Entrega n.º 126 de la colección Cuadernos Historia 16 dedicado al voto en España.

Juan Antonio Alejandre

El voto en España

Cuadernos Historia 16 - 126

ePub r1.0

Titivillus 10.03.2024

Título original: El voto en España

Juan Antonio Alejandre, 1985

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

El voto en España

Juan Antonio Alejandre

Catedrático de Historia del Derecho.
Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid

ANTES de que los vientos revolucionarios de comienzos del siglo XIX agitasen la vida política española era impensable que desde uno de los poderes del Estado se proclamase abiertamente que tienen los sistemas representativos la excelencia, sobre cuantos han existido jamás, de reconocer por norte y móvil único del Gobierno la opinión pública, la verdadera y bien formada opinión nacional, en tanto que, como contraste, se ofreciese esta peyorativa valoración del régimen precedente: En los gobiernos absolutos… se prescinde de la opinión, y en vez de una máquina prodigiosa para conocerla, se emplea la fuerza, y siempre la fuerza, para hacer a los pueblos desgraciados (Dictamen de la Comisión. Bases para la Constitución de 1837).

Carta de una baraja conmemorativa de la Constitución de Cádiz, 1812.

El proceso aludido de sustituir la fuerza por la consideración de la opinión ciudadana supone que una sociedad regida por un sistema de soberanía absoluta se transforma y adopta un régimen de soberanía nacional, cuyas consecuencias políticas inmediatas son el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes y, en suma, la democracia.

El derecho electoral aparecía ya en la formulación del Estado liberal de Derecho y desde el comienzo de nuestra historia constitucional, como un derecho de todos, como un sufragio universal. Pero dicha universalidad ha sido siempre una ficción, un desideratum en todo caso, porque hasta en los momentos de mayor progresismo de nuestra historia política han existido circunstancias restrictivas. Lo contrario hubiera elevado el sufragio a la categoría de derecho natural, cuando por lo general —salvando radicalismos— ha sido conceptuado como un mero derecho político, como una función social cuyos ejercicio y ámbito dependerían de las conveniencias coyunturales de las instituciones políticas.

De hecho, siempre ha existido una diferencia entre población y cuerpo electoral. El cociente arbitrario entre ambos conceptos constituye, como advierte Artola, uno de los elementos indicativos del nivel de representatividad que fija la norma electoral, tanto mayor cuanto más próximo a la unidad sea aquél.

La generalización del derecho al voto es una conquista tardía. A esta meta se llega un siglo después de que la idea del sufragio universal, tan prematura como ilusionada, hubiera sido proclamada en los albores del régimen representativo.

No es difícil entender las razones de este aplazamiento: la crisis de 1808 y la consiguiente quiebra de las personas y de las instituciones que simbolizaban el Antiguo Régimen, con ser hechos de considerable trascendencia, no fueron suficientemente radicales como para marcar una ruptura total con la anterior época. Por el contrario, planteamientos y soluciones propias de ésta laten, y cuando pueden resurgen, amparadas en la tolerancia que es consustancial con un sistema de libertades.

Fernando VII (por Luis de la Cruz, Museo Romántico).

Los principios ideológicos del nuevo régimen no siempre encontrarían en la práctica una acogida monolíticamente homogénea y definitivamente distinta de las ideas tradicionales, antes bien, la divergencia de puntos de vista, síntoma saludable de una convivencia política en libertad, determinaría en cada caso la imposición de uno u otro criterio en función de las complejas circunstancias políticas de cada momento y del juego de fuerzas que los respaldasen.

Se explica así el iter a veces exageradamente azaroso y cambiante de ciertas instituciones o de las respuestas jurídicas a problemas determinados, la desnaturalización de figuras que en sus orígenes se concibieron con otros perfiles, o la lentitud con que, por obra de los frenos que oponen fuerzas de signo contrario, una institución alcanza la meta acaso tempranamente proyectada. Estas circunstancias se manifiestan a propósito del sufragio universal: admitido como factor insoslayable de un régimen representativo, las distintas concepciones y los diferentes intereses políticos en torno a él, condicionarán en cada momento su extensión.

Barómetro puntual de las alternancias políticas que marcaron nuestra época contemporánea, su historia, aquí ofrecida en síntesis, se presenta como la larga lucha de una institución por aproximar su ejercicio práctico al sentido que encierra su propio concepto: la búsqueda, en definitiva, de la universalidad del sufragio universal.

Proclamación de la Constitución de 1812 en Madrid.

La necesidad de establecer en España un sistema electoral se manifestó desde el momento en que la Junta Central Suprema Gubernativa, por un decreto de 22 de mayo de 1809, decidió restablecer la institución de las Cortes como representación legal y conocida de la Monarquía. Era éste el primer paso para la configuración de un régimen representativo, aun cuando no pleno, puesto que durante largo tiempo seguirían existiendo representantes no electos. La fórmula, necesariamente transacional, fue fijada por la Instrucción de 1 de enero de 1810, que se convirtió en la primera ley electoral contemporánea de España.

El sufragio universal indirecto

Su conexión con el pasado inmediato era evidente, puesto que reconocía el carácter de diputados a los antiguos representantes de las ciudades en las Cortes de 1789. Junto a ellos tendría asiento un representante por cada una de las juntas provinciales que se habían constituido en 1808. Pero en compensación, introducía la novedad de un importante número de diputados (208 en total), resultante de aplicar la proporción de uno por cada 50.000 habitantes, y para cuya designación se establecía, por vez primera, un sistema electoral que ya entonces se calificaba enfáticamente de sufragio universal, moderado por un complejo procedimiento de elecciones indirectas, y cuya universalidad se recortaba al exigir como condición a cada elector el ser parroquiano del lugar en que hubiera de emitir su voto, mayor de veinticinco años y tener casa abierta, circunstancias sólo exigibles para los varones, aunque no fuera necesario hacerlo constar expresamente, por suficientemente obvio, Se incluían los eclesiásticos seculares y no se hacia ninguna discriminación por razones económicas. Sólo en este sentido, de ausencia de tales condiciones añadidas, podía entenderse el carácter generalizador, ya que no universal, de la elección, a través de la cual se constituirían las juntas de parroquia.

Los requisitos de edad y vecindad eran exigidos también en los estadios siguientes: juntas de distrito y de provincia, en tanto que para ser diputado era necesario, además, ser persona natural de aquel reino o provincia, aunque no resida ni tenga propiedades en ella. Aunque la Instrucción no lo exigía, sí insinuaba la conveniencia de que los elegidos contaran con facultades suficientes para desempeñar su función a su costa, aliviando así la repercusión en el gasto público.

La intención que latía bajo el concepto de sufragio universal necesariamente había de proyectar este sistema en el seno de la Constitución de 1812. Pero entre los constituyentes gaditanos estaban ya presentes criterios y fórmulas que, sin renunciar a los principios revolucionarios y progresistas que impregnaron toda la obra de aquellas Cortes, dejaban entrever su tendencia a conectar con las situaciones en que había derivado el proceso revolucionario en los países europeos de nuestro entorno, y especialmente en Francia.

Es conveniente no olvidar que la Revolución Francesa fue la culminación política de un proceso al que condujo una problemática social que también se daba en España, aunque amortiguada. La sociedad española a comienzos del siglo XIX aún mantenía una cerrada estructura estamental que favorecía a los privilegiados por su abolengo, cuyo poder se servia de una economía agraria sustentadora del régimen señorial de la propiedad de la tierra, y de una organización política absolutista en la que el monarca, titular de la soberanía y centro de producción del Derecho, brindaba protección a aquellos sectores.

Hacia la equiparación de los ciudadanos

Frente a esta situación, los ilustrados españoles, con criterios racionalistas y con la reciente experiencia revolucionaria francesa, propusieron un modelo de sociedad en que los principios de igualdad política y jurídica permitieran la inicial equiparación de los ciudadanos (idea a la que respondía el propio sufragio universal) y, a partir de ahí, el inevitable protagonismo de los más ricos y capaces. La minoría ilustrada española pretendía alcanzar la misma meta lograda por la burguesía francesa. Para aquélla, como para ésta, la ideología racionalista y el procedimiento revolucionario se ofrecían como instrumentos válidos para la implantación de un Estado liberal en el que sus aspiraciones e intereses fueran satisfechos. Y con ese criterio instrumental aceptó los planteamientos filosóficos y las medidas políticas que mejor podían conducir al deseado fin.

En consecuencia, la burguesía, junto con los intelectuales afrancesados, si bien se oponía al Emperador en tanto que invasor del país, no rechazaba los principios revolucionarios de cuño francés, que ella misma había de enarbolar, aglutinada en torno al movimiento liberal y constituyente de Cádiz, ya que dichos principios favorecían en último término sus intereses económicos y de clase, en la misma medida en que socavaban los cimientos de la sociedad estamental y los derechos de los privilegiados del antiguo régimen. Entre esos principios se encontraba en lugar preeminente el de la participación en la dirección política del país a través de los representantes elegidos por los ciudadanos.

El enfermo por la Constitución: —No puedo tragarla. —No hay más remedio.

La lucha revolucionaria contra el antiguo régimen fue impulsada por la burguesía, y la victoria correspondió, por consiguiente, a este sector. Ella fue protagonista no tanto en el campo militar como en el político, y de ella sería la responsabilidad de establecer las bases jurídicas de la organización del nuevo régimen. Y ese protagonismo no tardaría en traducir los principios igualatorios en la adopción de un rango elitista y selectivo que le llevarían, no inmediatamente, pero sí pocos años después, a reclamar un lugar de privilegio para ese sector, económica y culturalmente poderoso, que la propia burguesía constituía.

No era extraño, pues, que el preámbulo de la Constitución justificara, y el articulo 92 estableciera, una primera aproximación a actitudes restrictivas en favor de la riqueza en el terreno de la participación política, aun cuando éstas se referían sólo a la condición de diputado, que no era otra que la de tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios, idea, por otra parte, que ya había sido formulada en el Estatuto de Bayona (art. 72).

La citada reserva quedaba en suspenso en el propio texto constitucional (art. 93) y confiada a futuras Cortes, pero no por escrúpulos democráticos, sino simplemente por razones materiales de eficacia, ya que existían obstáculos que impiden en el día la libre circulación de las propiedades territoriales. La remoción de dichos obstáculos, que habría de venir de la mano de las futuras medidas desamortizadoras, permitiría a Cortes posteriores señalar con fruto la época de su observancia.

La Constitución de Cádiz

La Constitución doceañista reprodujo sustancialmente el criterio establecido en la Instrucción de 1810 en cuanto a la posibilidad de ejercer el derecho de voto bajo un sistema que eufemísticamente se seguía denominando sufragio universal y según un proceso indirecto que parte de la designación de compromisarios de las juntas parroquiales, continúa con la de electores de partido y concluye con la elección de diputados.

Sólo cambia la proporcionalidad de la representación, que es ahora de un diputado por cada 70.000 almas o fracción de más de 35.000, por provincia. Junto a ésta es también otra innovación la supresión de los representantes no electivos, que eran reminiscencias de los sectores estamentales, medida en la que se aprecia la intervención de la burguesía.

La sustitución del sistema electoral indirecto por el directo no parecía aún viable porque una elección sin intermediarios obligaba a sus presumibles beneficiarios a adoptar una serie de cautelas, orientadas a la limitación del derecho de voto, que las circunstancias bélicas primero y, la urgencia revolucionaria después no permitían por entonces abordar.

El sistema electoral de la Constitución de 1812, que hacia posible un cuerpo electoral de unos tres millones de votantes, se aplicaría con intermitencias paralelas a la vigencia del propio texto constitucional, es decir, en las elecciones de 1813, del trienio y en la elección de diputados a las Cortes constituyentes de 1836. Los periodos absolutistas no conocían elecciones y, por tanto, no necesitaban sistemas electorales.

Muerte de Fernando VII

La muerte de Fernando VII en 1833 y la subsiguiente guerra civil obligaron a la Regente a buscar la alianza con los sectores liberales con el objetivo político de salvaguardar el trono para su hija Isabel frente a las pretensiones de los carlistas, aun cuando en contraprestación la Reina Gobernadora hubiera de transigir con determinadas exigencias del programa liberal, de las que la principal fue la apertura política del régimen, toda vez que era insostenible el absolutismo y la marginación del Parlamento, aunque ello no significara el retorno al sistema de 1812.

