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Sinopsis

El conocido político democristiano, artífice de innumerables pactos entre la minoría catalana y el Gobierno español a lo largo de los cuarenta años de democracia, hombre de consenso con conexiones internacionales, presenta aquí sus memorias políticas. Apartado prematuramente del terreno de juego por la dinámica maniquea del procés, Josep Antoni Duran Lleida pone, negro sobre blanco, su experiencia personal y su visión del pasado, presente y futuro de Cataluña y España.

Unas memorias en las que no esquiva las cuestiones más controvertidas: las tensiones entre la coalición de Convergència i Unió, los primeros contactos informales con Aznar, los casos de corrupción política que salpicaron a Unió y el giro independentista del nacionalismo conservador. Todo queda abordado de una manera clara y directa, aportando un destacable nuevo punto de vista a la vida política española de los últimos años.

JOSEP ANTONI DURAN LLEIDA

EL RIESGO DE LA VERDAD

Memoria de una pasión política: desde el final del franquismo al colapso del independentismo

Prólogo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Enrico Letta

Los líderes deben ser lo suficientemente
duros como para luchar y lo suficientemente
tiernos como para llorar, y deben admitirlo, [y]
deben ser lo suficientemente humanos como
para cometer errores, y también esto deben
admitirlo, que deben ser fuertes para asimilar
el dolor, y que el dolor es a veces muy intenso.

[y] deben ser capaces, sobre todo, de perdonar
y seguir adelante.

JESSE JACKSON, candidato demócrata
a la presidencia de los EE. UU.

Prólogo

Es la primera vez que ambos escribimos el prólogo de un libro a cuatro manos. Pero los dos recibimos con alegría y satisfacción la petición de nuestro amigo Josep para prologar sus memorias. Constituye un placer, y al mismo tiempo un honor, y le agradecemos la oportunidad de hacerlo conjuntamente.

No obstante, lo que nos duele es tener que participar como prologuistas de un libro que levanta acta de la retirada definitiva de la vida política activa de su autor. No solo por ser amigo común, sino porque, sinceramente, creemos que no es bueno para Cataluña ni para España. Como tampoco lo es, indirectamente, para la Unión Europea ni para América Latina.

Somos conscientes de la necesidad de rejuvenecer la política, de dar paso a las nuevas generaciones, de la renovación de cargos…, pero seguimos valorando la experiencia como un gran activo a la hora de gestionar el bien común, que no otra cosa debiera ser la política. Es más, siendo también conscientes de los tiempos de cambio que corren, son sobradas las razones por las que lamentamos al unísono: ¡que lástima que Josep no continúe en la arena política!

Estamos asistiendo al auge de los populismos y del autoritarismo, que beben demagógicamente de las consecuencias de la globalización, del desprestigio de la política y sus instituciones públicas, de las secuelas de las crisis económicas, del claro y exponencial incremento de la desigualdad, y del impacto del uso de las nuevas tecnologías. Todo ello nos permite y nos obliga a valorar aún más el acervo político y humano del autor de estas memorias.

Chile lo sabe bien. En los años de dolor y persecuciones durante la dictadura, los demócratas chilenos contaron siempre con la valiente y decidida solidaridad de destacados políticos, académicos e intelectuales de todo el mundo. Uno de ellos fue Josep, quien en varias ocasiones visitó Chile para apoyar y estimular la causa de la democracia y la libertad.

Duran Lleida es, además, un profundo europeísta que conoce, valora y defiende la importancia de avanzar y consolidar el proyecto de la Unión Europea. Importante, por supuesto, para los europeos, pero también para todos los demás continentes y singularmente para los latinoamericanos. En los tiempos de cambios que nos tocan vivir, los valores de democracia, de respeto a la dignidad de la persona, de justicia social, de defensa permanente de la paz, de la multilateralidad…, que están en el corazón del proyecto europeo, son más necesarios que nunca frente al claro retroceso de las libertades y de la egoísta priorización de lo propio frente a lo colectivo.

Sin embargo, reconocemos que este es un proceso que requiere de un nuevo impulso, dada la pérdida de gravitación de Europa en América Latina. Una Europa sumida en sus propias dificultades ha dejado de ser un referente para Latinoamérica en materia de inversiones, cooperación internacional e, incluso, en su siempre valioso aporte cultural e intelectual, dejando que ese espacio lo comiencen a ocupar naciones del Asia Pacífico, principalmente China y Japón, que han ido copando mercado y posiciones económicas estratégicas.

Pero, además, las reflexiones y experiencia vital de nuestro común amigo Josep nos llegan en el preciso momento en el que el proyecto secesionista del Gobierno de Cataluña, acompañado de una parte de la sociedad catalana, supone una propuesta populista que amenaza con la alteración de las fronteras en la Unión Europa. Conviene recordar, como hace Duran, que la Europa unida que querían edificar dirigentes humanistas como De Gásperi, Schuman o Adenauer (con los que siempre nos hemos identificado) pretendía superar las fronteras de los Estados, y no crear otras nuevas con nuevos Estados.

La lectura de El riesgo de la verdad permite constatar algo que nosotros dos conocemos, valoramos y apreciamos desde hace décadas: la coherencia y lealtad de Duran Lleida a sus ideas. Desde el primer día que le conocimos (en Santiago de Chile y en Pisa), Josep se ha mantenido ejemplarmente coherente y leal en la defensa de los principios del humanismo cristiano desde su partido de toda la vida: Unió Democràtica de Catalunya, de la que no podemos sino lamentar su desaparición.

No somos quiénes para inmiscuirnos, y menos injerir, en la política catalana y española, pero estamos convencidos de que tanto Cataluña como España van a echar mucho de menos los valores, propuestas y estilo del histórico partido demócrata-cristiano catalán. Particularmente, el talante dialogante de sus principales dirigentes, y entre ellos el del autor de este libro. Somos testigos de la capacidad de diálogo, transacción y consenso de Duran. ¡De su enorme sentido común! Aquello que en Cataluña se denomina seny, aun siendo conscientes de que en torno a esta catalana virtud —que hoy aparece diezmada— se agrupan más valores que van más allá del universal sentido común.

Resaltamos con gran satisfacción que en el libro que prologamos Duran recuerde la triple vocación del catalanismo que él representa: hispánica, mediterránea y europea. Y nos congratula recordar que añada su enorme preocupación por la América Latina de la que vocacionalmente se siente igualmente próximo y que defienda y trabaje en pro de que España e Italia sean cabezas de puente entre los continentes europeos y latinoamericanos.

Una América Latina que seguramente hoy le debe de doler, dada la nueva oleada populista que la está afectando desde hace algunos años y que ha surgido como reacción al desprestigio de la política democrática y sus instituciones, a la corrupción y a la incapacidad de los gobiernos de solucionar las crisis económicas y la pobreza. Circunstancias que aparecen de manera igualmente alarmante en la Unión Europea. Un populismo, en definitiva, que al poco tiempo deviene en autoritarismo, que apuesta por el proteccionismo, por liderazgos carismáticos, por el rechazo a las instituciones y por despreciar la institucionalidad.

Las memorias que prologamos no son una simple biografía en la que solamente se relate la vida del autor. Hay trazos biográficos, por supuesto, pero a lo largo de las páginas de este libro su autor nos recuerda el difícil y ejemplar tránsito de la dictadura a la democracia en España; su profunda transformación política, social y económica en las últimas décadas; la necesidad de complementar y perfeccionar el proyecto europeo «con más y mejor Europa»; la metamorfosis de la corriente política a la que él sirvió (y no solo desde su partido, sino también desde la vicepresidencia de la Internacional Demócrata Cristiana, defendiendo la identidad de sus valores humanos y sociales). La lectura de este libro nos ha permitido recordar al hombre de acción, pero también de pensamiento. No son muchos los políticos que a lo largo de su vida hayan escrito tan asiduamente artículos o pronunciado conferencias aportando ideas nuevas para la reflexión política. Y, como no podía ser de otra forma, en estas memorias, Duran describe de manera muy sentida el proceso político que Cataluña está viviendo en los últimos años.

Duran Lleida, en todo momento y circunstancia y en tantos y diversos lugares del mundo, ha reivindicado la personalidad de Cataluña, su cultura, su lengua y su incardinación en una España plural (a la que ha defendido desde las Cortes Generales y a la que le ha rendido servicios con mayor sentido de Estado que el que han demostrado algunos dirigentes de partidos estatales). Por ello, precisamente, somos conscientes de lo mucho que ha sufrido cuando los sentimientos se han impuesto a la razón y cuando, como él recuerda, la política se ha convertido en una simple administración de las emociones sin espacio para el diálogo, el acuerdo y el respeto a la ley.

Duran, y lo que él representa en Cataluña y en España, ha sido víctima del populismo. Del frontismo. Del blanco y negro. De la promesa de soluciones fáciles a problemas complejos. De planteamientos binarios (como si la democracia se redujera a apostar por el sí o por el no), incluso al margen de que una y otra apuesta divida por mitades prácticamente iguales a las sociedades. Y también de la impericia política de unos y otros en la búsqueda de una propuesta política que resuelva este contencioso territorial. Por nuestro afecto a España y a Cataluña, deseamos que se encuentren las vías para resolver el conflicto, que supone uno de los principales problemas políticos, por no decir el más importante, que hoy tienen Cataluña y España. Se acaba de celebrar el 40 aniversario de la Constitución española, fruto de una transición modélica admirada y aplaudida en todos los países democráticos. Ojalá unos y otros, siguiendo las pautas de aquel ejemplar periodo de la historia de España, sean capaces hoy de consensuar, desde el diálogo y desde el respeto a esta misma Constitución, una nueva etapa de la historia de España. No obstante, nos duele que nuestro amigo Josep no pueda colaborar escribiéndola desde la política activa, como lo ha venido haciendo durante las últimas décadas.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle,

expresidente de la República de Chile

Enrico Letta,

expresidente del Consejo de Ministros de la República de Italia

Introducción

El 16 de enero de 2016 puse punto final a la política activa. Ese día, en el hotel Porta Fira de l’Hospitalet de Llobregat, justo donde acaba el término municipal de Barcelona y comienza el de la segunda ciudad de Cataluña en número de habitantes, presenté la dimisión como presidente del comité de gobierno de Unió Democràtica de Catalunya. Terminaba así una larga etapa de actividad política que muchos considerarán excesiva, y quizá incluso con razón. El final de la actividad, sin embargo, no ha significado el final de mi pasión por la política, que se mantendrá, estoy seguro, hasta que llegue la hora que Dios señale.

En el verano de 1974 ingresé como militante de base en el histórico partido democristiano catalán. Desde el año 1979 tuve cargos de responsabilidad institucional casi de manera ininterrumpida, aunque la dedicación fue de intensidad variable. El primer cargo fue en el ayuntamiento de Lleida, como teniente de alcalde de la Paeria surgida de las primeras elecciones municipales de la actual democracia. El último, como presidente portavoz del grupo parlamentario de la federación de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados. De 1974 a 2016, toda una vida vivida con vocación e intensidad. Años consagrados a la política y de pasión por ella, ejercida con aciertos y errores. A pesar de la conciencia clara de que no lo he hecho todo bien, siento la tranquilidad de espíritu que procura haberme entregado con convicción a la defensa de unos ideales, y de haberlo hecho con una clara voluntad de servicio.

No tengo ningún complejo en reiterar —como acabo de escribir— que lo he hecho con voluntad de servicio. Precisamente, este fue el título de mi primer libro. Sé que los tiempos que corren no son lo suficientemente buenos como para que la ciudadanía acepte fácilmente que un político ha actuado a lo largo de los años por profunda vocación, y es que la mayoría entiende la política como un juego de poder del cual los participantes procuran servirse. Yo no estoy de acuerdo, a pesar de que en los últimos tiempos han ido aflorando procesos judiciales contra personas que no han actuado correctamente. En este sentido, el filósofo Jacques Maritain afirmaba que el cristiano debe ensuciarse las manos en el juego político, pero no ensuciarse el corazón; yo he procurado mantenerme fiel a estas palabras. Sé bien que la política no siempre mana limpia, y soy consciente de que en los últimos años han surgido chorros de suciedad por sus tuberías. Sin embargo, más allá de aceptar que, empezando por mí mismo, en el sujeto político confluye una mezcla de vanidad y de ambición de poder, también es necesario decir que hay componentes relevantes de la voluntad de servicio, de coraje, de convicciones y de ideales que se yuxtaponen a los anteriores. De su equilibrio o desequilibrio depende la calidad del político y de la acción política que se lleva a cabo. Es así.

La vida política, la mía, la personal —que este libro tiene la intención de repasar— ha sido muy enriquecedora. Sabiendo, como ha escrito el filósofo Edgar Morin, que todas las personas tienen una cara de luz y una cara de sombra, como la Luna. La dedicación a la política me ha ocupado los mejores años de mi vida, y he procurado ejercerla con profesionalidad, que no es lo mismo que convertir la política en profesión. El presidente Jordi Pujol me había dicho, en más de una ocasión, que Miquel Roca y yo éramos animales políticos, y que él era otra cosa. No creo que fuera exactamente así ni, sobre todo, que lo pensara de verdad. Pero nunca me ha sabido mal que me consideraran un buen profesional de la política. Aquello que haces en la vida debe hacerse de la mejor manera de la que eres capaz. Y, sobre todo, hay que saber reconocer el momento en que ya no se es capaz de hacerlo tan bien y dar un paso atrás.

El 16 de enero interrumpí, por tanto, la actividad política. No podía continuar: ya hacía algún tiempo que me faltaba ambición, y coraje. Además, desde 2010 viví un auténtico acoso por parte del mundo independentista, empezando por los independentistas dentro de Unió y, sobre todo, por parte de los sectores de dirigentes más jóvenes de Convergència. Fueron los años más duros de mi vida. Acabé muy harto: aquello no era vida. Además, mis problemas con el colon irritable me provocaban episodios muy dolorosos. Llegué a estar ingresado tres días en una clínica —sin que se hiciera público— porque no había manera de controlarlos. Cuando dejé la política activa, seguí una dieta sin gluten ni lactosa, y los episodios críticos acabaron. Pero no fue esta dieta la causa de que se controlara la irritabilidad del colon; los médicos lo tenían claro, y yo también. Fue alejarme de la primera línea de tensión y acabarse ese mal vivir. Confieso que, al tomar la decisión de parar, más allá de considerarlo un deber, pensé mucho en mí y en mi familia. Los ideales, las convicciones, la misma voluntad de servicio permanecían intactos, pero todo eso no es suficiente para seguir liderando un proyecto. Cuando me presenté a las elecciones de 2011 a las Cortes Generales, decidí que sería la última legislatura. Con respecto al partido, en el último congreso de Unió en mayo de 2012 me presenté nuevamente como presidente del comité de gobierno. Lo hice obligado. Yo no quería continuar. Creo que los que me conocen pudieron intuir claramente que estaba anunciando mi final.

Pero el proceso independentista cambió mis intenciones. Quisiera o no quisiera dejar la política, la ruptura de la federación de Convergència i Unió, la fractura de Unió y el fracaso electoral vivido el 27 de septiembre de 2015, y especialmente el 20 de diciembre de 2015 —comicios a lo que Unió acudió en solitario después de décadas de haberlo hecho con las siglas de la coalición de CiU— cambiaron los términos finales. Del «lo quiero dejar» pasé al «lo tengo que dejar». La primera frase implicaba voluntad; la segunda, obligación. Y así fue. En la política se debe saber entrar, y se debe saber salir. Y, está claro, se debe saber estar, eso es lo que siempre he procurado. Supe entrar y creo que he sabido salir. Y, sobre todo, ¡me siento feliz! Después de la política hay vida. Y más aún, para mí y para los que me rodean y me quieren, es una vida mejor.

1

Se baja el telón

Repaso cronológico

Si la vida fuera una representación teatral —y en el caso de la política, en cierta manera lo es—, podría decir que el 16 de enero de 2016 se bajó el telón de la que yo había protagonizado, o representado, si me ajusto al lenguaje del teatro. En el escenario, con papeles principales y secundarios, se interpreta una obra, muchas veces escrita por una tercera persona. Aquí es cuando conviene recordar lo que decía Oscar Wilde: «El hombre no es nunca sincero cuando interpreta su propio personaje». Aun así, hay casos en los que la obra ha sido escrita por el intérprete o por otro actor, si hay más de uno. En política, también hay espectadores, un escenario que va cambiando y un grado de exposición pública que los tiempos modernos y las nuevas tecnologías convierten en ilimitado. Durante muchos años he sido actor de la política. Ahora he bajado del escenario y sigo la obra desde el patio de butacas. Eso sí, como un espectador particularmente sensible a lo que se sigue representando.

Pero os aseguro que, más allá del rol de espectador, ahora mismo no tengo otro papel, y todavía menos el de apuntador, como alguna vez se ha insinuado con malicia. He querido expresamente poner una cierta distancia con cualquier actividad partidista, política incluso, más allá de seguirla con pasión y mucha preocupación. Es como cuando conduces un vehículo y, respetando las normas del código de circulación y por razones de seguridad, quieres mantener la distancia adecuada con el que tienes delante. Es posible que haya gente que no lo entienda e, incluso, que lo critiquen personas que me tenían como referente y que en su momento me dieron mucho. Lo respeto, pero, como todo el mundo, tengo mis sentimientos, y no es el cuerpo el que me pide esta prevención, es mi alma la que la necesita.

A pesar de todo esto, mi desaparición del escenario de la política no fue repentina. Ya he dicho que se podía intuir. Aun así, cuando asistí al Consejo Nacional de aquel sábado 16 de enero de 2016, solo personas cercanas sabían que al cabo de un rato presentaría mi dimisión. Lo sabían mi esposa, mis hijas, mi padre, mi suegro y cuatro amigos de Unió, más allá de un grupo de dirigentes del partido delante de los que, durante un almuerzo el 7 de enero, me comprometí a presentar la dimisión en el primer Consejo Nacional. Por el camino, en el trayecto de casa al hotel de L’Hospitalet, lo avancé a media docena de personas más. El conductor durante mis últimos años en Unió, Jordi García —que había sustituido al amigo de infancia y actual, y conductor casi durante toda mi vida al frente de Unió, Ramon Chauvell—, y Xavier Viejo, el jefe de prensa —gran profesional y todavía mejor persona—, también estaban informados. Pero, en general, mi anuncio en el seno del máximo órgano entre congresos del partido cayó como un cubo de agua fría. Normalmente, cuando había alguna decisión importante que comunicar —y más si se hacía en presencia de los medios de comunicación—, se presentaba una respuesta cálida. Al menos así lo intentábamos hacer en Unió. Y, cuando se trataba de Convergència i Unió, todavía se preparaba mucho más. Ese día, sin embargo, la grada de animación no estaba organizada. Fue una sorpresa, y muchos lo lamentaron.

Semanas antes, en concreto la noche del 20-D de 2015, después de conocer los resultados electorales de Unió en el Congreso de los Diputados, lo dejé bien claro. Pero nadie se lo esperaba. Después de perder las elecciones a las Cortes Generales —por primera vez, Unió acudió en solitario con sus propias siglas—, con una emoción contenida primero en la sala de prensa delante de los medios de comunicación, y después en el vestíbulo del local del partido delante de la militancia, con la mirada perdida entre las lágrimas de mi hija Patrícia —que al final de la sala exteriorizaba con más claridad lo que su padre sentía en su interior—, no servía de nada buscar excusas: no podía continuar ni lo quería hacer. La segunda derrota de Unió en tres meses me obligaba a asumir la máxima responsabilidad y a ejercerla dimitiendo de mi condición de líder.

De hecho, la noche del 27-S de 2015, al saber los resultados de la lista encabezada por Ramon Espadaler como candidato de Unió a la presidencia de la Generalitat, ya debería haber dimitido. Mi adiós a la política activa vino marcado por los 103.293 votos obtenidos por la candidatura de Unió en aquellas elecciones. Una cantidad de votos que no era nada despreciable, pero que resultaba insuficiente para obtener representación parlamentaria. El mes de junio de ese año, el día 14, la dirección de Unió había organizado una consulta interna para definir la posición frente a la hoja de ruta a favor del proceso independentista pactado por Convergència y ERC. La propuesta defendía que todo lo que se hiciera se tenía que llevar a cabo de acuerdo con la legalidad, garantizando la seguridad jurídica, excluyendo la declaración unilateral, amparándolo con las normas democráticas, dialogando con el Gobierno del Estado y rechazando cualquier escenario que nos situara fuera de la Unión Europea y, sobre todo, que rompiera la cohesión social. ¡Es decir, lo contrario de lo que se ha acabado haciendo!

Cuando se planteó la legitimidad del derecho a decidir de la ciudadanía de Cataluña, el único partido que optó por someter su posicionamiento a la decisión de la militancia fue Unió. Pero el resultado fue ajustadísimo. Esa noche, la consellera de Justicia del primer Gobierno del presidente Mas, Pilar Fernández Bozal —quien, en su condición de persona independiente, había aceptado amablemente la responsabilidad de presidir la junta electoral del proceso consultivo de Unió—, compareció frente a los medios para comunicar un resultado muy ajustado a favor de la propuesta de la dirección: un 50,9 por ciento de votos a favor y un 46,19 por ciento en contra. Esta victoria se logró por un margen aún más estrecho cuando se realizó el recuento final. De victoria pírrica la calificó el dirigente independentista de Unió y defensor del no Antoni Castellà, que al cabo de unos días abandonó la formación.

Este proceso participativo en el seno de Unió me sirvió para remarcar algunas anotaciones personales. Ramon Espadaler, con el peso de la defensa de la propuesta de dirección, reforzó su liderazgo en Unió. Joana Ortega, entonces vicepresidenta de la Generalitat, mostró visiblemente la incomodidad que sentía: defendió con lealtad la propuesta oficial, pero muchos pensábamos que compartía esta lealtad con la que profesaba al presidente Mas. A favor de Joana Ortega y de su lealtad a Unió hay que decir, además, que hacía tiempo que manifestaba la necesidad de salir del Gobierno. No compartía algunas de las decisiones que se tomaban ni tampoco —un hecho que entiendo perfectamente— podía seguir aguantando la notoria incapacidad del conseller Francesc Homs, que a menudo marcaba la estrategia de gobierno. Antoni Castellà ejerció con naturalidad el papel de líder del sector independentista de Unió. No me sorprendió. Nadie podrá decir que, al menos en este caso, no fuera coherente con los planteamientos que siempre había defendido. Él introdujo la estelada en las Juventudes de Unió. Y no la de la estrella azul, sino la de la roja, que siempre se ha identificado con los sectores más izquierdistas del independentismo catalán. De hecho, antes de que Castellà llegara a Unió, yo no había visto nunca ninguna bandera estelada en ningún acto, ni del partido ni de las juventudes. Me han dolido profundamente algunas de sus declaraciones —reiteradas— en el sentido de que si España abandonara la UE todos los independentistas serían fusilados, como Franco fusiló al presidente Companys, unas declaraciones que hacen que me pregunte si la desesperación que genera no encontrar un espacio político propio da derecho a decir salvajadas… ¡La respuesta es que no! Estas afirmaciones no hacen ningún favor a los dirigentes políticos que esperan en la cárcel a ser juzgados.

La otra protagonista de aquella consulta fue la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. Convertida al independentismo, llegó a perder las buenas formas en su relación con la junta electoral de la consulta interna. De hecho, no fue más que un aperitivo de su actuación posterior en la escisión de Unió. Si tenía algún prestigio, lo ha perdido públicamente por lo que ha llegado a afirmar —y por cómo lo ha hecho— en los últimos años, después de abandonar la formación. Por lo que me cuentan —no utilizo Twitter ni estoy atento a él—, fui uno de los destinatarios principales, si bien no el único, de las malas maneras con las que se expresó. Su adicción tuitera la ha llevado a decir auténticas sandeces de las que la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha sido la receptora principal: Núria de Gispert la animaba a volver a casa, como si Cataluña no lo fuera. Los que hemos sido formados en el humanismo cristiano y el personalismo comunitario (íntimamente ligados con el respeto a la dignidad humana de toda persona, hable la lengua que hable y piense lo que piense, y con la priorización de la comunidad responsable) no podemos hacer otra cosa más que lamentar profundamente declaraciones como esas. Si, además, como dirigente eres consciente —y este es mi caso— de que han contribuido en mayor o menor medida al liderazgo de Castellà o de Núria de Gispert, me siento en la obligación de pedir perdón. La reiteración de las palabras de De Gispert solo puede tener alguna explicación que a mí se me escapa. Como presidenta del Parlament, tuvo suerte: Carme Forcadell la hizo buena. Como expresidenta es el único caso en el mundo que conozco de alguien que, habiendo dirigido los debates de todas las formaciones parlamentarias, ha sido recusado.

La ruptura

Consumada la ruptura de Unió, una fractura dolorosa que dividió el partido por la mitad, llegó la de la federación de Convergència i Unió. Con los resultados en la mano, el sector de Unió que perdió pidió a la dirección que, con aquella victoria que ellos consideraban pírrica, no se llevara adelante la estrategia refrendada por la militancia. Valoraban que no era una mayoría suficiente. Con el tiempo es curioso comprobar cómo después —ya integrado este sector en Junts pel Sí—, con una victoria todavía más pírrica, impulsaron ni más ni menos que la separación de Cataluña del resto del Estado, eso que eufemísticamente empezaron calificando de desconexión. Si recordamos el resultado de aquellas elecciones, Junts pel Sí obtuvo el 39,59 por ciento de los votos, a los que después se sumaron el 8,21 por ciento de los obtenidos por la CUP, es decir, un total del 47,80 por ciento.

En todo caso, y más allá de respetar la consideración de pírrica, la dirección de Unió decidió llevar a cabo el mandato de la consulta interna. Se trataba de negociar con CDC una hoja de ruta común. Unió acababa de aprobar la suya y Convergència había suscrito una diferente con ERC. La reunión del comité de gobierno en la que se tomó esta decisión fue la más dura que se recuerda. Continuaba siendo el presidente y, por tanto, era todavía el máximo dirigente de Unió, pero hacía un año que había delegado en Ramon Espadaler —que ejercía de conseller de Interior en el Gobierno de la Generalitat— todas las facultades que, de acuerdo con nuestras reglas internas, podía confiarle como secretario general que era. De esta manera, de la misma forma que Espadaler había sido el principal activo a lo largo de la precampaña y de la campaña de la consulta interna, también lo era en aquellos momentos frente al otro sector del partido, frente a CDC, y además pretendíamos que lo fuera frente a la sociedad. Con buena voluntad, pidió a los socios de Convergència una reunión para intentar encontrar denominadores comunes en ambas posiciones y, por tanto, una hoja de ruta que Convergència y Unió pudieran compartir.

Ciertamente, eso habría exigido que Unió hubiera hecho alguna concesión a CDC y que CDC se la hubiera hecho a Unió. Era difícil pensar que fuera posible armonizar una posición común de CiU con la hoja de ruta que CDC había asumido con ERC. Pero Unió lo intentó; CDC, no. De malas maneras, en nombre de CDC, Josep Rull lo dejó bien claro con una media sonrisa que rezumaba ironía y, sobre todo, superioridad: la posición de CDC era «innegociable e inamovible». Para ellos solo había una posibilidad, que era la hoja de ruta pactada con ERC, sí o sí. Se anticiparon a lo que más tarde sería referéndum: sí o sí. Es decir, en un caso y en el otro, no dejaron ningún margen de negociación. Este era el concepto que los dirigentes independentistas tenían de diálogo y que, por otro lado, veo que mantienen.

La federación de Convergència i Unió quedó oficialmente disuelta a partir de entonces. A Unió no se le dejó ninguna otra vía que la de optar a presentarse en solitario. CDC no quería ni podía dar marcha atrás en la estrategia conjunta con ERC. ¡Era demasiado tarde! Yo, personalmente, había avisado de ello por activa y por pasiva; lo había hecho privadamente, al presidente Mas y en el marco de unas reuniones restringidas que los meses previos a la ruptura oficial mantuvimos en la Casa dels Canonges del Palau de la Generalitat, con la asistencia del presidente, de Lluís Corominas y de Josep Rull por parte de CDC, y de Ramon Espadaler, de Josep M. Pelegrí y de mí mismo por Unió. Sabía lo que iba a ocurrir. Nos romperíamos y, encima, pondríamos en bandeja la hegemonía de ERC en el espacio nacionalista, que se reconvertiría claramente al independentismo. Es ese principio tan básico y tan universal de que, entre la copia y el original, siempre se acaba optando por el original.

Me explico: en el espacio independentista, a pesar de que coyunturalmente Puigdemont —más de la CUP que convergente— mejoró muchísimo la calidad, Convergència representaba la copia y ERC era el original. Son unas advertencias que también repetí en público. Sabía que en CDC no gustaban. Lo encontraba lógico, y de hecho ellos me lo recriminaban. Me hizo gracia leer en la portada del diario El Mundo del 17 de marzo de 2017 que el tesorero de CDC, Daniel Osácar —a quien he considerado siempre una buena persona—, me señalaba como responsable del declive electoral de CiU en una carta dirigida al presidente Mas; una carta que forma parte de la instrucción del sumario conocido como del 3 por ciento en relación a una presunta financiación irregular de CDC.

La afirmación de Osácar coincidía, además, con opiniones que dirigentes de CDC expresaron a los medios de comunicación en mi contra. Acostumbraban a hacerlo a escondidas, sin hacer constar nombre y apellidos, salvo en algunas excepciones. A mí siempre me ha gustado dar la cara y, si tengo que decir algo, lo hago abiertamente, sin esconderme. En las reuniones de la ejecutiva nacional de CDC, el deporte más habitual era el pimpampum contra mi persona. Mas intentaba defenderme, al menos eso me decía y eso he creído siempre. De hecho, cuando se oficializó la ruptura con Unió, Mas, como presidente de CDC, dijo en una ejecutiva: «A partir de ahora sed conscientes de que ya no podremos culpar a Duran de los resultados electorales». A día de hoy, ignoro si, a la vista de la evolución del apoyo electoral de la antigua CDC, todavía sigo siendo para algunos el responsable de sus errores.

El viernes 19 de junio de 2015 me reuní por última vez con el presidente Mas en el Palau de la Generalitat. Desde ese día no hemos vuelto a vernos, ni siquiera hemos hablado por teléfono. Mejor dicho, lo hicimos un par de veces la semana previa al día en que el Parlament asumió el resultado del referéndum ilegal del 1-O y optó unilateralmente por la independencia. La noche del domingo día 22 de octubre propuse por teléfono a Miquel Roca que redactáramos a cuatro manos un documento, una propuesta —que fuera firmada por representantes de entidades cívicas, sociales y económicas de Cataluña— dirigida respetuosa y públicamente al presidente Puigdemont para que convocara elecciones. Miquel Roca consideró más oportuno que él y yo fuéramos a verlo y que, antes de hacerlo, yo hablara con el presidente Mas (Miquel creía que Mas sería más receptivo conmigo que con él, cosa que me sorprendió) para pedirle que nos hiciera de poli bueno y que pidiera a Puigdemont que nos recibiera. Roca, por su parte, se lo pediría también a Puigdemont por teléfono.

Al día siguiente hablé con Mas, y Roca me dijo que lo había hecho con Puigdemont. Mas tenía que ver al presidente en el Palau por la tarde, se lo comentaría y después me llamaría. No me telefoneó hasta el martes por la noche para decirme que no se había atrevido a trasladarle la propuesta, que veía a Puigdemont muy nervioso y presionado, y que lo haría al día siguiente. No sé cómo acabó la cosa… No me dijo nada más, y me hago cargo, conociendo la dinámica de aquellos días. Entendí que Mas era partidario de convocar elecciones, pero no puedo poner esas palabras en su boca. Después, en declaraciones ante el Supremo y medios públicos, me ha ido ratificando esta impresión. De Roca y sus gestiones con el presidente tampoco volví a saber nada más nunca.

Con el presidente Mas he intercambiado mensajes afectuosos alguna Navidad o por la defunción de algún familiar cercano. Eso es todo. La que fue, pues, la última reunión sirvió para despedirnos como personas civilizadas y para desearnos buena suerte. En el terreno de la política, creo que ni uno ni otro la hemos tenido, la suerte, pero he de confesar que no doy ninguna importancia a la suerte en el ámbito político ni en mi vida privada. Me duele mucho más que la fortuna no haya acompañado a Convergència i Unió, a Unió, a CDC y, sobre todo, al catalanismo político moderado no independentista que nuestra coalición había representado toda la vida.

Acostumbro a analizar la situación política con rigor —por lo menos lo intento—, y creo que a menudo acierto en el diagnóstico. Pero hay algo en lo que me gustaría no haber acertado nunca, y aún menos adivinarlo. Fue lo que dio pie a que publicara un libro en el mes de marzo de 2017 con el título Un pan como unas tortas. ¿Valía la pena romperlo todo? Venía haciendo el diagnóstico desde el año 2012. La expresión un pan como unas tortas la pronuncié por primera vez el 2 de octubre de 2013 en una entrevista en Catalunya Ràdio con Mònica Terribas. Después continué insistiendo en la idea y podría decir que la perfeccioné. En ese momento afirmé que «el procés no traerá la independencia de Cataluña, pero romperá el PSC, y algunos se frotarán las manos, pero se equivocan; el procés romperá CiU y Unió, el procés dividirá a IC Verds y el procés hará subir a Ciudadanos y consolidará ERC como la fuerza hegemónica en el espacio nacionalista, y habremos hecho un pan como unas tortas». Ciertamente, lo hemos hecho: un pan como unas tortas.

Desgraciadamente, el estropicio no se limitó a los espacios políticos: acabó afectando a la sociedad, a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo… ¡Ah! ¡Y confieso una debilidad en mi pronóstico! Más allá de no situar en el horizonte la fuerza de Podemos en España o la del mundo Colau en Cataluña, no fui capaz de prever que, con su subida, Ciudadanos podía llegar a ser una opción de gobierno en España. De hecho, el independentismo ha sido la clave que permite entender —junto con la corrupción, todo sea dicho— el aumento de este partido, tanto en Cataluña como en el conjunto de España. En Cataluña, el afán de Convergència por ganar a ERC en el espacio independentista y en el conjunto del Estado y la pelea de Cs por desmontar al PP del españolismo han sido factores clave en el desenlace de todo el proceso independentista.

De hecho, cuando Pedro Sánchez presentó la moción de censura y la ganó en mayo de 2018, fueron la corrupción y la sentencia sobre Gürtel las que la motivaron. Pero ajustémoslo: lo que hizo ganadora la moción fue el conflicto catalán, que Rajoy no fue capaz de afrontar políticamente. El 16 de octubre de 2013, en sesión de control parlamentaria, le dejé claro que, si frente a la cuestión catalana no actuaba con diálogo con el resto de las formaciones políticas de la cámara, acabarían por aprobarle una declaración unilateral de independencia, la DUI. Cuatro años después, el 30 de octubre de 2017, el Parlament de Cataluña la aprobó en votación secreta. En su momento, la prensa de Madrid tituló mi intervención en la sesión de control de 2013 como una amenaza a Rajoy, a pesar de que yo había dicho que no la votaría y que compartía la opinión de que no era buena para Cataluña, y tampoco para España. En 2017, los mismos medios decían que había advertido a Rajoy y que le había pedido que hiciera política, que cogiera el toro por los cuernos. ¡No lo hizo y así nos ha ido a todos!

Sin el problema catalán —que es un problema de todos los españoles, incluidos los catalanes—, Cs no habría efectuado el sorpasso demoscópico al PP y nada habría sido igual en la moción de censura. El independentismo acabó llevándose a Mariano Rajoy por delante. Antes ya se había llevado a Unió y a mí mismo, obviamente. En alguna ocasión, Rajoy y otros dirigentes del PP, lamentando de buena fe que hubiera abandonado la política activa, remarcaban el hecho que acabo de subrayar, es decir, que el independentismo era la causa de eso. Pero olvidaban que, si bien era una causa, no era la única. La actitud de Rajoy y del PP es, también, la causa de la demolición del catalanismo moderado. Si hubieran dicho hablemos cuando defendía que la vía de solución continuaba siendo el diálogo y no la ruptura con España, la historia habría sido diferente.

Ahora, sin embargo, solo me interesa continuar haciendo referencia a la ruptura de CiU y a la de Unió, que han resultado claras también para determinar el fracaso electoral de Unió. Tres meses después de romperse la federación, Unió se presentó en solitario por primera vez desde la recuperación de la democracia tras la muerte de Franco. No lo había hecho nunca antes. Solo había probado suerte durante la Segunda República en el Parlamento catalán y obtuvo un único escaño, el de Pau Romeva. Es cierto que Carrasco i Formiguera fue diputado en Madrid, pero había obtenido el acta en las listas de otro partido, Acció Catalana. Cuando Carrasco dejó Acció Catalana y se pasó a Unió, lo hizo con el escaño. El sistema electoral de la época era diferente, y yo al menos no he leído nunca que se le hiciera ninguna acusación de transfuguismo. ¡No habría sido justa! En cambio, curiosamente, aunque en la actualidad existe un pacto antitransfuguismo teniendo en cuenta las listas cerradas, cuando Unió se rompió por la mitad todos los que dejaron el partido y tenían cargo se lo llevaron. No conozco a nadie que renunciara a él. Y si se me ha pasado por alto, pido disculpas a quien sería realmente la excepción. Tampoco ninguno de los partidos que los han acogido ha expresado el más mínimo respeto por el contenido y la cultura que dieron pie a este pacto.

Por tanto, Unió se presentó sola por primera vez el 27 de septiembre de 2015 y Convergència Democràtica de Catalunya lo hizo en las elecciones generales del 26 de junio de 2016. Aun así, en determinados medios de comunicación era habitual que siempre, y con menosprecio, solo se recordara que Unió nunca se había presentado en solitario. También dirigentes de Convergència lo afirmaron públicamente. Incluso Rajoy me lo espetó en una sesión de control en el Congreso con la intención de ridiculizar nuestro partido. En cambio, con CDC no se metía nadie. No se lo recriminaron nunca. Ciertamente, en el año 1977, Unió no se presentó sola. Lo hizo bajo las siglas de la Democràcia Cristiana i el Centre de Catalunya, coaligada con el Centre Català.

De hecho, en Unió hubo quien defendió con uñas y dientes pactar con la UCD de Suárez para afrontar las primeras elecciones democráticas. Esta alianza no se llevó a cabo porque Unió no aceptó incluir en sus listas electorales uno de los nombres propuestos por Suárez. En concreto, el de Manuel Jiménez de Parga —en ese tiempo era el protector de todos los profesores psuqueros de Derecho Político en la Universidad de Barcelona: Jordi Solé Tura, Francesc de Carreras, Eliseo Aja…—. Los otros nombres eran Vicenç Capdevila (exalcalde de los últimos tiempos franquistas en L’Hospitalet de Llobregat y profesor de Derecho Administrativo, ayudante en la cátedra del prestigioso Rafael Entrena Cuesta, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona) y Carles Sentís. Nos habría ido mejor, al menos electoralmente hablando.

Joan Mas Cantí, uno de los dirigentes de Centre Català, siempre me lo recuerda cuando coincidimos en actividades del Círculo de Economía, que él presidió. Pero las decisiones en política no deben tomarse únicamente por cálculos electorales, por evidentes que sean, especialmente vistos ya los resultados del 15 de junio de 1977. Echando la vista atrás podría decirse que a Unió le habría ido mucho mejor si hubiera sido el referente de Suárez en Cataluña, al menos durante unos años, porque después la UCD se deshizo como un azucarillo y acabó desapareciendo. Siento un gran respeto por la obra de Suárez, y más adelante hablaré sobre ello. Llegué a tener una relación muy afectuosa con él, pero un partido de la trayectoria de Unió no podía ir entonces de la mano de quien había sido secretario general del Movimiento. Después de esa primera experiencia del pacto con Centre Català, y sobre todo a la vista de los resultados del catalanismo en Cataluña, Unió formalizó con CDC la coalición Convergència i Unió.

Pero si el 15-J de 1977 Unió se presentó en coalición, esa vez Convergència tampoco compareció sola. Fue bajo el amparo de la coalición del Pacte Democràtic per Catalunya, junto con el Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament que fundó el añorado Josep Pallach, la Esquerra Democràtica de Cataluña de Trias Fargas y el Front Nacional de Catalunya. Por tanto, hasta 2015, ni Unió ni CDC probaron suerte en solitario y con sus propias siglas. Unió lo hizo sin éxito el 27 de septiembre de 2015, pero CDC continúa sin haberse presentado nunca sola. Después de haber roto con Unió, forzó la constitución de la coalición Junts pel Sí, con ERC e independientes independentistas. Ya antes, en las elecciones europeas, CDC quiso ir con ERC y, si no acabaron juntos, no fue por la posición contraria de Unió como algunos quisieron dar a entender, sino sencillamente porque ERC les dio calabazas.

Era curioso: Convergència hacía todo lo que podía, y más aún, para ir con ERC, y el partido republicano la menospreciaba tanto como podía. Según cómo se mire, incluso cuesta entenderlo, pero claramente constataba una realidad: ERC ya tenía más apoyo popular que Convergència, y por eso mismo, por intentar salvarse como fuera, Convergència abrazaba el discurso republicano. No conozco ningún antecedente de autodestrucción en todo el mundo de una fuerza política tan consolidada y fuerte como era CiU. De esta autodestrucción, Mas es el máximo responsable por no mostrar el sentido común, la consistencia ni la capacidad política para impermeabilizarse de las influencias de personajes de tercera fila que han sido decisivos a la hora de marcar las estrategias políticas respectivas. Reconozco, sin embargo, que otros también debemos tener alguna responsabilidad. No puede extrañar a nadie, pues, que esta fuerza destructiva se haya transferido a Cataluña como país con el procés. Después, Convergència desapareció para dar paso al PDeCAT. Y, finalmente, se ha resguardado bajo el paraguas primero de Junts per Catalunya y, justo después, en parte, en el de la Crida Nacional per la República del expresidente Puigdemont y sus amigos. Eso sí: durante aquellos años nadie nunca interpeló a CDC sobre si sería capaz de ir sola a unas elecciones. A Unió nos lo repetían día sí, día también.

No tengo ninguna duda de que una de las causas principales del hecho de que Unió se quedara a las puertas del Parlament el 27-S de 2015 fue el escasísimo tiempo que transcurrió entre la ruptura de Convergència i Unió y la campaña de esas elecciones. Otra causa fue la polarización de la sociedad entre el blanco y el negro; entre los buenos y los malos. Unió era un partido de matices, y estas situaciones han jugado siempre en su contra. Ya pasó en 1936 con la polarización entre el Front d’Ordre y el Front Popular. No servimos para la división y la confrontación. Pau Romeva, dirigente de Unió en ese tiempo, decía que el nuestro era «un partido a cuadros». En 2015 la gente conocía poco a Unió. En los mítines explicaba que habíamos aparecido en los mostradores de la oferta política del mercado electoral cuatro días antes de pedir a los electores que nos dieran su confianza.

Sé que hay sectores de la ciudadanía catalana que consideran que debíamos haber abandonado CDC antes; que piensan que deberíamos haber roto la coalición cuando Convergència empezó su deriva independentista. Me lo han dicho a la cara personas de peso de los ámbitos social, económico, religioso y cultural, ¡de Cataluña y de toda España! Respeto su opinión, pero no acabo de compartirla. Algunos de los que me lo han dicho eran los mismos que, en los tres años anteriores como mínimo (de 2012 a 2015), siempre que tenían la oportunidad me rogaban que aguantáramos, que no rompiéramos con CDC, que nosotros —y yo en particular— éramos la garantía de que el presidente Mas y su partido no llevasen el país al precipicio. De hecho, sobre todo Joana Ortega como vicepresidenta, y también Ramon Espadaler y Josep M. Pelegrí sufrieron lo que no está escrito intentando —y alguna vez consiguiéndolo— que quedaran arrinconadas en el cajón algunas propuestas del presidente Mas o de sectores de su partido bien representados en el Consejo Ejecutivo de la Generalitat. Por desgracia, no supimos o no pudimos evitar que finalmente se llevase el país al precipicio. Seguramente hubo un poco de todo.

Ahora bien, aunque he sido —al menos así lo pienso— capaz de escuchar con atención y respeto el criterio de personas a las que reconozco una autoridad —ya sea en el ámbito político o en el de la sociedad civil, en Cataluña o en el Estado—, no fue esta la razón por la que no impulsé jamás la ruptura de la coalición. No ignoré, y menos aún menosprecié, lo que me decían desde otras instancias del Estado, del Gobierno central, desde el mundo económico catalán o español, o incluso desde el sindical. Las razones, sin embargo, fueron otras. Seguramente, yo era quien tenía más elementos de juicio para saber qué era exactamente CiU y quiénes la integraban. No en vano había sido uno de los firmantes del acuerdo político que Convergència i Unió selló en el año 1978. A lo largo de la existencia de la coalición, en Unió ha habido demasiada gente que depositaba su futuro político en las siglas de CiU en general, y de CDC en particular. Sí, sí…, muchas personas de Unió que han tenido cargos públicos hicieron muy poco para ganárselos. Es cierto que algunos conseguimos los cargos a pesar de CDC. Pero también es cierto que otros —demasiados— los tuvieron gracias a CDC. Y aquí sí que tengo una gran responsabilidad y la asumo.

Una de las acusaciones que a menudo se hacía a Unió era que vivíamos a la sombra de CDC. La generalización era injusta, pero tenía alguna base sólida de razonabilidad. Una buena parte del partido no habría continuado si se hubiera planteado una ruptura. O bien lo habría hecho por voluntad propia o por presiones del entorno de CDC que condicionaba sus cargos. De hecho, cuando finalmente se produjo la ruptura en el mes de junio de 2015, la presión de los presidentes de las diputaciones y de otros cargos convergentes sobre regidores, alcaldes o diputados provinciales de Unió fue muy intensa. ¡Y muy efectiva! Como también lo fue la de regidores o consellers de CDC sobre los alcaldes o presidentes de los órganos comarcales de Unió cuando sus mayorías de gobierno y, por tanto, sus cargos, estaban en las manos de CDC. Si nuestra gente no seguía a CDC en su deriva independentista, se quedaba sin los apoyos necesarios para conservar sus cargos. Esto, que políticamente cuesta digerir, ha de entenderse desde el punto de vista del ser humano. Y, si bien sucedió durante el verano de 2015, también habría ocurrido si la ruptura se hubiera producido en cualquier momento anterior. El sistema electoral de listas cerradas ha fomentado en exceso la dependencia de los cargos de los aparatos de partido y de las instituciones. Pero ha habido gente —demasiada y en todos los partidos— que, resguardándose bajo una lista cerrada, después ha dispuesto de su cargo como si lo hubiera obtenido gracias a un capital político propio.

Aun así, siempre podrá decirse que, si hubiera sido valiente, habría podido forzar la ruptura de CiU mucho antes. Como siempre, el concepto de valentía tiene una fuerte carga de subjetividad. Es posible que no fuera lo suficientemente valiente —lo admito—, pero no tenía interés en serlo más. Todo político debe ser ambicioso, y la ambición forma parte de mis circunstancias. Algunas personas la han subrayado para criticarme. Se equivocan. Los que han llegado a conocerme íntimamente saben que mi ambición tenía muchos límites. Ya hablaremos sobre ellos en relación a las diversas etapas de mi vida política, pero, por ejemplo, puedo decir que nunca he ambicionado ser ministro. ¡Nunca! El programa de TV3 de humor político y fuerte carga satírica Polònia siempre ha difundido una imagen mía ligada a la voluntad de ser ministro. Se trataba de menospreciar mis opiniones, de transmitir una consigna: «Claro, este dice o piensa esto porque quiere ser ministro… ¡Y de España! ¡Descalificado, pues!». Son buenos, pero en esto siempre se equivocaron.

Por no ambicionar, ni siquiera ambicioné ser presidente de la Generalitat. También hablaré sobre ello cuando toque. Ni una cosa ni la otra me quitaron nunca un solo minuto de sueño. Es verdad que di la sensación de postularme para asumir esta responsabilidad, pero más de uno se quedará con un palmo de narices cuando explique por qué, cuándo y cómo. Quizá, con un pelín de falsa modestia, podríamos decir aquello que escribió Montesquieu: «No es que los ministros sean demasiado pequeños. Es que los asuntos son demasiado grandes». Tal vez, en el subconsciente, consideraba que los asuntos de estos cargos eran demasiado grandes para mí. Pero, en el fondo, había otros motivos. Confieso que lo que sí ambicionaba, en cambio, era liderar el catalanismo político y adaptarlo a lo que entendía que eran las exigencias de los nuevos tiempos. Ambicionaba actualizarlo sin renunciar a las raíces, pero podando las ramas para asegurar su crecimiento y fortaleza. Objetivo que, como es notorio, no conseguí.

No tuve el coraje suficiente para provocar la ruptura, ni creía que debía hacerlo. A pesar de todo lo que se ha dicho y escrito sobre mi papel en el seno de Convergència i Unió, personalmente era un fervoroso partidario de su continuidad. Ya lo era a la hora de constituirla. Vistos los resultados electorales que el catalanismo obtuvo el 15 de junio de 1977, tenía clarísimo que Cataluña necesitaba sumar las sensibilidades ideológicas que existían en aquel espacio electoral. Basta un mínimo conocimiento de la historia —una disciplina que siempre me ha gustado con locura— para saber la importancia que tiene buscar denominadores comunes entre fuerzas políticas catalanistas. Otra cosa era que en el seno de Convergència i Unió defendiera la personalidad de Unió tanto como fuera capaz. Ya en el momento de negociar la constitución de la coalición de CiU, Jordi Pujol y los suyos querían que el nombre fuera simplemente Convergència. Algunos dirigentes del comité de gobierno de Unió de la época estaban de acuerdo. Otros, entre ellos yo mismo, queríamos por encima de todo que fuera Convergència i Unió, y lo conseguimos.

El patrimonio común

Gracias a la película Incierta gloria del mallorquín Agustí Villaronga, la novela de Joan Sales ha vuelto a adquirir notoriedad. Yo soy un lector empedernido. Es el mejor libro para entender desde Cataluña esa incivil confrontación de 1936 a 1939. Hace décadas que lo tengo como libro de cabecera y lo he regalado tanto como he podido. Si ahora hago referencia a ella no es tanto por la novela como por el autor, Joan Sales. Acabó militando en Unió y, en una de las cartas que dirigió a Màrius Torres —autor de otro de mis libros de cabecera—, le explica por qué ni él ni Nuri —su esposa— se habían unido a Estat Català. Dice Joan Sales: «Hay una cosa de Estat Català que no nos gusta, y es que se haga del sentimiento patriótico una ideología de partido cuando es, o debería ser, el patrimonio común de todos. Podemos defender Cataluña desde todas las trincheras ideológicas —y de esta manera debería ser—, desde la anarquista a la carlista». Así, mientras que Convergència, de la mano de Pujol, hizo del sentimiento patriótico una ideología de partido, siempre he pensado que Unió tenía que defender Cataluña desde la trinchera de su ideología democristiana. Por esta razón, nunca fui partidario de la fusión de Convergència con Unió, ni del partido nacionalista catalán entendido como la unificación del nacionalismo catalán en un solo partido.

Incluso he de decir que siempre me sentí incómodo —y así lo expresé públicamente más de una vez— cuando se suscribía el discurso oficial de Convergència i Unió y se acusaba al PSC de sucursalista. Por interés electoral, situamos el socialismo catalán contra las cuerdas; es una lástima, porque lo podríamos haber atraído hacia el catalanismo activo. Era y soy consciente de la relación del PSC con el PSOE y, por tanto, del grado de dependencia que eso significa a la hora de determinar la acción política del socialismo en Cataluña y, sobre todo, del socialismo catalán en España, pero consideraba y considero injusto, y particularmente negativo para los intereses de Cataluña, arrinconar el PSC en el lado del sucursalismo. Además, cuando repasaba, desde la perspectiva catalanista, el historial y la actitud de algunos de nuestros dirigentes —tanto de CDC como de Unió— y los comparaba con los de Reventós, Obiols, Maragall, Verde i Aldea, Lluch, Nadal, Siurana, etc., se me caía la cara de la vergüenza. ¿Cómo se atrevían a darles lecciones de catalanismo?

Explico todo esto para poner de relieve una de las contradicciones que he arrastrado a lo largo de mi vida política. He defendido la unidad de acción del catalanismo y consideraba que Unió, como fuerza democristiana, tenía que defender Cataluña desde su trinchera ideológica y con su nombre y personalidad, como lo expresaba Joan Sales en su correspondencia con Màrius Torres. A la vez, me sentía incómodo cada vez que, por interés electoral, intentábamos situar el PSC en campo contrario en vez de aprovechar el componente catalanista y ayudar a los catalanistas que militaban en él. Ahora que repaso declaraciones mías con motivo de este libro, compruebo que muchas veces —demasiadas— me dejé arrastrar, también, por ese discurso pujolista. ¡Me sabe mal!

Algunos errores y muchas obligaciones

Ahora bien, mi incoherencia más grande ha sido la de pensar que Unió tenía que manifestarse, con todas las consecuencias, con su identidad socialcristiana en el seno de Convergència i Unió y no haber adecuado, en cambio, este pensamiento con la praxis. Ahí sí que me faltó valentía. Y esta sí que es una razón fundamental que permite entender por qué Unió no había comparecido antes en solitario, sin el paraguas de las siglas de CiU y sin el liderazgo de Jordi Pujol. Y, sobre todo, también permite entender que cuando en 2015 nos presentamos en solitario no fuera identificable por la ciudadanía de Cataluña como un proyecto político con vida propia. Asumo la responsabilidad que me corresponde de ello, que es mucha. De hecho, muchas personas de Unió —no todos— dedicaron más energía a defender puestos en las listas electorales que a defender nuestras señas de identidad, que son las de humanistas con un profundo compromiso social. Además, en Unió también había gente que, sin coincidir mucho con mis planteamientos o mi estrategia, me daba sus apoyos únicamente porque yo era el que defendía sus intereses frente a Convergència. Es decir, les sacaba las castañas del fuego a la hora de negociar cargos. Pero soy consciente de que esta realidad no me exime de responsabilidad. Como mucho, la atenúa. Siempre he sido demasiado prudente —de eso se me ha acusado también—, y en este caso quizá la prudencia como líder traicionó el compromiso que yo entendía que me ligaba a Unió.

Con todo el peso de esta carga y con los resultados electorales del 27 de septiembre, como máximo dirigente de Unió y clarísimo referente de nuestro proyecto político —por no decir referente público— tenía claro que debía dimitir. La noche electoral de esos comicios que Junts pel Sí enfocó como plebiscitarios y definió como «las elecciones de nuestra vida», sabía lo que me tocaba hacer. Así se lo expliqué a mi mujer aquel mismo día y a mis colaboradores y amigos más cercanos. Sin embargo, a pesar del riesgo de que algunos no lo pudieran entender —o no les interesara captar el mensaje—, todavía no lo debía hacer. Tenía claro que debía encabezar la lista al Congreso de los Diputados en las elecciones que Rajoy convocó finalmente para el 20 de diciembre. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de salir elegido. Si de los 135 diputados del Parlament, Unió no había conseguido ninguno, menos aún se podía pensar que uno de los 47 escaños que tiene Cataluña en el Congreso de los Diputados sería para Unió. No solo porque había menos para repartir, sino porque tradicionalmente Convergència i Unió tenía muchos menos apoyos en las elecciones estatales que en las de ámbito catalán. No tenía sentido pensar que el comportamiento, en este caso hacia Unió, no sería el mismo. Siempre ocurría que sectores importantes de votantes de CiU en las elecciones catalanas votaban en cambio a PP y a PSOE en Madrid, como también votaban al PSC en los ayuntamientos de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona u otras ciudades. Pero en este caso, al mismo tiempo, el hecho de no haber entrado en el Parlamento catalán el 27-S nos estigmatizaba directamente de cara a un sector de votantes, por eso del voto útil. Muchos se preguntaban de qué les serviría votar a Unió el 20-D si hacerlo no les había servido de nada en las elecciones al Parlament del 27-S. Insisto: a pesar de que era muy consciente de que no obtendría el escaño, debía presentarme. Tenía que dar la cara sabiendo que recibiría. Y hacerlo, además, intentando trasladar optimismo y convicción tanto a los militantes como al electorado. Es decir, se trataba de transmitir que Unió tenía posibilidades, cuando personalmente sabía con seguridad que no era así. Una tarea difícil.

Sin embargo, aunque yo lo veía clarísimo, quise hablar con muchas personas de dentro y de fuera del partido para saber qué opinaban sobre lo que debía hacer. A mi despacho de Unió cité, uno por uno, a un puñado de dirigentes, sobre todo de los jóvenes. Roger Montañola, líder de las Juventudes y persona con cualidades para la acción política y el liderazgo, había expresado en un encuentro de jóvenes su interés por presentarse como cabeza de lista para Madrid en mi lugar. Eso sí, siempre que yo estuviera de acuerdo. Todo el mundo me decía —amigos y adversarios— que Roger tenía demasiada ansia política, y yo consideraba que era joven y bueno y que tenía ganas de ganar el futuro. ¡Lógico! Pero… ¡qué lástima!: habría comenzado su vida política con una derrota que le habría lastrado por siempre. También reuní a un grupo de personas veteranas de Unió, con los exconsellers al frente, y todos tenían claro que yo debía ser el candidato, más allá de acompañarme en el sentimiento por el resultado, adverso más que seguro. Igualmente, como decía, busqué opiniones fuera del partido, con amigos políticos como, por ejemplo, Josu Jon Imaz, Iñaki Anasagasti o Josu Erkoreka, del PNV. Todos me dijeron lo mismo: tenía que hacerlo. Y lo hablé también con personas del mundo económico —ninguna del Ibex 35—, de dentro y de fuera de Cataluña. Y con amigos del mundo universitario como Carlos Losada, de ESADE; Josep Miró i Ardèvol, de la Universidad Abat Oliva, o Enrique San Miguel —uno de los pocos democristianos que hay en el resto del Estado—, profesor de la Universidad Juan Carlos I. Y siempre recibí la misma respuesta y los mismos argumentos.

Sabiendo lo que me esperaba, pues, afronté la que sería la última campaña de mi vida política, una campaña que no olvidaré nunca. La militancia de Unió se volcó con entusiasmo. Nunca podré agradecerlo lo suficiente. Los jóvenes colaboraron como siempre, pero todavía con más entrega. El mitin de clausura en el pabellón de L’Illa en la calle Numancia de Barcelona fue ilusionante. Parecía que fuéramos a ganar. Pero no era así. Mi esposa siempre me dice que debería guardar las imágenes y el audio de ese acto. Creo que fue el mejor discurso de los muchos que he dado en tantos años. De hecho, los dos éramos conscientes de que era el último. ¡Electoral, al menos!

Más de una vez he escuchado mi intervención y todavía me emociona. Con estos antecedentes, la noche del 20-D, una vez cerradas las urnas, se corroboró el pronóstico: Unió no conseguía representación parlamentaria y disminuía en casi cuarenta mil votos el apoyo que había tenido Ramon Espadaler al frente de la lista en las elecciones del 27-S en el Parlamento catalán. La hora de mi dimisión había llegado. Con todo, todavía no la anuncié expresamente esa noche, pero en las palabras que pronuncié quedó tácitamente entendido que era justo lo que me planteaba. Con un tono sereno, intenté contrastar la tristeza lógica que había en el vestíbulo de la sede, donde se reunían un centenar de militantes que aguantaban el chaparrón de la segunda derrota en tres meses. Me fui a la cama convencido de que todavía podía ofrecer un último servicio al partido: administrarlo durante los siguientes meses, en los que todo parecía indicar que tendríamos unas nuevas elecciones al Parlamento catalán, teniendo en cuenta la actitud de la CUP, que no permitía la investidura del presidente Mas.

Pasada la Navidad, como cada año desde hacía ya unos cuantos, tenía el compromiso de ir a Chile a pronunciar una conferencia en el Encuentro Internacional Oswaldo Payá, que organizan la Universidad Miguel de Cervantes, la fundación Konrad Adenauer y otras fundaciones afines al Partido Demócrata Cristiano de este país sudamericano. De hecho, la fundación que se relacionaba con Unió, el Inehca (Instituto de Estudios Humanísticos Coll i Alentorn), también colaboraba todos los años. Antes de volar hacia Chile, todavía debía afrontar algunos encuentros con personas que, si bien no pertenecían a Unió, nos tenían mucha simpatía. Estas personas de fuera del partido —que coincidían, sin embargo, con algunas voces internas— me criticaban que no fuera yo el que se hubiera presentado como candidato a la presidencia de la Generalitat el 27-S. Lo hacían sin ninguna beligerancia. Les expliqué por qué no compartía su opinión. De entrada, Espadaler obtuvo un gran resultado y lo hizo en unas circunstancias extraordinariamente complejas. Pero, además, si yo hubiera sido el candidato, mucha gente de fuera y de dentro de Unió no lo habría entendido. Ya hacía demasiado tiempo que dirigía el partido, y eso tenía aspectos positivos, porque creo que era un liderazgo potente para el momento actual, pero al mismo tiempo hipotecaba el futuro.

Era necesaria una renovación y dar paso a gente más joven que, a su vez, tuviera claro que se debía integrar a la generación aún más joven del partido. Por ello, un año antes del 27-S, cuando no estaba en perspectiva la ruptura de Convergència i Unió o, al menos, el marco precipitado en el que se produciría, dimití como secretario general de la coalición. Estaba harto de las figuras emergentes de CDC y de parte del famoso pinyol (hueso) que rodeaba al presidente Mas (Oriol Pujol, Quico Homs, Josep Rull, Jordi Turull, David Madí y compañía). Discrepaba de la deriva independentista que propugnaban, pero la razón que justificaba que diera paso a Ramon Espadaler era que hacía falta reforzar el liderazgo. Con este propósito, como ya he comentado, delegué en él todas las funciones de la presidencia del comité de gobierno que los estatutos me permitían. Antes de hacerlo había reunido a los tres consellers —Josep M. Pelegrí, Joana Ortega y el propio Ramon Espadaler— y a Josep Sánchez Llibre, quien, más allá de mi condición de portavoz de CiU, era el hombre fuerte de Unió en Madrid. Todos estuvieron de acuerdo en que Ramon era la persona que había que potenciar en el futuro. Confieso que, después, más de un dirigente o militante me ha dicho que alguno entre los mencionados no estaba de acuerdo con la apuesta por Espadaler. Quizá la discrepancia la expresaba una persona que tenía aspiraciones de futuro. En cualquier caso, que quede claro que a mí ninguno de ellos me lo dijo nunca directamente.

Precisamente con este grupo de dirigentes de Unió, además de con Montserrat Surroca, diputada por Girona en el Congreso, con el exdiputado Manel Silva y con Toni Font —secretario general adjunto— mantuvimos un almuerzo de trabajo en el restaurante St. Rémy, en la zona alta de Barcelona, justo antes de tomar el vuelo para Santiago de Chile. Convoqué el encuentro con un motivo: analizar la situación. Unió estaba fuera del Parlamento catalán y de las Cortes españolas, y todo parecía indicar que podíamos tener nuevas elecciones al Parlament en un par de meses. ¿Qué debíamos hacer? No llegamos a ninguna conclusión. Lo único que quedó claro es que yo tenía que dimitir. Sin preámbulos ni conversación previa privada conmigo, Espadaler me pidió delante del resto de asistentes que dejara la presidencia del comité de gobierno. Lo hizo con mucho afecto y cordialidad, que quede claro. Me sorprendió, pero le dije que, si él me lo pedía, lo haría en el próximo consejo nacional. Un poco afectado, a pesar de que la petición estaba más que justificada, me fui del restaurante, donde ellos siguieron la conversación, para coger el puente aéreo que me permitiría enlazar con el vuelo a Chile.

He dicho que la petición de Espadaler, hecha con la mejor de las intenciones, me sorprendió, y me parece que también sorprendió a la mayor parte de los asistentes al almuerzo. Pero quiero que quede claro que siento mucho respeto, agradecimiento y admiración hacia su persona, entre otras muchas razones porque tuvo el coraje de administrar los últimos meses de la vida de Unió con un gran sacrificio personal y una dignidad y honestidad enormes. Pero es posible que se equivocara cuando me pidió que precipitara mi dimisión. Yo estaba dispuesto a pasar el mal trago de dirigir Unió en los que debían ser los últimos meses de su existencia. Es posible que Espadaler estuviera mal aconsejado por gente en la que confiaba. El caso es que, como nunca llegué a explicar públicamente esta petición expresa de dimisión por parte de quien de facto lideraba el partido, mucha gente ha llegado a pensar que simplemente lo que hice fue lavarme las manos y abandonar el barco justo cuando se acercaba a las rocas. Antoni Puigverd escribió un perfil de Ramon Espadaler en La Vanguardia para la campaña del 21-D de 2017, y en este artículo afirmó que yo «le había dejado el muerto». Muchos militantes de Unió también lo debían pensar, y me consta que algunos lo expresaron sin hacer ruido y con cierto grado de decepción hacia mi persona. Pero no fue así.

Como explicación razonable de la actitud de Espadaler, hay que decir que en el transcurso de ese almuerzo todo parecía indicar que habría nuevas elecciones al Parlament. El presidente Mas no quería aflojar ante la CUP y, por tanto, había que ir a nuevos comicios. Tan convencidos estábamos de que habría elecciones otra vez que así lo expliqué a mis interlocutores chilenos. El día antes de que Mas cediera ante la CUP y aceptara pasar a Carles Puigdemont el relevo de candidato a la investidura, di una conferencia en el Senado chileno, y después me ofrecieron un almuerzo todos los que habían presidido esta institución en la democracia post-Pinochet. A todos les aseguré que habría unas nuevas elecciones en Cataluña. Le repetí los mismos argumentos a Andrés Zaldívar, el único presidente del Senado que no pudo asistir a ese almuerzo, cuando desayuné con él al día siguiente, el mismo día en que Artur Mas aceptaba la propuesta de la CUP de investir a Puigdemont. De hecho, eso ocurría muy poco antes de que las ediciones digitales de los diarios comenzaran a lanzar el nombre de Puigdemont. Siempre he dicho que aquel día debí perder toda la credibilidad como analista, si es que la tenía entre los amigos chilenos. Con este panorama, era lógico que, como condición necesaria aunque no suficiente para afrontar unas nuevas elecciones, a Unió le tocaba dejar claro que había asumido responsabilidades de los fracasos electorales del 27-S y del 20-S de 2015. Y quien lo tenía que hacer era yo. Estaba clarísimo, tanto para Espadaler como para mí.

En Chile, pues, me reuní con Francesc Gambús y con Salvador Sedó. El primero era diputado en el Parlamento Europeo. El segundo lo había sido y había renunciado a presentarse a las elecciones de 2014 después de una campaña infame en su contra por parte del diputado europeo de CDC, Ramon Tremosa —persona altiva que ya hace años, en uno de los bares del Parlamento Europeo en Estrasburgo, me pronosticó que el euro desaparecería de inmediato; y que acabó siendo una de las personas de confianza del presidente Puigdemont cuando este aterrizó en Bruselas huyendo de la justicia española—. En el acoso a Sedó participaron también colaboradores de medios de comunicación, entre los que destacó por su beligerancia desde La Vanguardia y RAC1, Jordi Graupera. Un personaje singular, a quien no he conocido hasta hace poco y que me saludó, muy amablemente, en la parte alta de la calle Major de Sarrià de Barcelona, que redactó un informe curioso —nunca se sabrá por encargo de quién— con el que se pretendía descalificar a Sedó. Graupera, parece ser que bien conectado con Puigdemont en Bruselas y con Demócratas —la escisión independentista de Unió—, ha aparecido hace unos meses postulando la unidad del independentismo en una lista única al Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, con el deseo de ser él el candidato.

El caso es que entre unos y otros —y todo sea dicho, con la debilidad de Unió, comenzando por la mía propia— cedimos para complacer y por no causar problemas al entonces presidente Mas, tal como nos pidió. Sedó cambió su escaño del Parlamento Europeo por el del Senado, en la plaza de la Marina Española de Madrid, designado por el Parlament. En Santiago de Chile, aquel primer fin de semana después de Reyes de 2016, expliqué a Gambús y a Sedó la conversación del restaurante St. Rémy y, por tanto, la petición de Ramon Espadaler de que presentara mi dimisión. Mientras que Sedó no lo veía claro, en cambio Gambús no solo me animó a hacerlo, sino que se ofreció a pensar qué debía decir en mi discurso ante el consejo nacional. Hasta me remitió un par de folios sobre lo que a él le parecía que podía decir.

Las finanzas y la deuda

Una vez materializada mi dimisión, Ramon Espadaler dirigió los últimos meses de vida de Unió Democràtica de Catalunya. El partido fundado el 7 de noviembre de 1931 agonizaba debido a motivos políticos y económicos. El periodista e historiador Joan B. Culla escribió un artículo muy duro el 7 de octubre de 2017 en la tribuna de la edición de Cataluña del diario El País, con el título «Una muerte impune». Afirmaba que «las causas de la liquidación de Unió no fueron la escisión y la pérdida de presencia parlamentaria sufridas en el 2015, sino una deuda de 22,4 millones de euros». En el fondo, Culla estaba largándolo todo, y lo hacía atacándome. Vía WhatsApp, le rebatí algunas de sus afirmaciones, y como la conversación —virtual— iba subiendo de tono, lo dejé correr. Eso sí, antes de hacerlo le aseguré que en las memorias, obviamente, hablaría de la deuda de Unió y también de cuestiones que se habían planteado en la conversación que habíamos mantenido.

De alguna de estas cuestiones hablaré más adelante, pero no de todas las insinuadas en el intercambio de mensajes. No vale la pena. Cuando se ha sabido que estaba escribiendo mis memorias, amigos de Unió o de otros partidos, e incluso gente de la calle, me han dicho: «Supongo que hablarás de Fulanito», o «Me imagino que pondrás a Menganito en su sitio…». Y no merece la pena. En primer lugar, porque ese no es el tono que quiero dar a estas memorias y, en segundo lugar, porque tendría que perder demasiado tiempo explicando quién era quién por mucho que los conociéramos quienes nos dedicamos a la política. Y no todos. Por otro lado, aprovechando el título de aquel spaghetti western de los años setenta, integrado en el refranero popular, La venganza es un plato que se sirve frío, confieso que coincido con la opinión del protagonista de otra película, mucho más reciente, El último acto, cuando dice que «si la venganza es un plato que se sirve frío, he perdido el hambre». Nunca —ni antes de hacer política, ni cuando la hacía, ni después— he sentido deseo de venganza. El periodista y escritor Joan Barril, por quien sentía un gran afecto y con el que mantuve una estrecha relación de amistad hasta su muerte, escribió alguna vez, con la voluntad de favorecernos aunque no lo pudiera parecer, que Unió era el último partido estalinista en el sentido de liderazgo implacable. Es posible que, a diferencia de Barril, hubiera alguien convencido de que ese era mi estilo de liderazgo. No obstante, son tantas las personas que me han acusado de no rematar nunca al adversario cuando estaba ganándole la batalla que, como en casi todas las cosas de la vida, por lo menos también en esta ha habido división de opiniones. Nunca me he sentido enemigo de nadie ni he pretendido actuar como tal. Siempre he visto al discrepante como adversario y como tal he procurado tratarlo. Vaya, que soy un personaje a cuadros. Me identifico plenamente con la referencia que Pau Romeva —nuestro único diputado en el Parlamento catalán en la Segunda República— hacía de Unió como un partido a cuadros. Se nota que mi vida se ha imbuido de la manera de ser y de hacer de Unió.

Siguiendo el hilo del artículo de Culla al que he hecho referencia, es cierto, público y notorio que Unió tuvo que recurrir a concurso de acreedores porque debía dicha suma y porque su patrimonio solo eran unos cuantos inmuebles, entre ellos la sede central de la calle Nàpols en Barcelona. No podíamos pagar en ese momento ni teníamos en perspectiva obtener ingresos en el futuro. Jacques Delors siempre decía que Europa era como una bicicleta y que había que pedalear continuamente para no caerse. En nuestro partido —como en muchos otros que conozco— también se podía aplicar la metáfora de la bicicleta. La energía para pedalear venía de aportaciones de militantes, donaciones, subvenciones públicas y de los bancos, que nos dejaban el dinero si detrás había votos y escaños; unos y otros implicaban subvenciones públicas y, por tanto, servían como aval —a pesar de que a menudo sabían que sería insuficiente— para otorgar un crédito. Cuando dejas de tener votos y avales, entonces dejas de pedalear, y a continuación te caes de la bicicleta. Eso es lo que le pasó a Unió y, por tanto, Culla decía en su artículo una verdad a medias.

Unió tenía una deuda exagerada. Sin duda alguna, y de ello me siento responsable. Las cuentas eran aprobadas por el comité de gobierno —es decir, la ejecutiva del partido, un organismo colegiado— y después por el consejo nacional. Por tanto, más de trescientas personas eran corresponsables de las finanzas de Unió, pero es cierto que, como yo tenía la máxima representación política, también estaba al frente de este tema. Por eso mismo debo confesar que no estuve a la altura. La verdad es que no había pensado nunca en la posibilidad de que llegara el día en que no pudiera seguir pedaleando la bicicleta. Cuando el comité de gobierno o el consejo nacional aprobaban el presupuesto, confiaba plenamente en el secretario de finanzas y en la comisión económica del partido para dar el visto bueno a las cuentas. Además, eran personas de una honestidad y de una moral estrictas; no eran los responsables. Por tanto, la frivolidad era mía; también he de decir, sin embargo, que la deuda se iba reduciendo. Toni Isac, como secretario de finanzas, y la comisión económica ejecutaban rigurosamente un plan en esta dirección.

Así, si hubiéramos seguido pedaleando, habríamos llegado a normalizar el estado de las finanzas. Pero no quiero, ni me sirve de nada, apoyar mi responsabilidad en la de todos los que también aprobaron las cuentas, a veces sin siquiera fijarse. En el consejo nacional, cuando se debatían los presupuestos, una gran mayoría de los participantes aprovechaban para salir a charlar o a fumar. Tanto era así que, a la hora de votar, había que llamarlos reiteradamente para que volvieran a la sala. Siempre agradecía la confianza en la dirección del partido y en las personas que llevaban las finanzas, razón por la cual no he criticado ni criticaré la actitud colectiva del partido con relación a este tema. Eso no quiere decir que, en algún momento, no me sacara de quicio el comportamiento de algunos dirigentes de Unió criticando la deuda después de dejar el partido —no el cargo, que habían obtenido por el hecho de militar en Unió—. También es verdad que algunos de ellos, pocos, lo criticaban desde el interior de Unió en los debates sobre los presupuestos, ya fuera en el consejo nacional o en el congreso del partido. Esto es tan cierto como que las voces más insistentes en la crítica habían obtenido el cargo en una campaña electoral que financiaba el partido sin que ellos aportasen ni un céntimo ni hicieran nada para que otros donasen —por cierto, no sé si en algún otro partido los presupuestos son un punto genuino del orden del día de la agenda del congreso.

Me viene a la memoria una entrevista que en la primavera de 2017 me hizo la periodista Lídia Heredia en el programa de TV3 Els Matins con motivo —o más bien con el pretexto— de la publicación del libro Un pan como unas tortas. Digo pretexto porque a Heredia le interesaba todo menos el libro. En esa, como siempre, amable entrevista, me pusieron en pantalla unas declaraciones del exdirigente de Unió Antoni Castellà en las que decía que no sabía nada de la deuda. «¿Qué tiene que decir?», me preguntó la conductora del programa. «¡Que miente!», fue mi respuesta. La deuda de Unió se arrastraba desde hacía unos cuantos años y nunca, ni dentro ni fuera, se había hablado de ella de forma crítica. Además, ya digo que se había ido reduciendo.

Curiosamente, cuando Unió decidió no dar su apoyo a la hoja de ruta hacia la independencia pactada por CDC y ERC, nuestra situación económica comenzó a ser de gran interés para algunos medios y dirigentes independentistas y a ser utilizada como argumento político contra el partido. Antes no le había interesado ni preocupado a nadie. Tenía un cierto sentido que eso lo hicieran unos determinados sectores de prensa —obviamente, los medios de la corporación, TV3 y Catalunya Ràdio, se cebaron en nosotros—. Tenía sentido, incluso, que lo utilizaran los adversarios políticos, pero me parecía inmoral que lo hiciera gente de Unió que había estado en la dirección del partido y en el consejo nacional, como es el caso de Castellà, que durante muchos años había tenido responsabilidades al máximo nivel de decisión con respecto al gasto.

Recuerdo que el mismo 2015, antes de la escisión independentista capitaneada, entre otros, por Castellà, el secretario de finanzas, Toni Isac —prestigioso jurista, exdecano del Colegio de Registradores de la Propiedad, profesor de Derecho Civil y exconseller de Justicia, dejádmelo decir ahora—, advirtió por enésima vez de que nos encontrábamos en una situación crediticia difícil. El propio Castellà se unió a la intervención de Isac para remarcar la gravedad de la situación, que no se podría resolver sin la intervención de todos. Eso sí: a la hora de buscar financiación, ni Castellà ni sus amigos perdieron nunca ni un minuto.

Pero lo reitero: todo esto no me exime de la responsabilidad que me corresponde. La situación crediticia de Unió —y por tanto, la deuda— era debida a tres razones. La primera, por el gasto excesivo. Sí, gastábamos demasiado. En general, los partidos hemos gastado demasiado. Incluso lo que no teníamos. Actuábamos como actuaba buena parte del país durante los años de bonanza. Nos comportábamos como si fuéramos ricos, y no lo éramos. Hoy ya se hace de una manera diferente, pero en esos años, para organizar un consejo nacional, por ejemplo, alquilábamos un hotel con sala para el plenario, otra para la rueda de prensa posterior, y otra más para que el comité de gobierno celebrara una reunión previa si era necesaria. Poníamos agua a disposición de todos, equipo de sonido… Mucho dinero, vaya.

Más o menos lo mismo pasaba con los congresos, las escuelas de verano o los actos sectoriales. Gastábamos demasiado también para atender a los medios de comunicación, especialmente cuando viajábamos al extranjero para asistir a encuentros internacionales democristianos. Debía cuidarse la imagen. Yo era el principal partidario de eso, y, si otros partidos lo hacían, nosotros no podíamos ser menos. Quizá aquí también me equivoqué. Además, aparte de todo esto, hacía años que habíamos cambiado la política de alquilar las sedes de Unió y habíamos comprado unas cuantas a precio de mercado, siguiendo lo que entonces parecía un buen criterio. Ni nosotros ni mucha gente contábamos con que el valor de los activos bajaría al estallar la burbuja inmobiliaria. En las campañas electorales también gastábamos mucho; muchísimo, demasiado. También esto se fue corrigiendo. Recuerdo una vez que, invitado por la CDU en Berlín, hablamos de costes. En CiU habíamos gastado más en Cataluña en la primera precampaña de Artur Mas que la CDU en toda Alemania con la campaña de Angela Merkel durante el otoño de 2005. Al menos, así se deducía de las cifras que los democristianos me explicaron.

Creo que nuestro sistema de listas electorales cerradas influye en el gasto electoral. Y que también lo hace la falta de un debate profundo y serio entre los partidos sobre cuestiones que realmente preocupan a la ciudadanía. Los medios públicos deberían dedicarles más tiempo, y los privados también, pero estos no viven del presupuesto público. Todo junto provoca que los ciudadanos vivan alejados de la política y de los políticos, y que cuando llega una campaña haya que dedicar esfuerzos a atraerlos y a conseguir que vayan a las urnas. Lápices, llaveros, abanicos, globos… Hasta se llegaron a usar televisores en una campaña electoral municipal de CiU en Lleida con la intención de movilizar al electorado. Siempre explico que en una campaña, Ruud Lubbers, primer ministro de un país como Holanda, renunciaba a grandes gastos electorales e incluso a debates. El argumento era que el ciudadano leía el programa y era suficientemente responsable para saber qué y a quién votar. Aquí era un pez que se mordía la cola, porque cuando ibas a hacer un puerta a puerta o a un mercado, lo que te pedían eran caramelos o globos, y no precisamente programas. Ahora, con las nuevas tecnologías, también ha cambiado todo, no se gasta tanto y los mítines han perdido valor.

Justamente con la precampaña de Mas nace la segunda de las razones que explica la deuda crediticia de Unió. Para situarlo como candidato de CiU, cuando se presentó por primera vez, se gastó lo que no teníamos y más. Imagino que David Madí, como jefe de campaña, no puso demasiados límites. Era, además, cuando Mas fue nombrado conseller en cap y, por tanto, candidato in pectore del presidente Pujol a la presidencia de la Generalitat. En el año 2007, de repente, Unió dejó de recibir la subvención del Parlament de Cataluña que nos correspondía por número de escaños. La última que percibimos fue la del año 2006 por un total de 493.460 €. Hasta el año 2012, cuando nos adjudicaron 1.158.171,41 €, no recibimos ni un céntimo. Fueron cinco años sin un euro de ingreso de las subvenciones derivadas del número de votos y escaños que la cámara catalana pagaba a los partidos políticos. Cuando preguntamos por qué al Parlament, se nos comunicó que CiU había suscrito un crédito con La Caixa que empeñaba 14.700.000 € de las subvenciones con un vencimiento a cinco años. A partir de aquí seguimos el hilo. Daniel Osácar, tesorero de CDC y de CiU, hombre de confianza de Artur Mas y buena persona, había recibido instrucciones de Germà Gordó para firmar con sus poderes un crédito con La Caixa para pagar la primera precampaña sin comunicarnos nada a Unió, pero empeñando la subvención global de CiU y, por tanto, la parte de Unió. Antoni Castellà, que dijo en TV3 que no estaba al tanto de la situación de Unió, lo sabe bien. De hecho, él fue quien nos explicó que Mas le había dicho la cantidad que se había gastado en precampaña. Y Castellà, con el gerente de Unió, Joan Viura, asistió en nombre de Unió a las reuniones económicas de CiU desde 2007 hasta 2011. Solo hay que coger papel y lápiz y hacer números: dejamos de percibir cinco millones de euros. Los tuvimos que pedir en préstamo a La Caixa, muy conscientes de la jugada que nos había hecho CDC, con la correspondiente carga financiera de unos intereses que no eran precisamente los que ahora permite la política del BCE.

Y la tercera razón la viví en primerísima persona. Durante la legislatura de Rodríguez Zapatero, trabajamos el retorno del patrimonio histórico de los partidos políticos a los que el franquismo había suspendido de actividad. Unió era uno de los que, explícitamente, el general Franco ilegalizó con el decreto 108 que provenía de la Ley de responsabilidades políticas del 9 de febrero de 1939. Esta ley confirmó la confiscación de todos los bienes, inmuebles, etc., de Unió. Además de Unió y de todas las logias masónicas, en Cataluña también se ilegalizaron Esquerra Republicana, el PSUC, la Unió de Rabassaires, Acció Catalana, el Partit Catalanista Republicà y Estat Català. De todos, aún quedábamos por compensar el PSUC, Esquerra y nosotros.

Efectivamente, era Unió quien pilotaba esta negociación con el Gobierno de Zapatero. De esto se informó particularmente, como mínimo, a ERC y PNV. Cuando ya teníamos la ley aprobada y contabilizado el importe que le tocaba percibir a Unió —unos siete u ocho millones de euros de 2008—, llegó la crisis económica. Personalmente, soy responsable de que se detuviera el procedimiento para restituir el patrimonio a los partidos y, por tanto, a Unió. Aquellos siete u ocho millones nos habrían ido muy bien para liquidar unos créditos que La Caixa nos había concedido con el aval del patrimonio de Unió, como también lo había hecho alguna otra entidad. Pero me negué por una razón: habría sido inmoral que, justo cuando la sociedad española se tenía que apretar el cinturón a causa de la necesidad de reducir el gasto público, los partidos hubiéramos ingresado cantidades millonarias. Si ahora tuviera que volver a decidirlo, mantendría la misma actitud, a pesar de saber que perjudicaba a Unió y que, como se ha visto después, permitía los ataques demagógicos de los más cercanos.

Por tanto, Joan B. Culla tenía razón en parte en su artículo de El País cuando decía que la causa de nuestra liquidación era la deuda. Pero su argumentario ignoraba que los motivos que llevaron a presentar el concurso de acreedores que acabó con la disolución de Unió tenían un gran componente político. Con votos y escaños, además, Unió habría podido corregir sus finanzas, como se iba haciendo poco a poco, y habría obtenido crédito. Si, además, se añade que los ingresos ordinarios procedían de las cuotas de la militancia y de las aportaciones fijas de los cargos públicos, se acabará de entender que el peso de los motivos políticos fue determinante para la presentación del concurso de acreedores. Con la división del partido perdimos la mitad de la militancia y, por tanto, la de los ingresos por cuotas, pero también los de las aportaciones que de una parte de sus salarios hacían los diputados en el Parlament, los diputados provinciales, los alcaldes, los regidores… que se fueron con los escindidos sin abandonar su puesto. Por si fuera poco, Unió salió del Gobierno y dejamos, pues, de tener cargos propios en el ejecutivo de la Generalitat y, en consecuencia, perdimos sus contribuciones a las finanzas del partido. Para acabarlo de rematar, nos habíamos quedado sin representación parlamentaria en Madrid el 20 de diciembre de aquel mismo año: pasamos de tener seis diputados en el Congreso y dos senadores a no tener ninguno. Es decir, ni un solo euro de ingreso por estos cargos. La bicicleta no podía seguir. No había nada que ayudara a pedalear, la energía se evaporó y nos caímos. Todo junto es, precisamente, lo que recogen tanto la administradora del concurso de acreedores de Unió como el fiscal y el juez.

Como he dicho antes, se ha de agradecer a Ramon Espadaler que continuara dirigiendo el partido en estas circunstancias. Ramon es padre de familia numerosa y, como muchos de nosotros, no es una persona con dinero. Sin ninguna compensación económica y a cuenta de sus ahorros, continuó dedicando horas y horas, aguantando deserciones —algunas de su entorno más próximo, políticamente hablando— y exponiéndose a entrevistas en los medios de comunicación que, en algunos casos —recuerdo una con tertulianos en el Canal 33 de la corporación pública—, iban mucho más allá de la frontera del interés periodístico por la situación de Unió. Personalmente, como militante del partido siempre se lo agradeceré. Sufrí mucho en los últimos años; soy sufridor por naturaleza, pero reconozco que los últimos meses fueron especialmente duros y que Ramon Espadaler fue quien daba la cara. Intentó evitar la presentación del concurso haciendo que los responsables de finanzas del partido negociaran la financiación de la deuda con los bancos, el grueso de los acreedores. Mientras tanto, había que atender los salarios del personal. Espadaler lo tenía como prioridad. Impulsó que hubiera aportaciones de militantes y simpatizantes para pagar nóminas. Yo mismo suscribí un crédito personal para aportar una cantidad con el objetivo de poder pagarlas. Unos cuantos —pocos— pedimos a amigos que no eran militantes que también hicieran una aportación. Pero no fueron muchos los afiliados que respondieron y, por tanto, sirvió de muy poco. Se debe decir que la mayoría del personal que trabajaba en Unió se comportó con una dignidad y un afecto por la causa de Unió dignos de elogio y de reconocimiento. Solo una minoría puso palos en las ruedas.

Con lo que se recaudó a toda prisa se tapó algún agujero, pero, a pesar de los esfuerzos, no se pudo evitar el concurso de acreedores y, posteriormente, la liquidación de la actividad de la formación política. Para mí ha sido profundamente doloroso. He dedicado la mitad de mi vida a Unió Democràtica de Catalunya y no he sabido evitar su muerte. Ese sentimiento me acompañará siempre. Pero el destino es el destino y, seguramente, no se podía hacer más. Siempre recordaré la tarde del 19 de julio de 2016. Estaba en Filadelfia con Salvador Sedó, invitados por el Partido Demócrata, en la convención que debía nombrar a Hillary Clinton candidata a las presidenciales estadounidenses. Por teléfono, desde Barcelona, me informaron de que, finalmente, los bancos consideraban más adecuado ir a concurso de acreedores que la renegociación de la deuda. ¡Era lógico! Pero eso quería decir que Unió tenía ya definitivamente los días contados. En toda la tarde no salí de mi habitación del hotel…, estaba triste y lloré. Era —y continuaré siéndolo— de esa Unió que conocí en el año 1974.

2

Volvemos atrás: los inicios

Estudios y vocación

El Derecho constituye mi formación universitaria principal, pero inicialmente no tenía intención de cursar esos estudios. Estudié Derecho para no perder un tiempo que no podía permitirme perder; me explicaré: cuando acabé el bachillerato superior en el Instituto Laboral de Balaguer, y aprobada la reválida correspondiente, me examiné de preuniversitario en la sede histórica de la Universidad de Barcelona. Antes ya había ido a las oficinas de la Escuela Oficial de Periodismo en la Rambla dels Caputxins. En esa época aún no se habían creado las facultades de Ciencias de la Comunicación. Había una escuela privada ligada al Opus Dei en la Universidad de Navarra y otra que pertenecía a la Iglesia católica fundada por el cardenal Herrera. Por cuestiones económicas, no me podía permitir ninguna de las dos privadas y, por tanto, tenía que ir a la pública, ligada, además, al aparato de propaganda del franquismo. Aparte de la de Barcelona —que yo recuerde— solo había otra en La Laguna, en la isla de Tenerife.

En la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona me explicaron todo el papeleo que pedían. Entre lo que me exigían estaba, como es lógico, la nota del preuniversitario para acreditar que, académicamente, estaba en condiciones de ingresar en la universidad. Tenía que presentarlo todo un día del mes de julio que ahora no recuerdo con precisión. Lo que sí que recuerdo es que, llegado aquel día, no me habían comunicado la nota del preuniversitario. Si hubiera vivido en Barcelona o si en mi familia hubiera habido tradición o preparación universitaria, lo más lógico habría sido ir a las oficinas de la Rambla, presentar la documentación y explicar que entregaría las notas del examen tan pronto como las tuviera.

Pero no vivía en Barcelona, y ni mis padres ni yo teníamos en aquel momento suficiente mundo como para pensar que ese era el paso lógico que se tenía que dar. Al contrario: me bloqueé y no presenté la documentación. Pero en casa no se podían permitir la pérdida de un año, yo era becario y no podía aceptar que se perdiera el ingreso que eso representaba. Tenía que continuar estudiando y tocaba hacerlo en la universidad. Justo hacía un año que en Lleida habían empezado los estudios de Derecho como una extensión de la facultad de la Universidad de Barcelona. El cura de Alcampell había hecho el primer curso y me animó a matricularme. Incluso me acompañó a hacerlo. Así comenzó mi formación jurídica.

La opción por el periodismo tenía que ver con mi preocupación por los asuntos públicos. Me interesaba y me preocupaba lo que pasaba fuera de casa. En Alcampell no llegaba otro diario que La Nueva España, de Huesca, de la Cadena del Movimiento. No recuerdo ningún otro, ni El Heraldo de Aragón, ni La Vanguardia, ni ninguno de Lleida ni, no hace falta decirlo, ninguno de Madrid. Ahora llegan todos; por suerte, los tiempos han cambiado. En ese tiempo, tenían el Mundo Deportivo en la panadería junto a nuestra casa (los propietarios, padre e hijo, eran periquitos y seguían la liga con devoción, y también el ciclismo). La única fuente de información que había era la radio, que en casa prácticamente no se escuchaba, o las emisiones de TVE en blanco y negro. Siempre he pensado que en casa la radio funcionaba más como un aparato decorativo que como un instrumento informativo. Quizá estaba rota y no había nadie para arreglarla…

La primera vez que exterioricé con mi familia la vocación de periodista fue con motivo de la guerra de los Seis Días entre Israel y el mundo árabe. Lo recuerdo como si fuera ahora: estaba sentado a la única mesa donde se podía estudiar en casa, la del comedor. Preparaba la reválida del bachillerato elemental y contemplaba las imágenes de las noticias en blanco y negro en un aparato de televisión acabado de estrenar. Siempre he hecho más de una cosa a la vez: en ese caso, estudiar y seguir las noticias. Cuando era miembro del Gobierno de la Generalitat hacía lo mismo: mientras mis compañeros hablaban, seguía las informaciones o debates del consejo, pero al mismo tiempo yo seguía trabajando, y lo hice hasta que el presidente Pujol, a través del conseller Pomés, me hizo una observación negativa; tenía razón: me comportaba como un maleducado. Aquel día, en el comedor de casa, le dije a mi madre: «¡Yo quiero ser eso!». «¿Soldado, hijo mío?». No, ni hablar. Siempre he sentido animadversión por las armas. Quería ser periodista, quería estar en primera línea para vivir y explicar qué ocurría en el mundo. Me interesaba enormemente lo que sucedía más allá de mi entorno más inmediato. Además, tenía formación y convicciones cristianas, y sentía que el compromiso hacia los otros formaba parte de mi ideario.

Cuando era estudiante en Lleida tenía la costumbre de ir cada día a un quiosco de la Rambla de Ferran. Era un pequeño espacio en los bajos de un inmueble a doscientos metros del Colegio de los Franciscanos donde residía, equidistante del edificio de los juzgados donde trabajaba por las mañanas. Allí, a primera hora de la mañana, me dejaban hojear la prensa del momento, no hace falta que diga cuál, y yo lo hacía con el afán por las noticias que delataba mi vocación por la cosa pública. Durante los años de carrera leí todo lo que no había leído antes, y es que en casa no había libros. ¡Qué diferencia con la actualidad! Ahora el que quiera leer tiene acceso a toda la lectura que pueda imaginar: en casa, en las bibliotecas municipales… Y, por si eso no fuera suficiente, las nuevas tecnologías te acercan cualquier lectura que necesites. Tiempo atrás, la realidad del mundo rural también constituía, en este y otros aspectos, una injusticia social. Aunque actualmente no tanto, todavía existen diferencias notables entre los pueblos y las ciudades. Ahora, muchas veces —y esto sirve tanto para los de pueblo como para los de ciudad— no valoramos lo que tenemos porque no somos conscientes de lo que ha costado conseguirlo; y la sociedad se resiente de eso, aunque no lo parezca.

Cuando ahora repaso nuestra infancia en Alcampell hablando con amigos, entre todos constatamos el cambio radical que se ha producido. Vestíamos ropa hecha por las madres o las abuelas; en la escuela nacional tomábamos como complemento alimenticio leche en polvo y queso que los estadounidenses enviaban al régimen de Franco (vete a saber si esa leche y ese queso son los causantes de que siempre haya sido proamericano; aunque con Trump he descubierto que la lactosa me provoca unas distorsiones intestinales notables). En el pueblo, en invierno, salíamos de casa con un tronco de leña cada uno para calentar el aula de la escuela —y no todos lo podían hacer, ni cada día—; las calles no estaban asfaltadas y no teníamos servicios de alcantarillado… A partir de los diez años comencé el instituto en Tamarit, al que iba en bicicleta, pedaleando fuerte en la subida, y no precisamente por motivos ecológicos… Y sin un duro en el bolsillo, que con suerte llegaba los domingos si el comportamiento escolar y familiar se lo merecía. La verdad es que me siento privilegiado: esa infancia fue lujosa comparada con la que vivieron los nacidos solo diez años antes. Y también lo sigue siendo, aun a riesgo de equivocarme, comparada con la de nuestros hijos e hijas.

Lo que no leí en la infancia ni en la adolescencia lo leí, pues, en esa época, y así compensé los años de sequía. Lo engullía todo: literatura, filosofía —que no había tenido como asignatura— y mucho ensayo: mucho Maritain, Mounier, Carles Cardó…, incluso el Libro Rojo de Mao pasando por El capital de Marx o Camino, del fundador del Opus Dei. Por cierto, nunca he formado parte del Opus Dei ni he tenido relación con él más allá de la amistad con algunos de sus miembros. Si ahora hago constar esto es porque a menudo se habla de una vinculación mía con el Opus Dei, pero os aseguro que es inexistente. Conozco mucha buena gente que pertenece o que trabaja en él, eso sí, y, como en cualquier obra humana, también lo contrario. ¿O no es así allá donde vayas?

A medida que se iba consumiendo el franquismo y el propio Franco, iban apareciendo revistas muy críticas con el régimen. Las leía de cabo a rabo. Hoy en día no es que hayan desaparecido las revistas políticas con espíritu crítico, es que han desaparecido todas. La política no interesa —y todavía menos apasiona— como lo hacía antes, y las tertulias —donde todos saben de todo a las ocho de la mañana— han sustituido las lecturas reflexivas de aquellas buenísimas publicaciones. La semanal Cambio 16 y, en Aragón, la quincenal Andalán aparecieron a principios de los años setenta, y yo era lector habitual, como hacía años que lo era de Triunfo. Ahora bien, la revista que me marcó políticamente fue Cuadernos para el Diálogo, promovida por el dirigente democristiano Joaquín Ruiz-Giménez.

Mi revista de referencia vio la luz en el salón del piso de la madre de Ruiz-Giménez, en la calle Ortega y Gasset de Madrid. En el verano de 1962, Ruiz-Giménez reunió a la junta de fundadores, entre los cuales, aparte de él y muchos otros, había personas procedentes del mundo de los propagandistas de Acció Catòlica, alguna persona del Régimen, personas que después tuvieron militancia de relieve en el PSOE como Gregorio Peces Barba, periodistas como por ejemplo Pedro Altares, y un dirigente, Óscar Alzaga, de los estudiantes de la Universidad de Madrid. Por cierto, me encontraron un ejemplar de cada una de las cuatro revistas mencionadas debajo del colchón de la litera en el campamento de San Gregorio, en Zaragoza, cuando hacía el periodo de instrucción de la mili. El alférez de la compañía y el cabo primero eran catalanes, y me lo pasaron por alto. De hecho, el comandante del SIM (Servicio de Inteligencia Militar) ya había tenido una conversación conmigo dada mi pública adscripción a Unió unos meses antes de entrar en la mili. Fue gracias a Cuadernos para el Diálogo, en la que había hecho alguna pequeña colaboración, como conocí a un grupo de personas de Monzón, en la provincia de Huesca, que militaban en la formación democristiana Izquierda Demócrata Cristiana de Ruiz-Giménez. Y este es el primer eslabón de la cadena que me llevó a militar en un partido político, en concreto en Unió Democràtica de Catalunya.

Mientras estudiaba Derecho, residía en el Colegio San Antonio de Padua, regentado por padres franciscanos. Los frarets es el nombre con el que se conoce en Lleida a la comunidad franciscana, que estaba ubicada entonces en la calle del marqués de Vila Antonia, número 12. Actualmente el marqués ha caído en desgracia y la calle de los franciscanos se llama simplemente Vila Antonia. Allí fui adquiriendo una relación estrecha con el director, Ramon Domènech Castells, un joven sacerdote ilustrado de Alcarràs, con inquietudes y ganas de implicar al colegio en los tiempos que vivía el país. El padre Domènech acabó nombrándome educador, figura que ejercía como ayudante del director. Eso, de pasada, comportaba la gratuidad de mi estancia en la residencia, donde dormía y comía.

Fueron unos años de mi vida muy intensos en todos los sentidos: por la mañana me levantaba a poner la música que despertaba a los residentes, iba a trabajar a los juzgados, volvía a la residencia de los franciscanos, a menudo me tocaba bendecir la mesa y ocuparme, como educador, de garantizar una cierta disciplina mientras se comía, y después cambiaba de papel: con otro compañero regentábamos el bar del colegio. Después de servir cafés, carajillos, copas y algún cubata —eso los fines de semana o por la noche— y de lavar los platos, todavía tenía tiempo de llevar la contabilidad de una casa de compraventa de coches en la carretera de Corbins, en el barrio de Pardiñas —entonces no podía imaginar que al cabo de unos años me pasearía por allí horas y horas como teniente de alcalde de Urbanismo de la mano del presidente de la combativa asociación de vecinos, Jacinto Pernia—. A las cinco de la tarde me iba a la facultad y, cuando salía, volvía al colegio con el doble cargo de educador y barman. No hace falta decir que iba bien de dinero. Cobraba un sueldo en el juzgado, donde, como interino, servía igual para un roto que para un descosido: desempeñé todos los cargos, desde agente judicial hasta oficial. Aparte del salario del juzgado, recibía un dinerillo por llevar la contabilidad de la empresa de compraventa, y el bar siempre dejaba algún dinero. No me faltaba de nada. Y a mis amigos, tampoco. Siempre que he tenido dinero, lo he compartido con mis amigos. Me considero una persona desprendida, ¡quizá demasiado!

En este contexto, fue creándose un vínculo particular y afectuoso con el director del colegio, que hoy continúa fraternalmente: es el sacerdote que me casó, que bautizó a mis tres hijas y que, desgraciadamente, enterró a mi madre y a mi suegra, que nos dejaron demasiado jóvenes. La relación en la época de estudiante con el padre Domènech favoreció algún primer paso en la actividad política. Como he dicho antes, era un sacerdote con inquietudes sociales; no ha sido nunca conformista y también vivía con intensidad el ambiente universitario, por dos razones: porque era el director de una residencia universitaria y porque cursó primero Filosofía y después Derecho en la Universidad de Lleida. Con él, pues, planificamos un ciclo de conferencias con personas relevantes como opositoras al franquismo: desde el obispo de Huesca de la época, monseñor Javier Osés, o el monje de Montserrat Hilari Raguer, hasta el comunista Solé Tura o el democristiano Ruiz-Giménez. Al mismo tiempo, acostumbrábamos a buscar alguna persona que presentara el conferenciante. Para introducir a Ruiz-Giménez, pensamos en el director de uno de los dos diarios que entonces había en la ciudad: uno era del Movimiento, La Mañana, y el otro era de la Iglesia, el Diario de Lérida. Yo había hecho alguna colaboración en los dos, sobre todo en el de la Iglesia. Su director era el padre Salvador Gené, también director de la emisora COPE. Al plantearle el franciscano Ramon Domènech y yo mismo que fuera él quien presentara a don Joaquín —le llamábamos así en entornos políticos o profesionales—, nos indicó, sin dudarlo siquiera, que lo más lógico era que lo presentara yo mismo dada mi adscripción al pensamiento democristiano.

Y lo hice en el mes de junio de 1974, en la iglesia de los franciscanos. Me puse una camisa y una corbata elegantes con el único traje que tenía, el segundo que había tenido en mi vida, que compré en una de las mejores tiendas de la Lleida de la época, la sastrería Dies. El primero lo había estrenado con diecisiete años, hecho a medida por el sastre Grábalos de Alcampell para la fiesta mayor del pueblo. En esto, también los cambios han trastocado las costumbres: de estrenar una pieza de ropa para ir arreglado he pasado a los tejanos, a la camisa por fuera y a las deportivas que ahora llevo sea laborable o festivo, incluidos los días de San Ramón, la fiesta mayor de Alcampell. Eso sí, los dos trajes los pagué de mi bolsillo. El primero, con lo que ganaba durante el verano trabajando de botones en la Caja Rural de Tamarit, y el segundo, con los ingresos ya mencionados durante la vida universitaria. Al acabar, fuimos a la sacristía con un par de matrimonios que se habían sentado en la primera fila durante la conferencia. Eran Joan Sansa y Simeó Miquel —los dos, dirigentes de Unió— con sus respectivas esposas. Sansa, de la Seu d’Urgell, tarradellista insobornable, era dirigente histórico de Unió. Miquel, abogado de prestigio, a quien conocía porque había sido también candidato a procurador en Cortes contra la candidatura oficial del franquismo. Los dos se interesaron por mí y buscaron mi complicidad para que ingresara en Unió Democràtica. El hilo conductor de la conversación fue muy sencillo: tú te has confesado democristiano al presentar a Ruiz-Giménez; pues bien, nosotros, Unió, somos la democracia cristiana en Cataluña. Quedamos en que me reuniría con dos militantes del partido de plena confianza de Simeó Miquel: Joaquim Colell, comerciante de Lleida y hombre del entorno de Acció Catòlica, con una gran preocupación por el mundo obrero, y Miquel Àngel Alonso, abogado y pasante de Simeó Miquel. Y así fue, conversando con ellos, como rellené la ficha de solicitud de ingreso a Unió, debidamente avalado por los dos interlocutores emisarios de Simeó Miquel. Desde ese día milité en Unió Democràtica.

Cataluña y el catalanismo

Cuando ingresé en el partido, no tenía ninguna conciencia de la entidad nacional de Cataluña. No conocía su historia. Por no saber, ni estaba al corriente de la existencia del presidente Tarradellas y, como yo, imagino que mucha gente. Era consciente de que Cataluña tenía una bandera diferente de la española, con las cuatro barras, como la que tenía Aragón. Lógicamente, también sabía que tenía una lengua propia que, exceptuando alguna palabra, entendía desde el habla que yo usaba en Alcampell. No tenía la más mínima conciencia de que la lengua que yo hablaba, desde el primer día que articulé una palabra con mis padres, era la catalana con muchos castellanismos incorporados —como tierra de frontera que es— y también muchos términos propios. Lo llamábamos chapurreau. De hecho, a estas alturas todavía hay gente que utiliza esta denominación —con un tono despectivo en algunos casos— para hacer referencia al catalán que hablamos en mi pueblo.

Entré en el catalanismo como democristiano, y el concepto de nación me llegó desde el personalismo comunitario. Tenía interiorizada la definición de nación de Jacques Maritain, en la que la nación es entendida como una comunidad de personas, y también había asumido las lecturas de Carles Cardó y su concepción de nación como una comunidad que posee tres elementos definidores —lengua, cultura e historia— y que tiene la conciencia de poseerlos y la voluntad de hacerlos perdurar. Desde mediados de los años setenta, también fui socio de Òmnium Cultural en Lleida, y después en Barcelona. Durante un tiempo me di de baja por la posición pública que esta entidad adoptó contra el Tratado de la Unión Europea en la campaña del referéndum de febrero de 2005. Al cabo de un tiempo me volví a hacer socio. Dos amigos, Miquel Esquirol, uno de los fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya, y Pere Martí, periodista —los dos sinceros independentistas—, me convencieron para volver. Y más adelante, a partir de la posición de Òmnium a favor de la independencia, me di de baja definitivamente. Nombro Òmnium Cultural para testimoniar que, a través de esta entidad, y en paralelo a mi militancia en Unió Democràtica, fui configurando una conciencia clara de la lengua y la cultura catalanas como propias y como dos elementos de los que Maritain y Cardó consideraban definitorios de una comunidad nacional. ¡Eh! Comunidad nacional cultural, porque nunca hablan de soberanía cuando hacen referencia al concepto de nación. Eran tiempos en los que, siendo catalanista, se podía ser de Òmnium. Ahora, si no eres independentista, es incoherente formar parte de esa entidad.

A finales de 1975, un par de meses antes de morir Franco, me incorporé más activamente a Unió en Lleida. Ese verano, sin embargo, me había arriesgado más de la cuenta viajando a Berlín con militantes de otros partidos democristianos integrantes de lo que se llamaba Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español. Sin permiso del ejército español para salir al extranjero, me escapé dos semanas a un curso de formación de la Fundación Konrad Adenauer. El año siguiente repetí, en ese caso en una academia que la CDU alemana tenía entre Bonn y Colonia. Allí coincidí, como el año antes en Berlín, con Iñaki Anasagasti y otros dirigentes del PNV con los que siempre me ha unido una estrecha relación personal por encima de coincidencias y diferencias políticas. En Alemania, y de la mano del partido que hoy dirige Angela Merkel, aprendí qué eran la economía social de mercado, el federalismo, la ley fundamental alemana de 1946, el sistema electoral proporcional y la regla de Hondt; y también cómo se estructuraban las campañas electorales. Recuerdo que en el año 1976, a partir de la derrota en las elecciones de Helmut Kohl frente a Helmut Schmidt, analizamos la campaña de aquel al detalle en la Fundación Konrad Adenauer, comenzando por cuestionar la montura de las gafas —que se consideraban demasiado gruesas— hasta la propuesta más sofisticada del programa económico. Creo que aprendí mucho, sobre todo de lo que podríamos llamar política de verdad.

Durante el segundo viaje, en 1976, el 4 de julio supimos que el rey Juan Carlos había designado a Adolfo Suárez para presidente del Gobierno. En la terna elaborada por el Consejo del Reino había dos nombres más: Gregorio López Bravo y Federico Silva Muñoz. Pero el rey decidió que Adolfo Suárez, «ministro secretario general del Movimiento», fuera quien presidiera el Gobierno. Nos dieron ganas de quedarnos en Alemania. Tanto los vascos como nosotros compartíamos la sensación de que la apertura se había acabado. De los integrantes de la terna, el que tenía menos pedigrí democrático, si es que el uso de estos términos era apropiado para tres ministros franquistas, era justamente Adolfo Suárez. El tiempo, sin embargo, puso las cosas en su lugar, y la inteligencia, la habilidad y la ambición de Suárez fueron fundamentales para encarrilar en España la transición política de la dictadura a la democracia. Después, algunos sectores sociales y una parte de su propio partido no le hicieron justicia. Ya se sabe cómo son estas cosas.

Cuando trate la Transición haré referencia a Santiago Carrillo, pero ahora que ha salido a colación López Bravo, quiero avanzar una cosa: nunca podré olvidar a ese dirigente comunista. Coincidí con él cuando formé parte de la comisión Flick que se constituyó en el Congreso de los Diputados para investigar si el PSOE se había financiado ilegalmente, vía el SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania), con fondos provenientes del empresario alemán Friedrich Karl Flick. Marcos Vizcaya, portavoz del PNV, también era miembro de esta comisión. La noche del 18 de febrero de 1985 acabamos tardísimo. Carrillo era un conversador hábil y cordial, y también lo era José María Ruiz Gallardón —padre de quien después fue alcalde de Madrid y ministro—, que integraba la comisión en representación de Alianza Popular. El uno y el otro, pero sobre todo Carrillo, hicieron que la reunión de aquel día se alargara hasta la una y media de la noche. Marcos Vizcaya tenía billete para el vuelo de Iberia de Madrid a Bilbao del día siguiente alrededor de las siete de la mañana. Yo también tenía intención de cogerlo para acudir a una reunión con el PNV. La hora intempestiva del final de la reunión hizo que tanto Marcos Vizcaya como yo mismo desistiéramos de coger aquel avión.

A las ocho y media del martes 19 de febrero, el Boeing 727 que cubría la ruta Madrid-Bilbao se estrelló en la maniobra de aproximación al aeropuerto de Sondika. Murieron todos los miembros de la tripulación y los 141 pasajeros, entre ellos Gregorio López Bravo. Ese fin de semana había estado en mi pueblo con los amigos y les había contado que el lunes iba a Madrid y el martes a Bilbao. Cuando la radio dio la noticia del accidente aéreo, Celia Abadia —amiga, y esposa del amigo Joaquín Noguero— dijo en Alcampell, muy angustiada, que yo viajaba en aquel avión. Como sabía que mi intención era ir a Bilbao, me hacía entre los pasajeros fallecidos. Además, casualmente, en la lista de víctimas había a bordo una persona con mi apellido. A la misma hora, en el hotel Palace de Madrid, donde nos alojábamos los diputados de CiU y el PNV, avisaron por megafonía a Marcos Vizcaya, que tenía una llamada telefónica. Insistieron tanto que fui a la centralita a atender la llamada. Era su esposa, destrozada ante la tragedia y con la esperanza de que su marido estuviera vivo. ¡Lo estaba! Cada vez que nos encontrábamos después con Carrillo le recordaba que nos había salvado la vida. Estaba muy lejos de él ideológicamente, pero nos apreciábamos el uno al otro. Fui uno de los pocos políticos que, sin ser del partido comunista o, al menos, de izquierdas —creo que el otro fue Miguel Herrero de Miñón— fue invitado a asistir a una cena de reconocimiento.

La Transición y la monarquía

Siempre me he sentido hijo de aquella Transición que no fue pilotada por López Bravo sino por Adolfo Suárez. Me confieso admirador de esa etapa. Sobre todo de lo que se ha denominado el espíritu de la Transición, porque creo que fue precisamente eso: espíritu. Soy, pues, defensor del régimen de 1978 —un año que hoy mucha gente contempla con menosprecio—, sin que eso quiera decir que no sea consciente de las deficiencias que lo acompañaron. Las originales y las sobrevenidas. Considero que ha sido un placer para mí convivir y conocer a los protagonistas de esa Transición: el rey Juan Carlos, Suárez, Carrillo, González, Pujol, Ajuriaguerra, Arzalluz, Roca, Fraga, Herrero de Miñón… Unos procedían del franquismo, otros de la oposición, e incluso algunos habían regresado del exilio. La verdad es que me sigue fascinando conversar con todas esas personas; y nunca he dejado de considerar que España fue afortunada por tener este puñado de dirigentes en un momento clave de la historia. Hoy echo de menos esa capacidad de diálogo para llegar al acuerdo. Los separaban la guerra y la dictadura, el exilio con mayúsculas, la muerte de seres queridos víctimas del odio y, a pesar de todo, supieron transitar de la dictadura a la democracia. Recuerdo que Felipe González, en una cena en el Club de Roma y hablando de la Transición, explicó que en el año 1976 había hablado con el franquista Manuel Fraga y que, aunque González tenía una condena del Tribunal del Orden Público franquista, pudieron alcanzar acuerdos.

Ya sé que hay gente que dice que esa transición fue un error, que lo que se debería haber hecho era romper del todo con el franquismo. Gente que se miraba en el espejo de la llamada Revolución de los Claveles en Portugal deseaba una ruptura total con el régimen… En este punto yo siempre planteo unos cuantos interrogantes: ¿había vivido Portugal una guerra civil cuarenta años antes? ¿Estaba dividido el ejército español como lo estaba el portugués por todo el coste colonial? ¿No somos conscientes, quizá, de que fue la política colonial la que provocó que los jóvenes oficiales de las fuerzas armadas portuguesas se rebelaran? En España, aparte de la incipiente Unión Militar Democrática (UMD), la unidad del ejército era indiscutible. Quizá lo que pasa es que se desconoce la historia de España… Todos los demócratas deseábamos romper con el franquismo, sobre todo los que ocupábamos la primera línea. Pero la política exige transformaciones reales y no solo proclamas poéticas. Hay una circunstancia que Felipe González acostumbra a recordar y que siempre me ha hecho reflexionar: España tiene su división acorazada Brunete en las cercanías de Madrid. Si un día tuviera que defender las fronteras del Estado de la invasión de otro país, los tanques llegarían demasiado tarde a las fronteras. ¿Qué hacen los carros de combate en Madrid? ¿En quién se piensa a la hora de usarlos para proteger España de los enemigos? ¿En los de fuera o en los de dentro?

Por otro lado, no comparto tampoco la opinión de los que dicen —y esto se reitera desde los postulados independentistas— que el hecho de que la Transición no implicara una ruptura ha permitido la supervivencia del franquismo. ¡Está claro que hay franquistas, y también hijos y nietos de franquistas! Pero España es a todos los efectos una democracia liberal homologada internacionalmente. Y, más allá de las pasiones que despierten el debate político y el interés partidista, la democracia española resiste análisis comparativos con países que a veces parece que nos quieren dar lecciones de democracia. En España hay pluralismo político, y un gobierno puede ser apartado de la escena política si una mayoría alternativa se manifiesta a favor; en España hay separación de poderes y España constituye un Estado de derecho.

Otra cosa es sostener la tesis de que la calidad de la democracia española es manifiestamente mejorable; aquí sí que tiene sentido un debate amplio. Nuestro código penal merece ser revisado, como también la famosa ley mordaza. Y el sistema electoral, el funcionamiento de los partidos, los reglamentos de las cámaras parlamentarias… En todos estos ámbitos encontraremos muchas deficiencias. España no es una democracia modélica, como no lo es Cataluña, y no solo por los déficits que pueda proyectar España. El diario El punt avui, el 29 de abril de 2018, publicaba una portada donde se decía: «España tiene un problema con: 1. Cataluña. 2. La justicia. 3. La corrupción. 4. La libertad de expresión. 5. Las infraestructuras. 6. El prestigio internacional. 7. Los partidos de la oposición. 8. La acción legislativa. 9. La casa real. 10. Las reivindicaciones. 11. La deuda. 12. El machismo». ¿De verdad no somos capaces de interiorizar que, excepto la justicia —si es que se puede afirmar que la justicia es española— y la casa real —Cataluña hoy por hoy comparte la misma que España y no parece que el proyecto de república vaya a asegurar más democracia que la monarquía española—, esos problemas los tenemos tanto o más acentuados en Cataluña? ¿O es que Cataluña tiene más prestigio internacional que España y menos corrupción? ¿La acción legislativa catalana es superior en cantidad y calidad a la española? Y si España tiene un problema con Cataluña, ¿es que nosotros no tenemos un problema con España?

Respeto todas las opiniones, pero lo que con menosprecio se llama el régimen del 78 terminó con el del 39, y aportó democracia, progreso económico y social y autogobierno. Nunca en la historia de España hemos tenido un periodo tan largo en el que hayan concurrido todas estas cualidades, también en Cataluña. Y me temo que tardaremos mucho tiempo en volver a vivir otra época de estas características. Ciertamente, en la actualidad habría que reformar la Constitución para afrontar los nuevos retos políticos y sociales; como también habría que modificar, especialmente, la ley electoral. Pero este reformismo que defiendo no tiene nada que ver con el adanismo que implica apostar por encauzar un proceso constituyente para empezar de nuevo. Repito una vez más la importancia de la historia y la necesidad de conocer cómo ha ido, y con más motivo todavía si haces política. La historia del constitucionalismo español certifica, por la duración y sus consecuciones, la bondad de la Constitución que acaba de cumplir cuarenta años.

Una de las instituciones más criticadas en los últimos tiempos por determinados sectores políticos es la monarquía. Básicamente por el mundo de Podemos en España en general, y por el independentismo en Cataluña en particular, sin olvidarnos del nacionalismo vasco, que siempre ha mantenido un discurso crítico y coherente con respecto a la Corona. Mi amigo Iñaki Anasagasti ha sido un ejemplo de esto. Yo no participo de estas posiciones, siempre legítimas si se expresan con respeto, y no hace falta que recuerde que yo he militado toda la vida en Unió Democràtica de Catalunya, un partido que nació en plena Segunda República —el 7 de noviembre de 1931—. Mi partido era republicano y defendió la república. Incluso diré más, murieron dirigentes de Unió a manos franquistas para defender Cataluña y la república, como también es cierto que otros dirigentes murieron a manos de descontrolados republicanos por haber defendido posiciones de humanismo cristiano.

