propio mecanismo de lavado, algo no común entre quienes de manera personal generan dinero sucio que deben hacer ingresar al mercado con cambio de apariencia. Dice que no quería pagar las altas comisiones que cobran las organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos provenientes de delitos. También es razonable pensar que tenía por delante un prolongado período de tiempo que lo mantendría en la cúspide del poder con todas las prerrogativas que ello implica.

Néstor Kirchner sabía perfectamente lo que eso implicaba, porque la impunidad del poder, el verticalismo en la toma de decisiones y las riquezas acumuladas en ejercicio de la función pública, habían sido ya el sostén principal de su vocación política y los resultados de la gestión concreta, primero en la Municipalidad de Río Gallegos y luego en la gobernación de la Provincia de Santa Cruz.

Llegar al Gobierno Nacional abría un panorama inconmensurable de nuevos vínculos y múltiples negocios. Eso requería poner en marcha una nueva maquinaria mucho más sofisticada que aquella, pero para lo cual tenía perfectamente entrenadas a las personas que lo acompañaban en el arribo a este nuevo desafío.

Nada hubo que esperar. Y este nuevo Presidente, popular, canchero, sonriente, se iba a ir abriendo un lugar en este Buenos Aires que suele tragarse a los que vienen del interior. Claro, Néstor no era precisamente un ingenuo y tenía claro cómo hacerlo. El carisma desplegado, sus primeras decisiones en el marco de la política para ir ganando reconocimientos y aliados, la ruptura ficcional con la política del pasado, fueron también las cuestiones que le valieron en esta primaria instalación para permitirle luego desplegar una actuación desprejuiciada y una gestión supercentralizada, vertical para la realización de cuanto negocio quiso hacer. Y podemos asegurar que no fueron pocos.

Las obras públicas fueron desde el inicio —porque también había sido así en su gestión patagónica— el canal más directo y más fácil para poner en marcha el sistema de recaudación y disciplinamiento de los personeros del sector privado. Contaba también con los amigos que llegaron en el mismo tren, ávidos de participar rápida y eficazmente de las licitaciones que se harían desde el Gobierno Nacional.

Sería sumamente extenso y costoso trazar un panorama completo sobre cómo se fueron armando esas licitaciones en todo el país y cómo hubo que negociar en todos los lugares con intendentes y gobernadores. Sobre todo, una vez que transcurridos los primeros tiempos, cuando todavía arreciaba la crisis socioeconómica y financiera que venía afectando a la Argentina desde 2001, también como correlato de los tiempos de inestabilidad política.

La voracidad de los que llegaban se juntaba con la de aquellos históricos del sector que recibieron rápidamente y de buen grado lo que serían las reglas de ese nuevo tiempo: todos tendrían muchos beneficios, pero en la proporción que se les fijara debían devolver a quienes les estaban abriendo este grifo que terminó siendo casi inagotable.

Entonces se puso en marcha el mecanismo de recaudación con empresas de construcción a cargo de las obras públicas que se fueron licitando, pero inmediatamente, también, el mismo sistema fue implementado para las otras áreas sensibles por recibir enormes cantidades de dinero de un Estado que empezaba a mostrar generosidad en el reparto. O sea, los negocios de las áreas petroleras, el transporte, el juego y algunas otras más.

Pese al gran caudal de dinero y al despliegue territorial que implicaba esta operatoria, sin embargo, Kirchner no tuvo a tantas personas a cargo, sino que se acotó a los pocos leales y muy pero muy eficaces en la ejecución, indiscutiblemente aptos para «colaborar».

Aquel precedente sistema de recaudación es lo que ha sido investigado por el juez Claudio Bonadio en la causa de Los cuadernos de la corrupción K, en la cual participaban empresarios, ministros, secretarios privados de la presidencia, remiseros, y que llegaba hasta Néstor y Cristina Kirchner, quienes, como hemos detallado en un capítulo anterior, recibieron los millones de dólares en su departamento de la calle Juncal y Uruguay a través de su secretario Daniel Muñoz. Aunque no se descarta que también se hayan efectuado entregas en la mismísima Quinta de Olivos, domicilio oficial de los Presidentes. Y de allí viajaban en los aviones oficiales a diferentes propiedades de la familia en la provincia de Santa Cruz. O quién sabe adónde más o cuáles fueron los destinos finales de toda esa riqueza.

La cantidad de dinero generaba un problema y debía inventarse un mecanismo que permitiera blanquearlo sin generar sospechas. Allí surgió la idea de adquirir hoteles. Si se quiere, un sistema bastante eficaz como antiguo, ya que los tiempos modernos han encontrado canales financieros más sofisticados y menos visibles.

El placer del dinero contante y sonante

El dinero para comprar los hoteles no era un problema. Siempre hubo efectivo de sobra. Y como el ejercicio del poder implica la opacidad de esos lugares, nunca tuvieron que dar explicaciones. Pese a las múltiples restricciones que el propio Gobierno imponía a cualquier ciudadano, ellos mismos abusaron tantas veces de sus privilegios para hacer, poner, pagar o cobrar, sumas multimillonarias y en efectivo.

A Néstor Kirchner le encantaba cobrar «en físico». Recibir, mirar, tocar, cobrar, con billetes de moneda extranjera que amontonaba en diferentes lugares y que fueron su base de capital efectivo para llevar adelante las compras de inmuebles que luego le valdrían para completar el circuito criminal que cerraba con la limpieza de las operaciones de donde salía el dinero sucio.

Vale la pena recordar aquí que el gran amigo, socio y quien ha mantenido su lealtad a la familia Kirchner durante más tiempo, Osvaldo Sanfelice, era, como hemos visto, quien comandaba las negociaciones. En algunos casos compraba en comisión y en otros a nombre propio. Cuando tomaban conocimiento, en el rubro inmobiliario, de que había una oportunidad, no la dejaban pasar. Y, en la mayoría de los casos, fueron creando esas oportunidades. Se sabe que, con plata en mano, es mucho más fácil encarar cualquier negocio. Con más razón, con plata y con poder.

Buscar oportunidades era buscar hoteles para comprar, no importaba la zona ni la provincia. Lo harían luego también con otros inmuebles cuando el primer rubro resultara insuficiente. Pero está claro que la Patagonia ha sido, efectivamente, «su lugar en el mundo». Allí podrían tener y tuvieron el silencio cómplice o temeroso de muchos, los servicios de profesionales preparados para colaborar con la ejecución de cualquier operación y, por supuesto, también era ahí donde iban a encontrar las mejores operaciones. Las que surgían o las que fueron creando. Una vez más, con plata y poder, todo se hace siempre mucho más fácil y accesible.

Cualquiera de esas operaciones podía servir para el lavado de dinero sin generar sospechas ni quedar expuestos, ya que contaban con la complicidad de los bancos y de organismos de control del Estado. Y, después de todo, siempre habría alguien, en algún despacho público, dispuesto a hacer la vista gorda, no pedir certificaciones ni justificativos, para que pudieran hacer lo que quisieran. Lo que ningún otro argentino hubiera podido hacer en esos años.

Siempre habrá hoteles vacíos

Desde el año 2008, Néstor, Cristina y Máximo Kirchner registraron un aumento patrimonial excepcional al incorporar a su patrimonio los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, todos ubicados en la Provincia de Santa Cruz. El principal establecimiento hotelero a través del cual se llevaría a cabo la maniobra de lavado fue el Hotel Alto Calafate, perteneciente a la empresa Hotesur. En efecto, este hotel que cuenta con más de 100 habitaciones, un restaurante, tres salones para eventos de hasta 600 invitados, dos piscinas climatizadas y servicios de categoría como spa, gimnasio y sauna, es la propiedad más costosa adquirida por la ex familia presidencial.

Néstor Kirchner, sin perjuicio de que el hotel no se encontraba a la venta, en agosto de 2008 envió a Patricio Pereyra Arandía para que se contactara con los dueños a los fines de consultarles si estaban dispuestos a escuchar una oferta de compra, y ante la afirmativa de los propietarios del Alto Calafate, encomendó a Osvaldo Sanfelice para que continuara con las gestiones para su adquisición.

Así, el 2 de octubre de 2008, Sanfelice, en representación de la empresa CO.MA. SA —perteneciente a Néstor y Máximo Kirchner—, suscribió junto a los accionistas de Hotesur un contrato de opción de compra de las acciones de la sociedad, por el cual la parte compradora se comprometió a realizar una oferta por la totalidad de la participación societaria el día 5 de noviembre de 2008, abonando en ese acto por la exclusividad en dicha operación la suma de 100.000 dólares.

Sin embargo, posteriormente, Osvaldo Sanfelice, actuando en comisión y sin indicar el nombre de su comitente —que era el ex Presidente—, envió una nota a los titulares de Hotesur mediante la cual les hizo saber que CO.MA SA cedía los derechos derivados del contrato a su favor, y el día pactado, formalizó una oferta de compra de la empresa por 4,9 millones de dólares estadounidenses.

Una vez más, la identidad del ex Presidente quedó oculta detrás de la actuación en comisión de Osvaldo Sanfelice, quien figura en el boleto de compraventa de acciones como «comprador», lo que le permitió al ex Presidente adquirir el principal hotel de su patrimonio sin dejar rastros de su participación en la compra.

El segundo establecimiento hotelero que fue adquirido por la familia Kirchner con el objetivo de ser utilizado en la maniobra aquí investigada, es decir, ser puesto a disposición de Valle Mitre con el fin de que se instrumentaran fondos provenientes de las empresas del grupo de Lázaro Báez, fue el Hotel Las Dunas, también ubicado en la ciudad de El Calafate. Por este hotel, el ex Presidente, representado por su hijo Máximo, el 12 de febrero de 2008 pagó a su anterior dueño, el arquitecto Luciano Cava, la suma de 700.000 dólares, que le permitieron hacerse de la hostería que en ese momento contaba apenas con 12 habitaciones en una superficie construida que no alcanzaba los 800 metros cuadrados. Durante los siguientes años, ya bajo la titularidad de la familia presidencial, este hotel fue ampliado notablemente llegando a quintuplicar su superficie que en la actualidad cuenta con un total de casi cuatro mil metros cuadrados de superficie cubierta (3.844,05m2), con 47 habitaciones, un restaurante para 200 personas, un centro de negocios, entre otros servicios, que indudablemente, acrecentaron la categoría del hotel.

Ahora bien, una vez que el dinero de origen ilícito proveniente de la asignación irregular de obra pública vial se encontraba en poder de las empresas de Lázaro Báez y que los ex presidentes contaban en su patrimonio con los hoteles que justificarían el pago de alquileres, el segundo paso de la maniobra consistió en interponer una persona jurídica, Valle Mitre, para que administrara los hoteles y funcionara como sociedad-pantalla entre el grupo económico y los ex presidentes; y que por lo tanto, por un lado, absorbiera los fondos ilícitos provenientes de la obra pública vial asignados a las empresas del Grupo Báez y luego, por el otro, los aplicara a un negocio legítimo —como es la actividad hotelera—, para que de esta manera salieran de la empresa «limpios» en concepto de pagos por el alquiler de los establecimientos hoteleros.

Así se inició un proceso de reciclaje de una parte del producido de lo defraudado al Estado Nacional en el que las empresas de Lázaro Báez, mediante la falsa contratación de habitaciones y de salones, la contratación simulada de servicios de consultoría integral y marketing e incluso la supuesta contratación para construcción, canalizaron un flujo regular de dinero hacia Valle Mitre, con la finalidad de capitalizar y sostener a esta empresa que durante todo su vínculo comercial administrando y explotando los hoteles de la familia Kirchner, recibió fondos de las otras empresas del conglomerado por más de 86 millones de pesos entre los años 2008 y 2015.

Estas transferencias de dinero eran justificadas con contratos simulados en los que se alquilaban habitaciones del Hotel Alto Calafate, ubicado en las proximidades de la cordillera, para alojar a personal que prestaba tareas en obras viales que se desarrollaban en la costa atlántica de la provincia de Santa Cruz, es decir, a más de 400 kilómetros de distancia y a más de cinco horas de viaje en automóvil de ida —y otro tanto de vuelta—, lo que muestra que el verdadero fin de Lázaro Báez no era alquilar las habitaciones.

Otro de los mecanismos a través de los que se justificó la transferencia de fondos fue la supuesta contratación de salones en el Hotel Alto Calafate para la promoción de productos derivados del petróleo pertenecientes a la firma YPF de los que la empresa estatal no estaba siquiera enterada o mediante contratos millonarios por asesoramiento en materia hotelera y marketing para lo que Valle Mitre no contaba en su plantilla con personal adecuado para llevar a cabo dicha labor.

De esta forma, al tratarse de un engranaje permanente de blanqueo de activos no fue un acto aislado en el que se aplicaron fondos provenientes de la obra pública hacia el negocio hotelero sino que, por el contrario, se instrumentó toda una maquinaria destinada a que se canalizaran regular y constantemente fondos hacia la ex familia presidencial.

La cuarta etapa de la maniobra consistió en que el dinero que provenía de la defraudación al Estado fuera finalmente integrado al patrimonio de los ex Presidentes y de sus dos hijos para que pudieran utilizarlo libremente. De esta manera, la familia Kirchner, sin hacerse cargo de la actividad hotelera, ni como contrapartida, de los riesgos que implica el ejercicio del comercio, se aseguró un flujo de fondos fijos y constantes que entre noviembre de 2008 y julio de 2013 le serían pagados por Lázaro Báez, quien por este medio se hizo cargo de pagar un canon totalmente desproporcional y elevado en comparación con las expectativas que tenía el negocio.

Esta mecánica permitió, según se observa en los libros de Hotesur, que la empresa de la ex familia presidencial, sin tener siquiera un empleado ni ninguna actividad a su cargo, ganara doce veces más de lo que ganaba la misma empresa con sus anteriores dueños, todo ello, gracias al canon que le garantizaba Lázaro Báez. Finalmente, el dinero que era cobrado por Hotesur era retirado personalmente por Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, quienes usaban a la firma como una extensión de su propia persona, tomando dinero de la empresa sin llevar a cabo asambleas ni reuniones de directorio, es decir, desconociendo los mecanismos societarios para el cobro de dividendos.

Ahora bien, el Hotel Alto Calafate no era el único de los establecimientos hoteleros de la familia Kirchner que era administrado por Lázaro Báez sino que también administró y explotó los Hoteles Las Dunas y La Aldea, mediante los cuales también se instrumentó la misma maniobra de lavado de activos.

El siguiente hotel, operación hecha a través de la sociedad anónima Los Sauces, fue La Aldea del Chaltén, en la localidad homónima, por el que declararon haber pagado la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000).

En este último caso, el análisis de la operación realizada permite encontrar que, por detrás de la formalidad de la compra del hotel, lo que en realidad existió fue una nueva y clara maniobra de lavado de dinero. Declararon haber comprado el hotel a un valor significativamente inferior al real. Ello, sin perjuicio, además, de la tipificación de una clara evasión fiscal.

Podemos reconstruir la secuencia. El día 13 de abril de 2009, la empresa Los Sauces SA, integrada por Néstor, Cristina y Máximo, decidió adquirir el Hotel La Aldea del Chaltén, edificado en un terreno de casi dos mil metros cuadrados sobre la calle Martín Miguel de Güemes N° 95. Para ello, Máximo Kirchner, presidente de la firma, formalizó la compra del cuarto complejo hotelero de la ex familia presidencial con un cheque del Banco Santa Cruz emitido a nombre de Los Sauces.

El precio de doscientos mil pesos ya resultaba irrisorio en aquel momento. Y el tiempo y un testigo del hecho lo terminaron confirmando.

La verdad del caso es que la compra fue realizada por un millón doscientos mil dólares (U$S 1.200.000), según lo ha reconocido en su declaración judicial el entonces contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, otro «amigo de la casa» que ya nombramos en un capítulo anterior, ante el fiscal doctor Carlos Stornelli, en su calidad de imputado colaborador en la causa de los cuadernos.

De acuerdo con los peritajes oficiales realizados en noviembre de 2016 por el Tribunal de Tasación de la Nación, al mes de abril de 2009 el valor del terreno con la hostería construida ascendía casi a dos millones novecientos mil pesos ($ 2.890.000). Es decir, catorce veces más que el valor por el cual fue escriturado. Manzanares reiteró que el valor real de la venta, que no figura en los papeles, fue, como lo señalamos arriba, de un millón doscientos mil dólares (U$S 1.200.000). Si tomamos en cuenta el valor del dólar a abril de 2009, que era de $ 3,70, la compra habría alcanzado los cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($ 4.440.000).

En las subvaluaciones que se acostumbra a hacer en operaciones de compraventa de inmuebles —incluso pactadas entre las partes—, es bastante común encontrar encubierta una maniobra destinada a lavado de activos. Así, los precios declarados en el pago por adquisición de un complejo turístico o en los cálculos de inversión, son menores que los que corresponden efectivamente al valor real del inmueble o inmuebles adquiridos u obras desarrolladas. La cuantía que se declara es satisfecha con dinero obtenido lícitamente o, al menos, susceptible de ser justificado. Sin embargo, la diferencia existente, hasta alcanzar el importe real y efectivo del negocio, se integra con la entrega de una cantidad pendiente de ser depurada. Con dinero que no aparecerá en ningún registro y que, por tal motivo, genera beneficios tanto para quien entrega como para quien recibe. Una vez consumado dicho negocio o finalizada la operación, el adquirente habrá conseguido deshacerse de una masa patrimonial de origen ilícito y, a cambio, habrá obtenido un bien cuyo verdadero valor de mercado podrá requerir en ulteriores contrataciones o ventas.

La administración y explotación del hotel de El Chaltén fue entregado por la familia Kirchner —al igual que los hoteles Las Dunas y Alto Calafate— a dos empresas-pantalla controladas por sus socios comerciales, primero a la firma Valle Mitre de Lázaro Báez, y luego a la empresa Idea, de Osvaldo Sanfelice.

De igual forma a la que se llevó adelante la operatoria con el Hotel Alto Calafate y la Hostería Las Dunas, una vez que los ex Presidentes adquirieron el establecimiento, lejos de ocuparse de su administración y explotación, es decir, encargarse de la actividad hotelera, cedieron inmediatamente el fondo de comercio a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez, para que por esta vía también funcionara el mecanismo permanente de reciclaje de ganancias ilícitas.

A su vez, quien intervino en la canalización de fondos ilícitos a favor de la sociedad perteneciente a la familia Kirchner —aunque en forma indirecta, como intermediario en la maniobra— fue la firma Valle Mitre, que se encargó de recibir dinero ilícito de las diferentes empresas del grupo económico y luego aplicarlo a la actividad hotelera a través de su transferencia a la firma Los Sauces en virtud de la explotación del Hotel La Aldea del Chaltén.

Ahora bien, a los fines de justificar la transferencia de fondos en favor de la firma de los ex Presidentes, con fecha 30 de mayo de 2009, Osvaldo Sanfelice, en representación de Los Sauces, y Adrián Berni, por la firma Valle Mitre, suscribieron un contrato de locación mediante el cual la sociedad de la familia Kirchner daba en alquiler el Hotel La Aldea del Chaltén a la gerenciadora de Lázaro Báez que por ese entonces ya administraba el Hotel Alto Calafate, de la empresa Hotesur.

El plazo de duración del vínculo contractual fue de 12 meses contados a partir del 1° de junio de 2009 y hasta el 31 de mayo de 2010, y se pactó una opción irrevocable para prorrogar unilateralmente el contrato, en los mismos términos y condiciones, por un plazo de 12 meses, en cuyo caso el término vencería el 31 de mayo de 2011.

El canon mensual por la locación se pautó en la suma de 15.000 dólares más IVA, aunque se previó que en los primeros 6 meses —desde junio a noviembre de 2009— se abonaría la suma de 10.000 dólares, y se estipuló que el establecimiento se destinaría exclusivamente a la explotación comercial hotelera.

Así entonces, con fecha 17 de mayo de 2011, el contrato se prorrogó hasta el 31 de abril de 2012. El precio convenido por las partes para la locación del Hotel La Aldea del Chaltén habría sido de $45.497 mensuales para los meses de mayo a octubre y de $68.209,50 mensuales para los meses de noviembre a abril. El contrato volvió a prorrogarse por un año, la relación comercial se mantuvo hasta el mes de mayo de 2013, cuando la empresa de Lázaro Báez hizo su salida como gerenciadora del hotel, al conocerse el escándalo de la ruta del dinero K.

Lo expuesto hasta aquí permite afirmar fundadamente no solo que el canon fijado implicó la recuperación del valor total de compra del hotel en apenas cinco meses de concesión del establecimiento, sino que además el flujo canalizado a lo largo de cuatro años en favor de los ex Presidentes superó en más de 13 veces el precio por el que la familia Kirchner adquirió el hotel, lo que evidencia la inverosimilitud del negocio y revela la ilicitud de la maniobra ensayada.

En definitiva, todo lo expuesto permite sostener fundadamente que la cesión de la administración del Hotel La Aldea del Chaltén por parte de Los Sauces a la firma Valle Mitre se trató en realidad de una ficción contractual que fue funcional a la maniobra de lavado de dinero investigada.

Tal es así que una vez que Valle Mitre fue despojada de la administración de los hoteles de la familia Kirchner, la firma ingresó en un declive hasta que fue finalmente abandonada sin actividad, sin libros societarios y sin presentaciones ante el fisco respecto de su actividad, todo lo cual demuestra que la firma Valle Mitre, lejos de ser una empresa con independencia, fue colocada como explotadora de los hoteles de la familia Kirchner con el objetivo de que cumpliera un rol estratégico y que cuando fue necesaria su salida se la reemplazó por la firma Idea, de Osvaldo Sanfelice.

Así fue que, con fecha 29 de agosto de 2013, Máximo Kirchner, en representación de la firma Los Sauces y Osvaldo José Sanfelice, en nombre de Idea, formalizaron un contrato de locación por el hotel La Aldea del Chaltén por el término de tres años, contados a partir del 1° de octubre de 2013 y hasta el 30 de septiembre de 2016. Finalizado el vínculo contractual, nunca fue reintegrado el hotel a sus dueños, la empresa Los Sauces de la familia Kirchner. En un primer momento, se decidieron hacer reformas pero luego quedaron inconclusas y el hotel permanece cerrado.

El Chaltén era uno de los lugares elegidos por los Kirchner para instalar sus emprendimientos hoteleros. Seguramente por las bellezas naturales que se pueden encontrar en estos paradisíacos parajes de la Patagonia argentina. Pero también por sus altos valores para la venta de los servicios turísticos. Porque es un lugar que permite un nivel importante de reserva y no es de los sitios más turísticos. Por lo tanto, es fácil instalar allí un centro de negocios financieros «sucios» que destinados al turismo pasarían a ser blancos.

A La Aldea hay que agregar el Hotel Los Cerros, emblemático del Chaltén, al que pretendieron adquirir en el año 2011, también a través de Sanfelice, aunque no se logró concretar la operación. Este Hotel 5 estrellas, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, cuenta con cuarenta y cuatro habitaciones decoradas con una delicada combinación de materiales naturales con elementos rústicos y coloridos. Su ubicación estratégica permite apreciar, desde todos sus ventanales, la trayectoria caprichosa del Río de Las Vueltas y de las montañas que rodean el pintoresco pueblo de El Chaltén, que hace recordar a las aldeas galas de la historieta Asterix. Desde el año 2015, este hotel pertenece a la cadena de hoteles Don.

Volviendo a los emprendimientos hoteleros de la familia Kirchner, la adquisición repentina de varios hoteles los dejaba demasiado expuestos. Necesitaban utilizar a sus testaferros para adquirir nuevos establecimientos sin quedar en evidencia. Ellos eran inversores que integraban la categoría de «Personas Políticamente Expuestas», de acuerdo a la definición que hemos dado en un capítulo anterior, y que, recordemos, involucra a todas aquellas personas que ocupan u ocuparon funciones públicas prominentes en un determinado país: jefes de Estado o de Gobierno, altos cargos políticos o gubernamentales, funcionarios judiciales o militares, directores ejecutivos de empresas estatales y altas autoridades de partidos políticos, entre otros.

También, como vimos anteriormente, se incluyen en esa categoría el círculo parental próximo de dichos sujetos y quienes mantuviesen relaciones de negocio o sociedades con ellos. En pocas palabras, son funcionarios públicos locales y extranjeros, sus familiares y personas vinculadas que integran una categoría a los efectos de prevenir la corrupción política. Por eso, la Unidad de Información Financiera (UIF) ha impuesto el deber de llevar a cabo un seguimiento y monitoreo más exhaustivo y continuo de la relación comercial que se entable con ellos. Así se refuerzan los controles para determinar el origen de los fondos involucrados en sus operaciones, considerando su razonabilidad y justificación económica y jurídica, y prestando especial atención a las transacciones que, eventualmente, no guarden correspondencia con las actividades declaradas y con sus perfiles.

El punto de conexión con los Kirchner era su testaferro Sanfelice, quien intervenía en la compra de importantes emprendimientos hoteleros con inversiones desproporcionadas respecto de su patrimonio, siendo totalmente desconocido en el rubro, pero encarando proyectos de importante envergadura. Este empresario se convierte en un inversor de la industria hotelera de modo aparente y esconde operatoria y personajes reales que solo buscan el blanqueo de activos. Exhibe un desequilibrio inexplicable entre su patrimonio y los montos que invierte en cada proyecto turístico. Aunque, nunca, ninguna explicación le fue requerida.

Pero no solo Sanfelice intervenía en cada compra de los hoteles. El análisis de las diversas operaciones relevadas permite encontrar la reiteración en presencia y acción de otros personajes vinculados con los actores principales.

Alguien que siempre aparecía en calidad de asesor para la realización de operaciones comerciales era el Mauro Sánchez, abogado personal de Cristóbal López, empleado de varias de sus empresas y además contratado por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y por el Ministerio de Justicia de la Nación entre los años 2012 y 2014. Sánchez alquiló durante casi cinco años el inmueble de la familia Kirchner ubicado en el piso 5 de la calle Uruguay esquina Juncal de la Ciudad de Buenos Aires, el emblemático piso donde Muñoz guardaba los bolsos con millones de dólares provenientes de las coimas hasta el año 2013. El departamento de los Kirchner lo ocupaban Sánchez y su esposa Natalia Lima (también contratada por diferentes dependencias del Poder Ejecutivo provincial y de Nación) y pagaban un alquiler de veintiséis mil pesos ($ 26.000) por mes hasta que desocuparon el departamento.

Sanfelice y Mauro Sánchez avanzaron en las tratativas para comprar el Hotel Bahía Redonda en El Calafate, en la calle Padre Agostini 148, ubicado a veintidós kilómetros del Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola. Para eso planeaban comprar la empresa Bahía Azul, dueña del emprendimiento hotelero, por un monto de quinientos mil dólares (U$S 500.000). No pudieron concretar la operación ya que en octubre de 2010, al fallecer Néstor Kirchner, nada volvería a ser como antes. O casi nada.

Además de los emprendimientos en El Chaltén y El Calafate, los Kirchner intentaron ampliar sus negocios a Ushuaia, Tierra del Fuego, al avanzar en las negociaciones para adquirir el Hotel Mil810, a 150 metros de la Avenida San Martín, en pleno centro de la ciudad. Se trata de un hotel de 30 habitaciones a 300 metros del Canal de Beagle y a cinco kilómetros del Aeropuerto Internacional de Ushuaia-Malvinas Argentinas.

Un hotel con nombre de ensalada

Para ello, debían adquirir las cuotas sociales de la empresa dueña del hotel, Cyd Inversora, inscripta en octubre de 2002, con domicilio en la calle 25 de Mayo 260, en Ushuaia. La compra, según declaró Víctor Manzanares ante el fiscal Carlos Stornelli, se realizaría por quinientos mil dólares (U$S 500.000). Él mismo contó que había viajado a Ushuaia con Sanfelice en un avión de Lázaro Báez y allí se reunieron con Julio del Val, dueño del hotel. Manzanares iba a ser el encargado de manejar los negocios hoteleros en Ushuaia e iba a cobrar por ello 40.000 dólares mensuales. Pero para eso debía controlar a Sanfelice, que ya había comprado el Hotel Waldorf en Capital Federal. La compra del hotel en Ushuaia tampoco se concretó debido a la muerte de Néstor Kirchner.

Manzanares así confirmó lo que veníamos denunciando en la Justicia desde hace varios años: que el Hotel Waldorf pertenece a la familia Kirchner. El contador confirmó que ese hotel fue comprado por ellos, y agregó que por indicación de Néstor Kirchner fue a un estudio contable a analizar los papeles del hotel y en ese momento le aconsejó que no lo comprara.

Si bien formalmente surge que Sanfelice es el accionista mayoritario de la empresa homónima del Hotel Waldorf, no es el verdadero dueño, sino que lo adquirió actuando en comisión para Néstor Kirchner. La finalidad de adquirir este hotel no era otra que la misma que se usó para el resto: utilizarlo como fachada para diversas operaciones de lavado de dinero.

Las tratativas para su adquisición se sucedieron a fines del año 2008, casi a la par de las tratativas y compra del Hotel Alto Calafate. El 12 de diciembre de 2008 Sanfelice suscribió un instrumento de opción de compra del Hotel Waldorf y en esa oportunidad abonó un millón de dólares en efectivo (U$S 1.000.000). Jamás tuvo que acreditar dónde había obtenido ese dinero.

Posteriormente, el 6 de marzo de 2009, se suscribió el boleto de compraventa de acciones de la sociedad Hotel Waldorf entre José Luis Cives y la sociedad Walcorp como vendedores y Osvaldo Sanfelice como comprador, quien actuó en comisión, según él mismo lo manifestó, sin indicar quién lo había comisionado. Se fijó como valor de la compraventa un millón setecientos mil dólares (U$S 1.700.000), pagaderos de la siguiente forma: un millón de dólares en efectivo al momento de suscribir la opción de compra; trescientos cincuenta mil dólares (U$S 350.000) se abonarían al momento de suscribir el boleto de compraventa y el saldo restante en diez cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Sin embargo, a pesar de que figura este método de pago en el documento, se abonó en su totalidad y en efectivo antes de suscribir el boleto de compraventa.

Las particularidades de los números de este hotel sorprenden: fue aumentando su facturación ejercicio tras ejercicio. Antes de su adquisición la empresa era deficitaria. Pero al poco tiempo logró revertir su situación económica.

No hemos podido encontrar una lógica financiera ni de mejoramiento o ampliación de servicios. Pero sí vamos a detallar algunos otros hallazgos que nos han llevado a ubicar este emprendimiento, sin dudar, como otro de los instrumentos de realización de un dinero sucio de la corrupción ingresado al circuito legal a través de asientos y facturaciones apócrifas que sirvieron a esos fines.

Dudamos que los servicios fueran realmente tan buenos al punto de que los pasajeros decidieran vivir durante años en el hotel. Porque esto es lo que ocurría. O por lo menos es lo que figura en el registro de pasajeros. Allí pudimos detectar pasajeros que tienen una diferencia de siete años y ocho meses entre la fecha de ingreso y de egreso. Tan llamativo como que algunos de ellos podían permanecer sin salir de sus habitaciones durante años. O que diferentes pasajeros fueran alojados de manera simultánea en una misma habitación.

A ello cabe agregar que las cuentas bancarias del Hotel Waldorf registran poco movimiento. Solo figuran operaciones desde 2011 hasta 2016 por casi un millón ochocientos mil pesos ($ 1.785.045). No se compadece con el movimiento que, en cambio, registran los asientos de datos de pasajeros alojados.

El otro dato importante es que el destino de los fondos que se depositaban en la cuenta bancaria del hotel estaba destinado a pagar las tarjetas de crédito de Sanfelice y de dos empleados del hotel.

También advertimos que en el hotel se alojaban trabajadores de las empresas de Lázaro Báez, o eran simples anotaciones por ocupaciones no comprobadas y consideradas una fachada para maniobras de lavado de dinero. Así como directivos de la constructora Norberto Odebrecht SA, empresa que admitió haber pagado coimas en la República Argentina para acceder a determinadas obras públicas. Casualmente, se alojaban en el Hotel Waldorf de la Ciudad de Buenos Aires.

Sanfelice compró ese establecimiento ocultando a la familia Kirchner en la operación, tal como lo realizó otras tantas veces. Y lo hizo con la finalidad de encubrir allí mismo transferencias millonarias de origen ilegal disimuladas dentro de una actividad hotelera que le podía dar apariencia legal en su ingreso al circuito de dinero. Estamos frente a un repentino empresario hotelero ficticio y simulado (Sanfelice) quien realiza la compra del paquete accionario de la empresa dueña del Hotel Waldorf, en comisión y luego aparenta ser el dueño y esconde a los verdaderos personajes que buscan el blanqueo de activos (Cristina Fernández de Kirchner).

Sanfelice funcionó como un agente para efectuar la compra del Hotel Waldorf, recibiría como contraprestación el diez por ciento del total de las acciones, además de desempeñarse en el cargo como director titular.

Para tratar de encubrir la maniobra, designaron al frente del Directorio de la empresa dueña del Hotel Waldorf a personas que tendrían apariencia de ajenas a la familia. O sea, buscaron terceras personas que fueron introducidas en la sociedad y que operaban exclusivamente como pantalla para tapar a quienes eran verdaderos dueños y beneficiarios del negocio.

De todos modos, esa apariencia surgiría lógicamente como burda cuando nos vamos interesando por conocer la identidad de estas personas. La sorpresa no sería menor. Porque los directores de la empresa que maneja este nuevo hotel son nada menos que miembros del Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Dos de los tres integrantes del directorio del Hotel Waldorf se desempeñaban en la misma fecha como funcionarios de esa entidad bancaria, siendo designados por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en esos cargos. El contador Santiago Carnero fue nombrado en 2010 director del BCRA y en 2011 asumió como superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias de ese mismo banco. Su función era ejercer el poder de fiscalización y policía sobre los bancos, financieras y agencias de cambio. Y en sus ratos libres era miembro del directorio del Hotel Waldorf.

Entre 2007 y 2010 Carnero fue miembro del Directorio de la compañía YPF en representación del Estado Nacional. Se desempeñó además en la Comisión Bicameral de Control de las Actividades y Gastos de Inteligencia del Congreso de la Nación. Su hijo homónimo también se desempeñó como asesor del directorio del Banco Central en el mismo período, percibiendo un salario cercano a los 20.000 pesos, sueldo muy alto para aquellos años.

El síndico del Hotel Waldorf no era la excepción. Era Hugo Carlos Álvarez, quien a la misma fecha cumplía la misma función en el Banco Central, donde había ingresado en 2009. Álvarez tenía como función «fiscalizar» la observancia de las leyes por parte de dicha entidad. A su vez era el contador de Osvaldo Sanfelice en todas sus empresas. Una vez vencido el nombramiento de Álvarez por un período de cuatro años, Cristina Kirchner por Decreto (N° 1.669/2013) lo designó nuevamente síndico titular del Banco Central. Renunció en diciembre de 2015 con la asunción del nuevo gobierno.

La síndico suplente era Corina Ivone Muriel, prosecretaria electoral de la Justicia Federal de Santa Cruz a la fecha de su designación en el Hotel Waldorf. Y aún hoy continúa en el cargo.

El otro, César Gustavo Virgilio, trabajó como docente en Río Gallegos, luego se desempeñó en la inmobiliaria Sanfelice Sancho & Asociados, de Máximo Kirchner, y fue empleado de Paraná Metal —una empresa de Cristóbal López— hasta que falleció en abril de 2015. Además, creó, junto a Carlos Sancho, la firma Agosto en noviembre de 2011. Desde entonces, la sociedad no mostró movimientos comerciales. Pero eso cambió a partir de 2013, cuando Sanfelice compró la empresa.

Los antecedentes y calidad del Directorio, inconsistente con la envergadura de la compañía hotelera, marcan una de las características del Hotel Waldorf.

A los hoteles en Santa Cruz y Buenos Aires hay que sumar uno en San Carlos de Bariloche en la Provincia de Río Negro. Se trata de la Hostería El Retorno (sí, tal cual, «El Retorno»), sociedad que figura como titular de la hostería del mismo nombre ubicada sobre la costa del lago Gutiérrez, en el Barrio Los Coihues, en la Villa Arelauquen, a 12 kilómetros del centro de Bariloche sobre la ruta provincial 82.

El inigualable paisaje de la costa del lago Gutiérrez con las montañas nevadas de fondo queda opacado a través de los ventanales rotos de lo que fue el salón de té de la Hostería El Retorno, desmantelada y abandonada a su suerte. Los dueños de la valiosa propiedad poco interés tienen en recuperar la estructura y salvarla. En el año 2018 fue saqueada y destruida parcialmente. Las primeras versiones que surgieron tras el desmantelamiento deslizaban la posible responsabilidad de los empleados despedidos que no pudieron cobrar su indemnización y a cambio se habrían llevado los muebles, aberturas y hasta las chapas del techo. Luego, la Hostería El Retorno sufrió un incendio.

En su mejor época, la hostería contaba con unos 30 empleados y trabajaba todo el año, principalmente en la temporada de invierno por su cercanía con el cerro Catedral. A partir de noviembre de 2013 comenzó a ser administrada por Idea, la empresa de Sanfelice que hacía lo propio en los otros hoteles de la familia Kirchner. Idea pagaba por el alquiler la suma de 15.000 pesos mensuales más el 50% de las utilidades generadas cada año al 31 de diciembre. Pero en septiembre del 2014 el Hotel fue cerrado por obras de remodelación, nunca se suspendió el contrato con la empresa de Sanfelice y desde entonces permanece cerrado. Sin embargo, se encarga de los pagos de servicios básicos así como también de Adrián Gómez, gerente del hotel, que permanece contratado como personal de planta permanente.

Gómez fue también empleado de Panatel, la empresa que le alquilaba el Hotel Los Sauces a la familia Kirchner y desde el año 2017 aparece, además, empleado por el Hotel Nahuel Huapi. Resulta poco probable que un inquilino de un hotel que permanece cerrado se haga cargo de los gastos y el dueño no reclame su restitución. Algunos de esos pagos fueron reintegrados recién en el año 2015, pero desde ese momento continúa a cargo de Idea.

A esto cabe sumarle que Osvaldo Sanfelice intervino en las tratativas de compra del hotel, tal como sucedía con el resto de los emprendimientos hoteleros de la familia Kirchner.

Los emprendimientos hoteleros, como parte de estrategias generales relacionadas con el turismo, suelen ser, en cualquier lugar del mundo, motores del desarrollo de fortunas importantes. Sin embargo, no se advierten tan claramente ni en nuestro país, ni en empresas familiares y mucho menos cuando los hoteles tienen limitada su oferta de alojamiento a lo que puedan aprovechar, por ejemplo, empresas constructoras de obras públicas para alojar a sus ocasionales trabajadores.

El mismo rubro comercial se ha visto más favorecido cuando se incluyen servicios destinados a pasajeros VIP o bien cuando están asociados con casas de juego u otros rubros diversos. Y más especialmente rentables, o al menos eficaces para las finalidades perseguidas, han sido los ejemplos de hoteles que, sin poder mostrar movimientos importantes de pasajeros o actividades, encubrieron el flujo de capitales sin control, disimulando su origen incomprobable relacionado con delitos de diferente tipo y volumen.

La vocación emprendedora y hotelera de la familia Kirchner se desarrolló en simultaneidad con el tiempo en que Néstor y Cristina ejercieron cargos públicos del más alto nivel de representación.

Para algunas personas, entre las que nos contamos, el comportamiento esperable de un funcionario público es, como mínimo, abstenerse de la realización de negocios particulares, inversiones y operaciones que pongan en duda la obtención de privilegios, el acceso a información privilegiada y la confusión de intereses. O simplemente una ocupación de tiempo que los pudiera distraer de aquellos que constituyen su deber primario.

Lo cierto es que los ex presidentes no solo destinaron tiempo y recursos para hacer más grande su fortuna, sino que la sospecha fundamentada es que los hoteles adquiridos con un dinero al que negamos legalidad de origen, fueron utilizados como pantalla para distraer dinero de la actividad criminal de donde se habían obtenido y por tal motivo son bienes utilizados por y para la corrupción. Por tal motivo deberían ser objeto de acciones de extinción de dominio sin perjuicio del correspondiente decomiso anticipado por pertenecer al fallecido Néstor Kirchner.

Estos hoteles fueron factor decisivo del éxito económico de quienes condujeron los destinos de la Nación durante más de doce años.

Capítulo 7

Contadores cómplices

Hablar de lavado de activos es hablar de corrupción y de fraude. Siempre que hablamos de lavado de activos en este libro estamos hablando de las maniobras llevadas a cabo por un conjunto de personas para convertir en lícito un dinero que han adquirido a través de un proceder ilícito. En este proceso, el lavador utiliza varios camuflajes para aparentar licitud de sus operaciones y allí intervienen diferentes profesionales (contadores, abogados, escribanos) que participan de las operaciones.

Estos profesionales no solo deben respetar y cumplir la Ley en el marco de sus actividades, sino que por la normativa argentina son sujetos obligados a reportar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) cualquier operación que resulte sospechosa. Así lo establece la Ley N° 25.246 en su artículo 20. Como carga pública, esos «sujetos obligados» son impuestos como vigías del accionar de sus clientes para poner de manifiesto delitos económicos, dando el alerta a la UIF mediante reportes de operaciones sospechosas (ROS), y así propiciar que la Justicia, en una etapa siguiente, los juzgue.

El contador público se convierte en sujeto obligado, debiendo inscribirse ante la UIF. A partir de esa inscripción, el profesional debe adoptar una política global «antilavado»; debe elaborar un manual de control interno, capacitar al personal, llevar un registro de los ROS e implementar tecnología adecuada en sus trabajos.

El contador público tiene una posición de privilegio para identificar operaciones inusuales o sospechosas en la contabilidad de sus clientes. El respaldo de su tarea se plasma en sus papeles de trabajo, los que le permiten probar que no está encubriendo al sospechoso en maniobras de lavado de activos de origen ilegal.

La actuación del contador público como profesional independiente, así también como auditor externo de información contable y particularmente como quien dictamina los estados contables, trasciende a terceros. Por la especial naturaleza de tales funciones, está sujeto a responsabilidades por actos violatorios de normas legales (de orden civil y penal) aplicables a su actividad. Además, está sometido a regulaciones disciplinarias resultantes de la profesión universitaria ejercida.

Con esta introducción, referida a la responsabilidad de los contadores públicos, dedicamos este capítulo a la actuación de dos contadores que fueron los asesores y guardianes de la fortuna K para cuidar las apariencias de negocios con apariencia de lícitos en lugar del verdadero origen de los fondos: la corrupción.

Y no podemos hablar de los guardianes contables de los Kirchner sin contar la historia de Víctor Alejandro Manzanares, cuyo rostro o identidad permaneció siempre en un marco de desconocimiento o indiferencia para el público general. Claro, no se trataba de un funcionario público. Pero está claro que, como pocos, su nivel de cercanía personal y profesional con la familia Kirchner le ha dado un lugar de relevancia en el manejo e implementación de los negocios familiares. Su función ha resultado imprescindible, fundamental. Por eso ha sido que muchas veces se le encomendaron tareas especiales, siempre en relación con los pagos de coimas, inversiones, presentación de declaraciones juradas y tal vez en algunos casos prestando su propio nombre para operaciones que podrían ser propias. O no. No ha sido casual tampoco el hallazgo de altos niveles de enriquecimiento personal de este contador que exceden las posibilidades de un simple asesor técnico. Sus funciones estuvieron bien directamente vinculadas con la administración y disposición de los bienes integrantes del patrimonio familiar. Pocos como Manzanares conocerán con tanta precisión los negocios, operaciones, transferencias, entretelones. Pero, como en el caso del resto de los arrepentidos, también debe establecerse con seguridad que la principal motivación de sus declaraciones es la búsqueda de una mejora de sus propias condiciones ante la aplicación de la justicia penal hacia quien ahora dice colaborar.

Manzanares es contador público nacional desde el año 1988. Comenzó desempeñándose en el estudio contable de su padre bajo la razón social Manzanares Montané S.C.A. Néstor Kirchner era cliente de dicho estudio contable desde el año 1977, pero en 1990 Raúl Copetti le pidió a Víctor que se ocupara de la contabilidad de los Kirchner. Sin embargo, Manzanares no los veía sino que siempre se manejaba con allegados. Desde 1990 hasta 2007 fue Copetti el intermediario, y a partir de esa fecha y hasta 2016, Osvaldo Sanfelice. Ellos le aportaban la documentación necesaria para efectuar las declaraciones juradas impositivas y las relativas a la Oficina Anticorrupción.

