Javier Paniagua Fuentes

El socialismo

De la socialdemocracia al PSOE y viceversa

A Ciprià Císcar, Carlos Fernández, José Antonio Ibars y Baltasar Vives, con quienes formé parte del equipo directivo de la Conselleria d’Educació i Cultura de la Generalitat valenciana entre 1983 y 1986 en el comienzo de la Autonomía valenciana.

INTRODUCCIÓN

La mayoría de las veces sólo se logra lo que no se sueña.

Hasta los veintinueve años viví en el franquismo y pasé por la Transición, los gobiernos del PSOE y del PP en una sociedad que iba construyendo, no sin dificultades, la democracia parlamentaria y social. Nací en Ceuta un 13 de julio de 1946 cuando mi padre era militar «chusquero», por el chusco (pan) que repartían a los que se reenganchaban en el Ejército, del arma de Artillería, brigada (de la escala auxiliar, se decía). Participó en la Guerra Civil en Córdoba, en el bando de Franco, que lo había movilizado a los diecisiete años al triunfar allí el levantamiento. Resistió herido en una batería, le dieron una medalla, lo ascendieron a sargento y lo evacuaron al hospital de Ceuta. Mi abuelo paterno también era militar y formó parte de las «Juntas de Defensa». Falleció antes de la guerra. Mi abuela era campesina, de Aguilar de la Frontera (Córdoba), y parte de su familia había militado en la CNT y en el movimiento libertario. Mi padre nunca me habló de ello y las pocas veces que aludía a la política era para remarcarme que no hiciera caso de nadie porque todos eran unos embaucadores que iban a buscar su propio provecho. Se especializó en la burocracia del cuartel como secretario del coronel, y el fotógrafo catalán Maspons recordó en una entrevista lo que una vez le dijo mientras hacía la mili: «Tú eres de los de “antes muerto que perder la vida”». Consideraba que si Franco se había sublevado era como consecuencia de la incapacidad de los políticos de la época para impedírselo. Estudié la Educación Primaria y el Bachillerato Elemental, con su reválida, en el entonces Instituto Hispano-Marroquí, donde convivíamos cristianos, musulmanes y judíos en una disciplina estricta. En mi casa no había ninguna presión cultural ni religiosa, ninguno de mis padres había pasado de los estudios primarios, pero sabían que tener estudios era una forma de ascenso social. Los libros que había en casa eran principalmente de Radio Maymo, utilizados por mi padre para construir la radio que oíamos en aquella casa donde no había agua corriente. Entre los siete y ocho años, pasé un año y medio en Santa Pola, pueblo entonces principalmente de pescadores, con mi abuela materna, natural de allí, y mi tía, hermana de mi madre que siempre vivió con nosotros. Los niños de mi edad hablaban el valenciano y aprendí a balbucearlo. Mi madre, de familia de comerciantes alicantinos de ultramarinos instalados en Ceuta aprovechando que mi abuelo fue movilizado en la guerra de Marruecos de 1909, me leía el libro de Edmundo de Amicis, Corazón, que era el que utilizaba en la escuela de la segunda República.

Mi padre ascendió a teniente en 1960 y al año siguiente fue destinado al acuartelamiento de Paterna, en Valencia, donde establecimos la residencia en un pabellón militar. Ascendería a capitán y se retiraría de comandante. Murió a los cincuenta y nueve años. Continué mi bachillerato en el instituto Luis Vives de Valencia, donde tuve un profesor de Filosofía que marcó mis estudios, Fernando Montero Moliner, que después pasaría como catedrático a la universidad. El deseo de mi padre era que hubiera estudiado Medicina o Telecomunicaciones pero en aquel tiempo mis lecturas me llevaron a las letras. Él tenía especial capacidad natural para las matemáticas y me las explicaba mientras estudiaba el Bachillerato Elemental. Siempre creí que mi familia paterna tenía el gen de las matemáticas (mi hermana es catedrática de la materia y mis dos hijos han sido buenos estudiantes de ella: uno, ingeniero superior de telecomunicaciones y economista, y otro, químico, ambos doctores).

En la Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en el centro de la ciudad, en el edificio histórico de la antigua Universidad de Valencia, estudié durante cinco años: dos, de asignaturas comunes, y tres, de la especialidad de Geografía e Historia. Aprobé (con algunos notables, sobresalientes y matrículas de honor) todas las asignaturas en junio y recibí en esos años una beca del Ejército para los gastos de matrícula y material por ser hijo de militar. Participé en el movimiento estudiantil de los años 60 y fui interrogado por el comisario Ballesteros, jefe entonces de la Brigada Político-Social de Valencia. Mi ficha policial decía: «Militante de ADEV (Asociación Democrática de Estudiantes Valencianos) de marcado cariz marxista y catalano-separatista». En efecto, recibí las influencias de mis profesores catalanes, la mayoría de ellos, discípulos de Vicens Vives (Reglà, Giralt, Tarradell y después Termes, Lluch, Fontana y Nadal), y respiré el ambiente de los sectores nacionalistas en torno a las figuras de Joan Fuster o Vicent Ventura, aunque con el tiempo fui distanciándome de ese mundo. La cultura valenciano-catalana, la música de la nova cançó —allí conocí a Raimon, que se había licenciado en Geografía e Historia—, la poesía de Espriu y de Ferraté se combinaron con la literatura castellana de Borges, García Márquez, Cela, Baroja, Machado, Cernuda, Neruda o las traducciones Heinrich Böll, Hemingway, Mann, Joseph Roth, Dos Passos o Joyce, entre otros muchos. Fui alumno del aula de teatro que dirigía Sanchis Sinisterra, quien se casaría con la actriz Magüi Mira. Hice las milicias universitarias en Montejaque, Ronda, y al preguntarme si quería jurar la bandera por Dios (eran los tiempos del papa Pablo VI), me negué, haciéndolo en el despacho del coronel. Gracias a mi padre no me expulsaron. Me licencié en Filosofía y Letras, especialidad de Geografía e Historia, en la Universidad de Valencia en 1969.

Acabada la carrera, entré de profesor ayudante en el Departamento de Historia Contemporánea, que entonces dirigía Emili Giralt, y después de presentar mi tesina de licenciatura sobre el consultorio político de la publicación anarquista La Revista Blanca. Posteriormente ocupó la jefatura del departamento José Manuel Cuenca Toribio, historiador de la historia eclesiástica, a quien se le atribuía estar en la órbita del Opus Dei, y que se había trasladado desde Barcelona, muy cuestionado por los estudiantes de aquella universidad en los tiempos de la lucha estudiantil contra el franquismo. Era hombre barroco, erudito y captador de libros para uso propio. Fueron los tiempos de la huelga, de las reivindicaciones laborales y políticas de los profesores no numerarios (los pnn) que ganábamos unas 1500 pesetas mensuales (9 euros). Para completar el salario, daba clases de bachillerato en la filial número 7 del instituto Luis Vives, regentada por los salesianos, y también en una academia privada, La Cruz, para estudiantes repetidores y libres de bachillerato, donde conocí y di clase a Joan Lerma, que sería presidente de la Generalitat Valenciana entre 1983 y 1995. Recibí una beca del Ministerio de Educación en 1972 para realizar mi tesis doctoral sobre las concepciones sociales y económicas de los anarquistas, y pasé varias temporadas en los archivos del Instituto de Historia Social de Ámsterdam, en la Biblioteca Nacional de París y en la Biblioteca del British Museum de Londres, gracias a la intermediación de E. H. Hobsbawm, con el que mantuve una amistad hasta su muerte. En París conocí y conviví con activistas anarquistas españoles y franceses, como Gastón Leval y Cipriano Mera.

Fueron Josep Fontana y Ernest Lluch quienes me ofrecieron en 1973 que me integrara como profesor ayudante en el Departamento de Historia Económica. Allí redacté mi tesis doctoral sobre las ideas económicas de los anarquistas durante los años 30 del siglo XX, que dirigió Josep Fontana, entonces vinculado al PSUC y al marxismo, y que posteriormente derivó hacia el nacionalismo catalanista a su vuelta a la Universidad Autónoma de Barcelona y después a la Pompeu Fabra. La situación política y las condiciones laborales de la universidad me hicieron preparar las oposiciones a cátedra de Enseñanza Media, que entonces tenían gran prestigio y eran difíciles, con unos ciento sesenta temas y cinco ejercicios.

En octubre de 1975 conseguí la cátedra de Geografía e Historia de Enseñanza Media en el instituto de Sueca (Valencia), con el número 2 entre más de 300 aspirantes. Entonces las oposiciones se hacían en Madrid y las plazas publicadas en el BOE, que se escogían por el orden que el tribunal —dos catedráticos de universidad y tres de instituto— te asignaba después de los cinco ejercicios eliminatorios.

En el instituto de Sueca estuve dos cursos (1975-1977), y en el segundo fui director por votación del claustro de profesores. Allí le hice el primer homenaje de la Transición a Joan Fuster, nacido en Sueca, autor, entre otras obras, de Nosaltres els valencians (1962), marginado y perseguido durante los años del franquismo. Intervinieron todas las personalidades de la política valenciana del momento, desde el centro-derecha a la extrema izquierda. Desde entonces, el instituto llevó su nombre, que sutilmente fue eliminado cuando se fusionaron los dos centros, el de Bachillerato y el de FP en los años de gobierno del PP. Pasé en comisión de servicios a ser jefe de Administración y Formación del Profesorado del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, dirigido por Sanchis Guarner, filólogo que concitó la animadversión de los sectores contrarios a la unidad de la lengua (valenciano, catalán y mallorquín) en los tiempos de la llamada «guerra de Valencia», cuando parte de la derecha valenciana le hostigó en su casa. Allí coincidí con Josep Iborra, un catedrático de Filosofía de Enseñanza Media, con el que aprendí lo poco que sé de valenciano y de su gran conocimiento de los grandes autores de la filosofía y la literatura. Realizamos la tarea de impartir las clases de valenciano y expedir los certificados de los tres niveles establecidos. Me ocupé, especialmente, de formar grupos de didáctica de las asignaturas del Bachillerato integrados por los propios profesores que las impartían y dirigí el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), entonces obligatorio para acceder a la docencia, restringiendo la participación de los profesores de la Facultad de Pedagogía (ampulosamente llamada Ciencias de la Educación) porque tenía el convencimiento de que la aportación a las técnicas educativas no era necesaria para enseñar Matemáticas, Química, Literatura u otras asignaturas. Por eso incidí, mayoritariamente, en los profesores que daban clase de materias concretas. Consideraba que enseñar era fundamentalmente una labor de conocimiento de la materia que se quiere trasmitir y, en último término, de la capacidad de comunicación del profesor, algo difícil de planificar y dependiente de las condiciones personales de los docentes. El lenguaje de algunos pedagogos está lleno de retórica, sin contenido útil para el profesor que tiene que atender a un grupo de alumnos. También estimulé las Jornadas de Historia de los Movimientos Sociales con la participación de los historiadores españoles dedicados al tema.

Pasé varios años explorando con otros profesores amigos, Joaquín Prats y Antonio Escudero (hoy, ambos, catedráticos de universidad), cómo impartir una enseñanza tan huidiza como la Historia, de qué manera un alumno de diez a dieciocho años podía entender no solo los hechos, que la memoria al cabo del tiempo olvidaba si no se estaba pendiente continuamente, sino las posibles interpretaciones y sutilezas argumentales de los historiadores. Comprobé que los alumnos de Bachillerato que sacaban sobresaliente en Historia en junio algunos meses más tarde habían olvidado un 70 por 100 de lo estudiado, y casi todo al cabo de un año. Y era falso el tópico de que la enseñanza de la Historia se había limitado a una reseña de reyes, batallas y acontecimientos singulares. Desde hace muchos decenios nadie enseña la historia de esa manera, pero aun así es difícil penetrar en sus matices. En realidad, es una materia para estudiar con cierta madurez intelectual, si se quiere llegar más allá de la información. Y las pretensiones científicas son muy relativas. Las técnicas historiográficas son cada vez más precisas, y los historiadores especulan poco, se refugian en la documentación archivística y de otras fuentes para emitir un diagnóstico. Hay un proceso de recreación del pasado donde interviene la capacidad del investigador y su manera de exponer los hechos y dar explicaciones de ellos. Mientras estaba en Londres, en la Biblioteca del Museo Británico, recopilando documentación para mi tesis doctoral, tuve ocasión de tener con E. H. Hobsbawm variadas conversaciones sobre la historia contemporánea europea y española. Él había realizado en su libro Rebeldes primitivos una interpretación del anarquismo español, muy citada y discutida, y afirmaba que, al margen de ideologías, existe la historia bien o mal hecha. Y algunos la consideran un género literario más.

Hoy muchos de los libros de historia sirven como currículo personal de los profesores dedicados a ella, pero con escasa incidencia en la vida cotidiana. ¿Dónde queda esa inmensa cantidad de publicaciones históricas realizadas en los últimos cien años en las universidades? La mayoría, en los anaqueles de las bibliotecas, llenos de polvo. La divulgación sirve para los alumnos universitarios, o de otros niveles, pero entonces el reduccionismo es irremplazable y, en muchos casos, se convierte en una materia de ocio, de lectura para la distracción. Algunos historiadores buscan competir con los periodistas y tertulianos para dar su opinión sobre la realidad del presente o del pasado y salir del anonimato, pero, al final, sus análisis e interpretaciones conectan irremediablemente con el debate ideológico, lo que no desmerece como fortalecimiento cultural. Puede calificarse de género literario con sus técnicas propias, donde la capacidad creativa es un rasgo esencial para argumentar. No obstante, una sociedad, un Estado, que tenga en nómina a un número de historiadores dedicados a estudiar o enseñar representa un avance social indiscutible. Mi amigo desde la adolescencia, Joaquín Prats, que con su habilidad consiguió crear una línea de conocimiento que no existía en las universidades españolas, la Didáctica de las Ciencias Sociales, denunciaba en su discurso como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia, en abril de 2016, que cada vez se relegaba más a la Historia en los currículos de los niveles educativos de enseñanza primaria o secundaria, de tal forma que el discurso posmodernista se había apoderado de los diseñadores de los programas de la asignatura convirtiéndola en una materia para reforzar los valores patrióticos, porque todo, al fin, era relativo y dependiente de quien lo escribiera. Reclamaba que no se utilizara para fomentar los elementos nacionalistas que en otro tiempo la había caracterizado y que se convirtiera en algo que sirviera para la educación ciudadana, de tal manera que la Historia fuera un camino para el entendimiento humano, para explicar las causas y la pluralidad de elementos que constituyen los hechos del pasado sin pasión partidista, para comprender, en suma, el mundo, como proclamara en los años 60 del siglo XX el profesor Joan Reglà. Es una gran aspiración, un deseo encomiable, como lo fue la proclamación de la Constitución de 1815, en donde se afirmaba en el artículo 6.º que los españoles han de ser «justos y benéficos», pero me temo que el conocimiento, lo más preciso y variado del pasado, no es un seguro para evitar nuevos hechos reprobables. Aquello de que los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla parece falso. Primero, porque nunca se repite de igual manera y, segundo, porque el comportamiento humano colectivo tiene elementos ineluctables y difíciles de prever. El conocimiento de las guerras carlistas y sus secuelas no impidió la Guerra Civil de 1936, ni la Primera Guerra Mundial la Segunda, ni las persecuciones de judíos desde la Edad Media el Holocausto, como tampoco el genocidio de los hutus y los tutsis puede ser impedido por el conocimiento del colonialismo en África. No se trata de aceptar la idea de Nietzsche de que no existen hechos sino interpretaciones, o las tesis posmodernas, pero la Historia se convierte en un combate para justificar las posiciones en los conflictos y, por ello, deviene en una distracción erudita de hechos del pasado que ya nada inciden sobre el presente, ¿quién va a discutir las aventuras de Tuntankamón o de Asurbanipal, ni siquiera de Carlomagno? Y es que los tiempos históricos duran más que las generaciones, hay que contar con los «tiempos geológicos». En unas condiciones sociales y económicas estables se puede ser muy comprensivo, pero en situaciones de conflictos o disputas, la historia, como análisis ponderado para la modificación de la conducta, resulta casi siempre una quimera porque los hechos, las pasiones, los intereses suelen predominar sobre cualquier consideración, aunque también existen valores de solidaridad y cooperación en esa contradicción de la condición humana. Y en esta situación mundial no es de extrañar que se convierta en un argumento de parte, especialmente por los que están implicados, solo los que no tienen intereses directos pueden plantearse un asepsia en la comprensión de los hechos (Prats, 2016).

No es escepticismo. Me apasionan los relatos históricos y en algunos casos he contribuido a ellos. De hecho, siento un cierto orgullo cuando algún antiguo alumno me dice que fui un buen profesor de historia y que gracias a mis clases se reconcilió con la materia, aunque no le pregunto qué recuerda de mis explicaciones. Contribuí a la creación y el sostenimiento de la revista Historia Social, que codirigí con José Antonio Piqueras desde el centro de la UNED Alzira-Valencia «Francisco Tomás y Valiente». Desde el nacimiento del centro en 1978, del que fui su primer director con el respaldo de Tomás y Valiente, hasta mi dedicación a la política, primero en la Dirección General de Enseñanza en la Generalitat Valenciana (enero de 1983-mayo de 1986) y posteriormente en el Congreso de los Diputados en Madrid (1986-2000, con la interrupción de marzo de 1993 a mayo de 1994), estuve vinculado a la UNED.

Ingresé en el PSOE en 1978, avalado por dos militantes históricos, Agustín Soriano, socialista en la clandestinidad franquista, participante en el Congreso de Suresnes, al que acompañé, y Antonio de Gracia, quien había sido tipógrafo-corrector, teniente de alcalde de Valencia en 1931, delegado del Trabajo en Valencia en 1931-1933, gobernador civil de Granada durante el Frente Popular y miembro de la Ejecutiva del PSOE en la Segunda República. Participé en los inicios del Partit Socialista del País Valencià que fundaran Vicent Ventura y el periodista Pérez Benlloch en 1976. Cuando Ciprià Ciscar se hizo cargo de la Conselleria d’Educació i Cultura, me nombró director general de Educación en 1983 y después me promocionó en las listas del PSOE al Congreso de los Diputados por Valencia. Estuve entre 1986 y 2000, salvo el periodo de 1993-1994, en el que entré con posteridad al dimitir algunos diputados, total unos trece años en la Carrera de San Jerónimo. Fui un diputado de a pie, en las Comisiones de Educación, Constitucional y a partir de 1996 fui vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente. Participé en varias leyes y voté siempre bajo la disciplina del grupo socialista, salvo en 1998 ante una enmienda del grupo popular sobre distintas inversiones en las infraestructuras hidrológicas de la Comunidad Valenciana propuestas por el PP que, en principio, aceptó la dirección del grupo socialista pero que rectificó en el mismo día ante la insistencia de la responsable entonces de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Nueve diputados socialistas de la Comunidad Valenciana rompimos la disciplina y ninguno volvimos a repetir en las listas del partido. Fui miembro de la Ejecutiva del PSOE en la Agrupación de Benimaclet (Valencia) y en la de la ciudad de Valencia.

Intenté reincorporarme a la universidad cuando el estatus de la cátedra de instituto de Enseñanza Media se deterioró. Hubo un tiempo en que la Enseñanza Media era el camino para entrar en la universidad. Solo había en los años 60 unas diecisiete universidades públicas y cuatro privadas (CEU, Navarra, Comillas y Deusto) —en 2015 son más de ochenta y, de ellas, unas cincuenta públicas—, y para muchos licenciados era una salida muy gratificante conseguir una plaza de profesor, pero a medida que dejó de ser una enseñanza de élite y se universalizó, lo que fue positivo para la sociedad española fue negativo para un cuerpo con cierta prestancia cultural y académica. Muchos de los que se quedaron como profesores en la universidad e intentaron optar a una plaza de cátedra de Enseñanza Media no aprobaron las oposiciones, pero fueron consolidados como profesores universitarios y procuraron que los que ya estaban fuera no les arrebataran una plaza. Lo intenté en el Departamento de Historia Contemporánea, donde había estado durante cuatro años, pero su director de entonces, Pedro Ruiz, lo impidió. Mi relación con la UNED me permitió entrar en contacto con la Facultad de Ciencias Políticas, que se creó a mediados de los años 80 del siglo XX y comenzaron a crearse plazas de profesores. También lo había intentado con Javier Tussell, pero no me aceptó. Su dirección «de bronce» del departamento no parece que permitiera que alguien con cierta capacidad de independencia coincidiera en el mismo ámbito administrativo-docente. No le aportaba nada, en todo caso podría crearle problemas, él ya estaba en trato con el grupo Prisa y habría de ser uno de los tertulianos de la SER y articulista de El País. Era la coartada del grupo al integrar a personas de la derecha moderada. Como me había explicado Josep Termes, en la universidad se practicaba el do ut des y yo no tenía nada que ofrecerle.

Conseguí entrar como titular interino en la UNED por intercesión de Santos Juliá y Ramón Cotarelo en 1988, después de pedir permiso al Congreso de los Diputados, de acuerdo con la ley electoral, y renunciar a cualquier retribución económica. Al año siguiente y mientras estaban disueltas Las Cortes, en noviembre de 1989, obtuve la plaza por oposición, después de una sesión que, a años vista, todavía considero terrible, en la que solo la resistencia me hizo continuar. En el primer ejercicio pasé por tres votos (Álvarez Junco, Dalmacio Negro y Trías Bejarano, estos últimos ya fallecidos) contra dos: el director del departamento, Santos Juliá, y Mercedes Cabrera, de la Complutense, que después sería ministra de Educación en un gobierno de Zapatero y contribuiría a la hagiografía de Polanco, el creador de Prisa. Me sentí vituperado en medio de una sala llena de amigos y compañeros. Estaba por encima de la media de lo que se exigía a un profesor titular en aquellos años, incluso a catedráticos de universidad, como el mismo Santos reconoció en la sesión. Había publicado en la editorial Crítica de Barcelona, en su colección de historia, que pasaba por ser la más prestigiosa de la época, y tenía varios artículos de investigación, así como diversos libros de divulgación en la editorial Anaya. Santos consideraba, y así lo constató en su intervención en aquella mañana del 18 de noviembre de 1989, que estaba dedicado a la política y eso no era compatible con la docencia o investigación universitaria. Nada había presentido en los meses anteriores, pero es cierto que cuando fundé Historia Social con José Antonio Piqueras, hoy catedrático de Historia Contemporánea en la Jaume I de Castellón, no le ofrecimos la dirección de la revista. Santos todavía estaba como profesor titular y no como catedrático, puesto que su nombramiento fue anterior a la oposición a la cátedra. Unos meses antes, en un acto manifestó que si no se hubiera dedicado a la universidad, tal vez habría sido obispo, teniendo en cuenta sus años como presbítero. Tenía en aquel momento una influencia en los medios, escribía regularmente en El País y su obra era valorada por sus aportaciones a la historia del socialismo español y a la historia contemporánea española. Yo mismo considero buena su aportación historiográfica. No volvimos a hablarnos hasta después del año 2000, cuando dejé el Congreso de los Diputados y me incorporé a mi plaza de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Quise cambiar de departamento en la misma facultad pero todo quedó en buenas palabras, porque en la estructura universitaria cualquier cosa podía ser vista como una competencia improcedente para los que ya estaban y aspiraban a mejorar en un departamento dado. No me vino mal, a veces aquello a lo que aspiras y no consigues resulta peor que lo que tienes. Gracias al exrector de la UNED, Mariano Artés, y a la intercesión de José Antonio Piqueras, que me había sustituido, fui nombrado de nuevo director del Centro Alzira-Valencia de la UNED, al que le puse el nombre del valenciano y presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, quien había impartido la lección inaugural del centro en 1978 y a quien ETA había asesinado en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. El acto fue refrendado por el actual rey, y entonces príncipe Felipe, en 2001, en una sesión académica donde Gregorio Morán impartió una conferencia sobre Hobbes y el miedo.

Desde entonces he dirigido el Centro, creo que con cierta eficacia administrativa, económica y académica, intentando, como un equilibrista, que las autoridades políticas que durante veinte años han gobernado las instituciones de la Comunidad Valenciana no consideraran como negativos mi afiliación y mi pasado político socialista gestionando un centro donde instituciones gobernadas por el PP tenían una participación importante. Al abandonar el Congreso de los Diputados e incorporarme al centro me entrevisté con Eduardo Zaplana, a la sazón presidente de la Generalitat Valenciana, quien me garantizó que podría seguir como director con el apoyo de las instituciones valencianas controladas por el PP y que financiaban parte del centro, siempre que no le criticara. La actitud de la entonces alcaldesa de Alzira, Elena Bastida, fue de completa colaboración y respaldo. Sin duda, el equipo que me ha acompañado (Alejandro Cerdá, Juan Carlos Urcía, José Luis Lombillo, David Torres, Paqui Albujer, Concha Soler... y otros y otras) ha facilitado mi labor durante estos diecisiete años. He seguido publicando algunos artículos y libros, así como teniendo un espacio en la prensa todas las semanas. Conseguí la acreditación como catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, tras superar numerosas trabas. Sigo militando en el PSOE y pagando las cuotas correspondientes, pero estoy distanciado del patriotismo de partido. Los años y la experiencia me han llevado a rechazar el sectarismo partidista y a colaborar con personas ajenas a mis concepciones del mundo, como Andrés Ollero, a quien conocí en el Congreso de los Diputados y con el que mantuve varios debates en la Comisión de Educación, pero fructificó una amistad que se concretó en la colaboración en la fundación Ciudadanía y Valores que él fundó. También con gente del PP, sin que ello supusiera ninguna renuncia a mis convicciones socialdemócratas.

Este libro no son «unas memorias» pero sí aludo a experiencias que viví en aquellos años en mi actividad política en el Congreso de los Diputados que contribuyen al relato. He combinado la reflexión política, la historia del PSOE en los gobiernos entre 1982 y 1996, y 2004 y 2011, y después de las elecciones de 2015 y 2016, así como su vinculación con la socialdemocracia europea, con referencias de la bibliografía publicada, y consultada, en un intento de aunar mi profesión de historiador con la vivencia diltheyniana de algunos de los acontecimientos que describo y analizo. No hay tampoco una pormenorización de toda la acción de gobierno en sus diferentes ministerios, tarea, tal vez, de varios volúmenes, pero sí de las líneas generales y los temas de mayor impacto. Me he preguntado en qué medida el socialismo español, representado por el PSOE, que fue uno de los últimos partidos socialdemócratas en gobernar en solitario en la Europa occidental, enlazó con las tesis políticas y económicas que venían actuando en la socialdemocracia europea desde principios del siglo XX. Cuáles fueron sus principales líneas de actuación y cómo convivieron sus dirigentes y aquellos que le dieron su apoyo institucional o personal; cómo, en suma, resolvió o intentó abordar los problemas económicos y sociales con los que se encontró. He intentado huir de cualquier sectarismo partidista, aunque, necesariamente, mis valoraciones, como la de cualquier historiador, están en gran parte determinadas por mis concepciones historiográficas que, en cualquier caso, he creído argumentar.

Debo reconocimiento a Concha Soriano, José Antonio Piqueras y Ciprià Císcar, que leyeron el manuscrito y me hicieron observaciones de interés. También a Paqui Albujer, mi secretaria de muchos años en el Centro de Alzira-Valencia de la UNED, que cuidó el texto y el orden bibliográfico, y a Rosa Sebastià que facilitó las ilustraciones. Pero, en todo caso, solo yo soy el responsable.

JAVIER PANIAGUA,
en Serra, julio de 2016

CAPÍTULO PRIMERO

UNA HISTORIA EN ZIG-ZAG

VARIAS DEFINICIONES PARA UN MISMO TÉRMINO

Muchos ciudadanos no tendrían problemas para denominarse socialdemócratas si por tal entienden que se mantengan determinados servicios públicos para todos, como sanidad, educación, subsidios por desempleo y discapacidad y pensiones, al tiempo que pervive la economía de libre mercado por la que se asignan rentas y precios a los agentes sociales. La cuestión estriba en de qué manera y con qué nivel esos derechos son sustentados por el Estado y cuál sería la gestión política más adecuada de ellos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el gasto público para la universalización de los derechos sociales en los países europeos ha alcanzado una media del 48 por 100 del PIB. En todo caso, el término puede ceñirse a esa declaración general o limitarse a su consideración histórica, y entraríamos en las definiciones tradicionales de los diccionarios que vienen a analizarlo como formando parte de la ideología o de un movimiento político nacido a finales del siglo XIX, con su evolución en los siglos XX y XXI. Pero aún así tendríamos dificultad para abarcar todas las dimensiones de lo que es y ha sido la socialdemocracia. Un diccionario de política dirigido por politólogos italianos como Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, publicado originalmente en 1976 y con más de diez ediciones en español desde 1981, afirmaba que es un «significado profundamente equívoco» y se decanta por una posición intermedia entre el socialismo revolucionario y el reformismo. La socialdemocracia acepta «sin entusiasmo las instituciones liberal-democráticas y soporta el mercado y la propiedad privada», es decir, si pudiera, si las condiciones estuvieran maduras, proclamaría el socialismo en toda su dimensión tal como lo propusieron Marx y Engels y por ello es «memoria de la revolución». Pone entre paréntesis, en suma, por necesidad «antes que por libre elección», la negación del sistema capitalista, y para ello cita a Kautsky, quien la concebía como un «partido revolucionario, no un partido que hace la revolución». El autor de la voz es Doménico Settembrini, profesor de Pensamiento Político en la Universidad de Padua y un estudioso de la evolución del marxismo, así como de una visión muy debatida sobre el fascismo italiano y el comunismo (Bobio et al., 1997, 1493). El Diccionario Unesco de ciencias sociales, redactado en España con el patrocinio de la UNESCO y dirigido por Salustiano del Campo, no define qué se entiende exactamente por socialdemocracia, voz redactada por Francisco Alvira, que se limita, atropellada e incoherentemente, a una visión de la historia del pensamiento y movimiento socialistas, con referencia principal a la figura de Eduard Berstein, para concluir que después de la Segunda Guerra Mundial se abandona el método revolucionario, la identificación exclusiva con el proletariado, las nacionalizaciones de empresas, se repudian las dictaduras y se reconoce el socialismo como un ideal inseparable de la democracia. En el Congreso del SPD de Bad Godesberg en 1959 «se rechaza implícitamente la paternidad marxista del movimiento», lo que no es exacto, por cuanto lo que se hizo fue ampliar las distintas teorías no marxistas que habían contribuido a la ideología socialista. Alvira concluye incluso que, al basar su realización en el sistema parlamentario, «se cierra la posibilidad de un partido socialdemócrata en países no occidentales» (Del Campo, 1987, 2070).

En el Diccionario de sociología editado por Salvador Giner, E. Lamo de Espinosa y Cristóbal Torres, el término está redactado por Carles Boix, profesor en Princeton y miembro del Col·lectiu Wilson formado por intelectuales catalanes para debatir sobre la autodeterminación, y define la socialdemocracia por la defensa de la democracia representativa, la economía mixta y la función retributiva del Estado. Añade que establece derechos sociales a la par que derechos civiles e intenta superar la escisión entre democracia y capitalismo. Pretende que las desigualdades arbitrarias fruto del nacimiento o de la naturaleza puedan ser paliadas por una mayor igualdad de oportunidades, no obstante

los partidos socialdemócratas se han visto obligados a reconsiderar sus estrategias electorales históricas y a debatir la sustitución de un sistema de protección social clásico (dirigido a asegurar la igualdad de condiciones) por una estrategia económica (basada en la educación e inversión fija) que aliente a la vez la igualdad de oportunidades (Giner et al., 1998, 692).

Cuando una definición es demasiado genérica o necesita una explicación amplia es que el concepto se diluye en la historia y por eso se utiliza esta como elemento principal para su comprensión. Así, el relato de lo que se ha llamado socialdemocracia es fundamentalmente la evolución de aquellos partidos que se han declarado de tal forma y que, al parecer, mantienen programas de gobierno parecidos. Hay una mayor tendencia intelectual a la unificación que a la diversificación, al resumen que a la complejidad. En todo caso, se compila la historia nacional de cada uno de ellos dando por supuesto que existe un paradigma teórico-ideológico que los unifica y que las diferencias son secundarias o de matices. Sin embargo, esta propensión a la unidad no siempre resuelve el problema. Ocurre como en la geografía o la geología donde, dentro de los grandes continentes, los paisajes y las estructuras geológicas o climáticas son muy diversas. Pero también las interpretaciones globales se diversifican tanto en la teoría como en la práctica. ¿Qué, si no, ocurre con el marxismo o con aquellos que proclamaron el comunismo en la URSS, China, Vietnam o Corea del Norte? ¿Y qué podemos decir del socialismo de la Europa occidental? El deseo de la internacionalización contrasta con las planificaciones de los países o de las regiones, la llamada globalización avanza más lenta en la realidad que en la mente. El peso de las culturas y de las tradiciones engarzadas con ella condicionan, en parte, los comportamientos en cada núcleo social o político. La ósmosis de elementos propios y los externos proporcionan diferencias, a veces sustanciales, y condicionan la posibilidad de comportamientos uniformes. Las características comunes se magnifican por encima de las particularidades que pueden ser más significativas. Algo de eso ocurrió con la II Internacional Socialista en 1914, cuando la mayoría de los partidos socialdemócratas europeos apoyaron a sus gobiernos contra los otros, por encima de lo proclamado en sus congresos de apostar por la paz y boicotear la movilización militar. Los socialistas contrarios a apoyar la guerra fueron minoría en sus países y lucharon, en un bando u otro, en contra de sus propios correligionarios. Maravall ha destacado las variables que caracterizaron las políticas socialdemócratas con una escala codificada en la que se reflejan las veintiséis disidencias entre partidos de derechas y de izquierdas y cuyos resultados indican las diferencias entre unos y otros, «lo cual podría llevarnos a cuestionar si realmente se puede hablar de una familia de partidos socialdemócratas con una identidad básica compartida» (Maravall, 2012, 363-364). Esta contradicción entre la universalidad y la particularidad de la socialdemocracia sigue vigente en Europa, tal vez más atenuada a medida que se impone la reglamentación de la Unión Europea y las comunicaciones son más fluidas entre los partidos, pero también con dificultades para superar las distintas culturas nacionales o estatales en ciertos periodos, al tiempo que se discute la capacidad del Parlamento o del Consejo europeos. No obstante, los partidos socialdemócratas son los menos euroescépticos de todas las organizaciones políticas europeas.

La idea que permanece en todos los intentos de análisis es que, partiendo del marxismo, se desgaja de él con lecturas diferentes de la interpretación materialista de la historia, la lucha de clases y la dictadura del proletariado, incorporando otras tendencias filosóficas, políticas o religiosas. De Kant a Weber, de Myrdal a Keynes, de Bertrand Russell a Rorty y Rawls, de Husserl a Habermas, de Frederick Denison a Joseph Cardijn o Paulo Freire, de MacDonald a Willy Brandt y Olof Palme, de Martin Luther King a Rafael Caldera, Guidens, Blair o Felipe González, entre otros. Del mismo modo, los partidos socialdemócratas que nacieron para la defensa de la clase obrera a finales del siglo XIX fueron incorporando a otros sectores sociales y reivindicando elementos nuevos, como la igualdad de género, la defensa de la ecología o los derechos de las diferentes condiciones sexuales.

DE LA REVOLUCIÓN AL REFORMISMO, PASANDO POR EL REVISIONISMO

El término ha acabado distinguiendo a los partidos socialistas y laboristas de la Europa democrática, la que en general acepta el sistema liberal parlamentario y la intervención del Estado para paliar los déficits de desigualdad social, coincidentes con el espacio de la Unión Europea. Pero no siempre fue así: las organizaciones políticas, principalmente obreras, de finales del siglo XIX, se llamaron indistintamente socialdemócratas o socialistas y, como ya ha sido narrado en múltiples publicaciones, fue a partir de la Crítica al programa de Ghota, de Marx, dirigida a los socialistas alemanes, cuando comenzará, primero en la socialdemocracia de Alemania y después del resto de Europa, a adoptarse la interpretación marxista de los procesos sociales. En aquella ciudad (Ghota) se fundó en 1875 el Partido Socialista Obrero de Alemania, en el que se fusionaron las tesis de Ferdinand Lassalle, creador de la Asociación General de Trabajadores de Alemania en 1863, partidario principalmente de la acción política de los trabajadores por encima de la acción sindical y defensor del nacionalismo prusiano como unificador de Alemania, con las marxistas de Lienknecht y Bebel, fundadores del Partido Obrero Socialdemócrata de Alemania en 1869. El Congreso de Erfurt de 1891, atendiendo a la crítica de Marx y con la insistencia de Engels, desechó el lassallismo e introdujo la ortodoxia marxista en un programa redactado por Kaustky, con la ayuda de Bernstein y Bebel, en el que se manifestaba la vía democrática para constituir un gobierno obrero junto a la interpretación marxista de la lucha de clases y la necesidad de su abolición para llegar al socialismo. Sin embargo, la práctica política y sindical fue adaptándose a las demandas de una clase obrera en crecimiento con expectativas de mejoras sociales en un mercado de trabajo sin control. En 1900 se llamó definitivamente Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) y hasta el Congreso de 1959 mantuvo el marxismo como la única interpretación política. En realidad, desde principios del siglo XX, con la extensión del sufragio universal masculino, fue remodelando su práctica política e introduciendo matizaciones e interpretaciones del marxismo que se adaptaron a las nuevas condiciones sociales y a la práctica parlamentaria. Entre ellas, la más conocida fue la de Eduard Bernstein que influyó, tanto para el rechazo como para su defensa, en los demás partidos socialdemócratas europeos (Gustafsson, 1975; Monereo, 2012). Se produjo entonces una disfunción entre sus propuestas programáticas y sus actividades políticas diarias hasta que se fueron adaptando y admitiendo otras fuentes intelectuales. Todavía en 1978 el PSOE reflejaba en el carné de los militantes esta distinción entre un programa máximo —la socialización de los medios de producción— y uno mínimo —la mejora de las condiciones de los trabajadores—. Era también una manera de distinguir entre el revisionismo y el reformismo. El primero parece significar el replanteamiento de las tesis marxistas en función de la percepción de que cambios sociales y económicos no coincidían con lo previsto por Marx a corto, medio o largo plazo, ni podía concluirse que el socialismo seguiría el proceso marcado por su fundador, mientras que el segundo significaba tener como horizonte el socialismo, incorporando, en algunos casos, influencias teóricas no marxistas y proponiendo reformas legislativas conducentes, por vía pacífica parlamentaria, al socialismo. Se puede ser revisionista pero no reformista, y viceversa, aunque el revisionismo conduzca a posiciones reformistas. No obstante, resulta complicado distinguir las diferencias entre ambos términos porque se han empleado de maneras divergentes. Los comunistas, siguiendo a Lenin, tacharon a los socialdemócratas de revisionistas de forma despectiva porque los consideraron traidores al socialismo científico, el que se suponía que Marx había descubierto al igual que los científicos formulaban las leyes de la naturaleza. Era la expresión ideológica de la aristocracia obrera que había adquirido un cierto estatus en el capitalismo pero que no respondía a la inmensa mayoría de los trabajadores. Para muchos militantes socialdemócratas, hasta los años sesenta del siglo XX, el socialismo no podía tener cabida sin el marxismo, y ese fue un elemento que también distinguió a los partidos socialdemócratas partidarios del gradualismo reformista, recuérdense las disputas del PSOE en aquel Congreso de 1978 en el que el marxismo dejó de ser el único sustento ideológico. Porque, incluso asumiendo el debate del revisionismo marxista y la aceptación de que había que rectificar a Marx, su paradigma teórico seguía manteniéndose en los análisis históricos, la lucha de clases y la inevitabilidad del socialismo, aunque su culminación no fuera la descrita por aquel (Ruiz, 1992, 220-223). Desde los medios conservadores se han acentuado las dos maneras de entender las organizaciones socialdemócratas concluyendo que existe una abismal diferencia entre los partidos socialdemócratas, que ya no son marxistas ni revolucionarios, y los partidos socialistas que mantienen entre sus postulados la interpretación marxista y que utilizan la democracia parlamentaria como medio y no como fin (Rivero, 2010, 95-114).

Pero si el revisionismo de Bernstein incidió sobre las cuestiones que afectaban al proceso del capitalismo como sistema productivo, a la concentración de capitales, la disminución de la tasa de beneficios o la pauperización de los obreros, se disparaba también el análisis sobre los elementos filosóficos o éticos que comportaba la teoría marxista. Los líderes socialistas no sabían mucho de Hegel ni de su influencia sobre la dialéctica que Marx había transformado en los modos de producción como motor de la historia, y afirmaban que la contribución de aquel a la teoría marxista «era reducida a cuatro trivialidades o bien ignorada» (Kolakowski, 1982, 107). En ese sentido, empezó a considerarse que si las predicciones de Marx no se ajustaban a la realidad tendría que replantearse si el socialismo era la conclusión ineluctable de la sociedad capitalista y cuál era el tiempo para que se produjera la profecía del socialismo científico. Era una manera de prevenirse contra el determinismo histórico que parecía extraerse del marxismo. Era mejor hablar de transformación social que de revolución y, por tanto, el camino al socialismo no tiene que implicar violencia, su desarrollo se puede inscribir en la propia transformación del capitalismo, ya que este tiene la suficiente ductilidad para cambiar. Las instituciones liberales pueden aceptar los cambios y, para ello, los partidos socialdemócratas deben estar organizados y actuar en consecuencia. Sí, el socialismo llegará, pero no se sabe cuándo, habrá que estimularlo y, mientras, considerar también si es factible provocar una revolución o propiciar una evolución aprovechando los medios que da el sistema liberal parlamentario con el sufragio universal y las reivindicaciones sindicales por la mejora del trabajo y los salarios. Desde esa perspectiva, era imprescindible recabar la participación ética que el socialismo comportaba, la aspiración a que este se desarrollara y triunfara (Lefranc, 1972). La interpretación de que las fuerzas productivas acabarían desembocando en el socialismo tenía que venir acompañada de una voluntad decidida para evitar las reacciones en sentido contrario que determinadas fuerzas del capitalismo podían generar y retrasar. La actividad de la socialdemocracia estará destinada a crear las condiciones para transitar de una situación legal a otra sin convulsiones violentas. Los filósofos neokantianos alemanes de finales del siglo XIX y principios del XX le dieron al marxismo su justificación moral para reivindicarlo en nombre del imperativo categórico de Kant. A la postre, era una exigencia justa y universal que podía ser modelo para toda la humanidad. De esta manera se superaba lo que Félix Ovejero llama la «indiferencia ética» de Marx, porque este daba por supuesto que en la nueva sociedad reinaría la armonía social al desaparecer la lucha de clases. Se trata de un pensamiento común a todas las alternativas al capitalismo, desde anarquistas, comunistas o utópicas: en el futuro todo será diferente y, por supuesto, mejor. Sin embargo, la justicia, el rechazo de la explotación, o la libertad deben tener mientras tanto un valor moral porque de ese modo se refuerza y justifica el socialismo y también se posibilita la adhesión de gentes no pertenecientes a la clase obrera (Ovejero, 2005, 40 y ss.).

Un crítico del revisionismo como Karl Kautsky, considerado marxista ortodoxo, discutiría el optimismo de Bernstein en relación con el proceso que culminaría en el socialismo. Destacaría la necesidad de la toma del poder político por parte de la clase obrera, la clase oprimida, para llevar a cabo el triunfo, y, solo si esta no encuentra obstáculos para implantar las leyes que conducen a la socialización de los medios de producción, puede obviarse la violencia. Pero ya no parte de la insurrección como elemento fundamental y único para la conquista del poder y jugará con las palabras y los conceptos para dictaminar que la revolución es uno de los métodos para la transformación social pero acepta que esta pueda llegar por medio de las instituciones democráticas. En su libro El camino del poder (1907) es consciente de que en muchos países los proletarios no estarían dispuestos a formas de lucha violentas porque ya tenían reconocidos algunos derechos políticos con los que podían intervenir en las instituciones. En suma, desde una perspectiva revisionista como la de Bernstein o desde el marxismo de Kautsky, la revolución o transformación era fundamentalmente política y ello daba pie para fortalecer la organización de los partidos socialdemócratas y su disposición a entrar en la lucha electoral (Salvatori, 1980, 217-262).

En Gran Bretaña, la formación del Partido Laborista estaría poco cargada de debates ideológicos internos. O mejor dicho, estos quedarán relegados para conseguir articular candidaturas electorales. Su creación a principios del siglo XX viene sustentada principalmente por las Trade Unions, los sindicatos, con la pretensión de que el Parlamento acepte una legislación favorable a la clase obrera. Su confluencia con la Federación Social Democrática, el Partido Socialista Independiente, la Sociedad Fabiana, las Sociedades Cooperativas del Reino Unido y las corrientes sociales evangelistas constituirán un calidoscopio político e ideológico que tendrá una práctica pragmática por encima de la teoría, y en esa dinámica ha ido configurando su acción política, donde los sindicatos han tenido, en la estrategia diseñada, un papel más intervencionista que en otras organizaciones socialdemócratas. La estructura creada en 1918 daría consistencia a una organización donde se combinaban las afiliaciones individuales con las pertenecientes a sindicatos o sociedades socialistas. En la conferencia de junio de 1918 se llegó a una declaración programática de la que podía deducirse una ideología socialdemócrata, porque supondría asegurar una «existencia sana» para todos los miembros de la comunidad, así como el control democrático de la industria, la reforma fiscal y la extensión de la educación gratuita. La afiliación superó en los años veinte los tres millones. En 1922 había en el Parlamento 142 diputados laboristas con un 29,5 por 100 de los votos. No obstante, la fuerza sindical condujo en los años setenta y ochenta a una crisis en la relación hegemónica de la dirección, que terminó con el triunfo de la rama política en la Tercera Vía de Blair. Precisamente esta dependencia política de la organización sindical sería la alternativa que un líder socialista catalán como Fabra Ribas (1879-1958), vinculado al cooperativismo, pretendió para el PSOE en los años veinte y treinta del siglo XX, donde la ambigüedad de relaciones con la UGT provocaría también, en distintos periodos históricos, sus contradicciones, lo que desembocó en la crisis de finales de siglo XX entre Nicolás Redondo y los gobiernos de Felipe González. Desde otra perspectiva es lo que intentaría también un líder de la CNT como Ángel Pestaña con la creación del Partido Sindicalista en 1935, que consideró que la central anarcosindicalista necesitaba una plataforma política para defender sus postulados (Anguera, 2005).

En Francia, el movimiento socialista estaba dividido en varias facciones que tenían representación parlamentaria. Desde el marxista Guesde, fundador del Parti Ouvrier de France, que influiría de manera decisiva en los líderes del PSOE, los posibilistas de Paul Brousse, el Parti Ouvrier des Travailleurs Socialistes liderado por Allemagne, hasta Jean Jaurès, más radical que socialista y poco marxista, buen orador que se convertiría en el principal líder del socialismo francés en la Sección Francesa de la Internacional de los Trabajadores (SFIO), que intentó unificar los distintos grupos socialistas en 1900, pasando por Paul Lafargue, el yerno de Marx. El socialista independiente Alexandre Millerand aceptó la cartera de ministro de Comercio entre 1899 y 1902 en el gabinete del liberal Waldeck-Rousseau, concitando el rechazo de los socialistas marxistas franceses y alemanes con la acusación de colaboración con la burguesía. Rosa Luxemburgo lo denunció desde la revista socialista alemana Neue Zeit, considerándolo un traidor a la clase obrera. En ese Gobierno estaba también, como ministro de la Guerra, Gallifet, quien había ordenado el fusilamiento de miles de comuneros en 1871. Era la primera vez que un declarado socialista ocupaba un puesto en un Gobierno no socialista ante la crisis que había supuesto el affaire Dreyfus y la presión de las fuerzas monárquicas contra la República. Desde el folleto de Bernolt Malón, Le socialisme réformiste, de 1885, crecerá la tendencia de intervención política para proponer reformas legislativas en la Asamblea Francesa. Esta fragmentación de los socialdemócratas franceses entre posiciones reformistas y ortodoxas ha sido una constante en la historia de Francia, incluso durante la presidencia de François Mitterand. Las figuras de los socialistas belgas, Emile Vandervelde y Hendrik de Man, son también dos testimonios de las diferentes valoraciones que se hacen del socialismo, el primero dentro de las tesis de Kautsky, y alejado del marxismo el segundo, aunque De Man acabó colaborando con los nazis cuando estos ocuparon Bélgica en 1940. En Italia, los socialistas tuvieron dificultades internas y externas. La rivalidad con las tácticas anarquistas de acción directa y la colaboración con los liberales coparon los debates y mantuvieron un equilibrio inestable en el Partido Socialista Italiano con constantes proclamas a la unidad.

En Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, la socialdemocracia se extendería con mayor facilidad que en otros países. En 1889 se constituyó el Partido Socialdemócrata sueco en Estocolmo, con el liderazgo del sastre August Palm, inspirado en el de Alemania. En 1911 obtuvo el 29 por 100 de los votos cuando se extendió el sufragio universal, y en 1917 participó en el gobierno con los liberales. La primera vez que los socialdemócratas participaron en un gobierno en coalición, como socio minoritario, fue en Dinamarca en 1916. En 1920, Hjlmar Branting será el primer socialdemócrata sueco en llegar a la presidencia del Gobierno en solitario y, en 1932, Albin Hansson conseguirá la victoria electoral. Junto al peso del sindicalismo, la legislación sueca extendió los beneficios sociales más avanzados de Europa con subsidios de desempleo, pensiones de jubilación, vacaciones pagadas, atención médica completa, y este sistema se amplió y mantuvo hasta los años ochenta del siglo XX.

LOS TIEMPOS SOCIALDEMÓCRATAS

Por lo general, en todos los análisis de la socialdemocracia existe un apartado histórico para distinguir los tres supuestos periodos en los que se divide su trayectoria. El primero, al que hemos hecho referencia, iría de 1875 a 1945, donde se configuraría la estructura de los partidos con periodos de gobernabilidad en coalición con otras formaciones o, en algunos casos, en solitario, como en 1920 en Suecia, y se remodelarían las concepciones teóricas del marxismo con el revisionismo y la práctica política con el reformismo, así como surgiría la crisis del internacionalismo proletario y la división de los partidos socialistas después de la revolución rusa y la aparición de los partidos comunistas. El dilema revolución/evolución o determinismo/voluntarismo se resolvería en la práctica con la participación en el juego electoral, la lucha parlamentaria por la mejora de las prestaciones sociales para los trabajadores y con la idea de que el socialismo podría llegar a través de la cohesión de la clase obrera en un partido fuerte que ganase las elecciones. El trabajo de Carles Boix es un buen estudio para entender cómo fueron consolidándose los partidos socialistas en Europa y su penetración en el electorado (Boix, 2012, 195-240). Precisamente la socialdemocracia creyó que el sufragio universal posibilitaría el triunfo de la clase obrera, puesto que era mayoritaria y acabaría dando el poder a los socialistas. Descubrieron pronto que la clase obrera no era un todo compacto y que el capitalismo fragmentaba el tipo de trabajadores y su posición dentro del sistema productivo. Pero, además, no todos los obreros votaban al socialismo, y entonces los partidos socialdemócratas entendieron la necesidad de ampliar el espacio electoral incorporando a otros sectores sociales, como las llamadas clases medias, sin que ello los desviara de su pretensión de la mejora de las condiciones sociales de los trabajadores. Lo ha razonado con atino Przeworski: «cuando los socialdemócratas amplían su llamada, se ven obligados a prometer luchar no por unos objetivos específicos, sino solo por aquellos que los obreros comparten como individuos con otros miembros de otras clases» (Przeworski, 1985, 39), sin que ello signifique renunciar a sus presupuestos socialistas, pero sí creará disputas internas en el seno de los partidos. Un ejemplo fue lo que ocurrió en Italia a partir de 1948, cuando se constituyó el Partido Socialista de los Trabajadores Italianos (después, Partido Socialista Democrático Italiano), escindido del Partido Socialista Italiano por la acción de Giuseppe Saragat, que se opuso a la unión electoral con los comunistas y cuya trayectoria posterior estuvo llena de escisiones y pleitos en los tribunales, algo parecido a la escisión del laborismo inglés en 1980 y su posterior unión con los liberales para formar el Partido Liberal-Demócrata.

Primer gobierno presidido por Felipe González en 1982.

No habría grandes cambios, en este periodo, en la política de mantenimiento de la estabilidad presupuestaria y, en algún caso como en Alemania, cuando los socialdemócratas gobernaron en la República de Weimar intentaron la nacionalización del carbón e iniciaron con ello lo que ha sido denominado economía mixta, control de grandes sectores estratégicos y libertad económica de las demás empresas. Pero en la teoría seguiría discutiéndose, durante todo el siglo XX, el valor científico del marxismo, en qué consiste una clase social y cuál es la capacidad política de los partidos socialistas para alcanzar la sociedad ideal. Bien es verdad que estos debates se fueron reduciendo a círculos restringidos, académicos fundamentalmente, para dar lugar a distintas hermenéuticas de Marx. Los partidos socialdemócratas lucharían por el poder del Estado e intentarían promover una legislación que favoreciera a los trabajadores. El PSOE, que nació en 1879, creció lentamente, y solo en 1910 uno de los fundadores, Pablo Iglesias, consiguió entrar en las Cortes. Hasta la Segunda República su incidencia fue reducida y, aún así, las disidencias internas se agrandaron y penetraron en la Guerra Civil. El debate entre apoyar la República, coaligándose con los republicanos dispuestos a reformas políticas y sociales, o luchar directamente por el socialismo en aquella década en la que muchos creían que el capitalismo ya no daba más de sí y estaba cerca de su derrumbe, fue la traducción española entre reformismo y revolución. La derrota en la Guerra Civil y el aislamiento de España durante el franquismo truncó la conexión de la socialdemocracia española con los países democráticos de Europa. El Partido Comunista copó la mayor parte del debate intelectual y político de la izquierda española, y evolucionó desde la guerrilla revolucionaria del maquis a la reconciliación nacional hasta llegar al eurocomunismo, que no fue otra cosa que socialdemocracia revestida con un lenguaje más radical. Santiago Carrillo, el líder del PC durante tantos años, acabó abandonando el partido y muchos de sus militantes confluyeron en el PSOE, y no precisamente en la tendencia de Izquierda Socialista (Juliá, 1997).

BIENESTAR SOCIAL Y CIUDADANÍA

Entre 1945 y 1973, el final de la Segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo y las materias primas, se destaca el periodo de mayor auge socialdemócrata, la denominada «edad de oro». Los partidos socialistas o laboristas consiguen formar gobiernos con mayorías parlamentarias (Austria, Holanda, Bélgica, Alemania y países nórdicos). Es más, se identifica el Estado de bienestar con los gobiernos socialistas o laboristas europeos. Se argumenta que si se ha extendido la educación obligatoria, la igualdad de oportunidades, la sanidad gratuita o las prestaciones de paro, enfermedad y jubilación se debe a los triunfos electorales de la socialdemocracia. Conservadores, liberales y demócratas cristianos han rebatido esa tesis. Los primeros seguros de protección los ideó el canciller Bismarck, que prohibió el partido socialdemócrata alemán. En Gran Bretaña se alega que los liberales de Lloyd Georges introdujeron legislaciones protectoras para los trabajadores.

En España, conservadores y liberales, durante la Restauración, promulgaron distintas leyes, como la del 30 de enero de 1900 sobre los accidentes de trabajo y la de prohibición del trabajo de los menores y las mujeres, cuyo impulsor fue el ministro de Gobernación Eduardo Dato, que más tarde alcanzaría la presidencia del Consejo de Ministros. La relación entre beneficencia caritativa e intervención del Estado mostraba una línea poco clara en aquellos primeros años del siglo XX, las órdenes religiosas copaban muchos de los espacios creados por las instituciones públicas, como las Hermanas de la Caridad, que tenían a su cargo la mayoría de los hospitales, hospicios y asilos, y aún así nacen nuevas instituciones, como el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas (1902), el Consejo Superior de Protección a la Infancia (1904), la Comisión Permanente contra la Tuberculosis (1906) y el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales (1910). En 1893 el Ateneo-Casino Obrero de la ciudad de Valencia convocó el Congreso Nacional Sociológico por iniciativa de Pérez-Pujol, catedrático de Derecho de la Universidad de Valencia, vinculado a los sectores del catolicismo social, y del tipógrafo Vives y Mora para abordar la «cuestión social», eufemismo utilizado en la época para señalar los conflictos derivados de las condiciones sociales de obreros y campesinos. Algunos miembros de la Iglesia católica estaban por adaptarse a fórmulas modernas y admitir la intervención del Estado (Paniagua, 2003, 12-38). Fue también el liberal Segismundo Moret, ministro de Gobernación en un Gobierno presidido por Posada Herrera, quien en diciembre de 1883 creó la comisión para estudiar y proponer soluciones a todas aquellas cuestiones que directamente interesaban a «la mejora o bienestar de la clase obrera, tanto agrícolas como industriales y que afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo»Los informes que elaboraron las distintas comisiones provinciales a partir de las encuestas, los testimonios orales y los documentos escritos que se recogieron y se publicaron posibilitaron una visión de las condiciones sociales de los trabajadores, aunque ello no se tradujera de inmediato en medidas concretas. Una de las respuestas fue la emitida por el médico Jaime Vera, uno de los primeros militantes del PSOE. El entonces ministro liberal José Canalejas propuso, en 1902, un Instituto del Trabajo que no salió adelante pero su fundamento ideológico lo deja claro al declarar que el reformismo social debe impedir que los partidarios de la revolución no consigan sus objetivos: «entre los adeptos al statu quo individualista y los partidarios de una revolución que dé el triunfo al colectivismo o al anarquismo, surgen escuelas y partidos intermedios que proclaman la reforma legislativa social» (Buylla et al., 1986, XLIII). Será durante el gobierno conservador de Francisco Silvela, en 1903, cuando se cree el Instituto de Reformas Sociales, y el republicano, miembro de la Institución Libre de Enseñanza, Gumersindo Azcárate es nombrado su presidente. En él se integraron católicos, liberales, conservadores, republicanos y socialistas. Su fin era asesorar al Gobierno y al Parlamento, posibilitar la negociación entre obreros y empresarios y solucionar los conflictos laborales, «dentro del imperio de la ley». La convulsión política y la estructura económica españolas impidieron el desarrollo de su labor. En la Segunda República los ministros socialistas intentaron aplicar una legislación favorable a los intereses obreros, en colaboración con los republicanos de izquierdas. Pero en aquellos años treinta los enfrentamientos políticos entre una derecha poco dada a la concertación y una izquierda desbordada por las reivindicaciones sociales, la división sindical entre anarcosindicalistas y socialistas de la UGT, el movimiento nacionalista catalán y un PSOE con expectativas diferentes sobre la estrategia que se debía adoptar entre mantener la República o ir directamente a una sociedad socialista, no posibilitaron una estructura política consolidada. El levantamiento militar de 1936, la derrota de la República en 1939 y la instauración del franquismo aislaron a España de la evolución de los países europeos con democracias parlamentarias. La «normalidad» política se recuperó a partir de 1978, precisamente cuando el ciclo de lo que ha sido denominado la edad dorada de la socialdemocracia tocaba a su fin.

El informe sobre los seguros sociales que realizara en 1942 el profesor de la London School of Economics William Beveridge (1879-1963) es considerado el documento clave para que, primero Gran Bretaña y después una gran parte de los países europeos, extendieran la cobertura de la Seguridad Social. Proponía que las personas desempleadas, los enfermos, los accidentados en el trabajo, las madres y los jubilados recibieran cobertura económica del Estado y se convirtiera en un derecho y, para ello, debían aportar parte de su salario. Beveridge fue un aristócrata inglés nacido en la India, miembro del Partido Liberal, que creía que las prestaciones sociales aumentarían la productividad de las empresas y fomentarían el pleno empleo, y así lo defiende en su segundo informe de 1944 («Trabajo para todos en una sociedad libre»). Fue el laborista Clement Atlee, que derrotó a Churchill en las elecciones de 1945, quien puso en marcha sus ideas y comenzó lo que se conoce como welfare state (Estado de bienestar). De igual manera, las tesis del economista Keynes, que tampoco era laborista, les sirvió a los socialdemócratas para proponer políticas que propugnaban el pleno empleo y la intervención del Estado en las decisiones económicas. Durante la guerra, Keynes fue el representante británico en los acuerdos de Bretton Woods, donde se configuró el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Creía en el capitalismo como el mejor sistema, pero había que renovarlo para que continuara funcionando y pudiera competir con la economía planificada comunista. Su teoría económica, expuesta en su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936, trataba de ser una respuesta a las crisis económicas, y en especial a la de 1929 que estaba viviendo, a través del estímulo de la demanda agregada que el Estado debía fomentar a través de políticas fiscales y de la inversión en infraestructuras. Como el mercado no consigue automáticamente que el ahorro iguale a la inversión, lo que provoca crisis económicas, son los poderes públicos los que deben intervenir para compensar la disfunción. En la carta que escribe al presidente Roosevelt le señala que, al igual que en la guerra el Estado ha promovido una actividad industrial intensa para hacer frente a las necesidades del conflicto, también en la paz puede ser utilizada para crear empleo. Un excesivo ahorro no siempre resultaba conveniente porque, si no se traducía en inversión, llegaba la recesión. Para los economistas clásicos se produce un equilibrio a medio y largo plazo: todo lo que se consume equivale a lo que se produce, y los ingresos equivalen a lo que se vende o se ha invertido en el pasado. Ocurre, sin embargo, que en la realidad puede producirse otro efecto: si se consume poco y los agentes económicos priman el ahorro también se invertirá poco y se producirá desempleo y, según Keynes, es el Estado quien debe aumentar la demanda en momentos de recesión y restringirla en situaciones de auge. Fue su manera de afrontar la crisis económica de 1929 por la creencia de que el capitalismo no puede dejarse a su libre funcionamiento. Sus ideas fueron interpretadas y sintetizadas por Hicks y la aportación de economistas como Samuelson, Pigou o Hansen, formando un conjunto de teoría económica que ha servido para actuar sin grandes contratiempos entre 1945 y 1975, pero que en algunos casos se desvían de las tesis keynesianas como el control de la inflación a través de la restricción de la masa monetaria o la disminución del déficit fiscal. Hay que delimitar en qué países europeos se aplicó una política keynesiana más o menos ortodoxa. En Francia, los partidos republicanos conservadores y el gaullismo defendieron la economía mixta desde 1945, y solo cuando Mitterrand, con el apoyo de los comunistas, quiso seguir con las nacionalizaciones en los años ochenta y el ciclo económico expansivo ya había caducado, se opusieron. En los países escandinavos, por ejemplo, las tesis del economista sueco Gunnar Myrdal, socialdemócrata y ministro de Comercio en Suecia, fueron por delante de las de Keynes al analizar los impactos políticos y sociales en las decisiones económicas. Pero, ¿qué ocurrió en otros países? ¿Se practicó la misma política económica en Austria, Italia, Holanda, Bélgica o Dinamarca? ¿En qué medida puede unificarse en un todo compacto el desarrollo económico de la Europa de 1945-1975 bajo el epígrafe de época keynesiana? Un conservador-liberal como Pedro Schwartz y contrario a las tesis de Keynes en sus lecciones de economía al presidente Zapatero señala que

la prosperidad del mundo occidental durante los treinta años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, atribuida generalmente a los aciertos de las políticas keynesianas, se debió precisamente a que el sistema de Bretton Woods impidió la aplicación de políticas keynesianas, tanto dentro de los países como en el mundo en su conjunto (Schwartz, 2011, 91).

En general, la impresión es que durante esta etapa se pudieron aplicar políticas expansivas ante los avances tecnológicos que comenzaron en los años cincuenta y que aumentaron la productividad en muchos sectores en una época en la que Europa no tenía grandes competidores de otras zonas mundiales. El PSOE, entre 1982 y 1996, primero, y después entre 2004 y 2011, articuló las políticas socialdemócratas en España manteniendo unas siglas históricas que se conservaron en el exilio y en la clandestinidad (1940-1977) y que sirvieron para una conexión formal con el pasado pero cuyas políticas favorecieron la adaptación española a la economía de mercado y a la configuración del Estado de derecho, sin que se practicara una política económica estricta de corte keynesiano, y se combinó con políticas de oferta mejorando las infraestructuras y extendiendo la educación.

Del nacimiento a la tumba, era el lema por el que los ciudadanos debían sentirse protegidos a pesar de la enfermedad, el desempleo o la jubilación. Sin el empuje de la socialdemocracia en los gobiernos o la oposición, las coberturas sociales no hubieran sido implantadas, probablemente, con tanta rapidez y extensión. Maravall destacó que los estudios sobre los resultados de las políticas socialdemócratas a lo largo del tiempo señalan, mayoritariamente, lo positivo de los beneficios para la población más desfavorecida. Sin embargo, también indica que existen trabajos sobre el impacto de las reformas educativas en gobiernos socialdemócratas que solo sirvieron para promocionar inteligencias de sectores de bajas rentas (Maravall, 1995, 174-175). El ministro laborista Crosland afirmaba en 1975 que

ahora sabemos —gracias al trabajo de Jencs y sus asociados en los Estados Unidos: «...la calidad del proyecto de la escuela depende en gran parte de un solo factor, la índole de los niños que ingresen. Cualquier otra cosa —el presupuesto escolar, sus políticas, las características de los profesores— es secundaria o completamente irrelevante» (Crosland, 1976, 47-57).

La Europa del Mercado Común y después de la Unión Europea vivió, y de alguna manera continua viviendo, el estatus social mejor de su historia. Los países europeos occidentales, junto con Estados Unidos, Canadá y después Japón, constituyeron en los años centrales del siglo XX un espacio tecnológico y productivo dominante en la economía mundial en un tiempo en que África y Asia iniciaban la construcción de nuevos Estados independientes o la modernización de los antiguos. El crecimiento económico fue constante, en algunos casos más del 4 por 100, y no tuvo rival en el cada vez mayor proceso de mundialización de la economía y de los usos y costumbres de Occidente. Pero el llamado keynesianismo, con el que tanto se ha identificado a la socialdemocracia, no fue solo una práctica de esta: otras opciones como la democracia cristiana, los conservadores o los liberales aplicaron, en alguna medida, políticas económicas similares hasta los años ochenta del siglo XX. De hecho, si analizamos la historia política de los países europeos occidentales, vemos que los partidos socialistas o laboristas gobernaron menos tiempo que los conservadores, liberales o demócratas cristianos, salvo en los países nórdicos. Entre el Plan Marshall, promovido por los Estados Unidos para la recuperación de Europa, y la intervención del Estado en la actividad económica, se desarrolló la implantación universal de las prestaciones sociales en la Europa democrática. Las Administraciones públicas, que se modernizaron con personal formado en las universidades, y la rivalidad con el mundo de Europa del Este, de planificación indicativa, con la URSS al frente y bajo el control de los partidos comunistas, fueron también elementos para fomentar la idea de que el mundo occidental proporcionaba una mejor vida a todos los ciudadanos con la economía de mercado y el sistema parlamentario. A los derechos civiles y políticos que se inician en el siglo XVIII y XIX se les añadían los derechos sociales conquistados en el siglo XX y juntos construían la ciudadanía que, de alguna manera, suplementaba a las clases sociales. Es la tesis que defendió el sociólogo e historiador inglés Thomas H. Marshall en una conferencia de 1950 y que, no obstante, ha suscitado varias críticas y debates sobre hasta qué punto la igualdad básica propuesta es compatible con la diferencia de clase. La clase social puede poner barreras a la ciudadanía por la desigual distribución de la riqueza, así como los prejuicios de estatus que solo se superarán por la educación. Pero, aún así, la ciudadanía es un camino para disminuir las desigualdades sociales y la posibilidad de transformar la sociedad sin revolución. Si el capitalismo, piensa Marshall, puede compaginarse con la democracia es porque asegura una renta mínima y el acceso a determinadas oportunidades, desde la vivienda y los alimentos necesarios o un puesto de trabajo, pero sin tenerlos cubiertos, no pueden ser ejercidos plenamente. Así, las desigualdades del capitalismo podrán ser más asumibles siempre que no sean desproporcionadas, incluso pueden ser un incentivo para la mejora personal. Y para ello es necesario que exista un consenso político que avale esta situación (Marshall y Bottomore, 1998, 57 y ss.).

¿SOCIALDEMOCRACIA EN CRISIS O CRISIS DE LA SOCIALDEMOCRACIA?

Pero todo ello ha sido puesto en cuestión entre los años ochenta y noventa del siglo XX por los análisis de la llamada crisis de la socialdemocracia. En los medios académicos, ya en los años sesenta del siglo XX, algunos economistas debatieron y criticaron las tesis de Keynes, y eso se transmitió a la lucha política cuando a partir de mitad de los años setenta la crisis se extendió por toda Europa. Se ha puesto el énfasis en la subida de los precios del petróleo y de las materias primas, con el aumento del de los alimentos, como desencadenante de la recesión económica que padeció la Europa occidental. José Víctor Sevilla ha expuesto la evolución del proceso en aquellos años, de qué manera afectó a Europa, Estados Unidos y Japón y las reacciones que tuvieron los partidos socialdemócratas y los sindicatos ante la situación de una cada vez mayor pérdida de competitividad de las empresas europeas (Sevilla, 2011, 93 y ss.). Seguramente aquellos factores supusieron un replanteamiento de la política económica de corte keynesiano y aceleraron el fin de una época. Los sistemas pueden llegar a un punto en el que sea difícil mantener la estabilidad, y las economías del capitalismo son, en ocasiones, imprevisibles por la cantidad de variables que pueden desencadenarse. El aumento demográfico junto con la expansión de los servicios sociales a un ritmo infinito, mientras los resortes productivos tendían al estancamiento, originaron una tendencia a la inflación y, por consiguiente, al desempleo que disparó los precios y las reivindicaciones salariales. Mantener el costo del Estado de bienestar suponía intensificar la presión fiscal y el endeudamiento de los Estados al tiempo que aumentaba el sector público y se convertían en obsoletas muchas empresas con dificultades para competir por el aumento de los costos de producción y la competencia de los países emergentes con producción a costes menores. Ello provocaba un mayor deterioro de las condiciones laborales y de los beneficios sociales. Se incrementaron las dificultades para sostener los gastos públicos y comenzaron a introducirse políticas de austeridad, congelación de salarios y control de la inflación, considerada causa principal del aumento del desempleo. Lógicamente, los sindicatos querían mantener el poder adquisitivo de las rentas salariales y presionaban para que estas se compensaran ante el aumento de los precios. Paulatinamente, los partidos socialdemócratas fueron introduciendo lo que se ha denominado políticas económicas de oferta para aumentar la productividad (nuevas tecnologías, apoyo a la investigación o infraestructuras), en contraposición a la de demanda, lo que también se tradujo en disputas teóricas internas y en facciones contrapuestas dentro de las propias organizaciones.

La situación no tuvo las mismas características en todos los países europeos. Los nórdicos resistieron mejor y las dictaduras del sur —Portugal, España y Grecia—, acostumbradas al proteccionismo del Estado y al rebufo de las buenas expectativas económicas europeas, tuvieron más dificultades para continuar con el equilibrio económico y social. El agotamiento biológico del franquismo, junto con una sociedad que había ido adquiriendo parámetros europeos en sus usos y costumbres, acompañado de un crecimiento económico, fueron elementos decisivos para su transformación en un régimen equiparable a las democracias parlamentarias. El Estado paternalista del franquismo acostumbró a las gentes a que todo provenía de él, la política, la economía y la administración, y eso facilitó una transición política sin grandes contratiempos pero con déficits importantes de sociedad civil autónoma. En los años noventa del siglo XX el CIS destacaba que una parte importante de la población española todavía creía que el Estado era el único garante del bienestar social. El PSOE, representante de la socialdemocracia española, tuvo un camino expedito para gobernar frente a una clase política que provenía, principalmente, del franquismo y con unos funcionarios en su mayoría dispuestos a aceptar los nuevos tiempos. Entre 1982 y 1996 gobernó España en un tiempo en el que la socialdemocracia no estaba en auge, pero consiguió que el Estado de bienestar español fuera homologable al del resto de los países europeos avanzados.