No obstante, desde que entré en el año 1974, Unió no ha afrontado nunca un debate sobre la forma de Estado. Obviamente, ese año yo no era monárquico: no había monarquía ni era la forma de Estado que yo habría defendido. A partir del periodo constituyente tampoco se dio en Unió un debate profundo sobre la forma de Estado. Unió acepta la Constitución, y con la Constitución, la monarquía. Y Unió siempre ha sido respetuosa con la Constitución de 1978. Incluso Miquel Coll i Alentorn, el dirigente histórico de referencia que fue el nexo de unión entre la Segunda República y la nueva democracia posfranquista, expresó siempre a pesar de no ser monárquico un respeto exquisito por la institución monárquica, como también un afecto especial por los reyes Juan Carlos y Sofía y por el entonces príncipe de Girona y actual rey Felipe VI. Coll, que era historiador, no se cansaba de repetirnos que no olvidáramos nunca la vinculación que el príncipe tenía con Cataluña a través del título de Girona y la que representaban también otros de sus títulos con las ciudades de Montblanc, Cervera y Balaguer. De hecho, a principios de los años ochenta, Unió y el PSUC presentaron en el Ayuntamiento de Girona una moción —que fue aprobada por unanimidad (eran otros tiempos)— en la que se pedía al actual rey de España que hiciera uso de su condición de príncipe de la ciudad.

A lo largo de mi vida he mantenido una actitud similar. No soy un devoto de la monarquía, en términos generales, pero tampoco soy un detractor. En el norte de Europa hay países que disfrutan de una democracia de alta calidad y de una sociedad con alto nivel de bienestar y que tienen en la monarquía la articulación del Estado. Y por las mismas razones se pueden señalar otros países de características similares que han optado por la república. Pero más allá del debate sobre qué fórmula puede llegar a ser más democrática —dejo a un lado la polémica sobre cuál es la más costosa para los ciudadanos: los presupuestos de algunas repúblicas no aguantan la comparación con las monarquías, empezando por la nuestra—, creo que es importante introducir el marco político, social e histórico de cada país a la hora de valorar la idoneidad de la forma de Estado.

En este caso, en España la monarquía ha sido y sigue siendo un factor de estabilidad. El futuro se lo deberá ganar día a día y no lo tendrá fácil entre las nuevas generaciones. El rey Juan Carlos me explicó en alguna ocasión que a su hijo le había transmitido la necesidad de ganarse día a día la condición de rey. La monarquía deberá ganar frescura y dejar de lado comportamientos poco apropiados para empatizar con unas nuevas generaciones que no siempre valorarán el papel que la Corona ha jugado para consolidar la democracia y el Estado de derecho en España. De hecho, acostumbro a utilizar una expresión que creo que en el fondo suscribirán muchas personas: soy un monárquico accidental, que no quiere decir por accidente, sino alguien que, considerando irrelevante en términos generales la forma de Estado, reconoce que el rey Juan Carlos ha sido una pieza clave en la recuperación de la democracia y en la garantía de la concordia y la convivencia entre los españoles.

Con el rey Juan Carlos he tenido una relación cordial y afectuosa, y nunca la he escondido. Ya sé que hay cosas que no ha hecho bien; él mismo lo ha reconocido y ha pedido perdón por ellas. La propia abdicación es una muestra de su clara conciencia a la hora de asumir responsabilidades. Por tanto, considero que el balance es positivo. He recorrido medio mundo —hablo de prácticamente todos los países democráticos— y puedo dar fe de que ha sido, además, el mejor embajador que ha tenido España en las últimas décadas. He mantenido con él las reuniones lógicas que un jefe de Estado debe tener con el dirigente de un partido político con representación parlamentaria y es el presidente de un grupo parlamentario. Pero más allá de lo que correspondía oficialmente, he tenido con el rey emérito otro tipo de relación, muy afectuosa. No siempre que nos hemos visto se ha hecho público, ya fuera en la Zarzuela, en Barcelona o en Vall d’Aran.

Como todo el mundo sabe, el rey Juan Carlos fue en su momento una persona muy deportista. La vela y el esquí son los deportes que más ha practicado. Entre fin de año y Reyes, antes de volver a Madrid para celebrar la Pascua Militar, solía invitarme a su casa a charlar un rato con una copa de vino tinto, un plato de jamón y un cigarro habano al lado. Allí hablábamos de todo, y he tenido el honor de escuchar confidencias sobre asuntos políticos o familiares que el más profundo sentido de la lealtad me ha borrado de la memoria. Karl Popper dice que «quien sea incapaz de hablar claro que calle para siempre», pero en este caso no se trata de hablar claro o no, sino de conjugarlo con los deberes de lealtad y responsabilidad.

En una ocasión, recuerdo que yo había sufrido una importante caída patinando sobre hielo. Entonces el rey empezaba ya a tener un cierto respeto por las caídas, y había sufrido una no muy grave esquiando; yo hablé de la mía para quitarle hierro a la suya. Una anécdota muy personal. A principios de enero de aquel año iba a Cuba con un grupo de empresarios e iba a entrevistarme con Fidel Castro; como estaba al corriente, el rey me pidió que comunicara al presidente cubano que le había enviado unas corbatas. Castro vivía día y noche enfundado en una casaca militar, pero en una cumbre iberoamericana los dos habían bromeado sobre las corbatas.

Era la primera vez que veía a Fidel, aunque no sería la última. Le transmití el mensaje del rey y añadí que habíamos coincidido esquiando. ¡Qué dije! Ya no pude abrir la boca en toda la noche. Mientras los empresarios cenaban en un salón del Palacio de la Revolución, a Castro y a mí nos sentaron en un extremo de una sala, en un par de sillas y fumando un habano (a lo largo de muchos años sentí pasión por estos cigarros, hasta que un tumor en el pulmón me apartó del tabaco). Comenzó a interrogarme sobre cómo se esquiaba, a qué altitud y no sé cuántas cosas más. Ya que, antes de la conversación, también había aparecido mi patinazo en la pista de hielo, quiso saber si en La Habana podría hacerse una. Sí, sí, en La Habana. Y cuando ya estaba extasiado, cambió de tema radicalmente y me explicó su último viaje a Vietnam y las maravillas de ese país asiático que había sufrido el imperialismo yanqui. Fueron más de tres horas de monólogo. Tuve muy poco tiempo para hablar de mi amigo Oswaldo Payá y del movimiento cristiano de liberación que él lideraba, así como de la situación política y económica de Cuba.

Siempre he defendido la necesidad de valorar la monarquía, y las instituciones en general, en función de su utilidad. En este sentido, la monarquía de Juan Carlos I, y ahora la de Felipe VI, garantizan el equilibrio institucional y político. No quiero ni imaginarme qué sería de la España actual —con prácticamente todo en carne viva— si el jefe de Estado formara parte de las mayorías parlamentarias de turno. Sería la pieza final para la desestabilización del sistema democrático. He vivido muy de cerca los esfuerzos y las renuncias que los unos y los otros han hecho a lo largo de estos cuarenta años después de la muerte de Franco, así que soy un firme opositor a la destrucción del Estado actual. Que no me guste del todo y que considere que debería ser mucho más respetuoso con su realidad plural desde la perspectiva nacional, cultural y lingüística, no es ir contra el Estado, sino optar por una concepción que lo haga más sólido y más sentido por todos.

El 2 de junio de 2014 el presidente del Gobierno Mariano Rajoy anunció que el rey le había manifestado su voluntad de abdicar. Yo me encontraba entonces en Roma, donde tenía que mantener una larga entrevista con el presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, quien me habló de la gravedad del giro de Jordi Pujol hacia el independentismo y me explicó que en los últimos meses se había visto con el rey Juan Carlos en Portugal y en Roma con motivo de la canonización de Juan Pablo II. Él creía, como yo, que el monarca había tomado esa decisión hacía muy poco. Estando en Roma, el rey me llamó para agradecerme «la colaboración y la lealtad» sin hacerme ninguna petición, ni siquiera referencia, a la ley que había de regular su abdicación y el acceso al trono de Felipe VI. También en Roma, poco tiempo después, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría me comunicó por teléfono el contenido del artículo único de la ley. Me preguntó por nuestro voto y le expliqué que el no quedaba descartado, que ya había hablado con Artur Mas sobre ello y que no creía que hubiera problema en votar sí. Cuando salí de la reunión con el presidente Napolitano, un teletipo de agencia informaba de que el PP y el PSOE habían pactado pedir trámite de lectura única. Empecé a enfadarme. El día 3 por la tarde, después de ver la tertulia de 8tv, tuve claro que si votábamos sí me dejarían a la altura del betún. La Vanguardia del día siguiente decía que el PP y el PSOE habían pactado todo lo referente a la abdicación, y nosotros, como siempre, teníamos noticia de ello cuando lo leíamos en los diarios. Pero yo todavía quería votar sí. En el mismo diario, el corresponsal en Madrid explicaba que yo quería votar que sí mientras que Convergència prefería abstenerse. Se había abierto el fuego amigo. Nervioso, hablé con Joan Rigol, que, entre la abstención y el sí, se decantaba por el voto positivo, y entendió mi nerviosismo. Colgué un tuit abonando la abstención y la vicepresidenta me llamó hecha una fiera. Le dije que ya era mayorcito y que sabía la responsabilidad que me correspondía. El voto negativo que sectores de CDC promovían se enmarcaba en la mutación de nuestros socios hacia posiciones más radicales.

En la actualidad es muy evidente que los independentistas tienen en el rey Felipe VI uno de los objetivos de sus ataques. Es lógico. Saben que la monarquía es un factor de estabilidad y nada sería más desestabilizador que derribarla. El independentismo aprovecha y manipula el discurso pronunciado por el rey el 3 de octubre para atacarlo, y mucha gente ha aceptado esta tesis como la buena. Si el rey solo lo fuera de los catalanes —y, sobre todo, de una parte de los catalanes—, tendría todo el sentido del mundo la crítica a su discurso. Pero es necesario hacer un esfuerzo de objetividad: el uno de octubre fue un día desgraciado y las condenables cargas policiales nunca deberían haberse producido. No tanto porque no debemos acostumbrarnos nunca a cargas de tal intensidad, sino porque la imagen y el relato de que la violencia se esgrimía contra ciudadanos que no querían otra cosa que ejercer el voto, y entre los que había personas mayores, agravaba la acción policial e incluso la potenciaba. ¡Un error gravísimo!

No tengo toda la información para valorar las causas del error. ¿Ayudaron los comandantes de los Mossos d’Esquadra? ¿Los organizadores del referéndum no tuvieron ninguna responsabilidad? ¿No sabían que era un acto ilegal? Sabiéndolo, ¿por qué animaron a ancianos y a menores a concentrarse en los lugares de votación? Estas son solo algunas de las preguntas que se deberían contestar; sin embargo, yo no lo podría hacer por falta de información. La vista oral del juicio en el Tribunal Supremo a través de la prueba de las acusaciones nos permitirá tener más elementos para valorar la actuación policial del 1-O. Ahora únicamente tengo impresiones y hago suposiciones, pero con eso no se construye la verdad. Fueran las que fueran las causas, el error es de manual y las imágenes dañaron la credibilidad de España en el exterior. A día de hoy, aquel día y los que siguieron a partir del 27 de octubre, los errores del independentismo con la DUI y Puigdemont vagando por Europa no hacen otra cosa que dejar aun peor aquella nefasta jornada.

Además, resulta que el rey no lo es únicamente de los catalanes o de una parte, sino de todos los españoles. El rey no avaló la actuación de la policía aquel día, ni la gestión política de la jornada y de sus vigilias; ese no era el contenido de su discurso. El monarca no pronunció esas palabras por el referéndum. Lo hizo por la intención expresada el día siguiente por parte de las autoridades catalanas de declarar la independencia siguiendo el mandato del referéndum, lo que es muy diferente. Si se intenta aportar serenidad y frialdad a la hora de analizar aquel discurso, será necesario que nos preguntemos si hay alguna anormalidad democrática en el hecho de que el jefe del Estado defienda la Constitución, que es lo que hizo con sus palabras. El rey sabe que ha perdido amigos en Cataluña y que le costará recuperar el respeto de una parte de la población, pero, como lo sabe, no tengo ninguna duda de que esta es y será una de sus prioridades.

Cataluña se disponía a anunciar su secesión de España y difícilmente se entendería que quien representa a todos los españoles optara por el silencio. Se ha dicho que el discurso fue áspero y severo en las formas, que nos regañó, que no hizo referencia al diálogo, que no dijo nada en catalán… No niego la severidad y los gestos del rey, ni que unas palabras en catalán no habrían estado de más. Sin embargo, intentemos ser sinceros y reflexionar con frialdad, ¿hay alguien que piense que el jefe del Estado puede hacer referencia al diálogo cuando, desde el independentismo, después de vulnerar la ley y asumir el hipotético mandato del supuesto referéndum, reclamaban diálogo de la comunidad internacional? Sinceramente, creo que no. He hablado con el rey sobre Cataluña en varias ocasiones y conozco su postura en relación a nuestra realidad. Lo hemos hecho en su despacho de la Zarzuela y, de manera reservada, en algún viaje en el que hemos coincidido. Él sabe que ha perdido mucha confianza en Cataluña, pero sigo teniéndosela.

Política activa… y pública

Hablando de viajes, fue precisamente a partir de aquel primer viaje a Alemania de la mano de la CDU y de la Fundación Konrad Adenauer cuando mis padres supieron que me había metido en política. En casa estaban al corriente de mi interés por la política, pero pensaban que la seguía desde lejos; en definitiva, uno tampoco podía dedicarse a ella si no era entre las paredes del franquismo. Mi familia no había hablado nunca de política; la Guerra Civil estaba demasiado cerca y muy probablemente había dejado heridas abiertas. En Alcampell, por lo que cuentan, la guerra fue dura. No es que pasara el frente, como en la batalla del Ebro; por fortuna el frente quedó lejos, pero en mi pueblo siempre ha habido una manía histórica de anarquismo. La verdad: no he querido saber nunca qué pasó en Alcampell. Quién mató a quién. Siempre he pensado que superaría mejor la historia particular de la guerra en el pueblo si no sabía nada. Quizá ha sido un error, pero no me arrepiento ni lo pienso corregir. Tan respetable es mi actitud como la de los que quieren saber todo lo que pasó. La de estos últimos puede contribuir a evitar que vuelva a suceder, pero la mía también. A lo largo de mis años de dedicación a la política, he conocido pueblos en Cataluña donde la división perduraba y todavía se proyectaba sobre las nuevas generaciones. En Bellcaire de Urgell, una localidad al lado de Balaguer, había un bar al que únicamente acudían los de derechas y otro al que iban solo los de izquierdas, y estaban uno enfrente del otro. Lo mismo ocurría en otras muchas poblaciones. Durante los primeros años de la democracia, esta división también se proyectaba en las candidaturas a los ayuntamientos. Incluso hoy día perdura todavía en algún pueblo, y mi familia no escapó de ello.

En este ambiente, el sustrato sociocultural que me rodeaba no era precisamente favorable a la militancia en un partido político. Y menos todavía en uno catalán, catalanista, que Franco se había encargado de disolver cuando entró en Cataluña. De hecho, este sustrato cultural que levantaba un muro preventivo —ahora se diría cordón sanitario— contra todo lo que era política y, particularmente, contra los partidos, estaba muy generalizado en la etapa final del franquismo, que es la que viví teniendo constancia de este hecho. Para la interesada cultura franquista, los partidos eran los causantes de la división, del caos y de la guerra. Por eso, cuando se recuperó la democracia y se institucionalizó la actividad partidista como una de las condiciones inherentes del Estado de derecho, se creó una ley electoral con listas cerradas. Había que proteger a los partidos. El problema es que, al cabo de cuarenta años, todavía no hemos sido capaces de asumir un cambio necesario en la legislación electoral que impida el secuestro actual de una parte de la soberanía popular a manos de los partidos y de sus aparatos. Si eso era lo que se pensaba en casa sobre la política y los partidos, sin que nunca se hablara de ello, solo había que saber interpretar los silencios que encontraba dentro y fuera del hogar familiar. En la escuela, cuando te explicaban historia, lengua o literatura, nunca se hacía la más mínima alusión a la identificación de nuestra lengua con el catalán o a un pasado histórico común con Cataluña. Además, en alguna ocasión, la única referencia que en la escuela se había hecho a Cataluña —y de pasada, como si no significara nada— era que había sido una de las responsables de la guerra civil de 1936.

En este escenario, pues, se entenderá que no me entusiasmara la idea de confesar a mi familia que, con Franco aún vivo, militaba en Unió Democràtica de Catalunya. Sobre todo de cara a mi abuela materna, solo podía atenuar mi adscripción política a Unió con el hecho de que fuera un partido con la etiqueta cristiana en su configuración ideológica. Después del servicio militar me dejé durante un tiempo una barba con un punto anárquico, y la primera vez que mi abuela me vio con ella ya se imaginó que me había convertido en un revolucionario. Sin embargo, al final todo se acaba sabiendo, antes incluso de lo que uno piensa. Mi salida del armario político con mi familia se produjo, pues, a partir del viaje que hice a Alemania en el verano de 1974, cuando aún estaba en la mili. Algunos de mis amigos de Alcampell sabían que militaba en Unió y también que iba a Alemania y por qué. Era el caso del hijo del panadero de al lado de casa, allí adonde yo iba a leer el Mundo Deportivo. José María —así se llamaba—, excelente persona, bastante más mayor que yo, tocaba el contrabajo en la orquesta Torrente, una de las muchas que había en Alcampell, pueblo de músicos. Como me lo había encontrado en algún lugar de Lleida, le había explicado mi viaje. Un día que coincidió con mis padres por la calle, pusieron en común lo que los tres sabían, que yo estaba en Alemania. Pero los tres comprobaron también que los motivos que mis padres creían que justificaban aquel viaje no tenían nada que ver con el motivo real que José María les explicó. Mis padres pensaban que había ido por «una cosa del juzgado», que era lo que yo les había dicho. En cambio, José María sabía que el motivo del viaje era «político».

Si de esta manera salí del armario de cara a la familia, la puesta de largo en sociedad de mi militancia en Unió fue en 1976. A principios de ese año, antes de ser legalizados, ya hicimos un mitin en el teatro principal de Lleida, y a continuación organizamos el V Congreso en junio de 1976, en el hotel Manila de la Rambla de Barcelona; fue un congreso en el que ya se visualizaron las tensiones en el seno del partido. Me parece que toda la vida ha pasado lo mismo: un partido que predicaba tanto la concordia tenía instalado en su ADN una especie de virus de la discordia. Nos pasaba un poco lo que le pasa al Barça: a la mínima, se aprovecha una mala temporada y un par de hechos para presentar una moción de censura. La parte positiva de estas convulsiones permanentes es que siempre se podrá decir que, a pesar de las críticas, la democracia interna de Unió era muy alta. De hecho, ¡muy superior a la del resto!

En aquel quinto congreso del partido se dieron dos candidaturas confrontadas por la estrategia de alianzas. Salí elegido conseller nacional por Lleida sin saber realmente el porqué ni, sobre todo, de cuál de las dos opciones me sentía más cerca. Yo todavía estaba muy verde. En 1977, en el VI Congreso de Unió, en el hotel Princesa Sofía y con una nueva división a pesar de que una parte renunció a presentar candidatura, me incorporé al comité de gobierno, es decir, a la ejecutiva del partido. Tenía veinticinco años. Habían pasado las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio, y no nos había ido bien. Anton Cañellas, líder del partido y cabeza del cartel electoral, propuso un acuerdo con la UCD ganadora del presidente Adolfo Suárez. A pesar de la división, Cañellas optó por no presentar candidatura. Ganó así la única que se había presentado, la liderada de facto por Francesc Borrell (no tiene ninguna relación con Josep Borrell, ministro y expresidente del Parlamento Europeo), aunque entonces no existía la figura de presidente del comité de gobierno. Puesto que entre los integrantes de la nueva dirección de Unió no había ningún militante de Lleida ni de Girona, Joan Sansa —dirigente histórico de la Seu d’Urgell, y tarradellista hasta los tuétanos— pidió la palabra para que me integraran a mí como miembro de la dirección del partido, pero sin voto. La aceptación de esta propuesta alentó que se pidiera lo mismo para Girona, así que Concepció Ferrer se incorporó en iguales términos.

El VII Congreso se celebró en 1978 en los locales del Orfeó de Sants. De nuevo fue un congreso con confrontación interna, tanta que el principal punto del orden del día fue la expulsión de Anton Cañellas, quien, en contra de las posiciones de la dirección del partido, no paró hasta establecer un acuerdo con la UCD, lo que en su momento dio paso a Centristas de Cataluña, el partido que acabó liderando. En esa época, cuando en Unió se ejecutaba una medida disciplinaria contra un militante, se hacía un auténtico juicio con cinco testigos a favor, cinco en contra, un defensor y una especie de fiscal acusador. Este último papel lo asumió el que después fue el primer presidente del comité de gobierno de Unió, diputado en el Congreso, conseller de Justicia y presidente del Parlamento catalán, Joaquim Xicoy. Xicoy fue excesivamente duro con Cañellas. Durísimo. Yo fui uno de los cinco testigos políticos contra Anton. Todos nos equivocamos. ¿Alguien puede llegar a encontrar razonable que expulsáramos al único diputado que teníamos? En Sants oficiamos la enésima escisión de Unió. Durante los años de la clandestinidad, tuvimos muchas escisiones —y en democracia también—, tantas que podríamos encontrar personas en prácticamente todos los partidos que, previamente, fueron militantes significativos de Unió en algún momento de sus ochenta y cinco años de historia.

A partir de este séptimo Congreso de Unió en el Orfeó de Sants (congreso en el que se nos devolvió la bandera del partido por parte de quien la había custodiado en Francia: nuestra enseña también había estado en el exilio), la dirección, a la que yo pertenecía formalmente, comenzó las conversaciones con Convergència Democràtica para intentar formar una coalición. Unió organizaba un congreso nacional cada año, y lo consideraba un activo democrático. Los militantes se podían manifestar sobre las personas que dirigían el partido y, por tanto, la estructura no podía ser más democrática en este sentido. Arrancaba de la base. Tanto era así que, como ya he explicado, en 1978 expulsamos al único parlamentario que teníamos, Anton Cañellas, y de esta manera el partido quedó sin representación en el Congreso de los Diputados. Pero todo lo que tenía de democrático lo tenía de ineficaz. También era muy democrático que tuviéramos una dirección colegiada sin secretario general ni presidente del órgano ejecutivo. No obstante, estas virtudes que, efectivamente, podían ser muy democráticas, según mi ideario se tenían que cambiar. Y no era yo solo. Y fuimos cambiando todo menos el carácter colegiado de la dirección del partido. Mi voto valía lo mismo que el de cualquier otro dirigente de la ejecutiva.

En la clandestinidad, o durante los primeros años de la democracia, este asamblearismo tenía sentido. Éramos pocos y los tiempos evolucionaban muy rápido. Era necesaria, pues, una revisión permanente de los programas políticos. Sin embargo, en la medida en que Unió iba asumiendo responsabilidades de gobierno, ya fuera en los ayuntamientos —a partir de 1979— o en la Generalitat —a partir de 1980—, no era nada práctico cambiar cada año la dirección del partido, como tampoco lo era moverse sin ninguna figura que lo representara, en un mundo político en el que el liderazgo iba apareciendo como indispensable. No eran tiempos todavía de las nuevas tecnologías, ni siquiera de la existencia de tantos medios de comunicación como hay ahora o como habría al cabo de pocos años. Poner cara y ojos a un proyecto político parecía, pues, absolutamente necesario.

El hecho de que no tuviéramos secretario general o presidente del partido —en definitiva, que no tuviéramos líder— se justificaba diciendo que lo hacíamos por no caer en personalismos que malmetieran la democracia interna del partido. En el orden filosófico, el personalismo comunitario formaba parte de nuestro ideario, pero el culto a la personalidad repugnaba. En cierta medida tenían razón, pero íbamos a contracorriente y lo teníamos que corregir. Personalistas comunitarios eran la CDU alemana, el PDC chileno, la DCI italiana o los socialcristianos flamencos, pero tenían a Kohl, a Frei, a Aldo Moro y a Leo Tindemans de líderes. No se podían afrontar unas elecciones sin un liderazgo bien definido. Otra cosa era que fuera mejor tener tres, cuatro o más caras conocidas en vez de una sola, y que el papel del líder se equilibrara con suficientes contrapesos democráticos. Pero en aquellos tiempos, Unió debía concentrarse mucho en intentar que el líder pudiera ocupar un poco de espacio público. Y, por otro lado, no conozco ningún otro partido que tuviera tanto contrapeso democrático. Ni en el PNV, con una estructura tan similar a la nuestra, el líder estaba tan condicionado como lo estaba en el caso de Unió.

Un liderazgo prematuro

Tras la expulsión de Cañellas, el primer paso que tomamos fue crear la figura del presidente del comité de gobierno. El primero de la historia de Unió fue Joaquim Xicoy. A partir de las elecciones de 1977 y de la división que provocó todo lo que rodeó a la expulsión de Cañellas, Francesc Borrell —lo hemos mencionado no hace mucho: regidor del Ayuntamiento de Barcelona, empresario, con recursos económicos, una persona con una gran vocación social y con una gran pasión por Unió y la política— decidió impulsar la figura de Xicoy como líder de Unió. Cuando Xicoy ya era presidente del comité de gobierno, lo animamos para que se presentara como diputado a las Cortes en las elecciones del año 1982. Era verdad, y yo lo compartía, que el hecho de tener un cargo público de relieve ayudaría a darle relevancia. Xicoy abandonó buena parte de su actividad profesional como abogado y, siendo ya presidente del máximo organismo ejecutivo del partido, se presentó como candidato en las listas de CiU al Congreso.

El liderazgo le duró poco. Después de haber sido elegido diputado en el XI Congreso Nacional, Borrell decidió impulsar una candidatura opositora a Xicoy. Se entendía —yo lo compartía— que Unió no adquiriría, con aquel liderazgo, una personalidad diferenciada de Convergència. A mí me parece que en ese momento la actitud de nuestro partido acataba la reflexión que circulaba entre los portavoces oficiales del pujolismo: Unió no debía molestar a Pujol. En el fondo, si existíamos era gracias a Pujol; esta era la tesis oficial, una tesis que, aunque podía tener un punto de verdad, ignoraba muy a conciencia que si bien sin Pujol Unió no sería nada, Pujol no habría ganado las elecciones de 1980 sin Unió.

Así pues, Borrell encabezó la candidatura enfrentada a Xicoy y yo formaba parte de ella, pero no era ni de lejos el miembro más destacado. Tenía treinta años, era soltero y ejercía mi soltería con intensidad —hecho que no agradaba a todo el mundo en nuestro partido— y, sobre todo, era de Alcampell; es decir, un don nadie de cara a determinadas personas de Unió y de la sociedad barcelonesa. A los que veníamos de fuera de Barcelona nos costaba mucho que nos aceptaran; pensad que las sagas de apellidos de la burguesía estaban presentes en las direcciones de prácticamente todos los partidos. Además, tampoco estaba muy bien considerado quien no había ido a los Jesuitas de la calle Casp o no se había formado en las escuelas Virtèlia o Aula. Yo no había pasado —y lo digo bien orgulloso— de las escuelas nacionales de Alcampell y de los institutos de Tamarit de Llitera y de Balaguer: escuela pública de la cabeza a los pies. Pero a pesar de ser un don nadie sin vínculos familiares con la burguesía barcelonesa, hijo de una familia humilde, de pueblo y soltero, ya era de los que tenían una cierta experiencia política y, sobre todo, una gran vocación y ganas de trabajar. Había sido teniente de alcalde en Lleida al frente del área de Urbanismo durante un año y medio y, aunque había tenido que afrontar el primer plan de urbanismo en Lleida, no lo había hecho mal. Tenía un buen equipo técnico, todo sea dicho.

Había estado también en la Presidencia de la Generalitat, al frente de la secretaría de Asuntos Interdepartamentales y, a pesar de que no me dejaron hacer gran cosa, me sirvió para estar cerca del presidente del consejo nacional y referente histórico de Unió, el señor Miquel Coll i Alentorn. He escrito expresamente señor, porque es el único político a quien compañeros, amigos y adversarios trataban de señor. Pujol era Pujol; Heribert Barrera, Barrera; Joan Reventós, Reventós, y Miquel Coll i Alentorn, el señor Coll. De allí me marché para estrenar el ejercicio de delegado del Gobierno de la Generalitat en Lleida, y me parece que lo hice muy bien. De hecho, el gobernador civil de la época y el presidente de la Diputación, ambos de UCD, notaban diariamente el aliento de la Generalitat con mi actividad incansable. Vaya, que me encontraban hasta en la sopa, y eso no era precisamente lo que más les gustaba.

La condición de delegado de la Generalitat en Lleida duró poco. Leopoldo Calvo Sotelo —a quien después tuve bajo mi dirección en el Parlamento Europeo cuando fui presidente de la delegación democristiana española con tres diputados del PDP de Óscar Alzaga, dos del PNV y Leopoldo Calvo Sotelo como independiente— disolvió la legislatura como presidente del Gobierno y convocó elecciones a las Cortes Generales para el 28 de octubre de 1982, en las cuales obtuve un acta de diputado por Lleida encabezando la lista de la coalición de Convergència i Unió. Se abrió, pues, una etapa diferente en mi vida política. Había pasado por el ámbito local, lo que era imprescindible para cualquier político, y después de conocer la Administración de la Generalitat, había llegado al Congreso de los Diputados. Si para hacer política considero que la experiencia municipal es un aprendizaje esencial, para hacerla en Cataluña y como catalanista creo que es básico pasar por la política española y conocer a fondo el Estado. Si los dirigentes independentistas hubieran conocido bien la Unión Europea y sobre todo el Estado, no lo habrían menospreciado y, a estas alturas, no estaríamos donde estamos.

De toda esta corta pero intensa actividad política, lo más decisivo fue mi estancia en el Patio de los Naranjos, en la Generalitat. Orgánicamente estaba adscrito a Presidencia, pero la proximidad física y la coincidencia con el señor Coll i Alentorn como conseller adjunto a la Presidencia hizo que este me tuviera un afecto que duró hasta su muerte. Hacia el final del congreso, el hombre tomó la palabra y, aunque afirmando que era evidente que había diferencias entre las dos candidaturas, pidió que cada una de ellas se explicara bien y que interviniéramos dos personas diferentes. Joan Rigol —que ya era conseller de Trabajo con Pujol y había sido diputado en las Cortes españolas— lo hizo por la candidatura de Xicoy, y yo por la de Borrell. Si aquel día el señor Coll no hubiera pedido que saliera a hablar, habría tardado mucho más en situarme al frente de Unió.

Rigol, exsacerdote, hombre culto y mucho más preparado que yo, lo hizo bien, pero no entusiasmó a nadie. Mi intervención, en cambio, generó ilusión en mucha gente. La mayoría de los congresistas vibraron y aplaudieron con entusiasmo mis razonamientos. Creía en Unió y en su ideario. Me iba bien la coalición con Convergència siempre que Unió y sus postulados fueran tenidos en cuenta y respetados. Esta ha sido la divisa que me ha acompañado a lo largo de mis cuarenta y dos años de militancia en el partido. El resultado de las votaciones fue abrumador. Ganamos por goleada. Al acabar el congreso, Borrell, como persona generosa que era, nos reunió a todos para decirnos que, a pesar de que era joven y mi nombramiento no gustaría en CDC, quien debía ser el presidente del comité de gobierno era yo y no él. Así empecé a dirigir Unió. Eso sí, bajo una cierta tutela de Borrell, al menos durante los primeros años.

Antes, de pasada, he hecho referencia a mi condición de soltero; algunos medios me llamaban soltero de oro, y puedo asegurar que no debía ser por la fortuna que no tenía o por mi condición de recién llegado a la sociedad barcelonesa. Un libro reciente del periodista con nombre inventado Roger Vinton, La gran teranyina, describe los secretos del poder en Cataluña y explica la estructura endogámica de los lobbies empresariales y familiares más poderosos y su relación con los dirigentes políticos. No me encontraréis ahí. Si bien hay que decir que de Unió no se encuentra a nadie, el mío era el caso más extraño de la telaraña de dirigentes políticos de los años ochenta. Además, un sector del partido me lo hizo pasar muy mal: no les gustaba mi posicionamiento frente a Convergència. No soportaban que les mandara un chico de Alcampell que acababa de llegar a la ciudad y tampoco les hacía ninguna gracia que yo no perteneciera a una familia conocida y que, a causa de mi soltería activa, no hubiera formado ya una familia. Las circunstancias provocaron que me apartara durante unos años de la dirección de Unió, no porque careciera de apoyos suficientes, sino porque pensé que retirarme un tiempo me permitiría volver con más fuerza. Y así fue: en el congreso de 1984 ya no me presenté. Regresé para el de Mataró de 1987, tres años después, y ya no salí hasta mi dimisión el 16 de enero de 2016. Muchos años. ¡Demasiados!, ya lo he dicho. La actitud de Joan Rigol, aceptando y pactando conmigo la estrategia del partido, fue fundamental. Joan me ayudó mucho y durante mucho tiempo. Y, no hace falta decirlo, el apoyo de Francesc Borrell y de Concepció Ferrer, al lado de los jóvenes y de militantes históricos como Ferran Camps, Josep Anton Codina, Teresa Perelló, Domènec Sesmilo, Ignasi Farreres, Ignasi Joaniquet, Francesc Guasch, Delfí Robinalt, Jesús Bartolomé, Jordi Masgrau, Enric Vendrell, Salvador Sedó, de la gente de Lleida y de tantos otros, fue definitivo.

3

La madurez: Unió… y Convergència

Las primeras elecciones generales restaurada la democracia

Los resultados del 15 de junio de 1977 fueron decepcionantes para las opciones que representaban oficialmente el catalanismo político. Había otras opciones electorales que se acogían a lo que el II Congreso catalanista de 1885 había establecido: solo los partidos que dependían exclusivamente de Cataluña podían defender con toda libertad los intereses de la nación catalana. A este fundamento se podían acoger Convergència Democrática de Catalunya, la Esquerra Democràtica de Catalunya de Trias Fargas; el Partit Socialista-Reagrupament, formado por Josep Pallach y liderado después de su muerte por Josep Verde i Aldea; el Front Nacional de Catalunya, que en su día formaron entre otros Joan Cornudella y Andreu Abelló, y Unió Democràtica de Catalunya. También Esquerra Republicana de Catalunya, que, sin ser aún un partido legal, se presentó con el Partit del Treball. No quiero decir con esto que no hubiera catalanistas en otros partidos, sobre todo en el Partido Socialista y el PSUC, ni que su compromiso con Cataluña no fuera superior al de alguno de los nuestros.

Lo importantes es señalar que los considerados oficialmente representantes del catalanismo político quedaron relegados en las urnas la primera vez que se dio voz y voto a la ciudadanía después de largas décadas de abstinencia democrática provocada por la dictadura de Franco. El 15 de junio de 1977, el Partido dels Socialistes fue el más votado en Cataluña, seguido por el PSUC y la UCD. En cuarta posición quedó el Pacte Democràtic per Catalunya (con ocho diputados) y en quinto lugar la coalición de Unió y el Centre Català (con dos diputados). La izquierda ganó en Cataluña y el catalanismo quedó muy en segundo plano. El espacio de centro había sido ocupado por el partido de Suárez.

De estos resultados se derivan dos operaciones políticas de alcance histórico diferente, al menos en aquel momento. Por un lado, Suárez, bien aconsejado por Carles Sentís y Salvador Sánchez-Terán, con la ayuda de Manuel Ortínez, tarradellista de pro que después militó en Unió, montaron la operación del retorno del presidente Tarradellas. Y lo hicieron, se diga lo que se diga, con un claro objetivo por parte de los herederos del franquismo: se trataba de frenar el paso al liderazgo de la izquierda que acababa de ganar las elecciones del 15 de junio y, de pasada, hacerlo también a un Jordi Pujol que, si bien no había conseguido buenos resultados, apuntaba claramente a convertirse en el líder del catalanismo.

Tanto Joan Sansa —el más tarradellista de Unió en aquel momento— como después Manuel Ortínez me dejaron suficientemente claro que el objetivo era matar dos pájaros de un tiro: la izquierda sociocomunista y Jordi Pujol. El medio era Tarradellas, y con él, la Generalitat. Gracias a eso, el presidente Tarradellas se convertía en el presidente de la Generalitat restaurada en Cataluña y abandonaba el exilio en Saint-Martin-le-Beau, y a la vez se definía como una herramienta útil contra la izquierda en general y también contra Pujol. Tarradellas sentía animadversión por la izquierda, especialmente por los comunistas; una animadversión que solo era igualada por la que experimentaba por Jordi Pujol. Desconfiaba por completo de él y no creía que fuera el hombre que Cataluña necesitaba. Como es de sobra conocido, tampoco Pujol era fan del presidente Tarradellas, pues su liderazgo le dificultaba convertirse en el referente del catalanismo. ¡Aunque los dos eran grandes líderes políticos, en la práctica resultaba que eran dos gallos en el mismo gallinero! En todo caso, sobre el regreso de Tarradellas solo puedo hablar de oídas, y en este sentido Josep M. Bricall es para mí la persona con más autoridad en la actualidad para hablar de este tema.

¿Volar solo? Propuestas de cambio

Al final llegué a tener una relación muy cordial con el presidente Tarradellas. Ya como expresidente, tuvo la amabilidad de asistir con su esposa a una conferencia mía sobre la Ley de Educación, la LODE, en el hotel Majestic. Era enero de 1984. Fue un gesto que no pasó desapercibido y que, en cualquier caso, aprecié mucho. Al acabar, de pie, me dirigió unas palabras que no he olvidado nunca: «Vos deberíais volar solo, y no al lado de Pujol». Este mensaje también me lo transmitió unos cuantos años más tarde un grupo de tarradellistas que me invitaron a un almuerzo. Recuerdo a Manuel Ortínez —el exconseller de Gobernación en el mandato del presidente Tarradellas, que había entrado a militar en Unió a principios de aquel mismo año—, Josep M. Bricall, Julio Molinario y Raimon Carrasco i Azemar (hijo de Carrasco i Formiguera y militante de Unió), y también Carles Bonet, de ERC. De hecho, Ortínez y Carrasco fueron los que organizaron la comida. Ese día me animaron a romper con Pujol y a articular una alternativa con Pasqual Maragall. Fue a principios de 1998. A lo largo de mi vida política seguí recibiendo en diversas ocasiones propuestas y sugerencias para que orientara mi militancia o estrategia por caminos diferentes a los de Convergència i Unió. La que me llegó de los tarradellistas en el sentido de promover una propuesta política con Maragall no fue la última, ni la primera.

El propio Pasqual Maragall me tentó directamente para que hiciéramos alguna cosa juntos. Su estancia en Roma le había permitido establecer una relación muy intensa con Romano Prodi, que entonces presidía el consejo de ministros italiano. Eran los tiempos de El Olivo, La Margarita, el Partido Democrático… Pero seguramente el acercamiento fue más intenso y público a partir de la fundación del Partido Demócrata Europeo, a principios del nuevo milenio. En Roma, Maragall también había reforzado su amistad con Francesco Rutelli, que había sido alcalde de esa ciudad. Rutelli y su amigo y correligionario democristiano francés François Bayrou estaban madurando la creación de una fuerza política que finalmente constituyeron en el año 2004. De hecho, antes de su fundación formal, tuve el honor de participar en un mitin junto con Rutelli y Bayrou en París para defender la creación de aquel partido de alcance europeo. Maragall nos cortejaba tanto a Josu Jon Imaz como a mí para que nos uniéramos al partido. Lo hacía en público y en privado. Aunque las relaciones con el exalcalde de Barcelona y después presidente de Cataluña fueron siempre cordiales, nunca acabé de ver clara nuestra adscripción a aquella fuerza. Maragall, cuando me hablaba, hacía que todavía lo viera menos claro; cuando pienso en ello, recuerdo lo que en una ocasión me dijo Felipe González: «Maragall conceptualiza bien, pero ejecuta mal». En este caso, sin embargo, me parece que ni siquiera estaba conceptualizando bien. Creo que en el fondo no sabía exactamente lo que quería. Estaba clara su apuesta europeísta, como también lo estaba la necesidad de construir un nuevo movimiento político, pero, más allá de estas dos paredes maestras, lo que diseñaba tenía más rincones oscuros que luces. Finalmente, y no sin la insistencia también de Bayrou —hoy socio de Macron—, nunca llegué a plantear seriamente a Unió la posibilidad de dejar Convergència y formalizar en Cataluña la creación del Partido Demócrata Europeo.

Fue después de las primeras elecciones del 15 de junio de 1977 cuando recibí la primera oferta para cambiar de partido. Con la derrota de Unió, una parte importante de la militancia se había ido directamente a la UCD de Adolfo Suárez o con Cañellas a Centristes. En Lleida, Simeó Miquel, el que había sido nuestro líder, abandonó Unió. Quedamos cuatro gatos que cabíamos en mi despacho profesional, donde nos reuníamos. En el otoño de 1977 me propusieron que me afiliara a la UCD de Lleida y que asumiera la gerencia del partido en la provincia. Curiosamente, el encargado de transmitirme la oferta fue Joan Sansa, dirigente histórico de Unió y que nunca había pensado en dejar el partido. Sansa tenía muy buena relación con el ministro de Agricultura del Gobierno de la UCD, Jaime Lamo de Espinosa, e incluso con el gobernador de la época, Luis Mardones, con el que después hice amistad en el Congreso de los Diputados. No hace falta que pierda más tiempo explicando cuál fue mi respuesta: ni entonces ni después dejaría Unió, fuera lo que fuera que me propusieran a cambio.

Mi espacio, del que no me he movido, era el de un centro catalanista, moderado, europeísta, enraizado en el humanismo cristiano, que fuera capaz de construir una fuerza política que diera estabilidad al país y que defendiera los intereses de Cataluña, pero que, sin complejos, proyectara sus valores al conjunto de la sociedad española con una clara vocación de incidir públicamente en la política del Estado. Esto requería entonces, como también a lo largo de todos estos años, que se articulara ese espacio en coalición con CDC, un gran partido y un partido grande, además de un partido mucho más fuerte que Unió. Cuando este espacio ha explotado con el ejercicio autodestructivo más insólito que ha existido jamás en el ámbito político, Cataluña se ha resentido de ello. ¡Y España también!

Dibujar un proyecto común no fue fácil

Antes de las primeras elecciones de 1977, Unió y Convergència ya habían intentado articular una opción común, pero se quedó a medio camino. Alrededor de 1972 —yo todavía no militaba en Unió—, Anton Cañellas inició un acercamiento hacia Jordi Pujol para ampliar el espacio de Unió. Esta idea fracasó por la indecisión inicial de Pujol y, sobre todo, porque su visión era de una amplitud mayor en el espectro ideológico: no quería liderar una alternativa estrictamente democristiana. Inicialmente, Pujol contestó reivindicando la presencia del Reagrupament socialista de Josep Pallach, cosa que, aunque alteraba su planteamiento inicial, Anton Cañellas acabó aceptando. A partir de ahí, comenzaron unas reuniones en Justícia i Pau que entonces presidía justamente Cañellas, y de allí salió el nombre de Convergència. Lo propuso Josep Miró i Ardèvol, inspirado en un partido que existía en Portugal en la época de la Revolución de los Claveles: Convergencia Monárquica Democrática.

En este contexto se acordó, también, impulsar un proyecto más definitivo y configurarlo en un encuentro en Montserrat. Puesto que el Reagrupament socialista ya se había descolgado, se llegó al 15 de noviembre de 1974 con una reunión de unas ciento veinte personas en Montserrat. Yo me acababa de incorporar al servicio militar y no asistí, pero acudieron personas de Lleida. Si la memoria sobre informaciones recibidas no me falla, en la mesa presidencial estaba Simeó Miquel en nombre de Unió. Ese día se fundó Convergència, pero no Convergència Democràtica de Catalunya; eso sería un año después. Convergència no fue nunca un partido. Fue una convergencia de grupos diversos, como indica bien la palabra encontrada por Miró i Ardèvol en sus viajes a Portugal, comisionado por Jordi Pujol para que informara del peso real del Partido Comunista Portugués en todo el movimiento de la Revolución de los Claveles. Por un lado, Unió Democràtica de Catalunya, que era un partido clandestino y que estaba organizado como tal; por otro lado, Jordi Pujol, con su gente de Grup d’Acció al Servei de Catalunya —algunas veces se había bautizado a este grupo con el nombre de Crist i Catalunya y no sé realmente por qué—. A estos dos núcleos asistentes a Montserrat se sumaba un tercero que tenía al sacerdote Joan Carrera al frente —quien después sería obispo de Barcelona—, con un grupo de obreros. Carrera era vicario de Pastoral Obrera y compartía trabajo con Anton Cañellas en el Grupo Cristiano de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Cañellas había accedido a invitar a Miquel Roca, cuñado suyo, que era huérfano de partido. La incorporación de Miquel Roca era individual, pero el interés por que formara parte de la dirección donde estaban los tres grupos (Unió, la gente de Pujol y los obreros de Joan Carrera) dio pie al relato de que Roca estaba al frente de un grupo de independentistas. De hecho, se concretó con la incorporación de algunos profesionales libres como Jaume Camps o Lluís de Carreras.

Esta Convergència —no Convergència Democràtica de Catalunya—, nacida en Montserrat el 15 de noviembre de 1974, eligió una dirección con Cañellas, Pujol, Carrera y Roca, y un secretariado ejecutivo con Miquel Esquirol, Miquel Sellarès, Albert Vila, Josep Mirò i Ardèvol y un representante del grupo de obreros del mosén Joan Carrera. Pero —insisto— no era un partido, sino una agrupación de personas y colectivos con un único partido dentro: Unió Democràtica de Catalunya. Esto fue así hasta que, en el año 1975, Convergència Democràtica de Catalunya se confirmó como partido. Miquel Roca quería forzar la integración de Unió en esta nueva formación política, pero en un consejo nacional de nuestro partido, que se llevó a cabo en la editorial Nova Terra, ganaron las tesis que propugnaba el señor Miquel Coll i Alentorn a favor de no incorporarse a CDC, y por tanto perdieron las de Anton Cañellas y Miró i Ardèvol. El interés de Roca en acelerar la incorporación de Unió hizo flaco favor a Anton, porque nuestro partido no estaba preparado para esa solución. Anton y sus colaboradores esperaban llegar a una solución a la francesa y, poniéndose como ejemplo el MRP francés, querían un partido que no se definiera propiamente como democracia cristiana, sino con un equipo adscrito a esta familia, a Europa y al mundo.

Como resultado final, Roca y sus amigos, junto con Pujol y su equipo, constituyeron Convergència Democràtica de Catalunya, que a menudo ha situado de manera inadecuada las conmemoraciones de su fundación en el año 1974 en vez de hacerlo en 1975. Debo suponer que eso no ha ocurrido porque quiera apropiarse en exclusividad de un hecho histórico que iba más allá de sus siglas. Joan Carrera y su equipo de obreros se integraron en Unió porque consideraron que los planteamientos de justicia social que ofrecía Unió eran más creíbles. Cuando Cañellas fue expulsado, Carrera lo siguió, aunque volvió a militar en Unió al cabo de unos años y lo siguió haciendo hasta el día previo a su nombramiento como obispo. El aún mosén Carrera me telefoneó para pedirme la baja y explicarme que al día siguiente se haría público que había sido nombrado obispo auxiliar de Barcelona. Ya en ese cargo, siempre mantuvo una actitud afectuosa y fluida con los dirigentes de Unió. Al menos conmigo, lo que siempre le agradecí.

La democracia cristiana

Al presidente Pujol no le gustaba nada que le dijera —por lo menos, en público— que él era el primer democristiano del país. Pero sabía que era cierto. Tenía una formación política inequívocamente democristiana, a pesar de que jugó con otros modelos y con la socialdemocracia en alguna etapa de su dilatada historia política. Pujol quería ser el presidente de Cataluña, y sabía que encasillar su proyecto político en el espacio democristiano era incompatible con su ambición. Y tenía razón. En España en general, y en Cataluña en particular, la opción democristiana no podía ser mayoritaria. Los resultados del 15 de junio de 1977 dieron fe de esto.

«A la Democràcia Cristiana no la ha votado ni Dios».1 Era el 30 de agosto de 1977, durante la fiesta mayor de Alcampell en honor a san Ramón, cuando el humorista tarraconense Cast Sendra Barrufet, Cassen, soltó esta frase en medio de una retahíla de chistes rápidos en el espectáculo de variedades de la carpa. (Cassen, que era catalán, hablaba en castellano en mi pueblo porque en aquellos años y en un pueblo aragonés a nadie se le pasaba por la cabeza hablar en catalán en público). Me parece que yo solo había utilizado el catalán unos años antes en la iglesia en el discurso que hice como Melchor en la cabalgata de Reyes. Ahora todo ha cambiado. El catalán que se habla en Alcampell se ha normalizado en la vida pública: en el programa de la fiesta mayor, en los pregones, en la megafonía del ayuntamiento… Solo en la iglesia se continúa hablando en castellano, tanto ahora que pertenece a la diócesis de Barbastro como antes que era de la de Lleida. Me acuerdo de ese chiste de Cassen como si fuera hoy. Tuve la sensación de que la gente se volvía para verme la cara. Si alguien la encontró, lo que vio es que me mondaba de risa. Obviamente, Cassen no sabía quién era yo y, por tanto, el chiste no estaba dedicado a mí. Simplemente era un testimonio más del gran fracaso de la democracia cristiana en España. De aquella primera cita con las urnas, solo se salvó el PNV, y digamos que Unió pudo salvar el honor, como cuando en un partido de fútbol el rival te mete una goleada, pero tu equipo marca un gol.

Son muchas las razones que permiten explicar el porqué de aquel fracaso. Yo tengo mis opiniones sobre ello. ¿Por qué en la vigilia del 15 de junio de 1977 las encuestas señalaban las fuerzas de la democracia cristiana como probables ganadoras y finalmente no consiguieron ni un solo diputado, aparte de en el País Vasco y en Cataluña? ¿Por qué el sociólogo y politólogo hispanoalemán, Juan José Linz, uno de los más reconocidos internacionalmente, se equivocó también poco antes de las elecciones en sus predicciones electorales y dio la condición de ganadora a la democracia cristiana, junto con el PSOE?

El caso es que unos y otros se equivocaron en este punto, el de la democracia cristiana. Con el PSOE, no. Las encuestas indicaban acertadamente que los espacios electorales preeminentes constituían el centro que en Europa correspondía a la democracia cristiana y a la socialdemocracia. Los extremos representados por Fraga y Carrillo significaban el pasado y quedaron relegados. Pero el centro que en Europa representaba la democracia cristiana, en España se lo quedó Suárez, que era quien, además, convocaba las elecciones desde el poder, con todos los instrumentos para influir en el proceso electoral. Un poder que todavía no tenía los contrapesos que después establecería la Constitución. Es decir, ¡mucho poder! Si ya en Lleida el gobernador civil de la época, el canario Luis Mardones, se dedicó a preparar las candidaturas y buscar apoyos, ¿qué debía pasar en la España profunda?

Por si no fuera suficiente con el mensaje centrista proyectado desde la UCD de Suárez, esta formación contaba en su seno con partidos democristianos que habían sido opositores al franquismo y que, más allá de dar una pátina democrática al exsecretario general del Movimiento, también permitían identificar su oferta electoral con la democracia cristiana. Dirigentes como Íñigo Cavero, Óscar Alzaga, Fernando Álvarez de Miranda, Javier Rupérez o Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, entre otros, avalaban la acreditación democristiana para la UCD de Suárez. De hecho, a nivel europeo, uno de los dos grandes partidos de la DC —el alemán de la CDU de Kohl— ya daba apoyo directamente a los democristianos integrados en la UCD, mientras que la DCI de Aldo Moro lo hizo a favor del Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español y, sobre todo, de Unió Democràtica de Catalunya. En esos quince días de la primera y, por tanto, histórica campaña electoral tuvimos a Benigno Zaccagnini en diversos mítines en Lleida; Lorenzo Natali, comisario de la UE, en la Seu d’Urgell, y Aldo Moro en Barcelona. Los italianos eran muy buenos en los mítines, y los alemanes eran más efectivos en otros medios. Los primeros eran muy poéticos y los segundos más prosaicos. Los dos eran de agradecer, pero resultaban más rentables los prosaicos.

En la derrota de la DC en España, en concreto de lo que se llamó Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español, también tuvo incidencia el liderazgo. Aunque la democracia se debía estrenar en España y la del 15 de junio de 1977 era la primera campaña electoral y, por tanto, no había experiencia en este tipo de procesos, la figura del líder apareció como un elemento clave a la hora de decantar la voluntad de los electores. Suárez era el líder centrista; Felipe González, el socialista; Fraga, el conservador, y Carrillo, el comunista. ¿Quién era el líder democristiano? Un equipo. Como en Fuenteovejuna, «todos a una». Y así nos fue. Recuerdo la campaña de 1977 como si fuera hoy: yo figuraba simbólicamente, como joven —y con una barba espesa—, en el número siete de las listas de Unió. Lleida tenía, y tiene, solo cuatro diputados. Por tanto, mi presencia era testimonial. Era necesario que hubiera un joven. Durante el día yo llevaba un poco la secretaría del partido y ayudaba al jefe de prensa —el periodista y excelente persona Antoni Coll i Gelabert, que entonces creo que trabajaba en el Noticiero de Zaragoza y después acabó siendo director del Diari de Tarragona—, repartía propaganda y lo que hiciera falta. Por la tarde, con un militante y amigo, Eduard Arbonès, pintor de paredes y conocido en los franciscanos, montábamos los mítines: una mesa con un cartel electoral de nuestra cabeza de lista, una senyera y un pequeño atril —un poco cascado— con el equipo de sonido correspondiente. No había más concesiones al márquetin. Todavía no había llegado el desmadre del gasto electoral. Después intervenía en el mitin como telonero y, al acabar, mientras los candidatos principales se quedaban a cenar, Arbonès y yo íbamos a pegar carteles con agua y cola en las paredes de los pueblos que encontrábamos por el camino hasta que llegábamos a Lleida, donde hacíamos un repaso y a veces nos teníamos que enfrentar a jóvenes de extrema derecha que llevaban bolas de hierro.

La última semana de la campaña electoral del 15-J, TVE dedicaba espacios de publicidad gratuitos a las nuevas opciones electorales. Recién llegado a casa después de un día de campaña como los descritos, encendí el televisor y vi el espacio del PSOE, con su música, sus colores y un gran líder. El espacio de la UCD era más o menos igual. Cuando llegó nuestro turno, se veían detrás de una mesa, con un trapo de color rojo, cuatro o cinco personas sentadas: Joaquín Ruiz-Giménez, José María Gil Robles y Anton Cañellas, entre otros. La verdad es que parecíamos hermanitas de la caridad. Todos buenas personas, excelentes presidentes de Justícia i Pau, de Unicef o de cualquier organismo defensor de los derechos humanos, pero sin ningún gancho ni atractivo electoral. Ruiz-Giménez, a quien tuve el honor y el placer de tratar políticamente a fondo, y Cañellas eran dos bellísimas personas con un elevadísimo concepto de la justicia social. Miquel Coll i Alentorn, hablando de Ruiz-Giménez en un artículo en el año 1980, dijo de él que era «el retrato moral de un hombre justo». Y tenía razón. Los mítines de don Joaquín se llenaban a rebosar, pero siempre se dijo que era con sindicalistas de CC. OO. que él había defendido en los tribunales y que después votaban al PCE. En fin, que cuando acabó aquella noche, me dije que no nos votaría nadie. Y fue así. No pensaba en Dios, como Cassen, pero me acerqué bastante. No hace mucho lo recordábamos con Felipe González en una de las comidas que acostumbramos a hacer en Madrid de vez en cuando para hablar de todo un poco. Y coincidíamos en estas observaciones.

La Iglesia en la Transición

La democracia cristiana en España —dejando de lado Euskadi y Cataluña— tenía todavía más problemas a la hora de consolidarse como opción electoral. La etiqueta cristiana no era tentadora, ni siquiera para muchos creyentes, críticos con el papel de la jerarquía a lo largo del franquismo. Las imágenes de Franco bajo palio no eran precisamente una buena tarjeta de presentación a la hora de atraer votos. Y si eso constituía una debilidad frente a los más críticos, la posición de uno de sus principales exponentes, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, jefe de la Conferencia Episcopal, dio la puntilla a las limitaciones electorales de la opción democristiana con unas declaraciones que enfatizaban que los católicos debían votar en conciencia lo que era más conveniente. No esperaba un posicionamiento de la jerarquía católica a favor de la democracia cristiana, pero tampoco lo contrario; y consideraba que en el fondo lo que el cardenal Tarancón hacía era ir en nuestra contra y, sobre todo, manifestarse a favor de Suárez. De hecho, después ratifiqué mi opinión de qué era lo que Tarancón quería y que quizá le convenía aunque a mí no me gustara: en una España acostumbrada a coger las armas con cierta facilidad, quería evitar que la Iglesia se identificara con una opción política concreta.

Por cierto, ahora que hablamos de la Transición y que hago referencia a la Iglesia, no se puede ignorar que esta institución jugó un papel fundamental. De hecho, la Transición la vivió antes la Iglesia que el ámbito político. Al Concilio Vaticano II y a la figura de Juan XXIII les correspondió un papel crucial en la transformación de la Iglesia de base y de una parte de la jerarquía. La homilía del cardenal Vicente Enrique y Tarancón en la coronación del rey Juan Carlos en el año 1975 en la iglesia de los Jerónimos de Madrid, oficiando la Misa del Espíritu Santo con Franco ya bajo una losa de tonelada y media de peso, se adelantó a la Constitución en la necesidad de gobernar para todos los españoles desde el respeto al pluralismo. Las pintadas y las pancartas que decían «Tarancón al paredón» no fueron fruto del activismo de los demócratas, sino de la extrema derecha católica, que quería que el franquismo perdurara.

Al cabo de unos años, en Madrid, tuve una conversación con él. Con todo el respeto, le dije que se había equivocado y que la Iglesia acabaría echando en falta la existencia de una democracia cristiana fuerte en España. De hecho, no hace mucho que el teólogo español Olegario Martínez de Cardedal afirmó que el equipo democristiano se lo cargó Tarancón, y añadió que hoy la Iglesia necesita políticos que defiendan sus ideas. A lo largo de estos años de democracia, hemos vivido momentos en los que se ha manifestado la clara tentación de reducir el factor religioso al ámbito privado, negándole así todo el espacio y toda la expresión pública. Esta intención era clara en algunos sectores del Gobierno de Zapatero, especialmente en la primera legislatura, cuando tenía el apoyo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y de ERC. Esta etapa coincidió, además, con el tripartito en Cataluña, en el que Iniciativa-Verds tenía claramente esta vocación.

El Estado español es constitucionalmente laico, y está bien que siga así. La laicidad derivada de esta expresión constitucional es un valor de los países pluralistas y democráticos. El problema es cuando se pretende sustituir laicidad por laicismo. A lo largo de mi vida política he defendido el valor del hecho religioso, y lo considero todavía transmisor de valores y garantía de refuerzo de las raíces culturales. No hablo exclusivamente del cristianismo ni, dentro de este, del catolicismo; me refiero a las religiones en general. La laicidad es un valor positivo y comporta reconocimiento y respeto del hecho religioso y su pluralidad. El laicismo es beligerante y excluyente hacia las opiniones y las creencias religiosas. Siempre he considerado trascendente el factor religioso, y ahora, en momentos de globalización, de movimientos migratorios, de integrismos religiosos que inducen a la violencia terrorista… aún lo considero más esencial. El factor religioso refuerza el anclaje cultural en los valores de nuestra civilización, y el cristianismo es uno de sus pilares fundamentales.

Del porqué de la posición del cardenal Tarancón en las primeras elecciones democráticas tuve ocasión de hablar con él a principios de los años ochenta, en un almuerzo en la nunciatura, invitado por el nuncio Antonio Innocenti. En aquella conversación, Tarancón dijo que había querido mantener a la Iglesia fuera de la batalla electoral defendiendo su posición de común acuerdo y en sintonía con el nuncio de aquel momento, Luigi Dadaglio. El cardenal enfatizó que quería impedir que se reprodujera en España el escenario recreado en la novela del escritor italiano Giovanni Guareschi, en la que el cura de la parroquia, don Camilo, se enfrenta constantemente al alcalde comunista. De hecho, como le comenté irónicamente al cardenal Tarancón, el 15 de junio de 1977 las urnas desterraron de España a los don Camilos, al menos como exponentes de la defensa de la democracia cristiana, en alusión al fracaso de esta opción; pero también al modelo de alcalde comunista grosero y tosco de la novela de Guareschi, que fue llevada al cine en el año 1952 por el cómico francés Fernandel como protagonista, en referencia a un resultado de los comunistas mucho más débil de lo que se temía.

Sin embargo, en el fondo, con su actitud —y eso también se lo dije, con el gran respeto y la admiración que le profesaba— había intervenido de manera activa en la configuración política del futuro español. Y en aquel momento es obvio que favoreció indirectamente a la UCD de Adolfo Suárez. Si aquel espíritu del cardenal Tarancón de querer alejar la Iglesia del debate político fue honesto y plausible, hay que reconocer que no siempre se ha mantenido. Un ejemplo claro de ello es la presidencia de la Conferencia Episcopal Española del cardenal Rouco Varela, un hombre que ni como católico, ni como político, ni como catalán ha sido nunca santo de mi devoción. De hecho, cuando era la máxima autoridad de la jerarquía española, solía invitar a políticos católicos a reuniones para hablar de cuestiones de actualidad. Participaron en ellas dirigentes del PP, de CDC y alguno de Unió, todos en condición de católicos y parlamentarios en Madrid. El propio Xavier Trias, como portavoz de CiU en Madrid, se dejó caer en alguna ocasión. Personalmente, sin embargo, yo no quise ir nunca.

Lo que acabo de decir no implica que no avale el derecho de la Iglesia a defender sus posiciones en política cuando las decisiones que se toman van en contra del mensaje del Evangelio y de su doctrina. Creo que tiene el deber y el derecho de hacer oír su voz siempre que lo considere pertinente; los tienen la católica y el resto de las iglesias, de la misma manera que los ejercen instituciones o corporaciones representativas de la pluralidad social y económica de la sociedad. Desde la tribuna del Congreso de los Diputados y desde los medios de comunicación, siempre he manifestado incomprensión frente a los que aplauden los posicionamientos de la Conferencia Episcopal cuando condena una guerra como la de Irak y pretenden silenciarla cuando su palabra defiende el derecho a la vida, el fortalecimiento de la familia o la libertad de los padres a escoger una escuela y a crearla con el ideario que se quiera, siempre que respete el marco constitucional vigente.

De hecho, el 2 de noviembre de 2005, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados convocada para debatir la totalidad del Proyecto de Reforma del Estatuto de Cataluña, hice una intervención muy crítica con el papel de la Iglesia durante esos meses. En España había crispación y excitación ante la reforma de nuestro Estatuto. Era evidente que el PP utilizó la posición favorable del PSOE al Estatuto para desgastar tanto como pudo a Rodríguez Zapatero y a su partido. Cataluña fue usada otra vez con intereses partidistas. Lo que esos años el PP hizo con el PSOE después lo haría Ciudadanos. Obviamente, no es que el PP no esté en contra del independentismo, pero, por intereses de partido, Cs lo presentaba injustamente como débil frente a lo que pasaba en Cataluña. Tres cuartas partes de lo mismo sucedía con la cuestión de la lengua. También Cs usaba la posición del PP para arañar votos. ¡Cuantos más mejor! Que quede claro que aquí también se aplica la teoría de los vasos comunicantes. En Cataluña se han utilizado por intereses electoralistas los posicionamientos de los partidos de ámbito estatal ante cuestiones determinadas. Pero volvamos adonde estábamos.

En ese estado de crispación política preparé muy a conciencia una parte de mi intervención crítica con los pronunciamientos de algún obispo —particularmente Rouco Varela— y sobre todo de la COPE y, en particular, del que entonces era su voz más potente, Federico Jiménez Losantos. Recuerdo haber preparado mi discurso en Vall d’Aran aprovechando el fin de semana largo de Todos los Santos. Siempre he estado convencido de que mi oratoria es más brillante y efectiva cuando no leo que si lo hago, pero los jefes de prensa siempre me pedían con insistencia que les pasara el texto para repartirlo entre los medios y así hacer más fácil su difusión. Lo que quería decir sobre la COPE solo lo compartí con mi esposa —mientras lo escribía, ella lo iba leyendo a mi lado— y con el presidente Pujol, a quien telefoneé para explicarle lo que diría. Los dos me animaron a hacerlo. Recordé a la Cámara que muchas veces había hecho alusión a mi condición de creyente, de católico, desde la que había expresado respeto y consideración hacia los posicionamientos que la Iglesia hacía a través de su jerarquía. Evoqué la condición de mater et magistra de la Iglesia y humildemente pedí que, cuando algún obispo se sumara a los latigazos políticos que recibía el proyecto del Estatuto, releyesen y diesen a conocer a los fieles los discursos del santo padre Juan Pablo II en la Unesco el 2 de junio de 1980, o en la Asamblea de las Naciones Unidas el 5 de octubre de 1995, sobre los derechos de los pueblos y sus afirmaciones sobre que la lengua y la cultura son la base de una nación —un concepto que Juan Pablo II nunca identificó con una nación política soberana; él siempre hablaba de nación cultural.

Pero, sobre todo, dije que «la Iglesia tiene como misión la difusión del Evangelio. Por ello no se puede permitir ni un día más que desde algún medio de comunicación y de sus profesionales se siembre a diario el insulto, el odio y la confrontación. Se alimentan prejuicios territoriales, se criminalizan dirigentes políticos, gobernantes y dirigentes empresariales. Se falta sistemáticamente a la verdad. Jesús distingue entre el buen pastor y el mercenario; la obligación de la Iglesia es deshacerse de los mercenarios y nutrirse de buenos pastores. Desde la fe que profeso, no puedo dejar de oír todo este cúmulo de atrocidades como la antítesis del Evangelio. Por tanto, modestamente pero con energía, he de pronunciar un respetuoso y sereno “¡ya es suficiente!” y reclamar una solución diligente y consecuente a la siembra de tanto odio y confrontación».

Al cabo de unas horas de acabar el pleno, confieso que inicié una fase de introspección sobre lo que había dicho. No me daba miedo la reacción de Jiménez Losantos ni de las personas de la COPE que pudieran sentirse más cercanas al periodista turolense. En cambio, sí que sufría por si mis palabras habían sentado mal a otros periodistas de la cadena de la Conferencia Episcopal y, especialmente, que no fueran utilizadas por los que siempre están predispuestos a perjudicar a la Iglesia católica. Llamé al obispo que sentía más cercano —es decir, el obispo Carrera— y en la conversación encontré su apoyo. Por indicación suya, telefoneé después al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez. Su respuesta fue similar. Aún realicé dos llamadas más por iniciativa propia. Por su condición de franciscano y mi vínculo con esta orden, telefoneé al arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, y, por el hecho de ser de Guissona y por el afecto que me inspira, llamé también al arzobispo de Tarragona y presidente, por tanto, de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Jaume Pujol. Tal como habían hecho los anteriores, ambos tranquilizaron mi espíritu.

Después me puse en contacto telefónico con algunos periodistas de la COPE, empezando por mi amigo Cosme García de la emisora de Lleida y con otro profesional, Carlos Losada, de COPE Barcelona, con quien siempre he tenido una buena relación. Quería que les quedara claro que mi intención no era descalificar la profesionalidad de la inmensa mayoría de los periodistas de la COPE y que, si se había entendido así, pedía perdón a todos los afectados. La respuesta de ambos fue tremendamente humana y positiva. Lógicamente, no fue el caso de Jiménez Losantos, que cada día me dejaba por los suelos, según explicaban todos los que lo escuchaban. La ilustradora Pilarín Bayés me regaló un dibujo en el que yo aparecía con la espalda desnuda y, detrás de mí, Jiménez Losantos me flagelaba con un látigo del que colgaba un cartel con las siglas de la emisora de la Iglesia. Mientras fui diputado en Madrid, lo tuve en un lugar muy visible de mi despacho, al lado de una imagen muy diferente: una fotografía dedicada por Andrés Iniesta en la que salíamos los dos. Siempre he tenido una relación muy afectuosa con el jugador de Fuentealbilla, obviamente por su calidad futbolística, pero sobre todo por sus cualidades humanas.

Una de las reacciones curiosas a la polémica con Jiménez Losantos fue el comentario de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Fue en una recepción en el Palacio Real de Madrid, un 14 de noviembre, con motivo de la visita del presidente de la República Popular China, Hu Jintao. Mientras hacíamos cola para saludar a los reyes y al matrimonio Jintao, Aguirre me dijo: «¡Ay, chico! No sabes dónde te has metido con tu crítica a Federico, ve metiéndote con la COPE, que te van a dar».2 Tanto o más importante que las palabras fueron el tono y la actitud con los que las pronunció. Quien conozca a la exlíder del PP sabrá que tiene una personalidad arrolladora con un componente importante de simpatía y de naturalidad, pero también de prepotencia. Después supe que los dos tenían muy buena relación, y que la Comunidad de Madrid concedió la primera emisora de radio a la empresa de Jiménez Losantos con una licencia que inicialmente iba para la COPE. Nada que decir, ¡que quede claro!

Con Esperanza Aguirre no he coincidido en ninguna institución y, por lo tanto, no he tenido ninguna relación estrecha con ella, ni buena ni mala. Digamos simplemente que nos tratábamos con cordialidad, pero hay una excepción: en la primera legislatura del Gobierno de Aznar, ella era ministra de Educación y Mariano Rajoy lo era de Administraciones Públicas y, en esta condición, presidía por parte del Estado la comisión de transferencias Estado-Generalitat. Yo era el presidente de la parte catalana. En esos tiempos —¡cómo han cambiado las cosas!—, todos los partidos políticos con representación parlamentaria tenían presencia en la parte catalana de la Comisión Mixta. Una de las transferencias que negocié con Rajoy y su equipo —Jorge Fernández Díaz era su secretario de Estado— fue la de las becas. Una vez acordada junto con otros traspasos, reunimos la plenaria en el Palau de la Generalitat. La transferencia se ratificó con un acuerdo por unanimidad. Después, con Rajoy, dimos una rueda de prensa en la que, con mucha solemnidad, anunciábamos el traspaso.

Al cabo de unos días, Rajoy me telefoneó para decirme que la ministra se oponía a transferir las becas a la Generalitat, y me preguntaba si me iba bien almorzar con ella. Lo hicimos en el ministerio, pero no en el de Rajoy, sino en el de Educación: Esperanza Aguirre nos convocó en el suyo. Y del no inicial únicamente pasamos al no es no de unas semanas más tarde. Actualmente las becas continúan sin haber sido transferidas, a pesar de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dejó claro que los acuerdos de las comisiones mixtas sobre transferencias son vinculantes para el Estado. Y después de aquel traspaso fallido, el propio TC ha dictado como mínimo tres sentencias que confirman que la gestión de las becas es competencia de la Generalitat. No obstante, siguen sin ser transferidas. Por esta y muchas otras experiencias, se entenderá que los pelos que no tengo se me pongan de punta cuando desde el Estado se apela al cumplimiento de la Constitución y al respeto al TC. Si no hubiera muchísimas más razones que me impiden estar racional y emotivamente al lado del independentismo, quizá lo estaría.

Y como estoy hablando de la Iglesia católica (más allá de que las referencias a los prolegómenos de la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña me hayan llevado a hablar de la COPE, de Jiménez Losantos y de Esperanza Aguirre), reconozco que a menudo no acababa de entender la actitud de la jerarquía eclesiástica en Cataluña. He mantenido relaciones con muchos obispos catalanes y, sobre todo, con los arzobispos de Barcelona, Narcís Jubany, Ricard Maria Carles y Lluís Martínez i Sistach, que eran, al fin y al cabo, los obispos de mi diócesis. Con el arzobispo actual, Joan Josep Omella, me reuní —a petición mía y cuando ya había renunciado a toda actividad política— poco después de su toma de posesión. De hecho, después de reunirse con los responsables de las parroquias, fui el primer político con quien se reunió. Me parecía que mi opinión sobre la situación política en Cataluña, con todo el debate independentista, le podía ser de utilidad. Como es sabido, el arzobispo Omella es de la Franja de Ponent, de la bellísima comarca de Matarraña en Teruel. Este era un motivo más para intentar ser útil. Con los otros tres arzobispos y, especialmente, con Carles y Martínez i Sistach, siempre tuve la sensación de que solo se acordaban de santa Bárbara cuando tronaba.

En mis años de infancia, en Alcampell, cuando en verano había una tormenta fuerte y con una gran descarga eléctrica, mi abuela paterna y dos o tres señoras mayores se sentaban en la entrada de casa y, con sillitas, formaban un pequeño corrillo y evocaban a santa Bárbara para que nos protegiera de los efectos nocivos del temporal —cuando el tiempo era bueno charlaban sentadas en las mismas sillas, pero entonces instaladas en la calle—. Durante el resto del año, sin embargo, santa Bárbara no existía. Pues eso mismo le pasaba a la jerarquía de la Iglesia en relación a Unió. Cuando había un debate parlamentario sobre el aborto, el matrimonio, la enseñanza, etc., el cardenal de turno me pedía que defendiéramos sus posiciones, las cuales, en estos aspectos, también eran las nuestras, en términos generales. Ahora bien, cuando ya había pasado el peligro, no se acordaban más de Unió. He de reconocer excepciones, normalmente siempre en grados jerárquicos inferiores y, en concreto, la del salesiano Francesc Riu, secretario de la Escuela Cristiana de Cataluña. Desde la LODE socialista, la colaboración con Unió siempre fue positiva. Nunca escatimó esfuerzos para reconocer en público el trabajo hecho por Unió en la defensa de la libertad de enseñanza y, por tanto, el ideario de gratuidad y elección de escuela por parte de los padres. Con su sucesor, el jesuita Enric Puig, ex director general de Juventud de uno de los Gobiernos del presidente Pujol —y que tenía una vinculación personal con él y su esposa, Marta Ferrusola—, las relaciones ya fueron diferentes: siempre cordiales, pero sin ninguna concesión al reconocimiento hacia Unió.

Unió y la enseñanza

La defensa de la libertad de enseñanza y de los padres a elegir escuela ha sido uno de los principios rectores de mi vida política. Defender la libertad quiere decir defender la pluralidad de oferta con los idearios correspondientes. Si no hay pluralidad, los padres no pueden elegir y, sencillamente, han de tomar lo que los poderes públicos les ofrecen. Es la escuela única que durante mucho tiempo formó parte del posicionamiento de la izquierda española, la más tronada de Europa en este sentido; aunque sería injusto ignorar que fue la LODE socialista, con participación de CiU y negociada por López de Lerma y yo mismo, la que reconoció los conciertos educativos. Son unos pasos fundamentales porque, aunque no haya pluralidad, si no hay gratuidad tampoco se garantiza la libertad de los padres para elegir escuela. Hay una confrontación falsa e interesada entre la escuela de titularidad pública y la que no lo es. Ambas hacen el mismo servicio público y se deben proteger igualmente. Lo necesario es que haya una escuela de calidad y que los padres puedan elegir entre escuelas que sean buenas y diferentes. El hecho de que muchos centros que no son de titularidad pública sean de órdenes religiosas hace que mucha gente se acerque a este debate con prejuicios. Si durante unos años las iglesias y sobre todo la católica dejaran de ofrecer sus servicios en el ámbito de la educación —como también en la lucha contra la pobreza (y antes en el ámbito de la sanidad), por citar algunos de los pilares fundamentales de un Estado del bienestar—, el sistema fallaría.

Soy hijo de la escuela pública, desde el parvulario hasta el último año de carrera, y me siento muy orgulloso. Defiendo la necesidad de dotarla de la mejor manera posible —cosa que no hemos hecho— para asegurar su calidad. Igualmente, defiendo que el concierto educativo abarque todos los gastos reales de un centro que no sea de titularidad pública para que los padres lo puedan escoger si es su elección. Actualmente, los titulares de estos centros deben hacer filigranas para garantizar su supervivencia, y los padres tienen que pagar alguna cantidad suplementaria. Eso quiere decir, por tanto, que no siempre hay gratuidad y que no todos los padres que quieren hacerlo pueden llevar a sus hijos a una escuela que no es de titularidad pública. Así, en todas las ocasiones en que he podido negociar los presupuestos de una manera determinante, he añadido el incremento progresivo de los sueldos de los maestros de la concertada para equipararlos a los de la pública. El problema, sin embargo, es que los maestros están mal pagados, sean de la escuela que sean.

En todas las leyes de educación que se han aprobado durante los años de democracia mientras yo he sido diputado, he intervenido de una manera u otra defendiendo estos planteamientos, y debo decir que ha sido más fácil con el PSOE que con el PP. Los socialistas han aprobado siempre sus leyes pactándolas con nosotros. Es cierto que en ellas había más materia para pactar porque las diferencias en el ámbito de la educación eran más grandes con el PSOE que con el PP, al menos en términos ideológicos. En cambio, en cuestiones competenciales no hubo manera de entenderse con el PP. Ni con Esperanza Aguirre ni con José Ignacio Wert, con el que siempre he tenido una excelente relación por sus orígenes democristianos. Como es de sobra conocido, Wert provocó las iras de toda la oposición y el rechazo mayoritario en Cataluña desde la perspectiva competencial. Curiosamente, cuando alguna vez exploramos el diálogo por la cuestión catalana con Rajoy, este siempre se manifestó predispuesto a cambiar la norma elaborada por su ministro de Educación. Si no tenían ningún problema en cambiarla, ¿por qué no lo hacían? En el fondo, ¡la Ley Wert representó una aportación significativa de gasolina al fuego del independentismo!

De todo el balance que hago de mi etapa política en general, y parlamentaria en particular, lo que lamento profundamente es la incapacidad de crear una respuesta positiva a mi reiterada demanda de un gran pacto escolar. Desde la tribuna del Congreso y desde cualquier tipo de plataforma, denuncié la grave irresponsabilidad que significaba que, a lo largo de los años de democracia, prácticamente cada Gobierno del Estado llegara con su propio proyecto de ley de educación bajo el brazo. Así no hay manera de garantizar la estabilidad de la comunidad educativa, y esta falta de estabilidad es una de las razones que explican el vergonzoso nivel de fracaso escolar en nuestro país. No es la única razón, ¡pero sí una muy importante! Ya sé que el artículo 27 de la Constitución española se puede considerar el pacto escolar español, y es cierto que lo es de alguna manera. Pero no lo ha sido lo suficiente cuando no ha podido evitar leyes diametralmente opuestas.

Sobre educación y en relación con la Iglesia, la última vez que de una manera más directa tuve la oportunidad de intercambiar posiciones fue con motivo de la aprobación del Proyecto del Estatuto de Cataluña en el parlamento catalán. El día 29 de septiembre de 2005 tuve que volver antes de tiempo de Madrid, donde teníamos sesión plenaria, debido a una llamada de los dirigentes de Unió que eran diputados en el Parlamento de Cataluña. Convocamos un almuerzo de trabajo en un restaurante delante de la Estación de Francia: el tripartito había aprobado un texto del artículo 21 sobre deberes y derechos, en el ámbito de la educación, que establecía el carácter laico en la escuela de titularidad pública del proyecto estatutario. Nuestra gente no estaba de acuerdo, y yo tampoco. En el almuerzo, decidimos no votar el Estatuto si no se cambiaba el artículo 21. Éramos conscientes de la gravedad política de no votarlo, pero… Todo aquel título —con la marcada matriz izquierdista de Iniciativa— tenía un trasfondo ideológico que considerábamos innecesario e inconveniente en un texto que había de ser para todos. Una puntualización llegados aquí: esto no significa que el PP tuviera razón cuando lo exhibía como una muestra de todos los pecados capitales y veniales que la milenaria historia de la Iglesia pudiera haber llegado a establecer en sus catecismos. De hecho, ellos mismos aprobaron textos calcados en el Estatuto de Andalucía y en el de Valencia. Sin embargo, por parte del PP se trataba de utilizar todo contra el Estatuto. ¡Y si de pasada perjudicaban a Unió, mejor!

Acto seguido fui al Parlament para reunirme con Artur Mas y Convergència. La prensa se alborotó en cuanto me vio. Sabían de qué iba la cosa. Hablé con Mas, y por teléfono con el jesuita Enric Puig, jefe de la escuela cristiana en Cataluña; también con el cardenal Lluís Martínez Sistach. De hecho, entonces todavía no era cardenal; lo sería a partir del mes de noviembre de 2007. En esa ocasión, sí que se acordó de Unió y me invitó —una invitación que le agradecí de corazón— a asistir al Vaticano a la ceremonia presidida por el santo padre Benedicto XVI y a un almuerzo privado para celebrarlo conjuntamente con Jordi Pujol y Josep Montilla, por entonces presidente de la Generalitat, el vicepresidente del Tribunal Constitucional Eugeni Gay y el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña, Josep Maria Carbonell. Asistían también nuestras esposas.

Con Martínez Sistach acordamos proponer un texto alternativo al artículo 21 que yo mismo redacté. Nos reunimos en el despacho que Felip Puig tenía como portavoz de CiU. Recuerdo que estaban, entre otros, Francesc Homs, Oriol Pujol, Irene Rigau y Artur Mas por CDC, y Marta Llorens, Ramon Espadaler y Josep Maria Pelegrí por Unió, todos miembros del Parlament. Dije que no estábamos dispuestos a votar el Estatuto si no se cambiaba el artículo. Irene Rigau dijo: «Si lo cambiamos, serán los de Iniciativa los que no votarán el Estatuto». Recuerdo como si fuera hoy mi respuesta: «Pues mira, Irene, si me quedaba alguna duda, después de lo que nos acabas de decir ya no tengo ninguna. No lo votaremos». Consciente o inconscientemente, la que sería consellera de Educación reconocía que IC Verds podía hacer casus belli del contenido ideológico. ¿Y nosotros no? ¡Ni hablar! Artur Mas, más inteligente, aceptó nuestras tesis y los que llevaban las negociaciones con el tripartito trasladaron el mensaje. Finalmente, se aceptó la posición de Unió: se garantizaba la gratuidad de la enseñanza y el derecho de los padres que quisieran que sus hijos e hijas recibieran formación religiosa en la escuela. Así las cosas, el 30 de septiembre votamos sí al proyecto de Estatuto. Lo celebramos con cava, pero debo confesar que lo hice sin alegría. Habría sido mejor no llegar a un acuerdo y dejarlo correr. Siempre he pensado que ese estatuto fue un error —y esta opinión mía la compartía el presidente Pujol—. Y la verdad es que, al cabo de casi catorce años, aún tengo más clara la carga histórica de esa equivocación.

Una transversalidad mal entendida

Considerando este contexto que se daba alrededor de la educación y de otros posicionamientos sobre temas referentes al derecho a la vida o la familia, era evidente que a Jordi Pujol no le interesaba liderar un partido democristiano porque intuía que no sería nunca mayoritario. No es que no compartiera los valores que defendía Unió, pero sabía que, en una sociedad como la nuestra y después de años de desideologización política —quitando obviamente la franquista, que como ya he dicho se paseó bajo palio—, no tendría los apoyos suficientes para ser la piedra angular que pretendía. Además, en el seno de la propia CDC había mucha gente que no los compartía. Aunque Irene Rigau fue una buena consellera de Educación, en la conversación mencionada anteriormente reflejó esta ambigüedad —y sobre todo debilidad— ideológica. Y ya no hablo de la de consellers como Josep Laporte, un buen consejero, pero que hizo todo lo posible para que no se aprobara la creación de la Universitat Ramon Llull, y que tantas conversaciones me facilitó con su impulsor, el cardenal Jubany, coincidiendo con el presidente Pujol. O como Carme Laura Gil, alejada de posicionamientos ideológicos en esta cuestión y con una tarea como consellera manifiestamente mejorable. El proyecto político de Pujol incluía un componente básico de ambigüedad, y ser democristiano y ejercer como tal limita esta ambigüedad, pero, sobre todo, limita la transversalidad. Siempre recordaré las declaraciones del alcalde de Balaguer, Gregori Gallego, del histórico partido comunista catalán del PSUC, cuando fichó por Convergència: «Continúo siendo marxista, pero hoy por hoy, para servir a Cataluña, se debe hacer con Pujol». En Convergència cabía todo el mundo: de alcaldes franquistas de toda la vida a comunistas y, obviamente, liberales, conservadores, democristianos y socialdemócratas. No compartí nunca tanta transversalidad en el seno de un partido. Podía acabar siendo una jaula de grillos. Era aquello del pal de paller que Pujol inventó para calificar el papel de CDC en Cataluña.

La búsqueda de la transversalidad para intentar garantizar la mayoría parlamentaria, y por tanto el poder, ya no era solo un objetivo de Jordi Pujol. El propio PNV, a pesar de ser un partido de matriz democristiana, se ha posicionado siempre —y actualmente mucho más— desde el poliedrismo ideológico. El PP de Aznar representó la sublimación de este principio. Cuando Unió se oponía firmemente al ingreso del partido de Aznar en la Internacional Democristiana, exhibíamos a menudo el argumento de que, ideológicamente, su partido quería ser un todo y acababa siendo la nada. En este sentido es interesante una entrevista que la revista Interviú realizó a José María Aznar en los primeros años de la década de los noventa; le pedían que hablara sobre la contradicción que suponía ser al mismo tiempo miembro de la Internacional Demócrata (la conservadora) y de la IDC (la democristiana). Sin alterarse lo más mínimo, Aznar afirmó: «No soy ni conservador, ni demócrata cristiano, soy liberal».3 ¡Y se quedó tan ancho! Debo confesar que a mí me sacaba de quicio, pero ahora he de reconocer que el equivocado era yo. Al menos en términos electorales, una disciplina ideológica coherente no da réditos. En la actualidad, por ejemplo, es verdad que Ciudadanos no participa en las dos internacionales y que sus líderes se identifican con una tercera. De hecho, el partido pertenece a la Internacional Liberal, pero no creo que sea faltar a la verdad afirmar que abusan de la indefinición ideológica. Al menos yo, dicho con todo el respeto, no sabría explicar realmente qué son. Pero esto es lo que ahora se lleva.

Pero si hablamos de Unió, que quede claro que en nuestra formación —sin llegar a alguno de los extremos mencionados— también había de todo. Durante mis años de dirigente del comité de gobierno, tuvimos en el partido personajes muy singulares que, sobre todo por su trayectoria posterior, era evidente que tenían poco que ver con Unió Democràtica de Catalunya. A nivel municipal más de uno, de dos y de tres… He llegado a pasar vergüenza presentando algún candidato de Unió a la alcaldía de su pueblo. Ni era democristiano ni se le podía apreciar la condición de demócrata. En otro nivel, debo destacar dos personalidades muy conocidas: Alejo Vidal-Quadras y Miguel Duran. Quien después fue presidente del PP de Cataluña y una de las bestias negras del nacionalismo catalán, en particular del pujolismo y de CiU, no tenía otro pasado político que el de haber formado parte de las candidaturas de Solidaritat Catalana en las elecciones al Parlament catalán de 1980 y haber integrado la dirección de un grupo de opinión del que formaba parte Concepció Ferrer. Vidal-Quadras era, sobre todo, un físico nuclear brillante con una gran carrera académica y una bien acreditada tarea de investigación en seguridad nuclear. A petición de Concepció Ferrer, almorzamos un día los tres en una pizzería de la Via Augusta de Barcelona y lo fichamos como militante de Unió, con el aval de ella y el mío. Era el año 1988 y, o bien él o bien nosotros, no debimos hablar lo suficientemente claro. Es posible que en aquel momento Vidal-Quadras no supiera nada de la historia y de los postulados de Unió. Y nosotros —o yo como mínimo— no supimos apreciar el auténtico pensamiento político del que sería al cabo de poco un beligerante adversario de Unió. Era consciente de que era una persona conservadora, mucho más de lo que en términos generales era la militancia de Unió y, en todo caso, de lo que representaba nuestro proyecto político.

Se debe decir que Vidal-Quadras fue muy coherente a lo largo de su brevísima militancia en Unió. Lo que no habíamos descubierto charlando en el restaurante lo mostró al poner los pies en Unió. Teníamos la sede central del partido en Barcelona, en la calle València, en la casa donde había vivido uno de los fundadores del partido, el doctor Lluís Vila i d’Abadal. Al cabo de pocas semanas de militar en Unió, acudió a una reunión sectorial que se celebraba en una sala de cuyas paredes colgaban unas litografías que había repartido una revista catalanista. Aparecían los rostros de los presidentes de la Generalitat Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Irla y Josep Tarradellas. El hecho de ver a aquellas personas allí, sobre todo a Companys, provocó que se cuestionara su militancia en Unió. Personalmente, el presidente Companys no me ha inspirado nunca simpatía. Creo que fue un personaje nefasto para la historia de Cataluña. El 6 de octubre de 1934 es la mejor muestra de su extrema irresponsabilidad. La incapacidad de gobernar Cataluña después del 18 de julio, con el alzamiento del general Franco contra el poder legislativo de la República, entregando las calles a descontrolados, anarquistas y comunistas es otra muestra más que evidente de ello. El hecho de que fuera fusilado ha provocado que debamos honrar su muerte como presidente, pero personalmente no he contribuido a honrar su vida política.

En una conversación más profunda en mi despacho, Vidal-Quadras me explicó, leal y sincero, que no podía compartir nuestras posiciones nacionalistas y que se había equivocado al aceptar la militancia en Unió. Se dio de baja poco después de haberse dado de alta. Sin hacer ruido, muy educadamente, como cuando ingresó en el partido. ¡El ruido lo hizo al cabo de poco! Hay que decir que, desde el primer momento, tuve la convicción de que era un hombre culto, preparado, brillante, como demostró posteriormente durante su etapa parlamentaria en el legislativo catalán. A pesar de lo que se ha dicho y escrito docenas de veces, no es cierto que el presidente Pujol o Convergència i Unió reclamaran su cabeza a partir del Pacto del Majestic. Si Pujol lo hizo, fue sin que yo supiera nada. Además, el presidente Pujol me envió a mí a hablar del futuro Gobierno de Aznar el miércoles anterior a la firma del pacto de legislatura y, por tanto, sé muy bien cómo fue. El encargo era adivinar cuál sería el Gobierno y al mismo tiempo dejar claro que ni Vidal-Quadras ni algún otro vidalquadrista confeso podía formar parte del Gobierno que teníamos que investir. No queríamos sorpresas después de haber firmado. Pero sobre el papel de Vidal-Quadras en el partido no teníamos nada que decir. Es una falta de respeto a la inteligencia de Pujol y a la de Aznar pensar que se debía explicitar que el acuerdo no tendría recorrido con Vidal-Quadras al frente.

El hecho es que el 16 de abril —firmamos en el Majestic el 28 de ese mismo mes— fui a Madrid a entrevistarme con Aznar para explorar sus intenciones con relación al Gobierno al que debíamos dar nuestro apoyo. De acuerdo con el presidente Pujol, nos entrevistamos en un chalé que entonces era de la FAES. Aznar comenzó a cantarme los ministros más importantes: Álvarez Cascos, Rato, Arias Salgado (en Defensa, que después, por indicación del rey, sería sustituido por Eduardo Serra), Mayor Oreja… y, textualmente, Duran Lleida en Exteriores. Posteriormente, y ya como presidente del Gobierno, Aznar lo explicó en su primera entrevista a la COPE.

Cuando Aznar propuso mi nombre en la sede de la FAES fue cuando le dije que me honraba y que se lo agradecía, pero que no quería ser ministro. Eso sí, añadí que lógicamente debía nombrar a algún catalán y que debía ser consciente de que, si era uno de la misma cuerda de Vidal-Quadras, no podríamos darle los apoyos. Todo dicho con mucha corrección y sin mencionar el nombre propio del personaje. Me pidió consejo y, como sabía que Rato tenía perfilado a Josep Piqué para presidir la Sepi, le dije que este sería un buen ministro de Industria, que complacería a CiU y que, además, ya era hora de que en esta cartera estuviera un catalán y no un vasco. Ese mismo día llegué a la hora de almorzar al Trofeo de Tenis Godó (con Aznar nos habíamos visto a las nueve de la mañana) y Piqué estaba en un almuerzo con la Junta del Círculo de Economía. Me acerqué a él para decirle que Aznar le llamaría. Inicialmente, Piqué mostró cierto desinterés, pero lo que él daba por hecho era la Sepi, no el ministerio. También a propósito de este caso se han escrito muchas fantasías. Pero la realidad es, literalmente, como la acabo de explicar.

Se ha opinado muchísimo sobre mi negativa a convertirme en ministro, más allá de utilizarlo para intentar debilitar mi posición política. A menudo se ha afirmado que no fui ministro porque Pujol no quiso. Al margen de la opinión de quien era el presidente de la Generalitat, no fui ministro porque yo no quise. Discrepo de los que transfieren la responsabilidad a Jordi Pujol. Si hubiera ambicionado ser ministro —como suelen reflejar también algunos sectores políticos y mediáticos—, habría podido dejar Unió y aceptar un ministerio. Si no entonces, después. No hace falta que recuerde aquí a personas que han cambiado de formación política para tener un cargo, y no tendríamos que ir mucho más lejos de la propia Convergència. Se puede deducir que, si hubiera aceptado ser ministro en el año 1996 en contra de la opinión de Pujol, finalmente no habría podido llegar a serlo por la sencilla razón de que Aznar necesitaba los votos de CiU y, por tanto, los de Pujol. Esta deducción sirve, también, para los periodos gobernados por el PSOE cuando su mayoría dependía de los escaños de CiU. Pero ¿alguien puede pensar objetivamente que cuando el PP tenía mayoría absoluta, y nos invitó a entrar en el Gobierno del Estado, habría rechazado que el líder de uno de los dos partidos catalanistas que gobernaban en Cataluña aceptara ser ministro? En una de las cartas dirigidas a Màrius Torres al día siguiente de la Diada de Cataluña de 1940, Joan Sales expresa su convencimiento de que Dios perdona todos los pecados con una excepción: «las faltas de estilo», es decir, la traición a las propias ideas y creencias. Eso es lo que he procurado hacer: ser leal a mis ideas y creencias y, si bien no siempre lo he conseguido, al menos nunca las he sacrificado para obtener un cargo.

El otro militante transitorio de Unió al que hacía referencia antes fue Miguel Duran. Lo conocía de su etapa de director general de la ONCE, y todo el mundo lo tenía por un gestor excelente. Después, como fue público y notorio, tuvo problemas en el seno de su organización, pero cuando ejerció el mandato, los comentarios y las valoraciones eran en general ampliamente satisfactorios. Antes de militar en Unió, establecí con él una relación muy cordial. Era y es, también, una persona muy inteligente y un buen comunicador.

El hecho de compartir apellido y que además fuera ciego todavía lo hacía más cercano para mí. Me crie al lado de una hermana de mi abuela paterna que era sorda y ciega, fruto de una bomba en la Semana Trágica de Barcelona. Me entendía con ella escribiéndole en la mano, y tan pronto jugábamos como la hacía enfadar. Un amigo mío, Enrique Noguero, músico y buen cantante de jotas, mucho mayor que yo y como yo miembro de la peña de los Caballos de Alcampell, también es ciego. Creo que estas dos circunstancias personales me hacen tener una sensibilidad especial para las personas que no ven. Eso contaba, y cuenta, de cara a mi relación con Miguel Duran, a pesar de que a veces llegué a pensar que veía mejor que yo. Había estado próximo al partido socialista, pero no sé si llegó a militar en él. Después de conocernos, establecimos una relación y le convencí para que se afiliara a Unió. Él tuvo una buena relación con Vidal-Quadras y, alguna de las veces que fui a su casa de Sant Boi, al llegar yo salía de ella Vidal-Quadras, que había estado intentando convencerlo para que se pasara al PP. Con el tiempo he podido comprobar que los dos tienen muchas más cosas en común que el hecho de haber militado accidentalmente en Unió Democràtica. Duran llegó a estar dispuesto a ser candidato de CiU a la alcaldía de Sant Boi, pero CDC lo hizo inviable a pesar del acuerdo que él había tejido con dirigentes locales de nuestro socio de coalición en Sant Boi. Se podría haber presentado como independiente por Unió, pero finalmente lo desestimaron. Y al cabo de un tiempo dejó de ser militante de nuestro partido. Había entrado, militado y salido haciendo más ruido que Vidal-Quadras, pero Miguel Duran jugó limpio. Después ha representado opciones políticas mucho más distantes. No es necesario decir que ninguno de los dos era el prototipo de militante de la Unió Democràtica de Catalunya fundada el 7 de noviembre de 1931.

Por tanto, es verdad que estos y otros casos ponen de relieve que, en Unió, también hemos tenido militancia que el paso del tiempo ha evidenciado que no encajaba ortodoxamente en el ámbito ideológico socialcristiano y catalanista que representábamos. En general, y más allá de tendencias y críticas lógicas a los dirigentes del partido, mayoritariamente la militancia se había ido cohesionando alrededor del proyecto político democristiano, aquel con el que Pujol no se quería identificar y que, de facto, renunció a liderar. Es obvio que, cuando la Convergència fundada en 1974 evolucionó hacia Convergència Democràtica de Catalunya, se habría podido articular como Unió Democràtica de Catalunya, partido fundado en el año 1931, con el pedigrí de su historia de lealtad republicana, de defensa de los valores de humanismo cristiano, de oposición al franquismo y de una buena trama de relaciones internacionales. Jordi Pujol habría sido el líder, pero el espacio ideológico de Unió le resultaba pequeño para sus aspiraciones, legítimas por otro lado.

Pujol no quería ser de Unió ni quería liderar un proyecto democristiano, pero necesitaba a Unió y también la marca DC integrada en su oferta política. Se movió siempre entre el deseo de integrarnos en Convergència y hacer de Convergència i Unió un único partido con el respeto que sentía por una fuerza como la nuestra y por sus históricas siglas catalanistas. Con el acuerdo de 1978 de pacto permanente entre Convergència i Unió, Pujol se aseguró un primer paso de cara a la fusión, que habría preferido como resultado y que de hecho ese primer acuerdo ya vislumbraba. No llegaba a lo que para él era óptimo, pero avanzaba en la dirección que quería. Es muy posible que, sin este acuerdo, Unió hubiera desparecido en 1978, pero lo que es seguro es que tanto a CDC como a Pujol la coalición con Unió les aportó un valor añadido. Él lo sabía; como yo, era consciente de que nuestro objetivo debía ser triple: ejercer y ampliar la cuota del poder del 25 por ciento que el pacto nos otorgaba, de acuerdo con los resultados que habíamos obtenido en solitario el 15 de junio de 1977; cerrar el paso a la absorción de derecho y de hecho de Unió por parte de Convergència, y afirmar frente a la sociedad nuestro perfil socialcristiano.

Nunca tuvimos la cuota del 25 por ciento. Particularmente en algún ayuntamiento o en un parlamento sí, pero eso fue todo. De hecho, Convergència i Unió no llegó a ser nunca una coalición en el sentido clásico del término. En los últimos años se acercó, y debo decir que Mas facilitó mucho más las cosas que Pujol. Es lógico: ¡Mas tenía una necesidad mucho mayor de nosotros! Lo que sí evité es que Unió fuera absorbida por CDC. Quien más o quien menos de los ámbitos políticos de esos años sabe que los dirigentes de Convergència afirmaban que «una vez muerto el señor Coll i Alentorn, Unió se ha acabado» (os ahorro, por respeto al señor Coll, el calificativo que por su edad algunos usaban). Personalizo la referencia a evitar la absorción de Unió sabiendo que alguien me lo criticará. Lo hago sabiendo, también, que mucha más gente contribuyó a ello. Pero no todo el mundo, porque en Unió siempre hubo dirigentes para los que Pujol estaba por encima de todo. La expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, lo puso de relieve con toda la tranquilidad del mundo en una entrevista en el diario La Vanguardia al afirmar que en primer lugar era pujolista. En buena reciprocidad, el presidente Pujol manifestó siempre predilección por ella, una de las razones por las que hizo carrera política. Pero si yo no hubiera aguantado —ya me perdonarán muchos de mis compañeros que no solo me apoyaron, sino que también trabajaron sin descanso para hacer valer la identidad de Unió—, si no me hubiera dejado la piel y plantado cara junto con muchos otros, Unió se habría diluido en el seno de CiU, es decir, de CDC. Es cierto que la ciudadanía más políticamente informada pudo entender la identidad diferenciada de Unió, pero la gran mayoría —y no por su culpa, sino por la nuestra—, no llegó a ser consciente de la especificidad socialcristiana que nos correspondía.

Lleida

Este triple objetivo me comportó encontronazos con mucha gente de CDC. En Lleida, recién articulada la coalición, tuvimos que afrontar las elecciones municipales de 1979 y las de la primera legislatura a las Cortes Generales aquel mismo año después de que se hubiera aprobado la Constitución. Las generales se convocaron el 1 de marzo de 1979 y las municipales unas semanas después, en concreto el 3 de abril. En Lleida, Unió defendió que yo fuera el cabeza de lista al Congreso y que Maria Rúbies, de CDC, exsenadora del Pacte Democràtic de Catalunya e integrada en el grupo parlamentario de la Entesa dels Catalans, fuera la candidata a la alcaldía de Lleida, donde CDC me quería a mí como candidato. En Unió nos parecía que era mucho más adecuado para la alcaldía el perfil de Maria Rúbies que el mío. Todo el mundo sabe que el perfil del candidato es más importante en las municipales que en las parlamentarias, que es cuando arrastra la marca y el líder a nivel nacional —en nuestro caso, Convergència i Unió y Miquel Roca o Jordi Pujol—. Además, frente a CiU teníamos, por un lado, a la UCD con un candidato de Lleida, Alfons Porta, abogado veterano y consagrado a la sociedad leridana y, por otro, al amigo Antoni Siurana por los socialistas y que finalmente se convirtió en el alcalde. Siurana era un economista de la Cámara de Comercio de Lleida de toda la vida, de una familia muy conocida. Nada que ver estos perfiles con el mío —un joven de veintiséis años que no era hijo de Lleida ni tenía allí la familia— y, en cambio, mucho más cercanos al de Maria Rúbies.

Sin embargo, a pesar del apoyo de Unió en Lleida y en todo el ámbito catalán, no hubo manera. Convergència propuso que yo fuera de número uno a las municipales y de segundo en las legislativas, y Maria Rúbies de número dos de las municipales y en primera posición en las legislativas. Y acabó así. Con todo, se llegó a un pacto previo con Maria Rúbies, que únicamente conocíamos el jefe de Unió en Lleida, Jesús Bartolomé —que me ayudó mucho en aquellos años y también después en mi vida política y privada— y yo mismo. Maria Rúbies nos dijo que dimitiría cuando se aprobara el Estatuto en las Cortes y que yo pasaría a ser diputado. Nos explicó que quería defender la lengua catalana en el Estatuto y que después no tenía ningún interés en continuar en Madrid como diputada, pero nos pidió discreción sobre el pacto con el argumento de que en CDC no les gustaba que yo fuera a Madrid. En el funeral del dirigente de Unió Joan Sansa en la Seu d’Urgell, los días anteriores a las campañas de 1979, Macià Alavedra lo dijo bien claro en la puerta del cementerio ante unos cuantos dirigentes de CDC i de Unió: «En Europa, a tu edad, Duran, llevan las maletas de los diputados». Al final, sin embargo, se aprobó el Estatuto, y Maria Rúbies no dimitió. Fui yo el que dimitió de la Paeria.

Como era de prever, los resultados de CiU en las municipales de Lleida fueron desastrosos: solo obtuvimos tres regidores, y tan solo quedamos por delante de ERC. No ganamos en ninguna de las capitales de provincia de Cataluña, pero los resultados en Lleida fueron los peores. No me entristecieron ni me sorprendieron, eran lógicos y esperados. En toda Cataluña se hizo el Pacto de Progreso entre los partidos que habían sido opositores al franquismo. Así pues, votamos como alcalde al candidato socialista, el amigo Antoni Siurana, y nos integramos en el Gobierno local de coalición, en el cual asumí la potente cartera de Urbanismo como teniente de alcalde. Fue una experiencia inolvidable, un año de gran aprendizaje y de una gran ilusión colectiva porque estrenábamos la democracia municipal, que sobrepasaba las fronteras de los partidos. En ese primer Ayuntamiento democrático hice amigos para toda la vida. ¡Y de diferentes partidos! En especial, el alcalde Siurana, el regidor socialista Antoni Ballester y unos cuantos regidores de la UCD; el más entrañable, Josep Lluís González, quien nos dejó hace unos años víctima de un cáncer. También aprovechamos la presencia institucional para identificar Unió ante la sociedad leridana. Pero llegó un momento en el que políticamente pensé que estábamos equivocados. Creía, y el tiempo me dio la razón, que lo que estaba haciendo era consolidar un alcalde socialista por muchos años, y que, además, lo hacía bien. Siurana gobernó la ciudad de Lleida de 1979 a 2003, con un pequeño paréntesis debido a una polémica moción de censura. Lo dejó para ser conseller de Agricultura del Gobierno de Maragall.

Visto el panorama, fui a hablar con quien era conseller de Presidencia de la Generalitat y presidente del consejo nacional de Unió, Miquel Coll i Alentorn. Le planteé la necesidad de romper el pacto y le expliqué los motivos que me llevaban a esta conclusión y la posibilidad de que yo pudiera asumir alguna otra responsabilidad fuera de Lleida. ¡Quería irme! Miquel Coll lo habló con el presidente Pujol y me ofreció ir a la Generalitat como secretario adjunto de Presidencia. Era junio de 1980. Hacía poco más de un año que había entrado en el Ayuntamiento y Pujol había ganado las primeras elecciones al Parlament de Cataluña del 20 de marzo al frente de la lista de CiU.

Con la propuesta en la mano, fui a hablar con el alcalde Siurana. Le dije que le tenía un gran afecto personal y político, pero que estaba haciéndonos la cama. Y que yo daba la cara por los problemas urbanísticos planteados por la aplicación del primer plan de urbanismo siguiendo la ley de julio de 1975 y que él resolvía las cosas por detrás. Vaya, que el que mandaba era él. Y era lógico que fuera así: había ganado y nosotros —yo, particularmente— habíamos perdido. Pero el pacto de gobierno lo perpetuaría a él como alcalde y a nosotros nos dejaría para la perpetuidad en la irrelevancia. Le expliqué que me habían ofrecido el cargo de director general adjunto a la Presidencia y que tendría despacho propio en el Patio de los Naranjos, cerca del presidente Pujol. Siurana, fiel a la amistad, hizo un único comentario: «¡Venga, corre! Ya tendrías que estar allí».

Nuevas obligaciones

Pero si en Lleida había tenido problemas insalvables por ser cabeza de lista al Congreso de los Diputados, ahora los tendría con la nueva responsabilidad en la plaza de Sant Jaume. Lluís Prenafeta era el secretario general de Presidencia, hombre de plena confianza del presidente Pujol, y teóricamente ignoraba el pacto del señor Coll i Alentorn con el presidente sobre mi cargo. Digo teóricamente porque, teniendo en cuenta lo que vi, vete a saber si el presidente Pujol no utilizó a Prenafeta ante mí como después lo hizo con otras personas o como lo puso en práctica con terceras personas utilizándome a mí. A partir de mi retirada de la política, un periodista de El País —diario que, por cierto, publicó un editorial que siempre agradeceré sobre lo que había significado mi aportación a la política— escribió que Pujol le dijo un día a Prenafeta: «Tenemos que dar un cargo a Duran». Y explicaba que ambos acordaron hacerme director de Asuntos Interdepartamentales de Presidencia. Lo cierto es que Prenafeta se negó a aceptar mi cargo y, durante seis meses, el presidente del comité de gobierno de Unió, Joaquim Xicoy, y el entonces conseller de Trabajo por Unió, Joan Rigol, estuvieron intentando encontrar una solución a mi nombramiento. Los dos se portaron muy bien conmigo y se lo agradezco. Ubicado en el Patio de los Naranjos, en un despacho delante del de Lluís Prenafeta, cobré un sueldo desde el primer día, pero sin título ni competencias y, de hecho, en la práctica, sin hacer nada. Horas y horas empleadas hablando con el jefe de Protocolo del conseller Coll i Alentorn o el de Marta Ferrusola —tenía una plantilla de protocolo, seguridad y conductor— y tomando cafés por los alrededores de la plaza de Sant Jaume… Eso sí, con tiempo para ver quién visitaba al presidente Pujol y quién a Prenafeta. El despacho no me daba poder real, pero visual… Al final se llegó a un acuerdo y el Diario Oficial de la Generalitat incluyó el día 14 de mayo de 1981 mi nombramiento como secretario de Asuntos Interdepartamentales de la Presidencia de la Generalitat, con la categoría de director general.

Con esto mejoré mi estatus oficial; no obstante, hice poco trabajo real. Acompañé en algún viaje internacional al conseller Coll i Alentorn y al presidente Pujol a la Conferencia de Regiones Transpirenaicas. Mi gran misión durante aquellos casi dos años fue ir a Saint-Raphäel, en Francia, a ocuparme del traslado de los restos del presidente de la Generalitat muerto en el exilio, Josep Irla, de la Costa Brava francesa a Cataluña. Y después de pasar por el Palau de la Generalitat en Barcelona, planificar el traslado a Sant Feliu de Guíxols, localidad de la que era hijo y donde descansa en paz. Al final del mandato, el presidente Pujol me encargó que me ocupara de diseñar las delegaciones del Gobierno de la Generalitat en Lleida, Tarragona y Girona para potenciar la presencia de la institución fuera de Barcelona. En las capitales de las provincias, excepto en la de Barcelona, la Generalitat no era visible. Los palacios de los respectivos Gobiernos Civiles continuaban simbolizando el poder. En junio de 1982, dos años después, abandoné el Patio de los Naranjos para volver a Lleida y ser el primer delegado de la Generalitat. Y ahí se acabó mi trayectoria en la Presidencia de la Generalitat: horas y horas perdidas. Por cierto, al tramitar la documentación sobre mi vida laboral, he comprobado que durante los años que trabajé allí no coticé ni un duro a mi cuenta de la Seguridad Social. Y no hace falta decirlo: he presentado la oportuna denuncia.

Tira y afloja

Las dificultades para encabezar la lista al Congreso de los Diputados por Lleida en el año 1979 y la compleja ecuación para conseguir un cargo, más que responsabilidad, en el palacio de la plaza de Sant Jaume fueron el preludio y el prólogo de las que durante muchos años iría encontrando Unió en general, y yo en particular, en las relaciones con Convergència. Muchas de las crisis que se vivieron durante los treinta y siete años de existencia de la coalición entre CDC y Unió, que acabó convirtiéndose en una federación, fueron bautizadas por los medios de comunicación como crisis de poder. Se produjeron, sobre todo, a la hora de confeccionar listas electorales y, particularmente, cuando se trataba de elecciones municipales. Ya he dicho que en Unió a menudo había quien tenía más interés en asegurarse un puesto en la lista por la vía de las cuotas que nos correspondían que por el esfuerzo que representaba su trabajo en el seno del partido y de la coalición. Pero si eso es cierto, también lo es que CDC en general regateaba tanto como podía la presencia de personas de Unió en las listas o en cargos políticos de la coalición en el Gobierno catalán o en otras Administraciones públicas.

En relación a las responsabilidades en el Gobierno de Cataluña, Unió no consiguió nunca, como ya he mencionado, el 25 por ciento de los cargos que le correspondían en función del pacto constitutivo de la coalición del año 1978. Nunca, ni de lejos; tampoco en el ámbito local. CDC siempre intentó aplicar un criterio, especialmente en la época de Miquel Roca: en las listas electorales, a Unió le correspondían el número 4, el 8, el 12 y así sucesivamente. Roca defendía —como era su obligación— los intereses de la militancia de CDC. Y nosotros procurábamos defender los nuestros. ¿Cuántos alcaldes tenía Unió en relación con CiU? ¿El 25 por ciento, como tenía que ser en aplicación equitativa del pacto de coalición? No, de ninguna manera. No llegamos nunca al 15 por ciento. Y si hablamos de capitales de comarca, el porcentaje fue infinitamente inferior. Y no hablemos de las capitales de las cuatro circunscripciones electorales: solo encabezamos la ciudad de Lleida en el año 1979 —ya he explicado el porqué— y la de Tarragona en 1983, con Ramon Franquès i Sardà. Eso sí, exceptuando mi caso en Lleida y alguna otra excepción —sobre todo en las comarcas de Poniente—, cuando Unió encabezaba la lista, el siguiente de nuestro partido ocupaba el séptimo u octavo lugar. ¡Nada del 25 por ciento! Después, si pedíamos la aplicación de la cuota, éramos un peligro para la estabilidad de la coalición. ¡Ah! ¡Y, por tanto, de Cataluña! Pujol siempre ha identificado lo que él representaba con Cataluña.

Curiosamente, cuando a partir de mi dimisión del Gobierno de la Generalitat, en el año 2001, Unió y Convergència reelaboraron sus relaciones y mutaron del modelo de coalición al de federación, Pujol tenía mucho interés en que yo fuera candidato a la alcaldía de Barcelona. A Unió le correspondía, por las nuevas condiciones políticas que se habían pactado, encabezar una de las tres candidaturas consideradas más importantes: la de la presidencia de la Generalitat, la de Convergència i Unió en Madrid o la de la alcaldía de Barcelona. No sé si el presidente Pujol creía que yo era el candidato idóneo para la ciudad condal, pero siempre pensé que lo que quería era apartarme de las otras dos opciones. De la de portavoz en Madrid porque, en relación a la de candidato a la presidencia de la Generalitat, ya habíamos pactado que sería para Artur Mas. Tanta era la insistencia, incluso pública, para que fuera el candidato a alcalde de Barcelona que me apresuré a declarar, en una entrevista a TV3, que no lo podía ser porque, si bien era la ciudad que me había acogido y en la que había formado una familia, la ciudad que yo llevaba en el corazón era Lleida. Me pareció que esta declaración era el mejor antídoto para rechazar razonadamente la propuesta de encabezar la candidatura de CiU en la plaza de Sant Jaume, es decir, al otro lado del Palau de la Generalitat. Después de esas declaraciones en TV3, cuando, interna o públicamente, se planteaba mi candidatura, la respuesta era siempre la misma. Si hasta en TV3 había dicho que no llevaba a Barcelona en el corazón, ¿cómo podría ser su alcalde? Mi argumento era: ¿no ven que es lo primero que me recordarán cada día los contrincantes políticos? Y hasta aquí mi opción de aspirante a la alcaldía de la ciudad más importante de Cataluña. No me hablaron nunca más de ello.

Durante mucho tiempo me pesó la lejanía que expresaban estas palabras con la ciudad de Barcelona. Nunca he olvidado mis orígenes y, por tanto, Alcampell y Lleida ocuparán toda mi vida un lugar preferente en mi corazón, pero Barcelona es una ciudad maravillosa en la que vieron la luz mis tres hijas y mi esposa. Siempre que voy por el mundo me identifico con la ciudad olímpica. Primero, porque es la mejor manera de que identifiquen tu procedencia, pero también porque quiero expresar el orgullo de ser uno de sus ciudadanos. Recientemente, leyendo el libro de Màrius Carol Els barcelonins (i les barcelonines), he llegado a identificarme, además, con las características que los definen: prudentes, a pesar de sus disparates; elegantes, pero últimamente un poco menos; golosos, pero no especialmente dulces; cosmopolitas y acogedores, a pesar de que tanto turista nos aturulla; tenaces y de picar piedra; un poco burlones, si bien nos tomamos la vida seriamente; narcisistas; un poco malhumorados sin llegar a sufrir úlceras; soñadores pero con los pies en la tierra, y progresistas que enseguida piden orden.

En todo caso, en aquel momento, después de rechazar la candidatura a la alcaldía de Barcelona, me ratifiqué en mis posiciones. Al presidente Pujol, y especialmente a su entorno, no le hacía ninguna gracia que yo fuera la cabeza visible de CiU en la política española. Demasiado protagonismo para un dirigente de Unió. Hasta tal punto era así, que un buen día del mes de marzo de 2002 me pidió que habláramos y compartió conmigo una serie de reflexiones sobre la posibilidad de que yo fuera el portavoz de CiU en Madrid, de que Convergència se quedara sin la presidencia de la Generalitat y, al mismo tiempo, de que los convergentes no consiguieran la alcaldía de Barcelona. En este caso, en su opinión, la coalición sería inviable por la ruptura del equilibrio. En la misma conversación me dijo: «Si te parece bien, preparo un documento que podríamos firmar los dos». Abierto a hablar y a ver el documento, di mi consentimiento para que lo preparara. Una y mil veces diré y repetiré que, a pesar de todo lo que se ha dicho y escrito, yo defendía la coalición tanto como el que más. Otra cosa es cómo entendía que debía funcionar.

Manuel Carrasco i Formiguera

Cambiemos de tema: he dicho en alguna ocasión y a menudo con la boca pequeña que me sacaban de quicio las alabanzas a Manuel Carrasco i Formiguera, quien fuera el líder más conocido de Unió en la Segunda República, por parte de determinados sectores políticos, en concreto de ERC. Como es de sobra conocido, Carrasco i Formiguera fue asesinado por orden de Franco. Y sí, por ello es un mártir víctima del franquismo. Sin embargo, fue cuestión de horas que no fuera un mártir del otro bando. Fue capturado en aguas del Cantábrico por un buque franquista cuando, vía Francia, tuvo que huir para llegar hasta el País Vasco. Y fue así por la incapacidad del Gobierno de la Generalitat, al que servía con lealtad. Avisado por Josep Tarradellas, Carrasco tuvo tiempo para huir, pero cayó después en otras manos asesinas. Companys era un irresponsable y un incompetente convertido al nacionalismo. Pero fue presidente de Cataluña y, además, presidente mártir. Ambas cosas merecen un respeto.

