Un libro a favor de una buena memoria histórica, sensible y plural. Durante mucho tiempo la Transición española se consideró modélica. Sin embargo, en los últimos años, se ha visto ampliamente cuestionada, al tiempo que cobraba fuerza la demanda de justicia y verdad sobre las atrocidades cometidas por los franquistas en la guerra y la posguerra.

El relato asentado durante la transición invitaba a dejar el pasado de lado como único modo posible de transitar pacíficamente hacia la democracia y se sustentaba en la idea de que todos habían sido igualmente culpables de la barbarie desatada en la contienda. Este pilar fundamental de la transición comienza a agrietarse a medida que las exhumaciones de fusilados republicanos perturban el olvido en el que habían caído las víctimas del franquismo y las confesiones de los verdugos refieren verdades incómodas sobre el pasado. Este excelente ensayo, claro y sintético, analiza cómo ha tenido lugar esta transformación.

«Un tema de interés candente y dos autoras de credenciales impecables. Un libro escrito con esmero y basado en un impresionante conocimiento de la enorme bibliografía existente sobre el tema». —Paul Preston

«Un análisis sorprendentemente original, de la mano de dos destacadas especialistas, del problema de las atrocidades, la memoria y la responsabilidad en el caso español, único tanto por la amplitud de su perspectiva comparada como por la profundidad de su mirada sobre los asuntos nacionales». —Stanley G. Payne

Paloma Aguilar Fernández & Leigh A. Payne

El resurgir del pasado en España

Fosas de víctimas y confesiones de verdugos

ePub r1.0

Titivillus 01.08.2018

Título original: Revealing New Truths about Spain’s Violent Past: Perpetrators confessions and victim exhumations

Paloma Aguilar Fernández & Leigh A. Payne, 2016

Traducción:Jesús Cuéllar Menezo

Diseño de cubierta: Bronce

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

Por su constante apoyo, amistad y amor, dedicamos el presente volumen a nuestros maridos, Jesús Cuéllar y Stephen Meili. También a nuestros padres, Susa Fernández y Ángel Aguilar (in memoriam), y Donald y Adrah Payne, por estimular nuestra curiosidad intelectual y por su cariño incondicional.

AGRADECIMIENTOS

Una versión mucho más corta y bastante diferente del presente texto constituye el capítulo «Unsettling Bones, Unsettling Accounts: Spanish Perpetrators’ Confessions to Violence», incluido en el libro Legacies of Violence in Contemporary Spain: Exhuming the Past, Understanding the Present, editado por Ofelia Ferrán y Lisa Hilbink (Nueva York: Routledge Studies in Modern European History, 2017). Agradecemos a las editoras de ese volumen y a Routledge que nos permitieran partir de esas ideas para escribir este libro. Durante su redacción hemos recibido comentarios, datos e ideas de incalculable valor. En este sentido, queremos mostrar nuestro agradecimiento a Ángel Alcalde, Peter P. Anderson, Montserrat Armengou, Laura Bernal, Julián Casanova, Jesús Cuéllar, Francisco Espinosa, Aitor Fernández, Ofelia Ferrán, Francisco Ferrándiz, Guillermo Fouce, Lisa Hilbink, Santos Juliá, Mercè Lázaro, José Luis Ledesma, Antonio D. López, Miguel Martorell, Stephen Meili, Francisco Moreno, Diego Palacios, Stanley Payne, Paul Preston, Alberto Reig, Emilio Silva y Queralt Solé. También agradecemos a Jesús Cuéllar Menezo su excelente traducción del texto.

NOTA ACLARATORIA

La primera versión de este libro se publicó en inglés en 2016 con el título Revealing New Truths about Spain’s Violent Past: Perpetrators’ Confessions and Victim Exhumations (Londres: Palgrave Macmillan). El texto tenía, en origen, un afán divulgador —ya que estaba escrito para un público no español— del que no hemos querido prescindir en la presente versión. Se ha escrito mucho sobre el impacto de la memoria de la guerra civil y del franquismo en la transición española, pero faltaba una obra breve y accesible al gran público que resumiera los debates más importantes sobre este asunto. Pero este libro es algo más que una síntesis de carácter divulgador, pues contiene tanto un marco teórico inédito para dar cuenta de cómo ha evolucionado el tema en las últimas décadas como un enfoque original basado en las confesiones de los victimarios, en las exhumaciones de fosas de republicanos fusilados y en el impacto social de ambos fenómenos. Confiamos en haber logrado un buen equilibrio y que este libro suscite el interés tanto del público interesado, pero no especializado, como del lector académico.

ÍNDICE

1. Introducción

2. Testimonios perturbadores

3. Confesiones históricas de carácter heroico

4. Confesiones escasas, breves y fugaces

5. Se altera el equilibrio

6. Negaciones absurdas

7. Remover huesos para remover relatos

8. Conclusiones

Bibliografía

1
INTRODUCCIÓN

En la actualidad se suele olvidar que en su día España fue vista como un modelo de transición de la dictadura a la democracia. Lo que más se elogiaba era que esa transición hubiera llegado a buen término de forma pacífica, gracias a la moderación y las cesiones mutuas. España, ciertamente, consiguió asentar su régimen democrático, algo que en su momento muchos observadores consideraban improbable. No obstante, en el contexto mundial actual, que insiste en que las violaciones de derechos humanos no queden impunes, algunas voces han comenzado a pensar en este modelo de cambio como una reliquia de una época en la que se creía que la paz y la estabilidad democrática dependían de la amnistía y el olvido, no de la justicia y la verdad.

Pocas transiciones recientes han seguido la senda española, basada en la concesión de una amnistía general a los pocos presos políticos que quedaban en la cárcel y a todos los victimarios que podrían haber sido llevados a juicio, sin que ni siquiera se crease una comisión de la verdad (algo, por otra parte, nada habitual en aquellos momentos). En el presente libro analizamos los procesos que condujeron a esa forma de transitar hacia la democracia, teniendo en cuenta los acontecimientos históricos y políticos presentes en la guerra civil española, la dictadura, la transición y la postransición. Se conformó un entorno en el que el olvido deliberado de los acontecimientos más trágicos del pasado (sobre todo, aunque no solo, en el ámbito político) bloqueaba cualquier cuestionamiento de un relato basado en la reconciliación nacional y el reparto simétrico de culpas por las barbaridades cometidas. En consecuencia, aunque unos pocos verdugos dieran el paso de confesar actos violentos del pasado, los medios de comunicación no solían recoger sus confesiones y, cuando lo hacían, sus testimonios carecían de eco suficiente para cuestionar las interpretaciones de esa violencia histórica. Aunque pocos años después de la muerte de Franco se iniciaran las exhumaciones de republicanos ejecutados y los homenajes a su memoria (Aguilar, 2016 y 2017), hasta el año 2000, veinticinco años después del fin de la dictadura, no surgió una nueva generación, «los nietos de la guerra civil», que tuvo una enorme influencia en la promoción de la exhumación de restos de fosas comunes, por primera vez con identificación de ADN. Gracias a esas exhumaciones y a los homenajes locales que las acompañaron, un sector muy movilizado de esos nietos ha cuestionado las interpretaciones del pasado violento español y ha dado visibilidad a las demandas de las víctimas del franquismo. También ha exigido para España medidas de esclarecimiento de la verdad y de justicia adoptadas por otros países.

En nuestra presentación de los procesos que condujeron al silencio social y el olvido político, pero también a la apertura del debate sobre el pasado (sobre todo en el ámbito cultural y a nivel local), tenemos en cuenta las distorsiones y malentendidos del proceso de democratización español. Por ejemplo, el mito de la transición española, en cuanto que tránsito pacífico y ejemplar de la dictadura a la democracia, choca frontalmente con las elevadas cifras de violencia política y represión estatal que encontramos durante ese periodo. Por otra parte, el énfasis en la moderación y las cesiones mutuas desde el inicio de la transición suele dejar de lado las asimetrías de poder existentes en el proceso negociador entre la fortaleza de los franquistas moderados y la debilidad de la oposición democrática. En consecuencia, cuando la izquierda achaca los males actuales de la democracia española a la excesiva moderación de dicho proceso y a su carácter excesivamente consensuado, no tiene en cuenta dos factores: la debilidad que, como negociadora, tuvo la oposición democrática a la hora de conformar la agenda política del momento y la escasa relación existente entre muchos problemas actuales (no todos) y los procesos y decisiones del proceso democratizador.

CÓMO SE NEGOCIÓ LA TRANSICIÓN

El éxito de la transición española se suele atribuir a un «pacto» entre los blandos del régimen y los moderados de la oposición. Los primeros eran principalmente jóvenes líderes políticos que, a pesar de su colaboración activa con la dictadura, reconocían la necesidad de liberalizar el franquismo, aunque sin perder el control del nuevo sistema político y conservando un papel clave en él. A este grupo pertenecían tanto muchos de los que conformaron la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido que ganó las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, como el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez. La oposición moderada la constituían las fuerzas políticas que habían cuestionado la legitimidad de la dictadura y que la habían combatido (al menos en las últimas décadas) por medios no violentos. En ese grupo figuraban formaciones mayoritarias del momento como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Comunista de España (PCE), y varios partidos nacionalistas (principalmente vascos y catalanes).[1]

Los debates entre los moderados de uno y otro lado se basaron en lo que en la bibliografía se ha venido denominando indistintamente «pacto de olvido», «pacto de silencio» o «pacto de silencio y olvido». Aquí hemos optado por utilizar, fundamentalmente, la primera expresión, sin dejar de reconocer que el silencio sobre el pasado —que con frecuencia emanaba del miedo y la autocensura— fue una de las consecuencias más importantes de la decisión de pasar la página del pasado violento. De la información que nos proporcionan las encuestas, y del testimonio de muchas personas, se podría deducir que la gran mayoría de los españoles acepta la existencia de ese pacto y su objetivo: proporcionar los cimientos de una democracia estable. No obstante, en repetidas ocasiones se han exagerado y malinterpretado las dimensiones del pacto y lo que éste conllevaba.

Por ejemplo, no todos los sectores sociales lo acogieron con el mismo grado de compromiso o de respeto. En el ámbito local, desde los propios inicios de la transición muchos familiares de víctimas del franquismo parecieron desafiar el olvido acordado en el ámbito político al exhumar los restos de sus parientes, enterrados en fosas comunes. Llevaron a cabo ceremonias públicas y erigieron monumentos claramente visibles en los cementerios, al tiempo que reinhumaban los restos de sus deudos (Aguilar, 2017). Como se analizará más adelante, otros actores políticos y sociales, sobre todo en círculos culturales y universitarios, comenzaron muy pronto a desafiar y criticar duramente el acuerdo no escrito de no remover el pasado.

Para algunos, el pacto fue un acuerdo tácito, que afectó sobre todo a la esfera política y que pretendía dejar atrás el pasado, en un proceso que se acabó convirtiendo en un fin en sí mismo. Los principales actores políticos, aunque ellos mismos no siempre lo respetaran, pretendían apartar el pasado del debate político y no utilizarlo contra sus adversarios (Aguilar, 2006).

Esta misma autora explica también el papel que académicos y artistas tuvieron a la hora de plantar cara al pacto y muestra lo desigual que fueron tanto su presencia como sus repercusiones en el conjunto de la sociedad española de la época. En el ámbito universitario, los historiadores siguen debatiendo hasta qué punto el pacto condicionó su labor. Por una parte, algunos aportan pruebas de la considerable atención académica que recibió la guerra civil al comienzo de la transición (Juliá, 2006). No obstante, otros afirman que solo se abordaron ciertos temas del periodo bélico, en tanto que otros se dejaban de lado. Este último grupo de académicos insiste en que el pacto de olvido influyó en su labor a través de los límites impuestos al acceso a las fuentes primarias, los condicionantes que pesaban sobre la publicación de ciertos tipos de libros y determinadas decisiones judiciales (Espinosa, 2009 y 2010a). En el entorno cultural también tenemos constancia de proyectos que cuestionaron el mencionado acuerdo. Se pueden encontrar numerosos ejemplos en revistas de la época como Cuadernos para el Diálogo, Cuadernos de Ruedo Ibérico, Hermano Lobo, Por Favor, Interviú, El Papus y El Viejo Topo. Un valiente y fascinante documental, en parte centrado en cuestiones espinosas del pasado, es Después de, de Cecilia y José Juan Bartolomé (1983). Por otra parte, la película 7 días de enero, de Juan Antonio Bardem (1979), estrenada durante la transición, mostraba tanto el clima de violencia del momento como el legado del franquismo.

También son patentes las críticas tempranas y directas que suscitó ese pacto. En 1981 José Vidal Beneyto afirmaba que «Todos sabemos que la democracia que nos gobierna ha sido edificada sobre la losa que sepulta nuestra memoria colectiva». Para él, la culpa era de la oposición moderada por aceptar tanto los condicionantes que habían impuesto los franquistas menos radicales como el olvido a cambio de su propia legalización e inclusión en el sistema político (Vidal Beneyto, 1981: 33). Varios detractores izquierdistas acusaron a socialistas y comunistas de traicionar el objetivo de alcanzar la «ruptura» con el régimen franquista al trabajar para la «reforma». En concreto, subrayaban el legado de las instituciones y el funcionariado franquistas, y rechazaban el proyecto de desmovilización social que se había propiciado con la excusa de garantizar una transición pacífica. Más que nada, lo que denostaban era lo que conllevaba el pacto, el hecho de que refrendara una escandalosa equivalencia entre los antiguos franquistas y quienes durante décadas habían corrido graves riesgos personales al oponerse a una dictadura ilegítima y cruel.[2]

Esas críticas partían de la base de que la oposición tenía poder de negociación y que podría haber ejercido un mayor control sobre el proceso. Esta perspectiva podría verse avalada por la intensísima e inesperada movilización social que se produjo tras la muerte de Franco y que obligó a los moderados del régimen a modificar algunos aspectos de sus planes: por ejemplo, tuvieron que aceptar la legalización del PCE, algo a lo que siempre se habían opuesto.

Otros, sin embargo, apuntan que la capacidad de negociación y de presión de la oposición democrática era mucho menor que la de los moderados del régimen. Según esta opinión alternativa, estos últimos, sobre todo en la fase inicial de la transición, antes de las primeras elecciones democráticas de 1977, tenían poder suficiente para imponer las principales directrices del proceso de cambio político y, en consecuencia, para limitar su alcance. Ignacio Sánchez-Cuenca (2014) ha demostrado que en esa primera fase la oposición democrática no logró adquirir el mismo peso que sus oponentes en la mesa de negociación. Esa asimetría de poder pone en cuestión la idea de consenso: antes de las primeras elecciones, la oposición democrática, más que negociar, aceptó y toleró el ritmo y las condiciones de una transición dictada por los moderados del régimen franquista.

Hasta comienzos de 1976 la oposición democrática era partidaria de la sustitución total de la dictadura franquista, sus actores e instituciones, por un nuevo régimen democrático, lo cual constituía entonces una reivindicación radical. Sin embargo, a aquélla no se le ocurrió exigir algo que ha pasado a ser habitual en las transiciones actuales, pero que entonces no lo era: la creación de una comisión oficial que investigara los crímenes del periodo franquista o que pidiera cuentas por ellos.[3] Años antes de la muerte de Franco, ya había sectores de la oposición democrática y de los moderados del régimen que, centrándose en el proyecto de reconciliación nacional, habían llegado a un acuerdo fundamental (Aguilar, 2008a: 175-187; Juliá, 2004: 409-462). Su proyecto se basaba en tender puentes que salvaran la enorme brecha que separaba a vencedores y vencidos de la guerra civil. Consideraban que dejar atrás el pasado era la manera más eficaz de superar la profunda sima de enemistades que se había ido cavando durante las cuatro décadas de régimen franquista. Ambos bandos acordarían no utilizar el pasado como arma política.

El acuerdo acabó alcanzando niveles obsesivos. Los líderes de la oposición moderada de la España democrática se empeñaron en evitar cualquier atisbo o posible acusación de revanchismo, resentimiento o rencor relacionados con la violencia del pasado, lo que, en muchos casos, llegó a suponer el abandono de sus propias víctimas y algunas de las reivindicaciones de sus familiares (por ejemplo, la inmensa mayoría quería recuperar los restos de sus deudos y darles sepultura en el cementerio). Otro tipo de obsesión era la que tenían entonces, e incluso hoy, los sectores más conservadores de la sociedad: la fe inquebrantable en que cualquier posible amenaza que sufriera el pacto fundacional de olvido —incluyendo, simplemente, ciertas iniciativas destinadas a responder a las reivindicaciones de las víctimas del régimen— desestabilizaría la democracia. Con el paso del tiempo, este temor parece haberse transformado en una excusa para no seguir avanzando por la senda de la verdad, la justicia y la reparación.

El consenso tan amplio que suscitó la política de reconciliación nacional, cimentada en el pacto de olvido, contribuye a la interpretación de que la transición española se basó en la paz, la moderación y la cesión mutua entre iguales.

EL PACTO DE OLVIDO EN LA ÉPOCA DEMOCRÁTICA

Aunque en junio de 1977 la oposición democrática no ganara las elecciones, sí incrementó de manera considerable su poder de negociación. No obstante, continuó teniendo enfrente a importantes fuerzas políticas y sociales, como los moderados procedentes del régimen franquista que, victoriosos en los comicios, controlaban el Gobierno; además de actores importantes como las fuerzas armadas, la policía y sectores destacados de la judicatura y una parte importante de la Iglesia católica, que constituían un bloque conservador, contrario a la democratización genuina, y una sociedad civil mucho más moderada y cautelosa de lo que la oposición había previsto. Por otra parte, el miedo generalizado a una nueva guerra civil, incrementado por los elevadísimos niveles de violencia registrados durante la transición, condicionaron aún más las iniciativas de cambio que promovía la oposición democrática. Al reconocer su incapacidad para ganarse a las fuerzas reacias a un cambio radical, la oposición modificó algunas de sus reivindicaciones más atrevidas. Ya antes de las elecciones había renunciado a algunas importantes demandas como la restauración de la República en España y la creación de un Gobierno provisional que rompiera totalmente con la dictadura.

El proceso anterior a la Ley de Amnistía de 1977 pone de relieve tanto el poder de la oposición como sus limitaciones. Ésta fue la primera ley que aprobaron las Cortes democráticas españolas. Se puede considerar una clara victoria de la oposición, que desde hacía tiempo exigía una amnistía. Después de la muerte de Franco se produjeron movilizaciones masivas a favor de la amnistía para los presos políticos. Quienes participaron en ellas corrieron grandes riesgos personales, como lo demuestra el elevado número de muertos y heridos en las manifestaciones proamnistía (Sánchez-Cuenca y Aguilar, 2009). Frente a la generalizada oposición de los partidarios del régimen, y a pesar de que el Ejército lo considerara una provocación directa, la oposición consiguió que la Ley de Amnistía afectara a delitos de sangre recientes de intencionalidad política.[4]

No obstante, la ley también es un ejemplo de la debilidad de la oposición, ya que en su versión definitiva otorgaba impunidad a los agentes represivos de la dictadura. Aunque los proyectos iniciales de la oposición democrática no contemplaban la aprobación de medidas de justicia contra los represores, tampoco cerraban esa posibilidad. La oposición nunca pretendió que la ley beneficiara a la dictadura. Además, aunque el texto amnistiaba los delitos cometidos por el régimen anterior, dejaba fuera a otros grupos de los que la oposición sí había querido ocuparse. Dos de ellos eran los miembros del antiguo Ejército de la República y de la clandestina Unión Militar Democrática (UMD), organizada dentro del Ejército durante la dictadura. A consecuencia de su exclusión de la Ley de Amnistía, y a pesar de las iniciativas que promovieron los socialistas para defenderlos, a los miembros de esos grupos no se les permitió reintegrarse en las fuerzas armadas hasta 1986 (e, incluso entonces, con limitaciones debidas a la presión ejercida desde el Ejército). A determinados grupos de prisioneros, como homosexuales, abortistas y adúlteras, la nueva ley también los privó de los beneficios de la amnistía, porque sus «delitos» no se consideraban de «naturaleza política». El desequilibrio de poder entre la oposición democrática y los sectores sociales y políticos conservadores explica estas limitaciones. El Ejército puso obstáculos especialmente insalvables a la readmisión de los miembros del antiguo Ejército de la República y de la UMD. Desde el mismo inicio de la transición, la lealtad de los militares a la dictadura y la amenaza creíble de que podían acabar con el frágil Gobierno democrático si éste mancillaba el legado de Franco condicionaron las iniciativas que realizó la oposición para aprovecharse, después de las elecciones, de su recién adquirido peso político para promover transformaciones.

A cambio de la amnistía para los presos políticos, la oposición tuvo que aceptar tanto que se limitara el alcance de la ley como la impunidad para los franquistas. La redacción final se apartó de las intenciones originales de la oposición democrática, ya que beneficiaba tanto a los presos políticos de la dictadura (recordemos que gracias a esta ley se cobraron pensiones y muchos recuperaron sus empleos), como a quienes, dentro de ésta, habían reprimido con violencia a la oposición. Esto supuso cierta equiparación moral y jurídica de los presos políticos y los represores, consagrando además la impunidad para los crímenes de la dictadura. Según Felipe González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, «la relación de fuerzas… hacía inconcebible otra cosa». González insiste en que en esa época lo más importante no era impedir la impunidad de los franquistas, sino la liberación y la reinserción laboral de los presos o expresos políticos de la dictadura (González y Cebrián, 2002: 26).

Los partidos mayoritarios ven en la Ley de Amnistía uno de los ejes de la democracia española. En su trámite parlamentario hubo invocaciones directas al olvido por varios actores. Sin embargo, a la hora de asentar el proyecto democrático, el acuerdo de dejar el pasado fuera del debate político y social fue mucho más allá de esa ley. La autocensura se convirtió en una norma que reforzaron actores como los partidos, muchos medios de comunicación y la judicatura. El pacto se mantuvo gracias a la costumbre y las prácticas cotidianas y, después de la transición, los gobernantes socialistas perdieron el escaso interés que habían mostrado por el pasado. Fuera del debate acabó quedando la violencia de la guerra y el franquismo y, desde luego, la rendición de cuentas por esos actos. No se exigió entonces ni una verdad oficial, ni reparaciones completas, ni la justicia que exigieron otras transiciones posteriores. En los casos verdaderamente excepcionales en que se denunciaron crímenes, cayeron en saco roto. El olvido no tuvo que imponerse: se convirtió en algo inherente a las prácticas sociales y políticas de la época, y se mantenía gracias al recuerdo traumático de la guerra civil y al miedo a la violenta polarización que, según muchos, podría ocasionar hurgar en el pasado. En el ámbito cultural, sin embargo, no fueron pocos los que continuaron funcionando al margen de estas prácticas y prestaron una atención privilegiada al pasado.

El pacto de olvido no se acuñó verdaderamente hasta la primera legislatura (1977-1979) y la aprobación de la Constitución de 1978. Durante esos debates, los principales partidos de la oposición —socialistas, comunistas y la mayoría de los nacionalistas— llegaron a un acuerdo tácito con el partido del Gobierno que, basado en el proyecto de reconciliación nacional antes mencionado, propugnaba crear cimientos estables para el nuevo régimen democrático sin mirar al pasado. La expresión «pacto de olvido» no es solo una referencia popular, sino que se encuentra en memorias de parlamentarios de la época y en entrevistas con esos mismos políticos. Para estos líderes, el proyecto de estabilización democrática era incompatible con el mantenimiento de debates sobre el pasado violento de la guerra civil y la dictadura posterior.