Los contrarios a la intervención del Estado en las decisiones económicas comenzaron su batalla pública a finales de los años setenta del siglo XX. Politólogos liberales como Dahrendorf, sociólogos como Bell o Crozier, economistas como Hayek o Milton Friedman, defensores de la elección racional como Buchanan o Tullock, lanzaron sus propuestas de limitar el papel de los poderes públicos en la marcha de la economía (Wapshott, 2012). Lo que estaba ocurriendo con el estancamiento y la inflación, «la estanflación», era consecuencia de las políticas económicas aplicadas durante los años posbélicos en algunos países. Los deseos de distribuir la riqueza y disminuir la desigualdad habían provocado, para estos intelectuales, mayor pobreza porque habían dificultado que la libertad económica se desarrollara sin trabas, impidiendo el libre intercambio de bienes y servicios. Es esto lo que ha sido calificado como neoliberalismo, que se sustenta tanto en una filosofía de la responsabilidad personal como en una concepción de la naturaleza de la economía. Si construimos un Estado benefactor que proporcione recursos a sus habitantes a cambio de nada, habrá una tendencia a no preocuparse por generar recursos para su sustento. Y en eso se hacía hincapié, en la necesidad de controlar el gasto público, que se había expandido desde la posguerra y contribuido a una recesión de la economía por cuanto esta no podía soportar la presión social para su crecimiento. Lo reconoció el ministro laborista de Relaciones Exteriores, Anthony Crosland, en 1975: «Hemos hecho el doloroso descubrimiento de que un cambio del gasto privado al público no necesariamente incrementa la igualdad», aunque para él había sido un problema de asignación errónea con la creación de grandes burocracias de profesionales de clase media, y «subestimamos la capacidad de las clases medias para usar sus artes políticas a fin de adjudicarse una porción del gasto público mayor del que les corresponde» (Crosland, 1976, 47-57). Subyace también en el neoliberalismo una concepción negativa de la naturaleza humana y un cierto darwinismo social, según la cual, esta no afrontará los costos de competir si el Estado viene a protegerla. Para que fluya el crecimiento es necesario que la economía actúe por sí misma en un mercado libre, donde el Estado sea solo el garante de las leyes y del orden público. Unas leyes que no deben impedir que el mercado sea controlado para romper su propia dinámica. La economía, como la física, tiene sus reglas que no pueden subvertirse porque afectan a toda la estructura social, y los socialdemócratas, con sus políticas, han condicionado la formación de un Estado burocratizado que ha dictaminado lo que conviene a los ciudadanos para su bienestar, cercenando la capacidad individual y empresarial para resolver los problemas por sí mismos. Y ello ha conducido a una disminución de la libertad en las democracias parlamentarias, porque la única igualdad que cabe defender es la de unas leyes consensuadas que propicien la capacidad de que cada cual pueda establecer sus propios fines y no que los determinen otros. Hayek piensa que la democracia no debe delimitar cuestiones morales, sino tan solo ofrecer distintas opciones para que los ciudadanos elijan lo que más les conviene en simetría con la oferta y la demanda económicas, y de esa manera las leyes deben siempre respetar la capacidad individual con las mínimas coacciones (Hayek, 1982). En ese sentido, la figura del filósofo de la ciencia Karl Popper adquirirá gran predicamento en esta corriente con su obra La sociedad abierta y sus enemigos (Popper, 1981), en la que ninguna autoridad puede autoproclamarse, por sí misma, ser verdadera y, por tanto, no puede decidir lo que es conveniente para una sociedad. De esa manera, ni Platón ni los empiristas ni Marx pueden decirnos, desde su autoridad, cómo deben regirse los destinos humanos. Cualquier intento de atribuir al Estado el fundamento de lo que es bueno o malo es una perversión autoritaria que ha de evitarse en las sociedades abiertas. Debemos ser cautos con las medidas que aplicamos y, por ello, las reformas deben estar bien fundamentadas en la experiencia y el conocimiento. Por eso Popper no está en contra de que se apliquen programas políticos que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos, siempre que se atengan a la racionalidad que deben tener todas las propuestas de cambio, es decir, poseer el mayor conocimiento de la realidad sobre la que se quiere actuar y por ello se ha interpretado que su filosofía política pivota entre el liberalismo individualista y la aceptación de una socialdemocracia moderada (Perona, 1993). Este nuevo liberalismo daba un vuelco al clásico nacido en el siglo XIX del laisser faire, laisser passer. No se oponía a que el Estado regulara determinadas parcelas para favorecer el bienestar social siempre que ello no supusiera una contradicción con la libre iniciativa y con la competencia regida por leyes justas y consensuadas. Las instituciones debían impedir que las mayorías impusieran un criterio autoritario, es decir, que se pudiera llegar a que, como ocurrió en Alemania en 1933, un partido ganador de las elecciones pudiera terminar con la libertad individual.

En esta tesitura, en los años ochenta y noventa del siglo XX, se extendió una corriente intelectual sobre la crisis de la socialdemocracia. Como si esta no tuviera ya discurso para afrontar las nuevas situaciones. Sus propuestas se limitaban a la defensa del statu quo, a recalcar que el Estado de bienestar debía mantenerse a toda costa. Insistían en la igualdad de oportunidades sin especificaciones sobre cómo se articulaba en una sociedad plural y proponían, además, la disminución de las desigualdades sociales. Los economistas sabían que ya no podían aplicarse las políticas de demanda keynesianas que los gobiernos europeos habían desarrollado, fueran socialdemócratas o no, en los treinta años trascurridos entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el final de los años setenta del siglo XX. Se ha insistido en que la hegemonía política en estos años estuvo dominada por la premier británica, Margaret Thatcher, y por el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. A ambos se les atribuyen las políticas más puramente neoliberales: desregularización de los mercados, disminución de las instituciones del Estado, privatización de los servicios públicos, lucha contra los sindicatos y crítica a la ineficacia de los gobiernos intervencionistas. Pero existen diferencias notables: Reagan actuó con mayor libertad. Gran Bretaña estaba en la Comunidad Europea y tenía una tradición de políticas de bienestar que, aunque los gobiernos de Thatcher intentaron reconducir o desmantelar, no acabó con la mayoría de las prestaciones sociales que tenían los británicos, en todo caso, las redujo o dificultó su acceso. Es verdad que aplicó políticas monetaristas, ya que creía que el dominio sobre el circulante era básico para controlar la inflación y la privatización de empresas estatales, pero los mismos economistas neoliberales no estaban de acuerdo en que se desarrollaran políticas neoliberales estrictas (Pratten, 1987). Ocasionó desempleo y pobreza e instituyó un populismo autoritario con la vuelta a la moral victoriana pero, curiosamente, se ha visto también como una reacción ante el estancamiento de la economía británica. De hecho, un parlamentario laborista de la era de Blair como Peter Mandelson llegó a decir, en 2001, que «todos somos thatcheristas ahora».

Precisamente la llamada Tercera Vía que llevó al gobierno a Tony Blair, después de una serie de derrotas continuadas del laborismo, desde 1979, cargadas de disputas internas entre moderados e izquierdistas, representó un cambio en las políticas socialdemócratas. De alguna manera reconoció que la era Thatcher había supuesto una convulsión y había impulsado al laborismo a conocer las leyes de la economía de mercado y a admitir que era necesario eliminar las rigideces gubernamentales impuestas a los mercados, así como la flexibilidad del capital, la producción y el mercado laboral. De hecho, se ha afirmado que Thacher no solo reformó su partido, los torys, sino también el labour. Esta reflexión no fue admitida por los líderes de la Tercera Vía e igualmente se ha puesto en cuestión que el modelo laborista fuera socialdemócrata. En 1983 los laboristas obtienen el peor resultado de su historia, con una bajada del 36,9 por 100 de los votos de 1979 al 27,6 por 100 y la pérdida de 60 escaños en el Parlamento. Hasta 1992 no empezarán a remontar resultados, para llegar al gobierno en 1997. El nuevo laborismo pretendió mantener los valores tradicionales de la socialdemocracia en su empeño por disminuir las desigualdades y potenciar la solidaridad con la protección de los sectores más desfavorecidos, pero ya no cabía practicar la política económica keynesiana ante los cambios profundos que se habían producido en el mundo, como se ha destacado anteriormente. El lenguaje de las clases sociales fue sustituido o marginado, el protagonismo ya no lo tenían los obreros industriales, que habían sido la base de los votantes del Partido Laborista en Gran Bretaña. Los autónomos, los profesionales liberales, los trabajadores de los servicios, los funcionarios o los parados eran el cuerpo social al que quería representar el partido liderado por Blair, y articulado intelectualmente por Anthony Guiddens, que no tenían ya unos intereses de clase uniformes, y junto a ellos habían surgido las nuevas reivindicaciones ecologistas o la defensa de nuevos modelos familiares y culturales (Guiddens, 1998). La izquierda no debía dejar a la derecha ningún aspecto exclusivo y por ello debía preocuparse por la seguridad y por potenciar la autoridad de los representantes públicos, así como el reconocimiento del papel de las empresas en la construcción de riqueza y empleo. Se le acusó de reforzar la sociedad de mercado con la asimilación del lenguaje neoliberal. Se le criticó por favorecer un sistema privado de pensiones, privatizar los servicios públicos y aplicar la austeridad financiera, al igual que los gobiernos conservadores, prescindiendo de las políticas socialdemócratas tradicionales: «Si el gobierno de Mitterrand de 1981 puede considerarse el último envite de la izquierda reformista de posguerra, la administración Blair es el primer gobierno explícitamente postsocialdemócrata en un país occidental» (Milne, 2011, 143). Los años de la Tercera Vía (1997-2010) no disminuyeron sensiblemente las desigualdades. De hecho, en su programa este aspecto no fue muy resaltado y fue perdiendo 2,8 millones de votos entre 1997 y 2010 de los sectores sociales (trabajadores y clase media), que le habían apoyado: «Los más desfavorecidos, que habían sido el electorado principal del laborismo, abandonaron el partido, dejando en suspenso sus credenciales y futuro como partido progresista» (Richards, 2012, 327). Pero no solo la crítica afectó a la Tercera Vía, también el «neue Mitte» (Nuevo Centro) del socialdemócrata Schröder en Alemania o la política del presidente Hollande en Francia son considerados un triunfo del neoliberalismo, que se ha hecho hegemónico en Europa. El abandono del discurso de las clases sociales y la eliminación de las categorías de izquierda y derecha, sustituidas por el «consenso democrático», buscan amortiguar las contradicciones sociales para conseguir una mejor convivencia, pero hace inviable la reivindicación de mayor igualdad o de alterar las relaciones de poder establecidas. Esta socialdemocracia de finales del siglo XX pretende esconder los antagonismos presentes en las sociedades democráticas liberales porque se interpreta que existe una contradicción entre la libertad individual y los derechos civiles del liberalismo clásico y la aspiración hacia una mayor equidad de los movimientos democráticos modernos (Mouffe, 2012). En esta línea crítica un sociólogo marxista de origen griego, pero incardinado en universidades de Estados Unidos como James Petras, escribía en los años 80 del siglo XX sobre los partidos socialistas del sur de Europa que ascendieron al poder después de la crisis de los años 70 y no lo aprovecharon para una mayor redistribución de ingresos, sino para recuperar los rendimientos del capitalismo: «los socialistas fueron el motor de la creación de un nuevo modelo de acumulación capitalista y, como tal, cargaron con la responsabilidad de cerrar empresas, de desmantelar el control obrero sobre el empleo, de crear flexibilidad laboral» (Petras, 1984, 40).

Desde posiciones parecidas se ha criticado la evolución de la socialdemocracia como una manera de perpetuar el capitalismo y abandonar los presupuestos revolucionarios que implicaran un cambio del sistema. Incluso las tesis keynesianas que sirvieron para superar la crisis de 1929 e instaurar el Estado de bienestar son vistas como una respuesta conservadora para salvar el capitalismo (Negri, 1983). De esa forma, los partidos socialistas apuntalaron el Estado para convertirlo en un aparato de conciliación social pero cada vez les resulta más difícil atender las nuevas demandas por cuanto es difícil soportar mayores gastos ante la imposibilidad política de aumentar los impuestos, y ello ha fortalecido las tesis conservadoras de disminuir las prestaciones estatales y priorizar el mercado como la principal fuente de crecimiento. (Novoa, 2011, 15-25).

Distintos trabajos de politólogos, sociólogos y economistas analizaron la situación durante estos años de finales del siglo XX y principios del XXI con referencias históricas a lo que había representado la socialdemocracia desde finales del siglo XIX. Declive, crisis o final (Merkel, 1995) sirvieron para diagnosticar la deriva de su fuerza política. Pero también una literatura de análisis de lo que ocurría y de cuál podía ser la perspectiva futura para los partidos socialdemócratas (Patterson y Thomas, 1992). Como si sus propuestas políticas estuvieran sobrepasadas por nuevas realidades sociales. La fragmentación, cada vez mayor, de los trabajadores en los procesos productivos o los servicios, lo que fue siempre denominado clase obrera, ha repercutido en los supuestos ideológicos socialdemócratas, al tiempo que la llamada clase media, concepto difícil de determinar, se funde en ocasiones con aquellos y, dependiendo de los ciclos económicos, sus rentas se aproximan o separan. En la crisis, las diferencias se diluyen y en las expansiones los obreros se consideran clase media. El acceso a la educación media y superior de capas sociales antes excluidas ha posibilitado actitudes y mentalidades diferentes y expectativas distintas de las tradicionales de empleo estable y permanente para toda la vida laboral, pero también una población no cualificada, de la misma extracción social, al no alcanzar los estándares educativos. Junto a ello, una economía marcada por un sector terciario en aumento, con empleos inestables poco cualificados o cada vez más técnicos ante las innovaciones tecnológicas. Muchas grandes empresas fueron deslocalizadas a países del este de Europa, del Tercer Mundo o emergentes, y los puestos de trabajo se fragmentaron en unidades más pequeñas:

En un informe de la Friedrich-Ebert-Stiftung publicado el año 2010 titulado «El debate sobre la “buena sociedad”. ¿Hacia dónde va la socialdemocracia en Europa? Claves para el análisis», el rumano Christian Ghinea se descolgaba con las siguientes afirmaciones: «el dumping social es lo mejor que pudo pasarles a los trabajadores rumanos en los últimos años, dado que se trasladaron a Rumanía puestos de trabajo de empresas de Europa occidental. Naturalmente, nos gustaría ganar tanto como la gente de Occidente, pero en realidad solo tenemos dos opciones, o bien nuestros actuales puestos de trabajo o ningún trabajo [...]» (Ferrero, 2011).

La ruptura de los modelos de familia tradicionales, la defensa del medio ambiente, el derecho a la privacidad, a la identidad sexual o cultural se entremezclan con el afán de riqueza, el máximo de ocio y la indiferencia ante los relatos globales políticos o filosóficos. Individualismo y solidaridad se reparten por igual. Sigue reclamándose el pleno empleo, la igualdad de oportunidades, la sanidad y la educación gratuitas, pero se exige también distinción y reconocimiento en los servicios recibidos y de lo que cada cual aporta. Igualdad jurídica y derecho a la desigualdad personal o colectiva. Seguridad y libertad al mismo tiempo. Se intentaba transmitir la impresión de que los socialdemócratas propugnaban un igualitarismo pasado de moda, al tiempo que crecía el desempleo o se deterioraban las condiciones de trabajo en los sectores menos formados, mientras que otros admitían e interiorizaban la competencia y la meritocracia con la creencia de que habían hecho un esfuerzo para superar sus orígenes familiares que les permitía progresar socialmente. La tradicional alianza de obreros, empleados y clase media resultaba cada vez más difícil y los discursos políticos tradicionales de la socialdemocracia se fragmentaban. Siempre había existido un ala izquierda y otra más moderada, pero en la primera quincena del siglo XXI la convivencia se hacía más difícil y nacían otras plataformas políticas cuestionando el statu quo de los partidos socialistas como ha ocurrido en los países del sur de Europa con menor desarrollo del Estado de bienestar y más propensos a la desprotección, sobre todo en épocas de crisis. Rechazaban las políticas de austeridad de la Unión Europea que desde el Tratado de Maastricht (1992) imponía una serie de condiciones para la convergencia, tales como no superar el 3 por 100 de déficit ni el 60 por 100 de la deuda pública, y acusaban a los socialdemócratas de practicar políticas neoliberales iguales que las de los conservadores. De hecho, la creación del Banco Central Europeo ha impedido que los gobiernos puedan tener autonomía en sus políticas monetarias (Blyth, 2014). Algunos intelectuales interpretaron que no fue la clase obrera, aún fraccionada, quien abandonó a la socialdemocracia, sino que esta fue la que dejó de preocuparse de aquella (Walter, 2010), mientras que los países del norte y del centro veían en los conservadores, liberales o demócratas cristianos, o también en otros partidos más a la derecha con un discurso populista y antiemigración, la defensa más adecuada de los logros sociales alcanzados, especialmente cuando consideraban que la emigración africana y asiática podía poner en cuestión sus condiciones de vida. Las elecciones en Europa en los últimos años del siglo XX han evidenciado la caída del voto socialdemócrata. Repasando los resultados electorales en Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Austria, Bélgica, España, Portugal o Grecia, se evidencia que los apoyos ciudadanos de antaño han disminuido aunque de manera desigual según países y en función de cómo estaban unidas o fragmentadas las fuerzas opositoras y cómo influye el cambio de valores sociales para articular organizaciones alternativas, como ha ocurrido en Grecia con Syriza o en España con Podemos (Armigeon, 1994). Incluso en Italia el Partido Socialista desapareció ante la corrupción, y su líder, Bettino Craxi, huyó a Túnez para no ser juzgado. Como diría E. H. Hobsbawm, la historia del siglo XX es la de un mundo que ha perdido su orientación. Claro que, para alguno, esta era una visión historicista puesto que la socialdemocracia había pasado por distintas etapas que había conseguido superar teniendo como objetivo principal la defensa de la mejor distribución social y la disminución de la desigualdades. De tal manera que no existe una política económica socialdemócrata pura, las realidades sociales obligan a adaptarse a las circunstancias y a decidir qué es lo más conveniente: igualdad y desempleo o empleo y desigualdad. Un cambio de ideas, se afirma, no es sinónimo de crisis, y

que la socialdemocracia se modere dentro de la Eurozona no significa que deje de ser progresista. Por ejemplo, a pesar de todas las limitaciones y restricciones que imponen la unidad económica y monetaria de la Unión Europea, seguimos observando diferencias en la política fiscal de los países dependiendo del color del Gobierno (Urquizu, 2012, 63).

En psicología tampoco representa ninguna novedad que muchos cambien de opinión a lo largo de sus vidas por razones evolutivas ante la realidad o por conveniencia. La cuestión está en saber si ese cambio mantiene una estrategia acorde con los fines históricos del socialismo o son ya otra cosa. Este es el debate que en los años 90 del siglo XX se planteó sobre si la socialdemocracia tenía unos rasgos propios, invariables, de manera que si estos cambiaban se transformaba en algo distinto y, por tanto, representaba el final de un ciclo histórico. En esta línea cabría citar a Przerworski, quien considera que en el momento en que la socialdemocracia asume el «socialismo electoral» es susceptible de alterar sus presupuestos y metas originales (Przerworski y Sprague, 1988). La necesidad de la confrontación electoral le lleva a adaptarse a nuevos escenarios y superar a sus bases electorales primigenias, los obreros industriales, para incrustarse en nuevos sectores sociales y poder acceder a los gobiernos (Merkel, 1994). Por eso, para algunos, hablar de crisis estructural es inadecuado. Ya en 1994 se concluía que «la socialdemocracia no está acabada. No existe ningún declive universal del poder socialdemócrata desde 1973» (Armigeon, 1994, 85). El tema es si esto es ya sostenible en los primeros años del siglo XXI.

En la historia hay ejemplos de estructuras que desaparecen o se reconvierten, como ocurrió con los whig, los liberales ingleses, que se integraron en los tory, los conservadores, en los años veinte del siglo XX. Muchos militantes comunistas españoles acabaron en el PSOE cuyo paso previo fue el eurocomunismo de Belinguer, Carrillo o Marchais, y en la actualidad formaciones políticas como Podemos, competidoras del PSOE, se reclaman de la socialdemocracia clásica. Los partidos socialistas históricos son cada vez más de «Estado», es decir, pretenden que sus políticas sean universales, que afecten a la mayoría de los ciudadanos y no solo a los sectores sociales a los que originariamente venían representando y favoreciendo. Tienen asumido que únicamente con el crecimiento económico es posible mejorar y sostener las condiciones de bienestar. La historia ha hecho mella en los símbolos socialdemócratas y tanto sus programas como los electores admiten que abarcan a toda la sociedad, y en eso palpita una diferencia importante con las nuevas formaciones políticas de izquierdas que inciden en ser representantes de los más desfavorecidos e insisten en políticas específicas para ellos (Fernández-Albertos y Lafuente, 2012). Las políticas socialdemócratas se han ceñido, en gran parte, a las características de cada país, un socialismo para cada Estado a pesar del declarado internacionalismo socialista que siempre fue relativo, y en algunos casos, inexistente. No han sido iguales las relaciones con los sindicatos ni las políticas contra el desempleo, que empezó a extenderse a partir de la crisis de 1973, y ni tan siquiera la vinculación con la Unión Europea. En 1983 el Partido Laborista proponía todavía abandonar la Comunidad Económica Europea a la que tanto le costó acceder por la oposición del presidente francés De Gaulle, al igual que el PASOK griego tampoco quiso integrarse en la CEE. En los últimos tiempos la economía ha extendido, más que nunca, su mundialización, la libre circulación de capitales condiciona la capacidad de los Estados para controlar las finanzas, lo que supone que «la reserva» que ha sido Europa en el contexto mundial en los siglos XVIII, XIX y XX con el dominio cultural, tecnológico y financiero, tiene ya una competencia notable (Paramio, 2009, 67; 2012).

Sin embargo, casi todas las explicaciones sobre la crisis de la socialdemocracia entre los años setenta y noventa del siglo XX vienen de la interpretación económica. Parecería que el factor más importante, y casi único, es la falta de una política económica adecuada para superar los factores que condujeron a la crisis. No todo se resume en la disputa entre Keynes y Hayek, entre partidarios de políticas de la demanda y de la oferta, entre monetaristas y expansión del gasto público. De hecho, aunque las discrepancias siguieron entre sus discípulos y seguidores, los términos de ambos se acomodaron en una cierta síntesis, pese a que los más keynesianos consideraron que el problema principal era el desempleo, y para los de Hayek era la inflación. Pero ambos aceptaban un determinado control de la economía por parte de los poderes públicos, y el tema se centraba en el grado de intervención. En los medios académicos el keynesianismo fue perdiendo fuerza y cada vez más se defendía la economía de libre mercado como única alternativa posible, se pasaba de una «era Keynes» a otra de Hayek, y la socialdemocracia trató de contemporizar haciendo del Estado de bienestar su principal defensa política pero aceptando reformas a medida que el gasto público se disparaba (Wapshott, 2012).

En muchos de los análisis sobre la políticas económicas socialdemócratas no se resaltan suficientemente los elementos sociológicos, psicológicos, ideológicos, políticos o aleatorios, que influyen sobre las condiciones en las que desarrollaron sus acciones de gobierno. O, en todo caso, no parece que tengamos suficientes elementos para analizarlos desde otros puntos de vista. ¿Puede creerse que un sistema puede funcionar siempre con el mismo dinamismo sin prever que el mundo cambia alrededor y los factores del comportamiento individual y colectivo también se alteran? En el caso de la etapa del PSOE en el gobierno de España se actuó, con mejor o peor criterio, según opiniones, en función de la coyuntura por la que atravesaba el país y con las capacidades personales que se implicaron en la tarea política.

CAPÍTULO 2

ALFONSO GUERRA VERSUS FELIPE GONZÁLEZ: LA REFORMULACIÓN DE LA SOCIALDEMOCRACIA ESPAÑOLA

El 31 de mayo de 2015 Alfonso Guerra, el exdirigente socialista, vicesecretario del PSOE desde el Congreso de Suresnes de 1974 hasta 1997 y durante nueve años vicepresidente del Gobierno de España (1982-1991), cumplía setenta y cinco años, y meses antes había renunciado al Acta de Diputado que mantenía desde 1977. El 1 de junio de dicho año un grupo de amigos, antiguos ministros del llamado sector guerrista y de la extinta UCD, coordinados por el profesor de sociología de la UNED José Félix Tezanos, organizó una cena de cumpleaños con más de quinientos comensales en el salón de baile del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la calle Alcalá, al final con una tarta entregada por su hija. En el homenaje intervinieron, entre otros, profesores, universitarios como el economista/historiador Ángel Viñas, políticos de la transición como Rodolfo Martín Villa y Miquel Roca, el roquero Miguel Ríos, el cantautor Amancio Prada, la soprano Pilar Jurado, el líder de la UGT Cándido Méndez, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, actuando de maestra de ceremonias la periodista jubilada de TVE Rosa María Mateo. Allí estaban algunos representantes de la vida política española actual y de antaño, del teatro, del cine, de la universidad, de la empresa y las letras. Lo curioso es que en las intervenciones que exaltaban la figura política y personal del homenajeado no se citara, en ningún caso, a quien fuera presidente del Gobierno de España durante más de trece años y secretario general del PSOE durante veinticuatro, Felipe González (1974-1997). Sí se nombró al que fue vicepresidente de Adolfo Suárez, en los gobiernos de la UCD, Fernando Abril Martorell, que acordó con Guerra varios asuntos dentro del llamado pacto constitucional en los primeros años de la Transición y fraguó una amistad entre ambos. Tampoco asistieron personajes significativos del socialismo español como Almunia, Maravall, Borrell o Solana, que habían formado parte del Consejo de Ministros con él.

De alguna manera, era un resumen de lo que había sido el PSOE desde su refundación y su trayectoria en la España democrática. En México D.F. y Toulouse (Francia) se desarrolló la dinámica del PSOE en el exilio y se arrastraban las divisiones políticas y personales que habían marcado los años de la Segunda República con Indalecio Prieto, Largo Caballero y Julián Besteiro. Se marginó al último presidente del Gobierno de la Segunda República en plena Guerra Civil, Juan Negrín, que fue expulsado del PSOE y nunca rehabilitado, acusado de connivencia con los comunistas. El anticomunismo, a tenor de lo ocurrido durante la Guerra Civil, se convirtió en un elemento de identificación de los socialistas del exterior. Ya en los años setenta del siglo XX algunos militantes de la segunda generación del exilio hicieron de puente con los jóvenes del interior que desplazaron a los antiguos dirigentes que tenían como secretario general a Rodolfo Llopis y provenían en su mayor parte de la militancia de la Segunda República y de la Guerra Civil (Mateos, 2013, 367-387). Un partido, en suma, con diversas ramificaciones, donde el peso de la organización era un asunto fundamental por encima de los elementos ideológicos o programáticos, y en eso Guerra fue una pieza clave en la estructura orgánica desde su legalización. Su control de las distintas federaciones durante el tiempo en el que tuvo poder orgánico fue férreo y no permitió disidencias. Aquella frase que se le atribuyó, sin que él lo haya reconocido —quien se mueve no sale en la foto—, resume sus maneras de controlar un PSOE que iniciaba su andadura después del desmonte de la estructura política del franquismo. Sabía de las luchas internas del partido en el interior y en el exilio, de las disputas y desencuentros personales que se creaban en su seno y lo que ello debilitaba la acción política. Orden y disciplina eran una condición básica para contar en el entramado político salido del franquismo.

Pero no solo se limitó a mantener bajo su autoridad los aparatos políticos del partido, pretendió también ser el receptor de las esencias ideológicas del socialismo español y para ello buscó, y encontró, a una serie de militantes dispuestos a seguirle en todas sus propuestas orgánicas. Impulsó el llamado «Programa 2000», con la idea de definir el socialismo y sus propuestas políticas teóricas para el siglo XXI en cada apartado de la sociedad española. Pretendía ser el referente ideológico de la izquierda que había perdido las líneas políticas socialistas durante los años setenta y ochenta del siglo XX y caído en un pragmatismo que había debilitado a la socialdemocracia y le había alejado de sus bases sociales. Señalaba que los Consejos de Ministros no podían suponer una ratificación de las políticas ministeriales sin referencia a los programas y propuestas del partido. Se hacía necesario disminuir la tecnocracia gubernamental y acentuar el papel del grupo parlamentario, que es el representante de la opción política del socialismo. Pero todo ello partiendo de la situación que disfrutaba el PSOE de mayoría absoluta en 1988, año de una primera presentación en público del proyecto iniciado en 1987, sin que se analizara la posible actuación parlamentaria en caso de pérdida de la misma. Se recalcaba la participación de la ciudadanía como fórmula imprescindible para llegar a acuerdos programáticos y, así, aquellas cuestiones problemáticas, como una posible reforma constitucional, se dejaban a la decisión mayoritaria de los ciudadanos sin que el programa definiera qué convendría reformar y cómo se articulaba la voluntad popular.

ALFONSO GUERRA, A LA BÚSQUEDA DE UNA IDEOLOGÍA PARA EL SOCIALISMO ESPAÑOL

El 18 de enero de 1990 Alfonso Guerra presenta, públicamente, el Manifiesto del Programa 2000, en un compendio de cincuenta páginas y cinco capítulos, en el que se incluía «El socialismo democrático: un proyecto político para una época de cambio». Ya se habían hecho avances de sus conclusiones con anterioridad. La idea era transmitir de qué manera el socialismo español veía el futuro en el cercano nuevo siglo. Se daba por descontado que en el siglo XXI existiría una nueva sociedad en la que se percibiría el predominio de Europa y Japón, que desplazarían la hegemonía norteamericana en medio de la revolución tecnológica que proporcionará un aumento de la productividad pero con la posibilidad de trabajar menos horas para evitar una sociedad dual donde unos producen y consumen y otros permanecen en el paro y la marginación. Para los redactores del Programa 2000 era necesario derrotar al neoliberalismo económico de las opciones políticas conservadoras. El trabajo debería tener una dimensión creativa, con cambios de los roles tradicionales de las empresas; habría que subvertir la tendencia a la concentración financiera e industrial en un mundo cada vez más desequilibrado entre el norte y el sur en su encrucijada de una deuda imposible de subsanar ante la carencia de inversiones y de tecnología moderna. Se hacía alusión a los países emergentes como Taiwán, Corea, México o Brasil, pero no China.

Desde esta perspectiva, había que responder a los valores básicos que el socialismo había formulado históricamente como movimiento de emancipación de los trabajadores. Los socialistas propusieron proyectos revolucionarios en el pasado, como la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, y nacieron formas organizativas para la defensa de las condiciones de vida de la clase obrera hasta llegar, después de la Segunda Guerra Mundial, al Estado de bienestar donde el socialismo democrático se convirtió en una fuerza hegemónica. Este era, por tanto, el camino que debía mantenerse en el nuevo siglo para avanzar en la igualdad dentro del impulso ético que debe presidir la política socialista. El socialismo es ética y racionalidad, se afirmaba, y ambas deben encauzar los objetivos socialistas que deben respetar la libertad individual y colectiva, así como promover la solidaridad.

El nivel de análisis no pasaba de una retórica sin precisiones, abocada a lugares comunes que no aportaban nuevas perspectivas sobre la teoría política del socialismo. Se repetía, con un lenguaje especulativo, la necesidad de profundizar en la cooperación y la solidaridad sin que se especificara cómo debían practicarse ambas, y se realizaban meras especulaciones sobre los cambios técnicos y sociales. Así, se hacía referencia al desarrollo de las telecomunicaciones y lo que suponía para el intercambio de información a escala mundial pero sin entrever que ello también favorecía la concentración de las decisiones. Había un tono de optimismo sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías o las energías renovables y sus consecuencias para el progreso social. Desde posiciones intelectuales conservadoras el Programa 2000 era analizado como un viraje del PSOE a la izquierda, que desde 1982 había desarrollado una política moderada al estilo de la socialdemocracia de otros países de Europa, y que ahora proponía un modelo de socialismo ya fracasado.

Eran principalmente profesores universitarios de las áreas de economía, derecho, ciencias políticas, sociología o historia quienes habían contribuido a su redacción, coordinados por Manuel Escudero. Poca gente de ciencias. Allí estaba Tezanos, el gran soporte intelectual y orgánico del grupo de militantes vinculados a Guerra, que entonces, y hasta 1994, fue secretario de Formación de la Ejecutiva del PSOE. Provenía de los círculos católicos que se incorporaron al socialismo español. Vinculado a la Fundación Sistema y a otras publicaciones subvencionadas, constituye una de las voces cualificadas de lo que ha dado en llamarse guerrismo, y durante un tiempo le otorgó un cierto poder de influencia la edición de textos diversos de política o sociología, así como promover encuentros sobre las tendencias sociales y el futuro del socialismo, las llamadas reuniones del Parador de Xàbia (Alicante). Ha venido dirigiendo el Departamento de Sociología III de la UNED y en su día controló la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de esta universidad, aunque fue perdiendo poder por la competencia en las prácticas clientelares de otros colegas de la misma facultad. Se le tachaba de teórico de lo obvio en algunos círculos académicos de la sociología española, y se le atribuía una capacidad de conspiración para controlar determinadas plazas o parcelas administrativas universitarias, sin reparar en la calidad intelectual de los promocionados. Probablemente uno de sus trabajos más útiles y, por tanto, menos literario, se centró en 1983 en las características sociales de los militantes del PSOE (Tezanos, 1983) porque se atenía a datos objetivos. También podían destacarse aquellas publicaciones en las que intervino, como editor o directamente, que examinaban las políticas socialdemócratas en los temas sociales o económicos y han servido para evaluar los resultados de los gobiernos del PSOE, al igual que sus análisis sobre la desigualdad y el empleo. Su labor intelectual conecta, en muchos casos, con el ensayo más que con un trabajo de campo sociológico, con propuestas de aspiraciones políticas que propugnan la cohesión social, la disminución de las desigualdades y la crítica del sistema económico vigente con admoniciones a lo que «debe ser»: «es imprescindible recuperar criterios de verdadera racionalidad económica integral y de equilibrio desde la perspectiva de las necesidades sociales y las prioridades humanas básicas, en contextos ecológicamente equilibrados» (Tezanos, 2004, 192). El problema es cómo se llega a la verdadera racionalidad económica, en qué medida se consensúan las prioridades humanas y qué significa un contexto ecológico equilibrado.

Promocionó los encuentros de profesores universitarios, sindicalistas y militantes socialistas seleccionados dentro de lo que el guerrismo podía asimilar para debatir sobre cuál sería el futuro del socialismo, en la línea de lo que venía traduciéndose en la editorial Sistema de autores como el ensayista polaco Adam Schaff, marxista ortodoxo que evolucionó al marxismo humanista y católico influido por otro polaco, Kolakowski, exiliado, quien proclamó que el marxismo era la mayor fantasía del siglo XX, y autor de Las principales corrientes del marxismo, que fue marginado y prohibidas sus obras por el Partido Comunista Polaco (Schaff, 1988). En España contactó durante el franquismo con el psicólogo catalán Miguel Siguán, vinculado a los catedráticos de Psicología, como J. L. Pinillos, que desarrollaron su carrera durante el franquismo, controlaron las cátedras universitarias y supieron adaptarse a los nuevos tiempos a partir de 1975 como si hubieran sido críticos en todo momento. Tezanos, en el I Encuentro sobre el Futuro del Socialismo en 1985, durante el primer gobierno del PSOE, presentó una ponencia en la que intentaba analizar los problemas del trabajo y de la composición social en los tiempos venideros. Era ese tipo de literatura de anticipación con pretensiones de sociología científica en la que se señalaba, de manera retórica, la complejidad de la realidad social sin explicar más allá de ideas generales especulativas cuáles eran las causas de la situación, y para ello se conectaba con los supuestos cambios sociales del futuro partiendo de los datos demográficos recopilados de la estructura productiva y de las previsiones de lo que se apunta sobre las nuevas tecnologías, la robótica en su vocabulario, algo que algunos han calificado de flatulencias intelectuales y que conecta más con deseos o propuestas políticas que con un análisis basado en trabajos de campo. Otros profesores universitarios se acogieron con entusiasmo a la ola de preponderancia política y social del socialismo español cuando iba ganando elecciones, pero varios de ellos se fueron distanciando del PSOE a medida que perdía fuerza electoral, e incluso acogerán al Partido Popular en su defensa de un españolismo trascendente y esencialista, recibiendo medallas de manos de Aznar, como lo hizo Andrés de Blas.

En aquel I Encuentro se realizaba un resumen de los fundamentos políticos de la socialdemocracia con la afirmación de que «el marxismo no tuvo nunca una penetración decisiva en el primer socialismo europeo organizado». Todo el siglo XX debatiendo sobre Marx, fuera y dentro de la socialdemocracia, y resulta que su influencia no fue decisiva, ya que los partidos socialistas practicaron el reformismo como si este no fuera también un sucedáneo marxista (De Blas, 1985, 37). Con estos y otros mimbres se intentaba articular las bases ideológicas del socialismo del PSOE, con la fuerza orgánica de Guerra que, curiosamente, abogaba por suprimir el dogmatismo de la izquierda, posibilitar un pensamiento sin prejuicios y, como por arte de magia, utilizar el impulso creativo para transformar sin lastres las bases del socialismo español, pero acababa reconociendo, en esta superficialidad discursiva, que no se sabe cómo conducir a la humanidad a mayores grados de libertad, bienestar o felicidad: «No sabemos muy bien con qué mecanismos, con qué vehículos lo podremos hacer, pero lo cierto es que tenemos que conducir a la humanidad a esos mayores grados de libertad, de justicia y de bienestar» (Guerra, 1985, 33). Allí no acudieron, tal vez porque no fueron invitados, miembros del Gobierno de Felipe González como Maravall, Solana, Solchaga o Lluch, calificados, en ocasiones, por el guerrismo más como liberales que como socialistas.

No obstante, la labor de la editorial Sistema ha sido constante desde su fundación, con trabajos muy diversos centrados en los temas de interés para la socialdemocracia, tales como la desigualdad, la integración social, la democracia o los cambios sociales actuales y venideros. De igual manera reforzaba las políticas sociales que el PSOE había ido aplicando en sus años de gobierno.

Singular, y casi única, fue la posición del profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense y de la UNED, Ramón Cotarelo, que no participó directamente en el Programa 2000, pero sí en alguno de los encuentros sobre el futuro del socialismo. Defendió en distintos medios de comunicación, desde la libertad de sus convicciones de izquierda y sin ser afiliado, las políticas de los gobiernos del PSOE. En los tiempos de zozobra de la legislatura 1993-1996 fue casi el único de los intelectuales independientes que, en los medios de comunicación, apoyó al Gobierno y a su presidente, Felipe González, en medio de diversos escándalos políticos y cuando sus oponentes políticos, principalmente el PP, le hostigaban pidiendo su dimisión («Váyase, señor González», le espetó el líder de la oposición, José María Aznar, en el Congreso de los Diputados en el debate del Estado de la Nación de 1994). Cotarelo escribió un libro, La conspiración, en el que analizaba los intentos de desestabilizar al gobierno socialista por parte de diversos periodistas, empresarios y políticos entre 1993 y 1996, y argumentaba que la denuncia de la corrupción o de procedimientos ilegales en la lucha contra el terrorismo de ETA estaba principalmente motivada por la voluntad de desplazar al socialismo del gobierno (Cotarelo, 1995).

Otros académicos y políticos profesionales firmaron la redacción del Programa 2000 en octubre de 1989: Fernando Claudín, Enrique Curiel, Ramón Obiols, Elías Díaz, Isidre Molas, Roberto Dorado, Reyes Mate, Manuel Castells, Francisco Fernández Marugán, Gregorio Peces Barba, Jordi Solé Tura, entre otros, o el catalán Salvador Clotas, que intentaba controlar el mundo de la cultura afín al PSOE y ejercía el poder que le daba ser miembro de la ejecutiva del partido socialista sobre los diputados adscritos a la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, siempre al servicio de Alfonso Guerra, sin que su currículo estuviera plagado de méritos destacables en la literatura o el arte. Había sido condenado en 1962 por un tribunal militar a dos años de cárcel en un juicio sumarísimo por injurias a Franco, y pasaba por editor y escritor sin que se le conozca publicación reseñable sobre educación o de creación literaria, salvo artículos en las revistas Leviatán o Letra Internacional, que dirigía él mismo, además de su pertenencia a los patronatos de las fundaciones Pablo Iglesias y Rafael de Campalans, vinculadas al PSOE y al PSC.

Pocas novedades había en el Programa 2000 fuera de la literatura especulativa. Repetía los lugares comunes de las propuestas históricas socialistas, la crítica del neoliberalismo económico y la defensa del Estado de bienestar, sin analizar el alcance de sus posibilidades futuras, habida cuenta de las circunstancias económicas transcurridas desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, pretendía con ello revitalizar la organización de un partido sometido a las políticas de los gobiernos de Felipe González que intentaban adaptar la sociedad española a los parámetros económicos y sociales de los países desarrollados de la Europa comunitaria. El discurso histórico del socialismo español se mantenía en paralelo a las políticas reformistas practicadas en otros países europeos con más tradición de concertación social y servía para cohesionar, cada vez menos, las agrupaciones del PSOE, donde el predominio de la historia quedaba resaltado, principalmente, por aquellos militantes que aún recordaban la Segunda República o procedían de una familia con esa memoria. En la reseña que hace de la presentación de la segunda versión del programa en el diario El País (15 de julio de 1988) se destaca que el Consejo de Ministros del Gobierno socialista es:

un órgano de ratificación de las políticas ministeriales y, a lo sumo, de resolución de discrepancias. En modo alguno el sistema está estructurado para coordinar el desarrollo de un programa de gobierno, pues los impulsos vienen de abajo a arriba, de la burocracia a los políticos.

En este sentido, las disparidades entre un gobierno empeñado en modernizar las estructuras administrativas del Estado en la nueva configuración establecida en la Constitución española de 1978, con la asunción de la sociedad de mercado, desechando las propuestas de socialización de los medios de producción, y los principios teóricos que conformaban el PSOE se hicieron cada día más evidentes. Se asumía la capacidad empresarial para el desarrollo económico y la libertad de contratación de acuerdo con las normas del mercado. El Estado debía respetar los principios de la economía capitalista y, en todo caso, encauzar una legislación que posibilitara la disminución de las desigualdades extremas mediante políticas fiscales y la consolidación de una sanidad y una educación gratuitas. Ya no se planteaba un futuro donde se aboliera la propiedad privada y el Estado fuera el garante de la producción y el consumo. Hubo un tiempo en que los socialistas querían llegar a una sociedad socializada por medios democráticos, manteniendo la libertad de expresión y asociación pero descubrieron, cuando gobernaron, que ello conducía a una contradicción insalvable. Y aplicaron el pragmatismo de gobernar consiguiendo las mejoras sociales posibles de acuerdo con la coyuntura económica y la relación de fuerzas políticas.

Desde principios del siglo XX la fractura teórica y práctica de los partidos socialistas se evidenció en primer lugar en Alemania, como hemos señalado, también de manera peculiar en Gran Bretaña, y después en los países europeos desarrollados. A la altura de 1975 el socialismo español todavía mantenía el discurso marxista de las clases sociales y la aspiración de la socialización de la economía, y así se hacía constar en el carné de los militantes. De todas formas, el conocimiento del marxismo por parte de los socialistas españoles desde la fundación del PSOE se limitó, en general, a una serie de principios generales sobre la lucha de clases y el advenimiento del socialismo. En las historias del marxismo como teoría política y económica no se reseñan intelectuales españoles que hubieran destacado por alguna aportación. Al decir de Heywood los primeros líderes del PSOE se consideraron marxistas y creían que estaban dentro de una organización que actuaba de acuerdo con las consignas del marxismo (Heywood, 1993). De hecho, Pablo Iglesias y García Quejido representaron al PSOE en el Congreso de Ámsterdam de 1904 de la II Internacional y allí se unieron a la condena del revisionismo de Eduard Bernstein quien, como se ha señalado, había procedido a una revisión de las tesis de Marx desde finales del siglo XIX dentro del SPD alemán en su libro Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia (1899) y en los artículos en el órgano del Partido Socialdemócrata Alemán, Sozialdemokrat. Su propuesta recalcaba la revalorización de la actividad política dentro de un marco democrático en un intento de superar el mecanicismo determinista y economicista que impregnaba el socialismo posmarxista y de confluir con todos aquellos sectores sociales que estuvieran dispuestos a cambiar las perversiones del capitalismo. El marxismo, ese «socialismo científico», no podía ser una teoría acabada y dependerá de la evolución de la sociedad para que deba ser reinterpretado en cada circunstancia (Monereo, 2012). Los líderes del PSOE de aquella época respaldaron la crítica que otro marxista, Kaustky, le hizo a Bernstein, y tradujeron su obra: La doctrina socialista. Réplica al libro de Eduardo Bernstein, Socialismo teórico y socialismo práctico (Kaustky, 1966). Pero Kaustky acabaría defendiendo posturas muy similares a las de Bernstein, por lo que Lenin le acusaría de renegado y hasta la Segunda República el socialismo revisionista no tendría un cierto respaldo, principalmente en la obra de Fernando de los Ríos (De los Ríos, 1976). No obstante, las diatribas teóricas del socialismo fueron en el PSOE una música de fondo. Su práctica política le llevaba a aplicar, según las circunstancias, lo que consideraba más oportuno para fortalecer la organización del partido. Para los socialistas españoles fue fundamental el predominio de la acción sobre cualquier doctrina. De hecho, cuando Felipe González planteó abandonar el marxismo como elemento distintivo del PSOE en el Congreso de 1978, recogía implícitamente todas las obras y resoluciones que se habían desenganchado de la interpretación marxista de la evolución social. Para el italiano Carlos Rosselli, en 1930, el marxismo no podía reformarse desde dentro, como pretendía Bernstein, sino que había de ser sustituido por un marxismo liberal, hasta las resoluciones del Congreso del SPD en noviembre de 1959 de Bad Godesberg, en el que se declaraba que el cristianismo humanista, entre otras tendencias intelectuales y políticas, eran una corriente más del socialismo democrático. De igual manera lo había decidido el socialismo austriaco en 1958, con la manifestación de que el cristianismo y el socialismo eran compatibles, con la oposición del ala de izquierda de ambos partidos (Rosselli, 1991).

Fue en el proceso de la Transición y en la práctica del gobierno del Estado cuando el PSOE aplicó el pragmatismo teórico de la socialdemocracia, dejando las propuestas clásicas del socialismo histórico (cultura obrera propia, contraria a la de la burguesía, socialización de los medios de producción, laicismo total o sistema democrático como medio para alcanzar el socialismo) como música de fondo, y trató de adaptarse a las circunstancias sociales y económicas de la España de los años ochenta del siglo XX, recién salida de una dictadura de treinta y seis años que no abogó por la modernización política. Todo ello le permitió extender beneficios sociales —educación y sanidad gratuita, prestaciones de desempleo y determinación de pensiones de jubilación— a toda la población española. Como Leguina señala:

Pese al discurso neoconservador entonces imperante en Europa y Estados Unidos, durante los «años socialistas» en España se asentó y amplió el Estado de bienestar, desde la sanidad a la educación pasando por las prestaciones por desempleo y la universalización de las pensiones (se crearon las pensiones no contributivas) (Leguina, 2012, 35).

También Solchaga, responsable de la política económica entre 1985 y 1993, se declaraba socialista liberal: «No tardé en comprobar que la carga ideológica del PSOE era extraordinariamente pesada y que muchas de sus posiciones en materia de política económica me parecían anticuadas y extraordinariamente difíciles de entender y defender» (Solchaga, 1997, 16).

Alfonso Guerra pretendía ser el receptor y sostén de los valores socialistas y, para ello, como vicesecretario del partido, controló durante unos veinte años la mayor parte de la estructura orgánica del PSOE. Había desarrollado una tarea de diálogo y acuerdos destacables con otras fuerzas políticas para llevar a buen término la Constitución de 1978, y ello le había creado un prestigio de buen negociador y sensatez política. Pero su fuerza política y organizativa le permitió, una vez alcanzado el gobierno, disponer a su antojo sobre quiénes podían ser dirigentes en las distintas federaciones y a quién había de promocionar como diputado o, en muchos casos, como director general. Ejerció su autoridad sobre diversas autonomías, especialmente Andalucía, en la que descabalgó de la presidencia a Rodríguez de la Borbolla en 1990, sustituido por Manuel Chaves, o exigió a Joan Lerma, presidente de la Comunidad Valenciana, que cesara a su vicepresidente, Felipe Guardiola, por criticarle en los círculos políticos de Madrid. En el Congreso Extraordinario de 1979, donde Felipe y Guerra volvieron a controlar el aparato orgánico del PSOE, y tal vez para paliar los enfrentamientos habidos como consecuencia del abandono del marxismo, Guerra aceptó la legalidad de una corriente interna, Izquierda Socialista, que tuvo en Pablo Castellano, Vicent Garcés y García Santesmases sus principales representantes, que continuaron defendiendo el legado marxista.

Los representantes políticos que firmaron el Pacto de la Moncloa.

Cuando accedió a la vicepresidencia del Gobierno, en 1982, configuró desde el complejo de La Moncloa un mecanismo de poder paralelo sobre los distintos ministerios desde el que pretendía influir sobre las decisiones de los ministros designados por Felipe González, con la complacencia de Roberto Dorado, director del gabinete del presidente en La Moncloa y coordinador de las políticas electorales del PSOE. Con el paso del tiempo, alguno de ellos se quejaba de las interferencias de los hombres o mujeres de Guerra en los asuntos de sus ministerios. Joaquín Almunia lo cuenta en el libro de testimonios publicado por María Antonia Iglesias: el poder de Guerra era «muy importante», la mayor parte de los nombramientos de gobernadores civiles o delegados de Gobierno dependían de él y «también eran suyos algunos asuntos de política exterior; algunos muy curiosos, Argelia, por ejemplo». Él declaraba que estaba de oyente en el ejecutivo pero intentaba que se impusiera su criterio en determinadas cuestiones,

que en algunas cosas se meta en todo y, para otras, es como si no estuviese en el gobierno... esto así no funciona. Si quiere estar en el gobierno que esté en todo, que no ande detrás con la gente de su gabinete y con la gente del Partido diciendo: ¿Qué hace este? ¿Por qué se va a hacer esto? [...]. Que se acabe eso de que esté con un pie dentro y otro fuera, y que nuestros directores generales, de repente, reciban una llamada de no sé quién del gabinete de La Moncloa, y otra de no sé quién del Partido, diciendo cosas como que Guerra está interesado en... (Iglesias, 2003, 166).

Tuve ocasión de comprobarlo con el aparato de La Moncloa en los temas de Educación en mi etapa de director general de Educación de la Generalitat Valenciana (1983-1986) y de diputado por Valencia en el Congreso de los Diputados (1986-2000), y eso que el ministro Maravall había nombrado, en el primer gobierno de Felipe González de 1982, como directores generales del Ministerio de Educación en las competencias no universitarias, a personas vinculadas a FETE-UGT, pero no hizo lo mismo en Universidades, que estaba bajo la responsabilidad de una prestigiosa catedrática de Geología, Carmina Virgili, o de sociólogos como Enrique Lamo de Espinosa. Las reformas educativas estaban inspiradas en el paradigma de lo que se había ido considerando en los grupos de Educación del partido y del sindicato, muy influido por la escuela comprensiva inglesa que partía de que la mayoría de los alumnos debían alcanzar un estadio de formación semejante en una misma edad y la idea del cuerpo único de los docentes. La tendencia a la unificación del cuerpo de docentes de la enseñanza secundaria sería una fuerza política que iría consolidándose durante el gobierno socialista. La educación obligatoria hasta los dieciséis años propuesta en la LOGSE priorizaba la educación secundaria y abría el camino para un cuerpo mayoritario de docentes en la enseñanza no universitaria, divididos, a partir de la ley, en profesores de educación infantil y secundaria. Hasta entonces, la EGB había sido el núcleo central de la Ley de Educación de Villar Palasí de 1970, y había posibilitado que los profesores diplomados de la Escuela de Magisterio, los maestros, hegemonizaran la enseñanza obligatoria hasta los catorce años, mientras que el Bachillerato se reducía a tres años. Los profesores de EGB podían incorporarse a los institutos de enseñanza secundaria para impartir el primer ciclo de la LOGSE. La educación infantil y primaria se extendía hasta los once años, la educación secundaria hasta los dieciséis y a partir de esa edad el bachillerato de dos años, con la remodelación de la Formación Profesional en módulos. Ya no se concebía la educación secundaria obligatoria, parte del antiguo Bachillerato, como camino exclusivo a la universidad, y parecía no tener ya sentido un cuerpo de élite como el de los catedráticos de Enseñanza Media, que quedaron eliminados como tales y solo se los mantuvo como una condición administrativa a la que se accedía por años de servicios y méritos desde el cuerpo único de profesores de secundaria. La discusión que tuve en las dependencias del grupo socialista del Congreso de los Diputados con Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario de Estado de Educación entonces, siendo ministro Javier Solana, duró hasta las tres de la madrugada. Yo consideraba que era un error acabar con un cuerpo prestigioso (Domínguez Ortiz, María Capdevila, Torrente Ballester, Antonio Machado, Gerardo Diego, María Zambrano...) y seguramente jugaron razones personales pues había sacado la cátedra de Geografía e Historia a los veintinueve años, en 1975, con el número dos de mi promoción y ante más de trescientos presentados. Era la consecuencia de la extensión de la educación de manera global a la sociedad española, donde estudiar el bachillerato ya no constituía un tránsito solo para las clases medias y altas, y puedo entender, a día de hoy, que no era necesario tener un cuerpo de élite en una enseñanza masiva, pero eso a Rubalcaba le importaba poco en aquellas circunstancias, sus razones eran conseguir sacar adelante el proyecto y cumplir lo pactado con los sindicatos, el PNV y CiU. La evolución de la sociedad española dentro del desarrollo económico iniciado en los años sesenta del siglo XX, consolidado con la entrada de España en la Unión Europea, exigía una adaptación a las demandas educativas de una población que había descubierto que la única herencia para dejar a sus hijos era proporcionarles la mayor educación posible, como fórmula para conseguir el ascenso social y la estabilidad económica. En este sentido, Guerra apoyó las políticas educativas porque siempre creyó que estaban dirigidas por militantes relacionados o vinculados con él y en la tradición de los principios educativos del socialismo y del sindicalismo ugetista, con la principal referencia al primer bienio de la Segunda República española (1931-1933).

Sin embargo, el impulsor de la política educativa de los primeros gobiernos de Felipe fue José María Maravall, con la ayuda de Rubalcaba y el psicólogo Marchesi. Solana, que dirigió el Ministerio antes que Rubalcaba, se limitó a dejarle hacer a este, que era secretario de Estado. La LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) y la LRU (Ley de Reforma Universitaria), de 1985, fueron las dos leyes claves para reformar las estructuras educativas españolas. Pretendió la LODE clarificar las subvenciones a los centros privados mediante una nueva conceptualización con la denominación de concertados, que exigía una serie de normas de funcionamiento y admisión de alumnos a cambio de las retribuciones del profesorado. Podía entenderse que la escuela pública se dividía entre los centros concertados, sostenidos con fondos públicos, y las escuelas e institutos de titularidad estatal. El debate político surgió por el supuesto control administrativo, organizativo y económico que exigía el Estado a los que recibieran fondos públicos y tuvieran la responsabilidad de impartir la enseñanza obligatoria, que para algunas entidades privadas y religiosas suponía una injerencia en «su ideario». De igual manera, la LRU intentaba adaptar la autonomía universitaria que había establecido la Constitución y clarificar las categorías del profesorado.

Maravall y Solana estuvieron lejos de la órbita de Guerra. El primero era catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, hijo de un historiador de las ideas políticas valorado por sus libros, de familia de origen valenciano, de Xàtiva, lo que le sirvió para justificar ser un «cunero» en la listas al Congreso de los Diputados por Valencia en 1986, en las que estuve en el número seis. Había estudiado en Oxford y conocía los análisis y la bibliografía anglosajona sobre los procesos y debates de la socialdemocracia europea. Sus estudios tienen calidad intelectual, basados en datos extraídos de la realidad, y proporcionan elementos de comprensión sobre las características de los partidos socialdemócratas europeos y sus políticas, lejos de la retórica de lugares comunes de las proclamas socialistas, aunque no suponían una novedad teórica en la concepción ideológica del socialismo reformista. A mucha distancia intelectual del otro sociólogo, Tezanos, convertido, como hemos señalado, en intelectual orgánico del guerrismo, al que Maravall consideraba inexistente como corriente política, puesto que el vicesecretario y vicepresidente nunca articuló un discurso original que distinguiera a la socialdemocracia española y se limitó a tópicos comunes:

La alternativa del guerrismo, simplemente, nunca existió. Guerra dijo alguna vez que a su izquierda estaba el abismo, pero nunca le oí ninguna propuesta política [...] el dirigente político que estuvo siempre estimulando las reformas y amparándolas fue Felipe González [...] ¿Qué iniciativa procedió de los llamados socialistas puros, si es que eso significa algo? Ninguna; solo el ejercicio puro y duro del poder [...] Hubo algunas personas, y entre ellas Alfonso Guerra, que han creído que el poder del Partido Socialista se mantenía o se conquistaba más fácilmente si uno adoptaba un particular disfraz, hubo personas que creían que había músicas que generaban automáticamente un entusiasmo trepidante. Eso es manipulación; eso es populismo. Pero yo nunca he creído que el peronismo sea una expresión del socialismo, creo que el socialismo consiste en socialdemocracia (Iglesias, 2003, 38-39).

En la misma línea intelectual de Maravall puede citarse a Ignacio Sánchez Cuenca, Ignacio Urquizu, Sandra León, Carles Boix o Víctor Lapuente, entre otros, que sacan conclusiones de la situación de la socialdemocracia a partir del análisis y la elaboración de los datos recopilados. No faltan teorías en sus estudios pero siempre dentro de una sociología nada literaria ni especulativa, en consonancia con lo que se estudia en ámbitos europeos, especialmente Gran Bretaña (Przerworski y Sánchez-Cuenca, 2012).

El problema de Maravall era su tono profesoral, aparentemente despreciativo para los que no entendían o compartían sus propuestas y análisis, aunque probablemente era un rasgo de carácter, producto de su timidez congénita. Eso se evidenció en la huelga de los estudiantes en 1987. No comprendía la protesta generalizada en toda España de aquellos jóvenes que consideraba favorecidos por las políticas educativas y redistributivas. En eso le ganaba Guerra por su tono de familiaridad y populismo que gustaba a la sensibilidad de la época a muchos ciudadanos. Tenía frases graciosas para describir situaciones políticas: «No descansaré hasta conseguir que el médico lleve alpargatas». «En política, la única posibilidad de ser honesto es siendo aficionado». «A Felipe no le gusta el partido que tiene». Solía crearse una aureola de hombre de gran cultura en la literatura, en el teatro o la música. Se cuentan varias historias de estas aficiones. Una vez, miembros del Gobierno tenían que trasladarse a Asturias para analizar, sobre el terreno, la crisis del carbón, y todos iban en un avión oficial desde Madrid. Tuvieron que esperar unas dos horas al vicepresidente y cuando al fin llegó se justificó diciendo que se había dormido porque se había pasado la noche leyendo la novela de Mújica Láinez, Bomarzo, que tiene más de quinientas páginas. Se comentaba también que presumía de su conocimiento de la obra de Leopoldo Alas Clarín y, en especial, de su novela La Regenta, y que Alianza Editorial pensó hacer una colección de clásicos españoles encargándole a Guerra una introducción a la obra, que nunca entregó. Es verdad que había dirigido una librería en Sevilla, la Antonio Machado, que regentaba con su mujer, pero su conocimiento de la literatura parecía tener más relación con la tapa de los libros y la sobrecubierta que con una verdadera formación por la lectura continua, pero le servía para dar citas de autores. Lo que no empece para que tuviera mejor información sobre muchas obras que la mayoría de los políticos. Parecía que su exhibicionismo literario y musical estuviera, tal vez, motivado por una frustración por no haber sido un gran escritor o compositor. Incluso intervenía ante el público para destacar cuáles habían sido sus lecturas preferidas. Su afición era fundamentalmente el teatro y en su juventud le había dedicado tiempo montando diversas obras. Le pasaba, al parecer, algo semejante con la música del compositor Mahler, sobre el que también se consideraba un experto. Esa pretenciosidad cultural se refleja en sus memorias.

Me puedo emocionar ante lo grande y ante lo pequeño. Un bello atardecer, una sinfonía de Brahms, la sonrisa de un niño, un interior de Vermeer, la belleza de una mujer, unas cataratas de Iguazú, la solemnidad de miles de guerreros de Xiam, un poema de Kavafis [...]. Cuando me pongo delante del Triunfo de la muerte, de Brueghel, en el Museo del Prado, el cuadro me pertenece (Guerra, 2013, 7).

O cuando la ausencia de su hijo le lleva a consolarse con la London Simphony Orchestra dirigida por Claudio Abbado, «un primer concierto con la Rapsodia sobre un tema de Paganini». Es difícil poseer una cultura literaria o musical cuando se dedica tantas horas a la actividad política.

Curiosamente, los seguidores de Guerra acabaron siendo gentes, por lo general, de entidad cultural o científica medianas, secundarios, se diría en un reparto cinematográfico. También era líder para el sector cristiano del PSOE, Peces Barba o Virgilio Zapatero, y muchos de los que se adhirieron en principio a su persona fueron abandonándolo a medida que su personalidad iba descubriéndose. Su capacidad para la organización y el control de la misma está probada, otra cosa es que representara una opción política con una teoría del socialismo detrás. Ya sus propios compañeros del Consejo de Ministros destacaban que sus propuestas consistían en afirmar que hay que recargar con más impuestos a los ricos o que los empresarios deben contribuir más a la Seguridad Social. Pero al margen de estas generalidades, su deseo era aparecer como el receptor de las esencias del socialismo en España, en contra de aquellos pragmáticos. Son conocidas sus disputas con Miguel Boyer cuando este era ministro de Economía y Hacienda en el primer Gobierno de Felipe González y al que consideraba fuera del socialismo, de ahí que afirmara que era un gobierno de coalición. Los desencuentros continuaron con el ministro Carlos Solchaga, quien sustituyó a Boyer cuando este dimitió al no aceptar Felipe que fuera vicepresidente y marginar de esa forma a Guerra, que tenía en los años ochenta del siglo XX una gran fuerza orgánica en el PSOE y gran popularidad entre el electorado. Pero eso no le dio más consistencia en el Consejo de Ministros, y las propuestas políticas de Almunia sobre la reforma del sistema de pensiones o las de Solchaga sobre la reconversión industrial salieron adelante con el apoyo de Felipe. De igual manera, tenía interés en el control de los medios de comunicación públicos, como TVE o RNE, y allí colocó a un hombre de su confianza, José María Calviño, que dirigió RTVE hasta 1986, y nombró y cesó a multitud de profesionales en función de sus simpatías o de sus vinculaciones políticas. Afirman que la Casa Real, no muy bien tratada en los informativos, presionó para que se le cambiara. Le sustituyó Pilar Miró, prestigiosa directora de cine, que había sido directora general de Cinematografía hasta 1985. La compra de trajes con cargo a TVE provocó una campaña del PP en su contra y su procesamiento, devolución del dinero de la compra y su dimisión en 1989. Dentro del PSOE, y en el grupo parlamentario, se comentaba que la documentación de las facturas fue proporcionada por seguidores de Guerra.

La táctica de Guerra fue ampararse en el partido y, así, en el Congreso del PSOE de 1984, propuso, y logró, que fuera incompatible formar parte del Gobierno y de la ejecutiva, salvo en el caso del presidente o del vicepresidente del Gobierno, medida extensible también a las autonomías. Era su manera de que el partido fuera el refugio de los llamados socialistas puros, de los que él se erigía en máximo representante, y que la organización tuviera capacidad para influir en la política desarrollada por el gobierno. Esta situación se le hizo más apremiante cuando tuvo que dimitir, en 1991, por el caso de su hermano, Juan Guerra, acusado de cohecho y malversación al tener un despacho, sin ningún nombramiento que lo avalara, en la Delegación del Gobierno en Sevilla y desde el que se le atribuía capacidad para conceder determinados favores a empresas o individuos. De hecho su caso influyó para introducir en el Código Penal el tráfico de influencias en la Ley Orgánica 9/1991 de 22 de marzo. El Partido Popular (PP), que ejercía de principal partido de la oposición, utilizó el caso para encausar al socialismo en su conjunto y desvirtuar la imagen de un PSOE que pretendía estar al margen de la corrupción y proclamaba su honradez histórica. Al final, Juan Guerra solo fue condenado a un año de cárcel, en 1995, por un delito fiscal. También uno de los ministros del Gobierno socialista, nombrado en marzo de 1991 ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Valverde, fue imputado por la adjudicación de terrenos para la construcción del AVE Madrid-Sevilla cuando era presidente de RENFE (1985 y 1991) por sospechas de pertenecer a una trama de financiación del PSOE. Dimitió de ministro en enero de 1992. Casi quince años después fue absuelto del delito de cohecho por la Audiencia Provincial de Madrid, con todos los pronunciamientos favorables.

Alfonso Guerra rechaza en sus memorias las críticas de sus compañeros de gobierno y se presenta como un hombre de Estado que respetaba las decisiones del Consejo de Ministros, donde el presidente era siempre el que tenía la capacidad de decidir por encima de las opiniones que se reflejaran en los debates sobre cada uno de los temas abordados: «Intenté medidas de reorganización del Gobierno para dar más racionalidad y objetividad, reduciendo el arbitrio de cada ministerio, pero chocaron con el sentido patrimonial de los ministros» (Guerra, 2013, 7). Se justifica igualmente de estar en medio de la batalla entre los ministros de Economía, Industria y Trabajo, que no apoyaban, en aquella coyuntura económica del primer gobierno del PSOE, el aumento del gasto público, frente a la postura sindical de la UGT de favorecer una reducción de la jornada de trabajo o subida de salarios, y posicionarse en un punto intermedio para consolidar el «proyecto socialista». Sus memorias, recogidas en tres volúmenes, son demasiado justificativas de sus opiniones y acciones, tal vez como todas las memorias políticas. Es un testimonio de autodefensa, sin fisuras, donde todo lo que hizo o dijo estaba plenamente justificado: «Pudo más el sentido institucional de mi responsabilidad», afirma refiriéndose al enfrentamiento con el ministro Solchaga (Guerra, 2004, 2006, 2013).

Presencié sus intervenciones en el Congreso de Diputados, en especial la que dedicó al tema difundido por la prensa del despacho de su hermano, Juan Guerra, instalado en la Delegación de Gobierno de Andalucía, en Sevilla, como artífice de un centro de influencias políticas. Se defendió alegando que tenía varias cartas de diputados del PP pidiéndole favores. Visto en la distancia, su discurso fue lamentable. Felipe lo defendió manifestando que si la oposición quería acabar con el vicepresidente, tendrían dos por uno. Pero cuentan que, a partir de entonces, su relación ya no fue igual y, a la postre, dimitió en 1991 como vicepresidente del Gobierno. Solo hablé una vez con Alfonso Guerra en su despacho del Congreso, sería sobre 1998, cuando ya había perdido gran parte del poder en el partido, aunque todavía tenía seguidores, tanto en las distintas federaciones españolas como en la ejecutiva del PSOE. Me miraba de soslayo y me preguntó sobre mi vida. La conversación duró aproximadamente una hora y tuve la impresión de que mientras contestaba a sus preguntas sobre mi trayectoria vital y profesional, pensaba en otra cosa, como si apenas le interesara lo que le decía. Para él yo era un diputado más, sin ninguna influencia ni en el partido ni en el grupo parlamentario y, en ese aspecto, soportaba la entrevista por educación. Recibía por Navidad, durante los trece años que fui diputado, una felicitación de Guerra encuadernada en blanco, en forma de librito, con una cita de un escritor o filósofo. Sabía que yo era diputado por la intermediación de Ciprià Císcar, que había sido elegido secretario de organización del PSOE en el XXXIII Congreso Federal de marzo de 1994, y procedía, con la connivencia de Felipe, al desmantelamiento, en las distintas federaciones, del poder orgánico de Guerra, aunque, en otras épocas, en la Comunidad Valenciana —principalmente en la provincia de Valencia— había estado en su órbita frente al poder de Joan Lerma, quien había intentado mantener al PSPV-PSOE al margen de las luchas internas del partido en el ámbito federal y procuraba llevarse bien con los principales dirigentes estatales en función de quién mandara, sin que ello le reportara una buena consideración por parte de estos respecto a su manera de liderar el PSOE en Valencia.

La evidencia pública del desencuentro y la desavenencia entre Felipe González y Alfonso Guerra se produjo nada más comenzar la legislatura de 1993 en la que el PSOE continuó gobernando. Guerra quería mantener como responsable del grupo parlamentario a Martín Toval, mientras que Felipe propuso a Carlos Solchaga, que había dejado de ser ministro. Por primera vez desde 1974, la Ejecutiva socialista tuvo que elegir entre uno u otro, y Felipe ganó la partida por un solo voto en una tensa reunión. Ludolfo Paramio, uno de los sociólogos y teóricos de la socialdemocracia española, votó a favor de Felipe, cuando hasta entonces había estado en la órbita de Guerra. Fue el responsable de la secretaría de formación de la ejectuvia del PSOE desde 1991 a 1997 y tenía una trayectoria intelectual de escritos sobre el marxismo, el socialismo y la izquierda, con especial referencia a América Latina, y una gran capacidad para los debates de teoría política. En el grupo parlamentario, los seguidores de Guerra, con maledicencia, afirmaban que ya no tocaba la lotería si pasabas el décimo por su chepa. Sin embargo, existen testimonios que aseguran que antes de que el PSOE formara gobierno no existía una verdadera amistad entre ambos:

Hay quien tiene en su mente la imagen de un Guerra y de un Felipe, compañeros inseparables, y no es así [...]. La gran ciudad desune. Felipe y Alfonso pueden pasar meses sin almorzar o cenar juntos y desde luego se visitan muy poco como amigos (Barciela, 1981, 39).

En el XXXIV Congreso del PSOE de 1997, después de veinticuatro años, Felipe dimitió de secretario general del PSOE y arrastró a Guerra como vicesecretario, cargo en el que había centrado toda su actividad política después de dimitir como vicepresidente en 1991. «Debéis saber aquí, donde corresponde decirlo, que no seré candidato a la Secretaría General», afirmó en el discurso en el que se dirigió a los delegados del Congreso. El PSOE había perdido las elecciones en 1996, por una diferencia de unos 300.000 votos, la llamada «dulce derrota», y después de trece años y medio en el ejecutivo pasó a la oposición. Aznar fue entonces, como dirigente del Partido Popular, el presidente de un nuevo Gobierno, que volvería a ganar con mayoría absoluta en el 2000.

FELIPE, EL LÍDER ENCONTRADO

Los testimonios sobre Felipe González son, en general, coincidentes tanto a favor como en contra. Gran capacidad de liderazgo y dotado para la comunicación verbal. Se le ha calificado de líder carismático-transformacional como se les llama a los que están dispuestos a proponer soluciones a los problemas que abordan. El profesor de filosofía López Aranguren lo teorizaba en 1982 en El País, recién ganadas las elecciones por una gran mayoría absoluta (202 diputados): «en la España actual no existe sino un auténtico líder político: Felipe González ¿Lo es plenamente? Sí en cuanto poseedor de un carisma no duro, una aureola; sí en cuanto asistido de una autoridad espontáneamente reconocida» (López Aranguren, 1982). Pero también su estilo de gobierno dio lugar, desde sectores de izquierda y derecha, a la teoría del felipismo, caracterizada por un oportunismo desideologizado, por una estructura de poder que, al parecer, carecía de un proyecto socialista de futuro dentro de una retórica sobre la modernización de España «que no quiere decir nada», aceptando que en el caso del PSOE los factores políticos, sociales y económicos de la España de 1985 hacían imposible «un proceso verdaderamente transformador». Pero la acción de gobierno se ha traducido en la carencia absoluta de socialismo, promoviendo ajustes a los mecanismos «más duros del capitalismo liberal-conservador» (Aumente, 1985; Bass y Avolio, 1992, 21-37; Delgado Fernández, 2007).

Ramón Cotarelo consideró que el «felipismo» era una invención de la derecha española para desacreditar la figura de Felipe González, que tenía una fuerte aceptación en la población en sectores muy diferentes. Y para ello utilizó diversos medios de comunicación, la colaboración de algunos jueces y algunos poderes financieros que extendieron la idea de que el felipismo se basaba en el clientelismo junto a la manipulación electoral, soborno a los intelectuales, patrimonialización del Estado, falta de respeto a los derechos fundamentales, a la libertad de expresión y a la división de poderes por su injerencia en el poder judicial: «Todas estas características, como los mandamientos de la ley divina, se reducen a dos: el felipismo es una forma de caudillismo y su finalidad no es otra que la de seguir siendo así en tanto pueda» (Cotarelo, 1995, 243).