El 9 de abril de aquel mismo 2002, a las diez de la mañana comenzaba el acto en memoria de Manuel Carrasco i Formiguera que cada año celebrábamos en el cementerio de Montjuïc; dejadme decir que antes de trasladar los restos donde ahora reposan, el acto de homenaje se hacía, y no anualmente, en el cementerio de Sant Genís dels Agudells; Domènec Sesmilo era el alma de ese acto. Después, con Antoni Castellà como dirigente de los jóvenes —al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios— empezó a hacerse todos los años. Por tanto, los jóvenes eran los impulsores del acto. Dejé de asistir en el año 2015 después de leer las declaraciones de un nieto o bisnieto de Manuel Carrasco i Formiguera, en las que afirmaba que yo iba para sacar provecho de ello. Lo que peor me ha sabido a lo largo de los años de vida política es la actitud de algunos familiares del dirigente de Unió fusilado en Burgos en 1938. Y no hablo de discrepancias políticas porque se alinearan con el independentismo y yo no. Eso es más que respetable. Me refiero a las hostilidades personales.

A lo largo de mi vida política impulsé la Escuela de Verano Carrasco i Formiguera, organizada por el partido y por el Instituto de Estudios Humanísticos Miquel Coll i Alentorn, que fundamos con una eficaz e incansable Carme Drópez al frente. Tanto el Instituto como la Escuela fueron ejemplos de foros de debate y de reflexión política por encima del interés partidista. El nombre de Carrasco i Formiguera recorrió también el mundo al otorgar las medallas con su nombre cuya concesión anual impulsé. Desde Václav Havel, a quién se la entregamos personalmente en Praga, hasta el presidente del Parlamento Europeo Hans-Gert Pöttering, pasando por Yulia Timoshenko de Ucrania, Oswaldo Payá de Cuba, Ibrahim Rugova de Kosovo, Andrea Riccardi de la Comunidad de San Egidio y el expresidente italiano Francesco Cossiga recibieron el galardón. También, entre muchos otros, Xabier Arzalluz, el lendakari José Antonio Ardanza, sor Genoveva Masip, la Fundación Vicente Ferrer o el padre Hilari Raguer, por mencionar las personalidades más cercanas. Cuando Unió desapareció, la escisión independentista liderada por Antoni Castellà concedió la medalla —según explicaban algunas agencias de prensa— a la expresidenta de Òmnium, Muriel Casals —que, por cierto, había menospreciado a Unió al afirmar que nuestra opinión no contaba porque habíamos obtenido unos resultados residuales en la consulta del 9-N de 2014— y a las víctimas de la acción policial del 1-O de 2017. Nunca he pretendido utilizar a Carrasco i Formiguera; creo que lo he leído y estudiado lo suficiente para reivindicarlo. Y, sobre todo, como lo conozco bastante, sé que era un hombre con muchas facetas. No es el mismo el del Pacto de San Sebastián que el de la época del semanario popular L’Estevet, ni el del comisionado del presidente Macià para pactar con Madrid la sustitución de la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica para la Generalitat autonómica de la República española que el del «Amunt, avant, visca Catalunya Lliure».4 Con independencia del Carrasco que se quiera reivindicar, a mí me ha interesado siempre el patriota defensor del diálogo y del respeto a la legalidad y el enamorado de su esposa y de su familia. Sé que hay otras facetas del que fue líder de Unió y respeto a los que las quieren reivindicar.

Me quedo con lo que dije en la intervención en el Congreso de los Diputados del 27 de septiembre de 2005, cuando defendí que el Gobierno debía adoptar medidas para anular el consejo de guerra sumarísimo al que fue sometido. El Ayuntamiento de Barcelona había aprobado el 15 de julio de ese mismo año una moción promovida por nosotros que iba en la misma dirección. Además, se aprobó con el voto de todo el consistorio, como también se aprobó por unanimidad la que defendí en el Congreso. Como es sabido, Carrasco i Formiguera fue miembro tanto del Ayuntamiento barcelonés como de la Cámara de los diputados en Madrid. Ese día no quise entrar en exaltar su biografía, ya lo había hecho en otras ocasiones, y menos todavía en reivindicar su honor, que nunca perdió. Ese día únicamente destaqué su condición de humanista, de hombre de valores, de la persona leal y de convicciones firmes que amó profundamente a su esposa y a sus hijos. Recomiendo, pues, la lectura de las cartas que desde la cárcel escribió a su esposa, Pilar Azemar, que están publicadas con el título Cartes d’amor i de presó.

Memoria histórica

Desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados planteé solo dos cuestiones: reclamar justicia para Carrasco i Formiguera y compartir con la Cámara algunas reflexiones sobre la reconciliación. Justicia, reivindicando la anulación del sumario que condenó a muerte al dirigente catalanista. Reconciliación, en nombre de aquella tercera España que, según Paul Preston, Carrasco i Formiguera representaba. Quería incidir en el debate de la memoria histórica justamente para evitar, al evocarla, que la historia se repita. Así, acabé mi intervención apelando al hecho de que la vida y la muerte de Carrasco fueran en esos días una invocación permanente al encuentro, a la convivencia y al diálogo democrático. La necesaria recuperación de la memoria histórica debe garantizar siempre el respeto a las credenciales democráticas de unos y de otros, y obviamente me refiero a las que integran el Parlament actual. La memoria es muy personal y la historia debe ser analizada y contrastada por los historiadores, apartándola del debate ideológico. Siempre me ha gustado mencionar al profesor e historiador londinense, Tony Judt, claramente de izquierdas, cuando nos prevenía de la necesidad de huir de la remodelación del pasado por consideraciones políticas. A principios de la década de los noventa, en el Congreso, estaba esperando el ascensor junto con el diputado socialista Pablo Castellano y un bedel de la Cámara y amigo, Miguel Erraiz. Castellano lo había llamado y el ascensor tardaba en llegar. Miguel le dijo: «Don Pablo, es que tienen memoria», y Castellanos respondió: «Memoria no, resentimiento». No sé si los ascensores lo tienen, pero creo que a menudo sí hay demasiado resentimiento a la hora de recuperar la memoria histórica. Por eso mismo siempre me ha parecido que la historia real de la vida y muerte de Carrasco i Formiguera puede ser un buen antídoto para huir de las tentaciones de la manipulación.

En referencia a los debates sobre la memoria histórica, cuando el Gobierno socialista decidió, en el verano de 2018, la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, algunos diarios hablaron de una mediación de CiU entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la comunidad benedictina. Incluso Joan Herrera, el exdiputado de IC Verds, escribió un artículo en El Periódico en el que decía que había sido yo quien, a requerimiento de los monjes de Montserrat, había mediado y pactado una enmienda transaccional. Pues no hubo mediación de CiU y todavía menos por mi parte. El ponente de nuestro grupo parlamentario en esta ley fue Jordi Xuclà, y era él quien, en contacto conmigo, marcaba nuestra posición. Fue Jordi Pujol quien llamó a Xuclà para decirle que los monjes de Montserrat le pedían que fuéramos diligentes con lo que planteasen los benedictinos del Valle de los Caídos. A partir de ahí, quien marcó principalmente la pauta en esta cuestión fue Jorge Fernández Díaz, y tanto Xuclà como yo mismo teníamos la convicción de que Jordi Pujol también había intervenido. Si bien es cierto, pues, que no hubo ninguna mediación, también lo es el hecho de que se firmara una enmienda transaccional del PSOE-PP-CiU para que el Valle de los Caídos continuara siendo un lugar de culto y, por tanto, para que una parte de él no estuviera bajo el control de Patrimonio del Estado, sino de la Iglesia. Hay que decir que, en esta propuesta, también jugaba Ramón Jáuregui, el ponente del PSOE en la Ley de Memoria Histórica. Desde aquel día, Joan Herrera ha aprovechado cualquier oportunidad para explicar una inexistente defensa por parte de CiU, y sobre todo por la mía, de los benedictinos del Valle de los Caídos. ¡Nunca hablé con nadie de la abadía de Montserrat sobre esta cuestión!

Siguiendo aún con Carrasco i Formiguera, fue sorprendente que, a partir de la dolorosa ruptura interna de Unió, recibiéramos una carta teóricamente firmada por sus dos hijos, Raimon y Rosa Maria, en la que se decía que la familia no autorizaba a Unió a continuar usando su nombre ni a hacerle ningún homenaje. Incluso se pedía que se entregara a la familia la medalla Carrasco i Formiguera —que en esos momentos yo intentaba conceder al santo padre Francisco—. Había hecho llegar al jesuita todas las obras sobre Carrasco y me parecía que el hecho de haber sido un defensor de los jesuitas en la Segunda República era un motivo más que suficiente para pedirle audiencia con los hijos y entregarle el galardón. Obviamente no seguí adelante.

He dicho que teóricamente la carta estaba firmada por los dos hijos porque solo fuimos capaces de ver en ella una firma, la de la hija y, sobre todo, porque Raimon Carrasco i Azemar había dicho a Ramon Espadaler que cuantos más homenajes se hicieran a su padre, mejor. Lo que sí queda claro es que la hija, a pesar del buen trato que siempre había recibido por parte del partido y de su dirección, se mostraba entonces extremadamente beligerante con nosotros. Muy lejos del espíritu de su padre, Manuel Carrasco i Formiguera, que yo evocaba cuando intentaba anular su juicio en las Cortes. ¡Qué se le va a hacer! Además, Rosa Carrasco ya ha dejado este mundo y a pesar de todo creo que sentía afecto hacia mí. Toni Castellà, del mismo partido que Rosa después de la división de Unió, me envió un mensaje para comunicarme el fallecimiento. Decía: «A pesar de todas las diferencias, continúo pensando que te quería mucho». Le contesté expresando mis condolencias y añadí que yo también la quería.

Seguimos negociando

A ese homenaje a Carrasco del año 2002 en Montjuïc llegué un poco tarde porque había tenido una reunión con Pujol; en ella, el presidente me puso un papel sobre la mesa que leí con atención. Me quiso aclarar que solo sabríamos de su existencia él, yo y su esposa, que era quien lo había escrito a máquina. De hecho, el documento firmado, que guardo cuidadosamente, dejaba claro el temor de que se hiciera público, porque afectaría negativamente a la imagen de Convergència i Unió y le restaría posibilidades políticas y electorales. Tras leerlo detenidamente, lo firmé. Pujol se quedó una copia, otra me la quedé yo y una tercera se la quedó el notario Josep Maria Puig Salellas, presente al final de la reunión, no como notario, y menos aún para dar protocolo al acuerdo, sino como persona de confianza de ambos. Hay que decir que Pujol era quien le tenía confianza, porque yo no había tenido prácticamente relación con él. Así pues, en el documento se decía que en el caso de que no ganáramos la alcaldía ni la presidencia de la Generalitat, como yo sería presidente-portavoz de CiU en Madrid y secretario general de CiU, este último cargo pasaría a CDC y Unió asumiría la secretaría general adjunta.

Firmé el documento porque, a pesar de los ríos de tinta que se han vertido sobre mi deseo de volar la coalición por los aires, yo creía en ella firmemente. También sabía, sin embargo, que no tendría ningún problema en ser jefe de CiU en Madrid en nombre de la coalición, como era igualmente consciente de que Convergència no tenía otro remedio que aceptarme si querían a Mas como candidato de CiU a la Generalitat. Nunca se lo dije a nadie de Unió, no porque me lo pudieran criticar —que lo habrían hecho—, sino por la palabra dada de no hacerlo. Además, tenía la impresión, por no decir convicción, de que el contenido del documento venía inspirado por alguien del entorno de Pujol y no por él mismo, y que, por tanto, ya veríamos qué pasaría si un día se cumplían las previsiones que el papel describía. En todo caso, si se llegaba a hacer realidad esa triple circunstancia —CDC sin alcaldía de Barcelona y sin presidencia de Cataluña y Unió dirigiendo la política española—, Unió siempre podría rechazar el pacto personal con el presidente Pujol y no aceptar su contenido. No debía ir mal encaminado, porque las posibilidades previstas en el documento se confirmaron y lo que constaba en él no se aplicó y nadie lo pidió. Artur Mas fue el jefe de la oposición en el Parlament de Cataluña de 2003 a 2010; Xavier Trias, jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona de 2003 a 2007, y yo fui jefe de CiU en Madrid de 2004 a 2015 y secretario general de CiU de 2001 a 2014. Es decir, la secretaría general de CiU no pasó a manos de CDC.

Las crisis entre Unió y CDC no siempre se producían por diferencias a la hora de elaborar las listas electorales municipales. En algún caso, como en el verano del 98, cuando se discutió si Unió podía ir de número dos detrás de Jordi Pujol en la lista del Parlament de Cataluña, o la que provocó mi dimisión del Gobierno de la Generalitat en febrero de 2001, tenían como trasfondo el escenario del postpujolismo. Otras crisis obedecieron a diferentes motivos: la pluralidad del catalanismo, nuestra posición contraria al hecho de que el nacionalismo fuera una ideología, la necesidad de defender una opinión ideológica que perfilara el modelo de sociedad, la promoción de una política unitaria de los partidos catalanes para afrontar el incremento del autogobierno, la necesidad de cohesión social priorizando la defensa de todas y cada una de las personas independientemente de la lengua que hablaran, etc. Desde el primer día de vida en común, entre CDC y Unió se salvaguardó que Unió tuviera libertad de voto para defender una propuesta federal para España y las cuestiones ligadas al humanismo cristiano. Eso hizo que nuestros votos fueran diferentes en cuestiones como, por ejemplo, la defensa de la vida o el matrimonio. Había diputados y diputadas de CDC que votaban como Unió o que se quedaban a medio camino, y en otros temas lo hacíamos en sentido contrario y no pasaba nada.

Inmigración y familia

Nosotros nunca avalamos el aborto libre y, en el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo, tampoco votamos a favor. En cambio, éramos defensores de una política clara a favor de las familias. Además, fuimos los primeros en todo el Estado, con Núria de Gispert como consellera de Justicia, en regular las parejas de hecho y garantizar los derechos civiles que generaba la convivencia independientemente del sexo de las personas. Los medios de comunicación dijeron que esta legislación había comportado reproches del Vaticano al presidente Pujol. A mí, en todo caso, nunca me dijeron nada desde el Vaticano, a pesar de que de vez en cuando diversos dirigentes de la DC italiana, y en particular el presidente de la República, Francesco Cossiga, hacían de enlace con la secretaría de Estado del Vaticano o me preparaban reuniones. La última se concertó a través del expresidente del consejo de ministros, Enrico Letta, por el interés que tenían en hablar sobre lo que estaba sucediendo en Cataluña con el procés. Huelga decir que, por nuestra posición sobre las cuestiones del ideario democristiano, siempre nos llovieron toda clase de críticas que nos desterraban al infierno del inmovilismo. Nos calificaron de retrógrados y, claro está, de reaccionarios. Curiosamente, la posición que nosotros defendíamos, por ejemplo, en materia de matrimonio de personas del mismo sexo era clavada a la que defendían en Europa los socialistas franceses o los alemanes. Rodríguez Zapatero, más radical que socialista, fue pionero en esta legislación. En cambio, ni él ni los otros se hicieron nunca eco de nuestra posición en defensa de la familia y a favor de políticas de natalidad. Si el cardenal Tarancón estuviera vivo, quizá ahora valoraría la necesidad de una democracia cristiana fuerte con representación parlamentaria.

En particular, la falta de políticas a favor de la familia y en pro de la natalidad ha sido uno de los grandes errores de la democracia española. Soy de los que consideran que el debate sobre demografía no es tan solo económico, y afirmo que tiene más profundidad ideológica. Pero es cierto que actualmente tiene incidencia, entre otros ámbitos, principalmente en el debate de las pensiones o, en otro sentido, en el de la inmigración. En los tiempos de la vieja política, por utilizar el lenguaje de Podemos, hemos tenido una izquierda que se sentía moralmente superior: con facilidad nos expulsaba urbi et orbi del paraíso del progresismo y de la democracia, y lo reservaba arbitrariamente para sus postulados. Reflexiones como «aquí no cabemos todos», hoy utilizadas en Italia por la izquierda democrática en referencia a la necesidad de una inmigración regulada —no las del Salvini de la Liga Norte—, peticiones como «la necesidad de que el inmigrante conozca nuestra cultura y por tanto nuestras fiestas» —amparadas por la centralidad política alemana o por la canadiense— o incluso constataciones en relación con la demografía, con la denuncia de la falta de políticas a favor de la familia diciendo que en Palafrugell «hay o habrá pronto más Mohammed que Jordi o Joan» provocaron que, por ejemplo, Iniciativa per Catalunya descargara contra mí todo tipo de descalificaciones y despropósitos. La sociedad española debe ser consciente de que no tenemos suficiente población para atender nuestras necesidades y, sobre todo, de que nos hemos vuelto muy señoritos; ahora nos va bien que ciertos trabajos los haga la gente de fuera, y de pasada, en muchos casos, si se les puede pagar menos, pues mucho mejor. ¡No seamos hipócritas! Pero de la misma manera que es necesario asumir el hecho migratorio, también se debe ser muy consciente de las dificultades, en muchos casos, de su integración. Y sobre todo, se debe entender que, por grande que tengamos el corazón, no podemos acoger a todo el mundo. Debemos ayudarlos en su propia casa. En pocos años, a las puertas de Europa habrá una población enorme de jóvenes africanos. Las estadísticas dicen que una mujer en Níger tiene más de siete hijos de media… El de la inmigración es un debate que se debe afrontar huyendo tanto como sea posible del populismo y del buenismo. La solución es compleja y no pasa por que cada estado aplique la suya, sino por una política común en el seno de la UE.

Para mí, un inmigrante es en primer lugar un ser humano, y como tal se le debe tratar. Por eso discrepé de las medidas del PP en el ámbito de la asistencia sanitaria a la inmigración no legalizada. Pero la mejor ayuda que se le puede ofrecer es intentar hacer que no tenga la necesidad de abandonar su hogar. Por lo tanto, se debe cooperar con los países de origen, no explotarlos. Este era el motivo de otra frase mía criticada públicamente por la izquierda. Dije —y lo sigo pensando— que la «gente no viene por ganas, sino por hambre». Está claro que siempre hay excepciones, pero estoy hablando de los grandes aludes migratorios, de la gente que se juega la vida atravesando el Mediterráneo, de los que pagan a las mafias el dinero que toda una familia puede reunir para intentar que uno de los suyos llegue a la tierra prometida, con la esperanza de que un día los pueda reagrupar en un próspero país europeo. En definitiva, me refiero a los que no se irían de casa si en sus países tuvieran garantizadas las condiciones básicas de alimentación, de sanidad, de trabajo y de seguridad.

La Unión Europea no ha sabido hasta el momento afrontar el gran reto de la inmigración procedente del África subsahariana. Se necesita un gran plan Marshall que garantice el desarrollo económico y el progreso democrático, económico y social de esos países. Utilizo el plan Marshall solo como metáfora, consciente de lo que fue aquel plan y de que no es exactamente lo que África necesita. Tampoco los motivos que impulsaron la ayuda de los Estados Unidos a Europa pueden ser los que impulsen y justifiquen la ayuda de la Unión Europea en África. Pero si no hacemos nada, lo peor está por venir. Y mientras tanto hay que intentar regular la llegada de estas personas colaborando, si se puede, con los países de origen. Con Senegal, en la época de Rubalcaba, se hizo bien. Tuve la oportunidad de visitar ese país y comprobarlo in situ. Se ha hecho con Marruecos y se debe insistir. Y con otros países del Sahel, Malí, Chad… Cuidado con los debates políticos sobre inmigración. No se pueden descalificar a las primeras de cambio reflexiones como estas en nombre del santo progresismo. No se pueden disfrazar la realidad con un buenismo ineficaz. Y tampoco se puede utilizar estas reflexiones para transitar hacia el racismo y la xenofobia. España ha llevado bastante bien hasta ahora el debate migratorio. Es una de las razones por las que no hemos tenido partidos de extrema derecha que icen la bandera del odio. Habrá que ver ahora qué da de sí la aparición de Vox como fuerza parlamentaria en Andalucía.

Pero volviendo a lo que decía: nuestra posición en términos de familia o de derecho a la vida no comportaba ninguna crisis entre los dos partidos integrantes de la coalición. En cambio, sobre la estructuración del Estado, a pesar de estar pactado desde los orígenes que Unió podía tener posición propia, hubo más de una crisis. Y no es necesario decir que, en el fondo, la ruptura final de la federación de Convergència i Unió se presentó por las posiciones contrapuestas en este terreno de los dos partidos, o al menos entre CDC y una parte mayoritaria —pero no única— de Unió. La independencia unilateral defendida por CDC, del bracito de ERC, era la antítesis de la idea de pacto subyacente en el concepto federal o en el confederado, por citar las dos propuestas que Unió ha defendido a lo largo de su historia.

La articulación del Estado: ¿federalismo, pluralidad, pujolismo?

En 1931, Unió nació con una apuesta por la confederación ibérica, es decir, incluyendo Portugal. No creo que ninguno de los fundadores de Unió tuviera en cuenta la voluntad de los portugueses, pero así se prescribe en el manifiesto fundacional. En vísperas de la recuperación de la democracia en los primeros años de la Transición nos volvimos federalistas. Eran los tiempos en los que entré en Unió. A principios de los años ochenta, volvimos a ser confederales y así fue hasta el final. Pero no nos engañemos: España no es Suiza, y no lo es por muchas razones, entre otras —y al margen de entrar ahora en el debate sobre si Suiza es realmente una confederación o una federación— por las posibles unidades que integrarían la Confederación. Aparte de Cataluña, ¿quién estaría? El País Vasco, Galicia, ¿y el resto? ¿El resto sería Castilla? ¿España? Y Andalucía, ¿qué diría? ¿Y Aragón, o Valencia, o las islas? ¿O es que con la propuesta confederal nos atribuimos la decisión de estas realidades históricas? Por lo que digo ya se puede suponer que nunca he considerado viable la confederación. Eso sí, cada dos por tres en Unió se proponía hacer un grupo de trabajo para articular una propuesta, a pesar de que muchos de los que la planteaban no sabían realmente de qué estaban hablando.

En todo caso, en el Senado se reflejaron en dos ocasiones las discrepancias existentes entre CDC y Unió en cuanto a la articulación del Estado. Cuando fue vicepresidente de la cámara alta, con el PP en el Gobierno, Joan Rigol propuso una reforma del Senado que realmente permitiera una singularidad en Cataluña y también en otras comunidades autónomas en función de elementos específicos de identidad. Era el primer trimestre de 1998 y tenía el apoyo absoluto de Unió. Rigol me había hablado muchísimo sobre este planteamiento para reconocer de manera institucional la especificidad y la singularidad catalanas en el seno del Estado. Era bueno. Habíamos hablado, además, en el comité de enlace con CDC, y aunque no les entusiasmaba, nunca se posicionaron en contra. Pero Pujol lo menospreciaba, y eso nos llevó a las habituales declaraciones y contradeclaraciones políticas que evidenciaban diferencias en el seno de CiU. Lo más grave no era que, cuando el presidente Pujol hablaba conmigo, me dijera que no quería perder ni un segundo con la propuesta de Joan Rigol. Lo más grave fue que lo trasladara así al presidente Aznar en más de una ocasión, y eso debilitó cualquier posibilidad de que la propuesta de Rigol siguiera adelante. ¿Qué interés debería tener el PP en aceptar la reforma Rigol si tampoco la asumía el que mandaba realmente en CiU, es decir, Jordi Pujol?

El Senado fue también el marco de otra crisis entre los dos partidos, en este caso más ruidosa. Fue con motivo del uso del catalán en la cámara. CDC había pactado con el PSOE limitar el uso del catalán a la comisión de autonomías, y en cambio Unió quería que se pudiera hablar con naturalidad en todos los debates plenarios. Era el primer periodo de sesiones de 1994. Con la decisión tomada por el comité de gobierno de Unió de votar en contra, con el consenso previo con Joan Rigol, viajé a Santiago de Chile para asistir a la toma de posesión del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En mi ausencia, Miquel Roca habló con Josep Sánchez Llibre, portavoz adjunto de CiU en el Congreso, y le advirtió de que el presidente Pujol no estaba dispuesto a aceptar que se produjera en el Senado un voto diferenciado entre CDC y Unió. A Pujol no le preocupaba que se votara por separado en el Senado: lo que realmente le molestaba era que nosotros, por defender el catalán, dejáramos a CDC «con el culo al aire». La crisis provocada por esta votación fue importante. A la prensa trascendió que Pujol quería hablar conmigo y que, como no me encontraba, preguntó a Josep Sánchez Llibre en qué hotel me alojaba para llamarme allí. Sánchez le respondió que no lo sabía. Pero lo que sí sabía es que habíamos dejado muy claro antes de mi partida que, una vez tomada la decisión y hecha pública, no tenía marcha atrás y, por tanto, que los senadores de Unió votarían en consecuencia. Si Pujol hubiera hablado conmigo, muy posiblemente me habría acabado convenciendo con una de sus habituales escenas de sofá, aunque en este caso él estuviera sentado en el Palau de la Generalitat y yo a miles de kilómetros de distancia.

La realidad es que la democracia española no ha sabido expresar el respeto que el reconocimiento del catalán merece. Si lo hubiera hecho, habría permitido a muchos catalanes sentirse más respetados e implicados con España en su conjunto y en su condición de españoles. La especificidad nacional catalana es cultural, y tiene en la lengua la base fundamental. Hay realidades y procesos nacionales en los que el idioma no ha sido el fundamento más importante: es el caso de Irlanda, de Escocia o del propio País Vasco. Pero para Cataluña, como en Flandes, la lengua es una cuestión esencial. Siempre he dicho a los dirigentes políticos, económicos y sociales españoles que era lo primero que debían tener en cuenta para entender Cataluña si realmente la querían integrada en España. Confieso que no he tenido éxito.

A lo largo de estos últimos años, cuando el proceso independentista apostaba claramente por la unilateralidad, en conversaciones en la Moncloa con la vicepresidenta reclamé a Soraya Sáenz de Santamaría sensibilidad por la lengua catalana una vez más. No se trata únicamente de que tenga un reconocimiento constitucional. Lo tiene tanto en la Constitución como en el Estatuto, a pesar de que para algunos es insuficiente y para otros excesivo. No se trata solo de que el catalán pueda ser utilizado por los catalanes en Cataluña, sino que también tenga reconocimiento fuera. Si Cataluña es España, España debe asumir el respeto y el formato de la diversidad que eso comporta, entre otros aspectos, en los terrenos lingüístico y cultural. Pero no se ha hecho nunca, al contrario. A Soraya Sáenz de Santamaría le decía: «Haz unas declaraciones un día constatando que no tiene sentido que haya más cátedras de catalán en las universidades de Alemania que en las de España». Parecía entenderlo, pero nunca hizo ni el más mínimo gesto de complicidad. Vistas las acusaciones que después le hicieron en el marco de las primeras primarias del PP, ¡solo le habría faltado defender el catalán! Pero eso no ha pasado solo con el PP. Con los Gobiernos de Rodríguez Zapatero me harté de plantearlo. El diario de sesiones del Congreso de los Diputados da fe de ello; pero nunca pude encontrar cooperación ante esta demanda.

La España castellana no asume la pluralidad lingüística del Estado. Con más o menos satisfacción, acepta que el catalán se normalice en Cataluña, a pesar de que algunos querrían que su uso se redujera al ámbito familiar. Incluso preguntan con sorpresa si en casa lo hablamos con normalidad. Cuando Aznar ganó las elecciones de 1996, organizamos algún almuerzo o alguna cena con nuestras esposas respectivas: en su casa de La Moraleja, en la Moncloa y en Vall d’Aran en un apartamento que alquilaban en el edificio donde nosotros tenemos uno. De hecho, recuerdo haberle dicho medio en broma que allí su presidente era yo, por el hecho de que yo era entonces el presidente de la comunidad de vecinos. ¡Presidente del presidente! En alguno de esos encuentros, pues, y con mucha naturalidad —y hay que decir que con mucho respeto—, nos preguntaron si hablábamos en catalán con nuestras hijas. A mí no se me ocurrió preguntarles si hablaban en castellano con los suyos.

El día en que haya un clima político y social diferente, esta es una cuestión que habrá que abordar en el debate territorial. Mientras los dirigentes políticos y sociales por todo el Estado no sean conscientes de ella y no proyecten esta sensibilidad que reclamo, continuará existiendo la percepción en algunos sectores de la ciudadanía catalana de que en España no se la quiere tal como es. En la actualidad, eso será más difícil con la resaca de la declaración unilateral de independencia y las consecuencias de todo el procés. Incluso dentro de Cataluña. Hay mucha gente castellanohablante que ha hecho renuncias para sentirse integrada en un proyecto catalanista inclusivo. Hoy en día, una parte de estas personas consideran que el proyecto que se defiende las excluye. El independentismo no es lo suficientemente consciente del daño que ha hecho a la causa nacional catalana.

Pero antes de que todo esto llegara —cuando CiU gobernaba—, nosotros también deberíamos haber mostrado otras sensibilidades. En octubre de 1988, el presidente Pujol hizo unas declaraciones en las que decía que Cataluña era una nación y España no. Yo también había dicho años atrás una cosa parecida sobre España, pero estaba equivocado. A partir de aquellas declaraciones de Pujol, dije que, efectivamente, Cataluña era una nación, pero no negué esa condición de nación a España. Declaré a COM Ràdio, entonces la emisora de la Diputación de Barcelona, que no se podía decir que España solo era una superestructura porque existían vínculos históricos, y que muchas personas, en Cataluña también, tenían el sentimiento de España como una nación.

Diarios como el ABC o El Mundo destacaron una frase mía: «Deseo una España en la que me pueda sentir español siendo catalán». Además, El Mundo publicó un artículo de fondo en el que venían a decir que, sin contradecir a Pujol y afirmando lo mismo, yo lo exponía de una manera más accesible para los que ven Cataluña de lejos. El artículo acababa señalando: «La manera como Pujol ha planteado esta cuestión ha levantado ampollas en muchos sectores, y lo ha hecho de manera innecesaria. La forma de Duran es diferente. Este planteamiento ya no es tan fácil de descalificar como el de Pujol. Es una cuestión de savoir faire. Duran dice lo mismo, pero es difícil que haya gente que se sienta ofendida, excepto los que siempre se sienten, se diga lo que se diga… Hacer las cosas como las hace Duran quizá es más efectivo que la manera de hacer de Pujol». Pues no: mi manera de entender España y de respetarla, de decir las cosas, de hacerlas, no ha resultado ser mucho más efectiva. Y quiero recordar que este debate tenía lugar en 1998, cuando CiU, y por tanto Pujol, daba apoyo al Gobierno del PP y años después de que él mismo recibiera del diario ABC el título de Español del Año por sus contribuciones al conjunto de España, que las hizo, y muy importantes, antes y después de 1984. Siempre había estado convencido de que, dejando de lado los méritos propios para la concesión de dicho título, Rafael Ansón, el hermano del director del periódico cuyos servicios profesionales había contratado la Generalitat y en concreto el departamento de Presidencia, no había sido ajeno a la decisión. Sin embargo, no fue hasta después de leer la primera edición de mi libro que Luis María Anson me explicó cómo pasó realmente. Quien fuera director del ABC me comentó que la idea de conceder el título de «Español del Año» a Jordi Pujol surgió en una conversación que el periodista y académico había mantenido con don Juan de Borbón y que después se había sometido a votación en la redacción del periódico.

Nosotros, es decir, el catalanismo, hemos cometido errores en relación a la construcción de un proyecto común con el conjunto de España, pero los dirigentes españoles han cometido tantos o más. Continúan siendo incapaces de construir un proyecto que vaya más allá de una España jacobina. Claro que, hablando del jacobinismo español, siempre me viene a la cabeza aquella leyenda sobre la guerra de la Independencia contra los franceses. Explica que, en el año 1808, un muchacho de Santpedor —el pueblo del futbolista Pep Guardiola— consiguió, repicando un tambor, que la reverberación del sonido hiciera creer a los franceses que había más soldados catalanes de los que realmente eran, de manera que los de aquí acabaron ganando la batalla. Hay quien dice, con sorna, que si en vez de tocar el tambor se hubiera tocado otra cosa, ahora seríamos franceses y no españoles. Si hablamos de una visión jacobina del Estado y del reconocimiento a la pluralidad cultural, lingüística o nacional, es evidente que habríamos salido perdiendo. Si lo que se quiere es hablar de otras cuestiones, seguro que habría opciones para todos los gustos, y todas razonables. Mi opinión sobre Francia es altamente positiva. Es un gran país. Su grandeur me fascina y su solidez institucional siempre me ha seducido. En las últimas elecciones presidenciales, la República francesa entendió que había que hacer lo que fuera para evitar la victoria de la señora Le Pen y, sobre todo, para que Fillon no llegara a la final. La República entendió que con él ganaría la dirigente del Frente Nacional. Esas semanas, de la mano de Enrico Letta, conocí la profundidad republicana en Francia. No había nadie relevante que apostara por la hija del fundador del Frente Nacional. ¡Muy significativo!

En relación a España, y sobre el hecho catalán, se ha de decir que tan incapaces han sido los gobernantes españoles de los tres últimos siglos y las élites españolas como lo hemos sido desde el catalanismo cuando hemos desaprovechado, en más de una ocasión, implicarnos hasta los tuétanos para construir una España diferente. La insensibilidad hacia la pluralidad lingüística de España se ha movido desde la falta de sensibilidad por las lenguas diferentes al castellano en el Senado a la obstrucción de un detalle tan simple como la presencia de diversas lenguas oficiales en la impresión del papel moneda. ¿Por qué no puede haber traducción simultánea en el Senado? ¿Por coste excesivo? ¿España aceptaría que el presidente no dispusiera de traducción al castellano en el Consejo Europeo por razones presupuestarias? ¿Por qué no se imprimieron los billetes —cuando eran pesetas— en castellano, catalán, euskera y gallego? ¿Por qué no hacer lo que hacen los suizos? ¿Hay tanta alergia a la pluralidad que ni siquiera en las placas de las matrículas se ha podido conseguir una solución como la de Francia, país que no es precisamente un modelo de estado descentralizado?

En el caso del PP, siempre me sacó de quicio su posición con respecto a la lengua que se habla en la Comunidad Valenciana o en la Franja aragonesa. En Valencia llegué a tener problemas; un ejemplo: la Fundación Profesor Manuel Broseta me invitó a pronunciar una conferencia y me ponía la condición de que la hiciera en castellano. Me negué, y no por tener ningún prejuicio a hablar en castellano, sino por el sentido político que implicaba la condición. No querían reconocer una unidad de la lengua que han avalado universidades y academias de la lengua, incluida la española. Siempre recordaré también que, en Torrent, en otra conferencia, ante una pregunta impertinente sobre la lengua, contesté: «No se preocupe, hable valenciano, que yo lo entiendo muy bien». En el caso de la Franja, el despropósito más grande que he visto en materia lingüística se dio con la famosa LAPAO (lengua aragonesa propia del área oriental) de la ley de lenguas del Gobierno aragonés, presidido por Luisa Fernanda Rudi. Por otro lado, siempre he procurado tener una posición muy prudente en relación con lo que afectaba a lo que un sector nacionalista llamaba Países Catalanes. Conozco bien los sentimientos de la ciudadanía de la Franja de Aragón, y me parece que entiendo los de los valencianos. Por eso mismo nunca consideré oportuno que hiciéramos política en Valencia o en la Franja. Otra cosa era la hermandad o la solidaridad con grupos o partidos que compartieran nuestros planteamientos socialcristianos. ERC tenía —y seguramente sigue teniendo— organización política en Valencia y en las Islas Baleares. Es un error. Y también consideré un error que Convergència se constituyera como partido en la Franja de Aragón. Ni los unos ni los otros, ni en Valencia ni en Aragón, tendrán nunca un apoyo significativo y, en cambio, lo que hacen es por un lado entorpecer a las organizaciones políticas que, desde Valencia o desde la Franja, entienden la identidad catalana de sus lenguas, y por otro, dar argumentos de pancatalanismo a partidos como el PP o la UPV en Valencia y al PP o al PAR en Aragón.

Es como la cuestión de la denominación de los Países Catalanes. Lo importante no es la opinión que desde Cataluña tengamos sobre si existen o no, incluyendo Valencia o la Franja. Lo que cuenta es saber y respetar si la gran mayoría de los valencianos y los aragoneses de la Franja se identifican y desean pertenecer a los Países Catalanes. Y la respuesta, guste o no, es que quizá una parte de la población es consciente del patrimonio común, especialmente en el ámbito lingüístico, pero que eso no impide que se sientan valencianos o aragoneses. Lo que se debe hacer es respetarlo. Y ya que hablamos de Aragón, ¿por qué nos cuesta tanto utilizar el nombre de Corona de Aragón? ¿Por qué se niega esta realidad histórica? Está claro que la Corona de Aragón tenía reyes catalanes, está claro que se organizaba como una confederación catalanoaragonesa, pero ¿por qué empecinarse en ignorar que la Corona fue siempre Corona de Aragón?

El 4 de abril del año 2000 se presentó la exposición «Aragón, reino y corona», que abrazaba siete siglos de historia desde la creación del condado aragonés en la Baja Edad Media hasta el esplendor de la monarquía con el reinado de Fernando el Católico. La inauguró el rey Juan Carlos y asistieron los presidentes de Aragón, de Valencia y de Baleares. El presidente Pujol no quiso ir y tuve que ir yo como conseller de Gobernación y Relaciones Institucionales. Tampoco fuimos muy inteligentes con el pleito de los bienes religiosos de la Franja. Cuando Marcelino Iglesias presidió Aragón fue posible un acuerdo para gestionar conjuntamente un museo con dos sedes. Entonces fuimos nosotros los que nos negamos. Y cuando digo nosotros me refiero al Gobierno de Cataluña, un ejecutivo de CiU. Personalmente, era partidario de sacarlo adelante y así lo defendí, pero, como al final me negué, soy tan responsable como el que más de que no se aceptara la propuesta del presidente aragonés.

La ley de normalización lingüística y luchas por el poder

De la misma manera que la defensa del catalán en España trajo discrepancias entre CDC y Unió por el hecho de votar diferente en el Senado, también comportó la tramitación de la reforma de la ley de normalización lingüística en Cataluña. Además, las crisis entre Unió y CDC se amplificaban en todo el Estado desde que la coalición tenía un papel decisivo en la política española, primero con el apoyo al último Gobierno de Felipe González —de 1993 a 1996— y después en la investidura y primera legislatura del Gobierno de José María Aznar. En este caso, Unió tenía reservas sobre la propuesta elaborada por la conselleria de Cultura, al frente de la cual estaba Joan M. Pujals. En el Govern, y a través de sus consellers, Unió manifestó su apoyo a la tramitación del proyecto de ley y pidió que se hiciera a través del procedimiento de ponencia única. Éramos partidarios de reforzar la normalización del catalán y por eso queríamos que se sacara adelante. Pero también nos parecía que se debía hacer con un gran consenso entre las fuerzas políticas catalanas.

Por este motivo aprobamos la tramitación al Parlament por la vía de ponencia única, que permitía que cada grupo parlamentario aportara su posición. De esta manera, del conjunto de las aportaciones saldrían los denominadores comunes. Estas posiciones me llevaron el 21 de febrero de 1997 a hacer unas declaraciones en las que decía: «Olviden los criterios del Govern. Lo que contará será el de la ponencia conjunta». Solo quería favorecer el consenso, pero esto fue considerado por Pujol como una muestra de deslealtad con el Govern por mi parte en nombre de Unió. Pujol, que estaba de viaje por Centroamérica acompañado por su esposa, Marta Ferrusola, hizo unas declaraciones desde Guatemala. Entre otras cosas, dijo: «Esperaba que fuera una mala transcripción, porque en caso contrario sería muy grave esta falta de solidaridad de Unió». La mujer del presidente —no era la primera vez ni sería la última— aprovechó el contacto con la prensa para tratarnos a la baqueta. Con todo, lo más polémico de la presencia de Marta Ferrusola en aquel viaje fueron unas declaraciones suyas en las que afirmaba que uno de los objetivos de su visita a México era «hacer gestiones relacionadas con su negocio de jardinería». Tanto el PSC como IC Verds presentaron en el Parlament una batería de preguntas sobre esta cuestión.

El día 27 de ese mes, yo estaba en Mallorca participando en el congreso de Unió Mallorquina, y la prensa me preguntó mi opinión sobre lo que había dicho Pujol. ¡Yo no sabía nada! Me sorprendió lo que los periodistas me decían sobre las declaraciones del presidente y me limité a decir que si discutíamos sobre lo que leíamos en los diarios acabaríamos mal, y que hiciéramos un esfuerzo por debatir sobre palabras reales y no sobre interpretaciones. Airadamente, Pujol me emplazó en público a que rectificara, pero yo consideré que no era necesario. Para acabar de estropearlo, el presidente, ya de vuelta en Cataluña y de viaje por Perpiñán con el conseller de Cultura, mi buen amigo Joan M. Pujals, hizo que este anulara una reunión con Joan Rigol, como presidente del consejo nacional de Unió y como exconseller de cultura, y conmigo mismo. Pujals la había convocado inicialmente para hablar de la ley. Rigol declaró después que la decisión de Pujals había sido «poco atinada» y que demostraba «infantilismo». Era obvio, sin embargo, que la decisión del conseller fue inducida por el presidente Pujol.

En el fondo de la polémica había tres cuestiones: la lengua, la manera de hacer de Pujol —y la mía, claro— y la sucesión del presidente. Siempre defendimos la lengua catalana, siempre, pero nunca quisimos que fuera la causa de una fractura social. «Todas las personas cuentan, hablen castellano o catalán, vivan en Trinitat Vella, en Vic o en Almatret», acostumbraba a recordar. Además, Unió creía que había un exceso de tics intervencionistas y reglamentistas sobre la lengua que se podían corregir. Pero, sobre todo, mi apuesta en este y en otros temas que configuran nuestra personalidad colectiva era la de defender que debíamos abordarlos con el máximo grado de unidad posible entre las fuerzas políticas catalanas, cosa que nunca fue del agrado del presidente Pujol.

Si a la hora de defender la lengua lo hacíamos todos unidos, con la mayoría de los partidos —o al menos con el socialismo catalán, el adversario principal—, el resultado sería que todos diríamos, defenderíamos y haríamos lo mismo. Por tanto, el nacionalismo pujolista se quedaba sin argumentos para la necesaria confrontación política. Esto pasaba igualmente cuando intentábamos trabar unidad entre los partidos para defender el autogobierno. O cuando Joan Rigol, como conseller de Cultura, acordó el Pacto Cultural con el PSC y las instituciones que controlaba. En este caso, una revuelta iniciada por la Diputación de Tarragona, con el entrañable amigo Josep Gomis al frente, le costó a Rigol su cargo y tuvo que dimitir —una decisión que no gustó al presidente (siempre he tenido el convencimiento de que Gomis actuó a requerimiento de Pujol)—. Además, si con autogobierno, lengua, cultura, etc., se daban pactos o frentes comunes, el debate político se tenía que centrar sobre todo en el modelo de sociedad. Esto exigía una definición, hecho que dificultaría la ambigüedad y por tanto la condición de Pujol como piedra angular de CDC. Es decir, en su partido, y con el objetivo de defender Cataluña, cabían prácticamente todos. Sin embargo, si esto no era exclusivo de CDC, sino un denominador común de todos o de la mayoría de los otros partidos, entonces se debía hablar de proyecto ideológico, y es obvio que en el seno de un mismo partido había diferencias abismales.

Como ya he dicho, la segunda de las cuestiones que se detectaban detrás de aquella pelea doméstica eran las maneras de hacer del presidente Pujol. Y lo reitero: ¡las mías también, claro está! En aquella ocasión, el presidente Pujol consideró que yo le había echado un pulso y, como yo no acepté rectificar lo que me pedía, se aireó públicamente. No era la primera vez que pasaba. En el año 1996 pronuncié una conferencia muy polémica en La Ampolla sobre la renovación de las bases del nacionalismo. En relación a lo que dije siempre recordaré artículos de Puig Salellas, de Joan Guitart y de otros —todos pujolistas muy respetables— en los que venían a decir que quizá sí que se debía revisar algún planteamiento del nacionalismo, pero que yo no era nadie para hacerlo: eso solo podía hacerlo Jordi Pujol, el presidente. No es necesario que añada que estoy más que convencido de que ninguno de esos artículos se publicó sin el visto bueno presidencial.

Eran tiempos en los que se llegó a decir que el único discurso alternativo al pujolismo lo hacía yo. En esta línea, recuerdo un artículo del periodista Rafael Jorba —a quien respeto muchísimo y quien para mí es una pluma de referencia en el análisis político de lo que pasa en Cataluña, España y Europa—. Era cercano al socialismo democrático y, por tanto, su reflexión tenía el valor complementario de que me otorgaba a mí el rol de alternativa al pujolismo en vez de a los suyos. No sé si esta consideración era acertada o no, pero, al menos en el ámbito interno, sí debo decir que yo era quien discrepaba con respeto y afecto de alguna de las posiciones del presidente. Una vez desaparecidos de la primera línea política Trias Fargas, Miquel Roca, Josep M. Cullell o Macià Alavedra, esto era todavía más visible.

Liderazgos discutidos y unas cuantas campañas

Y en última instancia, detrás de aquella confrontación política alrededor de la ley de normalización lingüística estaba el debate por la futura sucesión del presidente Pujol. Siempre había costado que CDC aceptara mi liderazgo en Unió. Siempre, asimismo, se habían puesto palos en las ruedas a la gente de nuestro partido, excepto en contadísimas ocasiones. Cuando Convergència perdió con Miquel Roca su mejor dirigente, y el más preparado, nosotros intentamos aumentar el peso de Unió. Expresamente nos instalamos en posiciones políticas más razonables y moderadas y además —gracias a un gran equipo— fuimos consolidando mi liderazgo como un liderazgo joven, con proyección internacional, el mejor valorado por la sociedad y con capacidad de aguantar los pulsos al presidente Pujol. Lógicamente, en CDC dijeron: «¡hasta aquí hemos llegado!». Hablando de la valoración de las encuestas, en relación con la sucesión del presidente Pujol y con esta consigna de ponerme cuantos más palos en las ruedas mejor, hay un episodio que es necesario recordar. Entre otras razones porque comportó la dimisión de David Madí —estrecho colaborador de Artur Mas— como secretario de comunicación del Gobierno de la Generalitat bajo las órdenes del conseller en cap; es decir, volvemos a Artur Mas.

Era el año 2003 y desde 2000 Madí había sido el responsable de que se falsificaran los sondeos oficiales de valoración de los líderes políticos. De puertas afuera solo quedó la percepción de que las instrucciones de falsear las encuestas buscaban que la valoración de Artur Mas quedara muy cerca de la de Pasqual Maragall. Evidentemente, este era un objetivo, pero no el único. También había otro: rebajar mi valoración. Esto se hacía, incluso, cuando yo ni siquiera era candidato y además apoyaba a Mas. Me imagino, sin embargo, que costaba reconocer que no habían apostado por el que estaba mejor valorado. Ahora bien, si se usaban estas prácticas cuando ya habíamos resuelto que Mas sería el candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat, ¿qué pasaría antes?

David Madí, nacionalista de pies a cabeza, independentista y uno de los peones clave para entender el acceso de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat, me las hizo de todos los colores. Algunas, como las que acabo de explicar, las llegué a intuir, otras ni me las imaginaba. De entre las que descubrí que él estaba detrás, recuerdo una muy especial. Cuando accedí al Gobierno de la Generalitat como conseller de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat me ubicaron físicamente en un despacho de oficinas de la plaza de la Catedral. Al mismo tiempo estaba terminándose de acondicionar un edificio de la Via Laietana que Xavier Trias, como conseller de Presidencia, había adquirido o alquilado para instalar en él Función Pública y en el cual se establecerían algunos servicios del nuevo departamento, como el gabinete y el mismo conseller. Al cabo de pocos días de estrenarme como conseller, el diario El Mundo llamó para contrastar una información. Según sus fuentes, me estaba haciendo un despacho con toda clase de lujos que costaba una cantidad astronómica. Según la versión del periódico, estaba revistiendo todas las paredes del despacho con madera noble, y eso sumaba un dineral.

Justo el día anterior había visitado el edificio y el despacho en cuestión, y había podido comprobar en directo que la sencillez que había pedido a la Secretaría General de la Conselleria era lo que se había materializado. Incluso una lámina de madera —la única madera de todo el despacho exceptuando la mesa— que forraba la parte baja de las paredes se estaba despegando antes de estrenarlo debido a su mala calidad. Hablé personalmente con los periodistas de El Mundo y concertamos una visita para que pudieran comprobar in situ su información. Obviamente, una vez visto el espacio, ya no publicaron esa información falsa que alguien interesadamente les había endosado. ¿Quién? La relación personal de uno de los miembros de la redacción del diario me permitió obtener la respuesta. David Madí había sido la fuente. Las fake news son, pues, tan viejas como la humanidad. El problema es que el periodismo de calidad contrasta la información y las frustra, y en cambio las redes no pierden ni una décima de segundo en darlas por buenas.

Madí dirigió las campañas de Convergència con Mas e incluso llegó a ser jefe de mi primera campaña electoral al Congreso en el año 2004. Fueron las elecciones de los terribles atentados de Atocha que comportaron la inesperada victoria del PSOE con Rodríguez Zapatero. Y nos entendimos, y mucho. Yo quedé satisfecho de su colaboración y siempre he pensado que él se quedó bastante contento de mi campaña. Lo había visto actuar en las campañas de Artur Mas y estaba al corriente de su agresividad y de sus errores: esa visita al notario para dejar claro que no pactaríamos con el PP —que el presidente Pujol y a mí nos sorprendió— o aquel polémico vídeo sobre el primer tripartito. Pero siempre he creído que los errores son del candidato y no del jefe de campaña. Madí tenía buenas ideas y lo único que se necesitaba era criterio político para no comprarle todas las que generaba. Si se hacía así, el balance de sus aportaciones era más que positivo. Y este es mi balance de aquella colaboración electoral. ¡Si bien también es verdad que en 2004 ya había abandonado esa imperiosa necesidad de fastidiarme!

Años después, David Madí ha continuado siendo una persona decisiva en el entorno de Artur Mas. Dicen —es un rumor más o menos acreditado— que fue decisivo, junto con dos personas más, para que en enero de 2016 Artur Mas no convocara elecciones ante la negativa de la CUP de darle su apoyo. Y también para que aceptara la propuesta de la CUP de votar a Puigdemont como presidente de la Generalitat. Si esto es cierto —y me temo que sí lo es—, lo considero una irresponsabilidad grave e histórica. A David Madí le disculpo todas las malas pasadas que me jugó para impedir que fuera el candidato a la presidencia de la Generalitat. No era mi aspiración real. Pero nunca le perdonaré que influyera sobre Mas para aceptar a Puigdemont, un iluminado sin conciencia de los riesgos. Y, obviamente, todavía menos puedo pasar por alto que Mas se dejara influir por él.

Al margen de este incidente con Madí, y mucho antes de que se produjera, lo cierto es que las baterías convergentes estaban orientadas hacia mí y no paraban de disparar. A partir de la conferencia ya mencionada en La Ampolla, Pere Esteve, como secretario general de CDC —quien hizo un gran trabajo para preparar el terreno a Artur Mas—, me invitó a almorzar a principios de agosto de 1996. Muy amablemente, como, todo sea dicho, siempre fue conmigo, intentó reconstruir los puentes entre los dos partidos. Dos meses antes habíamos vivido otra crisis a partir de una remodelación del Govern a principios de junio en la que se unificaron las consellerias de Industria y Energía por un lado, y la de Comercio, Consumo y Turismo por otro, en una sola a manos de Antoni Subirà. Unió se quedó con Justicia (Núria de Gispert), con Trabajo (Ignasi Farreres) y, por primera vez, accedimos a Educación (Xavier Hernández). Eso sí, a partir del momento en que Unió se hizo cargo de esta responsabilidad, todas las decisiones sobre las obras de la conselleria ya no las tomó el departamento, sino Gestión de las Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña (GISA).

Pedí al presidente que me explicara el motivo de esta decisión. ¿Por qué no podía un conseller de Unió adjudicar la construcción de escuelas e institutos? ¿No confiaba en Unió? De hecho, nunca tuvimos una conselleria inversora. ¿O había otras razones? Como no obtuve respuesta, no puedo especular. Intuyo algo, pero no me gustaría caer en invenciones. No obstante, más allá de esa crisis —no poco importante—, en Unió ya habíamos visto que después del Pacto del Majestic con el PP, el presidente Pujol no cumplía los compromisos que había adquirido con nosotros. El almuerzo con Pere Esteve resultó muy sincero: ambos nos dijimos lo que pensábamos con una cordialidad extrema. Humanamente no tengo ninguna queja de él, pero si hablamos de política, ya es otra cosa. Consciente de que lo que yo dijera lo sabría después el presidente, recuerdo haberle dejado muy claro que no esperaba nada de Pujol a nivel personal, y en el ámbito político, solo aquello que a él le interesara. Me había utilizado en la crisis con Miquel Roca y aún me utilizaría al final de su vida política como presidente. Y ese sentimiento expresado a Pere Esteve llegó, obviamente, al presidente y a CDC. A partir de aquel día se abrió definitivamente la veda contra mí.

Muchos años después de aquel almuerzo, es justo que matice esta observación. Si no lo hago, podría parecer que nuestra relación personal era insostenible, y no es verdad, no lo era entonces ni lo fue después. Siempre he tenido un gran respeto a Jordi Pujol, con independencia del que él haya podido tenerme a mí. He aprendido mucho de las numerosísimas cosas buenas que posee, como persona y como político. Creo que ha sido uno de los mejores políticos que he conocido, y he conocido algunos muy buenos. Bien preparado, con un profundo conocimiento de la geografía y de la historia de Cataluña, de España, de Europa y del mundo occidental. Y si eso no fuera suficiente, antes de hacer un viaje o recibir a alguien importante, leía o al menos hojeaba dos, tres o cuatro libros que tuvieran relación con el caso. Su interlocutor quedaba siempre impresionado. Como quedaba también el vecino del pueblo que visitaba o el militante del partido cuando Pujol le preguntaba, con algún dato cierto, por una cuestión relacionada con la persona que tenía delante.

¿Queréis más anécdotas? En el mes de julio de 1999, los días próximos a sus últimas elecciones, convenimos en que Pujol intervendría en nuestra Escuela de Verano y que yo lo presentaría. Era ese verano en que, yendo yo de número ocho en las listas, después de una intensa polémica pública entre los dos partidos, le interesó hacer ver que yo era el número dos. Al acabar y al pie de las escaleras del hotel de Platja d’Aro donde celebrábamos la Escuela, le saludó un militante de Unió de la ciudad de Barcelona, un personaje especial que se vanagloriaba de conocer a todo el que fuera importante. Pujol lo saludó efusivamente y charló unos minutos con él como si fueran íntimos. Mientras esperaba pacientemente a unos metros de distancia, me preguntaba si ese singular personaje de Unió era efectivamente íntimo de Pujol. ¡No entendía nada! Cuando nos quedamos solos, y mientras íbamos hacia su coche, me preguntó: «¿Quién es este chico?». Recordaré siempre, también, un viaje que hicimos juntos por tierras leridanas donde me hacía parar en algún pueblecito de cuatro casas del que se lo sabía todo. O un viaje oficial a Hungría donde fue él quien explicó al actual primer ministro Orbán qué representaban unas pinturas en el techo de una de las salas de la sede del Gobierno húngaro. Muy sólido intelectualmente, el presidente Pujol tenía una capacidad empática insuperable… cuando quería. Cada dos por tres me preguntaba cómo estaba una hija mía que había tenido un problema de salud. Cuando en casa se lo explicaba a mi esposa, ella siempre le dedicaba grandes elogios. Pero cuando Pujol quería ser desagradable, lo era y mucho, y autoritario también.

Crisis profunda

Cuando reconoció que tenía dinero en Andorra, me dolió profundamente, pero mi reacción fue de respeto, más que el que tuvieron muchos de los suyos y muy cercanos. El hecho de pensar y afirmar que Jordi Pujol me utilizó en muchas ocasiones o que haya discrepado o discrepe de muchas de sus posiciones no me llevará nunca a renegar de la experiencia positiva que para mí ha supuesto haberlo conocido y haber trabajado a su lado, con sus grandezas, pero también con sus debilidades, algunas conocidas no hace tanto.

Desconozco cuántas miserias humanas hay detrás de los hechos que en los últimos años se han hecho públicos sobre la familia Pujol, pero, sean las que sean, no me harán olvidar toda su obra como presidente de Cataluña. Ni tampoco —aunque quizá actualmente desde el independentismo los hay que no tienen interés en recordarlo— nada me hará ignorar la aportación de Jordi Pujol al éxito de la Transición y a la consolidación de la democracia en España. Obviamente, nada me impedirá expresarle mi agradecimiento por todo lo que ha hecho. ¿Que en su obra política hay errores? Es evidente. ¿Y quién no los ha cometido? ¿Que, aparte de todo esto, Jordi Pujol es responsable, directamente o por omisión, de la presunta corrupción que se adjudica a su familia? No lo sé ni soy quién para emitir sentencia. Ya lo harán los jueces. No los condenemos antes de tiempo. Incluso al peor de los delincuentes se le ha de respetar la presunción de inocencia. ¿Qué derecho tenemos a no hacerlo con ellos?

A menudo me han preguntado si había visto u oído alguna cosa que avalara la presunta corrupción. ¡Pues no! Puedo afirmar que el presidente Pujol sabía que su hijo se dedicaba al mundo de los negocios, pero no sé si sabía que estos eran ilícitos, si es que lo son. Puedo asegurarlo porque, en alguna conversación amistosa, Pujol me expresó su inquietud por que su hijo desarrollara su actividad empresarial en España. «¿Por qué no lo hará fuera?», me había dicho en un par o tres de ocasiones a la vez que me preguntaba si podía hablar con él. Mi respuesta era siempre la misma: no tengo ninguna relación con él que me permita esa clase de conversación.

Cuando el 25 de julio de 2014 el expresidente Pujol hizo pública la nota en la que reconoce y confiesa que tiene dinero no declarado procedente de una herencia de su padre, me quedé de piedra. Si me pinchan, no sale sangre. Me sorprendió el contenido, y también que lo hiciera público. No creía que fuera útil para él ni para la defensa de su hijo. Como muchas otras personas, pensé que su esposa y su hijo se lo habían pedido. El presidente Pujol me había dicho en más de una ocasión —en todo caso, cada vez que me había pedido que hablara con Jordi hijo— que tenía el complejo de no haberse ocupado de la familia y, en particular, de su descendencia. ¿Era cierto o me estaba embaucando? Nunca lo sabré, pero entonces yo me lo creía. Ahora no tanto. El caso es que, a partir de la nota de confesión de aquel final de julio, prevaleció en mí la relación humana con la persona de Jordi Pujol i Soley. Pensé muy bien en lo que debía decir públicamente. Recuerdo que, al entrar en una reunión de la comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, afirmé textualmente: «Siento una gran consternación y desolación. Me ha sorprendido su declaración. No me la esperaba, pero también debo decir que, sin que sean parámetros equiparables, me producen tristeza las reacciones de algunos de los suyos» —la de Trias fue muy significativa—. «La confesión no acaba con los deseos de una gran mayoría de catalanes por participar en una consulta sobre el futuro político de Cataluña, pero tampoco puedo ignorar que la afecta negativamente.» Aquellos días intenté localizarlo por teléfono en su domicilio de Queralbs. No hubo manera. Al cabo de unos días, La Vanguardia lo localizó y fotografió en la casa de la Cerdaña de uno de sus hijos y, a través de sus escoltas, lo encontré.

Le dije que me sorprendía la confesión, pero que por encima de todo le quería transmitir ánimos. Curiosamente, parecía más animado que yo y creía que todo se acabaría pronto. Contradiciendo esta tesis, le señalé que se equivocaba y que la cosa iría para largo. «¿Tú crees, Duran?», dijo, y cambió de tema. Como aquellos días Enrico Letta —expremier italiano— estaba con su familia pasando unas breves vacaciones con nosotros en Aiguablava, me preguntó por Italia y por otros temas europeos de actualidad. Lógicamente, no conozco la interioridad procesal de los sumarios abiertos en torno a la familia Pujol, pero siempre he pensado —confieso que me puedo equivocar por falta de información— que será muy difícil que acaben en condena. Me parece que las acusaciones son difíciles de probar. De la misma manera, siempre he defendido una opinión contraria a la dominante en ciertos sectores mediáticos en relación a la tesis de que el proceso independentista se emprende para tapar las presuntas acciones delictivas de la familia o de Convergència. ¡Eso no es cierto!

El presidente Pujol mantiene hoy posiciones independentistas y, seguramente, siempre habrá sido independentista, pero él no es el responsable directo del giro de Convergència del autonomismo al independentismo, el responsable es Artur Mas. Otra cosa es pensar que cuando activa el giro, Mas encuentra en Convergència y en Cataluña el terreno abonado por lo que en el fondo el pujolismo había hecho y significado. Y este giro no tiene nada que ver con el famoso 3 por ciento. Por cierto, cuando Maragall habló de ello en el Parlament por primera vez, cuando le dijo a Mas «ustedes lo que tienen es un problema, y se llama 3 por ciento», el exalcalde de Barcelona y presidente de la Generalitat no tenía ni idea de lo que hablaba o, como mucho, lo hacía de oídas, porque al día siguiente llamó a Alfredo Pérez Rubalcaba para preguntarle si ellos tenían alguna cosa relacionada con el 3 por ciento. Que Mas liderara el independentismo en CDC y que lo hiciera de la manera en que lo ha hecho tiene más que ver con sus limitaciones como político que con la teoría de que quisiera evitar investigaciones judiciales. Pero, volviendo a la familia Pujol, estoy convencido, además, de que el proceso independentista les ha perjudicado en sus contenciosos judiciales. La policía y otros instrumentos del Estado han sido mucho más activos contra los Pujol de lo que habrían sido sin la ebullición independentista. Imagino que el tiempo arrojará algo de luz, y si algún día el expresidente de la Generalitat quiere explicar con sinceridad lo que sabe o sabía, muchas personas se lo agradeceremos.

Una relación complicada: Pujol-Roca

En mi vida política he tenido la suerte de compartir responsabilidades en el seno de la coalición de Convergència con Unió con dos grandes políticos: Jordi Pujol y Miquel Roca. Eran muy diferentes. Más allá de polémicas y peleas con ambos, siempre les he tenido en gran consideración. De Pujol en particular ya he hablado, pero debo añadir que para mí Pujol y Felipe González son los mejores políticos que ha tenido España una vez recuperada la democracia. Los dos tenían una visión de futuro de España, y un proyecto. Sí, ¡he dicho los dos y he dicho España! Pujol, también. Como la tuvo José María Aznar, guste o no. Otra cosa es que su proyecto para España nos gustara menos o que sus capacidades empáticas quedaran muy lejos de las de González o Pujol y que, además, rompiera todos los puentes con la oposición en el ejercicio de la mayoría absoluta de su segunda legislatura. En Cataluña, Pujol, Roca y Maragall han sido los mejores. Más adelante hablaré de Maragall. Ahora lo haré de los liderazgos en el seno de nuestra coalición. Miquel Roca es hábil, inteligente, listo, pragmático. Tal vez demasiado pragmático y, en todo caso, con menos peso ideológico. Pujol, de quien ya he hablado, también tiene estas cualidades, pero se muestra más profundo ideológicamente y con más interés por la política internacional. En cambio, Miquel tenía mucha más capacidad para formar equipos y era menos personalista. Pujol era más solitario, y Roca, sin caer en el exceso, sabía compartir semanalmente comidas y cenas con los diputados del grupo parlamentario.

Con Roca, la relación ha sido mejor cuando él dejó la política que cuando ambos la ejercíamos. Tiene toda la lógica. En 1982, cuando fui diputado en el Congreso, él era el portavoz del grupo. La relación personal era normal, pero no siempre fue buena. Mi margen de actuación política resultaba muy escaso por unas cuantas razones. La principal es que yo no tenía la solidez política que —poca o mucha— acabé consiguiendo con el tiempo. Era lógico que fuera así: era muy joven, y mi experiencia, bastante reducida. Pero siempre he tenido una particular vocación por la política exterior, y ya entonces me sentía capaz de aportar ideas en esta disciplina en el ejercicio de la actividad parlamentaria. Mi interés por la vinculación de Unió a la democracia cristiana me permitió vivir una agenda internacional intensa a partir de 1974. Desde mi condición de miembro de la ejecutiva de la Unión de Jóvenes Democristianos, a finales de los años setenta, hasta la vicepresidencia de la Internacional Democristiana, durante mucho tiempo a partir de marzo de 1993, había cultivado las relaciones internacionales tanto como había sido capaz.

Con Roca como portavoz en el grupo parlamentario de Convergència i Unió, sin embargo, no tuve un papel significativo en esta área. Joaquim Molins, buen parlamentario y excelente compañero, era entonces el portavoz de internacional, y Carles Gasòliba lo era específicamente del área europea. Una vez conseguí hablar de política europea en una sesión plenaria del Congreso de los Diputados, ya que Felipe González instauró la buena praxis de las comparecencias en plenario para informar sobre las cumbres europeas. El 9 de diciembre de 1987 fue la primera vez que González rindió cuentas de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los días 4 y 5 de diciembre de aquel año, y Roca me cedió el puesto para que fuera yo quien interviniera. González elogió mi intervención y, entre otras consideraciones, dejó caer que yo «sí tenía una clara visión de la política europea». Sin quererlo, el presidente González levantó mi acta de defunción: nunca más intervine en un debate europeo, y lógicamente tampoco en ningún otro.

Esos años se produjo otra incidencia en el contexto de mi vocación europeísta e internacionalista, que no fue a más porque la dirección de Unió, en aquel momento encabezada por Concepció Ferrer, fue determinante. Cuando España ingresó en la entonces Comunidad Europea, tuvo que designar a sesenta diputados, los que le correspondían de acuerdo con el tratado de adhesión que entró en vigor el 1 de enero de 1986. Como no se convocaron elecciones europeas para escoger a nuestros representantes al Parlamento Europeo, se hizo por captación entre los miembros de las Cortes Generales españolas. Miquel Roca, con el consentimiento del presidente Pujol, claro está, optó por Carles Gasòliba, de CDC. Era una elección lógica teniendo en cuenta su vocación europeísta. Y para Unió, él apostaba decididamente por Llibert Cuatrecasas, a pesar de que ya formaba parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Esta opción, además de legítima, también era lógica, ya que Llibert también ha tenido siempre una clara vocación europeísta. Pero yo no tenía menos, como ya he dejado bastante claro, y la dirección de Unió se decantó, en contra de la voluntad de Roca, por que fuera yo el parlamentario europeo. A Roca no le gustó nada, y a Gasòliba todavía menos, pero no tuvieron más remedio que aceptarlo. Así pues, hasta las primeras elecciones europeas convocadas para junio de 1987, Gasòliba y yo representamos la coalición de Convergència i Unió en el Parlamento Europeo. Él, en el grupo liberal; yo, en el democristiano. No solo el hecho de que estuviéramos en grupos diferentes provocó dificultades para una acción conjunta; el carácter de uno y de otro tampoco hizo que nos entendiéramos mucho.

En las primeras elecciones al Parlamento Europeo, Gasòliba encabezó la lista, y yo me quedé como diputado en Madrid. Concepció Ferrer, de Unió, fue segunda. Pero la coordinación y la relación entre los dos no cambió. Al Parlamento Europeo, en nombre de CDC, también acabó yendo Joan M. Vallvé. A pesar de ser del mismo partido y compartir grupo liberal, la relación con Gasòliba no era mejor que la que Concepció Ferrer y yo mismo habíamos tenido con él. La penúltima legislatura del Parlamento Europeo en la que CiU iba en coalición comportó que CDC tuviera como diputado a Ramon Tremosa, y Unió a Salvador Sedó. Los tiempos de Gasòliba fueron idílicos comparados con los de la nueva pareja. Sedó tenía una larga experiencia política internacional y europea, y Tremosa, ninguna. Le hizo la vida imposible a nuestro diputado. Y en Unió, comenzando por mí mismo, no fuimos suficientemente diligentes a la hora de defender a Salvador.

En aquellos primeros años de vida parlamentaria en Madrid tuve poca relación con los dirigentes del PSOE y, no hace falta decirlo, con el Gobierno. También era lógico que fuera así al principio. Acababa de aterrizar en la política española, era muy joven y, de hecho, hasta 1988 no lideré con fuerza una Unió con ganas de hacer oír su voz. Pero a partir de los años noventa ya no era tan novato. Unió tenía más presencia e iba configurando un perfil propio. La incorporación de Josep Sánchez Llibre al Congreso de los Diputados, el mejor diputado que Unió ha tenido en Madrid, con su capacidad para tender puentes con todo el mundo, con una empatía insuperable y una lealtad inquebrantable, nos dio más relieve en la política española. La legislatura de 1993 a 1996, agónica en cierta medida para los socialistas, favoreció la relación entre los dirigentes de Unió y del PSOE. A nivel de partido, de vez en cuando organizamos cenas de manera reservada con Alfonso Guerra y Txiki Benegas en el restaurante Casa Julián de Tolosa, en Madrid. Con respecto al Gobierno, nunca pude verme con el presidente González, a pesar de que podría parecer lógico que lo hiciera, ya que yo era el dirigente de una formación de la que él recibía apoyos parlamentarios. Desde el PSOE siempre nos dijeron que no querían poner en peligro la relación parlamentaria con CiU. No necesitamos más para saber de dónde venían los problemas. Pujol no quería que viera a Felipe González ni para hablar de fútbol. Roca lo trasladó a la Moncloa y el buen amigo Txiki Benegas nos lo filtró a nosotros. Después, con Felipe González he mantenido una relación cordial y frecuente, con una cierta complicidad en muchos ámbitos políticos, en particular en el internacional y en el europeo. Cuando yo era conseller de Gobernación tuvo la gentileza de aceptar que lo designara miembro del consejo asesor del Instituto Europeo del Mediterráneo, y cuando hace un par de años Colombia me distinguió con la Gran Cruz de la Orden de San Carlos, no solo asistió al acto, sino que tomó la palabra con mucho aprecio hacia mi persona. Este afecto me lo ha demostrado en numerosas ocasiones: desde asistir a la presentación de mi libro Un pan como unas tortas hasta tener una total predisposición para complacer peticiones mías de intervención en foros o acontecimientos públicos. Su amistad me enriquece y se la agradezco tanto como sé. No he sido nunca socialista, pero a González no se le puede negar la condición de gran transformador de la España democrática de finales del siglo XX. Y no es necesario que recuerde que es el presidente español con más prestigio en el exterior: en América Latina, en el mundo árabe y en la Unión Europea especialmente. Con él, España tuvo la capacidad de influir en la Unión Europea. También, en cierta manera, la tuvo con Aznar y la perdió con Rodríguez Zapatero y con Rajoy.

Con Miquel Roca tenía sentido que no estuviéramos siempre a partir un piñón. Él defendía unos intereses legítimos como secretario general de CDC, y yo lo hacía en nombre de Unió. Además, los intereses de ambos podían ser a menudo contrapuestos, particularmente en procesos electorales municipales. Por otro lado, el propósito de Unió de fortalecerse, que comportaba implícitamente la consolidación de los liderazgos de sus dirigentes, podía incomodarlo. Aun siendo políticamente muy superior en lo que yo representaba, es humano pensar que unas determinadas actitudes de Unió, o mías propias, no le debían gustar. La última vez que Miquel me mostró afecto, hablando también del pasado, fue cuando dejé la política. En concreto, el 14 de marzo de 2016, el amigo Josep Sánchez Llibre organizó en secreto una cena para dedicarme una especie de homenaje. Yo solo sabía que Sánchez Llibre me había dicho que me reservara la noche en la agenda para cenar con el nuevo presidente del Español, el empresario chino Chen Yansheng, que me quería conocer con la perspectiva de una posible colaboración profesional con el bufete de abogados Colls, al que me había incorporado. Acudiríamos con nuestras esposas, circunstancia que, en algún momento, me pareció un poco rara.

Una especie de homenaje

Ese día tenía una gripe de campeonato y mi estado de ánimo era muy bajo. Seguro que también tenía mucho que ver lo que había vivido los meses anteriores como colofón a tres años de una tensión enorme. Cuando dejé la política, caí en una cierta depresión por la tristeza que sentía por la ruptura histórica de CiU, por el final agónico de Unió y sobre todo por la fractura de la sociedad catalana. Con este estado de ánimo y febril, llamé a media tarde a Sánchez Llibre para decirle que me sabía muy mal, pero que ya cenaríamos otro día con Chen Yansheng. Con una contundencia poco usual me dijo que hiciera como quisiera, pero que debía ir a la cena, que Chen había volado desde China a pesar de tener un ataque de lumbago…

De irme a la cama a incubar la gripe o lo que fuera, pasé a prepararme para la cena con el nuevo presidente del Español. Mis hijas habían desaparecido y mi mujer se arregló más de lo habitual. Íbamos a cenar fuera, y además con un directivo chino que nos podía dar trabajo en el despacho. «Todo sea por la causa», pensé, y salimos hacia el restaurante. Al llegar, las luces estaban apagadas y se encendieron cuando entramos. Entre la perplejidad y el aturdimiento, empecé a ser consciente de que aquella noche me habían embaucado. El local estaba lleno de gente de Unió con la que había trabajado durante mis años de vida política, pero también había personas de otros partidos. Recuerdo al presidente Rodríguez Zapatero; al del Congreso, Jesús Posada; y a Teresa Cunillera, Vicente Martínez-Pujalte, Manolo Pizarro, Antoni Siurana, Iñaki Anasagasti, Andoni Monforte, Xavier Trias y Miquel Roca, entre otros. Debo admitir que, a pesar de la alegría que me produjo ver a estas personas y del afecto que me demostraban, no supe agradecerlo lo suficiente. Siempre he sido muy frío —demasiado, en muchas ocasiones—, pero esa noche no acabé de encontrarme, entre la sorpresa, la fiebre y un cierto ánimo depresivo. Hay muchas personas que a lo largo de mi vida me han dado mucho —tanto en el ámbito privado como en el público— y no he sido capaz de expresarles mi agradecimiento. No es que no lo sienta, pero como no lo exteriorizo es como si no existiera. Muy a menudo lo he lamentado.

Màrius Carol, Sánchez Llibre y Joana Ortega tuvieron la amabilidad y la bondad de conducir las diversas partes del acto. Miquel Roca fue uno de los que tomaron la palabra y recordó irónicamente que cada vez que yo tenía una reunión con el presidente Pujol, desde Unió se difundía una nota de prensa en cuyo texto aparecía la expresión «ambos líderes». ¡Y es cierto! Seguramente queríamos transmitir a los medios de comunicación una condición —la de líder— que no se adquiría por el simple hecho de escribirlo en un papel, aunque nosotros no éramos conscientes de ello. Pero, al recordarlo aquella noche, Roca vino a decir, con cariño, que intentábamos subestimarlo y situar las decisiones de la coalición en las manos de Pujol y en las mías, como si él no existiera. Y tenía razón: esa intención estaba. No era tanto rebajarlo a él como seguramente elevarme a mí. Y estoy seguro de que, en cierta medida, a Pujol ya le parecía bien. Por lo menos nunca me hizo ningún comentario sobre esto, ni él ni su entorno. Tampoco entonces me los hizo Miquel, pero su círculo sí. Y tenían razón.

Los momentos de más distancia con Miquel Roca fueron los de la crisis previa a la ruptura entre él y Pujol. Esas semanas, en cierta manera, me utilizaron los dos. O, para ser más justo, diré que Roca utilizó a Unió al ponerla como falsa razón de sus problemas con Pujol, y que este me utilizó a mí para derrotar a Roca políticamente. Pujol lo volvería a hacer en su última legislatura cuando sí que había un problema real con su sucesión. La crisis entre Roca y Pujol fue planteada en público por Miquel con el argumento de que el presidente trataba a Unió demasiado bien. Pero los dos sabían que este no era el motivo. A finales de septiembre de 1992, Miquel Roca anunció que no optaba a la reelección como secretario general de CDC en el IX Congreso que su partido iba a celebrar del 16 al 18 de octubre, pero los motivos reales que lo provocaron se habían producido antes.

Roca: «Convergència es un partido inviable»

Roca tenía unas legítimas aspiraciones en la política española. Es uno de los padres de la Constitución y un parlamentario brillante. En Cataluña no podía aspirar a la presidencia de la Generalitat porque Pujol era el presidente y todo indicaba que lo continuaría siendo hasta que pudiera. España era, pues, la que le ofrecía posibilidades de recorrido político. En la primavera de 1983 me pidió asistir a una reunión del comité de gobierno de Unió para profundizar en una propuesta que me había insinuado en privado: fusionar Unió con Convergència. Finalmente, el 20 de junio de ese año acudió a la reunión de nuestra ejecutiva. He repasado las notas que el abogado de Olot, Josep M. Capdevila i Masó, miembro del comité de gobierno, nos escribió a título de resumen al resto de los miembros de la dirección del partido, con el enunciado «Algunos detalles y frases de la propuesta formulada por Miquel Roca i Junyent al comité de gobierno». Miquel —recuerda Capdevila— partió de un hecho cierto: la coalición funcionaba mal porque, si bien no había conflictividad en la dirección, en los grupos parlamentarios ni en el Govern de la Generalitat, sí la había en los procesos electorales, como se hizo evidente en las elecciones municipales de aquel año. Muy educadamente y sin culpabilizar a nadie, Roca creía que era necesario que nos fusionáramos y que, si no lo hacíamos, debíamos replantearnos el ir separados a las municipales con un pacto de cara al alcaldable para apoyar al candidato de los dos partidos que hubiera quedado mejor situado.

Con sorpresa general por lo que respecta a la fusión, ofrecía la secretaría general del partido a Unió. Recordando el peso histórico de nuestro partido, aceptaba que el nombre fuera el de Unió Democràtica de Catalunya y la homologación en el seno de la familia democristiana en Europa y en el mundo. Al margen de entender que la propuesta se basaba en la necesidad de ganar las elecciones en todos los ámbitos, Roca afirmó que Convergència era un partido inviable. Precisamente Josep Maria Capdevila le comentó que, en las notas, había apuntado la afirmación «Convergència es un partido inviable» y que quizá no lo había entendido bien, pero Roca contestó que sí, que era eso lo que había afirmado.

En aquel momento no entendimos qué sentido tenía la oferta. Posteriormente no he vuelto a hablar de ello con Miquel, pero al cabo de poco tiempo, en Unió, llegamos a la conclusión —tal vez equivocada— de que él tenía en mente pasar de liderar un grupo parlamentario catalán en Madrid a liderar como catalán —y sin renunciar al catalanismo— una opción política de ámbito estatal que le permitiera participar en el Govern. ¿Qué pasaba en el año 1984? ¿Qué le podía aportar Unió de cara a conseguir este objetivo? No lo sé, pero conviene recordar que entonces Unió cortejaba al PDP de Óscar Alzaga —o al menos, tenía contactos con él—, un partido democristiano que acababa de ser homologado en la Internacional Demócrata Cristiana. Desde el exterior, y especialmente desde los democristianos alemanes, nos llegaban presiones para que articuláramos una fuerza política al estilo de la CDU-CSU en Alemania, es decir, un PDP como partido democristiano en toda España menos en Cataluña, donde estaría Unió con estructura y soberanía propias. Eso sí, con un grupo parlamentario único en las Cortes Generales. Es lo que a menudo aquí se ha llamado la fórmula de la UPN con el PP, aunque los navarros no siempre han formado parte del grupo del PP.

No era una idea estrambótica. Unió ya había participado —aunque sin éxito, como ya he recordado— en el Equipo Demócrata Cristiano del Estado español, una fórmula parecida a la alemana de la CDU-CSU, pero con más actores (valencianos, baleares, gallegos y vascos, aunque se debe decir que el PNV lo miraba desde lejos). La CDU alemana siempre nos había insistido, incluso presionado, para llegar a un acuerdo de este estilo. De hecho, ya nos habían planteado tras 1977 que formuláramos una alianza a la bávara con la UCD de Suárez, aunque su composición no fuera tan homogénea como el PDP de Alzaga. Anton Cañellas siguió aquella hoja de ruta deseada por los democristianos alemanes.

En los años 1977 y 1978, además de ser miembro del comité de gobierno de Unió, era el máximo dirigente de las juventudes, y poco después formé parte de la ejecutiva europea de las juventudes democristianas. Recuerdo un encuentro en el otoño de 1977 con las juventudes de la CDU, las Junge Union. Al acabar el seminario que impartíamos juntos —financiado por ellos, obviamente—, nos reunimos jóvenes alemanes y catalanes en una de las habitaciones. La presión fue bestial. Los alemanes y mis compañeros de las juventudes de Unió eran partidarios del acuerdo con la UCD. Tanto los alemanes como los compañeros y las compañeras de los jóvenes de Unió nos acusaron de querer aliarnos con los independentistas, en referencia a Convergència, la cual todavía estaba a años vista de optar por emular y sobrepasar a ERC. ¡Y, sinceramente, no considero que mis interlocutores —alemanes o catalanes— fueran unos visionarios!

Esta presión que recibíamos a finales de los años setenta perduró en el tiempo. Con la ruptura de la UCD se creó un partido democristiano con dirigentes de prestigio en sus ámbitos profesionales que, durante el franquismo —al menos a nivel español—, se habían mojado contra el régimen. Era el PDC —que ya he mencionado— de Óscar Alzaga, jurista de renombre con el que me honra tener una buena relación. Hay que decir que con otros dirigentes, como por ejemplo Javier Rupérez, nunca hubo empatía. Con Óscar Alzaga y su hombre en Cataluña, Joan Josep Folchi, tuvimos diversos contactos Francesc Borrell, Concepció Ferrer y yo mismo. Más allá de su viabilidad, era una baza que Unió podía jugar y que nos revalorizaba como partido frente a CDC y a la sociedad en general. Si realmente se hubiera consolidado un partido socialcristiano en el conjunto español, respetuoso con la soberanía de Unió y con nuestros planteamientos sobre la articulación del Estado, no habría sido un disparate adoptar la fórmula bávara. Eso sí, con grupo parlamentario propio para Unió.

Después, a menudo se decía que lo podíamos hacer con el PP y que yo era un gran partidario de ello. ¡Falso! Nunca he considerado al PP como un partido democristiano, ni nunca he visto la suficiente comprensión o respeto por nuestra propuesta de articulación de España como para imaginar siquiera un acuerdo estable con ellos como el de la CDU alemana con la CSU bávara. Sobre la identidad democristiana del PP, siempre evoco la entrevista —ya he hablado de ella— que a principios de los años noventa le hicieron a Aznar en la revista Interviú, en la que afirmó que ellos eran liberales y punto. La ambigüedad como instrumento para llegar a cuantos más electores mejor.

Esta referencia me permite añadir una reflexión. Con la ambigüedad se pretendía conseguir la mayoría más amplia posible, y si podía ser absoluta, mejor. Se volvía prescindible articular gobiernos de coalición y, por tanto, no se estimulaba la cultura del pacto. Si analizamos la historia política europea de después de la Segunda Guerra Mundial, encontraremos que allí donde hay un sistema proporcional electoral se dan gobiernos de coalición: Alemania, Italia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, los países escandinavos… Hay excepciones en momentos determinados. Por ejemplo, un gobierno en solitario del SPD o de la CDU en Alemania. Pero son eso: la excepción. En España, la norma ha sido la de gobiernos de un solo partido. La cultura de la coalición no existe, y eso ha comportado una ausencia del diálogo, de reconocimiento hacia el otro, del acuerdo. Hubo esa cultura durante la Transición, pero las mayorías de Felipe González primero y del PP después la debilitaron. En todos los países mencionados es normal ver gobernar juntos a democristianos y socialistas. En España es impensable un gobierno de coalición entre socialistas y populares. Y este hecho tiene consecuencias: España las ha sufrido y las sigue sufriendo, ¡y Cataluña también!

En esos tiempos de conversaciones con el PDP de Óscar Alzaga, además de la CDU alemana, en Cataluña la cúpula de la patronal de Fomento del Trabajo de la época nos presionaba en la misma dirección. Alfred Molinas, que era el presidente, y Llorenç Gascon, vicepresidente y militante de Unió durante la clandestinidad, fueron los promotores de esta actuación. Ya lo habían intentado con dirigentes de la UCD, también a instancias de Llorenç Gascon, que, sin ser del sector democristiano, tenían posicionamientos similares, como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, con quien Concepció Ferrer y yo habíamos almorzado alguna vez en Madrid. En el mismo sentido, aunque de manera mucho más informal, habíamos tenido contactos con Federico Mayor Zaragoza cuando todavía era ministro de Adolfo Suárez.

Una operación reformista

Seguimos. En las elecciones del 28 de octubre de 1982, el PDP acabó vinculándose con Manuel Fraga y el Partido Liberal de José Antonio Segurado. Los democristianos del PDP obtuvieron más de una veintena de escaños en el seno de la Coalición Popular con Alianza Popular y los liberales, y constituyeron grupo con voz propia en el Congreso de los Diputados. Nadie sabía qué futuro tendrían. Obviamente, Unió no lo sabía. Pero tampoco Miquel Roca, en la hipótesis de que fuera cierto que esta posible alianza PDP-Unió justificara su propuesta de fusión. En todo caso, cuando más adelante el que era secretario general de CDC se lanzó a acometer la operación reformista, en Unió le dimos sentido a su oferta.

La reflexión que nos hizo fue la siguiente: si Roca quería proyectarse en la política española con el Partido Reformista, que no tenía ni un solo escaño, ¿no podía serle más atractivo hacerlo a través de Unió, que parecía que podía entenderse con un PDP que sí tenía una amplia representación parlamentaria? Ya sé que Roca no ha sido democristiano, a pesar de tener respeto por esta ideología y por Unió. No en vano su padre, Joan Baptista Roca i Caball, fue uno de los fundadores de Unió Democràtica, el 7 de noviembre de 1931. Roca tampoco era liberal, espacio que en el seno de CDC representaba Ramon Trias Fargas, con el que no siempre tuvo buena relación. Pero, aceptando que no era democristiano, él estaba dispuesto a que la fuerza resultante de la fusión de Unió con CDC fuera fiel al ideario democristiano y siguiera formando parte de la internacional. Nunca he sabido interpretar del todo esa oferta ni lo he hablado con Miquel. Lo más significativo de todo, sin embargo, es que al día siguiente le expliqué la reunión a Jordi Pujol en su despacho de la Generalitat y su respuesta acabó de descolocarme: me aseguró que no sabía nada, y que no lograba entender el porqué de la formulación de Miquel. ¿Era verdad que no lo sabía? En ese momento estaba convencido de que me decía la verdad. Ahora, pensándolo bien, y visto lo que después he visto, ya no me atrevo a ser tan categórico en la respuesta.

La operación reformista de Miquel Roca, con su presentación de candidato del Partido Reformista Democrático que pretendía ocupar el espacio de centro político, fue un fracaso en España. Estuvo muy mal diseñada. Miquel era el candidato de CiU para Barcelona y, al mismo tiempo, candidato a presidir el Gobierno de España por el PRD sin ser candidato en las listas de los reformistas. No se entendía. Además, TVE, en manos socialistas, hizo todo lo posible y más por hundirlo. En los informativos acostumbraban a sacarlo hablando en catalán. Y en España, desgraciadamente, no se entendía ni se entiende tampoco ahora —ya he dejado constancia de ello— que la diversidad en general, y la lingüística en particular, es una de sus riquezas.

Pero si bien fue un fracaso en el Estado, la operación reformista permitió a CiU obtener los mejores resultados de su historia. En Lleida, donde yo encabezaba la lista, ganamos por primera vez al PSC. En el conjunto de Cataluña conseguimos más votos y diputados que nunca. La única nota negativa es que, globalmente, quedamos detrás del PSC, que siempre ganaba en Cataluña cuando se trataba de elecciones a las Cortes Generales. Únicamente en las legislativas de 2011 Convergència i Unió —que tuve el honor de encabezar como candidato— consiguió el hito histórico de ganar, pero con menos votos y menos escaños que en 1986 con Miquel Roca al frente y en plena operación reformista.

El proyecto de Roca nunca acabó de gustar al presidente Pujol. Es público, las hemerotecas dan fe; pero no porque el presidente hiciera nunca alguna declaración en este sentido, sino porque, siempre hablando por boca de terceros, proyectaba su disconformidad, o incomodidad, como se quiera llamar. En mi libreta de notas transcribí una conversación privada con el presidente en la Casa dels Canonges el 1 de mayo de 1986. Faltaban pocas semanas para el inicio de campaña y, obviamente, el presidente me dijo: «Miquel se ha equivocado con la operación reformista. Ya se lo he dicho, pero tampoco he insistido mucho porque estoy convencido de que, si bien a él no le funcionará, a nosotros sí. Tendremos votos de gente a la que le gusta que juguemos la carta de Madrid, y eso me reforzará aquí frente a la oposición y en Madrid frente a Felipe González, que volverá a ganar las elecciones». Y así fue.

Independientemente de lo que pensara Pujol, después del fracaso de la operación reformista, Miquel Roca demostró una habilidad y una fortaleza extraordinarias: habilidad para distanciarse del resultado de sus amigos del PRD en España y fortaleza para aguantar el fracaso del proyecto reformista y las condensadas dosis de mala leche e ironía que tuvo que soportar en sede parlamentaria y fuera de la Cámara por el resultado. Esta gran virtud para superar las adversidades iba acompañada de su voluntad por implicarse todavía más en la política española. A partir de la legislatura del periodo 1989-1993 recompusimos la relación con el PSOE, deteriorada desde la mencionada operación. González tenía ciento setenta y cinco escaños y podía gobernar por la ausencia de los cuatro diputados de Herri Batasuna; sin embargo, más allá de la cantidad de escaños, necesitaba apoyos políticos. Convergència i Unió y Miquel Roca eran unos. Narcís Serra había sustituido a Alfonso Guerra como vicepresidente del Gobierno del Estado. Serra y Roca eran amigos y habían sido colaboradores en el ámbito profesional. El 6 de junio de 1993, Felipe González volvió a ganar las elecciones, pero ya solo con ciento cincuenta y nueve escaños frente a los ciento cuarenta y uno del PP de Aznar. Esa legislatura, que acabó en 1996, favoreció todavía más el diálogo con el PSOE y la posibilidad de que CiU tuviera un papel importante en la política española. Miquel Roca era partidario de entrar en el Gobierno, y de hacerlo él. Yo siempre he estado a favor de que el catalanismo político se implicara en la gobernabilidad de España, pero eso no quería decir que tuviera que ser ministro. No obstante, la opinión y la estrategia de Miquel Roca —y la mía, excepto las diferencias sobre la implicación personal— no eran compartidas por Jordi Pujol.

Siempre he creído que el hecho de no entrar en el Gobierno del Estado ha sido uno de los errores del catalanismo político. No se trataba de tener un ministro, dos o tres, sino de forzar un gobierno de coalición con un programa pactado para toda España. En la reciente democracia española hemos hecho grandes aportaciones al conjunto de la sociedad del Estado, pero la gran mayoría solo ha sido capaz de reprocharnos las mejoras que podíamos conseguir legítimamente para Cataluña. Nunca he entendido que, teniendo como tenemos el 20 por ciento de las acciones de una sociedad que se llama España (me refiero a nuestra aportación al PIB global español), hayamos renunciado a formar parte del consejo de administración. Además, pienso que para Cataluña, para el catalanismo y para la España plural habría sido positivo que personas de Cataluña hubieran gestionado con eficacia los intereses del conjunto del Estado. Con ministros catalanistas con la bandera de España detrás, sin complejos, que hubieran impulsado la modernización y el reformismo en todas partes, ¡quizá no estaríamos donde estamos ahora! Siempre he respetado a los que no compartían estas reflexiones, pero, en todo caso, no costaba nada intentarlo. ¿Por qué no se ha hecho? Quizá se podría decir que no interesaba implicarse tanto con España porque no era —según una parte de los dirigentes de CiU— nuestro país. Esta es, al menos, la convicción del independentismo, que yo nunca he compartido. Espero que un día se pueda volver a articular una fuerza política catalanista, moderada, reformista, de centro y con una intensa propuesta social que incorpore la idea de que en España se debe estar con todas las consecuencias y que, por tanto, tenga vocación de gobierno en Cataluña y en el conjunto de España. Entiendo que no lo quieran los independentistas. Ellos quieren huir de España, pero para los catalanistas que no plantean la ruptura, ¿qué sentido tiene no implicarse a fondo?

De hecho, el presidente Pujol no solo no quiso nunca que entráramos en el Gobierno del Estado, sino que era totalmente refractario a la posibilidad de que tuviéramos responsabilidades importantes en las instituciones estatales. Joan Rigol intentó ser presidente del Senado, tanto en la última legislatura de Felipe González (1989-1993) como en la primera de José María Aznar (1996-2000), con mi apoyo y el de Unió. Era senador designado por el Parlament de Cataluña, del que más adelante sería elegido presidente, y ambicionaba ocupar la presidencia de la Cámara Alta. En la época en la que Felipe González era presidente del Gobierno, Rigol nos puso a hacer de todo a Pere Duran Farell —amigo personal suyo y de González— y a mí para defender su ambición legítima de presidir el Senado. Siempre topamos con la resistencia del presidente Pujol, que no quería. La historia se repitió después, cuando pactamos con el PP la investidura de Aznar, en 1996, con el famoso Pacto del Majestic. Otra vez, y a instancias de Joan Rigol, removí Roma con Santiago para intentar que fuera presidente del Senado. Y, una vez más, topé con la negativa del presidente Pujol. Aznar nunca dijo que no, pero, obviamente, su disposición no llegaba hasta el extremo de ir contra la propia voluntad de Pujol: al fin y al cabo, era quien mandaba más en la coalición. Y así, fijaos, se repetía la historia de la propuesta de Rigol de reforma del Senado.

La relación del presidente Pujol con Joan Rigol ha sido curiosa. Cuando este fue en las listas del Congreso de los Diputados en 1979, en Unió no tenía ningún peso específico. Venía de la PIMEC y era pujolista, esas eran sus credenciales. El señor Coll i Alentorn lo propuso, con la referencia de que el presidente Pujol lo veía bien. En 1980, Pujol designó tres miembros de Unió en su primer Gobierno. El partido no tenía voz ni voto. ¡Él era el que proponía y disponía! Junto con el señor Coll, nombraron a Ignasi de Gispert (el padre de quien después sería consellera, Núria de Gispert, un buen hombre y prestigioso jurista, pero sin perfil político ni peso en el partido) como conseller de Justicia y a Joan Rigol como conseller de Trabajo, también irrelevante entonces entre la militancia, pero no para Pujol. No se puede decir que el señor Coll fuera pujolista, pero sí lo eran Ignasi de Gispert y Joan Rigol. Este último, en todo caso, dimitió al cabo de un tiempo porque su voluntad de compartir transversalmente la política cultural con el PSC y con las instituciones en las que este partido gobernaba no gustaba al presidente, como ya he comentado. Por otro lado, esta dimisión muy probablemente favoreció el inicio de una etapa diferente en la relación de los dos.

La voluntad de Joan Rigol de ser candidato a presidente del Parlamento de Cataluña en el año 1988 desencadenó uno de los episodios más desagradables desde el punto de vista humano que he vivido en política. Este era un cargo que en aquel momento —no había sido así antes— consensuábamos el presidente Pujol y yo mismo en nombre de Unió. Ni él podía imponernos un nombre ni yo podía pretender que un compañero de Unió con el que él no estuviera de acuerdo fuera candidato a presidente o conseller del Gobierno de la Generalitat. El presidente quería a Joaquim Xicoy y no a Joan Rigol, y Miquel Roca compartía exactamente este criterio. El candidato oficioso de Unió era Rigol, pero yo no tenía ningún inconveniente en que fuera Xicoy. Pujol nos reunió a Joan Rigol y a mí en su despacho oficial. Era el 28 de diciembre de 1997 por la tarde, pero la conversación fue real, no una inocentada. Se trataba de decirle a Joan que él no sería el candidato. El presidente Pujol se levantó de la butaca y, señalando un cuadro que había detrás del sofá donde nosotros estábamos sentados, soltó estas palabras: «¿Ves, Rigol? Este cuadro es como Convergència i Unió. El color dominante es el dorado y este punto rojo del cuadro eres tú: tú tienes que estar, te necesitamos como el cuadro te necesita, pero no puedes ser el color de la coalición, como no lo es del cuadro». A media metáfora, manifesté la incomodidad que sentía ante una conversación que entreveía muy personal y propuse abandonar la reunión, pero Rigol me insistió en que me quedara. Aquel día el presidente se pasó, a pesar de la cordialidad en su tono de voz. Por otro lado, a menudo Pujol se había alimentado de las reflexiones y de la capacidad intelectual de Joan Rigol, ¡y también las había utilizado cuando le convenía!

Volvemos a España

En la política española, las diferencias sobre la presencia de Convergència i Unió en el Gobierno del Estado fueron un elemento importante en la relación entre Roca i Pujol. Siempre he compartido la opinión de Miquel en los términos ya expresados. Ha habido muchas posibilidades de entrar en un gobierno de coalición, y a menudo se ha dicho que lo podríamos haber hecho con Adolfo Suárez. No lo sé, porque yo no presidía el partido entonces aunque formaba parte de la dirección. Sí que las hubo con Felipe González en 1993. Pujol lo despachó públicamente diciendo que todo era fruto de una presión del propio PSOE y de algunos medios de comunicación poderosos, en referencia al grupo Prisa y al grupo Godó. Incluso llegó a afirmar que las grandes organizaciones empresariales le habían pedido que no entráramos en el Gobierno. No me lo creí nunca, no tanto porque no fuera posible que se lo hubieran dicho, sino porque él hacía lo que quería al margen de lo que pensaran las patronales. Hacía lo que le convenía, vaya. También podríamos haber entrado con Aznar, que lo propuso explícitamente, de manera pública y privada. Y, ya sin Pujol como presidente de la Generalitat, lo podríamos haber hecho con Rodríguez Zapatero, aunque no recuerdo si nos hizo una invitación explícita. De manera privada, sin embargo, lo insinuaba de una forma bastante evidente, solo a mí, aunque también, al inicio de su segunda legislatura, en una conversación en la Moncloa entre él, Mas y yo.

Nunca sabremos del todo las razones del presidente Pujol para no entrar en un Gobierno del Estado. Josep López de Lerma, que fue diputado de CDC en Madrid durante muchos años, ha escrito textualmente en su libro Cuando pintábamos algo en Madrid que la causa de la oposición de Pujol a implicarnos había sido «su ego, que es mayúsculo aunque lo esconda…». López de Lerma relata una conversación que mantuvo con Federico Trillo antes de que este fuera elegido presidente del Congreso de la primera legislatura de Aznar. Hablando sobre si Pujol aceptaría o no la invitación de Aznar para entrar en el Gobierno, López de Lerma le dice a Trillo: «¿Cómo quieres que uno de los suyos vaya por delante de él en la prelación de autoridades?». López de Lerma debe tener sus propias fuentes. En mi caso, son intuiciones y una confirmación. En una ocasión —eso sí, diciéndolo de pasada, como si no lo valorara demasiado—, en el despacho oficial del presidente, y en referencia a la predisposición de Roca a ser ministro, Pujol me hizo una observación que se aproximaba a la reflexión del dirigente y diputado convergente gerundense: «Si Roca fuera ministro, sería más importante que el presidente de la Generalitat. Y eso no puede ser, ¿verdad que no?». No respondí, en buena medida porque estaba convencido de que él no esperaba de mí otra respuesta que no fuera el asentimiento.

A lo largo de años de relación con el presidente Pujol, solo en un par de ocasiones se mostró explícitamente de acuerdo con una posible participación en el Gobierno central. Pero estoy convencido de que lo decía solo para embaucarme. Era el 18 de marzo de 1998, y vale la pena revisar la conversación. Para contextualizarla, hay que recordar que se producía hacia el final de la que sería su penúltima legislatura, con la polémica sobre mi presencia como número dos en las siguientes listas al Parlament, con el trasfondo de su sucesión y con la necesidad de que CiU designara un candidato para la alcaldía de Barcelona, cargo en el que se había situado a Artur Mas oficialmente, y al que aspiraba también Joaquim Molins.

Me buscan trabajo

Esos días, en los diarios La Vanguardia, El Periódico y El Mundo se habían publicado informaciones en relación al hecho de que Convergència se planteaba encontrarme una salida política. Excepto el de presidir la Comisión de Transferencia, no tenía un cargo público desde 1993. Me dedicaba full time a hacer crecer a Unió, a darla a conocer y a cultivar nuestro activo internacional. Imagino que, conscientes del peso que estábamos adquiriendo, había mucha gente en CDC que quería tenerme ocupado y a poder ser con responsabilidades que neutralizaran lo que ellos llamaban posibilidades de ser sucesor.

En este contexto político descrito, Jordi Pujol y yo nos habíamos emplazado a una reunión para hablar del desequilibrio de poder en el seno de la coalición de Convergència i Unió. El presidente abrió la conversación con una conclusión: «En relación a más poder para Unió, poco más se puede hacer, pero, en cambio, sí que ha llegado, Duran, la hora de potenciar tus activos políticos; no puedes continuar haciendo solo de dirigente de partido». Hablamos de lo que significaría ir de número dos en las listas detrás de él y, para quitarle importancia, dijo que eso únicamente duraba los quince días de campaña. Una vez más, dejó caer: «Es una lástima que hayas dicho públicamente que no puedes ir a la alcaldía de Barcelona». Incluso añadió que «aún estaríamos a tiempo si hiciéramos que la gente lo reclamara». No entendí exactamente cómo lo haría, pero no pregunté porque no me interesaba. Lo que sí entendía con claridad es que tenía ganas de ponerme en un lugar en el que CiU nunca había apostado política y decididamente por colocarme hasta entonces.

Como no vio receptividad en sus reflexiones, cambió el tono y el contenido de la conversación. Me pidió que, sobre todo, lo que habláramos aquel día fuera completamente privado: «No lo puede saber Ignasi Farreres [secretario general de Unió y conseller del Gobierno Pujol] ni ninguno de los míos…, ni de los tuyos». Se mostró preocupado por el futuro de CiU. Afirmó que, después de él, el espacio central del país, el del catalanismo, se dividiría y que eso no sería bueno para Cataluña. Siempre que pienso en esta conversación la relaciono con el disparate que ha significado la ruptura de nuestra coalición para el catalanismo, para Convergència, para Unió y, sobre todo, para Cataluña. Ese día, para evitar la fractura y diciéndome que «en CDC quizá me tirarán por las escaleras», me propuso la fusión e insinuó que sería el escenario en el que yo tendría posibilidades de primer nivel. Él no las definió y yo tampoco se lo pedí.

Me dejó caer como si nada la pregunta de si era cierto que Aznar me había ofrecido un ministerio. A continuación, de manera sorprendente, lo enlazó con «la posibilidad de que un día debamos plantearnos entrar en el Gobierno central». Por mi parte, le confirmé lo que él ya conocía sobre la propuesta de Aznar para entrar en Exteriores, y que mi respuesta había sido negativa, como continuaba siéndolo en ese momento. Sin que Pujol lo considerara una propuesta definitiva, profundizó en la posibilidad de participar en la gobernación del Estado diciendo que, llegado el caso, CiU tendría que pedir dos ministerios, y que el más importante debería ser para mí. En ese momento no me lo creí, y ahora me lo creo todavía menos. Lo que él necesitaba era tenerme contento y que no le agitara mucho el gallinero, y le hacía falta mi apoyo para afrontar los últimos años de su presidencia, los de aquella legislatura y los de la siguiente, a la que ya había decidido presentarse. Curiosamente—o quizá no tanto—, mientras nosotros hablábamos, Felip Puig declaraba en Catalunya Ràdio que únicamente una prensa determinada y yo teníamos interés en hablar del número dos de las listas de CiU, y que, además, todo ello no tenía otra finalidad que debilitar al número uno.

Ocho días después, el 26 de marzo, en mi libreta de notas hago constar otra reunión en el Palau de la Generalitat. Pujol fue el primero en hablar y enseguida me dijo que había decidido que se tomaría unos días de reflexión en torno a si Mas debía dejar o no el Govern para ir a la alcaldía. Al mismo tiempo, sin embargo, me dejó muy claro que él ya tenía tomada la decisión —sin mucho entusiasmo— de que Molins sería el candidato. Pero como los diarios lo daban por hecho y, según Pujol, era la gente de Molins quien lo filtraba, quería que quedara claro que quien tomaba la decisión era él y no el candidato.

Esa mañana fue la primera vez que me habló de Artur Mas relacionándolo con el futuro. Textualmente me dijo que si algún día tenía que pensar en alguna persona para relevarlo, esa sería Mas. Y como quien no quiere la cosa me preguntó qué pensaba yo y si estaba de acuerdo. Con una sonrisa socarrona de las mías y con mucha austeridad en la respuesta, le comenté que no tenía nada que decir en relación a las decisiones que tomara su partido. Cuando comprobó que no encontraba en mí la complicidad que estaba buscando, me pidió a continuación que hiciera quedar bien a Mas y que, si bien este se retiraría como candidato a la alcaldía, le interesaba que quedara claro que podría ser alcalde. Esa misma tarde acudí al Parlament como presidente de la Comisión de Traspasos, y la prensa me hizo preguntas sobre la candidatura de CiU en Barcelona. Leal a Pujol, me expresé en los términos que él me había pedido sin avanzar nada con respecto a la renuncia de Mas. Allí mismo, Rafael Ribó, como líder de IC Verds, habló después con los periodistas y usó la expresión monarquía absoluta en alusión a Pujol y sus decisiones.

Pero la conversación con Pujol no se acabó con las referencias a Artur Mas. El presidente volvió a hablar de mí y reiteró la tesis de mi presencia en el Gobierno central. Por si no hubiera tenido suficiente, volvió a insistir en que habría ido muy bien que hubiera sido candidato a la alcaldía de Barcelona. Pese a todo, y por si mi ego no quedaba suficientemente satisfecho, el presidente intentó remachar el clavo diciéndome que era necesario que asumiera un puesto de alta responsabilidad política, pero con autonomía. Nunca antes había demostrado tanto interés personal por mi futuro. Realmente, llegué a entender que lo importante era que no pudiera suponer un obstáculo para lo que el presidente Pujol buscaba de cara al futuro. ¿Qué futuro? ¿Con quién contaba en ese sentido? Eso es lo que quedaba menos claro. De entrada, el futuro más inmediato pasaba por él mismo. Y, ciertamente, también comenzaba a dibujarse que tendría una prolongación en Artur Mas. ¿Pero era Mas la apuesta de futuro de Pujol y de los suyos, o solo se trataba de un pretexto pasajero para facilitar otros liderazgos de futuro, como el del propio Oriol Pujol, hijo del presidente? Nunca lo podremos saber con certeza y, más allá de las opiniones que cada uno pueda tener al respecto, lo que sí me quedó claro —y hoy todavía más— es que al presidente Pujol lo único que le interesaba era que no pusiera palos en las ruedas de su futuro.

En todo caso, a partir de la posición del presidente Pujol sobre la entrada o no en el Gobierno central, el proceso independentista me ha hecho reflexionar sobre la supuesta negativa de Jordi Pujol de entrar en un Gobierno del Estado. Siempre he creído que, cuando lo planteaba como hipótesis, era más porque pensaba, erróneamente, que la propuesta me podría seducir que porque estuviera a favor. En su posición, al final, no sé si contaba más el ego al que hacía referencia López de Lerma o una premeditada posición a no implicarse con España por las razones que ya he explicado, más allá de la conveniencia de defender los intereses legítimos de Cataluña. Si fuera así —y cada vez me inclino más a favor de esta posibilidad—, reconozco que, queriendo o no, Pujol me habría engañado. Siempre me dejaba patente su interés por España. Su comportamiento en temas de Estado, su interés y su conocimiento por problemas profundos de otras comunidades autónomas me hacían pensar con absoluta convicción que era así. La propia aceptación de símbolos españoles, como por ejemplo la bandera en viajes oficiales, o el hecho de que, durante estos viajes, algunas veces residiera en la embajada de España, o al menos la visitara, no hacían más que avalarlo. Y no hablemos ya de su buscada designación de «Español del año» por el diario ABC. Pero lo que sentía en el fondo… Eso no lo sabré nunca. Cuando escribí el libro Entre una España y la otra en el año 2007, me felicitó especialmente por el capítulo «España católica, laica o laicista… ¿Qué España?». Me dijo que era lo mejor que se había escrito sobre el tema. No obstante, también añadió: «Ya sabes que no comparto muchas de las cosas que dices en el capítulo “El debate territorial: España una, España plural… ¿Qué España?”». La verdad: ¡no me cogió de nuevas!

También sabía que esa posición marcaba una de las diferencias entre Pujol, entonces presidente de CDC, y su secretario general, Miquel Roca, ya lo he señalado. Eso sí, no era la única, en cualquier caso. No era necesario compartir escaños ni comidas o cenas con los compañeros diputados de CDC en Madrid para saber qué más justificaba las diferencias entre los dos. Los medios de comunicación de la época, haciendo referencia a fuentes roquistas, hablaban directamente de la influencia de la familia Pujol, en concreto la de su esposa, Marta Ferrusola, y la de su hijo Jordi en la estructura política de CDC y en la actitud hacia Roca. En vísperas del congreso de CDC de octubre de 1992, frente a la ponencia de estrategia política —que algunos malpensados dicen que había escrito el propio Pujol—, los roquistas se plantearon enmendarla para proponer la participación en el Gobierno de España. Finalmente, renunciaron a ello. Pero, en cambio, en la agrupación de CDC de Sarrià, prosperó una enmienda que, también según los roquistas, «acentuaba las tendencias aislacionistas de CDC frente al Gobierno de España». Las mismas fuentes añadían que aquella agrupación «la dominaba con mano de hierro Marta Ferrusola y que el autor de la enmienda era su hijo, Jordi Pujol Ferrusola».

Hay una frase que diversos medios de comunicación de aquel tiempo publicaron, atribuida al entorno de Miquel Roca, que recordaré siempre: «El problema de Pujol es después de dormir en casa… Si lo pillas antes, entra en razón. Después, la presidenta y su hijo mayor hacen valer su poder». No puedo asumir, por desconocimiento, la literalidad de la información, pero sí puedo decir que Miquel Roca nunca fue del agrado de la familia Pujol, especialmente de la esposa del presidente. Deshonor para unos, privilegio para otros, yo lo compartí con Roca: tampoco he sido nunca santo de la devoción de Marta Ferrusola. A pesar de que alguna vez fue simpática conmigo, como cuando me regaló corbatas de su marido porque sabía que las coleccionaba. Si tuviéramos un museo de la corbata, allí irían a parar. Las tengo de procedencia muy curiosa, y no me refiero a las de Pujol. No solo he llegado a coleccionar carteles de hotel con el no molestar o las instrucciones que se ponen detrás de los asientos en los aviones, también acostumbro a recoger objetos que sé que coleccionan mis amigos: chapas de cava, sobres de azúcar, lápices… ¿Qué diría Freud sobre ello?

Por otro lado, Marta Ferrusola no se privó de insinuar públicamente en entrevistas radiofónicas la poca simpatía que yo le inspiraba. La última vez fue en Catalunya Ràdio. No recuerdo bien si era en una entrevista o en un programa porque, si la memoria no me traiciona, llegó a intervenir con regularidad en un espacio de esta emisora (la verdad, no tengo precedentes de ningún país democrático en el que la esposa del presidente haya tenido tanta proyección mediática). En Ràdio Nacional de Catalunya, días después de la primera consulta independentista organizada el 10 de abril de 2011, Marta Ferrusola soltó la última andanada pública, que yo recuerde, en mi contra.

La primera consulta independentista

A instancias de Joan Rigol habíamos reunido a la permanente del comité de gobierno de Unió para tratar de la consulta independentista que había comenzado a convocarse en diversos municipios de Cataluña. El primero fue Arenys de Munt, en la comarca del Maresme. En 2011, convocado en la ciudad de Barcelona, Joan Rigol me pidió si podía reunir a la permanente de la ejecutiva de Unió. Entendía que no podíamos participar en esta consulta. Eso sí, dijo que, como expresidente del Parlament y en función de su vertiente institucional, iría a votar unos días antes acompañando al presidente Heribert Barrera. A todos nos sorprendió que nos pidiera hacer una cosa y que él hiciera justo la contraria. Debatimos un rato y, efectivamente, acordamos asumir la posición de Rigol, es decir, no la que él practicó, sino la que nos pedía a los demás: no votar. Llegado el domingo, me llamaron por teléfono para decirme que Antoni Castellà había ido a votar. ¡Ninguna sorpresa! Y que también lo había hecho Joana Ortega. ¡Sorpresa total! La llamé y me dijo que debía hacerlo, que ella era, como vicepresidenta, la responsable de participación ciudadana. Le comenté que suponía que había votado no y le pregunté si lo podía explicar si me lo preguntaban a mí; la respuesta que entendí era positiva en ambos casos.

Evidentemente, en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de gobierno del día siguiente, me preguntaron sobre la participación de Joana Ortega en la consulta. Lo hizo la periodista del diario El País Àngels Piñol. Justifiqué su actuación y le dije que había votado que no. La periodista preguntó por qué decía que había votado que no y mi respuesta fue tan agresiva como maleducada: «Porque me da la gana». Tuve tres o cuatro reacciones más como esta a lo largo de mi relación con los periodistas. Una vez fue en una campaña electoral con una periodista de RAC1. Me supo muy mal y le pedí perdón en privado y públicamente, porque pública había sido mi despótica reacción a una pregunta suya. También me disculpé con sus jefes en la radio. La otra que recuerdo fue con un periodista del Avui en Madrid. Estos arrebatos, estas salidas de tono mías me hacían daño.

Hace unos meses, me encontré a la periodista Àngels Piñol de El País en el AVE, y le sorprendió que la identificara con nombre y apellidos, pero sobre todo que recordara aquella rueda de prensa. ¡No la olvidaré nunca! Estaba realmente enfadado con Joana, con Rigol, con el mundo entero, y además no quería dar esa rueda de prensa, pero ni el secretario general ni la portavoz podían ir. Por tanto, tuve que afrontarla personalmente. Pues bien, sobre esa respuesta, Marta Ferrusola dijo en Catalunya Ràdio que estaba convencida de que yo no decía la verdad y que se dejaría cortar las manos por Joana y su voto positivo. Pedí a Joana que avalara públicamente lo que yo había afirmado, ya que, al fin y al cabo, era lo que ella me había dicho. Me aseguró que lo haría, pero no lo hizo. Y eso que había dado la cara por ella cuando se supo que había distribuido un currículum indicando «por error» que era psicóloga cuando todavía no había acabado la carrera. Pero, vaya, debe quedar claro que nunca se lo he tenido en cuenta. Aprecio a Joana Ortega y aprecio su contribución a Unió y al Gobierno de Cataluña: ha sido una de las mejores dirigentes que hemos tenido. Su padre había militado en Unió, como sus hermanos. Es una mujer con coraje y una gran capacidad empática, y seguramente estaba muy presionada por unos y otros.

Recapitulemos

Más allá de las diferencias de estrategia política de cara a participar o no en un Gobierno de España, y más allá de la simpatía que el entorno familiar del presidente Pujol sintiera hacia Roca, como ya he comentado, se señaló la relación política de Pujol con Unió y conmigo en particular como una de las causas de las diferencias entre los dos líderes de CDC. De hecho, cuando Miquel renunció a presentarse a la reelección a la secretaría general de su partido de cara al IX Congreso del 18 de octubre de 1992, lo justificó públicamente hablando solo de los problemas de Unió. Pero eso no era cierto.

Roca utilizó Unió para justificar una decisión personal motivada por muchas otras razones. Pujol nos utilizó, a Unió y a mí, para pararle los pies a su compañero de filas y secretario general. Recuerdo un reportaje del diario Avui de finales de 2001 en el que se decía que Miquel y yo habíamos sido dos personajes clave para entender la evolución de CiU. Añadía que, durante muchos años, las turbulencias de la coalición se tenían que leer en clave personal en función de las ambiciones y de las frustraciones de ambos. Discrepo totalmente: en ese episodio —el más importante de todos—, yo era un invitado en la función que ellos interpretaban. Pero aún más, si de ambiciones se trata, también deben añadirse las de Jordi Pujol y su entorno familiar para entender las turbulencias de la coalición.

Viví esa crisis con intensidad. Jordi Pujol me utilizó para dejar a Miquel Roca en evidencia. Confieso que permití que lo hiciera porque Miquel no nos había tratado lo suficientemente bien, ni a mí ni a Unió. Anteriormente, en un almuerzo en el antiguo restaurante del Palace de Madrid, Roca había intentado que sumáramos esfuerzos para ganar a Pujol y a su ámbito de influencia. Creo que, en alguna ocasión, Miquel ha negado que se diera esta conversación, pero yo la tengo muy presente. En el libro ya mencionado de Josep López de Lerma, y a partir de toda esta crisis, se describe una conversación suya con Pujol en la Casa dels Canonges en la que le dice claramente al presidente: «No puedo seguir utilizando a Duran Lleida como fustigador de Roca porque eso cabrea a las bases del partido», y «tal vez ha llegado la hora de anunciar quién será mi heredero».

Esta conversación es muy importante, y no por lo que dice sobre que yo fustigaba a Roca. Eso era recíproco, tanto como el cabreo de las bases. El problema de fondo era que Miquel Roca se había situado como número dos de CDC y, de facto, de la coalición, nos gustara más o menos en Unió. En cambio, no tenía ninguna posibilidad de convertirse en el número uno porque ni Pujol ni su entorno político ni, sobre todo, el familiar, le tenían la suficiente confianza. ¡Ese era el problema! También aquí se puede establecer un paralelismo con lo que, años después, me sucedió a mí: llegué a ser número dos de la coalición, y de gran utilidad para Pujol, pero a la hora de convertirme en el número uno no contaba tampoco con su confianza ni, sobre todo, con la de su entorno familiar. Ya hablaremos de ello más adelante.