El contador también era el encargado de la facturación de los alquileres de las propiedades de la familia Kirchner y de sus empresas. Pero su papel no terminaba en eso, sino que también se convirtió en un administrador de la fortuna de sus clientes y de sus cuentas bancarias, ya que se encargaba del pago de impuestos y servicios de las propiedades como también de abonar a aquellos prestadores de servicios que se vinculaban con los inmuebles. Esas tareas continuaron en el tiempo, hasta su desvinculación de los negocios familiares.

A partir del año 1992, Manzanares fue nombrado por Néstor Kirchner, entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, síndico del Banco Provincia de Santa Cruz, cargo que ocupó hasta hace pocos meses.

Actualmente Víctor Manzanares se encuentra procesado en la causa conocida como Hotesur y Los Sauces bajo el cargo de organizador de una asociación ilícita que sustraía fondos al Estado Nacional. Luego, en una etapa posterior, empresarios beneficiados con obra pública devolverían parte de ese dinero a Néstor y Cristina Kirchner a través de maniobras de lavado de activos a través de la actividad hotelera y del alquiler de inmuebles. Para lograr este cometido, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, Florencia y Máximo Kirchner y el propio Manzanares, entre otros, diseñaron diversos esquemas de reciclaje de activos con la finalidad de justificar a través de actividades de apariencia lícita —hotelera e inmobiliaria— que las empresas que habían recibido los fondos públicos y otras firmas intermedias pertenecientes a los conglomerados societarios de los empresarios beneficiados, canalizaran fondos hacia los ex mandatarios y sus hijos.

Lógicamente, siendo aquellos las máximas autoridades de la República, dada su posición institucional y la publicidad de sus declaraciones patrimoniales, su fortuna no podía demostrar a través de la documentación formal el incremento que había obtenido realmente. Una explicitación tan obscena como injustificable. Y para ocultar estas situaciones era necesario un contador amigo, bien dispuesto. Bastante imparable resultaba ya la visualización que iban teniendo en sus respectivos patrimonios aquellas personas que habían sido favorecidas con contratos de obra pública, concesiones estatales en distintas actividades y habían recibido beneficios impositivos ilegítimos. El contador, entonces, fue quien, con toda su pericia, puso en marcha los distintos esquemas de lavado de activos para canalizar a través de decenas de millones de pesos que aumentaron significativamente el patrimonio de sus clientes.

Avanzados y ampliados los negocios familiares, además de contar con los amigos de siempre, la decisión fue incorporar a la organización criminal a su hijo, Máximo, quien formaría junto a su padre la empresa Hotesur y con ambos progenitores la empresa Los Sauces, de la que a su vez sería presidente, ocupándose de realizar en nombre de aquellos y en representación de las sociedades la adquisición de propiedades, la firma y cobro de cheques con los que se canalizaban los fondos, la firma de contratos de locación y todos los demás actos a los fines de configurar, ejecutar y sostener la asociación delictiva, beneficiándose a su vez con su producido.

Con posterioridad al fallecimiento de Néstor, se sumó Florencia, quien a partir de allí brindaría su aval y aprobación a la operatoria ilegal que venían desarrollando sus padres y su hermano a través de las sociedades Hotesur y Los Sauces, participando además de la administración del patrimonio personal de su padre.

A su vez, desde el papel de vicepresidenta de la última entidad y empleada de la misma, se ocupó de la adquisición de propiedades y retiró dinero que previamente había sido aplicado a las actividades hotelera e inmobiliaria, bajo las cuales la organización reciclaba los fondos ilícitos.

Cuando las cuentas no dan

Ahora bien, para instaurar, ejecutar y sostener los planes tendientes a apropiarse de los fondos públicos, los responsables se valieron de la colaboración de distintos profesionales —escribanos, abogados y contadores— para el diseño de un andamiaje societario, legal y contable que les permitiría canalizar fondos desde las empresas de los grupos de Lázaro Báez e Indalo, de Cristóbal López, y a su vez, junto con distintas personas de confianza que ocuparían cargos en las sociedades involucradas, suscribirían los contratos que permitirían justificar las relaciones comerciales y cobrarían los cheques o recibirían las transferencias a través de los que fluían los fondos, logrando así blanquear el origen espurio del dinero e integrarlo a su patrimonio con apariencia lícita, lo que les permitía disponer libremente de aquel.

En tal sentido, la organización criminal contó dentro de sus miembros con los escribanos, quienes, entre otras cosas, se ocuparon de instrumentar la adquisición de propiedades, la constitución de las sociedades, los poderes con los cuales se desempeñaban los distintos miembros de la asociación.

Pero la Justicia le otorga un rol fundamental a Víctor Manzanares, catalogado como el encargado de organizar el andamiaje contable sobre el que descansarían las maniobras de lavado de activos a partir de las que se apropiarían de los fondos. Para ello, aportó en su calidad de contador público los conocimientos técnicos para que las empresas adquiriesen la estructura necesaria a los fines de desarrollar la actividad ilícita, llevó adelante la contabilidad de las firmas involucradas, como también la de los integrantes de la familia Kirchner, y participó en la administración de inmuebles de la sociedad y de la familia. A su vez, ejerció un rol directivo en una de las empresas de la familia Kirchner: Co.Ma SA.

Manzanares negó que en todas las instancias se hubieran efectuado operaciones de lavado de activos mediante las empresas Los Sauces y Hotesur, enfatizando, al igual que la familia Kirchner, que los movimientos económicos de las compañías se encontraban bancarizados, permitiendo una total trazabilidad de los fondos. Indicaba, además, que las irregularidades detectadas en sus libros societarios o en determinadas operaciones tenían que ver con la naturaleza familiar de las empresas.

Pero a lo largo de sus intervenciones judiciales fue mutando en sus actitudes. De una defensa a ultranza de la familia Kirchner en sus primeras indagatorias, terminó convirtiéndose en arrepentido en la causa conocida como Los cuadernos de la corrupción K y ventiló cómo se movilizaban bolsos con dólares a través de los aviones presidenciales que viajaban desde Buenos Aires hasta Santa Cruz y cómo se depositaban esos bolsos en propiedades de la familia Kirchner. Reconociendo, incluso, su participación personal en algunos de esos traslados.

Sus cambios de estrategia tuvieron origen en sus abogados defensores. En una primera etapa fue representado por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Luego fue asistido por un defensor oficial y allí evaluó en varias oportunidades la figura del arrepentido. Finalmente, con la defensa y el asesoramiento de los abogados Herrera y Baldini, Víctor Manzanares decidió colaborar con la Justicia.

Se sintió solo y abandonado luego de caer detenido en julio de 2016, cuando se detectó que percibió alquileres de los Kirchner por fuera de las medidas judiciales dictadas en las diferentes causas donde se los investigaba. Luego de que el juez Claudio Bonadio dispusiera la intervención de la sucesión de Néstor Kirchner, con la remoción de su administrador (Máximo Kirchner), Manzanares inscribió en AFIP el Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, para cobrar los alquileres de los inmuebles familiares y así vulnerar las medidas judiciales. En mayo de 2017, el juez extendió la intervención al mencionado condominio, luego de comprobar que a través de esta figura continuaron con la cobranza y facturación correspondiente a los alquileres de inmuebles que formaban parte de la sucesión (a pocos días de su intervención). También se comprobó que los alquileres los cobraron en efectivo ya que no contaban con cuentas bancarias ni acreditaciones en cuentas de su titularidad.

Frente a ello, a principios de junio de 2017, Víctor Manzanares facturó por los alquileres correspondientes a los inmuebles del condominio y envió una nota a los inquilinos informando que a partir de ese momento debían realizar los depósitos de dinero en una caja de ahorro a nombre de Carlos Sancho. En esa nota mencionaba que correspondía que depositaran en esa caja de ahorro ya que el Banco Santa Cruz no había efectuado, razones administrativas, la apertura de la cuenta bancaria solicitada. En total, Máximo y Florencia Kirchner percibieron durante el 2017, vulnerando las medidas judiciales y los embargos trabados, más de dos millones de pesos ($2.119.704), gracias a las maniobras del contador Víctor Manzanares. Luego de que este mecanismo fuera detectado, Manzanares fue detenido. Claramente, había un intento de entorpecimiento de la acción de la Justicia que, cometido por el contador, lo hacía pasible de su detención.

El abandono que experimentó por parte de la familia Kirchner fue crucial para que comenzara a hablar acerca de las maniobras fraudulentas que llevaban a cabo. Sintió que le habían soltado la cuerda y que lo mejor era cuidarse y defenderse solo, emprender una nueva estrategia para desvincularse de los otros imputados. Sabía demasiado. Eso también ponía en peligro su propia vida y a su familia. Y prefirió ir en búsqueda de la protección judicial a cambio de entregar parte de lo mucho que conocía por haber actuado tanto tiempo en un rol central para el manejo contable de negocios y propiedades de la familia que gobernaba el país.

Una de sus declaraciones más reveladoras ocurrió a fines de 2017, en el marco de la Causa Hotesur, cuando ratificó lo denunciado por nosotras en relación a la adulteración de los libros de la empresa, a través de un recurso por demás vulgar: tachar los libros con liquid paper. Manzanares declaró que él mismo había realizado esas enmiendas por solicitud de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de que borrara su nombre de las actas una vez iniciada las investigaciones judiciales. Esas maniobras acompañaban en ese tiempo los intentos de la señora para insolventarse, para disimular o eludir responsabilidades propias. Y fue el momento culminante en el cual ella misma terminó de involucrar a sus hijos para que fueran ellos quienes, finalmente, debieran rendir cuentas ante la Justicia. Entre otras cosas, ella ordena a Manzanares reemplazar su nombre por el de su hijo.

Finalmente, en febrero de 2019, Manzanares fue aceptado como imputado colaborador por el juez Claudio Bonadio. A partir de entonces no solo describió la metodología y proceso de resguardo de los bolsos con dólares y euros que eran el producto de la corrupción, sino que también brindó datos muy importantes sobre el sobreseimiento dictado a la familia Kirchner en el marco de la causa que instruyó el entonces juez Norberto Oyarbide. Existen certezas de que ese sobreseimiento, fundado en un informe pericial, fue manipulado a los fines de favorecer a los imputados. Manzanares ratificó esta certeza al confirmar que, por solicitud de Néstor Kirchner, en el año 2009 se reunió en varias oportunidades con el ex juez Oyarbide y, después de beber champagne y comer masas finas, acordaron el peritaje y el resultado de la causa. Hubo una reunión con algunos peritos del cuerpo de la Corte Suprema y, a pesar de que la documentación no era consistente sobre las ventas de las propiedades, la causa se cerró con el sobreseimiento del matrimonio. Habían pasado tan solo cuatro meses desde aquel encuentro regado con champagne.

No solo Víctor Manzanares resulta clave para analizar el circuito del dinero K. Un contador menos conocido es el otro guardián del dinero. Se trata de Hugo Carlos Álvarez, quien se desempeñó como síndico del Banco Central de la República Argentina, a la par que «arreglaba» los números de los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz y del Hotel Waldorf en la Ciudad de Buenos Aires.

Como síndico, Álvarez tenía como función «fiscalizar» la observancia de las leyes por parte de dicha entidad. Igual función desempeñaba en el Hotel Waldorf al mismo tiempo que ejercía como contador de Osvaldo Sanfelice en todas sus empresas, encargándose de que los números cerraran a pesar del abrupto crecimiento patrimonial del hombre que escondía a los Kirchner bajo su fachada. La primera vez que Álvarez ingresó al Banco Central fue en 2009. El nombramiento entró al Congreso con el orden del día 394 y obtuvo la aprobación de la Comisión de Acuerdos en septiembre de dicho año. La designación lleva la firma del entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Economía y futuro vicepresidente procesado por maniobras burdas de corrupción, Amado Boudou.

Una vez vencido el mandato de Álvarez en su función, por un período de cuatro años, Cristina Kirchner, mediante el decreto N° 1.669 del año 2013, lo designó nuevamente como síndico titular del Banco Central. Renunció en diciembre de 2015, con la asunción del nuevo gobierno.

Álvarez y Manzanares fueron socios en una consultora en Río Gallegos (Consultora Map), dedicada a realizar auditorías contables, y trabajaron juntos muchos años prestando servicios de contaduría a diferentes funcionarios del mundo K.

Entre los ex funcionarios clientes de Hugo Álvarez podemos mencionar a José López, Julio De Vido y su esposa, entre otros. Claro que todos están siendo investigados por enriquecimiento ilícito ya que no pudieron justificar ni siquiera el patrimonio blanco declarado, además de que sobre ellos recayeron fuertes sospechas de que se valían de prestanombres para ocultar parte de su fortuna.

Entre sus cargos provinciales, el contador fue jefe de administración de la gerencia en Río Gallegos de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. También fue asesor impositivo y contable del Banco de Santa Cruz en la época en la que Lázaro Báez trabajaba allí.

Al igual que Víctor Manzanares, quien posee más de una decena de propiedades en Santa Cruz solo a nombre propio, sin contar los inmuebles en que figura como titular de las personas jurídicas de las cuales es accionista, Álvarez supo adquirir y capitalizarse con varios inmuebles y cocheras en la Ciudad de Buenos Aires, en Santa Cruz, en Pinamar y en el barrio privado Campos de Roca, de Brandsen.

Los nombres se repiten en el entramado de la búsqueda de los millones de los Kirchner. Detrás de los hombres del poder están los personajes que se mueven en las sombras y que manejan las cuentas en aparente legalidad y las coartadas ante la ley. Algunos ya empezaron a quebrarse tras verse procesados, embargados y solos. Otros, sin embargo, continúan disfrutando de las riquezas que su fiel desempeño a la organización les generó. O esperan pasivamente el momento de salir de sus encierros obligados para reencontrarse también con lo que quede de esas fortunas mal habidas.

Capítulo 8

El juego de Cristóbal

Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, a partir de una estrecha relación personal y comercial con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, lograron construir un grupo empresario compuesto de múltiples sociedades vinculadas.

En ese contexto, López y De Sousa defraudaron al Estado Nacional, logrando que una de sus empresas, Oil Combustibles, se apropiara en forma ilegal de fondos del fisco nacional y contara con ingresos millonarios. Ello ocurrió ya que Cristóbal López y Fabián de Sousa adquirieron el fondo de comercio de Petrobras consistente en una amplia red de estaciones de servicio y una refinería y crearon una firma que se ocuparía de la producción y expendio de combustibles. Desde la AFIP permitieron que, a partir de que la firma comenzó a funcionar en el año 2011 y hasta el año 2015, no pagara el tributo que era cobrado a cada consumidor, al tiempo que le concedieron facilidades de pago a través de distintos planes. En forma simultánea, los empresarios se dedicaron a descapitalizar la empresa y se enriquecieron a costa del erario público, lo que generó un perjuicio para el Estado superior a los 8 mil millones de pesos. Lo que no es poco.

Luego, López y De Sousa idearon un mecanismo para que parte de estas ganancias ilícitas llegaran al entorno de los ex Presidentes con la apariencia de haber sido obtenidas en forma legal. Para ello, armaron un circuito basado en el alquiler de inmuebles, locación de servicios y alquiler de maquinaria que les permitió canalizar regularmente fondos a favor de sociedades-pantalla cuya función consistía en recibir dinero y aplicarlo en inversiones mediante un proceso de reciclaje.

De esta forma, se instauró un sistema de blanqueo que consistió en circular dinero desde la empresa Oil Combustibles hacia otras empresas del grupo a través de préstamos y luego establecer una relación comercial con Osvaldo Sanfelice y sus empresas-pantalla como intermediarios de los Kirchner.

Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray fueron procesados el 19 de febrero de 2017 por el delito de administración fraudulenta agravada al haberse cometido en perjuicio de una administración pública. Fueron embargados por la suma de $17.042.509.692 y, en el caso de López y De Sousa, detenidos preventivamente.

Tres sociedades pertenecientes al Grupo Indalo (Alcalis de la Patagonia, Oil M&S y CPC) habrían derivado fondos, previamente defraudados al Estado Nacional, a la firma Agosto, propiedad de Osvaldo Sanfelice y de su esposa Marta Leiva.

Agosto pasó de ser una empresa inactiva a crecer en forma repentina gracias a los contratos con el Grupo Indalo. La sociedad fue constituida el 7 de septiembre de 2011. Sus socios fundadores fueron César Gustavo Virgilio y Carlos Alberto Sancho y su objeto social consistía en las actividades inmobiliarias, comerciales, constructora y agencia de viajes y turismo. El 11 de mayo de 2012, Virgilio transfirió a favor de Sanfelice su participación accionaria en la firma a cambio de $ 60.000, mientras que Sancho hizo lo mismo en beneficio de Marta Leiva, representada por su esposo, por una suma de $ 15.000. Esta empresa registraba el mismo domicilio que la inmobiliaria de la familia Kirchner: calle Néstor Kirchner 496, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

La práctica demuestra que es habitual en las maniobras de lavado de dinero que las personas intervinientes opten por adquirir múltiples sociedades constituyendo un mismo domicilio como una forma de centralizar y controlar la compleja operatoria, siendo un denominador común la falta de capacidad tanto estructural como económica para justificar los montos canalizados por medio de las mismas.

Agosto SA facturó entre octubre de 2013 y agosto de 2016 un importe total de $38.695.072,96 al Grupo Indalo. Además, fue notorio el crecimiento de su patrimonio neto, que pasó de apenas un capital de ciento veinte mil pesos ($120.000) antes de iniciar la relación con el grupo de Cristóbal López hasta alcanzar una suma de más de quince millones de pesos ($ 15.742.637,92) al finalizar el ejercicio del año 2016.

En esa dirección, Agosto no registró empleados hasta octubre de 2015, momento en el cual se inscribieron Marta Leiva y su hermano Oscar Leiva. Esta circunstancia acrecentó la sospecha sobre la real operatividad de la empresa, ya que Agosto no posee otros empleados más que Marta y Oscar Leiva, quien además fue apoderado de la firma Los Sauces y trabajó para la firma CPC.

Las empresas de Cristóbal López alquilaban a Sanfelice camiones que utilizaban para las obras públicas que les adjudicaba el gobierno de Cristina Kirchner. Lo llamativo era que el valor de alquiler que pagaba era tan alto que en tan solo cinco o seis meses de alquiler podría haber adquirido los rodados y prescindir de la locación. Resultaba contrario a la economía de cualquier empresa alquilar insumos por un valor superior al del mercado.

El rol que desplegó Sanfelice dentro de la estructura comercial queda también en evidencia si se advierte que es socio, junto a Cristóbal López, de la firma Talares de Posadas y también figuraba como empleado de Alcalis de la Patagonia, además de facturar considerables sumas mensuales a distintas empresas del Grupo Indalo en concepto de locación de servicios. Además, hemos detectado otras operaciones que le permitieron a Sanfelice receptar fondos procedentes del grupo Indalo. En particular, se destaca el alquiler de diferentes inmuebles por parte de la empresa CPC como también el alquiler por parte de la empresa Paqariy de la casa ubicada en Puerto Panal, en la localidad de Zárate, Provincia de Buenos Aires.

Pero también Osvaldo Sanfelice actuaba dentro del Grupo Indalo como un socio oculto, a quien se le notificaban las decisiones más importantes y se lo invitaba a las reuniones de la mesa directiva.

Sanfelice fue titular de diferentes empresas cuyo objetivo primordial era hacer negocios y facturar millones de pesos a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Además de ser accionista de múltiples empresas vinculadas comercialmente con estos dos empresarios, también les brindaba asesoramiento inmobiliario en forma individual.

Tampoco podemos dejar de mencionar cómo López y De Sousa, a través de su empresa Inversora M&S, incorporaron como empleada a Romina Mercado y le alquilaron a la empresa Los Sauces de la familia Kirchner las propiedades que posee en los edificios Juana Manso y Dique del Complejo Madero Center —un dúplex con cinco cocheras y un departamento con tres unidades complementarias.

Por su parte, otro punto llamativo en la estructura del grupo Indalo es la empresa que controla a la cabeza del grupo, Inversora M&S. Se trata de una sociedad off shore panameña denominada Nitzon Holdings Inc. Esta empresa panameña giró importantes sumas de dinero al grupo de Cristóbal López. Por ejemplo, en 2009, a los pocos días del primer depósito de más de 10 millones de pesos, Nitzon Holdings realizó otro depósito de $ 18.250.000 que se tradujo en un nuevo aumento de capital de la principal empresa del Grupo Indalo. Así, Nitzon Holding (cuyos dueños se desconocen) se convierte en accionista mayoritaria de Inversora M&S SA, al punto de detentar más del 75.5 por ciento del capital total.

En la primera asamblea de Inversora M&S, en la cual desembarcó la empresa panameña, compareció representada por Gustavo Federico Larriera Mendivil (financista relacionado con la creación de cientos de empresas off shore e investigado por lavado de dinero en la Argentina) y posteriormente lo hizo a través de Fabián de Sousa.

Esta misteriosa empresa off shore extranjera continúa siendo accionista de Inversota M&S hasta la actualidad, con más del 70 por ciento de las acciones que componen el capital social (el 15,58 por ciento restante pertenece a Cristóbal López, el 4,64 por ciento a Fabián de Sousa y el fideicomiso CML II es titular del 7,99 por ciento).

Nitzon Holding INC se inscribió en la Argentina varios meses después de realizar los depósitos millonarios en las cuentas de Inversora M&S, esto es el 17 de noviembre de 2009, en la provincia de Chubut. El representante legal designado fue Carlos Fabián de Sousa. La empresa se creó el 9 de abril de 2008 en Panamá. Se trata de una sociedad con acciones al portador. Desde su creación y hasta el año 2014, sus directores en la jurisdicción de origen eran personas vinculadas a la conformación de este tipo de empresas, y desde el año 2014, cinco años después de su desembarco en el grupo Indalo, sus directores son Fabián de Sousa (presidente), Cristóbal López (director) y Nazareno Cristóbal López (tesorero), hijo del empresario imputado. Las empresas off shore están constituidas en paraísos fiscales donde no realizan ningún tipo de actividad económica o comercial. Tienen prohibido el desarrollo de sus actividades en el país de origen. Son entes ideales, generalmente de propiedad anónima, cuyo propósito es una actuación exclusivamente extraterritorial; están creadas para actuar en cualquier lugar del planeta, menos en el propio país de origen, donde lo tienen prohibido, o su actividad es sumamente restringida. Estas empresas se caracterizan por las trabas que generan para que no se conozca a los verdaderos dueños de la empresa.

Además, pueden tener actividad en cualquier parte del mundo y dedicarse a cualquier cosa. No es necesario reunión de socios ni empleados, puede ser accionista de cualquier sociedad en cualquier parte del mundo. Durante muchísimos años esto ha sido admitido, cuando no fomentado, y también tolerado por casi todos los países. Sin embargo, a partir de los cambios que se han producido en el mundo y las advertencias lanzadas por los organismos internacionales —especialmente por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y, particularmente, a partir de la creación, en 1989, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)—, la visión que se tenía de esta operatoria ha ido mutando hasta invertirse y llegar a la condena. Es actual la preocupación de los gobiernos de todo el mundo con respecto a las sociedades off shore y en tal sentido se incorporan medidas destinadas a la recuperación de parte de los ingresos fiscales perdidos por el uso habitual de paraísos fiscales o bien para facilitar el intercambio de información y la identificación del beneficiario final.

Pero lo más llamativo de la participación de Nitzon Holdings en Inversora M&S es que a pesar de resultar el accionista mayoritario de la empresa nunca retiró dividendos desde su ingreso en 2009. Resulta contrario a la naturaleza de las empresas que se constituyen y realizan inversiones a los fines de obtener ganancias, destinar millones de pesos a un negocio en Argentina y no retirar un solo peso de ganancia. Algo muy extraño, que da que sospechar.

Pero no solo su principal accionista no retiró ganancias de la empresa. Cristóbal López declaró en la Justicia que tampoco retiró nunca un solo peso de las empresas del Grupo Indalo. De los más de cuatro mil empleados que tenía el grupo, nunca tomó a ninguno de ellos. Su función fue de accionista y no intervino en el gerenciamiento, administración ni decisiones. Difícil de creer.

Cristóbal López nació en Chubut en 1956. Se inició en el comercio a los 15 años, específicamente en la venta y reparto de pollos de un criadero propiedad de sus padres, actividad a la que se dedicaba en las tardes mientras que a la mañana estudiaba. Se independizó y contaba con varios vehículos de reparto hasta que, a los 19 años, en un accidente de tránsito, perdió a sus padres. Esta tragedia hizo que Cristóbal tuviera que hacerse cargo, siendo un adolescente, de un grupo de empresas familiares. A los 22 años comenzó por su cuenta con una compañía de transportes. En 1991 creó Clear SRL y ganó el contrato de recolección de residuos en Comodoro Rivadavia, Chubut. Compró el concesionario oficial Scania de esa localidad con denominación Feadar SA, y en 1994, expandió la red de concesionarios a las provincias de Río Negro y Neuquén.

En la década del 90 creó la compañía de perforación de pozos petroleros y casino Club SA, empresa que había sido adjudicataria en la licitación pública del casino de Comodoro Rivadavia. En 1994, fundó la empresa Tsuyoi y fue representante de la marca Toyota en las provincias de Chubut y Santa Cruz.

Fabián de Sousa era contador de la empresa y juntos fundaron Oil M&S, una empresa de servicios petroleros. De Sousa no tenía dinero, pero López le cedió el 30 por ciento de las acciones, con la condición de que se hiciera cargo de la compañía.

La Justicia determinó que los empresarios mencionados, junto con los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, conformaron una asociación ilícita que tenía como finalidad lavar el dinero obtenido en forma ilegal y repartirlo.

Se trata de las mismas personas y empresas que siempre se entrelazan a los fines de constituir negocios millonarios sin antecedentes en el rubro. La misma sede social para múltiples empresas, los mismos socios que a su vez se vinculan con negocios con la familia Kirchner y los mismos empresarios beneficiados con negocios con el Estado que se mezclan con empresas fantasma a los fines de retornar sumas millonarias. Un modus operandi que funcionó en forma aceitada hasta que la Justicia comenzó a investigar las denuncias que presentamos.

Capítulo 9

Verdad y justicia

Verdad para saber exactamente el origen de la degradación institucional y sus consecuencias de orden económico-social de los últimos años. Solo conocer y reconocer con precisión lo que ha ocurrido para poder deslindar responsables, evitando generalizaciones que siempre implican el disimulo sobre quienes verdaderamente estuvieron en el centro de las decisiones y de los beneficios. Para evitar esa consecuencia casi natural de poner a todos bajo el mismo manto de sospecha o a toda la política en la mira del dedo acusador.

Justicia para asegurar que quien las hace las paga, que nadie se la lleva de arriba, que cumplir las leyes es el mejor camino para elevar nuestra condición de ciudadanas y ciudadanos y también los parámetros éticos que nos marcan como conjunto. Salir de la cultura de la impunidad donde todo se tolera porque parece que no vale la pena hacer las cosas bien. Reconstruir un modelo de ejemplaridad en los liderazgos políticos y sociales. Garantizar que la Justicia será, siempre y en todos los casos, la encargada de dar a cada cual lo que le corresponde. Y que tenemos un orden dentro del cual las instituciones funcionan como deben y cumplen las atribuciones y deberes que tienen asignadas en el marco del estado de derecho.

Esto constituye el grito más fuerte de las conciencias que no se resignan, que no se entregan, que no se venden al mejor postor. También de quienes no callan ni por miedo ni por complicidad.

Este libro pretende ser un aporte para hacer escuchar ese grito. Se trata de una contribución para el buen hacer de cada cual en el lugar en que nos toca estar.

Como ya lo hemos dicho, no existe animosidad ni intencionalidad política. Es una nueva búsqueda, poniendo sobre la mesa lo que tenemos, lo que hemos conocido, lo que hemos deducido, lo que creemos indispensable para que también exista un juicio o una condena social que nos dignifique como nación en el reproche sobre aquellas conductas que degradaron la política y las representaciones populares.

Por eso hemos hablado de los poderes del Estado, pero también nos ponemos en el lugar de una ciudadanía que expresa esta contradicción entre el reclamo del bien y la tolerancia del mal.

Por eso es que preguntamos y nos preguntamos cómo alguien que tiene once procesamientos por delitos vinculados con la corrupción, puede no solo ocupar una banca en el Senado, ejercer un mandato legal, tomar decisiones sobre el presente y el futuro delos argentinos, sino también volver sobre su propia historia con la pretensión de retornar a los lugares de poder desde los cuales se ejecutaron todos los hechos de los que hemos dado cuenta.

Especialmente, nuestra advertencia sobre la falta absoluta ya no solo de una defensa respecto de las imputaciones que se le han formulado, ni siquiera una autocrítica, un reconocimiento. Porque entonces, lo que ello implica es, tanto para la ex Presidenta en lo personal como respecto de quienes acompañan y convalidan lo hecho, en caso de volver al poder, todo volvería a ser igual, y todo lo que se hizo sería reiterado y todo vale y el Estado seguiría siendo la caja desde la cual no solo hacer política sino obtener privilegios, facilitar negocios personales e incrementar los patrimonios personales. Porque exactamente eso es lo que ocurrió, de lo que nadie reniega ni se arrepiente. Al contrario, muchos exhiben el orgullo de lo hecho sin siquiera deslindar los episodios que judicialmente se ventilan.

Para poder analizar integralmente lo que pasa con ella (o con ellos si tomamos también a los demás integrantes y piezas del sistema de corrupción vigente en los doce años de gobierno kirchnerista), también hay que mirar con cuidado el rol de algunos miembros del Poder Judicial, que siempre se acomodan según los tiempos electorales y la lectura de las encuestas. Las causas avanzan o se detienen según los avatares del mapa político que les debería ser absolutamente ajeno.

Iniciamos nuestra primera denuncia de corrupción contra funcionarios que estaban en el gobierno en el año 2014 y aún hoy, pasados cinco años, no se sabe cuándo comenzará, entre otros, el juicio oral unificado por las causas Hotesur y Los Sauces. Esas causas son parte fundamental del entramado delictual que comienza a ventilarse en Comodoro Py. Las miradas parciales serán insuficientes para entender el papel que han jugado los diferentes actores y cómo se vinculan los hechos, las sociedades y los negocios. Desentrañar esa maraña de relaciones mafiosas requiere de una puesta a punto de todos los procesos, con una debida articulación entre todos ellos, y un cuidadoso tratamiento de todos los elementos de prueba existentes en las diversas causas.

La lentitud, inmovilidad o inacción tienen múltiples motivaciones y pocas explicaciones saliendo de la burocracia y lentitud tan propia de este poder del Estado que atenta con volverlo injusto o contrario a aquello que tiene fijado como objetivo principal de su quehacer. La lentitud es la principal garantía hoy de la impunidad de la que gozan las personas investigadas.

Sin embargo, tampoco es que todos los responsables se encuentran del mismo lado del mostrador. Tampoco en el poder a cargo exclusivamente de la política, se ha advertido un verdadero compromiso para que los procesos avancen, las cosas se sepan y las condenas lleguen.

No es suficiente atribuir «a la Justicia» de manera excluyente, la lucha contra la corrupción. Al contrario, si de un lugar debe partir esa voluntad, es de la política.

El gobierno, el Poder Ejecutivo, no imprimió a su acción la firmeza para colaborar con la investigación de los delitos que se habían cometido en el gobierno anterior. Tampoco nos vamos a detener a analizar cuáles fueron las razones. Las hay varias y de diferente orden. Hasta nos animamos a decir que prácticas irregulares se repiten y entonces no parecen tan condenables por quienes gobiernan hoy.

También en el orden de las especulaciones, la estrategia de polarización ha puesto en evidencia la necesidad de tener siempre enfrente y sobre el escenario a la señora Fernández de Kirchner, con la mezquina visión de los réditos electorales que ello podía ocasionar al Presidente en sus intentos de aprobación y reelección.

Nada de eso ha tenido buenos resultados, ni siquiera en aquellos pequeños que pudieran buscarse. Creemos que muchas actitudes también han provocado la parálisis en las causas porque aparecía como más conveniente tenerla en esa centralidad.

El Poder Legislativo también podría ser objeto de nuestro reproche, constituyéndose en el escudo protector de quienes, pese a tener imputaciones, procesamientos confirmados y hasta condenas, siguen ejerciendo sus cargos por la negativa a considerar los pedidos de desafuero que llegaron desde la Justicia.

La senadora por la Provincia de Buenos Aires tiene cinco pedidos de desafuero y esta Cámara del Congreso se niega a tratarlos hasta que exista condena firme. Sabiendo, incluso, la eternidad que ello implica en los términos de la administración de justicia.

Tampoco se ha visto la intención de considerar la reforma de normas procesales para impedir estas situaciones, a través de la limitación de las instancias recursivas para quienes son acusados de delitos cometidos en el ejercicio de cargos públicos y en contra del Estado.

La inmunidad para los legisladores tiene como finalidad facilitarles su concurrencia al Congreso; para garantirlos contra las restricciones o intimidaciones en el desempeño de sus deberes; para facilitar la comunicación entre ellos y sus constituyentes inmediatos.

Como lo hicimos en el Prólogo, volvamos a nuestra Carta Fundamental. En primer lugar, el artículo 68 de la Constitución Nacional indica: «Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador».

El artículo 69 sostiene: «Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto en el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho».

Finalmente, el artículo 70 deja en claro: «Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento».

Estas inmunidades no constituyen fueros personales, ni privilegios —que la Constitución prohíbe expresamente— sino que la finalidad es la de proteger al legislador en su función, es decir en el ejercicio de sus actividades, garantizando así la libertad de expresarse tanto como su libertad personal que no podría ponerse en riesgo con una amenaza infundada de arresto.

Sin embargo, la ley 25.320 establece un sistema de verdaderos privilegios, que constituyen una irritante lesión al principio de igualdad. Es injusto que a quien alcanza una representación fundada en el voto popular sea investido de poderes que implican una situación de privilegio. La ley no puede permitir que sean utilizados irrazonablemente, con fines distintos a los que tuvo en miras el constituyente. Mucho menos que a partir de esa posición puedan excluirse de una persecución judicial a la que estamos sometidos el resto de la ciudadanía.

Aclaremos: la ley 25.320 se sancionó el 8 de septiembre del año 2000 y fue promulgada cuatro días después. Esta ley establece el «Nuevo Régimen de Inmunidades para Legisladores y Magistrados». Este «nuevo régimen» nos lleva al absurdo de tener, por ejemplo, en la Cámara de Senadores y en funciones a varios senadores procesados o condenados por la autoría de varios hechos delictuosos graves, negándose el cuerpo a desaforarlos.

Debe quedar muy en claro que las inmunidades parlamentarias no son escudo constitucional para alentar la impunidad, sino herramientas para salvaguardar el ejercicio de las funciones que la Constitución acuerda a los congresales en su condición de representantes de la voluntad popular.

Al respecto, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia destacó que «la vigencia de este principio tiene su fundamento en evitar, en la máxima medida, que se coarte la presencia efectiva de la representación popular que hace a la esencia de nuestro sistema representativo republicano (1), y configura uno de los factores del delicado equilibrio organizado por los constituyentes en las relaciones que vinculan a los tres poderes del Estado, para evitar que el ejercicio abusivo de sus respectivas atribuciones conspire contra su funcionamiento armonioso, en contra de las finalidades para las cuales ha sido instituido».

Desde el caso de Leandro Alem —que había sido elegido senador y fue detenido a raíz de la revolución de 1890— la Corte Suprema ha sido invariable en señalar: «Este artículo determina la regla ineludible: los miembros del Congreso no pueden ser arrestados; y al lado de la regla coloca la única excepción: en caso de que sean sorprendidos in fraganti en la comisión de algún delito». El fallo añade que esta es la única excepción pues está en juego la propia existencia de los poderes públicos que son la esencia del sistema republicano.

El Congreso de la Nación no es una guarida para quien haya delinquido. La protección constitucional que tienen los legisladores de ninguna manera los hace impunes. Lo que está en discusión es si todos los presuntos delincuentes deben responder ante la Justicia, esta es una regla de cumplimiento sin excepción de ninguna índole. Es más, en los casos de los funcionarios públicos, debe existir respecto de ellos hasta una mayor exigencia calificada por el origen del cargo que ocupan. Del mismo modo que en los casos de enriquecimiento es el funcionario quien debe probar que el origen de su patrimonio es lícito, alterando o revirtiendo la carga de la prueba, también debería procederse para que no tuvieran nunca posiciones de excepción o prioridad frente para lo que es regla para otros. E incluyéndose, por ejemplo, en la misma línea que, frente a la existencia de un procesamiento firme por ratificación en doble instancia, eso solamente debería ser causal de la eyección inmediata de la persona de cualquier lugar o cargo que se encuentre ocupando dentro del esquema de la administración en todos los niveles.

La genuina lucha contra la corrupción exige auditar todo el sistema legislativo, para identificar y eliminar los obstáculos que dificultan la investigación y persecución de quienes incurren en actos de corrupción o respecto de quienes existe una sospecha fundada. Y exige también zurcir los agujeros legales por los cuales se van todos los principios jurídicos y morales que debemos preservar.

Desde cada lugar debemos contribuir a fortalecer el sistema institucional y democrático. Tanto en la ejemplaridad de quienes ocupan posiciones de liderazgo político o social, como también desde una ciudadanía responsable para no tolerar los hechos de corrupción, conductas irregulares o abusos de ningún tipo. La reacción a tiempo nos evitará los daños consecuentes que aún estamos padeciendo. De la ciudadanía en su conjunto depende darle vigencia absoluta a todos los principios proclamados en el Preámbulo de la Constitución Nacional.

1. Cf. art. 22 de la Constitución Nacional.

Apéndice I

Quién es Quién en la ruta del dinero K

Personas, empresas, causas vinculadas a la corrupción kirchnerista, y sus denunciantes

ÁLVAREZ, HUGO: Contador de Osvaldo Sanfelice. Síndico del Banco Central nombrado por Cristina Fernández de Kirchner, función que ejercía al tiempo que auditaba los hoteles de la familia en la Provincia de Santa Cruz. Parte del engranaje de profesionales que participa para esconder el dinero de la corrupción.

ARANDA, RUBÉN: Empresario. Dueño de la compañía Chimen Aike. Ganó diferentes licitaciones en el gobierno de Cristina Fernández y se encargó de la remodelación de sus departamentos. Involucrado en la llamada causa de los cuadernos de la corrupción K, del chofer Oscar Centeno, en el entramado de pago de coimas al gobierno de los Kirchner.

AUSTRAL CONSTRUCCIONES: Empresa principal con la cual Lázaro Báez construyó su imperio. Fue fundada el 8 de mayo de 2003, tan sólo diecisiete días antes de la asunción de Néstor Kirchner. Durante los doce años de poder kirchnerista recibió más de 15.000 millones de pesos en contratos de obra pública. Una vez finalizado el mandato de Cristina Kirchner, se desmoronó de la noche a la mañana, acorralada por las deudas, dejó un quebranto en el Banco de la Nación Argentina y 1.800 trabajadores en la calle, pese al enorme patrimonio de sus dueños. La familia Báez decidió cerrar la constructora en mayo de 2016.

BÁEZ, LÁZARO: Fue empleado del Banco de Santa Cruz y luego tuvo un rutilante salto al mundo empresario, como titular de varias sociedades. En 2003 creó la empresa Austral Construcciones SA, mediante la cual obtuvo la mayoría de los contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Nació el 11 de octubre de 1956 en Corrientes y en 1962 se instaló en el Sur. En 1990 entabló una relación con Néstor Kirchner, quien estaba terminando su mandato como intendente de Río Gallegos y preparaba el lanzamiento de su campaña para disputar la gobernación, elección que ganaría al año siguiente. Socio de la familia Kirchner en varios emprendimientos comerciales, financieros e inmobiliarios. El 5 de abril de 2016 quedó detenido en el marco de la causa conocida como la ruta del dinero K.

BÁEZ, MARTÍN: Hijo de Lázaro Báez y titular de acciones societarias involucradas en maniobras de lavado de dinero. Su patrimonio creció en los últimos años en forma abrupta. En el año 2008 era titular de cinco inmuebles y su patrimonio no alcanzaba el millón y medio de pesos ($ 1.308.398). Ya para 2013, había ascendido a casi treinta millones de pesos ($ 29.864.510). Es el mayor de los varones de la familia y el que ha tenido más protagonismo en el emporio de las trescientos doce empresas del Grupo Austral. No siguió una carrera universitaria. Se desarrolló laboralmente en la actividad comercial a la par de su padre y lo representó comercialmente en países tan diversos como China, España o Italia. Su nombre tomó vuelo propio luego de que se lo viera contando dinero en la financiera Puerto Madero SGI, también conocida como «La Rosadita», en un video que difundió el noticiero de Telefé.

BERALDI, CARLOS ALBERTO: Abogado penalista, representa a la familia Kirchner en todas las causas judiciales, como también a Cristóbal López y a su socio Fabián de Sousa. Anteriormente, fue parte del equipo del ex ministro de Justicia de Carlos Menem y ex ministro de Seguridad bonaerense durante el gobierno de Néstor Kirchner, León Carlos Arslanián. Como juez, en 1985 integró el tribunal que condenó a los militares que participaron de la última dictadura en el Juicio a las Juntas.

BONADIO, CLAUDIO: Juez federal. Estuvo al frente de causas emblemáticas, entre ellas la Tragedia de Once (accidente ferroviario de la Línea Sarmiento ocurrido en febrero de 2012 y que tuvo un saldo de 51 muertos y casi 800 heridos), y fue el primer magistrado que tuvo a su cargo la causa Hotesur. En 2014, en un lapso de siete meses, allanó la empresa que administraba un hotel de la presidenta Cristina Kirchner, mandó a juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou, al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Lleva adelante una megainvestigación conocida como la causa de los cuadernos de la corrupción K, que puso al descubierto la mayor red de corrupción, mediante el pago de coimas que eran asentadas en un cuaderno del chofer Oscar Centeno.

BOUDOU, AMADO: Ex vicepresidente de la Nación durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, entre 2011 y 2015. En el primer mandato presidencial, en 2008, fue designado por Cristina titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y luego, ministro de Economía de la Nación, cargo que asumió en julio de 2009. Es investigado por una gran cantidad de hechos de corrupción, entre ellos la causa Ciccone, en la que ha sido procesado por participar en la compra fraudulenta de la empresa Ciccone Calcográfica, encargada de imprimir papel moneda, así como también por malversación de fondos, falsificación de documentos y estafa.

CARNERO, SANTIAGO. Contador público de Caleta Olivia, muy cercano a los Kirchner. En 2008, fue director titular en representación de las acciones clase «A» del Estado nacional en YPF. En 2011 fue designado como superintendente de Entidades Financieras del banco Central. Durante su gestión se aprobó el pedido de Cristóbal López para comprar el banco Finansur, por donde la Justicia determinó que había pasado el dinero de los bolsos de José López. Su nombre figura entre los que participaron de la compra del Hotel Waldorf.

CIFUENTES, MARIO: Empresario neuquino. Dueño de la empresa de servicios petroleros OPS, que creció en forma abrupta durante los gobiernos kirchneristas, y terminó quebrando luego de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación. Fue denunciado por lavado de dinero por los diputados Sergio Wisky y Leandro López, del Pro. Cifuentes, a su vez, denunció haber sido víctima de extorsiones por parte de una red de espionaje ilegal, como estrategia para salvar su empresa.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: Órgano creado por la Constitución Nacional que tiene a su cargo la administración de justicia, la designación de los jueces y la imposición de sanciones.

DE SOUSA, FABIÁN: Socio de Cristóbal López en el Grupo Indalo. Fue presidente de Indalo Media, la unidad de negocios que incluía el canal C5N y Radio 10, además de las productoras Ideas del Sur y La Corte. El Grupo Indalo fue investigado por la AFIP por haber retenido 8 mil millones de pesos del impuesto al combustible a través de la empresa Oil. De Sousa fue además empresario de casinos. En diciembre de 2017 fue detenido junto Cristóbal López, acusado de fraude al Estado.

DE SOUSA, OSVALDO: Hermano de Fabián. Adquirió departamentos en el mismo edificio de la calle Juncal donde habita la ex Presidenta y se sospecha que fueron utilizados como depósito de los bolsos con dólares producto del pago de coimas. Socio en el grupo Indalo hasta 2014, fue llamado a indagatoria en la causa de los cuadernos de la corrupción K por sus vínculos con la familia Kirchner en los negocios y en el entramado de las coimas.