Comité Federal del PSOE en la última legislatura en la que gobernó (1993-1996).

Sin embargo, no todos los que intervinieron en el primer Gobierno de González estuvieron de acuerdo con la política económica. José Víctor Sevilla fue nombrado secretario de Estado de Hacienda en el Ministerio de Miguel Boyer, pero fue cesado pronto por desavenencias con la política económica del ministro, y publicaría, en 1984, un libro especificando sus tesis sobre ella: Economía política de la crisis española (Sevilla, 1984), donde defendía que no era prioritario reducir o congelar salarios para disminuir la inflación por cuanto ello no supondría un aumento del empleo. De igual manera, Luis de Velasco, secretario de Estado de Comercio entre 1982 y 1986 mostró, posteriormente, su desavenencia con las disposiciones económicas aplicadas. Fue diputado en la legislatura 1986-1989 y tuve ocasión de conversar con él en alguna ocasión. Se consideraba marginado en el grupo parlamentario y se desvinculó del PSOE, abandonándolo definitivamente en 1996. Sus artículos en distintos medios de comunicación dieron cuenta de sus posiciones políticas de aquella época.

El partido —diría Velasco refiriéndose al PSOE—, es cada vez más un catch-all-party (partido atrapalotodo), es decir, busca representar un cada vez más amplio espectro social aún a costa de abandonar postulados considerados como progresistas y que a partir de ahí pasan a ser antiguos [...]. El PSOE nunca tuvo la voluntad real de enfrentarse a los grandes poderes [...]. Estos trece años son los de la gran decepción. Tantas ilusiones tiradas por la borda, tantas decepciones [...] la constatación de que la política económica busca favorecer descaradamente los beneficios empresariales y los puramente especulativos.

Velasco ingresaría en Unión, Progreso y Democracia (UPyD), el partido que fundara Rosa Díez, antigua dirigente en Euskadi del PSOE, y fue su representante en la Asamblea de Madrid (Velasco, 1996, 21-26, 33).

En una perspectiva diametralmente opuesta algunos sectores de la Iglesia católica vinculados a posiciones radicales derechistas difundieron la idea del nefasto resultado para España de la gobernabilidad del PSOE. Así, la asociación Tradición, Familia y Propiedad, denominada Covadonga (TFP-Covadonga), editó un grueso volumen, 573 páginas, en 1988, con fotos y papel de primera calidad, en el que se resaltaban la nefastas consecuencias para España del gobierno socialista. Su principal impulsor fue el sacerdote José Francisco Hernández Medina, quien fundó en España la asociación, traída de Brasil, que después se convirtió en los Heraldos del Evangelio.

Los socialistas, adaptados al new look ecuménico, habían contribuido poderosamente a desmantelar las defensas psicológicas de los sectores centristas y hasta de los conservadores, aumentando así el clima en que parece disolverse la vida ideológica de la nación (Asociación Tradición, Familia y Propiedad, 1988, 133).

La Conferencia Episcopal Española intentó adaptarse a la nueva situación de los triunfos socialistas después del periodo de la Transición, donde la figura del cardenal Tarancón, obispo de Madrid, había contribuido a consolidar el sistema democrático y fomentado la colaboración con todos los partidos políticos. Después de la visita del papa Juan Pablo II, en octubre de 1982, hubo un viraje y una revisión, aunque el arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, trató de mantener un equilibrio con el gobierno socialista y la posibilidad de llegar a acuerdos. El nuevo secretario de la Conferencia Episcopal, el obispo Fernando Sebastián, expresó la necesidad de que la Iglesia católica española marcara su criterio ante las políticas socialistas. Criticó la despenalización del aborto y defendió la capacidad de la Iglesia para expresar su postura sobre cuestiones morales en todos los espacios públicos o privados. También contribuyó a la movilización contra la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que para el gobierno socialista representaba un pacto entre escuela estatal y escuela concertada, ambas públicas. La llamada guerra de los catecismos, por los libros de religión aprobados por la Iglesia en los que se rechazaba moralmente el aborto, fue también un punto de conflicto. El Ministerio de Educación se negaba a dar su aprobación a los textos, y la Iglesia reclamaba su libertad para enseñar su doctrina. Además, Sebastián marcaría distancia con aquellos sectores que pretendían un avance en las posturas más tradicionales de la Iglesia y que desde la revista Iglesia Viva había acusado, en 1984, a la jerarquía de fomentar una «religiosidad sociológica» (Montero, 2013, 258).

Si las relaciones con la Iglesia eran un elemento peculiar de la política española con una trayectoria histórica complicada desde el siglo XIX, y en especial con republicanos, socialistas o comunistas a lo largo del siglo XX, el Ejército había constituido una institución clave en la dinámica política y social. Desde la Guerra Civil y durante casi cuarenta años, actuó como árbitro y control del poder del Estado, con Franco a la cabeza. Había habido en febrero de 1981 un intento de golpe de Estado de una parte del ejército, que fue abortado, pero quedaba en la mentalidad el temor a que un gobierno socialista no pudiera imponer el poder político salido de las urnas sobre el militar. El ministro Narcís Serra articuló con el apoyo de González una serie de medidas que adecuaron el Ejército a las normas de relación de los países democráticos. Los ejes de la política socialista fueron la reducción de las plantillas y la apuesta por un ejército profesional, la unificación de los cuerpos de los tres ejércitos dentro del Ministerio de Defensa, creado en 1977, la modernización de las enseñanzas, la reforma de la justicia militar limitando su jurisdicción a su ámbito, y la reestructuración del servicio militar obligatorio con la prestación civil sustitutoria, que generó un aumento de la objeción de conciencia a partir de 1985 y evidenció la desafección de la llamada «mili» entre los jóvenes, obligatoria hasta entonces (Navajas, 2006, 103-120). Una de las mayores decisiones fue la permanencia en la OTAN mediante referéndum en marzo de 1986, después de haber mantenido el PSOE en sus programas electorales la no pertenencia a la misma. Fue una decisión que movilizó a la sociedad española y produjo desencuentros entre los intelectuales y en los sectores de izquierdas.

Felipe González tenía la capacidad de expresar los temas más complicados con sencillez para que lo entendiera el mayor número de personas. Y absorbía con facilidad la información sobre cualquier asunto que tuviera que abordar, lo que proporcionaba una gran seguridad a sus colaboradores y una empatía contagiosa en los oyentes. Ha ejercido un liderazgo con una gran carga sentimental que ha conectado, emocionalmente, con muchas capas de la sociedad española que han creído en sus planteamientos políticos. Mostró una buena capacidad para convencer de que era posible abordar determinados cambios. Fue quien lideró el PSOE desde 1974 hasta 1997, logrando que el partido fuera clave en la España de la Transición y en los años posteriores, en la vinculación a la OTAN, a la Unión Europea, y la remodelación económica de un país que había vivido aislado, bajo un corporativismo institucional y unos sindicatos verticales sin posibilidad de presionar mediante la huelga. Tuvo también claro que una vez que España se había incorporado a la UE, la política exterior debía girar hacia la vinculación con los países mediterráneos pero con la convicción de que los españoles eran europeos: «quiso dejar claro que era un país europeo en la región mediterránea y no un país mediterráneo en Europa» (Sueiro, 2003, 193; Neila, 2013).

La presencia internacional se dejó notar durante los gobiernos de González con tres ministros clave de Asuntos Exteriores: Fernando Morán, Fernández Ordoñez y Javier Solana. Mantuvo unas relaciones basadas en el reforzamiento de la Unión Europea y, de hecho, fue galardonado con el premio Carlomagno en Aquisgrán, en mayo de 1993, por su contribución a la Unión Europea. Varios líderes europeos lo veían como un futuro presidente de la Unión Europea y tuvo una especial relación con el líder demócrata cristiano alemán Helmut Kohl, a quien apoyó decididamente en la unificación alemana, en contraposición a las reticencias de Francia, Italia y Gran Bretaña. Con Francia las relaciones fueron más problemáticas, por la rivalidad comercial y agrícola y la no intervención, al principio de la Transición, del gobierno galo contra los refugiados etarras en territorio francés. Se restablecieron las relaciones con Gran Bretaña, tras el bloqueo de Gibraltar decretado por Franco en 1969, sin que se discutiera la soberanía británica. También apoyó el proyecto de la moneda única europea que culminaría con el euro. Mantuvo una buena relación con el líder soviético Mijaíl Gorbachov firmando un tratado de cooperación, y España reconoció la nueva Rusia y se suscribió otro tratado de amistad y cooperación con Boris Yeltsin. Se construyeron nuevas relaciones con Marruecos a pesar de la disputa sobre Ceuta y Melilla y de no reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Se estrecharon las comunicaciones con las Administraciones de Reagan, Georges Bush y Clinton. La entrada en la OTAN, después del referéndum, permitió culminar las negociaciones con los Estados Unidos sobre la reducción de las bases norteamericanas y colaborar en la logística de la I Guerra del Golfo en 1990, aunque solicitó al presidente George Bush que cesaran los bombardeos aéreos sobre la población iraquí. En 1995 firmaría la Agencia Trasatlántica con el presidente Clinton siendo Felipe presidente del Consejo de la Unión Europea. Restableció relaciones diplomáticas con Israel en enero de 1986, y procuró una participación activa para la paz en los focos de conflicto de Latinoamérica, con la implicación en las Cumbres Iberoamericanas. Los encuentros con los líderes sudamericanos de la época fueron constantes, con Alfonsín en Argentina, Andrés Pérez en Venezuela, Alan García en Perú, Sanguinetti en Uruguay y Henrique Cardoso en Brasil.

Al mismo tiempo, González impulsó una legislación social con prestaciones universales en sanidad, educación y pensiones que acercó España a los países con un sistema de derechos sociales conocido como el Estado de bienestar extendido por Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Felipe González nunca fue un doctrinario de unas ideas, más bien es un pragmático que cree que, a través de la acción política, puede mejorarse la vida de los ciudadanos, y en función de la coyuntura social y económica que permita abordar la reformas o los cambios legislativos. Pero traduce un cierto escepticismo vital sobre la condición humana, al pensar que existe un campo amplio para el azar y los cambios sociales. Sus convicciones sobre la realidad no las convierte en estrategia personal, como algunos le han atribuido, a tenor de los acontecimientos devenidos en el socialismo español desde 1974. Así, no dimitió en el congreso de 1978 en el que los delegados propusieron continuar con la definición del PSOE como partido marxista, ni abandonó la Secretaría General en el congreso de 1997 por táctica personal para que se valorara su ausencia como más perjudicial que su permanencia. Son convincentes sus palabras:

Alfonso llegó a creer, y lo llegó a creer con plena convicción, que mi disponibilidad para abandonar mis responsabilidades o la dirección era en cierto modo una disponibilidad táctica [...]. En fin, Alfonso pensaba que yo mostraba esa disposición para conseguir más poder (Iglesias, 2003, 808).

Su concepción del socialismo entroncaba con la dinámica de la socialdemocracia europea posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde el socialismo no se concibe ya como una ideología permanente y acabada que debe aplicarse para llegar a la transformación del capitalismo. Felipe González afirmaba que nunca quiso crear una corriente política dentro del PSOE, lo que fue definido como felipismo, con sus matices positivos o negativos según la perspectiva del observador. Sin duda, el saldo positivo que tuvo fue la confianza que inspiraba por su manera de analizar y comunicar los temas entre una gran parte de la población. Ello no contradice una cierta vanidad y autosuficiencia ante su seguridad sobre la capacidad de convencer a gran número de ciudadanos y superar en los debates a sus adversarios políticos. Tuve ocasión de hablar con él solo una vez cuando presentó el libro que yo había elaborado por encargo del Congreso de los Diputados sobre los discursos parlamentarios de Manuel Azaña durante la Segunda República, con quien se identificaba.

Creía que es la sociedad la que debe impregnar al partido para cambiar, si era necesario, la doctrina imperante, frente a la concepción instrumentalista, según la cual, el partido transmite a la sociedad lo que debe ser aceptado en función de los estudios y análisis que hace la dirección de la organización política. Esta era la concepción del centralismo democrático que caracterizó, principalmente, a los partidos comunistas. Para ello, la influencia del SPD alemán fue evidente, tal vez no tanto porque hubiera leído a los teóricos que desde el primer tercio del siglo XX habían revisado las interpretaciones del marxismo, como por su convencimiento intelectual e intuitivo de lo que convenía a la situación de la España que había salido de la larga dictadura franquista. De hecho, se ha analizado la estrecha relación entre la Fundación Ebert, vinculada al SPD y los sindicatos alemanes, y el papel de su delegado en Madrid, Dieter Koniecki, para apoyar la reconversión del PSOE y la UGT a los planteamientos socialdemócratas, organizaciones todavía débiles en la Transición pero con patrimonio histórico. Hasta después de Suresnes los socialistas alemanes no apostaron claramente por el PSOE, y especialmente cuando Willy Brandt conoció a Felipe González y le convenció de que actuara como líder. En 1984 estalló el caso de la supuesta financiación alemana de Flick a los socialistas españoles y Felipe se desmarcó con «yo no he recibido una peseta ni de Flick ni de Flock», y la comisión de investigación concluyó que no había habido financiación ilegal. Como señala Muñoz Sánchez, los apoyos externos en la Transición se diluyen y se esconden por cuanto se refuerza la tesis de que fue un proceso principalmente endógeno por el cual los españoles consiguieron la democracia. La República Federal Alemana, que practicaba la Ostpolitik para distender la Guerra Fría pero con un fuerte sentimiento anticomunista, estaba en mejor disposición de respaldar el proceso español que los Estados Unidos, desprestigiados por el apoyo al golpe de Pinochet en Chile y la dimisión de Nixon. Henry Kissinger, el secretario de Estado norteamericano, tuvo una posición pasiva porque pensaba que España se decantaría por opciones conservadoras (Muñoz Sánchez, 2012).

En 2013, alejado de las tareas de gobierno, Felipe González publicó un libro sobre las características del liderazgo: En busca de respuestas: el liderazgo en tiempos de crisis (González, 2013), en el que refleja que el líder debe estar dotado para captar la «anomalía» de una situación política y poseer unas ideas propias de lo que conviene a la complejidad de la coyuntura, además de una moralidad no dependiente de los intereses particulares, sin hacer balance de lo que ha sido su trayectoria pero donde refleja su concepción de la importancia de que el dirigente interprete lo que es necesario y la gente admite como tal, sin que haya un plan previo claramente establecido.

Uno de los máximos representantes del austromarxismo, Max Adler, había desarrollado en su libro El socialismo y los intelectuales (Viena, 1910) la necesidad de incorporar la cultura considerada burguesa a las ideas socialistas para configurar un pensamiento que respalde un fundamento epistemológico del marxismo en la línea de Fichte y Emmanuel Kant. Era necesario crear una educación nacional que abarcara a todas las clases sociales y recogiera las ideas de igualdad y fraternidad del socialismo. Los socialdemócratas europeos, como se ha destacado, fueron transformando el discurso de la socialización de los medios de producción y abolición de la propiedad privada y aceptaron la economía de libre mercado. Igualmente, los sindicatos europeos, con el apoyo de los partidos socialdemócratas que formaron parte de los gobiernos desde mediados del siglo XX, concertaron con los gobiernos las prestaciones sociales que sirvieron para regular los subsidios por desempleo, la jornada de ocho horas, una educación y sanidad gratuitas, pensiones de jubilación, vacaciones pagadas y mejora en las condiciones de trabajo. Los partidos comunistas se mantuvieron en la oposición y defendieron la política internacional de la URSS hasta que fueron evolucionando hacia posiciones de socialdemocracia radical, que se concretaron en el eurocomunismo, y se distanciaron del PCUS de la URSS, especialmente a partir de la intervención en Checoslovaquia del ejército soviético en el verano de 1968.

LA ÚLTIMA LEGISLATURA SOCIALISTA EN EL SIGLO XX (1993-1996)

Los analistas de las elecciones de 1993 coinciden en que la personalidad de Felipe González fue clave para que el socialismo español continuara en el gobierno de España, aunque no consiguiera la mayoría absoluta de anteriores legislaturas y tuviera que llegar a pactos con el grupo catalán de Convergència i Unió. Tuvo gran facilidad para articular un discurso en el que transmitía la necesidad de reformar determinadas cuestiones políticas que habían condicionado la actuación de gobiernos anteriores, como rectificar los usos del Ministerio del Interior con los fondos reservados, y para ello nombró al valenciano Antonio Asunción, que era secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias impulsado por Enrique Múgica en el tiempo que este ejerció de ministro de Justicia. Dimitió cinco meses después al huir de España Luis Roldán, que fuera delegado del Gobierno en Navarra y director general de la Guardia Civil, investigado al destaparse un escándalo de corrupción económica bajo su mandato. Roldán se convirtió en un símbolo de la corrupción de la etapa socialista y permanece en la mentalidad colectiva por la cantidad de dinero del que se apropió, principalmente de las nuevas construcciones de cuarteles de la Guardia Civil o de sus remodelaciones, así como el gran patrimonio de inmuebles que acumuló. Las primeras noticias aparecieron en Diario 16 en 1993 y tuvo que dimitir en diciembre de ese año. Las artimañas de un personaje singular, Fernando Paesa, al parecer, colaborador de los servicios secretos españoles, que intermedió entre Roldán y el Ministerio del Interior, dirigido por Juan Carlos Belloch, posibilitaron su entrega a la policía española. En su posterior juicio fue condenado a treinta años de cárcel y desde ella, en Brieva, Ávila, estudió Ciencias Políticas por la UNED, llegando a cuarto de la licenciatura. En el falso currículum que presentó cuando fue nombrado constaba que era licenciado en Económicas. Lo tuve como alumno, creo que en 2002, en la asignatura de Doctrinas Políticas y Movimientos Sociales, y lo califiqué con un notable. Recuerdo que me llamó a la facultad desde la prisión para que le permitiera presentar, redactado a mano, porque no tenía ordenador, el trabajo obligatorio del comentario de un libro. El dinero robado no apareció, y, después de cumplir condena, afirmó que se lo había quedado Paesa, aunque se sospecha que todavía tenga varios millones de euros en paraísos fiscales.

Felipe González entre José Bono y Ciprià Císcar.

Su caso tuvo ramificaciones en Navarra, donde había sido delegado del Gobierno antes de ser director general. El presidente de la comunidad autónoma, Gabriel Urralburu, fue condenado en 1998 a once años de cárcel —que el Supremo rebajó a cuatro—, junto con Roldán y Antonio Aragón, exconsejero de Obras Públicas y sus respectivas esposas, por cobrar comisiones a empresas de construcción. Su sucesor en la Presidencia, Javier Otano, también fue procesado por tener a su nombre una cuenta sin declarar en Suiza, y acusó a Urralburu de ser él quien le ordenó abrirla para cubrir necesidades del PSOE en Navarra. Sería absuelto por prescripción del delito.

Probablemente, la legislatura 1993-1996 fue la más conflictiva para el gobierno de Felipe y la de menor duración. En ella se abordaron medidas contra la crisis económica, surgida en 1992, que provocó un bajo índice de crecimiento en todos los países de la Unión Europea, y se apoyó el proyecto de la moneda única hacia el que se caminaba, junto a la liberalización de los mercados. En este contexto el gobierno aprobaría, en 1994, la Ley de Autonomía del Banco de España, mientras que el nuevo ministro de Economía, Pedro Solbes, imponía rigor en el gasto público. Pero las políticas sociales continuaron incluso con un ritmo mayor que en las anteriores legislaturas.

Se acumularon tantos problemas en cadena que resulta difícil creer que la legislatura durara tres años. Un caso especialmente llamativo fue el del juez Baltasar Garzón, que se había distinguido por su acción contra los comandos de ETA, así como por perseguir acciones paralelas, al margen de las fuerzas de seguridad del Estado y de los jueces, para combatir el terrorismo etarra, y apuntó a los responsables del Ministerio del Interior. Al parecer, por indicación de González, tanto Garzón como otro juez, Ventura Pérez Mariño, se incorporaron a las listas del PSOE al Congreso de los Diputados en la legislatura que comenzaba en 1993, para de esa manera frenar la presión que pudieran ejercer contra los dirigentes del PSOE. Garzón ocupó, como independiente, el número dos por Madrid, detrás de Felipe González.

Los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) realizaron más de veinticinco atentados contra supuestos militantes de ETA, principalmente en el País Vasco francés, entre 1983 y 1987. Distintos medios de comunicación afirmaron que estaban financiados por el Ministerio del Interior, formados por mercenarios españoles y franceses y, en última instancia, que contaban con la aquiescencia del presidente del Gobierno, quien siempre lo negó. Garzón fue nombrado secretario de Estado-delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre la Droga, pero no vio cumplidas sus expectativas de acceder al Ministerio del Interior y tener competencias sobre terrorismo o corrupción, que después de la dimisión de Antonio Asunción había asumido otro juez, Juan Carlos Belloch, que ya ostentaba la cartera de Justicia. Dimitió en mayo de 1994, un día después de tomar posesión Belloch. Pérez Mariño también renunció a su acta de diputado en febrero de 1995, reclamando la dimisión del presidente del Gobierno y elecciones anticipadas, aunque en el 2003 encabezó, como independiente, la lista al Ayuntamiento de Vigo por el PSOE. Fue alcalde con los votos del BNG (Bloque Nacionalista Galego) pero este le planteó una moción de confianza con el apoyo del PP. José Barrionuevo, ministro de Interior, desde 1982 a 1988, lo describe de esta manera:

El grave error de Felipe González consistió en eso (el ajuste de cuentas con el pasado defendido por algunos medios de comunicación): ¿cómo se le pudo pasar por la cabeza que era posible mejorar la situación metiendo aquellos jueces? ¿Cómo pudo pensar que eso era posible? (Iglesias, 2003, 393).

Garzón volvió a la Audiencia Nacional con mayor ímpetu y resentimiento, y aceleraría el sumario de los GAL. Reabrió el caso judicial del secuestro en Hendaya, en 1983, del ciudadano francés, Segundo Marey, al considerarlo erróneamente un terrorista al servicio de ETA. Los policías españoles Amedo y Domínguez habían sido ya condenados en 1989 por su participación en dicho caso, y al ser desprotegidos por el nuevo ministro del Interior, y no recibir cantidades de los fondos reservados, se convirtieron en arrepentidos y dieron información a Garzón sobre la implicación de dirigentes policiales y políticos. Lo mismo hizo el que fuera gobernador civil de Vizcaya y después director general de la Seguridad, Julián Sancristóbal.

Javier Paniagua en la plaza de Toros de Valencia con Antonio Asunción y Enrique Múgica, en 1987.

En marzo de 1995 se identificaron, después de varios años, los cuerpos de dos supuestos etarras, Lasa y Zabala, que habían desaparecido en octubre de 1983. Se habían encontrado sus huesos enterrados en cal viva en la provincia de Alicante, en el paraje de la Foya de Coves, término municipal de Busot, y fueron conservados desde entonces en dependencias forenses. Enseguida se concluyó que habían sido asesinados por los GAL o por la Guardia Civil después de padecer torturas, aunque el forense no certificó las mismas por cuanto era difícil hacerlo tras el tiempo transcurrido. La presión se extendió hacia el general Rodríguez Galindo, jefe de la Comandancia del Cuerpo Armado en Euskadi —los guardias civiles bajo su mando habían sufrido un 10 por 100 de las bajas totales por actos terroristas— y el exgobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, así como otros guardia civiles. Todos fueron procesados y posteriormente condenados a más de sesenta años de cárcel. Barrionuevo fue interrogado en su despacho del Congreso de los Diputados por el juez Gómez de Liaño, que instruyó el sumario, pero no fue acusado. También fue detenido y procesado el exsecretario general de los socialistas de Vizcaya, Ricardo García Damborenea, quien se autoinculpó de participar en el secuestro de Marey y declaró que Felipe González conocía y amparaba las acciones de los GAL (la famosa X a la que aludían los medios de comunicación, líderes del PP y el de IU y del PCE, Julio Anguita, de ser el responsable principal). Acusó igualmente al entonces vicepresidente, Narcís Serra, a Barrionuevo y al dirigente socialista vasco Txiqui Benegas, secretario de organización del PSOE hasta 1994. García Damborenea abandonó el PSOE, fundó Democracia Socialista y se acercó al PP pidiendo el voto para Aznar en la campaña electoral de 1993. El coronel Perote, miembro de los servicios secretos, el entonces CESID, y amigo de Mario Conde, conectó con Pedro J. Ramírez y difundió documentos que extrajo del organismo, en los que se reflejaban conversaciones íntimas de personalidades del Estado y del Gobierno. Garzón le tomó declaración y señaló al presidente del Gobierno como responsable de los GAL, añadiendo que había un Acta Fundacional de estos, redactada por orden del jefe del CESID, el general Manglano, que resultó ser un estudio de los pros y contras de la guerra sucia.

La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo consideró que las declaraciones de García Damborenea y de otros miembros de Interior, quienes de negar los hechos habían pasado a «arrepentidos» y a colaborar con la judicatura, carecían de verosimilitud para procesar al presidente del Gobierno. Sus abogados plantearon una ley de punto final, similar a la de Argentina, contra colaboradores de los generales dictadores, para poner fin a los procesos judiciales, algo que Felipe rechazó de plano (El País, 3 de octubre de 1995). En noviembre de 1995 el Congreso de los Diputados concedió el suplicatorio para juzgar a Barrionuevo, con muchos votos en contra del grupo socialista, entre ellos, el mío, quien, junto con Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, durante un tiempo compañero del propio Garzón en el Ministerio del Interior, fue condenado a once años de cárcel por el Tribunal Supremo en 1998, con el voto negativo del presidente del Tribunal, quien alegó que no existían pruebas suficientes para la condena porque todo se basaba en el testimonio de Sancristóbal. Además, toda la cúpula de Interior (Vera, Planchuelo, Álvarez, Sancristóbal, Rodríguez Colorado) fue procesada y condenada por malversación, al utilizar los fondos reservados para cuestiones personales. Entre Garzón y el diario El Mundo, principalmente, fundado y dirigido por Pedro J. Ramírez, acosaron al gobierno de González e instigaron a su procesamiento con la difusión de noticias sobre lo que se consideraba terrorismo de Estado. También el Partido Popular contribuyó a la denuncia contra la cúpula de Interior y del propio González, extendiendo una valoración global del comportamiento del PSOE.

Con la distancia de los años transcurridos, el asunto del terrorismo anti-ETA tiene varias perspectivas. La de los hechos mismos: hubo efectivamente comandos al margen de la ley en los que, al parecer, intervinieron españoles y antiguos soldados franceses, pero la de los GAL no fue una organización centralizada, y existieron otros grupos similares, como el Batallón Vasco-Español, que tenía una tradición anterior a la entrada del PSOE en el gobierno. La indiferencia, al principio, de Francia ante los residentes vascos huidos de España, participantes en atentados y refugiados en el País Vasco francés, fue rectificada por el propio Gobierno galo a partir de 1991, después de evaluar los asesinatos de los GAL y las posibles consecuencias dentro de su territorio. Los actos terroristas masivos e indiscriminados contra casas-cuartel de la Guardia Civil o centros comerciales, como el Hipercor de Barcelona, así como contra miembros de las fuerzas armadas, de la política, de la prensa o de particulares cuando ya habían desaparecido los GAL (1983-1987) causaron un gran impacto en la opinión pública española e internacional. La utilización política o mediática contra el gobierno de González, por encima de las consideraciones jurídicas o morales de la actuación de los GAL, fue la norma del Partido Popular o de distintos medios de comunicación. Habían descubierto un agujero por el cual desplazar del ejecutivo a los socialistas, aunque muchos de los votantes del PP estaban de acuerdo con la actuación de los GAL. Y, de hecho, el gobierno de Rajoy se alegró y felicitó a los Estados Unidos por la operación que logró matar a Bin Laden sin detención previa ni juicio. Se ha escrito sobre el papel que desempeñó el periodista Pedro J. Ramírez desde Diario 16 y después desde El Mundo. Se le achaca haber acusado insistentemente al gobierno socialista de crear y financiar los comandos ilegales anti-ETA sin analizar lo ocurrido con los gobiernos de la UCD. En el digital El Confidencial Juan Carlos Escudier escribe:

Un redactor de El Mundo entra a su despacho (de Pedro J.) y pisa la moqueta de nubes diseñada por su esposa. Le manifiesta que obra en su poder un manual de los servicios secretos de tiempos de la UCD en el que aparecen párrafos textuales de lo que luego se denominó acta fundacional de los GAL. «El GAL se lo come el PSOE; no estoy dispuesto a manchar a la UCD con esto», le dice enojado (1 de mayo de 2008).

También el abogado y periodista Juan Carlos Girauta, eurodiputado, diputado de Ciutadans en las Cortes en 2015 y antiguo militante del PSC por muy poco tiempo (Girauta, 2010), mantiene una tesis similar, sin consultar la bibliografía sobre estos hechos (Moral, 2002, 133-180), retrotrayéndola a una tradición implícita en el mismo PSOE con su fundador, Pablo Iglesias, quien habría amenazado al político de la Restauración Antonio Maura con matarle y después este sufrió un atentado en Barcelona. Algo que continuó con la implicación en el asesinato de Calvo Sotelo en 1936. Por tanto, el tema de los GAL estaría en la estructura ideológica del partido, lo que le hacía converger con las tesis de la extrema derecha historiográfica (Díaz, 2009; Martínez Rico, 2008; Esteban, 1995).

No obstante, la actuación del Gobierno sobre los GAL no fue clara y no ofreció una explicación amplia de por qué se habían producido aquellos actos, tal vez porque resultaba difícil admitir hechos contrarios al estado de derecho, aunque los socialistas recogieran una actuación de gobiernos anteriores. En el grupo parlamentario socialista apenas se habló del tema, y si alguno lo intentó la dirección del grupo que comandaba Martín Toval se lo impidió. La oposición se limitó también a sacar rédito del tema y hacer un juicio global al socialismo.

Uno de los más fervientes críticos contra el gobierno fue Julio Anguita, secretario del PCE y presidente de Izquierda Unida, quien, desde sus intervenciones en el Congreso de los Diputados como portavoz de su grupo o desde los medios de comunicación, acusó al gobierno socialista, y principalmente a su presidente, de haber organizado los GAL. En Anguita se reflejaba el antisocialismo histórico de muchos comunistas al considerar que la socialdemocracia había traicionado los intereses de la clase obrera al aceptar el capitalismo y no plantear ninguna alternativa revolucionaria. Estaba convencido de que en la Transición española el pueblo se había equivocado por cuanto el protagonismo histórico le correspondía al Partido Comunista, pues había sido el que había conducido la lucha contra el franquismo en todos los frentes sociales desde 1939. La CIA sigue siendo, para algunos, el espectro que influyó de manera decisiva en que Felipe González fuera el líder de la alternativa mayoritaria, y así lo publica el periodista Alfredo Grimaldos, que afirma que la CIA fue quien diseñó la Transición y que el PSOE no tenía una base social en aquella época, incluso asegura que algunos militantes socialistas de entonces fueron confidentes de la CIA, como Carlos Zayas, diputado en la legislatura de 1977, que informarían sobre quiénes podían sumarse a combatir al Partido Comunista (Grimaldos, 2006; 2009).

Julio Anguita, en 1996, como líder de Izquierda Unida.

En una ocasión tuve una conversación con Anguita en el bar del Hemiciclo del Congreso de los Diputados, utilizado solo por estos durante el periodo de sesiones, sobre el marxismo y los procesos históricos. Pensaba Anguita que la historia tiene un plan definido, dentro de su esquema marxista sin matices, que la sociedad capitalista sería derrotada y, por ello, los socialistas no tendrían capacidad de contribuir a su desaparición, puesto que habían renunciado a la revolución, incluso por medios pacíficos. Para él, el PSOE era más culpable que la derecha de las injusticias sociales por cuanto sus reformas prolongaban la desigualdad social. Le apunté que los comunistas practicaban el sacrificio de las generaciones porque estimaban que era una manera de contribuir al triunfo del socialismo y no les importaba utilizar a quien fuera para conseguir un objetivo, los obreros, los funcionarios, la Iglesia, las profesiones liberales, los estudiantes, los profesores, las comunidades de vecinos, etc. Es lo que habían hecho durante el franquismo con la movilización de todo tipo de organismos y personas, lo que suponía una diferencia sustancial con los socialistas, quienes pensaban que no podían utilizar a nadie sin su consentimiento o, al menos, esa era su ética proclamada. Era la decisión individual, sabiendo las consecuencias, la única capaz de enrolarse en cualquier operación de riesgo político. El socialismo no vivía bien en una dictadura, necesitaba las libertades públicas no como medio, sino como un fin para plantear sus alternativas. Consideró que yo era un reaccionario socialdemócrata que no creía en lo ineluctable de la Historia.

De manera que en aquella coyuntura Anguita y el PCE coincidían en aislar al PSOE, en paralelismo semejante a lo que había intentado Adolfo Suárez entre la UCD y el PCE, dirigido por Santiago Carrillo, después de las primeras elecciones de 1977 en las que el PSOE obtuvo unos resultados mayores de lo esperado y sobrepasó en número de votos al Partido Comunista, que se creía acreedor, por su lucha antifranquista, a ser el principal partido de la oposición y se comparaba a lo que ocurría en Italia con el PCI. El PSOE posiblemente recuperó una memoria colectiva que se extendía desde finales del siglo XIX con el símbolo de uno de sus fundadores, Pablo Iglesias, como su principal referente pero sin una conexión clara con aquel socialismo del primer tercio del siglo XX. De hecho, igual que los santos de la Iglesia católica, fue utilizado como icono colgado en todas las agrupaciones de ciudades y pueblos al que se veneraba como el principal fundador del socialismo español (Pérez Ledesma, 1987).

Si el tema de los GAL fue, tal vez, el más conflictivo de los que tuvo que abordar Felipe González, no le fueron a la zaga otros como el ya señalado de Roldán, las escuchas ilegales del CESID a personalidades de la vida pública divulgadas por el diario El Mundo, que produjeron la dimisión del vicepresidente Narcís Serra y del ministro de Defensa, García Vargas, responsables ambos del organismo de los servicios secretos del Estado, junto a la dimisión y el procesamiento de su director, el general Manglano. También la actividad del abogado del Estado reconvertido en banquero, Mario Conde, se convirtió en asunto social y político por cuanto al alcanzar la presidencia de Banesto, una de las entidades financieras españolas tradicionales, después de haber vendido la empresa de antibióticos que tenía con su socio Abelló e invertir el dinero obtenido en el banco, intentó proyectarse como alternativa política al gobierno socialista, lo que fue calificado como modelo Berlusconi a la española. Su figura adquirió prestigio social como ejemplo de emprendedor y de creador de un nuevo estilo en el tradicional estamento financiero. Fue incluso nombrado doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid en un acto presidido por el rey Juan Carlos I, y también impartió lecciones de ética empresarial en el Vaticano con Juan Pablo II. Tejió alianzas mediáticas financiando por el Grupo Z, presidido por Antonio Asensio, para constituir Antena 3 Televisión, y se alió con Pedro J. Ramírez, después de haberlo intentado con Prisa, para poner el diario El Mundo al servicio de sus planes y contribuir a desprestigiar y desplazar al gobierno socialista. El Banco de España intervino Banesto, en diciembre de 1993, ante las pruebas de desfase de sus activos con un agujero patrimonial de más de 2.700 millones de euros. Mario Conde fue procesado y condenado en dos juicios, en 1997, por el Tribunal Penal núm. 11 de Madrid, y en 2001, por la Audiencia Nacional, en el primero a seis y en el segundo a catorce años de prisión por apropiación indebida y estafa, aumentada a veinte años por el Tribunal Supremo en 2002. Siempre se consideró inocente y escribió varios libros sobre su caso, al tiempo que intentó conseguir un escaño en el Congreso por el Centro Democrático y Social (CDS) pero no obtuvo los votos suficientes (solo 23.576). En abril de 2016 fue detenido de nuevo al ser acusado de intentar recuperar unos trece millones de euros de empresas ubicadas fuera de España, supuestamente procedentes de lo extraído en su etapa en Banesto.

En medio de todos estos escándalos también surgieron las relaciones del Gobierno socialista con Prisa y el diario El País, al que se consideraba un medio de comunicación comprometido con la estrategia socialista. Las relaciones de amistad de González con el presidente de la entidad, Polanco, y con el que fuera su director, Juan Luis Cebrían, dieron lugar a interpretaciones de la alianza entre ambos. De hecho, cuando Antena 3 Radio, sostenida mayoritariamente por el grupo Godó, consiguió en 1992 superar en oyentes a la SER, emisora de Prisa, con periodistas poco proclives al Gobierno socialista (Antonio Herrero, José María García, Martín Ferrand, Luis Herrero o Jiménez Losantos), el grupo de Polanco compró a Godó la cadena, y los periodistas estrella la abandonaron contratados en su mayoría por la COPE. El Tribunal de Defensa de la Competencia consideró la absorción contraria a la legislación, por lo que suponía de concentración de medios, pero el Consejo de Ministros en 1994 aceptó la operación, lo que supuso la desaparición de Antena 3 Radio. Se interpuso un recurso contra la decisión, y el Tribunal Supremo dio la razón a los demandantes en el año 2000. Prisa recurrió al Tribunal Constitucional, que ratificó la sentencia del Supremo, pero el Gobierno del PP no exigió el cumplimiento de la sentencia. De igual manera se produjo la fusión entre Canal Satélite Digital, que contaba con el apoyo de Prisa y el PSOE, y Vía Digital, con Telefónica y el PP. En 2005, ya gobernando Zapatero, se aprobó la ley para el impulso de las TDT, que fue considerada un respaldo a las tesis de Polanco. Todavía no existe una explicación suficientemente ponderada, que vaya más allá de los enfrentamientos políticos entre PSOE y PP o entre los propios periodistas, para analizar el proceso de los medios de comunicación desde el comienzo de la Transición política.

Otro caso que coincidió en el tiempo con el asunto de Roldán, de gran trascendencia por la personalidad afectada, fue el del banco de inversiones Ibercorp, que fue intervenido por el Banco de España. Su director era Manuel de la Concha, exsíndico de la Bolsa de Madrid, que ocultó información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las sociedades no operativas que había constituido, y en 2002 sería condenado a seis años de prisión. El director del Banco de España, Mariano Rubio, dimite y en 1994 se publica en el diario El Mundo que tenía una cuenta opaca en Ibercorp por valor de unos 750.000 euros. El 5 de mayo de ese año Rubio y De la Concha son detenidos y acusados de cohecho, estafa y apropiación indebida. Sale publicado también que el Banco de España concedió un crédito a Ibercorp por valor de 18 millones de euros, con informe en contra de la inspección. Carlos Solchaga, amigo de Rubio por su pertenencia al Banco de España cuando este era subdirector de Estudios, dio la cara por él y al descubrirse su cuenta dimite como diputado y, por consiguiente, como presidente del grupo parlamentario socialista, sucediéndole Joaquín Almunia. De aquellos acontecimientos queda para la memoria la intervención del portavoz socialista en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Hernández Moltó, en la órbita del entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, preboste del PSOE, amigo de Pedro J. Ramírez, creador del diario El Mundo, que dio mayor difusión a las noticias sobre corrupción del PSOE en aquella época. Hernández Moltó se dirigió, en una de las sesiones de la Comisión en 1994, en tono chulesco y con sobreactuación, a Mariano Rubio: «Señor Rubio, míreme a la cara. De frente...», acusándole de corrupto y tratando de avergonzarlo. Años después, en 2014, el fiscal pidió en el juicio previsto para el propio Hernández Moltó dos años de cárcel por su gestión en la Caja de Ahorros Castilla-La Mancha. La viuda de Rubio, la escritora uruguaya Carmen Posadas, comentaría que se había producido al final «una justicia poética».

Todos estos asuntos contribuyeron al deterioro del gobierno y redujo el apoyo social al PSOE que, desde 1982, había ido perdiendo votos. Se mezclaron, además, con los casos de corrupción del financiero catalán De la Rosa y la presión del empresario Ruiz-Mateos, al que en el primer gobierno socialista, en febrero de 1983, se le expropió Rumasa, un conjunto de empresas, entre las cuales había bancos, que había comenzado a formarse en 1961. Rumasa había ido acumulando pérdidas por más de 1.500 millones de euros (260.000 millones de pesetas) y entró en quiebra. Ruiz-Mateos negó la situación a pesar de los informes del Banco de España y de la auditoría realizada e inició todo tipo de aventuras judiciales y políticas (consiguió ser eurodiputado en 1989) para recuperar su patrimonio y huir de los procesos judiciales que se le incoaron. Los múltiples pleitos que interpuso los fue perdiendo en los tribunales españoles y en el extranjero. Puso sus recursos a disposición de aquellos que podían tener información para perjudicar al gobierno y contribuir a su derrota (Nieto, 1997).

Todos los personajes que intervinieron en el desgate de la figura de González y de su gobierno no tenían una homogeneidad ni en su composición ni en sus objetivos y entre ellos no había afinidades:

Y es que en realidad, los personajes de este contubernio (Garzón, Amedo, García Damborenea, Perote, Conde, Ramírez, Ansón, Aznar, Anguita, etc.) tenían un curioso rasgo en común: todos estaban relacionados entre sí, pero todos se avergonzaban de los demás. Es decir, Ruiz-Mateos, que financiaba a Amedo, estaba gracias a este en contacto con Garzón y también con Mario Conde. Garzón, a su vez, se relacionaba con Conde a través de Pedro J. Ramírez, quien se llevaba bien con Aznar y con Anguita. Aznar trataba a Damborenea, que parecía ser uña y carne de Perote, etc. Pero ninguno de ellos quería fotos con cualquiera de los otros (Cotarelo, 1995, 102).

Pero además coleaba en la prensa y la radio que distintos dirigentes del PSOE y del PSC habían sido encausados en el sumario de un holding de empresas formado por Filesa, Time Export y Matesa, vinculadas al PSOE, por elaborar teóricos informes de consultoría, que nunca existieron, para distintos bancos y empresas a cambio de recibir dinero para financiar las campañas electorales del PSOE-PSC. La información salió en diversos medios de comunicación en 1991, proporcionada por el contable de todas ellas, el chileno Carlos Van Show quien, contratado por uno de los propietarios de las empresas, Luis Oliveró, administrador también de las mismas, había puesto una demanda laboral por no cobrar una comisión que, según él, le correspondía de la compra-venta de contenedores, y declaró ante el juez que existían cuentas en Suiza con las comisiones destinadas al PSOE. Del mismo sumario se desglosó el caso AVE, por la investigación de comisiones en la construcción del tren de alta velocidad, con la implicación del ministro García Valverde en 1991 que, como ya se ha señalado, fue absuelto, al igual que Oliveró. En 1996 el Tribunal Supremo condenó a tres años de cárcel a ocho de los encausados por financiación irregular, entre ellos, a un senador, José María Sala, y a un diputado del PSOE-PSC, Carlos Navarro, a once años, que después recibirían un indulto parcial del gobierno de Aznar. A Navarro —casado con una hija de Oliveró— lo conocí en el grupo parlamentario en la legislatura de 1986-1989. Teníamos un cierto parecido físico que alguna vez confundió a la prensa cuando esta lo buscaba por el caso Filesa. Era una persona muy discreta y callada y tuve la impresión de que era un buen profesional de la contabilidad. Llevaba la coordinación de las finanzas del grupo parlamentario socialista puesto que, al tomar posesión en el Congreso de los Diputados, todo nuestro sueldo iba a la cuenta del partido y de él recibíamos el salario mensual, una vez realizado el descuento que se quedaba el PSOE o las multas que imponía el responsable de la disciplina. En tres de las cuatro legislaturas en las que estuve lo fue Máximo Rodríguez (1909-1997), un antiguo militante del PSOE, ebanista, que perteneció al sector de Largo Caballero durante la Segunda República y participó en la Guerra Civil. Exiliado en Toulouse, apoyó a los nuevos dirigentes salidos del congreso de 1974, lo que le valió formar parte de las listas al Congreso de los Diputados desde 1977 a 1993. Contaba cómo hubo que prohibir a militantes del PSOE de Madrid que atracaran bancos en los años treinta, como fuente de financiación del partido, porque no había seguridad de que entregaran todo el botín (Galiacho y Berbell, 1995).

También saltó el caso de la Promoción Social de Viviendas (PSV), una serie de cooperativas vinculadas a UGT para promocionar viviendas asequibles para familias sin muchos recursos. En 1993 solicita suspensión de pagos y la judicatura admite la querella contra los administradores de la PSV por apropiación indebida. El Consejo de Ministros interviene la cooperativa en 1994 y aprueba un aval de 8.500 millones de pesetas a fin de salvar el proyecto, aunque la UGT salió malparada y con una fuerte deuda. El proceso judicial se prolongará hasta 2001, con la condena a dos años y cuatro meses de cárcel para el principal responsable, Carlos Soto.

Las relaciones entre UGT y la ejecutiva del PSOE, marcadas por el cada vez más profundo desencuentro entre Felipe y Nicolás Redondo, secretario general del sindicato, se habían ido deteriorando a lo largo de los años de los gobiernos socialistas. «Nunca tan pocos destrozaron tantas ilusiones de tantos», llegó a proclamar Redondo en sus enfrentamientos, principalmente contra Solchaga y su principal aval, Felipe González. Atrás quedaron las propuestas del XIII Congreso de 1974 en Suresnes, donde Redondo propuso a Felipe como secretario general del PSOE. El nombramiento en 1988 de dos ministros, Matilde Fernández (Bienestar Social) y José Luis Corcuera (Interior), muy vinculados históricamente a los órganos dirigentes de UGT pero enfrentados a Redondo, cayeron en la Sindical como una afrenta a este, quien se aprestó a eliminar de los órganos de dirección de la UGT a todos aquellos que no participaban de sus tesis. Álvaro Soto destaca que el distanciamiento entre el Gobierno y la UGT representaba un gran coste para el sindicato, principalmente en las grandes empresas (Soto, 2013). La huelga general del 14 de diciembre de 1988 fue el punto culmen de la disensión entre ambas organizaciones, después de distintas leyes aprobadas por el Gobierno socialista (pensiones, subsidios por desempleo, plan de empleo juvenil...), que la mayoría de los dirigentes de la UGT consideraron contrarias a los trabajadores.

El pacto con CiU en la legislatura 1993-1996 se rompió a propuesta del líder de Unió Democràtica, J. Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, y en diciembre de 1995 los presupuestos no fueron aprobados por no obtener la mayoría parlamentaria necesaria. Terminó la legislatura y Felipe convocó nuevas elecciones para marzo de 1996. No solo acababa una etapa de gobierno del PSOE, sino que también se iniciaba una nueva era en el socialismo español que afectaba tanto a su concepción política como a la renovación de personas.

La socialdemocracia española no fue la misma a partir de entonces. Hubo una etapa de transición después del XXXIV Congreso del PSOE, donde desaparecieron de la organización Felipe y Guerra. Para el cargo de secretario general fue elegido Joaquín Almunia, quien convocó a los afiliados del PSOE a unas elecciones «primarias» para decidir quién sería el cabeza de lista en las futuras elecciones generales. Deseaba huir de la imagen de cooptación que creía que había transmitido Felipe en su elección y, de esa manera, adquirir credibilidad por sí mismo. Sin embargo, compitió con Josep Borrell, antiguo secretario de Estado de Presupuesto y Gasto Público, quien diseñó la Agencia Tributaria, y posteriormente fue ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, promocionando una política de creación de infraestructuras públicas o clarificando los arrendamientos urbanos. Invité a Borrell a mi casa de la Sierra Calderona, en Valencia, e hicimos un recorrido de varias horas por las montañas en bicicleta, acompañado también de otro diputado de Cádiz, Alfonso Perales, el único con el que mantuve amistad fuera del círculo valenciano, hasta su muerte. Allí convivimos durante dos días escuchando las chanzas sarcásticas de Perales cuando Borrell empezaba a manifestar su interés por dirigir el PSOE. Se había distinguido por un discurso socialdemócrata radical que ponía énfasis en la recaudación de impuestos y en la extensión de las prestaciones sociales, y era un excelente comunicador que transmitía confianza. Almunia estuvo amparado por la mayoría de los dirigentes ejecutivos de Ferraz y por la mayoría de las ejecutivas de las federaciones, salvo Cataluña, pero Borrell ganó por primera vez por la elección libre entre todos los afiliados del Partido Socialista el 24 de abril de 1998, y se convirtió en el cabeza de lista del PSOE para aspirar a la presidencia del Gobierno en unas circunstancias en que los militantes socialistas veían al PSOE en la oposición y añoraban el liderazgo de Felipe. Almunia no tenía empaque de líder y no resultaba, para los militantes, una figura suficientemente capaz de convencer a la sociedad española. Se produjo una dualidad, inédita hasta entonces, en la organización socialista entre el secretario general y el líder electoral. Las noticias publicadas en la prensa en relación con la evasión de impuestos y el trato de favor a determinadas empresas por parte de los responsables de la Agencia Tributaria de Barcelona, algunos de ellos amigos históricos de Borrell por sus estudios de bachillerato en Lleida, y personas de confianza nombradas en su paso por Hacienda, le llevaron a renunciar en 1999 a presentarse a las elecciones del año 2000 como líder del PSOE. Algunos medios especularon sobre la posibilidad de que la información fuera filtrada al diario El País por sectores del propio PSOE contrarios a su candidatura. Entonces Joaquín Almunia ocupó su puesto y se presentaría como cabeza de lista de los socialistas. Borrell sería posteriormente eurodiputado y alcanzaría la presidencia del Parlamento europeo.

VALORACIONES DE LAS POLÍTICAS DEL PSOE

Es difícil habilitar una opinión neutral sobre la trayectoria del PSOE y de sus principales líderes en aquellos trece años y medio de gobierno. Sería una mala excusa, en mi caso, ponerme por encima de los acontecimientos y afirmar, con un falso eclecticismo, que hay algo de verdad en todas las posiciones. Viví aquellos años de actividad política en una permanente contradicción, entre lo que significaba la relación —algunos la llaman lealtad— con un partido, el PSOE, y las condiciones en que tuvo que desenvolverse la acción de gobierno a partir de 1982. Soy de una generación que creyó en la interpretación marxista de la historia y en el socialismo como organización política y social que debía sustituir el capitalismo e implantar la socialización de los medios de producción. Leíamos libros esquemáticos, en ediciones de la Unión Soviética, como el de Georges Politzer, Principios elementales y fundamentales de filosofía, con referencia al materialismo dialéctico que elaboró para la Universidad Obrera de París creada en 1932, y también a Althusser o Poulantzas, cuyas interpretaciones del marxismo las divulgaba la chilena Marta Harnecker en un pequeño libro editado por Siglo XXI: Los conceptos elementales del materialismo histórico (1969), que tuvo gran éxito y múltiples ediciones. Años después, Althusser entraría en un psiquiátrico al matar a su mujer, y Poulantzas se suicidaría tirándose con sus libros desde su piso parisino. También leíamos opúsculos de Carrillo, como Después de Franco ¿qué? Pensábamos entonces que a la URSS y a los países del este de Europa, aún con sus errores, poco señalados, y dando por sentado que no eran el mejor ejemplo de lo que pudiera entenderse como sociedad socialista, con dictaduras «del proletariado», había que defenderlos en relación con los países capitalistas, puesto que se suponía que eran sociedades más igualitarias y justas que las de los Estados occidentales y, desde luego, menos imperialistas que los Estados Unidos, a los que se fustigaba por la guerra del Vietnam, por su actitud ante Cuba o por su intervención en el Chile del presidente Allende, líder de la Unidad Popular que fue derrocado por un golpe militar con la intervención de los servicios secretos de Estados Unidos. El Partido Comunista de Carrillo tenía fuerza entre los estudiantes y profesores, y algunos se afiliaron a él. La universidad en la que estudié, en la mitad de los años sesenta, empezaba una reconversión intelectual de las explicaciones de los profesores e intelectuales franquistas sobre la Guerra Civil y la Segunda República, o la interpretación de la historia de España. El movimiento estudiantil de aquellos años, contrario a la dictadura, promocionó elementos teóricos y políticos para deducir que la sociedad española había quedado frustrada por el triunfo de Franco y los sectores más reaccionarios. La historia que intentábamos elaborar representaba una alternativa a la que divulgaba el régimen franquista, como una manera de lucha. Había que reforzar la idea de que los derrotados en la Guerra Civil eran los que debían haber ganado porque lo otro significó un retraso en el desarrollo económico y social de España. Una manera de sumisión a la Iglesia católica y su moral, al ejército franquista y a los sectores económicamente privilegiados. La sociedad española, interpretábamos, vivía enajenada por la represión y los años de ideologización franquista en un país donde había muchos derrotados que habían padecido cárcel y se mantenían en silencio. Algunos éramos de familias de clase media baja, o incluso obrera, que vivíamos en ciudades donde había universidades públicas y podíamos pagar cada curso la pequeña matrícula de aquella época. Nuestros padres tenían la voluntad de estimularnos para que cursáramos una carrera universitaria como única herencia posible que podían dejarnos para lograr una vida mejor que la que ellos tenían. Y entre una gran mayoría existía la perspectiva de hacerse funcionario público cualificado. En las casas, generalmente, no había libros, en todo caso, enciclopedias compradas a vendedores a domicilio, y se solía adquirir un diario a la semana, principalmente, los domingos. Muchos de aquellos jóvenes, hijos de padres vencedores en la Guerra Civil, sin participar en las revueltas estudiantiles ni afiliarse a ninguna organización clandestina, entraron también en el paradigma de la necesidad del cambio del franquismo, sobre todo a medida que se conocían más datos de las sociedades europeas como Alemania, lugar de emigración de muchos españoles, Gran Bretaña o Francia, y las condiciones sociales en las que vivían los trabajadores. En realidad, estábamos todavía demasiado aislados y teníamos escasa formación en otras lenguas. Eran pocos los que salían para estudiar en universidades extranjeras y, en todo caso, se adquirían libros prohibidos sobre España publicados en otros países, como los de la editorial Ruedo Ibérico de París, fundada en 1961 por el valenciano José Martínez Guerricabeitia, de tendencia libertaria, en colaboración, entre otros, con Nicolás Sánchez Albornoz (Forment, 2000).

Propaganda del PSOE exigiendo un referéndun para entrar en la OTAN.

En este contexto vivieron Felipe González y Alfonso Guerra, y la mayoría de los ministros de los gobiernos socialistas. Y por ello cabe preguntarse si el PSOE que construyeron a partir de 1974 tiene alguna relación más allá de las siglas con el de la Segunda República o el de la Guerra Civil. Se considera que existía una continuidad entre el partido fundado por Pablo Iglesias en 1879 y seguido por los dirigentes de la Segunda República, y los nuevos líderes nacidos en los años cuarenta del siglo XX que coparon la organización con el apoyo político y económico de la Internacional Socialista y, especialmente, gracias a la intermediación de Willy Brandt. En el verano de 1965 fui invitado, junto con otros estudiantes universitarios españoles, por el IGMetal a un curso sobre sindicalismo y socialismo en Lambrecht, en Renania-Palatinado. Allí conocí al líder de los sindicatos alemanes Max Diamant y a varios dirigentes del SPD. El sindicato más importante de Alemania tenía una gran cantidad de trabajadores españoles afiliados, lo que evidenciaba el apoyo de los socialdemócratas alemanes al antifranquismo: «Un potencial que las direcciones del PSOE y la UGT (en el exilio) se negaron en todo caso a explotar al no estar en su agenda reactivar ambas organizaciones en España mientras existiera la dictadura. Y ello fundamentalmente por el temor de los líderes exiliados a perder el control del partido y el sindicato a manos de los compañeros del interior» (Muñoz Sánchez, 2012, 396). La interpretación más en uso es que el PSOE entró en el mismo camino que los demás partidos socialdemócratas europeos, aceptando la sociedad de libre mercado pero exigiendo beneficios públicos para la inmensa mayoría de la población (Maravall, 1995). Las siglas significaban un aval de continuidad con la Segunda República, y las demás organizaciones con denominación de socialistas surgidas desde los años setenta del siglo XX, como la Federación de Partidos Socialistas o el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván, así como otros aparecidos en los albores de la Transición española, se fueron integrando en el PSOE a partir de 1977, después de las primeras elecciones generales. Esta tesis es la que recalca J. M. Maravall y ve diáfano que existió en la Transición «una distribución geográfica de las lealtades izquierdistas antes y después de la dictadura» y de esa manera el PSOE había captado aquellas áreas donde la militancia anarquista era importante, redistribuyendo así la subcultura de izquierdas, algo que considera como una tendencia general en los países europeos. Habría, pues, una memoria de continuidad en las actitudes políticas que conectaría con la Segunda República, al igual que la UCD de Adolfo Suárez lo haría con la CEDA de Gil Robles o la Derecha Regional Valenciana de Luis Lucia, aunque él mismo reconoce que existe todavía poca evidencia empírica para interpretar estas continuidades políticas (Maravall, 1984, 203-204). Y difícil será encontrarlas. El «nuevo PSOE» apenas tuvo relación con el de antes de la Guerra Civil. Pueden hacerse interpretaciones historicistas y especular en ese sentido, ya que es fácil percibir esa apariencia, pero si aceptamos los cambios sociales y mentales cabe concluir que la relación es superficial, que tiene poco que ver con los planteamientos políticos de aquellas organizaciones del primer tercio del siglo XX. Ni por militancia ni por la incorporación de nuevos afiliados existieron vínculos con los socialistas de los años treinta del siglo XX. En todo caso, solo las siglas parecían unir el pasado con el presente. Es verdad que en 1977 todavía vivían antiguos militantes y que se difundieron historias y biografías sobre personajes históricos del socialismo español, pero fue algo secundario. Los departamentos de historia de las universidades dedicaron monografías a la historia del PSOE porque su protagonismo político fue en aumento durante la Transición, y se recuperaron archivos, lo que constituyó un nicho para los historiadores y sus currículos. «Los abuelos», como se les llamaba en las agrupaciones socialistas, formaban un lobby que podía decidir algunas votaciones, pero su peso era simbólico y su capacidad de decisión, escasa. Eran la escusa y la cara para reafirmar el contacto con el pasado, pero los nuevos dirigentes y los nuevos afiliados, en su mayoría, tenían poco conocimiento de la historia y de los principios ideológicos que habían conformado históricamente al PSOE. Fueron asimilándolo de manera mecánica en el proceso de legalidad del partido a partir de 1976, pero se convirtió en una liturgia, al igual que ocurre con las costumbres de bautizar o hacer la comunión, sin que ello tenga una gran relación con la práctica religiosa. Otro autor, Dídac Fábregas, destaca que donde más conexión existe con el pasado político y, por tanto, con el proceso de continuidad-reproducción histórica, es en Cataluña, al considerar que es la zona más equiparable a la Europa desarrollada. La lucha contra el franquismo fue allí más constante y radical que en otras partes de España, y el nacionalismo mantuvo sus vínculos culturales y sociales (Fábregas, 1997, 209-211).

También es verdad que los ministros y dirigentes de los gobiernos socialistas eran titulados universitarios, y muchos de ellos profesores en las universidades públicas. Tenían una buena formación teórica en sus materias académicas. Ernest Lluch o Narcís Serra eran economistas y catedráticos de la Universidad de Barcelona, al igual que Maravall, Solana o Borrell en universidades de Madrid. Lluch, cuando accedió al ministerio, era profesor agregado de universidad. La Ley de Reforma Universitaria transformaría a los agregados en catedráticos, pero los miembros del Gobierno socialista que estaban en esa situación, para no ser acusados de que la medida les favorecía, renunciaron a incorporarse al cuerpo de catedráticos y quedarse en un cuerpo a extinguir. Lluch persistió e hizo oposiciones a la cátedra de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad de Barcelona, siendo todavía ministro, lo que fue criticado, y en el gobierno de 1986 no repitió. Ellos sí que estuvieron en departamentos de investigación extranjeros y conocían el inglés o/y el francés. Eran, en su mayoría, hijos de una cierta burguesía o pequeña burguesía ilustrada, como el padre de Maravall, catedrático de Historia de las Ideas, con libros que todavía se sostienen. Boyer era un economista reconocido y hombre de amplia cultura, partidario del filósofo Popper, un antimarxista al que defendía con pasión y que hablaba en sus apariciones televisivas o de radio de La sociedad abierta y sus enemigos como parámetro para interpretar el mundo. Solchaga, funcionario del Centro de Estudios del Banco de España, había traducido obras de historiadores del pensamiento económico y poseía claridad intelectual para analizar la situación de la economía española. Se declaró socialista liberal. Pedro Solbes era técnico comercial del Estado, Tomás de la Cuadra era catedrático de Derecho Administrativo de la escuela de García de Enterría y otros tantos que ocuparon cargos en la Administración del Estado como Joaquín Leguina, funcionario del Centro Nacional de Estadística. También ocuparon puestos de responsabilidad política aquellos vinculados a la organización del partido sin ningún currículo reseñable. El PSOE en aquellos años ochenta y noventa necesitaba echar mano de todo aquel que pudiera desempeñar, mínimamente, una función política en la Administración pública, y aquel afiliado con cierta ambición podía tener su oportunidad sin demasiados miramientos. Podría clasificarse a los cargos nominados en todas las jurisdicciones políticas en tres tercios: los máximos dirigentes: miembros del Gobierno o altos cargos con buenos currículos o con una trayectoria de dirigente dentro del PSOE; los intermedios: personas con estudios y profesionales (principalmente docentes de todos los niveles o licenciados en Derecho), que podían ser intercambiados por otros del mismo rango, y, por último, los que cuidaban de las estructuras de base del partido y mantenían los lazos de lealtad y para ello eran nombrados concejales, alcaldes de poblaciones pequeñas, asesores o diputados provinciales. Controlaban las agrupaciones socialistas de las ciudades y pueblos y a partir de ellos se tejía el poder en los congresos del PSOE.

La Ejecutiva Federal controlaba los movimientos de las distintas federaciones y promocionaba a unos u otros para mantener la estructura de poder federal que, con el paso del tiempo, fue cambiando a medida que pugnaban otras fuerzas sociales y políticas dentro de la organización, y en esa evolución el poder de Guerra fue disminuyendo en los años noventa del siglo XX. No obstante, a medida que la estructura del poder autonómico se consolidaba, la autonomía se hacía más independiente y era más difícil un control fuerte. Si al principio se podía colocar en las listas a «cuneros», era ya imposible en las últimas elecciones que estuvieran en las listas electorales personas sin relación con la autonomía. Los llamados barones, los secretarios generales de las federaciones del PSOE, ejercían cada vez más un papel de presión importante en Ferraz. Y en esa perspectiva existían federaciones con entidad propia, como Cataluña, donde en su historia contemporánea el socialismo no había constituido la hegemonía de las sociedades obreras, más inclinadas al anarcosindicalismo. El PSOE no contaba allí con mucha fuerza social ni electoral e incluso en los años veinte del siglo XX sufrió escisiones hacia posiciones más catalanistas, de tal forma que a mediados de los años setenta, cuando comienza la Transición, existían distintos grupos que pugnaban por capitalizar el voto socialista. Después de las elecciones de 1977 se produce la confluencia de los partidos socialistas catalanes y se constituye el PSC (Partit Socialista de Catalunya), que se asocia con el PSOE en 1978, pero manteniendo su individualidad y autonomía con una organización ejecutiva y económica propia cuyo primer secretario sería Joan Raventós. A él se incorporará Ernest Lluch, entonces profesor de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad de Valencia y enclavado en un grupo de profesores valencianos por el socialismo que desembocaría en el Partit Socialista del País Valencià (PSPV), en conexión con la Federación de Partidos Socialistas, de tendencia nacionalista y federalista. Lluch formuló, en su actividad política valenciana, fuertes críticas al PSOE como partido centralista y poco sensible a las nacionalidades históricas españolas. Encabezó, sin embargo, la lista de Girona del PSC-PSOE a propuesta de Raventós y, en las primeras legislaturas (1977 y 1979), fue portavoz del grupo socialista catalán dentro del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, y en 1982 pasaría a ser ministro de Sanidad.

A finales del los años ochenta se hizo patente la presión de aquellos militantes que se enclavaban dentro del genérico «renovadores», con el propósito de cambiar las formas de control político o el discurso del socialismo. Fueron criticados por dirigentes como el secretario de organización Txiqui Benegas, vinculado a Guerra, que los tachó de «renovadores de la nada». Entre ellos destacaban Solana, Leguina, Maravall, Almunia, Rubalcaba, Císcar, valenciano pero incardinado en Madrid desde la legislatura de 1989, o Bono, que de ser un fiel de Guerra pasó a ser uno de sus mayores adversarios, y así lo expresa en sus memorias:

Guerra tiene una idea del poder en el que solo caben subordinados que le obedezcan o le halaguen [...]. Los afectos o son mutuos y recíprocos o no son [testimonia el 8 de abril de 1992 cuando le dice a Guerra], yo creo que puedo vivir sin tu amistad. Hoy empezaré a hacerlo (Bono, 1997, 43).

La guía política en los gobiernos del PSOE la llevaba el ejecutivo y prioritariamente su líder, Felipe González, si bien el discurso clásico que conectaba con buena parte de los militantes lo articulaba Alfonso Guerra, aunque, con el tiempo, sus discursos y frases se hacían más estentóreas y provocaban rechazo o indiferencia, como síntoma de los cambios en las sensibilidades sociales. Martín Toval, presidente del grupo parlamentario socialista entre 1982 y 1993, lo expresaba con claridad en las reuniones del grupo del Congreso y del Senado: los diputados y senadores estábamos para apoyar al ejecutivo socialista, que era el que tenía capacidad para decidir las leyes o decretos y, en ningún caso, debíamos discutir en público o en las Cortes las resoluciones del Gobierno. Las iniciativas parlamentarias debían ser previamente respaldadas por el Gobierno y nadie podía ir por libre, a no ser que no quisiera repetir en las próximas listas electorales. En una ocasión, en 1998, nueve diputados socialistas de la Comunidad Autónoma de Valencia, entre los cuales me encontraba, no aceptaron la decisión del grupo en un tema de inversiones hidrológicas y rompieron la disciplina de voto, lo que ocasionó que no fueran incluidos en las listas de las siguientes elecciones por expresa orden de Almunia. El parlamentarismo se convertía en un referente secundario que debía dejar el protagonismo al Gobierno, al contrario que en el primer tercio del siglo XX y parte del XIX, donde la acción del ejecutivo dependía estrechamente de la decisiones parlamentarias y la oratoria era fundamental para triunfar en política. Esta tendencia del predominio del Gobierno sobre el Parlamento se extendió por todos los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. El Parlamento era solo un reflejo del resultado electoral, pero su principal tarea era apoyar, en el caso de sostener al Gobierno, u oponerse al mismo desde la oposición. El grupo que respaldaba al ejecutivo tenía la misión de estar presente en las votaciones o en las comparecencias de los miembros del Gobierno, intervenir para defender las propuestas gubernamentales o, en todo caso, rechazar las de la oposición. Los dedos de los que dirigían los diferentes grupos parlamentarios indicaban el voto a sus diputados (un dedo alzado era un sí; dos, abstención, y tres, voto en contra) y si no se estaba presente sin un permiso del responsable de la disciplina o de los dirigentes del grupo se recibía una multa, descontada, como ya se ha dicho, del salario mensual. Algunas veces, después de un número infinito de votaciones para aprobar o rechazar las enmiendas de las leyes o decretos, no se sabía bien, si no habías intervenido en el proceso, cuál era la intención de voto ordenada por la dirección del grupo. Recuerdo que, a veces, algún diputado al leer al día siguiente la prensa se extrañaba de que él hubiera votado aquella enmienda de alguna proposición, decreto ley o ley. Las intervenciones de los parlamentarios en la tribuna solían leerse y había poco margen para la improvisación, lo que hacía la mayoría de las sesiones muy aburridas. Muchos salían del Hemiciclo y hacían colas para llamar desde las cabinas cuando todavía no existían despachos propios. Cuando se construyeron estos en la quinta legislatura (1993-1996) se instaló un televisor en cada uno que permitía seguir las sesiones, y aparecieron los primeros ordenadores con correos electrónicos y la conexión a Internet. Cuando había que votar sonaba el timbre para acudir al Hemiciclo y todos salían de sus despachos como avispas de una colmena.

El apoyo electoral del PSOE fue disminuyendo desde la legislatura de 1982, donde obtuvo el 48,11 por 100 de los votos emitidos; en 1986, el 44,06; en 1989, el 39,60, y en 1993, el 38,78, para pasar en 1996 al 37,62, aunque el número absoluto de votos se mantuvo entre ocho y diez millones. No todas las políticas afectaron de igual manera a la disminución del peso electoral durante los trece años de gobiernos del PSOE, y a pesar de los escándalos de corrupción o de la guerra anti-ETA de los Gal, la diferencia de votos en 1996 entre el PP y el PSOE fue solo de unos 300.000: «Cuando los encuestados creen que otro partido lo habría hecho peor aumenta la probabilidad de votar al PSOE» (Sánchez-Cuenca y Barreiro, 2000, 83). Sobre aquellos años de gobierno socialista se cuenta ya con algunas bibliografías parciales con valoraciones diferentes, especialmente escritas por periodistas o por las propias personalidades intervinientes. Todavía hay pocas monografías realizadas por académicos ajenos a los acontecimientos. Abdón Mateos y Soto Carmona, historiadores de la época contemporánea, desde su actividad universitaria, han sido probablemente los primeros en editar una valoración y una investigación de los años de gobierno del PSOE por parte de distintos especialistas, con un buen aparato bibliográfico (Soto y Mateos, 2013). Curiosa, por ejemplo, resulta la interpretación de Sergio Gálvez, que considera que el PSOE tuvo que realizar la revolución burguesa que la derecha no había sabido consolidar y marginar su programa socialista para asumir la democratización pendiente y definitivamente hacer de España un sistema parlamentario homologable al de otros países europeos, con un apoyo explícito a las autonomías diseñadas por la Constitución de 1978. Todavía asimila el concepto revolución burguesa al de régimen político democrático, que tanto había dado que hablar en la historiografía española desde los años sesenta del siglo XX (Gálvez, 2013, 190).

Trascurridos los diez años de gobierno socialista, y al tiempo que se celebraban los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal en Sevilla en 1992 como colofón de lo que se consideraba la capacidad de la socialdemocracia española para mostrar sus iniciativas políticas, sociales y económicas, se publicaron diversos trabajos desde la perspectiva del PSOE para destacar la labor de sus gobiernos. En ello fue clave la Fundación Sistema, dirigida, como se ha destacado, por José Félix Tezanos y controlada por Alfonso Guerra. Ambos editaron La década del cambio: diez años de gobiernos socialistas, donde una serie de autores vinculados a la universidad o a la política recopilaron las actuaciones del socialismo español en su periodo más largo de gobierno (Guerra y Tezanos, 1992). Los trabajos incluidos son desiguales y, aunque muchos de ellos tienen rigor expositivo, constituyen en su conjunto una defensa de la acción de gobierno del PSOE sin un ponderado análisis crítico y, en ocasiones, con un lenguaje de aseveraciones contundentes, sin matizaciones, propios de manifiestos de partidos:

Hoy sabemos, con la perspectiva de una década, que las crisis de los setenta e inicios de los ochenta fueron provocadas por la aparición de nuevos focos de competividad en el ámbito internacional (el eje del Pacífico) y por la revolución tecnológica en curso (Fernández, 1992, 229-230).

Una de las colaboraciones más curiosas es la que analiza la evolución de los partidos políticos, por cuanto afirma que en la década de años sesenta del siglo XX en España se desarrolla una sociedad moderna que va a suponer que pueda alcanzarse una estructura política democrática. Tesis que coincide con lo defendido por la historiografía conservadora, aquella que interpreta que el franquismo evoluciona desde su interior hacia fórmulas liberales económicas y sociales:

Todos los aspectos negativos del franquismo no impidieron que en los años sesenta emergiera la sociedad menos desigual de nuestra historia y, en coherencia con ello, la sociedad más urbana, liberal y tolerante de nuestro siglo XX (De Blas, 1992, 565).

Algo parecido ocurre con otras publicaciones de la editorial, que analizan, en distintos foros, cuestiones como la desigualdad o la dinámica de las clases sociales. En los medios académicos y políticos existe prevención por considerarlos defensores de parte a pesar de que señalen cosas evidentes, como la disminución de las desigualdades y el aumento de la igualdad de oportunidades en la sociedad española durante la etapa socialista. Solo, tal vez, con el tiempo podrán ser reevaluados y ponderados (Tezanos, 2000, 2005). Otro tanto ocurre con las historias del PSOE realizadas por la propia organización, como una historia oficial:

La última versión de este tipo de literatura, a modo de «historia oficial del partido», fue la publicación de la obra PSOE 125, coordinada por José F. Tezanos, coincidiendo con el ciento veinticinco aniversario de la fundación del partido [...] para Tezanos los avances en el acontecer de la historia española contemporánea han transcurrido casi en función del papel jugado en cada etapa por el PSOE y viceversa. Todo lo cual habría marcado un camino unidireccional, lógico y natural, que conduciría al socialismo antes de su llegada al poder a una orientación ideológica y estratégica (Gálvez, 2006, 2002).