A partir de la renuncia de Roca a presentarse como secretario general y señalando a las relaciones con Unió como la causa que fundamentaba esa decisión, el presidente me pidió que lo ayudara. Se trataba de hacer concordar nuestras posiciones con el objetivo de desmontar la tesis de Roca. Así, acordamos que Pujol nos plantearía públicamente dos condiciones sine qua non para la continuidad de la relación. La primera, que no rompiéramos unilateralmente el pacto municipal, y la segunda, que no vetáramos al candidato que en su día CDC designaría como aspirante a presidente de la Generalitat. A cambio, Unió proponía más coordinación entre los dos partidos en el marco del comité de enlace. Obviamente, Pujol ya procuró que ninguna de las dos condiciones supusiera un problema para nosotros. Lo que proponía —y que había pactado conmigo— de las candidaturas municipales no discrepaba de lo que habíamos aprobado en el congreso del mes de junio de ese año, es decir, que podríamos presentarnos por separado en los municipios donde no hubiera acuerdo. Y si no lo había, era obvio que eran los dos partidos, y no uno solo, los que abrían la puerta a ir cada uno por su cuenta. Sobre la segunda condición, solo cabe decir que Pujol me dejó bien claro que él volvería a ser candidato. Que nadie piense mal y llegue a la conclusión de que se quería asegurar que Unió no dificultaría una hipotética candidatura de Miquel Roca a la presidencia de la Generalitat. No iban por ahí los tiros. Y que nadie se imagine que Pujol pensaba en Mas, quien todavía no había apuntado ninguna vocación por el liderazgo. Entonces era solo un regidor del Ayuntamiento de Barcelona promocionado a portavoz de su grupo.

Estas condiciones y el consentimiento público de Unió aceptándolas antes del congreso de CDC no tenían otra pretensión por parte del presidente que la de dejar a Roca en evidencia. Si Unió aceptaba las condiciones de CDC, ¿cómo se podía justificar que el problema de su renuncia era Unió? Con Pujol, aquellos meses nos reuníamos siempre como mínimo antes de las ejecutivas o de los consejos nacionales de CDC para coordinar la estrategia. Roca volvió a la secretaría general de CDC el 31 de enero de 1993. Eso sí, con un voto de castigo impensable unos meses antes: un 20 por ciento del no y un 10 por ciento de votos en blanco. Las cosas nunca volverían a ser igual en la relación Roca-Pujol. Miquel Roca volvió a ser candidato al Congreso en 1993 y lo dejó después para presentarse como candidato a la alcaldía de Barcelona. En la medida en que se fue apartando de la dirección de CDC, nuestra relación política y personal se fue fortaleciendo hasta convertirse en afectuosa. Con él fuera de la política activa, empezó a gestionarse la preparación del postpujolismo.

Comienza una nueva etapa de mi vida política.

4

Nuevos tiempos, nuevos retos

¿Candidato a presidente de la Generalitat o líder del catalanismo?

En el Congreso de Unió que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Tarragona el 16 y el 17 de diciembre de 2000 lo dejé muy claro: «Lo más importante no es que el candidato sea de CDC o de Unió, sino que el presidente de la Generalitat sea de CiU». Fue un congreso mucho más importante de lo que se valoró. Ese mismo año, el 7 de septiembre, había dado un paso adelante: en el transcurso de una rueda de prensa, y acompañado por la dirección de Unió, expresé una disposición absoluta a liderar el proyecto del catalanismo político en el futuro. Dejé claro que mi anuncio no significaba que me estuviera postulando como candidato a presidente de la Generalitat, pero, lógicamente, algunos dijeron que no se entendería que aspirara a liderar el catalanismo político sin que al mismo tiempo me propusiera como candidato a la presidencia. Puse el acento en los términos catalanismo político, puesto que, antes y después de esa comparecencia, había expresado que mi opinión era favorable a no hablar de nacionalismo, sino de catalanismo político. Ya había desarrollado esta idea en la conferencia de La Ampolla con la Unió de Joves en el año 1996. Y lo volví a hacer el 25 de octubre de 2000 en una conferencia en el paraninfo de la Universidad de Barcelona.

Con el título «Nuevos tiempos, nuevos retos, nuevas ilusiones, nuevas oportunidades para Cataluña: un proyecto para compartir», reunimos una amplia representación de la sociedad catalana en el viejo edificio de la universidad. El organizador oficial de la conferencia fue el Grup Set, integrado por mujeres representativas de la sociedad civil, y su presidenta, Adela Subirana, fue quien me presentó. Situemos el momento en el contexto interno de CiU: Artur Mas era conseller de Economía y Finanzas y portavoz del último Gobierno de Pujol, y yo lo era de Gobernación y Relaciones Institucionales. Tácitamente, los dos éramos los candidatos a suceder al presidente Pujol, que todavía no se había mojado al respecto.

En esa conferencia quería dejar claro el perfil propio de Unió. Artur Mas asistió acompañado por Miquel Roca. A Miquel, en mi condición de conseller de Gobernación, lo había designado jefe de una comisión que debía realizar una propuesta de ordenación territorial de Cataluña. Él mismo se ofreció. La comisión, pactada con todos los jefes de los partidos, estaba integrada por expertos que había seleccionado entre los que me habían propuesto los presidentes de los diversos grupos parlamentarios de Cataluña. Era una comisión que seguía el modelo de las Royal Comissions británicas. Creo que era una idea acertada y lo digo añadiendo, además, que surgió de Rafael Ribó, portavoz de IC Verds, con el que tenía una relación fluida tanto política como personal. Después, como Síndic de Greuges, ha mantenido una acción muy beligerante a favor del independentismo y nunca más he compartido con él una charla política como las que a menudo habíamos tenido sentados a la mesa en algún restaurante. Cuando dejé la política, no recibí de él ni una llamada, a pesar de que yo había sido la persona decisiva para que él tuviera el apoyo de CiU como síndico. Pero al cabo de unos meses me pidió el teléfono del fiscal Martín Rodríguez Sol, que había ido en las listas de Unió del 27-S como independiente y del que muchos recordarán su dimisión como fiscal jefe del TSJC a partir de un expediente que le abrieron por unas declaraciones sobre una consulta.

La comisión sugerida por Rafael Ribó elaboró una propuesta de organización territorial que se denominó Informe Roca. Al día siguiente de ver la luz fue debidamente pasada por la piedra. De la mano de su secretario de política municipal, Lluís Corominas, Convergència fue la primera en criticarla con dureza. Obviamente, la crítica de Corominas no fue autónoma: detrás estaba el presidente Pujol, que no había visto esa comisión con buenos ojos. ¡Demasiada unidad! Y, además, era una bofetada política para Roca y para mí: tres pájaros de un tiro. De esa colaboración puntual con Roca, y sin que yo se lo pidiera, nació su compromiso de que se mojaría a favor de mi candidatura para suceder al presidente Pujol. No lo hizo nunca, y nunca se lo he recriminado, entre otras razones porque estaba seguro de que no lo haría. Lo entendí perfectamente, teniendo en cuenta que él ya ejercía de abogado y no de político. Tomar partido siempre comporta riesgos profesionales. Aun así, acompañó a Artur Mas a mi conferencia de la Universidad de Barcelona, convencido de que sería positivo para mí.

En esa conferencia, por tanto, reivindiqué el catalanismo político frente al nacionalismo. No solo porque, con el proceso de construcción europea y con las guerras de los Balcanes, el término nacionalista se hacía inaceptable en la Unión Europea, sino también porque, además, era consecuente con la historia de Cataluña. Me referí al hecho de que la Gran Enciclopedia Catalana califica el catalanismo político como un «movimiento que propugna el reconocimiento de la personalidad política de Cataluña o de los Países Catalanes». La larga explicación histórica que añadía iba desde la fundación del Centro Catalanista de 1873 hasta la fundación de ERC o Unió Democràtica pasando por la Unió Catalanista, Prat de la Riba o el Estat Català. En cambio, recuerdo que, si buscabas explicaciones sobre nacionalismo, la Gran Enciclopedia Catalana hablaba más de otros países que de Cataluña.

Expliqué también —recordad que estábamos en octubre de 2000, quince años antes de que se iniciara el procés secesionista— que el objetivo no tenía que ser construir un nuevo estado que supliera al español, sino fortalecer la sociedad civil, darle sentido de compromiso comunitario y canalizar su iniciativa a favor de las personas que la integran. «La identificación de nación con estado era una aspiración conservadora, no evolucionada, propia del siglo XIX». Y el concepto de independencia estaba superado ampliamente por el de interdependencia. Afirmé que no debíamos tomar como ejemplo el proceso seguido por algunos países del centro y este de Europa, que era una falacia intentar trasladar los procesos de autodeterminación sin sacrificio de vidas humanas. Y también hice referencia a la Unión Europea en los siguientes términos: «Hoy es políticamente inviable un proceso de independencia en el seno de la UE que no cuente, no tan solo con el visto bueno del Estado del que forma parte, sino también con el consentimiento del resto de los miembros de la Unión». Al mismo tiempo señalaba que, de la misma manera que sería irreal construir el futuro a partir de la apuesta por un Estado propio, también sería imperdonable hacerlo sin ser conscientes de que los cambios de la sociedad obligan a pedir más instrumentos políticos y económicos en beneficio de una resolución eficaz de los retos que las nuevas realidades plantean. Esa conferencia no gustó nada a los que años después, desde CDC o desde Unió, han avalado el procés.

Hoy continúo defendiendo y pensando lo mismo, y creo que hay tres cosas que son indiscutibles: la primera es que el nacionalismo está reprobado a lo largo de la Europa democrática como uno de los grandes males del siglo XXI; la segunda es que el tiempo ha confirmado el pronóstico de mis reflexiones sobre hacia dónde iba el futuro y sobre las posibilidades reales del independentismo, con todo el respeto hacia los que lo predican; la tercera y última es que nadie me podrá cuestionar la coherencia. He pensado y manifestado siempre lo mismo, aunque hacerlo comportara ir a contracorriente. En detrimento de esta coherencia, sin embargo, tengo que decir que en aquellos últimos años, arrastrado por la corriente soberanista de Unió y con la voluntad de no provocar rupturas antes de tiempo en el seno de CiU, el término Estado propio se incorporó a nuestro léxico político. Ahora bien, no debe haber nadie que no sepa que eso se hizo en contra de mi opinión y mi posición en el seno del partido.

A lo largo de aquellos años sostenía, por activa y por pasiva, algo que ahora no aguanta el rigor histórico. Decía que, en un posible referéndum, Convergència i Unió nunca izaría la bandera de la segregación y que nuestro proyecto no era independentista. Por eso, precisamente, pedía moderación para garantizar la centralidad de nuestra federación. Es obvio que, a partir de la segunda década del siglo que acabamos de empezar, se puso de relieve que mis tesis eran minoritarias. En Convergència, seguro, y en Unió, prácticamente también. Cuando decía que CiU no izaría la bandera de la segregación, no pretendía engañar a nadie, estaba convencido de lo que decía, pero el tiempo ha demostrado que hablaba en nombre de muy pocos. Estos últimos años he dedicado mucho tiempo a revisar el pasado. He llegado a la conclusión de que una parte de la acción de gobierno de Convergència i Unió estaba orientada a poner las bases para que, si un día el independentismo tenía que ser posible, se pudiera edificar como un proyecto de futuro. Y esta conclusión me hace sentir muy muy mal. ¿Todo eso sucedió y yo no lo veía porque era un ingenuo? ¿Tenía poca capacidad política? La respuesta ya me sirve de poco y, posiblemente, presenta diversos componentes.

La acción orientada a favorecer un futurible proyecto independentista estaba más presente en el ánimo de la mayoría de consellers de CDC que en los de Unió, pero parece difícil contradecir a los que acusan a los Gobiernos de CiU de tener una responsabilidad en lo que ahora está pasando. Personalmente nunca hice ni permití de manera consciente nada que considerara que favorecía el independentismo. Pero eso no me exime de responsabilidad; más bien la agrava: implícitamente pone de relieve mi incapacidad política para detectar, desde el lugar privilegiado en el que me encontraba, que en el fondo de algunas de nuestras políticas se resguardaba la voluntad de fortalecer la conciencia independentista de una parte de la ciudadanía.

En los últimos tiempos, las redes han divulgado un supuesto documento de Convergència i Unió con el título «Programa 2000» en el que se diseñaba la estrategia de recatalanización de CiU. El movimiento Tabarnia lo difundió, explicando que el texto había sido revisado personalmente por el presidente Pujol y que sentaba las bases de la estrategia nacionalista de CiU. Según Tabarnia, tanto CDC como Unió éramos los autores del documento, en el que, entre muchísimas otras consignas, se hablaba de impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, de padres y alumnos, como también de incidir en los medios de comunicación con personas que compartieran el objetivo de la búsqueda de la soberanía dentro del marco europeo. No sé si el documento es falso o no, o si Convergència lo conocía o no, pero sí que puedo decir que Unió no tenía ninguna constancia de su existencia.

Hablando de contenidos, los de mi conferencia de La Ampolla en 1996, los de la Universidad de Barcelona de octubre de 2000 y los de la rueda de prensa del 6 de septiembre de aquel mismo año no tenían otra finalidad que la de marcar el perfil propio de Unió, y hacerlo en sentido contrario precisamente a la evolución del catalanismo o nacionalismo catalán frente al independentismo. Cuando lo hacía, además, nunca creí —existe en este sentido una excepción que ya explicaré— que podía ser candidato a presidente de la Generalitat, y no precisamente porque no lo valorara. Simplemente no lo creía porque, aunque lo deseaba y habría sido un proyecto compartido por mi familia, sabía que no podría llegar si no era provocando un descalabro importante en la estabilidad del país al romper la coalición de CiU. En cambio, sí que me importaba y me veía capaz de establecer las pautas y las estrategias de lo que más me interesaba, que era el proyecto político.

De hecho, la rueda de prensa del 7 de septiembre de 2000 en la que anuncié mi predisposición a liderar el catalanismo fue forzada por intereses partidistas. Me explico. No es que no estuviera dispuesto a liderar el catalanismo político, porque lo estaba; lo que aquel día se forzó fue el anuncio de mi predisposición a hacerlo.

¿Qué urgencia había de convocar aquella rueda de prensa del 7 de septiembre con un anuncio tan importante, según Jordi Casas, portavoz del partido, y según las personas con las que había meditado la decisión? La urgencia se debía a que aquel mismo día se daba a conocer una decisión judicial sobre un caso de corrupción —y no digo presunta corrupción— que salpicaba a Unió. Se trataba del caso Pallerols.

El caso Pallerols

Efectivamente, ese caso alteró la vida política de Unió y la de algunos de sus dirigentes, entre otras la mía. Os lo aseguro: no sabía qué era el Trankimazin© hasta que todo estalló en los medios de comunicación. Lo destapó El Periódico, entonces dirigido por Antonio Franco. Yo acababa de tomar posesión del cargo de conseller de Gobernación y Relaciones Institucionales. De hecho, en aquel momento aún no estaba preparada la sede de la consejería en el edificio de Via Laietana, donde todavía está, y provisionalmente, como ya he explicado, me habilitaron unas oficinas en un bloque de la Plaça Nova de Barcelona. Mientras tanto, acababan de terminar el edificio que Xavier Trias había alquilado en Via Laietana, 26 para destinar allí algunas dependencias que él dirigía de la conselleria de la Presidencia. Era principios del año 2000. Carles Pastor, un excelente periodista que entonces trabajaba en El Periódico, vino a explicarme una historia relacionada con un empresario residente en Andorra, Fidel Pallerols, y con donativos a personas de Unió. El Periódico no los interpretaba solo como financiación irregular del partido, sino que estaba convencido de que tenía en las manos un Filesa de Unió, en alusión al caso que salpicó la financiación del PSOE.

Fueron los peores años de mi vida, y también de la de mi familia. Es posible que lo que voy a escribir no tenga fundamento científico alguno y, sobre todo, quiero que quede claro que nunca he responsabilizado a nadie. Sufrí mucho, pero mis padres mucho más que yo. Mi familia siempre había sido un modelo de honradez y de humildad, y nos ha transmitido a los tres hermanos que la divisa más importante en la vida es justamente esa: la honradez. Recuerdo que cuando era pequeño, a la hora de la cena, acostumbraban a llamar a la puerta, y que solía ser algún vecino que acudía a mi padre para conocer el criterio de un hombre recto y honrado. Mi madre, como todas las mujeres de la época y particularmente del medio rural, no lo era menos, pero su proyección vital quedaba limitada por las cuatro paredes de casa. Eran los tiempos en los que la actividad social de ir al bar después de comer y de cenar para jugar una partida de butifarra o de dominó estaba reservada a los hombres. Las mujeres permanecían en casa, fregando, planchando y preparando la cena. Afortunadamente, ya no es así, aunque todavía queda mucho por hacer en el mundo social, laboral, familiar y personal para conseguir una auténtica igualdad de los sexos.

En este contexto debe entenderse que todo aquel proceso tan largo les hiciera sufrir mucho, muchísimo. Entonces ya era consciente de ello, pero ahora lo soy más. Mi padre tenía la costumbre de guardar los recortes de periódico cuando yo era el protagonista. A menudo se los facilitaba yo, porque era evidente que no compraba toda la prensa, ni podía hacerlo. Pero también es cierto que a lo largo de los años que duró el caso Pallerols nunca le pasé noticias malas del debate político ni de la instrucción judicial. Así que me llevé una sorpresa cuando, al pedirle el material que tenía archivado para utilizarlo en la redacción de estas memorias, comprobé que había guardado todo lo que hacía referencia al caso. Por ejemplo, conservaba lo que publicaron El Periódico y El Mundo, y yo no se lo había dado. El Periódico y, de una manera más general, El País y El Mundo, fueron los principales portavoces mediáticos. También el Diari de Girona, que publicó auténticas barbaridades, de un modo obsesivo y encarnizado.

Judicialmente, el caso Pallerols fue largo, muy largo, como acostumbra a serlo la mayoría de los procesos. Este es uno de los grandes déficits de la democracia española. Si hubiéramos invertido en administración de justicia el mismo dinero que se ha destinado a los servicios de inspección de Hacienda, el país iría mejor. Con ello no quiero decir que la inversión en Hacienda no fuera necesaria ni que no haya tenido efectos positivos. Pero permitidme señalar que el principio de presunción de inocencia del contribuyente no ha existido en los últimos años. Es un gran déficit democrático, acentuado en uno de los ministros de Hacienda más izquierdistas que hemos tenido: Cristóbal Montoro, del PP. Sin embargo, lo que quiero destacar ahora es lo negativo que ha sido no invertir en el ámbito de la administración de justicia. Ya se sabe que la justicia lenta no es justicia, y eso es lo que sucede en España. Quiero que quede claro que también me siento responsable de ello en la medida en la que las tareas parlamentarias que he realizado podrían haber sido más decisivas para corregir este gran déficit. Al margen de que hoy en día todo el mundo está doctorado en Derecho y sepa más que los jueces (ya me entendéis), me sabe mal y me preocupa observar que hay dirigentes políticos que, sin haber sido capaces de legislar todo lo bien que sería deseable y, sobre todo, sin haber llevado a cabo la reforma a fondo que requiere la justicia, no solo permiten descargar la ira social contra los jueces, sino que a veces la fomentan de manera irresponsable.

Mi madre murió en junio del 2004 a causa de un cáncer, en pleno proceso judicial por el caso Pallerols. Siempre había sido una mujer muy sufridora, que, además, no sabía compartir las preocupaciones y se lo guardaba todo. A mí me pasa lo mismo, soy como ella.

El caso Pallerols la hizo sufrir mucho, y siempre he creído que contribuyó a que emergiera su enfermedad; es posible que mi sospecha no se sostenga científicamente, pero se lo he preguntado a muchos médicos y ninguno de ellos me lo ha negado categóricamente. Fueron unos meses de una intensidad informativa extraordinaria. Cada vez que salía una noticia, llamaba a casa para hablar con mis padres y darles la impresión de que estaba tranquilo y relajado. Lo pasaron muy mal. Me resulta fácil imaginarlo: la vida en un pueblo pequeño es muy diferente a la vida en las grandes ciudades. Cuando mi madre iba a comprar el pan, la carne o lo que fuera, bastaba que le dijeran «hemos visto a tu hijo en la televisión» para saber que le estaban dando a entender que me habían visto en relación con alguna noticia sobre el caso Pallerols. Con la corrupción, por consiguiente. Y la corrupción no encajaba con la honradez de la familia.

Es evidente que ni El Periódico, ni El Mundo, ni Diari de Girona ni ninguno de los medios informó sobre el caso con la voluntad de obstaculizar mi hipotética candidatura a la presidencia de la Generalitat. Pero también era evidente que muchos de los dirigentes de los demás partidos lo aprovecharon sin piedad. Nunca he sido partidario de utilizar presuntas irregularidades investigadas judicialmente como argumento de ataque político contra el adversario, y creo que también en eso he sido coherente a lo largo de mi vida de actividad política. Aún menos me ha gustado personalizar los ataques: siempre he intentado tratar al adversario con respeto y teniendo en cuenta la condición humana, la dignidad. La democracia existe cuando se combaten las ideas con toda la intensidad que sea necesaria, pero siempre respetando la verdad y, sobre todo, a las personas.

Meses antes de que apareciera la información en El Periódico, yo ya conocía la existencia de Fidel Pallerols, si bien no tenía ni idea de que mantuviera una relación estrecha con personas de Unió, más allá de la que podía tener con responsables de la Administración en general y de la conselleria de Trabajo en particular, ya que se dedicaba a la gestión de centros donde se impartían cursos de formación ocupacional. Fidel Pallerols vino a mi despacho, previa solicitud de entrevista, como presidente de la patronal andorrana mucho antes de que estallase el caso que llevaría su apellido. He de decir que no me gustó desde el primer momento. Me pidió que fuera a Andorra para pronunciar una conferencia y me mostré reticente a pesar de que llevaba un folleto donde se mencionaba a otras personas que habían pasado por la tribuna de la patronal andorrana, entre ellos, José María Cuevas, presidente de la CEOE. Solo después de hablar con el propio Cuevas y con el dirigente socialista Higini Clotas, por su relación con Andorra, decidí ir, aunque con ciertas reservas. Cuevas me informó de que la patronal todavía no existía como tal, de que era un proyecto incipiente, y me dijo que estaría bien ayudarlos. Higini Clotas, por su parte, me animó a que fuera, me dijo que estaban esperándome. Después me enteré de que cuando hablé con él, Clotas se refería a un almuerzo-conferencia al que iba a asistir en un hotel con los miembros del Lions Club, y de que su manifestación favorable para que acudiera a Andorra no tenía nada que ver con Pallerols, a quien no conocía de nada.

Mi viaje a Andorra sirvió para confirmar mi primera impresión del personaje. En efecto, la conferencia-coloquio en la comida del Lions Club marchó bastante bien: mucha gente y mucho nivel. Después, todo fue de mal en peor y la tarde se convirtió en un espectáculo un tanto esperpéntico. Como presidente de la patronal andorrana, Fidel Pallerols había concertado mi visita al jefe del Gobierno, Marc Forné. Llegamos puntualmente a la sede del Gobierno andorrano y mi sorpresa fue mayúscula cuando nos dijeron que el jefe del Gobierno andorrano no estaba en su despacho y que no nos esperaban. Yo no entendía nada. Sin embargo, la tarde aún me depararía más sobresaltos. A la frustrada visita seguía otra a la sede de la patronal; pero dicha sede no existía, ¡era un despacho en el negocio de informática propiedad de Fidel Pallerols! Eso era todo lo que había en representación de la organización empresarial andorrana. Segunda sorpresa de la tarde. Y aún no había terminado.

Entramos en su despacho y Pallerols me hizo pasar a una dependencia en la parte posterior de la oficina. Era una sala de tiro, ¡sí, de tiro, con armas cortas! Me invitó a practicar, pero me negué en redondo. Tengo alergia a las armas, y este episodio aumentó mi grado de desprecio hacia el personaje. Tercera sorpresa, por lo tanto, y no pequeña. No obstante, aún debía cumplir mi compromiso de dar la conferencia convocada por la patronal o, mejor dicho, por su presidente y quizá socio único. Al menos eso era lo que podía deducirse por el público que asistió. La sala estaba casi vacía: unos militantes de Unió de la Seu d’Urgell y de Organyà, un matrimonio amigo que residía en Andorra, la mujer de Fidel Pallerols, mi chófer, mi escolta y dos o tres personas más. Y para de contar. No es necesario que ilustre el grado de cabreo que iba acumulando, pero en público había que aparentar normalidad. Dudo que lo consiguiera, porque no sé disimular. La apoteosis llegó a la hora de la cena: cenamos juntos el matrimonio Pallerols, mi chófer, el mosso y yo. He de decir que la mujer me pareció una persona encantadora. Creo que es posible que nunca haya descargado tanta ironía contra nadie —y he de reconocer que, cuando me lo propongo, alcanzo la excelencia— como aquella noche contra Pallerols, ya fuera sobre él, sobre la esperpéntica situación vivida esa tarde o sobre mí mismo. El regalo que me hicieron fue la guinda del pastel: una placa en nombre de la patronal en agradecimiento por la conferencia. Para leer mi nombre en ella hacía falta una lupa, pero el suyo ocupaba la mitad del espacio.

Después supe que ya había conocido y saludado a Fidel Pallerols anteriormente. Había sido en la inauguración de un local de Unió en Girona. El presidente de la Intercomarcal, Enric Millo, me pidió que agradeciera públicamente la aportación de unos muebles de oficina a un tal Pallerols. Y eso hice. La relación de Pallerols con las personas de Unió había comenzado en Girona. Con Millo tuvimos una conversación en mi despacho de diputado del Parlament en la que también participó Josep Maria Vila d’Abadal, que entonces era el responsable de organización del partido. Le dije claramente a Millo lo que pensaba, y pienso. Siempre he considerado que tenía muchas cualidades para la política. Y esa petición debía entenderla únicamente como un paréntesis; de ningún modo debía tomárselo como el final de su vida política. Él no la aceptó y lo lamenté. Abandonó Unió y acabó militando en el PP. Estuvimos distanciados mucho tiempo, pero hoy en día tenemos una relación cordial. Vila d’Abadal —que posteriormente fue alcalde de Vic y con quien mantenía una relación excelente— apostó por el independentismo. Actualmente estamos completamente distanciados; nuestra relación personal y la política se rompieron.

Si la prensa local hubiera conservado las grabaciones del acto en Girona, ahora tendríamos mi corte de voz con el agradecimiento. ¡Se habrían puesto las botas! Pero yo no sabía quién era ni qué hacía, y mucho menos que era el propietario de empresas o de academias que ofrecían cursos de ocupación.

Pasado un tiempo de esa visita a Andorra, me llamó por teléfono mi amigo Pere Grau, de Tàrrega. Pere fue diputado en el Congreso y senador. Era el jefe de exportaciones en Ros Roca S. A. cuando entré como jefe de la asesoría jurídica. Con él y con otros directivos de la empresa habíamos creado ciertas complicidades y, en algunos casos, habíamos trabado una buena amistad, como con Pere Grau, con quien también había compartido militancia. Cuando me llamó, Pere era el delegado territorial de la conselleria de Trabajo en Lleida, y, por lo tanto, tenía relación con Fidel Pallerols, quien, como mínimo en la Seu d’Urgell, era propietario de algún que otro centro de formación. Recuerdo el tono desesperado de Pere: «Josep, no puedo más. Acabo de recibir a un empresario, Fidel Pallerols, que me dice que se pasea como Pedro por su casa por la Dirección General de Ocupación de la conselleria y que le dan todo lo que pide, y que por alguna razón nos ayuda». Aquí se me encendieron las luces de alarma. Después de tranquilizar a mi amigo Grau y de decirle que me ocuparía del asunto, me puse manos a la obra. Pregunté a gerencia si les constaba algún donativo de Fidel Pallerols y me aseguraron que no. También convoqué una pequeña reunión en mi despacho con los dirigentes que en aquel momento se encontraban en la sede del partido para comentar la conversación con Grau. Recuerdo que asistieron Domènec Sesmilo, Jordi Casas, Josep Sánchez Llibre…, todos ellos parlamentarios, y también el gerente. Acordamos que Sánchez Llibre intentaría localizar a Pallerols y que lo citaría. ¿Ayudaba económicamente a Unió? ¿A quién entregaba el dinero? ¿Por qué lo hacía?

Y, efectivamente, Sánchez Llibre pidió a Pallerols verse con él. En una reunión que mantuvieron en la cafetería de un hotel, el hombre sacó una libreta con las cantidades y los nombres que después publicaría El Periódico. Es decir, cuando este diario publicó la noticia como una exclusiva, yo hacía poco tiempo que estaba al tanto del asunto. Eso mismo le dije a Carles Pastor, el periodista que vino a verme para comunicarme que iban a publicar la información. Le expliqué que ese dinero no había ido a parar a Unió, sino, en todo caso, a personas o a las actividades de algunas personas del partido que, como él sabía perfectamente, hacía tiempo que estaban preparando una alternativa a mi liderazgo. A pesar de que lo entendía, me dijo que la publicación era inevitable. Entonces intenté hablar con Antonio Asensio, el padre del actual presidente del Grupo Zeta. Teníamos una buena relación y yo le había ayudado en una gestión de Antena 3 TV con el Gobierno del PP, pero ya estaba en una fase muy avanzada de su enfermedad y, finalmente, no fue posible. Por otro lado, el caso Pallerols no era un invento de El Periódico.

Al final de un largo proceso, la justicia consideró que Unió era responsable civil subsidiario a título lucrativo de Vicenç Gavaldà, que entonces era el secretario de organización. Una responsabilidad que solo se aplica a personas o a entidades que se benefician de un acto delictivo que desconocían y en el que no han participado. Es decir, que ignora el origen delictivo de los ingresos en especie o en dinero. Es lo mismo que ocurre cuando una entidad benéfica recibe una donación procedente de un hurto o de una estafa. El camino estuvo salpicado de muchos momentos difíciles, de mucho sufrimiento y de muchas relaciones personales rotas para siempre.

Las valoraciones respecto a la conducta y las responsabilidades de Unió ya figuraban en el escrito de acusación de la fiscalía al que Unió prestó conformidad. En él se distinguía claramente entre el comportamiento de alguna persona física militante de Unió y el partido. Después, el fiscal y los jueces consideraron en la sentencia que la actuación de las personas era constitutiva de delito. Al reducir al ámbito civil la responsabilidad de Unió, se señalaba que, si bien un dinero procedente de las empresas de Pallerols acabó financiando el partido (el mobiliario de la sede de Girona, material informático de la del distrito de Sants de Barcelona y cuatro nóminas de trabajadores de algunas sedes), Unió no tenía conocimiento de la aportación que hacía el acusado Pallerols, y mucho menos de que procediera de subvenciones públicas ni de que fuera fruto de los acuerdos a los que llegaban los acusados. Todo se hacía sin el conocimiento de la conselleria de Trabajo, del resto de los miembros de la dirección del partido y de su secretario de finanzas. El escrito de acusación de la fiscalía pactado con las partes condenadas, y que fue la base de la sentencia, no hablaba en ningún momento de financiación irregular, es decir, prohibida por la ley de financiación de los partidos políticos, aun cuando entonces todavía no estaba tipificada como delito.

El problema de fondo era, sin embargo, el que Pujol me señalaba siempre: en política las cosas no son como son, sino como parecen. Y yo añadiría: y como hacen que parezcan. Llegados a este punto, debo poner de relieve el celo informativo de la televisión pública catalana en este asunto; nunca lo había visto ni he vuelto a verlo después ante casos mucho más graves que afectaron a otros partidos de los Gobiernos de Cataluña.

El jefe de la fiscalía en Cataluña era José María Mena Álvarez. Lo había conocido en Lleida, en unas tertulias que media docena de personas opositoras al franquismo, todas ellas mayores que yo, celebraban en la cafetería Nelson. Mi tutor político, Simeó Miquel, me introdujo en ellas. El padre del actual dirigente de la Tercera Vía, el notario Mario Romero, también participaba, así como Javier Hernández, psicólogo de la prisión de Lleida, a quien después pedí, en la época del conseller Bassols en Justicia, que asumiese la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Pero de esas charlas no había nacido ninguna relación especial con Mena, y menos aún de amistad. De hecho, era el que estaba más alejado de los denominadores comunes del grupo de tertulianos. Todos los demás acabaron en Unió.

Cuando era fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, convocaba ruedas de prensa con mucha frecuencia. Jueces y fiscales deberían hablar a través de interlocutorias, sentencias o escritos de acusación, y si lo hicieran a través de los medios, esto debería ser la excepción que confirmase la regla. En el caso de Mena ocurría lo contrario; el hombre hablaba por los codos con la prensa. No hace falta que diga que, en el tiempo que duró la instrucción del caso Pallerols, este fue su tema estrella. En una de esas ocasiones declaró en público —y no en las diligencias judiciales— que yo intentaba «provocar un efecto intimidador sobre un testigo y sobre los que, en igualdad de condiciones, pudiesen ser citados como testigos al hablar de la posible interposición de una querella criminal». Solicité una cita con el fiscal general del Estado, y el 28 de octubre de 2002 presenté una queja formal y escrita por esas afirmaciones. Entendía entonces, y aún lo sostengo, que el fiscal Mena era quien pretendía limitar mi derecho constitucional a ejercer una acción penal en respuesta a quien realizaba manifestaciones rotundamente falsas contra mí. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, me expresó su absoluta comprensión en ese sentido, y su jefe de gabinete técnico, Fernando Herrero Tejedor, fue testigo de ello. El fiscal general tramitó la queja y, a continuación, el fiscal inspector dio el correspondiente trámite de audiencia al denunciado. Finalmente, el fiscal inspector —no el fiscal general del Estado, ante quien yo había interpuesto la queja— contestó que archivaría las diligencias abiertas, alegando que las palabras de Mena no tenían intención vejatoria alguna y que su trascendencia ante los medios de comunicación, una vez levantado el secreto del sumario, era completamente ajena al ministerio fiscal. Es decir, que, puesto con palabras bonitas, Mena no había roto ningún plato con su mensaje. No hace falta que reitere la trascendencia mediática de lo que yo denunciaba, que no tenía nada que ver con el contenido del sumario conocido una vez levantado el secreto, sino con la incontinencia verbal de un fiscal a quien siempre he considerado sectario. Eso sí, es una persona sobradamente preparada.

Curiosamente, y sin duda con malas intenciones en la tramitación de la queja, la información aportada por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mezcló los datos procesales sobre el caso Pallerols y el conocido como caso Turismo, al cual también haré referencia. ¡A río revuelto…! Nunca tuve la más mínima duda de que el fiscal jefe del TSJC pretendía dar a entender que, en el fondo, yo tenía responsabilidad penal en los hechos investigados por los sumarios instruidos. En el caso Turismo, la fiscalía llegó a pactar una segunda declaración de la esposa del principal inculpado para tratar de implicarme, pero, pese a sus esfuerzos, no lograron su objetivo. La razón era muy sencilla: yo no tenía responsabilidad alguna. Lo que ocurría en el caso del Consorcio de Turismo era muy simple: su responsable —que después murió trágicamente en Filipinas— contrató material innecesario y otros servicios a empresas con las que tenía alguna relación.

La queja al fiscal general por las declaraciones del fiscal Mena permitía presentar un recurso contencioso administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Obviamente, no lo interpuse. ERC a través de su portavoz, Joan Ridao, actualmente letrado mayor del Parlament, fue muy beligerante y compareció ante el juzgado de instrucción número 11 aportando información —exhaustiva, según la fiscalía— de informes y estudios que los diversos departamentos de la Generalitat, gobernada por CiU, habían encargado y adjudicado durante una gran parte de los años noventa. Este estilo de los republicanos, o al menos de la persona Joan Ridao, contrasta con el que tuvimos nosotros a propósito de los informes de la época del tripartito. Y, sobre todo, destaca la posición de la fiscalía ante los estudios del Gobierno de CiU y los que después elaboró el Gobierno tripartito sobre el sexo de los ángeles. Cuando se trató de CiU, la fiscalía fue más que beligerante; en el caso del tripartito, no vio indicios de delitos. Quien tenga interés en profundizar en este asunto que repase la hemeroteca y juzgue si hubo sectarismo… o no.

Todos sacan partido

Pero la fiscalía no fue la única que tuvo, a mi parecer, una actitud beligerante con Unió. Ya he hablado de algunos medios de comunicación y de TV3 en particular. Todos los partidos jugaron sucio en el caso Pallerols: ICV, PSC y ERC en particular, pero también CDC. El 3 de abril de 2006, introducido por Raimon Carrasco —hijo de Manuel Carrasco i Formiguera— por su condición de militante más veterano, y por mi hija Patrícia, por ser la más joven de los militantes de la Unió de Joves, pronuncié una conferencia en un Teatro Nacional de Cataluña lleno a reventar. En mi intervención, y en referencia al caso Pallerols, dije textualmente: «Hemos sido objeto de una campaña extensa e intencionada. No hay una sola fuerza política, ni una, que no tenga interés. Se han producido acusaciones particulares ejercidas por partidos políticos, procesos “singulares” de la Generalitat… Nadie nos ha perdido perdón. ¿A nadie le parece gravísimo quebrantar el principio de inocencia? ¿Es esto propio de un Estado de derecho? Es un estilo de hacer política. El nuestro es otro». Al día siguiente, en el programa Els Matins de TV3, Josep Cuní —en mi opinión, el mejor entrevistador que hay en la radio o en la televisión—, recordando la afirmación que había hecho yo acerca de que todos los partidos políticos habían utilizado el caso Pallerols, puso el dedo en la llaga e, incisivo como siempre, me preguntó si esa referencia también incluía a CDC. Mi respuesta fue afirmativa.

Sin ir más lejos, el propio presidente Pujol, el 19 de octubre de 2001, en Ona Catalana, afirmó que el caso Pallerols era «una gran mancha» en el expediente inmaculado, impoluto y excelente de los gobiernos de CiU. También manifestó su confianza en la actuación «rigurosa, transparente y objetiva» del conseller de Trabajo, Lluís Franco, al mismo tiempo que admitía, sin embargo, que no podía descartarse que en el pasado —en referencia a la época en la que Ignasi Farreres había sido conseller de Trabajo— no se hubiera hecho del todo bien alguna cosa. Desde la conselleria de Economía y Finanzas, regentada por Artur Mas, tampoco se jugó limpio; menos aún si hablamos de sus colaboradores. Aunque en este caso ya estábamos acostumbrados…

Mi alusión a CDC en la entrevista de Josep Cuní en TV3 disgustó profundamente al presidente Pujol. Terceras personas me habían hecho llegar algún que otro comentario, pero él nunca me había dicho nada. Sin embargo, ese silencio se rompió en el inicio de la campaña del referéndum del Estatuto del año 2006, más o menos al cabo de un par de meses. Era jueves, primero de junio. Ese día hice un viaje relámpago a Roma para entrevistarme con Romano Prodi, entonces presidente del Consejo de Ministros, y con Enrico Letta, subsecretario de Presidencia, para tratar una cuestión importante para Cataluña. Por ello, llegué muy justo de tiempo al mitin. Se celebraba en el pabellón polideportivo de la calle Numancia. El presidente Pujol y yo estábamos sentados en la primera fila, uno al lado del otro. Lo noté tenso, pero no sucedió nada mientras estuvo desarrollándose el acto. Al final, subimos al escenario para cantar Els Segadors y ver el lanzamiento de globos y de confetis que forma parte de la performance de los actos electorales. Allí arriba, Pujol me dijo que quería hablar conmigo. Concluido el acto, los asistentes fueron marchándose. En el fondo de la sala, en la tarima de las televisiones, Artur Mas estaba haciendo los cortes habituales para los espacios electorales de las televisiones públicas y privadas. Este era el contexto más inmediato. Entonces, cerca del escenario, el presidente me agarró con agresividad por las solapas de la americana… «Todo lo que has dicho sobre que CDC utilizó el caso Pallerols contra Unió es muy injusto, mucho», me soltó un Jordi Pujol muy nervioso. En veinte segundos le expliqué las razones por las que mantenía esa afirmación, y también le dije: «Suéltame, por favor». Como no me hacía caso y lo que me decía iba subiendo de tono, le repliqué: «Presidente, suéltame; no me obligues a hacerlo yo, porque montaremos un pollo». Finalmente me soltó. Por suerte, pocas personas presenciaron el incidente y la prensa estaba centrada en pasar las crónicas o en entrevistar a Artur Mas. Si no hubiera sido así y los periodistas hubieran detectado lo que sucedía, se habría producido un descalabro importantísimo. De hecho, a un metro y medio de distancia, algunas personas de confianza fueron testigos del espectáculo y se quedaron atónitas. El jefe de prensa de Unió, Xavier Viejo, fue una de ellas. Pero, justo a nuestro lado, un par de amigos estaban boquiabiertos ante la situación al mismo tiempo que ayudaban a tapar con sus cuerpos la violenta escena; eran Carme Drópez, miembro del comité de gobierno de Unió, y su marido, Josep Antoni Plana. Se quedaron tan blancos como yo. A continuación, los dos me acompañaron hacia el fondo de la sala, adonde fui para explicar la gravedad de los hechos a Xavier Trias. Este me aseguró que hablaría con el presidente. Lo hizo, y al día siguiente me dijo que Pujol me llamaría. En cualquier caso, tardó unos días en hacerlo, y cuando por fin me llamó actuó como si no hubiera pasado nada. Ninguna disculpa. Eso sí: en el transcurso de la conversación dejó caer un «ya sabes que a veces no tenemos el mejor día». Y así se zanjó el asunto. A pesar de todo, siempre he tenido un gran respeto y un cariño personal por el presidente Pujol. Creo que de la lectura de estas páginas se extrae el porqué de ese a pesar de todo… y de ese cariño.

Seamos francos: nuestra respuesta a la denuncia que hizo el diario El Periódico no fue insignificante. Creamos una comisión de investigación integrada por personas independientes: un catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, Eduard Berenguer; el decano de la facultad de Derecho de Esade, Antonio Marzal, y el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Ernest Codina. Es decir, una persona con formación académica, otra con experiencia jurídica y alta consideración ética y una tercera con la amplia experiencia política acumulada en su reconocida trayectoria periodística. ¡Y ninguno era militante de Unió! Elaboraron un informe después de escuchar a todo el mundo y el partido asumió las conclusiones. Paralelamente, solicitamos al Colegio de Censores Jurados de Cuentas que nombrara de oficio a uno de sus miembros para auditar las cuentas de Unió. Así se hizo. ¿Algún otro partido ha actuado de manera similar en respuesta a unas acusaciones de corrupción? Y después, cuando se nos declaró responsables civiles por las razones expuestas, pagamos el dinero correspondiente con un crédito del Banco Sabadell que avalamos todos los cargos públicos de Unió. O sea, que devolvimos el dinero —que equivalía al coste del mobiliario de la sede de Girona y de la de Sants y a los salarios de cuatro colaboradores de la secretaría de organización—, pagado del bolsillo de cada uno.

Cuando salió la sentencia en los términos ya expresados, recuerdo que estaba en Chile con mi esposa para una conferencia. Josep Cuní quiso entrevistarme en directo para su prestigioso informativo del canal 8tv y Marta y yo nos desplazamos al estudio de una televisión chilena, desde donde respondí con absoluta tranquilidad todas sus preguntas. La oposición me pidió que dimitiera porque un día había declarado a la SER que, si se demostraba que éramos culpables, asumiría la responsabilidad y me marcharía. Se dijo que se nos había declarado culpables y que yo incumplí mi promesa. Respeto esta interpretación, pero no la comparto. Hay que leer la sentencia. En todo caso, la decisión de no hacerlo fue personal. Por lo tanto, si comportaba una incoherencia o si se piensa que cometí una falta ética o política grave, la responsabilidad es mía y de nadie más. Hoy volvería a hacerlo. Tengo muy claro qué ocurrió en el llamado caso Pallerols y a quién fue a parar el dinero que ese empresario pagó, qué nóminas asumía y a qué locales de Unió regaló muebles o material informático. No era un caso de corrupción orgánica. Por cierto, nada que ver con las cantidades que se publicaron como presuntas sumas de desvío de fondos, con relación a los 2.329 millones de pesetas que retuvo la comisión de la UE y que fue liquidando paulatinamente casi en su totalidad. Recordemos que la responsabilidad civil de Unió quedó en 200.000 euros, es decir, unos 33 millones de pesetas, y no 2.329. Hay que decir que, en cuanto a la actuación de la comisión de la UE, siempre tuvimos la impresión de que un alto funcionario catalán ayudó a embrollar aún más el lío. ¿Por qué? Porque era amigo o pariente de un simple militante esporádico de Unió —hacía poco tiempo que lo era y había militado en algún que otro partido político—, Josep C. Vergés, que convirtió en una cruzada personal el caso Pallerols y acusó a Unió y a sus principales dirigentes de corrupción. Obviamente, yo fui una de las principales víctimas de sus obsesiones, y no hace falta decir que la prensa le dio mucha cancha. Incluso publicó una especie de libro, motivo por el cual lo demandé y lo condenaron. Quien conozca al personaje entenderá el porqué de su manera de actuar.

Si bien yo no dimití cuando se conoció la sentencia, antes sí lo habían hecho todas las personas que presuntamente estaban implicadas en el caso. Todos dejaron sus cargos públicos, y no solo los de la conselleria, también los internos del partido. Y se expulsó directamente a los implicados. Ignasi Farreres, que nunca fue condenado, también dimitió. Era presidente del partido —lo era del consejo nacional—, y el 18 de noviembre de 2000 renunció. Públicamente explicó que la presión mediática comenzaba a convertirse en una carga psicológica excesiva e injustificada para su familia, y era cierto, los conozco bien. Sobre todo conozco a Ignasi. Es posible que haya personas tan honradas como él, pero ninguna lo es más. En aquellos tiempos dije públicamente que tenía la firme convicción de que Farreres siempre había demostrado una coherencia irreprochable. Es sencillo, austero, modesto, con una voluntad de servicio insobornable. Siempre me arrepentiré de no haberle pedido que no dimitiera. No fue justo, pero era cierto lo que afirmaba sobre la presión mediática, como también lo era que dentro del partido había personas de peso que pedían su renuncia. Joan Rigol el que más. Una injusticia.

Farreres no fue el único que dimitió. Dos personas amigas e integrantes del equipo de Farreres en la conselleria y de mi partido también abandonaron sus responsabilidades: Josep M. Servitje, secretario general del Departamento de Trabajo, y Dolors Llorens, directora general de Cooperativas, fallecida hace unos meses con inmenso dolor para los que la queríamos. Poca gente sabe cuánto sufrieron ambos y lo hartos que quedaron de la política y de todos nosotros. Fueron dos personas de unos valores y comportamientos similares a los de Ignasi Farreres, y sé lo injusto que fue el trato que recibieron.

Permitidme afirmar lo siguiente: en el famoso caso Pallerols, el objetivo no era Pallerols, ni Gavaldà, ni Ignasi Farreres. Desde el momento en el que se materializó la coalición, en el año 1978, el desequilibrio real entre los dos partidos que la integraban fue muy acentuado. El 15 de junio del 1977, a Convergència no le habían ido bien las cosas, y a Unió nos habían ido mucho peor. Además, Convergència tenía líderes potentes que, representando siempre a Convergència i Unió, fortalecieron aún más ese liderazgo: Pujol, Roca, Trias Fargas, Cullell, Alavedra… El acceso al poder de Convergència i Unió comportó que se amplificaran estas diferencias. Pujol fue presidente de Cataluña menos de dos años después de la constitución de la coalición; Miquel Roca se consagró en Madrid como ponente constitucional y portavoz del grupo parlamentario, y Josep M. Cullell y Macià Alavedra fueron los consellers estrella de los Gobiernos de CiU.

El hecho de que me consolidara como líder de Unió a partir de 1987 comenzó a reequilibrar la situación. La desaparición de Miquel Roca como número dos de Pujol fue el espaldarazo definitivo. Con Miquel retirado en su despacho de abogados —y sin la participación de veteranos como Alavedra, Cullell y otros—, se produjo una conjura entre los nuevos dirigentes para bloquearme el paso a lo que ellos entendían que era mi objetivo: la presidencia de la Generalitat. Pero he de decir —y lo repito— que yo no aspiraba a presidir el Gobierno de Cataluña, sino a liderar el catalanismo; cada paso que daba en esa dirección, y di muchos, tenía como finalidad reforzar políticamente a Unió: su reconocimiento y su capacidad de influir ideológicamente. En definitiva, dejar de ser comparsa y pasar a ser sujeto con personalidad y capacidad política propias en el seno de Convergència y Unió. ¡Eso es lo que molestaba!

Con el PNV: una relación muy afectuosa

Desde el mes de junio de 1993 yo no tenía ningún cargo político. Podría haber continuado tranquilamente como diputado en el Congreso por la circunscripción de Lleida sin que nadie presentara la menor objeción. Ni desde Unió ni desde Convergència. Al fin y al cabo, los convergentes consideraban que, cuanto más tiempo estuviera entretenido en Lleida, menos pasaría en el resto del país. Desde 1982 había progresado en el apoyo recibido por los electores ilerdenses, y no es necesario decir que, en el seno de la coalición, las posibilidades de continuar encabezando la candidatura de CiU por Lleida se habían reforzado considerablemente. A pesar de ello, decidimos que no optase a ningún cargo público y que me dedicara en exclusiva al partido, como hacían y hacen los presidentes del EBB del PNV. Se trataba de liderar, en definitiva, el catalanismo desde un partido fuerte. Fueron años de intensa relación política con el PNV y de amistad personal con Xabier Arzalluz, una relación que se hizo más estrecha con el tiempo, a pesar de que los posicionamientos políticos fueron distanciándose.

A su lado, asistiendo a las reuniones de la DC, aprendí muchísimo. Era todo un lujo pasear con él o sentarse alrededor de una mesa en Bruselas, Roma, Berlín, Budapest o cualquier otro lugar. Es un hombre culto, aún más que el presidente Pujol, que ya es decir.

Así, a través de Arzalluz, reforcé mi relación con el PNV, y aún conservo muchos amigos: Anasagasti, Ardanza, Monforte, Imaz, Josu Bergara, Zubia, Gangoiti, Urkullu, Erkoreka… y otras personas que ya han desaparecido, entre las cuales quiero destacar a Gorka Aguirre. Murió de cáncer; estaba injustamente imputado por el caso Faisán, sufrió mucho y se sabía el sumario al dedillo… Conozco menos a las nuevas generaciones, pero todavía tengo buena relación con Ortuzar, quien me parece un dirigente excelente. La relación con el PNV, y sobre todo con Arzalluz, se enfrió a raíz de la Declaración de Barcelona. Es decir, a raíz de la actualización de Galeusca, la alianza del Bloque Nacionalista Gallego de Beiras, el PNV y la coalición de Convergència i Unió. Nunca vi clara esta alianza. ¿Qué carajo tiene que ver Unió con un partido de izquierdas como el Bloque? ¿Y qué tenemos en común Beiras y yo? La verdad, muy poca cosa. Aunque he de decir que, personalmente, la relación fue muy buena.

La Declaración de Barcelona —así se denominaba política y mediáticamente esa renovada Galeusca— nació en la ciudad de Barcelona el 16 de julio de 1998, con Pere Esteve, secretario general de Convergència, como impulsor. También él inspiró el manifiesto fundacional que firmamos los cuatro partidos (BNG, CDC, PNV y Unió). Entre otras cosas, en el manifiesto se decía que «en los últimos veinte años se ha experimentado una falta muy notable del reconocimiento de nuestras perspectivas nacionales». ¡No lo entendía! ¿Estábamos diciendo que del año 78 al 98 se había experimentado una ausencia notable de respeto en relación a nuestro reconocimiento? ¿Antes había existido? ¿Del 38 al 78? ¿Era peor que el que nos había otorgado la Segunda República? ¡No! El presidente Pujol se ha hartado de decir y repetir —y lo comparto plenamente— que a partir de la Constitución del 78 y hasta el final de su mandato, como mínimo, Cataluña ha disfrutado de más progreso económico, social y de autogobierno que en toda su historia. De hecho, con ese manifiesto, Pere Esteve —buena persona, con gran capacidad organizativa, pero con escaso perfil político— estaba iniciando el giro de su partido hacia el independentismo. Como harían falta algunos años para que se produjera definitivamente, Esteve se marchó para militar en ERC, en coherencia con lo que pensaba y decía.

El comienzo de aquella Galeusca tuvo una segunda motivación ligada a los movimientos de CDC para debilitar el capital político que, sin duda, la relación con el PNV representaba para Unió. Una buena relación con el PNV significaba una especie de cinturón de seguridad ante el sector más nacionalista de CDC. Sin duda lo era de cara a la militancia de Unió, y también de CDC. En nuestros congresos, la delegación vasca siempre era la más aplaudida, más que la dirección del partido. Nunca lo entendí. En Cataluña siempre ha habido amplios sectores del nacionalismo que sienten una devoción especial —que a menudo llega al papanatismo— por el nacionalismo vasco que representa el PNV. Los presidentes Tarradellas y Jordi Pujol son claras excepciones.

Siempre he sentido un gran afecto por el PNV. Y admiro la organización del partido, su militancia y su capacidad de movilización. Los Alderdi Eguna, la fiesta anual del partido, me fascinaban. He asistido a docenas de Alderdi, a más que muchos de sus militantes. En Unió intentamos montar un acto parecido con los encuentros anuales, pero no les llegamos ni a la suela del zapato. Somos pueblos con idiosincrasias diferentes. El batzoki, las sedes sociales del PNV, es irreproducible en Cataluña. ¿Os imagináis la sede de un partido catalán al mediodía lleno de militantes, simpatizantes o votantes tomando rondas de chacolí, vino tinto y pinchos? ¿A que no? Pues ese es el día a día, por ejemplo, del bar de la sede central del PNV en Bilbao. Más allá de eso, siempre he valorado la capacidad y el pragmatismo de algunos de sus dirigentes. Pero no son mejores ni peores que nosotros, ¡somos diferentes! Aunque hay que reconocer que la militancia y los electores del nacionalismo vasco también son diferentes. Cuando el PNV pactó, como nosotros, la primera legislatura de Aznar, su máximo dirigente dedicó unos elogios al presidente del PP que ninguno de nosotros sería capaz de pronunciar en voz alta. Recuerdo como si fuera hoy el Alderdi Eguna de 1996: miles y miles de militantes y simpatizantes abarrotaban el escenario en el que el PNV celebraba el día del partido. Me quedé blanco. Xabier Arzalluz afirmó solemnemente que Aznar era el líder de la derecha española que mejor había comprendido las reivindicaciones vascas. Al año siguiente, durante el mes de septiembre de 1997, a pesar de que ya había comenzado a marcar las distancias con el Gobierno de Aznar, volvió a elogiarlo. «En trece días hemos conseguido lo que no conseguimos de Felipe González en catorce años».

Cada vez que el PNV es decisivo en la política española y obtiene réditos, ¡a una parte de la sociedad catalana (comenzando por una parte de los articulistas políticos) se le cae la baba! «¡Ellos sí que saben! ¡Cómo lo aprovechan!». Se hacen estas afirmaciones menospreciando el comportamiento que el nacionalismo catalán haya podido tener en situaciones similares. Todo parece indicar que el pecado original reside en el concierto económico del que disfruta el País Vasco desde la Constitución de 1978 y, sobre todo, con la hipótesis de que el nacionalismo catalán liderado por Jordi Pujol lo rechazó cuando supuestamente se lo ofreció el presidente Suárez. No puedo afirmar con absoluta certeza que eso fuera así. No asistí a las reuniones que mantuvieron Pujol y Suárez. Lo mismo me sucede a la hora de juzgar reuniones tan decisivas como las del presidente Mas con Zapatero en el año 2006 a propósito del Estatuto o en 2012 con Rajoy para el pacto fiscal. Sin embargo, en todos los casos he hablado con los protagonistas y podido contrastar antes y después las posiciones de las dos partes. Es decir, hablé con Suárez paseando por el M-30 (nombre con el que se conoce entre los periodistas, los parlamentarios y los colaboradores el pasillo que sigue la curva del hemiciclo en el Congreso de los Diputados). Y he hablado de ello con Pujol. Por eso me atrevo a afirmar que no es cierto que este rechazara una teórica oferta de concierto económico para Cataluña durante el proceso constituyente, y también estoy en condiciones de afirmar que ni Pujol ni CiU planteamos esa fórmula de financiación aprovechando el Pacto del Majestic que avaló la investidura de Aznar en 1996. En consecuencia, debo asumir la responsabilidad que me corresponde por haber dejado pasar esa oportunidad.

En los años 1978 y 1979, y en el seno de CiU, también viví los debates sobre las posiciones que debíamos mantener en el Estatuto que la ciudadanía de Cataluña ratificó el 25 de octubre de 1979. Sobre lo que se dijo en el Parador Nacional de Sau, en el seno de la Comisión de los Veinte para redactar el anteproyecto del Estatuto de Parlamentarios, hay literatura de sobra y, sobre todo, están las actas de las reuniones. Todo parece indicar que la mayoría que había engendrado la primera expresión del pueblo catalán en las urnas del 15 de junio de 1977 fue la causa de que no hubiera una reivindicación catalana para obtener un concierto económico. Los partidos ganadores fueron —conviene recordarlo otra vez— socialistas, comunistas y UCD, y no había precisamente mayoría favorable al concierto. Menos se ha hablado de los debates internos en el seno de la recientemente creada coalición Convergència i Unió. CDC llevó la voz cantante. De hecho, así fue durante muchos y muchos años. Y dentro del partido de Pujol había diferentes opiniones. Mientras que Trias Fargas era partidario del concierto, Roca no compartía la posición del líder de la rama liberal convergente. Recuerdo que un día Miquel Roca dijo, justificando su postura, que «el día que la economía no vaya bien, los vascos sufrirán con el concierto».

Pero el concierto no fue la causa del enfriamiento de mi relación personal con Arzalluz. En Unió —y yo menos que nadie— nunca lo cuestionamos. Lo cierto es que Convergència i Unió siempre votó a favor de la ley de la cuota con una lealtad que no sé si los vascos han valorado en su justa medida. La causa del alejamiento de Arzalluz fue otra. Tiene que ver con su evolución hacia posiciones más extremas desde la perspectiva nacional. Para que se me entienda, en los últimos tiempos me he identificado más con las tesis de Imaz, Urkullu, Anasagasti o Erkoreka que con las de Arzalluz, Egibar o Ibarretxe (cuando en el seno del PNV comenzaron a marcarse las diferencias entre esos dos sectores, Arzalluz decía en público y en privado, en referencia al primer grupo, que al partido le sobraban michelines). Y todo el proceso de configuración de la inclinación de Arzalluz hacia una estrategia más radical tuvo en la mencionada Declaración de Barcelona una proyección clarísima.

De hecho, esa declaración, como ya he explicado, fue una propuesta de Pere Esteve. Él fue su auténtico impulsor, y para conseguir su objetivo arrastró a Beiras y a Arzalluz. Pujol nunca lo vio claro, pero le dejó actuar. Le iba bien y, delante de los que le expresaban su disgusto, afirmaba eso de «no hagáis caso, son cosas de Pere». He de reconocer que a mí me molestó que prácticamente se invitara a Unió a adherirse después de que se cocinara todo sin contar con nosotros. Lo entendía por la parte de Pere Esteve, que, junto con otros dirigentes, llevaba tiempo intentando minar la relación privilegiada de Unió con el PNV y de Arzalluz conmigo. Pero me costó aceptar que el PNV actuara igual.

En el afán de minar las relaciones entre PNV y Unió, Oriol Pujol Ferrusola era precisamente uno de los más activos, y en aquellos tiempos no paraba de viajar a Sabin Etxea. El único hijo del presidente que se ha dedicado a la política —o, para ser más exactos, que ha tenido cargos institucionales— siempre ha tratado de intervenir en la vida interna de Unió, con un grupo de su confianza capitaneado por el empresario y militante de Unió Vicenç Pedret, quien, en uno de nuestros congresos, se presentó encabezando una candidatura alternativa a la que representaba yo. Incluso cuando Vicenç Gavaldà —a quien he mencionado como condenado en el caso Pallerols— preparaba deslealmente una alternativa desde la secretaría de organización, fueron frecuentes las llamadas telefónicas entre este y Oriol Pujol. Recuerdo que un verano le comenté a su padre que le pidiera que dejara de meter las narices en nuestra casa. De hecho, cuando Oriol Pujol tuvo que abandonar la política por las acusaciones de tráfico de influencias, quien le ayudó dándole trabajo fue Pedret. Pero todo eso no significa que fueran malas personas. Por cierto, del grupo de personas que acabo de nombrar, una parte fue a parar a ERC. Sin ir más lejos, uno de los diputados y una de las senadoras actuales de ERC pertenecían a ese círculo. Ya he dicho que en todos los partidos hay gente que ha pasado por Unió. Y en este momento añado: dentro de Unió siempre hemos tenido una quinta columna convergente. ¡Siempre!

No entendí que Xabier Arzalluz no me avisase desde el primer día de las conversaciones puestas en marcha por Pere Esteve para reconstruir Galeusca y preparar la Declaración de Barcelona. Me supo muy mal y, como tengo la mala costumbre de hacer, así se lo comuniqué por escrito con un cierto grado de precipitación. Sé que a Arzalluz le dolió mucho el contenido de la carta en la que le expresaba mi decepción por lo que entendía que era una deslealtad entre amigos. Seguramente mi cariño por el PNV y su gente adolecía de un exceso de romanticismo; quizá eran el espejo en el que quería identificar el rostro de Unió. De esto mismo me viene la fascinación por el liderazgo de Arzalluz y el mimetismo de intentar liderar el catalanismo sin ser el presidente del país. Más allá de acompañarlos en tantos Alderdi Eguna y de tantos contactos y vivencias personales, hubo un momento en el que Unió, y yo en su nombre, expresamos una lealtad insobornable al que considerábamos nuestro partido hermano vasco. Cuando en el seno del PNV se produjo la escisión de Garaikoetxea, Pujol se decantó por quien era entonces el lendakari y lo recibió en la Casa dels Canonges del Palau de la Generalitat, un hecho que Arzalluz y muchas personas del PNV no le han perdonado nunca. Unió, en cambio, siguió apoyando al PNV y no a la facción escindida.

Aquella crisis provocó que el PNV perdiera las elecciones del año 1986, convocadas después de que un grupo de parlamentarios del PNV en el parlamento vasco se marchase al grupo mixto, con Carlos Garaikoetxea a la cabeza, y se creara Eusko Alkartasuna (EA). A pesar de que José Antonio Ardanza —a quien tengo un afecto especial, como también a su mujer y a sus hijos— fue elegido lendakari y gobernó con los socialistas vascos, aquella noche fue muy dolorosa para el PNV. Sabin Etxea aún no existía y se recibían los datos electorales en el hotel Villa de Bilbao. El último día de campaña yo había intervenido en el mitin de clausura del PNV (curiosamente, en el año 1980, en Vitoria, lo había hecho en el de Garaikoetxea como candidato del PNV). El domingo sufrimos y compartimos el dolor de los amigos del PNV hasta la madrugada. Ni el viernes, ni el domingo, ni ningún día de campaña, se vio a convergente alguno mostrando su apoyo al PNV, lógicamente. A las dos de la madrugada de ese domingo salimos en coche con destino a Lleida, y buena parte del camino lo hicimos con niebla.

Puede afirmarse que, con la Declaración de Barcelona, Pere Esteve restituye la relación de su partido con el PNV. A última hora nos invitaron a la presentación de la reedición de Galeusca y a firmar el manifiesto fundacional, pero no quise acudir por las razones que ya he referido. Busqué una excusa y Domènec Sesmilo, responsable de las relaciones políticas de la dirección de Unió y también con vínculos personales con el PNV, asistió en mi nombre. De hecho, Sesmilo fue quien posteriormente llevó el peso de las reuniones y de la elaboración de los documentos que fueron viendo la luz al amparo de la Declaración de Barcelona. A Arzalluz tampoco le gustó que yo no fuera ese día. Decía, y en cierta medida tenía razón, que quien había sido desleal con Unió era Convergència, y no el PNV. Además, aunque fuera en el último momento, quien nos puso al corriente de todo fue el PNV, y no nuestra Convergència. Cuando Galeusca se reunió en Santiago de Compostela, en la sede del Bloque Nacionalista Galego, no acudí, siendo muy consciente de lo que hacía y de por qué lo hacía. Cuando luego se reunió en Bilbao, también consciente de lo que hacía y del porqué, sí fui.

En todo caso, Arzalluz y yo nos reunimos un día a mitad de camino, en concreto en el hostal Remigio de Tudela, el 20 de julio de 2002, en plena fiesta mayor de la ciudad, para reparar nuestra relación. Arzalluz estaba molesto con Pujol porque había anulado una entrevista con él. «Nadie quiere hablar conmigo; ahora soy la peste. Ni Pujol, ni Carod ni Zapatero…» Después de tildar a Aznar de facha y de falangista, y de admitir que habían tenido una relación buenísima —como, por otra parte, era público—, me explicó que todo se había ido al traste el día que no quiso saber nada del diálogo con ETA. Para Aznar, dialogar con ETA y acabar con la banda terrorista —siempre según Arzalluz— serían como regalar la mayoría al PNV, mientras que mantener una postura firme en contra del diálogo con la banda le daría votos al otro lado del Ebro.

Aquella comida dio mucho de sí. Xabier estaba locuaz y repasó algunos temas de actualidad. Según le había contado Aznar, Rodrigo Rato no sería su sucesor como candidato del PP a la presidencia del Gobierno español; en cambio, él se mostraba exultante con Ibarretxe como lendakari. Me dijo que lo consideraba un político inteligente, duro, preparado…, que sabía cuándo convenía presionar y cuándo callar. Es evidente que con el tiempo perdió alguna de esas cualidades, y la prueba es que el plan que llevó su nombre envió al PNV a la oposición. También me habló de su sucesión. Arzalluz quería permanecer otro año al frente de la dirección del PNV —Euzkadi Buru Batzar (EBB)— y después dejarlo. Preveía que habría dos candidatos para sucederlo: Iñigo Urkullu y Joseba Egibar. Él ya tenía preferencia por el segundo, y preveía que lo votarían en toda Guipúzcoa, en toda Álava y en parte de Vizcaya. Finalmente se presentó Josu Jon Imaz y ganó.

Obviamente también hablamos de ETA, la piedra en el zapato que distanció a Aznar del líder del PNV. En aquellos momentos, siempre según Arzalluz, la banda terrorista disponía de más dinero que nunca gracias a la extorsión a empresarios. «A muchos les pedían veinte millones. No les daban tanto, pero fácilmente contribuían con tres, cuatro o cinco. Disponen de armas del mercado de la antigua Unión Soviética y de los Balcanes, y, a pesar de que ahora la colaboración con el Ministerio del Interior francés es buena, puede pasar cualquier cosa. Pueden optar por el diálogo, por una tregua o por liar una gorda», me comentó.

Es decir, conversamos como buenos amigos sobre todo un poco y con sinceridad. Sin embargo, más adelante la relación volvió a enfriarse, coincidiendo con la aparición de estrategias diferentes en el PNV a las que ya he hecho referencia. He recurrido a amigos comunes para intentar verlo, pero no ha habido manera de conseguirlo y me sabe mal. También hablé sin éxito con su secretaria, Osune Retolaza, hija de Luis María Retolaza, primer consejero de Interior y fundador de la Ertzaintza, y esposa de mi amigo Gorka Aguirre.

Tanta era mi relación con el PNV que siempre quise reproducir el esquema del partido vasco, en el sentido de que yo me ocuparía del día a día de Unió y otras personas serían las caras visibles en el Gobierno de la Generalitat y en los Parlamentos catalán y español. De hecho, este esquema de dedicación exclusiva por mi parte al partido durante el periodo 1993-1999 fue bastante bien. Me parece que fue la época de mayor crecimiento de Unió en todos los aspectos. Y con ello creo que se entiende cuál era mi aspiración real. De la misma manera que Arzalluz nunca quiso ser lendakari, yo nunca quise ser presidente de la Generalitat, ya lo he dicho. Eso no significa que a uno y a otro no nos gustase ser determinantes a la hora de definir la acción de gobierno y los gobernantes que debían llevarla a cabo. Vamos, no nos engañemos: a todos nos gusta mandar. Hay que decir que, curiosamente, y siempre desde el fuego amigo, las mismas personas me han cuestionado por no ejercer ningún cargo ejecutivo. En cambio, creo que todo el mundo me ha valorado positivamente cuando he tenido un cargo de gestión. Tanto como teniente de alcalde de Urbanismo como siendo delegado territorial o conseller, y gracias a un buen equipo, demostré mi capacidad de gestión y mi manera de hacer política. El denominador común de todos esos cargos, sin embargo, es que los ejercí durante poco tiempo, aunque siempre hubo un motivo político que justificó su brevedad.

Cataluña, Unió y el ámbito internacional

En Cataluña, mi época de dedicación exclusiva a la responsabilidad de presidente del comité de gobierno coincidió con el final de la legislatura que comenzó en el año 1992 y terminó en 1995 y con toda la que se extendió desde 1995 hasta 1999; obviamente, ambas presididas por Jordi Pujol. En el escenario español, estuvo a caballo entre la última legislatura de Felipe González —de 1993 a 1996— y la primera de José María Aznar —de 1996 al año 2000—. Esos seis años sin cargo público fueron los más decisivos de mi trayectoria política. El hecho de que ni Pujol en Cataluña ni González ni Aznar en el Estado obtuvieran mayoría absoluta, sumado a que CiU fuera decisiva en Madrid y a que Unió ejerciera su fuerza dentro de CiU —en Cataluña y en Madrid— fueron determinantes para que el partido tuviera un papel protagonista en el seno de la coalición y en las políticas catalana y española. Ya he explicado que nuestra interlocución con el Gobierno del PSOE en la Cortes Generales era escasa y estaba canalizada por Alfonso Guerra y Txiki Benegas. No obstante, la opinión que defendíamos comenzaba a tener eco mediático. En los últimos meses de la legislatura de Felipe González, nuestra opinión crítica y la exigencia de una convocatoria de elecciones anticipadas tuvieron mucha resonancia, cosa que molestaba ostensiblemente al presidente Pujol. Como siempre, quería ser él y solo él quien marcase la agenda política de CiU y, en este caso, de la política española.

El presidente de la Generalitat criticaba periódicamente que Unió quisiese tener protagonismo ante el PSOE. En el mes de junio de 1993, durante su consejo nacional del día 27, CDC decidió que los integrantes de la comisión para hablar con el PSOE sobre la estabilidad de la legislatura (la última de Felipe González), que iba a comenzar el 29 de junio con la constitución de las Cortes Generales, estaría formada por tres miembros de CDC y por uno de Unió. El lunes 28, Unió envió dos personas. En Catalunya Ràdio, Pujol declaró que creía que Unió no debería haber tomado esa decisión y que había provocado un desequilibrio en la representación de CiU, pero que ya hablarían de ello. Unió consideraba que todo estaba hablado; además, habíamos negociado antes con el PSOE que la participación de una persona más por parte de CiU permitiría incorporar a Txiki Benegas a su delegación, como ellos querían. En sus declaraciones a Catalunya Ràdio, el presidente Pujol también se refirió a la entrada de CiU en el Gobierno. Algún que otro diario había dejado escrito que habría que esperar a la biología —a la desaparición de Pujol— para que CiU entrase en un Gobierno del Estado. Pujol dijo que, si de él dependía, no se movería de sus convicciones por muchas campañas que se pusieran en marcha para obligarlo a bajar del trono.

Paralelamente iniciamos una relación inédita con el PP de Aznar. Tanto el PNV como Unió habíamos sido activamente críticos con el ingreso del PP en el Partido Popular Europeo. Si bien en su origen los populares europeos agrupaban solo a los partidos democristianos de la Unión Europea, después de la caída del muro de Berlín —y por interés de la CDU de Helmut Kohl— se añadieron partidos conservadores y liberales. Esta inercia en el ámbito europeo también llegó al seno de la Internacional Democristiana, de la cual yo era vicepresidente desde 1993. Precisamente esta responsabilidad hizo que fuese mucho más beligerante que el PNV en relación a Aznar. Dos fueron las razones: la primera, porque en Unió éramos una pizca más activos que el PNV en el ámbito internacional, a pesar de que los vascos siempre cuidaron mucho esa faceta, sobre todo Arzalluz, Anasagasti y Gorka Aguirre. La segunda razón tenía que ver con la fortaleza de las dos formaciones. El PNV era mucho más fuerte que Unió, no había comparación. Por lo tanto, el partido vasco tenía que preocuparse menos por la competencia que pudieran hacerle en el País Vasco. Unió era un partido más débil y tenía más que perder en Cataluña —no solo Unió, también CiU— con un PP fuerte y homologado internacionalmente en nuestro espacio ideológico.

Para mí fueron unos años sumamente enriquecedores. Debatí de tú a tú con líderes a quienes no llegaba ni a la suela de los zapatos. En el ámbito europeo, junto a Jean-Claude Juncker y Ruud Lubbers —entonces líderes de los partidos socialcristianos en Luxemburgo y Holanda, respectivamente, y ahora primeros ministros—, más nuestros homólogos flamencos —con un liderazgo más volátil—, llevamos la voz cantante frente a la tesis del canciller alemán. Helmut Kohl era partidario de ampliar el espacio de la democracia cristiana y siempre decía que quería que los democristianos fuésemos los primeros en Europa. Nosotros le respondíamos que, antes que ser los primeros, queríamos ser, y que mezclarnos sin más diluía nuestras respectivas identidades. El actual presidente de la Comisión Europea, mi amigo Jean-Claude, lo resumió muy bien en una conversación que tuve con él en su despacho de Luxemburgo, cuando era presidente del consejo de ministros: «En aquellos tiempos, en la DC solo se hacía una pregunta a quien quisiera ingresar en la Internacional, y sobre todo en el PPE: ¿Eres socialista? ¿No? Pues, adelante, ¡pasa!». Desde el punto de vista europeo, a la larga —y ya con el PP español dentro del Partido Popular Europeo— constituimos el Grupo Atenas con los partidos de tradición democristiana, entre los cuales, claro, estaban el PNV y Unió. Yo fui uno de los impulsores de la fundación del grupo. Debo subrayar y agradecer que, en mi trayectoria internacional, siempre pude contar con el calor y el apoyo del PNV.

En este ámbito internacional también acabó llevándose a cabo un aggiornamento de nuestros posicionamientos con la voluntad de reforzar la identidad socialcristiana. Presidida la Internacional por el antiguo presidente del consejo de ministros italiano, Emilio Colombo, nos encargaron al presidente de Chile, Patricio Aylwin, y a mí elaborar un documento para debatir un nuevo posicionamiento estratégico e ideológico de la democracia cristiana. Antes de que Tony Blair hablase de la tercera vía e hiciese explícitos algunos contenidos, nuestro documento ya los avanzaba con claridad y tocaba las propuestas económicas, el refuerzo de la iniciativa social como garantía del bienestar y la consideración de la importancia de las familias y de su relación con la fuerza de un país. «Un país es más fuerte cuanto más fuertes son las familias», esta frase, que hizo fortuna en boca del líder laborista, aparecía literalmente en la página veintitrés del documento que Aylwin y yo habíamos elaborado como nueva propuesta política de la DC. Pero nadie se percató de ello.

Fueron unos tiempos intensos de los que nació una amistad sólida y entrañable con Colombo y con Aylwin. Aprendí muchas cosas, todas buenas, sobre todo del presidente chileno. Hoy, pasado el tiempo, constato una paradoja que me resulta sorprendente. En aquellos años, tanto la Internacional Socialista como la nuestra eran muy fuertes e influyentes. De hecho, la democristiana lo era más que la socialista, a pesar de la existencia de dos factores en particular que provocaban que se proyectase una realidad muy distinta y que creaban la impresión de que la socialista era mucho más fuerte: cuando los socialistas tosían, el mundo estaba resfriado. En cambio, nosotros no teníamos esa potencia de márquetin. El segundo factor influía en ese primero: mientras la Internacional Socialista estaba presidida por primeros ministros europeos como Olof Palme o Willy Brandt, nosotros teníamos de presidente a un venezolano que no llegó nunca a la presidencia de su país o bien a europeos de segunda fila. Cuando nos situamos en el centro, Aznar fue el primer presidente que simultáneamente era jefe de Gobierno. Demasiado tarde; ya no éramos democristianos ni las internacionales tenían el peso del pasado. ¿Y cuál es la paradoja sorprendente que constaté? Pues que hoy en día, cuando la globalización exige actores y gobierno mundial, las internacionales de los partidos —ya sea la nuestra o la socialista— son inexistentes. En ello tienen mucho que ver la pérdida de peso de las ideologías y el efecto de la globalización, lo que obliga a reforzar más que nunca las identidades por miedo a perderlas. De esto también se nutre el relato independentista en Cataluña.

Sigamos con Chile: siempre he sentido una amistad y una admiración profunda por ese país, por sus dirigentes y por el partido hermano. Siempre se han portado muy bien con Unió y nosotros con ellos. En la sala donde celebrábamos los consejos nacionales en la primera sede que Unió tuvo después de la muerte de Franco, una fotografía del presidente Eduardo Frei Montalva destacaba en una de las paredes de lo que había sido el comedor de la familia Vila d’Abadal, que había residido en aquel piso del Eixample. La izquierda europea nunca fue todo lo justa que debía con el papel que jugó la DC chilena en relación con el golpe de Estado de Pinochet a Allende. Esa también fue una historia de blancos y negros en la que no tenían cabida los matices. La DC luchó contra Pinochet durante la dictadura, pero discrepaba de la deriva autoritaria que había adquirido Allende cuando comenzó a gobernar al margen del Parlamento. Con el hijo del primer presidente Frei, el posteriormente también presidente del país, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, trabé una buena amistad. Muchos dirigentes democristianos exiliados durante la dictadura de Pinochet fueron acogidos en España; Andrés Zaldívar, el más importante de ellos, compartió conmigo en Barcelona todo lo que necesitaba y yo podía ofrecerle. Al cabo de los años, en 1988, cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó orden de detención contra Pinochet, Eduardo Frei Ruiz-Tagle era presidente de Chile, y el dirigente chileno Sergio Pizarro (ex secretario general de nuestra internacional), embajador en Madrid, se me requirió para que colaborara en la resolución de una situación que provocaba una gran incomodidad tanto a Gran Bretaña como a España y a Chile. De hecho, la decisión de Garzón y la detención del dictador en el hospital de Londres en el que estaba ingresado provocaron una fuerte división en el Gobierno chileno y la confrontación de democristianos, socialistas, radicales y el PPD de Lagos. El servicio que presté a Chile en aquellos momentos fue reconocido en el año 2000 con la Cruz de Gran Oficial de la Orden Bernardo O’Higgins de la República.

Actualmente, el partido democristiano chileno está viviendo unas dificultades internas y externas muy importantes. En mi opinión, se ha equivocado al seguir las pautas de algunos errores cometidos por nosotros. Cuando gobernaba con la Concertación tras la dictadura y como alternativa al pinochetismo social aún hoy vigente, no tenía un problema de identidad. Se vio muy claro cuando los presidentes de la república chilena eran Aylwin o Frei. Después, con el presidente Lagos, los democristianos también disfrutaron de un enorme respeto. Pero las tornas se volvieron progresivamente desde el primer mandato de Bachelet, que los despreciaba políticamente; así fue diluyéndose la personalidad que les era propia. Por otro lado, los dirigentes democristianos a menudo invertían más energías en líos internos que en posicionarse con su identidad ante la ciudadanía. El segundo mandato de Bachelet, con los comunistas formando parte del Gobierno, fue la guinda del pastel. En las últimas presidenciales se presentaron por separado y perdieron mucho apoyo popular. ¡Llegaron demasiado tarde! El partido además se rompió, como le ocurrió a Unió. Confío en que ellos —mucho más fuertes que nosotros— logren sobrevivir. De hecho, de todos los partidos que integraban la Concertación, ellos continuaron siendo la primera fuerza parlamentaria después de pasar por las urnas. Con las divisiones internas, ¡quién sabe cómo acabarán!

De mi trayectoria internacional conservo experiencias, vivencias y recuerdos inolvidables. Nunca, por ejemplo, me habría imaginado que un día participaría, en el marco de una reunión reducidísima, en el debate y en la decisión histórica de los democristianos europeos sobre la unificación alemana. En Pisa, el 16 de febrero de 1990, nos reunimos los jefes de Gobierno y de los partidos democristianos de la Unión Europea. Siempre lo hacíamos, como mínimo, antes de las cumbres europeas. En los países donde los democristianos gobernaban solía ocurrir que el jefe del ejecutivo también era el primer ministro. En aquel momento, ese era el caso de Kohl en Alemania, Martens en Bélgica, Lubbers en Holanda y Santer en Luxemburgo. A veces, sin embargo, no era así. En Pisa, por ejemplo, Giulio Andreotti (qué nunca dirigió la DC italiana a pesar de ser uno de sus principales iconos) participó como presidente del consejo de ministros de Italia, mientras que Arnaldo Forlani lo hizo como secretario general de la DCI. Otros jefes de partido eran ministros, como el francés Pierre Méhaignerie, o jefes de la oposición, como el irlandés del Fine Geal John Bruton, que después sería elegido primer ministro. Y también estábamos los que simplemente éramos presidentes de partido y, además, de ámbito regional —ese era mi caso y el de Arzalluz, aunque él no asistió a aquella cumbre—. Precisamente, en aquellos días, en la ciudad toscana donde residía el que muchos años después sería presidente del consejo de ministros italiano, Enrico Letta, se celebró un congreso de las juventudes democristianas europeas que presidía él. Se hizo coincidir ambos acontecimientos con el fin de que los líderes de los partidos y de los Gobiernos democristianos pudieran intervenir y realzar el papel de los jóvenes. Como yo había sido dirigente de las juventudes democristianas —de la generación a caballo de la de Andreotti y de la de Letta, para entendernos—, allí comenzó una amistad con Enrico que se ha fortalecido y ampliado a las respectivas familias.

Hay que decir que, en la cima de la DC en Pisa, Helmut Kohl defendió con vehemencia la unificación alemana. El canciller alemán la consideraba crucial para garantizar la continuidad del proyecto europeo y de su ampliación hacia el este. Esta siempre fue una de las razones que, como a menudo me recordaba personalmente, justificaba su relación con Felipe González. Era una relación de amistad y de afecto sustentada en el hecho de que Felipe —como le llamaba Kohl— fuera el líder europeo que más apoyo había dado a la reunificación alemana. Frente a Kohl, los franceses, pero sobre todo los holandeses, con Lubbers como jefe de Gobierno, fueron tremendamente duros con la unificación. El peso que tenía la ocupación nazi de sus territorios quedó patente en la reunión.

Kohl, enérgico como siempre y rayano en una aparente intolerancia, mantuvo una discusión durísima con Ruud Lubbers. Yo, en medio de aquel duelo de titanes, hice una intervención conciliadora que Andreotti agradeció públicamente y que, en general, supuso un reconocimiento extraordinario a mi rol internacional. Por cierto, aquella confrontación tuvo su venganza: cuando Lubbers aspiraba a ser secretario general de la OTAN, en una reunión con el mismo formato que la de Pisa y más o menos con los mismos asistentes, en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en el otoño de 1995, Kohl se vengó con un ataque en toda regla a su candidatura. Finalmente acabamos como lo hicimos en Pisa con la unificación alemana. Lubbers, sin embargo, no fue secretario general de la OTAN porque Estados Unidos lo vetó. Ignoro si Kohl estaba al tanto de la posición de Washington, pero sí sé que el canciller alemán tenía buena memoria y que en el año 1994 ya había vetado a Lubbers para la sucesión de Jacques Delors como presidente de la Comisión de la Unión Europea. En privado, tanto los norteamericanos —el embajador de Estados Unidos en España, Richard N. Gardner, me lo dejó claro— como el gabinete de Kohl coinciden en que Lubbers era poco maleable y, sobre todo, en que tenía muchos humos. La primera observación era cierta; en cuanto a la segunda, nunca la compartí. Me parecía una persona extraordinariamente sencilla. Con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992 de Barcelona pasó un par de días en nuestra casa en Aiguablava. Había venido en su Golf descapotable desde Holanda hasta Cataluña con su esposa Ria. Me cuesta imaginarme haciendo lo mismo a Helmut Kohl o a Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos que lo vetaba.

En Pisa, aquel 16 de febrero, me reuní a solas con Andreotti; fue la primera reunión de unas cuantas que mantuvimos después. La más importante tuvo lugar el 8 de agosto de 1992. Al día siguiente se clausuraban los Juegos Olímpicos, uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la capital catalana y, sin duda, el más relevante de la era moderna, ya que permitió situar a Cataluña —y a España— en el mundo.

La ciudad condal ha perdido muchos activos. El procés por un lado y la activista Ada Colau, la alcaldesa de la ciudad, por otro, son los máximos responsables. Los independentistas han errado el tiro. Si yo fuera independentista —que no lo soy—, a la hora de reivindicar un Estado en el siglo XXI habría invertido todas las energías en potenciar la ciudad de Barcelona. En un mundo globalizado, donde la lucha pasa por configurar bloques potentes como la UE, Estados Unidos, China y los viejos imperios que quieren recuperar su papel geopolítico, como Rusia o Turquía, el concepto y la realidad de las ciudades Estado de la Edad Media vuelven a adquirir una relevancia extraordinaria. Obviamente, Barcelona podría ser una de ellas. Pero el independentismo vive en buena medida del y para el medio rural, vive de un carlismo actualizado a los parámetros de los tiempos modernos, pero carlismo al fin y al cabo. Y Barcelona no es su prioridad ni, sobre todo, su principal activo.

Hay que añadir a esta realidad el activismo de la alcaldesa Ada Colau. Cuando habla, la mayoría de las veces no sabe lo que dice. Habla mucho y hace poco, ¡y lo poco que hace no suele hacerlo bien! ¡Ahora la querida y deseada democracia puede darle otra vez la alcaldía! En realidad, si ha llegado a ser alcaldesa es por culpa nuestra. Xavier Trias se equivocó cuando en campaña, y en especial durante la noche electoral, afirmó que debía gobernar la lista más votada. Es un gesto que lo honra como persona, pero que dice muy poco de su condición política. Y Trias se equivocó sobre todo al asegurar durante la campaña que, si él ganaba las elecciones, Barcelona se pondría a disposición del presidente Mas y del objetivo de la independencia. No creo que así sumara ningún voto; más bien al contrario, le hizo perder muchos. Además, ni él ni Mas tenían credibilidad alguna cuando se presentaban o se presentan como independentistas. El país y la ciudad son demasiado pequeños como para que no nos conozcamos todos.

Dicho esto, también es cierto que a veces se han perdido oportunidades y que ni el procés ni la alcaldesa Colau han sido los responsables. En el año 2017, la ministra de Sanidad Dolors Montserrat me pidió que me incorporara a una amplia comisión para defender la candidatura de Barcelona para la sede de la Agencia Europea del Medicamento. Me encomendó la tarea de hablar discretamente con el presidente de la comisión europea, Jean-Claude Juncker, y con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el fin de semana previo a la designación me encargó que hiciera lo mismo con unos cuantos Gobiernos. Finalmente, Barcelona no ganó. Pero, a pesar de que nuestros adversarios se aprovecharon del proceso independentista, puedo dar fe de que no fue ese el motivo principal para que la ciudad fuera descartada. Tampoco lo fue el hecho de que la alcaldesa Ada Colau apenas se involucrara —quien sí lo hizo, y bien, fue Jaume Collboni, entonces miembro del equipo de Gobierno, y también, muy bien, la catalana ministra de Sanidad—. Pero Barcelona tenía en Milán y en Ámsterdam dos grandes competidoras, y nuestra candidatura no era la mejor. Sí que era la preferida por los funcionarios, pero, en términos globales, no era necesariamente superior a la de las otras dos ciudades. Cabe destacar que los italianos en especial utilizaron cuanto pudieron la inestabilidad del proceso independentista catalán.

La victoria del 92 de la candidatura de Barcelona fue mérito de muchísimas personas, muchas de ellas anónimas, como los voluntarios, pero otras públicas. El alcalde Pasqual Maragall la capitalizó políticamente, y lo cierto es que su equipo hizo un trabajo muy bueno. Sin embargo, la ciudad no puede olvidar al alcalde Narcís Serra, que presentó la candidatura. Y lo que nunca debería hacer Barcelona, ni todas las personas que se beneficiaron, es pasar por alto que los Juegos Olímpicos no habrían venido a la ciudad sin Juan Antonio Samaranch. Conozco por la historia el pasado franquista de Samaranch, pero nunca dejaré de agradecerle la gran contribución que hizo a la ciudad, a Cataluña y a España. Estos últimos años se me revolvían las tripas cuando veía cómo desde el Ayuntamiento de la ciudad renegaban de Samaranch —y no solo en el lado de los comunes, sino también en el del mismo CiU, o lo que quedaba de él—. Soy consciente de que hay que tener memoria y, por tanto, memoria histórica, pero, sobre todo, hay que tener dignidad y capacidad para reconocer el bien al margen de si te gusta o no la persona que lo hace.

Aquellas semanas de los Juegos Olímpicos generaron una amplia agenda internacional. Más allá de asistir a las recepciones de las delegaciones de los países participantes, tuve que atender —y con mucho gusto— a unas cuantas personalidades políticas, ya fuera para mantener una reunión o para hacer de anfitrión.

Ya he comentado que uno de los dirigentes con quien me reuní por cortesía fue Andreotti, il divo de la política italiana. Sobre el político italiano que fue siete veces presidente del consejo de ministros y una de las personas más influyentes de su país desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta casi el comienzo del nuevo milenio, se cuentan muchas leyendas, y yo no soy nadie para hablar de él. No obstante, a pesar de que no estoy en condiciones de avalar ni de desmentir ninguna de las leyendas Andreotti, sí puedo aportar mi opinión.

Paolo Sorrentino, director de la película italiana Il divo, que recibió el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2008 y fue candidata a la Palma de Oro, dijo, a raíz del filme, que Andreotti era muy pragmático y que, en cambio, Aldo Moro era más intelectual. Tuve la oportunidad de compartir mantel con Moro en dos ocasiones —debo decir que había más personas: Francesco Cossiga, Mariano Rumor y Arnaldo Forlani en una ocasión; y en la otra, los mismos Cossiga y Forlani más Giulio Andreotti y Emilio Colombo—. No seré yo quien reste méritos a su condición de intelectual; simplemente no lo conocí lo suficiente. Pero sí puedo defender la capacidad de análisis y la brillantez intelectual de Andreotti. Siempre lo tuve, con conocimiento de causa, por un hombre muy culto a quien le gustaba leer hasta el éxtasis. A partir de ahí, ¿era perverso y maquiavélico? Tal vez, pero no puedo valorarlo. Ahora bien, ya que he hablado de Moro y de Sorrentino, no me parece justo calificar de maquiavélico a Andreotti por la actitud que mantuvo durante los días que Moro estuvo secuestrado por las Brigadas Rojas. En sus cartas de aquellos días, Aldo Moro fue muy crítico —me atrevería a decir que violentamente crítico— con Andreotti, que era el presidente del consejo de ministros y que se negó a negociar con las Brigadas. Comprendo a Moro y a su familia, pero quizá también deba hacerse un esfuerzo de comprensión hacia Andreotti. Gracias a Dios, nunca he ejercido responsabilidad alguna que me haya llevado a tener que elegir entre salvar la vida de una persona o rechazar el chantaje de quien por principio la desprecia. Pero el respeto a la vida es el primero de mis principios como persona. Ahora bien, si acepto las condiciones de quien juega con ese principio, ¿realmente soy consecuente con los míos? ¡No lo sé! Y no soy quién para juzgar a quien opte por una decisión o por la otra.

En la reunión del hotel Princesa Sofía quedé muy impresionado. No es que considere que Andreotti fuera un nostradamus. La reunión, que debía ser de cortesía, se alargó un par de horas. Hablamos de Cataluña, de España y de la DC. Y cuando lo hicimos de Italia, me ofreció una descripción de todo lo que después sucedió. El escándalo de Tangentopoli había comenzado en la ciudad de Milán con la detención del empresario Mario Chiesa, a quien Bettino Craxi utilizó como chivo expiatorio. La operación Mani Puliti, que acabó con más de un millar de condenas por delitos relacionados con la corrupción, tuvo las primeras consecuencias políticas en las elecciones de abril de 1992. La DC italiana bajó cinco puntos y la Liga Norte de Umberto Bossi consolidó cincuenta y cinco escaños en la cámara de los diputados.

«Nos encontramos, amigo Duran, en el principio del final de la primera república italiana», me dijo Andreotti. ¡Y así ocurrió! Me predijo el final de todos los partidos clásicos y de sus principales dirigentes. Estaba seguro de que Craxi sería el que saldría peor parado y convencido de que el sistema de partidos que emergería no sería mejor para Italia que el anterior, refiriéndose expresamente a la Liga Norte y a lo que pudiera articularse alrededor de Berlusconi (lógicamente, no me habló del movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo porque aún no estaba en el radar). A lo largo de la conversación se mostró muy crítico con el héroe de la lucha contra la corrupción política, el juez Antonio di Pietro, porque consideraba que no lo movía otro afán más que dedicarse a la política. En este caso, la realidad es que Pietro acabó fundando un par de partidos y se dedicó durante algún tiempo a la política.

Andreotti creía que detrás de la actuación de la magistratura italiana había una conjura izquierdista de gente joven que en su etapa universitaria había sido comunista y que consideraba que había que hacer limpieza; eso sí, al mismo tiempo se proponía como garantía de relevo. Tuve muy presente esta parte de la conversación en el despacho de quien era ministro de Interior y Justicia de Felipe González, Juan Alberto Belloch, juez y exportavoz de Jueces para la Democracia. Acudí al encuentro acompañado por Josep Sánchez Llibre, que había preparado la reunión. Entonces yo no era diputado ni tenía cargo público alguno. No tenía nada en concreto de lo que hablar con Belloch, pero, a pesar de que no lo conocía, le tenía un afecto que aún conservo y mucho interés en mantener una conversación sobre temas generales con él. Yo había tratado a su padre, que fue gobernador civil en Barcelona con el primer Gobierno de la UCD de Adolfo Suárez y que había tenido relación con Unió Democràtica —puede ser que incluso militara en el partido—. Todo esto, en definitiva, me había creado una corriente de simpatía por el entonces superministro de Felipe González como la que él sentía por Unió y por mí en tanto que su representante.

Este vínculo indirecto justificaba que hubiera solicitado verlo con la simple voluntad de conocerlo personalmente. En aquella conversación, en pleno auge de los escándalos de corrupción y con los GAL denunciados como la gran inmoralidad del Gobierno socialista, Belloch hizo una reflexión similar a la de Andreotti. Más o menos dijo que había muchas cosas que se habían hecho mal y que no solo los responsables políticos debían asumir las consecuencias, sino que a la izquierda española le convenía que fuera así. También afirmó que ya había otros dirigentes más jóvenes que podían asumir el liderazgo —entre los cuales se incluía él y me incluía a mí, aunque imagino que no pensaba en las izquierdas cuando tenía la amabilidad de identificar mi persona con un teórico potencial de cara al futuro—. Salí asustado de la reunión y al día siguiente fui a explicarle el contenido al presidente Pujol. El mensaje que le transmití fue que intuía que querían hundir a Felipe González y que todos los asuntos judiciales y policiales se enfangarían aún más. De hecho, ocurrió así. En cambio, he de confesar que la idea de que Belloch le hacía la cama a Felipe González y de que en los ministerios de Justicia y de Interior disponían de instrumentos más que suficientes para hacerlo era equivocada e injusta. Hace más de un año, durante uno de nuestros almuerzos juntos, le expliqué a Felipe González esa conversación con Belloch y las conclusiones que saqué. González me sacó de la cabeza esas falsas deducciones con acertadas explicaciones y expresando su confianza en Belloch. Me alegré, porque siempre he tenido en alta estima a quien después fue alcalde de Zaragoza, y lamenté que durante mucho tiempo me quedara esa sombra respecto al ministro Belloch. ¡Habían sido invenciones mías! Vamos, que fueron lo que yo quise deducir.

En el caso de Andreotti, el viejo político democristiano pronosticaba un desenlace diferente al que pretendían, según él, aquellos jóvenes jueces y fiscales izquierdistas. Estaba convencido de que los beneficiados de la operación acabarían siendo movimientos populistas cuyo germen, según él, eran los ya mencionados de Bossi y de Berlusconi, personajes ambos de los que no creía que fueran más honestos que Craxi. Para acabar de redondear su profecía, il divo me aseguró que no podrían con él, que no tenía ninguna implicación personal con la corrupción, que no se había aprovechado de su posición en ningún momento. Pero también añadió que no pararían de buscarle las cosquillas. Naturalmente, no pudo anticiparme las acusaciones de formar parte de la mafia que le hicieron posteriormente. Si tenía alguna impresión de que su futuro podría ir por ahí, no la compartió conmigo. En todo caso fue absuelto de esas acusaciones en primera instancia en la corte de apelación de Palermo y, finalmente, en el año 2004, en la de casación. Hay quien podrá alegar que lo dominaba todo y que, en ausencia de una separación de poderes, se impuso el suyo. Ignoro si este argumento se aguanta con las más de mil sentencias condenatorias contra otros ex primeros ministros, ministros, presidentes regionales y parlamentarios italianos. También en España el independentismo ha hablado de la falta de separación de poderes, y lo ha hecho cuando un cuñado del rey entraba en la prisión y cuando una sentencia judicial contra el partido del Gobierno daba paso a una moción de censura y a un cambio de inquilino en la Moncloa. ¡El papel lo aguanta todo! El día en que la máxima magistratura italiana le confirmó la plena y total absolución, le llamé por teléfono y le recordé la larga conversación que habíamos mantenido doce años antes en el hotel Princesa Sofía de Barcelona. Recordaba su contenido como si no hubiera pasado el tiempo.

El hecho de que Unió formase parte de la familia democristiana era un activo para Cataluña, y también para Convergència i Unió —no solo para Unió, también para Convergència y sus dirigentes—. Poco tiempo después de ser elegido presidente de la Generalitat a principios de los ochenta, Jordi Pujol viajó a Italia. Primero fue a Milán y después a Roma. La primera parte del viaje tenía un claro objetivo económico y se hizo de la mano del conseller de Comercio y Turismo Francesc Sanuy. En Milán se organizaron unas jornadas para fomentar la inversión italiana en Cataluña. Intervino, entre otros, mi suegro, a quien Sanuy conocía por su relación como abogado de muchas empresas italianas. La segunda parte del viaje fue de contenido exclusivamente político. El conseller Sanuy volvió a Barcelona y yo me quedé acompañando al presidente Pujol para cumplir una agenda que le había preparado previamente en la capital italiana. De hecho, se trataba de una cena con la cúpula de la DC italiana. Pujol viajó de Milán a Roma en un avión privado y yo lo hice en tren: no consiguió convencerme para que subiera a aquel pequeño avión; bastante esfuerzo me costaba volar en aviones regulares. No es que no me gustase volar, simplemente es que no podía. Durante muchos años —de hecho, hasta hace muy poco—, volar era una pesadilla para mí. Cuando era diputado en el Parlamento Europeo, para ir a Bruselas o a Estrasburgo, utilizaba el tren, aunque significase más horas de viaje. Era como una enfermedad, y esa siempre ha sido otra razón para rechazar un ministerio: imaginad que hubiera sido el de Exteriores. No había ninguna posibilidad de que volase con regularidad en un Falcon de un lugar a otro. Imagino que habrá quien no lo entienda o no acabe de creérselo, pero no miento, era superior a mis fuerzas. Recuerdo a otras dos personas con un problema similar al mío, aunque no tan exagerado: Anna Balletbó, del PSC, y Josep Maria Cullell, de Convergència. Cuando regresábamos en el puente aéreo quince o veinte diputados y diputadas y se producía alguna sacudida en el avión, el grito era unánime: ¡Duran! Y yo aspiraba el olor de las toallitas perfumadas de Iberia como si fuesen agua del Carmen. ¡Todo un numerito, vaya! ¿Puede alguien imaginarse un ministro, y encima de Exteriores, con pánico a volar y que no pueda dormir desde dos días antes del viaje?

En Roma, con el presidente Pujol, cenamos con la cúpula de la DC en el hotel Columbus, a cuatro pasos del Vaticano. Puse mucho interés en la organización del encuentro porque era el primer acto internacional que preparaba para él. Asistieron los pesos pesados de la DC, excepto Andreotti, que aquel día no podía participar. Del resto estaban todos: Forlani, Guria, Rumor, Colombo… Compartimos mantel y conversación. Más adelante, Unió y su conexión internacional le resultaron muy útiles al presidente Pujol. A Unió debe su acceso a la presidencia de la Asamblea de Regiones de Europa. Hay que decir que, esta vez, Pujol lo reconoció y lo agradeció públicamente. Su contrincante en aquella elección era Manuel Fraga, presidente de Galicia y dirigente de un PP que acababa de incorporarse a la familia de la DC. Por lo tanto, ganarlo exigió mucho trabajo. Más allá de mi dedicación a ese objetivo, es de justicia señalar que Llibert Cuatrecasas ayudó en función de su trayectoria en la Comisión de Relaciones Internacionales de Unió Democrática y en la Asamblea del Consejo de Europa. Sin embargo, quien realmente hizo el trabajo de ir recolectando de uno en uno los votos necesarios fue Eugeni Pérez Moreno, secretario de Relaciones Internacionales del comité de gobierno de Unió. Previa concertación de los contactos en mi nombre, Eugeni hizo las maletas y recorrió el continente en busca de los votos a favor de Pujol. Después preparamos más de un viaje internacional al presidente, con una agenda que incluía entrevistas con los presidentes o primeros ministros de los países visitados, unas veces con discreción y otras con reconocimiento de la aportación de Unió. Pérez Moreno lo acompañó en alguno de esos viajes, y recuerdo uno en especial, que fue el fruto de un enorme trabajo, a la República de Chile.

Con Artur Mas hicimos lo mismo. Incluso a Josep Maria Cullell, cuando fue candidato a la alcaldía de Barcelona, le preparamos más de un viaje. Recuerdo una visita a Holanda donde se entrevistó con el primer ministro holandés y con el alcalde de Róterdam —además de asistir a un partido del Barça de la Recopa europea—, y otra a Berlín, justo cuando se culminaba la unificación alemana. Acompañé a Artur Mas —lo que quiere decir, por lo tanto, que le preparé el viaje— a México, Cuba y Chile. Él era conseller en cap y yo ya no formaba parte del Gobierno de Cataluña. Al regresar de Cuba, Pujol me convocó en el Palau de la Generalitat para que le contara el viaje. Le dije que había ido bien, pero que no era sencillo mantener un diálogo con Mas. Su respuesta fue tan concisa como sincera: «No sufras, a mí también me cuesta». Siempre recordaré ese viaje. Vino a recibirnos al aeropuerto el vicepresidente del consejo de ministros cubano, el recientemente fallecido José Ramón Fernández Álvarez, militar formado en los Estados Unidos y conocido, a pesar de sus orígenes asturianos, como el gallego por su ascendencia española. Fernández era una persona afable y afectuosa que siempre se ocupó de mis estancias en Cuba. Cuando Mas llegó —yo lo había hecho el día anterior y al margen de la comitiva oficial porque no formaba parte del Gobierno catalán— iba vestido con traje y corbata y el vicepresidente cubano le recomendó un atuendo más informal. Al día siguiente, en la visita a una instalación de aguas, Mas se presentó vestido casi como si fuera a trabajar al palacio de la plaza de Sant Jaume. Después de una visita a La Habana vieja de la mano del historiador Eusebio Leal, sudando la gota gorda, decidimos ir al Floridita para tomar un daiquiri. Bueno, lo cierto es que quien propuso la idea fue Helena Rakòsnik, que, ante la negativa inicial de Mas, me pidió que intercediese para convencerlo. Artur se negaba, aduciendo que necesitaba tiempo para preparar un discurso para la inauguración de las obras de remodelación del Centro Catalán en la capital cubana. Más que pedírselo, le comuniqué que íbamos los tres con el embajador en funciones y su mujer. En el local, Artur Mas se quedó en un extremo de la barra preparando el discurso. El resto nos tomamos un par de daiquiris acompañados de los clásicos plátanos fritos. Ni en aquel momento ni en ningún otro pude mantener una conversación mínimamente profunda con quien ya era nuestro candidato a la presidencia de la Generalitat. Era evidente que a Artur Mas le faltaba cuajo político.

El Gobierno de Aznar en su contexto

Así pues, a raíz de la dimensión internacional de Unió en el mundo democristiano y de las aspiraciones de Aznar y del PP de entrar en la Internacional Democristiana, comenzó una relación de tensión y de discusión entre Unió y el PP, o entre algunos de sus dirigentes y yo. La relación con el PP y con Aznar fue tirante hasta el año 1995, se relajó en 1996 —cuando CiU apoyó su primera legislatura— y volvió a tensarse a partir de 2000. La relación del PP con Unió siguió, más o menos, las mismas pautas que la que Aznar tenía con el PNV y Xabier Arzalluz, aunque con un matiz importante: en los momentos difíciles había más dureza en las relaciones bilaterales de populares con vascos que con Unió, y cuando había distensión, la relación entre Aznar y Arzalluz era mucho más plácida. Me atrevería a afirmar que su relación desde 1996 hasta 1999 rozó el idilio, como ya he explicado antes. Si yo hubiera elogiado a Aznar como, por ejemplo, lo hizo el presidente del PNV en un Alderdi Eguna, me habrían llovido golpes desde el partido, desde el seno de la coalición de CiU y desde Cataluña en general. De hecho, como ya explicaré, eso fue lo que me sucedió en el verano del año 1995. Pero centrémonos: la ruptura de Aznar y Arzalluz fue de una magnitud considerable.

Por otro lado, el PP no paró hasta que consiguió echar al PNV del Partido Popular Europeo. En la Internacional DC pasó lo mismo. Fue uno de los síntomas inequívocos de que el PP de Aznar, que a comienzos del año 1996 necesitaba a CiU y al PNV, ya tenía claro que había logrado sumar un apoyo social más amplio. Esto lo movía a presuponer que, cuando fuera a las urnas, tendría una mayoría suficiente para poder prescindir de CiU y, sobre todo, del PNV. En septiembre de 1998, el partido de Arzalluz firmó los Acuerdos de Estella, o Pacto de Lizarra, que tenían como fin intentar establecer un proceso de diálogo y de negociación con ETA. El PNV quería comprobar si había agua en la piscina. Después, ETA rompió la tregua que había declarado. Además, en enero de 1999, el PNV, junto con Arnaldo Otegi y Carlos Garaikoetxea, apoyó la manifestación de Bilbao convocada para exigir el acercamiento de los presos. Era más de lo que podía digerir Aznar, que veía en el horizonte su triunfo electoral.

Una de las reacciones más primarias de Aznar fue emprender una cruzada internacional contra el PNV. En el mes de julio de 1999, el PNV abandonó el Partido Popular Europeo, con lo que se puso fin a un largo camino de proyección internacional de los vascos en el mundo democristiano. Con Unió, el PNV comenzó fundando, en la Bélgica valona, los Nouvelles Équipes Internationales (NEI), embrión de la Unión Mundial DC que a su vez daría paso a la internacional de esos partidos. La razón más importante del alejamiento del PNV del PP fue la fustigación a la que lo sometía este último desde hacía tiempo. En Chile, en octubre de 2000, fueron expulsados de la Internacional Democristiana cuando, también a instancias del PP, se dictaminó que para ser miembro de ella había que pertenecer a una estructura regional, en este caso de la europea, de la cual el PNV, por los motivos que acabo de exponer, ya no formaba parte. La expulsión del PNV fue un acto vergonzoso. Yo no pude asistir a la reunión por razones familiares muy justificadas, y el mundo mediático convergente aprovechó mi ausencia para presentarla como una demostración de falta de solidaridad. Sin embargo, los votos de Unió, del que era máximo responsable, fueron contrarios a la expulsión. Los democristianos chilenos y nosotros nos quedamos prácticamente solos en los apoyos al PNV. La mano alargada del PP hizo el resto. La madre patria5 y el dinero del PP, sus fundaciones y el gobierno español eran instrumentos muy poderosos.

Un año después, en Ciudad de México, en concreto en noviembre de 2001, fui elegido de nuevo vicepresidente de la IDC y Aznar asumió la presidencia. Públicamente, en el acto interno del congreso, afirmé que mi objetivo al asumir la vicepresidencia de la Internacional no era otro que defender la readmisión del PNV. No lo conseguí, así que, un par de años después, dimití. Como ya he explicado, había sido vicepresidente de la IDC —el más votado— desde 1993 hasta 1998. Eran otros tiempos: aún no nos habían invadido liberales-conservadores como el PP. Incluso, en un momento determinado, los partidos más democristianos desde el punto de vista ideológico habían intentado jugar mi baza como candidato a la presidencia de la IDC. Ocurrió en el congreso de Madrid de 1998. Javier Rupérez era el candidato y, finalmente, fue elegido presidente de la Internacional. Al cabo de un par de años tuvo que dimitir; su mandato fue el preludio de la agonía de la que había sido una internacional singularmente democristiana.

Un sector de partidos de la familia DC especuló con mi candidatura. El expresidente de la república italiana, Francesco Cossiga, fue el más beligerante. Además, hacía tiempo que se enfrentaba públicamente con el presidente Aznar. Hay que señalar que Cossiga tuvo un comportamiento muy singular en los últimos años de su vida política. Es verdad que era una pizca excéntrico y que solía demostrarlo cuando visitaba Cataluña. Pero también debe recordarse que se había ofrecido para mediar entre el Gobierno español y ETA, y Aznar nunca se lo perdonó. En su defensa de mi candidatura al frente de la Internacional DC llegó a referirse en público al presidente del Gobierno español como un joven con pantalones cortos que desfiló en favor de Franco y que no tenía nada que decirle a un viejo demócrata como él. Al final, sin embargo, no me presenté a la presidencia de la IDC. Habría perdido. Es justo decir que Aznar siempre manifestó que, si hubiera sabido antes que yo era candidato, no se habría opuesto, pero que, una vez que ya había apoyado públicamente a Rupérez, no podía dar marcha atrás.

No obstante, como consecuencia de mi actividad internacional, la convivencia con el PP había comenzado a deteriorarse. Entre Aznar y yo, más allá de una cena en Bruselas con él y con Arzalluz, propiciada por Marcelino Oreja, y de una comida en casa del líder del PP —en su domicilio madrileño, a cuya salida fue víctima de un atentado de ETA en abril de 1995—, la relación era fría.

En octubre del año 1994, sin embargo, conocí a Manolo Pizarro en la Casa de Aragón de Lleida, que, con motivo de las fiestas del Pilar, nos distinguió a ambos como socios de honor. En los discursos de agradecimiento, Pizarro fue extremadamente generoso conmigo; de hecho, desde aquel día siempre lo ha sido. Él era entonces presidente de la Bolsa de Madrid y, en la sala de actos de la Casa de Aragón, aconsejó que invirtiesen en mi futuro político. Mis padres, sentados en la primera fila, escucharon con orgullo los elogios que se vertían sobre su hijo.

Al concluir el acto, y todavía en presencia de mis progenitores, le expliqué a Pizarro una parte de mi vida —de hecho, de la de mi padre—… que, medio en broma medio en serio, Manolo y yo solemos rememorar. Con pocos recursos en casa y con ocho bocas que alimentar, mi padre tenía varios trabajos (en casa vivíamos mis padres, mis dos hermanas, mi abuela paterna, su hermana ciega y sorda, su abuelo, es decir, mi bisabuelo paterno, que murió a los noventa y cuatro años, y yo). Una de sus obligaciones laborales era encargarse de la sucursal de Alcampell de la por aquel entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, hoy reconvertida en Ibercaja. La pequeña oficina ocupaba un par de habitaciones de los bajos de casa y abría de seis a nueve, las horas en las que los campesinos podían sacar un momento para ocuparse de sus ahorros o de sus necesidades crediticias. Lógicamente, en una de las habitaciones en las que mi padre tenía el despacho, había una pequeña caja fuerte. En aquella época había habido, algún que otro robo en pueblos vecinos, y por la noche, a mí, que dormía en el piso de arriba, justo encima de la caja fuerte, cualquier sonido me hacía pensar en ladrones. Como Pizarro, tiempo después, fue presidente de Ibercaja, siempre le he reivindicado, en broma, una pensión vitalicia de la entidad en compensación por las horas de descanso perdidas y por el miedo que llegué a pasar. Siempre en un tono irónico, claro.

Más allá de las anécdotas, de aquella celebración de las fiestas del Pilar nació un compromiso. Pizarro sabía que nosotros subíamos a Vall d’Aran en verano y en invierno, y él y su familia subían a Baqueira Beret, sobre todo para la temporada de esquí. Esta coincidencia le permitió invitarnos, a mi mujer y a mí, a cenar la noche del primero de enero con motivo de la celebración de su santo. Nos dijo que también asistirían Aznar y Rodrigo Rato con sus esposas. Fuimos al restaurante Xalet Suís, en la salida de Vielha en dirección a Baqueira. Por primera vez compartía mantel con Aznar en un ambiente distendido y con nuestras esposas. Era obvio que el objetivo de Pizarro era intentar que entre Aznar y yo se creara una buena relación personal que pudiese dar sus frutos en el terreno político. Parecía evidente que el futuro Gobierno de España sería del PP y presidido por Aznar, como también era posible que ese futuro Gobierno no lograra la mayoría parlamentaria y que tanto CiU como el PNV tuviesen que aportar los apoyos parlamentarios para conseguirla. En el caso particular de Convergència i Unió, las distancias que en esa época lo separaban del PP parecían insalvables.

José María Aznar es, cuando quiere —con muchos de nosotros—, una persona agradable, pero no posee precisamente las cualidades concretas que se requieren para crear empatía. Aquella noche, con la mejor de las voluntades, lo dejó claro. Una de las primeras cosas que hizo nada más sentarnos a la mesa fue contar un chiste. La mujer de Rato, la encantadora Gela, a menudo me lo ha recordado cuando nos hemos visto a lo largo de los años: el chiste del peine. De repente, Aznar me dijo: «¿Sabes la diferencia que hay entre un calvo madrileño y uno catalán?»6. Lógicamente, mi respuesta fue que no. Y su réplica, como parte integrante del chiste —que teóricamente era la graciosa—, fue: «¡Pues que el de Madrid se compra una peluca y el catalán vende el peine!». Silencio sepulcral durante unas décimas de segundo que, para muchos, se hicieron eternas. Nadie le rio el chiste a quien se convertiría en el presidente del Gobierno. Aparte de Josep Sánchez Llibre —que también asistía a la cena—, de su mujer y de la mía, nadie sabía cómo llevaba yo mi calvicie. He de reconocer que, cuando era un veinteañero e iba a las discotecas, la calvicie me provocó más de un dolor de cabeza, sobre todo los días de viento, ya que el pelo de los lados intentaba cubrir la parte central. Pero, afortunadamente para el buen ambiente que quería generarse en aquella cena, hacía muchos años que se había convertido en una cuestión con la que no perdía ni un segundo de mi tiempo. En el año 1995 ya era, y continúo siéndolo, una persona orgullosa de su calva. Si el chiste de Aznar dejó helada a la concurrencia, mi respuesta inmediata sí que provocó las risas generalizadas en la mesa: «Claro: el catalán vende el peine para pagar la peluca del de Madrid».

Durante la cena se habló de todo y de nada. En ningún caso se tocó el tema político. Era una época en la que la familia Aznar veraneaba en Oropesa de Mar y habían aparecido unas imágenes en los periódicos típicas de los reportajes de los políticos en verano. Elogiaron aquellas playas y, sin voluntad de menospreciarlas, me atreví a decir que la Costa Brava era mucho mejor. Vaya, que no había color, con todo mi respeto para cualquier otra parte de la costa, incluida la de Castellón, que conocía bien de mi época de soltero. Como me dijeron que no la habían visitado, quedamos en que les invitaría, e incluso se habló de hacerlo después de las elecciones municipales previstas para el mes de mayo de aquel año 1995. Pasaron los meses y no volví a ver a Aznar ni a hablar de la Costa Brava. En cambio, con Pizarro seguí manteniendo una relación personal y afectiva que el tiempo ha fortalecido.

En pleno verano, cuando ya había olvidado el emplazamiento que nos habíamos hecho el primer día del año, me llamó Manolo Pizarro para decirme que a mediados del mes de agosto vendrían los tres matrimonios —es decir, ellos, los Aznar y los Rato—, y pedirme que les reservara el hotel. Preparamos con mucho gusto la visita a Aiguablava, prevista para los días 17 y 18. Dos o tres días antes, me llamó Lluís Foix —en aquel momento director de La Vanguardia— para pedirme que le explicara la visita de Aznar a mi casa. Le mentí, cosa que me supo muy mal, y le dije que no era cierto (en agradecimiento y en reconocimiento a Foix he de decir que nunca me lo ha tenido en cuenta). Esta llamada me hizo pensar que era evidente que el equipo de Aznar deseaba obtener réditos políticos de la visita y eso me sacó de quicio. Estaba muy enfadado, no quería que se hiciera público el encuentro porque no debía serlo, como tampoco lo había sido la cena en Vielha.

Intenté localizar a Pizarro para anular la visita, pero estaba en Ibiza y no logré dar con él: entonces no llevábamos, como ahora, el móvil en el bolsillo. Me sentí utilizado por el PP. La víspera de su llegada a mi casa habían fichado al exdiputado roquista de Convergència Josep M. Trias de Bes. Con este fichaje y el acercamiento de Unió a través de mí, pretendían transmitir la imagen de que eran capaces de abrir una brecha en el muro que se levantaba entre ellos y el catalanismo de Convergència i Unió. No debe olvidarse que el líder del PP en Cataluña era en aquel entonces Vidal-Quadras, quien, con sus irónicos, contundentes y sostenidos ataques a CiU, ponía muchas trabas en la relación entre ambas formaciones. Yo tenía claro que debíamos entendernos con el PP de Aznar porque el Gobierno de González tenía los días contados. Además, vista la experiencia de los años anteriores, durante los cuales, como ya he explicado, Pujol había hecho todo lo posible para que no tuviésemos relación con el presidente González ni con el Gobierno del PSOE, tenía muy claro que debía aprovechar la obligada coincidencia en el ámbito internacional con el PP para establecer la relación necesaria. No quería que Unió volviese a ser marginada cuando los populares llegaran al Gobierno. En este sentido, la mediación de Manolo Pizarro nos iba como anillo al dedo. Sin embargo, quería ser yo, y no Aznar, quien manejara los tiempos y la intensidad de la relación. No digo Pizarro porque él nunca tuvo más intención que la de actuar como lubricante en las relaciones entre Aznar y yo y entre el PP y CiU, entendiendo que eran necesarias a pesar de su dificultad.