ERCOLINI, JULIÁN: Nació en 1962 en la Ciudad de Buenos Aires. Se inició en el Poder Judicial como auxiliar en la Justicia de Menores de Morón y luego de recibirse, fue secretario en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín. En 1994 ingresó como relator en la Cámara Federal de la Capital Federal. En la Universidad de Buenos Aires (UBA) es director de la Carrera de Especialización en Administración de la Justicia. Llevó adelante la causa Hotesur y Los Sauces y elevó ambos expedientes a juicio oral luego de procesar a Cristina Kirchner, sus hijos y sus socios contratistas de obra pública por asociación ilícita y lavado de dinero.

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA: Ex Presidenta de la Argentina. Cumplió dos mandatos en la presidencia de la Nación (2007-2011 y 2011-2015). Fue diputada nacional por Santa Cruz entre 1989 y 1995, y entre 1997 y 2001. Entre el 1995 y 1997 y entre 2001 y 2007 fue senadora nacional por esa Provincia. Desde 2017 es senadora por la Provincia de Buenos Aires. Las discrepancias en su declaración jurada del año 2014 dieron pie a que se iniciara una investigación por un supuesto delito de lavado de dinero que se habría realizado mediante Hotesur, la empresa que maneja el Hotel Alto Calafate. Tiene once procesamientos y varios pedidos de detención preventiva, pero no fueron cumplidos por los fueros que le otorga su cargo de senadora.

HOTESUR SA: Empresa creada en 2003 con el objetivo de explotar negocios de hotelería, gastronomía y turismo. Fue comprada por Néstor Kirchner en 2008 con el objetivo de administrar el Hotel Alto Calafate, también propiedad de los Kirchner. Las irregularidades administrativas y financieras halladas en torno al Hotel Alto Calafate hicieron que la compañía se convirtiera en blanco de una investigación que determinó su utilización como pantalla para lavar dinero mediante el alquiler de habitaciones que no se utilizaban por parte del empresario Lázaro Báez y así blanquear retornos por las licitaciones de obra pública que había ganado.

KIRCHNER, FLORENCIA: Hija de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Procesada por asociación ilícita y lavado de dinero en las causas Hotesur. Adquirió un rol importante en las empresas de la familia al ocupar cargos directivos. Fue detectada una caja de seguridad a su nombre en una sucursal del Banco Galicia de C.A.B.A que contenía casi 6 millones de dólares sin justificación, como una maniobra para evadir las medidas cautelares. Viajó a Cuba en tratamiento médico, sin fecha de regreso a la Argentina.

KIRCHNER, MÁXIMO: Hijo de Néstor y Cristina Kirchner. Diputado nacional por la provincia de Santa Cruz desde el año 2015. Estudió periodismo y derecho aunque no terminó sus estudios. Es el fundador de la Agrupación La Cámpora y durante los años de la presidencia de sus padres, fue el encargado de manejar los negocios familiares en las ciudades de Río Gallegos y el Calafate. Fue designado administrador de la sucesión de Néstor Kirchner. Procesado por asociación ilícita y lavado de dinero en las causas Hotesur y Los Sauces.

KIRCHNER, NÉSTOR: Presidente de la Nación Argentina entre 2003 y 2007. Entre 1987 y 1991 fue intendente de la Ciudad de Río Gallegos y desde 1991 a 2003, gobernador de la Provincia de Santa Cruz. En las elecciones de 2009 obtuvo una banca en la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires. Fue también presidente del Partido Justicialista. En 2010 fue designado secretario general de la Unasur. En octubre de ese año falleció a los 60 años debido a un paro cardiorrespiratorio no traumático. Creó una estructura de negocios ilícitos utilizando el poder y los recursos del Estado.

LAKAUT SA: Empresa dedicada a la digitalización, gestión de documentos y firma digital. Obtuvo varios beneficios de los gobiernos kirchneristas, tales como la digitalización y guarda de la información de la Aduana y la condición de autoridad certificante en forma digital. Sirvió de pantalla en operaciones sospechosas de compraventa de inmuebles.

LEIVA, MARTA: Accionista de Idea SA, empresa que administra los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner. No registra impuestos activos en AFIP, así como tampoco actividades económicas. Entre las empresas que constituyó Leiva junto a su esposo Osvaldo Sanfelice se encuentran Inverlife SA e Invernepa SA, ambas dedicadas a los servicios financieros, constituidas en el año 2008 sin actualización de autoridades ni balances en la IGJ. Leiva constituyó junto con su esposo Osvaldo Sanfelice una serie de empresas que sirvieron como pantalla para operaciones de lavado de dinero y encubrir a la familia Kirchner.

LÓPEZ, CRISTÓBAL: Empresario, a través de Grupo Indalo creó un emporio en numerosas áreas, desde los medios de comunicación hasta el juego y el petróleo. En el rubro medios, es dueño del canal de noticias C5N así como también de Radio 10. En 2013 compró el 51% de las acciones de la empresa Ideas del Sur, fundada por Marcelo Tinelli. En abril de 2016 compró el paquete accionario restante y se convirtió en el único dueño de la productora. La forma de acceder a estos diversos negocios levantó sospechas sobre su actuación en el engranaje de corrupción kirchnerista. Su participación en la ingeniería financiera del lavado, en Los Sauces SA, fue investigada por la Justicia. En marzo de 2016 se conoció que López le adeudaba 8.000 millones de pesos a la AFIP como resultado de no haber pagado el impuesto a los combustibles durante los últimos cuatro años. Fue con este dinero que financió su expansión empresaria de los últimos años, además de adquirir títulos públicos en dólares para protegerse contra una posible devaluación del peso.

LÓPEZ, JOSÉ: Secretario de Obras Públicas durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y los dos mandatos de Cristina Kirchner (2007-2015). Durante su paso por el gobierno nacional, fue la mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido y uno de los hombres clave en la adjudicación de los contratos de vialidad a las empresas de Lázaro Báez. Fue acusado en 2011 por Sergio Schoklender de ser el hombre encargado de manejar el negocio que se movía detrás de la vivienda pública en la Argentina. Su patrimonio se incrementó considerablemente: en 2011 declaró un patrimonio de 2,3 millones de pesos, casi once veces más de lo declarado al ser designado secretario de Obras Públicas de la Nación en 2003. Fue detenido en junio de 2016 cuando intentaba enterrar casi 9 millones de dólares en un convento en General Rodríguez.

LÓPEZ, NAZARENO CRISTÓBAL: El mayor de los dos hijos de Cristóbal López. Nació en Chubut en 1984. Es piloto de automovilismo y compite junto a su hermano dos años menor, Emiliano. Los dos fueron imputados por la Justicia en la causa de lavado de dinero que involucra a la empresa Agosto, y los dos declararon que su padre los «ponía y los sacaba» de las distintas empresas que manejaba el grupo Indalo.

LOS CUADERNOS DE LA CORRUPCIÓN K: Nombre con el que se conoce la causa iniciada a partir del contenido de ocho cuadernos manuscritos que pertenecían a Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido. En ellos se detallan direcciones, cifras, fechas, nombres y movimientos de funcionarios y empresarios. Unos y otros se encontraban regularmente para entregar y recibir bolsos con millones de dólares provenientes de coimas en contratos públicos de construcción y energía. Las anotaciones de Centeno fueron hechas públicas por el diario La Nación en agosto de 2018.

LOS SAUCES SA: Sociedad formada en 2006 por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner en calidad de socios fundadores. A través de esta sociedad, la familia Kirchner se dedicó al negocio inmobiliario, compra, construcción y alquiler de propiedades en distintos lugares de la Argentina, desde Río Gallegos y El Calafate hasta la Ciudad de Buenos Aires. Era una inmobiliaria sin empleados, con sede ficticia y sus únicos clientes eran Lázaro Báez y Cristóbal López, quienes pagaban sumas millonarias superiores al valor de mercado.

MANZANARES, VÍCTOR ALEJANDRO: Contador histórico de la familia Kirchner. Tuvo un rol fundamental en el engranaje empresarial de la familia hasta que fue detenido en el año 2017 por maniobras tendientes a vulnerar medidas cautelares judiciales. En marzo de 2019 se convirtió en imputado colaborador y declaró cómo se había logrado el sobreseimiento de la familia mediante la investigación del juez Norberto Oyarbide.

MERCADO, ROMINA DE LOS ÁNGELES: Hija de Alicia Kirchner y sobrina de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Hotesur SA y de Los Sauces SA. En 2015 fue designada por su madre, gobernadora de Santa Cruz, en el cuerpo de abogados de la Fiscalía de Estado de la Provincia. También trabajó en la empresa Inversora M&S, una financiera perteneciente al Grupo Indalo de Cristóbal López. Su patrimonio creció durante los años del poder kirchnerista. Posee departamentos en Capital Federal, terrenos en El Calafate y lotes en Río Gallegos.

MUÑOZ, DANIEL: Fue cobrador del estudio jurídico de los Kirchner a principios de la década del 80, asesor en el gobierno santacruceño en los 90, secretario privado de Néstor Kirchner durante su presidencia y los dos primeros años del gobierno de Cristina. Titular de empresas dedicadas a los negocios inmobiliario, logístico y petrolero y, de acuerdo con un trabajo difundido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), accionista principal de una firma con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que tenía el objeto supuesto de realizar inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos.

OYARBIDE, NORBERTO: Ex juez federal nacido en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, en 1951. Desde la creación del Consejo de la Magistratura, Oyarbide recibió cincuenta y siete denuncias ante este organismo. Fue uno de los jueces de Comodoro Py con más acusaciones en su contra, aunque cuarenta y ocho fueron desestimadas y las nueve restantes se encontraban en trámite al momento de su renuncia en abril de 2016. Entre las polémicas actuaciones que le valieron denuncias ante el Consejo se destaca la difusión de un video del juez en el prostíbulo Spartacus en 1998, cuando fue acusado de recibir dinero y servicios sexuales a cambio de protección. Oyarbide ha sido acusado de frenar el allanamiento a una financiera tras una comunicación telefónica con Carlos Liuzzi, funcionario del Poder Ejecutivo. Fue señalado por favorecer al oficialismo, por ejemplo, en la denuncia contra Cristina Fernández y Néstor Kirchner por enriquecimiento ilícito.

PANAMÁ PAPERS: Investigación periodística global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a partir de una megafiltración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca que descubrió el mundo de las empresas off shore, radicadas en paraísos fiscales y sin realizar ninguna actividad económica, que estuvo oculto por años. Los archivos incluyeron correos electrónicos, listados de sociedades, beneficiarios, actas, escrituras y registros de sociedades off shore intercambiados entre Mossack Fonseca y sus clientes, en los últimos 40 años.

POCHETTI, CAROLINA: Nacida en Neuquén, es hija de Stella Maris Blanco, hermana de la ex esposa del ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta. Vivió la mayor parte de su vida en Río Gallegos, donde desde 2004 militó en el bloque del PJ-Frente Para la Victoria. Poco tiempo después recaló en la casa de Santa Cruz en CABA. En 2011 se casó con Daniel Muñoz y se convirtió en su viuda en 2016. La Justicia considera que Pochetti pertenecía a una red de testaferros que adquirió bienes por 70 millones de dólares, entre los que se destacan condominios de lujo y propiedades comerciales en Miami y Nueva York. 

POLLICITA, GERARDO: Fiscal federal nacido en 1961. Titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11 del Poder Judicial de la Nación Argentina desde 2005. Comenzó su carrera en la década del 80 en los tribunales de Morón y en la década del 90 comenzó a desempeñarse en el ámbito de la Justicia Federal de C.A.B.A. Socio del club Boca Juniors, en 2007 formó parte de una Comisión Asesora en seguridad deportiva creada por Mauricio Macri. Sucesor de Alberto Nisman, en febrero de 2015 Pollicita imputó a Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios y allegados en el presunto encubrimiento de la causa del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido 18 de julio de 1994.

SANCHO, CARLOS ALBERTO: Ex gobernador de la provincia de Santa Cruz. Su mandato fue breve y apenas superó el año, entre marzo de 2006 a mayo de 2007. Renunció a partir de un conflicto docente que terminó en una represión policial que dañó su imagen. Proviene de una familia santacruceña de comerciantes dedicados a negocios inmobiliarios. Junto con César Gustavo Virgilio, fue fundador de la empresa Agosto, que luego pasaría a Osvaldo Sanfelice y a su mujer, Marta Leiva.

SANFELICE, OSVALDO JOSÉ: Alias «Bochi». Es apoderado de Cristina Fernández de Kirchner y fue presidente de Hotesur SA, con potestad para manejar las cuentas bancarias de la empresa. Actualmente es accionista de Idea SA, la compañía que alquila el Hotel Alto Calafate, y titular de la inmobiliaria Sancho Sanfelice y Asociados, de la que también es socio Máximo Kirchner y que aparece como domicilio legal de varias empresas de la familia Kirchner. Su patrimonio se incrementó notablemente mientras Cristina Kirchner estuvo en el poder: en 2008 tenía dieciséis inmuebles y participaciones societarias en dos empresas. En 2013, su patrimonio ya superaba los 11 millones de pesos.

SANTAMARÍA, ARIEL: Ex asesor del secretario de Obras Publicas José López quien, junto a su mujer Claudia Risolía, y a través de la empresa de eventos Multideas S.R.L., recibió fondos públicos para organizar stands en la feria de Ciencia y Tecnología Tecnópolis. Risolía, quien fue directora de Ceremonial de la Subsecretaría de Vivienda y gerente de Multideas, firmó como representante del Ministerio de Planificación un convenio que dio origen a la contratación de su propia empresa, con un presupuesto de más de $ 27 millones. Esta modalidad pudo comprobarse por lo menos durante los años 2010, 2011 y 2012. La empresa Multideas siempre realizó trabajos relacionados con el Ministerio de Planificación que encabezaba Julio De Vido. Organizó, por ejemplo, Expovivienda en el año 2010 y, en esa oportunidad, los funcionarios públicos Santamaría y Risolía tuvieron el honor de que la entonces Presidenta recorriera las instalaciones que montó su empresa de eventos. Su hijo Francisco Martín alquiló a la familia Kirchner uno de sus departamentos.

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF): Organismo encargado de prevenir, detectar y contribuir a la represión penal del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y a la recuperación de bienes producto del delito.

VIRGILIO, CÉSAR GUSTAVO: Conocido como «Pétalo» para sus amigos, trabajó como docente en Río Gallegos, luego ingresó a Negocios Inmobiliarios y figuró como empleado de Paraná Metal, una empresa de Cristóbal López, hasta que falleció, en abril de 2015. Fue socio en la Fundación de Agosto junto con Carlos Sancho y figura como uno de los involucrados en la investigación sobre la compra del Hotel Waldorf.

Apéndice II

Pruebas documentales

¿Dónde están los 2.000 millones de dólares? (anexo Capítulo 2)

Extracto de la resolución del 14/05/2018 en la causa 11352/14 con relación a los embargos.

I.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarla «prima facie» coautora penalmente responsable del delito de lavado de activos, el que concurre en forma real con el de asociación ilícita por el que fuera procesada en calidad de coautora en el marco de la causa nro. 5048/16 de los registros de este tribunal (arts. 45, 55, 210 y 303 inc. 1 del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

II.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ hasta cubrir la suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000). A tal fin, Poder Judicial de la Nación confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

III.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de MÁXIMO CARLOS KIRCHNER, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303, inc. 1 y 2 a del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

IV.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de MÁXIMO CARLOS KIRCHNER hasta cubrir la suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

V.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de FLORENCIA KIRCHNER, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarla «prima facie» coautora penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303, inc. 1 y 2 a del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

VI.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de FLORENCIA KIRCHNER hasta cubrir la suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

VII.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de LÁZARO ANTONIO BÁEZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, el que concurre en forma real con el de asociación ilícita por el que fuera procesado en calidad de coautor en el marco de la causa nro. 5048/16 de los registros de este tribunal (arts. 45, 55, 210 y 303 inc. 1 del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

VIII.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de LÁZARO ANTONIO BÁEZ hasta cubrir la suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

IX.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de MARTÍN ANTONIO BÁEZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303, inc. 1 y 2 a. del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

X.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de MARTÍN ANTONIO BÁEZ hasta cubrir la suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

XI.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de OSVALDO JOSÉ SANFELICE, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303, inc. 1 y 2 a. del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

XII.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de OSVALDO JOSÉ SANFELICE hasta cubrir la suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

XIII.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de ADRIÁN ESTEBAN BERNI, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303, inc. 1 y 2 a del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

XIV.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de ADRIÁN ESTEBAN BERNI hasta cubrir la suma de setecientos cincuenta millones de pesos ($750.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

XV.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de VÍCTOR ALEJANDRO MANZANARES, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303, inc.1 y 2 a del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

XVI.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de VÍCTOR ALEJANDRO MANZANARES hasta cubrir la suma de setecientos cincuenta millones de pesos ($750.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

XVII.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de CÉSAR GERARDO ANDRÉS, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303, inc. 1 y 2 a. del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

XVIII.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de CÉSAR GERARDO ANDRÉS hasta cubrir la suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

XIX.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de RICARDO LEANDRO ALBORNOZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303, inc. 1 y 2 a. del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

XX.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de RICARDO LEANDRO ALBORNOZ hasta cubrir la suma de setecientos cincuenta millones de pesos ($750.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

XXI.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de EDITH MAGDALENA GELVES, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarla «prima facie» coautora penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 278, inc. 1 a y b —ley 25.246— del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

XXII.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de EDITH MAGDALENA GELVES hasta cubrir la suma de setecientos cincuenta millones de pesos ($750.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

XXIII.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de ROMINA DE LOS ÁNGELES MERCADO, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarla «prima facie» coautora penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303, inc. 1 y 2 a del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

XXIV.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de ROMINA DE LOS ÁNGELES MERCADO hasta cubrir la suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 CPPN).

XXV.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de PATRICIO PEREYRA ARANDIA, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303, inc. 1 y 2 a del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

XXVI.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de PATRICIO PEREYRA ARANDIA hasta cubrir la suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

XXVII.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de EMILIO CARLOS MARTIN, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 278, inc. 1 a y b —ley 25.246— del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

XXVIII.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de EMILIO CARLOS MARTIN hasta cubrir la suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

XXIX.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de JORGE ERNESTO BRINGAS, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303, inc. 2 a. del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

XXX.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de JORGE ERNESTO BRINGAS hasta cubrir la suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000) A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

XXXI.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de JULIO ENRIQUE MENDOZA, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303, inc. 1 y 2 a del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

XXXII.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de JULIO ENRIQUE MENDOZA hasta cubrir la suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

XXXIII.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de MARTÍN SAMUEL JACOBS, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» partícipe necesario del delito de lavado de activos (arts. 45 y 278, inc. 1 a —ley 25.246— del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

XXXIV.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de MARTÍN SAMUEL JACOBS hasta cubrir la suma de setecientos cincuenta millones de pesos ($750.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

XXXV.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de ALEJANDRO FERMÍN RUÍZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» partícipe necesario del delito de lavado de activos (arts. 45 y 278, inc. 1 a —ley 25.246— del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

XXXVI.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de ALEJANDRO FERMÍN RUÍZ hasta cubrir la suma de setecientos cincuenta millones de pesos ($750.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN).

XXXVII.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de ALBERTO OSCAR LEIVA, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» partícipe necesario del delito de lavado de activos (arts. 45 y 278, inc. 1 a —ley 25.246— del CP y arts. 306 y 310 del CPPN).

XXXVIII.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de ALBERTO OSCAR LEIVA hasta cubrir la suma de setecientos cincuenta millones de pesos ($750.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN)

Extracto de la resolución del 27/12/2016 en la causa 5048/2016

I.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarla «prima facie» coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública (arts. 45, 55, 210 y 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación).

II.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ hasta cubrir la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

III.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de JULIO MIGUEL DE VIDO, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública (arts. 45, 55, 210 y 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación).

IV.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de JULIO MIGUEL DE VIDO hasta cubrir la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000). A tal fin, confecciónese Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

V.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública (arts. 45, 55, 210 y 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación).

VI.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ hasta cubrir la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

VII.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de NELSON GUILLERMO PERIOTTI, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública (arts. 45, 55, 210 y 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación).

VIII.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de NELSON GUILLERMO PERIOTTI hasta cubrir la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000). A tal fin, Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

IX.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de CARLOS SANTIAGO KIRCHNER, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública (arts. 45, 55, 210 y 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación).

X.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de CARLOS SANTIAGO KIRCHNER hasta cubrir la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

XI.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de LÁZARO ANTONIO BÁEZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, en calidad de partícipe necesario (arts. 45, 55, 210 y 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación).

XII.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de LÁZARO ANTONIO BÁEZ hasta cubrir la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

XIII.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de RAÚL OSVALDO DARUICH, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública (arts. 45 y 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación).

XIV.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de RAÚL OSVALDO DARUICH hasta cubrir la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

XV.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de MAURICIO COLLAREDA, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública (arts. 45 y 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación).

XVI.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de MAURICIO COLLAREDA hasta cubrir la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

XVII.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública (arts. 45 y 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación).

XVIII.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO hasta cubrir la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

XIX.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de JUAN CARLOS VILLAFAÑE, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública (arts. 45 y 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación).

XX.-MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de JUAN CARLOS VILLAFAÑE hasta cubrir la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

XXI.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de RAÚL GILBERTO PAVESI, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública (arts. 45 y 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación).

XXII.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de RAÚL GILBERTO PAVESI hasta cubrir la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

XXIII.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO de JOSÉ RAÚL SANTIBÁÑEZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo «prima facie» coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública (arts. 45 y 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación).

XXIV.- MANDAR TRABAR EMBARGO en los bienes de JOSÉ RAÚL SANTIBÁÑEZ hasta cubrir la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000). A tal fin, confecciónese el mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

Extracto de la resolución del 23/04/2019 en la causa 9608/2018

I.- AMPLIAR EL PROCESAMIENTO de Gerardo Luis FERREYRA, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, en orden al delito de cohecho activo —cinco (5) hechos—, en calidad de coautor, los cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55 y 258 del Código Penal de la Nación), como así también con los sucesos por los que fuera procesado en los resolutorios obrantes a fs. 9084/9362 y 14221/64.

III.- AMPLIAR EL EMBARGO dispuesto sobre los bienes de Gerardo Luis FERREYRA, en relación a los hechos imputados en el presente, hasta cubrir la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000,00) (artículos 518, 533 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

IV.- AMPLIAR EL PROCESAMIENTO de Osvaldo Antenor ACOSTA, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho activo —cinco (5) hechos—, en calidad de coautor, los cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 258 del Código Penal de la Nación), como así también con los sucesos por los que fuera procesado en el resolutorio obrante a fs. 14221/64.

VI.- AMPLIAR EL EMBARGO dispuesto sobre los bienes de Osvaldo Antenor ACOSTA, en relación a los hechos imputados en el presente, hasta cubrir la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000,00) (artículos 518, 533 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

VII.- AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de Jorge Guillermo NEIRA, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, en orden al delito de cohecho activo —cinco (5) hechos—, en calidad de partícipe necesario, los cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55 y 258 del Código Penal de la Nación), como así también con los sucesos por los que fuera procesado en el resolutorio obrante a fs. 14221/64.

VIII.- AMPLIAR EL EMBARGO dispuesto sobre los bienes de Jorge Guillermo NEIRA, en relación a los hechos imputados en el presente, hasta cubrir la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000,00) (artículos 518, 533 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

IX.- AMPLIAR EL PROCESAMIENTO de Roberto BARATTA, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, en orden al delito de cohecho pasivo —cinco (5) hechos—, en calidad de coautor, conductas que concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55 y 259, primer párrafo, del Código Penal de la Nación), como así también con los sucesos por los que fuera procesado en los resolutorios obrantes a fs. 9084/9362, 13431/90 y 14221/64 del Expte. principal y fs. 584/606 del incidente n° 261.-

XI.- AMPLIAR EL EMBARGO dispuesto sobre los bienes de Roberto BARATTA, en relación a los hechos imputados en el presente, hasta cubrir la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000,00) (artículos 518, 533 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

XII.- AMPLIAR EL PROCESAMIENTO de Ezequiel Fabián GARCÍA RAMÓN, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, en orden al delito de cohecho pasivo —tres (3) hechos—, en calidad de partícipe necesario, conductas que concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55 y 256 del Código Penal de la Nación), como así también con los sucesos por los que fuera procesado en el resolutorio obrante a fs. 9084/9362 y 14221/64.

XIV.- AMPLIAR EL EMBARGO dispuesto sobre los bienes de Ezequiel Fabián GARCÍA RAMÓN, en relación a los hechos imputados en el presente, hasta cubrir la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000,00) (artículos 518, 533 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

XV.- AMPLIAR EL PROCESAMIENTO de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, en orden al delito de cohecho pasivo —cinco (5) hechos—, en calidad de coautora, los cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 256 del Código Penal de la Nación), como así también con los sucesos por los que fuera procesada en el resolutorio obrante a fs. 9084/9362 y 14221/64.

XVII.- AMPLIAR EL EMBARGO dispuesto sobre los bienes de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, en relación a los hechos imputados en el presente, hasta cubrir la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 80.000.000,00) (artículos 518, 533 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

XVIII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de Mario José MAXIT, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al delito de cohecho activo, en calidad de partícipe necesario (artículos 306, 308 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, y 258 del Código Penal de la Nación).

XIX.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO sobre los bienes y dineros de Mario José MAXIT, suficientes hasta cubrir la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000,00), debiéndose labrar el mandamiento de estilo que será diligenciado por el Oficial de Justicia que corresponda (artículos 518 y 533 del C.P.P.N.).

XX.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de César Arturo DE GOYCOECHEA, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al delito de cohecho activo, en calidad de partícipe necesario (artículos 306, 308 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55 y 258 del Código Penal de la Nación).

XXI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO sobre los bienes y dineros de César Arturo DE GOYCOECHEA, suficientes hasta cubrir la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00), debiéndose labrar el mandamiento de estilo que será diligenciado por el Oficial de Justicia que corresponda (artículos 518 y 533 del C.P.P.N.).

La riqueza (anexo Capítulo 3)

Solicita nulidad por cosa juzgada írrita

Señor Fiscal Federal:

Margarita Stolbizer, por mi propio derecho, en mi condición de amicus curiae, con el patrocinio de la Dra. Silvina A. Martínez T°94 F° 458 CPACF, manteniendo el domicilio constituido en la causa N° 3732/2016, respetuosamente digo:

I. OBJETO

Que atento los últimos acontecimientos requiero se solicite la reapertura de la investigación con relación al enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, ordenándose la nulidad del sobreseimiento dictado en la causa N° 9423/09 por cosa juzgada írrita.

La Constitución en su Preámbulo nos habla de «afianzar la justicia», esto es, no tolerar una sentencia injusta, viciada, violatoria de los derechos. La revisión de la cosa juzgada írrita tiene raigambre constitucional, y consecuentemente, se deriva del propio paradigma constitucional argentino.

II. HECHOS

Estamos convencidos de la nulidad del sobreseimiento de Néstor y Cristina Kirchner en la causa 9423/2009. Y para sustentar esta solicitud, fundamos nuestra convicción en tres ejes:

1. Recientes declaraciones públicas y en declaración indagatoria del ex juez Norberto Oyarbide da cuenta de que habría recibido presiones para dictar el sobreseimiento en la causa 9423/09.

2. Cabe sumar además la investigación periodística y judicial con relación a las anotaciones realizadas por el Sr. Centeno, chofer de Roberto Baratta y Julio De Vido, quien relata en forma minuciosa un sistema de reparto de coimas que terminaba en la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y el departamento de la familia Kirchner. Del mismo surgen que por lo menos en 20 ocasiones durante el año 2008 se llevaron bolsos repletos de dólares al departamento de Uruguay y Juncal.

3. La importante y contundente investigación llevada a cabo por el equipo a su cargo en las causas 11352/14 y 3732/16 que da cuenta del aumento injustificable del patrimonio de los Kirchner, principalmente en el año 2008. A continuación, se analiza las principales pruebas que surgen de los expedientes mencionados en relación al enriquecimiento de los Kirchner:

a) LOS SAUCES

Los orígenes se remontan al año 2006 cuando mediante Escritura Pública Nº 893, del protocolo del escribano Jorge M. Ludueña se constituyó la empresa Los Sauces SA siendo los socios fundadores MÁXIMO CARLOS KIRCHNER y los cónyuges NÉSTOR CARLOS KIRCHNER y CRISTINA ELIZABETH FERNÁNDEZ. Con el fallecimiento del Sr. Néstor Kirchner, la composición accionaria quedó de la siguiente manera: Sucesión de Néstor Kirchner 45%; Cristina Fernández de Kirchner 45%; Máximo Kirchner 10%. Una vez efectuada la partición de los bienes (aún pendiente) la participación accionaria sería: Cristina Fernández de Kirchner 45%; Máximo Kirchner 32,5%; Florencia Kirchner 22,5%.

El capital social se fijó en la suma de $ 100.000. Este dato resultaría fundamental. En el 2007 y 2008 la empresa no realiza ninguna operación ni actividad, no factura y por ende no distribuye utilidades. Pero como por arte de magia, una empresa que tenía un capital de tan solo 100.000 pesos compra inmuebles y terrenos por cifras millonarias. En el 2008 comienza a realizar sus inversiones más importantes. ¿Cómo pudo comprar inmuebles millonarios sin el capital suficiente ni patrimonio?

Veamos la cantidad de inmuebles que adquieren a partir del año 2008, sobre la base de la investigación desarrollada por la Fiscalía a su cargo:

• El día 19 de diciembre de 2006, a través del dictado del decreto n° 1730/06, la Municipalidad de El Calafate le vendió a la firma LOS SAUCES un Lote de 18.153,20 m2 sito en la calle n° 3850, manzana 670, de la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, por un valor de $136.149. Esta propiedad, abonada recién el día 8 de febrero de 2008, fue valuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en la suma de $445.000 al mes de noviembre de 2007 (+226% del valor de venta), y su adquisición no fue tratada ni aprobada por el órgano de administración de la empresa, tampoco fue instrumentada su escrituración ni su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz ni tampoco fue declarada por la firma LOS SAUCES ante el Fisco.

• El día 8 de abril de 2008, Néstor KIRCHNER adquirió «para y con dinero» de la empresa LOS SAUCES un dúplex de 620,31 m2 ubicado en los pisos 8° y 9° (UF 440) y cinco cocheras (unidades complementarias DCCLXI/II/III/IV/V) en el edificio «Juana Manso» del complejo «Madero Center», a cambio de la suma de USD 1.407.000. Para ello, a través de su hijo Máximo KIRCHNER, el ex presidente Néstor KIRCHNER primero abonó a la vendedora SUD INVERSIONES Y ANÁLISIS S.A. —en su carácter de fiduciario del fideicomiso TST&AF FIDEICOMISO FINANCIERO— la suma de USD 422.000 equivalente a $1.341.960 a través de un cheque de su cuenta personal de fecha 07/04/2008, el cual fue endosado por la firma LOS SAUCES —también representado por Máximo KIRCHNER— y luego cobrado por la vendedora el 15/10/2008. A su vez, a través de su socio Osvaldo José SANFELICE, Néstor KIRCHNER canceló los restantes USD 985.000 equivalentes a $3.693.750 en agosto de 2009, a través del libramiento de otro cheque de su cuenta personal n° 59777/0 de fecha 03/06/2009 a favor de la firma TST&AF FIDEICOMISO FINANCIERO, el que fue cobrado el 07/08/2009. De esta forma, el ex mandatario compró con dinero de su cuenta personal la UF 440 ubicada en los pisos 8° y 9° y cuya superficie total asciende a 620,31 m2; y, a la vez, se hizo de cinco cocheras ubicadas en el primer subsuelo del complejo las cuales se encuentran identificadas como DCCCXI, DCCCXII, DCCCXIII, DCCCXIV y DCCCXV.

• El mismo 8 de abril de 2008, Néstor KIRCHNER también adquirió «para y con dinero» de la empresa LOS SAUCES un departamento de 426,21 m2 ubicado en el piso 4° L (UF 126), dos cocheras y una baulera (unidades complementarias MCCCXVI/II y CCCXCIII) en el edificio «Dique» del complejo «Madero Center», a cambio de la suma de USD 943.000. Para lograr tal cometido, por medio de su hijo Máximo KIRCHNER, el ex presidente primero abonó a la vendedora SUD INVERSIONES Y ANÁLISIS S.A. —en su carácter de fiduciario del fideicomiso TST&AF FIDEICOMISO FINANCIERO— la suma de USD 283.000 equivalente a $899.940 a través de un cheque de su cuenta personal n° 59777/0 del Banco Santa Cruz de fecha 07/04/2008, el cual fue endosado por la firma LOS SAUCES —también representado por Máximo KIRCHNER— y luego cobrado por la vendedora el 15/10/2008. Asimismo, Néstor KIRCHNER canceló en forma directa y personal los restantes USD 660.000 equivalentes a $2.204.400 en marzo de 2009, a través del libramiento de otro cheque de su cuenta personal n° 59777/0 de fecha 21/11/2008 a favor de la firma TST&AF FIDEICOMISO FINANCIERO, el que fue cobrado el 10/03/2009

• El día 25 de noviembre de 2008, Cristina FERNÁNDEZ le cedió a la firma LOS SAUCES en concepto de aportes irrevocables un terreno identificado como Lote 6, Manzana 197 (matrícula n° 1574) situado en la calle Alvear n° 391 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

• El mismo día, 25 de noviembre de 2008, Néstor KIRCHNER también le cedió a la firma LOS SAUCES en concepto de aportes irrevocables un terreno que valuó en $13.500 identificado como Lote 2, Manzana 73 (matrícula n° 5026) situado en la calle Moreno n° 882 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

• El día 13 de abril de 2009, la firma LOS SAUCES decidió adquirir el Hotel La Aldea del Chaltén, edificado en un terreno de 1961,80 m2 sito en la calle Martín Miguel de Güemes n° 95 de la ciudad homónima. Para ello, Máximo KIRCHNER, presidente de la empresa, formalizó la compra del cuarto complejo hotelero de la ex familia presidencial ante el notario Ricardo ALBORNOZ a cambio de la suma de $200.000. La administración y explotación de este hotel valuado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación al momento de la compra en la suma de $2.890.000 —es decir más de trece veces el valor declarado en la escritura.

• El día 14 de junio de 2010, la firma LOS SAUCES adquirió un terreno de 1250 m2 individualizado como parcela 5H, manzana 42-C, en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz (matrícula 3369), a cambio de la suma de $100.000. En este caso también el precio fue abonado íntegramente por Néstor Kirchner de su cuenta bancaria personal.

b) HOTESUR

La maniobra comienza en febrero del año 2008 y se extendió hasta principios del año siguiente, período durante el cual los ex presidentes y su hijo, Máximo, registraron un aumento patrimonial excepcional al incorporar a su patrimonio los Hoteles Alto Calafate, Las Dunas, todos ellos ubicados en la provincia de Santa Cruz, lo que implicaría que la familia presidencial se introdujera en el negocio de la hotelería.

Para ello, Néstor KIRCHNER sin perjuicio que el hotel no se encontraba a la venta, en el mes de agosto de 2008, envió a Patricio PEREYRA ARANDIA, para que se contactara con los dueños del hotel a los fines de consultarles si estaban dispuestos a escuchar una oferta de compra por el mismo, y ante la afirmativa de los propietarios del Alto Calafate, encomendó a Osvaldo SANFELICE, para que continuara con las gestiones para su adquisición. Así, el 2 de octubre de 2008, SANFELICE, suscribió junto a los accionistas de HOTESUR S.A. un contrato de opción de compra de las acciones de la sociedad, por el cual la parte compradora se comprometió a realizar una oferta por la totalidad de la participación societaria el día 5 de noviembre de 2008, abonando en ese acto por la exclusividad en dicha operación la suma de 100.000 dólares. Sin embargo, posteriormente Osvaldo SANFELICE, actuando en comisión y sin indicar el nombre de su comitente, envió una nota a los titulares de HOTESUR S.A. mediante la cual formalizó una oferta de compra de la empresa por 4,9 millones de dólares. Una vez más, la identidad del ex presidente quedó oculta detrás de la actuación en comisión de Osvaldo SANFELICE, quien figura en el boleto de compraventa de acciones como comprador, lo que le permitió al ex presidente adquirir el principal hotel de su patrimonio sin dejar rastros de su participación en la compra, lo que se corrobora con el hecho de que fue recién el 12 de diciembre de aquel año cuando hizo formalmente su primera aparición en los libros de la empresa siendo secundado como segundo accionista por Máximo KIRCHNER, a quien le había donado días antes con la aprobación de Cristina FERNÁNDEZ el 1,96% de las acciones de la empresa HOTESUR, para poder cumplir con el requisito legal de que la sociedad cuente con dos accionistas.

El segundo establecimiento hotelero que fue adquirido por la familia KIRCHNER fue la Hostería Las Dunas, también ubicada en la ciudad de El Calafate. Por este hotel, el ex presidente, representado por su hijo Máximo, el 12 de febrero de 2008 pagó a su anterior dueño, el arquitecto Luciano CAVA, quien había llevado a cabo la construcción del mismo, la suma de USD 700.000, los que le permitieron hacerse de la hostería que en ese momento contaba apenas con 12 habitaciones en una superficie construida de tan solo 783,46m2. Durante los siguientes años, ya bajo la titularidad de la familia presidencial, este hotel fue ampliado notablemente llegando a quintuplicar su superficie que en la actualidad cuenta con un total de 3844,05m2 de superficie cubierta, a lo largo de la que se despliegan 47 habitaciones, un restaurante para 200 personas, un centro de negocios, entre otros servicios, que indudablemente, acrecentaron la categoría del hotel.

III. FUNDAMENTOS

La cosa juzgada es un efecto del principio del ne bis in idem, que prohíbe no sólo la nueva aplicación de una pena por un mismo hecho, sino también la reiterada exposición al riesgo de que ello ocurra a través de un nuevo hecho.

Se ha sostenido que «…todo lo que se pudo perseguir como una unidad y agotar como tal durante el procedimiento y la decisión judicial, sin importar si ello sucedió así en el procedimiento concreto, queda comprendido en el efecto de clausura que posee la regla ne bis in ídem y, por tanto, no puede formar parte del objeto de otra persecución y de otro fallo; los hechos posteriores al procedimiento y su decisión, por consiguiente, no están abarcados, cualquiera que sea la solución jurídico-material acerca de la posibilidad de que prosiga la continuación o permanencia delictiva» (Maier, Julio B. J. «Derecho Procesal Penal, I. Fundamentos», Buenos Aires, Editores del Puerto, 2004, pág. 619).

La Corte Suprema tiene dicho que la cosa juzgada constituye uno de los pilares sobre los que se asienta la seguridad jurídica y un valor de primer orden no puede ser desconocido con invocación de argumentos insustanciales y con la pretensión de suplir omisiones o corregir yerros en cualquier momento, pues ataca las bases mismas del sistema procesal y afecta la garantía del debido proceso, cuyo respeto es uno de los pilares del imperio del debido proceso (CSN, 21-8-89; «Méndez, Virgilio H. y otros c/ caja Nacional de Ahorro y Seguro y otro», D.T. 1989-B, 1325).

Como se dijera, la autoridad de la cosa juzgada responde a una consideración esencial: la necesidad de que el orden y la paz reinen en la sociedad poniendo fin a los litigios y evitando que los debates entre partes se renueven indefinidamente.

Ahora bien, el instituto de la cosa juzgada írrita viene a atenuar los efectos de la cosa juzgada material cuando ella es obtenida de modo malicioso o ilícito y, como cualquier acto jurídico, es pasible de anulación si se muestra que el autor del mismo (órgano jurisdiccional) lo dictó con su consentimiento viciado (sea por error, dolo, violencia o en desmedro de su buena fe), circunstancia que debe ser conocida con posterioridad al dictado de la resolución, puesto que si ello aconteciera antes «el mismo proceso provee a la parte las herramientas para su saneamiento, en el marco de su desarrollo preclusivo».

Como regla, la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, pese a sus errores o irregularidades, es inmutable, salvo —como excepción— en los supuestos de revisión en beneficio del condenado o también por cosa juzgada írrita o fraudulenta.

Si bien este segundo supuesto no aparece regulado de manera normativa en la letra de la ley, la jurisprudencia ha dicho que la inmutabilidad de la cosa juzgada no resulta totalmente «absoluta». Es decir, si bien la autoridad de cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, tal efecto sólo se logra cuando estas han sido dictadas en virtud de un procedimiento regular que, además de observar las garantías establecidas por la Constitución Nacional y por la ley, revele también la certeza que debe infundir el libre y decoroso ejercicio de la función jurisdiccional (C.S.J.N. Fallo: 298:736).

La cosa juzgada fraudulenta aparece como una herramienta que imposibilita la invocación de la inmutabilidad de las sentencias pasada en autoridad de cosa juzgada cuando no ha existido un auténtico y verdadero proceso judicial, o bien cuando la institución de la cosa juzgada ha sido utilizada como una finalidad en sí misma para ocultar una resolución dictada en obediencia de intereses determinados (Fallo C.S.J.N. 279:54).

Más recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente «Mazzeo» (Fallo: 3303248) señaló dos cuestiones a destacar, por un lado, que las sentencias fraudulentas o dictadas en virtud del delito de cohecho (tipificado en los delitos contra la administración pública), violencia u otra maquinación, resultan revisables y, por el otro, que la garantía de la imposibilidad de doble persecución no puede invocarse, cuando no ha habido un auténtico y verdadero proceso judicial.

De lo expuesto, y tal como puede comprobarse a raíz de las últimas declaraciones públicas brindadas por el ex juez Norberto Oyarbide, quien alegó presiones para sobreseer a la familia Kirchner, se trata de un hecho grave sobreviniente (a la sentencia) que justifica sustraerse de sus efectos.

Cabe sumar además la investigación periodística y judicial con relación a las anotaciones realizadas por el Sr. Centeno, chofer de Roberto Baratta y Julio De Vido, quien relata en forma minuciosa un sistema de reparto de coimas que terminaba en la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y el departamento de la Familia Kirchner en la calle Juncal y Uruguay, durante los años 2008 al 2015.

Por otra parte, siguiendo a la doctrina imperante, atacamos el sobreseimiento dictado en la causa N° 9423/09 mediante la presente acción autónoma de nulidad. La acción de nulidad por cosa juzgada írrita es un proceso cuyo objeto consiste en dejar sin efecto una sentencia firme cuando se verifican ciertas situaciones contrarias al principio de «afianzar la justicia».

La Acción Autónoma de Nulidad no está legislada en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el orden nacional como en el provincial, sino que se trata de una construcción pretoriana de carácter doctrinal con acogimiento jurisprudencial. No se trata pues de un medio recursivo, sino que estamos ante una nueva demanda que pretende dejar sin efecto una sentencia pasada a autoridad de cosa juzgada pero que en su contenido es violatoria de principios constitucionales.

Para que pueda admitirse la acción autónoma de nulidad, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en que es necesario que se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Vicios formales: son aquellos que pueden provenir del accionar de partes o de la actuación del Tribunal y que se refieren a los aspectos formales del proceso, tales como: aparición de documentos desconocidos al momento del dictado de la sentencia, o de pruebas que, valoradas y receptadas en el fallo, han sido posteriormente declaradas falsas en otro proceso, y a todo artificio, astucia, maquinación o engaño, que se emplee con la finalidad de conseguir la ejecución de un acto.

b) Vicios sustanciales: son aquellos que pueden provenir del accionar de las partes o de la actuación del Tribunal y que derivan propiamente de la violación del debido proceso en alguna de sus etapas.

c) El error judicial o error de derecho: provienen exclusivamente del tribunal actuante y pueden consistir en la tergiversación de las citas doctrinarias o de la jurisprudencia invocada como base de sustentación argumental.

d) La injusticia propiamente dicha: se verifica en aquellos supuestos en donde si bien la decisión jurisdiccional cumple con los recaudos formales y sustanciales su aplicación genera una situación de extrema injusticia.

Las primeras (vicios formales) pueden provenir del actuar de las partes o de la propia agencia judicial, a través de la aparición de documentos desconocidos al momento de sentenciar o por la maquinación, artificio o engaño destinado a conseguir esa respuesta jurisdiccional. Creemos que la aparición de los documentos referenciados y conocidos como los Cuadernos de Centeno responden a este grupo.

