A las buenas gentes de España

que cada día luchan por sobrevivir a los efectos devastadores de una crisis sin precedentes.

A esos hombres y mujeres que se sienten desamparados ante la amenaza real de la pérdida del empleo o la imposibilidad de cumplir con sus compromisos económicos.

A los jóvenes que no encuentran su camino hacia la realización

personal y profesional

para la que tan a conciencia se han preparado.

A aquellos que entendieron lo que significa el servicio público y se mantienen fuera del alcance de mafiosos, inmorales y desaprensivos.

A todos ellos va dedicado este libro,

denuncia firme y enérgica contra la corrupción política, y llamada de atención, a quien pueda interesar, para que la impunidad deje de ser el refugio de estafadores y deshonestos.

«¡ÁBRETE, SÉSAMO!»

Si yo les digo «Alí Babá y los cuarenta ladrones», ¿a que saben ustedes de qué va la película? Naturalmente, porque se trata de un relato clásico que a la mayoría de nosotros nos contaron siendo niños.

La verdad es que Alí siempre me cayó bien, como no podía ser de otra manera si repasamos su biografía. Se trata de un tipo modesto pero decidido, que se hace querer, cuya imagen ingenua y cándida diseñada por mi mente infantil me acompañó inalterable durante todos estos años. ¿Cómo no sentir ternura y solidaridad por un currante y honrado leñador, pobre de cuna y condición, pero pobre, pobre, o sea, de los que llevan todas las papeletas para ser un desgraciado de por vida?

Pero, hete aquí que, por avatares del destino, se hace rico robando a una banda de ladrones de sólida estrategia y dilatada experiencia, circunstancia que, según el refranero español, cuenta con cien años de perdón. Gracias a estar en el lugar adecuado y en el momento oportuno, Alí descubre el secreto de una banda de facinerosos que, a modo de paraíso fiscal, esconden en una cueva singular sus tesoros conseguidos con malas artes. Una versión de las Islas Caimán a lo Mil y una noches, consistente en una gruta offshore absolutamente carente de transparencia impositiva. Pero no nos engañemos. Aunque Alí era un mísero vecino de Bagdad, jamás se planteó compartir las ganancias con sus colegas necesitados.

«¡Ábrete, Sésamo!», decían los bandoleros, y la enorme piedra que sellaba la entrada de la guarida se retiraba para dejar libre acceso a la formidable hura, cuyas dimensiones daban para albergar holgadamente a los cuarenta hombres con sus cabalgaduras y a cuantos cofres y vasijas repletos de joyas y dinero eran capaces de acumular aquellos intrépidos árabes. Al grito de «¡Ciérrate, Sésamo!», la roca se desplazaba de nuevo, manteniendo a salvo riquezas y fortunas en el interior de la montaña. Conocida la contraseña, para Alí resultó sencillo acceder a la catacumba y, controlando cierta codicia, sustraer una pequeña parte del tesoro, lo que, a todas luces, le hizo prosperar ostensiblemente, mientras sus convecinos alucinaban con el cambio. Pero nuestro héroe, en un arranque de consanguínea conciencia y escrupulosos remordimientos, decide compartir el secreto con su hermano Casim, al que las cosas le iban bastante mejor que a él. Es lo que tiene la familia, que la sangre tira mucho y a ver quién es el valiente que se resiste. Pero Casim, sin medida ni mesura, se empeña en sacar de una sola vez la mayor tajada posible del hallazgo, y cegado por la ambición y el nerviosismo del momento, el muy necio olvida las palabras mágicas para salir de la cueva, por lo que los ladrones, que lo encuentran dentro, lo matan, y lo entierran después bajo un montón de monedas. Alí rescata el cadáver de su hermano y de esta manera se delata como conocedor del escondite secreto y de la famosa contraseña. Después viene la persecución, pero el cuento acaba bien. Los ladrones mueren a manos de una esclava de Alí, que descubre el plan de los facinerosos de introducirse en casa del amo metidos en tinajas de aceite, como parte del regalo de un supuesto emir.

Moraleja: el granuja más vivo es el que se alza con la victoria, pero ni devuelve los tesoros a sus legítimos propietarios ni los comparte, y encima nos quedamos sin saber, a perpetuidad, si concede la libertad a la esclava, su testaferro, o si, por lo menos, en agradecimiento se casa con ella. ¡Qué mal rollo! Cuando era niña, Alí Babá me parecía un paladín y ahora caigo en la cuenta de que no era más que un chorizo de cuidado, que, en contraposición a Robin Hood, robaba para su peculio y no para paliar las necesidades de un pueblo oprimido y agobiado por los impuestos de jeques avaros y califas codiciosos y cicateros.

En fin... Es lo que tienen los cuentos: que son para niños.

Pero los españoles del siglo XXI hace tiempo que dejamos atrás la infancia y los cuentos, y ahora lo que exigimos, porque podemos y un Estado de Derecho democrático y moderno nos ampara, es que la Justicia haga su trabajo, que es proteger a los ciudadanos honrados y castigar a los deshonestos, poniendo a buen recaudo a los corruptos y estafadores. Para este fin, sería muy conveniente contar con la colaboración inestimable de los medios de comunicación, como vehículos de continua denuncia e intermediarios legítimos entre los eventuales abusos derivados del ejercicio del poder y la ciudadanía. Pero, lamentablemente, la sociedad española incluye a los medios de comunicación entre las estructuras que no merecen su confianza. Según algunos estudios realizados recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas, partidos políticos, empresas y medios de comunicación son las instituciones calificadas como más corruptas por los españoles. En este último caso, la perversión no se entiende como consecuencia de cobros ilegales, sobornos o actividades ilícitas, sino como dejación permanente de uno de los pilares básicos de la función periodística: la independencia informativa.

Tampoco sería coherente que los ciudadanos abdicáramos de nuestras propias responsabilidades y renunciáramos a aislar a los corruptos y a los partidos y organizaciones que los amparan, negándoles el pan y la sal de nuestra confianza electoral, único instrumento que les proporciona el acceso a los puestos de poder e influencia. Y, desde la Administración, los que pertenecemos a ella, debemos hacer cuanto esté en nuestra mano para destronar a los que envilecen la profesión de servidores públicos, haciendo incluso apología de sus argucias y estratagemas, mientras burlan los filtros de control, la mayoría de las veces también contaminados como consecuencia de una maquinaria añeja y estéril, a fuerza de años de funcionamiento tendencioso e inercial.

Estamos en crisis, de eso no cabe la menor duda. Los sistemas políticos y financieros se han demostrado incompetentes para afrontar los retos de un futuro que hoy es presente y que no supimos adivinar ni prevenir. El liberalismo feroz ha causado en el mundo desarrollado los mayores niveles de pobreza y desempleo que se recuerdan, consumiendo entre sus devastadoras llamas las esperanzas de una juventud que compagina la mejor formación de la historia con una precariedad en el empleo y en sus retribuciones que simplifica sus legítimas ambiciones y expectativas hasta reducirlas a la mera supervivencia con independencia de sus progenitores, cuyos bolsillos tienen también espesas telarañas. El mileurista es hoy el aristócrata del empleo juvenil.

En este contexto, las religiones tradicionales continúan aferradas a dogmas de fe que hoy carecen de sentido, ni siquiera como consuelo para los que sufren y no encuentran explicación a sus padecimientos. Mantienen inamovibles unas estructuras del pasado incapaces de responder a las grandes cuestiones que se plantea una humanidad globalizada, alimentando, en algún caso, el terrorismo y el sacrificio de inocentes en aras de no se sabe qué clase de mundo mejor, mientras se presentan, más que nunca, como una calamidad sobrevenida a los incontables infortunios que asolan al hombre contemporáneo. Hoy, el mundo musulmán está en pie de guerra, precisamente en respuesta a las circunstancias descritas, opresoras y tiránicas. Y, para terminar, no es asunto menor la constatación de que habitamos un planeta que se deteriora a tal velocidad que, en pocos años, se han pulverizado todas las previsiones de calentamiento y destrucción de los recursos que se vaticinaban en un horizonte mucho más lejano.

En fin, que iniciamos la segunda década del siglo XXI ungidos por el óleo de un pesimismo atroz, de una desmoralización colectiva y, lo que es peor, con la más que fundada sospecha de que no hay nada que hacer, que las cosas no van a cambiar y que la durísima situación económica, laboral y social que ahora nos castiga, lejos de aflojar la presión, causará mayores daños y desgracias que aún están por llegar. Un gran número de españoles piensa que no tenemos arreglo, que los responsables del desastre no van a pagar por sus desafueros, que nuestra clase política actual es la peor de la era democrática moderna y que, aunque se celebren, una y mil veces, elecciones generales, autonómicas o municipales, gane el partido del Gobierno o el de la oposición, la izquierda o la derecha, la Confederación de los Verdes o el Partido Antitaurino, nada va a cambiar, porque ninguno de nuestros líderes cuenta con el carisma y la credibilidad que serían deseables, máxime en una complejísima coyuntura socioeconómica como la que atravesamos. Las formaciones políticas que les respaldan no pueden tirar la primera piedra, y la atmósfera que tristemente se respira corresponde al convencimiento de que lo único que nuestros candidatos y representantes persiguen es la poltrona y los privilegios de los que ahora gozan unos y..., «¡ya va siendo hora de que nos toque a otros!».

Entonces, ¿es que no hemos aprendido nada en más de tres décadas de democracia? ¿Tan deprisa hemos olvidado los males de una dictadura a la que queríamos vencer para ser tan libres, tan demócratas y plurales como nuestros envidiados vecinos europeos? ¿Cómo es que algunos que enarbolaron no hace tanto las banderas de la igualdad, de la justicia, de la ética y del imperio de la ley se manifiestan hoy atacados por el virus de una codicia arrogante y prepotente, abducidos por los cantos de sirena del dinero fácil y del pensamiento plano y superficial? ¿Es que no contamos con leyes suficientes y eficaces para evitar la impunidad que, a todas luces, se ha instalado en nuestro sistema, dando como resultado que las conductas corruptas y fraudulentas no reciban el castigo que sería deseable? Pero lo que es peor es que la ciudadanía se acostumbre, porque cuando los pueblos interiorizan el problema, lo normalizan y lo asumen y creen que no existe. Con respecto a la corrupción, es bastante frecuente que admitamos su «licitud», ignorando inconscientemente su antijuridicidad. No cabe duda de que el ser humano es débil y frágil, en su esencia y en su consistencia y, desde luego, también en su moral.

Es más que curioso el proceso de desideologización de los partidos políticos, que se mueve más deprisa que un Ferrari, hasta el punto de que al hablar de política ya nadie con sentido común se refiere a la ideología, sino al poder. Las convicciones son sustituidas por el marketing y el pragmatismo político, ambos más rentables electoralmente, a riesgo de poner en serio peligro unos valores que hasta hace poco eran irrenunciables. Por otra parte, la supremacía del poder económico sobre el político es cada vez más evidente, con las consabidas consecuencias negativas. El poder real es económico y el matrimonio entre política y dinero es siempre adúltero, porque desvirtúa el verdadero sentido del servicio público y del interés general.

España está en crisis. Sí. Pero la situación no es irreversible. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. No nos conformemos con la idea de que «es lo que hay», porque, como lo que hay no sirve, hay que cambiarlo. Sin miedo, con decisión y energía. Hay que limpiar a fondo, con determinación, y eliminar hasta el último germen para erradicar la pandemia que suponen las conductas oportunistas de los que sacan ganancias de los ríos revueltos, pasándose por el forro de la conciencia las penurias y calamidades en las que se debate el devenir de sus propios votantes. Porque eso duele... y mucho.

La corrupción lastra el desarrollo de cualquier país al menoscabar sus recursos. La recesión mundial ha vuelto a poner el problema en las primeras páginas de la prensa, y los enchufismos y las conductas deshonestas aumentan la indignación colectiva, a medida que se anuncian restricciones, recortes y sacrificios al resto de la ciudadanía, que tiene el derecho y el deber de exigir la utilización de los fondos públicos con más eficacia y mayor transparencia. Pero lo más sorprendente es que en lugar de emprender una campaña decidida reclamando el funcionamiento, a pleno rendimiento, de los mecanismos de control de los que disponemos y la actuación de la Justicia como reparadora de derechos lesionados, se intente deslegitimar y criminalizar al que investiga y denuncia públicamente. O sea, el mundo al revés.

Tal vez sean cientos las veces que he leído la disertación de Albert Einstein sobre las crisis que cíclicamente asolan a la Humanidad, y cientos serán las que de nuevo lo haga en el futuro, porque no hay duda de que estas pocas frases, como sentencias infalibles, contienen las claves para afrontar situaciones límite como la que ahora nos castiga sin piedad y positivar así sus negativas consecuencias. Juzguen ustedes mismos:

No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en las crisis donde nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin verse a su vez superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.

A. Einstein

Vuelvan a leerlo, por favor... Que les cale hondo. ¿Han tomado nota? Pues ¡Carpe diem! Sacudámonos de una vez el polvo de la rutina y la pereza y alcemos nuestra voz para vencer el conformismo y la resignación que aletargan nuestra voluntad de sometidos como si de una droga subyugadora se tratara. Es la hora de actuar, de formatear el disco duro, de reinventarnos y de exigir a nuestros dirigentes que dejen de hablar de crisis y trabajen duro para superarla. Codo a codo, como hacen los auténticos servidores públicos, con sentido de la responsabilidad y del Estado. Basta ya de tirar la piedra y esconder una mano que no está limpia, y pongan orden y decencia, ante todo, en sus propias filas. ¿Cómo se puede dormir a pierna suelta cuando se vive de prebendas y sobresueldos, mientras los que te han colocado con sus votos en tan lucrativo emplazamiento contemplan impotentes cada día cómo mengua su poder adquisitivo o se evaporan su trabajo y su vivienda, mientras se arruina su vida y la de sus familias?

Sin credibilidad, un líder o una organización política no son nada. Han perdido su esencia, la materia y el espíritu que da sentido a su existencia. Algo muy preocupante sucede cuando los partidos políticos prefieren hacer uso de la corrupción como argumento electoralmente rentable en vez de combatirla, cuando ocultan sistemáticamente sus turbias fuentes de financiación o cuando acusan al adversario de pecados que a veces son superados con creces por los propios. En un escenario globalizado de crisis económica, en el seno de una democracia y con el estandarte del Estado de Derecho a la cabeza, no es de recibo la permisividad hacia las conductas despreciables de quienes más tienen y, por tanto, menos necesitan.

Pero aun en este tiempo de crisis, donde todo parece más confuso si cabe, siguen existiendo unas reglas intemporales no escritas, que constituyen el principio de la contención de los comportamientos delictivos y los impulsos inmorales, como la honradez, la decencia, la honorabilidad, la integridad, la dignidad, la lealtad, que aquí y ahora reivindico con la misma cuota de conciencia y honor con la que juran sobre la Constitución o la Biblia algunos de los personajes que conoceremos en este libro.

Y los ciudadanos... ¿Qué podemos hacer para contrarrestar el circo mediático que nos ofrece a diario una clase política que decide sobre nuestras vidas y haciendas, mientras se reproducen como setas los que meten la mano en el cajón? ¿Nos queda algún resquicio por dónde rebelarnos contra estas pérfidas prácticas, ante la pasividad de los que gobiernan y la desleal oposición de los que esperan impacientes que caigan los que están para proceder a su sustitución?

Reflexionemos juntos sobre las respuestas a estas preguntas y, mientras lo hacemos, yo les invito a leer las páginas siguientes en un ejercicio de repaso ilustrativo y entretenido, desde un humor casi negro, con mirada cítrica, a algunos pasajes de la historia de la España reciente y no tan reciente, que espero les ayude a sonreír. Es un intento sincero de mitigar la impotencia y la crispación que en ciertos momentos a todos nos invade, pero sin mermar un ápice la gravedad y la recriminación forzosa que merecen las conductas que se reproducen a continuación.

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DEL SEISCIENTOS A LA CONSTITUCIÓN

Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, aunque, la verdad sea dicha, contemplando algunos ejemplares del género, cuesta ser tan crédulo. Definitivamente, me decanto por la teoría de la evolución darwiniana, con el mayor de los respetos por gorilas y orangutanes como padres putativos de nuestra excelsa especie. Sea como fuere, el hombre, desde que tomó posesión del planeta como su rey indiscutible, no ha hecho más que causar calamidades, provocar conflictos y depredar su propio hábitat, y todo ello justificado por su original imperfección... Concretando: por defecto de fábrica, sumado, desde luego, a su libre albedrío, cuyo ejercicio tiene a veces más peligro que elefante en cacharrería.

Desde que el mundo es mundo, las flaquezas y los vicios son consustanciales a la naturaleza humana, tan capaz de épicas y gloriosas hazañas como de las más graves perversidades, fruto de innobles pasiones. La envidia, la ira, la lujuria, la soberbia, la avaricia son una constante en cada capítulo de la historia de la humanidad, así que es oportuno asegurar que la codicia y la corrupción ya tenían su protagonismo en la vida cotidiana del Homo sapiens del Paleolítico.

Pero para evitar remontarnos a épocas ancestrales que podrían apartarnos de nuestro objetivo, comenzaremos el recorrido centrándonos en España, en la etapa inmediatamente anterior al periodo democrático, con el propósito de poner de manifiesto la convergencia entre dictadura y corrupción, y entre esta e impunidad.

* * *

Instaurado el régimen de Franco e iniciada la etapa de posguerra, con toda su carga de hambre, miseria, carestía y privaciones para la mayor parte de la población, tuvo lugar en paralelo un rápido enriquecimiento de los corruptos, en medio de una total impunidad. Todos hemos oído en algún momento frases del siguiente tenor: «Con Franco, esto no pasaba...». Y yo afirmo, con rotundidad, que la clave está en que lo que sucede en el seno de un régimen dictatorial se desconoce, porque los medios de comunicación están cautivos y lo poco que trasciende se asume con la resignación que corresponde a una ciudadanía carente de los más elementales derechos.

Juan Eslava Galán, en su libro De la alpargata al seiscientos, desgrana, a través de hilarantes situaciones, una crónica de la vida cotidiana en la España de los años cincuenta y sesenta. Después del recorrido, el autor relaciona estrechamente el poder omnímodo de una dictadura con una corrupción al rojo vivo.

La dictadura es, en sí misma, un acto de corrupción y, si estamos de acuerdo con esta afirmación, lo estaremos también con la premisa de que todo dictador es igualmente corrupto por definición. La sentencia, ya clásica, de Lord Acton en cuanto a que la política tiende a corromper y la política absoluta tiende a corromper absolutamente, se reafirma con el análisis de los sistemas totalitarios que la Historia nos ofrece y, desde luego, el régimen de Franco no fue distinto.

Durante cuarenta años, la familia Franco acumuló gran cantidad de bienes y propiedades. Diversas investigaciones firmadas por Mariano Sánchez Soler concluyen que la familia llegó a poseer un entramado de más de ciento cincuenta empresas y un patrimonio valorado entre 6.000 y 10.000 millones de pesetas. A lo largo de las cuatro décadas totalitarias, numerosos casos de corrupción salpicaron el entorno doméstico del Generalísimo, en especial a sus hermanos Nicolás y Pilar Franco, y a su yerno, el marqués de Villaverde, ante la pasividad y la tolerancia de los poderes públicos, así como por la represión ciudadana y la inexistente libertad de prensa.

Escándalos como el de la Barcelona Traction, a finales de los cuarenta, o los casos Matesa o Reace, ya en los sesenta y setenta, son ejemplo de algunas de las más vergonzosas tramas que se silenciaron por la implicación de familiares muy cercanos al dictador o de miembros insignes del Gobierno o de la sociedad de la época.

En 1954, el «yernísimo» de Franco consiguió que las motos Vespa fueran conocidas como las «Villaverde Entra Sin Pagar Aduanas», debido a los pingües beneficios que le reportó el turbio negocio de importación de las famosas motocicletas. A mayor abundamiento, bueno es saber que el ínclito hijo político del Caudillo figuraba en veintisiete consejos de administración públicos y privados y ocupaba ocho puestos en la sanidad pública. Para redondear las cifras, solo añadir que los integrantes de la familia Franco figuraban como miembros de los consejos de administración de más de cien empresas.

George Laurent Rivara era una especie de corredor o bróker suizo que cobraba nutridas comisiones por colocar clandestinamente los fondos de sus clientes en cuentas secretas de la banca suiza, ante el temor de las grandes fortunas por los proyectos de liberalización económica que tímidamente empezaban a ponerse en marcha, tras dos décadas de autarquía e hiperproteccionismo. Pero un día, en un control rutinario, pillaron al bueno de Rivara, cuando llevaba sacados de España más de 70.000 millones de pesetas. La famosa «agenda Rivara» contenía la relación de sus clientes y el montante de sus operaciones. Tras concienzudo expurgo, quedó reducida a ochocientos setenta y dos nombres, todos ellos más adictos al régimen que los hippies a la marihuana.

Corría el año 1959 y el hermano del dictador, Nicolás Franco, iba a desencadenar la quiebra de Manufacturas Metálicas Madrileñas, empresa dedicada a la fabricación de cacerolas de aluminio, como consecuencia de su desastrosa gestión y estafa manifiesta. Por primera vez, los indignados accionistas abuchearon el apellido Franco en una Junta memorable que se celebró en el Cine Gran Vía de Madrid. El Gobierno impidió el proceso judicial del «hermanísimo», resolviendo la quiebra «en familia». Este personaje, que tanta influencia tuvo en la política exterior española durante la dictadura de su hermano Francisco, efectuó numerosas declaraciones públicas, algunas, como se puede comprobar, con certera puntería. Sobre Gibraltar, declaró a la prensa británica: «El peñón ya no es importante, en vista de las armas de largo alcance y la tecnología moderna». Y respecto a la OTAN: «No creo en estos intentos de unir naciones en un rompecabezas, pedirles que rindan su soberanía, pierdan sus tradiciones y hagan un fondo común con sus lealtades. No creo que este sistema tenga éxito ni ahora ni en el futuro». ¡Un tío listo...! Se ve que le venía de familia.

Y como convendría ir terminando para no cansar al respetable, lo haremos con el tristemente famosísimo escándalo de Sofico.

El denominado Grupo Sofico, ese que tenía como logo un caballito de mar que, junto con la abejita de Rumasa, forma parte de mis evocaciones de infancia y juventud por su machacona presencia —¿a que lo recuerdan?—... Bueno, pues esta inmobiliaria fue creada para construir apartamentos en la Costa del Sol y, en especial, en Estepona. Al principio la cosa fue bien, porque la venta de los inmuebles se realizaba una vez que estos estaban terminados, pero después la transacción se hacía sobre planos, cobrándose cantidades a cuenta y, en ocasiones, hasta la totalidad del precio, con el fin de que los futuros propietarios financiaran la construcción. La madeja se fue enredando cada vez más hasta que todo aquel plan se hizo inviable, porque el pago de la rentabilidad del 12 por ciento que prometía su propaganda suponía el desembolso anual de todo lo que entraba por la única fuente de ingresos. El crack se preveía inminente pero, a pesar de ello, el Ministerio de Información y Turismo premió a la entidad con la Medalla de Plata al Mérito Turístico. 17.000 personas estafadas, un agujero de 13.000 millones, 4.000 empleados en el paro y 25.000 inversores en la estacada. Pringados hasta el cuello, ministros, militares y altos cargos de la época; y solo dos condenados, Eugenio Peydró, en aquel momento presidente del Consejo de Administración, y su hijo, que nunca llegaron a cumplir la pena, entre otras cosas, porque el padre murió pocos días después de finalizar el juicio. La sentencia, de 212 folios, precisaba la cantidad de la insolvencia definitiva del Grupo en 8.182.555.731 pesetas. ¡Qué!... ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo?

Sin ningún recato, Pilar Franco, hermana del Generalísimo, viuda, con diez hijos y beneficiaria de una pensión normalita, se animó a comprar en 1957, por 100.000 pesetas, un solar de 87.500 m², en la calle Antonio Casero de Madrid, más o menos donde hoy está Torrespaña. Gracias al excelente trabajo de un falsificador de documentos públicos y mercantiles, llamado Manuel Bruguera Muñoz, que se inventó el mapa de la zona, la viuda, en 1973, pudo vender la finca... por 134 millones de pesetas. A esto se le llama rentabilidad.

La corrupción bajo la dictadura no salió a la luz hasta Matesa, pero antes hubo innumerables conspiraciones político-financieras y acusaciones de negocios inmorales desconocidos hasta ahora, que se desvelan en los documentos del archivo privado de Franco que ahora se hace público en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.

Según algunos historiadores, entre ellos Paul Preston, una de las asignaturas pendientes que quedan sobre el dictador es un profundo estudio sobre la corrupción que había en el país y en el entorno de su familia, sin duda, la gran beneficiada del régimen. Prestigiosas publicaciones han realizado algunos reportajes de investigación sobre las cuentas ocultas de Franco. En ellos aparecen detalladas sus inversiones en bolsa o los ingresos millonarios que obtuvo por la venta de café, el contenido de innumerables cartas y documentos privados, tremendamente comprometedores si se hubieran conocido en su día, además de un verdadero elenco de halagos y lisonjas correspondientes a un culto desmedido a la personalidad, que hoy se nos antoja ridí culo.

La antología de expresiones susceptibles de reproducir sería infinita, pero a mi juicio merece la pena rescatar algunas de estas perlas. Cardenal Herrera Oria: «Fue enviado por Dios un hombre cuyo nombre era Francisco»; Álvaro Cunqueiro: «El Caudillo es el Sol»; Pilar Primo de Rivera: «Franco es nuestro Señor en la Tierra»; Pilar Franco: «Un día tocarán a vuelo las campanas y mi hermano será santificado»; Vicente Gil, su médico: «El Caudillo es un prodigio de la naturaleza»; Augusto Pinochet: «Franco era mi Dios». Y la mejor de todas, la de Ernesto Giménez Caballero: «Es el hijo del Padre Todopoderoso. La estilográfica más poderosa de España. Es su falo incomparable».

¿Firmaría con ese bálano las sentencias de muerte...?

CHAPAPOTE DEMOCRÁTICO

Después del empacho de desfalcos y saqueos, de chanchullos y latrocinios totalitarios, del rosario de mangantes y timadores cuyos atropellos quedaron indemnes como consecuencia de la justicia más injusta, los españoles nos disponíamos a cambiar el rumbo de nuestra historia. Recuperada la monarquía, que sería constitucional tras la aprobación de la Carta Magna, íbamos a entrar en el selecto club de los países normalizados, libres y democráticos, donde hay que dar cuentas terrenales de las actuaciones de los responsables políticos y donde se supone que se paga un precio electoral y judicial por las desviaciones administrativas que se puedan cometer.

Ya teníamos libertad, pero nos faltaba progreso y desarrollo, y eso solo se consigue con dinero. En definitiva, precisábamos de fondos para modernizar infraestructuras, efectivo para poner en marcha ambiciosos proyectos que situaran la educación y la cultura al alcance de todos, financiación para actualizar nuestro obsoleto sistema agrario y hacerlo competitivo en Europa, medios económicos para poner al día a las Fuerzas de la Seguridad del Estado, al Ejército y a toda la organización defensiva que, en un breve plazo, formaría parte de estructuras supranacionales. Había que crearlo todo, empezar de cero, desde partidos políticos y sindicatos hasta las más elementales estructuras legislativas, ejecutivas y judiciales del país, poner en funcionamiento una maquinaria de relaciones internacionales obsoleta y oxidada, abrir embajadas, oficinas y delegaciones en todos los puntos del globo donde España debiera estar representada a nivel mundial y, por supuesto, iniciar el camino hacia el Estado del bienestar del que disfrutaba buena parte de Europa, legitimando elementales sistemas de cobertura sanitaria, de protección al desempleo, de pensiones universales y una lista interminable de servicios municipales y autonómicos que hoy, solo treinta y cinco años después, nos parece que hubieran estado ahí toda la vida. No me pregunten cómo lo hicieron, pero, visto lo visto, aquellos responsables políticos y económicos de los setenta y ochenta merecen todos los premios a la excelencia habidos y por haber.

Si chequeamos el periodo democrático desde el punto de vista de la percepción que los ciudadanos tienen respecto de la corrupción, podemos concluir que la mayoría cree que hoy hay más deshonestidad que nunca en España. Como dato significativo, infieren que las dos etapas de mayor corrupción para los españoles corresponden a las de los gobiernos del PSOE y las de menor a las de aquellas etapas en las que el centro y la derecha ejercieron el poder; hablamos de UCD y PP.

Lo singular de la transición española, que no tiene precedente histórico, es comprobar cómo cambia la apreciación de los ciudadanos en relación al fenómeno de la corrupción, tomando como punto de inflexión la muerte de Franco y teniendo en cuenta la continuidad en las estructuras de poder de los mismos que estaban durante la dictadura. Tal vez la explicación la encontremos en que muchos años antes, en la década de los sesenta, el régimen fue capaz de crear una sociedad civil próspera. No teníamos derechos políticos, pero sí civiles. En una clara referencia a la situación, Adolfo Suárez dijo: «Yo he venido a legislar lo que ya es un hecho en la calle». En conclusión, la transformación social comenzó mucho antes que la transición política. Suárez, aunque surgido de las entrañas de la dictadura, era un hombre muy realista y, movido por el afán de aprovechar una oportunidad histórica, supo llevar las cosas hacia una democracia auténtica con innegable maestría. Además, la perspectiva de unas elecciones libres despertó una enorme ilusión que, quizá, contribuyó de manera determinante a que los españoles establecieran un orden de prioridades en lo relativo a sus preocupaciones, entre las que, desde luego, a falta de escándalos de gran calado, no se encontraban ni el nepotismo ni la desconfianza hacia nuestros políticos y gobernantes.

Durante la etapa de Felipe González como presidente, el índice de corrupción percibida se sitúa en un 23,9 por ciento, y en los cuatro años de la primera legislatura correspondiente a José Luis Rodríguez Zapatero, los niveles ascienden aún un 3,4 por ciento más, hasta situarse en el 27,3 por ciento. Conviene señalar, como dato significativo, que la UCD aparece como el partido menos corrupto de la democracia, con índices muy bajos de percepción de la corrupción con respecto a épocas de mayor consolidación democrática. El periodo de Adolfo Suárez tan solo registra un 1,6 por ciento y el de Leopoldo Calvo-Sotelo asciende al 2,2 por ciento. La suma de las dos etapas de UCD da como resultado un 3,8 por ciento durante un lapso de seis años. Hoy, los niveles se disparan y los ciudadanos, preocupados y cabreados con la situación general del país, perciben la cuestión de la corrupción en un 86,7 por ciento. ¿Esto que quiere decir? Pues, a bote pronto, que la percepción del problema es mucho mayor por parte de la ciudadanía cuando las cosas van mal, porque el comportamiento insolidario de nuestros políticos produce mayor indignación cuando los demás estamos pasándolas canutas. Entonces, ¿rebajamos la gravedad de los pecados en función de la bonanza económica y la elevamos cuando las cosas vienen torcidas? Pues... es posible.

Además, la ciudadanía, tal y como se desprende de este estudio encargado por el diario El Mundo, señala que la corrupción no es un problema del Gobierno central o de los autonómicos, sino que se trata de una circunstancia general que afecta a todos los estamentos. La diversificación y la descentralización del poder se nos presentan como un rasgo positivo en las sociedades libres, pero, por otro lado, el Ejecutivo en nuestro sistema gubernativo tiene una clara vocación autoritaria en lo político y lo económico, lo que se traduce en descontrol y, a la larga, en corrupción. El Parlamento tiene muy mermadas sus funciones de supervisión y fiscalización y, por esta vía de agua, se cuela la impunidad. Si permanecemos atentos a las sesiones parlamentarias de nuestras cámaras, comprobaremos rápidamente que los reglamentos que regulan los debates permiten un sistema de censura positivo, es decir, que es el Gobierno el que, en muchas ocasiones, censura a la oposición.

Resumiendo, los gobiernos que inician una etapa democrática suelen ilusionar a la ciudadanía, haciéndonos creer con fe ciega que las cosas se van a solucionar inmediatamente y para todos. Con los años llegan las desilusiones, siendo la corrupción en auge una de las mayores fuentes de decepción y desconfianza en un sistema democrático. Desde luego, y en primera instancia, la causa tiene que ver con la moral de quienes manejan el poder, y se agrava con un equilibrio deficiente en la división de poderes. Tal vez es hora de acometer la solución de este desequilibrio y, mientras esto ocurre, la participación popular se hace necesaria para suplir la falta de control, a través de la presión para que nuestros legítimos representantes dejen de actuar desde sus derechos y lo hagan desde sus responsabilidades.

Pero repasemos con sentido crítico algunos de los casos de corrupción más llamativos de la España democrática, dentro de un amplísimo abanico de contingencias, imposible de abarcar por completo en este trabajo. La selección ha quedado establecida a partir de un baremo estrictamente personal, atendiendo a la magnitud de las consecuencias derivadas, a la insolencia sin límites por parte de los protagonistas o al más injusto de los finales posibles: la impunidad de los infractores.

Empezaremos con un clásico de la época que, aunque se coló en los hogares españoles a través de una radiofónica y televisiva publicidad chistosa del producto, acabó convirtiéndose en una broma macabra del destino para miles de pequeños ahorradores. Continuaremos, después, con uno de los episodios más viles de la picaresca nacional, que acabó con la vida y la salud de muchos españoles que, aún hoy, no han sido convenientemente resarcidos. Los culpables y responsables de nuevo salieron indemnes de sus fechorías por las puertas falsas de una Justicia arbitraria y una sentencia inaceptable.

¡YA NOS LO DECÍA GILA!

«¡Matilde, Matilde, que he comprado telefónicas!», gritaba vehemente a su esposa por el auricular del teléfono José Luis López Vázquez, fichaje radiofónico/televisivo de la campaña de propaganda destinada a una ampliación de capital de la compañía Telefónica. Corrían los sesenta y los setenta y este recuerdo de infancia lo compartía también el humorista Miguel Gila, que a través de la televisión nos recomendaba en modo imperativo «¡Fidecáyate ya!». Fidecaya, entidad de ahorro particular creada en 1952, entró en crisis en 1981, dejando en vilo a 240.000 pequeños depositantes a los que no les llegaba la camisa al cuerpo, y a toda España, que comprobaba de una manera cruel que no había que fiarse ni de la propia sombra cuando se trataba de poner los ahorros a buen recaudo. Como en tantas ocasiones, la avaricia rompió el saco y la entidad financiera comenzó a aplicar a sus operaciones condiciones distintas a las que tenía autorizadas, por lo que se quedó sin tesorería. El pufo superó los 1.800 millones de pesetas y el Consejo de Ministros, anticipándose a mayores males, acordó en septiembre de 1980 hacer efectivas las garantías de devolución de los depósitos a los cedulistas de Fidecaya en los porcentajes fijados por decreto-ley.

El juez Ricardo Varón, que sustituía durante un mes al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Francisco Castro, ausente por vacaciones, anuló sorprendentemente el procesamiento de Edmundo Alfaro, propietario de la entidad, pero la fiscal, Carmen Tagle, no se conformó con la decisión del juez e interesó nuevas medidas contra Alfaro. Finalmente, en 1989, otro fiscal requeriría el archivo del caso.

Al hilo de estos acontecimientos, no puedo sustraerme a la tentación de hacer algunos comentarios sobre los profesionales de la judicatura citados más arriba, con el único objetivo de contribuir a arrojar luz sobre los que por méritos propios merecen ser iluminados y enterrar definitivamente en las tinieblas a quienes tan flaco favor hacen a sus colegas y a toda la sociedad española con sus conductas mezquinas y reprobables.

La fiscal Carmen Tagle González, adscrita a los casos que tramitaba el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular fue después Baltasar Garzón, fue vilmente asesinada, a los cuarenta y cuatro años, por la banda terrorista ETA, en septiembre de 1989, a la puerta de su domicilio en Madrid. Invariablemente se distinguió por su elevado sentido del deber y por un estilo peculiar de intervenir en los juzgados y en las salas de vistas. Trabajadora incansable, siempre que los medios de comunicación le facilitaban la ocasión se mostraba muy dura en sus declaraciones públicas tanto en contra de ETA como contra el GAL, a quienes consideraba tan dañinos como a los propios terroristas. El juez Garzón, muy afectado por su trágica pérdida, escribió un hermoso obituario titulado: «Al recuerdo de Carmen Tagle», que publicó El País el 16 de septiembre de 1989. Igualmente, en su libro Un mundo sin miedo, en el que, de forma epistolar, medita acerca de su vida, sobre su afán por conseguir un mundo más justo donde los poderosos paguen también por los delitos cometidos, sobre el drama del terrorismo y su cercanía con las víctimas, dedica una hermosa loa a su compañera y reflexiona sobre lo que supuso la experiencia de su injusta e inútil muerte.

Ahora le toca el turno al juez Ricardo Varón Cobos, sin duda, harina de otro costal. Aprovechando una nueva suplencia por enfermedad del titular, decidió poner en libertad provisional con fianza de cinco millones de pesetas a Antonio Bardellino, Tonino, jefe de la Camorra napolitana, para el que Italia había pedido la extradición. Salta el escándalo y se descubre que es el magistrado del Tribunal Supremo, Jaime Rodríguez Hermida, el que le pide a Varón la libertad de Bardellino. El Consejo General del Poder Judicial acuerda, por la vía disciplinaria, la expulsión de ambos de la carrera judicial por la comisión de una falta muy grave. En el ojo del huracán, además de los dos jueces, una amiga íntima de Hermida, Josefa Suárez Peral, La Pepa, dueña de dos pubs del distrito de La Latina frecuentados por los magistrados y por el mafioso. Cuando el titular del juzgado se reincorporó a su puesto revocó la decisión de Varón y ordenó de nuevo la detención y prisión del italiano.

Todo acabó en agua de borrajas; a saber, ambos jueces presentaron recurso por vulneración de la ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de las personas, de tramitación mucho más ágil que el contencioso-administrativo, y consiguieron sentencia firme de absolución de los cargos de prevaricación y de conducta deshonrosa que pesaban sobre ellos. De lo que se deduce que la suspensión provisional adoptada por el Consejo quedaba automáticamente extinguida, materializándose la reincorporación a sus puestos de manera inmediata. ¡Epidemia de urticaria debía haber en la Audiencia Nacional cada vez que alguien se ponía enfermo o se acercaban las vacaciones!

LOS SANTOS INOCENTES

De repente, el 1 de mayo de 1981, fallecía un niño en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, por causas, en principio, desconocidas. Los primeros análisis realizados por doctores y científicos no daban con la causa de lo que al poco tiempo se convertiría en envenenamiento masivo, el mayor que ha tenido lugar en España, barajándose distintas opciones, todas ellas relacionadas con la seguridad alimentaria. En principio, el síndrome se llamó «neumonía atípica», ante la ignorancia de su origen; después se adoptó la denominación de «síndrome tóxico», y se designó como causa de la intoxicación la ingestión de un aceite desnaturalizado con anilina, que se importó de Francia para uso industrial y acabó siendo comercializado fraudulentamente para el consumo humano. Hasta que el brote se extendió a otras comunidades autónomas, se llegó incluso a especular con la posibilidad del escape de algún gas o con algún tipo de accidente bioquímico con origen en la base militar norteamericana que hubiera afectado a los residentes en Torrejón. Y ustedes, como yo, se preguntarán ¿cómo es posible que alguien tenga el alma tan negra como para enriquecerse con la manipulación de unos productos alimentarios que, por su bajo coste, forman parte de la dieta de los ciudadanos con menor poder adquisitivo, hasta el límite de causarles la muerte? ¿En qué punto fallaron los controles sanitarios oficiales, como para que ese producto se incorporara al mercado sin los preceptivos controles de calidad y análisis de sus componentes? Como consecuencia de este cúmulo de despropósitos, murieron 346 personas y quedaron afectadas para siempre más de 20.000. La OCU aporta otras cifras muy superiores, que no es posible verificar con rigor y, desde luego, repasando hemeroteca, encontramos cantidad de artículos periodísticos y científicos que barajan un sinfín de agentes alternativos al aceite envenenado como causa del síndrome.

El proceso judicial se separó en dos. Uno contra los empresarios aceiteros, que superó el millón de folios, con más de 10.000 carpetas de afectados abiertas. Declararon más de 1.000 testigos y 180 peritos y, de los 38 imputados, solo fueron condenados 13 por delitos contra la salud pública, imprudencia y estafa, con penas entre los seis meses de arresto y los veinte años de cárcel. El otro juicio, contra los responsables públicos, no comenzó hasta octubre de 1995. Los imputados eran diez funcionarios, entre los que había directores generales de aduanas, alcaldes y concejales de ayuntamientos. El auto fue declarado nulo, desde el momento en que la fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa por considerar los hechos no delictivos. Finalmente, la Audiencia Nacional celebró juicio oral contra siete funcionarios acusados de delitos de imprudencia temeraria y contra la salud pública, con resultado de muerte y lesiones. La sentencia condenó solo a un funcionario a 120 euros de multa y al Estado como responsable civil subsidiario. Después de mucho batallar, la presión de los medios de comunicación y las asociaciones de afectados consiguieron que el Tribunal Supremo revisara la sentencia y condenara a otro funcionario más, elevándose las cuantías de las indemnizaciones para los afectados. En total, y según los últimos datos de que disponemos, el Estado ha pagado ya un total de 2.374.943.831 euros en concepto de resarcimientos.

¿Cómo frivolizar ante un escándalo de proporciones colosales y de fatales consecuencias? No es posible. Pero aún es más increíble comprobar la indefensión que se percibe en las citadas sentencias, que, como en tantas ocasiones, demasiadas, nos hace preguntarnos por la catadura moral de las personas que las dictan.

Enfrentar el sistema judicial no es fácil y, con frecuencia, puede convertirse en un evento que multiplica el trauma del damnificado. En demasiadas ocasiones, la Justicia, lejos de ser un camino reparador, invisibiliza inexplicablemente a las víctimas, consolida la impunidad y es causa de nuevas vulneraciones de derechos humanos. La justicia debe ser posible gracias a la gente que lucha por conseguirla, sin perjuicio de las leyes que se aplican, porque, aunque son necesarias y vehiculares de la equidad y rectitud que se persiguen, su uso no siempre es el legítimo y deseable.

Este desgraciado asunto que tuvo a la administración y a la población en jaque durante años, acabó con una sentencia digna de una república bananera y con el fantasma de la arbitrariedad de los jueces, que, de nuevo, se convierte en el protagonista que tantas veces hace su aparición espectral para desbancar a los hechos que verdaderamente trascienden.

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INGENIERÍA FINANCIERA

La importancia de los partidos políticos en un sistema democrático es tal que la Constitución recoge su leitmotiv en uno de sus primeros artículos. Los partidos expresan el pluralismo político y desde sus organizaciones se encargan de la formación y la manifestación de la voluntad popular. Obviamente, para cumplir sus objetivos necesitan de recursos suficientes. De otro modo, correrían el riesgo de no poder hacer llegar sus mensajes a los ciudadanos. Pero la legislación española que controla sus actividades financieras lleva la penitencia en el propio pecado, siendo aprovechada por algunos miembros de la organización para, a la vez que se erigen en benefactores de su partido, beneficiarse a sí mismos a través de un sistema mal diseñado que, además, arroja a sus organizaciones a los pies de los caballos de la banca. El Tribunal de Cuentas ejerce en exclusiva, según la Ley Orgánica de 2007, que trata de mejorar las deficiencias de su antecesora sin éxito, el control externo de estas actividades, en las que se aprecian, a bote pronto, tres anomalías fundamentales. La primera es la opacidad y el caos que envuelven la vida financiera de los partidos. La segunda, la existencia de operaciones que no son objeto de amortización en los plazos previstos. Esto significa que pólizas millonarias ya vencidas duermen en un cajón sin que el partido las abone ni renegocie su pago. Con ello, la banca ejerce un control férreo sobre los partidos, de tal forma que, si estos llevan a cabo algún tipo de actividad contra sus intereses, podrían ejecutar la deuda. Por otro lado y, en tercer lugar, existe una fórmula de condonación de parte o de la totalidad de la deuda, siempre, claro está, a cambio de algo. Incluso aquellas formaciones que no tienen el favor bancario directo, presentan un endeudamiento que activa todas las alarmas. Les aseguro que las cifras producen vértigo.

Por tanto, la banca nunca ha considerado la deuda de los partidos políticos como pérdidas, sino como una inversión negociada. Los mecanismos legales, fiscales y judiciales para el control financiero de los partidos políticos están totalmente anulados en la práctica, agravada la situación por la lentitud de un Tribunal de Cuentas que trabaja con años de retraso.

Para ilustrar lo dicho, reproducimos algunos casos muy gráficos —el último citado, de plena actualidad— sobre este problema que reclama una solución definitiva desde hace décadas.

EL ORO DE BERLÍN

Muchos de nosotros, los que tenemos más de cincuenta años, recordamos aquella frase lapidaria de Felipe González en el Pleno del Congreso de los Diputados, en marzo de 1985, cuando aseguraba con vehemencia, acompañado de un gesto crispado y contundentes movimientos hacia arriba y hacia abajo de su mano derecha: «No he recibido ni un duro, ni una peseta, ni de Flick ni de Flock». Ante tan categórica afirmación, recuerdo que por mi cabeza pasó el siguiente razonamiento: ¿Cómo el presidente del Gobierno va a mentir sobre un asunto tan grave? De no ser cierto su testimonio, se expone a ser descubierto por eventuales e irrefutables pruebas suficientemente contrastadas con instancias alemanas y, en consecuencia, su descrédito supondría una mancha ultrajante que conduciría a su dimisión irrevocable, porque cuando alguien es cazado en un renuncio, la desconfianza se extiende sobre todos los aspectos de su gestión y su credibilidad solo sirve para hacer chistes.

Estoy convencida de que, como yo, una mayoría de españoles hubiéramos puesto entonces la mano en el fuego por nuestros políticos, además de que el Partido Socialista Obrero Español arrastraba tras de sí una larga historia de honestidad y de lucha clandestina por la libertad y la justicia social imposibles de obviar. Algún tiempo después, el eslogan de los «Cien años de honradez», que enarboló el PSOE en la década de los ochenta como bandera electoral, era cuestionado sin ponderación y completado por el ingenio de los españoles de la siguiente manera: «Cien años de honradez... y ni un minuto más».

Para los desmemoriados y para los más jóvenes, es imprescindible explicar lo que ocurrió. Tanto esta como la trama que sigue inmediatamente después, ambas tienen que ver con la siempre controvertida financiación de los partidos políticos. Bien es verdad que, en el caso que nos ocupa, la transgresión era menos perversa, puesto que el dinero recibido del consorcio Flick, a través del partido socialdemócrata alemán, estaba destinado a «estabilizar la democracia en la península Ibérica», además de que los hechos se produjeron un año antes de que se materializara la prohibición a los partidos españoles de recibir donaciones extranjeras.

El multimillonario industrial alemán Friedrich Karl Flick, un sibarita a quien le gustaba hacer ostentación de su poderío económico y despilfarrar sin freno, en contraposición con el miedo obsesivo que le persiguió toda su vida a quedarse en la pobreza, a que le expropiaran o le secuestraran, se convirtió a principios de los ochenta en símbolo de la corrupción de los partidos políticos alemanes, a los que donó entre 1969 y 1980 un total de 1.300 millones de euros para «el cuidado del paisaje político». Flick había heredado la fortuna de su padre, principal suministrador de armamento de Adolf Hitler. El escándalo estalló cuando el consorcio vendió un importante paquete de acciones de Daimler-Benz por valor de 1.900 millones de marcos. Lo natural es que más de la mitad de ese dinero hubiese ido a parar a manos de la hacienda alemana, pero Flick aprovechó un resquicio de la ley que establecía que una compañía no debía pagar tasas por los beneficios, si estos eran reinvertidos en «actuaciones tendentes a promocionar el desarrollo económico del país». ¡Así se las ponían a Fernando VII! Donando grandes sumas a cualquier político en posición de poder e indicando seguidamente que el dinero se emplearía, seguro, seguro, en buenas causas, se cubría el expediente a la perfección. La compañía se ahorró, solo en esta operación, 840 millones de marcos; en comparación con los veinticinco que recibió la CDU para «desarrollar la nación alemana», el negocio, desde luego, fue redondo.

Cuando el diputado socialdemócrata Peter Struck declaró a la prensa germana que otro diputado de su mismo partido, Hans Juergen Wischnewski, había entregado una maleta con un millón de marcos (150 millones de pesetas) al mismísimo Felipe González, se destapó la caja de los truenos. En Alemania, el propio Flick tuvo que comparecer ante una comisión parlamentaria, lo que precipitó su decisión de retirarse de los negocios, vendiendo en 1985 todo su imperio financiero al Deutsche Bank, que lo desmembró en varias empresas, con el objetivo de sacarlas a bolsa. En España, el Congreso de los Diputados absolvió al presidente del Gobierno de las imputaciones, en una votación de doscientos sesenta y tres diputados a favor, siete en contra, ocho abstenciones y un voto nulo.

Con toda seguridad, se corrió un tupido velo ante la evidencia de que Alemania occidental prestaba a España ayuda «desinteresada» para la perdurabilidad y solidez de una democracia aún inestable, lo cual beneficiaba a todos los españoles. Así que, ¿para qué seguir hurgando en esa herida? De hecho, el diputado centrista Luis Ortiz instaba al presidente a reconocer los hechos, porque «no suponen una deshonra ni desprestigian a nadie».

LOS CAZA[EMPRESAS]FANTASMAS

¿Se acuerdan del trío Filesa, Malesa y Time-Export? ¿A que suenan a bebidas isotónicas o a cervezas de importación... o a indumentarias deportivas...? Bueno, pues estas tres empresas fantasma se crearon con el único fin de financiar ilegalmente al Partido Socialista Obrero Español, que se las veía y se las deseaba para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales de 1989. La cosa consistía exactamente en recibir de grandes compañías e importantes bancos suculentas sumas por informes técnicos que no existieron jamás. Las operaciones llegaron a sumar más de 1.000 millones de pesetas y, de esta manera, las entidades pagadoras se aseguraban la buena voluntad del Gobierno. El juez instructor dictó auto de conclusión del sumario contra treinta y nueve personas imputadas por los delitos de falsedad en documento mercantil, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. La instrucción duró en total seis años y el juez Marino Barbero, acusado de ineficacia, acabó por pedir la jubilación. Debido a que varios de los acusados, como parlamentarios, gozaban de inmunidad, el caso hubo de ser tramitado ante el Tribunal Supremo. El magistrado al que correspondió el asunto, Enrique Bacigalupo, después de otros dos años mareando la perdiz, redujo el número de acusados a solo siete, lo que provocó protestas e insinuaciones de parcialidad y trato de favor hacia el partido socialista. Vuelta a recurrir los fiscales, y la Corte Suprema, «recapacitando», aumentó de nuevo la lista a veintiséis. En las sentencias se produjeron hasta errores de transcripción y el escándalo llegó a tal punto que Julio Anguita, entonces coordinador general de Izquierda Unida, calificaba al titular de la Sala Segunda, José Augusto de la Vega, de ser un «presunto delincuente». Como tantas veces, la Justicia daba muestras de lo que nunca debe ser: dilatada en el tiempo, arbitraria y parcial.

Resumiendo. De todos los acusados, el único que cumplió una parte de la condena y no toda, al ser suspendida por el Tribunal Constitucional para estudiar su recurso de amparo, fue el senador Josep María Sala i Griso. En total, las multas que pagó debieron ascender a unas 350.000 pesetas. Al diputado socialista Carlos Navarro y a los responsables de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, el Alto Tribunal les condenó a penas de tres años de prisión menor y a una multa de 258.827.765 pesetas, que abonaron al Estado mancomunadamente por medio de un aval bancario, depositado previamente como fianza. El 1 de diciembre de 2000, estos tres condenados obtuvieron el indulto parcial del Gobierno de José María Aznar, de tal forma que se redujeron a la mitad sus condenas, hoy extinguidas. Como dato de interés paralelo, este indulto se extendió a un total de 1.443 condenados y fue el de mayor peso político concedido por un Gobierno desde la Transición. Por su parte, la excoordinadora de finanzas del PSOE, Aída Álvarez, y su marido, Miguel Molledo, fueron condenados a dos años y cuatro meses de prisión, respectivamente, y a una multa de 100.000 pesetas cada uno. Actualmente Molledo figura en plantilla como piloto de Iberia y, junto a su esposa Aída Álvarez, tiene su residencia fijada en Canarias.