El encuentro en Aiguablava, con una gran tensión inicial, se produjo en la casa de mis suegros (mi mujer, mis hijas y yo vivíamos en una casa independiente en la misma finca). Lluís Foix, que es un gran periodista y no debió creerse la respuesta negativa que le había dado a su pregunta, publicó en La Vanguardia el encuentro estival. Sus fuentes debieron de ser de mucha confianza, pues restó credibilidad a mis palabras. Como consecuencia de la información aparecida en el periódico, a las nueve de la mañana ya había un grupo de periodistas dispuestos a cubrir la noticia llamando a mi puerta. Negué por segunda vez el encuentro con Aznar, pero, como explicaré más adelante, no llegué a la tercera negación ni a seguir los pasos del apóstol Pedro, y no porque no estuviera dispuesto a hacerlo, sino porque el rigor profesional de La Vanguardia me lo impidió. A pesar de haberlo negado de manera convincente, el conjunto de periodistas —entre los que estaba el corresponsal en Girona del diario del Grupo Godó— se quedó junto a la carretera esperando novedades sobre lo que yo acaba de asegurarles que no se produciría. Por el motivo que fuera, tampoco se fiaron de mi palabra y, en este caso, hicieron bien. Sin embargo, yo estaba dispuesto a todo para evitar que el PP de Aznar se saliera con la suya. No quería que el encuentro traspasase el ámbito privado.

Como no había habido manera de avisarlos, los invitados acudieron al hotel Mas de Torrent, donde debían recogerlos Josep Sánchez Llibre y su mujer. Josep tenía unas instrucciones muy precisas: debía decirles que estaba muy molesto, que no quería que el encuentro saliera en la prensa y que mi mujer iría a buscarlos al aparcamiento de un supermercado cercano a casa para introducirlos por una puerta que no era la principal. Entretanto, como la necesidad aguza el ingenio, yo salí con la moto, en bañador y con la toalla alrededor del cuello. Pasé ante los periodistas, les saludé con la mano y les dije que iba a la playa. Pensaba, y así ocurrió, que con mis palabras haría desistir a los periodistas que se encontraban vigilando en la carretera, porque no tenía sentido que Aznar fuera a mi casa si yo no estaba. Me limité a seguir por la carretera en dirección a la playa y volví a entrar en casa por la parte de abajo, justo por donde después entrarían los invitados. Un camino que permitía el acceso a la finca de mis suegros por un terreno con olivos, con gallinas que paseaban entre los árboles y un pequeño huerto que, imagino, no fue del gusto de Ana Botella, pues preguntó si había otra entrada a la casa. «Sí —respondió mi mujer—. Pero hay periodistas y Josep está muy molesto».

Durante el día no pasó nada reseñable. Nos bañamos, tomamos alguna cosa en el jardín y la tensión inicial se diluyó, a pesar de que yo seguía con la mosca detrás de la oreja. Mis suegros los invitaron a cenar, como estaba programado, y se marcharon a descansar al hotel. Por la noche, a la hora prevista, los coches entraron por la puerta principal. La sorpresa fue que en el interior de la casa de mis suegros se había escondido el fotógrafo que La Vanguardia tenía en Girona, que salió de detrás una valla de cipreses y nos retrató. Me habían descubierto; ya no había lugar a las negaciones. A partir de aquí, una nota de prensa de Unió emitida al día siguiente a primera hora convocó a los medios en el restaurante El Bulli, donde habíamos quedado con los ilustres invitados para cenar. Hacía semanas que se había hecho la reserva, y, a pesar de que había advertido al entrañable Juli Soler, mano derecha de Ferran Adrià, sobre la identidad de los comensales, no se había producido ninguna filtración. En Cala Montjoi, donde estaba ubicado el conocido restaurante, empeoré aún más las cosas, o al menos así se interpretó. Comenté ante los medios que se trataba de una reunión de amigos, no de política. ¡Qué barbaridad! ¡Amigos de Aznar! Una parte de la prensa me criticó por ello; sostenían que, si hubiera dicho que era una reunión política, habría sido aceptable; pero que José María Aznar y yo fuéramos amigos era inadmisible. ¡Y eso que aún no habíamos llegado a la guerra de Irak ni a la FAES!

El PP en Cataluña

El rechazo que sufre el PP en Cataluña es uno de esos síntomas —hoy en día más presente que nunca— que persisten en el tiempo como expresión de la incomprensión mutua entre una parte muy mayoritaria de Cataluña y una España que representa mejor que nadie el Partido Popular —en aquellos tiempos Cs no existía—. Después de Aznar vino Rajoy, que, a pesar de ser gallego, desde la perspectiva política no ha ejercido como cabría esperar de alguien nacido en la periferia. En mi opinión, el conflicto catalán sigue siendo el principal problema de España en su conjunto, en su estructuración territorial, con unos cuantos siglos de convivencia, o conllevancia, citando a Ortega y Gasset. No hemos sido capaces, ni los unos ni los otros, de superar las diferencias ni de llegar a un acuerdo auténtico y leal, a pesar de que se han hecho esfuerzos por parte de muchas personas de un lado y del otro. Yo mismo, a lo largo de mi vida política, he intentado dedicarle lo mejor de mí, pero tengo que reconocer, con profundo pesar, que hemos sido incapaces de lograrlo. La culpa nunca la tiene exclusivamente una de las partes; suele estar repartida, a pesar de que solo sabemos ver las deficiencias y las responsabilidades ajenas. Dicho lo cual, y ya que he citado a Ortega y Gasset, me parece necesario recordar la convicción del filósofo y ensayista español, que sostenía que solo las cabezas castellanas tenían los órganos adecuados para percibir la España integral. ¡Sin comentarios!

En este contexto, el encuentro del verano de 1995 en la Costa Brava con Aznar molestó a sectores importantes de Unió. Este fue uno de los puntos polémicos en el debate correspondiente a mi informe de gestión en el primer consejo nacional de Unió que celebramos después del verano. Lógicamente, con la ironía maliciosa que lo caracterizaba, el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Joaquim Nadal, utilizó el encuentro para hurgar en posibles desavenencias en el seno de la coalición de CiU. Tampoco faltó otra clase de críticas de la entonces diputada de ERC en el Congreso, Pilar Rahola. Hay que reconocer que Rahola escribe como los ángeles, pero me parece que cuando habla pierde el oremus —de hecho, acostumbra a gritar más que a hablar—, y especialmente cuando se transforma en tifosa de la causa independentista o de la sionista. Y permitidme que lo diga aquí: es posible que haya muchas personas que no estén al tanto o no recuerden su paso por la política y por las instituciones, o que incluso desconozcan alguna sonada actuación suya protagonizada en aquellos tiempos en los que su aproximación al poder era transparente. Siempre va bien tener memoria.

El presidente Pujol opina… y actúa

Pero a quien más molestó el encuentro con Aznar fue al presidente Pujol. En este caso, el motivo no tenía nada que ver con la mutua incomprensión de fondo que existía entre una determinada España y una parte muy importante de Cataluña. La ira que Pujol demostró abiertamente tenía un origen más sencillo: no soportaba que Unió tuviera iniciativa en un terreno que él consideraba propio y de nadie más. ¡No de Convergència, sino de él! Mientras que yo había declarado que no habíamos conversado sobre política, Aznar había dicho que habíamos hablado un poco de todo, que siempre era más fácil entenderse con unas personas que con otras y que, si una relación personal podía tener continuación en una relación política, le parecía provechoso… Esas fueron algunas de sus declaraciones. Jordi Pujol no pudo digerirlo, a pesar de que yo le expliqué por teléfono la génesis y el contenido del encuentro. La conversación con él y sus reacciones políticas tuvieron un tono desagradable; el mismo que sabía utilizar cuando quería. En eso nos parecemos. Más allá de las formas, declaró que el diálogo con el PP no estaba sobre la mesa y que «el día que tengamos que hablar con el PP, ya hablaremos». Quería dejar claro que, para él, el encuentro no había servido para nada y que, si un día era necesario hablar con Aznar, él decidiría el momento y, en todo caso, sería él quien dialogaría personalmente con el presidente popular. En la rueda de prensa posterior, Josep M. Brunet, corresponsal de La Vanguardia en Madrid, me preguntó qué opinaba sobre las declaraciones que acababa de realizar Pujol en las que afirmaba que no esperaba nada de mi reunión con Aznar. Tenía que acostumbrarme, pero él también tenía que acostumbrarse a que Unió, conmigo como dirigente, tuviera voz propia.

Al cabo de unos años se repitió la historia, pero podríamos decir que a la inversa: era él quien se había entrevistado con Aznar. El 25 de octubre de 2000 pronuncié la conferencia ya mencionada en el paraninfo de la Universidad de Barcelona con el título «Nuevos tiempos, nuevos retos, nuevas ilusiones, nuevas oportunidades para Cataluña: un proyecto para compartir», que reunió a los sectores más representativos de la sociedad civil. En este momento solo quiero subrayar lo mal que llevaba Pujol que alguien que no fuera él pudiera marcar la agenda política. El día de la conferencia, el presidente fue entrevistado en el programa El matí de Catalunya Ràdio. No tengo duda alguna de que pidió expresamente que lo entrevistasen aquel día para intentar robarme protagonismo informativo. Y, menuda sorpresa, reveló una reunión secreta que había mantenido con Aznar, el presidente del Gobierno, en Ciudad Real el 10 de octubre; una reunión de la que yo solo sabía por Aznar. Sin ánimo de venganza, he de decir que de aquella reunión no salió nada. Aznar tenía mayoría absoluta y nosotros no pintábamos nada porque Pujol no había querido implicarse en el Gobierno; lo único que le pidió al presidente popular, como debe constar en las hemerotecas, es que dedicara un cierto reconocimiento al papel de CiU. El propio Pujol decía que los resultados habían sido escasos, aunque aseguraba que se había notado cierta mejora en las malas relaciones que había entre PP y CiU. Lo cierto es que a partir de entonces comenzaron a empeorar.

La prueba del algodón más descarada, y a la vez la más inoportuna, de cómo le gustaba dejar claro a Pujol que él era quien mandaba, la protagonizó el 20 de enero de 2002 en el acto de la presentación de Artur Mas como futuro candidato a la presidencia de la Generalitat. En el pabellón deportivo de Vall d’Hebron solemnizábamos la puesta de largo de Mas como heredero. Una semana antes, José María Aznar había sido entrevistado en La Vanguardia por José Antich, que entonces era el director del periódico y con quien el presidente del Gobierno español mantenía una buena relación. En esa entrevista, y ya con la mayoría absoluta del PP, Aznar renovó la oferta a CiU para entrar en el Gobierno de España y rematar así el currículum de estadista de Jordi Pujol con sus contribuciones a la gobernabilidad del Estado, tanto con los Gobiernos de la UCD y del PSOE como con el del PP que presidía él. De hecho, era una invitación en toda regla para que nos sumergiéramos de lleno en la nueva España que —según Aznar— estaba construyéndose.

Aquel domingo de enero de 2002, en el mitin de Vall d’Hebron, debíamos intervenir Mas, Pujol y yo. Lo habíamos preparado todo para mayor honor y gloria de quien había sido escogido para la sucesión. A lo largo de la semana habíamos convenido que tanto el presidente como yo haríamos discursos de perfil bajo. Un rato antes del comienzo del acto, nos reunimos los tres oradores en una habitación del pabellón y nos reafirmamos en el compromiso adquirido. De hecho, teóricamente, quien podía tener la tentación de romper el acuerdo para restar protagonismo a Mas era yo, pues, al fin y al cabo, de acuerdo con el guion que se había desarrollado en los últimos años, había perdido la batalla por la sucesión. Sin embargo, pronuncié un discurso normal, sin estridencias, en un tono por debajo de lo habitual. Pues bien, la sorpresa fue que la estridencia provino de la boca y de los gestos de Jordi Pujol, precisamente de quien estaba obligado moralmente a hacer todo lo posible, y más, para que brillara la persona que él y su entorno familiar habían elegido para relevarlo en el palacio de la plaza de Sant Jaume. Aquel día, el presidente Pujol emuló, como tantas otras veces, al actor y humorista Joan Capri, y respondió a la oferta de Aznar de entrar en el Gobierno del Estado escenificando, como si estuviera dando de comer a las gallinas, eso del «pitas, pitas…». Con gestos teatrales, dijo: «[…] ahora vendrán con el pitas, pitas… ¿Qué se han creído que somos? ¡Nosotros no hemos ido a la política por el comedero! ¡A nosotros nos interesa Cataluña!». ¡Ya nos la había colado! Y, sobre todo, se la había colado al pobre Artur Mas, el protagonista de la fiesta, en su bautizo político.

Fue un espectáculo. Algunos querían que se los tragara la tierra. Pujol exageró el tono y los gestos consciente de que la oferta de Aznar no era inofensiva. El líder del PP sabía que, si no habíamos entrado en el Gobierno cuando su partido no tenía mayoría, menos aún lo haríamos cuando habían obtenido la mayoría absoluta. Con esa oferta, Aznar había transmitido a la ciudadanía de Cataluña, a los sectores que oscilaban electoralmente entre el PP y CiU, que si Cataluña no tenía más presencia en la cabina de mando española, no era porque él no quisiera, sino porque CiU lo rechazaba. Pero Pujol podría haber esperado a otro momento para escenificar la respuesta. O, mejor aún, pedirle a Mas que, como nuevo líder de la federación de CiU, contestase él. Es posible que Pujol todavía no tuviera la confianza suficiente en la persona a la que estaba entregándole el testigo del liderazgo como para esperar que fuera capaz de transmitir con la fuerza política requerida la respuesta a Aznar. De hecho, durante el parlamento de Mas, el público fue abandonando el pabellón. Sin embargo, en el fondo, todo aquello solo era una manifestación más de la gran debilidad del presidente Pujol: siempre tenía que mandar y, además, debía quedar claro que era así.

La última legislatura de Felipe González

En todo caso, la llegada de Aznar a la Moncloa como presidente del Gobierno se produjo meses después del encuentro en Aiguablava del verano de 1995. Por lo tanto, coincidió con los últimos meses de la última legislatura de Felipe González. Hacía tiempo que se vislumbraba el final del ciclo socialista. El acceso del PSOE al Gobierno de España y sus políticas consolidaron la transición a la democracia. La derecha democrática y responsable debería ser muy consciente del valor añadido que supuso para España el ascenso al poder del socialismo democrático. A todos, desde el rey al ciudadano más modesto, nos vino bien que la izquierda gobernase. Ayudó a legitimar las instituciones —comenzando por la Corona—, a democratizar las Fuerzas Armadas y a instaurar los primeros pilares del llamado Estado del bienestar social. Digo expresamente del llamado porque sostengo desde hace años la tesis de que es necesario transitar del Estado del bienestar social a la sociedad del bienestar social. No es que quiera expulsar o reducir el Estado a la mínima expresión para garantizar el bienestar social. No soy liberal en el sentido de que defienda los postulados de la Escuela de Economía de Chicago, que proceden del laissez faire de Adam Smith, como tampoco comulgo con el intervencionismo socialista. El mercado siempre creará injusticias y necesitamos todo el Estado que sea necesario para impedirlas y corregirlas. Pero la persona y su dimensión comunitaria, su responsabilidad con el otro y la necesidad de evitar caer en la nefasta cultura del subsidio están, en mi opinión, por encima de todo a la hora de configurar y garantizar el bienestar. Bajo los mandatos de Felipe González hubo un poco de todo, pero eso no puede impedir que ocupen una de las páginas más importantes de la historia de España. A principios de los años noventa habían comenzado a conocerse comportamientos y hechos protagonizados por cargos socialistas que propagaron la idea de una corrupción generalizada. Estábamos asistiendo al principio del final de la primera era socialista de la democracia recuperada.

Hasta tal punto era así que viví un serio incidente a causa de la corrupción socialista en un viaje a Venezuela. Acompañado de un grupo de empresarios catalanes y de un buen número de periodistas de medios de comunicación catalanes y madrileños, visité Venezuela y Argentina del 17 al 24 de octubre de 1992. Se da la coincidencia de que, mientras escribo estas líneas, tenemos unos amigos venezolanos invitados en casa; con ellos compartimos la profunda tristeza por la gravísima situación a la que el chavismo y la ineptitud de Maduro han llevado al país, así como una opinión crítica con la mediación del expresidente Rodríguez Zapatero. El primer día de mi estancia en la patria de Simón Bolívar ofrecí una rueda de prensa en la sede del partido democristiano, el COPEI, nuestro hermano. Eran tantos los periodistas presentes que acordamos realizar una primera parte dedicada a preguntas de los medios venezolanos y continuar después con las cuestiones sobre política española. Uno de los periodistas de Madrid me preguntó si era comparable la corrupción de Felipe González con la del presidente venezolano y su amigo Carlos Andrés Pérez. Siempre he intentado tener presente lo que Churchill afirmó en relación con las críticas al Gobierno británico: «Cuando estoy en el extranjero, tengo por norma no criticar ni atacar jamás al Gobierno de mi país. Después, cuando regreso a casa, intento recuperar el tiempo perdido». Con la voluntad de ayudar al presidente español con mi respuesta, además de mi convicción de que decía la verdad, contesté en los siguientes términos: «Ni hablar, no tiene nada que ver; no puede compararse al presidente español con el venezolano». Acabó la rueda de prensa y la jornada siguió de acuerdo con el programa previsto.

Al día siguiente me desperté muy temprano; siempre me desvelo cuando cruzo el Atlántico, más aún si viajo a países caribeños. Cogí el periódico que me habían dejado en la puerta de mi habitación del hotel Tamanaco de Caracas. «Político español insulta a CAP»7, este era el titular de la portada a cinco columnas de El Universal. Mi primera reacción antes de leer el texto fue pensar que otro político español estaba de visita en Venezuela. Dispuesto a averiguar quién era, comencé a leer la crónica periodística. Me llevé una sorpresa cuando descubrí que quien había insultado al presidente Carlos Andrés Pérez, el llamado CAP, era yo mismo. Confieso que me temblaron las piernas y que me temí lo peor. ¿Cuáles serían las consecuencias? Tenía concertadas reuniones con ministros venezolanos y la visita oficial al Palacio de Miraflores con el presidente. Después, en Buenos Aires, tenía previsto reunirme con el presidente Carlos Menem y con miembros de su Gobierno; durante ese viaje conocí a un Macri joven, hoy presidente argentino. Efectivamente, a las ocho de la mañana me llamó el embajador español, Alberto de Armas, que ya había tenido noticias de la cancillería venezolana para cancelar todos los actos en los que iban a participar miembros del Gobierno y, por lo tanto, también la audiencia con el presidente de la República. Todo parecía indicar que se me solicitaría que abandonara el país discretamente. El paso de las horas y el buen savoir faire del embajador y de su equipo —que ya habían ayudado a preparar las visitas— propiciaron que la situación se recompusiera. Al día siguiente, en la sede principal, Carlos Andrés Pérez me recibió en audiencia, acompañado por los empresarios, como si no hubiera pasado nada.

El apoyo al PSOE se pone en entredicho

Sin embargo, no solo la corrupción ensombreció la última legislatura del presidente González. A la resaca de casos de corrupción como Filesa, Ibercop, Roldán… —que se habían llevado por delante a Solchaga como portavoz del grupo parlamentario socialista y a ministros como Vicente Albero— y de escándalos como el de las escuchas del Cesid a diversas personalidades y al rey Juan Carlos —lo que provocó la dimisión del director de los servicios secretos españoles, el teniente general Emilio Alonso Manglano, del ministro de Defensa, Julián García Vargas, y del vicepresidente, Narcís Serra—, había que añadir la situación económica. España había entrado en recesión con un crecimiento negativo en el año 1993 y corría riesgos reales de incumplir las exigencias del Tratado de Maastricht para participar en la Unión Monetaria. Un paro muy por encima del 20 por ciento y un déficit público superior al 7 por ciento eran la fuente de un alud de críticas políticas y mediáticas a las políticas socialistas. La guinda del pastel, sin embargo, la puso el juez Baltasar Garzón, reincorporado en la Audiencia Nacional después de pasar por la política, al reabrir el caso Marey a finales del año 1994.

Conozco a Baltasar Garzón, y nuestra relación, aunque escasa, siempre ha sido buena. Obviamente, no entro a valorar sus instrucciones judiciales —afortunadamente nunca he sido imputado ni procesado por él ni por otro juez—. Hay quien habla muy mal de Garzón, y tal vez con razón; yo no puedo hacerlo. Siempre hay personas que hablan mal de otras.

Las decisiones judiciales de Garzón se llevaron por delante unos cuantos cargos socialistas: el ministro Barrionuevo y Rafael Vera, junto con Ricardo García Damborenea y Julián Sancristóbal, fueron los más importantes. Era la implicación socialista con los GAL. Garzón, en su afán por vincular el socialismo con el terrorismo de Estado, consideró que había indicios para imputar a Txiki Benegas, a Narcís Serra y a Felipe González. Pedro J. Ramírez en Diario 16 y en El Mundo y Antonio Herrero en la COPE hicieron el resto para que, al margen de las interlocutorias judiciales, la sentencia popular dictaminase que el Gobierno del PSOE estaba detrás de los GAL. Rafael del Águila, seguramente uno de los mayores expertos en Maquiavelo de la teoría política en España, recordó, en relación a los GAL, la máxima del filósofo, político y escritor florentino: «No siempre los estados pueden gobernarse con el rosario en la mano».

Ignoro si lo hacía porque era seguidor de Maquiavelo o no, pero es evidente que el presidente Pujol manifestaba, en público y en privado, opiniones y posiciones alejadas de la caza de brujas contra el Gobierno socialista por su posible implicación en los asuntos de los GAL. Miquel Roca y yo mismo también hicimos menos ruido que muchos otros dirigentes políticos. En mi caso, por lo menos, porque defendía la presunción de inocencia de los imputados. A raíz de esta posición, quien fue conseller del Gobierno catalán de Convergència i Unió y dirigente de CDC y de la coalición, Josep Maria Cullell, me envió la fotocopia de unas declaraciones mías recogidas por La Vanguardia. Decía lo siguiente: «Un demócrata debe creer en la inocencia de todas las personas, incluidos los delincuentes, y nadie ha demostrado la culpabilidad del Gobierno del PSOE en el caso GAL». La fotocopia del periódico iba acompañada de una tarjeta personal de Cullell en la que, escrito a mano, se leía: «¿Por qué no creíste en mi inocencia? ¿Por qué exigiste mi salida del Gobierno?». Cullell se refería a una intervención mía en el congreso de Unió del año 1994, en la que, en el informe de gestión, hice alusión directa a su presunta implicación en un caso de supuesto tráfico de influencias en beneficio de un cuñado suyo en Sant Pere de Torelló, lo que provocó su dimisión como conseller del departamento de Política Territorial y Obras Públicas. Aquellas palabras manuscritas de Cullell —a quien siempre he apreciado— me sacudieron la conciencia: ¡tenía razón! No medí el alcance de mi intervención ni el uso mediático que se haría de ella. No dije exactamente lo que él me recordaba en la tarjeta, pero dio la impresión de que lo hacía, que es lo que cuenta en la vida y, sobre todo, en la política. Fui injusto con él y al cabo de unos meses le pedí perdón. Le hice daño sin querer. Miquel Sellarès, uno de los fundadores de CDC, independentista de toda la vida, organizó un almuerzo en el domicilio de Cullell y allí le expresé mi sentimiento de culpa. Cullell es, para mí, una persona honrada, profundamente cristiana y con una sólida vocación social. Jamás lo condenaron, lo que pone de relieve aún más si cabe la irresponsabilidad de mis afirmaciones.

Fueran los socialistas culpables o no de las acciones de los GAL y mantuviesen la posición que mantuviesen, era evidente que no podíamos seguir apoyando al Gobierno del PSOE. A partir de las elecciones municipales del año 1995 elevé gradualmente el tono crítico respecto al Gobierno español y pedí públicamente la convocatoria de elecciones. Una vez más, este posicionamiento molestó a Pujol. Era él quien debía anunciar, y decidir cuándo hacerlo, que no podíamos seguir apoyando al PSOE. Hay que reconocer, sin embargo, que en aquella ocasión existía un segundo fundamento. Pujol había pactado con Felipe González que, a pesar de la que estaba cayendo, le daríamos apoyo parlamentario hasta el final del segundo semestre de 1995. La estabilidad que le garantizaba Convergència i Unió le permitía, además, ejercer con normalidad y sin sobresaltos parlamentarios el mandato de la presidencia de la Unión Europea que en aquel semestre correspondía a España. De paso, Pujol se aseguraba que se celebrara en Barcelona la primera Conferencia Euromediterránea los días 27 y 28 de noviembre. Ahí nació el Proceso de Barcelona y, gracias a eso, hoy la ciudad capital de Cataluña es la sede de la Unión por el Mediterráneo. El presidente Pujol puede sentirse orgulloso.

La región euromediterránea

Como tantas otras veces en la región del Mediterráneo, el conflicto árabe-israelí estuvo a punto de provocar el fracaso de la primera cumbre de 1995. A pesar de que los doce socios del sur llegaron divididos a Barcelona, se consiguió aprobar por unanimidad y sin reservas un diseño de región euromediterránea con tres pilares: político, económico y social; y en este sentido hay que destacar el papel de Javier Solana, entonces ministro de Exteriores. Del año 2004 al 2014, con alguna interrupción, fui vicepresidente de la comisión política de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, integrada por parlamentarios y parlamentarias de países miembros de la UE, de la ribera sur del Mediterráneo y del Parlamento Europeo. En el ejercicio de esa responsabilidad, a menudo viví en primera persona las consecuencias de la tensión entre Israel y los árabes, entre los que Siria siempre llevaba la voz cantante; a ella se sumaban Egipto, Líbano, Palestina y Jordania. Daba igual de qué habláramos; cuando los sirios levantaban la mano sabía que se bloquearía el diálogo. Sin embargo, eso no quiere decir que los israelíes fueran menos beligerantes. Unos y otros me exasperaban.

Reconozco que en la última asamblea general en la que participé, en febrero de 2014, en Jordania, fueron los israelíes los que me hicieron perder la paciencia. El conflicto árabe-israelí estaba mutando. Siria se encontraba en plena guerra con la confluencia poliédrica del enfrentamiento entre Gobierno y oposición interna; entre sunitas y chiíes; de la Turquía de Erdogan con los kurdos aprovechando la guerra civil en el país vecino; y entre Estados Unidos y una Rusia que, de la mano de Putin, buscaba y busca el espacio de influencia geopolítica que perdió con la desintegración de la URSS (con una UE desgraciadamente irrelevante). John Kerry, secretario de Estado de EE. UU. —lo conocí en Washington cuando presidia la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado norteamericano—, llevaba a cabo una intensa actividad para impulsar las negociaciones entre israelíes y palestinos. En Jordania, y antes del comienzo de la asamblea, mantuve una reunión en Amman con el primer ministro jordano, Abdalá Ensur, con quien analicé tanto el proceso de paz en Oriente Próximo como el conflicto sirio. La semana anterior, en Madrid, había recibido la visita de un excongresista demócrata, presidente de la fundación que Kerry había impulsado para el diálogo con los palestinos. El primer ministro jordano avalaba la iniciativa y había conversado con los palestinos. Unas horas después, en el hotel del mar Muerto donde celebrábamos el acto, los representantes de Israel me hicieron sudar tinta para llegar a un acuerdo en apoyo al proceso de paz y a las negociaciones promovidas por Kerry. El texto definitivo no dejó contento a nadie.

Como decía, en los últimos años, el conflicto entre judíos y palestinos, con el apoyo del mundo árabe, ha sufrido una gran mutación. La confrontación se ha desplazado hacia el eje formado por suníes y chiíes que, entre otras consecuencias, ha tenido una gran influencia en el conflicto sirio. Desde que los chiíes accedieron al poder en Irán después de la revolución que derrocó al sah de Persia, la división del mundo del islam entre las facciones suní y chií se agravó notablemente. El acuerdo nuclear entre el mundo occidental e Irán abrió una puerta a un cambio de escenario en el conflicto en Oriente Próximo. La influencia de los iraníes en Líbano, a través de Hezbolá, y en Palestina, por medio de Hamás, podría aprovecharse para reconducir las negociaciones entre Israel y Palestina, y, en definitiva, entre los primeros y el mundo árabe. Cuando era ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos me pidió que visitara Irán en condición de presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Siempre he respetado a Moratinos. Lo conocí tomando un café en el paso fronterizo entre Israel y la Franja de Gaza, cuando iba a entrevistarme con Yaser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Antes había hecho lo mismo con el primer ministro israelí, Isaac Rabin, en Jerusalén. Era el año 1995 y yo era vicepresidente de la Internacional Democristiana. De los dos encuentros guardo un gran recuerdo. Rabin era más austero en los gestos, pero más sincero. Arafat fue más empático, pero menos fiable; me acompañó del brazo hasta el coche después de una reunión larguísima.

La relación con Moratinos continuó. Cuando fui conseller de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat, y de la mano del fantástico colaborador Andreu Claret, director del Instituto Europeo del Mediterráneo, me incorporé a su consejo asesor —junto con Felipe González y otras personalidades—. Con él como ministro, en los primeros años del Gobierno de Zapatero ya había visitado oficialmente Irán al frente de una delegación y habíamos mantenido entrevistas de gran interés con responsables de los programas nucleares israelíes. Después de esa primera visita hice un par más con carácter reservado —solo y a instancia del ministro Moratinos—, de las que también tenían conocimiento previo los negociadores europeos del acuerdo nuclear, es decir, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Personalmente, siempre había avisado también a la embajada israelí y a la de Estados Unidos en España, y después les explicaba cómo habían ido los encuentros. No quería malentendidos. En el momento de escribir estas páginas, la situación sigue cambiando. En Estados Unidos, Donald Trump ha sustituido al presidente Obama y soy incapaz de prever las consecuencias. Sigo la serie de televisión Homeland y, a pesar de que soy consciente de que es ficción, no es un disparate afirmar que ayuda a entender algunas cosas que han pasado y pasan en Oriente Próximo, y también cuando se quiere entender lo que se cuece en las entrañas de la Administración norteamericana y de sus diversas agencias de seguridad. ¡Es un mundo apasionante!

Más allá del desenlace de todo el proceso euromediterráneo y de la influencia que tiene el conflicto entre Israel y el mundo árabe y, en el seno de este, la lucha entre sus dos principales facciones, es evidente que aquel último semestre de 1995 fue trascendente para impulsar el llamado Proceso de Barcelona y la importancia de esta ciudad como capital del Mediterráneo. Que nadie se engañe: la proyección y el poder de Cataluña han estado ligados en su conjunto, y lo harán aún más en el futuro, al de la capital, y en el año 1995 comenzó nuestra particular proyección en el Mediterráneo. Reconozco que tiene una importancia y un peso menores de los que supuso el impulso olímpico, entre otras razones porque los pilares que instauró la Conferencia Euromediterránea del 27 y del 28 de noviembre de 1995 no se han consolidado. Y no lo han hecho, sobre todo, por dos razones: la primera, porque a partir de la caída del muro de Berlín, la Unión Europea concentró sus esfuerzos políticos y económicos en el este de Europa; y la segunda, porque los países del sur tampoco han sido capaces de hacer sus deberes, que consistían en proyectar los contenidos de la Declaración de Barcelona en sus relaciones. Las fronteras entre estos países continúan siendo más altas y difíciles de franquear que las que existen entre ellos y la UE. Es obvio que hablo de economía y de comercio y que no me refiero al ámbito humano y al cultural, en los que las fronteras entre nuestros socios del sur son, en muchos casos, casi inexistentes.

Las elecciones de 1996: ¿pactamos?

Así pues, con la cumbre de 1995 acabó prácticamente la legislatura de Felipe González. El 3 de marzo de 1996 se celebraron las elecciones a las Cortes Generales que dieron la victoria, cantada, al PP. El resultado, sin embargo, no les concedió la mayoría absoluta a la que aspiraban. La consiguieron en el Senado, pero no en el Congreso: sus 156 diputados frente a los 141 del PSOE no eran suficientes para la investidura de Aznar. Por lo tanto, el PP, como era previsible, tuvo que iniciar conversaciones con Convergència i Unió y con el PNV. Nosotros teníamos dieciséis diputados, y los vascos, cinco. La suma de los tres sí garantizaba la mayoría. ¿Estaba el PP preparado para pactar con CiU y con el PNV? ¿Lo estábamos nosotros? Un par de meses antes —en concreto, el 1 de enero de 1996—, el empresario Mariano Puig nos había invitado a cenar a mi mujer y a mí en su casa de Vall d’Aran, en Baqueira Beret. Había pasado justo un año de aquella otra cena en Vielha a iniciativa de Manolo Pizarro que había tenido como objetivo tender puentes entre Aznar y Unió, en acertada previsión de la victoria de Aznar cuando Felipe González convocase elecciones. Pizarro era consciente de las pésimas relaciones del PP con CiU y de Aznar conmigo en particular: de hecho, cuando coincidíamos en Bruselas, prácticamente ni me saludaba. A la cena en la casa del matrimonio Puig también asistieron Rodrigo Rato y su mujer Gela. La esposa del anfitrión no paró de preguntar a Rato por el contenido del sobre de propuestas que el PP tenía preparado para ofrecer a CiU a partir del 3 de marzo.

Nos fuimos a dormir sin conocer la respuesta, y confieso que en mi caso bastante molesto. Además se había producido algún que otro momento de tensión —cordial, eso sí— entre Rodrigo Rato y yo a raíz de alguna opinión sobre Cataluña y su identidad. Quiero dejar claro que Rato es una persona empática y preparada, y que siempre fue un leal cumplidor de los acuerdos con el PP. He lamentado profundamente todo lo que le ha sucedido después. Confieso que algunos hechos de los que presuntamente es culpable son inadmisibles, pero los amigos deben serlo a las duras y a las maduras, y, en más de una ocasión, hemos cenado juntos para hacerle más llevadero el calvario que está pasando. Un calvario que comenzó con la detención que llevó a cabo el Servicio de Vigilancia Aduanera en su domicilio y con un registro por parte de la Agencia Tributaria. Es decir, fuego amigo. Su detención con la presencia de las cámaras de televisión, como ha ocurrido muchas otras veces —la llegada de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta a la Audiencia Nacional como detenidos e imputados, registros en sedes de partidos independentistas y en la del PP…— pone de relieve una de las debilidades de nuestro Estado de derecho. Sí, no me parece correcto que, por inducción de la propia policía o de instancias judiciales, se ofrezcan esos espectáculos mediáticos que vulneran escandalosamente el principio de inocencia. Como también lo vulnera la aplicación abusiva que se ha hecho de la prisión preventiva con los imputados del procés encarcelados, con el expresidente del Barça Sandro Rosell o con los dirigentes del PP de Madrid: el presidente de la comunidad Ignacio González o el consejero de Finanzas Francisco Granados. Sin olvidar el caso de Eduardo Zaplana, que cuando redacto estas líneas lleva ocho meses en prisión preventiva a pesar de que sufre una leucemia. De los políticos del procés que están en la cárcel hablaré más adelante. Antes, sin embargo, desde la victoria de Aznar el 3 de marzo de 1996 hasta los hechos ocurridos en los meses de septiembre y de octubre de 2017 protagonizados por los independentistas, hay muchas cosas que merecen una reflexión.

La noche de aquel 3 de marzo de 1996, delante de la sede del PP en la calle Génova de Madrid, la militancia de la derecha española rozó con la yema de los dedos la mayoría necesaria para investir a su líder y recuperar el poder. Hasta tal punto era así, que la masa enfervorecida gritaba aquello de «Pujol, enano, habla castellano», expresión que sintetiza el sentimiento de una parte muy importante de España. Una España que, negando una vez más la pluralidad, pretendía ridiculizar a Jordi Pujol, presidente de la institución de autogobierno de una Cataluña que tiene, en su lengua y cultura propias, un signo irrenunciable de identidad. Pasaría poco tiempo hasta que la necesidad de limpiar la imagen de aquel «Pujol, enano…» —una vez que Convergència i Unió garantizó la gobernabilidad de España— diera a luz a aquellas declaraciones del presidente del PP y de España sobre nuestra lengua, que se resumieron con la frase «Aznar habla catalán en la intimidad». Han pasado más de veintidós años de aquellos hechos y, más allá del jugo que los humoristas han sacado a lo largo de este tiempo del uso del catalán por parte de Aznar, debo decir que, aparte del rey Felipe VI, no conozco a ningún responsable institucional que haya hecho esfuerzos para conocer y hablar nuestra lengua. Y lo que me parece más grave: aunque no lo coree como aquella noche en la calle Génova, una parte muy importante de España continúa íntimamente ligada al sentimiento de aquella frase preñada de desprecio.

Lo que Convergència i Unió, con Jordi Pujol a la cabeza, hizo en la primavera de 1996 era, a mi entender, lo que el catalanismo político debía hacer si pensaba en los intereses de Cataluña y los defendía y los conciliaba con su triple dimensión: hispánica, mediterránea y europea. Otra cosa es que, en mi opinión, no nos implicásemos a fondo en una integración más profunda en el Estado. Nos limitamos a pactar y a influir, desde los escaños, en unas determinadas políticas básicas para que Aznar pudiera gobernar, y con un conjunto de transferencias. Con esto no quiero decir que reniegue del Pacto del Majestic. Creo que fue un pacto bueno para garantizar la investidura y la gobernabilidad. De hecho, así se bautizó: Acuerdo de investidura y gobernabilidad. Después de más de cincuenta días de negociaciones, los portavoces de las delegaciones del PP y de CiU —Rodrigo Rato y Joaquim Molins, respectivamente— anunciaron que se había alcanzado «un acuerdo de colaboración política» entre las dos formaciones. Lo hicieron cuarenta y ocho horas antes de la cena del 28 de abril en el prestigioso hotel del paseo de Gràcia de Barcelona.

Los medios de comunicación

El acuerdo no nos causó grandes problemas. Salvo excepciones, todo el mundo estaba a favor de él. Como ya he comentado, Felipe González nos había emplazado públicamente a apoyar a Aznar. Con su posición, el líder del socialismo español actuó con un profundo sentido de Estado. Felipe González demostraba una vez más ser el mejor estadista que ha tenido España en el siglo XX. Con Felipe González, la España recién llegada a la UE se situó en el eje político decisivo, junto a Francia y Alemania. Cuando Aznar ganó, tuvo muy claro, por encima de intereses de partido, qué era lo más conveniente para España y para la UE. Por lo tanto, el PSOE tuvo la consigna de no enfrentarse al acuerdo; por eso, la misma prensa cercana a los socialistas no fue beligerante con el pacto. A los medios de comunicación más expresivos de la derecha española no les quedó otro remedio que aplaudir la operación que permitía la entronización de Aznar. En Cataluña tampoco teníamos quien nos presionara desde el sector de los medios. A pesar de no contar con la mayoría absoluta en el Parlamento catalán, gobernábamos, y también lo hacíamos en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Tampoco TV3 ni Catalunya Ràdio incomodaron en exceso a Convergència i Unió por pactar con el PP.

Estos dos medios que acabo de mencionar han contado con unos profesionales excelentes y han hecho una televisión y una radio públicas de una calidad extraordinaria, pero sus directivos eran personas cuidadosamente seleccionadas por Convergència. No me olvido de Unió, como a menudo se hizo desde esos dos medios cuando hacían referencia a la coalición —excepto, naturalmente, cuando la noticia era negativa para nosotros—. Si no he mencionado a nuestro partido es porque Unió nunca tuvo la posibilidad de incidir en los nombramientos. Era un espacio reservado a CDC y, particularmente, al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que nunca lo compartió con nosotros. Solo cuando fue presidente Artur Mas —que trató mucho mejor que Pujol a Unió— pudimos intervenir en la designación de Fèlix Riera como director de la radio. Eso sí, cuando ya llevaba algún tiempo en el puesto, nos impusieron a Mònica Terribas como directora del programa El matí. Ella ya sabe que puse todo mi empeño en impedir su nombramiento, pero es evidente que fracasé. Pero no lo hice porque la considerara una mala periodista, sino porque era una imposición del entorno de Mas. Y si hubiera dependido de mí, Fèlix Riera habría dimitido para hacer evidente la disconformidad. Sin embargo, tampoco en eso tuve éxito: Fèlix y otros dirigentes de Unió me presentaron unos argumentos a favor de su continuidad que no me convencieron, pero que respeté y que, finalmente, fueron los que prosperaron.

Actualmente, las cuotas de poder en la corporación se las reparten, sin pudor, los herederos de la antigua Convergència y ERC. A pesar de que ambas formaciones compiten por la defensa del procés y de la independencia, no esconden la lucha por controlar la radio y la televisión públicas. A día de hoy, sobre todo TV3, son los medios de una mitad de los catalanes, y en esa mitad no estoy yo. Ahora bien, eso no quiere decir que me identifique, en todo y para todo, con una buena parte de la otra mitad. Hoy, como en el pasado, cuando se muestra discrepancia con la línea informativa de la televisión pública catalana, se suelen sacar a colación dos argumentos: el primero consiste en afirmar que TV3 es más plural que TVE, Telemadrid o Canal Sur. Nunca he entrado en ese juego. Lo que me importa es la nuestra —así se presenta publicitariamente TV3—, y saber si realmente es de todos o solo de una parte de Cataluña. Ya he dado la respuesta: es de la mitad. El segundo argumento consiste en comprobar el tiempo que dedican a cada formación política para poder concluir que en la televisión pública catalana sale todo el mundo, incluso la oposición más que el Gobierno. Pero en el medio televisivo no es tan importante lo que se dice sino cómo se dice; qué imágenes se eligen; qué primeros planos se muestran; quiénes son los tertulianos; cuáles los programas especiales que se realizan… Y no me refiero solo a los políticos, sino a toda su producción: desde los programas de entretenimiento a los de humor, pasando por los infantiles. Hoy, más que nunca, TV3 es un instrumento al servicio de un solo objetivo: ganar complicidades a favor de la independencia entre sus espectadores.

En Cataluña, más allá de la actitud de los medios de comunicación a propósito del acuerdo con el PP del año 1996, la réplica política también estaba muy mediatizada. El PSC no podía criticar lo que recomendaba Felipe González y ERC tenía un peso muy inferior al actual. Encabezada por Àngel Colom en las elecciones catalanas del 19 de noviembre de 1995, obtuvo trece escaños y el PP de Vidal-Quadras sacó diecisiete. Además, no sé por qué razón, Àngel Colom siempre mostró una debilidad especial ante CDC, partido en el que acabaría militando años más tarde. El único que podía criticar el pacto con el PP era el dirigente de Iniciativa per Catalunya Verds Rafael Ribó, que representaba a la última fuerza en número de escaños en el Parlamento catalán. Pero las críticas del amigo Ribó —a veces ácidas contra CiU y, sobre todo, contra Pujol— ya formaban parte del paisaje político catalán. Creo que es importante recoger la valoración sobre el Pacto del Majestic que hizo años después—en enero de 2008— el expresidente del Parlament y dirigente de ERC Heribert Barrera. Lisa y llanamente afirmó: «El mejor pacto de investidura ha sido, hasta el momento, el tan criticado Pacto del Majestic». Y, para completarlo, añadió que «el PSOE, al que nos sentimos más cercanos, utiliza unas maneras más suaves, pero de ellos hemos recibido las peores acometidas». Imagino que nadie osará acusar de botifler8 al republicano Heribert Barrera.

Pues sí, negociamos

No creo necesario reproducir aquí los contenidos pactados entre el PP y CiU. A quien tenga interés en ellos le recomiendo la lectura del libro Les veritats de l’Estatut, de mi excompañero de partido y amigo Josep Sánchez Llibre. Dedica un buen número de páginas a explicar las negociaciones y su contenido. Por parte de Convergència i Unió negociaron el acuerdo Joaquim Molins, Macià Alavedra y Josep Sánchez Llibre, y en representación del PP, Rodrigo Rato, Mariano Rajoy y Ricardo Costa. En nuestro caso, los negociadores ponían en común los contenidos, los avances y las dificultades de las conversaciones, y lo analizábamos todo junto con el presidente Pujol y conmigo mismo. Hay que decir que, sin formar parte del equipo de negociadores, y a petición suya, Josep Maria Cullell de CDC mantuvo alguna reunión con Rajoy, preparada por Unió, para explicarle más detalles de nuestras propuestas en materia de financiación. Esta reunión molestó muchísimo a Molins. Hubo varias conversaciones antes de iniciar formalmente la negociación: el mismo lunes 4 de marzo, con Aznar, acordamos telefónicamente que sería importante que fuese él quien solicitara verse con Pujol. Aznar ya tenía claro que debía ser así y lo hizo. Discretamente, el domingo 17 de marzo se reunió en un antiguo molino restaurado que Rato tenía cerca de Madrid.

En esa conversación telefónica, Aznar me dijo que ese mismo lunes llamaría a Arzalluz, y así lo hizo. El jueves 7 de marzo, a primera hora de la mañana, me reuní con Rodrigo Rato en el hotel Princesa Sofía de Barcelona para dialogar sobre cómo encarrilar las conversaciones. En Madrid, él había visto a Joaquim Molins, con quien mantenía una relación cordial fruto de la condición común de portavoces de sus respectivos grupos parlamentarios en el Congreso. Rato me dijo que esa misma tarde tendría una primera reunión, también en Madrid, con Iñaki Anasagasti. La actividad de aquellos días fue frenética: el día 13 quedamos, con una larga cena incluida, en el hotel Landa de Burgos, Xabier Arzalluz, Iñaki Anasagasti, Josep Sánchez Llibre y yo. Pasamos la noche en el hotel y al día siguiente atendimos a los medios de comunicación. Si en el mundo mediático catalán, y no hace falta decir que también en el empresarial, no encontramos dificultades para vender el pacto, sí que las tuvimos en el seno de la coalición de CiU. En la ejecutiva de CDC había opiniones mayoritariamente contrarias a pactar con Aznar. Hay que recordar que la alternativa era un Gobierno minoritario del PSOE con Izquierda Unida del que Felipe González no quería oír ni hablar. En Unió se alzaron voces contrarias al pacto, pero no tantas como en CDC. El hecho de que Rigol viera la posibilidad de presidir el Senado y de que se proponía para ese cargo aplacó posibles voces discrepantes. Sin embargo, para Unió era muy importante que el PNV entrara en el pacto. A pesar de que sabíamos que los vascos harían lo que más les conviniera, lógicamente, tuvimos mucho interés en reunirnos con ellos y en hacerlo público. Sufríamos lo que el presidente Pujol definió una vez como el síndrome Saramago en relación a cuestiones ideológicas. Si lo hacíamos y lo decíamos nosotros, podía ser una rendición al españolismo. Si lo hacía el PNV, ya no se nos podía reprochar nada. El hecho de que el PNV pactara con el PP era, por lo tanto, una especie de cinturón de seguridad que nos protegería del choque con la militancia. Durante las siguientes semanas mantuvimos una comunicación permanente con el PNV, si bien tanto unos como otros nos reservábamos alguna información que el PP nos pedía que no comentásemos. Si nosotros proponíamos y conseguíamos incluir una competencia determinada, podía ocurrir que el PNV también la reivindicara, y a la inversa. No obstante, el grado de lealtad fue alto.

Exteriores, un trabajo bien hecho

Si bien nunca debe hablarse bien de uno mismo, quiero decirlo: creo que la Comisión de Exteriores adquirió con mi presidencia una importancia que no había tenido en el pasado ni ha vuelto a alcanzar. También hay que señalar que, sin la cohesión de la Mesa —integrada por miembros del PSOE y del PP— y sin la colaboración de los portavoces de los diversos grupos, no habría conseguido el impulso que le dimos, con un apoyo enorme del ministro Miguel Ángel Moratinos. Curiosamente, con García Margallo fue con quien menos entendimiento hubo, a pesar de que lo conocía desde hacía más años por haber coincidido en fórums democristianos de su época en la UCD y, especialmente, en el PDP. La Ley del Servicio Exterior salió adelante gracias, sobre todo, a la Mesa de la comisión, que puso cordura y entendimiento entre los diversos grupos. Si con García Margallo nunca llegó a haber complicidad, con la presidencia del Congreso de los Diputados la sintonía y el apoyo de José Bono por el PSOE y de Jesús Posada por el PP fueron absolutos. En cambio, no fue así con Manuel Marín, gran europeísta y persona. Ignoro los motivos, pero no le gustaba lo que hacíamos. Hubo quien dijo que Marín quería ser ministro en lugar de Moratinos y que todo lo que este bendecía aquel lo miraba con recelo. ¡Yo no lo sé! En todo caso, esta actitud no desvirtúa la valía de Marín ni la buena relación que teníamos.

Entre otras iniciativas, la Comisión organizaba un par de viajes al año con representantes de otros grupos. Coordinados con el Ministerio de Exteriores, fijábamos los objetivos en función de las prioridades de la política exterior española. En alguna ocasión, y de manera extraordinaria, se nos solicitó que realizáramos algún viaje específico. Este fue el caso de una visita crítica y criticada a Guinea Ecuatorial a causa de los incidentes que se habían producido en un viaje previo, también crítico y criticado, del presidente Obiang a España. En noviembre de 2006, Teodoro Obiang realizó su primera visita oficial a España en quince años, invitado por el Gobierno de Zapatero. Una de las actividades previstas en la agenda era una visita al Congreso de los Diputados y la posterior firma en el libro de honor de la institución. Tanto IU como ERC y el PNV criticaron el viaje y, sobre todo, la visita al Congreso, que finalmente se suspendió, para lógico enfado del invitado. La Moncloa culpó de la suspensión al presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, quien, por su parte, responsabilizó a Moratinos. ERC, IU y, en cierta medida, el PNV, se adjudicaron el mérito de la cancelación de la visita. Desconozco quién tomó la decisión, pero hay dos hechos concretos que me permiten formarme una clara opinión: el primero es que el poder ejecutivo no puede suspender una visita al Congreso; la decisión corresponde exclusivamente a la Cámara. El segundo es que quien me pidió que viajase a Guinea con una delegación de la Comisión para intentar recomponer las relaciones después de la anulación de la visita a la Cámara fue el presidente del Congreso, no el Gobierno de España.

Y así fue. En junio de 2007 visité Guinea a la cabeza de una delegación parlamentaria integrada por representantes del PSOE (Fátima Aburto), del PP (Francesc Ricomà), de CiU (Jordi Xuclà, que siempre defendió conmigo los intereses y las prioridades de los españoles —muchos de ellos catalanes— que tuvieron que abandonar Guinea cuando dejó de ser española) y del Grupo Mixto (Begoña Lasagabaster). Estuvimos en Malabo y en Bata, y, en un pequeño autobús, hicimos un recorrido por el interior de la isla. En todos los pueblos nos esperaban niños y adultos bien vestidos, bajo un sol inclemente, para darnos la bienvenida. Nos entrevistamos con todos los grupos políticos sin excepción y con Cruz Roja Internacional. Visitamos instalaciones deportivas, sanitarias e infraestructuras recién construidas, pero en algunos casos, sobre todo en las sanitarias, el material necesario para optimizar su funcionamiento era escaso. Nos reunimos con Obiang, primero la delegación al completo y luego yo a solas con él. Mi conversación con el dictador guineano tenía cuatro objetivos: trasladarle mis disculpas por la suspensión de su visita al Congreso; solicitarle que liberara a los presos políticos; ofrecerle ayuda técnica para confeccionar un censo electoral en condiciones y para todo lo que hiciera falta para que se celebraran unas elecciones realmente libres; e intentar fortalecer en general las relaciones entre ambos países para favorecer los intereses comerciales y económicos de España.

Los mismos partidos que habían criticado con dureza la visita de Obiang al Congreso valoraron negativamente este viaje. Es justo señalar que el PNV no lo hizo de un modo agresivo; quiero suponer, conociendo como lo hago el talante de quien era el portavoz del partido y aún es amigo mío Josu Erkoreka, que su comportamiento obedeció a que yo presidía la delegación. Respeto las opiniones y las posturas de todo el mundo, pero en la política española hay una mezcla de complejos y de demagogia que limita la acción exterior. Benjamin Disraeli, quien fuera primer ministro británico, afirmó, precisamente en relación a la política exterior, que «un país no tiene amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes». Yo podía entender la posición del PNV: al fin y al cabo, ellos y nosotros teníamos amigos opositores en Guinea, en la isla de Malabo y en el territorio continental. Además, los vascos consideraban, como yo mismo, que Obiang es un dictador y que, por lo tanto, no debían mantenerse relaciones con él. Era lo mismo que defendíamos, por ejemplo, a propósito de Cuba y de Maduro en Venezuela. Lo incoherente es que se defienda una posición ante Cuba y Venezuela y la contraria ante Guinea, como hacían Izquierda Unida o ERC y, especialmente, su portavoz, Joan Tardà. ¿Alguien puede explicarme qué diferencia hay entre Castro, Maduro y Obiang? ¿Acaso no hay presos políticos en Cuba y en Venezuela? ¿Es que en estos dos países hay más libertad que en Guinea? ¿O tal vez el régimen castrista o el bolivariano no son corruptos? Ahí es donde veo la demagogia.

Y sustento el complejo del que hablaba en la reflexión que expongo a continuación. ¡Naturalmente que hay que condenar los regímenes dictatoriales! ¡Y naturalmente que hay que ayudar a la oposición democrática! He viajado a Cuba unas cuantas veces como dirigente, de Unió o de la Internacional DC. Siempre puse una condición: expresar mi apoyo a la oposición. Antes de ir preguntaba al dirigente opositor e impulsor del proyecto Varela, con una propuesta de constitución democrática para Cuba, es decir, a Oswaldo Payá (a quien apadriné para que su partido entrara en nuestra internacional), si consideraba mi presencia conveniente. Y siempre obtenía la misma respuesta: ven, habla con ellos, reclámales libertad, di que eres amigo mío… A menudo le llamaba por teléfono desde España porque él creía que así serían más prudentes a la hora de limitar su libertad, pero murió en un accidente de carretera que, según amigos y familiares, fue responsabilidad de la seguridad cubana. Payá también me decía: «Y trae cuantos más empresarios mejor para que intenten crear riqueza, ya que, de una manera u otra, el pueblo también se beneficiará y se generará una demanda de libertad económica que al final comportará la libertad política». Eso es, para mí, defender intereses en política exterior. ¿Tenemos que dejar que sea Francia la que gestione los flujos económicos y comerciales con una excolonia española? ¿Es que la república francesa defiende unos valores menos democráticos que los que plantean Izquierda Unida o ERC? De hecho, si hablamos de Cuba, podemos aplicar el mismo silogismo con Canadá, con gran presencia en la isla. Si España hace lo mismo que Francia o Canadá, ¿por qué tiene que ser menos democrática? Recomiendo expulsar los demonios del franquismo y hacer de la política exterior una política sin complejos, de defensa de los intereses españoles. Y en esta política, como ocurría en otras, a veces hay que tirarse al barro. Lo importante es no quedar atrapado.

Se trata de unos intereses que van más allá de los económicos. Es normal que España pueda considerar importante tener una relación privilegiada con un país como Guinea para continuar fomentando el castellano en ese territorio africano. La lengua castellana es un patrimonio que debe cultivarse dentro y fuera de España. Así lo entiendo yo como catalanoparlante que reclama la misma sensibilidad para el fomento de mi lengua. Con motivo de mi primera visita a Guinea, hice unas declaraciones a un diario guineano en las que valoraba positivamente los esfuerzos del Gobierno de Obiang en la materia de la lengua, los avances en las infraestructuras…, pero añadía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. ¡También se criticó! La principal objeción que me hicieron fue que hubiera hablado con un periódico del régimen. ¡Pero si no hay otro! Cuando los comunistas españoles visitan Cuba, ¿con quién hablan? ¿Con el diario de La Habana Libre, que no existe, o con el Granma? Siempre he procurado no dejarme impresionar por esa clase de críticas. La Comisión de Exteriores es un instrumento al servicio de la política del Estado que el Gobierno tiene la obligación de definir, y su presidente, sea del partido que sea, debe seguir el camino marcado. A menudo, el problema de España son sus complejos: se avergüenza de sí misma.

Hubo un segundo viaje a Guinea en febrero de 2011. José Bono, el exministro de Defensa, entonces presidente del Congreso, me pidió que lo acompañara en la condición de presidente de la Comisión de Exteriores junto con otros parlamentarios. Habían pasado casi cuatro años de mi primera visita y Obiang no había cumplido ninguno de los compromisos que adquirió conmigo. Me parecía una razón de peso para decirle a Bono que no quería ir. Pero me contestó muy amablemente que, como presidente de la Comisión de Exteriores, tenía que acompañarle, y así lo hice. Siempre recordaré dos cosas de ese viaje. La primera es el menú de la comida que Obiang ofreció en nuestro honor en Malabo: un foie exquisito, pero un poco derretido por las temperaturas del país, y langosta…, todo ello regado con champán Louis Roederer Cristal y vinos tintos de Borgoña. Se notaba que íbamos con el presidente de la Cámara, porque en el primer viaje, ¡el nivel de nuestras comidas siempre había sido muy inferior! Si bien hay que señalar que este menú correspondía a la mesa principal y no era el mismo en las otras cuatro mesas que había (al menos en lo que respecta al champán, pues no pasaron del Möet Chandon). El segundo de los recuerdos tiene relación con un comentario de Obiang que ilustraba el nivel de corrupción: «Siempre les digo a mis ministros que monten empresas mientras lo sean, por si un día los destituyo; ¿si no, cómo se ganarían la vida?». Aquel viaje constó de una primera parte en la isla de Malabo y una segunda (que coincidía con el fin de semana) en el territorio continental. Yo le había dicho a Bono que con Malabo ya cumplía. Yo ya no volveré, pero el Gobierno español de turno tiene que hacer esfuerzos para influir en aquel país, y nunca se influye si las relaciones son inexistentes o malas; la alternativa es dejarlo en manos de los franceses, que tienen menos complejos.

Con Bono hice otro viaje a Líbano con el objetivo de visitar las tropas españolas al servicio de Naciones Unidas en la frontera con Israel. El helicóptero que nos llevó allí era ruso. Uno de nuestros compañeros de viaje fue José Julio Rodríguez, jefe del Estado Mayor del Ejército y hoy dirigente de Podemos —cuando me explicó su paso a la política no podía creerlo—. El viaje a Líbano fue precipitado y yo no podía ir porque no tenía pasaporte. Era una excusa perfecta para ahorrarme los vuelos en helicóptero, dada mi animadversión a volar. Pero Bono lo resolvió en menos que canta un gallo. Me vino a decir: «¿Cómo es que no tienes pasaporte diplomático si en todos los países serios el presidente de la Comisión de Exteriores lo tiene?». Veinticuatro horas después ya estaba en mi poder, y que nadie piense que otorga grandes privilegios. Lo cierto es que a las pocas semanas tenía dos: uno para Irán y compañía y otro para Estados Unidos y el resto. El hecho de que tuviera pasaporte y de que me viesen fotografiado al lado de jefes de Gobierno sacaba de quicio a algunos sectores mediáticos de Madrid. Consideraban que un antiespañol como yo no podía presidir la Comisión ni disponer de pasaporte diplomático, ni podía beneficiarse de los contactos internacionales que proporcionaba ser presidente de una comisión que no debería encabezar. Es obvio que nunca he sido antiespañol, y también sabéis ya que no comparto algunos conceptos excluyentes de España. Y el hecho de que fuera el presidente de la Comisión no era la razón por la que me recibían la canciller Merkel en Alemania, el presidente Matarella en Italia, el presidente Felipe Calderón en México, la presidenta Michelle Bachelet en Chile o los presidentes de la Comisión de la UE o del Consejo en Bruselas. A todos ellos los conocía por mi condición de dirigente de Unió y de la IDC. Lógicamente, esta razón influyó para que tanto el PSOE como el PP me confiasen la presidencia de Exteriores.

A lo largo de mis viajes al exterior aprendí, por lo tanto, que muchas veces hay que hacer cosas que, si uno pudiera elegir, no haría o las haría de otra manera. Cuando aquel abril de 1996, a punto de cerrarse las negociaciones entre el PP y CiU para la investidura, el presidente Pujol me comentó en la Casa dels Canonges de la Generalitat que Aznar proponía celebrar una cena para solemnizar el acuerdo y le había dicho que a su esposa, Ana Botella, le haría gracia que fuéramos con nuestras respectivas esposas, experimenté instantáneamente un sentimiento doble: por un lado, que no debíamos hacerlo, y por otro, que no lo haríamos porque la primera que se opondría sería Marta Ferrusola. Con este convencimiento y media sonrisa en los labios, le contesté: «¿Y qué le parece la idea a Marta?». Obviamente, me refería a su mujer y no a la mía, que se llama igual. De hecho, son dos mujeres completamente diferentes. A mi mujer nunca le ha gustado aparecer en la primera fila. Si bien nunca se ha negado a asistir a actos en los que creíamos necesaria su presencia, yo sabía que le hacía un gran favor cuando podía ahorrárselos. Es una gran madre y una gran esposa. De Ferrusola siempre recuerdo la noche de una victoria electoral de Jordi Pujol celebrada, como siempre, en el hotel Majestic. Desde el balcón central de la fachada, los máximos dirigentes de la coalición y la mujer del presidente Pujol contemplamos cómo la militancia gritaba con fervor desde la calle «¡Eso es una mujer!», en referencia a Marta Ferrusola. Aquel 28 de abril de 1996, cenando con los Aznar en el mismo hotel, comenzó también una nueva etapa para ella en el ejercicio de un poder del que siempre había disfrutado a la sombra de su marido.

El Pacto del Majestic

Se ha escrito y hablado mucho sobre el famoso Pacto del Majestic de 1996, que simboliza el acuerdo entre el PP y CiU para garantizar la primera investidura de Aznar como presidente. Lo han hecho personas que participaron en él y otras que hablan de oídas. En realidad, el pacto se firmó porque Aznar necesitaba nuestros votos y a Pujol le interesó dárselos. El resto son adornos. Es cierto que Felipe González pidió públicamente que apoyásemos a Aznar, y Pujol ha escrito que también se lo solicitó en privado. Seguro que es verdad, aunque Pujol no nos contó nada. Como también es verdad que Helmut Kohl me llamó para informarnos de que enviaría un emisario a Cataluña para hablar con nosotros. Y así sucedió: Karl A. Lamers estuvo en la sede de Unió y en el Palau de la Generalitat para pedirnos que apoyáramos a Aznar. No se fiaban de su europeísmo. Años después, Kohl me dijo que fue González quien le sugirió que hablara con nosotros, otro gesto de estadista. Sin embargo, aunque sea verdad lo que acabo de escribir y más cosas que podrían añadirse, lo cierto es que si Pujol no hubiera considerado positivo pactar, el acuerdo del Majestic no se habría firmado. De hecho, y ya lo he comentado, la propia decisión de cerrar el pacto en el prestigioso hotel del paseo de Gràcia fue de Pujol. Y en este caso con el consentimiento expreso de su mujer, Marta Ferrusola.

Un patinazo

Finalmente, el 4 de mayo se produjo la investidura de Aznar. Antes, el 28 de abril, solemnizamos el acuerdo con una cena y una sesión de fotos. El presidente Pujol ha dicho en alguna ocasión que la cena sobraba. Estoy de acuerdo con él, pero se realizó donde celebrábamos las noches electorales, y la familia Soldevila, propietaria del establecimiento, tenía mucha relación con CDC y con el presidente Pujol. El hecho es que hay que tener discreción con el lujo en la actividad política. Por esta cuestión sufrí, y mucho, a raíz de un reportaje de El País publicado el 15 de julio de 2010. Mi jefa de prensa en el grupo parlamentario me había pedido un reportaje de parte de ese periódico: los periodistas vivirían un día entero de trabajo a mi lado. No puse ninguna objeción, más bien al contrario; el hecho de que el periódico más importante del país te dedique un reportaje de esa índole siempre es una buena noticia. Pedí que el seguimiento comenzara a las ocho de la mañana en mi despacho, pero ellos querían compartir mi tiempo desde la hora del desayuno en el hotel Palace, donde me he alojado antes, durante y después de mi condición de diputado. Y ahí empezó una historia que me ha acompañado los últimos años.

Consentí que el seguimiento comenzara en el hotel con la condición de que no se publicara ninguna foto del Palace, y aceptaron. Una vez que me despedí del periodista en el restaurante Pan de Lujo, donde tenía una cena, yo estaba convencido, porque así se había acordado, de que la foto que publicarían sería la que me había hecho con unos cuantos amigos en este establecimiento. Al día siguiente, sin embargo, apareció la foto del Palace. Hay que explicar que, por el mismo precio, habíamos solicitado una suite porque no quería que la sesión molestase a las personas que estuvieran en el comedor donde servían el desayuno. Además, tomada con un angular, la imagen daba la impresión de que estaba en uno de los grandes salones del Palacio Real. Fue un error grave y yo soy el único responsable. En el año 2010, en plena crisis económica, con muchas personas perdiendo el trabajo y numerosos colectivos afectados por los recortes presupuestarios, aparecí como un pachá en la suite de un hotel de lujo. Muchas personas de buena fe se indignaron; las redes sociales distribuyeron la noticia, que corrió como la pólvora, y de la fotografía se hicieron versiones que, la verdad, eran bastante ofensivas. Pero lo reitero: no tengo nada que decir más allá de que asumo la responsabilidad.

Lo que de verdad me supo mal fue la reacción de algunos políticos, sobre todo de CDC, mis socios. Un regidor de CDC en el Ayuntamiento de Barcelona dijo que aquella foto me acompañaría toda la vida. Y tenía razón, pero no parece lógico que lo declarara públicamente un cargo municipal de un partido amigo. No había derecho a que gente de CDC me echara en cara aquello cuando los portavoces de su partido —cuando lo eran de CiU— siempre se habían alojado en el mismo hotel. En realidad, lo único que había hecho yo era continuar una tradición que ellos habían fijado. Y no solo era el hotel de los portavoces, ya que, en los primeros años, la mayoría de los diputados de CDC, por no decir todos, se alojaron en el Palace, donde siempre nos han hecho un precio muy especial. Tampoco puede pasarse por alto que durante mucho tiempo fue propiedad del exalcalde de Barcelona Enric Massó. No obstante, también me supieron mal otras críticas, especialmente la de Alfonso Guerra (con quien semanas antes había comido precisamente allí mismo), puesto que él salió al balcón de una suite de aquel hotel el 28 de octubre de 1982 para celebrar la primera victoria socialista y la llegada, por lo tanto, a la Moncloa. El que había sido vicepresidente del Gobierno, con su ironía despectiva, me trató de señorito. Lo lamenté mucho, porque ya he dicho que mi relación con él era buena; la última vez que lo vi fue en el hospital donde murió nuestro amigo común Txiki Benegas, el 25 de agosto de 2015.

Haré un inciso: con Benegas tenía una relación de muchos años que se fortaleció en las últimas legislaturas, en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados que yo presidía y de la que él era el vicepresidente primero. De hecho, el PSOE, Rodríguez Zapatero, Rubalcaba y el propio Txiki fueron muy generosos conmigo al proponerme como presidente de la Comisión en el año 2004. El partido del Gobierno nunca había cedido esa presidencia a la oposición, y mucho menos a un grupo minoritario. La cesión merecía más agradecimientos aún, ya que, en su primera legislatura, Zapatero se apoyaba, sobre todo al principio, en ERC, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya —si bien el PSOE aplicaba la geometría variable—, es decir, que pactaba con nosotros o con las izquierdas. Repetí como presidente de la Comisión en la segunda legislatura de Zapatero, y el PP de Rajoy, con mayoría absoluta, me mantuvo en el cargo desde 2011 hasta el final de mi vida parlamentaria. Esta coincidencia con Txiki nos permitió mantener largas conversaciones sobre lo humano y lo divino y, por encima todo, sobre política y, en última instancia, especialmente sobre Cataluña. Él estaba profundamente preocupado por la situación y decía públicamente que Mas era un aventurero que llevaba a Cataluña a un callejón sin salida. Dejémoslo aquí.

Como Heribert Barrera, creo que el Pacto del Majestic fue un acuerdo bueno para Cataluña. En su desarrollo, y sobre todo en lo que hace referencia a la consecución de nuevas competencias, intervine de manera muy directa como presidente de la parte catalana de la Comisión de Traspasos, al frente de la cual había sustituido a Macià Alavedra, quien a su vez había tomado el relevo de Miquel Roca. La pregunta que me he hecho repetidamente años después es si podría haber sido mejor. Todo es mejorable, ¡por supuesto! Pero continúo planteándome ese interrogante en lo que respecta a la financiación. En este terreno obtuvimos mucho. Unos años antes habíamos puesto la primera piedra con el PSOE cuando acordamos la cesión del 15 por ciento del IRPF con topes. Sin ser nada del otro mundo, significó un avance. Curiosamente, aquel acuerdo con el PSOE fue criticado por el PP, y en especial por Manuel Fraga, entonces presidente de Galicia. Con el PP pactamos un 30 por ciento del IRPF sin topes, y entonces fueron los presidentes de comunidades autónomas del PSOE los que lanzaron críticas.

En noviembre de 1996, el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, publicó una carta abierta en El País dirigida al presidente Pujol. Nunca se han entendido. Quise contestar personalmente al artículo de Bono, con quien siempre he mantenido una buena relación, a pesar de que la carta tenía como destinatario a Pujol. En una tribuna titulada «Las cartas sobre la mesa» aproveché la ocasión para hablar de la polémica que habían suscitado los acuerdos en materia de financiación contenidos en el Pacto del Majestic, pero también de la necesidad de un gran pacto de Estado en esta cuestión que permitiera que todas las nacionalidades y regiones se sintiesen cómodas en un estado común y compartido. Todo ello, además, expresado con la máxima moderación. A pesar de que en alguna ocasión he participado, nunca he considerado positiva la confrontación entre territorios, y mucho menos el uso de la demagogia. A raíz del procés, en el programa Espejo público de Susanna Griso en Antena 3, el expresidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra, me señaló como uno de los responsables de esas prácticas, en alusión a una intervención mía sobre el PER en la campaña electoral de 2011. Evidentemente, como tantas veces repito, en política las cosas no son como son, sino como parece que son. Y, en efecto, pareció que despreciaba a los andaluces y a los extremeños cuando, en un mitin en la sala Winterthur de Barcelona, critiqué la cultura del subsidio relacionándola con el PER.

Pasemos a Andalucía: el PER

Al margen de que no creo que sea Rodríguez Ibarra quien esté libre de pecado por tirar la primera piedra en materia de confrontación territorial, me duele haber contribuido a echar leña al fuego en un asunto tan delicado. Como atenuante, que no necesariamente eximente, de mis palabras, debería escucharse todo lo que dije y tenerse en cuenta el contexto en el que lo hice. Aquellos días, una consejera socialista de la Junta de Andalucía había declarado que mientras nosotros cerrábamos asilos, ella inauguraba nuevas residencias. Estas afirmaciones venían al caso de las políticas de restricciones o de ajustes presupuestarios, conocidas popularmente como recortes, que el Gobierno de CiU aplicaba en cumplimiento estricto de las restricciones de la UE. En este contexto, y criticando unas determinadas políticas de gasto público, hablé de la cultura del subsidio en general y del PER en particular. El presidente Mas había explicado que en el transcurso de una visita a la población catalana de Castellar de n’Hug se le había acercado un señor para preguntarle si podía hacerle un favor; se trataba de conseguirle una ayuda de 150 euros porque, sumados a lo que cobraba de paro, ya no tendría que buscar trabajo. Hablando de los subsidios, en efecto, critiqué que el PER conllevara que en Andalucía hubiera personas que se quedaran en la barra del bar o en el banco de la plaza, o que hicieran algún trabajillo de economía sumergida. Las televisiones solo hablaron del PER, de Andalucía y de la barra del bar. Las reacciones fueron letales: me declararon persona non grata en muchos municipios andaluces; alguna diputación hizo lo mismo, y el parlamento extremeño me reprobó. Me afectó, pero lo entendí. Sin embargo, lo que más me dolió fue que fuera el Partido Andalucista —teóricos aliados de CiU y compañeros de candidaturas al Parlamento Europeo— los que instigaran algunos de los pronunciamientos de los Ayuntamientos andaluces.

Siempre he sentido afecto por Andalucía, pero no he conocido Extremadura hasta hace muy poco tiempo. En los últimos años, mi mujer y yo hemos dedicado unos cuantos días de vacaciones al año a recorrer esa comunidad de arriba abajo, y he de decir que es una maravilla. Ya conocía bien Andalucía, y Sevilla es una ciudad que me fascina. La elegí para celebrar mis cincuenta años con la familia. De soltero iba a menudo con amigos; una vez casado, con la familia; y siempre he disfrutado de ella y de su gente. ¿Son de otra manera? Sí, y nosotros somos diferentes de otros. Pero no son mejores ni peores. Cuando se viaja, los tópicos acostumbran a desaparecer o, por lo menos, a debilitarse. Cuando estaba al frente de la asesoría jurídica de la empresa Ros Roca de Tàrrega, me reservaba todos los años una semana para visitar los ayuntamientos andaluces que tenían una relación comercial con nosotros, y, de paso, intentar reducir la morosidad. En Cataluña siempre he tenido una buena relación con la comunidad andaluza y con muchos de sus miembros, y me ayudaron cuando estalló la polémica. Pero es evidente que no se tuvo en cuenta nada de eso. Como tampoco se tomó nadie la molestia de dedicar un segundo a repasar las reflexiones que hacía sobre la cultura del subsidio, ni siquiera lo que siempre he mantenido sobre el modelo de nuestras prestaciones por desempleo. Me he hartado de plantear una revisión y de proponer dotar mucho mejor las políticas activas que las pasivas, como se hace ahora. Si España tiene un paro estructural muy superior al de la media europea es, entre otros motivos, por su enfoque erróneo sobre el desempleo. También interviene la rigidez del mercado laboral, en buena medida estancado desde el franquismo. Con más dotación y políticas activas podría flexibilizarse. Es la flexiseguridad que defendía desde la tribuna del Congreso haciendo referencia a los países nórdicos. Sí a la flexibilidad siempre y cuando tengamos un sistema que conlleve la seguridad de encontrar trabajo a corto plazo. Pero, insisto: ninguna de estas consideraciones me salvó de la hoguera.

Sin embargo, también me llegaron cartas y mensajes de ciudadanos de Andalucía que corroboraban mis reflexiones. En una de esas misivas me explicaban el caso curioso de un empresario de Huelva a quien se concedió un premio de integración otorgado por la Junta de Andalucía por unas viviendas que había construido para acoger a temporeros venidos del Magreb. Al recibir el premio, el empresario dijo que su acción no tenía mérito alguno, ya que no había podido contratar a trabajadores andaluces porque estos abandonaban el trabajo cuando tenían las peonadas necesarias para cobrar el PER. En una conversación a través de SMS con el expresidente de Andalucía Manuel Chaves, este me admitió que había mucho que hablar sobre el tema del PER. No es que me diera la razón, pero sus palabras me proporcionaron un descanso de la tensión de aquellos días. Años después, Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, también tuvo conmigo un gesto que la honra. Con motivo de la última campaña electoral de mi vida, es decir, en la que encabezaba la lista de Unió al Congreso de los Diputados en el año 2015, Canal Sur debía entrevistarme en Barcelona. A causa de un malentendido y de uno de mis ataques de colon, no acudí al plató que la televisión andaluza había alquilado a TV3. Se enfadaron mucho, y con razón. Me disculpé y me ofrecí a ir a Sevilla para intervenir en directo en el programa. Eso mismo hice en el mes de octubre, durante la precampaña de las elecciones del 20 de diciembre de 2015. No conocía a Susana Díaz y solicité una reunión con ella. Quería saber qué pensaba sobre la situación en Cataluña. En concreto, tenía interés por conocer su opinión sobre la financiación y sobre nuestra propuesta de introducir una disposición adicional a la Constitución. Además, en plena campaña electoral, aquella podía ser también una imagen positiva. Existía, por muchas razones, el riesgo justificado de que no me recibiera, y sin embargo lo hizo, a pesar de que me consta que personas de su Gobierno le recomendaron lo contrario a causa de mis declaraciones. Siempre le estaré agradecido, como también agradezco la posición del PSC, de Carme Chacón y de Miquel Iceta, que, obviamente, fueron consultados. Al fin y al cabo, éramos contrincantes en aquella campaña. Ninguno de los dos puso pega alguna.

Financiación y territorialidad

Desde la serenidad que me proporciona reflexionar sobre la política después de pasar por ella y estando ya fuera del día a día de la brega partidista, debo decir que, en conjunto, hemos sido poco responsables a la hora de tratar cuestiones relacionadas con los asuntos territoriales y, sobre todo, con la financiación. El sistema actual sigue pareciéndome injusto y equivocado. Cataluña es una de las comunidades que sale malparada, pero no la que más, ni, sobre todo, en los términos en los que se ha abundado en el debate público. El famoso déficit fiscal existe, pero nunca ha sido el que CiU divulgaba. Así lo defendí en un consejo nacional de Unió y casi me tiran por la ventana. Los sectores independentistas del partido defendían su autenticidad, pero, a los dos días, el conseller Andreu Mas-Colell dejó claro que tenía razón en mis observaciones. ¡Mentíamos! Y también lo hacíamos cuando afirmábamos que una sentencia del Tribunal Constitucional alemán de Karlsruhe había fijado para su modelo federal un déficit máximo del 4 por ciento. Y yo lo repetía, y a fuerza de repetirlo, me lo creía. Cómo no iban a creérselo nuestros electores con el eslogan «España nos roba», que yo nunca pronuncié, consciente de la intencionalidad y del impacto que estaba teniendo en la población catalana. ¡Y en la española! Si España nos roba, ¿quién demonios quiere seguir haciendo tratos con un ladrón? Si, además, te roban cuando estás viviendo el impacto de la crisis económica y de los recortes de las políticas sociales, ¿cómo no vas a sumarte a la causa independentista? Y si tu vecino de escalera te acusa de ladrón, ¿cómo vas a tratarlo en la siguiente reunión de vecinos? Es todo un disparate. Hemos jugado con fuego y nos hemos quemado.

Al hilo de estas reflexiones, y analizando el Pacto del Majestic, siempre me ha acompañado la duda de si perdimos la posibilidad de plantear un pacto fiscal que nos acercara al concierto vasco o al convenio económico de Navarra. Asumiendo la parte de responsabilidad que me corresponde, que no es poca, no lo planteamos y, por lo tanto, no podemos saber lo que habría pasado, aunque es muy posible que nuestros interlocutores se hubieran cerrado en banda y no nos lo hubieran concedido. Aun así, creo que cuando de verdad hubo un momento para reivindicarlo con alguna posibilidad de éxito fue en el proceso constituyente. Una vez instaurado el Estado de las autonomías, ya era y es mucho más difícil conseguir ese objetivo. El Título VIII de la Constitución dio una salida política a una demanda que no era generalizada ni coincidente con lo que después fue el mapa de las autonomías. Mientras que en la mayor parte de España se pedía libertad y amnistía, en Cataluña también reclamábamos autonomía. Las personas que estuvimos en Sant Boi el 11 de septiembre de 1976 y la multitud que un año después nos concentramos en el paseo de Gràcia de Barcelona reclamamos algo más que libertad y amnistía porque no entendíamos la democracia sin autonomía, y en Cataluña existía una clara voluntad de autogobierno, como la había también en el País Vasco. Y en Galicia o en Valencia, aunque en menor grado. ¡Y para de contar! Por lo tanto, aquel fue el momento de intentar encontrar un amparo político en otro sistema de financiación. Pero no se hizo. Después vino la armonización autonómica, la Loapa… y aquel espíritu se diluyó.

Nunca ha querido reconocerse que, sin la demanda de autonomía en las calles de Cataluña y del País Vasco, y en cierta medida en las de Galicia, los constituyentes no habrían entrado a redactar el título dedicado a consagrar el Estado de las autonomías. Durante mi vida política, con el máximo respeto del que he sido capaz, he intentado explicar a lo largo y a lo ancho de España la necesidad de comprender y de actuar en consecuencia. ¿Por qué en las calles de Cataluña se pedía autonomía y en otros territorios no? Porque existía un sentimiento de identidad, fundamentado básicamente en la lengua y en la cultura, que provocaba la necesidad de manifestar que se quería autonomía para darle la respuesta política necesaria. Eso no nos hacía superiores ni mejores, pero sí diferentes. Y la diferencia es la condición que subraya la pluralidad de España. Podemos perdernos en discusiones sobre cómo traducir conceptualmente esta pluralidad que para unos es la matriz de un estado plurinacional y para otros de una nación de naciones. Pero taparse los ojos y no querer asumir este hecho es lo que nos lleva a la discusión permanente de lo que somos o no queremos ser. ¿Tanto cuesta aceptar que, sin este hecho diferencial que motivó el Estado de las autonomías, hoy estas no existirían? Cuando presidentes de otras comunidades autónomas cuestionaban la diferencia, yo siempre afirmaba —e, insisto, con todo el respeto posible— que sin esta realidad nunca podrían haber dicho lo que decían: sin las demandas de Cataluña no tendrían autonomía. A lo largo de mis años de dedicación a la política he repetido siempre que la Constitución, en su artículo segundo, distingue expresamente entre nacionalidades y regiones. Por otro lado, como recordaba en un artículo publicado en el periódico El País el 19 de agosto de 1998 a raíz de las reacciones a la Declaración de Barcelona del PNV, CiU y BNG: si el legislador no dicta preceptos inútiles, es obvio que alguna consecuencia tiene que derivarse de esta distinción. Es obvio que alguna consecuencia tiene que derivarse de la distinción que hace la Constitución en su artículo segundo cuando habla de «nacionalidades y regiones».

Por lo tanto, es cierto que nosotros no planteamos un modelo de financiación similar al vasco o al navarro cuando se redactó la Constitución, ni cuando se elaboró el Estatuto de 1980, ni en el Pacto del Majestic, ni cuando se aprobó el nuevo Estatuto de 2006. Propusimos algo similar con el pacto fiscal del año 2012, en el peor momento desde el punto de vista político y económico. El PP gobernaba con mayoría absoluta y la principal preocupación del ejecutivo central y de la sociedad española era salir de la profunda crisis económica iniciada en 2007 e intentar librarnos de una intervención dura y plena de la UE y del FMI, como les había ocurrido a Grecia y a Portugal. ¡No podríamos haberlo hecho peor!

A partir de la propuesta del pacto fiscal, que ya había sido el eje central de la campaña electoral de la Federación de Convergència y Unió para las Cortes españolas de 2011, conseguimos incorporar con naturalidad a nuestras propuestas políticas la reivindicación del concierto a la catalana. Concierto solidario, solíamos llamarlo. En contra de la que había sido siempre nuestra tradición, admitíamos implícitamente que el concierto vasco no lo era. Nunca me ha gustado defender propuestas que crea conscientemente que son inviables y que, en consecuencia, conlleven tácitamente un engaño a los electores. Eso me pasaba los últimos años con nuestra reivindicación. Estaba plenamente convencido de que era inviable. Me sentía tan incómodo que en la campaña electoral de Unió para las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, que yo encabezaba, dejé claro en las reuniones del comité de campaña que defendía la propuesta por disciplina y por respeto a la opinión mayoritaria del partido, pero que creía que estábamos engañando a los electores cuando prometíamos que, si conseguíamos la fuerza necesaria para condicionar la gobernabilidad, obtendríamos ese concierto. Josep Sánchez Llibre, jefe de campaña, y Ramon Espadaler, líder de facto del partido, son, entre muchos otros, testigos de mi posición.

¿Por qué pensaba entonces y aún pienso que una vez que se renunció a plantear ese modelo en la Constitución o en el Estatuto ya no es viable? En primer lugar, claro está, por la oportunidad del momento político. Recuerdo una anécdota que me permitirá ilustrar lo que quiero decir. La protagonizó un político de raza, Joaquim Arana, ilerdense, activo contra Franco durante la dictadura y diputado por el Partit Socialista-exReagrupament en las primeras Cortes, dirigente después de ERC y con voluntad, posteriormente, de acercarse a Convergència. A causa de la amistad que nos unía, le hice de padrino y lo acompañé a ver al presidente Pujol. Arana le dijo que podría ser un gran delegado del Gobierno de la Generalitat en Lleida. El presidente, astutamente y seguramente con pocas ganas de incorporarlo, a pesar de valorar sus activos políticos, le respondió: «Mira, Arana, tenemos que esperar el momento oportuno. No podemos hacer lo que pides de manera aislada. Se nos vería el plumero. Si un día modificas los límites de una finca, se nota y tienes problemas con los vecinos. En cambio, cuando hay una gran tormenta y los ríos se desbordan, es mucho más fácil porque todo se altera. ¡Ese es el momento oportuno!». Por lo tanto, siguiendo esta metáfora, plantear el sistema de concierto para Cataluña como una reivindicación puntual, específica, y poner en ella el foco del debate político, despierta toda clase de recelos en los vecinos y hace que el objetivo sea inalcanzable. Solo en grandes momentos de cambio, cuando se sacuden las estructuras del sistema, como lo fue el paso de la dictadura a la Transición, y con la concurrencia de todas las fuerzas políticas o, por lo menos, de su gran mayoría, una propuesta determinada tiene posibilidades de prosperar.

Pero el momento político no es lo único que condiciona el éxito de la pretensión de abrir a Cataluña el modelo vasco. Cataluña representa el 19 por ciento del PIB español, y el País Vasco, el 6,1 por ciento. Y mientras nuestra población es el 16 por ciento del conjunto español, la vasca representa solo el 4,7 por ciento. Demasiado peso de otra magnitud para que, de entrada, no se levante una barrera psicológica ante nuestra reivindicación. Eso sin perder de vista la percepción que tiene respecto a la falta de solidaridad del País Vasco una pequeña parte de los dirigentes políticos y de la sociedad española. La ecuación es sencilla —otra cosa es que sea justa—: si traspasamos a Cataluña un modelo de financiación insolidario con una población y un PIB que es tres veces mayor que los de los vascos, ¿cómo pagaremos los servicios que el Estado facilita al conjunto de la población española?

Por otro lado, es verdad que el concierto vasco —más allá de la recaudación de impuestos por parte de la hacienda vasca y de las ventajas cuantitativas en función del cálculo de la cuota— permite una fiscalidad propia que posibilita políticas competitivas específicas. Sin embargo, si al mismo tiempo todo el mundo coincide en que la UE no tiene futuro si no complementa su unión económica y en que esta requiere un pilar básico como la política fiscal común, ¿en un futuro serán Madrid o Bilbao los que marquen la fiscalidad, o tal vez será Bruselas? De ser así —de hecho, por ahora lo único que sabemos es que la Comisión de la UE no es precisamente partidaria del modelo de concierto—, ¿vale la pena iniciar una batalla perdida sabiendo que presenta interrogantes de futuro? ¿No sería más útil que nos centráramos en introducir una serie de constantes que condicionen y garanticen un sistema de financiación más equitativo?

Hay otra cuestión ligada a este debate, y en este caso con proyección general: la bilateralidad. En definitiva, la relación de tú a tú entre Cataluña y España, ya sea para acordar la financiación o para modular un marco más amplio de relaciones. No es que la cuestión me guste o deje de gustarme; puede ser viable en un momento dado y para un asunto específico que no afecte al resto del Estado (por ejemplo, cuando transferimos las competencias de tráfico a los Mossos d’Esquadra), pero es muy difícil que pueda generalizarse como pauta en las relaciones. Siempre que hemos conseguido avances se ha hecho en un contexto multilateral y con la participación de todas las fuerzas políticas. La Constitución es uno de esos casos, y de su texto deriva nuestro Estatuto de 1980 (¡y el concierto vasco!). La Constitución nos ha amparado durante muchos años hasta el Estatut de 2006, que forzosamente requiere un capítulo aparte. Sin la Constitución y sin el Tribunal Constitucional, la Loapa habría salido adelante sin que se le cambiara una coma. De hecho, una de las razones —no digo que sea la única ni la más importante— del fracaso del Estatuto de 2006 es que media España no estaba en él: no le habíamos permitido participar o no quiso hacerlo, pero el caso es que no estaba en él.

Más allá de la reflexión acerca de si el Pacto del Majestic fue o no una oportunidad perdida para plantear el modelo del concierto vasco para Cataluña, aquella legislatura con el PP fue muy positiva para Cataluña y para el conjunto de la sociedad. Siguiendo el hilo de la reflexión sobre la bilateralidad, conviene recordar que el pacto se fraguó entre una parte de Cataluña y una parte de España, como también había ocurrido con anterioridad en el acuerdo del 15 por ciento del IRPF con el PSOE. Por ese motivo, ninguno de los dos constituyó un modelo sólido y duradero. De la crisis económica heredada del PSOE pasamos a la España que estaba en condiciones de entrar en la Unión Económica y Monetaria a principios del nuevo milenio. Convergència i Unió influyó, y positivamente, en las políticas del PP. En aquella etapa se privatizaron empresas públicas y se colocó en sus consejos de administración a las personas cercanas. Bueno, de hecho, Unió no colocó a ninguna persona de su confianza. Jordi Pujol y su entorno más próximo pusieron a sus peones en las grandes compañías de telefonía, de banca, de energía… Como siempre, Unió tuvo que conformarse con la pedrea.

¿Diálogo con ETA?

Como ya he explicado, las dificultades llegaron por la deriva que Aznar tomaba respecto al tema vasco y, por lo tanto, al PNV a raíz del Pacto de Lizarra y de la estrategia ante ETA. Aznar comenzó a tejer un discurso en el que asimilaba el nacionalismo del PNV con ETA, y posteriormente lanzó esa acusación al nacionalismo catalán. Fue un error gravísimo. En lo que respecta a la banda terrorista, CiU siempre ha mantenido la misma postura: condena de la violencia fueran las que fueran su intensidad y sus efectos; apoyo al Gobierno español y a la política antiterrorista con independencia del partido que estuviera en el poder, y rechazo al uso partidista de la lucha contra el terror de ETA. Siempre, todo hay que decirlo, teniendo como referencia la posición del PNV y del Gobierno vasco —lo cual no implica mimetismo—. A partir de 2006, como presidente del grupo parlamentario de CiU en Madrid, viví más de cerca todo lo que entrañaba la lucha contra la organización terrorista. El Gobierno de Zapatero, que tuvo como ministro del Interior a mi amigo Alfredo Rubalcaba desde 2006 hasta 2011, había iniciado una negociación con la banda etarra. Me llegaba bastante información por parte del ejecutivo, contrastada además con Josu Jon Imaz (entonces presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV y gran amigo desde que fuera asistente en el Parlamento Europeo) y con el mismo líder de la oposición, Mariano Rajoy, que solía informarme del contenido de sus conversaciones con Zapatero. Cuando el 9 de junio de 2006, el Gobierno del PSOE anunció esas negociaciones, declaré públicamente que las apoyaríamos aunque fracasaran. Rodríguez Zapatero tenía derecho a fracasar como antes lo habían hecho Suárez, González o Aznar. Y, de hecho, esas primeras conversaciones inicialmente fracasaron.

Así pues, el 30 de diciembre de 2006, a las nueve de la mañana, tres etarras hicieron explotar un artefacto de gran potencia instalado en una furgoneta estacionada en el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. El atentado causó dos víctimas mortales de nacionalidad ecuatoriana, varios heridos y cuantiosos daños materiales. El día anterior, desde Vall d’Aran, había visto en los informativos televisivos al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, declarando a propósito del terrorismo que «la situación dentro de un año será mejor que la actual». Instintivamente había pensado que se equivocaba. Por lo que yo sabía, todavía no se daban las condiciones para expresar ese optimismo genético tan propio de la manera de ser y de actuar de Zapatero. Era cierto que ETA nunca había cometido ningún acto terrorista durante un periodo de suspensión de sus actividades como el que estábamos viviendo, pero, sin saber explicar el porqué, algunas informaciones recientes no trasmitían tranquilidad. De hecho, unos días antes —el día de Nochebuena—, un comunicado de la banda había anunciado una acción terrorista inminente; y al cabo de unas horas se materializó. ETA rompía el alto el fuego y el Gobierno anunciaba la suspensión del diálogo. La reacción del PP fue afirmar que a partir de aquel día no habría negociación con ETA ni se pagaría ningún precio político, y que el atentado demostraba que el alto el fuego era una farsa y que ETA nunca había estado dispuesta a abandonar las armas. El PP no había apoyado el diálogo entre el Gobierno y los terroristas, y el atentado de Barajas se producía, por lo tanto, en un momento de gran tensión política y de polarización social.

El 15 de enero de 2007, el presidente del Gobierno compareció a petición propia y en sesión extraordinaria en el Pleno del Congreso de los Diputados. La comparecencia se enmarcaba en la lógica de la confrontación política entre PSOE y PP a causa del diálogo con ETA, y respondía a la voluntad de los socialistas de contraatacar a las reacciones del PP al atentado de Barajas. Pero lo que parecía lógico en el marco de los intereses partidistas no lo era si lo que realmente importaba era una lucha efectiva contra el terrorismo etarra. Así lo expresé en mi intervención en la tribuna del Congreso. Durante toda mi vida parlamentaria como portavoz de CiU he tenido que aguantar la mala educación de una parte importante de la Cámara que, manifestando desprecio por las minorías, se levantaba, hablaba y complicaba mi turno de palabra. Quiero pensar que no era algo personal, sino porque me correspondía hablar después de las intervenciones del presidente del Gobierno y del jefe de la oposición y, por lo tanto, los diputados estaban un poco cansados. Eran habituales expresiones de diversos presidentes del Congreso del tipo «por favor, si han decidido abandonar el hemiciclo, al menos háganlo en silencio» o «por favor, hay un orador en la tribuna, les ruego que lo respeten… Silencio, por favor» o también «el señor Duran está en el uso de la palabra y les ruego que le escuchen, seguro que tiene cosas interesantes que decir… Silencio, por favor». Al final ya me había acostumbrado y me lo tomaba con calma. Aquel día, con Manuel Marín en la presidencia, no fue una excepción. Cuando por fin me lo permitieron, hablé del fracaso que aquel atentado suponía para el diálogo, considerando que se trataba de un fracaso colectivo y no exclusivamente del Gobierno, a pesar de que este dirigía la política antiterrorista. Recuerdo haber acabado la primera intervención en aquel debate con una reflexión que mereció un largo aplauso —ahora no lo recuerdo bien, pero imagino que por parte de todos menos por los diputados del PP—, en la que venía a decir que el objetivo de ETA era dividir a los demócratas y que, para la banda armada, esa división era garantía de supervivencia. Me pregunté en voz alta si en aquel pleno se había agravado la división y dije que me temía mucho que sí.

Rodríguez Zapatero agradeció mi intervención; es evidente que fue un bálsamo después de la dureza de la de Rajoy y, sobre todo, porque le permitió presentar una propuesta que rompiera la viciada confrontación entre Gobierno y oposición en la política antiterrorista. Después de adularme como tan bien se le daba hacerlo, me emplazó en los siguientes términos: «Le insto a que, desde su autoridad política y la del grupo al que representa, sea uno de los artífices que puedan contribuir al acuerdo de todos los partidos políticos en este momento. Le garantizo que el Gobierno, en ese sentido, le dará todo su apoyo, toda la autoridad y la confianza en la consecución de ese objetivo». En aquel momento ignoraba lo que tenían de tacticismo sus palabras, pero me las tomé en serio. Al día siguiente llamé por teléfono a Rajoy para exponerle mi propósito de intentar recomponer la unidad perdida y la recepción del líder del PP fue positiva. El día 23 mantuvimos una reunión discreta, la primera de las que vinieron después. También hablé con Josu Jon Imaz, y durante aquellas semanas incrementamos la comunicación. El 5 de febrero cenamos Josu Jon y yo con Rubalcaba en el ministerio del Interior para profundizar en el objetivo de la unidad. La semana anterior, el día 30 de enero, Rubalcaba y yo nos habíamos visto en el ministerio para hablar de las conversaciones con Rajoy.

Y con esta intensidad y periodicidad continuaron los contactos. Finalmente, el 27 de febrero, Mariano Rajoy, Josu Jon Imaz y yo cenamos en mi habitación del Palace. Con la predisposición de vernos los tres con Rubalcaba y Rodríguez Zapatero, acordamos que yo solicitaría la reunión. Así hice con cierta insistencia hasta que me cansé de no recibir respuesta del presidente del Gobierno. Al menos su ministro del Interior mantuvo la comunicación sobre la cuestión de fondo. No sé si lo que gestioné aquellos días sirvió de algo, pero es evidente que existía la predisposición de Rajoy y que, en cambio, Zapatero, que con solemnidad y en el hemiciclo había declarado que me garantizaba todo su apoyo, me dejó tirado. Solo puedo pensar que el maldito tacticismo político había conseguido su objetivo aquel 15 de enero en la sesión extraordinaria para tratar el atentado de Barajas: Zapatero había encontrado en mi intervención el instrumento para enfatizar la excesiva dureza de Rajoy y la posibilidad de presentarse como la persona que está dispuesta a todo por recuperar la unidad perdida en la lucha contra ETA.

Si bien en el caso de Aznar fue la estrategia ante la banda terrorista lo que hizo tambalearse su extraordinaria sintonía con Arzalluz y, por extensión, con el PNV, en lo que respecta a Convergència i Unió, la legislatura de 1996 a 2000 no presentó en general problemas irresolubles. Los contactos con los ministros eran habituales, cordiales y útiles. Recuerdo una cena informal en el verano de 1997 con el ministro Arias Salgado. Entre los asistentes, además del ministro de Fomento, estaban Lluís Foix, en aquel momento director adjunto de La Vanguardia; Joan Rosell, entonces presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, y Manolo Pizarro. Aquella noche fue decisiva para impulsar la llegada del AVE a Cataluña. Los acuerdos se cumplieron en un periodo breve de tiempo. ¡En general, todo iba como la seda! Hasta tal punto que podría decirse que mediada la legislatura se habían ejecutado casi todos los acuerdos.

¿Lobistas?

Durante aquellos años, pero sobre todo en las legislaturas gobernadas por el PSOE sin mayoría absoluta, con Rodríguez Zapatero como presidente, comenzó a acuñarse el calificativo de lobista en referencia a la tarea del grupo parlamentario de Convergència i Unió. Aún hoy, en alguna información, lo utiliza en clave positiva el jefe de la sección de Economía y subdirector del periódico La Vanguardia, Manuel Pérez, para referirse a Sánchez Llibre y a mí. Pero no siempre fue así: en una entrevista en directo en TV3, el periodista Xavier Bosch casi me acusó groseramente de prevaricación. Aun así, los abanderados de la cruzada contra nuestra acción parlamentaria eran los diputados de IC Verds: primero Joan Herrera y después Joan Coscubiela. Ambos eran amables en las distancias cortas, pero desagradables cuando, desde la tribuna del Congreso o desde una tribuna mediática, valoraban nuestra capacidad de obtener resultados pactando iniciativas parlamentarias, ya fuesen nuestras, del Gobierno o de terceros. Si lo hacían ellos —hay que decir que su éxito era más bien escaso—, lo denominaban capacidad de hacer cambiar posiciones del Gobierno. Si lo hacíamos nosotros, es que éramos lobistas.

Aun así, nunca me ha costado reconocer que, si por hacer lobby se entiende la defensa de los intereses de un determinado sector, he sido un lobista toda mi vida. No actuábamos así solo en relación a sectores del mundo económico y del social de Cataluña, sino de toda España. Cuando no había mayoría absoluta, ya fuera en el Gobierno del PP o del PSOE, y un sector o colectivo se acercaba al Govern para formular una petición determinada, el propio ministro, secretario de Estado o portavoz del grupo parlamentario del Gobierno les decía: «Nosotros no podremos concedértela, pero ve a ver a CiU y que la presenten ellos. No tendremos más remedio que aceptarla». Obviamente, no siempre era así; en alguna ocasión, la negociación duraba hasta el último segundo, y no siempre nos salíamos con la nuestra. Sí, confieso que he defendido los intereses de la industria farmacéutica, sector clave para la economía catalana. Con esta defensa contribuía a garantizar la supervivencia del sector y, por lo tanto, la de sus propietarios, la de sus trabajadores y sus familias y la de todo lo que se deriva a efectos de consumo. Sí, también defendí la Fira de Barcelona, en particular el Salón del Automóvil, que, extraordinariamente dirigido por Enrique Lacalle, nos planteaba pedir concesiones fiscales para los participantes del prestigioso salón, uno de los referentes de feriales de Barcelona. Sí, también tengo que confesar que he defendido los intereses de la enseñanza concertada a lo largo y a lo ancho del Estado, porque creo en la libertad de la enseñanza como la propia Constitución garantiza; y sí, me he hartado de defender el sector de la avellana en Madrid y en Bruselas porque es un sector importante de la agricultura en Cataluña, sobre todo en el Baix Camp. Y también he defendido hasta el hartazgo propuestas a favor de los autónomos maltratados como trabajadores y como empresarios; he defendido igualmente a las pequeñas empresas que tienen que sufrir la morosidad en el cobro de las deudas de las Administraciones y de la banca, y lo he hecho, además, en contra de las patronales de las grandes constructoras y de los bancos —las empresas del IBEX, vaya— que se apoyaban en el PP y en el PSOE para defender su posición numantina. También lo he hecho por el tercer sector, por los centros tecnológicos de las universidades o por los cogeneradores, y por tantas personas y sectores: y a veces, además, conciliando intereses contrapuestos de agentes que intervienen en un sector determinado como el de la automoción, entre fabricantes de vehículos y concesionarios. Y lo he hecho siempre que he podido, sin ningún complejo. Era mi trabajo y la tarea de mi grupo parlamentario: mis compañeros y compañeras de los dos partidos que he tenido el placer de liderar en Madrid eran quienes se dejaban la piel defendiendo los intereses de los diversos sectores de la sociedad. Personalmente, muchas veces me limitaba a poner la cara, aunque me la rompieran, porque por eso estás donde estás por vocación y sin que nadie te obligue a ello.

Aznar: segunda legislatura

En la segunda legislatura de Aznar, con mayoría absoluta del PP, las relaciones entre las dos formaciones volvieron a deteriorarse de manera progresiva. A nivel personal, también comenzó a enfriarse mi relación con él, a pesar de que yo no tenía ninguna queja desde los acuerdos del Majestic. Ya hace años que no tengo ningún contacto con él más allá del saludo educado cuando hemos coincidido en algún acto institucional. Aznar se transformó con la mayoría absoluta. Es cierto, y a veces nos lo han criticado, que sin nuestro apoyo en la primera no habría llegado a la segunda. Pero igual de cierto es que si CiU no hubiera apoyado a Aznar en el año 1996 y se hubiera constituido un Gobierno de izquierdas en minoría o hubieran vuelto a convocarse elecciones —hipótesis más que probable ante la firme voluntad de Felipe González de no gobernar con los comunistas—, el PP habría arrasado y obtenido la mayoría absoluta antes.

Creo que el Aznar de la segunda legislatura es el auténtico, un líder de la derecha española sin ninguna sensibilidad para la pluralidad de España, con profundas convicciones y con una oferta de recetas neoliberales en las áreas económica y social. Vaya, salvando las distancias, un Reagan o una Thatcher a la española. ¡Poca broma! Un líder que no había mamado los valores transversales de la Transición y que, con su dureza, comenzó a hacer saltar las costuras de aquel espíritu que hizo posible la evolución de la dictadura a la democracia. De hecho, siempre he pensado, como ya he dicho antes, que la Transición fue, sobre todo, espíritu, y quien se lo carga se carga al mismo tiempo la propia Transición. Posteriormente, con una personalidad completamente opuesta, Rodríguez Zapatero hizo saltar el resto de las costuras. Uno y otro regresaron a la confrontación que la Transición había enterrado. A pesar de lo que he dicho, los primeros meses de la segunda legislatura de Aznar aún permitieron una cierta relación bilateral positiva entre su Gobierno y nosotros. Con la oferta pública dirigida a CiU para que entrara en el Gobierno que dio lugar al «pitas, pitas» de Pujol, las relaciones comenzaron a tensarse. Su beligerancia contra el PNV también nos puso en situaciones difíciles. La Ley de Partidos Políticos, que salió adelante con nuestro voto favorable, causó problemas en nuestra relación con los vascos. Pero la razón que provocó la ruptura definitiva fue la guerra de Irak. El posicionamiento de Aznar fue motivo y pretexto para acabar de consumarla. No compartíamos las decisiones de Aznar sobre la guerra ni, sobre todo, las formas, y nos fueron muy bien para distanciarnos con claridad del PP y para romper la imagen de proximidad con ellos que nos habían legado los años de colaboración en la gobernabilidad.

No tiene sentido recordar ahora los hechos que rodearon la posición del Gobierno español respecto al conflicto ni la notoriedad de su presidente, que quedó inmortalizada en la fotografía de las Azores con Bush, Blair, Aznar y Barroso. Fue el 15 de marzo de 2003 y Durão Barroso ejercía de anfitrión, a pesar de que su posición menos beligerante y su habilidad y su inteligencia le han hecho desaparecer de la foto, hasta el extremo de que la expresión que ha quedado es la del trío de las Azores, en referencia a los mandatarios norteamericano, británico y español. Hace muchos años que conozco a Durão Barroso; he tratado con él cuando era primer ministro portugués, en su condición de presidente de la Comisión de la UE y, obviamente, en la de líder del PSD, partido miembro de la Internacional DC. Siempre ha sido muy amable conmigo y con Cataluña antes de la deriva independentista. Una vez acompañé a Mas a Bruselas para que lo conociera, pero, cuando este optó por el independentismo, Durão ya no quiso volver a recibirlo.

Lo mismo ocurría con Van Rompuy cuando era presidente del Consejo Europeo: no quería ni oír hablar del tema. Este caso es muy significativo por su condición de flamenco. La última vez que lo vi fue el 17 de abril de 2013. Nos advirtieron que no permitirían la entrada de las cámaras de televisión y solo hicieron una foto oficial. Pensé que quería ahorrarse imágenes por el conflicto catalán y, como tenía bastante confianza con él, le pregunté, medio en broma medio en serio, si ese era el motivo. Pero no lo era. Me explicó que Nicolas Sarkozy le había pedido un año y medio antes que actuara así con Hollande cuando este aspiraba a la presidencia, y desde entonces no había más imágenes que la oficial. Era muy crítico con el proceso separatista catalán y me recordó que él era nacionalista flamenco, pero belga. Definió el separatismo como una aventura de cuyo fracaso saldríamos peor. Le pedí que recibiera a Artur Mas y me recordó que ya se lo había comentado por teléfono y que Mas tendría que esperar: eso sí, que esperara sentado. Y es que el independentismo no solo ha dañado la causa del catalanismo, también la de todos los pueblos con personalidad propia que conviven en la Unión Europea y que, sin desear la ruptura de sus estados, sí anhelan un grado más alto de autogobierno y de reconocimiento. Tanto Van Rompuy como Durão Barroso continuaron recibiéndome como dirigente de Unió. En el caso del portugués, con cierta complicidad personal adquirida muchos años antes y que se refleja perfectamente en una visita oficial de Pujol como presidente de la Generalitat. Mientras los fotógrafos y las cámaras de televisión tomaban imágenes —en el argot periodístico se denomina hacer un mudo—, Durão Barroso le preguntó por su primo catalán: así hacía referencia a nuestros apellidos, Durão y Duran. Creo que fue un presidente de la Comisión mucho mejor de lo que muchos han querido considerarlo. De los cuatro presidentes que he conocido intensamente, es decir, Santer, Prodi, Durão Barroso y Juncker, solo el bueno de Santer merece una calificación baja. El resto, con sus virtudes y sus defectos, han sido buenos dirigentes.

La última reunión que tuve con Durão Barroso en su condición de presidente de la Comisión de la Unión Europea fue el 23 de julio de 2013. Después lo he visto, en encuentros informales, en Madrid. Esa última visita institucional me causó un disgusto. Hablé con él de la actualidad política en Cataluña, en España y en Europa. A la salida, atendí a los medios de comunicación en el vestíbulo del edificio Berlaymont, sede de la Comisión. Poco tiempo después comencé a recibir reacciones a mis declaraciones. En canal 3/24 editaron la noticia con un corte en el que decía «al final me ha preguntado si el tema Bárcenas puede hacer caer el Gobierno y le he dicho que no, que Rajoy tiene mayoría absoluta». La página web del periódico El País daba una versión más positiva, pero no arreglaba la situación. Mi respuesta obedecía a una pregunta capciosa sobre el caso Bárcenas y, con la voluntad de transmitir una imagen de estabilidad del Gobierno español, afirmé aquello. Pero al hacerlo me convertía en el portavoz de Durão Barroso, y eso, además de sorprender al presidente de la Comisión, le disgustó. Pude arreglarlo explicándole el contexto de las declaraciones, mi intención al hacerlas y pidiéndole disculpas. Me acompañaba en ese viaje Salvador Sedó, secretario de relaciones internacionales de Unió —de largo, el mejor que ha tenido el partido; obviamente, mucho mejor que yo, que ocupé ese cargo durante unos cuatro años—. Recuerdo que, a propósito de este error mío, le comenté que la regla de oro para tratar con los medios de comunicación esta clase de reuniones era que «nunca hay que hablar en nombre de una tercera persona; hay que explicar lo que ha dicho uno, nunca lo que ha dicho el otro». He procurado aplicarla con rigor absoluto en el caso de las visitas públicas al Palacio de la Zarzuela. Pero aquel día en Bruselas no lo hice, y estuve a punto de terminar con una buena relación.

De aquella legislatura hay un hecho que todavía no me explico. El Gobierno del PP presentó un proyecto de una nueva cultura del agua que acabó integrado en el contenido de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. La política hidráulica del PP, que contó con el apoyo inicial de CiU, provocó que se desenterrara el hacha de guerra en las comarcas del Ebro. En septiembre del año 2000 se constituyó la Plataforma de Defensa del Ebro para oponerse a la política de trasvases, que movilizó a personas de buena voluntad contrarias a lo que entendían que era un atentado contra el río y el medio ambiente de sus comarcas. Más allá de la buena voluntad general, en algunos dirigentes de la plataforma había unos intereses políticos muy determinados: erosionar todo lo posible a CiU. Algunos tenían un vínculo claro con los socialistas, que lógicamente apoyaban sus reivindicaciones. Una lógica no exenta de incoherencia, ya que Josep Borrell, como ministro del PSOE, proyectó un macrotrasvase. Algunas declaraciones o actitudes de dirigentes de Convergència contribuyeron a caldear el ambiente contra nosotros. Curiosamente, Felip Puig, hombre de plena confianza del presidente Pujol y conseller de Medio Ambiente en la época —con quien Unió no siempre tuvo la mejor de las relaciones, pero al que siempre he considerado el más capaz en términos políticos— no estuvo del todo fino en su posicionamiento ante el plan del PP.

La presión de la calle, la prepotencia que mostraba aquel PP de la segunda legislatura de José María Aznar con mayoría absoluta y algunas reflexiones a puerta cerrada de algunos dirigentes de Convergència y Unió hicieron que la primera semana del mes de marzo de 2001 nos posicionásemos en contra del Proyecto del PHN en el Parlament de Cataluña y votáramos a favor de una iniciativa de la oposición. El 21 de marzo, en la plaza de Sant Jaume, se guardó un minuto de silencio por la muerte, cinco días antes, de un mosso d’esquadra asesinado por ETA en un atentado con coche bomba en Roses. El presidente Pujol y yo habíamos quedado en que nos veríamos al acabar el acto de homenaje. Tuve que esperar un rato porque se coló Joan Saura, líder de IC Verds. La conversación con Pujol sirvió para conjurarnos para aguantar el tipo delante del PP después de votar en el Parlament de Cataluña contra el PHN y hacer lo mismo en las Cortes españolas. Abandoné el Palau de la Generalitat con este compromiso y, por la tarde, después de un almuerzo del Rotary Club en Manresa, cogí el puente aéreo para asistir a una cena en el restaurante catalán Paradís de la calle Marqués de Cubas de Madrid, con parlamentarios y parlamentarias del PNV y Unió en las Cortes. Es una cena que celebramos de manera periódica desde hace muchos años; una vez pagan ellos y la siguiente nosotros.

Cuando llegué, ya estaban esperándome, e Iñaki Anasagasti fue el primero en hablar: «¡Vaya bajada de pantalones!». «¿De qué me hablas, Iñaki?», le contesté. «Pues de que vais a votar con el PP en el PHN», replicó él. «¡Ah, no, no! Esta mañana Pujol y yo nos hemos puesto de acuerdo para no hacerlo». «¡Pues va a ser que sí!». Justo entonces, Salvador Sedó, diputado por Tarragona y ponente de la Ley del PHN por Convergència i Unió se sumó a la conversación para dar la razón a Anasagasti. Entre ambos me explicaron que Trias, Mas y Puig habían comido con Rato, Matas y Álvarez Cascos y que habían pactado el apoyo. ¡Me quedé blanco! Justo diez minutos después llegó al restaurante Xavier Trias con el director de la Asociación de Bebidas Alcohólicas tipo Aromas de Montserrat (los de IC Verds dirían que haciendo lobby) y me confirmó, con esa sonrisa que lo caracteriza, que se habían producido el almuerzo y el acuerdo. ¿Yo había estado con el presidente Pujol una hora antes de la comida y él no sabía nada? ¿Qué ofreció o puso sobre la mesa el PP para que cambiáramos la posición que habíamos mantenido en el Parlament quince días antes? Nunca lo he sabido —y alguien debió tomar la decisión de que no lo supiera— porque, cuando en el informe de gestión del congreso de Unió mencioné el cambio de actitud de CiU, nada menos que el presidente Pujol declaró públicamente que lo que yo decía no era cierto. Hace algún tiempo, le pregunté a Rodrigo Rato qué sucedió en aquella comida y él simplemente le quitó hierro. Es decir, todavía no sé qué ocurrió ni qué asuntos trataron.

Sobre la posición de Aznar ante el conflicto de Irak hay dos reflexiones que creo necesarias. La primera es sobre el motivo que lo llevó a mantener aquel apoyo a Estados Unidos con el pretexto de la existencia de armas de destrucción masiva en manos del régimen de Sadam Hussein. La segunda reflexión, mucho más compleja, es sobre las consecuencias de aquel apoyo, entre otras, la derrota del PP en las elecciones de 2004. En mi libro ya mencionado Entre una España y la otra. Del 11-M al atentado de Barajas, trato con más profundidad la guerra de Irak y el atentado de Atocha. Hablo sobre las posiciones de unos y de otros y sobre la relación entre los dos hechos. Al rememorar ahora aquellos días, mi interés es otro. Deseo ayudar a comprender por qué sucedió lo que sucedió.

José María Aznar tenía una idea de la España que quería, un proyecto para el país. Como los tuvo y aún los tiene Felipe González. Es evidente que nosotros no compartíamos el proyecto ni la idea de Aznar, pero saber que los tenía y cuáles eran ayuda a entender su decisión sobre la guerra de Irak. En los Gobiernos sucesivos no los he visto, aunque todavía no puedo valorar el de Pedro Sánchez. En el de Zapatero hubo políticas buenas y otras no tan buenas, e, incluso, negativas en los terrenos económico, social, territorial y de política exterior. Pero no he tenido la sensación de que hubiera un hilo conductor que permitiera visualizar qué se pretendía más allá de garantizar las ideas generales de más progreso económico y social. Aznar consideraba, con razón, que había un par de potencias que jugaban en la primera división: Estados Unidos y China, cada vez más fuerte. Después había un segundo grupo de países como Gran Bretaña, Alemania y Francia que, sin tener el relieve de los dos grandes, ejercían un papel relevante. Aznar quería situar España al nivel de ese segundo grupo de países, en una especie de G7 geopolítico, y entendió que el apoyo a Estados Unidos en aquella guerra era la oportunidad para conseguir su objetivo. Pero, en mi opinión, se equivocó al actuar en contra de la posición de Naciones Unidas y, sobre todo, de la Unión Europea. Esto podía permitírselo Blair, y no demasiado, porque Gran Bretaña todavía cree que está al frente de un gran imperio que puede prescindir de la UE. Pero España, no. España necesita la UE y debería haber apostado por influir en el diseño de su futuro. Es lo que hizo Felipe González. No era necesario enarbolar la bandera contra Estados Unidos ni permanecer sentado en presencia de la bandera norteamericana como hizo Zapatero. Sin embargo, lo que no podía hacerse de ninguna de las maneras era dejar de lado la bandera europea, y eso hizo Aznar.

La situación era esa en los años 2003 y 2004 y ahora es más descarado. Los Estados Unidos de Trump y la Gran Bretaña del Brexit están renunciando a los valores que han inspirado al mundo occidental desde la Segunda Guerra Mundial: la multilateralidad y la cooperación, sobre todo. Después de la crisis económica de 2007 y con el estandarte de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, China se consolidó en Asia —en ningún caso pretendo menospreciar a la India, que en su sistema democrático tiene una desventaja respecto a los chinos—. La guerra de Rusia con Ucrania señaló la hoja de ruta que Putin ha aplicado para recuperar el peso del que disfrutaron el imperio ruso o la URSS comunista. El mundo occidental y sus valores solo tienen una posibilidad de mandar en el futuro si también lo hace el proyecto de la Unión Europea. La fuerza, el proyecto para España, debe sustentarse en esa UE. Ya no tiene sentido aspirar como país a ser miembro del G7. Actualmente Italia no forma parte de él; dentro de unos años tampoco estará Francia, y Alemania no tardará en ser excluida. Si la Unión Europea no complementa su proyecto, desaparecerá. Si lo hace y actúa como una unidad, estaremos a tiempo y nos colocaremos entre las principales potencias del mundo: Estados Unidos, China, India… Es cierto que vuelven viejas naciones imperio como Rusia, Irán, Turquía… —algunas con más fuerza que otras—, pero nosotros, en solitario, no podemos hacer nada. Si cada país va por su cuenta, si el proyecto de España o de cualquier otro miembro importante de la Unión Europea reside en escalar posiciones al margen del conjunto, Europa fracasará como lo hizo el proyecto de Aznar. Él jugó otras cartas, a mi entender equivocadas. Los que le han sucedido se han limitado a observar la partida sin exigir que se cambiara el juego ni jugar el papel de impulsores de la Unión.