Las segundas (vicios sustanciales) derivan directamente de la violación al debido proceso, también por el comportamiento de los sujetos procesales y/o los magistrados intervinientes. Creemos que las recientes declaraciones del juez de la causa son más que suficientes para solicitar la nulidad del sobreseimiento.

La tercera (error judicial) se desprende directamente del actuar del tribunal, ya sea tergiversando las citas doctrinarias o la jurisprudencia empleada en la cuestión a dirimir y, agregamos, la teoría del delito.

La cuarta, como causal para pedir la nulidad por cosa juzgada írrita, se verifica cuando el auto atacado cumple con todos los recaudos formales y sustanciales, no obstante lo cual su aplicación genera una situación objetiva de extrema injusticia, que sería el supuesto más extremo de todos por colisionar con los principios en juego que hacen a la seguridad jurídica.

Por su parte, y toda vez que se encuentran legitimados para solicitar la nulidad por cosa juzgada irrita no solo las partes, sino también el Ministerio Público Fiscal y los terceros interesados, es que solicitamos la nulidad.

La cosa juzgada fraudulenta no es una doctrina limitada a casos donde se imputaron delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, sino que los juicios donde no se respetaron las reglas del debido proceso y los jueces no obraron con independencia e imparcialidad son inadmisibles en la investigación de todos los delitos.

La Corte Interamericana dijo en varios precedentes que el estándar de fraudulencia se asocia a situaciones claramente dirigidas a propiciar la impunidad; por eso, si esa situación se da a través del uso o abuso de poder estatal para impedir investigaciones verdaderas con riesgo genuino para los imputados, no es necesario que se investigue una grave violación de derechos humanos para poder aplicar la cosa juzgada fraudulenta.

Para Federico Morgenstern, autor del libro Cosa juzgada fraudulenta, la doctrina de la cosa juzgada írrita debería ser ampliamente usada siempre que, por un lado, la «exploración judicial no se (hubiera encaminado) a la búsqueda de la verdad sino a rescatar y sobreseer a quien fue objeto de una hipótesis delictiva plausible» y, por el otro, el nuevo proceso no somete al imputado a un doble riesgo de pena. En los casos donde en el primer juicio no se colocó al imputado en un efectivo riesgo de sanción, según este autor, la «respuesta normativa debería ser que no hubo juicio» anterior y que, por lo tanto, el ne bis in idem no es invocable.

Finalmente, en lo que es su argumento más general, y mostrando su disposición para ver todos los problemas involucrados en los problemas que analiza, sostiene que la revisión de las sentencias írritas es necesaria para que en el país se pueda desarrollar una mayor adhesión a la ley pues, en gran medida, la «autoridad moral de la ley deriva de la precisión fáctica de los fallos judiciales».

Por lo expuesto, requiero se solicite la reapertura de la investigación en relación al enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, ordenándose la nulidad del sobreseimiento dictado en la causa N° 9423/09 por cosa juzgada írrita. La Justicia tiene frente a sí el enorme desafío de brindar a la Nación las certezas respecto de la imparcialidad y la contundencia de su sanción frente al delito, especialmente cuando por ese medio se ha lesionado la integridad de la administración pública y se ha alterado la confianza y la tranquilidad pública.

Provea de conformidad,

SERÁ JUSTICIA

El amigo (anexo Capítulo 4)

1. Denuncia contra Osvaldo Sanfelice por lavado de activos

Solicita se investigue

Señor Juez:

Margarita Stolbizer, Diputada de la Nación, con el patrocinio de la Dra. Silvina A. Martínez T°94 F° 458 CPACF, con domicilio electrónico 27-28839286-8, respetuosamente digo:

a) OBJETO

Que vengo por el presente a solicitar se investigue a Osvaldo Sanfelice, a raíz de diferentes maniobras que podrían encuadrar en el delito de lavado de activos, reprimido en el artículo 303 y siguientes CPN, ello a tenor de las consideraciones que a continuación se exponen y sin perjuicio de la existencia de otros ilícitos penales.

b) HECHOS

He tomado conocimiento de diferentes operaciones que podrían encuadrar en maniobras típicas de lavado de activos, realizadas por el testaferro de la familia Kirchner.

Me refiero a Osvaldo Sanfelice. Tanto él como su familia poseen el perfil del testaferro, ya que no registran impuestos activos ni actividades económicas o bien se desempeñan como empleados de la empresa de la que supuestamente son dueños y fundamentalmente no pueden acreditar su solvencia económica o idoneidad para ninguna de las operaciones que registraron.

Osvaldo Sanfelice es titular de diferentes empresas cuyo objetivo primordial es hacer negocios y facturar millones de pesos a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López (ambos procesados por lavado de dinero y asociación ilícita en la causa conocida como Los Sauces, y el primero en la causa conocida como Obra Pública) a la vez que oculta a la familia Kirchner en los diferentes negocios.

Al respecto cabe aclarar que los ingresos de Sanfelice tienen pocos orígenes. Uno de los más importantes se vincula con Cristóbal López (mensualmente Sanfelice le factura una cifra considerable de dinero por supuestos asesoramientos inmobiliarios y comerciales a diferentes empresas del grupo, además de alquilar maquinarias y camiones a las compañías que ganaban licitaciones del Estado). Y también le alquilaba diferentes inmuebles de su propiedad: a la empresa CPC SA (de propiedad de Cristóbal López) le alquiló dos inmuebles en la calle O’Higgins 2424 piso 3 B y 4 A de la Ciudad de Buenos Aires. A esta última empresa (CPC SA) también le alquiló automotores para ser utilizados en la provincia de Río Negro; ello a través de otra empresa de su propiedad AGOSTO SA (empresa que no registra actividad y que desde que la adquirió Sanfelice en el año 2013 solo se vinculó comercialmente con las empresas de Cristóbal López).

Su socia y esposa Marta Alcira Leiva no registra impuestos activos en AFIP, a pesar de constituir y ser accionista de varias empresas. Tampoco registra actividades económicas. El matrimonio es propietario de varios inmuebles en Río Gallegos y en la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora bien, Osvaldo Sanfelice actuó en diferentes operaciones de compra venta de propiedades como también de adquisición de participaciones societarias de empresas, como testaferro de la familia Kirchner. Ya está probado en diferentes causas judiciales que Cristina Kirchner era la jefa de una asociación ilícita cuyo objetivo era lavar el dinero proveniente de la corrupción de la obra pública, interviniendo no solo la familia Kirchner sino también diferentes funcionarios públicos, el propio Sanfelice y diferentes empresarios beneficiados con contratos del Estado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (causas Los Sauces, Obra pública y Hotesur).

En el mismo período investigado en las causas mencionadas, Sanfelice creció injustificablemente su patrimonio comprando una cantidad considerable de inmuebles y adquiriendo empresas mediante operaciones en efectivo sin justificar el origen de los fondos. Para citar algunos ejemplos de la evolución patrimonial injustificada de Osvaldo Sanfelice, cabe destacar que en el 2008 adquiere un departamento en el piso 4 (uf 7) de la calle O’Higgins 2422/24 de la ciudad de Buenos Aires por un valor de U$S 105.000 en efectivo. Este año constituyen INVERNEPA con un capital de 100.000 pesos. El 50% de las acciones lo suscribió Osvaldo Sanfelice y el 50% restante su esposa Marta Leiva. También constituyen INVERLIFE. La sede social, el objeto y el capital social son idénticos. Estas empresas no realizarían actividad comercial y solo servirían para adquirir inmuebles.

En 2009 le dona a su hija María Marta Sanfelice U$S 90.000 en efectivo, quien compra el departamento al lado de sus padres en la calle O’Higgins 2422/24 (piso 4 UF 6). Ese año también adquieren inmuebles en el edificio de la calle Rodríguez Peña 2018/22 (UF 4) y en la calle Montevideo 1562/76. Siempre en efectivo. Este año también adquieren dos propiedades en Río Gallegos, a través de la empresa INVERLIFE gracias a los aportes en efectivo de Osvaldo Sanfelice pero sin justificar el origen de los fondos. Una de las propiedades (la ubicada en Ramón y Cajal en Río Gallegos) se lo alquiló durante años a la empresa Austral Construcciones SA, del empresario Lázaro Báez.

En 2010 compran la empresa BMC SRL, cuya sede social se ubicaba en un inmueble de propiedad de la familia Kirchner: Néstor Kirchner 496, Río Gallegos. La empresa no escapa a las características de este grupo ya que posee los mismos clientes y financistas de sus operaciones: empresas de Cristóbal López y otras empresas del Grupo Sanfelice (Agosto SA, Hotel Waldorf SA, entre otras). Este año adquiere otro inmueble (TAMBIÉN EN EFECTIVO) en el edificio de la calle O Higgins 2422/24 –(uf. 5 piso 3)

En 2011 adquiere una cabaña en El Calafate a través de la empresa INVERLIFE SA y nuevamente el dinero para comprar la propiedad lo aporta Osvaldo Sanfelice en efectivo.

En 2012, a través de INVERLIFE, compra dos departamentos en Río Gallegos (en la calle MITRE 256) y un lote de terreno en Bariloche y en este caso el dinero para adquirir las propiedades también lo aporta Sanfelice en efectivo. También adquiere una quinta en la localidad de Zárate por la suma de $3.118.826, la cual fue ocupada por el socio de Cristóbal López, Fabián De Sousa, quien le prestó la plata para adquirirlo.

Este año adquiere, a través de INVERNEPA SA el campo EL AMIGO en la provincia de Río Negro. Según se encuentra asentado en el libro diario de la empresa, el campo fue adquirido por $2.565.900. Pero tampoco tenía dinero Sanfelice para adquirir el campo. ¿Y cómo hizo? Empresarios generosos le prestaron dinero. Así la empresa Lakaut SA le prestó $2.454.000 en el año 2011 y esta deuda se mantendría por años. Algo similar ocurrió con el anterior dueño del establecimiento EL AMIGO: Se trata de la empresa Las Chinitas SA. Según los estados contables, Sanfelice hipotecó el Establecimiento El Amigo en garantía de la deuda que tenía con la empresa Las Chinitas SA por 800.000 dólares. En 2014 y 2015 la deuda continuaba, pero había bajado a 400.000 dólares. En 2016 Las Chinitas SA le condona la deuda, entonces Sanfelice decide vender el establecimiento ganadero EL AMIGO por el sistema de tranquera cerrada y el valor superaba los u$s 2.500.000.

Invernepa pudo subsistir gracias a los continuos aportes irrevocables de su socio mayoritario: Osvaldo Sanfelice. Los aportes nunca se capitalizaron y quedaban como una manera creativa de inyectar fondos continuamente a la empresa sin justificar su origen. Recién en el año 2016 aumenta su capital: pasa de 100.000 pesos a 500.000. El aumento lo suscribe en un 100 % Osvaldo Sanfelice y no se deja constancia, tal como prevé la ley de sociedades, si el aumento proviene por la capitalización de los aportes irrevocables que durante años efectuó Sanfelice.

En 2012 también adquiere las cuotas sociales de la empresa TECNOVIAL SRL ubicada en la provincia de Neuquén. Empresa que vendería a los pocos años.

En 2013 compran AGOSTO SA (constituida en el año 2011 por Carlos Sancho con un capital de $120.000 pesos). Su actividad declarada es el alquiler de maquinarias y sus clientes únicamente son sociedades de Cristóbal López, tal como surge de sus estados contables y sus movimientos bancarios. Su domicilio se encuentra en la calle Néstor Kirchner 496, Río Gallegos, Santa Cruz. Posee un solo empleado, quien curiosamente es la mujer de Osvaldo Sanfelice: Marta Leiva.

En 2015 compra, a través de AGOSTO SA, un inmueble en la calle Winemberg 2246, Olivos, Provincia de Buenos Aires. Esta casa se ubica a pocos metros de la quinta de Olivos. En la compra intervino Emanuel Matías Gómez (DNI 33.939.974), quien a su vez se desempeña como director de otra empresa de la familia Kirchner, Hotesur SA. La operación se realizó por la suma de U$S 510.000. Sin embargo, este inmueble siempre fue ocupado por Osvaldo Sanfelice. El vendedor de esta operación fue la empresa LAKAUT SA, que adquirió el inmueble en el año 2011 y lo pago 800.000 dólares.

Se trata de las mismas personas y empresas que siempre se entrelazan a los fines de constituir negocios millonarios sin antecedentes en el rubro. Las mismas sedes sociales para múltiples empresas, los mismos socios que a su vez se vinculan con negocios con la familia Kirchner y los mismos empresarios beneficiados con negocios con el Estado que se mezclan con empresas fantasmas a los fines de retornar sumas millonarias.

Para comenzar conviene recordar la definición misma de «lavado de dinero», entendiendo por tal el proceso a través del cual se pretende encubrir, disimular y ocultar el verdadero origen de fondos y otros bienes generados en actividades ilícitas, para darles apariencia de legitimidad. Por ende, es determinante para la configuración del delito de lavado el origen ilícito de los fondos.

Desde su metodología habitual, el proceso se ejecuta en tres etapas: «Colocación», que consiste en introducir fondos o activos ilícitos en el circuito financiero legal; «Estratificación», que supone movilizar dichos fondos con la finalidad de mezclarlos y disimular su origen; y por último la «Integración», mediante la cual se logra la apariencia legal de los fondos.

En relación con los hechos descriptos creemos que el origen del dinero que se utilizó para adquirir numerosos inmuebles y empresas provino de la obra pública. Sin lugar a duda, la corrupción y el narcotráfico se registran como las principales causas generadoras del delito de lavado de dinero en toda la región. En este caso particular, la fuente de los fondos mencionada consistiría en sobreprecios en la obra pública.

En segundo lugar, se trata de negocios vinculados a Personas Políticamente Expuestas. Las personas políticamente expuestas (PEP) son otro de los factores de mayor riesgo configurantes de los delitos de lavado de dinero. En este caso, corresponde analizar la definición adoptadas por la propia UIF (Resolución 52), que establece qué se entiende por PEP y que, además de una larga lista de funcionarios públicos, agrega la figura de «allegado cercano», aclarando específicamente el alcance de este concepto: «… a estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona».

Osvaldo Sanfelice encuadra en la definición de «allegado cercano» de Cristina Fernández de Kirchner y de su esposo Néstor. No solo era pública y notoria su cercanía, sino que además ha realizado múltiples operaciones de compra venta de empresas y propiedades a nombre de la familia Kirchner además de poseer poderes amplios de administración y disposición de sus bienes.

El fin de una operación de lavado el objetivo consiste en la integración del dinero al circuito normal, ocultando la ilicitud de su origen. Ante esto debe tenerse en cuenta que, en los casos de corrupción por sobreprecios, el valor de la sobrefacturación (o precio de la corrupción) debe ser extraído de las empresas que lo cobraron, mediante mecanismos de aparente licitud tales como facturas y cheques que luego son convertidos en efectivo, para ser distribuido entre quienes corresponda, en forma oculta.

Estamos frente a maniobras premeditadas para poner en circulación cuantiosas sumas de dinero, traducidas en bienes cuya adquisición no estaría justificada y cuyo origen estaría ligado a delitos de corrupción. Consideramos que las propiedades y empresas adquiridas por Osvaldo Sanfelice podrían haber sido obtenidas con los frutos de las actividades ilícitas por las que se lo investiga en la órbita de la justicia penal e incluso motivaron varios procesamientos al propios Sanfelice como también a la familia Kirchner y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Ruego tener presente y proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA

2.

Dictamen del fiscal Gerardo Pollicita en una causa por lavado de dinero contra Osvaldo Sanfelice y Cristóbal López

SOLICITA INDAGATORIAS. POSTULA MEDIDAS CAUTELARES

Sr. Juez:

Gerardo Pollicita, Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, se presenta ante V.S en la causa Nº 8.284/2016, caratulada «Agosto S.A. sobre Averiguación de Delito» del registro de la Secretaría Nº 19 del Juzgado Federal N° 10 a vuestro digno cargo, y respetuosamente manifiesto:

I. OBJETO

Que vengo a través del presente dictamen a solicitar la declaración indagatoria de Cristóbal Manuel LÓPEZ, Cristóbal Nazareno LÓPEZ, Emiliano LÓPEZ, Carlos Fabián DE SOUSA, Raúl Esteban ZAMORA, Osvaldo SANFELICE y Marta Alcira LEIVA en torno a la maniobra por medio de la cual se habría utilizado a la sociedad AGOSTO S.A.

III. B. LAS ETAPAS

Ahora bien, teniendo en cuenta la extensión temporal y la complejidad de la maniobra que se investiga, para una mayor claridad expositiva se analizará el proceder de los imputados según las diferentes etapas a través de las cuales se apropiaron de fondos públicos para posteriormente ocultar su origen espurio configurando de esa manera el delito de lavado de activos. Las etapas son:

1) El fraude el perjuicio de la administración pública como delito precedente;

2) La canalización de fondos espurios a las restantes empresas del GRUPO INDALO;

3) La creación de la firma AGOSTO SA como «pantalla» para receptar los fondos espurios.

4) La contratación de Agosto SA y el posterior reciclaje del producido.

III. B. 1. El fraude en perjuicio de la administración pública como delito precedente

El delito de lavado de activos, por su dificultad probatoria, amerita una exposición inicial que sirva como introducción al desarrollo de la maniobra, en tanto permitirá contextualizar y comprender acabadamente cómo Cristóbal Manuel LÓPEZ, Carlos Fabián DE SOUSA, Osvaldo SANFELICE y Marta Alcira LEIVA cimentaron y desarrollaron una estructura destinada a canalizar a través de ella fondos que provendrían de una defraudación sistemática, deliberada y permanente a las arcas del Estado.

Así, no resulta posible comprender acabadamente los hechos aquí investigados si se los aísla de la hipótesis criminal que se investiga en el marco de la causa N° 4.943/2016 que constituye a todas luces el paso previo a la maniobra que se describirá a lo largo de este dictamen, ya que es de aquel ilícito de donde provendrían los fondos que luego fueron canalizados a la firma AGOSTO S.A. Es por ello, que por una cuestión de orden cronológico y de practicidad en la comprensión de los hechos materia de investigación, es que comenzaré haciendo una breve remisión a los hechos investigados en aquel expediente.

La maniobra fraudulenta investigada reconoce como punto de partida el mes de enero del año 2010 a partir de la creación de la petrolera denominada OIL COMBUSTIBLES S.A., con fondos provenientes del conglomerado societario llamado GRUPO INDALO, para la fabricación de productos de la refinación del petróleo siendo sus directivos Carlos Fabián DE SOUSA (presidente), Raúl Esteban ZAMORA (vicepresidente) y Cristóbal Nazareno LÓPEZ (director titular).

Para su conformación, las contribuciones procedieron de la firma OIL M&S S.A., con el aporte de capital social por únicamente el 0,01%, y de la empresa INVERSORA M&S S.A., quien afianzó el paquete accionario con bienes que rondaron en el 99,9%, ambas con participación accionaria de los empresarios Cristóbal Manuel LÓPEZ y Carlos Fabián DE SOUSA.

A su vez, vale aclarar que INVERSORA M&S S.A. cuenta con integración social mayoritaria —71,79%— de la firma NITZON HOLDING, radicada en la República de Panamá, cuyo directorio está compuesto por Carlos Fabián DE SOUSA (director y presidente), Cristóbal Manuel LÓPEZ (director y vicepresidente) y Cristóbal Nazareno LÓPEZ (director y tesorero).

Tal como surge del dictamen por medio del cual se solicitó la declaración indagatoria en las referidas actuaciones, se tiene por demostrado que desde mayo del año 2011 cuando OIL COMBUSTIBLES S.A. (en adelante OIL) comenzó con su operatoria y durante más de cuatro años, la Administración Federal de Ingresos Públicos (en lo sucesivo AFIP) a través de un gran número de irregularidades habría permitido que la mencionada firma no pagara el impuesto sobre los combustibles líquidos como lo preveía la normativa vigente —de los 55 períodos fiscales que se analizaron, OIL pagó en tiempo y forma únicamente 7 de ellos— y utilizara indebidamente ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico al que pertenece (GRUPO INDALO), y así se tornara incierto el cobro de lo adeudado por parte del Estado Nacional.

No escapa a esta parte que la maniobra investigada se ejecutó al amparo de una política general de otorgamiento de planes de facilidades de pago para los deudores tributarios, los que en ningún momento se pusieron en tela de juicio en lo que hace a su legalidad. Sin embargo, lo que se tuvo por probado es que dichos regímenes de pago funcionaron como el medio a través del cual las autoridades de la AFIP —por acción u omisión— permitieron que la firma OIL no abonara el impuesto a los combustibles líquidos (en adelante ICL) ya recaudado y acumulara una deuda con el Fisco Nacional varias veces mayor a los bienes de uso y cambio de la petrolera.

Dicho ello, la maniobra fraudulenta requirió de parte de los responsables la inmersión inicial en el negocio petrolero, el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago y la utilización indebida de la recaudación del ICL impago para el financiamiento y expansión del grupo económico, y como correlato de ello, el perjuicio millonario al erario público por la falta de percepción del tributo en cuestión.

En primer lugar, el GRUPO INDALO —un conglomerado societario encabezado por los empresarios Cristóbal Manuel LÓPEZ y Carlos Fabián DE SOUSA— constituyó la empresa OIL a principios del año 2010 y comenzó, en mayo de 2011, a desplegar su actividad comercial relacionada a la refinación y venta de combustibles, luego de haber adquirido parte del fondo de comercio de la petrolera PETROBRAS ARGENTINA S.A. compuesto por la refinería San Lorenzo, la planta fluvial y una red de estaciones de servicio con 344 puntos de venta y una estación de servicio de la firma EG3 RED S.A.

Así, una vez inmersos en el negocio petrolero, el siguiente paso diseñado por ex funcionarios de la AFIP en conjunto con las autoridades de la firma OIL habría consistido en que la mencionada empresa no pagara el ICL proveniente de la recaudación de este impuesto —que en la práctica abonan los consumidores cuando cargan combustible en las estaciones de servicio— y en vez de ingresarlo a las arcas públicas fuera transferido a otras empresas del GRUPO INDALO, mientras que OIL se acogía a un sinnúmero de planes de pagos cuyo otorgamiento, control y ejecución no habría sido cumplido en forma deliberada por los distintos funcionarios del organismo recaudador, lo que a la postre perjudicó los intereses de las rentas nacionales.

En efecto, a lo largo de toda la vida de la empresa, los funcionarios de la AFIP no habrían reclamado el pago de la deuda cuando ya era exigible, y a la vez, habrían permitido por acción en algunas oportunidades, y por omisión en otras, un gran número de irregularidades en el tratamiento y otorgamiento de regímenes de asistencia financiera que al analizarlas de forma mancomunada e integral permitirían comprender la maniobra en su conjunto. Veamos.

Desde la iniciación de la empresa en la actividad —mayo del 2011— hasta el período marzo del 2013, la compañía en lugar de pagar el ICL presentó conjuntamente con la declaración impositiva del tributo el acogimiento a un plan de pago de índole general (llegando a enlistarse en un total de 185 planes a la luz del RG N° 2774), lo que le permitió acumular una deuda con el fisco por la suma de $ 4.386.109.978,17 de la cual pagó únicamente el 12,54%, reformuló en otro plan (RG N° 3451) el 37,48% y le caducó deuda por el 49,98%.

En relación a este período, y respecto de esta última parte de la deuda, un total de más de 2 mil millones de pesos que se encontraba vencida y por lo tanto debía ser exigida, ex funcionarios de la AFIP habrían permitido ilegítimamente que OIL se volviera a acoger al mismo plan violando las condiciones que el propio régimen N° 2774 expresamente prohibía. Además mediante la apertura de un proceso de fiscalización se habría posibilitado que la empresa recibiera un régimen especial de 36 cuotas, una tasa de financiación del 1,25% mensual y condiciones de caducidad a la cuarta cuota impaga, cuando la resolución ofrecía únicamente hasta 6 cuotas, un interés del 2% mensual y caducidad a la segunda cuota no cancelada.

Asimismo, en el período que va desde mayo 2013 a mayo 2014 —vale aclarar que los meses de abril, julio y agosto de 2013 fueron abonados correctamente— los funcionarios de la AFIP beneficiaron a la petrolera con dos planes de facilidades de pago de alcance particular —el primero otorgado únicamente a OIL y el segundo a todo el GRUPO INDALO— concedidos directamente y en forma excepcional por el Administrador Federal.

Ambos planes especiales tuvieron en común que fueron conferidos sin requerir a la empresa que acreditara la situación de crisis económica-financiera, sin tener en cuenta que la empresa desde su inicio y de manera sistemática no había pagado el impuesto ya recaudado, sin observar que ya se había refinanciado deuda ilegítimamente y sin llevar a cabo ningún tipo de estudio contable que hubiera permitido corroborar que la situación de —crisis— reflejaba en realidad una descapitalización autogenerada producto de los incesantes giros de los fondos del ICL a favor de empresas vinculadas con el conglomerado societario INDALO.

Todo ello, violando el único requisito exigido por el art. 32 de la Ley 11.683 para otorgar planes de facilidades de pago de alcance individual y mientras que en los medios de comunicación masiva se denunciaba que la empresa petrolera, lejos de estar en crisis, estaba llevando a cabo una maniobra impositiva por la que en realidad el dinero era transferido a otras sociedades del grupo.

Llegado a este punto y con una deuda consolidada que superaba los 4 mil millones de pesos, nuevamente OIL, luego de no abonar el ICL por 9 meses y sin que se le exigiera su pago, se acogió a dos nuevos planes de facilidades (RG N° 3756 y 3806) a 120 cuotas —10 años— por un total de casi 4 mil millones de pesos por los períodos devengados desde septiembre de 2014 hasta agosto de 2015 —ya que había pagado los meses de junio, julio y agosto 2014—, lo que luego repitió a través de una nueva resolución que le permitió financiar el ICL de los períodos septiembre a diciembre 2015, todo lo cual generó que la deuda alcanzara la suma de prácticamente 9 mil millones de pesos.

Consecuentemente, con una deuda que superaba ampliamente sus bienes de uso y de cambio, se presentó en concurso de acreedores ante el Juzgado de Ejecución N° 1 de Comodoro Rivadavia, a cargo del Dr. Gustavo Luis Horacio TOQUIER, jurisdicción que se encuentra cuestionada ante la CSJN, tornando en virtud del accionar conjunto de los empresarios y funcionarios estatales que se describió hasta el momento, cuanto menos incierto el eventual cobro de lo adeudado al Fisco Nacional.

En cuanto a la calificación legal, entendí que la conducta descripta encuentra adecuación típica en la figura del art. 174 inc. 5° del C.P. que reprime con prisión de dos a seis años a quien «cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública», siendo para el caso aplicable el tipo de fraude denominado «defraudación por administración infiel o fraudulenta» del artículo 173 inc. 7° del ordenamiento de fondo.

Lo afirmado se sustenta en que los intereses pecuniarios de las arcas del Estado se vieron notablemente afectados por las acciones y omisiones de los funcionarios que, entre otras irregularidades, no procuraron el cobro de la deuda cuando era exigible, brindaron facilidades de pago de manera irregular, otorgaron planes de pago especiales cuando ya se había consolidado una deuda monumental, omitieron llevar a cabo las mínimas diligencias que hubieran permitido corroborar que la deuda superaba el valor de los bienes de uso y cambio de la empresa y que la sociedad se estaba descapitalizando a sí misma, mientras capitalizaba a otras sociedades del mismo grupo empresario.

La esencia de este delito es el perjuicio doloso de un patrimonio ajeno, causado desde adentro de este, ya que es llevado a cabo desde una posición legal de poder, mediante la utilización de una manera infiel, de la protección que se tenía de esos bienes, lo que lleva a causar perjuicio a su titular. En otras palabras, se trata de una infidelidad que a través de un actuar doloso causa un daño en los bienes o intereses ajenos, violando los deberes que se tenía para con ellos.

Por consiguiente, consideré que a los ex funcionarios de la AFIP les correspondía responder en carácter de coautores por tener en todo momento el dominio del hecho y cumplir con las condiciones especiales de autoría; mientras que las autoridades de la firma OIL —entre las que se encontraban Cristóbal Manuel LÓPEZ y Carlos Fabián DE SOUSA—, que resultaron beneficiados con la infidelidad fraudulenta llevada a cabo por los ex funcionarios estatales, debían ser considerados como partícipes necesarios en relación al suceso relatado, por resultar su intervención imprescindible para alcanzar la comisión de las defraudaciones en examen.

Ello así, por cuanto participaron conjuntamente con los ex funcionarios en la ejecución de los hechos, aportando a tal fin la ingeniería societaria y empresarial que permitió constituir una sociedad comercial —OIL COMBUSTIBLES— conformada a su vez por sociedades y fideicomisos ya existentes, para luego adquirir parte del fondo de comercio de PETROBRAS ARGENTINA y comercializar combustibles líquidos en el mercado.

El aporte de la estructura societaria de la petrolera fue un eslabón central en la ejecución de la maniobra, en tanto posibilitó el cobro del ICL a los consumidores, y paralelamente la transferencia periódica de lo recaudado a otras empresas del GRUPO INDALO, provocando la descapitalización de la empresa OIL a favor de otras sociedades del conglomerado, lo cual trae aparejado la incertidumbre acerca de la continuidad del funcionamiento de la petrolera y la duda sobre la recuperabilidad de los préstamos efectuados, todo ello en claro detrimento de las rentas de la Nación.

III. B. 2. La canalización de fondos espurios a las restantes empresas del GRUPO INDALO

III. B. 2. a) Aspectos generales

El devenir de la maniobra para que los fondos en cuestión terminen en la firma AGOSTO S.A. está dada por la descapitalización autogenerada de la firma OIL mediante constantes transferencias de dinero obtenidos por el ICL a favor de las restantes empresas del GRUPO INDALO las que se formalizaban como créditos no corrientes, destacándose que entre las receptoras del mismo se encontraban en forma directa tanto OIL M&S como CPC SA y de forma indirecta ALCALIS DE LA PATAGONIA SA, siendo estas las que de manera concomitante contrataron con la firma de SANFELICE.

La mecánica empleada habría consistido en un continuo giro del dinero obtenido del cobro del impuesto, cuya liquidez permitió el otorgamiento de préstamos de la firma OIL hacia las restantes empresas del GRUPO INDALO, los cuales no tenían otra finalidad que la de diluir dentro del sistema financiero los fondos previamente defraudados al fisco.

Lo afirmado se confirma a poco que se analizan las características de esos préstamos, destacándose que por lo general eran sin plazos de vencimiento, en un 80% sin devengar intereses, y los que generan lo hacen a una tasa inferior al promedio de la tasa de préstamos tomados, sumado a que lo realizaba en favor de empresas que a su vez también se descapitalizaban.

Sobre el punto, se destaca el Informe de Situación Fiscal elaborado por la AFIP que puntualiza: «(…) la sociedad ha iniciado su operatoria de financiación en el ejercicio 2011, en el cual se vislumbra que el ITC impago de $163.321.123 se refleja en préstamos otorgados a una de sus integrantes OIL M&S S.A. por $116.159.194 (…) [y que] a partir del ejercicio 2012 dicha operatoria se acrecienta incorporando préstamos a otras sociedades del grupo, culminando en el período 2015 con deudas fiscales por $6.066 millones; siendo el 98% correspondiente al Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos. Asimismo, se observa que dicha situación se acompaña con un incremento de los créditos a sus accionistas (…)» (v. fs. 317/324).

Lo expuesto hasta aquí, comprueba fundadamente que la firma OIL utilizó el dinero proveniente del cobro del ICL que defraudó al fisco nacional y lo destinó deliberadamente a fondear, a costa de las arcas del Estado, otras empresas del GRUPO INDALO, dejando a la firma petrolera en un estado que peligra su capacidad para afrontar, por sí sola, la deuda fiscal creciente.

Esta situación, cabe decir, fue detectada y criticada duramente por la Auditora DELOITTE & CO S.A. al momento de analizar los balances de la petrolera OIL COMBUSTIBLES S.A. correspondientes a los ejercicios finalizados en los meses de junio de 2014 y 2015 agregados a fs. 522/626 de la causa N° 4.943/16 que tramita por conexidad con la presente. Veamos. En la primera ocasión, la Auditora destacó que «(…) la sociedad es parte de un grupo económico que incluye diversas líneas de negocios. Como parte de la financiación del grupo, ciertas unidades de negocios financian a otras que se encuentran en una etapa inicial o de expansión de sus negocios. En consecuencia, la realización y la cancelación a futuro de los activos y pasivos entre empresas del grupo económico se encuentran asociadas al cumplimiento y/o materialización de los planes de negocios de cada unidad de negocios en el corto y mediano plazo».

Pero, en la segunda auditoría, las conclusiones a las que se arribó fueron aún más categóricas e irrefutables, en tanto se afirmó que «(…) la sociedad posee al 30 de junio de 2015, saldos a cobrar con sociedades del grupo económico por $4.725 millones según se detalla en la nota 4 a los estados contables [y que por lo tanto] No hemos podido obtener elementos de juicio suficientes y adecuados que nos permitieran concluir respecto a la recuperabilidad de los saldos a cobrar arriba mencionados. A su vez, se aseveró que —(…) a la fecha cierre del ejercicio existen pasivos fiscales incluidos en planes de pago por un monto total de $6.010 millones (de los cuales $817 millones corresponden a pasivos corrientes y $5.193 millones a pasivos no corrientes) (…) a la fecha de emisión de los presentes estados contables existen obligaciones fiscales generadas con posterioridad al cierre del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2015 que se encuentran vencidas e impagas (…), [por lo que] estas circunstancias indican la existencia de una incertidumbre que puede generar duda sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento».

En efecto, tal como se desprende del informe elaborado por la AFIP, año a año mientras que la empresa OIL contaba con el dinero para pagar el ICL, en lugar de pagarle al Fisco, lo transfería en préstamos a otras sociedades del grupo en condiciones inferiores a las que le otorgaba la AFIP, sin plazo de devolución (el 96,40% de los créditos dados por OIL fueron otorgados sin plazo de devolución —ver fojas 5/6 del informe de situación fiscal del 31 de marzo de 2016—), sin garantía que lo respaldara y frente a empresas que a su vez también se descapitalizaban.

La maniobra delictiva de lavado empieza con la descapitalización autogenerada de la empresa petrolera, a través del cual el dinero que fue transferido a diferentes firmas del conglomerado empresarial se desvanece entre el complejo entramado societario, mientras que ante al Fisco, las personas jurídicas que deberían responder por lo adeudado, de acuerdo a los informes de la AFIP, no contarían con la capacidad económica para hacer frente a lo debido.

En definitiva, mientras que los ex funcionarios de la AFIP encargados de administrar las rentas de la Nación, al amparo de normas legales, llevaron a cabo procesos irregulares, OIL elevó la deuda impositiva en sumas varias veces millonarias mientras que en forma obscena la sociedad se desfondaba a sí misma, transfiriendo lo percibido a los consumidores en concepto de ICL a las restantes empresas del mismo conglomerado al que pertenece, para posteriormente diluir esas sumas dentro del sistema financiero —en parte contratando con AGOSTO SA— con miras a otorgarle una apariencia de licitud (Cfr. fs. 317/324).

III. B. 2. b) Los casos particulares: Oil M&S SA, Alcalis de la Patagonia SA y CPC SA

En el marco de esta descapitalización autogenerada de la firma OIL, surge de los diferentes informes aportados por la AFIP que se registraron constantes transferencias de dinero obtenidos por el ICL, los que se formalizaban como créditos no corrientes, a favor de las empresas del GRUPO INDALO que a la postre contrataron con AGOSTO S.A., estas son OIL M&S, CPC y ALCALIS DE LA PATAGONIA, siendo que en este último caso, conforme quedará reflejado, los aportes se receptaron en forma indirecta, esto es, previo paso de los fondos por otras firmas del conglomerado económico en cuestión.

Lo afirmado encuentra sustento en el Informe de Situación Fiscal el cual pone de manifiesto un continuo giro del dinero obtenido del cobro del impuesto, cuya liquidez permitió el otorgamiento de esos préstamos en condiciones desventajosas para la firma OIL, con miras a simular el origen espurio de los fondos y con el consecuente perjuicio para el Fisco Nacional al tornarse incierto el cobro de la deuda contraída.

En el caso particular de las firmas OIL M&S y CPC, los préstamos en cuestión se realizaron en forma directa por parte de la empresa OIL y de manera tanto previa como concomitante a la contratación de la firma AGOSTO S.A. por parte de aquellas.

En el caso de la restante firma del GRUPO INDALO que contrató con AGOSTO S.A., esto es la empresa ALCALIS DE LA PATAGONIA, la información aportada por la AFIP no revelaba préstamos directos por parte de OIL, pero si se logró establecer que fondos previamente canalizados desde esta última a otras empresas del grupo se derivaron a la firma que posteriormente contrató con la sociedad de SANFELICE.

El análisis del flujo de dinero durante el ejercicio 2013, en el cual el GRUPO INDALO inició la relación comercial con AGOSTO SA, revela que mientras la firma OIL efectuó diferentes préstamos a empresas del grupo, algunas de ellas efectuaron lo propio con ALCALIS por un importe total de $ 59.929.500, siendo que una parte significativa de ellos provinieron de la sociedad SOUTH MEDIA INVESTIMENT SA, la cual —según se refleja— previamente receptó parte de los fondos defraudados al fisco.

En el transcurso del ejercicio 2014, se destaca que la firma ALCALIS continuó receptando de forma indirecta parte de los fondos que OIL se apropió en forma ilegítima, siendo que en este período los prestamos ascendieron a la suma de $ 15.772.601, sumado a que en esta etapa fue la sociedad INVERSORA M&S la que más contribuyó en ese concepto.

Para el ejercicio 2015, la información aportada revela que ALCALIS, por intermedio de empresas del grupo económico en cuestión, continuó receptando la inyección de fondos de origen espurio, destacándose que para esta etapa los préstamos ascendieron a la suma de $ 48.473.424, siendo nuevamente INVERSORA M&S la que más contribuyó en ese concepto.

En lo que respecta al ejercicio 2016, se destaca de la información aportada por la AFIP que no se registran préstamos en favor de ALCALIS, no obstante lo cual resulta de interés el dato referido a la suma que durante este período OIL canalizó a OIL M&S, otra de las contratantes de AGOSTO SA, siendo que para este ejercicio alcanzó el importe de $ 34.057.561.

III. B. 3. La creación de la firma AGOSTO SA como «pantalla» para canalizar los fondos espurios

La sociedad AGOSTO S.A. fue constituida el 7 de septiembre de 2011, al igual que la empresa IDEA SA10, siendo sus socios a ese momento los Sres. César Gustavo VIRGILIO y Carlos Alberto SANCHO, mientras que su objeto social consistía en las actividades inmobiliarias, comerciales, constructora y agencia de viajes y turismo (Cfr. fs. 386/390).

Posteriormente, el día 11 de mayo de 2012, el Sr. Virgilio transfiere a favor de Osvaldo José SANFELICE su participación accionaria en la firma a cambio de $ 60.000, mientras que el Sr. Sancho realizó lo propio respecto de la Sra. Marta Alcira LEIVA, representada por su esposo, por una suma de $ 15.000.

En cuanto a su actividad declarada ante la AFIP, resulta la nomenclada con el código 771.290 «Alquiler de equipo de transporte NCP sin conductor ni operarios…» y como actividad secundaria «Servicio de transporte automotor de cargas» y «Servicio de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural»

La condición de sociedad «pantalla», entendiéndose como tal aquella creada legalmente pero para canalizar fondos espurios, está dada no solo por su particular operatoria, la cual será analizada en lo sucesivo, sino que, además, se han advertido otros indicadores en ese sentido que merecen ser valorados. En efecto, se destaca que la firma investigada registre domicilio fiscal en la Avenida Presidente Kirchner N° 496 de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, el cual resulta coincidente con el correspondiente a las firmas HOTESUR SA, IDEA SA, BMC SRL y NEGOCIOS INMOBILIARIOS, todas ellas vinculadas —según se expondrá en lo sucesivo— con el flujo de dinero entre los empresarios afines y la familia KIRCHNER o su entorno más cercano.

A partir de lo reflejado, advirtiendo que, según las bases de datos aportadas por la AFIP, la empresa investigada en autos no cuenta con otros domicilios adquiridos o alquilados en la localidad donde está registrada, se torna irrisorio pensar que en ese lugar de modestas dimensiones, compartido con varias firmas, pueda realmente funcionar una sociedad que manejaría maquinaria pesada y factura significativas sumas de dinero.

La práctica demuestra que es habitual en las maniobras de lavado de dinero que las personas intervinientes opten por constituir o adquirir múltiples sociedades constituyendo un mismo domicilio como una forma de centralizar y controlar la compleja operatoria, siendo un denominador común la falta de capacidad tanto estructural como económica para justificar los montos canalizados por medio de las mismas.

En esa dirección, no puede omitirse que AGOSTO SA no registraba persona alguna en su nómina de empleados presentada ante la AFIP, ello hasta el mes de octubre de 2015 cuando se inscribe en ese carácter a su accionista Marta Alcira LEIVA y su hermano Alberto Oscar LEIVA, con una remuneración mensual de $ 30.120,40 y $ 18.072,24 respectivamente (ver CD aportado por AFIP sobre Agosto SA).

Esta circunstancia acrecienta la sospecha sobre la real operatividad de la empresa, no solo por los vínculos parentales reflejados, sino que a ello se debe sumar que Alberto Oscar LEIVA, además de cuñado de SANFELICE, fue apoderado de la firma LOS SAUCES (11) y trabajó para la firma CPC SA, que es una de las que nutrió de fondos espurios a AGOSTO SA.

Por último, esta condición de sociedad «pantalla» se refuerza al advertir que, de conformidad con lo informado por la UIF, los rodados que inscribió como «Bienes de Uso» en sus estados contables AGOSTO SA con anterioridad al ejercicio 2015, presuntamente adquiridos para iniciar su negocio, entre los que se incluyen camiones, tractores, remolques y una perforadora, según los informes de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor no figuren bajo su titularidad, siendo que los mismos continúan —a excepción del dominio FFR 013— a nombre de OPS S.A.C.I. (12) presunta vendedora de los mismos (ver CD aportado por la UIF reservado en autos).

III. B. 4. La contratación de Agosto SA y el posterior reciclaje del producido

El Informe de la Unidad de Información Financiera que da inicio a los actuados se origina en un Reporte de Operación Sospechosa emitido por una entidad financiera en el que se señalan los movimientos efectuados en el período comprendido entre el 26 de septiembre de 2013 y el 2 de marzo de 2016 en la Cuenta Corriente en pesos N° 3084-3-243 del Banco Galicia perteneciente a la firma AGOSTO S.A., consistentes en acreditación y emisión de cheques por montos significativos, que alertaron a dicha entidad en virtud a superar el perfil transaccional de la sociedad.

La firma comenzó a registrar actividad recién a partir del mes de agosto de 2013, momento coincidente con el comienzo del período reportado.

Esta empresa, según quedó explicitado, se dedica al alquiler de camiones, tractores y maquinarias, destacándose en el informe en cuestión que los fondos acreditados en la cuenta analizada provinieron de quienes prácticamente serían sus únicos clientes, que son las firmas ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A., OIL M&S S.A. y en menor medida CPC S.A., que se dedican a actividades disimiles y cuyo denominador común es que todas ellas pertenecen al GRUPO INDALO, cuya operatoria se encuentra cuestionada por haber defraudado al fisco con la empresa OIL apropiándose del ICL y derivar esos fondos a las restantes sociedades del grupo, entre las que se encuentran —tal como se demostró precedentemente— las contratantes de AGOSTO SA.

En lo que respecta a la facturación electrónica de la firma investigada, entre octubre de 2013 y agosto de 2016, la misma alcanzó el importe total de $ 38.695.072,96, siendo prácticamente sus clientes exclusivos las firmas antes mencionadas que inyectaron fondos de origen espurio para acrecentar en forma exponencial la actividad de una firma prácticamente inactiva hasta ese momento (ver CD aportado por la AFIP respecto de AGOSTO reservado en autos).

En esa línea, destaca el informe en cuestión el desmesurado crecimiento del activo de la sociedad a partir del inicio de su actividad, pasando de $ 130.600 al finalizar el Ejercicio Económico Nro. 2 el día 30 de agosto de 2013, a $8.894.079,49 y $ 28.211.852,37 al finalizar los Ejercicios subsiguientes.