Uno de los ejemplos más destacados a este respecto se encuentra en la entrevista que realizó Juan Luis Cebrián, director de El País entre 1976 y 1988, al expresidente del Gobierno Felipe González. Ambos reconocen que ese silencio existió desde el comienzo de la transición e incluso muchos años después. González sostiene que el consenso de ese periodo fue consecuencia de la guerra civil. También que, al contrario de lo que ha ocurrido en otros países, el compromiso entre los herederos de la dictadura y la oposición excluía la explicación de lo ocurrido durante el franquismo —y desde luego la rendición de cuentas— a través de comisiones de la verdad. Según él, no había poder político suficiente para pedir explicaciones sobre la violencia del pasado, ni desde luego justicia. Cebrián reconoce que el proceso de reconciliación fue posible gracias a las renuncias de la oposición (González y Cebrián, 2002: 31, 45-46).

Como ya se ha dicho, no cabe duda de que los elevados niveles de violencia registrados durante la transición tuvieron mucho peso en la disposición de los partidos a dejar de lado los recuerdos más dolorosos con el fin de facilitar un futuro democrático estable y pacífico. No se suele prestar atención ni a la persistencia de la violencia ni a su papel en el fomento del silencio y el olvido. Por ejemplo, cuando se pone el acento en las cesiones mutuas y la moderación que caracterizaron el pacto y la estabilidad democrática se da por hecha la existencia de un proceso pacífico que no existió en absoluto. Sánchez-Cuenca y Aguilar (2009) demuestran que en diferentes partes del país la violencia fue muy intensa. Por otra parte, en ella participaron diversos actores, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por movimientos independentistas y por el aparato de seguridad del Estado. Este telón de fondo determinó el proceso de transición tanto como las propias negociaciones políticas. Sánchez-Cuenca y Aguilar plantean que, en lugar de una transición pacífica, España sufrió un proceso de democratización que fue, de lejos, el más violento de la época; por ejemplo, en comparación con los de Portugal y Grecia.

Es posible que, dada la falta de atención a los procesos políticos que condujeron a la transición española, sea comprensible que se malinterpretaran las dinámicas que subyacían tras ese fenómeno. En las dos décadas posteriores a la muerte de Franco el debate público sobre el espinoso pasado español —los tres años de violenta guerra civil y, todavía en mayor medida, los casi cuarenta años de dictadura represiva— fue muy escaso. El deseo de pasar página, amparado por el miedo a las consecuencias violentas de un debate abierto, estaba profundamente arraigado en España. La situación comenzó a cambiar con la llegada de una nueva generación.

EL CUESTIONAMIENTO DEL SILENCIO Y EL OLVIDO

La idea de que existía un amplio acuerdo sobre la necesidad de dejar de lado el pasado violento oculta los debates y cuestionamientos que realmente se produjeron. Por ejemplo, poco después de la transición los historiadores entablaron algunas discusiones sobre varias cuestiones polémicas del pasado, como la responsabilidad última de la guerra, el número de muertes violentas atribuible a cada bando y las diferentes lógicas que mostraron los actos de violencia de republicanos y franquistas. Como ya se ha dicho, la guerra civil recibió mucha atención en la producción cultural de la transición. Aunque esas obras académicas y culturales abordaron ciertos aspectos de la contienda, su interés en la dictadura no fue equiparable (Aguilar, 2006). Además, el acceso a los archivos fue sumamente dificultoso durante muchos años y, todavía en nuestros días, hay muchos documentos a los que no resulta posible acceder.

En las últimas dos décadas, han proliferado las críticas a los límites de la transición y a la capitulación de la oposición democrática. Incluso se ha acuñado la expresión despectiva «Régimen del 78». Desde estos postulados, determinados sectores de la sociedad y algunos partidos políticos han comenzado a exigir la creación de una comisión de la verdad y la anulación de la Ley de Amnistía para dar lugar a un cierto nivel de justicia respecto al pasado franquista. Un sector muy movilizado e ideologizado de la generación de los nietos de la guerra civil —que, aunque no tienen recuerdos personales ni de la guerra ni de la violencia de la dictadura, sí están muy comprometidos con los principios de la justicia universal y la rendición de cuentas—, ha introducido en el debate público esta memoria traumática del pasado. Las actividades de esa nueva generación han dado visibilidad a las víctimas del franquismo y desatado acalorados debates sobre la historia del país (Aguilar y Ramírez-Barat, 2014).

Según Juliá (2006: 73), la respuesta más importante que se ha dado a la «nueva memoria de los nietos» ha sido que las «investigaciones dedicadas a la represión [franquista] se han multiplicado». Juliá reconoce que ahora tenemos un conocimiento mucho más exhaustivo sobre «el peso abrumador que la represión tuvo en esa construcción [la de la dictadura]». También tenemos mucha más «conciencia del sufrimiento de los vencidos» (Juliá, 2006: 74). Pero este autor rechaza la idea de que un «pacto de olvido» bloqueara esos relatos. Critica, además, el sesgo de los nietos y la parcialidad de sus procesos de memoria, que dejan a un lado a las víctimas de la violencia republicana.

Las iniciativas realizadas por esta generación para cuestionar ese pacto, que ellos sí creen que existe, no son nuevas, ya que otros lo habían desafiado anteriormente. Sin embargo, las actividades de esta cohorte son mucho más visibles y han suscitado un debate mucho más amplio. Sus iniciativas han sacudido los cimientos de los acuerdos no escritos de no remover los aspectos más espinosos del pasado adoptados sobre todo en la esfera política, aunque aquéllos, aún sólidos, están lejos de desmoronarse, ya que siguen apuntalados por sectores importantes de la sociedad civil, de las direcciones de importantes partidos políticos y de la judicatura. Es improbable que las grietas que se han abierto generen el mismo grado de debate público sobre el pasado que el observado en otras partes del mundo, y tampoco parecen ir a propiciar medidas de justicia transicional equivalentes.

Por ejemplo, al contrario que en muchas otras transiciones, el Estado español no participa en iniciativas de esclarecimiento de la verdad o de promoción de justicia respecto al pasado. Ello explica la cantidad de lagunas que aún existen en la investigación, pues la gigantesca tarea de sistematización y búsqueda de información que pueden llevar a cabo los Estados a través de comisiones de la verdad y otros mecanismos similares es imposible que sea acometida de igual manera por la suma de un puñado de historiadores o científicos sociales. Esto no resta un ápice de valor a las inestimables contribuciones que éstos han hecho en las últimas décadas, sino que señala que la suma de los esfuerzos individuales solo produce, en el mejor de los casos, resultados fragmentados, incompletos y difícilmente comparables entre sí por emplear metodologías diferentes. Esto último es fundamental, pues solo la voluntad decidida del Estado permite homogeneizar protocolos de búsqueda y recogida de información, acceder a determinados archivos, ordenar su organización y digitalización, y proceder a la recopilación masiva de datos de todo tipo y de testimonios orales, importantísimos para documentar todo lo que las dictaduras ocultan a la opinión pública y todo aquello que no deja huella administrativa, como, con frecuencia, muchos aspectos relacionados con la represión.

Ningún responsable de vulnerar atrozmente los derechos humanos durante el franquismo ha sido juzgado en España, y ello porque se ha impuesto una interpretación muy restrictiva de la Ley de Amnistía de 1977, que ha disuadido a muchos de iniciar procedimientos penales. En nuestro país, se considera que esta norma es incompatible con cualquier tipo de investigación judicial, lo cual bloquea el derecho a la verdad. El texto de la ley se refiere a delitos de «naturaleza política», pero las escasas denuncias que ha habido de violaciones de derechos durante la dictadura han sido desestimadas sin que los jueces consideraran necesario demostrar la naturaleza política del delito. Para contribuir a esclarecer lo acontecido, esta ley permitiría investigar los hechos denunciados, aunque luego se hubiera de amnistiar a los culpables de los delitos; sin embargo, se ha optado por la vía de desestimar sin investigar. Los tribunales españoles, muy al contrario que los de Chile, consideran que la Ley de Amnistía no permite el esclarecimiento de la verdad mediante la presentación de testimonios ni la recogida de evidencias. Por último, nunca se ha considerado que los secuestros de niños registrados en la posguerra puedan constituir una excepción dentro de la Ley de Amnistía, como sí se consideró en Argentina y Uruguay. En España, los jueces no asisten a la apertura de fosas comunes de la guerra civil y la posguerra, aunque los informes forenses demuestren que ha habido muertes violentas y ello, en teoría, obligue a que se personen. En realidad, el Estado español nunca ha tomado la iniciativa de las exhumaciones, sino que se ha inhibido y ha optado por «privatizar» esa labor, dejándola en manos de familiares o de asociaciones de memoria.

El Estado tampoco ha desclasificado miles de documentos cruciales de la dictadura, ni ha reformado la ley que regula el acceso a ciertos archivos. Por ejemplo, según Fonseca (2015), aún no se ha concedido acceso público y completo a las sentencias de muerte de las últimas cinco ejecuciones realizadas por la dictadura, las que tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975, menos de dos meses antes de la muerte de Franco. Tampoco se han ofrecido datos fiables y oficiales sobre los crímenes cometidos durante la guerra y la dictadura ni sobre el nivel de complicidad de diferentes actores sociales, económicos e institucionales, ni es probable que se vayan a proporcionar en un futuro próximo.[5] Al margen del tardío y fallido intento de crear un «mapa de fosas» completo y actualizado, no ha habido ninguna iniciativa oficial para implantar una política de alcance estatal que promueva la búsqueda de fosas comunes e identifique los restos, lo que en realidad debería hacerse, aunque solo fuera porque se trata de enterramientos ilegales.

En España no se ha erigido ningún monumento en honor de las víctimas del franquismo y el Estado tampoco les ha ofrecido una disculpa oficial. No hay ningún museo dedicado a la guerra civil y la dictadura franquista, lo que sorprende sobremanera a nuestros visitantes extranjeros. Los hitos que hablan del pasado en España dicen mucho sobre cómo se recuerda o cómo se pretende recordar. En teoría, el Valle de los Caídos rinde homenaje a las víctimas de la contienda, pero lo cierto es que al inicio se concibió como un monumento a los vencedores, y hay diversas razones para seguir considerándolo así. Fue Franco quien promovió la construcción de este asombroso monumento de tintes fascistas, que, sorprendentemente, sigue siendo uno de los más visitados de España.[6]

En este monumento se hallan los restos de Franco, la única persona enterrada en el mausoleo que no murió a consecuencia de la contienda. La estructura contiene los restos de más de treinta y tres mil víctimas de la guerra civil, pero la tumba de Franco que se encuentra en pleno centro de la estructura, en el altar de la basílica, contradice la idea de que este monumento rinde tributo a quienes murieron como consecuencia del conflicto. Cuarenta años después de su muerte, aún está adornada con flores frescas, como la de José Antonio. La presencia de Franco en el lugar más importante de la basílica deja atónitos a muchos visitantes, sobre todo a los extranjeros y a las nuevas generaciones de españoles, que se preguntan por qué el país parece tener en tan alta consideración al que fue su dictador.

Al carácter desconcertante del monumento contribuye aún más el hecho de que en él no se ofrezca información alguna sobre su trágica historia. Las guías disponibles en la tienda de regalos no abordan en absoluto el debate actual sobre el pasado ni las polémicas que rodean el monumento. Además de escamotear hechos fundamentales y relevantes sobre la historia de la guerra civil y la dictadura, el Valle de los Caídos prescinde de cualquier información sobre su propia construcción, especialmente sobre el hecho de que, para levantarlo, se obligara a muchos presos a trabajar en condiciones deplorables.[7]

La presencia de Franco en el Valle de los Caídos, y su mera existencia en su formato presente, son anomalías en la España actual.[8] El 11 de mayo de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición de ley para revitalizar la Ley de Memoria Histórica y sacar los restos del dictador de la basílica, pero el gobierno del PP ha demostrado que va a hacer caso omiso de la voluntad de la Cámara. Íñigo Méndez de Vigo afirmó que le parecía un «debate antiguo» y que le preocupaban otras cosas. La imagen del dictador, cada vez menos visible, se sigue encontrando en ciertos símbolos y en las calles con nombres franquistas que, a pesar de la Ley de Memoria Histórica, quedan en algunas ciudades y pueblos. Otro de los legados de la dictadura es la Fundación Nacional Francisco Franco, creada en 1976.[9] Es asombroso que esta fundación se haya beneficiado del apoyo económico estatal a través de las subvenciones públicas que ha recibido durante algunos años. En otros países sería impensable que el Estado proporcionara financiación pública a una organización que se declara abierta y públicamente partidaria de un dictador al que ensalza y cuyo legado aspira a preservar: una Fundación Hitler o Mussolini con similares postulados son difícilmente concebibles. Instituciones como la Fundación Presidente Pinochet de Chile no reciben financiación del Estado y están sometidas al escrutinio público, además de suscitar una polémica considerable.[10] La Fundación Nacional Francisco Franco se permite organizar homenajes al dictador que, éstos sí, suelen ser objeto de controversia.[11]

Los mecanismos de justicia transicional adoptados por el Estado han sido medidas fragmentarias —y con frecuencia muy tardías— de reparación económica aprobadas entre el inicio de la transición y 2007, así como algunas declaraciones simbólicas recientes; de todo ello hablaremos más adelante. El limitado carácter del proceso de justicia transicional español explica el profundo desconocimiento que existe sobre los crímenes cometidos por la dictadura, y las ocasionales pero notorias negaciones de su existencia. Las asociaciones de memoria han denunciado abiertamente la limitada presencia, cuando no directamente la ausencia, de la represión franquista en muchos libros de texto. Otros investigadores afirman que estos contenidos se dejan para el final del temario y, en la práctica, no se suelen abordar.

Hasta el momento, el Estado español se ha resistido al cambio de rumbo que busca la presión exterior. En los últimos tiempos, afamados expertos internacionales han intentado crear una mayor conciencia sobre las violaciones de derechos humanos de las víctimas. Tres organismos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos —el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (Pablo de Greiff)— han presentado informes que critican con dureza la falta de compromiso del Gobierno español con el respeto a los derechos humanos universales y su falta de receptividad a las demandas de justicia, verdad y reparaciones de las víctimas del franquismo.

Dentro de España también ha habido críticas a ese respecto. Hace más de una década, el expresidente Felipe González se lamentaba de no haber fomentado un debate sobre el franquismo y la guerra civil, y de no haber honrado debidamente a las víctimas. Declaró que se sentía «responsable de parte de la pérdida de nuestra memoria histórica, que permite ahora que la derecha se niegue a reconocer el horror que supuso la dictadura, y lo haga sin ninguna consecuencia desde el punto de vista electoral o social, sin que los jóvenes se conmuevan, porque ni siquiera conocen lo que ocurrió» (González y Cebrián, 2002: 38).

Esta declaración demuestra que hoy en día, cuando en tantos países se ha revelado la verdad sobre las atrocidades de sus respectivos pasados, la mayoría de los españoles sigue sin ser plenamente consciente de que inmediatamente después de la guerra hubo unas cuarenta mil ejecuciones, y algunos incluso lo niegan. El debate que todavía existe respecto a esta cifra se podría haber evitado con la creación de una comisión de investigación de carácter oficial conformada por expertos. Las fuerzas conservadoras han logrado insuflar en sectores considerables de la población la idea de que hubo una dictadura benevolente o «dictablanda» que proporcionó niveles considerables de riqueza y bienestar a los españoles. Por otra parte, entre los políticos conservadores se ha observado en los últimos tiempos una evidente falta de respeto a las víctimas del franquismo.[12] Esta actitud contrasta enormemente con la alta consideración que a esas mismas fuerzas políticas les merecen las víctimas del terrorismo de ETA. A pesar de contar con el apoyo de prestigiosos actores internacionales, la defensa que algunas formaciones de izquierdas hacen de las víctimas del franquismo se ha solido tachar de desfasada, tediosa e innecesaria.

LA RESISTENCIA DE ESPAÑA A AFRONTAR SU PASADO

¿Qué explica la obstinada resistencia de España a afrontar su violento pasado tan directamente como lo han hecho otros países? ¿Por qué aquí, en comparación con los demás, nos hemos quedado tan atrás a la hora de responder a las reivindicaciones de las víctimas de esa violencia?

Para muchos analistas, la respuesta a estas preguntas radica en la persistencia de un pacto de olvido que, aunque tácito y no oficial, es social y políticamente poderoso. El pacto, por otra parte, benefició más a un bando, el de los vencedores, que al otro, el de los vencidos. La amnistía, además, actuó como protección frente a las investigaciones de las acciones llevadas a cabo por aquéllos a quienes los vencedores consideran héroes nacionales o por quienes estaban a cargo del «mantenimiento del orden» durante la dictadura. Lo esencial de la asimetría que representa esta norma es que benefició tanto a los prisioneros que ya habían sido juzgados y condenados (o que ya habían cumplido su condena), como a los agentes de la dictadura, que nunca habían sido juzgados y cuyos crímenes nunca se habían revelado públicamente. En resumen, los franquistas se beneficiaron mucho más de un relato nacional que dictaba que «todos somos culpables», fusionando, de forma interesada, los crímenes cometidos por ambos bandos en la guerra civil (más allá de las importantes diferencias existentes, no solo cuantitativas, sino también entre las dos lógicas de la violencia que se produjeron), con la perpetrada, de forma exclusiva, por la dictadura.

Una vez estabilizado el régimen democrático, fruto del acuerdo de no remover el pasado, casi nadie se atrevió a plantear la necesidad de someter a escrutinio público los crímenes del franquismo. Nunca se han debatido públicamente las razones de que aquel se mantuviera una vez que la posibilidad de colapso del nuevo régimen ya no era creíble. Con el paso del tiempo este acuerdo se ha acabado viendo tan normal y consustancial a nuestra democracia que podría decirse que se ha «naturalizado». Para muchos, sigue siendo el garante de la estabilidad democrática y valoran su capacidad para eliminar de la sociedad española los debates conflictivos sobre el pasado, como si esta no fuera aún suficientemente madura como para abordarlos de forma abierta y con serenidad.

Cuando el Parlamento acabó denunciando la represión franquista en 2002, con motivo del vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones democráticas, el reconocimiento a las víctimas no solo pareció reforzar el papel histórico sino el valor que seguía teniendo dejar atrás el pasado. La declaración admitía las violaciones de derechos cometidas por ambos bandos al aludir a la importancia de «proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista». Pedía a la sociedad española que evitara «en todo caso [iniciativas que sirvieran] para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil». Atribuía la paz y la estabilidad políticas al pacto: «nada queda en la sociedad española del endémico enfrentamiento civil porque, consciente y deliberadamente, se quiso pasar página para no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha». Y añadía que «resulta conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia».[13]

En esta declaración parlamentaria quedan patentes dos aspectos sobre la permanencia del pacto de olvido. En primer lugar, la pretensión de ofrecer a las víctimas del franquismo verdad y rendición de cuentas, propia de la centralidad que para la justicia transicional tienen las víctimas, tiende a considerarse una amenaza para la reconciliación nacional. Este concepto, aunque sea de forma vaga e imprecisa, gira en torno al reconocimiento de las víctimas de ambos bandos, sin emitir juicios morales, atribuir culpas ni responsabilidades, ni encomendar los correspondientes deberes al Estado. La reconciliación nacional exige que el pasado se mantenga al margen de la polémica, lo cual, por su parte, desincentiva la reflexión política sobre la naturaleza de la violencia y sus responsables. En segundo lugar, esta declaración parlamentaria tan general deja a un lado las miles de ejecuciones que tuvieron lugar una vez terminada la guerra. Además, aunque reconoce la «persecución» y la «represión» que sufrieron las víctimas, no menciona las cuatro décadas de dictadura en las que los vencedores de la guerra civil dignificaron a las suyas y compensaron a sus familias con determinados privilegios, subvenciones y una política simbólica omnipresente y sectaria. Por su parte, a las víctimas del franquismo se les negaron las pensiones y las prestaciones sociales y laborales que las de la violencia republicana sí recibieron. Además, carecieron de apoyo emocional y psicológico para superar su trauma. Bajo el manto de la reconciliación nacional se oculta igualmente que esas cuatro décadas también conllevaron represión, humillación y discriminación para las víctimas del bando derrotado y sus familias, lo que, en muchos casos, les obligó a emigrar. Los cuantiosos desplazamientos de población que se produjeron en la posguerra por este motivo es algo que aún no se ha investigado. Otro aspecto relevante de esta declaración parlamentaria es que insiste en la validez de la Ley de Amnistía[14] y que menciona incluso afirmaciones que se hicieron cuando dicha ley se debatió en el Parlamento en 1977. Finalmente, aunque se suele considerar que esta declaración constituye la primera condena oficial del franquismo, en realidad lo que contiene es una declaración general contra los «regímenes totalitarios».[15]

La iniciativa legislativa que de forma más explícita ha pretendido enmendar estas lagunas y ofrecer una reparación más contundente a las víctimas del franquismo es la Ley de Memoria Histórica,[16] aunque se quedara corta en muchos aspectos. Por ejemplo, continúa sin atribuir al Estado la responsabilidad de esclarecer la verdad sobre el pasado. Encomienda la búsqueda de restos a las asociaciones de víctimas y de memoria locales, sin concederles recursos suficientes. Al depender de las subvenciones públicas, la labor de esas organizaciones ha sufrido graves limitaciones, después de que en 2011, con el regreso del PP al poder, se congelaran las ayudas del Estado.[17] Aunque la ley declara ilegítimos e injustos los juicios políticos de la dictadura, no contempla la anulación de las sentencias. La exposición de motivos de la ley confirma que el compromiso con la reconciliación prima sobre el deseo de justicia: «El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles». Después de elogiar, una vez más, el «espíritu de la Transición» y el «espíritu fundacional de concordia», la ley reconoce que todavía quedan cuestiones pendientes en la compensación de las víctimas.

Esta ley es mucho más explícita en las críticas a la dictadura y en el reconocimiento tanto del sufrimiento de las víctimas como de quienes lucharon por la democracia. Sin embargo, no llega a pedir que se rindan cuentas por los hechos del pasado. Las familias de las víctimas del franquismo, profundamente traumatizadas después de décadas de humillación, no se han visto dignificadas por el reconocimiento oficial ni de los delitos cometidos por un régimen brutal e ilegítimo, ni de que no merecían el maltrato que sufrieron durante la dictadura. Para saldar cuentas con el pasado, sería preciso, como mínimo, un proceso público de homenaje a las víctimas y sus familias. Ese proceso debería incluir la inhumación adecuada de los restos de quienes aún yacen en fosas no identificadas. Resulta sorprendente que las autoridades españolas hayan mostrado una insensibilidad tan continuada, incluso hacia esas necesidades tan básicas de las víctimas.