Más alejado de apreciaciones partidistas pero con rigor académico está el balance de Sánchez-Cuenca sobre los gobiernos del PSOE entre 1982-1996 y 2004-2011. Señaló la importancia que tuvieron las políticas económicas de oferta por encima de las clásicas de demanda con los gobiernos del PSOE a fin de aumentar la productividad de las empresas y lo que ello representó en el debate sobre si realmente era factible calificarlas de socialdemócratas, por aquello de que, al parecer, lo sustantivo de los partidos socialistas eran las tesis keynesianas de demanda. Hace, no obstante, una afirmación discutible: «existe en España un patrón sorprendente y casi único en Europa, cuando el PSOE está en el gobierno, el voto ideológico hacia su partido se debilita». Lo mismo ocurre en Gran Bretaña con el Labour o en Francia con el PSF (Sánchez-Cuenca, 2014, 69).

Se ha insistido mucho en que el PSOE modernizó la sociedad española de finales del siglo XX, y este es el argumento más utilizado para resumir la acción de los gobiernos socialistas. La modernización es más un concepto intuitivo que preciso. Nos remite a que la sociedad española adquirió, durante los años ochenta y noventa del siglo XX, unos índices económicos basados en la industria y los servicios, la universalización de la sanidad gratuita, una secularización de los compartimientos morales y éticos, una alfabetización global, unas elecciones políticas con garantías en todos los ámbitos y una normalización de la libertad de expresión. El modelo viene del campo económico, y con especial referencia a la teoría de Rostow del despegue (el «take off») de las sociedades hacia un desarrollo de su producción y consumo (Rostow, 1960). Lo cierto es que el Estado ejerció un papel menos preponderante de lo que se ha supuesto en lo que ha dado en llamarse la consolidación del Estado de bienestar, que es una terminología que remite a distintos grados de prestaciones sociales en países con grandes diferencias entre ellos:

La utilización del concepto «estado de bienestar» de la Europa continental es probablemente equívoca, ya que el Estado no creó los instrumentos de aseguramiento social, ni los financió en su totalidad (y sigue sin hacerlo) ni, en realidad, los implantó. Inicialmente, el papel principal del Estado fue hacer que el aseguramiento fuera obligatorio (Palier, 2016, 62).

Pero en el caso español la extensión de beneficios universales en sanidad o educación, junto a prestaciones para los parados o la racionalización de las pensiones, se hizo en un contexto ideológico donde predominaban las llamadas tesis neoliberales, que hicieron mella en Europa y en Estados Unidos con Margaret Thatcher y Ronald Reagan como sus principales defensores, y en las que sus políticas económicas conducían a disminuir el gasto público. Las prestaciones del bienestar fueron puestas en cuestión, como hemos señalado en el capítulo anterior, puesto que se interpretaba que los recursos del Estado no podían asumir de manera constante las demandas y beneficios de los ciudadanos, especialmente después de la crisis del petróleo de 1973, cuando los países árabes exportadores del crudo decidieron, en octubre, restringir las exportaciones a los países que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kipur. Ello provocó un retroceso en la expansión económica de los países desarrollados, precipitó la caída del dólar, provocando un fuerte desorden en el sistema monetario, y aumentaron las propuestas de reducción del gasto público. Sin embargo, el descenso del Estado de bienestar no se precipitó a la baja hasta los años finales de los noventa del siglo XX.

En el caso de España, y con el aval de Adolfo Suárez, hubo un acuerdo entre los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales, en octubre de 1977, sobre un programa de saneamiento y reforma económica, en lo que ha pasado a la historia como los Pactos de la Moncloa con los que se pretendía controlar la inflación —que sobrepasaba el 22 por 100— y los salarios, mediante la concertación, la contención monetaria, una reforma fiscal y la devaluación de la peseta. Sin embargo, Boyer y Solchaga al llegar al gobierno en 1982 desconfiaron de aquel acuerdo y pensaron que era necesaria una política más estricta contra la inflación y las demandas sindicales de aumento de salarios, ya que los pactos no bastaban para contener la hiperinflación de la economía española. Consideraban que los sindicatos tenían un poder excesivo para establecer el marco en el que debía pactarse la negociación colectiva dado que la política de rentas consensuada no había dado grandes resultados desde el año en que se firmaron.

En esa dinámica del primer gobierno socialista hay que enclavar el enfrentamiento entre la UGT y el PSOE de las siguientes legislaturas. El último de los acuerdos entre Gobierno y UGT se firmó para los años 1985-1986 y se redujo la inflación del 11,3 por 100 en 1984, al 8,8 por 100 en 1986. Pero Comisiones Obreras, controlada en aquella época por el Partido Comunista, no firmó el acuerdo lo que le permitía tener capacidad para plantear conflictos allí donde lo consideraba oportuno, lo que dejaba en mal lugar a la UGT, en la que se fue imponiendo la decisión de adoptar una política más independiente del partido. Solchaga, en 1983, declaró que la propuesta que la UGT había introducido en el programa electoral del PSOE de 1982, con la promesa de crear 800.000 nuevos puestos de trabajo, era imposible de cumplir, y provocó la desafectación y protesta de los líderes ugetistas.

En el otoño de 1986 —afirma Solchaga—, se inició la campaña electoral sindical con resultados poco prometedores para UGT en las grandes empresas. Fuera por esta razón, fuera por cualquier otra, el caso es que antes de terminar 1986 UGT dejó claro que favorecía una plataforma de subida de salario dentro de una banda entre el 5 y el 7 por 100, por encima de la inflación prevista. Cuando mostré mi desacuerdo y el del Gobierno, la respuesta de UGT fue que cambiaría su oferta de negociación situándola ahora a partir del 7 por 100 (Solchaga, 1997, 143).

La reconversión industrial fue, también, uno de los principales factores que repercutieron en el enfrentamiento. El Ministerio de Industria había publicado en 1983 el Libro blanco de la reindustrialización, en el que se apuntaba la necesidad de la reducción de plantillas en las empresas en crisis. En el franquismo se había ido construyendo una industria pesada (Altos Hornos en Bilbao y Sagunto), Química, Astilleros (Cádiz, Cartagena y Ferrol) o industrias mineras (HUNOSA, ENSIDESA) coordinadas por el Instituto Nacional de Industria (INI), que practicó una política proteccionista que hacía difícil su sostenimiento en la liberación de los mercados. No hubo en la reconversión industrial, tal vez porque eran irreconciliables las posturas, una negociación sindical, aunque UGT reconocía algunos buenos diagnósticos en el Libro blanco, al contrario que CCOO que se mostró radicalmente contraria a la reducción traumática de plantillas. El tema provocó grandes conflictos en la siderurgia de Altos Hornos de Sagunto cuando se decretó el cierre de su cabecera. Una actividad industrial de grandes compañías en crisis que, en su mayoría, dependía de la Administración pública y que mantenía unos aranceles proteccionistas contrarios a lo que se exigía para la incorporación a la Unión Europea, que se concretaría a finales de la legislatura, el 1 de enero de 1986. La crítica a la reconversión industrial de las empresas en crisis realizada por el gobierno socialista ha señalado que si bien esta era necesaria, no fue eficaz la reindustrialización prevista en el Libro blanco por cuanto el apoyo de los recursos del Estado fueron escasos ya que el equipo económico del gobierno socialista pensaba que en una economía de libre mercado no se podía conjeturar sobre el futuro de las inversiones privadas. El secretario de Acción Sindical de la UGT, Apolinar Rodríguez, en una carta al ministro de Industria, Claudio Aranzadi, en 1990, se quejaba del poco apoyo del gobierno a la reindustrialización. Dos manera de entender la intervención del Estado. Sin embargo, como señala Martín Arce, la reconversión saneó las empresas en crisis, con la racionalización de los equipos productivos, y no debe achacársele el aumento del paro, que corresponde más al acelerado descenso de la población activa en la agricultura —más de tres millones entre 1965 y 1995—, difícil de absorber por la industria y los servicios. No obstante, el ajuste laboral fue importante en las empresas en reconversión, con unos 91.000 empleos recortados entre 1984 y 1990 (Martín Arce, 2006, 96-99).

La Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social, de 1985, elevó de 10 a 15 años el tiempo mínimo de la cotización para acceder a una pensión, con el voto en contra de Redondo, que era diputado socialista. Almunia describió, años más tarde, la situación que impulsó a la aprobación de la ley:

El sistema de pensiones que heredamos en 1982 era un sistema desbocado: iba directo a la crisis [...]. Se producían unos fraudes pavorosos en las pensiones de invalidez [...]. Se daba también el proceso llamado «compra de pensiones» por el que cotizando lo mínimo —dos años para la base reguladora de la pensión y diez años de cotización a lo largo de toda la vida laboral— ya se tenía derecho a la pensión. Y como había un complemento de mínimo, era una pensión mucho más cara que por la que se había cotizado (Iglesias, 2003, 160).

La evolución del disentimiento tuvo su máxima eclosión el 14 de diciembre de 1988, con la huelga general seguida masivamente. Aquella noche muchos diputados socialistas no dormimos, paseábamos por las calles cercanas al Congreso de los Diputados para detectar el ambiente: grupos de sindicalistas alzaban el brazo con consignas contra la política del gobierno y declaraban el triunfo de los sindicatos. Felipe se planteó su dimisión como presidente del Gobierno y en su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, el 21 de diciembre, admitió el éxito de la huelga y se mostró favorable a pactar con los sindicatos, a pesar de poner de relieve las dificultades presupuestarias para dar satisfacción a las reivindicaciones sindicales. Los sindicatos consideraban prioritaria e innegociable la cobertura del 48 por 100 del desempleo, la subida de dos puntos del sueldo de los funcionarios y pensionistas, la equiparación de la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios y la retirada del Plan de Empleo Juvenil. En ningún momento Felipe González dejó entrever alguna ironía, como tenía por costumbre en el debate parlamentario, ni tampoco ningún grado de suficiencia. Posteriormente se reuniría en La Moncloa con Redondo y con Antonio Gutiérrez, entonces líder de CCOO, que en el siglo XXI formaría parte de las listas al Congreso de los Diputados por el PSOE. Recordando aquel acontecimiento, CCOO publicó un libro, El 14-D veinticinco años después: la huella de un símbolo (Madrid, 2014) y en su presentación en la Casa de la Cultura de Mieres, el que fuera secretario comarcal de CCOO, Pedro Álvarez, manifestó que

la huelga fue un hito histórico por el papel que jugaron los trabajadores y por el apoyo internacional que tuvo. El Gobierno del PSOE había tomado una clara deriva a la derecha, beneficiando a la patronal en un país que crecía enormemente y ello no se reflejaba en las negociaciones con los sindicatos (Fundación Muñiz Zapico, Mieres, 30 de abril de 2014).

Esta interpretación la hacen también algunos militantes socialistas y ugetistas. El asturiano Antón Saavedra, minero de Hunosa y Secretario General de la Federación Estatal de Mineros de la UGT, dejó un testimonio muy crítico contra los gobiernos socialistas desde la mayoría absoluta de 1982, especialmente con la dirección de Felipe y Guerra, a los que acusaba de permitir la corrupción en las filas socialistas y de derrumbar la imagen de partido honrado que el PSOE tuvo durante toda su trayectoria. Atribuye a Guerra los contactos con el italiano Nerio Nessi, quien controlaba las finanzas de los socialistas italianos:

fue el que instruyó a Guerra sobre las técnicas comerciales aplicadas a la financiación política. Así, por iniciativa de los italianos se constituyó la empresa SEIS, S.A. (Sección Española de la Internacional Sionista) de la que formaron parte Gregorio Peces-Barba y Pablo Castellano (Saavedra, 2004, 146).

Para UGT, la huelga revirtió, en parte, la política social del gobierno, quedando en suspenso el Plan de Empleo Juvenil y además rompió el tándem Felipe-Guerra. Se ha incidido también en la variable personal al contraponer el carácter de Felipe y de Nicolás Redondo. En una entrevista en Diario 16 hecha por los periodistas Gutiérrez y Escudier el 27 de noviembre de 1988, en los albores de la huelga general del 14 de diciembre, a la pregunta de si se arrepentía de haber sido el principal apoyo de Felipe para llegar a la Secretaría General en 1974, Redondo contestó: «Yo en Suresnes apoyé a Isidoro [nombre utilizado en la clandestinidad por González] no a Felipe González». Para González, un elemento esencial era la oportunidad que la izquierda tenía, por primera vez en España, de implantar una política de solidaridad, y demostrar que el PSOE era capaz de superar muchos de los resortes históricos que había caracterizado la historia española, eliminando los sectarismos ideológicos y luchando por los intereses generales, aunque estos no coincidieran con las proclamas socialistas y conllevara conflictos internos dentro del socialismo. No es malo el título que dedica Álvaro Soto al análisis de la primera etapa de los gobiernos de González: «Una acción más reformista que socialdemócrata» (Soto, 2006, 13-37). En cambio, Cotarelo-Bobillo iban más lejos: «el PSOE ha mostrado ser moderado y hasta podía decirse, conservador, como sus partidos fraternos en Europa y mucho más que el Partido Socialista francés o el laborista británico hasta hace pocas fechas» (Cotarelo y Bobillo, 1991, 23). Sin embargo, otros analistas, como Álvaro Espina, ponían el acento en que la base social mayoritaria de la socialdemocracia ya no eran los sindicatos, que perdían cada vez más apoyos en las sociedades modernas porque no sabían adaptarse a las nuevas situaciones y, desde esa perspectiva, cuando los partidos socialdemócratas pedían el sostén de los sindicatos tenían problemas electorales porque otros sectores sociales no compartían los planteamientos sindicales, para concluir «que una política de crecimiento con redistribución y de equilibrio entre la eficiencia y la equidad no había sido planteada desde la izquierda en los países de CE seriamente hasta 1983» (Espina, 1991). En una entrevista a Felipe González, más de quince años después de dejar el gobierno, ante la pregunta: «¿Cuándo empiezan sus problemas con Nicolás Redondo?», contesta:

Desde que empezamos a gobernar. Creo que Nicolás nunca aceptó, o comprendió, que el Gobierno era el Gobierno de todos los españoles [...]. No entendía que la autonomía sindical significaba previamente la autonomía del Gobierno. Y yo no quería tener el problema de los laboristas británicos (González, 2012).

Tal vez el análisis más certero de las relaciones entre las centrales sindicales mayoritarias, UGT y CCOO, y los gobiernos del PSOE lo hizo Ludolfo Paramio transcurridos diez años de la primera legislatura socialista. El bajo nivel de afiliación sindical se vio compensado por la representación adquirida en las elecciones sindicales, donde los trabajadores podían votar a sus representantes sin pertenecer a ninguno de los sindicatos, eran como unas elecciones bis de los partidos políticos. Los niveles de lealtad en esas circunstancias se diluían y los trabajadores veían en el sindicato un valor instrumental. Y junto a ello, además, los sindicatos habían aceptado con dificultad los ajustes salariales que se impusieron entre 1982 y 1986, pero a partir de entonces estimaron que, a cambio, la recuperación de la economía les permitía exigir unas mejores condiciones sociales, pero el gobierno defendía la prudencia para que no se disparasen los salarios y se interrumpiera la recuperación. La UGT y CCOO no aceptaban la flexibilización del mercado de trabajo porque consideraban que habían hecho los sacrificios oportunos en la etapa de recesión y que ahora le tocaba al gobierno cumplir con la deuda social (Paramio, 1992, 520 y ss.).

Había, en la concepción de González, que desterrar el utopismo de la izquierda, que siempre dejaba para el futuro las transformaciones sociales, lo que significaba que siempre gobernara la derecha, hegemónica en España desde el siglo XIX, como en la mayoría de los países europeos. Lo más sustancial era asentar al país en el camino de una democracia irreversible para asegurar la convivencia que tanto costaba mantener en España. Aunque en esta perspectiva general Redondo estuviera de acuerdo, su visión le llevaba a considerar que era el sindicalismo de la UGT quien tenía que llevar la hegemonía y hacerlo a su modo. El sindicato no podía ser un mero apéndice del partido, sino que era la principal base del socialismo, porque detrás estaban los trabajadores, y ellos debían ser los protagonistas de la actividad del gobierno socialista. Este conflicto, que condujo al desgarro de muchos militantes, fue analizado por historiadores y sociólogos académicos como un ejemplo de lo que continuaba significando la historia de ambas organizaciones en el proceso histórico. Es decir, era algo estructural en el movimiento socialista desde la fundación del PSOE primero, en 1879, y de la UGT en 1888. Algo que se había evidenciado en la Segunda República, donde los liderazgos de Prieto y Largo Caballero representaban la lucha entre partido y sindicato, cuando en aquella época ser ugetista era también ser socialista, y viceversa. Se reforzaba la idea de un continuo entre aquellas organizaciones y lo que ocurría en la década de los años ochenta, como si el franquismo hubiera sido solo una pausa y la sociedad española mantuviera una dinámica parecida. Ni aquellos tiempos eran estos, ni parece que se pudiera hacer una comparación tan precipitada con etapas anteriores. Los agentes habían cambiado tan profundamente que solo quedaban unas siglas, y es lo que confundía, a unos más que a otros. Santos Juliá, en un tono de suficiencia profesoral, se asombraba de que no se entendiera que aquello era un problema histórico y se actuara en consecuencia:

Es sorprendente, sin embargo, que la dirección del PSOE no haya prestado idéntica atención o concedido el mismo cuidado a lo que, desde siempre, ha constituido la raíz orgánica de las divisiones en el seno de la familia socialista. El fenómeno no es nuevo en absoluto. En la Dictadura de Primo de Rivera, y, sobre todo, en la República, por no hablar de la guerra civil, las diferentes políticas que acabaron por fragmentar y arruinar al socialismo español encontraron siempre su manifestación en la división entre partido y sindicato (Juliá, 1989, 8).

La separación entre sindicalistas y dirigentes políticos del partido no fue tal, ya que en aquellas épocas existían afiliados sindicales en ambos bandos del PSOE, defendiendo una u otra opción, y no puede confundirse la dirección de ambos, PSOE y UGT, como si fueran compartimentos estancos (Piqueras, 1988).

Los datos sociales de los años de gobierno socialista pueden definirse, también, como los de la expansión del gasto social, que había comenzado en los primeros años de la Transición con los Pactos de La Moncloa. A mediados de la década de los noventa, la renta per cápita había crecido en un 300 por 100 con respecto a 1960, como nunca antes en la historia económica de España. Una población que ya vivía mayoritariamente en núcleos urbanos y donde la agricultura ya no representaba más que el 3,5 por 100 del PIB, con el 8,8 de la población activa, cuando en 1960 todavía era del 34,6. Estaba en el camino, en 1990, de los países de mayor desarrollo de Europa (Francia, Gran Bretaña, Italia o Alemania). La expectativa de vida era una de las más alta del mundo, con una demografía cada vez con mayor número de personas que superan los 65 años, pero también con índices muy bajos de fecundidad. De ser un país con altas tasas de crecimiento demográfico se ha pasado a uno de los de menos nacimientos (de 2,8 hijos por matrimonio en 1970 se pasó en 1990 a 1,3), y la movilidad interregional era alta, de tal forma que en 1990 la mitad de los españoles residía en un lugar diferente de aquel en el que había nacido. De igual manera, el papel de la mujer en el panorama laboral sería muy diferente del de toda la historia anterior a pesar de las etapas de paro en años de crisis. Además, el número de estudiantes universitarias se igualó al de los hombres, cuando a mitad de siglo XX la proporción de mujeres en la universidad estaba por debajo del 10 por 100. Y en 1990, el 60 por 100 de las mujeres ocupaban un puesto de trabajo, aunque su representación en cargos ejecutivos era reducida. La secularización creció de manera geométrica en estos años, las prácticas religiosas individuales, si lo comparamos con países también mayoritariamente católicos, como Italia o Polonia, fueron disminuyendo, aunque los ritos litúrgicos de bodas, bautizos, comuniones y funerales, así como los pasos de Semana Santa o las romerías, se mantuvieron y, en algunos casos, aumentaron en las costumbres sociales festivas. Sin embargo, la estructura familiar tradicional persistió con mayor fuerza que en otros países de Europa, con índices menores de divorcios. La emigración comenzó a ser un problema a partir de 1993, más tarde que en Francia o Gran Bretaña. Sería ingenuo y simple pensar que ello fue fruto exclusivo de las políticas socialistas, los factores sociológicos se imponen, como los movimientos sociales, a pesar de lo que dispongan los gobiernos, y resulta siempre difícil de valorar cuál fue su aportación a estos cambios. Sobre la cultura desarrollada y estimulada en aquellos años, no existe una opinión mayoritaria. Desde los que, como Tusell, consideran que la cultura española fue una mezcla de «modernidad, tradición y peculiaridad», junto con una capacidad de libertad como no había existido antes, lo que provocó una gran pluralidad de enfoques en la literatura, la pintura, la escultura o el cine, junto con una amplitud del mercado y la multiplicidad de ediciones que alcanzó, en 1990, casi los 40.000 títulos que no se correspondían con el índice de lecturas, todo ello junto al intento de recuperar una tradición liberal y el regreso de algunos exiliados que todavía no habían muerto, como María Zambrano en 1984 y, en 1981, la entrega del Guernica de Picasso (Tusell, 2007, 231-245). En cambio, para Gregorio Morán, la política cultural socialista se caracterizó por la extensión indiscriminada de subvenciones a los creadores:

La política de Javier Solana y de su equipo consistió en comprarlo todo y crear una red de clientelismo que luego le sería muy útil en las campañas electorales y más aún en la que habría de convertirse en la gran batalla del referéndum sobre la permanencia en la OTAN en 1986 (Morán, 2015, 676).

En la misma línea se manifestaba el escritor Sánchez Ferlosio en el diario El País:

los socialistas actúan como si dijeran: «En cuanto oigo la palabra cultura extiendo un cheque en blanco al portador». Humanamente huelga decir que es preferible la actitud del Gobierno socialista, pero culturalmente no sé qué es peor (22 de noviembre de 1984).

Las principales preocupaciones de los españoles de aquellos años, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se concretaban en el terrorismo y en el paro; el miedo, en suma, a la pérdida del trabajo era un elemento muy condicionante de la psicología colectiva de los españoles, puesto que las posibilidades de conseguir otro, si se perdía el habitual, eran siempre complicadas. Y por ello la aspiración de muchos se concretaba en ser funcionario de las Administraciones públicas, lo que garantizaba un sueldo para toda la vida laboral, mientras que las cifras de desempleo se mantienen altas incluso en épocas de expansión. El paro en 1985 alcanzaba el 21,65 por 100 de la población activa, en 1991 era del 16,35, pero después de la crisis de 1992-1994 subió al 24,17. Pese al aumento del PIB, el empleo no crecía a un ritmo adecuado para paliar las tasas de desempleo, y el descenso continuado de la población agrícola no era asumido por los empleos creados por los servicios o la industria. Solchaga diagnosticaba que «España va a tener que seguir viviendo con elevadas tasas de desempleo algunos decenios más» (Solchaga, 1997, 167). Todo ello llevó, en aquellos años, a un debate sobre las reformas necesarias en la contratación laboral para flexibilizar la rigidez de los contratos, que una proporción mayoritaria de los militantes socialistas o sindicalistas de la UGT y CCOO consideraban perjudicial para los trabajadores. Partían de la premisa de que la introducción de las nuevas tecnologías y la competencia de los países emergentes eran la causa principal del paro estructural. Otros estudios y opiniones económicas señalaban que la disminución del crecimiento, en comparación con el de los años 60, radicaba en la pérdida de competitividad, la falta de la flexibilidad en los contratos de trabajo y la llegada de inmigrantes para ocupar trabajos de escasa cualificación profesional, desechados por los españoles. En todo caso, Solchaga reconocía la dificultad política de la socialdemocracia para poder abordarlas desde el gobierno. Ya la promesa electoral, de 1982, de creación de 800.000 puestos de trabajo tuvo, por parte de los partidos de la oposición, fuertes críticas, por la imposibilidad de su cumplimiento. «El PSOE ofreció crear 800.000 puestos de trabajo en cuatro años. Luego, a solo dos años, ha resultado ser la realidad más desoladora», decía un texto promocionado por el Partido Democrático Popular (PDP), dirigido por Óscar Alzaga, que pretendía lanzar un partido democristiano alternativo a la Alianza Popular (AP) de Fraga ante su incapacidad electoral para desbancar a los gobiernos socialistas (Aulas, 1985, 6).

En esta evaluación de la experiencia más larga del PSOE en la gobernación de España cabe plantear los parámetros ideológicos, económicos y sociales en los que se ha desenvuelto la socialdemocracia española. ¿Alguna diferencia con la de otros países de Europa en la misma época? Los socialistas franceses de principios de los años ochenta presentaron, con Mitterrand al frente, elegido presidente de Francia en 1981, un programa de gobierno en colaboración con el Partido Comunista francés en el que proponían políticas económicas expansionistas, con nacionalizaciones de sectores básicos de la economía. El SPD alemán hacía tiempo que estaba acostumbrado a gobernar con los liberales o con los verdes, e incluso a formar coalición con los demócratas cristianos. Y la socialdemocracia de los países nórdicos tenía su propia dinámica y su Estado de bienestar era de los más amplios de Europa, respetado hasta entonces por todos los partidos. Hemos destacado que las diferencias de la socialdemocracia entre los países europeos eran sensibles por cuanto la situación política tenía perspectivas históricas y culturales diferentes. En Italia la fuerza hegemónica de la izquierda era el Partido Comunista (PCI) desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los socialistas italianos gobernaron con la Democracia Cristiana y con otros partidos en muchas de las legislaturas del Parlamento italiano hasta que se hundieron por la financiación irregular con comisiones recibidas de instituciones públicas y empresas. En España, los comunistas esperaban también ser el partido mayoritario de los trabajadores y otros sectores sociales, principalmente de las clases medias. De esa manera el sur europeo, con Italia, Portugal, Grecia y España, quedaría en manos de partidos comunistas que habían formulado, en los años setenta, una remodelación ideológica: el eurocomunismo, versión más radical de la socialdemocracia clásica con la propuesta de conquistar el poder y transformar la sociedad solo por medios democráticos. Después de ochenta años los comunistas se volvían reformistas.

Felipe González y Ramón Rubial.

Se ha venido señalando que el PSOE practicó la política calificada por muchos como la «más neoliberal de todos los partidos socialdemócratas» (Picó, 1992, 289), sin conexión con un programa socialista, como si fuera un partido más de la derecha y alejado, por tanto, de los intereses de los trabajadores, por lo que podía entenderse el enfrentamiento con los sindicatos en la que se enclava la disputa Felipe-Redondo. Incluso se atribuye a la incapacidad de la teoría económica, «encorsetada por formulaciones matemáticas cada vez más complicadas», para explicar la crisis de los años setenta del siglo XX que da lugar al abandono del paradigma keynesiano y, por consiguiente, al desajuste de la socialdemocracia, ya que esta no ha sabido dar un giro de izquierdas, descubriendo, en cambio, «las delicias del capitalismo salvaje anterior a 1929» (Picó, 1992, 292). Lo que no se entiende, se desecha y las respuestas a la crisis se tachan de fórmulas de derechas. De esta manera, y siguiendo las tesis de Perry Anderson, Josep Picó piensa que la socialdemocracia se acerca cada vez más al Partido Demócrata norteamericano, donde se suprime cualquier antagonismo de clase. En efecto, el historiador marxista británico Perry Anderson pronunció una conferencia en la Fundación Alfons Comín de Barcelona en la que señalaba las mutaciones de la socialdemocracia europea hacia un discurso solo democrático, dejando al margen las reivindicaciones sociales: «los partidos que presenten una alternativa progresista están condenados a disminuir y desaparecer, ya no pueden prometer con credibilidad ni bienestar ni pleno empleo, ni tan siquiera hacer ningún intento por conseguirlo (Anderson, 1988, 58).

De manera diferente se expresa el economista José Víctor Sevilla, que considera que el aumento del precio del crudo en la crisis de los años setenta fue un factor desencadenante de la baja productividad de los países europeos desarrollados en relación con la etapa 1945-1973, lo que hacía imposible sostener la expansión de los salarios, una de las características del Estado de bienestar (Sevilla, 2011). En esta coyuntura, los socialdemócratas tuvieron que encarar nuevas realidades, y el PSOE comenzó su periodo de gobierno teniendo que aplicar políticas diferentes de las posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La economía española creció de forma acelerada y constante entre 1960 y 1973, pero una vez llegada la recesión europea comenzaron los problemas. Las circunstancias políticas en la fase final del franquismo impidieron los ajustes necesarios en un país totalmente dependiente del petróleo, el coste del barril pasó de 3 a 12 dólares entre 1973 y 1974, lo que repercutió en la balanza de pagos. Los precios subieron, la inflación se disparó, el paro creció de manera acelerada y la peseta se fue devaluando respecto al dólar, alcanzando en 1985 las 170 pesetas cuando el cambio, en 1973, estuvo en 58 pesetas. Los gastos corrientes del Estado suponían el 97 por 100 de los recursos disponibles en 1981, lo que implicaba la falta de ahorro público y el camino del déficit estructural. Todavía en 1991 el tema del paro de larga duración era uno de los mayores problemas que tenía la economía española y no se veían perspectivas de gran mejora. Se señalaba, por parte de distintos expertos, que no siempre había correlación entre crecimiento económico y aumento del empleo (Bentolila y Toharia, 1991).

Treinta años después, la derecha española ya no utiliza los mismos argumentos de antaño e incluso elogian la labor de Felipe González, calificándolo de estadista. No es un buen método de diagnóstico quedarse con la letanía de si aquellos años fueron buenos o malos de una manera global, sino valorar con datos estadísticos fiables cuál era la situación de España antes de 1982 y después de 1996. Y es necesario recalcar que una sociedad no cambia exclusivamente por la acción de gobierno, es una obviedad proclamar que su evolución depende de múltiples factores y que no siempre es fácil determinar la importancia de cada uno de ellos o en qué proporción han influido. A partir de 1982, la socialdemocracia española estaría por respetar las iniciativas individuales y premiar el esfuerzo y los méritos personales a partir de favorecer, en el punto de partida, la igualdad de oportunidades para paliar las desigualdades de rentas o culturales de las familias, las discapacidades personales o las diferencias sociales de género. Y por ello su creencia en la democracia como sistema de convivencia política, sin alusión ya a la democracia burguesa o formal de otros tiempos, lo que estimuló que partidos liberales o de la democracia cristiana coincidieran en objetivos similares. De igual manera se abandonó el lenguaje de la clase obrera como único símbolo de lo que el socialismo debía destacar para su triunfo, y se centró en la ciudadanía. Seguía el PSOE convencido de que no todo podía dejarse al albur de la iniciativa individual, sin que el poder del Estado tuviera su papel, aunque fuera menor que en los años cincuenta y sesenta, pero ajustando los límites en los que se establecía la solidaridad colectiva. Los gobiernos de Felipe González construyeron el Estado de bienestar en España, con índices semejantes a los de los países desarrollados europeos en una época de restricción de las políticas expansivas. El objetivo era un mejor equilibrio presupuestario para contener el gasto público, mayor restricción del crédito y menor endeudamiento privado. Los gobiernos socialistas supieron remodelar la política económica del franquismo, anclada en una economía corporativa, protegida y con fuertes desequilibrios, con una cada vez mayor carencia de competitividad en los mercados internacionales, y abrirla para su incorporación a la Unión Europea, con la libertad de capitales, inversiones y mano de obra. Se contuvo la inflación y aumentaron las prestaciones sociales, sin caer en políticas de nacionalizaciones de empresas, consideradas ya obsoletas para la mayor parte de la socialdemocracia. Hay en toda la práctica política del PSOE, en sus años de gobierno, un predominio de la acción, de solucionar los problemas de adaptación a la economía internacional y, al tiempo, compensar los déficits sociales con dirigentes políticos que tenían buen conocimiento de las condiciones de la España de los años ochenta y noventa del siglo XX. Pero no existió una teoría global previa de la estructura social española en estos años que sirviera de base para la toma de decisiones políticas. Lo prioritario era consolidar la democracia y disminuir las desigualdades sociales y se extendió la confianza en gran parte de la sociedad española de que los socialistas podían gobernar sin grandes conflictos.

En 1997, Felipe González, ya fuera del gobierno, publica un librito, Qué era el socialismo? ¿Qué es?, veintiún años después de su otro pequeño libro Qué es el socialismo (1976), dentro de la colección «Biblioteca de divulgación política», en el que explica los grandes rasgos que han presidido su acción de gobierno destacando la modernización, la descentralización política y el crecimiento de las prestaciones sociales para un país como España «de atraso relativo». Su interpretación de la historia es que no pueden predecirse los acontecimientos, solo gestionarlos a posteriori:

Estuve en primera fila durante la caída del muro de Berlín, sin que nadie, ni Helmut Kohl ni las autoridades de la Alemania Oriental, hubieran podido ni tan siquiera imaginarlo. Y esto nos lleva a pensar que el protagonista de los grandes procesos históricos, como los iniciados en la toma de la Bastilla o la caída del Muro de Berlín es el pueblo, y que a veces el trabajo de los políticos es controlar y guiar a posteriori estos procesos populares (González, 1997, 30).

Los grandes principios teóricos que puede sostener la socialdemocracia a finales del siglo XX son, para González, los de la Revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad, ya que el «debate del peso exacto del marxismo en el proyecto socialista me parece totalmente superado» (pág. 37). No considera que el socialismo deba reducir la realidad a sus parámetros ideológicos sin estudiar lo que los datos enseñan y, por ello, «todo puede reducirse con pragmatismo y realismo» (pág. 38). El Estado tiene un papel clave en la redistribución y en paliar las deficiencias del mercado, que solo atiende a los beneficios, pero es importante que las empresas mantengan un alto índice de competitividad: «si alguien desde la izquierda y con capacidad de gobierno cree que la competitividad de las empresas de su país o de su economía tiene que ceder ante las necesidades de la política social, estará destruyendo sencillamente la política social» (pág. 79). Es decir, se hará lo que se pueda para extender el bienestar social siempre que no se pierda el rumbo de la economía de mercado, donde habrá que competir para conseguir las mejores posiciones dentro de la mundialización económica. La cuestión no planteada, tal vez porque no tiene salida, es si es posible no producir siempre bajo el estímulo de la competencia. La socialdemocracia admite que no existe, por tanto, alternativa al capitalismo y que la única vía posible es disminuir los desequilibrios sociales que el mercado produce. Cualquier otra fantasía teórica de futuro puede ser un impedimento para obrar sobre la realidad presente y dejar el camino político a otras opciones que no contemplen el papel de compensación del Estado. El Programa 2000 impulsado por Alfonso Guerra lo intentó, como se ha analizado, pero sus resultados no suscitaron grandes expectativas, tal vez porque se partía de un a priori del socialismo del que no se podía salir ni cuestionar. La tradición ideológica condicionó plantear los problemas con completa libertad intelectual y, probablemente, lo importante eran las repuestas más que las preguntas ante las nuevas situaciones.

CAPÍTULO 3

FEDERALISMO, SOCIALDEMOCRACIA Y CUESTIÓN NACIONAL: LAS RELACIONES ENTRE EL PSOE Y EL PSC

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, vencedor en las elecciones primarias de julio de 2014 convocadas por el partido entre sus afiliados, frente a los otros dos candidatos, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapia, defendió, en su campaña por las distintas Federaciones Socialistas españolas, la propuesta que el PSOE había aprobado en una Conferencia Política en Granada en julio de 2013. Comenzó, no obstante, reivindicando un federalismo asimétrico, con un trato fiscal especial para Cataluña, así como el reconocimiento de nación, pero rechazando la consulta soberanista en un referéndum. Se ciñó, al final, a la defensa de la Constitución de 1978 y del Estado autonómico, «que ha sido un éxito», perfeccionándolo en «una perspectiva federal».

En el inicio de la segunda decena del siglo XXI el proceso autonómico tenía ya una trayectoria histórica suficiente para evaluarlo. La descentralización iniciada en 1980 se había extendido a todas las autonomías y las diferencias de acceso a su constitución resultaban casi imperceptibles. Daba prácticamente igual que se hubiera accedido por los artículos 150 o 143 de la Constitución, que se distinguiera entre regiones y nacionalidades, las 17 comunidades establecidas aspiraban al mismo índice de competencias y al mayor autogobierno. Las tensiones políticas entre el Gobierno de España, que tenía el control de parcelas claves en la gobernabilidad, y las autonomías tenían varias líneas que se han reflejado en distintas ocasiones. Se habían creado estructuras políticas a semejanza de las estatales: gobiernos con todo el empaque del poder y el oropel del protocolo, asambleas, cortes o parlamentos con diputados elegidos y dispuestos a legislar, administraciones con funcionarios propios, mientras que los del Estado seguían en sus puestos. Y, sin embargo, las leyes orgánicas, de obligado cumplimiento, se hacían en las Cortes generales, y la recaudación tributaria a la que podían acceder era limitada, aunque fue aumentando desde los años 80 del siglo XX y el Gobierno de España administraba las transferencias financieras a cada autonomía según una ley específica en la que se valoraban diversos elementos, como la población o la dimensión del territorio, salvo en los casos de Euskadi o Navarra, que tenían históricamente el sistema del cupo por el que, después de recaudar, entregaban al Estado una cantidad del mismo. Las aportaciones económicas al Estado estaban en relación con el PIB de cada una, de tal manera que Cataluña o Madrid eran las que más aportaban pero, en cambio, tenían dificultades para asumir sus competencias, y en el caso de Cataluña se unía, además, una cultura histórica, una lengua propia y una tradición política reivindicativa desde el siglo XIX que desbordaba el marco legislativo autonómico, algo que también ocurría en Euskadi. Desde la constitución de la Mancomunidad en 1914 hasta la aprobación del Estatuto de Cataluña en 1932 durante la Segunda República, el catalanismo político había conseguido singularizar la condición catalana dentro de España que el franquismo intentó revertir. Y a todo ello se añade que la diferencia de rentas de las comunidades con mayor nivel (Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares y La Rioja), había aumentado con respecto a las de menores rentas (Andalucía, Extremadura, Canarias, Galicia o Castilla-La Mancha), aunque en el conjunto de España se habían acercado a la media de la Unión Europea entre 1980 y 2005 (Segura i Mas, 2007, 331-352). La dinámica entre las autonomías y el Estado generaba en ocasiones disfunciones entre la legislación propia de cada comunidad y la tendencia «armonizadora» del Estado, que tenía dificultades para delimitar el ámbito de su territorio y mantener la igualdad entre españoles ante lo que se consideraba un neofeudalismo (Sosa y Fuertes, 2011). Ya desde los comienzos de su constitución las autonomías generaron una literatura contraria a su desarrollo, tanto desde posiciones conservadoras, como en sectores de izquierdas, principalmente si refuerzan el nacionalismo. Personajes como Vizcaíno Casas, periodista, escritor y abogado vinculado al franquismo, ridiculizaron en novelas como Las autonosuyas (1981), con una tirada de más de 120.000 ejemplares, la constitución de las autonomías. Esta obra fue llevada al cine en 1983 por el director Rafael Gil, fue excluida su exhibición en Cataluña y provocó incidentes de orden público en Bilbao.

El federalismo resultaría el modelo definitivo de organización territorial para los socialistas españoles, donde se combinaría la calidad de los servicios públicos en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos con el reconocimiento de la diversidad en un Estado «fuerte y eficaz». Para ello, habría que reformar el título VIII de la Constitución, como una manera de desactivar el independentismo. Desde entonces, el propio secretario general del PSOE incidió en ese modelo en todas las comparecencias públicas sobre el tema nacional catalán y, especialmente, en la campaña electoral para el Parlament de Cataluña en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 que el presidente de la Generalitat catalana había convocado otorgándoles un carácter plebiscitario implícito para conseguir la proclamación de la independencia con la unión electoral de las fuerzas políticas partidarias de proclamarla si se tuviera la mayoría parlamentaria suficiente. El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Pedro Hernando, calificó de debate nominalista la atribución, o no, de nación a Cataluña, con el respeto a todos aquellos que sí la consideran, pero continuaba defendiendo la reforma constitucional para acoger la singularidad catalana dentro de la Declaración de Granada y el apoyo a la asociación Tercera Vía, que pretendía una posición intermedia frente a la posiciones de los soberanistas catalanes y de los conservadores del Partido Popular.

El PSOE rescató de nuevo el término federalismo, que había empleado a lo largo de algunos periodos de su historia y lo consideró el elemento clave para solucionar el problema de las nacionalidades españolas y la estructura del Estado. Pero fue una cuestión de terminología, utilizada para enmarcar el problema en una supuesta propuesta política en la que no se definía el modelo del Estado federal que se pretendía, por cuanto la univocidad del término es problemática. Los federalismos son diversos, y muchas veces no tienen ni pequeñas ni grandes similitudes, la única unidad es la denominación terminológica. Cuando los socialistas españoles hablan de federalismo no han definido, hasta la fecha, exactamente en qué consistiría ese Estado y de qué manera se diferenciaría del autonómico vigente porque algunos autores consideran que España ya tiene una estructura federal, o cuasi, después del desarrollo de la Constitución de 1978 (Blanco, 2012), frente a otros que estiman que las comunidades autónomas son entidades que descentralizan la gestión de un Gobierno central con algunas competencias exclusivas, pero su capacidad legislativa está condicionada por leyes orgánicas de obediencia debida para todas, sin intervención legal de las autonomías (Piqueras, 2014).

Nadie se acordó en Granada del Congreso de Suresnes de octubre de 1974, donde se proclamaron resoluciones a favor de la autodeterminación. Se señalaba en un documento aprobado que

la definitiva solución del problema de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad y región pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español (Resolución sobre nacionalidades y regiones).

Y posteriormente, en el 27 Congreso del PSOE en diciembre de 1976, se aprobó que

el Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán, en pie de igualdad, el Estado federal que preconizamos [...]. La Constitución garantizará el derecho de autodeterminación. [Por cuanto] el análisis histórico nos dice que en la actual coyuntura la lucha por la liberación de las nacionalidades [...] no es opuesta, sino complementaria con el internacionalismo de la clase trabajadora.

Era una época en la que los nacionalismos formaban parte del discurso antifranquista, y en especial los movimientos sociales de Cataluña habían estado impregnados de reivindicaciones nacionalistas. En el PSOE existían otras prioridades en aquellos años y era difícil determinar las consecuencias de aquella declaración en un ambiente político donde se proclamaba el lema de libertad, amnistía y estatuto de autonomía.

LA NACIÓN EN DEBATE

En un asunto como el de las nacionalidades, los historiadores, sociólogos y politólogos se retrotraen al pasado y bucean en las resoluciones de los congresos del PSOE o en las polémicas en los medios socialistas. De esa manera se intenta explicar su trayectoria sobre la cuestión nacional, pero es solo un argumento erudito. ¿Hasta qué punto han influido las resoluciones anteriores en la dinámica actual cuando el corte de los años franquistas rompió la posible evolución del socialismo español? Incluso en Europa, la Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después de los partidos socialistas, que se transformaron en lo que hoy se denomina socialdemócratas, al aceptar la sociedad de economía de libre mercado con contrapartidas de beneficios sociales, lo que ha venido llamándose Estado de bienestar. Podemos señalar las concomitancias y las relaciones históricas pero también las diferencias sustanciales con los tiempos pretéritos. Y en este caso, las reacciones del PSOE tienen una perspectiva que conecta más con el presente que con el pasado. Para Palacio Martín:

Históricamente el PSOE ha mantenido una relación complicada con la cuestión nacional. Sin embargo, el Partido Socialista vivió su propia transición dentro de la Transición, abandonando su condición de partido de clase para convertirse en un partido nacional que asumió plenamente la idea de España expresada en el artículo segundo de la Constitución de 1978. Atrás quedó la política de alianzas tácticas con los nacionalismos periféricos, propia del antifranquismo, que llevó al PSOE a apoyar abiertamente el derecho de autodeterminación de los pueblos de España (Palacio, 2012).

Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat catalana y cabeza de un gobierno tripartito, interviene en mayo de 2004 en el Club Siglo XXI de Madrid y en su conferencia propone que, en la futura reforma constitucional, se separe con claridad las regiones de las nacionalidades, nominándolas. Defiende que Euskadi, Cataluña y Galicia, con estatutos durante la Segunda República, han de tener la consideración de naciones, haciendo un planteamiento que puede ser considerado como federalismo asimétrico y que ello ya está contemplado en la Constitución, lo que sirve para reanudar un debate político dormido desde la promulgación de la Constitución y los estatutos. También Rodríguez Zapatero, siendo presidente del Gobierno de España, cuando gobernaba también un tripartito en Cataluña —PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya— afirmó en 2004, en el Senado, que el concepto de nación era discutible y controvertido, lo que produjo diversas reacciones en los medios políticos, académicos y de comunicación. En la campaña electoral al Parlament, en noviembre de 2003, prometió en un mitin del PSC que aceptaría el Estatuto aprobado por los representantes de Cataluña. Años más tarde, en una entrevista justificaría torpemente sus palabras expresando que «yo defendí el Estatut hasta los límites de la Constitución y según el Tribunal Constitucional incluso fui algo más allá. Cuando pronuncié esa frase no me refería a un Estatuto no constitucional» (La Vanguardia, 27 de marzo de 2016). En septiembre de 2005, se aprueba un proyecto de Estatuto en el Parlament apoyado por el tripartito y Convergència i Unió, con la oposición del PP. Miguel Herrero de Miñón, político conservador que estuvo en los órganos de dirección de la Alianza Popular (AP) de Fraga Iribarne y acabará dándose de baja del PP, creía que las denominadas nacionalidades deberían tener una consideración especial dentro de la estructura del Estado español y que, por tanto, la asimetría era algo consecuente con el proceso iniciado desde la constitución de las autonomías (Herrero de Miñón, 2003, 100-121). Expresaba que «se entiende por federalismo asimétrico aquel en que las unidades federadas son cualitativamente heterogéneas entre sí, mantienen distintos signos de identidad, diversos grados de autogobierno y distintas relaciones con las instituciones ferales» y abogaba, basándose en la Constitución, por dar los pasos suficientes para distinguir las diferentes realidades de España, que no tienen por qué tener una caracterización jerárquica. Son elementos que conectan con criterios culturales, históricos, jurídicos, «suficientes para concluir, parafraseando a Aristóteles, que si todas las nacionalidades y regiones tienen el mismo derecho a la autonomía, no todas tienen la misma autonomía». Según Herrero de Miñón, la Constitución preveía la asimetría que distingue entre nacionalidades y regiones en su artículo 2, como titulares de derecho a la autonomía, pero con dos tipos de identidades según criterios lingüísticos, geográficos, culturales e históricos. El tema, añade Herrero, se rompe al entrar en juego Andalucía, que accede a la autonomía por el artículo 151 por la iniciativa del PSOE que, ante la perspectiva de no ganar las elecciones, opta por el igualitarismo autonómico y por trocear el Estado «para debilitarlo cuanto fuera posible, puesto que seguía identificándolo con el Estado franquista, y al menos quedarse así con sus despojos». Mientras, la derecha española siempre había desconfiado de los nacionalismos vasco y catalán, y al considerarlos inevitables optó por extenderlos a toda España, creando autonomías que no tenían fundamento. Según él, existe una desamortización del poder durante la Transición que se distribuyó creando múltiples poderes.

En una línea parecida estaba Ernest Lluch quien, en 1981, como portavoz del PSC en el Congreso de los Diputados, se negó a presentar enmiendas a la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), en contra de la Ejecutiva del PSC. Tenía una buena relación con el entonces alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, vinculado a la tendencia más vasquista del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE). La posición de Lluch se basaba en la erudición de sus estudios sobre el siglo XVIII, destacando los elementos de cohesión territorial que supuso la causa austracista frente al centralismo borbónico que acabó triunfando en la Guerra de Sucesión española después de la muerte de Carlos II sin sucesión directa (Lluch, 1999). Lluch será asesinado por ETA en Barcelona, en noviembre del año 2000, provocando una ola de protestas en toda España, semejante al movimiento social de rechazo activo causado por el asesinato del concejal de Ermua por el PP, Miguel Ángel Blanco, o el de Tomás y Valiente, en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. Su libro será criticado por académicos por sus tesis nacionalistas:

Lo que falla [en el libro] es el punto de partida, la identificación de la Guerra de Sucesión, un conflicto civil con partidarios en cualquier lugar de España, como una guerra de conquista castellana. Y, desde luego, no entender que le sobra razón a Santos Juliá al definirla, ante todo, como internacional (Castro, 1999).

La cuestión era compleja por cuanto se había disparado un proceso que conducía a que todas las autonomías quisieran alcanzar el máximo de los umbrales legales establecidos. Lo que ocurrió es que en el proceso constituyente se frustraron las diferencias básicas en el desarrollo de dicha simetrías. Es así como se entiende que años después, en la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, se intentara introducir la llamada «cláusula Camps» —por el apellido del presidente de la Generalitat valenciana que la defendió—, por la que puede reclamarse el mismo nivel de competencias otorgadas a cualquier otra autonomía. Existe, por tanto, una progresión social y mental hacia la igualdad por cuanto algunas medidas adoptadas en el pleno derecho de sus competencias pueden provocar desigualdades y acentuar las diferencias entre las distintas comunidades, que ya de por sí poseen niveles de renta distintas por lo que las instituciones del Estado deben tender a facilitar la coordinación y la solidaridad. Así, desde la perspectiva del PSOE, una estructura territorial que posibilite las diferencias hace inviable la aceptación de las demás. De hecho, la gestión de las cuencas hidrográficas ha provocado conflictos entre autonomías por considerar que —aunque su cauce pase en una mayor proporción por un territorio— no se puede tener la exclusividad de sus aguas. En el caso de Cataluña, los indicadores del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señalaban que habían aumentado las expectativas de un mayor autogobierno, e incluso de la autodeterminación, a finales del siglo XX, al tiempo que el Gobierno de Aznar —que había pactado con CiU— recalcaba los peligros para la unidad de España. La demanda de un nuevo Estatuto estaba en el ambiente político y social.

La intervención de Maragall en el Club Siglo XXI causó malestar en el gobierno de Zapatero, puesto que no se atenía a lo que el PSOE, antes de llegar al gobierno, había establecido en la reunión de Santillana del Mar, en mayo de 2003. Sería el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien matizaría, y en cierto modo descalificaría, la intervención del presidente de la Generalitat catalana y dejó claro que todas las autonomías tienen el derecho de alcanzar, mediante los mecanismos de reforma que marca la Constitución, el mismo nivel. Si se comenzara a distinguir entre nacionalidades y regiones, se vulneraría la Constitución y se establecería un sistema confederal, abriéndose de esa manera un proceso constituyente. En igual sentido se manifestará Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE desde que ganara la Secretaría General Zapatero en el año 2000. Chaves, aunque había respaldado a Maragall en la formación de un gobierno tripartito para desbancar del poder a CiU, que llevaba con Jordi Pujol veintitrés años en el poder, no comparte la propuesta del socialista catalán de entrar en una distinción entre regiones y nacionalidades. Para la ejecutiva del PSOE, el tema podía dar lugar a un debate nominalista y provocar, aunque pueda ser ficticio, un agravio para muchas comunidades autónomas.

Maragall buscó el apoyo del sector moderado del PNV, representado por Josu Jon Imaz, su presidente entre 2004 y 2008, y planteó una estrategia conjunta de ambas comunidades para auspiciar una reforma constitucional que él creía que debía de haberse realizado ya, puesto que los constituyentes la dejaron inacabada al no haber despejado, suficientemente, las diferencias. Su entrevista con Ibarretxe, en junio de 2004, en el palacio de Ajuria Enea, va en la misma línea y no atiende los requerimientos del secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, para que ponga distancias entre el proyecto nacionalista y el que representa el PSOE de Euskadi. Maragall defiende que el objetivo de las reformas para Cataluña y Euskadi van en la misma dirección. Acentuará su distanciamiento con los planteamientos oficiales del PSOE y propondrá un grupo propio en las Cortes españolas para el PSC, algo que ya tuvo viabilidad a principios de la Transición, cuando se constituyeron las primeras Cortes democráticas en 1977, pero que fue desechado posteriormente por la disfunción que representaba.

Mientras, en la sede del PSOE de la calle Ferraz, distintos líderes, entre los que hay representantes del PSC, como el ministro Montilla —primer secretario del PSC y miembro de la ejecutiva del PSOE— o Miquel Iceta, portavoz socialista en aquella época en el Parlament de Cataluña, junto a miembros de la ejecutiva del PSOE, tratan de acordar los límites en los que ha de desenvolverse la reforma del Estatuto de Cataluña. A partir de entonces entran en escena las conversaciones entre Zapatero y Maragall con Montilla, para intentar aunar posiciones y conducir un proceso que podía significar un desgaste para los socialistas ante la radical oposición del PP, que vería en la reforma catalana un filón para atacar la incongruencia de Zapatero en los temas de organización territorial.

Maragall y Zapatero mantenían una buena relación desde que la mayoría del PSC le dio su apoyo en el XXV Congreso del PSOE. Los dirigentes socialistas catalanes no querían a Bono en la dirección del partido porque presuponían que tenía una concepción de España poco plural, y que resultaría difícil que aceptara los planteamientos que se barajaban para la reforma del Estatuto de Cataluña. Y, así, ante el resultado de las elecciones catalanas en noviembre de 2006, donde el PSC obtuvo once escaños menos que CiU y cinco menos que en las que se presentó Maragall, en contra de las previsiones que se habían hecho desde Madrid, líderes como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura, y José Bono, de Castilla-La Mancha, se manifestaron partidarios de un gobierno CiU-PSC, y no consideraban adecuada una alianza de gobierno con un partido independentista como ERC o Iniciativa per Catalunya. Ya en alguna ocasión, Ibarra le había espetado a Maragall, en un Comité Federal del PSOE, que el PSC nunca ganaba las elecciones autonómicas, que defendía posiciones muy reivindicativas para Cataluña, al tiempo que la «catalanización» de los socialistas dejaba fuera a un sector social, producto de la emigración de los años sesenta, que no se sentía muy identificado con ese proceso, más acorde con lo que representaba CiU o ERC.

Las conversaciones bilaterales entre PSOE y PSC llevaron a la conclusión de que la reforma del Estatuto de Cataluña debía hacerse dentro del marco de la Constitución. No obstante, algunos dirigentes del socialismo catalán como Miquel Iceta y Ernest Maragall, consideraban que la Constitución era el marco para tramitar el nuevo texto, pero no debía marcar su contenido. La opinión final de la cúpula del PSOE fue que se hiciese dentro de los límites constitucionales, y así lo expresará Zapatero. Varias reuniones fueron necesarias para alcanzar acuerdos, y a ellas se incorporará Alfonso Perales, uno de los referentes históricos del PSOE andaluz que trabajaba estrechamente con Manuel Chaves, consejero en uno de sus gobiernos, diputado en el Congreso, presidente de la Diputación de Cádiz y que había formado parte de la Ejecutiva Federal en tiempos de Almunia. Entró de nuevo en ella como secretario de Política Autonómica, después de haberse celebrado el XXXVI Congreso del PSOE en julio de 2004.

Zapatero creía que era la oportunidad para llevar a cabo una profunda remodelación de los estatutos autonómicos que permitiera cerrar, por muchos años, o definitivamente, el secular conflicto territorial. Escogió a distintos profesores de Derecho Constitucional como asesores para emitir informes que le indicaran los límites constitucionales. En el que más confió fue en Francisco Rubio Llorente, a quien nombró presidente del Consejo de Estado. No vio inconveniente en que el Parlament de Cataluña, por ejemplo, pudiera elegir directamente un representante en el Tribunal Constitucional o en el Consejo del Poder Judicial. De igual modo, las comunidades con lengua propia podrían tener acceso a la UNESCO, al tiempo que podían ubicarse organismos del Estado en otras ciudades diferentes de Madrid. De ahí sale la decisión de trasladar la sede de la Comisión del Mercado de las Comunicaciones a Barcelona, o la posibilidad de que los institutos Cervantes, esparcidos por el mundo, enseñaran euskera, catalán o gallego, incluso que asistieran con el presidente a cumbres europeas cuando se tratasen temas que afectasen directamente a una o más comunidades. Su idea, sin que la explicite con toda claridad, es que, sin llegar a diferenciar constitucionalmente cuáles son nacionalidades y cuáles no, se alcance una solución aceptable para todos y se dé satisfacción a las peculiaridades de algunas autonomías, encajando una mejor delimitación de las competencias entre estas y el Estado, aunque Maragall, por su cuenta, proclamara que el presidente estaba a favor de hacer la distinción que los padres de la Constitución no hicieron.

El problema radicaba en que el PP no estaba en la misma onda política y consideraba que la reforma en Cataluña podía distorsionar el contenido de la Constitución en lo que respecta a la unidad de España y a la igualdad política de los españoles. Desde esa perspectiva, Rajoy encabezó un movimiento con movilizaciones en la calle, como la manifestación que convocó a principios de diciembre de 2004 en la que congregó a cerca de 50.000 personas en Madrid por la defensa de la Constitución.

Solicitamos —manifestó el líder de la oposición en el mitin final en la Puerta del Sol—, que los españoles puedan decidir si desean conservar su Nación, su soberanía y su unidad en las mismas condiciones que estaban cuando el señor Rodríguez Zapatero accedió al poder.

Y recogió unas 400.000 firmas por toda España de un documento que pedía que se convocase un referéndum para todos los españoles.

Cuando se inician los trabajos de redacción del Estatuto solo el PP acentuaba, sin fisuras, la vinculación de los catalanes a España, sin considerar diferencias con el resto de las autonomías. En esa época, el PP catalán estaba dirigido por Josep Piqué, antiguo ministro de Aznar, y una apuesta del expresidente para Cataluña, con el convencimiento de que transmitía una visión más moderna de los populares en un medio político impregnado por el ambiente nacionalista. Por el contrario, la figura de Vidal Cuadra, uno de los primeros líderes catalanes de AP, catedrático de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona, era muy controvertida por sus posiciones radicalmente antinacionalistas. De hecho abandonará el PP y se integrará en Vox, una formación política nueva compuesta por antiguos militantes del partido que consideraban que no se incidía lo suficiente en los principios conservadores, tales como la unidad de España o la lucha contra el aborto.

La redacción del nuevo texto no estuvo exenta de dificultades, por los elementos de definición identitaria que provocaban susceptibilidades y rechazos en muchos medios del resto de España al considerar a Cataluña como nación, abandonando el ambiguo término de nacionalidad. Reclamaba competencias que colisionaban, en algunos casos, con las del Estado, y el cambio del modelo de financiación, al tiempo que se producían roces entre ERC y CiU, que luchaban por hegemonizar el espacio nacionalista. Solbes, ministro de Economía, se reunió con representantes de ERC, PSC, CiU e IC y les pidió que renunciasen a un sistema tributario propio para Cataluña, tal como se había propuesto en su Título VI desde el Parlament de Cataluña, consistente en que la Generalitat recaudase todos los impuestos y los liquidase al Estado, fórmula parecida al cupo vasconavarro. El Gobierno pretendía unificar el sistema financiero y dar a Cataluña una proporción mayor de la que hasta entonces había recibido y que había provocado un fuerte déficit. Solbes defendía, como vicepresidente segundo, una relación multilateral con todas las comunidades, algo que nacionalistas catalanes y vascos rechazaban. Quería un cambio de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que databa de 1980, para adecuarla a la nueva realidad y dar satisfacción a autonomías que habían crecido en renta y población y estaban por debajo de sus necesidades presupuestarias, pero sin perjudicar a las de menor renta. Pero no estimaba que el PP, por razones políticas, estuviera dispuesto a apoyar una reforma de la misma, y en especial en comunidades gobernadas por los populares, como Baleares, Madrid, y Comunidad Valenciana. Se barajaba además, para compensar los desequilibrios que habían venido ocurriendo entre comunidades, que Cataluña, cuya población y renta había crecido en los últimos veinticinco años a un ritmo mayor que otras, recibiera una fuerte inversión en infraestructuras. El tema de conversación principal se ciñó al aumento de porcentaje del IRPF gestionado por las autonomías, que puede alcanzar el 50 por 100 de los impuestos recaudados, creando agencias consorciadas con el Estado, procurando que se pueda adelantar un porcentaje de ingresos previstos antes de consolidar la recaudación.

Se alcanzó, al final, un acuerdo entre todas las fuerzas políticas catalanas, excepto el PP, no sin antes tener que emplearse a fondo Zapatero, que se acercó a CiU y mantuvo con Artur Mas y Duran i Lleida varias conversaciones sin contar con Maragall. Duran sería el que propondría una fórmula para desatascar el punto sobre la identidad de Cataluña que tantas complicaciones estaba creando, y en especial el PP, que presionaba para evitar la denominación de nación. La propuesta decía:

Catalunya como «histórica nación» y a la vez como «nacionalidad» en el artículo 2 de la Constitución vigente, ejerce su autogobierno por medio de instituciones propias constituida como comunidad autónoma, de acuerdo con la citada Constitución y el presente estatuto.

En el trámite final de la redacción quedó suprimida la expresión «histórica nación», que tenía connotaciones del nacionalismo romántico pero el término quedó incorporado en el penúltimo párrafo del preámbulo del Estatuto, con 223 artículos con las disposiciones adicionales: «El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentir y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido Cataluña como nación de una manera ampliamente mayoritaria».

El PP impugnó varios artículos del texto ante el Tribunal Constitucional por considerar que rompía el equilibrio del proceso autonómico y suponía una fractura en la unidad de España. Los populares usaron parámetros distintos para Cataluña que para los artículos reformados en Andalucía y que, en muchos casos, coincidían y no fueron recurridos, sino consensuados con el PSOE. También el Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, veterano dirigente socialista, pero avalado para el cargo en la época de Aznar, reclamó ante el Tribunal Constitucional la derogación de 112 artículos por considerar que la regulación que hace el Estatuto en materia de derechos y deberes, lengua, competencias, justicia, Síndic de Greuges, relaciones bilaterales con el Estado y derechos históricos vulneraban la Constitución española.

Rajoy, en el debate en el Congreso el 30 de marzo de 2006, declaró que «este Estatuto debilita al Estado hasta extremos de consunción y le impide velar por los intereses del conjunto, divide a los españoles, exalta la insolidaridad y nos hará más ineficaces dentro de nuestras fronteras y más irrelevantes fuera de ella». Contrariamente a lo defendido por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que afirmaba que el Estatuto era un buen instrumento para mejorar la cohesión de España. Duran i Lleida, representante de CiU y dirigente de Unió Democrática de Cataluña, partido democristiano, constataba dirigiéndose al PP que «humanismo cristiano comporta también defender la realidad nacional [...]. Si este Estatuto va a aprobarse, es porque ha habido capacidad de negociación» (Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2006).

Al final se llegó a un acuerdo que aceptaron PSC, CiU e IC, mientras ERC lo rechazó. Parecía que el objetivo de Zapatero era reconstruir la relación con CiU e invertir en un futuro acuerdo con esta formación y despegarse de ERC de cara a las repercusiones que su alianza tenía en el resto de España, ya que sus planteamientos políticos soberanistas y prorrepublicanos no eran asumibles ni siquiera por la mayoría de la militancia socialista o por los simpatizantes y votantes del PSOE. El texto final que salió del Congreso de los Diputados contó con el apoyo de Artur Mas y Duran i Lleida. Se aprueba en marzo de 2006 con 189 votos a favor y 154 en contra. En el referéndum de 19 de junio de 2006 se obtiene un respaldo del 74 por 100 de los votos en Cataluña, con un 20 por 100 en contra, pero con solo un 50 por 100 de participación, parecía que no existía un gran entusiasmo por el tema, aunque para algunos analistas la abstención no era más que un reflejo de que los catalanes sabían que el resultado iba a ser positivo y no estaban ante ninguna situación de crisis. Además, los dirigentes socialistas pensaban que cuando se celebraran las elecciones en 2008, tanto en Cataluña como en España, el acuerdo supondría un apoyo para un futuro gobierno de Zapatero en la nueva legislatura, en el caso de volver a ganar el PSOE, y establecer acuerdos que permitirían, incluso, incorporar algún miembro de CiU como ministro en un ejecutivo socialista. Pero ello le llevó al desencuentro con Maragall, que renunció, o le obligaron, a presentarse a una nueva reelección y fue sustituido por Montilla, cuyas raíces andaluzas de emigrante en la época de los sesenta, su experiencia como alcalde en Cornellà, y después como ministro de Industria con Zapatero, le darían un carácter distinto a la Presidencia de la Generalitat.

Maragall abandonó la presidencia del PSC y declaró que sus relaciones con Zapatero habían sido más difíciles que las que tuvo con Pujol o Felipe González, además de proponer que si el Tribunal Constitucional revocaba alguno de los artículos que habían sido impugnados, pero votados por el pueblo de Cataluña, debería repetirse el referéndum, puesto que se alteraba la voluntad popular por el Alto Tribunal en relación con el texto final que se puso a disposición de los catalanes. Por primera vez, un nacido no catalán podía ser presidente de la Generalitat. Pero en los comicios de noviembre de 2006, como se ha señalado, el PSC perdió cinco escaños (de 42 pasó a 37; ERC, de 23 a 21, y CiU ganó dos, de 46 a 48, e IC fue la más beneficiada, con tres diputados más, de 9 a 12) y nació una fuerza que cuestionaba el nacionalismo, «Ciutadans pel Canvi», formada por profesores, escritores, periodistas e intelectuales. Obtuvieron tres escaños en el Parlament de Cataluña, aunque las disensiones internas pusieron en evidencia la dificultad de construir en aquel tiempo una opción política nueva, con una estructura organizativa sólida para su permanencia y que aglutinara el antiindependentismo de sectores sociales muy diversos. Aún quedaba lejos el proyecto que irrumpiría con más fuerza el 27 de septiembre de 2015, con el liderazgo de Albert Rivera —el mismo problema se les planteaba a los que desde la plataforma surgida en el País Vasco, «¡Basta Ya!», intentaron una fórmula parecida. Volvió a rehabilitarse el tripartito, con Montilla como presidente de la Generalitat, dejando fuera a CiU, en la que había confiado Zapatero para formar un pacto de gobierno que los socialistas catalanes no aceptaron.

Javier Paniagua con Felipe González en la presentación de los Discursos Parlamentarios, de Manuel Azaña, en 1992.

Ante el recurso del PP el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales catorce artículos en junio de 2010. Se ha interpretado que esta sentencia dio pie al comienzo de la radicalización de los sectores soberanistas que se sintieron justificados para demandar la independencia y la constitución de un Estado. Ya en el texto original del nuevo Estatuto, con el apoyo del PSC, se afirmaba que Cataluña era una nación y que expresaba la voluntad mayoritaria de los ciudadanos catalanes. Desde entonces, los sectores no catalanes del socialismo español han recurrido a las fuentes históricas y a los análisis políticos para intentar clarificar cómo podía interpretarse el concepto de nación y en qué podría diferenciarse del de nacionalidad, reconocido por la Constitución de 1978, sin una resolución de sus órganos políticos, porque, para muchos militantes del PSOE, la única nación era la española. Todo el proceso del nuevo Estatuto produjo un rechazo en ciertos sectores de la sociedad española que fue interpretado en Cataluña como un aumento de la catalanofobia que desde principios del siglo XX había padecido el catalanismo y sirvió como elemento para la defensa del independentismo.

El PSOE, históricamente, recaló poco en la cuestión nacional. Veía en el nacionalismo una proyección de la Iglesia vasca y de aquellos sectores que planteaban una sociedad clerical, con la defensa de la etnia euskalduna como identificación nacional diferente de la del resto de los españoles, «los maquetos», a quienes se veía como gentes de otra raza que se asentaron en Vasconia (sic) por la emigración. Los socialistas vascos, la mayoría trabajadores en las minas o en las industrias metalúrgicas, eran emigrantes de otras zonas de España. Su vinculación al PSOE y a la UGT viene de finales del siglo XIX y sus reivindicaciones nada tenían que ver con el PNV de Sabino Arana, a quien identificaban como el exponente de una visión xenófoba y reaccionaria de las relaciones sociales. El nacionalismo era, por tanto, un producto del capitalismo para «desviar a los obreros de sus intereses reales» (Forcadell, 1978, 45). La Lucha de Clases, el órgano de los socialistas vascos, interpretaba, en 1889, que después de la pérdida de las últimas colonias los capitalistas de Euskadi y Cataluña estimularon el separatismo para distraer a los obreros e impedir que se decantaran por el socialismo. Sin embargo, en el exilio franquista, PNV y PSOE constituirán gobiernos vascos de coalición, al igual que en la Transición política española en los ejecutivos autónomos. Pero no se proyecta desde el socialismo ninguna interpretación teórica, más allá de la descalificación política, sobre el significado del nacionalismo vasco.

En el caso de Cataluña, las cosas fueron diferentes porque algunos militantes del PSOE catalán sí plantearon la necesidad de la implicación del socialismo en la configuración del Estado español. Y la historiografía catalana también ha analizado el tema desde otras perspectivas distintas de la mera calificación del nacionalismo como una ideología de la burguesía. Ya a principios del siglo XX, algunos testimonios de anarcosindicalistas abogaban por el reconocimiento de la entidad de Cataluña, y así lo expresa el 15 de febrero de 1913 el semanario anarquista La Tramuntana: «Volem una Catalunya per la llibertat. Volem llibertat per a Catalunya. Volem una federació universal de pobles lliures». Pero sería en la segunda década del siglo XX cuando algunos miembros de la Federación Catalana del PSOE comenzarían a reivindicar el «fet català» y su reconocimiento por el socialismo español. No será una tarea con un recorrido fácil, puesto que desde la perspectiva de un marxismo ortodoxo y esquemático, que impregnaba al partido a principios del siglo XX, no encajaba la reivindicación nacional. Marx y Engels no teorizaron sobre los movimientos nacionales, emitieron opiniones que no siempre fueron coherentes porque dependía de qué nacionalidad hablaban. Estaban en contra del paneslavismo, esas nacionalidades calificadas de «pueblos sin historia», pero defendieron la independencia de Polonia para contrarrestar la presión de Rusia y porque muchos exiliados polacos en Londres eran amigos de Marx, al igual que la unidad de Alemania, Italia o Irlanda como naciones que habían llegado tarde a constituir un Estado y que debían culminar ese proceso iniciado con la revolución burguesa en la Francia de 1789. Pero a partir de ahí era para ellos un problema superado, lo esencial era la lucha de clases y en ella el proletariado no tenía patria y ya no podía distraerse en la defensa de la nación, eso correspondía a una etapa superada. Incluso Engels se refirió a los eslavos del este de Europa diciendo que si conseguían la independencia fortalecían el poder del zarismo ruso.

Sin embargo, el tema permanecía vigente en varios lugares de Europa y se haría evidente en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Cuando se constituye la Internacional Socialista en 1889, en los Estados europeos donde existía uno o varios problemas de reivindicación nacional la cuestión fue analizada por los partidos socialdemócratas desde distintas perspectivas. La fundación de la II Internacional no fue tranquila, antes hubo dos convocatorias en lugares distintos de París, una, el 14 de julio, fecha histórica de la toma de la Bastilla y del centenario de la Revolución Francesa, por los seguidores del marxismo, en la rue Petrelle, y otra en la rue Lancry por los llamados socialistas posibilistas, del francés Paul Brousse, aliado con el inglés Hydman, promotor de una corriente intelectual socialdemócrata inglesa, mientras que Williams Morris se reunía con los marxistas. Brousse protagonizó una escisión del partido fundado por Guesde en 1879, el Parti Socialiste Français (PSOF). Postulaba un socialismo con capacidad para entenderse con los republicanos y obtener mejoras para los trabajadores mediante la negociación, sin el doctrinarismo marxista defendido por los guedistas que postulaban la no alianza con los partidos calificados como burgueses. Fue un antecedente de lo que años más tarde se produciría con el revisionismo marxista y la práctica reformista. Engels presionó a los alemanes para que asistieran al de la rue Petrelle, que estuvo presidido en comandita por Karl Liebneck y el francés Eduard Vaillant. Allí acabaron concentrándose los principales líderes marxistas y una mayoría de los delegados, que se consideraron verdaderos fundadores de la II Internacional. Convocarían el nuevo congreso en 1891 en Bruselas, donde ya asistirían muchos de los delegados asistentes al de la calle Lancry, como Hydman. Posteriormente se constituiría, en 1900, en aquella ciudad un Buró Político. Sin embargo, los partidos tenían plena autonomía y los congresos eran lugares de debate en los que se acordaban objetivos generales y propuestas programáticas. Después de un debate impetuoso, aquellos anarquistas, enclavados en distintas organizaciones, que seguían asistiendo a las reuniones, fueron expulsados en el Congreso de Londres, en 1893, terminando así la presencia libertaria en la II Internacional y la definitiva separación de socialistas y anarquistas en el ámbito internacional (Joll, 1976).