En estas circunstancias el presidente del Consejo de Ministros, el liberal moderado Martínez de la Rosa, propuso una serie de medidas transaccionales que en su conjunto supondrían un paso irreversible hacia la institucionalización del Estado liberal. Entre ellas, la elaboración de un texto fundamental reformista y liberal pero a la vez aceptable por la Corona, y la convocatoria de Cortes por estamentos, lo que obligaba a optar por un determinado sistema electoral que respondiera a la postura general de equilibrio, manifestada también en otras muchas situaciones.

Soldado de infantería del «Regimiento de Asturias», 1815-1821 dibujo de T. Jacinto Ruiz).

En la configuración de este sistema se advierte la influencia del liberalismo doctrinario que profesaba Martínez de la Rosa. Según el concepto originario francés del doctrinarismo, el sufragio era un mero derecho político, cuyo contenido depende de la ley que lo establece. En consecuencia, al quedar fuera del campo de los derechos naturales, admite ciertas restricciones, con objeto de primar a los titulares de la propiedad y de la cultura. Desde esta perspectiva, el proyecto de Estatuto Real redactado por el Ministerio contemplaba la condición de que para ejercer su derecho el elector fuese propietario, colono, comerciante, fabricante o empleado con determinado nivel de renta, o perteneciera a alguna de las concretas capacidades que se relacionaban.

Sin embargo, ante las observaciones hechas por el Consejo de Gobierno en su dictamen, el Estatuto suprimió y reservó para una futura ley electoral la regulación de este mecanismo, necesariamente coyuntural y varia ble e impropio de una ley fundamental, estable por naturaleza. No obstante, el preámbulo del Estatuto no fue indiferente ante esta cuestión, ya que prejuzgó un sufragio censitario, basado en la propiedad, indirecto y: en consecuencia, restringido. En cambio, si estableció el Estatuto las condiciones exigibles a los candidatos a procuradores: natural del Reino o hijo de padres españoles, mayor de treinta años, nacido, residente o propietario en la provincia que los elige y poseer una renta propia anual de 12.000 reales.

Las preferencias sobre el sistema electoral manifestadas en el preámbulo del Estatuto serían asumidas en el R. D. de 20 de mayo de 1834. Esta ley electoral, que contemplaba una elección indirecta a través de juntas electorales de partido y de provincia (ya anacrónica cuando en otros países europeos se imponía por entonces el método directo) reducía considerablemente el cuerpo electoral, pues sólo era posible elegir en las ciudades designadas cabeza de partido judicial, que según el estudio de Tomás Villarroya no eran más de 452 de las 21.000 existentes (cuando según la Constitución de 1812, a través de las Juntas de parroquia, casi todos los municipios tenían derecho de voto), y en ellas la Junta de partido se habría de constituir por los individuos integrantes de los ayuntamientos y por un número similar de mayores contribuyentes de éste, y la junta de provincia por miembros de la anterior o designados, por ellos o integrantes de una especifica relación de profesionales o capacidades.

Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros, 11 de diciembre de 1831 (por A. Gisbert).

El mencionado censo selectivo, que daba nombre al sufragio censitario, restringía, por consiguiente, la facultad electiva a la minoría de propietarios y contribuyentes que tenían bienes materiales que defender, y a los profesionales cultos cuyo titulo o función hacían presumir en ellos también un nivel económico elevado, resultando un cuerpo electoral calculado en 16.026 personas, que representaba un 0,15 por 100 de la población.

Aunque la fórmula electoral del R. D. de 1834 estaba prevista que se aplicase sólo para la elección del primer Estamento de Procuradores, que el mismo decreto convocaba, habría de ser utilizada también en las elecciones del 26 de febrero de 1836, por las razones que en su lugar veremos.

La insuficiente participación que permitía el decreto comentado, la pérdida de interés que provocaba el sistema de elección indirecta y las dificultades añadidas de unas elecciones en clima bélico determinaron que éstas, celebradas el 30 de junio de 1834, encontraran escaso eco, resultaran insatisfactorias y levantaran justificadas criticas, especialmente desde el lado progresista, Y no logrado siquiera el objetivo de los autores del Estatuto, de que toda una clase media alcanzase poder político, resultaba unánime el deseo de ampliar el censo electoral.

Fernando VII y su familia desembarcan en el Puerto de Santa María, 1823.

Aunque la restricción del derecho al sufragio significó una pérdida de sentido democrático, el sistema censitario, como ha apuntado Martínez Cuadrado, pudo haber sido el germen de un sistema político progresista, como lo fue en Francia de 1814 a 1848 y en Inglaterra entre 1832 y 1867, donde la intervención de los ciudadanos más aptos y capacitados favoreció la formación de una opinión pública cada vez más critica y evolucionada, desarrolló las libertades públicas y preparó el terreno para una posterior generalización del sufragio. Pero en España no sucedió así, porque las condiciones políticas y sociales del país no constituían el mejor marco para similares efectos. Sin embargo, el sistema censitario favoreció la consolidación del predominio político de los sectores liberales, que acabaron por anular a las fuerzas del antiguo régimen y consolidó el sistema parlamentario, Martínez Cuadrado ha podido afirmar que en ese clima liberal se fraguaron los antecedentes del despertar democrático que habrían de dar como resultado las situaciones políticas de 1868 y de 1936.

La subida al poder de Mendizábal tras los acontecimientos políticos de 1835 (pronunciamiento de Cardero, levantamiento de las provincias y constitución de las juntas insurreccionales) era la ocasión de dar un giro progresista al sistema de representación política. Y fruto de las primeras medidas de Mendizábal fue el Decreto de 28 de septiembre de 1835 por el que convocó Cortes, a las que se sometería un nuevo proyecto de ley electoral

Giro progresista

Nombrada inmediatamente la junta redactora de éste, las discrepancias entre sus miembros determinaron que ofreciese dos proyectos diferentes, cuya discusión en el Estamento comenzó el 8 de enero de 1836. Ninguno de ellos llegó a ser aprobado, como tampoco lo fue la fórmula alternativa propuesta por la Comisión parlamentaria que los dictaminó, ya que el rechazo del proyecto que contaba con el apoyo de Mendizábal provocó la disolución de las Cortes por éste el 27 de enero.

Francisco Cea Bermúdez.

Pero no carecieron de interés. El proyecto de Calatrava y Ortigosa, que representaban una opinión minoritaria en la junta redactora, defendía un sistema electoral más conservador, indirecto y restringido, que exigía a los electores condiciones y limitaciones fuertes: ser cabeza de familia, con casa abierta, subsistencia independiente, percibir una renta de 2.000 reales o un sueldo del Estado de 3.000 o pagar una contribución de más de 100 reales, o bien tener una profesión de la que vivir. En todo caso el número de electores, de tres o cuatro por diputado, constituiría un censo total de unos 1.200, lo que contradecía el criterio generalizado de ampliar el cuerpo electoral anteriormente establecido.

El proyecto de la mayoría (en la que figuraban Manuel J. Quintana y Antonio Alcalá Galiano) ofrecía en cambio un sufragio directo y censitario, pero más abierto, que, elevando la proporción de 100 electores por cada diputado, atribuía la facultad de voto a unos 25.000 mayores contribuyentes y 15.000 capacidades.

La Comisión, por su parte, era favorable a la elección indirecta en parte, más fácilmente controlable, que compensaba con la ampliación del censo electoral al añadir a los 40.000 electores del proyecto mayoritario otros 20.000 electores delegados, nombrados por todos los ciudadanos contribuyentes en la proporción de uno por cada 150 vecinos.

Elecciones de 1836

La disolución de las Cortes fue acompañada de la convocatoria de nuevas elecciones para el 26 de febrero de 1836. La falta de nuevas normas obligaba a celebrarlas según el decreto de 1834 que, sin haber sido modificado, determinaba ahora un cuerpo electoral aún más escaso, ya que un decreto de julio de 1835 redujo el número de individuos de los ayuntamientos, lo que repercutía también en el número paralelo de contribuyentes electorales, componiendo unos y otros un censo de unos 7.000 electores.

Francisco Javier de Burgos.

Ante las nuevas Cortes, que se constituyeron el 22 de marzo, favorables ahora al gabinete, se presentó otro proyecto de ley electoral, sustancialmente similar al de la mayoría de la anterior junta redactora, pero retocado en el sentido que quería Mendizábal, pues proponía una elección directa por provincias y a través de un cuerpo electoral más amplio, compuesto por los mayores contribuyentes de cada provincia (según baremos variables en función de éstas, lo que provocaría desigualdades notorias) en la proporción de 160 por cada diputado a elegir en ella, y determinadas categorías profesionales con independencia de su nivel económico. La comisión dictaminadora propuso que la referida proporción se elevara a 200 por diputado, y así se aprobó por el Estamento de Procuradores. De esta manera se lograría que 65.000 personas (50.000 contribuyentes y 15.000 capacidades) pudieran votar, lo que representaba el 0,7 por 100 de la población. Simultáneamente, se acentuaban las condiciones para ser diputado, al pasar el nivel de renta exigida de 6.000 a 9.000 reales o su equivalente de 500 reales de contribución directa.

El poder político quedó reservado a las clases propietarias e ilustradas de los grandes núcleos urbanos, donde se concentraban los mayores contribuyentes y las capacidades, confirmándose con ello el ascenso de las clases medias, base de la nueva sociedad isabelina en la que los más ricos e inteligentes tenían el derecho de mandar y los demás la obligación de obedecer.

Nostalgia doceañista

Al gobierno de Mendizábal sucedió el de Istúriz, quien, tras una moción de censura, se vio abocado a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones, cuando aún el proyecto de ley electoral no había sido aprobado por el Estamento de Próceres, Y ante la alternativa de volver una vez más a utilizar el decreto de 1834, cuyos criterios electorales habían sido generalmente superados, se optó por la fórmula jurídicamente discutible pero justificable de otorgar valor normativo al proyecto solamente aprobado por los procuradores, lo que se hizo por decreto de 24 de mayo de 1836, que al mismo tiempo convocaba las citadas elecciones por el procedimiento directo.

Pero la rápida sucesión de acontecimientos políticos de signo alterno hizo que la elección no concluyera, pues a raíz de la primera votación de las previstas tuvo lugar el motín de los sargentos de La Granja, al que siguió el restablecimiento transitorio de la Constitución de Cádiz el 13 de agosto y la convocatoria de Cortes el día 21, con arreglo al sistema electoral doceañista, lo que supuso el retorno al sistema del sufragio universal indirecto que en la elección del 24 de octubre dio derecho de voto en las juntas de parroquia a unos tres millones de electores y el derecho pasivo a 241 diputados, número resultante de la nueva proporción de uno por cada 50.000 habitantes, que establecía el decreto de convocatoria (modificando la proporción de uno por cada 70.000 que fijaba la Constitución).

La reina regente, acompañada de sus hijas, Isabel y Luisa Fernanda, aclamada a su entrada en Barcelona, 30 de junio de 1840.

Como en lineas generales se propendía inevitablemente a una ampliación del cuerpo electoral, las discrepancias enfrentarían a partir de ahora a quienes, desde planteamientos progresistas, pretendían que el derecho electoral no fuese exclusivo privilegio de la propiedad sino también de la cultura (por entender que la ilustración es puerta abierta al progreso) y que la elección se hiciese por provincias (donde el voto es más libre), contra quienes, desde posiciones más conservadoras, preferían reservar el sufragio a una aristocracia electoral de propietarios y contribuyentes (por entender como símbolo de orden, saber y virtud) y que la elección se hiciese por distritos, más fácilmente influenciables por las clases económicamente poderosas del lugar. El choque de posiciones se manifestaría abiertamente con ocasión de la siguiente ley electoral, de 1837.

La tendencia reformista que estaba en la raíz de los sucesos de La Granja dio lugar a la sustitución del viejo texto de Cádiz por una nueva Constitución más acorde con las nuevas corrientes del pensamiento de la época. La comisión de las Cortes, presidida por Argüelles y de la que era secretario e inspirador Olózaga, elaboró unas bases que consistían en reducir la amplitud del texto de 1812, admitir el bicameralismo, robustecer los poderes de la Corona y aceptar el sistema de elección directa, y conforme a estos principios la misma comisión elaboró un proyecto articulado que, tras su discusión y aprobación por las Cortes, fue jurado por la Reina el 18 de junio de 1837.