En este punto, corresponde resaltar que otro dato revelador sobre la comisión del delito que se atribuye en autos tiene que ver con el salto exponencial de la facturación de una empresa que se incorpora al entramado societario montado a tal fin, extremo que obedece a la necesidad de poder apropiarse de la mayor cantidad de dinero ilegal en el menor tiempo posible.

Ahora bien, la sospecha de que los responsables de la maniobra utilizaron esta sociedad para el lavado de activos se centra no solo en la procedencia de las sumas de dinero que se inyectaron a la misma o que se tratase de una firma inactiva que creció en forma repentina al relacionarse con el GRUPO INDALO, sino que a ello se debe sumar que el análisis de su giro comercial —sobre el que se habrá de profundizar en lo sucesivo— permiten descartar una justificación económica de su operatoria, extremos que fundamentan la presunción de que se trató de una sociedad de la cual se valieron los imputados para canalizar fondos de origen espurio.

III. B. 4. a)- Sobre la incorporación y el alquiler de maquinaria

En cuanto a los rodados y la maquinaria con los cuales AGOSTO S.A. comenzó a desarrollar su actividad, según surge de sus estados contables, se incorporaron a su activo, en el rubro «Bienes de Uso», quince rodados y una máquina con una valuación total de $ 4.862.100.

La adquisición de los mismos se habría solventado en parte mediante aporte de los accionistas ($1.507.652) y en parte mediante financiación del proveedor, la sociedad OPS S.A.C.I. ($ 616.021). Sin embargo, refiere el análisis realizado por la UIF que no resultarían suficientes para justificar la totalidad de las adquisiciones, lo cual no hace más que demostrar la premura con la cual se montó un negocio que, por sus características, requería que esos bienes figuren en el patrimonio para poder explicar el volumen operado.

La sospecha sobre la real incorporación de estos activos se refuerza en el hecho anteriormente resaltado y que se vincula a que los mismos, pese a ser presuntamente abonados, no fueron inscriptos como propios ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor.

En el ejercicio siguiente fueron adquiridos siete nuevos rodados al mismo proveedor (mientras fue dada de baja una máquina) ascendiendo la valuación de dicho rubro a $ 8.119.325, siendo ello acorde a la necesidad de justificar el crecimiento significativo de la facturación derivado de la cuestionada inyección de los fondos de parte del GRUPO INDALO.

Al adentrarnos en el destino principal asignado a esos bienes, se destaca como sospechoso los importes de las facturas de alquiler de los rodados, ya que tomando el mes de junio de 2014 surge que ALCALIS le alquiló a AGOSTO tres camiones mineros CAT 733D por un importe de $ 490.050, mientras que de los registros de la firma surge que su valuación, determinada por el costo de adquisición, ascendió a $ 2.239.875, por lo que el precio del alquiler de los vehículos por solo un mes representó aproximadamente el 18 % del valor de los mismos.

En idéntico mes al señalado, la firma OIL M&S le alquiló a la sociedad reportada seis camiones volcadores Eurotracker 380E y tres equipos completos de tractor con semirremolques por un monto de $ 531.500, cuando habían sido incorporados a su activo con una valuación total de $ 1.959.000, por lo que en este caso el precio de alquiler representaría aproximadamente el 27 % del valor de los bienes.

Los porcentajes señalados resultan altos, dado que en el primero de los casos con solo poco más de cinco meses de alquiler el cliente de AGOSTO podría haber comprado los bienes alquilados, mientras que en el otro caso ese período se reduce a menos de cuatro meses.

En base a estas circunstancias, se tiene por descartada una explicación contable de la operatoria montada, siendo que los precios sobrevalorados de los alquileres tuvieron por objeto justificar el mayor caudal de fondos recibidos y de ese modo incrementar ficticiamente su ganancia, lo cual resulta demostrativo de que la firma en cuestión se montó para lavar fondos de procedencia ilícita.

III. B. 4. b)- Sobre la venta de maquinaria

El Informe de la UIF que dió inicio a lo actuado señala que en el Estado de Resultados de ese Ejercicio se registran «Otros Ingresos» por un monto de $ 5.637.000 que corresponden a la venta de una maquinaria de la firma que se trataría de una perforadora marca Pantera 1.500 —Tamrock— la cual fue dada de baja en ese período.

La misma se encontraba valuada en $ 1.323.000 (neto de depreciación), no obstante, su venta se materializó por $ 6.960.000 (neto de IVA) según se deprende de la correspondiente factura, de donde se advierte que el comprador fue ALCALIS DE LA PATAGONIA, el principal cliente de la firma.

Esto implica que la máquina fue vendida a un importe 426,08 % superior al que se encontraba valuada, agregando que Osvaldo SANFELICE —accionista de Agosto S.A.— figuraba además como empleado de la compradora y que la actividad desarrollada por la empresa es el alquiler de equipos y no su venta, por lo que ALCALIS, pese a que podría haber optado por adquirir el bien a un proveedor pagando su valor real, concertó esta maniobra para transferir tales fondos desde una a otra firma, lo cual le permitió sobrevaluar sus resultados y justificar al mismo tiempo el exorbitante crecimiento de su activo y patrimonio neto como una derivación de los fondos inyectados por el GRUPO INDALO.

III. B. 4. c)- El reciclaje del producido de AGOSTO SA y la particular compra de un inmueble en Olivos, Provincia de Buenos Aires

La finalidad atribuida a AGOSTO SA se refuerza al observar que, al poco tiempo que comenzó a operar, realizó inversiones significativas en activos que no se encontraban relacionados con su actividad, cuando considerando su incipiente incursión en el mercado del alquiler de equipos pesados podrían haber dirigido sus excedentes a fines de acumular capital de trabajo y expandir su capacidad operativa.

En efecto, en el transcurso del año 2015 la empresa en cuestión realizó una significativa inversión en la adquisición de cuotas partes de un Fondo Común de Inversión denominado FIMA, siendo que en su Ejercicio Contable N° 4, con cierre el 31 de agosto de 2015, incorporó en su «Activo Corriente» inversiones por un monto de $ 4.161.467 que corresponde a la tenencia de 1.907.875,36 cuotas del referido fondo.

A su vez, según la información aportada por la AFIP, la sociedad constituyó, con fecha 30 de abril de 2015, un plazo fijo por $ 1.400.000 en el Banco Galicia, siendo la fecha de vencimiento del mismo el 29 de junio del mismo año (v. CD aportado por AFIP respecto de AGOSTO reservado en autos).

Por otro lado, destino otra porción de sus ingresos para adquirir un inmueble por un importe de $ 4.651.000, con la particularidad que se aclaró que su destino es de carácter permanente y su fin no enajenarlo, sumado a que se encontraba localizado la calle Wineberg 2246 de Olivos, Provincia de Buenos Aires, cuando la empresa registra domicilio en la Provincia de Santa Cruz.

El referido inmueble habría sido vendido por la firma LAKAUT S.A., la cual resulta titular registral del bien luego de adquirirlo con fecha 2 de diciembre de 2011, por la suma de USD 640.000 (Cfr. fs. 309, 340 y 394/400) y corresponde destacar que la misma tenía una relación comercial con AGOSTO SA, en cuya cuenta se recibieron cheques por un monto de $ 724.114,18, además de con SANFELICE, quien les facturó —entre julio y noviembre de 2013— un importe de $ 36.300 mensuales, sumado a que Marta LEIVA figuró como empleada de LAKAUT entre noviembre de 2013 y agosto de 2015.

No obstante ello, hasta el momento no se pudo corroborar, pese a las medidas ordenadas en ese sentido, la noticia periodística a la cual hizo alusión la UIF en su Informe de Inteligencia N° 0059/2016 relativa a que la firma INVERLIFE S.A., también vinculada a SANFELICE, habría adquirido el 50 % del paquete accionario de LAKAUT.

En cuanto a la adquisición del inmueble aludido, se trata de una operación que refuerza la sospecha sobre la finalidad de AGOSTO SA, ya que en un período corto de funcionamiento, realizó una inversión significativa en un activo superfluo y en una localidad en la cual no tiene registro de operaciones comerciales.

Ahora bien, la impresión del mapa del domicilio aporta un dato significativo, ya que el mismo se encuentra a menos de 50 metros de la Quinta de Olivos, circunstancia que descartaría el carácter aleatorio de la operación y permitiría encontrarle una explicación en la necesidad de que un hombre clave en el entramado delictivo, como era Osvaldo SANFELICE, cuente con un lugar próximo a la que fuera la residencia de la familia KIRCHNER hasta diciembre de 2015.

Por demás, la imagen obtenida del Street View de Google permite verificar que el inmueble en cuestión —que sería el que se emplaza en el margen derecho—, se trataría de una residencia particular y cuenta con un llamativa proximidad a uno de los accesos laterales de la residencia presidencial —el que se observa al final de la imagen—, circunstancias que permiten descartar su adquisición con miras a expandir la capacidad operativa de AGOSTO SA y ameritan una ulterior profundización investigativa.

A su vez, resulta de interés lo informado por la UIF en torno a la persona que intervino en la compra del inmueble en representación de AGOSTO SA, la cual se identifica como Emanuel Matías GÓMEZ, siendo el dato relevante que este sujeto habría pasado a integrar, desde el año 2015, el Directorio de HOTESUR SA14 y registra como empleador a NEGOCIOS PATAGONICOS15, sumado a que parte del importe que se abonó en la operación fue cubierto con un cheque, por el monto de $ 109.020,10, emitido por IDEA SA16, extremos que no permiten descartar un ocultamiento sobre la identidad de los verdaderos titulares del bien (Cfr. fs. 62vta y 73).

En definitiva, la maniobra por la cual se transfirieron fondos desde GRUPO INDALO permitió que AGOSTO SA justifique el crecimiento de su patrimonio y con ello realice inversiones significativas en activos que no estaban relacionados con su actividad, ello con la clara finalidad de diluir en el mercado los fondos que fueran oportunamente defraudados al fisco nacional, agotándose así el lavado de activos al dificultarse la identificación genuina de la actividad ilícita que los generó.

IV. RESPONSABILIDAD DE LOS IMPUTADOS

La investigación se enmarca dentro lo que sería una matriz de corrupción equiparable a una asociación ilícita integrada por ex funcionarios de alto rango del gobierno nacional, y un reducido número de empresarios afines, entre ellos, Cristóbal Manuel LÓPEZ y Carlos Fabián DE SOUSA, destinada a apropiarse de fondos públicos, a través de diferentes empresas sospechadas de haber formado parte de este entramado delictivo, en el que Osvaldo SANFELICE actuaba como intermediario, a través del cual se defraudó de modo sistemático, deliberado y permanente a las arcas del Estado.

Es en ese contexto en el cual cobra virtualidad la maniobra investigada en autos, la cual refleja como parte de los miembros de la aludida organización criminal, buscaron legitimar una porción del beneficio económico obtenido por el delito cometido a través de la canalización de los fondos a la firma AGOSTO SA ocultando de esa manera su procedencia ilícita.

Para la concreción de este plan criminal cada uno de los imputados de autos realizó un aporte fundamental para consumar el objetivo propuesto y, por consiguiente, tenían un dominio del hecho que los torna coautores del delito atribuido. En efecto, los empresarios Cristóbal LÓPEZ y Carlos Fabián DE SOUSA, a partir de una estrecha relación personal y comercial con los ex presidentes Néstor KIRCHNER y Cristina FERNÁNDEZ, fueron los que edificaron, en gran medida a partir de los beneficios ilegales otorgados por diferentes funcionarios públicos, el GRUPO INDALO, compuesto de múltiples sociedades vinculadas en cuya construcción y conducción realizaban un aporte importante Cristóbal Nazareno LÓPEZ, Emiliano LÓPEZ y Raúl Esteban ZAMORA.

Lo afirmado queda en evidencia si se repara que la petrolera OIL, protagonista en el delito precedente del lavado de activos, tenía como sus directivos a Carlos Fabián DE SOUSA (presidente), Raúl Esteban ZAMORA (vicepresidente) y Cristóbal Nazareno LÓPEZ (director titular) (Cfr. fs. 317).

Para su conformación, las contribuciones procedieron de la firma OIL M&S S.A., con el aporte de capital social por únicamente el 0,01%, y de la empresa INVERSORA M&S S.A., quien afianzó el paquete accionario con bienes que rondaron en el 99,9%. En cuanto a INVERSORA M&S S.A., la nave insignia del grupo y titular de acciones de varias de las empresas involucradas, la misma estaba integrada por Cristóbal Manuel LÓPEZ (con inversiones por el 15,58%), Carlos Fabián DE SOUSA (con fondos por el 4,64%), NITZON HOLDING (Panamá) (con contribuciones por el 71,79%) y FIDEICOMISO CML II (con participación por el 7,99%) (v. fs. 317).

Respecto a la identidad de las personas que componían las estructuras financieras que integraban INVERSORA M&S, se logró establecer que FIDEICOMISO CML II, según el último informe de 2013, estaba compuesto por Cristóbal Manuel LÓPEZ, en calidad de fiduciario, mientras que los fiduciantes eran sus hijos Cristóbal Nazareno y Emiliano LÓPEZ, cada uno de los cuales aportó bienes por un valor de $ 30.666.798 (Cfr. fs. 317vta). En torno a NITZON HOLDING, la información colectada indica que sus autoridades serían Carlos Fabián DE SOUSA (Director/Presidente), Cristóbal Manuel LÓPEZ (Director/Vicepresidente) y Cristóbal Nazareno LÓPEZ (Director/Tesorero) (Cfr. fs. 317vta).

En relación a OIL M&S, accionista de OIL y contratista de AGOSTO SA, se tiene por demostrado que sus accionistas eran Cristóbal Manuel LÓPEZ (con participación del 0,68%), Carlos Fabián de SOUSA (aporte del 0,57%), INVERSORA M&S S.A. (con fondos por el 98,11%) y FIDEICOMISO CML II (por 0,64%) (Cfr. fs. 317).

En torno a CPC SA, firma que también canalizó fondos a la empresa de SANFELICE, se demostró que, según Acta de Asamblea N° 75 —del 5 de septiembre de 2014—, tiene como accionistas, entre otros, a Raúl Esteban ZAMORA (con 163.455.400 acciones) e Inversora M&S S.A. (con 3.850.000 acciones), sumado a que en esa oportunidad se designó a Cristóbal Nazareno LÓPEZ, a la postre también accionista de la misma, como Presidente y a Emiliano LÓPEZ como Vicepresidente; mientras que Carlos Fabián DE SOUSA fue integrado al directorio y designado Presidente mediante Acta de Asamblea N° 91 del 28 de junio de 2016 (v. legajo reservado en causas conexas).

Por su parte, la injerencia de los encausados sobre la restante firma del GRUPO INDALO involucrada, esto es ALCALIS DE LA PATAGONIA, resulta de la información aportada por AFIP la cual indica que esta sociedad registró a Carlos Fabián DE SOUSA como autoridad de la misma, mientras que Raúl Esteben ZAMORA fue informado como «vinculado a cuentas», siendo que como integrantes aparecen reportadas INVERSORA M&S y OIL COMBUSTIBLES SA (ver CD reservado aportado por AFIP respecto de ALCALIS).

Lo expuesto refleja como Cristóbal LÓPEZ y Carlos Fabián DE SOUSA, eran las personas que encabezaban el GRUPO INDALO, siendo que para el manejo y la integración de las múltiples sociedades que lo componen contaban con el aporte fundamental de Cristóbal Nazareno LÓPEZ, Emiliano LÓPEZ y Raúl Esteban ZAMORA.

En ese contexto, resultan los principales artífices de la maniobra investigada en autos, ya que tenían el dominio sobre la firma que se apropió en forma ilegal de fondos del fisco nacional y se ocuparon de canalizarlos para ocultar su procedencia.

En efecto, una vez que las ganancias ilícitas se encontraban en poder del GRUPO INDALO, el paso siguiente que llevaron adelante sus conductores, consistió en desarrollar un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias ilícitas, de modo que, una parte de aquellas pudieran llegar a manos de una persona que integraba el entorno de los ex presidentes con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal.

Para ello, montaron un circuito económico basado en la actividad de alquiler de maquinaria, momento en que aparece el aporte de Osvaldo SANFELICE y Marta LEIVA, quienes constituyeron AGOSTO SA que les permitió canalizar regularmente fondos que previamente circulaba en forma de «préstamos» dentro de las firmas del GRUPO INDALO, a favor de una empresa que actuó como pantalla, cuya función en el esquema de blanqueo diseñado consistió en recibir el dinero proveniente del delito precedente y aplicarlo en inversiones ajenas a su actividad, materializando el reciclaje del mismo.

Este proceso progresivo, permitió que la ganancia ilícita se fuera distanciando de su origen delictivo mediante su inyección dentro del sistema financiero, para que al final resultara virtualmente imposible vincular el dinero ilícito con su verdadero origen.

En este diseño criminal, resultó necesario que se involucraran una multiplicidad de ejecutantes cuyas conductas se entrelazaron entre sí con el fin de producir la posibilidad de que los bienes provenientes de un delito adquirieran apariencia de licitud, todo lo cual operó dentro de una matriz más amplia de corrupción que conformaría una asociación ilícita orientada a apropiarse de fondos públicos que está siendo investigada en el marco de la causa N° 15.734/08.

De esta forma, con una gran cantidad de los fondos defraudados al fisco por el GRUPO INDALO a través de la empresa OIL COMBUSTIBLES, se instauró un esquema de blanqueo que consistió en circular el mismo entre empresas del mismo grupo mediante «préstamos» y luego con tres de ellas, ALCALIS DE LA PATAGONIA SA, OIL M&S y CPC SA, entablar una relación comercial con una empresa pantalla de SANFELICE —AGOSTO SA—, que se encargaría de recibir el dinero ilícito proveniente de las empresas del grupo económico conducido por Cristóbal LÓPEZ y Carlos Fabián DE SOUSA, con el aporte imprescindible de Cristóbal Nazareno LÓPEZ, Emiliano LÓPEZ y Raúl Esteban ZAMORA.

Finalmente, parte de los fondos millonarios que eran canalizados a AGOSTO SA, luego de que aplicar una parte de los mismos a buscar justificar el volumen operado adquiriendo nueva maquinaria, eran posteriormente destinados a inversiones, como ser la constitución de un plazo fijo, adquisición de partes de un Fondo Común de Inversión o la compra millonaria de una propiedad, las cuales —al diferir de la actividad comercial de la empresa pantalla, solo buscaron alejar las sumas de dinero de su origen ilícito, agotándose así la maniobra de lavado de activos por la que deben responder sus responsables.

V. MOTIVACIÓN DE LA MANIOBRA

V. A. La importancia de Osvaldo SANFELICE en el esquema de corrupción

V. A. 1. La compra de Hotesur S.A.

El hotel ALTO CALAFATE pertenece a la sociedad HOTESUR SA y cuenta con más de 100 habitaciones, un restaurante, tres salones para eventos de hasta 600 invitados, dos piscinas climatizadas y servicios de categoría como spa, gimnasio y sauna, siendo la propiedad más costosa adquirida durante su gestión por la ex familia presidencial.

Para ello, Néstor KIRCHNER sin perjuicio que el hotel no se encontraba a la venta, en el mes de agosto de 2008, envió a Patricio PEREYRA ARANDIA —yerno de Alicia Kirchner17— para que se contactara con los dueños del hotel, José Carlos Amil LÓPEZ, Jorge Norberto MARCOS y Jorge Antonio GIOVANAKIS, a los fines de consultarles si estaban dispuestos a escuchar una oferta de compra por el mismo, y ante la afirmativa de los propietarios del Alto Calafate, encomendó a Osvaldo SANFELICE —persona de confianza de los Kirchner y socio de Máximo KIRCHNER en la sociedad Negocios Inmobiliarios S.A.— para que continuara con las gestiones para su adquisición. Así, el 2 de octubre de 2008, SANFELICE en representación de la empresa CO.MA. S.A. —perteneciente a Néstor y Máximo KIRCHNER— suscribió junto a los accionistas de HOTESUR S.A. un contrato de opción de compra de las acciones de la sociedad, por el cual la parte compradora se comprometió a realizar. Patricio PEREYRA ARANDIA es cónyuge de Natalia MERCADO, quien es hermana de Romina de los Ángeles MERCADO y ambas son hijas de Alicia KIRCHNER.

Posteriormente Osvaldo SANFELICE actuando en comisión y sin indicar el nombre de su comitente —que era el ex presidente—, envió una nota a los titulares de HOTESUR S.A. mediante la cual les hizo saber que CO.MA S.A. cedía los derechos derivados del contrato a su favor, y el día pactado, formalizó una oferta de compra de la empresa por 4,9 millones de dólares estadounidenses —USD 4.900.000—.

De esta forma, dos días después, el 7 de noviembre de 2008, a menos de 150 metros de la casa de gobierno, se reunieron en la sucursal del Banco Santander Río ubicada en la calle 25 de Mayo 140 de esta ciudad, Osvaldo SANFELICE actuando «en comisión» y los accionistas de HOTESUR con el fin de llevar adelante el pago acordado, el que fue integrado de la siguiente manera USD 3.168.000 —fue llevado en efectivo por SANFELICE— y el saldo restante, USD 1.632.000 —fue transferido desde el Banco de Santa Cruz—, todo lo cual fue depositado en ese mismo acto en la entidad bancaria suscribiéndose el correspondiente boleto de compraventa de acciones.

Consecuentemente, la identidad del ex presidente quedó oculta detrás de la actuación —en comisión— de Osvaldo SANFELICE, quien figura en el boleto de compraventa de acciones como «comprador», lo que le permitió al ex presidente adquirir el principal hotel de su patrimonio sin dejar rastros de su participación en la compra, lo que se corrobora con el hecho de que fue recién el 12 de diciembre de aquel año, cuando hizo formalmente su primera aparición en los libros de la empresa siendo secundado como segundo accionista por Máximo KIRCHNER, a quien le había donado días antes —con la aprobación de Cristina FERNÁNDEZ— el 1,96% de las acciones de la empresa HOTESUR, para poder cumplir con el requisito legal de que la sociedad cuente con dos accionistas.

A su vez, SANFELICE, por orden de Néstor KIRCHNER, suscribió el contrato y acudió ese mismo día a la última asamblea de los anteriores dueños de la empresa, en la que los mismos renunciaron al directorio de la firma y designaron al frente del órgano de administración a personas de confianza de los nuevos dueños, es decir, de la ex familia presidencial.

Como se puede observar, mediante distintas maniobras Néstor KIRCHNER se ocultó detrás de la figura de Osvaldo SANFELICE con el objetivo de no figurar en ninguno de los documentos por los cuales adquirió la empresa HOTESUR, siendo que mediante la presentación de escrituras antiguas de las que no surgía que eran él y su hijo los accionistas de CO.MA. S.A., y luego, a través de la actuación «en comisión» de SANFELICE al realizar el boleto de compraventa, encubrieron la figura del ex presidente en esta operación de casi 5 millones de dólares.

La operatoria de esta firma, una vez que pasó a manos de la familia KIRCHNER, se encuentra siendo objeto de pesquisa en el marco de la causa N° 11.352/14, en trámite ante esta Fiscalía, por entenderse que por medio de la misma se habría lavado dinero derivado de los beneficios ilegales que empresarios afines —tal es el caso de Lázaro BÁEZ— recibieron de las ex autoridades del gobierno nacional.

V. A. 2. La integración del órgano directivo de Hotesur

Luego de la compra de HOTESUR, el ex presidente Néstor KIRCHNER y su hijo Máximo eligieron en noviembre de 2008, y luego Cristina FERNANDEZ y sus dos hijos ratificaron hasta febrero de 2012, a Osvaldo José SANFELICE —socio de aquellos—, Romina de los Ángeles MERCADO —sobrina de los ex mandatarios— y Patricio PEREYRA ARANDIA —yerno de Alicia Kirchner y fiscalizador de Valle Mitre— como directores titulares de esa firma, y designaron a Adrián Esteban BERNI —presidente de Valle Mitre—, Alejandro Fermín RUIZ —apoderado de Valle Mitre— y Roberto Marcelo SALDIVIA — testigo testamentario de Lázaro Báez— como directores suplentes (v. folios n° 19, 20, 22 y 24 del Libro de Actas de Asamblea n° 1, caja C1).

Prácticamente en forma simultánea a su compra, pero sin intervención, tratamiento o análisis comercial de los órganos de decisión, la empresa se desligó de la explotación comercial del complejo hotelero, el que fue puesto por los ex presidentes en manos de la firma VALLE MITRE, propiedad de su socio Lázaro BÁEZ.

En efecto, con fecha 10 de noviembre de 2008, es decir tan solo tres días después de su compra, Osvaldo José SANFELICE, como presidente de la empresa HOTESUR, firmó la cesión de la explotación comercial a la sociedad VALLE MITRE, en cuya representación concurrió el apoderado Adrián Esteban BERNI, quien por ese entonces también revestía la calidad de director suplente de HOTESUR, por haber sido designado en nombre de los ex presidentes (v. contratos obrantes en alcance SIGEA 13324-86-2014, caja n° 67, y Libro de Actas de Asamblea n° 1 y Libro de Actas de Directorio n° 1 de Hotesur, Caja C1 reservados en el marco de la causa 11.352/14).

En esa oportunidad, se suscribió un primer contrato de locación por el que la firma VALLE MITRE se comprometió a pagarle a HOTESUR la suma de ochenta mil dólares mensuales (USD 80.000) más IVA en concepto de locación del inmueble, estipulándose como plazo de duración del contrato 12 meses con una opción de prórroga por el mismo término.

Pero a su vez, en esa misma ocasión, se formalizó un segundo contrato de cesión de explotación comercial y activos a través del cual la firma VALLE MITRE se comprometió a pagarle a HOTESUR el monto de cuarenta mil dólares mensuales (USD 40.000) más IVA, estableciéndose como en el primero un plazo de duración del contrato de 12 meses con una opción de prórroga por idéntico lapso.

Así también, con motivo de esta contratación, Osvaldo José SANFELICE acordó con la firma VALLE MITRE que la empresa HOTESUR le cedería y transferiría la totalidad del fondo de comercio hotelero a la segunda a cambio de la suma de cien mil dólares (USD 100.000), la que se estipuló se pagaría en dos cuotas sucesivas de USD 50.000 cada una y que configuraría un precio único, fijo, total, absoluto y definitivo por los bienes transmitidos en el inventario de traspaso (v. cláusula n° 2).

Sobre el particular, la cedente no solo transfirió la existencia de mercaderías, implementos de trabajo, empleados y bienes registrables, sino que a la vez que le traspasó el nombre, la enseña comercial, la clientela, las patentes, las marcas de fábrica, los dibujos y, en definitiva, todos los derechos derivados de la explotación comercial del Hotel Alto Calafate (v. cláusula n° 1).

Es decir que, de acuerdo a los contratos celebrados entre las partes, más allá de la cesión del fondo de comercio, la firma VALLE MITRE se comprometió a abonarle la suma de ciento veinte mil dólares mensuales (USD 120.000) más impuestos a la empresa HOTESUR, como consecuencia de la explotación comercial del Hotel Alto Calafate, los que se vieron reflejados en los $493.680 mensuales que le abonaría luego a HOTESUR.

Lo expuesto hasta aquí evidencia que la firma HOTESUR, que hasta ese momento era una empresa dedicada a la administración y explotación del Hotel Alto Calafate, tan solo tres días después de haber sido adquirida por la familia KIRCHNER, fue despojada de la razón para la que había sido creada y su fondo de comercio cedido, por intermedio de SANFELICE, a la empresa VALLE MITRE del GRUPO BÁEZ, sin ningún tipo de tratamiento, análisis comercial e incluso sin dejar asentado en sus libros la decisión de las autoridades que cambiaría radicalmente la actividad de la empresa que ya no tendría ningún empleado y solamente se dedicaría a cobrar el alquiler del Hotel Alto Calafate a la empresa del amigo de los ex presidentes (v. ausencia de empleados en la respuesta al punto pericial n° 33 glosado a fs. 7277/343).

El acuerdo comercial suscripto en noviembre de 2008 fue reconducido tácitamente desde su vencimiento hasta el día 17 de mayo de 2011, cuando se formalizó un nuevo contrato entre las firmas VALLE MITRE y HOTESUR a través del cual la familia KIRCHNER, tras la muerte del ex mandatario, renovó el vínculo por el negocio de la explotación del Hotel Alto Calafate.

Así fue que nuevamente Osvaldo José SANFELICE (Presidente de Hotesur) y Adrián Esteban BERNI (en representación de Valle Mitre y siendo además director suplente de Hotesur), renegociaron el contrato fijando el valor del canon esta vez en moneda nacional y estipulando retroactivamente una duración de 12 meses a contar desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 31 de marzo de 2012, todo lo cual fue supervisado y avalado por Máximo KIRCHNER que, en representación de Cristina FERNÁNDEZ y su hermana Florencia, suscribió el contrato aunque su presencia no constó en la letra del acuerdo.

De esta manera, las partes pautaron que la firma VALLE MITRE le pagaría por mes adelantado a la sociedad HOTESUR la suma de $408.000, a lo que debería aplicarle la retención del impuesto a las ganancias por $24.408, y al resultado el impuesto al valor agregado por $85.680, arrojando un importe total de $469.27220.

Esta relación contractual se mantuvo constante hasta el mes de julio de 2013, cuando la empresa de Lázaro BÁEZ hizo su salida como gerenciadora del hotel, por lo que, como consecuencia de la explotación, la firma VALLE MITRE le giró a la empresa HOTESUR un monto dinerario superior a los 28 millones de pesos ($28.597.624).

Lo expuesto hasta aquí demuestra la importancia de SANFELICE en la matriz de corrupción montada para otorgarle apariencia de lícito a fondos de origen espurio, ya que fue la persona que no solo se ocupó de la adquisición de la principal sociedad de la familia KIRCHNER, sino que además integró su órgano directivo y se encargó de suscribir los contratos con la firma —vinculada a Lázaro BÁEZ— que se ocupó, en una primera etapa, de administrar la estructura construida al solo efecto de canalizar los fondos defraudados al Estado Nacional en el marco de diferentes contratos de obra pública otorgados y ejecutados de manera irregular.

V. A. 3. La actuación de la firma IDEA SA

La firma IDEA SA fue constituida el 7 de septiembre de 2011, misma fecha de conformación de AGOSTO S.A. y también por Carlos Alberto SANCHO, en este caso, junto a su esposa María José FERNÁNDEZ CLARK, con un capital de $ 120.000, para posteriormente ceder sus acciones a los cónyuges Osvaldo SANFELICE y Marta Alcira LEIVA.

Esta sociedad se dedicaba a la administración hotelera, siendo que pasó a ocuparse del manejo del ALTO CALAFATE luego del 31 de julio de 2013, cuando la empresa VALLE MITRE fue repentinamente retirada de la administración del hotel presidencial, siendo que a tal fin SANFELICE tuvo que hacer su egreso de la empresa HOTESUR.

El fundamento de la salida de la firma VALLE MITRE de su rol como administradora no puede encontrarse sino en un acontecimiento que tomó estado público en el mes de abril de 2013, cuando a partir de la difusión de un programa periodístico se inició la causa N° 3.017/13, conocida como «La ruta del dinero K», en la que actualmente Lázaro BÁEZ, sus hijos y otros responsables de sus empresas se encuentran procesados por el delito de lavado de dinero.

Otra vez, con la misma rapidez pero en un sentido inverso, la familia KIRCHNER le sacó sorpresivamente la concesión de los tres hoteles a Lázaro BÁEZ, aquella que le había entregado en forma directa e inmediata luego de cada compra, y le dio el manejo de aquellos a la firma IDEA, propiedad de SANFELICE, que prácticamente sin actividad ni empleados comenzaría a explotar el hotel.

Ahora bien, el Hotel ALTO CALAFATE no era el único de los establecimientos hoteleros de la familia KIRCHNER, ya que se tiene por demostrado que también resultaban titulares de los Hoteles LAS DUNAS y LA ALDEA, mediante los cuales también se instrumentó la maniobra de lavado de activos que se investigan en la causa 11.352/14.

La Hostería LAS DUNAS, fue adquirida por Néstor KIRCHNER, mientras que LA ALDEA pertenece a la empresa LOS SAUCES S.A., siendo que ambos establecimientos estuvieron en un primer momento, al igual que el ALTO CALAFATE, administrados y explotados por la firma VALLE MITRE, para posteriormente ser manejado por la sociedad IDEA SA.

En efecto, respecto a La Aldea se firmó un contrato de locación del establecimiento, con fecha 29 de agosto de 2013, entre Los SAUCES, representada por Máximo KIRCHNER, e IDEA SA, representada por Osvaldo SANFELICE, con miras a que esta última explote el lugar a cambio de una suma por mes de $ 20.000 más IVA, además de un porcentaje del 10 % sobre la utilidad neta mensual.

Por su parte, en torno a la hostería LAS DUNAS, se firmó con fecha 1° de noviembre de 2014 un contrato de similares características, en esta ocasión el Sr. SANFELICE lo materializó con la Sra. Romina de los Ángeles MERCADO, en su condición de apoderada de la Sucesión de Néstor KIRCHNER, pasando de esa manera la firma IDEA SA a explotar el establecimiento a cambio de una suma por mes de $ 50.000, además de un 10 % sobre la utilidad neta mensual (Cfr. Los contratos reservados en el marco de la causa 11.352/14).

Consecuentemente, los elementos colectados no hacen más que demostrar que Osvaldo SANFELICE fue no solo la persona que intervino en la adquisición del hotel más importante de la familia KIRCHNER, sino que además, en una segunda etapa de la maniobra, se ocupó de conformar la sociedad IDEA para administrar la mayoría de sus establecimientos hoteleros y fundamentalmente intermediar en la relación comercial con los empresarios afines del matrimonio presidencial.

En ese contexto, tampoco puede omitirse que esta sociedad montada por SANFELICE también se ocupó de manejar la hostería EL RETORNO, adquirida por Cristóbal Manuel LÓPEZ, por medio de la sociedad LOS NOSTROS S.A., para lo cual firmaron un contrato de locación del fondo de comercio, a través del cual IDEA SA se encargaba de la administración del complejo a cambio de un pago mensual de $ 15.000, más el 50 % de las utilidades de dicha explotación, siendo que en el marco de esta relación se registraron —con motivo de un muestreo de la UIF— 4 cheques librados por dicha hostería a su administradora por el importe de $ 734.129,61 (Cfr. fs. 63vta, 69 y 494vta).

Por demás, en lo que respecta a los movimientos de las cuentas de esta firma encargada de la administración de los hoteles que adquirió esta estructura criminal, se detectó que también receptó un cheque de la firma AGOSTO SA —por el importe de $ 85.000— y además realizó transferencias de interés en favor de HOTESUR SA, de los SAUCES SA y de la SUCESIÓN DE NÉSTOR KIRCHNER, así como en beneficio de la firma DIAGONAL SUR COMUNICACIONES SA cuyo accionista mayoritario sería Lázaro BÁEZ (Cfr. fs. 64).

En cuanto al análisis de sus Estados Contables, se destaca que en forma inmediata al inicio de su actividad, la firma IDEA SA registró ingresos significativos por la prestación de sus servicios, que se aproximaron a los 25 millones de pesos y a los 36 millones de pesos en los Ejercicios N° 3 (con cierre el 31/8/2014) y 4 (con cierre el 31/8/2015) respectivamente, siendo que previo a ocuparse de administrar el holding hotelero, esta se trataba de una firma sin actividad ni empleados.

En definitiva, las funciones desplegadas por SANFELICE no hacen otra cosa que demostrar su importancia dentro de la estructura societaria montada por la familia KIRCHNER y sus empresarios afines con la única finalidad de canalizar a través de la misma los fondos obtenidos ilegalmente de parte del Estado Nacional permitiendo la incorporación final —en la parte que pudiesen justificar— al patrimonio de quienes encabezaban esta organización a criminal.

V. A. 4. El rol dentro de la firma Los Sauces SA

La sociedad LOS SAUCES SA fue constituida durante noviembre de 2006 por Néstor KIRCHNER (45%), Cristina FERNÁNDEZ DE KIRCHNER (45%) y Máximo KIRCHNER (10%), siendo que con posterioridad a la muerte del primer nombrado Florencia KIRCHNER pasó a detentar el 22,5 % de las acciones y su hermano el 32,5% por derechos hereditarios, con el objeto de percibir los alquileres de distintas propiedades que fueron ingresadas como aportes irrevocables o adquiridas, ya sea con dinero de la firma o por alguno de sus socios.

La operatoria de esta firma se encuentra siendo objeto de pesquisa en el marco de la causa N° 3.732/1623, en trámite ante el Juzgado Federal N° 11, por entenderse que por medio de la misma se habría lavado dinero en orden a los pagos recibidos de las empresas «Kank y Costilla», «Loscalzo y Del Curto S.R.L.», «Valle Mitre», «Austral Construcciones S.A.», «Inversora M&S», y «Álcalis de la Patagonia», siendo esta la forma de devolución ilegal que los empresarios Lázaro Antonio Báez, Cristóbal López y Carlos Fabián de Sousa implementaron con los socios de LOS SAUCES por los beneficios ilegales que recibieron del erario público.

El aporte central de Osvaldo SANFELICE en esa maniobra consistió en actuar como apoderado de LOS SAUCES y en tal carácter firmar contratos de alquiler y cobrarlos, depositar cheques, indicar dónde debían cancelarse y quiénes debían abonar las expensas de los inmuebles, siendo para el caso una de las personas encargada de administrar la otra principal fuente de ingresos de la familia KIRCHNER y, al igual que en el caso de HOTESUR, manejar la relación con los empresarios afines que tornaban rentable a un negocio que se nutría preponderantemente de fondos previamente defraudados al Estado Nacional.

En ese contexto, el GRUPO INDALO —tal como ocurre en el caso de AGOSTO SA— sería el principal inquilino de la firma LOS SAUCES S.A., por cuanto el total facturado hasta marzo de 2016 representaría el 63 % de la facturación de la sociedad, siendo los principales clientes las empresas INVERSORA M&S y ALCALIS DE LA PATAGONIA SA, las cuales —según fue puesto de manifiesto oportunamente receptaron fondos derivados de OIL provenientes del cobro del ICL defraudado al fisco nacional.

V. A. 5. La actuación dentro de las firmas Negocios Inmobiliarios SA y Negocios Patagónicos SA

El 31 de agosto de 2005 por escritura N° 517 del escribano Jorge Marcelo LUDUEÑA, Osvaldo José SANFELICE, Máximo KIRCHNER y María José FERNÁNDEZ CLARK (cónyuge de Carlos SANCHO —director de HOTESUR y ex gobernador de Santa Cruz—) constituyeron la empresa NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A. con miras a prestar servicios inmobiliarios a cambio de una retribución (Cfr. documentación reservada en la caja —Q1 de la causa 11.352/14).

En el marco de su operatoria se registran Reportes de Operaciones Sospechosas ante la UIF que dan cuenta que una parte importante de los montos acreditados mediante cheques en la cuenta de la sociedad, en el período comprendido entre febrero de 2014 y mayo de 2016, fueron librados por la firma AUSTRAL CONSTRUCCIONES, la cual está siendo objeto de investigación en el marco de la causa 5.048/16 por haber intervenido en una maniobra de fraude al Estado Nacional (Cfr. fs. 67vta).

En lo que respecta a una muestra de los movimientos reportados se advierte que, entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015, los cheques librados por la citada empresa constructora alcanzaron un monto de $ 405.597, lo cual representaba el 79,6 % del total de acreditaciones bajo ese concepto, lo cual resulta demostrativo de la finalidad real que tenía esta firma y el rol determinante de SANFELICE en la canalización de fondos por medio de sociedades creadas con ese objeto, siendo que en este caso se destaca como particularidad que estaba asociado a Máximo KIRCHNER para la concreción de esa tarea.

Por su parte, la empresa Negocios Patagónicos S.A., la cual pertenecería a Osvaldo SANFELICE (90 %) y su mujer Marta LEIVA (10 %), resultó implicada en movimientos significativos de dinero con la firma LOS SAUCES, ya que la primera vendió a la segunda —representada por Máximo KIRCHNER—, con fecha 22 de noviembre de 2012, a solo 13 meses de haberlo adquirido, un inmueble sito en la calle Mascarello N° 441, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, actual residencia de Cristina FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, por la suma de U$D 250.000 ($ 1.205.000), importe que representó una diferencia de 502 % respecto del precio de compra de $ 200.000, lo cual resultaría indiciario de una operación de lavado de activos y que se enmarca dentro de una matriz general de actuación en la cual se repiten los protagonistas (Cfr. fs. 60/6 y 492/501).

IX. PETITORIO

Por lo expuesto, solicito a V.S. que:

1) Se reciba declaración indagatoria a Cristóbal Manuel LÓPEZ, Cristóbal Nazareno LÓPEZ, Emiliano LÓPEZ, Carlos Fabián DE SOUSA, Raúl Esteban ZAMORA, Osvaldo SANFELICE y Marta Alcira LEIVA.

2) Se proceda en los términos sugeridos en el acápite VII.

Fiscalía Federal N° 11, 4 de agosto de 2017.

Laberinto de testaferros (anexo Capítulo 5)

Resolución del Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 CFP 17459/2018, en el marco de la investigación de «La causa de los cuadernos de la corrupción K»

Buenos Aires, 8 de febrero de 2018

Y CONSIDERANDO.

Se les imputa a Héctor Daniel MUÑOZ; Carolina POCHETTI; Sergio Esteban TODISCO; Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY; Carlos Temistocles CORTEZ; Carlos Adolfo GELLERT; Víctor Alejandro MANZANARES; Gustavo Sergio DORF; Marcelo Gustavo DANZA; Osvaldo Fabián PAROLARI; Gastón Nicolás CAMPILLO; Juan Manuel CAMPILLO; Luis Antonio GUGINO; Rubén Horacio LLANEZA; Leonardo Daniel LLANEZA; Elba Diamantina MUNICOY; Mauro Gabriel PROFETICO; Miguel Ángel PLO, María Jesús PLO, Federico Carlos ZUPICICH y Jorge Isidro Baltazar BOUNINE, haber integrado una asociación ilícita junto con Roberto BARATTA, Walter Rodolfo FAGYAS, Nelson Javier LAZARTE, Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN, Hernán Camilo GÓMEZ, Rafael Enrique LLORENS, Oscar Bernardo CENTENO, José María OLAZAGASTI, Jorge Omar MAYORAL, Julio Miguel DE VIDO, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Néstor Carlos KIRCHNER, Héctor Daniel MUÑOZ, Carlos Guillermo Enrique WAGNER, Armando Roberto LOSON, Héctor Javier SÁNCHEZ CABALLERO, Ángel Jorge Antonio CALCATERRA, Francisco Rubén VALENTI, Carlos José MUNDIN, Jorge Guillermo NEIRA, Gerardo Luis FERREYRA, Claudio Javier GLAZMAN, Juan Carlos DE GOYCOECHEA, Héctor Alberto ZABALETA, Luis María Cayetano BETNAZA, Hernán DEL RÍO, Jorge Juan Mauricio BALÁN, Rodolfo Armando POBLETE, Juan CHEDIACK, Eduardo Hugo Antranik EURNEKIAN, Francisco Javier FERNÁNDEZ, Alejandro Pedro IVANISSEVICH, Juan Carlos LASCURAIN, German Ariel NIVELLO, Néstor Emilio OTERO, Norberto Mario OYARBIDE, Oscar Isidro José PARRILLI, Raimundo PEDUTO, Ernesto CLARENS, Carlos Alberto RODRÍGUEZ, Aldo Benito ROGGIO, Benjamín Gabriel ROMERO, Rudy Fernando ULLOA IGOR, Claudio UBERTI, Manuel Santos URIBELARREA, Raúl Víctor VERTÚA, Hugo Alberto DRAGONETTI, José Francisco LÓPEZ, Jorge Ernesto RODRÍGUEZ, Sergio TASSELLI, Alberto TASSELLI, Osvaldo Antenor ACOSTA, Enrique Menotti PESCARMONA, Hugo Martín LARRABURU, Juan Manuel ABAL MEDINA, Oscar Alfredo THOMAS, Roberto Néstor SOSA, Julio Daniel ALVAREZ, Víctor Fabián GUTIÉRREZ, Ricardo Fabián BARREIRO, Raúl Horacio COPETTI, Juan Carlos MAZZON, Paolo ROCCA, Alberto Ángel PADOAN, Marcos Marcelo MINDLIN, Rubén David ARANDA y otras personas, la cual desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta la actualidad y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina, entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente.

El dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411 CABA —domicilio particular de Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ—, en la Residencia Presidencial de Olivos y en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos.

En líneas generales, la maniobra fue organizada por Julio Miguel DE VIDO [entonces Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios] y Roberto BARATTA [ex-Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación], quienes desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaran los cobros comprometidos.

Los cobros fueron recaudados principalmente por Roberto BARATTA y Nelson Javier LAZARTE [secretario privado de Baratta]; también participaron activamente de este sistema de recaudación recibiendo pagos: Walter FAGYAS [Asesor de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal y Presidente de ENARSA], Rafael Enrique LLORENS [Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación], Hernán Camilo GÓMEZ [funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal] y Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN [Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal].

Los nombrados, en casi todas las oportunidades, fueron transportados a los lugares donde se hicieron los pagos/cobros por Oscar Bernardo CENTENO, que recibía órdenes de BARATTA y DE VIDO.

Había un primer círculo de percepción de fondos, conformado por quienes tenían contacto directo con los que aportaban los fondos involucrados.

En un segundo círculo, estaban quienes a su vez recolectaban esos fondos ilegales para entregarlos a los que en definitiva comandaron y organizaron ese sistema.

Entre quienes integraban ese primer círculo se encontraban, entre otros, Roberto BARATTA, Walter Rodolfo FAGYAS, Nelson Javier LAZARTE, Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN, Hernán Camilo GÓMEZ, Rafael Enrique LLORENS y Germán Ariel NIVELLO.

En el segundo nivel, quienes recibían los fondos recaudados y los derivaban a los jefes y organizadores o aplicaban esos fondos a otras actividades delictivas eran: José María OLAZAGASTI, Hugo Martín LARRABURU, Juan Manuel ABAL MEDINA y Héctor Daniel MUÑOZ.

Finalmente, quienes se beneficiaron de este sistema recaudatorio, que, por cierto, no es el único, según el conocimiento que en otras causas tramitan o tramitaron en este tribunal o son de público y notorio, son Néstor Carlos KIRCHNER, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ y Julio Miguel DE VIDO.

Entre las personas que recibían el dinero que les llevaban los nombrados se encuentran, entre otros: Rudy Fernando ULLOA IGOR, Ernesto CLARENS, Oscar PARRILLI —Secretario General de la Presidencia y Director de la Agencia Federal de Inteligencia—, Héctor Daniel MUÑOZ —Secretario privado de Presidencia—, Hugo Martín LARRABURU —Coordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros—, Juan Manuel ABAL MEDINA —Jefe de Gabinete de Ministros—, José María OLAZAGASTI —Secretario Privado de DeVido—, Hernán DEL RÍO —Secretario de José María Olazagasti—, Jorge Omar MAYORAL —Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal— Germán Ariel NIVELLO —Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal— y José Francisco LÓPEZ —Secretario de Obras Públicas de la Nación.

Parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por la asociación ilícita y que fueron recibidos por Héctor Daniel MUÑOZ, se puso en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen lícito.

De dichas maniobras participaron el mencionado Héctor Daniel MUÑOZ; Carolina POCHETTI; Sergio Esteban TODISCO; Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY; Carlos Temistocles CORTEZ; Perla Aydee PUENTE RESENDEZ; Carlos Adolfo GELLERT; Víctor Alejandro MANZANARES; Gustavo Sergio DORF; Marcelo Gustavo DANZA; Osvaldo Fabián PAROLARI; Gastón Nicolás CAMPILLO; Juan Manuel CAMPILLO; Luis Antonio GUGINO; Rubén Horacio LLANEZA; Leonardo DANIEL LLANEZA; Elba Diamantina MUNICOY, Mauro Gabriel PROFÉTICO, Miguel Ángel PLO, María Jesús PLO, Federico Carlos ZUPICICH, Jorge Isidro Baltazar BOUNINE, entre otros.

Los nombrados habrían realizado diferentes transacciones comerciales de las que se destaca la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de éstas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica lícita de los encartados.

Que entre los años 2010 y 2015 Héctor Daniel MUÑOZ habría constituido en el exterior —a nombre de terceras personas de su círculo— un total de quince (15) sociedades: TODISCO y ORTIZ MUNICOY —cónyuges hasta el mes de marzo de 2015— fueron directivos —desde la constitución hasta el mes de febrero de 2015— en doce (12) de ellas, puntualmente de «Succesfull Ideas Inc.» —Director TODISCO y constituida el día 17 de mayo de 2010; «Harbor Golden Inc.» —Directores ORTIZ MUNICOY y TODISCO y constituida el día 31 de agosto de 2011; «South Golden Inc.» —ORTIZ MUNICOY y TODISCO, constituida el día 31 de agosto de 2011; «Lizer Investments Llc» —ORTIZ MUNICOY y TODISCO, constituida el día 31 de agosto de 2011; «Mother Queen Inc.» —TODISCO, constituida el día 27 de julio de 2012; «North Golden Inc.» —TODISCO, constituida el día 30 de julio de 2012; «West Golden Inc.» —TODISCO, constituida el día 22 de abril de 2013; «First All Inclusive» —TODISCO, constituida el día 12 de diciembre de 2013; «Ocean Silver of South Florida Inc.» —ORTIZ MUNICOY, constituida el día 6 de enero de 2015; «Dream Golden Enterprises Inc.» —TODISCO, constituida el día 17 de enero de 2014; «Ocean Golden Inc.» —ORTIZ MUNICOY, constituida el día 6 de enero de 2015 y «Municoy International Properties Inc.» —ORTIZ MUNICOY, constituida el día 23 de julio de 2015.

A partir del mes de febrero de 2015 la dirección de nueve (9) de ellas («Succesfull Ideas Inc»; «Free Experience Inc.»; «Harbor Golden Inc.»; «South Golden Inc.»; «Lizer Investments Llc»; «Mother Queen Inc.»; «North Golden Inc.»; «First All Inclusive»; «Dream Golden Enterprises Inc.») estuvo a cargo de Perla Aydee PUENTE RESENDEZ, cónyuge de Carlos Adolfo GELLERT, quién es hijo de Blanca Adelina Mafalda BLANCO —esposa de Daniel Román PERALTA (ex Gobernador de la Provincia de Santa Cruz) y tía de Carolina POCHETTI.

El mencionado GELLERT habría sido el nexo para que su cónyuge PUENTE RESENDEZ asuma la dirección de aquellas sociedades, a los efectos de que sea más difícil descubrir el origen de los fondos, habiéndose detectado operaciones y transferencias vinculadas a las firmas aludidas.

ORTIZ MUNICOY luego del mes de marzo de 2015 continuó ocupando cargos directivos en las compañías «West Golden Inc.» y «Ocean Golden Inc.» hasta diciembre 2016 —momento en que fueron disueltas— y en «Municoy International Properties Inc.» y «Ocean Silver Of. S. Florida Inc.».

Con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero, habrían comprado un total de dieciséis (16) inmuebles a nombre de las empresas enunciadas, catorce (14) de ellos situados en Miami y los dos (2) restantes en Nueva York, Estados Unidos de América: 1.- 485 Brickell Av. Unit 1607 (Icon Brickell Condo), Miami, Florida, titularidad de «Ocean Silver Inc», adquirido el día 8 de noviembre de 2013 a trescientos cincuenta mil dólares (u$s 350.000,00) luego con fecha 17 de diciembre de 2015 se transfirió su titularidad a la firma «Municoy International Properties Inc.» en trescientos treinta mil dólares (u$s 330.000,00); 2.- 3951 S Ocean Drive Unit 1002 (Apogee Beach Condo), Miami, Florida, titularidad de la firma «West Golden Inc.», propiedad adquirida el día 17 de septiembre de 2013 a ochocientos mil novecientos dólares (u$s 800.900,00); 3.- 9705 Collins Av. Unit 1603 N/Bal Harbor South Condo-St Regis, Miami, Florida titularidad de la empresa «Harbor Golden Inc.», adquirida el día 5 de enero de 2012 a cuatro millones de dólares (u$s 4.000.000,00); 4.-9005 Biscayne Blvd, Miami, Florida adquirido por la empresa «Harbor Golden Inc» el día 6 de marzo de 2015 a cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos dólares (u$s; 5.555.600,00); 5.- 16051 Collins Av. Unit 1103 (Turnberry Ocean), Miami, Florida, adquirida por la firma «North Golden Inc.» el día 30 de octubre de 2013 a tres millones ochocientos mil dólares (u$s 3.800.000,00); 6.- 16051 Collins Av. Unit 2303 (Turnberry Ocean), Miami, Florida, propiedad que ingresó al patrimonio de la firma «North Golden Inc.» el día 28 de octubre de 2015 habiendo abonado la suma de tres millones seiscientos mil dólares (u$s 3.600.000,00); 7.- 900 Biscayne Blvd Unit 403, Miami, Florida, adquirida por la firma «Successfull Ideas Inc» el día 15 de abril de 2010 a una suma de trescientos veintiocho mil dólares (u$s 328.000,00); 8.- 10275 Collins Av. Unit 229 (Harbour House Condo), Miami, Florida, adquirido por la empresa «Successfull Ideas Inc» el día 9 de julio de 2010 a una suma de doscientos noventa mil dólares (u$s 290.000,00); 9.- 485 Brickell Av. Unit 2805 (Icon Brickell Condo), Miami, Florida, adquirido por la firma «Successfull Ideas Inc» el día 3 de agosto de 2010 a una suma de doscientos quince mil dólares (u$s 215.000,00); 10.- 14995 S. W. 88 St. Miami, Florida adquirido por la firma «Free Experience Inc.» el día 28 de agosto de 2015 a una suma de seis millones novecientos setenta y cinco mil dólares (u$s 6.975.000,00); 11.- 2100 E. Atlantic Boulevard, Miami, Florida, adquirido por la firma «Free Experience Inc.» el día 3 de septiembre de 2015 a una suma de cinco millones ochocientos dos mil cien dólares (u$s 5.802.100,00); 12.- The Plaza Hotel 768 5th Av. Unit 607, New York City adquirido por la firma «Free Experience Inc» el día 2 de diciembre de 2011 a una suma de trece millones cincuenta mil dólares (u$s 13.050.000,00); 13.- The Plaza Hotel 768 5th Av. Unit 1608, New York City adquirido por la firma «Free Experience Inc.» el día 22 de septiembre de 2010 a una suma de un millón ochocientos cincuenta mil dólares (u$s 1.850.000,00); 14.- 19575 Collins Av. Unit 23 (Regalia Combo), Miami, adquirido por la firma «Dream Golden Enterprises Inc.» el día 30 de mayo de 2014 a una suma de diez millones setecientos mil dólares (u$s 10.700.000,00); 15.- 1177 S.W. 8 St., Miami, adquirido por la firma «Mother Queen Inc.» el día 20 de diciembre de 2012 a una suma de doce millones ciento veinte mil dólares (u$s 12.120.000,00) y 16.- 485 Brickell Av. Unit 912 (Icon Brickell Condo) adquirido por la firma «Mother Queen Inc.» el día 3 de diciembre de 2015 a trescientos ochenta mil dólares (u$s 380.000,00).

A partir de que se hiciera pública la información proveniente de la investigación periodística conocida como «Panamá Papers» —abril de 2016— PUENTE RESENDEZ se desprendió de gran parte de las propiedades adquiridas por aquéllas firmas, destacándose las siguientes operaciones: 1.- inmueble situado en 14995 SW 88 St, Miami, Florida, Estados Unidos de América, perteneciente a la firma «Free Experience Inc.», fue vendido con fecha 22 de noviembre de 2016 por seis millones quinientos mil dólares (u$s 6.500.000,00) a «375 State St. Corp.», cuando había sido comprado el 27 de agosto de 2015 a un valor de seis millones novecientos setenta y cinco mil dólares (u$s 6.975.000,00); 2.- inmueble situado en 2100 E Atlantic Boulevard, Florida, Miami, Estados Unidos de América, perteneciente a la firma «Free Experience Inc.», fue vendido con fecha 31 de agosto de 2016 a cinco millones doscientos ochenta y seis mil trescientos dólares (u$s 5.286.300,00), cuando había sido comprado por la sociedad el 3 de septiembre de 2015 a un valor de cinco millones ochocientos mil dólares (u$s 5.800.000,00); 3.- de la firma «Harbor Golden Inc.», con fecha 30 de marzo de 2017 fue vendido el inmueble localizado en 9005 Biscayne Blvd. Miami Shores, Florida, Miami, Estados Unidos de América, por un monto de cuatro millones ochocientos mil dólares (u$s 4.800.000,00) —en marzo de 2015 había sido adquirido por la sociedad en cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos dólares (u$s 5.555.600,00)—. El comprador habría sido «Greentree Holdings Llc», quién a los seis (6) días de la compra —5 de abril de 2017— vendió el inmueble a la compañía «Miami 9005 Llc» al mismo precio, firma que fue constituida un día antes de la operación en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América; 4.- inmueble situado en 1177 SW 8 St., Florida, Miami, Estados Unidos de América, perteneciente a la firma «Mother Queen», fue vendido con fecha 19 de julio de 2016 a trece millones cien mil dólares (u$s 13.100.000,00) siendo el comprador «976 Miami RE Llc.»; 5.- De la firma «North Golden Inc.» con fecha 31 de marzo de 2017 habría vendido el inmueble sito en 16051 Collins Av. Unit 2303, Miami, Estados Unidos de América, por tres millones seiscientos mil dólares (u$s 3.600.000,00) —en octubre de 2015 había sido adquirido al mismo precio—, siendo el comprador la sociedad «Turnberry 2303 Llc.» constituida sólo 23 días antes —el día 8 del mismo mes y año— en el Estado de Florida. Luego el 15 de julio de 2017 el Sr. Ward Billhartz habría comprado el inmueble por la suma de dos millones novecientos mil dólares (u$s 2.900.000,00); 6.- de la firma «Dreams Golden Enterprises Inc.» con fecha 3 de enero de 2017 habría vendido el inmueble sito en 19575 Collins Av. Unit 23, Florida, Miami, Estados Unidos de América, a la firma «Regalia 23 Llc» a diez millones setecientos mil dólares (u$s 10.700.000,00) cuando la propiedad había sido comprada por la sociedad a ese mismo valor el día 30 de mayo de 2014.

Se han detectado las siguientes operaciones y transferencias de dinero realizadas por los imputados, en el marco de la estructura que habrían conformado a los fines de ocultar el origen ilícito del dinero: Osvaldo Fabián PAROLARI y Marcelo Gustavo DANZA habrían intervenido en la creación de las sociedades «Gold Black Limited» y «Old Wolf» (controlantes del resto de las sociedades) radicadas en las Islas Vírgenes Británicas y, junto a TODISCO, a través de dicha estructura societaria, habrían participado en la compra de las siguientes propiedades: 1-Unidad 403 900 Byscayne Blvd. de fecha 15 de abril de 2010 por trescientos veintiocho mil dólares (u$s 328.000.,00); 2-Unidad 229, 10275 Collins Av., Habour House Condo, el 9 de julio de 2010 por doscientos noventa mil dólares (u$s 290.000,00); 3-Unidad 2805, 485 Brickell Av., Icon Brickell Condo, el 3 de agosto de 2010 por doscientos quince mil dólares (u$s 215.000,00) y 4-Unidades 607 y 1608 en el Plaza Hotel de Nueva York, los días 2 de diciembre de 2011 y 22 de septiembre de 2010 por trece millones cincuenta mil dólares (u$s 13.050.000,00) y un millón ochocientos cincuenta mil dólares (u$s 1.850.000,00) respectivamente, las tres primeras a través de la firma «Succesfull Ideas Inc.» y las dos restantes —en referencia a las unidades 607 y 1608 identificadas en el punto «4»— por medio de la empresa «Free Experience Inc.».

En cuanto a la sociedad «Gold Black Limited», MUÑOZ y POCHETTI habrían figurado como titulares en partes iguales del paquete accionario de aquélla firma, al menos desde enero de 2015, aunque no se descarta que se hubieran vinculado con anterioridad, por cuanto DANZA fue director de la mismas en el año 2010 y TODISCO desde octubre de 2011, manteniendo el cargo hasta febrero 2015 cuando fue reemplazado por PUENTE RESENDEZ.

PAROLARI Y TODISCO concurrían juntos al domicilio de MUÑOZ —calle Alberto Williams 5631, de esta Ciudad— a fin de retirar el dinero ilícito con el objeto de concretar las operaciones inmobiliarias y remitirlo al exterior, de modo ilegal, a través de diferentes agencias.

A Jorge Isidro Baltazar BOUNINE se le imputa haber sido una de las personas que asesoraba a MUÑOZ y a POCHETTI en la reconducción de los fondos ilícitos. BOUNINE habría participado en reuniones, en la casa de dicho matrimonio en las que se decidió el destino de los fondos cuando tomó estado público la información proveniente de la investigación periodística conocida como «Panamá Papers» —abril de 2016— .

BOUNINE fue quién contactó a Juan Manuel CAMPILLO, para que participe en la disolución de las sociedades creadas en el exterior y le entregó por su labor al menos doscientos mil euros (€ 200.000) en su vivienda en Tigre, Provincia de Buenos Aire. Además BOUNINE habría sido una de las personas que ocultaba dinero entregado por MUÑOZ.

Por su parte, Juan Manuel CAMPILLO, Gastón Nicolás CAMPILLO, Miguel Ángel PLO, María Jesús PLO y Federico ZUPICICH habrían tomado parte en la disolución de la estructura societaria armada en los Estados Unidos de América, en la venta de los inmuebles adquiridos y que se sucedieran durante los años 2016 y 2017 y en la reconducción de su producido a cuentas del Banco Mercantil del Norte SA, Estados Unidos Mexicanos, destinado a las empresas «Xangar Negocios de CV»; «Servicios Corporativos Rixhon»; «Construcciones Bulin SA de CV» y «Jopa Negocios SA de CV» y a Hong Kong a cuentas de la compañía «Royal Stones Limited», radicadas en el Citibank Limited. En relación a ello Sergio Esteban TODISCO manifestó ante el Sr. Fiscal que los que colaboraron con disolver las sociedades «fueron CAMPILLO, POCHETTI y MIGUEL PLO».

Asimismo, parte del dinero obtenido por MUÑOZ como consecuencia de las actividades ilícitas, habría sido destinado a la compra de una cantidad importante de departamentos ubicados en las «Torres Horizons», sito en la calle Juan Díaz de Solís 1660, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, siendo el titular de los mismos la empresa «Armoring Systems SA», presidida por Gustavo Sergio DORF y situada en la calle Bartolomé Cruz 1332, Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

En relación a dicha empresa y conforme surge de las anotaciones realizadas por Oscar Bernardo CENTENO, con fecha 2 de junio de 2010 Héctor Daniel MUÑOZ se hizo presente a las 19:30 horas aproximadamente de ese mismo día, en la Quinta Presidencial de Olivos a bordo de un rodado marca Bora de color azul dominio EQL-442 titularidad de aquélla firma, oportunidad en que Roberto BARATTA le hizo entrega a MUÑOZ de un bolso con ochocientos mil dólares (u$s 800.000,00).

El inmueble donde funciona dicha empresa fue vendido con fecha 19 de diciembre de 2014 por la firma en cuestión a Luis GUGINO, quién con fecha 11 de diciembre de 2015 se la vendió a «Patagon Adventure SRL».

Por su parte, Elba Diamantina MUNICOY habría tomado parte en la reconducción de los fondos ilícitos obtenidos por Elizabeth ORTIZ MUNICOY al adquirir el inmueble sito en la calle 68 SE 6th. St. Miami, Estados Unidos de América, a nombre de «Azure Estates Llc», compra que se habría concretado con el dinero obtenido producto de las maniobras investigadas, tras las ventas de las propiedades de las que ésta última y TODISCO habrían sido titulares, puntualmente de «Ocean Silver»; «West Golden» y «Municoy International Properties». Asimismo, la mencionada Elba MUNICOY adquirió en junio de 2014 el depto. 3205 de Reach Condominium, Miami, Estados Unidos de América, a nombre de «Azure Llc»; es titular de «Air Trading Limited» constituida el día 22 de diciembre de 2015 en las Islas Vírgenes Británicas y de Selene Resources Inc

—constituida el 13 de junio de 2016— que comparte con su empleada doméstica Sony Isorina Bartola Huaman; siendo a su vez titular de un rodado marca Mercedes Benz dominio NEP-597 y su hija Elizabeth ORTIZ MUNICOY es titular de la Unidad 1103 del 801 South Miami, comprada en el año 2015.

En cuanto a Mauro Gabriel PROFÉTICO, éste habría tomado intervención en la administración de los bienes adquiridos con fondos ilícitos por parte de MUÑOZ, puntualmente del inmueble sito en la calle Pedro Rivera 5763/67, de esta Ciudad y de los estacionamientos sito en las calles Malabia 1741 y Amenábar 1934/36, ambos de esta Ciudad.

En fecha 3 de septiembre de 2013 se encuentra identificada una transferencia de fondos por un millón de dólares (u$s 1.000.000,00) en una cuenta denominada «Iñaki Saizarbitoria Esq PA» (estudio jurídico localizado en Miami, Estados Unidos de América), Trust Fund Account, radicada en The Northern Trust Company, proveniente desde una cuenta radicada en la Banca Privada de Andorra a nombre de TODISCO que se habría encontrado referenciada con la compra del inmueble sito en 16051 Collins Av. Unit 1103 (Turnberry Ocean), Miami, Estados Unidos de América, que fue adquirido por la firma «North Golden Inc.» el día 30 de octubre de 2013.

Asimismo, desde la cuenta denominada «Iñaki Saizarbitoria Esq. PA» se efectuó con fecha 24 de noviembre de 2014 una transferencia por cuatrocientos mil dólares (u$s 400.000,00) cuyo beneficiario fue Sergio TODISCO (en la cuenta n° 898063103774 del Bank Of America) referenciada como «Un. 1002 Apogee Beach» por lo que se relacionaría con la venta de dicho inmueble efectuada por la firma «West Golden Inc.» el día 18 de ese mes, cuya compradora fue Elizabeth ORTIZ MUNICOY.

TODISCO al menos hasta el año 2015 ordenó entre los meses de marzo y julio de 2012 un total de diez (10) transferencias desde una cuenta radicada en la Banca Privada D’Andorra a las firmas «Harbor Golden Inc.»; «Free Experience Inc.» y «Succesfull Ideasn Inc.», por una suma de quinientos cincuenta y siete mil seiscientos diez dólares (u$s 557.610,00).

Entre el día 10 de septiembre de 2014 y el 25 de febrero de 2015 se encuentran identificadas diez (10) transferencias ordenadas por el Sr. Carlos Temistocles CORTEZ desde cuentas en entidades radicadas en Suiza que involucran un monto total de dos millones quinientos cuarenta mil dólares (u$s 2.540.000,00), siendo los receptores de tales fondos siete (7) de las sociedades investigadas («Free Experience Inc.»; «Dream Golden Enterprises Inc.»; «Harbor Golden Inc.»; «Mother Queen Inc.»; «North Golden Inc.»; «South Golden Inc.» y «Succesfull Ideas Inc.»).

Con respecto al destino de los fondos transferidos por CORTEZ desde Suiza, se detectó que entre el momento de su acreditación y el día 22 de enero de 2015, los mismos fueron transferidos a la cuenta n° 229044475087 perteneciente a la firma «Mother Queen Inc.».

Por su parte, Carlos Temistocles CORTEZ y Leonardo Daniel LLANEZA serían directivos de la sociedad denominada «New Dreams Llc» que fue constituida en fecha cercana al mes de octubre de 2010 en el Estado de Florida, Estados Unidos de América, desde la cual fueron librados tres (3) cheques por un total de setenta y cinco mil dólares (u$s 75.000,00) entre el 19 de noviembre de 2015 y el 13 de enero de 2016 a favor de la sociedad «Dream Golden Enterprises Inc.» vinculada a TODISCO en primer lugar y a PUENTE RESENDEZ luego, que correspondería al pago del alquiler del inmueble sito en 19575 Collins Av. Unit 23 (Regalia Condo), cuya titularidad perteneció a la firma aludida hasta el mes de enero de 2017.

Asimismo, entre quienes ordenaron las transferencias recibidas por las sociedades investigadas, se encuentran distintas firmas radicadas en Panamá, Santa Lucía y Uruguay, a través de entidades bancarias radicadas en esos mismos países y en Suiza; detectándose las sociedades «Zulmen International Inc.» —a nombre de Carlos Temistocles CORTEZ— y «Yusel Enterprises Inc.» —a nombre de Rubén LLANEZA— que fueron creadas en fechas cercanas (agosto y septiembre de 2011), las cuales transfirieron un total de dos millones quinientos nueve mil novecientos sesenta dólares (u$s 2.509.960,00) entre agosto 2014 y febrero 2015 a seis (6) de las sociedades cuestionadas («Free Experience»; «First All Inclusive»; «South Golden»; «Succesfull Ideas»; «Harbor Golden» y «North Golden»).

Entre abril de 2015 y enero 2016 «Zulmen International Inc.» habría efectuado transferencias desde la misma entidad a cuentas radicadas en Wells Fargo Bank, Florida, Estados Unidos de América, pertenecientes a Carlos Temistocles CORTEZ (cuenta n° 1010196347802) y a «New Dreams Llc» (cuenta n° 7447338422) —titularidad de CORTEZ y Leonardo LLANEZA en un 50% cada uno—, siendo estos últimos fondos los que sustentaron los cheques emitidos a favor de «Dream Golden Enterprises Inc.».

Hasta el año 2012 Héctor Daniel MUÑOZ solo habría registrado participación accionaria en «Proxi SRL» y «DS Mayer SA» y a partir de ese año adquirió el paquete accionario de las firmas «Madaco SA»; «MM Servicios SA» y «Malabia 1741 SA».

En cuanto a «Madaco SA», fue constituida en el año 2006 por Víctor Alejandro MANZANARES, siendo que a partir del año 2012 MUÑOZ adquirió la totalidad del paquete accionario en la suma total de dos millones de pesos ($2.000.000,00).

Asimismo, «Madaco SA» es titular del 90% del capital social de «Cayuqueo Saciifya» mientras que el 10% restante le pertenece a «MM Servicios SA», en la que fueron socios MUÑOZ y MANZANARES.

El día 15 de febrero de 2016 «Madaco SA» habría recibido una transferencia en la cuenta corriente en pesos n° 6863207413 radicada en el HSBC Bank Argentina SA, ordenada por la firma «New Wall SA» (cuyos accionistas son CORTEZ y GUGINO) por un monto de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000,00) que se habrían utilizado para adquirir cien mil dólares (u$s 100.000,00) que permanecieron en una cuenta en dólares de la firma hasta el 8 de abril de 2016, cuando fueron extraídos por caja junto con otros fondos.

La transferencia de «New Wall SA» se originó con el cobro parcial por la venta de un inmueble ubicado en el Barrio Privado Rincón de Lynch, sito en Villa La Angostura, Depto. Los Lagos, Provincia de Neuquén (Lote 67 A Matrícula 4929/9); luego en septiembre de 2016 se depositó en la cuenta de «Madaco SA» un cheque por un millón cien mil pesos ($1.100.000,00) librado por «New Wall». El monto total de la operación habría sido de tres millones setecientos mil pesos ($3.700.000,00) equivalente a doscientos cuarenta mil dólares (u$s 240.000,00) según el cambio de la época.

En lo que concierne a la empresa «MM Servicios SA», MUÑOZ habría adquirido el 50% de la firma en diciembre de 2012, puntualmente doscientos treinta mil (230.000) acciones por un importe de un millón cien mil pesos ($1.100.000,00). Hasta la fecha de la operación, el capital social lo compartían en partes iguales Víctor MANZANARES y su padre.

En lo que respecta a la firma «Malabia 1741 SA», MANZANARES y MUÑOZ adquirieron, en el mes de diciembre de 2012 el 10% y el 90%, respectivamente, el paquete accionario de dicha firma, habiendo sido los propietarios de aquélla hasta ese entonces Alejandrina Pochetti (hermana de Carolina y cuñada de MUÑOZ) y su cónyuge Gastón Pablo Raies.

En los años 2010 y 2011 MUÑOZ declaró créditos con Rubén Horacio LLANEZA por la suma de ochocientos catorce mil ochocientos pesos ($814.800,00); luego en el año 2014 declaró nuevamente créditos con Rubén LLANEZA por novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos ($933.333,33) y con los causantes Leonardo Daniel LLANEZA por novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos ($933.333,33) y Carlos Temistocles CORTEZ por ciento treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con treinta y cuatro centavos ($133.333,34), acreencias idénticas a las declaradas por POCHETTI en ese mismo año.

Se detectaron cinco (5) transferencias ordenadas por «Bucar Inc.» y «L.I.F. International Limited» radicadas en Santa Lucía, todas ellas entre los días 16 y 21 de enero de 2015 y a través del Bank Of Santa Lucia International, que involucran un monto total de un millón treinta y dos mil dólares (u$s 1.032.000,00) siendo los receptores de las mismas Sergio TODISCO (treinta y dos mil dólares —u$s 32.000,00—), «Harbor Golden Inc.» (trescientos mil dólares —u$s 300.000,00) y «North Golden Inc.» (setecientos mil dólares —u$s 700.000,00); en tanto que el día 30 de diciembre de 2014 éstas últimas dos sociedades recibieron sendas transferencias por trescientos cuarenta mil dólares (u$s 340.000,00) y trescientos cincuenta mil dólares (u$s 350.000,00) respectivamente, ordenadas por «Fly Continental Inc.» (Uruguay) desde una cuenta radicada en UBS Financial Services de Suiza.

El día 20 de marzo de 2015 «North Golden Inc.» recibió una transferencia por tres millones cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos dieciocho dólares con cuarenta y dos centavos (u$s 3.422.418,42) ordenada por «Roca Gonzalez PA» que se vincularía con la venta del inmueble sito en 16051 Collins Av. Unit 1103, Miami, Estados Unidos de América; el 5 de mayo de 2015 «Free Experience Inc.» recibió una transferencia por un millón novecientos cuarenta y cuatro mil treinta y un dólares con sesenta y ocho centavos (u$s 1.944.031,68) ordenada por Michael Strauss Esq. —estudio jurídico que brinda asesoramiento jurídico en operaciones inmobiliarias en New York— el cual habría intervenido en la operación por medio de la cual «Free Experience» adquirió en diciembre de 2011 el inmueble «The Plaza Hotel 768, 5th Av., Unit 607» en New York, Estados Unidos de América.

En cuanto al egreso de los fondos de las cuentas pertenecientes a las sociedades bajo análisis en el Bank Of América, entre noviembre 2015 y mayo 2017 el total de las transferencias emitidas por las firmas totalizaron un monto de veintidós millones setecientos tres mil seiscientos catorce dólares con setenta y tres centavos (u$s 22.703.614,73) teniendo como destino sociedades radicadas en México y Hong Kong, de los cuales once millones quinientos sesenta y cinco mil cinco dólares (u$s 11.565.005,00) fueron enviadas por «Mother Queen Inc.»; cinco millones seiscientos dieciséis mil novecientos noventa y tres dólares con veintidós centavos (u$s 5.616.993,22) por «Free Experience Inc.»; dos millones doscientos cincuenta y un mil novecientos setenta y un dólares con ochenta y siete centavos (u$s 2.251.971,87) por «First All Inclusive Inc.»; un millón novecientos cuarenta y seis mil dólares (u$s 1.946.000,00) por «South Golden Inc.»; un millón trescientos mil quinientos noventa y tres dólares con veintitrés centavos (u$s 1.300.593,23) por «Harbor Golden Inc.» y veintitrés mil cincuenta y un dólares con cuarenta y un centavos (u$s 23.051,41) por «North Golden Inc.».

El día 6 de diciembre de 2016 «Free Experience» ordenó dos (2) transferencias por un monto total de trescientos mil dólares (u$s 300.000,00) a favor de una cuenta n° 812040700 radicada en «Frost Bank», Estados Unidos de América, perteneciente a Perla Aydee PUENTE RESENDEZ, quién con anterioridad habría cobrado un cheque por un monto de ciento cincuenta mil dólares (u$s 150.000,00) librado contra una de las cuentas de «Mother Queen Inc.» en Bank Of América.

Con fecha 31 de enero de 2017 se registra una transferencia ordenada por «Mother Queen Inc.» hacia una cuenta radicada en Regions Bank n° 0182974918 perteneciente a la firma «Regalia 23 Llc» por un monto de dos millones quinientos mil dólares (u$s 2.500.000,00) siendo que ésta última sociedad resultó ser la compradora el día 3 de enero de 2017 del inmueble sito en 19575 Unit 23, Collins Av. Miami, Estados Unidos de América, por un monto de diez millones setecientos mil dólares (u$s 10.700.000,00) siendo «Dream Golden Enterprises Inc.» la compañía vendedora.

Que «Regalia 23 Llc» fue constituida solo unos días antes de la operación y el día 6 de enero de 2017 —a tres (3) días de concretarse la misma— lo vendió por una suma inferior —nueve millones cuatrocientos mil dólares (u$s 9.400.000)— a otra compañía recientemente constituida- «Regalia 23 GSM Llc.».

Durante el período 14 de diciembre de 2016 y 21 de abril de 2017 las empresas «Mother Queen»; «First All Inclusive»; «South Golden» y «Habor Golden» transfirieron a la cuenta n° 072580002276707094 de la firma «Construcciones Bulin SA de CV» del Banco Mercantil del Norte SA, Monterrey, Estados Unidos Mexicanos, la suma total de tres millones cientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta dólares (u$s 3.187.480,00).

Asimismo, entre las fechas 15 de diciembre de 2016 y 9 de mayo de 2017 las firmas «Mother Queen»; «First All Inclusive»; «South Golden» y «Harbor Golden» transfirieron a la cuenta n° 072580002289528312 de la firma «Xangar Negocios SA de CV» del Banco Mercantil del Norte SA, Estados Unidos Mexicanos, la suma total de un millón seiscientos treinta y ocho mil doscientos dólares (u$s 1.638.200,00). Que entre los días 30 de marzo de 2017 y el 1° de mayo de 2017 las firmas «First All Inclusive» y «Mother Queen» transfirieron a la cuenta n° 072580004989322612 de la firma «Servicios Corporativos Rixhon SA de CV» del Banco Mercantil del Norte SA, Estados Unidos Mexicanos, la suma total de un millón cuarenta y siete mil cincuenta dólares (u$s 1.047.050,00).

En el período 15 de diciembre de 2016 y 22 de diciembre de 2016 las firmas «South Golden» y «Harbor Golden» transfirieron a la cuenta n° 072580002801511008 de la firma «Jopa Negocios SA de CV» del Banco Mercantil del Norte SA, Estados Unidos Mexicanos, la suma total de quinientos cincuenta mil quinientos dólares (u$s 550.500,00).

En el período 30 de noviembre de 2016 y el 3 de mayo de 2017 las firmas «Mother Queen»; «First All Inclusive» y «South Golden» transfirieron a la cuenta n° 39047574305 de la firma «Royal Stones Limited» del Citibank Limited de la Región Administrativa Especial Hong Kong, Territorio Autónomo de la República Popular China, la suma de un millón trescientos ochenta y cuatro mil quinientos dólares (u$s 1.384.500,00).

La firma «Free Experience» transfirió un millón trescientos mil dólares (u$s 1.300.000,00) en seis (6) operaciones realizadas entre noviembre de 2016 y mayo de 2017- desde cuentas del Bank Of América a la firma «Three Trees International Inc.», California, Estados Unidos de América.

Las firmas «Mother Queen»; «First All Inclusive» y «Harbor Golden», transfirieron un millón de dólares (u$s 1.000.000,00) en cuatro (4) operaciones realizadas entre noviembre de 2016 y mayo de 2017 desde cuentas del Bank Of América, a la firma «Tovex Llc», Florida, Estados Unidos de América.

La firma «Mother Queen» transfirió la suma de quinientos setenta mil dólares (u$s 570.000,00) en dos (2) operaciones realizadas entre noviembre de 2016 y mayo de 2017 desde cuentas del Bank Of América, a la firma «Sinectra Computer & Electronics» radicada en Florida, Estados Unidos de América.

Las firmas «Mother Queen» y «First All Inclusive» transfirieron las sumas de un millón de dólares (u$s 1.000.000,00) en cinco (5) operaciones realizadas entre noviembre de 2016 y mayo de 2017 desde cuentas del Bank Of América, a la firma «Cono Sur Logistics Corporation», Delaware, Estados Unidos de América.

La firma «Mother Queen» transfirió la suma de ochocientos cuarenta y siete mil dólares (u$s 847.000,00) en cinco (5) operaciones realizadas entre noviembre de 2016 y mayo de 2017 desde cuentas del Bank Of América a la firma «Bio Helper Corp.» Florida, Estados Unidos de América.

En lo que respecta a GUGINO y POCHETTI, ambos fueron accionistas —en un 5% y 95% del capital social, respectivamente— en las firmas «Patagon Adventure S.R.L.» y «Patagon Experience SRL». Los estados contables de la primera de ellas relativos a los ejercicios económicos 2014 y 2015 fueron confeccionados por Víctor Alejandro MANZANARES, socio de MUÑOZ.

El activo de la firma «Patagon Experience SRL» estaría conformado —en gran proporción— por el inmueble sito en la calle Alberto Williams 5631 de esta Ciudad, lugar de residencia de MUÑOZ (hasta su fallecimiento) y de su pareja conviviente POCHETTI.

La participación accionaria que registraría POCHETTI en las firmas «Llaneza y Asociados SA»; «Del Sur SA» y «Del Pueblo SA» se habría materializado mediante la compra del 50% de los paquetes de las mismas efectuada el día 22 de octubre de 2010, resultando los vendedores los Sres. Rubén Horacio LLANEZA y Leonardo Daniel LLANEZA. Los montos involucrados en tales operaciones habrían sido de cuatrocientos mil pesos ($400.000,00); cien mil pesos ($100.000,00) y seiscientos mil pesos ($600.000,00) respectivamente, abonados por POCHETTI en efectivo; habiendo la nombrada adquirido en el mes de marzo de 2015 siete mil quinientas (7500) acciones de la firma «Llaneza y Asociados Río Grande SA» que tendrían un valor nominal de seis millones de pesos ($6.000.000).

El día 28 de junio de 2012 TODISCO envió una transferencia desde una cuenta en la Banca Privada D’Andorra por un monto de cien mil dólares (u$s 100.000,00) a una cuenta perteneciente a «Harbor Golden Inc.» en el Bank Of América, a través de Societe Generale New York. En el período comprendido entre los días 12 de noviembre de 2015 y 23 de diciembre de 2016 las firmas «North Golden Inc.» y «South Golden Inc.» habrían realizado transferencias por un total de tres millones ochocientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta dólares (u$s 3.878.840,00) desde cuentas que registran en Bank Of America, encontrándose entre los beneficiarios de las mismas una sociedad denominada «Royal Stones Limited», radicada en Hong Kong y otras sociedades fuera de Estados Unidos de América, incluyendo México. Respecto a la cuenta de «South Golden Inc.», habría sido abierta en septiembre de 2012, por quién sería Perla Aydee PUENTE RESENDEZ y entre el 9 de marzo de 2016 y el 10 de enero de 2017 recibió una transferencia por dos millones de dólares (u$s 2.000.000,00) remitida por «Mother Queen Inc.», siendo que en julio de 2016 dicha firma vendió el inmueble por más de trece millones de dólares (u$s 13.000.000) —radicado en 1177 SW 8 ST, Miami— por lo que los fondos obtenidos por esa venta podrían relacionarse con aquélla transferencia.

En relación a la cuenta de «North Golden Inc.» habría sido abierta el 23 de diciembre de 2013, su titular sería también sería Perla Aydee PUENTE RESENDEZ y entre el 21 de noviembre de 2015 y el 27 de diciembre de 2016 registró egresos significativos por un total de tres millones ciento veintinueve mil ochocientos dólares (u$s 3.129.800,00) mediante transferencias remitidas a los estudios «Roca Gonzalez PA» y «De la Hoz, Perez & Barbeito».

Entre el 21 de noviembre de 2016 y el 13 de diciembre de 2016 PUENTE RESENDEZ extrajo un total de cincuenta y seis mil dólares (u$s 56.000,00) en efectivo de cuentas que «First All Inclusive Inc.»; «Harbor Golden Inc.»; «South Golden Inc.»; «Mother Queen Inc.» y «Free Experience Inc.» registran en el Bank Of America, sucursal Mission, Texas, Estados Unidos de América.

Entre el 27 de mayo de 2015 y el 12 de agosto de 2015 Carlos GELLERT habría recibido una transferencia por un monto de doscientos cuarenta y cinco mil dólares (u$s 245.000,00) en la cuenta n° 8231456393 que posee en Capital One NA (Virginia, Estados Unidos de América) siendo el originante de la misma «Axion Sociedad de Bolsa SA» (Uruguay).

En cuanto al egreso de fondos de tal producto se destacan cheques entre cuyos beneficiarios se encuentran PUENTE RESENDEZ.

Entre el 1 de agosto de 2014 y el 18 de noviembre de 2014 PUENTE RESENDEZ habría recibido tres (3) transferencias por un total de ciento treinta y un mil ochocientos cuarenta y cinco dólares (u$s 131.845,00) en la cuenta n° 2512773493 que registra en el International Bank Of Commerce (Laredo, Texas).

En el período comprendido entre los días 1 de abril de 2009 y el 16 de marzo de 2010 se habría registrado la recepción de una transferencia por un monto cercano a doscientos mil dólares (u$s 200.000,00) en la cuenta n° 41602897 radicada en el Compass Bank, Mc Allen, Texas, perteneciente a GELLERT y PUENTE RESENDEZ, remitida por Carolina POCHETTI desde la República Argentina.

El 3 de agosto de 2010 PUENTE RESENDEZ recibió dos (2) remesas de fondos vía Western Union en Mc Allen, Texas, por un total de siete mil quinientos dólares (u$s 7.500) que fueron enviadas desde Argentina por Stella Marys Blanco, madre de Carolina POCHETTI. Los días 4 y 7 de septiembre de 2009, PUENTE RESENDEZ recibió en Mission y Mc Allen, Texas, dos (2) remesas de fondos vía Western Union, por un monto total de trece mil setecientos treinta dólares (u$s 13.730), una de ellas remitida por GELLERT desde Argentina.

I.4- Asimismo, parte del dinero ilícito fue destinado a la compra de las siguientes propiedades, a saber: 1) Alberto Williams 5625 y 5631 de esta Ciudad —lugar de residencia de MUÑOZ hasta su fallecimiento y de Carolina POCHETTI— titularizada a nombre de la firma «Patagon Experience SRL» el día 27 de mayo de 2011; 2) Pedro Ignacio Rivera 5761. 5763, 5765, 5767, 5769, de esta Ciudad, titularidad de la firma «Madaco SA» en fecha 2 de marzo de 2007; el resto de las propiedades se menciona su dirección y su titular registral, a saber: 3) Boulevard Patricio Peralta Ramos 5965 piso 5 «G» Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires (Sergio Esteban TODISCO); 4) Av. Colon 1105 piso 1° Mar del Plata Provincia de Buenos Aires (Sergio Esteban TODISCO); 5) Julieta Lanteri 1331, 1363 de esta Ciudad (Sergio Esteban TODISCO y Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY); 6) Av. Cabildo 1535 piso 5 «A» de esta Ciudad (Carlos Temistocles CORTEZ); 7) Paunero 2150 piso 9 «B» Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires (ORTIZ MUNICOY); 8) Garay 1382 piso 1° Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires (ORTIZ MUNICOY); 9) Santiago del Estero 1970/1976 piso 3° Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires (ORTIZ MUNICOY); 10) Unidad funcional 6 lote 67 «A» Barrio Privado Rincón de Lynch, Villa La Angostura, Departamento Los Lagos, Provincia de Neuquén (Carolina POCHETTI); 11) Gascón 2674 departamentos 7 «A», 7 «B» y 6 «B», Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires (Sergio Esteban TODISCO) 12) Habana 4465 de esta Ciudad (Carolina POCHETTI); 13) Andonaegui 2966/70 1° «A» de esta Ciudad («Madaco SA»); 14) Albarellos 2639/41 de esta Ciudad («Madaco SA»); 15) Salvador María del Carril 2129/2131 de esta Ciudad («Patagon Adventure SRL»); 16) Av. Belgrano 2201/2207 de esta Ciudad («CAYUQUEO SA»); 17) Av. Belgrano 2232 de esta Ciudad («CAYUQUEO SA»); 18) Gascón 2701, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, «Madaco SA» habría adquirido con fecha 25 de septiembre de 2014, un inmueble ubicada en calle San Martin, entre Patagonia y Sarmiento, en la Ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego (Lote 2-a de la mza. Cero, II-A-14), por doscientos treinta mil dólares (u$s 230.000,00) siendo los vendedores Carlos Temistocles CORTEZ y Luis Antonio GUGINO.