A mediados de 1987, las Cortes españolas aprobaron la Ley Orgánica 3/1987, precursora de la actualmente en vigor, cuyo objeto era limitar y controlar la financiación de los partidos políticos. Como reza el adagio popular, se hicieron al tiempo la ley y la trampa, porque poco después habían proliferado las empresas y sociedades mercantiles cuyos fines primordiales eran la captación y maquillaje de fondos económicos, imprescindibles para hacer frente a los gastos generados por las actividades de los partidos.

Demasiado a menudo la clase política olvida que la idea de derecho es más antigua que la de democracia, llegando incluso al convencimiento de que ganar unas elecciones democráticas es motivo suficiente para transgredir o burlar la ley, por aquello de que el fin justifica los medios.

CÓMO HACERSE RICO CON EL AVE Y A LA MISMA VELOCIDAD

Cuando se tira de la manta, nunca se sabe a ciencia cierta lo que se destapará, y eso fue lo que pasó con el caso Filesa, porque a partir de esta investigación salieron del armario otros cadáveres inesperados. Del tronco principal, se desgajó el caso AVE, que, aunque compartía con Filesa a algunos de los implicados responsables de finanzas del PSOE, contó con un proceso especial.

La Fiscalía Anticorrupción sitúa los hechos en el «Plan de Transporte Ferroviario» aprobado por el Gobierno socialista en 1987, que impulsó la iniciación de grandes actuaciones en infraestructuras orientadas a la configuración de una nueva red de ferrocarriles de alta velocidad, cuyos trazados fueron aprobados en Consejo de Ministros en diciembre de 1988. Según la fiscalía, un grupo de responsables de finanzas del PSOE, miembros del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y antiguos componentes de comités electorales del partido, junto con familiares y amigos, «urdieron un plan para recabar comisiones ilícitas de los contratistas, fabricantes y tecnólogos de los proyectos del AVE a cambio de concederles las adjudicaciones de los contratos por RENFE». Este caso sentó en el banquillo de los acusados, entre otros, al exministro socialista de Sanidad y expresidente de RENFE, Julián García Valverde, a los ya conocidos Carlos Navarro, antiguo diputado del PSOE, Aída Álvarez y a su marido, Miguel Molledo, a Luis Oliveró, el de Filesa, al exdirector del gabinete de Infraestructuras y Seguimiento para Situaciones de Crisis de Moncloa, Florencio Ornia, y al exconcejal socialista de Madrid, Valentín Medel. Además, a los antiguos responsables de Siemens, como empresa adjudicataria del AVE, Mario Huete, Francisco Francés y Juan José Chinchilla. Todos ellos fueron acusados de cohecho.

Según la instrucción, la adjudicación del AVE a Siemens supuso alrededor de 2.700 millones de pesetas en comisiones, que fueron a parar a empresas probadamente vinculadas al PSOE. El juez solo detectó el pago de menos de 1.000 millones, por lo tanto, la diferencia restante, 1.577, nadie sabía dónde estaba. Mientras Siemens aseguraba que en su día renunció al cobro de esta cantidad, debido a que los trabajos realizados fueron menores de lo previsto, se sabe, a través del juez Paul Perraudin, que desde Suiza informaba a las autoridades españolas, que algunos de los comisionistas por los que los jueces preguntaban eran, efectivamente, titulares de cuentas bancarias con importantes sumas de dinero en el país helvético.

Algunos mantienen que nunca se sabrá la verdad sobre lo que costó el AVE, y puede que sea cierto. El informe pericial refleja que el montante final de las obras de electrificación y señalización, realizadas por Siemens, ascendió a 100.000 millones de pesetas. Desde luego, lo que a bote pronto se deduce es que la cifra supone el doble de lo presupuestado por el Consejo de Ministros de 7 de julio de 1989, en el que se hizo una previsión de 40.000 millones para el Ministerio de Transportes y otros 20.000 para RENFE. El propio titular del departamento, entonces José Barrionuevo, cifró el presupuesto, en una entrevista publicada por El Mundo, en 317.000 millones, incluyendo locomotoras, reprogramación, etc. Otras fuentes apuntan más alto y hablan de un coste global cercano al medio billón de pesetas.

La revista alemana Stern publicó en septiembre de 1995 un amplio reportaje sobre las obras de nuestro tren y fijó en 100 millones de marcos alemanes, unos 8.500 millones de pesetas, el dinero que Siemens habría destinado para sobornos a funcionarios del Gobierno español y responsables del PSOE. ¡Curioso! Casi todos los condenados por el caso Roldán, que veremos más adelante, directamente vinculados con el exdirector de la Guardia Civil y su testaferro, Jorge Esparza, ingresaron en sus cuentas cheques procedentes de Siemens. A fecha de hoy, nadie ha dado todavía una explicación de por qué estos cheques terminaron en cuentas suizas pertenecientes a los implicados en el enriquecimiento de Roldán.

Y ahora, el colmo del pasmo. Once años de instrucción, casi un año de juicio y sentencia firme después de veinte años. ¡Y todo para qué! Atentos: los únicos condenados por el Tribunal de Madrid a un año de prisión y una multa de 18.000 euros fueron los tres directivos de Siemens, absueltos después por el Supremo. Aída Álvarez y su marido, Miguel Molledo, absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid, en aplicación del principio de «cosa juzgada», al calificarse los hechos como una continuación del caso Filesa, son ahora condenados a seis meses de prisión y una multa de 1.200 euros por el Tribunal Supremo. El exministro García Valverde también fue absuelto de todos los delitos que se le imputaron en su día. Al proceso se le puso el nombre de «el juicio de Vivaldi», porque se prolongó durante las cuatro estaciones. Cientos fueron los avatares por los que pasaron los implicados, desde fallecimientos (el del exdiputado Carlos Navarro), pasando por enfermedades (uno de los abogados de la acusación particular sufrió un infarto en pleno juicio), indisposiciones transitorias (de vez en cuando había que suspender el juicio) y, como guinda del pastel, el encarcelamiento durante un mes del abogado del Estado, como consecuencia de la violación de la orden de alejamiento que tenía respecto de su exesposa. ¡Esto sí que es un Spanish show!

En fin, juicios larguísimos y sentencias que llegan con mucho retraso. A pesar de las declaraciones de cientos de testigos, de interminables informes, de decenas de investigaciones periodísticas, de sentencias de cuatrocientas páginas..., los supuestos corruptos quedaron finalmente absueltos. Los menos, con penas diminutas por falsedad documental, y Felipe González, Joaquín Almunia, José Barrionuevo y Josep Borrell, retirados como testigos por los propios letrados del Partido Popular, que en principio habían solicitado su comparecencia.

Después de este relato, me siento desconcertada. ¿O es que todo era mentira? ¿O es que la Justicia no funciona? ¿O qué demonios pasa aquí?

CSI VALENCIA

En noviembre de 1988, los miembros de la Brigada de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia se afanaban en investigar, por orden judicial, un supuesto caso de tráfico de drogas, para lo cual habían procedido al «pinchazo» de la línea telefónica del concejal del Ayuntamiento valenciano Salvador Palop, ante la sospecha de que uno de sus hermanos, el abogado Rafael Palop, pertenecía a un cártel local del narcotráfico, cuyas actividades se investigaban desde hacía dos años. Pero lo que los intrépidos policías no imaginaban era que el contenido de las grabaciones acabaría descubriendo asuntos de naturaleza bien distinta a los investigados. Ni más ni menos que una trama en toda regla de negocios fraudulentos de carácter inmobiliario, que desembocó en el «caso Naseiro», bautizado con el nombre del tesorero del Partido Popular del momento, Rosendo Naseiro, y cuya razón de ser no era otra que la financiación del partido conservador. Pero, aprovechando que el Turia pasa por Valencia, algún que otro pellizco se desviaba a las sacas personales de los más espabilados.

Lógicamente, el estallido de la trama de corrupción echó por tierra la investigación del narcotráfico, aunque, siguiendo la pista con perseverancia, conseguí averiguar que finalmente la investigación que dio lugar a los hechos que nos ocupan proporcionó los suficientes indicios para proceder, algunos meses después, a la detención de Rafael Palop y a la desarticulación de la red ilegal de tráfico de estupefacientes que manejaba. Palop fue juzgado por un delito contra la salud pública y otro de contrabando, para los que se solicitaron doce años de cárcel y una multa de 101 millones de pesetas.

Dado el cariz que tomaban los acontecimientos, la investigación se fue dilatando en el tiempo y, tras varias prórrogas, finalizó el 11 de abril de 1990. Hasta ese día, la policía escuchó 5.240 llamadas, una media de cuarenta diarias, de las que, por su carácter clarificador, se seleccionaron alrededor de cincuenta grabaciones que pasaron a formar parte del sumario del caso. Ese mismo día, el titular del juzgado número 2 de Valencia, Luis Manglano, dictó orden de detención a nombre de Rosendo Naseiro y Salvador Palop. Igualmente, fueron puestos a disposición judicial el director general de Dragados y Construcciones, Luis Janini, el arquitecto municipal de Cullera, Luis Latorre, y los empresarios Balaguer y Bonet.

La acusación se basaba en que, a través del contenido de las conversaciones escuchadas, se presumía la implicación de los detenidos en la concesión de licencias a empresas constructoras a cambio de comisiones que sirvieron para la financiación de las actividades propias del Partido Popular. Por lo tanto, lo primero que procedía era poner a los imputados a buen recaudo e incomunicarlos con el fin de comprobar la autenticidad de sus declaraciones, que se llevaron a cabo durante tres días. De forma inesperada, el 16 de abril, el juez Manglano decidió poner en libertad a los detenidos, inhibiéndose del caso, al descubrir la implicación de un aforado, el diputado del PP Ángel Sanchís. El caso pasaba así al Tribunal Supremo, mientras el fiscal, sin ningún género de dudas, consideraba los hechos constitutivos de un delito de cohecho en grado de conspiración, motivo por el que se apresuró a pedir para los tres políticos un total de nueve meses de prisión y una multa de 31 millones y medio de pesetas.

Hasta aquí todo iba por su cauce, pero, lamentablemente, ocurrió lo mismo que en los thrillers americanos, cuando los policías atrapan al asesino después de una larga y tortuosa investigación, y en el juicio se le declara inocente por defecto de forma o por algún error en el proceso de la detención. Todos los espectadores, con cara de decepción e impotencia, contemplamos al criminal, absuelto y sonriente, que consigue zafarse de la Justicia, siendo incuestionables las pruebas de su culpabilidad. Bueno, pues con la distancia debida, lo mismo sucedió en este caso, y el Tribunal Supremo se vio obligado a estimar la petición de los abogados defensores que solicitaban la anulación como prueba de cargo de las conversaciones telefónicas de marras. El Supremo argumentó que tales intervenciones vulneran el derecho a la intimidad de los acusados, así que, con las mismas, el 9 de julio de 1989, se retiraron las acusaciones, puesto que, una vez anulada la prueba principal, era imposible mantener los cargos. De todas formas, el Tribunal Supremo tuvo que dictar sentencia de absolución, ante la imposibilidad de sobreseer la causa, porque una vez abierto el juicio oral no queda más solución que dictar sentencia. En su argumento se especificaba que esta solo podía ser absolutoria, debido a que, por el principio acusatorio, nadie puede ser condenado si previamente no existe acusación. El Tribunal ordenó la posterior destrucción de las cintas inculpatorias, que, no obstante, se pueden consultar en las hemerotecas, dado su valor histórico, aunque jurídicamente carecen de utilidad probatoria.

El intercambio de algunas de las frases da idea, a modo de muestra, de la destreza de algunos de nuestros representantes soberanos en el manejo de los hilos que lleva aparejada la utilización de la política y el cargo público como fórmulas para llenar la hucha propia. Una de las conversaciones más interesantes es la que mantienen Salvador Palop y Ángel Sanchís, el 15 de diciembre de 1989, a las 19,32 horas, en la que ambos establecen los porcentajes que deben negociar entre Dragados y Construcciones y los técnicos municipales de los ayuntamientos de Cullera y Torrevieja, en relación con la adjudicación de unas determinadas obras y la presentación del tema ante Rosendo (Naseiro), responsable de finanzas del Partido Popular. Pero la prueba por excelencia es una conversación entre Salvador Palop y Eduardo Zaplana, entonces presidente del PP de Alicante, el 11 de febrero de 1990, a las 13,22 horas. Para no reproducir el contenido completo, se extrae la parte más esclarecedora:

Mujer: Sí, dígame.

Salvador: Oye, ¿está Eduardo?

Mujer: Sí. ¿De parte de quién?

Salvador: Boro.

Mujer: ¡Ah, espera un segundín! (Se pone Eduardo)

Eduardo: Sí.

......

Eduardo: Tú como si lo tuvieras ya eso adjudicado, ¿no?

Salvador: Sí.

E: Y entonces le dices, bueno, yo una comisioncita. Le pides dos millones de pelas o tres, lo que quieras...

S: Bueno, le pido más...

E: ¿Eh? Lo que te dé, y me das la mitad bajo mano.

S: Pues si tenemos que repartir, joder...

E: Y yo le digo: págale el contrato a este chico que...

S: Si tenemos que repartir, macho... Tenemos que pedirle un poco más.

E: Claro, un poquito más. Yo es que no sé ni lo que vale el solar ni nada.

S: Yo se lo explicaré.

E: ¿Eh? Ya se lo explicarás tú y le sacas la pasta. Y te contaré, mantén en secreto lo de Sevilla. El miércoles me llamas y te cuento lo de Sevilla.

S: Bueno, claro que sí.

E: Me voy a que me lo expliques. A ver cómo puedo... Voy con un planteamiento fácil. Me sentaré a comer con él y le diré a ver cómo puedo rascar yo aquí.

S: Claro.

E: Así, pura y simplemente. Que me dé diversas opciones y me quedo con la más fácil. Pero me tengo que hacer rico porque estoy arruinado, Boro.

S: ¿Sí, cómo ha sido eso? Estás trabajando como un cabrón.

E: Estoy trabajando mucho, pero estoy arruinado. Me lo gasto todo en política. No ves que no tengo sueldo como tú. Que cobras de lo que trabajamos todos los españoles.

S: Claro.

E: Pues eso es lo que pasa ¡Ay!... Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir. Ahora me tengo que comprar un coche. ¿Te gusta el Vectra 16 válvulas? ¿Y la novia cómo la llevas?

Creo oportuno advertir al lector que el extracto de la anterior conversación se ha transcrito literalmente del contenido de una de las grabaciones que forman parte del sumario del caso Naseiro como prueba documental y que, por tanto, son del dominio público. Sirva esta advertencia para el resto de las conversaciones o fragmentos de grabaciones que encontrará a lo largo del libro y que son, en todos los casos, susceptibles de comprobación.

Independientemente de que las conversaciones completas se parecen a un diálogo entre besugos, decenas de personas y entidades figuran en las cintas y en el sumario. En unos casos, se trata de implicación en presuntas operaciones irregulares, en otros, de situaciones confusas en las que se mezclan negocios particulares, comisiones para el partido y cuestiones políticas. No cabe duda de que Salvador Palop se constituyó en el centro neurálgico de las operaciones de captación de fondos para el Partido Popular en Levante, aunque las grabaciones apuntan, sin lugar a dudas, a una conexión con el diputado Ángel Sanchís para desviar el porcentaje de algunas comisiones hacia sus particulares bolsillos. En declaraciones ante el juez Manglano, él mismo se justificaba: «Todos los partidos ponen el cazo para recoger dinero para las elecciones».

El caso Naseiro convirtió 1990 en un calvario para José María Aznar, que había puesto sus barbas a remojar tras lo sucedido con las «irregularidades» descubiertas en la financiación del PSOE. No obstante, la imagen de Aznar no sufrió deterioro alguno como consecuencia de este enojoso asunto, ya que actuó desde el primer momento con la firmeza y premura que la situación demandaba. Encargó una investigación del caso en el seno del partido, que dirigió el entonces senador Alberto Ruiz Gallardón, cuyas conclusiones se plasmaron en un informe de 75 folios que contenía un análisis técnico y un amplio comentario sobre la dimensión política del caso. Ante la sospecha de que el dossier incluyera propuesta de depuraciones concretas, tanto Ángel Sanchís como Salvador Palop se anticiparon, solicitando por escrito la baja del partido. El que sobrevivió a la tormenta fue Eduardo Zaplana Hernández-Soro, que, como premio a su trayectoria, consiguió la presidencia de la Generalidad Valenciana entre 1995 y 2002, año en que José María Aznar le llamó a Madrid para ocuparse de la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales. Después, cuando el Partido Popular pasó a la oposición en 2004, se convirtió en portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso, y en 2008, año del fallecimiento de Palop, Zaplana anunció su renuncia al escaño «para fomentar la renovación». La auténtica renovación fue la suya, que pasó directamente a ocupar el puesto de delegado para Europa del Grupo Telefónica, donde cobraría un millón de euros al año. ¡Por fin don Eduardo se iba a hacer rico!

José María Aznar escribía en su libro España. La Segunda Transición, publicado por Espasa en 1994, «Un gobernante no debe olvidar nunca que cada peseta que gasta procede del dinero del contribuyente y que el despilfarro ha de ser considerado como un atentado a la misma democracia». Tal vez el señor Aznar olvidó hacer llegar un ejemplar de su libro a algunos de sus compañeros.

Jurídicamente este caso demuestra, en palabras del magistrado del Tribunal Supremo, Perfecto Andrés Ibáñez, que «cualquier forma de prospección del comportamiento genérico de una o varias personas, llevada a cabo de manera que afecte directamente a un derecho fundamental, como la libertad o la dignidad, va a viciar de nulidad insubsanable las informaciones así obtenidas», lo que, en palabras sencillas, viene a decir que ante la alternativa eficacia versus garantías, el segundo de los principios ha de prevalecer excepcionalmente sobre el primero, en un ejercicio de equilibrio y racionalidad.

Pero nosotros, como ciudadanos medios, percibimos la resolución de este caso como ejemplo de impunidad, consecuencia de las habilidades de lo que el diario ABC calificó en su día como «un escuadrón de catedráticos de derecho penal al servicio de una camarilla de imputados de lujo». ¿O no?

EL AZOTE DE LAS ISLAS

«Divinidad que dictaba “hágase”, orquestador de farsas ilegales y explicaciones kafkianas, está claro que el señor Matas ha venido a burlarse de los simples mortales», describía así el juez José Castro las actividades del expresidente balear en su auto de prisión, ridiculizando la defensa del imputado y dejando en entredicho la figura de Jaume Matas. Por fin, un togado llamaba al pan, pan y al vino, vino.

Acto seguido, el instructor del caso Palma Arena le ordenaba abonar una fianza de tres millones de euros antes de siete días para evitar entrar en prisión y le advertía, «bien puede darse por satisfecho», porque si la fiscalía y la acusación particular del Gobierno balear lo hubieran solicitado, él mismo se habría mostrado favorable a una medida cautelar «más severa», en clara alusión a la prisión incondicional.

Onerosas instalaciones deportivas

Toda la trama comienza en marzo de 2007, fecha en la que se inaugura el pabellón deportivo Palma Arena, un velódromo impresionante, construido con pino siberiano traído desde Ucrania para la celebración del Mundial de Ciclismo de ese año. El juzgado número 3 de Palma y la fiscalía abren, en agosto de 2008, instrucción judicial sobre la presunta comisión de delitos en la construcción del velódromo, para el que se presupuestaron 48 millones de euros y se gastaron 110. El expresidente autonómico y exministro de Medio Ambiente del Gobierno de José María Aznar se enfrentaba así a una acusación fiscal por trece delitos que podrían suponerle una condena de hasta 24 años de cárcel. Matas se apresuró a pedir la baja temporal del PP, tras 17 años de militancia, antes de ser expulsado. Pero la nueva ejecutiva presentada por el presidente popular balear entrante, José Ramón Bauzá, incluía a cinco antiguos consejeros y hombres de confianza de Matas, dos de ellos imputados en casos de corrupción. ¡Y vuelta la burra al trigo!

Pero si escandalosas son las irregularidades que parecen subyacer en esta carísima obra deportiva, tan solo supondrían la punta del iceberg y el origen de una investigación que iría mucho más lejos, dado el incremento patrimonial de la familia Matas y el tren de vida de sus miembros, imposible de conseguir con los ingresos del presidente balear y de su esposa, según deduce el juez Castro, sin olvidar una fundada sospecha de financiación ilegal del PP balear. La trama, por su complejidad, ha sido dividida en 25 piezas diferentes para facilitar su instrucción y enjuiciamiento, una de ellas la que afecta al yerno del rey y esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, y al resto de directivos del Instituto Nóos, que obtuvieron de forma irregular, según la Fiscalía Anticorrupción, ventajosos contratos públicos con las administraciones dirigidas por los presidentes autonómicos populares Francisco Camps y Jaume Matas.

«Si la venta va por B, no se pone». Así se llevaban a cabo las anotaciones en la contabilidad interna de la compañía publicitaria Nimbus. Esta empresa fue la encargada de desarrollar gran parte de la campaña de las últimas elecciones autonómicas de Matas por el PP, obteniendo, a su vez, 2,4 millones de euros en tres años de campañas oficiales del Gobierno balear. Desde la presidencia autonómica y del PP de las islas, Jaume Matas desplegó en el año 2007 la mayor campaña electoral jamás vista en Baleares. El partido plantó vallas de hasta siete pisos de altura, utilizando, incluso, un helicóptero. El mitin más espectacular, correspondiente a la inauguración oficial del velódromo Palma Arena, lo protagonizó el mismísimo presidente nacional, Mariano Rajoy, y el acto generó tres facturas por 4.802 euros en concepto de limpieza de la instalación deportiva y seguridad. Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau sostienen que esas facturas falsas, al igual que otras, encubren el pago de trabajos de propaganda electoral de Nimbus para el PP que «se abonaron de las arcas públicas». Esta versión se basa en citas, correos electrónicos, apuntes contables y testimonios sobre «servicios no facturados oficialmente y que Nimbus cobró del PP en negro». Para terminar con el tema, solo añadir que la investigación hace referencia a un listado de encargos publicitarios y cuñas radiofónicas que costaron 19.127 euros, además de documentos que demuestran que Nimbus trabajó también para el Palma Arena, pagando viajes, maquetas y producciones de vídeo, servicios de catering y hasta análisis de sangre de ciclistas. El propietario de la agencia, Miguel Romero, fue imputado junto a Matas por malversación de caudales públicos, así como el redactor de sus discursos y columnista de El Mundo, Antonio Alemany. Este entramado fraudulento se ha convertido en asunto de la máxima repercusión y ha de sembocado en el primero de los juicios a los que Matas se enfrenta. La historia se escribe así: el contrato para elaborar las intervenciones y discursos del expresidente era, en realidad, simulado, y generó supuestas facturas falsas por trabajos inexistentes, según los fiscales.

El «insufrible peregrinar por la construcción del velódromo Palma Arena», como califica el juez a los hechos investigados, desgrana tal número de decisiones arbitrarias que sería del todo imposible recogerlas en este trabajo. Un ejemplo que da idea de la dimensión de la estafa y de las cifras que se manejan, muy bien podía ser el antecedente de hecho número 6, en el que el juez asegura que «con independencia del juicio que a cada ciudadano le pueda merecer la adquisición de un videomarcador por 1,9 millones de euros, lo curioso del caso es que entre las empresas licitadoras concurren dos con apariencia de ser distintas, pero que resulta que sus ofertas puestas al trasluz coinciden milimétricamente, lo que lleva a descubrir que la empresa que resultó favorecida con la adjudicación, Smartvisión, es filial de la también concursante Odeco Electrónica, así como que el director de la segunda es cuñado de don Miguel Romero de la Cerda, a su vez administrador de Nimbus Publicidad, S.L.», que gestionó la campaña del PP en 2007.

450 euros en cinco años

En 2006, la asistenta de la familia Matas, tocada con cofia, cruzaba cada día la Rambla de Palma con un ramo de flores para ambientar el piso que el presidente balear reformó y habitó provisionalmente en ese año. Por entonces, estaban a punto de finalizar la reforma de la monumental mansión, la casa-palacio del siglo XVI de la calle San Feliu, en pleno centro histórico de la ciudad. Los Matas preparaban una entrada triunfal en el barrio de las poderosas y añejas familias de la alta alcurnia balear. Pero el matrimonio Matas no tuvo apenas tiempo de residir en la suntuaria vivienda. Tras perder el PP el Gobierno de las islas en 2007, se marcharon a Estados Unidos. Primero a Washington y luego a Nueva York, para asesorar a PriceWaterhouseCooper. Sus hijos, sin embargo, ocupaban un piso en Madrid valorado en 1,2 millones de euros y, en verano, todos disfrutaban de un apartamento en Sa Colònia (Mallorca), cuyo coste estimado era de 200.000 euros. Tal tren de vida solo era posible porque la familia triplicó sus bienes en cinco años: de 152.805 euros en 2003 pasó a 495.715 en 2007. El matrimonio llegó a manejar 4 millones de euros, de los que 400.000 fueron en efectivo, según reconoce el expresidente balear. Matas asegura que las casas de Madrid y Nueva York eran alquiladas y que su residencia veraniega figuraba a nombre de su madre. La fiscalía asegura que él es el auténtico propietario, pero que colocó a su madre y a un amigo como testaferros.

Precisamente con la compra del lujoso palacete en 2004 comienza el declive de la imagen del presidente balear. La escritura se fija en 2006 en 950.000 euros, de los que 350.000 provienen de la venta de un chalé en Calviá, y los 600.000 restantes de un préstamo hipotecario. Sin embargo, y siempre según la fiscalía, Matas disfrutó en esta operación de una rebaja de 1,5 millones de euros que los investigadores consideran cohecho. Hacienda también denunció «indicios razonables» de delito fiscal al valorar la mansión en 2,47 millones. La reforma del inmueble, de 725 m², con jardín y zonas comunes, costó más de un millón. Según las empresas que trabajaron en la obra, se trataba de dinero negro, que los propietarios entregaban en sobres y sin facturas. Anticorrupción considera «ilegal» la procedencia de este dinero.

Los Matas se aplicaron a sí mismos y al pie de la letra lo del Estado del bienestar. Para muestra, algunos botones. Las escobillas de los retretes se pagaron a 375 euros cada una. En la casa se hallaron diseños de Starck, Capellini o Cassina. En el salón colgaba un grabado de Miró, y esculturas y telas de artistas pertenecientes a las obras que el Gobierno balear adquirió para colecciones públicas se repartían por la casa. En la reforma y la decoración, muchos pagos fueron opacos: 50.000 euros para el electricista y el técnico del aire acondicionado; 55.000 euros para el aparejador y otro tanto para el carpintero. En una docena de televisores se gastaron 40.000 euros y 20.000 en el pintor. A la cocina se destinaron 35.000 euros y en menaje doméstico se gastaron 100.000 más. El control de luces vale 7.000, y 4.000 los siete teléfonos que tiene la casa.

Matas tiraba con la misma generosidad del presupuesto para su despacho, y no resistió a la tentación de adquirir en Arco un mimmo paladino valorado en 130.000 euros, la pieza decorativa más cara comprada para un edificio público local.

Los Matas manejaban mucho dinero en billetes, puesto que en los seguimientos de sus cuentas bancarias figura que solo sacaron del banco 450 euros a lo largo de cinco años. La desproporción entre ingresos oficiales y gastos reales es abismal. Ante el juez, el expresidente admitió haber manejado 400.000 euros de dinero en efectivo y haber cobrado 100.000 clandestinamente del traspaso del negocio Eléctrica Matas, que creó su cuñado y administrador Fernando Areal. Pero los fiscales consiguieron testimonios que limitan el cobro a 8.000 euros. Precisamente el inquilino del local traspasado, ahora una zapatería, denunció a la Guardia Civil que la esposa de Matas, Maite Areal, acudió a su tienda acompañada de una investigadora privada, grabadora en ristre. Las dos mujeres intentaron obtener una confesión falsa a su favor del responsable del negocio, que abonó durante años en dinero negro la mitad del alquiler, 3.000 euros mensuales. Pero la jugada les salió mal.

Maite Areal tuvo dos empleos en Palma mientras su marido era presidente balear, uno en el hotel Valparaíso y otro en la asesoría Martorell. Apenas apareció en ninguno de los dos casos por su puesto de trabajo, y sus empleadores aseguran haberla contratado por amistad con su marido. Matas también será juzgado por cohecho como consecuencia de estos empleos ficticios. Mientras Matas fue ministro, su esposa fue nombrada asesora de Educación del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre. Antes había trabajado en una inmobiliaria en Sant Antoniet y en la empresa familiar Publicidad Matas. También fue empleada como maestra infantil de las monjas Agustinas.

La patológica compulsión compradora de Maite Areal, que adquiría joyas y vestuario de gran valor, siempre en efectivo y con billetes de 500 y 200 euros, provocó denuncias ciudadanas ante la fiscalía y la Agencia Tributaria. Los comunicantes anónimos facilitaron multitud de ejemplos de estas actividades de la señora Matas. En cuatro meses, adquirió, entre otras joyas, un reloj Cartier de 12.849 euros, un anillo de 5.000 y un reloj Rolex con brillantes y esfera de nácar de 23.000 euros. En los roperos del palacete, el juez buscó cajas fuertes que Matas había comprado previamente, pero no estaban montadas. Lo que sí halló fueron más de 150 vestidos y 50 pares de zapatos femeninos, todos de firma.

Según el diario El País, tras su salida del Gobierno balear el PP pagó a Jaume Matas una especie de pensión para desempleados. Se trataba de una cantidad destinada a políticos teóricamente sin medios suficientes o sin trabajo conocido. Por ese concepto, el expresidente y exministro ingresó una nómina de 3.475 euros. Acababa de perder la presidencia de la comunidad autónoma, que llevaba aparejada un sueldo de 84.000 euros al año. Matas dejó de ser titular de Medio Ambiente en 2003 y, durante dos años, sumó a su paga de presidente autonómico la compensación como exministro. En 2005, Hacienda le devolvió casi 900 euros, pagando el señor Matas 481 por el impuesto sobre el Patrimonio. ¡Ni la clarividente sagacidad para los esperpentos de Pedro Almodóvar sería suficiente para inventar una película semejante!

Dicen que cuando los ministros de Aznar sufragaron en 2002, a escote, el regalo para Ana Aznar Botella, con motivo de su boda con Alejandro Agag, fue Matas el encargado de recaudar los 400 euros de cada uno de los ministros. El obsequio elegido, una vajilla de 6.400 euros, lo compró Maite Areal, que se ganó así la confianza y gratitud de las parejas ministeriales. Claro que no podía ser de otra manera, caminando como caminaba bajo la tutela de Rosa Barceló, su íntima amiga y esposa del ministro Eduardo Zaplana.

El precio de un discurso

Jaume Matas declaró ante los medios de comunicación que le temblaron las piernas en el palacio de la Moncloa cuando se sentó por primera vez en el Consejo de Ministros, presidido por José María Aznar en 2000. A partir de ahí, ni vértigo ni mal de altura parecieron afectar al político balear y a su esposa, que subieron cual cohete a las cumbres del poder. Diez años después, el matrimonio ha caído en barrena en el lodazal de la corrupción. Los dos han tenido que regresar a España desde su refugio en Nueva York, al ser imputados en una causa judicial por enriquecimiento ilícito. La penúltima estación del vía crucis: perder la asesoría de PriceWaterhouseCooper.

Con serias dificultades, Matas logró reunir los tres millones que le impuso el juez como fianza para no ingresar en prisión, y que se hizo efectiva mediante dos transferencias bancarias procedentes del Banco de Valencia y de la Caja de Arquitectos Sociedad Cooperativa de Crédito, entidad con la que tenía la hipoteca relativa al palacete de Palma. Tras el depósito, el expresidente balear quedó en situación de libertad provisional, aunque el juez Castro le retiró el pasaporte y le impuso la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Como anotación al margen se puede afirmar que la de Matas es la fianza más alta exigida nunca a un político.

Matas, alejado de la política, abatido pero sin asomo de arrepentimiento, se consideró poco arropado por el Partido Popular, cuando declaraba: «Si yo fuera Paco Camps, es evidente que mi situación sería muy distinta». Poco después de estos comentarios, le caía una caución de responsabilidad civil por 1,6 millones, por las posibles consecuencias económicas de la contratación del arquitecto Santiago Calatrava para levantar una ópera sobre el mar en Palma, en 2007. La decisión de Matas costó a la comunidad 1,2 millones de euros por la cesión de una maqueta, un vídeo y un esbozo de planificación del proyecto urbanístico. La Fiscalía Anticorrupción considera la operación como un amaño electoralista.

Entre las fianzas y el abandono del caso por parte de sus abogados defensores «por motivos que forman parte del secreto profesional que deben guardar», no es de extrañar que Matas se sintiera deprimido, pero lo bueno que tiene este hombre es que enseguida se recupera, se sacude el polvo y vuelve a la «arena». Tres semanas después, el imputado comunicaba al juez José Castro la contratación de Antonio Alberca Pérez como nuevo letrado. Este especialista en derecho penal se encargó, en su día, de la defensa de Rafa Zouhier, condenado a diez años de prisión por actuar como intermediario en la compra de los explosivos con los que se perpetró el atentado de los trenes de Madrid, el 11-M. Alberca se mostró «muy ilusionado» y auguró la necesidad de «trabajar duro» para defender a Matas. Desde luego, trabajo tiene. Hablamos de siete delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, delito electoral y contra la Hacienda pública. Total: 12 causas en 25 piezas penales en que está dividido el sumario del caso Palma Arena, que podrían ser castigadas hasta con 68 años de prisión.

El matrimonio Matas, víctima de su propia ambición, pagó el precio del rechazo y la crítica social por algo que en Mallorca y en toda España está muy mal visto: ser pretencioso y ostentoso.

Como ya se ha adelantado, en enero de 2012 se celebró el juicio por la primera causa, que ha quedado visto para sentencia, correspondiente a la contratación fraudulenta de Antonio Alemany, antiguo columnista de El Mundo, para realizar una campaña que ensalzara la actividad política de Matas a cambio de suculentas remuneraciones e ilegales subvenciones, con las que Alemany lanzó la Agencia Balear de Noticias y una página web bajo el nombre Libertad Balear. El precio de los discursos oscilaba en más/menos 4.000 euros al mes, cobrados a través de una agencia de publicidad. Otros 480.000 euros fueron a parar a los bolsillos de Alemany, la mitad en un «montaje de concursos ficticios», y facturó otros 12.000 euros por unos reportajes deportivos que nunca existieron. Aunque Alemany rechaza tales extremos, los dos medios de comunicación que puso en marcha con dinero público fueron plataformas de Matas y del Partido Popular, con el objetivo de alabar los discursos del presidente balear que, por otro lado, él mismo escribía. ¡Hace falta desfachatez...!

Matas afronta una petición de ocho años y medio de cárcel y Alemany otra de siete años y tres meses y, si son condenados, deberán afrontar el retorno del dinero a las arcas públicas: un total de 347.114 euros. Su palacio será finalmente subastado por deudas con el Banco de Valencia, que le adelantó el dinero de la fianza. Llegado el día D, Matas no pagó lo acordado, por lo que el banco solicitó la subasta de los bienes. Aunque la fecha se prefijó para el 25 de enero, parece ser que se ha aplazado temporalmente.

El día de Navidad de 2011, poca gente reparó en un señor engominado que acudía a misa de maitines en una céntrica iglesia de Palma. Era él. Matas escuchaba en silencio el oficio y en su rostro se apreciaban las huellas de la tensión acumulada en los últimos tiempos. También se le ha visto con frecuencia en un gimnasio de moda de la capital isleña. Está más grueso que hace unos años, cuando se sometió a una estricta dieta que imitaron varios de sus consejeros. Es un adicto a la coca-cola light, a pesar de los cuantiosos vinos de alta gama que envejecen en su bodega. Ha ganado peso y ha perdido amigos, muchos; todos esos a los que facilitó grandes negocios y, lo peor de todo, es que se le ha apagado el brillo de aquella sonrisa que quedó inmortalizada en las más de 30.000 fotografías que se hizo durante su primer mandato como presidente de Baleares, entre 1996 y 1999.

3

LA IMPORTANCIA DE UN BUEN FONDO DE ARMARIO

En Psicología, está sobradamente aceptado que la manera de vestir es una forma de comunicación no verbal con la que proyectamos a los demás determinados aspectos de nuestra personalidad. Indudablemente, la vestimenta cobra una importancia esencial en el caso de los personajes públicos, hasta el extremo de utilizar asesores para mejorar la imagen. Y si hablamos de políticos, la forma de vestir es clave para delinear el perfil que un electorado concreto quiere percibir. Pero cuando la indumentaria pasa a ser seña de identidad irrenunciable de un determinado estatus social, la consecuencia es que se sobrevalora la cuestión y llevar ropa cara, de primeras firmas o diseños exclusivos, puede convertirse en una adicción. Repasemos ahora dos casos que tienen que ver con estas cuestiones mundanas y que han dado pie a la acusación de delito de malversación de fondos públicos y cohecho pasivo impropio, abriendo a diario los informativos más heterogéneos, a pesar de la distancia que les separa, tanto en el tiempo como en las circunstancias.

DESDE LOS CIELOS DE GARY COOPER

Sin duda alguna, el fondo de armario más famoso de los últimos tiempos corresponde por aclamación a Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, cuyos trajes han llenado más páginas en periódicos y revistas que los de las celebrities de Hollywood en la alfombra roja de los Óscar, y no precisamente por crear tendencia... Tampoco fue ruinosa la inversión de los generosos empresarios que, según la acusación, a cambio de algunos trajes, varios pares de zapatos, cuatro corbatas y alguna que otra americana de diseño, consiguieron contratos por más de siete millones de euros. Pero, ¡vamos al grano! Antes que la de Camps, otra historia de trajes y vestimentas de origen dudoso le costó la dimisión a Pilar Miró, que en paz descanse, como directora general de RTVE, en 1988.

Desde luego, entre un caso y otro hay notables diferencias, empezando por que los populares forzaron a la famosa cineasta a presentar su cese irrevocable por la adquisición de unos vestidos cuyas facturas se cargaron al capítulo de protocolo. Por lo tanto, Miró fue procesada por «malversación de fondos públicos», pero, con anterioridad, el Gobierno, a través de la Intervención General del Estado, obligó a la directora de cine a devolver los casi cinco millones de pesetas que se había gastado en el citado guardarropa. De esta manera los tribunales podían resolver sin presiones. En el caso de Camps, el delito que se le imputaba por el asunto de los trajes estaba tipificado como «cohecho pasivo impropio» y se refiere a la aceptación de un regalo o dádiva por parte de un funcionario público en consideración a su cargo, siempre que esa entrega suponga una contraprestación concreta a cambio.

Pero volvamos al caso Miró. Fue estando en Roma cuando la directora de RTVE tuvo conocimiento de que la prensa española había publicado tres facturas a su nombre correspondientes a compras de ropa. Inmediatamente, el diputado de Alianza Popular Luis Ramallo, que se erigió en adalid principal de la cruzada, decidió solicitar una relación exhaustiva de todos los gastos de Pilar Miró imputados a los presupuestos de RTVE. De la noche a la mañana, se armó un revuelo sin precedentes, con una indignación que caló profundamente en la opinión pública, gracias, desde luego, a la encendida defensa de la honestidad que debe presidir la conducta de los servidores públicos, bandera enarbolada por el diputado popular desde el primer momento. Ramallo afirmaba desde su escaño: «En menos de treinta días la señora Miró ha gastado 711.368 pesetas. Es un escándalo que confirma que los socialistas han tomado la nación como si fuera su propio cortijo, y no tienen pudor en esquilmar al contribuyente cada año un poco más». Miró declaró en la comisión creada al efecto: «Considero lógico que los gastos de vestuario sean por cuenta ajena y, desde luego, no estoy dispuesta a emplear una parte del sueldo en la ropa a la que me obliga mi trabajo, por lo tanto, en lo sucesivo seguiré haciéndolo de la misma forma». El problema estaba en que no existía partida presupuestaria que amparase este tipo de gastos, por lo que la oposición en pleno reclamó la dimisión de la directora general. Miró dejó el cargo, tras meses de tensiones, decepcionada con los socialistas, que primero creían en ella y, finalmente, la dejaron desamparada ante la presión mediática de una Alianza Popular capitaneada por Ramallo. Este, con la melodramática solemnidad que muchos utilizan cuando los medios de comunicación están presentes, entregó en el juzgado la preceptiva denuncia asegurando que cumplía con una «obligación» que le imponía su «dignidad como español y como político». Diez años después, el diputado Luis Ramallo se encontraba procesado por el caso Gescartera. Imagino que, acomodada ya en la otra vida, Pilar vería pasar el cadáver de su enemigo con cierto regusto a vendetta.

La Audiencia de Madrid la sentó en el banquillo de los acusados. La Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE se personó en la causa como acusación particular y pidió catorce años de prisión. A su vez, la mutualidad de trabajadores de RTVE reclamaba doce años de cárcel, con lo que se equiparaba el supuesto delito de la cineasta con un homicidio. Hubo que esperar diez días desde el final de la vista para conocer la sentencia. El tribunal incidió en la idea de que Miró adquirió la ropa por necesidades de «representación», en virtud de su cargo, y que los vestidos se encontraban en un armario que mandó construir en su despacho. Mientras el ponente leía, con voz cansina, las imputaciones que motivaron el procesamiento, la acusada escuchaba la retahíla con disimulado nerviosismo, solo delatado por el gesto crispado de sus manos. Cuando finalmente las esperadas palabras resonaron en sus oídos: «... por unanimidad, fallamos que debemos absolver y absolvemos, con todos los pronunciamientos favorables, a la acusada doña Pilar Miró Romero de los delitos de malversación de caudales públicos de los que venía siendo acusada en este proceso», Pilar cerró los ojos y respiró profundamente... En 1997, cuatro años después de restituida su imagen, falleció de una enfermedad coronaria.

CUANDO EL DIABLO SE VISTE DE FOREVER YOUNG

Antes de comenzar la siguiente trama «textil», se me ocurre pensar en el mecanismo que utilizan las fuerzas de seguridad para bautizar a las distintas investigaciones que se traen entre manos y que, no cabe duda, tiene un reflejo inmediato en la sociedad y en los medios, de forma que, solo con mencionar el nombre, todo el mundo sabe de lo que se está hablando. Pero, ¿quién bautiza las operaciones? Pues según los propios agentes, no hay nadie concreto que tenga asignada esa función. Cualquier miembro del equipo de investigación, sea cual sea su grado o antigüedad, puede proponer el apelativo, que se decide en las fases previas al operativo. En cualquier caso, siempre es el oficial al mando el que dará el visto bueno final. «Los temas que investigamos son tan serios, que el bautizo de la operación suele ser uno de los pocos momentos distendidos», comenta un mando de la Guardia Civil. Se procura buscar una palabra vinculada con algún aspecto de la investigación, y, no hay duda de que, en algunos casos, los apodos se han convertido en auténticos fenómenos de masas. Por ejemplo, Malaya o Gürtel. Malaya se formó de la simbiosis entre Mal- (Málaga) y -Aya (Ayamonte). En el caso de la Gürtel, se eligió porque el principal implicado en la trama es Francisco Correa y, en alemán, ‘correa’ o ‘cinturón’ se traduce por gürtel. ¿Y por qué en alemán? Porque una de las agentes de policía que comenzó a investigar el caso hablaba alemán. Solo hay un requisito a respetar a la hora de buscar nombres, y es que no pueden ser sexistas ni discriminatorios. Igualmente, los nombres de empresas, marcas o personas están vetados.

Amigos del alma

Una vez aclarada esta peculiaridad, entraremos de lleno en la trama de corrupción capitaneada presuntamente por los empresarios Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, Pablo Crespo, secretario de Organización del PP de Galicia, y Antoine Sánchez, el testaferro, cuyas actividades se resumen lisa y llanamente en el pago a funcionarios públicos y autoridades con trajes, dinero, regalos y coches para obtener trato de favor en la concesión de eventos. El caso Gürtel fue destapado por el diario El País, a cuyos investigadores, en los que me he apoyado para escribir la crónica, les fue concedido el premio Ortega y Gasset de Periodismo, en su edición de 2010, al «mejor trabajo de prensa».

Lo que empezó con la detención de cinco personas con cierta vinculación al Partido Popular se convirtió en pocas semanas en un verdadero quebradero de cabeza para la cúpula del partido conservador y en una guerra abierta contra Baltasar Garzón, juez instructor del caso, acusado de prevaricación y finalmente condenado y separado de la carrera judicial. Diputados, consejeros, alcaldes, el tesorero nacional, en definitiva, toda la jerarquía contaminada por el virus de la corrupción, introducido por un tal Correa, absoluto desconocido para los ciudadanos de a pie. En el sumario figuran veintitrés empresas relacionadas con la red, la mayoría de ellas propiedad del susodicho, dedicadas a la organización de viajes, actos y eventos públicos para el PP.

Cuando da comienzo el baile, José Luis Izquierdo López, empleado de confianza de Francisco Correa y de Pablo Crespo, muestra a los jueces los asientos contables de la «caja B». En la documentación aparecen los nombres de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar) Álvaro Pérez, El Bigotes, Antoine Sánchez (testaferro de Correa), Alberto López Viejo (consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid), Arturo González Panero (alcalde de Boadilla del Monte), Guillermo Ortega (gerente del mercado Puerta de Toledo de Madrid), Ricardo Galeote (exconcejal de Estepona), Benjamín Martín (diputado de la Asamblea de Madrid), Jacobo Gordon (amigo y socio de Alejandro Agag), Pablo Crespo (diputado por Pontevedra y propietario de la empresa Special Events), Pau Collado (captador de contratos públicos para Correa y exdirector de la Fundación Baleares Sostenible) y un largo etcétera. Correa figuraba en los documentos con el significativo sobrenombre de Don Vito.

Se abre la veda de las dimisiones y las bajas del partido y, mientras tanto, Baltasar Garzón amplía a 37 el número de imputados en la trama. El PP protesta ante la Audiencia por las filtraciones del sumario que llegan a la prensa y saca su as de la manga: la recusación del juez y, en la primera página de todos los periódicos, el anuncio del fin del llamado Pacto de la Justicia firmado entre el Gobierno y la oposición, con ilustraciones y todo lujo de detalles sobre la cacería celebrada en Torres (Jaén), en la que habrían participado juntos el juez Garzón y el ministro de Justicia, Mariano González Bermejo, tan solo un día después de que saliera a la luz la operación de la Audiencia Nacional. El ministro se ve obligado a dimitir por no disponer de permiso de caza.

Sin darnos respiro, los acontecimientos se precipitan en cascada. La prensa relaciona al presidente valenciano Francisco Camps y a su lugarteniente, Ricardo Costa, con la trama, y asegura que habrían recibido trajes por valor de 30.000 y 7.500 euros; se habla del supuesto regalo de un Jaguar al exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda; de bolsos de Louis Vuitton a Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Los imputados ya suman 55 y se cifra en 3.297.566 euros la cantidad que, en efectivo y en sobres personales, habrían recibido los alcaldes madrileños de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey en concepto de comisiones. Los diputados autonómicos López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch se apuntan 563.000, 437.166 y 255.562 euros, respectivamente, lo que haría un total de 1.250.728 euros. Un Land Rover, otros coches, estancias en hoteles, viajes, televisores de plasma, trajes, más de 3 millones de euros en comisiones... componen el albarán de los sobornos de la parte madrileña de la Gürtel. Si nos referimos al ramal valenciano, la cantidad, según el auto del juez, alcanzaría los 420.000 euros, más otros 12.783 que costaron los trajes que Camps recibió de Correa a cambio de otorgar adjudicaciones a sus sociedades entre 2005 y 2009, por valor de unos 4 millones de euros. Según se desprende de varias grabaciones telefónicas, El Bigotes tenía con Camps una amistad muy especial y se decían, entre otras cosas, «amiguito del alma» y «te quiero un huevo». Tal era la intensidad del afecto, que aquel encargó expresamente para el presidente de la Generalitat un esmoquin confeccionado en Nueva York y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano.

Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las escuchas grabadas en la cárcel, ordenadas por el juez Garzón entre los imputados y sus abogados, presumiendo prevaricación y vulneración de la intimidad. A resultas, el juez se enfrenta, inexplicablemente para muchos ciudadanos, a un proceso judicial en el Tribunal Supremo. Por fin, se levanta el secreto del sumario y se confirma, a través de las declaraciones de agentes de la Brigada Policial de Blanqueo, que Luis Bárcenas habría cobrado 1,3 millones de euros de la «caja B» de la trama, lo que señala la existencia de una posible financiación ilegal del Partido Popular, que pagó a razón de 350 euros la hora al bufete del prestigioso penalista Miguel Bajo, encargado de la defensa de Bárcenas. Una de las consecuencias a determinar por la Justicia es si, efectivamente, la trama Gürtel financiaba de manera ilegal al PP valenciano. En los informes policiales se especula con la existencia de una doble contabilidad, así como de un buen paquete de facturas, a todas luces, falsas. Pero esa es otra historia que aún aguarda su turno para ser contada...

Se acerca la hora de presentar candidatura a las elecciones autonómicas de 2011 y el Partido Popular, de manera insólita, anuncia su apuesta por Camps, pese a su imputación, aunque su imagen no aparecerá en los carteles de la campaña. El PSOE, ante lo que considera una afrenta, se presenta como acusación particular y pide para Francisco Camps una pena de tres años de prisión y ocho de inhabilitación por un delito de cohecho.

El juez Flors abre juicio oral contra Camps el 15 de julio de 2011, y, presionado por los acontecimientos y por la cúpula de su propio partido, el expresidente valenciano presenta su dimisión, aunque defiende vehementemente su inocencia.

El juicio comienza en diciembre de aquel año y, cuando ya se han celebrado tres días de sesiones, se produce la misteriosa llegada de tres automóviles que acceden al patio interior del palacio de Justicia de Valencia, siendo la propia Guardia Civil la encargada de franquearles la entrada. Se trata de una ambulancia, un furgón policial y un utilitario en el que viajan dos policías de paisano. Una mujer y dos hombres se apean de los vehículos, cada uno por su lado. Van a testificar en el juicio de Camps. El caso Gürtel les ha distanciado hasta el odio y el miedo. La mujer, Isabel Jordán, vive protegida por dos agentes asignados por la Fiscalía Anticorrupción desde hace dos años. Francisco Correa, que llegó desde Madrid al tribunal en ambulancia procedente de la cárcel, y Pablo Crespo, el inquilino del furgón policial, también preso en Madrid. Jordán se ocupó de la administración de varias empresas de Correa y fue la primera en implicar, en 2009, al expresidente de la Generalitat Valenciana en la trama Gürtel.

Un exconcejal destapa la trama

Cuando Garzón les encarceló, Correa y Crespo compartieron el mismo módulo penitenciario, pero aquella amistad entre rejas tenía visos de acabar como el rosario de la aurora, así que, pocas semanas después del ingreso, Crespo pidió al juez Pedreira que le asignara otro módulo. Se negaba a compartir patio con Correa. El juez que preside la vista por los trajes de Camps, Juan Climent, ha tenido que hacer malabarismos para evitar que coincidan. Isabel Jordán no quiere verles ni en pintura; les tiene pánico.