LA SOCIALDEMOCRACIA Y LA CUESTIÓN NACIONAL

El internacionalismo entró en crisis cuando estalló la Primera Guerra Mundial y los partidos socialistas francés y alemán votaron a favor de los créditos de guerra propuestos por sus gobiernos. Dejaron atrás el principio de los obreros sin patria y también todas las proclamas contra la posible guerra de los países imperialistas europeos y a favor de la paz. Ahora, tanto alemanes como franceses se referían a «la guerra justa» y solo minorías socialistas se atrevieron a romper la disciplina del voto. A la postre, la nacionalidad, la identidad y los intereses de cada uno fueron fundamentales para formar parte de los ejércitos y luchar unos contra otros en los campos de batalla. Resultaba que sí, que los obreros ponían a la nación por encima de sus intereses de clase. Ya algunos partidos socialistas habían introducido el debate de la cuestión nacional, y de entre ellos el más significativo era el austriaco, que vivía en un Estado plurinacional, el llamado Imperio austrohúngaro, donde convivían pueblos de lenguas y culturas diferentes con sectores que reivindicaban la autodeterminación. No conviene olvidar que fue un grupo de nacionalistas serbios de Sarajevo el que planificó, en 1914, el asesinato del heredero de la Corona imperial y su esposa, hecho que ocasionó el inicio de la Primera Guerra Mundial.

En estas circunstancias, fueron los marxistas austriacos quienes abordaron el tema de los nacionalismos ante una realidad que les presionaba con fuerza ante pueblos con lengua, costumbres y culturas diferentes bajo la monarquía de los Habsburgo. Incluso tuvieron que dividir el Partido Socialdemócrata Austriaco (SPÖ), fundado en 1888, en tantas federaciones como naciones. En efecto, en el congreso de 1897 desapareció la organización unitaria y se constituyó una alianza federal que incluía a militantes de cultura alemana, polaca, checa, rutena, ucraniana, italiana y al conglomerado yugoslavo. Existía una Directiva Central, compuesta por representantes elegidos en un congreso común, que diseñaba el programa socialista. En el congreso de 1899, en la ciudad checa de Brünn, reconocían a las diferentes nacionalidades la capacidad para constituirse en Estados autónomos, con el derecho a expresarse en su lengua y desarrollar su cultura y, de esa manera, la directiva se transformaba en un órgano federal con representación de todas las federaciones, lo que constituyó un problema para llegar a acuerdos unitarios, y sería tachado de fraccionalismo y liquidacionismo por Lenin, el líder bolchevique, porque esa estructura orgánica representaba la inoperancia del Partido Socialista. Pero, no obstante, partían de que el Estado de la monarquía dual, Austria-Hungría, debía permanecer como entidad política, aunque se transformara en un Estado federal. Los socialistas austriacos consideraban que eran un ejemplo de convivencia entre nacionalidades, al igual que estaba configurada la II Internacional. Sin embargo, las disidencias se evidenciaron desde el principio y los checos consideraron que el partido estaba dominado por germanos y reivindicaron su independencia.

Intelectuales y políticos, como Karl Renner, Victor Adler, Max Adler y Otto Bauer, entre otros, contribuyeron a lo que ha sido llamado el austromarxismo, y abarcaron distintos temas y no siempre con posturas coincidentes (Blum, 1985). Fueron calificados también, como ya se ha expuesto, de neokantianos, a partir de la obra de Max Adler, por su interés en fundamentar una teoría del conocimiento marxista basada en la epistemología de Kant. Ello les proporcionó cierta flexibilidad política para mantenerse entre la radicalidad revolucionaria de Rosa Luxemburgo y el revisionismo de Bernstein. Víctor Adler fue uno de los principales organizadores del partido socialdemócrata austriaco y apoyaría la participación de su país, en connivencia con los socialdemócratas alemanes del SPD, en la Primera Guerra Mundial. Representaron, con sus publicaciones en revistas y libros, el intento de elaborar una teoría marxista que respaldara las reivindicaciones nacionales. El trabajo de Bauer La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia (1907) sería la referencia para abordar la cuestión nacional por la socialdemocracia. De tal manera que la II Internacional debatió, en sus congresos y conferencias, el problema que enlazaba también con el colonialismo de los países asiáticos y africanos. Las posiciones entre los distintos líderes del socialismo europeo eran contrapuestas. Rosa Luxemburgo reforzaba la tesis de que lo sustancial era la unión de los proletarios y la lucha de clases, sin que hubiera que detenerse ya en reivindicaciones pequeñoburguesas, como la autodeterminación de los pueblos. Desde esa perspectiva criticaba el apoyo socialdemócrata a los nacionalistas polacos porque consideraba que lo sustancial era luchar contra el Estado zarista y apoyar a todos los proletarios de Rusia, en vez de dedicarse a unirse con el nacionalismo polaco, sostenido principalmente por la pequeña burguesía, y distraerse con reivindicaciones que retrasaban el triunfo de la clase obrera. En cambio, Lenin creía que esta lucha era también fundamental si se relacionaba con la batalla del socialismo contra los pueblos opresores y la liberación de los oprimidos y por ello había que distinguir el tipo de reivindicación nacional, como hizo Marx con Irlanda, que cambió de opinión con respecto al nacionalismo irlandés al considerar que los obreros ingleses no podían desentenderse de unos trabajadores subyugados doblemente, por su condición de obreros y por su identidad irlandesa. La nación, para Bauer, era el resultado de un «carácter», de una psicología colectiva que se distinguía entre las diversas colectividades humanas, que no tenía por qué circunscribirse a un territorio y que podía cambiar a lo largo de la historia, lo que le desvinculaba de la concepción esencialista de la misma, que permanece inalterable como si fuera un ADN indeleble. Bauer, en la línea de Renner, concebía las relaciones nacionales como un conglomerado de personas que tienen la voluntad de pertenecer a una comunidad con características singulares. Lo sustancial no era un terreno físico donde situarse, sino las personas que sienten unos mismos valores de convivencia y tradición cultural a la manera de las comunidades religiosas. La voluntad constituía el factor principal en la estela de lo destacado por el francés Renan en su famosa conferencia: «¿Qué es una nación?». Intentaban, así, superar el calidoscopio de nacionalidades que constituía el Imperio austrohúngaro, desprendiéndose de un territorio concreto e intentando superar las diversas lenguas y culturas mediante una vinculación personal que debía mantener la estructura política existente. Después de la Primera Guerra Mundial este planteamiento saltará por los aires (Agnelli, 1976, 327-357).

El PSOE hizo campañas contra la guerra de Cuba, Filipinas y Marruecos, más que por las razones que llevaron a los gobiernos españoles a enviar tropas a ambos lugares, por la manera del reclutamiento de las mismas. Criticaban la ley de movilización por la que se permitía librarse de servir en el Ejército pagando una determinada cantidad de dinero. Ello condicionaba que fueran los obreros y campesinos sin recursos quienes empuñaran las armas y sufrieran ellos, y sus familias, las penalidades de las guerras. La Semana Trágica de Barcelona, en 1909, significó la rebelión de las clases populares contra el decreto de movilización del gobierno de Antonio Maura mientras comenzaba el embarque de tropas en el puerto de Barcelona. Esta línea argumental coincidía con las manifestaciones a favor de la paz que, periódicamente, proclamaba la II Internacional (Bonamusa, 1990, 29-49).

J. Daniel Molina escribió que «el socialismo español asume desde el primer momento a España como una nación política e históricamente consolidada» (Molina, 2015, 69). En efecto, no entra en los parámetros de aquellos primeros socialistas, obreros de oficio, principalmente, tipógrafos, como Pablo Iglesias, la consideración de otra nacionalidad que no fuera la española. España «es el pueblo en que hemos nacido —se afirmaba en el El Socialista el 28 de agosto de 1899—, con quien tenemos común el lenguaje, el carácter, la historia y el porvenir». Precisamente el PSOE se funda un 2 de mayo de 1879, fecha que en aquella época era fiesta nacional en recuerdo del alzamiento madrileño de 1808 ante el ejército francés que se convertirá en símbolo de la Guerra de la Independencia. En aquel tiempo, ni el catalanismo ni el vasquismo habían articulado todavía un movimiento político y social. Sería en las primeras decenas del siglo XX cuando el tema estallaría, primero en Cataluña y después en Euskadi. Lo que no quiere decir que surgiera de pronto. En ambas sociedades existen elementos sociales e históricos, reales o imaginados, que se irán configurando hasta generar movimientos políticos acompañados de una persistente incidencia en una cultura, y en ello Cataluña avanzará con mucha mayor fuerza que el País Vasco. También existen influencias exteriores que coadyuvarán a las reivindicaciones del catalanismo: los movimientos nacionalistas de Irlanda, de Austria-Hungría, del Risorgimento italiano o de la filosofía y jurisprudencia alemana, y que inspirarán algunas de sus manifestaciones, como el rechazo a la reforma del Código Civil del Gobierno de España por parte de juristas catalanes (Sosa y Sosa, 2013, 113-1.130).

Precisamente Cataluña es el centro de la Revolución Industrial española, con obreros de fábricas, metalúrgicas y textiles principalmente, con una clase empresarial sustentadora de una burguesía moderna. No parece que en Europa existiera una zona donde se realizara la industrialización moderna y no fuera, a su vez, el centro del poder político. París, Berlín, Milán, Estocolmo o Londres aúnan poder político y económico pero, en España, Madrid es el centro político pero no el de la economía moderna en el siglo XIX y primera mitad del XX. Ya decía el impulsor teórico de la Lliga, partido catalanista conservador, Prat de la Riba, en un manifiesto en 1898, Als catalans, durante la guerra de Cuba con Estados Unidos que

no es bastante el dominar en talleres y almacenes mientras otros dominaban en asambleas, ministerios y oficinas [...]. Ahora verán cuán peligroso es para su prosperidad el actual desequilibrio que existe entre nuestra gran fuerza económica y nuestra realidad política dentro de España.

Gabriel Tortella y otros autores han puesto en cuestión la capacidad económica de los empresarios catalanes que se apoyaron en los gobiernos de Madrid para mantener su preponderancia económica en el mercado español impidiendo la circulación de mercancías de otros lugares que compitieran con los productos de la industria catalana, y rehabilitan la tesis de que Cataluña reforzó el poder del Estado para tal fin y, además, contribuyó a la configuración del caciquismo oligárquico de la Restauración. El catalanismo que tuvo un origen cultural se hizo político cuando se perdieron las colonias de Cuba y Filipinas destruyendo las relaciones comerciales con los industriales de Cataluña (Tortella et al., 2016).

Pero el catalanismo no solo será una reivindicación empresarial, un producto de la burguesía catalana, como señaló Jordi Solé-Tura, siguiendo la estela intelectual del historiador marxista Pierre Vilar en su obra cumbre Catalunya dins l’Espanya moderna (Vilar, 1962) (Solé-Tura, 1974). Tendría también su bases populares entre obreros, campesinos y menestrales, es un catalanismo, según Josep Termes, que fluye en muchas direcciones y abarca múltiples aspectos de la sociedad que presionan para reconocer la realidad nacional de Cataluña y que enlaza con la tradición federalista decimonónica (Termes, 1999; Cuadrat, 1976). Estas dos visiones se han ido matizando desde finales del siglo XX y comienzos del XXI y, así, Antonio Santamaría desde el Foro Babel en internet o desde la revista El Viejo Topo, analizará que el discurso nacionalista impregna desde la burguesía a los obreros catalanes cualificados y autóctonos, aspirantes a formar parte de las clases medias mientras que los emigrantes que acuden a Cataluña desde el resto de España formarán parte del peonaje obrero (Santamaría, 2001, 18-24). Otros, como Joan Ridao, destacan que el catalanismo se ha ensamblado con el republicanismo histórico federal y otras organizaciones de izquierdas. No admite incompatibilidad de la izquierda con la defensa del nacionalismo en Cataluña, que históricamente ha tenido su espacio, y por ello la CNT, que estaba en contra del Estado, era una manera implícita de asumir, en la misma línea de los estudios sobre el anarquismo de Termes, la reivindicación nacional. La emigración española de los años sesenta del siglo XX, en pleno franquismo, ha contribuido a la formación de una clase obrera industrial, muchos de cuyos descendientes han asimilado, con el paso de los años, gran parte de la cultura catalana que ha ido forjándose en esos años con un propósito de reconstrucción nacional a pesar de la represión franquista. Pero, con las nuevas olas emigratorias africanas, una Cataluña sin Estado puede verse abocada a su desaparición cultural, a no tener la suficiente fuerza para la asimilación de esos nuevos pobladores. El deseo de identidad es, por tanto, una aspiración humana universal y no solo una reacción etnocultural y lingüística de los autóctonos ante la emigración en ámbitos más reducidos que las grandes comunidades cívicas, de los movimientos nacionales democráticos contra el Antiguo Régimen como la Revolución Francesa, según argumentaba el historiador británico E. H. Hobsbawm (Ridao, 2005). Para muchos defensores de la identidad, en cambio, la lengua es el elemento clave, es el tronco de la cultura y no un simple medio de comunicación, porque permite interpretar el mundo de una determinada manera. «Es por ello que muchas palabras no tienen sentido, sometidas a la “traición” de la traducción» (Durán-Pich, 2015).

Con una perspectiva diferente, Martín Alonso ha publicado dos volúmenes describiendo el proceso político catalanista del siglo XXI y su deriva hacia el soberanismo, con el análisis del papel de los intelectuales, a los que atribuye la construcción de una industria de la identidad al servicio de unas élites sociales y políticas que olvidan la condición de la clase social: «En ocasiones la industria de la identidad puede alcanzar proporciones tales que el mercado cultural se encuentra notablemente intervenido» (Alonso, 2015, II, 202).

Durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI los debates en Cataluña sobre la cuestión nacional en todos los ámbitos y, especialmente, en las universidades, ha generado un sinfín de publicaciones. Al mismo tiempo, en los círculos madrileños ha habido intelectuales que promovieron los análisis del nacionalismo español y de los otros nacionalismos periféricos, dentro de una tradición que ha recorrido el siglo XX y continúa en el siglo XXI, con el intento de comprender y definir cuáles son los fundamentos de lo que significa España como Estado-nación. Así, en el volumen enciclopédico Historia de la nación y del nacionalismo español, Daniel Guerra, uno de los autores, afirma que

Los socialistas catalanes han pretendido siempre no aparecer como lo que realmente son. El uso genérico del término catalanismo ha permitido cubrir reivindicaciones puramente nacionalistas, sin llamarlas así. Han permitido que más de un nacionalista se cobijara bajo el amplio manto del catalanismo diciendo y haciendo lo mismo que los nacionalistas pero distinguiéndose de ellos, quizá por vergüenza (Guerra, 2013, 619).

Los estudios sobre el nacionalismo o sobre las representaciones de España han producido distintos enfoques y reacciones. Un extenso y documentado libro como el de Enric Ucelay-Da Cal, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, El imperialismo catalán, en el que analiza figuras señeras del catalanismo como Prat de la Riba, Cambó o D’Ors, ha provocado reacciones contrarias en los ambientes catalanistas por el tratamiento del nacionalismo conservador catalán y su elementos políticos. Muchos de sus representantes quisieron asimilar el triunfo franquista pero apreciaron su incompatibilidad con la construcción del «Estado nuevo» y su imperialismo español, salido del triunfo de la Guerra Civil y su clara intención de eliminar cualquier resto de nacionalismo (Ucelay, 2003). No puede olvidarse que en el levantamiento militar del 18 de julio de 1936 cuenta, de manera prioritaria, la intervención que hizo Company desde el balcón del palacio de la Generalitat de Cataluña el 6 de marzo de 1936, una vez amnistiado por el Gobierno del Frente Popular y recuperada la presidencia de la institución, que recordaba las palabras pronunciadas en octubre de 1934 donde proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. El ejército español de aquella época, con su trayectoria intervencionista en el siglo XIX y la derrota de Cuba y Filipinas en 1898, tenía como elemento esencial de su existencia la unidad de España. Otro historiador de la misma universidad, Ricardo García Cárcel, escribió una historia interpretativa de La historia de Cataluña (siglos xvi-xviii) (García Cárcel, 1985), que fue menospreciada por el catalanismo más intransigente, acusándola de españolista. Algunos investigadores de la historia catalana se han visto también acusados de publicar obras contrarias a la consolidación de la identidad catalana (Amat, 2015). Y otros, como Fernando Savater, insisten en que no existe una identidad territorial catalana: «los catalanes no son más que españoles empadronados en las provincias catalanas. Es decir: no existe esa Cataluña que proclaman, igual que no existen los catalanes en un sentido político real» (entrevista a Fernando Savater, El Mundo, 15 de noviembre de 2015).

Felipe González fue el representante de la socialdemocracia española que gobernó en solitario entre 1982 y 1996.

Desde otra perspectiva, un ejemplo de la visión que ciertos intelectuales madrileños tienen de la cuestión catalana, con más prosopopeya intelectual y con la pretensión de superar el españolismo ortodoxo de Sánchez Albornoz, lo encontramos en la obra de Santos Juliá, quien ha dedicado parte de sus investigaciones a la historia del PSOE, Historia de las dos Españas (2004), reflejo del azañismo del autor, con tintes orteguianos, en la que analiza las bases intelectuales de Prat de la Riba. Destaca su relación con el pensamiento contrarrevolucionario francés de Joseph Maistre, contrario a los principios de la universalidad establecidos por la Revolución Francesa y al parlamentarismo destructor de élites. La patria catalana es algo diferente del Estado español, basado en Castilla, que se erige en enemigo de una nación que tiene su propia lengua. Parecería entonces que las raíces del catalanismo están principalmente determinadas por una ideología contraria a la modernidad, vinculada al pensamiento contrarrevolucionario, que respalda a unos industriales y les ofrece una vía política propia en el sistema de la Restauración, incapaz de asumir sus reivindicaciones. Esta fuerza, la Lliga, que tendrá en Cambó su principal representante durante gran parte de la Restauración, o su posterior escisión, Acció Catalana, aparece en la obra de Santos como la seña de identidad del catalanismo, lo que implícitamente lo hace reaccionario intelectualmente, sin que se analicen otras propuestas. Resulta entonces que la zona más desarrollada económicamente de España reivindica su nacionalidad basándose en un pensamiento antimoderno (Juliá, 2004, 115-137).

Existen personajes de principios de siglo XX que simpatizaban con el socialismo. Es el caso del periodista y escritor Gabriel Alomar, quien pronunció, en 1907, una conferencia con el título de «Catalanisme socialista», resumen de sus colaboraciones en El Poble Català desde 1905, en la que defendía que los obreros reivindicasen la realidad de Cataluña como voluntad colectiva. Pero en aquel año el PSOE no se dio por enterado e incluso criticó que los socialistas tuvieran que dedicarse a la defensa de lo nacional porque su único fin es acabar con la explotación económica, y así lo expresa la revista Justicia Social de Reus. Después surgirán voces que amplíen el mecanicismo economicista y consideran que el socialismo debe abarcar también otras parcelas de la vida social. El principal militante que plantearía la cuestión nacional catalana fue Andreu Nin, afiliado al PSOE en aquellos años y fundador, con Joaquim Maurín, años más tarde, del POUM, después de pasar por el Partido Comunista de España. Defenderá que entre el socialismo y el nacionalismo existe una plena conexión, enfrentándose a un líder histórico de la Federación Catalana del PSOE, Fabra Ribas, contrario al nacionalismo. No obstante, en el IV Congreso de dicha Federación, celebrado en Reus, en junio de 1914 (1916, según otros autores) se aprueban las propuestas de una Confederación Republicana de todas las nacionalidades españolas y un PSOE estructurado en unas federaciones autónomas, a la manera como lo había hecho el de Austria-Hungría. Sin embargo, la escasa sensibilidad de la Ejecutiva del PSOE, instalada en Madrid, hará que no se plantee el problema hasta más tarde y considerará el catalanismo más como un enemigo que como un aliado ya que para muchos socialistas madrileños la reivindicación nacionalista de Cataluña era un resabio carlista (Martín Ramos, 1977, 91).

A medida que transcurre la Primera Guerra Mundial, algunos socialistas intentan reconducir la II Internacional a sus presupuestos históricos de lucha por la paz, la superación de los enfrentamientos nacionales y la prioridad en la lucha de clases. Con ese propósito se reúnen 42 representantes (ningún español) de los partidos socialistas en desacuerdo con la postura oficial de sus organizaciones, que están apoyando la guerra, en la ciudad suiza de Zimmerwald en septiembre de 1915, y proclaman la necesidad de retomar los postulados clásicos del socialismo. Ya desde el estallido del conflicto surgieron escisiones en las organizaciones socialistas al no estar de acuerdo con votar los créditos de guerra, como los socialistas alemanes en torno a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, los holandeses de Pannekoek o los bolcheviques rusos. No existía unanimidad sobre el futuro de la Internacional entre los asistentes, unos querían mantenerla y otros la dan por finiquitada, o el caso de los socialistas italianos, que aprueban los créditos cuando Italia entra en guerra en mayo de 1915 pero se declaran «neutrales». Lenin, ausente en la reunión, defiende la necesidad de construir una nueva Internacional y finiquitar la Segunda frente a quienes querían reconstituirla. De allí salió una resolución redactada por el polaco Karl Radek, quien formaba parte del ala izquierda, al igual que Lenin, de los allí reunidos, en la que se exigía:

el rechazo de los créditos de guerra, la salida de los socialistas de los ministerios de los gobiernos de los países en guerra (lo que se denominó la «unión sagrada») y la denuncia del carácter capitalista y antisocialista de la guerra —en el ámbito parlamentario, en las páginas de las publicaciones legales y, cuando sea necesario, en las ilegales, junto con una lucha franca contra el socialpatriotismo.

Sin embargo, fue Trotsky, entonces al margen de los bolcheviques, quien consiguió que se aprobara un manifiesto unánime («Europa se ha convertido en un matadero de hombres...»). Después del triunfo de la Revolución Rusa se creará la III Internacional en 1920 y surgirán los partidos comunistas, separados ya de los socialistas.

El PSOE de 1915 no aceptaría un debate sobre la cuestión nacional. Sus principales líderes, enrocados en Madrid, consideraron el tema inadecuado para los intereses internacionales del socialismo y así lo atestiguan diversas colaboraciones de El Socialista, el órgano del PSOE. «Repudiaba los nacionalismos periféricos por considerarlos reaccionarios y arcaicos» (Del Palacio, 2013, 130). Ya la Justicia Social, editada en Reus, señalaba, en 1916, que «el problema nacionalista catalán es el problema del día, pero en Madrid, desde El Socialista al conde de Romanones, se desconoce todavía de una manera lamentable» (citado, Cuadrat, 1977, 64), y su director y fundador, Josep Recasens, insistirá en 1916, desde sus páginas, en que en Cataluña el Partido Socialista deberá ser un partido de extrema izquierda nacionalista porque el nacionalismo se integra en el socialismo y no se opone a la lucha de clase. Y en el caso de Cataluña es «una aspiración unánime —afirmaba en El Socialista en octubre de 1916—, es una corriente de opinión invencible que no puede despreciar ningún partido» (citado por Cuadrat, 1977, 66).

En algún caso se defiende la relación entre catalanismo y socialismo fuera de Cataluña. Así lo hará desde el órgano socialista de Valladolid ¡Adelante!, en 1917, un personaje tan atribulario como Oscar Pérez Solís, antiguo capitán de artillería que dejaría el Ejército para entrar en el PSOE, después pasaría del socialismo al comunismo, y sería secretario general del PCE, y de ahí al franquismo, participando en la toma de Oviedo durante la Guerra Civil. Negaba que existiera una nacionalidad española porque España era un conglomerado de pueblos diferentes (citado por Cuadrat, 1977, pág. 57). Pero después del final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, la sensibilidad ante el problema de las nacionalidades recibiría un respaldo del PSOE en noviembre de ese año. Después de la derrota de Alemania y la desintegración del Imperio austrohúngaro aparecieron varios Estados sobre la base de las diferentes nacionalidades que habían permanecido bajo aquel. La doctrina del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, «una nación, un Estado», se concretó parcialmente al acabar la guerra y así se impuso en el tratado de Saint-Germain-en-Laye, en 1919. Algunos independentistas catalanes se habían enrolado en el ejército francés para luchar al lado de los aliados. La Unió Catalanista, creada en 1891, y promotora de las bases de Manresa de 1892, fecha de inicio del catalanismo político, de la que nacerían varias entidades políticas o culturales en el siglo XX, estableció en 1916 el Comité de Germanor amb els Voluntaris Catalans, que tenía centros en Perpiñán y en París para ayudar a los soldados catalanes. La Lliga Regionalista, impulsada por Prat de la Riba y dirigida después por Francesc Cambó, intentó que se considerase a Cataluña como una nacionalidad y se admitiese el derecho de autodeterminación, pero el conde de Romanones, primer ministro de España, evitó que se aplicase a Cataluña y Marruecos (Martínez i Fiol, 1991).

Es en este ambiente en el que el PSOE debate, en el XI Congreso, noviembre de 1918, la cuestión nacional, al tiempo que recibe noticias de la Revolución rusa y la «saluda con entusiasmo». Una ponencia presentada por la Federación de Reus y defendida, entre otros, por Julián Besteiro, Núñez de Arenas y Manuel Serra i Moret declara la

Confederación republicana de las nacionalidades ibéricas, reconocidas a medida que vayan demostrando indudablemente un desarrollo suficiente, y siempre sobre la base de que su libertad no entraña para los ciudadanos merma alguna de los derechos individuales ya establecidos en España, y de aquellos que son ya patrimonio de todo pueblo civilizado.

En el debate, un militante destacado de Alicante, catedrático de enseñanza media, no aceptó tal proposición porque consideraba que disgregaba la fuerza del socialismo y contrariaba el internacionalismo defendido en el Manifiesto comunista, pero aun así la propuesta será aprobada. Los años posteriores serán de gran convulsión para el PSOE, la escisión de algunos de sus militantes con la formación del PCE y los debates sobre la III Internacional en los congresos extraordinarios (1919, 1920 y 1921) diluirán la cuestión nacional.

La Federación Socialista Catalana no tendrá gran impacto sobre las clases populares, ni la UGT conseguirá competir con la CNT. El anarcosindicalismo conseguirá el arraigo hegemónico en la mayor parte de los núcleos obreros industriales de Cataluña. Mientras, el republicanismo de Lerroux, a principios del siglo XX, y después Esquerra Republicana, capitalizarán el voto obrero en Barcelona y otras ciudades. De hecho, en julio de 1923 se crea la Unió Socialista de Catalunya con militantes del PSOE, del republicanismo catalanista y de la CNT, cuyo presidente será Gabriel Alomar. Pero fue Serrat i Moret, uno de los redactores de la declaración aprobada en 1918 en el congreso del PSOE (Barceló, 1986), quien elaboró el manifiesto de su fundación, donde explícitamente se señala la compatibilidad entre el ideario socialista y la reivindicación nacional de Cataluña, así como la vinculación al obrerismo reformista y a la política gradual de mejoras sociales porque «no aspira a ésser altra cosa, que una fracció catalana del socialisme universal» (citado por Martín Ramos, 1977, 96). Otro socialista, Rafael Campalans, proclamaba en 1923 que el nacionalismo catalán era un problema de libertad colectiva y que, junto a los principios de lucha de clase y socialización de los medios de producción, estaba la libertad de Cataluña. Justicia Social, desparecida en 1916, fue recuperada y pasó a ser el órgano de expresión del nuevo partido y desde el primer número, en noviembre de 1923, refleja la preocupación por el golpe de Estado del general Primo de Rivera, criticando el oportunismo del PSOE con la nueva situación, y propondrá un frente único de socialistas, comunistas y anarquistas contra la Dictadura, que no cuajará. De hecho, un socialista catalán como Josep Recasens, cuya vida transcurrió en Reus y durante varios años fue representante de la federación catalana del PSOE, intentó la unificación con la USC en 1933, pero la intromisión del miembro de la ejecutiva nacional, Enrique de Francisco, en el congreso que se celebraba en Lleida para concretar las bases reglamentarias de la unificación desbarató, de momento, la iniciativa. Cuenta Recasens en sus memorias que De Francisco exigió que se hablara en castellano y le contestó que solo lo haría cuando se dirigiera a él, pero aún así se promovió un congreso en Barcelona de ambas organizaciones para la reunificación, que al final no cuajó por la intervención de Largo Caballero y de De Francisco, presidente y secretario, respectivamente, del PSOE, quienes se negaron a aceptar los estatutos y el nombre de Unió Socialista de Catalunya en vez de Federación Catalana del Partit Socialista Obrer Espanyol (Recasens, 1985, 118-119).

Algunos líderes socialistas españoles, como Largo Caballero, formarían parte del Consejo de Estado por la UGT con el argumento de que eran los propios obreros quienes lo decidían por cuanto llevaba la representación del Consejo de Trabajo, organismo que había sustituido al Instituto de Reformas Sociales. Sin embargo, no aceptarían los escaños de la asamblea que pretendía constituir Primo de Rivera, por acuerdo del congreso extraordinario del PSOE de 1927. Las ejecutivas socialistas del PSOE y de la UGT no descalificarían la Dictadura hasta 1928, cuando las posiciones políticas de Indalecio Prieto y Largo Caballero confluyeron para proponer su derrocamiento. Julián Besteiro, en cambio, pensaba que el socialismo en esa coyuntura no estaba para conspirar contra el sistema político, su objetivo coyuntural era conseguir las mejores condiciones laborales y poner los cimientos para la proclamación del socialismo y así afirmará en 1926: «si nosotros no tuvimos inconvenientes en ir al Congreso de los Diputados, donde tantas representaciones ilegitimas había, ¿por qué vamos a variar de conducta en estos momentos? La palabra abstención no existe en nuestro programa». Para Besteiro, el capitalismo español estaba atrasado y no había hecho todavía la revolución burguesa, que era un campo para los republicanos, pero no para los socialistas. Pero a medida que pasaba el tiempo Besteiro no se opuso a la resolución del XII Congreso del PSOE de 1928, en el que se rechazaba la Dictadura, y los otros dos líderes del PSOE, Prieto y Largo Caballero, apostaron claramente por la constitución de una República (Paniagua, 1989).

Desde finales de los años veinte y la década de los treinta del siglo XX, muerto ya Pablo Iglesias en 1925, se analiza la responsabilidad de este en la poca incidencia del socialismo del PSOE en Cataluña. Se acepta que su capacidad de imponer un liderazgo global en la organización y de ser el principal responsable de su rígida estructura ideológica ha permitido consolidar un partido convertido en una entidad sólida y duradera. Pero, a su vez, será objeto de crítica por su escasa flexibilidad ante algunos problemas que afectaban a la sociedad española, entre los que está la cuestión catalana. Y, por ello, ¿cómo explicar que el socialismo no arraigue en Cataluña de manera hegemónica, salvo en núcleos determinados como Reus? Sin embargo, una vez fundado el PSOE en 1879, su primer congreso constituyente lo celebra en Barcelona, en 1888, con la presencia de veinte agrupaciones de las treinta y dos existentes en España y la ratificación de su programa. Y también en Barcelona, en el mismo año, se funda la UGT, al constatar que era necesario que el sindicalismo socialista estuviera representado en la zona industrial más importante de España. Más tarde, en 1899, abandonará Cataluña y optará por trasladar sus órganos de gobierno a Madrid, al no poder competir con otras sociedades de resistencia, en especial Las Tres Clases de Vapor, la representación de los distintos oficios de obreros textiles más numerosa de la época, que asimilaba la tradición asociacionista catalana iniciada en la primera mitad del siglo XIX, ni después con la CNT (Izard, 1973). Existió incluso un proyecto de fusión en 1882 con el Partido Democrático Socialista, fundado por Josep Pàmies, de tendencia reformista, vinculado a Las Tres Clases de Vapor, con la denominación de Partido Socialista Democrático Español, apoyado por líderes madrileños del PSOE como Jaime Vera y Francisco Mora, pero Pàmies, quien había militado en la I Internacional y fundado el Círculo Federativo de Sociedades Obreras, se desmarcará de la radicalidad socialista madrileña en 1887, inspirándose en el posibilismo de Paul Brousse —exiliado en Barcelona después de la Comuna de París en 1871—, y fundador, en 1891, del Partido Socialista Oportunista, con poco recorrido político. Pàmies, que muere en 1895, no creó una estructura con continuidad (Castillo, 1991, 54-55).

EL CATALANISMO Y EL PSOE

El escaso arraigo del PSOE y la marcha de los órganos ejecutivos de la UGT de Cataluña es considerado por el historiador catalán Albert Balcells una evidencia del fracaso de Pablo Iglesias, quien no había sabido captar las características nacionales de los obreros catalanes (Balcells, 1998). La incorporación del socialismo catalán a la estructura del PSOE no se produce hasta la Transición española (1978), cuatro años después de la victoria de los jóvenes del interior sobre el secretario general en el exilio, Rodolfo Llopis y su ejecutiva, en 1974 en el Congreso de Suresnes. Los diversos partidos socialistas catalanes (PSC-Congrés de Raventós, el PSC-Reagrupament de Pallach y la Federación Catalana del PSOE de Triginer) se unirán en el Partit Socialista de Catalunya (PSC) que, mediante un protocolo, se asociará al PSOE, vinculándose al grupo parlamentario socialista del Congreso y del Senado, e incluso teniendo voz propia en la primeras legislaturas (1977 y 1980) de la Transición, con una estructura orgánica independiente y sus propios presupuestos económicos, interviniendo en los congresos del PSOE con la misma capacidad que las otras federaciones españolas.

Pablo Iglesias consiguió que el PSOE tuviera una organización consolidada en muchas ciudades y pueblos de España, con la fundación de Casas del pueblo desde donde se impartía un marxismo esquemático, estrechamente vinculado al divulgado por el socialismo francés de Guesde. La buena relación de este con el yerno de Marx, Paul Lafargue, les llevó a fundar el Partido Obrero Francés en 1893, y el preámbulo de su programa fue redactado por el mismo Marx. Lafargue, con su llegada a España en 1871, huyendo de la represión de la Comuna de París, posibilitó que el núcleo madrileño de la I Internacional se decantara por las tesis de Marx frente a las de Bakunin, uno de los principales creadores y activistas del movimiento anarquista internacional que triunfó en los núcleos de la AIT de Barcelona (Arranz, 1979, 207-214).

Al margen de las campañas que le organizaron los partidos de la Restauración —conservadores y liberales—, Iglesias recibió las críticas más radicales desde la izquierda. El escritor y político marxista Joaquim Maurín, creador del Bloc Obrer i Camperol y posteriormente del POUM al unirse con la Izquierda Comunista de Andreu Nin en 1935 —antiguo militantede la CNT y del PCE—, en uno de sus libros, Los hombres de la Dictadura, calificó a Pablo Iglesias de «pequeño cacique» y afirmó que «no fue revolucionario ni inteligente» (Maurín, 1977, 177). Los testimonios sobre la capacidad política de Iglesias oscilan entre la hagiografía, sobre todo de militantes socialistas, y la desvalorización: conocimiento escaso y esquemático del marxismo, análisis simplistas de la sociedad española, con el reduccionismo a burgueses y proletarios sin matices, poca flexibilidad para tejer alianzas y posibilitar el aislacionismo del PSOE (Morato, 1968; Pérez-Ledesma, 1987). En ese escaso conocimiento del marxismo y en el esquematismo basado en los escritos de Guesde insistirá Maurín en los años treinta (Maurín, 1966). Algunos historiadores en los años setenta y ochenta del siglo XX han partido de la crítica de Maurín y a veces lo han hecho sin contextualizar la situación de la sociedad española a finales del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX (Elorza, 1975, 51-55). La gran obsesión de Iglesias era construir un partido obrero fuerte que pudiera competir con las «organizaciones burguesas», como calificaba a los partidos republicanos. Desde esa perspectiva hay que entender su constancia por articular una organización política sin contaminación y diferenciada, y una sindical defensora de los intereses diarios de los trabajadores, con el objetivo de lograr, algún día, el poder político.

En suma, los historiadores lamentan de Pablo Iglesias que no hubiera sido Lenin o, en su defecto, que no hubiera llevado al socialismo español a convertirse en un amplio partido de masas como habían hecho en Alemania (Piqueras, 2002, 294).

En la misma línea interpretativa de Maurín se muestra Albert Balcells al abordar la relación entre catalanismo y socialismo y estimar que Iglesias, y en general los socialistas «madrileños», no supieron entender lo que significaba el movimiento nacionalista en Cataluña, (Balcells, 1998, pág. 30). Esta idea se acompaña, en la historiografía catalanista, con el arraigo del anarcosindicalismo en Cataluña, ya que su manera de entender las relaciones sociales enlazaba con el sentimiento nacionalista, puesto que el centro de poder económico estaba en Barcelona y no en Madrid. La desafección del Estado español estaba muy extendida en todos los sectores sociales y el anarquismo era el extremo de una cadena al demandar la abolición del Estado, aunque también se desentendía del catalanismo de derechas de la Lliga, considerada la expresión política de la burguesía catalana (Balcells, 1984, 379-423). Y además, la clase obrera en la Cataluña de finales del siglo XIX y principios del siglo XX no estaba todavía estructurada a la manera taylorista, aún había otros obreros que controlaban personalmente la mayor parte del proceso de producción. Son la aristocracia obrera, que podía enlazar vagamente con lo que denominamos habitualmente clase media de la época, con una mínima información para asimilar el marxismo, pero capaz de organizar sindicatos. Los tipógrafos, zapateros, toneleros, ayudantes del comercio o trabajadores textiles cualificados tendrían el control del movimiento obrero, que no se decantaría masivamente por el socialismo (Hobsbawm, 1979, 279-316). Y es posible que la mentalidad de Iglesias y sus compañeros de dirección pudieran desechar el catalanismo como algo que no se podía incorporar al socialismo, pero también se intentó articular un socialismo solo de Cataluña, como la aludida USC, y tampoco adquirió la hegemonía política de la izquierda. Una vez que el republicanismo lerrouxista fue perdiendo credibilidad en el asociacionismo obrero, especialmente después de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, la fuerza social la tendría Solidaridad Obrera, que desembocaría en 1911 en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), controlada por anarcosindicalistas o anarquistas. Hubo intentos de intervenir en la competencia política, como parecía vislumbrar Salvador Seguí, el noi del sucre, antes de su asesinato en los años del pistolerismo barcelonés. Posteriormente, otros dirigentes en los años treinta del siglo XX propusieron también la posibilidad de que el anarcosindicalismo tuviera su partido político y participara en las elecciones: Ángel Pestaña constituiría el Partido Sindicalista en 1935 bajo la teorización del sindicalismo y su proyección política de Marín Civera, creador de la revista Orto (Paniagua, 2001) y Horacio Martínez Prieto, siendo secretario de la CNT, quiso que esta participara en la política, aunque no tuvieron el suficiente respaldo (Paniagua, 2008).

Ernest Lluch, portavoz del PSC-PSOE entre 1977 y 1982, sentado en las escaleras del Congreso.

Si el catalanismo prenacionalista está presente por vía oral y escrita en las clases populares, y especialmente en los obreros de oficio, que sostienen la organización y son portadores de la ideología, habrá que considerar el rechazo de gran parte de ellos del socialismo importado de Madrid, que no consigue abrirse un espacio amplio hasta después de la Transición política española. La literatura obrera asimila los modelos populares preindustriales junto a las canciones, romances y sainetes, y convocan certámenes como los Jocs Florals donde se exalta la lengua catalana. Y si el socialismo del PSOE presenta una gran homogeneidad en el resto de España, con diferencias poco perceptibles desde una visión general, debemos considerar que el caso catalán tiene elementos distintos por cuanto el catalanismo social, cultural y político contribuirá al distanciamiento del socialismo y a la persistencia del anarcosindicalismo. Era la manera que gran parte de la clase obrera tenía de mostrar, sin una conciencia clara, las diferencias con el resto de España (Paniagua, 2002).

Se ha escrito mucho sobre las dos almas del Partit Socialista de Catalunya, lo que se traducía en las diferencias de votos entre las elecciones autonómicas y las generales. Los cuadros con mayor peso han sido del sector catalanista y, ante las oportunidades de promoción o de asimilación de la cultura catalana considerada dominante en su ambiente político, los del otro sector se han ido adaptando. El que fuera presidente de la Generalitat, Josep Montilla, se esforzó en distanciarse de sus orígenes de emigrante y adquirir la catalanidad, que algunas veces parecía sobreactuada.

Cuando se celebraron las elecciones autonómicas de septiembre de 2015, el PSC pasó a ser la tercera fuerza política después de Junts pel Sí y Ciudadanos. En la década anterior, ya ha sido destacado, había formado parte del Gobierno de la Generalitat, sustentando la presidencia un miembro de una familia catalana de raigambre como Pasqual Maragall, con el apoyo de Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Els Verds, entre 2003 y 2006, y por un socialista de raíces emigrantes cordobesas entre 2006 y 2010, como Josep Montilla. Las elecciones autonómicas en este último año supusieron una derrota para el PSC, que sufriría una brecha en el respaldo social, interpretada como consecuencia de su posición ambigua con la cuestión nacional catalana, lo que se tradujo en pasar del 26,81 por 100 de los votos en 2006 al 18,32 por 100 en 2010. El sector catalanista explicaría la disminución del respaldo electoral por la ambigüedad en la defensa del catalanismo, y reclamaría una mayor autonomía para Cataluña dentro del Estado defendiendo, en algunos casos, incluso, la autodeterminación y, desde luego, un referéndum sobre la independencia. En enero de 2013 el Gobierno de la Generalitat catalana, controlado por CiU, propuso una ley en el Parlament por la que se atribuía la capacidad de convocar referéndums, pero la ejecutiva del PSC ordenó votar en contra, lo que no fue obedecido por tres de sus diputados, lo que daría lugar, meses después, a una escisión del partido encabezada por el diputado J. Ignaci Elena, que había impulsado la plataforma Avancem en 2012 para construir un espacio socialista soberanista. Los resultados de las elecciones de 2015 al Parlament fueron peores, el PSC bajó al 12,72 por 100, superado por la formación de Ciudadanos, con el 17,90 por 100, y sus dirigentes lo justificaron argumentando que había podido mantenerse como la primera fuerza política de izquierdas después de haber sufrido la escisión. Atrás quedaban las elecciones en las que el PSC era la primera o segunda fuerza más votada, con un número significativo de parlamentarios. En 1999, por ejemplo, obtuvo más de un millón de votos y el 37,70 por 100 del total, y en 2003 también superó el millón, con el 31,16 por 100, con Pasqual Maragall como candidato a la Presidencia.

En estas circunstancias, el PSOE siguió proponiendo una solución federal para abordar el problema de Cataluña dentro del Estado, remitiéndose al documento interno que se elaboró en Granada en 2014, pero todavía sin concretar el modelo federal. Desde distintos círculos intelectuales, principalmente de Madrid, se analizaba el problema de la propuesta independentista desde dos vertientes: la de aquellos que por encima de consideraciones políticas, históricas o de sentimiento nacional proponen que Cataluña siga en España, alegando que unidos se logran mejores objetivos sociales, económicos y políticos que separados y que, además, no es bueno para la Unión Europea entrar en un proceso de nuevos Estados atendiendo a que todavía existen comunidades nacionales en distintos Estados del este de Europa (húngaros, búlgaros, serbios, rusos...). En esta línea se halla el libro de Joan Llorach y Josep Borrell, antiguo ministro socialista y aspirante frustrado a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 2000, Las cuentas y los cuentos de la independencia (Llorach y Borrell, 2015), donde se expone que no existen razones económicas sólidas para una declaración soberanista, puesto que esta perjudicaría tanto a Cataluña como al resto de España. Y si por razones emocionales se quiere un Estado distinto, habrá que saber que varias generaciones tendrán que pagar los costos de tal decisión. Es falso, afirman, el argumento de los independentistas de que el déficit fiscal catalán de un 8 por 100 resulta muy superior al tope que tienen los länders alemanes, del 4,5 por 100 entre ellos, porque no existen cálculos oficiales de balanzas fiscales en Alemania. Además, no valoran los costes repercutidos de los servicios del Estado, como fuerzas armadas o diplomacia, y su impacto en Cataluña. Los autores estiman que el déficit fiscal de los contribuyentes catalanes está entre el 1 y el 1,8 por 100 del PIB, muy lejos de los cálculos de los independentistas. Ya Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada, había señalado en 2010 las dificultades del coste de la independencia de Cataluña y su incidencia en el comercio. El efecto de frontera puede condicionar los intercambios entre países y registrar un retroceso en la producción, en contra de lo defendido por los economistas catalanes partidarios de la soberanía. Piensa que Cataluña tiene principalmente su mercado en el resto de España (Buesa, 2004; 2010).

En cambio, desde la plataforma Avancem el tema se ve de manera distinta: si Cataluña fuera un Estado, tendría un PIB parecido al del Reino Unido o Francia; es la décima economía más exportadora de la UE; concentra el 25 por 100 de las exportaciones españolas; el saldo fiscal medio de Cataluña con la UE, entre 2007-2013, es de unos 1.400 millones de euros; con el 1,5 por 100 de la población europea, Cataluña ha captado el 3,8 por 100 de las ayudas del Consejo Europeo a la investigación; fue la primera región de toda Europa, en 2013, en volumen de inversión extranjera y se encuentra en la posición 38 de las 61 economías más avanzadas del mundo, y además no son un obstáculo sus dimensiones territoriales y de población, ya que seis de los diez países pequeños de la UE son los más ricos.

En esta tesitura, la cuestión revierte en los límites de la solidaridad regional. Es un problema parecido al de la Italia del norte y el mezzogiorno, donde las diferencias de desarrollo son sustantivas y la zona desarrollada del norte parece cansarse de «subvencionar» al sur y que este permanezca económicamente en unos límites cada vez más diferenciados de las zonas industriales dinámicas de Italia. A pesar de las continuas inversiones públicas industriales en el sur, su impacto ha sido reducido: «Prácticamente las nuevas empresas del Sur (o industrias) se comportan como enclaves (catedrales en el desierto) vinculadas a las regiones más industrializadas del Norte y/o del extranjero» (Vázquez, 1987, 120). Un informe de 2015 de la Asociación para el Desarrollo y la Industria en el Mezzogiorno, que abarca ocho regiones y más de veinte millones de habitantes, señala que la región acelera sus diferencias con el norte y aumenta su retraso, de tal forma que de las 811.000 personas que perdieron el empleo entre 2008 y 2014, 576.000 eran residentes del sur. De esta manera, la profesora de Hacienda Pública de la Universitat de Barcelona, Maite Vilalta, ha señalado la descompensación que se produce entre lo que aporta Cataluña al resto de España y las dificultades para asumir los costos de los servicios públicos en Cataluña, como la enseñanza o la sanidad (Vilalta, 2015). En los años finales del siglo XX distintos sectores catalanistas todavía proponían una estructura federal para resolver el encaje de la España plurinacional. «L’Espanya plurinacional serà federal o no serà... Es necessari canviar la cultura nacionalista per una cultura federalista per a poder afrontar la qüestió de les nacionalitats a Espanya» (Caminal, 2001).

Por otro lado están quienes con un tono de superioridad intelectual intentan dar lecciones a los que defienden las interpretaciones históricas del independentismo. Hacen admoniciones a los historiadores catalanes achacándoles su falta de rigor historiográfico y para ello citan, en algunos casos, a Vicens Vives como ejemplo de investigador sensato y objetivo, no contaminado por presupuestos ideológicos. Como si la historia fuera una materia indeleble, no interpretable, porque, al igual que la física, tiene principios casi inmutables, si no contamos con el principio de incertidumbre, y los historiadores nacionalistas, desde Rovira i Virgili a Soldevila, estuvieran marcados por prejuicios catalanistas deformadores de la historia. De esa manera consideran que se catalaniza el pasado y se crean mitos históricos para justificar los presupuestos independentistas (Juliá, 2015). Y tampoco faltan quienes interpretan la conexión entre la aceleración del proceso independentista y los casos de corrupción que han ido apareciendo que afectan a distintos representantes de Convergència i Unió, cuyo principal líder durante los veintitrés años de presidencia de la Generalitat catalana y promotor del partido, Jordi Pujol, ha estado señalado como uno de los principales corruptos, creador de una trama familiar para acumular millones de euros. El llamado canon del 3 por 100 que debían pagar las empresas contratadas por la Generalitat a CiU, junto con otros casos de soborno de destacados militantes, ha fomentado el proceso soberanista con la idea de escapar de la justicia española de todos aquellos políticos y funcionarios de la Administración implicados en las actividades corruptas:

Con unos partidos políticos desnortados pero muy atentos a cómo «va lo suyo». Un sálvese quien pueda, pero «por favor» hagamos un esfuerzo para mantener el statu quo, y si es posible una amnistía por los errores y complicidades cometidas. De eso no nos puede salvar más que la independencia (Morán, 2015).

A estas alturas del siglo XXI, el tema está sin resolver. Ni el conjunto de los socialistas españoles ni sus dirigentes tienen una perspectiva clara sobre qué hacer con la nacionalidad catalana y cómo encajarla en el Estado español. Si seguimos la línea histórica del PSOE dependerá de la mayor o menor fuerza en que se desenvuelva el tema entre España y Cataluña. Al socialismo español todavía le cuesta definir, desde la perspectiva socialdemócrata, un programa de actuación que supere la retórica de la España plural que solo expresa una voluntad vaga de intenciones, pero que no concreta cómo se estructurarán esas diversas nacionalidades en una nueva forma de Estado. De qué manera, en suma, se conformarán las comunidades autónomas existentes cuando ya han transcurrido más de treinta años de funcionamiento de la aplicación de sus estatutos. Está por medio el problema de su sostenibilidad y la corrección de las deficiencias creadas. No parece posible volver a la centralización del Estado, pero puede llegar a colapsarse un sistema con diecisiete parlamentos con sus correspondientes gobiernos, sus estructuras administrativas creadas ex nihilo y la superposición de otras antiguas, como las diputaciones. Con leyes, decretos y órdenes que pueden ser distintas y contrapuestas en diferentes comunidades a la vez que existe en la Administración española una tendencia social a considerar que en el territorio de España debe haber normas iguales o parecidas para todos los ciudadanos (Sosa y Fuertes, 2011). Hasta ahora, el PSOE no ha planteado la posibilidad de reestructurar la configuración territorial española con menos entidades autonómicas de las existentes, aun admitiendo que Cataluña o Euskadi tengan su propia dinámica política y social, como ya ocurre con el cupo vasco o navarro. Desde el socialismo español se considera que los derechos sociales fundamentales —educación, sanidad, pensiones— deben estar reconocidos de forma universal en toda España sin que ello pueda modificarse en la legislación de las estructuras territoriales, sean autonomías o estados federales. En ese sentido, es difícil enclavar un tipo de federalismo con amplia capacidad legislativa para configurar su propia dinámica. ¿Es posible, por ejemplo, que un territorio admita la eutanasia y otro no? ¿Es factible que existan planes educativos diferentes y no homologables y que la lengua de la comunidad sea la única oficial, o que la sanidad tenga distinta cobertura en un sitio u otro? Hay ya en las actuales autonomías diferencias en algunos aspectos, como en las leyes de sucesión o en las de autorización de la caza, al margen de las dificultades que el gobierno del Estado tiene para decidir determinadas cuestiones que son de su competencia, como la instalación de plantas para tratar los residuos radiactivos, la gestión de los ríos o las redes de alta tensión en determinadas poblaciones. La relación de los entes territoriales y un Estado, que representa a un país que ha de arbitrar decisiones en medio de posturas contrapuestas, en muchas ocasiones está cargada de tensiones, como suele ocurrir en los estados federales o en el de las comunidades autonómicas españolas. Es lo que hace también difícil la convivencia entre el PSC y el PSOE, que ha funcionado bien mientras el socialismo catalanista ha proporcionado buenos resultados al socialismo español después del convenio establecido en 1978. Hubiera sido difícil mantener las mayorías absolutas del grupo parlamentario socialista y los gobiernos de Felipe González durante cuatro legislaturas (1982, 1986, 1989 y 1993) sin la aportación de los diputados del PSC. La situación no parece que pueda volver a reproducirse a corto plazo, cuando la fuerza social del socialismo en Cataluña ha ido disminuyendo por la deriva de la cuestión soberanista, y su fraccionamiento ha mermado su capacidad electoral. El PSC no comparte la política independentista pero tampoco deja claro cuál es su propuesta y en qué medida mantiene su relación con el PSOE. También existen voces, minoritarias, en el socialismo español que piden desligarse del catalanismo y volver a refundar la Federación Catalana del PSOE para librarse del peso de la ambigüedad sobre la estructura del Estado español. Esta alternativa posiblemente sería un retorno a una historia ya experimentada ¿Puede el socialismo del PSOE-PSC prescindir del catalanismo como elemento distintivo en una sociedad como Cataluña? Aun así, el problema de la solidaridad territorial y sus límites permanecería vigente y la socialdemocracia se vería abocada a formular su propuesta y asumir las tensiones sociales y políticas con el resto de las comunidades españolas.

CAPÍTULO 4

LA GENERACIÓN DE ZAPATERO: EL SOCIALISMO COMPASIVO (2004-2011)

La dimisión de Joaquín Almunia después de las elecciones de marzo del año 2000, como consecuencia de la derrota electoral y la disminución del poder político del PSOE (125 diputados, 16 menos que en 1996), y la mayoría absoluta conseguida por José María Aznar como líder del PP, que continuaría como presidente del Gobierno de España desde 1996, produjo una remodelación de los órganos de dirección socialistas. Se creó, entre marzo y julio de 2000, una Comisión Política elegida por el Comité Federal del PSOE de la que fui miembro por iniciativa de Ciprià Císcar que, como secretario de Organización, también formaba parte del paquete de dimisión de toda la ejecutiva. La presidía el líder del socialismo andaluz y presidente de la Junta de la comunidad autónoma, Manuel Chaves. Se acordó realizar un congreso en el que aquellos militantes avalados por los afiliados pudieran presentarse ante los delegados del congreso para elegir en votación secreta al secretario general del PSOE que lideraría, a partir de entonces, la organización. Fueron meses intensos dentro del partido. Existía una cierta sensación de orfandad porque los dirigentes de las dos décadas anteriores estaban, en su mayoría, amortizados, aunque algunos de ellos mantendrían distintos cargos de responsabilidad política (Borrell sería presidente de la Eurocámara; Almunia formaría parte del Consejo de Europa; Solana dirigiría la OTAN; Leguina, Guerra o Benegas seguirían como diputados hasta 2004 y 2015 y otros ocuparían puestos en grandes empresas públicas o privadas). Felipe González mantendría su presencia, de vez en cuando, en los medios opinando sobre distintos temas pero, públicamente, no apostó por ningún candidato. Pasado el tiempo, y con los ministros y altos cargos de las Administraciones socialistas de los gobiernos de González ya retirados de la política activa, han surgido voces críticas sobre cómo han reconducido sus vidas algunos de ellos con la construcción de plataformas de influencias y la participación en consejos de administración de determinadas empresas. Es lo que se ha denominado «las puertas giratorias» posibilitando que con sus experiencias de gobierno asesoren a intereses privados y ello les proporcione un aumento de sus patrimonios. En conjunto no son mayoritarios, pero sí significativos. El debate se ha centrado en si era ético para un socialdemócrata aprovechar sus conexiones construidas en la acción de gobierno para sus intereses privados (Chicote, 2012).

La Comisión Política estuvo controlada por Manuel Chaves, presidente de Andalucía, y Luis Pizarro, diputado del Parlamento andaluz que actuaba, de hecho, como secretario de Organización de la Comisión. Desde mi perspectiva, «los andaluces» llevaban la voz cantante en el entramado de la preparación del congreso. Era la federación socialista más numerosa, pero también tenía su fuerza la representación del PSC con la presencia del entonces alcalde de Hospitalet del Llobregat, Celestino Corbacho, que posteriormente, en 2003-2008, fue presidente de la Diputación de Barcelona y ministro de Trabajo con Zapatero, y de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet y diputada, Manuela de Madre, con la que tuve varios encontronazos dialécticos sobre cómo debía organizarse el futuro congreso, por cuanto proponía que el PSC tuviera un papel predominante. La federación del País Valenciano, la segunda, entonces, por número de afiliados, estaba muy dividida y había sufrido distintos enfrentamientos, con la constitución de gestoras desde que perdió las elecciones autonómicas en 1995 y comenzó la etapa de gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana. Sus representantes en el congreso no actuaron con coordinación, e incluso su futuro secretario general, Joan Ignaci Pla, apoyó la candidatura de Rosa Díez. No había conformidad sobre quién debía ser el secretario general, aunque todo apuntaba a José Bono, presidente entonces de Castilla-La Mancha, que era la apuesta, en principio, de los dirigentes andaluces y de la mayor parte de los valencianos. Los madrileños estaban a la expectativa, con algunos militantes significativos, como Joaquín Leguina o Pérez Rubalcaba apoyando a Bono, pero a los dirigentes del PSC no les hacía gracia su figura porque no despertaba muchas simpatías en Cataluña por su españolismo radical. Rubalcaba en sus intervenciones públicas lo consideraba casi un hecho e intentó un pacto en el que Bono sería secretario general y Zapatero presidente del grupo parlamentario, pero no se llegó a un acuerdo. Las demás federaciones esperaban al congreso para dirimir su voto a la vista de los candidatos presentados. Algunos de los jóvenes diputados socialistas de entonces, coordinados por Caldera, diputado por Salamanca y con amplia trayectoria en el Congreso de los Diputados, se unieron en torno a José Luis Rodríguez Zapatero, diputado por León, licenciado en Derecho y con una trayectoria profesional exclusiva en la organización del PSOE como secretario general de la provincia de León. Militantes ajenos al grupo parlamentario pero de la misma generación (Trinidad Jiménez, José Antonio Torres Mora o José Luis Balbás, entre otros) se unieron a un movimiento denominado Nueva Vía, más apropiado para el grupo que el de «jóvenes turcos», como algún periodista comenzó a denominarles, y con ciertas similitudes con el New Labour de Tony Blair que, por entonces, gobernaba en Gran Bretaña. Desde esa plataforma se fue concretando la candidatura de Zapatero en abril de 2000 pero después de su triunfo el grupo desapareció porque no se quiso dar la impresión de que había ganado una corriente dentro del propio PSOE.

En aquellos cuatro meses de la Comisión Política me entrevisté con Pedro J. Ramírez, el director del El Mundo, para intentar aclararle que en la venta de varios medios de comunicación andaluces al grupo Prisa no había ninguna irregularidad legal por parte de la ejecutiva anterior del PSOE, y su entonces gerente, Carlos Fernández, había actuado de acuerdo con la legislación mercantil vigente. No sé si lo convencí pero no apareció ninguna noticia sobre el asunto.

En el transcurso del XXXV Congreso, en aquel caluroso julio de 2000, comenzaron las negociaciones entre los distintos grupos y federaciones. Los cuatro candidatos que consiguieron los avales para presentarse al pleno y poder ser votados por todos los delegados asistentes, Matilde Fernández, José Bono, Rosa Díez y José Luis Rodríguez Zapatero, expusieron sus propuestas en sus respectivas intervenciones. Zapatero ganó la elección por nueve votos de diferencia con Bono. Los delegados afines a Alfonso Guerra, que tenían como candidata a Fernández y habían ganado en el congreso de Madrid, dieron una mayoría de respaldo a Zapatero para evitar que saliera Bono, y así se convertiría en el nuevo líder del PSOE durante la legislatura que acababa de comenzar y en futuro presidente del Gobierno de España, después de una legislatura como líder de la oposición. Desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011 presidió, en las dos legislaturas, el Consejo de Ministros. Quince años después de aquella elección cabe preguntarse si no hubo consenso entre las élites históricas (desde 1974) del PSOE para facilitar la elección de Zapatero como un líder de transición.

Alfonso Perales, Josep Borrel y Javier Paniagua en una jornada ciclista por la Sierra de la Calderona (Valencia) en 1997.

El muñidor del poscongreso fue José Blanco, diputado por Lugo, que sería el secretario de Organización en la nueva ejecutiva del PSOE. Su carrera política y profesional la había ejercido exclusivamente en las Juventudes Socialistas, y de ahí había conseguido entrar en la lista al Congreso de los Diputados en las legislaturas de 1996 y 2000, y continuaría en las de 2004, 2008 y 2011, y en la de 2014 pasaría a ser eurodiputado. Coincidí con él en 1997 porque se encargaba de los temas de pesca en el grupo socialista, y lo invité al puerto de Gandía para que conversara con los pescadores que en aquel tiempo pasaban por dificultades. Me dijo que era licenciado en Derecho por la UNED, pero años más tarde, cuando ya había regresado a mi plaza en esa universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, descubrí que solo tenía aprobada la asignatura de Derecho Constitucional, impartida en aquel tiempo por los profesores Antonio Torres y Óscar Alzaga, dirigente este del Partido Democrático Popular, que había concurrido a las elecciones de 1986 en las mismas listas electorales de la Alianza Popular de Manuel Fraga, pero se escindió del grupo popular en el Congreso de los Diputados. Abandonó meses después la política y se incorporó a su plaza de la UNED. Ambos tuvieron un enfrentamiento jurídico por el material didáctico con el que se impartía la asignatura, hasta que el Tribunal Supremo dictaminó que Alzaga tenía capacidad, en virtud de la libertad de cátedra, para enseñar con sus propios programa y libro por encima de lo que hubiera dispuesto el Departamento de Derecho Constitucional de la facultad. Se produjo entonces una competencia entre ambos y los alumnos matriculados podían optar por examinarse con uno u otro, y ello suponía comprar los materiales didácticos del elegido. Eso llevó a que cada uno quisiera conseguir el mayor número de alumnos, a los que normalmente se les aprobaba con solo presentarse. El Rectorado de la UNED dividió entonces los centros de la universidad, esparcidos por toda España, en dos grandes grupos y los adjudicó a cada uno de ellos. De hecho, como director del Centro Alzira-Valencia, que era una unidad docente y administrativa única con dos tribunales, tuve que hacer una gestión de unificación de la asignatura porque, en principio, habían designado a cada uno de ellos a las dos sedes del centro, lo que distorsionaba la labor de los profesores tutores. En esa situación aprobó Blanco la asignatura de Derecho Constitucional que entonces tenía en su currículo.

En la noche del 22 al 23 de julio de 2000, proclamados ya los resultados que daban el triunfo a Zapatero por nueve votos de diferencia, intenté entrevistarme con Blanco, que venía reuniéndose con distintas delegaciones y delegados del congreso. Él sabía que mi presencia se conectaba con Ciprià Císcar, que desde la dirección de la organización del PSOE se había distinguido por desmantelar el poder de Guerra en las federaciones del partido. Esperé desde las diez hasta las seis de la mañana, pero no me recibió, y en esa espera pasó por delante de donde estaba, en una de aquellas amplias salas del recinto ferial de Madrid (IFEMA), lugar de la celebración del congreso, Zapatero, con su esposa, que ni siquiera me saludó, pese a que nos conocíamos porque habíamos llegado a la vez en la legislatura de 1986 y tenido una relación cordial, en la que combinábamos los comentarios sobre la situación política con el entusiasmo por las obras de Borges. Incluso en una de nuestras conversaciones le dije que podría ser el sucesor de Felipe González. Se solía reunir con periodistas en el bar del Congreso y me contaba las dificultades que tenía para controlar la Secretaría General del PSOE de León, con el hostigamiento del sector guerrista que, al parecer, inflaba el censo de militantes para hacerse con el poder orgánico, y sus disputas con Juanjo Laborda, quien entonces era el secretario general de la Federación de Castilla-León. Recuerdo que en una de las vueltas ciclistas que organizamos diputados y senadores entre 1992 y 1997 se comprometió a venir, pero no apareció ni contestó a ninguna de las llamadas que le hice para confirmar su participación. A posteriori le pregunté cuál era la razón de su ausencia y me contestó con una sonrisa: «ya sabes, yo también soy ciscarista». Sus compañeros de circunscripción me contaron que esa era una forma de comportamiento habitual, decir que sí a una convocatoria, después no aparecer y no justificar la ausencia. No volví a verlo hasta 2001, en León, cuando aceptó presentar los libros de Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo de la universidad de dicha ciudad, Guindas en aguardiente, y de José Antonio García Marcos, psicólogo leonés, Hadamar primero, Auschwitz después, que habíamos editado en el centro de la UNED de Alzira-Valencia «Francisco Tomás y Valiente». La conversación posterior al acto transcurrió con frialdad, con una charla intrascendente de unos veinticinco minutos.

No me quedé al acto de clausura del XXXV Congreso en el que Zapatero presentó a la nueva Ejecutiva del PSOE y también salieron elegidos los representantes del Comité Federal, órgano máximo entre congresos. Císcar no estaba en la lista que presentaba el secretario general para su aprobación en el congreso y tuvo que esperar al del PSPV-PSOE para ser elegido miembro del mismo. Los guerristas impusieron en este caso su veto, cobrándose su apoyo a Zapatero. Cogí un avión desde Barajas y aterricé en Valencia. Acababa de cumplir los cincuenta y cuatro años y me despedí, después de diecisiete años, de la actividad política activa. Continué militando en el PSOE y cotizando trimestralmente, pero ya no acudí a ninguna reunión de mi agrupación de Valencia, salvo para participar en las elecciones primarias convocadas. Seguí votándolo en las elecciones municipales, autonómicas y generales y me mantuve al día con publicaciones sobre la socialdemocracia, informaciones políticas y relaciones con compañeros. Comprendí, y las circunstancias así lo impusieron, que mi tiempo había pasado, pero con el reconocimiento hacia un partido que me dio la oportunidad de estar en la primera línea política. El PSOE nunca llama si tú no acudes, y eso constituye un respeto por tus opciones personales. Aunque si el personaje tiene una dimensión mediática, el secretario general puede proponerle incluirlo en sus listas electorales. Lo que, en cambio, ha sido una práctica habitual en los partidos comunistas que consideran que hay que aprovechar a todos aquellos que pueden ayudar, sabiéndolo o no, a la victoria del comunismo.

ZAPATERO, LA SOCIALDEMOCRACIA DESCOMPENSADA

La trayectoria de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011 ha generado un número considerable de libros, principalmente de periodistas, que han descrito y analizado la trayectoria del PSOE en estos años y la personalidad de su secretario general y presidente del Gobierno. Probablemente no existe otro periodo, de tan pocos años, del que se haya editado tan gran número de monografías. Hasta hay un libro de chistes sobre Zapatero o poesías grotescas sobre él, sus ministros o los personajes de su entorno, que se difundieron en el programa La linterna de la emisora COPE, vinculada al Episcopado español. Algunos tan explícitos que se titulan «Las mentiras de Zapatero (dichas por él mismo)» (Serrador, 2010). Existen libros hagiográficos, como el del escritor gallego Suso de Toro, Madera de Zapatero (2007), donde la mayor parte del relato son testimonios de todos aquellos que colaboraron con él en el gobierno o en las Cortes y lo consideraron el líder renovador de la socialdemocracia española después del periodo de Felipe González: «Un personaje que nos recuerda mucho al mito de Arturo, aquel joven que se coronó rey». El autor se limita a una breve introducción y a clasificar las opiniones sobre Zapatero pero su exclusivo nombre en la portada induce a confusión (De Toro, 2007, 12). Lo tradujo al gallego, Madeira de Zapatero, pero en 2010 rechazó al personaje después de haberle dado buenos resultados en los derechos de autor alegando que había perjudicado su carrera literaria.

El primero de los pocos libros defensores de la personalidad política y familiar de Zapatero fue el del periodista Óscar Campillo, con una primera edición en 2001, recién elegido secretario general del PSOE, ampliándola cuando consiguió la Presidencia del Consejo de Ministros. Humildad, cautela y prudencia son los sustantivos que le dedica (Campillo, 2004, 233). Algunos trabajos publicados por académicos, referidos principalmente a la primera legislatura y al comienzo de la segunda (2004-2008), dan testimonio de los diferentes aspectos abordados por sus gobiernos (Bosco y Sánchez, 2009; Paniagua, 2008). La visión de José María Maravall, en un artículo breve, trata de conectar las políticas que ha defendido la socialdemocracia europea con la practicada por Zapatero. Considera que estuvo condicionado, en su primera legislatura, por distintas circunstancias: unas, internas del propio PSOE, con un entramado de federaciones que tenían el control, a través de sus ejecutivas y secretarios generales, los llamados «barones» en la jerga política periodística, además de disponer de presupuestos en las diferentes autonomías y acceder a la representación en elecciones no dependientes de las del Gobierno de España. Otras, de carácter externo: un Parlamento en el que no tenía mayoría absoluta, con 164 escaños, y había de recabar apoyos de otras formaciones en un momento en el que existía un gobierno tripartito en Cataluña, y al mismo tiempo un Partido Popular en la oposición con una estrategia de permanente confrontación, sin muchas posibilidades de llegar a acuerdos. Por ello, su política económica en su primer mandato fue ortodoxa, manteniendo los índices de crecimiento y de empleo de los gobiernos de Aznar. El ministro de Economía, Pedro Solbes —que había ocupado la misma cartera en el último gobierno de Felipe González (1993-1996)—, siguió la pauta de la socialdemocracia europea desde finales del siglo XX. Según Maravall, se puso mayor énfasis en el mercado que en la redistribución con recursos públicos: «Se insiste así en que solo existe una política económica viable, que la gestión económica solo es eficaz o ineficaz, no de izquierdas o de derechas» (Maravall, 2009, 255).

Un licenciado en Filosofía y Teología, Xabier Osarte, publicó un libro con las cien cartas, de las trescientas enviadas, que le dirige a Zapatero desde su nombramiento como presidente del Consejo de Ministros en su primer año de gobierno. En ellas comenta, en un tono cuasi clerical y paternalista, las distintas facetas de la actuación política de Zapatero, con una gran empatía por sus decisiones: «No te olvides, José Luis, de hacer en cada momento realidad aquel compromiso tan solemne que adquiriste la noche de tu triunfo: “el poder no me cambiará”» (Osarte, 2005, 21).

El profesor de Filosofía Gustavo Bueno, antiguo militante del Partido Comunista y en los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI reconvertido en defensor de las tesis del conservadurismo, dedicó un extenso volumen a las categorías intelectuales de Zapatero, calificándolo de «pensamiento Alicia», en referencia al personaje de Lewis Carol, Un presidente en el país de las maravillas (2006), en el que lo considera imbuido de ideas simplistas y tranquilizadoras cargadas de buenos deseos pero que olvida la complejidad de los problemas y cree que todo sucederá para bien (Bueno, 2006).

En un plano lingüístico, casi psicoanalítico, Santiago González, antiguo militante del PCE reconvertido a la sociedad del libre mercado, al leer La riqueza de las naciones de Adam Smith, según su propio testimonio, hace un análisis de los contenidos de las intervenciones políticas de Zapatero como ejemplo de la debilidad del discurso socialdemócrata: Lágrimas socialdemócratas: el derrame sentimental del zapaterismo (González, 2011). Este término tiene connotaciones parecidas al que se construyó en los años ochenta y noventa del siglo XX con el del felipismo, como una manera de identificación negativa de las políticas dirigidas por el propio Zapatero, sus ministros y colaboradores. Lo asimila al nacionalismo islamista o al ecologista, extrapolando, con exageración, el corto artículo publicado por el escritor británico George Orwell en 1945, Notas sobre el nacionalismo, en el que incluye las grandes religiones o los movimientos ideológicos como el comunismo o el antisemitismo. Es, en opinión de Santiago González, todo movimiento que subsume el yo dentro de un nosotros. Y en todo ello destaca la perversión de un lenguaje cargado de eufemismos donde los hombres y mujeres son buenos por naturaleza: «Para un hombre de Estado es mucho más provechosa, aunque seguramente más árida, la lectura del Leviatán que la de Heidi» (González, 2011, 54). La acción política de Zapatero se habría caracterizado por el relativismo o la falsedad de compromiso con las palabras pronunciadas: «Lo que llegó a llamarse el cesarismo felipista nunca tuvo un poder tan omnímodo en el partido hegemónico de la izquierda» (González, 2011, 38). Esta idea ha calado en muchos militantes del PSOE, su victoria en el congreso y sus dos legislaturas como presidente de Gobierno le han proporcionado la imagen de un líder que controla el partido y el ejecutivo. Nada que ver con la dualidad Guerra-Felipe. El secretario de Organización en los primeros años, José Blanco, y después Leire Pajín —ambos llegaron a ministro—, nunca tuvieron un poder alternativo al de Zapatero, en todo caso, el más influyente fue Pérez Rubalcaba, tanto en el Gobierno como en el partido, y acabaría sucediéndole en la Secretaría General y mantendría la presidencia del grupo parlamentario socialista.