En relación al inmueble sito en la calle Paunero 2150, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en diciembre de 2012 TODISCO habría constituido junto a ORTIZ MUNICOY las firmas «Desarrollos Serliz SA» e «Inversiones Aquiles Corp SA»; siendo que la primera adquirió al momento de su constitución dicho inmueble abonando la suma de doscientos treinta mil dólares (u$s 230.000,00) en efectivo.

El 15 de noviembre de 2013 los nombrados adquirieron el inmueble sito en la calle Julieta Lantieri 1331 unidad funcional 6, de esta Ciudad, por una suma de doscientos noventa mil dólares (u$s 290.000,00) con fondos de la segunda de las firmas aludidas.

Asimismo, TODISCO declara en el período fiscal 2015 participación en «Textilana» por un monto de seiscientos mil pesos ($600.000,00); asimismo adquirió el día 28 de abril de 2011 por doscientos ochenta mil pesos ($280.000,00) el inmueble sito en la calle Gascón 2674, Mar del Plata Provincia de Buenos Aires; en septiembre de 2013 transmite el inmueble a «EC MDP Constructora y Organizados SA» para la construcción de un edificio del cuál TODISCO se quedaría con tres (3) unidades funcionales y una unidad complementaria.

Posteriormente el día 3 de febrero de 2016 habría adquirido con hipoteca a pagar a plazo el inmueble sito en la calle Boulevard Marítimo 5959 piso 5 «G» Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, por un valor de seis millones trescientos mil pesos ($6.300.000,00)

En cuanto al patrimonio de Carlos Temistocles CORTEZ, adquirió una casa denominada «Lobo Viejo» Padrón 176, Manzana 15, ubicado en la intersección de las calles Viejo Marino y Del Pirata, localidad catastral de Punta Ballena, ubicado en Solanas, Partido de Maldonado, República Oriental del Uruguay, propiedad que CORTEZ le compró a MUÑOZ a novecientos mil dólares (u$s 900.000,00) en efectivo.

El referido inmueble había sido adquirido por Stella Marys Blanco —madre de POCHETTI— con fecha 22 de diciembre de 2008.

Asimismo, CORTEZ adquirió un automotor KIA CADENZA, valor doscientos cincuenta y nueve mil setecientos veintidós dólares con noventa y siete centavos (u$s 259.722,97), adquirido en diciembre de 2014; y diez (10) inmuebles en los Estados Unidos de América, a saber: (1) 600NE 27 Th. ST (apart 601), valor cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y cinco dólares (u$s 4.257.875,00), adquirido en noviembre de 2013 el 50%, titularidad de «SFL Props Llc.»; (2) 1800 N Bayshore Dr. (Apart. 1602), Florida, Miami, valor dos millones setecientos treinta y cuatro mil dólares (u$s 2.734.000,00) adquirido en noviembre de 2013 el 50%, titularidad de «SFL Props Llc.»; (3) depto. 3310, valor tres millones ciento ochenta y cuatro mil ciento cincuenta dólares (u$s 3.184.150,00) adquirido en septiembre de 2010, titularidad «New Dreams LLC»; (4) depto. 1.612, valor usd 3.924.650, adquirido en septiembre de 2010 el 50.00%, titularidad de «New Dreams Llc»; (5) 100TH St. 1100, «Bay Harbor Islands» Florida, valor cinco millones cuarenta y seis mil novecientos noventa dólares con noventa centavos (u$s 5.046.990,90) adquirido en enero de 2013 el 4,58%, titularidad de «Bay Harbor Islands 1 Llc» (Clamore); (6) NE 26th Av. 19380, Aventura, Florida, valor cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil cincuenta y siete dólares con ochenta y ocho centavos (u$s 4.953.057,88) adquirido en enero de 2013 el 10%, titularidad «Westside Aventura I Llc»; (7) NE 193RD St. 2535, Florida, Miami, valor trescientos dieciséis mil noventa dólares con setenta y cinco centavos (u$s 316.090,75) adquirido en enero de 2013 el 10%, titularidad de «Westside Aventura II Llc.»; (8) NE 193Rd. St. 2547, Florida, Miami, valor un millón doscientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y un dólares con setenta centavos (u$s 1.247.391,70) adquirido en enero de 2013 el 10% a «Westside Aventura II Llc»; (9) NE 193Rd. St. 2501, Florida, Miami, valor un millón seiscientos noventa y siete mil ciento treinta y un dólares con cincuenta y siete centavos (u$s 1.697.131,57) adquirido en enero de 2013 el 10%, titularidad de «Westside Aventura II Llc»; y (10) NE 193 Rd. St. 2525, Florida, Miami, valor un millón cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos setenta y cinco dólares con noventa y siete centavos (u$s 1.463.775,97) adquirido en enero de 2013, titularidad de «Westside Aventura II Llc».

Asimismo, CORTEZ adquirió las siguientes sociedades en el exterior: (1) Zulmen International Inc.», valor catorce millones doscientos cincuenta mil cincuenta y un dólares con veintitrés centavos (u$s 14.250.051,23), en enero de 2016 el 100%, en República de Panamá; (2) Gebelli Associated Inc.», valor catorce con ochenta y un dólares (u$s 14,81) adquirida en enero de 2016 el 33%, en República de Panamá; (3) «Spring Pacific Group Limited Inc.» valor novecientos treinta y cinco mil ochocientos veinte dólares con treinta centavos (u$s 935.820,30) adquirida en mayo de 2013 el 53%, en Islas Vírgenes Británicas; (4) «SFL Props Llc», valor cuatro millones doscientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete dólares con tres centavos (u$s 4.264.157,03) adquirida en noviembre de 2013 el 50%, en Estados Unidos de América; (5) «Abaco Holding Group SA», valor dieciocho millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta dólares con cuarenta y siete centavos (u$s 18.735.640,47) adquirida en junio de 2016 el 34%, en República de Panamá; (6) «Nelius Services Inc.» valor catorce dólares con ochenta y un centavos (u$s 14,81) adquirida en enero de 2016 el 33%, en la República de Panamá; (7) «New Dreams Llc», valor ciento setenta y siete mil ochocientos dieciocho dólares con sesenta y tres centavos (u$s 177.818,63) adquirida en septiembre de 2010 el 50%, en Estados Unidos de América; (8) «Clamore Finance Limited» valor cincuenta y tres mil seiscientos veinticuatro dólares con ochenta centavos (u$s 53.624,80) adquirida en enero de 2013 el 100%, en Islas Vírgenes Británicas; (9) «Brokerage Offices Corp.», valor catorce dólares con ochenta y un centavos (u$s 14,81) adquirida en diciembre de 2015 el 100%, en la República de Panamá; (10) «Orion Trust» (New Zeland), valor catorce dólares con ochenta y un centavos (u$s 14,81) adquirida en junio de 2015 el 84%, en Nueva Zelanda; (11) «Edelmont Limited» valor ochenta y siete mil novecientos setenta y ocho dólares con cincuenta y un centavos (u$s 87.978,51) adquirida en junio de 2015 el 84%, en Nueva Zelanda.

Por su parte, CORTEZ adquirió los siguientes títulos, acciones y otras inversiones: (1) PICTET cuenta n° 663199 (300.000 FR SG ISSUER) (Portafolio de Inversiones) valor trescientos mil (300.000) Francos Suizos, adquirido en diciembre de 2015 el 100%, en Suiza; (2) HSBC cuenta n° P6DW044124, valor ciento veintiún mil ochocientos setenta y dos dólares (u$s 121.872) adquirido en enero 2010 el 1000%, en Estados Unidos de América; (3) Crédito 1 a MC DEVITT KEVIN, valor tres millones ciento veintiún mil novecientos cuarenta y ocho dólares (u$s 3.121.948) y los siguientes depósitos en dinero en el exterior: (1) En Estados Unidos de América: HSBC un monto de sesenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco dólares (u$s 62.355), REGIONS BANK un monto de dos mil trescientos cuatro dólares (u$s 2.304), CROWN BANKING un monto de dos mil trescientos cuarenta y dos dólares (u$s 2.342), WELLS FARGO MONEY MARKET SAVINGS un monto de ocho mil un dólares (u$s 8.001); (2) En Suiza: BSI un monto de ochocientos setenta y cuatro dólares (u$s 874) y en PICTET un monto de ciento cuarenta y nueve mil doscientos veintidós dólares (u$s 149.222).

Responsabilidad de los imputados

En primer término y previo explicar el grado de participación que le cupo a los imputados en los hechos investigados, corresponde mencionar que estas actuaciones resultan ser conexas a la causa n° 9608/18, en la que se logró acreditar la existencia de una organización criminal que desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación y del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, correspondiente al período 25 de mayo de 2003 al 9 de diciembre de 2015, diseñaron un mecanismo que recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente y además destinarlo a la comisión de otros delitos.

Dicho accionar fue recientemente ratificado por la Sala I de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad.

Las pruebas allí reunidas han permitido demostrar que la maniobra en cuestión fue desplegada con la participación de funcionarios públicos del gobierno de turno, que se aprovecharon de sus cargos para hacerse de fondos correspondientes a contratos de obra, servicios públicos, transporte y concesiones viales, con fuertes sobreprecios, como así también empresarios que abonaron sumas de dinero a lo largo de aquél período.

Las anotaciones realizadas por Oscar Bernardo CENTENO y el resto de la prueba producida en tales actuaciones, han permitido conocer cómo funcionó el sistema ilegal de recaudación instaurado en el ámbito del ex Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio Miguel DE VIDO.

Se ha constatado que las maniobras ilícitas desplegadas formaron parte de un mecanismo ilegal de recaudación desarrollado durante los gobiernos de Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ (25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007 y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente), que se efectivizó esencialmente en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal mediante la cartelización de la obra pública y subsidios, lográndose determinar que el flujo de dinero que circuló dentro de dicha organización ilícita ascendió a una suma aproximada de cien millones de dólares estadounidenses (u$s 100.000.000).

En punto al aporte de los empresarios imputados, debe destacarse que sus empresas contaban con concesiones y/o contrataciones del Estado Nacional —en cabeza del Ministerio de Planificación Federal— y contribuyeron con su financiamiento a mantener el sistema a cambio de continuar con contrataciones perjudiciales para el Estado Nacional. Ha quedado demostrado cómo funcionó el mecanismo de recaudación del dinero ilegal, el cual, en esta parte de la maniobra (pues hay otras donde los recaudadores son Ernesto CLARENS, José LOPEZ, Ricardo JAIME o Claudio UBERTI, entre otros) era colectado principalmente por Roberto BARATTA (Subsecretario de Coordinación y Control de gestión dependiente del Ministerio de Planificación Federal); Nelson Javier LAZARTE (Secretario privado de BARATTA); Walter FAGYAS (Asesor de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación y Presidente de ENARSA); Rafael Enrique LLORENS (Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación); Héctor Camilo GÓMEZ (funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión de dicho Ministerio) y Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación); quiénes, en la mayoría de las oportunidades, fueron transportados por CENTENO al encuentro con los empresarios donde se hacían los pagos, quién recibía órdenes de DE VIDO y BARATTA, organizadores de esta asociación delictiva.

El dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados —principalmente a Héctor Daniel MUÑOZ— en el domicilio sito en la calle Uruguay 1306 y Juncal 1411, ambos de esta Ciudad —domicilio particular de Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, jefes de esta organización ilícita—, en la Residencia oficial del Presidente en Olivos y/o en la Casa de Gobierno.

Al respecto, se encuentra acreditado que el dinero recolectado por Roberto BARATTA, en sus recorridos por las distintas empresas, fue entregado en, por lo menos, ochenta y siete (87) oportunidades a Héctor Daniel MUÑOZ en el domicilio sito en la calle Uruguay 1306 de esta Ciudad, siendo Cristina Elisabet FERNÁNDEZ propietaria de la unidad n°7, ubicada en el piso 5°, como así también en la quinta Residencial de Olivos, al mencionado MUÑOZ y/o también al propio Néstor KIRCHNER y Cristina FERNÁNDEZ.

Ahora bien, hasta aquí se ha explicado a grandes rasgos cómo funcionó dicha organización ilícita y el mecanismo de recaudación del dinero ilegal, restando mencionar el destino otorgado a parte de ese dinero, aspecto que resulta ser materia de investigación en esta causa y será puntualmente analizado en el presente dispositivo.

Las pruebas reunidas en el curso de esta investigación han permitido conocer que los imputados habrían integrado una asociación cuyo objeto fue conformar, en la República Argentina y en el extranjero, una estructura societaria y bancaria —ideada por Héctor Daniel MUÑOZ y Carolina POCHETTI— e integrada por el resto de los imputados, algunos de ellos familiares de los nombrados, a los efectos de administrar y poner en circulación parte del dinero ilícito obtenido como consecuencia de las maniobras investigadas en la causa n° 9608/18 e integrarlos al circuito económico bajo formal apariencia de licitud.

Del propio Héctor Daniel MUÑOZ dependió una maniobra específica respecto a la aplicación de parte de esos fondos ilegales a la constitución de sociedades y negocios inmobiliarios en nuestro país y en el extranjero, con el fin de organizar un sistema de blanqueo de activos que le diera a esta asociación una aparente fachada de legalidad de la que carecía, visto el origen espurio del dinero; resultando intrascendente, a los fines de este resolutorio, si la aplicación de tales fondos en dichas actividades se hacía por cuenta y orden de los jefes de aquélla organización delictiva o si provenían de fondos sustraídos al control de estos o de sus organizadores.

Las actividades ilícitas se habrían llevado a cabo a partir del año 2010 destinándose parte de los fondos ilícitos a la adquisición de propiedades en el extranjero, más precisamente en las ciudades de Nueva York y Miami, Estados Unidos de América, las que serán identificados en el curso de la resolución.

El dinero ilícito obtenido se destinó a la adquisición de propiedades en Estados Unidos de América, por la suma de sesenta y nueve millones ochocientos dieciséis mil seiscientos dólares (u$s 69.816.600), exceptuándose la transferencia del inmueble 485 Brickelll Av. Unit 1607 en favor de «Municoy International Properties» de fecha 17 de diciembre de 2015.

Por su parte, entre los años 2016 y 2017, los imputados se habrían desprendido de la totalidad de las propiedades adquiridas y parte del producido de dichas ventas fue reinsertado en el circuito bancario, más precisamente a cuentas del Banco Mercantil del Norte SA, Monterrey, Estados Unidos Mexicanos; del Citibank Limited de la Región Administrativa Especial Hong Kong, Territorio Autónomo de la República Popular China; de la Banca Privada de Andorra, Principado de Andorra; en el Bank Of América y el Florida Community Bank —estos dos (2) últimos de Estados Unidos de América—.

Resulta oportuno mencionar que Sergio Esteban TODISCO y Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY prestaron en distintas oportunidades declaraciones ante el Sr. Fiscal de la causa en los términos del artículo 41 ter. de la ley 27.304. (ver legajos nros 6 y 8 respectivamente).

En iguales términos declararon Juan Manuel CAMPILLO, Carlos Adolfo GELLERT y Carolina POCHETTI (ver legajos nros. 36, 43 y 47 respectivamente).

Los acuerdos celebrados entre los nombrados y el Fiscal en los términos de dicha ley, fueron homologados por el Juzgado, por cuanto reconocieron los hechos investigados y aportaron información relevante para la pesquisa, más allá de las omisiones en las que incurrieron.

Encuadre Jurídico:

Conforme las probanzas arrimadas al legajo, los imputados Héctor Daniel MUÑOZ, Carolina POCHETTI, Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY, Sergio Esteban TODISCO, Carlos Temístocles CORTEZ, Carlos Adolfo GELLERT, Víctor Alejandro MANZANARES, Gustavo Sergio DORF, Marcelo Gustavo DANZA, Osvaldo Fabián PAROLARI, Gastón Nicolás CAMPILLO, Juan Manuel CAMPILLO, Luis Antonio GUGINO, Rubén Horacio LLANEZA, Leonardo Daniel LLANEZA, Elba Diamantina MUNICOY, Mauro Gabriel PROFÉTICO, Miguel Ángel PLO, María Jesús PLO, Federico Carlos ZUPICIH y Jorge Isidro Baltazar BOUNINE realizaron diferentes maniobras con el fin de darle apariencia lícita al dinero ilícito producto de la recaudación espuria que se realizó por parte del Ministerio de Planificación Federal entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.

En este sentido se debe tener en cuenta lo resuelto el 17 de septiembre de 2018 en el marco de la cn° 9.608/18 en la cual fueron procesados diferentes personas por haber conformado entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 una asociación ilícita entre los que estaba Héctor Daniel MUÑOZ, quienes perpetraron un sistema de recaudación ilegal mediante el cual, por un lado, el dinero era recibido por funcionarios con el fin de enriquecerse y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos y por el otro, las personas o empresas que lo otorgaban, lo hacían a cambio de algún beneficio o en consideración del cargo que tenían los funcionarios; maniobras que fueron ratificadas por la Sala I de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad el día 20 de diciembre del año 2018 (Sala I CCCF causa n° 9608/2018/174 «Fernández Cristina Elisabet y otros s/ legajo de apelación»).

De dichos delitos provenía el dinero espurio que MUÑOZ luego hizo circular con el fin de darle una apariencia de origen lícito.

En tal sentido debe destacarse que el hecho investigado se circunscribe, por el momento, a la creación de sociedades tanto en el país como en el extranjero para comprar bienes para aparentar un origen lícito y la realización de diferentes transferencias entre entidades bancarias para darle sustento.

En todos los casos de autos se buscó ocultar o disfrazar la ilicitud del origen de los bienes y llevar a esos bienes a que adquieran apariencia legal.

Claramente el objeto del delito es el dinero originado de la recaudación ilegal del Ministerio de Planificación, y cada una de las transacciones, tal como fue descripto, superan la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000) establecida en el inc. 1° del art. 303 del C.P. —Ley 26.683— o los cincuenta mil pesos ($ 50.000) del art. 278 del C.P. —Ley 25.246—.

Además, el accionar de los imputados se ve agravado por su habitualidad y como miembro de una asociación o banda formada para la comisión con continuidad de hechos de esta naturaleza (art. 303 inc. 2. a —Ley 26.683— y 278 1. b —Ley 25.246— del C.P.)

En primer lugar contamos que entre los imputados existió el propósito colectivo para organizarse con el fin de cometer maniobras de lavado en forma indeterminada y permanente.

En efecto, aproximadamente entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 un grupo de personas, entre los que estaba Héctor Daniel MUÑOZ, participó en la organización de un sistema de recaudación ilegal mediante el cual, determinados organismos públicos, entregaban concesiones a empresarios privados bajo la condición de que parte de estos fondos sea entregado a determinados funcionarios públicos; dinero que era recibido con el fin de enriquecerse personalmente y además utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, siendo los destinatarios finales Cristina FERNANDEZ y Néstor Carlos KIRCHNER.

Parte de dicho dinero fue sustraído de su destino final y puesto en circulación en provecho propio en los mercados financieros e inmobiliarios, tanto en el ámbito nacional como en los Estados Unidos, por Héctor Daniel MUÑOZ, Carolina POCHETTI, Sergio Esteban TODISCO, Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY, Carlos Temistocles CORTEZ, Carlos Adolfo GELLERT, Víctor Alejandro MANZANARES, Gustavo Sergio DORF, Marcelo Gustavo DANZA, Osvaldo Fabián PAROLARI, Gastón Nicolás CAMPILLO, Juan Manuel CAMPILLO, Luis Antonio GUGINO, Rubén Horacio LLANEZA, Leonardo Daniel LLANEZA, Elba Diamantina MUNICOY, Mauro Gabriel PROFETICO, Miguel Angel PLO, María Jesús PLO, Federico Carlos ZUPICICH y Jorge Isidro Baltazar BOUNINE, con el fin de darle apariencia lícita a su origen.

Dan sustento a que había una organización con el fin de lavar parte del dinero producto de la recaudación ilegal realizada: las empresas que constituyeron los nombrados, tanto en el exterior como en la Argentina, el dinero enviado al exterior por los nombrados de modo espurio, los bienes que tenían en el exterior sin declarar o declarados en el último sinceramiento fiscal.

Cabe destacar en relación a ello, lo indicado por los imputados ORTIZ MUNICOY y TODISCO, quienes dieron cuenta el modo en que se organizaron, formando sociedades en el exterior y comprando bienes por cuenta y orden de MUÑOZ y POCHETTI, sacando el dinero del país sin declarar a través de agencias de funcionamiento ilegal.

En relación a los imputados que realizaron escasos actos vinculados al lavado de dinero, o tan sólo uno, ello no los desliga del vínculo con la asociación pues lo hicieron sabiendo de su existencia y con su accionar lograron que se sostenga en el tiempo.

Por todo lo expuesto es que;

RESUELVO:

I.- DECLARAR EXTINGUIDA la acción penal por MUERTE respecto de HÉCTOR DANIEL MUÑOZ y en consecuencia SOBRESEER al nombrado; SIN COSTAS. (artículo 59 inciso 1° del CP y artículo 336 inciso 1° del CPPN).

II.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de CAROLINA POCHETTI de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerada, «prima facie», coautora penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos tres mil millones ($ 3.000.000.000).

III.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de ELIZABETH MARÍA HERMINIA ORTIZ MUNICOY de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerada, «prima facie», coautora penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos tres mil millones ($ 3.000.000.000).

En lo que respecta a la libertad de ELIZABETH MARÍA HERMINIA ORTIZ MUNICOY, estese a lo ordenado en el «Incidente de excarcelación» formado a su respecto, registrado bajo el n°4.

IV.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de SERGIO ESTEBAN TODISCO de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos tres mil millones ($ 3.000.000.000).

En lo que respecta a la libertad de SERGIO ESTEBAN TODISCO, estese a lo ordenado en el «Incidente de excarcelación» formado a su respecto, registrado bajo el n°5.

V.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de CARLOS TEMISTOCLES CORTEZ de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil millones ($1.000.000.000).

VI.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de VICTOR ALEJANDRO MANZANARES de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil millones ($1.000.000.000).

VII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de CARLOS ADOLFO GELLERT de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos tres mil millones ($ 3.000.000.000).

VIII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de JUAN MANUEL CAMPILLO de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil millones ($1.000.000.000).

IX.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de MAURO GABRIEL PROFETICO de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil millones ($1.000.000.000).

En lo que respecta a la libertad de MAURO GABRIEL PROFETICO, estese a lo ordenado en el «Incidente de exención de prisión» formado a su respecto, registrado bajo el n°21.

X.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de GASTON NICOLAS CAMPILLO de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil millones ($1.000.000.000).

XI.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de JORGE ISIDRO BOUNINE de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil quinientos millones ($1.500.000.000).

XII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de LEONARDO DANIEL LLANEZA de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil millones ($1.000.000.000).

XIII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de RUBEN HORACIO LLANEZA de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil millones ($1.000.000.000).

XIV.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de GUSTAVO SERGIO DORF de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil millones ($1.000.000.000).

XV.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de MARCELO GUSTAVO DANZA de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 278 inciso 1 «b» —ley 25.246— del CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil millones ($1.000.000.000).

XVI.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de OSVALDO FABIAN PAROLARI de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 278 inciso 1 «b» —ley 25.246— del CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil millones ($1.000.000.000).

XVII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de LUIS ANTONIO GUGINO de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil millones ($1.000.000.000).

XVIII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de ELBA DIAMANTINA MUNICOY de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil millones ($1.000.000.000).

XIX.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de MIGUEL ANGEL PLO de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos tres mil millones ($ 3.000.000.000).

XX.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de MARIA JESUS PLO de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos tres mil millones ($ 3.000.000.000).

XXI.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de FEDERICO CARLOS ZUPICICH de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser considerado, «prima facie», coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 «a» —ley 26.683— del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos tres mil millones ($ 3.000.000.000).

XXII.- Extráiganse testimonios de las partes y remítanse a la Sala de Sorteo de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad a fin de que desinsacule el Juzgado Federal en turno que deberá entender en relación a los hechos denunciados por ORTIZ MUNICOY y POCHETTI en sus respectivas declaraciones que no guardan relación con la presente investigación.

Firmado Claudio Bonadio. Juez Federal

Hoteleros exitosos (anexo Capítulo 6)

Solicita Declaración testimonial

Sr. Juez Federal:

Margarita Stolbizer, en mi carácter de amicus curiae, con el patrocinio letrado de la Dra. Silvina A. Martínez T°94 F° 458 CPACF, manteniendo el domicilio constituido en la causa 9486/2016, respetuosamente digo:

Que vengo por el presente a solicitar se cite a declaración testimonial al Sr. Víctor Manzanares, quien se encuentra en el marco de testigo protegido en la causa que instruye el Juez Claudio Bonadio conocida como «Los cuadernos de la corrupción K».

Hace algunos días, diferentes medios de comunicación dieron a conocer que el Sr. Víctor Manzanares se había presentado a declarar ante el Juzgado del Dr. Claudio Bonadio (Criminal y Correccional Federal N° 11) como arrepentido en los términos de la ley 27304 y allí habría manifestado que la familia Kirchner le había pedido controlar a Osvaldo Sanfelice en lo relativo al Hotel Waldorf. Allí confirmo que el Hotel Waldorf fue comprado por la familia presidencial y que por indicación de Néstor Kirchner fue a un estudio contable a analizar los papeles del Hotel y le aconsejó que no lo comprara.

Creemos que la declaración testimonial del contador Víctor Manzanares sería muy importante en la presente causa. Particularmente en lo relativo a si Néstor Kirchner era el dueño del Hotel Waldorf o bien había ordenado comprar dicho hotel a Osvaldo Sanfelice en comisión para luego informar que sería la empresa Hotesur SA la dueña del Hotel. Asimismo, debería declarar en relación a su actuación al analizar la documentación de dicho hotel como así también sus consejos en torno a una eventual incompatibilidad para adquirir dicho hotel.

Hemos oportunamente denunciado las maniobras de lavado de dinero llevadas a cabo en relación a la adquisición del Hotel Waldorf, como así también en relación a su contabilidad posterior. Sin bien formalmente surge que el Sr. Osvaldo Sanfelice es el accionista mayoritario de la empresa homónima del Hotel Waldorf, este no es el verdadero dueño, sino que adquirió el mismo actuando en comisión para Néstor Kirchner. Y la finalidad para adquirir este hotel no era otra que la misma que se utilizó para adquirir los otros hoteles por parte de la familia Kirchner: utilizar este hotel como fachada para diversas operaciones de lavado de dinero.

Las tratativas para la adquisición del Hotel Waldorf ocurrieron a fines del año 2008, casi a la par que la familia Kirchner adquiría el Hotel Alto Calafate. El 12 de diciembre de 2008, Sanfelice suscribió un instrumento de opción de compra del Hotel Waldorf y en esa oportunidad abonó 1 millón de dólares en efectivo. Posteriormente, esto es el 6 de marzo de 2009 se suscribe el boleto de compraventa de acciones de la sociedad HOTEL WALDORF SA entre José Luis Cives (CUIT 20-10672412-2) y la sociedad WALCORP SA como vendedores y Osvaldo José Sanfelice como comprador, quien actúa en comisión, sin que indicara en este instrumento quién es su comitente. Se fijó como valor de la compraventa la suma de U$S 1.700.000 pagaderos de la siguiente forma: 1 millón de dólares se abonó en efectivo al momento de suscripción la opción de compra; 350.000 dólares se abonaron al momento de suscribir el boleto de compraventa y el saldo en diez cuotas mensuales y consecutivas. Sin embargo, a pesar de que figura este método de pago en el documento, se abonó en su totalidad y en efectivo antes de suscribir el boleto de compraventa.

Cabe destacar que detrás de la compraventa de este hotel se encontraban las mismas personas que negociaron la compraventa de la empresa Hotesur, dueña del Hotel Alto Calafate. Como accionistas del Hotel Waldorf SA se encontraban Jorge Marcos (CUIT 20-10119645-4) y su esposa Susana Rosario Rodríguez de Marcos (CUIT 27-06497864-6). Y estos también eran accionistas de Hotesur al momento de la venta a la familia Kirchner. Y también en dicha operación compareció Osvaldo Sanfelice actuando en comisión para Néstor Kirchner. Es más: las negociaciones ocurrieron casi en paralelo para adquirir ambos emprendimientos hoteleros.

Las particularidades de los números de este hotel sorprenden. Este hotel fue aumentando su facturación ejercicio tras ejercicio. Antes de su adquisición por parte de los Kirchner la empresa era deficitaria. Pero al poco tiempo logró revertir su situación económica. Dudamos si los servicios eran realmente tan buenos al punto que los pasajeros decidieran vivir durante años en el hotel. Porque esto es lo que ocurría. O por lo menos es lo que figura en el registro de pasajeros que fue secuestrado en la causa 13404/2007 que tramita ante su juzgado. Allí pudimos detectar pasajeros que tienen una diferencia de 7 años y 8 meses entre la fecha de ingreso y de egreso.

A ello cabe agregar que las cuentas bancarias del Hotel Waldorf registran poco movimiento. Solo registran operaciones desde el 2011 hasta el 2016 por $1.785.045. El otro dato importante es que el destino de los fondos que se depositaban en la cuenta bancaria del hotel estaba destinado a pagar las tarjetas de crédito de Sanfelice y de dos personas más: MARIAN RUSSO Y ROBERTO GARCÍA. Este último, gerente del hotel.

Cabe recordar que realicé diferentes presentaciones (causas 11352/14 y 13404/2007) en las cuales advertí la existencia de cientos de asientos en el libro IVA VENTAS de la empresa que da cuenta de habitaciones que fueron presuntamente facturadas y abonadas por empresas como Valle Mitre (considerada una fachada para maniobras de lavado de dinero) o por la Constructora Norberto Odebrecht SA (empresa que admitió haber pagado coimas en la República Argentina para acceder a determinadas obras públicas).

De esta forma, claramente podemos afirmar que Sanfelice compró el Hotel Waldorf ocultando a la familia Kirchner en la operación, tal como lo realizó otras tantas veces. Y que lo hizo con la finalidad de encubrir allí mismo transferencias millonarias de origen ilegal simulado dentro de una actividad hotelera que le diera apariencia legal en su ingreso al circuito de dinero.

Estamos frente a un repentino empresario hotelero ficticio y simulado (Sanfelice) quien realiza la compra del paquete accionario de la empresa dueña del Hotel Waldorf, en comisión y luego aparenta ser el dueño y esconde a los verdaderos personajes que buscan el blanqueo de activos (Cristina Fernández de Kirchner).

Otra de nuestras denuncias en la presente causa advirtió acerca de la designación de un directorio en la empresa Hotel Waldorf SA integrado por Santiago Carnero, César Gustavo Virgilio como directores y Hugo Carlos Álvarez como síndico. Lo más grave es que dos de los tres miembros del directorio del Hotel Waldorf se desempeñaban en la misma fecha como funcionarios del Banco Central de la República Argentina siendo designados por Cristina Kirchner en dichos cargos. En los referentes al Banco Central me refiero.

Santiago Carnero fue designado en 2010 como director del Banco Central y en 2011 asumió como superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA). Su función era ejercer el poder de fiscalización y policía sobre los bancos, financieras y agencias de cambio. Y en sus ratos libres era miembro del directorio del Hotel Waldorf. Carnero, Contador Público Nacional, entre 2007 y 2010 fue miembro del Directorio de la compañía YPF en representación del Estado Nacional. Se desempeñó además en la Comisión Bicameral de Control de las Actividades y Gastos de Inteligencia del Congreso de la Nación. Su hijo homónimo también se desempeñó como asesor del directorio del Banco Central en el mismo periodo, percibiendo un salario cercano a los 20.000 pesos, sueldo muy alto para aquellos años.

El síndico del Hotel Waldorf no era la excepción. Era Hugo Carlos Álvarez, quien a la misma fecha se desempeñaba como síndico del Banco Central. Como síndico, Álvarez tenía como función «fiscalizar» la observancia de las leyes por parte de dicha entidad. Igual función desempeñaba en el Hotel Waldorf a la par que era el contador de Osvaldo Sanfelice en todas sus empresas. La primera vez que el contador ingresó al Banco Central fue en 2009. El nombramiento ingresó al Congreso con el orden del día 394 y obtuvo la aprobación de la Comisión de Acuerdos en septiembre de dicho año. Coincidente con su nombramiento en el Hotel Waldorf, que también era de titularidad de la familia Kirchner aunque sin declarar.

Una vez vencido su nombramiento por un período de cuatro años, Cristina Kirchner por Decreto (N° 1.669/2013) lo designó nuevamente como síndico titular del Banco Central. Renunció en diciembre de 2015 con la asunción del nuevo gobierno.

La síndico suplente era Corina Ivone Muriel, Prosecretaria Electoral de la Justicia Federal de Santa Cruz a la fecha de su designación en el Hotel Waldorf. Y aún hoy continúa en el cargo.

El tercero, César Gustavo Virgilio, trabajó como docente en Río Gallegos, luego se desempeñó en la inmobiliaria Sanfelice Sancho & Asociados de Máximo Kirchner, y fue empleado de Paraná Metal, una empresa de Cristóbal López hasta que falleció en abril de 2015. Además creó, junto a Carlos Sancho, la firma Agosto SA en noviembre de 2011. Desde entonces, la sociedad no mostró movimientos comerciales. Pero eso cambió a partir de 2013, cuando Sanfelice compró la empresa.

Los datos que aquí se aportan deben sumarse a los acompañados con anterioridad. Estamos frente a claro supuesto de lavado de activos a través de la actividad hotelera, donde el supuesto comprador no puede justificar el origen de los fondos ni tenía la capacidad económica para comprar el Hotel; resaltando su condición de allegado cercano de la familia presidencial en los términos de la normativa de la UIF y del GAFI en los términos de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Sabido es que entre las categorías de inversores cuyas actividades o antecedentes pueden indicar un riesgo más alto de lavado de activos, se deben incluir los emprendedores que integren la categoría de personas expuestas políticamente, desarrolladores con inversiones desproporcionadas respecto de su patrimonio; inversores ocasionales y desconocidos en la industria que encaran proyectos de envergadura; terceros utilizados de modo impropio (prestanombres o testaferros); etc.

En términos generales, las PEP son aquellas personas que ocupan u ocuparon funciones públicas prominentes en un determinado país: jefes de Estado o de Gobierno, altos cargos políticos o gubernamentales, funcionarios judiciales o militares, directores ejecutivos de empresas estatales y altas autoridades de partidos políticos, entre otros. Asimismo, se incluyen en dicha categoría el círculo parental próximo de dichos sujetos y quienes mantuviesen relaciones de negocio o sociedades con ellos.

Por otra parte, la capacidad de facturación del hotel fue aumentando considerablemente a partir del ingreso de Sanfelice, sumado a la existencia de facturas a nombre de la empresa Constructora Norberto Odebrecht SA, quien confesó haber pagado coimas en la República Argentina en la misma fecha. Por otra parte, cabe agregar la existencia de registros de alojamiento por parte de pasajeros quienes habrían pasado más de 7 años alojados en dicho hotel.

La sobredeclaración de ingresos del negocio y la facturación apócrifa pueden encontrar en hotelería y sus servicios anexos (restaurantes, bares) un terreno fértil. Ello se debe a la abundancia de dinero al contado.

Y a lo expuesto debe sumarse la confusión de funcionarios públicos directivos del Banco Central de la República Argentina al tiempo que se desempeñaban como directivos del Hotel Waldorf, lo que podría llevar a pensar en la inutilidad del sistema de alertas, el reporte de operaciones sospechosas, el cumplimiento adecuado de las tareas de prevención, el conocimiento del cliente y el estudio de las operaciones que se presentan frente a un sujeto obligado.

Contadores cómplices (anexo Capítulo 7)

Declaración como imputado colaborador de Víctor Manzanares en «La causa de los cuadernos de la corrupción K»

En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de febrero de 2019, comparece en esta Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, ante su titular Dr. Carlos E. Stornelli y secretario actuante, Víctor Alejandro Manzanares… En este acto se le concede la palabra al imputado a fin de que brinde la información que desee aportar y dice: «Quisiera realizar una serie de aportes relacionado con distintos aspectos de la investigación que se está llevando adelante. Con relación al ex Juez Federal Norberto Oyarbide puedo mencionar que aproximadamente durante el año 2009 me convoca el Dr. Néstor Kirchner a Buenos Aires con motivo de la denuncia sobre enriquecimiento ilícito de la que resultaba imputado. Me pide que me haga cargo de manejar su pericia contable. Me indicó que debía reunirme con varias personas y que siga sus instrucciones, que debía concurrir al edificio de la SIDE. Así lo hice, me anuncié en planta baja y no recuerdo a qué piso me dirigí. Esto ocurrió aproximadamente 15 días luego de que se efectuara la denuncia contra Kirchner. Aguardé en una sala de espera donde se encontraba otra persona que resultó ser Javier Fernández. Esta persona que resultó Fernández egresó de la sala de espera, y pasó a un despacho; luego fue él quien me llamó por mi nombre y me pidió que lo acompañe. Me indicó que baje a la planta baja, y me ordenó subir a un auto con vidrios polarizados. Recorrimos la ciudad. El auto estacionó en un edificio con ladrillos a la vista, a mi parecer era la zona de Belgrano, pero no lo puedo precisar. Ingresamos al edificio, a un departamento, no recuerdo el piso. A los diez minutos, ingresó el Dr. Oyarbide. Me indican sentarme en una mesa que se encontraba frente a la puerta de acceso a la vivienda. En la mesa había dos bandejas con masas finas. Se sienta el Dr. Oyarbide y Javier Fernández se queda parado, me pregunta qué quiero tomar. Yo pido un té con leche. Fernández se mira con el Dr. Oyarbide, se ríen, y me dicen «no pibe» y sirven una botella de champagne. La actitud del Dr. Oyarbide era complaciente, divertido de la situación. El Dr. Oyarbide me pide que describa los hechos económicos del Dr. Kirchner. Yo conocía la situación patrimonial del Dr. Kirchner desde la década del noventa, y comienzo a explicar. El Dr. Oyarbide demostró fastidio en momento de la explicación. Y me indicó que tenía que hacer lo que Fernández me dijera y que debía ir a ver al Perito de la Corte, Dr. Peralta. Yo le comento que mi preocupación era el tema de los actores que estaban involucrados a lo que el Dr. Oyarbide me responde «De esa parte me ocupo yo». Quiero recalcar que el Dr. Oyarbide no se veía presionado, tenía la actitud de alguien que domina la cancha. Cuando concluyó la reunión no recuerdo si el Dr. Oyarbide se fue antes o después que yo. Cuando llego al departamento de mi suegro, ubicado en la calle Ecuador N° 1473, piso 6, departamento A, de esta ciudad, el Dr. Kirchner me llama a mi celular, que estaba a mi nombre y terminaba 0902 o 0630, no recuerdo con precisión, sí que ambos eran de la empresa CTI. Me pregunta cómo me había ido. Me llamó directamente él, no a través de sus secretarios como solía hacer; es más, esta fue una de las únicas dos veces que me llamó directamente, sin intermediarios. Su tono de voz era como temeroso, sonaba expectante, por saber cómo había resultado la reunión. Yo le contesté que del uno al diez, me había ido un nueve. Me dijo que al día siguiente me iba a llamar Javier Fernández y que debía seguir sus indicaciones. Efectivamente, me llamó Javier Fernández y me indicó el punto de encuentro. En este momento no recuerdo la dirección exacta, sí que el departamento tenía muchos sillones y que allí se encontraba el perito Peralta. Peralta estaba un poco hostil. Me preguntaba por los actores a los que había que peritar. Quedamos en que yo iba a ir al edificio donde funciona el Cuerpo de Peritos de la Corte. El Dr. Kirchner me preguntó cómo me había ido en esa reunión y yo le contesté que más o menos. En la reunión con Peralta, me presentó a la contadora Penedo. Con ella quedo en contacto. A ella le llevaba la información y la documentación que me requería. Realicé aproximadamente once viajes a Buenos Aires para aportar documentación. Yo temía por el resultado de la pericia porque la documentación de algunos de los actos económicos no era suficientemente consistente desde el punto de vista legal, porque, por ejemplo, durante el año 2008 Néstor Kirchner había vendido aproximadamente 13 propiedades que se transfirieron a Austral Construcciones y Rudy Ulloa, entre otros, y no estaban todas las escrituras y algunas eran copias simples. Quiero aclarar que la documentación que yo iba a aportando alguna la tenía en mi poder y otra me la proporcionaba Copetti. En el mes de diciembre 2009 Penedo me hace un último pedido y traigo a Buenos Aires la última parte de la documentación. Días después regreso para firmar el informe pericial del que yo era perito de parte. Dos días antes de que se haga público el fallo, Néstor Kirchner me llama para avisarme que el resultado era bueno, que estaba sobreseído. Desde la primera reunión en la SIDE hasta el sobreseimiento pasaron 4 meses aproximadamente. Recuerdo que antes de la resolución, a pedido de Dr. Oyarbide, fui a su despacho donde conversé unos pocos segundos y luego me hizo pasar con su secretario y allí firmé un documento que en este momento no recuerdo qué era. Luego continuó el trabajo pericial. Esta, creo, fue la única vez que fui al juzgado del Dr. Oyarbide. En mi entendimiento los actos económicos si eran lícitos no suponían un enriquecimiento ilícito, yo no puedo precisar si eran actos simulados o no. Lo único que se podría objetar era que las propiedades se vendieron a su círculo íntimo, pero no más que eso, porque Néstor Kirchner durante el año 2008 vendió esas 13 propiedades a Rudy Ulloa, a Austral Construcción, a la firma EPECO, entre otros, y en ese mismo año compró ALTO CALAFATE que es HOTESUR. El 2008 es el año que genera el incremento patrimonial que originó la denuncia. La denuncia de enriquecimiento ilícito partía de la base que el incremento patrimonial representaba un guarismo donde se comparaban peras con manzanas, cuando se cambia el aplicativo de la Oficina Anticorrupción permite salvar estas diferencias de valuación de heterogeneidad de productos. Aunque no puedo afirmar que la venta de esos inmuebles haya sido simulada, sí creo que la pericia fue laxa, fue liviana». «Con relación a la adquisición de la compra de HOTESUR puedo aportar que Néstor Kirchner me manifiesta que va a comprar un hotel en El Calafate meses antes de concretar la operación. La fiscalía que interviene en la causa de HOTESUR me pone en un lugar en el que yo no estuve. Yo como presidente de COMA otorgo un poder para que se autorice a Sanfelice para la compra de Alto Calafate. Yo no participé de la compra de este hotel salvo cuando intervine en un tema puntual. Analicé únicamente un tema de mutuos y aportes irrevocables en una reunión que tuvo lugar en Puerto Madero, creo que era en el estudio KIGEL, pero no lo recuerdo con precisión. En la reunión estaba presente Sanfelice, los vendedores y los abogados. En esa ocasión entendí que nada podía ser objetable y sugerí que se avanzara con el acto de compra. No puedo precisar si allí Sanfelice firmó o no. Sanfelice es el que hizo la operación de Hotesur junto con su contador Hugo Álvarez. Yo estuve totalmente al margen de esta operación. Hugo Álvarez llega de Santa Cruz al Banco Macro, luego resultó Síndico del Banco Central, fue contador de Icazuriaga, de Sanfelice y de De Vido. En la cuestión relativa al pago de este negocio tampoco intervine. El Gerente General del Banco Santa Cruz Carlos Graziano puede dar detalles de la forma en la que se canceló la operación. Tengo una lejanía directa de la operación. La persona encargada de las compras que pudiera efectuar el Dr. Néstor Kirchner siempre fue Sanfelice, desde llevarle la idea hasta gestionarle los análisis necesarios, porque él era el agente inmobiliario de su confianza».