En muchas otras partes del mundo sí ha habido comisiones de la verdad avaladas por el Estado que han mostrado este compromiso con las víctimas. Normalmente se les encomienda la tarea de documentar y denunciar los mecanismos represivos del régimen anterior. Suelen hacer recomendaciones de contenido simbólico (por ejemplo, creación de diversos tipos de monumentos o museos, resignificación de determinados lugares de memoria heredados de los regímenes anteriores, o institución de jornadas de conmemoración), y proponer reparaciones económicas y terapéuticas para las víctimas de atrocidades pasadas. Como mínimo, los informes oficiales de las comisiones crean una verdad histórica de carácter general y público con un extraordinario valor pedagógico que tiene la enorme utilidad de combatir el negacionismo de los verdugos y paliar la desinformación de la sociedad. También sirven para exponer el funcionamiento de la maquinaria represiva, para denunciar a los culpables y a sus cómplices (no siempre los nombran personalmente, pero al menos señalan a las principales instituciones implicadas), y entrevistan a un buen número de víctimas que, gracias a ello, se ven reparadas y reconocidas tras muchos años de silencio, mentira y humillación.

España se resiste a cualquier iniciativa oficial visible que proporcione el tipo de justicia restaurativa que en otros países encarnan los mandatos de las comisiones de la verdad. Aunque muchas de las víctimas de la violencia franquista han recibido indemnizaciones monetarias, las medidas han sido parciales, poco sistemáticas y tardías. Los líderes de la transición nunca contemplaron la posibilidad de ofrecer medidas de justicia retributiva. Parece que en España, más que saldar cuentas con el pasado, el régimen democrático ha tendido a ocultarlas bajo el mantra de la reconciliación nacional.

EL RELATO ASENTADO

Con el paso del tiempo, el relato sobre el pasado ha ido asumiendo diversas formas. El primero surgió ya durante la guerra civil en las filas de los sublevados. Consideraba que la violencia de las fuerzas franquistas estaba justificada, por ser la única manera de salvar al país de las acciones violentas de los republicanos, consideradas especialmente crueles y brutales. Al llegar la transición, esta narrativa se transformó en el relato asentado que aún persiste en la España actual y que reconoce que ambos bandos cometieron actos de violencia y los sufrimientos de uno y otro. Como los dos contendientes recurrieron al mismo grado de crueldad, su culpabilidad y su responsabilidad son consideradas equiparables. Desde el punto de vista moral, establece una equivalencia, equilibrando las cuentas de un bando con las del otro. Pero en ese relato asentado, muchas son las cosas que se dejan de decir.

Esta narración se basa en la idea de que los españoles ya se habían reconciliado espontáneamente durante las cuatro décadas de dictadura posterior a la guerra civil. Así se evitaba desenterrar el pasado, para incidir, por ejemplo, en el hecho de que las fuerzas franquistas habían sido las responsables del golpe de Estado que desató la guerra civil, y que durante y después de la contienda cometieron actos violentos de mayor calibre que los republicanos. No se prestaba atención a la inequívoca legitimación de la violencia ilegal que hicieron los principales líderes del bando franquista, cuyas líneas argumentales analizamos en este libro. Al pasar página no hubo un esfuerzo oficial por corregir los numerosos infundios que la dictadura había propagado durante cuatro décadas sobre los actos de violencia excesiva e ilegal que también cometió el bando republicano, y en su relato autoexculpatorio por cualquier hecho violento atribuido a los vencedores en la guerra. Ello también alimenta el negacionismo posterior de algunos actores. Como no se reconsideraron las interpretaciones anteriores del pasado, los vencidos y sus descendientes tampoco recibieron ni el reconocimiento ni la dignidad que los vencedores habían adquirido durante la dictadura. Tampoco se suele reconocer que la transición se asienta en la generosidad de las víctimas del franquismo.

La retórica de «todos fuimos culpables» proclamó de manera irrefutable que ambos bandos habían cometido espantosas atrocidades. Sin embargo, este discurso se centra en la guerra civil y oculta los casi cuarenta años de represión dictatorial. Basándose en las atrocidades que se cometieron y pasando por alto, tanto que uno de los bandos era responsable de haber derrocado a un régimen elegido democráticamente como que el otro (con excepciones no desdeñables) se había esforzado por defenderlo, da por sentada una falsa equivalencia moral entre ambos contendientes. No cabe duda de que el Gobierno republicano anterior a la guerra civil adolecía de defectos y debilidades, como muchas democracias jóvenes y frágiles, especialmente de esa época. Al arrumbar el pasado no queda margen para debatir la legitimidad o legalidad que suponía derrocarlo. No hay espacio para desenmascarar la falaz equivalencia moral entre ambos contendientes. También se oculta la represión y las injusticias indecibles que sufrieron los derrotados y sus familiares durante cuatro décadas de dictadura.

Esta versión del pasado, disfrazada de consenso informado, constituye una interpretación controvertida. La difundida idea de que el olvido era el único camino para avanzar sin violencia hacia la democracia bloqueó cualquier cuestionamiento abierto y público de ese relato. Sin esa demanda y sin voluntad política, España no generó ni una condena categórica pública de la dictadura, ni una denuncia oficialmente sancionada de su despiadado aparato represivo, ni un reconocimiento de las fechorías cometidas con las víctimas del franquismo y sus familias durante la guerra y la dictadura. En la transición se consideraba que era demasiado pronto para tener ese debate, que era prematuro; ahora se considera, sobre todo entre las filas conservadoras, que es demasiado tarde, que es inoportuno y que resulta irrelevante para las preocupaciones actuales, dado que el foco está en las víctimas del terrorismo.[18] Algunos incluso afirman que todavía es demasiado arriesgado abordar estas cuestiones.

Según una obra reciente acerca de la transición, fue precisamente la decisión de dejar atrás el pasado lo que explica que la democracia española lograra consolidarse, lo cual constituiría un contraejemplo para quienes defienden la justicia transicional (Encarnación, 2014). Esta perspectiva encaja con la de los primeros «transitólogos», que advertían de las consecuencias negativas que podía tener adoptar mecanismos de rendición de cuentas para afrontar las violaciones de derechos del pasado. Sin embargo, los académicos que realizan estudios comparados de carácter cuantitativo con muestras muy grandes han desmentido esas afirmaciones al demostrar las consecuencias positivas que, para la democracia y los derechos humanos, tienen las medidas de rendición de cuentas (Kim y Sikkink, 2010; Olsen et al., 2010; Dancy et al., en prensa).

En la época de la transición española la impunidad era la norma y la asunción de responsabilidades por los abusos del pasado, la excepción, de la que fueron ejemplo Grecia y Portugal (Sikkink, 2011). Solo un análisis contrafáctico podría evaluar qué consecuencias habría tenido para la democracia española haber utilizado algún mecanismo de rendición de cuentas. Más constructivo y menos polémico sería indagar por qué ahora, una vez consolidada la democracia y después de seis legislaturas del PSOE en el poder, la justicia restaurativa y retributiva siguen sin ser posibles en España. El Gobierno español continúa negándose a ofrecer ciertas reparaciones a las víctimas (como, por ejemplo, la devolución de sus bienes incautados), a abrir al público archivos clasificados, a ofrecer cifras oficiales sobre la represión durante la dictadura, y a reformar instituciones y monumentos que conservan legados autoritarios.

CÓMO SE ARTICULA ESTE LIBRO

A pesar del poco deseo que ha habido en España durante décadas a escuchar revelaciones desagradables de quienes protagonizaron los hechos violentos, unos pocos verdugos han hablado abiertamente de sus fechorías. De algunas de esas revelaciones se ocupa el presente libro. Lo que aquí se plantea es que sus confesiones, testimonios y declaraciones, al surgir en un contexto poco propicio, no han tenido las mismas repercusiones que en otras transiciones a la democracia.

En el capítulo 2 se indaga en esas repercusiones, analizando el dramatismo que han adquirido las confesiones de los verdugos en diferentes lugares. Demostramos que cuando han hablado en otros contextos han contribuido a romper el silencio sobre el pasado. También tienen la capacidad de remover los relatos asentados al aportar nuevas verdades. Este proceso no siempre surge de un guión establecido, sino del interés que suscita en el público, de la actuación de los victimarios, de la coyuntura en que se produce y de la puesta en escena de las actuaciones. Esa reacción puede generar una «coexistencia contenciosa», un profundo debate democrático sobre el pasado que influye en el proceso político. En el capítulo 3 se proporciona un análisis de las primeras confesiones, de carácter heroico, para plantearse qué clase de revelaciones surgió y afirmar que incluso las heroicas quedaron silenciadas por el relato asentado que reconocía los actos de violencia de ambos bandos. Las confesiones posteriores, escasas, breves y fugaces, que se recogen en el capítulo 4, tuvieron ante sí a unos medios de comunicación y a una sociedad civil carentes de interés en ellas, con lo que no lograron catalizar polémicas que desataran debates. Este proceso continúa en el capítulo 5 con confesiones que pretenden desestabilizar las iniciativas que intentan equilibrar las cuentas de ambos bandos. Esas iniciativas se enfrentan a los absurdos ejercicios de negación que se analizan en el capítulo 6. El cuestionamiento de ese supuesto consenso solo ha llegado a los medios de comunicación y a la sociedad civil ahora que existe un grupo de nietos de la guerra civil muy movilizado. Las exhumaciones de restos de fosas comunes y otros procesos testimoniales afines han comenzado a remover los huesos y los relatos, con lo que han generado la incipiente forma de coexistencia contenciosa analizada en el capítulo 7. El capítulo 8 resume los argumentos y los datos presentados en el libro, que explican la improbable y pospuesta aparición de la coexistencia contenciosa. No obstante, reconoce que los procesos políticos rara vez son lineales e inexorables. En consecuencia, aún está por ver hasta dónde llegará España en este terreno.

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TESTIMONIOS PERTURBADORES

El consenso histórico que respalda la idea de que el pasado violento español debe abordarse con extremada cautela hace pensar que pocos victimarios habrán tenido motivos, incentivos o el deseo de alzar la voz. Aunque esto sea en parte cierto, algunos verdugos españoles han confesado su participación en actos de violencia. Por otra parte, España tampoco está tan sola en la escasez de confesiones, ya que la mayoría de los victimarios evitan hablar sobre el pasado siempre que pueden.[19] Lo más insólito del caso español es la falta de atención social que las confesiones de los verdugos han solido suscitar.

El análisis que realizó Leigh A. Payne de las confesiones de los verdugos en su libro (2008, Testimonios perturbadores) no puede explicar del todo el desinterés en las confesiones de los victimarios españoles. Precisamente, el hecho de que sean escasas, perturbadoras y problemáticas es lo que suele suscitar atención (Payne, 2008: 15-19). En el presente capítulo abordaremos la dinámica de la actuación confesional, así como las razones de que las confesiones no hayan estimulado en España el mismo debate que en otros países. El capítulo analiza la ausencia histórica de lo que Payne denomina «coexistencia contenciosa», que en otros países ha servido para ahondar en la práctica democrática. También nos ocuparemos de cómo, en los últimos años, ha comenzado a surgir en España un debate público sobre el pasado.

ACTUACIONES CONFESIONALES

Por confesión no entendemos el reconocimiento privado que hace el verdugo de su culpa o fechoría, remordimiento o contrición, ni siquiera necesariamente su reconocimiento de la verdad (Payne, 2008: 19-22). Más bien consideramos que su versión de los actos violentos es la que presenta en actos públicos. Al tener este carácter, las confesiones pueden de manera deliberada o instrumental enturbiar el papel de los victimarios en esa violencia. Pueden ser de ficción. Pueden ser «verdades vitales» o historias que los verdugos se cuentan a sí mismos para convivir con su pasado (Goleman, 1985; Payne, 2008: 19-20 y 21). Pueden ser mecanismos «que añaden detalles, a veces inconexos, o tomados de otros momentos o de recuerdos ajenos, o incluso imaginarios, pero que se creen ciertos» (Payne, 2008: 18). Aunque algunos conllevan expiación, otros pueden justificar actos revistiéndolos de heroísmo o complacerse sádicamente en el relato de acciones violentas. Los verdugos pueden negar o minimizar su propia participación en la violencia, aunque admitan que fueron testigos de ella o que sabían de su existencia, y echar la culpa a otros. Dicho de otro modo, las confesiones de los verdugos adoptan formas diversas y no suelen conllevar remordimiento (Payne, 2008: 2).

Por otra parte, las confesiones no solo se expresan a través de textos, sino que constituyen una actuación a la que contribuyen cinco elementos dramáticos: el guión, el actor y su forma de actuar, el escenario, la coyuntura y el público (Payne, 2008: 14-34). El guión de la confesión es lo que los verdugos confiesan. El actor y la actuación dependen de cómo se presenta el verdugo a través de acotaciones no verbales como el tamaño físico, el lenguaje corporal y el movimiento, la indumentaria y el atrezo (Goffman, 1959). Los verdugos llevan a cabo sus confesiones en un escenario, un lugar público como un tribunal o una comisión de la verdad, o un medio de comunicación. El cuándo de la confesión y cómo se corresponde ésta con otros acontecimientos o desata una serie de hechos determinan la coyuntura de la actuación confesional. El público, que puede componerse de víctimas, otros verdugos, medios de comunicación y el conjunto de la población, interpreta el significado que subyace en la confesión.

Las repercusiones sociales o políticas de las actuaciones confesionales dependen de un conjunto de factores que los victimarios no suelen controlar o al menos no totalmente. Pueden preparar cuidadosamente un guión confesional para transmitir un determinado mensaje o intentar dotar a su confesión de mayor capacidad de persuasión, ponderando cómo, dónde y cuándo hacerla. A pesar de estas minuciosas consideraciones, la forma de presentar la actuación ante el público puede suscitar interpretaciones no deseadas de la confesión, e incluso contrarias a lo esperado. Un ejemplo de ello se da cuando se recorta la comparecencia. Al reproducir la confesión de un verdugo para el público, los medios suelen suprimir ciertos aspectos de la actuación. La versión editada puede prescindir de aspectos cruciales y cambiar el significado que pretendía dar el verdugo a su presentación. Por otra parte, la utilización de cámaras o la cobertura mediática sin vídeo puede exagerar o minimizar ciertos rasgos de la actuación confesional, como la complexión física del verdugo y sus gestos faciales, lo cual puede influir en cómo se interpreta su significado. Los verdugos pueden confiar en crear un marco que ofrezca una buena imagen de ellos, pero no siempre pueden prever ni controlar las reacciones de los demás sobre el escenario ni saber cómo aparecerán en los medios dicho escenario y las interacciones que en él se desarrollen. Los verdugos también pueden creer que controlan el momento elegido para la actuación confesional, pero es posible que ocurran acontecimientos inesperados que cambien la reacción del público ante la confesión. En consecuencia, a los verdugos se les podría solicitar que ofrezcan confesiones posteriores, determinadas por una confesión anterior, o que ellos las ofrezcan sin más. De este modo, pueden intentar controlar, aunque sin éxito, la interpretación de sus confesiones. Además, cuando las actuaciones confesionales se preparan pensando en un público determinado, otro puede reinterpretarlas, con lo que los verdugos pierden el control de su significado.

En consecuencia, los diferentes tipos de público tienen un papel esencial en la interpretación o reinterpretación de las actuaciones confesionales (Payne, 2008: 26-34). Al observarlas e interactuar con ellas, les atribuyen su propio significado. No suelen aceptar pasivamente, como si fueran verdad, las actuaciones concebidas y ofrecidas por los verdugos, ni la versión que los medios dan de ellas. Más bien, de manera crítica, aunque no siempre consciente, las audiencias afrontan varios elementos del drama confesional —lo que se dice, quién y cómo lo dice, por qué en ese momento y en ese escenario— para cuestionar la versión presentada por el verdugo o los medios. Cuando la audiencia responde públicamente a la actuación confesional se produce un debate sobre el pasado. En consecuencia, más que asentar un relato sobre el pasado, las confesiones de los verdugos suelen remover los relatos existentes al atizar el cuestionamiento público sobre cómo se presenta lo acontecido.

El resultado impugnado de las confesiones de los verdugos desmiente la idea de la reconciliación mediante la confesión que encarna el proceso promovido por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica (CVR). En ella, las confesiones de los victimarios eran esenciales para el desarrollo de un registro histórico sobre las violaciones de derechos que se habían cometido, ya que devolvían la dignidad a las víctimas al reconocer las violaciones de derechos que habían sufrido y permitir la creación de una nueva Sudáfrica post-apartheid, basada en la verdad, el reconocimiento y la condena de las violencias pasadas y la reconciliación. Con el fin de incentivar a los verdugos a confesar, la CVR les ofreció amnistiar sus delitos si revelaban por completo cómo se habían producido los actos de violencia en la época del apartheid. Miles de verdugos solicitaron la amnistía y poca duda cabe de que sus confesiones contribuyeron a rechazar la idea de que el apartheid era un régimen legítimo. No obstante, apenas hay datos que demuestren que las actuaciones confesionales incentivaran el perdón y la reconciliación. Aunque ciertas víctimas sudafricanas acudieron a los verdugos para perdonarlos y promover la reconciliación, como proceso social el modelo se topó con varios desafíos.

La Comisión de Amnistía de la CVR, compuesta por muchas víctimas de violaciones de derechos humanos, y el conjunto de la población se preguntaron si debían perdonar y aceptar la violencia estatal del apartheid. Algunas de esas dudas surgieron precisamente de las actuaciones confesionales. Con frecuencia se pensó que las confesiones de los verdugos eran interesadas: el momento en que se produjeron y la escenografía que proporcionaba la CVR sugerían que los victimarios solo participaban para obtener la amnistía, no como acto de expiación o reconciliación, ni tampoco para contribuir a la construcción de una nueva Sudáfrica sin apartheid y democrática. El público pensó a menudo que el guión, el actor y la actuación eran deliberadamente engañosos y que no ofrecían ni un remordimiento genuino ni la ofrenda de reparación que podrían haber fomentado el perdón y la reconciliación. Dicho de otro modo, los guiones y actuaciones confesionales, el momento elegido y la escenografía no proporcionaron los resultados que se esperaban del modelo de la CVR (Payne, 2008: 3-4).

Según Payne, en Sudáfrica y otros lugares, las confesiones de los verdugos muchas veces no han saldado cuentas con el pasado, pero sí han removido los relatos. Los resultantes y perturbadores testimonios surgidos de ese proceso no son necesariamente perjudiciales para la democracia y puede que incluso lleguen a profundizar en ella. Aunque los verdugos no aporten confesiones llenas de remordimiento, sí revelan inquietantes (perturbadores) detalles sobre el pasado. De este modo, rompen (remueven) el silencio que cubre el pasado, una violenta experiencia de la que, en ocasiones, la población no era consciente y cuyo debate y discusión se censuraban directa o indirectamente. La actuación pública permite que los espectadores —por ejemplo, las víctimas, los defensores de los derechos humanos y los abogados— cuestionen las versiones del pasado que ofrecen los verdugos y proporcionen otras más precisas, que saquen a la luz la verdad sobre actos de violencia sistemáticos y brutales. Dicho de otro modo, la actuación confesional desata el debate público sobre lo acontecido (Payne, 2008: 34-40). El propio desacuerdo respecto al pasado o su cuestionamiento pone en práctica valores democráticos fundamentales mediante la participación, la expresión y la contestación de carácter político (Dahl, 1971).

Detrás de la coexistencia contenciosa subyace la idea de que no es probable la reconciliación en sociedades desgarradas por la violencia. La coexistencia contenciosa ofrece un método alternativo y más viable de fortalecer la práctica democrática después de regímenes autoritarios o conflictos armados. Reconoce la existencia de desacuerdos profundos respecto a las interpretaciones de la violencia del pasado que bloquean la reconciliación. Da cabida al debate sobre cuestiones fundacionales y reconoce el derecho que tienen las víctimas y sus familiares a contribuir a la comprensión de la historia del país. Puede que ese debate no proporcione una interpretación compartida sobre el pasado, pero sí puede generar un acuerdo sobre principios esenciales como la importancia de poner fin a la violencia, apoyar la democracia y fomentar la protección de los derechos humanos (Payne, 2008: 279-292).

Siempre hay justificaciones para la violencia, pero la reconciliación no suele ser posible sin refutarlas. Y para poder refutar es preciso debatir. Como han señalado algunos teóricos de la democracia (Mansbridge, 1996; Young, 1996),[20] el debate es un componente esencial de este sistema. Chantal Mouffe (2013), por ejemplo, critica los intentos de erradicar el conflicto de la política democrática y la obsesión liberal por alcanzar consensos. Según Mouffe, el antagonismo es un rasgo fundamental de la vida social. Para la democracia, lo peligroso no es el debate, sino la insuficiencia de canales y mecanismos para expresar las diferencias y la conversión de los adversarios en enemigos. El debate público desarrolla las capacidades políticas necesarias para crear una democracia palpitante.

Esta concepción dialógica de la democracia se plasma en las confesiones de los verdugos, que suelen justificar la violencia del pasado recurriendo a la retórica de los valores compartidos de libertad, democracia y seguridad para los seres humanos. Las víctimas y el conjunto de la población suelen percibir que esta defensa supone que las violaciones de derechos humanos y la represión se realizan precisamente en nombre de esos derechos y de la democracia. Cuando la cuestionan, participan de una explicación y una forma de argumentar sobre el pasado diferentes. Matizan cómo debe ser la democracia, la libertad y los derechos humanos, y refuerzan su significado. Someten al debate público cuál es la mejor manera de proteger y compartir esos valores y de evitar las distorsiones que han sufrido en el pasado.

En consecuencia, independientemente de cuál sea el tipo de guión, la atención a las confesiones de los verdugos puede potenciar los valores democráticos. El público tiene la oportunidad de cuestionar las justificaciones que esconden las confesiones heroicas y sádicas. Es capaz de utilizar la verdad para hacer frente a la negación, la mentira y la amnesia. Al presentar la otra cara de la atrocidad —su impacto en las víctimas y la sociedad— quienes escuchan proclaman su papel en el debate público y democrático. Pueden convertir las actuaciones confesionales en un reñido debate sobre si la violencia puede llegar a estar justificada y ser heroica y democrática.

TESTIMONIOS PERTURBADORES EN ESPAÑA

Al centrarse en las transiciones registradas durante una época en la que se reivindica que hay que saldar cuentas con las violaciones de derechos humanos (Lessa y Payne, 2012) puede que Payne haya pasado por alto en qué medida los procesos previos a las transiciones dan cabida o frustran la coexistencia contenciosa. Coincidiendo con nuestro análisis de España, Payne afirma que «En lugar de fomentar la deliberación o la reconciliación, se diría que el diálogo sobre el pasado autoritario amenaza la democracia […]. Los Gobiernos intentan, y a menudo lo logran, reprimir el debate en aras de la paz y la democracia». Sin embargo, la respuesta que esta autora cree que suscitan los intentos de represión del debate no encaja con el contexto español: «surge polarización ideológica, actitudes y políticas antidemocráticas, y guerra dialógica, y perturban a las democracias… [Sin embargo] Aún dentro de este clima político poco propicio, es posible debatir democráticamente sobre los actos pasados de violencia estatal» (Payne, 2008: 2-3). Ese debate democrático sobre el pasado no ha comenzado a surgir en España hasta hace muy poco, y lo ha hecho de forma muy vacilante. En consecuencia, España supone un desafío para el planteamiento de Payne: ¿qué impidió que en España no surgiera antes o de forma más completa la coexistencia contenciosa?