José María Aznar, líder del PP, ganó las elecciones en 1996.

Uno de los libros más críticos lo escribió Joaquín Leguina, militante socialista madrileño, concejal del Ayuntamiento de Madrid con Tierno Galván y posteriormente presidente de la Comunidad de Madrid, diputado, autor de varias novelas, con una amplia trayectoria política en la clandestinidad franquista y con un estatus profesional como estadístico del Estado. Vivió en Santiago de Chile como funcionario de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y El Caribe, dependiente de la ONU, durante el golpe militar que derrumbó al gobierno de la Unidad Popular presidido por el socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, y con pasaporte diplomático salvó a varios consejeros del Gobierno de ser detenidos o fusilados por los militares golpistas. Historia de un despropósito (2014) es el relato y el análisis de la etapa de Zapatero, que complementa otro trabajo anterior sobre los gobiernos socialistas de Felipe González (Leguina, 2012). Califica a Zapatero como el «gran organizador de derrotas» y concluye que «aquellos que en el año 2000 se hicieron con los mandos del partido para renovarlo bajo la consigna de la “juventud, primavera de la vida” nos han dejado en herencia un largo invierno del que tendremos que salir cambiando de caballo» (Leguina, 2014, 278). Tampoco Felipe González parecía muy entusiasmado con Zapatero, y así puede deducirse de su intervención en la presentación del libro El relevo, de Gonzalo López Alba (López Alba, 2002). «Mi estado de ánimo me dice que puede ser verdad que hay un segundo Suresnes pero está por demostrar que haya nuevo proyecto con contenido e ideas» (7 de mayo de 2002).

En la sesión de investidura del 15 de abril de 2004, Zapatero recalcó, entre otros asuntos, su compromiso de sacar las tropas españolas de Iraq, paralizar el trasvase del Ebro, derogar la Ley de Calidad de la Enseñanza del gobierno del PP, modificar el Código Civil para permitir el matrimonio de los homosexuales, una mejor disposición a la modificación de los estatutos de autonomía, un salario mínimo de 600 euros, la construcción de 180.000 viviendas, la modificación del reglamento del Congreso, la elaboración de un nuevo estatuto fiscal, la reforma de los medios públicos de comunicación, la creación de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, el pacto sobre la inmigración y la reforma del Senado y la Corona, con la eliminación de la preeminencia del varón en la sucesión, especialmente después del nacimiento, el 31 octubre de 2005, de Leonor, la primera hija del príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, y doña Leticia, periodista de profesión, que habían contraído matrimonio un año antes en la catedral de La Almudena de Madrid, con la asistencia de múltiples mandatarios mundiales y representantes de las casas reales de todo el mundo. En política exterior anunció que recuperaría el consenso que «nunca debió perderse» con la UE y el apoyo decidido a la Constitución europea, manifestando también que «Marruecos exige y merece una atención preferente».

Existe una diferencia de enfoque entre la primera legislatura y la segunda. Hay, en términos generales, en los textos publicados sobre los gobiernos de Zapatero un mayor tono narrativo y menos consideraciones críticas durante el periodo 2004-2008 que en el siguiente (2008-2011), aparte de las descalificaciones políticas o ideológicas y los niveles de confrontación del principal partido de la oposición. El PP criticaría desde el principio la renovación de los estatutos de autonomía, tachada de innecesaria, especialmente la propuesta del Parlamento vasco, con el llamado Plan Ibarretxe, que fue rechazado en el Congreso de los Diputados en enero de 2005. Y, sobre todo, el proceso de negociación y los problemas derivados del Estatuto de Cataluña ya analizados. También la manera de abordar los temas del terrorismo para llegar a una solución con ETA y la desatención a la crisis económica que, al restarle importancia, no se abordó desde el comienzo de 2008 y tener que rectificar, o incumplir, en 2010 propuestas electorales con medidas duras que repercutirían en la estructura productiva de la economía española y en las rentas de muchos españoles, con el aumento del paro, la disminución de las prestaciones sociales y la restricción de las inversiones públicas y privadas. Para muchos militantes socialistas supuso una crisis de los presupuestos ideológicos de la socialdemocracia española que haría difícil su recuperación hasta el nivel de los años ochenta y noventa del siglo XX y de la primera decena del XXI. Un libro muy crítico con Zapatero, El Maquiavelo de León (2010), del periodista José García Abad, señala sus maniobras políticas imprevisibles que, en muchas ocasiones, desconcertaban a sus colaboradores, de quienes, en algunos casos, prescindiría a lo largo de sus gobiernos, mientras que otros recibieron siempre los parabienes del presidente. También ha mantenido un distanciamiento con los colaboradores de Felipe González, aunque recuperó a algunos que le mostraron la máxima lealtad, como Ramón Jáuregui. El control «leninista» del partido que Zapatero practicó hace difícil distinguir la prevalencia de este con respecto a los gobiernos que él presidió: «La organización teórica del poder es, pues, en la España de Zapatero un caos, aunque un caos bien organizado destinado a resaltar el poder único del leonés» (García Abad, 2010, 150).

De igual manera, otro periodista, Diego Armario, en El PSOE en llamas (2011), con un subtítulo que ya define el sentido del libro: Un líder traicionado, un partido hecho cenizas y un legado maldito, destaca, entre otros temas, la relación con sus ministros y colaboradores y recalca la idea de que Zapatero quiso dejar en el olvido a toda la vieja guardia del PSOE que contara con prestigio y por ello se rodeó de gente que pudiera controlar. Entre las anécdotas que relata está el cese de Jordi Sevilla como ministro de Administraciones Públicas, a quien, al parecer, Zapatero le justificó que lo mandaba a reconstruir la federación valenciana del PSPV-PSOE, que desde 1995 seguía perdiendo elecciones pero cuyo control lo mantenía quien fuera el presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, entre 1983-1995:

Hasta su hija de nueve años le preguntó que cómo era posible que siendo él más listo que el presidente del Gobierno hubiera dejado de ser ministro mientras el otro seguía. Él no le explicó que la inteligencia y el liderazgo son cosas distintas (Armario, 2011, 224).

Ahora bien, ¿en qué se basaba la niña para concluir que el padre ministro era más inteligente que el presidente del Gobierno? Tal vez el trabajo global más académico sea el del sociólogo Sánchez-Cuenca en el que intenta una valoración de los gobiernos de Zapatero con el análisis del contexto económico y social en que desarrolló sus decisiones políticas (Sánchez-Cuenca, 2012).

DEL NUEVO LABORISMO AL REPUBLICANISMO CÍVICO

Esta cantidad de testimonios habría que conectarlos no solo con su personalidad psicológica o política, sino con las circunstancias y los parámetros ideológicos en los que se desenvolvía la socialdemocracia en Europa. El primer viaje que realizó Zapatero al exterior fue a Londres, el 9 de octubre de 2002, acompañado por la secretaria de Política Internacional de la ejecutiva del PSOE, Trinidad Jiménez, para entrevistarse en el número 10 de Downing Street con el entonces primer ministro Tony Blair, laborista y creador de la llamada Tercera Vía. Según los testimonios, la reunión no pasó de quince minutos, al contrario de lo que ocurrió años más tarde con el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno en las elecciones de 2004, Mariano Rajoy, con Blair recibiéndolo en la misma puerta (Cruanyes, 2010). La candidatura por la que se presentó Zapatero al XXXV Congreso se denominó, como se ha señalado, Nueva Vía, en una época en que el laborismo había reformulado otra forma de entender la práctica política de la socialdemocracia, distinta de lo que había sido la tradición del laborismo inglés y de los partidos socialistas europeos. Estaba de moda, a finales del siglo XX y hasta el estallido de la crisis económica en 2007, citar los supuestos logros de la política desarrollada por los gobiernos de Blair y la construcción intelectual que el sociólogo Anthony Guiddens había dado a la Tercera Vía como una nueva fórmula de reinterpretar el socialismo para que tuviera virtualidad política en las sociedades de economías desarrolladas. Se trataba, como otras veces en otras propuestas intelectuales o políticas del siglo XX, de encontrar un camino intermedio entre el capitalismo del laissez faire, que predica la completa desregulación de la economía, identificado en el último tercio del siglo XX como neoliberalismo, y el socialismo de planificación indicativa o de las nacionalizaciones emprendidas por los partidos socialistas en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial.

En el momento de la visita de Zapatero el Labour todavía está en su apogeo y, aunque ha perdido apoyos electorales, ha vuelto a ganar las elecciones generales de 2001, por segunda vez después de una larga trayectoria de gobiernos conservadores liderados, principalmente, por Margaret Thatcher. Sin embargo, al llegar al gobierno en abril de 2004, ese nuevo laborismo que ha impregnado a la socialdemocracia europea comienza a retroceder en su popularidad y en los apoyos electorales. Blair se había comprometido en la guerra de Iraq con Aznar y Bush y ello había representado un punto de inflexión en el respaldo social a la política del nuevo laborismo que se identificaba con la política de guerra norteamericana contra el régimen de Sadam Hussein, con la excusa de posesión de armas químicas preparadas para emplear con fines terroristas en los países occidentales que posteriormente se demostraría que no existían. Toda una generación de gobiernos socialdemócratas iría, entre finales del XX y primera decena del XXI, perdiendo el poder: Romano Prodi, en Italia (2006-2008); Lionel Jospin, en Francia (1997-2002); Schröder, en Alemania (1998-2005), después Blair y Gordon Brown (1997-2010). Todos ellos habían practicado políticas semejantes, intentando hacer compatibles los retos del mercado en medio de una globalización cada vez más intensa y mantener las prestaciones sociales históricas del Estado de bienestar pero conteniendo reivindicaciones o aceptando restricciones ante los problemas presupuestarios y el aumento de la deuda de los países. Zapatero había decretado al día siguiente de su toma de posesión, el domingo 18 de abril, la retirada de las tropas españolas desplazadas a Iraq cumpliendo una de sus promesas electorales y justificando que la mayoría de los españoles estaba en contra de esa guerra. Tomó tal decisión sin consulta previa al Consejo de Ministros —compuesto por doce ministros y ministras, al 50 por 100, pues habían tomado posesión ese mismo día—, excepto Bono, ministro de Defensa, que lo haría el lunes 19. «Nunca debimos, manifestó en su declaración pública, ir a la guerra, de la que debíamos volver cuanto antes», propuesta que había explicitado en distintas comparecencias en el Congreso de los Diputados estando en la oposición y en el programa electoral. A partir de entonces, el modelo teórico no estará en la Tercera Vía, y Zapatero girará hacia la figura del filósofo y político irlandés Philip Pettit, profesor de la Universidad de Princeton.

Tal vez Pettit no hubiera tenido más que un reconocimiento restringido en círculos académicos de las facultades de Ciencias Políticas si Zapatero no hubiera citado su libro El republicanismo, traducido en España en 1999 y publicado en inglés en 1997 (Pettit, 1999). No parece que en él se hagan propuestas concretas para llevar a la práctica desde un gobierno, es más bien una reflexión sobre cómo la libertad debe ir acompañada del no-dominio. Este concepto es el que definía el republicanismo cívico, que no se oponía a la monarquía parlamentaria, y era una matización de las tesis de Isaac Berlin sobre su teoría de la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad no es solo facultad para no tener restricciones, o para tenerlas de acuerdo con una legislación establecida, es también ausencia de dominio por parte de los poderes públicos o privados que les obligue a tomar una decisión determinada. Nadie debe interferir arbitrariamente en las decisiones de las personas libres, de tal forma que los poderes constituidos tengan limitaciones jurídicas para que la ciudadanía no se vea dominada, aunque viva en un sistema democrático. Para ello es bueno que exista una dispersión del poder y, en ese sentido, el republicanismo cívico no se basa, principalmente, en el consentimiento del pueblo, sino en la posibilidad de protestar y discutir las leyes que se propongan. Para Pettit, los poderes públicos deben, prioritariamente, proteger contra la arbitrariedad a los ciudadanos y estos tienen derecho a resistirse contra leyes injustas. Su libro, citado reiteradamente por Zapatero, tiene una prosa densa y hay que leerlo en distintos periodos para descubrir que existe un discurso generalista que viene a reforzar lo que se entiende habitualmente por Estado de derecho, donde el predominio de la ley es la base de la convivencia social y política. El Estado debe imponerse límites para que los ciudadanos tengan siempre el control de las decisiones y, al mismo tiempo, protegerlos de la dominación de los elementos no estatales (Pettit, 2009, 47-68). Lo del no-dominio parece una obviedad, puesto que en las sociedades abiertas la protección de las diferencias de opinión, de asociación y de propuestas es consustancial al sistema democrático, donde plataformas cívicas, sindicatos y partidos políticos reclaman la aplicación de algunas leyes o protestan por la promulgación de otras. Plantea, además, que la denominación debe ir acompañada por una mayor intensidad en la igualdad económica, un sistema de salud adecuado y un medio ambiente sostenible, sin que aporte en este aspecto alguna cosa más de lo que siempre ha venido reclamando la socialdemocracia.

Fue tal la dimensión que se le dio a Pettit que fue invitado en junio del 2006, en el ecuador de la primera legislatura de Zapatero, para que hiciera una evaluación de los dos años de gobierno. El filósofo quedó encantado del trato recibido y de la dimensión publicitaria, que aumentó considerablemente la venta de su emblemático libro.

Al abrazar la tradición del republicanismo cívico, declarará Pettit, Zapatero aceptó un compromiso mucho más exigente que el de la Tercera Vía, que es más vaga, indefinida e inconcreta. Estoy impresionado por varios logros: el rechazo a la guerra, el inicio de un diálogo sobre el modelo territorial de España, el liderazgo en temas como la violencia doméstica o los derechos sobre los homosexuales (Martín, 2006).

Años más tarde, en 2009, vuelve a recalcar la aportación de Zapatero después de la publicación de otro libro explícito Examen a Zapatero (Pettit, 2008), en el que ha evaluado positivamente la primera legislatura destacando que ha sido capaz de organizar la televisión pública independiente del gobierno. Sin embargo, cuando es preguntado sobre la crisis económica no hace ninguna referencia a España y se refiere a su propuesta de «economía de la estima», en la que destaca la importancia de la existencia de elementos de transparencia para que los sujetos sociales se comporten adecuadamente y no caigan en el soborno para que así no se vean expuestos «a la desestima e infamia que la publicidad trae aparejada», ya que la manera de prever la corrupción de los funcionarios es canalizar sus «deseos naturales de ser valorados y no expuestos a la vergüenza» (Vatter, 2009). Esta es la flora intelectual que sirvió de sostén a la práctica política de Zapatero y justificó, de alguna manera, su primera legislatura, pero fue difícil de aplicar a la segunda. Es lo que ha sido tachado de políticamente correcto en el nuevo paradigma de la izquierda: la combinación de feminismo, igualdad sexual y multiculturalismo (Pamparacuatro, 2013). Lo prioritario no son ya los programas económicos que amplíen el Estado de bienestar, sino el aumento de las libertades públicas. Podría contraargumentarse que Zapatero inspiró y publicó, con la ayuda del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, la Ley de la Dependencia en 2006 para todos aquellos sectores con discapacidades físicas o intelectuales, pero, como advirtió el responsable de Economía, Pedro Solbes, había que saber previamente si había recursos presupuestarios para ponerla en práctica. Solbes parece que exigió para continuar en el Gobierno que Caldera no formara parte de él y Zapatero lo cesó en abril de 2008.

DE LA ILUSIÓN AL DESCRÉDITO

Aunque Zapatero declaró que él estaba convencido de su victoria en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 antes del atentado terrorista de la estación de Atocha, el diferencial de votos diez días antes de las mismas era de más de seis puntos a favor del PP, según las encuestas elaboradas por distintas empresas (Calamai y Garzia, 2006, 59). Los populares habían ido perdiendo apoyos y, probablemente, no hubieran tenido la mayoría absoluta que había disfrutado Aznar desde el año 2000, pero estaban convencidos de su victoria. El CIS publicó, tres meses antes, que Rajoy, el candidato popular, superaba al PSOE en diez puntos. Es difícil evaluar con seguridad la repercusión que tuvieron los acontecimientos del 11 de marzo, pero ante la gestión que el gobierno del PP hizo de la información transmitida del atentado, la movilización de miles de españoles en pueblos y ciudades dio su voto al PSOE. Una gran parte de los ciudadanos y ciudadanas consideró que las informaciones del gobierno de Aznar, a través de su portavoz, Eduardo Zaplana, y del ministro de Interior, Ángel Acebes, no había sido la adecuada sobre la autoría de la masacre más importante producida en España, y en Europa, el 11 de marzo, insistiendo en la implicación de ETA como principal responsable de los 192 muertos y más de 1.500 heridos que se produjeron en los trenes de cercanías de Madrid. Aznar no convocó a las fuerzas políticas constitucionales para informarles puntualmente de los resultados de la investigación y plantear una acción conjunta de todo el arco parlamentario. Dio, en cambio, órdenes a su ministra de Exteriores, Ana Palacios, para que enviara un comunicado a todas las embajadas españolas en el que se insistía en la autoría de ETA. Incluso provocó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenara a ETA como organización terrorista culpable del atentado ante la presión del representante español. Algunos dirigentes del PP y medios de comunicación afines acusaron al grupo Prisa, y en concreto a la cadena SER, especialmente al programa Hoy por hoy que dirigía Iñaki Gabilondo, y a dirigentes del PSOE, de instigar a la población contra la política informativa del Gobierno, que insistía en la responsabilidad del terrorismo etarra, cuando la investigación policial conducía, cada vez con mayores evidencias, a células radicales islamistas.

Gregorio Morán escribió en su columna semanal, «Sabatinas intempestivas», en La Vanguardia:

Es impresionante el cambio producido en nuestros estrategas del papel. De ser convencidos albaceas de Occidente frente al islamismo radical han pasado sin romperse ni mancharse a enhiestos portavoces de la retirada de Iraq [...]. Hasta la masacre de Madrid, es decir, un abominable jueves muy de mañana, nadie que no fuera el propio Zapatero y su equipo, porque es su obligación, pensaba que podía ganar las elecciones (Morán, 24 de abril de 2004).

Los socialistas consiguieron tres millones más de apoyos que en el año 2000 (11.026.163 frente a 7.918.752), mientras que el PP solo perdió 700.000 (9.763.144 frente a 10.321.178), y el presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, que había convocado para el mismo día las elecciones autonómicas, logró la mayoría absoluta. Zapatero había ido tejiendo una oposición moderada, discutida en algunos ámbitos del PSOE, pero las convulsiones en el partido de los años noventa parecían superadas. Ya en las elecciones municipales de 2003, con el lema «otra forma de ser, otra forma de gobernar», se reflejó un aumento de votos hacia el Partido Socialista, con 100.000 sufragios globales más que el PP, y además mejoró en representación en las autonomías gobernadas por el PP, aunque los pactos posteriores no cambiaron significativamente los gobiernos de las principales ciudades y de las comunidades autónomas.

En junio de 2003, se produce la deserción de dos diputados del grupo socialista de la Asamblea de Madrid, Tamayo y Sáez, que no votaron a Simancas para que formara un gobierno PSOE-IU en la comunidad madrileña, lo que provocó una repetición de las elecciones en octubre, en las que ganó por mayoría absoluta Esperanza Aguirre, del PP, frustrando la gobernabilidad de los socialistas. En enero de 2004 la imagen del PSOE sale dañada a causa de la entrevista de Carod Rovira con ETA. El líder de Esquerra Republicana, era conseller en cap del Gobierno tripartito de la Generalitat, formado en noviembre de 2003, junto al Partit Socialista de Cataluña e Iniciativa per Cataluña (la versión de Izquierda Unida catalana) y presidido por el socialista Maragall. Se difunde que su propuesta es que los terroristas no actúen en Cataluña, lo que desata comentarios muy negativos en los medios de comunicación que extienden la idea de que a Carod no le importa que ocurran atentados en otras partes de España. Zapatero insta al presidente Maragall a que lo cese y no se limite a quitarle las competencias de Asuntos Exteriores que tenía asignadas. Todo ello acentuó una sensación de pesimismo en los militantes socialistas que daban por perdidas las elecciones generales en contraste con el optimismo de Zapatero.

Con el buen ánimo del secretario general se elaboró un programa electoral con la participación de muchos colectivos, coordinado por Jesús Caldera y con la intervención del economista Ángel Rojo, exgobernador del Banco de España y maestro de muchos economistas. Fue aprobado en el Comité Federal del PSOE el 14 de enero de 2004, en el que Zapatero mostró su convicción sobre la victoria. También se aprobaron las listas electorales con una renovación del 60 por 100 de los candidatos, en las que se incluyeron muchos de los que habían apoyado a Zapatero en el año 2000. En la campaña electoral, el PP insistió en que el PSOE intentaría gobernar con otras fuerzas imitando al tripartito catalán, y Mariano Rajoy se negó a participar en cualquier debate público. Ya el mismo Felipe González, reacio al principio a intervenir en su favor, por el tono poco agresivo de Zapatero, le había dado su apoyo en un mitin que se había celebrado en la plaza de toros de Vista-Alegre, de Madrid, el 27 octubre de 2002, aniversario del vigésimo aniversario de su ascenso a la presidencia del Gobierno en 1982: «no tengo más remedio que decir a José Luis que siga con su estilo, que sea idéntico a sí mismo, que no se traicione, que sea como es, que es así como nos vale y como lo necesita una sociedad harta de políticos ásperos, excluyentes y cainitas».

POLÍTICA SOCIAL Y EMIGRACIÓN

Uno de los problemas más acuciantes que tuvo que abordar Zapatero en sus primeros años de gobierno fue el de la emigración (Club de Roma, 2011). En 2006 existían en España 2,8 millones de emigrantes regularizados, y unos 600.000 ilegales; 900.000 eran de la Unión Europea y 1,9 millones, extracomunitarios, de los cuales, el 18 por 100 eran marroquíes, el 12 por 100 ecuatorianos, el 8 por 100 colombianos, el 7 por 100 rumanos y el 3 por 100 chinos, mientras que los subsaharianos representaban un 5 por 100. La característica de la emigración no comunitaria en aquellos años (2000-2009) era una población joven, entre veinte y cuarenta años, que vinieron al calor de la expansión de la construcción de viviendas o de las infraestructuras públicas (Solé, 2001). Se publicó un nuevo Reglamento de Extranjería, en enero de 2005, en el que se establecían plazos para que los empleadores presentaran la documentación que regularizaría a los sin papeles, siempre que acreditaran que llevaban trabajando seis meses, lo que supuso la regularización de más de 80.000 inmigrantes. La distribución de los flujos migratorios era desigual según autonomías: Cataluña concentraba el mayor número de emigrantes residentes (21 por 100), seguida de Madrid (20 por 100), Andalucía (13 por 100), Comunidad Valenciana (13 por 100), Canarias (6 por 100) y Murcia (5 por 100). Cifras que fueron aumentando en 2007 de tal manera que, según el censo de población de aquel año, de los 44.708.964 habitantes de España, los extranjeros residentes suponían cuatro millones (Domínguez, 2007). Todo ello produjo un impacto en la estructura social española, con problemas en las escuelas, en los barrios de las ciudades, en la sanidad y otros servicios públicos. Los términos de multiculturalidad, interculturalidad, integración o asimilación se hicieron frecuentes en el vocabulario de académicos, políticos y sociólogos (VV.AA., La educación en contextos multiculturales, 2004). Los musulmanes residentes en España constituían el elemento más problemático, como en el resto de los países de la Unión Europea, ya que ha sido la población con menos capacidad de asimilación y con fuertes índices de marginalidad (VV.AA., Migraciones, 2008). El PP reaccionó en contra de la propuesta de los socialistas aduciendo que el nuevo reglamento provocaría regularizaciones masivas y una puerta abierta para la inmigración ilegal, lo que repercutiría negativamente sobre la seguridad social, la enseñanza pública y el empleo, pero el PSOE contestó que era el PP quien había publicado la ley de extranjería en tiempos de Aznar y posibilitado el reagrupamiento familiar. En realidad, desde el año 2000 se instituyó el Programa Global de la Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración (GRECO), con un presupuesto de 37.000 millones de pesetas del año 2001 con el que el gobierno de Aznar pretendió la coordinación, bajo un delegado del Gobierno, de distintos departamentos ministeriales con competencias sobre la inmigración. El gobierno de Zapatero mantuvo una política similar, pero a partir de 2004 tuvo que hacer frente a una intensificación de la inmigración ilegal a través de las pateras que atravesaban el estrecho de Gibraltar o de los cayucos que salían de la costa subsahariana con destino a las islas Canarias. Pero la mayor afluencia se producía por la frontera portuguesa o los Pirineos. Se pusieron en marcha planes de desarrollo con la cooperación de la Unión Europea en países como Guinea, Ghana, Senegal, Mauritania, Malí, Guinea-Bisáu y Gambia, con subvenciones que superaron los 700 millones de euros en 2006, con alternativas educativas para proporcionar a la población joven un oficio. Todo ello provocó una redefinición del concepto de ciudadanía, no sin problemas de convivencia en algunas zonas y, de hecho, al comienzo del curso escolar 2007-2008, el número de alumnos inmigrantes generaba problemas en los déficits escolares. En el último curso de la octava legislatura, 2007-2008, el porcentaje de alumnos inmigrantes era mayor que el de años anteriores, con un aumento con respecto al curso anterior del 14 por 100, 608.000 en números globales, de un total de 7,2 millones de escolares no universitarios, lo que suponíael 8,4 por 100 de todos los alumnos escolarizados. Es decir, 9 de cada 100 estudiantes incorporados al sistema educativo español eran extracomunitarios, aunque una gran mayoría abandonaba la escuela después de los estudios obligatorios hasta los dieciséis años. Cinco años antes, en cambio, estas cifras eran la mitad.

Era marcada la desproporción entre los que acogía la escuela pública y la privada, puesto que los estudiantes de la ESO y el bachillerato de aquella recibieron el mayor número de alumnos de nacionalidades variadas, escolarizando el 12,9 por 100 la red pública, y el 5 por 100 (incluidos los colegios concertados) la privada, lo que supone que 4 de cada 5 inmigrantes están escolarizados en los colegios del Estado. Y en algunos el 80 por 100 del alumnado es de procedencia extranjera. De ahí que el Consejo Económico y Social del Estado insistiera en equilibrar la distribución de los alumnos extranjeros entre los centros públicos y los concertados, pero no se tomaron medidas en este sentido, aunque la nueva Ley de Ordenación de la Educación (LOE), que sustituía en varios puntos a la Ley de Calidad del gobierno Aznar, señalaba que los centros concertados tendrían que reservar un cierto número de plazas para emigrantes. En Cataluña, por ejemplo, los alumnos escolarizados superaron los 130.000, y ya 80 centros tenían escolarizados el 50 por 100 de inmigrantes. El diputado Mohamed Chaib reivindicó en el Parlamento de Cataluña la necesidad de aumentar las clases de árabe entre los 35.000 jóvenes marroquíes que acuden a las escuelas catalanas, al tiempo que el Gobierno de Marruecos ya había destinado 15 profesores para enseñar árabe, lo que acentúa la separación entre los niños autóctonos y los inmigrantes que se expresan creando equipos de fútbol según nacionalidades. En porcentajes parecidos, el 12 por 100, está Madrid, La Rioja o Baleares. Por otra parte, la segregación realizada en las aulas contribuyó al fracaso escolar, que provocaba una reducción de los alumnos emigrantes al finalizar la Enseñanza Obligatoria (ESO), y eran muchos menos los que cursaban el bachillerato (VV.AA., La educación en contextos multiculturales, 2004). Algunos sociólogos señalaron que la Administración confundía la integración en la comunidad en igualdad de condiciones con la pura asimilación, y criticaban que los inmigrantes dejaran su propia cultura para hacer suya la del territorio en el que estén instalados. Siguiendo los planteamientos desarrollados por Margaret Gibson, de la Universidad de Santa Cruz en California, se trataría de acomodarse sin asimilarse, ya que los padres quieren que sus hijos progresen pero sin perder determinadas pautas culturales propias, lo que supone sumar las distintas culturas estableciendo espacios comunes de convivencia, en lo que ella denomina «acumulación aditiva», para superar la pura asimilación (Gibson, 1988).

José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin electoral del PSOE en 2004.

En el primer Consejo de Ministros se da luz verde para modificar distintos preceptos legislativos que posibilitaran un mejor control de la violencia doméstica, que padecen en su mayoría las mujeres, y que se ha convertido en una plaga por la cantidad de muertes que se producen anualmente. El fenómeno ha adquirido la categoría de una tragedia que se repite en cualquier lugar y por actores de condición social diferente. La sociedad española asistía asombrada a las noticias que difundían los medios de comunicación sobre tal o cual homicidio perpetrado contra mujeres que habían llegado a una situación límite en la convivencia con su pareja. En muchos casos, los propios autores se quitaban también la vida e incluso mataban a un hijo o familiar. El tema se ha ido tratando desde distintos ámbitos científicos, sin conclusiones definitivas que puedan prever situaciones irreversibles. Varias leyes se verán afectadas en determinados artículos para dar vía libre a la ley sobre la violencia doméstica. El ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, fue el encargado de presentar la iniciativa en la que destacó el carácter integral del texto legislativo, pero también las dificultades de articularlo en la práctica. Se creaba una Delegación del Gobierno contra la violencia de género, que dependía de la Secretaría General de la Igualdad, enclavada en el Ministerio de Asuntos Sociales, y dotándola de unidades policiales específicas. Apuntó la creación de servicios de atención e información inmediata, centros de emergencia para atender a sus hijos, ayudas económicas para que las personas afectadas puedan sobrevivir hasta que rehagan sus vidas. Y el PP propuso que en el texto legal se incluyera la exención del pago de la cuota de la Seguridad Social a los empresarios que contraten mujeres maltratadas. Fue una ley que contó con un consenso total, y se aprobó por unanimidad, pero diversas asociaciones pedían que se establecieran planes de prevención urgentes porque entendían que no era suficiente con el cambio del Código Penal.

No tuvo el mismo respaldo la ley que fija la paridad en las listas electorales y grandes empresas: Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Se reconocía, por primera vez, el derecho paterno al permiso de paternidad, lo que hasta entonces era solo posible para las mujeres, así como el derecho a conciliar la vida familiar con la laboral, y ello suponía el derecho de cualquier trabajador a adaptar su jornada laboral según favorezca la crianza de su hijo/a recién nacido e incluso reducirla hasta una octava parte, mientras el menor no haya cumplido los ocho años. Las empresas habrían de practicar el principio de a igual trabajo, igual salario. Establece la ley que debe existir un mínimo de mujeres, el 40 por 100, en los órganos de la Administración y en todas las empresas que estén dentro del Ibex-35 y se garantizan las prestaciones a la mujer durante la maternidad y la lactancia. De igual modo, en todos los municipios con más de 5.000 habitantes, los partidos políticos tenían la obligación de elaborar las listas electorales con entre un 40 y un 60 por 100 de mujeres.

El PP sí dio, en cambio, su respaldo, como IU, a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que sería uno de los mayores símbolos de la octava legislatura en reformas sociales, y Zapatero agradeció al PP su apoyo porque con esta ley se podía beneficiar más de un millón de españoles. «Queremos que esta ley, presentada como una ley de izquierdas sea una ley de todos. No sé si el Gobierno se lo merece, pero las personas dependientes sí», manifestaría el diputado popular Miguel Barrachina, uno de los ponentes del PP para el proyecto de ley. PNV y CiU la rechazaron al estimar que invadía competencias autonómicas, lo que venía avalado en el caso catalán por los informes del Institut d’Estudis Autonòmics (IEA), además de criticar su carácter principalmente público, obviando las iniciativas privadas. Su objetivo fundamental era que todos los ciudadanos en situación de dependencia física o mental pudieran recibir apoyo de las Administraciones públicas, teniendo en cuenta que las personas dependientes suelen tener más de sesenta y cinco años, y su atención se realiza en España en el ámbito familiar, a cargo principalmente de las mujeres, lo que les impide, en la mayoría de los casos, cualquier actividad laboral. Antes de la ley, solo el 3,5 por 100 de las personas mayores de sesenta y cinco años contaba con un servicio de ayuda a domicilio.

Se establecían subvenciones para que personas inválidas pudieran disponer de ayudas que les permitiesen acceder individualmente a los servicios que pueden utilizar todos los ciudadanos como, por ejemplo, que un sordo disponga de un intérprete de signos porque, de lo contrario, no podría estudiar una carrera universitaria. Todos los españoles que lo solicitaran podrían ser evaluados para determinar su grado y nivel de dependencia y calcular, en su caso, las prestaciones a las que tuviera derecho. Los grados y niveles se determinan mediante la aplicación de un baremo que se acuerda en el Consejo Territorial. Se prioriza la prestación de servicios: ayuda a domicilio, centro de día y noche, teleasistencia, plazas residenciales y las subvenciones que correspondan. El periodo de implantación se haría escalonadamente, entre 2007 y 2015, y transcurridos los primeros cinco años se debería hacer una evaluación de lo realizado.

El debate de estas leyes no suscitó especiales enfrentamientos políticos, al margen de que se apoyaran o no en el Parlamento, pero no fue así con la ley de julio de 2005 que permitía a los homosexuales la posibilidad de contraer matrimonio, equiparándolo al de las parejas heterosexuales, mediante la modificación de algún artículo del Código Civil, y podían también adoptar como un derecho más que tienen las personas casadas. España se situaba así a la cabeza de los países que dan plena igualdad jurídica a los homosexuales (Bélgica, Holanda y Canadá), cuando en otros pueden todavía sufrir fuertes condenas de prisión e incluso pena de muerte. El debate político fue intenso y se expandió por gran parte de la sociedad, aunque al final el proyecto de ley fue aprobado por el 57 por 100 de los diputados presentes, que fueron 183. Algunos grupos, como CiU o el PNV, dieron libertad de voto, aunque la mayoría lo hizo a favor. Celia Villalobos, que fuera ministra de Sanidad en la etapa de Aznar, fue la única diputada que rompió la disciplina de voto en el grupo popular, que consideraba que no podía admitirse que se llamara matrimonio a la unión de personas del mismo sexo, aunque se les reconocieran los mismos derechos legales, pero no así su denominación. Teóricamente, el tema se reducía a una cuestión de nombres, pero el asunto tenía más calado y conectaba con las creencias religiosas. La Iglesia católica, mayoritaria en España, estaba radicalmente en contra porque entendía que solo entre hombre y mujer puede concebirse una unión que tiene, desde su concepción, carácter sagrado y da lugar a la formación de una familia, y utilizó toda su influencia para ir contra el proyecto. La Conferencia Episcopal Española hizo un comunicado en el que calificaba que es «radicalmente injusta y perjudicial para el bien común [...]. A dos personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho». Los obispos pidieron a los diputados que votaran en contra y participaron algunos de ellos en una manifestación organizada al efecto. El obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, comparará a Zapatero con Calígula.

La vicepresidenta M.ª Teresa Fernández de la Vega procuró suavizar el enfrentamiento y negó que la ley supusiera un ataque al matrimonio, sino todo lo contrario, lo reforzaba en la medida que daba cabida a una parte de la población que hasta ahora no tenía acceso a regular su situación de pareja. Para el gobierno terminaba una etapa de discriminación de un colectivo, como el de los homosexuales, que habían recibido históricamente menosprecios muy acentuados. Sin embargo, el dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo, recomendaba que se elaborara una legislación específica sobre el tema, pero sin equipararla a lo establecido bajo la fórmula de matrimonio. La mayoría de los grupos parlamentarios que intervinieron, estando más o menos de acuerdo, destacaron que la ley significaba mayor igualdad, fomentaba el pluralismo y la tolerancia. Pero dentro del PP se produjeron disensiones, especialmente por unas declaraciones de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, porque consideraba inoportuno presentar un recurso contra la ley, a lo que Rajoy contestó: «me cueste lo que me cueste debo colocar la ley por encima del oportunismo». El tema ha planteado un tímido debate sobre la objeción de conciencia entre los jueces, algo que no existe en el ordenamiento jurídico español, y tuvo que ser el Tribunal Constitucional, que rechazó la admisión a trámite de algunos jueces de plantear la inconstitucionalidad de la ley y bloquear el registro civil, quien dejase claro que los jueces no pueden cuestionar las bodas de los homosexuales. De igual modo se aceleraron los trámites para permitir un divorcio más rápido, lo que todavía perturbó más las relaciones con la Iglesia. Sin embargo, en la entrevista que mantuvo Zapatero con Juan Pablo II, y posteriormente con su sucesor, Benedicto XVI, en la visita realizada a Valencia en el año 2006, la cordialidad fue la nota dominante, aunque no dejaron de recordarle la importancia de la concepción que la Iglesia católica tenía de la familia.

En educación los conflictos fueron igualmente continuos desde que el gobierno de Zapatero suspendió, mediante decreto, una parte de la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE) que había aprobado el PP, y propuso su reforma. La primera ministra de Educación del gobierno Zapatero, M.ª Jesús Sansegundo, después sustituida por Mercedes Cabrera y Calvo Sotelo, explicó que los puntos suspendidos afectaban a la educación infantil, los itinerarios educativos, el modo de acceso a la universidad, y la asignatura de religión, que volvía al estado anterior, es decir, oferta obligatoria de la clase de religión por parte de los centros y de opción voluntaria de los alumnos pero sin tener que estudiar otra asignatura paralela ni ser evaluable. Se mantuvieron las normas de evaluación del resto del currículo y la gratuidad de la enseñanza entre los tres y seis años. De igual manera, se anunciaron cambios en la Ley Orgánica de Universidades del PP, sin hacer tabla rasa, según Zapatero, que presidió la inauguración del curso en Alicante en 2004, para acentuar la autonomía universitaria y optar claramente por la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación y potenciar las competencias de las comunidades autónomas con mejores dotaciones presupuestarias en becas e infraestructura. Fueron unas declaraciones muy generales y bien acogidas pero no presuponían por dónde se encauzaría la nueva política. La llegada de Mercedes Cabrera al ministerio provocó, de nuevo, el enfrentamiento político con el PP y la Iglesia católica, que ya discutía el papel dado a la religión en el currículo, por la introducción de una asignatura obligatoria en la ESO: «La educación para la ciudadanía», que sectores vinculados a la Iglesia consideraron una injerencia en la libertad de los padres y una manera de adoctrinamiento, a lo que los socialistas contestaron que era una materia que transmite valores constitucionales. La cuestión se inscribe en un debate político que ya tenía poca consistencia social, puesto que los centros educativos influyen cada vez menos en la configuración de la personalidad de los estudiantes, no así en su formación intelectual, ya que los adolescentes acceden a muchas fórmulas de conocimiento y de relaciones sociales al margen de aquellos. El tema se reavivó cuando la ministra anunció, en septiembre de 2007, que no era necesario repetir curso con cuatro suspensos en el bachillerato, y que podría combinarse con estar matriculado en algunas asignaturas del siguiente, al tiempo que ponía el énfasis en los cambios de la LOE, con la intensificación del estudio del inglés y un mayor fomento de la lectura, así como una reducción de asignaturas en el primer curso de la ESO.

Se acentuó la idea del laicismo del Estado impulsada por el que fuera presidente del Congreso de los Diputados en la legislatura de 1982-1986, Gregorio Peces-Barba, que provenía de los sectores católicos incorporados al PSOE, el llamado «sector vaticanista» o la izquierda democristiana, pero el proyecto de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa no llegó a tramitarse: «Los cargos públicos socialistas, sin renunciar a declararse laicos o turnarse en los exabruptos exigidos por el argumentario, no han rehuido nunca la posibilidad de exhibirse con ocasión de manifestaciones públicas de religiosidad popular. Tampoco han dejado de prestar colaboración a las sucesivas visitas papales» (Ollero, 2011, 81).

Otra de las cuestiones planteadas fue la de los niveles educativos que alcanzan los alumnos españoles, que desde el informe Pisa, elaborado en 2003 mediante una amplia encuesta entre cuarenta países, veintinueve de la OCDE y otros once no incluidos en ella, ha sido objeto de análisis y polémicas. La media española entre los de la OCDE es baja. España ocupaba el número 20 en matemáticas y el 22 en comprensión lectora. En la línea de oposición del PP, las descalificaciones de la política educativa han sido constantes, con convocatoria de manifestaciones contra ella y, en algún caso, alentadas por algunos obispos que incluso han participado en ellas. El portavoz del grupo popular en el Senado, García Escudero, calificaba a la educación española de «absoluto desastre» en noviembre de 2005.

Los temas lingüísticos en Cataluña adquirieron un nivel de intensa polémica, puesto que desde el gobierno del tripartito se planteó el porcentaje que ha de tener el catalán, en qué medida puede repercutir en la supuesta marginación del castellano, así como su oficialidad en las instituciones europeas. ERC, con Carod Rovira a la cabeza, planteaba el reconocimiento oficial de la unidad lingüística de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, algo que se intensificará cuando quede aprobado el nuevo Estatuto de esta última, en febrero del 2006, con el apoyo del PP, el PSOE y Coalición Canaria, en el que se señala que la lengua propia es el «idioma valenciano». CiU, ERC, IU y PNV votaron en contra y pidieron a los diputados del PSC que también la rechazaran. El problema se complicaba, puesto que existía una parte de la sociedad valenciana que defendía la diferencia idiomática con el catalán. El tema se ha ido trasladando al debate político y social desde los comienzos de la Transición creando una polémica permanente que ha afectado a las formaciones políticas que desarrollan su actividad en Valencia, Castellón y Alicante, e incluso provocó de nuevo la discusión sobre la denominación del territorio, al que desde fuera se le suele llamar Levante, término rechazado por la mayoría de los habitantes de la zona. Ya se barajó desde el final del franquismo el nombre de País Valenciano, por las fuerzas políticas de izquierdas, o del Reino de Valencia, por los de derechas, hasta llegar a consensuar el de Comunitat Valenciana en el Estatuto de Autonomía. El PSPV-PSOE, durante la tramitación en el Congreso, pretendió pactar una denominación a gusto de todos, pero el PP valenciano no aceptó ninguna enmienda, ya que después de la formación del tripartito catalán eran frecuentes las desavenencias con él, hasta el punto de decretar la supresión de la señal de la televisión catalana. Solo quedó fuera del nuevo texto la normativa que existía en el anterior, según la cual, para conseguir un diputado en las Cortes Valencianas era necesario alcanzar el 5 por 100 de los votos en todo el territorio, puesto que remitía a la futura ley electoral de la comunidad. Ciprià Císcar, uno de los ponentes del nuevo Estatuto en el Congreso, consiguió el acuerdo con el PP para no incluirlo en el finalmente aprobado.

Algo parecido ocurrió con la revisión del Plan Hidrológico Nacional, elaborado en la etapa de Aznar. Se suprimió el trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana y Murcia, provocando una ola de agravios, bien aprovechada por el PP en ambas comunidades. Los presidentes de ambas autonomías, Camps y Valcárcel, exigieron a Zapatero que se ejecutaran las obras de infraestructuras para que el agua sobrante del Ebro pudiera paliar los déficits hidrológicos, algo necesario para mantener la agricultura y la industria turística de toda la zona mediterránea central. Sin embargo, la responsable de Medio Ambiente, la ministra Cristina Narbona, optó, dentro del plan denominado Nueva Cultura del Agua, por las desaladoras y el reciclaje, dando su apoyo a aragoneses y catalanes, opuestos a que se trasvasara agua del Ebro, con el respaldo del Gobierno y de los órganos de dirección del PSOE. Los aragoneses siempre se han opuesto a la desviación de parte de sus aguas, alegando que ello supondría un beneficio para las zonas más desarrolladas del Mediterráneo en detrimento de Aragón, además de deteriorar el medio ambiente, argumentos que compartían los catalanes, especialmente los del delta del Ebro, que afirmaban que el trasvase destruiría humedales que requerían esa agua para su conservación, respaldados por distintos avales de técnicos y científicos. Otros especialistas, en cambio, no comparten esta idea y mantienen que el agua que llega al mar puede ser aprovechada controlando las cantidades trasvasadas según el caudal del río sin que perjudique al medio ambiente ni tenga que ser un freno para el desarrollo económico de Aragón y Cataluña.

Trasagua, la empresa creada por el Ministerio de Medio Ambiente en la anterior legislatura para realizar los trámites de expropiación y obras del trasvase, comenzó a devolver las fincas a sus propietarios. El tema ha sido uno de los más utilizados por el PP de las dos autonomías, que han recurrido la decisión ante el Constitucional, y han insistido en la marginación de valencianos y murcianos. A tenor de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007, este fue uno de los elementos que caló entre los habitantes de los dos territorios, dando un amplio respaldo a los populares. Tanto el presidente Francisco Camps de la Comunidad Valenciana, como Valcárcel, de la de Murcia, vieron reforzadas sus posiciones políticas frente al gobierno de Zapatero en las elecciones autonómicas, al obtener amplias mayorías absolutas.

Otra de las leyes controvertidas fue la de la Memoria Histórica, publicada el 26 de diciembre de 2007, y el Real Decreto de 2008 sobre la Reparación y Reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. A finales del siglo XX surgieron asociaciones para buscar enterramientos de los fusilados republicanos de la Guerra Civil, entre ellas, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que en el año 2000 desenterró a trece fusilados en la comarca del Bierzo (León) y durante los cinco años posteriores ha continuado con la misma tarea recuperando restos de 520 víctimas que combatieron a favor de la Segunda República. Ello creó un clima político que fue asumido y defendido por los partidos de izquierda y algunos nacionalistas como PNV o Esquerra Republicana de Cataluña. Se trató también de abolir los símbolos franquistas aún presentes en muchos pueblos y ciudades en calles, plazas, iglesias o monumentos funerarios, y que solo recordaban a los caídos del bando franquista o las figuras que protagonizaron el triunfo de Franco. Al mismo tiempo, la Iglesia católica había venido promoviendo la santificación de muchos sacerdotes o religiosos muertos en la zona republicana. El papa Juan Pablo II, en su visita a España en 2003, hizo alusiones a la persecución religiosa de la guerra. Benedicto XVI continuó en 2006 por el mismo camino y beatificó a 53 mártires de la Guerra Civil (De Andrés, 2006).

El debate se extendió entre historiadores y políticos. Se discutió sobre el concepto de memoria histórica, sobre la oportunidad de abrir un tema con sensibilidades tan contrapuestas, que ya se habría superado con la amnistía en la Transición y que no convenía reabrir porque en ambos bandos hubo episodios de crueldad o de la necesidad de dar sepultura digna a los que dieron su vida por la República y fueron fusilados y enterrados en las cunetas o fuera de los cementerios. Incluso se achacó al propio Zapatero la responsabilidad del tema por su deseo de sobreactuar con el recuerdo de su abuelo militar fusilado, el teniente Lozano:

Cuando un país se escinde —afirmó Santos Juliá—, la memoria compartida solo puede construirse sobre la decisión de echar al olvido el pasado: ese es el sentido de la amnistía general, como Indalecio Prieto y José María Gil-Robles lo comprendieron ya desde los primeros años de la posguerra (Juliá, 2006).

Desde la Revista Digital de Historia Contemporánea Hispania Nova se criticó la posición de Santos, quien consideraba inapropiada la Ley de Memoria Histórica por cuanto la Guerra Civil nunca estuvo olvidada ni silenciada, pero fue superada por una gran mayoría de los intervinientes y sucesores de los dos bandos y ello posibilitó la Transición a partir de 1976 (Juliá, 2004b). Espinosa acusa a Juliá de no querer admitir que en la Transición no hubo posibilidad de recuperar memoria alguna, debatir lo que significó la represión franquista y conocer su significado, sobre la base de que lo mejor era no reabrir heridas: «otros, caso de Santos Juliá, han estado al servicio, cuando no promoviendo las políticas de olvido de los 80 y 90» (Espinosa, 2007). Juliá consideró que el artículo de Espinosa estaba destinado a descalificar, «a base de injurias y juicios de intención», y se limitó a contestar al trabajo de Pedro Ruiz en la misma revista (Ruiz, 2007) con el argumento de que este no recuerda la guerra, sino las representaciones narrativas que le han llegado, y la historia no pretende basarse en relatos individuales o colectivos, sino fundamentarse en los hechos documentados.

Otros van más allá y consideraron que tenía como finalidad rehabilitar a la Segunda República, convirtiéndola en «crisol de libertades», cazar a franquistas y segregar a una parte de la ciudadanía española, de un asalto a la sociedad (Arsuaga y Vidal, 2010, 122). La Fundación Francisco Franco, presidida por la hija del dictador, controla una parte importante de la documentación personal del general y solo permite su difusión con su autorización, al tiempo que intenta perpetuar su recuerdo destacando las bondades de la actuación de Franco. Sin embargo, en abril de 2016, en la Convención Nacional de las Nuevas Generaciones del PP (lo correspondiente a las Juventudes Socialistas en el PSOE), se produjo un debate entre los participantes por cuanto alguno manifestó que el PP estaba equivocándose al oponerse a que se quitasen los nombres franquistas del callejero y manifestó: «soy incapaz de decirle a quien tiene un muerto en una cuneta que no puede llevarle a una tumba» (infoLibre, Madrid, 3 de mayo de 2016).

La cuestión no planteada es de qué manera las guerras civiles condicionan durante muchos años, incluso en siglos, la vida de las sociedades. La guerra civil de Estados Unidos, por ejemplo, marca todavía la cultura y algunos comportamientos en distintos estados norteamericanos, y en el caso de España las guerras carlistas han dejado su rastro en la mentalidad colectiva de muchas zonas. Ello provoca memorias colectivas divergentes y contrapuestas que van puliéndose con el tiempo pero que dejan secuelas que dificultan unos referentes comunes. Por eso hay autores que reniegan del concepto de Memoria Histórica: «la memoria histórica de un acontecimiento, con lo cual nos referimos en general a la memoria colectiva de la gente que no lo presenció, sino que le fue trasmitido por crónicas familiares, la educación pública o las ceremonias conmemorativas, no solo es imperfecta, sino imposible» (Rieff, 2012, 60).

EL DEBATE DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL ESTADO

Uno de los temas, tal vez el más importante, que se produjo en la octava legislatura, con la llegada al gobierno de Zapatero, es el de replantear la estructura territorial del Estado, con la reforma de los estatutos de distintas comunidades. La cuestión ha suscitado un debate político intenso que ha producido distintas tensiones políticas, aunque la incidencia social ha sido menos virulenta que la política pero, al igual que el 11-M, ha servido para acentuar las diferencias y la falta de entendimiento entre los dos grandes partidos. Las consecuencias han trascendido a los medios académicos, periodísticos e intelectuales porque ha vuelto a surgir la ya larga discusión sobre el tema identitario y el problema de la definición del significado de España en relación con otras nacionalidades que conviven en la misma unidad. «Solo existe una nación, la española», llegó a decir el líder del PP, Mariano Rajoy, pero su partido, salvo en el caso de Cataluña, consensuó con el PSOE los cambios de diversos estatutos que alteraban la estructura del Estado español y aceptó, por ejemplo, el calificativo de «realidad nacional» para Andalucía. Zapatero pensaba que el concepto de nación no era unívoco ni claro, que las reformas estatutarias podían abordarse con normalidad mientras no traspasaran los límites de la Constitución española y que tendrían cabida en la «España plural y moderna», finiquitando la concepción fundamentalista de la nación española. De hecho, ambos partidos, aunque disintieron de la oportunidad de la tramitación del Plan Ibarretxe en el pleno del Congreso de los Diputados, coincidieron en rechazarlo en la votación final.

El proceso territorial adquirió una dimensión más de fondo, como hemos visto en el capítulo anterior, y enlaza con la ya histórica cuestión sobre «el ser de España», que es, en muchos casos, repetitiva sobre lo que se ha publicado y dicho en los siglos XIX y XX, cuando España se convierte en un Estado constitucional, a pesar de los distintos proyectos y vaivenes políticos sobre cómo organizar el Estado moderno, y contar con la aparición de movimientos nacionalistas en su interior que comienzan, a finales del siglo XIX, aunque incubados mucho antes, a reflexionar sobre sus propias peculiaridades hasta llegar a articular opciones políticas que se reavivaron después de desaparecido el franquismo. Este es el caso de Cataluña y el País Vasco, principalmente, pero también surgirá en Galicia y, en menor medida, en la Comunidad Valenciana. Con la Constitución de 1978, donde se encauzan diecisiete autonomías, comenzará una etapa de reivindicaciones que se va desarrollando en mayor o menor medida hasta estos años. La financiación y la delimitación de competencias entre el Gobierno de España y el de las comunidades autónomas han estado permanentemente debatidas en las distintas legislaturas. Zapatero quiso abordarlo para darle una solución lo más definitiva posible, pero con el riesgo de abrir una situación política sin saber bien cuál pudiera ser su resultado final. Ya en agosto de 2003 había propuesto, con los principales líderes socialistas en Santillana del Mar, un acuerdo para llevar a cabo un proceso de reforma de los Estatutos, dentro de la Constitución, sin precisar en qué dirección, y aún así se evidenciaron discrepancias, como las de Bono y Maragall. El profesor Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, y colaborador en los gobiernos de Felipe González como secretario general del Ministerio de Administraciones Públicas, junto a Igor Sosa, planteó las dificultades del encaje entre las autonomías y el Gobierno del Estado en El Estado fragmentado, tomando como referencia lo que ocurrió con el Imperio austrohúngaro (Sosa y Sosa, 2007).

Partiendo de cómo prevé la Constitución española la reforma de los estatutos, se han desencadenado una serie de procesos jurídico-políticos que nos plantean diversos interrogantes sobre el resultado final, y, en concreto, cuando se parte del concepto de «los derechos históricos», mencionados en la Constitución de 1978 que «ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales». A partir de ahí, nos señalan,

han proliferado, entre los políticos y redactores de textos legales, las invocaciones de estos derechos y poniendo de relieve un entusiasmo por el tiempo pasado y su herencia que muchos creíamos más propio de eruditos y estudiosos entregados a la investigación (Sosa y Sosa, 2007, 148).

El Estado moderno acabó con la mayoría de ellos porque entró en un proceso de construcción de soberanía popular que construyó la ciudadanía y, precisamente por ello el movimiento carlista, al no aceptar el régimen liberal, reivindicó los fueros históricos en el siglo XIX y parte del XX. En un sentido similar, aunque con más fundamento, se han reivindicado las lenguas propias, que en muchas ocasiones se han convertido en el signo de identidad de estas nacionalidades que, en el caso de Cataluña, quiso que en la redacción de su nuevo Estatuto, propuesto por el Parlamento catalán, fuese denominada «nación». Precisamente en su artículo 6.2 se señala que «el catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizarlas y el deber de conocerlas». Ello conlleva no solo el derecho a su uso, tanto privado como público, sino la obligación de conocer el catalán para vivir en Cataluña, algo que también se legisla en Galicia.

Pero sobre todo se ha abierto un proceso de bilateralidad, es decir, la relación de cada comunidad con el Estado, frente a la multilateralidad que se establece en muchos de los Estados federales cuando existe una relación de igualdad entre el Gobierno del Estado y las distintas unidades que lo forman. La principal cuestión es que Cataluña, Euskadi y Galicia quieren tener una relación con el Estado diferente del resto de las comunidades y estas, a su vez, pretenden tener los mismos derechos que aquellas. Catalanes, vascos y gallegos han aspirado a un proceso constituyente propio y al blindaje de sus competencias. Ya el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, se refirió en los años noventa del siglo XX a la cosoberanía, en el sentido de que España podía tener más de una, que se aúnan no en el Gobierno del Estado sino en el jefe del mismo, es decir, en el rey, pero otras formaciones políticas nacionalistas plantearon claramente la autodeterminación o la independencia, el derecho, en suma, a tener un Estado propio, y han señalado el ejemplo de la antigua URSS con Letonia, Lituania o Estonia, o de países que han decidido separarse pacíficamente, como la antigua Checoslovaquia, que se ha dividido en dos repúblicas Chequia y Eslovaquia, sin necesidad de llegar al traumatismo yugoslavo con guerras internas de inusitada crueldad.

En este sentido, en los programas políticos de los dos grandes partidos, se habla al comienzo de cualquier campaña electoral de la reforma de la estructura del Estado, impulsando un acuerdo definitivo sobre el desarrollo autonómico que Aznar quiso dar por cerrado y convertir al Senado en cámara territorial, como también lo manifestó Zapatero, en su discurso de investidura de 2004. En mayo de 2007, interpelado en el Senado sobre la reforma del mismo por el representante de Coalición Canaria, José Mendoza, afirmaba que eran inviables las reformas de la Constitución propuestas, entre ellas, la del Senado, sin el consenso con el PP y, habida cuenta de la falta de entendimiento entre las dos principales fuerzas políticas, resultaba imposible iniciar cualquier cambio constitucional porque no dependía solo de la voluntad del gobierno. El mismo presidente del Senado, Javier Rojo, se había comprometido ya, en abril de 2004, recién elegido, a la reforma constitucional del Senado porque «ha llegado el momento de hacerla realidad». Sin embargo, en la práctica, no se ha movido ningún resorte eficaz para convertirla en una cámara territorial, ya que ello significaría una relación de igualdad entre todas las autonomías y las comunidades, especialmente para las denominadas nacionalidades históricas, que prefieren la relación de entendimiento directo con el Gobierno de España.

De hecho, no ha existido uniformidad para abordar la financiación autonómica, y se han utilizado criterios dispares para determinarla y también según autonomías, lo que certifica el carácter de bilateralidad. Zapatero, cuando toma posesión del cargo, hace alusión a que es posible cambiar la financiación autonómica, pero cuando Eduardo Zaplana, portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, interpela a Pedro Solbes sobre el tema, este evita concretar en qué consistirá el nuevo modelo de financiación, y se limita a decir que el tema requiere tiempo y negociación. El resultado ha sido que, durante estos años, para calcularla han predominado distintos criterios según autonomías: la extensión territorial en algún caso, en otros, el número de habitantes y también el porcentaje del PIB aportado al conjunto español. Esa carencia de un modelo uniforme es uno de los elementos que ha servido para calificar el sistema de bilateral, lo que ha podido ocasionar un aumento de la fragmentación que ha ido creciendo en la evolución de las políticas autonómicas. En la segunda legislatura de Zapatero se dio satisfacción a la petición de Convergencia i Unió y de Esquerra Republicana, a la que se unió la del PSC, de publicar las balanzas fiscales de las comunidades autónomas que debían servir para la negociación del modelo de financiación y las reivindicaciones del nacionalismo catalán por las que se pretendía demostrar que Cataluña contribuía en una proporción mayor de lo que en ella se invertía. En ningún caso se planteará el sistema del cupo o concierto económico —en Navarra, denominado convenio— establecido para Euskadi y Navarra y consagrado en la Constitución de 1978. El sistema tiene su origen en la eliminación del régimen foral después de las guerras carlistas del siglo XIX, en los llamados derechos históricos, por el que ambas comunidades conciertan con el Estado de qué manera contribuyen a los gastos generales, lo que les permite tener más recursos que el resto de los territorios de España. En 1878, después de la derrota carlista, se dio un plazo de ocho años para adaptar los tributos de Euskadi y Navarra al resto de España, pero este tiempo se alargó y se renovó por razones políticas hasta 1937, cuando el franquismo calificó a Guipúzcoa y Vizcaya de provincias traidoras y les quitó la fórmula que volvió a restaurarse en la Transición.

José Luis Rodríguez Zapatero en 2008.

Las elecciones municipales y autonómicas de finales de mayo de 2007 dejan la situación de forma muy similar a como ya estaba. El PP mantiene su fuerza en las zonas urbanas y por los pactos ha perdido el gobierno autónomo de Baleares. En la Comunidad Canaria, el que fuera ministro de justicia, López Aguilar, encabeza la lista del PSOE y consigue el mayor número de votos, pero un pacto entre Coalición Canaria y el PP le impide formar gobierno. Mientras, el lider socialista histórico, Gerónimo Saavedra, antiguo ministro con Felipe González, se convierte en alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Al comparar los votos de los partidos más representativos respecto a 2003 el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, no pudo hacer la misma lectura que hizo entonces, a pesar de su empeño, por cuanto el PP, en número total de votos, había superado en unos 100.000 al PSOE en el conjunto de España, lo que para los sociólogos electorales significa un empate técnico que, por otra parte, resultaba difícil de extrapolar a las elecciones generales que se desarrollan en otras claves (el 35,6 por 100 de los votos municipales han ido al PP, mientras que el 34,9 por 100, al PSOE). En el caso de Madrid y la Comunidad Valenciana el triunfo del PP fue contundente: Gallardón, en el Ayuntamiento, y Esperanza Aguirre, en la Comunidad, revalidaron y ampliaron su mayoría absoluta, al igual que Francisco Camps en la Comunidad Valenciana, donde el PP obtuvo los mejores resultados de su historia en el territorio arrebatando municipios tradicionalmente controlados por los socialistas y manteniendo la mayoría absoluta en las Cortes valencianas y en las tres diputaciones, sin que hicieran mella los casos de presuntas corrupciones aireadas por los medios de comunicación y las disputas entre los sectores de Camps y los del antiguo presidente Eduardo Zaplana, que se convirtió en ministro de Trabajo durante la época de Aznar y, en la oposición, fue el portavoz del grupo popular en las Cortes españolas. Los socialistas valencianos liderados por Joan Ignasi Pla para la Generalitat y por la antigua ministra de Cultura de Felipe González, Carmen Alborch, para intentar hacerse cargo del Ayuntamiento de Valencia —donde volvió a repetir por quinta vez como alcaldesa la popular Rita Barberá—, no consiguieron superar resultados anteriores, lo que provocó una crisis de representatividad en sus filas, y la aparición de una serie de candidatos aspirantes a sustituir a Pla, entre los que se encontraba el que fuera ministro de Administraciones Públicas durante gran parte de la etapa de la primera legislatura de Zapatero, Jordi Sevilla, sustituido en julio de 2007 por la ministra que ocupaba la cartera de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, donde entró el investigador alicantino que trabajaba en Andalucía, Enric Soria. El papel de Jordi Sevilla en los temas de fondo de los debates sobre la reforma de los estatutos de autonomía de Cataluña o de otras comunidades había sido irrelevante y creó suspicacias en el PSC de Cataluña.

Los resultados de 2011 fueron sensiblemente peores para los socialistas y los mejores para los populares en una etapa en que el gobierno de Zapatero, con una crisis económica que condujo al paro a muchos trabajadores, estaba en su peor momento de credibilidad. El PP obtuvo el 37,53 por 100 de los votos municipales, mientras que el PSOE bajó al 27,79. La diferencia global fue de dos millones de votos entre PP y PSOE y este perdió 1,5 millones con respecto a las de 2007. El PP aumentó el poder autonómico y mantuvo las mayorías absolutas en las que ya gobernaba. De las trece autonomías en las que se celebran elecciones, once son controladas por los populares consiguiendo, con el apoyo de Izquierda Unida, la presidencia de Extremadura, que hasta entonces había sido un bastión socialista. De igual manera ocurriría en Castilla-La Mancha, donde Bono ganaba las elecciones desde 1983 hasta 2004 y su sucesor, José María Barreda, hasta 2011, que sería sustituido en la presidencia por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Los días del gobierno Zapatero estaban contados. Las elecciones generales se adelantaron unos meses, a noviembre de 2011, el PP consiguió su mejores resultados, y el PSOE, los peores desde 1977.

EL PLAN IBARRETXE

Las relaciones entre el lendakari y el presidente español eran buenas en el ámbito personal, ambos se mostraban simpatía mutua y eso facilitaba una comunicación fluida. Se reunieron en varias ocasiones y expusieron sus respectivos puntos de vista sobre el tema vasco e incluso el lendakari asistió a la apertura de la octava legislatura, cosa que no había hecho con Aznar. Sin embargo, ni Zapatero ni el PSOE podían admitir un plan como el elaborado por Ibarretxe, que representaba el reconocimiento implícito de la plena soberanía vasca. Este quiere que se acepte lo que ha conseguido aprobar con los votos nacionalistas en el Parlamento de Euskadi y alega lo que Zapatero afirmó para Cataluña porque, según él, el presidente de España ha manifestado que aceptará lo que salga del Parlamento catalán. El plan no cuenta con todas las bendiciones del propio PNV, el sector del presidente del partido Josu Jon Imaz, que le ha ganado la partida a Arzallus y a Joseba Egíbar, que abogan por un pacto nacionalista, plantea una vía más a la catalana que suponga un mayor consenso con fuerzas no nacionalistas, como el PSOE vasco, que ha apartado a Nicolás Redondo, contrario a entenderse con el nacionalismo y partidario de acentuar las diferencias, como en la etapa de Damborenea, hacerle frente y no pactar con ellos. El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, que ganó en el congreso en el que desbancó a Nicolás Redondo Terreros, que había dimitido de la ejecutiva federal por no estar de acuerdo con la política de entenderse con el PNV, mantiene en cambio una línea de acercamiento precavido al nacionalismo moderado vasco, siempre que este no acentúe su soberanismo. El lendakari tenía en mente, y así lo comunicó a algunos de sus colaboradores, una vez aprobado en el Parlamento de Euskadi, convocar elecciones, con la pretensión de lograr un respaldo mayoritario en las urnas, aunque su plan no lo obtenga del Congreso de los Diputados.

Una serie de declaraciones del PSOE desde Ferraz se entrecruzan con otras del nacionalismo vasco. El Gobierno de Euskadi señala que la autodeterminación es un derecho irrenunciable de los pueblos, reconocido en la Carta de las Naciones Unidas, y no está dispuesto a ceder en este aspecto, porque son los vascos los que deben elegir su propio destino. Dos concepciones, pues, enfrentadas sobre la soberanía, es decir, en qué medida podía aceptarse que el resto del pueblo español no tuviera también atribución para intervenir en la decisión ya que, desde las Cortes de Cádiz, se entendía que los españoles tenían plena capacidad de intervenir sobre todo el Estado que el liberalismo había ido creando. En cambio, para el nacionalismo vasco, Euskadi era una nación con características propias, y solo sus habitantes tenían derecho a tomar el camino que consideraran oportuno, sin descartar la libre autodeterminación y convertirse en un Estado independiente.

En esta dinámica se enmarca el Plan Ibarretxe, como un tránsito a la plena soberanía, y que él considera adecuado porque representa un pacto «con España» y estima, según su testimonio, «una barbaridad democrática que el Congreso pudiera rechazarlo y si eso ocurre será un desaire “a la mayoría de la sociedad vasca”». Concluye que la situación vasca no se solucionará nunca imponiendo la decisión de un Parlamento sobre otro. En medio de esta dinámica conviene recordar que la Ley de Partidos había ilegalizado a la formación política de Batasuna, considerada una tapadera política del terrorismo etarra, y que contaba con representación en muchos municipios.

Las encuestas de la empresa Opina, vinculada al grupo Prisa, mostraban que el 50,8 por 100 de los vascos prefería la autonomía frente a la independencia, que solo sería apoyada por un 18 por 100, o el federalismo, con el 16,3 por 100. Zapatero buscó la coincidencia con Rajoy para que se tramitara el Plan en un pleno en el Congreso y lo rechazaran sus partidos en la votación final. Dejó claro que no pretendía crear un «frente de unidad nacional» ante el proceso de reformas de los estatutos, y que únicamente admitía un frente común en el tema del terrorismo.

En el debate que se produce en el Congreso de los Diputados el 1 de febrero del 2005, Ibarretxe interviene repitiendo los mismos argumentos que ha ido tejiendo desde que dio vía libre al plan que lleva su nombre, y así lo recoge el diario de sesiones en su sesión plenaria número 60:

Reivindicamos la capacidad de decidir como el cauce central de una sociedad vasca plural [...]. No lo va a decidir en reuniones usted, señor Rodríguez Zapatero, o usted, señor Rajoy, no van a sustituir ustedes la voluntad de los vascos [...]esta es una propuesta para convivir, no es una propuesta para romper [...]. Euskadi no es una parte subordinada del Estado español. El Estado español será un proyecto en común solo si las partes que lo componemos así lo queremos, si así lo decidimos [...] estamos convencidos de que la Constitución española tiene instrumentos para encajar el derecho de los vascos a decidir nuestro futuro (DSCD, 1 de febrero de 2005, núm. 65).

El tema tiene sus raíces en un documento amplio, de 71 páginas, asumido por el lendakari el 22 de septiembre de 2002, en el que se abordan diferentes cuestiones teóricas, desde la economía, el terrorismo, las futuras inversiones para Euskadi, los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la solidaridad. Y desde ellas, en la segunda parte del texto, se hace hincapié en la obligación de cumplir íntegramente con el Estatuto de Gernika, a veintitrés años de su aprobación, que además venía avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional. Entre otras cuestiones, se exigía que se ampliaran las competencias y el número de agentes de la Ertzaintza, la capacidad de la investigación científica y técnica, el apoyo a la cinematografía vasca, la gestión de las infraestructuras y el desarrollo legislativo de la Seguridad Social y su gestión. Para ello era necesario establecer un nuevo pacto político que contemplase la cosoberanía compartida, ya que Euskadi es un pueblo con entidad propia que tiene derecho, por sí mismo, a decidir su futuro, y debe también poseer la libertad de establecer relaciones con Navarra y las tierras vascas del sur de Francia, un poder judicial propio, la preservación de la identidad cultural, un sistema bilateral de garantías, y tener voz propia en Europa. Desde estos supuestos se elaboró el nuevo estatuto que estaría finalizado en octubre y aprobado en el Parlamento vasco con el apoyo de las fuerzas nacionalistas el 30 de diciembre del 2005.

Rajoy descalificó, en la sesión del Congreso, la propuesta vasca, alegando que se olvidaba de la Constitución y rompía con ella, puesto que asumía competencias del Estado, y el texto presentado se erige en constituyente de un conjunto que forma parte de España, olvida que ante la Constitución todos los españoles son iguales, y ha de contar con que la soberanía no está compartimentada, sino que es única para todos los ciudadanos españoles, coincidiendo en ello con unas declaraciones de Felipe González, meses antes, en las que manifestaba que los derechos no los tienen los territorios, sino los ciudadanos y ciudadanas. Recordó que los diputados no estaban en el Congreso en representación de una determinada circunscripción, eran representantes, en su conjunto, de todo el pueblo español, y le recordó que ni siquiera el presidente del Gobierno puede convocar un referéndum sin la autorización de las Cortes. Aludió a la posición de ETA, ya que estimaba que esta organización había «establecido las metas que otros, aquiescentemente, han convertido en programa».

El portavoz socialista, Pérez Rubalcaba, contestó que el proyecto era inconstitucional y, sobre todo, no contaba con el acuerdo de todos los vascos porque no se había llegado a un consenso. En cambio, Duran i Lleida en nombre de Convergencia i Unió hizo una defensa del concepto plurinacional de España y citó al sociólogo Castells, afirmando que globalización e identidad nacional son dos caras de una misma moneda. Más radical resultó la intervención del representante de Esquerra Republicana de Cataluña, Puigcercós, que aprovechó para señalar que Cataluña padece un déficit fiscal muy acusado y manifestó que la dignidad de Euskadi encontraría en ERC un aliado firme que no tenía marcha atrás.

Zapatero insistió en el Congreso de los Diputados en la idea de que nadie, por sí solo, puede hablar en nombre del pueblo español: «Solo una masa coral de nuestras voces», dijo el presidente en un símil que muy bien podía haber extraído de su esposa Sonsoles, que formaba parte de un coro sinfónico,

representa las múltiples voces de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país [...] mi convicción profunda se expresa en una firme pasión por la democracia o, como dijera Hermann Hesse, «soy patriota, sí, pero antes persona o ser humano». De igual manera considero que el idioma del parlamento es la Ley [...] la relación del País Vasco con el resto de España la decidirán todos los vascos, no la mitad, y todos los españoles (DSCD, núm. 65, 1 de diciembre de 2005).