Solo Jordán testificó y Correa y Crespo callaron acogiéndose a su derecho constitucional a guardar silencio. Tienen causas repartidas por tres comunidades autónomas, y cualquier testimonio puede acarrearles aún más problemas. Ambos se sentaron en el banquillo con los rostros demacrados. Correa, visiblemente más delgado, es un espectro de aquel hombre a cuyo paso se apartaban congresistas y senadores. Menos los aviones, casi cualquier espacio cerrado genera claustrofobia en Correa. Los ascensores, determinados coches, habitáculos sin ventanas... Por eso le trasladan en ambulancia. José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda, «el verdugo de Gürtel», a quien conoceremos a continuación, ha vivido en primera persona los arrebatos claustrofóbicos de Correa. Un día le llevaba en coche por una autopista y Correa quiso abrir la ventanilla. Esta se había atascado y Correa empezó a chillar como un loco. Peñas se vio obligado a efectuar una maniobra peligrosa para salir de la carretera y parar en el arcén, mientras por la frente de su acompañante caían gruesas gotas de sudor frío. El mismo sudor que invadió a Peñas cuando Correa, obsesionado con que la policía le seguía, le interrumpió a gritos: «¡Jodeeeer, Pepe, callaaaa! No hables que nos van a oír!». Las piernas de Peñas temblaban y buscó refugio en el cuarto de baño. En su chaqueta ocultaba la grabadora anticorrupción del caso Gürtel, que recogió durante un año las conversaciones de la trama. Fue el propio Peñas quien, en noviembre de 2007, interpuso la denuncia que desencadenaría la investigación de una trama de blanqueo, delito fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. La denuncia se acompañó de 20 horas de grabaciones repartidas en 17 cintas en las que han quedado registradas conversaciones de toda índole entre los principales imputados del caso, incluidos cargos públicos y empresarios.

Peñas comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Majadahonda en 2000 como asesor técnico y, un año más tarde, con Guillermo Ortega al frente de la alcaldía, conocería a Correa y a su mujer, M.ª Carmen Rodríguez Quijano, quien se convertiría en su compañera de trabajo y colaboradora más cercana. En 2003, Peñas sale elegido concejal de Planeamiento Urbano, cargo sin duda clave para la administración de Majadahonda. Es entonces cuando empieza a tener conocimiento de ciertas corruptelas y tejemanejes, y cuando Ortega le habla de «un fax en el que se detallan una serie de empresas a las cuales hay que echar una mano, porque son las que ayudan al PP». Automáticamente, Peñas presenta su renuncia, pero le convencen para que regrese a su puesto. En febrero de 2005, Peñas es expulsado del partido. Él ya sabe lo suficiente como para denunciar la trama, pero no tiene pruebas. Entonces, Correa le brinda la oportunidad de conseguirlas, al proponerle la creación de un partido político local, Corporación Majadahonda. ¡Miel sobre hojuelas! Entre 2005 y 2007, Peñas actúa como un infiltrado. A modo de Leonardo Di Caprio en la película de Scorsese, se cuelga la grabadora y se convierte en el hombre de confianza de Correa, hasta el punto de hacer de canguro de su hija. De esta forma, Peñas destapa las presuntas corrupciones que se ciernen sobre los ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla del Monte y Arganda, además de la presunta financiación irregular del PP de Madrid y Valencia. Lo demás vino rodado...

El sastrecillo valiente

Durante el juicio, a diferencia de Camps, Ricardo Costa decidió responder a todas las preguntas. Pero su rechazo de la acusación de haber aceptado prendas de vestir por valor de 7.325 euros de la red Gürtel se estrelló con el contenido de las grabaciones y la abundante documentación, entre hojas de pedido, facturas y albaranes, que le incriminan. Lo que sí reconoció Costa fue su especial amistad con Álvaro Pérez, El Bigotes, a quien usaba como proveedor de artículos exclusivos. Le llamaba para que le consiguiese, por ejemplo, 100 gramos de caviar, un reloj Lacoste Bellerose, una maleta de Loewe o un iPhone que por aquella época costaba unos 1.000 euros. También fue El Bigotes quien le mandó al sastre José Tomás García a su despacho para tomarle medidas. Según Costa, encargó un único traje. A la pregunta del abogado del PSPV-PSOE, Virgilio Latorre, en relación con el precio, que según Costa fue de 1.400 euros, cuando los trajes de Milano no pasaban de 900, el interpelado no supo qué contestar. Tampoco pudo aclarar por qué en Forever Young y en la sastrería Sastgor existían hojas de pedido, albaranes y facturas de compra en los que figuraban su nombre y sus medidas, junto a los encargos de otros tres trajes y seis pantalones.

La declaración de Víctor Sanfelipe, segundo encargado de los establecimientos Milano y Forever Young, no dejaba resquicio a la duda. Según su testimonio, Pablo Crespo era quien pagaba las prendas de Camps y Costa en ambas tiendas. «Álvaro Pérez tenía abierta una cuenta a su nombre en Milano. Allí se apuntaban las prendas que se llevaban él y otras personas de la Comunidad Valenciana». Cuando el fiscal preguntó quién saldaba la deuda, la respuesta fue la siguiente: «Que yo haya visto, lo pagaba siempre Pablo Crespo. Todo lo que se apuntaba en esa cuenta lo pagaba él». Según el testigo, Camps era muy especial a la hora de confeccionarse los trajes y, por ello, en algunas hojas de pedido aparece la anotación «Tomás-Emilio», indicación para que el responsable de hacer la ropa en Sastgor llamase a José Tomás para pedirle instrucciones antes de ponerse manos a la obra. La fábrica ya tenía el patrón de Camps; a eso se refieren las anotaciones «Modelo Camps». «Nunca más nadie pidió un ceñidor central», continúa el encargado, dejando al público expectante ante el ignoto concepto. Pero no hubo explicación... Para su información y la mía, un ceñidor central es una especie de trabilla con un elástico que los sastres colocan en la parte trasera del pantalón para ceñirlo a la cintura. Es más frecuente en la ropa de niños.

Para colmo de males para Camps y Costa, el informático de Forever Young, Francisco Ferre, declaraba ante el jurado que recibió instrucciones expresas de sus jefes para sustituir el número de cliente del expresidente valenciano por el de El Bigotes. «Me dijeron que había un error en la atribución de prendas a clientes y si lo podía arreglar», explica, y «me pasé dos tardes viendo cómo podía llevar a cabo las modificaciones». Por correo electrónico, le llegaron dos números de referencia y un nombre: «14.335 y 12.958, Alv. Pérez». Ferre relató que, al buscar dichos números, descubrió que el cliente al que había que descargarle las prendas era Francisco Camps. Ferre informó de que había descubierto un total de cinco referencias, pero solo le pidieron que alterase una tercera, la número 12.109. La fiscal aclaró que los dos registros restantes correspondían a tiques de venta que la tienda ya había aportado al juez. Es decir, era demasiado tarde para ma quillarlos.

Además, empleados de las tiendas aseguran que algunas facturas correspondientes a los trajes de Camps y Costa se alteraron y que, en lugar de prendas de vestir, se conceptuaron como metros de tela para tapizar y uniformes para Fitur, Feria de Valencia, Feria Bilbao y otros certámenes.

Camps inicia su declaración minado por las grabaciones que el jurado ya ha escuchado y que desvelan, sin lugar a dudas, el compadreo entre los dirigentes valencianos y los cabecillas de la trama, así como por la evidencia de los papeles que los miembros del tribunal también han examinado. En particular, el «Documento 71» y los «tiques 187729 y 187706». Les explico...

El famoso Documento 71 es un listado de deudas de la tienda Forever Young. En él aparecen muchos nombres, entre ellos, los de Francisco Camps y Ricardo Costa. Al primero se le atribuye una deuda de 5.393,50 euros. Al segundo, de 4.925 euros. En la parte inferior, manuscritas, aparecen unas cantidades que se van restando de la deuda global, de 30.678,90 euros. La empleada que lo redactó explicó que es un recopilatorio de la cuenta de Álvaro Pérez, en la que se agrupan todos los cargos de «los de la Comunidad Valenciana». Se trata de una cuenta regresiva, cuyos talones proceden de Orange Market y las transferencias de Servimadrid y Diseño Asimétrico, todas ellas empresas de la trama. Los tiques referenciados, según el seguimiento de la cajera de la tienda, aparecen bajo el epígrafe «Camps» en enero de 2006. En agosto del mismo año, la misma referencia sigue apareciendo como no pagada, aunque en este caso el epígrafe ha cambiado. Ahora dice «Comunidad Valenciana». En el siguiente inventario de deudas, en enero de 2007, los tiques han desaparecido, es decir, la deuda ya había sido satisfecha.

Las defensas y acusaciones del juicio de Valencia contra el expresidente Camps actúan de una manera ágil y rápida, poniendo zancadillas para evitar caer en las del contrario. El juez Climent hace lo que puede para frenarlas, pero todos son brillantes y siempre tienen al alcance algún precepto que avale sus estrategias. Se juegan mucho todos. El afamado catedrático de Derecho que asiste a Camps, Javier Boix, el letrado que representa al PSOE, Virgilio Latorre, y las fiscales Anticorrupción, que han de acreditar que en su actuación no hubo ligereza al incluir el nombre de Francisco Camps en la mayor trama de corrupción política de los últimos años.

Menos mal, pensábamos muchos, que hay decenas de horas de grabaciones telefónicas de perfecta audición para desmontar cualquier duda, porque a lo largo del juicio se desarrollan escenas que harían perder el norte a cualquiera. Pasajes que deben sonar a chino al jurado, formado por seis hombres y tres mujeres, todos muy jóvenes: entre los 20 y los 25 años. Y no por falta de interés, porque, a pesar de ser legos en derecho, toman notas y formulan oportunísimas preguntas a través del juez Climent, que no hace más que lo que debe: dirigir el juicio y proteger al jurado, que será, en última instancia, el que sentencie.

Para desparpajo el de Rafael Betoret, jefe del Gabinete de la Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana. No solo declaró estar muy conforme con la imputación, sino que llevó al Tribunal de Justicia los dos abrigos, once trajes, cuatro americanas y un pantalón, obsequio de la Gürtel. Lo mismo pensaba que, devolviendo los regalos, desaparecería el delito...

En un momento dado, una de las fiscales que interroga a El Bigotes, solicita mostrar al jurado un correo enviado por el sastre José Tomás a Pérez y Crespo, el 19 de marzo de 2007, e intervenido por la policía en la sede de Orange Market. Dice así: «Te envío la relación de compras de la Comunidad Valenciana. Rafael Betoret, con cinco trajes a 950 euros, 4.750 euros. Una chaqueta, 750 euros. Un abrigo, 1.200. Total: 6.700 euros. Francisco Camps: Cinco trajes y tres pares de zapatos, total: 5.393,5 euros». De la misma manera, la fiscal pregunta a El Bigotes por un SMS que recibió en el móvil en el que se lee: «Medidas señor Camps. Americana t 54, pantalón 48 largo pant., 108 tiro a 79,50». El Bigotes, a quien no se le descoloca el mismo, guarda un hermético silencio.

Finalmente, es el turno de Virgilio Latorre, quien pone la guinda al pastel con las siguientes preguntas: «¿Contrataron ustedes en 2005 un congreso de Software Libre con la Consejería de Educación por valor de 48.000 euros? ¿El acto de Violencia de Género por 15.900 euros? ¿Los actos del Open de Tenis del año 2006 por 26.000 euros? Y finalmente, ¿recibieron ustedes un contrato con Fitur en 2005 por un valor de 1.737.205 euros, otro de Fitur en 2006, otro de Fitur 2007, otro de Fitur 2008, y otro de Fitur 2009, de la Agencia Valenciana de Turismo, todo ello por 6 millones de euros, es decir, 1.000 millones de pesetas?...». Y El Bigotes, mudo para siempre.

El comportamiento de Camps durante el juicio es bastante peculiar y, en ocasiones, poco respetuoso. Durante las largas sesiones, calificadas por él de tediosas, leía el libro de René Girard La ruta antigua de los hombres perversos, sobre la figura del chivo expiatorio y la paciencia histórica del santo Job. Juan Climent, el presidente del tribunal del jurado, le llama la atención en varias ocasiones: «Señor Camps, deje de hacer gestos al testigo». Y, Camps, con la mano en el pecho, en actitud exculpatoria. «Está usted ahí detrás, pero le veo», le advierte Climent, que, a partir del día en que comparecieron en la sala Correa y Crespo, permitió a Camps y Costa abandonar el banquillo de los acusados y sentarse en un lugar más próximo a sus letrados. De esta manera, Camps se ubica tras el letrado de Costa, donde resulta parcialmente visible al juez. «Señor, Camps, ¿quiere dejar el móvil, por favor? No me haga interrumpir otra vez», decía Climent como el maestro que regaña a un alumno díscolo. A Camps, en un momento dado, le da un ataque de risa, comienza a gesticular y pierde la compostura. «¡Señor Camps, guarde silencio! Y sin gestos ni nada, por favor. No me conteste. ¡Guarde silencio!»: nueva reprimenda del juez Climent.

Cambio de jueces

El tronco principal del caso Gürtel ya está de vuelta en la Audiencia Nacional. Su instructor será Pablo Ruz, sustituto de Baltasar Garzón, quien inició la investigación. Las 129 cajas, con 671 tomos que contienen los más de 50.000 folios del sumario, viajaron a Madrid en un camión de mudanzas.

Uno de los últimos informes policiales incorporados al sumario revela que la Gürtel amañó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia. El documento, de 68 páginas, es demoledor. Señala cómo los responsables de la red, en connivencia con el exdirector de la televisión valenciana Canal 9, Pedro García, así como con la fundación pública que organizó el evento, inflaron al doble el precio de contratación de la instalación de los equipos de imagen y sonido que cubrieron la visita, además de repartirse una comisión de tres millones de euros.

Por mucho que uno no quiera, se topa constantemente con nuevos capítulos en este culebrón que nos deja boquiabiertos ante la mezquindad y la avaricia de hombres y mujeres sin conciencia que, si durante unos pocos años han sido capaces de realizar un expolio semejante, miedo da imaginar las consecuencias de una eventual perpetuidad en el tiempo. Dos millones de euros opacos para el fisco invertidos por Correa en casas de lujo en Miami. Una operación fraudulenta, ideada por Álvaro Pérez en contubernio con la Generalitat valenciana, para organizar los Grammy Latinos en 2010, por la que se embolsaría nueve millones de euros de comisión. Una esposa adinerada, la de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, titular de una cuenta con un saldo de un millón de euros, sin trabajo conocido y sin declarar ingreso alguno. Viajes pagados por la trama para hacer depósitos en metálico en bancos suizos. Safaris de lujo en Sudáfrica. La creación, por parte de Correa y Crespo, de una estructura societaria entre Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas, a través del despacho Juris Magister, dedicado a la realización de operaciones inmobiliarias en la costa este americana. Los investigadores buscan en Estados Unidos y en las Islas Caimán 30 millones opacos, más otros 21 millones que ya han sido localizados en Suiza. Además, se sigue el rastro de otras cantidades en Portugal, Colombia, Panamá y Reino Unido, y así... suma y sigue.

Un olor nauseabundo impregna la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Un aroma a desprecio de lo público, una trama vergonzante cuya única razón social era apropiarse del dinero de los contribuyentes por parte de quienes debían protegerlo y gestionarlo con honestidad y transparencia. Francisco Camps, apodado El Curita, está en la sala como responsable de la institución más relevante de la Comunidad Valenciana y por unos hechos que cuestionan gravemente esa condición representativa que ostenta. La excelencia de sí mismo que no se harta de predicar ha dejado a la Generalitat jalonada de casos de corrupción, en ruinas a las instituciones financieras valencianas y unas cuentas públicas al nivel del bono basura. No ha podido aportar dato alguno sobre el pago de las famosas prendas, ni los testimonios de los testigos han aclarado en ningún caso ese extremo. Los demás implicados en el asunto de los trajes se han convertido, muy a su pesar, en testigos de cargo inapelables a consecuencia de sus declaraciones. Si hay indicios de que la trama les agasajó a ellos, con más motivo debió hacerlo con los cabecillas del Gobierno y del PP valencianos. Aunque procesalmente dividido, el caso Gürtel es uno, y la causa de los trajes forma parte de él como la guinda de un pastel que deja claro para muchos la finalidad del adorno, o sea, los millonarios contratos obtenidos por la trama.

En sus conclusiones finales, la fiscal apeló al «sentido común y la lógica del jurado», a tenor de las pruebas documentales, e ilustraba su razonamiento con la alegoría del niño que niega haberse comido el chocolate, cuando tiene la boca manchada, el envoltorio está sobre la mesa de la cocina y en el armario ha desaparecido la tableta. Si no hay nadie más, es obvio quién se ha comido el chocolate. Bueno, pues ni las pruebas documentales, ni las grabaciones escuchadas en la sala, ni los testimonios de una amplia variedad y cantidad de testigos han sido suficientes para demostrar que Francisco Camps y Ricardo Costa cometieron un delito continuado de cohecho pasivo impropio, al aceptar regalos de la trama Gürtel. Vamos... que fueron ellos los que se comieron la tableta. Tras dos días de deliberación, el veredicto declaraba «no culpables por falta de pruebas» a los encausados, por cinco votos a favor y cuatro en contra. El fallo, adelantado in voce por el presidente del Tribunal Juan Climent, que obligó a desalojar la sala ante la explosión incontrolada de muestras de alegría y solidaridad con los encausados, requiere de redacción y notificación, y será entonces cuando comiencen a correr los plazos para que pueda ser recurrida la sentencia ante el Tribunal Supremo, si es que la nueva Fiscalía Anticorrupción así lo considerase.

Correa es el único encausado que aún permanece encarcelado en Soto del Real, donde ha pasado casi los tres últimos años, junto a Pablo Crespo, que depositó su fianza de 100.000 euros a finales de febrero y salió en libertad. En el caso de Correa, la fianza fijada asciende a un millón, cantidad que queda muy lejos de los 15 millones que inicialmente se fijaron a cambio de eludir la prisión. Mientras, el magistrado Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional desde 1988, ha sido finalmente condenado a once años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo, a instancias de los cabecillas de la trama Gürtel. Garzón fue el responsable de su desarticulación en los primeros meses de 2009, tras casi un año de investigación secreta. Las escuchas entre los inculpados y sus letrados ordenadas mientras estos estaban en la cárcel han sido un arma letal que han sabido aprovechar muy bien algunos de sus más acérrimos enemigos. Con la Ley en la mano, este tipo de escuchas solo puede acordarse en casos de terrorismo y previa orden del juez competente. Para resolver otras circunstancias en las que pudiera ser imprescindible una intervención «sería preciso una reforma legal que contuviera una habilitación de calidad suficiente». La sentencia, adoptada por unanimidad de los siete magistrados del Alto Tribunal y calificada de extrema dureza por juristas de todo el mundo, tacha a Garzón de «arbitrario y totalitario» y le acusa de «laminar derechos y ordenar prácticas propias de sistemas políticos ya superados». Como broma macabra del destino, el ya exjuez tendrá que pagar una multa de 2.520 euros más las costas del juicio, incluidas las de las acusaciones particulares. Es decir, tendrá que abonar a los cabecillas de la Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, las minutas de sus abogados. Puede que el donativo colabore a sufragar la fianza que permita la liberación de los citados...

Como no puede ser de otra manera, todos los ciudadanos respetamos las decisiones judiciales, que van a misa, lo cual no quiere decir que las compartamos. Aún queda mucha trama Gürtel por destapar, pero, en cualquier caso, hay otra sentencia no escrita que hace mucho más daño a Camps y a los gobiernos autonómicos que a lo largo de los años han dejado a Valencia en la ruina, siendo ejemplo, con desmesura, del despilfarro político, económico y financiero más condenable. Y, conste en acta, como el fallo del jurado popular, que la falta de pruebas no es prueba de la inexistencia del delito, sino de que no ha sido posible probarlo. Continuará...

4

PONER LA MANO EN EL FUEGO...

Y QUEMARSE

En todas partes se cuecen las habas de la corrupción. Pero, ¿ustedes nunca han puesto la mano en el fuego por alguien? Apuesto a que sí... Y aseguro también que se han chamuscado. Bueno, pues eso les pasa hasta a los presidentes del Gobierno y, si no, que se lo pregunten a Felipe González. Cada vez que se tiraba a la piscina, acababa escaldado. Atentos a las dos historias siguientes:

SIN SOTANA Y A LO LOCO

Hacía frío. Dos botones del hotel Beau Rivage, de Ginebra, buque insignia de la hostelería suiza, envueltos en las capas grises de su uniforme, abrían las puertas del automóvil y cargaban las maletas que constituían el equipaje de Gabriel Urralburu, presidente del Gobierno de Navarra, y de Antonio Aragón, su consejero de Obras Públicas. Corría el 25 de abril de 1988. En menos de veinticuatro horas, Urralburu había pasado de visitar una residencia de ancianos en Tudela y asistir al homenaje que el partido socialista de Navarra tributaba a su presidente Francisco Álava, fallecido en accidente de tráfico, a envolverse en el blanco albornoz que este lujoso establecimiento pone a disposición de sus clientes.

El día anterior, el jefe de recepcionistas anotaba en el registro a otros dos ciudadanos españoles: Luis Roldán Ibáñez, director general de la Guardia Civil, y Jorge Esparza Martín, director comercial de la constructora Huarte. El primero utilizó pasaporte diplomático y el segundo escribió «administrativo» en la casilla correspondiente a la profesión. Las reservas para los cuatro hombres, o sea, Urralburu, Aragón, Roldán y Esparza, habían sido realizadas por Viajes Ecuador y se les asignaron las habitaciones 207, 208, 303 y 310, todas ellas con bellísimas vistas al incomparable lago Leman, justo donde el Ródano hace su entrada en la ciudad. Esparza fue el encargado de organizar toda la operación bancaria destinada a ocultar el botín que el clan Roldán estaba acumulando a golpe de comisiones ilegales. La fortuna de la que hablamos superaría a lo largo de los siguientes siete años los 3.200 millones de pesetas.

Ni siquiera hubo tiempo para visitar el monumento a la emperatriz Sissí, asesinada a escasos metros del hotel por un anarquista italiano. Aquel viaje relámpago a Ginebra condujo al grupo directamente al número 96-98 de la calle Rhone, sede del American Express Bank (hoy Union Bancaire Privée), uno de los bancos de inversiones más conocidos de la ciudad. Esparza, calificado por la dirección de la entidad, como «un cliente de primera calidad», propició la apertura de las cuentas, con números correlativos, para cada uno de los titulares. Esta visita a la capital suiza unió para siempre a los cuatro miembros en una suerte de sociedad secreta cuyo único objetivo era el enriquecimiento personal. Los papeles de cada cual quedaron perfectamente delimitados y, a partir de entonces, el grupo funcionaría con la precisión de un reloj suizo: silencioso, frío e infalible. Roldán, Urralburu y Aragón, altos funcionarios de la administración socialista, utilizarían su privilegiada situación política para otorgar a dedo obras públicas por valor de decenas de miles de millones. Esparza, viejo zorro del sector de la construcción, se encargaría de pedir y camuflar las mordidas con la ayuda de algunas empresas fantasma, encargadas de emitir las facturas falsas. El último eslabón corría a cargo del director de una sucursal del BBV en Madrid, que se ocuparía de cruzar de forma diabólica más de dos mil talones, cuyo origen se situaba en ocho importantes constructoras.

La flor y nata del empresariado español de la construcción se rindió a los cantos de sirena de Jorge Esparza, auténtico ideólogo del tinglado. Prácticamente sin resistencia, y una tras otra, las constructoras aceptaron el pago del 5 por ciento de comisión por cada obra que el ejecutivo de Huarte les proporcionara.

Pero aquel viaje a Suiza no era el primero que Urralburu realizaba al país, porque desde un año antes el presidente del Gobierno de Navarra tenía su propia cuenta en Ginebra. Durante el año 1987, Urralburu y Jorge Esparza compartieron la cuenta 700357 BFE. Así lo demuestran los documentos bancarios que sirvieron como pruebas durante la instrucción del sumario. En aquella ocasión, el presidente navarro se identificó como profesor.

También Urralburu fue el más espabilado a la hora de crear su propia sociedad patrimonial, Residencial Menorquina, cuyos miembros fundadores fueron su esposa, Olivia Balda, su cuñado Luis Miguel Balda y Jorge Esparza, con un capital social de diez millones de pesetas y sede en el antiguo domicilio madrileño de Esparza. A través de esta sociedad, los Urralburu compraron, a una ciudadana alemana, un espléndido chalé en Menorca, enclavado en una impresionante finca de 4.000 m². A nadie ocultaron su adquisición y El Diario de Navarra informó puntualmente de la transacción. Todo el mundo daba por hecho que el inmueble se había pagado con el dinero procedente de la venta de las dos gasolineras que el padre de Olivia había repartido entre sus hijos. Dos chalés más en Rota (Cádiz) se incorporaron al patrimonio Urralburu, así como un piso en Madrid, otro en Sevilla, una plaza de garaje en Pamplona, además de los ocho millones de pesetas en dinero negro que se invirtieron en la galería de arte de Olivia Balda.

Durante la última semana de noviembre de 1993, pocos días después de estallar el «caso Roldán», ya se adivinaba la envergadura de la trama que acusaba a Urralburu de los mismos delitos de cohecho y fraude fiscal que a su compadre de la Guardia Civil. A la pregunta del periodista José María Irujo: «¿Qué hacía Esparza asociado a su mujer en la sociedad Residencial Menorquina?», Urralburu respondía: «Te doy mi palabra de honor de que todo esto ha sido una increíble casualidad». Nada más colgar el teléfono, Urralburu remitía una carta con carácter de urgencia a su banco suizo, en la que ordenaba el cese de Esparza como apoderado de su cuenta. Semanas después, él y Aragón hacían malabarismos para vender rápidamente sus sociedades patrimoniales, al tiempo que trasladaban su botín, que por entonces ascendía a 409 millones, a otra entidad ginebrina, la BDS Financière. Cuando el escándalo ya era imparable y las primeras páginas de los periódicos se hacían eco de semejante expolio, Urralburu presentaba su dimisión como secretario general de los socialistas navarros, declarando al mismo tiempo: «Jamás he estado en Suiza» y «Nada ilegal es imputable ni a mí ni a mi familia».

Durante los meses que trascurrieron hasta la formalización de la demanda, en los que gozó del beneficio de la duda, aún pudo salvar algo de su patrimonio. Desde luego, al menos 200 millones acumulados en Suiza y que no fueron embargados, desaparecieron para siempre. Ni una sola palabra de perdón o arrepentimiento salió de la boca de Gabriel Urralburu durante los interrogatorios. En todo momento negó haber cobrado comisiones y achacó su vertiginoso incremento patrimonial a su esposa Olivia y a las herencias procedentes de su familia. Sin embargo, Antonio Aragón reconocía haber cobrado más de 70 millones de pesetas de las constructoras y pidió perdón a la sociedad navarra.

Javier Muñoz, fiscal de la causa, insistía una y otra vez en dirigir al acusado mordaces preguntas, con el fin de arrancarle una confesión:

P: ¿Aceptó los mismos regalos millonarios que reconoce haber recibido su consejero de Obras?

R: No. Por el respeto que tengo a Antonio Aragón no haré ningún comentario. No sabía que se hacían esos regalos.

P: ¿Conocía usted el patrimonio que tenía su mujer a nombre de la sociedad Residencial Menorquina?

R: No exactamente. Llegué a conocerlo cuando, después de estallar el caso, en 1994, la agencia tributaria inspeccionó a mi mujer.

P: Y antes ¿no sabía nada?

R: Jamás intervine en esa sociedad, que me es ajena.

P: (El fiscal, al límite de perder los nervios). Y usted, que vive allí, ¿no sabe cómo pagó su mujer los 60 millones que costó su chalé de Menorca?

R: ????????

Urralburu, Aragón y sus esposas fueron condenados por la Audiencia de Navarra en primera instancia y, posteriormente, por el Tribunal Supremo, que, a la vista de los recursos interpuestos, redujo las penas de once a cuatro años de cárcel, en el caso de los encausados, atendiendo a la ilegalidad que supone condenar de forma simultánea por cohecho y delito fiscal. En el caso de las dos mujeres, la petición era de tres años, aunque la defensa intentó una pena de arresto mayor, en lugar de prisión, como corresponde al delito de «encubrimiento». Inmediatamente, y dadas las circunstancias, el ministerio fiscal lo sustituyó por el de «cooperación necesaria», con el fin de conseguir los ingresos en la cárcel. En resumen, Aragón estuvo catorce meses y medio privado de libertad total, seis más en prisión provisional y, posteriormente, otros nueve meses después del fallo del Supremo. En el caso de las esposas, condenadas finalmente a tres años, accedieron al tercer grado a los ocho meses de causar alta en el penal de Pamplona. Por su parte, Urralburu, merecedor del dudoso honor de ser el primer expresidente autonómico que ingresaba en prisión, consiguió el tercer grado en diciembre de 2001 y la libertad condicional en agosto de 2003, atendiendo a los beneficios penitenciarios que proporciona cursar estudios en la cárcel. Se licenció en Derecho por la UNED y hoy vive apartado de la política, ejerciendo como abogado en un bufete de Madrid.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo destacaba en su sentencia: «Cuando los cargos públicos elegidos por los ciudadanos para velar por los intereses comunes se corrompen y aprovechan su posición institucional para enriquecerse, a base de comisiones recibidas por el mal uso de sus cargos, su comportamiento merece una repulsa social en proporción y un reproche jurídico penal acorde con la extremada gravedad de dicho comportamiento. Por tanto, la sanción de estos gravísimos supuestos de cohecho en el Código Penal actual resulta en ocasiones insuficiente, e incluso benévolamente desproporcionada en relación con otras conductas más severamente sancionadas y no tan extremadamente atentatorias para la sociedad».

Felipe González, en la última entrevista que concedió como presidente del Gobierno, aseguró que «se habría dejado atravesar con un cuchillo» antes de sospechar, ni por un momento, que el secretario de los socialistas navarros estaba involucrado en el cobro de comisiones ilegales.

Y para terminar, un último apunte que desvela una particularidad en esta historia que, estoy segura, la mayoría de ustedes no se esperan, y que premeditadamente he dejado para el final, arrastrada por un morbo irrefrenable: Urralburu, hijo de un humilde pastor de la localidad Navarra de Ezcároz, se licenció en Ciencias Teológicas y Morales y fue ordenado sacerdote, ingresando en la Orden de los Misioneros del Verbo Divino tres años después de su afiliación al PSOE en 1973. Se secularizó en 1984, precisamente al convertirse en candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra, cargo que ocupó hasta 1991. Quién le iba a decir a ese muchacho rubio, de largas melenas, que tocaba la guitarra en las escaleras de las parroquias de los barrios obreros de La Chantrea o Echavacoiz, mientras Víctor Manuel Arbeloa, su mentor político, celebraba misa, que muy pronto iba a pasar a engrosar la oscura lista de los españoles que ocultan su fortuna en Suiza.

Sinceramente, una vez colgados los hábitos, bien poco tardó don Gabriel en sacudirse el polvo de sus votos de castidad y pobreza. ¡Y menos aún le costó jurar, por su conciencia y honor, servir con honradez y altura de miras al pueblo navarro, sobre la sagrada Biblia!

DEL BANCO DE ESPAÑA AL BANQUILLO ESPAÑOL

El 12 de febrero de 1992, el diario El Mundo publicaba en portada la noticia: los directivos de Sistemas Financieros, S.A., empresa del grupo Ibercorp, habían falseado las listas de vendedores de acciones de dicha empresa, ocultando de este modo la identidad de personas relevantes de la economía y la sociedad españolas, como el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, el exministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, y su esposa Isabel Preysler, y otras figuras socialmente destacadas y asiduas del papel cuché. Estallaba así uno de los mayores escándalos económicos y políticos del último cuarto del siglo XX. Dos años después, el caso se complicó con acusaciones de fraude fiscal sobre Mariano Rubio y otros directivos del grupo Ibercorp.

El auge económico iniciado en España a mediados de los ochenta, la desregularización y liberalización del sistema financiero y la entrada del país en la Comunidad Económica Europea alentaron una fase de euforia financiera, que tuvo su contrapunto social y moral en la actitud agresiva de algunas personas, deseosas de aprovechar las oportunidades para un enriquecimiento rápido.

En su favor, diremos que Mariano Rubio al frente del Banco de España, fue el gran artífice de la ejemplar regulación bancaria, modelo copiado por el sector a nivel internacional, y que nos ha preservado del desastre total en la recesión de 2008. Pero también hombre mundano y perteneciente a la llamada beautiful people de la época, se desmandó en la administración de su patrimonio.

Los creadores del grupo Ibercorp fueron Manuel de la Concha y Jaime Soto. De la Concha, agente de cambio y Bolsa, fue síndico de la Bolsa de Madrid entre 1981 y 1987. Experto conocedor del mercado de valores, tenía muchas y buenas relaciones entre personas de la alta sociedad y del mundo de las finanzas, de la economía y de la política, a los que asesoraba o cuyo patrimonio administraba, entre ellos Mariano Rubio, a la sazón gobernador del Banco de España, compañero de estudios y amigo personal. Jugaban al golf con frecuencia y se reunían tres o cuatro veces al mes, precisamente en razón de su amistad.

A mediados de 1989, con casi todo el capital en manos de terceros, el riesgo para Ibercorp de una oferta pública de adquisición (OPA) era elevado. Para evitarlo, los directivos acordaron una ampliación de capital, por 23,9 millones de dólares, y una emisión de obligaciones convertibles por otros 3.000 millones. Para no perdernos en complicadas operaciones financieras, concluiremos que Ibercorp tuvo una fría acogida y, a lo largo de 1990, algunos accionistas, incluyendo los directivos de la sociedad, sus parientes y amigos, vendieron sus acciones, por lo que poco después la cotización cayó fuertemente. Muchos pequeños accionistas se vieron perjudicados y denunciaron estos manejos que habían generado deudas tributarias por valor de 1.600 millones de pesetas.

El Mundo publicó tres artículos denunciando la elevada autocartera de la entidad y sugiriendo enfrentamientos con los accionistas que habían perdido dinero a consecuencia de la caída de las cotizaciones. Las listas incluían los números de DNI de todos, pero se sustituía el nombre de algunas personas por su inicial o se suprimía su primer apellido. Fueron estas alteraciones las denunciadas por El Mundo, dando origen al escándalo. Nada más publicarse la noticia, Ibercorp Bolsa envió la lista correcta, donde aparecía la identidad de todos los implicados.

El 20 de febrero de 1992, Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, a petición del Partido Popular, comparecía ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, manifestando, entre otras cosas, ser amigo de Manuel de la Concha, a quien confió la administración de su cartera de valores. Pero Rubio no pudo evitar que, a raíz de la investigación, se descubriera una cuenta opaca por valor de 130 millones de pesetas y bajo un nombre en clave, que le gestionaba el propio Manuel de la Concha. El 5 de mayo de 1996, Mariano Rubio ingresaba en prisión de forma humillante, a petición del fiscal jefe de Madrid, don Mariano Fernández Bermejo, de la que saldría bajo fianza pocos días después.

Pero la vida da muchas vueltas y algunos de los principales acusadores de aquella historia saldrían trasquilados años después, inmersos en parecidas y poco claras aventuras financieras. Juan Pedro Hernández Moltó era el portavoz socialista en la Comisión de Economía del Congreso aquel 15 de abril de 1994, ante la que comparecía el exgobernador Mariano Rubio con el fin de responder a un duro interrogatorio de sus señorías. El inquisidor más implacable, Hernández Moltó, quien ostentaría años después la presidencia de la Caja de Castilla-La Mancha, le repetía la famosa frase: «Míreme a la cara, señor Rubio, míreme a la cara». Felipe González tuvo que volver a curar las ampollas que le produjo un nuevo órdago en favor de uno de sus correligionarios. La evidencia de que el guardián del Tesoro defraudaba a Hacienda era más de lo que se podía soportar.

Mariano Rubio, casado con la novelista Carmen Posadas, nunca se rehízo de aquellos acontecimientos en los que su indudable ligereza se alió con la mala suerte, que le convirtió en el chivo expiatorio de la casta de la época. Aislado socialmente, murió a los 67 años a consecuencia de un cáncer de colon.

Quince años después de los hechos, el 29 de marzo de 2009, el espíritu de Mariano Rubio, otro inquilino del más allá, también debió sonreír perversamente al conocer la decisión del Banco de España de intervenir la caja castellano-manchega de Hernández Moltó, destituido fulminantemente de su cargo y convertido en uno de los primeros cadáveres de la crisis financiera española que nos atenaza. Pero no teman, el señor Hernández Moltó dirige hoy una consultoría en Madrid y, según noticias, le va estupendamente.

Manuel de la Concha, exsíndico de la Bolsa de Madrid, Jaime Soto, expresidente del Banco Urquijo, y Benito Tamayo, exdirector general del Banco Hispano Americano, fueron condenados a un año de prisión, aunque la petición del fiscal se elevaba a quince, por un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas y un delito societario por la toma de decisiones abusivas. Ninguno de los procesados ingresó en la cárcel, por tratarse de su primer delito y no haber superado la condena los dos años de prisión. El ministerio de Economía y Hacienda inhabilitó a los tres para puestos de responsabilidad en entidades financieras y se multó con 1.300 millones de pesetas al Grupo Ibercorp.

Según mis últimas noticias, Jaime Soto aparece en las páginas profesionales del gremio de economistas en El Puerto de Santa María, donde ejerce su actividad. Separado de su primera esposa, se volvió a casar y de nuevo a divorciar.

El 29 de noviembre de 2011 moría Manuel de la Concha, a los setenta años de edad, víctima de una larga y penosa enfermedad. Dicen que cuando le alcanzó la derrota jurídica y la más feroz, la mediática, no se le oyó una palabra de queja. Continuó defendiendo su inocencia, privado del ejercicio de su profesión hasta el final de su vida.

5

SOECES, TRÁNSFUGAS, PREJUBILADOS Y PREVARICADORES

En este recorrido por una selección colorista de personajes de los más variados orígenes, edades, sexo y condición, no puede faltar un apartado que resalte las cualidades, la altura de miras y la altruista gestión como servidores públicos de algunos de nuestros más ilustres próceres que han asumido responsabilidades en diversos ámbitos de la Administración, investidos por la soberanía popular. Como a los militares el valor, a ellos se les ha supuesto la honradez y la catadura moral. Pues, amigos: ¡qué error... qué inmenso error!, como dirían algunos. Vamos a repasar determinados casos que muchos recordamos, y, para aquellos a los que ni siquiera les suenen, estoy segura de que van a ilustrar convenientemente una frase que debe de tener su origen en santo Tomás, patrón de los incrédulos, pero cuya cita nos viene en esta ocasión como anillo al dedo: ... ¡Si no lo veo, no lo creo!

TORRENTE FRENTE A HORMAECHEA

«Una indisposición del presidente del Gobierno de Cantabria, Juan Hormaechea Cazón, ha sido la causa de la suspensión, el pasado miércoles, de la habitual reunión del Consejo de Gobierno regional, sin que oficialmente se haya ofrecido ninguna explicación». De esta manera, el diario ABC del sábado 3 de noviembre de 1990 daba la noticia de unos hechos que por aquellos días eran la comidilla de todos los santanderinos. El Diario Montañés, por boca de su redactor Eduardo de Montiano, que presenció en vivo y en directo los acontecimientos, se apresuraba a desvelar a sus lectores el argumento de una historia de vicio y deshonestidad cuyo protagonista era, nada más y nada menos, que el presidente de su comunidad autónoma, al que muchos de ellos habrían otorgado, a buen seguro, su voto y su confianza. Según se supo, Juan Hormaechea protagonizó la madrugada de autos un escándalo en toda regla, cuando se encontraba en el club El Proyector, de El Sardinero. En manifiesto estado de euforia y embriaguez, profirió insultos y descalificaciones soeces contra José María Aznar, Manuel Fraga e Isabel Tocino, tras entonar «Montañas Nevadas» y vanagloriarse de «haber derrotado en tres ocasiones a los rojos». Para poner la guinda al esperpento, el presidente terminó con la frase «¡Cantabria no es España!». Como además, el susodicho no paraba de vociferar, sus afirmaciones fueron escuchadas por la mayor parte de los clientes del disco-bar. Hormaechea tildó a Fraga de «hijo de p...» y dedicó las mejores perlas a Isabel Tocino, entonces diputada popular y oriunda de Santander, añadiendo «ni siquiera me excita. Aunque se desnudara lentamente, no me haría una p... con ella». Mientras muchos de los presentes abandonaban el local abochornados por la conducta de su presidente regional, Hormaechea siguió insultando y descalificando, esta vez, al presidente del Partido Popular, José María Aznar, a quien tildó de «bigotillos» y «charlotín», para terminar con un «¿Qué se puede esperar de un hombre que solo f... con su mujer?». Con su desvarío en el punto álgido, nos dedicó a las mujeres algunas de sus «reflexiones», que reproduzco ahora con el mayor de los desprecios hacia un hombre que veja y humilla al género femenino, al tiempo que envilece y deshonra a sus congéneres masculinos. «Lo más bonito es cuando una mujer se te abre de piernas y te entrega el alma». Ante la matización del periodista, «será otra cosa lo que te entrega», Hormaechea contestaba: «No, el ch... es el alma de la mujer». Al filo de las cuatro de la madrugada, el personal del pub lo empaquetó en un taxi rumbo a su domicilio.

No era la primera vez que incidentes de este tipo obligaban al presidente regional a dormir la melopea al día siguiente y suspender así las habituales reuniones del Consejo de Gobierno y las actividades programadas en su agenda de trabajo. Durante el pleno de la Asamblea cántabra, los portavoces de todos los grupos condenaron unánimemente el comportamiento de su presidente regional, al tiempo que un portavoz del PP aseguraba que ninguno de los aludidos respondería oficialmente a «las incoherencias de un hombre en estado de embriaguez». El mismo portavoz añadía que de todos era sabido que al señor Hormaechea no le permitían la entrada en determinados locales públicos de Madrid, por haber dado reiteradas muestras en el transcurso de sus indisposiciones etílicas de prácticas agresivas y barriobajeras. Al margen de estos vituperables comportamientos, Hormaechea tuvo el dudoso honor de ser el primer dirigente de una comunidad autónoma condenado por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

Tras su paso por el Ayuntamiento de Santander como concejal, primer teniente de alcalde y luego alcalde, y después de haber presidido la Diputación provincial, en 1987 decide dar el salto al Gobierno regional y consigue ser investido presidente del Gobierno de Cantabria, como independiente integrado en las listas de Alianza Popular. En 1990, una moción de censura respaldada por el resto de los grupos de la Asamblea regional le destituye de su cargo, aunque solo temporalmente. En las elecciones de 1991, al frente ya de su propia formación política, Unión para el Progreso de Cantabria, vuelve a conseguir el Gobierno regional, sumando sus quince escaños a los seis del PP, que le apoya sin fisuras. Precisamente es en el seno de la Asamblea regional donde se toma la decisión de crear una Comisión de investigación para fiscalizar la gestión del primer gobierno de Hormaechea, cuyas conclusiones derivaron en el procesamiento del presidente y de todos los consejeros por prevaricación y malversación de fondos públicos. Mientras algunos de los once inculpados se afanaban en conseguir los avales correspondientes a las fianzas impuestas por el juez en el auto de procesamiento, Juan Hormaechea descansaba en las idílicas playas mexicanas de Cancún.

El juez consideraba a Hormaechea responsable de la adjudicación directa y sin contrato a la empresa Oyprocansa de la confección y colocación de varios centenares de carteles junto a obras de la Diputación. Cada cartel costaba 141.306 pesetas, mientras el servicio de contratación y compras de la entidad provincial lo estimaba en 87.586 pesetas. Entre junio de 1988 y diciembre de 1989, Hormaechea realizó un total de seiscientos cincuenta pagos a Oyprocansa por valor de 246,5 millones de pesetas. Ítem más, Hormaechea redactó y ordenó numerosos remitidos de prensa y cuñas radiofónicas para atacar e insultar a sus adversarios políticos, que le costaron a las arcas cántabras 3 millones de pesetas. Ítem más, en 1988, el Consejo de Gobierno acordó «declarar bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico» la zona de Las Llamas, próxima a El Sardinero. El auto especificaba que un solar afectado por la declaración fue vendido a una empresa del cuñado de Hormaechea por 100 millones. La parcela fue excluida del plan. Ítem más, en 1989, la Diputación encargó un estudio técnico de inversiones a la empresa Cantel, S.A. por 48 millones. Cantel nunca había trabajado para la Diputación hasta que Hormaechea accedió a su presidencia. Ítem más, en febrero de 1990, Hormaechea encargó a Pedro Orive, presidente de la Asociación de Estudios de Comunicación Autonómicos, una encuesta sobre la gestión del Gobierno cántabro. Los gastos originados por el equipo encuestador se cifraron en algo más de un millón de pesetas, de los cuales, 595.000 pesetas fueron abonadas en una cuenta de Hor maechea.

El 24 de octubre de 1994, después de un prolongado juicio en el que Hormaechea cambió tres veces de abogado y acabó defendiéndose a sí mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictó una sentencia que condenaba al entonces presidente de la comunidad y a tres de sus consejeros, exonerando de responsabilidad a los otros seis acusados. La citada sentencia imponía seis años de cárcel y catorce de inhabilitación al presidente por un delito de malversación y otro de prevaricación, así como siete años de inhabilitación por distintos cargos de prevaricación a los consejeros. Tras conocer su condena, Hormaechea presentó la dimisión, pero tuvo que permanecer como presidente en funciones al no existir acuerdo en el Parlamento cántabro para elegir sucesor. Posteriormente, en 1998, fue sentenciado a otros ocho años de inhabilitación por prevaricación. En diciembre de 2002, el Tribunal cántabro condenó a Hormaechea a tres años de cárcel y a trece de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y otro más de prevaricación. De esta forma, Juan Hormaechea ha estado unido a procesos judiciales durante muchos años, pero nunca pisó la cárcel. En 1995, el Consejo de Ministros presidido por Felipe González le concedió el indulto total, aunque mantuvo la inhabilitación solicitada por el Tribunal que lo juzgó.

Su partido, UPCA, no volvió a recuperarse; en las elecciones autonómicas de 1999 no obtendría siquiera representación parlamentaria, y en 2002 solo gobernaba en dos municipios y no convocaba actos públicos. Actualmente, Juan Hormaechea Cazón figura como abogado en las páginas amarillas de la capital cántabra y participa, con cierta asiduidad, en actos de campaña y mítines electorales de un partido de derechas de corte filofascista, Frente Nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Al hilo de este tipo de historias, se me ocurre reflexionar sobre la frustración que para todo ciudadano supone la evidencia de su flagrante equivocación al elegir a sus representantes, que, además de manejar el dinero de todos, asumen por delegación la toma de decisiones sobre asuntos trascendentales en nuestra vida y en la de toda la comunidad. Pero no solo la eficacia y la honradez que se le suponen a un servidor público deben ser suficientes para decantarnos en nuestra elección. Sería igualmente deseable que estos comisionados contaran con características morales y personales capaces de engrandecer a sus compatriotas, evitando así convertirse en vehículo de encenagamiento y vejación de principios y valores que han de presidir la conducta ciudadana y, con mayor motivo, la de nuestros representantes soberanos, que llevan el nombre de España y de su comunidad autónoma por el mundo. Ante la indignidad de algunos que deshonran con su vil comportamiento la nobleza y el altruismo que debe caracterizar el quehacer político, yo sería bastante más «cruel» que lo que evidencian las sentencias condenatorias que reciben algunos elementos, a los que enjuician togados más benévolos y magnánimos que el hada madrina de Cenicienta.

DIPUTADOS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Tras las elecciones autonómicas celebradas el 25 de mayo de 2003 para constituir la Asamblea de Madrid, el siguiente fue el reparto de escaños obtenidos: PP 55, PSOE 47, IU 9. PSOE e IU negociaron un pacto para gobernar en coalición, con lo que sumarían 56 votos, frente a los 55 del PP. Pero en la sesión constitutiva de la nueva Asamblea, el 9 de junio, dos diputados del PSOE, Eduardo Tamayo Barrena y María Teresa Sáez Laguna (puestos 13 y 46 de la lista socialista, respectivamente), abandonaron la Cámara minutos antes de que comenzara la sesión y se escondieron en el hotel madrileño Los Vascos. De esta forma, la candidata del PP Concepción Dancausa Treviño fue elegida presidenta de la Asamblea por 55 votos frente a 54. Curiosamente, la señora Dancausa llevaba preparado un discurso escrito para leer tras su designación, a pesar de que no habría tenido posibilidades de elección de no haber sido por la inesperada traición de Tamayo y Sáez.

Inmediatamente, los dos desertores son expulsados del PSOE y miembros del Partido Socialista y de IU les exigen la devolución de sus actas de diputados. Pero está claro que no habían actuado así para luego dejar su puesto sin dar batalla.

Tamayo comienza entonces su actuación y va de un medio de comunicación a otro explicando su comportamiento. Dice que él no es un traidor ni un tránsfuga y justifica su actitud basándose en su desacuerdo personal con el pacto de PSOE e IU y asegurando que él sabe que la mayoría de los votantes no quiere ese acuerdo. «¿Y cómo lo sabe? Lo sé». Pero durante la campaña quedó muy claro que ambos partidos pactarían. Aznar lo predecía todos los días. «¿Por qué no lo dijo entonces y esperó a ser elegido para montar este número?», le preguntaban. «Esperaba que mi partido reaccionara», contestaba.

Es posible citar anteriores denuncias y demostraciones de que no era la primera vez que Tamayo trabajaba para el PP desde las filas del PSOE.

Mientras, la otra renegada, María Teresa Sáez, permanecía en absoluto silencio y con cara de alelada en sus escasas apariciones. En cualquier caso, parece que siempre fue así. Según los que la conocen, sus escasas facultades intelectuales son la causa de que nunca tuviera nada que decir. En la legislatura anterior a los hechos, Sáez, en cuatro años, tuvo una (1) intervención en la Asamblea de Madrid, planteando una (1) pregunta. ¡Una pregunta en cuatro años de trabajo!... Interrogada sobre el particular, la señora Sáez contestó: «He hecho lo que he podido».

¿Por qué un elemento vago e incapaz como este, y otro manifiestamente corrupto y probadamente sinvergüenza como Tamayo volvieron a ser incluidos en la lista electoral del Partido Socialista de Madrid? Este es uno de esos misterios que alguien tendría que explicar.

Finalmente, el PP propone que se repitan las elecciones en otoño, pero nadie, absolutamente nadie, exige a los tránsfugas que abandonen sus escaños. Es genial la respuesta de Esperanza Aguirre al ser interpelada sobre el particular: «La devolución del acta por parte de los dos diputados socialistas siempre estaría bajo sospecha de que el PSOE ha pagado más». ¿Más que quién, señora Aguirre?

Tras los primeros días de sorpresa y estupor empiezan a llegar informaciones sobre las relaciones de Tamayo con un grupo de empresarios inmobiliarios. Esta es la verdadera motivación de la traición: Madrid tiene pendientes tres de las mayores operaciones urbanísticas de España en volumen de negocio: la operación Chamartín, el ensanche de Campamento y el proyecto Valdebebas. Durante la campaña electoral, Rafael Simancas declaraba abiertamente sobre sus intenciones de hacer cambios en la gestión y desarrollo de estos proyectos y modificar la Ley del Suelo para luchar contra la especulación. Por lo tanto, si el PSOE hubiera ganado los comicios, los dos renegados hubieran perdido toda posibilidad de sacar tajada de los macroplanes urbanísticos.

Las primeras investigaciones comienzan a dar algunos nombres propios y se adivinan movimientos sospechosos entre estos y el corrupto Tamayo. Tras conocerse los primeros indicios, el PSOE interpone querella contra Tamayo y Sáez por cohecho y la Fiscalía Anticorrupción pide por dos veces al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, autorización para investigar los hechos. Inexplicablemente, Cardenal niega una y otra vez el permiso, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no admite a trámite la querella del PSOE. Ante la molesta insistencia de la fiscalía, Cardenal decide cortar por lo sano y cesar de un plumazo a Carlos Jiménez Villarejo y poner en su lugar a un elemento menos incordiante, Antonio Salinas. En un ejercicio inaudito de cinismo, el fiscal del Estado llega a proponer al Gobierno que elimine la Fiscalía Anticorrupción. ¡Muerto el perro, se acabó la rabia!