Esta falta de visión de que hoy en día cualquier proyecto en Europa necesita la unidad es uno de los errores estratégicos más graves del independentismo. En privado y en público he insistido en que la secesión de Cataluña nunca recibiría el apoyo de la UE ni de sus estados miembros. Mis advertencias eran aniquiladas por la réplica que afirmaba que «eso es lo que dice el Gobierno español». Me pone la carne de gallina que la clase dirigente política y económica de Cataluña mantenga que, llegado el momento, la Unión Europea obligará al Gobierno español a sentarse a negociar un referéndum de independencia. ¿Cómo puede dejarse el país en manos de esas personas? Ni Alemania, ni Francia, ni Polonia, ni Italia ni ningún país relevante en el seno de la UE puede respaldar la aventura del independentismo catalán. Por dos razones: la primera, porque quien más quien menos tiene en casa realidades similares a la catalana y, por lo tanto, avalar la secesión abriría el melón territorial en su país. Y la segunda, porque todos saben que su futuro, si lo tienen, pasa por la unidad. El independentismo es para ellos, como para mí, un elemento desestabilizador de la Unión Europea, que nació precisamente para unir estados, no para crear otros nuevos.

Las consecuencias de la apuesta de Aznar en la guerra de Irak fueron diversas, pero hubo una en particular que marcó el futuro electoral del PP. En el verano de 2003, el Ayuntamiento de mi pueblo me concedió el honor de nombrarme hijo ilustre de Alcampell y pronuncié el pregón de las fiestas de San Ramon. Fue un día muy emotivo porque pude expresar públicamente, desde el balcón de la Casa de la Vila, el agradecimiento y el cariño que profesaba a mi madre. El presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, un buen amigo, tuvo la amabilidad de acompañarme presidiendo el acto de aquella noche. Una vez concluido, hablamos de política: tenía interés en saber qué opinaba sobre el futuro electoral y el posible candidato a la sucesión de Aznar en el PP. Los socialistas estaban convencidos de que sería Rato y ya se veían como perdedores. Cuarenta y ocho horas después, Aznar designó como su sucesor a Rajoy.

Cuando se convocaron las elecciones para marzo de 2004, el PP sacaba mucha ventaja al PSOE. Hasta el atentado de Atocha, todo hacía suponer, a pesar de la respuesta social que había encontrado la implicación de España en la guerra de Irak, por decisión de Aznar, que el PP de Rajoy ganaría las elecciones. Luego no fue así. El PSOE de Rodríguez Zapatero las ganó legítimamente, a pesar de que el PP se dedicó en los primeros años de la primera legislatura de Zapatero a cuestionar la legitimidad de su victoria. Si bien legalmente las ganó el PSOE, aquellas elecciones las perdió políticamente Aznar. Él fue el máximo responsable de la derrota de su partido y, por lo tanto, de su candidato, Mariano Rajoy. No me refiero al hecho de que en su día hubiera acordado secundar a Bush en la guerra de Irak, sino a la pésima administración política que hizo alrededor de los autores del atentado. En lugar de convocar a todos los dirigentes políticos y afrontar la tragedia de Atocha desde la unidad, se empeñó en adjudicar la autoría de los hechos a ETA. Aquellos días, desde el atentado hasta el cierre de la jornada electoral, las posiciones de Aznar, de su ministro del Interior y del portavoz del Gobierno llenaron las urnas de papeletas del PSOE. No obstante, los errores de Aznar permitieron al mismo tiempo constatar un par de cosas: la primera, la capacidad de aprovecharlos y de exprimirles todo el jugo por parte de la maquiavélica estrategia de mi amigo Alfredo Pérez Rubalcaba; la segunda, la pasividad de Rajoy frente a los acontecimientos y la actitud de los dirigentes de su partido, que permitieron que perdiesen miles y miles de votos y movilizaron a miles y miles de votantes a favor del candidato socialista. Probablemente, Rodrigo Rato jamás habría consentido que eso sucediera, pero nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Aznar nunca le ha puesto las cosas fáciles a Rajoy. En diciembre de 2017, en una conversación con Rajoy por un tema profesional, salió en la conversación la actitud de Aznar. Rajoy fue contundente: «De este señor no quiero saber nada más en mi vida». ¡Lo comprendo!

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El pasado más reciente:
Zapatero en la Moncloa

Con Rodríguez Zapatero en la Moncloa comenzó una etapa política de gran trascendencia para Cataluña y para España. Jordi Pujol había resuelto su sucesión y designado a Artur Mas máximo dirigente del partido y candidato a la presidencia de la Generalitat. Al mismo tiempo, este hecho provocó la transformación de la coalición de Unió con Convergència en una federación, en la cual, por primera vez, Unió tenía presencia real y efectiva en el mando. La legislatura del Parlament de Cataluña que comenzó a finales del año 1999 fue la última de Pujol al frente del Gobierno de la Generalitat. Participé en ese ejecutivo como conseller de Gobernación y Relaciones Institucionales durante catorce meses. Después de Pujol y con Mas como candidato, vinieron los tripartitos de Maragall y de Montilla. Con Pasqual Maragall como presidente, pero con la participación activa de Artur Mas, nació el Estatuto que acabó en el Tribunal Constitucional gracias al PP y al Defensor del Pueblo, el socialista Enrique Múgica.

Vamos, que fueron muchos hechos en muy pocos años que, en conjunto, explican la aventura del procés independentista catalán. En uno de los artículos que escribo periódicamente en La Vanguardia, en concreto en el publicado el 16 de febrero de 2018 con el título «¿Cuándo se jodió Cataluña?», evoqué la reflexión que el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa hacía en su novela Conversación en La Catedral. Incapaz de comprender qué le había pasado a su querido Perú, el escritor se hacía esta pregunta. Cuando ya había pasado algún tiempo de la publicación de la obra, el propio Vargas Llosa declaró que en realidad el proceso vivido por su país no era fruto de un momento concreto, sino de la suma de varios momentos que se habían sucedido a lo largo de su historia. No tengo la intención ni la capacidad de describir todos los momentos de la historia de Cataluña que puedan justificar lo que nos ha pasado. Pero a la hora de repasar mi vida política no puedo dejar de expresar mi convicción de que del año 2000 al 2010 en Cataluña se produjeron unos momentos (el independentismo recuperó el latín, con un presidente Torra aparentemente más leído que otros, para hablar de momentums y para dar más solemnidad y trascendencia a la palabra) que permiten aproximarnos al porqué de las cosas, por utilizar el título de una obra literaria de otro gran escritor, Quim Monzó. Lo que ha sucedido a partir del 11 de septiembre de 2011 es, en gran medida, consecuencia de los momentos de los diez años anteriores.

La última legislatura

En el mes de noviembre de 1999 comenzó la que sería la última legislatura de Pujol como presidente de la Generalitat. Si ahora afirmara que estuvo de más, que Jordi Pujol no necesitaba repetir como candidato a la presidencia de la Generalitat, se me podrán reprochar como mínimo un par de cosas: que es muy fácil afirmarlo ahora, veinte años después, y que no soy el más indicado para hacerlo, porque la misma reflexión se me podría aplicar a mí, que permanecí en el cargo de dirigente del partido más de veinticinco años. Ambas observaciones serían correctas, pero no invalidan la calificación de legislatura de más; además, tengo el convencimiento de que, si los resultados hubieran sido otros, Jordi Pujol todavía se habría presentado una vez más. Quiero que quede claro que el presidente nunca me expresó ese interés, de modo que estoy adentrándome en el terreno de las suposiciones y no de los hechos.

En aquella campaña desempeñé un rol especial que exige una explicación. Uno de los puntos débiles de nuestro candidato era precisamente que hacía muchos años que ocupaba la presidencia de la Generalitat, y era necesario que se anunciara que sería la última vez que se presentaba. Así lo entendía el propio Jordi Pujol y así lo insinuábamos nosotros. Pero con la insinuación no bastaba. El presidente me pidió un favor: que aprovechara la primera entrevista que me hicieran para dejar claro que no volvería a presentarse nunca. El 23 de agosto de aquel 1999, en el diario El Periódico de Cataluña me entrevistaron Ernest Alós y Maria Dolores García, y en la segunda pregunta ya me plantearon por qué recurríamos al sentimentalismo dejando entrever que serían las últimas elecciones de Pujol. Mi respuesta, la que el presidente me había pedido que diera, fue: «Puedo afirmar categóricamente que son las últimas elecciones de Pujol como candidato». ¿Por qué no lo decía él y con la misma rotundidad en lugar de pedirme que lo hiciera yo? ¿Tal vez para que no diera la impresión de que buscaba un plebiscito, como apuntaba yo mismo en la respuesta de aquella entrevista, o porque en el fondo, si los resultados eran buenos, no tenía intención de dejar de ser el candidato en las siguientes? Ahí quedan esas interrogantes. Si bien, pocos días antes de su investidura, Pujol declaró —me parece que en el programa de Antoni Bassas El matí de Catalunya Ràdio— que «no hay nada descartado». La victoria no había sido clara y el apoyo parlamentario que recibiría el PP complicaba aún más la posibilidad de que volviera a presentarse, ya por séptima vez, a la presidencia de la Generalitat.

¿Unas leyes electorales obsoletas?

Las elecciones que dieron paso a aquella legislatura tuvieron un resultado electoral que conviene recordar. CiU —y, por lo tanto, Pujol— ganó en escaños (60) al PSC —y, por lo tanto, a Maragall—. Pero este ganó en votos: 1.183.299 para los socialistas y 1.178.420 para nuestra coalición. Como es sabido, Cataluña no tiene ley electoral propia, y en todos estos años no hemos sido capaces de hacer nada al respecto. A la hora de reclamar soberanía, llenamos las calles y derrumbamos muros ficticios, pero a la hora de ejercerla, y de hacerlo en una cuestión tan fundamental para un país como es el sistema electoral, los intereses partidistas se erigen en un muro indestructible. La distribución de escaños en las circunscripciones de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona se determina por las previsiones estatutarias que premian a las localidades menos pobladas. Siempre se ha justificado este hecho por la necesidad de mantener cierto equilibrio territorial y no dejar sin voz a la Cataluña que se extiende más allá del área metropolitana. Así he defendido que se haga en el pasado, y continúo pensando que en el futuro debe mantenerse una fórmula que corrija el desequilibrio. Sin embargo, también he afirmado siempre que lo que de verdad exige una ley electoral diferente no es tanto si debe premiarse más o menos a Lleida, Tarragona o Girona, sino sustituir el actual sistema de listas cerradas, que favorece la partidocracia, por otro que, sin dejar de tener en cuenta las ventajas de la estructura de partidos, conceda más libertad y autonomía al diputado o a la diputada a la hora de ejercer su mandato en el poder legislativo.

Es decir, por ejemplo, para defender el Ebro o la inversión en infraestructuras en aquellas comarcas es mucho más importante que el acta de un parlamentario o de una parlamentaria de las Terres de l’Ebre esté más condicionada a su sintonía con las necesidades de sus electores que con las de su partido. En el sistema actual, la persona que aspira a ser elegida figura en una lista cerrada y ordenada por la dirección de su partido (cuanta menos democracia hay en una formación política, menos personas deciden la composición de las listas electorales). De manera que el candidato tiene mucho más interés en dedicar su tiempo a quedar bien con sus jefes de partido que con sus electores. Así pues, no puede extrañarnos que estos se hayan alejado de sus representantes. Además, cualquier comportamiento reprobatorio de alguno de esos representantes se generaliza al gremio político, es decir, a lo que la nueva política bautizó como casta (permitidme señalar que tengo la impresión de que todo lo que era novedoso hace cuatro años ya es tan viejo como lo que había, y que la casta no ha hecho más que ampliarse). Por lo tanto, me parece más importante que Lleida tenga doce personas que la representen en el Parlament y que, en un hipotético trasvase de agua del Segre a Barcelona, voten en contra al margen de la disciplina del partido, que tener quince que voten con disciplina lo que les ordene la cúpula, aunque contradiga los intereses del territorio y de la gente que representan.

No es solo un déficit del sistema político catalán, también del conjunto de España. Antes de entrar en la reforma de la Constitución habría que abordar precisamente la necesidad de regenerar el sistema y las conductas políticas. En nuestro entorno democrático no hay un sistema electoral que favorezca tan poco la democracia como el nuestro. De la misma manera que el sistema de elección de los integrantes de los parlamentos es el mismo para el Parlament de Cataluña que para las Cortes Generales, también en el marco español las circunscripciones con menos población están premiadas frente a las que tienen más. Es verdad que cuando se elige el Parlament, un diputado o una diputada por Girona, Lleida o Tarragona no precisa tantos votos como el que se presenta por Barcelona, pero también lo es que quien lo hace por Soria, Teruel o Lugo necesita menos votos para ser elegido que quien lo hace por Madrid o Sevilla. Se ha hecho mucha demagogia de la realidad catalana desde determinados partidos y líderes políticos españoles, porque quieren presentarla como nuestra anomalía y esconden que forma parte de una generalidad aberrante. Esta crítica ha tomado cada vez más cuerpo desde el procés. Puesto que el independentismo aparece con mucha más fuerza entre la población del medio rural, hay quien, sin haberse planteado nunca criticar la prima de la que disfrutan Girona, Tarragona o Lleida, alza la voz contra la actual distribución de escaños catalana. Otro de los efectos colaterales del movimiento independentista es el siguiente: de la misma manera que hay personas que han renunciado al castellano como lengua materna por el proyecto inclusivo «Som sis milions»9, y hoy en día no están dispuestas a seguir haciéndolo, también hay quien antes hacía la vista gorda en el reparto de escaños y ahora lo cuestiona porque considera que hace prevalecer una parte del territorio y de la población que lo excluyen de un proyecto común.

Ganan los socialistas

Aquellas elecciones al Parlament de Cataluña comenzaron con mal pie. Los socialistas las ganaron en número de votos, pero el reparto de escaños, que favorecía a las circunscripciones donde se votaba más a Convergència i Unió, permitió que Jordi Pujol fuera investido nuevamente presidente de la Generalitat. Los socialistas y Maragall se sintieron ganadores morales frente a Pujol y CiU, y tardaron en reconocer la legitimidad de la victoria. Y, sobre todo, confiaron a Pasqual Maragall el reto de acabar de dar la puntilla; no bastaba con ganar en votos, había que hacerlo de manera que la victoria en papeletas electorales se tradujera también en escaños. Este reto condicionó el futuro más de lo que Maragall podía imaginar en aquel momento. El exalcalde de Barcelona —así me lo confesó más de una vez— tenía que llegar a una franja de electores que no confiaban demasiado en el socialismo para gobernar Cataluña. Con un PP que no necesitaba el apoyo de CiU gracias a la mayoría absoluta que José María Aznar consiguió en marzo de 2000 en las elecciones a las Cortes Generales, y con un Gobierno de Pujol y de CiU en la Generalitat que dependía del apoyo del PP, Maragall tuvo muy bien perfilado su objetivo. El pacto para el autogobierno que el exalcalde de Barcelona ofreció a ERC y a IC Verds y el posterior Pacto del Tinell para un «Gobierno catalanista y de izquierdas» que garantizó el primer tripartito en el año 2003 provocaron el efecto «yo más que tú». Si Maragall había propuesto una reforma del Estatuto, Artur Mas, el candidato de CiU sin trayectoria ni credibilidad catalanistas, iba más lejos. De reforma nada: un nuevo Estatuto.

Para llegar a entender esta última reflexión hay que recordar el resultado de las últimas elecciones del presidente Pujol y, sobre todo, el apoyo parlamentario que permitió su investidura. Ya he mencionado la victoria en escaños, que no en votos, de CiU sobre los socialistas. Pero para gobernar no había suficiente con nuestros sesenta escaños: había que buscar un apoyo parlamentario que de entrada garantizase la investidura y, después, la gobernabilidad. No hace falta explicar por qué los cincuenta y seis escaños socialistas no garantizaban una cosa ni la otra. El principal partido de la oposición no era el único que no lo deseaba: Pujol nunca quiso su apoyo. De hecho, solo se dio la sensación de que esto era posible después de su inesperada victoria en las primeras elecciones autonómicas, en mayo de 1980, cuando Reventós, como cabeza de lista socialista, se negó a apoyar a Pujol. Pero la persona destinada a ser presidente de la Generalitat no tenía interés alguno en trabajar con los socialistas. ¿Por qué dar credibilidad catalanista a quien, siendo su principal adversario, quería combatirlo y ponerlo contra las cuerdas acusándolo de sucursalismo?

Hubo un tiempo, además, en el que al presidente Pujol le traía sin cuidado que los socialistas y ciertos sectores mediáticos alabaran el ardanzismo, en referencia al Gobierno de coalición del lendakari Ardanza entre el PNV y los socialistas vascos. El máximo dirigente de Convergència y de Convergència i Unió nunca fue partidario de lo que se llamó sociovergència, en referencia a esta coalición en Cataluña. En cambio, en Unió había sectores muy amplios a favor de ese entendimiento y que estaban convencidos de que era lo que más convenía a la sociedad catalana. Siempre he pensado que, más que una sociovergència, lo que se necesitaba era una sociounió. Al fin y al cabo, la construcción de la unidad europea y del Estado del bienestar social se cimentaban en el entendimiento de las dos formaciones políticas —la democristiana y la socialista— que en Cataluña representaban Unió y el PSC. Sin embargo, Unió no tenía la fuerza suficiente para plantear esa posibilidad al margen de Convergència. Además, estaba demasiado satelizada por Pujol como para saber que sin él no era posible una cosa así.

Cuando Unió voló sola después de la ruptura de Convergència i Unió y los dirigentes más adeptos a Jordi Pujol dejaron el partido, la oportunidad se había perdido. La situación financiera de la organización no lo permitió. Llegamos tarde. Ha sido un partido nuevo, Units per Avançar —que ha recuperado los valores humanistas y democristianos—, el que ha hecho posible el entendimiento electoral con el socialismo. A raíz de esta coalición, me encontré una tarde en Madrid con Josep Borrell y con Cristina Narbona, que iban a cenar al restaurante asiático del hotel Palace. El entendimiento electoral de los socialistas con Units le hacía fruncir el ceño, pero compartí con él un par de reflexiones e inmediatamente quedó convencido. En momentos de división en Europa, como es el caso ahora con Cataluña, socialistas y democristianos fueron capaces de entenderse y de poner los cimientos para construir la Unión Europea. Esas dos mismas fuerzas también fueron las responsables de asentar las bases de la economía social de mercado y de desarrollarla. ¿Por qué no iba a entenderse ahora en Cataluña la relación entre socialistas y democristianos?

Si en la última legislatura del presidente Pujol, por una razón o por otra, el apoyo no podía venir de los socialistas, solo podía hacerlo del PP o de ERC. En aquel recuento electoral, el PP dirigido por Alberto Fernández Díaz había obtenido doce diputados, la misma cantidad que ERC. Por lo tanto, teníamos que obtener el apoyo parlamentario para investir de nuevo a Jordi Pujol y garantizar la gobernabilidad de uno de esos dos partidos. Pere Esteve y yo nos encargamos de las negociaciones. En mi caso, con un mandato muy claro del presidente: «Duran, Pere querrá pactar con ERC, pero tenemos que hacerlo con el PP». Y así fue. Debo decir que yo coincidía con su posición. Personalmente tenía una buena relación con Josep-Lluís Carod-Rovira, que entonces lideraba a los republicanos. En los años anteriores lo habíamos cortejado políticamente, hasta el extremo de crear una comisión mixta de republicanos y de Unió que se reunía de vez en cuando. A los dos partidos nos iba bien esta alianza estratégica, aunque ambas formaciones sabíamos que no generaría grandes acuerdos. Nunca he podido olvidar lo que me transmitieron los dirigentes de Unió que habían vivido la Segunda República y, en particular, Coll i Alentorn. Me lo había dicho muchas veces y, en sus últimos años de vida, cuando ya había perdido la vista y lo visitaba en su piso del paseo de Gràcia de Barcelona, me lo había repetido con insistencia: «No olvide nunca —me trataba de usted, como a todo el mundo— que el principio de Esquerra es no tener principios».

Una vez cerrado el acuerdo con el PP, Jordi Pujol fue investido presidente de la Generalitat de Cataluña con la abstención de ERC, que también habíamos pactado previamente. Estrenaba su sexto mandato. Durante la campaña que lo llevó de nuevo a la presidencia de la Generalitat me dio un protagonismo especial. Pero si lo hizo no fue porque pensara en mí, sino en sus intereses. En el verano de 1998, en una de las entrevistas que La Vanguardia realizaba a dirigentes de partidos políticos durante las vacaciones, Josep Sánchez Llibre había lanzado la propuesta de que Unió tuviera el número dos en las elecciones al Parlament y yo fuera el candidato. Rápidamente, Felip Puig, secretario de organización de CDC y persona vinculada a la familia Pujol, se le arrojó a la yugular. El dirigente de Convergència declaró sin contemplaciones que consideraba que «Duran no aportaría votos a Pujol si fuera de número dos». Eso sí, casi perdonándonos la vida, añadió que «en una nueva muestra de seguridad hacia un partido pequeño que a veces percibe un desequilibrio, CDC está dispuesta a ceder a Unió el número tres de la lista, lugar que iría vinculado a la candidatura a la presidencia del Parlament». Arrastramos la polémica durante algún tiempo, hasta que afirmé con rotundidad que como número tres debía ir nuestro candidato a presidir el Parlament de Cataluña, y que ese no era yo, sino Rigol. Por lo tanto, dejé claro que un servidor ocuparía el octavo puesto, que el pacto reservaba entonces a Unió.

Mi respuesta preocupó enormemente a Pujol. En aquellos años, yo había ganado popularidad y prestigio como dirigente político, y después de Pujol era, sin duda, el activo más importante de la coalición. A pesar de que Felip Puig —que solo defendía los intereses de su partido, que en aquel momento pasaban por situar a Artur Mas en el número dos de la lista— declaró que yo no aportaba votos de número dos, Pujol hizo todo lo posible para que no me separara ni un palmo de él hasta la celebración de las elecciones en el otoño de 1999. Le daba igual que fuera un acto pseudoinstitucional en Madrid, la presentación de un estudio sobre valores en Cataluña o los actos electorales previos a la campaña o durante ella… Me tuvo siempre a su lado por propio interés, casi dejando de lado a Mas. Vamos, que estoy seguro de que durante esos meses nadie habría dicho que yo no era el número dos de la lista o, dicho de otra manera, dudo que hubiera muchas personas —aparte de la parroquia— que supiesen que Mas era el que iba detrás del presidente. Y así fue hasta el mitin de clausura de la campaña electoral en el Miniestadi del Barça celebrado el viernes 15 de octubre.

El abrazo del Miniestadi: el espejismo de la sucesión de Pujol

No recuerdo quién intervino como telonero en aquel mitin final más allá de Pere Esteve, que dio la bienvenida a los asistentes como secretario general de CDC y responsable de aquella campaña. Es posible que no interviniese nadie más. Creo que ni siquiera habló Artur Mas. No he consultado la hemeroteca para disipar mis dudas. Sin embargo, creo que sin lo que ocurrió aquel día yo no habría formado parte del último Gobierno de Pujol un mes y medio después ni, por lo tanto, habría dimitido al cabo de un año y poco. Tampoco se habría producido la reconversión de coalición a federación que se engendró a raíz de mi dimisión.

Vayamos por partes. ¿Qué pasó aquel día? Tanto Pujol como Pere Esteve me pidieron que enfocara la intervención de manera que todo el mundo tuviera la percepción de que estaba despidiendo al presidente. Es decir, que fuera una especie de panegírico, una gran loa a su figura. Deseaban que llegara a los electores, a través de la prensa, la convicción de que era la última vez que se presentaba a unas elecciones y que su obra de gobierno y su dedicación al país merecían ser recompensadas en las urnas. Yo era consciente de que estaban utilizándome, pero no dije nada porque me creía las palabras que iba a pronunciar sobre el personaje, sobre su pasión por el servicio público y su amor a Cataluña. Nadie me preparó el discurso, lo redacté yo solo, como siempre, y a pesar de que como abogado podría haber pronunciado aquel discurso y el opuesto con la misma pasión, no engañaba a nadie. Lo que dije lo sentía profundamente. Sin embargo, no preví lo que ocurriría cuando acabara. El presidente me abrazó como un padre lo haría a un hijo, con emotividad y agradecimiento. Muchísimas personas lo interpretaron como un gesto inequívoco de cara a la sucesión. Recuerdo, entre otras personas, a su secretaria, Carmen Alcoriza, que cuando terminó el acto también me abrazó emocionadísima y me dijo: «Ya tenemos sucesor». Sinceramente, no sé si fui capaz de transmitir el mensaje que quería y debía sobre el presidente Pujol, pero él sí generó la sensación, seguramente sin querer, de que yo era el elegido.

Yo fui uno de los que se lo creyó. Aquel día, y durante un mes y medio, pensé que tal vez sí podía y debía ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Este fue el comentario general en una cena con mi mujer y un puñado de amigos de Unió y sus respectivas parejas. No contaba con ello, no lo quería, y aún menos lo quería mi familia, pero aquella noche tuvimos la impresión de que difícilmente podría escapar de ese destino. Poco tiempo después me quedó claro que los tiros no iban en esa dirección. Creo que el presidente Pujol ha dicho, en sus memorias —que expresamente no he querido leer— o en algún otro momento, que aquel día se equivocó. Vamos, que su gesticulación no fue la correcta. Ignoro qué proporción hubo de convicción y qué de exceso en aquel abrazo interpretado como mi unción como candidato sucesor y nunca sabré la verdad. Siempre he tenido el convencimiento de que la valoración y el afecto políticos del presidente hacia mí se incrementaron con el paso del tiempo. Conmigo podía hablar de política: de la catalana, de la española, de la europea o de la internacional. Me consta que con otras personas no podía hacerlo. He querido quedarme con ese afecto. Mucha gente ha escrito que Pujol me prefería a mí como candidato a presidir la Generalitat. Tampoco lo sabremos nunca. Da igual. Solo en alguna ocasión, sin que yo se lo preguntara, había dicho que, si fusionábamos Unió y Convergència, yo podría ser el candidato. Nunca tuve interés en profundizar en esa alusión. Y nunca habría sacrificado Unió por un teórico interés personal, entre otras razones porque en aquel momento mi aspiración real no era llegar a tan alta magistratura.

Trabajamos a fondo en Gobernación y Relaciones Institucionales… y nos despedimos

Pero, como ya he dicho, el espejismo producido por aquel abrazo en el Miniestadi se disipó enseguida. El 16 de noviembre, Jordi Pujol fue investido por el Parlament y en la Cámara catalana afirmó que su elección había sido «emocionante y gratificante». Emocionado, dio las gracias «al pueblo de Cataluña, al Parlament y a este pueblo, que amo y que tantos honores me ha concedido». Había llegado la hora de formar Gobierno y, con este fin, después de agradecerme las negociaciones con el PP y con ERC, que había dirigido conjuntamente con Pere Esteve, me pidió que le llamara para hablar del tema. Conversamos el 19 de noviembre. El presidente fue al grano: «Duran —Pujol nunca me ha llamado Josep—, después de esta campaña nadie entenderá que no entres en el Gobierno. Tienes que estar. ¿Cómo te ves y dónde?». Y comprendí que no tenía otra opción. Sé que era un honor formar parte del Gobierno de mi país y, aunque no lo deseaba, tenía la obligación de asumirlo. De modo que seguimos hablando para acabar de dar forma al contenido de una conselleria nueva que terminaría siendo la de Gobernación y Relaciones Institucionales. Es decir, en cuanto a Gobernación, todo lo referente a la Función Pública de la Generalitat y a la Administración Local en Relaciones Institucionales; todo lo que significaban las relaciones con el Parlament, con el Estado y con la Comisión Mixta Estado-Generalitat, e incluso con el Ejército y lo que tuviera que ver con las relaciones exteriores.

Fue una experiencia extraordinaria e inolvidable. Intenté reclutar a los mejores (antes del Govern de los mejores de Artur Mas), fueran o no militantes de Unió o de Convergència. Así, junto con personas del partido como Ramon Espadaler y el alcalde de L’Escala Josep Maria Guinart, entre otros, contaba con buenos gestores de Convergència, como lo eran Maria Àngels González, Joaquim Llimona, Àngel Miret o Josep Ramon Morera. Y también con personas independientes como, entre otras, Maria Àngels Barberà, como secretaria general, recomendada por Núria de Gispert —después me enteré de que sus respectivos maridos compartían algún negocio—; Antoni Bayona, director del Instituto de Estudios Autonómicos (lo diré aquí: fue él quien en el mes de septiembre de 2017, como letrado mayor del Parlament de Cataluña, elaboró junto con el secretario general de la institución un informe en el que argumentaba la ilegalidad de la tramitación de las leyes de desconexión aprobadas por el legislativo catalán en los esperpénticos plenos de los días 6 y 7 de septiembre); Antoni Farrés —el mejor alcalde que ha tenido Sabadell—, y Andreu Claret, ambos exmilitantes comunistas del PSUC. Gracias a este equipo alcanzamos acuerdos con todos los sindicatos en el ámbito de la función pública y sobre la distribución de los fondos del Plan Único de Obras y Servicios con las dos organizaciones municipalistas, la AMC, integrada básicamente por Ayuntamientos gobernados por CiU, y la FCM, de la que formaban parte los consistorios gobernados por los socialistas o por Iniciativa per Catalunya. Además pusimos las bases de una ordenación territorial nueva a partir del Informe Roca, pactada con todos los partidos, si bien, como ya sabéis todos, Convergència la derribó después. Las relaciones con el Parlament fueron inmejorables con la inestimable ayuda de su presidente, Joan Rigol, el mejor que ha habido. En lo que respecta al ámbito exterior, lideramos la constitución de las regiones con capacidad legislativa y disfrutamos de una relación fluida con la Presidencia y los comisarios de la Comisión Europea. En la zona mediterránea, reconvertimos el Instituto Catalán del Mediterráneo en el Instituto Europeo del Mediterráneo, que se convirtió en el faro de la política española en esa zona gracias al consorcio que establecimos con el Ministerio de Asuntos Exteriores español y el Ayuntamiento de Barcelona. ¡Y podría seguir enumerando los éxitos de gestión y políticos que logramos gracias a un equipo extraordinario!

Me despedí de todos el 5 de febrero de 2001. Sabía que presentaría mi dimisión desde mediados de diciembre. Una noche, mientras estaba en el Salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, donde hacía de anfitrión de una coral rusa —el cónsul ruso en Barcelona nos había solicitado que sus compatriotas cantaran allí—, recibí el recado de que pasara por el despacho del presidente al acabar el recital. Cuando finalmente hablé con Pujol, este me dijo que tenía la intención de designar a Artur Mas conseller en cap de la Generalitat. El periódico El País había publicado unos días antes que el presidente Pujol tenía la intención de realizar ese nombramiento de manera inminente. La conversación fue muy breve y no hubo escenas de dolor, y la respuesta que le di fue rápida: el día que lo hagas, tendrás mi dimisión como conseller. A él no le sorprendió mi respuesta ni a mí su apuesta por Mas. Y no fue porque El País, como acabo de recordar, la hubiera anunciado; desde el día que había entrado en el Govern sabía que la decisión estaba tomada y que era una cuestión de tiempo.

Insisto: lo supe mientras negociaba el contenido de mi entrada en el Govern. Y digo negociar porque fue una verdadera negociación. La semana del 22 al 28 de noviembre de 1999 me recordó lo que los seguidores de Miquel Roca decían los días previos a la crisis de CDC, la que acabó con Pujol y con Roca enfrentados: «El problema de Pujol es después de dormir en casa…». Yo lo sufrí aquellos días. Llegaba a un acuerdo con el presidente sobre las competencias de la conselleria y al día siguiente recibía su llamada y me decía: «Duran, si tú asumes el Gabinete Jurídico central, tienes que ayudarme y entender que Mas asuma…». ¿Con quién hablaba? ¿Con su hijo Oriol y el equipo talibán que rodeaba a Artur Mas? No lo sé, pero imagino que todos, en conjunto, debían presionarle.

El 27 de noviembre le dije al presidente que hasta allí habíamos llegado y que, en vista de lo que había sucedido durante la semana, no tenía sentido que yo entrara en el Gobierno. El presidente movilizó al conseller de Presidencia, Xavier Trias, y este llamó por teléfono a Núria de Gispert para que hablara conmigo y me convenciera de que no podía quedarme al margen. Además, en aquellos días, la prensa ya daba por hecho que entraría en el Gobierno, así que el problema político podía amplificarse. ¡Y me dejé convencer por Núria! Ahora bien, le dije que escribiría una carta al presidente Pujol para dejar constancia de por qué finalmente aceptaba entrar en el Govern. No sé si se lo creyeron o no, pero estoy convencido de que les daba igual. Lo único que querían era tenerme lo más controlado posible. El 29 de noviembre, antes de jurar mi cargo, entregué a Xavier Trias la carta dirigida a Pujol que había redactado el día anterior, en la que le decía que solo el sentido de la responsabilidad me obligaba a tomar posesión del cargo, ya que nadie entendería que no lo hiciera. El espejismo del Miniestadi desapareció. Durante unas semanas había creído que podía llegar a ser presidente de la Generalitat. Pero Pujol se inclinó por Mas y yo lo asumí con absoluta serenidad. Sin embargo, esta serenidad no evitó que me llevara un disgusto. Me supo mal la manera como Pujol me había utilizado. Aquel 29 de noviembre, lo único que ignoraba era la fecha exacta de mi salida del Govern. No obstante, estaba decidido a que, cuando lo abandonara, aprovecharía todo mi capital político para provocar una transformación en Convergència i Unió que diera más peso a Unió. ¡Y así ocurrió! Conseguido mi objetivo, trabajé como el que más para que Mas fuera presidente, y finalmente lo fue. Ni él ni nadie podrá reprocharme nunca que no aporté todo lo que tenía y más, como si Mas fuera mi candidato. Lo que jamás habría imaginado es que aquella persona una pizca distante, con poca madera de político, que nunca se había caracterizado por sus salidas de tono independentistas, llegaría a ser el líder del independentismo que pondría al país contra las cuerdas.

Mi dimisión, ninguna sorpresa

El 17 de enero de 2001, Artur Mas fue designado conseller en cap. Asistí a su toma de posesión con cierta incomodidad y, sobre todo, con una corbata bien llamativa para que los ojos se fijaran más en ella que en mí. Había llegado el momento de la dimisión. Con tranquilidad, repasé la agenda para saber qué compromisos tenía como conseller y, en función de estos, tomar la decisión. Cuanto antes lo hiciera, mejor, pero tenía un viaje a Bulgaria con empresarios que ya había aplazado una vez. Además, estaba previsto que el presidente de la república búlgara me impusiera personalmente la Cruz de Caballero de Madara. Llamé al embajador español en Sofía, el añorado Josep Coderch —uno de los hombres del presidente Adolfo Suárez en la cocina de la Moncloa—, y me confesé con él. Le expliqué que quería dimitir y que pensaba cancelar el viaje a Bulgaria. Coderch me pidió con insistencia que lo hiciera después de mi visita oficial. Finalmente acordamos que iría, pero él informaría discretamente de la inminencia de mi dimisión al presidente Petar Stoyanov. Y me consta que lo hizo, ya que el mandatario búlgaro (su partido pertenecía a la Internacional Demócrata Cristiana) me deseó suerte en mi nueva etapa.

El 2 de febrero volví de Bulgaria. Durante el fin de semana tenía que resolver mi sustitución de manera que el lunes, cuando plantease mi dimisión al presidente Pujol, no se abriera una crisis de gobierno que no pudiera resolverse en cinco minutos. Otra cosa era la crisis de la coalición, que era inevitable. Tenía claro que mi sustituto en la conselleria tenía que ser Núria de Gispert. Era la persona que tenía más experiencia de gobierno y estaba convencido de que el presidente Pujol no pondría objeción alguna. Hablé con ella y, después de que aceptara reemplazarme, pensamos entre los dos quién podría sustituirla a ella al frente de la conselleria de Justicia. Compartimos la reflexión con Agustí Bassols, debido a su experiencia y a sus conocimientos del mundo jurídico catalán. Finalmente opté, con el acuerdo de mis dos compañeros, por Josep Delfí Guàrdia i Canela, un jurista prestigioso que había sido mi profesor en Lleida. En los últimos veinte años nos habíamos visto en diversas ocasiones y solíamos encontrarnos en el campo del Barça porque teníamos asientos muy próximos. Además de su preparación técnica y de su potencial en el ámbito de la doctrina, sabía que era catalanista, moderado y una persona excelente. Pero no pertenecía a Unió; tampoco militaba en ninguna otra fuerza política. Durante aquel largo fin de semana, lógicamente, tuve que hablar en más profundidad con él para convencerlo de que aceptase mi propuesta.

Guàrdia i Canela es oriundo de Balaguer. Le tuve un gran aprecio durante mis años de estudios de Derecho. Pertenezco a la segunda promoción de Derecho de Lleida, la del año 1974, y aunque comenzamos la carrera una treintena de alumnos, en la orla final de la carrera estamos dieciocho. Como éramos pocos, se estableció un vínculo estrecho con los profesores. Recuerdo con afecto al profesor de Derecho Romano, Ricardo Panero; al de Mercantil, Eduald Melendes; al de Político, Francesc de Carreras, y al de Internacional, Gregorio Garzón —con quien mantuve contacto y comunicación durante los primeros años del procés y compartí posiciones de la comunidad internacional sobre el derecho a la autodeterminación.

Una vez que convencí a mi exprofesor Guàrdia i Canela para que asumiera la conselleria de Justicia, el domingo convoqué la reunión ejecutiva del partido y solicité al presidente Pujol vernos a primera hora. Me dijo que fuera a las nueve y media de la mañana. Comencé a compartir mi decisión con personas del comité de gobierno de Unió, si bien procuré hacerlo de manera discreta; quería que el presidente conociera la decisión por mi boca. Por lo tanto, estábamos al tanto el nuevo conseller Guàrdia i Canela, Núria de Gispert, Bassols y tres o cuatro personas más de la dirección. Ninguno de ellos filtró la información. A Bulgaria me acompañaron periodistas de El Periódico de Cataluña y de El País, y en ningún momento percibieron nada que les indicara que estaba dispuesto a dimitir al cabo de pocas horas. Menos aún lo hicieron los empresarios que viajaban conmigo, entre los cuales se encontraba un amigo de Jordi Pujol, militante de Convergència, exalcalde de Calella y director general de Turismo de la Generalitat, Ramon Bagó. Así que el día 5 presenté mi dimisión como conseller de Gobernación y Relaciones Institucionales al presidente de la Generalitat. En pocos minutos, y de una manera distendida, le propuse que me sustituyera Núria de Gispert y que a esta, a su vez, la sucediera Guàrdia i Canela. Ni se inmutó. Tampoco dedicó un segundo a intentar convencerme para que reflexionara sobre mi decisión. Era previsible: por una parte, sabía que lo haría y, por lo tanto, no le cogía de nuevas; y por la otra, la verdad es que le venía bien. Artur Mas también fue bastante sincero cuando declaró públicamente que no le sorprendía mi decisión. Después de ver al presidente comuniqué mi dimisión al órgano de dirección de Unió, a continuación lo hice al de la conselleria y, finalmente, rodeado por todos sus altos cargos —les agradezco que me acompañaran—, informé a los medios de comunicación en una rueda de prensa convocada aquella misma mañana. Se había acabado una etapa corta y muy intensa… Pero comenzaba otra.

Hubo quien dijo que me había equivocado al presentar mi dimisión. Imagino que entre todas las personas que se manifestaron en ese sentido había quien lo creía sinceramente y quien lo hacía solo para criticar. Acepté las opiniones críticas, pero estaba convencido de que había hecho lo que tenía que hacer y que sería positivo para Unió. Mi dimisión obligó a renegociar el marco de entendimiento con Convergència; Pujol y Mas, sobre todo este último, no podían permitirse el lujo de que Unió exteriorizarse malestar. No se lo había podido permitir en el pasado un líder potente y consolidado como Pujol, así que menos podía hacerlo Mas en aquel contexto. En un par de meses, una comisión integrada por tres personas de cada partido elaboró las bases de una refundación de Convergència i Unió, con un nuevo reparto de poder que favorecía a Unió y reequilibraba la situación de los primeros veinte años de coalición. Pasaba a constituirse como federación, con una ejecutiva paritaria (CDC-Unió) de la que Jordi Pujol sería presidente, y yo, secretario general. Se repitió el guion de la negociación de mi entrada en el Gobierno: el entorno de Pujol intentó evitar que yo ocupara la secretaría general y que, en cambio, Mas y yo fuéramos vicepresidentes de la federación. Pero en este caso, Jordi Pujol impuso su criterio. Al mismo tiempo, Unió ganaba peso en las listas electorales y se aseguraba uno de los tres cargos públicos a los que podía aspirar la federación. Quedaba establecido implícitamente que la candidatura a la presidencia sería para Convergència, y en particular para Artur Mas, y la candidatura a la alcaldía de Barcelona o el liderazgo de la federación en la política española recaería en Unió, y en mí.

A mediados del mes de abril —solo habían pasado unos dos meses de mi dimisión—, proyectamos una imagen que no se había visto antes ni se ha repetido después, una imagen de unidad de la coalición que transitaba hacia la federación: una comida en la que estábamos presentes Pujol, Mas y yo. Yo reservé la mesa en el restaurante Suquet de l’Almirall de la Barceloneta. Después de comer, los tres fuimos al Parlament, donde se celebraba la sesión de control. Ni el uno ni el otro creyeron nunca conveniente organizar un encuentro con nuestras esposas para generar un mayor vínculo personal. Pues bien, a finales de año, la federación comenzó a rodar como tal y fueron concretándose, con nombres y apellidos, los liderazgos que, como he explicado, estaban pactados tácitamente. Teníamos mucho trabajo por delante.

El referéndum para ratificar el Tratado de la Unión Europea

Artur Mas era, desde el XI Congreso de Convergència Democràtica de Catalunya del año 2000, su secretario general. Con Cataluña gobernada por el primer tripartito, presidido por el exalcalde de la ciudad de Barcelona, y España, por Rodríguez Zapatero, este tuvo la ocurrencia de convocar un referéndum para ratificar el Tratado de la Unión Europea que Aznar había bloqueado con Polonia. Califico de ocurrencia la iniciativa del presidente español porque no era obligatorio convocarlo y, por el contrario, sí era una temeridad política. La Unión Europea no despertaba, ni despierta, pasiones, y convocar a la ciudadanía para que se pronunciara sobre un tema tan poco apasionante podía conllevar algún disgusto. Mitterrand había convocado un referéndum sobre el Tratado de Maastricht en el año 1993 y estuvo a punto de perderlo: 51,04 por ciento a favor del sí y 48,96 del no. Lo peor de todo es que aquel referéndum dividió a la sociedad francesa por la mitad. Es el riesgo que tienen los referéndums.

En su ensayo Hacer Europa y no la guerra, mi amigo Enrico Letta deja claro, y yo lo comparto, que el referéndum no es la panacea de la democracia y puede ser un instrumento de la demagogia. Es cierto que tiene el mérito de ser rápido, sencillo y espectacular —dice Letta—, pero se pregunta sobre su capacidad de aportar eficacia y equilibrio al proceso de decisión. Por otro lado, considera —y también estoy de acuerdo en ello— que el referéndum no significa necesariamente que se respeta al pueblo, ya que en muchas ocasiones tiene la intención de manipularlo. Existen ejemplos de este interés, y el del Brexit es el más descarado y reciente. El problema que tenemos es que, en la medida en que la simplificación se ha apoderado del debate político y las nuevas fuentes de información social a través de las redes tienden a dar respuestas cortas y binarias a problemas complejísimos, se ha abonado el terreno para que parezca que el referéndum es el recurso natural y definitivo de cualquier decisión democrática. Se infravalora así la capacidad de manipulación de este instrumento y la compleja administración de los resultados que dan como ganadora, por los pelos, una opción frente a otra. De hecho, acostumbra a suceder que un referéndum deja un país más dividido de lo que estaba. La Convergència liderada por Mas hizo algo parecido para decidir la posición que tenía que tomar su partido ante aquel referéndum. Era la primera vez que Zapatero y Mas mantenían una actitud política similar, aunque no sería la última. A Mas no le salió tan bien la jugada como al presidente del Gobierno español. El congreso de CDC decidió votar no al referéndum convocado por Zapatero, otra temeridad por parte de un partido europeísta. El actual conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puigneró i Ferrer, se erigió en el héroe de aquel decimocuarto congreso extraordinario del partido que había fundado un europeísta de pro como es Jordi Pujol i Soley. Quien actualmente es el responsable de las políticas digitales del Gobierno catalán enarboló y defendió hasta las últimas consecuencias las tesis contrarias a dar el visto bueno al Tratado de la Unión Europea. Con ese recuerdo presente mientras escribo estas líneas (23 de septiembre de 2018), no puedo evitar que me arranque una sonrisa el titular de la entrevista al ahora conseller que publica el periódico El Punt Avui: «Europa le ha visto el plumero a España». En aquel congreso, en el partido socio de Unió comenzaban a coger mucha fuerza las posiciones más soberanistas.

En Unió pasaba algo parecido con los jóvenes liderados por Toni Castellà. La reivindicación del Estado propio empezaba a introducirse en las ponencias de los congresos y, para preservar la unidad, se incorporaba al bagaje doctrinal aunque algunos lo consideraban pura retórica. Una retórica, sin embargo, que cogió fuerza a medida que pasaba el tiempo, hasta llevarnos a la declaración unilateral de independencia. Cuando ahora doy vueltas a mis errores, llego a la conclusión de que demostraba mi inconsistencia política al dejarme arrastrar por esas posiciones. Artur Mas no ha sido el único inconsistente, ¡yo también! Una ligereza excesiva de la que me siento corresponsable y de la que el país ha acabado sufriendo las consecuencias.

Por otro lado, en aquel congreso extraordinario, las razones por las que Convergència rechazó formalmente votar a favor del Tratado de la Unión Europea pasaban, en términos generales, por la reivindicación de que el catalán fuera lengua oficial de uso habitual en las instituciones europeas, por que el Govern de la Generalitat tuviera una presencia directa en los consejos de la UE, y por una relación bilateral Cataluña-UE. Era obvio que si CDC hubiera mantenido esta postura, se habría adelantado ocho años el cambio de agujas para pasar de la vía del catalanismo político tradicional a la del independentismo que Mas comenzó a activar después de la manifestación del 11 de septiembre de 2012. Y obviamente se habría adelantado once años la ruptura de Convergència i Unió, porque Unió no podía aceptar una posición en contra de aquel significativo paso en la profundización del proyecto europeo. Tal vez nos habría ido mejor a todos. ¡A Unió seguro! El Tratado de la Unión Europea fue refrendado el 20 de febrero de 2005 con una participación muy baja, del 42,32 por ciento, con un 76,73 por ciento de los votos a favor y el 17,24 por ciento en contra. En Cataluña, los noes alcanzaron el 28,07 por ciento. Tanto en Galicia como en el País Vasco y en nuestra tierra, el no logró un porcentaje muy superior a la media estatal. El PNV defendió el sí, lo mismo que acabó haciendo CiU a pesar de la decisión tomada en el congreso convergente. La tercera formación política integrante de Galeusca defendió el voto negativo con argumentos similares a los de Izquierda Unida. Una vez más pensaba, y lo declaraba públicamente, que no sabía qué carajo hacíamos nosotros con BNG, un partido muy respetable, pero que defendía un modelo de sociedad diferente al nuestro en los ámbitos de la educación, la sanidad, la economía…

Para que Convergència pasara del no del mes de julio de 2004 al sí de febrero de 2005 hubo que dar unos pasos en los que yo, como presidente del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados, lógicamente tuve que implicarme. Días después del congreso convergente y antes de irme de vacaciones a Aiguablava, Pujol me explicó su postura ante lo que consideraba un error de su partido y la necesidad de repararlo. «Necesitaré que me ayudes, Duran», me dijo, y después de que yo le contestara «a tu disposición», propuso que nos viéramos los tres —él, Mas y yo— en el despacho que como expresidente tenía en el paseo de Gràcia. Y allí nos reunimos el 18 de agosto a primera hora de la tarde, antes de la clásica visita a la fiesta mayor del barrio de Gràcia.

En mi opinón, el hecho más relevante de aquel congreso no fue tanto que la militancia se rebotara y decidiera votar no al Tratado de la Unión Europea, sino que los líderes del partido aceptaran la decisión sin más. El europeísmo siempre ha sido uno de los fundamentos de mi posicionamiento político. El humanismo está detrás del proyecto de construcción europea que nace con la clara voluntad de evitar la pérdida de más vidas humanas en estériles confrontaciones. La economía que aparece en 1957 con el Tratado de la CEE es un instrumento al servicio del proyecto de paz que implican los primeros tratados de la Unión: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y la Euratom de 1951. Jamás podré prescindir de este cimiento en mi particular edificio ideológico. Por eso no entendí que Jordi Pujol y Artur Mas no plantasen cara durante el Congreso a esa decisión de su partido —sobre todo el segundo, que, a pesar de que Pasqual Maragall ya había ganado las elecciones, aún tenía la necesidad de consolidar su liderazgo en Convergència i Unió, y especialmente de cara a la sociedad catalana—. Su actitud me confirmaba que estábamos ante un dirigente con muchas cualidades y buena persona, pero con muy poco poso político; y un dirigente político debería haber tomado una decisión muy clara ante a aquella situación. En el discurso de clausura se tendría que haber dicho y hecho algo parecido a lo que dijo e hizo Felipe González en el XXVIII Congreso del PSOE cuando el partido socialista se negó a renunciar al marxismo, es decir, dimitir. En septiembre de ese mismo año, en un congreso extraordinario, González reforzó su liderazgo con la reelección y la renuncia del PSOE al marxismo.

Lo había percibido durante la precampaña y la campaña de 2003, y su pasividad ante el anuncio del voto negativo al Tratado de la Unión Europea me lo ratificó, pero aquella tarde del 18 de agosto en el despacho del presidente Pujol, mi escepticismo sobre la calidad política de nuestro candidato recibió un aval importantísimo. Por lo tanto, no me sorprendió lo que vi en la campaña de 2006 ni nada de lo que pasó con el Estatuto o con el viraje del catalanismo al independentismo. Reunidos con Mas, el presidente Pujol realizó un análisis de la situación originada por la decisión del congreso de su partido sobre el referéndum y llegó a una conclusión clara: CDC no podía votar en contra y, por lo tanto, dejaba en el aire la pregunta sobre qué se debía o podía hacer. Mas respondió primero: «Decirle al Gobierno español que defienda en el seno de la UE que, si no acepta el catalán como lengua oficial, España vetará el ingreso de Bulgaria y de Rumanía». El presidente Pujol y yo nos miramos a los ojos durante unos segundos. Llegué a la conclusión de que, si no hubiera sido por Pujol, Convergència habría votado no al tratado que implicaba que la Unión tuviera su primera constitución, como ERC.

El presidente rompió el silencio con un «hombre, eso quizá no». A partir de ahí, llegamos a la conclusión de que lo único que podía hacerse era pedir al Gobierno que hiciera algunos gestos e introdujera algún cambio, por pequeño que fuera, en relación al uso del catalán. En septiembre iría a hablar con Moratinos y después con Zapatero para intentar coordinar los discursos en sede parlamentaria y también fuera de las cámaras que facilitasen el cambio de voto de CDC. De hecho, con el apoyo de un activo e incisivo Jordi Xuclà —diputado de Convergència por Girona y portavoz de nuestro grupo en la comisión de Asuntos Exteriores—, solo conseguimos compromisos del Gobierno paralelos a la Constitución Europea, ratificada en aquel tratado refrendado, para defender una mayor presencia del catalán y de mecanismos de participación de las comunidades autónomas, y por tanto de Cataluña, en la UE. No obtuvimos mucho más porque era imposible hacer más. Pero como se trataba de amplificarlo todo lo que pudiésemos para justificar y dar credibilidad al giro convergente, en el debate de la ley orgánica que autorizaba la ratificación del tratado firmado en Roma el 29 de octubre de 2004 por el cual se establecía una constitución para Europa, agradecí tanto a Zapatero como a Moratinos su ayuda para hacer que CDC transitara del no al sí.

La campaña de las elecciones al Parlament de 2006 fueron, a mi entender, la sublimación de los déficits políticos de nuestro candidato. Pero era mi candidato y, sobre esta cuestión, apenas afloraron observaciones por mi parte o por la de Unió. Miquel Roca y Jordi Pujol tienen más derecho a quejarse de mis declaraciones y posiciones o de las de Unió que Artur Mas. Cuando este asumió el liderazgo de CiU y la candidatura a la presidencia de la Generalitat, era evidente que yo no podría liderar el catalanismo posterior al pujolismo. Este era mi fracaso. En la rueda de prensa del 6 de septiembre del año 2000 dejé claro lo que quería: «Mi absoluta disposición a liderar el proyecto del catalanismo político para los próximos años en Cataluña». También dejé bastante claro que solo contemplaba este objetivo como CiU y no como Unió. Pere Esteve tenía razón cuando sostenía la tesis de que el partido pequeño no podía liderar la coalición. El error fue no tener el valor suficiente para liderar la ruptura, que llegó quince años después con consecuencias nefastas para Unió y para el país… y también para Convergència. Pero de eso ya he hablado. Tal vez deba añadir que es posible que hubiera un cierto síndrome de Estocolmo. Unió tenía secuestrada su capacidad de acción por Convergència. Y muchos militantes o dirigentes de este partido pensaban que era Unió el que secuestraba la acción de Convergència. Quizá también veneramos en exceso el axioma de que el país se hundiría sin Convergència i Unió y sin Pujol. Lo repetíamos tanto que estábamos convencidos. Ahora, visto lo visto, teníamos una pizca de razón. Sin embargo, ¿habríamos condicionado un futuro diferente al actual si, cuando Pujol dejó de ser presidente, Unió hubiera votado en solitario o promovido otros proyectos dentro del catalanismo? No lo sabremos nunca.

Mas: un liderazgo cuestionado

Después del primer tripartito teníamos todo el viento a favor para que Mas ganara y gobernara la Generalitat, pero no he visto una campaña ni un liderazgo peor llevados. La gente era consciente de que el primer tripartito había sido un desmadre y que ERC en particular había demostrado escasa aptitud para la acción de gobierno. Los socialistas, obviamente, no tenían este déficit, pues acumulaban mucha experiencia de gobierno en las grandes ciudades de Cataluña; tampoco los herederos del comunismo travestidos de ecologistas. A ello se sumaba que Pasqual Maragall iba a ser sustituido por José Montilla, y nadie cuestionaba la diferencia a favor del primero en cuanto a liderazgo carismático y empático.

El día que proclamamos de nuevo candidato a Mas, el último domingo de septiembre de aquel año 2006 en el Pabellón de la Mar Bella, se descolgó, sin que Pujol ni yo supiésemos nada, con el compromiso de firmar ante notario sus promesas electorales —entre las que estaba la de no pactar con el PP— y enviarlas a todos los votantes. Fue la campaña en la que difundimos un vídeo —en mi opinión, impresentable— sobre el gobierno del tripartito. Es la misma campaña en la que su jefe, David Madí, iba diciendo por ahí que había pactado en la Moncloa con el presidente Zapatero que los socialistas votarían a Mas si eran los más votados… ¡Pactar en Madrid el futuro de Cataluña! Qué disparate. A Montilla le faltó tiempo al día siguiente de perder en escaños y en votos para rechazar la posibilidad de votar a Mas. Por mucho que Chaves, Rubalcaba y yo intentamos hacerle cambiar de opinión, Zapatero se lavó las manos desde Uruguay, donde asistía a una reunión de la Internacional Socialista. Habíamos hecho enfadar a todo el mundo. ¡Cómo íbamos a impedir el segundo tripartito, ahora bautizado como Entesa Nacional pel Progrés!

El primero de diciembre de aquel mismo año yo estaba en Ciudad de México con motivo de la toma de posesión como presidente de mi buen amigo Felipe Calderón. Volé con el príncipe Felipe, con quien también asistí a la Feria del Libro de Guadalajara. Fue un viaje muy interesante. La Moncloa me incluyó en la delegación oficial con el príncipe, pero no para la toma de posesión del presidente Calderón, a la cual acudí a título personal, sino para el resto de los actos. Era evidente que el Gobierno de Zapatero estaba interesado en ganarse el apoyo de CiU, pues nosotros habíamos especulado con que no tenía sentido dárselo después de la reedición del tripartito; por eso me trataban bien. En todo caso, en aquella primera legislatura de Zapatero los socialistas nunca tuvieron el apoyo de CiU para aprobar los presupuestos, y sí de ERC y de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds. Pese a que no los votábamos, siempre conseguíamos aprobar unas decenas de enmiendas para inversiones, básicamente municipales. En aquel viaje conversé durante mucho tiempo con el que es hoy el rey Felipe VI y confieso haber quedado impresionado por su preparación. También asistí a un par de almuerzos interesantísimos. Uno de ellos, en Guadalajara, compartiendo conversación con el premio Nobel de literatura José Saramago y su esposa, Pilar del Río. El otro, en la embajada española en Ciudad de México, con diversos intelectuales mexicanos y con el expresidente Felipe González. Recuerdo que precisamente en esa comida tuve el placer de conversar con otro escritor, figura relevante de la literatura latinoamericana, Carlos Fuentes. A la hora del café, acompañado de un buen tequila, los mexicanos se interesaron por lo que pasaba en Cataluña después de las elecciones del primero de noviembre. Les expliqué por qué, a pesar de nuestra victoria, no pudimos gobernar. Felipe González, hábil como siempre, dijo una cosa que no he olvidado nunca: «Si Mas se hubiera hecho el muertito, ahora ya sería presidente». González venía a decir, con razón y abundando en mis argumentos, que habríamos ganado aquellas elecciones si no hubiéramos sobreactuado tanto e irritado a tanta gente; solo quedándonos quietos, esperando panza arriba, la victoria habría sido nuestra. Mas debería haberse negado a llevar a cabo muchas de sus acciones de campaña, que proponía Madí. David Madí en el ámbito táctico, y Francesc Homs i Molist (no Francesc Homs i Ferret, también exconseller y militante de Convergència, pero de capacidad y actitudes muy diferentes) en el ámbito estratégico e ideológico, han sido, en mi opinión, los peores asesores que ha podido tener Mas. A Madí aún se le pueden aceptar una buena parte de las propuestas que hacía, pero a Homs i Molist nunca le he encontrado la parte positiva, que seguro que la tiene. Durante el debate del Estatuto, Homs i Molist conoció y trató a la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría. Cuando esta fue vicepresidenta del Gobierno, se llegó a escribir que me sentía celoso, políticamente hablando, de la relación que Homs pudiera tener con ella. La verdad: me considero celoso, pero no hasta ese extremo. Si en aquellos momentos le hubieran preguntado a la vicepresidenta qué pensaba del conseller de Presidencia Francesc Homs, se entendería mejor que aquella relación nunca me robó el sueño.

Si, en mi opinión, Artur Mas fue víctima de su dependencia de este par de personajes, Pasqual Maragall lo fue de su propia estrategia cuando, a pesar de haber ganado en votos, perdió la presidencia de la Generalitat frente a Jordi Pujol en el año 1999. Ambos tienen mucho que ver en lo que posteriormente nos metería en el callejón sin salida de la apuesta independentista. La personalidad y la calidad políticas de Maragall no permiten endosar sus errores a terceras personas. En el otoño de 2001, cuando yo ya había dejado el Gobierno de la Generalitat presidido por Jordi Pujol, el exalcalde de Barcelona propuso por carta a Jordi Pujol crear un frente contrario al PP. Unos días después, en el Parlament de Cataluña, tenía que sustanciarse una moción de censura contra el presidente de la Generalitat presentada por los socialistas. La carta proponía hacer un frente común para rechazar la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el PP quería aprobar. Puesto que el PSOE la rechazaba, a Maragall le salía gratis afirmar que lo más importante era poner los intereses de Cataluña por encima de todo. Comenzó a tocar en público la sintonía del pujolismo a sabiendas de que el PSOE no le frustraría la interpretación de la partitura. CiU y Pujol no apoyaron al PP, pero el problema era que dependían de este partido para garantizar la gobernabilidad.

Unos días después, en el Parlament debatimos una moción de censura de Maragall y del PSC contra Jordi Pujol. Nuestros votos y los del PP, con la abstención equidistante de ERC, la rechazaron. Pujol ni se despeinó… ni intervino en el debate. Por parte del Gobierno, Artur Mas, como conseller en cap, replicó a Maragall. En nombre de nuestro grupo parlamentario debía intervenir su portavoz, Ramon Camp, pero después de la primera intervención de Maragall, Pujol me pidió desde el escaño que fuera yo quien contestara en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Con ello, Pujol, que siempre aseguraba el tiro, conseguía que, en el marco solemne del Parlament, no lo defendiera a él, sino a Artur Mas. De hecho, la prensa destacó el hecho de que salí a expresar mi apoyo al Gobierno de Jordi Pujol, pero, especialmente, mi compromiso con nuestro candidato de futuro. Pujol demostró una vez más que era un gran político y, sobre todo, muy hábil.

Solo me he encontrado en una situación similar cuando Carod-Rovira tuvo que comparecer en una comisión permanente del Parlament de Cataluña a principios de 2004 para explicar su reunión secreta con representantes de ETA en Perpiñán. Mi intervención no estaba prevista, ya que tenía que hacerlo Felip Puig, el portavoz del grupo. En un descanso de la sesión coincidí con Artur Mas y me pidió que fuera yo quien replicara a Carod. De hecho, a mí me quedaban pocas semanas para dejar de ser diputado en el Parlament. Había ido como número dos en la lista para dar una imagen de unidad de la federación y de mi compromiso con su candidatura, pero había dejado bastante claro al electorado que cuando se convocasen elecciones a las Cortes iría de cabeza de lista y abandonaría el escaño. Las intervenciones precipitadas e improvisadas frente a Maragall en el debate de la moción de censura y, sobre todo, frente al líder de ERC en la comisión permanente provocaron que mi intervención fuera más dura de lo que seguramente habría sido si la hubiera meditado y preparado con antelación.

Me dolió en especial lo que hice frente a Carod-Rovira, secretario general de ERC y conseller primer del Gobierno de Maragall. Y sé que a él también le supo muy mal. Teníamos una buena relación personal y la dureza de mi intervención era innecesaria. Llegué a disculparme y a reparar más o menos nuestra relación personal, a pesar de que aquella reunión con ETA y, sobre todo, la poca destreza con la que la afrontó el Gobierno del PP con Aznar, Acebes y Zaplana no hicieron más que favorecer la candidatura de Carod a las elecciones a las Cortes, a las que decidió concurrir plebiscitariamente. Todos hemos cometido errores en relación a la fuerza que tiene actualmente el independentismo. El primero de todos lo cometieron Aznar y su Gobierno. Las críticas desaforadas a Carod provocaron el ascenso de este partido y concedieron para siempre a ERC la llave de la gobernación de Cataluña. Después de la cruzada de Aznar contra Carod, ERC pasó de tener un diputado en el Congreso a tener ocho con más de 650.000 votos. Y si antes el discurso del PP producía un rechazo notable en una parte importante de la sociedad catalana, a partir de entonces no ha dejado de provocar una marcada alergia. Cuando Aznar critica a Rajoy con tanta dureza, debería pensar que él fue el primero en engrasar la maquinaria independentista de ERC. Y no solo eso, sino que con el Aznar de la mayoría absoluta se desencadenó el cambio de percepción de una parte de los ciudadanos de Cataluña respecto a España.

Por eso la última legislatura de Pujol marcó tanto el futuro de Cataluña. Pasqual Maragall, que siempre había sido partidario de introducir algún retoque en la Constitución y que nunca había hablado de reformar el Estatuto, tejió un pacto a favor de la mejora del autogobierno, y por lo tanto del Estatuto, con ERC e IC Verds. Con esta estrategia reforzó la vertiente catalanista de su oferta electoral de cara al futuro para intentar superar a CiU no solo en votos, también en escaños. Y si no lo conseguía, al menos ponía las bases para una posible complicidad con ERC, que los republicanos habían tenido hasta entonces con CiU. Sin embargo, las virtudes de su estrategia no terminaban ahí. Maragall invitó a CiU a sumarse al pacto para el autogobierno y a la reforma del Estatuto, a sabiendas de que no podíamos hacerlo por nuestra dependencia parlamentaria del PP. Ahora todo esto suena muy lejano, pero Pujol gobernó hasta 2003 gracias al PP, y Mas también lo hizo con el apoyo del PP hasta el año 2012. En todo caso, la reforma del Estatuto ya estaba en el centro del debate político con Pujol como presidente y Maragall como jefe de la oposición. En realidad, para ser justos, hay que recordar que Joaquim Nadal ya propuso la reforma del Estatuto cuando fue candidato de los socialistas a la presidencia de la Generalitat en el año 1995. La diferencia es que, cuando Nadal la planteó, al PSC no le gustó nada, y en cambio, cuando al cabo de unos años lo hizo Maragall, el partido socialista se abonó a ello. También hay que decir que dirigentes socialistas catalanes de primera línea nunca lo vieron claro. Uno de ellos era quien luego sería presidente de la Generalitat, José Montilla. Y tenía razón.

El relevo de Pujol por Mas puso en escena a un nuevo actor al que nadie identificaba con el nacionalismo más enragé. Y Mas no se conformó con la reforma del Estatuto si esta la proponía Maragall. Alguien debió aconsejarle que subiera el listón: un nuevo estatuto. Esta fue la propuesta que formuló quien ya era nuestro candidato a la presidencia de la Generalitat y que nosotros —quiero decir Unió— conocimos con resignación a través de los medios de comunicación. También nos enteramos del contenido de la propuesta debidamente invitados en la primera fila del Palacio de Congresos de Barcelona. Artur Mas nos había convocado junto a la sociedad civil a la conferencia en la que explicó el contenido de lo que sería el nuevo estatuto. Aún recuerdo la perplejidad que me invadió aquella noche. Mirando a mi alrededor, pensé que no estaba solo, aunque el dicho popular de «mal de muchos, consuelo de tontos» también era aplicable en aquel caso.

El tripartito y el Gobierno de Zapatero

La nueva relación de ERC con los socialistas dio paso a la negociación del primer Gobierno del tripartito, que vio la luz con el Pacto del Tinell el 14 de diciembre de 2003. Antes, ERC había negociado con CiU un posible pacto para que Mas fuera investido presidente de la Generalitat. Lo cierto es que, más que negociar, hicieron ver que negociaban, porque hacía tiempo que en ERC habían tomado la decisión de pactar con Maragall, quien había sembrado oportunamente las semillas de su investidura como presidente. Por otro lado, Artur Mas tampoco era un candidato que despertara pasiones en ERC ni del que Carod-Rovira tuviera un buen concepto. Actualmente, después del giro copernicano del exdirigente de Convergència, es posible que las opiniones sean otras. ¡No lo sé! Hace mucho tiempo que no tengo una conversación con Carod. Pere Macias, secretario adjunto de la federación, y yo llevamos las riendas de la negociación y puede decirse que nos tuvieron mareando la perdiz. El fin de semana previo al anuncio oficial del acuerdo de ERC con los socialistas, Josep Huguet, diputado de Esquerra —que llegó a ser conseller de Innovación, Universidades y Empresa—, declaró en Catalunya Ràdio que los republicanos se inclinaban por pactar con los socialistas. El día anterior, viernes, nos habíamos levantado de la mesa de lo que parecía una negociación encarrilada, solo faltaba acordar cuestiones menores. Vaya, que nos tomaron el pelo.

De aquella negociación guardo dos recuerdos personales muy distintos entre sí. Conocía a Pere Macias y tenía una buena opinión de él, pero aquellos días la mejoraron, y mucho. Y aunque no conocía a Huguet, mi concepto de él no era muy positivo. En el caso del dirigente de ERC, durante aquellas conversaciones llegué a la conclusión de que me había quedado corto en mi apreciación. Aun así, todavía tendría la ocasión de volver a cambiar mi opinión sobre el líder republicano con motivo del ejercicio de sus competencias como conseller. Era difícil hacerlo peor. En cambio, mi concepto de Macias mejoró aún más. Macias es ingeniero de caminos y tiene una cabeza muy bien amueblada, una gran voluntad de servicio, y es una persona amable que procura resolver los problemas y no crear más. Además, el hecho de que me aguantara primero como secretario general de CiU y luego como portavoz en el Congreso dice mucho a su favor. Después de ser diputado colaboró con el Gobierno de Colau en la ciudad de Barcelona en el proyecto del tranvía por la Diagonal, y posteriormente con el Gobierno socialista: el ministro José Luis Ábalos lo fichó para coordinar todo lo relacionado con Cercanías. De los dos asuntos sabe mucho. A pesar de que se murmurara que criticaba a Ramon Espadaler y a Units por ir con el PSC —a las elecciones al Parlament de 2017— y que después él hizo lo mismo, no me siento capaz de juzgar su actitud. En el caso de su incorporación al equipo de Ábalos, intuyo que algo ha tenido que ver su compañero y amigo Jordi Xuclà, coordinador del grupo parlamentario del PDeCAT.

Con Pasqual Maragall investido presidente, el gran debate político giró alrededor del nuevo Estatuto. Ya teníamos en el escenario a dos de sus protagonistas: Maragall y Mas. Faltaba que llegara el tercero: Rodríguez Zapatero, que tardó poco en llegar a la Moncloa. Como ya he explicado, la reacción del Gobierno de Aznar al atentado de Atocha lo facilitó. Antes de llegar al Palacio de la Moncloa, el 13 de noviembre de 2003, en un mitin en otro palacio, en este caso el de Sant Jordi de Barcelona, en apoyo a la campaña de Maragall, Zapatero dijo: «Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán». Nunca lo cumplió, y solo por eso ya merece ser calificado de peligrosamente imprudente. Antes de hacer ese anuncio recitó un verso de Martí i Pol. Si Aznar declaraba a TV3 que hablaba catalán en la intimidad, aunque en esas fechas ya lo debía tener oxidado, Zapatero no podía ser menos: en catalán, con el Palacio de Sant Jordi lleno a reventar y delante de las cámaras de todas las televisiones.

Ahora que ya he conocido más a fondo a quien fue el segundo presidente socialista de la recuperada democracia española, creo que aquella peligrosa imprudencia demostrada con su declaración sobre el Estatuto no fue flor de un día. No sé si Rodríguez Zapatero era un bambi de peluche, calificativo cuya autoría se atribuye a Alfonso Guerra, o de acero, como también dijo Guerra en la presentación de sus memorias, pero lo cierto es que con su sonrisa y su peculiar ceja cometió más de una imprudencia peligrosa. Una cosa es cierta, debo reconocer que me ha tratado de una manera tan exquisita —política y humanamente— que me cuesta decir lo que pienso, porque sería injusto aunque sea verdad. Ahora mismo, mientras escribo estas líneas, está implicado en la cuestión venezolana. Llegados a este punto tengo que decir que me siento muy alejado de sus posiciones: aunque al principio me parecía bien que intentara mediar entre unos y otros, ahora pienso que está haciendo el ridículo, sobre todo de cara a la comunidad iberoamericana.

Con Rodríguez Zapatero compartí un vuelo transatlántico de Madrid a San José de Costa Rica para asistir a la XIV Cumbre Iberoamericana. El Gobierno español invitó a miembros de las comisiones de Exteriores tanto del Congreso como del Senado, y, no sé por qué, a mí me invitaron a formar parte de la delegación oficial. Lo cierto es que Zapatero y su Gobierno siempre me trataron con un respeto y una consideración inmensos, y solo puedo expresar agradecimiento. Hicimos escala en Isla Margarita y la cena dio pie a una conversación larga y distendida. En Costa Rica nos alojamos en hoteles diferentes. El presidente y el rey —que viajó en otro avión— se hospedaban con la prensa en el hotel donde se celebraba la cumbre. El resto nos quedábamos en otro establecimiento. Por la noche se produjo un terremoto que provocó el desalojo del edificio, pero a mí, sumido en un sueño profundo, no me despertaron las sacudidas provocadas por el seísmo. A la vista de lo ocurrido, lo hicieron mucho más tarde que al resto de los huéspedes. Cuando finalmente desperté, oí ruido en la calle y me puse el albornoz del hotel antes de bajar tranquilamente las escaleras. Al llegar a la calle, llena de gente y de cámaras de televisión, me entrevistó un canal brasileño. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo, pero no por la identidad del protagonista (el periodista brasileño todavía no debe saber quién era la persona a la que entrevistaba), sino porque hubiera un dormilón que no se había inmutado durante el terremoto. Lógicamente, algunos periodistas españoles las vieron en la sala de prensa. La leyenda dice que yo iba con un pijama a rayas de seda y una bata, y que, haciendo gala de un british style, me mantenía impasible. Puntualizo: el pijama era normal —eso sí, listado—, la bata era el clásico albornoz blanco de hotel y, más que impasible, estaba adormilado a consecuencia de medio somnífero que me había tomado para descansar. Al día siguiente, el rey Juan Carlos y el presidente Zapatero se sumaron a la coña.

Más allá del debate del Estatuto de Cataluña, los años de gobierno socialista con Rodríguez Zapatero al frente fueron de una gran intensidad. Como no tenían mayoría absoluta, necesitaban recurrir constantemente a la negociación. En la primera legislatura disponían de los votos de ERC, Izquierda Unida e IC Verds, en cierta medida en correspondencia con el tripartito en Cataluña, pero la geometría variable que Zapatero inventó y practicó nos dio mucho margen parlamentario. Hacia la mitad de su primera legislatura, en concreto en el mes de noviembre de 2006, con un nuevo tripartito en Cataluña, Zapatero me pidió que fuera a la Moncloa para hablar distendidamente de la posibilidad de que CiU le apoyara hasta el final de la legislatura. Eran tiempos en los que los dirigentes socialistas españoles expresaban su cansancio por las políticas y, sobre todo, por los gestos del tripartito en Cataluña. Eran los mismos dirigentes que no se cansaban de repetir a quien quisiera escucharlos que lo mejor que podía pasar era que CiU entrara en el Gobierno de España. En aquella reunión con Rodríguez Zapatero, el presidente no verbalizó expresamente esa propuesta, pero sí manifestó tácitamente su deseo. Solo acepté un marco de colaboración flexible, y así llegamos al final de su primera legislatura.

En el día a día de las Cortes era habitual el hecho de que la mayoría de los ministros socialistas se fiaban más de nosotros que de sus socios de izquierdas. Aquellos años fue intensa la relación con Moratinos, Rubalcaba, Solbes, Salgado, Fernández de la Vega, Sebastián, Caamaño, Chaves… La verdad es que no recuerdo ningún episodio del que pueda quejarme por el grado de cumplimiento de lo que habíamos pactado: siempre tenían el airbag de ERC, de IU y de ICV, a quienes podían recurrir para salvar sus propuestas. Con muchos miembros de aquel Gobierno me ha quedado una relación muy afectuosa, y en algunos casos, una buena amistad. En el ámbito de la acción de gobierno de aquellas dos legislaturas, destacaría por encima de los demás cuatro temas que requirieron mayores dosis de acuerdos parlamentarios: la crisis económica que ya pronosticaba en mis intervenciones en el Congreso; el debate del Estatuto de Cataluña; todo lo referente a la memoria histórica, y la lucha antiterrorista. Ya he recordado un poco lo que hace referencia a la memoria histórica y a la lucha contra ETA (sin olvidar que con los atentados de Atocha en España se abre una nueva dimensión de la lucha contra el terror, en este caso el yihadista). Ahora hablaré de la crisis económica y, después, del Estatuto, a sabiendas de que una y otra cuestión han incidido plenamente en la evolución de sectores catalanistas hacia el independentismo y han añadido el populismo como uno de los ingredientes de sus discursos.

La historia nos demuestra que el populismo renace con fuerza después de una crisis económica. El ejemplo más claro e importante, pero no el único, es el de la Gran Depresión de 1929. Con la globalización, esto toma más fuerza aún. Por lo tanto, la crisis económica crea en España y en Cataluña unas condiciones sociales que generan un estado de opinión pública, aprovechado políticamente por Podemos después del movimiento del 15-M y por el independentismo tras la manifestación del 11 de septiembre de 2012.

No obstante, en el caso catalán hay otros factores que confluyen y dan pie al discurso populista del independentismo. No puede entenderse el potencial actual del movimiento independentista sin el Estatuto, sin los errores catalanes en todo el proceso político de su elaboración, sin la actitud del PP, sin el recurso ante el Tribunal Constitucional, sin las frivolidades de una parte de sus miembros y sin la sentencia del alto tribunal. Todo ello potenciado por las consecuencias de la crisis económica y las recetas de austeridad, que, como ocurrió con el populismo en otros rincones de Europa, alimentaron el independentismo. Sin embargo, hay que reconocer que entre Podemos y el independentismo hay un factor diferencial. Podemos nace en la calle, y desde la calle, contra el sistema. El independentismo, más allá de la fuerza que tiene en la calle, coge el impulso final cuando desde las instituciones —es decir, desde el sistema— el presidente Artur Mas es el que sitúa la causa independentista como prioritaria. ¡En realidad, como la única prioridad! Y encima, poco tiempo después, un hombre del sistema deja su futuro y el de su nueva bandera en manos de las CUP, de los antisistema, de los que no quieren un Estado español ni uno catalán. Las CUP son para mí la versión más cercana a lo que encarnó la CNT-FAI en los años treinta. Esta ha sido la decisión más grave e irresponsable que Artur Mas ha tomado. Un gravísimo error histórico de consecuencias incalculables.

La caída de Lehman Brothers en Estados Unidos marca el inicio oficial de la crisis económica que dio paso a una gran recesión que la globalización extendió a todo el mundo desarrollado. En Europa, después de la gran depresión del primer tercio del siglo XX, el entendimiento entre democristianos y socialistas asentó las bases de un exitoso modelo de progreso económico y bienestar social en el que, en palabras de Ralf Dahrendorf, «nunca tantas personas habían tenido tanto». La economía social de mercado permitía fomentar la producción y las Administraciones garantizaban la redistribución. Con la crisis del año 2007, en plena globalización, la producción que no tiene fronteras escapa de la redistribución justa. Por eso, si bien actualmente puede hablarse de recuperación del nivel de actividad en las economías desarrolladas, la crisis ha dejado unos grandes niveles de desigualdad y una legión de trabajadores, a menudo muy jóvenes, en condiciones de una importante precariedad laboral. Hemos pasado del «nunca tantas personas tuvieron tanto» al «nunca tan pocos tuvieron tanto y tantos, tan poco». De todos los países que integran la OCDE, España aparece en el séptimo lugar de la lista de los países donde más ha crecido la desigualdad; también está en la cola de la Unión Europea en esta cuestión. Solo Lituania está por debajo de nosotros. Obviamente, no se puede culpar de la crisis al Gobierno de Rodríguez Zapatero ni a los ejecutivos anteriores. Otra cosa es pensar —y en todo caso, esta es mi opinión— que los Gobiernos que lo precedieron contribuyeron, con sus políticas excesivamente liberales, a poner los cimientos de un consumo y de un endeudamiento privado y público claramente desmesurados. De lo que sí se puede responsabilizar a Zapatero es de haber sido incapaz de detectar a tiempo la intensidad de la crisis y sus consecuencias. Del mismo modo, las recetas de la zona euro propiciaron que los países que la integran tuviesen que sufrir una segunda recesión en el año 2010. La mejor muestra de esta afirmación es que Gran Bretaña, que no forma parte del euro, se libró de ella.

España se comportó como un país rico y no lo era. Las Administraciones públicas gastaron más de lo que tenían y buena parte de la sociedad española siguió las mismas pautas. Entre unos y otros siguieron engordando la deuda pública y la privada, y sería injusto circunscribir este comportamiento al Gobierno de un color político determinado. En la época socialista, la intervención parlamentaria del ministro Solchaga en la que se refería a España como el país donde uno podía hacerse rico de la manera más rápida posible estigmatizó la soslayada tendencia liberal de un Gobierno de izquierdas. No hace falta decir que los años de Gobierno popular presididos por José María Aznar también acentuaron esa inclinación, sobre todo en la segunda legislatura, una vez que el PP corrigió con éxito los déficits macroeconómicos heredados del socialismo. Convergència i Unió no puede sentirse ajena a las consecuencias de esas políticas económicas —por lo tanto, lógicamente, personalmente tengo una parte de responsabilidad—. No obstante, tiene que quedar claro que tuvieron efectos positivos en lo que hace referencia al crecimiento, a pesar de que no se distribuyó de manera equitativa. Y, sobre todo, crearon unos hábitos de consumo desproporcionados. La deuda, además, iba a condicionar nuestro futuro.

A lo largo de los años de ejercicio de gobiernos democráticos, España, y con ella Cataluña, se transformaron de arriba abajo. «A España no la va a conocer ni la madre que la parió», sentenció Alfonso Guerra cuando el PSOE llegó al Gobierno español. Y se hizo realidad. Nadie puede discutirlo, pero no todo el mundo se benefició de la misma manera. Especialmente a partir del inicio del tercer milenio, las bases de nuestra economía aumentaron las desigualdades en el seno de la sociedad. Las medidas que adoptamos para reducir el déficit público a partir de la crisis de 2007 las agravaron aún más. El exceso de gasto público (pero sobre todo que no se orientara a garantizar la productividad) desequilibró todavía más las cuentas públicas. El Gobierno de Rodríguez Zapatero no fue diligente a la hora de prever la crisis ni a la hora de corregirla.

Problemas de salud

En la campaña de las elecciones a las Cortes Generales del 9 de marzo de 2008, en la rueda de prensa que la agencia EFE convocaba con los diversos candidatos, resalté la necesidad de un pacto entre las fuerzas políticas para afrontar la crisis que se vislumbraba en el horizonte. Aquel día diagnostiqué que tendría un impacto superior al previsto y anticipé una cruda realidad. En ese acto comencé a hacer hincapié en una expresión que no dejaría de repetir en los años siguientes: «Hay que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones». Entonces, y ahora todavía más, se imponía el interés del partido sobre el bien común. Lo que importaba e importa era y es ganar las elecciones, aunque el coste social sea elevado. Empezó a implantarse el populismo, y las consecuencias de la crisis lo potenciaron de manera exponencial.

Para mí fue una campaña muy especial por otro motivo. El 13 de febrero, el Hospital de Barcelona hizo público un comunicado en el que anunciaba que había sido «operado con éxito de un tumor en el pulmón». Me extirparon un nódulo pulmonar solitario y, gracias al diagnóstico precoz y a las características del pequeño tumor, los médicos concluyeron que el pronóstico era de «curación absoluta». Esto ocurría un miércoles. Había ingresado de urgencia el domingo anterior por una gastroenteritis con fiebre. Tenía previsto participar en un mitin de precampaña en Vilassar de Mar el sábado y la víspera comencé a sentir una indisposición intestinal. Por lo tanto, no tenía nada que ver con el pulmón. Con la asistencia del cirujano Joan Moya, del oncólogo Rafael Rosell —el mejor de Europa en cáncer de pulmón— y de mi buen amigo y médico de cabecera Miquel Vilardell, al cabo de cuatro días estaba en la calle. El martes día 19, seis días después de la operación, salí del hospital, y desde mi casa intervine aquella misma noche, vía satélite y a través de una pantalla, en la cena que la asociación Sentit Comú, de la mano de mi añorado Xavier Martí, de FIATC, había convocado en el hotel Juan Carlos para apoyar mi candidatura y en la que intervino Miquel Roca. Estaba previsto un breve saludo por mi parte, pero si se descuidan les estropeo la noche, porque me alargué un poco. Era evidente que me encontraba muy bien. Cuarenta y ocho horas después comenzó la campaña y, contra todo pronóstico, participé en el mitin inaugural. Al acabar el acto impulsé con las manos y con los pies las grandes pelotas de goma que se pusieron sobre el escenario en el final de fiesta. Al día siguiente, el cirujano me llamó por teléfono para llamarme la atención porque había visto las imágenes por televisión. Al cabo de dos semanas, con las analíticas de los tejidos extirpados en las manos, el pronóstico inicial transmutó en un resultado mucho más benigno. Actualmente me siento completamente recuperado.

Era la segunda vez que una alteración de mi salud tenía repercusión pública. La primera fue en la primavera del año 2002, en Santa Susanna, el Maresme. La Unió de Joves celebraba su septuagésimo aniversario con una comida con parlamentos finales. El presidente Pujol estaba invitado y, como era un acto del partido, los jóvenes —obviamente con mi consentimiento— decidieron que yo cerrara el acto. Al presidente no le hizo ninguna gracia y, a pesar de que estaba previsto que se quedara a comer, habló al principio y se marchó. La última intervención fue la mía. Mediado mi parlamento comencé a sentir un sudor frío y acabé como pude mi discurso, si bien es cierto que tuve la suerte de enlazar lo que estaba diciendo con lo que había previsto decir como colofón de mi intervención. Casi nadie se dio cuenta de lo que me pasaba, pero en la mesa más próxima a mí estaba comiendo mi amigo Josep Lluís Fernández i Burgui, diputado y médico, que fue a esperarme al pie de la escalera consciente de mi estado. Con una Cafinitrina debajo de la lengua me llevaron en ambulancia al hospital de Mataró y después al de Barcelona.

Aquel mismo día, mi buen amigo Ferran Camps, dirigente y diputado de Unió en el Parlament catalán, ingresó en el mismo hospital a causa de una caída que se había producido al abandonar el acto en Santa Susanna por un problema cerebral. Era el principio del final de su vida. Murió unas semanas después. Yo había tenido una angina de pecho y tuve unas cuantas más. Los médicos no se atrevían a implantarme un estent en el corazón. El cardiólogo Antoni Bayés de Luna acababa de llegar de un congreso de cardiología celebrado en Bruselas, donde el doctor holandés Patrick Serruys le había explicado su técnica. A través de mi buen amigo Ruud Lubbers, exprimer ministro holandés, accedimos a su consulta. Finalmente me pusieron un primer estent en Róterdam, y un par más seis meses después. Cuando solo habían pasado cuatro días de la implantación del primero, Pujol me envió a París para que conversara con André Azoulay, influyente consejero del rey de Marruecos. Eran los tiempos en los que Aznar había ordenado una contundente intervención militar para desalojar a los gendarmes marroquíes que habían ocupado el islote Perejil. Nosotros habíamos tenido —y queríamos seguir teniendo— una buena relación con Marruecos. En cambio, las relaciones de España con los vecinos del sur iban de mal en peor. La conversación con Azoulay en su propia casa, con una mano vendada por una pequeña intervención quirúrgica, fue agradable y provechosa para los intereses de Cataluña.

Afortunadamente, más allá de los estents, mi arteria nunca ha tenido problemas de arteriosclerosis; sin embargo, ya desde su nacimiento entra en el corazón agarrada a la pared del músculo, así que cuando hacía un sobreesfuerzo se tapaba. Ahora puedo hacer vida normal, aunque tengo que evitar ciertos esfuerzos. Mis carreras por la carretera de las Aguas en la ciudad de Barcelona se terminaron. Debía hacerlo todo con un ritmo más suave. Razón de más para limitar mi acceso a algunos cargos. No obstante, en la primera legislatura de Zapatero tuve otra pequeña angina mientras regresaba de un viaje oficial a la India a bordo de un vuelo de Lufthansa de Nueva Delhi a Fráncfort. En el aeropuerto alemán me puse en contacto telefónico con el doctor Bayés de Luna, que ya estaba esperándome en la clínica Quirón cuando aterricé en Barcelona. No pasó de un susto.

Sin embargo, lo que más ha alterado mi agenda pública ha sido el colon irritable. Aunque una cosa es cierta, nunca dio un titular. Bueno, rectifico: en una entrevista publicada en la contraportada del periódico El Mundo, de esas que se califican de frescas porque no son estrictamente sobre política, mi colon sí fue objeto de titular. Me preguntaron si me irritaba no sé quién o qué y contesté: «A mí lo único que se me irrita es el colon». A raíz de eso se puso en contacto conmigo la Asociación de Afectados del Colon Irritable. Participé en varias actividades organizadas por ellos que me permitieron conocer lo que llegan a sufrir los afectados que padecen este problema en grados superiores. A mí me impidió salir de casa muchos días; unas veces, durante unas horas; otras, en toda una mañana, y en ocasiones, durante un día o más. Cuanto mayor era la tensión que vivía, más frecuentes eran los episodios. En varias ocasiones no pude acudir al Congreso a las nueve de la mañana para formular la pregunta anunciada al presidente Rajoy; me quedaba encogido en la habitación del hotel. Normalmente me sustituía Josep Sánchez Llibre. Algunos periodistas de medios próximos a las tesis independentistas hacían correr la voz de que no formulaba personalmente la pregunta a Rajoy porque no quería defender las posiciones de CiU. Es una lástima que el dolor no me permitiera reír abiertamente.

Episodios como mi estancia en el Hospital Universitario de Róterdam para la colocación de los estents, en un hospital de Cartagena de Indias por el corazón (formaba parte de una delegación del Congreso y me acompañó al hospital la entonces presidenta de la Mesa y actualmente delegada del Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera, que a menudo me dice, con cariño, que me gusta estar enfermo, que soy hipocondríaco) y un ingreso en una clínica chilena por los problemas del colon irritable me permiten subrayar la gran calidad de la sanidad en España en general y en Cataluña en particular. Obviamente, todo es mejorable, pero a menudo pienso que nos quejamos por vicio. En España se ha hecho a lo largo de las últimas décadas una gran inversión en los servicios públicos, es cierto, pero se necesita más, y en especial hay que mejorar las condiciones salariales de los profesionales de la salud. Como también de los profesionales de la enseñanza o de la administración de justicia.

Inversiones positivas – inversiones innecesarias, la crisis económica

Siendo realistas tenemos que reconocer que, si bien se han realizado inversiones positivas y necesarias, también se han hecho otras improductivas e innecesarias. En muchos debates económicos de las últimas legislaturas puse el acento en la inversión en la alta velocidad. Todo el mundo quiere que el AVE llegue a su ciudad. Y si el ministro de Fomento o el secretario de Estado es de tu ciudad, tienes más posibilidades de que acabe llegando. Las estadísticas de kilómetros de red ferroviaria de AVE y la cantidad de usuarios comparadas con Alemania o Francia, por ejemplo, ponen de relieve la escasa productividad de algunas inversiones. España tiene la segunda red de AVE del mundo en número de kilómetros. Solo nos supera China. El secretario de Transportes de Estados Unidos, en visita oficial al ministro José Blanco, le dijo que ellos no podían permitírselo. ¡Nosotros sí! Soy de pueblo, he sido diputado por Lleida muchos años y he defendido la necesidad de inversiones para garantizar el equilibrio territorial. Soy sensible, por tanto, a los argumentos que justifican inversiones en AVE por ese motivo. Pero no es necesaria alta velocidad para asegurar un equilibrio justo del territorio español a través de una buena red de conexión ferroviaria.

Lo que más contribuyó a situar las graves consecuencias de la crisis económica como detonante del malestar de la ciudadanía fue la imposición de la austeridad como único remedio para superarla. Es cierto, como he dicho antes, que en España gastábamos mucho y, por lo tanto, teníamos un nivel de deuda pública importante. Y también de la privada. Pero había y hay muchos otros países más endeudados que el nuestro. Como siempre, creo que la virtud es el término medio. Ni la austeridad impuesta ni continuar con el gasto sin correcciones eran la solución. Aquel «España va bien» de José María Aznar de los primeros años del siglo XXI con la entrada en el euro conllevó puntos negativos: en el ámbito del endeudamiento público, a causa de inversiones poco productivas; en el del privado —tanto en la banca como en empresas y en familias—, por su sobredimensión; y en el de la burbuja inmobiliaria, por inversiones en activos con una marcada intencionalidad especulativa. Pero la política de austeridad dictada desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión de la Unión Europea —que por nuestra parte aceptamos disciplinadamente— fue un error. En Cataluña, el primer Gobierno de Artur Mas presumió de ser más riguroso en los ajustes de gasto que la Administración central. La solución habría sido optar por una inversión productiva que fuera el motor del crecimiento económico y social. Pero nos equivocamos. Sobre todo el BCE con su política monetaria. También, en parte, Angela Merkel —en este caso hay que decir que la canciller alemana puso el equilibrio entre las duras exigencias de los países del norte de la UE y las necesidades de los del sur—y el Bundesbank. Se equivocó el FMI y nos equivocamos nosotros. La diferencia radica en el hecho de que, una vez recibida la receta de aceite de ricino para curar nuestra enfermedad, el margen de maniobra del que disponíamos era nulo o muy estrecho. Para entender lo que digo solo hay que mirar hacia el otro extremo del Mediterráneo y analizar cómo llegó al poder la coalición de izquierda radical liderada por Alexis Tsipras y qué propuestas hizo, y compararlas con las políticas finalmente aplicadas por el Gobierno de Syriza.

En el año 2010, The Economist dedicó la portada a España con un título que hablaba por sí mismo: «The party is over». Según el semanario británico de información económica, España había estado viviendo una fiesta permanente, y ahora esa fiesta había terminado. Si bien era cierto que habíamos gastado demasiado y, sobre todo, que no habíamos aprovechado los años de bonanza económica para juntar unos ahorros para cuando llegasen las vacas flacas, la simplificación del titular no era justa. Sin embargo, era la versión dominante entre los poderes económicos y políticas del centro y del norte de Europa. Era la opinión que tenían de España y, en realidad, de todos los países del sur en general. Eso provocó que nos impusiesen una serie de medidas como penitencia de lo que entendían que había sido una conducta transgresora de la buena administración de nuestras cuentas públicas.

¿Qué había sucedido en realidad? Durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero me harté de denunciar el modelo de crecimiento económico que se sustentaba en las medidas del Gobierno socialista, en algunos casos similares a las del segundo Gobierno de Aznar. Teníamos un falso crecimiento con pies de barro. El peso de la construcción en nuestra actividad económica era claramente excesivo. Todo el mundo se lanzaba al sector de la promoción inmobiliaria, desde los buenos profesionales hasta los arribistas. Eran unos tiempos en los que, sin gastar un euro, se compraban inmuebles a crédito y se vendían antes de escriturarlos con unos beneficios considerables. Pero no solo era exagerado el peso de la construcción, también lo eran el de la demanda interior, el del consumo y el del déficit exterior. Eran tiempos de incontinencia verbal, y el presidente Zapatero proclamaba a los cuatro vientos —como si fuésemos los primeros de la clase y los más inteligentes— que España ya superaba a Italia, que pronto superaríamos a Francia y que teníamos más kilómetros de AVE que nadie. No sé si eran tiempos de fiesta, pero es verdad que eran tiempos en los que la gran mayoría vivíamos por encima de nuestras posibilidades.

Por otro lado, más allá del hecho de que el gasto público sea poco o mucho, España tiene un problema en la cultura de la subvención. Desde los Ayuntamientos, pasando por las diputaciones y otros organismos públicos —como ocurre con los consejos comarcales en el caso catalán— hasta los Gobiernos autonómicos o el central se hinchan a subvencionar entidades y actividades. Desde una casa regional hasta el club deportivo pasando por una asociación de amigos del Polo Norte: todo el mundo se dirige a las Administraciones en busca de una subvención que asegure la subsistencia de la entidad solicitante y de sus actividades. Esta práctica llega a tejer en algunos lugares una verdadera red clientelar con rentabilidad electoral de la que los partidos no quieren prescindir. Se critica cuando se está en la oposición y se practica cuando se accede al Gobierno. Y cuanto mayor es la proximidad entre la Administración donante y las entidades beneficiadas, más efectivas son las consecuencias electorales.

Otra realidad se superpone a esta afirmación: en España, sus Gobiernos y las Cortes Generales como poder legislativo no hemos sido capaces de articular una ley de mecenazgo que incentive las actividades sociales, culturales, deportivas, etc., con la implicación, a efectos de financiación, del sector privado, como ocurre en Francia, por ejemplo. Desde nuestro grupo parlamentario hemos intentado en diversas ocasiones y legislaturas traspasar a la legislación española los contenidos de la francesa, pero es evidente que no lo hemos conseguido. El mecenazgo fortalecería la sociedad y la haría menos dependiente del gasto público y, por lo tanto, de las decisiones políticas. Esto tendría numerosas consecuencias positivas para muchas de las iniciativas que genera la riqueza social.

Había y hay otros gastos públicos que también podrían reducirse. En el año 2010, en plena crisis, pagábamos más de 30.000 millones de euros en subsidios por desempleo. La apuesta por políticas pasivas en detrimento de las activas no ayuda a resolver los déficits estructurales del mercado laboral. En España siempre tenemos una tasa de paro que es el doble de la media en la Unión Europea. El sistema de subsidio no estimula la búsqueda de un puesto de trabajo y la infravaloración de las políticas activas no facilita la formación para transitar del paro a una nueva ocupación. De hecho, todo esto incide en el fomento de la cultura del subsidio, a la cual ya he hecho referencia y que constituye un auténtico cáncer social.

En medio de la crisis económica de 2008 y de la crisis de la deuda soberana europea, España corrió el riesgo de una intervención. Como le sucedió a Grecia, que en abril de 2010 solicitó el primer rescate. Y como le ocurrió en mayo de 2011 a la economía portuguesa. Eran unos tiempos en los que todos los que teníamos responsabilidades mirábamos todos los días y a todas horas la evolución de la prima de riesgo, de las bolsas y de la galopante subida de la tasa de paro. Nuestro déficit público del 11,2 por ciento y el 20 por ciento de desempleo nos hacían doblemente vulnerables: en lo económico y en lo social. El 7 de mayo de aquel año, viernes, el presidente Zapatero acudió a una reunión de los jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo convocada de urgencia. Cuarenta y ocho horas después, los ministros de Economía del Ecofin plasmaron los acuerdos de los mandatarios para crear un mecanismo europeo de estabilización que movilizara hasta 750.000 millones de euros para defender la Unión Monetaria y las economías de la eurozona. Muchos de los ministros de Economía de la eurozona, y el alemán con más dureza que los demás, exigían a España una reducción drástica del déficit. Finalmente, después de una dura batalla con sus homólogos, Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno y responsable del área económica, aceptó recortar 5.000 millones del gasto para el año 2010 y 10.000 millones para el año 2011, la mitad de lo que le pedían.

Pero esta mitad no tenía nada que ver con lo que solo unos días antes, concretamente el 5 de mayo, el presidente Rodríguez Zapatero había manifestado que estaba dispuesto a recortar. Aquel día, delante de Mariano Rajoy, defendió con vehemencia la necesidad de reducir el déficit con suavidad, ya que entendía que si se hacía de otra manera podría comprometerse la recuperación: el mismo argumento que me dio por teléfono cuando me explicó el contenido de su reunión con el jefe de la oposición. Aquel 5 de mayo, así pues, Rajoy quería recortar mucho y Zapatero casi nada, y yo le recriminé, con cariño, que no me hubiera hecho caso desde el primer minuto y no hubiera abordado reformas estructurales y llevado a cabo, de manera progresiva y sostenible, una reducción del gasto que ahora la Unión Europea nos impondría drásticamente. Puesto que en aquella conversación hablamos de la reunión extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno y yo tenía información sobre la posición alemana, le advertí de que debería afrontar el recorte social más importante de los últimos tiempos por no haber tomado medidas en previsión de que esto pudiera ocurrir.

Rodríguez Zapatero compareció en el Congreso de los Diputados el 12 de mayo. El diario de sesiones recuerda el carácter urgente de aquella comparecencia que tenía como objetivo informar sobre la reunión extraordinaria del Eurogrupo del 7 de mayo, que había girado en torno al rescate de Grecia y a la situación de los mercados financieros. Aquella sesión parlamentaria ha quedado fijada para siempre en mi memoria y en mi historia personal. Y creo que, por el hecho de que se anunciaron los ajustes económicos más impopulares y dolorosos de nuestra historia reciente, también habrá quedado grabada en la memoria de muchos españoles y, por qué no, en la de España. Pero con un matiz importante, y es que las decisiones que Zapatero anunció aquel día —que desencadenaron un gran malestar social, el movimiento 15-M, la semilla de Podemos, y, en definitiva, crearon las bases sobre las que edificaron sus proclamas los diversos populismos y también el independentismo— podrían haberse evitado si se hubiera tomado en serio la crisis desde el primer momento. En mayo de 2008, en mayo de 2009…, el Gobierno español tenía margen para tomar decisiones y evitar las que le impusieron los demás en mayo de 2010 porque él no las tomaba.

Efectivamente, el Gobierno había renunciado a gobernar, y ahora lo harían los mercados y la Troika. La situación se había deteriorado hasta el extremo de que no quedaba otra salida. A la situación económica se sumaba la inestabilidad de la zona euro provocada por los déficits de la estructura de la Unión Económica y Monetaria, erigida con una moneda única, pero sin una política económica que la protegiera. El Banco Central Europeo, presidido por el francés Jean-Claude Trichet, hizo lo opuesto a lo que después haría acertadamente el italiano Mario Draghi al frente de la institución. Las declaraciones del francés en aquellos primeros días de mayo expresando una posición contraria a la compra de títulos de deuda pública emitida fueron la guinda del pastel. Qué diferencia con las declaraciones que hizo Draghi unos años después, en las que afirmaba que haría todo lo que fuera necesario para salvar el euro. En el año 2010 estábamos en manos de la Troika: si no hacíamos lo que ellos nos proponían, nos intervenían. Las consecuencias de la reducción impuesta por la Troika conllevarían con toda seguridad una seria fractura social. Las secuelas de la intervención habrían provocado una división más profunda aún y, sobre todo, más duradera. Se trataba de optar por suspender la revalorización de las pensiones, en contra de lo que teníamos acordado en el Pacto de Toledo, o por reducirlas un diez, doce o veinte por ciento, como le pasaba a la Grecia intervenida. Había que elegir entre rebajar conjuntamente el salario de los funcionarios públicos y despedir a una parte, como se hizo en el caso griego. Es decir, la elección no era entre lo bueno y lo malo, sino entre lo malo y lo peor.

Aquella memorable sesión parlamentaria tuvo continuidad en la del 27 de mayo con la convalidación del real decreto-ley por el cual se adoptaban medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. La votación final arrojó el siguiente resultado: 169 votos a favor, 168 en contra y 13 abstenciones. El decreto quedó convalidado con nuestra abstención (12 de las 13 fueron de Convergència i Unió y la otra de Ana Oramas, de Coalición Canaria). Así pues, permitíamos que el Gobierno aplicase el programa de ayudas al que nos obligaban los mercados y el Eurogrupo. Yo sería, por tanto, uno de los culpables de que aquel recorte social se aplicara. Lo era porque, si hubiera votado en contra como diputado, el resultado habría sido 169 a 169 y el real decreto no habría prosperado. Pero lo era todavía más en mi condición de presidente y portavoz del grupo parlamentario de nuestra federación, ya que defendí que nos abstuviésemos. Entonces no era consciente de todo lo que vendría después. Tanía muy claro que significaría un recorte social brutal, pero no tenía todas las coordenadas de futuro para saber la multitud de efectos colaterales que comportó. En cualquier caso, si hoy tuviera que tomar la decisión, haría lo mismo.

Eso sí, creía, entonces como ahora, y así lo dije en la tribuna del Congreso, que una vez que se aprobara el nuevo presupuesto, Zapatero debía convocar elecciones. De hecho, unos días después organizamos con Rubalcaba una cena en la Casa dels Canonges, residencia del presidente catalán en el Palau de la Generalitat, con Artur Mas y Elena Salgado. Finalmente, la ministra no asistió porque se le alargó una reunión de la OCDE en París. El Gobierno quería nuestro apoyo y lo tendría, como ya había declarado yo en sesión plenaria en el Congreso, pero solo hasta los presupuestos. El acontecimiento histórico, según lo calificó mi buena amiga y exministra Leire Pajín, de que coincidiesen dos presidencias progresistas en las dos orillas del Atlántico —Obama y Rodríguez Zapatero— había llegado a su final. El presidente de Estados Unidos continuaría en la Casa Blanca hasta enero de 2017, pero el de España debería dejar la Moncloa a finales de 2011.

¿Qué habría sucedido si no hubiésemos facilitado la aprobación del real decreto con nuestra abstención? ¿Habríamos evitado las medidas? No. Si no se hubiera aprobado, habríamos tenido que pedir el rescate y la intervención habría sido mucho peor. Por otro lado, el rechazo del decreto, ¿habría implicado la caída del Gobierno y unas elecciones? ¿Qué habrían resuelto los comicios? Nada; lo habrían complicado todo aún más. De entrada, habrían supuesto una pérdida de tiempo y de energías vitales para encarrilar la crisis de una vez; por otro lado, habríamos garantizado el acceso al Gobierno de España del PP, enfrentado radicalmente a nuestras posiciones sobre el Estatuto (la sentencia del Tribunal Constitucional a raíz de su recurso se emitió el 28 de junio de 2010). Pero, además, el PP era el partido que el 5 de mayo exigió una fuerte reducción del déficit en la reunión de Rajoy con Zapatero en la Moncloa. Por lo tanto, sí volvería a votar lo mismo. Y no es necesario decir que un Gobierno del PP habría aplicado igualmente el mandato de la Unión Europea. ¿O es que no acabó haciéndolo el Gobierno de Tsipras después de que cayera el Gobierno socialista del Pasok de Georgios Papandreu? No nos engañemos: Rajoy, curiosamente, definió muy bien el problema cuando anunció en el año 2012 un nuevo paquete de medidas para reducir el déficit. Él, que le había negado el pan y la sal a Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, reconocía públicamente dos años después que los recortes se llevaban a cabo porque no había libertad para hacer otra cosa. Vaya, que no se podía elegir. Algo falla cuando los estados miembros de la Unión declaran que no tienen libertad porque su capacidad de acción está muy condicionada por las disposiciones de una Comisión que no ha sido elegida directamente por los ciudadanos europeos.

Se llegó a decir y a escribir que mi voto estaba condicionado por presiones de Angela Merkel a causa de la vinculación de Unió Democràtica con la CDU de la canciller alemana. En ningún momento recibí por parte de Merkel ni de ningún otro dirigente alemán presión o indicación alguna sobre cuál debía ser el sentido de mi voto. Sí es verdad que durante aquellas semanas hubo fluidez en las conversaciones privadas con diversos dirigentes europeos. Pero todas tenían un denominador común: conocer mi opinión sobre la capacidad política del Gobierno de Rodríguez Zapatero para afrontar aquella delicadísima situación para España y para la Unión Europea. Fueron días de una intensa relación con la incansable y metódica vicepresidenta Elena Salgado, con quien todavía mantengo una buena relación. Como intensa fue siempre la que mantuve durante todo su mandato con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, con quien también conservo un trato afectuoso.

En el mismo terreno de las especulaciones, se conjeturaba sobre cuál era la posición de Convergència y de Mas en lo concerniente al voto que Convergència y Unió iba a mantener aquel día. Se insinuaba o se afirmaba que la abstención había sido una decisión personal mía impuesta al resto de los parlamentarios y de las parlamentarias del grupo. Ciertamente, la dirección de Convergència no estaba entusiasmada con la abstención, como tampoco lo estaba la de Unió. Incluso algunos dirigentes del partido de Mas apostaban por no convalidar el real decreto, pero, en honor a la verdad, Artur Mas no condicionó mi posición en el voto. Me cedió el protagonismo de tomar una decisión y secundó mi posición. Visto el entusiasmo que puso posteriormente —al menos en los primeros años— en ser el primero de la clase en recortes, no habría tenido sentido otra actitud por parte de quien estaba a las puertas de la presidencia de la Generalitat.

Lo que de verdad no tenía sentido era el voto del PP. Mejor dicho, solo tenía uno: le daba igual el futuro de la economía y de la sociedad españolas. Lo único que le importaba era ver pasar ante sí el cadáver de Rodríguez Zapatero, y que eso le permitiera llegar a la Moncloa. Ahora que utilizo la palabra cadáver en relación al entonces presidente del Estado, me viene a la memoria que en una fiesta de Unió de una comarca catalana afirmé que Zapatero era un cadáver político. Es una de esas ocasiones en las que te pasas de frenada, y al día siguiente llamé por teléfono al presidente para pedirle disculpas. Siempre que decía alguna palabra que creía que podía ofender al adversario, yo sufría hasta el extremo de no poder dormir. Aquellos días de duras medidas económicas sentí una vez más —han sido muchas a lo largo de mi vida política— que tenía más sentido de Estado que los que a menudo me han acusado de querer acabar con España. Aquel mes de mayo, los que salvamos España de una fractura social peor fuimos Coalición Canaria, de la mano de Ana Oramas, y Convergència y Unió, de la mía, como suele recordar la portavoz canaria en sus intervenciones parlamentarias y yo le agradezco. En el PP dominó el interés del partido por encima del interés del país: España sufre profundamente esta enfermedad. Los grandes partidos estatales, los que durante los primeros treinta y cinco años del nuevo sistema democrático han determinado el bipartidismo, han primado con mucha frecuencia, una vez superado el periodo constituyente, el interés del partido en detrimento del sentido de Estado. ¿Cómo puede calificarse si no la actitud del PP de Rajoy en el mes de mayo de 2010 cuando, después de reclamar del Gobierno socialista una profunda reducción del déficit, dio la espalda a la propuesta gubernamental orientada en esa dirección? El PP apoyó su posición demagógica en la responsabilidad y en el sentido de Estado de Convergència i Unió y de Coalición Canaria. Y así nos lo han reconocido después.

La sociedad se ha resentido de esta incapacidad de llegar a consensuar los asuntos de Estado importantes, es decir, los grandes protagonistas de la política española. La Transición y las décadas de democracia que la han seguido han sido importantísimas desde el punto de vista histórico para España. Acostumbrados a pelearnos cada dos por tres, la estabilidad de estos últimos años no tiene precio. Pero todavía nos falta madurez en el ejercicio de la discrepancia lógica en un sistema democrático. Nos ha faltado en Cataluña y en el conjunto de España. La Constitución y los Pactos de la Moncloa fueron un ejemplo, pero ya he dicho que aquel espíritu se evaporó, y aunque hay quien ha desmitificado las reformas que se llevaron a cabo en Alemania en tiempos del canciller socialdemócrata Gerhard Schröder, siempre he querido destacar la bondad y, sobre todo, el consenso con el que se produjeron. La CDU de Merkel estaba en la oposición y el SPD de Schröder tiene el mérito de haberlas realizado, pero habría sido imposible hacerlo sin el sentido de Estado de los democristianos. A Merkel no le resultaba rentable electoralmente apoyar las reformas de su adversario, pero para Alemania era imprescindible hacer prevalecer el interés colectivo por encima del partidista y Merkel acabó ganando las elecciones.

Sin embargo, no se trata de un mal que afecte solo a la derecha española. Pocos años después, cuando Rajoy ya era presidente del Gobierno y la economía española todavía no había llegado a buen puerto, el PSOE no paró de pedir públicamente al presidente que solicitara el rescate a la Unión Europea. Les traían sin cuidado los efectos negativos que pudiera tener para nuestra economía y para la sociedad española. Lo que animaba a los socialistas a pedir la intervención era el desgaste y el coste electoral que esta medida podía suponer para el PP. Desde la tribuna del Congreso de los Diputados, Rajoy solía repetir que no había pedido el rescate a pesar de que todo el mundo le había planteado que lo hiciera. En una de aquellas sesiones parlamentarias me planté y le dije: «Señor Rajoy, no insista otra vez en que todos le hemos pedido que acuda al rescate porque no es verdad. Yo nunca lo he hecho». Y Rajoy no tuvo más remedio que darme la razón. Una vez más demostramos tener más sentido de Estado que los que siempre habían presumido de llevarlo incorporado.

El rescate que sí se produjo y por el cual necesitamos la inyección exterior fue el bancario: hasta cien mil millones de euros que el Estado utilizó para sanear el sistema financiero a través del FROB. Cien mil millones que hay que devolver, razón por la cual hay quien siempre ha defendido que no fue un rescate, sino simplemente un préstamo. La gestión de las entidades financieras —ni mucho menos todas ellas— no solo ha causado un perjuicio económico a España y, por lo tanto, a sus ciudadanos, también ha provocado un mal peor: ha minado la confianza de la ciudadanía en el sistema bancario y la credibilidad de la política. La percepción de que los políticos ayudamos a los bancos y que contribuimos a tapar sus vergüenzas en detrimento de las ayudas a las personas, las familias o las empresas ha quedado instalada en el imaginario colectivo. La pregunta que mucha gente continúa haciéndose es cuál ha sido el coste real de salvar a la banca. ¿Cuánto ha costado a cada contribuyente? ¿Cuánto dinero se ha recuperado una vez que se han saneado las entidades y cuánto no se recuperará jamás? Esto, sin perjuicio de entender —y así lo defendí siempre— que, si se dejaba caer la banca, quedaban desprotegidos sus impositores y millones de ciudadanos que tienen una parte de los pocos o muchos ahorros en acciones cotizadas en la Bolsa.

Durante todos esos años de crisis económica, reformas y medidas severas intenté que Convergència i Unió actuara con una responsabilidad escrupulosa. Había que aplicar aquella receta dolorosa, pero debía hacerse de la manera que causara menos sufrimiento. El impacto social era más que evidente. En una de mis visitas a un comedor social de la parroquia del Pilar de Barcelona, una conversación con unos jóvenes profesionales, arquitectos, prototipos de la clase media, certificaba la destrucción que la crisis estaba causando en ese tejido social. La realidad que se dibujaba por culpa de las consecuencias sociales y económicas de aquel terremoto económico me ratificaba en el error imperdonable que siempre había denunciado y que los Gobiernos españoles habían cometido: no impulsar políticas en favor de la familia. Esta estaba demostrando, a lo largo de la crisis, que era la garantía del bienestar social. Allí donde no llegaban los hijos y los nietos por haber perdido el trabajo, los abuelos, con sus modestas pensiones, aseguraban la cohesión social de la unidad familiar.

En las reformas estructurales que tuvieron que emprenderse intentamos mantener el diálogo entre los sectores implicados con el fin de buscar el máximo consenso posible; era difícil conseguir un acuerdo entre el Gobierno y los implicados, pero lo hicimos, particularmente en el ámbito de la reforma laboral y de las pensiones. Tanto los Gobiernos de Zapatero como luego los de Rajoy llevaron a cabo reformas laborales. Con más incidencia con los socialistas que con el PP, que en aquel momento ya contaba con mayoría absoluta, intentamos hacer de puente —no siempre con éxito— entre las posiciones de los sindicatos, con las que no siempre coincidíamos, y las del Gobierno. Tres cuartos de lo mismo hicimos con la reforma de las pensiones. En el grupo parlamentario tenía la suerte de contar con dos personas que se afanaban en conciliar posiciones: Josep Sánchez Llibre, de Unió, con una empatía ilimitada capaz de poner de acuerdo a personas con posiciones radicalmente opuestas, y Carles Campuzano, de Convergència. En todos los casos yo intentaba involucrarme personalmente, a pesar de que respetaba los conocimientos y las capacidades tanto de uno como de otro en estas materias.

Los sindicatos llegaron a agradecerme esta actitud. Con diferencias, e incluso en ocasiones con encontronazos públicos, tanto Cándido Méndez por UGT como Ignacio Fernández Toxo por CC. OO. me reconocieron el trabajo bien hecho. De hecho, Méndez expresó públicamente su agradecimiento hacia mí con motivo de la reforma del sistema de pensiones. En la asamblea de delegados de UGT en la SEAT destacó mi papel en la reforma de las pensiones con unas palabras que son de agradecer, y afirmó sobre mí: «Ha sabido con mucha inteligencia, acierto, responsabilidad y sentido de Estado proponer una transaccional al Pacto de Toledo que, para nosotros, ha supuesto el lazo de unión con el acuerdo». Cuando se produjo la ruptura de la federación de Convergència i Unió, tanto Méndez como Toxo se mojaron públicamente para destacar el papel que me correspondía como puente entre las posiciones confrontadas en el contencioso catalán, a la vez que subrayaron nuestro sentido común y nuestra capacidad de diálogo. Nada de eso sirvió para nada, pero, como dicen los castellanos, «es de bien nacidos ser agradecidos».

Con el Gobierno de Mariano Rajoy, la economía comenzó a recuperarse y hoy puede afirmarse que la situación ha cambiado, que ha mejorado. También hay que añadir que el Gobierno de los populares tuvo el viento de cola. Los ingresos por turismo aumentaron espectacularmente a causa de los conflictos en otras zonas del planeta que, por la inseguridad que transmitían, vieron disminuida su capacidad de atracción. El precio del petróleo, el crecimiento de las exportaciones y el tipo de cambio del euro también han constituido tres motores del crecimiento económico. Y no es necesario decir que la política del BCE, con tipos de interés muy bajos, ha ayudado a empresas y a familias a reducir el volumen de deuda respectivo. La situación es, por tanto, mucho mejor, aunque hay que reconocer que después de una etapa de crecimiento y de euforia viene otra de depresión.

No obstante, hay un problema que subsiste. Me refiero a la incapacidad de la UE para afrontar el déficit económico que impidió que la respuesta europea ante el euro pudiera ser equivalente a la norteamericana ante el dólar. Es decir, la incapacidad europea de construir una política fiscal y de instituciones realmente federales. Nos ha ido muy bien que el BCE, con Mario Draghi al frente, haya hecho todo lo que ha podido y más para salvar el euro con las tasas bajas de los intereses. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana si no se acometen las reformas estructurales que permitan levantar definitivamente el edificio de una Unión Europea sólida que hable y actúe como una sola voz. El año 2018 fue clave para dar pasos de gigante hacia ese objetivo y no se hizo. Superado el peligro de las elecciones holandesas y francesas de 2017 y, sobre todo, contando con un nuevo Gobierno proeuropeísta en Alemania, todo hacía pensar que el eje Merkel-Macron, con el apoyo de Italia y de España, impulsaría la Unión Europea. Pero el Brexit ha malgastado muchas energías; en Francia, Macron se ha desinflado considerablemente (cuando en España todo el mundo quería ser Macron, escribí que era mejor esperar a ver qué era capaz de dar de sí: hoy en día, la popularidad de Macron está por los suelos y sus cesiones ante el movimiento gilets jaunes lo colocan en el saco de los dirigentes políticos, no de los estadistas); Polonia, Hungría y sus aliados juegan en otra liga; en Italia ha ganado el populismo euroescéptico, y España está entretenida con Cataluña. Es cierto que el optimismo ve una oportunidad en cada dificultad, pero el problema llega cuando las dificultades son muchas y se presentan todas a la vez.