«Cuando Los Sauces compra La Aldea a mí me requieren incorporar en la contabilidad esa adquisición. Uno de los titulares de esta operación era Luis Gugino. Años después el Arquitecto Gugino me comentó que Sanfelice le había mexicaneado 200.000 dólares en esta operación y que ello habría sido orquestado en el estudio contable de Sanfelice. La operación de La Aldea se formalizó en 120.000 pesos y el valor real de compra fue de 1.200.000 dólares, según me refirió Gugino».

«Durante el año 2010 Sanfelice y Rudy Ulloa, por indicación de Néstor Kirchner, me propusieron ser intendente de Río Gallegos, indicándome que a cambio de ese cargo debía entregarle dos tercios de lo que se haga, entendiendo por lo que ‘se haga’, los negociados».

«En el año 2009 le propongo a Néstor Kirchner la compra de un hotel en Ushuaia, el Hotel 1810. Primero se lo había ofrecido a Muñoz pero lo había rechazado. No se le podía ofrecer nada a Néstor Kirchner sin el visado de Sanfelice. Durante un año no tuve ninguna una respuesta. En el año 2010, a raíz, creo yo, de mi participación en la pericia a la que me referí anteriormente, Néstor Kirchner me convoca a Olivos. Me manifiesta que va a comprar el Hotel 1810 que costaba 500.000 dólares, y me anuncia que también iba a comprat otro hotel cuyo costo era de 17.000.000 dólares. Se trataba del Hotel Las Hayas de Ushuaia. Me dice que yo iba a manejar estos dos hoteles y que por ello iba a ganar 40.000 dólares mensuales. Que yo debía controlar a Sanfelice en el Hotel Waldorf y que él me debía controlar a mí en la administración de estos dos hoteles. Me manifiesta que si todo salía bien yo me iba a quedar con el gerenciamiento de todo lo de El Calafate. Por ello se entendía Alto Calafate, Las Hayas y La Aldea. Dos semanas antes del fallecimiento de Kirchner viajé con Sanfelice en un avión de color negro o azul oscuro que presumo era de Lázaro Báez, llegamos a Ushuaia y nos entrevistamos con el contador Julio Del Val, que era el propietario del Hotel 1810. Allí Sanfelice le manifiesta que Néstor Kirchner tenía intenciones de comprarle su hotel. Sanfelice le pregunta si era necesario pagar una seña y Del Val le dice que no era necesario. De allí nos entrevistamos con el dueño de Las Hayas, cuyo nombre no recuerdo, recorrimos el hotel. La negociación la llevó adelante Sanfelice. Es la única vez que participé en la gestión de compra de algo. Solamente por indicación de Néstor Kirchner fui a un estudio contable a analizar los papeles del Hotel Waldorf. Había un accionista minoritario que no quería venderlo, por lo que yo le sugería a Néstor Kirchner que no lo compre. A mí me tenían de boludo, para analizar alguna cuestión que les generaba problemas. Las compras de estas dos propiedades no se concretaron por el fallecimiento de Néstor Kirchner y por supuesto la propuesta de que yo las gerencie tampoco».

«Con relación a la tarea técnica respecto de Hotesur puedo aportar lo siguiente. Hasta la fecha en la que Néstor Kirchner concentra los alquileres de sus inmuebles en empresas, sus alquileres se encontraban locados por personas físicas y eran administrados por Raúl Copetti. Copetti era el nexo entre Kirchner y yo. Él me traía la información una vez al año para que yo confeccione las declaraciones juradas patrimoniales anuales de Néstor Kirchner. A partir de 2003, 2004 comienzan a surgir las locaciones a sociedades. La operatoria era así. Se me aportaba los contratos de alquiler de todas las propiedades ubicadas en este país, es decir las propiedades de Río Gallegos en Avenida Kirchner 490, Orkeke 416, 25 de mayo al 260 aproximadamente, los cuatro departamentos de Alvear y Tucumán, los cuatro departamentos de Mariano Moreno 882, entre otros. Esos contratos fueron celebrados hasta el año 2011 a nombre de Sanfelice. En el año 2011 me piden que les haga una renovación. Entiendo que el cambio de inquilinos de personas físicas a sociedades se debió a que se podía atomizar el riesgo del cobro de alquileres y permitía cuidar mejor el estado de los inmuebles. En todos los casos en que Austral Construcciones resultaba el locador, el pago de esos alquileres se abonaban doce cheques que, una vez al año, le entregaban a Máximo Kirchner, ello, con excepción de Kank y Costilla que pagaban en mis oficinas».

«En el año 2011 voy a Olivos por un problema con el distracto. El doctor Kirchner con Sanfelice compran una propiedad en la calle 25 de mayo del 0 al 100, en Santa Cruz, a Lázaro Báez. A mí me hacen preparar el acta de directorio de Los Sauces. El tema es que habían hecho la escritura, pero no habían comprado los dólares. No había dólares en blanco. O era una operación simulada o no había dólares en caja. No lo puedo precisar. No habían hecho la compra de los dólares. Cuando yo observo ese error, Kirchner me pide que lo arregle. Me voy a la escribanía de Albornoz y le pido que subsane o anule la escritura. Me dijo que lo máximo que se podía hacer era un distracto, un acuerdo entre las partes por medio del cual convenían en que se revocaba el acto antes dispuesto. El escribano preparó la escritura y pensaba llevársela a Máximo para que la firme. Dado que ese instrumento nunca se firmó, yo le planteo a Kirchner que ese tema era un problema. Esto es un hecho que está dentro del juicio de Los Sauces. En esa reunión en Olivos, en la que estaban Sanfelice y Cristina Fernández, le manifiesto a la doctora que el distracto aparece en el libro de actas de Los Sauces pero que no estaba firmado. Báez quedó o se comprometió a traer una nota donde ellos aceptaban el distracto y que iban a arreglar en su contabilidad la adquisición de esa propiedad. Esa nota luego apareció y fue aportada por el Dr. Beraldi al expediente. A la salida de esa reunión, Sanfelice me acerca a Barrio Norte, al departamento de mis suegros, y me manifiesta que al final de los tiempos, cuando termine la presidencia de la doctora, se me iba a entregar un departamento acá en Buenos Aires como premio o recompensa a todo mi trabajo. Eso fue en el año 2011, cuando terminó la reunión. Esa promesa nunca se cumplió. Un mes antes de la finalización del mandato de Cristina, me hace venir a Buenos Aires. Estaba el señor Sanfelice. Ya estaban allí esperándome. La doctora me dijo que lo único que había para mí, y que no había otra cosa, era un Registro de Automotor en Buenos Aires, pero no podía ser a nombre mío. Voy a verlo a Daniel Muñoz, le cuento de esa situación. Me dijo que es muy buena propuesta y me sugirió que a la persona que ponga como prestanombre le ofrezca el 20%. Se lo ofrezco a una prima hermana, pero ella no acepta. Vuelvo a verlo a Muñoz, le digo que no tengo a nadie y Daniel me dice que le diga al escribano Alejando Sajnin, que hizo trabajos profesionales a Muñoz. Voy a ver al escribano, le hago la propuesta y me dice que estaba interesado. Voy a ver a la doctora a Olivos. Le cuento que tenía a esa persona, pero cuando le comento que me lo había propuesto Daniel Muñoz, Cristina rechazó la propuesta. Al final no me entregaron el Registro de Automotor».

«A Muñoz no le interesaba tanto los dividendos si no hacer crecer al negocio. Muñoz era un corruptor de almas, entre ellas la mía. A él no le interesaba los dividendos, él copió el plan estratégico de Néstor Kirchner. En el año 2016 dos meses antes de su fallecimiento, Muñoz me envía un mensaje de texto, pidiéndome que no lo abandone y que lo perdone. Lo llamé por teléfono y me pidió que viaje. A los pocos días viajé a Buenos Aires, lo visité en su casa. Allí me explicó todo lo que había sucedido con los Panamá Papers. No me contó en detalle, me dijo que había comprado un montón de propiedades y que había cometido el error de ponerlas a su nombre. Me dijo que Isidro Bounine iba a venir a ayudarlo, le iba a pagar a alguien de los medios para que la noticia pase lo más desapercibida posible. Me pidió que cuando llegara Bounine me fuera a la cocina. Así lo hago. Me vuelvo a reunir con Muñoz y me refiere que por su orden Bounine iba a pagarle a alguien de Clarín y a La Nación 100.000 dólares para bajar el perfil de la noticia de los Panama Papers. En un viaje posterior en el mes de mayo, Muñoz estaba internado en el Hospital Alemán, me citan a una determinada hora. Cortez me viene a visitar al departamento de mis suegros donde yo estaba parando. Le manifiesto a Cortez mi preocupación, porque podía arrastrarme a mí en la relación que tenía con las sociedades en el país. Cortez me comenta que Muñoz tenía un plan de fuga en un doge de pesca en el Caribe en el que podía estar escondido varios años. Cortez me pide que hable con Muñoz por el grado de ascendencia que yo tenía sobre él para pedirle que deshaga la operación de compra de las acciones de Llaneza y asociados de Río Grande pero manteniendo el vínculo societario, era una medida protectiva. Cuando voy a la clínica a ver a Muñoz, estando con el matrimonio a solas, le hago el pedido que había conversado con Cortez, como si fuera una sugerencia mía. Muñoz lo rechazó, me dijo bajo ningún concepto, que me quedara tranquilo porque ya tenía todo arreglado, que le había puesto 8 millones de dólares al juez, haciendo referencia a Rodríguez. Este comentario Muñoz lo hizo delante de Pochetti. Esto significó una tranquilidad para los Llaneza, porque todos supimos que el juicio estaba arreglado. Me quedé un rato con Daniel. No tuve oportunidad de constatar el origen de los fondos que manejaba Muñoz hasta tanto no se dio la experiencia vivida de ir a buscarlo al aeropuerto de Río Gallegos, sabía yo a qué concurría y por ello ingresaba a la pista de aterrizaje del aeropuerto con el automotor de mi propiedad que tenía a esa fecha que era una VW Passat 2.0 que se caracteriza por tener un baúl muy amplio. Ingresado a la pista estacionaba mi auto junto al Tango 01, cuyo piloto era Sergio Velázquez, esperando que Muñoz bajase. En algunas otras oportunidades Muñoz aterrizaba en un hangar a doscientos metros de la pista principal con un avión privado. Una vez aterrizado me acercaban de la bodega del avión o desde arriba de la cabina dos valijas grandes que se colocaban en el baúl de mi auto al cual subía Muñoz. Iniciábamos un trayecto desde el aeropuerto hasta la casa donde vivía la madre del Dr. Kirchner en la calle 25 de Mayo. Llegados a la puerta del domicilio, yo detenía la marcha, Muñoz bajaba, descargaba las valijas donde presumo que había dinero e ingresaba a este domicilio. Algunas veces le era abierta la puerta por alguien de su interior, y otras veces Muñoz poseía las llaves. Yo permanecía dentro del auto por aproximadamente 30 minutos esperando a Muñoz. Muñoz salía a veces con una mochila y otras veces con un bolso que contenía dinero, que contenía 2 millones de dólares aproximadamente. Subido al auto él hacia una llamada telefónica informando que ya estaba cumplida la misión. Muñoz de allí me pedía que lo acercara a la casa de alguna de sus hijas para saludarla. Luego concurríamos a la Oficina sita en Avenida Kirchner 952. Allí ingresábamos y Daniel dejaba esa mochila o ese bolso en el armario al que me referí anteriormente. Luego regresábamos al aeropuerto. Realicé esta dinámica entre cinco o seis veces, luego de que yo le comentara a Muñoz mi temor por un posible robo, no me convocó más. Entiendo que una vez que cesé en esta tarea fui reemplazado por Roberto Sosa que era quien las realizaba desde antes. Estimo que lo que invirtió Muñoz en el exterior es mucho menor a lo que invirtió en el país. Estimo que la fortuna en este país ascendió aproximadamente a 130 y 150 millones de dólares. Me referiré a otros bienes de Muñoz. La Lucía es un campo que está en zona de Gobernador Gregores, debe valer 150.000 dólares pero que Muñoz pagó 500.000 dólares, esa compra se hizo a nombre de MADACO. Actualmente está a nombre mío. El Rodeo es un campo ubicado en el Departamento Lago Argentino. Se compra para MADACO. Contablemente está a nombre de MADACO. En el caso de ambas operaciones, los campos fueron adquiridos con fondos de Muñoz».

Preguntado por el Señor Fiscal para que diga si en el marco de lo relatado el pasado 5 de febrero respecto de la investigación que tramitara ante el Juzgado del Dr. Oyarbide, si recibió la visita de funcionarios de AFIP y en su caso a qué efectos, manifestó: «No puedo precisar la fecha pero debe figurar en la AFIP el acta con la fecha del requerimiento. Dada mi desvinculación con la familia Kirchner no conservo esa documentación. Sí puedo precisar que en ese día ingresaron al que por entonces era mi estudio ubicado en la calle Alcorta 76, Río Gallegos. Se presentó personal de AFIP, una pareja de inspectoras de Puerto Madryn, dos inspectores de Comodoro Rivadavia y dos supervisores. Como mi despacho era chico, algunas personas permanecieron de pie. Se me hizo entrega del requerimiento que firmé, se me informó la razón de dicho requerimiento y procedí a contestar el mismo y exhibir la documentación respaldatoria. Este requerimiento consistía en que según los registros internos de AFIP había saltado una inconsistencia en la declaración jurada de Néstor Kirchner en cuanto a que estarían omitidos depósitos a plazo fijo considerados como crédito del sector privado de consumo. Entiendo que esto obedecía, y así lo manifesté a los funcionarios de AFIP, que los depósitos a plazo fijo los contribuyentes lo consignan como depósitos en el país, que es donde corresponde declararlos. Así estaban declarados estos plazos fijos. La nomenclatura interna de los bancos, como consignan los plazos fijos es diferente al uso corriente, por ende una mano malintencionada dentro de AFIP podría haber creado una inconsistencia. Atento a ello, en primer término, llamé al banco de Santa Cruz, y solicité el número de comunicación al Banco Central para que el personal de AFIP se diera cuenta de que estábamos hablando de lo mismo. Había una diferencia de valuación entre el monto consignado en la declaración jurada respecto al monto que traía el personal de AFIP. Para lo cual informé que de acuerdo a la normativa de impuestos a las ganancias los plazos fijos se debían declara neto de impuestos a devengar. Esa fue la única inconsistencia por la que fui requerido por la AFIP y que por ello brindé las explicaciones pertinentes. El procedimiento fue transparente».

«Mencionaré cuáles fueron los principales factores de apalancamiento financiero en el incremento patrimonial de la familia Kirchner durante la década en la que desarrollaron su actividad económica. Fueron dos factores. El primero por su magnitud y duración durante el tiempo, 11 años, fue el Complejo Hotelero Los Sauces con las empresas del Ingeniero Juan Carlos Relats. Me refiero a las sociedades Rutas del Litoral SA, JCR SA y Panatel SA. Siendo el segundo factor de apalancamiento financiero las ventas de inmuebles en Río Gallegos realizadas durante el año 2008. El inicio de la familia Kirchner en la actividad hotelera no es a partir de febrero de 2008, sino dos años antes, en el año 2006. Por lo que no son tres los hoteles de la familia Kirchner sino cuatro. El complejo hotelero Los Sauces es la gema de esta colección, que tuvo los mayores niveles de valores de locación, pero menos ocupación y menos cantidad de habitaciones. Digo que es la gema porque durante alguna reunión con Néstor Kirchner, este demostraba orgullo con ese Complejo y me decía que el día que dejara la presidencia se iba a dedicar a dar conferencias por el mundo y que allí iba a recibir a dignatarios extranjeros. Mi contacto profesional con este Complejo se dio a partir de un llamado del señor Sanfelice para que vaya a su inmobiliaria a fin de recibir instrucciones sobre la forma en que debía facturar a Rutas del Litoral SA, sociedad propiedad de Juan Carlos Relats. En ese marco, le requiero la copia del contrato de locación y empiezo a efectuar la primera facturación. En el principio, se alquiló todo el complejo, es decir dos hoteles, por la suma 120.000 dólares en total, mensuales. Eran dos complejos, Sauces I y II, que fueron locados, a 60.000 dólares cada uno. Ese contrato duró aproximadamente dos años y, cuando se renovó, se unificó en valor. Se hizo un solo contrato y se estipuló un valor locativo en la suma de 90.000 dólares, con más una cláusula mediante la cual se aumentaba el valor locativo, un plus, siempre que la ocupación hotelera superase el 50 por ciento del nivel de ocupación. Toda la gestión y negociaciones relacionadas con la locación de esos hoteles fue hecha por Sanfelice, mi actividad fue meramente contable, es decir, me encargaba de emitir las facturas en forma manual y las enviaba por correspondencia, mediante Correo Argentino y con aviso de retorno, a las oficinas del grupo empresario de Relats que se encontraba en el edificio arriba de Galería Jardín sobre la calle Florida. Antes, se las adelantaba por correo electrónico al contador Benolol, del grupo Relats. Como algunas veces este grupo se demoraba en los pagos, yo viajaba a Buenos Aires para entrevistarme personalmente con el contador Benolol. En alguna de esas oportunidades me manifestó su preocupación y la de Silvana Relats por el alto valor del canon de locativo. De hecho, la hermana de Silvana estaba recluida en Corrientes, según me comentaba Benolol, por vergüenza a lo que se comentaba. También me comentó que debieron hacer un encuadramiento financiero entre las empresas para poder solventar el alquiler. Una mecánica similar a la descripta en la causa HOTESUR se realizó aquí puesto que se apalancaban en las empresas de construcción Rutas del Litoral SA y JCR SA para inyectar fondos en Panatel SA para afrontar los alquileres. Al principio se facturaba a Rutas del Litoral que podía solventarlo, pero luego por indicación del grupo se empezó a facturar a Panatel SA y ahí comenzaron los problemas de apalancamiento. Si hiciéramos una comparación entre Alto Calafate y el Complejo Los Sauces, sobre el impacto en la economía de la familia Kirchner, el segundo resultó más significativo que el primero. Alto Calafate estuvo alquilado desde 2009 hasta 2011 por 80 mil dólares mensuales bajando a 469 mil pesos en el año 2011; mientras que Los Sauces estuvo alquilado a Relats durante 11 años a 90 mil dólares mensuales y no fue problema el cepo cambiario porque los pagos eran en pesos aunque las facturas fueron en dólares. Estamos hablando que este contrato significó una suma de entre 10 y 11 millones de dólares de ingreso en blanco a la economía de los Kirchner. No se puede hablar de otro factor de apalancamiento financiero más importante que este. No puede quedar ajeno a ninguna investigación judicial. Si no se contempla esta operación, se estaría sesgando todo análisis sobre el crecimiento y la estructura patrimonial de la familia Kirchner. La baja en el monto del contrato de Alto Calafate sucedió porque a Lázaro Báez se le hacía insostenible un contrato en dólares con un tipo de cambio variable. A principio del año 2010, un sábado por la tarde, Lázaro Báez vino en mi casa para pedirme que intercediera con Néstor Kirchner y le manifestara sobre la peligrosidad de mantener estos valores. Su intención era pesificar los contratos de locación que mantenía en dólares con la familia Kirchner. Le trasladé esa inquietud al doctor Kirchner, sintiendo yo incluso algún tipo de temor ya que yo nunca había tenido intervención en la negociación de valores locativos. Él me dijo que no, que esas eran ideas de Báez porque el hotel le dejaba buenas ganancias. Esto ocurrió en una visita que yo realicé a Buenos Aires en una reunión que creo que se desarrolló en Olivos. Sanfelice le decía a Kirchner que estaba todo bien, lo inflaba. Sanfelice era para Kirchner lo que López Rega era para Isabelita. En los comienzos de la relación locativa del Complejo los Sauces, Ricardo Barreiro me entrega en El Calafate una póliza de seguros contra incendios del amueblamiento por una cobertura significativa, no recuerdo en este momento el importe. A mí me sorprendió porque hasta donde yo sabía lo que se había alquilado era un inmueble sin amueblamiento. Quiero aclarar que Ricardo Barreiro cumplía funciones de logística y gerenciales en este Complejo. Barreiro me explicó que el amueblamiento era de Kirchner, aunque yo como su contador no tenía constancias del ingreso en su patrimonio de esos bienes. En el siguiente viaje a Buenos Aires, le manifiesto mi preocupación sobre estas circunstancias y me pidió que lo vea a Benolol para ver si podría darnos una solución desde el lado del locatario. Benolol me dice que intentará disfrazarlos dentro del amueblamiento de bienes de uso de Panatel, para dificultar su detección ante una auditoría. Le comenté a Kirchner sobre el disfraz que se pretendía darle. Todo este amueblamiento fue fotografiado, relevado e incorporado en el acuerdo de rescisión del contrato de agosto de 2016, por lo que es fácil identificar cómo está compuesto. Quiero dejar recalcado que no he tenido ningún tipo de injerencia en la celebración de los contratos de alquiler, fijación de pautas ni la estipulación de los valores locativos, sino que mi función se circunscribió estrictamente a la facturación de esos cánones por esa locación. Sí debo mencionar qué fue lo que ocurrió a partir del año 2016 y en el cual paso a tomar una participación directa. Hacia el mes de abril del año 2016, me llamó por teléfono el contador Benolol y me indicó que estaba tratando de comunicarse con Sanfelice y Romina Mercado pero que ninguno de los dos le atendía el teléfono. Me dijo que era imperioso comunicarse con la Dra. Cristina Fernández, puesto que necesitaban renegociar el contrato de alquiler. Me pidió que haga de nexo, llevando esta inquietud a la doctora. Benolol me comentó que ellos, unilateralmente, estaban depositando, por los meses devengados de enero, febrero y marzo, el valor del canon locativo a un tipo de cambio ficticio de 10 pesos por dólar. Me dijo que no podían hacer frente a una erogación con un tipo de cambio tan alto como el que, para esa fecha, estaba vigente en el país y que promediaba los 16 pesos por billete. La llamo a Cristina Fernández, le transmito la dificultad que me indicó Benolol y el tipo de cambio que estaban empleando. Me pidió que viaje a Buenos Aires. Viajé y mantuvimos una reunión en el departamento de calle Juncal. En esa reunión me pidió que me haga cargo, pero que bajo ningún concepto aceptara esa pesificación a un valor de 10 pesos. Me dio instrucciones para que reclame los valores de diferencia y que le llevara una respuesta en lo próximo. Coordino telefónicamente con Benolol para encontrarnos en las oficinas actuales de la administración del Grupo Relats, que eran en el mismo inmueble del Hotel Panamericano. Cuando llego al Hotel Panamericano, a la hora que se me indicó, el contador Benolol me dice que la pareja actual de la Sra. Silvana Relats, un tal señor Alonso, iba a comunicarse conmigo y que él, Benolol, iba a abandonar las negociaciones. Espero en una oficina contigua, y al rato llegó esta persona de apellido Alonso con un colaborador, quien era la persona que tenía a cargo el Complejo Los Sauces en el Calafate. No recuerdo su nombre. El Sr. Alonso, luego de las presentaciones de rigor y manifestándome que tenía poder absoluto de su pareja para tomar decisiones por el grupo, me manifestó el interés de la familia en seguir alquilando, pero que no iban a aceptar de ninguna manera que los valores de alquiler sean superiores a los 90 mil dólares mensuales al tipo de cambio de esa fecha. Querían mantener los valores locativos del año 2015 en cuanto al valor de la divisa, esto es pagar unos 90 mil dólares mensuales a un valor de 10 pesos promedio por billete extranjero y además que se le otorguen las mismas condiciones que tenía Sanfelice para el Alto Calafate, es decir dos meses de temporada baja en los cuales no se paga alquiler. En otras palabras, pagar 10 meses de alquiler de forma anual, a unos 90 mil dólares mensuales a un tipo de cambio de 10 pesos por billete».

Continuando: «Le manifiesto al Sr. Alonso que no tengo poder de decisión, que iba a trasladar la inquietud a la doctora Cristina Fernández y que le daría una respuesta. El señor Alonso me reitera lo mismo que me había manifestado antes el contador Benolol y que era que Silvana Relatas y él pretendían tener una reunión con Cristina, para negociar directamente sin interpósita persona. Vuelvo al departamento de Uruguay, le traslado toda lo conversado a la doctora respecto a las exigencias de la familia Relats para continuar locando Los Sauces, y Cristina me contesta que no, que no quiere reunirse con ellos, que tampoco acepta los dos meses de baja y la fijación de un tipo de cambio. Regreso, ya de noche, al Hotel Panamericano. Vuelvo a reunirme con el señor Alonso, le transmito la postura de la doctora y, ante la inflexibilidad de la posición, quedaron en contestarme. Tras la reunión, le recomiendo a la doctora ceder en algún punto de la negociación, que era recomendable mantener la locación del Complejo Los Sauces por el ingreso limpio que representa. Cristina, un tiempo después, comprende que su inflexibilidad puede llevar a la pérdida de la locación y cede en los puntos de los valores locativos y los dos meses de temporada baja. Pero este cambio de posición ocurrió tarde, porque ya para entonces recibo en mi oficina anterior, la que estaba en calle Alcorta 56, una carta documento de Panatel SA manifestando la rescisión del contrato, junto con los datos de una escribanía en la ciudad de Río Gallegos a la cual yo me tenía que comunicar. Inmediatamente que tomo conocimiento de esa carta documento, me comunico con la doctora y me dice que ella pasa a tomar intervención en el tema y que me va a informar sobre los pasos a seguir. Toma injerencia la Dra. Romina Mercado. Ya sobre el final de la negociación de la rescisión, tomo otra vez contacto con Benolol. Por indicación de Mercado, comienzo a liquidar las diferencias no pagadas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo y facturo dos meses, abril y mayo, en los cuales no se había facturado el alquiler, esto a pedido de Benolol. Le envío las facturas a Benolol, con los detalles de los meses adeudados, intereses resarcitorios, multas, los meses de abril y mayo, con más las facturas en curso de junio y julio. Esa liquidación completa, era por una suma millonaria, aproximadamente por 12 millones de pesos. El señor Alonso le hace contestar al contador Benolol que de acuerdo a instrucciones de sus nuevos abogados, que son los que recomendaron la rescisión de contrato, que no iban a pagar ni intereses resarcitorios ni multas. Efectuo una nueva liquidación, sin las multas pero con los intereses resarcitorios, un importe aproximado de 8.600.000 de pesos de importe neto, descontadas las retenciones. Le envío esa nueva liquidación y se concerta una fecha de entrega del inmueble. La doctora me llama de Buenos Aires y me pide que me ponga en contacto con Marcelo Bersanelli, actual Juez Civil en Río Gallegos y concuñado de Máximo Kirchner. Me dijo que Máximo, como apoderado de la Sucesión, le iba a otorgar un poder a Bersanelli y que yo iba a acompañar a los efectos tributarios. Me dijo la doctora, que iba a estar para la fecha de entrega en El Calafate, y que cuando viajáramos con Bersanelli debíamos ir a verla. No recuerdo si fue el 31 de julio o el 1 de agosto de 2016 cuando viajamos con Bersanelli, llegando a El Calafate bien temprano. Fuimos directo a la casa de la doctora y nos manifestó que quería un inventario exhaustivo de todos los bienes que se recibían y me indicó a mí que constatara la acreditación del dinero previo a concretar los instrumentos de la rescisión. Concurrimos a un estudio jurídico en El Calafate, del abogado designado por la familia Relats, allí nos encontramos con el señor Alonso. Se le proporcionó al Dr. Bersanelli los acuerdos que serían firmados en ese día para su lectura y de allí nos fuimos todos al complejo hotelero. La parte locataria había sacado fotografía de cada elemento obrante en el complejo y había realizado un inventario detallado de cada uno. Era una cantidad muy significativa de fojas y a partir de ese momento el Dr. Bersanelli, junto a una persona designada por el señor Alonso, pasaron corroborar el inventario. Yo me quedé sentado con el señor Alonso discutiendo sobre los pormenores de la fase económica. El señor Alonso me manifiesta que la abogada, quien hasta ese momento no conocía el nombre, mantenía una posición en cuanto a no pagar ningún accesorio a los cánones locativos. Le manifiesto al señor Alonso que correspondía pagar los intereses por cuestiones fiscales, puesto que la AFIP podía reclamar por intereses presuntos. Le quería dar a entender que la seguridad judicial, que ellos estaban buscando con esa rescisión, para evitar quedar involucrados en causas como la de Lázaro Báez, el no pago de los accesorios podía ser perjudicial para esa estrategia. Si ellos querían sacarse la papa caliente, tenían que hacerlo de la manera más prolija. Alonso llama y pide que el departamento de impuestos del grupo corrobore lo que yo les estaba transmitiendo. Treinta minutos después, llaman de la empresa y les indican que mi postura era correcta. Alonso se enoja, de muy mala manera en esa conversación, y dice que estaba cansado de Marta, por referencia a la abogada, y que él iba a encargarse del tema del pago de los accesorios. Ya para la noche, cuando terminó de chequearse el inventario, nos trasladamos a la Escribanía Zaeta, en El Calafate, previo paso por otra escribanía que no había aceptado tomar intervención en esta operación. En la Escribanía Zaeta se le proporcionó al escribano todos los contratos firmados y quedaba por entregar el inventario firmado. Mientras el escribano preparaba el protocolo correspondiente, yo me ocupaba de chequear en el Banco de Santa Cruz que se efectuara el pago. La cuestión se demoraba, yo hablaba con el gerente del Banco, mientras este me avisaba que a las 18 horas se cerraba el sistema de pagos bancarios, el MEP, por lo que la transferencia se habría de acreditar al otro día. Alonso estaba nervioso, porque quería cerrar todo ya, terminar toda la transacción; llamaba a su contador para presionar por la transferencia, hasta que dos o tres minutos antes de las 18 horas me informan desde el Banco que la transferencia se había realizado. Le avisamos al escribano para que pueda cerrar el acto de protocolización y le dejamos la documentación necesaria para el cierre. De allí nos trasladamos al estudio jurídico que puso el Grupo Relats. Ahí estuvimos un par de horas, mientras el Dr. Bersanelli se ocupaba de firmar los anexos, fojas y fotografías del inventario y se coordinó que el día siguiente la gente del Sr. Alonso se ocupara de llevar los documentos a la escribanía. Toda esa operación terminó pasadas las 21 horas y para terminar nos fuimos a la casa de la doctora Kirchner. Le relatamos minuciosamente los detalles de lo vivido. Cuando le comento de la señora Marta, presunta abogada de la familia Relats y quien ejercía una presión sobre el grupo para que rescinda el contrato, la doctora reaccionó diciendo «Ahh, esto es Stiusso», aludiendo, no recuerdo con precisión, sobre un vínculo familiar entre Marta y Stiusso. Como si Stiusso hubiese mandado a cortar el contrato. Quiero hacer constar que el Sr. Alonso, en los días previos al acuerdo, me ofreció hacer el pago en una cuenta bancaria que no estuviera embargada, pero la doctora Kirchner me dijo que bajo ningún concepto y que los fondos tenían que se depositados en la cuenta 59777/0, de la Sucesión de Néstor Kirchner, en el Banco de Santa Cruz, que estaba embargada. Partiendo a otro concepto relacionado con todo, quiero manifestar que cuando Austral Construcciones construye el Complejo Hotelero Los Sauces Plaza Patagonia Néstor Kirchner no pagó un solo centavo. De modo tal que cuando yo hacía las declaraciones juradas de Néstor Kirchner consignaba un pasivo a favor de Austral Construcciones cercano a los 8.329.000 de pesos que correspondía al saldo impago de las facturas emitidas por Austral Construcciones por la obra ejecutada. Contablemente toda sociedad anónima imputa en el rubro créditos este tipo de saldo, pero eso no significa que se trate de una operación de mutuo. Para la confección de las declaraciones juradas que mencioné concurrí a las oficinas de Austral Construcciones donde el contador Fernando Butti, quien ha tenido una participación mucho más relevante de lo que las investigaciones judiciales le otorgan, me proporcionó los saldos contables de la cuenta corriente del Néstor Kirchner en Austral Construcciones. Se mantuvo impago el pasivo, durante dos ejercicios consecutivos. Desconozco cuál fue el motivo, aunque puede dar lugar a la especulación. Yo aconsejé a Néstor Kirchner solucionar este tema porque sostenía que no era creíble, le insistía en que ese pasivo debía ser cancelado. No recuerdo cuánto tiempo pasó desde este consejo hasta que Néstor Kirchner toma la decisión y me indica que me ponga en contacto con Butti para ultimar lo concerniente a la cancelación del pasivo y que debía hacer esto el 30 de diciembre de 2008, día que le vencía un plazo fijo por un monto significativo. Néstor Kirchner constituía sus plazos fijos y los renovaba por un plazo de 180 días. Las negociaciones de esos plazos fijos y de las tasas las manejaba siempre Raúl Copetti. Cuando el Banco Santa Cruz era estatal Copetti negociaba los plazos fijos con los directivos, podía ser con Lázaro Báez, Hugo Álvarez, o con Roberto López. En el año 1998, cuando se privatiza el Banco de Santa Cruz, continuó tratando la cuestión directamente con Sebastián Eskenazi o con Claudio Canepa. El contador Butti me indicó que me iba a hacer llegar la factura por los intereses resarcitorios, me pide que calcule la retención de impuesto a las ganancias, y que coordine con el Banco Santa Cruz un horario. El 30 de diciembre 2008, concurrí junto con un enviado del contador Butti, de nombre Mario, cuyo apellido desconozco, al Banco de Santa Cruz. Mario concurrió con la factura de intereses, yo con el certificado de retención de impuestos a las ganancias. Nos reunimos en el segundo piso del banco en la oficina de uno de los gerentes operativos, allí esperamos que se habilitara el sistema interno del banco para que se acreditara en la cuenta de Néstor Kirchner que antes referí, el importe del plazo fijo que se había liquidado. Desde esa cuenta se transfirió luego, a la cuenta de Austral Construcciones, las sumas adeudadas, es decir los aproximadamente 8 millones de dólares, más los intereses que representaban aproximadamente 1 millón más, menos la retención de impuesto a las ganancias. Con el dinero restante Néstor Kirchner constituyó un nuevo plazo fijo. Mientras ocurría esto, que duró alrededor de dos horas, Néstor Kirchner con Lázaro Báez transitaban las calles de la ciudad en un auto conducido por Daniel Muñoz, ansiosos por recibir novedades y saber si el tema estaba o no concluido. Muñoz así me lo comentó, también me dijo que Néstor Kirchner le había dicho a Lázaro Báez: «Fijate a ver cómo me la devolvés». En el año 2008, mientras me encontraba de vacaciones en la ciudad de Miami me llamó por teléfono Néstor Kirchner diciéndome que había un problema con una declaración jurada porque se había omitido consignar una propiedad. Yo le contesté que la semana siguiente regresaría a la Argentina y que me encargaría del tema, puesto que me estaba dirigiendo junto con mi familia a Playa del Carmen. Ese mismo día me llamó Alberto Fernández y me dijo que sabía que me había llamado Néstor Kirchner, que Néstor estaba muy preocupado, y que él iba a apreciar mucho que yo vuelva. Yo le dije que no podía dejar a mi familia. Alberto Fernández me insistió y me sugirió que instale a mi familia en Playa del Carmen y que regrese a Buenos Aires. Fue así que a través de mi concuñado saqué un pasaje de vuelta a Buenos Aires que me salió aproximadamente 11.400 pesos y que tomé al día siguiente. Llegué a Buenos Aires, me llevaron a una oficina en Puerto Madero donde me recibió Néstor Kirchner. Me pidió que me dirija a Casa de Gobierno a ver a Alberto Fernández. Él, en su despacho, me explicó la situación, me refirió que debía instrumentar una nota y presentarla en la Oficina Anticorrupción, que no había nada ilegal ni malicioso porque la propiedad que se había omitido consignar estaba expuesta en declaraciones anteriores. Se trataba de la propiedad identificada como Manzana CCXXXIII. Alberto Fernández puso a mi disposición una computadora en el despacho de sus secretarias, donde confeccioné la nota. Volví a Puerto Madero y le entregué la nota a Néstor Kirchner para que la firme y me dijo que él se encargaría de presentarla. Desde allí la custodia me llevó a Ezeiza y regresé a encontrarme con mi familia. Como vengo sosteniendo a lo largo de mis aportes y lejos de negar mi culpabilidad en el entorno de Muñoz, insisto en que mi rol en el círculo de Néstor Kirchner no es el que se me endilga. En consenso con esto que manifiesto, quiero destacar que siempre fue Sanfelice quien se encargó de conseguir inquilinos, negociar contratos de locación y confeccionar contratos de locación entre otras cuestiones. Quiero destacar que un día en particular Sanfelice me dijo que Néstor Kirchner alquilaba uno de los inmuebles ubicados en Puerto Madero, sobre la calle Juana Manso, creo que entre Guevara y Azurduy, en el piso 8 «D» o 4 «L» a Jorge Barros Carames. En un momento de esta relación contractual se presentó una situación de conflicto, que en este momento no puedo recordar, y Sanfelice me dijo que no me preocupara manifestándome que el locatario debía seguía alquilando porque era del entorno de Eskenazi. Por ello concluí que Carames podía haber estado presionado en alquilar este inmueble. Similar situación percibí con relación a un inmueble también en Puerto Madero de propiedad de Los Sauces. En este caso el inquilino era una organización no gubernamental o mutual relacionada con los Eskenazi, creo que se llamaba Asociación Mutual Joven. Quiero recalcar que la adquisición de las unidades funcionales del departamento de Puerto Madero fue llevada a cabo de forma directa por Sanfelice. Para esa fecha, Sanfelice me llamó y me indicó cómo contactarme con una escribana de apellido Perlmuter o algo así, a los efectos de proporcionales la documentación legal de Los Sauces para poder escriturar. Esto lo traigo a colación para decir cuál era el rol y la intervención de Sanfelice y cuál era el mío. Por otro lado, quiero declarar que en el año 2015 soy convocado por la doctora Cristina Kirchner a Olivos a la noche. Creo que fue entre los meses de mayo y julio aproximadamente. Tenía que traer la planilla de posición monetaria. Llego a Olivos temprano, me quedo sentado en unos sillones en una sala contigua. Van llegando personas de mi conocimiento, entre ellas Zanini, Romina Mercado y el arquitecto Pablo Grippo. En ese tiempo de espera, el arquitecto Grippo, a quien ya conocía previamente, me muestra fotos de una embarcación con uso comercial de su propiedad que aparentemente había sido construida hacía muy poco. Era una embarcación de lujo, muy significativa, para ser usada dentro del Parque Nacional en El Calafate. Me dijo que la había comprado gracias a la ayuda de su padre y con la adquisición de un mutuo. A eso de las 21.30 llega la doctora Kirchner y mantuvimos una reunión de escasos minutos, donde le entregué la planilla de saldos monetarios. Como no tenía cómo volver al centro, me facilitó un auto de la custodia para que me lleve al centro. Al día siguiente me voy a ver a Daniel Muñoz y le cuento lo que había visto de Grippo y su emprendimiento. Daniel me mira y se sonríe. Me dice: ‘Alejandro, yo iba con la plata al astillero a pagar ese barco’. Ese barco está actualmente a nombre de la empresa Mar Patag y hace excursiones en Lago Argentino. Cuando falleció Néstor, el último en llegar a El Calafate fue Daniel Muñoz. Llevaba consigo las llaves de los tesoros, que eran los lugares donde se guardaba dinero. Daniel me dijo que sintió asco y repugnancia de la cara de la gente que fue a buscarlos al aeropuerto, especialmente la de Sanfelice, por la avidez que mostraban por las llaves».

«Cuando salió lo de los Panamá Papers, Cristina me interroga, sabiendo de mi relación cercana a Muñoz, sobre qué sabía yo al respecto. Le respondí que me había enterado por un mensaje de Muñoz un día antes que la noticia tomara estado público. La respuesta de Cristina fue ‘Con razón tardó tanto tiempo en devolverme las llaves del departamento de la calle Uruguay’. Desde mi punto de vista, entre la contradicción de Cristina sobre las llaves de los tesoros y lo que me dijo Muñoz de que entregó las llaves el día de la muerte de Néstor, infiero que alguien que haya recibido esas llaves de Muñoz no se las haya devuelto a Cristina de manera inmediata. En una ocasión acompañé a Daniel Muñoz al departamento de calle Uruguay. Estacionamos por Juncal, subimos, y Muñoz me dijo que iba a dejar dinero. La noche anterior a eso, Fausto Machado manejaba un auto, creo que era un Passat gris, Daniel iba adelante y yo sentado atrás. Era de noche. Estacionamos por calle 25 de Mayo y Rivadavia, frente un edificio de la SIDE. Daniel me dijo que estábamos esperando a Ricardo Jaime. Cuando este se acerca, Daniel se bajó del auto y va a su encuentro. El motivo de ese encuentro fue recibir dinero. Daniel guardó ese dinero en el baúl del auto. Desconozco cuál fue el motivo por el cual Daniel me mostró esa situación. Creo que pretendía resguardarse hacia el futuro teniendo un testigo ocular de lo que sucedía. Recuerdo también que cuando murió Daniel Muñoz, Cristina me dijo: ‘Menos mal que se murió’, en un sentido de que parte de los secretos de Néstor y Muñoz están resguardados. Hoy, estoy poniéndole luz a esos recuerdos. Este comentario fue en la casa de calle Mascarello, en Río Gallegos».

«A Beraldi me lo saqué de encima. Creo que no hizo todo lo que tenía que hacer. Una vez me vino a ver al penal y me echó en cara que lo hacía de favor. También me mandó a decir con De Sousa que la tenía más larga que yo. La gota del postre es cuando me enteré de que me había ocultado dos declaraciones de una escribana y de Amil López, quienes me habían acusado injustamente. No me traía copias de la causa ni me informaba de sus avances, mientras yo veía, por ejemplo, al intendente de Itatí trabajando con hojas del poder judicial y con marcadores que le había acercado su defensor. Además, todos mis compañeros de pabellón me decían que no podía tener el mismo abogado que mis consortes de la causa. Me daban el ejemplo del jefe narco que le paga el abogado a todos los miembros de la banda para que guarden un pacto de silencio. Esta misma situación se daba con relación a Beraldi. Creo que fue una gran decepción para él ver cuando empecé a tomar decisiones por fuera de esa estrategia. Siento que Beraldi defendía a otra gente en vez de mis intereses. Tiempo antes de tener mi primera indagatoria, fue Beraldi quien, en Río Gallegos, me preguntó si tenía abogado defensor, a lo que le contesté que no tenía ninguno. Antes, yo a él le había llevado documentación, pero no me estaba asesorando a mí. En esa conversación, donde nació la relación, él me dijo que me podía defender de manera gratuita. En Marcos Paz, De Sousa dijo que había pagado, como defensa para todos, unos 7 millones de dólares como defensa integral, lo que chocaba con mi concepto de que me estaba atendiendo gratis por mi asistencia personal. Por otro lado, considero que hay un aspecto, que estaría dado como una suerte de obstrucción de Justicia. Cuando yo caigo detenido, yo no había confeccionado las DDJJ de impuesto a las ganancias de Cristina, Máximo y Florencia. Esa es una de las razones del abandono de Cristina y su familia hacia mí. El desastre de papeles y desorden me habría demandado varias semanas su confección. A ello se sumaba lo de Hotesur y el cambio de autoridades. Era mucha presión y demasiado riesgo, pues estaban por vencer las declaraciones ante la OA y ambos, Máximo y Cristina, pretendían ser candidatos. Le pedí a la contadora Natalia Franulic, que trabajaba part time en el Grupo Llaneza y en un estudio contable, que, si iba preso, realizara las DDJJ de Máximo, Cristina y Florencia. Ella me dijo que sí. Cuando caí detenido, Franulic hizo las DDJJ pero las hizo mal. Ese hecho fue tapa de Clarín por el monto consumido que se le había consignado a Máximo. Había que ratificarlas. Beraldi fue a verme a la cárcel y yo, al dictado, le dije cómo debían hacerse y hasta le escribí la hoja de ruta de cómo armar la rectificatoria. Luego Beraldi y su contador viajaron a Río Gallegos y con mi token, puesto que yo era nivel 4 en AFIP, hicieron las rectificaciones y las presentaron desde mi oficina. Ese token, que estaba en mi oficina, habilitaba para ese contribuyente y a otros más».

No siendo para más se da por finalizado el presente acto, previa lectura a viva voz de la presente acta la que será presentada ante el Juzgado interviniente, como complementaria de aquellas labradas en el marco de las audiencias antes indicadas, a los fines de su homologación, firmando las partes y por ante mí que DOY FE.