Para Leon, Micol, Luce y Sofia

AGRADECIMIENTOS

En 2013 escribí un libro titulado El Estado emprendedor. En él exponía cómo los mitos sobre las empresas emergentes de alta tecnología y los emprendedores solitarios han acaparado la teoría y la práctica de la innovación mientras se ignoraba a un actor clave, que ha sido un inversor de primer nivel: el Estado. La innovación es un proceso colectivo en el que distintos tipos de instituciones públicas desempeñan un papel crucial. Ese papel se ignora, de manera que nuestra teoría de la creación de valor no es del todo válida. Y esta es una razón fundamental por la que, con frecuencia, la riqueza se distribuye de maneras disfuncionales.

El libro que tienes en las manos es una consecuencia directa del razonamiento anterior. No podemos comprender el crecimiento económico si no nos remontamos al principio: ¿qué es la riqueza y de dónde procede el valor? ¿Acaso no es verdad que gran parte de lo que hoy se considera creación de valor no es más que extracción de valor disfrazada?

Para escribir estas páginas tuve que indagar en los últimos trescientos años de pensamiento acerca del valor. ¡No fue una tarea fácil! Hubo mucha gente que, de manera desinteresada, me ayudó a cumplir tan abrumadora tarea, desde la inmersión profunda en la teoría hasta navegar por la riqueza de las historias industriales.

Me gustaría dar las gracias a Gregor Semieniuk, quien, como yo, obtuvo un doctorado en la Graduate Faculty of The New School de Nueva York, un lugar extraño donde aún se enseñan teorías alternativas del pensamiento económico. Con gran generosidad, Gregor compartió su extraordinario conocimiento sobre la teoría del valor, desde los fisiócratas hasta los clásicos. Supuso un tremendo apoyo cuando me ayudó a documentar, de una manera «accesible», los debates entre los fisiócratas, Adam Smith y David Ricardo, y el extraño hecho de que ni siquiera Karl Marx tuvo una verdadera teoría sobre la manera en que el Estado puede contribuir al valor.

A nivel editorial, Michael Prest me ofreció una ayuda experta, junto con su infinita paciencia, utilizando su bolígrafo mágico para hacer que el material, con frecuencia demasiado denso, fluyera mucho mejor. Acudía alegremente en bicicleta a nuestras reuniones, incluso en los días más calurosos del año; además de un amigable editor fue un gran compañero, capaz de aportar calma a lo que solían ser unos meses frenéticos, intentando terminar un libro mientras criaba a una gran familia y ponía en marcha un nuevo departamento en el University College de Londres (UCL). Nuestras reuniones semanales en el pub Lord Stanley de Camden para estudiar detenidamente el material, derivaban con frecuencia en concienzudas fijaciones sobre los males del capitalismo moderno, puro deleite, acompañadas de una o dos pintas de vez en cuando, para seguir adelante.

Otros amigos fundamentales fueron Carlota Pérez, que me proporcionó sabias ideas no solo del contenido, sino del estilo, y las siguientes personas, que leyeron capítulos concretos del libro y que, en la etapa final, volvieron a comprobar si había errores, ofreciendo desinteresadamente su buen juicio y su cuidado: (en orden alfabético) Matteo Deleidi, Lukas Fuchs, Tommaso Gabellini, Simone Gasperin, Edward Hadas, Andrea Laplane, Alain Rizk y Josh Ryan Collins. Por supuesto, cualquier error o afirmación marcadamente subjetiva solo se me puede atribuir a mí.

Mi editor en Penguin, Tom Penn, ha sido un consultor genial durante nuestras inacabables reuniones, con grandes cantidades de café, en la Biblioteca Británica. Posee la rara cualidad de ser un corrector de pruebas meticuloso que además se implica con profundidad en el contenido, tanto económico como filosófico.

También quiero dar las gracias por el excelente apoyo administrativo que he tenido en los últimos cuatro años, primero en la Unidad de Investigación de Política Científica (SPRU, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Sussex y ahora en el nuevo centro que he fundado en el UCL, el Instituto para la Innovación y los Fines Públicos (IIPP, por sus siglas en inglés). Gemma Smith, en particular, siempre me ha ayudado a transmitir mensajes —ya fuera en las noticias de las diez o en un informe de contenido político— que pudieran ser comprendidos por el público en general. Con respecto al nuevo equipo del IIPP, espero que el mensaje del libro acerca de la necesidad de un renovado debate sobre cuestiones clave relacionadas con el valor pueda vincularse con la ambición de dicho centro; en concreto, con la redefinición de las formas de conceptualizar el valor público: cómo crearlo, alimentarlo y evaluarlo.

Finalmente, quiero dar las gracias a Carlo, Leon, Micol, Luce y Sofia por aguantar las innumerables largas noches y fines de semana que requirió el libro, dejándome subir las escaleras para sentarme a la mesa de la cena más feliz y parlanchina que una esposa y madre puede reclamar, volviendo a poner la vida en el centro, que es donde debe estar.

PREFACIO

HISTORIAS SOBRE LA CREACIÓN DE RIQUEZA

Entre 1975 y 2017 el producto interior bruto (PIB) real de Estados Unidos —el tamaño de la economía ajustado por la inflación— más o menos se triplicó: pasó de 5,49 a 17,29 billones de dólares.[1] Durante ese periodo la productividad creció alrededor de un 60 por ciento. Sin embargo, desde 1979 los sueldos por hora reales de la gran mayoría de los trabajadores estadounidenses se han estancado o incluso reducido.[2] En otras palabras, durante cerca de cuatro décadas una pequeña élite se ha apoderado de casi todas las ganancias de una economía en expansión. ¿Es porque son miembros de la sociedad particularmente productivos?

En una ocasión Platón sostuvo que los contadores de historias dominan el mundo. Su gran obra, la República, es en parte una guía para educar al líder de su Estado ideal, el guardián. Este libro cuestiona las historias que nos han contado acerca de quiénes son los creadores de riqueza en el capitalismo moderno actual; historias sobre las actividades que son productivas, en oposición a las improductivas, y por tanto, sobre la procedencia de la creación de valor. Pero también cuestiona el efecto que tales historias están teniendo en la capacidad que disfrutan unos pocos para, en nombre de la creación de riqueza, extraer más de la economía.

Esas historias están en todas partes. Aunque los contextos pueden diferir —las finanzas, las grandes farmacéuticas o las grandes empresas tecnológicas—, las descripciones de sí mismos son similares: «soy un miembro particularmente productivo de la economía», «mis actividades crean riqueza», «asumo grandes “riesgos” y, por lo tanto, merezco unos ingresos mayores que la gente que simplemente se beneficia de las repercusiones de esta actividad». Pero ¿y si, al final, esas descripciones fueran historias y nada más? Es decir, narraciones creadas para justificar desigualdades en la riqueza y en los ingresos, que recompensan de manera descomunal a unos pocos que son capaces de convencer a los gobiernos y a la sociedad de que merecen grandes retribuciones, mientras el resto se queda con las sobras. Veamos algunas de estas historias, en primer lugar, en el sector financiero.

En 2009 Lloyd Blankfein, consejero delegado de Goldman Sachs, afirmó que «la gente de Goldman Sachs está entre la más productiva del mundo».[3] Sin embargo, y sin ir más lejos, el año anterior Goldman había sido uno de los mayores causantes de la peor crisis financiera y económica desde la década de 1930. Los contribuyentes estadounidenses tuvieron que desembolsar 125.000 millones de dólares para rescatarlo. Teniendo en cuenta el terrible rendimiento del banco de inversión solo un año antes, esa afirmación tan optimista por parte del consejero delegado resultaba sorprendente. El banco había despedido a tres mil empleados entre noviembre de 2007 y diciembre de 2009, y los beneficios se habían despeñado.[4] Como consecuencia, tanto este como algunos de sus competidores fueron multados, si bien con unas cantidades pequeñas con respecto a los beneficios posteriores, esto es, multas de 550 millones de dólares para Goldman y de 297 millones de dólares para J. P. Morgan, por ejemplo.[5] A pesar de todo, Goldman —junto con otros bancos y fondos de alto riesgo— procedió a apostar contra los mismos instrumentos que había creado y que habían conducido a ese caos.

Aunque se habló mucho de castigar a los bancos que habían contribuido a la crisis, ningún banquero fue encarcelado y los cambios apenas afectaron a la capacidad de estas entidades para seguir ganando dinero con la especulación. Así, entre 2009 y 2016 Goldman alcanzó beneficios netos de 63.000 millones e ingresos netos de 250.000 millones de dólares.[6] Solo en 2009 tuvieron un récord de beneficios: 13.400 millones de dólares.[7] Y aunque el Gobierno de Estados Unidos salvó el sistema bancario con el dinero de los contribuyentes, no tuvo el valor para exigirle a los bancos una comisión por semejante actividad de alto riesgo. Al final se contentó con recuperar el dinero.

Por supuesto, las crisis financieras no son nuevas, aunque la eufórica confianza de Blankfein en su banco era menos común hace medio siglo. Hasta la década de 1960, las finanzas no eran vistas como una parte «productiva» de la economía. Se consideraban importantes para transferir la riqueza existente, no para crearla. De hecho, los economistas estaban tan convencidos del papel puramente facilitador de las finanzas que ni siquiera incluían la mayoría de los servicios que llevaban a cabo los bancos —como mantener depósitos y conceder préstamos— en sus cálculos acerca de cuántos bienes y servicios se producían en la economía. Las finanzas solo se colaban en su medición del PIB como un «input intermedio», es decir, un servicio que contribuía al funcionamiento de otras industrias que eran las verdaderas creadoras de valor.

Sin embargo, alrededor de 1970 las cosas empezaron a cambiar. Las cuentas nacionales —que ofrecen una representación estadística del tamaño, la composición y la dirección de una economía —comenzaron a incluir el sector financiero en sus cálculos del PIB, el valor total de los bienes y servicios producidos por la economía en cuestión.[8] Este cambio en la contabilidad coincidió con la desregulación del sector financiero, que, entre otras cosas, relajó los controles sobre las cantidades que podían prestar los bancos, los tipos de interés que podían cobrar y los productos que podían vender. Esos cambios, en conjunto, alteraron de manera fundamental el comportamiento del sector financiero y aumentaron su influencia en la economía «real». Las finanzas dejaron de ser vistas como una carrera profesional aburrida para convertirse, en cambio, en un medio rápido para que la gente lista hiciera mucho dinero. De hecho, después de que cayera el Muro de Berlín en 1989, algunos de los científicos más inteligentes de Europa del Este acabaron trabajando en Wall Street. La industria se expandió, se volvió más confiada. Presionó abiertamente en favor de sus intereses, afirmando que las finanzas eran fundamentales para la creación de riqueza.

Hoy en día la cuestión no es solo el tamaño del sector financiero o cómo ha superado el crecimiento de la economía no financiera (por ejemplo, la industria), sino su efecto sobre el comportamiento del resto de la economía, gran parte de la cual ha sido «financiarizada». Las operaciones financieras y la mentalidad que generan permean la industria, como puede verse cuando los directivos deciden gastar una mayor proporción de los beneficios en recompras de acciones —lo que, a su vez, dispara los precios de estas, las opciones de compra y la remuneración de los altos ejecutivos— en vez de invertir en el futuro del negocio a largo plazo. Lo llaman «creación de valor», aunque, al igual que en el caso del sector financiero mismo, a menudo la realidad es la contraria: extracción de valor.

Estas historias de creación de valor no se limitan a las finanzas. En 2014, el gigante farmacéutico Gilead estimó en 94.500 dólares el coste que supondría un tratamiento de tres meses con su nueva medicina contra el virus mortal de la hepatitis C, denominada Harvoni. Gilead justificó ese precio insistiendo en que representaba un «valor» para los sistemas de sanidad. John LaMattina, expresidente de investigación y desarrollo de la empresa farmacéutica Pfizer, sostenía que el alto precio de los medicamentos especializados se justifica por lo beneficiosos que son para los pacientes y para la sociedad en general. En la práctica, eso significa vincular el importe de un medicamento a los costes que una enfermedad causaría a la sociedad si no se tratara o si se tratara con la segunda mejor terapia disponible. La industria llama a esto «precio basado en el valor». Se trata de un argumento refutado por los críticos, que citan casos de estudio donde se muestra que no hay correlación entre el precio de los medicamentos contra el cáncer y los beneficios que aportan.[9] Una calculadora interactiva (www.drugabacus.org), que permite establecer el importe «correcto» de un medicamento contra el cáncer de acuerdo con sus características valiosas (el aumento de la esperanza de vida que ofrece a los pacientes, sus efectos secundarios, etcétera), revela que en la mayoría de las medicinas este precio basado en el valor es más bajo que el precio actual de mercado.[10]

Pero los importes de los medicamentos no bajan. Parece que los argumentos de la industria sobre la creación de valor han neutralizado con éxito las críticas. De hecho, una alta proporción de los costes de los servicios sanitarios en el mundo occidental no tiene nada que ver con la atención médica, ya que esos costes simplemente representan el valor que extrae la industria farmacéutica.

Veamos ahora en qué consisten las historias de la industria tecnológica. Con el argumento de favorecer el espíritu emprendedor y la innovación, las empresas de la industria de la tecnología de la información (TI) a menudo han presionado en favor de una regulación menor y de tratamientos fiscales ventajosos. Con la «innovación» a modo de eje de la nueva fuerza del capitalismo moderno, Silicon Valley se ha proyectado con éxito como la fuerza emprendedora que se encuentra detrás de la creación de riqueza, capaz de desatar la «destrucción creativa» de la que proceden los trabajos del futuro.

Esta seductora historia de la creación de valor ha derivado en unos tipos más bajos del impuesto sobre las ganancias de capital para los inversores de capital riesgo que financian las empresas tecnológicas, así como en cuestionables políticas impositivas como la Patent Box, que reduce los impuestos sobre los beneficios procedentes de la venta de productos cuyos componentes están patentados, supuestamente para incentivar la innovación, recompensando la generación de propiedad intelectual. Se trata de una política que tiene poco sentido, puesto que las patentes son instrumentos que permiten beneficios monopolísticos durante veinte años, obteniendo así elevados ingresos. El objetivo de los legisladores no debería ser aumentar los beneficios de los monopolios, sino favorecer la reinversión de esos beneficios en áreas como la investigación.

Muchos de los supuestos creadores de riqueza en la industria tecnológica, como el cofundador de PayPal, Peter Thiel, con frecuencia arremeten contra el Gobierno acusándolo de ser un absoluto impedimento para la creación de riqueza.[11] Thiel llegó a crear un «movimiento secesionista» en California para que los creadores de riqueza evitaran, tanto como fuera posible, la intrusiva mano del Gobierno. Eric Schmidt, consejero delegado de Google, ha afirmado repetidamente que los datos de los ciudadanos se hallan más seguros con Google que con el Gobierno. Este punto de vista alimenta una banalidad contemporánea: los emprendedores son buenos y el Gobierno es malo o inepto.

Sin embargo, al presentarse como héroes contemporáneos y justificar su récord de beneficios y sus montañas de dinero en efectivo, Apple y otras empresas ignoran de manera conveniente el pionero papel del Gobierno en lo que concierne a las nuevas tecnologías. Apple ha declarado sin vergüenza que su contribución a la sociedad no debería procurarse a través de impuestos, sino mediante el reconocimiento de sus magníficos artilugios. Pero ¿de dónde procede la tecnología inteligente que hay detrás de esos artilugios? De los fondos públicos. Internet, el GPS, la pantalla táctil, SIRI y el algoritmo que utiliza Google han sido financiados por instituciones públicas. Por lo tanto, ¿no debería el contribuyente recibir algo a cambio, más allá de una serie de aparatos ciertamente brillantes? El simple planteamiento de la pregunta, con todo, enfatiza hasta qué punto necesitamos una clase de narración radicalmente distinta acerca de quién creó la riqueza en primer lugar, y quién la ha extraído después.

Pero ¿dónde encaja el Gobierno en estas historias sobre la creación de la riqueza? Si hay tantos creadores de riqueza en la industria, la conclusión inevitable es que en el lado opuesto del espectro, donde se sitúan los banqueros veloces, las farmacéuticas que se basan en la ciencia y los emprendedores empollones, están los funcionarios y los burócratas del Gobierno, inermes y extractores de valor. Desde este punto de vista, si la empresa privada representa al veloz guepardo que trae la innovación al mundo, el Gobierno se identifica con una lenta y pesada tortuga que impide el progreso o, por invocar una metáfora distinta, con un burócrata kafkiano, enterrado bajo papeles, torpe e ineficiente. El Gobierno es representado como una sangría para la sociedad, que se financia mediante impuestos obligatorios que son pagados por los ciudadanos tiempo ha. En esta historia siempre hay una sola conclusión: necesitamos más mercado y menos Estado. Cuanto más pequeña, reducida y eficiente sea la maquinaria estatal, mejor.

En todos estos casos, de las finanzas a las farmacéuticas o las TI, los gobiernos se doblegan para atraer a los individuos y las empresas que, supuestamente, crean valor, ofreciéndoles reducciones fiscales y exenciones de las trabas burocráticas que, se piensa, constriñen sus energías creadoras de riqueza. Los medios cubren de halagos a los creadores de riqueza; los políticos los cortejan y, para mucha gente, se trata de figuras de elevado estatus que deben ser admiradas y emuladas. Pero ¿quién ha dictaminado que están creando valor? ¿Qué definición de «valor» se utiliza para distinguir la creación de valor de la extracción de valor o, incluso, de la destrucción de valor?

¿Por qué nos hemos creído con tanta facilidad esta narración de buenos contra malos? ¿Cómo se mide el valor producido por el sector público, y por qué la mayoría de las veces este es tratado como una versión más ineficiente que la del sector privado? ¿Y si realmente no hubiera prueba alguna de esa historia? ¿Y si solo proviniese de una serie de ideas muy arraigadas? ¿Qué nuevas historias podemos contar?

Platón reconocía que las historias forman el carácter, la cultura y el comportamiento: «Primeramente, parece que debemos supervisar a los forjadores de mitos, y admitirlos cuando estén bien hechos y rechazarlos en caso contrario. Y persuadiremos a las ayas y a las madres de que cuenten a los niños los mitos que hemos admitido, y con estos modelaremos sus almas mucho más que sus cuerpos con las manos. Respecto a los que se cuentan ahora, habrá que rechazar la mayoría».[12]

A Platón no le gustaban los mitos sobre los dioses y su mal comportamiento. Este libro aborda un mito más moderno, el de la creación de valor en la economía. Esa creación de un mito, según sostengo, ha permitido una inmensa extracción de valor, lo que ha facilitado que algunos individuos se hagan muy ricos y consuman, en el proceso, la riqueza social.

La finalidad de este libro reside en cambiar este estado de cosas, revigorizando de paso el debate sobre el valor, que solía estar —y, como planteo, debería volver a situarse— en el centro del pensamiento económico. Si el valor es definido por el precio —establecido por las supuestas fuerzas de la oferta y la demanda—, entonces, siempre que una actividad tenga un precio se debería considerar que crea valor. De modo que, si ganas mucho, debes de ser un creador de valor. Bajo mi punto de vista, la manera en que se utiliza el término «valor» en la economía moderna ha provocado que resulte más fácil que las actividades de extracción de valor se hagan pasar por actividades creadoras de valor. Y, en el proceso, las rentas (ingresos no ganados) se confunden con los beneficios (ingresos ganados); la desigualdad aumenta, y la inversión en la economía real cae. Es más, si no podemos diferenciar la creación de valor de la extracción de valor, resulta casi imposible reforzar lo primero frente a lo segundo. Por eso, si el objetivo consiste en producir un crecimiento que se guíe más por la innovación (crecimiento inteligente), que sea más inclusivo y sostenible, necesitamos que nos encamine una mejor comprensión del valor.

En otras palabras, este no es un debate abstracto, sino que plantea consecuencias de amplio alcance —sociales y políticas, además de económicas— para todos. La forma en que abordamos el valor afecta al modo en que todos nosotros, desde las gigantes corporaciones hasta el más modesto consumidor, nos comportamos como actores en la economía y, a su vez, repercute en esta y en cómo medimos su rendimiento. Es lo que los filósofos llaman «performatividad», es decir, la manera en que hablamos de las cosas afecta al comportamiento, y eso, a su vez, a cómo las teorizamos. En otras palabras, se trata de una profecía autocumplida.

Es célebre que Oscar Wilde reflejó el problema del valor cuando dijo que un cínico es alguien que conoce el precio de todo pero el valor de nada. Tenía razón, pues, de hecho, la economía es conocida como la «ciencia cínica». Sin embargo, y exactamente por dicha razón, el cambio de nuestro sistema económico debe sustentarse en el regreso del valor al centro de nuestro pensamiento —necesitamos recuperar la habilidad para rebatir el modo en que se utiliza la palabra «valor», manteniendo vivo el debate y no permitiendo que unas simples historias afecten a la manera en que pensamos quién es productivo y quién es improductivo—. ¿De dónde proceden esas historias o en nombre de qué intereses se cuentan? Si no podemos definir lo que queremos decir cuando mencionamos el término «valor», no podemos estar seguros de producirlo ni de compartirlo de manera justa; tampoco de sostener el crecimiento económico. La comprensión del valor resulta, pues, fundamental para las demás conversaciones que tenemos que mantener sobre adónde se dirige nuestra economía y cómo cambiar su curso. Solo entonces la economía podrá pasar de ser una ciencia cínica a una esperanzadora.

INTRODUCCIÓN

HACER FRENTE A TOMAR

Los bárbaros barones del oro; ellos no encontraron el oro, no extrajeron el oro, no molieron el oro, sino que por medio de alguna rara alquimia todo el oro les pertenecía.

BILL HAYWOOD, fundador del primer

sindicato industrial de Estados Unidos, 1929[13]

Bill Haywood expresó su perplejidad de manera elocuente. Representaba a los hombres y a las mujeres que trabajaban en la industria minera estadounidense a principios del siglo XX y durante la Gran Depresión de la década de 1930. Estaba involucrado en la industria. Pero ni siquiera Haywood podía responder a la siguiente pregunta: ¿por qué los propietarios del capital, que no hacían más que comprar y vender oro en el mercado, ganaban tanto dinero, mientras que los trabajadores que empleaban su energía mental y física para encontrarlo, extraerlo y molerlo, ganaban tan poco? ¿Por qué los tomadores ganaban tanto dinero a expensas de los hacedores?

Aún hoy se plantean preguntas similares. En 2016, BHS, la cadena británica de grandes almacenes, quebró. Había sido fundada en 1928; en 2004 fue adquirida por sir Philip Green, un conocido empresario del sector comercial, por doscientos millones de libras. En 2015, sir Philip vendió el negocio por una libra a un grupo de inversores liderado por el empresario británico Dominic Chappell. Mientras estuvo bajo su control, se estima que sir Philip y su familia extrajeron de BHS unos 580 millones de libras entre dividendos, pagos de alquileres e intereses por préstamos que había hecho a la empresa. La quiebra de BHS dejó sin trabajo a once mil personas, y su fondo de pensiones con un déficit de 571 millones de libras, a pesar de que este tenía superávit cuando sir Philip lo adquirió.[14] Un informe del desastre de BHS realizado por el Comité de Investigación de Trabajo y Pensiones de la Cámara de los Comunes acusó a aquel, además de a Chappel y a sus «parásitos», de «saqueo sistemático». Para los trabajadores y pensionistas de BHS, que dependían de la empresa para vivir decentemente junto con sus familias, aquello supuso una extracción de valor —la apropiación de ganancias inmensamente desproporcionadas con respecto a la contribución económica— a escala épica. Para sir Philip y otros que controlaban el negocio, se trató de creación de valor.

Si bien las actividades de sir Philip pueden contemplarse como una aberración, o como los excesos de un individuo, su manera de pensar no es ni mucho menos inusual. Hoy en día, muchas corporaciones gigantescas también son culpables de confundir la creación de valor con la extracción de valor. En agosto de 2016, por ejemplo, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, desató una discusión internacional entre esta y Estados Unidos cuando ordenó a Apple que pagara en Irlanda 13.000 millones de euros en concepto de impuestos atrasados.[15]

Apple es la empresa del mundo con mayor capitalización bursátil. En 2015 retuvo una gran cantidad de efectivo y de depósitos fuera de Estados Unidos, cuyo valor ascendía a 187.000 millones de dólares[16] —aproximadamente, el tamaño de la economía de la República Checa ese año—,[17] para evitar pagar en aquel país los impuestos que habrían sido aplicables si hubiese repatriado el dinero. Conforme a un acuerdo con Irlanda que se remonta a 1991, dos subsidiarias irlandesas de Apple recibieron un tratamiento fiscal muy generoso. Las subsidiarias eran Apple Sales International (ASI), que registraba todos los beneficios logrados por ventas de iPhones y otros aparatos de Apple en Europa, Oriente Medio, África e India, y Apple Operations Europe, que fabricaba ordenadores. Apple transfería los derechos de desarrollo de sus productos a ASI por una cantidad nominal, privando así a los contribuyentes estadounidenses de los ingresos procedentes de tecnologías incluidos en los productos Apple, cuyo primer desarrollo había financiado previamente el contribuyente. La Comisión Europea sostuvo que el tipo máximo pagable por los beneficios registrados a través de Irlanda, sujetos a imposición, era del 1 por ciento, si bien en 2014 los impuestos que pagó Apple habían sido del 0,005 por ciento. En Irlanda, el tipo normal del impuesto de sociedades es el 12,5 por ciento.

Es más, en realidad, a efectos fiscales estas subsidiarias «irlandesas» de Apple no residen en ninguna parte. Ello se debe a que han explotado las discrepancias existentes entre las definiciones de residencia irlandesa y estadounidense. Casi todos los beneficios logrados por las subsidiarias fueron asignados a sus «oficinas centrales», que solo existían en el papel. La Comisión Europea ordenó a Apple que pagara los impuestos atrasados con el argumento de que el acuerdo de Apple con Irlanda constituía una ayuda estatal ilegal (un apoyo del Gobierno que daba ventaja a una empresa con respecto a sus competidoras). Irlanda no había brindado unas condiciones similares a otras compañías. Según afirmó la Comisión, había ofrecido a Apple impuestos ultrabajos a cambio de crear empleos en su territorio en otras empresas de Apple. Esta e Irlanda rechazaron la exigencia de la Comisión. Por supuesto, Apple no es la única gran corporación que ha construido estructuras fiscales peculiares.

Pero el ciclo de extracción de valor de Apple no se limita a sus operaciones fiscales internacionales; se encuentra mucho más cerca de casa. No solo extrajo valor de los contribuyentes irlandeses, sino que además el Gobierno irlandés lo hizo del contribuyente estadounidense. ¿Cómo? Apple creó su propiedad intelectual en California, donde se halla su sede central. De hecho, como sostuve en mi anterior libro, El Estado emprendedor,[18] y abordo brevemente en el capítulo 7 del presente, toda la tecnología que hace que los teléfonos inteligentes sean así fue financiada con dinero público. Pero en 2006, para evitar los impuestos estatales de California, Apple creó una subsidiaria en Reno, Nevada, donde no hay impuestos de sociedades o sobre las ganancias de capital. Denominada con el creativo nombre de Braeburn Capital, Apple canalizó una parte de sus beneficios estadounidenses a la subsidiaria de Nevada, en vez de declararlos en California. Así, entre 2006 y 2012 ganó 2.500 millones de dólares entre intereses y dividendos que declaró en Nevada para evitar los impuestos californianos. La famosa deuda californiana se reduciría significativamente si Apple declarara de manera completa y precisa los ingresos procedentes de ese estado, donde se originó una parte importante de su valor (arquitectura, diseño, ventas, márketing, etcétera). La extracción de valor, pues, enfrenta a unos estados estadounidenses contra otros, así como a Estados Unidos contra otros países.

Está claro que los complejísimos acuerdos fiscales de Apple fueron diseñados principalmente para extraer el máximo valor de su negocio, evitando pagar impuestos considerables que habrían beneficiado a las sociedades en las que operaba la empresa. Apple crea valor, de eso no hay duda; pero ignorar el apoyo que los contribuyentes le han dado, y después enfrentar a unos estados y países contra otros, seguramente no sea la manera de construir una economía innovadora o de lograr un crecimiento inclusivo que beneficie a una amplia parte de la población, y no solo a aquellos más capaces de «trucar» el sistema.

Sin embargo, la extracción de valor de Apple tiene, además, otra dimensión. Como ella, muchas corporaciones utilizan sus beneficios para aumentar los precios de las acciones a corto plazo, en vez de reinvertirlos en la producción a largo plazo. La principal manera de hacerlo reside en usar reservas de efectivo para recomprar las acciones de los inversores, con el argumento de que eso supone maximizar el «valor» para el accionista (los ingresos ganados por los accionistas de la empresa, basados en la valoración del precio de las acciones de la empresa). Pero no es casualidad que entre los principales beneficiarios de la recompra de acciones se hallen los directivos, que cuentan con generosos planes de opción de compra de acciones como parte de sus paquetes de remuneración —los mismos directivos que implementan los programas de recompra de acciones—. En 2012, por ejemplo, Apple anunció un programa de recompra de acciones de hasta cien mil millones de dólares, una cifra asombrosa, en parte para mantener a raya a los accionistas «activistas» que exigían que la empresa les devolviera dinero para «desbloquear el valor para el socio».[19] En vez de reinvertir en la empresa, Apple prefirió transferir dinero a los accionistas.

La alquimia de los tomadores frente a los hacedores, a la que se refirió «Big» Bill Haywood en la década de 1920, sigue produciéndose hoy.

CRÍTICAS COMUNES A LA EXTRACCIÓN DE VALOR

La distinción, vital aunque con frecuencia confusa, entre la extracción y la creación de valor tiene consecuencias que van mucho más allá del destino de las empresas y sus trabajadores, incluso de sociedades enteras. Los impactos sociales, económicos y políticos de la extracción de valor son inmensos. Antes de la crisis financiera de 2007, en Estados Unidos el porcentaje de ingresos del 1 por ciento más rico pasó del 9,4 por ciento, en 1980, a un asombroso 22,6 por ciento en 2007. Y las cosas no han hecho más que empeorar. Desde 2009, la desigualdad ha ido en aumento con más rapidez aún que antes de la crisis financiera de 2008. En 2015 se estimó que la riqueza sumada de los sesenta y dos individuos más ricos del planeta era la misma que la que poseía la mitad más pobre de la población mundial, esto es, unos 3.500 millones de personas.[20]

¿Cómo sigue produciéndose esa alquimia? Una crítica común que se hace al capitalismo contemporáneo es que recompensa más a los «capturadores de rentas» que a los verdaderos «creadores de riqueza». En este caso, «capturar rentas» se refiere al intento de generar ingresos, no para producir algo nuevo, sino para cobrarlo en exceso, por encima del «precio competitivo», debilitando así a la competencia al explotar ventajas particulares (que incluyen la mano de obra), o en el caso de una industria con grandes empresas, mediante la capacidad para bloquear la entrada en esa industria a otras compañías, y retener, por tanto, una ventaja monopolística. La actividad de la captura de rentas a menudo se describe de otros modos: los tomadores se imponen a los hacedores y el capitalismo «depredador» al capitalismo «productivo»; es una manera clave —quizá, la manera clave— gracias a la cual el 1 por ciento ha ascendido al poder por encima del 99 por ciento restante.[21] Los objetivos habituales de esas críticas son los bancos y otras instituciones financieras, pues se considera que se aprovechan de actividades especulativas basadas en poco más que comprar a un precio bajo y vender a un precio alto, o en comprar para después desmantelar los activos productivos simplemente vendiéndolos de nuevo sin un verdadero valor añadido.

Algunos análisis más sofisticados han vinculado la creciente desigualdad con la forma particular mediante la cual los tomadores han aumentado su riqueza. El influyente libro El capital en el siglo XXI, del economista francés Thomas Piketty, se centra en la desigualdad creada por una industria financiera depredadora, que paga impuestos insuficientes, y en la manera en que la riqueza se hereda de generación en generación, lo que da ventaja a los ricos a la hora de hacerse aún más ricos. El análisis de Piketty resulta clave para comprender por qué el índice de rentabilidad de los activos financieros (que él llama «capital») ha sido mayor que el de crecimiento, y reclama impuestos más altos sobre la riqueza y la herencia resultantes para detener el círculo vicioso. Idealmente, desde su punto de vista, los impuestos de esta clase deberían ser globales para evitar que un país debilite a otro.

Otro pensador destacado, el economista estadounidense Joseph Stiglitz, ha analizado cómo una regulación débil y las prácticas monopolísticas han permitido lo que los economistas denominan «extracción de rentas», y que él considera el impulso principal responsable del ascenso del 1 por ciento en Estados Unidos.[22] Para Stiglitz, estas rentas son el ingreso obtenido por crear impedimentos para otros negocios, como las barreras para evitar que nuevas empresas entren en un sector, o como la desregulación, que ha consentido que las finanzas se vuelvan desproporcionadamente grandes en relación con el resto de la economía. Se supone que, con menos impedimentos para el funcionamiento de la competencia económica, se producirá una distribución de los ingresos más equitativa.[23]

Creo que aún podemos ir más allá con el análisis de los hacedores frente a los tomadores respecto de por qué nuestra economía, con sus patentes desigualdades en los ingresos y en la riqueza, ha ido tan mal. Para comprender la manera en que se percibe que algunos «extraen valor», alejando la riqueza de las economías nacionales, mientras otros son «creadores de riqueza», aunque no se beneficien de la misma, no basta con fijarse en los impedimentos que imposibilitan una idealizada forma de competencia perfecta. Sin embargo, las ideas mayoritarias acerca de la renta no ponen en duda cómo tiene lugar la extracción de valor, razón por la cual esta persiste.

Para abordar tales cuestiones desde la raíz tenemos que examinar, en primer lugar, de dónde procede el valor. ¿Qué es exactamente lo que se está extrayendo? ¿Qué condiciones sociales, económicas y organizativas son necesarias para que se produzca valor? Incluso el uso que Stiglitz y Piketty hacen del término «renta» para analizar la desigualdad se ve influido por su idea de lo que es el valor y de lo que representa. ¿Es la renta simplemente un impedimento para el intercambio de «libre mercado»? ¿O son las posiciones de poder las que permiten que algunos puedan obtener unos «ingresos no ganados», es decir, ingresos derivados de mover activos ya existentes en vez de crear otros nuevos?[24] Se trata de una cuestión clave que analizaremos en el capítulo 2.

¿QUÉ ES EL VALOR?

El valor puede ser definido de distintas maneras, pero, en esencia, es la producción de nuevos bienes y servicios. Cómo se producen estos resultados (la producción), cómo se comparten en la economía (la distribución) y qué se hace con las ganancias que genera su producción (la reinversión) son cuestiones clave en la definición del valor económico. También resulta crucial si lo que se está creando es útil, es decir, los productos y servicios que se crean ¿aumentan o disminuyen la resistencia del sistema productivo? Por ejemplo, podría ocurrir que una nueva fábrica esté produciendo algo económicamente valioso, pero si contamina tanto como para destruir el sistema que la rodea, se podría considerar que no es valiosa.

Al mencionar «creación de valor» me refiero al modo en que las distintas clases de recursos (humanos, físicos e intangibles) se establecen e interactúan con el fin de producir nuevos bienes y servicios. Por «extracción de valor» entiendo las actividades centradas en mover recursos y productos existentes y en ganar de manera desproporcionada con su comercio posterior.

Es importante hacer una advertencia. En el libro utilizo las palabras «riqueza» y «valor» indistintamente. Alguien podría discutirlo si considera la riqueza como un concepto más monetario y el valor como uno potencialmente más social, lo que implica no solo valor, sino valores. Quiero aclarar cómo uso ambos términos. Utilizo «valor» en relación con el «proceso» mediante el cual se crea la riqueza; se trata de un flujo. Este flujo, por supuesto, da pie a cosas reales, ya sean tangibles (una hogaza de pan) o intangibles (un nuevo conocimiento). La «riqueza», en cambio, se considera un stock acumulado de valor ya creado. El libro se centra en el valor, así como en las fuerzas que lo producen; en el proceso. Pero también aborda las cuestiones alrededor de este proceso, que, con frecuencia, se expresan en función de «quiénes» son los creadores de riqueza. En este sentido, las palabras se utilizan indistintamente.

Durante mucho tiempo, la idea de valor estuvo en el centro de los debates sobre la economía, la producción y la distribución de los ingresos resultantes, y había sanos desacuerdos sobre dónde se encontraba, en realidad, el valor. Para algunas escuelas de pensamiento económico, el precio de los productos era el resultado de la oferta y la demanda, pero su valor derivaba de la cantidad de trabajo que era necesaria para producir cosas, de la manera en que los cambios tecnológicos y organizativos afectaban al trabajo, y de las relaciones entre el capital y la mano de obra. Más tarde, este énfasis en las condiciones «objetivas» de producción, en la tecnología y en las relaciones de poder fue sustituido por los conceptos de «escasez» y de las «preferencias» de los actores económicos; la cantidad de trabajo ofertada era determinada por la preferencia de los trabajadores por el tiempo libre en vez de por ganar una mayor cantidad de dinero. El valor, en otras palabras, se volvió subjetivo.

Hasta mediados del siglo XIX, además, casi todos los economistas asumían que para comprender los precios de los bienes y servicios antes era necesario tener una teoría objetiva del valor, una teoría vinculada a las condiciones en que se producían esos bienes y servicios, que incluyera el tiempo necesario para producirlos y la calidad de la mano de obra empleada; así, los determinantes del «valor» conformaban realmente el precio de los bienes y servicios. Después, este pensamiento se modificó por completo. Muchos economistas llegaron a creer que el valor de las cosas quedaba determinado por el precio pagado en el mercado, o, en otras palabras, por lo que el consumidor estaba dispuesto a pagar. De repente, el valor era una percepción subjetiva. Cualesquiera de los bienes y servicios vendidos a un precio de mercado acordado eran, por definición, creadores de valor.

El cambio del valor determinado por el precio al precio determinado por el valor coincidió con las grandes transformaciones sociales de finales del siglo XIX. Una de ellas fue el auge del socialismo, que en parte basaba sus demandas de reformas en la afirmación de que la mano de obra no estaba siendo recompensada de manera justa según el valor que creaba, y la consiguiente consolidación de una clase capitalista de productores. Como era de esperar, este último grupo se interesó mucho por la teoría alternativa, según la cual el precio determinaba el valor, una historia que le permitía defender su apropiación de una gran parte de la producción, olvidándose cada vez más de la mano de obra.

En el mundo intelectual, los economistas querían que su disciplina pareciera «científica» —más cerca de la física que de la sociología— y, en consecuencia, prescindieron de las connotaciones políticas y sociales previas. Si bien los escritos de Adam Smith se hallaban repletos de política y filosofía, como también lo estaban las primeras ideas sobre el funcionamiento de la economía, a principios del siglo XX, el campo que durante doscientos años se había llamado «economía política» se presentó purificado como «economía». Y la economía contaba una historia muy distinta.

Con el tiempo, el debate en torno a las distintas teorías del valor y las dinámicas de la creación de valor prácticamente desapareció de los departamentos de economía, apareciendo en las escuelas de negocios bajo un aspecto muy distinto: «valor para el accionista»,[25] «valor compartido»,[26] «cadenas de valor»,[27] «valor por dinero», «valorización», «añadir valor» y cosas por el estilo. De modo que, si antes los estudiantes de economía solían recibir una educación completa y variada respecto de la idea de valor, y aprendían lo que opinaban sobre el tema las distintas escuelas de pensamiento económico, hoy solo se les enseña que el valor viene determinado por las dinámicas de precios, debidas a la escasez y a las preferencias. Esto no se presenta como una teoría particular del valor, sino como «Introducción a la Economía», la introducción a la materia. De este modo, se da por sentada una idea de valor intelectualmente empobrecida; tan solo se asume que es cierta. Y la desaparición del concepto de «valor», como sostiene este libro, ha hecho que, paradójicamente, resulte mucho más fácil usar y abusar de este término fundamental, el «valor» —un concepto que reside en el corazón del pensamiento económico—, de la manera que cualquiera considere más útil.

CONOZCA EL LÍMITE DE PRODUCCIÓN

Para comprender lo distintas que han sido las teorías del valor durante su evolución a lo largo de los siglos, es útil considerar por qué y cómo, en la economía, algunas actividades se han denominado «productivas» y otras «improductivas», y cómo dicha distinción ha influido en las ideas acerca de lo que merece cada actor económico, esto es, cómo se distribuye el botín de la creación de valor.

Durante siglos, los economistas y los legisladores —la gente que establece planes para organizaciones, como un Gobierno o una empresa— han dividido las actividades en función de si producen o no valor, es decir, si son productivas o improductivas. En esencia, ello ha creado una frontera —el vallado de la figura 1— y, de ese modo, se ha conformado un límite conceptual —que a veces se menciona como «límite de producción»— entre esas actividades.[28] Dentro del límite se encuentran los creadores de riqueza; fuera, los beneficiarios de la misma, que se lucran bien porque pueden extraerla mediante actividades de captura de rentas, como en el caso de un monopolio, o bien porque la riqueza creada en el área productiva se redistribuye, como, por ejemplo, por medio de las políticas del moderno Estado del bienestar. Las rentas, tal como las entendían los economistas clásicos, consistían en ingresos no ganados y se situaban fuera del límite de producción. Los beneficios, en cambio, eran los ingresos ganados por la actividad productiva en el interior del límite.

FIGURA 1. Límite de producción alrededor de las actividades productoras de valor en la economía.

Históricamente, la valla fronteriza no ha sido fijada. Su forma y su tamaño han variado según las influencias sociales y económicas. Estos cambios del límite entre los hacedores y los tomadores pueden observarse de manera clara tanto en el pasado como en la era moderna. En el siglo XVIII se produjeron fuertes protestas cuando los fisiócratas, una temprana escuela de economía, llamaron a los terratenientes «improductivos». Se trataba de un ataque a la clase dirigente de una Europa en su mayor parte rural. La cuestión políticamente explosiva consistía en saber si los terratenientes estaban abusando de su poder para extraer parte de la riqueza, creada por sus aparceros, o si su contribución de tierra resultaba esencial para la manera en la que los granjeros creaban valor.

Una variación de este debate en torno a dónde trazar el límite de producción continúa produciéndose en la actualidad con el sector financiero. Después de la crisis financiera de 2008, en muchos lugares se pidió la recuperación de una política industrial que estimulara a los hacedores de la industria, que, se pensaba, estaban enfrentados con los tomadores de las finanzas. Se sostenía que era necesario llevar a cabo un reajuste para disminuir el tamaño del sector financiero (que, en la figura, se encuentra en el área gris oscura de las actividades improductivas) mediante impuestos; por ejemplo, con un impuesto sobre las transacciones financieras, como la compraventa de moneda extranjera o de valores, y por medio de políticas que alentaran el crecimiento de industrias que de verdad hicieran cosas, en vez de únicamente intercambiarlas (lo que, en la figura, se encuentra dentro del área gris claro de las actividades productivas).

Pero las cosas no son tan sencillas. La cuestión no es culpar a algunos de «tomadores» y etiquetar a otros como «hacedores». Las actividades que realiza la gente fuera del límite pueden resultar necesarias para facilitar la producción; es posible que, sin su trabajo, las actividades productivas no fuesen tan valiosas. Los comerciantes son necesarios para asegurar que los productos llegan al mercado y se intercambian de manera eficiente. El sector financiero es clave para que los compradores y los vendedores hagan negocio entre ellos. La verdadera pregunta plantea cómo se pueden conformar estas actividades para que, de verdad, cumplan la finalidad de producir valor.

Y lo más importante: ¿qué pasa con el Gobierno? ¿En qué lado del límite de producción se encuentra? ¿Es el Gobierno inherentemente improductivo, como se afirma a menudo, y sus únicos ingresos son transferencias obligatorias en forma de impuestos procedentes de la parte productiva de la economía? Si es así, ¿cómo puede el Gobierno hacer crecer la economía? ¿O es que, en el mejor de los casos, solo puede establecer las reglas del juego, de tal modo que los creadores de valor puedan operar de manera eficiente?

De hecho, el recurrente debate sobre el tamaño óptimo del Gobierno y los supuestos peligros de una deuda pública elevada se reduce a si el gasto de este ayuda a que la economía crezca —porque el Gobierno puede ser productivo y añadir valor— o si se trata de un lastre para la economía —porque es improductivo o, incluso, destruye valor—. La cuestión se encuentra cargada de connotaciones políticas e influye profundamente en los debates actuales, desde si Reino Unido puede permitirse las armas nucleares Trident hasta si hay un «número mágico» para el tamaño del Gobierno —definido este en función del gasto del mismo establecido como una proporción de la producción nacional—, más allá del cual la economía se comportará inevitablemente peor de lo que podría haberlo hecho si el gasto del Gobierno hubiera sido inferior. Como analizaremos en el capítulo 8, esta cuestión se halla más contaminada por opiniones políticas y posiciones ideológicas que basada en pruebas científicas sólidas. De hecho, es importante recordar que la economía es, en esencia, una ciencia social, y que el tamaño «natural» del Gobierno dependerá de la teoría que se tenga sobre la finalidad del mismo (o, simplemente, su «postura» frente a él). Si se considera inútil o, en el mejor de los casos, que sirve para arreglar problemas ocasionales, en teoría su tamaño óptimo será inevitablemente más pequeño que si se considera un motor clave del crecimiento necesario para dirigir el proceso de creación de valor e invertir en él.

Con el tiempo, este límite de producción conceptual se expandió hasta abarcar una parte de la economía mucho mayor que antes, así como actividades económicas más variadas. Al igual que los economistas, y la sociedad en general, acabaron determinando el valor en función de la oferta y la demanda —lo que se compra tiene valor—; actividades como las transacciones financieras fueron redefinidas como productivas, aunque previamente habían sido clasificadas, por lo general, como improductivas. De manera significativa, la única parte importante de la economía que, en gran medida, actualmente se considera fuera del límite de producción —y, por lo tanto, «improductiva»— sigue siendo el Gobierno. Es cierto que hay muchos servicios en la sociedad que la gente ofrece y que no son retribuidos, como el cuidado de los hijos por los padres o de los enfermos por los sanos, que no se contabilizan bien. Por fortuna, cuestiones como la introducción de los cuidados en la manera de medir la producción nacional (el PIB) están cada vez más presentes en el debate público. Pero además de añadir nuevos conceptos al PIB —como los cuidados o la sostenibilidad del planeta—, es fundamental comprender por qué tenemos las creencias que sostenemos sobre el valor. Y eso es imposible si no se analiza el valor en detalle.

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA TEORÍA DEL VALOR

En primer lugar, la desaparición del valor del debate económico oculta un tema que debería estar vivo, ser público y discutirse activamente.[29] Si no se cuestiona la idea de que el valor depende de una percepción subjetiva, algunas actividades serán consideradas creadoras de valor y otras no, solo porque alguien —por lo general, con un interés personal— lo asevera, quizá de manera más elocuente que los demás. Las actividades pueden saltar de un lado del límite de producción con un clic de ratón sin que casi nadie se entere. Si los banqueros, los agentes inmobiliarios y los corredores de apuestas sostienen que ellos crean valor y no lo extraen, la corriente mayoritaria de la economía no ofrece ningún fundamento con el que poner en duda esa afirmación, aunque la sociedad pueda contemplarla con escepticismo. ¿Quién puede contradecir a Lloyd Blankfein cuando declara que los empleados de Goldman Sachs se encuentran entre los más productivos del mundo? ¿O cuando las empresas farmacéuticas afirman que el exorbitante alto precio de uno de sus medicamentos se debe al valor que este produce? A los representantes del Gobierno se les puede llegar a convencer (o «captar») con historias acerca de la creación de riqueza, como quedó patente hace poco, cuando el Gobierno estadounidense aprobó un medicamento para el tratamiento de la leucemia cuyo coste es de medio millón de dólares, utilizando, precisamente, el modelo de «precio basado en el valor» defendido por la industria, a pesar de que el contribuyente aportó doscientos millones de dólares para su descubrimiento.[30]

En segundo lugar, la falta de análisis sobre el valor tiene enormes implicaciones para un área concreta: la distribución de los ingresos entre los distintos miembros de la sociedad. Cuando el valor se determina por el precio (y no al revés), el nivel y la distribución de ingresos parecen justificados siempre que haya un mercado para los bienes y servicios que, cuando se compran y se venden, genere ingresos. Todo ingreso, de acuerdo con esta lógica, es un ingreso ganado, al desaparecer cualquier análisis de las actividades en función de si son productivas o improductivas.

Sin embargo, este razonamiento es circular, un bucle cerrado. Los ingresos se justifican por la producción de algo que tiene valor. Pero ¿cómo medimos el valor? En cuanto que genera ingresos. Puedes generarlos porque eres productivo y eres productivo porque generas ingresos. De modo que, con un toque de varita mágica, el concepto de «ingresos no ganados» desaparece. Si tener ingresos significa que somos productivos, y nos merecemos ingresos siempre que lo seamos, ¿cómo puede considerarse que los ingresos no son ganados? Como veremos en el capítulo 3, este razonamiento circular se refleja en cómo se conciben las cuentas nacionales, que rastrean y calculan la producción y la riqueza en la economía. En teoría, no puede juzgarse que un ingreso sea demasiado alto, porque en una economía de mercado la competencia impide que alguien gane más de lo que merece. En la práctica, los mercados son lo que los economistas llaman «defectuosos», de modo que los precios y los sueldos frecuentemente son fijados por los poderosos y remunerados por los débiles.

Según la opinión predominante, los precios se fijan por la oferta y la demanda, y cualquier desviación de lo que se estima que es el precio competitivo (basado en los ingresos marginales) tiene que deberse a alguna imperfección que, si se elimina, dará lugar a una distribución correcta de ingresos entre los actores. La posibilidad de que ciertas actividades ganen rentas de manera continua porque se perciben como valiosas, aunque en realidad bloquean la creación de valor o destruyen el valor existente, apenas se discute.

De hecho, para los economistas no hay más historia que la de la teoría subjetiva del valor, con el mercado movido por la oferta y la demanda. Una vez se eliminan los impedimentos para la competencia, el resultado debería beneficiar a todo el mundo. No se cuestiona cómo pueden afectar las distintas nociones de valor a la distribución de los ingresos entre los trabajadores, las instituciones públicas, los directivos y los accionistas en, por ejemplo, Google, General Electric o BAE Systems.

En tercer lugar, al intentar dirigir la economía hacia direcciones concretas, quienes elaboran las políticas están inevitablemente influidos —lo reconozcan o no— por las ideas de valor. Obviamente, la tasa de crecimiento del PIB es importante en un mundo donde miles de millones de personas siguen viviendo en una pobreza extrema. Pero algunas de las cuestiones económicas más importantes de la actualidad tienen que ver con cómo logramos determinada clase de crecimiento. Hoy en día se habla mucho de la necesidad de que el crecimiento sea «más inteligente» (debido a las inversiones en innovación), más sostenible (más verde) y más inclusivo (que produzca menos desigualdad).[31]

En contra de la percepción generalizada de que la política debería carecer de dirección y, simplemente, eliminar barreras y centrarse en procurar «que la competencia se dé en igualdad de condiciones» para todos los negocios, se necesita una gran cantidad de medidas políticas para alcanzar estos objetivos particulares. El crecimiento no irá en esa dirección por sí mismo. Es preciso contar con distintos tipos de medidas políticas para inclinar la igualdad de condiciones en la dirección que se considera deseable, lo cual es muy diferente de la suposición habitual de que las medidas políticas deberían carecer de dirección y limitarse a eliminar barreras para que las empresas puedan continuar con una producción fluida.

Decidir qué actividades son más importantes que otras resulta fundamental a la hora de establecer una dirección para la economía; en pocas palabras, tienen que aumentarse las actividades consideradas más relevantes para lograr objetivos concretos y que se reduzcan las menos importantes. Ya lo hacemos. Por ejemplo, determinados tipos de créditos fiscales para I+D intentan estimular la inversión en innovación. Subsidiamos la educación y la formación de los estudiantes porque, como sociedad, queremos que más gente joven vaya a la universidad o acceda al mercado laboral con mejores habilidades. Tras esas políticas puede haber modelos económicos que muestran cómo la inversión en «capital humano» —el conocimiento y las aptitudes de las personas— beneficia el crecimiento de un país al aumentar su capacidad productiva. De manera similar, la creciente preocupación actual por el hecho de que en algunos países el sector financiero sea demasiado grande —comparado, por ejemplo, con la industria— podría estar basada en teorías relacionadas con el tipo de economía que queremos tener, así como con el tamaño y el papel que las finanzas tendrían como parte de esta.

Pero la distinción entre actividades productivas e improductivas raramente es el resultado de mediciones «científicas». Más bien es la adjudicación de valor, o la falta de él, lo que ha implicado siempre argumentos socioeconómicos maleables que derivan de una posición política concreta, que unas veces es explícita y otras no. La definición de «valor» siempre tiene que ver con la política y con opiniones particulares acerca de cómo debería construirse la sociedad, así como con la economía definida en términos más estrictos. La manera de medir no es neutral, pues afecta al comportamiento, y viceversa (este es el concepto de «performatividad» que hemos visto en el prefacio).

De modo que el objetivo no consiste en crear una división tajante, es decir, no consiste en etiquetar algunas actividades como productivas y otras como una captura de rentas improductiva. Creo que, en su lugar, debemos ser más directos y vincular nuestra comprensión de la creación de valor con la manera en que deberían estructurarse las actividades (ya sea en el sector financiero o en la economía real), y con cómo ello se asocia con la distribución de las recompensas generadas. Solo así la narración actual sobre la creación de valor estará sujeta a un mayor escrutinio, de forma que afirmaciones como «soy un creador de riqueza» se valorarán frente a ideas creíbles acerca de la procedencia de la riqueza. El precio basado en el valor de una empresa farmacéutica quizá se escudriñaría teniendo en mente un proceso de creación de valor más colectivo, esto es, uno en el que el dinero público financie una gran parte de la investigación farmacéutica —de la que se beneficia la empresa— en la etapa de mayor riesgo. De igual manera, el porcentaje del 20 por ciento que los inversores de capital riesgo reciben cuando una pequeña empresa de alta tecnología sale a bolsa podría ser considerado excesivo en vista del riesgo real, no mitológico, que ha adoptado al invertir en el desarrollo de la empresa. Y si un banco de inversión logra un enorme beneficio gracias a la inestabilidad del tipo de cambio que afecta a un país, ese beneficio podría ser visto como lo que realmente es: una renta.

Aun así, para llegar a esta comprensión de la creación de valor tenemos que ir más allá de categorizaciones aparentemente científicas de actividades y observar los conflictos socioeconómicos y políticos que subyacen tras ellas. De hecho, las afirmaciones acerca de la creación de valor siempre han estado vinculadas a aseveraciones sobre la productividad relativa de determinados elementos de la sociedad, a menudo relacionadas con cambios fundamentales en la economía subyacente: de una economía agrícola a una industrial, o de una basada en la producción en masa a otra basada en la tecnología digital.

LA ESTRUCTURA DEL LIBRO

En los capítulos 1 y 2 abordo cómo, a partir del siglo XVII, los economistas han pensado en dirigir el crecimiento aumentando las actividades productivas y reduciendo las improductivas, algo que conceptualizaron mediante un límite de producción teórico. El debate del límite de producción, y su estrecha relación con las ideas de valor, ha influido durante siglos en las medidas gubernamentales relacionadas con el crecimiento económico; el límite, además, ha cambiado, permeado por condiciones sociales, económicas y políticas fluctuantes. El capítulo 2 indaga en la mayor transformación de todas. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el valor pasó de ser una categoría objetiva a una más subjetiva, vinculada a las preferencias individuales. Las implicaciones de esta revolución fueron radicales. El propio límite de producción se volvió difuso porque casi todo lo que podía obtener un precio o afirmar con éxito que creaba valor —por ejemplo, las finanzas— se volvió, de repente, productivo, lo cual facilitó una creciente desigualdad motivada por determinados agentes de la economía que podían alardear de su extraordinaria «productividad».

Como veremos en el capítulo 3, que analiza el desarrollo de las cuentas nacionales, la idea del límite de producción sigue influyendo en el concepto de «producción». Sin embargo, hay una distinción fundamental entre este nuevo límite y sus predecesores. Las decisiones acerca de qué constituye valor en las cuentas nacionales se adoptan hoy combinando distintos elementos: cualquier cosa a la que se pueda poner precio y que sea intercambiable legalmente; decisiones políticas pragmáticas, tales como adaptarse al cambio tecnológico en la industria informática o al tamaño vergonzosamente grande del sector financiero; y la necesidad práctica de que la contabilidad de las economías modernas, muy grandes y complejas, continúe siendo manejable. Esto está muy bien, pero que el debate sobre el límite de producción ya no sea explícito, ni esté vinculado claramente a ideas sobre el valor, significa que los actores económicos pueden —por medio de una presión política continuada— colocarse discretamente dentro del límite. Sus actividades extractivas de valor son entonces contabilizadas en el PIB, y muy pocos se dan cuenta.

Los capítulos 4, 5 y 6 examinan el fenómeno de la financiarización: el crecimiento del sector financiero y la generalización de prácticas y actitudes financieras en la economía real. En el capítulo 4 analizo el surgimiento de las finanzas como un sector económico importante, y su transición, desde ser considerado, en gran parte, improductivo, hasta ser aceptado como productivo. En una fecha tan tardía como la década de 1960, quienes elaboraban las cuentas nacionales consideraban que la actividad financiera no generaba valor, sino que simplemente transfería el valor existente, lo que la colocaba fuera del límite de producción. Hoy, este punto de vista ha cambiado de manera fundamental. En su representación actual se considera que las finanzas obtienen beneficios de servicios reclasificados como productivos. Así, analizo cómo y por qué tuvo lugar esta extraordinaria redefinición, y pregunto si la intermediación financiera realmente ha experimentado una transformación como para convertirse en una actividad inherentemente productiva.

En el capítulo 5 analizo el desarrollo del «capitalismo gestor de activos», es decir, cómo el sector financiero se expandió más allá de los bancos para incorporar un número cada vez mayor de intermediarios dedicados a gestionar fondos (la industria de la gestión de activos), además de cuestionar si el papel de estos intermediarios, y los riesgos reales que asumen, justifican las recompensas que obtienen. Al hacerlo, cuestiono de paso hasta qué punto la gestión de fondos y el capital de inversión han contribuido, realmente, a la economía productiva. Pregunto, también, si hoy puede abordarse una reforma financiera sin llevar a cabo un debate serio en torno a si algunas actividades del sector financiero están debidamente clasificadas —¿deberían considerarse rentas más que beneficios?— y cómo podemos retomar esta distinción. Si nuestros sistemas de contabilidad nacional están recompensando de verdad la extracción de valor como si fuera creación de valor, quizá esto pueda ayudarnos a comprender las dinámicas de destrucción de valor que caracterizaron la crisis financiera.

Partiendo de esta aceptación de las finanzas como una actividad productiva, el capítulo 6 examina la financiarización de toda la economía. Al buscar unos retornos rápidos, las finanzas a corto plazo han influido en la industria: las empresas se gestionan con el objetivo de la maximización del valor para el accionista (MVA). La MVA surgió en la década de 1970 como un intento de revitalizar el rendimiento corporativo, invocando lo que, según se afirmaba, constituía el principal propósito de una empresa: crear valor para los accionistas. Plantearé, sin embargo, que la MVA ha sido perjudicial para el crecimiento económico sostenido, no solo porque fomente la ganancia a corto plazo para los accionistas, a expensas de las ganancias a largo plazo para la empresa —una transformación estrechamente vinculada a la creciente influencia de los gestores de fondos, que buscan beneficios para sus clientes y para sí mismos—. En la MVA se encuentra, de manera subyacente, la noción de que los accionistas son quienes asumen los mayores riesgos, lo que los hace merecedores de las grandes recompensas que, con frecuencia, obtienen.

La asunción de riesgos es, a menudo, la justificación de las recompensas que obtienen los inversores; el capítulo 7 continúa estudiando otras clases de extracción de valor llevadas a cabo en su nombre. Considero aquí la clase de asunción de riesgos requerida para que tenga lugar una innovación tecnológica radical. La innovación es, sin duda, una de las actividades más arriesgadas e inciertas del capitalismo: la mayoría de los intentos fracasan. Pero ¿quién lo intenta? ¿Y qué clase de incentivos deben crearse? Exploraré también la visión sesgada de la narrativa actual sobre la innovación: cómo se ignora la asunción de riesgos del sector público y cómo el Estado es visto, simplemente, como un ente que se limita a facilitar y «desarriesgar» al sector privado. El resultado han sido unas políticas, entre ellas la reforma del sistema de derechos de propiedad intelectual (DPI), que han fortalecido el poder de los competidores ya existentes, limitando la innovación y creando un «emprendimiento improductivo».[32] Partiendo de mi libro anterior, El Estado emprendedor, mostraré cómo se ha exagerado el papel de los emprendedores y los inversores de capital riesgo, como si representaran la parte más dinámica del capitalismo moderno —la innovación—, y cómo estos se han presentado a sí mismos como «creadores de riqueza». Desmontaré la narrativa de la creación de riqueza para mostrar cómo, en última instancia, es falsa. La atribución de valor a la innovación, recientemente con el concepto de «plataformas» y la idea relacionada de la economía cooperativa, tiene menos que ver con una innovación genuina y más con facilitar la extracción de valor mediante la captura de rentas.

Retomando la falsa narrativa de la innovación, en el capítulo 8 se analizará por qué el sector público siempre se describe como lento, aburrido, burocrático e improductivo. ¿De dónde procede esta descripción y a quién beneficia? Bajo mi punto de vista, de la misma manera y en el mismo momento en que las finanzas se volvieron productivas, el sector público fue presentado como improductivo. El pensamiento económico moderno ha relegado la función del Gobierno a arreglar los fallos del mercado, en vez de crear y conformar los mercados de manera activa. El papel del sector público como creador de valor, en mi opinión, ha sido subestimado. El parecer dominante, que se originó cuando, en la década de 1980, se produjo una reacción contra el Gobierno, influye de manera fundamental en la manera en que este se ve a sí mismo: dubitativo, precavido, cuidadoso de no excederse por si es acusado de acaparar la innovación, o por si es acusado de favoritismo, de «escoger ganadores». Al cuestionar por qué las actividades del sector público son ignoradas en la contabilidad del PIB, cuestiono por qué esto debería importar y perfilo cómo podría ser una visión distinta del valor público.

El capítulo 9 servirá para concluir que solo mediante un debate abierto sobre el valor —sus fuentes y las condiciones que lo fomentan— podremos encaminar nuestras economías hacia la producción de una innovación más genuina y una desigualdad menor, que también transformará el sector financiero, de manera que verdaderamente se centre en alentar la creación de valor en la economía real. No es suficiente criticar la especulación y la extracción de valor a corto plazo, y abogar por un sistema fiscal más progresivo enfocado en la riqueza. Debemos basar esas críticas en una conversación distinta sobre la creación de valor; de lo contrario, los programas de reforma continuarán teniendo poco efecto y serán fácilmente bloqueados por la presión de los llamados «creadores de riqueza».

Este libro no intenta defender una teoría del valor correcta. En su lugar, pretende recuperar la teoría del valor como un tema debatido con vehemencia, relevante para los tiempos económicamente turbulentos en los que nos encontramos. El valor no es algo dado, situado inequívocamente dentro o fuera del límite de producción; es algo conformado y creado. En mi opinión, hoy en día las finanzas no apoyan aquellas industrias que se supone que deben «engrasar» las ruedas del comercio, sino más bien otras partes del propio sector financiero. Por lo tanto, se hallan fuera del límite, aunque formalmente se cuente que están dentro. Pero no tiene por qué ser así: podemos conformar los mercados financieros de tal manera que, de hecho, merezcan situarse dentro del límite. Esto incluiría nuevas instituciones financieras dedicadas a actividades crediticias dirigidas a las organizaciones interesadas en realizar inversiones de alto riesgo a largo plazo, que pueden contribuir a fomentar una economía más innovadora, así como cambiar las medidas de la normativa fiscal para que recompensen más las inversiones a largo plazo que las de corto plazo. De igual manera, como trato en el capítulo 7, los cambios en el uso actual de las patentes, de poca utilidad, podrían ayudar a estimular la innovación en vez de reprimirla.

Para crear una economía más justa, en la que la prosperidad se comparta de manera más amplia y que, por lo tanto, sea más sostenible, tenemos que reactivar una discusión seria sobre la naturaleza y el origen del valor. Debemos reconsiderar las historias que contamos acerca de quiénes son los creadores de valor, y qué nos dice eso de cómo definimos las actividades, en función de si son económicamente productivas e improductivas. No podemos limitar la política progresista a gravar la riqueza, sino que precisamos de una nueva interpretación y un nuevo debate acerca de la creación de riqueza, para que sea rebatida de manera más intensa y directa. Las palabras son importantes: necesitamos un nuevo vocabulario para hacer política. La política no solo consiste en «intervenir». Se trata también de conformar un futuro distinto: cocreando mercados y valor, no solo «arreglando» los mercados o redistribuyendo el valor. Se deben asumir riesgos, no solo «desarriesgar». Y su fin no debe ser procurar una competencia justa, sino dirigirla hacia la clase de economía que queremos.

La idea de que podemos conformar los mercados tiene consecuencias importantes. Podemos crear una economía mejor si comprendemos que los mercados son el resultado de decisiones tomadas en las empresas, en las organizaciones públicas y en la sociedad civil. La jornada laboral de ocho horas ha modelado los mercados, y fue el resultado de una lucha organizada por las organizaciones de trabajadores. Y quizá la razón por la que hay tanta desesperación en el planeta —una desesperación que ahora conduce a políticas populistas— sea que la economía nos es presentada como el «resultado» de las reglas comerciales, los tecnócratas y las fuerzas neoliberales. De hecho, como este libro mostrará, la propia teoría del «valor» se presenta como una especie de fuerza objetiva determinada por la oferta y la demanda, en vez de un concepto muy integrado en ciertas maneras de ver el mundo. La economía puede crearse y conformarse, pero puede hacerse con miedo o con esperanza.

El reto específico que planteo aquí es ir más allá del cínico de Oscar Wilde, que «sabe el precio de todo pero no conoce el valor de nada», hacia una economía de esperanza, en la que dispongamos de más herramientas para cuestionar las asunciones de la teoría económica y cómo se nos presentan. Y escoger un camino distinto entre los muchos disponibles.

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UNA BREVE HISTORIA DEL VALOR

Hay un tipo de trabajo que aumenta el valor del objeto al que se incorpora, y hay otro tipo que no tiene ese efecto. En tanto produce valor, el primero puede ser llamado trabajo productivo; y el segundo, trabajo improductivo.

ADAM SMITH, La riqueza de las naciones, 1776

Hoy damos por sentada una prosperidad creciente. Asumimos que, en términos generales, la próxima generación vivirá mejor que la anterior. Pero no siempre ha sido así. Durante la mayor parte de la historia la gente no ha tenido esas expectativas y, en parte porque las condiciones de vida mejoraban, como mucho, lentamente, pocos pensadores dedicaron el tiempo suficiente a preguntarse por qué algunas economías crecían y otras no. A principios del periodo moderno, el ritmo del cambio se aceleró. Las economías que previamente habían sido estáticas se volvieron dinámicas. El movimiento estaba en el aire. La suma del surgimiento del Estado-nación en Europa, la necesidad de financiar la guerra, la colonización, la maquinaria, las fábricas y el carbón, unido todo ello a una población creciente, estimuló nuevas ideas en muchos campos. Los gobiernos y las personas de todas las posiciones sociales querían saber qué estaba causando ese movimiento sin precedentes y cómo se podía gestionar. ¿Qué impuestos podemos subir? ¿Por qué mi sueldo es tan bajo comparado con los beneficios de los capitalistas? Al invertir ahora, ¿hasta qué punto podemos estar seguros del futuro? ¿Qué crea valor?

Comprender la naturaleza de la producción resulta clave para responder esas preguntas. Una vez se han identificado las actividades productivas, la política económica puede tratar de dirigir una economía, dedicando una mayor parte de capital y esfuerzo a actividades productivas que potencien y mantengan el crecimiento económico. Pero la distinción entre qué es y qué no es productivo ha variado en función de las fuerzas económicas, sociales y políticas. Desde que, hace unos trescientos años, los economistas empezaron a analizar las condiciones cambiantes de la producción, han tenido dificultades para justificar por qué algunas actividades se etiquetan como productivas y otras como improductivas. A fin de cuentas, como cualquiera, los economistas son criaturas de su tiempo; así que respecto a entender el valor, lo importante es distinguir los principios duraderos de los principios transitorios; y también, como veremos, la manera en que se desarrollan esas posiciones ideológicas.

Este capítulo recorre cómo se desarrollaron las teorías del valor desde aproximadamente mediados del siglo XVII hasta mediados del XIX. Los pensadores del siglo XVII se centraron en calcular el crecimiento de acuerdo con las necesidades de la época: librar guerras o aumentar la competitividad frente a otro país; por ejemplo, Inglaterra contra su rival comercial y naval, Holanda. Los mercantilistas se centran en el comercio y las necesidades de los comerciantes (vender cosas). Desde mediados del siglo XVIII hasta finales del XIX, los economistas consideraron que el valor procedía de la cantidad de trabajo que se dedicaba a la producción, al principio trabajo agrícola (los fisiócratas), y, después, trabajo industrial (los clásicos). Este valor, creían, determinaba el precio de lo que finalmente se vendía. Sus teorías del valor —sobre cómo se creaba la riqueza— eran dinámicas; reflejaban un mundo que se transformaba social y políticamente, además de en lo económico. Estos economistas se centraron en las fuerzas objetivas, es decir, los efectos de los cambios tecnológicos y la división del trabajo sobre cómo se organizaban la producción y la distribución. Más tarde, como veremos en el próximo capítulo, fueron reemplazados por otro enfoque —el de los neoclásicos—, menos centrados en las fuerzas objetivas de producción y más en la naturaleza subjetiva de las «preferencias» de los distintos actores de la economía.

LOS MERCANTILISTAS: COMERCIO Y TESORO

Desde tiempos antiguos, la humanidad ha dividido su actividad económica en dos clases: productiva e improductiva, virtuosa y vil, industriosa y perezosa. En general, la piedra de toque era qué clase de actividad se consideraba que aumentaba el bien común. En el siglo IV a.C., Aristóteles distinguía una serie de trabajos más o menos virtuosos dependiendo de la clase de habitante (ciudadano o esclavo) de la polis de la antigua Grecia.[33] En el Nuevo Testamento, el apóstol Mateo afirmaba que Jesús había dicho que «es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios».[34] Durante la Edad Media, la Iglesia denigraba e incluso denunciaba a los prestamistas y a los mercaderes que «compraban barato y vendían caro»;[35] puede que no se tratara de perezosos, pero eran considerados improductivos y viles.

Las definiciones premodernas de qué trabajos eran o no útiles nunca fueron tajantes. En el siglo XVI, con el inicio del colonialismo, estas definiciones se volvieron aún más difusas. Tanto la conquista colonial europea como la protección de las rutas comerciales con las nuevas tierras anexadas eran caras. Los gobiernos tenían que conseguir dinero para los ejércitos, las burocracias y la búsqueda de mercancías exóticas. Y la ayuda parecía estar al alcance de la mano: se descubrieron cantidades extraordinarias de oro y plata en las Américas, y un vasto tesoro entró en Europa. Como estos metales preciosos representaban riqueza y prosperidad, parecía que quienquiera que comprara, poseyera y controlara su oferta y las monedas acuñadas con ellos se dedicaba a actividades productivas.

Los estudiosos y políticos de la época que sostenían que acumular metales preciosos constituía la vía hacia el poder y la prosperidad nacionales son denominados «mercantilistas» (de mercator, «mercader» en latín), porque apoyaban políticas comerciales proteccionistas y una balanza comercial positiva para estimular el flujo de entrada e impedir el flujo de salida del oro y la plata. El defensor inglés del mercantilismo más conocido fue sir Thomas Mun (1571-1641), comerciante y director de la East India Company. En su influyente libro La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior, Mun resumió la doctrina mercantilista: debemos, dijo, «vender anualmente más a los extranjeros de lo que consumimos de lo suyo en valor».[36]

Los mercantilistas también apoyaban el crecimiento del Gobierno nacional como algo necesario para financiar guerras y expediciones y así mantener las rutas comerciales abiertas y controlar los mercados coloniales. En Inglaterra, Holanda y Francia, los mercantilistas defendían leyes de transporte marítimo, como la Ley de Navegación de Inglaterra de 1651, que obligaba a que el comercio de sus países y colonias solo se llevara a cabo con buques en los que ondeara la bandera nacional.

A medida que se desarrollaba el pensamiento mercantilista y la gente empezó a concebir la producción de riqueza en términos nacionales, comenzaron a aparecer las primeras estimaciones sobre la renta nacional —la cantidad total ganada por todos en el país—. La Gran Bretaña del siglo XVII contempló dos intentos pioneros de cuantificar la suya. Uno fue el de sir William Petty (1623-1687), un aventurero, anatomista, médico y miembro del Parlamento, que fue administrador de impuestos en Irlanda durante el Gobierno de la Commonwealth de Oliver Cromwell.[37] El otro fue del heraldo Gregory King (1648-1712), un genealogista, grabador y estadístico cuyo trabajo para promulgar un nuevo impuesto a los matrimonios, nacimientos y entierros despertó interés en la contabilidad nacional.

Petty y King utilizaron datos incompletos y confusos de manera ingeniosa y generaron unas estimaciones de ingresos sorprendentemente detalladas. Tuvieron que trabajar con cifras muy básicas del Gobierno sobre impuestos, estimaciones de población, y con estadísticas incompletas sobre el consumo de mercancías básicas como el maíz, el trigo y la cerveza. Sin embargo, de lo que sí carecían las estimaciones era de una teoría del valor clara: Petty y King solo estaban preocupados por calcular la producción de la nación, no por cómo se daba esa producción. Aun así, sus intentos de llevar a cabo una contabilidad nacional carecían de precedentes y establecieron los fundamentos de las cuentas nacionales modernas.

En la década de 1660, mientras Petty trabajaba en sus estudios sobre la renta, Inglaterra salía de su experimento con el republicanismo, y luchaba con Holanda y Francia por la supremacía en el mar. Petty quería averiguar si Inglaterra tenía recursos para sobrevivir a esas amenazas a su seguridad; como él dijo, se trataba de «probar matemáticamente que el Estado [inglés] puede conseguir unos ingresos mucho mayores mediante impuestos para financiar sus necesidades en tiempos de paz y de guerra»,[38] porque creía que el país era más rico de lo que habitualmente se pensaba.

Petty hizo un descubrimiento decisivo. Se dio cuenta de que, a escala nacional, los ingresos y los gastos debían ser iguales. Comprendió que, si tratas a un país como un sistema cerrado, cada libra que una persona gasta representa un ingreso de una libra para otra persona. Fue la primera vez que alguien entendió y trabajó con esta idea fundamental. Para compensar la falta de estadísticas disponibles, Petty operó asumiendo que la renta de una nación era igual a sus gastos (omitiendo los ahorros en los buenos tiempos, aunque era consciente de la discrepancia potencial).[39] Eso significaba que podía utilizar el gasto por persona, multiplicarlo por la población y obtener la renta del país. Al hacerlo empezó, implícitamente, a imponer un límite de producción, en el que solo se incluía el dinero gastado en la producción de «comida, vivienda, ropajes y todas las demás necesidades».[40] Todos los demás «gastos innecesarios», tal como los definía Petty, eran omitidos.

Así, Petty llegó, por extensión, a considerar que cualquier rama de la economía que no produjera estas necesidades era improductiva, pues no añadía nada a la renta nacional. A medida que trabajaba, su idea del límite de producción fue cristalizando más, siendo los «granjeros, marineros, soldados, artesanos y mercaderes […] los verdaderos pilares de cualquier bienestar», por un lado, y «todas las demás grandes profesiones» que «surgen de las dolencias y los yerros de estas», por el otro.[41] Por «grandes profesiones» Petty se refería a los abogados, clérigos, funcionarios, lores y cargos similares. En otras palabras, para él, algunas «grandes profesiones» tan solo eran un mal necesario —simplemente para facilitar la producción y para mantener el statu quo—, pero en realidad no resultaban esenciales de cara a la producción o el intercambio. Aunque Petty no creía que la política debiera centrarse en el control de las importaciones y las exportaciones, los mercantilistas le influyeron mucho. El comercio, sostenía, era más productivo que la manufactura y la agricultura; los holandeses, señalaba con aprobación, externalizaban su agricultura a Polonia y Dinamarca, lo cual les permitía centrarse en «oficios y artes curiosas», más productivos.[42] Inglaterra, según concluía, también saldría beneficiada si más agricultores se convirtieran en mercaderes.[43]

A finales de la década de 1690, después de la primera publicación de la obra de Petty Aritmética política, Gregory King hizo estimaciones más detalladas de la renta de Inglaterra. Como Petty, King estaba preocupado por el potencial bélico de Inglaterra y comparó los ingresos del país con los de Francia y Holanda. Basándose en una amplia variedad de fuentes, calculó con meticulosidad los ingresos y los gastos de unos veinte grupos laborales distintos del país, de la aristocracia a los abogados, de los mercaderes a los pobres. Incluso hizo previsiones, por ejemplo, sobre la población, adelantándose a la «ciencia» de la predicción, que llegaría unos doscientos cincuenta años más tarde, y estimó el rendimiento de las cosechas de productos agrícolas importantes.

Como en el trabajo de Petty, cuando King valoró la productividad, que definió como ingresos mayores que el gasto, empezó a aparecer un límite de producción. King pensaba que el grupo más productivo era el de los mercaderes comerciantes, cuyo ingreso constituía un cuarto mayor que su gasto, seguido por los «señores temporales y espirituales», y después por toda clase de profesiones prestigiosas. En el límite se hallaban los granjeros, que no ganaban más de lo que gastaban. De manera categórica, en el lado «improductivo» se encontraban los marineros, los jornaleros, los sirvientes, los campesinos, los pobres y los «soldados comunes».[44] En opinión de King, las masas improductivas, que representaban algo más de la mitad de la población total, eran sanguijuelas del bienestar público porque consumían más de lo que producían.

La figura 2 muestra que había discrepancias entre las profesiones «productivas» que identificaron Petty y King. Casi todas las profesiones que Petty consideraba improductivas, King las juzgó como productivas, mientras que varias que para Petty producían valor —marineros, soldados y trabajadores no cualificados— no lo hacían en el análisis de King. Puede que sus distintos puntos de vista se debieran a sus diferentes orígenes. Petty, que era un hombre de orígenes humildes e instintos republicanos, empezó sirviendo a Oliver Cromwell; King, que se movía en círculos aristócratas y cortesanos, puede que sintiera una menor inclinación a pensar que las «grandes profesiones» de Petty eran improductivas. Ambos, con todo, consideraban a los «vagabundos» improductivos, un análisis que hoy tiene paralelismos con la gente que recibe de los gobiernos subsidios sociales financiados con impuestos a los sectores productivos.

FIGURA 2. El límite de producción en el siglo xvii.

Algunas de las ideas de Petty y King han demostrado aguantar muy bien el paso del tiempo.[45] Quizá aún sea más importante que, en lo que ambos llamaban «aritmética política», establecieron los fundamentos de lo que hoy denominamos «cuentas nacionales» para calcular el PIB, la brújula mediante la cual los países intentan dirigir los barcos de la economía nacional.

Las ideas mercantilistas aún influyen en las actuales prácticas económicas. La «gestión» moderna de los tipos de cambio por parte de los gobiernos, que intenta usurpar una ventaja competitiva a las exportaciones y acumular reservas de cambio extranjeras, recuerda a las nociones mercantilistas que fomentaban las exportaciones para acumular oro y plata. Los aranceles, las cuotas de importaciones y otras medidas para controlar el comercio y apoyar a las empresas nacionales son también reminiscencias de esas primeras ideas acerca de la creación de valor. Básicamente, no hay nada nuevo en las llamadas a proteger a los productores de acero occidentales de las importaciones chinas o en los subsidios nacionales para generar energía baja en emisiones de carbono para sustituir las importaciones de petróleo, gas y carbón. El énfasis que los políticos populistas ponen en el efecto negativo del libre mercado y en la necesidad de levantar distintas clases de muros para impedir el libre movimiento de bienes y mano de obra, también es un eco de la era mercantilista, la cual daba más importancia a alcanzar los precios correctos (incluidos los tipos de cambio y los sueldos) que a realizar las inversiones necesarias para crear un crecimiento a largo plazo y unos ingresos per cápita mayores.

Petty y King fueron figuras cruciales que ahondaron en esas primeras incursiones en la cuestión de cómo y dónde se crea el valor, aunque, en última instancia, ambos podían etiquetar las ocupaciones productivas e improductivas como quisieran. Su trabajo era puramente descriptivo; no intentaba cuantificar o modelar las relaciones entre los distintos grupos e individuos de la economía,[46] ni cuantificar cómo el sistema se reproducía a sí mismo y mantenía las condiciones para la producción futura. En resumen, su trabajo no se hallaba vinculado a una teoría subyacente de lo que constituye la riqueza y de su procedencia: una teoría del valor. Cualquier política para el crecimiento económico era, por lo tanto, idiosincrásica, porque no estaba clara la causa que lo generaba. No obstante, durante la siguiente centuria eso empezaría a cambiar.

En el transcurso del siglo XVIII, a medida que el estudio de la economía se desarrollaba, los pensadores se fueron preocupando cada vez más por encontrar una teoría que explicara por qué algunas naciones crecían y prosperaban mientras otras declinaban. Aunque los economistas de la época no utilizaban el término «límite de producción», la idea estaba en el fondo de su trabajo. La búsqueda de la fuente del valor los llevó a ubicarla en la producción: primero en la tierra —en sociedades predominantemente agrarias, como correspondía— y después, cuando las economías se volvieron más industrializadas, en la mano de obra. La teoría del valor-trabajo llegó a su apogeo con Karl Marx, a mediados del siglo XIX, cuando la Revolución industrial se hallaba en su máximo esplendor.

LOS FISIÓCRATAS: LA RESPUESTA ESTÁ EN EL SUELO

Los primeros intentos de hallar una teoría formal del valor surgieron a mediados del siglo XVIII en la corte de Luis XV, en Francia, durante el ocaso —como luego se vería— de la monarquía absoluta del país. Allí, François Quesnay (1694-1774), con frecuencia descrito como el «padre de la economía», era el médico y asesor del rey. Utilizó su formación médica para comprender la economía como un sistema «metabólico»: en un metabolismo, de manera crucial, todo debe proceder de alguna parte e ir a alguna parte, y eso, para Quesnay, incluía a la riqueza. Ese planteamiento le llevó a formular la primera teoría sistemática del valor, que clasificaba quién era productivo y quién no en una economía, y también a modelar cómo se podría reproducir una economía entera desde el valor generado por un pequeño grupo de sus miembros. En su obra seminal Tableau économique, publicada en 1758, elaboró una «tabla económica» que mostraba cómo se creaba y circulaba el nuevo valor en la economía. En ella mantuvo la siguiente analogía metabólica: los dibujos de bombas representaban la manera en que se introducía el valor nuevo, y los tubos de salida ilustraban cómo el valor abandonaba el sistema.

En el momento en que Quesnay escribía, la sociedad francesa se enfrentaba ya a los problemas que llevarían, quince años después de su muerte, a la Revolución francesa. El estado de la agricultura gala era malo. Los granjeros estaban asfixiados por los elevados impuestos, cobrados por sus terratenientes, normalmente nobles, para costear sus lujosas formas de vida, y también por el Gobierno central, para financiar la guerra y el comercio. Además de esta carga, la política mercantilista del Gobierno francés, enfrentado a Gran Bretaña, que por entonces se expandía de manera agresiva, mantenía bajos los precios de los productos agrícolas con el fin de proporcionar una subsistencia barata a las manufacturas domésticas, cuya fabricación, a su vez, podía ser de bajo coste y exportarse así a cambio del muy deseado oro, que en general todavía se pensaba como una medida de la riqueza nacional. Enfrentados a esta situación, Quesnay y sus seguidores desarrollaron un poderoso argumento en favor de los granjeros y contra los mercantilistas. Aunque llegaron a ser conocidos como «los fisiócratas», por una de las publicaciones de Quesnay, ellos se llamaban a sí mismos «los economistas».

En claro contraste con el pensamiento mercantilista dominante, que otorgaba al oro un lugar privilegiado, Quesnay creía que la tierra representaba la fuente de todo valor. La figura 3 ilustra cómo, para él, al final todo lo que nutría a los humanos procedía de la tierra. Así, señaló que, a diferencia de los humanos, la Naturaleza realmente producía cosas nuevas: grano de las pequeñas semillas (para la comida), madera de los árboles y minerales de la tierra (para las casas, barcos y maquinaria). Por el contrario, los humanos no podían producir valor; solo eran capaces de transformarlo: obtener pan de las semillas, madera de los árboles, acero del hierro. Como la agricultura, la cría de animales, la pesca, la caza y la minería (todas en el área oscura de la figura 3) trasladan la abundancia de la naturaleza a la sociedad, Quesnay llamó a estas actividades la «clase productiva». En cambio, consideraba que casi todos los demás sectores de la economía —los hogares, el Gobierno, los servicios e incluso la industria, juntos en el área más clara— eran improductivos.

FIGURA 3. El límite de producción en el siglo XVIII.

La clasificación de Quesnay fue revolucionaria. Desvinculándose de los mercantilistas, que situaban el cambio y lo que se ganaba con él —el oro— en el centro de la creación de valor, vinculaba de forma inseparable la creación de valor con la producción. Al desarrollar su clasificación del trabajo productivo e improductivo, Quesnay agrupó la sociedad en tres clases. En primer lugar, estaban los granjeros y las ocupaciones relacionadas con el trabajo de la tierra y el agua; según Quesnay, esa era la única clase productiva. Después estaban los fabricantes, artesanos y otros trabajadores relacionados, que transformaban los materiales que recibían de la clase productiva: la madera y la piedra para hacer muebles y casas, la lana de oveja para tejer ropa y los metales de las minas para fabricar herramientas.[47] Sin embargo, según sostenía Quesnay, esa clase no añadía valor; más bien, su trabajo simplemente hacía circular de nuevo el valor existente. La tercera clase era el «propietario» improductivo, la clase «distributiva» o «estéril», que estaba formada por terratenientes, nobles y clérigos. En este caso, «distributiva» tenía un sentido peyorativo, pues aunque esta clase redistribuía el valor, solo lo hacía para sí misma, por la única razón de que poseía la tierra y no daba nada a cambio.[48]

En la tabla de Quesnay, la parte productiva del sistema está basada por completo en los granjeros, aunque hay otros que también tienen un papel útil a la hora de garantizar que el sistema se reproduce a sí mismo. La figura 4 muestra en detalle el proceso de producción, ingreso y consumo de cada clase o sector económico, y cómo interactúan. Quizá la primera hoja de cálculo de la historia represente asimismo el primer modelo abstracto consistente del crecimiento económico.

FIGURA 4. Ejemplo de la Tableau économique.

UN EJEMPLO NUMÉRICO DE LA TABLEAU ÉCONOMIQUE

La lógica del modelo de Quesnay se ilustra en la figura 4. Lo más importante es la procedencia de la riqueza inicial, cómo se la hace circular y qué porcentaje se reinvierte en la producción (en la naturaleza) en la siguiente ronda, creando más valor; esto último es la esencia del proceso de crecimiento. En el caso más sencillo de una economía que no se expande, la clase productiva tiene una cantidad inicial de «productos de la tierra» (traducido de produits de la terre), valorados aquí hipotéticamente como el equivalente a cinco mil millones de libras. Estas se dividen en 4/5 de alimentos (para que los granjeros subsistan) y 1/5 de material para la clase estéril. Los propietarios tienen dos mil millones en efectivo que han recibido en impuestos procedentes de la clase productiva, y la clase estéril tiene un inventario de herramientas y otros bienes manufacturados por valor de dos mil millones de libras.

A partir de aquí tiene lugar un proceso de circulación, con cada uno de cuyos pasos se corresponde el movimiento de una fila a la siguiente. En cada paso cambia de mano una cantidad igual de valor para preparar la siguiente ronda de producción. Pero no se crea valor nuevo. Una excepción es, en el proceso de circulación, el paso de la etapa 5 a la 6, en el cual tiene lugar una transferencia, más que un intercambio, de dos mil millones de libras. Solo fluye el dinero, no los productos.[49] Al final, la producción ocurre, con un excedente de productos de dos mil millones en el sector productivo, mientras que en la clase de los propietarios se han consumido improductivamente dos mil millones, iniciando una nueva ronda de circulación. Obviamente, si el excedente es mayor que el consumo, la economía crecerá en cada ronda.

(Todas las unidades están en miles de millones de libras francesas; las flechas continuas indican flujos de productos y las flechas punteadas indican flujos de dinero.)[50]

Lo más significativo es la claridad con que la tabla muestra, de fila en fila, que siempre que lo producido sea mayor que lo consumido, quedará una cantidad para reinvertir, permitiendo así que la economía siga reproduciéndose. Si alguno de los miembros improductivos de la sociedad coge demasiado, reduciendo así la cantidad que el granjero puede reinvertir en la producción, la economía se parará. En otras palabras, si la extracción de valor llevada a cabo por los miembros improductivos excede la creación de valor que realizan los miembros productivos, el crecimiento se detendrá.

Aunque él no utilizó el término, la teoría del valor de Quesnay incorpora un límite de producción muy claro, el primero definido con tanta precisión, que deja claro que el excedente que generan los sectores «productivos» permite vivir a todos los demás.

Otros economistas intervinieron rápidamente con críticas y análisis de la clasificación de Quesnay. Su ataque se centró en el hecho de que este considerara «estériles» a artesanos y trabajadores; el término era útil para el fin político de Quesnay, que consistía en defender el orden social agrario existente, aunque contradecía la experiencia cotidiana de un gran número de personas. Su contemporáneo A. R. J. Turgot refinó el pensamiento de Quesnay y, aunque retuvo la noción de que todo el valor procedía de la tierra, señaló el importante papel de los artesanos para mantener a flote la sociedad. También reconoció que había otras «necesidades generales» que alguien tenía que realizar —como los jueces para administrar justicia— y que esas funciones eran esenciales para la creación de valor. En consecuencia, sustituyó la etiqueta de Quesnay de clase «estéril» por la de clase «estipendiaria» o asalariada. Y, como los ricos terratenientes podían decidir si llevar a cabo el trabajo ellos mismos o, utilizando los ingresos de la tierra, contratar a otros para que lo hicieran, Turgot los llamó «clase disponible». También añadió en su reelaboración que algunos granjeros o artesanos podían emplear a otros y obtener un beneficio. A medida que los agricultores pasaran de arar la tierra a emplear a otros, según sostenía, estos seguirían siendo productivos y recibiendo beneficios de su actividad. Solo tras abandonar por completo la supervisión del trabajo agrícola, y limitarse a vivir de sus rentas, se convertirían en recaudadores de renta «disponibles». El análisis perfeccionado de Turgot, pues, enfatiza el carácter del trabajo realizado y no la categoría del trabajo en sí mismo.

Las mejoras de Turgot fueron muy significativas. En ellas vemos las incipientes categorías de sueldos, beneficios y rentas: una referencia explícita a la distribución de la riqueza y los ingresos que se transformaría en una de las piedras angulares del pensamiento económico de los siguientes siglos, y que todavía hoy se utiliza en la contabilidad de la renta nacional. Sin embargo, para Turgot la tierra seguía siendo la fuente de valor: quienes no la trabajaban no podían ser incluidos en el límite de producción.[51]

La identificación, casi completa, de la productividad con el sector agrícola, realizada por Quesnay y Turgot, tenía un objetivo principal: su restrictivo límite de producción daba a la aristocracia terrateniente munición para enfrentarse al mercantilismo, que favorecía a la clase de los mercaderes y encajaba mejor en una sociedad agrícola que en una industrial. Dado el menosprecio que los fisiócratas mostraban hacia la industria, no resulta extraño que la crítica más significativa a sus ideas procediera de una nación en la que ya estaba claro que el valor no solo se producía en la agricultura, sino en otros sectores emergentes: Gran Bretaña, que por entonces se hallaba en pleno proceso de industrialización. El crítico más influyente fue un contemporáneo de Quesnay, un hombre que había viajado por Francia y hablado largamente con él: Adam Smith.

LA ECONOMÍA CLÁSICA: EL VALOR ESTÁ EN EL TRABAJO

Durante los siglos XVIII y XIX, a medida que la industria se desarrollaba a toda velocidad, también lo hicieron las ideas de una serie de pensadores extraordinarios como Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) y Karl Marx (1818-1883), un alemán que escribió buena parte de su gran obra en Inglaterra. Los economistas empezaron a medir el valor de mercado de un producto en función de la cantidad de trabajo, o la mano de obra, que se había dedicado a su producción. En consecuencia, prestaron mucha atención a cómo estaban cambiando la mano de obra y las condiciones de trabajo, así como a la adopción de nuevas tecnologías y formas de organizar la producción.

En La riqueza de las naciones, publicado en 1776 y ampliamente considerado como la obra fundadora de la economía, la célebre descripción realizada por Smith acerca de la división del trabajo en las fábricas de alfileres mostraba su comprensión sobre cómo los cambios en la organización del trabajo podían afectar a la productividad y, por lo tanto, al crecimiento económico y a la riqueza. Otro libro enormemente influyente, Principios de economía política y tributación, de Ricardo, publicado en 1817, contenía un famoso capítulo titulado «Sobre la maquinaria», en el que sostenía que la mecanización estaba reduciendo la demanda de mano de obra cualificada y que disminuiría los sueldos. En El capital de Marx, cuyo primer volumen fue publicado en 1867, el capítulo titulado «La jornada de trabajo», que trata del desarrollo de las leyes fabriles inglesas que regulaban las condiciones de trabajo, mostraba su fascinación por la producción, dado que representaba el campo en el que se estaba librando la batalla por los derechos de los trabajadores, unos salarios más altos y mejores condiciones.

Smith, Ricardo y otros contemporáneos serían conocidos como los economistas «clásicos». Marx, un precursor más tardío, se aparta un tanto de esta descripción colectiva. La palabra «clásico» era un eco consciente del estatus otorgado a los escritores y pensadores de las antiguas Grecia y Roma, cuya obra suponía aún la piedra angular de la educación cuando el término «economía clásica» empezó a utilizarse a finales del siglo XIX. Los economistas clásicos redefinieron el límite de producción de manera que tuviese más sentido para el periodo en que vivían, esto es, uno en el que la producción del artesano de los gremios, que todavía era importante en tiempos de Smith, daba pie a una industria a gran escala que empleaba a un gran número de trabajadores urbanos —el proletariado—, sobre los que Marx escribió en el tercer cuarto del siglo XIX. No en vano, su emergente disciplina se conocía como «economía política». A los contemporáneos no les pareció raro que la economía fuera una parte íntimamente relacionada con el estudio de la sociedad, más bien, les habría resultado extraña la idea, hoy generalizada, de que la economía es una disciplina técnica neutral que puede desarrollarse de manera independiente del contexto social y político dominante. Aunque sus teorías diferían en muchos aspectos, los economistas clásicos compartían dos ideas básicas: que el valor derivaba de los costes de producción, principalmente de la mano de obra, y que, por lo tanto, la actividad subsiguiente al valor creado por la mano de obra, como la de las finanzas, no creaba valor en sí misma. Como veremos, Marx entendía esta distinción de manera más sutil.

Adam Smith: el nacimiento de la teoría del valor-trabajo

Nacido en 1723 en una familia de funcionarios aduaneros de Kirkcaldy, en el condado de Fife, en Escocia, Adam Smith fue profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow antes de centrarse en lo que ahora llamamos «cuestiones económicas», aunque en ese momento dichas cuestiones estaban muy influidas por la filosofía y el pensamiento político.

Con Gran Bretaña encaminada hacia el capitalismo industrial, La riqueza de las naciones, de Smith, subrayaba el papel de la división del trabajo en la manufactura. Su relato de la fabricación de alfileres todavía se cita hoy como uno de los primeros ejemplos de cambio organizativo y tecnológico en el centro del proceso de crecimiento económico. Al explicar el gran aumento de la productividad que tenía lugar cuando un trabajador ya no era responsable de producir un alfiler entero, sino solo una pequeña parte de él, Smith relataba cómo la división del trabajo permitía el aumento de la especialización y, por lo tanto, de la productividad:

He visto una pequeña fábrica de este tipo en la que solo había diez hombres trabajando, y en la que consiguientemente algunos de ellos tenían a su cargo dos o tres operaciones. Y aunque eran muy pobres y carecían por tanto de la maquinaria adecuada, si se esforzaban podían llegar a fabricar entre todos unas doce libras de alfileres por día. En una libra hay más de cuatro mil alfileres de tamaño medio. Esas diez personas, entonces, podían fabricar conjuntamente más de cuarenta y ocho mil alfileres en un solo día, con lo que puede decirse que cada persona, como responsable de la décima parte de los cuarenta y ocho mil alfileres, fabrica cuatro mil ochocientos alfileres diarios. Ahora bien, si todos hubieran trabajado independientemente y por separado, y si ninguno estuviese entrenado para este trabajo concreto, es imposible que cada uno fuese capaz de fabricar veinte alfileres al día, y quizá no hubiesen podido fabricar ni uno; es decir, ni la doscientas cuarentava parte, y quizá ni siquiera la cuatro mil ochocientasava parte de lo que son capaces de hacer como consecuencia de una adecuada división y organización de sus diferentes operaciones.[52]

Estas percepciones eran originales y profundas. Smith escribía mientras la Revolución industrial introducía máquinas en las fábricas a gran escala. Al aprovechar la división del trabajo, la mecanización aumentaría radicalmente la productividad, el principal motor del crecimiento económico. Pero incluso la simple reorganización del trabajo, sin maquinaria, en la cual cada trabajador se especializaba y desarrollaba habilidades en un área específica, permitieron a Smith sostener este argumento fundamental.

Igualmente significativo sería el análisis de Smith sobre cómo el «mercado» determina la manera en que interactúan los consumidores y los productores. En su opinión, tal interacción no se hallaba determinada por la «benevolencia» o la planificación central,[53] sino que, más bien, se debía a la «mano invisible» del mercado:

Cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para cualquier capital que tenga. Es evidente que lo mueve su propio beneficio y no el de la sociedad. Sin embargo, la persecución de su propio interés lo conduce natural o mejor dicho necesariamente a preferir la inversión que resulta más beneficiosa para la sociedad […]. Él busca solo su propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos.[54]

Como Quesnay, Smith lanzó un ataque más general a las políticas mercantilistas que, sostenía, restringían la competencia y el comercio. También argumentó con firmeza en favor de políticas que aumentaran los ahorros y, con ellos, la cantidad de capital disponible para la inversión, en vez del consumo improductivo (por ejemplo, en lujos). Pero para Smith, los trabajadores industriales —y no, como para Quesnay, los granjeros— formaban parte del núcleo de la economía productiva. El trabajo, no la tierra, era la fuente de valor.[55] Había nacido la teoría del valor-trabajo.

Smith se ha convertido en la figura más conocida de gran parte de la teoría económica moderna gracias a sus ideas acerca de que el capitalismo se basa en un comportamiento humano supuestamente inmutable, en particular en el interés propio, y en la competencia en una economía de mercado. Su metáfora de la «mano invisible» ha sido citada ad nauseam para apoyar la actual ortodoxia de que los mercados, si se los deja en paz, pueden llevar a un resultado socialmente óptimo; de hecho, esto resulta más beneficioso que si el Estado interviene.