La escasez de confesiones en España no explica la ausencia de coexistencia contenciosa. España es como la mayoría de los países que sí la han presentado: las confesiones han sido pocas y los verdugos apenas han tenido incentivos para hablar de los actos de violencia del pasado. La amnistía general de la Ley de 1977 protegía a los verdugos españoles de la justicia por actos de violencia pasados, pero, después de las transiciones, en casi todos los países latinoamericanos se aprobaron leyes similares. Si dejamos de lado Sudáfrica, los procesos de democratización, al igual que España, no han solido ofrecer incentivos institucionales a la confesión. Después de la democratización, en la mayoría de los países también se impuso un acuerdo social que privilegiaba el silencio y el olvido. En consecuencia, para los verdugos no tenía sentido arriesgarse a mancillar su reputación cuando no había ni amenaza de sacar a la luz sus actos ni tampoco demanda social de esclarecer la verdad. No obstante, a pesar de esas circunstancias, incluso en España unos pocos verdugos han confesado actos violentos. Dado que la coexistencia contenciosa ha surgido en contextos similares, es improbable que el pequeño número de confesiones o la falta de incentivos institucionales que las promuevan haya impedido el debate democrático.

En España, el tipo de guión confesional no debería suponer un obstáculo para la coexistencia contenciosa. Según el planteamiento de Payne, cualquier tipo de confesión es susceptible de utilización por el público para fomentar la participación en la democracia. Las confesiones caracterizadas por el remordimiento, el heroísmo, la negación y el sadismo que analizamos en este libro no son privativas de España. En otros países se ha comprobado que incitan al público a poner en tela de juicio las versiones de los verdugos con verdades alternativas y más precisas, a cuestionar sus justificaciones y a condenar, por ilegítimos y criminales, los actos de violencia pasados. En consecuencia, aquí afirmamos que en España los impedimentos a la coexistencia contenciosa tienen menos que ver con el guión y con el actor que con los otros tres elementos de la actuación confesional: la coyuntura, la escenografía y el público.

Respecto a la coyuntura, ya a comienzos de la guerra civil surgieron justificaciones públicas de la violencia y confesiones de responsables de actos violentos. Eran estas confesiones heroicas —a veces, simplemente, declaraciones de intenciones— que en modo alguno negaban u ocultaban la violencia. Tal como señalamos, este tipo de justificación fue bastante habitual entre los principales mandos militares del bando franquista.[21] La guerra no proporcionaba el escenario propicio para que la sociedad pudiera cuestionar las confesiones en un debate abierto, pero esas confesiones (o declaraciones de intenciones) tampoco conformaron un relato asentado del pasado.

El relato nacional sobre la violencia que acabó surgiendo en la guerra y que se prolongó durante gran parte de la dictadura era una especie de negación. La culpa de las atrocidades cometidas durante la contienda se atribuía en exclusiva a las fuerzas republicanas, en tanto que a las franquistas se las consideraba heroicas y sin mácula en su defensa del país. En consecuencia, los franquistas que supuestamente habían sacrificado la vida ante los republicanos que cometieron atrocidades se convertían a un tiempo en vencedores y en víctimas. El relato no explicaba verdaderamente la violencia,[22] pero en el escenario de la dictadura la sociedad no podía cuestionar ese discurso. Por ejemplo, no se podían resucitar las primeras confesiones, que convertían en heroicos los actos de violencia y que demostraban —en palabras de los propios franquistas— que eran culpables de haber desatado una violencia, planificada y a gran escala, contra los republicanos. Como en el escenario de la dictadura de posguerra esas primeras confesiones de franquistas resultaban incómodas, se hizo caso omiso de ellas.

La coyuntura, la escenografía y los obstáculos que se encontraba el público en el camino a la coexistencia contenciosa evolucionaron todavía más durante la etapa de confesiones «escasas, breves y fugaces» registrada antes de la transición democrática. Prácticamente no había escenarios para esas confesiones, porque unos medios de comunicación cómplices e intimidados pocas veces se hacían eco de ellas. Fuera del país se produjeron algunas, con lo que evitaban la censura estatal o la autocensura de los medios, pero apenas recibieron atención dentro de España. En consecuencia, no podían servir para remover los relatos sobre el pasado. La población no podía acceder fácilmente a confesiones que no se difundían en escenarios públicos del país. Además, para poder cuestionar o utilizar las que surgieron, el público tendría que haber superado el miedo y la intimidación.[23] En consecuencia, esas confesiones no lograron romper el silencio ni corregir el relato sobre las violencias pasadas. Se mantuvo la versión de que la violencia franquista había sido necesaria y tenía un carácter meramente defensivo, pues pretendía proteger al país de las atrocidades republicanas.

En la segunda mitad de la dictadura comenzó a asentarse otro relato que se mantendría con el paso del tiempo, aceptado o por lo menos tolerado de manera superficial por sectores relevantes de ambos contendientes. En lugar de proclamar héroe o víctima a uno u otro bando, el nuevo relato equilibraba las cuentas de la violencia pasada. Según ese relato, ambos bandos habían cometido actos violentos. Los dos se podían considerar víctimas y ninguno podía echar la culpa de la violencia al contrario. Fuera del relato quedó toda la violencia desatada durante la prolongada dictadura, así como las diferencias, ya apuntadas, entre ambos tipos de prácticas represivas. Detrás de esa narrativa estaba el deseo generalizado de evitar cualquier disputa sobre el pasado con el fin de no volver a sufrir nunca una guerra civil (Aguilar, 2008a).

En el contexto de la transición —en ese escenario y en ese momento— la coexistencia contenciosa era algo muy improbable. El pacto de olvido —y no de verdad o de justicia— se convirtió en la base del proyecto de reconciliación nacional. Un proyecto que los líderes políticos del momento —y también gran parte de la sociedad española— consideraban el único método seguro para alcanzar una paz y una democracia duraderas. En consecuencia, las pocas confesiones que surgieron se toparon con intentos de sofocarlas, no con la pretensión de fomentar una coexistencia contenciosa. Esa situación no precisaba de formas de censura directas, ya que en los medios y la sociedad se impuso una autocensura basada en la idea de que ésta era importante para prevenir nuevos conflictos e inestabilidades. La mayoría estaba comprometida con la idea de reconciliación nacional y su necesario correlato: pasar la página del pasado reciente antes de leerla.

Solo en las dos últimas décadas ha comenzado a surgir una tímida coexistencia contenciosa. No obstante, en lugar de aparecer como respuesta a las confesiones de los verdugos, ha tenido sobre todo que ver con otra fuente de testimonios perturbadores: las inquietantes verdades que se exhuman al abrir fosas comunes. El trabajo de Aguilar y Ferrándiz (2016) demuestra que la reacción ante las exhumaciones ha dependido de la coyuntura, la escenografía y el público. Estos autores identifican en su artículo una excepción a la norma de que gran parte de las exhumaciones que tuvieron lugar en los años posteriores a la muerte de Franco (de las que se ocupa Aguilar, 2017) no lograron suscitar cobertura mediática o atención pública. Para alcanzar la coyuntura precisa hizo falta la aparición de una audiencia —una nueva generación de nietos— verdaderamente dispuesta a hacerse con un escenario público desde el que cuestionar el silencio y el olvido. La coyuntura para el siguiente ciclo de exhumaciones (iniciado en 2000), con una generación capaz de desafiar el relato asentado, suscitó mucha atención mediática y proporcionó un escenario para criticar cómo había afrontado antes España la coexistencia contenciosa.

El público lo componen principalmente los miembros de una nueva generación que, en muchos casos, aunque no en todos, son nietos y biznietos de víctimas del franquismo. No aceptan el relato asentado de la reconciliación nacional basada en el olvido y no creen que cuestionar ese relato desestabilice la democracia. Esos nietos nacieron a finales de la dictadura, pero se criaron después de ella; no obstante, sus memorias familiares van indisolublemente unidas a la violencia de la guerra civil y la dictadura. Rechazan la culpabilidad impuesta a los republicanos por instigar a la guerra. Plantan cara al relato derrotista sobre el régimen republicano. Se niegan a adoptar el difundido discurso, aunque hace mucho tiempo discutido por los historiadores más solventes, de que la guerra era inevitable. Combaten la ignorancia y el silencio imperantes sobre las víctimas y la falta de reconocimiento público de su sufrimiento. Al cuestionar la asentada narrativa de la reconciliación nacional han desatado un debate (Silva y Macías, 2003). Superando muchos obstáculos institucionales y sociales, han creado una coexistencia contenciosa en la España actual.

En resumen, el hecho de que históricamente la población española no prestara atención a las actuaciones confesionales poco tiene que ver con sus guiones ni con cómo se representaron. Más bien, el debate lo bloqueó la creencia, muy extendida en uno y otro lado del espectro político, de que la reconciliación nacional dependía del arrinconamiento de las diferencias, de que el debate político sobre el pasado sería más perjudicial que beneficioso, y pondría en peligro el acuerdo que sustenta el olvido en el que descansa la democracia española.

En nuestra época, caracterizada a nivel internacional por la justicia transicional y la rendición de cuentas por la violación de derechos humanos, ese pacto parece impensable. Sin embargo, durante la transición española lo impensable era que de la investigación oficial de la verdad y la apertura del debate pudieran surgir una paz duradera y la estabilidad democrática. La coexistencia contenciosa se consideraba demasiado arriesgada para cualquier democracia incipiente sometida a profundas tensiones políticas. En consecuencia, hasta que no llegó la época de la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos (coyuntura), no se movilizó un grupo de nietos del violento pasado español (público) que rompió con el pacto de olvido y la idea de reconciliación nacional.[24] Al proceder a exhumar restos (escenografía) demostraron que estaban en lo cierto al pensar que la democracia española era lo suficientemente fuerte como para soportar un debate profundo y que las víctimas, como ciudadanos, tenían derecho a la verdad y la justicia. La audacia de sus actos de desafío les granjeó la atención de medios de comunicación nacionales e internacionales. A continuación, indagaremos en el proceso que componen las sobrecogedoras confesiones de los verdugos y el paulatino desenterramiento de verdades (muchos miles de españoles asesinados en la guerra y la posguerra permanecen enterrados en lugares no identificados) que acabó dando comienzo a la contestación democrática.

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CONFESIONES HISTÓRICAS DE CARÁCTER HEROICO

Antes de que comenzara la guerra civil, algunos de los principales responsables del golpe de Estado ya habían formulado declaraciones explícitas de sus intenciones violentas, aludiendo, entre otras cosas, a su deseo de erradicar cualquier tipo de oposición. Por ejemplo, tres meses antes del golpe, el general Emilio Mola sostuvo que «la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, […] serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándoles castigos ejemplares» (citado en Preston, 2011: 209). Algunas de las declaraciones de intenciones más espeluznantes las hicieron el propio Franco y miembros del alto mando militar, como en el caso de la cita anterior. Ponían de manifiesto que estaban dispuestos y que se comprometían a hacer lo que fuera necesario para aplastar, tanto a las bases sociales de la República como a sus líderes principales. Y lo hacían deshumanizando a los republicanos, tratando así de legitimar la guerra contra ellos.

Aunque no cabe duda de que los republicanos cometieron numerosas atrocidades, sobre todo en las zonas de España que dominaron entre julio y septiembre de 1936 (Ledesma, 2010), la lógica de su represión solía ser distinta a la del bando franquista. En lugar de glorificar la violencia, hay ejemplos notables que ponen de relieve los esfuerzos de los líderes republicanos por contenerla. Aunque los franquistas acusaban a sus enemigos de estar sedientos de sangre, muchos republicanos apelaron a la moderación, al contrario que notables franquistas, que justificaban la violencia. Es famoso el discurso que pronunció en plena contienda Manuel Azaña, presidente de la República durante la guerra civil, en el que pedía «paz, piedad y perdón». Es este un ejemplo destacado, pero no el único. En resumen, la actitud de los líderes republicanos ante la violencia de la guerra contrasta enormemente con los testimonios de los jefes militares franquistas que presentamos en este capítulo.

Los esfuerzos que realizó el Gobierno republicano para contener los actos de violencia que cometían sus fuerzas ni siquiera se reconocieron oficialmente después de la muerte de Franco en 1975. La glorificación de la violencia que habían propiciado los mandos franquistas tampoco se vio cuestionada ni censurada oficialmente. Las víctimas de la dictadura posterior a la guerra no fueron objeto de ningún reconocimiento oficial. Estas carencias contribuyeron a la creación de una falsa equivalencia moral, que dictaba que los dos contendientes habían cometido las mismas atrocidades y que ambos habían sido víctimas de la locura colectiva desatada en la guerra civil. El presente capítulo indaga en cómo se iniciaron esos procesos, centrándose en los relatos del bando franquista que, después de expresarse abiertamente, acabaron por reprimir cualquier versión alternativa.

En julio de 1936, a comienzos de la guerra, el periodista Jay Allen (1936a) dejó constancia de la voluntad que tenía el general Franco de «pacificar» el país, reconociendo que la violencia de la guerra civil pronto parecería una «pesadilla de la que uno se ha despertado». Allen, horrorizado por las matanzas que había contemplado, presionó un poco más a Franco y recibió una contestación tristemente famosa:

ALLEN: Entonces, ¿no es posible una tregua, un compromiso?

FRANCO: No. No, tajantemente no. Estamos luchando por España. Ellos luchan contra España. Continuaremos, cueste lo que cueste.

ALLEN: Tendrá usted que matar a media España.

FRANCO (sacudió la cabeza, sonrió y miró fijamente): Repito, cueste lo que cueste.

En lugar de disculparse por la violencia, Franco la justificaba. Afirmaba: «salvaré a España de los comunistas… O ganamos o España se hundirá. Habrá anarquía y barbarie» (Allen, 1936b).

Franco no era el único que amparaba la violencia: sus principales correligionarios —el general Emilio Mola, el coronel Juan Yagüe y el general Gonzalo Queipo de Llano— hicieron declaraciones históricas similares que ensalzaban la violencia de la guerra civil. Paul Preston cita las inequívocas palabras que pronunció Mola en 1936: «El restablecimiento del principio de autoridad exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones». Señalaba también que «Hay que sembrar el terror… hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías… Todo aquel que ampare u oculte un sujeto comunista o del Frente Popular, será pasado por las armas». (Preston, 2011: 209).

Preston cita igualmente algunos de los enardecidos y despreciables discursos del general Queipo de Llano: «¡Id preparando sepulturas! Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros; que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad» (Preston, 2011: 213).[25] Igualmente, John T. Whitaker (1942-1943) cita al coronel Yagüe, conocido como el «carnicero de Badajoz», admitiendo abiertamente la comisión de actos violentos: «Por supuesto que los matamos… ¿Qué esperaba usted? ¿Que iba a llevar cuatro mil prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar contrarreloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez?». Pelai Pagés (2011: 228) alude a una conversación entre Whitaker y el capitán Gonzalo Aguilera, jefe de prensa del Ejército franquista, quien declaraba que «tenemos que matar, matar y matar. ¿Sabe usted?», para posteriormente apuntar que «Son animales, ¿sabe? Nuestro programa para regenerar España consiste en exterminar a un tercio de la población masculina. Con eso se limpiaría el país y nos libraríamos del proletariado».

A pesar de su carácter temprano, descarado y justificador, estas confesiones de actos violentos no se convirtieron en el relato asentado de la guerra. Más bien, durante los demás años de contienda y la larga dictadura aquéllos se dejaron a un lado para desarrollar una narrativa distinta. Surgió una variante de la confesión heroica que sustituyó a la glorificación de la violencia. Negaba que los partidarios de Franco hubieran cometido crímenes durante la guerra (solo reconocía una violencia de carácter defensivo) y atribuía todos los crímenes a la sed de sangre republicana. Según este relato, los franquistas eran héroes que contraponían a las atrocidades republicanas el generoso sacrificio de su vida, en aras de la patriótica y abnegada causa de la salvación de España. Esta versión justificaba que, durante la dictadura, solo se reconociera y concediera reparaciones a las víctimas que hubieran causado los republicanos.

En plena contienda, algunas confesiones cuestionaron la parcialidad en la visión de la violencia, pero no fueron capaces de socavarla. En el bando franquista, esas «confesiones traidoras» admitían haber presenciado fechorías cometidas por sus propias fuerzas. Algunos republicanos también denunciaron actos de violencia de sus tropas. Quienes confesaban, o bien se exculpaban a sí mismos, afirmando que no habían participado en los hechos, o abandonaban sus compromisos ideológicos, sus lealtades o a sus colegas anteriores precisamente a causa de esa violencia. Aunque esas confesiones a veces suscitaban atención fuera del país, en la España de la época la censura evitó que se hablara mucho de ellas o que provocaran reacciones importantes. En el bando franquista, entre las confesiones de ese tipo más conocidas figuran las de Antonio Bahamonde (1938), Antonio Ruiz Vilaplana (1938), Georges Bernanos (1938/2009), Francisco Gonzálbez Ruiz (1938), Jean Alloucherie (1937) y Edmundo Barbero (1937).[26] Entre las denuncias más reconocidas del bando republicano o de sus diferentes facciones encontramos las de John Dos Passos (1939), Manuel Chaves Nogales (1937), George Orwell (1938) y Joan Peiró (1936). Algunos de estos testimonios han sido denigrados, por considerarlos, pura y simplemente, parte de la propaganda internacional que se produjo durante la contienda. Otros proporcionan datos fiables y de primera mano de las atrocidades cometidas por ambos bandos.[27]

Los esfuerzos que realizaron las fuerzas franquistas al final de la guerra por ocultar sus propios actos violentos y exagerar las atrocidades relacionadas con los republicanos contribuyeron notablemente a legitimar la dictadura. En los últimos quince años los expertos han ido documentando cuidadosamente los actos de violencia del bando republicano (Ledesma, 2003). También sabemos que algunas de las supuestas pruebas de sus crímenes se exageraron deliberadamente, o simplemente se inventaron, para legitimar a la dictadura. La autenticidad de algunas de ellas, como muchas de las confesiones que figuran en la Causa General, es cuestionable, ya que es muy probable que para conseguirlas se recurriera a la tortura o a otras formas de presión excesiva.[28] Buen ejemplo de ello es la confesión del anarquista Felipe Sandoval. Detenido por las fuerzas franquistas al final de la guerra, según sus colegas Sandoval se suicidó después de ser obligado a confesar por escrito sus crímenes.[29] Aunque todas esas confesiones hubieran sido auténticas, no habrían logrado generar debate, ya que se produjeron al comienzo de una dictadura extremadamente represiva.

Después de la guerra civil surgió espontáneamente un pequeño número de confesiones. Preston reflexiona sobre la habitual falta de remordimiento de quienes participaron en la represión y lo confesaron. En el epílogo de su libro El holocausto español, 2012), Preston atribuye esta falta de remordimiento al «pacto de sangre al que llegaron los verdugos» (519-520) y a la «represión homicida que alcanzó prácticamente a todo el mundo» (521).[30] No obstante, propone que los del bando franquista han revelado más «sobre lo ocurrido y… parecen haber sufrido cargo de conciencia» (521), aunque no suelan expresar este sentimiento de culpa o remordimiento.[31] Preston señala que «[a]lgunos testimonios indirectos revelan que los responsables de las atrocidades padecieron alguna enfermedad psicosomática o algún trastorno de otra naturaleza a causa de la culpa reprimida» (523).[32]

Preston va más allá y señala que en ocasiones el sentimiento de culpa se esconde detrás de la jactancia. Un ejemplo lo proporciona uno de los supuestos asesinos de Federico García Lorca, analizado por Preston y presentado en el documental de 2006 Lorca, el mar deja de moverse. La novedad del film es «una imagen en la que puede verse el rostro del supuesto autor material de la muerte de Federico García Lorca» (Valverde, 2006). En 1971, Gibson ya había dejado constancia de cuál era la actitud del hombre al que se atribuía la muerte de Lorca, quien afirmaba que «Estábamos hartos ya de maricones en Granada» (Gibson, 1971/1987: 179). De igual manera, un médico del pueblo en el que el poeta fue asesinado transmitió a un periodista que a su padre un individuo le había enseñado una pistola con la que decía que había matado a Lorca «por maricón» (Sorel, 1977: 33). Se sabe que cuando se han cometido crímenes similares también ha habido quienes se han jactado públicamente de ello (Morales, 1977: 27). Un ejemplo es el de un asesino que visitó a la madre de su víctima inmediatamente después de su ejecución. Poniéndole la mano en el hombro, le dijo a la mujer «Con ésta me he cargado a su hija» (Junquera, 2013: 75).[33]

La coyuntura, la escenografía y el público de las confesiones históricas de carácter heroico explican que no provocaran una coexistencia contenciosa. Al tener lugar cuando el control político estaba en manos de los autores de actos violentos y sus aliados, carecieron tanto de un escenario público como de una audiencia capaces de cuestionarlos. La férrea censura de los medios de comunicación y la amenaza de represión violenta contra quienes desafiaran al régimen hacían que fuera demasiado arriesgado contestar públicamente la versión oficial de la guerra civil, uno de los pilares fundamentales de la legitimidad franquista (Aguilar, 2008a). Aunque algunas confesiones registradas fuera del país sí tuvieron la oportunidad de cuestionar el relato franquista de la contienda y de la posguerra, hasta después de la muerte de Franco su capacidad de penetración dentro de España fue muy escasa.

Dicho de otro modo, las confesiones históricas se produjeron en una especie de vacío. El hecho de que tuvieran lugar en el extranjero o en un contexto político interno que impedía a la población civil reaccionar bloquearon la contestación. Se olvidó por conveniencia a quienes glorificaban la violencia. Y los que cuestionaban el relato de la sacrificada y heroica lucha contra las atrocidades republicanas fueron tachados de propagandistas. Además éstos carecieron en muchos casos de escenarios públicos, con lo que tampoco tuvieron ni audiencia ni pudieron suscitar contestación alguna.

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CONFESIONES ESCASAS, BREVES Y FUGACES

En los últimos tiempos, las transiciones democráticas suelen ir acompañadas de la expectativa de que se ponga fin a la opacidad de las dictaduras, de la posibilidad de esclarecer la verdad sobre la violencia y del reconocimiento a las víctimas de crímenes pasados. En este contexto, cuando se producen confesiones de verdugos, lo lógico sería que tuvieran repercusiones: deberían tener impacto social, deberían presentarlas medios de comunicación independientes y dispuestos a investigar, deberían suscitar la reacción de víctimas y supervivientes, y deberían desatar un encendido debate sobre cómo hay que recordar el pasado. Esto es lo que Payne (2008) descubre al estudiar otras transiciones. Sin embargo, todo esto apenas se ha visto en España.

Al comienzo del proceso de democratización solo hubo un reducido número de confesiones. No había incentivos para confesar. El compartido y asentado relato sobre el papel de ambos bandos en la violencia del pasado pretendía evitar la reactivación del conflicto, e incluso el debate público sobre el mismo. En consecuencia, después de la muerte de Franco pocos fueron los que quisieron relatar sus actos durante la guerra civil o la dictadura.