Poco después de lo acontecido, Tamayo crea un nuevo partido político, al que llama Nuevo Socialismo. Él ocupa la secretaría general y Sáez es la secretaria de organización y acción electoral. Además, el partido cuenta con otros dos miembros, un tal Delgado y un tal Carbonell, con lo que ya son cuatro, nada menos.

Tras unas negociaciones en las que el Partido Popular veta la comparecencia de la mayoría de los personajes que tienen que ver con la trama, se aprueba la formación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, comisión que, como es habitual en estos casos, dictaminaría la legalidad de lo sucedido, salvo algunas «coincidencias y cosas curiosas», como dijo el ponente popular Cortés. Las declaraciones de Tamayo ante la comisión son un cúmulo de despropósitos, entre los que cabe destacar que uno de los motivos de la traición fue «la radicalización de Zapatero acercándose a los extremismos». Sorprendentemente, la comisión consigue hacer hablar a Sáez, aunque bien es verdad que se limita de manera automática a leer las respuestas que en forma de notas le pasa su abogado.

Y me viene a la cabeza reiteradamente la misma pregunta: ¿Alguna vez se ha creado alguna comisión de investigación que sirviera para algo? ¿Por qué esa insistencia de los partidos políticos en crear comisiones de investigación?

Según información aparecida en el diario Levante (16/09/2003), Tamayo se reunió con miembros de la formación de extrema derecha España 2000, para pedirles apoyo a su proyecto político. También estaba previsto que acudiera María Teresa Sáez, pero no se personó, sin que nunca se aclarara si es que se quedó dormida, se perdió, se olvidó o, sencillamente, si es que el tema era demasiado complicado para ella.

Como España 2000 es una formación básicamente fascista, Tamayo intentó ganárselos con afirmaciones de este tenor: «Estoy muy preocupado por la inmigración y la inseguridad ciudadana. Realmente los “moros” no deberían integrarse jamás en España». Además, calificó a su partido como «un partido antisistema, pero desde dentro», y confirmó que estaba dispuesto a reunirse con cualquier persona menos con los comunistas.

Finalmente, las elecciones de Madrid se repitieron el 26 de octubre siguiente y, en esta ocasión, la que vence es la abstención, que alcanza el 36 por ciento. El Partido Popular recibe el apoyo de un escueto 31,5 por ciento, aunque puede formar Gobierno, por ser la formación más votada. El PSOE se queda en un resultado del 25,3 por ciento del electorado. Como curiosidad, solo añadir que Nuevo Socialismo, el partido de los corruptos, consiguió 6.221 votos. De donde se deduce que, restando familiares de Tamayo y de los demás candidatos de la lista, alrededor de 6.000 personas votaron a estos personajes. ¡¡¡Desconcertante!!!

FONDO DE REPTILES O COCODRILOS DE ALCANTARILLA

¿Saben ustedes de dónde procede la expresión «fondo de reptiles»? Fue el canciller alemán Otto von Bismarck el responsable de la acuñación de este término. Tras ganar la guerra prusiano-austríaca en 1866, quedó encargado de gestionar la inmensa fortuna que dejaba atrás el rey Jorge V de Hannover, exiliado tras la derrota. Los intereses generados por estos sustanciosos fondos, a cuyo montante solo tenían acceso Guillermo I y el propio Bismarck, pasaron a ser secretos y reservados. Cansado de intrigas y maquinaciones, el canciller decidió que el mejor uso para estos dividendos sería el pago de una campaña propagandística que contrarrestara las actividades que los partidarios de los Hannover llevaban a cabo dentro y fuera de Alemania. De ahí su famosa frase: «Utilizaré su dinero para perseguir a estos reptiles malignos hasta sus propias cuevas». Y, de repente, se me ocurre autointerrogarme sobre la razón que justifica que determinadas frases pronunciadas por un emisor específico en un contexto apropiado causen tal efecto en los receptores que se graban en la memoria colectiva y perduran a lo largo de la historia. ¡Curioso!

Para no desviarnos del tema, lo que es incuestionable es que la locución cuenta desde su génesis con un matiz que induce a pensar en algo fraudulento, y en el caso que nos va a ocupar a continuación la perversión se manifiesta en forma de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, dirigida también desde tiempos inmemoriales por el Partido Socialista Obrero Español. Hablamos de los Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, affaire conocido como el «ERE Gate».

Prejubilados que nunca trabajaron

Antes de empezar, sería bueno puntualizar que la prejubilación, como fórmula de finalización de contratos laborales, se maneja en una negociación a tres bandas: los representantes de la empresa, los trabajadores representados por sus enlaces sindicales y, en su caso, la Administración, si participa en la financiación de dichas jubilaciones especiales. Al margen de los hechos concretos, todos, en nuestro círculo de conocidos, sabemos de alguien prejubilado o jubilado anticipadamente en su empresa. A pesar de que la primera reacción es criticar la fórmula que pone en casa a trabajadores que sin terminar su vida laboral se encuentran con una pensión a perpetuidad, cinco, diez o quince años antes que el resto de los currantes, en nuestro fuero interno envidiamos el golpe de fortuna que supone que la compañía de marras se encuentre en dificultades y decida acogerse a la fórmula ERE con el fin de aligerar, en tiempos de vacas flacas, la carga que supone un excedente de trabajadores. Pero lo que roza el milagro es que te prejubilen de una empresa en la que no has trabajado en la vida.

El origen del escándalo andaluz se sitúa en la investigación del proceso de regulación de Mercasevilla, en el que se detectaron jubilaciones irregulares. En respuesta al requerimiento de la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso, la administración de la lonja hace entrega en el juzgado de un documento fechado el 17 de octubre de 2003, que no es, ni más ni menos, que una página con el cálculo de costes de los trabajadores prejubilados en el plan de 2003 y en el que figuran detallados los gastos que produce la salida de la empresa de Carmen Fontela González, una viuda de Triana de sesenta y dos años, que jamás trabajó en el mercado. En el estudio citado, ni siquiera se intenta disimular la evidencia de que Fontela no formaba parte de la plantilla de Mercasevilla, dado que en los apartados de sueldo bruto, sueldo neto o el de bases para calcular la cotización aparecen unos dígitos significativos: 0,00. El nombre de esta mujer figura en el estudio de prejubilaciones anticipadas, ligado a la cuantía de 156.479,93 euros, en concepto de «coste prima contrato», y a 174.415,21 euros, en concepto de «coste promedio acumulado». El nombre de Fontela vuelve a aparecer en el protocolo de colaboración suscrito el 4 de diciembre de 2003 entre Mercasevilla y la Consejería de Empleo, asociado a la cantidad de 154.851,61 euros y con un llamativo «especial» al lado. Si Carmen Fontela ha asegurado ante la Policía Judicial que no ha cobrado un solo euro de Mercasevilla, ¿para qué era ese dinero? ¿Se llegó a pagar? ¿A quién? ¿Se ha usado el nombre de esta mujer para planificar una comisión encubierta?

A partir de ahí, ocurrió lo mismo que cuando tiras de una cereza y se te acaba vaciando la banasta. Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en sesenta y ocho empresas que se acogieron a los planes del Gobierno autonómico. La cuantía total destinada a ayudar a estas empresas, o sea, el herpetológico fondo citado, ascendía a 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE y los 87 millones restantes fueron asignados a respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis. Si nos detenemos en las cifras, sorprende comprobar que la Junta de Andalucía en exclusiva multiplicó por tres las ayudas a prejubilaciones que concedió el Gobierno central durante el mismo periodo. Frente a los 647 millones mencionados, el Gobierno nacional invirtió 234. Durante el año 2010, en plena crisis, el Estado destinó 16 millones a estas ayudas, mientras la Junta invirtió 52 en el mismo concepto. Según la Ley General de Subvenciones, fechada en 2003, cada subvención que concede el Estado deber ir acompañada de la correspondiente solicitud, una instrucción y una resolución previa al pago, así como la justificación del mismo. En las subvenciones concedidas por la Consejería andaluza de Empleo, el seguimiento de las ayudas a empresas sin que mediara ERE es, en numerosas ocasiones, inexistente. Según algunos miembros del Partido Popular personados en las acusaciones, la mayoría de los informes de fiscalización del gasto no cuentan con la firma de ningún funcionario, porque las subvenciones se fijaban «en conversación verbal o mediante un post-it». Además, el Gobierno andaluz utilizó para financiar los ERE una vía administrativa, la transferencia de financiación a la explotación, que permite mayor agilidad, o sea, un atajo para que la tramitación sea más rápida y menos controlada. Pero todo parece indicar que este tipo de caminos alternativos vulnera las leyes de la Hacienda Pública y del Régimen Jurídico de las Administraciones.

A mediados de los noventa, con una conflictividad laboral en su punto álgido, la Junta de Andalucía, con Manuel Chaves al frente, decidió poner en marcha la que ha sido una de las políticas socialistas más emblemáticas de los últimos quince años: el rescate de empresas en crisis, operación que, entre otras ventajas, ha garantizado la paz social en la circunscripción autonómica. En la actualidad, la Junta está rechazando peticiones de financiación de ERE, no solo como consecuencia de una limitación presupuestaria, sino porque se considera que las prejubilaciones no pueden ser ya la salida natural para la viabilidad de las empresas. Desde 2001 hasta 2009, alrededor de 25.000 trabajadores andaluces han percibido prejubilaciones financiadas con fondos públicos.

Si analizamos las actuaciones de los «artistas invitados», tres parecen ser los tipos de comportamiento: el de los implicados en la trama, unos doce elementos capitaneados por el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, apodado El Conseguidor, que se habrían lucrado del dinero de falsos prejubilados, con la complicidad de las empresas consultoras. Una segunda categoría, en la que se incluyen trabajadores que cobran por un ERE distinto al que les corresponde, o sea, una gestión chapucera, y un tercer grupo compuesto por individuos que, sin trabajar en ninguna empresa, fueron incluidos en el ERE, los denominados «intrusos», entre los que figuran al menos tres miembros del PSOE.

La investigación interna ha detectado 183 prejubilaciones irregulares en un total de 5.982 casos analizados, lo que supone el 3,06 por ciento del total, en 42 empresas beneficiadas por los fondos. De esas 183 irregularidades, 111 se refieren a trabajadores que cobran una prejubilación mayor que la que les corresponde y 72 a infiltrados que jamás trabajaron en esas compañías. Entre los irregulares, se identificó a ocho militantes del PSOE que fueron expulsados del partido ipso facto. También fue detectado un militante del Partido Popular. Con el total de expedientes analizados, la titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que cuenta con la colaboración del Tribunal de Cuentas del Estado, ha recibido informes en los que se calcula que el 1,12 por ciento del fondo, es decir, unos nueve millones de euros, financiaron las falsas prejubilaciones. El principal partido de la oposición en la Junta ha trasladado al juzgado fundadas sospechas sobre otros 190 ERE ya finalizados, que no han sido investigados y en los que también podría haber prejubilados falsos.

Los protagonistas

Hasta el momento, veintiséis personas han sido acusadas de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y fraude en subvenciones. De estos, los personajes claves son Antonio Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y 2010 y, por lo tanto, firmante del convenio que permitió la utilización de los 647 millones del fondo por el capítulo 31L para el rescate de empresas en crisis; Javier Guerrero, director de Trabajo entre 1999 y 2008, que autorizó la inclusión de la mayoría de los intrusos detectados, entre ellos, su suegra; Juan Márquez, director general de Trabajo que sucedió a Guerrero, firmante de la resolución que incluía como infiltrado en el ERE de Calderinox al exdelegado de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Rodríguez Cordobés (el PSOE le apartó inmediatamente de la candidatura a la alcaldía onubense de Lucena del Puerto); el citado Juan Lanzas, sindicalista de UGT y amigo personal de Javier Guerrero (tanto él como su mujer y su cuñada son intrusos en regulaciones de diferentes provincias); Rafael Rosendo, exalcalde de El Pedroso (Sevilla), incluido fraudulentamente en el ERE de Cydeplast (en este municipio también fue regidor Javier Guerrero), o Antonio Garrido Santoyo, máximo dirigente del PSOE de Baeza (Jaén), incluido en el ERE de Mercasevilla, que percibió, además, 78.000 euros del ERE de Coosur. Un último dato a añadir por su relevancia tiene que ver con el ya citado consejero de Empleo, Antonio Fernández, firmante en 2008 del ERE de la bodega jerezana González Byass. Según fuentes de la investigación, entre los noventa y cuatro empleados prejubilados se encontraba él mismo, con una fecha de antigüedad coincidente con la de su nacimiento, 16 de julio de 1956; es decir, el exconsejero entró en la empresa nada más nacer. A partir de septiembre de 2010, y en pago a los servicios prestados, fue nombrado presidente del Consejo Regulador de las denominaciones de origen Jerez-Xéres-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, corporación de derecho público.

Otro caso detectado de gran repercusión implica a Francisco Rodríguez Donaire, antiguo alcalde del Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva). Durante un tiempo trabajó en las minas de Riotinto, beneficiarias del fondo, pero en el ERE Rodríguez Donaire figuraba como minero, con una prejubilación mucho más elevada que la que le hubiera correspondido por su auténtico empleo de administrativo.

En marzo de 2011, Carmen Martínez Aguayo, actual consejera de Economía y Hacienda, reconocía públicamente que no prestó atención a los informes de la Intervención General de la Consejería de los años 2005, 2006 y 2007, en los que se advertía del método utilizado en la elaboración de los ERE como inapropiado, porque permitía con relativa facilidad la inscripción de falsos trabajadores. Según sus propias declaraciones, no solo ignoró las citadas advertencias, sino que pese a que la ley le obligaba a hacerlo, no informó de ello al presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Resumiendo, lo que ha quedado demostrado es que la Administración andaluza, a través de la agencia autonómica IDEA, repartía los fondos de un modo absolutamente discrecional, en forma de convenios a medida de las peticiones que formulaban los propios municipios. Es decir, la partida de gastos funcionó como un auténtico cajón de sastre donde tenían encaje las más variadas solicitudes.

Aunque parece que la línea roja de las implicaciones se para en los cargos mencionados, no está clara la responsabilidad que de este cúmulo de irregularidades se pudieran derivar en lo que respecta a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidentes de la Junta de Andalucía en estos años. Según información publicada en La Razón, el 14 de noviembre de 2011, la mediación de Manuel Chaves permitió desbloquear el conflicto de la empresa A Novo Comlink España. El presidente de su comité de empresa, José Barranquero, envió una carta al presidente andaluz, el 8 de abril de 2005, en la que solicitaba un plan de viabilidad para la empresa, con problemas económicos debidos a la ralentización del mercado de fabricación de teléfonos móviles. El 17 de mayo siguiente, Chaves recibió a los representantes de la empresa y, finalmente, se aprobaron siete expedientes suspensivos a los que se destinaron 35.253.801 euros. En total, se suscribieron 183 pólizas de renta, en 42 de las cuales se han detectado irregularidades administrativas. De hecho, la compañía BBVA Seguros devolvió a la dirección general de Trabajo 198.000 euros en 2009 por pagos indebidos a esos trabajadores.

Esta madeja, lejos de desenmarañarse, parece cada vez más enredada, y la jueza Mercedes Alaya, tenaz y perseverante, sigue pidiendo información y reclamando datos. En un auto de 51 páginas, dictado el 10 de noviembre y recogido por Europa Press, reclama la vida laboral e ingresos percibidos por la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) para la que trabajó una hija del presidente andaluz, Manuel Chaves. La jueza ya dispone de un «desplegable» facilitado por la Consejería de Empleo, del que se infiere que las empresas que han percibido cantidades iguales o superiores a 1,2 millones de euros son un total de veintiuna, entre ellas, Santana Motor, Altadis, A Novo Colink, Faja Pirítica de Huelva, Astilleros de Sevilla, S.A., Dhul, Delphi, Ebro Puleva, Pickman, Primayor, Promi Forja, Tioxide Europe, Minas de La Herrería o Fundiciones Caetano.

Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción solicitó en octubre de 2011 a la jueza Mercedes Alaya que imponga una fianza y de forma subsidiaria acuerde los embargos oportunos, a todas las personas imputadas en el caso, ya que han obtenido un «beneficio indebido y delictivo del que, de ser penalmente condenados, deberán responder reparando el daño causado a los fondos públicos, devolviendo las cantidades ilícitamente recibidas».

Cuando las cuentas de una compañía se tiñen de rojo, o simplemente son menos rentables, surge, más tarde o más temprano, el ajuste de plantilla como parte de la solución. Prejubilar o despedir, esa es la cuestión...

EL PREVARICADOR QUE LO DESPREVARIQUE...

Aunque no se trata de un cargo elegido por sufragio directo, porque la designación se hace a través de los representantes que los ciudadanos elegimos, debido a su importancia y significación como miembro de uno de los tres poderes que conforman el Estado de Derecho, merece estar en este apartado dedicado, como los panteones, a los ilustres, a los respetables, a los que la nobleza obliga, aunque ellos interpreten esas «obligaciones» como verdaderos «derechos» reclamables por razones de estatus, elevados como están un escalón por encima del resto de los mortales. Hablamos de un representante de la justicia española al más alto nivel: el juez Luis Pascual Estevill.

El más corrupto de los jueces

... El temor a ir a la cárcel era el arma que el juez Estevill utilizaba con total discreción y sin escrúpulos. La misma que hacía que cualquiera se replegara y cediera a sus chantajes. La amplia potestad de privar de libertad o de los bienes de las personas de la que goza un representante de la justicia era empleada por Estevill como moneda de cambio de cuantiosos ingresos en sus cuentas personales... Sus víctimas no estaban dispuestas a verse manchadas por un escándalo judicial que pusiera en duda la honestidad y el prestigio de sus ne gocios.

Así describe José Luis Vargas Valdez en su libro Jaque a la independencia el modus operandi que utilizaba el juez Luis Pascual Estevill para llevar a cabo sus chantajes a la burguesía, a la banca y a las instituciones y enriquecerse de la forma más miserable que cabe a un servidor de la justicia: utilizar la toga y el mazo para comerciar con la legalidad a partir de delitos y sentencias baremados por tarifas, como si se tratara de comunes mercaderías. El filósofo Reyes Mate añadiría: «De Estevill lo que desasosiega no es tanto que prevaricara, sino que nadie de los que debieron hacerlo dijera ¡basta!, cuando era un clamor la existencia de un juez corrupto».

Atentos al personaje. Luis Pascual Estevill nació en Cabacés (Tarragona) en 1933. Sin duda, como a tantos españoles, le tocó vivir en una España que sangraba por sus heridas, en un medio rural donde la miseria y la incultura eran el pan nuestro de cada día, donde la Universidad, la Justicia, la Política y tantos otros privilegios estaban reservados a unos pocos elegidos. Bueno, pues a pesar de sus orígenes y de unos comienzos difíciles, Luis consiguió, por méritos propios, burlar a su destino y convertirse en un miembro respetable y respetado de la comunidad jurídica de nuestro país. Fue pastor de cabras hasta los diecinueve años, edad en la que aún leía con dificultad. No se licenció en Derecho hasta los treinta y tres y, aunque hizo varios intentos para hacer carrera política, no acertó con el camino, lo que le llevó a ejercer la abogacía en el campo mercantil. Precisamente por su apreciado asesoramiento a un destacado elenco de empresas, se convirtió en un buen conocedor del mundo de los negocios y de los personajes que bullen en él. Llegó a la carrera judicial en 1990, por el llamado cuarto turno, reservado a los «juristas de reconocido prestigio». Dos años ocupó el juzgado de Tarrasa y otros dos el número 26 de Barcelona. En 1994, a propuesta de Convergència i Unió, fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial, responsabilidad que desempeñó hasta 1996. Poco antes de ser juzgado, solicitó su excedencia voluntaria, cuando ya pesaba sobre él un buen número de acusaciones. ¡Impresionante lo que le cundió el tiempo... Menos mal que empezó tardío!

Cuando comenzaron las investigaciones por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, numerosos industriales de Tarrasa y su comarca fueron citados para dar cuenta de sus relaciones con el juez. Asimismo, cuarenta y cuatro empresas de Barcelona y alrededores fueron llamadas a capítulo. De esta manera se comprobó que el «insigne» magistrado, sus acólitos y testaferros no paraban en barras cuando se trataba de sacar tajada a través de extorsiones y amenazas.

Corría el año 1990 y, nada más aterrizar Estevill en la judicatura, mientras instruía el sumario correspondiente a la multinacional catalana Nutrexpa, el abogado de esta y uno de los más prestigiosos letrados españoles de la época, Juan Piqué Vidal, le propuso alterar su decisión de decretar auto de prisión provisional sin fianza contra tres miembros de la familia Ferrero, propietarios de la compañía, a cambio de 25 millones de pesetas. Según el letrado, fue Estevill quien le pidió que comunicara a sus clientes que estaba dispuesto a dejarse sobornar, ya que «sus ingresos habían disminuido desde que era juez, porque su despacho estaba prácticamente parado y atravesaba un momento difícil». Según Piqué Vidal, Estevill le hizo estas confidencias mientras tomaban un café en los juzgados de Tarrasa, anotándole el número de su cuenta de la Banca Darier, Hentsch & Cie. de Ginebra «en una servilleta de papel».

Un año después, cayó en sus manos el caso Macosa, y Estevill no desaprovechó la oportunidad. Mismo abogado y misma operativa. En connivencia con Piqué Vidal, liberó a Federico Albiñana y revocó orden de prisión contra Eduardo Santos, principales ejecutivos de la compañía. Según declaraciones, la puja, inversamente proporcional a las subastas de obras de arte, comenzó por 300 millones, pero los consejeros de Macosa consiguieron rebajar la cifra a 81; 50 para Estevill y 31 para Piqué.

Durante años, Pascual Estevill, desde su bufete, ejerció como abogado del joyero Rogelio Roca Salamanca. En 1994, este, acorralado por las deudas, contactó con su exletrado para que le ayudara a «resolver» sus problemas económicos. ¿Y qué mejor solución? Pues sacar el dinero del caso de turno que instruía y desviarlo a la cuenta de Roca, que se encontró, de un día para otro, con los 45.076 euros que le urgían para pagar los intereses de su préstamo hipotecario. Dos pájaros de un tiro: tapado y bien tapado el agujero de su excliente y amigo y salvado el cuello de tres empresarios inmobiliarios, entonces imputados en el «caso Indelso», agradecidos de por vida por el favor.

«El que mordía era el juez Pascual Estevill, pero quien llevaba la cadena del perro y le soltaba cuando interesaba era Piqué Vidal». La frase corresponde al empresario José Felipe Bertrán de Caralt, expresidente de la cementera Asland y considerado una de las grandes fortunas de España. Fue uno de los empresarios extorsionados en 1993 que, por negarse a pagar, pasó veinticinco días en la cárcel. Bertrán declaró ante el juez Estevill por espacio de dos horas y ya no salió del juzgado. Dos policías le condujeron directamente a los calabozos del Palacio de Justicia y de allí a la Modelo de Barcelona.

Mientras se llevaba a cabo la instrucción, el Tribunal catalán decidió acumular al resto del sumario la querella presentada por Juan Sansalvador Lacomba. Este acusaba a Estevill de cohecho y prevaricación por haberle enviado a prisión durante doscientos cuatro días, cuando convalecía de un infarto. Estevill se ocupaba de un caso de supuesto fraude fiscal por la venta de unos terrenos en El Prat de Llobregat e inculpó a Sansalvador, entonces gerente de Cofinsa, sociedad mediadora en la compraventa. A pesar de haber acreditado que permanecía ingresado en el hospital Puerta de Hierro de Madrid a causa de un shock coronario, Estevill lo puso en busca y captura. Sansalvador fue detenido en la mismísima UVI del centro asistencial el 14 de julio de 1994 y trasladado al hospital penitenciario de Carabanchel, sin siquiera prestar declaración. Según se supo después, el afectado tuvo un altercado con Estevill en 1985 por negarse al pago de unas comisiones de tipo comercial.

Solo algunos casos de soborno vieron la luz durante el juicio, pero nadie duda de que hubo muchos más. «Piqué montó una tienda de libertades a mis espaldas», dijo un Pascual Estevill que sistemáticamente negaba todas las acusaciones, incluso las que quedaban probadas con luz y taquígrafos.

El arrepentimiento

Pero hete aquí que, mientras cumplía condena por delitos fiscales en el centro penitenciario de Quatre Camins, de Barcelona, Estevill sufre un ataque de remordimientos y, entonando el mea culpa, confiesa sus delitos y se arrepiente de sus malvados actos. Ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña presenta un escrito de seis folios de su propio puño y letra. En este inesperado acto de contrición, el antiguo magistrado se presenta como un pobre juez corrupto tentado constantemente por las ofertas de soborno que le transmitía el abogado Piqué Vidal. Estevill admite haber exigido dinero a empresarios y banqueros a cambio de no enchironar a los imputados. En su escrito cita a personalidades del mundo financiero y político de enorme relevancia, como Macià Alavedra, número dos de la Generalitat catalana, además de Alfonso Escámez y José María Amusátegui, presidentes a la sazón del Banco Central Hispano. Estevill también confiesa su intervención directa en dos casos más: el caso Pryca, en el que exculpó al máximo ejecutivo de la compañía, a cambio de un puesto como abogada para su hija, y la querella de Banesto contra un grupo de empresarios encabezado por Pedro Olabarría, en la que su hijo, Javier Pascual Franquesa, también estaba acusado por ser el recaudador de otros 25 millones del ala. Precisamente, este último asunto fue el desencadenante de todos los males que, a partir de entonces, le sobrevinieron al juez. Olabarría era íntimo amigo de Enrique Marugán, financiero afincado en Sao Paulo (Brasil), quien había coincidido en el pasado con el magistrado, cuando este era abogado de la Textil Bertrand Serra. De aquella relación surgió una enemistad personal y Marugán siempre creyó que la mano negra de Estevill estaba detrás de la orden internacional de prisión que se dictó contra el empresario. Este nunca ingresó en la cárcel, pero se convirtió en su peor enemigo.

En cualquier caso, resulta sorprendente y sospechosa tanta aflicción y pesadumbre, teniendo en cuenta que la melodramática confesión de Pascual Estevill se produjo justo cuando las acusaciones particulares y la fiscalía estaban a punto de redactar sus conclusiones finales a un sumario de más de 35.000 folios y nueve años de instrucción.

Ante una nube de periodistas que le esperaban a las puertas de la sala de vistas, el reo aseguró, tras la lectura pública de la sentencia, que le parecía «muy bonita». El fallo del caso Estevill, el proceso de corrupción judicial más grave de la historia de España hasta el momento, debía ser ejemplarizante. De esta manera, el exjuez fue condenado a nueve años y cuatro meses de prisión por delitos de cohecho, prevaricación y detención ilegal, quince años y cuatro meses de inhabilitación y a una multa de 1.803.036,31 euros. Estevill, además, acumulaba una condena firme de siete años por delito fiscal, juzgado en enero de 1999, y otra de seis años de inhabilitación como juez por prevaricación continuada, fechada en julio de 1996. Su compinche, Juan Piqué Vidal, fue condenado a siete años de cárcel, una multa de 908.730,30 euros y una inhabilitación especial como abogado durante tres años, por los delitos de prevaricación judicial continuada en concurso con detención ilegal, cohecho continuado en concurso con amenazas condicionadas y prevaricación de abogado. El hijo de Estevill, Javier Pascual Franquesa, al igual que otros acusados, pactó una pena de un año de cárcel y una multa de 9.720 euros por un delito de alzamiento de bienes. El joyero Roca Salamanca asumió una pena de seis meses de prisión y 24.300 euros de multa.

En 2008, con setenta y cinco años cumplidos, Luis Pascual Estevill obtuvo el tercer grado penitenciario, tras haber permanecido en prisión dos de los nueve años de condena. A su salida del centro penitenciario, declaraba ser consciente de que en su vida «había cometido hechos moralmente reprobables y tenía que pagar por ello», añadiendo que su conducta «no fue la adecuada de un juez, por lo que pido perdón a todos los que he podido perjudicar y a la sociedad en general».

Si nos detenemos a analizar la secuencia de los hechos, llama la atención la dilatación en el tiempo de la más absoluta impunidad de la que gozaron estos timadores, que solo puede explicarse por el miedo de sus víctimas y el peso específico de sus protectores. Cuando el nombre de Estevill ya destilaba sospecha a corrupción por sus tres sílabas, Convergència i Unió, entonces al frente de la Generalitat catalana, le colocó, con la anuencia del resto de partidos, en el Consejo General del Poder Judicial, irónicamente el órgano de gobierno de los jueces. Si en 1995 Estevill ya contaba en su haber con una querella por prevaricación, ¿por qué se aupó a este juez a un cargo que le permitía traficar con su aforamiento, cuando se inició la instrucción de los sumarios que conformaron después su trayectoria delictiva como juez y como ciudadano? ¿Por qué tardó tanto en ponerse en marcha la máquina de hacer justicia, cuando los palpables indicios lo pedían a gritos? Los poderes públicos, a veces, no se movilizan con la premura y la contundencia que serían deseables. Pero la moraleja de esta historia descansa en la ecuanimidad de la sentencia, que viene a demostrar que el Estado de Derecho cuenta con mecanismos para defenderse de quienes intentan viciarlo. Sin duda, en esta ocasión se hizo justicia y, por ello, los ciudadanos tenemos motivos para creer en ella.

6

SIEMPRE DENTRO DE LA LEY

Otro grupo de «personalidades» que podemos congregar bajo el paraguas de un cierto tipo de corrupción son los que el certero periodista y mejor amigo Carlos Santos ha bautizado como los «pijos y los cortijeros». Tienen en común la convicción de que el poder, incluso el país, les pertenece. Se creen los dueños del cortijo y aprovechan como nadie las oportunidades que les ofrece la política para vivir bien, cuanto antes mejor, y sin que ello parezca acarrearles ningún problema de conciencia, porque su egoísmo y su instinto depredador anulan su capacidad de temer. Parece no afectarles que en la calle o en los medios de comunicación les llamen «corruptos» o «ladrones». Ellos están convencidos de que su inteligencia y astucia serán determinantes para evadir la acción de la Justicia y salir de rositas del lodazal. Por eso, insisten en hacer declaraciones del tenor: «Mis actuaciones siempre han estado enmarcadas dentro de la ley». «Se trata de una persecución política en mi contra». «Voy a demandar a quienes me acusan, por delitos de injurias y calumnias». En estos folklóricos grupos podemos encuadrar a personajes tan distintos pero con conductas tan similares como Luis Roldán, Juan Guerra, Carmen Salanueva, o el clan de Gescartera, sin perjuicio de alargar la lista con otros nombres que ya han sido encuadrados en otros epígrafes.

PELOTAZO XXL

Marzo de 2010. Uno de los prófugos españoles más famosos de todos los tiempos sale de prisión tras cumplir su condena. La historia carcelaria de Roldán se termina, pero la de su fabuloso botín sigue sin resolverse. Para empezar, diremos que Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil, fue condenado a 31 años de prisión por malversación, cohecho, estafa, falsificación y contra la Hacienda pública, delitos por los que tuvo que dimitir de su cargo a finales de 1993.

Una carrera fulgurante

Pero Roldán, tío con suerte, ya estaba entre rejas cuando se aprobó el nuevo Código Penal de 1995. Para los delitos cometidos con anterioridad, el Tribunal Supremo dispuso que los presos decidieran sobre el cumplimiento de sus penas con arreglo al código antiguo o al nuevo, estableciendo que en todos los casos se aplicaría la solución más favorable al reo. Luis Roldán se acogió a este beneficio, aprovechándose de las ventajas de cada uno de ellos. El código de 1973 contemplaba la redención de penas, y Roldán redimió desde 1995 a 2000. A partir de ese año, se acogió al nuevo código, en el que varios de los delitos por los que fue condenado tenían penas de prisión inferiores. De esta forma, la condena de 27 años que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid y que el Tribunal Supremo elevó a 31, se redujo a 20 años. Roldán redimió por estudios y buen comportamiento cinco años de cárcel, por lo que entre que corto y pego de los códigos, estudio lunes, miércoles y viernes y redimo a ratos libres, la cuenta pendiente con la sociedad se quedó en 15 años. Durante una década, Roldán permaneció solo en un pabellón privado de la prisión de mujeres de Brieva (Ávila), custodiado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía con los que jugaba a las cartas y al parchís cuando sus tareas redentoras se lo permitían. Dicen que su celda permanecía abierta y cada mañana barría y fregaba la nave en chándal. Preparó su defensa durante mucho tiempo y pasaba horas leyendo los legajos que le enviaba su abogado. Hizo estudios en la UNED, pero los resultados no fueron buenos. «Cuando fue condenado tuvo un bajón anímico y nunca nos habló del dinero», recuerda uno de los once funcionarios que lo vigilaban en exclusiva. Trasladado a Alcalá de Henares en 2000, desarrolló actividades para mejorar su situación penitenciaria: monitor deportivo, comentarista de prensa, profesor de inglés y de historia del arte. En 2005 se le concede el segundo grado y regresa a Zaragoza, donde ha estado trabajando en una agencia de seguros, yendo a dormir cada noche al Centro de Inserción Social Las Trece Rosas. La paciencia ha sido su principal virtud en estos años, una cualidad de la que careció anteriormente, y es que en aquel mismo año ya podría haber conseguido la libertad condicional, si hubiera devuelto los más de diez millones de euros que, se calcula, permanecen en su poder. A buen seguro —pensó—, en aquella ocasión esperar valía la pena.

Pero hagamos un viaje en el tiempo a aquellos años noventa, en los que a Felipe González le crecían los enanos. La pesadilla de Luis Roldán, uno de los más feos asuntos de corrupción, estafa y sinvergonzonería de la historia de la Administración española, no había hecho más que empezar.

De origen humilde, hijo de un taxista de Zaragoza, Luis Roldán estudió hasta el bachillerato de la época, aunque más tarde incluiría en su curriculum una inexistente licenciatura en Ciencias Empresariales y un máster en Economía igualmente falso. Comenzó en política con las primeras elecciones municipales de la democracia, en 1979, para pasar después a la política regional y de ahí, en diciembre de 1982, con un flamante Partido Socialista en el Gobierno, al estrellato, tras ser designado delegado del Gobierno en Navarra, para convertirse en 1986 nada más y nada menos que en el primer civil que ostentaba la máxima representación de la Guardia Civil, cuerpo integrado por 75.000 agentes, que le recibió con no pocas reticencias. A finales de 1993, la dimisión de José Luis Corcuera tras la anulación por parte del Tribunal Constitucional de varios artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana, colocó a Roldán en la casilla de salida como ministrable.

Ya desde el principio, Roldán firmó contratos y operaciones cuando menos sospechosas, por ejemplo, la adquisición de munición de 9mm Parabellum, con destino a la Guardia Civil, a la empresa filipina Armscor, operación en la que medió Francisco Paesa, el escurridizo personaje de las cloacas del Estado que ayudó a Roldán a ocultar su fortuna. Los proyectiles estaban defectuosos y numerosos guardias resultaron heridos en ejercicios de tiro de entrenamiento rutinario. En la imprenta de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil se elaboraban los impresos de licencia de armas, los beneficios de cuya venta se repartían a partes iguales entre la asociación y la propia dirección general, desde tiempos inmemoriales. Entre 1991 y 1993, miembros cercanos a Roldán retiraron de la imprenta un total de 77,5 millones de pesetas, cantidad equivalente al 30 por ciento de lo recaudado por la venta de los impresos.

Su fulgurante carrera, más la adquisición de dos chalés, un piso de 300 metros en pleno paseo de la Castellana, un terreno en la costa de Tarragona y una finca de árboles frutales en La Rioja, hicieron que, a finales de 1993, el periódico Diario 16 publicara las primeras sospechas de aumento desmedido del patrimonio de Roldán, que llevaron finalmente a su destitución el 3 de diciembre de ese mismo año. La lentitud de tortuga de una comisión de investigación que no terminó sus trabajos hasta junio del año siguiente, para concluir que Roldán había concedido «a dedo» obras de la Guardia Civil, cobrando comisiones a través de un testaferro, además de desviar fondos reservados para fines particulares y complicar injustificadamente los trámites judiciales, le pusieron a huevo su fuga de España, el 29 de abril de 1994. Cuando esta se llevó a cabo, dado que el Ministerio del Interior se había hecho responsable de su vigilancia, el titular del Departamento, Antoni Asunción, presentó su dimisión inmediata. Roldán permaneció durante diez meses en paradero desconocido, hasta que finalmente fue localizado en Laos y detenido el 27 de febrero de 1995 en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia).

¿Dónde está el dinero?

Los jueces han logrado recaudar, en el procedimiento civil, 1.646.845 euros con el embargo de cuentas corrientes y la subasta de seis de sus quince pisos, y otras propiedades intervenidas en España. Pero esta cantidad solo representa el 8,7 por ciento de los 19 millones que adeuda al Estado. El grueso de su fortuna, unos 10 millones de euros de los de los años noventa, se encuentra en un territorio ignoto y a buen recaudo. Los testaferros, Jean Henry, un bombero suizo alcoholizado, y Jack Pierre Aberlé, otro retrasado que acabó de indigente, murieron como dignos personajes de novela. Uno se reventó la cabeza de un disparo y el cadáver del otro apareció semidesnudo sobre la cama de un establecimiento para vagabundos en Ginebra. Solo Roldán y Paesa, exagente de Interior e ideólogo de la trama, saben la verdad sobre el paradero del botín. Durante años, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Alejandro Luzón, se ha lamentado de que, como siempre, «la culpa la tienen los paraísos fiscales».

Dicen que ahora Roldán vive en el domicilio que fue de sus padres, un sencillo piso de setenta metros, con un pequeño recibidor presidido por una fotografía dedicada de los reyes. Pasea por el centro de Zaragoza o viaja en autobús, sin exhibir el menor signo de riqueza. Pero sus planes apuntan fuera de España. En la isla de San Bartolomé, una roca de 25 km² en las Antillas francesas, Roldán compró una coqueta villa de tres habitaciones, salón, tres baños y piscina. La llamó Marie Blanche, en honor de su segunda esposa, Blanca RodríguezPorto, una gallega con la que tuvo dos hijos, después de separarse de su primera mujer. La visitaban en Semana Santa con sus amigos más íntimos y sin la presencia de escoltas o testigos incómodos que se preguntaran cómo el jefe de los 75.000 guardias civiles poseía una propiedad en el barrio de Marigot, el más exclusivo de la isla, donde exhiben sus casas de verano las primeras fortunas de Francia y personajes como el bailarín Nureyev o miembros de las familias Rothschild y Rockefeller.

En París, el matrimonio disfrutó de un piso de 255 m en el número 3-5 de la calle General Detrié, junto a la torre Eiffel y los Campos de Marte, un escenario de glamour y lujo que a Blanca le fascinaba. Con la «operación Esmeraldas» que les montó Francisco Paesa, lograron salvar ambas propiedades, cuenta Conrado Pérez, el perito que dedicó varios años a descifrar el complicado rompecabezas de los centenares de cheques que Roldán cobraba de las principales constructoras del país, Huarte, Cubiertas y MZOV, Agromán, Obrascón y Lain, por la construcción de los cuarteles de la Guardia Civil.

Hoy el matrimonio Roldán es una pareja distanciada, según testimonios de familiares y conocidos. Durante los últimos cinco años Blanca dejó de visitarle en prisión y, poco a poco, la relación se enfrió. En la actualidad, Roldán, ya libre, se hace acompañar por su tercera mujer, una rusa de ojos azules, a sabiendas de que Luzón y la Fiscalía Anticorrupción no le han olvidado. «Si le localizamos disfrutando de las propiedades que salvó, iremos a por ellas, lo mismo respecto del dinero o de cualquier otra cosa que aflore. Él es consciente de que si toca el dinero, se le embargará. Si compra un coche, lo mismo. No puede tener nada a su nombre sin que se le bloquee», afirma Luzón.

Roldán asegura que no tiene un duro y que Paesa se quedó con su dinero suizo, pero la investigación demostró que este espía bregado en duras batallas cobró su parte y la gente que se dedica a estos menesteres no se queda con el dinero de sus clientes. Así que, o lo tiene Roldán o lo tiene Paesa, solo existen estas dos opciones.

En 2008, la Audiencia Provincial de Madrid solicitó al Barclays Bank la identidad de la persona que cobró un cheque de 12.500 euros, cantidad pagada como recompensa a cambio de la intervención de Luis Roldán en el programa La Noria de la cadena Telecinco. Requerida su comparecencia en la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, donde se investigaba el paradero del televisivo dinero, la historia se volvió a repetir. Roldán aseguró haber cobrado en efectivo y, como adeudaba la pensión a su exmujer, ya se lo había gastado todo. «Ha aprendido la lección de que para que se pierda el rastro del dinero, no hay que utilizar cheques», se lamentaba un funcionario presente en la declaración.

¿Ha pagado Roldán suficientemente? Los fiscales que le persiguieron sin descanso consideran que en el terreno penal la condena fue ejemplar, si se compara el suyo con otros casos de corrupción de la época. Pero, desde luego, el final no es en absoluto feliz, teniendo en cuenta que no se neutralizó a Paesa ni se recuperó la fortuna suiza amasada. Además, se quedaron sin investigar muchos cabos, entre ellos, las compras de uniformes a Inditex, de coches para las patrullas a Citroën y Nissan, así como diversas adquisiciones para la Guardia Civil del Mar. «Tuvimos que cerrar el caso en falso por falta de tiempo», se lamenta Luzón.

Francisco Paesa

Al hilo de lo relatado, me puede la tentación de explicar a los lectores quién es Francisco Paesa y su relación con Roldán.

Francisco Paesa tiene ahora 76 años y ha salido de todos los charcos impoluto, sin despeinarse siquiera. En 1995 ayudó al exdirector de la Guardia Civil a salvar su botín. En Suiza se movía como pez en el agua y dos de sus testaferros, los que después aparecieron muertos, hicieron desaparecer los diez millones de euros que Roldán ocultaba en Ginebra. Además, simularon la venta de sus casas de París y San Bartolomé y facilitaron a Roldán la fuga de España. Once meses después, Paesa le engañó para que regresara y se entregara en Bangkok. Según el diario El País, por este servicio, el Ministerio de Justicia e Interior, entonces dirigido por Juan Alberto Belloch, le pagó 1.800.000 euros a cargo de fondos reservados.

Nadie se explica cómo Paesa escapó de las garras de la Justicia. El exministro Antoni Asunción se lamentaba: «Yo he declarado en muchos juzgados durante toda mi vida por asuntos menos importantes y trascendentes. Nadie le llama a declarar. ¿No les parece raro? Paesa está protegido. ¡Que le llamen y le pregunten dónde está el dinero! Que se lo pregunten para que nos enteremos todos, porque él lo sabe muy bien».

Reconstruyendo los hechos, lo que está claro como el agua es que Paesa manejó todo el dinero de Roldán cuando este intentó ponerlo a salvo. Actuó como el perfecto blanqueador y su actividad fue impune porque el delito de blanqueo no se contempló para casos de corrupción hasta mayo de 1996, y las conductas perseguidas eran de los años 1993 y 1994. «Se le llamó a declarar y compareció en los juzgados de la plaza de Castilla, pero no se le pudo imputar por este motivo», explica Luzón.

Durante el juicio de Roldán, Paesa fue llamado a declarar, pero no compareció. Envió un fax desde Nueva York en el que aseguraba no ser residente en España desde 1968 y alegaba la imposibilidad de acudir a testificar por encontrarse en «permanente observación médicoclínica». Poco después, el tribunal recibió un certificado médico del hospital Americano de París, en Neuilly, en el que un doctor aseguraba que Paesa se encontraba «grave y en riesgo de suicidio», por lo que había ingresado en la clínica francesa Ville de Bouzin. El País comprobó ese mismo día que Paesa no se encontraba ingresado en el citado centro.

En julio de 1998 se superó a sí mismo y escenificó su propia muerte. Su hermana María, funcionaria del Congreso de los Diputados, insertó una esquela en la prensa en la que se informaba del fallecimiento y se anunciaba la incineración de sus restos en Tailandia. La policía certificó la falsedad de este extremo, argucia que habría sido motivada para eludir la imputación de encubrimiento en el caso Roldán, realizada por la juez Paloma García, que habría decretado igualmente su puesta en busca y captura. Su fotografía aparecía en los archivos de Interpol, así que tenía que esfumarse, si no quería acabar también en la cárcel. Las autoridades españolas le embargaron 522.800 euros depositados en una cuenta suiza a nombre de la sociedad Finser Investment Ltd., en la que, además, tenían firma sus sobrinos Alfonso y Beatriz García Paesa. La cantidad había llegado hasta Suiza a través de dos cheques nominativos procedentes del Aresbank de Madrid, fechados en junio de 1994. La fiscalía interpretó que ese era el pago de Roldán a Paesa por sus servicios.

Desde 1999, año en que Interpol lo incluyó en la lista de los buscados, hasta marzo de 2004, en que su caso prescribió, se lo tragó la tierra. Cinco años sin un tropiezo en controles, fronteras o aeropuertos, viviendo en París, ciudad natal de su primera mujer, sin cometer errores ni exponerse demasiado. Utilizando cualquiera de las múltiples identidades que ha usado en su agitada vida de vendedor de armas, representante consular de países africanos, banquero frustrado en Ginebra —con su quebrado Alpha Bank— y amante de señoras postineras como Dewi Sukarno, viuda del expresidente de Indonesia.

HERMANOS DE BUSINESS

Martes, 16 de octubre de 1990. Mari Ángeles López Rubio iniciaba su último viaje en este valle de lágrimas, camino del cementerio de San Fernando de Sevilla, tras una trágica muerte producida por un derrame cerebral que desencadenó una parada cardíaca. La exesposa de Juan Guerra, el hermanísimo del que fuera vicepresidente del Gobierno y número dos del Partido Socialista Obrero Español en los años en los que, junto a Felipe González, parecía que nadie les apearía del poder, tras unas elecciones ganadas por la mayoría de escaños jamás conseguida por ningún partido político en España, tenía solo 43 años y llevaba tres separada legalmente de Juan Guerra, el que fuera su marido y padre de sus cinco hijos. La expectación era máxima y los medios de comunicación no perdían detalle del sepelio, entre imprecaciones a Juan Guerra, que acudía al entierro en mangas de camisa y escoltado por ocho guardaespaldas.

A finales de 1986, Ángeles inició, con una cartera bajo el brazo con documentación comprometedora para su esposo, un largo peregrinar, hasta que los papeles acabaron en manos del líder popular, Manuel Fraga.

El despacho

El 3 de enero de 1990, el diario ABC destapaba la trama publicando la noticia de que Juan Guerra estaba detrás de un importante proyecto urbanístico bautizado con el nombre de Puerto de la Plata en la localidad gaditana de Barbate, con una inversión de 80.000 millones de pesetas para construir, en unos antiguos terrenos de costa de uso militar, 3.000 viviendas, un puerto deportivo, hoteles y un lago artificial. Una especie de Marina D’Or de hace veinte años. Pocos días después, el fiscal de la Audiencia de Cádiz iniciaba a instancias del Fiscal General del Estado la investigación de las posibles irregularidades que se hubieran podido cometer en la aprobación oficial del proyecto, para continuar, acto seguido, con otra sobre los negocios del hermano del vicepresidente.

De oficio desconocido, cargo ignorado, funciones ocultas y sueldo por desvelar, lo poco que se sabía de Juan Guerra era que ocupaba un despacho en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que había puesto firme en alguna ocasión a más de un alto cargo del Gobierno andaluz y que su nombre sonaba por bulevares y callejas de Sevilla como responsable directo o indirecto de mil y un negocios y operaciones diversas. Juan Guerra había cambiado el paro de 28.023 pesetas por suculentos beneficios, chalés y coches lujosos. En muy poco tiempo este «gran hermano» pasó de operario en la fábrica sevillana de Santa Bárbara y vendedor de enciclopedias a domicilio, junto con el comunista José María Torres Zapico, a mandar más que el propio delegado del Gobierno. Ante la cascada de acontecimientos, Juan Guerra se apresuraba a pedir la baja temporal del PSOE; a todo ello se fueron sumando situaciones inesperadas, como un misterioso robo acompañado de quema de documentos en las oficinas de la Junta de Andalucía, el fallecimiento de su exesposa o la intervención de la Interpol.

La noticia del asunto llegó al Congreso de los Diputados y la Mesa aceptó una pregunta del PP a Alfonso Guerra sobre la participación de su hermano Juan en este asunto. Barbate solo fue la casilla de salida de una intensa investigación de las actividades de este personaje a lo Juncal, al que todo Sevilla y su comarca llamaban El Conseguidor. Alfonso Guerra tuvo que reconocer que su hermano Juan no tenía nombramiento oficial alguno y que era una especie de «asistente», con un sueldo de 129.370 pesetas líquidas al mes, que pagaba el partido. Lo que está más que demostrado es que aquel despacho se utilizaba para actividades muy diferentes a las asignadas, es decir, a tejemanejes bajo cuerda en cuestiones de difícil solución ante las administraciones públicas. Por estos trapicheos, Juan Guerra cobraba comisiones ilícitas en billetes de curso legal y sin que mediaran recibos. Las operaciones se formalizaban en el despacho de la Delegación del Gobierno y los honorarios se cobraban en el contiguo Bar Citroën del parque de María Luisa, emblemático centro de reunión a la hora de los cafelitos entre funcionarios y parroquianos del entorno. En el establecimiento, Juan Guerra, que llevaba siempre los bolsillos llenos de dinero, invitaba a «¡otra de gambas!» a sus amigos, mientras recababa el dinero por sus favores, por supuesto más negro que el rey Baltasar, oculto entre las páginas de un periódico, normalmente en billetes usados de 1.000 y 5.000 pesetas.

Dicen que en la Navidad de 1988, Juan Guerra regaló a su sobrino Pincho, hijo de Alfonso, un caballo, que fue inmediatamente devuelto porque el vicepresidente del Gobierno no estaba de acuerdo en que su hijo recibiera semejante regalo.

Poco a poco, el escándalo aumentaba hasta proporciones descomunales para aquellos tiempos —hay que tener en cuenta, a la vista de lo sucedido con el paso de los años, que las cantidades de las que hablamos serían hoy insignificantes limosnas—. Juan Guerra recibía sobres de entre 25.000 y 300.000 pesetas, según el monto de la operación y, en su ingenuidad, no se ocultaba demasiado ante la potencial clientela, insinuando aquí y dejando caer allá que a través de sus influencias podía conseguir licencias, recalificaciones, permisos y todo tipo de gestiones con distintas administraciones, gracias al parentesco y a la condición, en Sevilla, del todopoderoso Alfonso Guerra, el político más temido entonces en los círculos del PSOE.

Tras un agitado pleno parlamentario, y con una oposición empeñada en el linchamiento de Alfonso Guerra, Felipe González unía su voluntad de permanecer en el Gobierno tanto como lo hiciera su vicepresidente y ni un minuto más. «Estoy absolutamente seguro de la honorabilidad y honradez del vicepresidente. Si en algún momento siente la tentación, porque se cuestiona su honorabilidad, de presentar su dimisión o el Parlamento, mayoritariamente por esa razón de cuestionamiento de su honradez que he visto en grandes titulares, le forzara a dimitir, habría ganado dos por el precio de uno», decía un González convencido de su argumento.

La actuación judicial duró aproximadamente nueve meses, durante los cuales se tomó declaración a más de 70 personas en calidad de testigos o implicados, entre ellas tres hermanos del vicepresidente: Antonio, El Patillas, Juan y Adolfo. Igualmente, prestaron declaración unos 200 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y unos 500 ciudadanos, la mayoría visitantes de Juan Guerra en el despacho de marras, considerado como el centro de operaciones del entramado de empresas y actividades mercantiles de Guerra durante los seis años que lo ocupó, entre 1983 y 1989. Con razón, el despacho se conocía en Sevilla como el «ambulatorio», por la cantidad de gente que pasaba por él para pedir favores.