En realidad, el libro de Smith supone una colección de recetas para políticos y legisladores. Lejos de dejarlo todo en manos del mercado, el autor pensaba que estaba ofreciendo una guía a los «estadistas» acerca de cómo comportarse para «enriquecer al mismo tiempo al pueblo y al soberano»,[56] es decir, sobre cómo aumentar la riqueza de las naciones. Ahí es donde hace su aparición su teoría del valor. Smith estaba convencido de que el crecimiento dependía de aumentar la participación relativa de las «manufacturas» —fábricas que empleaban a artesanos o agricultores que antes eran independientes como mano de obra dependiente de un salario— en la estructura general de la industria, y creía que el libre mercado resultaba esencial para conseguirlo. Opinaba que los enemigos del crecimiento eran: en primer lugar, las políticas proteccionistas de los mercantilistas; en segundo lugar, los gremios que protegían los privilegios de los artesanos; y en tercer lugar, una nobleza que derrochaba su dinero en trabajo improductivo y un consumo fastuoso. Para Smith (como para Quesnay), emplear una parte demasiado grande de la mano de obra para fines improductivos —como acumular dinero, una práctica que aún aqueja a nuestras economías modernas— impide que una nación acumule riqueza.

Smith pensaba que el valor era proporcional al tiempo dedicado por los trabajadores a la producción. Para los fines de su teoría, asumió una velocidad media del trabajador. La figura 5 muestra cómo trazó una línea clara (el límite de producción) entre el trabajo productivo y el improductivo. Para él, el límite se hallaba entre la producción material —la agricultura, la manufactura, la minería, en el área más oscura— y la producción inmaterial —en el área más clara—. Esta última incluía toda clase de servicios (abogados, carreteros, funcionarios, etcétera) que eran útiles para las manufacturas, pero que, en realidad, no estaban implicados en la producción como tal. Smith afirmaba que el trabajo era productivo cuando se «transformaba» en un objeto permanente.[57] El hecho de que colocara al Gobierno en el lado «improductivo» del límite marcó el tono de muchos análisis posteriores, y constituye un tema recurrente en los debates actuales en torno al papel del Gobierno en la economía, representado por la reafirmación que hicieron Margaret Thatcher y Ronald Reagan en la década de 1980 acerca de la primacía de los mercados para solventar las cuestiones económicas y sociales.

FIGURA 5. El límite de producción según Adam Smith.

A juicio de Smith, «por honorable, útil o necesario» que sea un servicio, simplemente no reproduce el valor utilizado para mantener a los trabajadores improductivos (es decir, la alimentación, la ropa, las tareas del hogar). Para él, incluso «el soberano», junto con «todos los altos cargos que lo sirven, tanto de justicia y guerra, el ejército y la marina completos, son trabajadores improductivos».[58] Los sacerdotes, los abogados, los médicos y los actores también eran considerados improductivos.

Lo que conforma la clasificación de Smith es su convicción de que algunas clases de trabajo no «reproducen» el valor necesario para mantener a esos trabajadores vivos con un nivel de subsistencia. En otras palabras, si la subsistencia necesaria para mantener a una persona con vida fuera una cierta cantidad de grano, entonces cualquiera que no produjera tanto valor como esa cantidad de grano sería, por definición, improductivo.

¿Cómo, entonces, se mantienen con vida quienes no producen esa unidad de valor?

La respuesta de Smith reside en el concepto de «excedente». Muchos trabajadores productivos producen el equivalente a más grano del que necesitan para alimentarse y sobrevivir. Un fabricante hace cosas que, cuando se intercambian, producirán más grano del necesario para mantener vivos a los trabajadores productivos. Así pues, el excedente mantiene a los trabajadores improductivos, incluidos los séquitos de aristócratas, que gastan «su ingreso en comidas suntuosas y copiosas» y en «un gran número de sirvientes domésticos, o en una multitud de perros y caballos».

Ahí es donde Smith abordó sin rodeos cómo podría crecer la riqueza de las naciones. De hecho, tal era su consejo político. En vez de «malgastar» el excedente pagando trabajo a su parecer improductivo, este debería ahorrarse e invertirse en más producción, de modo que toda la nación pudiera volverse más rica.[59] Smith no estaba criticando a los ricos per se, pero sí a quienes malgastaban su riqueza en un consumo fastuoso —«coleccionando libros, estatuas, cuadros» u «objetos más frívolos, joyas, cachivaches y chucherías ingeniosas»— en vez de en una inversión productiva. (Aquella, a fin de cuentas, era la época del Grand Tour, cuando los jóvenes aristócratas viajaban al continente para mejorar su educación y regresaban cargados de artefactos antiguos.) El autor se sentía particularmente atraído por la perspectiva de invertir en máquinas que, por entonces, apenas empezaban a ser utilizadas en las fábricas, ya que mejoraban la productividad de los trabajadores.

Su énfasis en la inversión estaba vinculado directamente con sus ideas sobre la renta. Smith creía que había tres clases de ingresos: los sueldos derivados del trabajo en empresas capitalistas; los beneficios para los capitalistas que poseían los medios de producción; y las rentas procedentes de la propiedad de la tierra. Cuando estas tres fuentes de ingresos se pagaban a un nivel competitivo, juntas determinaban lo que él denominó «precio natural».[60] Como la tierra era necesaria, la renta de la tierra representaba una parte «natural» de la economía. Pero eso no significaba que la renta fuera productiva: «los terratenientes, como todos los demás hombres, gustan de cosechar donde nunca han sembrado, y demandan una renta [de la tierra] incluso por su producto natural».[61] De hecho, afirmaba Smith, el principio de la renta de la tierra podía extenderse a otros monopolios, como el derecho a importar una mercancía particular o el derecho a ejercer la abogacía. Smith era muy consciente del daño que podían causar los monopolios. En el siglo XVII, un Gobierno desesperado por conseguir ingresos había concedido —con frecuencia, a cortesanos bien situados— un extraordinario abanico de monopolios, desde para necesidades cotidianas, como la cerveza y la sal, hasta para objetos como las trampas para ratones y las gafas. En 1621 se decía que había setecientos monopolios, que, a finales de la década de 1630, ingresaban cien mil libras anuales en el Tesoro.[62] Pero semejante epidemia de captura de rentas era profundamente impopular y estaba asfixiando la economía; más que eso, constituyó una de las causas aledañas de la guerra civil en Inglaterra, que llevó a la ejecución de Carlos I. Muchos ingleses entendieron lo que Smith decía cuando afirmaba que un mercado libre era aquel que estaba libre de rentas.

Su perspicaz análisis acerca de cómo funcionaban las economías capitalistas avanzadas le granjeó muchos seguidores. Del mismo modo, su firme defensa del libre mercado, en una era en la que las políticas mercantilistas estaban empezando a considerarse pasadas de moda (Smith, de hecho, creía que los mercaderes eran improductivos porque solo aportaban el servicio efímero de mover las mercancías, en vez de producir algo de valor), convirtió su libro en un éxito entre los partidarios del libre mercado, que con el tiempo derogaron las Leyes del Grano de Inglaterra, pues imponían fuertes aranceles al grano importado para proteger a los terratenientes domésticos, entre otras medidas proteccionistas. Armados con las ideas de Smith, los partidarios del libre mercado mostraron que las naciones podían hacerse más ricas si no había excedente comercial ni acumulación de oro. Amasar oro resultaba innecesario e insuficiente para el crecimiento. De este modo, aunque en España entraron inmensas cantidades de oro desde sus colonias, el reino no se volvió más productivo.

La victoria de los partidarios del libre comercio sobre los mercantilistas se entiende mejor a través de sus concepciones opuestas del valor. Los mercantilistas pensaban que el oro tenía un valor inherente y que todo lo demás podía valorarse en función de la cantidad de oro por la que pudiera intercambiarse. Siguiendo a Smith, los partidarios del libre comercio podían rastrear el origen del valor hasta el trabajo, y la lógica del valor, por lo tanto, se invertía. El oro, como todas las demás cosas, se valoraba por la cantidad de mano de obra que era necesaria para producirlo.[63]

La teoría de Smith no fue inmune a la crítica. De hecho, había propuesto al menos dos teorías del valor, lo cual creó confusión sobre el límite de producción y sobre quién era exactamente productivo, y en concreto, si por sí misma la provisión de servicios creaba valor.[64]

En esencia, Smith estaba confundido acerca de la distinción entre producción material e inmaterial. Para el autor, como hemos visto, un sirviente no «añadía» valor que pudiera ser utilizado por el señor en otra cosa que no fuera, literalmente, mantener con vida al sirviente. Pero también sostenía que si un trabajador industrial ganaba una libra al convertir una cantidad determinada de algodón, que necesitaba otras aportaciones que también costaban una libra, en una pieza de tela que se vendía por tres libras, entonces el trabajador había devuelto el dinero de su servicio y el dueño había conseguido un beneficio de una libra. En dicho punto surge una definición de productividad, sin importar que lo que se produzca sea un producto sólido o un servicio. Añadir valor en cualquier rama de la producción es productivo; no añadir valor es improductivo. Siguiendo esta definición, servicios como la limpieza o la reparación de vehículos pueden ser productivos, lo que invalidaría la división entre material e inmaterial del límite de producción del propio Smith. Los debates alrededor de las teorías del valor de Smith se han prolongado durante siglos. Otras ideas del autor, como el libre comercio y la naturaleza improductiva del Gobierno, también han dejado un legado duradero.

Sin embargo, con frecuencia Smith es malinterpretado. En su razonamiento económico nunca marginó su comprensión de la política y la filosofía. La Teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones no eran contradictorios, sino parte de su profundo análisis de lo que motiva el comportamiento humano, de cómo se organizan las sociedades, y de por qué algunas sociedades pueden aumentar su riqueza más que otras. El análisis de los «mercados libres» de Smith estaba muy vinculado a su comprensión de la producción y a la necesidad de limitar el comportamiento de captura de rentas.

David Ricardo: fundamentando la teoría del valor de Smith

En la década de 1810, otra figura destacada de la escuela de la economía clásica inglesa utilizó la teoría del valor-trabajo y la productividad para explicar cómo la sociedad mantiene las condiciones que le permiten reproducirse. David Ricardo procedía de una familia judía sefardí originaria de Portugal que se trasladó a Holanda antes de instalarse en Inglaterra. Como su padre, Ricardo fue corredor de bolsa, aunque más tarde, al hacerse unitario, se alejó de su familia. Se hizo extraordinariamente rico gracias a actividades especulativas, sobre todo al beneficiarse de la información imprecisa que circulaba en 1815 acerca de la batalla de Waterloo. Se dijo que ganó un millón de libras (conforme al precio de 1815) al retener bonos mientras todo el mundo los vendía (debido a los rumores falsos de que Wellington estaba perdiendo contra Napoleón), una cifra casi inimaginable en ese momento, después de lo cual rápida y sabiamente se retiró al campo, lejos de Londres.

Ricardo se sintió atraído por la economía tras leer La riqueza de las naciones, de Smith, pero le preocupaba algo que, según le pareció, se hallaba ostensiblemente ausente en la teoría del valor de Smith: cómo se distribuía el valor en la sociedad, es decir, lo que hoy llamaríamos «la distribución de los ingresos». Es innecesario decir que, en el mundo actual caracterizado por una creciente desigualdad de ingresos y riqueza, esta cuestión sigue siendo profundamente relevante.

Smith había observado que el valor producido por el trabajo, al venderse, se redistribuía entre sueldos, beneficios y rentas; también había visto que la proporción exacta de este valor en mano de obra —los salarios— variaba.[65] Sin embargo, Smith no ofrecía una explicación coherente de la manera en que se asignaban los sueldos, de por qué diferían entre profesiones y países o con el tiempo.[66] Ricardo, en cambio, creía que la distribución de los salarios era, como insistió en su gran obra, Principios de economía política y tributación, el «principal problema» de la economía y, en última instancia, regulaba el crecimiento y la riqueza de una nación.

De hecho, aunque Ricardo creía en la teoría del valor-trabajo, se mostraba, a diferencia de Smith, reacio a señalar que el valor de una mercancía era estrictamente proporcional a la cantidad del tiempo de trabajo necesario para producirla. Ricardo ponía énfasis en la agricultura por una razón distinta a la de Quesnay: quería explicar la distribución de los ingresos y, para él, la productividad en la agricultura constituía la bisagra sobre la que giraba la distribución. En su opinión, los trabajadores recibían un sueldo de subsistencia; en esencia, ganaban lo suficiente para pagar comida y cobijo. Pero la comida procedía de la agricultura, de modo que el precio de la comida regulaba los sueldos: el precio bajo de la comida (o el «maíz», como escribió Ricardo en el lenguaje propio de la época) permitiría sueldos más bajos y, por lo tanto, beneficios más elevados, además de incentivos para invertir en la producción futura (por ejemplo, en manufactura) y promover el crecimiento económico. Un sueldo alto debido a la baja productividad en la agricultura significaría menos beneficios y, por lo tanto, menor inversión en la producción futura, lo que, a su vez, llevaría a un crecimiento económico más lento.

Ricardo heredó esta «deprimente teoría» de los sueldos de su contemporáneo Thomas Malthus (1766-1834), otro escritor inglés de economía política, quien propuso que siempre que los sueldos reales estuvieran por encima de la subsistencia, la población crecería hasta ser tan grande que la demanda de comida haría aumentar los precios de esta lo suficiente como para volver a bajar aquellos a un nivel de subsistencia.[67]

Según Ricardo, los salarios dependían en gran medida de la productividad de la agricultura; si la productividad aumentaba y la comida se volvía más barata, aquellos caerían. Así, en la manufactura y las demás ramas de la economía, lo que no hubiera que pagarle al trabajador iría al capitalista como beneficio. Los beneficios representan el residuo del valor que los trabajadores producen y no tienen que consumir para su propio «mantenimiento», como escribió Ricardo, «para que subsistan y perpetúen su raza».[68]

Eso, a su vez, llevó a la teoría del crecimiento y la acumulación de Ricardo: aumentar el stock de capital o riqueza para contribuir a alimentar subsiguientes aumentos de la riqueza. Es decir, a medida que los beneficios aumentaran, los capitalistas invertirían y expandirían la producción, lo que a su vez crearía más puestos de trabajo y aumentaría los sueldos, incrementando así la población, cuyos salarios finalmente regresarían al nivel de subsistencia, y así sucesivamente. La economía es vista como una máquina de crecimiento perpetuo, en la que cada vez más gente gana un salario de subsistencia.

Pero el genio teórico de Ricardo quedó realmente de manifiesto al abordar su tercera clase de sociedad: los terratenientes. La producción en la agricultura dependía de dos clases de aportaciones: los bienes y servicios necesarios para la producción. Un tipo podía escalarse, esto es, aumentarse en proporción a las necesidades, incluyendo la mano de obra, la maquinaria, las semillas y el agua. El otro tipo no podía escalarse: tierra cultivable. Como supuestamente dijo Mark Twain, «compran tierra, ya no hacen más».

Como la población crecería gracias a la inversión y a los sueldos en alza, y cada vez sería más necesario producir más comida para alimentar a todo el mundo, en algún momento el total de la mejor tierra para la producción de maíz estará en manos de alguien. Entonces se podría cultivar la tierra menos fértil o productiva. Sin embargo, como todo el maíz se vendía a un precio único a los trabajadores, que recibían sueldos de subsistencia, la tierra más productiva en uso produciría un beneficio mayor que la tierra menos productiva. Aquí fue donde el autor desarrolló su célebre teoría de la renta.

Ricardo definía la renta como una transferencia de beneficios a los terratenientes, simplemente porque tenían el monopolio de un activo escaso. No se presuponía, como en la teoría neoclásica moderna (abordada en el capítulo 2), que esas rentas desaparecerían gracias a la competencia. Permanecían fruto del poder de las relaciones inherentes al sistema capitalista. En tiempos de Ricardo, aunque gran parte de la tierra arable era propiedad de los aristócratas o de la nobleza terrateniente, era trabajada por aparceros o peones. Ricardo pensaba que la renta de las tierras más productivas siempre era para el terrateniente debido a la competencia entre aparceros. Si el granjero capitalista —el aparcero— hubiera querido retener la mayor cantidad posible de beneficios pagando menos renta, el terrateniente habría podido otorgar la concesión a un granjero de la competencia que hubiese pagado una renta más alta y, por lo tanto, hubiera estado dispuesto a trabajar la tierra solo por el beneficio estándar. A medida que este proceso se fuera desarrollando, se pondría a producir tierra de cada vez peor calidad, y una mayor porción de los ingresos iría a parar a los terratenientes. Ricardo predijo que las rentas crecerían.

De manera aún más significativa, las rentas crecientes eran la otra cara de los precios en auge de los alimentos, causados por la falta de tierra agrícola de calidad. Los precios más caros de la comida aumentaban los sueldos que los trabajadores necesitaban para la subsistencia. Esta proporción creciente de los salarios, creía Ricardo, reducía los beneficios en otros sectores como la manufactura. A medida que se producía el desarrollo económico, el margen de beneficios —en esencia, los ingresos sobre el capital del capitalista manufacturero— caería. La proporción de los beneficios —la parte de la renta nacional que reciben los capitalistas— también caería. En consecuencia, la parte de los sueldos destinada a los trabajadores de las manufacturas aumentaría. Pero la parte de más de aquellos tendría que gastarse en comida, que era más cara porque los terratenientes estaban cobrando rentas más altas. Por lo tanto, gran parte de la renta de la nación iría, en última instancia, a los terratenientes, lo cual detendría el crecimiento económico y la inversión en, por ejemplo, la manufactura, ya que los bajos beneficios no justificarían los riesgos.[69]

Al subrayar las diferentes clases de ingresos ganados, como las rentas, los beneficios y los sueldos, Ricardo llamó la atención sobre una cuestión importante: cuando se venden bienes, ¿cómo se dividen los ingresos de esa venta? ¿Reciben todos los involucrados una «parte justa» por la cantidad de esfuerzo dedicada a la producción? La respuesta de Ricardo fue un enfático «no».

Si un input (insumo) de la producción —como la buena tierra cultivable— era escaso, el coste de obtener la misma producción —una cantidad determinada de maíz— variaría en función de la disponibilidad del input. Es probable que el coste fuera más bajo con la tierra fértil y más alto con tierras estériles. En cambio, puede que los beneficios fueran más altos con la tierra fértil y más bajos con tierras yermas. El propietario de la tierra fértil se embolsaría la diferencia en beneficios entre la tierra de mejor y peor simplemente por poseer el monopolio de ese activo.[70] La teoría de Ricardo era tan convincente que, en esencia, se sigue utilizando en economía para explicar cómo funcionan las rentas.[71] Al respecto, estas pueden constituir la patente de un medicamento, el control de un mineral raro como los diamantes, o las rentas en el sentido cotidiano de lo que se le paga al propietario de un piso para vivir en él. En el mundo moderno, los productores de petróleo como los de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) obtienen rentas de su control de un recurso esencial.

El sombrío retrato realizado por Ricardo sobre el estancamiento económico es relevante para un debate moderno: cómo el auge del sector financiero en las últimas décadas y las inmensas rentas que este ha obtenido a partir de actividades especulativas han creado desincentivos para la producción industrial. Algunos economistas heterodoxos actuales sostienen que, si las finanzas se vuelven demasiado grandes en relación con el resto de la economía (la industria), el crecimiento caerá, porque los beneficios reales proceden de la producción de nuevos bienes y servicios y no de las simples transferencias de dinero ganado con esos bienes y servicios.[72] Para «reequilibrar» la economía, afirman, debemos permitir que los beneficios genuinos de la producción superen a las rentas, lo cual, como hemos visto, es exactamente el argumento que Ricardo elaboró hace doscientos años y el que John Maynard Keynes haría cien años más tarde.[73]

De hecho, como aún se sostiene hoy, Ricardo creía que la reserva de trabajadores (sobre todo no cualificados) tenía las de perder. En tiempos de este autor, la mano de obra agrícola acudía en tropel a las ciudades, que crecían a toda prisa y, en consecuencia, la oferta de mano de obra no cualificada superaba la demanda. Sin poder de negociación, estos trabajadores recibían un escaso sueldo de subsistencia. La descripción que hizo Ricardo de las rentas que dominaban la producción también tuvo un impacto político: contribuyó a persuadir a Gran Bretaña para que aboliese las Leyes del Grano en 1846 y para que aceptara el libre mercado, lo que disminuyó el poder de los grandes intereses establecidos y permitió que los costes de producción determinaran esta última, en vez del monopolio arraigado y los privilegios que la acompañaban. En las décadas siguientes, Gran Bretaña se convirtió en «el taller del mundo». Pero la abolición de las Leyes del Grano produjo una transformación tanto política como económica. Así, a medida que transcurría el siglo XIX el equilibrio de poder se inclinó hacia la manufactura alejándose de los terratenientes aristocráticos. La teoría del valor influyó en el comportamiento político, y viceversa (la performatividad que hemos mencionado en el prefacio).

Del modelo de acumulación de Ricardo pueden obtenerse otras lecciones acerca de las fuentes de valor y de quién genera este. Como Smith, Ricardo estaba interesado en comprender cómo la economía se reproduce a sí misma, y como Smith, se centró en la diferencia existente entre la inversión en capital duradero y el consumo: «Se dice que un país incrementa su capital cuando sus producciones anuales exceden su consumo anual; cuando su consumo anual no es como mínimo repuesto por su producción anual se dice que su capital disminuye».[74] Ricardo se apresuró a añadir, sin embargo, que todos los bienes producidos —desde las ropas hasta las carretas— debían ser consumidos o usados; de lo contrario, se depreciarían como un inventario.

Aquí Ricardo estableció un argumento fundamental sobre el consumo, refiriéndose al de los capitalistas, no solo al de los hogares. Como sucedía con la producción, el consumo podía ser productivo o improductivo. El productivo se podía dar cuando un capitalista «consumía» su capital para comprar trabajo, que a su vez reproducía ese capital, y obtenía un beneficio. La alternativa —el consumo improductivo— era el capital gastado en lujos, que no conducían a la reproducción de ese gasto de capital. En este asunto, Ricardo fue absolutamente claro: «Media la máxima diferencia imaginable que sean consumidos por quienes reproducen otro valor o por quienes no lo hacen».[75]

De modo que los héroes de Ricardo eran los capitalistas industriales, «quienes reproducían»: quienes podían asegurarse de que los trabajadores subsistieran y generaran un excedente que el capitalista era libre de utilizar como mejor le pareciera. Sus villanos eran «quienes no reproducían»: la nobleza terrateniente, los propietarios de las tierras escasas que cobraban grandes rentas y se apropiaban del excedente.[76] Para Ricardo, los capitalistas dedicarían ese excedente a un uso productivo, pero los terratenientes —incluida la nobleza— lo gastarían en formas fastuosas de vivir. En esto, Ricardo recuerda a Smith. Ambos habían visto con sus propios ojos la extravagancia de la aristocracia, una clase que, a menudo, parecía más capaz de gastar dinero que de ganarlo y que era adicta a la más improductiva de las actividades: las apuestas. Pero Ricardo divergía de Smith porque a él no le preocupaba si las actividades de producción eran «materiales» (hacer tela) o «inmateriales» (vender tela). Para él era más importante que, si se producía un excedente, este se gastara de manera productiva.

Ricardo señaló al Gobierno como el ejemplo máximo de consumo improductivo, lo cual es importante para nuestro debate. En su opinión, el Gobierno era una sanguijuela peligrosa para el excedente. La mayoría del gasto de este procedía de los impuestos, y al consumir —mediante el gasto en ejércitos, por ejemplo— una parte demasiado grande de la renta nacional, «los recursos del pueblo y el Estado se agotarán con creciente rapidez, y la consecuencia será la miseria y la ruina».[77] Ricardo creía que el Gobierno era improductivo por naturaleza.

En la época en que escribía Ricardo, dichas cuestiones revestían la mayor importancia. Solo unos pocos años antes, el Gobierno británico había tenido que recaudar una cantidad sin precedentes en forma de impuestos, así como emitir bonos para librar la guerra contra Napoleón, de la que la nación salió fuertemente endeudada. ¿Podía permitirse los inmensos gastos militares que la teoría de Ricardo consideraba improductivos? Para su alivio, descubrió que el aumento del valor de la producción de las compañías privadas compensaba sobradamente el del consumo improductivo del Gobierno. A diferencia de Smith, Ricardo no escribió sobre la parte del gasto del Gobierno que desde el primer momento crea las condiciones para la productividad: las infraestructuras (puentes, carreteras, puertos, etcétera), la defensa nacional y el Estado de derecho. Al omitir el análisis del papel del Gobierno en la productividad, sentó las bases para que generaciones de economistas cometieran el mismo olvido, con consecuencias de una enorme importancia que veremos en el capítulo 8.

En esencia, la teoría de Ricardo sobre el valor y el crecimiento derivó en un límite de producción que no dependía de un trabajo o una profesión (fuera fabricante, granjero o vicario) o de si la actividad era material o inmaterial. Ricardo creía que, en general, la producción industrial producía excedentes, pero para él la verdadera cuestión pasaba por cómo se utilizaban los mismos. Si el excedente financiaba un gasto productivo, era productivo; si no, era improductivo.

Ricardo se centró en el «compromiso» de los capitalistas y en su lucha contra los terratenientes. Sin embargo, nunca abordó el hecho incómodo de que el trabajo creaba valor, aunque fueran los capitalistas quienes se llevaban el botín, además del excedente, más allá de los sueldos de subsistencia pagados a los trabajadores. En el transcurso del siglo XIX, mientras Inglaterra se industrializaba, las desigualdades y las injusticias se multiplicaron. La teoría del valor-trabajo interpretaría la producción de tal manera que mostraría a los capitalistas desde una perspectiva mucho menos favorable.

Karl Marx sobre el trabajo de «producción»

La apreciación que hace Ricardo del dinamismo del capitalismo, comparado con los tiempos pasados, prefigura el énfasis que Marx pondría, una generación más tarde, en el poder sin precedentes del sistema para transformar las sociedades. Marx, uno de los nueve hijos de una familia judía, en la que ambos progenitores eran abogados, nació en 1818 en la ciudad alemana de Tréveris. Mientras estudiaba derecho en la universidad, Marx se sintió atraído por una versión crítica de la filosofía de la dialéctica de Hegel, postulada por sus discípulos, que establecía cómo avanza el pensamiento intelectual a través de la negación y la contradicción, por medio de una tesis, su antítesis y después una síntesis. Marx se mostró particularmente interesado en cómo la historia quedaba conformada por contradicciones entre las fuerzas materiales —como el capital y el trabajo— y por la resolución o síntesis de esas contradicciones. Después de que se le vetara un puesto de profesor en la Universidad de Jena debido a sus tendencias políticas radicales, se convirtió en director de un periódico progresista, el Rheinische Zeitung. Tras ello, en 1843, se trasladó a París, donde conoció a Friedrich Engels, futuro coautor de algunas obras y colaborador. Dos años más tarde, Marx fue expulsado de Francia por sus actividades políticas socialistas y se instaló en Bruselas. Allí, en 1848, publicó con Engels el Manifiesto comunista. Marx escribió prolijamente sobre política durante el resto de su vida, pero resulta sorprendente que, a pesar de oponerse al capitalismo, lo analizara de manera objetiva para comprender adónde conducía a la humanidad y cuáles podían ser sus alternativas.

Marx desarrolló su propia versión de la teoría del valor-trabajo. Puso el énfasis en cómo la definición de la actividad «productiva» depende de circunstancias históricas, es decir, de la sociedad en un momento dado. También se centró en la naturaleza de la actividad productiva dentro del sistema capitalista. En el capitalismo, las empresas producen mercancías —un término general para cualquier cosa, desde tuercas y tornillos hasta máquinas enteras—. Si las mercancías se intercambian —venden— se dice que tienen un valor de cambio. Si produces una mercancía que consumes tú mismo, entonces no tiene un valor de cambio. El valor de cambio materializa el valor inherente en las mercancías.

La fuente de ese valor inherente es la única mercancía especial que poseen los trabajadores: su fuerza de trabajo o —por decirlo de otro modo— su capacidad para trabajar. Los capitalistas compran fuerza de trabajo con su capital. A cambio, pagan a los trabajadores un sueldo. Los sueldos de los trabajadores compran las mercancías, como los alimentos y el alojamiento, necesarias para restaurar la capacidad de trabajo del asalariado. De esta manera, los sueldos expresan el valor de los bienes que restauran la fuerza de trabajo.

Esta descripción de la fuente de valor seguía en gran medida a Ricardo. Pero Ricardo había intentado sin éxito encontrar una mercancía externa que pudiera servir como un «estándar invariable de valor» mediante la cual se determinara el valor de todos los demás productos. Marx solucionó el problema ubicando esta medida invariable en los propios trabajadores. Tuvo el cuidado de distinguir el trabajo invertido en la producción de la fuerza de trabajo, que es capacidad de trabajo. Así, los trabajadores invierten trabajo, no fuerza de trabajo. Y en dicha distinción reside el secreto de la teoría del valor de Marx. Los humanos pueden crear más valor del que necesitan para restaurar su fuerza de trabajo. Por ejemplo, si un trabajador tiene que trabajar cinco horas para producir el valor necesario para restaurar la fuerza de trabajo diaria, el valor de la fuerza de trabajo es equivalente a cinco horas de trabajo. Sin embargo, si la jornada de trabajo dura diez horas, las cinco horas adicionales de trabajo crean valor más allá y por encima del necesario para restaurar la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo crea una plusvalía.

El ingenio del capitalismo, según Marx, consiste en que puede organizar la producción de manera que los trabajadores generen unas cantidades de plusvalía sin precedentes. En las primeras sociedades de cazadores-recolectores y granjeros de subsistencia, la gente trabajaba lo suficiente para crear el valor que les permitiera sobrevivir, pero no un excedente más allá de eso. Después, durante el feudalismo, podían ser obligados a producir el excedente suficiente para satisfacer el consumo (improductivo) del señor feudal, que, como sabían Smith y Ricardo, podía ser sustancial. Pero cuando a los productores independientes se les arrebataron los medios de producción —básicamente, por medio de la violencia y de la expropiación a través de la legislación de los derechos de propiedad, como el cercamiento de la tierra comunal en Inglaterra llevado a cabo por los grandes terratenientes— se convirtieron en trabajadores, «libres» y sin propiedad.

Los capitalistas podían comprar la fuerza de trabajo de los trabajadores porque estos habían perdido sus medios independientes de subsistencia y necesitaban un sueldo para sobrevivir. El truco era ponerlos a trabajar más tiempo del necesario para producir el valor (sueldos) que gastaban en sus necesidades de subsistencia; de nuevo, comida y alojamiento.[78] Los trabajadores, en otras palabras, son explotados porque los capitalistas se embolsan la plusvalía que estos producen más allá de sus requisitos de subsistencia. Y, a diferencia de los señores feudales, los capitalistas no despilfarran todo el excedente en consumo, sino que tienen incentivos para reinvertir una parte para expandir la producción con el fin de obtener aún más beneficios. Sin embargo, Marx señaló que había una contradicción en el sistema. La tendencia a aumentar la productividad incrementaría también la mecanización, que, al desplazar la mano de obra (las máquinas asumirían el trabajo humano), con el tiempo reduciría la fuente esencial de los beneficios: la fuerza de trabajo. También previó el problema de una creciente financiarización que, potencialmente, podía socavar la producción industrial. A lo largo de su análisis, se centró en el cambio y en los efectos que este tenía en la creación de valor.

De hecho, el aspecto extraordinario de la teoría de Marx reside en su percepción fundamental de que el capitalismo es dinámico y cambia de manera constante. Pero no solo era dinámico económicamente. A Marx le impresionaban las alteraciones sociales que veía a su alrededor, como el desplazamiento masivo de los trabajadores rurales a las ciudades, lo que creó el proletariado urbano. Así, observó que la sociedad capitalista, y no solo la economía capitalista, era completamente distinta de las sociedades precedentes y que se encontraba en un flujo permanente, un fenómeno que hoy parece muy evidente, mientras nos esforzamos por asumir los inmensos cambios acarreados por las tecnologías digitales, nano, biológicas y otras.

Con anterioridad, los economistas habían pensado en el «capital» como algo puramente físico —maquinaria y edificios, por ejemplo— y en el excedente como algo únicamente positivo que ayudaba a la economía a reproducirse y crecer. Pero Marx otorga al capital una dimensión social y al excedente una connotación negativa. El trabajo produce una plusvalía que estimula la acumulación de capital y el crecimiento económico. Pero la acumulación de capital no solo se debe al trabajo productivo. También es profundamente social. Como los trabajadores no son los propietarios de los medios de producción, están «alienados» de su trabajo. El excedente que producen les es arrebatado. El trabajo es necesario para ganar los sueldos que reciben, con los que compran los alimentos, el refugio y la ropa que necesitan para sobrevivir.[79] Además, en una sociedad de mercado capitalista, el intercambio de mercancías media en las relaciones entre personas. En una sociedad especializada donde existe la división del trabajo, los humanos producen juntos el producto social —la renta nacional neta— y dependen de otros humanos. Pero precisamente debido a la división del trabajo, que Smith había ensalzado y que hacía que la mayoría de los trabajadores estuvieran enormemente especializados en aspectos concretos del proceso de producción, él creía que las relaciones sociales se convertían en relaciones entre mercancías (cosas).[80]

Marx estaba tan fascinado por las dinámicas del capitalismo que creó su propia teoría del valor para explicar cómo funcionaba. A diferencia de los economistas anteriores, que tendían a definir la producción por sector y ocupación (agricultura o manufactura, mercader o clérigo), él definió el límite de producción en función de cómo se obtenían los beneficios. De este modo, preguntó cómo, por tener los medios de producción, el capitalista podía apropiarse de la plusvalía mientras los trabajadores que aportaban el trabajo apenas recibían lo suficiente para seguir con vida; exactamente la misma pregunta que planteaba Bill Heywood. Al colocar esta distinción en el centro de la teoría del valor, Marx generó un límite de producción nuevo y sin precedentes. Su teoría del valor cambió la economía, al menos por un tiempo.

Marx sostenía que los trabajadores son productivos si crean la plusvalía que después retiene la clase capitalista. Para él, si bien en la producción capitalista los trabajadores son productivos, al trazar el límite de producción las cuestiones clave se sitúan en quién participa en la producción capitalista y en quién recibe el excedente que se produce.

FIGURA 6. El límite de producción según Karl Marx.

La figura 6 da una respuesta gráfica a estas preguntas. La esfera de la producción —el área gris claro— incluye tres sectores básicos: primario, que muestra materiales esenciales como los alimentos y los minerales (la única fuente de valor para Quesnay); secundario, que es la industria (la base de la creación de valor en Smith y Ricardo); y terciario, los sectores que Smith consideraba «inmateriales». El área más oscura en su interior, llamada «esfera de la circulación», refleja el análisis de Marx, que abordaremos más tarde, según el cual algunos aspectos de las finanzas resultan esenciales para la producción y merecen ser colocados en ese lado del límite de producción. En el otro lado del límite, Marx siguió a Smith y Ricardo al considerar improductivos el Gobierno y los hogares.

En una economía capitalista se da en todo momento una relación entre la plusvalía y el valor utilizado para la subsistencia de los trabajadores, lo que Marx llama la «tasa de plusvalía». Esta determina qué proporción del producto económico puede utilizarse potencialmente para la acumulación y el crecimiento. Marx se refería al capital que es utilizado para contratar el trabajo como capital «variable»: los trabajadores producen más capital del que se invierte en ellos, de modo que el capital que los contrata «varía» en relación con el capital total del capitalista. El no utilizado para contratar trabajadores se invierte en otros medios de producción que son el capital «constante» —que incluye la maquinaria, la tierra, los edificios y las materias primas—, cuyo valor se preserva pero no aumenta durante la producción.[81]

El valor utilizado para la subsistencia de los trabajadores, la «participación de los salarios», no podría ser menor que lo que es necesario para restaurar la fuerza de trabajo o para «reponer» a los trabajadores que fallecen, dejando al capitalista incapacitado para producir plusvalía. Históricamente, los sueldos de los pobres habían tendido al nivel de subsistencia. Pero Marx introduce una idea nueva y poderosa que ha conformado el pensamiento desde entonces: la lucha de clases. Los sueldos de los trabajadores estaban determinados por la lucha de clases. El lado con más poder podía imponer una tasa salarial que le resultara favorable. Qué clase tenía más poder estaba relacionado con lo que hoy llamaríamos la «rigidez» del mercado laboral. Si los sueldos aumentaban porque los trabajadores tenían mucho poder de negociación en un mercado laboral rígido, los capitalistas sustituían más mano de obra por máquinas, creando más desempleo y competitividad entre los trabajadores por conseguir un trabajo. Marx pensaba que los capitalistas intentarían mantener un «ejército de reserva» de desempleados para mantener los sueldos bajos y conservar o aumentar su proporción del valor que creaban los trabajadores.

Para estos, el valor de la fuerza de trabajo se expresa en forma de sueldos; para los capitalistas, en forma de beneficios. Para una empresa, la tasa de beneficio es la plusvalía dividida por el capital variable y constante, más o menos lo que hoy llamaríamos la «tasa de retorno» de los activos de una empresa. La tasa media de beneficio del conjunto de la economía es la plusvalía total dividida por el capital total variable y constante. Pero la magnitud de la tasa media de beneficio depende de la composición del capital (cuánto es capital variable y cuánto constante) y de la lucha de clases; en la práctica, la relación entre el tamaño de los sueldos de los trabajadores y el valor producido. La tasa media de beneficio también se ve afectada por las economías de escala, pues la productividad de los trabajadores aumenta con un mercado en crecimiento y con el incremento de la especialización de los trabajadores.[82] En particular, Marx creía que el incremento de la producción agrícola no llevaría a un mundo estático y condicionado por los alimentos.[83] Tenía razón: en términos generales, la producción de alimentos ha mantenido el ritmo del aumento de la población. Marx también se mostró agudo al comprender la capacidad de la tecnología para transformar la sociedad. No le habría sorprendido hasta qué punto la automatización ha sustituido a las personas, ni quizá la posibilidad de que haya máquinas más inteligentes que sus creadores humanos.

El análisis de Marx acerca de quién se llevaba qué en el capitalismo no se detenía aquí. También distinguía entre las distintas funciones de varios actores capitalistas de la economía. Para hacerlo, usó con inteligencia su teoría del valor con el fin de identificar quiénes producían valor y quiénes no.

Como otros economistas antes que él, Marx creía que la competencia tendería a igualar las tasas de beneficio en toda la economía.[84] Pero en este punto Marx introdujo una distinción que tiene una importancia fundamental en su teoría del valor y en las que se elaboraron con posterioridad: la manera en que las distintas clases de capitalistas obtienen sus beneficios. Las primeras dos categorías que Marx identificó fueron el capital de producción (o industrial) y el capital comercial: el primero produce mercancías; el segundo hace circular las mercancías al venderlas, y logra que el dinero recibido esté a disposición del capital de producción para comprar los medios de producción (el ámbito gris oscuro en el área más clara de la figura 6). Como explicó Marx, el primero crea una plusvalía y el segundo la «realiza». Cualquier mercancía no vendida, por lo tanto, no será útil para el capitalista, independientemente de lo mucho que explote a sus trabajadores, porque no se realiza ninguna plusvalía. El capital comercial, señaló Marx, había existido durante milenios: los mercaderes internacionales, como los de la Liga Hanseática o los fenicios, compraban barato y vendían caro. Lo que no hacían era añadir valor mediante una producción capitalista. En el capitalismo, los capitalistas comerciales realizan el valor producido por los capitalistas de producción. Un ejemplo del mundo actual al que se puede aplicar la teoría de Marx es Amazon. Se trata de un capitalista comercial porque es un medio mediante el cual los capitalistas de producción venden sus bienes y realizan la plusvalía. Los servicios de transferencia de dinero de los bancos también constituyen un ejemplo de capital comercial.[85]

Marx señaló que, al inicio, las empresas de producción también pueden llevar a cabo actividades de capital comercial. Sin embargo, a medida que la producción se expande es probable que surjan empresas capitalistas independientes que lleven a cabo esas funciones como capitalistas de mercancía o de dinero. De manera crucial, estos capitalistas y la mano de obra que emplean están preocupados únicamente por la «circulación» de capital; no producen mercancías que generen una plusvalía, y, por lo tanto, son improductivos.[86] Aun así, como también se trata de empresas capitalistas, requieren la misma tasa de beneficio que el capital de producción. En consecuencia, parte de la plusvalía se aparta para ser convertida en su ingreso, disminuyendo el beneficio medio en la economía.[87] Aunque en las empresas implicadas en la circulación del capital el trabajo no crea plusvalía, el capitalista comercial lo considera productivo porque le asegura la parte del capitalista de la plusvalía existente, y se convierte en un beneficio.[88] La aparición de distintas empresas de capital comercial altera la estructura de toda la economía y la cantidad de plusvalía disponible para los capitalistas de la producción.

Después, Marx identificó el capital «con intereses»: los capitalistas que, como los bancos, ganaban intereses gracias a créditos que los capitalistas de la producción dedicaban a expandir la producción. La generación de intereses es posible porque, en el capitalismo, el dinero no solo representa poder adquisitivo —comprar mercancías para el consumo—, sino también el potencial de generar más beneficios en el futuro por medio de la inversión como capital.[89] El interés se deduce de la tasa de beneficio del capitalista de la producción. El capital con intereses, a diferencia del capital comercial, no reduce la tasa general de beneficio; solo la subdivide entre los receptores de los intereses y quienes obtienen un beneficio.

La relación entre estas dos clases de capital tiene distintas ventajas. Puede aumentar la escala y la velocidad de la producción capitalista, al hacer más fácil la obtención de capital y la reducción del tiempo de rotación (el tiempo que el capital tarda en producir, vender y comprar nuevos medios de producción, un «periodo» de producción). El capital con intereses y el sistema de crédito que ofrece también reducen la importancia del capital comercial, por ejemplo, reduciendo el tiempo que la producción capitalista tiene que esperar para que el comerciante regrese con las ganancias de las ventas. Sin embargo, como el capital con intereses no produce ninguna plusvalía, no es directamente productivo.[90]

Finalmente, además de estos tipos de capitalistas, Marx identificó otro: los propietarios de cosas escasas como la tierra, el carbón, una patente, una licencia para ejercer la abogacía, etcétera. Algunas cosas escasas pueden mejorar la productividad por encima del nivel de productividad general; el mismo producto puede realizarse en menos tiempo de trabajo o con menos medios de producción. Eso, a su vez, crea «beneficios excedentes» —a lo que Smith y Ricardo podrían haberse referido como «renta»— para los capitalistas o terratenientes y propietarios, que pueden explotar estas condiciones de producción ventajosas. Marx perfiló así una teoría de la ganancia de «monopolio».

La clave, en opinión de Marx, reside en que el trabajo es productivo si —y solo si— produce una plusvalía para el capital de producción, el motor del sistema capitalista; es decir, produce valor más allá del valor de la fuerza de trabajo. Para Marx, pues, el límite de producción se define, no por sectores u ocupaciones, sino por cómo se generan los beneficios; más específicamente, si una ocupación se lleva a cabo en un contexto de producción capitalista. Solo la empresa capitalista acumulará la plusvalía que puede conllevar una expansión de la producción. De esta manera, la economía capitalista se reproduce a sí misma.

Participar en la «circulación» o en la ganancia de intereses no es un criterio para juzgar la «utilidad» de esas actividades. Simplemente, era necesario, sostenía Marx, que el capital se transformara de la forma mercancía a la forma dinero y vuelta a empezar.[91] De hecho, Marx pensaba que una esfera de circulación que funcionara bien podía aumentar la tasa de beneficio al reducir el tiempo de rotación para el capital. Si la «esfera de circulación» no funcionaba correctamente —por ejemplo, el sistema de crédito que la alimentaba resultaba ineficiente—, corría el riesgo de absorber una parte demasiado grande de la plusvalía que los capitalistas esperaban generar vendiendo sus bienes y, como resultado, impedir el crecimiento.

Marx perfeccionó la distinción de Adam Smith entre los sectores productivo (la industria) e improductivo (los servicios) y la convirtió en algo mucho más sutil. Como puede observarse en la figura 6, en la teoría del valor de Marx cada empresa organizada de manera privada que cae en la esfera de la producción es productiva, ya sea un servicio u otra cosa. Aquí, el logro de Marx consistió en superar la simple categorización de la ocupación y colocarla en el escenario de la reproducción capitalista.[92] El límite de producción de Marx sitúa la producción de bienes y servicios en un lado, y todas esas funciones del capital que no creaban una plusvalía adicional, como el interés cobrado por los prestamistas o el intercambio especulativo de acciones y bonos, en otro. Las funciones que se hallan fuera del límite de producción consiguen una parte de la plusvalía a cambio de hacer circular el capital, ofrecer dinero o hacer posibles los beneficios excedentes (monopolio).

Es más: al distinguir entre distintos tipos de actividad capitalista —producción, circulación, capital con intereses y rentas—, Marx ofrece al economista una herramienta de diagnóstico adicional con la que examinar el estado de la economía. ¿Funciona la esfera de circulación todo lo bien que debiera? ¿Hay suficiente capacidad para llevar capital al mercado, de modo que pueda ser intercambiado, realizar su valor y ser reinvertido en la producción? ¿Qué proporción de beneficios se destina al pago de intereses? ¿Es el mismo para todos los capitalistas? ¿Crean los recursos escasos, como los «intelectuales» del tipo de las patentes y las invenciones, condiciones ventajosas para los productores con acceso a ellos? ¿Generan «beneficios excedentes» o rentas para esos productores?

Ricardo y Marx redefinieron la teoría de la renta para dejar claro que la renta es un ingreso procedente de la redistribución de valor y no de su creación. Los terratenientes no crean el suelo, pero pueden generar ingresos de su derecho a excluir de la tierra a los demás (capitalistas), que podrían utilizarla para producir valor. La renta de cualquier clase es básicamente un derecho sobre el total de la plusvalía social, y, por lo tanto, reduce los beneficios de los capitalistas productivos. Como veremos en el próximo capítulo, la economía neoclásica (la convencional) ha cambiado de manera fundamental esta idea de renta por una en la que las imperfecciones y los impedimentos pueden eliminarse mediante la competencia.

Estas cuestiones han recuperado protagonismo desde la crisis financiera de 2008. En el centro de todas ellas se encuentra el comportamiento ventajista de las finanzas, que, de hecho, no han atendido a lo que el economista estadounidense Hyman Minsky (1919-1996) llamó «el desarrollo capital de la economía».[93] En otras palabras, en vez de facilitar la producción industrial, las finanzas simplemente han degenerado en un casino, cuyo fin es apropiarse de tanto excedente existente como sea posible.[94] Pero si ese casino es visto como una mera imperfección o como una fuente estable de ingresos no ganados (de modo que actividades que no están creando valor se puedan presentar como tales), supone una diferencia fundamental en las políticas que tienen como objetivo reformar el sistema.

El intento de Marx de definir el límite de producción fue más riguroso que los de Smith y Ricardo, y, sin duda, estaba muy lejos de los de Petty y King. Introdujo la idea de la fuerza de trabajo como un estándar de valor objetivo e invariable, partiendo de la premisa esencial, compartida por economistas anteriores, de que el valor derivaba del trabajo. También compartía con ellos la creencia de que el Gobierno era improductivo. Los primeros economistas y los clásicos dejaron un legado de ideas sobre el valor —de las monedas y la protección, el libre mercado, las rentas, el Gobierno y la tecnología— que han tenido una amplia repercusión durante siglos y que siguen vivas hoy en día.

El próximo capítulo explora cómo, cuando aún se estaba secando la tinta de los escritos de Marx en la sala de lectura del Museo Británico, el mundo intelectual de los economistas clásicos iba a ser puesto patas arriba.

2

EL VALOR SUBJETIVO DEL OBSERVADOR

EL ASCENSO DE LOS MARGINALISTAS

[…] la distribución de los ingresos de la sociedad está controlada por una ley natural […] esta ley, si trabajara sin fricción, daría a cada agente de la producción la cantidad de riqueza que ese agente crea.

J. B. CLARK, The Distribution of Wealth:

A Theory of Wages, Interest and Profits, 1965[95]

En manos de Marx, la teoría del valor se transformó en una poderosa herramienta para analizar la sociedad. Si Smith había elogiado los méritos de la búsqueda individual de la felicidad y el beneficio, y Ricardo había convertido al empresario capitalista en el héroe de la economía, Marx se mostró mucho más crítico que ellos. A medida que la Revolución industrial progresaba en Europa y arrojaba a masas de trabajadores a la pobreza urbana, su teoría del valor-trabajo no consistía en una simple serie de ideas abstractas, sino en una crítica activa del sistema que veía desarrollarse a su alrededor. Si la mano de obra producía valor, ¿por qué seguía viviendo en la pobreza y la desesperación? Si los financieros no creaban valor, ¿cómo es que se hacían tan ricos?

Sin embargo, los días de la teoría del valor-trabajo estaban contados. Este capítulo trata del surgimiento de una nueva serie de ideas que invirtieron el argumento previo según el cual el valor radicaba en condiciones objetivas de la producción, y todas las demás categorías económicas, como el precio de los bienes y servicios, estaban subsumidas en ellas. Los economistas clásicos perdieron su corona a manos de una nueva dinastía, los neoclásicos.

NUEVOS TIEMPOS, NUEVA TEORÍA

Las críticas socialistas a la teoría del valor se estaban multiplicando incluso antes de que Marx escribiera El capital. Un grupo llamado los «socialistas ricardianos» utilizó la teoría del valor-trabajo de Ricardo para exigir que los trabajadores recibieran mejores sueldos. Entre ellos estaban el irlandés William Thompson (1775-1833), los británicos Thomas Hodgskin (1787-1869) y John Gray (1799-1883), y John Bray (1809-1897), que nació en Estados Unidos pero trabajó parte de su vida en Gran Bretaña. Juntos presentaron un argumento obvio según el cual, si el valor de las mercancías procedía de la mano de obra, los ingresos de su venta debían ir a los trabajadores. Esta idea subyace en el cooperativismo del fabricante textil Robert Owen (1771-1858), para quien la solución era que los trabajadores también participaran en la propiedad, tanto de las fábricas como de las infraestructuras creadas de manera pública. Marx y Engels mantuvieron relaciones cordiales con algunos de estos grupos, pero se mostraron muy recelosos frente a otros, que según ellos no contaban con un verdadero análisis de por qué las cosas iban mal. La pareja colaboró con aquellos grupos con los que tenían buena relación para producir críticas al capitalismo.

La oposición intelectual al capitalismo tuvo su equivalente práctico en una variedad creciente de organizaciones políticas radicales y socialistas que vinculaban las, a menudo, duras condiciones de la gente trabajadora con programas de acción para remediarlas. En Gran Bretaña, los cartistas (1837-1854) demandaron reformas en el sistema político. El sindicalismo empezó a adquirir un seguimiento significativo. La Sociedad Amalgamada de Ingenieros se formó en 1851 y el Congreso de Sindicatos en 1868. Durante la recesión de la década de 1880, el socialismo se difundió más, culminando en la fundación del Partido Laborista en 1900. En esto Gran Bretaña llegó relativamente tarde, ya que el Partido de los Trabajadores Socialistas alemán había sido fundado en 1875 y la Federación de los Trabajadores Socialistas de Francia cuatro años más tarde.

Enfrentados a estas amenazas al statu quo, los poderes existentes necesitaban una nueva teoría del valor que les asignara un papel más favorable. Otras influencias también alentaron la búsqueda de un nuevo análisis sobre el funcionamiento del capitalismo y la inquietante cuestión de la procedencia del valor. El pesimismo de Malthus acerca de los peligros del crecimiento de la población representaba una afrenta a la creencia en el progreso de finales del siglo XIX, y los hechos no parecían apoyarlo, porque la escasez de alimentos que había predicho no se había materializado. El inconformismo ofrecía una base moral sobre la que argumentar que el empobrecimiento de las masas que Marx y otros temían no era inevitable ni deseable. El desarrollo de las ciencias naturales y las matemáticas alentó los intentos de situar la economía en un mismo plano «científico», en oposición a lo que estaba empezándose a ver como los empeños más «literarios» de la economía política. Pero, sobre todo, quizá el auge del poder de los capitalistas en una sociedad que durante mucho tiempo había estado dominada por los terratenientes aristocráticos y la nobleza local significó que era necesario un nuevo análisis del capitalismo para justificar su posición.

EL ECLIPSE DE LOS CLÁSICOS

Una serie de pensadores y economistas que eran más o menos contemporáneos de Marx empezaron a poner las bases de lo que se convertiría en la corriente mayoritaria de la economía moderna. Lord Lauderdale (1784-1860), un conde escocés, defendió a los terratenientes como productivos y Nassau Senior (1790-1864), un abogado y economista inglés, los beneficios como una recompensa por abstenerse de consumir. Vincular los beneficios a una noción de sacrificio facilitaba una justificación moral útil para la gran desigualdad de ingresos existente entre los capitalistas y los trabajadores.[96] Además, como el capital escaso podía ser invertido o ahorrado, los beneficios ya no estaban vinculados a las teorías de la explotación, sino que pasaron a ser vistos simplemente como un retorno para ahorrar en vez de para consumir.

Pero para desterrar a los clásicos de manera adecuada había que inventar una teoría del valor. Dos de los principales arquitectos de lo que se conocería como la «economía neoclásica» fueron Léon Walras (1834-1910) y William Stanley Jevons (1835-1882). Walras era profesor de economía en Lausana, Suiza. Para él, «el rasgo característico de una ciencia propiamente dicha es la completa indiferencia frente a cualquier consecuencia, ventajosa o indeseable, de su vínculo con la búsqueda de la verdad pura».[97] Walras estaba dispuesto a mostrar que la economía era una ciencia real, menos difusa que la sociología o la filosofía, de modo que trató de descubrir «verdades puras» en la ciencia de la teoría económica, en vez de centrarse en sus aplicaciones. Jevons, que era profesor de economía política en el University College de Londres, empezó su libro La teoría de la economía política con la afirmación de que la economía, «si quiere ser una ciencia, debe ser una ciencia matemática». Se justificó afirmando que la economía maneja cantidades; había, continuaba, «leyes» en la economía que podían llegar a ser como otras ciencias «exactas» si existieran suficientes estadísticas comerciales. Jevons llamaba a su teoría económica «la mecánica de la utilidad y el interés propio».

Otro economista que vinculó el valor a la utilidad fue Carl Menger (1840-1921), uno de los fundadores de la «escuela austriaca» de economía. Como veremos más tarde, la utilidad es un concepto amplio que combina ideas relacionadas con la eficiencia de un producto —¿es fiable el coche?— con nociones más vagas sobre la satisfacción e incluso la felicidad —el coche nuevo, ¿impresiona a los vecinos?—. Para Menger, el valor que surge de la utilidad establece el coste de la producción; el coste de la producción, incluido el coste del trabajo, no determina el valor. Aunque originales, las ideas de Menger no encajaron bien en la nueva narrativa de que la economía tenía que ser mucho más abstracta y ser expresada de manera ordenada en ecuaciones matemáticas basadas en la física newtoniana.

DE LO OBJETIVO A LO SUBJETIVO: UNA NUEVA TEORÍA DEL VALOR BASADA EN LAS PREFERENCIAS

Walras, Jevons y Menger aportaron una visión positiva y «científica» de la reproducción, el intercambio y la distribución de los ingresos. Utilizaron la construcción que más tarde se denominaría «utilidad marginal», y su propagación de una nueva visión de la teoría del valor se cita ahora como la «revolución marginal».[98] Sin embargo, fue una revolución lenta.

La teoría de la utilidad marginal afirma que todo ingreso es la recompensa por una tarea productiva. Dadas las grandes inversiones que se hacían en las fábricas y los edificios durante la Revolución industrial, esta teoría se ajustaba bien a las cambiantes circunstancias de la segunda mitad del siglo XIX. Pero no surgió de la nada; de hecho, tenía una larga historia. En el medievo, algunos pensadores sostenían que los «precios justos» eran aquellos que reflejaban la utilidad de un objeto. En Suma teológica, el filósofo y teólogo del siglo XIII Tomás de Aquino abordó el concepto del precio justo en una sección del libro titulada «Del engaño, que se comete en la compra y la venta». El «precio justo» era un concepto normativo, contrario a lo que se consideraba el precio equivocado resultante de una avaricia moralmente mala. La Iglesia en la Edad Media arremetía contra el pecado de la codicia y la avaricia, que, en términos generales, se refería a la especulación de los intermediarios y los prestamistas. En el «Infierno» de Dante, los usureros son consignados a la parte más caliente (el séptimo círculo) porque no ganan el dinero a partir de las fuentes productivas, que para Dante eran la naturaleza o el arte, sino a partir de la especulación y las diferencias en los tipos de interés. De hecho, le asquea tanto la usura que pone a los usureros debajo del círculo del infierno en el que se hallan los sodomitas.

Esta visión normativa y moral del precio, vinculada al engaño o al comportamiento delictivo, empezó a desaparecer después del siglo XVII —la época de Petty y King—, pero perduró hasta que fue decididamente suplantada por el concepto de «utilidad individual», que sostenía que no se trataba de lo correcto y lo incorrecto, sino de cómo se podían alcanzar unos objetivos comunes mediante el intento de cada individuo de maximizar su beneficio. En 1776 —el año en que Adam Smith publicó La riqueza de las naciones— el inglés Jeremy Bentham planteó que «la mayor felicidad del mayor número» debía ser «la medida de lo correcto y lo incorrecto».[99] En otras palabras, una acción debía ser evaluada de acuerdo con sus consecuencias en un contexto particular: matar podía estar justificado si se prevenían más muertes. Esta teoría «utilitarista» de la ética se expandió y afectó a las ideas sobre la producción. En Francia, Jean-Baptiste Say (1767-1832), contemporáneo de Smith y un crítico hostil de Quesnay, sostuvo en su libro de 1803 Tratado de economía política que el valor de una mercancía reside en la utilidad que tiene para un comprador y, por tanto, que la mano de obra productiva es aquella que produce utilidad. Para Say, la mano de obra que trabajaba en servicios —que los economistas clásicos pensaban que caía de lleno en la categoría de «improductiva», porque no producía «cosas»— podía, de hecho, ser reclasificada como productiva, siempre y cuando esos servicios tuvieran un precio y la mano de obra obtuviera un sueldo.[100]

La persona más influyente en el desarrollo de la teoría de la utilidad fue el economista británico Alfred Marshall (1842-1924), que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX y fue profesor de economía política (como todavía se llamaba) en Cambridge. Resulta significativo que su formación fuera de matemático. El libro de Marshall Principios de economía, publicado en 1890, difundió las nuevas ideas a varias generaciones de estudiantes. La biblioteca económica de Cambridge es conocida simplemente como la Biblioteca Marshall; los libros de textos de introducción a la economía todavía incluyen diagramas que él desarrolló en el siglo XIX.

En muchos aspectos, Marshall era un heredero natural de la tradición clásica. Aceptaba que el coste de la producción era importante para determinar el valor de una mercancía. Pero él y sus seguidores hicieron que el pensamiento sobre el valor virara del estudio de amplias cantidades de capital, inputs de mano de obra y tecnología y sus retornos, al de pequeñas cantidades incrementales. Utilizando el cálculo matemático, se centró en cómo un cambio pequeño —o «marginal»— provocado en una variable causa un cambio en otra; por ejemplo, una leve variación en el precio afecta a la cantidad de producto demandado u ofrecido.

Así pues, ¿en qué consiste la nueva teoría del valor, esto es, el marginalismo? En primer lugar, se basa en las nociones de utilidad y escasez, siendo subjetiva: el valor de las cosas se mide según su utilidad para el consumidor. Por lo tanto, no hay un estándar «objetivo» del valor, puesto que la utilidad puede variar entre individuos y en distintos momentos. En segundo lugar, esta utilidad disminuye a medida que aumenta la cantidad de algo que se tiene o se consume. La primera barrita de Mars que te comes en el día te puede resultar muy útil, proporcionarte satisfacción e incluso felicidad. Es placentera y quizá calme las punzadas del hambre. Pero según vas comiendo barras de Mars, estas dejan de gustarte y puede que hasta te pongas enfermo. Sin embargo, en algún momento la utilidad que ganas al comerlas disminuirá.[101] Así, la utilidad de la última barra es menor, posiblemente mucho menor, que la de las barras anteriores. Esto es la «utilidad marginal»; en el caso de una barra de Mars, la última barrita valía para ti mucho menos que la anterior —la «utilidad marginal decreciente»—. Del mismo modo, cuanto más escaso es algo, más utilidad te aporta —la «utilidad marginal creciente»—. Una barra de Mars en una isla desierta te puede dar más felicidad que cualquier número de barras compradas en la tienda de la esquina.

EL AUGE DE LOS «NEOCLÁSICOS»

Los precios, pues, reflejan la utilidad que los compradores obtienen de las cosas. Cuanto más escasas sean —cuanto mayor sea su utilidad marginal— más dispuestos estarán los consumidores a pagar por ellas. Estos cambios en la utilidad marginal de un producto acabaron por conocerse como la «preferencia» del consumidor. El mismo principio se aplica a los productores. La «productividad marginal» es el efecto que tendría una unidad extra de los bienes producidos en los costes de producción. El coste marginal de cada barrita de Mars extra que sale de la línea de producción es menor que el coste de la anterior.

El concepto de «marginalismo» resulta esencial para lo que en la actualidad se conoce como la teoría «neoclásica», la serie de ideas que siguieron a la teoría clásica que Smith y Ricardo desarrollaron y que Marx amplió. El término neoclásico reflejaba que los nuevos teóricos se alzaban sobre hombros de gigantes, para dirigir después la teoría hacia nuevas direcciones. La teoría microeconómica, acerca de cómo las empresas, los trabajadores y los consumidores hacen elecciones, se basa en la teoría neoclásica de la producción y el consumo, que se sustenta en la maximización de los beneficios (empresas) y la utilidad (consumidores y trabajadores).

Como matemático, Marshall utilizó el cálculo matemático, prestado de la física newtoniana, para desarrollar su teoría sobre el funcionamiento de la economía. En su modelo, para un consumidor el momento en que el dinero es más valioso que la unidad adicional (marginal) de una mercancía (la siguiente barra de Mars) que su dinero podría comprar, es cuando el sistema se encuentra en «equilibrio», una idea que recuerda la descripción de Newton de cómo la gravedad mantenía unido el universo. Las curvas suaves y continuas de esas fuerzas equilibradoras y evolutivas representan un sistema pacífico y potencialmente «óptimo». La inclusión de conceptos como el de «equilibrio» en el modelo neoclásico tuvo el efecto de retratar el capitalismo como un sistema pacífico impulsado por mecanismos de competencia autoequilibradores, en llamativo contraste con el modo en que Marx describió el sistema, como una batalla entre clases, lleno de desequilibrios y en absoluto óptimo, cuyas revoluciones resultantes fueron descritas mejor por la idea de Erwin Schrödinger de los saltos cuánticos y la mecánica ondulatoria.

Marshall estaba tan dispuesto a poner énfasis en las fuerzas equilibradoras y evolutivas de la economía, con sus curvas suaves y continuas que podían describirse mediante el cálculo matemático, que el epígrafe de sus Principios de economía, publicado en 1890, fue el lema latino Natura non facit saltum, un guiño al uso que le dio Darwin en Sobre el origen de las especies, publicado en 1859, para insistir en que la naturaleza, en vez de progresar a pasos agigantados, evoluciona de manera incremental, partiendo de cambios anteriores.

El concepto de «equilibrio» resultó muy atractivo a principios del siglo XX, cuando en Europa el auge del socialismo y los sindicatos amenazaba al viejo orden, con frecuencia autocrático, y a la creencia convencional de que el capitalismo, en buena medida, se regulaba a sí mismo y de que la intervención del Gobierno era innecesaria o incluso peligrosa.

El equilibro se basaba en la noción de escasez y en el efecto de esta en los rendimientos decrecientes: cuanto más consumes, después de una determinada cantidad (el goce máximo), disfrutas de cada unidad de consumo; y cuanto más produces, menos beneficio obtienes de cada unidad marginal producida (el beneficio máximo). Es este concepto de «rendimiento decreciente» lo que permite a los economistas actuales trazar suaves curvas en diagramas utilizando cálculos matemáticos, de tal modo que los puntos máximo y mínimo (por ejemplo, la base de una curva en forma de U que muestra cómo varían los costes con el aumento de la producción) proporcionan los objetivos de equilibrio y maximización de la utilidad.

A los economistas del siglo XIX les gustaba ilustrar la importancia que la escasez tenía para determinar el valor utilizando la paradoja del agua y el diamante. ¿Por qué el agua es barata a pesar de ser necesaria para la vida humana, y los diamantes son caros y, por lo tanto, tienen un elevado valor, a pesar de que los humanos pueden vivir con bastante comodidad sin ellos? La teoría del valor-trabajo de Marx —aplicada de manera ingenua— sostendría que producir diamantes requiere mucho más tiempo y esfuerzo. Pero la nueva teoría del valor basada en la utilidad, como la definían los marginalistas, explicaba que la diferencia de precio era debida a la escasez de los diamantes. Allí donde hay abundancia de agua, resulta barata; donde hay escasez (como en el desierto), su valor puede subir mucho. Para los marginalistas, esta teoría del valor basada en la escasez se convirtió en la justificación del precio de todo, desde los diamantes hasta el agua, pasando por los sueldos de los trabajadores.

La idea de escasez se volvió tan importante para los economistas que, a principios de la década de 1930, dio lugar a que un influyente economista británico, Lionel Robbins (1898-1984), profesor de economía en la London School of Economics, definiera el propio estudio de la economía en términos de escasez; la descripción que hizo de esta como «el estudio de la asignación de recursos bajo condiciones de escasez» todavía es muy utilizada.[102] El surgimiento del marginalismo constituyó un momento crucial en la historia del pensamiento económico, que estableció los fundamentos de la teoría económica dominante hoy en día.

La revolución marginal

Los «revolucionarios marginales», como han sido llamados, utilizaron la utilidad marginal y la escasez para determinar los precios y el tamaño del mercado. Para ellos, la oferta y la demanda de recursos escasos regulan el valor, expresado en forma de dinero. Como las cosas que se intercambian en una economía de mercado monetario tienen precios, el importe es, en última instancia, la medida de valor. Esta nueva y poderosa teoría explicaba cómo se establecían los precios y cuánto se producía de una cosa en particular.[103] La competencia asegura que la «utilidad marginal» del último artículo vendido determine el importe de esa mercancía. El tamaño del mercado de una mercancía concreta —es decir, el número de artículos que tienen que venderse antes de que la utilidad marginal deje de cubrir los costes de producción— se explica por la escasez y, por lo tanto, por el precio de los inputs de la producción. El precio es una medida directa del valor.[104] Estamos, pues, muy lejos de la teoría del valor-trabajo.

Pero lo que este modelo gana en versatilidad —la noción de que las preferencias de millones de individuos determinan los precios y, por lo tanto, el valor— lo pierde en capacidad o, más bien, en falta de capacidad para medir lo que Smith llamaba «la riqueza de las naciones», la producción total de una economía en términos de valor. Como ahora el valor es solamente un concepto relativo —podemos comparar el de dos cosas a través de sus precios y de cómo pueden cambiar estos— ya no podemos medir el trabajo que produjeron los bienes en la economía y con ello contabilizar cuánta riqueza se creó.

La utilidad marginal y la escasez necesitan un par de premisas adicionales para que la determinación del precio funcione como se pretende. En primer lugar, todos los humanos tienen que ser calculadoras de utilidad unidimensionales que saben lo que es mejor para sí mismos, conocer qué precio pagar por cada mercancía y cómo hacer una elección económicamente «racional».[105] En segundo lugar, no debe haber interferencias, por ejemplo, de monopolios, en el establecimiento de los precios. El «equilibrio» con una «competencia perfecta» —donde la oferta y la demanda están en equilibrio exacto, una idea que Jean-Baptiste Say desarrolló a principios del siglo XIX— se convirtió en un concepto necesario y central de la economía. Estas nociones, como veremos, tienen un gran peso en la discusión actual sobre la creación de valor.

El límite de producción se vuelve difuso

Las consecuencias del pensamiento marginal para el límite de producción son enormes. Como hemos visto, los pensadores clásicos diferían en su definición de quién era productivo y quién no. Para Quesnay solo los granjeros lo eran; Smith asignó a los servicios la etiqueta de «improductivos»; incluso Marx definió a los trabajadores productivos como aquellos que trabajaban en una producción capitalista. En el pensamiento marginal, sin embargo, esas clasificaciones se descartaron para ser sustituidas por la idea de que solo puede considerarse actividad productiva aquella que tiene un precio en el mercado (legalmente). Además, la productividad fluctuará con los precios, porque estos determinan el valor y no al revés. Por lo tanto, la teoría de la utilidad cambia por completo el concepto de trabajo productivo e improductivo. De hecho, en la práctica la distinción desaparece, puesto que todo sector que produce para el mercado intercambia sus productos, lo que significa que ahora quedan pocos sectores definitivamente improductivos. La única parte de la economía que está claramente fuera del límite de la producción y es improductiva, como se ve en la figura 7, la conforman quienes solo reciben ingresos como transferencias, tales como subsidios a empresas o pagos de la seguridad social a ciudadanos.

FIGURA 7. La revolución marginalista.

En el estado de «equilibrio» de Marshall, en el que los precios no se encuentran distorsionados, todo el mundo recibe el pago que merece, lo cual puede cambiar si los consumidores alteran sus gustos o si se producen avances tecnológicos. Esto tiene importantes consecuencias en la manera de valorar y justificar los ingresos. Lo que ganan los trabajadores se refleja en su productividad marginal y en sus preferencias reveladas (utilidad marginal) del tiempo libre frente al trabajo. Ya no hay lugar para las distinciones analíticas que Ricardo o Marx hacían sobre la contribución de un trabajador a la producción, y no digamos ya la explotación de ese trabajador. Eres valioso porque lo que tú ofreces es escaso. Como somos calculadoras racionales de la utilidad frente a la escasez, no dejamos que las cosas se echen a perder. Los trabajadores pueden preferir el desempleo porque les da más utilidad marginal que trabajar por este o aquel sueldo. El corolario de dicha lógica es que el desempleo es voluntario. El desempleo voluntario surge de ver a los agentes económicos escogiendo racionalmente entre el trabajo y el tiempo libre (es decir, «maximización intertemporal» en la teoría moderna). En otras palabras, el concepto de Marx de «ejército laboral de reserva» se desvanece en el aire.

Como bien escribió Lionel Robbins:

En primer lugar, el hombre individual quiere ingresos reales y tiempo libre. En segundo lugar, no tiene suficiente de ambos para satisfacer completamente su deseo de cada uno. En tercer lugar, puede dedicar el tiempo a aumentar sus ingresos reales o puede pasarlo disfrutando de más tiempo libre. En cuarto lugar, puede presumirse que, salvo en los casos más excepcionales, su deseo de los distintos constituyentes de los ingresos reales y el tiempo libre será diferente. Por lo tanto tiene que escoger. Tiene que economizar.[106]

La idea de que todo resulta de interés para todo el mundo es inherente al equilibrio. En la década de 1940, Abba Lerner (1903-1982), un economista británico nacido en Rusia, formuló lo que llamó el «primer teorema fundamental del bienestar»,[107] que básicamente afirma que los mercados competitivos conducen a resultados «óptimos» para todos. Una vez ha tenido lugar un intercambio de mercado a precios de equilibrio, nadie puede estar en mejor situación o, en términos económicos, ver aumentado su «bienestar» (por ejemplo, aceptando más trabajo) sin hacer que otro se halle peor.

En la actualidad, los mercados competitivos en los que nadie puede mejorar su situación sin que empeore la de alguien se conocen como «óptimos de Pareto» —debido a Vilfredo Pareto (1848-1923), el sucesor de Walras en Lausana, que fue el primero en introducir el término «maximización del bienestar»—. En su Manual de economía política (1906), Pareto estudió el equilibrio económico en relación con soluciones a problemas individuales de «objetivos y constricciones», y fue el primer economista en sostener que la maximización de la utilidad no tenía por qué ser cardinal (es decir, la cantidad exacta que alguien quería de algo), sino que podía ser solo la cantidad ordinal (cuánto querían eso más que otra cosa; X frente a Y). Esto hacía que los cálculos matemáticos fueran aún más fáciles de utilizar; muchas propiedades del bienestar en la economía llevan hoy su nombre. Usó sus teorías para argumentar en favor del libre mercado en Italia, lo cual le restó popularidad entre el Gobierno fascista del momento, que era más proteccionista.

Pero para llegar a estos resultados «óptimos» debemos asegurarnos de que el equilibrio se mantiene: todos los obstáculos para alcanzar el equilibrio, como gobiernos entrometidos, monopolios, otras rentas que surgen de la escasez, etcétera, deben eliminarse. Nuestros problemas, según sostiene el marginalismo, derivan solo de imperfecciones e inhibiciones que se producen en el funcionamiento fluido de la maquinaria capitalista. La renta ya no se considera un «ingreso no ganado», como pensaban los economistas clásicos, sino una imperfección que se puede eliminar por medio de la competencia. Si se le deja a su aire, el capitalismo puede crear un valor máximo para todo el mundo, lo que, convenientemente, es lo que todos «merecen» de acuerdo con su producto marginal. El contraste con los economistas clásicos resulta evidente. Para Marx, los capitalistas se apropian de la plusvalía al pagar un sueldo menor que el valor del trabajo. Smith y Ricardo sostenían que el valor era creado por el esfuerzo que directamente aportaba a la riqueza de las naciones. Sin embargo, con la utilidad marginal ya no hay clases, sino individuos, y tampoco hay una medición objetiva del valor.

Este planteamiento tiene una consecuencia muy importante. Sugiere que el Gobierno nunca debería intervenir en la economía a menos que se produzcan fallos en el mercado. La teoría de los fallos del mercado utiliza el primer teorema fundamental de la economía del bienestar como punto de partida. El primer teorema fundamental sostiene que los mercados son los asignadores de recursos más eficientes cuando se dan tres condiciones específicas: que haya una serie completa de mercados, de modo que todos los bienes y servicios que se demandan y se ofrecen sean intercambiados por precios conocidos públicamente; que todos los consumidores y productores se comporten de manera competitiva; y que haya un equilibrio.

El incumplimiento de cualquiera de estas tres premisas lleva a que los mercados realicen una asignación de los recursos ineficiente, es decir, a que se produzcan lo que los marginalistas llaman «fallos del mercado». Los fallos del mercado pueden surgir cuando hay «externalidades positivas», beneficios para la sociedad, como una investigación científica básica, de la que es difícil que las empresas individuales obtengan rentabilidad; o «externalidades negativas», cosas perjudiciales como la contaminación, que dañan a la sociedad pero no se incluyen en los costes de las empresas. Si los mercados no son «óptimos de Pareto», entonces cualquiera podría hallarse en una situación mejor como resultado de la implementación de políticas públicas que corrijan el fallo de mercado en cuestión.[108] Sin embargo, como veremos en el capítulo 8, una rama de la economía conocida como la «teoría de la elección pública», defendida por el ganador del premio Nobel James Buchanan (1919-2013), sostuvo con posterioridad que, como los fallos del Gobierno son aún peores que los fallos del mercado (debido a la corrupción y a la captura), si la corrección de estos últimos la llevan a cabo burócratas, puede que las cosas empeoren todavía más.

De la lucha de clases a los beneficios y los sueldos en el «equilibrio»

La definición de todo aquello que fija un precio como valioso llevó a los marginalistas a concluir que consigues lo que mereces. Los beneficios no son determinados por la explotación, sino por la tecnología y el «producto marginal del capital». El capital y la mano de obra se consideran los dos inputs principales de la producción y, por lo tanto, así como la mano de obra gana un sueldo por su contribución productiva (el producto marginal del trabajo), el capital gana un retorno (el producto marginal del capital). John Bates Clark (1847-1938), un antiguo crítico del capitalismo que se convirtió y llegó a ser uno de los defensores más apasionados de la revolución marginalista, desmentía enérgicamente la idea de que la mano de obra estuviera explotada. El capital no podía explotar la mano de obra, razonaba, porque esta y el capital simplemente ganaban sus «justas recompensas»: sus productos marginales. Para Clark, los mismos bienes del capital constituían la recompensa por el autocontrol capitalista. En vez de consumir sus beneficios, los había ahorrado; un ahorro que, con el tiempo, daría pie a una mayor inversión en más bienes de capital (volveremos a esto en el capítulo 8).

La visión del equilibrio desvió la atención de las tensiones existentes entre el capital y la mano de obra, y, en última instancia, de las teorías alternativas sobre las fuentes y la distribución del valor, que casi cayeron en el olvido a partir de finales del siglo XIX, excepto en círculos abiertamente marxistas y en el pensamiento de economistas como Joan Robinson (1903-1983), profesora de economía de Cambridge, y Piero Sraffa (1898-1983), un italiano que también estudió y trabajó allí. Ambos fueron devotos críticos de la visión neoclásica de la producción; creían que los conceptos de producto «marginal» del trabajo y del capital tenían fundamentos ideológicos y también que aquella estaba sujeta a una «falacia de composición»: la teoría neoclásica de la producción no podía aplicarse a todo el sistema. Se implicaron activamente en lo que más tarde se conocería como «la controversia de Cambridge sobre el capital», un debate entre Robinson y Sraffa, en Cambridge (Reino Unido), y Solow y Samuelson, que estaban en el MIT en Cambridge (Massachusetts).

Sraffa y Robinson planteaban que el «capital» es heterogéneo y que, por lo tanto, no puede utilizarse como un concepto agregado, es decir, no puede agregarse porque sería como sumar manzanas y naranjas. En 1952, Robinson, influido por los escritos de Sraffa, afirmó que la idea de que los beneficios son la medida del valor del capital es una tautología: no hay manera de averiguar el valor del capital sin el conocimiento de los precios de equilibrio, y estos requieren una tasa de beneficio de equilibrio que no puede obtenerse a menos que hayamos estimado el valor del capital. Es más, siguiendo las ideas de Marx, Robinson y Sraffa sostenían que la tasa de beneficio no era una recompensa por la contribución productiva del «capital», sino que derivaba de las relaciones sociales, es decir, de quién poseía los medios de producción y de quién estaba obligado a trabajar para ellos. Samuelson reconoció parcialmente la circularidad de la lógica de la teoría neoclásica en un conocido artículo de 1966 publicado en la prestigiosa revista Quarterly Journal of Economics, donde admitía la validez lógica de los argumentos defendidos por Robinson y Sraffa. Solow, en cambio, afirmó que la economía neoclásica no debía distraerse con esas críticas; de hecho, el debate entre los «clásicos» y los «neoclásicos» desaparecería más adelante, de tal modo que la mayoría de los actuales estudiantes de economía desconoce que tuvo lugar.

Sorprendentemente, la teoría del valor neoclásica no ha cambiado demasiado en los últimos cien años. La maximización de la utilidad se ha extendido más allá de la esfera económica para explicar el comportamiento humano y, dentro de él, la delincuencia, la adicción a las drogas y, como es célebre, los modelos de divorcio. El origen de esta idea concreta se debe a Gary Becker (1930-2014), un estadounidense que fue profesor de economía y sociología en la Universidad de Chicago y que ganó el Premio Nobel de Economía en 1992. En esencia, Becker postulaba que dos individuos se casan cuando de su unión resulta un excedente positivo en comparación con la soltería. Dichas ganancias pueden proceder, por ejemplo, de las economías de escala, de la provisión de seguros y del hecho de compartir riesgos. Las ideas de Becker alentaron a muchos otros a llevar a cabo investigaciones semejantes.

También se han realizado intentos de forjar vínculos más sólidos entre patrones macroeconómicos (la economía, en general, como por ejemplo la inflación, el desempleo y los ciclos económicos) y las decisiones microeconómicas sostenidas por personas y empresas. Como veremos, otros trabajos han observado la necesidad de incluir bienes sin precio (como los cuidados) en el PIB.

A pesar de las críticas, la teoría de la utilidad marginal prevalece y es muy influyente. La limitada visión del equilibrio en la que todos nos beneficiamos de una competición perfecta ha influido —y sigue influyendo— en las políticas de los gobiernos, así como de poderosas instituciones multilaterales, como el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el BM (Banco Mundial); en cómo supuestamente, con una competencia perfecta, los individuos maximizarán sus preferencias y las empresas sus beneficios, de tal modo que todos salgamos beneficiados. Según las creencias económicas contemporáneas, ya no podemos aseverar con fiabilidad quién crea valor y quién lo extrae, ni, por lo tanto, cómo deberían distribuirse de manera razonable los beneficios de la producción (los ingresos). En el siguiente capítulo veremos que este planteamiento subjetivo sobre el valor también ha tenido un fuerte impacto en la manera en que contabilizamos la riqueza y los ingresos nacionales por medio del concepto de PIB.

LA DESAPARICIÓN DE LAS RENTAS Y EL PORQUÉ DE SU IMPORTANCIA

Cuando los estudiantes aprenden microeconomía en clase (por ejemplo, cómo se determinan los precios, incluidos los salarios), no les cuentan que ese es uno de los muchos criterios distintos de pensar en el valor. Por lo que a ellos respecta, se trata del único y, en consecuencia, no es necesario hacer referencia a la palabra «valor». En esencia, el término desaparece del discurso. Simplemente, es «introducción a la microeconomía».

Para concluir nuestra historia del pensamiento económico, deberíamos preguntarnos si esto consiste solo en un ejercicio académico o si es importante. El tema de este libro es por qué importa: resulta crucial para que comprendamos la extracción de valor y, por lo tanto, para nuestra capacidad para limitarlo.

El concepto de «renta» ha cambiado en el pensamiento económico con el transcurso de los siglos porque la renta es el medio principal por el que se extrae valor. Los economistas del siglo XVIII la describían como un ingreso no ganado, que consideraban derivado de mover los recursos existentes de una mano a otra. Su desaprobación del ingreso no ganado procedía en parte, como hemos visto, de la censura medieval de la usura, del cobro de intereses. Pero también era práctico. Adam Smith creía que un mercado genuinamente libre era un mercado sin rentas y, por tanto, que los legisladores tenían que hacer cuanto pudieran para eliminarlas. Su seguidor, David Ricardo, consideraba que los terratenientes que recolectaban rentas sin contribuir a la productividad de la tierra eran parásitos económicos; negaba de manera vehemente que hubiera valor alguno en los ingresos o la renta recibidos por poseer tierras. Las rentas constituían ingresos no ganados y caían de lleno fuera del límite de producción. Tanto Smith como Ricardo se dieron cuenta de que liberar la economía de las rentas requería una fuerte intervención —en la práctica, a cargo del Gobierno— para impedir la extracción de valor. También los economistas neoclásicos, quienes veían la renta como un impedimento para la «libre competencia» (la libre entrada y salida de distintas clases de productores y consumidores). Cuando esos impedimentos se eliminen, la competencia beneficiará a todo el mundo.

En el enfoque subjetivo de los marginalistas, la renta, junto con los sueldos y los beneficios, surgen de «maximizar», es decir, los individuos maximizan la utilidad y las empresas maximizan los beneficios. Por lo tanto, la mano de obra, el capital y la tierra representan factores de entrada en plano de igualdad. La distinción entre clases sociales, así como la identificación de quién tiene qué, se elimina, puesto que el hecho de que uno preste capital o trabaje a cambio de un sueldo depende de una disponibilidad inicial de recursos que no se explica.[109]

Los sueldos son determinados por el modo en que el trabajador iguala la utilidad marginal (decreciente) del dinero obtenido por trabajar, con la «inutilidad» de trabajar, como, por ejemplo, un tiempo libre menor. Según la tasa salarial imperante, la cantidad de tiempo pasado en el trabajo fija los ingresos. Desde esta lógica se entiende que la cantidad de empleo puede ajustarse de manera flexible. Si no fuera así, la utilidad marginal de aceptar un puesto de trabajo podría ser menor que la utilidad derivada de un tiempo libre equivalente; alguien escoge no trabajar. Como hemos visto, eso significa que el desempleo es voluntario.

Así pues, los beneficios y las rentas son determinados de manera análoga: los propietarios del capital (el dinero) prestarán este hasta que la utilidad marginal de hacerlo sea menor que consumir su propio capital. Los terratenientes hacen lo mismo con sus tierras. Por ejemplo, el propietario de una casa puede alquilarla y después decidir que su hija viva en ella a cambio de nada, de forma que en realidad consume capital, ya que las ganancias de la renta han desaparecido. Así, la justificación de cualquier beneficio se encuentra relacionada con las elecciones individuales (basadas en la psicología) y la suposición psicológica de que la gente obtiene menos utilidad de un consumo futuro (descuento). De modo que el rendimiento del capital y las tierras se entiende como la compensación por una utilidad marginal futura al nivel que podría ser disfrutado hoy si el capital fuera consumido en vez de prestado.

En la economía clásica, pues, las rentas constituyen parte del proceso «normal» de reproducción. En la economía neoclásica, son un equilibro por debajo de lo que teóricamente resulta posible; beneficios «anormales». La principal semejanza consiste en que ambas teorías consideran que las rentas son una clase de ingreso monopolístico. Pero la renta tiene un estatus muy distinto en los dos enfoques. ¿Por qué? Principalmente por sus teorías del valor, que son divergentes: la economía clásica define con bastante claridad la renta como un ingreso procedente de activos escasos no producidos. Eso incluye, por ejemplo, las patentes relacionadas con nuevas tecnologías que —una vez producidas— ya no tienen que ser reproducidas; el derecho a emitir dinero crediticio, que se restringe a las organizaciones con licencia bancaria; y el derecho a representar clientes ante un tribunal, que se restringe a los abogados colegiados.[110] En esencia, se trata de una afirmación de lo que Marx llamó la «reserva de plusvalía social», que es enorme comparada con la producción de cualquier capitalista de producción, capitalista de circulación, terrateniente, propietario de patente, etcétera, considerados de manera individual.

En cambio, en la economía neoclásica —en el equilibrio general— los ingresos deben, por definición, reflejar productividad. No hay lugar para las rentas, en el sentido de que la gente obtenga algo a cambio de nada. Resulta revelador que Walras escribiera que el emprendedor ni añade ni resta al valor producido.[111] El equilibrio general es estático; no se permiten las rentas ni la innovación. Una mejora relativamente reciente, el análisis del equilibrio parcial, que es más flexible, nos permite ignorar las interacciones con otros sectores e introduce cuasi rentas; además, desde la década de 1970 ha llevado a la idea de la existencia de una «captura de rentas» mediante la creación de monopolios artificiales como, por ejemplo, los aranceles al comercio. El problema es que no hay un criterio definitivo con el que valorar si el emprendedor crea cosas nuevas y «buenas» o si está imponiendo barreras artificiales con el fin de capturar rentas.

El enfoque neoclásico sobre las rentas, que en gran medida prevalece hoy en día, constituye el núcleo del resto de este libro. Si el valor deriva de un precio, como sostiene la teoría neoclásica, los ingresos procedentes de rentas deben ser productivos. El concepto de ingreso no ganado ha desaparecido en la actualidad. Ha pasado de ser visto por Smith, Ricardo y sus sucesores como un comportamiento semiparasitario —extraer valor de una actividad que crea valor—, a ser contemplado en el discurso económico mayoritario como una «barrera» en el camino hacia la «competencia perfecta». Los bancos se consideran «demasiado grandes para quebrar» y, por tanto, disfrutan de un subsidio implícito del Gobierno —una forma de monopolio— y contribuyen al PIB, como lo hacen los elevados salarios de sus ejecutivos.

Nuestra comprensión de la renta y el valor afecta profundamente a la manera en que medimos el PIB, consideramos las finanzas y la «financiarización» de la economía, tratamos la innovación, valoramos el papel del Gobierno en la economía, y también a cómo podemos dirigir esta última en una dirección impulsada por una mayor inversión e innovación y que sea sostenible e inclusiva. En el próximo capítulo estudiaremos lo que se incluye —y lo que se omite— en esa categoría totémica, el PIB, así como las consecuencias de tal selección para nuestra evaluación del valor.

3

LA MEDICIÓN DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES

Lo que medimos afecta a lo que hacemos; y si nuestras mediciones son defectuosas, las decisiones pueden tergiversarse.

JOSEPH STIGLITZ, AMARTYA SEN y

JEAN-PAUL FITOUSSI, Medir nuestras vidas, 2010

Apenas pasa un día sin que los políticos, los medios o los expertos opinen sobre el estado del PIB de un país, la medida que se utiliza para calcular la producción de bienes y servicios en una economía: la «riqueza de las naciones». El éxito o el fracaso —reales o imaginarios— en la gestión del PIB pueden decidir el futuro de gobiernos y carreras. Si cae durante más de dos trimestres consecutivos, se oyen gritos de «recesión». Si la caída se mantiene a lo largo de un año, es una depresión. Pero ¿de dónde procede esta medida? ¿Cómo le afecta la manera en que comprendemos el valor?

En la actualidad, la influencia de la utilidad marginal en la medición de la actividad económica y el crecimiento es importante. Afecta a las razones por las que determinadas actividades económicas se estiman productivas, y que, como hemos visto en el capítulo 2, son básicamente aquellas que tienen un precio (legal) en el mercado. Según los marginalistas, como el valor se deriva del precio, que alguien gane un salario muy alto es indicativo de su productividad y mérito. Al mismo tiempo, que alguien conserve un empleo refleja, en teoría, su preferencia por el trabajo; la utilidad del trabajo frente a la del tiempo libre. El PIB puede medirse como la cantidad total de productos producidos, la cantidad total demandada o los ingresos totales ganados (con ajustes que repasaremos más adelante). Pero si los ingresos no representan necesariamente una señal de productividad, sino de otra cosa —por ejemplo, la noción de los clásicos de renta como «ingreso no ganado»—, ¿cuáles son las implicaciones para el PIB como medida fiable de la productividad de una economía?

Un aumento de los ingresos en el sector financiero, por ejemplo, afectaría al PIB. Así que, el modo en que se valoran los sectores influye en nuestros cálculos de las tasas de crecimiento, y esto a su vez puede influir en cómo decidimos dirigir la economía. En otras palabras, la forma en que medimos el PIB está determinada por cómo valoramos las cosas, y la cifra del PIB resultante puede determinar cuánto decidimos producir de una cosa. ¡Performatividad!

Pero si la manera en que medimos el PIB presenta problemas, quienes elaboran las medidas políticas pueden recibir señales engañosas respecto de lo que es productivo y de cómo dirigir la economía. La discusión en torno a qué partes de la sociedad son productivas y cuáles no, ha sido mucho menos explícita desde la llegada de la teoría de la utilidad marginal. Siempre que los productos y servicios tengan un precio en el mercado merecen ser incluidos en el PIB, ignorándose si contribuyen a crear valor o a su extracción. El resultado es que la distinción entre beneficios y rentas se confunde, y la extracción de valor (las rentas) puede disfrazarse de creación de valor.

El presente capítulo abordará las formas en que los gobiernos han calculado el crecimiento mediante los métodos de contabilidad nacional, la relación entre dichos métodos y la teoría del valor, y los extrañísimos resultados que se han producido, incluida la subestimación de determinadas actividades (como cuidar a nuestros hijos) y la sobrevaloración de otras (como las empresas contaminantes). En el capítulo 4 veremos que la teoría de la utilidad marginal tampoco ha logrado tener en cuenta uno de los problemas clave del capitalismo moderno: las actividades extractivas del sector financiero.

EL PIB: UNA CONVENCIÓN SOCIAL

Resulta fundamental recordar que todas las clases de métodos de contabilidad son convenciones sociales en evolución, definidas no por leyes físicas y «realidades» definitivas, sino por las ideas, teorías e ideologías que reflejan de la época en que se conciben.[112] La manera en que se construye una hoja de cálculo en sí misma desprende valores. Un ejemplo interesante es la orden jesuita. En el siglo XVI, la recién fundada orden concibió un sistema de contabilidad innovador que combinaba la visión con las finanzas. Para alinear las finanzas con los valores de su orden, se aseguraron de que la caja del dinero solo se abriera con dos llaves: una manejada por la persona a cargo de las finanzas (el procurador, un director financiero actual) y otra por la persona a cargo de la estrategia (el rector, un consejero delegado actual).[113] Como muestra este ejemplo, la contabilidad no es neutral ni está escrita en piedra; puede moldearse para que encaje en la finalidad de una organización y, al hacerlo, afectar a la evolución de esta.

De la misma manera, el moderno concepto contable del PIB se ve afectado por la teoría del valor subyacente que se utiliza para calcularlo. El PIB se basa en el «valor añadido» de las industrias de una economía nacional. El valor añadido es el valor monetario de lo que esas industrias producen menos el coste de los inputs materiales o el «consumo intermedio»: en esencia, los ingresos menos el coste de los inputs materiales. Para los contables, los inputs intermedios constituyen un elemento «equilibrador», porque equilibran la cuenta de producción: el coste y el valor añadido son iguales al valor de la producción. El valor añadido, con todo, representa una cifra que se calcula específicamente para la contabilidad nacional: la diferencia residual (el restante residual) entre el lado de los recursos (la producción) y el lado del uso (el consumo).

De la suma de todos los residuos del valor añadido de la industria en una economía dada resulta el «valor añadido bruto», una cifra igual al PIB, con algunas correcciones menores debidas a los impuestos. El PIB puede calcularse a través del lado de la producción o del lado de los ingresos; en este último caso, se logra mediante la suma de los ingresos pagados en todas las industrias que añaden valor: todos los beneficios, las rentas, los intereses y las regalías. Como veremos más adelante, hay una tercera manera de calcular el PIB: sumando el gasto (la demanda) de bienes finales, cuyo precio es igual a la adición del valor añadido de toda la cadena de producción. De modo que el PIB puede estimarse por medio de la producción (todos los bienes y servicios producidos), los ingresos (todos los ingresos generados), o la demanda (todos los bienes y servicios consumidos, incluidos los que están en el inventario).

Así pues, ¿qué industrias añaden valor? Siguiendo el pensamiento marginal, en la actualidad las cuentas nacionales incluyen en el PIB todos los bienes y servicios que tienen un precio en el mercado. Esto se conoce como el «límite integral». Como hemos visto en el capítulo 2, de acuerdo con el marginalismo, los únicos sectores económicos fuera del límite de producción son el Gobierno —que depende de los impuestos pagados por los sectores productivos— y la mayoría de los receptores de subsidios, que se financian por medio de impuestos. Adoptar este principio para calcular el PIB puede parecer lógico, pero en realidad provoca algunos efectos raros que ponen en duda el rigor del sistema de contabilidad nacional y el modo en que se asigna el valor en la economía. Estas rarezas incluyen: cómo se valoran los servicios del Gobierno; cómo se miden las inversiones en capacidad futura, como la I+D; cómo se tratan los trabajos donde los ingresos son muy altos, como en el sector financiero; y cómo se abordan los servicios importantes que carecen de precio (como los cuidados) o no tienen un precio legal (como el mercado negro). Para explicar cómo han surgido dichas rarezas y por qué el sistema parece ser tan idiosincrásico, tenemos que abordar brevemente la manera en que se ha desarrollado, a lo largo de los siglos, la contabilidad nacional y la idea de «valor añadido».

Una breve historia de las contabilidades nacionales

La teoría del valor ha formado parte del núcleo de la contabilidad nacional durante mucho tiempo. Las iniciativas relevantes más tempranas tuvieron lugar en la Francia de finales del siglo XVIII, cuando se produjeron al menos ocho intentos, por parte de distintos pensadores, de estimar el producto nacional francés a partir de la teoría del valor de Quesnay, basada en las tierras. Dado que, como hemos visto, para Quesnay el límite de producción abarcaba solo la producción agrícola —mientras todo lo demás vivía de las transferencias del sector agrícola—, la manufactura se situaba en el lado improductivo del límite, ignorando mientras tanto voces disidentes como la de Say, quien, al adoptar un enfoque genéricamente utilitario, sostenía que el trabajo productivo era simplemente el que produce utilidad. Si el producto es algo que la gente quiere comprar —pues tiene utilidad para ellos—, entonces hacerlo era productivo.

Para los seguidores de Quesnay, excluir la manufactura del producto nacional parecía tan evidente como lo es para nosotros incluir todo lo que tiene un precio. Esos primeros estimadores franceses fueron personajes ilustres. Entre ellos se encontraban el escritor Voltaire (1694-1778), Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), uno de los fundadores de la química moderna, y su amigo el matemático Joseph Louis Lagrange (1736-1813), más conocido en la actualidad por su obra sobre mecánica y técnicas matemáticas que todavía utilizan los economistas. Las ideas de Quesnay resultaron ser extraordinariamente duraderas, ya que todavía en 1878 una estimación francesa del producto nacional se basaba en sus razonamientos.[114]

Igualmente influyentes fueron las ideas de Adam Smith respecto de la producción de valor. Sus estimaciones de la renta nacional solo definían la producción o los ingresos procedentes del trabajo agrícola e industrial, que producían bienes materiales —cosas de verdad—, y excluía todos los servicios, ya fueran del Gobierno o de los bancos. Las ideas de Smith incluso fundamentaron la primera contabilidad del producto nacional en la Francia revolucionaria cuando, en 1789, Napoleón encargó a Charles Ganilh (1758-1836), un discípulo de Smith, que elaborara un retrato actualizado y preciso de la renta nacional francesa.[115]

A finales del siglo XIX predominaba la teoría de la utilidad marginal. Aunque era radicalmente distinta del pensamiento de los economistas anteriores, seguía subrayando la importancia de la teoría del valor en la contabilidad nacional. Bajo su influencia, los contables nacionales fueron incluyendo cada vez más todo lo comprado con los ingresos; para ellos, la suma de las ganancias procedente de la actividad en el mercado, fuera cual fuese el sector, constituía la renta nacional. A medida que las estadísticas sobre el impuesto de la renta fueron estando más disponibles, resultó más fácil elaborar estimaciones basadas en los datos de ingresos y analizar la distribución personal de estos últimos.