Nueva Constitución

La Comisión se propuso, como ya se hizo a propósito del Estatuto Real, dejar la regulación del mecanismo electoral para una ley ordinaria, pero sí elevó al rango constitucional las condiciones para ser diputado y senador (arts. 17 y 23) y estableció el método directo para la elección de los primeros, a la vez que limitó la facultad del monarca de nombrar senadores, al especificar que esta designación debería hacerse entre los propuestos en triple lista por los mismos electores de diputados en cada provincia.

María Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII
(por Vicente López, Museo del Prado, Madrid).

Aunque no figuraban en el proyecto constitucional otras cuestiones electorales, a lo largo de su discusión se expresó rotundamente el principio doctrinario de la soberanía de la inteligencia, que envuelve el contenido de todo el texto, abogándose ya entonces por un sufragio directo y restringido que, marginando a los indoctos y a los proletarios, sólo permitiera intervenir a la clase media, a la nueva aristocracia natural de los propietarios y dejara fuera a las capacidades que Mendizábal se esforzó por incorporar al sufragio. No había razón —argumentaba la Comisión— para que fuese elector un licenciado sin ejercicio de su profesión o un doctor sin enseñanza. Otorgar el derecho de voto a las capacidades por si mismas, sin atenerse a ninguna otra consideración social, era llevar el privilegio a un grado escandaloso de injusticia. Tales criterios tendrían su reflejo en la ley electoral de julio de 1837.

La ley de 20 de julio de 1837

Era esta base rigurosamente censitaria uno de los rasgos característicos de la nueva ley. La Comisión redactora del proyecto justificaba la consideración de la riqueza como determinante exclusivo de la capacidad electoral, argumentando que tal situación económica presuponía educación e inteligencia. Como, en cambio, la sola titulación profesional no significaba necesariamente que su depositario gozase de solvencia económica, las capacidades fueron excluidas del derecho de voto, salvo que pagasen cuotas o ingresasen rentas cuyo nivel les equiparara a aquéllos.

Contribuyentes que pagasen una cuota fija de al menos 200 reales por contribución directa (concepto que sustituía al más relativo de mayores contribuyentes), propietarios con renta liquida anual de 1.500 reales, labradores con una o dos yuntas o un nivel de ingresos similar, profesionales que obtuviesen de su trabajo esa misma cantidad, colonos que pagasen por el arrendamiento 3.000 reales, e inquilinos de alta renta pero variable según la población, constituían un cuerpo electoral relativamente amplio, cifrado en 257,984 electores (un 2,2 por 100 de la población) y a la vez elástico, puesto que todo individuo que alcanzase las condiciones económicas requeridas (y muchos lo consiguieron por obra de la desamortización) podría ser incluido en el censo (que se elevó a 342.559, en 1834: 423.707, en 1840, y más de medio millón, en las elecciones de 1844).

Isabel II, todavía niña (por Vicente López, Museo Romántico, Madrid).

La ley de 1837 no era plenamente original, pues, como ha señalado Tomás Villarroya, acusa poderosamente la influencia de la ley electoral francesa de 19 de abril de 1831 y de la Reform Act inglesa de 7 de junio de 1832. Ambas habían consagrado ya la elección directa, el sistema puramente censitario y la adopción de cuota fija como criterio censal,La influencia inglesa se advertía también en la inclusión como electores de propietarios y colonos y en la consideración del alquiler como signo habilitador del derecho electoral.

Como estos influyentes modelos foráneos, la nueva ley significó un paso adelante en el lento proceso democratizador de la vida política, en la que participa un mayor número de personas (la mera condición exigida a los labradores de poseer una yunta elevó en algunas provincias el sufragio casi a universal). En esa misma línea se inscribe la reducción de las condiciones para ser diputado (las mismas que se exigen a los electores), y la mayor facilidad de acceso al Senado, al rebajar a los candidatos a esta Cámara la renta anual a 30.000 reales.

Si la ley de 1837, producto del clima político de aquella época, suponía un avance aperturista, el moderantismo del poder de 1845 impondría a su vez un retroceso. Este sería el sentido de la futura ley electoral de 1846, pero hasta esta fecha se sucedieron otros proyectos de reforma que, aunque no prosperaron, deben ser recordados porque en ellos se apuntan algunos criterios que servirían de directrices a la ley de 1846.

Uno de ellos, de 23 de marzo de 1840, llegó a ser aprobado en el Senado, pero no en el Congreso. Su objetivo, mediante la modificación de las condiciones para ser elector, era el de reducir el cuerpo electoral, que parecía excesivo, lo que se consigue elevando el nivel de renta o de contribución directa exigido como condición electoral y fijando un número determinado de electores por cada uno de los partidos electorales en que se divide cada provincia (cada uno de aquéllos, que abarca de 40.000 a 50.000 almas, elige un diputado). El nivel de contribución directa se fijó por la comisión del Senado que dictaminó el proyecto en 400 reales (200 en el proyecto) y el de ingresos profesionales en 16.000, Si con estas condiciones no se alcanzara un mínimo de 300 electores por partido, se preveía completar el déficit con los mayores contribuyentes.

La reina regente inaugura el Estamento de Próceres el 24 de julio de 1834 (grabado de la época).

El 10 de julio de 1841, el diputado por Málaga José Becerra, presentó en el Congreso otro proyecto de ley electoral que proponía la obligatoriedad del voto y un sistema de elección indirecta por el que cada 300 vecinos designarían a un elector y éstos a los diputados. El censo se determinaría por el valor en cuenta de los bienes raíces (y no por la contribución directa) y en caso de industriales y capacidades por la renta respectiva de 1.500 y 3.000 reales. La referencia a la renta se justificaba por Becerra porque asegura en los que la tienen el amor al orden, porque tienen qué perder en los desórdenes; y el deseo de la economía en los gastos públicos, porque de esta renta han de salir las contribuciones para satisfacerlos. Alcalá Galiano, que por entonces exponía en el Ateneo sus lecciones de Derecho político, a la vez que se manifestaba enemigo de un sufragio universal, que para él era pura utopía, justificaba asimismo el criterio de la renta como determinante del derecho electoral, por considerarla signo de independencia y aun del grado de ilustración consiguiente a la mediana crianza, aunque también admitía como electores a quienes por su educación, aunque no acompañada de la posesión de la riqueza, son aptos para dar un dictamen y tener influjo en la cosa pública.

Fruto de la reacción de los moderados contra el signo popular que había llevado a los Ayuntamientos la ley municipal esparterista, y medio de reforzar la autoridad de la Corona, una vez dominado por entonces el levantamiento carlista, la nueva Constitución, sancionada por la Reina en unión de las Cortes el 23 de mayo de 1845, sirvió de soporte a una política moderada y aseguró el dominio político y social de las clases medias, de las que el marqués de Pidal diría que están al frente del comercio, de la industria, del ejército, de la magistratura, dominan todos los estratos sociales, tienen todo el poder social y hay que conferirles todo el poder político. Se trataba de evitar la soberanía de la muchedumbre, que encontraba apoyos en la doctrina progresista, y sustituirla por la aristocracia natural de la inteligencia y la riqueza, que, teniendo ya el poder social, merecía el control política

El sufragio de las élites

La definición del sistema electoral que permitiera este objetivo no correspondería, sin embargo, a la Constitución, sino a la inmediata ley electoral que le seguiría. El texto fundamental se limitaba a establecer que el nombramiento de senadores por el Rey, en número ilimitado, debería producirse entre miembros de la nueva aristocracia de alto nivel de renta, lo que suponía desplazar a la antigua nobleza de sangre. Respecto de los diputados sólo interesaba fijar la exigencia del disfrute de rentas procedentes de bienes raíces o de la condición de contribuyente directo de los aspirantes, reiterar la edad mínima de veinticinco años y su estado regular, y determinar que el método electivo sería el directo.

Los sublevados en La Granja obligan a la Reina Gobernadora a restablecer la Constitución de 1812, agosto de 1836.

Esta tendencia aparecía ya en el proyecto de ley que presentó al Congreso Pedro José Pidal, y a través del cual se trataba de obtener una reducción del cuerpo electoral, siempre de acuerdo con el principio del sufragio censitario, y una ampliación del cuerpo de representantes. Una semana bastó para su aprobación, convirtiéndose en la ley de 18 de marzo de 1846.

Según la ley, el número de diputados, a los que se exigía una renta de 12.000 reales en bienes raíces o una contribución directa de 1.000, se incrementaba a 349, al establecerse la proporcionalidad de uno por cada distrito de 35.000 almas, en tanto que el cuerpo electoral se reducía a menos de 100.000 (0,8 por 100 de la población), al haberse eliminado los supuestos que anteriormente habían incrementado el derecho de sufragio, y, en cambio, fijarse como condición el pago de una contribución de 400 reales (doble que la hasta entonces exigida), que bajaba a 200 en el caso de las capacidades que se enumeraban. De esta forma era fácil que algún distrito no llegara a 150 electores, lo que obligaría a completar la cifra con los mayores contribuyentes.

Procesión del Rocío (detalle de un cuadro de M. Rodríguez de Guzmán, 1853).

Tan drástica reducción del número de personas con derecho a votar no era motivo de preocupación, pues, como entonces se dijo, el exceso de electores sólo sirve para que abunden aquéllos que sin opinión propia, sin conocimiento de los negocios públicos, sin intereses que defender, obedecen ciegos a unos cuantos que los manejan a su antojo. En resumen, como escribía el diario moderado El Heraldo, no es el número de electores sino su calidad y circunstancia lo que debe buscarse en leyes de esta naturaleza. Según cita Sánchez Agesta, la concesión del sufragio a quienes estaban fuera de la minoría inteligente y rica, era democracia asquerosa, a juicio de uno de los diputados. La pobreza, señores —sentenciaría éste, despiadadamente— es signo de estupidez. Incluso al senador conservador Marqués de Viluma, la minoría de grandes propietarios burgueses y profesionales cualificados, que constituían la cúpula rectora de la sociedad isabelina, parecía excesivamente amplia y por ello reclamaba la exigencia de un más elevado nivel de renta y también de edad para acceder a tales responsabilidades (D. s. Senado, 25-2-1846).

De otra parte, la preocupación de los moderados llevó también a establecer que el censo fuese elaborado por los jefes políticos de cada provincia y que la elección se hiciese por distritos (un diputado por distrito y un distrito por cada 35.000 habitantes o fracción de más de 17.500) frente al criterio de los progresistas de tomar como base territorial la provincia. Los argumentos de los moderados en favor de un mejor y más directo conocimiento de los candidatos por los electores, en el fondo facilitaban el control electoral y acaso la manipulación de resultados a través de autoridades, caciques, amigos y subordinados.

El escribano en el portal (Sevilla, 1839, por J. Domínguez Bécquer).

Es explicable, por tanto, la reacción de los progresistas, que tenían sus apoyos en medios urbanos, artesanos y comerciantes ahora marginados, al igual que las clases ínfimas, la mayoría de la población, Y también se explica su pretensión de aumentar el censo electoral de forma sustancial, llegando incluso al sufragio universal, como defendió José María Orense en un folleto de 1847 y después en el Parlamento, y reivindicó el Partido Progresista Demócrata en su manifiesto de 6 de abril de 1849.

Aunque el sentimiento mayoritario era favorable a una evolución del sistema electoral en la dirección señalada, aún hubo ocasión de conocer un anacrónico proyecto constitucional de signo ultramoderado, a través del cual Bravo Murillo pretendió restringir la autonomía de las Cortes en beneficio del poder ejecutivo mediante mecanismos como el de la reducción radical del censo electoral así como el número de representantes. Sólo 150 vecinos mayores contribuyentes (o en su defecto, más pudientes) por cada uno de los 171 distritos, de los que saldrían otros tantos diputados, tendrían en sus manos la elección de éstos, lo que configuraría un censo global de sólo 25.000 electores. Los candidatos a diputados habrían de contar con más de treinta años y pagar una contribución directa superior a 3.000 reales, en tanto que también para los senadores por derecho propio, hereditario y vitalicio, se acentuaban las restricciones por la exigencia de un elevadísimo nivel de rentas.