Algunos de los expertos más destacados en la represión registrada durante la guerra civil han explicado lo reacios que han sido los verdugos a confesar actos de violencia. Según José Luis Ledesma, «en mis más de cien entrevistas orales, solo hubo una persona que me reconoció —y fue de modo no del todo explícito— haber participado en las ejecuciones. Fue, y no es casual, un exiliado en Francia. Otro me dijo haber pertenecido a un grupo de “limpieza” de la retaguardia republicana aragonesa, pero insistió en que él no participó en muertes. Que no quiso. Y luego está [Santiago] Carrillo, a quien finalmente pude acceder hace casi un año: negó una vez más todo el asunto de Paracuellos,[34] pero sí reconoció que no solo permitió, sino que urgió a “limpiar de enemigos” los radios y demás prisiones de partido y sindicato en Madrid. Eso es todo […]. Siempre que he preguntado a mis testimonios sobre si participaron en la violencia revolucionaria me miran mal, con enorme desconfianza e incluso de modo agresivo» (comunicación personal con José Luis Ledesma). Julián Casanova nos ha informado de que tiene localizados a «verdugos», pero que insisten en mantenerse en el anonimato.

En uno de sus libros, Francisco Espinosa recoge un interesante testimonio. Al principio, el individuo negaba que hubiera llevado a cabo ejecuciones cuando hizo el servicio militar en Badajoz (entre 1937 y 1945). Explicaba que quienes no querían formar parte del pelotón de fusilamiento intercambiaban algo con quienes sí estaban dispuestos a hacerlo. Al final, y después de varias entrevistas, le reconoció a Espinosa que, en realidad, sí que había participado en uno de esos pelotones: «Decía que lo peor era cuando alguna de las víctimas era de tu pueblo» (Espinosa, 2011: 47). Este mismo historiador relata la confesión de un hombre que estaba realizando su servicio militar en Sevilla y que en 1936 se vio envuelto en el golpe de Estado. Recordaba «el impacto que le causó la primera vez que tuvo que participar en los fusilamientos del cementerio. En el camión de vuelta temblaba y lloraba. La segunda vez fue diferente y a la semana ya era una rutina».[35] Antonio D. López Rodríguez afirma que ha recogido más de cien testimonios y que no ha encontrado ni uno solo en el que se admita abiertamente haber participado en ejecuciones. De igual manera, Aitor Fernández ha descubierto, en más de cien entrevistas, solo a dos personas que confiesan haber cometido tales actos, a los que aludiremos en el capítulo 5.

Después de la muerte de Franco hubo casos excepcionales de verdugos arrepentidos que pidieron perdón de forma discreta e inconsecuente. En 1979, el historiador Carlos Fernández, experto en la historia de la guerra civil en Galicia, recibió una carta anónima de un verdugo que incluyó en su libro de 2000. En la misiva, un falangista confesaba —con gran desesperación y remordimiento— algunos de los crímenes que había cometido voluntariamente. Relataba cómo él y gran parte de sus cómplices nunca habían logrado superar la vergüenza y el sentimiento de culpa que les producía lo que habían hecho. Como ejemplo, mencionaba que uno de los demás victimarios había acabado en un sanatorio psiquiátrico. En la carta, pedía a Dios que lo perdonara y manifestaba la esperanza de que esas atrocidades no volvieran a ocurrir «nunca más» en España (Fernández, 2000).

En España no se cumplió la expectativa de que las confesiones desataran un debate público. Cuando se producían, eran escasas, breves o fugaces. Los verdugos se desvanecían antes de que pudiera comenzarse a hablar. Muchos años habían pasado desde las peores atrocidades, pero la sociedad, todavía atormentada por el recuerdo de esos hechos, quería pasar página. Las confesiones heroicas que echaban a los republicanos la culpa de unos actos de violencia que supuestamente los patriotas franquistas se habían visto obligados a sofocar, anegaron y silenciaron otras versiones del pasado. La sociedad española estaba decidida a evitar que el relato público de hechos tan traumáticos desatara un debate político y social contencioso.

José Luis de Vilallonga es uno de los pocos verdugos españoles que confesó espontánea y públicamente, y sin ninguna obligación institucional o social para hacerlo. Este conocido aristócrata, excéntrico y egocéntrico, no se limitó a ofrecer una única confesión, sino que relató su pasado en varias ocasiones y en diferentes medios. Lo fundamental es que a los dieciséis años su padre mandó a por él a Francia, donde estudiaba, para que luchara «voluntariamente» con las fuerzas franquistas en el frente vasco durante la guerra civil. Antes de entrar en combate, pasó algún tiempo en un pelotón de fusilamiento, con lo cual su padre pretendía curtirlo y acostumbrarlo al sonido de los disparos.

La primera vez que Vilallonga narró esta historia fue en una novela titulada Fiesta, publicada en Francia en 1971.[36] El libro no vio la luz en España hasta 1983, ocho años después de la muerte de Franco. En esta primera confesión sobre su participación en un piquete de fusilamiento, Vilallonga decidió, significativamente, escribir una novela de ficción, no una autobiografía. En 1995 la novela fue llevada al cine y la película se estrenó en España en 1998. El film capta con fidelidad el texto novelesco hasta llegar a un final radicalmente distinto. En la película, el protagonista (alter ego del autor) incumple las órdenes de sus superiores, que le pedían fusilar a una muchacha, y la deja escapar. En la novela, el protagonista visita a la chica en su celda la víspera del fusilamiento y la mata de un disparo.

Según Vilallonga, la novela Fiesta es un relato fiel de sus vivencias bélicas.[37] Sin embargo, las múltiples confesiones que hizo después de publicarse la novela no demuestran realmente que disparara a la muchacha. El episodio parece más bien una licencia literaria que un relato de hechos verídicos. Pero ¿qué es lo que justifica que el autor decidiera ponerle un final diferente a una película autobiográfica? Puede que la explicación radique en las diferencias existentes entre la España de mediados de la década de 1990 y la de 1971, cuando escribió la novela. A finales del siglo XX, su «asesinato por compasión» resultaba más escandaloso. Para entonces, las víctimas de la violencia franquista, al contrario que en 1971, se habían hecho visibles. También se podría aducir que los recuerdos que Vilallonga tenía de esa trágica fase de su pasado habían comenzado a cambiar y a resultarle cada vez más dolorosos. Puede que en esa situación prefiriera aparecer como liberador de la muchacha, no como ejecutor, sobre todo porque sabía que el público iba a considerar que esa película de ficción era autobiográfica. Estas dos explicaciones —su transformación emocional y su reacción ante los cambios registrados en España— son evidentes durante el largo proceso confesional de Vilallonga.

La primera confesión escrita que el autor publicó en España no fue su novela, sino un ensayo autobiográfico titulado La nostalgia es un error (1980).[38] En él relata cómo su padre le mandó ponerse a las órdenes del coronel Joaquín Gual de Torrella, un antiguo amigo de la familia que, según contaba el escritor, había recibido una carta «estupenda» de su padre, en la que le explicaba que «Este chico sale del colegio y no se le puede mandar al frente sin previa experiencia de la guerra. ¿Por qué no me lo metes en un pelotón de ejecución para que se vaya acostumbrando al ruido de los disparos?». Vilallonga confirmó que «me metieron en ese pelotón de ejecución donde estuve matando gente durante ocho o nueve días».[39] Sin embargo, en un giro sorprendente, el autor exculpa tanto a su padre como al coronel. Afirmaba que, lejos de ser unos «salvajes», habían actuado «con la mejor voluntad del mundo», para que él se «acostumbrara» a la sangre y no se asustara cuando fuera a luchar al frente.[40] Vilallonga reconoce que no todos los jóvenes reaccionaban igual ante las mismas experiencias. Cuenta la historia de un amigo de su edad que también estaba en el pelotón de fusilamiento y al que «Le entró un ataque de risa histérica y todavía se está riendo en un manicomio cercano a Bilbao» (Vilallonga, 1980: 24).

A pesar de la aparente facilidad —y frivolidad— con la que revive el pasado, Vilallonga admite que a veces le cuesta: «es un tema difícil de discutir, porque hay que situarse en el contexto de esa época». Recuerda que, la primera vez que tuvo que disparar en el pelotón, estaba «en un estado de embriaguez avanzado», porque unas horas antes le habían dado coñac. Dice que todavía escucha el sonido de los disparos de esa primera vez, aunque recuerda muy poco más de ese día. Los huecos que hallaba en su memoria tuvieron la culpa de que, aunque quisiera contar su historia, no pudiera hacerlo durante treinta y cinco años. Según Vilallonga, «[n]ecesitaba perspectiva. Por eso escribí el libro [Fiesta] hace ocho años. Hay que pensar que acabábamos fusilando como quien va a la oficina. Hoy hay gente que me dice: “Yo me habría negado a fusilar”. Ahora sí que se puede decir eso. Pero entonces un niño de dieciséis años no podía decirle a un coronel que se negaba a fusilar a alguien […]. Entonces se tenía un enorme respeto a lo que un padre decidía, y el hecho de que el mío me hubiese recomendado para un pelotón de ejecución era algo que no cabía discutir». Y, añade: «He comprendido mucho más tarde lo de los alemanes. Aquellas burradas se hicieron por falta de responsabilidad. Si te quitan la responsabilidad te convierten en una bestia. Haces lo que te mandan y se acabó el asunto. Y a lo que te mandan te acostumbras… Lo terrible no es matar sino convertirse en oficinista de la muerte. Al convertirse en rutina, el matar a un judío o a un millón es lo mismo» (Vilallonga, 1980: 24-25).

En otro país, una confesión tan chocante podría haber creado una conmoción. Pero no en España. Solo tuvo repercusión en ciertos ambientes. Con motivo de la publicación de su libro, uno de los principales periódicos españoles publicó una breve entrevista con el autor, aludiendo únicamente de pasada a su experiencia en el pelotón de fusilamiento. El periodista señalaba que Vilallonga hablaba de su violento pasado con «distanciamiento» y «desenfado». Pero las palabras del escritor refutan esa afirmación. Señala, por ejemplo, que le «resulta difícil explicar» el pasado, porque los hechos ocurrieron «en un mundo en que nadie actuaba de un modo normal».[41] Añadía que sus críticas al bando franquista en Fiesta habían desatado iniciativas para condenarlo. A salvo en su exilio francés, solo regresó a España después de que la Ley de Amnistía de 1977 le garantizara protección frente a posibles denuncias. Los medios recogieron la confesión, su complejidad emocional y las consecuencias que había tenido para Vilallonga, pero, en lugar de poner de relieve los efectos que la violencia de la guerra civil habían tenido en la sociedad española, les pusieron sordina.

Quizá los periodistas no apreciaran ninguna novedad para la sociedad española en la confesión de Vilallonga. En realidad, ni su novela, ni la película surgida de ella, ni tampoco su ensayo autobiográfico eran su primera confesión. Ya había contado su historia en el documental La vieja memoria (1978), de Jaime Camino. En esa película, basada principalmente en entrevistas con supervivientes de la guerra civil, Vilallonga afirma que recibió «encantado» las órdenes de su padre, porque consideraba que ir a la guerra era «una aventura extraordinaria». Después reconocía que «[e]n aquella época se mataba a bastante gente, a muchos nacionalistas vascos, curas vascos, por ejemplo». También afirmaba que los que participaban en pelotones de ejecución «eran todos voluntarios», y añadía que «cuando dices que un señor se presenta voluntario a fusilar gente dices que ese señor es un animal, un sádico. En realidad, se presentaban voluntarios porque a los que estaban en pelotones de ejecución les daban por la mañana un enorme tazón de coñac. Y los tíos se presentaban voluntarios por el coñac. Porque el primer día, sí, es terrible, el segundo también, el tercero un poco menos y a los ocho días haces eso igual que si mataras conejos o que mataras gallinas». Además mencionaba la curiosidad morbosa que los pelotones de fusilamiento suscitaban entre la población (de ahí que titulara su novela Fiesta). Algunos franquistas, tanto hombres como mujeres, de buena posición social, asistían a los fusilamientos como si fueran una función de teatro, y después regresaban a su casa para comer con la familia o con los mandos que ordenaban las ejecuciones. «En aquel momento parecía una cosa natural»[42].

La transcripción del relato que Vilallonga hizo en el documental La vieja memoria se reprodujo en un libro sobre las películas de la guerra civil publicado en 2000. La autora señala que el testimonio de Vilallonga «no fue bien visto por los franquistas, porque era un reconocimiento de las brutalidades que practicaban».[43] Y llega a señalar que «hemos de estar agradecidos al escritor por lo que dijo, aunque sea una barbaridad, porque refleja la crueldad de un conflicto civil» (Crusells, 2000: 172-175).

A pesar de admitir las crueldades, tampoco esta primerísima confesión española de Vilallonga, al igual que las posteriores, logró remover los relatos ni escandalizar al público. Apenas hubo reacciones ni eco en los medios de comunicación. En realidad, cuando la prensa española habló por primera vez del documental, con motivo de su presentación en el Festival de Cine de San Sebastián, ni siquiera mencionó la confesión de Vilallonga.[44] Un mes después, al hablar del documental se mencionaban, de forma general, las «cosas horribles» que relataba Vilallonga, sin aludir concretamente al pelotón de fusilamiento, aunque sí se señalaba que el público que acudía a ver la película era escaso, a pesar de las buenas críticas que había recibido.[45] Cuando el documental se estrenó en salas comerciales, los medios españoles ni siquiera mencionaron el testimonio de Vilallonga.[46]

Posteriormente, el documental se emitió en el programa de TVE La Clave. Su presentación en el canal de menos audiencia y avanzada la noche garantizaba, a pesar de la excelente reputación del programa, que tuviera poco público. La descripción del documental en el periódico, que ni siquiera mencionaba la confesión de Vilallonga, tampoco contribuía a darle televidentes.[47] Después de la emisión, los invitados al debate no aludieron al testimonio de Vilallonga, a pesar de su singular y asombrosa revelación del salvajismo de la guerra.

El caso Vilallonga demuestra que en España sí hubo confesiones, aunque pocas. El hecho de que surgieran durante el proceso de construcción y estabilización de la democracia supuso que fueran deliberadamente arrumbadas por considerarlas inadecuadas e inoportunas. Para no arrojar al país de nuevo a una situación de violencia, se apartó del debate cualquier cuestión potencialmente conflictiva relacionada con el pasado. Con todo, pese al deseo de mirar para otro lado, nadie era ajeno a las barbaridades de la guerra civil.

Como ha explicado Aguilar (2008b), a mediados de la década de 1990 comenzó a alcanzarse un punto de inflexión respecto a la memoria de la guerra civil y el franquismo. El persistente testimonio de Vilallonga arroja luz sobre este cambio que se fue produciendo en España, aunque fuera con lentitud y poco peso. En 1997, catorce años después de que TVE emitiera por primera vez La vieja memoria, el documental se programó de nuevo en el mismo canal.[48] Sin embargo, en esta ocasión Santos Juliá reseñó la obra para El País. La cobertura que recibió en la prensa española permitió que el público leyera sobre la enorme aportación que la confesión de Vilallonga había supuesto para la comprensión del pasado: «El testimonio más tremendo de toda la película es el de un chico destinado por recomendación paterna a un pelotón de fusilamiento; la calma de su evocación no es más atroz que la rutina en el desempeño de su tarea: José Luis de Vilallonga mató hombres a mansalva como quien dispara a conejos».[49] En consecuencia, desde el estreno de La vieja memoria, la sociedad española tardó casi veinte años en reconocer por fin, gracias a la reseña de Juliá, el profundo impacto del testimonio. El hecho de que Juliá publicara ese artículo también reflejaba que el creciente interés que despertaba la indagación en el violento pasado español y la receptividad con que se topaba estaban cambiando.

El estreno de Fiesta, la película autobiográfica de Vilallonga, en la España de 1998 constituye otro indicio de ese cambio. Los periodistas calificaron de «macabra» y «siniestra» la experiencia del autor. Para entonces, Vilallonga llevaba ya más de dos décadas relatando su historia y contaba con muchos canales para difundirla. Con todo, al hablar con la prensa, se refirió de esta manera al film: «Cuando vi la película por primera vez, estuve a punto de salirme de la sala. Son momentos que yo he intentado olvidar durante toda mi vida. Es muy doloroso recordarlos».[50] En esta ocasión, y por primera vez, Vilallonga reconocía abierta y públicamente la profundidad del dolor y del trauma que le habían causado esos hechos; ya no se mostraba distante ni frívolo.

El autor volvió a contar su historia en el primer volumen de sus memorias (2000), contemplando de manera crítica su participación en la violencia: «No me siento en absoluto orgulloso de haber participado en una guerra […] durante la cual se cometieron salvajadas […]. Tampoco creo que sea motivo de orgullo haber servido, sin rebelarme, a las órdenes de despreciables individuos cuyo único oficio era matar. Siento todavía vergüenza por haber intervenido […]. Siento como algo ultrajante el haber cooperado en la medida de mis fuerzas en aupar hasta la cúspide de la pirámide a un ser deleznable y cruel […]. Todavía se me enciende la cara cuando pienso en todo lo que tuve que hacer» (Vilallonga, 2000: 232). El autor señala también cómo responde a quienes le preguntan por su participación en el pelotón de fusilamiento: «Pues sí, es cierto. Estuve fusilando gente durante más de quince días por gentileza de un amigo de mi familia […]. De acuerdo con mi padre, que aplaudió la idea, Gual de Torrella consideró que, para endurecerme, acostumbrarme a la vista de la sangre y al ruido de los disparos, nada mejor que dedicarme a asesinar vascos a mansalva contra la pared del interior de un antiguo convento». Al hablar de la carta que su padre envió a Gual de Torrella, Vilallonga afirma que el primero solo le pidió al coronel que hiciera lo que fuera necesario para que su hijo «se convierta lo más rápidamente posible en un hombre de verdad». Describe también lo difícil que le resulta escribir sobre su pasado: «Tardé mucho en poder tratar este episodio tomando las distancias necesarias» (Vilallonga, 2000: 233). El carácter demoledor de su autocrítica y la vergüenza y el remordimiento que en él suscitaba su pasado aportaban a la confesión de Vilallonga una dimensión totalmente nueva.

En sus memorias, el aristócrata también lamenta la falta de atención que recibió la película Fiesta en España. «Incomprensiblemente», afirma, «la película [que había recibido un premio internacional y elogios en la prensa francesa] tardó más de dos años en ser presentada en España, donde la prensa se quedó muda». Se queja de que ni siquiera se mostrara en el Festival de San Sebastián (Vilallonga, 2000: 234). Sin embargo, puede que la denuncia pública de ese silencio apuntara también al comienzo de un cambio de actitud en España.

Ese cambio se hace todavía más patente en el testimonio que ofreció Vilallonga en Las fosas del silencio, un documental producido en 2003 para la televisión catalana (TV3) por Montserrat Armengou y Ricard Belis.[51] El documental se ocupa de la apertura de fosas comunes de la guerra civil y la dictadura franquista que se estaba produciendo entonces. Describe las dificultades que tenían las familias para localizar los restos de sus deudos y enterrarlos dignamente.[52] Evidencia el miedo imperante a remover el pasado, incluso setenta años después del final de la guerra, y la pervivencia de la idea de que el silencio sirve de protección frente a nuevos conflictos. Esos miedos e ideas se aprecian especialmente en los pueblos, donde todo el mundo conoce a los responsables de los actos violentos del pasado y a sus descendientes, muchos de los cuales aún viven (Aguilar et al., 2011). En el documental, Vilallonga reflexiona una vez más sobre su participación en la guerra civil y no solo describe su evolución personal y cómo comprendió las fechorías que había hecho, también habla de la transformación social registrada en España desde mediados de la década de 1990.[53] Al hablar de su participación en el pelotón de fusilamiento, Vilallonga señala que «Todavía hay noches que me despierto pensando, como esa gente que tienen pesadillas que nunca se van. Yo he consultado con un par de amigos psiquiatras… Me dijeron, chico, esto son cosas que marcan para toda la vida. Acostúmbrate, porque nadie te puede decir, esto un día pasará. No, no, no pasará nunca». Y añade: «uno se refugia en esa idea de que dicen que cada doce fusiles hay uno que no está cargado, y siempre piensas, a ver si era el mío. Me cuesta mucho hablar de esto».

En el documental, Vilallonga confirma el carácter rutinario de las ejecuciones masivas, que se iniciaban a las seis de la mañana y no terminaban hasta el final de la mañana.[54] Según él, esas ejecuciones no iban precedidas de juicio. Cuando le preguntaron cómo era posible que hubiera participado en tales acciones, respondió que «pues porque si hubiera dicho que no me hubieran fusilado a mí». Quizá para justificar aún más sus actos, añadió que el bando republicano también había llevado a cabo ejecuciones durante la guerra, entre ellas de familiares directos de su madre.

Ni siquiera los últimos testimonios de Vilallonga, más dados al remordimiento, se libran de justificaciones y excusas, un rasgo que Payne (2008: 41-74) considera prácticamente común a todas las confesiones de verdugos, incluidas las que muestran remordimiento. Vilallonga disculpa a su padre y al amigo de la familia, considerándolos víctimas de su tiempo: «era un hombre encantador [el coronel]… todo depende del contexto y del momento. Yo después le he vuelto a ver… Pues volvía a ser un señor [que] no hubiera atropellado a un perro en la carretera por nada del mundo».

En consecuencia, los diversos textos confesionales de Vilallonga transitan por un abanico de emociones: la frialdad, el humor negro, la provocación, la vergüenza y la justificación. En Las fosas del silencio, por ejemplo, declara entre risas que le parece más normal «que un obrero asturiano, de repente, me degüelle a un cura» que la violencia de Franco, que le parece fría y calculadora. Vilallonga nunca abandonó del todo su actitud provocadora, como demuestra la carta que le publicó La Vanguardia el 10 de junio de 2002.[55] En ella declara que durante la guerra los soldados recibieron «la orden de no capturar vivo a ningún cura vasco cogido con las armas en la mano» y que «algunos de nosotros […] dejamos escapar a algunos curas aun a sabiendas de que nos jugábamos nuestras propias vidas. Yo recuerdo… los temblorosos rostros y los lívidos labios de los tres curas que dejé escapar». Pero, a continuación, afirma: «Estuve durante mucho tiempo orgulloso de haber salvado aquellas tres vidas. Hoy ya no lo estoy tanto… No sé si alguno de aquellos curas a los que salvé ha llegado nunca a ser obispo, pero si así fuera no me lo perdonaré en lo que me queda de vida».[56] En ninguna de esas declaraciones pidió Vilallonga perdón por lo que había hecho, aunque en ocasiones sí diera muestras de sentirse culpable, traumatizado o con remordimientos.

Todo el abanico de actuaciones confesionales de Vilallonga conforma un relato perturbador: rompe el silencio sobre el pasado, reconoce las ejecuciones ilegales masivas del bando franquista y admite las atrocidades cometidas, asumiendo la responsabilidad de las fechorías y sacando a la luz pública su pasado. Al final de la entrevista concedida para el documental de 2003, Vilallonga constata la importancia de los testimonios perturbadores al lanzar esta reflexión: «un pueblo que pierde la memoria histórica es un pueblo enfermo». Señala que le ha dado «mucho miedo, durante mucho tiempo, pensar que en España habíamos hecho cruz y raya, que ya nos hemos olvidado». Y concluye con la siguiente afirmación: «Yo creo que hay que saber, hay que saber que en tal pueblo hay una fosa común con cincuenta muertos, por qué murieron y quién los mató. Todo eso, cuanto más se sepa, mejor… Me parece importante que se hable de esto, que se saque a relucir».