Alfred Marshall, el padre de la teoría de la utilidad marginal en Gran Bretaña, fue el impulsor de su aplicación a las estimaciones de la renta nacional.[116] En sus muy influyentes Principios de economía escribió explícitamente sobre la manera en que podía estimarse el producto nacional. En un libro anterior, Economía industrial, coescrito con su esposa, Mary Paley Marshall (1850-1944), dejaba claro el criterio de utilidad de la renta nacional: «todo lo que se produce en el transcurso de un año, cada servicio prestado, cada nueva utilidad creada es una parte de la renta nacional».[117]

Mientras tanto, la teoría del valor-trabajo, completamente desarrollada por Marx, que vinculaba con firmeza la productividad al concepto de la producción de «plusvalía», era bien disputada o, cada vez más, completamente ignorada en los cálculos de la renta nacional. A principios del siglo XX se asociaba con un programa revolucionario y, por lo tanto, no podía, por definición, encontrar fácil acomodo en las estadísticas oficiales de las mismas naciones a las que tanto criticaban los marxistas. Las cosas, por supuesto, fueron distintas en los países en los que los comunistas llegaron al poder: primero en la Unión Soviética, después de la Revolución bolchevique de 1917, y después en Europa del Este, tras la Segunda Guerra Mundial (aunque para justificar la construcción de un «sistema de producción material», que valoraba solo los bienes materiales, deberían, técnicamente, haber invocado a Smith y no a Marx). Con la excepción de esos estados socialistas, la idea de que los cálculos de la renta nacional debían basarse en la suma total de los ingresos, formando por lo tanto un límite de producción «integral», se extendió rápidamente a muchos países.[118]

En la primera mitad del siglo XX los marginalistas se percataron de las limitaciones de su teoría y empezaron a debatir la inclusión de actividades no mercantiles en la contabilidad de la renta nacional. Uno de los alumnos de Alfred Marshall, el economista británico Arthur Cecil Pigou (1877-1959), que lo sucedió como profesor de economía política en Cambridge, sostenía que, como los precios de mercado solo indicaban la satisfacción (utilidad) conseguida a través del intercambio, la renta nacional debía ir más allá: debía medir el bienestar. El bienestar, según planteaba Pigou, representaba una medida de la utilidad que la gente podía conseguir mediante el dinero; en otras palabras, el nivel de vida material. En su influyente libro La economía del bienestar, publicado en 1920, Pigou definió, además, «el ámbito de nuestra investigación» como «restringido a la parte del bienestar social que puede relacionarse directa o indirectamente con la regla de medición del dinero».[119] Por un lado, Pigou afirmaba que aquellas actividades que en realidad no mejoran el bienestar (recordemos la discusión sobre los principios del bienestar desde Pareto, abordados en el capítulo 2) deberían ser excluidas de la renta nacional, incluso aunque costaran dinero. Por otro lado, enfatizó, las actividades que generan bienestar deberían ser incluidas, aunque no se pague por ellas. Entre ellas se hallaban los servicios del Gobierno gratuitos o subsidiados.

Uno de los discípulos más destacados de Pigou fue la primera persona que aportó una estimación de la caída de la renta nacional de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Simon Kuznets, nacido en Bielorrusia (1901-1985), fue profesor de economía en Harvard y ganó el Premio Nobel de Economía en 1971 por su trabajo sobre las cuentas nacionales. Kuznets, a diferencia de Pigou, creía que las actividades del Gobierno incurrían en costes y no aportaban nada a la producción económica final, por lo que excluyó del límite de producción todas las actividades gubernamentales que no generaban de manera inmediata un flujo de bienes o servicios para los hogares: la administración pública, la defensa, la justicia, las relaciones internacionales, la provisión de infraestructuras, etcétera.[120]

Kuznets también creía que algunos gastos domésticos no aumentaban el nivel de vida material, pero constituían el precio a pagar por la vida moderna; en particular, se refería a los «hinchados costes de la civilización urbana», como tener que mantener una cuenta bancaria, pagar la cuota del sindicato o la obligación social de ser miembro de un club. Kuznets estimó que entre el 20 y el 30 por ciento del gasto de los consumidores se dedicaba a servicios de esa clase.[121] Sin embargo, sostenía que el trabajo doméstico sin pagar debería incluirse porque mejoraba de manera evidente el bienestar económico. Así pues, Kuznets estableció el límite de producción de acuerdo con lo que él creía que mejoraba el nivel de vida material y lo que no.

Quizá el enfoque de Kuznets habría resultado más convincente en un mundo en paz. Pero las exigencias de la Segunda Guerra Mundial, que obligaron a los gobiernos a centrarse en el esfuerzo de guerra, obligó a los economistas a tomar un camino distinto, esto es, a estimar la producción en vez de preocuparse por el bienestar. En consecuencia, los economistas que se impusieron fueron aquellos que creían que el producto nacional era la suma total de los precios de mercado.

Las formas resultantes en que se utilizaron las estimaciones de la producción para calcular el PIB parecían seguir la teoría de la utilidad marginal, pero, de hecho, estaban en desacuerdo con ella en dos sentidos: en primer lugar, ignoraban la idea del valor como utilidad —es decir, el beneficio que aportaba al consumidor— e incluían cuestiones que el concepto de «bienestar» de Pigou y Kuznets habría considerado «necesarias» para la creación de valor. En vez de valorar si el consumo final aumentaba la utilidad, sumaban cualquier consumo final a la renta nacional. En palabras de Kuznets: «Muchos alimentos y medicamentos carecen de valor según los estándares científicos de nutrición y medicación; muchos accesorios del hogar son irrelevantes para cualesquiera necesidades de refugio y comodidad establecida científicamente; muchas actividades de servicio, así como mercancías, se desean para impresionar a los extranjeros o a nuestros compatriotas y difícilmente pueden estar al nivel de principios éticos de comportamiento en relación con el resto de la humanidad».[122] Desde este punto de vista, las nuevas cuentas nacionales sobrestimaban el bienestar.

En segundo lugar, en la economía, por lo general, la competencia es imperfecta, una realidad que ha demostrado ser particularmente incómoda para aquellos que elaboran las contabilidades nacionales, formados en las ideas neoclásicas de competencia perfecta y «equilibrios». Al sumar solo los precios de mercado ignoraban el hecho de que dichos precios no siempre producirían un equilibrio y que no siempre serían compatibles con la «competición perfecta»; así, los precios podían ser más altos o más bajos que en una situación en la que prevaleciera el equilibrio, dando lugar a una impresión distorsionada de creación de valor. En resumen, durante los años de la guerra la práctica pasó a estar significativamente distanciada de la teoría imperante; o, visto de otra manera, la teoría del valor basada en la utilidad no solventaba los urgentes problemas del momento relacionados con la guerra.

En muchos sentidos, las cuentas nacionales, tal como las conocemos hoy en día, surgen del trauma de la Gran Depresión de la década de 1930 y de las necesidades del esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial. En esto, como en tantas otras cosas, el economista británico John Maynard Keynes (1883-1946) surgió como una figura crucial. En su obra maestra Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, escrita durante la Gran Depresión y publicada en 1936, asumía que los trabajadores subestimarían la capacidad adquisitiva de sus sueldos y, por lo tanto, estarían dispuestos a producir más de lo que necesitaban. De esta manera, la sobreproducción involuntaria de los trabajadores crearía, a su vez, desempleo involuntario —ya que serían necesarios menos trabajadores para hacer la misma cantidad de trabajo— y la economía se encontraría en un equilibrio de baja producción. En este estado, las fuerzas de la economía, como la oferta y la demanda, se hallaban equilibradas y no había incentivos para cambiarlas, a pesar de que la producción total de la economía era baja y los sueldos y el empleo estaban deprimidos. Keynes utilizó esta idea para desarrollar una teoría de la macroeconomía —la economía como un todo— en la que el gasto del Gobierno podía estabilizar el ciclo económico cuando las empresas invirtieran demasiado poco, e, incluso, aumentar la producción de la economía.

Para sacar la economía de la depresión, los gobiernos necesitaban información con el fin de evaluar cómo estaban funcionando sus medidas políticas. Hasta entonces, habían gobernado casi a ciegas: no precisaban de estadísticas detalladas porque se suponía que la economía se autorregulaba. El libro de Keynes Cómo pagar la guerra, publicado en 1940, introdujo la idea de registrar la renta nacional en una serie de cuentas y cambió por completo la manera en que los gobiernos utilizaban los datos.

A finales de la década de 1930 y durante la de 1940, quienes producían las cuentas nacionales adoptaron las ideas de Keynes sobre la manera en que el Gobierno podía fortalecer la economía, y llegaron a considerar que el gasto del mismo aumentaba directamente la producción. Por primera vez en la historia del pensamiento económico moderno, el gasto del Gobierno se volvió importante, en un claro contraste con la omisión de Kuznets de muchos de los servicios gubernamentales de la renta nacional. La redefinición del Gobierno como contribuyente del producto nacional supuso un acontecimiento decisivo en la teoría del valor. Las ideas de Keynes ganaron aceptación rápidamente y se situaron entre las principales influencias tras la publicación del primer manual para calcular el PIB, el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de Naciones Unidas, una obra monumental cuya cuarta edición en la actualidad llega a las 662 páginas.

LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES

Después de la Segunda Guerra Mundial se trazaron unas reglas formales a nivel internacional y se estandarizó la contabilidad nacional por producción, ingresos y gastos. La primera versión del SCN, compilado por Naciones Unidas, apareció en 1953.[123] El SCN se describe como «un marco estadístico que proporciona un conjunto completo, coherente y flexible de cuentas macroeconómicas para la formulación de políticas, el análisis y la investigación».[124] Define la contabilidad nacional como la medición de «lo que ocurre en la economía, entre qué agentes y para qué fines»; su núcleo está «constituido por la producción de bienes y servicios».[125] El PIB es «en términos sencillos, el monto del valor agregado generado por la producción».[126] Se define explícitamente como una medida de creación de valor. Por lo tanto, puede decirse que las cuentas nacionales también tienen un límite de producción.

El surgimiento del SCN durante los primeros años de la posguerra se debió, en gran medida, a los recientes acontecimientos económicos, políticos e intelectuales. La experiencia de la depresión y la guerra tuvo una fuerte influencia en quienes tomaban las decisiones políticas. Muchos países consideraron la planificación bélica, que se basaba en una cantidad de información económica sin precedentes, como un éxito. También fueron importantes las presiones políticas. En Estados Unidos, el New Deal de la década de 1930 y el pleno empleo durante la guerra hicieron que muchos votantes creyeran que el Gobierno podía intervenir de manera benigna y progresiva en la economía. En Europa, la fortaleza de los partidos de izquierdas después de la contienda mundial —ejemplificada por la victoria del Partido Laborista en Reino Unido en las elecciones de 1945— también supuso un cambio, señaló una transformación en las actitudes de la gente e hizo esenciales unas cuentas nacionales más completas y precisas. La pregunta crucial era, y sigue siendo: ¿en qué teoría del valor se basaban?

Las estimaciones de la renta nacional «simples» tenían que sumar el precio de la producción (menos los bienes intermedios) en la economía, o los ingresos, o el gasto de todos los actores económicos en bienes finales: Producción nacional = Ingreso nacional = Gasto nacional. Para llevar a cabo esta estimación habría sido esperable que los autores del SCN utilizaran como metodología la teoría económica del valor predominante, es decir, la de la utilidad marginal. Pero no lo hicieron, o al menos no del todo. De hecho, el modelo resultante fue, y es, un embrollo en el que la utilidad supone el ingrediente principal, aunque no el único.

El SCN reúne diversas maneras de valorar la renta nacional que han sido desarrolladas a lo largo de siglos de pensamiento económico. Las decisiones en torno a lo que se incluye en el límite de producción se han descrito como ad hoc,[127] mientras que los contables nacionales reconocen que las reglas del SCN sobre la producción constituyen «una mezcla de convenciones, juicios sobre la idoneidad de los datos y consensos sobre la teoría económica»,[128] lo cual incluye el diseño de soluciones basadas en el «sentido común», como hacer conjeturas en nombre de la «conveniencia computacional» —lo que tiene consecuencias para los números reales que obtenemos al valorar el crecimiento económico— y para la presión de intereses económicos particulares.

Siendo justos, siempre ha habido razones prácticas para este enfoque ad hoc. Algunos aspectos de la economía, de la I+D y del trabajo doméstico, pasando por el medio ambiente y la economía sumergida, resultaban difíciles de valorar mediante la utilidad marginal. Estaba claro que un sistema de contabilidad nacional completo tendría que incluir los ingresos del intercambio mercantil y del intercambio no mercantil, y, en particular, del Gobierno. Con la actividad arbitrada por el mercado como núcleo del concepto marginalista del valor, la mayoría de estimadores de la renta nacional quería adoptar un enfoque más amplio.[129]

La contabilidad de la renta nacional lo incluye todo

La contabilidad de la renta nacional, pues, incorpora muchos métodos contables diferentes. El sistema permite de manera simultánea una visión integrada de los distintos aspectos de la economía —tanto de la producción como de la distribución de los ingresos— y obliga a los contables de la renta nacional a vincular cada mercancía producida con el ingreso de alguien, asegurando así la coherencia. Para mantener la coherencia entre la producción, los ingresos y el gasto, los contables nacionales deben registrar todo el valor producido, los ingresos recibidos, el dinero pagado por los bienes intermedios y finales y demás, como las transacciones entre los actores de una economía —el Gobierno, los hogares o un sector concreto— donde cada actor tiene una cuenta. Esto ayuda a realizar un retrato detallado de la economía como un todo.

El gasto en bienes finales debe cuadrar con el PIB (puesto que el precio de los bienes intermedios se incluye en el de los bienes finales), de modo que es posible computar este desde el lado de los gastos —como hemos visto en el capítulo 1, ya en el siglo XVII Petty utilizó este método para estimar la producción nacional—. Las cuentas nacionales modernas dividen el gasto en las siguientes categorías:

PIB = Consumo de los hogares (C) + Inversión de las empresas e inversión residencial en vivienda (I) + Gasto del Gobierno (G).

Esto puede expresarse como: PIB = C + I + G

En aras de la simplicidad, ignoraremos la contribución de las exportaciones netas. Son necesarias dos observaciones: en primer lugar, en el lado del gasto las empresas solo aparecen como inversores (como demandantes de bienes de inversión finales de otras empresas). El resto del gasto (la demanda agregada) se divide entre los hogares y el Gobierno. Se considera como tal lo que gasta él mismo, es decir, excluye las transferencias que realiza a los hogares (como las pensiones o los subsidios de desempleo); se trata de su gasto en consumo colectivo para la comunidad. Al centrarse en el Gobierno solo en relación con los gastos, se asume por definición que es «improductivo», que está fuera del límite de producción.

LA MEDICIÓN DEL VALOR AÑADIDO DEL PIB POR PARTE DEL GOBIERNO

En el capítulo 8 veremos que rara vez se reconoce al Gobierno como creador de valor; de hecho, suele suceder lo contrario. Pero, en realidad, la convención de la contabilidad nacional ha estado registrando discretamente su contribución al valor añadido durante el último medio siglo. ¡Y no es pequeña! Si el capítulo 8 está dedicado por entero a abordar las distintas maneras en que los economistas, y aquellos a quienes asesoran, han contemplado el Gobierno como una entidad creadora de valor o una mera presión sobre la economía, en este capítulo nos centramos en la relevancia de dicha discusión para la manera en que se calcula el PIB. El elemento más sorprendente que surge de estos análisis es que, en contra de las ideas de la mayoría de los economistas, el Gobierno, sin duda, añade valor a la economía.

La figura 8 muestra la evolución del valor añadido del Gobierno de Estados Unidos y su gasto desde 1930. Durante la Segunda Guerra Mundial llegó a comprar, de manera insólita, hasta la mitad de la producción nacional. En esta figura podemos observar que el valor añadido del Gobierno ha oscilado entre el 11 y el 15 por ciento del PIB en el periodo de posguerra. En comparación, la industria de las finanzas aporta alrededor del 4 por ciento del PIB en Estados Unidos y el 8 por ciento en Reino Unido. Pero la figura revela lo que parece una extraña discrepancia, es decir, muestra que el gasto del Gobierno ha sido sistemáticamente más alto que el valor añadido del mismo, situándolo entre el 20 y el 25 por ciento del PIB.

FIGURA 8. Gasto y valor añadido del Gobierno de Estados Unidos como porcentaje del PIB, 1930-2014.[130]

Es importante subrayar, con todo, que la diferencia entre valor añadido y gasto final no es el déficit presupuestario del Gobierno. Más bien, el déficit es la recaudación de este (sobre todo procedente de impuestos) menos los gastos, que incluyen la transferencia de fondos a los hogares, como las pensiones y los subsidios de desempleo, pues dado que los hogares gastan el dinero de las pensiones y los subsidios, se definen en la contabilidad nacional como gasto de los hogares y no del Gobierno (es el gasto final lo que importa, recordémoslo). El gasto de los hogares es lo que cuenta de cara a la demanda final de toda la economía. ¿Qué está pasando?

Gasto y valor

Antes de responder a esta pregunta tenemos que reconocer que el valor añadido del Gobierno no puede ser computado de la misma manera que el de otras industrias y, en consecuencia, se trata de una cuestión complicada para los institutos nacionales de estadística. Muchas de las actividades del Gobierno no se venden a precios de mercado, es decir, a precios que pagan todos los costes de producción (incluyendo los sueldos, la renta, el interés, las regalías y los inputs de la producción) y suponen un beneficio para una empresa del sector privado. En cambio, las actividades del Gobierno se ofrecen a precios más bajos, «no de mercado», o incluso gratis. Pensemos en las escuelas, las universidades financiadas por el Estado, la sanidad, el transporte, los parques, el ocio y la cultura, la policía y los bomberos, los tribunales de justicia, la protección medioambiental como la prevención de inundaciones, etcétera. Estos bienes se financian, en gran medida, mediante impuestos o deuda.

Debido a estos precios más bajos, la manera habitual de calcular el valor añadido de una empresa no resulta válida para las actividades del Gobierno. Recordemos que, normalmente, el valor añadido es el valor de la producción menos el coste de los inputs intermedios utilizados en la producción. En esencia, el valor añadido por una empresa lo forman los sueldos de los trabajadores más el excedente operativo de la empresa; esto último es, en términos de contabilidad empresarial, bastante similar al beneficio bruto operativo. De modo que es probable que si se suman los precios no mercantiles de las actividades del Gobierno se muestre un valor añadido menor, pues su objetivo —proporcionar un servicio a la sociedad— es distinto y no comercial. Si los precios no mercantiles de la producción son menores que el coste total de los inputs intermedios, el valor añadido podría aparecer incluso como negativo; de hecho, las actividades del Gobierno «restarían» valor. Sin embargo, no tiene sentido decir que los profesores, las enfermeras, los policías, los bomberos y demás destruyen valor en la economía. Claramente, se necesita una medida distinta. Como sostiene el economista británico Charles Bean, antiguo vicegobernador de política económica en el Banco de Inglaterra, en su Revisión independiente de las estadísticas económicas de Reino Unido (2016),[131] la contribución de los servicios del sector público a la economía ha de medirse en términos de «valor aportado».[132] Si este valor no es un beneficio, entonces ¿qué es?

Los contables nacionales adaptaron hace tiempo el enfoque inputs = outputs. Una vez se define el output o la producción, el valor añadido puede ser computado porque se conocen los costes de los inputs intermedios, como los ordenadores que utilizan los empleados. Pero como la producción del Gobierno está formada básicamente por los inputs intermedios más los costes de la mano de obra, su valor añadido es igual a los salarios de sus empleados. Una consecuencia importante que se deriva de ello es que la estimación del valor añadido del Gobierno —a diferencia del de las empresas— no supone «beneficios» ni un excedente operativo por encima de los sueldos. (En la figura 8, la línea gris oscuro muestra el valor añadido del Gobierno; es igual —con ligeros ajustes— a la proporción de los ingresos del empleo público en el PIB.) En un sistema capitalista, donde la ganancia de un beneficio se considera el resultado de ser productivo, esto es importante porque hace que el Gobierno, cuyas actividades tienden a no tener ánimo de lucro, parezca improductivo.

Pero, entonces, ¿qué ocurre con la línea gris claro, que representa el gasto en consumo final gubernamental? Como hemos visto, el pago de las pensiones y los subsidios de desempleo forman parte del consumo final de los hogares, no del gasto del Gobierno. En líneas más generales, no queda claro por qué este debería hacer algún gasto en consumo final tal como hacen los hogares. A fin de cuentas, las empresas no se consideran consumidores finales; su consumo se considera intermedio, una parte del proceso de la producción de bienes finales para los hogares. Así pues, ¿por qué el gasto del Gobierno no se contempla, de igual manera, como un gasto intermedio? Después de todo, hay millones de estudiantes en escuelas o pacientes de hospitales, por ejemplo, que son consumidores de los servicios gubernamentales.

De hecho, siguiendo esta lógica, el Gobierno también es un productor de inputs intermedios para las empresas. Entonces, la educación, las carreteras, la policía o los tribunales de justicia ¿pueden considerarse ciertamente inputs necesarios para la producción de diferentes bienes? Aquí se produce un giro. Si el gasto gubernamental aumentara, significaría que el Gobierno está produciendo más bienes intermedios. Las empresas comprarían al menos algunos de esos bienes (por ejemplo, algunos servicios públicos cuestan dinero) por un precio; pero al gastar más en ellos (más que si el Gobierno no produjera nada y, por lo tanto, no comprara suministros a empresas) su excedente operativo y su valor añadido caerían de manera inevitable. El porcentaje gubernamental en el PIB aumentaría, pero el tamaño absoluto del PIB seguiría siendo el mismo. Esto, por supuesto, se opone a los intentos keynesianos de mostrar cómo un incremento en la demanda del Gobierno puede elevar el PIB.

Muchos economistas formularon este preciso argumento en las décadas de 1930 y 1940; en particular, Simon Kuznets, quien sugirió que solo se debería permitir aumentar el PIB a los bienes gratuitos y no mercantiles que el Gobierno proporcionaba a los hogares. Sin embargo, la convención de que todo el gasto gubernamental cuenta como consumo final surgió durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos necesitaba justificar su enorme gasto (el pico en la línea gris claro la figura 8 a principios de la década de 1940). Así, el gasto se presentaba como si fuera una aportación al PIB, y las cuentas nacionales se modificaban en consecuencia.[133]

Más tarde, todavía en el siglo XX, se produjeron repetidos intentos de aclarar la confusión de si determinadas clases de gasto gubernamental contaban como consumo intermedio o final. Esto se hizo identificando qué actividades del Gobierno ofrecían servicios no mercantiles y gratuitos para los hogares (por ejemplo, las escuelas), frente a los servicios intermedios para empresas (por ejemplo, la regulación bancaria). La distinción no es fácil de hacer. Los gobiernos construyen carreteras. Pero ¿cuánto de su valor corresponde a las familias que se van de vacaciones y cuánto a una empresa de transportes que desplaza piezas de recambio esenciales de la fábrica al usuario? Ninguna familia o empresa de transporte puede construir una carretera. Sin embargo, la familia de vacaciones suma a la demanda final total; la empresa de transporte es un coste intermedio para las empresas.

En 1982, los contables nacionales estimaron que entre el 3 y el 4 por ciento del PIB sueco, alemán y británico constituía gasto gubernamental que, previamente categorizado como gasto de consumo final, debería ser reclasificado como un input (intermedio) para las empresas. El efecto de esto fue que se redujo el valor añadido general del Gobierno entre un 15 y un 20 por ciento.[134] Por tomar un ejemplo de tal recalificación, en 2017 Ofcom, el regulador de telecomunicaciones de Reino Unido, obligó a British Telecom (una empresa privada) a convertir su operación de red de banda ancha, Openreach, en una empresa independiente, como consecuencia de las repetidas quejas de clientes y otros operadores de banda ancha en relación con que el avance en el despliegue en todo el país había sido demasiado lento y con que el servicio era inadecuado. Al menos una parte del coste de Ofcom podía ser considerado un beneficio para el sector privado de las telecomunicaciones. Pero la convención de que todo el gasto gubernamental cuenta como consumo final ha demostrado ser muy resistente al cambio.

Ahora podemos entender por qué en la figura 8 el gasto en consumo final del Gobierno es mayor que su valor añadido. El valor añadido del mismo solo incluye los salarios. Sin embargo, este también compra muchos bienes y servicios a empresas: desde café hasta coches, desde lápices hasta billetes de avión, y desde alquileres de oficinas hasta cuerpos regulatorios como Ofcom. Son los productores de estos bienes y servicios, y no el Gobierno, quienes se atribuyen el valor añadido. Como el Gobierno se considera un consumidor final, la compra de bienes y servicios aumenta su gasto. Claramente, el gasto gubernamental puede ser mayor que lo que cobra (por ejemplo, en tarifas por servicios), ya que recauda impuestos para cubrir la diferencia. Pero ¿es necesario socavar el valor del Gobierno por la manera en que se establecen los precios? Las cuentas nacionales, al no poder capturar la producción de valor creado por el Gobierno —y centrarse más en su papel de «gastador»—, contribuyen al mito de que este, en vez de constituir un actor clave para la creación de valor, solo facilita su creación. Como veremos en el capítulo 8, ello afecta, a su vez, al modo en que percibimos al Gobierno, a cómo se comporta y a cómo puede ser «capturado» fácilmente por quienes se ven con toda confianza como creadores de riqueza.

ALGO RARO PASA CON LAS CUENTAS NACIONALES: ¡PIB FACIT SALTUS!

Aparte de esta curiosa percepción del Gobierno, las cuentas nacionales presentan un buen número de extrañezas contables como, por ejemplo, las siguientes: el PIB no distingue con claridad el coste de una inversión en capacidad futura, como la I+D; algunos servicios valiosos para la economía, como los «cuidados», pueden intercambiarse sin ningún pago, lo cual los hace invisibles para quienes calculan el PIB; asimismo, las actividades ilegales del mercado negro pueden constituir una parte importante de la economía. Un recurso destruido por la contaminación puede no contarse como una sustracción al PIB, pero cuando la contaminación es eliminada por servicios de pago, aquel aumenta. Y luego está la mayor rareza de todas: el sector financiero.

Así pues, el sector financiero ¿se limita a facilitar el intercambio de valor existente o crea nuevo valor? Como veremos en los capítulos 4 y 5, se trata de la pregunta del millón: si se responde mal, puede que el tamaño creciente del sector financiero no esté reflejando un aumento del crecimiento, sino de las rentas capturadas por algunos actores de la economía. En primer lugar, sin embargo, hay otras incoherencias que tener en cuenta.

Inversión en capacidad futura

Primero, echemos un vistazo al tratamiento de la I+D en las cuentas nacionales. Antes de 2008, el SCN consideraba que la I+D llevada a cabo en la propia empresa era un input de la producción;[135] en otras palabras, el gasto de una empresa en I+D (el equipo de investigación, los laboratorios, el personal y demás) se trataba como un coste, y se restaba de la producción final de la compañía. Sin embargo, en la versión de 2008 del SCN, la I+D llevada a cabo en la propia empresa fue reclasificada como una inversión en el acervo de conocimientos de la compañía, a valorar «sobre la base de los costes totales, incluyendo los de los activos fijos utilizados en la producción».[136] Esto es, se convirtió en una actividad productiva final, en vez de en un simple coste intermedio de esa actividad.

La decisión del SCN de reclasificar la I+D no estaba justificada tanto por la teoría del valor como por un razonamiento de «sentido común»: la contribución del «conocimiento» a la producción parecía importante y, por lo tanto, debía ser reconocida. La I+D pasó a ser productiva porque se estimó que era importante.

Como resultado, a partir de 2008 el PIB ha aumentado por el coste anual de la I+D, incluida la depreciación de los activos fijos usados. Cuando en 2013 Estados Unidos implementó este cambio, el valor de la I+D añadió cuatrocientos mil millones de dólares —un 2,5 por ciento del PIB estadounidense— a la renta nacional de la noche a la mañana.[137] Por supuesto, los sectores con las mayores contribuciones en I+D mejoraron su porcentaje en el PIB, haciendo que parecieran más relevantes que otros.

El valor del trabajo doméstico… y de la casa

Después está el trabajo doméstico. Las feministas en particular protestan desde hace tiempo por la falta de reconocimiento de la contribución del trabajo doméstico a la economía. Las cuentas nacionales excluyen cualquier trabajo doméstico de la producción y, por lo tanto, una gran parte del trabajo realizado por mujeres. El arquitecto de la primera y la segunda edición del SCN (1953 y 1968), el economista británico ganador del premio Nobel sir Richard Stone (1913-1991) —a veces llamado «el padre de la contabilidad de la renta nacional»—, tenía ideas categóricas al respecto. En un escrito para el comité de Naciones Unidas que redactó la primera evaluación del SCN sobre la producción doméstica, Stone comentó que «es innecesario imputar un ingreso a los servicios familiares o a los servicios de equipamiento doméstico, e incluso puede que fuera una vergüenza hacerlo, puesto que además de que hay muy pocos datos en este campo, los principios sobre los que se harían esas imputaciones son oscuros».[138] Simplemente, pensaba que era imposible encontrar la manera de hacerlo, e, incluso, aunque pudiera diseñarse una solución, implementarla supondría algo socialmente incómodo.

Ahora, setenta años después, como aún no hay ninguna teoría —más allá de la ignorancia o la vergüenza— que explique por qué las amas (y los amos) de casa no deberían estar incluidos en el PIB, los arquitectos del SCN han optado por una justificación distinta. Así, han expresado una «renuencia» a incluir ese trabajo porque, aunque equivale al realizado por los sirvientes, «por convención […] solo los sueldos del personal doméstico se tratan como valor de producción».[139] Resulta irónico que dicha «convención» sea parecida a la teoría del valor de Marx, según la cual solo alguien que produce un excedente para un capitalista genera plusvalía. Pero el argumento de Marx estaba vinculado a su teoría del valor y a su comprensión del funcionamiento (o no funcionamiento) del capitalismo, mientras que, en este caso, la convención ha sido seleccionada porque resulta conveniente para el sistema actual.

Para explicar por qué el trabajo doméstico se cuenta como improductivo, los contables nacionales se ven forzados una y otra vez a recurrir a su límite de producción «integral» e intentan, por todos los medios, invocar al «sentido común». Estas explicaciones incluyen «el aislamiento y la independencia relativa de esas actividades con respecto al mercado, la gran dificultad de obtener estimaciones económicamente significativas de sus valores y los efectos negativos que su utilización en las cuentas podría introducir en el diseño de la política económica y en el análisis de los mercados y de sus desequilibrios».[140]

Según tan torpe lógica, una nación vería aumentado su PIB si pagáramos a nuestros vecinos para que cuidaran de nuestros hijos y lavaran nuestra ropa, y ellos nos pagaran por hacer lo mismo para ellos.[141] Tras esta postura de «sentido común» sobre el trabajo doméstico subyace la teoría del valor de la utilidad: es valioso aquello que se intercambia en el mercado. El límite de producción implícito viene determinado por la existencia de un pago por el servicio. Por lo tanto, hay una «extrema dificultad» para dar valor al trabajo realizado por las mujeres (y los hombres) que no reciben un sueldo a cambio.

Sin embargo, resulta extraordinario hasta dónde llegan los contables nacionales para incluir dentro del límite de producción la casa en sí, es decir, la propiedad en la que se lleva a cabo el trabajo doméstico supuestamente improductivo. En las cuentas nacionales, las casas que son propiedad de quienes viven en ellas generan servicios que se incluyen en el PIB. En Estados Unidos, ese «trabajo» aporta un 6 por ciento del PIB —esto es, un billón de dólares—, aunque en realidad esos dólares no existen.

¿Cómo concibieron los estadísticos semejante absurdo? Imputan un alquiler a cualquiera que viva en su propia casa. De este modo, se estima un alquiler de mercado para una propiedad que el propietario-inquilino luego se paga a sí mismo como arrendador de los servicios que proporciona la casa. Como el alquiler imputado se considera un ingreso, también se registra en las cuentas nacionales como producción. Los contables justifican esto con el argumento de que «tanto las comparaciones internacionales como las intertemporales de la producción y el consumo de los servicios de vivienda podrían quedar distorsionadas si no se imputara el valor de la producción por cuenta propia de los servicios de vivienda».[142]

¿Cómo podría funcionar esto? Comparemos dos países. En uno solo hay inquilinos que pagan a propietarios; por ejemplo, a empresas inmobiliarias (en 2014, en Suiza, vivía más gente en casas alquiladas que en casas propias). En otro, todas las casas son de propiedad (en Estados Unidos y Reino Unido, el porcentaje de gente que tiene su propia casa es mayor que el porcentaje que alquila). Como la propiedad inmobiliaria añade valor e ingresos (las rentas) procedentes de la renta real cobrada (a diferencia de la «renta imputada» calculada), el primer país tendría un PIB injustamente alto con respecto al otro, al menos en cuanto al porcentaje del PIB derivado de las propiedades.

Desde un punto de vista distinto —que entiende que no tiene más valor alquilar una casa que ser su propietario, en especial cuando no hay control de los alquileres—, podríamos igualmente preguntar por qué, en primer lugar, los alquileres inmobiliarios deben añadir valor. Otra pregunta válida sería por qué un aumento del alquiler incrementa el valor producido por las agencias inmobiliarias, sobre todo si la calidad del servicio de alquiler no se mejora. Los inquilinos de Londres y Nueva York, por ejemplo, saben mejor que nadie que los servicios de gestión inmobiliaria no mejoran aunque los alquileres suban; en el caso de Londres, esto se ha producido muy rápidamente en los últimos años.[143]

También vale la pena señalar que las cuentas nacionales tratan las propiedades y los activos inmobiliarios (los residenciales y los comerciales) como algo comparable a una empresa. Comprar una casa o un edificio industrial se considera una «inversión». Se asume que el propietario procede a «ofrecer el servicio» del edificio e invierte en su mantenimiento o mejora, de modo que sus ingresos suponen el «pago por un servicio» y no únicamente una renta. Se tratan igual las ganancias de capital fruto de la compra y la venta de propiedades que las procedentes de un negocio o un activo financiero, aunque el grado en que un edificio resulta «productivo» sea discutible. Las ganancias de capital derivadas de la posesión de propiedades surgen de los aumentos en el valor de la tierra, que a su vez están determinados por la inversión colectiva (en carreteras, escuelas, etcétera), lo cual tiene poco que ver con el esfuerzo del propietario.

Al igual que en la situación en que se encuentran los vecinos que se pagan unos a otros para acometer sus tareas domésticas, es como si los estadísticos afirmaran que una nación de propietarios-inquilinos podría amplificar de manera artificial el PIB si los vecinos se intercambiaran la casa y se pagaran mutuamente el alquiler. Los estadísticos han defendido ferozmente su tratamiento de los ingresos procedentes de las propiedades. Pero cuando los precios inmobiliarios se revalorizan con rapidez, como en Estados Unidos y Reino Unido antes de 2007 y en lugares particularmente atractivos como Londres, incluso después de la crisis financiera, surgen implicaciones alarmantes para la medición. El aumento del precio de las viviendas supone el de los alquileres implícitos y, por lo tanto, el aumento de los ingresos cuando se incluye el alquiler implícito. El resultado paradójico es que una burbuja en el precio de la vivienda, quizá causada por unos tipos de interés bajos o unas condiciones crediticias relajadas, aparecerá como una aceleración del crecimiento del PIB. ¿Por qué? Porque los servicios que los hogares se prestan a sí mismos —como sus propios caseros, cobrándose alquileres implícitos— de repente suben en valor, y eso se cuenta como ingresos que se suman al PIB. Del mismo modo, si se eliminan esos alquileres imputados, se puede demostrar que el PIB subió más lentamente en los años previos a la crisis financiera que después de 2009.[144]

Prostitución, contaminación y producción

Así que el planteamiento de los contables nacionales respecto de la valoración afecta al límite de producción, a veces de una manera intrigante. En los Países Bajos, donde la prostitución es legal y está regulada, las autoridades fiscales han pedido a los trabajadores sexuales que declaren sus ingresos, que cuentan en la renta nacional. En otros países, como Reino Unido, las ganancias de la prostitución no se incluyen en la renta nacional, excepto, quizá, en las estimaciones de la economía sumergida.

Igualmente importantes resultan las vueltas que da el límite alrededor de la cuestión del medio ambiente. Pensemos en un río contaminado por residuos industriales. Cuando el contaminador paga por limpiarlo, el gasto se trata como un coste que reduce los beneficios y el PIB. Pero cuando el Gobierno paga a otra empresa para limpiar el río, el gasto aporta al PIB, porque pagar a los trabajadores añade valor. Si el coste de limpiar la contaminación es asumido por un actor distinto del contaminador, se lo llama «externalidad» —el coste está «fuera» de la cuenta de beneficios y pérdidas del contaminante— y aumenta el PIB. Kuznets sostenía que ese cálculo debía equilibrarse por el «desservicio» que la contaminación había creado y, por lo tanto, que el coste de ese desservicio tenía que eliminarse del cálculo «neto» del valor añadido. Pero las cuentas nacionales no hacen eso; en su lugar, establecen que no es «apropiado» o «analíticamente útil» que las «cuentas económicas traten de corregir las presuntas fallas institucionales de este tipo, asignando a los productores ciertos costes que la sociedad ha optado por no reconocer».[145]

Los contables nacionales presentan la cuestión de si algo es «analíticamente útil» o no como una discusión vaga, sin referencia al valor. Para ser justos, también advierten, con razón, que sería extremadamente difícil asignar de manera exhaustiva un coste a las externalidades —los «efectos colaterales» negativos o positivos de la producción— que no tienen un precio. Todo lo cual no hace más que subrayar las dificultades de ser coherente y establecer un límite de producción claro.

De modo que, mientras Marshall sostenía que la naturaleza no da pasos agigantados (recordemos la explicación de natura non facit saltus, en el capítulo 2), la renta nacional, al parecer, ¡sí puede hacerlo! Si el empleo por cuenta propia (en referencia a una producción por cuenta propia para pequeños trabajadores agrícolas o sexuales, por ejemplo) crece en importancia, o si se puede encontrar una manera de calcular el coste de las externalidades, la renta nacional saltará cuando los estadísticos decidan su inclusión.

La economía sumergida entra en el SCN

Algo parecido sucede con la economía sumergida o —por utilizar el eufemismo oficial— «informal» cuando los países deciden que esta ha crecido tanto que deben empezar a incluir estimaciones de esta en la contabilidad nacional. Pongamos el ejemplo de Italia, un país «desarrollado». El Grupo de los Siete (G7), el club internacional de las mayores economías, estima que en 2015 la economía informal llegó a constituir un 12,6 por ciento del PIB italiano.[146] Ese cálculo excluye las actividades ilegales, que los estadísticos italianos decidieron dejar fuera de sus mediciones del PIB. Tras la Gran Recesión, que empezó en 2008, muchos más desempleados italianos han asumido la producción informal. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa sobre todo a países de ingresos altos, estimó que en 2013, el mercado negro italiano (incluyendo las actividades ilegales, que suponen alrededor del 1 por ciento del PIB) representó un altísimo 21 por ciento del PIB.[147] El mismo estudio descubrió que en otros países europeos las actividades informales comprendían entre el 7 y el 28 por ciento del PIB —actividades que fueron incorporadas a las cuentas nacionales por recomendación de los SCN de 1993 y 2008—.

Todo esto suscita una pregunta: ¿dónde hay que empezar y dónde hay que detenerse? ¿Qué debe incluirse y qué no en las cuentas nacionales? El hecho mismo de que dichas preguntas sean tan difíciles de responder ilustra las idiosincrasias y los caprichos del sistema de contabilidad. En este sentido, la mayor rareza de todas ha resultado ser el llamado «problema de la banca», es decir, cómo estimar la productividad de las finanzas.

Más que cualquier otro sector, las finanzas subrayan el modo arbitrario en que la contabilidad nacional moderna decide dónde se establece el límite de producción. Cuando el sector financiero era pequeño (antes de su auge en la década de 1970), no resultaba muy difícil excluirlo; el interés constituía tanto una cuestión de moralidad (las posturas contra la usura) como de economía. Pero a medida que el sector financiero creció, se volvió más incómodo excluirlo de la producción nacional. La tensión entre la arraigada percepción que los economistas —y, en general, de la sociedad— tienen de los bancos como un sector improductivo y el crecimiento sostenido del sector durante la posguerra dio pie a lo que se conoce como «el problema de la banca».

Hasta la década de 1970, una de las principales fuentes de beneficios para los bancos —los pagos de intereses netos, que son la diferencia entre el interés que el banco cobra por los créditos que concede y el interés que paga por los depósitos— se excluía de la producción en las cuentas nacionales. La única parte de los ingresos de los bancos que se incluía eran las comisiones por los servicios que la gente realmente pagaba, como el coste de abrir o cerrar una cuenta bancaria o de recibir consejo sobre hipotecas.

Pero después se produjo un cambio extraordinario. De ser percibidas como transmisoras de valor existente y de «rentas», en el sentido de «ingresos no ganados», las finanzas pasaron a transformarse en un productor de valor nuevo. Este giro radical se justificó mediante la calificación de las actividades de los bancos comerciales como «de intermediación financiera», y de las actividades de los bancos de inversión como «de riesgo». Se trata de un cambio que evolucionó en paralelo a la desregulación del sector, que aumentó todavía más su tamaño. Dado que esta parte de la historia —cómo se han «contabilizado» las finanzas— es demasiado grande para tratarla en este capítulo, dedicaré los dos siguientes al asunto.

Beneficios frente a rentas

Como hemos visto en el capítulo 2, la discusión sobre qué partes de la sociedad eran productivas o improductivas era mucho más explícita antes de la aparición de la teoría de la utilidad marginal. Y como hemos visto en este capítulo, además, en la medida en que los productos y los servicios tengan un precio en el mercado son considerados merecedores de ser incluidos en el PIB; se ignora si contribuyen a crear valor o lo extraen. El resultado es que se confunde la distinción entre beneficios y rentas y la extracción de valor (las rentas) puede disfrazarse de creación de valor.

La complejidad de calcular el valor añadido del Gobierno parece poca cosa en comparación con esta notoria debilidad del SCN: la confusión entre beneficios y rentas. Separar ambos es fundamental para comprender el valor. Como hemos visto con anterioridad, la teoría del valor clásica sostenía que los ingresos procedentes de actividades situadas fuera del límite de producción no eran ganados. Las rentas —que se consideraban ingresos no ganados— eran clasificadas como una transferencia del sector productivo al improductivo y, por lo tanto, se excluían del PIB. Pero si, como sostiene la utilidad marginal, los «servicios» de un terrateniente o del gestor de un fondo de alto riesgo se consideran productivos, se convierten por arte de magia en parte del PIB.

El SCN suele vincular lo que ganan las personas con las industrias que las pagan. A los trabajadores metalúrgicos los paga la industria siderúrgica; a los dependientes de tienda, los comercios minoristas; a los trabajadores de las aseguradoras, las empresas aseguradoras, etcétera. Sin embargo, los ingresos procedentes de propiedades, dividendos y préstamos, por ejemplo, son distintos porque la gente que los recibe no se halla necesariamente vinculada de manera directa con su fuente (alquileres, dividendos, intereses de préstamos, etcétera). Si una empresa metalúrgica alquila una oficina, el arrendamiento que paga podría pasar a empresas de otros sectores, al Gobierno e incluso a los hogares. Un inversor rico puede obtener ingresos de los dividendos remunerados por un número cualquiera de empresas productivas. Un prestamista —como un banco— puede prestar dinero a varias empresas u hogares y recibir ingresos de ellos en forma de intereses. Todas estas clases de ingresos no pueden situarse con facilidad en la contabilización del producto.

Aunque el SCN de 2008 intentó abordar tal dificultad, no planteó, por ejemplo, que la renta de la propiedad fuera una recompensa por la producción, sino solo que «la renta de la propiedad se genera cuando los propietarios de los activos financieros y recursos naturales los ponen a disposición de otras unidades institucionales».[148]

CORREGIR LAS CUENTAS NACIONALES NO ES SUFICIENTE

De modo que, aunque en teoría equilibrar las cuentas nacionales entre ingresos y gastos requiere una clara noción de dónde se encuentra el límite de producción —de dónde se crea el valor—, en la práctica, el límite no está ni mucho menos claro. Las cuentas nacionales, tal como están planteadas, son sin duda mejores que nada y, entre otros méritos, permiten realizar una comparación coherente entre países y en el transcurso del tiempo. Pero, a pesar de todo el esfuerzo invertido en su desarrollo, el SCN carece de una teoría del valor subyacente que sea coherente y rigurosa.

Algunas agencias gubernamentales, como la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos y la Oficina Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés) en Reino Unido cuentan con ejércitos de personas que estiman el PIB y toman decisiones sobre qué es aquello que está produciendo nuevo valor y amplía la riqueza del país. Nos fascina ver esto como el dominio de una profesión altamente especializada, que utiliza métodos estadísticos modernos y sofisticados para proporcionar unos parámetros precisos del valor que produce nuestra sociedad. La tasa de crecimiento de nuestras economías se predice con años de antelación utilizando matemáticas complejas, con mediciones de las «producciones» potenciales y la estimación trimestral del PIB hasta la décima.

En realidad, se ha intentado repetidamente corregir las cuentas nacionales y hacerlas más relevantes para las necesidades y las economías cambiantes. Se ha mencionado la contabilidad del daño medioambiental; la contabilidad de la felicidad es otro caso. Para que la idea no resulte imposible, o que parezca que no tiene nada que ver con la economía, vale la pena recordar algo básico: la economía no tiene ningún sentido si no ayuda a que la gente tenga vidas mejores; y al menos en parte, eso significa, de manera bastante razonable, unas vidas más felices. El economista estadounidense James Tobin (1918-2002), que ganó el Premio Nobel de Economía en 1981 y fue profesor de economía en la Universidad de Yale durante muchos años, escribió:

El único objetivo de la economía es la producción de bienes y servicios para el consumo presente o futuro. Creo que la carga de la prueba deberá estar siempre sobre los que producen menos y no en los que producen más, sobre los que dejen desempleadas personas, máquinas o tierras que podrían ser utilizadas. Es asombroso cuántas razones pueden encontrarse para justificar tal despilfarro: temor a la inflación, déficit en la balanza de pagos, presupuestos desequilibrados, deuda nacional excesiva, pérdida de confianza en el dólar.[149]

Adoptar decisiones sobre qué bienes y servicios deben incluirse en el PIB implica regresar al concepto de «límite de producción», que representa el núcleo del pensamiento económico clásico —el cual distingue las actividades productivas de las improductivas—, así como a la teoría del valor, que justifica tal distinción. La teoría ¿se da por sentada, como en la obra de Petty y King?, ¿o se explica, como en el caso de Marx? Y ¿cómo puede persuadirse a los contables nacionales de que una actividad que antes se consideraba una transferencia de valor existente está, en realidad, creando nuevo valor? Y sobre todo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crecimiento?

Por supuesto, la manera en que definimos y medimos el crecimiento se halla influida por nuestra teoría del valor. Y las cifras de crecimiento resultantes pueden guiar a las actividades que se consideran importantes, y, en el proceso, posiblemente distorsionar la economía.

El PIB preocupa a los ciudadanos y políticos de cualquier lugar. ¿Está subiendo? ¿Baja? ¿Cuánto? Por lo tanto, resulta fundamental comprender cómo se construye dicho parámetro.

A diferencia de los estadísticos de la época de Smith o Marshall, los gobiernos modernos cuentan con una inmensa cantidad de datos y con un sofisticado sistema de cuentas nacionales que hace un seguimiento de la economía y el crecimiento de cada uno de sus sectores. Por un lado, esto permite observar con gran detalle quién hace qué en la economía, es decir, quién es un «creador de valor» y cuánto contribuye cada una de las partes al producto nacional. Por otro lado, debido a la manera en que se establecen esas cuentas, no constituyen una métrica objetiva del valor en mayor medida que las categorizaciones de Quesnay, de Smith o de Marx.

En esencia, nos comportamos como actores económicos de acuerdo con la visión del mundo que tienen quienes establecen las convenciones contables. La teoría del valor marginalista, que subyace en los sistemas de contabilidad nacional contemporáneos, lleva a una atribución indiscriminada de la productividad a cualquiera que se haga con unos grandes ingresos, en tanto que subestima la productividad de los menos afortunados. Al hacerlo, justifica desigualdades excesivas en ingresos y riqueza y convierte la extracción de valor en creación de valor.

Dicho sin rodeos, cualquier actividad que puede intercambiarse por un precio se considera que aporta al PIB. Los contables determinan qué entra en esta categoría. Pero ¿qué criterios usan? La respuesta es un revoltijo que combina la utilidad marginal con la viabilidad estadística y cierta clase de sentido común que invita más al cabildeo que al razonamiento sobre el valor. Es esto lo que determina dónde se traza el límite de producción en las cuentas nacionales.

El siguiente capítulo se centra en el caso más ofensivo de superación de los límites: el del sector financiero, antes considerado improductivo y, ahora, un creador de valor.

4

LAS FINANZAS

HA NACIDO UN COLOSO

Si el sistema financiero de Reino Unido prospera en el mundo posterior al Brexit, que es lo planeado, no será diez veces el PIB, será entre quince y veinte veces el PIB dentro de un cuarto de siglo.

MARK CARNEY, gobernador del Banco

de Inglaterra, 3 de agosto de 2017

Durante mucho tiempo, la existencia de un sector financiero grande y en expansión se ha presentado como una señal del éxito de Reino Unido y de Estados Unidos, atribuido a la capacidad de movilizar capital para impulsar su desarrollo económico y generar exportaciones en un momento en el que la industria y la agricultura habían descendido hasta la importación neta. En la década de 1990, conseguir una expansión del sector financiero comparable se convirtió en una ambición para varios países que querían seguir la trayectoria de desarrollo de esos primeros industrializadores y reducir su dependencia de la importación de capital y servicios de los «centros financieros» del mundo, situados en Reino Unido y Estados Unidos. Tras esa expansión subyace la creencia de que un país se beneficia de un sector financiero siempre ascendente, en términos de su contribución creciente al PIB y a las exportaciones, y en la medida en que los activos totales del sector financiero (créditos bancarios, acciones, bonos y derivados) se conviertan en un múltiplo aún mayor del PIB.

Sin embargo, la celebración de las finanzas que hacen los líderes políticos y los banqueros expertos no es compartida de manera universal por los economistas. Choca con la experiencia común de los inversores empresariales y los hogares, para quienes el control del flujo de dinero que llevan a cabo las instituciones financieras parece garantizar en mucha mayor medida la prosperidad de esas instituciones que la de sus clientes. A quienes no poseen grandes fortunas y a muchos de los que tienen «activos gestionados», la idea de que las finanzas añaden valor les ha sonado cada vez más hueca en la larga sombra proyectada por la crisis financiera global que empezó en 2008. Esta implicó que gobiernos de todo el mundo rescataran a grandes bancos cuyo «valor neto» había resultado ser ficticio; los rescates continúan imponiendo fuertes costes sociales, diez años después, en forma de presupuestos públicos reducidos, una gran deuda doméstica y retornos reales negativos para los ahorradores.

Pero durante buena parte de la historia humana reciente, en claro contraste con el actual entusiasmo por el crecimiento del sector financiero como señal de (y estímulo a) la prosperidad, los bancos y los mercados financieros se han contemplado como un coste derivado de hacer negocios. Sus beneficios reflejaban valor añadido solo en la medida en que mejoraban la asignación de los recursos de un país, y subsidiaban de manera cruzada un sistema de pagos fiable. Las recurrentes crisis financieras mostraron la regularidad con la que arrojaban recursos en direcciones improductivas (básicamente, a otras partes del propio sector financiero), perturbando, en última instancia, el flujo de dinero y de bienes en la economía real. Durante el periodo 1980-2008, las actividades financieras que crecieron más rápido fueron la gestión de activos (ganando más dinero al invertir en activos financieros líquidos y propiedades para un segmento de población que ganaba lo suficiente como para ahorrar) y la concesión de préstamos a los hogares, en vez de a las empresas. Las finanzas también apartaron a muchos científicos e ingenieros, con una alta formación, del trabajo en la producción directa, ofreciéndoles de media una remuneración un 70 por ciento mayor de lo que otros sectores se podían permitir. El improbable nivel al que llegó el aumento de los beneficios del sector financiero, antes y después de la última crisis, refleja que hubo una decisión deliberada durante el siglo XX de redibujar el límite de producción —de modo que las instituciones financieras, antes excluidas, fueran ahora incluidas en su interior— y, una vez las finanzas fueron rediseñadas como productivas, de eliminar las regulaciones que previamente habían mantenido bajo control sus cobros y su asunción de riesgos.

Este capítulo aborda la expansión de la banca y la manera en que las decisiones políticas adoptadas para reconocer su valor en las cuentas nacionales (aunque basadas en nociones económicamente polémicas) contribuyeron a dar pie a la desregulación que, a fin de cuentas, impulsó su crecimiento desmesurado. En los dos capítulos siguientes se explorará la relación entre dicho crecimiento y la financiarización del resto de la economía.

LOS BANCOS Y LOS MERCADOS FINANCIEROS SE CONVIERTEN EN ALIADOS

La fe de los legisladores en el valor de las finanzas no se vio reducida por su implosión en 2008. De hecho, su reacción a la crisis financiera global consistió en insistir en que se asignara más «capital» de cada economía a los bancos del sector privado y apoyarlos con una política monetaria ultralaxa, en la que los tipos de interés cercanos a cero fueron complementados con la compra hecha por los bancos centrales de bonos del Gobierno, o incluso de empresas, para mantener sus precios elevados. Esto aumentó de manera radical el lado de los «activos» de los principales bancos centrales del mundo.

A los países que aspiran a lograr los niveles de prosperidad de Estados Unidos les han aconsejado, sobre todo sus acreedores multilaterales, que hagan de la «profundización financiera» —la expansión y desregulación de los bancos y los mercados financieros— una parte central de su estrategia de desarrollo. Al mismo tiempo, esos acreedores consideraban que las políticas que restringían el crecimiento de los bancos —como limitar los tipos de interés o reducir el préstamo transfronterizo— suponían una «represión financiera», lo cual implicaba que la liberalización financiera era parte de una liberación más amplia. Después de 2008, como tras anteriores crisis financieras regionales (como las que afectaron a buena parte de Latinoamérica en 1982 y 1983, así como al este asiático en 1997), los economistas que habían alentado esta liberalización se preguntaron si no se había ido demasiado lejos al dar rienda suelta a los sectores financieros. Pero siempre llegaban a la conclusión de que las crisis solo suponían tropiezos en una carretera que se recorría más rápidamente cuando el crecimiento financiero no estaba bloqueado. De modo que, en 2015, cuando el FMI terminó un exhaustivo estudio que «repensaba» la profundización financiera, llegó a la conclusión de que, aunque los efectos positivos de la expansión del sector podían debilitarse cuando se alcanzaban niveles elevados de PIB per cápita o si crecía con demasiada rapidez, «hay muy poco o ningún conflicto en promover la estabilidad financiera y el desarrollo financiero», y «la mayoría de los mercados emergentes todavía están en una franja de desarrollo financiero relativamente segura y que fomenta el crecimiento».[150]

Pero la creencia de que el progreso económico requiere un sector financiero creciente, con los bancos como parte esencial, es contraintuitivo en numerosos aspectos. Si los intermediarios financieros promueven el crecimiento económico movilizando el capital y dándole mejores usos, cabría esperar que la producción nacional (el PIB) creciera con más rapidez que la producción del sector financiero, con lo que disminuiría su participación en el PIB. De hecho, debe ser así para muchos de los «países recientemente industrializados» más exitosos, si —como afirman— los sectores financieros de Reino Unido y de Estados Unidos han crecido más que sus economías domésticas mediante la exportación de capital y servicios al resto del mundo. Si los bancos y los mercados financieros se vuelven más eficientes, con el tiempo las empresas deberían utilizar más sus servicios y abandonar su anterior preferencia por la financiación interna de la inversión a partir de beneficios retenidos. En la práctica, numerosos estudios señalan que las empresas siguen financiando la mayor parte de su inversión (en producción y en desarrollo de nuevos productos) internamente por medio de retenciones, ya que los financieros externos saben menos sobre sus actividades y compensan los mayores riesgos que asumen exigiendo unos retornos más elevados.[151] De este modo, con el tiempo los mercados financieros deberían, al ganar eficiencia, ser capaces de expandirse a expensas de los bancos, que suelen explicarse como un mecanismo alternativo para canalizar los fondos de los ahorradores a los prestatarios cuando los mercados de acciones y bonos están insuficientemente desarrollados y la información no fluye de manera libre.[152] Pero, incluso en las economías capitalistas modernas, los bancos han consolidado su papel esencial en el universo financiero, hasta el punto de exigir un rescate completo cuando en 2008 su solvencia y su liquidez se evaporaron.

EL PROBLEMA DE LA BANCA

Como hemos visto, en la contabilidad nacional surgen problemas con las actividades que parecen añadir valor a la economía pero cuya producción no tiene un precio. Muchos de los servicios prestados por el Gobierno y las organizaciones del sector del voluntariado se integran en esta categoría, como lo hacen los productos del sector privado que se proveen gratuitamente, como el motor de búsqueda de Google y el navegador de Mozilla. Habitualmente, las cuentas nacionales les atribuyen un valor, a pesar de que los críticos del libre mercado objetan que los bienes y servicios que no son de mercado se hallan subsidiados de manera cruzada por los productores del sector de mercado (y constituyen una pérdida para ellos), con lo que sustraen a la productividad nacional.[153]

Sin embargo, surge un problema igualmente grave cuando se cobra un precio por un producto o un servicio —y se logran beneficios gracias a ellos— que no confiere ningún valor de manera evidente. En gran parte de la economía, esto se califica y condena como una extracción de rentas monopolística. El comerciante que «acapara el mercado» de un producto y, mediante la retención del suministro, lo revende con una prima, o se coloca entre el comprador y el vendedor sin otro propósito que cobrar una comisión antes de que los dos puedan relacionarse, es condenado por especulador de la misma manera que lo es el salteador de caminos que se queda con el dinero de los viajeros antes de dejarlos pasar. Hasta la década de 1970, el sector financiero se percibía como un distribuidor y no como un creador de riqueza que llevara a cabo actividades estériles e improductivas. En ese momento, a través de la combinación de una nueva evaluación económica del sector con la presión política aplicada por él, las finanzas pasaron del exterior al interior del límite de producción y, en el proceso, causaron estragos.

Los gobiernos de la Europa del siglo XIX estaban convencidos de que los bancos añadían valor y eran vitales para lograr la modernización industrial y el crecimiento económico. Estaban especialmente dispuestos a promover bancos de inversión, que eran considerados esenciales tanto para canalizar fondos hacia la inversión productiva como para coordinar empresas e industrias de cara a aumentar la eficiencia y las tasas de retorno de esta inversión. La importancia de la banca de inversión para canalizar los fondos de inversores profesionales hacia la industria productiva surgió en la agenda política porque los primeros bancos de ahorros, que tomaban depósitos de los hogares, con frecuencia los perdían en planes para hacer dinero que resultaban fraudulentos o excesivamente arriesgados y, por lo tanto, la regulación los orientó a comprar sobre todo bonos del Gobierno.[154] Al dar licencia solo a unos cuantos bancos de inversión, los gobiernos les concedían el poder de monopolio necesario para coordinar la expansión de industrias relacionadas y lograr así los beneficios necesarios para asumir grandes riesgos.[155] El papel único de los bancos en el desarrollo fue reconocido por algunos economistas de mediados del siglo XX, entre ellos Joseph Schumpeter (1934) y Alexander Gerschenkron (1962).[156]

El «problema de la banca» surgió porque, a medida que avanzaba el siglo XX, el papel de dichas instituciones en el impulso del desarrollo económico fue disminuyendo gradualmente en la teoría y en la práctica, mientras que su éxito para generar ingresos y beneficios, mediante operaciones pagadas por los hogares, las empresas y los gobiernos, aumentó poco a poco. Una parte de la economía que, a mediados del siglo XX, se expandía rápidamente no estaba siendo contemplada en las cuentas nacionales. Con todo, los economistas (como Schumpeter y Gerschenkron) que habían adjudicado a los bancos un papel clave en el desarrollo tenían claro que lo lograban mediante el ejercicio de un cierto grado de poder monopolístico, y que percibían tanto rentas como beneficios. La opinión mayoritaria, mientras tanto, seguía viendo a los bancos como intermediarios que, al cobrar por conectar a compradores y vendedores (o a prestatarios y ahorradores), conseguían sus ingresos mediante la captura de valor ajeno, en vez de crearlo ellos. De hecho, si hoy utilizamos la fórmula del valor añadido (sueldos + beneficios), encontramos que el sector financiero, lejos de aportar el 7,2 por ciento del PIB a la economía británica y el 7,3 por ciento a la estadounidense (como mostraban las cuentas nacionales de 2016), en realidad realiza una contribución a la producción que es cero, o incluso negativa. Según esta vara de medir, resulta profunda y fundamentalmente improductivo para la sociedad.

El «problema de la banca», por lo tanto, presentaba una rareza para los contables nacionales. Tradicionalmente, los bancos comerciales y la mayoría de los de inversión obtenían gran parte de sus ingresos del diferencial de los intereses: los intereses recibidos de los créditos que concedían a los clientes eran más altos que el interés que pagaban por los fondos que tomaban prestados. El cobro de intereses se justifica de varias formas complementarias. Se dice, por ejemplo, que constituye una «recompensa por esperar», que compensa a los prestamistas por no poder disfrutar de su dinero inmediatamente porque están permitiendo que otro lo utilice. También puede verse como una recompensa por asumir un riesgo. El dinero que no se gasta en el momento puede aportar después una satisfacción menor si, por ejemplo, quienes lo utilizan mientras tanto lo pierden por completo, o en parte, o si su poder adquisitivo se ve erosionado por unos precios al alza o un tipo de interés a la baja. A menos que se guarde en un calcetín, todo el dinero sin gastar suele ser prestado a otros, sin garantía de que el dinero que ahora se presta sea devuelto completamente y a tiempo. Los prestatarios pueden perderlo en un proyecto empresarial que fracase o simplemente robarlo y negarse a devolverlo. Por lo tanto, lejos de ser «usurario», el pago de intereses puede interpretarse como la recompensa del prestamista por asumir el riesgo de no ver nunca más el dinero. Así, cuanto mayor es su riesgo, mayor es el interés que está justificado imputar.

Asignar al interés una función económica no explica del todo cómo crean valor los bancos. Tradicionalmente, los economistas han resuelto el «problema de la banca» asumiendo que tales organismos crean valor de otras maneras, y utilizan su diferencial de intereses (la diferencia entre el tipo deudor y el de préstamo) como una manera indirecta de capturar este valor porque procede de llevar a cabo servicios a los que no se les puede adjudicar precio directamente. La actividad bancaria, según se sostiene, ofrece tres «servicios» principales: la «transformación de madurez» (conversión de depósitos a corto plazo en hipotecas y créditos empresariales); la liquidez (disponibilidad instantánea de dinero en metálico mediante préstamos a corto plazo o descubiertos para empresas y hogares que tienen que pagar algo); y, quizá lo más importante, la evaluación crediticia (examinar las peticiones de crédito para decidir quién es solvente y en qué términos debería concederse el préstamo). Además de canalizar fondos de los prestadores a los prestatarios, los bancos gestionan los sistemas de pago que vinculan a compradores con vendedores. Estas actividades, especialmente la transformación de depósitos a corto plazo en créditos a largo plazo y la garantía de liquidez a clientes con descubiertos, también significan una transferencia de riesgo procedente de otras empresas del sector privado a los bancos. Colectivamente, dicho conjunto de servicios constituye la «intermediación financiera». Se asume que, en vez de cobrar directamente por ellos, los bancos imponen un cargo indirecto al prestar a unos tipos de interés más altos que los tipos a los que toman prestado.

El coste de los «servicios de intermediación financiera medidos indirectamente» (SIFMI) se calcula según el grado en que los bancos pueden subir el tipo deudor de sus clientes por encima del tipo de interés más bajo disponible. Los estadísticos nacionales asumen un tipo de interés «de referencia» que los prestatarios y los prestadores estarían dispuestos a pagar y a recibir (el coste «puro» del préstamo). Así, miden los SIFMI como el grado en que los bancos pueden hacer bajar los tipos de los prestamistas por debajo o los tipos de los prestatarios por encima de este tipo de referencia, multiplicado por el stock de créditos pendiente.

La persistencia de este diferencial de interés es, de acuerdo con los economistas que inventaron los SIFMI, un indicador de que los bancos están haciendo un trabajo útil. Si la diferencia entre sus tipos de préstamo y de endeudamiento sube, es que deben estar haciendo su trabajo cada vez mejor, lo cual es especialmente cierto, puesto que, desde finales de la década de 1990, los grandes bancos han logrado imponer cargos más directos por sus servicios, así como mantener su cargo «indirecto» por medio de la diferencia entre los tipos de interés.[157]

Según tal razonamiento, los bancos hacen una contribución positiva a la producción nacional, y su capacidad para aumentar el coste de tomar prestado por encima del coste de prestar constituye una medida principal de esa contribución. La suma de los SIFMI a las cuentas nacionales se propuso por primera vez en 1953, pero hasta la década de 1990 se asumía que los servicios que representaban eran plenamente consumidos por empresas financieras y no financieras, de modo que ninguno llegaba a la producción final. La revisión del SCN de 1993, sin embargo, inició el proceso para contar los SIFMI como valor añadido, de forma que contribuyeran al PIB. De la noche a la mañana, esto convirtió lo que antes se había considerado un coste perdido en una fuente de valor añadido. El cambio fue formalmente introducido en la conferencia de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales de 2002, e incorporado a la mayoría de las cuentas nacionales justo a tiempo para la crisis financiera de 2008.[158]

Por supuesto, los servicios bancarios son necesarios para hacer que la economía continúe funcionando. Pero de ello no se puede deducir que los intereses y otros cobros a los usuarios de los servicios financieros sean un «resultado» productivo. Si todas las empresas pudieran financiar sus inversiones empresariales por medio de ganancias retenidas (los beneficios que no se distribuyen entre los accionistas), y todos los hogares pudieran pagar sus inversiones a través de los ahorros, el sector privado no necesitaría pedir prestado, no se pagaría ningún interés y los créditos bancarios serían inútiles.

Las convenciones de la contabilidad nacional reconocen esta incongruencia al tratar el coste de los servicios financieros (SIFMI más comisiones y cargos directos) como un coste de producción para empresas o gobiernos. Esta «producción» de las instituciones financieras que sufraga las actividades de las empresas y los gobiernos desaparece inmediatamente en el «consumo intermedio» de la sociedad y de los sectores privados no financieros. Solo cuenta como producción final el flujo de bienes y servicios procedente de empresas no financieras (y de gobiernos). Sin embargo, se hacen excepciones para los servicios financieros ofrecidos a los hogares y a las empresas no residentes de un país; dichos servicios, así como las comisiones y los cargos directos impuestos por las instituciones financieras, se consideran producción final, de modo que para el PIB cuenta como todo lo demás que consumen los hogares y los no residentes. El crecimiento estable del endeudamiento de los hogares en Reino Unido, Estados Unidos y la mayoría de los países de la OCDE desde la década de 1990 ha impulsado automáticamente la contribución contabilizada de los bancos al PIB por medio del flujo creciente de los pagos de intereses procedentes de los hogares. La naturaleza cada vez más peligrosa de prestar a hogares con mala calificación crediticia y previamente endeudados aumentó todavía más esta contribución contabilizada, puesto que dio pie a una prima mayor en los tipos que pagaban los prestatarios frente al tipo de referencia, con un ajuste inadecuado para el aumento del riesgo.[159] La supuestamente infravalorada contabilización de las tasas de préstamos interbancarios clave, por lo general utilizada como tasa de referencia, puede haber empeorado la exageración durante el escándalo del Libor de 2008.

Los SIFMI han asegurado que la contribución del sector financiero al PIB haya seguido creciendo desde la turbulencia financiera de 2008 y 2009, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido. Pero si un servicio de intermediación se vuelve más eficiente debería consumir menos, y no más, de la producción de sus clientes; debería hacer una contribución menor al PIB cuanto más eficiente se vuelva. Los agentes inmobiliarios, por ejemplo, generan ingresos a través de la comisión cobrada por la venta de cada propiedad. Si se vuelven más eficientes, la competencia hará que los porcentajes de comisión desciendan y los actores que queden sobrevivirán con una comisión más baja y reduciendo costes, con lo que su contribución al PIB será menor.

Las reglas son distintas para las finanzas. Ahora las cuentas nacionales establecen que estamos mejor cuando una parte mayor de nuestros ingresos fluye hacia la gente que «gestiona» nuestro dinero o que apuesta con el suyo. Si los inversores profesionales sacan beneficios al invertir en propiedades durante un boom, habrá nuevas formas de contabilidad que registren el beneficio como un aumento de su contribución al PIB. Vender en corto, lo cual implica tomar prestado un activo y venderlo con la expectativa de volver a comprarlo cuando su precio haya caído,[160] constituye otra actividad especulativa cuyo crecimiento, con esta nueva forma de contabilización, contribuye al PIB. Si el dinero se gana vendiendo en corto inversiones relacionadas con propiedades inmobiliarias antes de una crisis, como se sabe que hicieron varios inversores antes del crac de 2008, como el gestor de un fondo de alto riesgo John Paulson, el beneficio aumenta el PIB. Pero, sin duda, si por ejemplo el precio del autobús siguiera creciendo en términos reales, exigiríamos saber por qué las empresas de autobuses se están volviendo menos eficientes y emprenderíamos acciones contra los operadores que utilizan su poder de monopolio para subir los precios. No obstante, cuando el coste de la intermediación financiera sigue aumentando, en términos reales, celebramos la emergencia de un sector bancario y asegurador vibrante y exitoso. Según las teorías que consideran que el sector financiero es productivo, unas finanzas en expansión perpetua no dañan la economía; de hecho, facilitan la circulación de bienes y servicios. Pero con demasiada frecuencia los fondos de inversión y los bancos actúan para aumentar sus beneficios, en vez de canalizarlos hacia otras formas de inversión, como la tecnología verde. Macquarie, el banco australiano que utilizó sus adquisiciones posteriores a la privatización para convertirse en uno de los mayores inversores en infraestructuras del mundo, rápidamente se hizo conocido por asegurar deudas adicionales contra esos activos como garantía, de modo que una mayor parte de sus ingresos se destinó a pagos de intereses, además de al reparto a los accionistas. Después de comprar Thames Water en 2006, utilizó la titulización para aumentar la deuda de la empresa de 3.200 a 7.800 millones de libras en 2012, mientras evitaba grandes inversiones en infraestructuras.[161] La estrategia provocó la alarma entre los ecologistas cuando, en 2017, Macquarie compró el Green Investment Bank, un importante financiador de energías renovables y proyectos de conservación establecido por el Gobierno británico cinco años antes. Además, cuando los financieros se dieron cuenta del poco valor que había tras sus pasivos, intentaron emitir aún más deuda para refinanciarse. Cuando ya no podían seguir haciéndolo, se produjo una deflación de la deuda, como la que empezó en Estados Unidos y en Europa en 2007 y 2008, que aún reducía las tasas de crecimiento global diez años después. Luego, la sociedad en general hubo de soportar los costes de la manía especulativa: el desempleo aumentó y los salarios se han mantenido bajos, en especial para quienes se quedaron atrás durante la expansión económica previa. En otras palabras, el valor se extrae de la parte del salario de los trabajadores para restaurar los beneficios empresariales.

Es difícil, pues, pensar en el sector financiero como algo diferente de un rentista, esto es, como un extractor de valor. De hecho, tal era la opinión económica sobre las finanzas antes de la década de 1970, y permaneció incorporada en las cuentas nacionales hasta que se tomó la decisión de adjudicar un «valor añadido» a los bancos y a sus actividades en el mercado financiero. Como consecuencia de la actividad productiva, esa decisión recalificó los beneficios financieros, que antes los economistas no habían tenido problema en adjudicar al poder monopolístico de los bancos, asociados con economías de escala, y el reconocimiento de los gobiernos de que los más relevantes eran «demasiado grandes para quebrar». El rediseño del límite de producción para incluir las finanzas constituyó en parte una respuesta a las presiones de la banca, que eran en sí mismas un rasgo de su poder en el mercado y su influencia. Al presentar las finanzas como una importante y creciente fuente de producción nacional, se echó por tierra la lógica de la regulación financiera anterior. Si previamente esa regulación se había considerado una salvaguarda contra el comportamiento temerario y la captura de rentas, ahora se retrataba como una traba que impedía un valioso comercio de dinero y riesgo.

LA DESREGULACIÓN Y EL GERMEN DEL CRAC

A principios de la década de 1970, los sectores financieros se hallaban muy regulados, incluso en los países con grandes centros financieros internacionales como Estados Unidos y Reino Unido. Los gobiernos pensaban que la regulación era esencial debido a una larga historia internacional de quiebras bancarias y planes de inversión fracasados o fraudulentos que mostraba que, si se las dejaba a su aire, las empresas financieras podían perder fácilmente el dinero de los depositantes y, con ello, perturbar la actividad de la economía real e incluso provocar malestar social. Cuando los bancos competían, tendían a ofrecer a los ahorradores altos rendimientos, cada vez más improbables, mediante la financiación de proyectos de inversión aún más arriesgados, hasta que se producía el desastre (y la bancarrota). Pero aunque la inestabilidad competitiva se evitaba restringiendo la entrada y dando a los bancos cierto poder de monopolio, estos seguían perjudicando el resto de la economía de otras maneras, como hinchando artificialmente el precio de los créditos y coordinando sus compras y ventas para causar booms y caídas artificiales en los precios de algunas mercancías clave. Los bancos pequeños eran especialmente vulnerables porque sus actividades (y las de sus clientes) no estaban lo bastante extendidas entre las distintas industrias y regiones geográficas. Pero los bancos grandes rápidamente se volvieron «demasiado grandes para quebrar», obteniendo la seguridad de que dispondrían de un caro rescate del Gobierno cuando se excedieran, porque su colapso causaría demasiado daño económico. Solo esa seguridad los condujo a comportarse de manera aún más temeraria.

El deseo de los gobiernos de tener una regulación financiera aumentó después de la depresión global de la década de 1930, anunciada por el colapso de unos mercados de valores y unos bancos insuficientemente regulados, y de la guerra mundial a la que contribuyó indirectamente. En 1933, después del crac de Wall Street, Estados Unidos separó, mediante la Ley Glass-Steagall, a los bancos comerciales (instituciones financieras que aceptaban depósitos) de los bancos de inversión (instituciones financieras que conseguían dinero para empresas a través de emisiones de deuda y acciones, fusiones y adquisiciones corporativas, y el comercio de valores por cuenta propia). En algunos sentidos, las regulaciones de esta norma legal se vieron reforzadas por los acuerdos de Bretton Woods de 1944. En línea con el llamado «plan Keynes», el sistema de Bretton Woods impuso estrictas limitaciones a los movimientos de capital internacionales para preservar un sistema de tipos de cambio fijos, impidiendo así la mayoría de las inversiones y el comercio de divisas transfronterizo, que previamente habían constituido una fuente importante de inestabilidad y beneficios especulativos. Los acuerdos de Bretton Woods también requerían que los gobiernos mantuvieran estrictas restricciones en sus sectores financieros domésticos, que incluían unas altas ratios mínimas de capital frente a activos y de reservas líquidas frente a activos totales del banco, límites a los tipos de interés y, en Estados Unidos, una estricta separación legal entre la banca comercial y la de inversión. El elemento fundamental del sistema de divisas de Bretton Woods era el patrón oro, según el cual el dólar era convertible en oro a 35 dólares la onza.

Esas medidas dificultaron que las instituciones financieras trasladaran sus negocios a jurisdicciones con impuestos bajos y una regulación escasa. Las reglas reflejaban el consenso existente entre las autoridades sobre que, en el mejor de los casos, las instituciones financieras actuaban como un lubricante para los motores «reales» de la economía —la agricultura, la industria y los servicios empresariales— y no eran significativamente productivas por sí mismas. Se temía que un sector financiero desregulado pudiera volverse demasiado especulativo, causando distorsiones domésticas, así como el valor externo de las divisas. Pero en la década de 1960, a medida que la idea de una regulación «ligera» se volvía más atractiva, a ambos lados del Atlántico esas normas empezaron a considerase cada vez más un obstáculo que sortear.

Durante este periodo, los bancos nunca dejaron de presionar en contra de las regulaciones que los impedían acceder a mercados significativos, y en contra de las que restringían su capacidad para combinar operaciones en distintos mercados (como la Ley Glass-Steagall). Además de presionar para poner fin a las reglamentaciones, los bancos demostraron ser hábiles en persuadir a los políticos de que las normativas restrictivas eran inviables, al encontrar maneras de evitarlas. La prohibición del comercio de derivados especulativos, aprobada en Estados Unidos en la década de 1930 debido a su papel magnificador en el crac de 1929 y la Gran Depresión, fue efectivamente esquivada por el crecimiento del comercio de derivados no regulados OTC (over-the-counter), que creció de manera explosiva en la década de 1980 y desafió los posteriores esfuerzos de volver a establecer una nueva regulación.[162] La invención, por parte de los bancos, de las divisas offshore, para evitar los controles de capitales transfronterizos, fue especialmente efectiva. En 1944, el sistema de Bretton Woods había anclado el valor del dólar al oro. Pero cuando el boom de la posguerra, basado en la producción industrial, se fue apagando alrededor de 1970, la regulación financiera «ligera» fue atrayendo cada vez más a las autoridades a ambos lados del Atlántico. El sector financiero reaccionó a este interés desarrollando una nueva moneda: el eurodólar.

A medida que las empresas no estadounidenses, principalmente en Europa, acumulaban dólares procedentes de exportaciones a Estados Unidos y de la venta de petróleo, los financieros se dieron cuenta de que podían pedir prestado y prestar a su vez en esos dólares, los cuales estarían fuera del control de los gobiernos europeos porque no habían sido acuñados por ellos. Los bancos británicos ya estaban dispuestos, en 1957, a movilizar sus depósitos denominados en dólares al mismo tiempo que el crónico déficit de la balanza de pagos obligaba al Gobierno a imponer controles sobre el uso de la libra en las transacciones con el extranjero.[163] Los bancos rusos intensificaron el uso de eurodólares por miedo a las sanciones financieras de Estados Unidos, y los bancos estadounidenses se les unieron cuando anticiparon correctamente la suspensión de la convertibilidad por parte de este país en respuesta al empeoramiento del déficit externo del mismo. Londres se convirtió en el centro del mercado del eurodólar, que creció hasta ser global. En vez de reinvertirse en la economía estadounidense para construir nuevas fábricas o laboratorios de investigación, los eurodólares se desviaban a países en desarrollo para buscar un retorno más alto que el obtenible en ese momento en las economías desarrolladas. El resultado fue lo que se conoció como una «escasez de dólares», que significa que la moneda era insuficiente incluso para el país que la acuñaba, esto es, Estados Unidos.[164] En 1971, enfrentado al coste de la guerra de Vietnam, además de a la creciente inflación, el presidente Richard M. Nixon intervino para evitar un vacío en las cajas fuertes del depósito de lingotes de Fort Knox, suspendiendo la convertibilidad del dólar a oro. Fue una decisión dramática que señaló el fin del sistema de Bretton Woods y el inicio de la búsqueda de una nueva manera de gestionar el comercio y los pagos internacionales, que estaría mucho más determinada por el mercado. A continuación siguió una época de crecimiento cero y alta inflación («estanflación»), exacerbada por el hecho de que la OPEP cuadruplicó el precio del petróleo en la década de 1970. En 1980, el precio del oro había llegado a los ochocientos cincuenta dólares la onza.

Hubo quien consideró que las dificultades económicas a las que hacían frente las economías industriales anticipaban una crisis del capitalismo. Lo que no se previó en ese momento fue que los mercados financieros serían aclamados como el mecanismo de salida de la crisis. De este modo, las finanzas se convirtieron en la hormona del crecimiento que restauraría y mantendría la expansión económica.

La desregulación y la transformación de las finanzas fueron al mismo tiempo una respuesta y la causa de enormes transformaciones sociales y económicas que empezaron en la década de 1970. La globalización aumentó la competencia, especialmente en la manufactura, y en los países occidentales muchas comunidades construidas en torno a la producción industrial —de los juguetes al acero— vieron cómo sus puestos de trabajo se desplazaban hacia el este, a Asia. Las zonas metalúrgicas del medio oeste estadounidense, del norte de Inglaterra y de regiones de la Europa continental como Valonia, en Bélgica, sufrieron desgarradoras dislocaciones sociales. Los precios de la energía se dispararon, aumentando tanto la inflación como, aún más, la presión sobre los presupuestos domésticos. El crecimiento económico resultante, más lento, redujo las subidas salariales en los países más ricos, y de ahí también los impuestos recaudados por los gobiernos. La desigualdad en los ingresos y la riqueza se amplió a medida que creció la proporción de los beneficios en la renta nacional en relación con los salarios, lo que a su vez reflejaba, en parte, el debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores, por ejemplo, al restringir los derechos de los sindicatos y debilitar las leyes laborales.

Los centros financieros rivales de Londres y Nueva York llegaron a la conclusión de que podían atraer más negocio si relajaban su regulación, reduciendo los costes que implicaba su cumplimiento. En Estados Unidos se percibía que había escasez de crédito para las pequeñas empresas y los compradores de viviendas. De hecho, el problema real residía en el precio del crédito, que los economistas tendían a atribuir a la combinación de una subida de precios, provocada por la regulación, y al poder de monopolio de los bancos, que les permitía aumentar las comisiones; la respuesta consistió en autorizar una mayor competencia entre los prestamistas. A partir de la década de 1960, los reguladores bancarios federales, mediante una interpretación cada vez más generosa de la Ley Glass-Steagall, consintieron que las instituciones financieras asumieran una gama creciente de actividades. El préstamo a los hogares empezó a aumentar de una manera vertiginosa. En 1971, durante el gobierno de Edward Heath, Reino Unido adoptó una política temporal conocida como «competencia y control del crédito», mediante la cual se levantaron los límites cuantitativos al préstamo bancario y se redujeron las ratios de reserva para los bancos comerciales.[165] En 1978 se suprimieron las comisiones mínimas en la bolsa de Nueva York, abriendo paso a la competencia y a unos mayores volúmenes de actividad. Un año más tarde, el Gobierno de Thatcher abolió los controles de cambio en Reino Unido.

Después, en 1986, las reformas financieras big bang de la City de Londres, que acabaron con las comisiones fijas por comprar y vender acciones en la bolsa londinense, permitieron que los extranjeros tuvieran una participación mayoritaria entre los corredores bursátiles de Reino Unido, e introdujeron la capacidad dual que permitía a los creadores de mercado ser corredores y viceversa. La mayoría de las empresas de creación de mercado y de correduría fueron absorbidas por bancos extranjeros y domésticos mucho más grandes. A finales de la década de 1990, sobreestimulado por la revolución de las tecnologías de la información, el volumen del mercado de valores se disparó. Los bancos comerciales ya podían utilizar sus inmensas hojas de balance, basadas en los depósitos de sus clientes, para especular. Sus ramas de banca de inversión, junto con los bancos de inversión independientes como Goldman Sachs, desarrollaron instrumentos financieros de una complejidad cada vez más increíble.

LOS SEÑORES DE LA CREACIÓN (DE DINERO)

Con todo, las grandes empresas financieras tuvieron cuidado de asegurarse una reducción de la regulación en vez de la completa desregulación defendida por los partidarios del libre mercado, como el economista ganador del premio Nobel Friedrich Hayek. Su razonamiento fue el siguiente: para mantener sus elevados beneficios, los grandes bancos comerciales y de inversión seguían necesitando que los reguladores mantuvieran a los competidores potenciales fuera del mercado. Así pues, que se restringieran las licencias bancarias ayudaba a los grandes actores existentes. Irónicamente, el desastroso comportamiento de los grandes bancos, que desató la quiebra de 2008, obligó a los reguladores (en especial en Europa) a extender y complicar aún más el ya arduo proceso para obtener una nueva licencia, frustrando sus planes de desatar a una hambrienta horda de bancos retadores, nuevos bancos pequeños que competían con los grandes. Al emitir licencias de manera limitada, los gobiernos y los bancos centrales estaban reconociendo de forma tácita algo que aún eran reacios a anunciar en público: el extraordinario poder del préstamo de los bancos del sector privado para determinar el ritmo de creación monetaria y, por lo tanto, del crecimiento económico.

Que los bancos crean dinero todavía es una idea muy discutida. Políticamente, de hecho, era algo innombrable en Estados Unidos y en la Europa de la década de 1980, cuando la política económica se basaba en un «monetarismo» según el cual los gobiernos controlaban con precisión la oferta de dinero, cuyo crecimiento determinaba la inflación. Los bancos, tradicionalmente, se presentaban a sí mismos como simples intermediarios financieros que canalizaban de manera útil los ahorros de los depositantes domésticos hacia la inversión de los prestatarios empresariales. Los economistas de la corriente mayoritaria aceptaron esta caracterización, así como la implicación que ello suponía respecto de que los bancos desempeñaban un papel económico vital para «movilizar» los ahorros. Las instituciones bancarias no solo tienen el poder de crear dinero, o de canalizarlo de una parte de la economía a otra; también hacen muy poco para convertir los ahorros domésticos en inversión empresarial. De hecho, en el caso de Estados Unidos cuando se analiza en detalle el flujo de fondos, los hogares «invierten» por completo sus ahorros en el consumo de bienes duraderos, mientras que las grandes empresas financian sus inversiones a través de sus propios beneficios retenidos.[166]

Asimismo, tienen que supervisar las operaciones en las que el dinero aparece de la nada cuando las empresas o los hogares invierten más de lo que tienen ahorrado y piden prestada la diferencia. Cuando un banco te concede un préstamo, por ejemplo para una hipoteca, no te transfiere dinero en efectivo. Ingresa en tu cuenta la cantidad de la hipoteca. De manera instantánea, se crea dinero. Pero al mismo tiempo, el banco también ha creado un pasivo para sí mismo (el nuevo depósito en tu cuenta), y debe asegurarse de que tiene suficientes reservas o dinero en efectivo (ambas formas de dinero del banco central) como para cumplir con tus solicitudes de pagos a otros bancos o de retiradas de efectivo. También debe tener capital de reserva para impedir la insolvencia si los créditos no son devueltos. Ambos hechos crean constricciones a los préstamos bancarios y, en general, significan que los bancos se abstienen de prestar a la gente y a las empresas que no cumplen determinados criterios como la solvencia o una rentabilidad esperada. La creación de dinero también tiene lugar cuando pagas la cena con una tarjeta de crédito o de débito. En realidad, en la economía británica solo alrededor de un 3 por ciento del dinero es metálico (o lo que a veces se denomina «dinero fiduciario», es decir, toda moneda legal respaldada por el Gobierno). Los bancos crean el resto. No fue hasta después de la crisis de 2008 cuando el Banco de Inglaterra reconoció que los «préstamos crean depósitos» y no al revés.[167]

De modo que la concesión de licencias y la regulación supusieron para los bancos más pequeños una desventaja significativa en los costes en comparación con los grandes, que pueden distribuir los costes burocráticos (y los riesgos) de forma más amplia y conseguir fondos de manera más barata. Esto dificultó la entrada de nuevos competidores en el mercado. Para los actores existentes había muchas rentas de monopolio que extraer, y podían coordinarse fácilmente entre ellos para evitar una competencia excesiva sin necesidad de llegar a acuerdos formales de cartel (ilegales), mientras los clientes confiaran en ellos —y rara vez cuestionaban sus prácticas o su salud financiera—, precisamente porque los reguladores los vigilaban. Por ejemplo, en el año 2000 fue necesaria una investigación de la Comisión de Competencia de Reino Unido para determinar que los cuatro grandes bancos del país habían gestionado un complejo monopolio de servicios para pequeñas empresas, utilizando su participación en el mercado del 90 por ciento para extraer dos mil millones de libras en beneficios anuales y aumentar el rendimiento medio de su capital hasta el 36 por ciento, mediante el acuerdo de no competir entre ellos.[168] Si las apuestas de los bancos hubieran puesto su solvencia en peligro, el Gobierno habría tenido que rescatarlos con dinero público. Esta garantía implícita de un rescate público disminuyó el coste de conseguir capital para los mayores actores, lo que consolidó aún más su poder de mercado.

LAS FINANZAS Y LA ECONOMÍA REAL

Durante siglos, los ingresos ganados con el cobro de intereses fueron considerados una sustracción, y no un símbolo, de la actividad productiva. Se trataba de un juicio moral y económico al mismo tiempo. Como hemos visto, la Iglesia romana prohibió el cobro de intereses durante la mayor parte de la Edad Media, mientras que un filósofo ilustrado como John Locke escribió en 1692 que los banqueros eran simples intermediarios que se «comían» una parte de las ganancias del comercio en vez de crear ganancias por sí mismos.[169] Ya antes de que se iniciara el estudio formal de la economía, a finales del siglo XVIII, muchos intelectuales y escritores habían llegado a la conclusión de que los bancos no producían valor y de que no solían actuar en beneficio del interés público.

Para los fisiócratas, las finanzas no pertenecían al sector agrícola y, por lo tanto, se contemplaban como improductivas. Adam Smith adoptó un punto de vista similar, aunque raramente mencionó de manera explícita a los banqueros. Según Smith, estos no podían crear más de lo que obtenían; para él, la idea de hacer dinero a partir del dinero no resultaba válida en conjunto, aunque, sin duda, ayudaba a los banqueros a llenarse los bolsillos.

Karl Marx introdujo otra idea. Ubicó al sector financiero en la fase de circulación del circuito del capital, donde el valor creado en la producción se materializa a través de la distribución y, en última instancia, es usado en el consumo. Para Marx, las finanzas constituyen un catalizador que transforma el capital en forma de dinero en capital de producción (los medios de producción como las fábricas, la maquinaria y la mano de obra viva, la fuerza de trabajo de los trabajadores). De ahí que cualquier ingreso fuera pagado con el valor generado por otros. Más que añadir valor, las finanzas simplemente toman parte de la plusvalía generada mediante el proceso de producción, sin que haya alguna regla estricta sobre cuál debe ser esa cantidad. Adoptando (no infrecuentemente) la seguridad en el capitalismo de su archienemigo, los economistas del siglo XX asumieron que los beneficios financieros siempre estarían limitados por (un total menor que) la suma de los beneficios de las empresas productivas, e incluso podrían ascender o descender hasta ser igual al flujo de beneficios en la economía «real».

Pero esta historia se cuestionó después de la crisis. El comercio de instrumentos financieros había superado con creces al comercio de productos reales, y estaba estimulando el tipo de fluctuaciones de precios con las que se obtienen beneficios, al crear oportunidades para comprar barato y vender caro. De hecho, históricamente las fluctuaciones sistémicas han conducido a una quiebra cada quince o veinte años.[170] Estas quiebras ponen al descubierto que el servicio de «asunción de riesgos» de los bancos de inversión —que justificó su inclusión en la contabilidad del PIB— es un alarde vacío. Es el contribuyente a quien se le pide que asuma el verdadero riesgo al rescatar a los bancos. Pero ni siquiera los críticos más influyentes de las finanzas del siglo XX —Keynes y Minsky— lograron cuestionar de manera fundamental el papel privilegiado de las instituciones financieras en las políticas económicas y las cuentas nacionales. No se prestó atención a Keynes (y las primeras advertencias de Minsky quedaron oscurecidas) por el hecho de que la proporción de los servicios financieros en la producción nacional estuviera por debajo del 4 por ciento o de que, de 1933 a 1945, descendió y no superó el nivel de los años treinta hasta la década de 1970.

John Maynard Keynes, que escribió en la década de 1930 y fue uno de los críticos más influyentes de las finanzas, habló con franqueza de lo que implicaba la especulación financiera. En su época, observó cómo cambiaban los mercados financieros y las actitudes públicas respecto de las negociaciones de este tipo, al convertirse en un fin en sí mismos, en vez de ser facilitadores del crecimiento en la economía real. Cuando la especulación se propagó de una clase rica ociosa a la población en general, impulsó la burbuja de la bolsa que marcó el inicio del crac de Wall Street y de la depresión de la década de 1930; pero cuando el gasto público ayudó a restaurar los trabajos y los ingresos de la gente, quienes tenían dinero empezaron de nuevo a apostarlo en acciones y bonos. Wall Street, dijo Keynes, era «considerada una institución cuyo propósito social adecuado es dirigir la nueva inversión hacia los canales más rentables en términos de beneficios futuros». Según este criterio, observó, Wall Street no debía ser «considerado uno de los triunfos destacados del capitalismo laissez-faire, lo cual no es sorprendente, si estoy en lo cierto, al pensar que en realidad los mejores cerebros de Wall Street se han orientado a un objeto distinto».[171]

Según Keynes, el «objeto distinto» no era una forma de producción, sino de «apostar», y los beneficios del corredor de apuestas suponían «una simple transferencia»,[172] que debía limitarse para evitar que los individuos se arruinaran y perjudicaran a los demás en el proceso. Además, sostenía Keynes, puesto que las apuestas dependen de la suerte, no debía simularse que la especulación financiera implica alguna habilidad. Cualquier referencia a la habilidad —o productividad, por parte de los especuladores— era una señal de que alguien intentaba engañar a otro. Keynes también pensaba que los beneficios procedentes de esas apuestas y de la especulación deberían ir al Estado para eliminar el incentivo —una palabra más adecuada podría ser «tentación»— de obtener de ellas beneficios privados.[173] Posteriormente subrayó la diferencia entre esta clase de especulación (extracción de valor) y las finanzas para la verdadera inversión productiva (creación de valor), que consideraba cruciales para el crecimiento y que solo eran posibles sin el aparato especulativo que las rodeaba. Si «el desarrollo del capital de un país se convierte en un producto secundario de las actividades de un casino, es probable que el trabajo se haga mal».[174]

Hyman Minsky, que estuvo muy influido por Keynes, escribió largo y tendido acerca de las dinámicas autodesestabilizadoras de las finanzas. En su trabajo sobre la inestabilidad financiera,[175] encajó la crítica de Keynes dentro de una teoría alternativa del dinero. Esta teoría, que en un principio se alejaba de la corriente principal, aunque se abrió camino cuando en 2008 se produjo un «momento Minsky» de estallido de burbuja que interrumpió el largo boom, sostiene que la cantidad de dinero existente en una economía se crea por la interactuación de las fuerzas económicas y no por una agencia externa como un banco central. Aunque Milton Friedman (1912-2006; premio Nobel en 1976) los retrató como omnipotentes (y, por lo tanto, responsables de cualquier inestabilidad financiera) y los «monetaristas» les dieron el protagonismo durante el estancamiento de la década de 1970, los bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos solo pueden controlar de forma indirecta y débil a los bancos del sector privado y su creación de dinero mediante la fijación del tipo de interés básico. Minsky trazó la manera en que, con el tiempo, el sistema bancario acabaría pasando a las «finanzas especulativas», persiguiendo rendimientos que dependen de la apreciación del valor de los activos y no de la generación de ingresos procedentes de la actividad productiva.

Los bancos y los fondos de inversión pueden creer que obtienen ingresos provenientes de nueva producción, y sus «modelos de riesgo» individuales mostrarán que pueden sobrevivir a casi cualquier shock financiero concebible gracias a la diversificación de sus carteras de valores. Pero sus ingresos, en última instancia, constituyen transferencias de otras empresas financieras, y pueden agotarse de repente cuando la incapacidad de una empresa para cumplir una obligación de transferencia (como impagar un crédito o retener un dividendo) fuerza a las demás a hacer lo mismo. Esto es lo que sucedió cuando el banco de inversión estadounidense Lehman Brothers colapsó en 2008 y precipitó la crisis financiera.

Mientras los activos financieros pueden comprarse y venderse en un periodo de tiempo razonable sin incurrir en pérdidas, y la deuda refinanciarse para pagar créditos anteriores, los mercados son líquidos y la economía funciona sin problemas. Pero cuando los inversores se dan cuenta de que los prestatarios no ganan lo suficiente para costear el interés y el principal (sobre el que se basa el interés), los prestamistas dejan de financiarlos e intentan vender sus activos tan pronto como les resulta posible. Las burbujas financieras pueden verse como el resultado de la extracción de valor; de hecho, durante las crisis financieras el valor se destruye. Las consecuencias pueden medirse no solo en función de las pérdidas de producción y empleos, sino también por la cantidad de dinero que los gobiernos tienen que inyectar en los bancos privados porque son «demasiado grandes para quebrar»: los planes de expansión cuantitativa (EC) que siguieron a la crisis podrían haber sido utilizados para ayudar a sostener la economía, pero acabaron respaldando aún más a los bancos. Las cifras reales fueron enormes. En Estados Unidos, la Reserva Federal llevó a cabo tres planes distintos de EC que alcanzaron un total de 4,2 billones de dólares en el periodo 2008-2014. En Reino Unido, el Banco de Inglaterra comprometió 375.000 millones de libras de EC entre 2009 y 2012, y en Europa el Banco Central Europeo dedicó 60.000 millones de euros mensuales entre enero de 2015 y marzo de 2017.[176]

A mediados de la década de 1980, para intentar impedir que el sistema bancario se pasara a las finanzas especulativas, Hyman Minsky formuló una receta económica que puede resumirse como «Gobierno grande, banco grande». En su opinión, el Gobierno crea puestos de trabajo, al ser el «empleador de último recurso», y garantiza las hojas de balance de los operadores financieros con problemas, por tratarse del «prestamista de último recurso».[177] Cuando el sector financiero está tan interconectado es muy posible que la quiebra de un banco se vuelva contagiosa y que lleve a la bancarrota a bancos de todo el mundo. Para evitar este «efecto mariposa» (como lo llama la teoría del caos), Minsky era partidario de una fuerte regulación de los intermediarios financieros. En esto seguía a Keynes, quien, cuando se estaba diseñando el orden internacional de posguerra en Bretton Woods, en 1944, defendió «la restauración de los préstamos y créditos internacionales con fines legítimos» al tiempo que subrayaba la necesidad de «controlar los movimientos especulativos a corto plazo o las huidas de moneda tanto fuera de los países deudores como de un país acreedor a otro».[178]

Para Keynes y Minsky, la posibilidad de una crisis financiera siempre estuvo presente en la manera en que circulaba el dinero, no como medio de intercambio, sino como un fin en sí mismo (una idea basada sobre todo en el pensamiento de Marx). Creían que el Gobierno tenía que intervenir para impedir o gestionar las crisis. Aunque controvertida en la década de 1930 (porque recordaba al «socialismo» y la planificación central) y más tarde (tras el resurgimiento de la economía de libre mercado, incluida la idea de una banca «libre» sin regular), la idea de la intervención en los mercados no era en absoluto nueva ni radical. Ya en el siglo XVIII, la creencia de Adam Smith de que un mercado libre era aquel que estaba libre de rentas, implicaba la acción gubernamental para eliminar estas. Los actuales partidarios del libre mercado, que han silenciado a Smith al mismo tiempo que reclamaban su legado, no estarían de acuerdo con él.

Los reguladores financieros se han centrado en la introducción de más competencia —por medio de la ruptura de los grandes bancos y de la entrada de nuevos «bancos retadores»— como un paso esencial hacia la prevención de otra crisis financiera. Pero esta «teoría cuantitativa de la competencia» —la idea de que el problema solo reside en el tamaño y el número, y no en el comportamiento básico— evita la incómoda realidad de que las crisis se desarrollan a partir de la interacción no coordinada de numerosos actores.