Aparte del déficit económico señalado y de los déficits sociales que se derivan de él, la Unión Europea tiene otro de distinta naturaleza, pero no por ello menos importante. Hablo del déficit democrático. Sé que en los últimos años se ha progresado mucho. El Parlamento Europeo actual no tiene nada que ver, por ejemplo, con el que conocí como eurodiputado en el año 1986. Sin embargo, no comparto la tesis de los que defienden que las instituciones europeas cumplen los requisitos de calidad que debe tener toda buena democracia. El Gobierno europeo no es elegido por los ciudadanos, a pesar de la intervención del Parlamento Europeo en la designación de la Comisión. Además, el Gobierno no es solo la Comisión; también lo es el Consejo Europeo, es decir, los estados. Y ni en el uno ni en el otro se cumple la máxima de que los ciudadanos puedan echar al Gobierno europeo cuando les plazca.

Entretanto, con la crisis económica y las medidas para combatirla, mucha gente se ha dejado la piel por el camino. El trabajo de muchas personas, especialmente de las jóvenes, es más precario y está peor pagado. Como he reiterado, la desigualdad es la principal consecuencia de la crisis y de las recetas utilizadas para superarla. Nada de esto es positivo para la sostenibilidad económica. La Unión Europea no supo gestionar la crisis, financiera al principio y económica y social después. Hay que reconocer que promover la austeridad a cualquier precio fue una equivocación, y que Estados Unidos lo hizo mejor. El pacto social de la Transición se ha roto y necesita recomponerse, y las instituciones se han debilitado ante la ciudadanía. Pero la recuperación —con todas sus debilidades, que no son pocas y obedecen a múltiples motivos— demuestra que la economía española se cimienta en unas bases bastante sólidas sobre las que habría que reeditar el nuevo pacto social, y este nuevo pacto social exige que los ciudadanos asuman el coste fiscal. ¿Queremos dedicar una parte de nuestros ingresos a garantizar un sistema de pensiones sostenible, un nivel de asistencia sanitaria como el que hemos tenido hasta ahora, un mejor sistema educativo, una administración de justicia rápida y eficaz y un buen sistema de seguridad? Pues eso vale dinero. La política debería permitir arbitrar fórmulas para gestionar este pacto social si realmente lo desea la mayoría de la sociedad. El problema radica en que la política actual no parece interesada en esta clase de debates, y peor aún: es posible que, si lo está, le falte la autoridad moral para situarlos en el centro de las prioridades de la sociedad. En cualquier caso, la igualdad debería situarse en el centro del nuevo pacto social. «Igualdad para crecer mediante la reforma del Estado del bienestar para continuar garantizando la sociedad del bienestar.»

Los recortes en Cataluña

Las medidas denominadas mediática y popularmente recortes también se aplicaron en Cataluña. La imposición de disposiciones drásticas por parte de la Unión Europea y la incapacidad de Zapatero de afrontar la crisis desde el primer momento obligaron a los Gobiernos de las comunidades autónomas a reducir el déficit. En realidad, las comunidades autónomas llegaron a hacer más esfuerzos en la contención y en la reducción del gasto que el propio Estado. En esta tarea, el Gobierno de Convergència i Unió presidido por Artur Mas fue uno de los alumnos aventajados; él mismo lo exhibía como demostración de rigor. Perdería toda mi credibilidad si ahora criticara aquellas políticas porque, por activa y por pasiva, soy tan responsable como el mismo presidente. Las hemerotecas reservan opiniones que podrían matizar esta afirmación, pero sería muy poco ético que las recuperara ahora. Yo era líder y secretario general de uno de los dos partidos de la federación que gobernaba Cataluña, por lo tanto, soy tan responsable como el que más. En la calle, la respuesta a las políticas de austeridad fue sonada. En los centros hospitalarios, en los colegios, en los muros de los barrios o de las carreteras podían leerse pancartas y pintadas con consignas contra nuestro Gobierno y contra las medidas adoptadas.

El presidente Mas fue el objetivo del malestar que se había desencadenado. Delante de su casa en Barcelona se hizo más de una manifestación. Su mujer explicaba a las amistades la incomodidad que significaba ser el blanco de las reacciones de sectores de la ciudadanía por la actuación del Govern de la Generalitat. El icono por excelencia de las tensiones vividas a causa de la política de ajustes de gasto es el helicóptero en el que accedieron al Parlament, entre otros, el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, en la mañana del 15 de junio de 2011. Ese día, desde primera hora, cientos de jóvenes convocados por los indignados acampados en la plaza de Cataluña rodearon el parque de la Ciutadella y entorpecieron el acceso de los diputados y de las diputadas a la sesión del pleno que debía celebrarse para debatir los presupuestos. Insultos, agresiones, pintadas a los parlamentarios y a las parlamentarias —algunos incluso fueron rociados con espráis—, unos cuantos viajes en helicóptero y también en coches oficiales para que los responsables políticos pudieran acceder al recinto del Parlamento… En definitiva, mucha tensión.

Hacía más de seis meses que Artur Mas era presidente de la Generalitat y Convergència i Unió había articulado un relato político que justificaba las políticas de ajustes presupuestarios con el elevado déficit que había legado la gestión de los dos tripartitos. El discurso iba dirigido en especial contra ERC, ya que de las tres formaciones que integraban los ejecutivos presididos primero por Pasqual Maragall y después por José Montilla, los republicanos eran de largo los que habían demostrado más impericia en la obra de gobierno. Vamos, que ERC era descaradamente nuestra adversaria principal, entre otras razones porque había sido la que, en dos ocasiones, impidió el acceso de Mas al Palau de la Generalitat al apoyar a los socialistas cuando podría haber garantizado un Gobierno catalanista compuesto por republicanos y CiU. Pues bien, esos hechos hicieron girar la brújula en la estrategia de Convergència.

Poco a poco, el discurso mutó. El argumento con el que responsabilizamos al tripartito, en particular a ERC, del déficit público de la Generalitat y de su deuda comenzó a diluirse. En la búsqueda de otro relato que justificase las políticas de austeridad del Govern de Convergència i Unió asomó la sombra de España como responsable. Podría haber sido la Unión Europea, en la medida en que era la que había impuesto la reducción del déficit, o el propio PSOE o Rodríguez Zapatero, que eran los que gobernaban. Pero no, fue España. Así comenzó a tomar cuerpo el discurso del déficit fiscal, del expolio, que a partir de unas realidades ciertas se sublimaba a unas cifras irreales. Me acuso de haber hablado de los 16.000 millones de déficit fiscal, que era el discurso de la federación de CiU avalado por Unió. No lo discutía en público para no debilitar nuestros intereses, a pesar de que, por otro lado, ya se me acusaba bastante de hacerlo. En cambio, sí se cuestionaba esta cifra internamente, en nuestros consejos nacionales, en uno de los cuales, en Unió, me dijeron de todo menos bonito.

La victoria de Rajoy en el otoño de aquel 2011 y, por lo tanto, el ascenso del PP al Gobierno del Estado permitieron asociar a la España responsable de los recortes que sufríamos y nos asfixiaban con la España del PP. Daba igual que en febrero de 2012 hubiéramos aprobado los presupuestos en Cataluña para ese mismo año pactando la abstención con un PP que ya disponía de mayoría absoluta en Madrid. Esa España que nos asfixiaba no tardaría en convertirse en la España que nos robaba. Por ahí no pasé. No he pronunciado ni avalado esa expresión jamás ni he permitido que otros lo hicieran estando a mi lado. Habíamos encontrado el chivo expiatorio de nuestros males: el PP que había jugado irresponsablemente con el Estatuto de Cataluña que los catalanes habíamos refrendado y los populares habían recurrido al Tribunal Constitucional. Más allá de los errores catalanes, el PP lo recurrió fundamentalmente para erosionar el Gobierno de Rodríguez Zapatero. España no importaba, lo importante era el granero de votos que suponía presentar el Estatuto como lo hicieron. Tampoco su contenido era lo más importante. Al fin y al cabo, el PP había aprobado en el Estatuto andaluz e impulsado y aprobado en el Estatuto valenciano una parte de los artículos que cuestionaba del Estatuto catalán. ¡Cuánta irresponsabilidad, tanto de unos como de otros! Podemos entretenernos en dilucidar quién tenía más y quién fue el primero en abonarse a ella, pero nadie puede sentirse libre de culpa. Al menos yo no me siento libre de ella.

¿Qué le ha pasado a Cataluña?

Entonces comenzaron a encajar las piezas del rompecabezas que daría respuesta a la pregunta teórica sobre cuándo se estropeó Cataluña. A la innecesaria última legislatura del presidente Pujol con el apoyo del PP se sumó la designación de Artur Mas, con sus fortalezas y sus debilidades políticas, como heredero para presidir la Generalitat y liderar el catalanismo que el pujolismo había secuestrado para CiU. Después se sumó la apuesta del genio Maragall para llegar a la presidencia apoyado por ERC, intentando el sorpasso nacionalista a nuestra federación. Artur Mas no solo aguantó el tipo y no se hundió, sino que subió la apuesta. Y por si acaso no había suficiente con eso, Rodríguez Zapatero aceptó las cartas. El PP se frotó las manos. Lehman Brothers y el austericidio de la Troika alimentaron las condiciones para que el sentido común y la responsabilidad del catalanismo que había significado Convergència i Unió se transformara en populismo. Todo el periplo del Estatuto hasta la sentencia y su interpretación hicieron el resto. El plato estaba servido, y bien caliente, para el abrir el procés.

¿Y qué había pasado con el Estatuto? Ya he hablado sobre el porqué de su origen y he señalado que Maragall y Mas fueron sus impulsores. Con Pujol y conmigo no se habría llegado a la reforma del Estatuto, y menos aún a la elaboración de uno nuevo. Bueno, al menos el Pujol de aquella época. Dos personas que lo aprecian me explicaron unas anécdotas que cobran sentido al hablar de su mutación. Enrique V. Iglesias, que fue secretario de la Secretaría General de Iberoamérica y ministro de Exteriores de Uruguay, buen amigo de Pujol y mío, un día le dijo que era «como un manso cabreado» y que eso podía ser peligroso. Y en una conversación con Felipe González, Pujol le dijo que él nunca había sido ni era independentista, pero que si en ese momento —ya había comenzado el cambio de rumbo de CDC— le ponían una urna delante, votaría por la independencia. González le contestó: «Pues lo más inteligente será no ponerte una urna delante». Para aquel Pujol, el de antes de enfadarse tanto y de estar dispuesto a votar a favor de la independencia, y para mí también, sobre todo era necesario priorizar un nuevo sistema de financiación, desplegar por completo el texto que teníamos, corregir determinadas interpretaciones al amparo de la propia doctrina del Tribunal Constitucional y ligar unas cuantas competencias más en función de una interpretación diferente del texto estatutario. De hecho, el propio presidente Pujol había encargado al profesor Enric Argullol un informe sobre el grado de despliegue del Estatuto, en el que se dejaba claro que el texto vigente todavía tenía mucho terreno por recorrer. A esto se le llama hoy autonomismo, y para el independentismo es una pantalla pasada. En el caso de Pujol, es obvio que él también ha cambiado el registro. Sé que yo soy el que se ha quedado más anticuado. Lo que sucede es que, a fuerza de dar por pasadas unas pantallas determinadas, en la actual se proyecta menos autogobierno que en la anterior. Ignoro en cuál nos encontramos ahora, pero sé que no solo no se ha ganado independencia, sino que se ha perdido autonomía.

Esto no quiere decir que no haya argumentos de sobra para expresar cansancio respecto a la actitud de una parte importante de España, de sus dirigentes políticos y de unos determinados medios de comunicación hacia el reconocimiento de su pluralidad. Durante la década de los noventa y los primeros años del siglo XXI me harté de dar conferencias predicando las bondades de la España plural en la triple vertiente nacional, lingüística y cultural: Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Oviedo… La de Madrid tuvo lugar en el Club Siglo XXI, en mayo de 1996, con Aznar recién llegado al poder, con una sala llena a rebosar (cuatro ministros, Rato como vicepresidente, el presidente de la CEOE, dirigentes del PSOE, presidentes de bancos y de empresas, sindicalistas, etc.) y generosidad en los aplausos. Puesto que nos necesitábamos, además de que había favorecido el acercamiento del catalanismo a Aznar, todo era felicidad. Pero no había entonces, como tampoco lo hay ahora, el convencimiento de que existe otra España posible en lo referente al reconocimiento de las diversas identidades que la configuran. Siempre se habla del problema catalán, pero yo siempre he defendido que era y es un problema español. Es nuestro, pero también de toda España. Y hablemos claro: España ha dado la espalda a su diversidad desde el año 1714. La guerra de Sucesión (que no de secesión, como ha explicado el independentismo a todo aquel que haya querido o no haya tenido más remedio que escucharlo) acabó con el espíritu federalista de los Austrias.

De hecho, en estos últimos tres siglos, la mejor aproximación a una España sentida como propia por todos se logró con el Estado de las autonomías de la Constitución de 1979. La Loapa de 1981 fue un intento prematuro de acabar con la ventana de oportunidades que la Transición había abierto. Con una sentencia negativa a sus pretensiones, el Tribunal Constitucional que hoy tanto criticamos se encargó de recordar a la UCD de Adolfo Suárez y al PSOE de Felipe González la letra y el espíritu del texto de la carta magna en relación a las autonomías. El veterano dirigente de Unió Llibert Cuatrecasas siempre decía que nunca debíamos renunciar a la Constitución porque era nuestra garantía de futuro. Y tenía razón. Como también la tenía cuando decía que nuestro país se partiría si un día se producía en Cataluña la división entre catalanistas y unionistas. Actualmente se habla de unionistas para referirse a todos los que no subscriben los postulados independentistas. En efecto, el país se ha fracturado.

No obstante, aparte del independentismo, la Constitución ha tenido a sus principales enemigos en sectores convertidos al constitucionalismo. A partir de la mayoría absoluta de Aznar, todo comenzó a torcerse. Un Aznar que no había destacado precisamente por su defensa de la Constitución, ni mucho menos en lo que hace referencia al Estado de las autonomías, pasó a monopolizar la defensa de la ley de leyes y a imponer progresivamente un proceso de rectificación sobre la organización territorial que va mucho más allá de una discusión competencial. En la tribuna del Congreso de los Diputados y fuera de ella, siempre he expresado con contundencia nuestra condición de constitucionalistas. Me parecía un error gravísimo permitir que se apropiaran de la Constitución, como se han apoderado de España, unos determinados sectores políticos españoles, sobre todo la derecha más dura, con la complicidad de algunos intelectuales de izquierdas. Pero nosotros también hemos consentido que se consumara ese error, y de la misma manera hemos permitido que se apoderen de España con nuestra renuncia a intervenir en la gestión del Estado desde la sala de máquinas. Es fácil acusar solo a los otros de la imposición de la uniformidad, pero el catalanismo también tiene su cuota de responsabilidad.

El Estatuto

Más allá del porqué del origen del nuevo Estatuto, he hecho referencia a algún aspecto puntual de su contenido. Sinceramente, no creo que la historia lo recuerde como una joya legislativa. El texto es largo, farragoso, denso. Si me lo permiten, y que nadie se ofenda, ¡es una chapuza! Y como soy una de las personas que lo votó, y encima formé parte de la ponencia conjunta de las Cortes, no puedo dejar de entonar el mea culpa. Siempre imaginé que aquel texto no se aprobaría en el Parlamento catalán, y así lo explicaba cuando me preguntaban desde sectores políticos del Estado sobre sus posibilidades de futuro. Estaba convencido de que el PSC de Montilla no permitiría que se refrendara, pero en esta ocasión me equivoqué. Todo se precipitó cuando, habiéndose manifestado profundas discrepancias entre Maragall y Mas, entró en acción Rodríguez Zapatero.

El 22 de septiembre de 2005, a las diez de la mañana, en el hotel Wellington de Madrid —el hotel de los toreros—, me encontré en privado con Artur Mas a iniciativa suya. El presidente Zapatero le había convocado en la Moncloa para hablar del Estatuto y antes quería comentar conmigo la reunión. Se lo agradecí: Pujol nunca lo habría hecho. Tal como después me lo explicaron tanto Zapatero como Mas, la síntesis del contenido de la reunión podría resumirse perfectamente en una frase del presidente español: «Antes de hablar contigo he hablado con Maragall y tengo el convencimiento de que podéis entenderos en el asunto del Estatuto. Tenéis que hacerlo. ¿Por qué no os sentáis juntos y llegáis a un acuerdo? Ya sabéis que después aquí lo defenderemos». Hasta aquel momento, el Estatuto —o, mejor dicho, su proyecto— estaba muerto. Había demasiadas diferencias entre los planteamientos de CiU y los de los socialistas. Obviamente, nuestras posiciones eran más exigentes desde el punto de vista nacional catalán. Pero a raíz de las reuniones por separado de Rodríguez Zapatero con Maragall y con Mas, todo cambió. El presidente Pasqual Maragall y el jefe de la oposición, Artur Mas, se reunieron cuarenta y ocho horas después en el Palau de la Generalitat, y la siguiente semana el plenario del Parlament aprobó el Estatuto. Así pues, quedaba listo para enviarlo al Congreso.

He de confesar una grave irresponsabilidad, e incluso admito que fue una enorme frivolidad por mi parte. Salvo los artículos más polémicos, particularmente los que provenían de aportaciones claramente ideológicas de ICV, yo no había hecho una lectura pausada del proyecto del nuevo Estatuto. Había confiado en los ponentes de nuestra coalición, que siguieron todo el trámite parlamentario en la Cámara catalana, y en especial en Núria de Gispert. Además debo reiterar mi convicción —errónea, lo reconozco— de que los socialistas al final no lo aprobarían y, por tanto, de que no era necesario que yo me ocupara de él. Obviamente, la confianza en el bloqueo socialista no pasaba por sus objeciones a los artículos ideológicos procedentes de los excomunistas, sino por las discrepancias con los contenidos competenciales en clara sintonía con el inicio del giro soberanista. Tampoco pensaba que el rechazo socialista viniera por parte del presidente Maragall. Yo basaba mi convencimiento en lo que oía en el Congreso de los Diputados cada semana; en la reunión de la Mesa y en la Junta de Portavoces por boca de mi apreciada Carme Chacón —ya fallecida—; de quien luego sería portavoz del PSOE, Diego López Garrido, o del propio ministro José Montilla, que se sentaba justo delante de mí en el hemiciclo. La intervención a última hora del presidente Zapatero exhortando a Maragall y a Mas para que se pusieran de acuerdo fue definitiva. Pero nada de todo eso me exculpa de la irresponsabilidad que me corresponde y por la cual pido disculpas públicamente.

Aprobado el Estatuto el día 29 de septiembre, tenía un viaje con mi esposa a Taiwán a invitación del Gobierno del país. Por cierto, un viaje que los chinos de la República Popular no me han perdonado nunca. Para aprovechar las largas horas de vuelo comencé a leer en profundidad el texto estatutario aprobado: a medida que avanzaba en su lectura me daba cuenta de la gravedad del contenido. Y no me refiero a si iba poco o mucho más allá en las competencias, sino a la pésima calidad legislativa. Alguien afirmó que aquel nuevo Estatuto tenía «alma de Constitución y cuerpo de reglamento». ¡Era verdad! Además, era extenso, cuadruplicaba las disposiciones del primer Estatuto. Había una clara voluntad de blindar nuestras competencias. Mientras lo leía a diez mil metros de altitud, cada tres o cuatro artículos le pasaba el texto a mi mujer —como yo, abogada de profesión— para compartir los criterios críticos que iban modulando mi conciencia en tanto asumía la irresponsabilidad con la que había seguido todo el debate estatutario. Pero ya era tarde. Poco podía hacerse ya.

Durante las semanas posteriores mantuve algunas reuniones con Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del Grupo Socialista, con quien trabé una amistad que aún dura. Rubalcaba se las sabe todas, pero mi experiencia me permitía intentar estar a su altura. Nos conocemos lo bastante como para no hacernos daño. El escenario de una de las reuniones fue la Moncloa, con el presidente Rodríguez Zapatero. A ella se sumaron Montilla y Mas. Yo había hablado con Rubalcaba sobre la conveniencia de que hubiera una comisión bilateral de CiU y los socialistas para intentar alcanzar un pacto que ya fuera blindado a la ponencia del Congreso de los Diputados, que debía reunirse en febrero. El lado socialista estaría formado por Francisco Caamaño, entonces secretario de Relaciones con las Cortes y después ministro de Justicia, su director general, José Luis Rodríguez, y Miquel Iceta. Por nuestro lado debían participar Ramon Camp, Francesc Homs i Molist y Josep Sánchez Llibre. Yo no quería más sustos, y la presencia de Sánchez Llibre me aseguraba información puntual y criterio político. También debo señalar que le pedí que informara puntualmente de todo lo que fuéramos hablando y decidiendo a Núria de Gispert.

Después también teníamos que celebrar unas sesiones de trabajo entre CiU, el PSOE y los integrantes del tripartito que gobernaba Cataluña, es decir, PSC, IC Verds y ERC. A estas reuniones nos referíamos como cumbre del cuatripartito. En cuanto a los encuentros, largos o cortos, para los contenidos, los detalles y las anécdotas de aquellos días y de la posterior tramitación parlamentaria del Estatuto me remito de nuevo al libro de Sánchez Llibre, Les veritats de l’Estatut. Ahora solo me interesa recordar el desenlace final, no porque mi buen amigo Josep Sánchez Llibre no lo haga, sino con la intención de complementar su relato, sobre todo con un episodio que considero fundamental para entender el desenlace político del Estatuto. Me refiero a la reunión entre el presidente Rodríguez Zapatero y Artur Mas que selló el acuerdo estatutario. Después vendría el resultado del veredicto del Tribunal Constitucional, que en aquel momento no podíamos intuir.

En aquellas semanas, quien después sería conseller de Presidencia de la Generalitat con Artur Mas, Francesc Homs i Molist, reivindicando su rol en las negociaciones, decía que a mí se me reservaba la foto, pero que sería él quien llevaría la máquina de escribir. Y ciertamente tenía razón, en parte. La fotografía no fue para mí, y me alegro; fue para Mas y Zapatero. No hay nadie que no recuerde que fueron ellos dos los que teóricamente aprobaron el Estatuto antes de que fuera sometido a votación en el Congreso. La máquina de escribir, en efecto, fue para el futuro conseller de la Generalitat y asesor áulico de Artur Mas, Francesc Homs, y así nos fue. Se aprobó el Estatuto con los votos de los socialistas y de Convergència i Unió, pero no con los de ERC ni, obviamente, con los del PP. No obstante, la posición de los populares quedó clara desde el momento en el que el principal partido de la oposición fue marginado de la negociación estatutaria. Una parte de la culpa de esta marginación correspondía sobre todo a Pasqual Maragall y al tripartito; la otra, al propio PP, que, a pesar de los esfuerzos de Josep Piqué, nunca quiso participar en la negociación. Otro gran error, de unos y de otros, pero decisivo para todos. El voto negativo de ERC era consecuencia de los errores estratégicos de CiU. Si Mas no se hubiera arrogado el acuerdo con la reunión con Zapatero en la Moncloa, estoy absolutamente convencido de que los republicanos habrían votado el Estatuto. El diseño de la estrategia que habíamos elaborado con Rubalcaba permitía que se sumasen al voto positivo. Salirnos del guion fue decisivo para que ERC se apartara del voto a favor.

La semana del 16 al 21 de enero de 2006 fue decisiva para el futuro del Estatuto. Las reuniones del cuatripartito, es decir, el tripartito más la coalición de Convergència i Unió, habían estado perfilando los últimos acuerdos sobre el texto estatutario. Quedaba pendiente por pactar la puesta en escena. Artur Mas me había insistido repetidamente que quería reunirse con el presidente del Gobierno central, Rodríguez Zapatero, «para mirarle directamente a los ojos» antes de dar el visto bueno a la aprobación final del texto. Esta era la expresión que Mas utilizaba reiteradamente como si fuera un eslogan publicitario. Lo que en realidad le interesaba era obtener su compromiso para que los socialistas lo votasen a él en la siguiente investidura catalana y no repitiesen el tripartito. Junto a Rubalcaba diseñamos las escenas finales de la obra estatutaria. Teníamos a ERC completamente entregada a la causa. El profesor Joan Ridao —diputado republicano que, juntamente con el portavoz de ese partido, Joan Puigcercós, participaba en las reuniones— estaba convencido de que el nuevo Estatuto era en buena medida una criatura cuya paternidad reivindicaba jurídicamente. El miércoles 18, el rey Juan Carlos me pidió que fuese a la Zarzuela para que le explicara mis impresiones sobre el futuro del Estatuto. A la reunión también asistió el entonces príncipe Felipe, hoy rey. Les dije que finalmente habría un Estatuto y que, tal como habían ido las cosas, era un mal menor. También les adelanté que todos los partidos menos el PP aprobarían el Estatuto en Cataluña, y que, si bien no era ni mucho menos lo ideal, había que celebrar la manera como habían ido las cosas.

Los participantes en las reuniones del cuatripartito comparecieron en el Congreso ante la prensa por separado. Las hemerotecas son el mejor testimonio para ratificar que ERC era la que más defendía el texto aprobado en las reuniones previas al inicio de la ponencia estatutaria. Joan Ridao estaba exultante y mi actitud era más prudente. El día anterior habíamos acordado con Rubalcaba que el jueves 19 de enero a primera hora nos reuniríamos de manera reservada en la Moncloa con Rodríguez Zapatero y Artur Mas. También habíamos convenido que después dejaríamos a solas a Mas con el presidente del Gobierno central para que le mirara directamente a los ojos y le dijera lo que considerara oportuno. Aquel jueves por la tarde —no antes—, informaríamos de la reunión y explicaríamos que habíamos llegado a un acuerdo y que Mas había conseguido añadir unas condiciones finales favorables para Cataluña, sobre todo en relación a la financiación. Mientras tanto, ERC habría ratificado de manera pública su posición entusiasta a favor del Estatuto, adelantada por Ridao el día anterior. Si se me permite la expresión, habíamos pactado maquiavélicamente con Rubalcaba hasta el último detalle.

Sin embargo, aquel mismo miércoles al mediodía, Mas comenzó a poner trabas a la estrategia. ¡No entendía nada! El máximo dirigente de Convergència argumentaba que tenía dudas sobre la estrategia diseñada con Rubalcaba y con el visto bueno de Rodríguez Zapatero, en contra de lo que había aceptado cuando le expliqué lo que íbamos a hacer más que nada para que él pudiera «mirar a los ojos al presidente del Gobierno español». Me dijo que le preocupaba que el Comité Federal del PSOE del sábado rechazara el texto sobre el Estatuto pactado. Le repliqué, e intenté convencerle de ello, que su temor no tenía fundamento. El presidente del ejecutivo español era lo suficientemente fuerte en su partido para no arriesgarse a perder la votación de su máximo órgano de gobierno interno. Mas insistía y, por su actitud, comprendí que pasaba algo. Rubalcaba me confirmó de inmediato que Rodríguez Zapatero había recibido una llamada de Mas para pedirle una reunión sin nosotros. Habían quedado después del Comité Federal del PSOE del sábado por la mañana. Fingiendo no saber nada —ese había sido el compromiso que había adquirido con Rubalcaba y un rato después con Zapatero—, le propuse a Mas convocar una reunión ejecutiva de CiU para el viernes. En la reunión del máximo organismo de la federación, los representantes de CDC fueron muy críticos con el texto que el cuatripartito habíamos pactado.

En la reunión del CENF —el comité ejecutivo de la federación de CiU—, intervine en primer lugar para explicar pormenorizadamente los contenidos del acuerdo. Añadí que en una posible reunión de Mas con el presidente del Gobierno todavía podría llegar más lejos. Expliqué con todo lujo de detalles hasta dónde podría llegarse porque con Rubalcaba estaba perfectamente pactado hasta el punto final. Mientras hablaba, no solo era consciente de que Mas quería ver a Zapatero sin mí, aconsejado por quién sabe quién —imagino que por el asesor áulico Homs i Molist, por David Madí o por ambos a la vez—. El mérito debía ser exclusivamente suyo. Mas intervino después en el CENF y ratificó mi criterio positivo sobre la negociación. Aun así, todavía se reservaba la posición definitiva. No me sorprendió porque sabía que quería capitalizar la mejora final del texto en la reunión con Rodríguez Zapatero pactada para el día siguiente, de la que yo tenía conocimiento por la Moncloa y por Alfredo. Las reacciones de los miembros de CDC no fueron entusiastas. Pujol hizo una intervención contemporizadora y centrada en competencias sobre inmigración. Él sabía que había sido uno de los puntos finales que habíamos cerrado satisfactoriamente para nosotros el día anterior a medianoche. Al presidente Pujol siempre le interesó todo lo que tenía relación con la integración; a mí también. La clave de aquella ejecutiva de la federación llegó cuando alguien preguntó si el CENF volvería a reunirse para comentar los posibles avances en el texto estatutario. Pujol respondió que, si dependía de él, ni la ejecutiva ni su permanente —de la cual formaban parte Mas, Trias, Pujol y yo— volverían a reunirse, y que él daba por bueno lo que Mas y yo decidiéramos. Pujol ya debía saber que Mas y Zapatero se verían al día siguiente en la Moncloa.

Cuando concluyó la reunión, hablé con Mas y le dije que me iba a Vall d’Aran para asistir a un bautizo, que, si necesitaba algo, podría localizarme telefónicamente. Nunca he asistido a un bautizo en Vall d’Aran y dudo mucho que aquel día se celebrara alguno. Esa historia inventada solo tenía un propósito: Mas debía sentirse libre para ir a Madrid y hablar con Zapatero sin mí, así que le servía en bandeja la coartada para que fuera solo. Solo le pedía un detalle conmigo: comunicarme que el presidente del Gobierno le había citado. Pero no lo hizo ni me avisó, y mi enfado fue descomunal. El 22 de enero estuve en Vall d’Aran, pero no fui a bautizo alguno. Mas no me había llamado el día anterior ni ese mismo día. Yo tenía la mosca detrás de la oreja, y a media tarde el director de La Vanguardia, Pepe Antich, me llamó por teléfono para decirme que David Madí —con quien el entonces director del diario del Grupo Godó siempre había tenido una relación excelente— le había comentado que Mas estaba en la Moncloa pactando el Estatuto con Rodríguez Zapatero. Mi reacción fue colérica. No solo porque tenía que guardar las apariencias con Antich, también porque realmente era imperdonable que Mas no me hubiera comunicado la reunión cuando le había puesto tan fácil hacerlo. Al colgar el teléfono al director de La Vanguardia llamé a Pérez Rubalcaba y le dije: «Oye, estos están en la Moncloa y Mas no me ha dicho absolutamente nada, manda huevos, como diría Trillo». Y él me respondió: «No me jodas, ¿no te ha dicho nada? Ahora mismo llamo a José Luis». Cinco minutos después me llamó el presidente del Gobierno y me dijo que estaba reunido con Mas, hablando sobre el Estatuto, y que todo iba muy bien. Recuerdo perfectamente mi respuesta: «Gracias, presidente, pero quien debería haberme llamado es él y no tú». «Espera, te lo paso», añadió Rodríguez Zapatero, y, sin darme tiempo para decir nada más, acabé la conversación con Mas, que estaba al otro lado de la línea telefónica, con un «perdona, Artur, pero tu actitud es inadmisible». Y colgué.

El comportamiento de Mas me decepcionó mucho. Se lo había puesto muy fácil. Solo tenía que llamarme para decirme que Rodríguez Zapatero lo había convocado. Yo no le habría pedido acompañarlo. Un bautizo en Vall d’Aran era el mejor pretexto para no tener que plantearle que yo también quería estar en la Moncloa. La primera vez que Zapatero, recién elegido presidente, me convocó para una reunión como portavoz de CiU en Madrid, Pujol me pidió que Mas me acompañase, y lo hizo. Yo podría haber exigido reciprocidad, sobre todo teniendo en cuenta que Rubalcaba y yo habíamos dirigido todo el proceso de negociación, pero no quise emponzoñar las cosas. Además, en el fondo sabía que Mas tenía interés en quedarse a solas con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE para pedirle el apoyo de los diputados del PSC si él conseguía más escaños en las siguientes elecciones al parlamento catalán. Este hecho me revolvía las tripas: no tenía sentido negociar en la Moncloa el futuro de la presidencia de la Generalitat. Y encima la reunión se celebraba un sábado. Yo tenía programados mis fines de semana y ese era para mi familia y para ir a esquiar. ¡Me daba pereza ir a Madrid, y por muchas razones!

Al día siguiente de la reunión en la Moncloa, Mas convocó una rueda de prensa en la sede de Convergència, que lo era de Convergència i Unió —por cierto, desde la federación pagábamos un alquiler a CDC—; yo decidí que no asistiría. Antes, en la antigua cafetería-restaurante La Oca de la plaza Francesc Macià, nos reunimos la permanente de Unió y todos sus miembros me pidieron que fuera a la rueda de prensa; lo mismo me aconsejaba mi mujer. Aunque tuve que hacer un gran esfuerzo, asistí por disciplina, con la cara más larga que la que ya tengo habitualmente. Si alguien repasa el vídeo de aquella rueda de prensa, podrá comprobar que Mas no tenía mucha idea del contenido del Estatuto, más allá de lo que hubiera hablado el día anterior con Zapatero. Cuando los periodistas le preguntaban cuestiones concretas, tenía que cederme la palabra para que yo respondiera. Debe de ser uno de los días en los que he estado más enfadado, y seguramente se me notaba. Aunque eso no era difícil, pues tengo un carácter de una transparencia sin límites. Cuando estoy enfadado no sé disimularlo; es un defecto más de mi personalidad, importante si se tiene en cuenta que me dedico a la política.

Una etapa decisiva: se abren las puertas al procés

Con el Estatuto aprobado en Madrid comenzó otra etapa decisiva para comprender todo lo que después se ha desencadenado en Cataluña y, de rebote, en España. El PP, marginado en la elaboración y en la posterior negociación estatutaria, estaba dispuesto a utilizarlo como arma de desgaste electoral contra el PSOE. Ya lo he apuntado en otro momento: si había alguna posibilidad de reparar el grave error de excluir del proceso estatutario al PP, y, por lo tanto, a media España —a pesar de los intentos de un Josep Piqué inteligente y consciente de lo que podría ocurrir—, la dirección central del partido conservador, con Rajoy a la cabeza, nunca tuvo ningún interés en ello. Más bien al contrario, el PP utilizó el Estatuto y Cataluña para asediar al PSOE. Se trataba de dar una patada en el trasero al partido socialista, pero por medio del Estatuto. Fue una campaña infame, un error gravísimo. En toda España, y en Andalucía en particular, el PP pidió el apoyo con firmas de los ciudadanos para recurrir el texto ante el Tribunal Constitucional. «Échame una firma contra Cataluña…» era la frase que en más de una ocasión se les escapaba a los dirigentes populares cuando pedían el apoyo con las cámaras de televisión delante. Un apoyo, por otra parte, innecesario procesalmente para plantear el recurso, pero imprescindible si se querían obtener los réditos políticos necesarios para debilitar al PSOE. Un error detrás de otro. Nos equivocamos en Cataluña, pero el error que cometió el PP presentando el recurso fue todavía más grave y amplificó la dimensión del problema. Todo sumaba para explicar el momento en el que «se jodió Cataluña».

La sentencia del Tribunal Constitucional se dictó el 10 de junio de 2010. Puede afirmarse que supuso el comienzo formal de un periodo en el que el problema catalán —es decir, el del reconocimiento de la pluralidad nacional, cultural y lingüística de España— se abre en canal. El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de catorce de los ciento noventa y nueve artículos impugnados, y aplicó declaraciones interpretativas al resto. Esta sentencia se convirtió para siempre en el talismán del catalanismo y, al mismo tiempo, en la palanca de fuerza del independentismo. Son dos efectos diferentes. Como catalanista que no apuesta por la separación de Cataluña, la sentencia implica una serie de consideraciones que debilitan la tradicional propuesta integradora del catalanismo político. Para el independentismo ha supuesto una palanca multiplicadora de la fuerza que le correspondía. Poco importa que la mayor parte de sus dirigentes no la hayan leído nunca o que, si lo han hecho, la hayan entendido a medias. Se trata de utilizar la sentencia para generar y potenciar sentimientos contrarios a una institución española, una institución que no es cualquiera y que justamente es la que, por su función de garantizar y de interpretar la Constitución, simboliza más que ninguna otra la posibilidad de arbitrar los contenciosos entre los ciudadanos y las instituciones y entre estas mismas. Si el árbitro no es imparcial, no tiene sentido continuar jugando la partida, y entonces lo mejor que puede hacerse es abandonar el terreno de juego. Sin embargo, como acabo de recordar que no soy independentista, prefiero opinar y canalizar las energías reflexionando sobre cómo, desde el catalanismo político, puede reivindicarse un futuro diferente para el conjunto de España.

La reacción de Miquel Roca a la sentencia del 10 de junio de 2010 fue muy significativa. En un artículo publicado en La Vanguardia, Roca opinaba que con la resolución del TC el proyecto común de 1978 se había agotado y que el Constitucional lo había enterrado. «El pacto constituyente, el espíritu de la Constitución, ha sido finiquitado; ahora toca rehacer el pacto», decía quien había sido ponente de la carta magna, y, entre otras cuestiones, se planteaba la siguiente pregunta: «Habiéndose declarado inconstitucional lo que en otras comunidades autónomas sigue siendo perfectamente válido y estando vigente, ¿cómo explicarlo sin invocar una discriminación insoportable?». Son palabras de un ponente constitucional y exponente del catalanismo político, y obviamente hay que tenerlas muy en cuenta. Ya he dicho que, si hubiera sido por mí, no se habría optado por redactar un nuevo Estatuto, pero también debo recordar que otras vías alternativas no habían sido posibles, ya fuera la relectura del Estatuto o la delimitación del abuso que se hacía por medio del establecimiento de legislación básica del Estado con leyes orgánicas. Y después de constatar la voluntad de los reformadores catalanes de mantenerse dentro del marco constitucional, con un respeto escrupuloso en lo relativo al procedimiento de reforma estatutaria, llegó la sentencia del 10 de junio de 2010. Ante la ausencia de normas claras por parte de la Constitución, el TC sustituye al poder legislativo —como ya había hecho otras veces— a la hora de fijar las reglas de juego del modelo territorial. Pero con una particularidad: en este caso no solo suple al poder político, también lo hace en contra de él en la medida en que el Parlament de Cataluña y las Cortes Generales habían interpretado la Constitución con el contenido del Estatuto aprobado. También es cierto que en realidad se utiliza aquel Estatuto como instrumento jurídico para delimitar las competencias del Estado, y que, sobre esta pretensión, no solo el TC, sino una parte de la doctrina se ha posicionado en contra. Sin embargo, este libro no es el marco idóneo para entrar a debatir las ideas de unos y de otros ni su autor es la persona más capacitada para hacerlo. Por lo tanto, continuaremos en el debate político más que en el jurídico, aunque soy consciente de la conexión existente entre ambos.

Al poder arbitral del Tribunal Constitucional se añadió otra circunstancia que no era menor. El Estatuto no solo había sido aprobado por el Parlamento de Cataluña y por las Cortes españolas siguiendo las pautas constitucionales, también había sido refrendado por el pueblo de Cataluña. Esto dio pie al debate del choque de legitimidades. Un debate legítimo y oportuno para todos menos para quienes habíamos abogado por la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad sobre las leyes orgánicas, entre las que se encontraban los estatutos de autonomía. Entre los que votamos a favor de la supresión estaba Convergència i Unió; también los socialistas. Es decir, si el TC podía controlar la constitucionalidad del texto refrendado era porque, entre otras cosas, nosotros habíamos permitido la falta de control previo de constitucionalidad de la ley por la cual se aprobaba el Estatuto antes de someterlo a referéndum. En efecto, de la Ley Orgánica 4/1985, también con mi voto, se derogó el Capítulo II del Título VI de la Ley Orgánica 2/79 reguladora del Tribunal Constitucional. Pero ya habíamos entrado en la espiral de considerar al Tribunal Constitucional el chivo expiatorio de todos nuestros males. Estábamos ensayando una respuesta populista a un problema complejo y, como se ha visto después, de gran trascendencia. Entrábamos de lleno en el terreno de la agitación. La manifestación convocada para el día 10 de julio (un mes después de la sentencia) con el lema «Somos una Nación. Nosotros decidimos», con el apoyo de sindicatos, de numerosas entidades y de todos los partidos excepto el PP y Cs, era la primera expresión del hecho de que, en Cataluña, los líderes políticos estaban dispuestos a dejarse arrastrar por la calle. Eso sí, los propios líderes políticos la habían agitado previamente. El problema es que siempre que se encienden los ánimos llega un día en que la agitación se transforma en frustración y decepción. Y cuando eso ocurre es difícil llegar a buen puerto. Por cierto, el presidente Montilla fue abucheado, y yo también, en aquella manifestación. ¿Tal vez por haber aprobado el Estatuto? Tenía poco sentido hacerlo precisamente el día que, junto con ERC, se reivindicaba.

A la agitación no habían contribuido solo la lectura que se había hecho de la sentencia ni las declaraciones de los dirigentes; fue fruto de todo un proceso previo que encendió a la calle, y lo diré ya: a mí también. Hablo de todo lo que fue desgranando la prensa durante los meses y los años previos al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Las recusaciones a un magistrado favorable a las tesis estatutarias, el rechazo de recusaciones de los jueces que sostenían otra posición, el goteo de noticias sobre que si un magistrado que había sido designado a propuesta del PP podría cambiar su voto si ocurría no sé qué, o la inversa, es decir, que un magistrado del bloque progresista podría amparar las tesis de los conservadores si estos le garantizaban una futura presidencia del Tribunal… Vaya, un cúmulo de despropósitos del que yo mismo estaba harto. Recuerdo que también hubo dos personas que lo sufrieron y lo vivieron muy íntimamente desde el propio Tribunal Constitucional. Una, su presidenta, María Emilia Casas, y la otra, su vicepresidente y buen amigo mío Eugeni Gay. Con los dos tuve contactos discretos y sin ninguna intención de influir en nada, entre otras razones porque ellos tampoco se habrían dejado influir, sino para intentar averiguar cómo podían ir las cosas.

Ya con la sentencia publicada, podríamos haber intentado recuperar buena parte del contenido que el TC había declarado inconstitucional. El propio Tribunal indicaba el camino, que no era otro que el de habilitar aquellas competencias del Estado que el Estatuto atribuía a Cataluña por la vía de la aprobación de leyes orgánicas. El PSOE mostró su predisposición a seguirlo, pero no tuvo la iniciativa política necesaria para materializar esa vía. Tampoco nuestro grupo parlamentario, ni yo en particular, fuimos lo bastante hábiles para forzarla, a pesar de que hablábamos de hacerlo y lo proponía en privado y en público en el Congreso de los Diputados. Por otro lado, después del verano entramos en plena campaña electoral en Cataluña, y a partir de ahí, desde finales de diciembre, Mas pasó a ser el presidente de la Generalitat. Una vez recuperado el Gobierno en Cataluña, podríamos haberlo reivindicado con más fuerza aún, toda vez que el PP daba apoyo parlamentario al Gobierno de Mas. Pero tampoco lo hicimos con el ímpetu suficiente. Rajoy ganó las elecciones en el otoño de 2011 y, en lugar de ofrecer una alternativa desde el marco constitucional, impulsó una política de recentralización con la excusa de la crisis económica. Una recentralización a partir de la declaración de carácter básico de una parte importante de los decretos de ley de la legislatura 2011-2015. Todo ayudaba a configurar un ambiente proclive para que las tesis independentistas tuvieran éxito. Había que esperar el momento decisivo para el disparo de salida del procés.

El déficit fiscal

A lo largo del año 2012 estuvo cociéndose en el seno de CiU la propuesta del pacto fiscal. En la campaña electoral de Mas a la presidencia de la Generalitat de 2010 y en la mía a las Cortes Generales de 2011 ya fue un compromiso fundamental. Además, la ciudadanía lo entendía y muchas entidades, y sobre todo los sectores económicos, lo defendían. La patronal catalana Fomento del Trabajo se abonó a él públicamente. No hubo ningún acto electoral en el que no pusiéramos en el escenario una pantalla con un contador electrónico que reflejaba cómo el déficit fiscal subía a cada segundo que pasaba. En el Congreso de los Diputados a menudo hacíamos referencia a él. Alguna de las preguntas dirigidas al presidente Rajoy en la sesión de control tenía como fundamento denunciar esta situación. La reclamación respecto al déficit iba acompañada de la petición de la publicación de los balances fiscales. Esto ya era una práctica habitual en la época del Gobierno socialista y cuando Pedro Solbes era el ministro de Economía. Solíamos acompañar la petición con una argumentación fundamentada en el hecho teórico de que la mayoría de los países descentralizados calculaban anualmente, y los publicaban, los saldos fiscales con el Gobierno federal. Eso ponía en los documentos que me preparaban los equipos de CiU y eso defendía yo. Nuestra petición constante de los balances fiscales hizo posible que el ministerio dirigido por Solbes encargara su publicación.

Sin embargo, la verdad es que Estados Unidos, Canadá, Australia o, en el seno de la UE, Bélgica y Alemania, no publican los balances fiscales respectivos, en contra de lo que afirmábamos. Y más importante aún, ¡en contra de lo que yo también decía! Lo mismo pasaba con lo que afirmábamos a todas horas: en Alemania había un límite de déficit fiscal establecido por una sentencia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe. En este caso, siento mucho más el peso de la responsabilidad. La tesis del Constitucional alemán sobre el límite del déficit la repetía personalmente con convicción; el resto de los datos los reproducía por encargo. Esta, sin embargo, la interioricé desde el primer momento por una lectura incorrecta de la sentencia que nos servía de referencia. No domino el alemán y, en una conversación en Berlín, en la fundación Konrad Adenauer, en el año 2011 —con expertos en financiación de la CDU— interpreté mal algunas de sus expresiones. Siempre he echado la culpa a la traducción simultánea, pero era yo quien debía estudiar más a fondo la sentencia antes de avalar una lectura determinada. Me sucedió una cosa parecida con la cifra total del déficit. Dependiendo de cómo se calculen los balances fiscales, el resultado puede variar. La Generalitat sí elaboraba en aquella época sus propios balances fiscales con el prestigioso Andreu Mas-Colell como conseller de Finanzas. Pero todo dependía de si se utilizaba el método monetario o el de carga-beneficio. Si se empleaba el monetario, según nuestros números, el déficit superaba los 16.000 millones de euros. Si se usaba el carga-beneficio, se reducía a 11.000 millones. Mas-Colell mismo decía que este último método era más realista. Después, en comparecencia parlamentaria, llegó a situar el déficit por debajo de los 3.000 millones. Pero ya no quedaba claro si era una cifra que realmente reflejaba el déficit fiscal de Cataluña o si salía de los presupuestos consolidados de las Administraciones públicas en Cataluña en el año 2015, explicados por el conseller en el Parlament, los cuales reflejaban que las tres Administraciones —Estado, Generalitat y entes locales— obtenían un superávit de 2.400 millones o que, de las tres, una de ellas (la del Estado) obtenía un superávit de 3.200 millones. Ciertamente, confusión no nos faltaba ni nos falta. Cualesquiera que fueran las cantidades, era incuestionable que CiU y el mundo nacionalista estábamos dispuestos a explotar el resentimiento que creábamos por subvencionar otros territorios del Estado. De ahí nació el eslogan «España nos roba», que, ya lo he dejado claro, yo nunca pronunciaría y que tanto daño nos ha hecho.

Ya entonces, y años después todavía con más insistencia, me preguntaba si la reivindicación del déficit fiscal era un objetivo, el fin que pretendíamos o el medio para alcanzar otras metas. Este debate toma cuerpo, sobre todo, a partir del año 2010, y no deja de ser curioso que tres años antes —el 25 de noviembre de 2007—, cuando todavía no se sabía nada sobre el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, uno de los principales «ideólogos» de Artur Mas —al menos en aquella época—, Francesc Homs i Molist, firmara en el periódico El Punt Avui, como coordinador de la comisión sobre la refundación del catalanismo, un artículo titulado «Por el derecho a decidir». Nadie había utilizado jamás esa expresión hasta aquel día (en el primer almuerzo que tuve con el cuerpo diplomático en Madrid, todavía se ríen, eso del derecho a decidir les hizo gracia). Por lo tanto, es de justicia atribuir a Quico Homs la incorporación del eufemismo derecho a decidir para sustituir el derecho a la autodeterminación. El mismo diario hacía un destacado del artículo en el que se afirmaba lo siguiente: «Homs da por agotada la vía autonomista y sostiene que Cataluña ya no necesita al Estado para su desarrollo económico y social». En el artículo, además de afirmar que «Mas hace política y su proyecto es claro: Cataluña», proponía pasar «de aceptar los límites constitucionales a defender todo lo que decidamos democráticamente». Más allá de recordar, con razón, que el Estado, más que nunca, quería ser un Estado nación sin aceptar a las demás naciones que lo conformaban —imagino que él hablaba de naciones políticas con soberanía plena—, afirmaba que «poner límites jurídicos o formales a las aspiraciones de un pueblo es imposible» y que «un Estado que niega una de sus partes no es un Estado democrático, por lo tanto, está condenado a desaparecer como tal». No es necesario que sea yo quien haga balance de estas reflexiones once años después. La realidad habla por sí sola y no requiere grandes comentarios. Pero sí considero imprescindible realizar una reflexión: si en el año 2007 la persona designada por Mas como responsable de la refundación del catalanismo consideraba que «Cataluña ya no necesita al Estado», ¿tenía algún sentido reclamar el pacto fiscal al Estado en el año 2010?

Lo que sí creo que vale la pena señalar es que, un año después del pacto de Rodríguez Zapatero y Mas para el Estatuto, excluyendo a ERC, tres años antes de la sentencia del TC sobre el texto aprobado en las Cortes Generales, y tres, cuatro o cinco años antes de gobernar en Cataluña con el apoyo del PP —que se suponía que era un claro exponente de ese Estado que despreciaba y negaba a Cataluña—, una de las personas con más influencia ideológica —perdonadme la expresión— sobre Mas trazaba la hoja de ruta que nos conduciría al callejón sin salida actual. Hemos ido de mal en peor y el catalanismo ha salido perjudicado. Creo que Francesc, o Quico, Homs siempre ha defendido esas tesis convencido de que era lo mejor para Cataluña, y eso siempre merece respeto. Lo recuerdo en el piso que el expresidente Pujol tenía por su condición de tal en el paseo de Gràcia de Barcelona, cuando Convergència i Unió estaba en la oposición después de sus mandatos al frente de la Generalitat, y me parece que él también tenía allí un despacho. Imagino que no era Jordi Pujol quien iluminaba sus tesis. En aquel mismo piso, al cabo de los años, comí con el expresidente; me había invitado para charlar. Era octubre de 2013 y ya habían pasado muchas cosas o, en el lenguaje de Francesc Homs, habían pasado muchas pantallas.

Conversaciones

En aquella comida, el presidente manifestó su cansancio por la campaña que se hacía contra su familia. Me habló de sus hijos Jordi y Oriol. Del primero me repitió lo que ya me había dicho en alguna ocasión; en cuanto a Oriol, estaba convencido de que judicialmente iría bien, pero tendría que dejar la política si continuaba imputado y el juicio tardaba en celebrarse. Después me comentó, como casi siempre, la situación política de otros países —Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos…—. Hablamos de Juncker, de Lubbers y de Cataluña. Después de conversar sobre inmigración, nos referimos al lío que habíamos montado y me dijo que todo había comenzado con la sentencia del Estatuto. Le contesté que no, que comenzó con el Estatuto en sí, que ni él ni yo habríamos propuesto jamás elaborar un nuevo Estatuto y, por lo tanto, como el propio Pujol había declarado públicamente en referencia al hecho de que no habíamos hecho bien las cosas, «no nos había gustado». Me dio la razón y no me sorprendió. Le hice un breve análisis que, a lo largo de las últimas páginas, he explicado exhaustivamente al hablar de Maragall, de Mas y de Zapatero. ¡Estuvo de acuerdo! También compartía conmigo la opinión de que no se llevaría a cabo la consulta que deseaban los independentistas —vamos, los suyos— ni la Unión Europea nos ayudaría. También hablamos sobre la Tercera Vía y, como yo, consideró que no prosperaría porque Madrid se negaría a hablar. Quedamos en que seguiríamos desarrollando el tema.

La siguiente reunión con Pujol no se produjo hasta abril de 2016. Antes lo había visto puntualmente en algún encuentro del Círculo de Economía o había hablado con él por teléfono. Precisamente a raíz de mi participación, con Rubalcaba, en las jornadas del Círculo de Economía de Sitges en el año 2014, tuve con él una conversación curiosa. De esas que de tanto en tanto mantenías con él y que no acababas de entender, o que preferías no entender porque quizá te molestaba lo que estaba diciendo mientras fingía que estaba hablando de otra cosa. En vísperas de aquellas jornadas yo había ido a Bruselas con los compañeros de mi promoción de Derecho para conocer las instituciones comunitarias. Por cierto, Joaquín Almunia, uno de los españoles de prestigio en la Unión Europea, nos recibió con una cortesía y una amabilidad ilimitadas que todo el mundo agradeció. También lo hizo, aunque de una manera más informal, mi amiga luxemburguesa Viviane Reding, que tanto había defendido el catalán en la Unión Europea por su vinculación con Unió Democràtica.

Pues bien, cuando embarcábamos en Bruselas con destino a Madrid, y ya instalado en el asiento del avión, me llamó mi secretaria, Marta Castellet, para decirme que el presidente Pujol estaba intentando localizarme. No me pareció el momento oportuno de mantener una conversación con él. Cuando aterricé en Madrid, encendí el móvil y, por WhatsApp, Marta me decía que Pujol se había puesto al teléfono directamente para hablar con ella y pedirme que le llamase. Le llamé al cabo de un rato y me excusé diciéndole que estaba volando. «¿Qué dicen por Bruselas, Duran?», me preguntó. A los treinta segundos de empezar mi explicación, me interrumpió (una fea costumbre que yo también tengo y que a menudo nos puede hacer parecer maleducados a los dos) para plantearme una nueva pregunta: «¿Y qué dirás el viernes en Sitges, en el Círculo de Economía?». Cuando le respondía «todavía no lo he pensado, pero lógicamente…», volvió a interrumpirme para preguntarme: «¿Y qué dirá Rubalcaba?». «Si no sé lo que diré yo, menos aún sé lo que dirá Alfredo», le respondí. Entonces, para acabar, él añadió: «Por supuesto, si decís algo con lo que yo no esté de acuerdo, tendré que discrepar, y hacerlo públicamente no es bueno». Terminamos la conversación con una respuesta distendida, pero creo que bastante elocuente, por mi parte: «No temas, presidente. Hemos discrepado tantas veces, en privado y en público, que una vez más no cambiará nada. A nadie le sorprenderá, y menos a mí». Envié un SMS a Rubalcaba en el que le explicaba la conversación. Me reservo lo que me contestó.

La última conversación seria que mantuve con el presidente Pujol se produjo a finales de abril de 2016. Ya le habían retirado no sé cuántas cosas a causa de su confesión sobre el dinero en Andorra y, por tanto, ya no disponía del despacho del que había disfrutado en el paseo de Gràcia como expresidente de la Generalitat. El encuentro se produjo en la calle Calàbria, donde un empresario amigo y mecenas de muchas cosas le había dejado un pequeño piso con dos despachitos y una diminuta sala de reuniones. Yo le había llevado periódicos extranjeros: Le Monde, Corriere della Sera, Financial Times, Herald Tribune de aquel día. Pensé que ya no los compraba y, como sabía que en el pasado los hojeaba todos los días, estaba seguro de que los leería cuando me marchara. De su prensa habitual faltaba el Frankfurter Allgemeine Zeitung, pero como yo no hablo ni entiendo el alemán, no lo tenía. Hacía tiempo que quería visitarlo. Estaba convencido de que estaba pasándolo mal y, más allá de nuestras discrepancias y de otras consideraciones reflejadas en estas páginas, siempre he considerado que, como dirigente de CiU y como presidente de la Generalitat, tengo muchas cosas que agradecerle; también como militante de Unió y como ciudadano. Con su hijo Oriol intercambiaba de vez en cuando algún mensaje de WhatsApp y le había expresado mi interés de visitar a su padre —a quien Oriol Pujol siempre se refería como presidente—, siempre y cuando le pareciera bien.

Empezamos la conversación haciendo el repaso general habitual de nuestros encuentros. Hablamos de los refugiados, del populismo, de la inquietud por la situación política general y pusimos el acento en una preocupación compartida por el futuro político de Angela Merkel. Siempre he sentido un gran respeto por la canciller alemana. En las dos o tres ocasiones en las que he estado a solas con ella me ha impresionado. Es tan dura como lo fue Helmut Kohl, pero mucho más austera aún que quien fue su padrino político en gestos y sonrisas. No obstante, es cordial y profundamente humanista. Siempre he creído que cuando llegó a la cancillería no era una europeísta convencida y que ha evolucionado positivamente en ese sentido. Haría muy bien si concluyese su mandato impulsando definitivamente el proyecto europeo y corrigiendo los errores que ha cometido a lo largo de los últimos años. Con su política de refugiados salvó el honor de los países europeos o, mejor dicho, de los principios en los que se sustenta la Unión Europea. Pero con su decisión también comenzó a cavar su tumba política en Alemania y a abrir las puertas al impulso del populismo en su país y en otros rincones de la UE.

Después de arreglar el mundo entre los dos, Pujol entró en la situación catalana haciendo referencia a la frase que en el año 2011 había utilizado para titular una conferencia y después un libro, Residuals o independents. Comentó que su sentencia era buena, pero añadió: «No creo que seamos independientes y, por lo tanto, seremos residuales. Cada vez lo somos más; la Generalitat cada vez es más residual». El presidente me señaló —ya he explicado que también se lo había comentado a Felipe González— que él no era independentista, pero se «había convertido». En el tono agradable de la conversación le dije que no era cierto que se hubiera convertido en independentista porque siempre lo había sido. Otra cosa era que, por conveniencia y por realismo, y por poner por delante los intereses de la mayoría, no hubiera optado por el independentismo. Además estuve de acuerdo con él en la afirmación de que cada vez seríamos más residuales, aunque le puntualicé que en ese punto nosotros teníamos una enorme responsabilidad. No me contradijo, pero tampoco manifestó expresamente que compartiera mi afirmación. Solo añadió una reflexión que reduzco a dos afirmaciones suyas: «Todo está en crisis, también el independentismo» y «A España no le pasará nada, pero ahora mismo da pena».

En relación al dilema que el presidente Pujol había planteado entre residuales o independientes, la vicepresidenta del comité de gobierno de Unió y diputada en el Parlament, Marta Llorens, escribió, con la valentía y el coraje que la caracterizan, un artículo en el periódico La Vanguardia el 4 de abril de 2011. Con el título «Una apuesta por la centralidad», hacía una serie de reflexiones, a mi parecer, fundamentales. La primera era afirmar que Jordi Pujol nunca habría sido presidente de la Generalitat si hubiera sostenido la tesis de residuales o independientes o, por utilizar otra expresión empleada también por Pujol, independencia o extinción. La segunda reflexión sustentaba la tesis de que el nacionalismo que Pujol había liderado durante años había sabido conectar con unos sentimientos nacionales que nunca habían sido —ni eran— blancos o negros, sino que tenían una riqueza inmensa de grises. Y la tercera manifestaba que convenía continuar apostando por una expectativa de futuro viable y ampliamente compartida —que nosotros concretábamos en el pacto fiscal—. También señalaba que no podíamos contribuir a instalar en el seno de nuestra sociedad un dilema empobrecedor que no obedecía a la realidad y además dejaba huérfanos a la mayoría de los catalanes y de las catalanas.

Mientras escribía estas líneas de las memorias, hablé sobre ese artículo con Marta Llorens y me dijo que la centralidad de hoy no es la misma que la de entonces. ¡Qué razón tiene! El proyecto independentista no deja hoy en día tantos huérfanos como lo hacía entonces. Pero lo más grave es que la Convergència de Pujol y Unió —una parte muy importante de Unió activamente, y la otra, de manera pasiva— hemos colaborado en la modificación de aquella centralidad. El cambio no solo no ha servido para nada a CiU ni a Cataluña, además es que CiU no es central y ni siquiera está presente, y una Cataluña dividida como nunca es cada día más residual —como me decía el presidente Pujol— y con menos posibilidades de ser independiente.

Aquel día, en mi última conversación con Pujol acabamos entrando en el terreno personal. Lo hizo él al hablar de sí mismo. El presidente escribía notas y artículos que no publicaba, y a veces los enviaba a sus amigos. En este contexto, me preguntó si había leído su artículo sobre Jonás. No sabía de qué me hablaba ni en aquel momento se me ocurrió pensar en el personaje bíblico, a pesar de que antes me había confesado que a lo largo de su vida había sido en parte profeta y en parte predicador. Puesto que yo no estaba en la lista de los amigos a los que remitía sus escritos (años antes sí me enviaba todo o, para no faltar a la verdad, debería decir casi todo), me explicó el contenido que hacía referencia a Jonás. De entrada, no tiene más valor que recordar la historia. Temeroso de Dios por no haber cumplido un mandato divino, Jonás se embarcó precisamente rumbo a Tarsis. Durante una repentina tormenta, pide que lo lancen al mar, ya que asume que él es el responsable de la inclemencia. Después lo devora un gran pez, que posteriormente, una vez que reza y suplica a Dios, lo arroja a la playa. Jonás acabó cumpliendo el mandato divino y luego se retiró a una cabaña.

Debo confesar que salí de aquella entrevista un poco confuso y preocupado. El presidente Pujol la dio por terminada después de decir que a lo largo de su vida había tenido éxitos y fracasos —algunos compensados por los éxitos—, pero que al final había tenido un gran fracaso que lo perturbaba. A mí la conversación también me dejó perturbado. Pujol es un hombre creyente, y yo también. Por lo tanto, interioricé lo que podía sentir una persona que había sido un extraordinario presidente de Cataluña y que en esos momentos sentía que, posiblemente, su último gran fracaso eclipsaba sus muchos éxitos, al menos de manera temporal. O que probablemente una parte de la sociedad lo entendía así. Él estaba imputado; también toda su familia, en un grado más o menos alto. Era consciente de que no se habían hecho bien algunas cosas. Pienso, no obstante, que judicialmente acabará bien, pues hay —en mi opinión— demasiadas irregularidades procesales en toda la instrucción como para pensar lo contrario. Esto mismo le dije, y me contestó que muchas personas le hacían la misma reflexión. Él también sabe que tiene responsabilidad en cosas que no se han hecho bien y al mismo tiempo que todo el mundo se atreve a juzgar a los demás y a condenarlos de entrada. Al margen del caso de la familia Pujol, este es uno de los grandes males de nuestra sociedad. Siempre hay gente dispuesta a tirar la primera piedra. Imagino que la historia será capaz de desligar los éxitos de los fracasos y que el balance no será tan negativo como parece ahora. Tal vez por eso, la última vez que hablamos largo y tendido los dos solos lo encontré optimista y esperanzado. La conversación en conjunto no me gustó, sobre todo porque he leído mejores artículos suyos que el de Jonás. Ya no he vuelto a verlo. A veces pienso que no hago bien. Ignasi Farreres, exconseller de Trabajo de su Gobierno, lo visita a menudo. Y eso que Pujol dijo lo que dijo del caso Pallerols. Pero Ignasi es un santo. ¡Y yo no!

Soberanismo, independentismo

Más allá de las cuestiones personales, la conversación con el presidente Pujol transcurrió en un contexto de clara discrepancia sobre el rumbo que había tomado Convergència i Unió a partir del año 2011. La demanda de pacto fiscal que Unió —al menos mis colaboradores más cercanos y yo— sostenía de buena fe como un objetivo, y no como un medio para poner en marcha otras estrategias políticas, fue cogiendo forma como propuesta que se plantearía al Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, en la primera reunión que tuve con Rajoy para hablar de su investidura, todavía como jefe de la oposición que había ganado las elecciones, ya le planteé, como condición necesaria para darle nuestro apoyo, el pacto fiscal y el cumplimiento del pago de los 759 millones de euros en inversiones derivados de la disposición adicional tercera —de la cual me comentó que acababa de enterarse por La Vanguardia—. Me contestó que su respuesta sería evasiva, y yo le repliqué que, si era así, la nuestra sería muy clara. Sin embargo, al mismo tiempo que defendíamos el pacto fiscal, en el horizonte aparecía cada vez con más fuerza el objetivo de la independencia. En el verano de 2012 se visualizaron claramente las dos estrategias. Unos defendían el pacto fiscal y, por lo tanto, una propuesta para continuar en España; los otros, en cambio, ya estaban instalados en la tesis independentista. La defendían con más o menos claridad, ya que la introducción del derecho a decidir solo era un subterfugio con el que intentaban sumar más personas a la causa independentista. ¿Quién no está a favor de que decidamos? ¿Pero decidir qué? ¿Y quién lo decide? No obstante, la estrategia era clara y pasaba por contabilizar el 80 por ciento a favor de ese teórico derecho como partidarios de la independencia. Cuando después la gente ha ido tomando conciencia de que, también en ese extremo, el independentismo la manipulaba, se ha separado paulatinamente de esa reivindicación, y ese 80 por ciento se ha reducido. Si el independentismo hubiera estado más vivo, ahora el porcentaje continuaría siendo tan alto como lo era hace tres o cuatro años.

Además, al margen de los partidos políticos, en Cataluña se había producido un hecho muy relevante. En marzo de 2012 se celebró la asamblea constituyente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), creada un año antes. Si el movimiento de los indignados estuvo relacionado con el malestar social, la ANC respondía al malestar identitario inflamado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. En ambos movimientos hay una dosis importante de populismo, y a partir de su surgimiento todo cambia, y mucho. En Cataluña, con la creación de la ANC comienzan a organizarse las grandes manifestaciones de los 11 de septiembre. De hecho, ERC comenzó a plantear seriamente su proyecto independentista después de la manifestación del año 2012. Convergència lo hizo más tarde, tanto a remolque de la ANC como de ERC. Los máximos dirigentes de CDC quedaron impresionados con la manifestación del 11 de septiembre de 2012; también Unió, y yo particularmente. Pero las decisiones de unos y de otros comenzaron a divergir más que nunca en la historia de la coalición (después federación) de Convergència i Unió. En el caso de Convergència, no influyó solo el vuelco que impulsó la ANC en las estrategias del independentismo; hubo otro factor decisivo para entender el giro convergente. El partido que había fundado Jordi Pujol para que fuera el santo y seña de la política catalana estaba perdiendo esta posición hegemónica. Es decir, y esto era lo más importante, se sentía amenazada con perder el poder que había tenido durante tantos años. A mi parecer, quisieron —equivocadamente— detener la hemorragia compitiendo con las tesis del partido que estaba comiéndoles el terreno, es decir, ERC. Era una lucha por el poder y hoy por hoy es evidente quién la perdió.

Estoy empleando la palabra independentismo cuando en aquel momento —verano y otoño de 2012— todavía se hablaba de soberanismo, otro subterfugio que pretendía sumar más personas a favor de la causa. Nunca me ha dado miedo utilizar la palabra soberanía. Como ya he explicado, me pateé España explicando mi proyecto de un estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. Unió elaboró un magnífico documento en un consejo nacional extraordinario celebrado en Sant Cugat del Vallès el 31 de mayo de 1997. En plena legislatura de Aznar, que gobernaba con nuestro apoyo, titulamos nuestra posición «La soberanía de Cataluña en la España plurinacional». Sin embargo, desde hace muchos años, siempre que hablo de soberanía añado el término compartida o, citando a Giovanni Sartori, la he calificado de soberanía perforada. Hoy en día no hay ningún estado plenamente soberano, y es absurdo hablar de una Cataluña soberana, como es hacerlo de una España soberana. Otra cosa es aspirar a compartir la mayor soberanía posible, ya sea con España, con la Unión Europea o con cualquier otro organismo internacional. Ya es mucho más difícil aspirar a hacerlo con los mercados, que son los que a menudo marcan las pautas de muchas decisiones económicas, sociales y políticas. ¿Acaso España es soberana a la hora de tomar decisiones en el ámbito de defensa? ¿Acaso no tiene que compartirlas con sus socios de la OTAN? ¿Acaso lo es cuando se trata de fijar el precio del dinero o las políticas energéticas? Sigamos. ¿Acaso no tiene que compartir las decisiones —y no siempre puede— sobre estas materias con la Unión Europea o con las Naciones Unidas en el contexto de las políticas energéticas que el cambio climático nos obliga a tomarnos en serio si no queremos acabar de destruir para siempre el planeta Tierra? Y así podría seguir haciendo una larguísima lista que implicaría también la lengua y la cultura, y que nos lleva a la conclusión de que defender fundamentalismos con conceptos como la soberanía no deja de ser un síntoma evidente de envejecimiento intelectual de quien lo plantea y del populismo que lo alienta.

La manifestación del 11 de septiembre de 2012 llegó en ese ambiente en ebullición que estaba haciendo subir la temperatura política en Cataluña. El 9 de agosto, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, había pedido una «movilización masiva para defender un nuevo sistema económico para Cataluña». Era coherente con nuestro compromiso de legislatura. Tanto en el Parlament como en las Cortes españolas nos habíamos presentado con el objetivo del pacto fiscal, no el de la independencia. Es cierto que en los mítines cada vez se gritaba más lo de «in, inde, independenci-a». Comenzaron las juventudes convergentes y cada vez se sumaban más personas del público que asistía a nuestros actos. Eso sí, sobre todo lo cantaban cuando me tocaba hablar a mí. Cuando salía Mas, el grito de guerra era «Mas, presidente». Si el mitin era de las municipales en Barcelona, «Trias, alcalde». Y cuando salía yo nunca fallaba… «In, inde, independenci-a». Tengo que confesar que estaba harto, y un día estuve a punto de decir una barbaridad. Sin embargo, los más próximos de Unió me aconsejaron que hiciera como si oyera llover. Recuerdo un mitin en Girona con quien después ha sido presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que rio a gusto cuando me recibieron con los gritos habituales a favor de la independencia. Ya entonces no le tenía ninguna simpatía por dos razones: porque desde un periódico publicado en inglés de noticias sobre Cataluña—debidamente subvencionado, eso sí— siempre me ponía a caer de un burro, y porque siempre lo había considerado un chiflado. ¡Vamos, más de la CUP que de Convergència! ¡Y el tiempo me ha dado la razón!

Puesto que nuestro compromiso (dejando de lado los mítines) era el pacto fiscal, no veíamos nada clara nuestra participación en la manifestación convocada el 11 de septiembre por la ANC con el lema «Cataluña, nuevo estado de Europa». Ya iba un paso más allá del eslogan «Cataluña, Estado propio» que habíamos aprobado en los textos de los congresos para conciliar posiciones con el sector que después se abonaría al independentismo. No me importaba aceptar un Estado propio; Baviera era «el estado libre de Baviera». Pero era evidente que quien presentaba las enmiendas en los congresos de Unió quería otorgarle otro significado. Por cierto, hoy en día son militantes de ERC o actúan desde Demòcrates —partido creado con la escisión de Unió de junio de 2015— y con más hiperventilación independentista que los propios republicanos o, incluso, que el presidente Torra. Cada vez que hacen unas declaraciones y me preguntan «¿pero estos no eran de los vuestros?», me echo las manos a la cabeza y me quedo mudo de vergüenza; no porque no puedan pensar ni decir lo que quieran, sino porque a menudo lo expresan en un tono claramente inapropiado y con el cobijo que les dio la Unió Democràtica no independentista. Al final, de cara a la manifestación, nos acogimos a la llamada del presidente Mas a movilizarnos por el pacto fiscal, dejando claro que «era incoherente y estratégicamente erróneo defender al mismo tiempo el pacto fiscal y la independencia». La prensa dijo que era un «mensaje subliminal» dirigido a los sectores más soberanistas de Convergència. Y tenía razón, pero con un matiz: no era un mensaje subliminal, sino directo y claramente dirigido a esos sectores, como tantas veces se ha hecho a partir de aquellos días. ¡En privado y en público!

Acabé asistiendo, aunque no tenía la intención de hacerlo, a aquella manifestación que queríamos que fuera un crisol de sensibilidades y de reclamaciones diversas y que acabó siendo claramente independentista, como todas las que se han llevado a cabo en los años siguientes con éxito de asistencia, de capacidad organizativa, de relato y de performance. El 6 de septiembre es mi aniversario de bodas y solemos marcharnos cuatro o cinco días fuera de Cataluña, pero nunca lejos. En el año 2011 habíamos celebrado las bodas de plata y nos habían regalado un viaje un poco más lejos. Ese viaje, previsto para 2011, había quedado suspendido y pospuesto para el año siguiente a causa de la convocatoria de elecciones anticipadas del presidente Rodríguez Zapatero, que ganó Mariano Rajoy. Regresamos del viaje el mismo 11 de septiembre; yo iba con muletas a causa de una lesión en el menisco de la que me operaron unas semanas después. Confiaba en llegar puntual al aeropuerto de El Prat para asistir a la manifestación. Al partir de viaje estaba decidido a no participar en ella, pero cuando ya estaba fuera de Cataluña, y por teléfono, Josep Sánchez Llibre me pidió que asistiera. Primero le dije que físicamente no iría, pero daría una rueda de prensa en un hotel próximo al paseo de Gràcia, donde se celebraba la manifestación. Me respondió que eso no era suficiente y que tenía que participar. Sánchez Llibre se sentía presionado por quien entonces era el director de La Vanguardia, José Antich. Este era un buen amigo suyo y por entonces tenían una relación estrechísima. Antich le había dicho a Sánchez Llibre que aquel día sería histórico y que quien no participara en la manifestación no sería nadie en el futuro. A pesar de que yo ya tenía decidido abandonar la política y que aquella era mi última legislatura, convencido por Pepe, y pensando en Unió, fuimos a la manifestación. Sin duda, la manifestación fue histórica, pero el hecho de participar en ella no me aseguró ningún futuro, ni a mí, que ya no lo tenía, ni a Unió. Ni, evidentemente, a muchos de los dirigentes que estuvieron presentes.

Llegué a la manifestación cuando hacía un buen rato que había comenzado, pero en la medida en que era multitudinaria y no avanzaba, tuve tiempo para incorporarme; en coche hasta donde pudimos, en silla de ruedas después y, finalmente, caminando con las muletas, me uní a la manifestación en la calle Consell de Cent. El par de manzanas recorridas en silla de ruedas acompañado de jóvenes de Unió que formaban parte de nuestro servicio de orden ya auguraba que no sería bien recibido. Me dijeron de todo menos bonito. Ya en la manifestación me cayeron un puñado de monedas. Entre que pesaban poco, pues eran céntimos de euro, y la resistente calva, el incidente no fue a más. Cuando me incorporé al grueso de los dirigentes de Convergència i Unió, mis compañeros de partido oyeron que Xavier Trias espetaba un «este… aún se llevará la foto». Los puntos suspensivos sustituyen conscientemente un calificativo que un señor de Barcelona como es Xavier Trias no merece que ahora, con el espíritu ya tranquilo, yo reproduzca. Los insultos continuaron y me acompañaron durante todo el trayecto de vuelta al coche al acabar la manifestación. Aquel día decidí que nunca más participaría en una manifestación del 11 de septiembre. Los gritones no me sentían de los suyos y con razón. Pero tampoco me consideraban un catalán digno, más bien me trataban de denigrante botifler. Sería el primer botifler del catalanismo de este procés. Los que no venían del catalanismo ya estaban descontados de la nómina del botiflerismo. Yo, sin embargo, militaba en el catalanismo desde hacía cuarenta años y, al margen de Unió, había sido secretario general de la coalición en la que figuraba Convergència y candidato a Madrid por Lleida y por Barcelona, además de candidato a la alcaldía de Lleida y conseller de un Gobierno de Pujol. Todo eso comportaba que lo que dijera o hiciera resultara más molesto. Se notaba en los ataques de dirigentes y de medios de comunicación afines al independentismo. En la actualidad, por desgracia, la lista de botiflers se ha ampliado mucho e incluye, entre otros, a dirigentes que en su día, de manera directa o indirecta, me acusaban a mí de serlo.

Al día siguiente de ese 11 de septiembre, el presidente Mas tenía una conferencia coloquio a la hora del desayuno, organizada por Nueva Economía Fórum, en Madrid. Mas hacía suya, sin matices, la reivindicación de la manifestación «Cataluña necesita un Estado». Eso sí, lo reivindicaba dentro de la Unión Europea y de la zona euro, y sin pronunciar todavía la palabra independencia. Para unos días después, concretamente para el 20 de septiembre, tenía concertada una entrevista con Rajoy en la Moncloa para hablar del pacto fiscal. Esta vez se me había informado de ella mucho antes de que saliese en los medios de comunicación. Tanto Mas como el propio Rajoy me habían comentado incluso sus expectativas del encuentro. Ambos tenían poca confianza en los resultados. Sé lo que sucedió en aquella reunión sobre todo por boca de Mas, si bien Rajoy también me habló de ella, muy a su manera. La víspera del encuentro —estando yo en Roma, donde Mario Monti me había invitado a participar en una jornada sobre la UE—, el presidente Mas me llamó con mucha amabilidad para comentar el enfoque de la reunión. Volvió a llamarme al día siguiente desde el mismo coche que lo trasladaba de la Moncloa a la Delegación del Gobierno de la Generalitat, donde daría la rueda de prensa posterior a la reunión. Ni él ni yo esperábamos gran cosa del encuentro, pero creíamos que Rajoy por lo menos querría ganar tiempo proponiendo algún grupo de trabajo. A nosotros, aparte de que nos parecería bien, no nos quedaría más remedio que aceptarlo. Sin embargo, un par de días antes de la reunión, cuando Rajoy se enteró de que Mas no quería dar la rueda de prensa en la Moncloa, el presidente español tuvo claro que el encuentro estaba destinado al fracaso. Según Rajoy, el presidente catalán solo quería un no a sus propuestas. Razón de más para pensar que el presidente del Gobierno español se equivocó. Sabiendo que Mas iba a buscar el no, Rajoy debería haberle hecho la propuesta de crear un grupo de trabajo o una comisión para estudiarlo. Al presidente español le dio pereza hacerlo y prefirió despacharlo con el argumento de que no podía atender la propuesta del pacto fiscal porque la crisis económica lo impedía. Al fin y al cabo —y tenía razón—, la amenaza de la intervención estaba presente.

Si bien el presidente Mas, como decía, me llamó por teléfono la víspera de la reunión con Rajoy y al día siguiente al salir de ella, el tono de esta segunda conversación había cambiado en relación con la de la noche anterior. ¿Qué había pasado entre una y otra llamada? El periodista Enric Juliana, delegado de La Vanguardia en Madrid, explicaba hace unos meses en una crónica titulada «Aquella noche en el Ritz» una cena que considero muy relevante, a la cual dice que asistió, entre otros, Francesc Homs. Intuía que algo había hecho cambiar el tono de Mas, muy distinto de una conversación a otra, separadas por menos de veinticuatro horas. Yo tenía la mosca detrás de la oreja por la convicción de que en la Moncloa asumían que Mas buscaba el no y que por eso había rechazado dirigirse a la prensa desde la sede del Gobierno central. Pero en otras ocasiones, otros presidentes de la Generalitat lo habían hecho así después de reuniones en la Moncloa con el presidente del Gobierno. Por lo tanto, no le daba tanta importancia. Por otro lado, el delegado de la Generalitat en Madrid, mi amigo, exdiputado y senador de Unió Jordi Casas supo de esta decisión por funcionarios de la Delegación en Madrid y no por el equipo de Presidencia de la Generalitat. Casas había tenido un problema de corazón y no se desplazaba a Madrid, pero se podía hablar con él si convenía hacerlo. Por esta razón, sorprendido porque no le habían comentado nada, comunicó de manera muy elegante que su estado de salud le impedía trasladarse a la capital del Estado. De hecho, aquellos días Casas comenzaba a considerarse moralmente dimitido del cargo, ya que no compartía el rumbo que estaba tomando el Gobierno de la Generalitat. Así pues, lo que percibí de aquellas horas fue siempre a través de las conversaciones con Mas. Cuando leí el artículo de Enric Juliana, até cabos.

El delegado de La Vanguardia explicaba que en la víspera de aquel encuentro entre Rajoy y Mas, durante una cena en la terraza del hotel Ritz, se decidió que si la respuesta de Rajoy era negativa, como se esperaba, se adelantarían las elecciones y Mas se pondría al frente —en palabras de Juliana— «de la fenomenal energía cívica que se había expresado ocho días antes en Barcelona en la gran manifestación del 11 de septiembre». Hasta que leí esa crónica, sabía que Mas me había mentido en relación a por qué quería disolver el Parlament y convocar elecciones de manera anticipada, pero no me había dado cuenta de que también me había mentido al explicarme cuándo había tomado la decisión. Solo a partir de esa cena se entiende que, al día siguiente en la plaza de Sant Jaume, hubiera unas cuatro mil personas —según las crónicas periodísticas— para recibir al presidente Mas y que este saliera después a saludarlos con su mujer mientras los concentrados cantaban eso de «Mas, sé valiente, Cataluña independiente». Era obvio que todo estaba preparado y, como nada de lo que hiciera serviría si no llegaba a la ciudadanía, TV3 no podía faltar para retransmitir el momento histórico. ¡Madre mía, cuántos momentos y días históricos hemos vivido en los últimos seis años!

¿Adelantamos las elecciones?

Unos días después, en concreto por la Mercè, el presidente Mas me pidió que a última hora de la tarde fuera al Palau de la Generalitat y entrara directamente en la Casa dels Canonges por la puerta de la calle Bisbe: era un acceso que solíamos utilizar cuando queríamos un poco de discreción en los encuentros. Además, aquel día la justificación era que en la plaza habría mucha gente porque era la fiesta mayor de Barcelona. El presidente quiso compartir conmigo una reflexión sobre un posible adelanto electoral. He escrito expresamente compartir y posible adelanto porque son justo esas las palabras que empleó como preámbulo de la conversación. Su argumento era el siguiente: llevamos un par de años de legislatura y he tenido que hacer muchos «ajustes presupuestarios para reducir el déficit» (los recortes), y no tenemos más remedio que continuar haciéndolos de una manera todavía más rigurosa. En consecuencia, de aquí a dos años, cuando nos toque convocar elecciones, lo sufriremos en las urnas; por lo tanto, me parece que nos convendría hacer elecciones ahora, acabar de aplicar las políticas de ajustes a las que nos obligan el Estado y la UE durante la primera parte de la siguiente legislatura y llegar en mejores condiciones al final. En ningún momento de la conversación salió otro argumento que no fueran el económico y el presupuestario. Le mostré mi conformidad con el planteamiento que me hacía.

Después se ha dicho y escrito de manera reiterada que esa no fue la razón del adelanto electoral, que en realidad se quería aprovechar la marea popular expresada en la calle el 11 de septiembre y liderar el giro hacia el independentismo. Parece ser que ese fue el verdadero motivo de la decisión de Mas y no el que me había explicado y yo había compartido. He tardado mucho tiempo en saber que no la tomó a finales de septiembre, sino a principios de ese mes a raíz del encuentro con Rajoy —cuyo fracaso ambos deseaban—, y consumada en la cena en la terraza del Ritz del día anterior a la reunión. A Rajoy le iba bien aparecer como garante de la igualdad de los españoles ante la amenaza de un nuevo concierto vasco aplicado a Cataluña. Y a Mas le permitía salir del bucle en el que lo había metido ser el alumno aventajado de la política de austeridad de la UE y, de pasada, liderar la creciente marea independentista. Así fue, al menos hasta enero de 2016, cuando cedió el testigo de la presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont. En lo que sí coinciden la información de Enric Juliana y la mía es en que Francesc Homs y alguna persona más fueron los inductores de la decisión del adelanto electoral o, al menos, la compartieron. Cuánta irresponsabilidad por parte de Rajoy y de quienes lo aconsejaron, y de Mas y de quienes lo indujeron a tomar aquella decisión…

El resultado de adelantar las elecciones se conoce de sobra: de los 62 diputados que Convergència i Unió tenía en el Parlament de Cataluña pasamos a 50 y a depender de Esquerra Republicana, con la que tuvimos que negociar el apoyo parlamentario. Los 12 diputados que perdimos son prácticamente los que ganó ERC. No hicimos autocrítica. Los dirigentes más soberanistas de CDC airearon una conclusión: el responsable del resultado electoral era yo por haber cuestionado la estrategia de acercamiento a las tesis de ERC. Esa fue la última campaña general (entiendo como tal las elecciones al Parlament de Cataluña o a las Cortes Generales) que haría con las sigas CiU. Fue una campaña sorprendente porque la estelada pasó a ser la bandera prioritaria de la imagen de CiU: en los mítines y en el cartel electoral en el que Mas aparecía como un mesías, guía y salvador del pueblo catalán. De todo nos enteramos cuando ya estaba diseñado; solo nos quedaba la opción de decir amén. De haber dicho lo contrario, nos habrían señalado todavía más como los responsables directos de la derrota electoral. La campaña fue muy dura, entre muchas otras razones porque habían comenzado a aparecer informaciones en El Mundo sobre informes de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) relativos a cuentas corrientes del presidente Mas y del conseller Felip Puig. Como dije en el mitin inicial de la campaña, las cloacas del Estado habían comenzado a actuar. En aquellos momentos, esa referencia provocó que recibiera muchas críticas en Madrid. Pero sabía lo que decía. Ahora, seis años después, con la salida a la luz de los informes del comisario Villarejo sobre dirigentes políticos de todos los colores y sobre la Casa Real, esas mismas voces avalan en privado mi denuncia.

6

La realidad más inmediata:
reflexiones finales

A lo largo de estos últimos años en los que el procés ha contaminado todo el debate político, he defendido que España es una democracia homologable a la de cualquier país de nuestro entorno occidental. Desde el independentismo se ha intentado divulgar —con éxito ante una parte importante de la población catalana— que España era como Turquía o como otros estados donde el autoritarismo se ha impuesto en los últimos años. Esta comparación no se sostiene, más allá de aceptar claramente que nuestra democracia es mejorable. Como lo son la alemana, la belga o la austríaca, por citar algunos países con los que compartimos condición de socios en el seno de la Unión Europea. En el caso español no hay ninguna institución de la UE que haya planteado alguna duda sobre el cumplimiento de los requisitos que configuran un Estado de derecho. No es que España no pueda equipararse a Turquía, es que ni siquiera puede compararse con Hungría o con Polonia, países que sí han recibido reprobaciones de la Comisión y del Parlamento Europeo por la pérdida de calidad democrática.

La independencia judicial

Es cierto que en el ámbito de la independencia judicial el Consejo de Europa ha señalado a España como el país menos comprometido en la lucha contra la politización judicial. Tan cierto como que Francia y Bélgica la siguen a corta distancia. Así, mientras España —según los datos de 2017 del grupo anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO por sus siglas en inglés)— solo ha cumplido parcialmente con el 25 por ciento de las medidas que le habían solicitado que aplicara, Francia lo ha hecho con el 34 por ciento y Bélgica con el 43 por ciento. También es cierto que no hemos encontrado la manera de resolverlo. Seguramente no se trate de si tienen que ser los jueces o el Parlamento los que designen a los miembros del Consejo del Poder Judicial, sino de legislar para acotar las condiciones para evaluar a los jueces a efectos de su nombramiento al frente de los tribunales. Si se hiciera así, los políticos no podrían influir, ni los jueces dejarse influir en la medida en que su carrera judicial no dependería del poder político, sino de sus méritos. Pero esta realidad incuestionable tampoco permite aceptar la acusación generalizada de ausencia de independencia del poder judicial y de sumisión de los jueces al poder político. Es una falta de respeto a los miles de jueces y juezas que trabajan vocacionalmente con medios precarios y que interpretan la ley con independencia de los intereses del poder político. Eso sí, con posibles errores humanos a la hora de dictar sentencias, como en cualquier otro campo.

Sin perjuicio, por tanto, de la colaboración de algunos jueces al desprestigio de la judicatura como de la de algunos políticos a la de la política, no podemos perder de vista que hemos sido los políticos los que más hemos contribuido a crear un sistema que el Consejo de Europa considera manifiesta y necesariamente mejorable. Todos los partidos con responsabilidades de gobierno o con influencia parlamentaria hemos ayudado a fraguar un sistema que está resquebrajándose por todas partes. Estoy lejos de lo que representa Ciudadanos (ellos son liberales o socialdemócratas dependiendo de cuándo y de quién, yo soy democristiano; además, ellos han tenido y tienen una posición frente a la cuestión catalana que considero extremadamente negativa), pero básicamente son los únicos que, teniendo cierta influencia, la han ejercido para discrepar del sistema. No tengo interés en hablar de otras formaciones, pero, sin salir de mi casa, es evidente que cuando Convergència i Unió propuso al juez Lluís Pascual Estevill para formar parte del Consejo General del Poder Judicial, no pensábamos tanto en la Justicia con mayúscula como en otros intereses, que no digo que no fueran legítimos. No participé en su designación y, por lo tanto, no puedo explicar cuáles fueron las razones. Pero una cosa es cierta, puedo dar fe de que cuando dejó su actividad en la judicatura muchos colegas profesionales del Derecho lo celebraron. Sin embargo, en lugar de premiarlo por dejar de hacer lo que hacía desde su juzgado —razón por la cual los abogados lo temían—, tal vez habría que haberlo denunciado con todas sus consecuencias. Después sí he intervenido en la designación de los miembros del Consejo que le correspondía proponer a CiU por cuota parlamentaria, y en este sentido me acuso de haber participado en la influencia política a la hora de plantear sus nombres. Cuando José María Aznar ganó las elecciones por mayoría absoluta, en función del número de escaños a CiU le correspondía proponer un miembro del Consejo, pero con el presidente del Gobierno negocié que nos cediese uno de su cuota para que pudiéramos designar a dos. Así introduje a Esther Giménez Salinas en el CGPJ. Después fue rectora de la Universidad Ramon Llull, y cuando lo dejó, entró en el consejo de administración del Banco Santander.

Sin embargo, con independencia de que me ratifique una y otra vez en la opinión de que el sistema democrático español es altamente homologable, es verdad que en los últimos años ha habido cierta regresión constitucional. Este es un término que recogen los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en el ensayo Cómo mueren las democracias, publicado en enero de 2018. No me parece baladí que lo digan cuando manifiestan que, en contra de lo que piensa la mayoría de la gente, hoy en día las democracias no mueren a manos de hombres armados, sino que a menudo se erosionan lentamente, con unos recorridos casi inapreciables. La defensa del carácter homologable de la democracia española no solo no debe impedirnos hacer todo lo que sea necesario para evitar que se agrave su erosión, también tenemos que comprometernos. Cuando yo hablaba de las cloacas del Estado y los medios y los dirigentes políticos de la derecha española reaccionaron con grandes aspavientos, me refería precisamente a eso. Y cuando, más de una vez, expresaba al presidente Pujol el convencimiento de que buena parte de las instrucciones penales podrían acabar bien para su familia, hablaba de lo mismo. La posibilidad de que se hayan obtenido pruebas de manera ilícita por parte de jefes operativos de la policía española para enviarlas a la UDEF, además de que constituye una regresión constitucional, no deja de ser un factor positivo para cualquier acusado. Si es cierto, un día u otro la justicia española o la europea tendrán que admitirlo con los efectos consecuentes de cara a la sentencia o las sentencias. En los últimos años, en España hay demasiadas cosas demasiado importantes en carne viva, por utilizar la expresión de un amigo que me apropié la primera vez que la oí. A alguien se le han ido de las manos algunos pilares básicos del gobierno de un Estado de derecho. No quisiera parecer ingenuo ni hipócrita cuando hablo de cloacas del Estado. Cualquier Estado —y todo Gobierno, aunque no sea Estado— las tiene. Pero deben ser utilizadas con sentido de Estado para atacar a los enemigos del Estado; y no emplearlas para intereses de partido ni para combatir a quienes no comparten políticamente sus planteamientos partidistas. Eso es lo que ha pasado a menudo. Y si, además, una parte de los movimientos producidos en las cloacas del Estado se han realizado al margen del Gobierno, e incluso contra el ejecutivo o el propio Estado, es todavía más grave el problema que tiene España.

Este panorama coincide con el hecho de que Convergència puso la directa hacia el independentismo en la segunda legislatura del presidente Mas. Yo era el responsable de la derrota electoral para muchos convergentes. Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Según una parte muy importante de los dirigentes —en todo caso, casi todos los que rodeaban a Mas—, el hecho de que Unió —y particularmente yo en su nombre— no compartiera públicamente el giro soberanista de CDC hacía que la oferta de CiU no tuviese credibilidad. En cambio, por activa y por pasiva, un día sí y otro también, en privado y, cuando lo creía necesario, en público, les decía que el error se concentraba en trasladar a la sociedad el mensaje de que al país le convenía lo que ofrecía ERC, y que CiU no había planteado hasta ese momento. Mucha gente compartía lo que yo pensaba, dentro y fuera de Cataluña. Como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados lógicamente tenía mucha relación con los embajadores acreditados en Madrid. No había día que no recibiera a un par de ellos en mi despacho. Todos me decían lo mismo. Tal vez la conversación en el transcurso de un almuerzo en la residencia del embajador francés, Jérôme Bonnafont, resuma a la perfección el denominador común de sus posiciones: «No entiendo qué pasa en Cataluña; no entiendo a CDC; ellos me dicen que no pasa nada por que gane ERC porque es una victoria del soberanismo… Pero… ¿no son conscientes de que trabajan para ERC?». Ciertamente, no lo eran, o si lo eran, también eran conscientes —como ya he comentado— de que ERC ganaba peso electoral y de que la mejor manera de conservar el poder era articulando una oferta conjunta. Se intentó en el año 2014 para las elecciones al Parlamento Europeo y ERC lo rechazó, aunque se consagró en 2015 con la coalición Junts pel Sí. Los republicanos no encontraron la manera de rechazar la propuesta de CDC, aunque les costó aceptarla.

Más allá de los partidos y de sus direcciones, el independentismo estaba liderado por las entidades denominadas soberanistas: ANC y Òmnium Cultural. Siempre he tenido el convencimiento de que hacía muchos años que trabajaban para llegar a alcanzar su proyecto independentista. Al frente de ellas, sobre todo de ANC, había dirigentes que antes habían militado en el activismo y que en ese momento no estaban encuadrados en ninguna formación política. El más inteligente y experimentado era Jordi Sánchez. Muriel Casals, de Òmnium Cultural, que desgraciadamente murió en un accidente provocado por una bicicleta en Barcelona, no tenía madera de dirigente a pesar de sus antecedentes de militancia política. Menos aún la tenía Carme Forcadell, que después fue presidenta del Parlament —hoy en día en la cárcel con Jordi Sánchez—. Forcadell vino a visitarme y le dejé muy claro que no compartía sus posiciones, que pensaba que no nos llevarían a buen puerto. Con una ignorancia ingenua, me preguntaba continuamente sobre mis argumentos. «¿Estás seguro? Yo creo que la Unión Europea apoyará nuestras propuestas» «No, Carme, no. No será así, poned los pies en la tierra.»

El derecho a decidir

El año 2013 había comenzado con la aprobación de una Declaración de Soberanía del Parlament de Cataluña. Unió la votó y, lógicamente, yo la defendí en público. El objetivo era hacer viable el derecho a decidir. Curiosamente, después, en la sentencia emitida a raíz de la impugnación de la declaración por parte del Gobierno central, el Tribunal Constitucional reconoció la posibilidad de una interpretación de acuerdo con la carta magna de ese derecho a decidir que Francesc Homs i Molist había reivindicado unos años antes. Ahora bien, cualquier posibilidad de ejercerlo para separarse de España pasaba por un acuerdo político que permitiera las reformas legales necesarias para llevar a cabo un referéndum de esta clase. Más de una vez hablé de ello con el que era entonces presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, y cuando había dejado de serlo. El presidente del Constitucional era consciente de que el Gobierno le había pasado una patata caliente al transferirle la responsabilidad de decidir sobre un conflicto que era de naturaleza política y que difícilmente podría resolver una resolución jurídica.

En los días previos a la aprobación de esa declaración por el Parlament catalán me afané en que el texto recogiera la idea de que todos los pasos que se dieran debían realizarse «dentro de los marcos legales existentes». Sin embargo, por mucho que todavía pensara que Unió tenía que aguantar dentro de CiU —así lo creía y así me lo pedían personas relevantes—, ya estábamos en el frontispicio del procés independentista. Más allá de mis esfuerzos para que la declaración estuviera muy alejada del contenido que finalmente se aprobó a instancias de la CUP, en el otoño de 2015 predicaba en una doble dirección. Primero recordaba que no sirve de nada proclamar que tienes derechos si no los puedes ejercer. Ya lo había hecho muchos años atrás a raíz de la aprobación de una declaración sobre el derecho a la autodeterminación copiada de la que había aprobado el Parlamento vasco a instancias de Euskadiko Ezkerra. En segundo lugar, repetía una y otra vez que nuestra obligación no era radicalizar la conciencia nacional de quien ya la poseía, sino ampliarla a la parte de la sociedad que no la tenía o que no la compartía. Curiosamente, y tal vez un poco tarde, ERC está realizando en la actualidad un revisionismo de sus posiciones en el que incorpora esta doctrina a la estrategia que considera conveniente para el país. Hay una coincidencia: cuando yo la defendía me tildaban de botifler, y ahora ERC también recibe este calificativo desde los sectores más hiperventilados del independentismo. Es una lástima que también fuese ERC la que me acusaba en ese mismo sentido en aquel 2013 y en los años posteriores.

Durante 2013 hubo muchas iniciativas. Una de ellas, y seguramente la más importante, fue la del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que, a pesar de que celebró su reunión constitutiva el día 26 de junio, presentó un manifiesto unitario inmediatamente después de La Diada del 11 de septiembre con el apoyo de más de ochocientas entidades. El objetivo era claro: hacer efectiva una consulta sobre el futuro político de Cataluña. Todo el mundo —o casi todo— lo apoyaba: desde patronales, cámaras de comercio, entidades y Ayuntamientos hasta sindicatos y partidos políticos. Todos menos PP, Cs y el PSC, que participaba, pero en la Comisión Parlamentaria del Derecho a Decidir. Joan Rigol fue su presidente y a menudo no tenía claro qué debía decir cuando acababan las reuniones. O, para ser más justos, lo que él creía que debía explicar no tenía nada que ver con lo que quería el conseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs. Rigol siempre intentaba el consenso más amplio posible. Todavía no había dado el paso definitivo hacia el independentismo y, en coherencia con lo que había predicado y practicado toda la vida —y que ya he manifestado que compartía con él—, entendía acertadamente que el concurso del PSC en los objetivos finales era imprescindible. Sin embargo, el derecho a decidir comenzó a girar hacia el derecho a un referéndum para la independencia, y sus promotores se decantaban, obviamente, a favor de una respuesta positiva. Aquí empezó a ponerse de relieve que la mayoría social necesaria para intentar plantear una secesión de Cataluña del resto de España era inviable, a no ser que se optara por la fractura del país, que es lo que finalmente ha sucedido.

En este ambiente se produjo una iniciativa de diálogo entre Rajoy y Mas, o entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Cataluña. La explicaba El Periódico en su edición del 8 de noviembre de 2014, veinticuatro horas antes de la consulta del 9-N. Según el diario, Rigol había mantenido contacto durante meses con Pedro Arriola, asesor del presidente Rajoy, y con José Enrique Serrano, del PSOE, para evitar un choque constitucional. Nadie quiso ratificar con rotundidad lo que había de cierto en la información de El Periódico. Rigol declaró que los contactos se habían producido a instancia suya, aprovechando los que había tenido durante su época de vicepresidente del Senado, y el propio Rajoy lo confirmó unos días después. Fui un actor importante en aquellos contactos. Todo comenzó con una cena en Madrid entre Joan Rigol y Manolo Pizarro. La había sugerido Isidre Fainé, presidente de La Caixa, con ese ánimo suyo de buscar siempre vías de entendimiento entre unos y otros. Fainé, junto con el editor Javier Godó, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y el de Telefónica, César Alierta, cenaron conmigo en casa del empresario de medios de comunicación para tratar de buscar vías de entendimiento antes de llegar al choque frontal. Pese a los esfuerzos de los cuatro, no conseguimos acercar posiciones. Rajoy nunca llegó a plantear ninguna clase de propuesta, si bien me consta que César Alierta le explicó, en nombre de todos, la necesidad de que la formulara y la viabilidad de unos contenidos específicos para Cataluña que no tenían por qué ser rechazados por el resto de las comunidades autónomas. Isidre Fainé y Javier Godó, cada uno por su lado, siempre buscaron vías de entendimiento y de acuerdo con diversas iniciativas y conversaciones. También lo hacía Emilio Botín, pero su fallecimiento antes de tiempo dejó solos a Alierta, Fainé y Godó en ese cometido. La nueva presidenta del Santander, Ana Botín, se ha desvinculado de cualquier iniciativa política.

Con ese espíritu de buscar vías de concordia había impulsado Isidre Fainé la cena entre quien presidía el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, el dirigente de Unió y expresidente del Parlament Joan Rigol, y Manolo Pizarro, que ya había abandonado la política activa. La cena se celebró el 13 de febrero de 2013. Se produjo una buena química entre ellos. Ambos habían perdido a sus esposas; Rigol, además, acababa de doctorarse en Filosofía con la tesis «El amor más allá de la muerte». Al día siguiente, los dos me explicaron el encuentro con la propuesta de intentar elevar aquel contacto a un cierto grado de formalidad, sin perjuicio de que, de entrada, no se pusiese en ningún compromiso al Gobierno del Estado —por tanto, a Rajoy— ni al de Cataluña —por tanto, a Mas—. Después de hablarlo con este último, fui a ver a Rajoy a la Moncloa. Le expliqué el espíritu de la cena y que sería bueno que intentásemos abrir una vía de entendimiento. Además propuse que los protagonistas fueran Rigol y Pizarro. La reunión se cerró con una actitud positiva de Rajoy sin llegar a conclusiones. «Déjamelo pensar», me dijo. Ahora bien, añadió: «Dejarás que sea yo quien designe quién tiene que dialogar en nombre de mi Gobierno». Evidentemente, no tuve más remedio que responderle: «Por supuesto, presidente, tú decides quién quieres que sea tu interlocutor».

Unos días después volvimos a vernos para acordar el inicio de las conversaciones. Su emisario sería finalmente el politólogo Pedro Arriola, asesor del PP desde los años noventa y marido de la exministra y diputada del PP Celia Villalobos (una de las personas más iracundas y desagradables que me he encontrado a lo largo de mi vida política; de esas que, cuando te preguntan con quién no irías a tomar una copa, siempre encabezarían el ranking, con el convencimiento, además, de que las simpatías son recíprocas, seguro). Los malpensados siempre han afirmado que Rajoy prefirió a Arriola por encima de Pizarro porque este era capaz de llegar a un acuerdo con nosotros. Lo cierto es que desconozco los criterios que asistieron a Rajoy para designar a uno en lugar de al otro, más allá de entender y respetar muchísimo que fuera él quien nombrase a su interlocutor. Sí sé que Pizarro tiene las ideas muy claras y que, más allá de la voluntad de consenso, nunca habría traicionado una sola de sus convicciones. También me consta que Rajoy nunca acabó de entenderse con el político aragonés. Ignoro si hay muchas personas que conserven en la retina el debate electoral entre él y Pedro Solbes en la campaña de las legislativas de 2008 en Antena 3. Valdría la pena volver a verlo. Pizarro fue acusado de demagogo y de catastrofista por pronosticar una profunda crisis económica, pero tenía toda la razón del mundo, y además la explicó con brillantez.

Rigol y Arriola mantuvieron fundamentalmente un par de conversaciones presenciales largas aparte de otros contactos. Una en Barcelona y otra, al cabo de unas semanas, en Madrid. Después —convenida previamente con Alfredo Pérez Rubalcaba— tuvieron alguna más. Fue en mayo, con la presencia de José Enrique Serrano, jefe de gabinete de Presidencia tanto de Felipe González como de José Luis Rodríguez Zapatero e integrante del equipo de los dirigentes del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba y Pedro Sánchez. Serrano es una persona a la que aprecio y valoro, con un gran sentido y un profundo conocimiento del Estado. El día 5 de ese mismo mes, Rigol me explicó la reunión a tres bandas. Hablé de ella con Mas, que me dijo «adelante». Curiosamente, aquel mismo día, la actual directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, escribía que CDC estaba pendiente de Unió, pero los convergentes no tenían ninguna duda de lo que había que hacer para evitar la fuga de votos a ERC, y que por eso estaban preocupados por lo que pudieran decir los socios de Unió en la campaña de las europeas del año 2014. Paralelamente, el candidato de CiU —a nuestro pesar— Ramon Tremosa declaró en el periódico Ara: «Cada día que pasa, la Tercera Vía está menos viva».

Más adelante hablaré de la Tercera Vía, de su origen y de su evolución, pero me parece importante terminar lo relativo a las conversaciones entre Rigol y Arriola. Como ya he comentado, la primera reunión tuvo lugar en Barcelona. Visitaron la Sagrada Familia y el Museo Modernista y luego comieron juntos; durante la larga sobremesa entraron en el fondo de la cuestión. La segunda vez fue en Madrid. Si no recuerdo mal, por la mañana fueron al Museo del Prado y luego comieron y conversaron. Después de la primera reunión, Rigol me comentó que Arriola era una persona inteligente y que habían acordado que sería él mismo quien redactara un documento con el resumen de la conversación. Al cabo de un par de días nos pasó el documento a Mas y a mí. Me comentó que Mas le había dicho que, por su parte, siguiera adelante, pero que hiciera como si fuera una cosa suya y no lo comprometiera. Fue la primera luz de alarma. Después de las dos primeras conversaciones entre Arriola y Rigol en la Moncloa con el presidente Rajoy hicimos un pequeño avance. Antes había hablado con Mas, quien había insistido en el hecho de que le parecía bien el diálogo y el contenido que, abriendo camino, habían desbrozado nuestros representantes. Pero me dejó claro que las conversaciones no podían comprometerlo. Es cierto que habíamos quedado tanto con Rajoy como con Mas en que, si algún día salían a la luz, ambos afirmarían que era fruto de una iniciativa personal, respetable, pero personal. No obstante, Mas iba más allá. Estaba dejándome claro que, en el caso de que llegásemos a un acuerdo, él no podía comprometerse a defenderlo. Y además me pedía que así se lo trasladase a Rajoy. El presidente de la Generalitat me decía: «Si algún día se somete a consulta el acuerdo, como es mi intención, no podremos defender el sí. Si lo hacemos, ¿qué les quedará a los independentistas?». Mi respuesta fue clara: «Si el acuerdo nos satisface a nosotros, tenemos que defender el voto afirmativo, y los independentistas lo pueden rechazar con un voto negativo». Nunca cambié mi punto de vista. Mas tampoco.

En una nueva reunión en la Moncloa, Rajoy, como era lógico, no compartió la posición de Mas. Tampoco yo. Si Arriola y Rigol hubieran llegado finalmente a un acuerdo y nosotros hubiéramos dado el visto bueno al documento para someterlo a consulta y conocer la opinión de la ciudadanía de Cataluña, me habría parecido consecuente que los que habían negociado en privado lo defendieran en público. Pero no tuvimos la ocasión de llevar hasta el final la discusión sobre esa cuestión. El día que Rajoy conoció, a través de los medios de comunicación, la pregunta que se formularía en la consulta que acabaría celebrándose el 9-N, dejó claro que no quería saber nada más de nosotros y que consideraba incorrecto que, en el contexto de aquel diálogo, hubiera tenido que enterarse por los medios. Pedro Arriola le comunicó a Joan Rigol algo parecido a lo que Rajoy me transmitió a mí telefónicamente. En teoría, el diálogo había terminado, aunque mantuvimos entreabierta una puerta hasta la víspera de la consulta del 9-N. Obviamente, cuando El Periódico reveló las conversaciones entre Arriola y Rigol se produjeron declaraciones para todos los gustos. Las partes implicadas, es decir, el Gobierno del PP y el Gobierno de CiU, no se salieron del manual: era una iniciativa personal. Sin embargo, hubo dos reacciones muy curiosas y de signo diferente. Una, política, de Oriol Junqueras —que, según la prensa, se irritó cuando conoció por los medios de comunicación los contactos entre Rigol y Arriola—. Declaró que, si bien eran normales esa clase de contactos, nunca llevan a ninguna parte. No sé si era un presagio de los contactos que él mismo mantendría un par de años después con la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, y que parece que ha retomado el PSOE en los últimos meses, directa o indirectamente. La segunda reacción fue judicial y provino del pseudosindicato Manos Limpias, que presentó una denuncia contra Rigol, Arriola y Serrano por considerarlos, nada más y nada menos, «cómplices y colaboradores necesarios en un delito de desobediencia y de fraude de ley». Ver para creer.

¿Secesión o sumisión? La Tercera Vía

Al margen de las conversaciones entre Arriola y Rigol, antes de que acabara el año 2013 para entrar definitivamente en el año de la consulta del 9-N y del estallido definitivo del procés, tuve dos iniciativas que tal vez muy pocos lectores recuerden. La primera, a raíz de un artículo publicado en el periódico La Vanguardia el día 23 de septiembre y que dio pie a que, a partir de ese día, se me considerara el impulsor de la Tercera Vía. Después también se ha adjudicado esta propuesta al PSC, e incluso se crea una entidad dirigida por el notario y buen amigo Mario Romeo llamada Asociación Tercera Vía, que posteriormente fue una de las impulsoras de la plataforma Puertas Abiertas del Catalanismo. Esta entidad, de espectro más amplio, agrupa básicamente a personas procedentes del PSUC, del PSC, de CDC, de Unió y de Units per Avançar. Una vez que he abandonado la política activa, he tenido el placer de colaborar con ellos en alguna que otra ocasión. El impacto de la segunda iniciativa fue mucho más breve, pero a raíz del referéndum del 1-O fue recordada de una manera más activa en las redes y en los medios de comunicación. Hablo de mi intervención en la sesión de control en el Congreso de los Diputados del 16 de octubre, en la que interpelé con pregunta oral al presidente Rajoy sobre si tenía alguna agenda política para Cataluña.

Ciertamente, el día 23 de septiembre de 2013, La Vanguardia publicó un artículo mío titulado «¡Ahora, consulta! ¿Después…?». Y curiosamente, cosa que no me había pasado antes ni me ha pasado después, el artículo publicado en la sección de opinión del periódico tenía una referencia en la portada con un faldón a tres columnas que destacaba la frase «Los que no quieren desaparecer como nación deben tener más opciones que secesión o sumisión». La referencia a mi artículo compartía la primera página con dos noticias: la principal era «Merkel arrolla», con la fotografía de una sonriente canciller alemana que acababa de obtener el 42 por ciento de los votos liderando la lista democristiana de la CDU-CSU; y la otra explicaba que el rey Juan Carlos sería operado por sexta vez en los últimos dos años, en este caso de la cadera izquierda, en la Clínica Quirón. ¡Qué rápido pasa el tiempo y cuántas cosas cambian! Más de cinco años después, el rey ya es rey emérito —aunque siempre será el rey Juan Carlos I—; la sonrisa de Merkel ha sufrido una metamorfosis hacia un rostro más envejecido por los retos políticos que la han llevado a anunciar que dejará la cancillería y aún antes el liderazgo de la CDU —me ha costado mucho aceptar que Merkel de verdad iba a retirarse por completo. Incluso había llegado a pensar que sería una buena presidenta de una Comisión de la Unión Europea que finalmente apostara de manera decidida por la Unión en mayúsculas—; no es necesario decir que, en cuanto a mí, y a muchísima distancia del relevo de Juan Carlos I y de Angela Merkel, transcurridos más de cinco años de esa portada, también he dejado de tener protagonismo.

Nunca pretendí que el artículo tuviera tanta importancia en el periódico ni que su contenido causara tanto impacto en la sociedad y, en particular, en el mundo político. ¡La cantidad de collejas que me he llevado por haberme convertido en el impulsor de la denominada Tercera Vía! Quiero dejar claro que ningún golpe fue tan fuerte como para hacerme cambiar mi postura de que el conflicto catalán es un problema español y catalán. De hecho, el artículo estuvo a punto de no ser publicado siquiera. El 6 de septiembre, el periodista y escritor Rafael Nadal publicó uno en la misma página de La Vanguardia —entonces él era colaborador habitual— titulado «Tercera vía: oportunidad o trampa». El lector podrá recordar que he mencionado en diversas ocasiones la fecha del 6 de septiembre porque es mi aniversario de bodas. Ese año había hecho una escapada de unos días fuera de Cataluña y el artículo de Nadal me pasó desapercibido. Cuando regresé a casa solo tuve tiempo de cambiar de maleta y marcharme a Panamá. Fue una visita más larga de lo habitual porque durante los primeros días estuve ocupado en actividades de partido a favor de los democristianos panameños, aliados de quien unos meses después se convertiría en el nuevo presidente del país, Juan Carlos Varela. Después participé en la reunión del Fórum Parlamentario Iberoamericano. En aquel viaje conocí al presidente Ricardo Martinelli y me reuní con él en el Palacio Presidencial, en el centro histórico de la ciudad. En mi vida he conocido personajes singulares, pero pocos como el mandatario panameño. Cuando unos meses después, en el verano de 2014, volví a Panamá para la toma de posesión del presidente Varela, las redes independentistas insinuaban, como quien no quiere la cosa, que mis viajes a Panamá tal vez respondían a algún interés económico. Y eso que todavía no había salido a la luz el resultado de la investigación periodística sobre los famosos Papeles de Panamá. ¡Cuánta miseria! La única cuenta corriente que he tenido en el extranjero fue en Bruselas, cuando era diputado del Parlamento Europeo, y puedo asegurar que el saldo nunca superó las 100.000 pesetas de la época (600 euros al cambio actual).

En todo caso, en aquel septiembre de 2013 pasé unos cuantos días fuera de Cataluña. Solo seguía las noticias principales a través de las notas que me enviaba nuestro jefe de prensa, Xavier Viejo. Siempre he sido un devoto defensor de la lectura en papel, y moriré comprando periódicos y libros en papel —hasta que los haya, porque en ese sector el tiempo también vuela—. En esa época, no como ahora, no leía en el iPad los periódicos que me interesan cuando no tengo acceso a ellos en papel. A causa de todas esas circunstancias, no había leído el artículo de Rafael Nadal. Al volver a casa el día 17, mientras conversaba con mi amigo Jordi Casas, este me hizo referencia a las reflexiones del periodista gerundense y lo recuperé para leerlo. Era viernes y ya estaba en Aiguablava, con mi mujer y parte de la familia en mi menorquina, tranquilamente fondeados en la cala de Aiguagelida. Acabada la lectura, cogí el iPhone y comencé a escribir con la incomodidad que significa hacerlo en un aparato tan pequeño. Me sustraje de la conversación general y me concentré en aquel diminuto aparato, ahora bien, con un par de advertencias de Marta, que, con toda la razón del mundo, se quejaba de que estuviera haciendo aquello.

Me incitó a escribir una frase del artículo de Rafael Nadal, como luego le dije a él mismo en un mensaje telefónico. Él había escrito lo siguiente: «Los que se manifiestan partidarios del referéndum, pero contrarios o escépticos con la propuesta independentista, contraen una gran responsabilidad ante sus partidarios y el conjunto de los ciudadanos». El autor, identificando el derecho a decidir con el derecho a la autodeterminación, recodaba que Unió lo había defendido ininterrumpidamente desde su fundación en el año 1931. Y suscribía la tesis de una consulta hecha —afirmaba— «de manera legal» y de un «debate amplio en la política y en la sociedad para articular amplias mayorías». En el texto comentaba el trabajo que estaba realizando un militante de Unió, Joan Rigol, al frente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, y recordaba que yo se lo había propuesto a Mas (Francesc Homs, consejero de presidencia, también aspiraba al puesto). Era el segundo encontronazo con Homs a propósito de Joan Rigol. Este quería ser —y acabó consiguiéndolo— presidente del Patronato de la Montaña de Montserrat, y Homs se había empecinado en designar a Joan Capdevila —entonces militante de Unió y hoy diputado de ERC, y el único de los cuatro que queda vivo, políticamente hablando—. En mi artículo, y en alusión a la responsabilidad que Nadal afirmaba que nos correspondía a los que defendíamos el referéndum, pero éramos contrarios a la independencia, contradije la tesis de los que decían, implícitamente, que si eras favorable a la consulta también tenías que serlo a la independencia. A partir de ahí, intentaba dejar claras cinco cuestiones básicas: la primera era sobre la posición de Unió, a favor de llevar a cabo una consulta condicionada a su legalidad; la segunda señalaba que el futuro de Cataluña no podía decidirse en función del éxito de una o de cien manifestaciones en la calle, y que la consulta debía permitir hacer las cosas de manera ordenada y democrática, por muchas ganas que tuvieran los sectores independentistas de tirar por la calle de en medio; la tercera afirmaba que no podíamos rendirnos a la tesis de que las únicas opciones posibles eran la asimilación o la sumisión (términos similares a los del presidente Pujol de residuales o independentistas) cuando tuviera que decidirse el futuro, y que también sería bueno que desde España no se nos obligara a escoger entre independencia y recentralización; la cuarta aseguraba que la posibilidad de una tercera vía era difícil si al otro lado no había nadie; y la quinta advertía de que, reconocidas las dificultades para el diálogo si una de las partes no quiere dialogar, era más complicado aún sacar adelante una independencia no pactada que la llamada Tercera Vía.