Al final, la confesión de Vilallonga llegó a un público que comenzó a prestarle interés. Alzó la voz mientras miles de militares y civiles franquistas, autores de ejecuciones extrajudiciales y de actos represivos, disfrutaban —y siguen disfrutando— de impunidad. El muro de silencio impidió que se reflexionara públicamente sobre el hecho de que la dictadura hubiera aniquilado, muchas veces sin mediar juicio alguno, a quienes consideraba enemigos y verdugos del bando republicano. Al ocultarse del debate público la ingente cantidad de crímenes cometidos por los franquistas, incluso después de la guerra, algunos sectores sociales continuaron creyendo en la legitimidad de la represión ejercida por la dictadura, ya que esta se amparaba en la necesidad de erradicar el mal absoluto encarnado por los republicanos.

El interés en la confesión de Vilallonga tuvo menos que ver con lo que había dicho que con la coyuntura política del momento, muy posterior al periodo de consolidación de la democracia española. Después de todo, antes de que nadie pareciera darse cuenta, Vilallonga había ido haciendo confesiones. La respuesta solo se produjo cuando la segunda oleada de exhumaciones (la registrada a partir de 2000) había comenzado a remover huesos, «resucitando» a los muertos de la guerra civil y provocando cierto debate en un entorno democrático menos frágil.[57] De hecho, el llamamiento que Vilallonga hacía a romper el silencio tenía que ver con las exhumaciones, ya que se podrían encontrar más restos si los verdugos ofrecían testimonios orales que revelaran la ubicación de las fosas comunes y explicaran qué había ocurrido antes de los asesinatos y las desapariciones.

5
SE ALTERA EL EQUILIBRIO

Al igual que otros países en proceso de democratización, España ha generado múltiples y contrapuestas memorias sobre el pasado violento. Donde quizá se diferencia de los demás es en su mayor incapacidad para aceptar el desacuerdo sobre ese pasado. En este país, el miedo a una memoria conflictiva es el miedo a un nuevo enfrentamiento civil, que da por hecho que debatir el pasado arrastrará al país a la misma polarización y a los enfrentamientos que acabaron con anteriores experimentos democráticos. Puede que, en cierto sentido, la singularidad de España a este respecto también se haya exagerado. En otros países, el miedo a las consecuencias políticas de las pugnas por la memoria ha hecho que en ciertos momentos o para determinados actores políticos haya resultado apetecible imponer restricciones a la información. Según Stephen Holmes (1997), las «reglas mordaza» o «política de la omisión» nos sirven con frecuencia para «reprimir temas polémicos» y así «evitar conflictos destructivos». (19). En las transiciones a la democracia se considera que las decisiones que «ofrecen a los mandos militares impunidad frente a acciones penales», es decir, las leyes de amnistía, son «ejemplos clásicos de reglas mordaza que estabilizan la democracia» (27). No obstante, Holmes reconoce el «carácter temporal y selectivo de las reglas mordaza» (43) y admite que suprimir el debate sobre ciertas cuestiones suele favorecer más a unos que a otros, porque las reglas mordaza «no suelen ser neutrales» (56) y «pueden ser peligrosas» (58).

En España, los actores políticos partidarios de las reglas mordaza cuestionan el valor de escarbar en el pasado (en sentido literal y figurado) y de resucitar las antiguas enemistades que generaron una violencia fratricida. Suelen ser, aunque no solo, fuerzas conservadoras. Les preocupa, o eso dicen, que tales acciones pongan en peligro la reconciliación nacional al reactivar la violencia ideológica y la inestabilidad política.

La actitud de la Iglesia católica, que colaboró activamente con Franco, tanto durante la guerra civil como en la dictadura, pone de relieve el apoyo a las reglas mordaza de ciertos sectores sociales españoles. La jerarquía eclesiástica ha logrado que se reconozca a sus víctimas: gracias a las decididas y persistentes iniciativas vaticanas, se ha beatificado a muchos sacerdotes asesinados durante la guerra civil por combatientes del bando republicano. Sin embargo, esa misma jerarquía se ha negado en repetidas ocasiones a apoyar los esfuerzos que las víctimas republicanas han hecho para obtener reconocimiento público, verdad, justicia o incluso la exhumación de los restos de sus familiares, y a veces se ha opuesto directamente a ellos.[58] Al contrario que la Iglesia católica argentina, que en 2000 pidió perdón por su complicidad con la dictadura civil-militar,[59] la española nunca se ha disculpado de forma oficial por su ferviente colaboración con Franco durante la guerra y la dictadura.[60]

Otros actores ven en la reivindicación de recuperar la memoria histórica algo totalmente parcial. Consideran que esas iniciativas se centran únicamente en el bando franquista durante la guerra civil y en la posguerra. Proclaman al menos su apoyo a la memoria histórica, pero solo si conlleva un proceso equilibrado que analice el papel de los dos bandos en la violencia: el Estado republicano y sus aliados, y el régimen de Franco y los suyos. Para este grupo, las víctimas de la violencia republicana deben seguir incluyéndose en el actual proyecto de memoria histórica democrática, aunque su condición de víctimas ya fuera reconocida y, como tales, recibieran generosas reparaciones y todo tipo de beneficios y homenajes durante la dictadura.

Desde la perspectiva de las asociaciones de memoria histórica, estas críticas a su proyecto son hipócritas. En primer lugar, sus detractores suelen excluir de su propia versión un relato completo y preciso de la violencia del pasado y equiparar la del bando franquista con la del republicano. Aunque esto pueda parecer un relato equilibrado, no pondera la diversidad de lógicas, tipos y grados de violencia de los contendientes en la guerra, de los que ya hemos hablado. Por otra parte, deja de lado la singular responsabilidad que tuvieron las fuerzas franquistas en la violencia registrada durante la dictadura.[61] Dicho de otro modo, el actual relato asentado del pasado es intrínsecamente parcial. Es esta la versión del pasado que las asociaciones de memoria histórica tratan de corregir. En segundo lugar, estas asociaciones dan por hecho que, aunque no incluyan en su relato a las víctimas del bando vencedor, esa ausencia la compensan con creces los cuarenta años en los que solo existió la versión franquista del pasado y solo se reconocía a los caídos franquistas, que supuestamente habían arriesgado la vida para proteger a España de las atrocidades de los republicanos durante la guerra. En última instancia, los republicanos ya habían tenido que responder, y con extrema dureza, de esa violencia, e incluso de su apoyo pacífico a la legalidad republicana. Por todo ello sufrieron largas penas de cárcel, condenas en campos de trabajo, juicios amañados, desapariciones y ejecuciones sumarísimas durante y después de la guerra civil.

En este contexto caracterizado por las reglas mordaza y por las tensiones que desatan es donde surgen las confesiones de los verdugos, tanto franquistas como republicanos. Cuando los de este bando dan cuenta de los actos de violencia que cometieron, ¿remueven realmente los relatos y promueven una coexistencia contenciosa? ¿Refuerzan la idea de que la convivencia pacífica debe asentarse en el silencio y el olvido, no en esclarecer las responsabilidades de la violencia del pasado? ¿Indican que la existencia de más verdad, no menos, mejoraría la democracia española?

En ambas orillas del espectro político, aunque con más frecuencia en la derecha, existe el miedo profundo a que escarbar en el pasado resucite viejas enemistades y el deseo de venganza. Sin embargo, como ponen de manifiesto tanto la confesión de Vilallonga como las escasas reacciones que suscitó, en España no todas las fuerzas creen que haya que imponer reglas mordaza a la memoria histórica. Al aumentar el deseo de recuperar esa memoria, surgieron asociaciones que instaban a remover la tierra que se había echado sobre el pasado y bajo la cual yacían miles de republicanos fusilados. Sus iniciativas cuestionaban la idea de que el olvido es el único método, o el mejor, para lidiar con la violencia histórica y estabilizar la democracia. Esa obsesión por pasar página ha perpetuado las distorsiones sobre dicha violencia, como la que indica que ambos bandos tuvieron la misma responsabilidad en los crímenes registrados durante la contienda. El silencio tampoco sirve para reconocer que el Estado tiene la responsabilidad de responder a quienes exigen verdad y dignidad para las víctimas de ambos bandos. Con sus iniciativas, destinadas a enmendar la versión sesgada y parcial de los hechos que esconde el relato asentado, las asociaciones han removido los relatos y han comenzado a desarrollar una coexistencia contenciosa.

En medio del acalorado debate que suscita el pasado en España se publicó el Diario de un pistolero anarquista (Mir, 2009)¸ una especie de confesión de actos de violencia cometidos por un republicano de ideología libertaria. El libro, supuestamente (nadie más que Miquel Mir ha podido verificar su autenticidad), reproduce las notas que en un cuaderno había tomado un tal «José S.»,[62] miembro de la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Las notas, que no se publicaron hasta la muerte de su autor, describen su participación en varios asesinatos clandestinos cometidos en Barcelona durante los primeros meses de la guerra. El autor había estado exiliado en el Reino Unido hasta su muerte. Su ahijado, que le había acompañado en algunas de sus fechorías, descubrió entre los objetos personales de su padrino un cuaderno manuscrito que hablaba de sus vivencias durante la guerra civil. El ahijado entregó el cuaderno al historiador Miquel Mir, quien se encargó de publicarlo y de escribir un prólogo para el texto.

No estamos ante un escrito confesional al uso, porque probablemente el autor nunca tuvo intención de publicarlo. Como el ahijado decidió hacerlo público después de la muerte de su padrino y sin su permiso, este no pudo ni evitar la publicación, ni editarlo, ni cribarlo, ni eliminar párrafos que quizá no estaban listos para su conocimiento público. Más allá de las dudas que podría suscitar la autenticidad del texto, estamos ante un relato de un extraordinario valor, aunque solo sea por la verosimilitud de lo que en él se cuenta, pues se sabe que esa fue la forma de operar de algunas patrullas anarquistas. El autor presenta diversas actividades de la FAI en Barcelona: ejecuciones extrajudiciales, robo de bienes y detención de clérigos o de otros supuestos partidarios de los golpistas. Por órdenes de sus superiores ejecutaban a personas identificadas en listas que recibían a diario. El autor admite que «En los meses de agosto hasta noviembre de 1936, con nuestra patrulla realizamos detenciones violentas y matamos a personas por su poca simpatía con la revolución […] teníamos órdenes de matar durante los primeros meses» (Mir, 2009: 180). Estas acciones «se hacían siempre durante la noche, de forma clandestina […] cuando estábamos en un descampado de las afueras de Barcelona, les metíamos un tiro y los dejábamos muertos en las cunetas de las carreteras o caminos. Muertos y sin enterrar» (Mir, 2009: 183). Como la prensa dio cuenta de esos asesinatos, «a partir de septiembre nuestros cabecillas nos ordenaron que todas las ejecuciones de detenidos que nos mandaban tenían que hacerse en los cementerios […] que estaban más alejados de Barcelona, y que los cuerpos de los muertos no nos podían crear problemas […] se tenían que hacer desaparecer y la manera era que después de matarlos en las tapias del cementerio a estos los volviéramos a cargar en el camión y los llevásemos a quemar al horno de la fábrica de cemento de Montcada. De esta manera, como sus familiares no encontraban el cuerpo del detenido, no sabían si éste había podido escapar o estaba muerto» (Mir, 2009: 184).

Hay sobrecogedoras similitudes con confesiones de Vilallonga (y de otros). El autor del cuaderno admite que «estas acciones no las habríamos hecho sin la sangre caliente que corría por nuestro cuerpo» gracias a «unos cuantos vasos de vino».[63] También utilizaba, como Vilallonga, la imagen de los conejos: «los cabecillas de las patrullas de control […] nos saludaron a los patrulleros para felicitarnos por la caza de frailes que habíamos hecho y [nos dijeron] que ya nos divertiríamos luego cazando a esos conejillos afinando bien la puntería» (Mir, 2009: 188).

Estas confesiones removieron los relatos. Se hicieron públicas, suscitaron reacciones y desataron incluso cierto debate periodístico y académico. Nadie parecía poner en duda la autenticidad del documento, que más bien reactivó el debate sobre la responsabilidad de la violencia durante la guerra civil, sus grados y tipos: sobre qué bando había cometido más asesinatos espontáneos o premeditados.[64] Para algunos, el libro dejaba claro que los republicanos no eran diferentes de las fuerzas de Franco, y que incluso podían ser peores en lo tocante a cometer actos de violencia política ilegítima o ilegal. Para otros, demostraba lo importante que era no escarbar en el pasado. Un artículo de periódico se preguntaba irónicamente: «¿Queremos memoria histórica?».[65] El artículo daba a entender que, durante la democracia, la defensa de la memoria histórica había estado tácitamente sesgada a favor de los republicanos. Por lo tanto, una memoria histórica «verdadera» y equilibrada, que revele la violencia del bando republicano, es un arma de doble filo.

Pocos días después, la misma autora escribía un artículo sobre Francisco Peruchena, un religioso que se había salvado de morir a manos de la patrulla del anarquista gracias a la intervención de Lluís Companys, presidente de la Generalitat ejecutado por la dictadura en 1940. La autora señalaba que en el momento en que publica su crónica y mientras «el Gobierno libraba los últimos pulsos con el resto de partidos políticos para decidir qué parte de la guerra civil merece ser recordada y cuál es digna de enterrar, Francisco ha estado revisando su propia memoria histórica». Peruchena, que se revolvía contra la Ley de Memoria Histórica, se preguntaba «¿Para qué? ¿Para remover tonterías? ¿Para enfrentarnos otra vez unos a otros? Mejor que las cosas queden como están».[66]

Rogelio López Blanco, director de la revista digital Ojos de papel, terminaba con una reflexión similar su reseña del Diario de un pistolero anarquista: «He aquí una gran dosis de memoria histórica para dar y llevar» (López Blanco, 2007). Apuntaba que, cuando ambos bandos quedan al descubierto gracias a relatos históricos, las revelaciones pueden resultar excesivas. Después de unos años en los que las víctimas republicanas de la violencia franquista habían comenzado a disfrutar de superioridad moral, los conservadores apenas ocultaron el regocijo que les proporcionó el perturbador testimonio de José S., que tan violentamente había tratado a los partidarios de los sublevados.

Las complejidades que rodean la revelación de las dos versiones de la historia quedan también patentes en el relato que hace Román Mourín, tanto en el documental Vencidxs como en el libro homónimo, ambos de Aitor Fernández y aparecidos en 2013. Mourín, un gallego de origen muy humilde, nacido en 1917, tuvo que luchar con los franquistas durante la guerra, entrando a formar parte de una categoría que Cabañas califica de «verdugos obligados» (2010: 242). Mourín confiesa haber desempeñado ese papel tan común durante la guerra. En concreto, participó en piquetes de ejecución y fue obligado a enterrar a dos personas vivas (Fernández, 2013: 90-91). Mourín afirma que «Yo en la guerra trataba de no matar a nadie, pero muchas veces tenía que hacerlo, sobre todo en los fusilamientos en los que más tarde tuve que participar. O matabas o te mataban a ti» (Fernández, 2013: 90-91). A continuación, relata de lo que fue testigo en los campos de concentración y penales de Franco por los que pasaban los presos: las torturas brutales y, especialmente, los abusos sexuales y los embarazos no deseados que sufrían las mujeres. En cuatro ocasiones lo obligaron a formar parte de piquetes de ejecución y fusiló a más de treinta prisioneros. Según Mourín, las órdenes venían del clero y del Ejército. Antes de su condena a muerte, los prisioneros nunca eran juzgados.[67]

A pesar de describir las atrocidades que había visto y las que le habían obligado a cometer, Mourín no muestra arrepentimiento. Es más, su relato parece carente de dolor o emoción. Explica sus actos desde la necesidad de salvar la vida, ya que los mandos no toleraban la desobediencia. Por lo tanto, a Mourín no lo inducen a hablar los remordimientos de conciencia ni la culpa. Según señalaba el director del documental, en una comunicación personal con las autoras de este libro, parece que lo que a Mourín le molesta es el silencio y la indiferencia que en España rodea el pasado. Es probable que piense que a las víctimas de Franco y a sus familias sí se las ha escuchado y comprendido en España, pero que quienes viven con el trauma de haber contemplado o cometido actos violentos porque se lo ordenaron siguen siendo invisibles, no se les entiende, se les olvida y excluye. Dicho de otro modo, el silencio parece perpetuar el daño que han sufrido, tanto los verdugos como las víctimas. Puede que lo que Mourín esté pidiendo con su propia confesión es entender las múltiples capas que componen la complicidad con la violencia y evitar una distinción simplista entre el bien y el mal.

En otro testimonio del mismo libro, José Ramón Álvarez Díaz describe cómo le obligaron a participar en dos ejecuciones. En la primera pidió no disparar, aduciendo falta de preparación. Le concedieron lo que pedía y le encomendaron hacerse cargo del enterramiento. En la segunda ejecución tuvo que conducir un camión e iluminarla con sus faros. También afirmaba que «En los cuarteles, los soldados estábamos obligados a pegar y torturar a los presos y yo era reacio a eso» (Fernández 2013: 133). Puede que las similitudes entre los testimonios de Mourín y Álvarez Díaz pongan de manifiesto los factores que explican su deseo de confesar. A los dos los obligaron a unirse al Ejército franquista, eran reacios a participar en las ejecuciones, tienen buen recuerdo del bando republicano y son muy críticos con el de los sublevados.

Estas actitudes de Mourín y Álvarez Díaz ponen de manifiesto un desequilibro respecto a la memoria histórica que en cierto modo también se aprecia en las confesiones de los tres ejecutores profesionales de sentencias de la época franquista que protagonizan el documental de Basilio Martín Patino Queridísimos verdugos.[68] Basada en entrevistas clandestinas con los verdugos, la obra desvela cómo ejecutaba la dictadura franquista a los condenados mediante el método del garrote vil. A cambio del dinero que les da el cineasta, los verdugos narran su historia personal y profesional ante la cámara. Por lo menos para dos de ellos, la principal motivación para hacerse verdugos había sido el deseo de huir de la pobreza (algo que posiblemente explique que más adelante aceptaran que los filmaran).[69] Ninguno de ellos se sentía responsable de las ejecuciones, porque la decisión de realizarlas la habían tomado otros y ellos se habían limitado a obedecer órdenes. La ausencia de remordimiento queda todavía más patente cuando reproducen ante la cámara cómo funcionaba el garrote, defendiendo al mismo tiempo que producía una muerte supuestamente rápida e indolora. Comen y beben en abundancia y conversan con naturalidad ante la cámara, mientras ofrecen escabrosos detalles sobre cómo afrontaban su destino los condenados a morir a garrote vil. Estos verdugos encarnan con bastante fidelidad el concepto de «banalidad del mal» enunciado por Arendt (1963).

A pesar de los galardones, los elogios y la atención que recibió en el extranjero, el documental apenas tuvo repercusión en España.[70] Su carácter perturbador quedaba patente en una de las pocas reseñas que del film se hicieron en España, que lo tildaba de «angustioso e insoportable […] insólito, nada comercial, inhabitual e incómodo». Respecto a los verdugos, se decía que «Estos seres humanos obligados a cumplir una misión espantosa que no parece molestarles demasiado, son un retrato deformante de cualquiera de nosotros». El articulista señalaba que la descripción de «una España miserable que no ha desaparecido por mucho que nos empeñemos en fingir que no existe» demostraba «nuestra responsabilidad colectiva» en el violento pasado del país.[71] Según el articulista, silenciar y censurar historias sobre la violencia pasada permite a la sociedad española dejar de lado u ocultar su propia responsabilidad en la aparición de los asesinos y en sus crímenes.

Aunque en este caso se hablara de la censura de los desagradables pormenores que esconde la comisión de atrocidades, lo mismo podía decirse del hecho de silenciar testimonios que ahondan en el dolor, el arrepentimiento o el remordimiento. Es muy revelador que una entrevista realizada en 1977 a un guardia civil no saliera a la luz hasta su publicación veinte años más tarde, en 1997, después de la muerte de su protagonista. El psiquiatra Carlos Castilla del Pino (1997) era un viejo conocido del entrevistado, que confesaba a su interlocutor que había formado parte de varios pelotones de fusilamiento, pero solo cuando se lo preguntó directamente. Según él, «yo tiraba al aire… te lo juro por mis hijos… Yo tiraba al aire. Mi conciencia no me permitía tirar, no, no, tiraba al aire».[72]

Los años transcurridos desde la transición hasta la democracia en España han puesto de manifiesto la existencia de un abanico de relatos sobre el pasado. Inesperadamente han surgido testimonios, aunque todavía muy pocos, de verdugos de ambos bandos. En lugar de asentar los relatos, la aparición de testimonios de franquistas o republicanos que confiesan haber cometido actos de violencia ha comenzado a remover esos relatos. Quienes esperaban contrarrestar la narrativa franquista del pasado con los testimonios de las víctimas, tienen ante sí a verdugos de los dos bandos que también quieren que los escuchen y los entiendan.

6
NEGACIONES ABSURDAS

Cuando ha habido periodos violentos, sigue siendo sorprendente que haya confesiones de verdugos de cualquier bando, porque pocos son los que quieren verse relacionados con esos hechos, aunque lo hagan para llamar la atención sobre sus sufrimientos. Para Leigh A. Payne (2008: 158), el testimonio negacionista es uno de los tipos más habituales entre los verdugos. En su estudio, la negación adopta diversas formas. En España se ha observado una manifestación especialmente chocante. Los verdugos niegan y encubren, aunque les pongan pruebas delante, aunque disfrutan de inmunidad penal y aunque las familias de las víctimas solo quieran la información necesaria para proporcionar una sepultura digna a sus seres queridos. Sin embargo, el deseo de no querer saber también puede darse entre los familiares de las víctimas.

La negación es evidente en los testimonios de algunos centinelas del campo de concentración de Castuera (Badajoz) que ha recogido el historiador Antonio D. López. Después de la guerra, cuando el Ejército y la Falange se hicieron cargo del campo, sus vigilantes solían permitir las visitas y entregas de alimentos y ropa de los familiares, aunque con frecuencia fuera a cambio de favores sexuales. López relata que, durante una entrevista con uno de los antiguos centinelas, que en esa época era un joven falangista, este «al recordar el trato que se daba a las mujeres que visitaban la prisión rompió a llorar». No reconoció su participación directa en los abusos, pero dado que las prácticas descritas por López eran generalizadas y habituales, no parece probable que este joven falangista hubiera podido o querido sustraerse a ellas (López, 2006: 266). Podría considerarse absurdo, pero no necesariamente infrecuente, que un verdugo negara actos de violencia bien conocidos.[73]

Igual de increíble, aunque frecuente, resulta negar las torturas realizadas en el conocido caso Ruano. El policía que en 1969 detuvo al militante y estudiante antifranquista Enrique Ruano afirmó que este había muerto al arrojarse desde el séptimo piso de un edificio policial. Por el contrario, la familia de Ruano afirma que el policía lo mató de un tiro y que posteriormente encubrió el asesinato arrojando su cuerpo por la ventana del séptimo piso del inmueble. Después se serró un trozo de la clavícula del fallecido, con toda probabilidad para que no apareciese dónde se había alojado la bala (Domínguez, 2011). Otros testimonios parecían confirmar la sospecha de encubrimiento de la familia. Por ejemplo, en 2009 José Luis Úriz, un socialista que luchó contra la dictadura, explicó que fue torturado en comisaría por el tristemente famoso «Billy el Niño» (Juan Antonio González Pacheco), del que hablaremos más adelante. Cuando Billy el Niño le estaba torturando, otro policía le advirtió: «ten cuidado, que se te va a ir la mano otra vez y lo vas a matar». Se dice que Billy el Niño respondió «no importa, hacemos como con Ruano, lo tiramos por la ventana y decimos que se quería escapar».[74] Pocas razones tenían los policías para encubrir su crimen, ya que la Ley de Amnistía de 1977 los protegía de cualquier acción legal. Sin embargo, la impunidad penal resultó insuficiente para convencer a los verdugos de que renunciaran a su mezquina actitud de negación y revelaran a la familia de Ruano qué había ocurrido realmente con él (Gil, 2009).