En un sistema complejo con muchos actores existe un peligro. Se puede alcanzar una mayor estabilidad cuando unas pocas empresas grandes, sujetas a una estricta regulación para garantizar que se concentren en la creación de valor y no en su extracción, sirven a la economía real. En cambio, la desregulación concebida para revigorizar una parte del sector financiero puede perfectamente promover un comportamiento de riesgo, es decir, lo contrario de lo que se pretende. Lord Adair Turner, que asumió la presidencia del regulador financiero de Reino Unido en 2008 (llamado entonces Autoridad de Servicios Financieros) cuando el sistema se estaba desmoronando, señaló, una vez las cosas se calmaron, que «los servicios financieros (en particular las actividades de venta al por mayor) incluyen un amplio porcentaje de actividades muy bien remuneradas que son puramente distributivas en sus efectos indirectos […]. La capacidad de las cuentas de la renta nacional para distinguir entre actividades que son significativamente creadoras de valor y actividades que en esencia son una extracción de rentas distributiva dista de ser perfecta».[179]

Ni William J. Baumol (1922-2017), cuyas descripciones del «emprendimiento improductivo» podrían explicar gran parte de la actividad financiera aunque ahora sea un importante contribuyente a la teoría ortodoxa de la cartera de valores y el mercado de capitales, ni Turner, a pesar de su posterior y destacado papel en el Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico, abordan las finanzas en relación con la teoría del valor. Aun así, su pensamiento implica que estas últimas deberían reformarse en profundidad para crear valor en el interior del límite de la producción, y que aquellos de sus elementos que se hallan fuera del límite deberían reducirse de una manera drástica, eliminarse o ser sometidos a una mayor competencia. La opinión más considerada de lord Turner, diez años después del inicio de la crisis, fue lamentarse de la siempre creciente cantidad de deuda que era necesaria para añadir un dólar adicional al PIB, aunque luego atribuía buena parte de esto a los malos efectos agregados de unos préstamos esencialmente buenos, que «los prestamistas privados no tienen en cuenta y no se puede esperar que tengan en cuenta». Sus prescripciones, que requieren una regulación mayor y más inteligente para monitorizar y controlar los riesgos agregados del sistema, en realidad implican un esfuerzo adicional y permanente de las autoridades públicas con el fin de lograr que el mercado sea seguro para los beneficios de la banca privada (y la banca en la sombra).

En el transcurso de las últimas décadas, las intuiciones y advertencias de Keynes y de Minsky sobre la naturaleza potencialmente destructiva de un sector financiero incontrolado han sido ignoradas por completo. Hoy en día, la corriente principal de la economía sigue sosteniendo que cuanto mayores (según el número de actores) o «más profundos» sean los mercados financieros, más probabilidades hay de que sean eficientes, lo cual revela el «verdadero» precio y, por lo tanto, el valor de un activo en el sentido definido por el economista estadounidense y ganador del premio Nobel Eugene Fama.[180] Un mercado «eficiente» es, según la definición de Fama, el que pone precio a cada activo de tal manera que no se puede lograr un beneficio mayor comprándolo y revendiéndolo. Esta manera de pensar concilia el argumento en favor de los grandes mercados financieros con los altos ingresos pagados a los empleados en los servicios financieros, ya que, en teoría, los ingresos reflejan los enormes beneficios que dichos servicios suponen para la economía.[181]

Desde el punto de vista de la utilidad marginal, por lo tanto, la expansión de las finanzas es muy deseable y debería aumentar su valor añadido y, por lo tanto, su contribución positiva al crecimiento del PIB,[182] a pesar de que, en origen, tratar las finanzas como productivas en las cuentas nacionales solo represente una decisión práctica.[183]

No obstante, resulta imposible comprender el auge de las finanzas sin analizar las dinámicas de fondo que les permite crecer: la desregulación y la creciente desigualdad.

DE RECLAMAR BENEFICIOS A RECLAMAR TÍTULOS

Literalmente, parece que los bancos comerciales hayan recibido una licencia para imprimir dinero gracias a su capacidad para crearlo en el proceso de préstamo, así como para prestarlo a unos tipos de interés superiores a los que ellos lo piden prestado. Pero el préstamo sigue constituyendo una fuente de beneficios arriesgada si aquellos a quienes se presta no devuelven el dinero. Y como solo se puede prestar si un hogar o un negocio quiere pedir prestado, resulta una fuente de beneficio muy cíclica, que sube y baja con la magnitud de la actividad inversora. De modo que, desde el principio, los banqueros comerciales han intentado sacar más partido al dinero que crean —y a los fondos adicionales que reciben de los depositantes— y no solo prestar a potenciales prestatarios. Han observado el lucrativo mundo de los mercados financieros —comerciar con acciones y bonos en nombre de clientes y por cuenta propia— como una fuente adicional de beneficios. Esa es la razón por la que la Ley Glass-Steagall, y sus equivalentes en otros lugares, que obligaban a los bancos a escoger entre recibir depósitos de sus clientes o jugar en los mercados, se hizo tan impopular en los círculos bancarios y el motivo por el que celebraron su derogación a principios del siglo XXI.

Otros aspectos de la desregulación financiera hicieron más atractivo el paso hacia la banca de inversión. Esta permitió a los bancos de inversión robar a la banca comercial algunos de sus clientes más rentables: las grandes empresas, que podían financiar su inversión emitiendo bonos en vez de pedir créditos bancarios, y los individuos con grandes patrimonios, que buscaban una gestión privada de su riqueza. Además, abrió una serie de nuevos mercados financieros donde los bancos de inversión podían apostar, unos instrumentos de trading que se conocían desde hacía mucho tiempo pero que, a todos los efectos, las regulaciones anteriores habían prohibido.

En concreto, gracias a la desregulación que tuvo lugar a partir de la década de 1970 se pusieron a disposición de los inversores dos clases de instrumentos financieros que resultaron fundamentales para el inmenso crecimiento posterior de las transacciones financieras y de la rentabilidad. Se trataba de los derivados, esto es, contratos sobre la entrega futura de un instrumento financiero o una mercancía que permitían a los inversores hacer apuestas sobre la fluctuación de su precio; y de las titulizaciones, es decir, paquetes de instrumentos generadores de ganancias que los convertían en títulos vendibles (y posibilitaban su inclusión en contratos derivados). Los bancos comerciales hicieron su particular descubrimiento a principios de la década del año 2000, cuando empezaron a «titulizar» préstamos del pasado para financiar nuevos créditos. Las hipotecas domésticas fueron el objetivo inicial, lo que permitió que bancos, como el británico Northern Rock, aumentaran sus créditos a una velocidad sin precedentes y recibieran elogios de los políticos por hacer que esos créditos estuvieran disponibles para hogares anteriormente desdeñados como demasiado pobres de cara a recibir un préstamo. Después de la crisis financiera de 2008 —en parte provocada por las titulizaciones de deuda que habían perdido todo su valor por el impago de las hipotecas subyacentes— la atención se centró en la titulización de otras formas de obligación, entre ellas los «planes de contrato personal» y otros créditos para coches, para estudiantes y para alquileres residenciales.

Los líderes políticos y los expertos fiscales elogiaron a los mercados financieros por ayudar a los mercados de bienes y servicios a funcionar con más eficiencia y por engrasar las ruedas del capitalismo. En un discurso de 2004 llamado «La gran moderación», Ben Bernanke, que más tarde se convertiría en presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo: «La mayor profundidad y sofisticación de los mercados financieros, la desregulación de muchas industrias, el paso de la manufactura a los servicios y una mayor apertura al comercio y a los flujos internacionales de capital son otros ejemplos de los cambios estructurales que pueden haber incrementado la flexibilidad y la estabilidad macroeconómica».[184] Se pensaba que el espectacular crecimiento del volumen de derivados —que pueden ser intercambiados aunque los activos subyacentes nunca sean entregados o entregables— ayudaba a reducir los riesgos sistémicos y a «poner los precios correctos». En apariencia, los beneficios, que con frecuencia eran enormes, cumplían el digno objetivo social de distribuir y gestionar el riesgo, de modo que quienes antes no podían acceder a los servicios bancarios ni conseguir un crédito, ahora salían de la oscuridad y se les podía vender productos —especialmente casas— que los más adinerados daban por sentados.

Como hemos visto en el capítulo 3, los bancos incrementan los tipos de interés de los prestatarios como una indicación de valor añadido (SIFMI), un ejemplo obvio de valor financiero ficticio. Pero esto es solo la punta del iceberg. Hoy en día, los principales bancos de inversión, como Goldman Sachs y J. P. Morgan, no asignan grandes salarios a sus empleados para que triunfen en la actividad ordinaria de prestar y pedir prestado. El grueso de los beneficios de esos bancos procede de actividades tales como asegurar las ofertas públicas iniciales (OPI) de bonos y acciones corporativas, la financiación de fusiones y adquisiciones, la escritura de activos futuros y contratos de opciones que asumen el riesgo de las empresas no financieras y las transacciones con esos y otros instrumentos económicos para obtener ganancias de capital.

El sutil aunque fundamental cambio en la manera en que se ha redefinido la productividad del sector de la banca durante más o menos las dos últimas décadas se corresponde con su creciente captura del excedente de la economía. El inmenso y desproporcionado crecimiento del sector financiero (y con él los orígenes de la crisis económica global) puede rastrearse hasta principios de la década de 2000, cuando, cada vez con más frecuencia, los bancos empezaron a conceder préstamos a otras instituciones financieras, a través de los mercados mayoristas, que no se veían igualados por los depósitos. En Reino Unido, la «brecha de financiación del cliente» entre los créditos adelantados y los depósitos procedentes de los hogares (tradicionalmente considerados la forma más estable de financiación de los bancos) se amplió de cero, en 2001, a más de novecientos mil millones de libras (1,3 billones de dólares) en 2008, antes de que la crisis lo redujera a menos de trescientos mil millones de libras en 2011.[185] Los bancos y otros prestamistas descubrieron que los fondos generalistas podían conseguirse de forma mucho más barata que los depósitos minoristas o de clientes empresariales, sobre todo si utilizaban los créditos, como las hipotecas, de los que ya eran sus clientes, como garantía para pedir más préstamos. Estos prestamistas se beneficiaron de lo que parecía un círculo virtuoso en el que los préstamos adicionales aumentaban el precio de los activos financieros, lo que fortaleció sus hojas de balance, dándoles margen para pedir prestado y conceder más créditos dentro de las ratios de capital mínimo existentes, la cantidad de capital que los bancos tenían que retener en relación con sus préstamos.

Además de prestarse más entre ellos y a clientes minoristas, durante las tres últimas décadas los bancos empezaron a dirigir sus créditos a fines más arriesgados que ofrecían tasas de rentabilidad más altas. Esta es la parte de la historia que la mayoría de la gente entiende ahora, después de haber sido muy cubierta por los medios y en la cultura popular, a través de libros y películas como Inside Job, Margin Call y La gran apuesta. Los bancos sentían que necesitaban asumir más riesgos porque, con los gobiernos intentando equilibrar sus presupuestos y reducir los requerimientos de endeudamiento público, la rentabilidad de los activos de bajo riesgo (como la deuda estadounidense y la europea) había caído mucho. Los bancos también creían que habían mejorado mucho su gestión del riesgo: configuraban la cartera de valores correcta, se aseguraban contra ella —en especial, por medio de permutas de impago crediticio (credit default swaps o CDS, en inglés), que pagarían si un prestatario no devolvía el crédito— o se la vendían a otros inversores con más ganas de riesgo. Los bancos de inversión prestaron a fondos de alto riesgo y a empresas de capital de inversión, y desarrollaron y vendieron exóticos instrumentos basados en activos, como las hipotecas de mala calidad, porque los retornos eran más altos que los obtenidos al prestar a la industria o al Gobierno.

Al canalizar los depósitos a corto plazo en créditos a largo plazo, tradicionalmente los bancos asumían un riesgo, sobre todo cuando los préstamos eran para prestatarios que necesitaban unas ganancias excepcionales (como un negocio que empezaba a funcionar o que subiera el precio de una casa) para pagar lo debido. Aparentemente, ese riesgo desapareció en la década de 1990 y a principios de los 2000, cuando la titularización convertía un paquete de hipotecas u otros préstamos de mala calidad en un bono con una calificación crediticia de primera (incluso triple A), en forma de un valor respaldado por hipotecas (mortgage-backed security, o MBS, en inglés).

La titularización puede desempeñar, como de hecho hace, un valioso papel en la diversificación del riesgo y el aumento de la liquidez en el sistema financiero. En 2006, Alan Greenspan, entonces presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y Tim Geithner, antiguo presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, afirmaron que los derivados eran un factor estabilizador porque distribuían el riesgo entre las instituciones financieras mejor equipadas para enfrentarse a él.[186] Una década antes de que estallara la crisis, Greenspan había vetado una propuesta para regular los derivados OTC, afirmando que, por el contrario, «el hecho de que los mercados OTC funcionen de manera tan efectiva sin los beneficios de la Ley del mercado de materias primas (CEA, por sus siglas en inglés) ofrece un argumento sólido para el desarrollo de un régimen regulatorio menos oneroso para los derivados financieros comercializados a partir de intercambios futuros». Aprobada en 1936, la CEA requería que todos los contratos de futuro para mercancías físicas se negociasen en un intercambio organizado. Como quedó espectacularmente demostrado en 2008, la capacidad de los derivados para transferir y sufragar el riesgo solo existe, en realidad, a nivel individual. En el agregado, el riesgo individual simplemente se transfiere a otros intermediarios en forma de riesgo de contraparte. Su desaparición de las hojas de balance de los propietarios originales, junto con la frecuente falta de claridad acerca de quién los ha asumido, hace que la situación del mercado sea aún más precaria.[187]

También se abusó de la titularización, en ocasiones de maneras que rozaban el fraude, y ese abuso sin duda influyó a los reguladores en los años posteriores a la crisis financiera. La transformación de créditos de calidad relativamente baja en títulos con una calificación de triple A tuvo lugar en gran medida porque las agencias de calificación crediticia otorgaban valoraciones altas a titularizaciones de deuda de baja calidad de manera rutinaria, subestimando la probabilidad de impago, sobre todo en las hipotecas residenciales. Para estar doblemente seguros de que sus altos rendimientos se hallaban protegidos de un riesgo comparablemente alto, los bancos «transferían» su riesgo mediante la asignación de la deuda titularizada a «sociedades instrumentales» (special purpose vehicles, o SPV, en inglés), cuyos pasivos no aparecían en las hojas de balance del banco. Cuando después de 2005 los prestatarios con ingresos bajos empezaron a tener dificultades para devolver sus deudas, los bonos titularizados resultaron ser mucho menos seguros de lo que sugería su calificación triple A, y las SPV reaparecieron en las hojas de balance de los bancos. Aunque la mágica combinación de altos rendimientos y bajo riesgo resultó ser una ilusión estadística, la contabilidad nacional la promovió con el mismo entusiasmo con el que la habían fomentado las cuentas corporativas de los bancos antes de 2008.

UNA DEUDA EN LA FAMILIA

Desde la década de 1970, la creciente desigualdad en la riqueza y los ingresos ha determinado significativamente la manera en que se han desarrollado las finanzas. Asimismo, el crecimiento de estas ha alimentado el de la desigualdad, en parte porque ha dado más influencia y poder de presión a los financieros, que tienden a favorecer la reducción de los impuestos y los gastos sociales, y en parte porque ha promovido la volatilidad del mercado especulativo, que favorece las fortunas de quienes una y otra vez compran barato y venden caro.

Tras la desregulación, el enorme aumento de la financiación disponible para los hogares constituyó la razón principal del aumento de los beneficios bancarios. Los bancos comerciales se beneficiaron de los créditos directos para cualquier cosa, de coches a casas o vacaciones, así como de las tarjetas de crédito. Los bancos de inversión ganaron dinero titularizando los «productos» de los bancos comerciales y vendiendo los derivados que «fabricaban». Los legisladores permitieron que los intermediarios financieros se regularan o impusieron una reglamentación mínima, pues sus operaciones eran demasiado complejas como para ser entendidas. Los mercados (siguiendo a los marginalistas) se consideraban «eficientes»; la sana competencia impediría que los intermediarios financieros adoptaran un comportamiento temerario.

A medida que los bancos, que antes eran prudentes, empezaron a bombardear a los clientes con ofertas de crédito —había llegado la era de las tentadoras promociones de tarjetas de crédito que se introducían a diario en millones de buzones—, el endeudamiento doméstico comenzó a subir inexorablemente. En general, en todo el sector financiero la relajación de los controles de concesión de hipotecas se convirtió en otra fuente de beneficios y, además, estimuló la creciente deuda doméstica. Si en Reino Unido, durante la década de 1970, las hipotecas se racionaban, a principios de la década de los 2000 los compradores de viviendas podían pedir prestado el 100 por cien, o incluso más, del valor de una propiedad. En 2016, la deuda doméstica total acumulada en Reino Unido había alcanzado los 1,5 billones de libras, es decir, alrededor de un 83 por ciento de la producción nacional y el equivalente a casi treinta mil libras por cada adulto del país, una cifra muy por encima de las ganancias medias.[188]

Los gobiernos se alegraban cuando los bancos ofrecían hipotecas a compradores de viviendas con sueldos bajos y empleos inestables, con la idea de que su deuda podía ser «titularizada» y revendida rápidamente a otros inversores. Parecía que ayudar a que la posesión de propiedades fuera algo generalizado e impulsar una «democracia de propietarios», mientras aumentaba el flujo de ingresos a una clase inversora ya próspera, no era tanto una apuesta temeraria como una innovación social. Una recaudación mayor procedente de los ingresos del sector financiero y de las compras asociadas de gama alta incluso llevaron a que, cuando comenzaba el siglo XXI, los presupuestos de los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido tuvieran raros superávits.[189]

Facilitar la disponibilidad de crédito para mantener el consumo no implica en sí mismo algo malo, pero conlleva ciertos peligros. Uno es el coste. Parece tener sentido la relajación de los controles sobre el préstamo cuando los tipos de interés son bajos o descienden. No tiene tanto sentido si los prestatarios, llevados por una falsa sensación de seguridad, se ven atrapados cuando los tipos de interés suben. Otro peligro fundamental reside en la tendencia del sistema a una expansión excesiva, o lo que es lo mismo, que el crédito esté disponible con demasiada facilidad, como ha reconocido recientemente el Banco de Pagos Internacionales.[190] El sistema permanece estable cuando el crecimiento de la deuda se ve igualado por el del valor de los activos cuya compra es financiada por esa deuda. Sin embargo, en cuanto la gente empieza a tener dudas sobre el valor de los activos, aparecen las grietas. Eso es lo que pasó cuando los precios inmobiliarios en Estados Unidos colapsaron después de la quiebra de 2008. Los propietarios de viviendas se pueden encontrar con un patrimonio negativo e incluso ver cómo su propiedad es embargada, aunque no antes de que los prestamistas hayan obtenidos intereses. Pero los bancos siempre pueden escoger prestar otros servicios aparte de los créditos y, cuando la incertidumbre sobre el futuro es elevada, incluso pueden decidir acumular efectivo en vez de invertirlo, lo que a menudo resulta una elección juiciosa, puesto que los tipos de interés altos se asocian con un alto riesgo de no obtener lo suficiente para la inversión.

El aumento de la deuda privada en Estados Unidos y Reino Unido ha dado pie a que los ahorros por hogar como porcentaje de la renta disponible —ingresos menos impuestos— caigan, sobre todo, en periodos de crecimiento económico sostenido (durante la década de 1980, finales de la década de 1990 y principio de los 2000). Simultáneamente, el gasto en consumo por hogar ha sido elevado; ha superado cualquier aumento que se haya producido en la renta disponible y su contribución al PIB ha crecido.[191]

La desigualdad en los ingresos se ha incrementado en la mayoría de las economías avanzadas, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido, durante las cuatro últimas décadas. En Estados Unidos la creciente desigualdad ha adoptado tres formas complementarias.[192] En primer lugar, los sueldos reales de muchos hogares con ingresos bajos y medios han disminuido o se han estancado. Por ejemplo, los datos de la OCDE sobre la economía estadounidense indican que el sueldo mínimo anual real (en dólares estadounidenses de 2015) se redujo de 19.237 dólares en 1975 a 13.000 en 2005 (en 2016 fue de 14.892 dólares). En segundo lugar, en casi todos los países de la OCDE el porcentaje de los salarios ha descendido varios puntos porcentuales en favor del creciente porcentaje de los beneficios, incluso cuando la remuneración real del empleado ha aumentado.[193] Como muestra la figura 9, esto ha sido el resultado de que el crecimiento medio de la productividad se haya incrementado más rápido que el crecimiento medio o promedio del sueldo real en muchos países, especialmente en Estados Unidos.

En tercer lugar, la distribución individual de los ingresos y la riqueza se ha vuelto cada vez más desigual. Tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y en muchos otros países de la OCDE, quienes tienen los ingresos más altos han disfrutado de un porcentaje creciente de la renta nacional total desde la década de 1970, como puede verse en la figura 10. Además, la distribución de los ingresos se encuentra extremadamente sesgada hacia los muy altos, no solo al 10 por ciento y el 1 por ciento superiores, sino especialmente al 0,1 por ciento superior.[194] La distribución de la riqueza revela un patrón similar. Un informe de Oxfam de 2017, «Una economía para el 99 por ciento», descubrió que en 2016 ocho hombres poseían la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. En un informe publicado un año antes, «Una economía al servicio del 1 %», Oxfam calculó que el número de miembros del club del 1 por ciento de los individuos más ricos del mundo descendió de 388, en 2010, a solo 62 en 2015; en otras palabras, los muy ricos se estaban volviendo aún más ricos en comparación con otros que también eran, se mire como se mire, muy ricos. La riqueza de los 62 individuos más ricos del planeta aumentó un 45 por ciento en los cinco años previos a 2015, un salto de más de medio billón de dólares en total. En el mismo periodo, la riqueza de la mitad más pobre disminuyó algo más de un billón de dólares, lo que supuso una caída del 38 por ciento.[195]

FIGURA 9. Productividad laboral y sueldos en Estados Unidos desde 1974 (izquierda) y en Reino Unido desde 1972 (derecha).[196]

FIGURA 10. Desigualdad en los ingresos en Estados Unidos y Reino Unido, 1960-2010.[197]

El resultado de la creciente desigualdad en los ingresos y la riqueza fue que, para mantener el nivel de vida que habían disfrutado desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1980, los trabajadores tuvieron que cargar con una deuda creciente de ahí en adelante. Al observar la situación económica general, sin el crecimiento de la deuda de los hogares, la demanda habría sido más débil y las ventas de las empresas más bajas. Las finanzas cerraron la brecha, en forma de nuevas vías de crédito cuyos flujos de intereses y comisiones resultantes apuntalaron la expansión del sector.

En consecuencia, la deuda privada y, en particular, la de los hogares, aumentó sustancialmente como porcentaje de la renta disponible. La figura 11 muestra que la deuda total de los hogares como porcentaje de los ingresos netos disponibles creció un 42 por ciento en Estados Unidos y un 53 por ciento en Reino Unido entre 1995 y 2005.

En Estados Unidos, los créditos hipotecarios representaron una de las principales causas del incremento del endeudamiento doméstico (figura 12), que en parte constituía un reflejo de la tendencia de los hogares a extraer capital del valor creciente de sus casas.[198]

En 2007, la Oficina del Presupuesto del Congreso de Estados Unidos apoyó al argumento de que el aumento del valor de la propiedad inmobiliaria representaba el típico «efecto de riqueza»: a medida que los activos de las personas, como sus casas, aumentan de valor, ellas están psicológicamente más dispuestas a gastar. El aumento de los precios de los bienes inmuebles en Estados Unidos se tradujo en ratios más altas entre la hipoteca y la retirada de capital y, en última instancia, estimuló el gasto en consumo.[199]

FIGURA 11. Deuda doméstica e ingresos en Estados Unidos y Reino Unido, 1995-2005.[200]

FIGURA 12. Deuda doméstica como porcentaje de la renta personal disponible.[201]

FIGURA 13. Endeudamiento y renta familiar (2004).[202]

La Encuesta sobre las finanzas del consumidor llevada a cabo por la Reserva Federal de Estados Unidos muestra que, cuanto más pobre es una familia, más probable resulta que su deuda sea mayor. La figura 13, que utiliza datos para el periodo de 2004 (antes de la crisis), se basa en todas las familias cuya ratio entre los pagos de la deuda y la renta disponible es superior al 40 por ciento. Las familias están separadas en grupos de acuerdo con su rango de ingresos (medidos en percentiles) y niveles de endeudamiento. En el grupo con la renta más baja, el 20 por ciento más pobre en la distribución de los ingresos, el 27 por ciento de las familias estaban «muy endeudadas». Entre el 10 por ciento más rico esta cifra era de solo el 1,8 por ciento. Eso significa que, en términos relativos, las familias más pobres están mucho más endeudadas que las ricas. El estancamiento o el abierto declive de los ingresos reales en el grupo más pobre obligó a las familias a endeudarse para financiar el consumo corriente.

Sostener el crecimiento económico por medio del endeudamiento de los hogares ha sido definido acertadamente como «keynesianismo privatizado»,[203] porque «en vez de que los gobiernos se endeudasen para estimular la economía, lo hicieron los individuos».[204] Pero representó una solución insostenible para la falta de un crecimiento de la demanda motivado por los sueldos. Los bancos centrales, ayudados e incitados por las políticas de los gobiernos, en vez de ser los prestamistas de último recurso se convirtieron en los prestamistas de primer recurso para el sector financiero, recortando los tipos de interés para evitar crisis financieras. Esta política hizo subir el precio de activos, como las acciones y las viviendas, y alentó aún más que los hogares se endeudaran. El resultado fue que los hogares se implicaron en una gestión indirecta —si no, de hecho, «privada»— de la demanda efectiva, por medio de un consumo altamente financiarizado que dejó a muchas personas aún más empobrecidas y endeudadas.

CONCLUSIONES

A finales del siglo XX, las finanzas se percibían como mucho más productivas que antes. Además, se volvieron cada vez más valiosas para las autoridades, para mantener el crecimiento económico y gestionar la desigualdad en la riqueza y los ingresos. El coste supuso una deuda creciente de los hogares y una dependencia del Gobierno cada vez mayor de los ingresos fiscales procedentes del sector financiero.

Ignorar la cuestión del valor en relación con las finanzas es, por lo tanto, muy irresponsable. Pero al final, el verdadero reto no consiste en etiquetar estas como creadoras de valor o como extractoras de valor, sino en transformarlas de manera fundamental para que sean de verdad creadoras de valor. Esto requiere prestar atención a características como el marco temporal. Las finanzas impacientes —la persecución de retornos a corto plazo— pueden dañar la capacidad productiva de la economía y su potencial para la innovación.

De hecho, la quiebra de 2008 reivindicó las advertencias de Keynes y Minsky, entre otros, sobre los peligros de una excesiva financiarización. No obstante, si bien la quiebra y la crisis subsiguiente debilitaron a los bancos, los siguieron dejando en una posición dominante en la economía, librándolos de la vergüenza de haber ensalzado el valor de los servicios financieros en los años anteriores a su implosión en bancarrotas y fraudes.

Como era previsible, en los años intermedios se produjo un retroceso regulatorio, al menos de forma parcial. Bajo presión política, y reconociendo que quizá habían ido demasiado lejos al permitir que los bancos comerciales y los de inversión compartieran el mismo techo, desde 2008 los reguladores de Estados Unidos y Europa han intentado distanciarlos. Reformas como la estadounidense Ley Dodd-Frank, de 2010, intentan prevenir que los bancos de inversión utilicen los depósitos de sus matrices comerciales (que, en última instancia, están asegurados por el Gobierno mediante los planes de garantía de depósitos) para financiar sus actividades generadoras de ingresos más arriesgadas. Asimismo, se han probado nuevas reglas, al menos en parte, para hacer que los bancos de inversión vuelvan a su función original, consistente en utilizar el dinero que hayan tomado en préstamo en los mercados mayoristas para financiar transacciones arriesgadas, que incluso los economistas de la corriente mayoritaria en ocasiones comparan con un casino.

Sin embargo, parece que hoy en día la financiarización vuelve a prosperar, a pesar de su cuestionable productividad. La financiarización sigue siendo una fuerza poderosa y su capacidad para extraer valor apenas ha disminuido. Los intentos de terminar con procesos financieros peligrosos en exceso y socialmente inútiles —o, al menos, arrojar luz sobre ellos— solo los ha desplazado a rincones más oscuros. La regulación más estricta de las actividades que causaron la última quiebra ha alentado a los bancos a buscar maneras de sortear las nuevas limitaciones, mientras al mismo tiempo presionan para relajarlas (excepto en los casos en los que, de manera conveniente, estas mantienen alejados a los nuevos competidores). Esto ha llevado a que las «instituciones financieras no bancarias», o la «banca en la sombra», menos sometidas a regulación, se expandan allí donde los bancos han sido obligados a contraerse. Lo que ahora debemos analizar es la red más amplia de distintos intermediarios financieros que han surgido de la nada, con su deseo de obtener un retorno rápido y elevado y su efecto en la organización de las empresas y la evolución de la industria.

5

EL AUGE DEL CAPITALISMO DE CASINO

En vez del conservadurismo financiero que los fondos de pensiones, los fondos mutuos y las compañías de seguros debían proveer, el capitalismo de los gestores de dinero nos ha llevado a una nueva era de capitalismo de casino generalizado.

HYMAN MINSKY, 1992[205]

Cuando hablamos de finanzas deberíamos tener en cuenta sus muy diferentes formas. Aunque las actividades tradicionales, como los préstamos bancarios, siguen siendo importantes, se han visto eclipsadas por otras. Una es la «banca en la sombra», un término acuñado en 2007 para describir los distintos intermediarios financieros que llevan a cabo actividades semejantes a las bancarias, pero que no se hallan regulados como los bancos.[206] Entre ellos se encuentran los prestamistas, los prestamistas del día de paga, los prestamistas de igual a igual, los prestamistas hipotecarios, los sistemas de pago móvil, las plataformas de transacciones de bonos establecidas por empresas tecnológicas y los fondos del mercado de dinero. Entre 2004 y 2014, el valor de los activos proporcionados por el «sector de los préstamos informales» aumentó globalmente de veintiséis a ochenta billones de dólares, y puede suponer nada menos que un cuarto del sistema financiero global. Las actividades bancarias en la sombra —las de empresas que no son bancos y eluden su regulación más onerosa, pero que toman prestado, prestan y comercian con activos— tienen una cosa en común: canalizan las finanzas para financiar; ganan dinero moviendo dinero ya existente. Otro estímulo importante para las finanzas ha sido el auge de la industria de la gestión de activos y sus distintos componentes, desde los fondos de inversión minorista muy generalizados hasta los fondos de alto riesgo y el capital de inversión. Si bien los ingresos medios han crecido, permitiendo la acumulación de ahorros, especialmente a los más acomodados, la creciente longevidad y el escaso interés de los gobiernos por la seguridad social y la provisión de pensiones han presionado a los hogares de todo el mundo a hacer que sus ahorros den más rendimiento. Quienes «gestionan» las inversiones en su nombre a menudo pueden cobrar una comisión —muchas veces, un porcentaje de los fondos que se gestionan—, independientemente de que los valores que escojan y sus estrategias demuestren tener valor añadido. Sumados a la banca tradicional, y libres de las regulaciones que con anterioridad hacían que las empresas financieras mantuvieran a raya sus ganas de crecer y de asumir riesgos, estas fuerzas han hecho que el sector crezca hasta ser desproporcionadamente grande.

Hay dos aspectos clave en el crecimiento a largo plazo del sector financiero y su efecto en la economía real. Dichos aspectos serán abordados en este capítulo y el siguiente. Me centraré en Reino Unido y Estados Unidos, donde ambas formas de financiarización se han desarrollado más. La primera, tratada en este capítulo, es su expansión en términos absolutos y como porcentaje de la actividad económica total. Hoy en día, el sector se ha expandido mucho más allá de los límites de las finanzas tradicionales, sobre todo la banca, para cubrir un inmenso abanico de instrumentos financieros, y ha creado una nueva fuerza en el capitalismo moderno: la gestión de activos. Ahora el sector financiero representa una significativa y creciente parte del valor añadido y de los beneficios de la economía. Pero solo un 15 por ciento de los fondos generados van a empresas pertenecientes a industrias no financieras.[207] El resto se comercializa entre instituciones financieras, que ganan dinero por el simple hecho de que el dinero cambia de manos, un fenómeno que se ha desarrollado enormemente, dando pie a lo que Hyman Minsky llamó el «capitalismo de gestores de dinero».[208] O, dicho de otro modo, cuando las finanzas ganan dinero pero no sirven a la economía «real», sino a sí mismas.

El segundo aspecto, analizado en el capítulo siguiente, es el efecto que las motivaciones financieras tienen en los sectores no financieros, como, por ejemplo, en las industrias energéticas, farmacéuticas y en las de tecnologías de la información. Esa financiarización puede incluir la provisión de instrumentos financieros para los clientes —por ejemplo, los fabricantes de coches que ofrecen financiación a los compradores— y, lo que es más importante, el uso de los beneficios para impulsar los precios de las acciones en vez de reinvertirlos en la producción real.

Ambos aspectos de la financiarización muestran cómo, en el crecimiento del sector financiero, la creación de valor se ha confundido con la extracción de valor, lo que conlleva graves consecuencias económicas y sociales. Las finanzas se han beneficiado de una creciente desigualdad de los ingresos y la riqueza, causada en parte por ellas mismas, al principio en los principales países «anglosajones», aunque desde la década de 1990 también se ha generalizado en países europeos y asiáticos que antes estaban menos financiarizados. La creciente desigualdad podría «justificarse» por los beneficios económicos si promoviera un crecimiento más rápido que aumentara los ingresos básicos o medios, como, por ejemplo, proporcionando a los emprendedores más ricos los medios y los incentivos para realizar mayores inversiones. Pero estos recientes aumentos de la desigualdad se hallan asociados a un crecimiento más lento,[209] y vinculados a su impacto social, así como al efecto deflacionario de reducir unos ingresos ya bajos. La cuestión clave es: ¿qué papel tienen las finanzas, con toda su complejidad, en la economía? ¿Se justifica su tamaño y omnipresencia? Las recompensas, a veces inmensas, que permiten ganar actividades financieras como los fondos de alto riesgo (un fondo de inversión que especula utilizando capital prestado o crédito) o el capital de inversión, ¿son proporcionales a los riesgos reales que se asumen?

PROMETEO (CON LICENCIA DE PILOTO) LIBERADO

Estas preguntas no son nuevas. Ya en 1925, Winston Churchill, entonces ministro de Hacienda, había empezado a ponerse nervioso por la manera en que estaban cambiando las finanzas. Como es célebre, afirmó que prefería «ver las finanzas menos orgullosas y la industria más satisfecha».[210] La sospecha que inquietaba a las autoridades (y a sus nuevos y emergentes asesores económicos) era que los financieros estaban posicionados en relación con los productores industriales, tal como lo estaban los terratenientes preindustriales con los productores agrícolas: extraían una parte significativa de las ganancias sin jugar papel activo alguno en el proceso de producción. Los inversores que pasivamente recaudaban el interés de los préstamos y los dividendos de las acciones eran «rentistas», en sentido clásico, al explotar su control sobre grandes sumas de dinero (con frecuencia heredado) para generar unos ingresos no ganados, los cuales —si no se usaban para el consumo conspicuo— se sumaban a su riqueza, en particular en una era de impuestos bajos.

Los beneficios extraídos por los prestamistas e inversores en el mercado de valores podían no invertirse en la expansión y la modernización industrial. Esto representaba una preocupación creciente, sobre todo en Reino Unido, cuya inexorable pérdida de poder industrial con respecto a Alemania y Estados Unidos (especialmente en las industrias que podían transformarse al uso militar) se había sometido, cada vez con una mayor preocupación, a investigaciones parlamentarias desde finales del siglo XIX. La tendencia de las familias de banqueros y de los fondos con sede en Reino Unido a canalizar los fondos hacia el exterior en busca de retornos más elevados, mientras los inversores con sede en el extranjero compraban activos británicos por medio de su mercado de valores, amplificó esas preocupaciones a medida que un mayor número de colonias del país empezaba a hacer campaña por la independencia y los nubarrones de tormenta que habían precedido a la Primera Guerra Mundial empezaban a formarse de nuevo. El ministerio de Churchill también lo había alertado respecto de la captura de rentas —las presiones al Gobierno para que aprobara reglas y barreras de entrada que aumentasen los beneficios financieros y los préstamos a los inversores que tenían pensado devolver con el aumento del precio de las acciones—, que pronto se restablecería internacionalmente con el crac de Wall Street de 1929.

Pero en el momento en que él escribía, el sector financiero en Reino Unido representaba solo el 6,4 por ciento de la economía total.[211] Las finanzas avanzaban con dificultad al mismo ritmo en los primeros treinta años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Después, tras un proceso de desregulación iniciado durante la década de 1970 y los cambios en el límite de producción que hemos visto en el capítulo anterior, superó a la economía real, es decir, a la industria y a los servicios no financieros ofrecidos por empresas del sector privado, organizaciones de voluntarios y el Estado. Al reclasificarlas como creadoras de «valor añadido» financiero, en vez de como recaudadoras de rentas, el recién desatado conjunto de finanzas, aseguradoras y propiedades inmobiliarias (FIRE, que significa fuego, por sus siglas en inglés) se transformó en un sector productivo, algo ante lo que los economistas de los siglos XVIII y XIX, e incluso de la primera mitad del XX, se habrían quedado asombrados.

En Estados Unidos, de 1960 a 2014 el porcentaje de las finanzas en el valor añadido bruto se duplicó, del 3,7 al 8,4 por ciento; durante el mismo periodo, el de la manufactura en la producción se redujo a más de la mitad, esto es, del 25 al 12 por ciento. Lo mismo sucedió en Reino Unido: el porcentaje de la manufactura descendió desde más del 30 por ciento del valor añadido total en 1970 al 10 por ciento en 2014, mientras que el de las finanzas y los seguros pasó de menos del 5 por ciento a un pico de más del 9 por ciento en 2009, cayendo ligeramente hasta el 8 por ciento en 2014.[212] De modo que, en las tres décadas posteriores a la desregulación, el sector financiero superó con amplitud a la economía «real». Esto puede verse claramente, para el caso británico, en la figura 14.

FIGURA 14. Valor añadido bruto, Reino Unido, 1945-2013 (1975 = 100).[213]

FIGURA 15. Beneficios corporativos de las finanzas en Estados Unidos como porcentaje de los beneficios nacionales totales.[214]

A principios de la década de 1980, a medida que empezaban a eliminarse las regulaciones, en Estados Unidos los beneficios de las empresas financieras del sector privado como porcentaje del total de los beneficios corporativos —estable alrededor del 10-15 por ciento en los primeros cuarenta años posteriores a la Segunda Guerra Mundial— creció hasta el 20 por ciento, alcanzando el 40 por ciento a principios del siglo XXI (figura 15).

La proporción de los sueldos que se destina a los trabajadores del sector financiero también ilustra el crecimiento del sector. Hasta 1980, el porcentaje de las finanzas en el empleo y los ingresos era casi idéntico (la ratio es 1). Después, la ratio se disparó: en 2009 casi se había duplicado hasta un 1,7 (figura 16).[215]

Los beneficios del sector financiero fueron fabulosos, sobre todo en Reino Unido y Estados Unidos, con los centros financieros globales de Londres y Nueva York, y aportaban un creciente porcentaje del PIB. No es extraño que la sociedad aceptara la «innovación financiera». La gente gastaba. De Londres a Hong Kong, los sectores minorista y del ocio de los centros financieros del mundo estaban haciendo un negocio extraordinario.

FIGURA 16. Ratio entre el porcentaje de la remuneración de los empleados financieros y el porcentaje del empleo nacional.[216]

A partir de la década de 1980, el sector financiero se impuso la misión de convencer a los gobiernos de que era productivo. En la mente de las autoridades, las finanzas se habían convertido en una industria cada vez más productiva, una idea que estaban encantados de transmitir a la sociedad.

Por raro que parezca ahora, las autoridades ignoraron en gran medida el peligro del caos financiero. Apenas unos años después de su discurso de 2004 en Mansion House, en el que rindió un obsequioso tributo a la productividad de la élite financiera y empresarial de la City de Londres, el laborista Gordon Brown, entonces ministro de Hacienda, mostró la arrogancia que financieros, reguladores, políticos y muchos economistas compartían cuando la economía todavía era, en apariencia, robusta. En su discurso sobre el presupuesto de 2007, meses antes de que aparecieran en el horizonte las primeras señales del inminente colapso, Brown declaró solemnemente (no por primera vez): «No regresaremos al viejo ciclo de expansión y recesión».

¿Cómo podía Brown —al igual que tantos otros— estar tan horriblemente equivocado? La clave de este catastrófico error de juicio reside en que habían perdido de vista un factor crucial: la distinción entre «precio» y «valor», que en las décadas anteriores se había ido desvaneciendo. La revolución marginalista que había cambiado la teoría del valor, con siglos de antigüedad, por una teoría del precio, había expuesto la tautología definitiva del marginalismo: las finanzas son valiosas porque se valoran, y sus beneficios extraordinarios son la prueba de ese valor.

De modo que, cuando en 2007 llegó la crisis financiera, voló por los aires la ideología que había promovido la financiarización por encima de todo. Pero la crisis no cambió de manera esencial la manera en que se valoraba al sector: dos años más tarde, el jefe de Goldman Sachs aún podía decir sin inmutarse que sus banqueros eran los más productivos del mundo. Y el hecho de que los antiguos empleados de Goldman Sachs abundaran en los gobiernos de Obama, y ahora en el de Trump, muestra el poder que tenía la «historia» del valor creado por Goldman Sachs en todos los partidos políticos.

En el capitalismo moderno, el sector financiero se ha diversificado enormemente, además de crecer en tamaño total. En particular, la gestión de activos constituye un sector que ha aumentado con rapidez y ha conseguido influencia y visibilidad; comprende a los bancos, que tradicionalmente estaban en el centro del debate del valor, aunque también, ahora, a una amplia gama de actores. Hyman Minsky sostuvo que estaba dando una nueva forma a la economía, lo que él llamaba «capitalismo de gestores de dinero». Pero ¿cuánto valor creaba realmente?

Durante las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las economías occidentales crecieron robustamente, acumulando en el proceso inmensos ahorros. Esos «treinta años dorados», más conocidos como los trente glorieuses en francés, también fueron un tiempo en el que crecieron inmensamente los compromisos en pensiones, puesto que la gente vivía más y era capaz de ahorrar más. La riqueza acumulada en ahorros y pensiones tenía que ser gestionada. La gestión de la inversión se desarrolló para satisfacer la demanda y dio un enorme estímulo al tamaño y a los beneficios del conjunto del sector financiero. Los inversores individuales, que habían constituido una parte significativa de la actividad del mercado de valores, dieron paso a inmensas instituciones dirigidas por gestores de fondos profesionales, muchos de los cuales compartían las actitudes y la remuneración de los ejecutivos que dirigían las empresas en las que los gestores de fondos invertían el dinero de sus clientes.

El sistema financiero evolucionó para satisfacer las necesidades de los ahorradores en un futuro incierto a varias décadas de distancia. La inversión tenía que ser a largo plazo, razonablemente líquida y ofrecer un rendimiento atractivo, en especial para contrarrestar la inevitable pérdida que la inflación supone para los ahorros. Las pensiones son un elemento fundamental en estas inversiones, sobre todo en los países anglosajones, donde constituyen alrededor de la mitad de los fondos de jubilación de los asalariados. Hoy en día es difícil exagerar la importancia de las pensiones para los beneficiarios individuales y la economía, ya que mantienen la demanda agregada al permitir que los ancianos consuman una vez se han retirado. Pero también resultan cruciales para el sistema financiero en conjunto, por una parte, en virtud de su tamaño —el volumen de activos depositados en fondos de pensiones— y, de manera aún más significativa, porque la industria de las pensiones privadas está motivada por los beneficios y los retornos a los accionistas. El número de proveedores de las mutualidades de pensiones —empresas propiedad de sus miembros— ha descendido de modo regular a medida que se convertían en empresas propiedad de los accionistas o se fusionaban para competir con ellas.

Aunque la industria de las pensiones existía a principios del siglo XX, se hizo mayor de edad en los años de posguerra con el auge del Estado del bienestar. En una época de pleno empleo, en las grandes empresas a menudo existían planes de pensiones obligatorios, a los que contribuían empleadores y empleados, que acumulaban enormes activos. Los ahorros para pensiones también eran comunes. Además, el seguro de vida ha supuesto un medio de ahorro importante, aunque el pago de pólizas de seguros de vida no ha sido, por lo general, obligatorio. En Reino Unido y Estados Unidos hace mucho tiempo que los gobiernos otorgaron significativas ventajas fiscales a los ahorros para pensiones, en parte para alentar el ahorro privado y reducir la carga de la provisión de pensiones del Estado.

A continuación, se analizará la manera en que la industria de la inversión y los bancos de inversión, a pesar de parecer muy competitivos, a menudo se comportan como monopolios protegidos de la competencia, pues extraen rentas para beneficio de los gestores y accionistas mientras sus clientes últimos —los clientes normales y los inversores que poseen acciones, pensiones y pólizas de seguro— con frecuencia pagan comisiones por rendimientos mediocres que no reflejan los beneficios de la expansión y la rentabilidad de la gestión del fondo.

LOS NUEVOS ACTORES DE LA ECONOMÍA

La acumulación de ahorros durante la posguerra colocó a los gestores de activos en el centro del escenario, a pesar de que no eran completamente nuevos. Los fondos mutuos, conocidos en Reino Unido como unit trust, existían antes de la guerra, y allí los fondos de inversión eran una forma popular de ahorro para la clase media. Pero la mera escala de la inversión requerida —y las responsabilidades sociales que conllevaban— convirtió a los gestores de activos en un nuevo grupo de actores de la economía. Su trabajo no consistía en invertir en activos productivos como haría un emprendedor, sino en ser los administradores temporales de unos ahorros que invertían en activos líquidos y, por lo general, financieros (y no, por ejemplo, en propiedades inmobiliarias). En Estados Unidos, los activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés) crecieron enormemente, pasando de los tres mil cien millones de dólares en 1951 a unos diecisiete billones de dólares en 2015.[217] En Reino Unido, la industria de la gestión de activos suponía 5,7 billones de libras a finales de 2015, lo que suponía más de tres veces el tamaño del PIB de ese mismo año.[218]

Los cambios en la regulación desempeñaron un papel importante en la expansión de la gestión de activos. En Estados Unidos, los fondos de pensiones habían sido obligados a evitar las inversiones especulativas y arriesgadas, precisamente como habría hecho un hombre prudente. Pero en la década de 1970, la relajación de la regla de inversión del «hombre prudente» permitió que los fondos de pensiones se invirtieran de formas menos convencionales, como el capital de inversión (PE, por sus siglas en inglés) y el capital riesgo (VC, por sus siglas en inglés), mientras la Ley de Seguridad de los Ingresos de la Jubilación de los Empleados de 1974 permitía a los fondos de pensiones y a las compañías aseguradoras invertir en una mayor variedad de fondos, como fondos de capital, deuda de alto rendimiento, capital de inversión y capital riesgo. Los gestores de fondos presionaron en favor de esa relajación para poder realizar inversiones con una mayor rentabilidad, y los gobiernos se mostraron dispuestos a permitirlo porque si los fondos del sector privado crecían más rápido se reduciría la demanda de las pensiones pagadas por el Estado. Durante ese tiempo, el aumento del número de personas muy ricas —llamadas «individuos con un alto patrimonio neto» (HNWI, por sus siglas en inglés)— también incrementó la demanda de una gestión profesional de activos. Por lo general, un HNWI suele definirse como alguien con unos activos financieros netos (excluyendo propiedades inmobiliarias) de más de un millón de dólares. Aunque en origen se trató de un fenómeno de países ricos, ahora es global, y el grupo de los millonarios y milmillonarios crece en los países emergentes, especialmente en Asia y Latinoamérica. Según la consultoría Capgemini, el número de HNWI pasó de 4,5 millones en 1997 a 14,5 millones en 2014. En la actualidad, en China hay más milmillonarios que en Estados Unidos.[219] En 2015 la ciudad con más HNWI era Londres (370.000), seguida de Nueva York (320.000).[220]

A medida que se expandía la gestión de fondos descendía la proporción de inversores privados. La propiedad individual de valores cayó en Estados Unidos del 92 por ciento del total, en 1950, a alrededor del 30 por ciento en la actualidad.[221] El porcentaje en manos de inversores privados es aún menor en otros lugares: un 18 por ciento en Japón o solo un 11 por ciento en Reino Unido.[222] En 1963, los inversores individuales británicos tenían más de un 50 por ciento del mercado de valores; los grupos de seguros, los grupos de pensiones, los fondos mutuos y los inversores del extranjero sumaban entre todos cerca del 10 por ciento. Desde entonces, la tendencia se ha invertido; así, los fondos de pensiones y, en particular, los inversores extranjeros han adquirido rápidamente una mayor participación del mercado de valores británico —en 2014, los últimos tenían más del cincuenta por ciento de las acciones de empresas cotizadas en Gran Bretaña—.[223] En Estados Unidos, alrededor del 60 por ciento de los títulos emitidos públicamente (acciones) se halla en manos de fondos mutuos. Además, ahora la industria de la gestión de fondos está bastante concentrada, sobre todo en Estados Unidos, donde unos veinticinco gestores de fondos controlan un 60 por ciento de todas las acciones en manos de instituciones de inversión.[224]

En las dos últimas décadas, las clases de gestión de fondos se han diversificado; en los casos más llamativos, en fondos de alto riesgo, capital privado y capital riesgo. Estados Unidos cuenta con alrededor de cinco mil fondos de alto riesgo, que gestionan activos por un total de dos billones de dólares. Los fondos de alto riesgo tienen una imagen glamurosa —en Londres, muchos se concentran en el exclusivo enclave de Mayfair— y algunos gestores de este tipo de fondos han acumulado mucho dinero; de este modo, en 2016 cuarenta y dos aparecían en la lista de los milmillonarios del mundo.[225] Entre ellos hay celebridades. Georges Soros saltó a los titulares cuando, el 16 de septiembre de 1992, se dice que «rompió el Banco de Inglaterra», al ganar mil millones de dólares apostando contra la pertenencia de Reino Unido al Mecanismo de Tipos de Cambio europeo (MTC), obligando a Reino Unido a salir del MTC; dicho día se conocería como el «miércoles negro».

Los fondos de alto riesgo, sin embargo, son un poco difíciles de definir. Una de sus características principales es que tan rápido se ponen cortos (apuestan que el precio de una inversión caerá) como largos (apuestan que el precio de una inversión subirá). Irónicamente, en origen esto pretendía eliminar el riesgo de sus inversiones especulativas porque les permitía protegerse al alza contra los movimientos de precios a la baja. En la práctica, les posibilita perseguir mayores rendimientos, al realizar costosas apuestas unidireccionales, a menudo utilizando un elevado endeudamiento («apalancamiento») para multiplicar sus ganancias a partir de pequeñas diferencias en el precio. Comparados con otros fondos gestionados, los de alto riesgo tienen un alto reemplazo de la cartera de valores e invierten en una amplia gama de activos, desde propiedades hasta materias primas. Muchos fondos de inversión convencionales son mucho más restrictivos en cómo y dónde invierten.

Las firmas de capital de inversión lo hacen en empresas, normalmente para adueñarse de la propiedad y gestionarlas, y más tarde —casi siempre después de entre tres y siete años— venderlas para lograr un beneficio. Si tienen éxito, obtienen este del aumento del valor de los activos de la empresa después de que se haya pagado la deuda. Luego materializan el valor de sus activos vendiendo la empresa (a veces a otra firma de capital de inversión) o mediante una OPI (una oferta pública inicial; en otras palabras, una salida a bolsa).

Estas firmas, denominadas de capital de inversión y que no son propiedad de compradores de sus acciones en el mercado de valores (público), sino que están en manos privadas, adquieren empresas que no cotizan en la bolsa. En Estados Unidos, las firmas de capital de inversión controlan alrededor de 3,9 billones de dólares en activos, es decir, el 5 por ciento del mercado de la gestión de activos,[226] y poseen algunas conocidas y grandes empresas. Por ejemplo, en Reino Unido la compañía de capital de inversión Kohlberg Kravis Roberts (KKR) pagó casi veinticinco mil millones de dólares para adquirir una parte de Alliance Boots, la cadena de farmacias británica minorista. Tras vender su última participación en Alliance Boots en 2015, se dijo que KKR había multiplicado por cuatro su dinero.[227] Otras importantes empresas de capital de inversión son Bain Capital, BC Partners, Blackstone Capital y Carlyle Group.

Las firmas de capital de inversión afirman que hacen que las empresas sean más eficientes y rentables, en parte porque son sus propietarias directas. En teoría, separar a los propietarios (los accionistas) de los gestores debería resolver el particular interés que los segundos tienen en aumentar su propia compensación financiera en vez del precio de las acciones de la empresa. (Esta es la razón fundamental por la que el objetivo principal del gestor de activos contemporáneo es maximizar el valor para los accionistas, medido por el precio de la acción.) Sin embargo, los críticos dicen que las firmas de capital de inversión tienen un impacto dañino en las empresas, ya que su objetivo consiste en recortar costes a corto plazo, como, por ejemplo, despidiendo a trabajadores y reduciendo la inversión, para obtener beneficios rápidos al vender el negocio, a expensas de la salud corporativa a largo plazo.

Los propietarios de las firmas de capital de inversión se llaman «socios generales». Los fondos que utilizan para comprar las empresas proceden de inversores como fondos de pensiones, fundaciones, compañías aseguradoras e individuos ricos. Los fondos de pensiones públicos y privados contribuyen con alrededor de un tercio del valor del total invertido por las firmas de capital de inversión. Todos estos tipos de inversores se denominan «socios limitados». Comprometen su dinero por un periodo de tiempo fijo, por ejemplo diez años, durante el cual normalmente no pueden retirar los fondos. Sin embargo, un buen número de los que invierten las firmas de capital de inversión pueden considerarse deuda, que se utiliza para comprar participaciones accionariales con la previsión de pagarlas con las ganancias en el valor de las acciones. Las firmas de capital de inversión son criticadas con frecuencia por colocar esa deuda en las hojas de balance de las empresas que compran, mientras siguen extrayendo dividendos de las mismas en vez de pagar la deuda. La primera adquisición de importancia de KKR, la compra apalancada del grupo de cereales y tabaco RJR Nabisco en 1988, contada en el libro Nabisco. La caída de un imperio, y en la película basada en él Bárbaros a las puertas,[228] cargó al fabricante de Shredded Wheat con una deuda de la que nunca se recuperó por completo, pero impulsó la continuada expansión global de KKR. Las firmas de capital de inversión se han vuelto particularmente proclives a pedir prestado para adquirir una empresa y luego disponer de un «dividendo especial», a menudo por una suma similar, que asegura un rápido beneficio del trato incluso aunque los préstamos, transferidos a la empresa adquirida, disminuyan el precio de reventa o incluso condenen su existencia. En 2014, la firma de capital de inversión TA Associates demostró hasta dónde se podía forzar esta técnica cuando aseguró un «préstamo sindicado» de 1.770 millones de dólares (una clase que hacen posible los bancos que lo titularizan de inmediato y lo revenden) contra la empresa de pruebas de medicamentos Millenium Laboratories para, inmediatamente, acordar un dividendo especial de 1.290 millones de dólares. La transacción cumplía todas las reglas impuestas después de 2008 para impedir la «liquidación de activos» por parte de compradores privados. Cuando al año siguiente Millennium declaró la bancarrota, un tribunal aseguró a TA y a otros accionistas (los antiguos gestores de la empresa) contra cualquier intento por parte de los prestamistas de recuperar el dividendo, incluso después de que se revelara que los propietarios y quienes habían dispuesto el crédito no los habían informado de que su principal cliente, el Gobierno de Estados Unidos, los había denunciado con éxito por valor de 256 millones de dólares por pruebas fraudulentas.[229]

CÓMO EXTRAEN VALOR LAS FINANZAS

¿Cómo extraen valor las finanzas? Hay, básicamente, tres respuestas relacionadas entre sí: creando una brecha, en forma de costes de transacción, entre los proveedores y los receptores de la financiación; mediante el poder de monopolio, en especial en el caso de los bancos; y con altos cargos en relación con los riesgos asumidos, en particular en la gestión de fondos.

En ciertas áreas de la economía se considera que esos costes de transacción reducen la eficiencia y destruyen valor, en vez de crearlo. Los gobiernos son acusados de ineficiencia cuando imponen un impuesto sobre la renta —que pone una cuña entre lo que la gente recibe por el trabajo y el valor que asigna al ocio— o cuando intentan financiar la seguridad social mediante un impuesto a los salarios, lo cual desconecta los costes salariales del total de los costes laborales. Cuando consiguen un aumento de sueldo para sus miembros, los sindicatos son acusados de aumentar la paga de los trabajadores mientras su contribución a la producción sigue siendo la misma.

Por lo que respecta a los bancos, su eficiencia como intermediarios útiles entre prestamistas y prestatarios puede juzgarse razonablemente por su capacidad para estrechar la «cuña», o la brecha de coste, existente entre los dos. La máxima eficiencia, el capitalismo sin fricciones, en teoría se alcanza cuando desaparece el diferencial de interés. Pero la medida «indirecta» de la intermediación de los servicios financieros adoptada por las cuentas nacionales (los SIFMI, explicados en el capítulo 4) asume que un aumento del valor añadido se reflejará en una cuña más ancha (o, si la cuña se estrecha, en mayores comisiones y cargos mediante los que los intermediarios pueden obtener pagos de manera directa). La cuestión, por supuesto, no es eliminar el interés, sino —si este es el precio de la intermediación financiera— asegurarse de que refleja la eficiencia mejorada del sistema, motivada por las inversiones adecuadas en un cambio tecnológico, como han hecho algunos desarrollos de tecnología financiera.

Los bancos ofrecen un llamativo contraste con respecto a los supermercados. Como hemos visto, el coste de los servicios financieros probablemente aumentó durante el siglo XX, a pesar del inmenso crecimiento de la industria financiera, lo que sugiere que los consumidores de esta no se beneficiaron de las economías de escala de la misma manera que lo hicieron con los supermercados, encarnados por Walmart en Estados Unidos y Tesco en Reino Unido. Una gran parte de la explicación de esta diferencia reside en la naturaleza monopolística —o, más estrictamente, oligopolística— de la actividad bancaria.

En 2010, cinco grandes bancos estadounidenses controlaban más del 96 por ciento de los contratos derivados en vigor;[230] en 2016, en Reino Unido, diez instituciones financieras representaban el 85 por ciento de las ventas de derivados OTC y el 77 por ciento de las ventas de cambio de divisas.[231] Solo los bancos más grandes pueden asumir el riesgo de crear y vender derivados a gran escala, puesto que necesitan un cómodo margen de patrimonio propio entre el valor de sus activos y el de sus pasivos para seguir siendo solventes si los precios de los activos caen. Solo unos pocos bancos en el mundo han crecido lo suficiente como para asumir los elevados riesgos que suponen las operaciones por cuenta propia —en vez de para un cliente— y merecer un rescate apoyado por el Estado si el riesgo demostrara ser demasiado elevado.

En consecuencia, hay pocos bancos con los que los gobiernos y las grandes corporaciones puedan colocar nuevas emisiones de bonos o acciones y esperar que luego el mercado provea de liquidez por esos títulos. La escasez de actores, incluso en grandes centros financieros como Londres y Nueva York, proporciona inevitablemente a cada banco un poder considerable para establecer los precios, independientemente de si conspiran o no entre ellos para hacerlo. En los mercados minoristas, los requerimientos mínimos de capital básico para los bancos (aumentados después de 2008: hasta el 4,5 por ciento de los activos ponderados por riesgo en 2013, el 5,5 por ciento en 2015 y el 6 por ciento desde 2016)[232] y la necesidad de una regulación prudencial limitan el número de licencias bancarias que los gobiernos y los bancos centrales pueden emitir, y que otorgan un poder de mercado significativo a los pocos bancos que las poseen. En 2002, este poder permitió a estos conseguir un 40 por ciento del total de los beneficios corporativos en Estados Unidos (frente a un 13 por ciento en 1985). Aún disfrutaron de un 23 por ciento en 2010 y de casi un 30 por ciento en 2012, solo dos años después de la recuperación, tras una breve caída al 10 por ciento en 2008, en un periodo en el que los beneficios empresariales crecían mucho más rápido que los ingresos por el trabajo o el PIB.[233]

El elevado grado de monopolio en la banca mayorista y minorista se encuentra muy vinculado a su continuada capacidad para extraer rentas de los sectores privado y público, incluso cuando estos se contraían tras la quiebra de 2008. En Reino Unido, desde la crisis financiera los reguladores han fomentado la aparición de nuevos bancos y formas alternativas de intermediación financiera, como los préstamos entre particulares, para alentar la competencia. Al puñado de nuevos bancos que empezaron en Reino Unido tras la crisis se los llamó, con cierto optimismo, «bancos retadores», un reto que hasta ahora no ha hecho mucha mella en el oligopolio de los bancos minoristas. Tampoco las formas alternativas de intermediación financiera sustituyen de manera efectiva a los bancos dominantes. Solo bancos con licencia pueden crear dinero a través de los créditos,[234] en vez de transferir únicamente el dinero entre ahorradores y prestatarios. Cuando la rentabilidad de los bancos ha sido hinchada por el poder de mercado, que les permite extraer rentas de otros sectores, sus empleados de mayor rango pueden, a su vez, ejercer un poder de mercado laboral interno para canalizar una parte de esas rentas para sí, contribuyendo a dotar al sector financiero de una cultura de bonus única y arraigada.

Además de la renta de monopolio, los mercados financieros proporcionan a los bancos de inversión y a otros «actores» profesionales otra forma significativa de conseguir elevados retornos financieros, separados del elevado riesgo que, tradicionalmente, se suele pensar que justifica tales retornos. Los mercados financieros ajustan al instante el precio de las acciones y los bonos de una empresa a los beneficios futuros que dicha empresa espera ingresar. Pueden, por lo tanto, capturar (y «capitalizar») en el momento el esperado salto de los beneficios futuros cuando, por ejemplo, se aprueba el uso hospitalario de un nuevo medicamento, una nueva plataforma de medios sociales encuentra la manera de monetizar sus millones de usuarios o una empresa minera descubre que un metal que en el pasado se consideraba raro será usado en la nueva generación de teléfonos móviles. Poseer un activo cuyo valor sube de repente siempre ha sido una forma más rápida de hacerse rico que ahorrar pacientemente e invertir los ingresos;[235] y, en la actualidad, la diferencia de velocidad de la «revaluación» de activos frente a su acumulación se ha visto amplificada por unos tipos de interés históricamente bajos.

En la economía «real», en general las ganancias por revaluación son saludadas como económicamente eficientes y socialmente progresistas. Los emprendedores que ganan dinero con una innovación útil de verdad pueden afirmar que han obtenido una recompensa por la asunción de un riesgo verdaderamente productivo, en especial cuando se demuestra que han desplazado a los terratenientes hereditarios en las listas de ultrarricos. Pero cuando —como a menudo sucede cuando tiene lugar la revaluación— las acciones ya no están en manos de los inventores originales y se han convertido en propiedad de fondos de inversión o cotizan en los mercados financieros, no son los inversores activos, sino los pasivos quienes capturan la mayoría de las ganancias por revaluación. La financiarización permite a los banqueros de inversión y a los gestores de fondos que han escogido las acciones correctas —con frecuencia por azar— conseguir unos beneficios que previamente habrían ido a quienes, mediante un concienzudo diseño, concibieron el producto adecuado. Y, tras capturar su valor, invariablemente corren a extraerlo —canalizando las ganancias hacia propiedades inmobiliarias u otras inversiones financieras diseñadas para mantener su «valor»—, en vez de reinvertirlo en una producción más innovadora, que rara vez produce una cantidad de dinero comparable por segunda vez.

La relación entre el porcentaje de las finanzas en el empleo y en los ingresos da una idea de lo que ha sucedido. Hasta 1980, en Estados Unidos dicho porcentaje era casi idéntico (la ratio es 1). Pero, como revela la figura 17, en 2015 casi se había duplicado hasta el 1,8. Este abrupto aumento del ingreso medio por empleado —apenas interrumpido por la quiebra de 2008— supuso, según sus defensores, una señal de la creciente productividad del sector financiero y una justificación para canalizar aún más recursos a las finanzas. Pero el aumento de la productividad, como hemos visto en el capítulo 4, dependía en gran medida de una redefinición que disparaba el «valor añadido» de los bancos y otros prestamistas. Una explicación alternativa para el aumento de la ratio ingreso/empleo es que las finanzas estaban reforzando su poder para extraer valor y para ganar rentas de monopolio de otras actividades del sector privado.

FIGURA 17. Ratio entre el porcentaje de la remuneración de los empleados financieros y el porcentaje del empleo nacional.[236]

La concentración de la actividad bancaria y el comercio en el mercado financiero en unos pocos grandes actores, cuyo caso más extremo son los mercados de derivados (figura 18), subraya hasta qué punto el «valor añadido» puede localizarse en las rentas de monopolio y oligopolio.[237] Los reguladores financieros están interesados en mantener un número reducido de actores, a pesar del riesgo de que se produzca un comportamiento conspirativo, es decir, no quieren perder de vista la exposición de todos los actores del mercado para poder prevenir un riesgo sistémico, y la decisión (después de la crisis de 2008) de llevar el comercio de derivados OTC (derivados que no cotizan en bolsa y con frecuencia indican tratos a medida entre inversores profesionales, como los bancos) a una plataforma central más visible y transparente los beneficia. De hecho, la manipulación de un tipo de interés clave (el tipo de interés interbancario ofrecido por el mercado de Londres, el Libor, utilizado para establecer muchos tipos de préstamo del sector privado en todo el mundo) tras la crisis podría haber tenido lugar con la connivencia de algunos reguladores, al menos según algunos agentes que se defendieron con éxito de la acusación de fraude.[238] La manipulación, así como las discusiones posteriores sobre quién salía ganando y quién perdiendo con ella, subrayan la medida en que actualmente los bancos y otros actores del mercado financiero pelean, y quizá también conspiran, por la distribución de un excedente creado sobre todo por empresas no financieras.

FIGURA 18. Concentración de los contratos de derivados en Estados Unidos (miles de millones de dólares, cuarto trimestre de 2010).[239]

Sin duda, los bancos son fundamentales para mover fondos de partes de la economía menos productiva a otras más productivas. Instrumentos como los derivados o los contratos de futuros y opciones realmente pueden ayudar a protegerse contra ciertos riesgos, en particular a los productores de la economía que se enfrentan a incertidumbres debidas a los precios y los tipos de interés futuros. Pero hay que decir que algunas actividades bancarias claramente no son productivas, en especial cuando se vuelven demasiado complejas o demasiado grandes en relación con las necesidades de la economía real. Veamos el ejemplo del mercado de títulos respaldados por hipotecas (MBS) mencionado con anterioridad. En Estados Unidos, la deuda relacionada con las hipotecas en 2009 sumaba un total de nueve billones de dólares, tras crecer un asombroso 400 por ciento en quince años y llegar a representar más de una cuarta parte de la deuda del mercado de bonos estadounidense. Los ingresos generados mediante el pago de los intereses de esta deuda se han estimado en veinte mil millones de dólares al año entre 2001 y 2007.[240] Después de la crisis financiera de 2008, esta línea de negocio desapareció por completo. En todo el mundo, los tenedores de estos títulos respaldados por hipotecas asumieron grandes pérdidas, lo que llevó a una serie de crisis financieras en otros países a medida que los prestatarios que las tenían como garantía se mostraban incapaces de pagar su deuda. Los bancos habían extraído ganancias por «gestionar» y «alejar» el riesgo, pero sus propias actividades, de hecho, habían incrementado el riesgo durante el proceso.

Las permutas de impago crediticio (CDS, por sus siglas en inglés) son otro ejemplo. Originalmente, fueron un seguro frente a la posibilidad de que un prestatario no devolviera un crédito, pero las CDS se han convertido, en gran medida, en una manera de apostar sobre si alguien va a ser incapaz de devolver sus deudas. Pueden resultar útiles para aquellos cuya propia solvencia puede depender de la capacidad del prestatario para pagar. Pero su uso especulativo quedó literalmente al descubierto en el caso de las CDS «al descubierto», que tuvieron un importante papel en la difusión de los impagos de las deudas soberana y corporativa a ambos lados del Atlántico. Las CDS al descubierto se llaman así cuando el comprador de una permuta no tiene un interés especial en que la parte que pide el crédito sea capaz de devolverlo; de hecho, el comprador, para obtener sus ganancias, desea activamente que el deudor no pague. Es como firmar un seguro contra incendios para la casa del vecino y esperar que esta arda hasta los cimientos. Lejos de intentar mantener bajos los riesgos del prestamista (y de todo el sistema), el comprador de una permuta tiene todos los incentivos para ayudar a que el fuego prenda.

Sin embargo, aunque los prestamistas solo compren las CDS como una póliza de seguro, estas siguen siendo inherentemente peligrosas debido al riesgo sistémico, puesto que el riesgo de impago ya no está confinado a unos pocos prestatarios y se extiende a todos. En tiempos de crisis, los impagos presentan mucha correlación. La incapacidad de pagar una deuda provoca otras. Los bancos o las aseguradoras que emiten CDS acaban asegurando este riesgo sistémico con un coste enorme para ellos —e incontable para otros—, como descubrieron en 2007 y 2008. En 2010, debido al coste de rescatar a los bancos y a las recesiones económicas posteriores al cese de la concesión de crédito a las empresas, un buen número de países europeos experimentaron crisis de deuda soberana. Tuvieron dificultades para pagar sus deudas públicas y, para conseguirlo, tuvieron que recortar de manera severa la provisión de bienes y servicios públicos. Los mismos bancos que se habían beneficiado del rescate ahora se aprovechaban de los apuros de los gobiernos, al ganar alrededor de un 20 por ciento del total de los ingresos procedentes de los derivados de estas CDS al descubierto.

La intermediación financiera —el coste de los servicios financieros— es una forma de extracción de valor, cuya escala reside en la relación entre lo que cobran las finanzas y el riesgo que asumen realmente. Los cargos se denominan «coste de intermediación financiera». Pero, como hemos visto, si bien las finanzas han crecido y los riesgos, aparentemente, no han cambiado, el coste de intermediación financiera apenas ha caído, a excepción de algunos servicios web que siguen siendo secundarios en los flujos financieros globales. En otras palabras, el sector financiero no se ha vuelto más productivo. Otra manera de comprender este simple hecho consiste en medir el importe de las comisiones cobradas por los inversores institucionales y compararlas con el rendimiento de los fondos que gestionan. La ratio entre las dos cantidades puede interpretarse como una especie de grado de la extracción de valor: cuanto más alta es la comisión, menor es la ganancia del inversor y mayor el beneficio del gestor. De modo que las maneras en que los fabricantes y las empresas no financieras han utilizado su tamaño para mantener los costes y los precios bajos no parecen aplicarse a las finanzas. Un excelente estudio sobre este tema llega a la siguiente conclusión: «La industria de las finanzas de 1900 era tan capaz como la industria financiera de 2000 de producir bonos y acciones, y sin duda lo hacía de forma más barata».[241]

Abordemos ahora algunas de las partes principales del negocio de la gestión de fondos, una inmensa maquinaria de intermediación financiera, y veamos con más detalle las comisiones y los riesgos.

Millones de ahorradores invierten en fondos —normalmente, fondos mutuos o fondos de inversión—, ya sea directa o, con más frecuencia, indirectamente, por ejemplo mediante pensiones. El objetivo de cualquier gestor de fondos es producir una tasa de retorno para los fondos que supervisa. La referencia para esos rendimientos serán los mercados relevantes en los que invierte ese gestor de fondos, ya sea el mercado de valores estadounidense, el mercado de bonos europeo, las empresas mineras australianas, etcétera. Gestionar tu fondo para que rinda más que el retorno medio del mercado (o la referencia) se conoce como «gestión activa», o, más intencionadamente, «escoger ganadores». Lograr hacerlo mejor que la referencia, según se dice, es lograr «alfa» (un alfa del 1 por ciento significa que el retorno de la inversión en un periodo determinado es un 1 por ciento mejor que el retorno de mercado durante el mismo tiempo). La estrategia básica de gestión de la inversión alternativa se llama «pasiva». Por lo general, un fondo pasivo es un fondo de «índice» o «rastreador», en el que el administrador simplemente compra acciones en proporción al índice del mercado de valores y sigue su referencia.

Pero el rendimiento debe estar equilibrado con las comisiones. Pensemos en la inversión a largo plazo; por ejemplo, durante los cuarenta años de vida laboral de un empleado concreto. Una de las figuras más destacadas de la industria de la gestión de fondos estadounidense es John Bogle, fundador de Vanguard, un grupo de inversión indexada muy grande (no un inversor activo) que cobra comisiones bajas. Bogle estimó que el coste total para los fondos gestionados activamente era del 2,27 por ciento del valor del fondo. La cantidad puede no parecer excesiva, pero Bogle nunca se cansa de decir a los inversores de fondos: «No permitáis que la tiranía de los costes compuestos venza a la magia de los retornos compuestos».[242] De hecho, si asumes la estimación de Bogle de los costes de la gestión de fondos y también asumes un rendimiento anual del 7 por ciento, el retorno total para un ahorrador durante cuarenta años sería un 65 por ciento mayor sin los cargos. En dinero contante, la diferencia podría significar retirarse con 100.000 o con 165.000 dólares.[243] Es decir, un buen trato para el gestor de fondos y no tanto para el inversor.

Concedamos, por un momento, que la gestión activa y las comisiones asociadas tienen su papel. Aceptemos también el aumento del volumen de activos bajo gestión y la aplicación de las tecnologías de la información para valorar las inversiones, gestionarlas y comunicarse con los clientes, lo cual debería dar a la gestión del fondo beneficios de escala y eficiencia. ¿De cuánto pensamos que deberían ser esas comisiones? En una presentación a la Unidad de Gestión de Activos de la Comisión de Bolsa y Valores, que es el regulador estadounidense, Bogle presentó las siguientes estadísticas (figura 19):

FIGURA 19. Activos y cargos de los fondos mutuos estadounidenses en 1951 y 2015.

La llamativa, y quizá sorprendente, conclusión es que durante más de sesenta años, las ratios de gastos, incluso dentro de las propias empresas, no han bajado, sino que han subido, y de manera significativa. ¿Por qué ha sido así?

Los gestores de fondos tienen gran parte de la culpa. En primer lugar, la estrategia de los gestores de fondos basada en dividir y vencer forma parte de la explicación. Para favorecer la diversificación y proporcionar a los inversores muchas opciones en las estrategias de inversión, los gestores de fondos han multiplicado el número de fondos que gestionan. También han entregado el control de los fondos a gestores de carteras individuales que adoptan una visión de los retornos a más corto plazo que los comités de inversión de, por ejemplo, un grupo integral de gestión de fondos, que por lo general adopta un punto de vista más amplio. El resultado ha sido una inversión mucho más agresiva y un significativo aumento de la rotación de activos, pues los gestores compran y venden valores para intentar impulsar los rendimientos. Según Bogle, la rotación de las carteras ha aumentado desde un 30 por ciento, en la década de 1950, a un 140 por ciento en las últimas décadas.[244] Otra medida de la calidad de la gestión de activos es la volatilidad, esto es, el grado de incertidumbre o riesgo acerca de la magnitud de las fluctuaciones del valor de una acción. Así como ha aumentado la rotación, también lo ha hecho en el mismo periodo la volatilidad de fondos de manera significativa, desde el 0,84 hasta el 1,11.

En segundo lugar, hay costes de transacción. Una mayor rotación —al comprar y vender más acciones— mantiene las comisiones más altas de lo que podrían ser, lo que eleva los costes de transacción sin mejorar los beneficios de capital del inversor, dada la naturaleza de suma cero del mercado. De manera crucial para el inversor, las comisiones adicionales reducen los rendimientos al aumentar el coste de la gestión del dinero. Si bien los costes de transacción por intercambio han caído durante los últimos treinta años, la frecuencia de los intercambios también se ha incrementado de manera exponencial. Así pues, la cantidad total de las comisiones ha aumentado en la misma medida. Como señala Bogle:

Cuando en 1951 entré en este negocio, recién salido de la universidad, la rotación anual de los valores estadounidenses era de alrededor del 15 por ciento. Durante los quince años siguientes, la rotación fue de una media del 35 por ciento. Pero a finales de los años noventa, había crecido gradualmente hasta el rango del 100 por cien, y llegó al 150 por cien en 2005. En 2008, la rotación de valores subió al extraordinario nivel del 280 por ciento, descendiendo modestamente al 250 por ciento en 2011. Pensemos por un momento en los números que crean esas tasas. Cuando llegué a este campo hace sesenta años, los volúmenes de comercio bursátil eran de una media de dos millones de acciones al día. En años recientes hemos intercambiado ocho mil quinientos millones de acciones al día, 4.250 veces más. En términos anuales, el total está cerca de los dos billones de acciones; en dólares, estimo que el intercambio debe valer unos treinta y tres billones de dólares. Esa cifra, a su vez, representa el 220 por ciento de la capitalización de mercado de los valores estadounidenses, estimada en quince billones de dólares.[245]

Además, a menudo este inmenso comercio se produce entre gestores de fondos, lo cual lo convierte en un verdadero juego de suma cero dentro de la industria. La idea de un impuesto a las transacciones financieras (relacionada con la tasa Tobin, que debe su nombre a James Tobin, un economista ganador del Premio Nobel y temprano defensor de la idea) es reducir esta rotación y hacer que, mediante el aumento del coste de cada venta, los inversores mantengan sus valores durante más tiempo. Esta tasa satisface las condiciones para convertirse en un impuesto eficiente, puesto que desincentiva una práctica que impone costes improductivos; el mayor obstáculo para su introducción es que tendría que imponerse en todas las grandes bolsas, para impedir que el comercio se desplazara a las que decidieran no hacerlo.

Los fondos de alto riesgo representan, en muchos sentidos, una respuesta a las demandas procedentes del creciente número de individuos con un alto patrimonio neto, que piden mayores rendimientos de sus carteras. Como los vendedores de acciones más activos, los gestores de fondos de alto riesgo tienden a enorgullecerse de su capacidad para escoger valores a partir de su información privilegiada. Esta información puede obtenerse legalmente, como, por ejemplo, con una investigación detallada realizada por un equipo propio, aunque también puede obtenerse de manera ilegal. Una mejor información puede suponer retornos superiores, pero también resulta cara. En la medida en que se obtengan retornos superiores, el coste puede estar justificado. No obstante, deberíamos recordar que al final se trata de un juego que equilibra ganadores y perdedores, y que tiene poco valor social: las ganancias o los retornos por encima de la media que algunos inversores disfrutan se verán compensadas por las pérdidas o los retornos por debajo de la media que otros sufren.

Si bien es cierto que algunos fondos de alto riesgo han tenido mucho éxito, sus retornos medios han sido menos impresionantes. Alrededor de un 20 por ciento de los de alto riesgo fracasan cada año. Incluso cuando los rendimientos han sido altos, a menudo se debe tanto a sus apuestas idiosincrásicas como al genio inversor. Un ejemplo espectacular es el inversor estadounidense John Paulson, que ganó dos mil millones de dólares apostando en el periodo previo a la crisis financiera a que los precios de las viviendas en Estados Unidos se desplomarían. Desde entonces, sin embargo, a su empresa Paulson and Co. no le ha ido tan bien y algunos inversores han retirado sus fondos.

El rendimiento medio de la inversión de los fondos de alto riesgo contrasta mucho con su glamurosa imagen y —lo que es más importante para los inversores— sus elevadas comisiones. Durante muchos años, las comisiones habituales de los fondos de alto riesgo han sido conocidas como «2 y 20»: una comisión del 2 por ciento sobre el volumen de activos gestionados y un considerable 20 por ciento de los beneficios materializados y no materializados. Algunos fondos de alto riesgo se especializan en la negociación de alta frecuencia —comprar y vender activos muy rápido y en grandes volúmenes, a veces en fracciones de segundo, utilizando ordenadores especiales—, lo que aumenta los costes para los inversores. Todo esto suma un coste total anual del 3 por ciento.[246]

El mismo modelo de «2 y 20» se utiliza en el capital riesgo. Como los fondos de alto riesgo, el capital riesgo hace gala de una habilidad especial para escoger oportunidades rentables en empresas y tecnologías incipientes. En la práctica, suele entrar en juego después de que otros, especialmente cuando se trata de una investigación básica financiada con dinero de los contribuyentes, hayan asumido los mayores riesgos y la tecnología ya se haya probado.

Las firmas de capital de inversión constituyen un caso de estudio para entender cómo los gestores de fondos aumentan su probabilidad de conseguir beneficios. Las firmas de capital de inversión también cobran comisiones anuales de gestión de alrededor del 2 por ciento. Durante la vida de un fondo, de por ejemplo diez años, esta comisión representa un compromiso del 20 por ciento, lo que solo deja el 80 por ciento realmente libre para conseguir un retorno. De modo que los socios limitados, como los inversores, en fondos mutuos o en fondos de alto riesgo, empiezan teniendo que recuperar un coste implícito, lo cual es difícil de lograr. Es más, como reveló The New York Times en 2015, algunas empresas en las que invierten las firmas de capital de inversión acaban pagando comisiones a estas últimas durante años, aun después de que estas hayan salido a bolsa de nuevo.[247]

Además de las comisiones de gestión, los fondos de capital de inversión han encontrado muchas otras maneras de que les paguen para evitar depender del rendimiento real de las carteras. Entre ellas están abonarse a sí mismos comisiones (que se suman a las pagadas a los consultores, los banqueros de inversión, los abogados, los contables y gente parecida) por cualquier transacción realizada (la propia adquisición, la adquisición de otras empresas, la venta de divisiones y demás), retribuyéndose comisiones de supervisión como parte de su papel en los consejos de esas empresas, y otras comisiones por servicios. Todo sumado, les proporciona un componente fijo que supone alrededor de dos tercios de la compensación de los socios generales.[248]

El elemento final de la compensación de las firmas de capital de inversión consiste en una participación en beneficios, es decir, en la participación del gestor de inversión en los beneficios de una inversión por encima de la cantidad que el gestor comprometió con la sociedad. Durante muchos años, la práctica habitual del mercado ha sido que la participación en los beneficios sea del 20 por ciento de los generados más allá de una tasa crítica de rentabilidad acordada, es decir, el retorno de una inversión por debajo del cual una empresa no buscará una oportunidad o un proyecto de inversión. Este elemento de la compensación tiene el propósito específico de motivar a los socios generales para que cumplan, y las primeras ganancias de capital de inversión se gravan con unas tasas favorables. Pero en la práctica, las comisiones son tan altas que la cuantía de la participación en los beneficios solo representa alrededor de un tercio de la compensación de los socios generales.

Las firmas de capital de inversión también se protegen cargando de deuda a las empresas que adquieren, normalmente el 60-80 por ciento del coste de una adquisición. Pensemos en esto: si un gestor de inversión compra un activo que vale cien con un 30 por ciento en acciones y un 70 por ciento de deuda, el gestor de la inversión puede obtener un rendimiento del 100 por cien si la deuda se paga y el valor de la acción asciende a sesenta. Y sin embargo, las firmas de capital de inversión tienen de media solo el 2 por ciento del valor de los fondos que gestionan.

¿Qué reciben los inversores de capital de inversión a cambio de su dinero? Cuando las firmas de capital de inversión presentan sus resultados a los inversores, normalmente subrayan sus tasas de retorno internas —la tasa de retorno sobre el capital invertido (técnicamente, la tasa de descuento que hace que el valor actual neto de todos los flujos de caja, positivos y negativos, de una inversión sean igual a cero)—. Se puede creer, con razón, que todos los cobros y compensaciones podrían justificarse si produjeran retornos muy grandes. Y, de hecho, hay muchos estudios que afirman que las empresas de capital de inversión tienen retornos superiores en comparación con otras sociedades de inversión. La figura 20, que procede de un trabajo muy citado, parece mostrar que en los últimos años el capital de inversión ha rendido un 27 por ciento más (promedio y mediana para la década de 2000). Pero ese rendimiento debería ser contemplado durante el periodo de vida de un fondo, que es de diez años, de modo que en realidad representa un rendimiento superior de solo el 2,4 por ciento anual.

Para ser justos, esto sigue significando un mejor rendimiento en términos absolutos, pero, en la práctica, hay varios factores que lo niegan. El rendimiento se ha logrado mediante inversiones muy endeudadas que son relativamente ilíquidas (difíciles de vender). De hecho, los socios limitados exigen con frecuencia un rendimiento superior extra para asumir este riesgo adicional —una prima del orden del 3 por ciento— en reconocimiento de que, por lo demás, el mayor rendimiento del capital de inversión se compensa con su asunción de un riesgo mayor. Además, la base para la comparación de la figura 20, el índice Standard & Poor’s (S&P) 500, es menos relevante que un índice de empresas pequeñas y medianas en Estados Unidos como el Russell 2000 o 3000. En relación con estos índices, el rendimiento superior es significativamente menor, de alrededor del 1-1,5 por ciento.

FIGURA 20. Rendimientos de los fondos de adquisición frente al S&P 500.[249]

En resumen, una vez los retornos declarados por el capital de inversión se ajustan al riesgo y se comparan con las referencias adecuadas, se vuelve mucho más difícil justificar sus elevadas tarifas.

La industria de la gestión de fondos sostiene, naturalmente, que los retornos que pueden obtener —buscando «alfa»— para sus clientes justifican las comisiones que cobra. En un influyente artículo,[250] Joanne Hill, una socia de Goldman Sachs, identifica las condiciones en las que intentar conseguir el alfa no tiene por qué representar un juego de suma cero, mostrando de manera conveniente que las operaciones por cuenta propia de los bancos de inversión pueden tener algún valor social y económico. Pero estas condiciones incluyen la asunción de que el mercado se divide entre agentes con horizontes a corto y a largo plazo, que persiguen el alfa en distintos periodos temporales y lo miden en relación con distintas referencias. Sin esta separación artificial, alfa es, de hecho, una suma cero, y se convierte en un juego de suma negativa cuando los gestores activos deducen las comisiones adicionales que deben cobrar por seleccionar las acciones en vez de, simplemente, comprarlas en proporción al índice relevante.

CONCLUSIONES

La gestión de activos ha crecido hasta convertirse en una de las características definitorias del capitalismo moderno. Cuando menos, la gestión financiera debe su influencia a su mera escala y a su importancia central en la seguridad financiera de muchos millones de hombres y mujeres. Sin embargo, tan significativo como esto es que muchas de sus actividades extraen valor en vez de crearlo. Los mercados financieros simplemente distribuyen los ingresos generados por actividades que se desarrollan en otros lugares y no añaden nada a esos ingresos. Perseguir el alfa —seleccionar y sobreponderar o infraponderar las acciones para superar un índice— constituye, en esencia, un juego que producirá tantos perdedores como ganadores. Por esta razón, los fondos gestionados activamente con frecuencia no logran mejorar los rendimientos de los fondos pasivos. En gran medida, la gestión de los fondos es un enorme ejercicio de captura de rentas, de una clase que habría causado perplejidad entre los economistas clásicos.

La reforma no es imposible. La regulación financiera puede utilizarse para recompensar la inversión a largo plazo y también para ayudar a dirigir las finanzas hacia la economía real, y no solo a mantenerse a sí mismas. De hecho, el objetivo de la tasa a las transacciones financieras —que todavía está por implementarse— consiste, precisamente, en recompensar las inversiones a largo plazo en vez de los intercambios rápidos de un milisegundo.

Además, las comisiones que ganan los gestores de activos deberían reflejar la creación de valor real, no la habitual estrategia de «comprar, descubrir, tirar» en los fondos de capital de inversión, o el modelo de comisiones «2 y 20» tan común en el capital de inversión, el capital riesgo y los fondos de alto riesgo. Si las comisiones reflejaran con más precisión los riesgos asumidos (o no asumidos, como las grandes inversiones financiadas por los contribuyentes que con frecuencia son anteriores a la entrada del capital riesgo), el porcentaje de los beneficios materializados y no materializados retenidos sería menor del acostumbrado 20 por ciento. No se trata de que los actores financieros no ganen dinero, o de que no creen valor, sino de que el esfuerzo colectivo implicado en el mecanismo de creación de valor se refleje en una participación más equitativa de las recompensas. Esto está vinculado con la idea de Keynes de la «socialización de la inversión». Él sostuvo que la economía podía crecer y estabilizarse mejor, y, por lo tanto, garantizar el pleno empleo si la cantidad y la calidad de la inversión pública se incrementaba. Con ello se refería a que la financiación de la inversión en infraestructuras e innovación (el desarrollo del capital) debía ser llevada a cabo por instituciones públicas, bancos públicos o cooperativas que recibieran fondos públicos directos, y dirigirse al crecimiento a medio y largo plazo y no a los retornos a corto plazo.

Pero la captura de rentas no se limita al sector financiero. Ha prevalecido también en las industrias no financieras mediante la presión que la rentabilidad del sector financiero, exagerada por el poder de monopolio y las garantías públicas implícitas, ejerce en la dirección corporativa de las empresas no financieras. Si los inversores pueden esperar un determinado retorno al poner su dinero en un fondo, propagando los riesgos a lo largo y ancho de una amplia gama de instrumentos destinados a hacer dinero, solo colocarán los mismos fondos en un proyecto industrial que ofrezca unos retornos mucho más altos. El retorno de una inversión en el sector financiero establece un mínimo para el retorno en una inversión fija «real», una base que sube a medida que las operaciones financieras se vuelven más rentables. Las empresas no financieras que no pueden superar el retorno de los inversores financieros se ven obligadas a unirse a ellos, «financiarizando» sus actividades de producción y distribución.

6

LA FINANCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA REAL

A primera vista, el valor para el accionista es la idea más estúpida del mundo.

JACK WELCH, antiguo consejero delegado

de General Electric, 2009[251]

El extraordinario crecimiento de las finanzas, que en los últimos treinta años se han convertido en un coloso, no se ha limitado al sector financiero; también se ha extendido a empresas de la economía general, como las dedicadas a la manufactura y a los servicios no financieros. En algunos aspectos, la financiarización de la economía real representa un fenómeno aún más extraordinario que la expansión del propio sector financiero, y es un acontecimiento social, político y económico central de los tiempos modernos.

Para analizar este fenómeno, me centraré principalmente en Estados Unidos y en Reino Unido, donde la financiarización tiende a estar más avanzada. Como hemos visto, empresas como las que se dedican a la manufactura y a los servicios no financieros con frecuencia han sido clasificadas como el «sector productivo», esto es, el que crea valor de manera inequívoca, mientras que las finanzas a menudo constituyen el coste de hacer negocios y contribuyen a la creación de valor en lugar de crearlo por sí mismas. De manera más general, al sector productivo se lo suele denominar «la economía real».

Es una obviedad decir que la empresa moderna supone una de las fuerzas más importantes de la economía. En 2015, las quinientas empresas cotizadas más grandes de Estados Unidos (que cotizan en bolsa) emplearon a casi veinticinco millones de personas en todo el mundo y generaron unos ingresos de más de nueve billones de dólares. En el mismo año, las quinientas empresas británicas más grandes que cotizan en bolsa tuvieron más de ocho millones de empleados y su facturación total anual fue de más de 1,5 billones de libras.[252] Es más, muchas de las mayores empresas que se hallan a la vanguardia de la innovación en economía cotizan en bolsa; a eso hay que añadir muchas compañías que no lo hacen, pero que están controladas por propietarios de mentalidad financiera, como el capital de inversión o el capital riesgo. Las decisiones que adoptan esas empresas, especialmente la asignación de capital, son críticas para la creación de valor.

Por esa razón es tan importante comprender el inmenso alcance de la financiarización del sector productivo. En la década del 2000, por ejemplo, la división estadounidense de Ford ganó más dinero vendiendo préstamos para coches que vendiendo los propios coches. Ford aceleró la transición de los vehículos de producto físico a mercancía financiera al liderar el Plan de Contrato Personal (PCP), que permitía que un «comprador» pagara unos plazos mensuales que solo cubrían la depreciación esperada y después de dos o tres años pasara a un nuevo modelo en lugar de pagar el resto (dando así como resultado una cantidad prestada más elevada que el precio del nuevo coche). Adoptado por la mayoría de los fabricantes de vehículos, y con el mérito adicional de poder agruparse en titularizaciones y ser revendidos en los mercados financieros, los PCP llevaron las ventas a niveles récord, alarmando solo a los reguladores, que se preguntaban qué pasaría si (como ocurrió en 2008 en el caso de las viviendas) los clientes sin fondos dejaran los coches y devolvieran las llaves. En el mismo periodo, GE Capital, la división financiera del enorme grupo General Electric (GE), obtuvo alrededor de la mitad de las ganancias de todo el grupo.[253] Empresas como Ford y GE contribuyeron enormemente al acusado aumento del valor de los activos financieros en relación con el PIB estadounidense en el cuarto de siglo posterior a 1980.

Prestar dinero a los clientes para que se compren tus coches no significa necesariamente que estés extrayendo valor en la misma medida que abordamos en el capítulo anterior, aunque, como veremos, la financiarización, en términos más generales, puede afectar profundamente a la manera en que se comportan las empresas. La prueba más evidente de cómo el valor financiero puede perjudicar al valor de la economía real puede verse en la práctica generalizada de recomprar acciones llevada a cabo por las empresas cotizadas en Estados Unidos y Reino Unido.

EL EFECTO INESPERADO DE LA RECOMPRA

La recompra de acciones implica una forma de transferir dinero de una corporación a sus accionistas, ya que la empresa compra algunas de sus propias acciones a los actuales accionistas. Como una mera cuestión de finanzas y economía, estas transacciones son como dinero pagado en forma de dividendos: la empresa paga la misma cantidad que reciben los accionistas. La única diferencia es que, mientras los dividendos se pagan por igual a todos los accionistas, las recompras solo dan dinero a quienes quieren vender; y, lo que es más, las recompras evitan las penalizaciones fiscales sobre los dividendos que los gobiernos imponen para que se reinviertan más beneficios.

Sin embargo, el cambio de los dividendos a la recompra puede suponer una gran diferencia en la paga de los ejecutivos, porque (a diferencia de los dividendos) las recompras reducen el número de acciones. Esto aumenta de forma automática los beneficios por acción (BPA), que representa una de las medidas clave del éxito empresarial. Las recompras normalmente aumentan el ritmo de crecimiento de los BPA, lo que con frecuencia se utiliza para determinar lo exorbitantes que serán las recompensas de los ejecutivos sénior. De modo que los jefes prefieren las recompras a los dividendos. Se han tomado dos medidas básicamente equivalentes para divergir, a menos que los contables ajusten el recuento de acciones para asegurarse de que las transacciones idénticas tienen el mismo efecto en los resultados declarados, aunque es poco probable que los jefes los animen a estandarizar sus medidas de recompensas corporativas.[254]

Los accionistas también parecen impresionados por los BPA y prefieren no darse cuenta de que las recompras eliminan el mismo dinero que los dividendos de los fondos disponibles para la inversión. También parecen ignorar el hecho de que las empresas son más proclives a recomprar cuando el precio es alto que cuando el precio es bajo,[255] a pesar de la ineficiencia que supone operar en ese momento del mercado.

En todo caso, las cifras son impresionantes. En 2014, el economista estadounidense William Lazonick registró la escala de la recompra de acciones en las empresas estadounidenses más importantes en los años precedentes.[256] Entre 2003 y 2012, 449 empresas pertenecientes al índice S&P 500 utilizaron 2,4 billones de dólares en recompras de sus propias acciones, sobre todo mediante compras en el mercado abierto. Esa suma constituía el 54 por ciento de sus ganancias colectivas, más los dividendos, que representaban otro 37 por ciento, y solo un 9 por ciento de los beneficios, que quedaron disponibles para inversión de capital. En el mismo periodo, en Estados Unidos los diez mayores recompradores emplearon la asombrosa cantidad de 859.000 millones de dólares en la recompra de acciones, equivalentes a un 68 por ciento de sus ingresos netos sumados. Como ilustra la figura 21, siete de esas compañías comprometieron más del 100 por cien de sus ingresos netos en recompras y dividendos.

Hasta no hace mucho, pocos inversores parecían comprender la escala de esos desembolsos. Si los accionistas a menudo utilizan los dividendos regulares como una fuente de ingresos —razón por la cual se enfadan cuando los reducen—, las recompras, por otro lado, con frecuencia se consideran pagos especiales. Esto ignora su estatus de elección activa, que implica no invertir en crear valor a largo plazo. Finalmente, algunos inversores están despertando. En marzo de 2014, Larry Fink, el consejero delegado de Blackrock, uno de los mayores inversores institucionales del mundo, escribió a los consejeros delegados de las empresas del S&P 500 acerca de las excesivas distribuciones de beneficios. Observando que demasiadas empresas «han recortado el gasto de inversión e incluso han aumentado la deuda para hacer crecer los dividendos y aumentar las recompras de acciones», Fink afirmó que si bien «devolver dinero a los accionistas debería ser parte de una estrategia de capital equilibrada», esa práctica podía «cuando se hace por las razones equivocadas y a expensas de la inversión de capital […] poner en peligro la capacidad de una empresa para generar retornos sostenibles a largo plazo».[257]

Sin embargo, el mensaje de Fink no tuvo mucha repercusión en los inversores. La ratio entre las recompras y los dividendos y las ganancias declaradas apenas ha disminuido. Como los accionistas han establecido una rentabilidad requerida sobre los fondos reinvertidos que pocos gestores se sienten capaces de cumplir, en lugar de sus exigencias se han acostumbrado a un flujo regular de fondos pagados.

FIGURA 21. Los diez mayores recompradores de acciones en Estados Unidos (2004-2012), ordenados por el valor absoluto de la recompra de acciones.[258]

MAXIMIZANDO EL VALOR PARA EL ACCIONISTA

Las recompras de acciones aumentan los pagos a los ejecutivos. Para defender la idea de que el pago por incentivos alinea de nuevo los intereses de los ejecutivos y de los accionistas, con frecuencia se afirma que las recompras de acciones maximizan el valor para el accionista (MVA) y, por lo tanto, mejoran la eficiencia de las empresas.[259] Las técnicas financieras, según se afirma, constituyen una forma legítima para que los gestores mejoren la productividad y, por lo tanto, beneficien a los trabajadores y los clientes, además de a los accionistas. Si una empresa puede conseguir un retorno más elevado en un momento dado poniendo a trabajar financieramente el capital y no, directamente, vendiendo coches o software, está comportándose de manera racional y teniendo en cuenta los intereses de la empresa. La opción de elegir entre un uso financiero o productivo del capital ayuda a que el negocio (supuestamente) central de los coches y el software se mantenga alerta, porque tiene que producir retornos que compitan con las alternativas financieras. Por extensión, se sostiene que facilitar que los clientes obtengan crédito, en especial para comprar tus propios productos, es un servicio a la gente común. Algo hay de verdad en ello, pero no demasiado. ¿De dónde proceden esas ideas? ¿Tienen validez?

En la década de 1970, a medida que la crisis económica y el estancamiento de esos años empezaron a afectar al rendimiento y a la rentabilidad del sector empresarial, la insatisfacción de los accionistas hizo que los retornos de estos se convirtieran en el principal objetivo de las empresas. En 1970, Milton Friedman publicó en The New York Times Magazine, un artículo que se convirtió en el texto fundamental del movimiento del valor para el accionista y, en muchos sentidos, de la gestión corporativa en general. Titulado «La responsabilidad social de las empresas es aumentar sus beneficios», el artículo de Friedman avanzaba la idea de que el rendimiento económico de Estados Unidos se hallaba en declive porque un principio cardinal de la economía ortodoxa —que las empresas maximizan sus beneficios— estaba siendo incumplido. Ya no había penalizaciones para los gestores que no conseguían maximizar los beneficios. Los accionistas no podían imponer esa sanción porque se encontraban demasiado dispersos y poco coordinados, y los mercados no podían hacerlo porque las empresas cotizadas tenían poder de monopolio, y si sus costes y precios aumentaban no eran atacadas por los nuevos competidores. Algunos economistas de la década de 1960 habían considerado que el «gestionalismo» era un bien potencial para la sociedad si los jefes permitían que los beneficios se redujeran a causa del pago de mejores salarios a los empleados, el cumplimiento de unos estándares medioambientales o de salud y seguridad más altos y una mayor inversión en nuevos productos. Friedman reinició el debate sugiriendo que era más probable que los jefes sacrificaran los beneficios en aras de sus cuentas de gastos y lujosas formas de vida, y que incluso dejar que los costes aumentaran como fruto de la «responsabilidad social corporativa» estaba esencialmente mal. El artículo dio pie a una literatura académica que sería conocida como «teoría de la agencia».