Redactado el artículo, había que publicarlo. El mismo viernes día 20 de septiembre —inicio del puente de la Mercè— llamé al director de La Vanguardia, José Antich, para decirle que tenía interés en publicar en su diario un artículo que hacía referencia al que semanas antes había publicado Rafael Nadal. Antich, de manera cordial, intentó disuadirme de hacerlo, sobre todo cuando le dije que era largo. No obstante, al final de la conversación quedamos en que le enviaría el texto y él le echaría un vistazo. Así lo hice al día siguiente. Mi sorpresa fue mayúscula cuando el lunes a primera hora fui al mercado de Palafrugell y me acerqué al estanco para comprar los periódicos: en primera página de La Vanguardia, en el faldón y a tres columnas, estaba la referencia a mi artículo. Por lo tanto, es cierto que fui el primer político que habló de la Tercera Vía, pero lo hacía porque había sido el propio Nadal quien había utilizado el término. Tan cierto como que quien destacó mi propuesta fue Antich, al situar mi artículo en la portada. A él le debo, en buena medida, el mérito de esa propuesta política. En otras circunstancias, un artículo largo y publicado en pleno puente del mes de septiembre habría pasado desapercibido. Mis tesis, sin embargo, le iban muy bien a La Vanguardia, tanto a su director como a su editor, mi buen amigo Javier Godó, conde de Godó, aunque fuera por diferentes razones. Antich estaba virando hacia posiciones independentistas desde la manifestación del 11 de septiembre de 2012, pero Javier Godó nunca las compartió y, por lo tanto, comunicaba sus objeciones al director. Creo que mi artículo y mis posiciones eran cercanas a lo que pensaba, y piensa, el editor sobre el contencioso catalán. Así pues, la proyección que el director daba al artículo podía servirle como gesto de acercamiento a la posición del editor. Sin embargo, poco más de dos meses después, José Antich fue sustituido al frente de la dirección del diario por Màrius Carol, persona de confianza de Javier Godó y que había sido jefe de Comunicación de todo el Grupo Godó.

En cierta manera, al editor de La Vanguardia le ha pasado lo mismo que a mí. En Cataluña nos consideraban unos botiflers —algunos sectores todavía deben considerarnos así— y en Madrid, unos colaboracionistas del independentismo, cuando no independentistas a secas. Por las calles de Madrid podías encontrarte a quien te espetara un «Viva España» con los ojos llenos de odio, y al día siguiente, en Barcelona, alguien mirándote igual podía gritarte «traidor, botifler…, lárgate a esa España que tanto amas». Soy testigo de la preocupación con la que Javier Godó vivía la incapacidad de unos y de otros de sentarse a la mesa y dialogar el tiempo que fuera necesario para llegar a un acuerdo. Desde el año 2013 hasta el día de hoy, la línea editorial del periódico ha venido denunciando con dureza tanto la unilateralidad del independentismo como el quietismo y la incapacidad del Gobierno del PP para afrontar desde el diálogo, o desde la misma Constitución, una propuesta de solución al reto independentista. Desde el primer día, Javier Godó tuvo claro que no podía permitir que el desafío del independentismo pasara al Estado de derecho, aunque no estuviera de acuerdo con la actitud de los poderes del Estado. Creo significativas las palabras del director del periódico, Màrius Carol, en una conferencia de Fórum Nueva Economía: «En un día de esos especialmente tensos que nos ha correspondido vivir en los últimos meses, Javier Godó me dijo que, sobre todo, teníamos que hacer un periódico del que nos sintiéramos orgullosos y que pudiera explicarse cuando volviéramos a leerlo dentro de diez años. O cuando lo leyeran nuestros nietos». En definitiva, dijo que teníamos que «ser dignos del momento de la historia que nos ha tocado vivir».

Cuando ahora leo ese artículo redactado precipitadamente en las tranquilas aguas de la cala de Aiguagelida, a cuatro pasos de la barraca donde Josep Pla sí escribió una prosa de una calidad elevadísima, me doy cuenta de que lo que entonces decía ha sido el hilo conductor de mi posición, de la cual me siento orgulloso y satisfecho. Sigo pensando que, a pesar de las dificultades evidentes —y, hoy por hoy, de la falta de apoyo electoral—, defender esa vía equivale a defender la posibilidad de emprender un camino fructífero que permita encontrar el punto de equilibrio entre las legítimas aspiraciones nacionales de Cataluña y los lazos efectivos y afectivos de toda naturaleza con el resto de los ciudadanos del Estado para configurar un proyecto español común, capaz de respetar la innegable pluralidad y el orden nacional cultural y lingüístico. En la Transición era mucho más difícil lograrlo, y se hizo, y no pierdo de vista el nivel de tensión actual al que nos han conducido dirigentes de un lado y del otro. Ahora bien, acepto que, con todo mi respeto para los dirigentes actuales, los protagonistas de aquella etapa de la historia de España tenían muchísimo más peso específico que los que actualmente rigen nuestros destinos.

Con el ánimo de intentar una vez más que a la hora de hablar de la Tercera Vía hubiera al otro lado del Ebro alguien que me respondiera, en la sesión de control al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados del 16 de octubre de 2013 interpelé a Mariano Rajoy sobre su agenda política para Cataluña. Muy conscientemente fui acotando el terreno de juego de una posible respuesta durante la primera parte del minidebate a dos —cinco minutos para cada uno—. Le pedí que no me respondiera lo que con tanta frecuencia repetía, es decir, que la agenda pasaba por superar la crisis económica o por el cumplimiento de la Constitución. En su primera respuesta, después de decirme «solo le ha faltado decirme lo que tenía que responderle» —expresión recibida con «sonrisas y aplausos», según consta en el Diario de Sesiones, que obviamente procedían de la bancada popular—, Rajoy insistió en hablar de la economía, de las ayudas financieras a la Generalitat, del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del paro… Es decir, que su agenda pasaba por «hacer que hubiera crecimiento económico en Cataluña». No digo que no fuera importante o que no lo valorara, pero yo estaba preguntando al presidente del Gobierno por «la agenda política, Política en mayúscula», y así se lo apunté en mi réplica.

Reproduzco textualmente el resto de mi intervención, no porque la hiciera yo, sino porque anticipaba todo lo que después ocurrió. Decía exactamente lo siguiente: «Me da la sensación, señor presidente, de que usted es de los que creen que el tiempo lo soluciona todo y en este caso no es así; al revés, cuanto más tiempo pasa, más se encoge el espacio para encontrar una solución. La ignorancia, incluso la mala interpretación por algunos, puede ser una actitud de desagravio con respecto a sentimientos que pueden llevar a la irracionalidad, y la irracionalidad puede llevar al conflicto. Señor presidente, usted sabe mi opinión sobre esta cuestión, pero yo le avanzo lo siguiente, y no es ningún tipo de amenaza: si usted no es capaz como presidente del Gobierno de encabezar una respuesta de Estado, no simplemente de Gobierno, que agrupe al Gobierno, a los principales partidos de esta Cámara y a las instituciones del conjunto del Estado para dar respuesta a esa situación de Cataluña que tiene un gran apoyo social, se va a encontrar —y no es ninguna amenaza— simplemente con una declaración unilateral de independencia que algunos van a aprobar en el Parlamento de Cataluña. Y eso no es bueno para Cataluña —estaría de acuerdo con usted—, pero tampoco es bueno para España; va a ser también un problema para España porque dará un síntoma rarísimo de inestabilidad política y, por tanto, de desconfianza, y vivimos en un mundo global. Lo que se le pide y se espera de usted es una respuesta…». Y aquí acabó el tiempo, controlado con absoluto el rigor, de mi intervención, y también, según el Diario de Sesiones, mis palabras fueron recibidas con «aplausos» —imagino que solo de la bancada del grupo parlamentario de Convergència i Unió—. Al día siguiente, la prensa conservadora de Madrid, la tradicional y la digital, destacó que había amenazado al presidente Rajoy con una declaración unilateral. No tenían en cuenta ni les interesaba que yo hubiera afirmado que no era favorable a ella y que estaba de acuerdo en que haría daño a Cataluña y también a España; tampoco les interesaba que, tal como había repetido mil veces, no estaba de acuerdo con la declaración unilateral porque nunca había sido independentista ni que defendía que era necesario que fuera el presidente del Gobierno quien liderara una operación de Estado para resolver el problema. Un ejemplo más de la soberbia que los lleva a pensar que España —la España en la que ellos creen— es suya y de nadie más.

¿Qué le pedí fundamentalmente a Rajoy en aquella sesión de control al Gobierno? Nada que no le hubiera pedido ya en conversaciones privadas ni que no hubiera dicho en términos generales en declaraciones a medios de comunicación, en actos públicos o, incluso, en otras intervenciones parlamentarias. Sin embargo, en aquellas fechas ya había llegado a la conclusión de que, si Rajoy no cogía el toro por los cuernos, este animal camparía por la plaza sin posibilidad de devolverlo al redil y corneando todo lo que encontrara a su paso. Quise solemnizar expresamente la gravedad de la situación en el seno de las Cortes que representan al conjunto de la soberanía española. No había tiempo que perder y ganar un poco más tampoco era la solución. Rajoy tenía fama acreditada de saber jugar mejor que nadie con el tiempo; también se decía que le costaba mucho abordar las cuestiones de difícil solución. ¡Era perezoso, vamos! Eso no quiere decir que no fuera capaz de tomar decisiones y de afrontar una crisis por dura que pudiera ser. Sin embargo, para eso tenía que llegar al convencimiento de que estaba realmente ante una situación grave y crítica. Eso era exactamente lo que quería transmitirle. Estaba diciéndole que el independentismo era una cosa muy real y que cada día que pasaba acumulaba un apoyo social más importante. Estaba implorándole que se lo tomase en serio; que no confiara en que sería una tormenta de verano que se resolvería con la superación de la crisis. Recuerdo un almuerzo con un grupo reducido de diputados del PP de la Comisión de Exteriores —que yo presidía—; en él estaban el secretario de Relaciones Internacionales de Rajoy, José Ramón García Hernández (lo conocía poco, pero no olvidaba que una vez se había burlado públicamente de mi castellano al citar los ordinales de los artículos de alguna ley). En esa comida, Joserra, como sus amigos llamaban al portavoz de internacional del PP, desdeñó mi análisis sobre la evolución del independentismo en Cataluña y las consecuencias negativas que tendría para el conjunto de España si no se le daba una respuesta política. «En cuanto se recupere la economía, y en ello estamos, el suflé del independentismo bajará», decía. La actitud del dirigente popular reflejaba la mentalidad de una parte de España cegada con demasiada frecuencia por la soberbia. Pero en las Cortes no fui capaz de convencer a Rajoy y de romper su tancredismo. Ni lo conseguí en aquel almuerzo, aunque fuera de menor importancia. Es posible que haya personas que piensen que el problema no tiene solución. Yo creo que sí la tiene, aunque se base en la conllevancia orteguiana. Tal vez me equivoque, pero de lo que estoy completamente seguro es de que el problema no se soluciona solo ni lo arregla solo el tiempo.

A partir de ahí, en Cataluña todo se encaminó hacia una consulta. Nuestra tarea en el seno de Convergència i Unió fue intentar que no se apartara nunca del estricto respeto a la legalidad. A finales de año, en concreto el 10 de diciembre, nos reunimos en el Palau de la Generalitat con Mas para hablar de cuál sería la pregunta que se formularía. A principios de octubre, al margen de otras conversaciones menores cara a cara o en las ejecutivas de la federación de CiU, ya habíamos hecho otra reunión específica para la misma cuestión. Aquel día, 14 de octubre, el presidente de la Generalitat vino a buscarme a la Sala del Archivo de Cuentas, al lado de la capilla de Sant Jordi y delante de su despacho, donde estaba esperándole. «¿Qué dice el enfant terrible? En qué marrones te metes, ¿no?», estas fueron las palabras exactas con las que me recibió. Eso sí, muy afectuoso y con una amabilidad extrema. Una vez más, he de dejar claro que, a partir de mi decisión de aceptar su candidatura a la presidencia de la Generalitat, Mas siempre me dispensó un trato exquisito… Excepto en alguna ocasión y no poco importante, como por ejemplo en la reunión en la Moncloa con el presidente Zapatero para rematar el pacto del Estatuto; o también por la manera con la que me embaucó para justificar el adelanto electoral de 2002. Ambas decisiones seguramente fueron fruto de consejos estratégicos de alguno de sus colaboradores, como David Madí o Francesc Homs, o de los dos a la vez. Y en el caso del fracasado adelanto electoral, además, se ha hablado de la colaboración de alguna persona de relieve en el ámbito mediático.

Ese día, el recibimiento de Mas con las mencionadas palabras obedecía a las críticas que desde CDC me habían hecho por mi artículo en La Vanguardia sobre la Tercera Vía. Estaban convencidos de que lo había escrito, expresamente, para hacer la puñeta al presidente de la Generalitat con motivo del Debate de Política General que tuvo lugar aquellos días. Nada más lejos de mi voluntad y de mi pensamiento. El día que escribí el artículo en la barquita no pensaba en el debate parlamentario ni tampoco en Mas. Siempre he creído que este era consciente de que no lo había escrito para incomodarlo. Después de recibirme, preparamos una de las muchas reuniones que tenía esos meses con Rajoy, en concreto la del 16 de octubre. No teníamos todavía respuesta a los encuentros que habían mantenido Rigol y Arriola; habían pasado unas cuantas semanas y todo estaba por hacer: Rajoy no tenía prisa. Mas me pedía que trasladara el mensaje de que lo mejor era que el Gobierno autorizara una consulta o que permitiera hacerla, aunque desde Madrid dijeran que era una bufonada. De hecho, al final esta acabó siendo la posición del Gobierno del Estado ante la consulta del 9-N de 2014, aunque después la cambiaron. Mas me expresó su deseo de que la pregunta que pudiéramos llegar a formular en una consulta fuera aceptada, como mínimo, por ERC, Convergència, IC Verds y Unió. Ahondando en esta tesis, le dejé claro que, si no nos poníamos de acuerdo en la pregunta o si volvía a convocar elecciones —y en ese caso plebiscitarias como rondaba por la mente de alguno de sus brillantes asesores—, la coalición se rompería. Lo entendió y estuvo de acuerdo. Como lo estaba —me dijo, y no me lo acabé de creer— con mi artículo de La Vanguardia sobre la ya famosa Tercera Vía. Eso sí, afirmó que —aunque sabía que yo no lo había hecho expresamente— el problema había sido publicarlo en vísperas del Debate de Política en Cataluña. Y, textualmente, añadió: «Utiliza, por favor, tu inteligencia política, porque yo no puedo controlar las críticas de Convergència». Además, señaló que Josep Rull i Lluís Corominas —hoy ambos imputados, desgraciadamente— se sentían menospreciados. A día de hoy, todavía no sé exactamente el porqué. Pero le dije que lo intentaría; y a pesar de que lo hice, me parece que no lo conseguí.

Finalmente, llegó la mencionada reunión del 10 de diciembre en el Palau de la Generalitat para hablar más a fondo sobre la pregunta que se formularía en una consulta que todavía estábamos a horas vista de saber cuándo y cómo la haríamos. Ese mismo día tratamos un par de cuestiones más. Una era local: el alcalde de Salt, Jaume Torramadé, militante de Unió, tenía un contencioso con el alcalde de Girona, Carles Puigdemont. Le hacía la puñeta con un equipamiento comercial. Después dedicamos unos minutos a una ley eléctrica sobre la que había diferencias entre el criterio del conseller de Industria, Felip Puig, y el Grupo Parlamentario de CiU en Madrid. Sánchez Llibre la había negociado con el PP y nos aceptaban diecinueve enmiendas, algunas de gran importancia para pequeños distribuidores eléctricos, para el sector de la cogeneración muy pionero en Cataluña y para la propia Gas Natural. El conseller quería abstenerse porque no habían aceptado todas las competenciales, pero la aprobación de lo que habíamos negociado estaba condicionada al hecho de que votáramos favorablemente la ley. El PNV, por menos, votaría a favor. Quedamos en que la decisión final la tomaría yo, y, en correspondencia, dije que volvería a hablar con el ponente, Sánchez Llibre, y con Pere Macias, portavoz adjunto del grupo y también favorable al voto positivo.

En relación a la pregunta sobre la consulta, Mas hizo una serie de consideraciones que yo compartía. Él creía que si no éramos capaces de ponernos de acuerdo entre una gran mayoría de partidos catalanes, haríamos el ridículo. Estaba de acuerdo. Le dije también que si quería que Unió apoyara la pregunta, tenía que servir para ser el núcleo definidor de nuestra posición en el caso de que finalmente quisiera convocar unas elecciones con carácter plebiscitario, a pesar de discrepar profundamente de esta fórmula. No había pensado sobre ello, pero estuvo de acuerdo. Me explicó que ERC presionaba mucho —públicamente yo era consciente— para que, sí o sí, la pregunta fuera si se quería o no la independencia. Le insistí en que la consulta debía ser legal y que el decreto que la convocara debía hacer una referencia explícita a su legalidad. Nos pusimos de acuerdo en una doble pregunta y, por tanto, con una doble respuesta, y rechazamos la tesis de ERC de que se tenía que hacer la consulta, aunque no tuviera amparo legal. De hecho, esta había sido ya una condición sine qua non en el pacto de legislatura de Convergència i Unió con ERC después de las elecciones anticipadas en el otoño de 2012. No queríamos imágenes de la Guardia Civil retirando urnas y coincidíamos con lo que siempre nos decía Joana Ortega, consellera de Gobernación: el Estado tiene instrumentos como la red o la corriente eléctrica para hacer inviable la consulta y dejarnos en ridículo internacionalmente. Con Artur Mas pactamos otra cuestión no menos importante: de momento, no nos pronunciaríamos sobre cuál sería la respuesta de la Federación de CiU a la doble pregunta. Convergència no tardó ni veinticuatro horas en decir que ellos votarían sí y sí. La tensión entre los dos partidos —Convergència y Unió— iba in crescendo. El sábado siguiente, Rigol me comunicó que Arriola le había dicho que, después de saber por la prensa el contenido de la pregunta, se suspendían las conversaciones. El miércoles, como ya he explicado, ya me lo había dicho el presidente Rajoy en nuestra entrevista, y me formuló una pregunta: ¿quién dirige Cataluña? ¿CiU o ERC?

Son interesantes las conclusiones que resultan si entrelazo el contenido de la sesión de control a Rajoy del 16 de octubre con la conversación con Mas del 10 de diciembre sobre la pregunta que debía plantearse en una consulta y con la advertencia de la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, sobre el ridículo en el que nos podría hacer caer el Gobierno si hacíamos una consulta ilegal, y además observo desde la distancia lo que decíamos y lo que ha pasado. De entrada, la Declaración Unilateral se hizo tal como se lo había anunciado a Rajoy y no como amenaza porque —lo vuelvo a recordar— una de las razones por las que no sigo en la política activa es por no apoyar a la independencia. Con la Declaración Unilateral y los acuerdos parlamentarios del 6 y 7 de diciembre de 2017, el independentismo perdió toda posibilidad no ya de reconocimiento, sino de respeto por parte de la comunidad internacional. El manifiesto desprecio a la ley y, por tanto, a la democracia ha provocado perplejidad dentro y fuera de España. Se ha pretendido confundir legalidad con legitimidad, y la democracia se presenta como un valor superior a la ley; de manera que se olvida que no hay democracia sin respetar la ley y que lo que no es legal no es democrático. A base de repetir que España continúa siendo franquista, se ha olvidado que es un Estado de derecho con separación y división de poderes, y no un solo poder como era en el franquismo. La declaración del Parlament de Cataluña al inicio de la legislatura de 2015 en la que, para agradar a la CUP, la coalición de Junts pel Sí —integrada por ERC, Convergència e independientes con Artur Mas al frente— aceptó las tesis de ruptura y desobediencia a todas las instituciones del Estado y, en particular, a las decisiones del Tribunal Constitucional abrió un camino sin retorno hacia el unilateralismo consumado con el texto aprobado en el Parlament el 27 de octubre de 2017. La respuesta de la comunidad internacional que negaba el reconocimiento de la non nata República catalana proclamada como «Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social» dejó en ridículo a Cataluña.

Pero no fue Cataluña la que hizo el ridículo en la consulta del 9-N de 2014, ni en el referéndum del 1-O de 2017. Es cierto que en los dos casos —fundamentalmente en el caso del referéndum ilegal— la participación se ajustó a personas favorables a las tesis independentistas, pero, como en las manifestaciones de los 11 de septiembre, las jornadas fueron la expresión de comportamientos cívicos, pacíficos y multitudinarios. El que sí hizo el ridículo fue el Estado. ¡En los dos casos! En la consulta del 9-N porque tuvo una actitud que no era ni carne ni pescado: no reaccionó hasta pasado el acto y anteriormente había estado tonteando con el Govern de la Generalitat sobre si se hacía y se menospreciaba o se impedía. En el referéndum del 1-O, el ridículo internacional fue doble; por un lado, por no evitarlo: la incapacidad del Estado para impedir que las urnas llegasen a los colegios electorales provocó más de una observación de dirigentes de otros países o instituciones. Eso sí, nunca en voz alta. Por otro lado —y aquí sí que alguien exteriorizó el nerviosismo de la comunidad internacional—, las imágenes de las acciones de la Policía Nacional o de la Guardia Civil contra los votantes hicieron un gran daño a España. Esos mismos días habíamos visto en las cadenas de televisión imágenes de las cargas de los carabineros en Turín con motivo de la reunión del G-7 del 30 de septiembre y, pocos días antes, de la gendarmería francesa contra manifestantes que expresaban su rechazo a la reforma laboral del presidente Macron. El propio Gobierno del PP utilizó estos y otros ejemplos para intentar lo imposible, es decir, normalizar las cargas de las fuerzas del orden público españolas.

Las intenciones del Gobierno central eran un objetivo imposible sencillamente porque, mientras la policía italiana y francesa cargaban contra personas que ocupaban la vía pública y provocaban disturbios, la policía española lo hacía contra personas pacíficas que querían ejercer el voto en las urnas. Una vez más el independentismo había ganado al Gobierno de Rajoy en la proyección del relato. En un segundo plano queda si la colaboración de la cúpula de los Mossos fue mucha, poca o nula (a mi parecer, más bien poca) o si el referéndum era ilegal y por tanto había una irresponsabilidad manifiesta de quien sabiéndolo movilizó mujeres, hombres, gente mayor —y no tan mayor— e, incluso, adolescentes y niños frente a los colegios. Todo esto no servía para atajar el relato sobre una policía opresora que impide votar utilizando la violencia. El independentismo veía su relato como ganador, como de hecho ya había estado pasando a lo largo de los tres años anteriores. Y si ganaba era, entre otras razones, por la inexistencia de un relato alternativo por parte del Gobierno español. Personalmente, fui testigo de cómo el ministro de Exteriores denegaba al embajador de España, acreditado en una capital muy importante de la UE, el permiso para publicar un escrito en la sección de «Cartas al Director» de un diario de ese país para rebatir auténticas fake news que había divulgado el artículo de un enviado especial a Barcelona (me explico: si ahora no hago referencia al nombre del embajador es porque aún está en activo y para que no pueda ser perjudicado profesionalmente si un día vuelve a gobernar el PP). Eso sí, puedo dar fe, también, por el testimonio de varios embajadores, de cómo el mismo domingo día 1 de octubre por la noche recibían instrucciones del ministerio para ir a todos los platós de televisión que pudieran y hacer cuantas declaraciones les fuera posible a todos los medios. Un contrarrelato que llegaba demasiado tarde.

Lamentablemente, esa afirmación mía «[…] y no será bueno para España», con la que intentaba zarandear la conciencia de Rajoy para que se decidiera a dar una respuesta política a la cuestión catalana, se ha cumplido. Cuando escribo estas líneas, un amigo —dirigente de un partido de los que se reclaman constitucionalistas— me envía un enlace con una crónica del corresponsal de Nació Digital en Madrid titulada «El Estado paga (muy) cara la factura del procés independentista» y lo acompaña con un mensaje suyo diciendo «¡Y los independentistas viven esta situación regresiva como una gran victoria política…! Madre mía, cuánta irresponsabilidad». Mi respuesta ha sido tan clara como lacónica: «¡Todos derrotados!». Y sí, en Cataluña el procés ha hecho mucho daño. Pero en España también. De hecho, el independentismo ha colapsado la política española y ha provocado una polarización enquistada en la médula ósea española y no tan solo en el ámbito político e institucional, sino también en el ámbito social. Justo cuando España celebra el cuadragésimo aniversario de la Constitución, dos principios básicos —que permiten entender la Transición y las décadas de progreso y bienestar que comportaron— están seriamente dañados y en la UCI: el diálogo y el respeto a las ideas del otro. En dos artículos sucesivos publicados en La Vanguardia titulados «Destruir al adversario» y «Regresión constitucional» (publico los viernes cada tres semanas), intento explicar, razonadamente y con una preocupación extrema, que el deterioramiento progresivo de las instituciones de los tres pilares del Estado de derecho amenaza seriamente nuestra democracia. En el segundo de los artículos, mencionando la tesis que los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt exponen en su libro Cómo mueren las democracias, explico que actualmente estas ya no necesitan un Tejero con una pistola en la mano para ser abortadas, sino que los sistemas democráticos mueren lentamente, de una manera prácticamente inapreciable. Y, gracias al colapso independentista, eso mismo podría estar pasando en España. Los responsables del procés y los que hemos sido incapaces de resolverlo políticamente deberíamos ser conscientes de que en España (¡y Cataluña continúa formando parte de España!) vivimos una clara involución de la derecha hacia posiciones más extremas como, de hecho, sucede en el resto de Europa, con una creciente inconsistencia de la izquierda y una extrema derecha que pide paso en las urnas. Y mientras tanto, como dijo Felipe González, Cataluña no tan solo no es independiente, sino que está mucho más próxima a perder la autonomía que a ganar la independencia.

Efectivamente, ni Rajoy fue capaz utilizar la política para resolver el problema y evitar que se hiciera más grande ni Mas y los que han venido después han sido capaces de aprovechar algunos acontecimientos para echar el freno de mano, rebobinar y plantear el diálogo con el Gobierno del Estado con más fuerza y en el marco de la ley. Tanto los mencionados acontecimientos de la consulta del 9-N de 2014 como los del referéndum ilegal del 1-O de 2017 habrían podido servir para hacerlo y no se hizo. Mas fue a la Moncloa a entrevistarse con Rajoy a finales de julio de 2014 con una lista de veintitrés puntos. De todos, el que le interesaba realmente era aquel donde planteaba una consulta. Si se llegaba a hacer, habríamos cumplido nuestros compromisos y tendríamos capacidad para reorientar la deriva que habíamos adquirido. Esto era, al menos, lo que a mí me parecía. Después vi que Mas no pensaba lo mismo o bien no fue capaz de rebobinar y plantear una nueva estrategia. Hay que decir que la querella que la Fiscalía presentó en su contra y en contra de la vicepresidenta Joana Ortega y de la consellera Rigau no ayudaba. Como tampoco la incapacidad del Gobierno del Estado para hacer política. Entre aquellos veintitrés puntos, ¿no había unos cuantos que permitieran sentarse a la mesa y comenzar a hablar de verdad?

Antes de plantear la consulta con ese documento, Cataluña intentó, con una iniciativa del Parlament de Cataluña presentada y defendida en el Congreso de los Diputados, que se delegara a la Generalitat de Cataluña, utilizando el artículo 150.2 de la Constitución, la competencia para convocar un referéndum consultivo. Reconozco que había posiciones doctrinales empleando criterios jurídicos para todos los gustos. Una de las referencias jurídicas favorables a la viabilidad constitucional de la transferencia que utilicé expresamente en mi intervención en la tribuna del Congreso fue la del catedrático de Derecho Administrativo, Jaime Rodríguez-Arana, que, aparte de haber ocupado cargos en la Xunta de Galicia con el PP, había sido subsecretario del Ministerio de Administraciones Territoriales cuando Rajoy estaba al frente y yo presidía la parte catalana de la Comisión de Traspasos. Pero, una vez más, insistía en el hecho de que el problema al que intentábamos dar una salida no era jurídico, sino político, y que la solución no se podía situar en los tribunales, ni en el Constitucional ni en ninguna otra instancia. Quise citar también la sentencia del TC sobre la Declaración de Soberanía del Parlamento de Cataluña aprobada a principios de 2013 y a la que ya he hecho referencia. El Constitucional deja claro que en España no hay un modelo de democracia militante y, en consecuencia, el respeto a la Constitución no equivale a imponer una adhesión a la carta magna. Refugiarse para no solucionar un problema político, como hacía el Gobierno del PP, me parecía de una gravedad política extrema. Tan grave como la actitud de los que entonces ya tenían la intención de saltarse la Constitución para resolverlo. Esta tesis la retomaría con otras palabras en un artículo publicado el 22 de mayo de 2017 en el diario El País, titulado «Esto va de democracia», en el que expresaba mi apoyo a un documento hecho público por la Plataforma Puertas Abiertas al Catalanismo. Nada contra la ley, pero solo con la ley tampoco. En el Congreso en abril de 2014, en El País en mayo de 2017, antes y después, y en este momento, continúo pensando que solo con la ley no resolveremos el principal problema político que España tiene planteado, y que el camino escogido de la judicialización y el quietismo no ofrece ninguna solución. Evidentemente, saltarse el Estado de derecho no nos lleva a ningún sitio —y a los hechos me remito—, pero bloqueando los cambios que sean necesarios y posibles, tampoco; de nuevo, a la realidad me remito.

En sus réplicas, Rajoy no hacía referencia al contenido de la proposición de ley presentada por los diputados del Parlament, sino a las declaraciones que, desde ERC y también Convergència, se hacían equiparando referéndum con independencia. Entonces y ahora estaba convencido de que había quienes, yo incluido, realmente creíamos que en el caso de que se aprobara o, incluso, en el caso de no ser aprobada, se entendería el valor político de la iniciativa del Parlament, ya que podía abrir una puerta directa a la solución o a la apertura de un diálogo que rompiera la dinámica frontista. Pero también me daba cuenta de que lo que buscaba realmente buena parte de los promotores de la iniciativa del Parlament de Cataluña era estirar la cuerda hasta romperla, y así poder acusar a la otra parte de la responsabilidad de la ruptura. Esto ha sido así a lo largo de todo el procés. Tanto entre los independentistas como entre las filas del PP y de Cs ha habido un interés en obtener réditos políticos partidistas más allá del interés general. Esta triste realidad alcanzó su punto culminante a lo largo de la precampaña y de la campaña de las elecciones andaluzas del pasado diciembre, en las que para el PP y Cs, Cataluña parecía la novena provincia de Andalucía. Se hablaba más de Cataluña que de los intereses de Andalucía. Pero es que en Cataluña se continuaba sublimando y haciendo prevalecer la retórica por encima del interés del país e, incluso, del procés mismo y, sobre todo, de los presos. Cuando, por ejemplo, durante los meses de octubre y noviembre los dirigentes independentistas continuaban insistiendo una y otra vez en la necesidad de gestos del Gobierno de Pedro Sánchez para que la fiscalía cambiara sus conclusiones antes de la vista oral, ¿realmente no eran conscientes de que cada vez que abrían la boca hacían más difícil cualquier cambio de posición de la acusación pública? ¿O es que les daba igual, aunque los perjudicados fueran los mismos dirigentes encarcelados?

Esta retroalimentación de las dos partes ha sido una constante desde el principio del procés, como lo ha sido también la competencia dentro del mundo independentista para evitar que el otro te pueda señalar como responsable de ceder ante España. Eso también nos pasó en Unió respecto a Convergència, durante un tiempo. ¡No podíamos ser menos! Y le pasó y le pasa a Convergència o a sus diferentes herederos, en relación a ERC. E incluso a ERC con respecto a la CUP. Mirarse de reojo ha sido el deporte nacional de los últimos años. «¡Botifler el que no bote!» Y todos venga a botar un poco más alto que el vecino. Este pulso permanente ha tenido una gran repercusión en la exaltación de los sentimientos.

Hemos asistido y asistimos a una confrontación de sentimientos tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Exaltarlos y jugar con ellos como han hecho sectores políticos de ambos lados dificulta mucho más encontrar una solución. Los sentimientos son muy importantes, no se han de relativizar ni mucho menos ignorar. Pero los dirigentes políticos tienen la obligación de racionalizarlos y no de inflamarlos como se ha hecho y se hace. La política —como práctica permanente de la búsqueda del bien común— exige conducirlos y encontrarles una salida viable. Cuando lo que se hace —como ha pasado y sigue pasando— es simplemente cabalgar a lomos de los sentimientos…, eso ya tiene otro nombre: no puede ser considerado política y búsqueda del bien común, sino populismo y cacería del voto. Nunca criticaré los sentimientos de los ciudadanos de la calle, pero aborrezco a los que, en nombre de la política, no saben hacer otra cosa que alimentar los sentimientos para aprovecharse de ello después. No saber racionalizarlos y permitir que se impongan sobre la irracionalidad es una grave irresponsabilidad que no lleva al pueblo a otro destino que no sea un callejón sin salida lleno de frustración. Y ya estamos en ese callejón, la frustración llegará y los efectos que tendrá pueden ser tan perjudiciales, o más, que los que hemos sufrido hasta ahora.

En mi caso, no soy —ni lo podré ser nunca— independentista, ni sentimental ni racionalmente. No lo soy por diversas razones. La primera porque sentimentalmente me siento catalán, pero también aragonés, con todo lo que eso comporta. Soy catalán y catalanista y ya he explicado la triple dimensión histórica del catalanismo: hispana, mediterránea y europea. Lo que pasa en España no es un problema de los españoles, como dicen los independentistas, que se excluyen. España es un proyecto compartido por diversas realidades interrelacionadas: es de todos, razón por la cual el catalanismo siempre ha estado interesado en la regeneración del conjunto de España. Siento que Cataluña es mi nación o comunidad nacional y cultural, tanto me da el nombre. Entiendo que España es, también, una nación, y me gustaría que se entendiera que no es menos, sino más, si se asume como nación que contiene naciones. Me gustaría que se facilitara ser español sin dejar de ser catalán y catalanista, y eso no siempre se hace. Como tampoco se hace siempre en sentido contrario: facilitar ser catalán a los que se sienten españoles. Cada día vibro menos con los himnos porque se apropian o quieren apropiarse de ellos solo unos cuantos. El único que me pone la piel de gallina es el europeo. No silbo ni silbaré nunca cuando los oiga, ni uno ni el otro, ni ningún otro. Me pasa cada vez más con las banderas también. En el balcón de casa, por Sant Jordi o el 11 de septiembre, siempre he colgado la bandera catalana y nunca he sentido nada en contra de la rojigualda.10 Pero las estoy aborreciendo progresivamente cuando veo cómo se utilizan como símbolos excluyentes. En este caso, debo decir que todavía me refugio en la catalana como respuesta a la exclusión que los independentistas hacen de ella cuando la sustituyen por la estelada.

Tengo relaciones afectivas en toda España y siento unos vínculos que van más allá de lo humano y personal y que no siento con otros amigos italianos, marroquís, belgas, mexicanos, guineanos o alemanes. Y no es únicamente que, aparte del catalán como lengua propia, tengamos el castellano como lengua común. ¡Hay más cosas! Tengo grandes amigos en Chile desde hace muchos años, pero no siento los mismos vínculos de comunión que los que comparto con amigos canarios, gallegos, murcianos, madrileños o andaluces. Hay, además, una historia compartida durante siglos del conjunto de España, aunque a menudo haya comportado enfrentamientos e imposiciones, y que a menudo también unos y otros explicamos a nuestra manera. Tengo una hermana que vive en la comunidad de Madrid y una sobrina ahijada mía que ya ha nacido allí. Tengo los mejores amigos y mi corazón en la tierra donde vi la luz por primera vez, Alcampell, y se me cae el alma a los pies cuando alguno de ellos me pregunta preocupado si un día Cataluña se separará de España. Tengo muchos motivos basados en los sentimientos para no ser independentista. A todo eso quieren llamarlo ser unionista. ¡Pues qué le vamos a hacer! No me siento partícipe del contenido político que, desgraciadamente, desde el independentismo se da al unionismo. No me siento identificado con los posicionamientos en el terreno nacional del PP o de Cs, ni siquiera con los del PSOE, a pesar de que los socialistas tienen muchos matices en relación a los dos primeros. Pero, por sentir lo que siento, me quieren tildar de unionista los que se han inventado este término que ha partido el país por la mitad. O en tres trozos. Porque además de unos y otros, en Cataluña hay un puñado de gente —y cada vez seremos más— que, respetando lo que se haga —siempre que sea en el marco de la ley—, no nos queremos sentir identificados con los planteamientos que defienden los unos ni los otros y que nos han llevado al callejón sin salida actual.

Por otro lado, no soy independentista por motivos ideológicos. Ya sé que debe parecer carca y anticuado hablar de ideología: hoy lo que predomina y domina es el pragmatismo. Las ideologías ya las han matado no sé cuántas veces. Pero la mía no solo no ha muerto, sino que defiendo su necesidad de cara al futuro. Soy humanista: creo en la persona, en su dignidad, en su trascendencia. La política, la economía… deben estar al servicio de la persona. Y las personas se realizan en el marco de una comunidad. Por eso, también ideológicamente, profeso el personalismo comunitario. Yo no tengo sentido sin el otro, y este otro lo encuentro, en primer lugar, en mi familia, y así hasta llegar a la comunidad. El valor más preciado de la comunidad es la cohesión. Esta es más preciada todavía cuando se trata de comunidades nacionales que, al no ser estado, no tienen las estructuras que de este se derivan. La fuerza de una comunidad, la fuerza de Cataluña, ha sido durante muchos años su cohesión social. Hoy recordamos con añoranza —yo también— aquellos lemas de «Somos seis millones» o «Somos un solo pueblo». Los continúo defendiendo a pesar de que, como en tantas otras cuestiones, ahora me parece que no todos los que entonces los reivindicábamos lo hacíamos por las mismas razones.

Viendo la actitud de sectores independentistas con los que antes compartía el catalanismo, me doy cuenta de que tal vez siempre han pensado en dos Cataluñas —que ahora, ostensiblemente, están separando—, pero lo que querían era la imposición de una sobre la otra. Un nosotros por encima de los otros que hoy también se sienten nosotros. Pero son dos nosotros diferentes. Ven canales de televisión diferentes, leen diarios y libros diferentes, tienen asumida de forma diferente la historia de Cataluña y de España… Me duele comprobarlo. Me hace daño. Para mí, «Somos un solo pueblo» o «Somos seis millones» eran unos lemas comunitarios con los que, con una lengua y una cultura comunes, se creaba un nosotros respetuoso con todas y cada una de las personas que integran nuestra comunidad, hablen la lengua que hablen y hayan nacido donde hayan nacido, pero que sienten y aman como propia su comunidad: Cataluña, en este caso. Todo esto lo ha roto el independentismo y no me sirve de excusa que un determinado españolismo se haya comportado con las mismas pautas durante siglos. Por eso, como humanista, como persona formada ideológicamente en el personalismo comunitario, no puedo ser independentista.

Tampoco lo puedo ser por una tercera razón. Ni por sentimientos, ni por formación ideológica ni tampoco por la estructura lógica que considero que define la racionalidad. Si el objetivo o la finalidad es llegar a conseguir el máximo nivel de bienestar para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña con el máximo grado de autogobierno o, incluso, de soberanía posible —enmarcándola en el contexto descrito de soberanía compartida o perforada, ya he hablado de ello—, no tiene sentido reducir nuestras fronteras físicas, y por tanto económicas. No tengo ninguna duda de que a España le va muy bien que Cataluña forme parte del Estado. Y tampoco dudo que en Cataluña nos va mejor que formemos parte de España. Los unos y los otros nos necesitamos. Otra cosa es ser capaces de encontrar el equilibrio que haga de la interdependencia y del respeto a los otros la virtud del proyecto común. En términos económicos, Cataluña tiene un mercado importante en el resto del Estado. Y el conjunto de España dispone en Cataluña de un motor importante para su desarrollo y progreso. No tiene ningún sentido que nos separemos, todos saldríamos perdiendo. Esto lo tienen que entender los independentistas, pero también lo deben asumir los que al defender España como unidad son incapaces de comprender y admitir que Cataluña debe ser tratada en términos de justicia y de equidad. La ruptura no interesa a Cataluña, pero tampoco al resto de España.

Racionalmente, lo que nos interesa a todos es un proyecto compartido. Pero precisamente el asumirlo como compartido no puede implicar imposiciones. Requiere complicidades que el independentismo rechaza y que el españolismo menosprecia. Por no hablar de la viabilidad de la independencia más allá de las fronteras del Estado español. Si llegáramos a ser independientes, incluso —lo que sería sorprendente— con el apoyo de muchos otros países europeos preocupados por sus movimientos secesionistas, España bloquearía cualquier apuesta catalana por ser miembro de la eurozona o de la UE. Sin ser parte del mercado único europeo, Cataluña se enfrentaría a la oscura perspectiva de pasar a gran velocidad de ser motor económico a país pobre y aislado.

Es curioso que en Cataluña no haya habido debate sobre el coste de la salida de España y de la UE. Se ha cuantificado lo que el Brexit significaría en términos de pérdida de riqueza para Gran Bretaña y, en cambio, no se ha hecho para el Catexit. ¿Hay alguien que piense que somos más fuertes que Gran Bretaña y que el coste de una salida de España y de la UE tendría para los catalanes un coste inferior que el que tiene para los británicos? Es sintomático que no se haya dado este debate, y me gustaría señalar dos razones, como mínimo, que han podido ayudar a silenciar la información. La primera es la poca autoridad que las instituciones españolas tienen para muchos catalanes en comparación a la que ostentan las británicas para la ciudadanía del Reino Unido. Si el Banco de Inglaterra publica una opinión, es aceptada mayoritariamente como buena. Aquí, si lo hace el Banco de España, ¡puedes estar seguro de que no será así! Y, entrelazada con esta primera razón, hay una segunda. En Cataluña hemos llegado a tal extremo que, cuando se dicen cosas o se facilitan cifras que no gustan al independentismo porque no les van bien, se habla muy poco e incluso nada. Eso si hay suerte y no quedas automáticamente descalificado. Cuando, antes de que la UE se pronunciara en el mismo sentido, explicaba en todas partes que una hipotética salida de España nos dejaría fuera de la Unión Europea y del euro, la respuesta del independentismo era así de democrática: «Vaya, ¡ya estamos! ¡Dice lo mismo que García Margallo!». Es decir: «Lo que dices no tiene valor, es la propaganda del PP». En lugar de aceptar que lo dice el Tratado de la UE y que mi coincidencia con Margallo respondía a mencionar el marco legal, era más rentable intentar descalificarme y colgarme la etiqueta de botifler. ¿Eso es democracia? No, la primera condición de un demócrata es respetar al otro aunque no te guste lo que diga o piense, e incluso cuando no tiene razón en lo que dice o piensa.

Y, sobre todo, no soy independentista —y esta es la cuarta razón— porque soy europeísta. Europa no se ha construido —o no se construye, para ser más precisos, en tanto que proyecto inacabado— para crear nuevos Estados, sino para superarlos. La Europa diseñada por los democristianos Adenauer, Schuman o De Gasperi, gente de frontera, no quería crear unos nuevos, sino superar los Estados que había entonces. Guste o no, Europa no puede permitir la desintegración de sus Estados miembros. Nadie en Europa quiere repetir una ruptura como la de Yugoslavia. Por eso, también la independencia de Cataluña plantearía un problema fundamental en el marco europeo. Desde Cataluña podemos contribuir a intentar que las naciones-regiones tengan un papel relevante en la Europa de los Estados-naciones, pero es un error pensar que podemos participar en la construcción de un proyecto que borre los Estados. Debemos entender y jugar la carta del más y mejor en Europa. Eso sí, siempre que no identifiquemos este objetivo con la desaparición del Estado español, porque toparemos con un muro muy sólido. Hace años abracé cierta utopía que perseguía ese objetivo; como si España fuera el pasado y Europa el futuro. Pero si antes era inviable, ahora, con la globalización, es imposible. Solo el Big Bang del proyecto europeo nos podría permitir conseguir este desiderátum. Pero, llegado el caso, prefiero la actual Cataluña en la Europa presente que una hipotética Cataluña más plena en una Europa insignificante. El independentismo nunca ha querido entender —o no le ha interesado— que si Cataluña sentara un precedente de secesión, estimularía a otras regiones de otros estados a imitarla y que, en consecuencia, la UE entraría en una profunda crisis existencial. No sé si el independentismo es consciente del daño que ha hecho a la imagen de Cataluña en la Unión Europea. En la época de los Gobiernos de Convergència i Unió con el presidente Pujol al frente, Cataluña era el referente en la UE de las regiones con entidad política, hoy en día Cataluña es el problema.

Tras la conmemoración del referéndum ilegal del 1-O, el expresidente Carles Puigdemont declaró que «las instituciones europeas no apoyan la causa catalana». Ha tardado casi un año en reconocer una realidad incómoda, tantas veces manipulada, para frustración de los seguidores independentistas. Es cierto que el 1-O europeizó el debate sobre Cataluña. Todo lo que no fueron capaces de conseguir los independentistas mediante el Diplocat y las delegaciones de la Generalitat en el exterior —llamadas embajadas por los independentistas y, erróneamente, aceptadas como tales por los más acérrimos detractores del españolismo— lo consiguieron las imágenes de la policía desalojando a los votantes de los colegios electores con el uso de la fuerza. Las imágenes de la intervención policial reprimiendo a ciudadanos y ciudadanas otorgaron una engañosa legitimidad a los convocantes de un referéndum que nunca habría sido aceptado por los estándares internacionales como legal, justo y libre. Pero el independentismo lapidó este patrimonio en menos de un mes. La unilateralidad ha destrozado su imagen en el exterior y las aventuras de Puigdemont por algunos países europeos han hecho el resto. Creo que es un error pensar que el éxito de Puigdemont ante el tribunal de Schleswig-Holstein signifique un éxito político, independientemente de la importancia judicial. La Europa que los independentistas nos decían que forzaría a Rajoy a negociar no quiere ni oír hablar del independentismo. Los últimos años de ejercicio de mi vida política tuve que rebatir, sin mucha fortuna por lo que respecta al resultado, los argumentos de militantes y dirigentes de Unió que habían creído, de buena fe, que la apuesta de Mas respondía simplemente a la voluntad de forzar una negociación con el Estado para obtener mejoras en Cataluña, y que la Unión Europea acabaría obligando al Gobierno español a negociar con el catalán. Ni Mas canalizó el apoyo ciudadano hacia la negociación ni la UE la forzó ni ha tenido nunca intención de hacerlo. Los estados y las instituciones europeas creen que sería absurdo, desde un punto de vista histórico y político, entrar en una fase de secesión y de desintegración en el siglo XXI. Las grandes dimensiones de otros actores globales (EE. UU. y China, sin olvidar India y, por otros motivos, incluso Rusia) sitúan en el plano de la urgencia histórica una mayor integración. En la UE, el independentismo nada a contracorriente.

El vacío europeo e internacional que las instituciones y los estados practican con Cataluña y, sobre todo, con sus autoridades e instituciones da lástima. Desde la deriva independentista, no hay ninguna autoridad relevante que haya puesto los pies en Cataluña. Seguro que la diplomacia española también ha hecho todo lo posible para que eso sea así, pero ¿alguien pensaba que nos extenderían la alfombra roja? Y es que tenemos que considerar que se han cometido errores garrafales. El 25 de abril de 2014 el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidió oficialmente el estatus de invitado especial a la Organización Internacional de la Francofonía con una carta a su secretario general Abdou Diouf. Aparte de que no hay invitados especiales, sino miembros asociados u observadores, es obvio que Francia tiene un peso muy específico en la organización, y parece elemental entender que nuestro vecino del norte no está dispuesto a avalar ninguna aventura que en el fondo tenga como objetivo la fractura de los estados. Lo supe por personas de Unió en el Departamento de Exteriores de la Generalitat y no por su presidente. Ya llevaba un tiempo en el que había perdido toda influencia en las relaciones exteriores de la Generalitat más allá de que los directores generales —no el secretario general— fueran de Unió a propuesta mía. Cuando Mas ganó por primera vez, solemnizó que me ocuparía de asesorar sin cargo orgánico todo aquello que tuviera que ver con las relaciones internacionales. Busqué embajadores de carrera, con experiencia acreditada y catalanes para los puestos clave. El embajador Joan Prat —que conocía a fondo Bruselas y la Comisión después de haber sido jefe de gabinete del comisario Matutes, haber ocupado varias direcciones generales comunitarias y ser embajador ante la OTAN, entre otras responsabilidades ejercidas con los Gobiernos de la UCD, del PSOE y del PP— fue designado delegado del Govern ante la UE. Senén Florensa, uno de los fontaneros del equipo de Adolfo Suárez en la Moncloa —a quien había tratado en una visita a Túnez— pasó a ser secretario de Exteriores. No eran ni han sido nunca de Unió. Simplemente se trataba de unos buenos profesionales y eso era lo único que me interesaba. Es decir, usé los mismos criterios que apliqué para formar el equipo de la conselleria de Gobernación y Relaciones Institucionales durante el tiempo que estuve al frente.

Y si habla por sí sola la ausencia de visitas, delegaciones institucionales o líderes de otros países, tan grave o más es que se haya intentado vetar a alguna personalidad europea por intervenir en un acto en Cataluña. Al dejar la política, he asumido la coordinación por parte española del Foro de Diálogo España-Italia que, por la parte italiana, coordina desde el principio mi buen amigo Enrico Letta. Años atrás, la entidad que lo organizaba por parte española era el prestigioso Cidob y, por tanto, sus presidentes, primero Narcís Serra (que fue el impulsor) y Carles Gasòliba después, habían sido los coordinadores. Antes que de que la CEOE sustituyera al Cidob y que su presidente Joan Rosell y Enrico Letta me pidieran sustituir a Gasòliba, asistí, como era mi costumbre, a la última sesión que se hizo en Barcelona. Era abril de 2015. Como consorcio participado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, el Ministerio de Exteriores y algunas universidades, el Cidob tenía una lógica relación institucional con el Govern de Catalunya. En la primera fila del acto, Gasòliba me dijo: «Cuando acabe el acto, voy con Letta a ver al conseller Mas-Colell». No es que lo encontrara extraño, pero como intuía que pasaba algo, me atreví a preguntarle por qué iban a verlo. La respuesta la tengo grabada en la memoria de por vida: «¡Ah! Es que el vigatà quería vetar la presencia de Letta y he creído que estaría bien que hablara con alguien del Gobierno y lo hacemos con Mas-Colell que, al menos, es ilustrado y seguro que nos hará quedar bien». Pregunté: «¿Bigatà? ¿Bigatà forma parte del Govern?». Gasòliba detectó que me estaba confundiendo y que había entendido, erróneamente, que me hablaba del exconseller Xavier Bigatà, con b, y no vigatà, con v. Gasòliba me aclaró que con la palabra vigatà se refería al conseller de Presidencia, Francesc Homs, que no había salido nunca de la plana de Vic.11

La objeción de Quico Homs a la presencia de Letta era debida a un artículo que el italiano había publicado en el Corriere della Sera. Hablando de Cataluña, hacía una referencia crítica a los nacionalismos como causa y motor de división y de los enfrentamientos que se habían producido en el pasado en territorio europeo. Además, en el artículo se identificaba con mi posición y mi propuesta denominada Tercera Vía. La conversación con Mas-Colell fue bien, como no podía ser de otra manera entre dos personas civilizadas, cultas y con una acreditación democrática. Ni siquiera la presencia de Antoni Castellà, secretario de Universidades con el conseller Mas-Colell y dirigente independentista de Unió, distorsionó la amable conversación de Gasòliba i Letta con el conseller de Economía. Al cabo de unos días del artículo de Letta, Toni Castellà publicó una carta al director en el Corriere intentando rebatir sus tesis. Después supe que el Departamento de Prensa de Presidencia tenía un servicio de seguimiento de los medios de comunicación internacionales y contestaba a todo lo que hacía falta. ¡Qué diferencia con el Gobierno central! Imagino la consigna: «¡Qué lío, chico, mejor no tocarlo!». Obviamente, no sabía por Castellà ni por el conseller Mas-Colell que un dirigente de Unió estaría presente en la conversación. Eso se llama lealtad: de uno y de otro, ¡claro está! Parecía lógico que siendo amigo personal de Letta y presidente de uno de los dos partidos que apoyaban al Govern en el que Mas-Colell era conseller, este, por cortesía, me hubiera comentado la reunión. Y ya no hablemos de Castellà, que era miembro de la dirección del partido que yo presidía. Era abril de 2015 y en junio Castellà abandonó Unió para constituir Demòcrates de Catalunya, acompañado de Núria de Gispert i de Joan Rigol, entre muchos otros.

«Queremos votar»

Con convicciones claras y sólidas sobre las razones por las que no podía amparar las posiciones independentistas, me preparaba para afrontar todo el proceso previo a la consulta del 9-N y a la que después organizó Unió entre su militancia en junio de 2015. Me obsesionaba que todo lo que se hiciera fuera legal y con garantías democráticas más allá del voto y de entender que una consulta que se pretendía vinculante sobre la independencia de Cataluña respecto a España no podía ajustarse a la Constitución si esta no se reformaba previamente —cosa que, antes y ahora, me parece imposible—, al menos para garantizar el ejercicio del derecho a la autodeterminación de una parte del territorio del Estado. Es decir, dejar solo en manos de las catalanas y los catalanes el destino y el futuro del conjunto de España. Todo lo que no fuera legal y democrático sería quitar valor, respeto y prestigio a la consulta y a la propia reivindicación de votar. Además, era consciente de que me situaba en medio de los que, por un lado, sacralizaban la unidad de España y, por otro, de los que banalizaban la secesión de Cataluña del conjunto del Estado. ¡No podía acabar bien! Habíamos iniciado una especie de guerra del Peloponeso en la que todo el mundo se desgastó y nadie ganó. Con la particularidad, además, de que ni en un bando ni en el otro se vislumbraba un Alejandro Magno. En la calle, sin embargo, iban ganando peso las entidades independentistas, sobre todo la ANC, que entonces estaba presidida por Carme Forcadell. La manifestación del 11 de septiembre de ese año fue una nueva prueba de la capacidad de movilización entusiasta y pacífica de centenares de miles de catalanes y catalanas. ¿Un millón? ¿Menos? ¿Más? Da igual, muchísima gente y un ejemplo único en el mundo. Pero no solo la ANC y Òmnium iban ganando en la calle, también en las instituciones. Carme Forcadell lo dejó bien claro al concluir la manifestación de aquella Diada: «Presidente, ¡ponga las urnas!». La ANC y Òmnium empezaron a contar ya no tanto como los partidos, sino incluso más. Mas ya estaba atado de pies y manos. Su partido se había decantado a favor de las tesis de ERC; los republicanos esperaban que diera marcha atrás para acabar de comerse el espacio de CiU que nosotros mismos habíamos radicalizado; las entidades presionaban para avanzar en el viaje a Ítaca.

«Queremos votar y tenemos derecho a votar» se decía cada vez más como sinónimo de democracia. El que no estaba de acuerdo no era demócrata. Ese mismo mes de septiembre se celebró el referéndum escocés. Gran Bretaña, pues, era una democracia, y España, no. Cameron era un demócrata, y Rajoy, no. El premier británico ponía las urnas, a Rajoy le daban alergia. Así de simple y así de eficaz era el relato del independentismo. Poco importaba si Gran Bretaña tenía Constitución o no; si la historia escocesa en relación a Gran Bretaña era la misma o no que la catalana con respecto a España; cuáles eran los motivos reales de la autorización del referéndum en Escocia por parte de Cameron, más vinculado a un interés partidista que con el respeto a la democracia; y menos todavía interesaba si ese referéndum era bien visto o no por la Unión Europea, que era la que tenía que garantizar nuestro derecho a decidir. De hecho, todavía me resuenan en los oídos las pestes sobre el primer ministro que esos días le dedicaban los dirigentes de la UE y los presidentes de Gobierno con los que yo tenía relación: Cameron fue un frívolo y un irresponsable, como lo serían después los inductores del referéndum por el Brexit.

El 27 de septiembre, en el Palau de la Generalitat, se firmó el decreto de convocatoria de la consulta. Asistieron los líderes de los partidos que la apoyaban. Por Unió fue Ramon Espadaler. No asistí personalmente por tres razones: porque Espadaler tenía delegadas todas mis funciones como presidente del comité de gobierno, porque entendía que convenía a Unió todo lo que pudiera ayudar a promocionarlo de cara al futuro y porque, además —o sobre todo—, no me sentía cómodo con lo que estábamos haciendo (eso no me exime de responsabilidades, al contrario, las agudiza). Joan Herrera, líder de IC Verds, tampoco fue porque creía que era un acto de propaganda de Mas, y no iba mal encaminado. El Gobierno del Estado impugnó el decreto y la Ley de Consultas, y la legalidad que nosotros exigíamos desapareció. Mas —al menos aparentemente— estaba más cerca de nuestras tesis que de las de ERC o de las de la CUP y de las entidades que presionaban para que la consulta se hiciera sí o sí en los términos en los que había sido convocada. Fueron unos días de diálogo intenso con el Gobierno de Rajoy. Hablé con él y con su vicepresidenta, y me quedó claro que no llegaríamos a ningún acuerdo. Así se lo trasladé al presidente de la Generalitat que, en cambio, sí creía que la presión abriría una grieta para la negociación. Se sucedieron las reuniones entre los partidos convocantes de la consulta, pero no asistí a ninguna. Ramon Espadaler, que además era conseller de Interior, lo hacía en nombre de Unió, y Joana Ortega, como vicepresidenta y sobre todo como responsable del Departamento de Gobernación —en el que residían las competencias en materia de participación ciudadana—, también participaba activamente en todo este proceso previo.

Ni nosotros ni IC Verds éramos partidarios del incumplimiento del mandato constitucional. El resto presionaban para desobedecerlo. ERC el que más, con la esperanza de pasarle el muerto a Mas si se amedrentaba. Cuando el presidente de la Generalitat llegó a proponer reconvertir la convocatoria en un proceso participativo, Oriol Junqueras inició la estrategia de señalar a Mas como débil ante el Estado por no atreverse a mantener la convocatoria del 9-N tal como estaba establecida en el decreto. De hecho, hasta el mismo día 9-N, ERC menospreció la consulta todo lo que pudo. El mensaje que trasladaba era que ERC apostaba por el referéndum y Mas perdía el tiempo con un proceso participativo. El 2 de noviembre, el Gobierno del Estado impugnó el decreto, y en cuarenta y ocho horas el Constitucional ya lo había suspendido. El 29 de octubre mantuve la última reunión con Rajoy para intentar evitar todo lo que después sucedió. Los colegios electorales estaban a punto —y muchos eran de titularidad pública—, pero ni el Constitucional ni el Gobierno hicieron nada efectivo para suspender el proceso participativo. Las mesas de votación se cubrieron con voluntarios. Al menos oficialmente, la Generalitat no impulsaba ese singular proceso. Una vez más, conversaciones con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Al final, quedamos en que ellos quitarían hierro a la importancia de la consulta, infravalorándola y reduciéndola a una especie de barbacoa. Hablé con los consellers de Unió y les supliqué que no hicieran nada que fuera en contra de la legalidad. Lo tenían claro. Incluso Ramon Espadaler consultó al Tribunal Superior de Justicia qué debían hacer exactamente los Mossos. Joana Ortega entendía que no podía hacer nada en contra de la ley, ni quería. Como estaba asesorada por el excelente abogado penalista Rafael Entrena, yo tenía la convicción de que la vicepresidenta no haría nada que le comportara problemas con la legalidad.

El día 9 fui a votar. En lugar de hacerlo en mi colegio electoral habitual en el Casal de Sarrià, me tocaba ir a la Escuela Orlandai, en la avenida J. V. Foix, un colegio público. Había mucha gente votando y no me recibieron precisamente con aplausos. Algunas personas me increparon, pero la cosa no pasó de ahí. Hice lo que ya había anunciado mucho tiempo antes que haría: votar sí a un Estado propio y no a que ese Estado fuera independiente. Era la doble pregunta pactada en la que forcé que se introdujera la primera parte. La participación fue muy alta y, obviamente, el resultado fue abrumador a favor del sí en las dos preguntas. En Unió, los dirigentes más conocidos votaron de todas las maneras. Los que más adelante formarían un nuevo partido tras perder nuestra consulta interna debieron votar, lógicamente, con un doble sí.

Por la noche, por TV3 —entonces todavía miraba algún informativo de esta cadena, actualmente intento ver el espacio del tiempo para estar al tanto de las previsiones metereológicas, si lo que me interesa es saber qué tiempo hará en Cataluña, Baleares, Valencia o la Franja, y poca cosa más—, seguí la rueda de prensa con los resultados. Un presidente Mas exultante y acompañado por la vicepresidenta Joana Ortega explicaba los resultados con entusiasmo, y ponía de relieve su dominio de unas cuantas lenguas (en esto casi estaría a la altura de Pujol, lástima que no hable alemán). Lo primero que hice fue advertir de manera pública y privada al Gobierno del Estado de que no se podían tomar a broma lo que había pasado. Más allá del hecho de que habían votado todas las personas que querían hacerlo —residentes o no, y en algún caso más de una vez—, la respuesta de la gente había sido muy alta, altísima. Madrid tenía ante sí una nueva señal de que era necesario dar una respuesta política y abrir el diálogo para encontrar la manera de garantizar un reconocimiento político e institucional de Cataluña diferente al actual. Al mismo tiempo que hacía eso, empecé a preocuparme. Conociendo el Gobierno del Estado, sabía que no solo no me harían caso, sino que deberían modificar su posición, no podían continuar menospreciando la jornada del 9-N por su gran éxito y presentarla como una barbacoa o fiesta popular independentista.

Lo que me daba miedo era de qué manera reaccionarían y, sobre todo, si lo harían por la vía penal. Previendo que aquella podía ser una salida, me preocupaba muchísimo el hecho de que Joana Ortega hubiera protagonizado desde el Govern todo el proceso informativo de los resultados de participación, y que acompañara a Mas para dar a conocer los resultados finales. Todo el mundo sabe cómo ha acabado esto: con una querella, en mi opinión injusta, pero respetable una vez que se da una sentencia firme, ante el TSJC contra el presidente, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau. Después, mucho más tarde, se amplió ante el Tribunal Supremo contra Francesc Homs porque, en aquel momento, ya era portavoz del PDeCAT en el Congreso. Los querellados comparecieron ante el TSJC acompañados de muchísimas personas convocadas para manifestar su solidaridad delante del Tribunal. No fui nunca, lo que no significa que no fuera solidario con Joana Ortega; si no lo hacía era porque no tengo vocación masoquista. Estaba clarísimo que sería increpado por la masa independentista, le pasó a Espadaler y a mí me pasaba entonces por la calle. Debo confesar que viví un par largo de años con una gran incomodidad. Pero el amigo Espadaler lo ha pasado peor en su comarca de Osona y en la ciudad de Vic, donde reside con su familia.

Ha habido, y de hecho hay, un cierto debate alrededor de si la sociedad catalana se ha fracturado o simplemente se ha dividido. Ya sé que la palabra fractura va acompañada de una violencia que hoy por hoy, gracias a Dios, no se ha producido. Y hablo ahora de violencia física, a pesar de que alguna acción de algún Comité de Defensa de la República (CDR) o de los jóvenes de Arran sí que ha sido violenta y no puede ignorarse. Pero acepto que son excepciones que confirman la regla. Sé también que el independentismo es un movimiento pacífico y que sus dirigentes son pacifistas. Las manifestaciones de los 11-S son una buena muestra de ello. Pero también sé que la violencia no es únicamente física y que, más allá del uso de la fuerza como hicieron las fuerzas de orden el 1-O, se puede expresar a través de la palabra o de una determinada conducta. De hecho, la violencia psíquica es una conducta que, activa o pasivamente, tiene como resultado el menosprecio o la deshonra de la dignidad de una persona. Y eso ha pasado, ¡y no pocas veces! Podría hacer una lista de los dirigentes políticos no independentistas que se han visto afectados en este sentido. Y a la inversa, también dirigentes independentistas han sido objeto de ello. Pero aparte de estos episodios y del significado que se quiera dar a la palabra fractura, nadie podrá negar que, como mínimo, hay una división social. Y lo siento, pero no comparto que se relativice diciendo que es lógica y fruto de la polarización frente a temas de tanta trascendencia y sobre los que la gente piensa diferente. Hay ruptura, fractura o división social. Y que cada uno elija la palabra que quiera. A mí me da igual siempre y cuando seamos conscientes de que lo que nos ha pasado, nos pasa y nos pasará entre amigos, familiares, vecinos, conocidos y políticos exige la reconciliación. Esta es la primera deuda de cara al futuro que debemos comenzar a resolver desde este mismo momento. Una reconciliación dentro de Cataluña que mientras no seamos capaces de conseguirla no nos permitirá abordar otra necesaria reconciliación con el resto de la sociedad española. Nunca he querido que desde fuera de Cataluña se hurgara en nuestra división, fractura o ruptura. Algunos dirigentes y medios de comunicación en la capital del Estado se frotan las manos cuando les llega algún caso que se puede encajar en alguno de los términos utilizados. Por eso mismo nunca he querido hablar de ello en profundidad. Sin embargo, la tenemos, y por tanto, necesitamos y necesitaremos una reconciliación.

En vísperas de la consulta del 9-N de aquel 2014 —en concreto en la Escuela de Verano Manuel Carrasco i Formiguera, que Unió Democràtica organizaba de la mano del Instituto de Estudios Humanísticos Miquel Coll i Alentorn (Inehca)— aproveché la clausura para realizar una intervención que, muy expresamente, quería huir del ambiente político en el que nos situaba el debate independentista, que entonces todavía era soberanista. Al principio de estas memorias he escrito que el último mitin en el que participé, con motivo de la clausura de la última campaña electoral de mi vida política, había sido, según mi esposa, mi mejor intervención. Y por eso volví a ver el vídeo antes de empezar a redactar este libro. Ahora, entrando ya en la última etapa vital dedicada a la política, he leído expresamente mi intervención en la Escuela de Verano en Caldes de Malavella el 29 de junio, porque me parece más importante todavía —con permiso de mi esposa, y pido disculpas si esto puede sonar pedante—. Pienso que es un texto muy interesante y me sirve para introducir un tema del que se habló mucho y provocó una reacción rápida y bien organizada para intentar entorpecer su desarrollo desde el minuto uno. Me refiero al nacimiento de la asociación Construïm.

Construïm

En noviembre de 2014, después de la consulta, Unió organizó unas jornadas en el hotel Melià Sarrià con el título «Construïm» (Construimos) de la mano de su fundación Inehca y de la alemana Konrad Adenauer. Durante un día y medio, con una conferencia extraordinaria de apertura del amigo Enrico Letta, varias personas de edad, sexo y procedencia muy diversos trataron abiertamente una serie de cuestiones. Ninguno de los que intervinieron había militado en Unió. Ya desde ese momento se dijo que, con esta iniciativa, se quería constituir un nuevo partido político y que, por tanto, dejaría Unió. Era verdad que la iniciativa y la organización de esas jornadas eran nuestras y que el nombre era una aportación personal mía después de darle vueltas a cómo podíamos sintetizar el mensaje que pretendíamos con esas reflexiones. No se trataba de construir una nueva organización; queríamos llegar a estructurar un mensaje nuevo. Haciendo uso de la primera persona del plural quería que se entendiera como una invitación, e incitación al mismo tiempo, para que trabajásemos de manera conjunta muchas y diversas personas —algunas corporativamente, desde Unió, y otras, individualmente, desde sus preocupaciones personales por el futuro de nuestra sociedad—. Todos juntos, lógicamente, con puntos de coincidencia en muchos ámbitos y un vínculo desde el humanismo cristiano que debía ser el hilo conductor de todo el asunto. La historia fue más allá de aquellas jornadas y, al cabo de unos meses, en concreto el 26 de marzo de 2015, un grupo de personas publicó un artículo en La Vanguardia con el título «Somos lo que construimos», que dio pie a la constitución de la asociación que llevaría el mismo nombre. Es obvio, pues, que de una manera u otra hubo una relación entre Unió —y más particularmente, mía— y todo lo que rodeaba a Construïm. Era muy fácil adivinar la relación, teniendo en cuenta que el fondo de lo que quería trasladar esta asociación tenía algo que ver con mi discurso en la Escuela de Verano, que el nombre de Construïm era una aportación mía, que fue Unió la que organizó unas jornadas con el mismo nombre y que, además, como el nombre gustaba muchísimo, lo inscribimos rápidamente en el registro de partidos solo para evitar que otros lo utilizaran.

Pero ¿qué pasó en el fondo y por qué todo aquel jaleo? En la Escuela de Verano, el núcleo fundamental de mis reflexiones pasaba por compartir que estábamos viviendo momentos de una crisis profunda: social, territorial y también institucional, y que en esa situación era necesario situar los partidos del todo desprestigiados por la sociedad. Los años que siguieron y hasta el día de hoy, se ha visto cómo a lo largo de Europa las consecuencias sociales de la crisis económica, la destrucción de la clase media, el incremento de la desigualdad, el hecho de que los que antes cobraban poco ahora cobren menos, el impacto de la globalización y de las guerras, la inmigración, los refugiados, el aumento de la desvinculación… han llevado a una crisis profunda a las dos grandes corrientes políticas: la nuestra y la socialdemócrata. Y hemos visto —lo veremos todavía más— cómo han aparecido nuevas ofertas políticas que no coinciden con el formato clásico de los partidos, en algunos casos plataformas transversales. La de Macron en Francia podría ser un ejemplo de ello. En otras ocasiones, sin acabar de sustituir un partido, se organizan y se articulan plataformas que van más allá. Eso está pasando en Cataluña con la Crida, con el PDeCAT o sin él. Pues bien, hace cinco años ya meditaba sobre la posibilidad de hacer en Cataluña algo parecido. ¿Sustituir Unió por otro partido? No exactamente. ¿Abandonar Unió y crear un nuevo partido? Menos aún. De entrada se trataba de crear un marco de pensamiento y de acción en el que Unió pudiera estar con personas de prestigio que al mismo tiempo tuvieran la capacidad de atraer a más personas. Repasando la historia de Unió —lo dije también en mi intervención en la Escuela de Verano—, ya se veía que, cuando había sido necesario, el partido lo había conseguido. La última vez fue en las postrimerías del franquismo, al crear Convergència con otros sectores y personas individuales y antes de que Unió continuara como Unió y una parte de Convergència fundara Convergència Democràtica de Catalunya. ¿Tan difícil de entender era lo que planteaba? Teniendo en cuenta las reacciones, ¡seguramente no tanto!

El artículo publicado en La Vanguardia «Somos lo que construimos» estaba firmado por Eduard Arruga, Antonio Durán-Sindreu, Jordi Giró, Jordi de Juan, Carlos Losada, Margarita Mauri, Josep Miró i Ardèvol, César Molinas, Ignasi Parody, Alfred Pastor, Ignasi Rafel, Emili Serra Fortuny, Francesc Torralba Roselló y Ramon Xifré. Un grupo de personas de prestigio en sus ámbitos, muchas vinculadas a la universidad. Antes de que se publicara el artículo, ya hubo alguna deserción. Cuando los firmantes dieron la cara, hubo más presiones para que se desvincularan del proyecto. Un par de personas lo hicieron, con disgusto. Las presiones procedían de la Generalitat, en concreto del ámbito de Universidades y de Bienestar Social. Del primero era responsable Antoni Castellà, de Unió; del segundo había personas del partido vinculadas a la Unión de Trabajadores Democristiana de Cataluña… En un caso y en el otro, la reflexión era clara: si quieres continuar teniendo financiación para tu cátedra, deberías dejar eso de Construïm; si quieres mantener la colaboración de la Generalitat en proyectos sociales, tienes que entender que has cometido un error… El mismo día que Construïm abrió su página web, desde el anonimato más estricto se creó una cuenta de Twitter llamada AraConstruïm que copió la imagen corporativa de la agrupación y se hizo pasar por la plataforma; comenzó a difundir mensajes con la clara voluntad de crear confusión. Al cabo de unos días le cambiaron el nombre a Deconstruïm y continuaron haciendo lo mismo. Todas las técnicas y los contenidos que se usaban eran, además, los mismos que utilizaba otra cuenta de Twitter, La Retaguardia, con un perfil que se mofaba constantemente del diario La Vanguardia y que fue, además, uno de los primeros seguidores del fake Deconstruïm. Curiosamente, muchos de los candidatos a alcaldías de Convergència que concurrían a las municipales de ese año replicaban los mensajes contra Construïm. Además, todos tuiteaban desde el mismo lugar que la cuenta de Deconstruïm. ¿Quién se tomó tantas molestias y por qué invirtió tanto tiempo en boicotear una entidad que acababa de nacer? Nunca lo he sabido, pero no era difícil adivinar, o al menos presumir, a riesgo de equivocarme: todo salía de los sectores independentistas de Convergència bien coordinados entonces, como siempre, con los de Unió.

Por si todo esto no fuera suficiente, Unió tampoco ayudaba. Construïm no solo no era un proyecto de Unió, sino que incluso había dirigentes importantes del partido que no lo compartían. Y no hablo de los que nos hacían la pascua desde el sector independentista, sino de personas de mi entorno, colaboradores que nunca lo vieron claro y que así me lo expresaron con absoluta lealtad. Además, en el grupo de personas de Unió que manteníamos diálogo con el sector promotor de Construïm, seguramente no todos actuaron con lealtad. Una mañana el diario Ara publicó el contenido de unos correos que resumían algunas reuniones con la intención de hacer daño. Siempre he pensado que fue un error que el partido no avalara aquel proyecto que nunca tuvo la pretensión de sustituir a Unió, sino de potenciar un mensaje renovado. Personalmente, no tenía ningún interés en el liderazgo orgánico del proyecto en el que Construïm se pudiera concretar, únicamente me interesaba la propuesta política, que, además, tenía poco que ver con el proceso independentista que ya se había iniciado. Tenía claro desde hacía tres años que no quería seguir liderando, ni creía que fuera conveniente para Unió que lo hiciera. Tal vez me equivoqué, pero no podía rehacer el camino. Contra mí se lanzaron todo tipo de acusaciones, pero eso va con el cargo. La lástima es que no supe convencer a Unió de que el objetivo era contribuir con otras personas a generar un movimiento que diera respuesta a las muchas crisis —hoy todavía vigentes— y que recuperara la confianza de los ciudadanos que ya estaban hartos, o, en el mejor de los casos, desencantados de la política. Me ha quedado un mal sabor de boca de todo ese intento, legítimo y honesto. No solo no fui capaz de empujar a Unió en esa dirección, sino que además, cuando unos meses después llegó la ruptura de CiU y Unió y decidimos centrarnos en una oferta electoral, hubo personas de Construïm que honestamente pensaron que yo había querido utilizarlos. Actualmente, algunos de los firmantes del manifiesto Construïm u otros que después se incorporaron a él forman parte del nuevo partido Units per Avançar. Me alegro de ello.

Todo el proceso de Construïm desde noviembre de 2014 coincidió, además, con unos meses de intensa presión de Convergència hacia Unió para que nos sumáramos a la hoja de ruta independentista. Josep Rull —hoy en la cárcel, lamentablemente— y Lluís Corominas eran los responsables del aparato del partido que más nos presionaban. Artur Mas se mostraba más respetuoso. Y nosotros, en vísperas de las municipales, no queríamos abrir ese debate; éramos conscientes de que nuestro partido estaba dividido, y que materializar esa división cerca de una campaña municipal era altamente negativo, tanto para Unió como para Convergència i Unió. A día de hoy no sé si hicimos bien o mal, pero ya está hecho y no sirve de nada lamentarlo. Después de las municipales de 2014, todo se precipitó y Convergència i Unió dejó de existir al cabo de un par de meses. La estabilidad en Cataluña y en el conjunto de España se había acabado para mucho tiempo; de hecho, aquella pregunta dirigida al presidente Rajoy en el Congreso de los Diputados en la sesión de control del 16 de octubre era un buen preludio de todo lo que acabó sucediendo, y todavía no había acabado. Habría una declaración unilateral de independencia y eso, si bien no sería bueno para Cataluña, tampoco lo sería para España.

Sigue… el procés

Tras las elecciones del 27-S de 2015, el procés pasó de la calle a las instituciones. De hecho, los que desde la calle habían liderado el proceso independentista pasaron a formar parte de él. Carme Forcadell, que había liderado la ANC, presidió el Parlamento de Cataluña. A día de hoy, desgraciadamente, está en la cárcel esperando la vista oral del Tribunal Supremo. Jordi Sánchez, que sucedió a Forcadell al frente de la ANC, a partir de las elecciones del 21-D de 2017 entró como diputado en el Parlament, e incluso intentó ser investido presidente de la Generalitat. Hoy también está en la cárcel —y lo lamento como lamento el resto de los casos que voy mencionando—, motivo por el cual el juez Llarena no le permitió la investidura. La que entonces era presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, entró como diputada del legislativo catalán a partir de las elecciones del 27-S hasta que, desgraciadamente, un accidente le provocó la muerte en febrero de 2016. A partir de aquí, los errores de los independentistas se sumaban a los de quienes no habían sido capaces de usar la palabra política para resolver un conflicto político. Pero, dejando de lado las cargas policiales del 1-O, el independentismo ha sumado más errores y más graves que los protagonizados desde el Gobierno del Estado. Desde las elecciones plebiscitarias, «las elecciones de nuestra vida», hasta hoy han pasado casi tres años y medio y Cataluña no es independiente, pero el conflicto persiste. Y aún peor: está más enquistado que nunca y no es fácil ver una solución, a pesar de que, insisto, no renuncio a apuntar alguna.

Después de la consulta del 9-N de 2014, tanto Artur Mas como Mariano Rajoy perdieron una nueva oportunidad para dialogar. Desde Cataluña se habría podido hacer una pausa y proponerla nuevamente, y el Gobierno de España aceptarla o, incluso, habría sido aún más lógico que la propusiera el ejecutivo central. Después de todo, siempre es el fuerte el que tiene la mayor obligación de promover el diálogo. La política, sin embargo, comenzó a dar paso a la justicia con la querella a Mas y a otros consellers. Después de las elecciones del 27-S, volvió a suceder lo mismo: tampoco se optó por sentarse alrededor de una mesa. En lugar de reconocer que, a pesar del excelente resultado, no tenían suficiente mayoría y optar por dialogar dentro de Cataluña e intentar hacerlo también con el Gobierno del Estado, la coalición ganadora de Junts per Catalunya —con Mas y Junqueras— se entregó a las manos de la CUP. Mas quería ser investido y, en la resolución aprobada en el Parlamento catalán del 9-N de 2015, aceptó las tesis de la CUP de ruptura con el Estado y con sus instituciones al proclamar la voluntad de desobedecerlas. A pesar de las graves e incomprensibles concesiones por parte de ERC —pero especialmente por parte de los convergentes—, los antisistema, que no quieren un Estado español ni uno catalán, simplemente destruir cualquier Estado, demostraron pocos meses después que no tenían ningún interés en investir a Mas. La pregunta es: ¿cómo un partido como era Convergència, el mejor representante del sistema durante casi cuarenta años, y cómo Artur Mas, el exponente de un gobierno business friendly, podían traicionar sus principios y todo lo que han significado pactando con la CUP?

La decisión de entregar las llaves del futuro a los antisistema me afligió profundamente. Definitivamente, para siempre, me apartaba desde la razón y a la vez desde los sentimientos de un grupo de personas con las que durante tantos años había hecho política, aunque las relaciones no siempre fueran pacíficas. Era la segunda vez que me quedaba claro que su objetivo era conseguir la independencia a cualquier precio, sobre todo sin perder el poder. La primera vez que experimenté un sentimiento similar fue en el mitin final de la campaña a la presidencia de la Generalitat de 2012. Al acabar mi intervención evocando a Manuel Carrasco i Formiguera, reproduje el que había sido su lema: «Amunt, avant, visca Catalunya lliure!». La actual alcaldesa de Calella, en el Maresme, Montserrat Candini, persona trabajadora e inteligente y con peso en la dirección convergente, le comentó al oído al amigo Sánchez Llibre la satisfacción que le había producido que hubiera dicho la frase de Carrasco. «Ahora Duran ya es de los nuestros», añadió. Ella ignoraba que yo había usado esa frase en muchísimas otras ocasiones; y que también lo hacía muy a menudo el dirigente de Unió y amigo añorado, Domènec Sesmilo, y tampoco era independentista. Nunca había interpretado la apelación a la libertad como sinónimo de independencia, sino de articulación libre de una unión con el resto de los pueblos que integran el conjunto del Estado. Pero la proclamación de una dirigente importante de Convergència de mi adhesión a la independencia significaba que ese objetivo político ya no era solo cosa de los cuatro jóvenes que la exhortaban en los mítines y la coreaban. Era el partido en sí el que hacía suyo el proyecto de la separación de España. En Convergència siempre ha habido partidarios del independentismo, y los había que lo decían y otros que callaban. Y siempre agradecí la coherencia de los que no se escondían. Nunca estuvieron interesados en hacer un ejercicio de psicoanálisis para saber qué eran exactamente, porque eran muchos y muy diversos, pero la independencia no era el proyecto oficial y colectivo del partido. Ese día comprobé que la ambigüedad del pujolismo se había terminado, y que Mas la había sustituido por una apuesta clara por el independentismo. La verdad: ¡de Mas nunca lo habría pensado! No había ningún antecedente que me hiciera suponer que aquella persona —que antes de competir por ser el sucesor de Pujol nunca se había caracterizado por un catalanismo enragé— pudiera abrazar tan fácilmente la causa independentista.

Después de la Declaración del 9-N pactada y votada por Junts per Catalunya y la CUP con la que se inició lo que entonces llamaron proceso de desconexión del Estado español y con la que se instaba a «negociar para hacer efectivo un estado catalán independiente en forma de república», continuaron los contactos y los intentos de obtener el apoyo cupero a favor de la tercera investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. La campaña electoral a las Cortes Generales convocada por Rajoy para el 20 de diciembre —a la que me presenté encabezando la lista de Unió— supuso un cierto paréntesis en el proceso de negociación de la investidura de un nuevo presidente. Después de aquella fecha, y con el resultado de las elecciones en España, comenzó un largo periodo de incertidumbre. En Cataluña ya lo vivíamos, y en cierta medida habíamos ayudado a exportarlo a la política española. Las dos personas que habían protagonizado, en nombre de sus respectivos Gobiernos, la incapacidad para resolver políticamente el grave problema que para España significaba el intento catalán de romper la unidad territorial debían intentar obtener la investidura en condiciones nada fáciles. Mariano Rajoy, con una nueva convocatoria electoral a las Cortes Generales para junio de 2016 —la primera vez en mi vida que he votado por correo—, no lo conseguiría hasta el 29 de octubre de 2016. Artur Mas, sin embargo, ya no pudo ser investido.

El 9 de enero de 2016 Artur Mas «dio un paso a un costado» y tomó la decisión de abandonar la candidatura para ser investido nuevamente presidente de la Generalitat a cambio de que la CUP garantizara la gobernabilidad de un Gobierno y un presidente independentistas. En esos momentos, no solo me sentía lejos de los protagonistas, también lo estaba físicamente. Desde Chile, como he explicado al principio de estas memorias, no podía dar crédito a las noticias que llegaban sobre la investidura de Puigdemont. Me ratificaba en el gravísimo error que suponía no aceptar el brillante resultado del independentismo de JxC en las urnas el 27-S de 2015 e intentar gestionar una mayoría que garantizara investidura y legislatura con otras fuerzas políticas que no fueran los Comunes ni el PSC, por ejemplo. Empecinados en negociar con los cuperos, estos iban dando calabazas a Artur Mas. Mientras que el que había sido presidente de la Generalitat en nombre de la Federación de Convergència i Unió pasaba por alto la naturaleza antisistema de la CUP, estos no perdonaban a Mas que hubiera sido el presidente de un Gobierno que había puesto en práctica los recortes y que lo hubiera hecho, además, proclamando su Gobierno como «amigo de los negocios». Pocos días después de que Mas diera el paso al costado y fuera a la papelera de la historia, yo dimití y dejé para siempre la actividad política. Recordémoslo: eso de la papelera de la historia lo proclamó un dirigente de la CUP diciendo que era ahí adonde habían tirado a Mas. Aunque él aún está vivo políticamente, no solo la CUP lo ha tirado a la papelera. Tanto a él como a mí, y a tantos otros, un conjunto de hechos —y no uno solo— ha tirado nuestras historias particulares… a la papelera.

A partir de ese mes de enero de 2016 ya he visto los toros desde la barrera, mucho más cómodo, sin duda; pero esa comodidad no me ha librado del sufrimiento. Sí, sí que sufro… Me parece que ya os he dicho que soy sufridor por naturaleza y que lo he heredado de mi madre. Ahora bien, a ella no se le veía ni a mí se me nota a no ser que estés muy cerca. Sufro por Cataluña, por España, por la democracia… De hecho, sufro, y mucho, por la Unión Europea. Todo está en proceso de transformación profunda. A veces pienso que la democracia ha sido solo un paréntesis en la historia de la humanidad y que, en el futuro, no la podremos identificar como lo que hemos vivido con una cierta plenitud imperfecta a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX (con paréntesis de episodios tenebrosos, que en el caso español fueron mucho más largos que los democráticos).

Me preocupa, además, la confrontación entre los dos extremos de la polarización política, con una derecha con claros síntomas de ansiedad que va al alza y pierde todos los complejos. Siempre me ha gustado que los dirigentes políticos digan las cosas por su nombre, pero me espanta la distancia que el debate político va tomando con respecto a la concordia y al diálogo que han caracterizado los últimos cuarenta años. No querría exagerar, ni mucho menos alarmar a nadie, porque afortunadamente vivimos en tiempos muy diferentes, pero el debate político actual queda más cerca del de los años treinta que del de finales de los setenta y las dos décadas posteriores. Y todo, además, en medio de una ola autoritaria en la que el ideólogo de Trump, Steve Bannon, declara sin tapujos en una entrevista al Corriere della Sera que «en su escuela se formarán los agentes del populismo».

Un populismo que en los últimos años ha infectado la manera de hacer política con la gran ayuda de las nuevas tecnologías y en particular de Twitter. La superficialidad se impone a la profundidad, y las redes se convierten en las grandes recaptadoras de votos. Ya no cuentan las ideas ni las propuestas reales y transformadoras de la sociedad. Los mensajes son simples, mientras que los problemas son complejos. Es el gran triunfo del marxismo, pero el de Groucho. Si no te gusta lo que digo, al cabo de cinco minutos cuelgo otro tuit diciendo todo lo contrario. Y no pasa nada. Al revés…, se ganan las elecciones.

El bien común y la declaración unilateral de independencia

No querría que esta terapia se entendiera como una falta de respeto o como una ofensa a los representantes del pueblo, con los que, además, siempre sería injusto generalizar. Pero «no soy de este mundo», como decía Raimon. En este momento, no sería capaz de hacer política y eso me lleva a admirar a los que la continúan haciendo desde el respeto al adversario y desde la búsqueda del bien común, que no se debe entender como el mínimo común denominador, y todavía menos como sinónimo de interés común. El bien común es siempre superior a cualquier interés y no se puede confundir con la suma de los intereses individuales ni con la defensa de los intereses de la mayoría. Hoy la política deja muy poco margen a la racionalidad y al sentido común. La política administra, sobre todo, los sentimientos de la ciudadanía que previamente azuza, agitando a menudo las pasiones como expresión vehemente. Hoy la política es, sobre todo, gesticulación. La gesticulación siempre ha estado presente, pero como medio y no como finalidad, como ocurre ahora. Las nuevas tecnologías, que tantas cosas buenas han aportado a la humanidad, han destrozado el sentido político más profundo: el diálogo, el contraste de posiciones, la transacción, el acuerdo… Todo se valora con unas pocas palabras mediante un tuit que, a su vez, provoca nuevos tuits. La política se ha deshumanizado… y, sinceramente, no sé si esto se puede llamar política. De hecho, cada vez hay más políticos que niegan el valor de la política. Hace pocos años, en mi última visita a El Salvador, el lema de un candidato, «¡Vota por mí, un político menos!», sintetizaba el disparate en el que seguramente todos y todo hemos convertido la práctica política. También a los medios de comunicación les corresponde una gran responsabilidad. Recuerdo una entrevista al buen amigo Antonio Fernández-Galiano Campos, presidente de Unidad Editorial, en la que asumía, claramente, que los medios también comparten responsabilidades en la expansión del populismo.

Desde el patio de butacas, pues, o desde la barrera contemplo lo que va sucediendo, y lo sigo con inquietud. No entendí nunca que una persona como Puigdemont pudiera tener la confianza de Mas para ser presidente de la Generalitat. ¡Claro que entiendo que la CUP le tenga confianza! Siempre ha sido más cupero que convergente. He ido hablando discretamente con dirigentes del Gobierno español, del PP y del PSOE. No lo he hecho con dirigentes del Gobierno catalán, pero sí con líderes de los partidos que los amparan; he hablado con dirigentes de la oposición en España y en Cataluña, y he hablado más que en toda mi vida con jueces y juezas, de dentro y de fuera del territorio catalán; todavía lo hago con dirigentes europeos. Y me entristezco cuando a menudo llego a la conclusión de que nuestro problema —que es un problema español— está enquistado y tiene muchísimas posibilidades de convertirse en crónico durante mucho tiempo. A lo largo de estos tres años, me he apartado lo máximo posible de los puntos candentes de la política, a pesar de que de vez en cuando me ha parecido que tenía la obligación de compartir mi opinión, sea en una entrevista en televisión o en un artículo en un diario o en una revista. He intentado ayudar muy modestamente y sin hacer ruido a intentar reconstruir puentes rotos, pero he fracasado. ¡Como lo ha hecho todo aquel que lo ha intentado!

Hace unos meses, Jordi Évole emitió un programa con el testimonio de personas que vivieron de cerca la declaración unilateral de independencia. Algunos le comentaron gestiones mías. No quise participar en el programa porque lo que hice no era para ser explicado y porque, aparte de que no se tradujo en nada positivo, fue muy poca cosa. Manuel Campo Vidal me había transmitido la necesidad de hacer saber al Gobierno de Rajoy que, con motivo de la grabación de un programa de televisión sobre la Transición, Oriol Junqueras le anticipó que estaba dispuesto a ir a la cárcel, y que creía que este sería su destino final. Es decir, le decía que estaba dispuesto a todo. Cumpliendo el encargo del buen amigo Campo hablé con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y también se lo comenté al rey Felipe VI, con el que aquella tarde tenía una reunión. También es verdad —ya lo he explicado— que intenté que Miquel Roca y yo hiciéramos algún tipo de pronunciamiento público en vísperas de la DUI, pero no lo conseguí. También es cierto que he ido haciendo llegar mis opiniones al buen amigo y lendakari Urkullu y que el día 26 de octubre de 2017, a través de él, estuve informado puntualmente de lo que pasaba y de cuál era su opinión. Y también se dieron otras pequeñas acciones que no comportaron nada bueno. Al final, con los antecedentes de las resoluciones votadas por el Parlament el 6 y el 7 de diciembre de aquel año, el referéndum del 1-O, la inepta respuesta del Gobierno central y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre llegó el 155, y lo que es mucho peor: las acciones de la Justicia.

La acción de la Justicia

La judicialización de la crisis catalana ha sido determinante para que el conflicto entrara en una nueva etapa en la que la generación espontánea de los sentimientos y, no es necesario decirlo, la inducida lo hicieron todo más y más difícil. Lo que la política tenía la obligación de resolver dialogando se complicó porque se desvió la solución hacia donde no debería haber ido nunca, es decir, hacia los tribunales.

Con la judicialización se abren debates, a menudo cargados de afirmaciones populistas y falsas, que dañan profundamente la democracia, la justicia española y su imagen exterior. Se han generado debates con costes elevados a partir de hechos reales y de interpretaciones falsas y sesgadas con consecuencias para España que no son menores. El uso que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, ha hecho de la prisión preventiva no ayuda a resolver políticamente el problema. Más bien al contrario, lo inflama porque alimenta sentimientos y la posibilidad de que puedan ser utilizados políticamente. Nunca he pedido ningún tipo de impunidad para los líderes encarcelados; creo, además, que está clara su vulneración de la Constitución y del Estatuto y, por tanto, de la legalidad —la misma vulneración de la que advirtieron, por otro lado, el Tribunal Constitucional y los mismos letrados del Parlament—. Pero no comparto los criterios procesales que se han aplicado para mantener antes del juicio un encarcelamiento tan prolongado. Más aun, reivindico el derecho a tener una opinión propia sobre el drama que nos han legado un «grupo de aventureros políticos y de abstencionistas de responsabilidades», como escribía Carles Francino en un artículo en El Periódico, en línea con la posición editorial de este medio de defender el diálogo y denunciar el frontismo y la polarización. El Supremo habría podido optar por medidas menos agresivas contra la libertad a través de sistemas de vigilancia electrónica, como lo prescribe la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay que admitir, pues, un debate jurídico sobre las medidas preventivas acordadas por el Tribunal Supremo.

Pero de la misma manera que me manifesté claramente contra la decisión de mantener la prisión preventiva, lo hice también contra el uso partidista de la abusiva medida preventiva. Se puede discrepar, y yo lo hice y lo hago públicamente, pero tan injusto es aplicarla como afirmar que en estos casos se ha hecho porque se trata de políticos independentistas. Otras personas que no lo son —y que nunca han hecho política— han sido a mi entender objeto de la misma presunta arbitrariedad. Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, es uno de los ejemplos de ello y lo he recordado tanto como he podido. Pero si la prisión preventiva prolongada en el tiempo es arbitraria para personas como la que acabo de mencionar, que nunca han tenido responsabilidades políticas, también lo es para personas que, siendo dirigentes políticos, no solo no son independentistas, sino que formaban parte del partido que gobernaba España cuando se les aplicó la limitación de libertad. El expresidente de la comunidad autónoma de Madrid, Ignacio González, y el consejero de la misma comunidad, Francisco Granados, ambos del PP, también han sido víctimas de la aplicación de esta medida que la ley procesal permite a los jueces instructores, como lo ha sido también Eduardo Zaplana, afectado de una grave enfermedad. La justicia inflama cuando aplica esta medida preventiva, pero el independentismo no hace menos cuando utiliza el discutible uso que los jueces hacen de su potestad procesal para dañar la democracia española. El independentismo enarbola con razón la bandera del abuso de la prisión preventiva. Pero la envuelve con el mantel de la demagogia populista cuando la quiere presentar como represión judicial contra el independentismo y como supuesta muestra de falta de independencia judicial.

No es sostenible cuestionar la independencia del poder judicial en España, al margen del interesante y necesario debate sobre el método y la composición de los órganos de gobierno de los jueces. Hay responsabilidades compartidas en un lado y en el otro de los tres poderes de Estado de derecho en España, pero compararlo con Turquía o con el franquismo no tiene otra explicación que el intento de manipulación por parte del independentismo de cara a inflamar también los sentimientos y proyectar en el exterior una imagen negativa de España que debilite su credibilidad internacional. No deberíamos haber llegado nunca a este estadio. Vuelvo a recordar aquella advertencia en sesión parlamentaria de octubre de 2013, dirigida al presidente Rajoy: «Hará daño a Cataluña, pero a España, también». Las decisiones de la Justicia en Alemania o Bélgica —aunque no las comparta— no pueden ser despachadas como anecdóticas ni menos aún, como algunos han hecho en Madrid, como una ofensa a España. Toda instrucción judicial ha de procurar siempre ajustarse lo máximo posible a la defensa de principios como el de inocencia o el de proporcionalidad de la pena, pero en este caso, además, hay que aplicar un rigor extremo porque nadie puede ignorar que el desenlace final de la causa judicial contra los actos de los líderes independentistas —no contra el independentismo, a pesar de que se esfuercen en presentarlo así— residirá en instancias judiciales europeas.

Esta dicotomía entre el bien y el mal, que para unos y otros representa la aplicación de la prisión preventiva, se ha extendido también a la calificación de los hechos relacionados con el referéndum del 1-O y que constituyen la base de las acusaciones principales contra los dirigentes encarcelados. Desde el primer día he manifestado mi criterio jurídico contrario a la calificación de rebelión. El problema aparece cuando se obvia el debate jurídico sobre la consideración que han hecho el instructor o la fiscalía, y entonces se vuelve a sustituir por el interés político partidista. Respeto las decisiones del magistrado Llarena o de la fiscalía, pero no las comparto. No las creo ajustadas al espíritu del legislador y estoy convencido, además, de que no ayudan a resolver el problema. Reitero, por enésima vez, que no pido la impunidad de los hechos. Nadie entendería que se fueran de rositas,12 pero de ahí a acusarlos de un delito de rebelión, a mi entender, hay un abismo.

Para tipificar la conducta de los dirigentes encarcelados con el tipo penal de rebelión es importante acudir al espíritu del legislador, que dejó claramente establecida la necesidad de concurrencia de violencia para calificarla de esa manera. Esta opinión tiene dos grandes matices: el primero es que lo expreso desde el respeto más grande a la independencia judicial. Vuelvo a evocar la categoría democrática de España y la acusación demagógica del independentismo en relación a la supeditación del poder judicial a los otros dos poderes. La democracia española es imperfecta. ¡Lo sé! No conozco ninguna que no lo sea, y admito que hay otras más perfectas que la nuestra. Y digo la nuestra porque no quiero renunciar al patrimonio que significa haber colaborado en la construcción del sistema democrático español desde la formación política que he representado tantos años, sea Unió o Convergència i Unió. El segundo matiz es que, al margen de que mi opinión jurídica sea calificable de modesta, la han expresado en términos similares juristas de gran prestigio, desde uno de los ponentes del Código Penal de 1995 y redactor de la enmienda que establece el uso de la violencia como imprescindible para tipificar unos hechos como delito de rebelión, el buen amigo Diego López Garrido, hasta el expresidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Pascual Sala, que ha dicho públicamente que cree que es muy difícil, por no decir imposible, que exista rebelión. Incluso sustenta —y lo comparto— que resulta complejo y tiene difícil cabida calificar los hechos juzgados como delito de sedición. Si fuera considerado así en el pronunciamiento firme y definitivo de las instancias judiciales, significaría que la decisión del Supremo habría causado un daño irreparable y personal a los encarcelados y un daño colectivo a la sociedad catalana en particular y a la española en general, por la trascendencia del asunto juzgado.

Por otro lado, tampoco puedo compartir la consideración de presos políticos y de exiliados que el independentismo usa para calificar a los políticos presos (incluso aceptando que son unos presos comunes muy poco comunes) y a los que han huido al extranjero, sea a Bélgica, a Suiza o a Escocia. Como ya he dicho, España es, con todas sus imperfecciones, un Estado democrático. Y tampoco comparto que la derecha política y mediática tilde de golpe de Estado los hechos de los meses de septiembre y octubre del 2017 —por graves que fueran, que en mi criterio lo fueron— y de golpistas a sus protagonistas. El relato independentista abusa —como lo hace también el del nacionalismo español— de mezclar los sentimientos con la política, con la pretensión de alimentar emociones y pasiones que hacen cada día más difícil las necesarias aproximaciones de unos y otros para asentar las bases para una futura solución. Ciertamente, hay políticos presos, pero no por lo que piensan, sino por lo que hicieron. Si por la condición de ser independentista se pudiera decretar prisión, no habría suficientes centros penitenciarios para colocarlos. Lamento profundamente que haya personas a las que conozco —políticos o no— que hoy estén en la cárcel. Cuando vi la primera fotografía de los dirigentes encarcelados, sentí un dolor profundo que se suma a la tristeza que me causó la noticia de su ingreso en un centro penitenciario. Deberíamos mirar esa fotografía una y mil veces. Los unos, los otros y los de más allá. ¿Qué hemos hecho mal todos juntos para que hayamos llegado hasta aquí? Mientras unos piensen que la culpa es de los otros y estos crean, a su vez, que es al revés, no habremos entendido nada y, sobre todo, no estaremos en condiciones de superar esta etapa oscura de la historia de Cataluña y España.

Por otro lado, es una falta de respeto al exilio político que vivimos durante el franquismo calificar de exiliado al expresidente Puigdemont o a cualquier otro dirigente instalado actualmente en el extranjero. Incluso es una ofensa para los dirigentes que han tenido la dignidad y el coraje de quedarse en Cataluña y dar la cara ante la justicia a costa de su preciada libertad y que hoy permanecen encerrados en la cárcel. Por mucho que desde la derecha política y mediática se denuncie un presunto trato de favor en la cárcel a los dirigentes independentistas, la falta de libertad es la peor ofensa a la dignidad humana. Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Josep Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa viven entre rejas, hablan con sus amigos en el espacio de un locutorio y no pueden besar a sus hijos —algunos de ellos muy pequeños— antes de irse a dormir. ¡Lladoners no es Waterloo!

Estos meses en los que tendrá lugar la vista oral del juicio, la prueba será un elemento sustancial para la sentencia. Viviremos momentos de tensión y exaltación de los sentimientos. Las sentencias difícilmente serán absolutorias y, por tanto, se darán momentos de mucha tensión emocional; una buena parte será espontánea y otra, inducida. En España en conjunto, la tensión tendrá su reflejo en la situación política. Cuando acabo de redactar estas líneas, ni la ciudad de Barcelona, ni la Generalitat de Cataluña ni el Estado disponen de los presupuestos aprobados, es decir, no tienen la disponibilidad de dar respuesta a la reducción de las listas de espera, a la mejora de las condiciones humanas y materiales de la administración de Justicia, al incremento de la calidad en la escuela, a los retos del mundo empresarial para crecer y para generar riqueza y ocupación… Tantas y tantas necesidades. El independentismo ha colapsado la política en Cataluña y en España. Además lo ha hecho en momentos de convulsión en todo el mundo. La ha colapsado coincidiendo con el crecimiento del populismo. No en vano el independentismo tiene un gran componente populista. Un populismo que fuerza las sociedades a avanzar hacia procesos de sustitución de la democracia liberal por el autoritarismo. El independentismo ha destruido el catalanismo, ha consolidado a Ciudadanos en Cataluña y en España y ha despertado, comenzando en Andalucía, a la derecha extrema que se articula a partir de los fundamentos del franquismo sociológico, que, lógicamente, no habían muerto y se refugiaban en el PP. ¡Qué desastre todo!

¿Y esto quién lo liderará?

En los años que están por venir se deberán dedicar las mejores energías y las mejores ideas a reconstruir al menos una parte de lo que se ha destruido. Se acaban de celebrar los cuarenta años de la Constitución de 1978. Como decía Miquel Roca en una entrevista en un suplemento que La Vanguardia dedicó a la efeméride, «no todo es culpa de la Constitución, es de quien la aplica». Y yo añadiría: «y de quien no la cumple». Porque no solo se puede acusar a los independentistas de incumplimientos constitucionales; sin ánimo de ponerlo todo en el mismo saco, también los Gobiernos del Estado se han hartado de eludir normas y mandatos constitucionales que han ayudado al colapso. Este libro que estáis leyendo, que recoge la memoria de una vida de pasión política —y también alguna parte de olvido voluntario— tiene un componente importante de mirada atrás. Es lógico que sea así, lo exige la naturaleza de unas memorias, pero ahora es necesario mirar adelante y afrontar el futuro. Eso sí, sin olvidar las enseñanzas del pasado. Reconciliación, mucha reconciliación es lo que necesitamos. Hay que enterrar el odio y el resentimiento y buscar la propuesta política que en los últimos años no hemos sido capaces de encontrar para afrontar nuevas décadas de progreso en libertad y con respeto a lo que cada uno es como persona y a lo que, en conjunto, somos como comunidad. Es necesario saberlo hacer en una España plural y con diversidad de sentimientos nacionales, culturas y lenguas. Y en una Cataluña que también es plural en sentimientos de adscripción nacional, culturas y lenguas. Todos tenemos derecho a subsistir y a proyectarnos en el futuro como lo que somos con respeto a los otros. Sí, no hay otro camino que encontrar una solución y trabajarla. Si no se resuelve, será un desastre. Algunos pensarán… Sí, el desastre de Cataluña. Y efectivamente, será el desastre de Cataluña, pero también será el de España.

La solución al problema catalán como problema español que es, no requiere, necesariamente, la reforma de la Constitución. Sin embargo, habrá que afrontarla con serenidad, aceptando que puede tener un resultado incierto. Como señala el buen amigo Daniel Innerarity, «no hay democracia donde no se pueden abrir deliberaciones de resultado incierto». Es verdad que los vientos que soplan no son los más favorables para el necesario consenso que exige cualquier reforma constitucional. Es necesario, pues, serenar la vida política, pero sin renunciar a construir desde el primer minuto este consenso que hoy no existe. En el año 1975 no había consenso, y en 1978 se pactaba la Constitución más larga y fructífera de la historia de España. ¡Qué patrimonio y qué herencia hemos comenzado a lapidar con el delirio de unos nuevos ricos! Para construir el consenso o para reconstruirlo, tanto da, es imprescindible el ejercicio de la virtud de la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en la piel del otro para entender sus límites, y esperar que el otro a su vez pueda ponerse en la piel de uno. Sin esta empatía previa, no reconstruiremos el consenso. Es decir, los unos y los otros deben hacer —debemos hacer— todo lo contrario de lo que implica el rufianismo que, bajo el pretexto de la radicalidad ideológica, como leí en una ocasión y comparto, mezcla la mala educación con la chulería del matonismo. Este no será un ejercicio que deban hacer solo los responsables políticos, lo tendrá que hacer el conjunto de la sociedad y, con ella, los medios de comunicación. Pero si los políticos no lo hacen, no lo harán los otros.

La solución para Cataluña exigirá un reconocimiento específico. Los ciudadanos del conjunto de España deben meterse esto en la cabeza de una vez. Ya sé que muchos —y más después del colapso provocado por el independentismo— desearían suprimir el Estado de las autonomías; pero cuando hablaba de empatía estaba pidiendo que se pongan en nuestro lugar y que asuman la necesidad de reconocer nuestra especificidad. No somos ni mejores ni peores, pero nuestra identidad es más acentuada. Ese reconocimiento se puede hacer en el contexto de una reforma constitucional o bien mediante una nueva disposición adicional dedicada a Cataluña que asiente las bases de un reconocimiento nacional, cultural y lingüístico. He dejado escrito —y me estoy poniendo en la piel del otro— que será imposible la bilateralidad en el ámbito de la financiación, lo que no significa que no se deba encontrar una solución que, mirando al futuro de una unión fiscal en el seno de la Unión Europea, corrija los defectos y las injusticias que el actual sistema provoca en Cataluña y en otras comunidades autónomas. Y de la misma manera que pido a los españoles que se pongan en nuestra piel y asuman de una vez que no podemos aceptar ni volver a la centralidad del franquismo con la supresión de la autonomía ni reforzar la recentralización que, sobre todo, el último Gobierno del PP practicó, también los catalanes —o el independentismo catalán, para ser más precisos— ha de asumir que existe otra realidad. Si nos ponemos en la piel del otro, entenderemos que nunca se aceptará la posibilidad de decidir vía referéndum la independencia de Cataluña del resto de España (por cierto, si se llegara a hacer, se debería fijar un porcentaje de participación superior al 50 por ciento y una votación afirmativa todavía más elevada). Ni lo incluirán en España en una reforma constitucional ni lo harían en Francia, Alemania, Italia o los Estados Unidos. Y si debemos volver a señalar a Gran Bretaña como la excepción, habría de volver a recordar la inexistencia de constitución escrita y la diferencia histórica entre escoceses y catalanes, y entre Gran Bretaña y España. Por cierto, el tiempo dedicado a escribir estas memorias me ha impedido leer el nuevo libro de Elliott sobre esta materia, y será una de mis próximas lecturas. Por otro lado, debería volver a recordar, también, las dificultades que en el futuro vivirán los escoceses para hacer un segundo referéndum de independencia.

Para que los ciudadanos españoles entiendan qué es lo que reclamamos los que defendemos la especificidad de Cataluña sin plantear la ruptura de España, reproduciré unas palabras de José Bono, que fue presidente de Castilla-La Mancha, ministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados; es decir, unas palabras de un político que conoce bien las autonomías, a los militares y las altas instancias del Estado como tercera autoridad que fue. En enero de 2011, Iñaki Anasagasti nos pidió a Bono y a mí que presentáramos su libro Extraños en Madrid en la librería Blanquerna. En mi libro Cartas de navegación describo cómo, al oír algunas palabras del presidente Bono, me quedaba helado. Hablando del Estado de las autonomías y del café para todos, explicó que los militares impusieron que la autonomía no fuera solo para Cataluña y para Euskadi, que eran las únicas comunidades que lo habían pedido. Siguiendo esta afirmación, añadió que en Castilla-La Mancha «la autonomía nos cayó como bautismo a un niño… De la noche a la mañana fuimos autónomos. Tuvimos que elegir capital y todo lo demás… Nos dieron autonomía para desmerecer la autonomía de los que la pedían, y si entonces fue una salida, probablemente no fue una solución». Pues eso; ahora no nos hace falta una nueva salida —que ya sería mucho—, lo que nos conviene a unos y a otros es encontrar una solución.

La solución no llegará si los ciudadanos españoles no interiorizan las palabras de Bono y tampoco lo hará si los catalanes independentistas no interiorizan cinco cuestiones fundamentales: que nuestra presencia en España tiene el aval de una vida en común de siglos; que no se puede continuar ridiculizando España menospreciándola como si fuera un país bananero, es lo que resumía muy bien Víctor Manuel en una entrevista de La Vanguardia para presentar su gira «Casi nada está en su sitio», cuando decía que le molestaba que se maltratara España desde tantos lados; que en Cataluña no hay ni de lejos una mayoría a favor de la secesión; que el problema lo debemos resolver nosotros solos en el seno de España mediante el diálogo y no esperando una intervención de la Unión Europea, que mira con todo el recelo del mundo un movimiento que, por contagio, puede romper sus fronteras y debilitar su futuro; y que, como dijo Séneca, nunca puedes esperar un viento favorable cuando no sabes adónde vas. Estos últimos años nos ha dominado la imprudencia y no debería tener más recorrido. Si lo continúa teniendo, como acostumbra a pasar, nuestra imprudencia precederá a la calamidad.

Entre las numerosas consecuencias negativas que el proceso independentista nos ha dejado, sin duda está el fortalecimiento del nacionalismo español con un discurso aparentemente antinacionalista. Aunque los nacionalistas españoles no quieran admitirlo, existe un nacionalismo español, y es lógico. Este nacionalismo es democrático y tiene en la Constitución de 1978 una de sus referencias. El problema es que este nacionalismo es incapaz de reconocer que hay otras naciones en el seno de España. No solo eso; lo que realmente lo cohesiona es el rechazo del nacionalismo de Cataluña. Su nacionalismo es patriótico, el resto son antiespañoles. La única vía de conciliación posible entre los dos es el reconocimiento y el respeto mutuos con una clara mirada hacia la Europa unida que necesitamos unos y otros, y que tiene en unas determinadas posiciones del nacionalismo su adversario principal. Con su acción como nacionalismo antiespañol, el independentismo catalán ha reforzado el nacionalismo español excluyente. Además, de la misma manera que Rajoy ha sido un fabricante de independentistas, estos han generado la recuperación de la extrema derecha en España. Hoy, como nunca había pasado en los últimos cuarenta años, el discurso políticamente correcto en España necesita negar el pan y la sal a todo aquello que venga de Cataluña y huela a reivindicación nacional, sea independentista o no. Quien no lo haga es condenado por colaborador del secesionismo catalán, los enemigos de España. Obviamente, pasa tres cuartas partes de lo mismo a la inversa. En Cataluña, cualquier discurso catalanista que aspire a tener el apoyo popular tiene que negar y renegar de España. Los que no lo hemos hecho —ni lo haremos— somos tildados de traidores; es decir, de botiflers. Me gustaría saber si los presidentes Mas, Puigdemont, Torra y sus colaboradores no son conscientes de que el independentismo ha reforzado el españolismo más negativo para Cataluña. ¿No conocen España? ¿No conocen la fuerza del Estado? Si las conocen, son unos grandes irresponsables, pero si no es así, todavía es peor. Entonces, son unos ignorantes. Y el peor destino de un país es dejarlo en manos de ignorantes.

Para llegar a resolver nuestro problema —que reitero una y mil veces que es un problema español—, me parece fundamental la recomposición del espacio catalanista. Hoy está disminuido y repartido en trincheras diferentes y lo que se necesita con urgencia es recuperarlo, de manera que para conseguirlo hay que recomponerlo. He mantenido muchas conversaciones con personas situadas actualmente en frentes diferentes. A menudo emerge la pregunta «¿Y esto quién lo liderará?». Ciertamente, hoy no soy capaz de ver la persona que podrá encabezar este movimiento de recuperación del catalanismo. Pero esperando que llegue el mesías, el arroz se puede pasar. Quizá lo mejor que se podría hacer es intentar comenzar a caminar juntos, y seguro que entonces el líder emergerá. Lo que sí tengo claro es que el nuevo espacio y el nuevo liderazgo no deben moverse en la ambigüedad en la que nos hemos instalado o ha parecido que asumíamos en el pasado. Aunque no es mi opción, el independentismo es respetable siempre que se defienda sin violencia, ni contra las personas ni contra la ley. Pero el catalanismo reunificado debe dejar claro que su proyecto no es independentista. La ciudadanía quiere respuestas claras y eficaces a todos sus problemas. Y hoy el de la posible separación de Cataluña de España es uno.

Finalmente, no habrá solución si no se afrontan las consecuencias de las condenas que el Tribunal Supremo pueda sentenciar para los líderes independentistas. En los últimos meses, la idea del indulto ha recorrido los pasillos de la política. En declaraciones, en preguntas parlamentarias e incluso en un autobús de una determinada fuerza política, el indulto ha sido utilizado como herramienta de erosión política, sobre todo hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. Es cierto que no tiene mucho sentido hablar de indulto cuando todavía no hay sentencias condenatorias y cuando, a pesar de la prisión preventiva, la presunción de inocencia continúa asistiendo a todos y cada uno de los líderes investigados. Pero que nadie se engañe, si las condenas llegan, y nada parece indicar que no será así, no hay una persona con dos dedos de frente que crea que habrá solución política si antes no se busca una solución para los condenados. El indulto puede ser una de las soluciones. Recuerdo que, en el año 1945, Franco concedió un indulto político total para los delitos de rebelión. El presidente Torra ha dejado claro, al explicarnos los momentos sucesivos de movilización a partir del juicio y de las posibles condenas, que en los próximos meses se intentará enfatizar la necesidad de ruptura con una España que ha permitido que sea la justicia la que resuelva un problema político. Y a este objetivo ha ayudado, y está ayudando, la actitud de una parte del poder político y, también, del judicial al abrir una causa general contra el independentismo. Me estremezco cuando leo o veo alguna intervención parlamentaria que echa más leña al fuego. Hace tiempo que sostengo que uno de los problemas de la política española es que se piensa más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones. Me gustaría pasar a la pequeñísima página que la historia me dedique como alguien que al menos ha intentado que eso no fuera de esa manera. Pero nada me complacería tanto como que, en los próximos meses, los que deben hacer historia con mayúsculas tengan la inteligencia y la fortaleza de los estadistas para, desde la reconciliación —que hace meses que públicamente considero imprescindible—, saber estar a la altura de las circunstancias y contribuir a la solución. En un tiempo en el que el patriotismo español se manifiesta, incluso, en los balcones de los hogares de muchos ciudadanos y ciudadanas españoles, no habrá un mejor patriota que aquel que como estadista sepa distinguir entre el interés de partido y el interés colectivo y evite que acaben en desastre los cuarenta años de democracia en España. En la mencionada entrevista en el suplemento de La Vanguardia sobre la Constitución, Miquel Roca explicaba que, cuando salió del Palau de la Generalitat para informar al presidente Tarradellas de las negociaciones de la ponencia constitucional, una persona le dijo: «Roca, esta vez ha de salir bien». Pues ahora es necesario que vuelva a salir bien.

¡Es la hora de los estadistas! ¿Queda alguno?

Agradecimientos

Con el recuerdo siempre presente de mi madre —que en el cielo esté—, mi primer y principal agradecimiento es para mi padre, un hombre hecho a sí mismo y que nos transmitió los valores del trabajo, el esfuerzo y la honradez. A sus casi noventa y cinco años, con la ayuda del ordenador y de internet, sigue rastreando en la historia de Alcampell, Tamarit y la comarca de La Llitera. Sin su labor de recopilación de documentos, papeles y recortes de periódicos, la escritura de este libro no hubiera resultado tan sencilla.

Gracias a mi esposa Marta y a mis hijas, Patricia, Anna y Cristina. Sin su estima, paciencia y ayuda, no hubiera tenido tiempo ni energía para invertir en mi pasión política.

Gracias también a quien fuera mi secretaria, Marta Castellet, que revisó la primera parte de este texto. A Xavier Viejo, que ha hecho una lectura global. A Josep Lluch y Emili Rosales, así como al resto de personas del Grupo Planeta que han hecho posible la edición de este libro.

Mi gratitud también para los amigos Frei y Letta, por la amistad y el afecto que una vez más me han brindado.

Y, finalmente, gracias a todos cuantos, desde la coincidencia o desde la discrepancia, desde el seno de Unió o desde el resto de las fuerzas políticas, me han permitido crecer humanamente a lo largo de mi dedicación a la actividad política.

Notas

1   En castellano en el original. [N. del T.]

2   En castellano en el original. [N. del T.]

3   n castellano en el original. [N. del T.]

4   «Arriba, adelante, viva Cataluña libre». [N. del T.]

5   En castellano en el original. [N. del T.]

6   En castellano en el original. [N. del T.]

7   En castellano en el original. [N. del T.]

8   Apelativo que se utilizaba en Cataluña durante la guerra de Sucesión (1704-1714) para referirse a los catalanes partidarios de Felipe V. En el contexto de la actual situación política catalana, se emplea despectivamente como sinónimo de traidor para calificar a las personas que no apoyan el movimiento independentista. [N del T.]

9   «Somos seis millones». [N. del T.]

10   Rojigualda en castellano en el original. [N. del T.]

11   Bigatà, el apellido, y vigatà (‘vicense’, gentilicio de Vic) se pronuncian igual en catalán central, de ahí la confusión de Duran Lleida. [N. del T.]

12   En castellano en el original. [N. del T.]

El riesgo de la verdad

Josep Antoni Duran Lleida

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Título original: El risc de la veritat

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© de la imagen de la portada, Xavier Torres – Bacchetta

© Josep Antoni Duran Lleida, 2019

© de la traducción, Francesc Riera (de la página 19 a la 215 y de la 416 a la 547) y Simón Saito (de la página 216 a la 432), 2019

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Primera edición en libro electrónico (epub): marzo de 2019

ISBN: 978-84-08-20812-9 (epub)

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