Ibarretxe, después de la negativa del Congreso a su propuesta de reforma del estatuto, convocó elecciones para abril de 2005, con el objetivo de obtener una mayoría cualificada, que demostrara que su plan tenía un respaldo en Euskadi, dándole a los comicios un carácter plebiscitario. Antes se planteó la ilegalización de la formación política del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en euskera), con propuestas independentistas y que era considerada por el PP una tapadera de la suprimida Batasuna, que habría elegido otras siglas para presentarse, lo que suponía un fraude de ley, pero según la abogacía del Estado no existían evidencias suficientes para demostrar la relación entre ambas formaciones, de tal manera que el PCTV se presentaría a las elecciones y conseguiría nueve escaños.

El PNV sufrió un retroceso, con la pérdida de cuatro escaños, mientras que el Partido Socialista de Euskadi-PSOE, pasó de trece a dieciocho diputados, quitándole al PP el rango de segunda fuerza política, que obtuvo cuatro escaños menos. La situación acentúa las disensiones en el PNV por la estrategia empleada, y el presidente Josu Jon Imaz, después de intentar buscar un acuerdo en un sentido parecido a lo que harán los catalanes, dimite en septiembre de 2007. Era su manera de mostrar su desacuerdo con Arzallus, Egibar y el propio Ibarretxe, quienes ven entonces una posibilidad de recuperar la iniciativa e ir por un camino de unidad entre todos los nacionalistas, incluyendo la ilegalizada Batasuna, para plantear abiertamente la plena soberanía y apoyar el referéndum que pretende convocar el lendakari. Imaz quiere la cooperación y el acuerdo con el Estado, y en concreto, con el PSOE, y afirmará en la Escola d’Estiu de Convergència i Unió, en Barcelona, después de presentada su dimisión, que ello no es solo fruto de su convicción, «sino porque por la confrontación, perdemos». Su objetivo era hacer entender a toda España que el País Vasco tiene unas peculiaridades propias, su cultura y lengua, a las que no puede renunciar, y el resto de los españoles han de reconocer esta realidad para garantizar la estabilidad del Estado. Su actividad la ha extendido fuera de las fronteras, sacando al PNV de la Alianza Libre de Europa, donde se concentraba el radicalismo nacionalista, para tender puentes con el Partido Demócrata norteamericano y con el europeo. Pero las fuerzas peneuvistas están divididas, superar las disidencias y lograr un consenso entre las distintas tendencias resulta complicado por el dique que cada una de las tendencias ha puesto a sus pretensiones. Algunos intelectuales, como Savater, que han liderado la plataforma ¡Basta Ya! contra la presión nacionalista y terrorista, y antiguos militantes cualificados de PSE-PSOE, como Rosa Díez, inician la constitución de un nuevo partido, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), al considerar que los socialistas vascos no están representando claramente la opción política desmarcada del nacionalismo.

LA FRACTURA POLÍTICA DEL 11-M

Al margen de la investigación policial que fue intensificándose durante los meses siguientes a la constitución del Parlamento de la nueva legislatura, a la vez que se iniciaba la instrucción del sumario con los detenidos que quedaban vivos, se propuso una comisión específica en el Congreso de los Diputados. Algunos de los supuestos autores murieron en la explosión que se produjo en un piso de Leganés, cuando el Grupo de Operaciones Especiales, los GEO, iba a intervenir para proceder a su detención. En el enfrentamiento murió uno de los policías, y el edificio quedó completamente destruido.

A partir de entonces el tema adquirió una dimensión inusitada. Al principio se reavivó la Comisión del Pacto Antiterrorista, en mayo de 2004, que hacía más de catorce meses que no se reunía. El terrorismo islamista centró la mayor parte de la reunión, y adoptó determinadas resoluciones, como la inscripción de las mezquitas en un registro y un mayor control sobre las comunidades musulmanas, así como una investigación sobre los sucesos del 11-M.

El diario El Mundo comenzó a realizar su propia investigación y a mantener que la autoría del terrible atentado no estaba tan clara como se podía colegir de la investigación policial y de lo difundido en algunos medios de comunicación. Cuestionó que en la preparación y realización del atentado intervinieran solo unos musulmanes a los que atribuía escasa preparación, y que algunos de ellos habían sido confidentes de los servicios policiales. Insinuaba que pudieron intervenir desde los servicios secretos marroquíes a la propia ETA, con apoyo de algunos sectores españoles, bien políticos bien policiales, utilizando a los árabes para cometer tal atentado y con el objetivo de desestabilizar al gobierno del PP que, según la mayoría de las encuestas, superaba al PSOE en la intención de voto.

Los periodistas de El Mundo que realizaron la investigación analizaron todas las pruebas y evidenciaron algunas contradicciones y, sin afirmarlo rotundamente, no descartaron la intervención etarra o de otros interesados en cuestionar la continuidad del PP en el gobierno. Sin embargo, no parece probado que ETA, que nunca reivindicó la masacre como ha sido su costumbre en la mayoría de las acciones realizadas directamente, tuviera alguna participación, aunque se cree que meses antes algún comando había intentado poner explosivos en trenes que no llegaron a estallar, y que también algunos etarras fueron detenidos transportando material explosivo. Del mismo modo, su procedencia y su tipo han sido objeto de análisis, al parecer fue sustraído de las minas asturianas por gente que sabía de su ubicación. Ello provocaba interrogantes diversos, porque algunos eran confidentes de la Policía o de la Guardia Civil e informaban, regularmente, de las sustracciones. Además, el atentado fue reivindicado por el islamismo radical; ocurrió una acción parecida en el metro de Londres y no hubo discusión sobre la autoría. No obstante, se produjeron algunas contradicciones entre las múltiples declaraciones ante el juez instructor del proceso judicial, Del Olmo, y lo manifestado por los comparecientes en la Comisión del Congreso, en la que intervinieron el expresidente Aznar y Zapatero, que mantuvieron criterios y enfoques contrapuestos. Para Aznar, lo que se había hecho estaba organizado por quienes querían desplazar al PP del gobierno, y el PSOE lo aprovechó para desencadenar la movilización de muchos colectivos antisistema. Un vídeo elaborado por la fundación por él presidida, la FAES, hacía hincapié en esta tesis y aludía a la «coacción democrática» de las manifestaciones ante las sedes del PP que pervirtieron la jornada de reflexión. Y señaló que los socialistas representaron una obra de teatro que venían ensayando. El representante del PNV, Emilio Olabarría, consideró que el vídeo rozaba la ilegalidad.

La intervención del presidente del Gobierno fue diametralmente opuesta a la de su antecesor y otros dirigentes o simpatizantes del PP. Destacó que no existía un solo indicio de la intervención de ETA y acusó al ejecutivo de Aznar de engañar a los españoles durante las horas siguientes al atentado. Negó que el PSOE quisiera aprovecharse de la situación y descalificó que hubiera sido la causa del vuelco electoral. Consideró que la campaña y la acción desarrollada en la oposición fueron decisivas, en especial la capacidad de movilización contra la guerra desde que Aznar decidió apoyar la estrategia de Bush, rechazada por la mayoría del pueblo español. En el 11-M la gente estalló y evidenció la indignación colectiva que llevó a una participación masiva. Dándole la vuelta a una frase de Aznar, manifestó que «los responsables del atentado no están ni en montañas remotas, ni en desiertos lejanos, sino en Lavapiés, Leganés y Morata de Tajuña», además de acusar a Aznar de borrar toda la memoria de los ordenadores de La Moncloa, sin que pudieran consultarse las actas de las reuniones de aquellos días.

Cuando terminan las tareas de la comisión, en junio de 2005, la fractura entre PP y PSOE, apoyado por el resto de las formaciones políticas, se mantiene y se ahonda más, si cabe, y el tema se convierte en materia para el debate político durante toda la octava legislatura. Nadie ha cambiado sus planteamientos iniciales y las acusaciones mutuas continúan y se hacen irreconciliables. Los socialistas insistieron de manera reiterada en que nunca pretendieron sacar partido de aquel trágico suceso, y afirmaban que tenían posibilidades de triunfo en las elecciones, aunque las encuestas lo desmintieran. Las manifestaciones fueron espontáneas, según los responsables socialistas, y no hubo ninguna condena judicial contra ningún participante, porque el «No a la guerra» se extendió como un reguero de pólvora por pueblos y ciudades españoles y la mayoría del mundo de la cultura y el cine utilizaron el eslogan en actos públicos. El PP ha reiterado que sin aquel acontecimiento el PSOE no hubiera llegado al gobierno y le han venido bien las dudas planteadas por El Mundo, que publicó diversos reportajes sobre los acontecimientos que rodearon el atentado, cuestionando que la investigación haya descubierto todos los vericuetos de aquella tragedia, sin por ello descartar ninguna hipótesis. En cambio, para diarios como El País, La Vanguardia o el ABC, el tema está suficientemente diáfano, y no existe más realidad que la de la intervención del radicalismo islámico. Han aparecido diversos libros sobre el tema que, poco a poco, se ha ido diluyendo en el debate político, aceptando la sentencia del Tribunal de Justicia que juzgó el caso, pero todavía algunos medios y periodistas como Jiménez Losantos y Pedro J. Ramírez, desde plataformas digitales como Libertad Digital o El Español, continúan manteniendo las tesis de la conspiración política y discutiendo la validez de las pruebas para reducir el atentado a una exclusiva intervención del islamismo radical de Al-Qaeda (Reinares, 2014; García Abadillo, 2013).

En realidad, es difícil saber en qué medida influyó sobre el resultado electoral, pero sí se puede afirmar que marcó la vida política de los españoles, incluso surgieron dos asociaciones contrapuestas de los afectados, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la de Afectados del 11-M que, sin una explicación coherente, se politizaron en uno u otro sentido. La creación de un Alto Comisionado para la Defensa de las Víctimas, cargo que recayó en uno de los padres de la Constitución española de 1978, Peces Barba, no solucionó la situación. Durante el juicio contra los acusados de participar, de una u otra manera, en los acontecimientos, mantuvieron la trinchera de combate político permanente, aunque el tribunal, presidido por el juez Bermúdez, tuvo que emplearse a fondo ante la ingente tarea de controlar las declaraciones de una gran cantidad de imputados, responsables policiales, peritos o testigos varios, además de templar las posiciones de los fiscales encargados del caso y de los abogados defensores de todas las partes.

LA PAZ CON EL TERRORISMO

Zapatero, junto con el debate sobre el 11-M, las reformas territoriales, puntos de fuertes disidencias y desencuentros con el PP, tuvo también un enfrentamiento en la octava legislatura por la política terrorista que los populares descalificaron permanentemente por considerarla contraria al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que firmaron Javier Arenas, secretario del PP, y Zapatero en diciembre de 2000, por iniciativa precisamente de este cuando estaba en la oposición y con la aquiescencia de Aznar. En él se acordaba que ambos partidos permanecerían unidos contra el terrorismo. Cuando Zapatero intentó entablar conversaciones con ETA al proponer esta una tregua, los populares interpretaron que el presidente del Gobierno cedía ante la banda terrorista permitiendo que se recuperara, tuviera un respiro y continuara con sus planteamientos, cuando era un buen momento para liquidarla al máximo por la acción policial, ya que se encontraba arrinconada. Sin embargo, como todos los presidentes, Zapatero pretendió acabar con la violencia terrorista y utilizó el diálogo, al igual que hizo Aznar durante la tregua que ETA declaró en 1998, y así lo manifestó en 2005. Había intentado que los medios de comunicación y varios columnistas de opinión le ayudaran en la solución del terrorismo etarra, y les comunicó que también había miembros de ETA que querían acabar con la lucha armada y llegar a acuerdos con el Gobierno. En mayo de 2005 el Congreso de los Diputados aprueba una resolución para negociar con los terroristas, con la oposición del PP, que lo consideraba una ruptura del Pacto Antiterrorista. En febrero de 2006 Zapatero, después de un Consejo de Ministros y casi concluidos los trámites para dar vía libre al nuevo Estatuto de Cataluña, hace una declaración en la que, de una manera solemne, proclama que «estamos en las circunstancias que me permiten tener la convicción de que puede comenzar el principio del fin de ETA», a la vez que le recordaba al PP la necesidad de no utilizar el terrorismo como arma política porque, de no hacerlo así, actuaría con irresponsabilidad y contrariamente a como se había actuado desde la oposición en todos los gobiernos democráticos.

En la sesión de control en el Congreso de los Diputados, Rajoy criticaba a Zapatero en una contrarréplica a su pregunta sobre las negociaciones con Batasuna, manifestándole que su «política es turbia, es equívoca, es oscura y no cuenta con la oposición». Zapatero le respondió que «en cuatro años que estuve en la oposición nunca pregunté al Gobierno por la cuestión terrorista [...]. Nunca utilicé contra su gobierno declaraciones de miembros de Batasuna» (DSCD, 14 de diciembre de 2005).

El PP insistía en que las negociaciones del Gobierno no estaban siendo lo suficientemente clarificadoras porque entendía que aquel podía estar haciendo concesiones inaceptables para el Estado español, mientras que ETA podía haber aprovechado la tregua para rearmar sus comandos e iniciar, de nuevo, una serie de atentados. Se realizaron manifestaciones, propiciadas por los populares y por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, contra las negociaciones con ETA, lo que le sirvió a Zapatero para situar al Partido Popular con la ultraderecha. Rajoy apostaba, principalmente, por la acción policial para el desmantelamiento del terrorismo etarra, y en ello insistió en diversas preguntas e interpelaciones al Gobierno, a la vez que movilizaba a militantes y simpatizantes en manifestaciones contra lo que consideraba una debilidad del Ejecutivo. El ministro del Interior, José Antonio Alonso —que sería sustituido por Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del grupo socialista desde el comienzo de la legislatura—, que posteriormente ocuparía la cartera de Defensa cuando Bono abandonó el gobierno manifestando que quería dedicarse a su vida privada, informaría de que durante 2004 se había detenido a 205 presuntos miembros de grupos terroristas, de los que 131 estaban relacionados con el terrorismo internacional islamista, mientras que 75 lo estaban con ETA. En Francia se arrestó a 57 integrantes de la banda, entre los que se encontraban miembros de su cúpula dirigente, pero por primera vez las detenciones de etarras eran menores que las de otros grupos terroristas. El periodista Fernando Ónega, desde La Vanguardia («Debate terrorista, debate impúdico», 10 de diciembre de 2005) lo manifestaba en uno de sus artículos:

hemos asistido a un entierro: el pacto de no hacer política de partido por el terrorismo. Hasta ahora ninguna fuerza política con vocación de gobierno había hecho oposición por un atentado. Ningún político había culpado a ningún gobierno de la salud de ETA [...] ha aparecido algo peor: la acusación socialista de que el PP desea que el terrorismo vuelva con su crueldad porque eso perjudica la política de Zapatero, la credibilidad de su proyecto y le quitaría una sólida esperanza electoral [...]. Hay que añadir que el presidente del Gobierno es el que alimenta este clima. Él ha sido quien dejó fuera de juego al PP. Por el compromiso del Tinell (el pacto del tripartito contra el PP) o por lo que sea, difuminó y disolvió el pacto antiterrorista.

Así, en el debate de junio de 2007, el PP volverá casi monotemáticamente a insistir en el tema al exigir, incluso, las actas de las reuniones entre Gobierno y ETA a fin de clarificar hasta qué punto aquel está dando aliento a una banda que no va a perder sus objetivos fundamentales, y que no ha mostrado ningún síntoma de querer hacerlo, todo lo contrario, las detenciones de miembros o el robo de armas en Francia demuestra que no deja de pensar en la lucha armada como medio para lograr sus objetivos. El caso del etarra De Juana, que es condenado de nuevo por escribir a favor de la lucha armada después de que, según la normativa penal española, había cumplido su pena por los atentados cometidos, se convierte en un símbolo para el Partido Popular de cómo el fiscal del Estado, Conde-Pumpido, está actuando con condescendencia al permitir que el etarra, que está recibiendo tratamiento en un hospital, pueda pasear por las calles sin problemas cuando por los delitos cometidos no debería salir de prisión. El PSOE le contesta que se está aplicando estrictamente la ley española, como se hizo en otros casos cuando gobernaba el PP. Para Rajoy, el momento era propicio para acabar con una ETA a la que se le suponía cada vez menos fuerte y, por tanto, aprovechar las circunstancias para desmantelarla con acciones policiales y judiciales. El resto de las fuerzas políticas no apoyó la posición del PP. El portavoz de CiU en el Congreso, Duran i Lleida, manifestó ya en mayo de 2006 el respaldo de su grupo a la iniciativa de Zapatero de iniciar el diálogo con ETA, pero le reprochó al presidente que lo anunciara en un acto del PSOE y no en las Cortes.

En La Moncloa, los asesores de Zapatero discuten la oportunidad de dar más publicidad a las conversaciones, y algunos no son partidarios de que el presidente haga un debate en la Cámara de los Diputados, por lo que el anuncio lo hace en las dependencias del Congreso, pero no en la tribuna del pleno. ETA dio por acabada la tregua en junio de 2007 al considerar que no se avanzaba en las negociaciones en el sentido que a ella le interesaba —Navarra, soberanía de Euskadi y presos— aunque las dificultades del proceso se arrastraban desde un año antes. Con anterioridad, el 30 de diciembre de 2006, quiso dar un aviso al derrumbar una zona del aparcamiento de la terminal 4 del nuevo aeropuerto de Barajas que costó la vida a dos ecuatorianos que dormían en una furgoneta, cosa que no había ocurrido hasta la fecha porque la organización dio la orden de paralizar los atentados contra personas. ETA se había limitado a poner diversos explosivos y enviar cartas exigiendo el pago a empresarios para evidenciar que seguía alerta y que esperaba algún signo del gobierno socialista.

Rodríguez Zapatero, después del atentado de la terminal 4, manifestó en el Congreso de los diputados:

Es la primera vez que un presidente del gobierno comparece en esta Cámara tras un atentado terrorista. Asumo esta responsabilidad, ante todo, con un objetivo: reconstruir y fortalecer nuestra unidad como demócratas, la de todas las fuerzas políticas que es la de todos los ciudadanos [...]; es muy conveniente que volvamos a renovar la unidad democrática ante el terrorismo (DSCD, 15 de marzo de 2007).

Rajoy le contestó que «estamos ante un fracaso que no se quiere reconocer [...] en ningún punto de las negociaciones figuraba la disolución de la banda y la entrega de las armas», para señalar que Zapatero había cometido una frivolidad fiándose de la voluntad de ETA, que no pensaba dejar las armas, y aun así se buscó un trato, y lo aprovechó para tutelar el proceso, algo que nunca debió consentir el presidente del Gobierno de España. Para Zapatero, la actitud del PP significaba poner los intereses del partido por encima del general, que debía reconocer que el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo había sido una iniciativa suya cuando estaba en la oposición, y que todos los gobiernos democráticos, incluido el de Aznar, habían iniciado procesos de diálogo, y aunque acabaron mal, ningún partido se lo achacó al que gobernaba. En una declaración oficial el 5 de junio de 2007 Zapatero remarcaba que la decisión de ETA de romper el alto el fuego iba en la «dirección contraria al camino que desean la sociedad vasca y la española, el camino de la paz».

Cuando la primera legislatura de Zapatero casi tocaba a su fin, las posiciones de los dos principales partidos se fortalecían de cara a las elecciones de 2008, sin que pudiera encauzarse el disentimiento que apareció desde que Zapatero ocupó la presidencia del Gobierno. Lo cierto es que a partir del atentado y de la finalización de la tregua por parte de ETA, la política de detenciones se acentuó por parte de las policías española y francesa. Lejos quedaba, también, la condescendencia que algunos países europeos habían mostrado con los etarras al darles refugio en tiempos anteriores, durante el franquismo y la Transición. El espacio judicial europeo y los actos terroristas del 11-S en Nueva York, del 11-M en Madrid y del 7-J en Londres habían despejado ya las dudas sobre el terrorismo en toda Europa, y todas las policías coordinaban sus esfuerzos para el desmantelamiento de estos grupos, fueran del signo que fueren. Una dinámica que recordaba a la defensa de los países europeos y norteamericanos a principios del siglo XX cuando luchaban contra los atentados anarquistas de «propaganda por la acción» que provocaron que muchos dirigentes políticos fueran asesinados.

En la segunda legislatura de Zapatero, la novena (2008-2011), el presidente intentará reconstruir puentes con el PP ante las posiciones de ETA. Seguía pensando, no obstante, que había que dejar puertas abiertas para reconstruir con la banda alguna posibilidad de conversaciones, como las que habían mantenido el socialista Jesús Iguiguren y el dirigente de ETA, Otegi, en 2006, así como el gobierno y representantes de ETA. Algo, por otra parte, habitual en la época de González y Aznar que, aunque terminaron sin acuerdos permanentes, posibilitaron treguas parciales en las acciones armadas. La organización política de los abertzales vinculados al entorno etarra y representante mayoritario del nacionalismo izquierdista vasco, Herri Batasuna, se convirtió en Batasuna en 2002, después de la escisión del grupo Aralar que pretendía desvincularse de ETA. Fue ilegalizada en 2003 y considerada grupo terrorista, junto a otras organizaciones abertzales, por la Unión Europea y EE.UU. En febrero de 2010 se redacta un documento consensuado de la izquierda abertzale Zutik Euskal Herria donde se opta claramente por la vía política y la negociación y se propone el rechazo a la violencia, lo que será respaldado por distintas personalidades internacionales. Se crea Sortu («nacer», en vasco), nueva plataforma política que también sería ilegalizada por el Tribunal Supremo. En septiembre de 2010, ETA renuncia a la acción armada y en octubre se celebra en San Sebastián una Conferencia Internacional de la Paz en la que estuvo presente el exsecretario de la ONU, Kofi Annan. En mayo de 2011, ya en la décima legislatura con Rajoy como presidente del gobierno de España, el Tribunal Constitucional legaliza la formación política Bildu («reunión», en vasco), una nueva coalición que opta por la vía de la negociación y la implantación electoral en los municipios, obteniendo más de 300.000 votos en las elecciones municipales de aquel mes de mayo. De alguna manera el proceso iniciado por Zapatero y Rubalcaba, aún con sus altibajos, ha encaminado el fin del terrorismo etarra, sin que ello haya significado el reforzamiento del Partido Socialista de Euskadi. Zapatero intentó seguir una ruta parecida a la del premier Tony Blair para hallar una solución con los republicanos del IRA en el conflicto de Irlanda del Norte. La complejidad del mundo abertzale de izquierdas, con infinidad de siglas y divisiones internas, junto al contencioso de Navarra, no permitieron una resolución clara a pesar de las declaraciones institucionales de que ETA había sido derrotada (Romero, 2013). Y además, no existió un acuerdo estable con el PP que utilizó, en 2011, al reabrirse el sumario, el asunto del supuesto chivatazo al propietario del bar Faisán de Irún, vinculado a la extorsión etarra a empresarios, por miembros de la policía española en 2006 siendo Rubalcaba ministro del Interior. La policía defendió la actuación de sus responsables porque amparaban a un infiltrado policial. Para el PP era inútil llegar a pactos con el mundo etarra para el que solo cabía una derrota judicial y policial, por lo que acusó al PSOE de no atenerse al Pacto antiterrorista de 2000. Sin embargo, al gobierno de Rajoy, en 2011-2015, le vino bien el camino recorrido puesto que el tema del terrorismo no fue ya un asunto prioritario entre los españoles (Sánchez-Cuenca, 2009).

LA POLÍTICA INTERNACIONAL Y LA ALIANZA DE LAS CIVILIZACIONES

El gobierno de Zapatero dio un cambio de rumbo a la política atlantista de Aznar, quien inició una mayor alianza con Estados Unidos y Gran Bretaña, y se despegó del eje París-Berlín, intentando dar un paso que rompía con la tradición de la política internacional española desde el franquismo, y que en la Transición tuvo como objetivo asentar la presencia de España en el ámbito europeo, una potencia media que había permanecido cerrada a la evolución del viejo continente, aunque seguía conectada a su espacio natural por razones económicas y culturales.

La entrada en la Unión Europea en 1986, fruto de los esfuerzos de los gobiernos de Suárez, Calvo Sotelo y Felipe González, acabó con el secular aislamiento internacional español. Precisamente, el convencimiento de que sin cambio político era imposible la plena integración provocó que sectores del franquismo se percataran de la necesidad de acabar con sus instituciones y entrar en la vía democrática, con la aceptación de los partidos políticos y las elecciones libres. Es la contribución indirecta que hizo la Europa democrática a la transición política española para sacar al país de la marginación en la que vivió desde el final de la Guerra Civil. Y en esta dinámica los gobiernos de González consiguieron que la presencia española contara en el ámbito europeo y se convirtiera en la potencia media que le correspondía.

Pero, una vez logrado este objetivo, Aznar pensaba que había que dar un paso más para hacer de España un país con mayor influencia, y de ahí su viraje hacia el estrechamiento de los lazos con Estados Unidos, que para él era la mejor vía para influir, con eficacia, en Latinoamérica. Aznar quería que España asumiera plenamente su condición de país occidental. Consideraba que el único camino para salir del estancamiento de las relaciones con las potencias europeas (Francia y Alemania) y engarzarse con la globalización imparable del mundo era considerar a los Estados Unidos como el eje hegemónico de la defensa de los valores occidentales, con normas universales de convivencia entre las dos orillas del Atlántico, porque era la única potencia que tenía la fuerza suficiente para defenderlos ante la ofensiva del terrorismo internacional. Estos valores no debían limitarse a la cooperación económica, sino que tenían que extenderse a las estructuras políticas y sociales, lo que daría a España una mayor consistencia para defender sus intereses. Por eso comenzó por entenderse con Gran Bretaña, puente tradicional de relación con los estadounidenses. Pero no tuvo suficientemente en cuenta el antiamericanismo difuso extendido no solo en la izquierda española, sino en amplios sectores de la sociedad, en la que caló un antiaznarismo al que se le achacaban todos los males de la globalización. Aznar endureció, además, las siempre complicadas relaciones con Marruecos, al que humilló con la toma de un pequeño islote frente a la costa de Ceuta, Perejil, ocupándolo militarmente cuando algunas tropas marroquíes se habían instalado en él.

Rodríguez Zapatero, siguiendo el programa del PSOE, volvió de nuevo a la política internacional tradicional española de buscar, principalmente, la alianza con Francia y Alemania en un año, 2004, en el que se ampliaba la Unión Europea (dos años más tarde entrarían Bulgaria y Rumanía) con más de 500 millones de habitantes. Era desde el consenso europeo como debían articularse las relaciones con Estados Unidos. Por ello, lo sustantivo para un país como España era estrechar, cada vez más, la unidad europea, y de ahí su apuesta decidida por la Constitución Europea, que los españoles ratificaron mediante referéndum en 2005, aunque esa unidad estuviera en crisis, como lo demostraba el rechazo de Francia y Holanda, que provocaron una paralización del proceso en un momento en el que muchos ciudadanos se habían convertido en euroescépticos. En una encuesta elaborada en 2004, un 28 por 100 de los habitantes de los veinticinco países miembros de entonces consideraba indiferente su pertenencia a la Unión Europea, cuando treinta años atrás el índice solo alcanzaba el 18 por 100. Con todo, el euro sí que tiene un amplio reconocimiento de más del 70 por 100, así como el deseo de que exista una política exterior común y una seguridad y defensa unificadas.

La llegada de Zapatero al gobierno fue un alivio para franceses y alemanes porque veían en él una vuelta a la relación que se había establecido durante la época de González para solidificar el eje París-Berlín-Madrid, y articular, desde él, una política de mayor compromiso europeo, frente a la posición distante de Gran Bretaña con la Unión Europea, más inclinada —en la que contaban razones históricas—, a las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Antes de que Zapatero tomara posesión de la presidencia del Gobierno, el presidente francés, Chirac, y el canciller alemán, Schröder, se alegraron del triunfo del PSOE en las elecciones de marzo.

Schröder, días antes de entrevistarse con el nuevo presidente español en la ciudad de León, su lugar de residencia hasta su llegada a La Moncloa, manifestaba, en noviembre de 2004, que «las coincidencias con España son grandes, lo que sienta las bases para una cooperación estrecha para alcanzar una Europa fuerte», y esperaba una gran disponibilidad del ejecutivo socialista para conseguir una mayor integración europea. Todo ello suponía una intensificación de la cooperación para atajar el terrorismo, llegar a acuerdos en los presupuestos comunitarios y restablecer la cooperación militar que paralizó Aznar. España recibiría 108 carros de combate Leopard 2A4, y se comprometía a cooperar con Alemania en diversos proyectos industriales de armamento. Coincidieron también en el diagnóstico sobre la situación en Afganistán y Oriente Próximo. De igual modo, el ministro alemán de Exteriores, Fischer, del partido de Los Verdes, hacía hincapié en que España no había sido cobarde en su retirada de Iraq, como opinaban diversos medios conservadores estadounidenses, y que era bueno para Europa que se incorporara para fortalecer el eje París-Berlín. En efecto, muchos norteamericanos pensaron que los españoles aceptaron el chantaje del atentado, de tal manera que la retirada de las tropas de Iraq era un acto de cobardía. En una conferencia impartida por Aznar en la Universidad de Georgetown acusó al Gobierno socialista de fomentar el antiamericanismo. Todavía en septiembre de 2007 The Wall Street Journal tilda a Zapatero de provinciano —lo mismo dirían los hermanos siameses Kaczynski, que gobernaban Polonia—, y afirmaba que estaba marginado de los países que deciden en la Unión Europea, a la vez que aseguraba que el presidente español lamentaba no haber podido visitar Washington al abandonar la política atlantista de su antecesor.

El acceso de la democristiana Angela Merkel a la cancillería alemana en 2006 no supuso ningún cambio en la política de colaboración. Y lo mismo ocurrió primero con Chirac y después con Sarkozy. No obstante, el diario El Mundo comentaba en su editorial de 30 de abril de 2004 que

aunque de momento el alineamiento de Zapatero con el eje París-Berlín no le ha conducido a cometer disparates como el que cometió Aznar al caer en la órbita de Bush, existen motivos para encender la alarma. Zapatero ha dejado demasiado visibles sus bazas al visitar a Schröder y Chirac antes que cualquier otro de sus homólogos de la UE, incluidos Blair y Berlusconi.

Se intentará recomponer las relaciones con Marruecos, con los problemas que existían sobre la reivindicación de la soberanía de Ceuta y Melilla, la inmigración ilegal de marroquíes a las costas españolas y el incumplimiento de llevar a cabo un referéndum entre la población saharaui. Su primer viaje oficial lo realizará al país norteafricano en abril de 2004, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, del que tenía un amplio conocimiento por haber trabajado como diplomático en la embajada española en Rabat, y junto a él también fueron el ministro del Interior y la secretaria de Estado de Emigración, con una amplia comitiva. Según señala Javier Valenzuela, uno de los colaboradores en información internacional en los dos primeros años de Zapatero en la Moncloa, a la llegada a Casablanca un diario marroquí titulaba «Zapatero, la España que amamos», mientras que tiempo atrás ese mismo diario había publicado una foto de Aznar con el título de «El hombre que odia a Marruecos» (Valenzuela, 2007).

El rey Mohamed VI se mostró muy cordial con el presidente español, dispuesto a colaborar con el nuevo gobierno socialista. Proclamó que ambos países acudían juntos a nuevas iniciativas históricas en las que se entremezclan la razón de Estado y la exaltación de las grandes causas. Se mostraba dispuesto a coordinarse con España en la lucha contra el terrorismo (Marruecos había padecido un atentado en Casablanca en el que habían muerto cuarenta y cinco personas, cuatro de ellas españolas) y a fomentar el desarrollo económico conjunto. De hecho, hubo un mayor control por la parte marroquí sobre las pateras que atravesaban el estrecho de Gibraltar para alcanzar España, y una mejor disposición a establecer acuerdos en los temas de pesca en los caladeros de las aguas jurisdiccionales de Marruecos. En ningún momento se habló del tema de Ceuta y Melilla. Posteriormente se entrevistaron tres veces más y la cordialidad fue el factor predominante, apostando por colaborar, como ocurrió en septiembre de 2005, en el intento de asalto de las vallas construidas en Ceuta y Melilla para evitar la inmigración ilegal. En 2007, tanto el rey alauita como su Gobierno propusieron al presidente español crear un grupo de trabajo permanente sobre inmigración, al tiempo que le advertían de la inestabilidad que suponía para el Magreb la creación de una entidad ficticia, un Estado saharaui independiente, lo que provocó la rotunda respuesta contra Zapatero del Frente Polisario, acusándole de traicionar la causa saharaui, y lo mismo hizo Argelia. De hecho, evidenciaban que Zapatero no tenía una idea clara sobre qué hacer con el antiguo Sahara Occidental. Marruecos estaba dispuesto a imitar el modelo territorial español al conceder un «estatuto de autonomía» a la zona. El nuevo embajador marroquí, Omar Azziman, nacido en Tetuán, tenía un conocimiento muy profundo de la política y cultura españolas, en la que se había educado.

Zapatero quiso establecer también relaciones fluidas con Argelia y evitar las susceptibilidades por su acercamiento a Marruecos. En julio de 2004 había acudido en un viaje no oficial acompañando a una representación de empresarios, y tuvo una corta entrevista con el presidente argelino Abdelaziz Buteflika. Buscaba analizar las relaciones comerciales entre ambos países, que habían disminuido en los últimos años, teniendo en cuenta que los argelinos son los principales suministradores del gas natural que consume España, y comentaron la importancia de la construcción del oleoducto entre Beni Sar y Almería, con un presupuesto de más de 600 millones de euros. El encuentro oficial se produciría con la vicepresidenta primera, M.ª Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Asuntos Exteriores, Ángel Moratinos, en noviembre de 2004, y la cooperación sobre emigración legal posibilitó activar unas relaciones políticas deterioradas por la vuelta a unas relaciones preferentes con Marruecos y la posición pasiva de España con respecto a la causa saharaui. En Madrid se celebró una cumbre hispanoargelina en febrero de 2005, presidida por los presidentes de ambos países, donde se acordó crear un grupo antiterrorista de cooperación judicial.

En una línea parecida, Zapatero propuso entablar nuevas relaciones con Iberoamérica y con la Cuba de Fidel Castro, lo que le alejó, aún más, de Estados Unidos, y el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina dio a entender que España era cómplice del régimen castrista. Aznar las había congelado siguiendo la política de Bush y contactó con el exilio de Miami, al que aportó ayudas económicas y cobertura política. El ministro de Asuntos Exteriores cubano, Pérez Roche, expresó su satisfacción por la nueva actitud de España, y se alegraba de que la UE fuera favorable a reiniciar el diálogo a través del Gobierno español. Incluso en noviembre de 2004 liberó a tres presos políticos, entre ellos, el economista Óscar Espinosa, de sesenta y cuatro años, condenado a veinte años de cárcel. Sin embargo, los roces entre Zapatero y Fidel Castro se produjeron en la Conferencia Iberoamericana, celebrada en noviembre de 2004 en Costa Rica, al indicar aquel la necesidad del cambio democrático en Cuba. Algo que volvió a repetirse cuando Trinidad Jiménez, secretaria de Estado de Relaciones Internacionales, condenó la persecución política que sufre la oposición en aquel país, y el ministro de Defensa, José Bono, a finales del año 2005, comparó a Fidel Castro con Pinochet, lo que enervó al dirigente cubano.

Si después de la retirada de las tropas de Iraq las relaciones con Estados Unidos se enfriaron, no ocurrió lo mismo con Blair, a pesar de que el presidente del Gobierno español ya no confiaba en el modelo de la Tercera Vía y se alejaba de la línea de colaboración de Aznar. La reunión que ambos celebraron en julio de 2005, cuando Gran Bretaña ostentaba la presidencia de la UE, se centró en los presupuestos europeos, y el presidente español aprovechó para lanzarle su idea de la «Alianza de las Civilizaciones» que había expresado el año anterior, y comentar el problema del IRA y el de ETA que, aunque no eran iguales, Zapatero creía que presentaban semejanzas. Blair le comentó que esperaba una declaración histórica de la organización irlandesa de abandono definitivo de la lucha armada.

El Gobierno designó a Carlos Westendorf, que había sido ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González, como embajador en Washington para intentar mejorar las relaciones con Estados Unidos, muy deterioradas después de la retirada de las tropas de Iraq. Ya en la III Cumbre Iberoamericana del Caribe, celebrada en mayo de 2004, el presidente español evitó la condena explícita de las torturas infligidas por el ejército norteamericano a prisioneros iraquíes, como querían Cuba y Venezuela. Y cuando Bush ganó su segundo mandato, Zapatero pidió respeto a las posiciones de cada país, reivindicó el papel de Europa y abogó por la cooperación militar con Estados Unidos. Ya en la cumbre que celebró la OTAN en Estambul mantuvo un encuentro de algunos minutos con Bush donde intercambiaron opiniones sobre la situación de Iraq y la participación de España en Afganistán. Sin embargo, Mariano Rajoy criticaría la política del gobierno porque estimaba que España no se podía permitir no tener unas relaciones fluidas con los estadounidenses.

En la 59 Asamblea General de la ONU de septiembre de 2004 Zapatero acompañó al rey Juan Carlos I y en su discurso declaró que su gobierno estaba comprometido con la lucha contra el hambre en el mundo y prometió elevar la participación española al 0,7 por 100 del PIB, tal como reclamaban distintos grupos y asociaciones. En su intervención expuso su vaporosa idea de una «Alianza de Civilizaciones», cuya primera formulación la apuntó el diplomático Máximo Cajal, superviviente del asalto a la embajada española en Guatemala en 1980, donde se había encerrado un grupo de campesinos para reclamar justicia a los políticos de su país y en el que el ejército mató a treinta de ellos (Cajal, 2010). Se posicionó en contra de las tesis del Choque de Civilizaciones que había divulgado el intelectual estadounidense de la Universidad de Harvard, Samuel P. Huntington, en las que preveía que las luchas futuras serían, principalmente, religiosas (Huntington, 1997). El objetivo de la alianza era llegar a acuerdos entre países de cultura y religión distintos, especialmente entre el mundo occidental y el musulmán, consensuando lo que conviene aceptar entre las diferentes culturas y tolerar las diversas sensibilidades religiosas, a fin de distender el ambiente crispado de las relaciones internacionales y dar una posible solución al terrorismo islamista. La dificultad estaba en de qué manera podría concretarse la idea, puesto que los conceptos de cultura o civilización no tienen una definición unívoca. Zapatero tenía una concepción más relativista del mundo que Aznar y, aunque su defensa de los derechos humanos era incuestionable, pensaba que los valores morales son heterogéneos y, por tanto, resulta complicado imponer unos de validez universal. Su pensamiento enlazaba más con la remodelación que ciertos sectores de la izquierda europea han realizado después de la caída del muro de Berlín, en noviembre de 1989, en un mundo lleno de enfrentamientos entre unas élites dominantes y una gran masa de ciudadanos subyugados por la imposición de los parámetros de un capitalismo cuya única meta es la búsqueda de beneficios sin importarle las desigualdades que crea. De alguna manera, y sin explicitarlo, estaba reproduciendo la teoría clásica del marxismo vulgar, de explotadores y explotados, sin matizaciones, a la vez que sabía que tenía que manejar el pragmatismo imprescindible en cualquier acción de gobierno, de ahí que diera en ocasiones la impresión de una cierta improvisación en sus decisiones y que no llegase a identificarse con la Tercera Vía de Blair porque consideraba que, en el fondo, justificaba las tesis neoliberales con elementos más suaves. Zapatero tenía una concepción más intervencionista, a la vieja usanza de la socialdemocracia, pero sin una formulación clara de las bases ideológicas de la nueva estrategia en construcción. Sus parámetros ideológicos basados, como hemos señalado, en la obra del politólogo irlandés Pettit, le condujeron a un teoricismo abstracto característico de este tipo de formulaciones con dificultad para definirse de manera concreta en la política diaria.

El presidente de la ONU, Kofi Annan, se comprometió con la propuesta en julio de 2005 y en septiembre del mismo año la Asamblea de la ONU la introdujo en una declaración. La idea, no obstante, ha recibido muy diversas críticas por la falta de concreción conceptual de su significado y articulación, en especial por parte del PP, que ha tenido en el catedrático de Filosofía, Gustavo Bueno, un buen aliado. Bueno, gran polemista y de amplia cultura clásica y escolástica, ha evolucionado desde posiciones marxistas y de estrechas vinculaciones con el PCE durante el franquismo, representando un icono de la izquierda intelectual española en los años sesenta y setenta del siglo XX, hasta la defensa de tesis que casaban bien con el argumentario del PP, del que ha recibido subvenciones a través del Ayuntamiento de Oviedo, controlado por un alcalde popular, para el sostenimiento de su fundación, instalada en la capital asturiana. En su ya citado libro, Zapatero y el pensamiento Alicia, descalifica la tesis de la alianza señalando que es un contrasentido lógico-formal porque todas las civilizaciones están de acuerdo con el horizonte cosmopolita, y ese afán intrínseco condiciona el acuerdo y hace imposible cualquier tipo de entendimiento o alianza. No obstante, el representante del PP en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, Gustavo de Arístegui, en octubre de 2009, se sumó al proyecto con la condición de que se respetaran los derechos y las libertades fundamentales. Había escrito un par de libros (Arístegui, 2005; 2008), en los que consideraba inviable la alianza, aunque sí el diálogo, porque la civilización musulmana y los grupos antisistema tienen lazos con el terrorismo o están contra la globalización, la economía de libre mercado y las libertades de las democracias occidentales, lo que hace inviable el entendimiento. El expresidente Aznar tachó de estupidez la propuesta en sus conferencias en Estados Unidos. Para algunos socialistas y profesores, en cambio, se convirtió en una idea con fuerza que podía servir para entenderse entre personas de culturas distintas y desarmar el terrorismo yihadista. Sin embargo, también apreciaron que no existe una definición aclaratoria del término ni una consistencia intelectual suficientemente argumentada, y se convirtió en un mero eslogan más que en un concepto lleno de significante y, con el tiempo, la idea acabó en una declaración de buenos propósitos, a pesar de que en enero de 2008 se inauguró en Madrid el I Foro de la Alianza de las Civilizaciones y ochenta países dieron su apoyo a la iniciativa, pero solo once se comprometieron a contribuir con fondos. Estados Unidos se incorporó en 2010 bajo la presidencia de Barak Obama (Soriano, 2011). Se siguió reuniendo en años sucesivos como una plataforma de debate cultural pero sin resoluciones concretas. La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y responsable de la Cooperación Internacional española, Leire Pajín, posteriormente ministra de Sanidad, no aportó tampoco argumentos claves al tema. Al ser interrogada sobre su significado, explicó que lo sustancial para el proyecto era afrontar el tema de la convivencia pacífica entre culturas diferentes, entre Oriente y Occidente. Para Zapatero la cuestión estaba clara: es mucho más lo que une a las civilizaciones que lo que las separa. Pero no definió qué entiende por cultura y cuáles son los elementos de unidad y separación de las mismas para poder llegar a acuerdos, lo que le lleva a una construcción retórica, y más cuando afirma que su tesis se desarrolla «en contraposición al famoso discurso sobre el enfrentamiento de civilizaciones», pero no especifica cuál es ese famoso discurso, y aunque estaba refiriéndose al libro de Samuel Huntington no lo cita ni analiza (Calamai y Garzia, 2006).

Zapatero intentó colaborar en la búsqueda de una solución al problema de Oriente Próximo, en la lucha secular de israelíes y palestinos, que en el verano de 2006 había tenido su continuidad con la invasión del sur de Líbano por parte de Israel para eliminar a la organización islamista Hezbolá, lo que causó cientos de muertos y heridos, pero no consiguió plenamente sus objetivos, y se estableció una fuerza internacional, amparada por la ONU, con un contingente de tropas españolas.

Existió, a partir de 2007, una cierta desaceleración de la presencia de España en los circuitos internacionales, especialmente después del fracaso de la Constitución europea y la entrada de nuevos países miembros que provocan una mayor dificultad de llegar a acuerdos permanentes entre todos ellos. Además, las relaciones con Iberoamérica están estancadas en algunos países después de que Chávez en Venezuela y Morales en Bolivia acentuaran el populismo nacionalista, y Argentina sufriera una profunda crisis económica que repercutiría en las inversiones españolas. El presidente argentino Néstor Kirchner, y después su esposa Cristina, aumentaría hasta un 15 por 100 los impuestos a la empresa multinacional española Repsol. Evo Morales también planteó la nacionalización del petróleo en su país, donde Repsol tiene fuertes intereses. Zapatero se comprometió en la visita que Evo Morales realizó a Madrid a condonar la deuda de 99 millones de euros por programas de educación. El presidente bolivariano mantuvo un almuerzo en la CEOE con directivos de Repsol, y el vicepresidente de los representantes empresariales le manifestó el deseo de tener una mayor presencia en las inversiones en infraestructuras en aquel país. La presencia en Iberoamérica se ha mantenido como un eje prioritario del gobierno socialista, se recompusieron las relaciones con países como México, bajo la presidencia de Vicente Fox, que no había aceptado la participación en la guerra de Iraq, y también con Chile y Brasil. La relación con el presidente brasileño, Lula, fue muy intensa. Zapatero admiraba sus proyectos de acabar con la pobreza y atajar la corrupción, y se comprometió a enviar tropas para pacificar la situación de caos político y social de Haití.

De todas formas, España ha estado en los siglos XIX y XX condicionada en las relaciones internacionales por una subordinación a los grandes países y, por tanto, ha venido dependiendo, en la Unión Europea, del núcleo francoalemán y dentro de esa posición secundaria ha procurado evitar grandes enfrentamientos. «España es amiga de todos y enemiga de nadie [...] como potencia es un sueño histórico que jamás podrá volver» (Jiménez, 2006, 29).

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DIFERENCIAS DE RENTAS ENTRE COMUNIDADES

La política económica desarrollada por los ministros Solchaga, Rato y Solbes, en sus dos etapas, ha posibilitado, a pesar de ciclos de estancamiento en estos veinticinco años, un crecimiento continuo de la economía española y ha provocado un aumento de las rentas que, aunque de manera desigual en función de las zonas, ha hecho de España un país homologable a los más desarrollados. Entre 1999 y 2005 el aumento del PIB ha sido de un 15,48 por 100 de media, siendo Andalucía la que ha liderado el crecimiento en el periodo, con un 19,14 por 100, y esta tendencia se ha mantenido entre 2004 y 2007. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB alcanzó un aumento interanual del 4 por 100, superior a la media de los países de la UE. Rodríguez Zapatero, en una entrevista publicada el 2 de septiembre de 2007 en El País, destacaba con optimismo que la mayoría de los países europeos tenían déficit público, mientras que España contaba con superávit y expectativas de ser el país con más kilómetros de tren de alta velocidad en el mundo, además de señalar que la economía industrial había ganado peso. Aun así, uno de los asesores económicos de La Moncloa, David Taguas, sostenía, antes de ser director de la Oficina Económica de Presidencia, sustituyendo a Miguel Sebastián, en un artículo publicado en la revista de la Fundación de las Cajas de Ahorros, que la Seguridad Social entraría en crisis a partir de 2011 si no se realizaban las reformas oportunas, como ampliar la edad de jubilación, porque su superávit se interpretaba de manera optimista, y en ello difería de los cálculos realizados por el Ministerio de Trabajo, que afirmaba que el sistema tiene recursos para resistir hasta el 2036.

Objetivamente, y según las cifras proporcionadas por el Banco Bilbao Vizcaya y el INE, el crecimiento de la inversión en bienes de equipo entre 2003 y 2007 subió un 13 por 100 y comenzó una cierta desaceleración de la construcción, aunque esta seguía siendo el motor más importante de la expansión económica en el último decenio. Sin embargo, se ha practicado una ralentización de las privatizaciones iniciadas con los gobiernos de Felipe González y que se aceleraron con Aznar, en la línea de lo pactado en la Agenda de Lisboa en marzo de 2001 por los distintos países de la UE, consistente en un menor intervencionismo económico de los Estados y una mayor libertad de los mercados, facilitando la competencia en servicios tradicionalmente estatales —como los transportes y las líneas aéreas—, la mejora de la competitividad de las industrias y los servicios y la prolongación de la vida activa. La mayoría de los países europeos tomaron medidas muy tímidas para alcanzar estos objetivos y han seguido practicando un cierto nacionalismo económico en sectores estratégicos como la energía.

La impresión de algunos observadores de la economía española era que el Gobierno mostraba un marcado intervencionismo que se correspondía poco con el signo de los tiempos en la economía mundial, y así parecía demostrarlo en la llamada opa hostil de Gas Natural sobre Endesa, que el Consejo de Ministros, al que la ley otorga la última palabra, estaba dispuesto a autorizar a pesar del dictamen negativo del Tribunal de Defensa de la Competencia. Endesa presentó una demanda contra Gas Natural e Iberdrola porque estimaba que el acuerdo de ambas compañías era nulo de pleno derecho. El tema adquirió tintes de enfrentamiento político porque el PSOE consideró que el Tribunal de la Competencia estaba mediatizado por el PP. Mariano Rajoy respaldó el informe de dicho organismo porque defendía los intereses de los consumidores por encima de los que parecían defender el tripartito catalán y algunas empresas, en el sentido de que la Caixa era la máxima accionista de Gas Natural. El ministro de Industria, José Montilla, negó cualquier relación de la operación con la condonación de una deuda de seis millones de euros. Cuando entró en el juego la empresa alemana E.ON, en febrero de 2006, mejorando la oferta de Gas Natural en un 30 por 100 y ofreciendo 27,5 euros por acción, Zapatero manifestó que defendería la españolidad de Endesa porque representaba una cuestión estratégica en la energía española: «comprendo —dijo en el Senado el 22 de febrero de 2006—, que Alemania quiera tener una empresa energética fuerte, pero todo el mundo debe comprender que España también lo quiera». Aprobó un decreto que daba nuevas competencias al Centro Nacional de la Energía (CNE), lo que produjo la apertura de un expediente de la Comisión Europea por infracción, y el Tribunal Supremo paralizó la operación. Otras empresas pugnaron también en la operación, como la constructora española Acciona y la italiana Enel, que llegaron a un acuerdo en noviembre de 2006 para ofrecer 41,3 euros por acción. E.ON se retiró de la operación a cambio de obtener otros activos en Italia. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conthe, dimitió de su cargo al ser desautorizado por el Consejo de la misma al no aceptar sancionar a estas dos últimas compañías que, según él, habían cometido infracciones en la operación de la opa, al no seguir los cauces de transparencia establecidos para efectuar la alianza y realizar la oferta.

Algún miembro o asesor del Gobierno pudo también haber intervenido en la operación frustrada de cambiar al presidente del Banco Bilbao Vizcaya, Francisco González. En el BBV había desempeñado la dirección de estudios Miguel Sebastián, nombrado director de la Oficina Económica de La Moncloa, y fue uno de los redactores del programa económico con el que se presentó el partido a las elecciones de 2004, mientras trabajaba en el banco, lo que provocó que el entonces vicepresidente Rato dijera que era la primera vez en la España democrática que un partido le encargaba su propuesta económica a un banco. En la segunda legislatura de Zapatero, Sebastián sería ministro de Industria, Comercio y Turismo. Al parecer, el intento de sustituir a Francisco González iba más allá del cambio de presidente del Bilbao Vizcaya y afectaba, también, a la presidencia de Telefónica. El PP y los diarios El Mundo y ABC se pusieron de su lado, mientras que El País defendió a Luis del Rivero, constructor y unos de los socios mayoritarios de Repsol, a quien se le atribuyó la ejecución de la operación (García Abad, 2010, 247 y ss.). El ejecutivo tenía una cierta capacidad de maniobra en varias empresas en cuyos consejos de administración tenía representación, práctica que había sido habitual durante los gobiernos de González y Aznar.

Pero la explosión urbanística ha sido, por encima de todo, una de las causas principales de la corrupción que, según los expertos, es debida a una sobreexplotación desaforada del suelo, con escasa atención al medio ambiente y sin suficientes controles administrativos, principalmente en la costa mediterránea. Ello ha provocado el enriquecimiento ilícito de determinados empresarios, comisionistas, responsables políticos y administradores, y los ejemplos más significativos fueron la ciudad de Marbella y la costa valenciana, pero podrían citarse otros muchos núcleos. Parece difícil poner freno a una actividad en la que se ven beneficiados muchos sectores y que fue uno de los elementos principales del crecimiento de la economía española en los últimos 20 años. Podrían distinguirse varios tipos de corrupción en relación con el urbanismo: la personal, la que mira el lucro propio y que utiliza los cauces políticos para conseguirlo, de tal forma que una decisión de calificación o recalificación de suelo, que de acuerdo con la ley vigente en esos años permitía convertir todo territorio en urbanizable, podía generar importantes plusvalías para los propietarios. La de la financiación de los partidos políticos para hacer frente a sus gastos, cada vez mayores. Y la motivada por los escasos medios de los ayuntamientos, al tener que atender mayores demandas sociales con los pocos recursos recibidos del Estado o de las comunidades autónomas para afrontar sus necesidades. Las encuestas del CIS destacan que es la corrupción personal la que provoca una mayor alarma social, mientras que se mira con mayor condescendencia la de los partidos políticos y, sobre todo, la de los ayuntamientos. Cuando se cumplieron veinticinco años de las primeras elecciones democráticas locales (1979), los alcaldes y concejales de ciudades importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba y A Coruña reclamaron una mayor financiación para atender problemas nuevos como la inmigración, la vivienda, la seguridad o los servicios sociales. Rita Barberá, alcaldesa de Valencia durante veinticuatro años, manifestaba que «la autoridad del alcalde está totalmente mermada en realidad; ¿cuántas veces hemos oído: “No pagues la multa, si no pasa nada”?», y el entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, manifestaba que «planteamos que la Junta de Seguridad tenga el mando estratégico, no operativo; pedimos la justicia local» (El País, 12 de noviembre de 2004).

La propuesta de una nueva Ley del Suelo, que debía sustituir a la de 1998, era, en opinión de los socialistas, una buena medida para abordar el problema de lo que consideraban un urbanismo desordenado y especulativo, para contener el precio desorbitado del suelo urbanizable. Tal decisión provocó la caída en bolsa de las acciones de las inmobiliarias que, para algún experto como Patrick C. Summers, analista de la gestora de fondos británica Henderson, estaban sobrevaloradas y mal gestionadas, a la vez que reconocía que el beneficio radicaba más en el interés del equipo directivo que en el del pequeño accionista. La ley entró en vigor el 1 de julio de 2007 con el rechazo del grupo popular y el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, aunque los populares aceptaron algunas enmiendas transaccionales de determinados artículos. En ella se preveía una reserva de suelo del 30 por 100 para las viviendas protegidas y la cesión de entre el 5 y el 15 por 100 del que resultara urbanizable. Según el propio presidente del Gobierno, frenaría la corrupción urbanística que la anterior ley había posibilitado al declarar que todo «suelo es urbanizable» con la pretensión de abaratar su precio, pero cuyos resultados fueron en sentido contrario: en nueve años, el precio del metro cuadrado pasó en España, por término medio, de 702,8 euros en 1997 a 2.024,2 en 2007, lo que supuso un incremento del 188 por 100. El representante de la Asociación de Promotores y Constructores calificó de expolio la nueva normativa impulsada desde el Ministerio de la Vivienda para permitir las expropiaciones a un precio inferior al que las empresas pagaban. En el mismo sentido fueron las críticas del PP, que decidió recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, y manifestó que solo se buscaba abaratar las expropiaciones y acabar con el justiprecio. Se daba un vuelco radical: si antes todo era urbanizable, ahora el precio del suelo rústico, susceptible de ser urbanizado, se pagaría a precio de tierra agrícola.

En términos absolutos, los españoles estaban por encima de la media del PIB por habitante después de que la Unión Europea se ampliara a veinticinco países, con un 102 por 100 en 2006. Cinco comunidades autónomas superaban con creces este índice: Navarra, Aragón, Madrid, Cataluña y Euskadi. Y, en ellas, las provincias de Girona y Navarra destacan como las de mayor índice de renta familiar disponible por habitante. De hecho, en 2005, la diferencia de rentas entre Extremadura y Madrid, por ejemplo, era de un 6,7 por 100, y en general las diferencias entre las comunidades más pobres y las más ricas se han ido agrandando entre 2010 y 2015. Cataluña contribuía con el 18,21 del PIB español por delante de Madrid que lo hacía en un 17,38 por 100. Ceuta, Melilla y La Rioja son las que menos aportación.

Sin embargo, en términos macroeconómicos, los españoles eran más ricos en 2006 que en 1999, al aumentar su renta por persona un 11,5 por 100 lo cual, descontada la inflación, representaba un crecimiento real de un 5,7 por 100, y la única comunidad que vio disminuir sus rentas un 3,2 por 100 fue Baleares, por la crisis turística. Incluso Andalucía y Extremadura, las dos autonomías con menor riqueza, han alcanzado el mayor crecimiento en renta per cápita desde 1999, con un 15,32 por 100, solo superada por Aragón y Cantabria, con un 15,6 y un 15,4 por 100, respectivamente. Ha habido un repunte industrial en Euskadi y Navarra, mientras que se ha estancado en la Comunidad Valenciana.

La creación de empleo fue la más alta de Europa en el primer trimestre de 2007, más del doble de la media de la UE, lo que hizo bajar las cifras del paro del 18,4 por 100, en 1995, al 8,2 por 100, en abril de 2007, y el trabajo desempeñado por mujeres ha crecido el doble que el de los hombres: se calcula que trabajaban 1.100.000 españolas más que en 2004, aunque en los últimos meses de 2007 hubo una desaceleración del consumo, que se refleja en la menor adquisición de automóviles. Los contratos laborales indefinidos pasaron de 7,8 millones, en 2004, a 9 millones, en 2007. Sin embargo, existieron aspectos de desequilibrios no resueltos: en los presupuestos aprobados para ese año, la partida destinada a la subvención del carbón, unos 850 millones de euros, por ejemplo, era mayor que la destinada a I+D, lo que ocasionaba una escasa capacidad de innovación tecnológica. Pero la inflación se mantuvo en torno al 2,2 por 100 y el superávit de las cuentas públicas estaba en torno al 1,8 por 100 del PIB, siendo uno de los países de la UE con menor deuda pública. Zapatero reconoció en sus primeras declaraciones, en una entrevista concedida al entonces director de El Mundo, Pedro J. Ramírez (22 de abril de 2004), que durante la época de Aznar se produjo una etapa de crecimiento económico, «es verdad que un crecimiento con algunos problemas, con algún empleo precario». Y un año después, el Gobierno expresaría que su gestión anulaba el tópico de que solo la derecha crea confianza económica.

Conviene, no obstante, matizar las cifras: el PIB per cápita ha sido semejante al de los países europeos más desarrollados, un 2,5 por 100, y desde esta perspectiva algunos economistas se han preguntado por qué esta diferencia entre el crecimiento global del PIB y su desglose per cápita, concluyendo que la causa reside en la baja productividad española con respecto a la media europea y de otros países más desarrollados. Además, los salarios han crecido por encima de la media europea, un 3,4 por 100, frente al 2,4 por 100. Según el director general de la Ford, en la fábrica de Almussafes de Valencia, con la misma tecnología que la instalada en el Japón, el trabajo de un obrero español, con el mismo número de horas, es inferior en un 25 por 100 al realizado por un japonés.

En cuanto a las relaciones con sindicatos y empresarios, desde los primeros días de su mandato Zapatero se comprometió a pactar las principales líneas de la política económica y laboral, y así se evidenció en el documento firmado en La Moncloa, en septiembre de 2004, con los representantes sindicales y empresariales, que abogaba por una mayor competitividad y un empleo estable. Posteriormente introdujo la cláusula de revisión salarial, de tal manera que los salarios crecieran al mismo nivel que la inflación, algo que no compartía el ministro de Economía, Pedro Solbes, por entender que se facilitaba la tendencia inflacionista. Sin embargo, pronto estallará el conflicto con los astilleros públicos que tenían dificultades para su supervivencia porque la normativa comunitaria impedía su mantenimiento mediante subvenciones. La Comisión Europea había exigido la devolución de las ayudas concedidas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a los astilleros por considerarlas ilegales, y que ascendían a un valor global de 500 millones de euros. La reforma fiscal quedará pergeñada en 2007, con una simplificación del IRPF a cuatro tramos, pero no era la que había propuesto Miguel Sebastián de reducirlo a uno o dos tramos, como máximo. El PP la criticará destacando el incumplimiento de Zapatero de bajar los impuestos «porque no le salen las cuentas», y Convergència i Unió la descalificará alegando que perjudica principalmente a las clases medias. En el extremo opuesto, Izquierda Unida manifiesta su oposición a que se baje el tipo marginal máximo, ya que ello supone favorecer a los de mayores rentas. No obstante, el impuesto de sociedades pasará del 35 por 100 al 25 por 100 para las pymes y el 30 por 100 para el resto de las empresas, y seguirán las desgravaciones por la compra de primera vivienda, pero sufrirá una reducción las de los planes privados de pensiones.

LA CRISIS QUE NO SE NOMBRÓ

A finales de agosto de 2007 la situación se complica con la caída de las bolsas en la mayoría de los países europeos como consecuencia de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, donde se habían facilitado créditos para adquirir una vivienda sin las garantías suficientes para hacer frente a los pagos, lo que condujo a un aumento de la morosidad de las familias endeudadas que tendrían que obtener el aval de la propia Administración para salir del atolladero. La facilidad de la expansión de las nuevas comunicaciones permitieron inversiones financieras rápidas de un país a otro sin control de las administraciones, y aunque la crisis se inicia en los EE.UU. se irradia a todo el mundo. Se distribuyen derivados financieros compuestos por todo tipo de activos con orígenes diversos, cuyo nivel real de rentabilidad resulta difícil conocer, se mezclan valores sólidos con los llamados «basura» sin que se sepa la situación contable verdadera, y el afán de vender de las financieras relajó el control de las hipotecas que, en muchos casos, no pudieron ser pagadas, lo cual hundió el mercado inmobiliario y originó la deuda de los bancos, que cortaron radicalmente los créditos provocando un efecto multiplicador en la economía y extendiendo la crisis, que fue comparada con la de 1929. La Reserva Federal norteamericana tuvo que inyectar liquidez monetaria para frenar un retroceso de los valores de la Bolsa y evitar el posible colapso financiero. Los bancos comenzaron a restringir el crédito. El desempleo aumentó por primera vez en cuatro años en aquel país, pese a que la tasa de paro se mantuvo en un 4,6 por 100. La inquietud se extendió por todas las economías mundiales, que temían que la situación americana desembocara en una recesión mundial. Los índices Ibex y Dow Jones se desplomaron provocando la incertidumbre. En España, la Bolsa cayó a principios de septiembre un 2,9 por 100, lo que provocó pérdidas anuales. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, señaló que existían síntomas de alza de precios que podían provocar un aumento de la inflación, aunque mantuvo el precio del dinero en el 4 por 100 sin que esta decisión apareciera como transitoria. Algunos economistas, como el antiguo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Grispan, manifestaron que las dificultades de los mercados presentaban aspectos parecidos a las crisis de 1987 y 1998. Para otros, como el secretario del Tesoro de la Administración Bush, Henry Paulson, era solo una tormenta de verano que pasaría rápido y la economía seguiría creciendo. El presidente Zapatero se reunió públicamente con Botín, presidente del Banco Santander, el de mayor peso en el sistema financiero español, y ambos manifiestaron que la economía española seguiría creciendo a un ritmo parecido al de años precedentes, procurando dar sensación de tranquilidad a los sectores económicos, y que los datos negativos eran pasajeros, propios de los ajustes de las economías de libre mercado. Rodrigo Rato, que por estas fechas había expresado su intención de dimitir en las semanas siguientes, como presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que había que rebajar las expectativas de crecimiento para el año 2008, y que el mercado de venta de viviendas podía sufrir retrocesos ante la restricción del crédito. Mariano Rajoy, que hasta entonces no se había ocupado del tema por los datos favorables de la economía española, descalificó la política económica del Gobierno, al que acusaba de descuidar las turbulencias del mercado, por estar ocupado en cuestiones secundarias, y de dilapidar la labor realizada por los gobiernos de la etapa de Aznar, lo que repercutiría en un aumento del precio de las hipotecas que una gran mayoría de los españoles tiene que pagar cada mes, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. El Gobierno, pensando en la campaña electoral, prometió préstamos a coste cero a aquellas familias que no pudieran hacer frente al aumento de las cuotas que tenían que pagar a los bancos. El tema adquirió, poco a poco, categoría de debate electoral de cara a los comicios de marzo de 2008. El PSOE recurrió al presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que certificase que la gestión de sus gobiernos había sido eficaz para el progreso económico, para que analizase las consecuencias que podían provocar los problemas financieros surgidos en ámbitos ajenos al país, y para que corroborase que la economía española podía resistir y continuar con su crecimiento (Gil, 2011).

Zapatero volvió a ganar las elecciones el 9 de marzo de 2008. El PSOE obtuvo 169 diputados, cinco más que en 2004, mientras que el PP consiguió 153, también cinco más. Pero el presidente no consideró que la crisis económica hubiera comenzado, ni siquiera después de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de aquel año, y recalcó la gran solvencia de la banca española. Él mismo reconocía que las palabras crisis, desaceleración o recesión eran términos opinables y hasta julio de 2008 no pronunció «crisis»:

fue un error no hacerlo antes, porque en la calle y en los medios ya había empezado a calar un cierto clima de crisis [...]. Fue un error dar la impresión de que se combatía una percepción de la sociedad por parte de alguien al que se le atribuía una predisposición optimista ante la realidad (Rodríguez Zapatero, 2013, 316).

Lo consideró una simple desaceleración, al parecer siguiendo el consejo de su nuevo ministro de Industria, Turismo y Comercio desde abril de 2008, Miguel Sebastián, director de la Oficina Económica de La Moncloa desde 2004 y, antes, en mayo de 2007, candidato a la alcaldía de Madrid sin conseguir remontar los resultados electorales de la anterior candidata, Trinidad Jiménez. Cuentan que Sebastián tuvo varias disputas con el ministro Pedro Solbes sobre diversos aspectos de la política económica en temas como la energía o la reforma fiscal a lo largo de la primera legislatura y que Zapatero daba la razón a uno u otro según le parecía. No obstante, Sebastián le había advertido al principio de su etapa de gobierno del peligro de centrar la expansión en el ladrillo y de la baja productividad de la economía española. También los inspectores del Banco de España le habían remitido una carta a Pedro Solbes, el 5 de mayo de 2006, alertando de las consecuencias de la «pasiva actitud por los órganos rectores del Banco de España, con su gobernador a la cabeza» en el negocio inmobiliario ante el nivel de riesgo del crédito financiero. En mayo, las dos instituciones hipotecarias más importantes de Estados Unidos, Fannie Mae y Freddie Mac, habían sido nacionalizadas ante el desplome de sus acciones y entre los colaboradores de Zapatero se produjo un debate sobre la repercusión de la crisis. Un economista como David Taguas, adscrito a la Oficina Económica y proveniente, como Sebastián, del BBVA, le informó de que la situación podía empeorar y generar quiebras y desempleo en España, mientras que otros pensaban que era algo coyuntural que no impediría el crecimiento sostenido. También el exministro Carlos Solchaga, en el Comité Federal del PSOE posterior a las elecciones de 2008, advirtió de las consecuencias de la crisis y de la necesidad de saber afrontarla, pero Zapatero, que creía que podía haber un retroceso, mostró, de nuevo, su optimismo ante el futuro pues, según sus datos, el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2008 era del 2,7 por 100, lo mismo que la inversión en bienes de equipo, y los vaticinios del FMI eran de un 1,8 para el PIB de 2008 y del 1,3 para el del 2009. En el programa electoral del PSOE aún se proyectaba alcanzar el pleno empleo, así como ampliar la cobertura del Estado de bienestar. Zapatero transmitía una sensación de sobreactuación que reflejaba prepotencia y si, al final, las cosas no se realizaban como predecía, la desconfianza aumentaba. La relación entre un servidor público y los ciudadanos está siempre unida por filamentos muy débiles, y lo que un día es alabanza al otro es desprecio.

Entre las medidas acometidas al empezar la nueva legislatura está la supresión del impuesto sobre el patrimonio que, hasta entonces, beneficiaba a la hacienda de las comunidades autónomas, así como la desgravación, de manera global, de 400 euros para los trece millones de contribuyentes, fuese cual fuese su nivel de renta. Cuenta García Abad que los colaboradores del ministro Solbes le advirtieron de que no se podían sacar, de la noche a la mañana, seis mil millones de euros del Tesoro, pero no reaccionó ante

una medida socialmente regresiva, y seguía repartiendo el maná: proporcionó dos mil quinientos euros por cada niño nacido, subió hasta ochocientos cincuenta euros el subsidio a las personas con cónyuge a su cargo y hasta los setecientos euros a las viudas; elevó el salario mínimo hasta los setecientos euros, prometiendo que llegaría a los ochocientos al final de la legislatura (García Abad, 2012, 177).

De igual manera se había desarrollado una carrera entre PP y PSOE por las rebajas fiscales como medida de estímulo del empleo. Pronto los problemas se fueron agravando y estalló lo que se conoce como la burbuja inmobiliaria. Los precios del suelo urbanizable habían sufrido un alza incontrolable ante la especulación de los operadores que retenían los terrenos para revalorizarlos al tiempo que muchos ayuntamientos, para obtener más recursos para sus haciendas, sacaron a subasta el suelo público susceptible de ser edificable. Mientras tanto, los poderes públicos se abstenían de intervenir y el precio de las viviendas seguía subiendo de manera considerable, lo cual, unido al alza de los tipos de interés, provocó una fuerte bajada de las ventas que ocasionó la quiebra de muchas empresas que se habían constituido al calor del negocio inmobiliario.

La crisis financiera de Estados Unidos puso en evidencia la globalización de la economía, estimulada por el desarrollo de las tecnologías de la información, que posibilitan transacciones en minutos, y aunque algunos pocos economistas advirtieron de las posibles consecuencias de un sistema de crédito sin control, no existía un ambiente ni intelectual ni político en las élites sociales y económicas para considerar en qué podía derivar la situación. La quiebra de bancos e inmobiliarias condujo a una restricción del crédito en todo el mundo y descendió la producción y el comercio. La cuestión, en los primeros años, fue averiguar sus dimensiones y su duración. Fue imprevisible su estallido en Nueva York y Londres, centros de la actividad financiera mundial. Se evidenció el poco control bancario existente sobre las inversiones hipotecarias o las materias primas. Era casi imposible saber el verdadero valor de las inversiones ni cuál era el respaldo de los créditos. Las familias consumían, especialmente en la compra de viviendas (primarias y secundarias), y se endeudaban ante la facilidad de conseguir financiación en un mercado con una cantidad de fondos sobresaturados, además, por las reservas de los países asiáticos emergentes que fluían principalmente hacia Estados Unidos, y de ahí hacia Europa, a pesar de las reducciones del interés del dinero que estableció la Reserva Federal estadounidense. También la bolsa dio grandes beneficios entre 2001 y 2006, con lo que la inversión en acciones se sumaba a la de las hipotecas:

Eso era algo inusual ya que, por costumbre, cuando subía la bolsa se calmaba el mercado inmobiliario, y viceversa. Esta alternativa daba oxígeno y estabilidad a las inversiones que solían transferirse de un sector a otro dependiendo de la rentabilidad (Marichal, 2010, 287).

Se combinó una burbuja hipotecaria con otra bolsística: muchos de los créditos concedidos acabaron por no poder ser devueltos y ello repercutió en todo el sistema económico de los países desarrollados y, posteriormente, en el de aquellos en vías de desarrollo, como los de América Latina. Los indicios de la crisis habían aparecido a finales de 2006 pero la Administración norteamericana no la admitió hasta finales del 2007. Los economistas la compararon con la crisis de 1929 y dictaminaron que la de 2008-2014 fue mayor pero pudo controlarse con mayor acierto, a pesar del colapso del comercio y la bajada de la producción mundial con la posibilidad de una más rápida recuperación.

La quiebra de Lehman Brothers, el 14 de septiembre de 2008, con multitud de relaciones con financieras de todo el mundo, ya que muchas firmas internacionales habían invertido en sus acciones, provocó la extensión del pánico y la congelación del crédito. Muchos bancos europeos y americanos se vieron ante la posibilidad de no poder afrontar sus compromisos y evidenciaron las debilidades de un mercado globalizado, sin normas que avisaran de los riesgos de las entidades financieras. Como en el juego de las fichas de dominó, muchas empresas cerraron al no poder atender sus costes financieros, las bolsas cayeron y aumentó, de manera geométrica, el desempleo. Los Estados tuvieron que acudir al rescate de los bancos con enormes cantidades de los presupuestos públicos para evitar el colapso de la economía pero, al mismo tiempo, tenían que mantener los gastos derivados de sus políticas, en el caso de Estados Unidos, la guerra de Iraq y otras intervenciones internacionales. Había que controlar la deuda acumulada y mantener las prestaciones sociales con las restricciones derivadas de los ajustes presupuestarios que, en función de los países, afectaron en mayor o menor grado a una gran cantidad de ciudadanos, lo que ocasionó el cuestionamiento de las políticas económicas de austeridad y los recortes del Estado de bienestar.