La idea de Friedman fue desarrollada por Michael Jensen, formado en la Universidad de Chicago, quien se había empapado de las ideas del «libre mercado». En 1976, Jensen, entonces profesor en la Universidad de Rochester, escribió un artículo académico con el decano de la escuela de negocios de Rocherster, William Meckling (quien, como Jensen, fue alumno de Friedman en Chicago) sobre cómo implementar la idea de Friedman. Se llamó «teoría de la empresa: comportamiento gerencial, costes de agencia y estructura de la propiedad». El argumento clave era que no existían unos mercados financieros o mercados de productos competitivos que fueran capaces de disciplinar a los gestores (los agentes), puesto que estos podían asignar mal los recursos o realizar gastos innecesarios sin incurrir en pérdidas o poner en peligro sus trabajos, de modo que a los inversores (los principales) les resultaba difícil hacer que rindieran cuentas. La única manera de hacerlo era fortaleciendo el «mercado», que era lo bastante neutral y objetivo para asegurar que la empresa prosperara. El resultado fue un cuerpo teórico que sostenía que la única manera de que las empresas estuvieran bien dirigidas era maximizando el «valor para el accionista». De esta manera, los inversores harían, de manera indirecta, que los gestores rindieran cuentas.

En las décadas posteriores se creó todo un aparato intelectual alrededor de la «maximización del valor para el accionista», con nuevas formulaciones en los estudios de derecho, economía y empresas. Se convirtió en el punto de vista dominante en las principales escuelas de negocios y departamentos de economía. Maximizar el valor para el accionista se volvió el principal objetivo de las empresas, como se refleja en el precio de sus acciones.

Sin embargo, lejos de ser un faro para la gestión corporativa, la maximización del valor para el accionista se convirtió en el catalizador de una serie de tendencias que se reforzaron mutuamente, y que fomentaban la visión a corto plazo, mientras minimizaban la de largo plazo, y una interpretación más amplia de a quién debía beneficiar la empresa. En nombre de la maximización del valor para el accionista, los gestores buscaron beneficios donde pudieron, alimentando directamente la globalización y la externalización de la producción a lugares como China o México. Se perdieron trabajos y muchas comunidades quebraron. Mientras tanto, las presiones externas añadidas sobre la gestión corporativa hicieron poco por mejorar su calidad. Los graduados de las mejores escuelas de negocios, en lugar de convertirse en gestores debidamente formados con dominio de un sector, capaces de tomar decisiones sobre qué producir y cómo producirlo, preferían ir a Wall Street. Si en 1965 solo un 11 por ciento de quienes obtenían un MBA en la Harvard Business School acababa trabajando en el sector financiero, en 1985 la cifra había alcanzado el 41 por ciento, y desde entonces no ha parado de subir.

La figura 22 muestra el crecimiento de la influencia del capital de inversión —una de las manifestaciones más agresivas de la maximización del valor para el accionista— en Estados Unidos durante los primeros quince años del siglo XXI. Los argumentos de Friedman, Jensen y Meckling sugerían que el valor para el accionista iba a perderse. De modo que una nueva clase de inversor que pudiera capturar este valor que se fugaba sería instantáneamente recompensado a través de mayores dividendos o ganancias en el precio de las acciones. Los fondos de capital de inversión y las sociedades de adquisición lideraron el grupo de los nuevos inversores, hambrientos de valor, que asaltaron entonces las bolsas del mundo.

FIGURA 22. Empresas respaldadas por capital de inversión como porcentaje de todas las empresas de Estados Unidos (por tamaño de la empresa).[260]

El capital de inversión es la maximización del valor para el accionista con turbopropulsión. Muchas de las empresas en las que invierte el capital de inversión no son de carácter financiero; a menudo, de hecho, pueden pertenecer al lado productivo del límite de producción. Pero mientras los inversores institucionales tradicionales se suelen conformar con «comprar y mantener», y esperar las ganancias del precio de las acciones —que se obtenían mediante la reinversión de los beneficios en lugar de su pago—, el capital de inversión persigue la compra y la reventa a un precio superior al cabo de unos pocos años. Esto significa que a muchas empresas que son propiedad de fondos de capital de inversión se les empuja a adoptar una perspectiva mucho más a corto plazo de lo que habrían hecho en otro caso, que supone exactamente lo contrario del «capital paciente» y de aumentar la productividad para beneficiar a largo plazo a la sociedad. Si la influencia del capital de inversión en la economía productiva parece exagerada, tengamos esto en cuenta: Blackstone, una de las mayores empresas de capital de inversión, tiene en su cartera más de setenta y siete empresas, que juntas generan 64.000 millones de dólares de ingresos anuales sumados y emplean a más de 514.000 personas en el mundo.[261]

La historia reciente de las industrias de las residencias para ancianos y el agua en Reino Unido muestra cómo el capital de inversión puede cambiar un negocio, y no necesariamente para mejor. Hasta mediados de la década de 1990, las residencias para ancianos del país eran propiedad o bien de pequeñas empresas familiares o de las autoridades locales.[262] Hoy en día, gracias a una combinación de razones políticas y financieras, muchas residencias que pertenecían a las autoridades locales han cerrado. Una nueva clase de operador financiero ha entrado en el mercado, siguiendo en gran medida el modelo del capital de inversión, con frecuencia «vendiendo» muchas de sus propiedades a las autoridades locales pero también generando beneficios privados. En 2015, las cinco mayores cadenas de residencias para ancianos en Reino Unido controlaban alrededor de una quinta parte del número total de camas de residencias. Estos operadores se vieron atraídos por flujos de caja estables, parte de los cuales procedían de las autoridades locales, y por oportunidades para la ingeniería financiera: deuda barata, propiedades que podían venderse y volver a alquilarse, exenciones fiscales sobre el pago de los intereses de la deuda y participación de beneficios, y —en última instancia— residentes frágiles y vulnerables a los que el Estado tendría que cuidar si la empresa quebraba. Las estructuras corporativas de algunos propietarios de residencias se volvieron excesivamente complejas y muchas veces se hallaban ocultas en paraísos fiscales, mientras que los pagos de impuestos corporativos eran bajos o nulos. Puesto que las autoridades locales aún financiaban muchas de las sedes de las residencias y las enfermeras empleadas en ellas habían sido formadas por el Estado, las estructuras corporativas opacas y los pagos de impuestos mínimos no son, ni de lejos, la manera de proveer un servicio público esencial.

Four Seasons Health Care muestra muchas de estas características. La empresa es propietaria de la mayor cadena de residencias para ancianos de Reino Unido, con veintitrés mil camas en 2015. Pero solo era una pequeña cadena escocesa antes de que Alchemy Partners, una firma de capital de inversión, la comprara en 1999. Tras ampliar la empresa, en 2004 Alchemy la vendió a Allianz Capital Partners, otra firma de capital de inversión, que dos años más tarde la vendió a Three Delta, también una firma de capital de inversión. En 2008, mientras se pasaban la pelota, la deuda externa de la empresa se había disparado hasta los mil quinientos millones de libras, con una carga de intereses anual de más de cien millones de libras, lo que suponía unas cien libras a la semana por cama, algo insostenible. En 2012, la empresa fue comprada por Terra Firma —y sí, lo has adivinado, es una firma de capital de inversión—, controlada por Guy Hands, un conocido financiero británico que se había fogueado en Goldman Sachs. A pesar de una reestructuración financiera que implicó pérdidas para los accionistas, los tenedores de bonos y los bancos, antes de que Terra Firma adquiriera el negocio, en 2014 Four Seasons estaba perdiendo dinero, y una pérdida antes de impuestos, de 70,1 millones de libras, se convirtió en 2015 en una de 264 millones.[263] Al menos parte de la culpa era del coste del pago de la deuda. La empresa culpó a las autoridades locales por congelar la cantidad que pagaban por los residentes, aunque las propias autoridades estaban sufriendo fuertes recortes presupuestarios impuestos por el programa de austeridad dirigido por el Gobierno conservador. La Comisión de Calidad Asistencial, el órgano gubernamental que revisa las condiciones de las residencias, que estaba lo suficientemente preocupado por la salud empresarial de Four Seasons, en cierto momento llegó a embargar veintiocho residencias de Four Seasons, lo que significaba que no podían aceptar nuevos residentes.

Pueden observarse patrones similares en la industria del agua en Inglaterra y Gales, que fue privatizada en 1989.[264] Antes de esa fecha, las diez empresas de aguas y alcantarillado cotizaban en la Bolsa de Valores de Londres como parte de la, entonces, política gubernamental consistente en crear una «democracia de accionistas». Hoy en día, solo dos siguen cotizando. Varios conglomerados de infraestructuras asiáticos son propietarios de tres empresas; otra es una compañía mutua (Welsh Water, o Dŵr Cymru); y varias empresas de capital de inversión poseen cuatro: Anglian Water, Thames Water (la empresa de aguas más grande de Reino Unido), Southern Water y Yorkshire Water.

Como en el caso de las residencias para ancianos, en las empresas de aguas la ratio entre la deuda y los activos ha aumentado drásticamente, un rasgo típico de las compañías que son propiedad de las firmas de capital de inversión, como hemos visto en el capítulo anterior. Entre 2003 y 2013 la deuda neta media aumentó un 74 por ciento, mientras que los activos cayeron un 73 por ciento en nueve de las empresas: Anglian, Thames, Northumbrian, Severn Trent, Southern, South West, United Utilities, Wessex y Yorkshire. Las empresas con la deuda neta más elevada —alrededor del 80 por ciento del capital o más— eran propiedad de firmas de capital de inversión. Los pagos netos de intereses de nueve de las compañías de aguas inglesas pasaron de 288 millones de libras en 1993 a la descomunal cifra de dos mil millones en 2012. Resulta interesante que la empresa con el menor apalancamiento (la ratio deuda/activos) y la mejor calificación crediticia fuera Welsh Water, que es una mutualidad. Las cuatro empresas con los mayores apalancamientos y las peores calificaciones crediticias eran todas propiedad de firmas de capital de inversión.

De la misma manera que los grupos de residencias para ancianos, las estructuras de propiedad de las empresas de agua a menudo son opacas. La combinación de estructuras corporativas en la sombra y una compleja ingeniería financiera podría explicar perfectamente los grandes pagos que reciben los propietarios de las empresas de agua. Entre 2009 y 2013, Anglian, Thames, United Utilities, Wessex y Yorkshire pagaron más en dividendos de lo que ganaron en beneficios después de impuestos. Los directores vieron aumentar su participación en los ingresos de las empresas del 13,18 por ciento, en 1993, al 20,52 por ciento en 2013. Durante el mismo periodo, la parte de los ingresos de las empresas de aguas destinada a salarios y compensaciones cayó del 15,37 al 10,22 por ciento; en otras palabras, la pérdida de los trabajadores pareció ser diametralmente opuesta a la ganancia de los propietarios. Si bien es cierto que, desde su privatización, las empresas de aguas han invertido más de cien mil millones de libras en infraestructuras de aguas y alcantarillados en el país, la financiarización de la industria no se preveía en 1989, y ni los controles de precios ni los límites al rendimiento del capital que la Autoridad Reguladora de los Servicios de Aguas (Ofwat), el regulador económico de la industria, impuso a las empresas parecen haber impedido lo que en apariencia representa una extracción de valor.

Aunque los casos de las residencias de ancianos y el agua en Reino Unido no constituyen un argumento definitivo contra el capital de inversión o la financiarización, ilustran cómo la ingeniería financiera en servicios sociales esenciales puede cambiar la naturaleza de una industria. Y, al menos, es discutible que la propiedad opaca y la financiarización excesiva que caracterizan a estas empresas que son propiedad de firmas de capital de inversión sirvan más a sus clientes que a sus propietarios.

LA RETIRADA DEL CAPITAL «PACIENTE»

La teoría de la agencia y la maximización del valor para el accionista son, pues, conceptos esencialmente claros. El objetivo de la empresa consiste en devolver a sus accionistas tanto valor como sea posible —los propietarios de los activos de la compañía—. Sobre todo en las empresas cotizadas, el accionista es ajeno a la gestión del negocio, a pesar de que, legalmente, sea un propietario; son gestores profesionales quienes lo dirigen. He aquí el punto crucial de la teoría de la agencia: los agentes (gestores) son responsables por ley ante los principales (los accionistas). Pero, en relación con los gestores, los accionistas están en desventaja: tienen menos información sobre el negocio; ellos son muchos, mientras que los gestores son pocos; y son los últimos en la cola de las recompensas, solo después de los gestores, los trabajadores, los proveedores, los tenedores de deuda y los arrendadores. Únicamente ven un retorno por su inversión cuando ya se ha pagado a los demás beneficiarios. Los accionistas son los demandantes «residuales», puesto que se asume que son los únicos actores que no tienen un retorno garantizado por su contribución al negocio. Está justificado que reclamen para sí el retorno que la compañía genera por encima de los costes asociados con otras partes interesadas de la empresa.[265]

Para una compañía cotizada, maximizar el valor para el accionista es, en realidad, lo mismo que maximizar el valor de la inversión de capital de los accionistas, según queda plasmado en el precio de la acción. Lo mismo ocurre, a efectos prácticos, en las empresas privadas: los propietarios —ya sean una familia, capital de inversión o capital riesgo— las valorarán en función de lo que esperen obtener con su venta o su cotización en bolsa. Dicho valor será determinado en gran medida por el que tienen las empresas públicas similares, según indique el precio de sus acciones.

Los orígenes de la maximización del valor para el accionista con frecuencia se remontan a la «teoría de la cartera de la empresa», una explicación generalizada del desarrollo de los grandes conglomerados industriales en las décadas de 1950 y 1960. La teoría de la cartera de la empresa sostenía que estas últimas —como los demás inversores— podían distribuir sus riesgos mediante la posesión de activos en diversas industrias. Asumía que las corporaciones solo eran una serie de flujos de caja que generaban activos y que los gestores profesionales, que se estaban convirtiendo en los héroes del capitalismo moderno, eran capaces de dirigir cualquier clase de industria con la misma habilidad. Las escuelas de negocios pretendían formar a gestores con ese preciso objetivo en mente. Quizá el epítome de los conglomerados de la época fue la Transamerica Corporation, que en un momento dado contó entre sus crecientes intereses con el Bank of America, el estudio cinematográfico United Artists, Transamerica Airlines, Budget Rent a Car y varias operaciones aseguradoras.

Los defensores de la maximización del valor para el accionista sostenían que los conglomerados estaban «destruyendo» valor, porque los gestores (por competentes que fueran y bien formados que estuvieran) no podían ser expertos en obtener el mayor rendimiento de operaciones tan distintas. Era más apropiado dejar la diversificación a los accionistas y que los jefes de cada empresa «se dedicaran a lo suyo» y no se aventuraran más allá de su reducido ámbito de conocimientos. La ineficiencia de los conglomerados podía demostrarse en la práctica si las partes que los formaban, separadas y constituidas por separado, podían conseguir un precio total por acción más elevado que el conjunto reunido. Cierta o no, la suposición sobre la profesionalidad de los gestores no solventaba el problema de que tal vez estos no siempre actuaran de acuerdo con los intereses de los accionistas. Cuando Estados Unidos y otras economías occidentales se ralentizaron en la década de 1970, Friedman y otros teóricos de la agencia afirmaron que, como los principales y los agentes estaban motivados por el interés personal, los conflictos inevitables podían resolverse mejor dando al propietario último, el accionista, el mayor interés. Las ideas más extendidas se volvieron del revés y los conglomerados fueron divididos, un paso que también quedaba justificado porque se consideraba que las corporaciones solo eran una serie de flujos de caja., Según razonaron los teóricos de la agencia, los intereses de los gestores y los accionistas debían estar «alineados»: si se pagaba a los gestores con acciones de la empresa u opciones sobre esas acciones, decía el argumento, estarían motivados para maximizar el interés de todos los accionistas.

Otro grupo de personas compartía el interés de los gestores en la captura de rentas: los gestores de activos, una fuerza impulsora detrás de la moda de dividir conglomerados para extraer un mayor valor para los accionistas. Económica y socialmente, los gestores de activos se parecían más a los gestores corporativos que a los clientes reales, los lejanos y probablemente mal informados miembros de los fondos de pensiones o los tenedores de pólizas de seguros de vida. La maximización del valor para el accionista ofrecía a los gestores de activos la oportunidad de enriquecerse junto con los gestores de las empresas en las que invertían el dinero de sus clientes. Los gestores de activos se convirtieron en los principales tenedores de acciones cotizadas, el accionista «residual» que, al menos en teoría, actuaba en favor de los demás. Sus demandas a la corporación cotizada y, más tarde —por medio del capital de inversión—, a la corporación privada afectarían profundamente al comportamiento de la economía productiva.

Como hemos visto en el capítulo anterior, los gestores de fondos han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del capitalismo contemporáneo. En teoría, los tenedores de acciones —en buena medida, los accionistas institucionales— controlan el rendimiento corporativo, es decir, actúan como guardianes; en términos generales, resuelven el problema del agente-principal y, en particular, supervisan la manera en que las corporaciones usan y asignan su capital. Su papel debería conducir a una mejor distribución de los recursos productivos y a un mejor uso de los recursos ya empleados; por ejemplo, al recurrir a la teoría de la agencia se ha establecido un vínculo positivo entre la propiedad institucional y la innovación.[266] Pero muchas veces estas valoraciones parecen ignorar el panorama general. No es una coincidencia que el argumento en favor del activismo y la supervisión de los accionistas suela ir acompañado de un deterioro palpable del Gobierno corporativo: véanse la sucesión de escándalos corporativos como los de Enron y WorldCom en Estados Unidos, Sports Direct en Reino Unido, y el caso de Volkswagen, que falseó las emisiones de los motores diésel.

Los accionistas no son los únicos guardianes. También están, entre otros, los auditores, las agencias de calificación, los reguladores del Gobierno, los medios de comunicación y los analistas de acciones —especialistas que valoran compañías para los inversores—. La causa de muchos de los escándalos corporativos de los últimos años, dice el argumento habitual, es el fracaso de esos guardianes a la hora de hacer su trabajo. En lugar de comportarse como observadores críticos de las empresas, los analistas de acciones se han convertido en sus animadores, y, en gran medida, no supieron ver que los bancos se dirigían al desastre. Los auditores independientes y las agencias de calificación se transformaron en socios empresariales de las compañías que debían supervisar, en lugar de proteger los intereses de los inversores y de la comunidad en general. Los gobiernos se pasaron a una regulación de las finanzas «ligera», con frecuencia presionados por la industria. Los medios de comunicación tardaron en advertir los escándalos y hacerlos públicos. Los directores corporativos —que, no lo olvidemos, en Reino Unido tienen la responsabilidad legal de actuar en favor de los intereses de los accionistas— solo supusieron un contrapeso limitado a las extralimitaciones de los gestores.[267] No hay duda de que el incentivo para generar comisiones —por asesorar, analizar y auditar a las empresas, por ejemplo— dio pie a conspiraciones y conflictos de interés entre los guardianes y las corporaciones cotizadas, que a su vez llevaron a errores de dirección.

Pero la incapacidad de los guardianes para cumplir con su responsabilidad también debe mucho al marco mental de la maximización del valor para el accionista con el que percibieron el papel fundamental de la corporación cotizada. Y los actores clave en la economía, cuyos intereses estaban más alineados con el objetivo de la maximización del valor para el accionista, fueron los inversores institucionales. El principal y el agente debían observarse mutuamente con recelo, pero en su lugar se desarrolló entre ellos una alianza nefasta para extraer valor de la empresa. Su relación obró en contra de los demás interesados, para empezar los trabajadores, cuyos sueldos se han ido quedando cada vez más rezagados con respecto a los del consejero delegado y los principales gestores.

EL CORTOPLACISMO Y LA INVERSIÓN IMPRODUCTIVA

Durante la Gran Depresión de la década de 1930, mucho antes de que la financiarización formara parte del léxico moderno, Keynes observó que:

[la mayoría de] los profesionales expertos, que poseen un juicio y un conocimiento que va más allá del de un inversor privado medio […] en realidad están sobre todo preocupados, no por hacer mejores predicciones a largo plazo del probable rendimiento de una inversión en el transcurso de toda su vida, sino en predecir cambios en la valoración convencional a corto plazo antes que el público general.[268]

Keynes, que también fue un especulador de éxito, sabía de lo que estaba hablando. Advirtió que la bolsa se convertiría en «una batalla de ingenios para anticipar la base de la valoración convencional con unos pocos meses de antelación, en vez del probable rendimiento de una inversión a largo plazo».[269] Y, como se demostró, estaba en lo cierto. El periodo dentro del cual los accionistas pretenden obtener beneficios, a través de un flujo de dividendos o un movimiento del precio de las acciones, se halla determinado por el tiempo de posesión de una determinada acción. Y el tiempo de posesión medio para la inversión, haya sido realizada por individuos o por instituciones, ha caído sin cesar: de cuatro años en 1945 a ocho meses en el año 2000, dos meses en 2008 y, en Estados Unidos (con el aumento de la negociación de alta frecuencia), veintidós segundos en 2011.[270] En el capital de inversión, los tiempos de posesión pasaron a casi seis años cuando las bolsas se congelaron tras el colapso financiero global de 2008, pero en 2015 estaban de nuevo en un firme curso descendente.[271]

El «cortoplacismo» que Keynes predijo se engloba en un concepto de John Bogle, el pionero de los fondos indexados, según el cual los inversores institucionales alquilan las acciones de las compañías en las que invierten en vez de ser sus propietarios a largo plazo. Veamos el aumento de la rotación de las acciones domésticas. Según la Federación Mundial de Bolsas, que representa a las bolsas reguladas públicamente, en Estados Unidos la rotación de las acciones domésticas fue de alrededor de un 20 por ciento al año en la década de 1970, incrementándose abruptamente y de una manera constante hasta superar el 100 por cien anual en la década del 2000. La rotación mide la frecuencia con la que una acción cambia de manos, y se calcula dividiendo el número de acciones intercambiadas en un periodo determinado entre el número de acciones en manos de los accionistas durante el mismo periodo. Un aumento de la rotación representa una señal de que la visión de los inversores institucionales está más orientada al movimiento del precio de las acciones a corto plazo que al valor intrínseco y a largo plazo de la corporación. Una alta rotación puede ser más rentable para los inversores institucionales que la tenencia pasiva de acciones a largo plazo. También hay que decir que el comportamiento cortoplacista de los inversores institucionales refleja la creciente presión que, durante las cuatro últimas décadas, han ejercido los clientes que, como esperan resultados rápidos y tienen aversión a las sorpresas, retiran rápidamente sus fondos cuando se sienten decepcionados. El resultado ha consistido en una obsesión corporativa por el rendimiento trimestral, que fomenta un crecimiento constante de las ganancias para generar un rendimiento aceptable del precio de la acción.

En 2013, los consultores de gestión McKinsey and Company y el Consejo de Inversión del Plan de Pensiones de Canadá encuestaron a mil consejeros y ejecutivos sénior de empresas de todo el mundo para evaluar cómo dirigían sus negocios.[272] La mayoría de los encuestados afirmó que la presión para generar resultados importantes a corto plazo había aumentado durante los cinco años anteriores, hasta el punto de que los gestores se sentían obligados a demostrar un fuerte rendimiento financiero. Pero si alrededor de la mitad de los encuestados declaró que manejaba un horizonte temporal de menos de tres años a la hora de establecer una estrategia, casi todos dijeron que adoptar una visión a largo plazo mejoraría el rendimiento corporativo, fortalecería los retornos financieros y aumentaría la innovación.[273]

Otra tendencia importante que demuestra aún más la escala del impacto de la maximización del valor para el accionista en el comportamiento corporativo es el aumento de las tasas críticas de rentabilidad. Una tasa crítica, como hemos visto en el capítulo anterior, es un retorno por una inversión por debajo del cual la empresa no desarrollará una oportunidad de inversión o un proyecto. Podría suceder que, con el tiempo, haya menos oportunidades adecuadas disponibles porque la mayoría de los proyectos rentables ya hayan sido asignados. La excesiva capacidad de producción de coches, por ejemplo, sugería de manera natural que construir una nueva fábrica no era lógico (aunque invertir en otras tecnologías sí pudiera serlo). Las fuerzas fundamentales de la economía también pueden estar operando. Pero lo que ha estado sucediendo con la tasa crítica parece sugerir que está ocurriendo algo más.

Las tasas críticas resultan fundamentales para la manera en que las empresas asignan capital; sin embargo, les afectan mucho las expectativas, lo que Keynes denominó los «espíritus animales».[274] La tasa crítica de un proyecto normalmente se determina en relación con el coste de capital, es decir, básicamente, los tipos de interés sobre el dinero que se pide prestado y los dividendos para los accionistas. El proyecto debería generar beneficios, que se calculan mediante una tasa interna de retorno (TIR) o un rendimiento del capital invertido,[275] mayores que el coste de capital de la empresa. Pero ha aparecido una extraña discrepancia. Por un lado, el coste de financiar la deuda está en mínimos, y razonablemente se podía haber esperado que eso alentara la financiación de nuevos proyectos de inversión. Por otro lado, según J. P. Morgan,[276] el coste de capital medio ponderado sigue bastante bajo —en el 8,5 por ciento—, pero la tasa crítica media (el retorno mínimo sobre la inversión necesario para justificar un nuevo proyecto) declarado por las empresas del S&P 500 es del 18 por ciento. Esto sugiere que las empresas no buscan oportunidades de inversión a menos que el diferencial entre sus retornos esperados y su coste de capital sea de alrededor de diez puntos porcentuales. ¿Por qué dejan pasar esas oportunidades? Una explicación, dadas las exigencias de maximizar el valor para el accionista, es que tienen alternativas más fáciles, como la recompra de acciones.

La maximización del valor para el accionista, pues, establece un círculo vicioso. Las decisiones a corto plazo, como la recompra de acciones, reducen la inversión a largo plazo en bienes de capital reales y en innovación, como la I+D. A largo plazo, esto retiene la productividad. Con una productividad más baja, la posibilidad de sueldos más elevados será más limitada, bajando así la demanda nacional y la tendencia a invertir en el conjunto de la economía. La manera generalizada en que la financiarización afecta en profundidad a la toma de decisiones corporativas va más allá de los beneficios inmediatos que otorga a sus accionistas y gestores. Como observó Hyman Minsky, parece que hay una dinámica inevitable en el sistema capitalista: a menos que se regule adecuadamente o disponga de los amortiguadores correctos, se expandirá demasiado rápido. El crecimiento estable causado por un aumento de los préstamos —que acelera la extracción de valor— se ve igualado por el valor creciente de los activos. Todo parece ir bien, hasta que la gente empieza a poner en duda el valor de los activos. Entonces empiezan los problemas.

FINANCIARIZACIÓN Y DESIGUALDAD

Como hemos visto, uno de los preceptos clave de la maximización del valor para el accionista consiste en que los incentivos de los gestores y los accionistas tienen que estar alineados, y la mejor manera de hacerlo es compensar a la gestión concediéndole acciones. Los gestores sénior aceptaron enseguida la maximización del valor para el accionista, cuando se dieron cuenta de que podía ayudarlos a aumentar su paga (figura 23). El espíritu original de la maximización del valor para el accionista se ha desvirtuado. Así, las inmensas opciones sobre las acciones que han constituido una parte importante de muchos paquetes de retribución de los consejeros delegados en realidad no se alinean con los intereses de los gestores y los accionistas. Dependiendo de los términos en los que se les concedan las opciones, los gestores gozan de una ventaja casi gratuita, sin ninguna desventaja. En parte están protegidos de las subidas y bajadas del precio de las acciones, que son el destino de los inversores a largo plazo, a través de recursos antiadquisición, como los «paracaídas dorados», una retribución en efectivo si pierden su trabajo o las «píldoras venenosas», que desencadenan un acontecimiento como la venta de una división corporativa valiosa para reducir el valor de la compañía cuando esta se enfrenta a un intento de adquisición no deseada.

Los accionistas no fueron los únicos cuyos intereses se alinearon de manera imperfecta con los de esos gestores. A pesar de un periodo de reducción de tamaño (expresión corporativa que significa «despidos»), que —especialmente después de la conquista de los conglomerados de finales de la década de 1980— tenía como fin deshacerse de un excedente de gestión y elevar la productividad de los empleados que sobrevivieran al sacrificio, la ratio entre la paga del consejero delegado y la de los trabajadores también aumentó (figura 24).

FIGURA 23. Paga mediana de los consejeros delegados en Estados Unidos (millones de dólares, dólares constantes de 2011).[277]

FIGURA 24. Ratio entre la remuneración del consejero delegado y la del trabajador en Estados Unidos.[278]

FIGURA 25. Permanencia del consejero delegado en Estados Unidos.[279]

El énfasis en los resultados a corto plazo también ha conducido a otro resultado autocumplido: la reducida permanencia de los gestores. Como se observa en la figura 25, la estancia media de los consejeros delegados en las últimas décadas ha disminuido de diez a seis años. Cuando se tiene en cuenta que la remuneración de un consejero delegado está muy ponderada hacia el rendimiento de las cotizaciones bursátiles, la necesidad de que las empresas rindan a corto plazo puede verse no como la presión de un guardián externo que se ha vuelto rastrero, sino como una organización mutuamente ventajosa que ha servido a los intereses de una élite pequeña a expensas de los demás.

La importancia del crecimiento de los beneficios por acción como medida del éxito corporativo se ha convertido en un indicador de la maximización del valor para el accionista tanto como la cotización bursátil. Pero los beneficios por acción no siempre han gozado de este estatus totémico. Si Samuel Palmisano (presidente de IBM entre 2000 y 2011 y su consejero delegado entre 2002 y 2011) afirmó que el principal objetivo de la empresa residía en duplicar las ganancias por acción durante los cinco años siguientes, medio siglo antes, en 1968, Tom Watson Jr. (el presidente de IBM entre 1952 y 1971) había afirmado que las tres prioridades fundamentales de IBM eran: 1) el respeto por los empleados; 2) un compromiso con el servicio al cliente; y 3) alcanzar la excelencia. Aunque se trata de una anécdota, los distintos pronunciamientos de dos consejeros delegados de IBM en diferentes momentos ilustran cómo han evolucionado las prioridades.

La declaración de Palmisano refleja lo que hoy en día repetiría como un loro ante sus inversores la mayoría de los consejeros delegados corporativos. Esta medida del rendimiento de una empresa se reduce a sus dos componentes más importantes: los beneficios y el número de acciones. El primero, los beneficios, es un resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa, y muy vulnerable a la manipulación. Las ganancias suelen calcularse de acuerdo con los «principios de contabilidad generalmente aceptados» (GAAP, por sus siglas en inglés), el marco de estándares, reglas y convenciones comúnmente aceptados que utilizan los contables para elaborar las declaraciones financieras. Pero dentro de este marco hay margen para ajustar las ganancias y permitir cuestiones excepcionales (que aunque deben declararse, pueden repercutirse en varios años), como los costes de reestructuración de la empresa y cuestiones extraordinarias (acontecimientos aislados que no tienen por qué ser declarados), como el daño provocado por un huracán. Los gestores, pues, cuentan con un cierto margen para maquillar las ganancias; más que eso, las ganancias están fundamentalmente determinadas por los beneficios operativos de la empresa, que a su vez constituyen el producto del crecimiento de las ventas y los márgenes de beneficio.

El número de acciones en circulación es menos vulnerable a la manipulación contable, pero, sin duda, las acciones corporativas pueden influir en sus variaciones; por ejemplo, otorgando al consejero delegado y a los gestores acciones y opciones sobre acciones como compensación y a través de la recompra de acciones. Por tanto, debe alcanzarse un equilibrio delicado. Conceder acciones a los gestores como parte de su paga reduce el crecimiento de los beneficios por acción. Recomprar las acciones puede aumentar los beneficios por acción, siempre que el coste no compense las ganancias de reducir el número de acciones emitidas.

El crecimiento de las ventas y la mejora de los márgenes de beneficio, los dos componentes del crecimiento de las ganancias, están influidos positivamente por la inversión, ya sea en maquinaria y equipos (gasto de capital) o en I+D. El relato de la inversión es el que les gusta contar a los gestores corporativos. Pero hay una forma más rápida y predecible de mejorar los márgenes, de la que ya no les gusta tanto hablar: el recorte de costes, un proceso que las empresas han abordado… en detrimento de la inversión.

La figura 26 muestra cómo la inversión empresarial en Estados Unidos ahora se sitúa cerca de su nivel más bajo en más de sesenta años, lo que representa un fenómeno asombroso e inquietante.

Al mismo tiempo, como hemos visto en el capítulo anterior, la separación de la productividad media y las ganancias significa que la proporción de valor añadido total que se destina a los asalariados también ha descendido de manera continuada.

William Lazonick, el cronista de las recompras de acciones, ha caracterizado esas dos tendencias, cuando se consideran juntas, como el cambio de un modelo de «retener e invertir» a uno de «reducir y distribuir». La primera estrategia —«retener e invertir»— solo utiliza las finanzas para establecer una empresa y empezar la producción. Cuando se consiguen ganancias es probable que los préstamos se devuelvan, al menos en parte, porque los beneficios retenidos constituyen una forma barata de financiar el próximo ciclo de producción y las inversiones para ampliar la participación de mercado. La segunda estrategia —«reducir y distribuir»— es completamente distinta. Considera a las empresas como una «gallina de los huevos de oro» cuyas divisiones menos productivas deben venderse. El excedente resultante se distribuye luego entre los gestores y propietarios, en lugar de a otros actores como los trabajadores, que también han contribuido al negocio. El resultado puede dificultar el crecimiento de la empresa e incluso recortar la mano de obra —«reducirla»—. Si los accionistas se encuentran satisfechos, sin embargo, la estrategia se halla justificada.

FIGURA 26. Inversión empresarial como porcentaje del PIB estadounidense.[280]

Una manera de probar si «recortar y distribuir» representa una estrategia corporativa necesaria es comparar empresas cotizadas y no cotizadas. La figura 27 muestra que según varios criterios básicos, como el tamaño, las ventas, el crecimiento y los retornos sobre los activos (ROA, por sus siglas en inglés), las empresas no cotizadas parecen invertir más que las cotizadas.

Podría decirse que las empresas cotizadas son menos rentables y que, por lo tanto, tienen menos dinero para invertir. Pero no parece que sea así. La figura 28 refleja que hay poca diferencia entre los márgenes de beneficios de las principales compañías estadounidenses cotizadas (el S&P 500) y los márgenes de beneficio de todas las empresas estadounidenses obtenidos en las Cuentas Nacionales de Ingreso y Producto (NIPA, por sus siglas en inglés), que son compilados por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio estadounidense. La figura muestra claramente un aumento sostenido de la rentabilidad durante cuarenta y cinco años, que culminó con máximos históricos en los últimos años —verdaderamente, «beneficios sin prosperidad»—. En otras palabras, el problema del agente-principal no tiene que dar lugar a una disminución de la inversión y al cortoplacismo.

FIGURA 27. Tasas de inversión de las empresas cotizadas frente a las no cotizadas (porcentaje de activos totales).[281]

Así pues, si los márgenes son altos pero la inversión es baja, ¿qué han hecho las empresas con sus beneficios? Seguir el dinero nos lleva directamente a los accionistas. Como podemos ver en la figura 29, las corporaciones han devuelto gran parte de los beneficios a aquellos en forma de dividendos y recompra de acciones. Tras una media del 10-20 por ciento en la década de 1970, el porcentaje de flujo de caja devuelto a los accionistas ha permanecido por encima del 30 por ciento —en ocasiones ha sido sustancialmente mayor—, durante gran parte de los últimos treinta años, aunque se hundió durante el boom de las tecnológicas a principios de la década de 1990, cuando las empresas estaban invirtiendo.

FIGURA 28. Rentabilidad de empresas cotizadas del sector no financiero (GMO).[282]

FIGURA 29. Porcentaje de flujos de caja devuelto a los accionistas (movimiento medio de empresas no financieras de Estados Unidos en un periodo de cinco años).[283]

Lo que resulta de la evidencia presentada hasta ahora es que, al igual que las finanzas, la financiarización del sector productivo extrae valor —objetivamente, rentas—, aunque no solo en el sector productivo. En los últimos años, en Reino Unido un amplio abanico de empresas y de proveedores de servicios sociales —desde las residencias para ancianos hasta servicios públicos como el agua, sectores ambos que previamente habían sido considerados inversiones estables y poco excitantes— han sido sometidos a la ingeniería financiera por sus nuevos dueños, con frecuencia firmas de capital privado. El resultado ha sido una transformación de los bienes públicos en bienes privados.

La financiarización tiene los dedos muy largos. Alcanza a la sociedad además de a la economía, y a pesar de que se afirma que su intrusión en la economía productiva es una solución a cuestiones como las ganancias medias, las habilidades y la desigualdad, la evidencia no parece alentadora. Como ha señalado John Bogle: «El 0,01 por ciento de las familias que más ganan en Estados Unidos (150.000), por ejemplo, recibe ahora un 10 por ciento de los ingresos obtenidos por los ciento cincuenta millones de familias restantes, tres veces el 3 o 4 por ciento que prevaleció entre 1945 y 1980. No es un secreto que alrededor de 35.000 de esas familias han hecho su fortuna en Wall Street».[284]

DE MAXIMIZAR EL VALOR PARA EL ACCIONISTA A HACERLO PARA LAS PARTES INTERESADAS

La ideología del valor para el accionista se basa en que estos son los «demandantes residuales». Ellos son quienes asumen más riesgos, sin ninguna tasa de retorno garantizada. Friedman resumió la visión clásica de las firmas emprendedoras como aquellas que luchan eternamente por mantenerse a flote en un mercado turbulento (mientras hacen alusión a la tentación de escapar subvirtiendo ese mercado) y definió la finalidad de una empresa como «utilizar sus recursos y participar en actividades diseñadas para aumentar los beneficios, siempre y cuando respete las reglas del juego, es decir, se sume a una competencia abierta y libre, sin engaño ni fraude».[285]

Sin embargo, una verdad más compleja que la primacía de los accionistas consiste en que la creación de riqueza es un proceso colectivo. A fin de cuentas, pese a la importancia de los accionistas, es difícil imaginar que una empresa tenga éxito sin la implicación de muchos grupos, entre ellos los empleados, los proveedores, los distribuidores, la comunidad más amplia en la que se localizan las instalaciones y la sede central de la empresa, e incluso los gobiernos local y central. Además, es un error asumir que estos grupos tienen un retorno garantizado mientras los accionistas se encuentran atrapados al final de la cola. De hecho, como veremos en el próximo capítulo, los gobiernos que consienten inversiones arriesgadas en nuevas tecnologías e investigación básica —que más tarde son adoptadas por empresas reacias a asumir este elevado nivel de riesgo temprano— no tienen ningún retorno garantizado.

Reconocer la naturaleza colectiva de la creación de valor nos lleva del punto de vista del accionista al de la parte interesada. Si la maximización reduce la valoración a una sola medida —el precio de la acción—, un argumento opuesto sostiene que las corporaciones deberían centrarse en maximizar el valor para las partes interesadas, esto es, crear tanto valor como sea posible para todos los actores implicados y considerar cualquier decisión como un equilibrio de intereses y compromisos para lograr ese objetivo; no representa una tarea fácil, dada la complejidad de muchas decisiones empresariales. La acusación que lanzan los partidarios del valor para la parte interesada contra la maximización del valor para el accionista es que «la búsqueda de ganancias para los accionistas a expensas de las demás partes interesadas [es] una búsqueda que en última instancia destruye valor tanto para el accionista como para los demás interesados».[286] Incluso Jack Welch, cuyos veinte años como consejero delegado de General Electric a menudo han sido aclamados como el triunfo de la estrategia de la maximización del valor para el accionista, se permitió discrepar cuando, en 2009, citó a los clientes, empleados y productos como la clave de ese éxito, denunciando el valor para el accionista como «la idea más estúpida del mundo».

La teoría empresarial de la parte interesada supone más que una hipótesis sobre cómo gestionar mejor una compañía; también tiene implicaciones sociales y económicas de amplio alcance. La teoría responde a la pregunta «¿Qué hace que una empresa tenga éxito?» de una manera muy distinta a como lo hacen los defensores de la maximización del valor para el accionista. En drástico contraste con Friedman y Michael Jensen, quienes defendían con contundencia que el éxito de una empresa consiste simplemente en la maximización de los beneficios, la perspectiva de la parte interesada enfatiza las relaciones sociales entre la gestión y los empleados, entre la empresa y la comunidad, la calidad de los productos producidos, etcétera. Estas relaciones proporcionan a la empresa unos objetivos sociales además de financieros. Juntos, pueden crear una «ventaja competitiva» más sostenible. Y como el valor se crea colectivamente, mediante la inversión de recursos de una multitud de actores, este también debería distribuirse de manera más colectiva, y no solo entre los accionistas.

A diferencia de la maximización del valor para el accionista, su objetivo de maximización del beneficio a corto plazo y su marginalización del capital humano y la I+D, el valor para la parte interesada considera que las personas no solo son inputs, sino colaboradores esenciales que deben ser apoyados. La confianza —crítica para cualquier empresa— se construye, pues, entre los trabajadores y los gestores, en un proceso que reconoce el papel vital de los primeros en la creación de valor. Invertir en la gente es el reconocimiento de que los trabajadores añaden valor.

Hemos visto cómo el cortoplacismo distorsiona las finanzas, haciéndolas más especulativas. La comprensión del valor de la parte interesada denota una clase muy distinta de finanzas: unas que son más «pacientes» y apoyan las necesarias inversiones a largo plazo. En algunos países esto se ha logrado por medio de bancos públicos, como el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) en Alemania. KfW estuvo muy implicado en la recuperación y el crecimiento de Alemania en la posguerra, prestando para ello, desde su fundación en 1948, más de un billón de euros.[287] La mayoría de los países que tienen banca pública tienden a seguir un modelo de gobierno corporativo de la parte interesada, como, por ejemplo, incluyendo a los trabajadores en los consejos de las empresas.

Por supuesto, ninguna forma de gobierno corporativo es perfecta, como prueba el reciente escándalo del dieselgate de Volkswagen. El fabricante de coches presumía de varios atributos que los teóricos de la agencia consideran de ayuda para la inversión a largo plazo y las prácticas honestas, como la ampliación de la base de accionistas y la de sus intereses más allá del beneficio a corto plazo. Los trabajadores alemanes, que tenían poco que ganar engañando a los consumidores estadounidenses, tenían una voz importante en los asuntos empresariales. Una empresa en forma de holding familiar, un Estado alemán y un fondo soberano de Oriente Medio controlan el 90 por ciento de los votos de los accionistas. Todos son inversores a muy largo plazo. La empresa tenía buena reputación entre los clientes y los especialistas de la industria por la excelencia de su ingeniería. No parecía la clase de empresa que se metería en problemas graves.

Pero lo hizo. Volkswagen diseñó deliberadamente un sistema para reducir las emisiones durante las pruebas de laboratorio, pero no durante la conducción, y, como consecuencia, ha pagado multas por valor de veinte mil millones de dólares y ha perdido alrededor de cien mil millones de dólares de capitalización bursátil. Medio siglo antes, Ford ocasionó un daño financiero y reputacional parecido cuando los gestores sénior calcularon de manera deliberada que el coste de arreglar un defecto fatal en su modelo Pinto excedía el coste de pagar las compensaciones a los clientes que se mataran por su culpa.[288] En Volkswagen, el error de diseño oculto (potencialmente igual de peligroso para la vida y la salud) no surgió tanto de un cínico cálculo en la cúpula de la compañía como de las presiones ejercidas sobre los subordinados para promover el rendimiento financiero. El problema, al parecer, se debió a una cultura basada en la competitividad y en el miedo que llevó a algunos ingenieros a tomar medidas desesperadas para aumentar las ventas y que hizo que muchos otros guardaran silencio sobre lo que sabían que constituía un engaño. En la cúpula había un pensamiento a largo plazo, pero solo sobre el aumento de la cuota de mercado, no sobre la reputación. El mensaje tácito, pero claro, para los empleados, que se podían haber negado a transigir, era que la incapacidad para aprobar los test de emisiones resultaba inaceptable, de modo que era preferible engañar que reconocer la derrota. En resumen, el escándalo de Volkswagen nos dice que las estructuras y las reglas del Gobierno corporativo difícilmente funcionan, a menos que los valores corporativos estén alineados con los valores públicos (un concepto que abordaremos en el capítulo 8).

CONCLUSIONES

Las compensaciones disparatadas para unos pocos afortunados han ampliado las divisiones sociales y aumentado la desigualdad en buena parte del mundo occidental, en especial en Estados Unidos, el hogar de la financiarización.

Este estado de cosas puede ser —y es— atacado con argumentos morales. La desigualdad revela lo que pensamos de otros millones de seres humanos. La cuestión económica de la extracción de valor, sin embargo, no es normativa. Como hemos visto, en una economía capitalista ciertas rentas son necesarias, pues hay que pagar un precio inevitable para mantener la circulación de capital en el sistema económico. Pero la escala del sector financiero y de la financiarización, en general, ha elevado la extracción de valor hasta tal punto de que se hace necesario responder a dos preguntas críticas: ¿dónde se crea el valor, de dónde se extrae e incluso dónde se destruye? Y ¿cómo podemos reconducir la economía y alejarla de una excesiva financiarización, hacia una verdadera creación de valor? Propuestas como la de reducir los ingresos muy altos y la acumulación de riqueza con impuestos pueden tratar algunos de los síntomas de las finanzas excesivas. Sin embargo, no tratan las causas, situadas en lo más profundo de un sistema de extracción de valor que se ha desarrollado durante los últimos cuarenta años.

Si el objetivo reside en el crecimiento a largo plazo, el sector privado debe ser recompensado por tomar decisiones dirigidas a largo plazo en lugar de a corto plazo. Mientras algunas empresas se centran en aumentar el precio de sus acciones mediante la recompra, con el fin de elevar su precio y, de ahí, el de las opciones sobre las mismas (a través de las que se paga a los ejecutivos), otras asumen difíciles inversiones para incrementar la formación que necesitan los trabajadores, introducen nuevas tecnologías arriesgadas e invierten en I+D, lo que puede acabar llevando, con suerte, a una nueva tecnología, aunque, más probablemente, a ninguna parte. Las empresas podrían ser recompensadas por hacer esto último y menos por lo primero.

La paga de los ejecutivos debe mantenerse bajo control. Para eso tiene que entenderse que hay muchas otras partes interesadas que resultan vitales para la creación de valor, desde los trabajadores y el Estado hasta los movimientos de la sociedad civil. La reinversión de los beneficios en la economía real —en lugar de acumularlos o de llevar a cabo una recompra de acciones— debería ser una condición indispensable para recibir cualquier clase de apoyo gubernamental, ya fuera por medio de subsidios o mediante concesiones o préstamos gubernamentales.

La académica británico-venezolana Carlota Pérez ha sostenido que la desvinculación de las finanzas de la economía real no es algo «natural», sino un producto de la desregulación y de la excesiva creencia en el poder de los mercados libres. Su innovador trabajo ha identificado un patrón de intensa financiarización seguida de su revocación en todas las revoluciones tecnológicas.[289] En él muestra que en las primeras décadas de cada una de las revoluciones que han tenido lugar hasta ahora (desde el motor de vapor hasta la revolución de las tecnologías de la información) ha habido momentos de locura financiera y de creciente desigualdad. Pero después del estallido de la burbuja financiera, y en mitad de la recesión y el malestar social subsiguientes, los gobiernos han tendido a refrenar las finanzas y a promover un periodo que favorece la expansión de la producción, beneficiando a la sociedad de manera más general y haciendo que las finanzas cumplan su propósito real. Sin embargo, si el Gobierno no da el paso y desempeña su papel, la financiarización puede no tener final.[290]

El siguiente capítulo se centrará en el mundo de la innovación, un escenario glamuroso de inventores inspirados y emprendedores intrépidos donde la «creación de riqueza» no es todo lo que afirma ser.

7

EXTRAER VALOR MEDIANTE LA ECONOMÍA DE LA INNOVACIÓN

Primero, invierte solo en empresas que tengan el potencial de devolver el valor de todo el fondo.

PETER THIEL, De cero a uno:

cómo inventar el futuro, 2014[291]

HISTORIAS SOBRE LA CREACIÓN DE VALOR

El epicentro de una revolución tecnológica aún en desarrollo, Silicon Valley, representa el distrito industrial más dinámico del mundo para las empresas emergentes de alta tecnología. Desde la década de 1980 ha convertido en millonarios a muchos miles de sus fundadores, primeros empleados, ejecutivos y capitalistas de riesgo, y en milmillonarios a un número significativo de ellos. El ingenio de esa gente ha resultado fundamental, sin duda, para cambiar la manera en que nos comunicamos, llevamos a cabo negocios y vivimos nuestras vidas. Sus productos y servicios constituyen el epítome de nuestra idea contemporánea de progreso.

Con frecuencia, los emprendedores de Silicon Valley son contemplados como heroicos luchadores por el bien. De hecho, la misión declarada de Google se resume en «No hagas el mal». En abril de 2016, una portada de The Economist mostraba al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, vestido como un emperador romano bajo el titular «Ambición imperial». Mientras tanto, la innovación se considera la nueva fuerza en el contexto del capitalismo moderno, no solo en Silicon Valley sino en todo el mundo. Así, expresiones como «la nueva economía», «la economía de la innovación», «la sociedad de la información» o «el crecimiento inteligente» sintetizan la idea de que son los emprendedores, aquellos que experimentan en los garajes y sus patentes, quienes desatan la «destrucción creativa» de la que procederán los trabajos del futuro. Nos dicen que demos la bienvenida a Uber, Airbnb y empresas semejantes porque son las fuerzas de la renovación que arrastrarán a los viejos competidores, ya sean los taxis negros de Londres o cadenas hoteleras anacrónicas como Hilton.

El éxito de algunas de estas empresas ha sido extraordinario. El porcentaje de Google en el mercado global de los motores de búsqueda en ordenador (de mesa o portátil) es de más del 80 por ciento,[292] mientras que solo cinco empresas estadounidenses (Google, Microsoft, Amazon, Facebook e IBM) son las propietarias de la mayoría de los datos del mundo —la china Baidu es la única empresa extranjera que se acerca—. Este porcentaje de mercado también genera una inmensa riqueza: en 2017 el dinero en efectivo con que contaba Apple rondaba los doscientos cincuenta mil millones de dólares.

Los inmensos beneficios de estas empresas y su dominio de sus mercados respectivos, según se dice, está justificado por el valor que crean: esos beneficios y ese dominio constituyen solo un reflejo de su enorme poder para crear riqueza. De manera similar, las grandes compañías farmacéuticas han justificado el enorme aumento de los precios de los medicamentos —de modo que tratamientos para enfermedades como la hepatitis C pueden costar hasta un millón de dólares— por medio de historias sobre su extraordinaria capacidad de innovación y los costes asociados o —cuando se revela que esos costes son mucho más bajos o en realidad son financiados por el contribuyente— mediante la idea del precio basado en el «valor».

Este capítulo adopta una mirada crítica respecto de la economía de la innovación y las historias a su alrededor. Analiza cómo las narrativas dominantes acerca de los innovadores y las razones de su éxito ignoran de manera fundamental el proceso profundamente colectivo y acumulativo que hay tras la innovación. Esta incapacidad para reconocer dichos procesos ha conducido a su vez a una distribución cuestionable de las recompensas, fruto de la innovación, y a unas políticas que, en nombre de la originalidad, han permitido que unas pocas empresas extraigan valor de la economía.

La extracción de valor en la economía de la innovación tiene lugar de varias maneras. En primer lugar, en el modo en que el sector financiero —en particular, el capital riesgo y la bolsa— ha interactuado con el proceso de creación tecnológico. En segundo lugar, en el modo en que ha evolucionado el sistema de derechos de propiedad intelectual (DPI): un sistema que ahora permite patentar y restringir el uso no solo de los productos de la investigación, sino de las herramientas para llevar esta a cabo, creando así lo que el economista William J. Baumol llamó el «emprendimiento improductivo». En tercer lugar, en el modo en que los precios de los productos innovadores ocultan la contribución colectiva a los productos implicados, en campos tan diversos como la salud, la energía o la banda ancha. Y en cuarto lugar, mediante los efectos de red característicos de las tecnologías modernas, en las que la ventaja que adquiere el primer actor en una red permite a las grandes empresas hacerse con ventajas monopolísticas a través de las economías de escala y el hecho de que los clientes que utilizan la red quedan atrapados en ella (porque consideran demasiado engorroso o inconveniente cambiar de servicio). El capítulo planteará que, en la economía del conocimiento del siglo XXI, la forma más moderna de captura de rentas se realiza a través de la manera en que los riesgos en la economía de la innovación se socializan, mientras que las recompensas se privatizan.

¿DE DÓNDE PROCEDE LA INNOVACIÓN?

Antes de abordar estas cuatro áreas de extracción de valor, quiero considerar tres características esenciales de los procesos de innovación. La innovación raramente tiene lugar de manera aislada. Por naturaleza, es más bien profundamente acumulativa; en la actualidad, a menudo deviene resultado de una inversión preexistente. La innovación es, además, colectiva, con largos tiempos de desarrollo: lo que hoy puede parecer un descubrimiento radical es en realidad el fruto de décadas de trabajo duro realizado por distintos investigadores. También resulta profundamente incierta, en el sentido de que la mayoría de los intentos de innovación fracasan y muchos resultados son inesperados. (La Viagra, por ejemplo, se desarrolló inicialmente para solucionar problemas del corazón.)

(i) Innovación acumulativa

Si hay una cosa en la que los economistas se muestran de acuerdo (y no hay muchas) es en que los cambios tecnológicos y organizativos constituyen la principal fuente de crecimiento y de creación de riqueza a largo plazo. La inversión en ciencia, tecnología, técnicas y nuevas formas organizativas de producción (como el énfasis de Adam Smith en la división del trabajo) impulsan la productividad y los aumentos a largo plazo del PIB. Partiendo de la obra de Marx, que subrayaba el papel del cambio tecnológico en el capitalismo, quizá haya sido Joseph Schumpeter (1883-1950) el economista que ha puesto más énfasis en la importancia de la innovación en el capitalismo. El autor acuñó el término «destrucción creativa» para describir la manera en que las innovaciones de producto (nuevos productos que sustituyen a los viejos) y las innovaciones de procesos (nuevas formas de organizar la producción y la distribución de los bienes y servicios) causaban un proceso dinámico de renovación, pero también un proceso de destrucción; las viejas formas se dejan de lado y este tránsito hace que muchas empresas vayan a la bancarrota. Schumpeter se hallaba particularmente fascinado por las «oleadas» de innovaciones, las cuales creía que ocurrían cada treinta años, poco más o menos. Si el interés de Marx en el cambio tecnológico lo llevó a analizar las crisis que experimentaría el capitalismo debido al efecto que la innovación causaba en la capacidad del capital para crear plusvalía (o, por decirlo de otro modo, si las máquinas sustituyen la mano de obra, ¿cómo se producirá la explotación del trabajo —la fuente de beneficios—?), muchos economistas posteriores se centraron sobre todo en el lado positivo de la innovación, que Schumpeter ya había subrayado: su papel en el aumento de la capacidad productiva de las economías nacionales.

En 1987 Robert Solow, un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ganó el Premio Nobel de Economía por mostrar que los progresos en el uso de la tecnología explicaban más del 80 por ciento del crecimiento económico. Siguiendo a otros muchos, que antes que él habían leído a Schumpeter, Solow sostuvo que la teoría económica tenía que comprender mejor cómo describir el cambio tecnológico.[293] Para practicar lo que predicaban, estudiaron cuáles eran las fuerzas que motivaban el cambio tecnológico. Pero ¿de dónde procede la innovación? ¿De los emprendedores solitarios que trabajan en su garaje?, ¿de los científicos geniales que tienen un momento de inspiración en el laboratorio?, ¿de las heroicas pequeñas empresas y los capitalistas de riesgo que luchan contra las adversidades comerciales? No, llegaron a la conclusión de que las invenciones son, en una medida abrumadora, el fruto de inversiones a largo plazo que se construyen con el transcurso de los años.

Por tomar un ejemplo evidente: la innovación en los ordenadores personales, que sustituyeron a las pesadas y desfasadas computadoras centrales, llegó después de décadas de innovación en semiconductores, en capacidad de memoria y en la propia caja (reducir el tamaño de los ordenadores centrales hasta convertirlos en unidades mucho más pequeñas). Hubo empresas individuales como IBM que fueron claves para la introducción de los ordenadores personales a finales de la década de 1970 y en la de 1980. Pero se habría producido poca innovación sin la contribución de otros actores a ese largo proceso, como la inversión del Gobierno estadounidense en la investigación de semiconductores y su poder de procesamiento en las décadas de 1950 y 1960. O como también, más tarde, las inversiones de nuevo hechas por el Gobierno estadounidense en internet, o las que hicieron empresas como Xerox Parc —ella misma una beneficiaria de grandes cantidades de cofinanciamiento público— en el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario, que más tarde Steve Jobs utilizaría en Lisa, el primer Macintosh de Apple.

(ii) Innovación incierta

La innovación es incierta, en el sentido de que la mayoría de los intentos fracasan. También puede requerir mucho tiempo, ya que desde la concepción de una idea hasta su realización y comercialización pueden pasar décadas. Los tipos de riesgo, sus fuentes y magnitud varían en las diferentes tecnologías, sectores e innovaciones. Los riesgos de la tecnología, por ejemplo, pueden aumentar con la complejidad del objetivo (por ejemplo, ir a la Luna, solucionar el cambio climático) o con la escasez de conocimiento en las organizaciones implicadas.[294] Cuanto más tiempo se requiera para diseñar determinadas soluciones, más posibilidades hay de que un competidor llegue antes al mercado, estableciendo lo que se conoce como «las ventajas del primer actor». Entre los riesgos adicionales que dificultan la recuperación de la inversión original o la viabilidad del negocio se incluyen el efecto contagio (un acontecimiento producido por un suceso aparentemente inconexo en otra parte); la falta de demanda de bienes, aunque estos logren llegar al mercado; la exposición de los inversores a problemas laborales o fiscales; y las cambiantes condiciones de la economía. Todas estas constituyen razones por las que el deseo de asumir un riesgo —en los sectores implicados en la innovación, ya sean públicos o privados— es esencial.

Sin embargo, en contra de la imagen dominante de unos emprendedores intrépidos que aceptan riegos, a menudo las empresas no quieren asumir estos. Ello sucede sobre todo en áreas en las que es necesario mucho capital y los riesgos tecnológicos y de mercado son altos, como ocurre, por ejemplo, con las farmacéuticas y las etapas muy iniciales de otros sectores, desde internet hasta la biotecnología o la nanotecnología. En este momento, el sector público puede intervenir allí donde los financiadores privados no quieren, y con frecuencia lo hacen, para proporcionar una financiación vital a largo plazo.

(iii) Innovación colectiva

Comprender tanto el papel del sector público en la provisión de una financiación estratégica, como la contribución de los empleados dentro de las empresas, significa entender que la innovación es colectiva: las interacciones entre las distintas personas en diferentes papeles y sectores (privado, público, terceros sectores) representan una parte crítica del proceso. Por lo demás, quienes son considerados emprendedores solitarios se benefician, de hecho, de esa colectividad; además, se aprovechan de lo hecho por emprendedores y contribuyentes previos que, como veremos, a menudo hacen contribuciones a la infraestructura y a la tecnología subyacentes sobre las que se construye la innovación.

Tales procesos resultan evidentes en las tecnologías que sustentan algunos de los productos más ubicuos de hoy en día: el iPhone, por ejemplo, depende de la tecnología de teléfono inteligente financiada con dinero público, mientras que tanto internet como SIRI fueron financiados por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de Estados Unidos; el GPS, por la Armada de Estados Unidos, y la pantalla táctil, por la CIA. En el sector farmacéutico, la investigación ha mostrado que el origen de los avances de dos tercios de los medicamentos más innovadores (nuevas entidades moleculares con calificación prioritaria) se remonta a la financiación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Mientras tanto, algunos de los mayores avances en energía —de la nuclear a la solar pasando por la fractura hidráulica— han sido financiados por el Departamento de Energía estadounidense, entre ellos las recientes innovaciones en baterías para el almacenamiento de energía por parte de ARPA-E, la organización hermana de DARPA. Tanto Bill Gates, consejero delegado de Microsoft,[295] como Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Alphabet (la empresa matriz de Google),[296] han escrito recientemente acerca de los inmensos beneficios que sus compañías han obtenido de las inversiones públicas: de la misma manera que internet y el código html que se desarrolla tras la web global fueron desarrollados en el CERN, un laboratorio público en Europa, el mismísimo algoritmo de Google fue financiado por una beca de la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos.

El papel colectivo de la innovación no solo se observa en la cooperación entre el sector público y el privado, sino también en el papel que desempeñan los trabajadores. Los países cuyo Gobierno corporativo está más enfocado a las «partes interesadas», muchos de los cuales se encuentran en el norte de Europa, tienden a implicar a los trabajadores de manera más directa en el proceso de innovación, así como a formarlos mediante programas vocacionales bien desarrollados; así, se invierte especialmente en las habilidades de los trabajadores, estos contribuyen más y, por lo tanto, son más capaces de compartir las recompensas que genera su trabajo. Cuando los representantes de los sindicatos se sientan en los consejos de las empresas resulta más probable que exijan que cualquier sacrificio en los sueldos se vea compensado por mayores inversiones en áreas que con el tiempo crearán más y mejores trabajos. Y es más probable, asimismo, que los países con economías más orientadas a las partes implicadas acepten la clase de colaboración entre el sector público y el privado que se hace necesaria para la creación de valor: la fortaleza de la industria alemana, por ejemplo, está muy vinculada a los fuertes lazos existentes entre la ciencia y la industria, que son alentados por organizaciones público-privadas como los Institutos Alemanes Fraunhofer.[297]

La comprensión de las características inciertas, colectivas y acumulativas de la innovación ayuda a entender tanto la creación de valor, como se ha explicado antes, como su extracción. Hay cuatro maneras esenciales en las que tiene lugar la extracción de valor en la economía de la innovación. La primera se encuentra en la interacción de la economía con los mercados financieros.

FINANCIAR LA INNOVACIÓN

Dado que el proceso de la innovación es largo y acumulativo, resulta fundamental comprender qué actores entran en dicho proceso, cómo lo hacen y en qué momento. En la figura 30 podemos observar cómo los retornos financieros de la innovación evolucionan a través del proceso de innovación. Al inicio los retornos son bajos debido a los riesgos, que son muy elevados; después, si la innovación tiene éxito, los retornos aumentan, con frecuencia exponencialmente, antes de volverse planos. Este proceso acumulativo se muestra mediante una distribución acumulativa (figura 30). Pero también es cierto que lo que hace cada actor cambia a lo largo de este periodo de tiempo. Muy al principio, a menudo son las agencias públicas de I+D o las universidades las que financian la base científica, y solo cuando la innovación casi tiene una aplicación comercial entran los actores privados. Entre las agencias públicas de I+D se encuentran organizaciones como DARPA y ARPA-E, e incluso fuentes públicas de capital semilla inicial para empresas innovadoras, que suelen preceder al capital riesgo privado. Entre ellas se hallan los fondos públicos de capital riesgo (como Yozma en el Gobierno israelí); la financiación de pequeñas empresas vinculadas con programas públicos de adquisición (como el Programa de Investigación e Innovación para Pequeñas Empresas en Estados Unidos); o los fondos de innovación de bancos públicos, como el Banco Europeo de Inversiones, el KfW en Alemania o el Banco de Desarrollo de China. La evidencia muestra que solo después de que esos pacientes fondos de alto riesgo hayan invertido, es cuando entran los fondos financieros privados con más aversión al riesgo, como, por ejemplo, el capital riesgo privado.[298]

FIGURA 30. Retornos acumulativos fruto de la innovación.

En el caso de los capitalistas de riesgo, su verdadero talento parece residir en la elección de los tiempos, es decir, en su habilidad para entrar tarde en un sector después de que se hayan asumido los mayores riesgos del desarrollo, pero en el momento óptimo para hacer una fortuna. Aunque muchas de esas inversiones fracasen, las pocas que tienen éxito pueden generar pingües beneficios para el fondo de inversión en cuestión, como ejemplifica el éxito de la empresa de capital riesgo Kleiner Perkins. En 1976, Kleiner Perkins invirtió cien mil dólares en la compañía de biotecnología Genentech, que cuatro años más tarde, cuando salió a bolsa, fue valorada en trescientos millones de dólares. En 2009, Genentech fue adquirida por Roche, la empresa farmacéutica establecida en Suiza, por 47.000 millones de dólares, generando una fortuna para los inversores. De manera similar, la inversión de quinientos mil dólares que Peter Theil hizo en Facebook en 2004, que le supuso un 10,2 por ciento de las acciones de la empresa, le generó mil millones de dólares cuando vendió la mayoría de sus acciones en 2012. Sin duda, estos inversores tempranos resultan cruciales en el proceso de innovación. La cuestión crítica aquí es: ¿son sus recompensas proporcionales a los riesgos que asumen?

Se podría pensar que, en los casos en los que los fondos públicos han hecho inversiones iniciales arriesgadas y el capital riesgo privado solo ha entrado en el momento en que la inversión parecía una apuesta más segura, esos fondos recibirían una remuneración apropiada por su osadía. Pero, de hecho, lo que sucede es lo contrario. En dichos casos, el porcentaje de recompensa que obtiene la industria del capital riesgo privado tiende a ser del 20 por ciento, excluyendo otras comisiones y cobros; por el contrario, el porcentaje directo del sector público se acerca a cero. Por lo general, se considera que el sector público debe obtener sus recompensas de otras maneras más indirectas, esto es, a través de los impuestos o los beneficios de productos con alta calidad y bajo coste. Esta manera de pensar no solo ignora por completo las inversiones en innovación tempranas, cruciales y arriesgadas, realizadas por los fondos públicos, sino que privilegia de manera desproporcionada a los inversores posteriores y privados en términos de recompensas.

Analicemos esto con más detalle.

Capital riesgo: el momento lo es todo

La industria del capital riesgo empezó en Estados Unidos en 1946, cuando se estableció la American Research and Development Corporation (ARD) con el objetivo de conseguir fondos procedentes de gente rica y donaciones a universidades para invertir en nuevas empresas del campo de la manufactura basada en la tecnología. No tardó en hacer inversiones llamativas. En 1957, ARD invirtió un total de setenta mil dólares en DEC, una empresa de ordenadores; nueve años más tarde, esa misma inversión ya estaba valorada en treinta y siete millones de dólares. Sin embargo, el crecimiento de la industria del capital riesgo se mantuvo en calma hasta la década de 1980, cuando aumentó de repente y el papel de los fondos de pensiones dispararon su capital.

Desde el principio de la industria del capital riesgo, a menudo los emprendedores y los capitalistas de riesgo han surfeado la ola creada durante décadas de inversión por parte del Gobierno. Iniciada después de la Segunda Guerra Mundial, la inversión gubernamental en proyectos de alta tecnología creció significativamente en la década de 1950 como parte del complejo militar-industrial a causa de la Guerra Fría.[299] Antes de hacerse famoso en todo el mundo como «Silicon Valley», un nombre acuñado en 1971, el área de la bahía de San Francisco producía tecnología para uso militar o, desde la década de 1960, desarrollos de tecnología militar para propósitos comerciales.[300] La primera empresa formal de capital riesgo en Silicon Valley —Draper, Gaither and Anderson— estaba dirigida por dos antiguos generales del ejército estadounidense y el autor de un informe secreto para el presidente Eisenhower sobre cómo debía responder Estados Unidos al lanzamiento soviético del Sputnik.[301]

Buena parte del trabajo de comercializar la tecnología militar se llevó a cabo en los laboratorios de investigación de empresas de tecnologías de la información y la comunicación ya establecidas (ICT, por sus siglas en inglés), como General Electric, Texas Instruments, AT&T, Xerox e IBM. Los empleados de estas compañías las abandonaron para fundar sus propias empresas. La Small Business Investment Company, establecida en 1958 por la Administración para Pequeñas Empresas del Gobierno, fundada a su vez en 1953, ayudó a muchas de ellas a conseguir capital.

La creación en 1971 del NASDAQ —un nuevo mercado de valores que no se hallaba sujeto a los estrictos requerimientos de cotización de la bolsa de Nueva York— complementó los programas gubernamentales. La creación de un mercado nacional muy líquido para títulos corporativos más especulativos fue importante para atraer la inversión de los capitalistas de riesgo a la industria de las tecnologías de la información, puesto que ahora estaban seguros de que había un camino de salida fácil para sus inversiones.[302] Los capitalistas de riesgo, impacientes por ganar dinero con una empresa y empezar de nuevo en otra parte, normalmente buscan una salida de sus inversiones en un plazo de tres a cinco años.

En 1972, la industria del capital riesgo de Silicon Valley empezó a reunirse en el número 3000 de Sand Hill Road, en Palo Alto; un año más tarde se formó la Asociación Nacional de Capital Riesgo (NVCA, por sus siglas en inglés). Rápidamente, la NVCA se convirtió en un grupo de presión influyente. A principios de la década de 1980 persuadió al Congreso para que redujera a la mitad los tipos de los impuestos a las ganancias de capital, sosteniendo que eso incentivaría una mayor inversión del capital riesgo. Warren Buffett se convirtió en el principal crítico de esta medida política, admitiendo que él y la mayoría de los inversores no estaban pendientes de los impuestos, sino de las oportunidades.[303] De hecho, la industria de capital riesgo, desde donde empezó, siguió las oportunidades creadas por inversiones directas del Gobierno «orientadas a una misión» en áreas como internet, la biotecnología, la nanotecnología y las tecnologías limpias.

Como hemos visto en el capítulo 5, otro éxito crucial de la NVCA se produjo cuando persuadió al Gobierno estadounidense para que relajara la interpretación de la regla de inversión del «hombre prudente» (que implicaba mantener los fondos de pensiones fuera de las inversiones de alto riesgo) para permitir que los gestores de los fondos de pensiones invirtieran hasta un 5 por ciento de los fondos de pensiones en inversiones más arriesgadas como las del capital riesgo. Esto significó que, a partir de 1979, grandes sumas de ahorros para pensiones procedentes de trabajadores pasaron a fondos de capital riesgo, unos fondos en los que los capitalistas de riesgo normalmente reciben una comisión de gestión del 2 por ciento del volumen total, así como un 20 por ciento de participación en los beneficios (es decir, el porcentaje de los beneficios que va a quienes gestionan los fondos), como capital de inversión.[304]

En 1984, durante una visita a Silicon Valley del entonces presidente francés François Mitterrand, las contradicciones entre el nuevo optimismo de los capitalistas de riesgo y sus logros reales fueron recogidas en una conversación entre Paul Berg, uno de los ganadores del Premio Nobel de Química de aquel año, y Tom Perkins (el cofundador de Kleiner-Perkins), que alardeaba del papel de su sector en la biotecnología. Berg dijo: «¿Dónde estabais en las décadas de 1950 y 1960, cuando toda la financiación tenía que emplearse en la ciencia básica? La mayoría de los descubrimientos que han impulsado [la industria] se crearon entonces».[305] Para los capitalistas de riesgo, sin embargo, la perspectiva de unos asombrosos beneficios se hallaba ahora ante ellos. Nada resumía mejor este nuevo espíritu emprendedor que la start-up que salió a bolsa ese mismo año: Apple.[306]

Cara, gano yo. Cruz, pierdes tú

Apple Computer Company había sido fundada en un garaje californiano en 1976. Cuando salió a bolsa en 1980, se trató de la mayor oferta pública inicial (OPI) desde que lo hiciera la venerable Ford Motor Company, de cincuenta y tres años, en 1956.[307] Apple se convirtió en una leyenda de la noche a la mañana. También abrió un camino: la OPI ha pasado a ser desde entonces el rito de paso de cientos de esperanzadas empresas emergentes de alta tecnología, sinónimo del éxito en Silicon Valley en la mentalidad social, y por buenas razones.

Una OPI representa el instante en el que las expectativas y el potencial se enfrentan cara a cara con las realidades del mercado. Las OPI captan el valor generado durante un largo periodo en un momento, capitalizando el beneficio potencial futuro de una empresa en el precio de mercado. En otras palabras, para el capital riesgo el momento lo es todo.

Mediante la orquestación de dicho instante de alquimia —cuando el largo y serpenteante, siempre incierto y normalmente colaborativo, camino de la innovación cristaliza en dinero en efectivo— los capitalistas de riesgo, otros inversores, los fundadores y los empleados desde las primeras etapas han sido capaces de hacerse con unas recompensas extraordinarias. En ese preciso momento, el «capital atrapado» —la suma de todo el ingenio, el esfuerzo, la asunción de riesgos, la colaboración y persistencia que se han dedicado a desarrollar la nueva idea— se libera y se paga a los controladores de la emisión de acciones, que pueden no haber sido los innovadores originales o quienes asumieron los riesgos.

Las OPI son, en primer lugar, una manera de que los primeros inversores saquen su dinero. La posibilidad misma de una salida a bolsa alienta la inversión, aunque hay que tener en cuenta que quizá los inversores, con un ojo puesto en la puerta de salida y otro en el reloj, no sean los adecuados para estimular a una empresa hasta su máximo potencial. En segundo lugar, una OPI puede conseguir nuevo capital para la expansión del negocio, que puede resultar valiosa en algunos sectores pero menos significativa en otros (como el software), donde el capital más importante es el humano. En tercer lugar, los fundadores pueden materializar el valor de su talento y el aporte de trabajo que han quedado latentes en la empresa. En cuarto lugar, los empleados, que quizá fueron inducidos a abandonar puestos de trabajo seguros con la promesa de acciones en un proyecto arriesgado, pueden materializar el valor de esas acciones o, al menos, contemplar la posibilidad de hacerlo ahora que hay cierta liquidez en el capital de la empresa. Esto, de hecho, constituyó la motivación principal para la OPI de Microsoft en 1986, tras conceder opciones sobre acciones a sus empleados desde 1982.[308]

Por decirlo de otra manera, las inversiones que se realizan durante las etapas iniciales de una empresa resultan arriesgadas y la mayoría fracasará. La volatilidad de los retornos del capital riesgo a lo largo del ciclo empresarial revela los peligros.[309] Sin embargo, muchos capitalistas de riesgo se hallan entre los súper ricos gracias al éxito de empresas de alta tecnología de Silicon Valley. ¿Cómo ha sucedido esto? Sin duda, han asumido riesgos —aunque la mayoría con dinero ajeno—, lo que merece ser recompensado. Pero los retornos representan el resultado de invertir en empresas cuyo valor con frecuencia ha sido creado tras décadas de inversión previa del Gobierno. Cuando las apuestas de inversión se saldan con una OPI o una venta exitosas, los capitalistas de riesgo se benefician de una manera desproporcionada de la posición favorable que supone pertenecer al sistema. Después, se aprovechan de nuevo del tratamiento fiscal, cada vez más favorable, que reciben sus ganancias de capital en un sistema que su industria se ha esforzado por configurar.

La asignación de las acciones durante una OPI beneficia a quienes ya están dentro, entre ellos a los bancos de inversión que cubren la operación. Quienes pertenecen al sector tienen incentivos para alentar el bombo publicitario sobre la OPI, de modo que ponen el precio bajo y limitan la disponibilidad de las acciones para lograr que el precio suba. Como quienes no están dentro claman por poner sus manos sobre las últimas y más novedosas acciones tecnológicas, los primeros pueden vender con un gran beneficio.[310] Es lo más parecido a «cara, gano yo; cruz, pierdes tú» que se puede hacer.

Todo lo cual ya fue evidente en el desarrollo de la industria de la microelectrónica durante la década de 1980, un fértil banco de pruebas para la evolución de la industria del capital riesgo estadounidense. La inversión realizada por el Gobierno de dicho país en las décadas previas a la posguerra significó que las nuevas empresas del sector podían fabricar productos comercializables dentro del horizonte temporal que demandaban los inversores de capital riesgo. Gradualmente, este modelo se desplazó a otros sectores emergentes. La industria biofarmacéutica, de nuevo, se construyó sobre una cuantiosa inversión realizada por el Gobierno de Estados Unidos desde 1938, esta vez en una base de conocimiento de las ciencias biológicas, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés). Entre 2009 y 2016, los NIH han estado gastando una media de 31.500 millones de dólares al año (en dólares constantes de 2009), el doble que en la década de 1990 y el triple que en la década de 1980. En 2016 la cantidad sumó un total de 32.300 millones de dólares. Pero en el sector biofarmacéutico los ciclos de producto son mucho más largos y más especulativos que en la microelectrónica, y por lo tanto, más difíciles de adaptar al modelo de financiación de capital riesgo, que pretende salir en un máximo de cinco años.[311] Junto a firmas como Amgen, Genzyme y Biogen, Genentech (ahora parte de Roche) conforma el pequeño número de empresas biofarmacéuticas que mantienen su promesa de producir un medicamento muy vendido, con ventas superiores a los mil millones de dólares, de los cuales el sector ha generado solo treinta en total.[312]

A pesar de un historial tan irregular, cientos de empresas emergentes biofarmacéuticas han sido capaces de conseguir financiación por medio de una OPI y han permanecido en el mercado durante muchos años, a menudo sin la carga de un verdadero producto. Estas OPI sin un producto (también llamadas PLIPO, por sus siglas en inglés) sobreviven mediante contratos de I+D con grandes empresas farmacéuticas y la compraventa especulativa de sus acciones en el NASDAQ, incitada por noticias en torno al éxito o el fracaso de la última prueba clínica. Pero, si bien se ha demostrado que es difícil ganar dinero fiable a partir del desarrollo de nuevos medicamentos superventas reales, parece que ha habido muchas maneras de obtener ingresos especulando con la posibilidad de hacerlo. Esta ordinaria historia de convertir unas inversiones en ciencias biológicas —financiadas por el contribuyente— en productos exitosos tampoco ha impedido que los ejecutivos sénior de tales empresas sean bien recompensados con remuneraciones y acciones.

Los economistas clásicos no habrían prestado particular atención a la manera en que la industria del capital riesgo ha extraído valor mediante la circulación de dinero en lugar de crear valor; para ellos, la cuestión residía en fomentar la producción de valor, no su simple circulación.

No obstante, los ejemplos de las fortunas amasadas en la década de 1990 y principios de los 2000 por fundadores, capitalistas de riesgo, empleados de las primeras etapas de desarrollo y ejecutivos sénior del boom tecnológico de Silicon Valley se extendieron, redefiniendo las normas y las expectativas de lo que debería pagarse a los líderes de otros sectores más establecidos. De igual manera, en el sistema de patentes y, de forma más generalizada en el de industrias innovadoras como las tecnologías de la información y la comunicación, la biotecnología y las farmacéuticas, se han creado expectativas exageradas. Las patentes, de hecho, se han convertido en sinónimo de extracción de valor.

LA EXTRACCIÓN DE VALOR PATENTADA

La segunda manera clave en que se ha extraído valor de la economía de la innovación es a través de la apropiación de retornos mediante el sistema de patentes (IPR, por sus siglas en inglés). En el último siglo, las patentes y las herramientas asociadas, como los copyrights y las marcas registradas, han pasado de ser mecanismos para estimular la innovación a medios para bloquearla.

Las patentes constituyen protecciones que se conceden a invenciones que son nuevas, inventivas (no obvias) y susceptibles de ser aplicadas en la industria. En teoría, protegen al innovador de ver cómo su idea es copiada. En la práctica, sin embargo, la mayoría de las innovaciones no se patentan, lo cual muestra que las patentes no son realmente necesarias, puesto que hay otras maneras de proteger aquellas, entre ellas los tiempos de producción y el secreto comercial. Un estudio descubrió que entre 1977 y 2004 solo se patentó el 10 por ciento de las innovaciones «importantes».[313] Las patentes tienden a concederse por dos razones, que deben estar en tensión constante para que el sistema funcione de manera efectiva. La primera es recompensar y dar incentivos a los inventores para que desarrollen nuevas ideas, mediante la concesión de un derecho de monopolio sobre sus invenciones durante un tiempo limitado,[314] lo que se conoce como la «función de apropiación» de las patentes. A cambio de este derecho de monopolio, el inventor debe revelar información detallada acerca de su invención, lo cual nos lleva a la segunda razón: cuando la patente ha expirado, la invención puede difundirse rápidamente por toda la economía en un proceso conocido como la «función de divulgación» de las patentes. Si el sistema funciona bien, la función de apropiación está perfectamente equilibrada con la función de divulgación, y la sociedad se beneficia de la rápida difusión de este conocimiento por la economía.[315]

Consideradas así, las patentes se comprenden mejor no como «derechos» de propiedad intelectual, en el sentido de algo que es universal o inmutable, sino como un contrato o acuerdo basado en una serie de elecciones políticas. Se aporta algo (información sobre la invención) a cambio de obtener algo (la capacidad de explotar la invención en exclusiva durante un periodo limitado). Para equilibrar los beneficios privados con el bien público más general, las autoridades deben encontrar soluciones intermedias. Conceder patentes quizá ayude a aumentar los incentivos de los inventores, lo cual a largo plazo puede dar pie a tasas más altas de progreso técnico. Pero esas concesiones también elevan el poder de mercado de quienes poseen esas patentes, lo que conduce a una menor «eficiencia económica» durante el tiempo en que las patentes se hallan en vigor, así como a una difusión más lenta del conocimiento.

El objetivo original de las patentes consiste en la creación de valor. Patentar tu innovación magníficamente barata y efectiva tiene como fin asegurar que el trabajo duro que has puesto en la invención quede protegido por un periodo de tiempo durante el cual generará beneficios, hasta que se permita a los demás copiarla. En la actualidad, ese periodo es de veinte años. No todas las industrias hacen el mismo uso de las patentes; tienden a ser menos importantes en áreas como el software[316] y más importantes para industrias, como la farmacéutica, basadas en la ciencia. De hecho, hay otras maneras de mantener el dominio del mercado, como, por ejemplo, por medio de las ventajas de ser el primer actor y del secreto.

Para comprender la relación que mantienen las patentes con las dinámicas de extracción de valor, debemos observar qué significa exactamente que algo esté patentado, además de la estructura de las propias patentes. El dominio actual de la narrativa de los emprendedores como creadores de riqueza, como sostendré, ha desplazado el equilibrio del sistema de patentes del énfasis en la difusión del conocimiento a la recompensa privada.[317]

Las patentes pueden inhibir la innovación

Hoy en día, el «acuerdo» de la patente se ha desequilibrado hasta tal punto que el sistema de patentes ya no ayuda a la economía de la innovación, sino que la inhibe. Los cambios producidos en cuatro áreas importantes son los responsables de dicho desequilibrio: lo que se patenta, la duración de la protección de la patente, la facilidad con que se pueden obtener estas y las razones por las que buscar la protección de una patente.

En primer lugar, desde la década de 1980 el dominio de la patentabilidad se ha ido expandiendo en Estados Unidos. Este dominio se ha movido «hacia arriba», es decir, las patentes ya no se limitan a verdaderas «invenciones» (productos), sino que ahora incluyen «descubrimientos» (el conocimiento localizado detrás de los productos). Esto significa que las patentes ya no se restringen a invenciones con una «utilidad práctica o comercial»; ahora también pueden aplicarse a descubrimientos que facilitan el estudio de posibilidades de innovación futuras, como procedimientos de diagnósticos, bases de datos, métodos analíticos o principios científicos con alguna aplicación práctica potencial. Las patentes, en otras palabras, son ahora guardianas de la base de conocimiento.

En este cambio resultó fundamental la Ley Bayh-Dole estadounidense de 1980, que hizo posible que las universidades y los laboratorios de investigación del Gobierno pudieran patentar los resultados de la investigación financiada con dinero público.

El objetivo de la Ley Bayh-Dole consistía en reforzar las interacciones entre la universidad y la industria y en incentivar la comercialización. Pero conceder una licencia exclusiva a una patente propiedad de una universidad disuade a las innovaciones derivadas. Ahora, antes de entrar en un mercado, las empresas deben negociar —y pagar— una licencia para acceder a información privada que antes habría estado disponible en publicaciones.[318] En lugar de alentar una mejor transferencia de la tecnología —por ejemplo, de las patentes de células madre en manos de la Universidad de Wisconsin— el sistema ha retrasado la difusión de la tecnología.[319]

Si Estados Unidos lideró este cambio, el mundo lo ha seguido. Esas licencias universitarias desafían el «modelo científico abierto» tradicional, en el que los resultados de la investigación básica se hallaban —como debería ser— libre e igualmente disponibles para todo el mundo. Hoy en día se ha adoptado un modelo más privado y exclusivo, como ilustran las patentes con licencia universitaria en los motores de búsqueda online de Google y Netscape.

En segundo lugar, los cambios también han afectado a la protección que ofrecen las patentes: ahora estas pueden renovarse. Tales cambios tuvieron lugar tras las persistentes presiones ejercidas por, pongamos por caso, las empresas farmacéuticas, cuyo lobby dio lugar a la Ley Hatch-Waxman estadounidense de 1984, que además de impulsar la industria de los genéricos (al ser capaz de eludir algunas regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés), supuso la extensión de la vida de las patentes de los medicamentos de marca. Y desde entonces la ley ha sido manipulada por los abogados de la industria para que las patentes se amplíen aún más.[320] En esto hay un paralelismo con las leyes de derechos de autor: durante el último siglo, la industria del entretenimiento ha aumentado la protección de los derechos de autor de catorce a noventa y cinco años.[321]

En tercer lugar, ahora las patentes son mucho más fáciles de obtener. La reducción del presupuesto de los tribunales y de la FDA, que concede las licencias a los medicamentos, ha recortado el número de personas que comprueba las patentes, de modo que es más probable que se conceda una a que se rechace.

Y en cuarto lugar, las grandes empresas han utilizado cada vez más las patentes «estratégicas» para patentar en determinadas áreas con el fin de bloquear a los competidores. Esto va en contra del segundo objetivo de las patentes, que es permitir la difusión de los recursos. Esas patentes estratégicas pueden ser especialmente efectivas cuando se obtienen en un periodo temprano del desarrollo de la tecnología, antes de que se determine debidamente el estándar técnico, o en campos rápidos e intensivos en patentes como las ICT o la biotecnología, donde las innovaciones son muy interdependientes o complementarias.[322] Una patente temprana otorga a su propietario la posibilidad de establecer el estándar dominante y de bloquear las mejoras que otros pudieran hacer. El riesgo de infringir la patente también puede disuadir a otras empresas de comercializar sus productos o servicios.

Otra práctica relacionada, y cada vez más frecuente, consiste en el «secuestro de patentes», es decir, en la retención estratégica de patentes no para desarrollar o comercializar la idea subyacente, sino para conseguir deliberadamente el pago de derechos mediante la imposición de la misma. Ha surgido un mercado de patentes en el cual el valor de estas se halla separado —o, de manera efectiva, monetizado— del valor de la producción de los bienes y servicios que la misma hace posible. Se afirma que las patentes estratégicas pueden contribuir a la innovación, al proporcionar a las pequeñas empresas liquidez mientras intentan asumir los costes del desarrollo y la comercialización,[323] pero la evidencia sugiere que esta práctica también es perjudicial. James Bessen y Michael J. Meurer, autores de The Patent Litigation Explosion, estiman que los «secuestros de patentes cuestan a las empresas denunciadas veintinueve mil millones de dólares al año en costes directos al contado».[324] Otro estudio afirma que, en agregado, «los pleitos por patentes destruyen más de sesenta mil millones de dólares de riqueza empresarial cada año»,[325] y los costes recaen con más dureza en las empresas más pequeñas.[326]

EL EMPRENDIMIENTO IMPRODUCTIVO

Podría decirse que estos cambios, en conjunto, han hecho que las patentes no den pie a un emprendimiento productivo, sino improductivo. No podemos asumir que el emprendimiento vaya a ser siempre «productivo», en el sentido de que conducirá al descubrimiento de nuevos productos, servicios o procesos que aumenten la riqueza de la sociedad, pues, en muchas circunstancias, puede ser improductivo; por ejemplo, cuando implica innovaciones en la captura de rentas, o cuando descubre un truco legal, no utilizado pero efectivo, que puede desplegar contra sus competidores. En la actualidad, el sistema de patentes ofrece muchas oportunidades para esta clase de «emprendimiento improductivo»; las patentes pueden reforzar monopolios e intensificar el abuso de poder del mercado, bloquear la difusión del conocimiento y la innovación derivada, así como facilitar la privatización de investigaciones que tienen financiación pública y son creadas colectivamente. De hecho, en palabras del economista William J. Baumol, «en ocasiones el emprendedor puede incluso llevar una existencia parásita que en realidad es dañina para la economía».[327]

Muchas veces se asume que las rentas son, simplemente, el resultado de las imperfecciones del proceso competitivo que, de otro modo, produciría beneficios para todos. En la línea de Marx, una visión alternativa afirma que las rentas (incluidas las generadas por las patentes) surgen de la misma creación de valor, es decir, no de engañar o de romper las reglas del sistema, sino de las propias reglas de este. Bajo mi punto de vista, la manera en que se estructura el sistema de patentes moderno (por ejemplo, permitiendo las que son previas al producto y las estratégicas) es análoga a lo que Marx denominó el «trabajo improductivo», porque extrae valor en lugar de crearlo. Quien detenta una patente obtiene rentas de sus derechos de propiedad ejecutables, simplemente excluyendo a los demás del acceso a esos recursos. Los detentadores de patentes pueden apropiarse de la plusvalía generada por el trabajo y no pagada con sueldos. En la economía moderna se ponen pocos límites a la acumulación de esos derechos de propiedad intelectual, y, por lo tanto, hay pocas restricciones a la magnitud de la apropiación de valor. Duncan Foley, un economista heterodoxo de Nueva York que estudia la relación entre las prácticas modernas de extracción de valor y las ideas clásicas sobre las rentas, afirma: «Cualquier creador individual [de propiedad intelectual asignada estratégicamente] puede expandir eficazmente sus ingresos sin límite, pero eso no hace nada por expandir la producción de valor social».[328]

El relato actual, que exagera el papel del sector privado en la innovación e infravalora el del Estado, ha dado lugar a que proliferen patentes más amplias y más fuertes. Esas patentes se justifican como recompensa a los esfuerzos de los emprendedores, que pueden así seguir asumiendo los riesgos de la innovación. Pero ni los riesgos de la innovación ni el apoyo a la innovación futura —ambas cosas, innegablemente importantes— resultan suficientes para justificar el desequilibrio tan grande que se produce en favor de esta historia dominante. En lugar de la creación de valor, la expansión de las patentes ha alimentado la captura de rentas, la extracción de valor, la destrucción de valor, el juego estratégico y la privatización de los resultados de la investigación científica financiada con dinero público. Como ha observado The Economist: «Se supone que las patentes propagan el conocimiento al obligar a sus propietarios a exponer su innovación para que todo el mundo la vea […]. En lugar de eso, el sistema ha creado una ecología parásita de trols y detentadores de patentes defensivos, que pretenden bloquear la innovación, o al menos entorpecerla a menos que puedan hacerse con una parte del botín».[329]

Lo anterior presenta graves implicaciones para el desarrollo global. De hecho, la industrialización de las actuales economías avanzadas, como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, tuvo lugar con unas reglas de propiedad intelectual mucho más estrechas y flexibles que las que tenemos en la actualidad. Y si bien los países que se industrializaron más tarde, como Japón y Corea del Sur, se beneficiaron de un ambiente internacional de propiedad intelectual «amable» o «laxo», ahora las economías en desarrollo se encuentran un sistema de creación del conocimiento más cerrado y privatizado, apoyado por los acuerdos de comercio internacional.[330]

PONER PRECIO A LOS MEDICAMENTOS

Quizá en ningún ámbito el sistema de patentes moderno haya resultado tan pernicioso como en los precios de los medicamentos. Se trata de una elocuente lección acerca de cómo se abusa del concepto de valor. En los sectores que hacen una utilización intensiva de las patentes, como las farmacéuticas, una mayor protección de aquellas no ha supuesto una mayor innovación. De hecho, ha sucedido lo contrario. Tenemos más medicamentos con poco o ningún valor terapéutico.[331] Al mismo tiempo, se han llevado a cabo numerosos pleitos para extender la validez de la patente sobre medicamentos existentes, mediante la remezcla de viejas combinaciones de componentes. Estos pleitos dieron credibilidad a la afirmación de que el sistema de patentes legales se ha convertido en la principal fuente de extracción de valor, en lugar de en un incentivo para la creación de valor a través de las innovaciones farmacéuticas. O peor aún, como las instituciones públicas han financiado la mayoría de los descubrimientos científicos fundamentales que se encuentran detrás de las innovaciones sanitarias,[332] los contribuyentes ahora pagan dos veces: primero, la investigación y, luego, el recargo que las compañías farmacéuticas cobran por sus medicamentos. Además, el aumento de los retornos procedentes de las patentes refuerza la posición de quienes ya están en el mercado y deja fuera a los competidores.

Un caso reciente ilustra cómo las patentes conducen a un precio de monopolio. A principios de 2014, el gigante farmacéutico Gilead sacó al mercado un nuevo tratamiento para el virus de la hepatitis C. El medicamento se llama Sovaldi y supone un notable avance respecto de terapias existentes contra esa enfermedad mortal, que afecta a alrededor de tres millones de personas en Estados Unidos y a quince millones en Europa.[333] Ese mismo año, Gilead lanzó una versión mejorada de Sovaldi conocida como Harvoni. El lanzamiento de esos dos nuevos medicamentos recibió una amplia cobertura mediática. La razón, sin embargo, no se debió a su poder terapéutico, sino a su precio, ya que un tratamiento de tres meses cuesta 84.000 dólares (exactamente mil dólares por pastilla) en el caso de Sovaldi, y 94.500 dólares en el caso de Harvoni.[334]

Sovaldi y Harvoni no son casos aislados. El precio de las medicinas «especializadas» —que tratan complejas enfermedades crónicas como el cáncer, el VIH o las de tipo inflamatorio— se ha disparado en años recientes, alimentando un acalorado debate sobre por qué los importes son tan altos y si están justificados. Los medicamentos contra el cáncer que solo añaden unos pocos meses a la esperanza de vida de los pacientes cuestan centenares de dólares al día. El caso de Sovaldi llamó la atención del Congreso estadounidense: dos miembros del Comité de Finanzas del Senado, uno de ellos el entonces presidente Ron Wyden, mandaron una carta a Gilead expresando su preocupación y exigiendo un informe pormenorizado sobre cómo se había establecido el precio de Sovaldi.[335] Era una buena pregunta. Los precios de los medicamentos especializados no tienen ninguna relación con los costes de fabricación. Por ejemplo, algunos investigadores han determinado que el precio de fabricación de un tratamiento de doce semanas de Sovaldi estaría entre 68 y 136 dólares.[336] ¿Cómo justifica la industria farmacéutica el cobro de precios que son centenares de veces más altos que los costes de producción?

La salud del paciente y los beneficios impacientes

La defensa habitual que solían alegar las empresas farmacéuticas era que esos elevados precios resultaban necesarios para cubrir los costes de I+D derivados de desarrollar nuevos medicamentos y compensar los riesgos asociados con la investigación y los ensayos clínicos. Pero la opinión pública es cada vez más escéptica con ese argumento, y por buenas razones: la investigación lo ha desacreditado.[337]

En primer lugar, el gasto de las empresas farmacéuticas en investigación básica es muy pequeño comparado con los beneficios que generan.[338] También es mucho menor de lo que gastan en márketing,[339] y con frecuencia menor de lo que gastan en recompras de acciones destinadas a disparar a corto plazo el precio de las acciones, las opciones sobre acciones y el pago de los ejecutivos.[340]

En segundo lugar, la investigación que da paso a la verdadera innovación farmacéutica,[341] definida en términos generales como nuevas entidades moleculares, ha procedido sobre todo de laboratorios financiados con dinero público.[342] La industria farmacéutica ha concentrado cada vez más el gasto de I+D en la fase de desarrollo, que es mucho menos arriesgada, y en los «medicamentos equiparables», que son ligeras variaciones de productos existentes.

Por ejemplo, los NIH y el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos financiaron la investigación que dio como resultado el componente principal de Sovaldi y Harvoni, desde el trabajo científico de las primeras etapas hasta los ensayos clínicos de fases posteriores. Los inversores privados no gastaron más (y quizá mucho menos) que trescientos millones de dólares en I+D para Sovaldi y Harvoni en el transcurso de una década.[343] Si consideramos que en los primeros seis meses de 2015 los dos medicamentos sumados generaron alrededor de nueve mil cuatrocientos millones de dólares en ventas (y cuarenta y cinco mil millones de dólares en los tres primeros años desde el lanzamiento, entre 2014 y 2016), está claro que su precio no tiene ninguna relación con los costes de I+D.[344]

De modo que no resulta extraño que las empresas farmacéuticas estén recurriendo a un argumento de defensa distinto. Así, sostienen que esos precios son proporcionales al «valor» intrínseco de los medicamentos. «Discutir sobre el precio es un error», declaró el vicepresidente ejecutivo de Gilead, Gregg Alton, en respuesta a las críticas por el precio de Sovaldi: «el tema debería ser el valor».[345] John LaMattina, antiguo vicepresidente de Pfizer y una figura destacada de la industria farmacéutica, fue aún más explícito. En un artículo publicado en Forbes en 2014 con el titular «Los políticos no deberían cuestionar los costes de los medicamentos sino su valor», sostuvo que:

En la mente de pacientes, médicos y pagadores el precio de los medicamentos debería tener poco que ver con los gastos de la I+D biomédica, y no debería vincularse con la recuperación de la inversión en I+D. El precio debería basarse únicamente en el valor que el medicamento aporta a la sanidad en términos de:

1) salvar vidas;

2) mitigar el dolor/sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes;

3) reducir los costes sanitarios generales.

Curiosamente, LaMattina también fue explícito a la hora de afirmar que la fijación del precio basada en el valor pretende justificar el cobro de unos importes que en absoluto se corresponden con los costes de producción y los gastos en I+D. Al hablar del medicamento más caro del mundo, Soliris, de la farmacéutica Alexion, que se utiliza para tratar una poco común forma de anemia y también un excepcional trastorno renal, LaMattina señaló que el precio (Alexion cobra 440.000 dólares al año por paciente) «no tiene relación con los costes de I+D necesarios para llevar ese medicamento al mercado». Sin embargo, continuó:

En Europa, las aseguradoras privadas y las agencias nacionales de salud están dispuestas a pagar por este medicamento. ¿Por qué? Porque el coste de cuidar a los pacientes con estas enfermedades puede ascender a millones cada año. Soliris, incluso con este elevado precio, en realidad permite al sistema sanitario ahorrar dinero, porque su utilización supone la reducción drástica de otros gastos del sistema sanitario generados por esos pacientes.[346]

El elevado precio de los tratamientos especializados —dice el argumento— está justificado por lo beneficiosos que resultan para los pacientes y la sociedad en general. En la práctica, esto implica vincular el precio de un medicamento a los costes que la enfermedad causaría a la sociedad si no fuera tratada, o si se tratara con la segunda mejor terapia. De modo que podemos leer, en un «informe técnico» preparado por PhRMA, la patronal estadounidense de la industria, para justificar los elevados precios, que «cada dólar adicional gastado en medicamentos para pacientes adheridos con insuficiencia cardiaca, alta presión sanguínea, diabetes y colesterol alto generó entre tres y diez dólares de ahorro en visitas a urgencias y en hospitalizaciones de pacientes», que «un descenso del diez por ciento en la tasa de mortalidad debida al cáncer equivale a alrededor de 4,4 billones de dólares en valor económico para la generación actual y las futuras», y que «la investigación y las medicinas del sector biofarmacéutico son la única opción de supervivencia para los pacientes y sus familias».[347] Aunque estas afirmaciones puedan ser ciertas, es sorprendente que se utilicen como una explicación (o justificación) de los elevados precios de los medicamentos.