La reacción que provocó tan inoportuno proyecto, por su radicalismo, determinó diez días más tarde la caída del Gobierno y la disolución de las Cortes, que no llegarían a discutir el citado proyecto. El nuevo cambio político brindaba una oportunidad a los progresistas, quienes tras el pronunciamiento de O’Donnell llevaron a Espartero al poder, convocaron nuevas Cortes (el 11 de agosto de 1854) pero esta vez según la aún preferible aunque desfasada ley de 1837, parcialmente retocada, y ensayaron otras fórmulas electorales de acuerdo con su ideología.

Con insistencia se ha afirmado que la revolución de 1854 constituía el eco tardío en España del movimiento europeo de 1848, Aun cuando es ésta una tesis discutible, sí es cierto al menos que durante el Bienio Progresista se dieron las condiciones necesarias para revisar y debatir la concepción casi taumatúrgica de una clase media alta erigida en rectora de la vida política del país, pero cuyo fracaso político no puede ser ocultado.

El último período censitario

En consecuencia, por más que voces tan autorizadas como la de Manuel Alonso Martínez siguieran haciendo la apología de la aristocracia de la riqueza y el saber, era inevitable que desde otros sectores se empezara a pensar en otras fórmulas alternativas de participación política, permeables a los principios democratizadores y por entonces radicales, por su origen revolucionario (D. s. 13-3-1855). La idea del sufragio universal, consecuencia de la soberanía nacional, se convirtió desde entonces en la reivindicación de los sectores más progresistas. Y si todavía diputados como Ríos Rosas, aunque especialmente crítico respecto de una clase media fracasada en su compromiso de gobernar, se oponía al sufragio universal, al que calificaba de catástrofe (D. s. 29-1-1855) y de pura demagogia, y Sancho veía en él el presupuesto del comunismo (D. s. 5-7-1855), otros, como José María Orense, exigían de manera categórica su reconocimiento, por ser derecho inherente al hombre, cuyo rechazo, por egoísmo de clase, era obstinarse en querer contrarrestar la marcha de los sucesos futuros (D. s. 21 y 22-6-1855).

El proyecto electoral que se presentó a las Cortes el 8 de mayo de 1856 no podía responder a las aspiraciones maximalistas, aunque éstas tuvieran su sitio desde entonces en programas políticos como el del naciente Partido Democrático Español o entre los primeros republicanos, pero sí parecía obligado a favorecer la participación política ciudadana con criterio democratizador y más generoso, satisfaciendo así, al menos en parte, reivindicaciones progresistas.

La Cibeles y el Palacio de Buenavista de Madrid en 1836
(por José María Avrial, Museo Municipal, Madrid).

Procesión de Semana Santa en Sevilla
(por J. Domínguez Bécquer).

El mecanismo para lograrlo consistía en reducir considerablemente la cuota exigida hasta entonces para ser elector, que ahora se fija en 120 reales de contribución directa, tanto territorial como industrial o de comercio, y en la introducción nuevamente de las capacidades sin ninguna exigencia de contribución o renta, que tampoco era requerida para los candidatos a diputado.

Ese mismo cuerpo electoral resultante designaría a los senadores, que habrían de ser mayores de cuarenta años, poseer una renta de 30.000 reales o pagar una contribución de 3.000. La elección por provincias, divididas en colegios electorales de 500 a 1.000 electores cada una, podía haber eliminado vicios de procedimiento acusados en consultas anteriores.

La ley de 18 de julio de 1865

Pero tampoco este proyecto llegó a ser dictaminado, al anticiparse a ello el cambio de Gobierno a favor de O’Donnell y disolverse las Cortes el 2 de septiembre de 1856. La Constitución progresista, la non nata, que para mayor garantía de estabilidad pretendía dar rango constitucional a las bases de la ley orgánica electoral, no llegó a promulgarse, y en su lugar se restableció la de 1845, por R. D. de 15 de septiembre de 1856. De nuevo, por consiguiente, eliminado del poder el progresismo, hubo de recobrar vigencia la ley electoral de 1846, que otra ley de 17 de julio de 1857 modificó en cuanto a la composición del Senado y en la linea que en su momento apuntó Bravo Murillo.

La vieja ley de 1846 se aplicó en las cuatro elecciones celebradas entre 1857 y 1864, y en las que el cuerpo electoral cifrado entre 150.000 y 170.000 electores (un 1 por 100 aproximadamente de la población) era tan insuficiente que provocó de nuevo el descontento de los sectores progresistas y demócratas, a la vez que diversos proyectos de ley que ensayaron, aunque sin éxito, fórmulas de ampliación del censo electoral.

Sí prosperó en cambio el proyecto de O’Donnell que se convertiría en la ley electoral de 18 de julio de 1865, a través de la cual se intentó complacer a ciertos sectores progresistas y reintegrarlos al régimen. Esta ley, considerada como transitoria, rigió no obstante hasta el destronamiento de Isabel II y aún, durante la Restauración, en el paréntesis de 1877 a 1878.

En realidad, lo que se sometió al Congreso era una delegación legislativa, presentada como ley que autorizara al Gobierno a plantear la ley electoral para diputados a Cortes, fórmula que se justificaba por la urgente necesidad de contar con el mecanismo legal oportuno que regulara las inminentes elecciones, aunque en el fondo se trataba de utilizar la siempre más cómoda vía de la aprobación de los proyectos sin discusiones.

Caricatura de las elecciones de 1872 en La Carcajada, abril de 1872.

La nueva ley introducía los mecanismos correctores necesarios para elevar, aunque tímidamente, tanto el número de representantes como el de electores. Lo primero venía impuesto por el propio aumento demográfico, lo que, unido a una leve modificación de la proporción entre diputados y número de habitantes (ahora uno por cada 45.000), permite que aquéllos pasen de 349 a 352. En cuanto al censo electoral, su incremento es más significativo, consecuencia de la reducción a la mitad de las condiciones contributivas impuestas a los electores, que quedan en 20 escudos (equivalente a 200 reales), y del reconocimiento del derecho electoral a una extensa relación de capacidades, a las que no se les exige por lo general, de forma adicional, ningún tipo de contribución.

Con estos criterios, la participación electoral se elevó a 418.217, cifra que, sin embargo, en términos relativos sólo representaba un 2,67 por 100 de la población, por lo que la reforma introducida por la ley electoral seguía siendo insatisfactoria y provocando un retraimiento en las consultas electorales por parte de los sectores que se sentían perjudicados (de la cifra de electores indicada, sólo votaron en la primera consulta 223.211), quienes en noviembre de 1865 proclamaron su convicción de que la nueva ley electoral es una concesión, pero concesión que en el ejercicio de la ley se convertirá en sarcasmo. Y, desperdiciada la vía política que hubiera podido recuperar e integrar en el régimen al sector progresista, la alternativa que quedaba no era ya otra que la vía revolucionaria, que no se contentaría con retoques parciales del censo sino que propugnaría abiertamente la instauración del sufragio universal.

Revolución y frustración

Las aspiraciones de los sectores progresistas, siempre frustradas y nunca satisfechas, iban a encontrar el medio idóneo para plantearse tras el triunfo de la Revolución de septiembre de 1868, que instauró un nuevo régimen político cuyo objetivo era democratizar la vida pública del país, a lo que contribuiría el sufragio universal, la conquista más preciada de la Revolución.

Pieza básica ésta, por consiguiente, de las transformaciones que se proponía llevar a cabo el nuevo régimen del general Serrano.

Los defensores de absolutismo vistos por La Risa, 15 de junio de 1872.

Este se apresuró a proclamarlo como fundamento de las libertades individuales, a través de un decreto de fecha 9 de noviembre de 1868, primer paso hacia la convocatoria de Cortes constituyentes llamadas a consagrar los principios de la democracia.

El citado decreto, que en su exposición de motivos considera el sufragio universal como legítima expresión y consecuencia indeclinable de la soberanía nacional, suponía para la ciudadanía española el más amplio reconocimiento de la participación democrática en las decisiones políticas, a través del voto directo y secreto, hasta entonces privilegio de las minorías ricas y cultas, según los postulados doctrinalistas. Trescientos cincuenta y dos diputados, uno por cada 45.000 habitantes, seguía siendo el número de representantes en el Congreso, pero esta vez quienes tendrían derecho a elegirlos eran todos los varones, mayores de 25 años, inscritos en el padrón de vecinos. Como el concepto de vecindad presuponía, de acuerdo con la ley municipal del 21 de octubre de 1868, ser cabeza de familia (art. 8) y llevar dos años de residencia fija con casa abierta en su distrito municipal (art. 10) en el que ejerciera su profesión, industria o modo de vivir conocido, cabía interpretar que sólo éstos serían electores, pero una circular de 17 de noviembre aclaró que esta facultad correspondía a todos los inscritos, aun sin ser cabezas de familia, lo que incrementaba el cuerpo electoral.

Pero la universalidad del voto, tan enfáticamente proclamada, se hacia relativa al traducir a la práctica los términos de la ley, ya que además de quedar fuera los menores de edad (dado el peligro de conceder derechos políticos a quienes la ley no concede la plenitud de los derechos civiles, como reconocía la exposición de motivos de la ley), era aún utópico que la mujer participase en cualquier decisión política.

La batalla por la abolición de la esclavitud. La Flaca, 16 de enero de 1873.

La acumulación de problemas vistos por La Carcajada
(28 de marzo de 1872) como un paso de Semana Santa.

No obstante, se había avanzado, al rechazar los prejuicios del doctrinarismo y suprimir las consiguientes restricciones a que éste había llevado, lo que hizo que el cuerpo electoral se elevase a unos 4 millones de electores, que representaban el 24 por 100 de la población.

El 18 de diciembre del mismo año se puso en práctica el sufragio universal con motivo de las elecciones municipales, y poco después, del 15 al 17 de enero de 1869, tuvieron lugar las generales que configuraron las nuevas Cortes constituyentes que habían de alumbrar la Constitución de 1869, la más avanzada del siglo.

En ella, por representar la encarnación de un espíritu liberal frente al doctrinarismo anterior, había de encontrarse el principio del sufragio universal, pero su plasmación en el art. 16, dio previamente ocasión, al presentarse el proyecto constitucional, a un enfrentamiento ideológico durísimo, aunque clarificador de los planteamientos y valoraciones de cada sector.

Oposición de Cánovas

Entre quienes combatían el sufragio universal, principalmente antiguos doctrinarios en la oposición o recalcitrantes miembros de la Unión Liberal, merece destacarse Antonio Cánovas por un memorable discurso, síntesis de aquella corriente de pensamiento, ya defendida en otras ocasiones pero nunca con la vehemencia de ahora, obligado por las circunstancias a emplear a fondo sus mejores recursos dialécticos.

Su primer propósito era demostrar como infundada la consideración del sufragio universal como derecho individual natural, La exclusión de la mujer, del menor de edad y del incapaz favorecía su concepto de que se trataba de una función que, como tal, podía admitir junto a éstas cualquier otra limitación conveniente. Sentado este precedente, reclamaba la exclusión de cuantos no integraban la minoría de propietarios e inteligentes que, si habían destacado sobre la multitud de proletarios e indoctos era porque han trabajado más, porque han ahorrado más, han realizado mejor su destino sobre la tierra (D.s. 8-4-1869). No admitir este planteamiento, dejarse llevar por la demagogia que reconoce capacidad al mendigo y al ignorante para votar impuestos que no pesan sobre ellos, crear derecho o decidir sobre cuestiones que no pueden entender, sólo tenía, desde la coherencia de su lógica doctrinaria, como objetivo final el socialismo, el comunismo y la anarquía. Y, en último término y como consecuencia, la reacción en forma de salvadora dictadura.