La ministra Portavoz del Gobierno, Rosa Conde, se hartaba de repetir, una y otra vez, que «las delegaciones del Gobierno son sedes de ámbito autonómico que, como es obvio, se encuentran a disposición del presidente, del vicepresidente y ministros, en todo momento y de la forma que ellos dispongan». Pero nadie parecía escuchar... A mayor abundamiento, la prensa no cesaba en su hostigamiento, haciendo pública la circunstancia de que los hermanos Alfonso y Juan Guerra no utilizaron un único despacho en la Delegación, sino dos: uno, habilitado para el vicepresidente, y otro, distinto, para uso exclusivo de Juan. Alfonso Guerra declaraba al respecto: «A partir de diciembre de 1982 se hizo necesario que Juan Guerra coordinara sus labores de asistente del vicesecretario general del PSOE con las de la vicepresidencia del Gobierno y para facilitarlo se permitió el acceso de Juan al despacho de la Delegación con el único y exclusivo objeto de desarrollar esa labor». Para justificar el uso del tan traído y llevado despacho, Alfonso Guerra, en la intervención parlamentaria citada añadía: «Como es generalmente conocido, el vicepresidente del Gobierno suele desarrollar su actividad durante cinco días a la semana en Madrid y los dos restantes en Sevilla, su ciudad de residencia. Atendiendo a esta circunstancia y a la existencia de espacios libres, se consideró que podía ser útil poner uno de esos despachos a mi disposición para facilitar el trabajo durante mi estancia en Sevilla. Así se hizo desde mayo de 1983. Y, lógicamente, además del vicepresidente, tenían acceso al despacho los colaboradores más próximos para realizar las tareas propias de su función».

La ruptura entre Felipe González y Alfonso Guerra

Finalmente, el 12 de enero de 1991, y tras un año sometido a una férrea presión política y social, Alfonso Guerra presentaba su dimisión irrevocable como vicepresidente del Gobierno, aunque se despedía pocos días antes con unas declaraciones a la Cadena Ser en las que calificaba de «cacería» la estrategia desatada contra él por la oposición para acabar con su carrera política y tachaba de «enfermos, descerebrados y miserables a quienes tratan de alejarme de Felipe González. No saldré del Gobierno por la puerta pequeña», concluía. El presidente González, que había rechazado la renuncia en dos ocasiones, esta vez se la aceptó sin dudarlo, en una maniobra que fue interpretada por muchos como una destitución encubierta.

Las diligencias practicadas por el juez Ángel Márquez comenzaron con la investigación de la empresa matriz de Juan Guerra, la inmobiliaria Corral de la Parra, S.A. Tras esta, se investigó Construcción Modular Andaluza, S.A. (COMASA), en la que participaban Juan José Garrido, Francisco José López Martín y su esposa, que actuaban como testaferros de Juan Guerra. Por la actividad de Comasa fue involucrado otro de los hermanos Guerra, Adolfo, porque durante el tiempo que fue director de Mercasevilla, esta cedió a Comasa unos terrenos de su propiedad para que construyera un hotel de lujo, recibiendo además subvenciones oficiales para ello.

Por otro lado, José Luis Poyal Costa, jefe del gabinete de comunicación de la Empresa Nacional Siderúrgica, Ensidesa, precisó que el precio pagado por Juan Guerra en la compra de una finca a esta empresa fue de 20 millones, si bien el peritaje realizado por una agencia de la propiedad en 1980 tasaba la finca La Carrascosa, situada en Las Pajanosas (Sevilla), en 52 millones. La compra fue autorizada por el consejo de administración de Ensidesa, después de que varios compradores ofrecieran por la propiedad entre 10 y 17 millones. Ante las dificultades encontradas por la empresa para hallar un comprador, se realizó una nueva tasación de la finca, fijándose en 20 millones su valor. La empresa Franco Sur, representada por Juan Guerra, ofreció 18 y la empresa exigió 20 y al contado. Así quedó la operación.

Otro de los tinglados, quizá el más curioso porque se aleja de las habituales tramas inmobiliarias con ingrediente municipal, fue el desvío de enfermos renales de la sanidad pública a la clínica privada Litomed. La documentación que obraba en poder del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, encargado del caso Juan Guerra, revelaba que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) desvió enfermos precisados de litotricia (eliminación de cálculos renales sin necesidad de operación) a Litomed, cobrando por el servicio unas 350.000 pesetas a cada paciente. De esta forma, se contravenía una resolución de la Consejería de Salud que estipulaba cantidades sensiblemente inferiores, unas 215.000 pesetas. Fuentes próximas al caso calcularon que las cantidades defraudadas en su día al SAS pudieron superar los 200 millones de pesetas. Según parece, Litomed se constituyó en febrero de 1987 con un capital de 6 millones, suscrito por 25 médicos sevillanos. Su primera sede estuvo en un centro de la Cruz Roja de Sevilla y, según declaró uno de los consejeros delegados, la sociedad iba mal económicamente, por lo que los socios decidieron recurrir a Juan Guerra para conseguir el concierto con la sanidad pública.

Uno a uno fueron cayendo como fruta madura los casos en los que la intercesión de Juan Guerra había sido decisiva, así que en seguida la utilización del famoso despacho le valió al interfecto ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de fun ciones.

En 1995, Juan Guerra fue condenado por un delito fiscal. Él y su socio, Juan José Arenas, fueron condenados a dos penas de un año de cárcel por fraude fiscal de 42.103.742 pesetas, delito cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la Parra. Además, ambos deberían pagar dos multas de 24.933.200 y 34.860.000 pesetas respectivamente. Interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en el año 2001 el Alto Tribunal lo desestimó, aunque contó con un voto particular del magistrado Manuel Jiménez de Parga, que denunció que el hermano del exvicepresidente había sido víctima de un «proceso inquisitorial», de una instrucción judicial «cuasi demoníaca» y de una investigación dirigida «contra su persona con noticias vagas e imprecisas». Juan Guerra se declaró insolvente para pagar tanto la multa como la indemnización a Hacienda. En cuanto a las condenas de cárcel, el juzgado concedió a Juan Guerra, en 2002, la suspensión del ingreso en prisión, dado que carecía de otras penas privativas de libertad. Sí se mantuvo la pena de seis años y seis meses de inhabilitación especial por inducir a un delito de prevaricación relacionado con su intervención en la denominada Trama Fridex, sobre la recalificación de una parcela en un polígono de Alcalá de Guadaira, llevada a cabo por el Ayuntamiento con graves ilegalidades.

Durante todos estos años, la Agencia Tributaria ha intentado cobrar la deuda sin éxito, hasta que finalmente la declaró incobrable por insolvencia del acusado. En consecuencia, el juez archivó la ejecutoria de manera provisional, dejando abierta la posibilidad de reactivarla si el condenado «va a mejor fortuna», según prevé la ley. A finales de 2010, la fiscalía de Sevilla solicitó al Juzgado de lo Penal deducir testimonio contra Juan Guerra por un posible delito de insolvencia punible o alzamiento de bienes, tipificado en el artículo 257 del Código Penal. Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 6, con la jueza Mercedes Alaya a la cabeza (¿les suena?, ¿a que sí?) inició la instrucción y lo citó a declarar como imputado. Según pudo comprobar la jueza, a través de diferentes verificaciones registrales de fincas, Juan Guerra podría haber procedido a la venta de un piso de su propiedad sometido a embargo. Si se comprueba la comisión del delito, Juan Guerra podría enfrentarse a una multa y penas de entre uno y cuatro años de prisión. Habrá que estar atentos a este nuevo capítulo del Waterguerra.

Muchas voces se alzaron en su día reclamando un resarcimiento en forma de indemnización económica para Juan Guerra, que fue absuelto en seis de las ocho causas en las fue imputado, exigiendo de los medios de comunicación una disculpa formal por las múltiples acusaciones vertidas. Si uno lee el texto de la sentencia del Constitucional, se confirma que en ningún momento se vulneró la presunción de inocencia de Guerra, ni tampoco su derecho a la tutela judicial efectiva, quedando probado durante el juicio «su participación en las gestiones para las que utilizaba de forma fraudulenta las dependencias de la delegación del Gobierno en Andalucía, amparándose en el cargo de su hermano».

Aunque aún hoy se sigue intentando recuperar parte del dinero defraudado, después de haber subastado dos pisos y un coche Mercedes, propiedad de Juan Guerra, cuyos fondos han ido a parar a la Agencia Tributaria, aún queda por saldar parte de la deuda, que, en caso de recuperarse, se destinaría, por este orden, a saldar la cuenta pendiente con Hacienda, luego las costas del proceso y, finalmente, la multa.

Alfonso Guerra declaraba recientemente: «En España se debe aplicar la máxima pena tanto a los corruptos como a quienes inventan un caso sobre un representante político y luego se demuestra que es falso». Además, y sin ninguna duda, también se perfiló como uno de los desencadenantes de la ruptura personal y definitiva entre los dos líderes socialistas más importantes de nuestra democracia, al tiempo que obligó a introducir en la legislación un nuevo delito, no tipificado hasta el momento: el tráfico de influencias.

EMULANDO A JOSÉ MOTA

Corría el año 1989, cuando comenzaron a publicarse irregularidades respecto de su gestión al frente del Boletín Oficial del Estado: gastos de viajes injustificados, compra de papel por un precio muy superior al de mercado, contratación irregular de maquinaria... La probada fortaleza de Carmen Salanueva se hizo trizas y, para colmo, el tiro de gracia se lo dio su propio jefe, Virgilio Zapatero, entonces ministro de la Presidencia, que personalmente presentó denuncia por un fraude que la Intervención General del Estado cifró en más de 1.000 millones de pesetas.

A Carmen el mundo se le vino encima; primera noche en la cárcel, pérdida de su trabajo, de sus amigos, de la noche a la mañana se convirtió en una apestada con la que nadie quería tener nada que ver. Pero, a pesar de traspasar todos los límites, ella repetía su juramento de inocencia. Tras ser condenada la primera vez, declaraba: «Pienso que es como si me hubiera dado un cáncer. Pero el médico se ha equivocado y no tengo cáncer, a pesar de que hay unos cuantos que quieren que el médico no se equivoque». ¡¡¡Terrible premonición!!! Pero empecemos por el principio de esta verdadera muestra de la picaresca española, que nada tiene que envidiar a los personajes de Quevedo o Cervantes.

Primer capítulo. Carmen Salanueva nació en el seno de una familia bien de Pamplona. Su padre fue presidente del Osasuna y consejero de Banesto. La joven, provista de fuerte carácter y dotes de mando, estudió con brillantez Derecho y Ciencias Políticas, comenzando pronto una prometedora carrera como funcionaria en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Allí trabó amistad con Javier Moscoso, ministro de la Presidencia en el primer Gobierno de Felipe González. Él, que conocía su valía, no tuvo duda en proponerla para dirigir el Plan Nacional del Síndrome Tóxico, y ella tampoco vaciló en coger a este difícil toro por los cuernos. Ahí mismo comenzaron los problemas. Las asociaciones de afectados la odiaban, los médicos no la soportaban y, en una ocasión, una mujer la abofeteó después de una reunión. Pero, ¡en buen sitio fueron a poner la era! Carmen daba puñetazos en la mesa, ponía firmes a los jefes de servicio de los hospitales y le encantaba que dijeran de ella que tenía más testículos que cualquier hombre que ocupara un alto cargo. De allí salió para dirigir el Boletín Oficial del Estado, institución que le dio sus mejores años, pero también los días más amargos. Durante cinco años recorrió medio mundo junto a su compañera sentimental, adquirió un chalé de más de 70 millones, cultivó la amistad de actores, periodistas y gente de la farándula. Aunque a los ojos de quienes no la conocían aparecía como una mujer fría, arisca y antipática, sus amigos sostenían que tenía un gran corazón.

Por su estrecha relación con el Patrimonio Nacional, y amparándose en una amistad sólida y en principio creíble, aunque absolutamente falsa, con Su Majestad la Reina y con la esposa del entonces presidente del Gobierno, Carmen Romero, solicitó a diversos pintores la entrega de algunas de sus obras. Los artistas accedieron a la propuesta en la creencia de que sus pinturas serían entregadas a las dos damas más importantes de España o, como alternativa, destinadas a una exposición que se proyectaba organizar en Estados Unidos, con motivo del Quinto Centenario del Descubrimiento de América.

Salanueva llevó a cabo su maquiavélico plan, apoyándose en la propietaria de la galería de arte Sokoa, María Luisa Gurrea, encargada de los contactos con artistas que habitualmente exponían en su establecimiento. Uno de los que cayeron en la trampa fue el pintor Fernando Rivero, a quien Salanueva engañó haciéndole creer que Carmen Romero y la reina doña Sofía estaban interesadas en comprar sus cuadros. El pintor vendió sus obras a la intermediaria a bajo precio, además de hacerle entrega de un bajorrelieve como regalo para Su Majestad el Rey. Pocos días después, Rivero recibió la llamada de una mujer que, tras identificarse como la reina, le agradeció el regalo y le encargó un cuadro con motivo del próximo cumpleaños de don Juan Carlos. Igualmente, el artista habló personalmente con otra mujer que dijo ser la esposa del presidente del Gobierno e incluso le invitó a visitar la «bodeguilla» del Palacio de la Moncloa.

Otro tanto ocurrió con el pintor Antonio Moreno López.

Para seguir con el juego, en 1991, Salanueva convenció a su amiga de Sokoa para que negociara con una serie de artistas, que la galerista frecuentaba, la donación de obras para una exposición itinerante de pintura española que tendría lugar en Nueva York. Estas obras pasarían después al Patrimonio Nacional y serían expuestas en el Centro de Arte Reina Sofía. Toda esta película nunca llegó a concretarse, pero, entre que voy y que vengo, Salanueva se quedó con cuatro valiosos lienzos.

El pastel se descubrió mientras ocupaba la dirección del BOE, en paralelo con los sucesos que dieron lugar a la segunda parte del culebrón.

Segundo capítulo. Nada más llegar al Boletín, Salanueva relevó al funcionario que desde tiempos inmemoriales se ocupaba de la compra del papel, materia prima imprescindible para cualquier publicación, nombrando a Julio Fernández González jefe del departamento de producción de la entidad, con mando en plaza, para que todas las operaciones de adquisición de papel, maquinaria o cualquier otro material, sin excepción, pasasen por su personal control. En aquellos años, el kilo de papel para el diario oficial se adquiría a ciento cuarenta pesetas, un 40 por ciento más caro que el precio de mercado. Las adjudicaciones directas a las empresas que Salanueva elegía supusieron un desembolso de 3.000 millones de pesetas, lo que permite calcular un perjuicio para la Hacienda pública de más de 653 millones.

Por la calle la insultaban, lloraba sin parar y el dinero que había acumulado solo le sirvió para contratar los servicios de uno de los mejores despachos de abogados de Madrid. Ingresó en la cárcel de Soto del Real el 29 de abril de 1996, entre gritos de «Yo no he hecho nada». Se la condenó a un año por fraude en la compra de obras de arte, por invocar los nombres de la reina y Carmen Romero. En su celda, sufría terribles dolores de cabeza, pero los médicos no daban con un diagnóstico certero. Se sometió a un reconocimiento exhaustivo fuera de la prisión, que corroboró los peores presagios. El cáncer, transformado ya en metástasis, no tenía tratamiento. Varios meses después abandonó la prisión y pasó los últimos años recluida en su casa y con la única compañía de Gloria Nistal, la mujer que compartió con ella sus días de gloria y de tormento.

Pero la Justicia aún no se había cobrado todas las deudas. Todavía quedaba pendiente el juicio por las irregularidades del BOE, por las que el fiscal, Mariano Fernández Bermejo, pedía catorce años de cárcel y una multa de 150 millones de pesetas. La fecha del juicio estaba cerca, pero otro Juicio, el Final, libró a Carmen Salanueva de un nuevo calvario, al fallecer el 17 de enero de 2000.

Tras nueve años de procedimiento, la causa quedó como sigue: los seis procesados por el supuesto fraude, todos ellos empresarios del sector papelero, fueron absueltos por la Audiencia Nacional de los delitos continuados de fraude de funcionario público y estafa. Durante la vista, la fiscalía retiró la acusación contra otros dos imputados y, finalmente, los principales procesados por la jueza instructora Ana Ferrer, Julio Fernández y Carmen Salanueva, no comparecieron simple y llanamente porque estaban muertos.

¿Cómo es posible que una mujer inteligente y culta, con un cociente intelectual por encima de la media y con una personalidad audaz y enérgica imaginara que iba a salir indemne de tanto despropósito? ¿Y sus compinches nunca le advirtieron de que suplantar la identidad de personas de tanta relevancia como Su Majestad la Reina o la esposa del presidente del Gobierno solo le acarrearía problemas, descrédito y vergüenza, además de una temporada a la sombra? A veces, la prepotencia y la soberbia de los superdotados les lleva a cometer errores en los que nunca caerían los de más simples entendederas.

DIME DÓNDE INVIERTES...

Gescartera era una empresa de servicios de inversión, lo que significa, según el derecho económico español, una entidad financiera que se dedica a prestar servicios de inversión a terceros. A cambio de estos servicios, la sociedad cobra una comisión al cliente. Fue creada en 1992 y, en 1999, ante la negativa de la entidad a ser inspeccionada, la Comisión Nacional del Mercado de Valores le impuso una sanción de carácter grave. La sanción, por valor de siete millones de pesetas, no se hizo pública. El 14 de junio de 2001, la Comisión decidió intervenir Gescartera ante la imposibilidad de conocer la situación económico-financiera y el destino de los fondos de sus clientes. El escándalo estaba servido al concluir el fiscal que, durante nueve años de actividad, la Gestora se dedicó a realizar actividades para lucrarse defraudando a sus clientes y desviando fondos hacia sociedades fraudulentas para hacerlos suyos. Desaparecieron 20.000 millones de pesetas, resultaron afectados 4.000 inversores, incluyendo mutualidades públicas, fundaciones, ONG, congregaciones religiosas y empresas públicas.

El juicio comenzó en septiembre de 2007, con 14 imputados, 46 acusaciones y 120 testigos. Los principales acusados de la estafa fueron el propietario de la sociedad, Antonio Camacho Friaza, coleccionista de relojes y trajes de Armani, un madrileño de 41 años, propietario de distintos inmuebles y coches de lujo, y la presidenta del grupo, Pilar Giménez-Reyna —hermana del Secretario de Estado de Hacienda del momento, que tuvo que dimitir por el escándalo—, amiga de Camacho. Tras la aparición de su dietario, en el que apuntaba con todo lujo de detalles tanto sus tejemanejes laborales como las tareas domésticas, la importancia de su papel en el caso se vino arriba. José María Ruiz de la Serna, número dos de Gescartera, era el director general y apoderado de la sociedad. Conocía sobradamente los entresijos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque había trabajado ocho años como técnico de la entidad. Otro implicado fue Aníbal Sardón, accionista de Gescartera y principal comercial de la sociedad. De su buen hacer da muestra la captación personal de clientes que aportaron 18 millones de euros, según sus propias declaraciones ante el juez. Para alcanzar estos objetivos, ofreció a sus conejillos de indias garantías de la operación con certificados falsos de La Caixa, más una rentabilidad del 6 por ciento. Francisco Javier de la Sierra Flor, consejero de Gescartera, llevaba personalmente las cuentas de los clientes especiales. Y citemos también a Laura García Morey, hija del cantante Jaime Morey y esposa de Antonio Camacho, a quien conoció cuando empezó a trabajar como becaria en Gescartera, donde ambos iniciaron su relación, que culminaría en boda cuando él salió de la cárcel, en 2004. Su padre fue presidente del holding.

El Gobierno de José María Aznar nunca pudo explicar satisfactoriamente por qué la Comisión Nacional del Mercado de Valores tardó tanto tiempo en intervenir la sociedad, a pesar de los firmes indicios del vaciamiento patrimonial. El vicepresidente de la Comisión, Luis Ramallo (¿lo recuerdan?) tampoco consiguió justificar los regalos que recibió de Gescartera por valor de más de tres millones de pesetas. En el mismo limbo están también las explicaciones de la presidenta Pilar Valiente, dimitida a consecuencia del caso, aunque la juez no la incluyó como acusada.

Gescartera afectó a un amplio espectro de depositantes, desde el arzobispado de Valladolid hasta inversores militares, y salpicó a instituciones financieras españolas y extranjeras.

La sentencia, dictada en marzo de 2008, deja, como en tantas ocasiones, el poso insatisfactorio de las historias incompletas. Las penas impuestas pueden calificarse de cabales. Antonio Camacho, principal responsable de la trama que estafó 88 millones de euros, fue condenado a 11 años de prisión por delitos continuados de apropiación indebida y falsedad documental. Cumplió una pena de tres años en la prisión de Soto del Real. Pilar Giménez-Reyna cumplió cinco meses también en el penal de Soto, de donde salió tras depositar una fianza de 180.000 euros. El resto de los acusados, con penas que van desde los diez años y medio hasta los tres años de reclusión. Dos cajas de ahorros solventes, La Caixa y Caja Madrid, resultaron condenadas como responsables civiles subsidiarias por coadyuvar conscientemente al «mantenimiento de la irregular operativa empresarial que realizaba Gescartera», teniendo que restituir a los depositantes el dinero perdido.

Esta inclusión de las cajas debe entenderse como una advertencia de futuro, para que las entidades financieras se esmeren en vigilar las cuentas que acogen, porque, sin el debido control, pueden ser simples vehículos de evasión. Harían bien las entidades bancarias en elaborar protocolos rigurosos que, al menos, eviten las cuentas opacas y dificulten la falsificación de documentos, como la que permitió a Gescartera engañar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fondos que no existían.

Tras pronunciarse el Tribunal Supremo como consecuencia de los recursos interpuestos, la sentencia confirmaba la mayoría de las penas y responsabilidades, menos la correspondiente a La Caixa, que quedó absuelta tras estimarse la anulación, en noviembre de 2009. De esta manera, la responsabilidad quedaba limitada a Caja Madrid Bolsa, obligada a hacer frente al dinero de los clientes de Gescartera que pasó por sus cuentas, una cantidad que alcanzaría los 26,37 millones de euros, según lo cifrado por el fiscal durante el juicio.

Como curiosidad paralela a lo antedicho, no puedo resistir la tentación, tal vez poco sana, de hacer una breve referencia a algunas de las organizaciones damnificadas por la estafa y que tienen que ver con la Iglesia: la congregación de las Agustinas Misioneras, primera inversora bursátil de Gescartera, con más de 506 millones de pesetas. La forman más de 700 religiosas y cuenta en España con seis colegios concertados y otros diez más en el extranjero. El Arzobispado de Palencia, que invirtió en la agencia, a través de su titular, entre 20 y 100 millones de pesetas. Teodoro Bonillas, sacerdote titular de Castillo de Garcimuñoz (Cuenca), desde hace 40 años. Figura como propietario del 10 por ciento de Gescartera Gestión. Perdió en minusvalías cerca de 2.000 millones de pesetas. La intención del cura párroco era crear una fundación para ayudar a la infancia, curas jubilados y medios de comunicación de la Iglesia. La Escuela Bíblica de Madrid, perteneciente a la Provincia Matritense de España de la Orden de San Agustín, que realizó una inversión cercana a los 125 millones. La Escuela se dedica a realizar estudios teológicos y colabora con la editorial RyC, también perteneciente a la Orden de San Agustín. Las Filipenses Misioneras de España, comunidad eclesiástica femenina que invirtió 109 millones de pesetas. Se centran en la enseñanza, las casas espirituales, residencias estudiantiles, trabajo social y grupos de oración. Cuentan con varios colegios en Palencia.

¿De dónde saca el clero tanto dinero? ¿No es la Iglesia una entidad sin ánimo de lucro?

Pero queda por resolver el problema de la restitución por parte de los condenados. Sin duda, los acusados cumplirán sus sentencias y, casi con absoluta certeza, con significativas reducciones de las penas, pero ni se sabe dónde están los bienes desfalcados ni los convictos muestran intención alguna de restituirlos. Reaparece así el debate sobre si los condenados por fraudes o estafas de especial relevancia deberían cumplir íntegramente sus penas mientras no aporten prueba definitiva de su arrepentimiento, que no es otra que la devolución de lo estafado.

7

DUROS A PESETA

No cabe la menor duda de que los tiempos adelantan que es una barbaridad, como bárbara es también la rapidez con la que ese avance positivo, que se traduce en desarrollo y mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, cuenta con un lado oscuro que agua la fiesta y ensombrece esos logros tan bienvenidos, porque incide negativamente en la moral de la sociedad y deteriora valores consensuados durante generaciones. Para colmo de males, buena parte de las veces esas conductas inmorales quedan sin sanción jurídica. La corrupción abarca muchos aspectos, no solo una malversación o desmesura en el uso de los fondos públicos, sino también la compra de decisiones políticas, generalmente con contenido económico. No hay sector ni actividad que escape al síndrome. Precisamente con la variedad como seña de identidad de la próxima tanda de acontecimientos de desgraciado recuerdo, afrontamos el siguiente acto de una representación en la que intervienen protagonistas tan dispares como viviendas sociales, sellos de correos o plantaciones de lino subvencionadas por la Unión Europea.

COOPERATIVA PSV (PISOS SADO VENENOSOS)

El sueño de la central sindical socialista UGT de facilitar el acceso a viviendas baratas a 22.000 familias españolas se convirtió en una auténtica pesadilla que convulsionó el mismísimo centro neurálgico del sindicato e impactó directamente en la línea de flotación de la credibilidad de los españoles en sectores y personas que, por su trayectoria personal y política, parecían a salvo de envilecimientos y deshonestidades.

¿Un negocio de UGT?

La cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV) fue impulsada en 1988 por el sindicato UGT con el objetivo de proporcionar viviendas a precios inferiores hasta en un 40 por ciento a los del mercado, al amparo del Plan 18.000 puesto en marcha por el Gobierno. La idea ya se había aplicado con éxito en Alemania —es obvia la razón de la diferencia con los resultados españoles— y en nuestro país obtuvo una respuesta masiva de cooperativistas que, en número de más de 20.000, depositaron en las arcas de la promotora 54.300 millones de pesetas. El proyecto se malogró y la pésima gestión condujo a PSV a declarar la suspensión de pagos en diciembre de 1993. En el transcurso de estos cinco años se entrecruzan una época de vacas gordas como nunca en las finanzas de UGT, acciones empresariales inconfesables e incontables enfrentamientos políticos y sindicales.

El hecho final es que, ante semejante despropósito, una vez más el dinero público tuvo que salir al rescate de las viviendas de esas 22.000 familias, a través del Instituto de Crédito Oficial.

La historia es más o menos como sigue. Poco después de la fundación de la cooperativa, se constituyó el grupo Iniciativas de Gestión y Servicios (IGS), nombrándose a Carlos Sotos Pulido promotor y gerente. Madrileño de nacimiento, se inició en el oficio de fontanero junto a su padre. Después pasó a trabajar como administrativo en una empresa, ocupación que abandonaría pronto para dedicarse a la política. Con 24 años ingresó en el Partido Comunista de España, aún en la ilegalidad, y mostró un temprano interés por los temas municipales. En 1976 ya era miembro de la Ejecutiva Provincial y llegó a escribir un libro sobre urbanismo y movimientos sociales. Tras un elenco de cargos municipales, dejó la política momentáneamente y se dedicó a estudiar Derecho, carrera en la que no llegó a licenciarse nunca. Contratado por un arquitecto en alza, descubrió el futuro comercial en la rehabilitación de edificios y es en ese tiempo cuando entra en contacto con el secretario general de UGT, Nicolás Redondo. Una relación entre ambos cada vez más estrecha y una gran coincidencia en materia inmobiliaria les lleva a poner en marcha la PSV, en la que UGT figura como promotora y Sotos como gestor de la misma. En poco tiempo, el grupo se hace con el control de 21 empresas. Carlos Sotos, con síntomas de megalomanía y sin que nadie le frenara, impulsó en Madrid la construcción de una gran esfera armilar que habría de servir de referencia del vigor y la potencia de PSV.

En 1993, cinco años después del nacimiento de la cooperativa, solo se habían construido 1.500 viviendas. Se hablaba de quiebra técnica, con un agujero monetario de 14.000 millones de pesetas según algunas fuentes y 80.000 millones según las más catastrofistas. La desesperanza era mayúscula entre los miles de cooperativistas que llevaban invertido una media de 3,5 millones de pesetas por familia; y, lo que es peor, la credibilidad de UGT en lo más profundo del pozo.

El 15 de septiembre de 1993, Carlos Sotos presenta su dimisión ante la grave crisis del grupo. Al frente de PSV le sustituye Paulino Barrabés, secretario de finanzas de UGT, y Prudencio García Gómez, que con anterioridad había ocupado los puestos de director del Patrimonio Nacional y director general de Canal Plus, se hace cargo de IGS.

El 27 de diciembre de 1993 IGS solicita suspensión de pagos y PSV lo hace dos días más tarde. El 11 de febrero de 1994, el Consejo de Ministros interviene la cooperativa, con un plan aprobado por el Gobierno que representa un aval de 8.500 millones destinados a recomenzar la construcción de las viviendas.

Sotos ingresa en la cárcel de Carabanchel tras decretar el juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, prisión incondicional y sin fianza por estafa y apropiación indebida. A los pocos días ingresa igualmente en prisión Paulino Barrabés, y tres semanas más tarde sale bajo fianza de diez millones.

La responsabilidad de Nicolás Redondo

Seis años después del escándalo, comenzaba el juicio en la Audiencia Nacional. En mi opinión, el Tribunal en todo momento evitó el análisis en profundidad de la utilización del dinero recaudado por PSV-IGS, destinado en origen a la construcción de viviendas y, al final, a la adquisición de negocios ruinosos ligados al sindicato. Por alguna enigmática razón, nunca se persiguió con convicción el esclarecimiento de los hechos punibles y el destino del dinero. Un total de siete personas se sentaban en el banquillo de los acusados: Carlos Sotos, Paulino Barrabés, Sebastián Reyna, Fermín Bretón, Francisco Hernández, Jesús Aina y Primitivo Álvaro. Las acusaciones pedían una condena de ocho años y dos meses de prisión para cada uno y una indemnización de 18.587 millones de pesetas por los delitos de malversación de fondos y apropiación indebida.

Paulino Barrabés, responsable de Finanzas de UGT, colaborador directo de Nicolás Redondo y hombre de confianza de Felipe González, declaraba informar verbalmente a Redondo sobre la gestión de la cooperativa. Con numerosas lagunas de memoria, Barrabés aseguraba que su cargo era institucional y que no sabía nada de cuentas. ¿No sabía de cuentas el responsable máximo de finanzas de uno de los sindicatos más importantes y patrimonialmente más complejo de España? Cercano ya a los setenta años, Barrabés pasa los veinte días más amargos de su vida en la cárcel de Carabanchel, sin saber a ciencia cierta qué es lo que ha hecho mal.

Según Carlos Sotos, UGT se embolsaba unas 80.000 pesetas por cada nuevo contrato de vivienda que firmaban los cooperativistas. Esa era una de las contrapartidas por el apoyo institucional del sindicato. Según sus propias declaraciones, el sindicato había recaudado por este concepto 1.200 millones de pesetas. Por todo ello, Sotos permaneció en prisión preventiva desde junio de 1994 hasta julio de 1995.

Redondo, muy afectado también por su cuestionamiento personal, aseguraba que, en última instancia, el PSOE había sido el responsable de la asfixia del proyecto de viviendas, dado su encono sindical con la política económica y social del Gobierno González. En palabras de Sotos, Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno, había aplicado una tortura «lenta y despiadada» a PSV para acabar con Redondo, convocante conjunto con CC.OO. de las huelgas generales que tenían en jaque político al Gobierno socialista.

Cansado de cárcel, Sotos amenazaba con desvelar la trama de las compras de empresas ruinosas de UGT con recursos de IGS y culpaba una y otra vez al Ayuntamiento de Madrid de muchos de los problemas sufridos en la PSV, apelando a la responsabilidad civil de la Administración local por su desastrosa gestión del Plan 18.000. Barrabés, con el miedo de volver a la celda en el cuerpo, en un careo con Redondo dejaba claro ante el juez que el secretario general de UGT conocía ya en 1988 el ingreso de 80.000 pesetas por cooperativista que iban a parar a las arcas del sindicato. Redondo, sosteniendo a duras penas la mirada de Barrabés, admitía haber recibido solo «información genérica».

En 2000, las conclusiones del ministerio público indicaban que los acusados, sin excepción, habían gestionado «de manera defraudatoria» la cooperativa PSV y habían utilizado sus fondos para fines distintos a los estipulados, con lo que distrajeron 18.587 millones de pesetas de la empresa.

El 31 de julio de 2001, caducaba el plazo de la deuda que UGT mantenía con el ICO, una deuda viva que ascendía a 22.265 millones de pesetas. El sindicato, que no se negaba a la devolución de lo comprometido, daba largas hasta la resolución del litigio que mantenía con el Estado para recuperar el patrimonio incautado en la Guerra Civil y que fue valorado por el Ministerio de Trabajo, en 1996, en 3.800 millones.

La Audiencia Nacional condenó a Carlos Sotos a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de apropiación indebida sin enriquecimiento. El Tribunal estableció, además, una indemnización de 13.000 millones que, teóricamente, debería ser abonada por Sotos. Su incapacidad financiera para hacer frente a la deuda dejaba el pago en manos de UGT, responsable civil subsidiaria, condenada a abonar 9.940 millones a los cooperativistas de PSV y 3.069 millones a los de IGS. El fallo absolvió a los otros responsables del sindicato y de la promotora de viviendas.

En 2003, el Tribunal Supremo confirmó la decisión de la Audiencia Nacional en cuanto a la condena de Sotos y la absolución de los demás inculpados, y eximió a UGT del pago de las indemnizaciones a los afectados, en contra del criterio de la Audiencia, al considerar que PSV e IGS, al presentar suspensión de pagos, fueron intervenidas por organismos oficiales «arbitrándose unos mecanismos para dar salida a la situación de crisis, cuyos beneficiosos efectos recayeron en los cooperativistas, que vieron, de este modo, sensiblemente minorados los daños esperados». Efectivamente, algunos cooperativistas recuperaron parte de sus aportaciones y otros consiguieron sus viviendas, pagando un 7 por ciento adicional.

Finalmente, en febrero de 2011, el Tribunal Supremo condenaba a la auditora Ernst & Young a pagar a casi 1.000 afectados los sobrecostes que tuvieron que abonar para continuar la construcción de sus viviendas con otras cooperativas. Los magistrados se apoyaron en la tesis de que los deficientes informes de auditoría realizados impidieron a los cooperativistas reaccionar ante tan mala administración, es decir, se establece nexo de causalidad entre la negligencia de los auditores y el daño sufrido por los cooperativistas. La indemnización se abonaría de forma solidaria entre Ernst & Young, el auditor que realizó los informes, José María Fernández Rodríguez, y la aseguradora Allianz.

A raíz del caso PSV, la Ley Estatal de Cooperativas de Viviendas recoge la obligatoriedad de que las aportaciones de los asociados se blinden por una compañía de seguros o se respalden con un aval de una entidad bancaria o caja de ahorros. Las legislaciones autonómicas caminan en el mismo sentido. Aunque parezca mentira, hasta entonces la indefensión de los cooperativistas era un hecho y, aún así, no parece muy de fiar, a día de hoy, el seguimiento que de lo establecido en la Ley realiza la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda.

LOS SELLOS DE LA IRA

Al menos 400.000 ciudadanos españoles tienen sobradas razones para exigir que la Justicia neutralice a José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, tantos como perjudicados en la descomunal estafa conocida como Forum Filatélico. Pero no será fácil atrapar a uno de los hombres más escurridizos e inteligentes que haya dado este delito de guante blanco que es el lavado de capitales. La verdad es que, para ser el causante de tanta ruina y uno de los hombres más buscados por la policía española, a los ciudadanos de a pie no nos dice nada su nombre.

Pero vamos por partes. Tanto Afinsa como Forum Filatélico son sociedades especializadas en la inversión en sellos. Ambas fueron intervenidas judicialmente en mayo de 2006, acusadas de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal. Prometían rentabilidades fijas, independientes de la evolución del mercado, y superiores a las de las inversiones tradicionales, amparándose en la supuesta revalorización de los sellos en que decían invertir el dinero de sus clientes. Amén del exiguo conocimiento de la materia, a bote pronto llama la atención la evidente contradicción que subyace en el planteamiento del negocio, siendo un axioma incuestionable que la revalorización de un bien tangible es directamente proporcional a su escasez. En este caso los sellos se compraban por millones, lo que no arredró a los miles de inversores que confiaron sus ahorros a esta y a empresas similares.

Afinsa fue fundada en 1980 por Albertino Figueiredo, un portugués residente en Madrid. Tras la intervención, la Policía lo arrestó junto a otros tres responsables de la empresa, entre ellos su presidente, Juan Antonio Cano, y sus sedes quedaron cerradas por orden judicial.

Las dos compañías fueron acusadas de operar según un esquema piramidal, usando el dinero de los nuevos inversores para pagar intereses a los antiguos, sobrevalorando sus activos filatélicos. En el caso de Afinsa, se vieron afectados 150.000 clientes, 2.600 empleados perdieron su puesto de trabajo y más de 100 oficinas se cerraron de la noche a la mañana.

Forum Filatélico operó durante 27 años generando un déficit patrimonial de 2.800 millones de euros, del cual los principales beneficiarios fueron los socios más antiguos, que obtuvieron una rentabilidad que se pagaba con las aportaciones de los nuevos participantes, en lo que constituye una pirámide de Ponzi clásica. Estos últimos fueron los principales perjudicados.

En el colmo de la incoherencia, durante esos veintisiete años de andadura, Forum recibió innumerables premios, apoyos de empresas, medios de comunicación e instituciones del Estado, facilitándoles así la generación de la confianza necesaria para alcanzar la cifra de 300.000 clientes. Entre otros galardones, cabe destacar los siguientes: Radio Intereconomía concede a FF el premio al mejor producto. La Cámara de Comercio de España en Francia distingue a Forum como empresa puntera en el sector y alaba su impecable gestión. La revista Actualidad Económica sitúa a FF entre las más grandes empresas de nuestro país. Forum ha sido galardonada con el premio Júbilo 2002; su presidente, Francisco Briones, designado por AT Kearney como uno de los mejores gestores del 2004. El ministro de Justicia, señor López Aguilar, entrega al presidente de Forum Filatélico el premio Master de Oro, y Dun&Bradstreet la califica como una de las empresas españolas más solventes. Y en el extremo contrario, la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, desaconseja en repetidas ocasiones la inversión en estas empresas, publicando incluso un estudio, en marzo de 2004, en el que demuestra la sobrevalorización de los sellos que se utilizan como excusa para la inversión.

Estas sociedades, alentadas desde entidades públicas y privadas, desarrollaban una ingente actividad comercial y de relaciones públicas, para alcanzar una imagen de solvencia y respetabilidad que conseguían a través de estos galardones, el patrocinio deportivo, la implicación de personalidades, etc.

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid fue el encargado de conocer el caso, adoptando finalmente la decisión de disolver y liquidar las sociedades de inversión filatélica Afinsa y Forum Filatélico, por presunto delito de estafa a 460.000 inversores españoles y un agujero patrimonial de 4.000 millones. El titular del Juzgado, Francisco Javier Vaquer, pospuso en un primer momento el comienzo de la recuperación por parte de los afectados de una parte de lo perdido, a través del dinero obtenido con la venta de los bienes de la firma, considerando prudente esperar al informe de valoración de los sellos encargado por la Audiencia Nacional, en el trascurso del proceso penal que se seguía contra los antiguos gestores. Entonces, ¿cuánto van a cobrar los afectados? Se calcula que un 33 por ciento de lo invertido, teniendo en cuenta la valoración de los sellos y de los activos de las entidades.

En cualquier caso, la Audiencia Nacional rechazó en 2010 declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por no regular la actividad de ambas entidades de inversión durante los más de 25 años que estuvieron operando, al considerar que estas sociedades estaban fuera del ámbito de supervisión de las autoridades financieras. ¡Menos mal!, porque, de otro modo, la Administración estaría obligada a pagar los 3.500 millones de euros que reclaman los perjudicados. La sentencia fue igualmente ratificada por el Tribunal Supremo, desestimando el recurso de casación interpuesto por los afectados.

Pero enlacemos con el principio de nuestra historia y detengámonos en el perfil de uno de los hombres más buscados de España, cuyos largos y numerosos tentáculos alcanzan unas cuantas estafas de todos conocidas. José Manuel Carlos Llorca Rodríguez debería estar sentado en el banquillo de los acusados en Málaga, por su implicación en la corrupción de Marbella. Debería responder ante la Audiencia Nacional por participar en la operación Ballena Blanca de blanqueo de capitales, así como por la estafa de Forum Filatélico. Pero ni está, ni se le espera.

Este catalán de La Seu d’Urgell, de 61 años, divorciado y con dos hijos, es el prófugo más buscado por la justicia española; a pesar de los miles de folios abiertos en investigaciones contra él, nadie se atreve a hacer siquiera una estimación del número de millones de euros que mueve él solito. Nunca ha usado la violencia, no le ha hecho falta. Funciona como un banco suizo. Recoge dinero de todo el mundo. Gente vinculada a guerrillas africanas, traficantes de armas de la antigua Yugoslavia, mafiosos rusos, traficantes de droga italianos. Todos le confían su dinero para que lo invierta y lo haga circular en el mercado legal. Un abogado que le ha tratado durante su refugio en Isla Margarita (Venezuela) le define como «un tipo pausado, no bebe alcohol ni consume drogas. Eso sí, tiene un sentido del humor muy peculiar. Una de las sociedades con las que mueve el dinero negro de la delincuencia lleva por nombre Garzon Investment».

Este banco suizo con piernas posee seis pasaportes y varias caras, y ha pasado en más de una ocasión por las manos de un cirujano plástico. En mayo de 2008 la Interpol dio con su escondite venezolano, una inmensa mansión en la urbanización Juan Griego, con varias alturas e inmensos jardines, pero alertado por agentes comprados del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminales de la República Bolivariana, y previo desembolso de dos millones de dó lares, consiguió escapar de nuevo. Siempre se acompaña de bellas mujeres y parece que nunca le faltará un mariachi que le cante aquello de Pero sigo siendo el rey...

Si los pequeños inversores de los sellos hubieran sabido adónde iban a parar sus ahorros...

LINO EN LUGAR DE CEBOLLINOS

El lino, esa planta herbácea cuyo tallo se utiliza para confeccionar tela y su semilla para fabricar harina o aceite, dejó de cultivarse en España en el año 1965. De repente, en la campaña agrícola 1993-1994, un buen número de agricultores de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura decide sustituir sus tradicionales cultivos de cereales por lino. ¿Y a qué responde el cambio?

El cultivo más rentable

Fácil. La Unión Europea subvencionaba con alrededor de 120.000 pesetas cada hectárea de linar, a diferencia de las 60.000 con las que se financiaban otros cultivos. Así que, los campos de media España, de la noche a la mañana, se convirtieron durante las primaveras tempranas en inmensas lagunas de un precioso y relajante color malva azulado, como si de un espejismo del desierto se tratara. A partir de ahí, el crecimiento fue espectacular, pasándose de las 186 hectáreas en la campaña 1993-1994, a las 91.400 hectáreas en la del bienio 1998-1999. Hablamos de un incremento del 1.261 por ciento, un repunte sin paralelismo en ningún otro país de la Unión Europea que tampoco estaba asociado a una mayor demanda del mercado. Son los años del Gobierno del Partido Popular, de Loyola de Palacio como ministra de Agricultura y de Nicolás López de Coca como máximo responsable del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

El 20 de abril de 1999, la cadena SER difunde una información que señala al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, fallecido en 2003, como receptor de una ayuda de 50 millones de pesetas procedentes de la Unión Europea por cultivar lino. Encendida ya la mecha, no tarda en estallar la dinamita y, por afinidad, los diarios El País y El Mundo se hacen eco de la noticia que apunta a familiares directos de Nicolás López Coca, como perceptores de subvenciones comunitarias. En este caso, la familia poseía, para que no faltara de na, su propia industria de transformación, COLISUR 2000, en la localidad de Picón (Ciudad Real). Pocos días más tarde, los medios de comunicación denunciaban que los consanguíneos de Quintiliano Pérez Bonilla, director general de Ganadería del Ministerio de Agricultura, también estaban recibiendo un buen pellizco por cultivar lino. Algunas semanas después, suma y sigue: Gonzalo Ruiz Paz, director financiero de MERCASA, también figura en la cola de los subvencionados e igualmente detenta el negocio completo, con industria de transformación incluida, COLINO, S.L., ubicada, para despistar, en Almoguera (Guadalajara).

Una vez destapada la tapadera, comienzan los ceses y dimisiones, aunque algunos, como Pérez Bonilla, logran sobrevivir hasta el 2001.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por José Bono, se pone las pilas y remite una carta a la ministra del ramo, anunciándole rigurosos controles e inspecciones adicionales en todo lo referente a las ayudas al lino, responsabilidad delegada por Europa en las comunidades autónomas, así como la suspensión cautelar de los pagos hasta que la investigación concluya. Entre tanto, la Unión Europea, que ya estaba en la pista de los cazaprimas del lino, anuncia al Gobierno español inspecciones especiales, que se llevarían a cabo a lo largo de todo el proceso, desde los cultivos hasta la industrialización.

«... Il a toutefois constaté l’existence de pratiques de “chasse à la prime” largement répandues. Il s’ensuit que les autorités espagnoles doivent prêter une attention particulière...». Este extracto de la carta que la Comisión Europea dirige al Ministerio de Agricultura español, el 21 de enero de 1999, da idea de la posición comunitaria, que va más allá de la sospecha.

A partir de ahí, sorprendentemente o sin sorpresa alguna, proliferan los incendios en las empresas transformadoras de lino. Dos de estos incendios se declaran casualmente en las ya conocidas COLINO y COLISUR. ¿Y qué hace el Gobierno? Pues huir hacia delante, erigiéndose en mártir de una campaña de desprestigio orquestada desde el PSOE por el presidente castellano-manchego, José Bono, teniendo en cuenta que la señora Palacio había dejado de ser ministra para encabezar las listas electorales populares al Parlamento Europeo. Pero esta sobreactuación victimista daba que pensar a la opinión pública, por lo que el Partido Popular se ve forzado a aceptar la creación de una Comisión de Investigación en el seno del Congreso de los Diputados, propiciada por PSOE e IU.

Entre tanto, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ya ha tomado cartas en el asunto e insta a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción (de nuevo, renuncio a las siglas) a que ponga en marcha las diligencias de investigación nº 14/99, por presuntas irregularidades en la aplicación en España del régimen agrario de ayudas.

Este parece buen momento para aclarar, a propósito de las comisiones parlamentarias de investigación, que no son un juicio, aunque se parecen mucho en algunos extremos. La principal diferencia radica en que solo pueden dilucidar responsabilidades políticas y no penales, pero sus conclusiones tienen una enorme importancia. De ahí lo mucho que proliferan.

La comisión de nunca acabar

Seguimos. Amparo Rubiales, diputada del PSOE y portavoz de la comisión, se desesperaba ante los parámetros en los que se desarrollaban los trabajos. Primero, las fechas. Por esperar a la celebración de las elecciones europeas, se echó encima el mes de julio y parte del de agosto, época vacacional entre periodos de sesiones, así que no quedaba más remedio que correr. El calendario preveía 36 comparecencias en 6 días, o sea, la carrera se convirtió en una auténtica maratón. Baterías de preguntas que se repetían a los comparecientes desordenadamente, sin tiempo para reconducir los interrogatorios, enredados en discusiones bizantinas que, tras 14 horas de media por sesión, no llevaban a ninguna conclusión coherente. Total: una pérdida de tiempo. Se fijó el 17 de agosto como fecha de cierre de la comisión, pero, por mecánica parlamentaria, tenía que ser el Gobierno el que declarara ese día como hábil a efectos parlamentarios. Esto supone un hecho poco usual, porque en otras ocasiones también ha sido necesario habilitar días de agosto, pero nunca había recaído en el Ejecutivo la responsabilidad de hacerlo. Para remate, la documentación solicitada por la comisión al Ministerio de Agricultura sobre patrimonio y actividades de sus altos cargos, con fecha 24 de junio, recibe contestación cuando ya habían declarado los convocados y, mediante un telegrama a los domicilios particulares de los comisionados, se les hace saber que los documentos requeridos, por su carácter confidencial, se encuentran a disposición de Sus Señorías en un departamento del Congreso donde han sido depositados, pero, como es sábado, está cerrado por vacaciones.

Todo parecía una gran burla, que se completaba con algunos datos recogidos en los informes de la comisión. Por ejemplo: los cultivos del señor Moro, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, suponían la misma extensión que todo el lino que se cultivaba en la Comunidad Autónoma de Navarra. La cifra se multiplica por cinco si nos referimos a las tierras del señor López de Coca, presidente de FEGA. Y todo esto en su condición de «agricultores a tiempo parcial» para eludir el preceptivo sometimiento a la Ley de Incompatibilidades para los altos cargos.

Y, por último, la pregunta del millón. ¿Dónde estaba el lino cultivado en las 100.000 hectáreas que en España se dedicaban a este producto? A todo lo más que hemos llegado ha sido a comprobar que una pequeña parte se orientaba hacia las industrias papelera y auxiliar del automóvil. Hablamos de más/menos un 10 por ciento... ¿y dónde estaba el 90 por ciento restante? Es inconcebible que una industria transforme algo y después lo haga desaparecer, pero lo que es un hecho verificable es que la manufactura textil española importaba, a finales de los años noventa, del orden de 14.000 toneladas anuales de lino.

Los trabajos de la comisión se dieron por terminados con la encendida protesta de los grupos de la oposición, salvo CiU, que en este caso se colocaba bajo el sol del PP, entonces el que más calentaba. Se aprobó un dictamen exculpatorio para la ministra Loyola de Palacio y sus exaltos cargos, sin que realmente quedara demostrada ninguna irregularidad en el cobro de las subvenciones del lino.

En diciembre de 2001, la Fiscalía Especial emitió un informe señalando «la existencia de fraude generalizado en la aplicación en España del régimen de ayudas comunitarias en el sector del lino textil», que remitió a su vez al director general de la OLAF. Los populares se rasgaban las vestiduras y acusaban de arbitraria a la Fiscalía, pero la señora Palacio, desmarcándose de su partido, decidió presentar una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción. Por turno de reparto, le correspondió el premio al juez Baltasar Garzón. La instrucción, que comenzó con 25 imputados, aumentó a 37 para acabar en 62. Finalmente, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió a los 18 encausados residuales, tras seis años de investigación. En 2008, el Tribunal Supremo confirmó la absolución de todos ellos de los delitos de falsedad continuada en documento mercantil, estafa y obtención indebida de fondos comunitarios. Mientras tanto, Europa reclamó al Gobierno español la devolución de 21.000 millones de pesetas, entregados en concepto de subvenciones entre 1996 y 1999.

Hasta aquí este nuevo capítulo de la picaresca española, que no se para ni siquiera ante las barras de la mismísima Europa. La superficie de lino que actualmente se cultiva en España se ha reducido más del 99 por ciento, pasando de las 100.000 hectáreas de 1999 a 902 en 2000. En un solo año se perdió por completo el interés por el lino y nuestros campos de Castilla volvieron a teñirse del color de los secarrales. Pero seguimos debiendo a Europa 116,4 millones de euros. La deuda en litigio está pendiente de sentencia por parte del Tribunal Europeo de Luxemburgo, que tiene que resolver un recurso del Gobierno español contra la decisión comunitaria, alegando la inexistencia de fraude generalizado.

No sé si la solución definitiva verá la luz antes que este libro. De ser así, me comprometo a incluirlo en las adendas, o tal vez, al ritmo tortuguero que caracteriza a las justicias nacional y europea, ni ustedes ni yo vivamos lo suficiente para conocer el desenlace de la historia...

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RECALIFICACIONES Y LICENCIAS

Avanzamos hacia el final de este repaso, que, aunque parece exhaustivo, solo supone una selección según muestreo de este indeseable fenómeno que es la corrupción. Si bien nunca ha desaparecido de la escena política y social de España, en los últimos tiempos parece haber tomado algún tipo de complejo vitamínico que la ha impulsado con más virulencia. El grupo que cierra con broche de oro esta antología, y que ha sido sometido a importantes filtros de selección, debido a la oferta disponible, es el que representa a la corrupción urbanística, que se ha ganado, por méritos propios, el título de atracción estrella del parque temático de la Spanish Corruption.