Los críticos han respondido que, en realidad, no hay ningún vínculo perceptible entre los precios de los medicamentos especializados y los beneficios médicos que aportan. Tienen algunas pruebas de su parte. Hay casos de estudio que han mostrado que no se sigue una correlación entre el precio de los medicamentos contra el cáncer y sus beneficios.[348] Un trabajo de 2015, basado en una muestra de cincuenta y ocho medicamentos contra el cáncer aprobados en Estados Unidos entre 1995 y 2013, ilustra que sus beneficios de supervivencia para los pacientes no explican su inmenso coste. El doctor Peter Bach, un reconocido oncólogo, colgó en internet una calculadora interactiva con la que puedes establecer el precio «correcto» de un medicamento contra el cáncer a partir de sus características valiosas, como, por ejemplo, el aumento de la esperanza de vida, los efectos secundarios, etcétera. La calculadora muestra que el importe basado en el valor de la mayoría de los medicamentos es menor que su precio de mercado.[349]

Por desgracia, con todo, la mayoría de los críticos de la industria farmacéutica se enfrenta a estos argumentos en el ámbito que han escogido las grandes empresas del sector. En otras palabras, aceptan implícitamente la idea de que los precios deben estar vinculados a algún tipo de valor intrínseco del medicamento, medido por el valor monetario de los beneficios —o los costes evitados— que aporta a los pacientes y a la sociedad. Esto no es tan raro como podría parecer.

La idea del precio basado en el valor fue desarrollada inicialmente por académicos y autoridades para contrarrestar el aumento de los precios de los medicamentos y asignar los presupuestos públicos de sanidad de manera más racional. En Reino Unido, por ejemplo, el Instituto Nacional de Excelencia para la Salud y los Cuidados (NICE, por sus siglas en inglés) calcula el valor de las medicinas en función del número de años de vida ajustados según la calidad (AVAC) que recibe cada clase de paciente. Un AVAC es un año de salud perfecta; si la salud no llega a perfecta, el AVAC representa menos de un año. La relación entre el coste y la efectividad se evalúa calculando cuánto cuesta un medicamento o un tratamiento por AVAC. Por lo general, el NICE considera que un producto farmacéutico es rentable si cuesta menos de veinte o treinta mil libras por AVAC aportado. Una evaluación de esta clase basada en el precio es poderosa: el NICE asesora al Servicio Nacional de Salud británico (NHS, por sus siglas en inglés) en su elección de los medicamentos.

Un análisis de rentabilidad como el que lleva a cabo el NICE tiene sentido para asignar el presupuesto finito de un sistema nacional de salud. En Estados Unidos, donde no se realiza un análisis de rentabilidad y el sistema nacional de seguros tiene prohibido por ley negociar con las empresas farmacéuticas, los precios de los medicamentos son mucho más altos que en Reino Unido, y aumentan con más rapidez. El resultado es que, calculado con un criterio como el AVAC, en Estados Unidos el precio de los medicamentos especializados no está relacionado con los beneficios médicos que aportan.

Un análisis básico y ortodoxo de la elasticidad de la demanda (es decir, cómo son de sensibles los consumidores a los cambios de precios, dependiendo de las características de los bienes) es suficiente para explicar los importes tan altos de los medicamentos especializados, y hace que las vagas y retóricas explicaciones de la industria farmacéutica sobre el valor sean aún menos convincentes. Las medicinas especializadas como Sovaldi o Harvoni están protegidas por patentes, de modo que sus productores son monopolistas y la competencia no limita los precios que se establecen. Normalmente, con todo, se podría esperar que la elasticidad de la demanda supusiera una constricción: cuanto más alto sea el precio, más baja será la demanda del producto del monopolista. Pero, por supuesto, la elasticidad de la demanda de los medicamentos especializados es muy baja: está en juego la vida de las personas. Necesitan esos tratamientos para tener alguna posibilidad de sobrevivir, y los aseguradores médicos, ya sean públicos o privados, tienen la obligación de pagarlos.

El resultado lógico de una combinación de monopolio y de demanda rígida son unos precios altísimos, y esto es precisamente lo que está pasando con los medicamentos especializados. Lo cual explica por qué las empresas farmacéuticas disfrutan de unos márgenes de beneficio absurdamente elevados: además de la tasa de beneficios normal, obtienen unas inmensas rentas de monopolio.[350] Una evaluación basada en el valor, como la que lleva a cabo el NICE, puede resultar útil porque reduce la demanda de los medicamentos del monopolista y le impide cobrar el precio que él decida. El lado malo, sin embargo, es que el coste de una mayor elasticidad de la demanda de medicamentos es dejar a algunos pacientes sin los que necesitan porque las empresas farmacéuticas pueden no reducir los precios lo suficiente como para tratar a todo el que necesite el medicamento, si la consecuente reducción de los márgenes de beneficio es mayor de lo que quieren las empresas. Esto ya está sucediendo en Reino Unido, donde el NICE ha rechazado que el NHS utilice algunos de los destinados contra el cáncer por su precio. Y también está sucediendo en Estados Unidos, donde algunas aseguradoras privadas y públicas se han negado a proporcionar Harvoni a los pacientes asegurados hasta que el estado de su enfermedad sea muy avanzado.

Lo que no se está señalando, sin embargo, es que el principio según el cual el precio de un medicamento especializado debería ser igual a los costes que ahorra a la sociedad es fundamentalmente erróneo. Si nos tomamos en serio ese principio, algunas terapias básicas o vacunas deberían costar fortunas. Y ¿cuál debería ser entonces el precio del agua, dado su indispensable valor para la sociedad?

El engaño en torno al precio de los medicamentos ha creado una batalla constante entre los sistemas de salud financiados por el Gobierno (allí donde existen), los programas aseguradores privados y públicos y las grandes empresas farmacéuticas. Solo desmintiendo las ideas acerca del valor subyacente en estos medicamentos será posible encontrar una solución a largo plazo que se traduzca en un acceso a medicinas realmente asequibles.

LOS EFECTOS DE RED Y LAS VENTAJAS DE SER EL PRIMERO

He analizado cómo se financia la innovación, que es inherentemente incierta y acumulativa, así como la dinámica de esa financiación. También hemos explorado cómo los riesgos y las recompensas de la innovación se han compartido de manera problemática, y que los medicamentos son el caso concreto más grave. Ahora quiero abordar otro aspecto de la innovación: el efecto que las redes digitales modernas tienen en la capacidad de unas pocas empresas para conseguir monopolios en sus mercados.

En apenas unos años, empresas como Google, Facebook, Twitter, Amazon y eBay han salido de la nada y se han convertido en elementos casi indispensables de las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo. Estas empresas dominan cada vez más la manera en que encontramos información, nos conectamos y comunicamos, mantenemos nuestras amistades, documentamos nuestras vidas, compramos y compartimos nuestros pensamientos con quien quiera escucharnos. Las nuevas tecnologías que hay tras esas empresas han revelado —o creado— en nosotros nuevos deseos y necesidades. Otras muchas empresas, cada una con tecnologías básicamente similares, podrían haber satisfecho esas necesidades. Muchas lo han intentado. Pero lo que es interesante es la manera rápida e integral en que ese pequeño número de empresas ha conseguido el dominio. Y este dominio conlleva la capacidad de extraer valor a una escala masiva.

¿Cómo ha sucedido esto? La respuesta se halla en las características de la innovación, en la que pequeñas diferencias en los plazos, las previsiones o el azar pueden tener consecuencias completamente desproporcionadas para la disparidad inicial. Cualquiera que consiga una ventaja al principio —al establecer un estándar o capturar parte de un mercado «inelástico»— puede resultar muy difícil de desplazar. Y a medida que su dominación se perpetúa, son capaces de capturar una porción desmesurada de valor en el mercado.

La historia de muchas innovaciones demuestra muy bien este tipo de dinámicas. El motor de combustión interna ha mantenido su dominio durante más de cien años, no porque sea el mejor motor posible, sino porque por un accidente histórico consiguió una ventaja inicial. Las innovaciones posteriores no trataron de suplantarlo, sino que se centraron en mejoras en torno a él, de modo que, a posteriori, se convirtió en el mejor motor.[351] Lo mismo sucede con la disposición de los teclados QWERTY, llamados así por la distribución de las primeras seis letras superiores de izquierda a derecha. En la época de las máquinas de escribir mecánicas, la propia ineficiencia de esta disposición del teclado le dio una ventaja sobre alternativas como la disposición DVORAK, más rápida, porque las teclas mecánicas se atascaban con menor frecuencia. Ahora, con los teclados electrónicos, la necesidad mecánica de la disposición QWERTY ha desaparecido hace mucho tiempo, pero su ventaja ha permanecido. Una vez la gente aprendió a escribir utilizando dicha disposición, luego se resistió al cambio. Esta inercia social significa que su arbitraria ventaja inicial se mantuvo.

Estos ejemplos muestran, a escala, el potencial del aumento de los retornos dinámicos (cuantos más suscriptores, mejor), de la innovación debida a la trayectoria dependiente (seguir utilizando una práctica o producto por una preferencia pasada por ellos) o de la inercia social, incluso cuando la ventaja inicial puede ser ligera o arbitraria. Otro ejemplo del fenómeno son las llamadas «externalidades de red». De la misma manera que el valor de un teléfono aumenta a medida que crece el número de gente con la que el propietario puede conectar, una red social se vuelve más valiosa para su propietario si se unen más personas. Facebook y Twitter hacen todo lo posible por aumentar el número de suscriptores: cuanto mayor es la red, más fuerte será la posición de la compañía.

Beneficios de red

Todo esto suena bien hasta que te preguntas qué puede significar para el tamaño de las empresas. Una fuente importante de retornos crecientes debidos a la escala necesariamente expande a las empresas. El tamaño de Google es el resultado de los efectos típicos de red de los servicios basados en internet. Google no es solo un motor de búsqueda; también es un correo electrónico (Gmail), una herramienta de videoconferencias (Google Hangout), un creador y editor de documentos, y todo está diseñado para maximizar las ventajas de seguir usando Google: no puedes utilizar Google Hangout sin una dirección de Gmail.

¿Cuál es el problema? Muchas veces, las empresas online gigantes como Facebook, Amazon y Google son descritas por sus gestores y sus defensores como «fuerzas del bien» cuyo fin es el progreso de la sociedad, y no como empresas orientadas a los beneficios.[352] Algunos defensores entusiasmados han hablado de una creciente y revolucionaria «economía colaborativa», o incluso de un «socialismo digital»,[353] promoviendo una visión color de rosa según la cual las plataformas digitales «empoderan» a la gente, al concederle acceso gratis a una amplia gama de servicios, desde las relaciones sociales hasta el posicionamiento GPS y el control de la salud. Silicon Valley contrasta radical y favorablemente con Wall Street. Silicon Valley cierra la brecha de consumo al aportar servicios a los que todo el mundo puede acceder, casi independientemente de sus ingresos; Wall Street intensifica la concentración de poder y riqueza en manos del 1 por ciento.[354]

Por supuesto, los gigantes de internet son valiosos para sus usuarios, a veces mucho. Pueden mejorar el bienestar de la gente, y en algunos casos aumentan su productividad, por ejemplo haciendo más fácil y rápido encontrar algún contenido en la web, una ruta, una persona o un libro. Pero la idea de que estos servicios se ofrecen gratis a todo el mundo gracias a la buena voluntad de Silicon Valley, con el objetivo de «empoderar» a la gente y crear un mundo más abierto, es extremadamente ingenua. Un análisis más realista debería empezar por comprender cómo funcionan esas empresas y de dónde proceden sus beneficios, con el fin de valorar su impacto social general en términos de creación y de extracción de valor.

A las empresas como Google, Facebook y Amazon —y a las nuevas compañías de la «economía colaborativa» como Airbnb y Uber— les gusta definirse como «plataformas». No se enfrentan a un mercado tradicional, en el que la empresa produce un bien o servicio y lo vende a una población de consumidores potenciales. Operan, en cambio, en lo que los economistas llaman «mercados bilaterales», desarrollando los lados de la oferta y la demanda del mercado, así como el eje, conector o guardián entre ellos. Por un lado, hay una oferta de servicios para los usuarios. Por otro, hay una oferta de mercado para otras empresas, desde las ventas de espacio publicitario hasta la información del comportamiento de los usuarios. Durante mucho tiempo, las empresas han operado en más de un mercado. La peculiaridad de los mercados bilaterales, con todo, reside en la manera en que están conectados los dos lados. A medida que aumenta el número de usuarios en un lado del mercado (mediante la utilización de un motor de búsqueda o uniéndose a una red social), también se incrementan los clics en los anuncios y la información sobre el comportamiento de los consumidores, disparando la rentabilidad en el otro lado del mercado. A Google y a Facebook les viene bien no cobrar nada a sus usuarios: necesitan que tantas personas como sea posible los utilicen para hacer más atractivo el producto que venden a las empresas del otro lado del mercado. Nada parecido al «socialismo», digital o de otra naturaleza.

Por ejemplo, no deberíamos pensar que Google proporciona servicios a sus usuarios de manera gratuita. En su lugar, son los usuarios quienes aportan a Google los inputs necesarios para su proceso de producción: sus visitas a los anuncios y, lo que es más importante, sus datos personales. A cambio, obtienen búsquedas en la web y otros servicios. El grueso de los beneficios de Google procede de la venta de espacios publicitarios y de los datos de sus usuarios a otras empresas. Si algo es gratis online, tú no eres el consumidor, eres el producto.[355] Los modelos de negocio de Facebook y de Google se basan en la mercantilización de datos personales, transformando, por medio de la alquimia de un mercado bilateral, nuestras amistades, intereses, creencias y preferencias en propuestas vendibles. La llamada «economía colaborativa» se basa en la misma idea. A pesar de todo el entusiasmo por «compartir», se trata menos de altruismo y más de permitir que el intercambio de mercado alcance áreas de nuestras vidas —nuestras casas, nuestros vehículos, incluso nuestras relaciones privadas— que previamente estaban fuera de su alcance para luego mercantilizarlas.[356] Como ha advertido Evgeny Morozov, se corre el riego de que todos nos convirtamos en «embaucadores perpetuos»,[357] con nuestras vidas a la venta, mientras al mismo tiempo se socavan la base del empleo estable y un buen nivel de vida.

En el capitalismo de plataforma

El «capitalismo de plataforma» se describe con frecuencia como la nueva forma en que se producen, se comparten y se entregan los bienes y servicios; una forma más horizontal en la que los consumidores interactúan entre sí, y con menor intermediación de las viejas instituciones (por ejemplo, los agentes de viaje). La llamada «economía colaborativa», basada en este marco, funciona reduciendo las fricciones entre los dos lados del mercado, conectando de manera más eficiente a los compradores con los vendedores o a los clientes potenciales con los anunciantes. Se presenta como una transformación radical en la producción y en la manera en que se comparten y entregan los bienes y servicios. Añade valor al tomar lo que antes era secundario para el servicio —en el caso de Uber, por ejemplo, pedir, seleccionar, monitorizar y pagar un taxi— y convertirlo en su centro. Pero cuando algunos usuarios discapacitados se han quejado a Uber de que sus conductores se niegan a poner las sillas de ruedas en el maletero del coche, la compañía ha intentado eludir la responsabilidad con el argumento de que no es una empresa de taxis, sino solo una plataforma.[358] De modo similar, cada vez hay más pruebas de que Airbnb también es reacia a asumir responsabilidades por cuestiones como la seguridad de las instalaciones ofrecidas en su web o los comportamientos racistas de los propietarios de los inmuebles con respecto a algunos inquilinos.

Además, en el caso de Uber la búsqueda de economías de escala (basadas en el tamaño de la red) y de economías de alcance (basadas en el abanico de servicios distintos, incluido Uber Eats) ha generado unos beneficios más elevados a expensas de los colaboradores clave para la creación de valor de la empresa: los conductores. De hecho, aunque para el consumidor los costes se han reducido, para los conductores han aumentado: en 2012, Uber Black (uno de los servicios de coches de la empresa) costaba a los pasajeros de San Francisco 4,90 dólares por milla o 1,25 dólares por minuto. Cuando, en 2016, el precio disminuyó a 3,75 dólares por milla o 0,65 dólares por minuto, los consumidores se beneficiaron. Pero el resultado de esta economía colaborativa es que los conductores de Uber Black cobraron menos, los «estándares» suben (y la presión para que los conductores ofrezcan servicios «agrupados» a los clientes) y se intensifica la competencia de otros servicios de Uber.[359] Mientras los conductores se quejan cada vez más, el alcance de Uber en el mercado es más alto que nunca y crece cada día. Así, en octubre de 2016 tenía cuarenta millones de pasajeros mensuales en todo el mundo.[360] Ese mismo año contaba con ciento sesenta mil conductores en Estados Unidos, y con otros millones más distribuidos en quinientas ciudades del mundo, todos trabajando como «contratistas independientes», de modo que Uber no tiene que proporcionarles seguro sanitario u otros beneficios de los que recibirían como empleados a tiempo completo.

El tamaño de Uber, como el de Google, Facebook y Amazon, parece no tener límite. Los efectos de red que se extienden por los mercados online añaden una peculiaridad importante: cuando una empresa establece su liderazgo en un mercado, su dominio aumenta y se perpetúa casi automáticamente. Si todo el mundo está en Facebook, nadie quiere unirse a una red social distinta. Como la mayoría de la gente busca en Google, la diferencia entre el crecimiento de Google y el de sus competidores es mayor, porque puede operar con más datos. Y a medida que aumenta su participación en el mercado, también lo hace su capacidad para atraer usuarios, lo que a su vez incrementa su dominio del mercado.[361]

Al contrario que los piadosos pronunciamientos de los pioneros de internet, los efectos de red están centralizando cada vez más internet y, por lo tanto, colocando una enorme concentración de poder de mercado en las manos de unas pocas empresas. Por sí solo, Google representa el 70 por ciento de las búsquedas online en Estados Unidos y el 90 por ciento en Europa. Facebook tiene más de mil quinientos millones de usuarios, una cuarta parte de la población del planeta, y va muy por delante de sus competidores. Amazon representa alrededor de la mitad del mercado estadounidense de libros, por no mencionar el de los libros electrónicos. Seis empresas (Facebook, Google, Yahoo, AOL, Twitter y Amazon) constituyen alrededor de un 53 por ciento del mercado publicitario digital (solo Google y Facebook representan el 39 por ciento).[362] Esa posición dominante implica que los gigantes digitales pueden imponer sus condiciones a los usuarios y a las empresas que son sus clientes. Por ejemplo, muchos editores de libros están descontentos con las condiciones que les exige Amazon y piden unas mejores. Pero no tienen fuerza alguna porque —como dice Evgeny Morozov— «no hay un segundo Amazon al que puedan irse».[363] Los poderosos efectos de red en el mercado bilateral han consolidado la posición de estas empresas. Compañías como Google son monopolios de facto.[364] Pero no están reconocidas como tal y no han suscitado la clase de legislación antimonopolio que sí han hecho otras grandes empresas de sectores industriales más tradicionales (tabaco, coches, alimentos).

La posición dominante de un proveedor de plataforma en mercados cruciales puede utilizarse para favorecer sus productos y servicios en mercados satélite, extendiendo aún más el alcance de la empresa. La Comisión Europea está investigando a Google precisamente porque, al parecer, inclina de manera sistemática los resultados de sus búsquedas en favor de sus propios productos. Por la misma razón, muchos usuarios se han mostrado descontentos con el hecho de que Facebook recopile, almacene, analice y venda a terceros muchos de sus datos personales. Pero como todos sus amigos están en Facebook, no hay un competidor equivalente al que puedan irse. La defensa estándar de empresas como Facebook respecto de que «la competencia solo está a un clic de distancia» es simplemente falsa en mercados en los que los efectos de red son tan importantes.

Un estudio reciente llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Pensilvania encuestó a mil quinientos usuarios de internet estadounidenses para comprender por qué aceptaban ceder cierta privacidad a cambio del acceso a servicios y aplicaciones de internet. La explicación habitual reside en el hecho de que los consumidores comparan el coste de perder cierta privacidad con el beneficio de acceder a esos servicios gratis, y aceptan el trato cuando los beneficios exceden los costes. Una explicación alternativa es que muchos usuarios, simplemente, no son conscientes de la medida en que las empresas de internet invaden su privacidad. Pero, curiosamente, los resultados de la encuesta de Pensilvania son incompatibles con ambas explicaciones. Sugieren, más bien, que los consumidores aceptan ser monitorizados y entregar sus datos personales, aunque idealmente preferirían no hacerlo, no porque hayan asumido alegremente este quid pro quo, sino por resignación y frustración.

Resulta comprensible que la gente sienta que no tiene otra opción. En la sociedad actual es difícil vivir y trabajar sin utilizar un motor de búsqueda que funcione bien, una red social popular y una plataforma de compras bien surtida. Pero el precio de acceder a esos servicios consiste en aceptar las condiciones que impone el proveedor dominante, basadas en un «tómalo o déjalo», dado que no hay alternativas comparables.

CREAR Y EXTRAER VALOR DIGITAL

El enorme poder de mercado del que disfrutan los gigantes digitales suscita cuestiones críticas sobre la protección de la privacidad, el control social y el poder político. Pero lo que aquí nos preocupa es el impacto que este poder de mercado tiene en la relación entre la creación de valor y la extracción de valor.

La particular dinámica de la innovación —en la que el poder de la adopción temprana de estándares y de los efectos de red asociados fomenta una situación de dominio del mercado— tiene consecuencias profundas en la manera en que el valor creado se comparte y se mide.

La primera gran consecuencia es el monopolio. Históricamente, algunas industrias que de manera natural tienden a ser monopolios, como los ferrocarriles y el agua, han sido o bien nacionalizadas (por ejemplo, en Europa) o bien muy reguladas (por ejemplo, en Estados Unidos) para proteger a la sociedad de los abusos del poder corporativo. Pero las plataformas online monopolísticas siguen siendo de propiedad privada y en gran medida no están reguladas, a pesar de todas las cuestiones que suscitan sobre privacidad, control de la información y su absoluto poder comercial en el mercado, por mencionar solo algunas. En ausencia de unas fuerzas reguladoras sólidas, transnacionales y compensatorias, las empresas que primero establecen un control del mercado pueden hacerse con recompensas extraordinarias. Los bajos tipos impositivos que las compañías tecnológicas pagan por esas recompensas también son paradójicos, dado que su éxito se logró a partir de tecnologías financiadas y desarrolladas por inversiones públicas de alto riesgo.[365] En todo caso, las empresas que deben sus fortunas a la inversión del contribuyente deberían devolver a este su dinero, no buscar exenciones fiscales. Además, el auge de la «economía colaborativa» probablemente extenderá el intercambio de mercado a nuevas áreas, en las que las dinámicas de la dominación mercantil parecen preparadas para perpetuarse a sí mismas.

La segunda gran consecuencia de las dinámicas de la innovación es cómo se crea el valor, cómo se mide, y cómo y quién lo extrae. Si acudimos a las cuentas nacionales, la contribución que las plataformas de internet aportan a la renta nacional (contabilizada, por ejemplo, según el PIB) queda representada por los servicios vinculados a la publicidad que venden a otras empresas. No está muy claro por qué los anuncios deberían contribuir al producto nacional real, y no digamos ya al bienestar social, que debería ser el objetivo de la actividad económica. Pero en este aspecto, las cuentas nacionales son coherentes con la economía neoclásica estándar, que tiende a interpretar que cualquier transacción voluntaria basada en el mercado constituye una señal de alguna clase de producción; ya sean los servicios financieros o la publicidad, siempre que haya un precio, deben ser valiosos,[366] lo cual resulta confuso: si los gigantes de internet contribuyen al bienestar social, lo hacen a través de los servicios que ofrecen a sus usuarios, no mediante los anuncios que los acompañan.

El enfoque de los economistas clásicos parece mucho más fructífero para analizar estos nuevos mercados digitales. Como se ha abordado en el capítulo 1, distinguen entre trabajo «productivo», que contribuye al aumento del valor de lo que se produce, y trabajo «improductivo», que no lo hace. Las actividades que dan beneficios a las plataformas online —los anuncios, el análisis de la información privada y el comportamiento de los usuarios— no aumentan el valor de lo que se produce, que son servicios para usuarios que consisten en, por ejemplo, poner un mensaje en Facebook o hacer una búsqueda en Google. Más bien, esas actividades ayudan a las empresas a competir entre sí para apropiarse, de manera individual, de una participación mayor del valor producido.[367] El confuso y desorientador planteamiento del concepto de valor que hoy domina en la economía genera un resultado verdaderamente paradójico: las actividades publicitarias improductivas se contabilizan como una contribución neta de los gigantes digitales a la renta nacional, mientras que los servicios que ofrecen a los usuarios, y que son más valiosos, no se consideran.

Con frecuencia se habla del auge de los macrodatos como una oportunidad beneficiosa tanto para los productores como para los consumidores. Pero ello depende de quién es el propietario de los datos y de cómo estos sean «controlados». El hecho de que los derechos de propiedad intelectual se hayan vuelto más amplios y fuertes, y más frecuentes en la fase previa al producto, se debe a la manera en que son controlados. O no lo son. Los mercados de cualquier clase deben configurarse activamente para que el conocimiento se dirija de un modo que produzca los resultados de mercado que nosotros, como sociedad, queremos. De hecho, la regulación no tiene que ver con interferencias, como muchas veces se percibe, sino con gestionar un proceso que produce los resultados que son mejores para el conjunto de la sociedad. En el caso de los macrodatos, las «cinco grandes» —Facebook, Google, Amazon, IBM y Microsoft— prácticamente monopolizan el mercado. Pero el problema no es solo una cuestión de competencia, es decir, del tamaño y el número de empresas en el sector. Podría sostenerse que unas pocas grandes compañías pueden conseguir las economías de escala necesarias para reducir costes y hacer que los datos sean más baratos. Lo cual no es algo malo si se tiene en cuenta el descenso de los ingresos reales.

La cuestión clave reside en la relación existente entre los monopolios de internet y este descenso de los ingresos. La privatización de los datos, de manera que sirvan a los beneficios corporativos en lugar de al bien común, produce una nueva forma de desigualdad: el acceso distorsionado a los beneficios generados por los macrodatos. Limitarse a bajar el precio que los monopolistas cobran por acceder a los datos no es la solución. La infraestructura en la que se basan empresas como Amazon no solo está financiada con dinero público (como ya se ha dicho, internet fue pagada con dólares de los contribuyentes), sino que se alimenta de los efectos de red que se producen colectivamente. Aunque, por supuesto, está bien que las compañías creen servicios alrededor de nuevas formas de datos, la cuestión crítica es cómo asegurarse de que la propiedad y la gestión de los mismos siga siendo tan colectiva como su fuente: la sociedad. Como sostiene Morozov, «en lugar de pagar nosotros a Amazon una tarifa por utilizar sus capacidades en inteligencia artificial —construida con nuestros datos—, debería exigírsele a Amazon que nos pagara esa tarifa a nosotros».[368]

COMPARTIR RIESGOS Y RECOMPENSAS

Reconocer la naturaleza colectiva de la innovación debería traducirse en un mejor reparto de las recompensas que se derivan del proceso de innovación. Y, sin embargo, ignorar la historia colectiva y concederle el mérito a un reducido grupo de individuos, ha afectado a las opiniones sobre quién debería tener la propiedad intelectual, hasta dónde puede llegar el precio aceptable de un medicamento, quién debería, o no, conservar acciones en una nueva empresa o un nuevo avance tecnológico, y la participación justa de las contribuciones fiscales. Esta brecha entre la distribución colectiva de la asunción de riesgos en la innovación y la manera más individual y privatizada en que se distribuyen los retornos supone la forma más moderna de rentas.

Las narrativas actuales acerca del valor, la creación de riqueza y la asunción de riesgos, que privilegian la contribución de los inventores y capitalistas individuales, conducen a maneras de pensar para las que es aceptable que los frutos de la innovación se dividan entre ellos, el concepto de la «justa recompensa». El término procede del filósofo inglés John Locke (1632-1704). Su concepto del derecho individual —«justa recompensa»— para el producto del trabajo se basaba en un sistema de producción en el que el trabajo individual era más importante y más fácil de identificar que hoy en día, cuando las contribuciones colectivas han sido fundamentales para un crecimiento basado en la tecnología. Este argumento fue elaborado por Herbert Simon (1916-2001), que se hizo conocido por su estudio sobre la toma de decisiones en las organizaciones y que ganó el Premio Nobel de Economía en 1978. «Si somos generosos con nosotros mismos», sostuvo Simon, «supongo que podríamos afirmar que nos hemos “ganado” como mucho una quinta parte de nuestros ingresos. El resto del patrimonio [está] asociado con ser miembro de un sistema social enormemente productivo, que ha acumulado una enorme reserva de capital físico y una reserva aún mayor de capital intelectual, que incluye el conocimiento, las habilidades y las técnicas de organización que todos nosotros tenemos».[369] Al ignorar este sistema social producido de manera colectiva, determinados individuos se sienten autorizados a ganar una proporción de la renta nacional mucho mayor de lo que merecen sus contribuciones. Pero, más específicamente, esto ha afectado a las políticas fiscales, las patentes y los precios, fomentando así unas dinámicas de desigualdad.

La pregunta es: ¿qué podemos hacer al respecto?

Para empezar, la legislación debería comprender que la innovación constituye un proceso colectivo. Dados los inmensos riesgos que el contribuyente asume cuando el Gobierno invierte en nuevas áreas visionarias como internet, ¿no podríamos encontrar la manera de que las recompensas fruto de la innovación fueran tan sociales como lo son los riesgos que se asumen? Estas maneras podrían incluir: limitar los precios de los medicamentos desarrollados con dinero público; imponer condiciones al apoyo público, como el requerimiento de que los beneficios se reinviertan en la producción en vez de gastarse en recompras de acciones especulativas; permitir que las agencias públicas retengan acciones o regalías en aquellas tecnologías a las que aportaron financiación en sus etapas finales; o hacer préstamos contingentes a la renta para las empresas, como hacemos con los estudiantes.

La propia naturaleza de las inversiones durante las primeras etapas del desarrollo de tecnologías con perspectivas inciertas hace que algunas inversiones sean ganadoras, y muchas otras perdedoras. Por cada internet (la historia de una financiación del Gobierno de Estados Unidos saldada con éxito), hay muchos Concordes (un elefante blanco financiado por los gobiernos británico y francés). Veamos las historias gemelas de Solyndra y Tesla Motors. En 2009, Solyndra, una start-up de paneles de energía solar, recibió un crédito garantizado de 535 millones de dólares del Departamento de Energía de Estados Unidos; ese mismo año, Tesla, el fabricante de coches eléctricos, recibió la aprobación de un crédito similar, de 465 millones de dólares. En los años posteriores, Tesla tuvo un enorme éxito y la empresa devolvió el crédito en 2013. Solyndra, en cambio, declaró la bancarrota en 2011, y para los conservadores fiscales se convirtió en un símbolo del penoso historial gubernamental para escoger ganadores. Por supuesto, si el Gobierno actúa como un inversor de riesgo, necesariamente se topará con numerosos fracasos. El problema, con todo, es que los gobiernos, a diferencia de las firmas de capital riesgo, a menudo cargan con los costes de los fracasos, pero no ganan casi nada con los éxitos. Los contribuyentes abonaron la factura de las pérdidas de Solyndra, pero no se llevaron apenas nada de los beneficios de Tesla. Extrañamente, el Gobierno de Estados Unidos había exigido tres millones de acciones de Tesla solo si no devolvía el crédito, ¡casi como si el Gobierno de Estados Unidos tuviera interés en ser propietario de empresas fracasadas! Dado que Tesla devolvió el crédito en 2013, si el Gobierno estadounidense hubiera tenido acciones de esta compañía en el caso de que triunfara, y no de que fracasara, habría podido cubrir con creces las pérdidas de Solyndra. El año en que Tesla recibió el préstamo gubernamental, salió a bolsa con un precio inicial de diecisiete dólares la acción; esa cifra había ascendido a noventa y tres dólares cuando se devolvió el crédito, y se duplicó poco después.

En el caso de los precios de los medicamentos, en lugar de centrarnos en la cuantificación de «lo que le costaría a la sociedad no tratar una enfermedad», lo cual es debatible y arbitrario, deberíamos intentar comprender el lado de la producción de la industria farmacéutica y sus interdependencias con industrias relacionadas, como la bioquímica y la del material médico. Se podrían establecer unos precios que aseguraran la producción continuada de los medicamentos que son realmente necesarios (y reducir el número de los «equiparables», que aportan pocos beneficios adicionales), además de suministrarlos a quien los precise y mantener un flujo constante y bien orientado de I+D para desarrollar otros nuevos. Un sistema de esta clase no requiere necesariamente que los precios de los medicamentos estén por encima de los costes de fabricación. Por ejemplo, podrían abolirse las patentes de los productos farmacéuticos y, al mismo tiempo, establecer un sistema de precios competitivo para recompensar e incentivar que las entidades públicas y privadas investiguen innovaciones farmacéuticas bien orientadas. Si utilizamos más los medicamentos genéricos —aquellos que médicamente son iguales a los de marca— podemos ampliar su disponibilidad y empujar a las empresas farmacéuticas a concentrarse en innovaciones que supongan un avance, en vez de producir medicamentos «equiparables» o llevar a cabo programas de recompra de acciones para aumentar el precio de sus acciones.

Las autoridades deberían entender bien quiénes son los distintos actores del proceso para impedir el gorroneo en las innovaciones financiadas con dinero público y un resultado en el que el ganador se lo lleva todo. En lugar de crear mitos en torno a los actores que participan en la economía de la innovación, como los capitalistas de riesgo, es importante reconocer las fases en las que cada uno de estos actores es importante. La política fiscal podría cambiarse para favorecer unos vínculos verdaderamente dinámicos entre los distintos participantes en la innovación, como, por ejemplo, concediendo a los capitalistas de riesgo unas recompensas y exenciones fiscales que se correspondan con los riesgos que realmente asumen en comparación con otros actores. Comprender que el papel del Estado consiste en hacer lo que el sector empresarial no está dispuesto a llevar a cabo —como implicarse en el desarrollo de alto riesgo de las primeras fases y en la investigación fundamental— también significa que políticas particulares como los créditos fiscales para I+D deben diseñarse de tal manera que el subsidio favorezca la inversión en innovaciones necesarias frente a otras azarosas y potencialmente rentables.

La manera en que se trata a los empleados también es muy importante en este caso. Cuando, normalmente con la excusa de maximizar el valor para el accionista, una empresa de éxito despide a empleados experimentados, es bastante probable que las desafortunadas víctimas hubieran comprometido su tiempo con la empresa, con la expectativa de compartir los retornos si triunfaba. Tras ello se quedan sin recibir la recompensa que merecen, mientras otros actores, como los capitalistas de riesgo que llegaron en una etapa posterior, reciben una participación desproporcionadamente grande de la recompensa. La contribución al proyecto de los empleados merece estar mejor protegida.

En capitales europeas como Berlín y París se están desarrollando acuerdos para poner límites o condiciones a las operaciones de empresas como Airbnb, Uber y Netflix.[370] Pueden establecerse bancos de patentes que garanticen el uso de estas para objetivos comunes. El Gobierno puede obtener acciones o regalías al invertir en áreas de alto riesgo, ya sea en productos o en tecnologías. Los precios de los productos que han recibido apoyo público pueden negociarse para que reflejen la contribución pública. Es posible controlar los macrodatos de modo que se muestren los datos públicos y la infraestructura financiada con dinero público sobre la que se apoyan. Esto significa que no debemos aplaudir los avances tecnológicos, sino reconocer la contribución colectiva que los ha creado y gestionarlos de tal modo que produzcan un bien público.

CONCLUSIONES

Es difícil imaginar el crecimiento económico sin innovación. Pero la innovación debe estar dirigida de manera adecuada para asegurar que lo que se produce, y cómo se produce, genera creación de valor y no trucos que faciliten la apropiación de valor. Ello significa prestar atención tanto al ritmo y el sentido de la innovación (lo que se produce) como a los tratos que se cierran entre los distintos creadores de ese nuevo valor.

En primer lugar, resulta fundamental comprender que la innovación no es un concepto neutral. Puede utilizarse para distintos fines, del mismo modo que un martillo puede usarse para construir una casa o como arma. La propia revolución de los macrodatos puede ir en un sentido u otro. Así, puede convertirse en una forma de que los datos públicos (sobre la salud, el uso de la energía o las preferencias de compra) sirvan a beneficios privados, o puede utilizarse para mejorar los servicios que reciben los consumidores y ciudadanos. En el proceso, la ciudadanía no debería confundirse con un cliente. Como ciudadanos, tenemos derecho a disfrutar de las oportunidades que nos presenta la innovación, a utilizar el espacio público, a ser capaces de contestar a la autoridad, y a compartir experiencias y gustos sin que nuestras historias y preferencias acaben en una web o en una base de datos. En este sentido, los movimientos para una innovación «inclusiva» son importantes por cómo se centran en quién está implicado en la concepción del cambio y quién se beneficia de él.

En segundo lugar, la innovación tiene un ritmo y un sentido. Un debate democrático sobre este aspecto es igual de importante que los que tienen lugar sobre la tasa de crecimiento, además de ser clave para comprender los muchos caminos que puede seguir la innovación, y cómo las medidas políticas les afectan. Se asume que la política debería servir para «igualar las condiciones de juego». Pero lograr un crecimiento liderado por la innovación y una innovación de determinada clase (por ejemplo, una que pueda considerarse verde) no requiere igualar las condiciones de juego, sino cambiarlas. Y aún más, no solo exige una mentalidad política diferente, sino una estructura organizativa distinta: la capacidad de explorar, experimentar y deliberar estratégicamente en el sector público. Esta capacidad resultó esencial en las organizaciones que han alentado algunas de las innovaciones más radicales de nuestra era, desde internet hasta el GPS y la fractura hidráulica. Es necesaria una discusión más profunda sobre cómo utilizamos la innovación orientada a una misión para enfrentar los grandes desafíos sociales y tecnológicos, como el cambio climático o los cuidados sociales.[371] Así como la revolución de las tecnologías de la información fue escogida y dirigida, podemos elegir y dirigir el cambio verde y los cuidados como nuevos caminos para la innovación. Esto no significa que desde arriba se dicte qué debe producirse, qué actores son «productivos» y cómo debe comportarse cada uno. Más bien, requiere nuevas clases de contratos entre los actores públicos y privados (así como entre el tercer sector y la sociedad civil) para fomentar relaciones simbióticas que compartan el tipo de inversión que será necesaria para redirigir las economías, en la dirección contraria al alto contenido material y la energía basada en los combustibles fósiles. Se pueden aprender lecciones de algunas inversiones «orientadas a una misión», como el viaje a la Luna. Asegurarse de que la Tierra siga siendo habitable exige la misma ambición, organización, planificación, experimentación de abajo arriba, riesgos compartidos por los sectores público y privado, y una determinación y urgencia como la del proyecto Apollo.[372] Pero también es cierto que como estas inversiones son transformativas, debería establecerse un debate más amplio sobre por qué se persiguen ciertas tecnologías y qué se hace con ellas. Es curioso, por ejemplo, que hubiera tan poco debate en torno a la fractura hidráulica —que está financiada por el Gobierno— hasta después de su llegada.

En tercer lugar, como se sostiene en la sección anterior, la innovación se produce de manera colectiva y, por lo tanto, los beneficios deberían compartirse del mismo modo. El razonamiento profundamente equivocado que subyace tras los precios de los medicamentos, las patentes y las dinámicas de los macrodatos constituye un buen ejemplo de que un planteamiento confuso y engañoso del concepto de valor puede resultar costoso y permitir que los grandes monopolios se lleven inmensas rentas a expensas de la sociedad. Pero no tiene por qué ser así si pensamos en términos radicales.

Las propias patentes no deberían ser vistas como «derechos» (por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual), sino como una herramienta con la que incentivar la innovación en los sectores donde sean relevantes, aunque de manera que el sector público también reciba su retorno; los precios de los medicamentos serían «más justos» al reflejar las contribuciones colectivas de los distintos actores y al hacer sostenible el sistema de sanidad. La economía colaborativa no estaría basada en la capacidad de unas pocas compañías para utilizar gratis la infraestructura pública y las dinámicas de las economías de red para monopolizar el mercado. Una verdadera economía colaborativa debe, por definición, respetar las ganancias que los trabajadores logran con su esfuerzo, independientemente de la raza, el género o el talento de cada cual. La jornada de ocho horas, el fin de semana y las vacaciones, además de la baja por enfermedad conseguidos por los movimientos y sindicatos de trabajadores no fueron innovaciones económicas menos importantes que los antibióticos, el microchip o internet.

En una era en la que los beneficios se acumulan en niveles de récord, es importante comprender qué llevó a los acuerdos mediante los cuales las empresas reinvertían los beneficios en lugar de acumularlos. Y la respuesta es un Gobierno seguro y capaz, que ha desarrollado su propia capacidad para invertir en oportunidades tecnológicas e, igualmente importante, para negociar el panorama que crean. Los monopolios como las patentes son contratos que deben negociarse. Una parte (la empresa) recibe la protección de sus beneficios; la otra (el Gobierno) recibe beneficios para la sociedad, ya sea a través de costes y precios más bajos (gracias a las economías de escala), de la difusión de la innovación (por la forma en que las patentes divulgan información) o mediante la reinversión de los beneficios en áreas específicas consideradas benéficas para el crecimiento; en este caso, la innovación.

Los países en desarrollo utilizan esos acuerdos para la inversión extranjera: vienes y utilizas nuestros recursos solo si reinviertes localmente los retornos para beneficiarnos. Pero, en buena medida, la negociación de esta clase está ausente del capitalismo occidental. Del mismo modo que los gobiernos han permitido que las empresas utilicen patentes para emprendimientos improductivos en lugar de productivos, también han posibilitado que las empresas dejen de reinvertir sus beneficios. Eso estaría bien (quizá) si dichos beneficios fueran generados por su propia actividad, independientemente de los fondos públicos. Pero, como se ha sostenido en este capítulo, la tecnología y las redes subyacentes han sido producidas de manera colectiva. Por lo tanto, deberían ser negociadas colectivamente.

Una cuestión clave que se halla detrás de todas estas consideraciones es la contribución del Gobierno al crecimiento económico: el valor público. ¿Por qué, históricamente, los economistas no se han referido a él? Y, más importante aún, ¿por qué ahora los gobiernos han perdido la confianza para luchar por el valor público si antes limitaban el ámbito de las patentes o presionaban a los monopolios para que reinvirtieran los beneficios? Abordaremos estas cuestiones en el próximo capítulo.

8

LA INFRAVALORACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Lo importante para el Gobierno es no hacer cosas que los individuos ya están haciendo, y hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer esas cosas que en el momento actual nadie hace.

JOHN M. KEYNES, The End of Laissez-Faire, 1926[373]

La edición de The Economist de enero de 2010 estuvo dedicada a los peligros del Gobierno extenso. Un gran dibujo de un monstruo adornaba la portada de la revista. El editorial opinaba: «El mundo rico tiene una elección clara: aprender de los errores del pasado o ver cómo el Leviatán crece hasta convertirse en un auténtico monstruo». En un número más reciente, dedicado al futuro de las revoluciones tecnológicas, la revista decía explícitamente que el Gobierno debía limitarse a establecer las reglas del juego: invertir en bienes básicos como la educación y las infraestructuras, pero después apartarse para que los negocios revolucionarios pudieran dedicarse a sus asuntos.[374]

Esto, por supuesto, no supone ni mucho menos una idea novedosa. A lo largo de la historia del pensamiento económico, durante mucho tiempo el Gobierno ha sido considerado necesario pero improductivo, un gastador y regulador, en lugar de un creador de valor.

Los capítulos anteriores han revelado cómo tanto los actores del sector financiero como los de Silicon Valley han sido particularmente vehementes en sus afirmaciones autoexaltadoras sobre la creación de riqueza, y han utilizado esas afirmaciones para presionar en favor de un tratamiento beneficioso, que a su vez les ha permitido obtener recompensas desproporcionadas para el valor que en realidad han creado. Del mismo modo, otros actores han sido considerados, en general, aunque equivocadamente, «improductivos».

Como hemos visto, las finanzas, en última instancia, han sido menos productivas de lo que ellas afirman. En este capítulo quiero analizar al Gobierno, un actor que ha hecho más de lo que se le ha reconocido, y cuya capacidad para producir valor ha sido gravemente subestimada, lo cual ha posibilitado que otros actores reclamen con más firmeza su papel en la creación de riqueza. Pero es difícil vender el correspondiente al Gobierno cuando en la actualidad el término «valor público» ni siquiera existe en la economía. Se asume que el valor se crea en el sector privado, y que, en el mejor de los casos, el sector público «permite» el valor.

El concepto «valor público» ha existido durante milenios, y ha sido debatido en la filosofía y la sociedad al menos desde tiempos de la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Sin embargo, se trata de un tema maltratado por lo que respecta al estudio de la economía. Naturalmente, en la economía existe el importante concepto de «bienes públicos» —los bienes cuya producción beneficia a todo el mundo y, por lo tanto, requieren la provisión pública, puesto que son infraproducidos por el sector privado— pero, como veremos, el término también ha sido utilizado para dificultar la actividad del Gobierno (al restringir las áreas específicas en las que se considera aceptable que el sector público participe), en lugar de ayudarlo a pensar creativamente sobre cómo puede producir valor en la economía.

La narrativa de que el Gobierno es ineficiente y de que su papel óptimo debería ser «limitado» para evitar interferencias en el mercado es extremadamente poderosa. En el mejor de los casos, según asegura este discurso, el Gobierno debería centrarse únicamente en crear las condiciones que permitan a las empresas invertir y además mantener los fundamentos para una economía próspera: la protección de la propiedad privada, la inversión en infraestructuras, el Estado de derecho y un sistema eficiente de patentes. Después de eso debe apartarse y saber cuál es su lugar; no interferir demasiado ni regular demasiado. Significativamente, nos dicen, el Gobierno no «crea valor»; simplemente, «facilita» su creación y —si se le permite— redistribuye el valor mediante los impuestos. Esas ideas son elaboradas cuidadosamente, y se expresan con elocuencia y persuasión. De hecho, han dado pie a la opinión que se difunde en la sociedad actual, esto es, que el Gobierno es un drenaje de la energía del mercado, una amenaza constante para el dinamismo del sector privado.

Pero hay un área de la teoría económica dominante que reconoce —y de hecho, enfatiza— dónde pueden los gobiernos desempeñar un papel positivo: arreglando «los fallos del mercado». Como se ha visto, los fallos del mercado surgen cuando el sector privado no invierte lo suficiente en un área que se considera positiva para el beneficio público (por ejemplo, en la investigación básica, puesto que es muy difícil conseguir beneficios de su resultado) o invierte demasiado en áreas consideradas perjudiciales para el beneficio público (por ejemplo, en industrias contaminantes, que crean una externalidad negativa no incorporada a los costes de la empresa). Puede aplicarse un subsidio del Gobierno a lo positivo y un impuesto a lo perjudicial. Pero el actual mensaje al Gobierno consiste en que intervenga solo si hay un problema; de lo contrario, lo mejor es quedarse quieto, centrarse en conseguir las «condiciones» correctas para las empresas y dejar que el sector empresarial se ocupe de sus asuntos, es decir, de crear valor.

Sin embargo, aunque este sea el enfoque aceptado sobre el papel gubernamental, un breve vistazo a la historia del capitalismo revela otras historias poderosas, si bien menos simplistas, acerca del papel del Gobierno en la economía. En mitad de la Segunda Guerra Mundial, Karl Polanyi, un pensador radical austrohúngaro que combinaba la lógica de la economía política con una profunda comprensión de la antropología, la historia y la filosofía, escribió un libro muy importante: La gran transformación. En él sostenía que los mercados no eran ni mucho menos «naturales» o inevitables; más bien, eran el resultado de medidas políticas deliberadas: «El camino al mercado libre se abrió y se mantuvo abierto mediante un enorme aumento de un intervencionismo continuo, centralmente organizado y controlado […] Los administradores tienen que ser constantemente monitorizados para asegurar el funcionamiento libre del sistema».[375]

Polanyi investigó la larga historia de los mercados locales e internacionales. En el proceso, mostró que el mercado capitalista nacional —el estudiado en las clases de economía, con curvas de oferta y demanda— fue creado por el Estado a propósito. El Gobierno, afirmó Polanyi, no «distorsiona» el mercado. Al contrario, crea el mercado. Dicho sin rodeos: sin Estado, no hay mercado. No se trata de una cuestión normativa. Por supuesto, el Gobierno puede invertir en áreas que se consideren problemáticas, desde tecnologías para tiempos de guerra hasta la tecnología de la fractura hidráulica, algo a lo que algunos se han opuesto con firmeza. Y es precisamente este poderoso papel en potencia el que debería alertarnos y hacernos comprender mejor en qué se invierte el dinero de los contribuyentes (o el dinero impreso).

Como se ha visto en el capítulo anterior, las políticas gubernamentales han sido cruciales para concebir y financiar tecnologías clave como internet, que ha resultado fundamental para el éxito de Silicon Valley. En el proceso, el Gobierno ha dado vida a nuevos mercados, que han surgido de esas tecnologías (la economía punto com).

Esta visión histórica e institucional de la relación de los mercados con el Gobierno contrasta drásticamente con la ortodoxia actual y no aparece en la tendencia mayoritaria de la economía. En ella —por ponernos técnicos un momento— solo se puede encontrar al Gobierno como actor en los modelos macroeconómicos que abordan el efecto de la regulación o el efecto de un programa de estímulo en el PIB (por medio del multiplicador, que abordaremos más adelante en este capítulo). Pero el Gobierno se halla totalmente ausente de lo que, en microeconomía, se conoce como la «función de producción», esto es, la relación entre la cantidad de producción de un bien y la cantidad de inputs necesarios para hacerlo o, por resumir, el análisis de cómo se comportan las empresas. Y, por lo tanto, se asume que solo en estas se crea el valor. El Gobierno se deja fuera del límite de producción.

Algunas teorías van más allá. El Gobierno, sostienen, es intrínsecamente corrupto y susceptible de ser «capturado» por intereses establecidos. Como los gobiernos son inherentemente improductivos, si podemos restringir lo que hacen, podremos reducir las actividades improductivas y así mejorar las condiciones para las productivas, encauzando las economías hacia el crecimiento. La conclusión lógica consiste en que el Gobierno debería ser refrenado, desarmado, quizá mediante recortes del presupuesto, la privatización de activos públicos o la externalización. Según la jerga contemporánea, se trata de «austeridad».

Este capítulo sostendrá que la idea predominante acerca del Gobierno está equivocada, que es más el producto de sesgos ideológicos que de cualquier otra cosa. Las historias que se cuentan sobre él han socavado su confianza, limitado el papel que puede desempeñar en la conformación de la economía e infravalorado su contribución a la producción nacional, lo cual ha llevado, equivocadamente, a una excesiva privatización y externalización. Se ha ignorado el argumento de que los contribuyentes deben compartir las recompensas de un proceso de creación de valor colectivo (público), y se ha permitido una extracción de valor mayor. Pero esos relatos se han aceptado como de «sentido común», que es un término que siempre hay que tratar con cautela. Nos hemos acostumbrado a que se hable mucho sobre los pros y los contras de la austeridad. El debate en torno al Gobierno, sin embargo, no debería centrarse en su tamaño o su presupuesto. La cuestión real reside en qué valor crea el Gobierno, porque preguntar sobre el papel del mismo en la economía conlleva, inevitablemente, preguntar por su valor intrínseco. ¿Es productivo o improductivo? ¿Cómo contabilizamos el valor de las actividades del Gobierno?

LOS MITOS DE LA AUSTERIDAD

Después del crac financiero de 2008 —una crisis básicamente provocada por la deuda privada, no la pública— los gobiernos salvaron del colapso al sistema capitalista. No solo inyectaron dinero en el sistema financiero, sino que asumieron activos privados. Pocos meses después de la caída de Lehman Brothers, el Gobierno estadounidense estaba a cargo de General Motors y Chrysler, el Gobierno británico dirigía bancos comerciales y, en toda la OCDE, los gobiernos habían comprometido el equivalente al 2,5 por ciento del PIB para rescatar el sistema.

Y, sin embargo, aunque la crisis fue causada por la combinación de una elevada deuda privada y un comportamiento temerario del sector financiero, la extraordinaria conclusión política fue que la culpa había sido de los gobiernos, a pesar del hecho de que, mediante los rescates y los estímulos anticíclicos, habían salvado el sistema financiero del desmoronamiento. En vez de ser vistos como los héroes que intervinieron para solventar el caos creado por las finanzas privadas, se convirtieron en los villanos. Por supuesto, se han cometido errores en todos lados —unos tipos de interés anormales habían contribuido al aumento de la deuda—, pero la historia se distorsionó hasta dejar de ser reconocible. Esta distorsión ha sido posibilitada por una opinión sostenida desde la década de 1970, según la cual el sector público es menos capaz de crear crecimiento que el sector privado. Lo que siguió fue una campaña de austeridad en toda Europa. Y, trágicamente, en lugar de permitir que los países europeos más débiles utilizaran la inversión para volver a niveles de producción y empleo previos a la recesión, la troika (el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea) les dijo una y otra vez que recortaran al máximo el gasto público. Cualquier país cuyo déficit presupuestario hubiera crecido por encima del nivel estipulado en el Tratado de Maastricht fue penalizado severamente, con condiciones que formaban parte de rescates que incluso el FMI, que es partidario de la austeridad, reconoció más tarde que habían resultado contraproducentes.

En pocas palabras, la austeridad asume que la deuda pública es mala para el crecimiento y que la única manera de reducirla consiste en recortar el gasto y la deuda del Gobierno mediante superávits presupuestarios, independientemente del posible coste social. Con la deuda reducida a un nivel no especificado y las finanzas del Gobierno «sólidas», el sector privado se liberará para retomar la prosperidad.

Las políticas de «austeridad» han enmarcado las implementadas por los sucesivos ministros de Hacienda británicos y los de Finanzas europeos durante casi una década. En Estados Unidos, desde Newt Gingrich en la década de 1990 hasta los recortes de gasto exigidos por ley —secuestros— después de la última crisis financiera, el Congreso ha amenazado periódicamente con cerrar el Gobierno federal a menos que se cumplan los objetivos de un presupuesto reducido.

Pero esta fijación en la austeridad para reducir la deuda yerra en un aspecto básico: lo que importa es el crecimiento a largo plazo, su fuente (en lo que se invierte) y su distribución (quién obtiene las recompensas). Si, a través de la austeridad, los recortes se llevan a cabo en áreas esenciales que crean los recursos para un futuro crecimiento (la educación, las infraestructuras, los cuidados para una población sana), entonces el PIB (se defina como se defina) no crecerá. Además, la ironía es que el mero recorte del déficit puede tener poco efecto en la relación entre deuda/PIB si el denominador de la ratio está siendo afectado de manera negativa. Y si los recortes causan más desigualdad —como ha mostrado el Instituto de Estudios Fiscales en el caso de las medidas de austeridad en Reino Unido durante los últimos años— el consumo solo puede crecer mediante la deuda (por ejemplo, las tarjetas de crédito), que mantienen el poder adquisitivo. Si, en cambio, la inversión pública se realiza en áreas como la infraestructura, la innovación, la educación y la sanidad, dando pie a sociedades sanas y creando oportunidades para todos, los ingresos fiscales muy probablemente subirán y la ratio entre la deuda y el PIB disminuirá.

Es fundamental comprender que la política económica no está ordenada científicamente. Puedes imponer austeridad y esperar a que la economía crezca, aunque tal política impida la demanda, o puedes centrarte en invertir en áreas como la sanidad, la formación, la educación, la investigación y las infraestructuras, con la creencia de que resultarán críticas para el crecimiento del PIB a largo plazo. Al final, la elección de una política depende mucho de la idea que cada uno tenga del papel del Gobierno en la economía: ¿es clave para crear valor o, en el mejor de los casos, es un animador en la banda?

Números mágicos

El debate actual acerca de la austeridad ha evitado cualquier mención posible del valor público. Ni las palomas ni los halcones presupuestarios han cuestionado en serio la teoría del valor que respalda gran parte de la comprensión «de sentido común» de los procesos de mercado. Una importante razón para esta falta de curiosidad consiste en que ambos campos parecen haber sido esclavos de los llamados números «mágicos», que han enmarcado el debate.

Cuando, en 1992, tuvo lugar la integración europea por medio del Tratado de Maastricht, había varias obligaciones que los países firmantes asumieron, una de las cuales suponía mantener el gasto a raya. La deuda pública total tenía que limitarse al 60 por ciento del PIB, con déficits anuales (la deuda es la acumulación de déficits) no mayores del 3 por ciento del PIB. Estos números pretendían establecer unos límites objetivos al endeudamiento del Gobierno. Pero ¿de dónde salían? Se podría pensar que se llegó a ellos mediante alguna clase de proceso científico, pero sería un error hacerlo. En realidad, se habían sacado de la nada y no estaban apoyados por ninguna teoría o práctica.

Empecemos con la deuda. En 2010, la American Economic Review publicó un artículo de dos economistas, profesores de la Universidad de Harvard: Carmen Reinhart, que al año siguiente sería considerada una de los «cincuenta más influyentes en las finanzas» por la revista Bloomberg Markets, y Kenneth Rogoff, antiguo economista jefe del FMI.[376] En este artículo, los dos economistas afirmaban que cuando el tamaño de la deuda del Gobierno (como proporción del PIB) se halla por encima del 90 por ciento (un porcentaje mucho mayor que el 60 por ciento del Tratado de Maastricht, pero aún menor que el de muchos países), el crecimiento económico cae. Los resultados mostraban que los países ricos cuya deuda pública excedía ese porcentaje experimentaban un drástico descenso de la tasa de crecimiento durante el período 1946-2009. Fue un hallazgo importante, puesto que los niveles de deuda pública de muchos países están cerca o exceden dicho porcentaje. Según datos del FMI, la ratio entre la deuda y el PIB de Estados Unidos se encontraba en el 64 por ciento en 2007, y en el 105 por ciento en 2014. Para Reino Unido, los números equivalentes eran del 44 y el 81 por ciento; para la Unión Europea, del 58 y el 88 por ciento; y para la eurozona, del 65 y el 94 por ciento.

Conscientes de que el razonamiento daba argumentos a los partidarios de un Estado más pequeño, los autores se apresuraron a asegurar a los lectores que ellos no tenían una postura sobre el tema, que su argumento no tenía un fundamento ideológico, sino que se basaba en datos empíricos. Llegaron a subrayar que su investigación no tenía una teoría del Gobierno subyacente: «nuestro enfoque aquí —enfatizaron— es decididamente empírico».[377]

Como era predecible, los políticos y tecnócratas deseosos de «equilibrar» el gasto público aprovecharon la investigación de Reinhart y Rogoff, que resultó ser muy influyente en el debate posterior a la crisis de 2008 sobre las medidas de austeridad. En su Plan del Presupuesto Federal para 2013, aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el congresista republicano Paul Ryan citó el estudio como prueba del impacto negativo que un alto endeudamiento del Gobierno tenía en el crecimiento económico. También dio forma a las políticas de austeridad propuestas por el entonces canciller británico George Osborne y por el comisionado económico de la Unión Europea, Olli Rehn.

También en 2013, como parte de sus estudios de doctorado, Thomas Herndon, un estudiante de veintiocho años de la Universidad de Massachusetts Amherst, puso a prueba los datos de Reinhart y Rogoff.[378] No fue capaz de replicar sus resultados: sus cálculos no mostraban ninguna caída abrupta en las tasas de crecimiento cuando la deuda era alta. Al examinar la base de datos de los profesores, Herndon encontró un error en la hoja de cálculo. También descubrió incoherencias en los países y en los datos citados.[379] En dos artículos aparecidos en The New York Times,[380] los profesores defendieron sus resultados generales, pero aceptaron el error de la base de datos. Al final, los números mágicos no lo eran tanto.

Veamos ahora otro número mágico muy querido por los economistas de la Unión Europea: el 3. Se ha apremiado a los países de la «periferia» de la eurozona para que restauraran la competitividad reduciendo el tamaño del Estado. En línea con el criterio de Maastricht, los rescates para países como Chipre, Grecia, Irlanda y Portugal estuvieron condicionados a que recortaran los gastos. Si ese gasto supera el 3 por ciento del PIB, el rescate se pone en peligro. Entre 2010 y 2017, Grecia recibió doscientos sesenta mil millones de euros en rescate de ayuda a cambio de recortar el gasto del Estado. Sin embargo, como sus problemas eran demasiado estructurales para ser solventados mediante una simple medida de «austeridad», los recortes llevaron al país a una profunda recesión, que se convirtió en una completa depresión. Y en lugar de disminuir la deuda de Grecia, la falta de crecimiento causó que la ratio entre la deuda y el PIB aumentara hasta el 179 por ciento. La cura estaba matando al paciente.

Esta obsesiva atención a los déficits de los países ignora una llamativa realidad. Algunos de los más débiles de la eurozona tienen menores déficits que los países más fuertes, como, por ejemplo, Alemania. Lo que importa no es el déficit, sino lo que el Gobierno hace con sus fondos. En la medida en que estos fondos se inviertan de manera productiva en sectores como, entre otros, la sanidad, la educación y la investigación, que aumentan la productividad, el denominador deuda/PIB subirá, manteniendo la ratio bajo control.

Italia representa otro ejemplo notorio de que los números mágicos no funcionan. Durante las dos últimas décadas, el déficit presupuestario de este país ha sido más bajo que el de Alemania y raramente ha excedido el límite del 3 por ciento, que implica la pertenencia al euro. De hecho, Italia ha tenido superávit primario en el presupuesto desde 1991, con la sola excepción de 2009. Y sin embargo, tiene una ratio deuda/PIB alta y creciente: 133 por ciento en 2015,[381] muy por encima del techo del 60 por ciento. La ratio se halla menos condicionada por el numerador (el déficit del presupuesto) que por la falta de inversión pública y privada que determina el denominador (el crecimiento del PIB). Después de tres años seguidos de austeridad, el PIB creció solo un 1 por ciento en 2015 (un 0,1 por ciento en 2014, un 0,9 por ciento en 2016). (De hecho, los años de austeridad fueron responsables de una notable caída del PIB real: un -2,8 por ciento en 2012, un -1,7 por ciento en 2013.) ¿Por qué se ha estancado la economía? La respuesta es complicada, pero en parte es el resultado de una inversión inadecuada en áreas que aumentan el PIB, como la formación vocacional, las nuevas tecnologías y la I+D. Para empeorar las cosas, la prolongada restricción del gasto gubernamental ha debilitado la demanda en la economía italiana y reducido los incentivos para invertir.

Sin embargo, la política de la eurozona insiste ciegamente en la idea convencional de que la austeridad es la solución y en que un crecimiento inadecuado indica una austeridad insuficiente. En 2014, en lo que suponía un hiriente ataque a la economía política de la eurozona,[382] Joseph Stiglitz escribió: «La austeridad ha fracasado. Pero sus defensores están dispuestos a cantar victoria basándose en las pruebas más débiles posibles: la economía ya no está colapsando, ¡de modo que la austeridad debe estar funcionando! Pero si esa es la referencia, podríamos decir que saltar por un precipicio es la mejor manera de descender una montaña; después de todo, el descenso se ha detenido». Cuando el problema real es una demanda débil, las políticas de austeridad que recortan los impuestos y los gastos del Gobierno no reactivan la inversión ni el crecimiento económico. Y en países como Grecia y España, donde el 50 por ciento de los jóvenes no encuentra trabajo, seguir políticas que no afectan de verdad a la inversión —y, por lo tanto, a los puestos de trabajo— significa que una generación entera puede perder su derecho a tener un futuro próspero.

Muchas veces, las cuestiones acerca de la deuda gubernamental y los déficits presupuestarios se confunden con las que se refieren al tamaño del Gobierno, normalmente contabilizado como la ratio entre el gasto del mismo y el tamaño de la economía. Y, sin embargo, no hay números mágicos para determinar qué es demasiado grande o demasiado pequeño. Francia, con frecuencia proclamada el ejemplo de «gran Gobierno», tiene una ratio entre el gasto gubernamental y el PIB que ronda el 58 por ciento. El gasto gubernamental de Reino Unido también suele considerarse demasiado grande —alrededor del 40 por ciento—, y si bien su ratio no es muy distinta de la de Estados Unidos, del 36 por ciento, este último se cita a menudo como ejemplo de «Gobierno pequeño». Sorprendentemente, China, que se percibe con frecuencia como una economía dirigida por el Estado, tiene una ratio de solo el 30 por ciento.

Sin embargo, la investigación reciente en torno al impacto del tamaño del Gobierno en el crecimiento de la economía ha descubierto, de manera casi unánime, que el pequeño es «malo» si, por ejemplo, ni siquiera puede mantener las infraestructuras básicas, el Estado de derecho (por ejemplo, financiando a la policía), y las necesidades educativas de la población. A la inversa, la misma investigación concluye que un Gobierno más grande puede ser «malo» si es el resultado de actividades que «desplazan» (reducen) el sector privado[383] o que restringen exageradamente la actividad del sector privado e interfieren demasiado en las vidas de la gente.[384] Pero dentro de estos límites bastante obvios resulta difícil cuantificar el tamaño ideal del Gobierno, en buena medida porque depende mucho de lo que se quiere que este haga y de cómo se valora su actividad. Y aquí tenemos un problema: ha habido escasez de pensamiento económico —tanto en términos históricos como en décadas recientes— sobre el valor creado por el Gobierno.

LA IMPORTANCIA DEL GOBIERNO EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

En gran medida, la economía surgió como una disciplina para reivindicar la primacía productiva del sector privado.

Empezando por los fisiócratas franceses, los economistas descubrieron que el Gobierno era necesario para el funcionamiento ordenado de la sociedad y, por lo tanto, para establecer las condiciones para la producción de valor. Sin embargo, en sí mismo el Gobierno no era inherentemente productivo; más bien, representaba una fuerza estabilizadora de fondo. Los fisiócratas rogaron al rey Luis XV laissez faire —que no controlara exageradamente la economía mediante el desvío de tanto oro como fuera posible, descomponiendo así el intrincado mecanismo mediante el cual se creaba realmente el valor—[385] a través de la productividad de la tierra, no acumulando metal precioso. En el capítulo 1 hemos visto cómo, de acuerdo con el Tableau économique de Quesnay, el valor producido en la agricultura fluía por la economía. Pero el Gobierno estaba ausente, era «improductivo». Como parte de la clase gobernante, los miembros gubernamentales recibían una proporción del valor repartido simplemente porque estaban en el poder.[386]

Sin embargo, Quesnay sabía que el Tableau no funcionaba por sí mismo. Había algo que «gobernar». Quesnay planteaba que la riqueza de la nación solo podía sostenerse por medio de una «gestión adecuada de la administración general»; lo que llamaríamos «regulación gubernamental».[387] Pensaba que la libre competencia beneficiaría a la economía, pero para alcanzarla, lejos de excluir al Gobierno, favoreció un Estado activista que rompiera los monopolios y estableciera las condiciones institucionales necesarias para que la competencia y el libre comercio florecieran y prosperara así la creación de valor.[388]

Mientras tanto, Adam Smith dedicaba el quinto libro de La riqueza de las naciones al papel del Gobierno en la economía. Su objetivo no solo consistía en explicar la prosperidad de la nación, sino también en «aportar al Estado o a la comunidad unos ingresos suficientes para los servicios públicos».[389] Como Quesnay, Smith creía que el Estado era necesario. De hecho, estaba convencido de que la riqueza nacional solo podía aumentar mediante la división del trabajo en «una sociedad bien gobernada»,[390] en la que él destacaba tres funciones cruciales del Gobierno: el ejército, la judicatura y otros servicios públicos, como la provisión de infraestructuras.[391] Se trataba de bienes públicos; los productores no podían excluir a nadie de su consumo. Para Smith, esos bienes públicos tenían que ser pagados por el Estado;[392] por lo tanto, se precisaba alguna clase de impuesto.

David Ricardo fue quizá el economista clásico más contrario al Gobierno. Aunque el título Principios de economía política y tributación contiene una de las actividades clave del Gobierno (la recaudación de impuestos), él nunca pensó en cómo estos podían permitir un gasto gubernamental que alentara la producción y, por lo tanto, la creación de valor. Para Ricardo, los impuestos eran la «porción de la producción de la tierra y el trabajo puesta a disposición del Gobierno» para que la gastase en áreas como la educación.[393] Si estos gastos son demasiado elevados, escribió, el capital del país disminuye y «la consecuencia será la miseria y la ruina».[394] Ricardo nunca se preguntó, como sí hizo Smith, si algunos impuestos eran necesarios para ayudar a los capitalistas a llevar a cabo la producción. Asumió las infraestructuras —el poder judicial, etcétera— como un hecho. En efecto, Ricardo limitaba de manera estricta la producción de valor económico a la esfera privada. Al admirar los rigurosos argumentos analíticos de este autor, en comparación con el planteamiento filosófico y político de Smith, más fluido e interdisciplinar, los economistas lo siguieron y excluyeron al Gobierno del sector productivo.

La idea de Gobierno de Marx, mientras tanto, procedía de su visión materialista de la historia, en la cual la organización de la sociedad (incluidas las estructuras del Gobierno) reflejaba el sistema económico (que él llamó «modo de producción») y las subyacentes relaciones sociales: la interacción entre las clases. De modo que, a su modo de ver, bajo el «modo de producción» capitalista —basado en la plusvalía generada por la explotación del trabajo— el Gobierno y la ley reflejaban las necesidades de los capitalistas. Marx ridiculizó a algunos seguidores de Smith y Ricardo por sermonear a los funcionarios del Estado llamándolos «parásitos de los verdaderos productores», para después darse cuenta de que, a fin de cuentas, eran necesarios para sostener el sistema capitalista. Sin embargo, como Smith antes que él, aunque subrayaba la necesidad de algunas funciones del Estado, colocaba a los funcionarios en la categoría de trabajadores improductivos, fuera del límite de producción. La clase capitalista estaba interesada en mantener el Estado en una posición lo bastante fuerte como para garantizar el Estado de derecho y favorecer los intereses de su clase, pero no más que eso: «El Ejecutivo del Estado moderno no es más que un comité para gestionar los asuntos comunes de toda la burguesía».[395] La cuestión que preocupaba a Marx era cuál era el tamaño «correcto» del Gobierno para proveer los servicios necesarios sin llevarse beneficios adicionales.

Si bien los economistas neoclásicos rompieron con la teoría del valor del trabajo, no se alejaron de la idea de sus predecesores de que el Gobierno era necesario pero improductivo. La utilidad marginal, como hemos visto, ubica el valor en el precio de cualquier transacción que tenga lugar libremente en el mercado. Según esta perspectiva, el Gobierno no produce nada: no puede crear valor. Y la principal fuente de ingresos gubernamental son los impuestos, que constituyen una transferencia de valor existente que se ha creado en el sector privado.

Alfred Marshall, que fue tremendamente influyente, matizó bastante su discusión de la vida económica en sus Principios, pero siguió recomendando que la economía debía evitar «tanto como fuera posible» la discusión sobre los asuntos relacionados con el Gobierno.[396] Creía que la interferencia de Gobierno en el mercado, o la regulación que hacía de este, con frecuencia tendría lugar en respuesta a los intentos de ciertos intereses establecidos por amañar el mercado en su favor (es decir, el Gobierno sería «capturado» por esos intereses), y, en consecuencia, dañaría a un competidor particular en lugar de beneficiar al conjunto de la sociedad.[397]

KEYNES Y EL GOBIERNO ANTICÍCLICO

Para el humilde ciudadano, con todo, puede no resultar tan evidente que el Gobierno no crea valor. Ya hemos visto tres maneras en que lo hace: rescatando a los bancos, invirtiendo en infraestructuras, educación y ciencia básica, y financiando tecnologías radicales e innovadoras que transforman nuestras vidas.

El punto crucial reside en que muchas de esas actividades implican asumir riesgos e invertir —exactamente lo que la austeridad no hace—, y al hacerlo crean valor. Pero ese valor no es fácilmente visible, por la simple razón de que gran parte de él acaba en los bolsillos del sector privado. Un hombre entendió este problema, al menos parcialmente: John Maynard Keynes.

Cuando en 1929 se desencadenó la crisis económica global, la recuperación parecía esquiva. La Gran Depresión hizo añicos la idea de un progreso económico ilimitado porque, en contra del consenso teórico dominante, la economía no se recuperó por sí sola. La explicación de Keynes para esta situación consistió en una desviación radical de las ideas más extendidas por entonces.[398] Los mercados, según sostenía, eran inherentemente inestables y, en una recesión, pueden permanecer «en condiciones crónicas de actividad anormal durante un periodo considerable, sin tendencia marcada a la recuperación o al derrumbe total».[399] En esas circunstancias, subrayó, el papel del Gobierno es crucial: es el «gastador de último recurso».

Recordemos que en su Teoría general, Keynes quería explicar cómo una economía puede encontrarse en un estado de «desempleo involuntario» debido a una demanda insuficiente, es decir, los trabajadores que quieren un trabajo pueden no encontrarlo. Esto, sostenía, produciría un bajo nivel de PIB, comparado con una situación en la que la economía se desarrollara a su máxima capacidad (y con pleno empleo). La teoría económica neoclásica se encuentra poco capacitada para explicar esta situación porque asume que la gente escoge lo que prefiere, incluido cuánto trabajo «oferta» al mercado a un precio dado (el sueldo), y que ese mercado se asegura de disponer las cosas para que todo el mundo saque de él la máxima utilidad. En ese planteamiento, el desempleo se vuelve voluntario.

Keynes se deshizo de la idea de que la oferta crea su propia demanda. Por el contrario, afirmaba que las expectativas de demanda y consumo de los productores determinan su inversión, y, en consecuencia, el empleo y la producción que se derivan de ella;[400] por lo tanto, unas expectativas bajas pueden llevar al subempleo. Llamó a esto el «principio de demanda efectiva»: la inversión puede caer como resultado de las expectativas o las apuestas sobre el futuro, y como sabemos, en buena medida gracias a la crisis financiera de 2008, esas apuestas pueden salir horriblemente mal.

Junto con esta teoría, Keynes propuso un nuevo papel para el Gobierno. Cuando el sector privado recorta la producción en tiempos de bajas expectativas de demanda, sostenía, el Gobierno puede intervenir de manera positiva aumentando la demanda mediante un gasto adicional, que a su vez conduce a unas expectativas de consumo futuro más positivas y fomenta la inversión en el sector privado, con el resultado de un PIB más alto.

En la macroeconomía de Keynes, pues, el Gobierno crea valor en la medida en que permite que la economía produzca más bienes y servicios de lo que lo haría sin su implicación. Esto supuso un cambio radical en la manera de considerar el papel del gubernamental en la economía. De hecho, para Keynes el Gobierno resultaba esencial, porque podía crear valor reactivando la demanda, precisamente cuando la demanda podía ser baja, como durante las recesiones, o cuando la confianza empresarial también lo era.

Por supuesto, el Gobierno tendría que pedir prestado para financiar este gasto, lo que significaba una deuda pública mayor en una economía en recesión. Pero la deuda más elevada era resultado de una crisis, no su causa. Keynes sostenía que esta deuda acrecentada no debía preocupar demasiado al Gobierno. Cuando se pusiera en marcha la recuperación, los grandes déficits ya no serían necesarios y la deuda podría pagarse.

El concepto de Keynes de una recuperación liderada por el déficit convenció rápidamente a los gobiernos. Se aplicó de manera más intensiva a finales de la década de 1930, para estimular el crecimiento que siguió a la depresión, y al principio de la década de 1940, como gasto de guerra. Rápidamente difundidas después de la Segunda Guerra Mundial, las ideas de Keynes fueron reconocidas de manera amplia por generar la prosperidad sin precedentes de las tres décadas de posguerra, las trente glorieuses. Hacia el final del siglo XX, las ideas de este economista lo hicieron merecedor de un lugar en la lista de las cien personas más importantes del siglo publicada por la revista Time: «Es posible que su idea radical de que los gobiernos deben gastar el dinero que no tienen haya salvado el capitalismo».[401] Resultó que esas palabras fueron proféticas. Unos ochenta años después de la publicación de la Teoría general, como consecuencia de la crisis financiera, gobiernos de todo el mundo introdujeron paquetes de estímulo, una medida que le debía mucho a este autor.

Al final, con todo, Keynes solo recorrió parte del camino. Aunque cambió nuestra forma de pensar respecto de cómo el Gobierno puede crear valor en los malos tiempos, mediante políticas anticíclicas, él y sus seguidores no tuvieron tanto que decir sobre cómo podía hacerlo también en los buenos tiempos. Incluso cuando el keynesianismo y el boom de posguerra estaban en su momento álgido, se oyeron voces disidentes. Con gran ingenio, el estadounidense Paul Samuelson (1915-2009) —uno de los economistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el primer estadounidense en ganar el Premio Nobel de Economía— intentó demostrar que la teoría neoclásica podía explicar cómo se comportaba la economía en las épocas normales, excepto cuando los periodos de recesión hacían que la política monetaria tuviera poco efecto, es decir, cuando al aumentar la oferta de dinero no se reducen los tipos de interés y solo se aumentan los balances inactivos, en vez de alentar el crecimiento (lo que se conoce como la «trampa de liquidez»). En esencia, Samuelson sostenía que, en tiempos económicamente normales, apenas había necesidad de que los gobiernos intentaran gestionar la economía según las líneas keynesianas, y que en estos casos la intervención gubernamental (por ejemplo, destinada a aumentar el empleo) solo llevaría a una inflación más elevada.

En la década de 1970, la inflación empezó a incrementarse, abriendo la puerta a los monetaristas liderados por Milton Friedman. Este, que era un anarcocapitalista, rechazaba la idea de que el gasto del Gobierno fuera benéfico, sosteniendo que lo más probable es que condujera a la inflación, e ignorando que con ello la economía ya estaba funcionando a plena capacidad, de modo que cualquier demanda extra (estimulada por el Gobierno) supondría unos precios más altos. Pero el argumento de Keynes se basaba por completo en que muchas veces la economía funcionaría a una capacidad infrautilizada. Para Friedman, lo importante era controlar la cantidad de dinero en la economía. Los nuevos clásicos también pusieron en duda a Keynes al sostener que el gasto del Gobierno era inútil y que solo desplazaba la inversión privada. Según ellos, un aumento del déficit público aumentaría el tipo de interés (debido al efecto que provocaba emitir bonos con tipos de interés) que, a su vez, disminuiría la magnitud de inversión privada. Por estas razones, el papel del Gobierno debía restringirse a incentivar a los productores individuales y a los trabajadores para que ofertasen más producción y trabajo, como, por ejemplo, reduciendo los impuestos.

Los nuevos clásicos, sin embargo, no comprendieron cómo afectaban los tipos de interés a la inversión. En primer lugar, los tipos de interés no representan un fenómeno del mercado determinado por la oferta y la demanda. Más bien, son establecidos y controlados por el banco central a través de la política monetaria,[402] y un aumento del gasto gubernamental financiado por el déficit no aumenta el tipo de interés. En segundo lugar, unos tipos de interés más bajos no suponen necesariamente una inversión mayor, puesto que las empresas tienden a ser menos sensibles a los tipos de interés y más sensibles a las expectativas respecto de dónde se hallan las futuras oportunidades de crecimiento. Y son precisamente estas oportunidades las que se conforman con la inversión activa del Gobierno, como hemos visto en el capítulo 7.

EL GOBIERNO EN LAS CUENTAS NACIONALES

Como comentábamos en el capítulo 3, las cuentas nacionales estuvieron muy influidas por el pensamiento de Keynes. El PIB puede calcularse de tres maneras: producción, ingresos y gastos. Sin embargo, a pesar de su tamaño e importancia en la economía, la palabra «Gobierno» raramente aparece en las discusiones sobre la producción y los ingresos. En su lugar, normalmente se examina en términos de gasto: cómo se gasta el valor producido y ganado.

Para Keynes, el gasto público adicional era necesario para asegurar que las economías no tendieran constantemente a recesiones y depresiones; mediante la compra de bienes, el Gobierno aumentaba el PIB en el lado de los gastos para corregir lo que, con demasiada frecuencia, representaba una inversión empresarial baja. El método contable adoptado consistía simplemente en añadir los costes de la producción gubernamental, restar los inputs materiales intermedios y equiparar la diferencia —básicamente, los salarios de los empleados del Gobierno— con la producción del mismo. Aunque el Gobierno jugaba un papel activo en la contabilidad nacional, su imagen seguía siendo la de un gran gastador en lugar de un productor.

Esto es extremadamente importante. Las cuentas parecen indicar que el Gobierno solo está gastando los impuestos procedentes de empresas que añaden valor. Pero ¿puede ser eso cierto?

Las cuentas nacionales no son capaces de reflejar la cantidad total de este valor añadido del Gobierno y tienen varias nociones importantes erróneas. En primer lugar, estas consideran que, en gran parte, el valor añadido gubernamental son únicamente costes, sobre todo la paga de sus empleados; la actividad del Gobierno carece de excedente operativo, lo que aumentaría su valor añadido. Comparemos esto con el sector privado: la proporción de la paga en el valor añadido del sector privado raramente supera el 70 por ciento, según lo cual, podría decirse que, de media, el valor añadido del Gobierno es solo un 70 por ciento de lo que debería ser.

En segundo lugar, se suele asumir que el retorno de la inversión del Gobierno es cero; según esta lógica, no obtiene un excedente. Si fuera mayor que cero aparecería como un excedente operativo. Hasta la década de 1990, Estados Unidos no separó oficialmente los gastos públicos corrientes (por ejemplo, el coste de llevar a cabo los asuntos gubernamentales cotidianos, como los salarios de los funcionarios) y los gastos de capital (por ejemplo, la financiación de nuevas infraestructuras), lo que fortaleció la impresión de los contables de que el Gobierno solo gastaba dinero. Pero, por supuesto, abundan las inversiones vitales gubernamentales; ejemplos obvios son los proyectos de infraestructuras como el sistema federal de autopistas interestatales en Estados Unidos o las autopistas británicas. No tiene sentido asumir simplemente que el retorno de estas enormes inversiones gubernamentales es cero, cuando las inversiones parecidas que se realizan en el sector privado producen un retorno. Además, es perfectamente posible estimar un retorno. Una manera de hacerlo es asumir una tasa de retorno de mercado como el tipo de los bonos municipales, el retorno total de los bonos emitidos por los ayuntamientos.[403] Lo fundamental aquí es que el retorno cero de la inversión gubernamental constituye una elección política, no una inevitabilidad científica.

En tercer lugar, asumir que el valor de la producción del Gobierno equivale al valor de su input significa que las actividades gubernamentales no pueden aumentar la productividad de la economía de manera significativa; el incremento de la productividad, después de todo, se obtiene cuando el de la producción es mayor que el crecimiento de los inputs. Pero si la producción del Gobierno se define simplemente por lo que cuesta hacer algo, entonces un aumento de la producción siempre requerirá el mismo aumento de los inputs. En 1998, la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido empezó a contabilizar la producción del sector público y diseñó distintos indicadores físicos, como, por ejemplo, el número de personas que se beneficiaban de los servicios públicos (en áreas como la sanidad, la educación y la seguridad social) por cada libra gastada. En 2005, el economista británico sir Anthony Atkinson (1944-2017) mejoró este método al introducir cambios importantes en las medidas que cuantificaban cada servicio público, además de elaborar algunas otras de calidad para la sanidad y la educación.[404] Curiosamente, cuando se aplicaron estos cambios, se observó que la productividad disminuía de media un 0,3 por ciento anual entre 1998 y 2008.[405] La productividad solo mejoró significativamente después de la crisis financiera. Pero el aumento fue el resultado de menos inputs, y no de una producción mejorada. La austeridad pretendía recortar los inputs (el gasto del Gobierno) mientras se obtenía la «misma» producción.[406] No resulta sorprendente que esta clase de «mejora» de la productividad no diera pie a mejores servicios; para verlo solo tenemos que observar los largos tiempos de espera en el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) de Reino Unido.

En cuarto lugar, a menudo los gobiernos poseen empresas productivas como los ferrocarriles, los servicios postales o los proveedores de energía. Pero, según las convenciones contables, las empresas que son propiedad del Estado y que venden productos a precios de mercado son contabilizadas como empresas privadas en el valor añadido del sector en cuestión: los ferrocarriles públicos pertenecen al sector del transporte, no al sector gubernamental. A pesar de que las empresas propiedad del Estado obtienen beneficios (en las estadísticas, unos beneficios mayores significan un mayor valor añadido), estos se contabilizan en el sector industrial en el que trabajan, no en el sector «gubernamental». De modo que si los ferrocarriles propiedad del Estado tienen elevadas ventas y beneficios (un alto valor añadido), aumenta el valor añadido del sector de los transportes, incluso en el caso de que el sector quizá solo sea exitoso porque es propiedad del Estado. Solo las entidades propiedad del Estado que no venden a precios de mercado se incluyen por definición en el sector gubernamental. En resumen, desde el punto de vista de la contabilidad nacional, no cuentas como Gobierno si estás haciendo producción de mercado. Así, en el caso de la educación pública gratuita, aunque elevar el número de profesores podría aumentar el PIB (porque se les paga), el valor que en realidad producen no aumenta el PIB. Todo lo cual significa que el Gobierno solo puede incrementar su valor añadido con producción que no sea de mercado, ocultando así la importancia real del mismo en la economía: el valor que crean las empresas gubernamentales no se muestra en las estadísticas oficiales, como tampoco se muestra el valor que generan la educación o la sanidad.

Estas reglas se han hecho para encontrar una manera directa de contabilizar la actividad económica. Sin embargo, cuando tienes en cuenta las debilidades acumuladas de las convenciones contables —el Gobierno se agrupa junto a los hogares como consumidores «finales»; no puede generar excedente, obtener retornos, aumentar su productividad o aumentar el valor añadido por medio de la producción de mercado— no puedes evitar darte cuenta de que, mientras se ha hecho todo esfuerzo posible para mostrar las finanzas como productivas, parece que en el caso del Gobierno lo cierto es lo contrario. Solo por la manera en que se define la productividad, el hecho de que el gasto gubernamental sea mayor que el valor añadido, se refuerza la idea ampliamente sostenida de que el Gobierno «improductivo» tiene que coger antes de que pueda gastar. Esta forma de pensar restringe, por definición, cuánto puede influir el Gobierno en el curso de la economía. En ella subyace la teoría de la austeridad, y es una consecuencia de las fábulas sobre el Gobierno que se han contado a lo largo de varios siglos.

Multiplicar el valor

Las cuentas nacionales no consideran la interacción entre el gasto público y otros componentes de la producción, el consumo, la inversión y las exportaciones netas.

Para comprender esta interconexión, los economistas estiman el valor de lo que se llama «multiplicador». El multiplicador era una causa importante de la visión positiva del Gobierno que tenía Keynes. Desarrollado por Richard Kahn (1905-1989), estudiante y colega de Keynes en Cambridge, y utilizado por el propio Keynes, formalizó la idea de que el gasto gubernamental estimularía la economía. De manera bastante literal: cada libra que gastara el Gobierno sería multiplicada, porque la demanda que creaba generaría varias rondas de gasto adicional. Es importante señalar que el enfoque keynesiano también cuantificaba el tamaño del multiplicador, de modo que las autoridades —que rápidamente adoptaron la idea— podían reforzar con cifras sus argumentos en favor del gasto de estímulo.[407]

De manera más precisa, el multiplicador se refiere al efecto que un aumento del gasto (la demanda) tiene en la producción total. Su importancia reside en el hecho de que, en opinión de Keynes y de Kahn, el beneficio que produce el gasto gubernamental a la economía va mucho más allá de la cantidad de demanda que genera el gasto. La empresa a la que el Gobierno compra sus bienes adicionales —por ejemplo, hormigón para autopistas— paga ingresos a los trabajadores, que salen y se gastan esos ingresos adicionales en nuevos bienes —por ejemplo, televisiones de pantalla panorámica— que otra empresa produce, y los empleados de esa empresa tienen más dinero que gastar —por ejemplo, en unas vacaciones en Cornwall— y así se sigue multiplicando a través de la economía. La demanda adicional del Gobierno crea varias rondas posteriores de gasto, multiplicando la cantidad gastada en origen. El gasto gubernamental durante una recesión era considerado especialmente poderoso para poner de nuevo en marcha la economía, puesto que su efecto en la producción general era mucho mayor que la cantidad realmente invertida.

Inevitablemente, esta idea, poderosa e importante, suscitó controversia, en particular sobre el tamaño del multiplicador, es decir, cuánto genera en la economía el gasto de una libra por parte del Gobierno. La cuantiosa literatura sobre el tema puede dividirse en dos escuelas de pensamiento: los «nuevos clásicos» y los keynesianos.

De acuerdo con los «nuevos clásicos», los partidarios de medidas de austeridad fiscal, el valor del multiplicador es menor que uno, e incluso negativo.[408] A partir de este argumento pueden sostener que el gasto público tiene un efecto no keynesiano sobre la producción. En otras palabras, se supone que el aumento de una libra en el gasto público genera menos de una libra, o incluso tiene un efecto negativo en el PIB total porque desplaza la inversión privada. En el caso del multiplicador negativo, asumen que el gasto público destruye valor, puesto que el aumento de una libra en el gasto público es más que compensado por un descenso de otros componentes del PIB, como el consumo, la inversión y las exportaciones netas.

Sin embargo, el planteamiento keynesiano ha sido recuperado recientemente, ya que ha demostrado que las medidas de austeridad implementadas, por ejemplo, en los países del sur de Europa, han llevado a una disminución de la producción total y, en consecuencia, a un aumento del desempleo, en lugar de al crecimiento del PIB y a mayor empleo. El mal rendimiento económico de estos países pone en duda la prescripción de austeridad de los «nuevos clásicos». Algunos estudios recientes del FMI también han sugerido que el gasto gubernamental tiene un efecto positivo en la producción,[409] y que el valor del multiplicador es mayor que uno; en concreto, 1,5.[410] El aumento de una libra de gasto público supone una subida de la producción total de 1,5 libras. En resumen, se está dando más credibilidad a la idea de que el gasto del Gobierno no destruye valor privado, sino que puede crear valor añadido al estimular la inversión y el consumo privados.

TEORÍA DE LA ELECCIÓN PÚBLICA: ARGUMENTOS PARA LA PRIVATIZACIÓN Y LA EXTERNALIZACIÓN

La reacción contra el Gobierno durante la década de 1980 estuvo en parte motivada por la idea de que la economía debería preocuparse más por el «fallo de gobierno» que por el «fallo de mercado». El fallo gubernamental surgió como un concepto de la teoría de elección pública, una serie de ideas íntimamente asociadas a economistas como el estadounidense James Buchanan y la Universidad de Chicago, donde estudió Buchanan. En 1986 le fue concedido el Premio Nobel de Economía.

La teoría de la elección pública sostiene que el fallo de gobierno se produce cuando los intereses privados «capturan» a las autoridades por medio del nepotismo, el enchufismo, la corrupción o la captura de rentas,[411] la mala asignación de los recursos, como la inversión de dinero público en nuevas tecnologías que fracasan (escoger perdedores)[412] o la competencia injustificada con iniciativas privadas («desplazar» lo que de otro modo podía haber sido una inversión privada exitosa).[413]

La teoría de elección pública enfatiza que las políticas deben permanecer alerta para asegurarse de que las ganancias procedentes de la intervención del Gobierno en la economía son superiores al coste de sus fracasos.[414] La idea es que existe una compensación entre dos resultados ineficientes: uno generado por el libre mercado (el fallo de mercado) y otro por la intervención gubernamental (el fallo de gobierno). La solución defendida por un grupo de economistas llamados «neokeynesianos» (gente que partió de las ideas de Keynes) consiste en centrarse en corregir solo algunos fallos, como los que surgen de las externalidades positivas o negativas. Entre las primeras pueden encontrarse los «bienes públicos», como la investigación básica, que el Gobierno tiene que financiar cuando el sector privado no lo hace (porque es difícil obtener beneficios con ella), mientras que entre las segundas se encuentran los costes derivados de la contaminación, que las empresas no incluyen en su contabilidad de costes ordinarios, de tal manera que el Gobierno podría tener que añadirlo mediante un impuesto a las emisiones de carbono.[415] De modo que, aunque los teóricos de la elección pública se preocupan más por los fallos de Gobierno y los neokeynesianos por los fallos de mercado, al final sus debates sobre las políticas de intervención no han puesto seriamente en riesgo la primacía de la teoría de la utilidad marginal.

Llevada a su extremo, la teoría de elección pública, que deriva del marginalismo, reclama que el Gobierno intervenga en la economía tan poco como sea posible para minimizar el riesgo de fallo de gobierno. El sector público debería aislarse del sector privado, por ejemplo, para evitar la captura de agencia, es decir, cuando un cuerpo regulador se desarrolla demasiado cerca de la industria que debe regular.

El miedo al fallo de gobierno ha convencido a muchos gobiernos de que, en lo posible, deberían emular al sector privado. La premisa sostiene que el Gobierno tiende inevitablemente a la corrupción y a la indolencia porque el agente y el principal se hallan demasiado cerca. Por lo tanto, resulta esencial hacer que los servicios públicos sean más «eficientes». A partir de la década de 1980, se aplicaron medidas de eficiencia propias del sector privado al sector público y, en el proceso, el Gobierno se «mercantilizó». Incluso cambió el lenguaje: los pacientes de hospital, los beneficiarios de los servicios sociales e incluso los estudiantes se convirtieron en «clientes» o «usuarios».

La lógica de la teoría de la elección pública se tradujo inexorablemente en que el Gobierno tuvo que deshacerse de responsabilidades, reducir la inversión en su propia construcción de recursos y, en última instancia, llevar a cabo privatizaciones. La privatización puede tener lugar por medio de la venta real de una unidad, como sucedió con los bancos públicos, o puede tener lugar una privatización indirecta por medio de la «externalización», en la que el Gobierno paga a un contratista privado para que ofrezca un servicio, como la educación, la vivienda, la sanidad, el transporte e incluso las cárceles, la gestión del tráfico rodado y la valoración de los subsidios, todo ello financiado con dinero público.

Durante la década de 1980, cuando la elección pública empezó a influir de manera importante en las políticas públicas, se produjo una oleada de privatizaciones y externalizaciones, primero en Reino Unido y en Estados Unidos, aunque después se extendió lentamente por buena parte de Europa. También fue la década en la que, como hemos visto, la financiarización empezó a arraigar. La idea (o ideología) de que el control gubernamental de empresas productivas resultaba algo ineficiente y derrochador se volvió un lugar común. En Reino Unido casaba bien con el objetivo ideológico del thatcherismo respecto de crear una nación de propietarios de activos, ya fueran estos acciones o viviendas públicas privatizadas. Fueron los años de «Si ves a Sid, cuéntaselo», la famosa campaña publicitaria para persuadir a los británicos de que compraran acciones de British Gas, que fue privatizada en 1986, y las privatizaciones de British Telecom y British Airways, las industrias de electricidad y aguas, así como una larga serie de empresas más pequeñas propiedad del Gobierno. En la década siguiente tuvo lugar la privatización de los ferrocarriles.

Otros países no se lanzaron a la privatización con el mismo entusiasmo que Reino Unido —la industria eléctrica francesa, por ejemplo, sigue estando básicamente controlada por el Estado—, pero esta se convirtió rápidamente en una tendencia global. El FMI y el Banco Mundial utilizaron con frecuencia su considerable influencia para persuadir a los países en desarrollo de que vendieran las empresas propiedad del Estado. Incluso en los países donde la oleada de privatizaciones se ha debilitado —aunque solo sea porque ya se han vendido los activos más atractivos—, la idea de que el Estado no debe tener, sino solo financiar (si acaso), se halla firmemente instalada en la mentalidad social. Hoy en día, pocos gobiernos o políticos son partidarios de la plena nacionalización o de la propiedad gubernamental.

Pero la teoría de la elección pública siempre conllevó el riesgo de tirar la fruta fresca junto a la podrida. Al insistir en que el Gobierno no puede crear valor —de hecho, es probable que destruya valor— acalló el debate, más sutil pero no menos sustancial, sobre el valor que producía este. Puede haber argumentos sólidos para retener una parte significativa de control público en las industrias que tienen una tendencia natural al monopolio —servicios públicos esenciales como el agua, el gas y la electricidad— para beneficiarse de las economías de escala en la distribución, y también para evitar la captura de rentas especulativas en bienes básicos necesarios. En industrias más orientadas al consumidor, en especial aquellas en las que la tecnología está transformando el mercado (los teléfonos móviles, por ejemplo), los argumentos a favor de una importante presencia pública pueden ser menos sólidos, aunque la historia muestra que, a menudo, una forma híbrida público-privada puede resultar la más interesante, como en el caso de France Télécom (que más tarde se convirtió en Orange).

La solución al problema de los monopolios naturales residía en la regulación. En Reino Unido surgieron una serie de agencias regulatorias, cada una de las cuales debía interponerse entre la sociedad y la industria. El capitalismo regulatorio sustituyó al capitalismo de Estado, aunque no era lo que pretendían los teóricos puros de la elección pública; de hecho, el capitalismo regulatorio dio lugar a la clase exacta de enchufismo y corrupción política de la que ellos advertían.

Otra consecuencia de la teoría de la elección pública ha sido el aumento de los mecanismos intermediarios para financiar la actividad pública. Esto ha adoptado sobre todo dos formas: una, las iniciativas de financiación privada (PFI, por sus siglas en inglés), por ejemplo para construir hospitales; otra, mencionada anteriormente, es la externalización a proveedores privados de la gestión de una amplia gama de servicios. En ambos casos, la actividad pública se financia de manera privada. Recurrir a las PFI de esta manera se denomina «pseudoprivatización», porque las empresas privadas reciben sus ingresos no de los clientes en el «mercado», sino del Gobierno, mediante un margen de beneficio garantizado. Un contrato de externalización es, en la realidad, una clase de monopolio que sitúa al Gobierno como cliente único. En Reino Unido, además, el grado de competencia entre los proveedores de servicios externalizados es cuestionable: solo unos pocos, dominados por Capita, G4S y Serco se adjudican la mayoría de los contratos.[416]

El objetivo de la financiación por PFI consiste en compartir costes y eliminar del balance del Gobierno la deuda vinculada a grandes proyectos como los hospitales; sin embargo, puede resultar costoso para el sector público, porque los proyectos se financian con deuda y acciones privadas, lo cual es significativamente más caro que el endeudamiento público. Los gobiernos también pagan a contratistas privados una tarifa anual, que puede durar décadas y normalmente está indexada a la inflación, para cubrir el pago del capital más el interés y los costes de mantenimiento. De modo que, los contratos de PFI exclusivos en realidad crean licencias monopolísticas. El resultado final puede suponer que los costes en los que incurre el Gobierno sean, con frecuencia, mayores que si él mismo hubiera prestado el servicio. Abordamos ahora dos ejemplos: el de la sanidad y el de las infraestructuras.