El arraigado recurso al silencio y la negación es patente entre las fuerzas de seguridad consideradas principales responsables de la violencia. A pesar de la bien documentada participación de la Guardia Civil en la violencia registrada durante la guerra civil y la dictadura, no hemos encontrado ni una sola confesión de guardias civiles. Solo un miembro de la Policía Armada («los grises») ha hablado de su pasado en el cuerpo. En este caso, Julián Delgado Aguado (1996) reconoció que había perseguido a caballo a manifestantes por las calles de Barcelona, una actividad habitual para los grises, pero negó haberlos golpeado, algo que también era habitual para ese cuerpo policial.

Quizá la negación absurda más fascinante sea la que aparece en el libro Las fosas del silencio de Armengou y Belis (2004: 225-230), continuación del documental homónimo. En él se relata la historia de Arturón de Sésamo, un exfalangista que confiesa haber participado en la detención y posterior ejecución de cierto individuo. Sin embargo, como cabía esperar, niega haber apretado el gatillo. La negación se vuelve increíble cuando Arturón recibe la visita de un guardia civil que quería hablar de su confesión. Creyéndole franquista, el primero le pregunta al segundo si se está reorganizando la Falange en la región. Cuando el guardia civil le revela que es sobrino nieto del ejecutado (llamado «Periquete») y le echa en cara a Arturón su pasado asesino, este «se puso muy pálido. Tres días después, moría de un infarto» (Armengou y Belis, 2004: 226).[75] Por lo tanto, la confesión comienza cuando se admite que la Falange cometió fechorías, aunque posteriormente la negación de la propia participación en ellas constituye un esfuerzo por resucitar al grupo de verdugos, y termina con la muerte natural de quien confiesa, lo cual impide que las víctimas se enfrenten a su testimonio y lo cuestionen.

Más de un año después, el sobrino nieto de la víctima entrevistó a otro supuesto asesino de su tío abuelo, el exfalangista Nicandro Álvarez.[76] En esta entrevista Álvarez reconoce que durante la guerra muchos republicanos fueron asesinados, incluso después de su derrota, principalmente por guardias civiles, pero niega haber participado en el asesinato de Periquete. Cuando el sobrino nieto insiste, mostrándole testimonios de quienes durante muchos años lo vieron llevando el reloj de Periquete e indicándole que su camarada de armas Arturón lo había identificado como asesino al relatar los hechos, Álvarez continúa eludiendo su responsabilidad. A pesar de su negacionismo, revela que «los autores de ejecuciones como aquellas las podían explicar tranquilamente, con satisfacción, que incluso proporcionaban méritos» (Armengou y Belis, 2004: 228).

Igualmente fascinante es el sorprendente negacionismo que se observa en el documental Death in El Valle (2005), de C. M. Hardt, en el que la cineasta trata de encontrar al asesino de su abuelo. Como cabía esperar, cuando presenta al guardia civil pruebas de su responsabilidad en el crimen, él se limita a negarlo. Sin embargo, en la actuación confesional se produce un giro insólito cuando Hardt revela a sus propios parientes quién es el asesino. Uno de ellos afirma que «A ninguno de los hijos de tu abuelo […] nos interesa saber quién es». Hardt no se puede creer la reacción de sus familiares y cómo han contribuido al silencio que rodea el violento pasado.

En el terrible caso de la Brigada de Investigación Social, más conocida como Brigada Político-Social, el negacionismo envuelve el generalizado y bien conocido recurso de la tortura. Antoni Batista analiza cómo funcionaba la Brigada, centrándose en Juan Creix, un torturador tristemente famoso, que al final de la dictadura escribió a las autoridades en busca de ayuda para aliviar su pobreza. En su petición, presentaba datos sobre su «servicio» al régimen franquista, sin reconocer en ningún momento el uso de la tortura, bien documentada en los testimonios de sus víctimas (Batista, 1995, 2010).[77] Se diría que Creix se muestra un tanto ambiguo en su testimonio: ¿está amenazando con confesar si no consigue ayuda monetaria o, a cambio de esa ayuda, se está ofreciendo a dar un testimonio negativo que refute las acusaciones de tortura?

La misma actitud de negacionismo por parte de la Brigada la proporciona la biografía autorizada que escribió Fabián Mauri (1998) del comisario general José Ramón Piñeiro, que, entre otras muchas funciones, tuvo un papel fundamental en la lucha contra el maquis.[78] Piñeiro nunca confiesa haber torturado a nadie, aunque la mano dura que se utilizó con los guerrilleros —torturas y ejecuciones— esté bien documentada. Admite que los prisioneros eran sometidos a largos interrogatorios y está casi a punto de constatar que utilizaba la tortura. «Durante los interrogatorios, nos encontramos con un hombre perfectamente preparado para tales situaciones… No hubo forma de sacar de él nada positivo» (Mauri, 1998: 64). Yendo aún más lejos, Piñeiro parece explicar cómo ha evitado rendir cuentas por su pasado. Relata la historia de un estudiante que le acusó de malos tratos, pero explica que nunca tuvo que afrontar una investigación porque el juez dio por sentado que el estudiante se había inventado los hechos (Mauri, 1998: 111-112). De este modo, Piñeiro demuestra que la negación no solo depende de los verdugos, sino que más bien existe un sistema que la posibilita por poco creíble que sea y aunque se tengan pruebas fehacientes y quepa esperar de las autoridades un análisis de esas pruebas.

Un giro peculiar se observa en la confesión del general José Antonio Sáenz de Santamaría, que admite haber cometido actos violentos, aunque se distancie personalmente de ellos. En la biografía escrita por Diego Carcedo (2004), Sáenz de Santamaría reconoce con disgusto que tuvo que tutelar «la ejecución a garrote vil de un asesino que había sido condenado por el tribunal militar» (Carcedo, 2004: 43). Critica, además, a la Guardia Civil y a la Policía Armada por haber permitido a sus integrantes disparar «a los sospechosos sin necesidad de darles previamente el alto» (Carcedo, 2004: 53). El biógrafo constata que el general intentó aplicar cambios tácticos: «Tenemos que buscar la manera de capturarlos sin hacer carnicerías […]. Y disparar a matar, sólo cuando se sepa a ciencia cierta que son ellos y que van armados» (Carcedo, 2004: 54).

Sáenz de Santamaría narra el encuentro con un médico militar que cambió sus prácticas. El doctor se quejaba de que «tu gente [la Guardia Civil y la Policía Armada] mete unas hostias a los emboscados que tiembla el misterio». Y añadía que «Nos han traído al hospital a uno que parecía un Cristo recién bajado de la cruz». A lo que Sáenz de Santamaría responde: «Cuesta mucho que canten… Les tengo dicho que con paciencia se les saca más. Pero la pierden. Debe ser muy duro estar en un calabozo dale que te pego y salir al cabo de unas horas sin nada que llevarle al jefe». El médico le habla de la existencia de «métodos más eficaces» y «menos dolorosos», como el pentotal. Después de ponerlo a prueba, el militar confirmó que «Esto es cojonudo… Nada me alegrará más que acabar con las torturas» (Carcedo, 2004: 60-62). Al confesar que se utilizó suero de la verdad como método alternativo para quebrar a los guerrilleros se reconoce algo que antes se había negado: el recurso a torturas que en no pocas ocasiones producían la muerte.

Este tipo de negación surge de nuevo en la biografía cuando a Sáenz de Santamaría se le pide que se haga cargo de las últimas ejecuciones franquistas, las de tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA, menos de dos meses antes de la muerte de Franco. Ante la escasez de voluntarios para formar el pelotón de fusilamiento, el general ordenó que las ejecuciones las realizaran ocho guardias y un teniente, sin que se proporcionara «ningún pago especial ni gratificación por tan delicado servicio». Dos de los fusilados no murieron en el acto, así que el general lamenta que «tuvieron que recibir el tiro de gracia del teniente, quien en las semanas siguientes sufrió una crisis nerviosa que le mantuvo largo tiempo apartado del servicio» (Carcedo, 2004: 133). Al igual que en su testimonio anterior, Sáenz de Santamaría admite la comisión de atrocidades, pero niega su propia inhumanidad. En este caso lo hace mostrando compasión por los soldados que sufrieron al cometer las atrocidades que él les había ordenado ejecutar.

En España, la negación de la violencia franquista a veces ha cobrado un carácter institucional. Ejemplo reciente de ello es la redacción de la entrada «Franco» del Diccionario Biográfico Español publicado en 2011 por la Real Academia de la Historia (RAH) y, por tanto, financiado con fondos públicos. La biografía, criticada por su «asfixiante tono apologético» y por omitir tanto «su carácter furibundamente antidemocrático» como «los sangrientos orígenes de su régimen», evita también, de forma escandalosa, utilizar términos habituales como «dictadura», «dictador» o «represión» (Ledesma, 2012: 255). En consecuencia, treinta y cinco años después de la muerte de Franco, y a pesar de que los historiadores profesionales se hayan referido al régimen utilizando esos términos, una institución tan consolidada como la RAH presenta todavía una biografía oficial que niega la dictadura y la represión que, una vez finalizada la guerra civil, se prolongó hasta 1975. El acalorado debate que generó la publicación del Diccionario, y del que se ocupó extensamente la prensa española, apunta al comienzo de una coexistencia contenciosa.

Un caso reciente de negacionismo es el de Emilio Hellín, uno de los ultras de extrema derecha que asesinó a la estudiante Yolanda González durante la transición democrática. Hellín solo cumplió catorce de los cuarenta y tres años de condena por ese crimen. Después de abandonar la cárcel, trabajó durante muchos años para los cuerpos y fuerzas de seguridad en operaciones de investigación encubiertas y dando cursos de formación a la policía y la Guardia Civil. En febrero de 2013 un periodista descubrió todo eso. Se encaró con Hellín en la calle, pero este respondió que no era Emilio, sino su hermano Luis Enrique Hellín. En realidad, Emilio se había cambiado de nombre de pila, adoptando el de Luis Enrique en 1996. Ante las pruebas que presentó el periodista, el Ministerio del Interior tuvo que confirmar que entre 2006 y 2011 Emilio Hellín había sido contratado como instructor por la policía en varias ocasiones. Hellín no solo no mostraba remordimiento ni pedía perdón a la familia de la víctima, sino que negaba su propia identidad.[79] Por otra parte, resulta escandaloso —y muy revelador— que su pasado homicida no se considerara un obstáculo para darle trabajo en las fuerzas de seguridad.

Sin el interés del público, ni el rechazo de las instituciones, la negación de la violencia del pasado continúa sin impugnarse. Ni siquiera se presta atención a las negaciones absurdas. Parece que quienes cometieron atrocidades pueden seguir viviendo su vida sin que esos actos de violencia la perturben, por lo menos socialmente. Se puede escribir la historia sin cuestionar el negacionismo de los verdugos. Sin embargo, cuando los actores sociales comienzan a interesarse por el pasado, la negación resulta mucho menos factible. A los verdugos les cuesta más escapar al estigma y la repulsa sociales.

7
REMOVER HUESOS PARA REMOVER RELATOS

Las confesiones insólitas, según Leigh A. Payne (2008), pueden inducir al público a cuestionarlas, pero no ha sido así en España. Las revelaciones de los verdugos no han desatado un debate general sobre el pasado que haya generado una coexistencia contenciosa. Payne y otros autores dan por hecho que la contestación abierta sobre algunas cuestiones profundamente polémicas de la violencia del pasado —la coexistencia contenciosa— sirve para profundizar en las prácticas democráticas. Sin embargo, en la democracia española actual, estabilizada desde hace décadas, aún perviven ciertas resistencias a debatir públicamente sobre la guerra y el franquismo.

¿Qué ha bloqueado hasta ahora la coexistencia contenciosa en España? Es frecuente aducir que el miedo y el trauma recibidos condicionaron socialmente la demanda de rendición de cuentas respecto al pasado. Quizá por la misma razón no hubo incentivos institucionales o sociales para que los verdugos alzaran la voz y promovieran el debate. El acuerdo de no remover el pasado política y socialmente también generó autocensura en muchos medios de comunicación, con lo que la cobertura que se dio a las pocas confesiones de verdugos que hubo fue escasa. Dadas las circunstancias, esas confesiones no lograron ni romper el silencio ni promover el debate.

Tras la guerra, se podría decir que los españoles se acostumbraron al silencio y que ni la represión ni la propagación del miedo eran imprescindibles para perpetuarlo. Esta habituación se fue asentando durante un periodo muy prolongado. El punto culminante de las prácticas represivas y violentas se alcanzó durante la guerra y en la inmediata posguerra, medio siglo antes de que se iniciaran los debates contenciosos en la primera década de 2000. Después de la contienda siguió habiendo violencia extralegal, cuya manifestación más mortífera fueron los asesinatos al conquistar las últimas localidades que habían permanecido hasta el final en manos republicanas, y la lucha contra el maquis. Cuando los guerrilleros abandonaron la lucha en la segunda mitad de la década de 1950, los asesinatos extrajudiciales se convirtieron en algo infrecuente. Con todo, en los casos de tinte político, el respeto a los procedimientos judiciales fue muy escaso. En España, la tortura siguió siendo habitual durante toda la dictadura, aunque fuera mucho más común y brutal en sus primeras décadas. En la segunda mitad de la vida del régimen, aunque los malos tratos siguieron siendo algo omnipresente, no llegaron ni al nivel, ni a la gravedad, ni a las mortales consecuencias de algunos países latinoamericanos. Gran parte de las desapariciones registradas en España tuvieron lugar durante la guerra civil y a comienzos de la década de 1940. Por otra parte, en términos generales, se sabe qué suerte corrieron la mayoría de los desaparecidos, aunque la información sea con frecuencia muy imprecisa y no haya ido acompañada de procesos para localizar los cuerpos ni para investigar cómo tuvieron lugar los crímenes. La memoria de la intensa violencia de la guerra, seguida de la violencia de la dictadura —decreciente después de mediados de la década de 1940—, contribuyó a la habituación al silencio.

Igualmente, puede que la dicotomía vencedor-vencido explique la perpetuación del silencio. Por una parte, los vencidos carecían de legitimidad política y de voz suficientes para ofrecer eficazmente su versión del pasado. Por otra, los vencedores tenían interés en reprimir el diálogo sobre ese asunto. Influyentes estudios sobre la represión hacen hincapié en la existencia de un «pacto de sangre» entre los vencedores, e incluso entre sus herederos, basado en una complicidad y una soberbia generalizadas (Espinosa, 2009). Hasta donde sabemos, Stanley Payne fue el primer autor que señaló el vínculo indisoluble que propiciaron las atrocidades cometidas por el bando franquista entre sus autores. Según él, durante la guerra, «parece que a Franco le pareció oportuno no sofocar la sed de sangre de sus seguidores, reconociendo en ella una de las principales fuerzas unificadoras que tenía el movimiento rebelde. Sirvió para eliminar a los enemigos del nuevo régimen y, al hacer a gran número de nacionales partícipes de una truculenta orgía, los unió de forma irreversible». Payne califica este vínculo de «asociación de carniceros» (Payne, 1967: 413, 420). Esta «asociación», «pacto de sangre» o «alianza de sangre», como otros autores la han calificado, sigue siendo patente décadas después. Hay demasiados verdugos con mucho que perder si el silencio se quiebra. La ingente violencia desatada durante la guerra y la posguerra, seguida por largas décadas de dictadura represiva, generó un ingente número de verdugos interesados en guardar silencio. En ese grupo figuran los autores de las decenas de miles de crímenes cometidos en la retaguardia. También incluiría a los implicados en las decenas de miles de consejos de guerra que tuvieron lugar durante la guerra y la posguerra, y en los que participaron jueces ordinarios y tribunales militares. Asimismo tendrían interés en guardar silencio los integrantes de los numerosísimos piquetes de ejecución que obedecieron la orden de matar, ya fuera de manera «legal» o sin juicio alguno. De este pacto de sangre entregado al mantenimiento del silencio y el olvido también formarían parte innumerables policías, guardias civiles o milicianos de partidos autores de crímenes violentos.[80] Como mínimo, el sistema judicial mantuvo un silencio cómplice frente a la violación de derechos humanos. Era frecuente que en los juicios políticos no se respetaran las garantías procesales. Y, además, varios actores, como el Ejército, la Iglesia, importantes sectores de la judicatura y muchos empresarios, apoyaron activamente la dictadura y obtuvieron a cambio su protección y diversas ventajas. En España, de hecho, a diferencia de lo ocurrido en otros países, ni siquiera se han hecho investigaciones sobre la «complicidad corporativa», esto es, sobre el apoyo decidido de determinadas corporaciones económicas a las dictaduras, fundamental para su sostenimiento.

El papel más o menos activo de tantos sectores en el aparato represivo franquista creó una red de complicidades que fomentó una «transición democrática volcada en el futuro» (Aguilar, 2013) y evitó que se centrara en ajustar cuentas con el pasado. Confesar la colaboración con las prácticas represivas de la dictadura habría podido empañar la imagen pública de ciertas instituciones del momento. Aunque la mayoría de las heredadas de la dictadura han experimentado una gran transformación durante la etapa democrática, ninguna de ellas ha reconocido su complicidad con la represión. En sus programas educativos, ni la Guardia Civil ni la policía incluyen el estudio del papel que esos cuerpos desempeñaron en las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura. La judicatura —que todavía no ha sufrido una reforma institucional de suficiente calado— apenas ha incorporado a sus programas de formación temas de derechos humanos —sobre todo en su dimensión internacional—, ni ha reconocido su colaboración en la represión durante la guerra y la dictadura.[81] Puede que esto explique que aún hoy la página web del Tribunal Supremo relate su dilatada historia sin hacer referencia alguna a su papel durante la guerra civil y los casi cuarenta años de dictadura.[82] En resumen, ninguna de esas instituciones, ninguno de esos actores, a pesar de su comportamiento durante la dictadura, ha hecho autocrítica. Es algo que sí ha ocurrido en otros países gracias a las recomendaciones e incentivos ofrecidos por comisiones de la verdad. Para demostrar el compromiso inequívoco con un nuevo régimen, romper claramente con el pasado parece un buen punto de partida.

En el ámbito local, la persistencia del silencio también puede deberse al miedo a la quiebra de la convivencia, no al miedo a la represión. En esos casos, el silencio tiene que ver con la generación que fue víctima de la violencia durante la guerra y la dictadura. Para algunos sectores, el silencio es una respuesta terapéutica ante el dolor y el trauma. También puede ser una reacción práctica o una aceptación de los límites del esclarecimiento de la verdad. La paz, sobre todo en pequeñas comunidades donde las víctimas, los victimarios y los descendientes de unos y otros conviven desde hace décadas, se asienta en la represión del rencor respecto al pasado. Cuando se rasca, aunque sea un poco, la apacible superficie de la coexistencia pacífica, los recuerdos dolorosos de la guerra civil resurgen dramáticamente. En circunstancias excepcionales, esta apertura va acompañada de un visible y palpable deseo de venganza que, aunque reprimido durante mucho tiempo, aún no ha desaparecido por completo, si bien, afortunadamente, y hasta donde sabemos, se queda en un nivel meramente retórico.

Años después de la transición, la aparición de información histórica, documental e incluso recientemente también forense, puso más difícil el mantenimiento del pacto de olvido en el que se había cimentado la democracia. La perturbación del silencio inquietó a quienes habían aceptado el relato asentado según el cual las responsabilidades ya estaban saldadas y solo cabía mirar hacia el futuro. También comenzó a sacudir a quienes, en la sociedad española, antes habían parecido habituados al silencio. En este grupo se encontraban quienes en privado y con discreción se habían opuesto a pasar página y a las consecuencias que ello había tenido para la dignidad de las víctimas.

El documental Death in El Valle, del que ya hemos hablado, muestra que después de la transición existía una tensión importante sobre el pasado, y también el deseo de evitar que se convirtiera en violencia abierta. Los familiares de la cineasta se enfadan con ella por revelarles una verdad que no querían saber.[83] La viuda de la víctima, abuela de Hardt, refleja esta actitud al señalar que «Es un recuerdo que tampoco quiero recordarlo… lo estoy recordando ahora porque tú lo estás haciendo venir». El deseo de no saber actúa como protección frente a las heridas mal cauterizadas y la posible vuelta de la violencia. Hardt comprende que sus mayores nunca han intentado descubrir la identidad del asesino porque, como uno de ellos explica, de haberlo llegado a saber, «igual un día lo matamos y es lo que tú no puedes comprender». Como señala Aguilar, «Este pasaje muestra a la perfección que, en ocasiones, el miedo a saber, a remover el pasado, puede estar sustentado en lo que para algunos podría convertirse en ingobernable tentación de vengar. Esta idea es crucial para entender el deseo generalizado de soslayar el pasado» (2006: 314-315).

Aunque aún perviven resabios de estas duraderas pautas de comportamiento, en España se han comenzado a producir algunos cambios. En lo que aquí llamamos época «posterior a la justicia transicional» (Aguilar, 2008b),[84] y tal como mostramos en el presente libro, en distintos sectores han surgido unas pocas confesiones. Las asociaciones de memoria histórica y de víctimas han comenzado a plantear reivindicaciones sociales e incluso judiciales y han captado la atención de los medios y de los organismos internacionales, lo cual ha concedido una mayor visibilidad a un pasado que ahora suscita más debate público (Ferrándiz, 2010, 2012). Los entornos social y mediático se han convertido en lugares contenciosos. La inesperada «guerra de esquelas» que tuvo lugar hace años sería inimaginable sin los perturbadores efectos que estaban teniendo las exhumaciones: setenta años después de la guerra civil, familiares de víctimas del conflicto comenzaron a publicar en los periódicos esquelas en homenaje a sus deudos. Entre 2006 y 2009 se publicaron más de cuatrocientas (Fernández de Mata, 2009).