Ni los razonamientos restrictivos de Cánovas ni los de signo contrario de Romero Robledo, en favor del sufragio femenino, tuvieron reflejo en el texto constitucional, que sólo recogió el espíritu de un sufragio universal masculino, a través del cual se configuraría un Congreso de 391 diputados (39 más, al establecerse la nueva proporción de uno por cada 40.000 habitantes), a los que se exigían las mismas condiciones que a los electores, en tanto éstas son más restrictivas en el caso de los candidatos a senadores (mayores de 40 años, altos profesionales y jerarquías y mayores contribuyentes). Resultaba así, como analiza Artola, un Senado conservador con función de compensar el progresismo del Congreso.

Desarrollaba la normativa electoral la ley de 23 de junio de 1870, que reservaba el voto a los mayores de edad, con arreglo a la legislación de Castilla (mayoría que se situaba en los 25 años) y ampliaba considerablemente el número de electores al suprimir la exigencia de la vecindad, de forma que hijos de familia mayores de edad y los que, cumpliendo las demás condiciones, no sumaban dos años de residencia, podrían votar. Otro incremento del cuerpo electoral se produciría cuando la ley de la Primera República, de 11 de marzo de 1873, redujo el limite de edad a los 21 años, lo que elevó aquél a un 27 por 100 de la población. No prosperó en cambio el criterio recogido en el proyecto de Constitución Federal que reconocía el derecho electoral activo a todos los españoles en pleno goce de sus derechos civiles y que les habría llevado a elegir de forma directa a los diputados del Congreso y de manera indirecta a los senadores y al Presidente y al Vicepresidente de la República.

Proclamación de la República por la Asamblea Nacional en el Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 1873.

Muchos ciudadanos que habían quedado anteriormente al margen de toda consulta electoral, serían reclamados en esta etapa con inusitada frecuencia para emitir su voto en numerosas elecciones: las generales de febrero de 1871, abril de 1872, agosto del mismo año y las republicanas de 1873, además de las municipales y provinciales, lo que les pudo irrogar agotamiento, indiferencia, cuando no escepticismo, al no traducirse la conquista del ampliado mecanismo participativo en las esperadas mejoras de carácter político, económico y social. Martínez Cuadrado dictamina que este estado de frustración dejó la decisión política en manos sólo de quienes por otros motivos no participaban de este desánimo, como eran los carlistas y los cantonalistas, lo que se traducía, en definitiva, en un factor disolvente de la experiencia democrática del Sexenio.

Restauración de la Monarquía

Las primeras elecciones de la restaurada Monarquía, las que deberían constituir las Cortes que debatieran y aprobaran la ley fundamental de la Restauración, fueron convocadas por el sistema del sufragio universal, aun cuando se carecía de las más elementales reglas garantes del pluralismo. Cánovas, ahora en el poder, pese a sus ideas respecto del sufragio universal, llevó así al terreno de los hechos su teoría de que la cuestión del sistema electoral no era problema de régimen sino de partido. La generalización del sufragio era posible en un régimen monárquico, y así lo quiso demostrar, aun cuando él siguiera siendo enemigo de aquel sistema. En esta tesitura, su dimisión parecía la lógica salida ante tal planteamiento, y así se produjo.

La Constitución de 1876 no proclamaba ya el sufragio universal y tampoco regulaba el sistema de designación de los 180 senadores electivos (aunque confería su elección a las Corporaciones del Estado y a los mayores contribuyentes) y de los diputados (uno, al menos, seglar, mayor de 25 años, por cada 50.000 almas y elegibles por las juntas electorales), ya que era cuestión cuyo desarrollo se reservaba a la futura ley electoral. Pero el art. 28 dejaba abierta la posibilidad de que el sufragio universal pudiera ser algún día admitido, sin que ello encontrara el obstáculo de la propia Constitución: de forma elástica el citado articulo establecía que los diputados se elegirán y podrán ser reelegidos indefinidamente, por el método que determine la ley.

No una sino dos serían las leyes a las que remitía el texto constitucional. La de 8 de febrero de 1877 contemplaba exclusivamente la elección de los 180 senadores que no lo fueran por derecho propio o por nombramiento de la Corona, de carácter vitalicio. De aquéllos, 30 habrían de ser elegidos por instituciones eclesiásticas, académicas o Sociedades de Amigos del País, y los 150 restantes a través de un mecanismo indirecto, por las Diputaciones provinciales y los compromisarios nombrados respectivamente por los Ayuntamientos y los mayores contribuyentes de los pueblos. En definitiva, el derecho electoral primario se confería a muy pocas personas, ya que la entonces reciente reforma que la ley de 16 de diciembre de 1876 introdujo en la ley municipal vigente de 1870, incrementaba los requisitos para ser elector municipal, al exigir cuatro años de residencia fija y figurar entre los dos primeros tercios de las listas de contribuyentes. Los mayores contribuyentes, hasta un número cuádruple del de concejales serían automáticamente y sin elección designados compromisarios.

La elección de diputados se abordó en primer lugar por ley de 20 de julio de 1877, que restablecía provisionalmente la de 18 de julio de 1865, con ciertas modificaciones (elección por distritos y reducción de cuotas), pero no llegó a aplicarse, haciéndolo en cambio la de 28 de diciembre de 1878, que también suponía el retorno a la de O’Donnell, de 1865, cuyo contenido alteraba en aras de prefigurar un electorado más conservador. Con ese objeto, a los propietarios rurales se les exigía como condición electoral una contribución reducida a la mitad (25 pesetas como cuota de contribución territorial) y entre las capacidades aparecían los profesionales titulados y los maestros, en tanto que respecto de los contribuyentes por subsidio industrial, de cuya ubicación ideológica cabía recelar, las condiciones antes exigencias se mantienen (50 pesetas de contribución).

Con estas condiciones, el censo electoral descendió del 27 por 100 al 5,1 por 100 de la población (unos 847.000 electores), porcentaje en el que se velan primadas especialmente zonas agrícolas en las que la parcelación minifundista determinaba la existencia de un gran número de propietarios agrícolas, que sociológicamente constituían un sector conservador. Este sentido de la ley electoral provocó el voto en contra de Castelar cuando se discutía en Cortes, pues para el destacado tribuno era preferible, como proclamó en otra ocasión, un sufragio universal que era sostén de la estabilidad constitucional —como sucedía en los regímenes de Suiza, Inglaterra y Estados Unidos— y pararrayos de las revoluciones.

De la misma manera que el peso ideológico del partido en el poder impuso la restricción del censo electoral en 1876, la presión del Partido Democrático-Republicano y la decisión del Partido Fusionista Liberal volverían a plantear el sufragio universal en el momento idóneo, en el año 1890.

Un nuevo sufragio universal

Tras la muerte de Alfonso XII el 25 de noviembre de 1885 y el establecimiento entre los líderes conservador y liberal del impropiamente llamado pacto de El Pardo, Cánovas ensayó un nuevo turno de partidos, por entender en aquel momento critico que un reinado nuevo necesita ministros nuevos. En consecuencia, Sagasta fue encargado de formar gobierno bajo la Regencia, iniciándose así un fructífero periodo durante el cual serían aprobadas en las Cortes (en el denominado Parlamento largo) leyes de gran trascendencia, tales como las de supresión total de la esclavitud en Cuba, al derogar la ley de Patronato (1886), de Asociaciones (1887), del Jurado (1888) o el Código civil (1889), por mencionar sólo las de los primeros años, Pero de todos los proyectos de ley discutidos en el Parlamento, uno de los que más pasiones en torno a él había levantado (rango sólo compartido por la ley del Jurado) era el de restablecimiento del sufragio universal, proyecto de ley al que dio lectura Moret en el Congreso a comienzos de diciembre de 1888, abriéndose a partir de entonces una enardecida polémica sobre el mismo.

La discusión parlamentaria del proyecto no comenzó, sin embargo, hasta el 23 de mayo de 1889, precisamente con un discurso en contra del mismo por parte del diputado conservador Lorenzo Domínguez. Pero la personal peripecia del Presidente de la Cámara, Cristino Maños, al que se le consideraba dimisionario, obligó a suspender la sesión, quedando aplazada la cuestión hasta el 22 de enero de 1890, fecha en que Sagasta presentó a sus nuevos ministros y explicó la última crisis, reanudando el debate.

En el largo año transcurrido hubo ocasiones suficientes para que partidarios y enemigos del sufragio universal acumularan argumentos y expresaran sus puntos de vista, no sólo en el Parlamento sino también en otros foros de notoria resonancia política.

Alfonso XII hace su entrada triunfal en Madrid bajo el arco erigido en la calle de Alcalá, el día 14 de enero de 1875.

Los primeros lo reclamaban por ser consecuencia ineludible y manifestación del principio de soberanía nacional. Desde el partido de Sagasta, quien personalmente no sentía excesivo entusiasmo por el sufragio universal, el apoyo a este sistema respondía, ante todo, a un compromiso político y a su preocupación, como líder de un partido dinástico, de revestir a la Monarquía del indudable halo liberal que le daba su compatibilidad con el sufragio universal, y también con el Jurado, asestando así un duro golpe a los sectores republicanos, que se atribuían la exclusiva capacidad de favorecer estas instituciones. Así, Canalejas defendió la relación entre la monarquía y el sufragio, destacando que aquella sería tanto más fuerte cuanto mayor fuese el número de ciudadanos que intervinieran en la dirección de los negocios públicos (D.s. 14-11-1889). Mientras tanto, la prensa liberal apoyaba también la universalización del sufragio pero por lo general con otros argumentos, que tal vez pudieran sintetizarse en la observación que hacia El Imparcial: Dar el voto al obrero es quitarle más de la mitad del deseo de empuñar el fusil (6-5-1890).

Tan elevadas razones no eran, sin embargo, suficientes para convencer a los conservadores. Cánovas, su representante más cualificado, seguía temiendo que la concesión del voto a la muchedumbre miserable y mendiga, ha de ser el triunfo del comunismo (D.s. 10-2-1888). Su preocupación ahora parecía estar no tanto en evitar lo inevitable, el establecimiento del sufragio universal, como en hacer de él un uso acomodaticio que parecía anunciarse en la frase que se le atribuye: Soy enemigo del sufragio universal, pero su manejo practico no me asusta. Otros utilizarían como foro para difundir sus ideas la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas: en ella Fernández Villaverde llamó la atención con tintes apocalípticos sobre las últimas consecuencias de la adopción del indicado sistema: El sufragio universal ha provocado siempre las revoluciones, lejos de suprimirlas y es ley histórica que cada revolución y cada evolución democrática traiga en sus entrañas una guerra civil; y el Conde de Toreno reclamó en aquella misma ocasión, una vigorización de la enseñanza pública previa a la generalización del sufragio. En tanto que Sánchez de Toca, en una de sus más conocidas obras, El régimen parlamentario y el sufragio universal se esforzaba en demostrar que era instrumento de la demagogia y verdugo, finalmente, del parlamentarismo.

Manuel Ruiz Zorrilla.

Pero la suerte del sufragio universal estaba echada. Discutido ampliamente el proyecto de ley durante el mes de marzo en el Congreso, el Senado se ocupó de él solo en dos sesiones, para convertirse al fin en la ley de 26 de junio de 1890, que elevaría el número de diputados a 437 y ampliaría considerablemente el número de electores. Aunque su preámbulo pretendía tranquilizar a quienes más podían recelar de las consecuencias de la ley, al afirmar que sólo aportaría unos 500.000 nuevos electores al número de inscritos en el censo de 1882, su efecto fue mucho más considerable, ya que abrió las puertas del voto a 4.800.000 electores, varones, mayores de 25 años, en pleno uso de sus derechos civiles y vecinos con dos años al menos de residencia en su municipio, Dicho cuerpo electoral, que se aproximaba al de la Primera República, se mantendría con escasas modificaciones hasta la Dictadura. Al fin Castelar pudo manifestarse esperanzado de que en la Restauración España pudiera alcanzar la normalidad democrática. Sin duda, no sospechaba que otras circunstancia, las maniobras de políticos poco escrupulosos y la falta de cohesión de la mayoría parlamentaria conducirían pronto al falseamiento de las elecciones y a un fuerte abstencionismo.

La ley reconocía unos colegios electorales especiales, constituidos por las Universidades literarias, las Sociedades Económicas de Amigos del País y las Cámaras de Comercio, Industria y Agricultura, cuyos integrantes podrían elegir un diputado por cada 5.000 de aquéllos, que debían sustraerse de las listas electorales comunes para formar su propio censo.