El proceso de descentralización en España buscaba una mayor eficacia en la prestación de servicios, a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos. Como los ayuntamientos tienen una ingente cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos, se ideó una fórmula «imaginativa» de obtención de ingresos a través de los impuestos indirectos. Se trataba de utilizar la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no. La diferencia de precio entre un suelo y otro puede ser de hasta veinte veces, así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en las recalificaciones. Los promotores y constructores pagan a los consistorios cuantiosas sumas por obtener la calificación de «suelo urbanizable». Por descontado, esas abultadas sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto encubierto, que se suma al ya de por sí elevado precio de la vivienda. Pero, al igual que el Ayuntamiento recibe importantes fondos por esa vía para pagar los servicios municipales que presta, también la clase política que maneja las corporaciones locales es susceptible de caer en la tentación de desviar parte de esos ingresos hacia su saca personal.

Son tantas las muestras de irregularidades municipales que, en algunas fuentes consultadas, se presentan por orden alfabético (como un catálogo) a partir del nombre del municipio y, en otras, agrupadas por comunidades autónomas, en un intento de facilitar su localización y consulta. No hay circunscripción regional que se salve, ni siquiera una provincia que no aparezca en la relación, pero tal vez Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid componen el podio de los vencedores. De ahí la razón de la elección de un caso por cada una de ellas, para ilustrar este ranking de la putrefacción, con el sello de denominación de origen de la especulación inmobiliaria y el incumplimiento de las normativas urbanísticas y medioambientales.

UN VERTEDERO CON GLAMOUR

De pequeño, Ángel Fenoll recogía la basura en el carromato de su padre. Ahora es el dueño de un imperio. Durante años, este empresario de Orihuela ha ido grabando todas las conversaciones comprometidas y comprometedoras que mantenía con sus mentores políticos. En 2006, en pleno auge de la corrupción inmobiliaria, empezó a sacarlas poco a poco, con cuentagotas, dejando al descubierto que la corrupción es una práctica extendida en el ámbito municipal en el que, una y otra vez, se repiten, aunque con distintos nombres, los mismos patrones: el político que se vende a cambio de maletines, el especulador que paga a precio de oro la recalificación de sus terrenos, el constructor que soborna a quien aumente el volumen de la edificación, el funcionario que avala con su firma todos esos comportamientos fraudulentos... Al sentirse abandonado por los dirigentes del PP, para quien en el pasado compró votos y hasta falsificó facturas, Fenoll responde lanzando con mucha precisión todos los testimonios que ha ido grabando durante años.

Fenoll no es de los que se esconden. Hay quienes, una vez alcanzado cierto poderío económico o social, corren a borrar un pasado que les estorba. Él, en cambio, se enorgullece de su estirpe gitana, de tener una especie de zoo con más de 200 animales salvajes en su planta de vertidos y de llevar toda la vida en el negocio de la basura sin haber conseguido decir la palabra «residuo», sin comerse la u.

Mientras almuerza en un establecimiento público, Fenoll le cuenta a un periodista de El País, con todo lujo de detalles, una conversación con uno de los políticos más influyentes de Alicante, Luis Fernando Cartagena, antiguo alcalde de Orihuela y exconsejero de Obras Públicas. Los hechos se remontan a una noche varios años atrás, e ilustran bien el grado de amistad que llegó a alcanzar con Cartagena. «Me llamó y me dijo: “Piensa en mis hijos, Ángel, tienes que hacerme un gran favor”».

El relato no tiene desperdicio. «Siendo Cartagena alcalde, recibió un sobre con 48.000 euros. Se lo había enviado la hermana Bernardina, responsable del asilo municipal. Ella lo había recaudado entre los ancianos acogidos para que fuese destinado a obras sociales. Pero Cartagena no registró la entrada del donativo en el ayuntamiento. Escondió el sobre en un piano y se fue gastando el dinero. Pasado el tiempo, cuando se enteró de que la Justicia estaba buscando aquel sobre, me llamó y me pidió que le consiguiera facturas falsas. Quería hacer como que el dinero se lo había gastado en mejorar las casas de los gitanos. No debí prestarme a aquello. En mala hora. El juicio se celebró hace ahora cuatro años. A mí me condenaron a un año de prisión, y a él, a cuatro. Yo no tengo que entrar en la cárcel porque mi pena es inferior a los dos años, pero él sí». El empresario añade: «Tengo más grabaciones. Ojalá no las tenga que utilizar. Eso querrá decir que mis negocios no corren peligro».

Durante dos décadas, Fenoll y Cartagena se repartieron los papeles a la perfección, uno adjudicando al otro el contrato de basuras de toda la costa y el empresario, en agradecimiento, haciendo todo tipo de favores que le pedían los ediles. Colocó en sus empresas a familiares de altos cargos, metió dinero en una emisora local afín al PP y, en una ocasión, llenó dos autobuses de fieles para que en la asamblea local del partido ganara quien la dirección quería. Falsificó facturas, compró votos... hasta que un día llamó a su puerta Pepe, El Polaco.

El Polaco, alcalde pedáneo de la zona de Orihuela, se hacía acompañar de un agente inmobiliario. Cuenta Fenoll: «Me dijeron que la inmobiliaria Armilar estaba comprando con dinero de La Caixa una gran finca de mandarinos propiedad de un belga para construir un campo de golf y 3.000 viviendas. Quería que yo les vendiera una tierra más que les hacía falta para completar el proyecto. Me alarmé, porque esa finca está a 1.527 metros lineales de mi vertedero. Me ofrecieron 20.000 euros por cada tahúlla (1.185 metros cuadrados) y, por supuesto que no se las vendí. Pero el problema no es ese. El problema es que si me ponen un campo de golf y 3.000 chalés ahí enfrente, lo siguiente es cerrarme el vertedero. El alcalde dice que el terreno no es urbanizable, pero yo sé que miente. ¿Qué banco se gasta una fortuna en un campo de mandarinos sin la seguridad de que se lo van a recalificar? Espero que no quieran jugar conmigo».

Ángel Fenoll se despide en la puerta de la sede de la empresa, una casa de madera levantada en lo alto de una colina. Ya es de noche y a lo lejos se divisa la costa saturada de luces. Dentro, su gerente sigue indagando a través de Internet las propiedades de quienes un día compartieron negocios y hoy son enemigos declarados. Fenoll dice, sin perder la sonrisa, que él también dispone de muchas grabaciones dispuestas a ser enviadas «adonde más daño hagan».

La Policía asegura que las familias de la corrupción están dejando de caminar juntas. Los pelotazos urbanísticos ya no sirven solo para hacerse rico fácil y rápidamente. También son un buen sistema para destruir al enemigo político. Se ha roto el equilibrio. Empieza el fuego cruzado.

En 2006, Ángel Fenoll revela la grabación de una conversación con un concejal del municipio en la que se menciona un intento de soborno al alcalde, José Manuel Medina, y a otros regidores de Orihuela por parte de la empresa Urbaser, en relación a la adjudicación del contrato de los servicios de recogida de basuras en la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura. La empresa de Fenoll era una de las cinco candidatas para gestionar la basura del municipio y este grabó con cámara oculta cintas en sus reuniones con empresarios y responsables políticos alicantinos. Esas cintas dieron pie a las primeras pesquisas. Se investigaron delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias y, nada más empezar la instrucción, se materializaron seis detenciones, tres de las cuales terminaron en condenas de cárcel.

Brugal es el acrónimo de Basuras Rurales Gestión Alicante que, al igual que otros nombres de operaciones policiales en España, guarda relación con los hechos sobre los que se indaga.

En mayo de 2007, la Policía Nacional detuvo, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a Ángel Fenoll, a su hijo Antonio Ángel Fenoll, a su hermano Ramón Fenoll, al edil de Centro Liberal Jesús Fernández, al concejal de Turismo del PP de Albatera, Javier Bru, y a un detective. Tras su detención, Ángel Fenoll, su hijo y Javier Bru permanecieron un mes en la cárcel, por delitos de extorsión con grabaciones y cohecho, de donde salieron previo pago de 260.000 euros de fianza. En declaraciones a la prensa, Fenoll advirtió de que sus relaciones con los responsables del Ayuntamiento de Orihuela se remontaban a muchos años antes y amenazó con tirar de la manta. A modo de ejemplo, citó a nuestro ya conocido Luis Fernando Cartagena, alcalde de Orihuela entre 1987 y 1997. Cartagena, que fue condenado a cuatro años, ingresó, en julio de 2008, en el Centro Penitenciario Alicante II.

En 2010 se realizaron otras once detenciones conectadas con el caso. El arrestado de mayor calado fue José Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante y titular de la Diputación Provincial. El resto de los imputados eran tres ediles del PP de Orihuela y siete empresarios.

Paralelamente, en una de las escuchas telefónicas, se descubre que Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules CF, presuntamente soborna, con 300.000 euros, al Córdoba CF para dejarse ganar en el último partido de segunda división de la temporada 2009-2010, en la que el equipo alicantino se jugaba el ascenso a primera división. Finalmente, el Córdoba perdió por cuatro a cero y el Hércules ascendió a la máxima categoría. Otras grabaciones demuestran que el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso, buscó igualmente la intermediación del político alicantino José María Pajín, padre de la que fuera ministra de Sanidad, para conseguir la firma del director general de Carreteras de Fomento, necesaria para la aprobación del plan Rabassa de Alicante. En otra conversación grabada entre empresarios, preguntado Ortiz por la marcha de los trámites, señala que ha quedado con Chema Pajín para que «hiciera las gestiones».

Además, el fiscal anticorrupción Felipe Briones acusó a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, en octubre de 2010, de estar implicada en la trama del Brugal a través de la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, junto con su antecesor en el cargo, el popular Luis Díaz Alperi. Les imputó delito de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, señalando además que fueron retribuidos con regalos; por ejemplo, un viaje en yate a las Islas Baleares.

A día de hoy, el caso Brugal sigue siendo una maraña de tramas y subtramas en la que cada vez hay más implicados y más situaciones dignas de la España más profunda y caciquil. Atendamos a la siguiente conversación.

Rafael Gregori, amigo íntimo de José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación y del PP de Alicante, desempeñó un papel destacado en una oscura operación en la que, según conclusiones de la Policía, participó el empresario Enrique Ortiz, al hacerse cargo del pago de parte de unos pisos con que se compensaría al presidente del PP alicantino por haber decantado la balanza a favor del promotor. Gregori y Ripoll hablan sobre la contraprestación:

Gregori: Oye, vamos a ver, me hace falta que me digas las letras de los pisos de queréis.

Ripoll: Espérate que te lo mire y te lo digo.

G: Míralo y me lo dices.

R: Espérate, que lo tengo aquí al lado.

G: Porque había varios quintos, ¿no?

R: Sí. Yo creo que eran, a ver...

G: Eran dos que eran de distinto ascensor, creo, ¿no?

R: Sí, eran dos de distinto acceso, que eran el D y el E.

G: El D y el E ¿no?

R: El D y el E ¿si?

G: Vale. El cinco D y el cinco E.

R: Cinco D y cinco E. D de dedo y E de España.

G: Muy bien. Venga, pues te los dejo guardados.

«D de dedo y E de España»... Ambas viviendas se valoraron entre 800.000 y un millón de euros. Ripoll fue imputado por los presuntos delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. El juez imputó a Ortiz por fraude y cohecho; a Rafael Gregori, por fraude, cohecho y tráfico de influencias, y a Ángel Fenoll, por cohecho, tráfico de influencias, fraude y delito fiscal.

Sobran los comentarios sobre esta trama cuyo nombre de pila es Corrupción y de apellido Basura. ¡Como anillo al dedo!

DEMASIADA MARCHA PARA UN GUATEQUE

El 14 de noviembre de 2007, agentes de la Guardia Civil acompañados de la Policía Municipal, procedían al registro de las sedes de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, así como de las Juntas de Distrito de Centro, San Blas y Chamberí. Dieciséis funcionarios, a todas luces talluditos, fueron detenidos por participar, supuestamente, en una trama de corrupción para la concesión de licencias. Su pertenencia a la quinta de los «guateques» fue la clave para que la Guardia Civil procediera a tan gráfico bautizo de la operación. Sustancialmente, el negocio consistía en una red que cobraba alrededor de 20.000 euros por gestión y agilización de los trámites para proceder a la apertura de un establecimiento, cuyo tiempo de espera pasaba de dos años a cinco días. Entre los detenidos figuraban Victoriano Ceballos, jefe de la división de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental. Además de los cabecillas, se decretó el ingreso en prisión de dos empresarios: Santiago Morales y Antonio Sanz Escribano. La empresa del primero era la que, supuestamente, se encargaba de falsificar los documentos de solicitud de licencias.

Pero lo peor no es que se untara a funcionarios para acelerar licencias, que tiene delito, lo más grave es que, según el contenido de un informe policial en el que se especifica el número de faltas que acumularon 45 locales relacionados con la trama entre 2005 y 2007, es más que posible que solo el 20 por ciento de estas multas fueran pagadas. Los datos son, cuando menos, desconcertantes. En el periodo citado, se acumularon 1.272 sanciones, cuyo importe alcanza los 3.822.360 euros, alrededor de 3.005 euros de media, la mayor parte de ellas todavía sin pagar, debido a fallos burocráticos en el Consistorio. Casi todas estas denuncias se producen por incumplimiento de horarios, superación de aforo o exceso de ruido; pero también las hay más graves, como la ausencia de permisos para realizar obras o el incumplimiento de la normativa de seguridad. Sorprende, sin embargo, que algunos de estos locales acumularan tal número de faltas sin que se procediera a su clausura, una medida cautelar que contempla sin fisuras la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Según explicaba durante la instrucción uno de los técnicos del Ayuntamiento, aproximadamente solo el 20 por ciento de esas multas se acaban abonando. De ser así, se me ocurre que el consistorio madrileño es acreedor de, pongamos 3.057.888 euros. Eso como mínimo, ya que el informe policial solo incluye 45 de los más de 200 locales y negocios que incurren en la causa. En un rápido vistazo a la lista, se localizan desde viviendas y locales para intercambios de pareja, pasando por clubs de alterne, bares de copas, discotecas y restaurantes.

Poco tiempo después de que el titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, encargado del caso, Santiago Torres, iniciara la tramitación, solicitó a la empresa Tragsa un informe pericial sobre los negocios investigados. Los datos eran muy reveladores: de los 47 locales inspeccionados, solo uno cumplía la ley; y en 13 de ellos había fallos de protección contra incendios, uno de los motivos más importantes para la imposición de multas o de cierre cautelar. Otros 16 realizaron obras en su interior sin la preceptiva licencia, entre ellos el piso del viceconsejero de Transportes de la Comunidad, Luis Armada. De todos los locales de los que dio cuenta la policía, destaca por su reiteración, la sala Dink, que acaparaba 234 multas. Explicación: el propietario del local es un hijo de Joaquín Fernández, antiguo jefe de Evaluación Ambiental de la Corporación madrileña. Al hilo de lo expuesto, sorprende la lentitud burocrática del Consistorio para instruir expedientes sancionadores, en contraste manifiesto con la celeridad con la que se cobran las multas de tráfico. Sobre todo, porque, según declaraciones ante el juez del propio Ceballos, durante siete años un solo funcionario se haya tenido que encargar de los informes de más de 3.000 expedientes. ¡Para que luego digan que los empleados públicos no se distinguen precisamente por su dedicación al trabajo!

Posteriormente, el 27 de diciembre de 2007, eran registradas seis sedes municipales y se producía la detención de otras diez personas vinculadas a la trama. Esta vez el premio especial de celda gratuita en prisión a determinar fue para Manuel Sánchez Romanillos, de la Junta de Chamartín; Miguel Ángel García Jodar, técnico de Medio Ambiente de la misma; Alfonso Clemente García, de la Junta de Carabanchel, y Fernando Ruiz Torrejón, técnico de Urbanismo. Además, el juez Torres decretó prisión provisional para los empresarios Julián Rubén López y Eduardo Agustinos, quienes se encontraban huidos de la Justicia desde el mes anterior. En enero de 2008, dos meses y medio después, el magistrado decretaba libertad bajo fianza de entre 60.000 y 100.000 euros para los diez imputados que aún permanecían en la cárcel, incluido Victoriano Ceballos.

Además, aderezan la ensalada un arrepentido que se cansó de pagar, grabaciones policiales, agendas incautadas con anotaciones detalladas de cobros, 187 expedientes urbanísticos bajo sospecha y la pareja formada por el exconsejero de Deportes de Madrid, Alberto López-Viejo, y su esposa, Teresa Gabarra, unidos por el sacramento del matrimonio y por la travesía del desierto que suponen los tribunales, tras la implicación de ambos en la trama, como propietaria ella de varios locales, entre otros el restaurante La hacienda argentina. Este madrileño, siempre en el punto de mira de la polémica, ya dio muestras sobradas de su modus operandi con los trabajadores de Sintel acampados en el paseo de la Castellana, a los que desalojó sin contemplaciones, o, en 2002, con ocasión de la despedida de solteros de Ana Aznar Botella y Alejandro Agag, cuando varios operarios tuvieron que limpiar, rodilla en tierra, la acera por la que pasarían los invitados. Después les salpicaría la trama Gürtel, pero solo un año antes López-Viejo y su esposa adquirieron, en una lujosa zona del barrio de Arturo Soria, un chalet de 400 metros cuadrados. A la vivienda no le faltaba detalle: cuatro plantas, seis amplias habitaciones, cuatro cuartos de baño, dos salones, patio interior, piscina, amplio garaje y, por supuesto, ascensor para comunicar toda la casa. El palacio se esfumó, pero no por arte de magia, sino para avalar la fianza económica de 800.000 euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero lo que es más llamativo es la forma en la que se realizó el pago de tan fastuosa mansión: un cheque de Bankinter por 1.200.000 euros. El medio millón restante fue cancelado por López-Viejo de manera automática y en metálico. Dos millones resultó el precio final de la operación, incluyendo impuestos. Les aconsejo que no hagan la cuenta del número de años que hay que trabajar para ganar todo ese dinero, porque se deprimirán. Yo ya lo he hecho, y he llegado a la conclusión de que necesitaría más de una vida...

Al aflorar la trama, el alcalde de Madrid se limitó a destituir a los funcionarios de alto y medio rango implicados y a aplicar una suspensión de seis meses de empleo y sueldo a los restantes. Tras la composición de la comisión de investigación de turno, anunciada a bombo y platillo, Ruiz Gallardón propició su disolución antes incluso de que comenzara a investigar. El regidor negó y ha negado siempre que su equipo conociera o tolerase la existencia de una red integrada por los 27 funcionarios imputados, y que cobraban 20.000 euros por cerrar los ojos ante proyectos infractores de las normas municipales o por pisar el acelerador de la burocracia. El PSOE sostenía entonces que el número de licencias paralizadas por el colapso había pasado de 13.000 a 21.000. Lejos de sufrir un solo rasguño, Gallardón utilizó inteligentemente el escándalo como justificante para aprobar, en pocas semanas, una nueva ordenanza de licencias que, según el Colegio de Arquitectos de Madrid, privatiza la tramitación e institucionaliza el guateque.

Entre los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, cuya vida laboral discurre con más frecuencia de la que fuera deseable por las alcantarillas del chanchullo y las cloacas del sobre bajo cuerda y la comisión ilegal, corre un chiste que refleja a la perfección la esencia del negocio. Dice así: Un alcalde quiere pintar la fachada de su Ayuntamiento y pide presupuestos. Se presenta un marroquí y le pide un millón por el trabajo. Luego llega un colombiano que lo tasa en dos millones, alegando que su pintura es de mejor calidad. Cuando ya está dispuesto a darle el trabajo al marroquí, se presenta un español y le pide tres millones. Alarmado por el precio, el alcalde le pregunta el porqué. El español responde: «Muy fácil. Un millón para que pinte el marroquí. Otro para ti y otro para mí».

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LA MÁS INCREÍBLE HISTORIA JAMÁS CONTADA

«Si no cobro, no hago papeles para nadie. Yo, papel que hago, papel que cobro...». La lapidaria frase es de Isabel García Marcos, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella. Se podría llegar a pensar que tal desparpajo se debe a que la citada declaración de intenciones fue pronunciada en la intimidad de una conversación telefónica con otro concejal cómplice o al menos en el ajo del mangoneo, sin sospechar que la Policía tenía pinchado el teléfono. Pero no, la afirmación se hizo con luz y taquígrafos. Cuando García Marcos salió de prisión tras depositar la fianza, lejos de pedir perdón o sentirse avergonzada, la exconcejal socialista se adjudicó la categoría de presa política y corrió a ser entrevistada, previo pago, por un programa del corazón. Idéntica actitud se observa en otros protagonistas de esta historia. Un tal Francisco Gómez, más conocido por El Paloma, se pasó por el forro de cualquier problema de conciencia la sentencia que prohibía levantar una urbanización en un pinar protegido, para poner en marcha las sierras mecánicas y emprender la tala. El Paloma no se cortó un ala, y proclamó a los cuatro vientos: «No descarto seguir con la tala de pinos cuando todo se calme». ¡Con un par...!

AL PRINCIPIO, FUE GIL

La primera gran decisión de Jesús Gil como alcalde de Marbella dibuja una significativa metáfora acerca de su paso por el poder: en la madrugada del 26 de junio de 1991, las excavadoras municipales derribaron la casa de su antecesor, el socialista Francisco Parra, porque le estorbaba para una reordenación vial. Un testigo recuerda cómo la esposa de Parra, literalmente en la calle con lo puesto, preguntaba: «¿Y ahora, qué hacemos?». Ante el gentío que se arremolinaba, y atraído por el jaleo, Gil dio muestra una vez más de sus famosísimos arranques de populismo exacerbado, y dijo: «¡Que lleven a esta mujer al mejor hotel de Marbella!». Ovación cerrada y vuelta al ruedo.

Parra llevó a Gil a los tribunales. Pero este se libró de todo pactando un precio de expropiación con el exalcalde. Fuentes bien informadas del caso señalaban: «Lo teníamos. Hubiera supuesto una condena de inhabilitación clarísima por prevaricación y derribo ilegal. Y no hubiera existido nunca el Gil alcalde». La historia seguramente habría sido otra, pero fue la que fue. Gil recibió una lección que no olvidó durante el resto de su vida: el pueblo aplaudía sus arbitrariedades histriónicas y la Justicia no conseguía echarle el guante.

En mayo de 2011, el núcleo de la política municipal marbellí de la época y un nutrido grupo de empresarios, 95 imputados en total, se sentaron en el banquillo para ser juzgados por la mayor trama de corrupción llevada nunca a juicio en España. Un saqueo de bienes públicos gestado bajo el gilismo y encabezado por su asesor urbanístico, Juan Antonio Roca. Era el caso Malaya, y no creo que exista un solo español que no haya seguido con cierto interés morboso la trama de corrupción más famosa, de la que formaba parte un elenco de personajes singulares con el denominador común del cutrerío y de su condición manifiestamente inmejorable: nuevos ricos, folklóricas, camareros, chulos de piscina, señoras de profesión poco clara, empresarios y representantes del colectivo togado, reconvertidos en ediles y concejales o en su corte de testaferros, aduladores y buscadores de oro en las minas del rey Salomón. Una historia de cohechos, tráficos de influencias y presión mediática sin precedentes, al más puro estilo del neorrealismo español. Todos saquearon el Ayuntamiento de Marbella de forma vil e impune, bajo las siglas de diferentes partidos, para dejar muy claro que la corrupción es la única religión y el dinero el único profeta de muchos personajes que carecen de los escrúpulos más elementales.

En las elecciones de 1995, Jesús Gil y Gil arrasó en Marbella. Su hijo Jesús Gil Marín, en Estepona. En 1999, su partido, el GIL, ganó de nuevo en Marbella, Estepona, Ronda, Manilva, Casares, La Línea de la Concepción, Ceuta, Melilla, etc. José Cosín, en su libro Mafia y corrupción, describe de manera gráfica, el leitmotiv de esta nueva fauna política, a partir de su desembarco en las instituciones: el expolio de los recursos públicos. Jesús Gil solía presumir de que cuando él llegó a Marbella solo había «prostitutas, mendigos y drogadictos», y su exigua oferta electoral contenía un mensaje de claridad meridiana: «Me presento para vender más pisos». Hay que reconocer que lo que es cumplir su programa, lo cumplió como pocos lo han hecho. Marbella es, probablemente, la ciudad con más inmobiliarias por metro cuadrado de Europa, frente a dos únicas librerías. Fruto de una gigantesca conurbación sin pies ni cabeza, se extiende a lo largo de 27 kilómetros de costa; 114 kilómetros cuadrados de superficie, donde no caben un edificio, una urbanización, un hotel de lujo más. Donde se superponen en estratos distintos —como en un moderno yacimiento arqueológico— los desmanes de Gil y los de las corporaciones anteriores.

Gil fue inhabilitado por prevaricación en 2002. En 2003, su sucesor Julián Muñoz volvió a arrasar. Ni siquiera la voz de alarma del Tribunal de Cuentas o las primeras impugnaciones de licencias por parte de la Junta de Andalucía consiguieron mermar sus votos. Tampoco los partidos tradicionales lograron articular un dique de contención contra el gilismo. Solo la moción de censura que desalojó a Muñoz y aupó a Marisol Yagüe a la cabeza del municipio consiguió acabar con el GIL. Fue su propia voracidad y no el Estado, ni los ciudadanos, lo que terminó con el partido, borrándolo del mapa para siempre y provocando una fuga de ediles de la que se benefició sobre todo el PP. Gil, que falleció en mayo de 2004, se libró por poco de una condena que lo habría cambiado todo. Dos años después de su muerte, en 2006, se desencadenó la Operación Malaya. Pero, ¿cómo pudo ocurrir cuanto ocurrió con el silencio cómplice del empresariado y el más legal de los avales, que son los votos de los ciudadanos? Todo el mundo daba por hecho que en Marbella la corrupción era galopante, pero la gente decía: «Roba, pero hace. Por lo menos, hace». Ahora nadie confiesa que lo votaba.

El escaso arraigo de la población residente habitual de Marbella ofrecía una ventaja añadida para que el GIL germinara, además de la compra de miles de voluntades a través de la utilización del consistorio como una agencia de colocación. Los marbellíes de pura cepa, minoría en esta caótica babel donde convive gente de 130 países, no parecían sorprendidos. Es que llevaban vistas muchas cosas, el triunfo y el ocaso de famosos con pedigrí, jeques árabes, gunillas y hohenholes. Además, Gil dominaba la televisión. ¿Quién no recuerda Las noches de tal y tal, durante el verano de 1991, con Gil fanfarroneando metido en una bañera y rodeado de bellezones? Sus astracanadas pasaban por quijotescas representaciones y la gente hablaba de él como de Cristo. Era un ídolo. En un informe elaborado por Transparency International sobre este modelo de hacer política, se calificaba todo este espectáculo como un auténtico ataque para la credibilidad democrática y para la imagen de España en el exterior. Y añadía: «El modelo gilista fue una sublimación, no una excepción. En España es norma: el corrupto gana y es adorado».

MALAYA, UN SAQUEO EN TODA REGLA

El volumen de información y la complejidad de la trama hacen del todo imposible un acercamiento analítico que agote el tema, objeto de trabajos periodísticos, documentales y hasta de una serie de televisión, sin olvidar el machacón bombardeo al que, a modo de culebrón, nos sometía cada día la televisión más rosa. Ese no es el objetivo de este trabajo, y sí lo es, por el contrario, el intento de aportar un enfoque sociológico que defina desde un prisma diferente un fenómeno como el ocurrido en Marbella, paradigma de la corrupción municipal.

Todo empezó con la operación Ballena Blanca, que desmanteló la mayor red de blanqueo de dinero del país, a través de la interceptación de unas conversaciones telefónicas que destaparon, a su vez, flagrantes prácticas de corrupción urbanística en la Costa del Sol. El Ayuntamiento de Marbella era disuelto y se constituía una comisión gestora para ocuparse de su administración, con el fin de, una vez recuperada la normalidad democrática, retirarle las competencias urbanísticas al amparo del artículo 31.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. El abogado Diego Martín Reyes, que presidió la junta gestora, todavía recuerda que se encontró con un Ayuntamiento que «tenía unos ingresos de 300.000 euros y unos gastos de 13 millones».

La primera fase de la Operación Malaya tuvo lugar el 29 de marzo de 2006 y se desarrolló en las ciudades de Marbella, Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz y Murcia, saldándose con 29 detenidos y la incautación de bienes por valor de 2.600 millones de euros. Entre los arrestados se encontraban:

Juan Antonio Roca. Asesor del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Es el cabecilla de toda la trama. A través de su testaferro, la abogada Montserrat Corulla, controlaba todo el dinero que producían los impuestos municipales y lo invertía en coches de lujo, propiedades inmobiliarias y obras de arte altamente valiosas. Imputado por malversación, blanqueo de capitales y cohecho, el juez ordenó su prisión incondicional sin fianza el 31 de marzo de 2006.

Marisol Yagüe. Alcaldesa de Marbella desde agosto de 2003, tras prosperar una moción de censura contra el anterior regidor, Julián Muñoz. El juez ordenó prisión incondicional sin fianza el 1 de abril de 2006, pero depositó un aval y recobró una libertad pendiente de  juicio.

Isabel García Marcos. Primera teniente de alcalde de Marbella, expulsada del PSOE en 2003 junto a otros dos ediles del partido por apoyar la moción que desbancó a Julián Muñoz. Su gran baza había sido siempre su supuesta incorruptibilidad. El juez ordenó prisión incondicional sin fianza el 2 de abril de 2006, aunque tras unos días salió junto a Marisol Yagüe.

José Jaén. Concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Marbella. Quedó en libertad provisional tras abonar una fianza de 30.000 euros.

Victoriano Rodríguez. Concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Marbella. El juez ordenó prisión incondicional sin fianza el 1 de abril de 2006.

Leopoldo Barrantes. Secretario del Ayuntamiento de Marbella. El juez lo dejó en libertad, con cargos.

Las incautaciones de los detenidos fueron suficientemente aireadas por los medios para que pocos ciudadanos pudieran escapar al conocimiento de este alijo que parecía sacado de una película de la saga Ocean’s Eleven. Un miró auténtico colgaba de una alcayata en la pared de un cuarto de baño, joyas y metales preciosos por todas partes, dinero en metálico hasta debajo de los colchones, decenas de alfombras, cabezas y pieles de animales a discreción, ordenadores, furgonetas, armas de fuego, cajas de seguridad, material electrónico, un helicóptero, una ganadería de toros completa, otra de caballos, etc., etc., etc.

Cuando el escándalo estalló, había nombres en el entramado de la historia muy conocidos del gran público, precisamente porque Marbella había acaparado desde siempre el papel cuché. Sin embargo, otros no decían nada fuera del municipio. Entre los tapados, Montserrat Corulla, abogada de 36 años, de éxito inédito dentro de la profesión. Conoció a Juan Antonio Roca, uno de los mejores clientes de la firma, durante su etapa en el despacho de abogados de Manuel Sánchez Zubizarrieta. A partir de 2001, la colaboración fue tan estrecha que el juez Miguel Ángel Torres no tenía la menor duda de que Corulla desempeñaba un papel trascendental en la trama ideada por Roca, auténtico cerebro de la red, y a quien ella llamaba El Jefe o Juanito Valderrama. Era su delegada en Madrid y la responsable de las mayores inversiones de Roca en la capital. Desde la empresa Maras Asesores, Roca tenía una ingente necesidad de invertir: creaba sociedades, compraba inmuebles, ganaderías, caballos, objetos de arte... cualquier cosa por disparatada que pareciera. El dinero fluía a chorros para financiar aquellas operaciones. Montserrat pasó en la empresa cinco meses, hasta que conoció todos los entresijos, viviendo en una casa cedida por Roca en Marbella House. Después, se trasladó a Madrid, donde se especializó en reconvertir palacios en hoteles de lujo.

Corulla se movía como pez en el agua en los círculos que frecuentaban los restaurantes de lujo, los que viajaban en fin de semana a destinos de ensueño o hacían safaris privados en los parques de Su dáfrica. El nivel de sus relaciones, cada vez más selecto e influyente tras cinco años de intensa actividad, la acercó hasta la misma linde de cumplir su sueño: ser rica y poseer una vivienda distinguida en una de las mejores calles de Madrid, un piso de 325 metros, con doce habitaciones, en la calle Eduardo Dato, que compró por 1.300.000 euros a un aristócrata. Montserrat pensaba encargar la reforma al afamado decorador Pascua Ortega. Pero el 29 de marzo de 2006 su vida dio el peor giro que podía esperar. A las 9,56 horas recibía en su móvil un mensaje de su secretaria: «Montse, llámame. Policía de paisano preguntando por nosotros. Valeriano, el portero, no le ha dejado entrar». Inmediatamente, desde su coche, hizo una llamada ordenando «guardar bien todo, porque yo tengo a toda la Policía Judicial detrás». En cualquier caso, el juez la envió, el 3 de abril de 2006, a la cárcel de Alhaurín de la Torre. Recibió alguna visita en prisión, sobre todo de un acaudalado empresario sesentón que planeaba casarse con ella, aunque la abogada nunca ocultó su relación con varios hombres. Era guapa y ambiciosa, pero también fría y calculadora.

Ahí acabó su fulgurante carrera y su apellido y su cara dejaron de ser anónimos, sobre todo, a raíz de la foto mostrada en televisión por Miguel Sebastián, durante su campaña como candidato a la alcaldía de Madrid, y con la que pretendió relacionar a su oponente, Alberto Ruiz Gallardón, con «imputados en el caso Malaya». Hay periodistas que ofrecen dinero por una pista de su paradero, pero Corulla parece una mujer fantasma, aunque dicen haberla visto salir de un restaurante, con chófer y escolta en un potente Mercedes. ¡Genio y figura!

Al ingresar en prisión la alcaldesa y la primera teniente de alcalde, el segundo teniente, Tomás Reñones, exjugador de fútbol, que fue capitán del Atlético de Madrid, se convirtió en el alcalde en funciones, hasta que el 7 de abril de 2006 el Consejo de Ministros disolvió el Ayuntamiento de Marbella, en una medida sin precedentes. De nuevo una comisión gestora se hacía cargo hasta las elecciones municipales de 2007.

ISABEL PANTOJA EN MARBELLA

Durante la segunda fase, Operación Malaya II, 300 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial (debía tratarse de todos los efectivos) actuaron en Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Pamplona, deteniendo a 30 personas, entre ellas, 13 antiguos concejales, constructores y promotores. Durante el operativo, Lucía Aguilera, esposa de Miguel Jiménez, uno de los exconcejales y secretaria de Jesús Gil durante más de diez años, sufrió un infarto que provocó su muerte pocas horas después. Tras el desafortunado incidente, un fuerte despliegue policial detenía a cinco personas, tres altos cargos de la constructora Aifos, un exconcejal del Partido Andalucista y a Julián Muñoz, como presunto autor de delitos de cohecho y malversación de caudales públicos. El juez Miguel Ángel Torres decretó su prisión incondicional el 21 de julio de 2006. La repercusión mediática no se hizo esperar, al tratarse de la pareja sentimental de la tonadillera Isabel Pantoja.

Cuando Muñoz se vio con el cetro municipal en la mano, se las ingenió para traer a Isabel a Marbella. Así comenzó la era pantojil de Marbella, ferias y festejos, inauguraciones oficiales, paseos por la ciudad cogidos de la mano seguidos por la multitud, viajes a bordo del Rolls Royce de la corporación, con chófer y escoltas municipales. El primer encuentro de la pareja tuvo lugar en agosto de 1990, durante unas galas de la cantante. Muñoz regentaba junto con su mujer de entonces, Maite Zaldívar, un restaurante en Puerto Banús, y le pidió a José Pernía, concejal de Fiestas de Marbella, que le invitara a la actuación. Una vez terminada la gala, y sin encomendarse a santo alguno, Julián subió al escenario y le entregó un aparatoso ramo de flores a la artista, acompañado de una auténtica profusión de besos y muestras de afecto. Doce años después, Muñoz se convertía en alcalde y, gracias a la popularidad de sus amores con la Pantoja, conseguía también una sólida victoria en las elecciones de 2003. Una vez destronado por la moción de censura que propició su propio partido, el alcalde, que encajó bastante bien el golpe, siguió paseando del brazo de la artista, hasta que le llegó la hora de enfrentarse a la privación de libertad. Nueve meses después, la onda expansiva alcanzaría a su amada.

En un auto de 22 páginas, el juez hallaba indicios de que la tonadillera había contribuido a introducir en el circuito legal fondos de Julián Muñoz de origen ilícito. Se investigó la adquisición de un apartamento de lujo en Guadalpín, por valor de 360.000 euros que la cantante pagó en metálico, un billete detrás de otro. El magistrado también investigó la compra del chalé Mi Gitana, por valor de 3.365.667 euros. De esta cantidad, 721.000 euros no fueron abonados y el dinero ingresó en un fondo de inversión. Respecto a las cuentas corrientes, el juez califica de «llamativo» el aumento de los ingresos de Pantoja a partir del inicio de su relación sentimental con Julián Muñoz. Entre los días 7 y 22 de abril de 2004 se produjeron ingresos diarios de 3.000 euros. Esta técnica de ingresar pequeñas cantidades en las cuentas cada día, denominada «pitufar», permite que no salten las alarmas bancarias que dan aviso al Servicio de Blanqueo de Capitales. Del negocio ganadero de la cantante se ocupó personalmente Muñoz, quien realizó pagos en metálico en más de una ocasión. Hasta que Isabel Pantoja llegó a Marbella, todo eran problemas económicos. Cantora, la finca que heredó de su marido Paquirri, necesitaba urgentes reformas. El restaurante que abrió para que su hijo Kiko se ocupara de su gestión estaba al borde de la suspensión de pagos. La casa de La Moraleja, hipotecada. Las cosas no iban bien. Pero el juez fijaba la fecha en que se operó el milagro, el 28 de febrero de 2003, día del desembarco de la Pantoja en Marbella, para «ubicar la relación de confianza entre ambos». Así son las cosas; la prensa del corazón volcada con el romance y con Maite Zaldívar, esposa de Muñoz, presa de un ataque de cuernos, que desfilaba por todos los platós de televisión, y los inspectores hablando de una inocente «relación de confianza». Después Isabel Pantoja vendió el apartamento de Guadalpín, dejó de pagar la hipoteca de Mi Gitana, vendió las reses y volvió a ponerse la bata de cola. Pero antes tuvo que declarar ante el juez y pasar una noche en el calabozo. Se acabaron las relaciones de confianza y murieron los romances. Tal vez algunos pierden gas si se hurga en las finanzas de los amantes y algo de eso debió de pasar con el idilio Muñoz-Pantoja. Pero los inspectores no entran en consideraciones sentimentales. No hay pasión en sus escritos, su relato es frío y concienzudo y ofrece una visión de la pareja simple y llanamente como sociedad mercantil.

«EL AYUNTAMIENTO SOY YO»

A mayor abundamiento, la Fiscalía Anticorrupción presentó en los juzgados de Marbella dos querellas contra Juan Antonio Roca, Julián Muñoz y su abogado, José María del Nido, presidente además del Sevilla FC, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. El exalcalde reconocía ante el tribunal que «firmaba prácticamente en cualquier sitio», en el Ayuntamiento, en el Club Financiero, en notarías o en el capó de los coches, los convenios que los gobiernos gilistas le ponían delante. «Calculo que habré firmado entre el 90 y el 95 por ciento de los 600 o 700 convenios que el señor Roca redactó durante aquellos años. Yo me limitaba a cumplir las órdenes de Jesús Gil y siempre daba por supuesto que todo era completamente legal».

Quizá es este el mejor momento para adentrarnos en el submundo de El Padrino del cotarro, Juan Antonio Roca, en un intento de resumir y condensar en lo posible sus complicados entramados financieros y los suculentos frutos que estos le reportaron.

Estamos en el invierno de 2005. Una calle de Marbella. El policía municipal ordena detenerse a un vehículo, cuyo conductor ha realizado una maniobra prohibida. La multa correspondiente se paga con fondos reservados del Ministerio del Interior, pocos días después. El coche es alquilado, para no levantar sospechas. El infractor es un policía nacional que evita identificarse. Nunca se habían extremado tanto las precauciones para investigar a un hombre y su círculo de intereses. Agentes llegados desde Madrid, que viven en pisos francos y evitan pisar una comisaría, vigilan cada movimiento de un empleado municipal de Marbella llamado Juan Antonio Roca. No es un asalariado cualquiera, ni siquiera un gerente de Urbanismo cualquiera. Dice cosas como: «Tengo todo el poder» o «El Ayuntamiento soy yo».

Su despacho nunca estuvo en la alcaldía, en absoluto acorde con el glamour de Marbella. Tampoco lo estuvo el cuartel general de Jesús Gil ni el de Julián Muñoz. El despacho de Roca es amplio y funcional y en su puerta hay un letrero que dice Planteamiento 2000, S.L.; es la empresa municipal que gestiona el urbanismo de la ciudad. Sobre la mesa, Roca llega a tener alineados hasta nueve teléfonos móviles; uno de los terminales es un modelo inglés que utiliza línea cifrada para evitar la interferencia de comunicaciones. Demasiada gente llamaba a Roca a su despacho. Por cualquier motivo, no solo para pedir dinero. Le telefoneaban incluso con el fin de pedirle permiso para intervenir en un programa de televisión.

La operación Malaya no nació por casualidad. Formalmente empezó el 13 de octubre de 2005, cuando Jorge González, un funcionario marginado de sus tareas como jefe del servicio jurídico de Urbanismo de Marbella, acudió a testificar sobre unas irregularidades en las obras del hotel Guadalpín. En un momento dado, habló de Roca y explicó que en Marbella se cumplía el 99 por ciento de todo lo que él decía. Esto, unido a la investigación de Ballena Blanca, dio la pista al juez Torres para diseñar la operación. La estrategia se planeó en Madrid y se dispuso que las labores de vigilancia se realizaran por policías enviados desde la capital, con coches alquilados, y se constituyeron hasta empresas pantalla para dar cobertura al trabajo de los agentes. Un pequeño grupo de policías de Málaga, al mando de un comisario, investigaría el patrimonio de Roca, pero no se informó de ello a las altas instancias de la provincia. A pesar de todo ello, cuando detuvieron a Roca en su domicilio, este no se mostró sorprendido. «Les estaba esperando», dijo a los agentes. Otros concejales, igualmente, tenían conciencia de que sus días felices estaban contados.

Juan Antonio Roca ha asegurado muchas veces que no llegó al Ayuntamiento de Marbella con una mano delante y otra detrás, sino que ya disponía de un patrimonio personal de 6 millones de euros. Es curioso cómo en algunos momentos parecía ser él quien dirigía el interrogatorio, reconociendo como suyas la inmensa mayoría de las 71 empresas que componían su entramado societario. Él mismo cifró en 210 millones de euros el valor de su patrimonio oculto bajo una complejísima trama inmobiliaria. De esa cantidad, 120 millones son pasivo, sujeto a cargas y deudas, y 90 es patrimonio neto. No cabe duda de que Roca tenía unas condiciones de trabajo envidiables. Los sucesivos alcaldes le permitían acudir a su puesto de trabajo dos días por semana y dedicar el resto del tiempo a atender sus negocios privados en Marbella, Madrid y Murcia. Roca sostenía que solo con sus ingresos legales, 12.000 euros mensuales, se podía vivir muy bien. Bueno, pues pese a disfrutar de un sueldo que superaba en 16 veces el salario mínimo interprofesional, Roca debía hacer encaje de bolillos financiero para ocultar su patrimonio. ¡Inconvenientes de ser rico!

El fiscal presentó, en marzo de 2011, un amplísimo escrito de acusación donde desgranaba, una a una, las sociedades de Roca, los nombres de los testaferros, las obras de arte adquiridas, sus manejos con los políticos y sus prácticas irregulares. En un escuetísimo resumen: 50.000 euros de renta y 200 millones de patrimonio; testaferros: Roca no figura como socio ni administrador de ninguna de las entidades que ocultan su verdadera titularidad; negocios regados con comisiones: Roca financiaba parcialmente sus negocios con dinero obtenido de empresarios, como contrapartida de resoluciones e informes favorables a sus intereses, sobre todo en el terreno urbanístico; reciclaje de dinero negro: Roca destinó parte de los fondos ilícitos a la adquisición de obras de arte y a la compra de lotería premiada, práctica que llevó a cabo en varias ocasiones, entre marzo y septiembre de 2005.

Juan Antonio Roca ha entrado y salido de prisión varias veces. La última, en marzo de 2008, cuando el juez sucesor de Torres, Óscar Pérez, dictó auto de libertad provisional bajo fianza de un millón de euros; fianza que pagó y quedó en libertad, tras dos años de cumplimiento de condena. No obstante, la Audiencia de Málaga, a pesar de la fianza, ordenó de nuevo su permanencia en prisión, que una vez más fue levantada en 2010. Ahora se enfrenta a una petición del fiscal del caso Malaya de 30 años de cárcel, 51 de inhabilitación y 810,78 millones de euros de multa como presunto cerebro de la trama de corrupción más importante que ha habido nunca en España. Las cifras realmente marean...

UN PROCESO INABARCABLE

Una Operación Malaya III comenzó el 14 de noviembre de 2006 y ha arrojado un saldo de once personas detenidas, acusadas de cohecho y blanqueo de dinero. Entre ellas, Maite Zaldívar, que declaraba sin recato que en su casa «entraban bolsas y bolsas repletas de dinero» cuando su marido era alcalde de Marbella. Jesús Zaldívar, hermano de Maite, fue acusado igualmente de blanqueo, como José María González de Caldas, importante empresario y apoderado taurino, amén de expareja sentimental de la miss España Sofía Mazagatos. Empresarios, funcionarios judiciales, el director de una sucursal de Cajamar en Marbella y un bróker, al que se acusaba de blanquear dinero del matrimonio Muñoz-Zaldívar en paraísos fiscales de Gibraltar y Suiza, completaban el cartel.

Pero la esperada detención de Isabel Pantoja, con todos los ingredientes morbosos que implica el cóctel de unas relaciones sentimentales tormentosas y una estafa de primera magnitud, se materializó el 2 de mayo de 2007. Se la acusaba de la comisión de varios delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales. El césped que precede la entrada al edificio de los juzgados de Marbella tardaría en recuperarse, pisoteado por las decenas de periodistas que se apiñaron en el pequeño cuadrilátero verde durante más de ocho horas. Esperaban con impaciencia la salida de la tonadillera. No todos los días se puede asistir en directo al destrone de una reina. La artista, que llegó a la ciudad recién recibida la Medalla de Andalucía, con su melena gitana al viento, sus abalorios y sus chalés, abandonaba los juzgados destrozada, después de haber depositado una fianza de 90.000 euros y haber pasado una larga noche entre rejas. Una parte de «su público», que llegó a romper su vestido, corría tras el Audi azul oscuro profiriendo gritos de «¡ladrona!» y «¡A Alhaurín!». Su detención producía de inmediato un nuevo repunte del sensacionalismo periodístico, sobre todo en algunos medios como Telecinco, Antena3 y Televisión Española, de extraordinaria rentabilidad.

El caso Malaya rompe moldes en todos los sentidos, también en lo que se refiere al patrimonio intervenido, que no ha dejado de crecer desde la detención del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Todo en el caso es inabarcable y la desproporción de las obras de arte intervenidas trae de cabeza a las consejerías de Justicia y Cultura, que no saben dónde colocar las piezas, cada vez que llega una nueva hornada de cuadros, esculturas y litografías. Hablamos de 1.217 piezas, entre las que hay obras atribuidas a Sorolla, Tapies, Dalí, Miró, Ismael Gómez de la Serna o Benjamín Palencia, además de otros 200 cuadros, 300 litografías, 7 esculturas de grandes dimensiones y una colección de figuras de arte africano. Totum revolutum, el botín aguardó durante mucho tiempo en el mismo lugar en el que la Policía lo precintó, por falta de espacio, con la inquietud del juez respecto de su conservación y seguridad. Había quien opinaba que se podía haber montado un museo de arte contemporáneo en Marbella con estos fondos, para que los vecinos pudieran admirarlos hasta que se celebrara el juicio.

Este macroproceso va camino de batir un récord poco reconfortante: convertirse en el juicio más largo de la historia de España. La vista oral que arrancó el 27 de septiembre de 2010, en principio debía quedar vista para sentencia a finales de 2011. Sin embargo, la Audiencia de Málaga y la Fiscalía Anticorrupción coinciden en calcular que el proceso contra los 95 compañeros de banquillo durará no menos de dos años y medio, con lo que no acabará hasta finales de 2012. A este plazo, habría que añadirle un periodo no inferior a seis meses para que el tribunal, presidido por el magistrado José Godino, redacte la sentencia. Antes de comenzar, ya habían fallecido tres imputados, el antiguo edil Victoriano Rodríguez y los empresarios Emilio Rodríguez y Eduardo Ramírez; señalemos, además, la ausencia de tres huidos de la Justicia, los exconsejeros de Marbella Carlos Fernández y Javier Lendínez, y el empresario Carlos Llorca.

A mediados de octubre de 2010 tenía lugar un testimonio, el del empresario burgalés del sector automovilista Ismael Pérez Peña, que daba un vuelco al juicio. Pérez Peña admitió haber pagado un total de 180.100 euros, en septiembre de 2005, a la llamada caja única de Roca, a cambio de la adjudicación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública, previa subida de las tarifas de la grúa municipal. También confesó que en enero del mismo año entregó gratis a la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, cuatro vehículos: un Toyota RAV4, un Kia Sorento, un BMW120 y un Lexus RX300. Habían tenido que pasar 98 sesiones del juicio para que alguno de los 95 procesados admitiera haber cometido alguno de los delitos imputados por el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero. ¡No canten victoria! La confesión no salía gratis, sino que la declaración de Pérez Peña era el fruto de un acuerdo con la fiscalía a cambio de una sustanciosa rebaja en la condena. El empresario se enfrentaba a una pena de 11 años de prisión y multas por valor de 608.400 euros. ¡Por ese precio se pacta hasta con el diablo!

Para hacer más manejable el sumario de decenas de miles de folios, el tribunal acordó dividir el juicio en varios bloques, en función de los delitos estudiados. Se empezó por un asunto bastante acotado y con pocos procesados, el pelotazo inmobiliario de la llamada Operación Crucero Banús, por la que Roca y sus socios se embolsaron seis millones de euros tras una recalificación urbanística. En un segundo y tercer bloque se investigaron tramas de blanqueo de capitales a través de obras de arte y otros bienes, que finalizaron tras el pasado verano, dando paso, con el otoño, a un cuarto bloque, dedicado a los delitos de cohecho.

La división en bloques ha permitido que los 95 procesados no tengan que permanecer en la sala durante todo el tiempo que dure el juicio. Sin embargo, la ventaja conlleva a la vez un efecto que se pretendía evitar para ganar tiempo, y es la repetición de los testimonios de testigos y declaraciones de policías que investigaron el caso, en cada uno de los bloques.

El juicio por blanqueo contra Isabel Pantoja comenzará el 28 de junio de 2012. La cantante se sentará en el banquillo junto al exalcalde Julián Muñoz y Maite Zaldívar. La Audiencia de Málaga prevé celebrar 49 sesiones en diez meses y condiciona la vista al transcurso del caso Malaya.

Las fianzas de los tres son muy altas. La de Julián Muñoz se eleva a 7,46 millones de euros, y la de Maite Zaldívar está fijada en 2,6 millones. Tanto el antiguo regidor como su exesposa se han declarado insolventes para abonar sus fianzas. En el caso de Pantoja, que deberá abonar 3,6 millones, exactamente el doble de la cantidad supuestamente blanqueada, ella ha contado al juez que no dispone de dinero líquido para hacer frente a la fianza, pero que posee patrimonio por ese valor que podría ser susceptible de embargo.

La pena solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga para la cantante y para Maite Zaldívar es de tres años y medio de prisión; para Julián Muñoz se solicitan siete años y medio de cárcel. El fiscal concluye que tanto Zaldívar como Pantoja «eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos y bienes que recibían de Julián Muñoz».