Privatizar y externalizar la sanidad

En 1948, cuando Reino Unido todavía sufría una larga y difícil reconstrucción de posguerra (ese año la deuda estaba muy por encima del 200 por cien del PIB), los ciudadanos británicos recibieron un folleto en el que se afirmaba: «Su nuevo Servicio Nacional de Salud empieza el 5 de julio. ¿Qué es? ¿Cómo se accede? Te proporcionará todo el cuidado médico, dental y de enfermería. Todo el mundo —rico o pobre, hombre, mujer o niño— puede utilizarlo, de manera íntegra o parcial». El Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) se creó aquel año a iniciativa del ministro de Sanidad, Aneurin Bevan. Detrás de su creación estaban estos tres principios centrales:[417]

• que satisfaga las necesidades de todo el mundo

• que sea gratis en el momento de ser proporcionado

• que se base en la necesidad clínica, no en la capacidad de pago

Durante sus casi setenta años de existencia, el NHS se ha convertido en uno de los sistemas de sanidad más eficientes e igualitarios del mundo, como ha reconocido la Organización Mundial de la Salud[418] y también, más recientemente, la Commonwealth Foundation.[419] En Reino Unido se considera un tesoro nacional, y comparte lugar en el panteón con la reina y la BBC. El NHS también se encuentra entre los sistemas de sanidad más baratos de las economías avanzadas: según cifras de 2015 de la OCDE,[420] el gasto en sanidad relativo al PIB de Reino Unido fue de solo el 9,9 por ciento, mucho menos de lo que ha gastado Estados Unidos (16,9 por ciento) en un sistema semiprivado y mucho menos eficiente.

El NHS debe muchos de sus éxitos pasados a su misión pública y a su principio de universalidad, que se han traducido en un servicio central eficiente de los servicios sanitarios, cuyo objetivo ha sido reducir costes de transacción. Los ciudadanos británicos han reconocido repetidamente la importancia de su naturaleza pública: en la actualidad, un 84 por ciento de ellos piensa que debería gestionarse en el sector público.[421] Incluso la primera ministra Margaret Thatcher afirmó durante la conferencia del Partido Conservador de 1982 que «el Servicio Nacional de Sanidad está seguro con nosotros», descartando temporalmente los planes para una privatización total que había establecido el Equipo Central de Revisión de Políticas de la oficina de la primera ministra.

Sin embargo, esa retórica positiva acerca de los méritos del NHS pronto se convirtió en el pretexto para una larga serie de reformas que han introducido progresivamente elementos de asistencia privada en el sistema de sanidad británico. Con la Ley del Servicio Nacional de Salud y de Atención Comunitaria de 1990, se obligó a que la gestión y el cuidado de los pacientes funcionaran como parte de un «mercado interno», de modo que las autoridades sanitarias y los médicos de cabecera se convirtieron en compradores autónomos de servicios con un presupuesto limitado. Los hospitales se transformaron en fundaciones del NHS con autogobierno y sus recursos se volvieron dependientes de los contratos estipulados con los compradores. También se introdujo, como primer elemento de externalización, la contratación de quien hiciera la oferta más baja, y el NHS se fue alejando progresivamente de su papel de proveedor para ir convirtiéndose en un mero cliente. Desde 1992, el proceso de externalización creado por las iniciativas de financiación privada implicó también a los edificios de los hospitales de NHS. Mediante las PFI se permitió que empresas privadas construyeran hospitales que luego eran alquilados de nuevo al NHS por un precio sustancialmente alto. Las PFI se utilizaron mucho durante los gobiernos del «nuevo laborismo» para ahorrar en inversión en infraestructuras, mientras el precio de alquiler de los hospitales sobrecargaba el presupuesto del NHS. Finalmente, en 2012, la Ley de Sanidad y Asistencia Social abolió de facto el segundo principio del NHS original al introducir el cobro a los usuarios y un sistema basado en los seguros que se parece al modelo de sanidad de Estados Unidos, de modo que los costes y riesgos se trasladaron a los pacientes, que ahora eran los clientes de un mercado de la asistencia sanitaria. Esta última reforma ha aumentado aún más el alcance de la externalización en muchas áreas distintas, como la limpieza, la gestión de las instalaciones, los servicios de medicina general «fuera de horas», los servicios clínicos, las tecnologías de la información y demás.[422]

Esas reformas tenían por objeto producir un NHS más eficiente y rentable, mediante la introducción de elementos de mercado en la asistencia sanitaria. En realidad, la eficiencia apenas ha mejorado, mientras que los recursos, cada vez más escasos, se asignan de forma inadecuada. Es lo que Colin Crouch ha llamado «la paradoja de la externalización del servicio público».[423]

Las reformas de la sanidad orientadas al mercado no aprecian la evidencia de que no existe tal cosa como un mercado competitivo para esos servicios; los contratos duran varios años y son concedidos a un pequeño número de empresas que llegan a dominar el mercado de la externalización. En realidad, esas empresas se convierten en especialistas en conseguir contratos del sector público en distintos campos en los que no tienen una experiencia similar. En consecuencia, el mercado se halla muy concentrado y la diversidad de las tareas hace difícil obtener un resultado que aúne calidad y eficiencia en todos los servicios ofrecidos.

Un estudio de Graham Kirkwood y Allyson Pollock muestra que el aumento de la prestación del sector privado se asocia con un significativo descenso de la prestación directa del NHS, una reducción de la calidad, y con que los costes sean pagados por el sector público.[424] Hay muchos ejemplos de resultados ineficientes creados por el proceso de externalización, como, por ejemplo, el de Coperform con el servicio de ambulancias de la Costa Sudeste del NHS y el de Serco con contratos de medicina general fuera de horas en Cornwall;[425] en algunos casos, la sociedad tuvo que cubrir las pérdidas cuando los contratistas privados no cumplieron sus obligaciones. Además, el sistema de contratación ha tenido un efecto distorsionador en las actividades del personal del NHS. Como señala Pollock, «los médicos clínicos, los enfermeros, los gestores y ejércitos de consultores y abogados dedican el día a preparar múltiples licitaciones, ofertas y a adjudicar contratos, en lugar de cuidar a los pacientes».[426]

Finalmente, la externalización parece ser muy poco rentable. Las actividades de contratación crean una «nueva burocracia de mercado» que tiene que encargarse del engorroso proceso. Estas cargas administrativas son, en realidad, costes de transacción que en Estados Unidos representan alrededor del 30 por ciento del total del gasto en sanidad, mientras que en Reino Unido la cifra real no se conoce, aunque en el NHS previo a la mercantilización estaba en el orden del 6 por ciento.[427] Sin embargo, quizá el elefante en la habitación lo constituya la inmensa carga para la sociedad que las PFI habrán creado cuando el plazo de sus contratos expire. Sobre todo en el caso de los hospitales del NHS, se estima que ese coste es varias veces superior al valor real de los activos subyacentes.[428]

Aunque alcanzar una prestación de servicios sanitarios más eficientes con un coste menor siempre ha sido el propósito declarado para externalizar el NHS, la evidencia reciente sugiere que esto puede ser la segunda fase de lo que Noam Chomsky ha llamado la «técnica estándar de la privatización: quitas financiación, te aseguras de que las cosas no funcionan, la gente se enfada y se lo das al capital privado».[429]

Externalizar las infraestructuras de Escocia

El uso de la financiación de las PFI fue algo particularmente frecuente en Escocia entre 1993 y 2006. Los datos publicados por el Gobierno escocés muestran que ochenta proyectos completados en Escocia durante este periodo costarán al sector público 30.200 millones de libras en las próximas décadas, más de cinco veces los 5.700 millones de libras estimados inicialmente. Además de la mala relación calidad-precio, hay una genuina preocupación ante la posibilidad de que los proyectos de PFI puedan ser de baja calidad e incluso peligrosos: en Edimburgo, en abril de 2016, diecisiete escuelas fruto de las PFI se cerraron por cuestiones de seguridad debidas a defectos en la construcción.

En respuesta a esta creciente preocupación sobre las PFI, el Gobierno escocés desarrolló, después de 2010, el modelo de distribución sin ánimo de lucro (NPD, por sus siglas en inglés) para financiar una serie de proyectos en tres sectores principales: la educación, la sanidad y el transporte. En este nuevo modelo no hay acciones con dividendos y los retornos al sector privado se hallan limitados; con todo, la financiación se sigue realizando mediante un préstamo privado con la expectativa de una tasa de retorno de mercado. Los proyectos financiados con el modelo NPD todavía son, por tanto, significativamente más caros de lo que podrían ser si se pagaran con endeudamiento público directo.[430] Un estudio reciente de la New Economics Foundation descubrió, por ejemplo, que entre 1998 y 2015 el Gobierno escocés habría ahorrado un total de veintiséis mil millones de libras si los proyectos costeados por medio de las iniciativas de financiación privada y del modelo de distribución sin ánimo de lucro hubieran sido financiados directamente por un banco público de inversión escocés.[431]

Como hemos visto, la externalización suele aumentar los costes y constituye una forma de monopolio. Social Enterprise UK, que promueve organizaciones como Big Issue, Cafédirect y Eden Project, se ha referido al oligopolio de quienes proporcionan la externalización como «el Estado en la sombra». Capita, G4S y Serco siguen consiguiendo contratos, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, a pesar de que todas ellas hayan sido multadas por mala gestión.[432] En 2016, por ejemplo, un artículo de investigación reveló que G4S ha sido multada por al menos cien infracciones en contratos relativos a cárceles entre 2010 y 2016, que incluyen la «incapacidad para alcanzar objetivos de registro, el contrabando de mercancías, fallos en los procedimientos de seguridad, casos graves de “indisciplina concertada”, toma de rehenes y subida al tejado. Otros casos incluyen no cerrar con llave las puertas, una higiene deficiente y una reducción en el número de personal».[433]

Las multas, sin embargo, son minúsculas en proporción a los beneficios de Serco y G4S; y esas compañías, en lugar de ser penalizadas por falta de cuidado y por un imprudente recorte de costes, están siendo recompensadas con más contratos. Los procedimientos de solicitud del Obamacare fueron externalizados en 2013 a Serco con un contrato de mil doscientos millones de dólares.[434]

De hecho, los contratos de externalización del Gobierno federal estadounidense con esas empresas está aumentando rápidamente. Un reciente informe de la GAO (Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos) muestra que en 2000 el gasto en contratos fue de doscientos mil millones de dólares, mientras que en 2015 se elevó a 438.000 millones.[435] Esta cantidad representó casi el 40 por ciento del gasto discrecional del Gobierno. El informe de la GAO también distinguía entre el gasto en contratos por bienes y en contratos por servicios. Entre las agencias civiles, un 80 por ciento del gasto en contratistas se destinó a servicios, de los cuales la categoría más grande era «servicios profesionales de apoyo». El informe de la GAO advierte de que «los contratistas que realizan esta clase de servicios corren un mayor riesgo de realizar trabajos inherentemente gubernamentales». De hecho, probablemente uno de los aspectos más preocupantes no sea la cantidad de dinero gastada en contratistas, sino esa gran proporción que se destina a «servicios profesionales de apoyo». A menudo, esto significa que se ha externalizado un trabajo inherentemente gubernamental.

El coste para el contribuyente de todos los trabajadores contratados es el doble que el de los funcionarios, no porque a esos trabajadores subcontratados se los pague mejor —con frecuencia tienen que soportar sueldos bajos y malas condiciones laborales—, sino por las tarifas de los contratistas, los gastos generales y los márgenes de beneficio; la ratio entre el número de trabajadores contratados y el número de funcionarios a veces llega a ser de cuatro, lo que pone de manifiesto lo hinchado e ineficiente que puede llegar a ser el proceso de externalización.[436] Un estudio reciente muestra que el «Gobierno federal aprueba unas tarifas de facturación en contratos por servicios —consideradas justas y razonables— que pagan a los contratistas 1,83 veces más de lo que el Gobierno paga a los empleados federales en remuneraciones totales, y más del doble de la remuneración total pagada en el sector privado por servicios comparables.[437] Una vez más, no son los trabajadores contratados quienes reciben las sumas más altas, sino las empresas que consiguen los contratos públicos.

El mantra de la mayor eficiencia por medio de privatizaciones, por lo tanto, no está respaldado por los hechos; eso, si es que puedes acceder a ellos. Puede resultar difícil husmear en tales hechos, a pesar de las afirmaciones de que en el sector privado hay más transparencia. Sin embargo, en lugar de aumentar la competencia a través de una elección mayor para el consumidor, con frecuencia la privatización se ha traducido en unas menores capacidades de elección y democracia, como evidencia claramente la descripción anterior de la externalización de muchos servicios del NHS, así como el alto coste de los contratos de PFI para construir y mantener hospitales.[438] Lo que la sociedad suele recibir es una menor transparencia, una peor calidad, unos costes más altos y una situación de monopolio, exactamente lo contrario de lo que, en teoría, la privatización (mal justificada, como ha estado desde el principio) debería hacer.

Privado bueno, público malo

Lo que también resulta sorprendente es la habitual suposición de que cuando algo es de propiedad pública, este activo se privatizará reteniendo la empresa «mala» en las manos públicas y vendiendo la empresa «buena». ¡La narrativa de que lo privado es bueno y lo público malo no podría estar más clara! Un ejemplo notable reside en la privatización de Royal Mail, que entrega el correo y gestiona una cadena de alrededor de once mil oficinas de correos en Reino Unido. Pero, como es bien sabido, en las dos últimas décadas el correo electrónico e internet han causado un descenso radical del tráfico postal. En 2008, una revisión independiente encargada por el Gobierno y liderada por Richard Hooper CBE (el antiguo vicepresidente de la autoridad de la competencia del Gobierno, Ofcom), llegó a la conclusión de que Royal Mail y las oficinas de correo debían dividirse en dos empresas privadas distintas. Cinco años más tarde, el Gobierno liderado por los conservadores privatizó Royal Mail sacándola a bolsa en Londres y reteniendo un 30 por ciento de las acciones. La ahora separada Post Office Ltd. sigue siendo de titularidad pública. Pero el Gobierno fue muy criticado por vender Royal Mail a un precio demasiado bajo: el día de la salida a bolsa el precio de la acción se disparó desde el oficial de 330 peniques hasta 445 peniques en pocas horas. Según algunos críticos, la valoración de la salida a bolsa de 3.300 millones de libras debería haber sido más bien de 5.500 millones de libras. Además, las comisiones a los bancos, los abogados, los contables y otros asesores ascendió a 12,7 millones de libras. Para los inversores, el edulcorante que se añadió en grandes cantidades al atractivo de la privatización fue que el Tesoro asumiría la responsabilidad del plan de pensiones de Royal Mail, el más grande del país, que cubre a los trabajadores de esta compañía y de las oficinas postales. Eso significaba en todos los sentidos que la «compañía mala» se endosaba a los contribuyentes.

Situaciones similares han tenido lugar con bancos que se vieron afectados por malos créditos, como el Royal Bank of Scotland (RBS) en Reino Unido. Esos bancos acabaron con hojas de balance llenas de créditos sin valor, que impidieron que los bancos en cuestión ofrecieran más préstamos. Muchas veces, la respuesta estándar en tales casos ha consistido en quitar los activos tóxicos de la parte «buena» del banco y colocarlos en un «banco malo» gestionado por el Gobierno. La idea es que al hacer eso se permite que el banco privado vuelva a ponerse en pie, y el contribuyente asume la responsabilidad de gestionar o vender los activos malos. Pero esto ha supuesto la socialización de los riesgos y la privatización de las recompensas que hemos examinado en el capítulo 7: de la misma manera que el Gobierno estadounidense pagó la factura por la quebrada Solyndra, y dejó que los beneficios de una inversión similar hecha en Tesla quedara en manos privadas, el contribuyente paga la factura de las partes de los activos públicos que son menos eficientes y vende las mejores partes al sector privado, y con frecuencia en unas rebajas con enormes descuentos. Ejemplos similares han tenido lugar en otras empresas; así, en 2014, la compañía aérea nacional italiana, Alitalia, fue dividida en una compañía buena, vendida a manos privadas, y una compañía mala, que se quedó en manos del Gobierno.

El uso de las palabras «bueno» y «malo» en los ejemplos anteriores no podría ser más llamativo: lo privado es bueno, lo público es malo. Si te dicen constantemente que eres un impedimento para el dinamismo y la competencia, quizá empieces a creértelo.

RECUPERAR LA CONFIANZA Y ESTABLECER MISIONES

La interpretación del fallo de gobierno que hace la teoría de la elección pública, como si fuera algo peor que los fallos de mercado, y la campaña para hacer que el Gobierno sea «eficiente», ha tenido el efecto de menoscabar la ética y el objetivo de los servicios públicos. También ha reducido la capacidad y la confianza del Gobierno (luz de gas) y debilitado la capacidad de los funcionarios para «pensar a lo grande».

El epígrafe que inicia este capítulo, en el que Keynes sostiene la necesidad de que los gobiernos piensen a lo grande —hacer lo que no se está haciendo— muestra que él creía que el Gobierno tiene que ser osado, debe tener una misión, no solo replicar al sector privado, sino conseguir algo fundamentalmente distinto de este. Es un error interpretarlo como si creyera que lo que se necesita de las políticas es simplemente arreglar lo que el sector privado no hace, o hace mal, o en el mejor de los casos invertir de manera «anticíclica» (es decir, aumentar las inversiones durante el momento descendente del ciclo económico). Después de la Gran Depresión afirmó que, incluso si se pagara a hombres para que solamente cavaran zanjas y las llenaran de nuevo, eso podía revivir la economía. Pero su obra inspiró a Roosevelt para ser más ambicioso que defender lo que hoy llamaríamos «reparar aceras» (infraestructura fácil). El New Deal incluyó actividades creativas dentro de la Administración para el Progreso del Trabajo, el Cuerpo Civil de Conservación y la Administración Nacional de la Juventud. De igual manera, no es suficiente con crear dinero en la economía por medio de la expansión cuantitativa; lo que se necesita es la creación de nuevas oportunidades para la inversión y el crecimiento; las infraestructuras y las finanzas deben integrarse en mayores planes sistémicos de cambio.

El presidente John F. Kennedy, que esperaba mandar el primer astronauta estadounidense a la Luna, usó un leguaje audaz al hablar de la necesidad de que el Gobierno se orientara hacia una misión. En un discurso de 1962, en la Universidad de Rice, dijo:

Escogemos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles, porque ese objetivo servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque ese reto estamos dispuestos a aceptarlo, no estamos dispuestos a posponerlo y pretendemos ganarlo, y también los demás.[439]

En otras palabras, la obligación de un Gobierno consiste en pensar a lo grande y enfrentarse a las dificultades, exactamente lo contrario del papel facilitador defendido por la teoría de la elección pública, cuyo resultado inevitable son instituciones públicas tímidas y deslucidas que serán más fácil de privatizar en el futuro.

Sustituir esas osadas ambiciones con análisis financieros de rentabilidad ha desdeñado el valor público que los gobiernos pueden crear. Se dice a los funcionarios públicos que den un paso atrás, que minimicen costes, que piensen como el sector privado y que teman cometer errores. Y se ordena a los ministerios de los gobiernos que reduzcan costes y que, de manera inevitable, se deshagan también de habilidades y recursos de las estructuras públicas en cuestión (departamentos, agencias, etcétera). Cuando el Gobierno deja de invertir en su propia capacidad, se vuelve menos seguro de sí mismo, menos capaz, y aumenta la probabilidad del fracaso. Asimismo, se hace más difícil justificar la existencia de una función particular del Gobierno, lo que conduce a mayores recortes o a una eventual privatización. Esta falta de fe en el Gobierno, pues, se convierte en una profecía autocumplida: cuando no creemos en la capacidad gubernamental para crear valor, a la larga no puede hacerlo. Y, cuando crea valor, ese valor se trata como un éxito del sector privado o pasa desapercibido.

En el capítulo 7 hemos visto la importancia del Gobierno en el desarrollo de infraestructuras y tecnología claves sobre las que se ha construido el capitalismo del siglo XXI, a pesar de que ha recibido un reconocimiento inadecuado por hacerlo. Naturalmente, la historia no siempre es positiva. El avión Concorde no dio lugar a un avión comercial. La mayoría de la I+D en nuevos medicamentos no ha llevado a nada. Y se han concedido créditos garantizados a empresas que fracasan, un ejemplo reciente de lo cual, como hemos visto, son los quinientos veintiocho millones de dólares aportados por el Departamento de Energía de Estados Unidos a la empresa Solyndra en 2005 para la producción de paneles solares. Cuando poco después el precio de los chips de silicio cayó drásticamente, Solyndra fue a la bancarrota y los contribuyentes tuvieron que pagar la factura.[440]

Pero cualquier capitalista de riesgo dirá que la innovación implica explorar nuevos y difíciles caminos, y que ese fracaso ocasional es parte del viaje. En cambio, el crédito garantizado (de 465 millones de dólares) proporcionado a Tesla para el desarrollo del coche eléctrico Modelo S fue, como hemos visto en el capítulo 7, un éxito. En el sector privado se acepta este proceso de prueba y error, pero cuando los gobiernos sufren un fracaso se los considera incompetentes y se los acusa de ser incapaces de «escoger ganadores». En consecuencia, con frecuencia se les dice a las organizaciones públicas que se limiten a lo conocido y estipulado, a promover la competencia sin «distorsionar» el mercado al escoger tecnologías, sectores o empresas específicas en las que invertir.[441]

Limitar al Gobierno de esta manera supone ignorar completamente su historial, desde el desarrollo de la tecnología de la pantalla táctil a la innovación en el sector de las renovables. A menudo el Gobierno ha dado lo mejor de sí cuando se ha orientado a misiones, precisamente porque, como dijo el presidente Kennedy, es difícil.

Hacer cosas «difíciles» significa estar dispuesto a explorar, experimentar, cometer errores y aprender de ellos. Pero esto resulta casi imposible en un contexto en el que el «fallo» del Gobierno se considera el peor de todos los pecados y en el que las armas se cargan, a la espera de que el Gobierno cometa el menor de los errores.

Lo cual, por supuesto, no significa que estos deban celebrarse en ninguna de las condiciones. Los errores que surgen del comportamiento de captura de rentas pueden conducir a que ciertos intereses establecidos influyan en el Gobierno. Como sabemos, las rentas tienen lugar cuando se extrae valor mediante privilegios especiales, como, por ejemplo, un subsidio o una exención fiscal, y también cuando una empresa o un individuo se hace con una gran porción de riqueza sin haberla creado. Las empresas, que maximizan sus beneficios, pueden intentar aumentar estos solicitando favores especiales en forma de medidas políticas, que con frecuencia obtienen, porque los políticos y las autoridades ceden a la influencia e incluso a la corrupción. La posibilidad de esta clase de captura (del Gobierno por ciertos intereses establecidos) representa un problema, pero se agudiza aún más cuando no hay una apreciación clara del valor del Gobierno. Si el Estado se percibe como irrelevante, con el tiempo también se volverá menos seguro y se corromperá más fácilmente a manos de los llamados «creadores de riqueza», que entonces pueden convencer a las autoridades para que les hagan favores que aumenten su riqueza y su poder.

Algunas ideas perezosas sobre el papel de la inversión pública resultan engañosas. La inversión empresarial está principalmente motivada por percepciones de oportunidades futuras, ya sean estas en un nuevo sector (la aparición de la nanotecnología) o en una región que se contempla como un lugar excitante para nuevas ideas. Como hemos visto, históricamente esas oportunidades han estado financiadas de manera directa por los gobiernos, tanto con inversiones del tipo de las que hizo la DARPA, en lo que más tarde se convertiría en internet, como con la inversión del Gobierno danés en energías renovables. Todo lo cual significa que las políticas que se basan en la idea de que las empresas siempre quieren invertir, y simplemente necesitan un incentivo fiscal para hacerlo, son simplistas, por no decir ingenuas. A menos que se complementen con una inversión estratégica directa del Gobierno, los incentivos (el gasto indirecto por medio de un recorte fiscal) rara vez harán que ocurran cosas que no hubieran sucedido igualmente (en términos económicos, no hay «adicionalidad»). En consecuencia, una empresa o un individuo experimentarán con frecuencia un aumento de los beneficios (por medio de un recorte fiscal) sin incrementar la inversión y sin generar nuevo valor. Y el objetivo principal del legislador debería consistir en aumentar la inversión empresarial, no los beneficios. De hecho, como ya hemos visto, la relación entre los beneficios y los sueldos está en niveles récord. No hay un problema de beneficios, sino un problema de inversión.[442]

JUSTAS RECOMPENSAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Una vez reconocemos que el Estado no es solo un gastador, sino un inversor y una entidad que asume riesgos, asegurarse de que la política conduce a la socialización no solo de los riesgos, sino también de las recompensas, se convierte en una simple cuestión de justicia. Un mejor alineamiento de los riesgos y las recompensas, entre los actores públicos y privados, puede convertir en un crecimiento inclusivo el crecimiento inteligente y liderado por la innovación.

Como hemos visto, la teoría del valor neoclásica desdeña en gran medida el valor creado por el Gobierno, como la mano de obra preparada, el capital humano y tecnología que acaba en nuestros productos inteligentes. En la microeconomía, el Gobierno es ignorado —en el estudio de la producción— salvo en la regulación de los precios de los inputs y la producción. No obstante, desempeña un papel mayor en la macroeconomía, que estudia la economía como un todo, pero en el mejor de los casos lo considera un redistribuidor de la riqueza creada por las empresas y un inversor en las condiciones «capacitadoras» que estas necesitan: infraestructuras, educación, habilidades, etcétera.

La teoría marginal ha alentado la idea de que el valor producido a nivel colectivo procede de contribuciones individuales. Pero, como dijo el economista estadounidense George Akerlof, que compartió el Premio Nobel de Economía en 2001, «nuestros productos marginales no son solo nuestros»,[443] son el fruto de un proceso acumulativo de aprendizaje e inversión. La creación colectiva de valor implica un sector público que asuma riesgos. Y, sin embargo, la relación habitual entre los riesgos y las recompensas, tal como se enseña en las clases de economía, no parece aplicarse en este caso. De modo que la cuestión crucial no solo tiene que ver con la contabilización del valor del Gobierno, sino también con cómo recompensarla: ¿cómo deberían dividirse las recompensas de la inversión entre los sectores público y privado?

Como mostró Robert Solow, la mayoría de las ganancias en productividad de la primera mitad del siglo XX no puede atribuirse al trabajo y al capital, sino al cambio tecnológico. Y este no solo se debe a una educación e infraestructuras mejores, sino también, como se ha visto en el capítulo anterior, a los esfuerzos colectivos que hay detrás de algunos de los más radicales cambios tecnológicos, en los que el sector público históricamente ha asumido un papel de liderazgo, «el Estado emprendedor».[444] Pero la socialización de los riesgos no ha estado acompañada de una socialización de las recompensas.

La cuestión, pues, reside en cómo puede el Estado hacerse con ciertos retornos de sus inversiones exitosas (el «lado positivo») para cubrir las inevitables pérdidas (el «lado negativo») y, en no menor medida, para financiar la siguiente ronda de inversiones. Esto puede hacerse de varias maneras, como hemos visto en el capítulo 7, ya sea mediante la tenencia de acciones, estableciendo condiciones sobre la reinversión, la limitación de los precios o la necesidad de limitar las patentes tanto como sea posible.

DE LOS BIENES PÚBLICOS AL VALOR PÚBLICO

En este capítulo hemos considerado la manera sesgada en que se contempla la actividad gubernamental en la economía. Con frecuencia, el papel del Gobierno se limita a «arreglar problemas»; no debe sobreactuar, puesto que sus fallos son peor considerados que los del mercado. Debería llevar a cabo un manejo suave del timón económico y arreglar las cuestiones básicas, invirtiendo en áreas como habilidades, educación e investigación, pero sin ir tan lejos como para producir algo. Y si el Gobierno resultara ser productivo, como las empresas que son propiedad del Estado, nuestra manera de contabilizar el PIB no lo reconoce como producción pública.

De hecho, casi nada de lo que hace el Gobierno se considera como perteneciente al interior del límite de producción. El gasto gubernamental se observa, simplemente, como un gasto y no como una inversión productiva. Algunos pueden considerar que el desembolso es socialmente necesario, y otros que es innecesario y que podría realizarlo el sector privado, pero la cuestión es que ninguno de los dos bandos ha elaborado un argumento robusto en favor de la actividad del Gobierno como productiva y esencial para crear una economía capitalista dinámica. Con demasiada frecuencia, la ideología ha vencido a la experiencia.

Keynes fue de una enorme importancia, puesto que mostró el papel dinámico del gasto público para crear un efecto multiplicador que puede llevar a un mayor crecimiento. Pero aún hay debate acerca de si el multiplicador existe, y los defensores de los estímulos económicos del Gobierno suelen encontrarse a la defensiva. Parte del problema reside en que los argumentos en defensa del gasto final siguen sobre todo vinculados a domesticar el ciclo económico (a través de medidas anticíclicas), y hay poco pensamiento creativo sobre cómo dirigir la economía a largo plazo.

Es especialmente importante repensar la terminología con la que describimos al Gobierno. Retratarlo como un creador de valor más activo —que invierte, y no solo gasta, y que tiene derecho a recibir una parte de los beneficios— eventualmente puede modificar cómo se percibe y cómo se comporta. Con demasiada frecuencia, los gobiernos se ven solo como «facilitadores» de un sistema de mercado, y no como co-creadores de riqueza y mercados. Irónicamente, esto produce de manera exacta la clase de Gobierno a la que los críticos les gusta asestar golpes: débil y en apariencia «favorable a las empresas», aunque abierto a la captura y a la corrupción, capaz de privatizar partes de la economía que deberían estar creando bienes públicos y colectivos.

Un nuevo discurso sobre el valor, pues, debería no solo revertir la preferencia por el sector privado sobre el público. Lo que se precisa es una nueva y profunda comprensión del valor público, una expresión que se encuentra en la filosofía pero que, hoy en día, prácticamente ha desaparecido de la economía. Este valor no se crea de manera exclusiva dentro o fuera del mercado del sector privado, sino en toda la sociedad. Es también un objetivo que puede utilizarse para dar forma a los mercados. Una vez se entienda y acepte la noción de valor público serán necesarias revaluaciones urgentes de la idea de lo público y lo privado, así como de la naturaleza del valor mismo. «Los valores públicos son los que aportan un consenso normativo sobre: 1) los derechos, beneficios y prerrogativas a los que los ciudadanos deberían tener (y no tener) derecho; 2) las obligaciones de los ciudadanos para con la sociedad, el Estado y entre sí; 3) los principios en los que deberían basarse los gobiernos y las políticas».[445]

La idea de valor público es más amplia que el término, actualmente más popular, de «bien público». Esta última expresión suele utilizarse de manera negativa para limitar lo que se permite que hagan los gobiernos y no para estimular la imaginación con el fin de encontrar las mejores maneras de enfrentarse a los retos del futuro. De modo que la BBC, de propiedad estatal, se considera que sirve al bien público cuando hace documentales sobre jirafas en África, pero se la cuestiona si realiza culebrones o programas de variedades. Las agencias estatales pueden financiar ciencia básica por las «externalidades positivas», pero no aplicaciones que se encuentren en un estado de desarrollo próximo a la salida al mercado. Los bancos públicos pueden ofrecer préstamos anticíclicos, pero no dirigir sus préstamos a áreas socialmente valiosas como la economía verde. Estas distinciones arbitrarias reflejan una visión estrecha de la economía, que con frecuencia da pie a que el actor público sea acusado de «desplazar» a un actor privado o, peor aún, de adentrarse en las peligrosas aguas de «escoger ganadores»: el Estado, se supone, solo debe hacer lo que el sector privado no quiere, en vez de tener su propia visión de un futuro deseable y alcanzable.

Las instituciones pueden reclamar su legítimo papel como servidoras del bien común. Deben pensar a lo grande y desempeñar un papel relevante en las grandes transformaciones que vendrán, enfrentar los retos del cambio climático, el envejecimiento de las poblaciones y la necesidad de infraestructuras e innovación del siglo XXI. Deben superar el miedo al fracaso, que las condena a él, y darse cuenta de que la experimentación y el ensayo y error (y el error y el error) forman parte del proceso de aprendizaje. Con confianza y responsabilidad pueden aspirar al éxito, y al hacerlo reclutarán y retendrán a empleados de la mayor calidad. Pueden cambiar el discurso. En vez de restar riesgo a los proyectos estarán compartiendo el riesgo y la distribución de sus recompensas.

También podría tener sentido que las empresas privadas —que se benefician de distintos tipos de inversiones y subsidios públicos— se impliquen, a su vez, en una cuota justa de actividades que no serán rentables de manera inmediata. Hay mucho que aprender de la historia de Bell Labs. Esta empresa nació de la exigencia del Gobierno de Estados Unidos de que la monopolista AT&T invirtiera sus beneficios en lugar de acumular efectivo, como es tan común hoy en día. Bell Labs invirtió en áreas que sus gestores, y quienes contrataban servicios con el Gobierno, pensaban que podían crear el mayor valor público posible. Su ámbito iba mucho más allá de cualquier estrecha definición de qué son las telecomunicaciones. La suma de la investigación financiada exclusivamente por el Gobierno y el trabajo cofinanciado por Bell Labs y agencias como DARPA, produjo resultados extraordinariamente tangibles, muchos de los cuales se encuentran en nuestros bolsos y bolsillos hoy en día.[446]

Una visión valiente del papel que pueden tener las políticas públicas también requiere un cambio en las métricas utilizadas para evaluar esas políticas. Hoy en día, el típico análisis estadístico de coste-beneficio resulta inadecuado para decisiones que, de manera inevitable, tendrán muchas consecuencias indirectas. Se requiere con urgencia un análisis mucho más dinámico que pueda capturar una mayor parte del proceso de conformación del mercado. Por ejemplo, cualquier evaluación del éxito de un proyecto del Gobierno consistente en crear una infraestructura de recarga para coches eléctricos debe intentar tener en cuenta las oportunidades ofrecidas para un posterior desarrollo técnico, la reducción de la contaminación y los beneficios políticos y ecológicos de disminuir la dependencia del petróleo no renovable procedente de países con gobiernos cuestionables.

Es crucial encontrar métricas que favorezcan las inversiones y la innovación a largo plazo. En la década de 1980 no fue el análisis coste-beneficio lo que alentó a la BBC a establecer un dinámico «programa de aprendizaje» para enseñar a los niños a escribir código. La actividad dio pie al desarrollo de la BBC Microcomputer, que llegó hasta las aulas británicas. Si bien la Micro no se convirtió en un éxito comercial, la adquisición de algunas de sus partes fortaleció a Acorn Computers y, finalmente, llevó a la creación de ARM Holdings, una de las empresas tecnológicas más importantes de Reino Unido en las últimas décadas. Sin embargo, para reconocer que el sector público crea valor necesitamos formas de evaluar este, entre ellas los desplazamientos del sector privado causados por esta clase de ambiciosa financiación pública. La iniciativa de la BBC ayudó a los niños a aprender a escribir código y aumentó su interés en nuevas tecnologías benéficas social y económicamente. También tuvo efectos directos e indirectos en distintos sectores, ayudó a nuevas empresas a crecer y llevó a nuevos inversores al ecosistema tecnológico británico. De manera similar, seguramente habría más éxitos de alta tecnología en Europa si hubiera una mayor interacción entre los sistemas de innovación y las políticas de adquisición pública. Sin embargo, para reconocer que el sector público crea valor primero debemos encontrar maneras de contabilizarlo, incluyendo los desplazamientos provocados por esta clase de ambiciosa financiación pública.

Gobernar el valor público

El trabajo de Elinor Ostrom (1933-2012), una economista de la Universidad de Indiana que en 2009 recibió el premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, ayuda a clarificar la multitud de maneras en que las nuevas métricas pueden afectar al comportamiento, y viceversa, pues desactivan el conflicto entre el Gobierno y el mercado. Ostrom ha mostrado que la tosca división Estado-privado, que domina el pensamiento actual, no logra encapsular la complejidad de las estructuras y las relaciones institucionales —desde reguladores gubernamentales no partidistas hasta universidades financiadas por el Estado o proyectos de investigación gestionados por él—, que va más allá de esa división. Ella puso el énfasis en los recursos comunes agrupados, al igual que en la conformación de sistemas que tienen en cuenta el comportamiento colectivo.

La obra de Ostrom refuerza la conclusión histórica de Polanyi planteada en La gran transformación: los gobiernos, junto con las muchas instituciones y tradiciones de una sociedad, constituyen el útero en el que se nutren los mercados, y, después, el progenitor que los ayuda a servir al bien común. Una responsabilidad vital de los gobiernos en la economía moderna —que Ostrom también encontró en las economías preindustriales exitosas— reside en limitar la cantidad de rentas que emergen de cualquier acercamiento no colectivo a la creación de riqueza, lo cual nos devuelve a la definición de Adam Smith respecto del «libre mercado» como algo libre de rentas.

En la actualidad, estas ideas podrían beneficiar de manera significativa a muchas instituciones cruciales que no son plenamente privadas ni públicas. Las universidades podrían promover orgullosamente la búsqueda del conocimiento sin tener que preocuparse por generar de manera inmediata patentes rentables y empresas spin-off. Los institutos de investigación médica podrían contar con una fuerte financiación y una presión mucho menor para llamar la atención. Los laboratorios de ideas podrían sacudirse la mancha del lobby una vez mostraran que apoyan los valores comunes. Y las empresas cooperativas, las mutuas y otras formas de organización sin ánimo de lucro podrían florecer sin tener que decidir a qué lado de la gran división privado-público se sitúan en realidad.

Sin duda, en el nuevo discurso no se repetiría más que el sector público interfiere con el sector privado o lo rescata. En lugar de eso, estaría ampliamente aceptado que los dos sectores, así como todas las instituciones que se encuentran entre los dos, se nutren y refuerzan de manera mutua en la búsqueda del objetivo común de la creación de valor económico. Las interacciones entre sectores estarían menos marcadas por la hostilidad y más imbuidas de respeto.

Una vez se corrija el relato en torno a la creación de valor, los cambios pueden incentivar a las instituciones privadas y a sus socios de carácter público. El sector privado puede transformarse mediante el simple pero profundo hecho de sustituir el valor del accionista por el valor de las partes interesadas. Esta idea ha estado circulando durante décadas, pero en la mayoría de países las empresas siguen estando gestionadas pensando en el valor del accionista y centradas en maximizar los beneficios trimestrales. El valor de la parte interesada reconoce que las corporaciones no son, en realidad, la propiedad privada exclusiva de un grupo de proveedores de capital financiero que comparte beneficios. Como entidades sociales, las compañías deben tener en cuenta el bien de empleados, clientes y proveedores. Ellos se benefician del legado intelectual y cultural compartido de las sociedades en las que se hallan y de la provisión del Estado de derecho por parte de sus gobiernos, por no mencionar la formación de sus trabajadores y la valiosa investigación financiada por el Gobierno. A cambio de ello, deberían repartir beneficios a todos esos grupos. Naturalmente, no resulta fácil acordar el equilibrio correcto, pero una discusión animada es mucho más preferible que la actual práctica de maximizar los beneficios para los accionistas. De hecho, la presencia de cooperativas dirigidas mediante una comprensión de la creación de valor de las partes interesadas, como John Lewis en Reino Unido o Mondragón en España, deberían servir como prueba de que hay más de una manera de gestionar una empresa. Asimismo, los gobiernos que quieren alcanzar un crecimiento liderado por la innovación deberían preguntarse si es más probable que los empleados compartan grandes ideas en empresas en las que son valorados, que en otras en las que son simples apéndices de una maquina de hacer beneficios que después se desvían a unos pocos accionistas.

No se trata de una tarea fácil, pero ni siquiera dará comienzo si no se posiciona de nuevo a todas las partes en el centro del proceso de creación de valor colectivo.

En resumen, solo pensando a lo grande y de manera diferente puede el Gobierno crear valor. Y esperanza.

9

LA ECONOMÍA DE LA ESPERANZA

La crisis financiera global, que empezó en 2008 y cuyas repercusiones seguirán teniendo eco en todo el mundo durante los próximos años, ha suscitado una miríada de críticas al sistema capitalista moderno, como que es demasiado «especulativo», que recompensa a «captadores de rentas» por encima de verdaderos «creadores de riqueza», y que ha permitido el rampante crecimiento de las finanzas, dando pie a que intercambios especulativos de activos financieros sean más recompensados que inversiones que llevan a la creación de nuevos activos físicos y de empleo. Han cogido fuerza los debates sobre el crecimiento insostenible y se han expresado preocupaciones no solo por la tasa de crecimiento, sino también por su dirección.

Entre las propuestas de reformas profundas de este sistema «disfuncional» están hacer que el sector financiero se centre más en inversiones a largo plazo, cambiar las estructuras de gobernanza de las corporaciones, de tal modo que estén menos centradas en el precio de sus acciones y los beneficios trimestrales, elevar los impuestos a las transacciones especulativas o limitar legalmente los excesos en los sueldos de los ejecutivos.

En este libro he sostenido que esas críticas son importantes, pero también que seguirán siendo impotentes —a la hora de producir una verdadera reforma del sistema económico— hasta que estén firmemente basadas en una discusión acerca de los procesos mediante los cuales se crea valor económico. No basta con argumentar en favor de una menor extracción de valor y una mayor creación. En primer lugar, hay que remozar y comprender mejor el «valor», un término que en el pasado se hallaba en el corazón del pensamiento económico.

El valor ha dejado de ser una categoría central de la teoría económica vinculada a las dinámicas de producción (la división del trabajo, los cambiantes costes de la producción) para convertirse en una categoría subjetiva vinculada a las «preferencias» de los agentes económicos. Muchos males, como el estancamiento de los sueldos reales, se interpretan en términos de las «elecciones» que agentes particulares hacen en el sistema; se considera, por ejemplo, que el desempleo está relacionado con la elección que los trabajadores realizan entre trabajo y tiempo libre. Y el emprendimiento —el alabado motor del capitalismo— se considera el resultado de esas elecciones individualizadas y no del sistema de producción que rodea a los emprendedores, o, por decirlo de otra manera, resultado del esfuerzo colectivo. Al mismo tiempo, el precio se ha convertido en el indicador del valor; si un bien se compra y se vende en el mercado, es que debe tener valor. De modo que, más que una teoría según la cual el valor determina el precio, es la teoría de que el precio determina el valor.

Junto con esta transformación fundamental de la idea de valor ha arraigado un relato distinto. Este, centrado en los creadores de riqueza, la toma de riesgos y el emprendimiento, ha calado en el discurso político y público. Ahora resulta tan ubicuo que incluso los «progresistas», que en ocasiones critican el sistema, lo defienden sin querer. Cuando el Partido Laborista británico perdió las elecciones de 2015, sus líderes afirmaron que habían perdido porque no habían tenido en cuenta a los «creadores de riqueza».[447] ¿Y quiénes creían que eran los creadores de riqueza? En primer lugar, las empresas y los emprendedores, alimentando así la idea de que el valor se crea en el sector privado y de que el sector público lo redistribuye. Pero ¿cómo puede ser que un partido que tiene la palabra labour (trabajadores) en su nombre no considere la mano de obra y el Estado como partes igualmente vitales en el proceso de creación de riqueza?

Esas ideas acerca de la generación de riqueza se han afianzado y no hay quien las cuestione. En consecuencia, quienes afirman ser creadores han monopolizado la atención de los gobiernos con el ahora manido mantra de «bajadnos los impuestos; reguladnos poco; menos Estado y más mercado».

Al perder la capacidad de reconocer la diferencia entre creación de valor y extracción de valor hemos facilitado que algunos se llamen a sí mismos «creadores de valor» y, al mismo tiempo, extraigan valor. Comprender que los relatos sobre el valor están a nuestro alrededor, en todas partes —aunque no lo esté la categoría en sí misma—, constituye una preocupación clave del libro y resulta esencial para la viabilidad futura del capitalismo.

Ofrecer un cambio real debe ir más allá de arreglar problemas aislados para desarrollar un marco que permita conformar un nuevo tipo de economía: una economía que trabaje para el bien común. El cambio tiene que ser profundo. No basta con redefinir el PIB para que abarque los indicadores de calidad de vida, incluyendo mediciones de la felicidad,[448] el valor imputado de los «cuidados» no pagados y la información libre, la educación y la comunicación a través de internet.[449] Tampoco es suficiente poner impuestos a la riqueza. Aunque esas medidas sean importantes en sí mismas, no abordan el mayor reto, es decir, definir y contabilizar la contribución colectiva a la creación de riqueza de tal manera que sea más difícil que la extracción de valor pase por creación de valor. Como hemos visto, las ideas de que el precio determina el valor y de que los mercados representan el mejor mecanismo para estipular el precio tienen toda clase de consecuencias nefastas. Por resumir, destacan cuatro.

En primer lugar, este relato incentiva a los extractores de valor en las finanzas y otros sectores de la economía. Ahí, las preguntas cruciales —qué clase de actividades añaden valor a la economía y cuáles simplemente extraen valor para los vendedores— nunca se formulan. De acuerdo con el pensamiento actual, el trading financiero, el préstamo rapaz y financiar burbujas inmobiliarias son, en todos los casos, por definición, actividades con valor añadido porque el precio determina el valor: si se puede llegar a un acuerdo, entonces es que hay valor. De la misma manera, si una compañía farmacéutica puede vender un medicamento por cientos o miles de veces lo que ha costado producirlo, no hay problema: el mercado ha determinado el valor. Lo mismo puede decirse de los altos ejecutivos que ganan trescientas cuarenta veces más que el trabajador medio (la ratio real en 2015 para empresas en el S&P 500).[450] El mercado ha decidido el valor de sus servicios y no hay nada más que decir. Los economistas son conscientes de que algunos mercados no son justos, como, por ejemplo, cuando Google tiene algo parecido a un monopolio en la publicidad de las búsquedas. Pero muchas veces se encuentran demasiado embelesados con el relato de la eficiencia del mercado como para preocuparse de si las ganancias son, de hecho, beneficios obtenidos de manera justa o, simplemente, rentas. En realidad, no se hace distinción entre beneficios y rentas.

El pensamiento según el cual el precio es lo mismo que el valor incentiva a las empresas a poner en primer lugar a los mercados financieros y a los accionistas y a ofrecer tan poco como sea posible a los demás actores implicados. Esto ignora la realidad de la creación del valor como proceso colectivo. De hecho, todo lo relacionado con el negocio de una empresa —especialmente en la innovación y el desarrollo tecnológico subyacentes— está íntimamente entretejido con las decisiones tomadas por los gobiernos electos, las inversiones llevadas a cabo por las escuelas, las universidades, las agencias públicas e incluso por los movimientos de organizaciones sin ánimo de lucro. Los líderes empresariales no cuentan toda la verdad cuando dicen que los accionistas son los únicos que asumen riesgos y, por tanto, merecen la parte del león de los beneficios empresariales.

En segundo lugar, el discurso convencional devalúa y asusta a los creadores de valor actuales y futuros fuera del sector empresarial privado. No resulta fácil sentirse bien con uno mismo cuando te dicen constantemente que eres basura o parte del problema. Con frecuencia esa es la situación en la que se encuentra la gente que trabaja en el sector público, ya sean enfermeros, funcionarios o maestros. Las métricas estáticas utilizadas para medir la contribución del sector público y la influencia de la teoría de la elección pública para hacer al Gobierno más «eficiente» han convencido a muchos trabajadores del Estado de que son segundones. Esto es suficiente para deprimir a cualquier burócrata e inducirlo a marcharse al sector privado, donde se suele ganar más dinero.

De modo que los actores públicos se ven obligados a emular a los privados y su interés casi exclusivo por proyectos que den rápidos beneficios. A fin de cuentas, el precio determina el valor. Usted, funcionario, no se atreva a proponer que su agencia puede hacerse cargo de un problema, a ofrecer una perspectiva útil a largo plazo, a tener en cuenta todas las aristas (y no solo los beneficios) de un asunto, a gastar los fondos necesarios (tomando prestado si es necesario) y —susúrrese bajo— a añadir valor público. Deje las grandes ideas al sector privado, que le dicen que solo debe «facilitar» y habilitar. Y cuando Apple o cualquier empresa privada gane miles de millones de dólares para los accionistas y muchos millones para los altos ejecutivos, probablemente no pensará que esas ganancias en realidad proceden, en gran medida, de sacar partido del trabajo hecho por otros, ya sean agencias del Gobierno, instituciones sin ánimo de lucro o logros por los que han luchado organizaciones de la sociedad civil, como los sindicatos, que han resultado cruciales en la lucha por los programas de formación de los trabajadores.

En tercer lugar, esta historia del mercado confunde a quienes elaboran las medidas políticas. En líneas generales, las autoridades de todas las clases quieren ayudar a sus comunidades y a su país, y creen que la manera de hacerlo consiste en depositar más confianza en los mecanismos del mercado y que las medidas políticas solo consistan en hacer apaños en las cuestiones secundarias. La cuestión crucial reside en ser visto como un progresista y, al mismo tiempo, «favorable a las empresas». Pero con una comprensión muy limitada de dónde procede el valor, los políticos y demasiados empleados públicos son como plastilina en manos de quienes afirman ser creadores de valor. Los reguladores acaban siendo presionados por empresas e inducidos a apoyar medidas políticas que hacen a los actores existentes aún más ricos, con un aumento de los beneficios que tiene poco efecto en la inversión. Entre los ejemplos están la manera en que los gobiernos de buena parte del mundo occidental han sido persuadidos para que reduzcan el impuesto a las ganancias de capital, a pesar de que no hay razón para hacerlo si el objetivo pasa por promover la inversión a largo plazo en vez de a corto plazo. Y los grupos de presión han logrado, con sus historias sobre la innovación, que se aprobara la medida de la Patent Box, que reduce los impuestos a los beneficios generados por monopolios de veinte años sobre patentes, aunque el principal impacto de la medida solo ha conseguido reducir los ingresos del Gobierno y no aumentar las tasas de inversión que conducen hasta las patentes.[451] Todo lo cual sirve únicamente para sustraer valor de la economía y hacer que el futuro resulte menos atractivo para casi todo el mundo. Como no tiene una visión clara del proceso de creación de valor colectivo, el sector público se halla «apresado», fascinado por historias sobre la creación de riqueza que han llevado a políticas fiscales regresivas que elevan la desigualdad.

En cuarto y último lugar, la confusión entre beneficios y rentas aparece en la forma en que medimos el crecimiento: el PIB. De hecho, es ahí donde el límite de producción vuelve para perseguirnos: si cualquier cosa que tenga un precio es valor, entonces la manera en que se lleva a cabo la contabilidad nacional no será capaz de distinguir entre creación de valor y destrucción de valor. Por lo tanto, las medidas políticas destinadas a lo primero sencillamente pueden llevar a lo segundo. Esto no solo es cierto en el caso del medio ambiente, donde limpiar los desaguisados de la contaminación aumenta sin duda el PIB (debido a que los servicios de limpieza se pagan), mientras que un medio ambiente más limpio no lo hará necesariamente (de hecho, si tal cosa origina que se produzcan menos «cosas» puede disminuirlo). También ocurre lo mismo, como hemos visto, en el mundo de las finanzas, donde no se distingue entre servicios financieros que satisfacen la necesidad de crédito a largo plazo de la industria de, por ejemplo, los servicios financieros, que simplemente alimentan otras partes del sector financiero.

Solo con un claro debate en torno al valor podrán identificarse mejor las actividades extractoras de rentas en todos los sectores, incluido el público, y restarles fuerza política e ideológica.

MERCADOS COMO RESULTADOS

Redefinir el valor debe empezar con una interrogación más profunda acerca de los conceptos en los que hoy se basan buena parte de las medidas políticas. La primera y más fundamental es ¿qué son los mercados? No son algo en sí mismos. Están conformados por la sociedad y suponen el resultado de procesos multiagentes en un contexto específico. Si vemos los mercados de esta forma también cambiarán nuestras ideas acerca de las políticas del Gobierno. En vez de una serie de «intervenciones» intrusivas en una economía de mercado, por lo demás independiente, la política del Gobierno puede contemplarse como lo que es, esto es, parte del proceso social que co-forma y co-crea los mercados competitivos. La segunda, ¿qué son las colaboraciones privado-público? O, de manera más precisa, ¿qué tipo de colaboraciones público-privadas darán a la sociedad el resultado deseado? Para responder a esta pregunta, los economistas deberían abandonar su ambición de pensar como físicos y prestar atención a la biología para evaluar en qué medida son funcionales las colaboraciones que emulan un sistema mutualista y no uno parasitario o de depredador-presa.

Como escribió Karl Polanyi, los mercados están profundamente incrustados en las instituciones sociales y políticas.[452] Son resultado de procesos complejos, de interacciones entre distintos actores de la economía, incluido el Gobierno. Esto no es un aspecto normativo, sino estructural, es decir, cómo surgen nuevas disposiciones socioeconómicas. El hecho mismo de que el mercado esté conformado por distintos actores —entre ellos, de manera crucial, las autoridades políticas— ofrece la esperanza de que puede construirse un futuro mejor. Podemos dar forma a los mercados de manera que produzcan resultados deseables, como un «crecimiento verde» o una sociedad que «cuide» más y cuyos cuidados influyan en el tipo de infraestructura social y física que se construye. De la misma manera, podemos permitir que las finanzas especulativas a corto plazo triunfen sobre la inversión a largo plazo. Como ya hemos visto, Adam Smith opinaba que los mercados deben conformarse. En contra de la interpretación moderna de su obra como laissez faire (dejar al mercado a sus anchas), creía que la libertad adecuada no consiste en la ausencia de políticas gubernamentales, sino en la ausencia de extracción de rentas. Smith se habría sentido desconcertado por la noción actual de libertad económica como la mínima actividad no privada. Su La riqueza de las naciones es un libro inmenso, en gran medida porque incluso en ese mundo más sencillo desde el punto de vista económico había numerosas variedades de captura de rentas que examinar. Dedicó muchas páginas a las actividades productivas y a las improductivas, con frecuencia colocando de manera simplificadora a algunas dentro del límite de producción y a otras fuera. Karl Marx fue más sutil: no era el sector en sí mismo lo que importaba, sino cómo interactuaba exactamente con la creación de valor y el importante concepto de su análisis, la plusvalía.

Polanyi nos ayuda a ir más allá de Smith y de Marx. Si nos centramos en qué actividades se sitúan dentro o fuera del límite de producción, hoy en día podemos trabajar para asegurarnos de que todas ellas —tanto en la economía real como en el sector financiero— promuevan los resultados que queremos: si la calidad y las características de una actividad determinada ayudan a ofrecer verdadero valor, entonces debería ser recompensada, porque está dentro del límite. Las autoridades deben ser animadas a dar pie a «tratos» que generen colaboraciones simbióticas público-privadas. En el caso de las finanzas, esto podría significar favorecer la inversión a largo plazo por encima de la de corto plazo (con medidas como un impuesto a las transacciones financieras), y, aún más, fundar nuevas instituciones financieras (como bancos de inversión estatales orientados hacia misiones) que puedan dar financiación estratégica a largo plazo, lo que resultaría crucial para las inversiones de alto riesgo necesarias para la exploración e investigación que subyace tras la creación de valor.

Más allá del sector financiero, la ley de patentes y su regulación debería incentivar a las grandes farmacéuticas a investigar más en medicamentos esenciales en lugar de, como sucede con frecuencia en la actualidad, bloquear la competencia y la innovación por medio del uso de patentes fuertes y amplias. Una posibilidad consiste en conceder menos patentes cuando el producto aún está lejos de comercializarse, dejando libre acceso a las herramientas para la investigación. Y los precios de las medicinas deberían reflejar el «acuerdo» general entre los actores públicos y privados, no forzar a los contribuyentes a pagar dos veces. Además, el elevado nivel de recompras de acciones en el sector debería ser cuestionado antes de que el Gobierno le conceda ayudas financieras. En general, el apoyo gubernamental debería estar condicionado a un aumento en la inversión comprometida por las empresas, lo que reduciría la tendencia a la acumulación de efectivo y la financiarización.

En los sectores de las tecnologías de la información, la telecomunicación y el mundo digital, es necesario pensar más acerca del sistema impositivo adecuado para empresas como Uber y Airbnb, que nunca habrían existido sin la tecnología financiada con dinero público, como el GPS e internet, y que explotaron los efectos de red para crear sus ventajas, potencialmente muy rentables, de ser los primeros. Debería quedar claro que mucha gente —no solo los empleados de la empresa— han contribuido a su ventaja competitiva. El modo en que gobernamos la tecnología afecta a quién comparte los beneficios. La revolución digital requiere democracia participativa, poner en el centro del cambio tecnológico al ciudadano, no a las grandes empresas o al gran Gobierno. Tomemos como ejemplo las métricas inteligentes; Morozov sostiene que si permanecen como cajas cerradas transfiriendo información, «lo que estamos haciendo en esencia es introducir más y más sistemas cerrados que simplemente tratan de capturar rentas de infraestructuras que han sido financiadas por nosotros, sin dejar que los ciudadanos nos aprovechemos de las mismas infraestructuras para nuestros propios fines y nuestro propio monitoreo del Gobierno, ya sea de la ciudad o nacional».[453]

Con esto en mente podemos ir más allá de la idea de que los bienes públicos son «correcciones» que se limitan a áreas que necesitan arreglarse (debido a las externalidades positivas que generan). Esto requiere una nueva comprensión de las medidas políticas que «conforman» y «crean» activamente mercados que pueden arrojar valor público que beneficie a la sociedad de manera más generalizada.

Hacer que el valor público esté mejor justificado, que sea mejor apreciado y que se evalúe mejor abriría un nuevo vocabulario para las autoridades políticas. En vez de ser meros «reguladores» de la sanidad o de la agenda digital, como creadores de esos cuidados y esa transformación digital, las autoridades tendrían un derecho más justificable a asegurarse de que los beneficios son accesibles para todos. Un vocabulario distinto y un nuevo marco político también reducirían la timidez que ha hecho que, durante décadas, los políticos no financien inversiones en infraestructuras muy necesitadas, lo que llevó a una respuesta fiscal y legislativa mínima a la crisis financiera de 2008 y su subsiguiente recesión. Una vez se reconozca el pleno potencial de las ramas ejecutiva y legislativa para promover el bien de la sociedad, los cargos electos pueden empezar a comportarse a la altura de unas expectativas más elevadas pero realistas. La gente joven y ambiciosa podría empezar a escoger la política, o carreras de funcionario, en vez de trabajos en la City o en empresas, solo si ve que esa elección es valiosa y valorada.

PONERLE UNA MISIÓN A LA ECONOMÍA

La pregunta sigue siendo qué dirección debería tomar la economía para beneficiar al mayor número de personas. El crecimiento máximo del PIB, contesta una respuesta estándar actual, demasiado vulgar como para servir de ayuda, oculta todas las preguntas serias sobre el valor. Otra respuesta común reside en la probidad fiscal, que los gobiernos gobiernen con presupuestos equilibrados o, incluso, como en el caso de Alemania, con superávit. Esto, sin embargo, no solo es algo vulgar sino equivocado. El objetivo de reducción de los déficits del Gobierno tras la recesión de 2009 aún impide una recuperación adecuada de la economía europea. Un déficit fiscal bajo representa un objetivo erróneo. La cuestión real reside en cómo pueden crear crecimiento a largo plazo el Gobierno y sus inversiones. Y aunque esas inversiones pueden requerir que los déficits a corto plazo crezcan, a largo plazo, con el aumento del PIB, la ratio deuda-PIB se mantendrá a raya gracias a esas inversiones creadoras de valor. Esta es la razón por la que tantos países que siguen teniendo déficits modestos pueden tener también una elevada ratio deuda-PIB.

La cuestión del crecimiento debe, pues, centrarse menos en la tasa de crecimiento y más en su dirección. Una discusión más abierta en torno al valor económico también podría, bajo mi punto de vista, ayudar a conformar las discusiones sobre la direccionalidad. Los argumentos progresistas contra la austeridad fiscal frecuentemente no van más allá de pedir inversión para infraestructuras (o proyectos como «reparar aceras»), como si fueran una panacea. Se trata de una demanda muy modesta. La discusión en torno a la clase de infraestructura, y su relación con objetivos sociales mayores, ha sido pueril. ¿Solo carreteras y puentes? La inversión pública motivada por la ambición y una visión no puede limitarse a una lista de la compra de proyectos tradicionales de infraestructuras físicas. El primer paso debería consistir en pensar seriamente el problema en cuestión. Una transformación verde requiere no solo infraestructuras verdes, sino una clara visión de lo que significa vivir una vida verde. Ello implica transformar todos los sectores, incluidos los tradicionales, como el acero, para reducir su contenido material.

De hecho, una manera clave de enfrentar algunos de los problemas más acuciantes de la sociedad actual es aprender las lecciones de periodos históricos en los que se desplegaron osadas ambiciones para afrontar difíciles problemas tecnológicos. Tengamos en cuenta dos lecciones de la misión de llevar al hombre a la Luna. En primer lugar, las agencias implicadas, de la NASA a la DARPA, construyeron su propia capacidad y sus propias competencias. No externalizaron sus tareas o el conocimiento resultante al sector privado. Esta práctica debería contemplarse cuando se consideren los actuales acuerdos de colaboración público-privada, tan de moda, pues solo funcionarán bien como colaboraciones dinámicas intensivas en conocimiento, y si las dos partes se hallan igualmente comprometidas a la hora de invertir en competencias y capacidades propias.

En segundo lugar, la misión Apollo requirió que colaboraran distintas clases de actores y sectores, desde el aeroespacial hasta las innovaciones textiles. La cuestión no era subsidiar un sector (aeronáutico), sino resolver problemas juntos, lo que requirió que colaboraran muchos sectores y distintas clases de actores públicos y privados, incluso de baja tecnología, como el textil. De manera similar, el reto actual de revertir los daños ocasionados por el ser humano al medio ambiente no es algo que deba solucionarse con un mero aumento de la inversión en energías renovables —aunque eso ya constituye un abrumador reto tecnológico—, sino que exige un compromiso social con un nuevo acercamiento, menos materialista, a la manera en que vivimos. Las misiones concretas pueden implicar distintas clases de colaboración para llevar a cabo la lucha contra el cambio climático o la lucha para erradicar el cáncer, pero todas exigirán objetivos claros y una multitud de sectores y actores que co-inviertan y exploren nuevos paisajes, pero que también tengan paciencia para obtener resultados a largo plazo. En períodos anteriores de agitación tecnológica se produjeron cambios en la forma de vida, como la conexión entre producción en masa y la suburbanización.[454] Una revolución verde necesitará cambios deliberados y conscientes en los valores sociales, pues redirigir toda la economía transforma la producción, la distribución y el consumo en todos los sectores.

UN FUTURO MEJOR PARA TODOS

El concepto de valor debe encontrar, de nuevo, el lugar que merece en el centro del pensamiento económico. Trabajos más satisfactorios, menos contaminación, mejores cuidados, salarios más igualados… ¿Qué clase de economía queremos? Para responder a esta pregunta podemos decidir cómo conformar nuestras actividades económicas y llevar las actividades que cumplen esos objetivos al interior del límite de producción, para que sean recompensadas por encaminar el crecimiento de la manera que consideremos deseable. Y mientras tanto, también podemos hacer más por reducir las actividades que consisten puramente en capturar rentas y por vincular de manera más cuidadosa las recompensas a la actividad verdaderamente productiva.

He empezado el libro afirmando que su objetivo no era sostener que una teoría del valor es mejor que otra. Mi objetivo es provocar un nuevo debate que de nuevo ponga el valor en el centro del razonamiento económico. No se trata de establecer vallas firmes y estáticas alrededor del límite de producción y de sostener que algunos actores son parásitos o extractores, mientras que otros son gloriosos productores y creadores. Más bien, deberíamos tener una comprensión más dinámica de lo que significa crear y extraer en el contexto de la realidad social objetiva que tenemos. Sin duda, entrarán en juego factores objetivos y subjetivos, aunque los subjetivos no deberían reducirlo todo a una elección individual, despojada del contexto social, político y económico en el que se toman las decisiones. Son esos contextos los que se ven afectados por las dinámicas (objetivas) del cambio tecnológico y las estructuras de gobernanza corporativa. Esto último afectará a la manera en que se determine la distribución de ingresos, como lo hará la fortaleza de los trabajadores para negociar su parte. Estas fuerzas estructurales son resultado de la toma de decisiones en el interior de las organizaciones. No hay nada inevitable o determinista en ello.

He intentado abrir un nuevo diálogo para mostrar que la creación de valor es colectiva, que las medidas políticas pueden ser más activas para co-conformar y co-crear mercados, y que el verdadero progreso requiere una división dinámica del trabajo centrada en los problemas que enfrentan las sociedades del siglo XXI. Si hemos sido críticos es porque esas críticas son urgentes y necesarias; se trata, además, de un preludio necesario para la creación de una nueva economía: una economía de la esperanza. A fin de cuentas, si no podemos soñar con un futuro mejor, e intentar que se haga realidad, no hay razón alguna por la que preocuparse del valor. Y esa quizá sea la mayor lección de todas.

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ÍNDICE ALFABÉTICO

acero

Acorn Computers

acuerdos de Bretton Woods

acumulación de dinero

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), Estados Unidos

Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada-Energía (ARPA-E, por sus siglas en inglés), Estados Unidos

Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés), Estados Unidos

agencias de calificación

agricultura

trabajo

y el límite de producción

y los fisiócratas, véase fisiócratas

y Marx

y Ricardo

ahorros

acumulación en la posguerra

fondos de inversión

para la jubilación e impuestos

Airén

Akerlof, George

Alchemy Partners

Alemania

industria

Partido de los Trabajadores Socialistas

superávit presupuestario

Alitalia

Alliance Boots

Allianz Capital Partners

Alton, Gregg

Amazon

American Economic Review

American Research and Development Corporation

Amgen

AOL

Apple

extracción de valor

filiales irlandesas

plan de recompra de acciones

y California

y propiedad intelectual

Apple Operations Europe

Apple Sales International

aranceles

Aristóteles

ARM Holdings

Asociación Nacional de Capital Riesgo (NVCA, por sus siglas en inglés)

asociaciones público-privadas

asunción de riesgos, véase también especulación

compartir los riesgos y las recompensas de la innovación

con fondos públicos para la innovación

con las nuevas tecnologías

de los accionistas

socialización de los riesgos

y las ventajas del primer actor

y los retornos de la innovación

atención sanitaria, véase también residencias para ancianos (Reino Unido)

Instituto Nacional de Excelencia para la Salud y los Cuidados (NICE, por sus siglas en inglés)

Ley del Servicio Nacional de Salud y de Atención Comunitaria (1990), Reino Unido

Ley de Sanidad y Asistencia Social (2012), Reino Unido

NHS, véase Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), Reino Unido

orientada al mercado, véase también iniciativas de financiación privada (PFI, por sus siglas en inglés)

privatización y subcontratación

Atkinson, sir Anthony

AT&T

auditores

aumento de la rotación de las acciones domésticas

austeridad

y el desempleo

y el PIB

y la desigualdad

y los nuevos clásicos

y los números mágicos

Autoridad Reguladora de los Servicios de Aguas (Ofwat)

Bain Capital

banca en la sombra

Banco Central Europeo (BCE)

Banco de Desarrollo de China

Banco de Inglaterra

brecha de financiación del cliente

familias de banqueros con sede en Reino Unido

potencial del efecto mariposa

«problema de la banca»

y la evaluación crediticia

y la inestabilidad competitiva

Banco de Pagos Internacionales

Banco Europeo de Inversiones

Banco Mundial

bancos / banca, véase también sector financiero

actividades especulativas

banca en la sombra

bancos centrales

bancos de inversión

bancos «demasiado grandes para quebrar»

bancos públicos

bancos retadores

bancos rusos

desregulación

Estados Unidos

operaciones por cuenta propia

papel de intermediarios

poder de monopolio / oligopolio

préstamos a los hogares, véase también hipotecas

préstamos no igualados por los depósitos

privatización y diferenciación entre bancos «buenos» y «malos»

«productividad» y la creación de valor / dinero

regulación, véase regulación financiera

rescates

restricción de licencias

servicios de transferencia de dinero

SIFMI, véase servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)

tipos de crédito interbancario

y el crecimiento económico

y el eurodólar

y la deuda privada / familiar

y la liquidez

y las crisis financieras, véase también crisis financieras

y las divisas offshore

y la transformación de madurez

y los filósofos ilustrados

y los mercados financieros

bancos centrales

expansión cuantitativa (EC)

bancos públicos, véase bancos / banca: bancos públicos

Baumol, William J.

BBC

Microcomputer

BC Partners

Bean, Charles

Becker, Gary

Bell Labs

beneficio por acción (BPA)

beneficios

Apple

confundidos con renta

corporativos

de empresas propietarias de datos

devueltos a los accionistas, véase también maximización del valor para el accionista (MVA)

distribución excesiva de beneficios

excedentes

explotación del trabajo para aumentar los

frente a las rentas en el PIB

fuentes

márgenes

maximización

precio de la acción aumenta con los

redes

reinversión

rentabilidad de empresas cotizadas del sector no financiero

y el marginalismo

y la salud del paciente

y los bancos

y los límites de producción, véase límites de producción

y los sueldos en equilibrio

y Marx

y Quesnay

y Ricardo

y Robinson

y Senior

y Smith

y Turgot

Bentham, Jeremy

Berg, Paul

Bernanke, Ben

Bessen, James

Bevan, Aneurin

BHS

Biblioteca Marshall, Cambridge

Biogen

Blackrock

Blackstone Capital

Blankfein, Lloyd

Bogle, John

Braeburn Capital

Bray, John

British Airways

British Gas

British Telecom

Brown, Gordon

Buchanan, James

Buffett, Warren

burbujas financieras

cambio climático

Capgemini

Capita

capital con intereses

capital de inversión (PE, por sus siglas en inglés)

efectos en las empresas de aguas y residencias de ancianos en Reino Unido

empresas

impuesto sobre las ganancias de capital

ratio deuda / capital en empresas propiedad de firmas de capital de inversión

rendimiento de los fondos de adquisición

socios generales

socios limitados

tiempo de posesión medio

y la maximización del valor para el accionista (MVA)

y las demandas de los gestores de activos en la empresa privada

y los impuestos

capital humano

capital paciente

capital riesgo (VC, por sus siglas en inglés)

Asociación Nacional de Capital Riesgo (NVCA, por sus siglas en inglés)

fondos públicos

industria del capital riesgo de Silicon Valley

la innovación y la elección del momento adecuado

y la OPI

y los impuestos

capitalismo

auge del capitalismo de casino

«capitalismo de los gestores de dinero» (Minsky)

de plataforma

«depredador» frente a «productivo»

dificultades de las economías industriales consideradas como una crisis del

falta de negociación en el capitalismo occidental

oposición intelectual de organizaciones políticas radicales y socialistas

regulatorio

sociedad capitalista

y el marginalismo, véase marginalismo

y el papel del Gobierno como motor de crecimiento

y la captura de rentas, véase también renta: extracción / captura

y la crisis financiera global de 2008

y la gestión de activos, véase gestión de activos / fondos

y las fuentes de beneficio

y los mercados financieros

y Marx

y Ricardo

Carlos I de Inglaterra

Carlyle Group

cartistas

CERN

Chappell, Dominic

China

Chipre

Chomsky, Noam

Chrysler

Churchill, Winston

Clark, John Bates

clases de capital

comercial

con intereses

de producción / industrial

paciente

riesgo, véase capital riesgo

cobro de intereses

Comisión de Calidad Asistencial

Comisión Europea

Commonwealth Foundation

competencia

conglomerados

Consejo de Inversión del Plan de Pensiones de Canadá (CPPIB, por sus siglas en inglés)

consumo

y el feudalismo

y Ricardo

contabilidad nacional

enfoque «inputs = outputs»

Gobierno

historia de la

rarezas de la

y el PIB, véase producto interior bruto (PIB)

y el problema de la banca

y el SCN, véase Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (SCN)

y la desigualdad

y la felicidad

y la I+D

y la multiplicación del valor

contaminación / daño medioambiental

controversia de Cambridge sobre el capital

cooperativismo

Coperform

Corea del Sur

corredores bursátiles

corrupción del Gobierno, véase también teoría de la elección pública

cortoplacismo

costes de transacción

creación de riqueza, véase valor y creación / creadores de riqueza

crecimiento de las ventas

crecimiento económico

insostenible

papel del Gobierno en la creación de valor y en el, véase también Gobierno

sostenido mediante el endeudamiento de los hogares

y el ahorro en el hogar

y el gasto del Gobierno / gasto público

y la elaboración de políticas

y la innovación

y los bancos

y los sueldos

crédito, véase también hipotecas

agencias de calificación

competencia y control del crédito (Reino Unido)

derecho a emitir dinero crediticio

disponibilidad

escasez

evaluación crediticia

permuta de impago crediticio (CDS, por sus siglas en inglés)

sistema

tarjetas de

y la deuda de los hogares

crisis financieras

crac de 1929

crac de 1933

crisis en la eurozona

crisis global de 2007 y 2008 y crac de 2008

desregulación y el germen del crac de 2008

y la intervención del Gobierno

y la recuperación liderada por el déficit

y los bancos

Cromwell, Oliver

Crouch, Colin

Cuentas Nacionales de Ingreso y Producto (NIPA, por sus siglas en inglés)

cuotas de importaciones

Dante Alighieri: «Infierno»

DEC

déficits presupuestarios

de la propiedad, véase rentas

depresión financiera

derechos de propiedad intelectual (DPI)

y las patentes, véase también patentes

derivados

concentración de contratos de derivados en Estados Unidos

OTC (over the counter)

desempleo

el estado de «equilibrio» y el desempleo voluntario de Marshall

Keynes y el «desempleo involuntario»

y la austeridad

y la producción informal

desigualdad

en la distribución

figura

políticas del Gobierno que aumentan la

y la austeridad

y la financiarización

y la industria financiera

y las revoluciones

y los impuestos

desregulación financiera, véase sector financiero: desregulación

deuda, véase también crédito

deflación

privada, bancos y familia

pública como porcentaje del PIB

pública y el Tratado de Maastricht

vinculada a la hipoteca, véase también hipotecas

y el «keynesianismo privatizado»

y las firmas de capital de inversión

dislocación social

distribución

acumulativa

con una economía de la esperanza

cuando el valor se determina por el precio

cuentas nacionales y distribución de los ingresos

desigualdades

distribución excesiva de beneficios

estrategia de reducir y distribuir

«financiarización» de las actividades de distribución

modelo de distribución sin ánimo de lucro (NPD, por sus siglas en inglés)

redistribución del valor

renta como ingreso procedente de la redistribución de valor

Ricardo y la distribución de los sueldos y los ingresos

Turgot y la distribución de la riqueza

y la creación de valor

y Marx

divisas offshore

división del trabajo

Draper, Gaither and Anderson

eBay

economía clásica / economistas clásicos, véanse también economistas concretos

eclipse de los economistas clásicos, véase también marginalismo; economía neoclásica

nuevos clásicos

economía colaborativa

economía neoclásica, véase también marginalismo

y las rentas

economía política

economías de escala

economía sumergida

Economist, The

educación

subvencionada

elección

patentes y decisiones políticas

sentirse privado de

teoría de la elección pública, véase teoría de la elección pública

y el emprendimiento

y la privatización

y la teoría microeconómica

emprendedores / emprendimiento

beneficios colectivos

de Silicon Valley, véase Silicon Valley

«Estado emprendedor»

improductivo

idea predominante sobre los emprendedores como creadores de riqueza

y la «destrucción creativa»

y la innovación, véase innovación

empresas de aguas (Reino Unido)

endeudamiento de los hogares

energía

financiación del Gobierno de Estados Unidos para avances

nuclear

precios

renovable

Engels, Friedrich

Enron

equilibrios

escándalos corporativos

escasez

Escocia, subcontratación de infraestructuras

España

especulación

comercio de derivados especulativos

extracción de valor, véase extracción de valor

por los bancos

tributación del comercio rápido y especulativo

y Keynes

Estados Unidos

activos y cargos de los fondos mutuos

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés)

Administración para el Progreso del Trabajo (WPA, por sus siglas en inglés)

Administración para Pequeñas Empresas

Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada-Energía (ARPA-E, por sus siglas en inglés)

ahorro en el hogar

ampliación del ámbito de la patente

austeridad

beneficios corporativos de las finanzas como porcentaje de los beneficios nacionales totales

concentración de contratos de derivados

DARPA

deflación de la deuda

Departamento de Asuntos de los Veteranos

Departamento de Energía

desigualdad en los ingresos

deuda vinculada a la hipoteca

empresas respaldadas por capital de inversión como porcentaje de todas las empresas

eurodólar

fondos de alto riesgo

fondos de pensiones / ahorros

gestión de activos

Gobierno federal y subcontratación

impuestos y ahorros para la jubilación

industria del capital riesgo

Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés)

inversión del Gobierno en Tesla

«inversión» de los hogares en el consumo de bienes duraderos

inversión en farmacéuticas

inversión en tecnologías

justificación del gasto del Gobierno

Ley Bayh-Dole (1980)

Ley de Seguridad de los Ingresos de la Jubilación de los Empleados (ERISA, por sus siglas en inglés) (1974)

Ley Dodd-Frank (2010)

Ley Glass-Steagall, véase Ley Glass-Steagall (1933), Estados Unidos

Ley Hatch-Waxman (1984)

los acuerdos de Bretton Woods

manufactura

mayores empresas públicas

New Deal, véase New Deal

Obamacare

Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés)

Oficina del Presupuesto del Congreso

paga media de un consejero delegado

permanencia del consejero delegado

precios inmobiliarios

Programa de Investigación e Innovación para Pequeñas Empresas

ratio deuda / PIB

ratio entre la remuneración del consejero delegado y la del trabajador

recompra de acciones

Reserva Federal

respuesta a la Unión Soviética por el lanzamiento del Sputnik

sector financiero

sistema bancario

sueldos estancados

valor añadido y gasto del Gobierno como porcentaje del PIB

viviendas y PIB

Wall Street, véase Wall Street

y el PIB

estanflación

estrategia de «reducir y distribuir»

estrategia de «retener e invertir»

eurodólar

eurozona

crisis

expansión cuantitativa (EC)

explotación de los trabajadores

extracción de riqueza, véase extracción de valor

extracción de valor

confusión con creación de valor

críticas habituales a la

de Apple

de la financiarización

digital

extracción / captura de rentas

mediante capital riesgo, véase capital riesgo

mediante la economía de la innovación

MVA, véase maximización del valor para el accionista (MVA)

patentado

rentas como principal medio de

tomadores frente a hacedores

y el emprendimiento improductivo

y el sector financiero

y Keynes

y la dinámica de la innovación

y las burbujas financieras

y los costes de transacción, véase costes de transacción

Facebook

fallo de gobierno

fallo de mercado

teoría del

Fama, Eugene

farmacéuticas

fijación de precios

inversión del Gobierno de Estados Unidos

y el capital riesgo

y el riesgo

y el sistema de patentes

y la I+D

Federación Mundial de Bolsas (WFE, por sus siglas en inglés)

felicidad

fenicios

ferrocarriles

feudalismo

financiarización

cortoplacismo y las barreras a la inversión productiva

de la economía real

MVA, véase maximización del valor para el accionista (MVA)

y el auge del capitalismo de casino

y el valor para el accionista

y la desigualdad

y la extracción de valor

y la intervención del Gobierno

y la permanencia de la gestión

y la recompra de acciones

y la retirada del capital «paciente»

y la teoría de la agencia

y la toma de decisiones corporativa

y los conglomerados

y Marx

finanzas, aseguradoras y propiedades inmobiliarias (FIRE, por sus siglas en inglés)

Fink, Larry

fisiócratas

límite de producción

Foley, Duncan

Fondo Monetario Internacional (FMI)

fondos de alto riesgo

fondos de inversión minorista

Forbes

Ford

formación

Four Seasons Health Care

fractura hidráulica

France Télécom

Francia

contabilidad nacional

Federación de los Trabajadores Socialistas

fisiócratas, véase fisiócratas

industria eléctrica

ratio gasto del Gobierno / PIB

Friedman, Milton

y el valor para el accionista

fuerzas del mercado / economía

capitalismo y mercados financieros

confianza en los mecanismos de mercado

eficiencia

ideas sobre el valor basadas en el mercado

inestabilidad de los mercados

«mano invisible» de las

mercados como resultados

y el Gobierno

funcionarios

G4S

GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados)

ganancias de capital

impuestos

Ganilh, Charles

gasto del consumo de los hogares

gasto del Gobierno / gasto público

como «improductivo»

como porcentaje del PIB

inversión pública, véase inversión pública

valor del Gobierno, véase valor público / del Gobierno

y el consumo final

y el crecimiento económico

y el valor añadido

y el valor público

y la austeridad, véase austeridad

y la recuperación financiera

y Ricardo

gasto público, véase gasto del Gobierno / gasto público

Gates, Bill

GE Capital

Geithner, Tim

Genentech

General Electric

General Motors

Genzyme

Gerschenkron, Alexander

gestión de activos / fondos

activos y cargos de los fondos mutuos estadounidenses

capital de inversión, véase capital de inversión (PE, por sus siglas en inglés)

comisiones

fondos de alto riesgo, véase fondos de alto riesgo

fondos de inversión minorista

y la regulación

gestión de fondos, véase gestión de activos / fondos

Gilead

globalización

y la maximización del valor para el accionista (MVA)

Gobierno

agencias

corrupción del, véase también teoría de la elección pública

«Estado emprendedor»

fallo de, véase fallo de gobierno

gasto público, véase gasto público / del Gobierno

«gran Gobierno»

infravaloración del sector público

intervención en la economía

narrativas sobre la ineficiencia del

orientado a una misión

papel en el crecimiento económico y la creación de valor

«pensamiento a lo grande» del

políticas del, véase políticas del Gobierno

reacción contra el Gobierno en la década de 1980

valor público, véase valor público / del Gobierno

y los mercados

y Marx

gobierno corporativo

Goldman Sachs

Google

GPS

Gran Depresión

gran Gobierno

Gran Recesión (desde 2008)

Gray, John

Grecia

Green Investment Bank

Green, sir Philip

Greenspan, Alan

gremios

Hands, Guy

Harvoni

Hayek, Friedrich

Haywood, Bill

Hegel, Georg Wilhelm

Herndon, Thomas

Hill, Joanne

hipotecas

de mala calidad

y la deuda

Hodgskin, Thomas

Hooper, Richard

IBM

Iglesia católica

impuestos

a las empresas tecnológicas

créditos fiscales

del comercio rápido y especulativo

dependencia del Gobierno de la recaudación del sector financiero

paraísos fiscales

política tributaria Patent Box

presión política de las empresas sobre

sobre el carbono

sobre la renta

sobre las ganancias de capital

tasa (Tobin) a las transacciones financieras

y Apple

y el capital de inversión

y el gasto del Gobierno / gasto público

y la desigualdad

y la innovación

y los ahorros para la jubilación

inconformismo

individuos con un alto patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés)

industria farmacéutica, véase farmacéuticas

industrialización

inflación

estanflación

ingresos

beneficios como ingresos ganados, véase beneficios

beneficios por acción (BPA)

clases (Ricardo)

clases (Smith)

cuando el valor se determina por el precio

cuentas nacionales y distribución de

del cobro de intereses

desigualdades

gasto equilibrado con los

impuesto sobre la renta

justa recompensa

no ganados, véase también rentas

Ricardo y la distribución de los sueldos e

sueldos, véase sueldos / salarios

y el PIB

y la deuda de los hogares

iniciativas de financiación privada (PFI, por sus siglas en inglés)

frente a la inversión directa

innovación

acumulativa

colectiva

compartir riesgos y recompensas

efectos de red

en la industria del capital riesgo

extraer valor a través de la economía de la

financiación pública de alto riesgo

incierta

inclusiva

inversión

«oleadas» de

retornos financieros por

ritmo y sentido

ventajas del primer actor

y el crecimiento económico

y el emprendimiento improductivo

y el trato a los empleados

y el valor digital

y la ciudadanía

y la «destrucción creativa»

y la elección del momento adecuado

y la justa recompensa

y las dinámicas de creación / extracción de valor

y las finanzas

y las patentes, véase patentes

y las plataformas

y los monopolios

Instituto de Estudios Fiscales (IFS, por sus siglas en inglés)

Instituto Nacional de Excelencia para la Salud y los Cuidados (NICE, por sus siglas en inglés)

Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), Estados Unidos

intermediación financiera

servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)

internet

monopolios

plataformas, véanse también empresas concretas

inversión

a largo plazo

bancos / banca

capital riesgo, véase capital riesgo

como capital

cortoplacismo y las barreras a la inversión productiva

de los hogares estadounidenses en consumo de bienes duraderos

empresarial como porcentaje del PIB estadounidense

en capital humano

en I+D

en infraestructuras, véase inversión en infraestructuras

en las etapas iniciales de una empresa

en tecnologías de la información (TI)

fondos de inversión minorista

fondos de pensiones e inversiones arriesgadas

gestión, véase gestión de activos / fondos

la «socialización» de (Keynes)

oportunidades de crecimiento con la inversión activa del Gobierno

orientada a una misión

regla de inversión del «hombre prudente»

reinversión de los beneficios

retorno cero del Gobierno de la

tasa crítica de rentabilidad

tasas de inversión de las empresas cotizadas frente a las no cotizadas

tiempo de posesión medio para la inversión de capital

unit trust

y el crecimiento a largo plazo

y el PIB

y la creación de empleo

y la innovación, véase también innovación

y las PFI, véase iniciativas de financiación privada (PFI, por sus siglas en inglés)

y los tipos de interés

y Smith

inversión en infraestructuras

frente a las PFI

subcontratación de infraestructuras de Escocia

y New Deal

inversión pública

de alto riesgo, véase también asunción de riesgos: con fondos públicos para la innovación

guiada por la ambición

y el capital de inversión

investigación y desarrollo (I+D)

agencias públicas de

asunción de riesgos en la investigación

créditos fiscales

farmacéutica

inversión en

Programa de Investigación e Innovación para Pequeñas Empresas, Estados Unidos

y las cuentas nacionales

y los precios de los medicamentos

iPhone

Irlanda

Italia

déficit presupuestario

economía sumergida

privatización de la aerolínea nacional

superávit presupuestario primario

Japón

Jensen, Michael

Jevons, William Stanley

Jobs, Steve

John Lewis

jornada de trabajo

J. P. Morgan

justa recompensa

Kahn, Richard

Kennedy, John F.

keynesianismo

neokeynesianos

«privatizado»

Keynes, John Maynard

Cómo pagar la guerra

principio de demanda efectiva

socialización de la inversión

teoría de la macroeconomía

Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero

The End of Laissez-Faire (epígrafe)

y el cortoplacismo

y el gobierno anticíclico

y el multiplicador

y el PIB

y el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (SCN)

y la recuperación liderada por el déficit

King, Gregory

Kirkwood, Graham

Kleiner Perkins

Kohlberg Kravis Roberts (KKR)

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Kuznets, Simon

Lagrange, Joseph Louis

LaMattina, John

Lauderdale, James Maitland.o conde de

Lazonick, William

Lehman Brothers

Lerner, Abba

Ley Bayh-Dole (1980), Estados Unidos

Ley del mercado de materias primas (CEA, por sus siglas en inglés) (1936), Estados Unidos

Ley de Navegación (1651), Inglaterra

Ley Dodd-Frank (2010), Estados Unidos

Leyes del Grano (1846), Gran Bretaña

leyes de transporte marítimo

leyes fabriles inglesas

Ley Glass-Steagall (1933), Estados Unidos

Ley Hatch-Waxman (1984), Estados Unidos

Libor

libre comercio

efectos negativos

y la abolición de las Leyes del Grano

y los mercantilistas

y Smith

Liga Hanseática

límite de producción

en el siglo XVII

en el siglo XVIII

en el siglo XIX

y el marginalismo

y el PIB

y el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (SCN)

y la agricultura

y las instituciones financieras

y Marx

y Smith

límite integral

Locke, John

Londres

City

fondos de alto riesgo

HNWI

la bolsa

Mayfair

reformas financieras big bang

lucha de clases

Luis XV de Francia

Macquarie (banco)

macrodatos

macroeconomía, teoría de Keynes sobre la

Malthus, Thomas

manufactura

alemana

como fuente de valor

división del trabajo en la

en Estados Unidos

participación de la producción cedida a las finanzas

y el mercantilismo

y la globalización

y los fisiócratas

marginalismo, véase también economía neoclásica

auge de los marginalistas

límite de producción

productividad marginal

teoría de la utilidad marginal

y el fallo del mercado

y la contabilidad nacional

y los equilibrios

y los precios

Marshall, Alfred

Economía industrial

estimación de la renta nacional

Principios de economía

Marshall, Mary (de soltera, Paley)

Marx, Karl

El capital

límite de producción

Manifiesto comunista (con Engels)

sobre el trabajo de «producción» y la teoría del valor

teoría de la ganancia de «monopolio»

teoría de la renta

ubicación del sector financiero

y el cambio tecnológico

y el capitalismo

y el valor del Gobierno

y la agricultura

y la lucha de clases

y la plusvalía

Mateo, apóstol

maximización del bienestar

maximización del valor para el accionista (MVA)

y el beneficio por acción (BPA)

y el capital de inversión

y el cortoplacismo

y la tasa crítica de rentabilidad

McKinsey and Company

Mecanismo de tipos de cambio (MTC)

Meckling, William

Menger, Carl

mercado inmobiliario

precio de la vivienda

y el PIB

mercados, «óptimos de Pareto»

mercantilistas

y el libre comercio

y Smith

Meurer, Michael J.

Microsoft

«Miércoles negro»

Millennium Laboratories

milmillonarios

Minsky, Hyman

Mitterrand, François

modelo de distribución sin ánimo de lucro (NPD, por sus siglas en inglés)

Mondragón

monopolios

extracción de renta monopolística

internet y las plataformas online

poder de monopolio de las empresas cotizadas

teoría de la ganancia de «monopolio» de Marx

utilización del poder de monopolio

y la dinámica de la innovación

y la regulación

y los bancos

y los precios de los medicamentos

Morozov, Evgeny

Mun, sir Thomas

Nabisco

Naciones Unidas, SCN, véase Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (SCN)

Napoleón I

NASA

NASDAQ

Netflix

Netscape

New Deal

New Economics Foundation

New York Times, The

Magazine

Nixon, Richard M.

Northern Rock

Nueva York

individuos con un alto patrimonio neto (HNWI)

la bolsa, véase también Wall Street

Obamacare

Ofcom

oferta pública inicial (OPI)

sin producto (PLIPO, por sus siglas en inglés)

oferta y demanda

en equilibrio

principio de la demanda efectiva

Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés), Estados Unidos

Oficina Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés), Reino Unido

Openreach

OPEP

ordenadores

Orden jesuita

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

oro

patrón

Osborne, George

Ostrom, Elinor

Owen, Robert

Oxfam, informes

Una economía al servicio del 1%

Una economía para el 99%

paga, véase sueldos / salarios

Palmisano, Samuel

Pareto, Vilfredo

Partido Laborista (Reino Unido)

patentes

como guardianas de la base de conocimiento

como herramientas para incentivar las innovaciones

como inhibidoras de la economía

estratégicas

farmacéuticas y el sistema de

función de apropiación

política tributaria Patent Box

presión política de las empresas sobre

secuestro de

y el emprendimiento improductivo

y el sistema de los DPI, véase también derechos de la propiedad intelectual (DPI)

y la creación de valor

y la extracción de valor

y la Ley Bayh-Dole (1980), Estados Unidos

y la Ley Hatch-Waxman (1984), Estados Unidos

Paulson and Co.

Paulson, John

pensiones

fondos de pensiones en inversiones arriesgadas

plan de pensiones de Royal Mail

sector de las pensiones privadas

Pérez, Carlota

Perkins, Tom

permanencia de la gestión

Petty, sir William

Pigou, Arthur Cecil

Piketty, Thomas: El capital en el siglo XXI

Plan de Contrato Personal (PCP)

plata

plataformas

digitales

pobreza

Polanyi, Karl

La gran transformación

política monetaria

expansión cuantitativa

«monetarismo»

y los tipos de interés

políticas del Gobierno, véase también Gobierno

austeridad, véase austeridad

desigualdad

orientadas a una misión

para corregir los fallos de mercado

Pollock, Allyson

Portugal

precio

considerado como determinante del valor

de la vivienda

del petróleo

diferencia entre valor y

fijación de precios basada en el valor

justo

y el marginalismo

y la utilidad

preferencias

del consumidor y teoría de la utilidad marginal, véase marginalismo

maximización

préstamos sindicados

primer teorema fundamental

privatización

atención sanitaria

Chomsky sobre la «técnica estándar» de

con la venta de la «empresa buena» y la retención pública de la «empresa mala»

de las recompensas

de Royal Mail

«pseudoprivatización», véase también iniciativas de financiación privada (PFI, por sus siglas en inglés)

teoría de la elección pública y justificación de la

y la eficiencia

y la subcontratación

producción / productividad

capital y trabajo como inputs principales de la producción

diferenciación entre lo productivo y lo improductivo, véase también límite de producción; teoría del valor

empresas de producción

excedente

función de producción

informal

producción material frente a producción inmaterial

productividad marginal, véase también marginalismo

resistencia del sistema productivo

y el PIB

y el sector financiero / bancos

y el valor público, véase valor público / del Gobierno

y la división del trabajo

y las economías de escala

y la utilidad, véase también marginalismo

y los fisiócratas, véase fisiócratas

y los sueldos

producto interior bruto (PIB)

crecimiento máximo

Estados Unidos

intentos de corrección

inversión empresarial como porcentaje del PIB estadounidense

medios de cálculo

ratio deuda/PIB

ratio financiación como input intermedio del gasto del Gobierno/PIB

valor añadido del Gobierno en

valor de los activos financieros en relación con el

y el consumo final

y el gasto

y el SCN, véase Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (SCN)

y el valor añadido

y el valor del trabajo doméstico y la vivienda

y Keynes

y la atención sanitaria

y la austeridad

y la contaminación

y la convención social

y la economía sumergida

y la I+D

y la inversión

y la producción

y la prostitución

y las cuentas nacionales, véase contabilidad nacional

y la teoría del valor

y los bancos / sector financiero

y los beneficios frente a las rentas

y los ingresos

y los límites de producción

Programa de Investigación e Innovación para Pequeñas Empresas (SBIR, por sus siglas en inglés)

prostitución

proteccionismo, mercantilismo, véase mercantilistas

Quarterly Journal of Economics

Quesnay, François

Tableau économique

y el valor del Gobierno

QWERTY, teclado

Reagan, Ronald

recompra de acciones

redes

externalidades

y los beneficios

reequilibrar la economía

regulación financiera, véase también desregulación financiera

autorregulación

ligera

sobre los monopolios

y la gestión de activos

Rehn, Olli

Reinhart, Carmen

Reino Unido

abolición de los controles de cambio

ahorro en el hogar

ahorros para la jubilación e impuestos

austeridad

brecha de financiación del cliente

Comisión de Competencia

corredores de bolsa

desigualdad en los ingresos

efectos del capital de inversión en las empresas de aguas y residencias de ancianos

escalada del endeudamiento de los hogares

familias de banqueros / fondos con sede en Reino Unido

gestión de activos

Gobierno de Edward Heath

Gobierno de Margaret Thatcher

Ley del Servicio Nacional de Salud y de Atención Comunitaria (1990)

Ley de Sanidad y Asistencia Social (2012)

mayores empresas públicas

mercado de valores

«Miércoles negro»

NHS, véase Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés)

obligado a abandonar el MTC

Oficina Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés)

Partido Laborista, véase Partido Laborista (Reino Unido)

política de «competencia y control del crédito»

proporción de dinero en metálico en la economía

sector financiero

valor añadido bruto 1945-2013

Rendimiento del capital invertido (ROIC, por sus siglas en inglés)

rentas

como medio principal de extracción de valor

como una necesidad capitalista

concepto clásico frente al neoclásico

concepto neoclásico de las

confundidas con beneficios

extracción / captura

frente a los beneficios en el PIB

monopolio / oligopolio

teoría de la renta (Marx)

teoría de la renta (Ricardo)

vivienda, PIB y

y la asunción de riesgos en la innovación

y Smith

rescates nacionales, véase bancos / banca: rescates

residencias para ancianos (Reino Unido)

revaluación de activos

Revolución bolchevique

Revolución industrial

Rheinische Zeitung

Ricardo, David

Principios de economía política y tributación

teoría de la renta

teoría del crecimiento y la acumulación

y el consumo

y el límite de producción

y el valor del Gobierno

y la agricultura

y los capitalistas

y los sueldos

y los terratenientes

y Smith

RJR Nabisco

Robbins, Lionel

Robinson, Joan

Roche

Rogoff, Kenneth

Roosevelt, Franklin D.