Eugenio Montero Ríos.

Aun cuando la ley de sufragio universal fuese obra de partido, los cambios sucesivos de gabinete, como consecuencia del turnismo político, no afectaron a su vigencia. Precisamente la primera vez que se usó el nuevo sufragio universal fue, una vez más, en unas elecciones convocadas por Cánovas, y celebradas el 1 de febrero de 1891. Por eso pudo decir Castelar en el elogio fúnebre a la muerte del político conservador, que éste combatió las reformas democráticas en tanto estaban en su fase de debate, pero una vez aprobadas por las Cortes y sancionadas por la Corona, las respetaba con la misma vehemencia con que antes las discutiera.

Se había vuelto, pues, al sufragio universal. Se había dado opción a un importante número de ciudadanos a participar en la vida pública a través del voto y, por ende, a manifestar su asentimiento o reprobación a la política del Gobierno. Pero no puede menospreciarse el riesgo que suponía atribuir tal responsabilidad a una masa de población entre la que estas costumbres políticas carecían de arraigo y que, en un 70 por 100, era analfabeta.

Se daban, por consiguiente, las condiciones óptimas para la corrupción y el falseamiento electoral, a la vez que la oportunidad histórica de que los españoles adquirieran progresivamente conciencia del valor del sistema representativo, En este juego de contrapesos, aquellos vicios podían ser considerados, en último caso, como el precio o, en la calificación de Linz, el instrumento protector de un sufragio universal plantado en un terreno sin abonar.

Alfonso XII se entrevista con el general Espartero en Logroño durante su visita al Ejército del Norte, 2 de febrero de 1875.

Una ley a la medida de quien ha de ganar

Antes del sufragio universal, el control del voto se ejercía aplicando a su ejercicio medidas restrictivas censitarias de uno u otro grado. Desde 1891, resultaba más difícil el manejo de una masa de votantes, sobre todo en las grandes ciudades, y por ello habría de recurrirse a otros procedimientos que hicieran posible la coincidencia del resultado de cada elección con el que de antemano se buscaba.

En esta linea se inserta la última de las leyes electorales históricas, la de Maura, de 8 de agosto de 1907, que esencialmente regiría también en la Segunda República, aun cuando sufriera importantes modificaciones, Su justificación, sin embargo, era perfeccionar la técnica del sufragio e incrementar las garantías del elector y de los partidos políticos que participaban en el proceso electoral.

Esta ley, que declaraba el voto obligatorio, ofrecía la novedad de la figura del candidato, aspirante privilegiado y con mayores garantías de triunfo. Tal condición se atribuía automáticamente a quienes ya con anterioridad habían sido diputados, en tanto que los demás aspirantes habían de ser propuestos por otros miembros de la alta clase política o por la vigésima parte de los electores del distrito, es decir, por 500 electores, lo que no era fácil aval para quien careciera de influencias o apoyos institucionales. El articulo 29 de la ley ofrecía otra ventaja al candidato, prevista para casos excepcionales, pero que llegó a hacerse normal: a diferencia de los demás aspirantes, podía ser proclamado automáticamente diputado cuando no encontrara oponente en su distrito.

De una parte, la necesidad de apoyos a los aspirantes para contrarrestar las prerrogativas de los candidatos dio extraordinaria importancia a la intervención de los partidos. De otra, se favoreció la formación de grupos de presión oligárquicos de antiguos parlamentarios en los que recaía la decisiva función de designar un importante número de diputados. Los beneficiarios principales de este sistema serían los tradicionales partidos, cuya influencia se transmitía en cascada, haciendo posible que dichas formaciones consiguieran en las sucesivas elecciones y hasta 1923, fecha de la disolución de las Cortes, entre un 80 y un 90 por 100 de los escaños.

Preludios de la universalización

Como ha quedado puesto de manifiesto, la adjetivación del derecho de sufragio como universal sólo supuso la supresión de las limitaciones a su ejercicio impuestas por razones económicas o de formación cultural. Pero el sistema del sufragio universal seguía ignorando a la mitad de la población española en edad de votar, sólo por razón de su sexo. Las voces aisladas que habían clamado en alguna ocasión por el reconocimiento del sufragio a la mujer nunca encontraron eco o, en el peor de los casos, provocaron manifestaciones ridiculizadoras de las reivindicaciones feministas.

Sin embargo, aparte de razones de principio, parecía a ciertos sectores, más sensibilizados por la autenticidad de la función representativa, que a mayor número de electores, más difícil se haría falsear la elección. Y esa ampliación habría de venir por la vía, principalmente, de la incorporación de la mujer al ejercicio electoral. Probablemente ambos razonamientos llevaron en 1918 al Partido Socialista Obrero a proponer en su programa político la reforma electoral, que consistía en la atribución del derecho de sufragio a ambos sexos, junto a otras medidas como la reducción de la edad electoral a los veintiún años o la desaparición de las trabas a la presentación de candidatos.

Salón de Sesiones del Senado hacia 1906, por A. Mañanos Martínez.

Sin embargo, paradójicamente, fue la Dictadura, sin duda desde una valoración diferente, el régimen que por primera vez dio presencia a la mujer en la vida parlamentaria: la Asamblea Nacional, constituida en 1927 en sustitución de las disueltas Cortes, y formada por 400 miembros, mayores de veinticinco años, incluyó junto a los componentes por derecho propio (altos mandos del ejército, la administración y jerarquías eclesiásticas) y los designados por el Gobierno o el partido único, a los hombres y mujeres que fuesen elegidos por los compromisarios a su vez electos en ayuntamientos y diputaciones, por procedimientos aparentemente democráticos, pero suficientemente controlados por el Gobierno.

El voto femenino

Por aquellas mismas fechas, las sufragistas conseguían en Inglaterra el objetivo de su larga lucha. Después de parciales conquistas en 1917 con el reconocimiento del derecho de voto a ciertas categorías de mujeres, el 2 de julio de 1928 el voto femenino era reconocido y sin restricciones, lo que infundiría ánimos a los sectores feministas y sería un ejemplo para otros países, entre ellos el nuestro.

La proclamación de la República deparó la ocasión de poner en práctica cuantas reivindicaciones de signo democrático habían tenido hasta entonces su lugar en los programas de distintas formaciones políticas y en las manifestaciones de no pocos políticos, ahora en el poder, Era, pues, el momento de pasar de las proclamas y proyectos a la puesta en práctica de los mismos, Y así se emprendió sin demora.

Eduardo Dato.

El punto de partida lo constituyó un decreto de 29 de abril de 1931, que abría la posibilidad de reducir la edad electoral a los veintitrés años. Y pocos días después, el 8 de mayo, un nuevo decreto revisó el sistema electoral de 1907 a fin de, con nuevos criterios, constituir las importantes Cortes que a través de la ley fundamental de la República habían de consolidar las bases políticas del nuevo sistema.

El decreto de mayo aunque contemplaba sólo la elección de las Cortes constituyentes, recibió con posterioridad (ley de 27 de julio) carácter permanente, Las principales reformas electorales que introdujo consistían en poner fin al discutible sistema de circunscripción establecido en la Constitución de 1876, que sustituye por la circunscripción única de la provincia, en la que se elegiría un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 30.000 (salvo en los casos de Madrid, Barcelona y capitales de provincia con más de 100.000 habitantes, que constituirían circunscripciones separadas del resto de la provincia); eliminar el articulo 29 del decreto de 1907, aun cuando mantuvo el sistema de proclamación de candidatos, respecto del cual la exigencia de que los aspirantes fuesen presentados por la vigésima parte del censo, fue sustituida por la condición más viable de ser presentados por diez concejales de elección popular: y condicionar la validez de las elecciones al hecho de que los candidatos obtuviesen al menos el 20 por 100 de los votos escrutados.

Pero sin duda, las dos reformas más trascendentales del decreto en cuestión fueron la fijación con carácter oficial de la edad electoral en los veintitrés años, según predisponía el anterior decreto del mes de abril, medida que ampliaba de forma notable el censo electoral; y, sobre todo, la consideración expresa de elegibles en favor de la mujer y de los sacerdotes, tímida fórmula del Gobierno Provisional, pero presagio de ulteriores ampliaciones del censo por el reconocimiento del derecho electoral activo de la mujer, cuestión que se reserva a futuras Cortes.

Bajo estas nuevas condiciones, que prefiguraban un cuerpo electoral de 6.100.000 votantes (26,3 por 100 de la población), el 3 de junio se convocaron elecciones a las Cortes Constituyentes. Tuvieron éstas lugar el 28 de junio y el 14 de julio se procedió a la investidura de los nuevos diputados. El matiz predominantemente progresista de la mayoría de sus componentes garantizaba ya la aprobación de un texto constitucional y de unas leyes de signo avanzado, por lo que era lógico que el proyecto de la Comisión de las Cortes que llegará a ser aprobado como ley fundamental abordará la aplazada cuestión del sufragio femenino.

Jura de Alfonso XIII en el Congreso (17 de mayo de 1902), por Manuel Fernández Carpio.

En dicha Comisión figuraba una de las dos únicas mujeres que, en virtud del decreto de mayo, habían accedido a las Cortes: Clara Campoamor, diputada por el Partido Radical y vehemente y convencida defensora del voto femenino (la otra diputada era Victoria Kent, del Partido Radical Socialista: más tarde se incorporaría la socialista Margarita Nelken). A sus ideas y a su presencia en la Comisión debe mucho la fórmula del art. 34 del proyecto: Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales, conforme determinen las leyes, artículo —luego el 32 de la Constitución— que suscitó uno de los más duros y apasionados debates parlamentarios de las Constituyentes y cuyo tratamiento pormenorizado en relación con los movimientos feministas se reserva para un futuro número monográfico de estos Cuadernos de Historia 16.

De forma resumida, no obstante, ya que es cuestión insoslayable en este punto, hay que referirse a ella recordando, como hace Rosa María Capel, que desde un planteamiento ideológico todos los grupos políticos coincidían en reconocer el derecho de voto a la mujer, pero a la vez existían discrepancias profundas en cuanto a la determinación del momento oportuno de otorgarlo y ejecerlo, puntos de vista enfrentados que encontraban amplio y respectivo eco de la prensa.

Partidarios de la inclusión en el texto constitucional de la igualdad de voto, al lado de los republicanos conservadores (antiguos monárquicos y católicos) y minorías intelectuales (al servicio de la República), eran principalmente los socialistas (con alguna excepción, como la de Indalecio Prieto), por su compromiso ideológico con los postulados de igualdad y libertad, y los partidos de derecha, por consideraciones de tipo práctico, ya que presumían, aunque no dejaban traslucir sus razones, que el voto femenino era mayoritariamente conservador y, por tanto, valiosa ayuda para derribar la República dentro de las instituciones legales.

Jóvenes barceloneses celebran en las Ramblas el nuevo régimen, 14 de abril de 1931.

En cambio, quienes, entendiendo que la supervivencia de la República se basaba en que las izquierdas siguieran manteniendo su mayoría parlamentaria, temían la pérdida de ésta por el aluvión del voto de la mujer, se manifestaban contra la oportunidad del sufragio femenino. Así pensaban Acción Republicana, el Partido Radical Socialista y el Partido Radical. Este último cambió su inicial postura favorable por lo que propugnaba su aplazamiento, lo que intentó a través de una enmienda el diputado Guerra del Río, provocando un memorable enfrentamiento con su compañera de partido, Clara Campoamor.

Enfrentamiento

La oposición frontal al voto femenino per se no pasó de ser anecdótica. Este fue el caso del diputado Ayuso, quien en una ocasión anterior había llegado a manifestar sarcásticamente: Las mujeres no podrán nunca formar parte de un gobierno porque surgiría una crisis cada mes…, y ahora proponía que su derecho al voto se les reconociera sólo a partir de los cuarenta y cinco años, pues antes de esa edad estaba de hecho disminuida la voluntad, la inteligencia y la psiquis femenina.

Dramático fue el enfrentamiento en torno al sufragio femenino entre las dos únicas mujeres diputadas, Victoria Kent defendía la necesidad de aplazar su concesión. Su creencia de que antes de dar el voto a la mujer era preciso darle educación le hacia mantener tal postura, aunque sus verdaderas razones se resumían en esta frase: No es cuestión de capacidad; es cuestión de oportunidad para la República.