En las tramas corruptas siempre hay un padrino. A los mangantes les pasa lo que se decía de los italianos en la famosa novela de Mario Puzo, que piensan que el mundo de la delincuencia es tan duro que hay que tener dos padres; por eso todos tienen un padrino. Y ya que estamos con Vito Corleone, no me resisto a transcribir dos gráficas frases con las que el gánster manifestaba su opinión sobre los letrados: «Un abogado con su maleta puede robar más que cien hombres con pistola». La otra, la dejó para el final de su siniestra carrera: «No necesito matones, necesito más abogados».

10

LA MUJER DEL CÉSAR Y EL BRAZO DE SANTA TERESA

Cuenta Plutarco que un patricio romano llamado Publio Clodio Pulcro, dotado del don de la elocuencia y dueño de una inmensa fortuna, o sea, un partidazo, estaba perdidamente enamorado de Pompeya, la mujer de Julio César. Tanto era así, que durante la fiesta de la Buena Diosa, celebración religiosa solo para mujeres, el patricio, disfrazado, se coló en la casa del emperador romano para acercarse a su amada. Como no podía ser de otra manera, fue descubierto, juzgado y condenado por mentiroso y sacrílego, pero lo peor es que, a consecuencia de todo ello, César reprobó a Pompeya, a pesar de tener la seguridad de que no había cometido acto indecoroso alguno, escudándose en que su mujer no podía ser tan siquiera sospechosa de infidelidad. Y fue entonces cuando pronunció la célebre frase que sigue siendo sinónimo de honorabilidad sin tacha: «No basta con que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo». Todo esto viene a colación, ni más ni menos, para corroborar que las apariencias son tan importantes como las realidades, y las formas como los contenidos.

¿Y qué pasa entonces con la presunción de inocencia? No seré yo la que restrinja un ápice este principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla y que se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como garantía consagrada. Pero convendrán conmigo en que, cuando se levanta el secreto del sumario de un proceso judicial por delitos relacionados con la corrupción y empiezan a conocerse detalles, grabaciones, conversaciones, facturas, albaranes, compadreos y turbias conexiones entre personajes de dudosa probidad, a los ciudadanos se nos ponen los pelos como escarpias, aparcamos a un lado la presunción de inocencia y nos centramos en la «responsabilidad moral», que no es otra cosa que la calificación que recibe una persona por sus acciones desde un punto de vista ético o deontológico. Este concepto ocupa un lugar cada vez más importante en la opinión pública, cuando la adjudicación de la responsabilidad jurídica a través de los tribunales se manifiesta insuficiente para cerrar casos como los que nos ocupan. De donde se deduce que los «juicios paralelos», de los que se quejan en muchas ocasiones los acusados o sus abogados, están directamente relacionados con la sospecha fundada del conjunto de la sociedad de que las conductas punibles no serán castigadas jurídicamente con la contundencia que sería deseable. Por eso se produce el juicio social que suele discurrir en paralelo con el proceso judicial.

Llegados a este punto, la siguiente cuestión sobre la que reflexionar pivota en torno a la relación conceptual entre lo legal y lo moral, nociones que no siempre van de la mano. Algo ilegal puede ser moralmente elogiable y algo inmoral puede ser legal. Por ejemplo, ejecutar una orden de desahucio es legal; dejar en la calle a personas sin recursos para conseguir otra vivienda es inmoral. Impedir que se ejecute un desahucio es ilegal. Ayudar a que unas personas conserven un techo bajo el que vivir es moral. De este razonamiento se infiere que la desobediencia civil a veces se fundamenta en preferir lo ilegal moral.

Una vez aclarados los extremos, vamos a introducirnos en un tipo de comportamiento, protagonizado por determinados personajes que, como verdaderos virtuosos del funambulismo, se deslizan por la delgada línea que divide lo legal de lo moral, haciendo estragos entre sus conciudadanos y, lo que es más relevante, sin que pueda aplicárseles ley alguna. Es decir: hacer de halcón entre palomas. Y ¿qué pueden hacer las palomas para contener a los halcones? Para esta pregunta, hoy por hoy, no tengo respuesta. Pero vamos a intentar encontrarla juntos.

HISTORIA DE UN PUPITRE POPULAR

El lunes, 19 de junio de 2000, el diario El Mundo publicaba la siguiente noticia, relacionada con la multiplicación exponencial de la retribución de Juan Villalonga, a la sazón presidente de Telefónica y uno de los hombres mejor pagados del mundo. Avalado por un origen de alta cuna y reputado pedigrí, así como por las licenciaturas y masters que acumula su currículum vítae, no cabe duda de que el mérito clave para alcanzar el doctorado cum laude en planes de remuneración generosos hasta el escándalo se encuentra en su coincidencia, en el colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid, con José María Aznar, con quien compartió pupitre, circunstancia que marca para toda la vida cuando el que fuera tu compañero se convierte un día, ¡quién te lo iba a decir!, en el cuarto presidente del Gobierno de la democracia.

Bonus y stock options

Pero, vamos a la noticia:

Juan Villalonga se ha convertido en los últimos años en uno de los ejecutivos mejor pagados del mundo. Este año (2000) podría cobrar una cantidad que oscila entre los 430 millones y los 6.230 millones de pesetas. La diferencia se debe a que el bonus (bonificación variable) correspondiente al pasado año (1999) aún no ha sido aprobado por la Comisión de Retribuciones de la compañía Telefónica.

Según fuentes solventes, el secretario del consejo y amigo personal de Villalonga, José María Mas, ha propuesto para el presidente una retribución extraordinaria de 2.000 millones de pesetas. Dicha propuesta, según las mismas fuentes, cuenta con el respaldo de Alberto Cortina. Sin embargo, Javier Echenique (presidente de la Comisión de Retribuciones) y César Alierta, miembro también del organismo, se oponen en redondo a dar su visto bueno por considerarlo «excesivo». Si, al final, se decidiera aplicar el bonus que Villalonga percibió el año pasado, con cargo al ejercicio de 1998, esa retribución variable alcanzaría los 200 millones. De esta forma, su retribución bruta se situaría solo en 4.430 millones de pesetas.

Esos emolumentos se producen en base a cuatro conceptos distintos: 270 millones de pesetas de salario; 60 millones como prima de cargo a los distintos consejos a los que pertenece. Por otra parte, este año Villalonga ha hecho efectivos 3.900 millones correspondientes a las stock options del plan Rise. Y, además, el bonus.

Si los ingresos de Villalonga son extraordinarios, más lo es aún la velocidad a la que estos han alcanzado su actual nivel. Hace seis años, cuando trabajaba en el First Boston Corporation, su salario era de 225.000 dólares al año, más un bonus que nunca alcanzó la cifra de su sueldo bruto. Posteriormente, Villalonga ingresó en Bankers Trust, su último destino antes de incorporarse a Telefónica. En dicha empresa recibía un salario fijo de un millón de dólares al año (unos 125 millones de pesetas). En esa época, Villalonga ya se jactaba de que su fichaje y su salario tenían mucho que ver con su amistad con José María Aznar.

Cuando en la primavera de 1996 Villalonga fue nombrado presidente de Telefónica, asumió el sueldo de su predecesor, de 45 millones brutos al año. Es decir, que perdió 80 millones de pesetas anuales con su nuevo empleo. ¡????! Sin embargo, hay un elemento esencial para entender ese comportamiento ejemplar y poco común. En esas fechas, el Estado aún conservaba el veinticinco por ciento del capital de la empresa y Villalonga entendió que no debía forzar la situación, dados los sueldos que se cobraban en la Administración. Incluso, con su salario de entonces, triplicaba los ingresos del presidente del Gobierno.

Pero Villalonga, dotado de gran viveza e ingenio, pronto descubrió que había un mecanismo para elevar un poco la retribución de los altos directivos de la compañía. Se trataba de una bonificación por el cumplimiento de objetivos que supuso para el presidente, o sea él mismo, unos 20 millones de pesetas. Ese reducido emolumento lo ingresó en 1997, con cargo al ejercicio de 1996. En febrero de 1997, un mes antes de que se llevase a cabo la última fase de la privatización de Telefónica, Villalonga se inventó un nuevo concepto para subirse el sueldo. Lo llamó bonus por OPV (Oferta Pública de Venta), una especie de premio por el éxito de la venta del veinticinco por ciento que conservaba Patrimonio del Estado en el capital de Telefónica. Este bonus, que alcanzó también a otros altos ejecutivos, suponía tres meses de salario bruto.

A las pocas semanas de la operación de venta, ya con los representantes de Patrimonio fuera de la compañía, el Comité de Retribuciones, formado por el propio Villalonga, Luis Gómez Roldán, César Alierta, Alberto Cortina y José María Mas, aprobó una jugosa subida de sueldo para el presidente: su retribución pasó de 45 a 180 millones de pesetas. Además, el bonus OPV se calculó sobre el nuevo salario, con lo que Villalonga ingresó en su cuenta otros 45 millones de pesetas. Además, ese año acumuló también otros 25 millones en concepto de prima por pertenencia a diversos consejos de administración. De esta forma, en 1997 sus ingresos brutos se situaron en 270 millones (225 millones más que cuando entró en Telefónica un año antes).

Al presidente debía parecerle que su jornal no estaba aún al nivel que demandaba su incontestable dedicación a la compañía y, en 1998, sometió al Comité de Retribuciones una nueva subida para su sueldo, que fue aprobada. La retribución bruta pasó de 180 a 270 millones de pesetas. Según un informe interno elaborado para dicho Comité, ese era, en aquel momento, el sueldo anual fijo más alto de todos los ejecutivos del mundo en el sector de las telecomunicaciones. Dicho informe no solo mencionaba a las empresas europeas, sino que también incluía a los gigantes americanos AT&T, Bell South o MCI y, por supuesto, a la británica BT. Según conclusión del documento, el nuevo salario de Villalonga suponía el doble de la media de lo que cobraban los presidentes de las compañías del sector.

El incremento de su retribución total registrada en 1998 (fecha en la que Villalonga compró las opciones de Telefónica, Repsol y Fecsa) no solo se produjo por la vía del sueldo fijo, sino que también afectó a los conceptos variables: el bonus ascendió a 90 millones y las primas por asistencia a consejos a 60 millones. Operaciones especulativas aparte, Villalonga ganó en 1998 la suma de 420 millones de pesetas.

Durante 1999, su salario bruto no se movió, pero el bonus pasó de 90 millones a 200. Bien es verdad que la propuesta inicial fue de 500 millones, pero el presidente del Comité de Retribuciones, Gómez Roldán, se negó a aceptar la iniciativa. Aun con ese recorte, Villalonga superó los 530 millones.

Este año (2000), su retribución se ha visto considerablemente engordada por los ingresos extra que le han supuesto las stock options del plan Rise (3.900 millones de pesetas). Hasta que no se decida cuál será su bonus, no se podrá conocer con exactitud su sueldo para este año.

...¡Menudo empacho de millones! No sé qué pensarán ustedes, ni qué pensarán los 2.000 afectados por la quiebra de Sintel en 2001, que llevó a sus trabajadores al campamento de la Esperanza, en el paseo de la Castellana de Madrid, durante 187 días, hasta que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero encontró comprador. La Fiscalía Anticorrupción imputó a Villalonga como uno de los responsables de las operaciones que llevaron a Sintel a la insolvencia y aceleraron, desde su cargo, el vaciamiento patrimonial de la empresa, aunque la operación de venta fue cerrada por su antecesor en el cargo, Cándido Velázquez. El juez Santiago Pedraz, desde la Audiencia Nacional, abriría una investigación y sentaría en el banquillo a Villalonga, en 2007, para dilucidar las causas que motivaron la quiebra de la compañía, tras haber sido vendida en 1996 al empresario cubano Jorge Mas Canosa, hombre igualmente cercano a José María Aznar y miembro del llamado «clan de Miami», pero que nunca llegó a pagar los 4.500 millones de pesetas, precio fijado para la compra. Como estaba previsto, todo quedó en agua de borrajas. Villalonga declaró «no saber nada del asunto», porque durante su mandato solo se ejecutó el acuerdo de venta de la compañía, que se estableció durante la etapa anterior.

El presidente Aznar, que comenzaba en 2000 una legislatura cuyo devenir se vaticinaba apacible y sosegado, se removía incómodo en su sillón presidencial ante el bombardeo de noticias sobre las andanzas de su amigo de la infancia y su presunta utilización de información privilegiada. Se especulaba con que tal circunstancia le habría proporcionado 21 millones de pesetas en trece días.

Esto es lo que sucedió. Juan Villalonga compró 264.224 opciones sobre acciones de Telefónica, compañía que él mismo presidía, el 2 de enero de 1998, a un precio de 198 millones, con el fin de venderlas posteriormente. El dinero para realizar la operación procedía de un préstamo de 200 millones instrumentado por el Banco de Negocios Argentaria, pocos días antes. La compra-venta de las opciones le reportó a Villalonga los 21 millones referidos. Pero la inusual maniobra, que no se comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se llevó a cabo en plena negociación para la creación de una gran alianza entre la empresa española y la norteamericana WorldCom-MCI. Este proceder contravenía la legislación del Mercado de Valores, además de que el artículo 285 del Código Penal aludía expresamente a este tipo de prácticas como uso de información privilegiada. El presidente de Telefónica fue recriminado incluso por los ejecutivos de Argentaria, que desconocían el destino del préstamo concedido, hasta que finalmente, presionado por las circunstancias, decidió consultarlo con la Comisión. Es verdad que, en aquellos días, la legislación al respecto era confusa y, precisamente por ello, la ética profesional aconsejaba actuar dando prioridad al concepto de máxima transparencia. Ante la alternativa de generar un escándalo de graves consecuencias al hacer pública la operación, Villalonga decidió no esperar más y deshacer el negocio. Así que el 15 de enero vendió sus acciones, por las que se embolsó 219.323.000 pesetas. Es decir, el beneficio obtenido resultó ser de 21.323.000 pesetas. A pesar de lo ventajoso de la transacción, Villalonga se mostró muy crítico con la presidencia de la CNMV, a quien acusó de puritanismo. En efecto, el plan de Villalonga era esperar algunas semanas para vender las opciones, porque estaba a punto de cerrarse un gran acuerdo con la WorldCom-MCI, lo que con toda seguridad dispararía el precio de los títulos de Telefónica en Bolsa, eventualidad solo conocida por la dirección de la compañía.

Aznar, escandalizado, declaraba, al término del Consejo Europeo de Feire, en Portugal, que existían «instrumentos suficientes» para abrir una investigación e instaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que «actuase en consecuencia». El «expediente informativo» sobre las posibles infracciones de la Ley del Mercado de Valores no se hizo esperar. Pero las presiones, lejos de ceder, se intensificaron, y la capacidad de resistencia de Villalonga provocó efectos nefastos en el Gobierno, tensiones entre ministros, guerras de medios de comunicación de distinto signo y enfrentamientos entre miembros de la cúpula de la propia Comisión. Finalmente, Juan Villalonga presentó su dimisión en julio de 2000, asegurando a los sindicatos que «su salida se debía a presiones del Gobierno». En agosto del mismo año, la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo absolvió por falta de pruebas.

Detrás de un gran hombre...

Bueno, pues ya tenemos a Villalonga engrosando las listas del paro. Con sus 5.000 milloncejos bajo el brazo izquierdo y su flamante novia, Adriana Abascal, colgada del derecho, el incomprendido empresario español optó por marcharse a Miami a probar fortuna. Las compañías estadounidenses como Univisión o McLeodUSA empezaron a contar con su inestimable asesoramiento y es entonces, en junio de 2001, cuando Villalonga decide regularizar su estado civil y casarse con Adriana, teniendo en cuenta que ya había nacido la pequeña Paulina, primera hija de ambos.

Para ser rigurosos con la historia, debemos empezar hablando del primer matrimonio de Juan Villalonga con Concha Tallada, íntima amiga de Ana Botella y habitual de los mismos círculos político-religiosos. La unión duró veinte años, y fruto de ella nacieron tres hijos. Villalonga conoció a Adriana Abascal en octubre de 1998 en Madrid, aproximadamente un año después de enviudar del magnate mexicano de la comunicación Emilio Azcárraga, El Tigre, cuarenta años mayor que ella. Encandilado por la belleza de la miss desde el principio, la ayudó en su pleito por la herencia contra los hijos del magnate y dos meses después, por el amor de esta mujer rompió su matrimonio con Concha Tallada. El 31 de diciembre de 1998 tomaba las uvas con el matrimonio Aznar y su hasta entonces esposa en Baqueira Beret, solo para decirles que se marchaba para siempre con Adriana. Ahí comenzó el deterioro de su amistad con el presidente del Gobierno y su mujer. Ana Botella, solidarizada con su amiga, declaraba a El Mundo: «Admito que Juan Villalonga fuera una decepción, nos decepcionó, pero la vida de cada uno está llena de recuerdos buenos y malos».

Bueno, pues ya estamos en Los Ángeles, ante una boda de lujo y glamour a tutiplén, con espectáculos y actuaciones musicales y celebración hollywoodiense en el domicilio de los contrayentes, en la exclusiva zona residencial Sunset Plaza Drive. Adriana Abascal, de 31 años, viuda, y Juan Villalonga, de 48, separado, contaban con una lista de invitados al enlace que no había forma de cerrar. En primer lugar, personalidades del mundo político y empresarial español no tenían muy clara la conveniencia de mezclarse con el expresidente de Telefónica, cuya antigua gestión aún levantaba ampollas. En segundo, el precio de la movida, que se ponía en unos cuatro millones de pesetas, sin hacer excesos, entre billetes de avión en first class, hotel ad hoc en Los Ángeles, limusina de película, modelazo de alta costura para las señoras y regalo a la altura del caché de los novios. Otros, sin embargo, estaban encantados con el acontecimiento, entre ellos, Luis María Ansón o Alberto Cortina, al que acompañaría su tercera mujer, Elena Cue, amiga de Adriana y casi de la misma edad.

Este matrimonio culminaba, además, una historia de amor digna de culebrones. Cuando Adriana Abascal fue elegida miss México en 1989, Emilio Azcárraga, El Tigre, propietario de la cadena Televisa y uno de los hombres más ricos de América Latina, quedó impresionado por la belleza de la nueva miss, pero consideró que debía pulirse en Los Ángeles, donde envió a la muchacha para que mejoraran su imagen dentistas, estilistas y los mejores expertos en moda de Beverly Hills. El resultado, a lo Pretty Woman, fue espectacular, y el mexicano, en vez de convertirla en actriz, se la quedó para él, aunque nunca se divorció de su cuarta esposa. Adriana estuvo junto al magnate de la comunicación siete años, hasta que falleció en Miami, a bordo de su yate, y cogido de la mano por su compañera hasta el último aliento.

Una vez casados, los Villalonga vivieron en México, en Canadá y, finalmente, aterrizaron en Londres, mientras el empresario, con ese olfato infalible, vio negocio seguro en los procesos reprivatizadores de las compañías de telecomunicaciones rusas, apresurándose a comprar en exclusiva la operadora de móviles de San Petersburgo. Además, presidía la compañía informática Telnic y formaba parte del consejo de administración del banco portugués Espirito Santo.

Bueno, pues mientras los Villalonga esperaban la hora del regreso a España, se instalaron en la capital de la Gran Bretaña, en un lujoso palacio del exclusivo barrio londinense de Kensington, cuyos 4.000 m² daban para once dormitorios, seis cuartos de baño, gimnasio y piscina interior. Se lo compraron, por 20 millones de euros, a lord Conrad Black, el magnate editorial implicado en turbias operaciones de desvíos de fondos. En seis años, Villalonga solo visitó España para atender compromisos familiares, evitando expresamente cualquier acto público. Nada que ver con la dilatada vida social que profesaba en Londres, junto a su esposa, como integrantes de los círculos más exclusivos de Europa y de Latinoamérica.

La influencia de Abascal en Villalonga se reveló verdaderamente poderosa, hasta el punto de que fue la ambición de la ex miss por ocupar un puesto entre los representantes de la alta sociedad española y llegar a sustituir un día a Isabel Preysler, en edad de ceder el testigo, lo que motivó la vuelta a España. Aunque el empresario tenía menos amigos que enemigos en nuestro país, había que comprender que se aburría como una ostra sin tener negocios en su tierra. Además, después de Sintel, ya estaba libre de procedimientos judiciales, sin olvidar que, a pesar de contar con una jugosa fortuna, no se acercaba ni de lejos a la magnitud de los patrimonios de rusos y árabes residentes en Londres. Por lo tanto —debió de pensar—, siempre es preferible ser cabeza de ratón que cola de león.

Corría el mes de agosto de 2009, cuando saltó la noticia de la ruptura del glamouroso matrimonio, como un choque de trenes. Esta vez no hubo terceras personas, sino intereses encontrados. Adriana Abascal, una mujer tan bella como pragmática, tenía muy claros sus ambiciosos objetivos y la manera de conseguirlos. Tal vez llegó a la conclusión de que su proyecto podía avanzar más rápido sin Juan que con él. Villalonga encajó muy mal el trago y pasó por una etapa complicada que le dejó bastante tocado. Pero no crean, que no hay pena que cien años dure, así que, sacudiéndose el polvo de la Abascal, Juan Villalonga se puso de nuevo en pie y, reincidiendo por tercera vez, se volvió a casar en Mónaco con la fotógrafa alemana de origen polaco Vanessa von Zitzewitz.

Un hombre con suerte

Y, colorín colorado, el cuento de Juan Villalonga se ha acabado... por ahora. Es la historia de una ambición desmedida, del deseo insaciable de riqueza como filosofía y estilo de vida, sin tener en cuenta una ética y unos escrúpulos que un tejido jurídico-normativo completo no proporcionan, porque descansan en la conciencia cívica y la moral colectiva que deben regir nuestros comportamientos más sociales. Es el relato de un ascenso meteórico, impulsado por una nueva onda económica que, tras un tiempo de extraordinarias reformas, surgía con fuerza y entusiasmo; con las privatizaciones como buque insignia, y convirtiendo a aquellos monstruos inmovilistas y marmóreos que rezumaban óxido por todas partes, en empresas modernas y dinámicas... y por un pupitre. Si alguna vez se han preguntado para qué sirve un pupitre, aquí tienen la respuesta. Tal vez algunos de aquellos viejos bancos de escuela que soportaron estoicamente ilustres posaderas hoy deberían formar parte de alguna suerte de museo en el que se contara cómo de sus polvos vinieron estos lodos.

¿Que si Villalonga pasó alguna vez por la cárcel? ¡Qué va, hombre! Fíjense: la famosa compañía estadounidense WorldCom quebró. Su presidente y amigo personal de Villalonga, Bernard Ebbers, fue condenado en 2005 a veinticinco años de prisión, tras ser declarado culpable de un fraude de 11.000 millones de dólares. Pero Villalonga, que compartía con Ebbers no solo los Consejos de Administración tanto de Telefónica como de la WorldCom, en base a la alianza estratégica de las compañías, sino también el culto a la especulación bursátil, tuvo suerte y esta vez tampoco le pillaron en un renuncio. Para que luego digan que no hay fundadas razones para desconfiar de una justicia hecha a la medida de los poderosos.

Hoy, Juan Villalonga se dedica a pasearse por medio mundo en su jet privado GulfStream 4 y a crear, junto al abogado libanés Mohamed Amersi, un fondo de inversión, Emergent Telecom Ventures, con sede en Ginebra, cuyo objetivo es comprar y vender empresas de telecomunicaciones. En noviembre de 2010 fue nombrado presidente de la compañía suiza de comunicaciones Sunbay y consejero del grupo de telecomunicaciones malasio Axiata. En marzo de 2011, durante una visita a la Bolsa de Valencia, declaraba que, en su opinión, «en España hay sectores con alto potencial de crecimiento y no quiero dejar pasar la oportunidad», y, sin más preámbulo, se asoció al exdirector de Estrategia de Vodafone, Bobby Yerramili-Rao, para comprar y vender empresas a través de la sociedad de capital riesgo Hermes Venture Partners.

Habrá que seguir muy atentos las evoluciones del artista porque, conociendo al personaje, es muy posible que dé para escribir muchos más capítulos de esta historia, la historia de un ejecutivo heterodoxo cuyo fair play en los negocios obligó al Tribunal Supremo a pronunciarse sobre las stock options como retribución. Y sirva el siguiente detalle como anécdota pintoresca: durante las juntas de accionistas de Telefónica, el señor Villalonga sentaba en la primera fila a su suegra y a su esposa, y cerraba los conflictos laborales invitando a Río de Janeiro a los líderes sindicales de la empresa. ¡Qué poderío!

HISTORIA DE UN PUPITRE SOCIALISTA

Y sin levantarnos del pupitre, continuamos con nuestro periplo por las actuaciones de los colegas de aula y recreo que, emulando a las grandes figuras del toreo, se han especializado en manoletinas y verónicas, en largas cambiadas y capotazos, convirtiéndose en verdaderos maestros en el arte de esquivar las normas, de eludir la ley y de prescindir del más rudimentario código ético. Y todo ello, desde la protección y la dispensa que supone haber compartido con un presidente del Gobierno o similar babi de preescolar, uniforme militar, carrera universitaria, máster en el extranjero o, en el culmen de la satisfacción que da el compartir, partido e ideología política.

De las Juventudes Socialistas al Consejo de Administración de Telefónica

Desde ese pupitre, un buen día, Francisco Javier de Paz Mancho emprendió el vuelo, en la seguridad de que llevando el carné del partido socialista en la boca no necesitaría un extenso currículum como respaldo para entrar por la puerta grande de la política y los negocios. Para eso ya se había curtido en las filas del PSOE, desde una muy temprana militancia que le llevó a ser secretario general de las Juventudes Socialistas y a compartir con una nueva generación de hombres y mujeres del partido fundado por Pablo Iglesias los ideales en los que descansa una filosofía de izquierdas. Desde esa tribuna de compromiso y juventud, calificaba de tibia y conservadora la presidencia del Gobierno de Felipe González, en la década de los ochenta.

Para empezar, cuando uno se acerca al currículum vítae oficial de Javier de Paz, como vocal del Consejo de Administración de Telefónica, S.A., el apartado académico solo ocupa dos líneas: Diplomado en Información y Publicidad (ni siquiera licenciado). Estudios de Derecho (carrera que abandonó en el primer curso). Programa de Alta Dirección de Empresas del IESE (Universidad de Navarra).

No ocurre lo mismo con el apartado profesional, que abarca las siguientes actividades: presidente de Atento Inversiones y Teleservicios, S.A.U., y consejero de Telefónica Internacional, S.A.U., de Telefónica de Argentina, S.A., y de Telefónica do Brasil, S.A. Desde julio de 2006 es vocal del Comité Ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras. Desde junio de 2004 a diciembre de 2007 ha sido presidente de la Empresa Nacional MERCASA. Adjunto al presidente y director de Estrategia corporativa del grupo Panrico Donuts (1996-2004), director general de Comercio Interior del Ministerio de Comercio y Turismo (1993-1996), secretario general de la Unión de Consumidores de España (UCE), consejero delegado de la revista Ciudadano (1990-1993), secretario general de las Juventudes Socialistas y miembro de la Ejecutiva del PSOE (1984-1993). También ha desempeñado los siguientes cargos y responsabilidades: consejero del Túnel del Cadí (2004-2006), presidente de la Patronal Pan y Bollería Marca (COE) (2003-2004), consejero de Mutua de Accidentes de Zaragoza (1998-2004), consejero del Grupo Panrico (1998-2004), presidente del Observatorio de la Distribución Comercial del Ministerio de Comercio y Turismo (1994-1996), miembro del Consejo Económico y Social y de su Comisión Permanente (1991-1993 y 1996-2000), así como consejero de Tabacalera, S.A. (1993-1996).

Para ser un publicitario que no ejerce, no está mal... no está pero que nada mal.

Pues resulta que la historia de los Aznar y los Villalonga, que ya conocemos, es muy similar a la de los Zapatero y los De Paz. Y, para más inri, con idéntico telón de fondo: Telefónica, S.A.

Pero empecemos por el principio. Javier de Paz, con escasos quince años, ingresa en Valladolid, su ciudad natal, en las filas del PSOE, que en 1973 apenas contaba con 500 militantes en el interior de España. La de Javier era una consecuencia lógica derivada de la pertenencia a una familia siempre ligada al socialismo y al sindicalismo de UGT. Una biografía de estudiante frustrado le encaminó hacia el gremio de la construcción, desde el compromiso y la responsabilidad sindical. Ante tal proceder, todo el mundo daba por hecho que el futuro de De Paz pasaba por la política. Cuando Zapatero fue elegido Secretario General del partido en su XXXV Congreso, en el 2000, se trasladó de León a Madrid, siendo su paisano Javier de Paz y su esposa quienes le ayudaron a buscar una casa en Las Rozas, donde ellos residían. El 25 de mayo de 2004, dos meses después de su victoria electoral, Zapatero nombró a su amigo presidente de MERCASA, empresa pública de fácil gestión para De Paz, y como los dos matrimonios eran amigos y con el roce el cariño iba en aumento, su esposa Ana Pérez Santamaría, funcionaria del INEM, se incorporó a los servicios de Moncloa, para dirigir la secretaría de Sonsoles Espinosa.

Pero el gran salto se produce con el desembarco de Javier de Paz en Telefónica, a finales de 2007. La gran ascensión a los cielos de la primera empresa de España, la gran multinacional presente en más de cincuenta países, con una cartera de 200 millones de clientes y una cuota del 10 por ciento del mercado mundial de las telecomunicaciones, pero, sobre todo, con un presupuesto de 1.000 millones de euros para publicidad.

Como ya hemos visto, César Alierta sustituyó a Juan Villalonga en la presidencia de la compañía durante el Gobierno de José María Aznar, por lo que aquel albergaba serias dudas acerca de su continuidad en el puesto, como consecuencia del cambio de signo en el Gobierno. Javier de Paz, a quien se le conoce como El amigo en círculos próximos a Ferraz, es el encargado de gestionar las relaciones entre el Gobierno y Telefónica y su presidente. Se achaca, precisamente, a De Paz la propuesta de nombramiento de Eduardo Zaplana, cuya amistad venía de antiguo, para ocupar uno de los cargos de alta denominación, pero de escaso contenido y muy bien retribuido, como ya sabemos, tras ser defenestrado del Partido Popular. Para contarlo todo, hay que decir que, al mismo tiempo que Javier de Paz, se incorporó al Consejo de Administración de Telefónica Manuel Pizarro, quien fuera presidente de Endesa y dejara su puesto para probar suerte en política, jugada que no le pudo salir peor. De esta forma, se restablecía de nuevo el equilibrio mayestático que rige la compañía desde su privatización absoluta, al ser Pizarro hombre del PP hasta el tuétano.

Un millón al año

Bueno, pues ya tenemos a la compañía en perfecto equilibrio y al amigo colocado con un buen abrelatas en la mano y en la boca un permanente «eso-te-lo-arreglo-yo-jefe», que es como un ministro sin cartera, pero de una utilidad inestimable para apagar los fuegos que un presidente del Gobierno ha de extinguir y que no se pueden catalogar en ninguno de los apartados de la ortodoxia política. Todo ello aderezado con la consiguiente parafernalia de despachos, secretarias, conductores, tarjetas de crédito, etc., etc., etc. Javier de Paz siempre le fue leal a Alierta, aunque aspirara legítimamente a la presidencia, pero a su debido tiempo.

Y así, tacita a tacita, llegamos a mayo de 2011, cuando se hacen públicos los datos de gestión de la filial de Telefónica Atento, de la que es presidente Javier de Paz. Estos datos han de ser registrados en un folleto de emisión de acciones en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como trámite obligatorio antes del inicio de la salida a Bolsa, proceso que concluye con la admisión a negociación de las acciones. De esta manera, se puede leer en el citado cuadernillo, que Javier de Paz recibió en el pasado ejercicio una retribución de 395.000 euros, a lo que se sumaron otros 120.000 en concepto de salario variable. Además, se anunciaba la participación de De Paz en un programa de incentivos a directivos —diseñado solo para él y para el consejero ejecutivo Agnaldo Cabucci— por el que se embolsaría otros 500.000 euros en acciones, a percibir en junio de 2014. Como además De Paz monopoliza en su persona un total de catorce cargos, de los cuales once están relacionados con Telefónica, recibe otras retribuciones, como por ejemplo, 322.500 euros como consejero, según la memoria de 2010. Así, a bulto, su remuneración anual ronda el millón de euros, sin contar las acciones.

Este y otros sueldos, cuyos montantes rozan la obscenidad, contrastan con la remuneración media que reciben los empleados de la empresa de su presidencia. En 2011, Atento contabilizaba una plantilla de 150.520 empleados en todo el mundo, contando indefinidos y temporales y excluyendo los becarios. Los gastos totales de la empresa en personal ascendieron en el año citado a 1.150 millones de euros, lo que da como resultado una media por empleado de 8.112 euros anuales.

Durante estos años, Javier de Paz ha ido cubriendo con holgura las distintas etapas de su plan de inversiones personalizado, demostrando su confianza sin fisuras en la cotización de Telefónica. En diciembre de 2010 adquirió 1.500 títulos de la multinacional, operación realizada a 17,40 euros. En total desembolsó 26.100 euros, tercera adquisición que realizaba en el año. Las anteriores tuvieron lugar en mayo, en pleno derrumbe de la Bolsa. En esta ocasión, y anticipándose muy bien a la jugada, De Paz se rascó el bolsillo y compró 6.112 títulos, a 15,22 euros cada uno. Desembolsó algo más de 93.000 euros, cifra que semanas después incrementó en 118.000, al adquirir otras 6.850 acciones, a 17,23 euros. Tras estas suculentas operaciones, De Paz cuenta ya con 41.702 acciones, un paquete valorado en casi 710.000 euros, suma nada despreciable si se tiene en cuenta que solo lleva cuatro años como consejero del grupo. El día que se sentó por primera vez en la mesa del Consejo de Administración contaba con 1.000 títulos. Esto es lo que se llama socialismo a la española.

Rancias costumbres

Como todo el mundo sabe, Telefónica ha anunciado, de acuerdo con los sindicatos, un ERE que alcanzará a 8.500 trabajadores en cinco años, lo que supone despedir al 25 por ciento de la plantilla, además de un coste al Estado —no olvidemos, por favor, que Hacienda y el Estado somos todos— de 270 millones de euros.

De nuevo, una muestra del triángulo perfecto que forman lo público, lo privado y lo partidista cuando se trata de barrer para la casa de uno. Otra vez, una prueba fehaciente de la mezquindad y la indecencia como estigmas de las alianzas que anteponen el poder y el dinero a las convicciones, que deshumanizan las circunstancias de los trabajadores hasta hacer de ellos frías cifras de un plan de regulación tan racional como insensible, que ponen una vela a Dios y otra al diablo con la misma naturalidad con la que suben y bajan del coche oficial, entran y salen de Génova o de Ferraz, como si todo ello formara parte de la metodología de un sistema universalmente aceptado.

Mientras Javier de Paz espera instalado confortablemente en la Gran Vía y en Sanchinarro, donde cuenta con dos magníficos despachos, recibe un sueldo por cada uno de los menesteres que le son propios y dispone de un amplio tren de secretarias y apoyos burocráticos, no le faltan teléfonos ni agendas..., su hija cumple dieciocho años. Esa edad en la que los carcas de la era franquista ponían de largo a las niñas de sus ojos, mientras los de izquierdas pedían igualdad y justicia social. Pues, ¡pásmense!, porque las rancias costumbres de la derecha ya no le son exclusivas.

Indudablemente, ser socialista no es óbice para percibir un sueldo astronómico, ni siquiera en plena y devastadora crisis económica, pero el alarde de ostentación que supone montar un festín para celebrar el cumpleaños de una niña, con 150 invitados y una factura de 25.000 euros, a 120 euros el cubierto, implica haber enterrado la conciencia en un mar profundo y oscuro. Así fue la cosa. Velada en una perfumada noche del mes de junio de 2011, en el jardín octogonal del palacio de los duques de Pastrana, declarado monumento de interés cultural, catering exclusivo, pinchadiscos hasta el amanecer. En este exclusivo marco, situado en el paseo de la Habana, se celebran bodas de alto standing y encopetado linaje. La homenajeada, entre los aplausos de los asistentes, es recibida por unos padres elegantes y orgullosos. Muchos son compañeros de clase y «pupitre», y también están los hijos de las mejores familias de la sociedad madrileña. Es la ocasión pintiparada para introducir a la joven en sociedad. Ella, radiante, vestida con un precioso traje largo, se pasea por el jardín cumplimentando a sus invitados.

A pocos kilómetros del lugar, centenares de jóvenes se manifiestan contra el sistema político, económico y social y defienden sus intereses ante un futuro incierto como nunca. ¡Qué cerca estuvo un día el joven Javier de estos planteamientos! ¿Insolidaridad o amnesia?

PANACHÉ DE INMORALIDADES LEGALES

Si en los epígrafes anteriores concluimos taxativamente y sin temor a equivocarnos que los corruptos no tienen ideología, de este inferiremos sin dificultad que un buen número de políticos y personajes públicos carecen de honorabilidad. Doctrina religiosa aparte, todo hombre o mujer nace, de serie, con una intrínseca cualidad moral que le exige el cumplimiento del deber respecto del prójimo y de sí mismo. Es decir, por honor. Y, en España, el honor, la vergüenza, la dignidad, el pudor, el espíritu de sacrificio y la abnegación se han convertido en conceptos mostrencos que pertenecen a una sociedad de otro tiempo, tan cándida como rancia. Hoy han desaparecido voluntariamente por exorcismo colectivo. Lo único que mueve a la sociedad del siglo XXI es el dinero. Y, lamentablemente, está demostrado que la principal virtud del dinero es corromper hasta al más santo.

Pero la honorabilidad no es patrimonio exigible solo a los que se dedican a la cosa pública, sino a cada ciudadano como individuo. ¿Cómo es posible que a consecuencia de una inspección del Ministerio de Trabajo llevada a cabo en 2010 para perseguir el fraude en la prestación por desempleo, el balance diera como resultado un 25 por ciento de irregularidades y engaños por parte de los perceptores? De las 235.000 inspecciones realizadas, fueron retirados 58.000 subsidios por fraude. O sea, que uno de cada cuatro trabajadores en situación de paro cobra fraudulentamente el subsidio. Es una situación intolerable. Ello quiere decir que los recursos del Estado, que salen de los impuestos de los ciudadanos, son licenciosamente socavados, perjudicando a toda la sociedad y damnificando a los auténticos parados, únicos acreedores legítimos de la solidaridad colectiva. Esta problemática conecta directamente con un nutrido sector de economía sumergida, no sometida a las leyes laborales y fiscales, que tanto daño hace y tanta desigualdad genera. De lo que se deduce que todas las actividades basadas en la picaresca deben ser rechazadas con la misma rotundidad.

Pero, ¿qué pasa? Pues que cuando los ciudadanos perciben la corrupción de los grandes como inevitable, se considera abierta la veda y de alguna manera se espera, en definitiva, que del banquete de los primeros acaben por caer, antes o después, las migajas para los pequeños. Al hilo del razonamiento, podemos afirmar que, cuando lo difícil es ser un funcionario no corrupto, un empresario reglamentario o un ciudadano honorable, la sociedad se encuentra al borde del colapso. El deterioro es tan vertiginoso que, más pronto que tarde, la consecuencia será una metástasis incurable.

* * *

«El honor prohíbe acciones que la ley tolera». La cita, que es de Lucio Anneo Séneca, no puede ser más actual, lo que pone de manifiesto que los problemas de la antigua Roma siguen sin resolverse después de veinte siglos.

Hubo una época en que los políticos tenían que ser ricos o, al menos, privilegiados. La cosa era disponer de patrimonio suficiente para dedicarse tranquilamente y en exclusiva a discutir sobre lo público, sin recibir remuneración por ello. De esta forma, unos tenían mucho, y los demás, satisfechos si conseguían que los hijos comieran caliente una vez al día. A unos, vestidos con levita y botines, los llevaban de acá para allá en carruajes de caballos, y los demás iban a pie, lo que significaba no llegar muy lejos. Mucho han cambiado las cosas, afortunadamente, y hoy, los próceres de la patria pasarían desapercibidos si no fuera por los coches oficiales. De riguroso color oscuro, cristales tintados, múltiples antenas y motores silenciosos, aceleran con suavidad, pero sin complejos, cuando la escolta les abre paso por las grandes urbes.

Asunto delicado este, sobre todo en tiempos de vacas flacas. No existe un censo riguroso del parque móvil asignado a nuestros políticos y representantes soberanos, pero calculando a la «cuenta de la vieja», debe superar con holgura las 6.000 unidades. La Administración dispone de unos 780 vehículos, las Comunidades Autónomas de unos 1.200, mientras que Diputaciones y Ayuntamientos son titulares de una buena porción del total. Sin olvidar una legión de empresas públicas y organismos autónomos, desde RENFE a la Orquesta Sinfónica, cuyos directivos también recorren España a cuenta del contribuyente, con un chófer que lleva pinganillo y les transporta de mil amores mientras ellos hablan por teléfono, ven la televisión en el iPad o trabajan con el portátil sobre sus rodillas... Y todo ello por el bien común.

Si aceptamos 6.000 como aproximación válida, la partida del presupuesto que les correspondería debe rondar los 290 millones de euros al año. Y esto es así porque se calcula que el gasto de un automóvil de alta gama, en ocasiones blindado, llega a los 48.000 euros anuales. Con más de cinco millones de parados y subiendo, un 45 por ciento de jóvenes desempleados y el grifo del crédito bancario para pequeños empresarios y emprendedores cerrado con varias vueltas de tuerca, no resulta muy alentador encontrarse tantos Audi A8, Volkswagen Passat y Peugeot 607 en los aledaños de los organismos oficiales, cuyos ocupantes tienen la boca permanentemente llena de planes de austeridad.

Un Ayuntamiento como el de Madrid, cuya deuda asciende a 7.200 millones de euros, pesada hipoteca para las próximas dos generaciones de madrileños, ha llegado a disponer de 160 vehículos oficiales, frente a los 23 que tiene el consistorio barcelonés. Durante años, en la capital de España se han sufragado nada menos que hasta 77 coches de «incidencias», cuyo objetivo era atender imprevistos que surgieran a cualquiera de los 57 ediles o al secretario del pleno municipal. Pero, ¡en qué país vivimos! El coche oficial, además de ser cómodo y gratuito, es un signo externo de estatus, es una prueba de mando, de que se está en el sistema... Pertenece al lenguaje no verbal de los privilegios de la clase política. ¿No hemos quedado en que España está a las puertas de la recesión económica, que se ha asomado en más de una ocasión al borde del rescate europeo y que la única forma que tenemos de salir de este atolladero es recortar gastos y ser austeros? Pero, claro, se empieza por los sueldos de los empleados públicos, que siempre han aceptado los sacrificios con deportividad... Legal, pero inmoral.

Sin dejar el tema automovilístico, en noviembre pasado nos acercamos a la subasta pública de vehículos oficiales que la comunidad castellano-manchega de M.ª Dolores de Cospedal organizó poco después del cambio de Gobierno en el palacio de Fuensalida. Inusitada expectación causaron los 68 coches expuestos en el barrio de Santa Teresa, donde los toledanos, entre curiosos y sorprendidos, hacían cola para subirse y fotografiarse en el interior del vehículo oficial de José María Barreda, presidente autonómico anterior. El coche en cuestión, un Audi A-8 blindado, se adquirió en 2007 por 337.000 euros, justificándose la compra por la amenaza etarra, pero lo cierto es que casi no se utilizó. La oferta de salida era de 156.000 euros y solo para empezar a pujar era preciso aportar un aval bancario de 31.200. Desconozco el destino final del vehículo, porque la puja por este modelo concreto quedó desierta.

Estamos en julio de 2011 y la crisis económica golpea con tanta crudeza que el gobernador del Banco de España, señor Fernández Ordóñez, que habla poco, pero cuando habla sube el pan, exponía como una letanía los esfuerzos que había que plantearse, sí o sí, si los españoles queríamos salir de la crisis. A saber: retraso de la edad de jubilación, abaratamiento del despido, subida de impuestos, moderación salarial, bajada retributiva a los funcionarios... En fin, las alegrías de siempre. Pero cuando creíamos que ya no era posible más congoja y tribulación, salta la noticia en los medios de comunicación: el Banco de España se gasta en tres años de crisis sin precedentes, 8,17 millones de euros en obras. Según las memorias de la entidad, en 2008 se efectuaron obras y reformas por valor de 3,83 millones; en 2009 alcanzaron los 3,3 millones; y en 2010, 1,04 millones. Los propios informes del Banco no dan muchos detalles sobre los trabajos realizados, justificados por la circunstancia de que la mayoría de las sucursales son edificios históricos que necesitan cuidados y mejoras. En diciembre de 2010, el Banco de España sacó a concurso siete licitaciones para nuevas obras a realizar a lo largo del 2011. El monto total ascendía a 4,94 millones de euros. Destaca, por ejemplo, la restauración y limpieza del lucernario de la sucursal de Tenerife o la reforma de las instalaciones electromecánicas en Bilbao y Madrid. Otras reformas realizadas tienen que ver con la instalación de nuevos y modernos ascensores en la central de la plaza de Cibeles, así como la adjudicación, por 127.000 euros, de un nuevo equipo de megafonía en el Salón de los Cuarenta, también en Cibeles. Al hilo de las informaciones, los sindicatos llamaban la atención sobre la reducción de las sucursales del Banco, de 22 a 15, tras el cierre de siete centros, entre ellos, Melilla, donde se renovaron los equipos de aire acondicionado antes de su clausura. No hay comentarios... Legal, pero inmoral.

Como reza el dicho, «hay imágenes que valen más que mil palabras». Y yo añadiría: y fotos que no tienen precio... O sí lo tienen. Algunas muy concreto, aunque a veces su valor crematístico no implique toda la ética que debería implicar. Este podría ser el caso de la fotografía oficial del socialista José Montilla mientras fue presidente de la Generalitat de Cataluña. El Ejecutivo catalán pagó por ella la friolera de 7.710,40 euros. ¡Eso no lo valen ni los posados inéditos de Marilyn Monroe! Pero, es que «el arte es subjetivo». Así lo justificaba el jefe de la oficina de vicepresidencia, Joan Vidal (CiU), en respuesta a una pregunta de la diputada Laia Ortiz (ICV). La respuesta también incluía lo que había costado la foto institucional del sucesor de Montilla, Artur Mas (CiU), realizada por el fotógrafo de La Vanguardia, Pedro Madueño: 324,78 euros, cantidad menos lesiva para las arcas públicas en tiempos de crisis.

El presidente de la Generalitat es uno de los políticos mejor pagados de España y el presidente autonómico que más cobra (144.000 euros brutos anuales), muy por encima del presidente del Gobierno (78.000 euros), y todo ello después de rebajarse el sueldo un 15 por ciento en 2010. Como expresidente, Montilla tiene derecho durante dos años a una pensión de 115.000 euros. Lo de la foto es, sinceramente, tener ganas de salir en los papeles... Muy legal, pero muy inmoral.

Y ¿qué me dicen del Ayuntamiento de Parla? La situación es dramática. Las arcas del municipio están exánimes, con una orden de embargo del juzgado de Madrid por 4 millones de euros, con vistas a saldar la deuda con la empresa Servidrive, encargada de la gestión de los transportes, otro pasivo de 80 millones correspondiente a Valoriza, la gestora del servicio de limpieza, sin olvidar el despido de 190 trabajadores municipales, entonces en plena negociación. Y el bueno del alcalde, José María Fraile, solicitando en agosto de 2011 el adelanto de la paga extraordinaria de Navidad, 2.500 euros, para disfrutarla durante las vacaciones de verano. Esto sí que es abandonar el barco antes de que se hunda y rapiñar hasta los despojos. El informe de la funcionaria de Relaciones Laborales encargada de resolver la solicitud justificó técnicamente la conformidad, puesto que el regidor estaba en su perfecto derecho de plantear la cuestión. Nadie duda de la legalidad que asiste al bueno del alcalde a gozar de unas merecidas vacaciones, pero ¿qué habría ocurrido si todos los funcionarios a quienes amparan derechos del mismo tipo hubieran pedido sus correspondientes anticipos? Los vecinos de Parla no merecen gestores de esta catadura moral, miembros activos de un partido cuyas siglas exhiben su condición de socialista y obrero, y encima gobiernan en coalición con Izquierda Unida. Legal, pero ignominioso...

Y ahora vamos con la historia de un fiasco consentido y alentado por el Gobierno valenciano de Francisco Camps, que utilizó la Caja de Ahorros del Mediterráneo para financiar sus megaproyectos, sin olvidar la puntilla dada a la entidad por la ambición desmedida de un grupo de directivos sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja. En octubre de 2011, las pérdidas de la CAM obligaron al Banco de España a inyectar 2.800 millones de euros, cifra que desde ese momento se da por perdida, para garantizar los depósitos, al tiempo que abría otra línea de liquidez por otros 3.000, con el fin de evitar que la retirada masiva de capital por parte de los clientes estrangulara a la entidad. Una vez intervenida, la Caja perdía su autonomía en favor del Estado, pero los administradores del Banco de España que se harían cargo de la caja a partir de ese momento no pudieron evitar que la directiva anterior, encabezada por Roberto López Abad, rescindiera su relación laboral, aprovechando el ERE impuesto por la entidad en 2010. De esta manera, los cuatro directivos afectados ponían fin a su relación laboral con la empresa a cambio de millonarias prejubilaciones. Fuentes sindicales hablan de 5,8 millones de indemnización para López Abad, en virtud del salario de 700.000 euros anuales que percibía como director general. Agustín Llorca y Joaquín Messeguer, 2 millones cada uno, y Vicente Soria y Gabriel Sagistrá, 1,5 millones por cabeza. Además, López Abad, antes de irse, se casó con la pareja con la que llevaba años de convivencia, para recibir la mesada o paga extra en concepto de boda; en su caso, 70.000 euros.

La vacante de López Abad fue cubierta por María Dolores Amorós, mano derecha del citado, con funciones ejecutivas desde hacía años, y a quien se encomendó el último tramo de la operación de la fusión con otro grupo de cajas, sin margen para opinar y en una operación absolutamente dirigida. La señora, sin pensárselo ni un minuto, se aseguró su futuro económico con sueldo y pensión vitalicia, ya que no podía acogerse al ERE por razones de edad. Ocultó su contrato a la comisión de retribuciones y al consejo de administración de la Caja. Fue destituida de su cargo por los administradores del Banco de España tan solo tres semanas después de haber sido nombrada, a consecuencia de lo que se denomina en el argot bancario «contabilidad creativa», y en el argot ciudadano, «chanchullos y tejemanejes fraudulentos». Amorós se fijó el sueldo en 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000... ¡Porque ella lo vale!

Ante tamaño desfalco, que saltó a la palestra como consecuencia de la instrucción del caso Brugal, conocido por ustedes y por mí, los letrados del Banco de España analizan si es posible exigir la devolución del dinero embolsado y si se abre expediente sancionador a los gestores. Espero de corazón que los inspectores den con la fórmula que haga viable, como en el caso de otras Cajas intervenidas, que estos pájaros devuelvan lo que se han llevado, porque las inyecciones del Banco de España a entidades bancarias salen de fondos que nos pertenecen a todos, para luego comprobar que un buen pellizco sufraga la buena vida de los responsables de tanto desatino. Legal... pero indecente.