Royal Bank of Scotland (RBS)

Royal Mail

Ryan, Paul

salarios, véase sueldos / salarios

Samuelson, Paul

Say, Jean-Baptiste

Tratado de economía política

Schmidt, Eric

Schumpeter, Joseph

sector de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), véase también internet

sector financiero

acuerdos de Bretton Woods

afirmaciones de creación de riqueza, véase también bancos / banca: «productividad» y la creación de valor

banca en la sombra

bancos, véase bancos / banca

científicos pasándose al

competencia

costes de transacción

crecimiento

dependencia del Gobierno de la recaudación tributaria del

desigualdad

desregulación

diversificación

especulación, véase especulación

extracción de valor

FIRE, véase finanzas, aseguradoras y propiedades inmobiliarias (FIRE, por sus siglas en inglés)

fondos de alto riesgo, véase fondos de alto riesgo

gestión de activos, véase gestión de activos / fondos

interconexión

liberalización financiera

préstamo transfronterizo

productividad

proporción del empleo y los ingresos

regulación, véase regulación financiera

relación de las finanzas con la economía «real»

relaciones entre bancos y mercados financieros

represión financiera

rescates del Gobierno que siguieron al crac de 2008

servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)

tamaño del

tasa (Tobin) a las transacciones financieras

ubicación del (según Marx)

y el PIB / cuentas nacionales

y la deuda privada / familiar

y las asociaciones público-privadas

y los límites de producción

segunda guerra civil inglesa

seguro de vida

Senior, Nassau

Serco

Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), Reino Unido

hospitales

PFI y subcontratación

principios fundamentales

servicios de gestión inmobiliaria

Shredded Wheat

Silicon Valley

Simon, Herbert

sindicatos

SIRI

Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (SCN)

creación

falta de una teoría del valor

influencia de Keynes en el

revisión de 1993

y la economía sumergida

y la I+D

y los beneficios frente a las rentas

y los SIFMI

Small Business Investment Company (SBIC)

Smith, Adam

cita

estimación de la renta nacional

La riqueza de las naciones

sobre la «mano invisible» del mercado

Teoría de los sentimientos morales

teoría del valor

y el libre comercio / mercados

y el límite de producción

y el valor del Gobierno

y los mercantilistas

y Ricardo

Social Enterprise UK

socialismo

«digital»

socialistas ricardianos

Sociedad Amalgamada de Ingenieros

sociedad instrumental (SPV, por sus siglas en inglés)

Solow, Robert

Solyndra

Soros, Georges

Sovaldi

Sports Direct

Sraffa, Piero

Stiglitz, Joseph

Stone, sir Richard

subcontratación

sueldos / salarios, véase también ingresos

beneficio por acción (BPA), véase beneficio por acción (BPA)

como valor de la fuerza de trabajo

consejero delegado

estancados

la justa recompensa y la socialización de las recompensas

mantener la paga de los ejecutivos bajo control

margen de beneficios

paga media de un consejero delegado en Estados Unidos

proporción de la remuneración de los empleados financieros en la del empleo nacional

proporción de los sueldos

ratio entre la remuneración del consejero delegado y la del trabajador en Estados Unidos

subestimación del poder adquisitivo

y el crecimiento económico

y el marginalismo

y la productividad

y los beneficios en equilibrio

y los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés)

y los sindicatos

y los socialistas ricardianos

y Ricardo

y Smith

supermercados

TA Associates

tamaño del Gobierno

tasa crítica de rentabilidad

tasa interna de retorno (TIR)

tasa (Tobin) a las transacciones financieras

tecnología

asunción de riesgos con las nuevas tecnologías

control de la

de teléfono inteligente

esfuerzo colectivo detrás del cambio tecnológico

impuesto a las empresas tecnológicas

inversión del Gobierno en

Marx y el cambio tecnológico

militar

ordenadores

teoría económica y cambio tecnológico

y la democracia participativa

y las redes

y la transformación social

teoría de la agencia

teoría de la elección pública

y la justificación de la privatización

teoría del valor

economía clásica, y el valor en el trabajo

economía neoclásica

importancia de la

marginalista, véase marginalismo

origen de la

subjetivo

y el PIB

y la contabilidad nacional

y los fisiócratas

y los socialistas ricardianos

y Marx

y Ricardo

y Smith

Terra Firma

terratenientes

y el feudalismo

y Ricardo

Tesla Motors

Texas Instruments

Thames Water

Thatcher, Margaret

Thiel, Peter

Thompson, William

Three Delta

TI, véase sector de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación)

tipos de cambio

gestión

MTC, véase Mecanismo de tipos de cambio (MTC)

tipos de interés

limitación

manipulación

y la inversión

y los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)

títulos respaldados por hipotecas (MBS, por sus siglas en inglés)

titulización

Tobin, James

Tomás de Aquino

trabajo

doméstico

en servicios

explotación del

fuerza del

horas de

«improductivo» (Marx)

leyes laborales

productividad y división del

productividad y sueldos

teoría del valor

valor en la economía clásica

Transamerica Corporation

transformación de madurez

Tratado de Maastricht

trato a los empleados

Trident

Turgot, A. R. J.

Turner, Adair, barón Turner de Ecchinswell

Twitter

Uber

Unión Europea

ratio deuda / PIB

Unión Soviética

respuesta de Estados Unidos al lanzamiento del Sputnik

usura

utilidad

individual

maximización

origen de la teoría de la

teoría del valor de la utilidad marginal, véase marginalismo

y Jevons

y los precios

y Menger

valor

añadido

creación de, véase valor y creación / creadores de riqueza

de cambio

definición

diferencia entre precio y

digital

en el trabajo

extracción de, véase extracción de valor

historia del

maximización para el accionista, véase maximización del valor para el accionista (MVA)

multiplicación del

parte interesada

plusvalía

precio considerado como determinante del, véase también fijación de precios basada en el valor

redistribución

revisión para la economía de la esperanza

sector público, véase valor público / del Gobierno

sueldos como valor de la fuerza de trabajo, véase también sueldos / salarios

teoría del, véase teoría del valor

y el gasto

y la escasez

y las preferencias, véase preferencias

y la terminología de la riqueza

y la utilidad, en el marginalismo, véase marginalismo

y la utilidad, en la economía neoclásica

y los mercantilistas, véase mercantilistas

valor de cambio

valor para el accionista / teoría de la empresa

valor público / del Gobierno

concepto

de los bienes públicos al

el Gobierno en las cuentas nacionales

en la historia del pensamiento económico

gobernar el

infravaloración del sector público

Keynes y el gobierno anticíclico

revisión para la economía de la esperanza

valor añadido del PIB por el Gobierno

y Marx

y Quesnay

y Ricardo

y Smith

valor y creación / creadores de riqueza

confusión con extracción de valor

crisis global de 2007-2008 y los creadores de riqueza

el papel del Gobierno en el crecimiento económico y la creación de valor, véase Gobierno

fijación de precios basada en el valor

historias y mitos sobre

idea predominante sobre los emprendedores como creadores de riqueza

mediante la innovación, véase innovación

naturaleza colectiva de la innovación y

tomadores frente a hacedores

valor digital

vínculo entre la estructuración de las actividades y la creación de valor

y el valor público, véase valor público / del Gobierno

y la asunción de riesgos, véase asunción de riesgos

y la «destrucción creativa»

y la esperanza

y las patentes, véase también patentes

y los bancos, véase bancos / banca: «productividad» y creación de valor / dinero

Vanguard

venta en corto

ventajas del primer actor

Viagra

vida verde

Volkswagen, «dieselgate»

Voltaire

Wall Street

crac de 1933

Walras, Léon

Watson, Tom, Jr.

Welch, Jack

WorldCom

Wyden, Ron

Xerox Parc

Yahoo

Yozma

Zuckerberg, Mark

NOTAS

PREFACIO. HISTORIAS SOBRE LA CREACIÓN DE RIQUEZA

[1] <http://www.multpl.com/us-gdp-inflation-adjusted/table>.

[2] <http://www.epi.org/publication/stagnant-wages-in-2014/>.

[3] «A menudo escucho alusiones a que en Goldman las retribuciones son mayores —dijo Blankfein—. Lo que a la gente se le olvida mencionar es que los ingresos netos generados por persona son un múltiplo del promedio de nuestros miembros. La gente de Goldman Sachs está entre la más productiva del mundo», <https://www.businessinsider.com/henry-blodget-blankfeins-new-defense-of-goldman-bonuses-goldman-employees-are-better-than-you-2009-11?IR=T>.

[4] Informe Anual de Goldman Sachs, 2010.

[5] <https://www.forbes.com/sites/mikecollins/2015/07/14/the-big-bank-bailout/#66d600ee3723>.

[6] Informe Anual de Goldman Sachs, 2016.

[7] Informe Anual de Goldman Sachs, 2010.

[8] El PIB (producto interior bruto) reemplazó al PNB (producto nacional bruto) como la medida estándar de la producción en la década de 1980. La diferencia no es relevante para la creación de valor.

[9] Véase, por ejemplo, B. E. Hilner y T. J. Smith, «Efficacy Does not Necessarily Translate to Cost Effectiveness: A Case Study in the Challenges Associated with 21st-Century Cancer Drug Prices», Journal of Clinical Oncology, 27 (13), 2009.

[10] Se puede acceder a la calculadora interactiva de Peter Bach en: <www.drugabacus.org>.

[11] <http://nymag.com/daily/intelligencer/2013/10/silicon-valleys-secessionists.html>.

[12] Platón, The Republic, trad. e intr. de H. D. P. Lee, Londres, Penguin, 1955, p. 115. [Hay trad. cast.: República, Madrid, Gredos, 1988.]

INTRODUCCIÓN. HACER FRENTE A TOMAR

[13] B. Haywood, Bill Haywood’s Book: The Autobiography of Big Bill Haywood, Nueva York, International Publishers, 1929.

[14] <https://www.theguardian.com/business/2016/apr/25/bhs-philip-green-family-millions-administration-arcadia>.

[15] <https://www.ft.com/content/cc58c190-6ec3-11e6-a0c9-1365ce54b926>.

[16] <https://www.ft.com/content/3e0172a0-6e1b-11e6-9ac1-1055824ca907>.

[17] <http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>.

[18] M. Mazzucato, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, Londres, Anthem Press, 2013. [Hay trad. cast.: El Estado emprendedor, Barcelona, RBA, 2014.]

[19] W. Lazonick, M. Mazzucato y Ö. Tulum, «Apple’s changing business model: What should the world’s richest company do with its profits?», Accounting Forum, 37 (2013), pp. 249-267.

[20] Oxfam, Una economía para el 99%, documento informativo de Oxfam, enero de 2017, <https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-es.pdf>.

[21] E incluso las fuerzas conservadoras han querido jugar con la analogía de los tomadores frente a los hacedores, de modo que Mitt Romney dice que su empresa de capital de inversión es un centro de «creación de riqueza», al mismo tiempo que hace muchos comentarios sobre los elementos parásitos de la sociedad que extraen riqueza a través del estado de bienestar. G. Monbiot, «Mitt Romney and the myth of self-created millionaires», The Guardian, 24 de septiembre de 2012, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/sep/24/mitt-romney-self-creation-myth>.

[22] J. Stiglitz, The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers our Future, Londres, Allen Lane, 2012. [Hay trad. cast.: El precio de la desigualdad, Barcelona, Taurus, 2012.]

[23] Un excelente libro reciente de la periodista Rana Foroohar, llamado Makers and Takers, analiza la forma en que la industria productiva se ha visto perjudicada por el crecimiento de un sector financiero que se sirve a sí mismo y por unos directivos de la industria que sirven a los objetivos de las finanzas, en vez de al crecimiento a largo plazo. R. Foroohar, Makers and Takers: The Rise of Finance and the Fall of American Business, Nueva York, Crown Business, 2016.

[24] Mientras yo redactaba este libro, Michael Hudson escribió una crítica mordaz de las finanzas modernas, basada también en este concepto de ingresos no ganados. M. Hudson, Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy, Dresde, ISLET, 2015. [Hay trad. cast.: Matar al huésped, Madrid, Capitán Swing, 2018.]

[25] M. C. Jensen y W. H. Meckling, «Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure», Journal of Financial Economics, 3 (4), 1976, p. 308.

[26] M. E. Porter y M. R. Kramer, «Creating shared value», Harvard Business Review, 89 (2011), pp. 62-77.

[27] M. E. Porter, Competitive Advantage, Nueva York, Free Press, 1985. [Hay trad. cast.: Ventaja competitiva, Madrid, Pirámide, 2010.]

[28] SNA 2008, Nueva York, Naciones Unidas, 2009, p. 6. [Hay trad. cast.: SCN 2008, Nueva York, Naciones Unidas, 2016.] Además, se produce un debate sobre el límite de producción en D. Coyle, GDP: A Brief but Affectionate History, Princeton, Princeton University Press, 2014, pp. 37-39. [Hay trad. cast.: El producto interno bruto, México, Fondo de Cultura Económica, 2017.] Y otro debate sobre el límite de producción en H. H. Boss, Theories of Surplus and Transfer: Parasites and Producers in Economic Thought, Boston, Unwin Hyman, 1990.

[29] Es fundamental no interpretar esta afirmación en el sentido de que otros tipos de debate sobre el valor en la economía no son cruciales. Véase, para un excelente debate sobre el «valor público» en la economía, B. Bozeman, Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism, Washington D.C., Georgetown University Press, 2007; para las implicaciones en el PIB, J. E. Stiglitz, A. Sen y J-P. Fitoussi, Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn’t Add Up, Nueva York, The New Press, 2010 [Hay trad. cast.: Medir nuestras vidas, Barcelona, RBA, 2013]; y, para cuestiones de moralidad y ética en el pensamiento liberal, G. F. Gaus, Value and Justification: The Foundations of Liberal Theory, Nueva York, Cambridge University Press, 1990. Sin embargo, la tesis de este libro es específica para la forma en que las medidas económicas del valor en la producción esencialmente han cambiado la capacidad para diferenciar a los creadores de valor de los extractores de valor, y, en consecuencia, la distinción entre las rentas y los beneficios, lo cual, como veremos en el capítulo 2, afecta al PIB de una manera diferente a los problemas identificados por Stiglitz.

[30] <https://www.usatoday.com/story/news/2017/08/22/breakthrough-cancer-drug-astronomical-price/589442001/>.

[31] Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea; OCDE, ONU.

[32] W. J. Baumol, «Entrepreneurship: productive, unproductive, and destructive», Journal of Political Economy, 98(5) (1990), pp. 893-921.

1. UNA BREVE HISTORIA DEL VALOR

[33] República y Ética a Nicómaco.

[34] Mateo 19:24.

[35] E. S. Reinert, How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor, Londres, Constable, 2008. [Hay trad. cast.: La globalización de la pobreza, Barcelona, Crítica, 2007.]

[36] T. Mun, England’s Treasure by Forraign Trade, 1664, Londres, Macmillan, 1865, p. 7. [Hay trad. cast.: La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.]

[37] P. Studenski, Income of Nations, Nueva York, New York University Press, 1958, p. 27.

[38] Ibid.

[39] W. Petty, A Treatise of Taxes and Contributions, en C. H. Hull, ed., The Economic Writings of Sir William Petty, Cambridge, Cambridge University Press, 1899, vol. 1, p. 306. «Cuando un pueblo prospera, allí el ingreso es mayor que el gasto, y en consecuencia la décima parte del gasto no es una décima parte del ingreso.»

[40] W. Petty, Verbum Sapienti, ibid., p. 105.

[41] W. Petty, Several Essays in Political Arithmetick, ibid., p. 177.

[42] Ibid., p. 267.

[43] Ibid., p. 256.

[44] H. H. Boss, Theories of Surplus and Transfer, p. 21.

[45] A. Smith, The Wealth of Nations, libros I-III, A. Skinner, ed., Londres, Penguin, 1999, libro I, p. 180. [Hay trad. cast.: La riqueza de las naciones (libros I, II y III y selección de los libros IV y V), trad. de Carlos Rodríguez Braun, Madrid, Alianza, 1996.] «En 1688 el señor Gregory King, cuya destreza en la aritmética política fue tan alabada por el doctor Davenant, calculó el ingreso corriente de trabajadores y sirvientes no domésticos en quince libras al año para una familia que él supuso integrada en promedio por tres personas y media.»

[46] La figura de King reelaborado en Boss, Theories of Surplus and Transfer, p. 20.

[47] Ibid., p. 32.

[48] En palabras de Quesnay: «La inversión productiva [que] se emplea en la agricultura, los pastizales, los pastos, los bosques, las minas, la pesca, etcétera, para perpetuar la riqueza en forma de grano, bebidas, madera, ganado, materias primas para productos manufacturados, etcétera.» Quesnay, en R. L. Meek, The Economics of Physiocracy: Essays and Translations, Londres, George Allen & Unwin, 1962, p. 128. [Hay trad. cast.: La fisiocracia, Barcelona, Ariel, 1975.] La clase estéril se encuentra fuera del límite de producción, es decir, el límite de producción de valor. Trabaja pero no incrementa la riqueza. «La inversión estéril [que] se hace en artículos manufacturados, la casa, la ropa, en intereses por dinero, sirvientes, costes comerciales, productos extranjeros, etcétera» Ibid., p. 128.

[49] También hay que tener en cuenta que el dinero en circulación es de dos mil millones y resulta suficiente para intercambiar productos por valor de cinco mil millones. La «velocidad del dinero» es de 2,5; el dinero cambia de manos dos veces y media por período de producción.

[50] I. I. Rubin, A History of Economic Thought (1929), Londres, Pluto Press, 1989, p. 135 y Meek, The Economics of Physiocracy, p. 158.

[51] Turgot distinguió, además, entre reproducción «necesaria» y producción de lujo, un tema destacado en la obra de Ricardo y, más tarde, en la del economista italiano Piero Sraffa (1898-1983).

[52] A. Smith, The Wealth of Nations, libro I, p. 110.

[53] Ibid., p. 119.

[54] A. Smith, The Wealth of Nations, libros IV-V, A. Skinner, ed., Londres, Penguin, 1999, libro IV, p. 30.

[55] Smith no asigna valor alguno al «capital». Esto puede haber sido deliberado o se puede deber, simplemente, a las circunstancias: el capital todavía no era muy importante. La teoría del valor-trabajo solo fue sustituida cuando los economistas neoclásicos introdujeron el «capital» como otro «factor de producción», sin ninguna definición o medida clara.

[56] A. Smith, The Wealth of Nations, Introducción del libro IV.

[57] La cita completa es: «Algunos de los trabajos más respetables de la sociedad son como el de los sirvientes: no producen valor alguno que se fije o incorpore en un objeto permanente o mercancía vendible, que perdure una vez realizado el trabajo, y a cambio del cual se pueda procurar después una misma cantidad de trabajo. El soberano, por ejemplo, y todos los altos cargos que lo sirven, tanto de justicia como militares, el ejército y la marina completos, son trabajadores improductivos. Son servidores públicos y son mantenidos con una fracción del producto anual del trabajo de otras personas. Sus servicios, por honorables, útiles o necesarios que sean, no producen nada a cambio de lo cual pueda conseguirse después igual cantidad de servicios. La protección, seguridad y defensa de la comunidad, que son el efecto de su trabajo este año, no comprará la protección, seguridad y defensa del año que viene. En la misma categoría hay que situar a algunas de las profesiones más serias e importantes y también a algunas de las más frívolas: sacerdotes, abogados, médicos, hombres de letras de todas clases; actores, bufones, músicos, cantantes de ópera, bailarines, etcétera. El trabajo del más modesto de todos ellos tiene un valor, determinado según los mismos principios que regulan el de cualquier otra suerte de trabajo; y el del más noble y útil no produce nada que pueda después comprar o procurar una cantidad igual de trabajo. Como la declamación del actor, la arenga del orador y la melodía del músico, la labor de todos ellos perece en el mismo instante de su producción.» A. Smith, The Wealth of Nations, libro II, pp. 430-431.

[58] Ibid., p. 431.

[59] Ibid., p. 447. La cita completa es la siguiente: «Por ejemplo, un hombre con fortuna puede gastar su ingreso en comidas suntuosas y copiosas, en mantener un gran número de sirvientes domésticos, o en una multitud de perros y caballos; o se puede contentar con una mesa frugal y unos pocos servidores, y destinar el grueso de su gasto en adornar su casa o su residencia campestre, en edificios útiles u ornamentales, en muebles útiles o de adorno, en coleccionar libros, estatuas, cuadros; o en objetos más frívolos, joyas, cachivaches y chucherías ingeniosas de diversa suerte; o en la máxima fruslería: en reunir un vasto guardarropa de finos vestidos, como hizo el favorito y ministro de un gran príncipe que murió pocos años atrás».

[60] «Cuando el precio de una mercancía no es mayor ni menor de lo que es suficiente para pagar las tasas naturales de la renta de la tierra, el salario del trabajo y el beneficio del capital destinados a conseguirla, prepararla y traerla al mercado, entonces la mercancía se vende por lo que puede llamarse su precio natural» (A. Smith, Wealth of Nations, libro 1, p. 158). Además, en la obra de Smith también hay un precio de mercado. «El precio efectivo al que se vende habitualmente una mercancía se llama precio de mercado. Puede estar por encima o por debajo, o ser exactamente igual al precio natural. El precio de mercado de cada mercancía concreta está determinado por la proporción entre la cantidad que de hecho se trae al mercado y la demanda de los que están dispuestos a pagar el precio natural de la mercancía, o el valor total de la renta, el trabajo y el beneficio que deben pagarse para llevarla al mercado» (ibid., pp. 158-159). Por último, Smith afirma que existe un proceso de gravitación de los precios de mercado a los precios naturales: «El precio natural, por tanto, es como un precio central en torno al cual gravitan constantemente los precios de todas las mercancías. Accidentes diversos pueden a veces mantenerlos suspendidos muy por encima de él, y a veces forzarlos algo por debajo de dicho precio. Pero cualesquiera sean los obstáculos que les impidan asentarse en ese centro de reposo y estabilidad, tienden constantemente hacia él […]. Pero aunque el precio de mercado de cada mercancía específica se encuentra de esta forma, y si se permite la expresión, gravitando hacia el precio natural, en algunas ocasiones puede ocurrir que accidentes o causas naturales o medidas políticas concretas mantengan, en el caso de numerosas mercancías, el precio de mercado durante mucho tiempo considerablemente por encima del precio natural» (ibid., pp. 160-161).

[61] Ibid., p. 152.

[62] C. Hill, The Century of Revolution 1603-1714, Londres, Nelson, 1980, pp. 25-26. [Hay trad. cast.: El siglo de la Revolución 1603-1714, Madrid, Ayuso, 1972.]

[63] D. K. Foley, Adam’s Fallacy: A Guide to Economic Theology, Cambridge, Belknap Press, 2006.

[64] J. A. Schumpeter, History of Economic Analysis, Nueva York, Oxford University Press, 1954, p. 590. [Hay trad. cast.: Historia del análisis económico, Barcelona, Ariel, 2005.]

[65] «En todas las sociedades el precio de toda mercancía se resuelve en última instancia en una u otra de esas partes o en todas; y en toda sociedad avanzada, las tres entran más o menos como partes componentes en el precio de la gran mayoría de las mercancías.» A. Smith, The Wealth of Nations, libro I, p. 153.

[66] D. K. Foley, Adam’s Fallacy, p. 28.

[67] T. R. Malthus, An Essay on the Principle of Population (1798; 2.ª ed., 1803; 3.ª ed., 1821), edición crítica, P. James, ed., 2 vols., Cambridge, Cambridge University Press, 1989. [Hay trad. cast.: Primer ensayo sobre la población, Madrid, Alianza, 2016.]

[68] D. Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, Cambridge, Cambridge University Press, 1951, cap. 5. [Hay trad. cast.: Principios de economía política y tributación, Madrid, Pirámide, 2003.]

[69] En otras palabras, Ricardo no creía que fuera a haber un aumento suficiente de la productividad en la agricultura para mantener bajo el precio de los alimentos. Hasta ahora, la historia no ha confirmado los temores de Ricardo; se ha producido una enorme mejora en la productividad de la agricultura (al menos, desde el punto de vista de la productividad laboral), de modo que los alimentos no se han convertido en una parte de los costes de producción que estrangule los beneficios. Véase también, para un debate conciso e ilustrativo sobre la teoría de la renta y la población de Ricardo, D. K. Foley, Adam’s Fallacy.

[70] D. Ricardo, Principles of Political Economy, p. 71.

[71] Otra parte de la teoría ricardiana que ha conformado la economía hasta el presente es su teoría de la ventaja comparativa para explicar los patrones de comercio.

[72] M. Lavoie, Introduction to Post-Keynesian Economics, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009, pp. 1-24. [Hay trad. cast.: La economía postkeynesiana, Barcelona, Icaria, 2005.]

[73] J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, Londres, Macmillan, 1936, cap. 24. [Hay trad. cast.: Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, Barcelona, Ciro, 2011.]

[74] D. Ricardo, Principles of Political Economy, p. 150.

[75] Ibid., p. 151, nota al pie.

[76] Ibid.

[77] Ibid., p. 151.

[78] Este es el principio de la acumulación originaria, cuya discusión histórica está llena de detalles de violencia espeluznante y crueldad, en K. Marx, Capital: A Critique of Political Economy, libro 1.º, Londres, Penguin, 2004, sección 8.ª: Acumulación originaria. [Hay trad. cast.: El Capital. Crítica de la economía política, trad. de Vicente Romano García, 8 vols., Madrid, Akal, 2.ª ed., 2000; 6.ª reimp., 2016.]

[79] Ya mencionado en K. Marx, Economic and Philosophical Manuscripts of 1844, Amherst, Prometheus Books, 1988. [Hay trad. cast.: Manuscritos de economía y filosofía, Madrid, Alianza, 2013.]

[80] K. Marx, Capital, libro 1.º, cap. 1.

[81] Ibid., cap. 8, p. 317.

[82] K. Marx, Capital, libro 3.º, Londres, Penguin, 1992, caps. 38 y 39.

[83] En el libro tercero de El capital, Marx elabora una teoría sobre las crisis del capitalismo en torno al problema que supone la tendencia a caer de la tasa de beneficio medio a medida que el capitalismo se desarrolla. Esto se debe a que la composición del capital —variable y constante— tiende a desplazarse hacia el capital más constante en relación con el capital variable. Pero eso implicaba que cada vez habría menos fuerza de trabajo para crear la plusvalía, por lo que se contraería en relación con las inversiones necesarias por parte del capitalista, lo que daría como resultado una tasa de beneficios decreciente.

[84] Ibid., cap. 10.

[85] En la época de Marx, «transferir dinero» podía implicar el transporte de lingotes de oro de un país a otro (K. Marx, Capital, libro 3.º, cap. 19).

[86] En K. Marx (Capital, vol. VI, l. III, t. I, cap. XVII, pp. 387-388), uno de los muchos pasajes en este sentido dice: «Lo mismo que el trabajo retribuido del obrero crea directamente plusvalía al capital productivo, el trabajo no retribuido de los asalariados comerciales crea una parte de esa plusvalía para el capital comercial. La dificultad es la siguiente: como el tiempo de trabajo y el trabajo del comerciante mismo no es ningún trabajo creador de valor, aunque le procura una participación en la plusvalía ya producida, ¿qué pasa con el capital variable que él invierte en la compra de fuerza de trabajo comercial? ¿Debe incluirse este capital variable como gastos del capital comercial desembolsado?».

[87] K. Marx, Capital, vol. VI, l. III, t. I, cap. XVII.

[88] Ibid. (p. 397): «Para el capital industrial, los gastos de circulación aparecen y son gastos improductivos. Para el comerciante aparecen como fuente de su ganancia, la cual —suponiendo la cuota general de ganancia— está en proporción a la magnitud de los mismos. Por tanto, la inversión que hay que hacer en estos gastos de circulación es una inversión productiva para el capital mercantil. Por consiguiente, el trabajo comercial que compra es, para él, trabajo directamente productivo».

[89] K. Marx (Capital, vol. VII, l. III, t. II, cap. XXI, pp. 7-8): «El dinero [...] puede convertirse en capital a base de la producción capitalista y, gracias a esta transformación, de un valor dado pasa a ser un valor que se valoriza, que se incrementa a sí mismo. Produce ganancia, es decir, faculta al capitalista para extraer de los obreros y apropiarse una cantidad determinada de trabajo no retribuido, de plusproducto y de plusvalía. De este modo adquiere, además del valor de uso que posee como dinero, un valor de uso adicional, a saber, el de funcionar como capital. Su valor de uso consiste aquí precisamente en la ganancia que produce, transformado en capital».

[90] K. Marx, Capital, vol. VII, l. III, t. II, cap. XXI-XXXVI.

[91] K. Marx (Capital, vol. VI, l. III, t. I, cap. XVII, pp. 381-382): «Todos estos gastos no se hacen en la producción del valor de uso de las mercancías, sino en la realización de su valor; son propios gastos de circulación. No entran en el proceso directo de producción, pero sí en el proceso de circulación y, por tanto, en el proceso global de la reproducción».

[92] Véase, para un análisis detallado de cómo el trabajo es o no productivo dependiendo de por qué función del capital sea empleado, I. I. Rubin, Essays on Marx’s Theory of Value (1928), Detroit, Black and Red Press, 1972, cap. 19. [Hay trad. cast.: Ensayo sobre la teoría marxista del valor, Buenos Aires, Pasado y Presente, 1974.]

[93] H. P. Minsky, «The capital development of the economy and the structure of financial institutions», Archivo Hyman P. Minsky, documento n.º 179 (1992).

[94] A. Barba y G. de Vivo, «An “unproductive labour” view of finance», Cambridge Journal of Economics, 36 (6), 2012, <https://doi.org/10.1093/cje/bes048>; D. K. Foley, «Rethinking financial capitalism and the “information” economy», Review of Radical Political Economics, 45 (3), 2013, pp. 257-268, <http://doi.org/10.1177/0486613413487154>.

2. EL VALOR SUBJETIVO DEL OBSERVADOR: EL ASCENSO DE LOS MARGINALISTAS

[95] J. B. Clark, The Distribution of Wealth: A Theory of Wages, Interest and Profits, Nueva York, Macmillan, 1899, p. v.

[96] A. Roncaglia, The Wealth of Ideas: A History of Economic Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, cap. 4. [Hay trad. cast.: La riqueza de las ideas, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2006.]

[97] L. Walras, Elements of Theoretical Economics, D. A. Walker y J. van Daal, trads. y eds. (1883), Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 5. [Hay trad. cast.: Elementos de economía política pura o Teoría de la riqueza social, Madrid, Alianza, 1987.]

[98] A. Roncaglia (Wealth of Ideas, p. 278) cita a Howey para decir que Wicksteed y Wieser fueron los primeros en usar «marginal» en 1884 y que «marginalismo» no se introdujo hasta 1914.

[99] J. Bentham, A Fragment on Government, Londres, 1776, prefacio, p. II. [Hay trad. cast.: Un fragmento sobre el Gobierno, Madrid, Tecnos, 2010.] Nicolás Maquiavelo, en su obra maestra El príncipe (1513), formula un razonamiento similar.

[100] J. Say, Traité d’économie politique, París, 1803. [Hay trad. cast.: Tratado de economía política, México, Fondo de Cultura Económica, 2001.] A. Roncaglia, Wealth of Ideas, p. 165.

[101] «Por utilidad se entiende la propiedad de cualquier objeto por la cual este tiende a producir un beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad (todo esto, en el caso presente, viene a ser lo mismo), o (lo que de nuevo es lo mismo) impide que ocurra un daño, dolor, mal o infelicidad a la parte cuyo interés se considera.» J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), citado en W. S. Jevons, The Theory of Political Economy, R. D. Collison Black, ed., Harmondsworth, Penguin, 1970, cap. 3. [Hay trad. cast.: La teoría de la economía política, Madrid, Pirámide, 1998.]

[102] L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Londres, Macmillan, 1932. [Hay trad. cast.: Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica, México, Fondo de Cultura Económica, 1944.]

[103] Los economistas clásicos sabían bien que la oferta y la demanda cambiaban los precios —por ejemplo, Marx en la sección 1.ª del libro 3.º de El capital— pero consideraron que esto eran fluctuaciones alrededor del precio determinado por el tiempo de trabajo.

[104] P. Mirowski, «Learning the meaning of a dollar: conservation principles and the social theory of value in economic theory», Social Research, 57(3), 1990, pp. 689-718.

[105] La economía conductual, que utiliza la psicología, la sociología, la neurociencia y otras disciplinas para analizar la manera en que los individuos realmente toman decisiones, pone en duda las premisas simples del marginalismo. Véase A. Tversky y D. Kahneman, «Advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty», Journal of Risk and Uncertainty, 5 (4), 1992, pp. 297-323, doi:10.1007/BF00122574.

[106] L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, pp. 73-74.

[107] Un término que, de hecho, Lerner tomó de Vilfredo Pareto, quien estableció por primera vez la proposición en 1894. V. Pareto, «Il massimo di utilità data dalla libera concorrenza», Giornale degli Economisti, 9 (2), 1894, pp. 48-66. Esta proposición fue perfeccionada por otros economistas, entre ellos Lerner, mientras en la actualidad la prueba aceptada es la elaborada por Kenneth Arrow en 1951: «An extension of the basic theorem of classical welfare economics», en Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 1951, pp. 507-532.

[108] E. N. Wolff, Growth, Accumulation and Unproductive Activity: An Analysis of the Postwar U.S. Economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.

[109] T. Veblen, «The Limitations of marginal utility», Journal of Political Economy, 17 (9), 1909, pp. 620-636.

[110] Para más ejemplos, véase D. K. Foley, «Rethinking financial capitalism and the “information” economy».

[111] «Entrepreneur ne faisant ni bénéfice ni perte»; Walras citado en Schumpeter, History of Economic Analysis, p. 860.

3. LA MEDICIÓN DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES

[112] C. Busco, M. L. Frigo, P. Quattrone y A. Riccaboni, «Redefining corporate accountability through integrated reporting: What happens when values and value creation meet?», Strategic Finance, 95 (2), 2013, pp. 33-42.

[113] P. Quattrone, «Governing social orders, unfolding rationality, and Jesuit accounting practices: a procedural approach to institutional logics», Administrative Science Quarterly, 60 (3), 2015, pp. 411-445.

[114] P. Studenski, Income of Nations, p. 127.

[115] Ibid., p. 121.

[116] Ibid., p. 20; J. Kendrick, «The historical development of national-income accounts», History of Political Economy, 2 (2), 1970, p. 289.

[117] A. Marshall y M. Marshall, The Economics of Industry, 4.ª ed., Londres, Macmillan, 1909, p. 52. [Hay trad. cast.: Economía industrial, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1936.]

[118] P. Studenski, Income of Nations, caps. 7, 8, 9.

[119] A. C. Pigou, The Economics of Welfare, Londres, Macmillan, 1926, parte 1, cap. 1, p. 5. [Hay trad. cast.: La economía del bienestar, 2 vols., Madrid, Aranzadi, 2016.]

[120] A. Vanoli, A History of National Accounting, Washington D. C., IOS Press, 2005, p. 280.

[121] Ibid. y E. J. Mishan, The Costs of Economic Growth, Nueva York, Praeger, 1967. [Hay trad. cast.: Los costes del desarrollo económico, Barcelona, Oikos-Tau, 1989.]

[122] S. Kuznets, National Income: A Summary of Findings, Nueva York, Oficina Nacional de Investigación Económica, 1946, p. 122.

[123] Naciones Unidas, A System of National Accounts and Supporting Tables, Estudios de Métodos, serie F, n.º 2, rev. 1, Nueva York, 1953.

[124] <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008spanish.pdf>.

[125] SNA 2008, p. 2.

[126] Ibid.

[127] P. S. Sunga, «An alternative to the current treatment of interest as transfer in the United Nations and Canadian systems of national accounts», Review of Income and Wealth, 30(4) (1984), p. 385, <http://doi.org/10.1111/j.1475-4991.1984.tb00487.x>.

[128] B. R. Moulton, The System of National Accounts for the New Economy: What Should Change?, Washington D. C., Oficina de Análisis Económico, Departamento de Comercio de Estados Unidos, 2003, p. 17, <https://pdfs.semanticscholar.org/9aff/245ea5258912df18ff228a520ce5562a7706.pdf>.

[129] El desarrollo de la estimación de la renta y el crecimiento a veces se describe como un asunto puramente empírico, apenas influenciado por la teoría. R. Reich, The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st-Century Capitalism, Nueva York, Knopf, 1991. [Hay trad. cast.: El trabajo de las naciones, Madrid, Javier Vergara, 1993]. De hecho, algunas historias sobre la estimación del crecimiento tienden a poner fin al vínculo con la teoría que representan anacrónicamente Smith y Marx, y simplemente observan que, a finales del siglo XIX, en el mundo capitalista prevaleció un «concepto de medición integral» (P. Studenski, Income of Nations; Kendrick, «The historical development of national-income accounts»). Algunos estimadores particulares —como Timothy Coughlan, un ingeniero de Australia que quizá no estaría demasiado familiarizado con la teoría económica— se han considerado a sí mismos estadísticos neutrales, que simplemente recopilan un valor que era «obvio» o «de sentido común». Sin embargo, estos individuos, como los políticos que demandaron las estadísticas, eran probablemente los «esclavos de algún economista difunto», en este caso, los economistas marginales, como nos recuerda la famosa cita de Keynes.

[130] Oficina de Análisis Económico (2016), tablas de las cuentas de la renta y la producción nacionales (NIPA, por sus siglas en inglés) 1.1.5: PIB, 1.3.5: Valor bruto agregado por sector y 3.1: Ingresos y gastos corrientes del Gobierno.

[131] <https://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-uk-economic-statistics-final-report>.

[132] Ibid., p. 40.

[133] Coyle, GDP, p. 14.

[134] U. P. Reich y K. Horz, «Dividing government product between intermediate and final uses», Review of Income and Wealth, 28 (3), 1982, pp. 325-344.

[135] SNA 2008, p. 583.

[136] Ibid., p. 119.

[137] B. R. Moulton, «The Implementation of System of National Accounts 2008 in the US National Income and Product Accounts» (Conferencia Eurostat: «The Accounts of Society», Luxemburgo, 12-13 de junio de 2014), p. 4.

[138] La cita completa dice: «Al estudiar los cambios en la actividad económica de un país industrial avanzado es innecesario imputar un ingreso a los servicios familiares o a los servicios de equipamiento doméstico, e incluso puede que fuera una vergüenza hacerlo, puesto que además de que hay muy pocos datos en este campo, los principios sobre los que se harían esas imputaciones son oscuros. Por otro lado, si se va a hacer una comparación con un país en el que la subsistencia y la producción familiar son importantes, los problemas de imputación tendrán que afrontarse de manera directa; de hecho, con este fin, puede ser conveniente establecer el sistema de cuentas de una manera diferente.» R. Stone, «Definition of the national income and related totals», en Sub-committee on National Income Statistics, Measurement of National Income and the Construction of Social Accounts, Ginebra, Naciones Unidas, 1947, p. 25.

[139] SNA 2008, p. 99.

[140] Ibid.

[141] En la década de 1980, un manual sobre contabilidad de la renta nacional afirmaba con claridad que, como aproximadamente la mitad de la población adulta femenina trabaja en el hogar, «hasta un cuarto de toda la producción no se registra en la contabilidad». G. Stuvel, National Accounts Analysis, Basingstoke, Macmillan, 1986, p. 29. Stuvel sostenía que el trabajo doméstico es producción y que algo se está escapando. Esto plantea un asunto curioso que nos recuerda a Marx. Si un hombre soltero contrata a alguien para hacer las tareas de la casa, ese salario sería, por supuesto, parte del PIB (siempre que se pague de manera legal). Sin embargo, si se casa con esa persona y ella continúa haciendo exactamente el mismo trabajo que antes, pero ahora como una «ama de casa» casada, su trabajo ya no contribuiría al PIB.

[142] SNA 2008, p. 99.

[143] El método recomendado para imputar rentas se determina así: «Los hogares que son propietarios de las viviendas que ocupan se tratan formalmente como propietarios de las empresas no constituidas en sociedad que producen los servicios de alojamiento que son autoconsumidos por esos hogares. Cuando hay mercados bien organizados de alquiler de viviendas, la producción de los servicios de vivienda por cuenta propia pueden valorarse utilizando los precios del mismo tipo de servicios vendidos en el mercado, de acuerdo con las normas de valoración generalmente aceptadas por bienes o servicios producidos por cuenta propia. En otras palabras, la producción de los servicios de vivienda generados por los propietarios ocupantes se valora de acuerdo con el alquiler estimado que pagaría un inquilino por el mismo alojamiento, teniendo en cuenta factores como la ubicación, las amenidades y los servicios de la zona, etcétera, así como las dimensiones y la calidad de la vivienda. La misma cifra se registra en los gastos de consumo final de los hogares. En muchos casos, no hay mercados bien organizados, por lo que deben ser desarrollados otros medios para estimar el valor de los servicios de vivienda» (SNA 2008, p. 109).

[144] Para Estados Unidos, esto puede verse comparando los índices de crecimiento del PIB y del alquiler imputado a las viviendas ocupadas por su propietario (Oficina de Análisis Económico, Departamento de Comercio de Estados Unidos, «Imputed rental of owner-occupied housing», tabla 7.12, fila 154, revisada por última vez el 3 de agosto de 2016; consultada el 13 de marzo de 2017).

[145] SNA 2008, p. 48.

[146] <https://www.istat.it/it/files/2015/12/Economia-non-osservata.pdf?title=Economia+non+osservata+-+04%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale+con+nota+metodologica.pdf>.

[147] S. Merler y P. Hüttl, «Welcome to the dark side: GDP revision and the non-observed economy», Bruegel, 2 de marzo de 2015, <http://bruegel.org/2015/03/welcome-to-the-dark-side-gdp-revision-and-the-non-observed-economy/>.

[148] SNA 2008, p. 150.

[149] Citado en P. A. Samuelson y W. D. Nordhaus, Economics, 13.ª ed, Nueva York, McGraw-Hill, 1989, p. 75. [Hay trad. cast.: Economía, Madrid, McGraw-Hill Interamericana de España, 2006.]

4. LAS FINANZAS: HA NACIDO UN COLOSO

[150] R. Sahay, M. Cihak, P. N’Diaye, A. Barajas, R. Bi, D. Ayala, Y. Gao, A. Kyobe, L. Nguyen, C. Saborowski, K. Svirydzenka y S. Reza Yousefi, «Rethinking financial deepening: Stability and growth in emerging markets», documento de análisis del personal técnico del FMI SDN/15/08 (mayo 2015), <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1508.pdf>.

[151] C. W. Park y M. Pincus, «Internal versus external equity funding sources and early response coefficients», Review of Quantitative Finance and Accounting, 16 (1), 2001, pp. 33-52, <https://doi.org/10.1023/A:1008336323282>; T. Hogan y E. Hutson, «Capital structure in new technology-based firms: evidence from the Irish software sector Centre», documento de trabajo sobre los mercados financieros serie WP-04-19 2004, Escuela de Negocios del University College de Dublin, Centre for Financial Markets.

[152] C. Furse, «Taking the long view: how market-based finance can support stability», discurso pronunciado en el Chartered Institute for Securities and Investment, 28 de marzo de 2014, <http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2014/speech718.pdf>; Z. Moradi, M. Mirzaeenejad y G. Geraeenejad, «Effect of bank-based or market-based financial systems on income distribution in selected countries», Procedia Economics and Finance, 36 (2016), pp. 510-521; B-S. Lee, «Bank-based and market-based financial systems: time-series evidence», Pacific-Basin Finance Journal, 20 (2), 2012, pp. 173-197.

[153] R. Bacon y W. Eltis, Britain’s Economic Problem Revisited, Basingstoke, Macmillan, 1996, pp. 15-33.

[154] H. Oliver Horne, A History of Savings Banks, Oxford, Oxford University Press, 1947, pp. 118-167.

[155] M. da Rin y T. Hellmann, «Banks as catalysts for industrialization», documento de trabajo del Instituto William Davidson n.º 443 (octubre de 2001), <https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/39827/wp443.pdf?sequence=3>.

[156] J. Schumpeter, «The theory of economic development», Harvard Economic Studies, 46 (1934); A. Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge, Belknap Press, 1962. [Hay trad. cast.: El atraso económico en su perspectiva histórica, Barcelona, Ariel, 1968.]

[157] L. Akritidis, «Improving the measurement of banking services in the UK national accounts», Economic & Labour Market Review, 1(5), 2007, pp. 29-37.

[158] L. Fioramonti, Gross Domestic Problem, Londres, Zed Books, 2013, p. 111.

[159] B. Sturgess, «Are estimates of the economic contribution of financial services reliable?», World Economics, 18 (1), 2017, pp. 17-32.

[160] El vendedor espera que el precio haya bajado en el momento que tenga que entregar los activos al comprador. Entonces, los activos pueden ser comprados al precio nuevo (y más bajo) y ser vendidos al comprador al precio antiguo (y mayor) por el que se contrató. El que vende en corto se embolsa así la diferencia entre los dos precios.

[161] J. Allen y M. Pryke, «Financialising household water: Thames Water, MEIF and “ring-fenced” politics», Cambridge Journal of Regions, Economy & Society, 6 (2013), pp. 419-439.

[162] L. A. Stout, «Why the law hates speculators: regulation and private ordering in the market for OTC derivatives», Duke Law Journal, 48 (4), 1999, pp. 701-786.

[163] S. Strange, International Monetary Relations, Oxford, Oxford University Press, 1976, p. 180.

[164] B. Eichengreen, The European Economy since 1945: Coordinated Capitalism and Beyond, Princeton, Princeton University Press, 2008, p. 76.

[165] C. A. E. Goodhart, «Competition and credit control», Grupo de mercados financieros, London School of Economics, documento especial n.º 229 (2014).

[166] N. Ruggles y R. Ruggles, «Household and enterprise saving and capital formation in the United States: a market transactions view», Review of Income and Wealth, 38 (2), junio de 1992, pp. 119-163.

[167] M. McLeay, A. Radia y R. Thomas, «Money creation in the modern economy», Bank of England Quarterly Bulletin, Q1 2014, pp. 1-14.

[168] Comisión de Competencia, «The supply of banking services by clearing banks to small and medium-sized enterprises: a report on the supply of banking services by clearing banks to small and medium-sized enterprises within the UK» (2002), resumen online disponible en: <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20111202184328/http://www.competition-commission.org.uk/rep_pub/reports/2002/462banks.htm>.

[169] B. Christophers, Banking Across Boundaries, Chichester, Wiley-Blackwell, 2013, p. 38.

[170] B. Eichengreen, The European Economy since 1945.

[171] J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, Londres, Macmillan,1936, p. 59. [Hay trad. cast.: Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, Barcelona, Ciro, 2011.]

[172] J. M. Keynes, «Evidence to the Royal Commission on lotteries and betting» (1932), p. 400, citado en Barba y de Vivo, «An “unproductive labour” view of finance», p. 1492, <http://doi.org/doi:10.1093/cje/bes048>.

[173] Ibid.

[174] J. M. Keynes, General Theory of Employment, p. 159.

[175] H. P. Minsky, «The Financial instability hypothesis: an interpretation of Keynes and an alternative to “standard” theory», Challenge, 20 (1), 1977, pp. 20-27.

[176] L. Randall Wray y Y. Nersisyan, «Understanding Money and Macroeconomic Policy», en M. Jacobs y M. Mazzucato, eds., Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth, Chichester, Wiley-Blackwell, 2016.

[177] H. P. Minsky, Stabilizing an Unstable Economy, New Haven y Londres, Yale University Press, 1986, p. 369.

[178] J. M. Keynes, «Proposals for an International Clearing Union», abril de 1943, reimpreso en J. K. Horsefield, The International Monetary Fund 1945-1965: Twenty Years of International Monetary Cooperation, Washington D. C., FMI, 1969, pp. 19-36.

[179] A. Turner, Economics After the Crisis: Objectives and Means, Boston, MIT Press, 2013, p. 18.

[180] E. Fama, «Efficient capital markets: A review of theory and empirical work», Journal of Finance, 25 (2), 1970.

[181] M. Mazzucato y A. Shipman, «Accounting for productive investment and value creation», Industrial and Corporate Change, 23 (4), 2014, pp. 1059-1085, <http://doi.org/10.1093/icc/dtt037>.

[182] B. Cournède y O. Denk, «Finance and economic growth in OECD and G20 countries», documento de trabajo del Departamento de Economía de la OCDE n.º 1223 (2015).

[183] P. Hill, «The Services of Financial Intermediaries, or FISIM Revisited», documento presentado en la reunión conjunta CEPE/Eurostat/OCDE sobre contabilidades nacionales, Ginebra, 30 de abril-3 de mayo de 1996, <http://www.oecd.org/dataoecd/13/62/27900661.pdf>.

[184] <https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/20040220/>.

[185] Banco de Inglaterra, Financial Stability Report, n.º 30 (diciembre de 2011), p. 16, <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/financial-stability-report/2011/december-2011.pdf>.

[186] Ibid.

[187] M. Lavoie, Introduction to Post-Keynesian Economics.

[188] <http://www.bbc.co.uk/news/uk-37873825>.

[189] Al usar los datos de la OCDE podemos observar que en Reino Unido el superávit presupuestario fue de 0,72 en 1990; 1,11 en 2000 y 0,39 en 2001. En Estados Unidos fue 0 en 1999 y 0,8 en 2000.

[190] C. Borio, M. Drehmann y K. Tsatsaronis, «Anchoring countercyclical capital buffers: the role of credit aggregates», documento de trabajo del BIS n.º 355 (noviembre de 2011).

[191] A. Glyn, Capitalism Unleashed: Finance, Globalization and Welfare, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 53. [Hay trad. cast.: Capitalismo desatado, Madrid, Catarata, 2010.]; casi el 80 por ciento del incremento total de la demanda en Estados Unidos entre 1995 y 2000 está constituido por el gasto de los hogares en consumo e inversión residencial.

[192] A. Barba y M. Pivetti, «Rising household debt: its causes and macroeconomic implications —a long-period analysis», Cambridge Journal of Economics, 33 (1), 2009, pp. 113-137.

[193] A. Glyn, Capitalism Unleashed, p. 7.

[194] T. Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, Belknap Press, 2014, p. 438. [Hay trad. cast.: El Capital. Crítica de la economía política, trad. de Vicente Romano García, 8 vols., Madrid, Akal, 2.ª ed., 2000; 6.ª reimp., 2016.]

[195] <https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-summ-en_0.pdf>.

[196] A. Haldane, Labour’s Share, Londres, TVC, 12 de noviembre de 2015, p. 32, adaptado de J. P. Pessoa y J. Van Reenen, «The UK productivity and jobs puzzle: does the answer lie in labour market flexibility?», documento especial del Centre for Economic Performance n.º 31 (2013), comparado con el 65-70 por ciento durante periodos similares a finales de la década de 1960 y durante la década de 1980.

[197] Elaboración de la autora a partir de piketty.pse.ens.fr/capital21c.

[198] Véase A. Greenspan y J. Kennedy, Estimates of Home Mortgage Originations, Repayments, and Debt on One-to-Four-Family Residences, documento de la FEDS n.º 2005-41, Washington D. C., Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, 2005. Greenspan y Kennedy (p. 5) definen la extracción de valor de la hipoteca como «la extracción de valor de casas existentes por las iniciativas discrecionales de los propietarios de casas para convertir el capital de sus hogares en efectivo mediante préstamos en el mercado hipotecario de viviendas».

[199] <https://www.cbo.gov/sites/default/files/110th-congress-2007-2008/reports/01-05-housing.pdf>.

[200] Elaboración de la autora a partir de datos de la OCDE.

[201] Adaptado de la tabla 1 en Barba y Pivetti, «Rising household debt».

[202] Reserva Federal, 2004 Survey of Consumer Finances.

[203] C. Crouch, «Privatised keynesianism: an unacknowledged policy regime», British Journal of Politics and International Relations, 11 (3), agosto de 2009, pp. 382-399.

[204] Ibid., p. 390.

5. EL AUGE DEL CAPITALISMO DE CASINO

[205] H. Minsky, «Reconstituting the United States’ financial structure», documento de trabajo del Instituto de Economía Levy n.º 69 (1992).

[206] <http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/02/economist-explains-0>.

[207] R. Foroohar, Makers and Takers, Nueva York, Crown, 2016, p. 7.

[208] H. P. Minsky, «Finance and stability: the limits of capitalism», documento de trabajo del Instituto de Economía Levy n.º 93 (1993).

[209] F. Grigoli y A. Robles, «Inequality overhang», documento de trabajo del FMI 17/76, 28 de marzo de 2017; R. Wilkinson y H. Pickett, The Spirit Level, Londres, Penguin, 2009. [Hay trad. cast.: Desigualdad, Madrid, Turner, 2009.]

[210] W. Churchill, «WSC to Sir Otto Niemeyer, 22 February 1925», Churchill College, Cambridge, CHAR 18/ 12A-B.

[211] Base de datos del Banco de Inglaterra, «Three centuries of macroeconomic data»: <http://www.bankofengland.co.uk/research/Pages/onebank/threecenturies.aspx>.

[212] Los datos de esta frase proceden de los informes de la biblioteca de la Cámara de los Comunes —nota estándar SN/EP/06193 (Gloria Tyler, 25 de febrero de 2015) y documento informativo 01942 (Chris Rhodes, 6 de agosto de 2015)—. Las cifras exactas de Eurostat para las actividades financieras y de seguros como porcentaje del valor agregado total son las siguientes: 1995: 6,3 por ciento; 2000: 5,1 por ciento; 2009: 9,1 por ciento; 2015: 7,2 por ciento. O como porcentaje del PIB: 1995: 5,7 por ciento; 2000: 4,6 por ciento; 2009: 8,3 por ciento; 2015: 6,5 por ciento.

[213] P. Alessandri y A. Haldane, «Banking on the State», Banco de Inglaterra, 2009, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.178.9620>; losdatos de 2009 a 2013 han sido ampliados por la autora.

[214] Oficina de Análisis Económico (BEA), cálculos de Matthew Klein.

[215] D. Tomaskovic-Devey y K. H. Lin, «Income dynamics, economic rents, and the financialization of the U.S. economy», American Sociological Review, 76 (4), agosto de 2011, pp. 538-559. La cifra para 2014 es parecida a la de 2009.

[216] Oficina de Análisis Económico (BEA), adaptado de Tomaskovic-Devey y Lin, «Income dynamics, economic rents, and the financialization of the U.S. economy».

[217] <https://www.ici.org/pdf/2015_factbook.pdf>.

[218] Asset Management in the UK, encuesta anual de la Asociación de Inversores de Reino Unido, <http://www.theinvestmentassociation.org/assets/files/research/2016/20160929-amsfullreport.pdf>.

[219] <http://www.bbc.co.uk/news/business-37640156>.

[220] <http://www.knightfrank.com/wealthreport>.

[221] <http://www.businessinsider.com/chart-stock-market-ownership-2013-3?IR=T>.

[222] <https://www.ons.gov.uk/economy/investmentspensionsandtrusts/bulletins/ownershipofukquotedshares/2015-09-02>.

[223] <https://www.ft.com/content/14cda94c-5163-11e5-b029-b9d50a74fd14>.

[224] <http://www.agefi.fr/sites/agefi.fr/files/fichiers/2016/07/bcg-doubling-down-on-data-july-2016_tcm80-2113701.pdf>.

[225] <http://uk.businessinsider.com/richest-hedge-fund-managers-in-the-world-2016-3>.

[226] G. Morgenson, «Challenging private equity fees tucked in footnotes», The New York Times, 17 de octubre de 2015, <https://www.nytimes.com/2015/10/18/business/challenging-private-equity-fees-tucked-in-footnotes.html>.

[227] <http://www.wsj.com/articles/kkr-to-earn-big-payout-from-walgreen-alliance-boots-deal-1420068404>.

[228] B. Burrough y J. Helyar, Barbarians at the Gate: the Fall of RJR Nabisco, ed. rev., Nueva York, HarperCollins, 2008. [Hay trad. cast.: Nabisco, Barcelona, Grijalbo, 1991.]

[229] G. Moran, «Urine lab flaunted piles of gold», The San Diego Union-Tribune, 24 de octubre de 2015; J. Montgomery, «Bankruptcy court must clarify Millennium Labs fraud release», Law 360, 20 de marzo de 2017.

[230] A. Barba y G. de Vivo, «An “unproductive labour” view of finance», p. 1491.

[231] A. Hutton y E. Kent, The Foreign Exchange and Over-the-counter Interest Rate Derivatives Market in the United Kingdom, Londres, Banco de Inglaterra, 2016, p. 225.

[232] Banco de Pagos Internacionales, acuerdos de introducción de Basilea III, <http://www.bis.org/bcbs/basel3/basel3_phase_in_arrangements.pdf>.

[233] J. Weissmann, «How Wall Street devoured corporate America», The Atlantic, 5 de marzo de 2013, <https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/03/how-wall-street-devoured-corporate-america/273732/>.

[234] L. Randall Wray, Modern Money Theory, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 76-87. [Hay trad. cast.: Teoría monetaria moderna, Berlín, Lola Books, 2015.]

[235] Trabajo empírico preliminar en Lester Thurow, Generating Inequality, Nueva York, Basic Books, 1975, cap. 6, pp. 129-154.

[236] Banco de la Reserva Federal de San Luis, elaboración de la autora, <https://fred.stlouisfed.org/series/FBCOEPQ027S#0>.

[237] A. Barba y G. de Vivo, «An “unproductive labour” view of finance», pp. 1490-1491.

[238] A. Verity, «Libor: Bank of England implicated in secret recording», BBC, 10 de abril de 2017, <http://www.bbc.co.uk/news/business-39548313>.

[239] Ibid., p. 1491.

[240] A. Barba y G. de Vivo, «An “unproductive labour” view of finance», p. 1489.

[241] T. Philippon, «Finance vs Wal-Mart: Why are financial services so expensive?», en A. Blinder, A. Lo y R. Solow, eds., Rethinking the Financial Crisis, Nueva York, Fundación Russell Sage, 2012, p. 13, <http://www.russellsage.org/sites/all/files/Rethinking-Finance/Philippon_v3.pdf>.

[242] J. C. Bogle, «The arithmetic of “all-in” investment expenses», Financial Analysts Journal, 70 (1), 2014, p. 18.

[243] Ibid., p. 17.

[244] J. C. Bogle, The Clash of the Cultures: Investment vs. Speculation, Hoboken, John Wiley & Sons, 2012, p. 8.

[245] Ibid., p. 2.

[246] <https://www.ft.com/content/ab1ce98e-c5da-11e6-9043-7e34c07b46ef>.

[247] <https://www.nytimes.com/2016/12/10/business/dealbook/just-how-much-do-the-top-private-equity-earners-make.html>.

[248] A. Metrick y A. Yasuda, «The economics of private equity funds», Review of Financial Studies, 23 (6), 2011, pp. 2303-2341, <https://doi.org/10.1093/rfs/hhq020>.

[249] Si la ratio entre las ganancias de las inversiones del capital de inversión y la inversión pública es > 1, el capital de inversión se considera superior. Fuente: Journal of Finance, 69 (5), octubre de 2014, p. 1860.

[250] J. M. Hill, «Alpha as a net zero-sum game: how serious a constraint?», Journal of Portfolio Management, 32 (4), 2006, pp. 24-32, doi:10.3905/jpm.2006.644189.

6. LA FINANCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA REAL

[251] <https://www.ft.com/content/294ff1f2-0f27-11de-ba10-0000779fd2ac>

[252] Estas cifras dan una idea aproximada del peso de las grandes empresas en la economía. Por un lado, algunas empresas no informan de su facturación, de modo que los ingresos totales se subestiman. Por otro, la lista incluye a los mayores bancos.

[253] G. Mukunda, «The price of Wall Street’s power», Harvard Business Review, junio de 2014.

[254] E. Hadas, «Seeing straight: Why buybacks should be banned», Breakingviews, 14 de diciembre de 2014, <https://www.breakingviews.com/features/why-buybacks-should-be-banned/>.

[255] W. Lazonick, «Profits without prosperity», Harvard Business Review, septiembre de 2014.

[256] Ibid.

[257] <http://online.wsj.com/public/resources/documents/blackrockletter.pdf>.

[258] Adaptado de Lazonick, «Profits without prosperity».

[259] Jensen y Meckling, «Theory of the firm», pp. 305-360.

[260] Bain & Co., Global Private Equity Report (2015), fig. 2, p. 43.

[261] <https://www.blackstone.com/the-firm/asset-management/private-equity>.

[262] D. Burns, L. Cowie, J. Earles, P. Folkman, J. Froud, P. Hyde, S. Johal, I. Rees Jones, A. Killett y K. Williams, Where Does the Money Go? Financialised Chains and the Crisis in Residential Care, informe de interés público del CRESC, marzo de 2015.

[263] G. Ruddick, «Four Seasons Health Care reports £264m annual loss», The Guardian, 27 de abril de 2016.

[264] K. Bayliss, «Case study: the financialisation of water in England and Wales», serie de documentos de trabajo del FESSUD n.º 52 (2014).

[265] W. Lazonick, «Innovative enterprise or sweatshop economics? In search of foundations of economic analysis», documento de trabajo del ISIGrowth, n.º 17 (2016).

[266] P. Aghion, J. Van Reenen y L. Zingales, «Innovation and institutional ownership», American Economic Review, 103 (1), 2013, pp. 277-304.

[267] J. C. Bogle, The Clash of the Cultures.

[268] J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, Londres, Macmillan, 1936, p. 154. [Hay trad. cast.: Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, Barcelona, Ciro, 2011.]

[269] Ibid., p. 155.

[270] S. Patterson, Dark Pools: The Rise of AI Trading Machines and the Looming Threat to Wall Street, Nueva York, Random House, 2012.

[271] A. Or, «Average private equity hold times drop to 5.5 years», The Wall Street Journal, 10 de junio de 2015.

[272] D. Barton y M. Wiseman, «Focusing capital on the long term», Harvard Business Review, (enero-febrero de 2014).

[273] Ibid.

[274] J. M. Keynes, General Theory of Employment, pp. 161-162.

[275] El rendimiento del capital invertido es una medida de rentabilidad. Se calcula dividiendo los beneficios operativos netos (después de impuestos) entre el capital invertido (menos el efectivo y los equivalentes de efectivo).

[276] J. P. Morgan, «Bridging the gap between interest rates and investments» (Consultoría sobre finanzas corporativas, septiembre de 2014).

[277] K. J. Murphy, «Executive compensation: where we are, and how we got there», en G. M. Constantinides, M. Harris y R. M. Stulz, eds., Handbook of the Economics of Finance, vol. 2, Ámsterdam, Elsevier, 2013, pp. 211-356.

[278] L. Mishel y J. Schieder, CEO Pay Remains High Relative to the Pay of Typical Workers and High-wage Earners, Washington, D. C., Instituto de Política Económica, 2017.

[279] The Conference Board, CEO Succession Practices: 2017 Edition, <https://www.conference-board.org/publications/publicationdetail.cfm?publicationid=7537>.

[280] La figura 26 representa datos extraídos de la página web de la Oficina de Análisis Económico.

[281] J. Asker, J. Farre-Mensa y A. Ljungqvist, «Comparing the investment behavior of public and private firms», documento de trabajo de la NBER, n.º 17394 (septiembre de 2011).

[282] Elaboración de la autora a partir de datos procedentes de la Oficina de Análisis Económico.

[283] Ibid.

[284] J. C. Bogle, The Clash of the Cultures, pp. 22-23.

[285] M. Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago, The University of Chicago Press, 1962, p. 133. [Hay trad. cast.: Capitalismo y libertad, Madrid, Síntesis, ٢٠١٢.]

[286] R. E. Freeman, J. S. Harrison, A. C. Wicks, B. L. Parmar y S. de Colle, Stakeholder Theory: The State of the Art, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 268.

[287] <https://www.kfw.de/KfW-Group/About-KfW/Identität/Geschichte-der-KfW/>.

[288] C. Leggett, «The Ford Pinto case: the valuation of life as it applies to the negligence-efficiency argument», Law & Valuation, primavera de 1999.

[289] C. Pérez, Technological Revolutions and Financial Capital: the Dynamics of Bubbles and Golden Ages, Cheltenham, Edward Elgar, 2002. [Hay trad. cast.: Revoluciones tecnológicas y capital financiero, Madrid, Siglo XXI (2008).]

[290] C. Pérez, «The Double bubble at the turn of the century: technological roots and structural implications», Cambridge Journal of Economics, 33 (4), 2009, p. 801.

7. EXTRAER VALOR MEDIANTE LA ECONOMÍA DE LA INNOVACIÓN

[291] P. Thiel y B. Masters, Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future, Nueva York, Crown, 2014. [Hay trad. cast.: De cero a uno, Barcelona, Gestión 2000 (2015).]

[292] <https://www.netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?qprid=4&qpcustomd=0>.

[293] R. Solow, «Technical change and the aggregate production function», Review of Economics and Statistics, 39 (3), 1957, pp. 312-320, JSTOR 1926047; R. R. Nelson y S. G. Winter, An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, Harvard University Press, 2009.

[294] D. J. Teece, «Profiting from technological innovation», Research Policy, 15 (6), 1986, pp. 285-305.

[295] <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/11/we-need-an-energymiracle/407881/>.

[296] <https://www.washingtonpost.com/opinions/americas-miracle-machine-isin-desperate-need-of-well-a-miracle/2017/05/05/daafbe6a-30e7-11e7-9534-00e4656c22aa_story.html?utm_term=.b38348fbc471>.

[297] <https://hbr.org/2014/05/why-germany-dominates-the-u-s-in-innovation>.

[298] M. K. Block y F. Keller, «Explaining the transformation in the US innovation system: the impact of a small government program», Socioeconomic Review, 11 (4), 2013, pp. 629-656, <https://doi.org/10.1093/ser/mws021>.

[299] S. W. Leslie, The Cold War and American Science: The Military-Industrial-Academic Complex at MIT and Stanford, Nueva York, Columbia University Press, 1993.

[300] W. Lazonick, Sustainable Prosperity in the New Economy? Business Organization and High-Tech Employment in the United States, Kalamazoo, W. E. Upjohn Institute Press, 2009, cap. 2, <https://doi.org/10.17848/9781441639851>.

[301] Business Week, 1960, citado en H. Lazonick, Sustainable, p. 79.

[302] W. Lazonick y M. Mazzucato, «The risk-reward nexus in the innovation-inequality relationship: who takes the risks? Who gets the rewards?», Industrial and Corporate Change, 22(4) (2013), pp. 1093-1128, <https://doi.org/10.17848/9781441639851>. La estructura de este mercado es particularmente importante para entender dónde se encuentra de verdad el riesgo en la innovación. La liquidez es aportada por los creadores de mercado, quienes suscriben la OPI y se aseguran la venta y compra inmediata del stock a precios cercanos a los de mercado. De esta manera, el riesgo del inversor se transfiere a los creadores de mercado. Los creadores de mercado están respaldados por bancos de inversión, los cuales resulta que están asegurados por el gobierno (K. Ellis, R. Michaely y M. O’Hara, «When the underwriter is the market maker: An examination of trading in the IPO aftermarket», Journal of Finance, 55 (3), 1999, pp. 1039-1074).

[303] «He trabajado con inversores durante 60 años y todavía no he visto a ninguno —ni siquiera cuando las tasas de plusvalía eran del 39,9 por ciento en 1976-1977— mantenerse al margen de una inversión considerable debido a la tasa impositiva de la ganancia potencial. La gente invierte para hacer dinero y los impuestos potenciales nunca han asustado. Y para quienes sostienen que unas tasas más altas dañan la creación de empleo, señalaré que entre 1980 y 2000 se crearon unos cuarenta millones de puestos de trabajo. ¿Sabes qué ha pasado desde entonces?: tasas impositivas menores y mucha menos creación de empleo», The New York Times, 14 de agosto de 2011, <http://www.nytimes.com/2011/08/15/opinion/stop-coddling-the-super-rich.html?_r=2&hp>.

[304] W. Lazonick y M. Mazzucato, «The risk-reward nexus in the innovation-inequality relationship».

[305] N. Henderson y M. Schrage, «The roots of biotechnology: Government R&D spawns a new industry», The Washington Post, 16 de diciembre de 1984, <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1984/12/16/government-r38/cb580e3d-4ce2-4950-bf12-a717b4d3ca36/?utm_term=.27fd51946872>. Le agradezco a William Lazonick que me señalara este artículo.

[306] Esta sección sobre el papel del capital riesgo y la siguiente sección sobre la remuneración de los ejecutivos se basan en gran medida en Lazonick y Mazzucato, «The risk-reward nexus in the innovation-inequality relationship».

[307] Ibid.

[308] Ibid.

[309] P. A. Gompers y J. Lerner, The Venture Capital Cycle, Cambridge, MIT Press, 2002.

[310] S. Davidoff, «Why I.P.O.s get underpriced», DealBook, The New York Times, 27 de mayo de 2011; J. Ritter, página web de datos IPO, 2012, <http://bear.warrington.ufl.edu/ritter/ipodata.htm>; M. Gimein, E. Dash, L. Munoz y J. Sung, «You bought. They SOLD», Fortune, 146(4) (2002), pp. 64-68, 72, 74.

[311] G. P. Pisano, Science Business: the Promise, the Reality, and the Future of Biotech, Boston, Harvard Business School Press, 2006. [Hay trad. cast.: La ciencia como negocio en biotecnología, Madrid, Fundación Cotec, 2009.]

[312] W. Lazonick y Ö. Tulum, «US biopharmaceutical finance and the sustainability of the US biotech business model», Research Policy, 40 (9), 2011, pp. 1170-1187.

[313] R. Fontana, A. Nuvolari, H. Shimizu y A. Vezzulli, «Reassessing patent propensity: evidence from a dataset of R&D awards, 1977-2004», Research Policy, 42 (10), 2013, pp. 1780-1792.

[314] Más formalmente, al titular de una patente se le concede el derecho «probabilístico» de excluir a otros del uso y la comercialización de una invención. (M. A. Lemley y C. Shapiro, «Probabilistic patents», Journal of Economic Perspectives, 19 (2), 2005, pp. 75-98, doi: 10.1257/0895330054048650). El titular de la patente debe estar dispuesto y ser capaz de hacer valer sus derechos frente a una infracción de la patente. El titular de la patente puede autorizar que otros usen la invención a cambio de un pago.

[315] La intensidad de la actividad de patentamiento y la importancia de las patentes —tanto en relación con la apropiabilidad como con la divulgación— varían en importancia según los países, los sectores, las tecnologías y el tamaño de la empresa. Las empresas farmacéuticas, de biotecnología y las de TIC, por ejemplo, tienden a patentar más que las empresas de otras áreas. Las patentes son el mecanismo más importante de apropiabilidad para las compañías farmacéuticas, mientras en otros sectores las empresas pueden depender más de la confidencialidad, los plazos de producción, la marca registrada y otros bienes adicionales y complementarios para beneficiarse de sus invenciones. De igual manera, en comparación las patentes desempeñan un papel mucho más importante en la difusión de información para los laboratorios de I+D de las empresas manufactureras de Japón que para las de Estados Unidos, donde la publicación y el intercambio de información informal es más significativo (W. M. Cohen, A. Goto, A. Nagata, R. R. Nelson y J. P. Walsh, «R&D spillovers, patents and the incentives to innovate in Japan and the United States», Research Policy, 1 (8-9), 2002, pp. 1349-1367, <http://doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00068-9>).

[316] De acuerdo con M. A. Lemley en «Software patents and the return of functional claiming», Wisconsin Law Review, 2013(4), pp. 905-964, el coste de la innovación en el software es menor que la innovación en las ciencias biológicas. El software, además, está protegido por derechos de autor, que ya proporcionan un impedimento efectivo para que otros lo copien. Los efectos de red pueden ayudar a los innovadores a obtener beneficios independientemente de la protección de la propiedad intelectual (después, en este capítulo, veremos más sobre esto). Además está la comunidad de código abierto, que sugiere que las patentes pueden no ser una condición necesaria para la innovación en el sector. Por último, la patentabilidad del software varía según las regiones y los países (por ejemplo, es limitada en Europa e India y más amplia en Estados Unidos), lo cual también indica que la protección de las patentes puede reflejar una decisión política.

[317] J. Baumol, «Entrepreneurship: Productive, unproductive, and destructive».

[318] R. Mazzoleni y R. R. Nelson, «The benefits and costs of strong patent protection: a contribution to the current debate», Research Policy, 27 (3), 1998, pp. 273-284.

[319] M. Kenney y D. Patton, «Reconsidering the Bayh-Dole Act and the current university invention ownership model», Research Policy, 38 (9), 2009, pp. 1407-1422.

[320] <http://www.nybooks.com/articles/2004/07/15/the-truth-about-the-drug-companies/>.

[321] L. Burlamaqui y R. Kattel, «Development as leapfrogging, not convergence, not catch-up: towards schumpeterian theories of finance and development», Review of political Economy, 28 (2), 2016, pp. 270-288.

[322] R. Mazzoleni y R. R. Nelson, «The benefits and costs of strong patent protection».

[323] S. Haber y S. H. Werfel, «Why do inventors sell to patent trolls? Experimental evidence for the asymmetry hypothesis», documento de trabajo de la Universidad de Stanford, 27 de abril de 2015.

[324] J. Bessen y M. J. Meurer, «The Patent Litigation Explosion», Loyola University Chicago Law Journal, 45 (2), 2013, pp. 401-440, <http://lawecommons.luc.edu/luclj/vol45/iss2/5>.

[325] J. E. Bessen et al., «Trends in private patent costs and rents for publicly-traded United States firms», Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, artículo de investigación sobre Derecho Público n.º 13-24 (marzo de 2015), <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2278255>.

[326] C. V. Chien, «Startups and patent trolls», Stanford Technology Law Review, 17 (2014), pp. 461-506.

[327] W. J. Baumol, Entrepreneurship, Management and the Nature of Payoffs, Cambridge, MIT Press, 1993, cap. 2, p. 25; véase también cap. 4.

[328] D. K. Foley, «Rethinking financial capitalism and the “information” economy».

[329] The Economist, 8 de agosto de 2015, <http://www.economist.com/news/leaders/21660522-ideas-fuel-economy-todays-patent-systems-are-rotten-way-rewarding-them-time-fix>.

[330] C. Forero-Pineda, «The impact of stronger intellectual property rights on science and technology in developing countries», Research Policy, 35 (6), 2006, pp. 808-824.

[331] T’E. M. F. Hoen, The Global Politics of Pharmaceutical Monopoly Power: Drug Patents, Access, Innovation and the Application of the WTO Doha Declaration on TRIPS and Public Health, Diemen, AMB Publishers, 2009.

[332] M. Mazzucato, The Entrepreneurial State: Debunking Private vs. Public Sector Myths, Londres, Anthem Press, 2013. [Hay trad. cast.: El Estado emprendedor, Barcelona, RBA, 2014.]

[333] Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) <https://www.hhs.gov/opa/reproductive-health/fact-sheets/sexually-transmitted-diseases/hepatitis-c/index.html>, Organización Mundial de la Salud <http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hepatitis/data-and-statistics>.

[334] Sin embargo, en conjunto Sovaldi es más caro que Harvoni, porque es necesario tomarlo combinado con otros medicamentos.

[335] La carta está disponible en: <http://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/Wyden-Grassley%20Document%20Request%20to%20Gilead%207-11-141.pdf>.

[336] A. Hill, S. Khoo, J. Fortunak, B. Simmons y N. Ford, «Minimum costs for producing hepatitis C direct-acting antivirals for use in large-scale treatment access programs in developing countries», Clinical Infectious Diseases, 58 (7), 2014, pp. 928-936, doi: 10.1093/cid/ciu012.

[337] M. Mazzucato, «High cost of new drugs», British Medical Journal, 354 (2016), <https://www.bmj.com/content/354/bmj.i4136>.

[338] D. W. Light y J. R. Lexchin, «Pharmaceutical research and development: what do we get for all that money?», British Medical Journal, 345 (2012), <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e4348>.

[339] A. Swanson, «Big pharmaceutical companies are spending far more on marketing than research», The Washington Post, 11 de febrero de 2015, <http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/02/11/big-pharmaceutical-companies-are-spending-far-more-on-marketing-than-research/>.

[340] W. Lazonick, «Profits without prosperity».

[341] M. Mazzucato, The Entrepreneurial State.

[342] H. Kantarjian y S. V. Rajkumar, «Why are cancer drugs so expensive in the United States, and what are the solutions?», Mayo Clinic Proceedings, (abril de 2015), informa de que, en Estados Unidos, el 85 por ciento de la investigación básica sobre el cáncer es financiada por el Gobierno.

[343] J. Sachs, «The drug that is bankrupting America», Huffington Post, 16 de febrero de 2015, <http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-sachs/the-drug-that-is-bankrupt_b_6692340.html>.

[344] V. Roy y L. King, «Betting on hepatitis C: how financial speculation in drug development influences access to medicines», British Medical Journal, 354 (2016), <https://doi.org/10.1136/bmj.i3718>.

[345] P. Barrett y R. Langreth, «Pharma execs don’t know why anyone is upset by a $94,500 miracle cure», Bloomberg Businessweek, 3 de junio de 2015, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-03/specialty-drug-costs-gilead-s-hepatitis-c-cures-spur-backlash>.

[346] El artículo de LaMattina en Forbes está disponible en: <http://www.forbes.com/sites/johnlamattina/2014/08/04/politicians-shouldnt-question-drug-costs-but-rather-their-value-lessons-from-soliris-and-sovaldi/>.

[347] R. Zirkelbach, «The five essential truths about prescription drug spending» (marzo de 2015), disponible en la página web de PhRMA: <http://catalyst.phrma.org/the-five-essential-truths-about-prescription-drug-spending>.

[348] Véase, por ejemplo, Hilner y Smith, «Efficacy does not necessarily translate to cost effectiveness».

[349] Se puede acceder a la calculadora interactiva de Peter Bach en <www.drugabacus.org>.

[350] De acuerdo con la clasificación compilada por Forbes para 2014, de media, las diez mayores empresas farmacéuticas poseen un margen de beneficio neto del 19 por ciento —el más alto de todas las industrias incluidas en el análisis mundial de Forbes—. Pfizer lidera el grupo con un destacable 41 por ciento de margen de beneficio neto. Solo los grandes bancos, que como se sabe poseen rentas debido a su tamaño e influencia política, obtienen un margen de beneficio comparable al de las grandes compañías farmacéuticas, mientras que, por ejemplo, las diez mayores empresas automovilísticas —también una de las industrias más rentables del mundo— tienen una media del 6 por ciento de margen de beneficio neto.

[351] P. David, «Clio and the Economics of QWERTY», American Economic Review, 75 (2), Papers and Proceedings of the Ninety-Seventh Annual Meeting of the American Economic Association (mayo de 1985), pp. 332-337; G. Dosi, «Sources, procedures, and microeconomic effects of innovation», Journal of Economic Literature, 26 (3), 1988, pp. 1120-1171.

[352] Por ejemplo, según su propia declaración de misión, «La misión de Facebook es dar a la gente el poder de compartir y hacer que el mundo sea más abierto y esté más conectado» (investor.fb.com/faq.cfm). Sergey Brin, uno de los fundadores de Google y presidente de su empresa matriz Alphabet, a menudo ha hablado de que Google trata de estar en contra del mal y de ser una «fuerza para el bien», <https://www.businessinsider.com.au/best-quotes-google-sergey-brin-2014-7#to-me-this-is-about-preserving-history-and-making-it-available-to-everyone-1>.

[353] K. Kelly, «The new socialism: global collectivist society is coming online», revista Wired, 17 de junio de 2009.

[354] E. Morozov, «Silicon Valley likes to promise “digital socialism” —but it is selling a fairy tale», The Guardian, 28 de febrero de 2015.

[355] Atribuido a varios autores. La atribución más común es a Andrew Lewis, como blue_beetle en MetaFilter 2010, «Si no estás pagando por algo, no eres el cliente; eres el producto a la venta», <https://www.metafilter.com/95152/Userdriven-discontent#3256046>.

[356] M. J. Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets, Londres y Nueva York, Allen Lane y Farrar, Straus and Giroux, 2013. [Hay trad. cast.: Lo que el dinero no puede comprar, Barcelona, Debate, 2013.]

[357] E. Morozov, «Don’t believe the hype, the “sharing economy” masks a failing economy», The Guardian, 28 de septiembre de 2014, <http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/28/sharing-economy-internet-hype-benefits-overstated-evgeny-morozov>; E. Morozov, «Cheap cab ride? You must have missed Uber’s true cost», The Guardian, 31 de enero de 2016, <http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/31/cheap-cab-ride-uber-true-cost-google-wealth-taxation>.

[358] E. Morozov, «Where Uber and Amazon rule: welcome to the world of the platform», The Guardian, 7 de junio de 2015, <http://www.theguardian.com/technology/2015/jun/07/facebook-uber-amazon-platform-economy>.

[359] <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-28/in-video-uber-ceo-argues-with-driver-over-falling-fares>.

[360] <http://fortune.com/2016/10/20/uber-app-riders/>.

[361] Se puede hacer una distinción útil entre efectos de red directos e indirectos. Cuando un mayor número de participantes aumenta el beneficio de cada miembro individual —como en el caso de Facebook— el efecto es directo. Cuando, en cambio, un mayor número de miembros (por ejemplo, compradores) aumenta la conveniencia de utilizar la plataforma, no para los miembros sino para otro grupo (por ejemplo, los vendedores), hablamos de efectos de red indirectos.

[362] Base de datos de Statista (www.statista.com) y <http://uk.businessinsider.com/facebook-and-google-winners-of-digital-advertising-2016-6?r=US&IR=T>.

[363] E. Morozov, «Where Uber and Amazon rule».

[364] Véase la nota 70 para la distinción entre los efectos de red directos e indirectos.

[365] M. Mazzucato, The Entrepreneurial State.

[366] D. K. Foley, «Rethinking financial capitalism and the “information” economy».

[367] Véase ibid. para una explicación rigurosa pero asequible de la teoría clásica de la plusvalía y de cómo esta se puede usar para proporcionar una interpretación alternativa a la de la llamada «nueva economía».

[368] <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/04/data-populists-must-seize-information-for-benefit-of-all-evgeny-morozov>.

[369] H. A. Simon, «Public administration in today’s world of organizations and markets», PS: Political Science and Politics, (diciembre del 2000), p. 756.

[370] <https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/09/uber-suffers-legal-setbacks-in-france-and-germany>, <https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/08/berlin-ban-airbnb-short-term-rentals-upheld-city-court>, <https://www.theguardian.com/media/2016/may/25/netflix-and-amazon-must-guarantee-20-of-content-is-european>.

[371] Para un debate sobre los criterios y las cuestiones de implementación detrás de las políticas orientadas a la misión, véase mi reciente informe, M. Mazzucato, Mission-oriented research & innovation in the European Union. A problem-solving approach to fuel innovation-led growth, Luxemburgo, Comisión Europea, 2018.

[372] Tal pensamiento es, de hecho, el que ha inspirado Misión Innovación (http://mission-innovation.net), una alianza de veintitrés países y la Unión Europea para combatir el cambio climático a través de compromisos nacionales (alrededor de 20.000 millones de dólares) para invertir en la innovación de energías limpias. La coalición se anunció el 30 de noviembre de 2015 durante el encuentro de la Conferencia de las Partes (COP) en París. En el sector privado, la Coalición Energía Breakthrough está dedicando la misma cantidad de dinero. Desde 2014, he liderado un proyecto sobre la necesidad en la innovación de este tipo de pensamiento orientado a la misión, <http://marianamazzucato.com/projects/mission-oriented-innovation-policy/>.

8. LA INFRAVALORACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

[373] <https://www.gov.uk/government/speeches/mansion-house-2015-speech-by-the-chancellor-of-the-exchequer>.

[374] «The third industrial revolution», The Economist, 21 de abril de 2012: <http://www.economist.com/node/21553017>.

[375] K. Polanyi, The Great Transformation: the Political and Economic Origins of Our Time, 1944, Boston, Beacon Press, 2001, p. 144. [Hay trad. cast.: La gran transformación, Barcelona, Virus, 2016.]

[376] C. M. Reinhart y K. S. Rogoff, «Growth in a time of debt», American Economic Review, 100(2) (2010), pp. 573-578.

[377] Ibid., p. 573.

[378] T. Herndon, M. Ash y R. Pollin, «Does high public debt consistently stifle economic growth? A critique of Reinhart and Rogoff», Cambridge Journal of Economics, 38 (2), 2014, pp. 257-279, <http://doi.org/10.1093/cje/bet075>, p. 5.

[379] Ibid., pp. 7-8.

[380] C. M.Reinhart y K. S. Rogoff, <http://www.nytimes.com/2013/04/26/opinion/debt-growth-and-the-austerity-debate.html?_r=0> y <http://www.nytimes.com/2013/04/26/opinion/reinhart-and-rogoff-responding-to-our-critics.html>.

[381] <http://www.focus-economics.com/countries/italy>.

[382] <https://www.theguardian.com/business/2014/oct/01/austerity-eurozone-disaster-joseph-stiglitz>.

[383] La exclusión normalmente se refiere al efecto negativo que la inversión o el gasto gubernamental pueden tener en la inversión privada, principalmente porque el endeudamiento del Gobierno aumenta los tipos de interés (haciendo que a las empresas les resulte más difícil obtener préstamos) o porque este pasa a realizar actividades que pertenecían al sector privado. Los análisis sobre la exclusión han sido complicados debido a la falta de un análisis adecuado de qué está dispuesto a hacer el sector privado.

[384] A. Bergh y M. Henrekson, «Government size and growth: a survey and interpretation of the evidence», Journal of Economic Surveys, 25 (5), 2011, pp. 872-897, <http://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2011.00697.x>.

[385] P. Steiner, «Wealth and power: Quesnay’s political economy of the “agricultural kingdom”», Journal of the History of Economic Thought, 24 (1), 2002, pp. 91-110.

[386] La «clase estéril» incluye a los habitantes de la ciudad o a los artesanos. En la Historia del análisis económico, de Schumpeter, p. 239, se utiliza la misma palabra para describir a la bourgeoisie. «Clase desechable» es el nombre que Turgot otorga a la clase de los terratenientes (classe propriétaire/souveraine/distributive).

[387] Quesnay, citado en Steiner, «Wealth and power», p. 99.

[388] Schumpeter, History of Economic Analysis, p. 230; Steiner, «Wealth and Power», p. 100.

[389] A. Smith, The Wealth of Nations, libro IV, introducción.

[390] Ibid., libro I, cap. 1.

[391] Ibid., libro V, cap. 1.

[392] Ibid.

[393] D. Ricardo, The Works and Correspondence of David Ricardo. Volume 1: On the Principles of Political Economy and Taxation, Sraffa, P., ed., con la colaboración de Dobb, M. H., Cambridge, Cambridge University Press, 1951. [Hay trad. cast.: Principios de economía política y tributación, Madrid, Pirámide, 2003.]

[394] Ibid., p. 151.

[395] K. Marx y F. Engels, The Communist Manifesto (1848), Londres, Penguin, 2010, cap. 1. [Hay trad. cast.: Manifiesto comunista, Madrid, Alianza, 2001).]

[396] A. Marshall, Principles of Economics (1890), Londres, Macmillan, 1920, libro I, cap. 4, párr. 4. [Hay trad. cast.: Principios de economía, Madrid, Síntesis, 2005.]

[397] Ibid.

[398] B. Snowdon y H. Vane, eds., A Macroeconomics Reader, Londres, Routledge, 1997, p. 3.

[399] J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, p. 249.

[400] Esta y la siguiente proceden del prefacio a la edición francesa de la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero.

[401] R. Reich, «Economist John Maynard Keynes», revista TIME, 29 de marzo de 1999.

[402] M. McLeay, A. Radia y R. Thomas, «Money creation in the modern economy», p. 14.

[403] Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés), Measuring the Economy: A Primer on GDP and the National Income and Product Accounts, Washington D. C., Departamento de Comercio de Estados Unidos, 2014, pp. 9-4, <http://www.bea.gov/national/pdf/nipa_primer.pdf>.

[404] T. Atkinson, Atkinson Review: Final Report. Measurement of Government Output and Productivity for the National Accounts, Basingstoke y Nueva York, Palgrave Macmillan, 2005.

[405] M. G. Phelps, S. Kamarudeen, K. Mills y R. Wild, «Total public service output, inputs and productivity», Economic and Labour Market Review, 4(10) (2010), pp. 89-112, <http://doi.org/10.1057/elmr.2010.145>.

[406] Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés), Public Service Productivity Estimates: Total Public Services, 2012 (2015), <http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171766_394117.pdf>.

[407] El multiplicador examina en qué medida el aumento total del PIB es el resultado de un aumento inicial del gasto del Gobierno. El cálculo asume una propensión marginal conocida a ahorrar y consumir; por ejemplo, de cada libra o dólar ganados cuánto gastará un consumidor y cuánto ahorrará. Si se consume el 80 por ciento, entonces el PIB aumentará en una cantidad de 1/(1-0,8) multiplicada por el estímulo; de modo que si el gasto extra inicial era de 1 millón de libras, el PIB aumentará 5 millones de libras.

[408] «Fiscal policy as a countercyclical tool», en World Economic Outlook, Washington D. C., Fondo Monetario Internacional, 2008, cap. 5; L. Cohen, J. Coval y C. Malloy, «Do powerful politicians cause corporate downsizing?», Journal of Political Economy, 119(6) (2011), pp. 1015-1060, doi:10.1086/664820; R. J. Barro y C. J. Redlick, «Macroeconomic effects from government purchases and taxes», Quarterly Journal of Economics, 126(1) (2011), pp. 51-102, doi:10.1093/qje/qjq002.

[409] D. Leigh, P. Devries, C. Freedman, J. Guajardo, D. Laxton y A. Pescatori, «Will it hurt? Macroeconomic effects of fiscal consolidation», en World Economic Outlook, Washington D. C., Fondo Monetario Internacional, 2010, pp. 93-124.

[410] D. Leigh y O. J. Blanchard, «Growth forecast errors and fiscal multipliers», documento de trabajo del FMI n.º 13/1 (2013).

[411] A. O. Krueger, «The political economy of the rent-seeking society», The American Economic Review, 64(3) (junio 1974), pp. 291-303.

[412] G. Tullock, A. Seldon y G. L. Brady, Government Failure: A Primer in Public Choice, Washington D. C., Instituto Cato, 2002.

[413] B. M. Friedman, «Crowding out or crowding in? Economic consequences of financing government deficits», Brookings Papers on Economic Activity, 3 (1979), pp. 593-654.

[414] J. M. Buchanan, «Public choice: The origins and development of a research program», Champions of Freedom, 31 (2003), pp. 13-32.

[415] J. E. Stiglitz, Economics of the Public Sector, 3.ª ed., Nueva York, W. W. Norton, 2000. [Hay trad. cast.: La economía del sector público, Barcelona, Antoni Bosch, 2003.]

[416] Oficina Nacional de Auditoría (NAO, por sus siglas en inglés), «Memorandum on managing government suppliers», 12 de noviembre de 2013.

[417] Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés), «Principles and values that guide the NHS» (2018), <http://www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/about/Pages/nhscoreprinciples.aspx>.

[418] Informe sobre la salud en el mundo, «The world health report 2000. Health systems: improving performance» (2000), <http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf?ua=1>.

[419] E. C. Schneider, D. O. Sarnak, D. Squires, A. Shah y M. M. Doty, Mirror, Mirror 2017: International Comparison Reflects Flaws and Opportunities for Better U.S. Health Care, Nueva York, The Commonwealth Fund, 2007.

[420] OCDE, «Health expenditure and financing» (2017), <https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=SHA>.

[421] YouGov, «Nationalise energy and rail companies, say public» (2013), <https://yougov.co.uk/news/2013/11/04/nationalise-energy-and-rail-companies-say-public/>.

[422] J. Lethbridge, Empty promises: The Impact of Outsourcing on NHS Services, informe técnico, Londres, UNISON, 2012.

[423] C. Crouch, «The paradoxes of privatisation and public service outsourcing», en Jacobs y Mazzucato, eds., Rethinking Capitalism.

[424] G. Kirkwood y A. M. Pollock, «Patient choice and private provision decreased public provision and increased inequalities in Scotland: a case study of elective hip arthroplasty», Journal of Public Health, 39(3) (2017), pp. 593-600.

[425] We Own It, «We love our NHS —keep it public», <https://weownit.org.uk/public-ownership/nhs>.

[426] A. Pollock, «This deadly debt spiral was meant to destroy the NHS: there is a way to stop it», The Guardian, 5 de julio de 2016, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/05/debt-spiral-destroy-nhs-health-social-care-act-bill>.

[427] A. Pollock, «The NHS is about care, not markets», The Guardian, 3 de septiembre de 2009, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2009/sep/03/nhs-business-markets>.

[428] J. Davis, J. Lister y D. Wringler, NHS for Sale: Myths, Lies & Deception, Londres, Merlin Press, 2015.

[429] N. Chomsky, «The state-corporate complex: a threat to freedom and survival», conferencia pronunciada en la Universidad de Toronto, 7 de abril de 2011, <https://chomsky.info/20110407-2/>.

[430] L. MacFarlane, Blueprint for a Scottish National Investment Bank, Londres, New Economics Foundation, 2016, <http://allofusfirst.org/tasks/render/file/?fileID=3B9725EA-E444-5C6C-D28A3B3E27195B57>.

[431] Ibid.

[432] C. Crouch, The Knowledge Corrupters: Hidden Consequences of the Financial Takeover of Public Life, Cambridge, Polity Press, 2016).

[433] <https://www.theguardian.com/society/2016/apr/15/g4s-fined-100-times-since-2010-prison-contracts>.

[434] <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/07/16/meet-serco-the-private-firm-getting-1-2-billion-to-process-your-obamacare-application/?utm_term=.0ffc214237a8>.

[435] Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), «Contracting data analysis: Assessment of government-wide trends» (marzo 2017), <https://www.gao.gov/assets/690/683273.pdf>.

[436] Como se cuenta en J. A. Sekera, The Public Economy in Crisis: A Call for a New Public Economics, Basilea, Springer International Publishing, 2016; J. Dilulio, Bring Back the Bureaucrats: Why More Federal Workers Will Lead to Better (and Smaller!) Government, West Conshohocken, Templeton Press, 2014; y Paul R. Verkuil, Outsourcing Sovereignty: Why Privatization of Government Functions Threatens Democracy and What We Can Do about It, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 128.

[437] <http://www.pogo.org/our-work/reports/2011/co-gp-20110913.html#Executive%20Summary>.

[438] C. Crouch, The Knowledge Corrupters.

[439] <https://er.jsc.nasa.gov/seh/ricetalk.htm>.

[440] R. Wood, «Fallen Solyndra Won Bankruptcy Battle but Faces Tax War», Forbes, 11 de junio de 2012.

[441] G. Owen, Industrial Policy in Europe Since the Second World War: What Has Been Learnt?, documento ocasional del Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE) n.º 1 (2012), <http://eprints.lse.ac.uk/41902/>.

[442] J. M. Poterba, «Venture capital and capital gains taxation», en L. H. Summers, ed., Tax Policy and the Economy, vol. 3, Cambridge, MIT Press, 1989, pp. 47-68.

[443] G. Akerlof, «comentarios» sobre el capítulo de William J. Baumol en G. L. Perry y J. Tobin, eds., Economic Events, Ideas, and Policies: The 1960s and After, Washington D. C., Brookings Institution Press, 2010.

[444] M. Mazzucato, The Entrepreneurial State.

[445] <https://www.project-syndicate.org/onpoint/growth-and-public-sector-investment-by-mariana-mazzucato-2017-12?barrier=accesspaylog>.

[446] J. Gertner, The Idea Factory: Bell Labs and the Great Age of American Innovation, Londres y Nueva York, Penguin, 2013.

9. LA ECONOMÍA DE LA ESPERANZA

[447] Tanto Tony Blair, el antiguo primer ministro británico, como Chuka Umunna, considerado un valor en alza en el Partido Laborista, sostuvieron que el Partido Laborista tenía que aceptar los negocios, y los llamaron creadores de riqueza, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/09/tony-blair-what-labour-must-do-next-election-ed-miliband> y Chuka Umunna <https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/09/labours-first-step-to-regaining-power-is-to-recognise-the-mistakes-we-made>.

[448] <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report>.

[449] D. Elson, Macroeconomics and Macroeconomic Policy from a Gender Perspective, sesión pública de la comisión de estudio «La globalización de la economía mundial: desafíos y respuestas», Berlín, Bundestag, 18 de febrero de 2002.

[450] <https://www.theguardian.com/us-news/2016/may/17/ceo-pay-ratio-average-worker-afl-cio>.

[451] <https://www.ifs.org.uk/publications/5362>.

[452] P. Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation, Princeton, Princeton University Press, 1995.

[453] E. Morozov, «Democracy, Technology and City», transcripción de una conferencia pronunciada en el CCCB, Barcelona, 2014.

[454] C. Perez, «Capitalism, technology and a green global golden age: the role of history in helping to shape the future», en M. Jacobs y M. Mazzucato, eds., Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth, Chichester, Wiley-Blackwell, 2016.

¿En qué mundo queremos vivir? Mariana Mazzucato, la economista del momento, prende la mecha de un debate necesario.

«Mucho ojo con Mazzucato, la economista más temible del mundo.»
Helen Rumbelow, The Times

¿Quién crea realmente la riqueza? ¿Qué actividades la impulsan? ¿Cuáles se limitan a extraerla? ¿Cuáles la destruyen? Nuestras economías tienden a premiar la extracción de valor antes que su creación -el proceso productivo que verdaderamente impulsa una economía y una sociedad saludables-, y la diferencia entre ambos conceptos se ha desdibujado de manera notable.

A partir de ejemplos que van desde Silicon Valley hasta el sector financiero pasando por las grandes farmacéuticas, Mariana Mazzucato muestra de manera magistral cómo las nociones borrosas que tenemos del valor han permitido a ciertos actores de la economía retratarse a sí mismos como generadores de valor, mientras que en realidad se limitan a mover el existente o, lo que es peor, a destruirlo.

Tendemos a perder de vista la auténtica naturaleza del valor y por qué es importante, cuestiones que en el pasado estuvieron en el centro del pensamiento económico y que, sencillamente, ya no se discuten. Si queremos reemplazar el actual sistema parasitario por otro sostenible que funcione para todos, es urgente y necesario repensar el origen de la riqueza y responder las preguntas clave de Mazzucato, que nos llevan al verdadero gran interrogante: ¿en qué mundo queremos vivir?

La crítica ha dicho:
«Mazzucato nos obliga a cuestionar creencias arraigadas sobre cómo funcionan las economías y quién se beneficia en realidad. Este libro agrega valor en sí mismo.»
Martin Wolf, Financial Times

«Uno de los libros de economía más incisivos de los últimos tiempos.»
Jeffrey Madrick, The New York Review of Books

«Es tan franca en sus opiniones como elocuente a la hora de expresarlas.»
John Thornhill, Financial Times

«Las ideas de Mazzucato son combustible para un debate creciente sobre qué parte de la riqueza del país debería estar a manos del sector privado.»
Rana Foroohar, Time

«Mazzucato busca reproducir la dinámica interacción público -privado-y el espíritu de aventura- que condujo a triunfos como la llegada del hombre a la Luna.»
George Eaton, New Statesman

«Rápidamente Mazzucato se está situando entre los intelectuales públicos más importantes del mundo. Le ha ofrecido a la izquierda una visión positiva del crecimiento basada en la innovación y la participación en los beneficios.»
The Spectator

«Un convincente llamamiento a reinventar el valor para lograr el mundo que todos queremos.»
Nature

«Un libro oportuno sobre conceptos cruciales que se han esfumado del discurso dominante. Una denuncia de cómo los extractores de valor y los buscadores de renta se han disfrazado de creadores de valor en la economía global.»
Fran Boait, Prospect

«Alguien debería hacer un musical de este libro. Eso es bastante improbable, lo reconozco, pero no tanto como parece. En 1893, el teatro Savoy organizó la penúltima opereta de Gilbert y Sullivan, Utopia, Limited. Es hora de volver a trabajar en la idea y Mariana Mazzucato es candidata para escribir el libreto.»
Philip Collins, The Times

«Una reflexión fundamental sobre qué constituye el verdadero valor en la economía.»
Stephen Denning, Forbes

«Una mirada fresca al significado del valor en economía. Este libro accesible seducirá a cualquier lector curioso.»
Booklist

«El valor de las cosas está recibiendo elogios en Twitter por parte de ministros de finanzas y estudiantes idealistas, y está claro que será una lectura esencial.»
Delphine Strauss, Financial Times

SOBRE LA AUTORA

Mariana Mazzucato es catedrática en Economía de la Innovación y Valor Público en el University College de Londres (UCL), donde fundó y dirige el Institute for Innovation and Public Purpose. Ha sido galardonada con el New Statesman SPERI Prize en Economía Política en 2014, el Hans-Matthöfer-Preis en 2015 y el Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Thought. Una de los tres más importantes pensadores en temas de innovación según The New Republic, asesora a políticos alrededor de todo el mundo sobre crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible. Es autora del aclamado El Estado emprendedor.

Título original: The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy

© 2018, Mariana Mazzucato

© 2019, Ramón González Férriz, por la traducción

© 2019, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.
Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona

ISBN ebook: 978-84-306-2213-9

La ilustración del capítulo 8 pertenece a Jon Berkeley, quien la llevó a cabo para The Economist. Se reproduce con su permiso.

Diseño de la cubierta: Penguin Random House Grupo Editorial

Conversión ebook: Arca Edinet S. L.

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