En España, algunos economistas señalaron una pérdida de la competitividad productiva desde la década anterior, que se reflejaba en el endeudamiento de las empresas, de las familias y en la balanza comercial. El crecimiento se centraba, sobre todo, desde finales del siglo XX, en la construcción de primeras y segundas residencias, con los múltiples factores de producción que intervienen en el proceso. La restricción internacional incidió sobre falta de liquidez de las empresas, que ya no tenían facilidad para acceder a la financiación exterior, lo que se tradujo en una fuerte caída del crédito a las familias y las empresas, con sus repercusiones en la producción y el empleo. El Estado comenzó a inyectar liquidez a la banca y se puso en funcionamiento un Plan para el Estímulo de la Economía y el Empleo, conocido como el Plan E, de acuerdo con las directrices de Bruselas, que suponía un acicate para las infraestructuras en municipios para paliar la caída de la construcción, y ayudas a la pequeña y mediana empresa, con un presupuesto de unos 50.000 millones de euros. También las reducciones fiscales de 400 euros o la eliminación del impuesto del patrimonio fueron medidas para intentar cortar la recesión.

Al final, el aumento del déficit fue de casi ocho puntos en 2009 con respecto a 2008, y el desempleo se disparó ante la quiebra o reestructuración de muchas empresas. Se han calculado los millones de euros que el Estado español puso a disposición de la banca española para evitar su quiebra. Para el Banco de España, el rescate bancario alcanzó los 67.500 millones de euros, mientras que el Tribunal de Cuentas eleva la cifra a más de 100.000 millones. La Comisión Europea incluye en su informe la recapitalización, el rescate de activos y las garantías crediticias, y eleva la cifra a 500.000 millones de euros entre 2008 y 2013. Sea cual sea la cantidad, hasta 2015 solo se habría recuperado un 4 por 100, según el Banco de España, cuando después de estos años el sistema bancario está de nuevo fortalecido y se argumenta que, gracias a ello, los depósitos de los ahorradores no han sufrido pérdidas en los años de crisis. La banca privada alegó que los excesos provenían, principalmente, de las cajas de ahorros, controladas por políticos sin conocimiento de las finanzas, que arrasaron con el prestigio del sector financiero, como es el caso de las llamadas acciones preferentes ofrecidas para conseguir liquidez y que muchos pequeños ahorradores adquirieron con la creencia de obtener una renta fija, sin ser conocedores de los riesgos. Pero la asociación de consumidores acusó también a los bancos de incluir cláusulas abusivas en algunos de sus contratos de cuentas corrientes, de préstamos hipotecarios o de tarjetas de crédito, aprovechando la restructuración bancaria. De hecho, la judicatura ha promulgado infinidad de sentencias desde 2011 en contra de los bancos que han ejecutado desahucios indiscriminados, y se argumenta que el control financiero exige la suficiente liquidez para que sus pérdidas no recaigan, de nuevo, en los contribuyentes, pero no se han eliminado los abusos, y la regulación podría resultar excesiva para la fluidez del crédito.

A finales de 2009 el Gobierno de Zapatero no puede mantener las expectativas de crecimiento ni las políticas expansivas del gasto, y comenzará a virar en los presupuestos de 2010 para introducir medidas de ajuste que redujeran el déficit público y para que se atuviera a las directrices de la Unión Europea, que basaba su expectativa de crecimiento en la competitividad de las empresas. El PIB en 2010 estaba casi a la misma altura que el de 2006 y el paro alcanzaba el 20 por 100 de la población activa, con 4,5 millones de desempleados. Entre 2008 y 2009 hubo 281.000 empresas que dejaron de producir. Un superávit de las arcas públicas de 12.000 millones en 2007 devino en un déficit de 30.000 millones en 2008, y en 2010 llegaba ya a los 90.000. El presupuesto de 2010, aprobado en diciembre de 2009, no abordó la situación económica creada y empezó a rectificarse en enero con un primer plan de austeridad, que no fue suficiente para atajar la deriva de la crisis. El 12 de mayo de 2010 Zapatero tuvo que explicar en el Parlamento el Real Decreto-Ley de recortes drásticos del gasto público, lo que suponía medidas contrarias a las que había venido aplicando, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea y el FMI. Reducción del déficit en un 3 por 100 para 2013, recorte del 5 por 100 del sueldo de los funcionarios y su congelación en el 2012, al igual que las pensiones. Disminución de las inversiones públicas en 6.000 millones de euros y 1.200 millones para ayuntamientos y autonomías. Se eliminó la deducción personal de los 400 euros y las deducciones fiscales por la compra de la vivienda, se elevaron los gravámenes de las rentas de capital y se subió el IVA. Todo ello, defendido por Zapatero en nombre del interés nacional (Schwartz, 2011, 48). Ignacio Urquizu ha señalado, en su libro sobre el segundo gobierno de Zapatero, la conmoción que provocaron los mayores recortes del gasto de la democracia en el electorado que sostenía al PSOE y la estrategia de comunicación del Gobierno, que no acierta a explicar con solvencia las consecuencias de la crisis y su incapacidad para gestionarla, lo que dará la mayoría absoluta al PP en noviembre de 2011 por considerarlo más capacitado para afrontarla (Urquizu, 2014, 38 y ss.). Y las restricciones continuaron de acuerdo con las recomendaciones del Banco Central Europeo de agosto de 2011. Se subieron los impuestos a aquellos que ganaban 70.000 euros anuales y que normalmente eran asalariados bien renumerados, pero la medida no alcanzaba a las grandes fortunas. Se puso fin a la negociación colectiva con los sindicatos, se recortaron salarios, se congeló el sueldo de los funcionarios, se redujeron las primas concedidas a la energía renovable, se reestructuraron las pensiones con el aumento de los años de cotización y se disminuyeron las prestaciones por desempleo. El lema de que bajar impuestos era de izquierdas quedó obsoleto. Además, se reformó el artículo 135 de la Constitución para limitar el déficit del Estado, lo que provocó un fuerte debate en el grupo parlamentario socialista: «Una demanda histórica de la derecha europea —renunciar al arma de la política económica vía déficit— fue asumida sin debate alguno por el gobierno de Rodríguez Zapatero y por el PP» (Leguina, 2014, 174). En la misma línea se expresa Sánchez-Cuenca, considerando que la reforma constitucional era completamente improcedente dado que desde su entrada en el euro su comportamiento fiscal había sido el adecuado de acuerdo con las directrices de Bruselas, al contrario que Alemania que incumplió durante años la norma de no sobrepasar el 3 por 100 de déficit público anual: «teniendo en cuenta que la política monetaria está ya en manos de un banco central independiente, una limitación constitucional del déficit supone abdicar casi completamente de la política económica» (Sánchez-Cuenca, 2012, 90).

Zapatero no ha publicado todavía sus memorias pero en 2013, como expresidente, explicó su visión de cómo se desarrolló la crisis, de qué manera afectó a España y la justificación de su forma de afrontarla en 380 páginas: El dilema (Rodríguez Zapatero, 2013). En él afirma que las medidas que adoptó y explicó en el Congreso en mayo de 2010 le proporcionaron el apoyo de los líderes y la confianza de los inversores internacionales, a la vez que perdía la confianza de los españoles: «Me afectaba esa incomprensión. Consciente o inconscientemente me aferraba a la ética de la responsabilidad weberiana para inyectar dosis de justificación a mis decisiones» (pág. 14). La presunción de la responsabilidad weberiana coincide con la proyección política y personal de Zapatero. Hay en todo ello una cierta impostura intelectual: político incomprendido que hace lo que debe de acuerdo con las circunstancias, aunque eso le cree problemas: «pensando en mi país, siempre temí que la caída en un rescate nos devolviera a un estado de ánimo colectivo parecido al sentimiento del noventa y ocho» (pág. 15). No fue capaz de señalar, simplemente, que se equivocó en su percepción de la crisis y que tuvo que rectificar, y lo llena de empaque historicista, como si se pudiera medir el ánimo de aquella época, 1898, con la pérdida de Cuba y Filipinas, las penúltimas colonias del antiguo imperio español. Llega a decir que, por mucho que se estudie la historia, es difícil interpretar la realidad del presente, ya que esta parece responder «a una lógica no racional» (pág. 16). Él mismo reconoce que el modelo productivo español tenía déficits estructurales que había que transformar y que el PSOE había incidido en ello desde el programa electoral de 2004. La economía española tenía su base fundamental en la construcción y en el turismo, la industria no se había recuperado de la reconversión industrial y de la salida de la economía española a los mercados internacionales, en especial, las grandes empresas, como los astilleros o la minería. Sectores como el del carbón recibían el 40 por 100 de las ayudas del Estado y otro 15 por 100 iba a la reestructuración del textil y la industria naval. Señala Miquel Buesa, economista y uno de los fundadores de UPyD, que abandonó pronto:

Todos estos programas son un ejemplo de ineficiencia, pues, tras largas décadas de existencia, no solo no han resuelto los problemas sino que lo han agravado, al hacer de las ayudas del Estado una fuente de rentas para empresas y trabajadores (Buesa, 2010, 47).

Había, por tanto, que incrementar la productividad de las empresas españolas, con un fuerte predominio de las pymes, y disminuir el peso de la construcción en la actividad económica, pero, al parecer, no se dispuso del tiempo necesario para acometer el proyecto ante la precipitación de la crisis en 2008: «Como los datos macroeconómicos eran tan positivos, parecía razonable acometer esa política de cambio paso a paso» (Rodríguez Zapatero, 2013, 338). O sea, se tenía conciencia de la necesidad del cambio pero, como las cosas iban bien en las cuentas públicas y en el empleo, había que esperar a los resultados de las inversiones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en las infraestructuras y en educación, especialmente de la Formación Profesional.

Para Zapatero, la crisis económica tuvo su causa fundamental en la llamada burbuja inmobiliaria. Lo que se explicaba por la especulación de los inversores ante el aumento excesivo del precio de la vivienda, con subidas de más del 10 por 100 entre 1999 y 2006 y una mayor facilidad para obtener suelo en el que construir, lo que provocará una demanda creciente por la facilidad crediticia con intereses bajos, que se traducirá en un endeudamiento de las familias españolas, con una cultura de poseer la propiedad de su casa, al tiempo que habría que sumar los emigrantes o los europeos con aspiraciones a comprar viviendas. Los que tenían menos posibilidad de cubrir los créditos recibieron más financiación, porque abundaba la liquidez. Los bancos, y especialmente las cajas, para atraer clientes, financiaron promociones inmobiliarias y compraron suelo, lo que constituía una operación de riesgo, por la inseguridad de su precio en el mercado. Es como una estampida que va contagiando a muchos con el deseo de buenos y rápidos beneficios (Valcárcel, 2013). Al margen de los inversores profesionales, los pequeños ahorradores compran inmuebles con la creencia de que en un futuro cercano obtendrán rentas muy por encima de lo invertido. Cuando el mercado ya no absorbe más construcciones y las ventas se contraen, comienza el descenso, que se acelera por las condiciones internacionales de las entidades financieras, y muchas empresas surgidas al calor de la demanda no pueden seguir construyendo por la contracción del crédito, el paro aumenta y muchos no pueden pagar sus hipotecas, con lo que los bancos se quedan empeñados con grandes activos inmobiliarios. Hubo un contagio de todo el sistema productivo que se transformó en sorpresa. Los precios bajaron más del 30 por 100 debido, en gran parte, al exceso de oferta, pero ya no se han podido hacer ajustes monetarios, como ocurría con la devaluación de la peseta, porque el Gobierno no tenía el control del euro. Sin embargo, para los economistas, el concepto de burbuja no tiene una base científica, es una expresión periodística. Está referida a lo que se supone que es el precio real de los bienes o servicios, «si es que existe el precio como algo conceptualmente distinto de un precio de mercado» (Espina, 2005, 3).

El desprestigio del gobierno socialista fue en aumento. Zapatero, cada día con menores apoyos en el partido, renunció a presentarse como candidato a un tercer mandato, ante la presión de las distintas federaciones del PSOE, y le sustituyó el que fuera vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, el 4 de febrero de 2012, tras vencer en las primarias por veintidós votos a la candidatura de Carmen Chacón, ministra también en varios gobiernos de Zapatero. Cuentan que la sucesión no estuvo exenta de conspiración, como ha ocurrido en otros partidos socialdemócratas europeos, en el caso de los sucesores de Blair, Schröeder o Jospin, pero resultaba difícil, dadas las circunstancias, la continuidad del presidente. El lema de la campaña fue «Con Rubalcaba, sí» lo que suponía que con Zapatero, no (García Abad, 2012, 199-208). En las elecciones de noviembre de 2011 el PP ganó por mayoría absoluta y el PSOE tuvo los peores resultados desde 1977. Perdió 59 escaños en el Congreso de los Diputados, quedó con 110 representantes, frente a los 186 del PP, y no llegó a los 7 millones de votos (6.973.880).

La valoración de Rodríguez Zapatero tiene muchas aristas: el impulso de leyes que favorecieron la mejora de las condiciones de determinados colectivos a través de la ley de la dependencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la aceptación en el Código Civil del matrimonio de homosexuales, el reconocimiento de los lenguajes de signos, tanto tiempo reclamado por las personas sordas, la prohibición de fumar en lugares públicos o la remodelación de la ley del divorcio, que lo facilitaba y eliminaba la culpabilidad de uno de los cónyuges. O también su apuesta por terminar con el terrorismo etarra, aun con los tira y afloja del proceso y las críticas de la oposición del PP. Fue destacado, en 2011, por ser una de las cien personas del mundo que más ha hecho por la igualdad y la promoción de las mujeres. No han sido igualmente valoradas su reforma del aborto —facilitándolo—, la Ley de la Memoria Histórica, o la Alianza de las Civilizaciones. Su optimismo sobre el crecimiento permanente de la economía española, sin percatarse a tiempo de la crisis iniciada en 2008 y no abordar los problemas estructurales del sistema productivo, han provocado una consideración negativa de su gestión. No obstante, durante el crecimiento de la economía española y antes del estallido de la crisis, el gasto social en términos porcentuales permaneció estancado entre el 38 y el 39 por 100 del PIB, a distancia de la media europea que supera el 45 por 100. La mayoría de las leyes de la época de Zapatero, salvo la de Dependencia (matrimonio homosexual, ley de plazos para el aborto, ley de violencia de género, ley de divorcio, ley de la igualdad o de la memoria histórica), no supusieron gasto presupuestario. El nivel de desempleo alcanzado en su segunda legislatura, con porcentajes del 23 por 100 en septiembre de 2011, desacreditaron las propuestas electorales de pleno empleo, junto con las medidas restrictivas en los salarios y en las prestaciones sociales adoptadas en 2010, que proporcionaron un derrumbe de su declarada política socialdemócrata. Sin embargo, lo que más ha contribuido al deterioro de su imagen política es la sensación de que sus criterios cambiaban de una época a otra, como si transmitiera una indefinición en su comportamiento. En ese sentido, ha sido comentada su política de comunicación, su distanciamiento del grupo Prisa, con el diario El País vinculado a González y Rubalcaba, lo que le llevó a apostar por crear las plataformas mediáticas alternativas que le propuso el secretario de Comunicación Miguel Barroso, marido de Carme Chacón y antiguo jefe del gabinete del ministro de Educación, José María Maravall. Al parecer, y según cuentan, en una comida en La Moncloa con Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrían, las dos cabezas dirigentes de El País, el primero le advirtió a Zapatero que estaría en la presidencia del Gobierno mientras Prisa quisiese. Ello pudo condicionar la reacción de Zapatero, que mantuvo una relación más fluida con el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y estimuló la fundación de Público y la cadena de televisión La Sexta, que pasaría posteriormente al Grupo Planeta. Polanco había construido unos medios de comunicación que se hicieron hegemónicos: El País, la cadena Ser de radio y Canal Plus, junto con un entramado de editoriales entre las que descollaba Santillana para los libros de texto de la educación primaria y secundaria. Tuvo que enfrentarse a una imputación del juez de la Audiencia Nacional, Gómez de Liaño, en 1997, quien le quitó el pasaporte y le impuso una fianza de doscientos millones de pesetas, por el llamado caso de Sogecable, según la querella presentada por el periodista Jaime Campmany, por supuesta utilización indebida de los fondos de garantías de los abonados de Canal Plus. El caso fue sobreseído y Polanco se querelló con el juez, quien fue condenado por prevaricación y expulsado del cuerpo, pero después indultado por el gobierno de José María Aznar. En los informativos de los medios de comunicación de Prisa se aludió durante un tiempo al «juez prevaricador Gómez de Liaño». El poder mediático para generar opinión que han tenido El País y el grupo Prisa desde la Transición ha sido destacado por Gregorio Morán en su libro El cura y los mandarines (2015).

Una gran mayoría acabó recelando de su palabra y considerando que Zapatero era un político profesional preocupado fundamentalmente por su imagen y que no tenía reparos en prescindir de cualquiera si eso servía a sus intereses. La política se expresaba en él en toda su dimensión: los políticos no tienen amigos, solo colaboradores, y estos son circunstanciales según el momento político. Su poder en el PSOE fue mucho mayor que el que tuviera Felipe González: aunar el poder del Gobierno y el del partido condujo a una desmovilización de este, y durante sus mandatos él se convirtió en la única referencia de la socialdemocracia española, más llena de gestos que de contenidos. Podría afirmarse que fue un secretario general con gran poder de decisión en el PSOE pero débil en su liderazgo. Si en 2004 las agrupaciones socialistas eran ya un insuficiente referente para la determinación de la política que se debía seguir, estas se convirtieron únicamente en un exponente del poder local, provincial o autonómico de la organización, siempre que se actuara de acuerdo con la Secretaría de Organización de Ferraz, con la figura de José Blanco cada vez más desprestigiada, o la de su sucesora Leire Pajín, una militante de Juventudes Socialistas de Benidorm que, por la amistad de su familia con Zapatero, alcanzó las más altas cotas de la política y a la que citaba constantemente en los mítines como ejemplo de joven comprometida. Fueron muy pocos los militantes que emitieron una crítica global o parcial de lo que desarrollaban sus gobiernos. En 2010 surgieron voces que pedían sustituir al líder y que mantuvieron las distancias cuando el descrédito de la figura del presidente se fue extendiendo y los medios de comunicación críticos incidían con más fuerza sobre la herida, dirigiendo todos los dardos contra él. Muchos de los que le habían votado se sintieron, en aquel ambiente de crisis y de críticas, desconcertados. Eso no hubiera sido, tal vez, un problema tan amplio si no existiera en toda la proyección pública de Zapatero una sobreactuación, donde el marketing tuvo un papel importante. Su liderazgo alcanzó cuotas de hegemonía total, pero también, cuando llegó el desencanto, este adquirió una gran dimensión. El CIS en 2011 reflejó la peor valoración ciudadana que ha tenido un presidente de Gobierno en España hasta ese año, 3,30 (el aprobado estaba en 5), por debajo de Aznar en la época de la guerra de Iraq. En el PSOE, si ganas, nadie cuestiona tus decisiones pero si pierdes, te echan en cara todo lo anterior.

CAPÍTULO 5

LA DERIVA DEL PSOE

Los cuatro años del gobierno del PP (2012-2015), bajo la presidencia de Mariano Rajoy, convulsionaron el panorama político español. Las medidas económicas que venían en gran parte marcadas por la Unión Europea acentuaron las restricciones presupuestarias, redujeron las inversiones públicas, los programas de investigación, provocaron los desahucios de aquellos que no podían pagar las hipotecas de sus casas, la congelación del gasto en educación y sanidad, incrementaron el paro juvenil y muchos trabajadores perdieron su empleo, especialmente aquellos que sobrepasaban los cuarenta y cinco años y tenían escasa posibilidad de encontrar un nuevo trabajo. Para los dirigentes del Partido Popular era el precio que se debía pagar para superar la crisis económica y que el país no entrara en bancarrota y, aun así, defendían que, gracias a la política económica aplicada, se habían podido mantener las prestaciones sociales básicas para toda la población y, además, había sido el camino para la recuperación al final de la legislatura.

Desde el socialismo, múltiples trabajos han insistido sobre las desigualdades sociales y sus consecuencias, resaltando que es una de las luchas más significativas de la socialdemocracia, y también han analizado en qué medida las políticas aplicadas han servido para disminuir o aumentar las diferencias de renta. Hay un debate sobre los índices empleados para evaluar las desigualdades y cómo podemos afirmar que una sociedad es más igualitaria que otra. En el caso español, el índice Geni, establecido por el Banco Mundial, se emplea para señalar el aumento de la desigualdad en épocas de crisis, como la vivida entre 2008 y 2015, y se destaca que pasó de 31,9 a 35 entre 2007 y 2012, lo que nos situaba en un nivel muy bajo entre los países de la Unión Europea, detrás de Letonia. En 2013, el índice descendió de 35 a 33,7, sin que haya habido políticas significativas contra la desigualdad. Es cierto que los países más igualitarios, según ese índice, son Noruega, Dinamarca y Suecia, y los menos están en África, Asia o Latinoamérica, pero la igualdad no siempre está relacionada con la capacidad productiva y de riqueza de un país o con la renta de sus habitantes. Así, Corea del Norte, por ejemplo, parece más igualitaria que Corea del Sur, pero la capacidad de consumo y de disfrute de bienes y servicios son muy diferentes. Estados Unidos o Canadá pueden tener índices peores que España, pero lo que significa es que existe una población con un bajo porcentaje de rentas, aunque puede haber una clase media mayoritaria y en mejores condiciones que en otros países. Según la OCDE, las élites económicas españolas son menos pudientes que las de otros países europeos, y el debate se centra en cuáles son los parámetros de medición, por cuanto hay que ver si se contabiliza el patrimonio acumulado y los servicios públicos o solo la renta anual. Por ello, la apreciación de la desigualdad tiene elementos ideológicos que la socialdemocracia pone por delante en sus programas políticos (Milanovic, 2006).

Si el PSOE perdió su mayoría parlamentaria en noviembre de 2011, cuando el electorado lo consideró incapaz de gestionar la crisis económica, en diciembre de 2015 al PP le ocurrió lo mismo, después de cuatro años de insatisfacciones del electorado con las restricciones sociales, la dificultad de encontrar empleo y al aflorar, destapados y aventados por los medios de comunicación, múltiples casos de corrupción de dirigentes políticos del PP en el Estado y de las comunidades autónomas, que también afectaron al PSOE, en Andalucía, y a CiU, en Cataluña. Y junto a todo ello estaba el problema del soberanismo catalán, que ponía en cuestión la estabilidad de la Constitución de 1978, con los intentos de la Generalitat catalana de proclamar un Estado independiente. Se evidenciaba, también, la crisis del sistema de financiación de las comunidades autónomas que se había ido implantando desde 1982 por los diferentes gobiernos del PSOE o el PP, con la cesión de tributos y transferencias del Estado de acuerdo con distintos sistemas de medir lo que cada una debía recibir.

Nuevas organizaciones políticas de distinto signo irrumpieron en el panorama español. Probablemente el bipartidismo dominante hasta entonces no había muerto, pero estaba muy herido. Jóvenes, en una gran proporción, deslindaron lo que consideraban la nueva y la vieja política, a la manera que hiciera Ortega y Gasset en una conferencia pronunciada en el Teatro de la Comedia en marzo de 1914, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Parecería como si un siglo después no hubiera otro intelectual español del que echar mano y se utilizara su clásica distinción entre la España oficial y la España vital. Así, el PP y el PSOE eran lo antiguo, los que habían monopolizado el poder durante casi cuarenta años, desde las primeras elecciones democráticas de 1977 hasta 2015, en el gobierno de España. Sin embargo, no había ocurrido igual en muchos ayuntamientos y en comunidades autónomas donde habían gobernado fuerzas diferentes, con pactos o no. Pero fue extendiéndose, en los medios de comunicación y en otros sectores sociales, la idea de que el bipartidismo había monopolizado el poder y de que eso había provocado una crisis del sistema construido en la Constitución de 1978, marginando a otras opciones políticas y a otros sectores sociales. Y junto a ello se discutió, desde algunos sectores de la izquierda, sobre los déficits de la Transición española, que había dejado sin resolver responsabilidades políticas del franquismo y tapado a muchos de sus dirigentes que cometieron delitos. Otros hablaron de un sistema político agotado, con necesidad de una reforma que significara una segunda Transición para adaptarlo a las nuevas perspectivas surgidas en España.

Alfredo Pérez Rubalcaba dimitió como secretario general del PSOE, dejó su escaño en el Congreso de los Diputados el 14 de septiembre de 2014 y abandonó la política, volviendo como profesor de Química a la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1982 había desempeñado cargos políticos, había sido varias veces ministro con Felipe González y Rodríguez Zapatero, alcanzado la portavocía socialista en las Cortes españolas. Su capacidad política le había llevado a ser un elemento fundamental en la estrategia del PSOE. Buen comunicador, con una oratoria contundente y persuasiva, nunca acabó, sin embargo, de ser plenamente un líder social. Su gran capacidad de maniobra y de consenso en determinadas coyunturas en las que intervino acabaron por desgastar su argumentario. En la legislatura 2011-2014 fue perdiendo fuelle entre el electorado socialista y en el propio partido, cada vez más crítico con su gestión. Al final, dijera lo que dijera, por bien fundamentado que estuviera, era poco escuchado, como si produjeran cansancio sus manidos argumentos. Es un caso más de profesores universitarios metidos a políticos: son buenos gestores, pueden ser excelentes oradores, ministros o directores generales, pero resulta difícil que alcancen el liderato social. De hecho, en el siglo XX, el casi único caso de líder universitario fue el del norteamericano Woodrow Wilson, profesor en Princeton y presidente de los Estados Unidos durante dos legislaturas.

Pedro Sánchez.

En las elecciones del 20 de diciembre de 2015, con una participación del 73,20 por 100 del censo electoral, una de las más altas desde 1977, todavía bajaron más los índices de apoyo electoral al PSOE, con un 22,01 por 100, 90 diputados y 5.530.730 votos, 1.472.781 menos que en 2011. También el PP sufrió una pérdida importante, pero se mantenía por encima de los 7 millones de votantes y un 28,71 por 100 de los sufragios, aunque mantenía la mayoría absoluta en el Senado. Las mayorías absolutas o cualificadas en el Congreso de los Diputados, plataforma fundamental para la elección del presidente del Gobierno, habían desaparecido y se abría una nueva perspectiva política desde 1977. Los dos grandes partidos pasaron de representar el 50 por 100 del censo electoral a un 36,8 por 100.Varios comentaristas interpretaron que el bipartidismo reinante desde la Transición se había roto ante las nuevas organizaciones políticas: Ciudadanos, con el 13,94 por 100 de los votos, 3.5198.584, y Podemos y sus alianzas en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, con el 20,68 por 100 de sufragios, 5.189.333. Desaparecía UPyD del panorama político e IU bajaba al 3,6 por 100, con 923.105 votos. Esquerra Republicana de Cataluña duplicaba los suyos, PNV se mantenía y CiU, transformada en Democràcia i Llibertat (DL), perdía la mitad de sus votos con respecto a 2011.

La aparición, a izquierda y derecha, de las nuevas formaciones rompieron la estructura de partidos hegemónicos que ya no podían constituir gobierno sin pactos previos para conseguir la investidura, como se evidenció en la nueva constitución del Congreso de los Diputados en enero de 2016. La cultura de la coalición para formar el Gobierno de España no existía en la democracia española reciente, sí en cambio en los ayuntamientos y comunidades autónomas.

Las reuniones y declaraciones de las distintas fuerzas políticas evidenciaron un panorama incierto para la formación de gobierno. El PP insistía en que había ganado las elecciones porque tenía el mayor número de votos pero, de acuerdo con el sistema electoral español, eso no le daba capacidad para gobernar, como ya se había evidenciado desde 1979 en la configuración de los gobiernos municipales y en el de algunas comunidades autónomas. Las coaliciones políticas determinan el carácter de los ejecutivos, algo que hasta esta fecha no se había producido en el Gobierno de España, y conseguir el mayor número de votos, sin obtener una mayoría absoluta o cualificada, no garantiza la gobernabilidad. El PSOE quedó como segundo partido pero con la competencia, por su izquierda, de Podemos, organización nacida un año antes y que ya había obtenido buenos resultados en los comicios europeos de mayo de 2014, impulsada por un grupo de profesores jóvenes, que no habían cumplido los cuarenta años, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y que obtuvo el respaldo de intelectuales y actores. Consiguieron, en pocos días, más de 50.000 firmas para concurrir a las elecciones europeas y sustentaron su ideología en una concepción del populismo renovado, cuyo principal teórico había sido el sociólogo Ernesto Laclau, argentino residente en Gran Bretaña como profesor universitario hasta su muerte en 2013 (Laclau, 2015). Para algunos, la tesis de Laclau enlaza con la del teórico alemán Carl Schmitt, que justificó de alguna manera la Alemania nazi con su concepción política de amigo y enemigo: el pueblo, en un sentido transversal, sería el elemento que hay que defender y las élites políticas y económicas lo que hay que derrotar por ser los subyugadores (Krauze, 2016). Partiendo del marxismo, el sociólogo argentino hace una distinción entre contradicción y antagonismo, por cuanto un sistema social puede tener contradicciones pero no traducirse en antagonismo político, que es lo que le da valor a la acción política: puede existir lucha de clases, pero no necesariamente debe derivar en contradicción social (Laclau, 2006; 2015). Esta concepción populista, que le ha llevado a ser clasificado como chavista, por su vinculación al movimiento del líder venezolano, o incluso castrista, ha sido debatida en los medios académicos. El populismo moderno que se reclama de izquierdas no niega la democracia, es decir, la política, como los populismos clásicos (anarquismo, populismo ruso del siglo XIX o el latinoamericano) pero mantiene la distinción entre élites y pueblo, como también lo hace el populismo de derechas, y en ese sentido puede ser interclasista, responde a la incertidumbre sobre el futuro de muchos sectores sociales, como ha ocurrido con la crisis iniciada en 2008 y que ha afectado especialmente a los países del sur de Europa. Algunos lo han calificado también de una mezcla de teorías de la hegemonía de Gramsci con píldoras marxistas y leninistas, con influencias recientes como la del marxista italiano Antonio Negri, profesor de la Universidad de Padua, acusado de colaborar con las Brigadas Rojas italianas (Negri, 2007). Otros consideran que no debe ser asimilado al populismo clásico, que centra su articulación en un líder carismático, porque, además, el calificativo de populista sirve poco para una definición política (Panizza, 2009). Pero un signo distintivo es el lenguaje provocador, se utilizan palabras y frases que normalmente no se emplean en los debates políticos, lo que muchos electores identifican como algo diferente al utilizado por el político clásico y parece que sus políticas vayan a ser diferentes. Podemos confluyó también con plataformas políticas de izquierdas como Izquierda Anticapitalista y otros antiguos componentes de Izquierda Unida. Intentó articular un nuevo vocabulario que superase la división izquierda-derecha y centrar el discurso político entre los que tienen el poder económico y político y los que dependen de aquellos sin decidir su propio destino. En suma, una lucha entre democracia y dictadura. De ahí que se le haya clasificado como una nueva plataforma de izquierdas no asimilable a las organizaciones clásicas. Su líder, Pablo Iglesias, en cambio, ha recalcado que está en el ámbito de la socialdemocracia a la que el PSOE, como otros partidos europeos, habría renunciado. Sería, por tanto, la recuperación del discurso clásico de los socialistas que desde el principio del siglo XX lucharon por suprimir las desigualdades y abogar por la igualdad de oportunidades, y para ello había que enfrentarse a las políticas de austeridad propugnadas por la Unión Europea y el FMI, y en ese sentido estarían en la línea de partidos que han roto con las formas tradicionales de la izquierda, como ha ocurrido en Grecia con Syriza, que ha arrinconado al PASOK, la socialdemocracia griega. Al igual que los helenos, los españoles han sufrido con costes la crisis económica desde 2008 y muchos acusan a los políticos tradicionales de no saber salir de ella y de no ser auténticos representantes de los ciudadanos, lo que comenzó a expresarse en el movimiento social del 15-M en el 2013.

Señala Torreblanca que «Podemos puede acabar siendo cualquier cosa. Puede ser una burbuja que se deshinche en función de los errores de sus líderes, las tensiones internas y los aciertos de los demás partidos» (Torreblanca, 2015). De hecho, se produjo un gran revuelo cuando se evidenció una crisis, en marzo de 2016, entre los distintos representantes de Madrid. Algunos dimitieron por estar en contra de la estrategia del líder de Podemos de no apoyar un gobierno del PSOE y Ciudadanos alternativo al PP. Pablo Iglesias cesó de manera contundente al secretario de Organización vinculado a otro de los fundadores de Podemos y profesor también de Ciencia Política, Íñigo Errejón. Nombró a Pablo Echenique, investigador de Física del CSIC, que también formó parte del equipo fundador y residía en Aragón. Era su respuesta para mantener la disciplina, considerada imprescindible para lograr cierta coherencia en la nueva organización de cara a su asentamiento electoral. «Podemos es ya un partido como los demás —afirma Lucía Méndez—, que tiene que adecuar su acción a las reglas del juego de las instituciones [...]. Podemos quiere ser el PSOE y va camino de conseguirlo. Ya tiene su conflictiva FSM y su PSC. Los conflictos territoriales han estallado en distintas comunidades a la vez» (Méndez, 2016).

En esta coyuntura, la investidura que prescribe la Constitución se hizo complicada. No había suficientes votos para obtener la mayoría absoluta en primera votación (176 diputados) y tampoco, tal como se desarrollaba la estrategia de las distintas formaciones políticas, en la segunda, donde solo se requería la mayoría simple de los votos favorables. Rajoy declinó presentarse a la investidura al no tener los votos parlamentarios suficientes y estimó que, mientras tanto, intentaría articular una mayoría mediante un pacto con el PSOE y Ciudadanos. Sin embargo, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, se negaba a gobernar con los populares, y esta decisión contaba con el apoyo del Comité Federal del PSOE, que también se mostraba reticente a pactar con Podemos. Los socialistas consideraban que Podemos quería conquistar el espacio que había conseguido el PSOE desde la Transición y le acusaban de tener unos planteamientos que desbordaban los ejes de las políticas socialistas: la consolidación de la unidad europea y el mantenimiento del euro. Los socialistas españoles no estaban de acuerdo con las políticas que se habían desarrollado en Europa después de la crisis económica de 2008, y en concreto las que había practicado el PP, que insistían en superar los recortes sociales y el control de la deuda, lo que se conocía como economía de austeridad, que provocaba una mayor desigualdad y una división entre unas élites cada vez con mayores rentas y el grueso de la población, que perdía poder adquisitivo, y una rebaja de las prestaciones del Estado de bienestar. Pero la mayoría de los dirigentes socialistas entendían que no coincidían con las posiciones políticas de Podemos, que, en su criterio, enlazaban más con los presupuestos de la tradición comunista o anticapitalista que en España venían defendiendo sectores de Izquierda Unida y otros grupos. De hecho, algo de esto se evidenció en el debate de investidura que Pedro Sánchez, en marzo de 2016, protagonizó después de que Rajoy declinara la propuesta del Rey de acudir a la investidura y se culminara un pacto de legislatura entre Ciudadanos y PSOE. Pablo Iglesias trajo a la tribuna del Congreso el pasado de los gobiernos de Felipe González, con las acciones de los GAL, al recordar los enterramientos en cal viva de los etarras Lasa y Zabala y, con ello, la connivencia de los gobiernos socialistas con el terrorismo de Estado, algo que Julio Anguita señaló en los años 90 en los debates con González para descalificar la política antiterrorista del PSOE de los años 80 y 90. Ya el 25 de marzo de 1995, un diputado de HB en el Parlamento vasco lanzó un puñado de cal viva contra el escaño vacío del socialista Ramón Jáuregui, consejero de Justicia del Gobierno vasco, en coalición con el PNV, sin que el presidente de la Cámara denunciara la acción, y solo el portavoz de su partido, Fernando Buesa, asesinado más tarde por ETA, protestó. Es la estrategia que han desarrollado los líderes de Podemos de administrar la memoria y considerar, en la línea de los comunistas, que es mejor que gobierne la derecha española antes que la socialdemocracia, al no aceptar con normalidad su posición secundaria con respecto al respaldo electoral del PSOE.

La situación se fue complicando cuando en la segunda votación de investidura, el viernes 4 de marzo de 2016, Pedro Sánchez tampoco consiguió los votos suficientes:

España sin gobierno. Primeros síntomas de irritación en la opinión pública por la larga interinidad. La infanta Cristina declarando ante un tribunal. La izquierda partida en dos e irremediablemente peleada. Un emergente partido liberal-unitarista llamando a la insubordinación de los diputados del partido de derechas de toda la vida. La economía, débil y convaleciente en un contexto de nerviosismo mundial. Palidez en las estadísticas como consecuencia de la doble incertidumbre: la internacional y la doméstica. 2016 no ha arrancado bien [...]. La ruta de coalición entre el PSOE y Podemos es hoy irreversible. Los socialistas no desean un verdadero acuerdo programático con sus nuevos competidores, «lo consideran peligroso» pero quieren sus votos (Juliana, 2016).

Y ello evidenciaba que Podemos evitaría que el PSOE pudiera gobernar porque su estrategia no era apoyar a los socialistas, sino sustituirlos como primera fuerza de la izquierda y ocupar su espacio intentando que sufriera una crisis interna al tener que decidir si pactaba con el PP o con la nueva izquierda. En este sentido, la estrategia de Sánchez fue reforzar su liderazgo dando la voz a la militancia socialista y aliándose con la competencia del PP, Ciudadanos, el partido liderado por Albert Rivera. Pedro Sánchez aceptó la reforma constitucional exprés propuesta por Ciudadanos, que incluye modificar la Iniciativa Legislativa Popular (reduce las firmas necesarias a 250.000), la limitación de mandatos, la supresión de las diputaciones (y la creación de consejos provinciales de alcaldes), la reducción de los aforamientos y la reforma del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pasaría a tener diez miembros en vez de veinte. A partir de entonces se abría un periodo incierto por cuanto había solo dos meses para conseguir la investidura como presidente de Gobierno. El acuerdo entre las dos formaciones políticas presuponía, además, que ambas negociaran conjuntamente con PP y Podemos, lo que no fue aceptado por estos creándose un bloqueo de las negociaciones para lograr la investidura de alguno de los candidatos.

El PSOE no aceptaba la gran coalición con el PP, en parte por el deterioro que este partido había sufrido por los casos de corrupción, que afloraban y eran divulgados por los medios de comunicación pero, además, por lo que suponía de perjuicio para el futuro de la socialdemocracia española y por temor a que ocurriese algo parecido a lo acontecido en Grecia, donde el PASOK había quedado como un partido residual. Recelos que se reafirmaron después de las elecciones de marzo de 2016 en distintos länders alemanes donde el SPD, aliado en el gobierno de Berlín con la CDU, sufrió un fuerte retroceso electoral que solo se salvó en Renania-Palatinado, la patria de Marx, pero no así en Sajonia-Anhalt, donde había quedado superado por Die Linke (La Izquierda), y en Baden-Württemberg por los verdes, los demócratas cristianos y el nuevo partido populista-derechista contrario a la política emigratoria de Merkel, AID (Alternativa Alemana).

No obstante, el PSOE se convirtió en el eje de los posibles acuerdos para formar gobierno. Conseguido el pacto de legislatura con Ciudadanos, buscaba que Podemos se aviniera a votar a favor o a abstenerse en la posible investidura de Pedro Sánchez. Pablo Iglesias intentó rebajar las pretensiones que exigía para pactar con los socialistas, incluso afirmó que, si él era el problema, descartaría entrar en un gobierno de coalición, pero continuaba promoviendo que su partido entrara en un futuro ejecutivo. Insistía en el símil de lo logrado en la Comunidad Valenciana después de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, el llamado Pacto del Botánico, entre Compromís, PSOE y Podemos para desalojar del gobierno de la Generalitat al PP mediante la formación de un gobierno de coalición entre las dos primeras fuerzas y el apoyo parlamentario de Podemos —había sido Ciprià Císcar, a sus sesenta y ocho años, el artífice de dicho pacto, aunque después sería relegado en la lista al Congreso de los Diputados por Valencia al cuarto puesto y no obtuvo escaño en la nueva legislatura. Iglesias pretendía que fuera Ciudadanos quien desempeñara ese papel de apoyo parlamentario, pero el PSOE no parecía dispuesto a aceptar tal propuesta, por el acuerdo que había establecido con esta formación, y consideraba que ese papel debía cumplirlo Podemos. La propia situación de este partido, con distintos frentes abiertos en distintas comunidades y después del cese del secretario de Organización y una cierta marginación de Íñigo Errejón, hizo que Iglesias propusiera una consulta a la militancia para determinar qué pactos debía apoyar en una posible nueva investidura. Se reunieron por primera vez las tres formaciones políticas el 7 de abril de 2016, a menos de un mes de una segunda convocatoria de elecciones, para intentar llegar a algún acuerdo de cara a una nueva investidura, pero las diferencias entre Podemos y Ciudadanos parecían insalvables. El PSOE acusó a Podemos de no querer ningún pacto, y resaltó que los programas de ambas formaciones coincidían en un 70 por 100.

La estrategia de Pablo Iglesias viró hacía un pacto con Izquierda Unida para formar candidaturas conjuntas de cara a unas próximas elecciones, con el fin de que los votos de esta pudieran sumarse a los de Podemos y desplazar de esta manera al PSOE como fuerza hegemónica de la izquierda, al tiempo que el resultado del referéndum entre los simpatizantes de Podemos para determinar si aceptaban un gobierno de PSOE-Ciudadanos, o lo que llamaba «gobierno a la valenciana», fue que un 88 por 100 de los 150.000 votantes se expresó en contra de la primera propuesta. Podemos forzaba al PSOE a decantarse por un gobierno de izquierdas donde se planteara una vuelta a las posiciones originales de la socialdemocracia. El 18 de abril de 2016 el politólogo Ramón Cotarelo señalaba en su blog Palinuro que:

El jefe de la operación es Julio Anguita quien, movido por su invencible odio a la socialdemocracia, cree —y así lo ha dicho ya— que puede valerse de Podemos para conseguir el objetivo de su vida: acabar con el PSOE. Si para ello tiene que dividir la izquierda y garantizar un gobierno de la derecha no le importa. Ya lo hizo cuando propició los ocho años de su amigo Aznar. En esta ocasión, este engreído fantoche que jamás ha conseguido nada salvo destruir sosteniendo que acaudilla la izquierda transformadora, se vale de sus miñones (entre ellos Iglesias, que lo considera su «referente intelectual»), tan vacuos e hipócritas como él para buscar una fórmula nueva que permita seguir engañando a la gente. Quieren seguir ocultando las siglas PCE/IU, camuflarlas detrás del término «podemos» y algún otro, tan plagiado como este. Ignoro si la operación llegará a puerto pero, vista la intencionalidad, solo queda dar un consejo al PSOE: bajo ningún concepto busquen ustedes una alianza con Podemos que no es otra cosa que una fachada del fracasado PCE/IU y que, además, solo pretende destruirlos a ustedes.

Por su parte, el Partido Popular insistía en una coalición principalmente con el PSOE, al que ofreció una vicepresidencia en el futuro gobierno, y también con Ciudadanos, que contaría con una gran mayoría parlamentaria y podría abordar cambios en la Constitución. Era una proposición inédita, desde la Transición, del centro derecha en medio de una serie de noticias sobre diversos casos de corrupción de políticos significativos de los populares que afectaban a su credibilidad, argumento que utilizaban los socialistas para considerar que el PP debía pasar a la oposición. Los populares habían insistido desde los comicios municipales y autonómicos de 2015 en que habían ganado las elecciones porque sacaron mayor número de votos que otros partidos, y criticaban que las coaliciones de otras fuerzas políticas hubieran hecho factible que no gobernaran en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas, pues consideraban que alteraban la voluntad de los electores. No querían entender que en el sistema electoral español la unión de fuerzas políticas permitía formar gobiernos si contaban con mayor número de representantes, como el mismo PP había practicado en distintas ocasiones, y acusaban a los socialistas de pactar con las fuerzas antisistema. Solo en el caso de haber obtenido la mayoría absoluta podían establecerse ejecutivos del mismo partido. Era difícil para gran parte de los militantes de ambos partidos asumir, después de la trayectoria de ambos y sus vinculaciones históricas y sociales, un gobierno de coalición que además pudiera debilitar por la izquierda, o el populismo de derechas, al PSOE, como había pasado en las elecciones de marzo de 2016 en algunos länders en Alemania, donde el SPD perdía apoyos electorales, o lo que había ocurrido en Grecia con el PASOK.

En esta situación, el líder del PSOE tenía pocas salidas. El Comité Federal había establecido que no era posible pactar ni con el PP ni con Podemos, y a Pedro Sánchez sólo le quedaba la opción de Ciudadanos, que se había demostrado insuficiente para superar la investidura. Ni Podemos ni el PP aceptaron votar a favor o abstenerse. No parecía, a finales de abril de 2016, que la situación pudiera cambiar y el país se veía abocado a unas nuevas elecciones donde todos se acusarían de no haber sabido alcanzar acuerdos para constituir un gobierno.

Al secretario del PSOE se le criticó dentro y fuera del partido su estrategia desde las elecciones del 20 de diciembre en lo que respecta a su insistencia en que Podemos aceptara unirse al pacto con Ciudadanos y votar a favor o abstenerse en la posible investidura de Sánchez. Desde dentro del partido socialista y desde algunos medios de comunicación se argumentaba que había una predisposición por parte del secretario general socialista hacia la convergencia con Podemos, cuando la finalidad de esta fuerza política era sustituirlos en la hegemonía de la izquierda española, y en eso se empeñaron al confeccionar listas conjuntas con IU y con todas aquellas formaciones teóricamente a la izquierda del PSOE para las elecciones del 26 de junio. Era necesario que la socialdemocracia supiera distanciarse de las propuestas calificadas de populistas de los seguidores de Pablo Iglesias si quería recuperar la base electoral que en parte había perdido en las elecciones de diciembre de 2015.

El pacto electoral de Podemos e Izquierda Unida se concretó en mayo de 2016 e iba encaminado a conseguir la mayoría del bloque de izquierdas, superando al PSOE, y en algunas circunscripciones al PP y Ciudadanos. La figura de Julio Anguita fue rehabilitada por Pablo Iglesias y en un acto el antiguo líder de IU interpretó que la historia se retrotraía a 1977, cuando empezó la Transición española y el PCE no se erigió en la fuerza hegemónica de la izquierda. Ahora, la nueva coalición podría hacer realidad lo que debió haber sido y que ya me manifestó en su época de diputado. Los analistas políticos no tenían claro que la unión de ambas fuerzas condujera a una suma aritmética de los votos obtenidos en diciembre de 2015. Pablo Iglesias propuso que se organizaran candidaturas de izquierdas —PSOE y Podemos— al Senado pero Pedro Sánchez las rechazó con el argumento de que habían sido estos quienes habían impedido la formación de un gobierno que habría puesto al PP en la oposición. Solo en la Comunidad Valenciana, donde el PSPV-PSOE gobernaba en colación con Compromís y Podemos, estaban dispuestos a la Entesa para el Senado, lo que provocó el rechazo de la Ejecutiva de Ferraz que alegó que las coaliciones eran competencia del Comité Federal. Esta cuestión creó un ambiente de disentimiento entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, que provocó que los medios de comunicación insistieran sobre las dificultades internas del PSOE para mostrar una opción política unificada e intensificaran los comentarios sobre la crisis de la socialdemocracia española, que le llevaría a perder la hegemonía de la izquierda española.

La figura de Pedro Sánchez parecía desdibujada cuando se convocaron nuevas elecciones, con un partido que dudaba de su liderazgo y que no había asimilado los resultados del 20D, con 90 diputados, mientras que su líder consideraba que era un resultado histórico. La posibilidad de que Podemos superase al PSOE, en votos o escaños, intranquilizaba a los dirigentes socialistas y muchos de ellos opinaban que Sánchez se había precipitado al creer que podía formar gobierno después del pacto con Ciudadanos e intentar el apoyo de Podemos, que a su vez pretendía un gobierno de izquierdas. Pero lo cierto es que cuando Rajoy rehusó presentarse a la investidura, Pedro Sánchez había solucionado el papel del Rey e hizo que se cumplieran los plazos para convocar de nuevo elecciones. Se interpretaba, también, que el fenómeno de Podemos había sido estimulado por el gobierno y los ejecutivos del PP dándole cancha en los medios de comunicación para debilitar al PSOE, como en su día lo intentó en la época de Felipe González con la Izquierda Unida de Anguita. Igualmente se consideraba que la socialdemocracia europea no parecía tener respuestas para las nuevas circunstancias económicas y sociales en medio de una globalización que amenazaba la preeminencia de Europa.

A medida que avanzaba la campaña para el 26J, los análisis y las encuestas preveían el descenso electoral del PSOE y buenas expectativas a Unidos Podemos, convirtiéndolo en el representante mayoritario de la izquierda, al tiempo que Iglesias manifestaba que quería contar con los socialistas para un nuevo gobierno y se inscribía en la «nueva socialdemocracia», algo que había expresado en los inicios de Podemos al considerar que el PSOE había abandonado sus reivindicaciones tradicionales. Pero esta proclama fue estimada novedosa y criticada por el diario El País y el líder del PSOE: «No es este el único tema en el que los líderes de Podemos —decía su editorial el 8 de junio de 2016— muestran su capacidad de retorcer los conceptos y las ideologías».

El PP mantenía su base electoral e incluso la aumentaba con respecto al 20D de 2015 y no le venía mal la disminución del PSOE puesto que muchos de sus votantes no se pasarían a Podemos y parte de ese voto podría capitalizarlo el PP. Parecía que el PSOE quedaba en tierra de nadie y su líder en una posición difícil para conducir la campaña. Además, a principios de junio se hacía público el procesamiento de dos de los expresidentes de la Junta de Andalucía y significativos dirigentes socialistas, Chaves y Griñán, junto con otros altos cargos, por no detectar y paralizar las irregularidades en las ayudas públicas, sin control administrativo, a empresas andaluzas con dificultades financieras. Ello contrarrestaba la denuncia contra el PP por los casos de corrupción que se habían ido destapando a lo largo de la última legislatura y así lo reflejó Rajoy el 13 de junio en el único debate celebrado por las cuatro principales formaciones que se presentaban de nuevo a las elecciones, cuando Pedro Sánchez insistió sobre las implicaciones del PP en los casos de corrupción.

Las diferentes encuestas publicadas durante la campaña señalaban el giro generacional que significaba Podemos, una fuerza mayoritaria entre los estudiantes universitarios, entre los parados y los que buscan el primer empleo. Es decir, las generaciones de la Transición y de la democracia. También incide entre los pensionistas, aunque en menor grado, y muchas personas mayores de 55 años, o jubilados, empiezan a votar como sus hijos y nietos. Y junto a ellos feministas, ecologistas, nacionalistas o gays y lesbianas. Lo apuntaba Iván Redondo en su Blog Moncloa Confidencial (21 de junio de 2016): «Los comicios se han centrado en torno a ellos. La iniciativa la está llevando Unidos Podemos. Sus temas son los que presiden la campaña», y recordaba la frase de León Tolstói de que solo vence aquel que en la batalla está firmemente decidido a ganarla. Mientras, el PSOE tenía dificultades para concretar sus objetivos políticos e insistía en que la posición de Pablo Iglesias confluía con la del PP al no haber permitido un gobierno de progreso después de las elecciones del 20D.

Y a tres días de los nuevos comicios, el 23 de junio, Gran Bretaña votó en un referéndum convocado por el líder del partido conservador y premier, David Cameron, salir o permanecer en la Unión Europea, y por una mayoría del 52 por 100 ganó el llamado Brexit, la salida, frente al 48 por 100 de los que quieren permanecer (Remain contra Leave los términos ingleses que han caracterizado la campaña), creando mayor incertidumbre sobre el futuro de Europa y con probable repercusión en la economía española. Un número importante de británicos, la mayoría jubilados, reside en la costa mediterránea española y ha adquirido residencias —de acuerdo con la legislación de los ciudadanos comunitarios—, lo que generaba incertidumbre sobre el futuro.

El 26 de junio de 2016 los dos partidos que habían intentado formar gobierno después del 20D, Ciudadanos y PSOE, perdieron votos y escaños. Ciudadanos pasó de 40 a 32, con 394.149 votos menos, mientras los socialistas pasaron de 90 a 85 diputados y perdieron 123.678 votos. Sin embargo, la coalición Unidos-Podemos (IU más las distintas fuerzas que configuraban Podemos) no consiguió superar, como preveían la mayoría de las encuestas, al partido socialista, y en la suma de ambas con respecto al 20D perdieron 1.084.024 votos. Una vez más, la estrategia que soñó Anguita con IU no se cumplió. El llamado sorpasso, término italiano que significa adelantamiento, utilizado por el líder del PCI Berlinguer en la campaña electoral de 1976 con la esperanza de sobrepasar a la Democracia Cristiana, no se consumó. La idea de Pablo Iglesias de convertir su formación en la hegemónica de la izquierda quedó en solo un deseo. «Trataron de dividir —afirmaba Cotarelo en su Blog Palinuro el 27 de junio de 2016— y sembrar cizaña en el PSOE enfrentando a unos militantes con otros». El PSOE continuaba siendo el segundo partido en España pero sus apoyos electorales continuaban a la baja, de los 11 millones de Zapatero en 2008 a los 7 millones de Rubalcaba en 2011 a los 5 millones y pico de Sánchez en 2016. El PP superó en votos y escaños los resultados del 20D, de 123 a 137 diputados, con 660.928 votos más, y aumentaba la mayoría absoluta en el Senado (7.906185 votos totales, el 33,05 por 100 de los escrutados validos frente a 5.424.709, el 22,66 por 100, del PSOE). Parecía que su papel, al tener mayor número de votos y a gran distancia del PSOE, facilitaba la investidura de Rajoy, pero quedaban las negociaciones y en las primeras declaraciones el PSOE no estaba dispuesto a pactar con el PP un gobierno ni siquiera abstenerse en la investidura de Rajoy. Consideraba que aún con la pérdida de cinco escaños mantenía la preponderancia de las fuerzas de izquierdas aunque ya no era la segunda en varias Comunidades como Cataluña, Euskadi, Valencia o Galicia y había dejado de ser la primera en Andalucía y Extremadura. La denuncia de la corrupción no parecía ser suficiente para obtener la mayoría para gobernar, la socialdemocracia española necesita aclarar cuáles son sus propuestas en una situación de incertidumbre social, económica y política. Y además existía la experiencia del SPD alemán que compartía gobierno con la Democracia Cristiana (CDU) de Merkel, la gran coalición, pero su respaldo disminuía en cada elección entre los sectores que tradicionalmente le apoyaban. No había sabido reaccionar ante los refugiados y apoyaba las tesis de austeridad que dictaba la canciller, y a su izquierda le surgían organizaciones que cuestionaban una coalición en la que el peso de la dirección la ejercía el partido mayoritario acababa disminuyendo el papel del minoritario.

El PP había sido la única formación política que había aumentado su respaldo electoral con respecto al 20D de 2015 pero aun así el desgaste era evidente: 2.960.346 votos menos que en el 2011 cuando los populares alcanzaron los 10.866.566 votos, el 44,63 por 100, y la mayoría absoluta parlamentaria. El respaldo en el 26J había bajado desde entonces un 11,60 por 100. El bipartidismo reinante desde 1977 estaba en retroceso y los pactos para constituir gobierno, mediante coaliciones o respaldo parlamentario, se antojaban una tarea difícil. Las negociaciones para la investidura continuaban estancadas a pesar de las manifestaciones de todos los líderes de los partidos de que sería un error repetir unas terceras elecciones. Ciudadanos estaba dispuesto a abstenerse en la investidura de Rajoy y el PSOE declaraba su negativa en la primera votación, sin clarificar si se abstendría en la segunda para posibilitar un gobierno que acabara con el que llevaba en funciones más de seis meses. Los socialistas no mostraban una posición unánime y así se evidenció en el Comité Federal del 9 de julio de 2016. Desde aquellos que consideraban que lo prioritario era no convocar unas terceras elecciones y adoptar el papel de oposición y por tanto plantearse, en último término, la abstención, hasta los que proponían intentar formar un gobierno de izquierdas con el apoyo de Unidos Podemos y el resto de partidos nacionalistas —catalanes y vascos con sus posiciones de reestructuración o independencia del Estado—, aunque fuera con los votos justos para conseguir la investidura. Con este planteamiento Unidos Podemos presionaba al PSOE para que optara entre apoyar al PP o intentar ese gobierno, pretendiendo convertir a los socialistas en el eje central de la decisión política e inclinarlo a un lado o a otro del espectro político, lo que consideraba la derecha, simbolizada en el PP y Ciudadanos, o la nueva izquierda con IU, Podemos y los distintos grupos asimilables en Cataluña, Valencia o Galicia.

Todo ello conduce, además, a plantearse la relación entre las soberanías de los estados y la capacidad de las instituciones europeas para imponerse sobre ellas. En qué medida la Unión Europea tiene la fuerza suficiente para implantar políticas unitarias en los asuntos considerados claves para avanzar en una mayor integración. Existe una moneda común, con un Banco Central que condiciona la política monetaria de la mayoría de países de la Unión, el control del déficit, los presupuestos, las transferencias recibidas para infraestructuras o investigación junto a la libertad de movimientos de la ciudadanía que cada vez encontraba mayores dificultades políticas y sociales por el encaje de la emigración de los países menos desarrollados europeos a los desarrollados, además de los refugiados por las guerras o las migraciones asiáticas y africanas que ansiaban reconstruir sus vidas en Europa. El referéndum de Gran Bretaña, en el que triunfó la salida de la Unión Europea, había evidenciado el choque entre las dos soberanías, la británica y la europea, a medida que las directivas de la Comisión y el Parlamento europeos promulgaban normas de unificación sobre distintos ámbitos, y de igual manera se manifiesta en el euroescepticismo de sectores sociales de otros países europeos o en los nuevos partidos calificados de populistas o antisistema que ponen en cuestión el consenso europeo. Además se señala la carencia de líderes europeos capaces de convencer a una ciudadanía descreída.

Así, cabe preguntarse si pueden practicarse políticas económicas distintas a las que se decidan en el marco de las instituciones europeas. ¿Es posible que el gobierno de España plantee propuestas diferentes o contrarias a las líneas marcadas por la Unión Europea? ¿Cuál es el margen de maniobra de los estados? Podrá coincidirse o no con sus políticas pero si se cuestiona el marco europeo como referencia política, social y económica se pone en tela de juicio la progresión o permanencia de la Unión Europea, y por ello tendrá que admitirse la relación de fuerzas que, en conjunto, dominan mayoritariamente en ella. Es lo que ha ocurrido en Grecia con el partido de izquierdas, Syriza, aliado con el partido conservador de los nacionalistas independientes, que ha acabado cumpliendo las directrices europeas, con fuertes costes sociales, a pesar de sus críticas a la austeridad, el control del déficit y la política monetaria. La actual situación europea recuerda las polémicas que se dirimieron en la formación de los Estados Unidos de América a finales del siglo XVIII, en los tiempos de su independencia, entre partidarios de un gobierno federal fuerte o uno dependiente de lo que decidan los estados. Un debate que dura todavía entre el gobierno federal y los estados de la Unión. Recuérdese el enfrentamiento entre Alexander Hamilton (1755-1804), a favor de un estado federal fuerte, y James Madison (1751-1836) defendiendo el poder de los estados que caracterizó el nacimiento de la nación norteamericana. El PSOE está claramente a favor de aceptar el sentido político que gobierna Europa aunque pretenda cambiarlo, como otros partidos socialdemócratas, pero no plantea salirse de la estructura democrática que se marca desde el Parlamento europeo y la Comisión. Pero eso le enfrenta con las nuevas propuestas políticas surgidas en el siglo XXI que consideran que la socialdemocracia histórica ya ha cumplido su papel y que en estos tiempos o se incorpora a las reivindicaciones de las «nuevas izquierdas» y abandona la elite política clásica, o se identificará con los planteamientos de las derechas conservadoras.

CONCLUSIÓN

La crisis, el declive o la transformación de la socialdemocracia española, es decir, del PSOE, podría conectarse con la situación de lo que ha dado en llamarse clase media, base en las últimas décadas de su apoyo electoral: profesionales, funcionarios de todas las escalas, docentes, pequeños y medianos empresarios, autónomos, en fin, esa serie de trabajadores que viven de su trabajo con rentas con las que pueden llegar a fin de mes y por las que pagan impuestos pero sin grandes patrimonios. Habitantes de las ciudades grandes o medianas forman el enjambre de los apoyos sociales del partido socialista español que hasta 2015 había sido hegemónico en la izquierda y que competía por sectores parecidos con el Partido Popular. A distancia estaba Izquierda Unida, fórmula que, ante la crisis del Partido Comunista, intentó articular una formación heterogénea que fuera más allá del PSOE en sus propuestas políticas y sociales pero que siempre tuvo una representación modesta en las Cortes o en los parlamentos autonómicos, y que en municipios y diputaciones articuló alianzas electorales con los socialistas. La novedad es que a los dos grandes partidos que han gobernado desde la Transición les están haciendo la competencia nuevas formaciones políticas que han dispersado al electorado y que han captado el interés de las generaciones jóvenes. Es el caso de Ciudadanos con respecto al PP y de Podemos con respecto al PSOE. Este último partido ha tenido un despegue rápido y, al margen de los calificativos de populismo bolivariano que se han vertido contra él por su vinculación al chavismo de Venezuela, ha desarrollado una expectativa de renovación política en sectores sociales diferentes, especialmente, en la población de entre veinte y cuarenta años. Sin embargo, como ya se ha señalado, sus líderes destacan la defensa de los principios socialdemócratas y atribuyen a los representantes del PSOE el abandono de los postulados que caracterizaron a los partidos socialistas desde el siglo XX. Para Podemos, los socialistas españoles han descafeinado las políticas a favor de la igualdad y han aceptado los recortes del Estado de bienestar en sanidad, educación, pensiones y prestaciones al desempleo o a la dependencia, marginando la capacidad del Estado para incentivar el empleo y las inversiones públicas, algo que también había venido reivindicando Izquierda Unida pero cuya proyección fue siempre modesta y susceptible de varias escisiones por cuanto se le atribuía el control del Partido Comunista. Es la historia de la socialdemocracia desde la Segunda Guerra Mundial: cuando hay una crisis económica y una pérdida de las condiciones sociales de los sectores identificados con los trabajadores o con las aludidas clases medias, surgen opciones a la izquierda de los partidos socialdemócratas que intentan adaptarse a las circunstancias e impedir las menores restricciones. El Estado de bienestar se extendió en toda Europa desde 1945 y se fue ampliando de tal forma que aproximadamente la mitad del gasto público fue destinado a los derechos sociales. Y, además, fueron surgiendo nuevas demandas a través de los movimientos feministas, ecologistas o de las minorías marginadas, en las que cabe enclavar los nuevos movimientos nacionalistas que han tenido especial fuerza en España desde el siglo XX. Pero no solo surgen opciones que teóricamente se presentan más radicales que las propuestas socialistas, también se propagan los denominados populismos de derechas, con el respaldo de las clases medias. Muchos trabajadores apoyan a formaciones que creen luchar contra los privilegiados del sistema, sean conservadores o progresistas. El nivel social alcanzado con su esfuerzo a lo largo de los años o la imposibilidad de encontrar trabajo estable y suficientemente remunerado para sus hijos les genera la sensación de pérdida de estatus y la convicción de que sus descendientes vivirán peor.

El PSOE que representa la socialdemocracia clásica española, con sus cambios de estrategia a lo largo de la historia, sus ganancias o pérdidas de apoyo electoral, sus programas a veces revolucionarios, a veces reformistas, sus propuestas unitarias o federalistas sin concretar, ha estado marcado por una cierta ambigüedad que le ha servido para adaptarse a situaciones diversas. Así, desde la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la represión y el exilio franquista, la Transición política, la fusión de los distintos socialismos surgidos en la clandestinidad, los gobiernos socialistas desde 1982 a 1996 o desde 2004 a 2011, la socialdemocracia española ha viajado por distintas trayectorias sin que haya tenido que refundarse ni cambiar de siglas desde 1879. En ellas y en sus maneras existe una línea de continuidad que no resulta fácil de explicar pero que intuitivamente se identifica. Y, al contrario, se da también un antisocialismo en distintos sectores políticos y sociales que posee caracteres irracionales. Desde la derecha se ve en ocasiones a los socialistas como una organización cuyo posicionamiento varía hacia actitudes moderadas o radicales, mientras que desde la izquierda se acusa al PSOE de haberse entregado al capitalismo neoliberal y aceptar sus reglas del juego.

La crisis económica iniciada en 2008 ha revalorizado las políticas públicas por cuanto las pensiones, la sanidad y educación gratuitas han paliado las desigualdades de rentas que han retrocedido en muchos hogares españoles, como ha puesto en evidencia un estudio de la Fundación del BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Goerlich, 2016). El mercado laboral ha sufrido una transformación aumentando las diferencias sociales con su repercusión en las llamadas clases medias que han visto reducir sus ingresos y deterioradas sus condiciones de vida, de tal manera que si en el 2000 el 59 por 100 de la población se situaba en rentas medianas y el 30 por 100 en bajas, a partir de 2008 se descendió al 52 por 100 y los situados en niveles más bajos han aumentado hasta el 39 por 100. Se calcula que unos tres millones de personas se ha desplazado de las zonas intermedias a las bajas, de ahí la importancia del gasto público en la gratuidad de los servicios y la política de reivindicaciones para que mantengan los servicios gratuitos

Los economistas discuten sobre si ha existido austeridad en el gasto público en la recesión económica (2008-2015). Para unos se ha producido con bastante intensidad mientras que para otros ha sido escasa y señalan que la caída del gasto no necesariamente comporta deterioro de los servicios, al tiempo que, en algunos casos, las inversiones públicas han aumentado, como en la educación no-universitaria. Se alude a que puede haber bajadas de salarios a los funcionarios públicos o disminución de los precios de lo que compra la administración a los distintos proveedores pero el servicio ofrecido sigue manteniendo las mismas capacidades para los usuarios. Para otros, el gasto público ha disminuido sustancialmente y puede explicar la reacción de muchos sectores sociales y la aparición de nuevas reivindicaciones políticas.

En esta tesitura surgen voces desde la izquierda, como la del sociólogo Wolfgang Streeck, director del Max Planck Institute, que apuntan la posibilidad del colapso del capitalismo puesto que podía reproducirse, a mayor escala, la crisis financiera iniciada en 2008 porque consideran que se incrementa el número de las personas que quedan fuera de los elementos básicos de bienestar que ofrecen las sociedades desarrolladas (Streeck, 2014). Al parecer, los recursos privados son cada vez más determinantes para disfrutar de esas condiciones del progreso del capitalismo, que puede tener límite, pero resulta casi imposible que las ciencias sociales puedan contrarrestar las tensiones sociales que se producen en la actual coyuntura puesto que los mercados son los que imponen la dirección política de las sociedades donde la capacidad del estado-nación queda al albur de poderes que no controla y que le obliga a comportarse de una determinada manera, lo que supone evitar la capacidad democrática de la mayoría: «la izquierda tenía más razones para temer que la derecha liquidara la democracia que la derecha a temer que la izquierda aboliera el capitalismo por el bien de la democracia» (Streeck, 2011, 6).

Uno de los elementos que tiene que dilucidar la socialdemocracia en las sociedades del siglo XXI es hasta dónde permite la cultura del consenso, que hace posible que las diferencias políticas se pacten entre las elites de los partidos políticos hegemónicos, de tal manera que son los políticos profesionales, o los que se erigen como tales, quienes deciden lo que conviene a la ciudadanía. Se evitan al máximo, en función de la preeminencia de la estabilidad social y económica, los antagonismos políticos y económicos y se espera que la ciudadanía simplemente refrende las decisiones que se toman en su nombre. Así, las nuevas generaciones tienen la sensación de que todos los discursos políticos tienden al consenso y el PSOE aparece como un partido más de un sistema que busca, fundamentalmente, conservar lo logrado por el llamado Estado de bienestar y cuyas alternativas ya no tienen la fuerza de movilización de otras épocas (Delgado, 2014). Suele explicarse que todo ello es el resultado de la cultura de la Transición en un país con una permanente inestabilidad política desde el siglo XIX, donde las guerras civiles fueron la manera de resolver las disputas sociales, y que por fin consigue, a finales del siglo XX, establecer instituciones democráticas estables a semejanza de otros europeos con mayor tradición (Fernández-Savater, 2013). Los enemigos de los españoles fueron los mismos españoles. Salvo la guerra de la Independencia en 1808 contra los franceses España no tuvo un enfrentamiento militar con ninguna potencia europea. Las guerras de Cuba, Filipinas o Marruecos fueron marginales respecto a gran parte de la población, algo lejano de su vida cotidiana, aunque sí impactaron en intelectuales, movimientos sociales y políticos internos que destacaron la crisis del Estado o la postración social de sus habitantes, y que sirvieron para articular críticas de sus escritores e intelectuales en un país sumido en el estancamiento. Desde esa perspectiva, el PSOE estuvo dividido a la hora de afrontar sus políticas de gobierno, encalladas entre las propuestas revolucionarias o el reformismo político. El problema es que la dinámica histórica no parece estar regida por una estabilidad permanente y las contradicciones afloran con una mayor fuerza en un mundo cada vez más globalizado y, en concreto, en una España sumida en varias líneas de fracturas territoriales y culturales. No obstante, es posible que las propuestas socialdemócratas cambien o se transformen, y otras organizaciones vengan a ocupar su espacio pero, aun así, habrá contribuido a intentar superar desigualdades sociales y consolidar estructuras democráticas, al menos esa ha sido y es la intención de mi generación.

El gran dilema, no obstante, es si Europa podrá seguir manteniendo las prestaciones sociales del Estado de bienestar en un contexto donde el marco económico y social europeo ya no es un espacio que marca una hegemonía mundial indiscutible, que le ha servido para mantener un estatus de privilegio, basado en la cultura y la capacidad de transformación económica sobre gran parte del mundo. No parece que el camino de aumentar el déficit público que repercutirá en la deuda del Estado pueda ser una solución para continuar atendiendo las prestaciones sociales actuales o futuras, y en ese sentido se hacen inevitables las políticas de ajuste. Además, la presión fiscal puede aumentar pero tiene límites y a partir de un punto puede ser contraproducente, y la cuestión es delimitar dicho punto en el contexto de la economía española. Queda la alternativa de favorecer el crecimiento económico para pagar los beneficios del bienestar social lo que conduce a políticas calificadas de neoliberales, como ha impuesto la Unión Europea con el Pacto de Estabilidad. Es la diatriba sobre austeridad y expansión lo que ha marcado en el último decenio del siglo XXI el debate político y económico, con la consiguiente disminución de credibilidad de la socialdemocracia. El problema es que hasta ahora no ha encontrado una vía alternativa. Todavía los países europeos cuentan con una importante capacidad de innovación e investigación, tienen un gran patrimonio pero han de abordar la emergencia de otros países de Asia, África y Latinoamérica. Ahora bien, es difícil que pueda mantener la unidad étnica ante la avalancha, cada vez mayor, de personas de otros continentes que aspiran a una vida como, hasta ahora, la de los europeos, y estos habrán de afrontar la dificultad de seguir liderando su manera de entender el mundo y administrarlo.

Y junto a todo ello, el PSOE tiene pendiente teorizar sobre cuáles son las relaciones entre sus orígenes políticos de defensa de la clase obrera, que entonces parecía homogénea, y su proyección sobre los individuos como ciudadanos a los cuales se dirige principalmente desde mediados del siglo xx al margen del sistema productivo. En qué medida el discurso del antagonismo de clase está ya obsoleto o se reformula bajo nuevos parámetros, de tal manera que la economía de mercado no parece devenir en clase obrera sino en individuos que bajo unas mismas oportunidades sociales se instalan en la sociedad. O si, en caso contrario, procede rehabilitar la solidaridad obrera como defensa de las conquistas sociales. Un dilema secular de la socialdemocracia europea.

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Edición en formato digital: 2016

Diseño de cubierta: INGenius

Ilustración de cubierta: María Artigas

© Javier Paniagua Fuentes, 2016

© Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S. A.), 2016

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