Desde finales de 2008 la crisis económica asola Europa. España entra en recesión por primera vez en quince años y el paro sube 1,3 millones en solo doce meses. Los ciudadanos, asustados; y los políticos, amenazando con recortes y rebajas en los sueldos de los funcionarios para controlar el gasto público. Sin embargo, la contención no reza para todos. A partir del 7 de junio de 2009, los 751 parlamentarios europeos pasaron a cobrar 7.655 euros brutos mensuales libres de impuestos. Antes de los últimos comicios, cada europarlamentario cobraba lo mismo que sus homólogos nacionales, así que se daban agravios comparativos importantes. Por ejemplo, hasta esa fecha, los españoles cobraban 3.100 euros mensuales frente a los 12.000 que cobraban los italianos. Como baremo unificador se tomó por consenso el 38,5 por ciento del sueldo de un juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Los europarlamentarios cuentan además con 17.540 euros para contratar asistentes, 4.202 euros para gastos de teléfono y mantenimiento de oficina, 285 euros de dieta fija por cada día de asistencia al pleno, lo que supone 5.740 euros al mes, sin olvidar las dietas de viaje. Según se pudo comprobar, parte de los eurodiputados acuden a la sesión a primera hora de la mañana, firman en el parte de asistentes para cobrar así los 300 euros de dieta correspondientes y, acto seguido, se marchan sin volver a aparecer por el hemiciclo. La situación se repetía con mayor frecuencia los viernes. En lugar de apercibir a los diputados, el secretario general del Parlamento Europeo, funcionario de mayor rango en la cámara, ordenó que los periodistas del canal de televisión alemán que denunciaron los hechos fueran expulsados del hemiciclo por los guardias de seguridad. Sueldos abultados, falta de control, pagos indebidos, enchufes... El Parlamento Europeo es el sueño de todo político sin muchos escrúpulos... Legal, pero muy inmoral.

La posibilidad de que los concejales municipales cobren el paro, siempre fue una demanda histórica de la Federación Española de Municipios y Provincias, que lleva reivindicando el subsidio para los ediles desde hace veinticinco años. Por el contrario, los diputados nacionales disfrutan de indemnizaciones cuando dejan su puesto en las Cortes y los exministros, como todo el mundo sabe, mantienen una pensión del 80 por ciento de su salario, es decir, unos 5.400 euros al mes. Aplicado a la empresa privada, sería como si un directivo se jubilara con una sustanciosa pensión, pero, además, siguiera en plantilla y cobrando el sueldo. En 2009, cuatro eran los miembros del Congreso que cobraban el subsidio: José Antonio Alonso, Mariano FernándezBermejo, María Antonia Trujillo y Jesús Caldera, combinándolo, se entiende, con su sueldo de diputados. Por ejemplo, Caldera, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, recibía en la legislatura anterior 6.319 euros mensuales por su escaño en la cámara baja, retribución que cae como del cielo sin necesidad de hacer nada, ni siquiera abrir la boca. Y esto es literal: según los partes de sesiones del Congreso, Caldera no presentó ni una sola iniciativa ni intervino ante la Cámara desde que comenzó la legislatura en abril de 2008. Como exministro, cobró en 2009 más de 120.000 euros por los servicios prestados, que tampoco requieren más mérito ni actividad para su percepción. Estas situaciones, paradójicas donde las haya, tienen una doble vertiente y algunas de sus señorías encuentran la horma de su zapato en la falta de control de las asistencias y horarios para practicar el absentismo laboral. ¿Cuántas veces nos sorprenden las imágenes de los informativos en las que aparece un hemiciclo semidesierto, con una veintena escasa de parlamentarios presentes, que hablan por sus móviles o dormitan ladeados en sus escaños, mientras el interviniente defiende desde la tribuna el texto de una ley o intenta plantear una pregunta al Gobierno en las sesiones de control? El presidente de la Cámara ha amenazado reiteradamente con publicar los nombres de los parlamentarios que más faltan a sus obligaciones para que la ciudadanía lo sepa, como sucede en Inglaterra. Ellos se justifican con el argumento de que su ausencia del hemiciclo no significa que estén en casa sin hacer nada, sino que tienen otras obligaciones derivadas de su representación soberana. Además, como es imposible conocer el contenido de todas las leyes, las votaciones se realizan a favor o en contra, en función de la disciplina de partido.

En cualquier caso, la Asociación de Periodistas parlamentarios entrega cada año un galardón con mucha intención al «diputado desconocido». En 2008, el controvertido título fue para el exministro popular Ángel Acebes, en reñida pugna, dirimida por foto finish, con el socialista Jesús Caldera... Legal, pero, como mínimo, poco ético.

Según cuenta Daniel Montero en su libro La Casta, una concejala alicantina teorizaba sobre la corrupción que se había instalado en su Ayuntamiento casi sin que nadie se diera cuenta, y por la que el consistorio se encontraba inmerso en varios procesos judiciales. Sobre su mesa, una factura de 1.300 euros gastados en whisky, ron y coca-cola en una sola noche. Y con dinero municipal. Aproximadamente a 5 euros por copa, los representantes locales disfrutaron de 260 consumiciones en el día. Desde luego, hay que tener buen saque. La juerga se repitió en otras ocasiones y con parecido resultado. Finalmente, el consistorio tuvo que solicitar un crédito de 4.000.000 de euros para sufragar los gastos generados por 1.500 facturas pendientes de cobro. ¿Es que la Administración no dispone de auditorías que controlen los gastos de concejales y parlamentarios?

Responsables municipales del PSOE e IU de la localidad madrileña de Pinto cargaron a las arcas municipales gastos de colchones, hoteles, ropa, relojes e incluso televisores pagados con la Visa Oro municipal, entradas a la catedral de Toledo, al Museo de Cera y al Thyssen de Madrid.

La concejala del PP de Getafe, Rosa Alcántara, reconocía avergonzada que su hija de catorce años se había gastado 35.000 euros en un año con la tarjeta de Internet móvil asignada a su madre por el consistorio. Los compañeros justificaban a la atribulada edil, diciendo que «eso le puede pasar a cualquiera». ¿De verdad que le puede pasar a cualquiera que su niño gaste miles de euros en Internet durante un año entero sin que nadie se dé cuenta? Sinceramente, creo que no. Más control y menos corrupción...

¿Y los viajes? Acabaremos este apartado con la maraña de gastos en aviones, dietas, alojamientos y todo tipo de facturas relacionadas con el chollo que suponen los viajes de los políticos. ¿De verdad son necesarios tantos viajes?

Mediante una petición formal dirigida a la Mesa del Congreso, órgano interno de la Cámara, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, una de las más numerosas con sesenta miembros, solicitaban autorización para irse cuatro días a Canarias para estudiar el cultivo del plátano. Así, como suena. La cosa consistía en una visita a la isla de La Palma para conocer la realidad medioambiental y agraria entre los días 16 y 19 de abril de 2009. ¿Alguien puede creer que son necesarios cuatro días de trabajo de sesenta diputados para estudiar el banano y sus circunstancias en el archipiélago? La Mesa, presidida por el socialista José Bono, consideró improcedente la propuesta. Finalmente, el estudio platanero lo realizaron en exclusiva la ministra del ramo y tres diputados más.

Pero los viajes de corte diplomático no son patrimonio exclusivo de los políticos nacionales. Cargos electos de ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y asambleas autonómicas disfrutan también del privilegio de viajar por cuenta ajena. Algunos han conocido ya medio mundo a gastos pagados.

Arrancaba 2009 cuando el vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluis Carod-Rovira, almorzaba con un grupo de periodistas españoles. Lo singular era el escenario: el legendario edificio Rockefeller Center de la Quinta Avenida de Nueva York. Era 23 de enero y allí, bajo los rascacielos de Manhattan, el Gobierno catalán celebraba con una fiesta la apertura de su cuarta embajada fuera de España. El Ejecutivo catalán ya tenía abiertas oficinas diplomáticas en Berlín, Londres y París. Mientras los patinadores habituales de la pista de hielo que adorna los bajos del complejo ejecutaban sus cabriolas, en la planta 26 del edificio principal, en una de las zonas más caras de la ciudad, se inauguraba la oficina diplomática de la Generalitat. Uno de los periodistas le hizo a Carod-Rovira la pregunta del millón: «¿Cuánto cuesta el alquiler de la sede?». La respuesta fue recogida por la agencia Europa Press: «Esto cuesta lo que tiene que costar». Así zanjó el exvicepresidente catalán el derecho de todos a conocer el coste que supone una embajada autonómica en la Gran Manzana. Legal, pero mezquino y prepotente...

Con razón, Gaspar Llamazares, en tono mitinero, declaraba antes de los comicios del 20 de noviembre de 2011: «En este país ya no queda incorrupto ni el brazo de Santa Teresa». Y si la extremidad de la santa de Ávila pierde sus propiedades, podemos decir que estamos bien perjudicados. La mano incorrupta, porque en realidad la reliquia es la mano izquierda de la monja revestida por un guante de plata y dedos engalanados con piedras preciosas, sufrió cincuenta mil vicisitudes hasta llegar al dormitorio de Franco, donde permaneció durante cuarenta años como su talismán de la suerte. El Jefe del Estado mandó construir un mueble oratorio de palo santo expresamente para albergar la reliquia en el palacio del Pardo. Tras la muerte del dictador, regresó al convento de las carmelitas de la localidad malagueña de Ronda, de donde nunca debió salir, aderezada por una insignia de san Fernando de oro y brillantes, obsequio del Caudillo. Cuenta la leyenda urbana que una vez la hija de Franco, Carmencita, viajó a Nueva York a un congreso católico, transportando con ella la reliquia para enseñársela a sus amigas. Al pasar los controles aduaneros norteamericanos tuvo que especificar de qué clase de objeto se trataba y, como nadie acertaba a clasificarlo dentro de las opciones del formulario, un avispado funcionario resolvió el asunto inscribiéndolo en el apartado «Conservas y Salazones».

Bromas aparte, después de lo que llevamos recorrido compruebo no sin alarma que una idea perversa parece instalarse con calado en amplios sectores sociales: solo un tonto desaprovecha la ocasión de hacerse rico. Este es el argumento que corre en paralelo con la comprensión y la transigencia de las que parecen gozar los desaprensivos. De lo que se deduce que, en cierta medida, los ciudadanos debemos asumir la corresponsabilidad del problema porque, en más ocasiones de las que sería deseable, somos los electores los que proporcionamos, a través de nuestros votos, el pábulo en el que se apoyan los dirigentes oportunistas, para después, cuando los medios de comunicación destapan nuevos escándalos, mostrarnos indignados en nuestras charlas de café con los compañeros de trabajo o en nuestro círculo de amigos... Pero nada más. Sinceramente, no alcanzo a entender el conformismo que nos anestesia para denunciar las injusticias con la contundencia requerida, reclamar su resarcimiento y utilizar los mecanismos de los que disponemos para apartar de la vida pública a los que tan flagrantemente traicionan a la ciudadanía.

Para poner fin al razonamiento que hemos resaltado reiteradamente a lo largo del capítulo, concluiremos afirmando que el problema de la corrupción preocupa a la ciudadanía como un fenómeno de inmoralidad política. ¿Existe entonces una ética política, una moral específica para los políticos? Aunque no es identificable un procedimiento legitimado para determinar los parámetros de la moralidad pública más allá de la legalidad y el derecho, tal vez podamos definir un código de buenas prácticas, cuyo incumplimiento se corresponde con una débil moral política que, más pronto que tarde, acaba en corrupción.

La opinión pública reclama a la clase política, cada vez con mayor énfasis, el cumplimiento de las promesas electorales; comedimiento a la hora de asignarse salarios, dietas o remuneración de cualquier tipo; la no utilización de fondos públicos para gastos considerados por la generalidad como lujosos o suntuarios; la exclusión de prácticas que favorezcan a compañeros de partido, amigos o parientes para cubrir cargos de libre designación o confianza; que no mientan; que no antepongan intereses partidistas o privados a intereses generales. Esta moralización apunta a valores como la austeridad, la solidaridad, la veracidad, el servicio público, las conductas ejemplares, etc. Resumiendo, la exigencia hacia los políticos se basa en la sintonía con los valores e ideales sociales mayoritarios, aunque no hayan sido recogidos por normas jurídicas. Solo discurriendo por este camino contrarrestaremos la desafección ciudadana hacia sus representantes, que se ha instalado como una realidad pura y dura de la que se deriva como siguiente consecuencia el cuestionamiento ético del Estado democrático. Por lo tanto, el problema de la corrupción no es solo una cuestión política o económica; es una cuestión social. La sociedad en su conjunto debe trabajar para construir una «cultura de la legalidad», porque los políticos no nacen de la nada, ni provienen de otros planetas, sino que son personas formadas y determinadas por la sociedad brutal y descarnada en la que vivimos, por las exigencias de un sistema competitivo como pocos, que incluye un insaciable afán de éxito y de lucro y con desmedida afición al dinero. En su artículo «Los nuevos dueños del mundo», el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, explica que entre las personas más influyentes del planeta ya no se encuentra ningún jefe de Estado o de Gobierno. Hoy manda una nueva especie: los señores del dinero.

BALANCE PROVISIONAL

Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Convendrán conmigo en que esta selección de «delincuencia política» ha sido más que suficiente para analizar el fenómeno desde los distintos ángulos que nos proporciona la peculiaridad de cada uno de los personajes y la complejidad de algunas de las tramas protagonistas de nuestra historia. ¿Que hay muchos casos más no recogidos en las páginas anteriores y que a ustedes y a mí nos vienen a la memoria, así, a bote pronto? Por supuesto. El enemigo es muy poderoso y se multiplica más deprisa que las cabezas de la hidra. Pero en algún momento tenemos que poner el punto final a esta antología, cuyos numerosos antecedentes impiden agotar por completo la cuestión, y el discurrir se anuncia indefinido, máxime cuando es difícil encontrar una fecha en el calendario en la que los ciudadanos no recibamos un nuevo sobresalto que nos haga maldecir, desde por la mañana temprano, a los que tan vilmente atentan contra la moral y la decencia básicas que, por imperativo legal, se le piden a un servidor público. Más aún, son innumerables los casos de sobornos, cohechos y malversaciones, en especial en el ámbito municipal, susceptibles de engrosar la lista y, por otro lado, decenas de causas se encuentran actualmente en pleno proceso de instrucción, en fase de vista oral o documental, y se prevé lejano en el tiempo el dictado de sentencia firme, por lo que no es posible esperar a resoluciones definitivas que cierren este ensayo.

Pero, ¿cómo resistir la tentación de citar, aquí y ahora, al chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso de los ERE falsos, quien confesaba, meses atrás y sin paños calientes, a miembros de la Policía Judicial, que había empleado parte de los 900.000 euros recibidos en subvenciones para adquirir cocaína «para su jefe y para él» o para «ir de fiestas y copas»? Espero que la Dirección General de Tráfico tome nota del estado en el que se presume circulan algunos coches oficiales. Para mayor escarnio, Juan Francisco Trujillo, el insólito conductor, recibió otros 450.000 euros con destino a una granja de pollos que nunca puso en marcha, por lo que el dinero pasó directamente a su bolsillo. No, no, no hagan cuentas... Hablamos de cantidades que duplican el Gordo de Navidad. Trujillo, conocido en sus buenos tiempos por el apodo de El Ministro, ahora está parado, porque lo echaron de la Junta en 2009 y, probablemente, habla por venganza.

¿Cómo no sentir náuseas ante la iniciativa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de erigir una colosal estatua de autoveneración en el fantasmagórico aeropuerto de la capital de La Plana, invadido por una plaga de conejos, cuyas obras finalizaron en marzo de 2011, sin que hasta la fecha haya entrado en funcionamiento y sin que sepamos si entrará? La escultura de marras, obra de Juan Ripollés, cuesta la friolera de 300.000 euros, que saldrán de las arcas del Estado, que parecen no tener dueño. Cuando la situación está como está y las previsiones vaticinan para 2012 una destrucción del empleo de entre 350.000 y 400.000 puestos de trabajo, quienes merecerían de verdad un monumento son los que viven con el salario mínimo y las promesas máximas. A buen seguro saldría barato, porque ya se han quedado de piedra...

¿Y qué clase de calificativo define el comportamiento de los dos concejales del PSOE del consistorio de Villanueva del Pardillo, Verónica García y Enrique Sánchez Rubio, que faltaron injustificadamente al Pleno municipal en el que se iba a proceder a la votación de una propuesta del Grupo Municipal Popular para elevar los sueldos de los ediles en un 30 por ciento, cuando el mensaje del Partido Socialista durante la campaña electoral había sido de austeridad y prudencia? Su ausencia permitió la aprobación de los nuevos emolumentos por mayoría simple. El regidor popular se anticipaba a asegurar que «ellos no habían comprado a nadie».

¿Quién no recuerda a Ginés Jiménez Buendía, el sheriff de Coslada, que durante más de veinte años capitaneó una banda de facinerosos de treinta policías locales que extorsionaban a pubs, comercios y establecimientos, se quedaban con parte del dinero y de la droga que incautaban en las redadas, amedrentaban a los vecinos del municipio y fueron acusados de robo y delitos contra la salud pública y la libertad sexual? El jefe de Policía más corrupto de la Comunidad de Madrid pasó en la cárcel de Alcalá Meco menos de un año, seguramente con su botín a buen recaudo. Ahora dice que quiere volver...

Sin temor a exagerar, podemos afirmar que a día de hoy se cuentan por cientos los casos de corrupción en España. Uno de los últimos informes de la Fiscalía General del Estado, fechado en mayo de 2011, reconoce que el PSOE supera al PP en corrupción, y revela un total de 730 casos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación abiertos contra partidos políticos, 264 de los cuales son procedimientos penales contra cargos públicos o políticos del Partido Socialista y 200 contra miembros del Partido Popular. Se suman a la lista 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergència i Unió, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independentista Liberal (GIL), 7 de Unió Mallorquina, 5 de Esquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego, otros 3 del PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.

Dos meses después, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hacía públicos los resultados de una encuesta sobre la percepción de los ciudadanos respecto del problema de la corrupción. El sondeo oficial mostraba al PP como el partido más implicado en el problema, con una puntuación de 6,95 en una escala de 0 a 10 para medir la apreciación. Por detrás, Coalición Canaria, con 6,72 y el PSOE, con 6,41. Pero, inexplicablemente, esa percepción no se mostraba determinante para las expectativas de voto, a pesar de que los españoles sitúan la corrupción y la actuación de los políticos en los primeros lugares de sus preocupaciones. Una vez más, la resignación de los ciudadanos se hace patente ante el problema de la corrupción, conceptuada como irremediable. Un 85,9 por ciento cree que existe porque la Administración la permite y no la persigue lo suficiente, es decir, en último término, la ciudadanía disculpa a los políticos. Muy significativa resulta la valoración de la honestidad de nuestros servidores públicos, con un 79,4 por ciento, pero es igualmente llamativo que un 24,8 por ciento de los encuestados admita preferir a un político eficaz, aunque sea sutilmente corrupto. En cuanto a las medidas a adoptar, la impresión generalizada es que en España las leyes son muy benevolentes a la hora de castigar los casos de corrupción, de lo que se deriva una impunidad intolerable. Un 44,1 por ciento pide penas más duras para los corruptos y un 25,8 por ciento prohibiría por ley que los imputados puedan presentarse a procesos electorales.

¿Pero de verdad los ciudadanos tenemos tan asumida la indecencia de nuestros gobernantes, hasta el punto de encoger los hombros en un caso o, en el opuesto, jalear y aupar a los saqueadores? Yo me niego a creer el axioma. Se nos insiste en que no debemos juzgar al conjunto por los excesos de unos pocos, pero cada día son más los que se exceden. Y para remate, intuimos que solo una ínfima parte de los cuatreros se acaba sentando delante de un juez. Alienta esta teoría la circunstancia de que una clase política desprestigiada como lo es la española en estos momentos se resista tanto a legislar con dureza contra los corruptos, porque, bien es verdad que, si los bellacos olieran el riesgo irremediable de tener que responder con su patrimonio y su honorabilidad por las tropelías cometidas, otro gallo cantaría.

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ERRADICAR LA CORRUPCIÓN:

UNA MISIÓN CASI IMPOSIBLE

Tras la caída del muro de Berlín, Europa perdió muchas de sus consignas, y es más que probable que la lucha contra la corrupción viniera a sustituir a otra lucha que tenía su esencia en la revolución. Hasta entonces, en una Europa dividida, la cuestión crucial que preocupaba a los ciudadanos había sido fundamentalmente política. Lo económico ocupaba un segundo plano. Una vez resuelto el problema y unificado de nuevo el continente, a día de hoy tal vez no haya un factor de deslegitimación y desestabilización de los sistemas políticos más virulento que la corrupción. Conscientes de la importancia de la cuestión, las instituciones comunitarias se prepararon para impulsar con determinación una política global encaminada a reducirla. La Comisión Europea empezó por definir la corrupción como «abuso de poder para obtener ganancias privadas», enunciando a continuación los principales elementos de la futura política común. Entre los puntos esenciales destaca el énfasis en la necesidad de un compromiso decidido al más alto nivel, el desarrollo y la mejora de las herramientas de investigación y la asignación de un personal especializado en la lucha contra la corrupción, a la vez que se recomienda a los países miembros adherirse a los convenios del Grupo de Estados contra la Corrupción que trabaja en el seno del Consejo de Europa. Aunque el Estatuto del GRECO contiene cláusulas de adhesión específicas para la Unión Europea, lo cierto es que esta anexión, como tal, aún no se ha producido. La Comisión la está preparando.

UN EUROPEO CON NOMBRE MUY ESPAÑOL

En cualquier caso, el GRECO, creado en 1998 y con sede en Estrasburgo, pone las pilas periódicamente a través de sus informes a los países que acoge en su seno, con el fin de que los gobiernos no bajen la guardia en la lucha contra esta lacra, cuyos efectos son más devastadores que los de un ciclón. España se adhirió al Grupo libremente en 1999, al igual que Estados Unidos, pero en su composición destacan significativas ausencias europeas, como Italia o Austria. Al hilo de lo dicho, es realmente insólito que los gobiernos adopten acuerdos, firmen protocolos y se adhieran a instituciones voluntariamente para luego no hacer ni caso de lo que se les recomienda, saltarse a la torera los convenios o no cumplir ni de lejos lo que suscriben.

El último informe elaborado por el Grupo, hecho público en abril de 2011, concluye, casi antes de empezar, que las autoridades españolas han hecho caso omiso de las principales sugerencias apuntadas en ocasiones precedentes, en especial en lo que se refiere a la necesidad de aumentar la transparencia en las cuentas de los partidos políticos, en los gastos de sus campañas electorales y en las aportaciones que reciben en concepto de ayudas municipales o de créditos bancarios. Sin temor a equivocarnos, se aprecia incluso irritación en los responsables del Grupo, que se lamentan de que España, que parece ir por libre, no haya atendido ninguna de las recomendaciones de obligado cumplimiento que se le habían impuesto. Ni el mismo Banco de España ni los demás bancos, pródigos en créditos a los grandes partidos, facilitan información veraz sobre cuánto deben o, en el mejor de los casos, si deben lo que dicen. El Grupo sospecha que las condiciones de los créditos están plagadas de cláusulas preferentes, por lo que muchas operaciones deberían tener la consideración de donaciones. Tampoco los Tribunales de Cuentas están por la labor de facilitar demasiada información, lo que, en última instancia, va en detrimento de la higiene democrática. En resumen, malas notas: suspenso en nitidez y notable en opacidad.

Si uno lee, aunque sea de forma somera, alguno de los informes de evaluación relativos a España elaborados por el GRECO, resulta llamativa la reincidencia en la necesidad de tipificar como delito la corrupción en el sector privado español.

Otra curiosidad digna de mención y que se refiere al informe elaborado por el GRECO en 2011 llama la atención sobre la inmunidad parlamentaria de la que gozan los miembros de las cámaras y los ministros españoles. Los representantes de Suecia comentaban con estupor que en su país el privilegio de los políticos a ser juzgados solo por el Tribunal Supremo resultaría «inconcebible».

Todo esto que nos cuentan desde Europa no es nada nuevo. Lo deseable sería que, ante un proceso electoral, los partidos rindiesen cuentas para que la ciudadanía conozca de primera mano en qué clase de administradores deposita su confianza. La estrategia común sigue instalada en la práctica de magnificar los casos de corrupción ajenos para alejar la atención de los propios, en el convencimiento de que, finalmente, unos escándalos neutralizarán electoralmente a otros. Los españoles, escarmentados de largo, hemos tirado la toalla y no otorgamos ningún crédito a las iniciativas de los poderes públicos para combatir la corrupción.

UN PLANETA DE CRISTAL

A eso aspira y para eso trabaja Transparency International. Hablamos de la única organización internacional, no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro, dedicada a combatir la corrupción. Nació en Alemania en 1993 y tiene su sede en Berlín. En España comenzó a trabajar en 2000 y está gestionada por la Fundación Ortega y Gasset-Marañón. Su presidente actual es Jesús Lizcano. A riesgo de simplificar demasiado, podemos afirmar que TI ha colocado la lucha anticorrupción en la agenda global y su permanente desafío es mantenerla como causa determinante de los principales problemas que aquejan al mundo.

Cada dos años TI elabora un mapa mundial con la situación de los países analizados, en un orden establecido a partir de un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Simplificando lo más posible, podemos concluir que el índice es el resultado de una combinación de encuestas basadas en datos obtenidos a partir de 17 fuentes y 13 instituciones. La puntuación final que se obtiene se clasifica en una escala de 0 a 10, donde 0 significa que se percibe a un país como sumamente corrupto, y 10 implica que el país es percibido como muy transparente.

Pero, ¿qué es la corrupción para TI? Pues es «el abuso del poder delegado para beneficio propio». Por tanto, aunque la definición se aplica tanto al sector privado como al público, el IPC se centra en la corrupción en el sector público.

El último informe presentado en diciembre de 2011 revela que más de dos tercios de los países analizados, 183 en total, obtuvieron una puntuación inferior a 5, lo que demuestra que el mundo, lejos de ser transparente, es de hormigón armado. El país que se coloca en primera posición es Nueva Zelanda, con un dignísimo resultado de 9,4 puntos, seguido de Dinamarca, 9,3 y Singapur y Suecia con 9,2. Los farolillos rojos de la tabla son Somalia y Corea del Norte, con una puntuación de 1 punto. Por su parte, España se sitúa en el puesto 30, con una nota de 6,3 puntos, similar a la de anteriores estudios y que nos colocan en un lugar mediocre de la clasificación. En la Unión Europea, los tres países con un IPC más bajo son Bulgaria, Grecia y Rumanía, frente a Dinamarca, Suecia y Suiza, con el más alto. España ocupa el puesto 18 de los países comunitarios.

En España existe la iniciativa de realizar un Portal de Transparencia Pública que permita conocer la totalidad de organismos que componen el abultado sector público español. Una primera radiografía muy sintética nos habla de 21.437 instituciones públicas, pertenecientes a todos los ámbitos: estatal (451), autonómico (2.388) y local (18.598). ¡A día de hoy no me he recuperado del impacto de estas cifras!

Después de lo dicho, está claro que el nivel de transparencia de las entidades que integran nuestro sobreinflado sector público es manifiestamente mejorable. Para conseguir este objetivo es imprescindible, entre otros requisitos, la urgente tramitación de una Ley de Transparencia y Acceso Público a la Información, la exclusión de las listas electorales de los procesados por corrupción, la reforma de la legislación electoral necesaria para desbloquear las listas cerradas que presentan los partidos políticos, la modificación de la normativa sobre financiación de los partidos políticos en línea con las recomendaciones del GRECO, la aprobación de una ley para la protección del denunciante de prácticas corruptas e ilegales, el respeto objetivo de los principios de mérito y capacidad, la eliminación de la libre designación y el cese discrecional en la Administración pública y, por último, el impulso decidido de un Pacto Nacional de Lucha contra la Corrupción entre partidos, ONG, asociaciones empresariales, sindicatos y medios de comunicación.

LOS 500 DE BRUSELAS

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en francés, Office Européen de Lutte Anti-Fraude, fue creada en 1999 y forma parte de la Comisión Europea. Cuenta con unos 500 agentes en plantilla, todos con una sólida experiencia profesional en servicios de investigación policiales y judiciales en sus países de origen. Cada año la OLAF investiga cientos de casos en los que se cometen fraudes con los ingresos de la Unión Europea o se usan indebidamente sus fondos. En 2009, la Oficina cerró 220 investigaciones de casos de malversación a las que dedicó dos años por término medio. El 60 por ciento de las denuncias afectan a presuntas actividades ilegales en seis estados miembros: España, Alemania, Italia, Polonia, Rumanía y República Checa. Pero, ¡no hay que precipitarse!, porque sería un error deducir que se trata de países donde el fraude es mayor, siendo la conclusión correcta el que sus autoridades son más receptivas a una cooperación más estrecha con la OLAF en la investigación de casos concretos.

En total, la OLAF en su último informe arroja evaluaciones sobre 691 denuncias de mala praxis, muchas de ellas derivadas de tribunales nacionales que, por su parte, han impuesto multas por un montante de 1.470 millones de euros. El tipo de fraude más corriente es el uso indebido de dinero procedente de los fondos estructurales que financian la agricultura, proyectos de política social o de desarrollo regional. Contrabando de cigarrillos, falsificación de euros, evasión del pago de los derechos a la importación de calzado y prendas de vestir, subvenciones para naranjas procedentes de explotaciones inexistentes... todos son ejemplos de actividades fraudulentas que cuestan mucho dinero a los contribuyentes europeos.

Está claro que el círculo contra los corruptos se estrecha, aunque lejos queda aún su estrangulamiento definitivo.

DIRECTAMENTE DESDE NUEVA YORK

La Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas en inglés como UNCAC, es el más amplio acuerdo que existe a nivel internacional en materia de lucha contra la corrupción. Cuenta con más de 140 miembros en la actualidad. La trascendencia de sus preceptos radica en la búsqueda del equilibrio entre las medidas preventivas y las punitivas. Otro avance importantísimo tiene que ver con el acuerdo adoptado por todos los firmantes, como novedad, sobre la recuperación de los activos, calificado como principio fundamental de la Convención. Ello significa que el descubrimiento y la recuperación de los activos robados, cuestión hasta entonces problemática, es de vital importancia para muchos países en desarrollo, en los que la corrupción de alto nivel ha volatilizado recursos públicos de los que existe imperiosa necesidad.

La Convención persigue una estrecha colaboración internacional que haga que los delincuentes no tengan dónde ocultarse ni puedan huir de sus naciones para vivir en otras sin temor a ser procesados.

El fin que se persigue es que todos nos impliquemos en esta tarea común, porque todos somos responsables de poner fin a la corrupción. De ahí el tenor de la recomendación siguiente: «... En este Día Internacional contra la Corrupción, comprometámonos a hacer la parte que nos corresponde tomando medidas enérgicas contra la corrupción, avergonzando a quienes la practican y engendrando una cultura que valore el comportamiento ético». Mensaje del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, para la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre de 2011).

EL AZOTE DE LOS CORRUPTOS

Hace pocos meses, la Fiscalía Anticorrupción se encontraba en plena mudanza. El máximo organismo encargado de investigar los delitos económicos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos cambiaba su sede del Paseo de la Castellana por un glamouroso palacete de estilo parisino en la calle Manuel Silvela del distrito madrileño de Chamberí. Cerca de 100 trabajadores integrantes de la plantilla asignada a la fiscalía, entre fiscales, agentes de la Guardia Civil, peritos e inspectores de Hacienda, tomaban en noviembre de 2011 posesión del nuevo emplazamiento. Desde hace dos años, el selecto equipo que compone la Fiscalía Especial contra la Corrupción también se ocupa de la lucha contra el crimen organizado, salvo los delitos que sean competencia de la Fiscalía Antidroga o de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La corrupción política en España ha sustraído en los últimos diez años, y en tan solo 28 casos, 4.158 millones de euros. Según su última Memoria, Anticorrupción recibió y remitió 1.587 comunicaciones a autoridades y organismos públicos, más otros 4.039 escritos a otros organismos.

En sus más recientes informes, la fiscalía analiza los efectos demoledores que la crisis ha supuesto tanto en la política del Estado como en la vida de los ciudadanos. El cierre de empresas y la pérdida de empleo constituyen, por razones obvias, un caldo de cultivo idóneo para la comisión de un nutrido número de delitos, entre los que destacan precisamente los de su competencia. Sin duda, estas circunstancias han activado el tradicional espíritu crítico y la sensibilidad de los fiscales para evitar la criminalización de las situaciones cuya única causa tiene que ver con la crisis económica, a la vez que han forzado el aumento de la exigencia y la intolerancia con las conductas defraudatorias que además sean responsables directa o indirectamente de la pérdida de puestos de trabajo.

Aunque los cambios no son exclusivos del ámbito de los delitos económicos, es indiscutible que figuras como la prescripción, el blanqueo de capitales o el mismo delito fiscal han sufrido variaciones que han obligado a la totalidad de los operadores jurídicos, y específicamente a los fiscales, a una labor de estudio y actualización muy superior a la habitual. La citada reforma ha supuesto un considerable aumento de trabajo para la Fiscalía, que se ha visto obligada no solo a la revisión de las causas para adecuar la penalidad a la nueva regulación punitiva, sino a la organización de grupos de trabajo y cursos especiales con el fin de unificar la respuesta del ministerio fiscal a los nuevos retos planteados. Para terminar, una reivindicación de la fiscalía que viene de largo es la necesidad de contar con un sistema informático integrado, que permita un acercamiento fiable a la evolución de la delincuencia en la materia. Asimismo, sería muy conveniente la dotación de más recursos y, sobre todo, más efectivos humanos, que garantizaran el cumplimiento de las tareas con mayor índice de efi cacia.

Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, otro de los puntos más cuestionados y polémicos de la Fiscalía General del Estado española, de la que depende la sección Anticorrupción, es su excesiva potestad para apartar a los fiscales de determinadas investigaciones, teniendo en cuenta que el fiscal general es un cargo de designación gubernamental, por lo que la autonomía que sería deseable queda a partir de ahí expuesta al entredicho. Comprobados están en multitud de casos los bandazos y los cambios de criterio que sufre la institución como consecuencia de las periódicas alternancias en el Ejecutivo.

No olvidemos que la Fiscalía Anticorrupción se creó durante la última etapa de Gobierno socialista de Felipe González, precisamente por el aumento descontrolado de los casos de corrupción que tuvieron lugar durante la época. Después, en el transcurso del Gobierno popular de José María Aznar, la fiscalía llegó a correr serio peligro de desaparición. Los enfrentamientos entre fiscales eran continuos, los intereses opuestos y las posturas se llegaron a enconar, de tal manera que el fiscal general, entonces Jesús Cardenal, propuso al Ejecutivo la supresión de la institución, que a la postre dirigía Carlos Jiménez Villarejo. Cardenal basaba la iniciativa en la confianza de que la persecución de los delitos vinculados a la corrupción podía quedar depositada en todos los fiscales españoles que, a su juicio, estaban perfectamente capacitados para llevarla a cabo. Otros sectores progresistas de la judicatura pusieron el grito en el cielo defendiendo su necesidad más que nunca... Y hasta hoy.

EL SÉPTIMO DE LA POLICÍA

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional no da abasto para analizar la documentación incautada en tantos registros de tantas operaciones como se trae entre manos. Cientos de miles de folios aguardan en cajas en las comisarías para ser estudiados. Este atasco retrasa inevitablemente la instrucción de las causas y la apertura de otras nuevas.

Durante 2011, en los juzgados de Palma de Mallorca, la Policía repartía lista de espera para hacer nuevos registros, así como para proceder a la apertura de las arcas repletas de documentación incautada. Era tal el agobio que fuentes judiciales hacían sonar las alarmas sobre el peligro real de la prescripción de los delitos. La saturación de los agentes, dedicados casi exclusivamente durante meses a la lucha contra la corrupción en el archipiélago, forzó a prorrogar por tiempo indefinido el secreto de los sumarios en marcha. ¡Es que lo de Baleares se ha llevado «la Palma»!

Como todo el mundo sabe, las instrucciones de las causas por corrupción son muy complejas y, en consecuencia, dilatadas, por lo que la larga espera para disponer de los informes policiales constituye un serio obstáculo para su avance judicial. Las circunstancias descritas se repiten a lo largo y ancho de la geografía española, donde los corruptos no dan tregua a nuestras Fuerzas del Orden, cuyos efectivos se ven obligados a trabajar bajo presión en más ocasiones de las que sería deseable. La Unidad Anticorrupción de la Policía, que comenzó a funcionar en 2005, asume la investigación y persecución de las actividades delictivas de ámbito nacional e internacional en materia de delincuencia económica y fiscal, y su puesta en funcionamiento ha dado como resultado un incremento notable de la efectividad policial en la lucha contra las redes de blanqueo de dinero y otros delitos económicos, con especial atención a las operaciones relacionadas con la corrupción urbanística y política.

También la Guardia Civil dispone de una Unidad Especial Anticorrupción, que participa conjuntamente con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial en cuantas operaciones es requerida por la Fiscalía Anticorrupción.

* * *

La corrupción ha de ser denunciada en un primer nivel, pero no puede quedarse en simple agitación sin solución. Esta lucha necesita progresos reales que partan de la educación y el incremento informativo y pasen por la reforma de la legislación y la actuación implacable de una Justicia independiente que dé al traste definitivamente con la impunidad.

Es hora de dar por finalizado este repaso a las instituciones, organismos, ONG, miembros de la judicatura, funcionarios y agentes que a nivel global, europeo o nacional se afanan cada día en una lucha sin cuartel contra un enemigo que no parece estar nunca herido de muerte y, si lo está, resurge de sus cenizas cual ave fénix. Desde estas páginas, solo resta transmitirles a todos ellos solidaridad con la causa y agradecimiento por sus desvelos y por sus muchos éxitos, a pesar de la complejidad de las tramas y la versatilidad de la que hacen gala los delincuentes.

«¡CIÉRRATE, SÉSAMO!»

En su Espíritu de las leyes, Montesquieu se refirió a la corrupción en los siguientes términos: «Hay dos géneros de corrupción: una cuando el pueblo no observa las leyes, y la otra cuando el pueblo es corrompido por las leyes, dolencia incurable, ya que radica en el único remedio que el mal tendría». Esta cita viene que ni pintada para reincidir en una de las tesis, expuesta a lo largo de este ensayo en diferentes momentos, de que los españoles nos hemos acostumbrado a las prácticas corruptas... ¿Y cuál es la razón de este comportamiento social? Pues, para empezar, la frecuencia con la que estas conductas fraudulentas se producen, además de la notoriedad de los sujetos que incurren en ellas, pero, por encima de cualquier otra consideración, debido a la impunidad con la que en apariencia acaban por llevarse a cabo. Entonando el mea culpa, habría que reflexionar sobre el razonamiento de muchos españoles que confiesan abiertamente que, de tener ocasión, tampoco harían ascos a procurarse una buena tajada económica, sobre todo, si los dineros son del Estado, término que parece ser sinónimo de no ser de nadie.

Pero, prescindiendo de esta última observación, cuando la clase política en general está en la picota por haber demostrado ante todos los ciudadanos su escasa habilidad para gobernar, su ineficacia a la hora de administrar los caudales que les han sido confiados, un manifiesto sectarismo para tomar decisiones que afectan a toda la sociedad y, a mayor abundamiento, nos enteramos de que personajes importantes, políticos de prestigio, presidentes de comunidades autónomas y toda una letanía de representantes soberanos han estado sirviéndose de su cargo para esquilmar el dinero procedente de los impuestos que todos pagamos con gran esfuerzo, la indignación nos inflama las entrañas. Pero el colmo del atufo llega cuando comprobamos la lentitud, la desgana y el apartheid con los que la Justicia funciona para manejar esta clase de delitos, evidenciando sin pudor lo que es una sospecha a voces: la escasísima independencia del poder judicial, politizado a todas luces, incluso cuando se asciende en la escala hasta las más altas instancias de los tribunales de Justicia.

Que en todos los países del mundo hay sinvergüenzas y bribones... Sin duda. Lo hemos comprobado a través de los resultados que arrojan estudios de diverso signo y de procedencias que están fuera de toda sospecha, pero la frecuencia, la cantidad y el descaro con los que las conductas fraudulentas se dan en España son difíciles de superar por otros países civilizados de nuestro entorno. El apego al puesto, la ausencia de pudor y la falta de respeto hacia los electores, el empecinamiento en negar lo evidente y ocultar lo palmario, hacen que los corruptos a los que no se les ha pillado con las manos en la masa por un pelo se empeñen en ir contra corriente, poniendo en apuros, en primer lugar, a sus propios compañeros de partido. Niegan una y otra vez su responsabilidad y enmarañan la situación para evitar una dimisión o una renuncia honorable que supondría la salida más airosa para el responsable y la menos perniciosa para la salud de nuestra democracia y el prestigio internacional de nuestro país.

Hoy son alrededor de 800 los imputados por corrupción política, pertenecientes a la casi totalidad de los partidos de nuestro espectro político y procedentes de todos los niveles de responsabilidad. De ellos, cerca de 100 se han presentado a las elecciones de 2011. Los sucesivos escándalos, su intensidad y la relevancia de sus protagonistas nos llevan indefectiblemente a la decepción y, de esta, a la indiferencia. El discurso anticorrupción no puede producirse solo cuando se destapa una nueva inmoralidad. Es verdad que las medidas para combatir el problema se han perfeccionado, al menos en teoría, pero, aun así, ninguna de ellas logra finalmente evitar ni disuadir a los que serán tentados con posterioridad. Y, en caso de llegar hasta una eventual condena de privación de libertad, que ya es mucho suponer, la cárcel, en ocasiones, no es más que el paso intermedio para blanquear el delito. Porque, ¿qué pasa con el supuesto ineludible de devolver lo sustraído?

Entonces, ¿es inevitable este callejón sin salida que parece representar todo lo dicho hasta aquí y que nos conduce a la frustración y al de saliento sin posibilidad de redención? No debería. ¿Apelar a la honradez, la moral o la ética de nuestros representantes políticos y personalidades públicas no es más que un brindis al sol? Espero que no. ¿Si pudiéramos reunir todo el dinero que las administraciones han dejado de ingresar por corrupción en treinta años recuperaríamos el grado de indignación que precisamos para hacerle frente con energía? Podría ser...

Nos hemos vuelto descreídos, ya no nos seducen los himnos ni las banderas, pero miramos hacia otro lado cuando tenemos que posicionarnos y actuar explícitamente. Nos hemos equivocado y la única salida es asumirlo y cambiar las reglas del juego. No podemos dejar en manos de los políticos la maquinaria anticorrupción, porque si en ellos radica el problema, de ellos no puede partir la solución. Pero también tenemos que ser realistas, porque, como en el déficit público, la «opción cero» no existe en términos de corrupción. El fraude, la malversación y el chanchullo van implícitos en el ejercicio del poder y en la gestión de lo público. De lo que se trata es de controlarla y reducirla a la mínima expresión posible, para vivir con grados tolerables del fenómeno. ¿Y cómo conseguirlo? Hora es ya de apuntar algunas soluciones que, lejos de ser fórmulas mágicas ni panaceas universales, pueden dar muy buenos resultados si se ponen en marcha de forma concertada.

Para empezar, no hay corrupción política sin corrupción social previa. Es desde la propia sociedad desde donde se corrompe un político. Por lo tanto, se hace indispensable una formación moral sólida, con planteamientos claros y firmes sobre el valor real y los peligros del dinero. Los nuevos principios éticos que priman actualmente como el éxito social y la riqueza económica son el caldo de cultivo en el que prospera la corrupción.

En segundo lugar, los casos de corrupción son éticamente inaceptables, pero también inevitables. El problema se agrava cuando el sistema político y administrativo es un coladero y el fraude se convierte en regla y no en excepción. En algunos campos, por ejemplo el urbanismo y las obras públicas, la situación en España ha llegado demasiado lejos hace demasiado tiempo. Para torcer la inercia es necesario aumentar al máximo la transparencia en el manejo de los recursos comunes, a todos los niveles.

Como tercera consideración, sería bueno insistir en la idea de que el monopolio de los partidos políticos como redes organizadas que se extienden por todo el territorio nacional favorece la corrupción, porque el ejercicio del poder en exclusiva tiende a instaurar la impunidad. De especial importancia para contrarrestar tan negativos efectos son las denuncias de los medios de comunicación y los controles judiciales. En caso de no funcionar con la eficacia deseable, se impone una reforma institucional que neutralice la ausencia del castigo. Los partidos políticos funcionan por encima de sus posibilidades y de su realidad social. ¿Se han preguntado alguna vez a qué responde esa hiperactividad de nuestras organizaciones políticas que no cesa ni de día ni de noche, de lunes a domingo, y que supone un gasto en fastos desmesurado y de difícil control, que ni siquiera se justifica con una mayor implantación o un incremento de las bases? Tan solo se trata de una foto en los medios, un minuto en el telediario, una especie de adicción del político al mitin que tal vez venga a poner de manifiesto algún tipo de patología de nuevo cuño.

Y, por último, si a pesar de todos estos obstáculos y medidas preventivas, el envilecimiento consigue captar rehenes, es la sanción justa de sus protagonistas el final pertinente para la película. Pocas situaciones son más desalentadoras que la impunidad de los corruptos, impunidad que es, en sí misma, una forma sutil de corrupción.

Muchos jóvenes y no tan jóvenes se plantean la inutilidad de su voto en cada convocatoria electoral, embargados por el convencimiento de que todos los políticos son iguales y que la alternativa al Gobierno de turno no pasa por los partidos que ejercen la oposición. Desencantados y desprovistos de formaciones y candidatos honrados en quien confiar, optan por la abstención, haciendo un daño inimaginable a la democracia. Dos generaciones luchamos contra viento y marea para que España se convirtiera en un país libre y soberano, donde el sufragio universal fuera la forma de elegir a nuestros gobernantes, y ahora, cuando los índices de abstención superan incluso a los de votantes en cada plebiscito, una ola de profunda tristeza me invade sin compasión. Pero es comprensible. Cómo no va a serlo, si la sociedad asiste, entre atónita y encolerizada, al espectáculo casi diario de comprobar cómo se forran determinados personajes, y los ciudadanos nos declaramos incapaces de diferenciar entre los buenos y los malos, incluso dentro de la misma organización política. Eso sí, sin olvidar la experiencia que demuestra que la corrupción cuesta los votos justitos. La desidia, el hartazgo son las reacciones sociales menos convenientes. Así que, o se pone coto penal y político de manera tajante al fenómeno de la corrupción, o se nos irá por el sumidero el capital democrático conseguido desde la Transición. La corrupción proviene del dinero fácil e incontrolado, por lo tanto, la mejor manera de atajarla es cortar el grifo del que manan los recursos hacia quienes principalmente los manejan: los partidos y los Ayuntamientos. Unos partidos que se financian con los fondos del Estado sin dar cuentas a nadie, convertidos en grupos herméticos con el único fin de acceder al poder, que atraen a todo tipo de sinvergüenzas y oportunistas como la miel a las moscas. Y unos Ayuntamientos que, sin apenas recursos, gastan diez veces lo que ingresan. Reformar la financiación de ambas estructuras es condición indispensable para salvar nuestra democracia. Así de simple. Pero, ¿quién ha de ser el que le ponga el cascabel al gato? Si los partidos no están legitimados para hacer los cambios, solo quedamos los ciudadanos para asumir el compromiso de la transformación.

La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral, la convivencia, la justicia y el desarrollo integral de los pueblos. En mi opinión, estamos en una etapa de refundación de las sociedades, de los sistemas políticos y los modelos económicos. Los resultados serán el fruto de una tarea conjunta, de la implicación y las iniciativas de todos. Por ello, la participación es la clave para iniciar el camino hacia el cambio; hay que abandonar la resignación y la indiferencia y tomar una postura activa. La acción, más que nunca, debe ser colectiva; de lo contrario, no tendrá éxito. Asumamos nuestras responsabilidades como ciudadanos. Desde las escuelas y, especialmente, desde las familias se impone educar a nuestros hijos en valores que parecen arcaicos y superados, pero son los que convertirán a los que nos sucedan en hombres y mujeres justos, honestos e íntegros. Porque no olvidemos que quien no vive como piensa, acaba pensando según vive.

El último estudio elaborado por Red Europea contra la Pobreza concluye datos escalofriantes: más de la cuarta parte de los ciudadanos españoles se encuentran actualmente en riesgo de pobreza y exclusión social. Nada menos que un 25,5 por ciento de la población. Hablamos de 11,5 millones de compatriotas que están siendo castigados de manera brutal desde que comenzó la crisis económica. Miles de nuevos pobres que acumulan odio y desprecio de día en día hacia una clase política que vive como dioses en pedestales y no son más que españoles elegidos por el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, deben comportarse como tales. Está claro que las medidas y estrategias no han logrado detener esta macabra escalada y se hace acuciante un profundo replanteamiento de las políticas sociales en nuestro país. A estas estremecedoras cifras, podemos sumar otras: más de cinco millones de personas en edad de trabajar que no encuentran dónde y una juventud sin esperanza ni horizonte que habrá dejado de ser joven cuando consiga encontrar un empleo digno. Malos presagios se dibujan en el lienzo del futuro.

Y, frente a esta situación, por todas partes florecen, como los rosales en primavera, los Gürtel, Matas, Malaya, EREs fraudulentos, Camps, Urdangarín, cajas arruinadas con directivos que se llevan indemnizaciones millonarias, aeropuertos sin aviones ni pasajeros, universidades sin el más elemental nivel científico, obras faraónicas sin ninguna utilidad, ayuntamientos y comunidades endeudados hasta lo inimaginable, fraude fiscal sin control, instituciones claves del Estado bajo sospecha, una administración de Justicia desprestigiada y sin la más mínima independencia, cientos de poderosos enriquecidos sin méritos y más de 4.000 millones de euros que en menos de diez años se han ahogado en la charca hedionda de la corrupción.

¿España parece hoy un gigantesco estercolero? Juzguen ustedes mismos. Los grandes problemas requieren grandes soluciones y de un drama colosal como en el que nos debatimos ahora solo se sale por un camino plagado de reformas de calado. No sirven los paños calientes, ni el pan para hoy con hambre para mañana. Limpiar todo esto requiere un esfuerzo titánico, además de una verdadera conmoción social que profundice hasta las mismas raíces y remueva el alma del sistema. Necesitamos un terremoto social de envergadura, una ducha descontaminante de la infección bacteriana que aqueja a la élite en el poder y la viriasis afincada en el sistema. Tal vez algo parecido a lo que diccionarios y enciclopedias definen como ‘revolución’.

Si España fuera Irán, ¿seríamos un país de mancos? Desde la Revolución Islámica, las leyes judiciales iraníes están basadas en la sharia, que dice que «cuando la mano se acostumbra a cometer robos, hay que cortarla». Y, digo yo, que entre el castigo mutilador y el irse de rositas sin penitencia ni expiación y sin devolver los dineros afanados, ¿no podríamos encontrar el aristotélico y virtuoso término medio que nos acerque a la excelencia del sistema, la justicia y la honradez perseguidas?

Lanzado queda el reto...

AGRADECIMIENTOS

Nunca hay que dejar de dar las gracias por cuanto se posee y por lo que a lo largo de la vida se va consiguiendo. En este caso, de bien nacida es destacar a las personas que me han apoyado haciendo posible que este libro sea finalmente una realidad. A Luis Jiménez, antes marido y siempre amigo y compañero. A Lourdes y Mariano, verdaderos camaradas cuando había que serlo. A Susana Gómez Aspe, Mar Medel, Carmen de la Fuente y Paloma Jiménez, que me han auxiliado sin descanso. A Isabel Mira, quien ha demostrado con creces que la distancia no es el olvido. A Lola Muñoz, auténtica Sherlock Holmes en la tarea de averiguar el paradero de los que hace tiempo perdimos la pista. A mi querido amigo Luis Álvarez, uno de los hombres con los que más me gusta conversar. A Lola Cruz, a quien tanto he echado de menos, y felizmente he recuperado. A Aroa Moreno y Alicia Escamilla, auténticas especialistas en el arte de apuntalar a autoras declaradas en ruinas, para evitar su derrumbamiento... Y, para terminar, a Luis Carlos Buraya y Ángela Olivares, mis buenos vecinos y mejores amigos. Sin ellos no creo que hubiera conseguido sobrevivir a este invierno, probablemente el más frío y oscuro de mi vida.

A todos, mi cariño sincero y mi eterno agradecimiento.

El síndrome de Alí Babá

M.ª Ángeles López de Celis

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Título original: El síndrome de Alí Babá

© del diseño de la portada, Más!gráfica, 2012

© M.ª Ángeles López de Celis, 2012

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