Por el contrario, Clara Campoamor, abandonada en esta cuestión por su partido, pero apoyada por los sectores feministas más activos, pudo manifestar con valentía: No es posible sentar el principio de que se han de conceder unos derechos si han de ser conformes con lo que nosotros deseamos… Esto no es democrático. Para ella, sin duda, los principios de la democracia y los conceptos de justicia e igualdad ante la ley estaban antes que los de oportunidad política, y tenía razón al advertir que una Constitución que concedía el voto al mendigo y al analfabeto no podía negárselo a la mujer, por más que autoridades como Jiménez Asúa pensaran que: las mujeres hispánicas son el recipiente de los más retrógrados sentimientos y el arma de que se valen los hombres reaccionarios y los católicos a ultranza.

Por 161 votos a 121 consiguió Clara Campoamor el reconocimiento constitucional del sufragio femenino en el definitivo articulo 32, aunque todavía hubo de superar el último intento dilatorio por vía de una disposición transitoria que pretendía posponer la efectividad del voto a la mujer a la renovación total de los ayuntamientos. Tal acontecimiento recibiría a partir de entonces una acogida demasiado fría en los medios de opinión: casi todos los periódicos veían en ello un enorme perjuicio para la República y presagiaban funestas consecuencias, y hasta El Debate juzgó críticamente aquella conquista: Creemos que el lugar propio de la mujer, de su condición, de sus deberes, de su misión en la vida, es el hogar. Y nos parece mal que de él se la arranque, y aún que en ella se fomenten o despierten vocaciones que la atra©an a la calle.

Pero el sufragio femenino era ya parte del universal, proclamado por el articulo 52: El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto. Nuevo concepto bajo un antiguo término, cuyo resultado inmediato fue la duplicación del número de electores, ya que por primera vez el 55 por 100 de la población adquirió derecho a participar en las elecciones, que en todo lo demás no modificado se regirían por lo establecido en la ley de 1907.

Y no habría vuelta atrás a pesar de que en las elecciones de 1933 la derrota de la izquierda fue imputada a la influencia del voto de la mujer. Clara Campoamor fue considerada por algunos sectores como la responsable del resultado, acusación de la que hubo de defenderse denunciando la profunda división del bloque republicano-socialista en aquellas elecciones. Que el sufragio femenino era ajeno a aquel resultado era demostrable porque en su conjunto el voto de la izquierda había superado al conservador. En 1936 el Frente Popular con su triunfo confirmó que el éxito en las elecciones no era problema de número ni dé sexo, sino de estrategia y unidad.

Se consolidó, por consiguiente, la modificación cuantitativa más relevante de toda la historia electoral española. El sufragio universal se había hecho lo más universal entonces concebible. Después, sólo la reducción de la mayoría de edad legal y el natural incremento de población abrirían nuevos horizontes.

Bibliografía

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Cola de votantes en unas elecciones en Barcelona durante la II República.

El voto en España

Textos

El voto, una forma de igualdad

EL pacto fundamental reemplaza con una igualdad moral y legítima cuanto la naturaleza puso de diferencia física entre los hombres, quienes, pudiendo ser desiguales en fuerza y en inteligencia, vienen a ser iguales por contrato y de derecho. Tal igualdad se traduce ya en el voto directo de las leyes por los habitantes del país, ya en la designación,de mandatarios encargados de hacerlas por el sufragio de todos. (J. J. ROUSSEAU, «El contrato social»).

Una definición clásica

LA sociedad feudal descansaba sobre la propiedad; pero era la inmueble, histórica, privilegiada, no adquirible por el trabajo; la nueva propiedad, en cambio, desconoce el privilegio, parte de un derecho potencial de todos por igual que se realiza según la virtud y el mérito de cada cual, manifestados en la adquisición de bienes, en la instrucción y valía personales. La propiedad tiene ahora un sentido activo, constructivo, ya no es secuela, sino fundamento del poder político. La auténtica burguesía, poseedora e ilustrada, después de extender sus fronteras con conceptos abstractos para expulsar del mando social a los antiguos estamentos privilegiados, restringía así la nueva titularidad para el ejercicio del poder político, una vez realizada aquella operación, a sus características propias y distintivas, consistentes en la instrucción intelectual y la propiedad desvinculada. Desaparecidas las viejas diferencias estamentales, surge otra clasista, ya no determinada por el complejo vital que constituye el tipo de noble o clérigo, sino por un hecho fundamentalmente económico: la propiedad. La traducción política formal de esta diferencia social es el censo. (LUIS DIEZ DEL CORRAL, «El liberalismo doctrinario», Madrid, 1945, págs. 127-128).

La igualdad conduce a la anarquía

DESACREDITADA está ya la escuela política del siglo pasado que, proclamando la igualdad absoluta de los hombres sin querer considerar cuán desigualmente ha distribuido entre ellos sus dones la naturaleza, halagaba y conmovía las masas con la idea seductora, pero falaz e irrealizable, de que a ellas pertenecía el derecho de soberanía, porque de hecho son las depositarías de la fuerza. Ensayos bien costosos para la humanidad han demostrado lo funesto y absurdo de este principio que, desenvuelto en la práctica, produce sólo la anarquía, para dar no muy tarde por último y necesario resultado el despotismo puro. (LA ABEJA, 27 de abril de 1836).

Alcalá Galiano: la negación

EL voto universal, digno de tal nombre, en ninguna parte existe. Hay quienes lo pretenden, pero casi todos haciendo excepciones. Hasta las mujeres cuya admisión a votar parecería cosa de burlas) han pretendido en alguna ocasión tener parte en los negocios públicos, y de ello han dado ejemplo algunas de Inglaterra, en época nada lejana de nosotros; siendo las que se juntaron, si no de mala vida, quizá no de las más respetables ni acaso de las más hermosas; lo cual es de presumir de la circunstancia de que trocasen por ocupaciones propias del hombre, el pudor y el recogimiento peculiares de su sexo. (ANTONIO ALCALA GALIANO, «Lecciones de Derecho Político Constitucional», Madrid, 1843, pág. 143).

Planteamientos decimonónicos

BASTANOS observar que en todos los pueblos de Europa que nos han precedido en la carrera del gobierno representativo se ha tomado la propiedad por signo exclusivo de la capacidad electoral, para adoptar este mismo principio, acreditado sólidamente por la experiencia, sin necesidad de persuadir con razones metafísicas que la propiedad, cuando es patrimonial, supone una educación respectivamente más esmerada, y cuando es adquirida por la industria propia, prueba una inteligencia más que común. (Comisión redactora de la Constitución de 1837).

Desigualdades sociales

PERO al cabo el voto de la muchedumbre, aun excluyendo de ella a los esclavos donde los hay, a los sirvientes domésticos, como se hace en casi todas partes, a los jornaleros según es poco menos que general costumbre, a los mendigos, a los de edad corta, si bien ya capaces de discurso, y con tantas exclusiones poco digno del nombre de universal, Puede dilatarse a todos cuantos tengan casa abierta o paguen alguna cantidad, siquiera sea mínima, de contribución, de las directas se entiende. Dilatando así el derecho a votar, no veo yo buena razón porque haya de negarse a quienes no pagan. ¿Es derecho natural? Pues, ¿por qué entonces ha de ser óbice a su ejercicio la desgracia de la pobreza?. (ANTONIO ALCALA GALIANO, «Lecciones de Derecho Político Constitucional», Madrid, 1843, pág 195).

Progresismo moderado

EL sufragio universal no vino aquí en virtud de un movimiento de la opinión, después de una lenta educación y después de una serie de emancipaciones y de gradaciones sucesivas en la capacidad y en el censo; gradaciones y emancipaciones escalonadas, que son las únicas capaces, las únicas que segura y derechamente conducen al advenimiento tranquilo y fecundo del mayor número al ejercicio de los derechos políticos… La revolución, poseída en ésta como en otras materias, de un falso ideal científico, la decretó ambiciosa y arrogante, creyendo que con sólo decretarla, operaba también la emancipación de lo que llamó y llama todavía el cuarto estado… Si, pues, el sufragio universal vino de esta manera, si lo trajo una tempestad, otra tempestad se lo ha llevado. Si lo trajo un momento de alucinación revolucionaria, la calma y la reflexión que debe haber en este momento, deben conducirnos a ensayos y tentativas en materia electoral en las que se tomen, como no pueden menos de tomarse en cuenta, el ensanche y los hábitos creados por el ejercicio del sufragio universal durante los últimos años; ensayos y tentativas que tal vez puedan y deban llevamos hasta los límites del sufragio universal mismo. (ALVAREZ BUGALLAL. «Diario de sesiones de las Cortes», Congreso, 19 de mayo de 1876).

Consideraciones doctrinarias

EL sufragio universal, que es el pueblo haciendo sus leyes; un ejército verdaderamente nacional, que es el pueblo también defendiendo la patria, y en ella el orden y con el orden la libertad; y el jurado, que es el pueblo todavía ejerciendo quizá la más alta de sus funciones, porque con los sublimes misterios de la conciencia se relaciona, forman por decirlo así, los tres puntos de apoyo en que descansa todo el edificio moderno del nuevo derecho democrático. («Manifiesto del Partido Democrático-Progresista», de 1 de abril de 1880, publicado por MIGUEL ARTOLA, «Partidos y programas políticos, 1800-1936, II», «Manifiestos y programas políticos», Madrid, 1975, pág. 116).

Postura liberal

EL Partido Liberal por sus antecedentes, por las doctrinas de soberanía que profesa, por los procedimientos políticos que pone en práctica, es propiamente el partido girondino de la revolución española. Se resisten a creer que los jacobinos aman el sufragio universal, porque entrevén que este sufragio ha de ser arma poderosa para volcar todo el gobierno en provecho de una demagogia bárbara. (JOAQUIN SANCHEZ DE TOCA, «El régimen parlamentario y el sufragio universal», Madrid, 1889).

Negación del igualitarismo

EL voto igual de todos es o llegará a ser el reinado de la multitud ignorante. El número brutal coloca a los hijos sobre los padres, a los obreros sobre los patronos, a los criados sobre los amos, a los jóvenes sobre los viejos, a los pobres sobre los ricos, a los ignorantes sobre los sabios. (RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE, «Consideraciones histórico-críticas acerca del sufragio universal como órgano de representación política en las sociedades modernas», Madrid, 1889, pág. 254).

El temor al cambio

EL sufragio universal ha provocado siempre las revoluciones, lejos de suprimirlas. Sus candidatos le adulan, acepta su representación y le prometen lo que espera, pero no pudiendo después satisfacer los apetitos con que contemporizaron, es ley histórica de nuestros días, que cada revolución y también que cada evolución democrática traiga en sus entrañas una guerra civil. (RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE, «Consideraciones histórico-críticas acerca del sufragio universal…», pág. 262).

La mujer ante el voto

ASÍ como el hombre, aparte de su entendimiento, posee aptitudes físicas que le permiten arrostrar la lucha de los comicios, en cambio la mujer, que tiene con frecuencia gran penetración y capacidad, está menos dotada de la facultad de generalizar, y no se fija mucho en las cuestiones públicas; consiste esto en que su constitución es más propia para vivir en un centro restringido, en el seno de la familia que tiene que educar. Además, su salud relativamente débil, su santa función de madre, su pudor, la impiden asistir a las reuniones electorales, a las asambleas ruidosas y a las luchas ardientes. No ha sido el legislador el que ha dispuesto este modo de ser de la mujer; ha sido la naturaleza… La cuestión, pues, no versa tanto acerca de su mayor o menor capacidad para el ejercicio de los derechos políticos, cuanto acerca de si su disfrute pudiera ser un peligro para la familia y para ellas mismas. El hogar les pertenece, y la mujer pertenece al hogar: allí es donde poseen, si no la igualdad, la equivalencia de los derechos y de las funciones. Su derecho consiste en ser honrada por su marido, obedecida por sus hijos y servidores; su función se extiende, bien lo sabe, a administrar los intereses domésticos, a asociarse a la fortuna de su esposo, a contribuir con él a la dirección moral de la familia, a educar a sus hijos y hacerlos hombres. De otra parte, y por más que se diga, el ejercicio de los derechos políticos habría de privar a las mujeres del tiempo necesario para atender a los deberes propios de su sexo… Desde el instante en que la igualdad de derechos políticos existiese en la familia, entre el marido y la mujer, fácil fuera que desapareciese la armonía, si, como Podría ser frecuente, cada uno de los esposos, en las empeñadas luchas electorales, militase en campo distinto, dándose el espectáculo poco edificante de acercarse a la urna, llevando la mujer en sus manos una papeleta blanca, y su marido una roja, después de trabajar cada cual en opuesto sentido y de ser de todo punto inevitable que, al regreso a su casa, con la pasión que batallas de esta especie despiertan siempre, ostente el uno pintada en su rostro la alegría del triunfo y el otro el pesar de ser el vencido. (RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE, «Consideraciones histórico-críticas acerca del sufragio universal…», págs. 307-309).

Ridiculización de las sufragistas

EL campo ardiente y a veces corruptor de la política no es propio del bello sexo. Pero ya que de él y con esta denominación lo hemos citado, ha de permitírsenos una consideración que nos asaltó al hojear los tres voluminosos tomos de la obra «The history of woman suffrage». En ella figuran los retratos de las principales mantenedoras de los derechos de las mujeres. Al contemplarlos y ver su carencia absoluta de gracias físicas, sus cofias, sus peinados ridículos, en una palabra, su extravagancia, se comprende fácilmente que prefieran aquellas señoras entregarse a las utopías políticas que su imaginación les sugiera, en vez de dedicarse a amenizar la sociedad conyugal, para lo que basta su aspecto, para convencerse de que no poseen los atractivos más vulgares. (CONDE DE TORENO, «Contestación al discurso de Raimundo Fernández Villaverde sobre el sufragio universal», Madrid, 1889, pág. 310).

Grupo de mujeres andaluzas a finales del siglo XIX (postal de la época).

La Revolución de 1868

¿ES tan claro que tenga derecho a votar los impuestos que pesan sobre los demás el que no contribuya a ellos con una mínima parte siquiera? ¿Es tan de derecho natural esto? Dadas las ideas que acerca de la propiedad todos tenemos y debemos tener; dada la noción exacta de lo tuyo y de lo mío, ¿es por ventura evidente que deba enviar representantes aquí a disponer de lo que tenéis, de la cantidad, de la forma y del tiempo en que habéis de darlo, el que no participa con los más de vosotros en manera alguna de la obligación de sostener las cargas del país? ¿Es tan evidente, sres. diputados, por otra parte, el que deba contribuir a crear el derecho quien no le conoce, ni le comprende, ni puede comprenderlo ni conocerlo? acaso es tan claro el concepto de derecho en si mismo, o en sus manifestaciones, o en su realización humana, que está al alcance de cualquiera? (CANOVAS DEL CASTILLO, «Diario de sesiones de las Cortes». Congreso, 8 de abril de 1869).

Balbuceos democráticos

¿QUÉ ha hecho, señores, la revolución de septiembre? ¿Cuál ha sido su fundamento? ¿Cuál su principio capital, aparte del hecho, para mí de menos importancia, de la desaparición de una dinastía? Lo que ha hecho la revolución de septiembre ha sido reivindicar para esta nación el principio capital de su soberanía, la única expresión legítima de esta soberanía, es decir, que en el proceso de la opinión pública, la opinión política de este país ha pasado desde el doctrinarismo a la democracia. Para pasar a la democracia ha necesitado proclamar, aceptar el único principio, el capital principio de la democracia, el sufragio universal. (ROMERO GIRON, «Diario de sesiones de las Cortes», Congreso, 21 de abril de 1869).

La mujer, sujeto político

YO he dicho: si el derecho es natural, no se puede privar de él a la mujer. Y la Comisión dice: siendo natural, se puede privar de él a la mujer, porque el fin de la mujer no es gobernar… Pues, si hay muchas que no se casan, que tienen sus derechos, que contribuyen como los hombres a levantar las cargas del Tesoro pagando contribuciones; en estas condiciones, ¿no les ha de interesar la gobernación del país, cuando además tienen el derecho innegable, absoluto, tan sagrado como el del hombre, si se toma en la raíz de la naturaleza humana? ¿Es posible que tenga menos independencia y menos libertad una mujer que un pordiosero cuando esa mujer puede ser cabeza de familia y aunque no lo sea? (ROMERO ROBLEDO, «Diario de sesiones de las Cortes», Congreso, 21 de abril de 1869).

Fin de siglo

NO esperamos maravillas del sufragio universal; no creemos que vaya a hacer el milagro de transformar en un día los malos hábitos de los comicios españoles, no le consideramos como panacea de los numerosos padecimientos que aquejan a nuestro país; pero entendemos que es la cláusula final del tratado de paz entre los elementos políticos más poderosos de nuestra nación, los cuales vienen riñendo un combate de más de medio siglo, y a la vez ha de ser, en largo período, el último de los problemas de índole puramente política. («El Imparcial», editorial, 23 de febrero de 1890).

Igualdad sin restricciones

PARA la Comisión era obligatorio el principio del sufragio universal o, lo que es lo mismo, el reconocimiento del voto a lo ciudadanos vecinos de un pueblo, con el aditamento consiguiente al principio democrático de que a cada hombre corresponde un voto, y partiendo de esta base fundamental, le era imposible aceptar ningún principio de organización, como se pretendía en las enmiendas sostenidas por los conservadores. ¿Cómo habiendo una Comisión que aspiraba a que el derecho electoral no estuviera encerrado en el censo ni en la capacidad que podía dar la ciencia, una Comisión que aspiraba, siendo el eco del Partido Liberal, a que todo ciudadano tuviera una representación y una intervención en los negocios del Estado, había de prestarse a admitir una organización que afectaba a la base esencial de ese mismo sufragio? ¿Cómo en este país tan igualitario había de consentir la Comisión que se estableciera la diferencia, si no de castas como en lo antiguo, al menos de clases, como quería la minoría conservadora? ¿Está acaso establecida esa diferencia de clases en la ley actual ni en ninguna de las que se han hecho durante el régimen liberal? ¡Buena cosa hubiéramos adelantado en la gobernación del país! ¡Buen principio democrático hubiéramos traído aceptando el principio que proclamaba la minoría conservadora! Por consiguiente, no extrañe al señor Fernández Villaverde que la Comisión no haya podido aceptar ese criterio, porque no es posible que no acepte ningún hombre que pertenezca a las escuelas democráticas. (RAMOS CALDERON, en su réplica a la intervención de Fernández Villaverde. «Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso de los Diputados», 26 de marzo de 1890).

Reticencias ante la inminente aprobación de la ley electoral de 1890, introductora del sufragio universal

HA habido una total indiferencia hacia esta ley en la Cámara, porque la misma indiferencia existe en el país, a quien no interesa ni poco ni mucho este debate, que no necesita ni desea nuevos derechos, nuevas libertades; el país padece otros cuidados, siente otras aspiraciones que llegan hasta nosotros todos los días, por más que el Gobierno no quiera prestarles oído; el país abriga otros afanes, otras necesidades, otros anhelos; desea ante todo estar bien regido; desea y pide a voces, y es necesario ser completamente sordo para no oírlo, una Hacienda ordenada, una Administración severa, una política protectora, solícita, reparadora de su prosperidad. No hay, pues, que extrañar ni la indiferencia ni el abandono. No discutimos una reforma electoral apetecida, ansiada por el país, como ha podido haberla en otros pueblos; discutimos una ley política, nacida de un compromiso de partido, de una fórmula de coalición que no inspira otro interés, ni vive en otra atmósfera… Queda o quedaba casi desierto el salón cuando empezaba a discutirse el sufragio universal, y estos bancos se pueblan al discutirse cuestiones económicas… Nosotros no hemos defendido el censo, y no lo hemos defendido no porque el censo esté desacreditado, que al cabo el censo se conserva no sólo en las leyes, sino en la Constitución, por países tan libres como Bélgica; como Holanda, que lo mantiene aun después de su última reforma constitucional; como Italia, que ha creado un censo de la inteligencia al lado del antiguo de la propiedad; como Inglaterra misma aun después de su tercera reforma. Así y todo, nosotros no hemos defendido el censo; nosotros hemos reconocido el principio de ampliación del voto a todos los españoles en las condiciones que señala la ley, es decir, el principio de que ningún ciudadano español quede privado de intervención en los negocios públicos. Pero después de aceptado este principio, ¿se nos podía pedir que aceptásemos el de igualdad de voto, el del criterio exclusivo del número? Ese principio que se ha formulado en el debate con la frase exótica de «un hombre, un voto», no lo podemos admitir nosotros ni lo admite hoy escuela alguna, fuera de los partidos democráticos extremos, que sacrifican al principio de igualdad todo otro principio social y político. Hemos rechazado la igualdad ciega del sufragio, la ley del número… Votado el principio, nosotros no podíamos dejarlo con nuestro silencio sometido a la dominación aventurada, peligrosa y ciega de los que no saben y de los que no poseen; nosotros pedíamos una organización racional para el electorado y hemos propuesto fórmulas bien amplias: hemos iniciado el sistema de la clasificación del censo que trata de corregir el sufragio excesivamente individual, el predominio del número, estableciendo uniones orgánicas… que obedezcan a grandes intereses nacionales, a grandes intereses personales… (RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE, «Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados», 26 de marzo de 1890).

Nuevos horizontes

EN los comienzos de la legislatura, el sufragio era para los conservadores un peligro, para los ministeriales un pretexto, para los conjurados un estorbo, para los utilitarios una estéril y vana obra. A la postre todos han venido a reconocer que era cuestión, la cual pedía con imperio ser resuelta. Merced a ella se ha podido salvar una crisis, contener muchas impaciencias, modificar la actitud de importantes elementos; allanar obstáculos y abrir nuevos horizontes a la política. («El Imparcial», editorial, 29 de marzo de 1890).

La Segunda República

SEÑORES diputados: se está haciendo una constitución de tipo democrático, por un pueblo que tiene escrito como lema principal, en lo que llamo yo el arco del triunfo de su República, el respeto profundo a los principios democráticos. Yo no sé, ni puedo, ni quiero, ni debo, explanar que no es posible sentar el principio de que se han de conceder unos derechos si han de ser conformes con lo que nosotros deseamos, y previendo la contingencia de que pudiera no ser así, revocarlos el día de mañana. Eso no es democrático. Señores diputados… Yo no creo, no puedo creer, que la mujer sea un peligro para la República, porque yo he visto a la mujer reaccionar frente a la Dictadura y con la República. Lo que pudiera ser un peligro es que la mujer pensara que la Dictadura la quiso atraer y que la República la rechaza, porque, aunque lo que la Dictadura le concedió fue la igualdad en la nada, como me he complacido yo siempre en decir, lo cierto es que, dentro de su sistema absurdo e ilegal, llamaba a la mujer a unos pretendidos derechos… (CLARA CAMPOAMOR, «Diario de sesiones de las Cortes», Congreso, 30 de septiembre de 1931).

El voto femenino, al fin

EL voto hoy en la mujer es absurdo, porque en la inmensa mayoría de los pueblos el elemento femenino, en su mayor parte, está en manos de los curas, que dirigen a la opinión femenina, se introducen en los hogares e imperan en todas partes. La mujer española, especialmente la campesina, no está capacitada para hacer uso del derecho del sufragio de una manera libre y sin consejos de nadie. Con lo que hoy ha acordado el Parlamento, la República ha sufrido un daño enorme y sus resultados se verán muy pronto. (Diario «La Voz», de 1 de octubre de 1931).

Transformación social

NO somos enemigos de la concesión del voto a la mujer, estimamos que debe concedérsele ese derecho de ciudadanía, pero a su tiempo, pasados cinco años, diez, veinte, los que sean necesarios para la total transformación de la sociedad española, cuando nuestras mujeres se hallen redimidas de la vida de esclavitud a que hoy están sometidas, cuando libres de prejuicios, de escrúpulos, de supersticiones, de sugestiones, dejen de ser sumisas penitentes, temerosas de Dios y de sus representantes en la tierra, y vean independizada su conciencia. (Diario «La Libertad», de 2 de octubre de 1931).