También se asistió a un auge de la producción cultural que mostraba a los responsables estatales de actos de violencia y sus medidas represivas. Puede que esas representaciones ficcionales tuvieran más resonancia que las reales, pero en pocas de ellas encontramos a verdugos confesando actos de violencia pasados. Jo Labanyi (2007: 104) afirma que «Hasta el momento no se ha intentado recoger testimonios de victimarios, ya sean franquistas o republicanos. Que yo sepa, la cuestión de los victimarios solo la han planteado dos novelas. Una de ellas es El lápiz del carpintero de Rivas…, en la que un victimario del bando franquista narra la historia del héroe republicano de la obra». La otra novela que menciona esta autora es Soldados de Salamina de Javier Cercas (2001).[85] La polémica ha rodeado una novela de Andrés Trapiello, Ayer no más (2012), que presenta con cierta simpatía y comprensión las motivaciones de los verdugos franquistas. El propio Ramiro Pinilla, que tanto había escrito sobre la guerra, no centró su relato en un verdugo hasta la publicación en 2006 de su novela La higuera, llevada al cine en 2017. La coexistencia contenciosa se ha iniciado.

La exhumación de huesos de la época franquista ha constituido unos de los principales estímulos que ha recibido este proceso. Según uno de los principales expertos en el tema: «Estos cuerpos llevan décadas prácticamente abandonados en fosas comunes esparcidas por todo el país, sometidos a regímenes sucesivos de silencio, indiferencia y olvido» (Ferrándiz, 2012: 38).[86] En nuestra opinión, son esos huesos, mucho más que las pocas confesiones existentes, lo que ha acabado transformando los relatos y promoviendo la coexistencia contenciosa. Los huesos de miles de fusilados, que se han removido del terreno en el que permanecían ocultos, cuentan una historia, constituyen un relato, aportan un testimonio sobre un pasado violento que no está exento de polémica y hablan de la escasa atención que han recibido las víctimas del franquismo durante la democracia (Silva y Macías 2003; Las fosas del silencio, 2003; Ferrándiz, 2010, 2012). La búsqueda de los huesos ha propiciado la unión de algunas asociaciones de víctimas y de supervivientes para plantear reivindicaciones: localización de los cuerpos, asunción estatal de la responsabilidad de exhumar, y derecho de los supervivientes y de la sociedad a saber qué ocurrió realmente. Estas exhumaciones han dado visibilidad a cientos de historias desconocidas de víctimas del franquismo y han generado debates, no solo entre integrantes de los dos bandos de la guerra y sus herederos, sino dentro de las asociaciones de víctimas y de supervivientes de un mismo bando. Ferrándiz alude a las «tensiones», «fricciones», «diferencias» y «desacuerdos» que, dentro de las familias y asociaciones, suscitan las exhumaciones desde el punto de vista político y ritual; y apunta el «debate nacional fundamental, irresuelto y enormemente contencioso que rodea la gestión de las fosas comunes de la guerra civil» (2012: 50).

Por otra parte, también se suelen recoger testimonios allí donde se producen exhumaciones, y no solo de los familiares de las víctimas.[87] En ocasiones se presentan testigos que recuerdan las ejecuciones, aunque dicen no haber participado en ellas. Sin embargo, a veces revelan la identidad de los victimarios y ocasionalmente se les presiona para que den información a las familias. En 1977, por ejemplo, a la hija de una víctima le dijeron el nombre del asesino de su padre y esa misma noche se fue a verlo: «Soy la hija de Juanón y sé que usted le dio el tiro a mi padre. Mañana a las nueve de la mañana más le vale a usted que esté en las tierras que tiene en Villamuriel para que me diga exactamente dónde está enterrado». Según ella, «Se quedó blanco. Al día siguiente se presentó allí con la Guardia Civil. Los agentes me pidieron un montón de papeles, pero al final, el asesino señaló el sitio» (Junquera, 2013: 36).

Los victimarios, en contadas ocasiones han hablado en esos sitios. Hubo un caso en el que un individuo admitió que lo habían obligado a participar en un piquete de ejecución. Hace pocos años envió una carta anónima, en forma de confesión, con datos que permitieron a la familia de la víctima localizar la fosa común que en vano había tratado de encontrar.[88] En 1971 se registró otro de los pocos casos de colaboración prácticamente anónima de autores de atrocidades pasadas en la búsqueda de cadáveres. A un sacerdote que ayudaba en las exhumaciones lo condujo en secreto al lugar donde estaba el cuerpo de un desaparecido alguien que dijo que «Yo estaba allí», lo cual permitió al religioso dar información a la familia.[89] Resulta asombroso que tan pocos verdugos, e incluso testigos, hayan recurrido al anonimato para aliviar su culpa sin sufrir estigma social, ayudando así a las familias a pasar página y ofrecer una sepultura digna a sus deudos.

Francisco Etxeberría, el antropólogo forense español más comprometido con las exhumaciones de la guerra y la posguerra, reconoce la función que han tenido esas iniciativas en el descubrimiento de aspectos relevantes del pasado. Aunque el miedo pueda seguir vivo y condicionar las revelaciones a ese respecto, Etxeberría atisba signos de cambio esperanzadores al afirmar que «En las exhumaciones me pregunto por qué quien lo sabía no lo dijo antes. Quizá es gente mayor que ha ido perdiendo el miedo» (citado en Fernández, 2014: 31).

Los condicionantes que aún pesan sobre la coexistencia contenciosa en España no solo proceden del miedo. También son importantes los procesos judiciales. Callar al mensajero, el libro publicado por Espinosa en 2009, indaga en la escalofriante influencia que estos han tenido en algunos de los historiadores, periodistas y cineastas que han escarbado en los aspectos más espinosos del pasado. Algunas decisiones judiciales han censurado total o parcialmente ciertas obras culturales y, tras acusar a los autores de difamación y calumnia, han conducido a multas o condenas de cárcel. La insidiosa persecución judicial y condena eclesiástica que sufrió Fernando Ruiz Vergara, el director del documental titulado Rocío (1980), son particularmente reveladoras de las consecuencias que podía tener, en aquellos años, airear ciertas verdades o hablar de determinados asuntos. Este documental sigue sin poder verse íntegramente en España y su director, abrumado por la persecución a la que fue sometido, se marchó de España y no volvió a filmar nunca más (VV. AA., 2013).

Puede que estas reglas mordaza contribuyan a explicar la renuencia de las víctimas, los supervivientes y sus valedores a identificar a los victimarios o a «desenmascararlos» de alguna otra manera. Sin restricciones a la información, la autocensura que reina entre los familiares de las víctimas condiciona que se desvelen los nombres de los victimarios, incluso cuando se conocen. La autocensura también se manifiesta en la escasez de procesos judiciales, al menos hasta hace diez años. En tanto que la autocensura puede considerarse resultado del miedo, o de una excesiva prudencia, quizá el silencio forme parte de la profunda interiorización del discurso de la reconciliación nacional. Este proceso emana del poderoso estigma social que va unido a actitudes consideradas vengativas o simplemente resentidas. Un ejemplo de autocensura es lo que afirmaba el pariente de una víctima: «Me dijo quién había matado a mi padre, pero no puedo decir el nombre» (Junquera, 2013: 46). Gran parte de las víctimas no exige medidas de justicia retributiva y hace hincapié en el deseo de recuperar los restos de sus familiares para enterrarlos como es debido. Piden verdad y reparación, y la inmensa mayoría insiste en las ideas de concordia y reconciliación.

Esta pauta se aprecia en las entrevistas realizadas por Junquera (2013), quien presenta un testimonio en el que el hijo de una víctima declara que «no quiero que me digan quiénes son los verdugos, porque me sé hasta el número de matrícula de su coche. Aquí todavía viven muchos. Hijos de los que mataron a mi madre son mis amigos… Yo no quiero venganza. Lo que quiero es lo mío: los restos de mi madre. Y que me digan cómo murió» (Junquera, 2013: 143). El documental Mari Carmen España: The End of Silence (2008) ahonda en esta tendencia de los familiares de víctimas a no revelar la identidad de los verdugos. Lo cierto es que la discreción de los familiares de las víctimas y la moderación de sus demandas no ha tenido una justa correspondencia ni en los familiares de los victimarios, ni en un Estado que les sigue privando, incumpliendo con ello la Ley de Memoria Histórica, de recursos económicos para hacer algo tan básico y propio de cualquier sociedad civilizada como desenterrar a sus deudos de las fosas comunes para volver a inhumarlos, esta vez de forma identificada, en el cementerio.

Se puede encontrar un ejemplo de censura muy revelador en el libro publicado en 2003 por Gumersindo de Estella. La obra, que apareció después de un complejo proceso, reproduce las notas que tomó un sacerdote que, entre 1937 y 1941, proporcionó asistencia espiritual a prisioneros que estaban a punto de ser ejecutados. El religioso murió en 1974. En lugar de incluir los nombres completos de quienes denunciaron a los que luego serían apresados, el texto solo incluye sus iniciales, para ocultar su identidad, «suponiendo esa delación la causa de su muerte [de los prisioneros]». El texto defiende esa censura al señalar, primero, que la mención única de las iniciales «hubiera sido con toda seguridad el deseo del P. Gumersindo». En segundo lugar, indica que lo que «pretende es la reconciliación de todos y no enconar los ánimos o avivar viejas heridas» (Estella, 2003: 10).

El empeño por silenciar la información relativa a la responsabilidad de la violencia no acaba de permitir que emerja con suficiente fuerza el debate contencioso. Algunos autores sostienen que en transiciones negociadas como la española el «silencio o las memorias selectivas arraigan en el discurso político… la élite que conforma el discurso se institucionaliza y convierte en hegemónica» y «cuando una determinada conformación se torna hegemónica, las cuestiones incómodas que la contravienen o cuestionan quedan fuera del debate público» (Kovras, 2013: 737, 739).

En España, la investigación y la revelación de violencias pasadas a veces ha tenido un coste personal y profesional para supervivientes, investigadores y miembros de la comunidad jurídica.[90] No nos consta que haya ocurrido en muchas ocasiones, pero lo cierto es que los casos existentes han podido acabar siendo disuasorios para otros miembros de esos mismos colectivos. Según Espinosa (2009), la mayoría de los incidentes se ha producido cuando la investigación revela nombres de victimarios, vivos o muertos, del pasado. Lo cual deja todavía más patente la necesidad de un proceso de búsqueda de la verdad avalado por el Estado, que digitalice, desclasifique y permita el acceso público a archivos oficiales y pruebas fehacientes de la represión (González Quintana, 2011). Desde hace un par de años, una de las autoras de este libro (Paloma Aguilar) está intentando acceder a un proceso judicial relacionado con una exhumación de fusilados republicanos que tuvo lugar en la transición democrática, y todavía no lo ha conseguido. Hace un año envió un escrito por cauce oficial volviendo a solicitar acceso al mismo y no ha obtenido respuesta. Las trabas a la investigación de algunas cuestiones relacionadas con la guerra y la dictadura continúan dificultando la labor de los investigadores.

La ausencia de iniciativas oficiales para eliminar estas trabas ha supuesto un especial obstáculo para el acceso de los supervivientes a la información sobre la suerte de sus familiares. Es impensable que los verdugos lleguen a pasar ni un solo día en la cárcel por las atrocidades cometidas en España, pero el Estado podría cumplir con su obligación y responder al derecho que tienen los supervivientes a saber el paradero de sus deudos, dando cauce a su reivindicación de que las exhumaciones, la identificación de los restos y la investigación de los asesinatos tengan un carácter oficial.

Sin respuesta estatal a las demandas de información y bloqueadas por la falta de respuesta judicial en España, ciertas asociaciones de víctimas han recurrido a otras instancias. Exprisioneros torturados y otras víctimas del franquismo han buscado justicia en tribunales argentinos conocidos por sus innovaciones jurídicas en materia de violaciones de derechos humanos. Este proceso lo han avalado unas doscientas asociaciones que representan a víctimas de la guerra civil y la dictadura. La visibilidad de la investigación iniciada por la jueza argentina María Servini agrietó aún más la fachada que cubría el silencio sobre el pasado. Sus pesquisas pusieron de manifiesto historias de las atrocidades menos conocidas, las de torturados en las cárceles franquistas a finales de la década de 1960 y en la de 1970 que aún seguían con vida. Al contrario que el juez Baltasar Garzón, que puso en marcha procesos judiciales cuyos acusados ya habían muerto, Servini solicitó la extradición de torturadores vivos (por ejemplo, el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar y el exmiembro de la Brigada de Investigación Social Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño). Servini, al igual que Garzón cuando solicitó al Reino Unido la extradición del general chileno Augusto Pinochet para juzgarlo en España, se amparó en la universalidad de los crímenes juzgados.

En los casos juzgados en Argentina, los tribunales españoles rechazaron la extradición. El fallo de abril de 2014, dictado por la Audiencia Nacional en relación con las dos denuncias antes mencionadas, entendía que los delitos de tortura, al ser casos aislados, no constituían ni genocidio ni crímenes contra la humanidad. El delito de tortura, a menos que se encuadre dentro de estos últimos crímenes, prescribe a los diez años, periodo que ya había transcurrido. Con todo, el fallo dejó abierta la posibilidad, anteriormente apuntada por la fiscal, de que el Estado argentino intentara abrir el caso en España, lo cual «Daría a las víctimas la posibilidad de acceder a un procedimiento y, de alguna manera, satisfacer el deseo de justicia».[91] Los tribunales solo tomaron esa decisión después de que la prensa informara sobre víctimas de tortura y desenmascarara, aunque fuera parcialmente, a los autores de los abusos. En la prensa aparecieron, por ejemplo, fotografías de González Pacheco, aunque normalmente con el rostro cubierto, y este hizo una especie de confesión. Cuando en la Audiencia Nacional se le preguntó por los crímenes que había cometido mientras formaba parte de la policía, declaró que «No lo recuerdo con certeza, quizá algo hace muchos, muchos años de malos tratos, pero creo que no fuimos condenados».[92] Se podría considerar que esta declaración es la jactanciosa (y perturbadora) seudoconfesión de un victimario que no ha sido castigado por sus crímenes o se podría interpretar que constituye un deliberado intento de enturbiar el asunto para volver a sepultarlo en el olvido.

Las escalofriantes aunque escasas confesiones registradas en España después de la transición no provocaron el tipo de coexistencia contenciosa que Payne ha analizado. Esta surgió principalmente cuando las exhumaciones realizadas por nietos de las víctimas de la violencia desenterraron nuevas verdades. Los traslados de restos y reinhumaciones habían comenzado con anterioridad (Aguilar, 2016 y 2017), pero las iniciativas de los nietos tuvieron lugar en una coyuntura más favorable. El público que componía las nuevas generaciones había vivido el periodo de silencio y olvido, y solo actuó para cuestionarlo en una época más segura, posterior a la transición. Sus integrantes no temían las repercusiones negativas que tendría agitar el asentado pasado español, y actuaron como ciudadanos de una democracia asentada: cuestionando ideas, planteando alternativas y reivindicando el diálogo. Además, aprovecharon la existencia de un escenario muy propicio, un entorno en el que no podía negarse el pasado porque los huesos, perforados por balas, constituían una prueba incuestionable de las decenas de miles de crímenes franquistas y del abandono en el que aún permanecen los familiares de estas víctimas por parte del Estado. Esa coyuntura y esa escenografía propiciaron que esos actores políticos encontraran un público más receptivo. Los medios de comunicación informaron abundantemente sobre las exhumaciones, los actos que las acompañaban, las revelaciones y las negaciones. Así se produjo un debate, con el que se dieron los primeros pasos hacia la coexistencia contenciosa.

8
CONCLUSIONES

El silencio que se impuso a las víctimas del franquismo comenzó durante la guerra civil, a medida que los rebeldes conquistaban territorio, y se mantuvo hasta la muerte de Franco. Pervivió durante casi cuatro décadas de dictadura gracias a la represión, el miedo y las estrategias de supervivencia. No se podía hablar de los fusilados del bando republicano, muchos ni siquiera pudieron ser inscritos en los registros de defunción y abundantes testimonios orales sostienen que a sus familiares se les prohibió vestir de luto y hasta llorar en público. Tampoco se les permitió enterrar a sus muertos en los cementerios, ni siquiera llevar flores a los lugares de enterramiento clandestinos.

A pesar de la gran curiosidad que surgió por el pasado tras la muerte de Franco, y de la rica producción cultural que comenzó a emerger —centrada, eso sí, más en la guerra civil que en la dictadura—, en el ámbito político y, en buena medida, también en el social, triunfó la idea de arrumbar el pasado. Ni los gobernantes parecían interesados en mirar hacia atrás, ni la mayoría de los ciudadanos se sentían todavía capaces de debatir sobre la traumática historia reciente de forma pacífica. La mayoría política y social parece que llegó al acuerdo tácito de pasar página, pero antes de leerla. Las principales excepciones se hallan a nivel local (Aguilar, 2017).

Este acuerdo no escrito se amparaba en el deseo generalizado de consolidar la democracia, evitar la polarización ideológica, rehuir cualquier venganza relacionada con actos pasados y proteger la frágil e incipiente democracia de una reactivación de la violencia. La interpretación hegemónica sobre el pasado se basaba en un reparto de culpas simétrico por la violencia de la guerra y en la ausencia de reflexión colectiva sobre los largos años de dictadura. Ese recuerdo, acallado voluntariamente en los primeros años de la transición, fue más intensamente marginado una vez que el PSOE llegó al poder. Durante años, muchos españoles quisieron olvidarse de aquellos aspectos más dolorosos de nuestro pasado, lo que supuso que se echara más tierra aún sobre las numerosas fosas comunes que aún perforan nuestro territorio.

Con el paso del tiempo, parte de una nueva generación, compuesta en gran medida, aunque no exclusivamente, por descendientes de víctimas franquistas, ha encontrado la manera de impugnar ese relato. Ha dado voz a quienes no tuvieron ocasión de contar antes su historia, porque nadie mostró interés alguno en preguntarles. Esa generación ha puesto de manifiesto que el relato en el que se basaba el pacto propició un trato injusto para las víctimas del franquismo. Gracias a su impulso, desde el 2000 se han exhumado más de ocho mil cuerpos en más de quinientas fosas por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, presidida por el conocido forense Francisco Etxeberría. Y esta no es la única entidad que ha excavado fosas comunes, aunque, desde luego, sí la más activa. Estas exhumaciones convulsionaron a una sociedad que creía haber dejado atrás la guerra civil y que desconocía la existencia de tantos miles de fusilados enterrados en fosas sin identificar.

Las grietas que ahora se observan en el consolidado pacto fundacional siempre estuvieron ahí. Antes era posible no prestarles atención, porque apenas eran visibles y además se consideraban incompatibles con la construcción de una estructura democrática sólida. Los victimarios que al confesar actos de violencia ponían en cuestión los proyectos de reconciliación y olvido fueron pocos y bastante fáciles de soslayar. Las exhumaciones de víctimas del franquismo registradas en los primeros años de la transición en ciertos pueblos, aunque fueron acompañadas de ceremonias y monumentos, se produjeron con poquísima cobertura mediática a nivel nacional y sin que la inmensa mayoría de la sociedad española tuviera noticia de ellas (Aguilar, 2017).[93] El cuestionamiento del pacto de olvido que se observó en los ámbitos cultural y académico se topó con oídos sordos en otros terrenos. Irónicamente, aunque el sistema democrático se estabilizara (durante las primeras legislaturas del PSOE en el poder) y se hiciera menos vulnerable a la polarización, el acuerdo de no remover el pasado, en lugar de desmoronarse, pareció consolidarse. De hecho, hasta mediados de la década de 1990 se mantuvo firmemente asentado (Aguilar, 2008a).

A pesar de los esfuerzos por reprimir los testimonios perturbadores, tachándolos de innecesarios, vulgares, inoportunos y masoquistas, unos pocos victimarios de ambos bandos han alzado la voz. Los periodistas han cubierto cada vez más estas confesiones, sin que la paz y la estabilidad se vieran en peligro. Las exhumaciones y la subyacente identificación con los desaparecidos, considerada por «la derecha política y mediática… insólita, desorientada, malintencionada y carente de todo fundamento» (Ferrándiz, 2010: 173), han proporcionado a las víctimas y a sus familiares la oportunidad de contar su historia en privado y en público, a menudo por primera vez. Esta revelación de verdades familiares sobre el pasado ha tenido lugar sin repercusiones virulentas ni amenazas para el sistema democrático.

Los partidarios de no remover el pasado se han visto desbordados por su súbita irrupción. En las pocas confesiones de victimarios han surgido testimonios perturbadores. Pero más esencial para el cuestionamiento de los relatos asentados sobre el pasado ha sido la remoción de los huesos de la época de la guerra civil, sobre todo después de 2000. Esos huesos evidencian que hubo actos de violencia sórdidos, crueles, cobardes e ilegítimos. Proporcionan oportunidades e incentivos antes inexistentes para que las víctimas del franquismo saquen a la luz las injusticias, persecuciones y humillaciones de esa época. Es más, han conectado las injusticias pretéritas con el presente, al dejar patente que el Estado durante décadas no ha tenido intención alguna de apoyar la búsqueda de restos de sus deudos. Dicho de otro modo, las exhumaciones han comenzado a generar un debate sobre el pasado —una coexistencia contenciosa— que permite profundizar en la práctica democrática.

La sociedad española, a través de las familias de las víctimas y de sus partidarios, impugna el tramposo «reparto de culpas» del relato asentado durante la transición. Los testimonios sobre la brutalidad franquista (sobre la republicana, que indudablemente también existió, ya había hablado la dictadura de forma insistente —y nada contrastada— durante décadas) no solo revelan la falta de heroísmo de esos actos de violencia, sino que también demuestran que sus consecuencias han perpetuado un sufrimiento para sus familiares que se ha mantenido hasta la actualidad para todos aquellos que no han podido encontrar aún los restos de sus allegados. La negativa del Estado a responder a las reivindicaciones de estas víctimas del franquismo pone de relieve una injusticia que ha sobrevivido a la desaparición de la amenaza que, para la joven democracia, podía haber supuesto escarbar en el pasado. La falta de sensibilidad de las autoridades ante los represaliados por el régimen franquista y sus familiares también se demuestra en la incomprensible pervivencia de legados simbólicos heredados de la dictadura. Por poner tan solo un ejemplo, en 2017 aún existe un pasaje General Mola en el callejero de Madrid. Algo importante ha dejado de hacerse en nuestra democracia para que quien invitó a «eliminar sin escrúpulos» a sus adversarios siga teniendo una calle a su nombre. Es cierto que el Ayuntamiento de la capital ha aprobado la supresión de las denominaciones de varias vías con connotaciones franquistas, pero la Fundación Francisco Franco, en el momento de redactarse este texto, ha conseguido paralizar esta medida.

La presión crece. Las fuerzas políticas y sociales conservadoras, tan reacias a mirar al pasado, no han sido capaces de limitar las actividades de los medios de comunicación ni de controlar la proliferación de iniciativas sociales que aspiran a crear una comisión de la verdad para desvelar injusticias del pasado aún vigentes hoy en día. Esta situación contrasta vivamente con la de la época anterior y posterior a la transición, en la que los medios no solían prestar atención ni a las confesiones ni a las exhumaciones, o solo las cubrían someramente y en sordina para un público aparentemente indiferente. Las exhumaciones de los últimos años, realizadas por un número creciente de asociaciones de memoria, que en casos excepcionales han suscitado confesiones de verdugos, han atraído la atención de los medios nacionales e internacionales y han dado pie al inicio de un debate contencioso.

No cabe duda de que esta atención y este debate descansan en las pruebas irrefutables de la violencia que ha revelado la tierra removida de las fosas comunes. Al excavarse en el pasado, han salido a la luz verdades ocultas y se ha puesto de relieve, para la sorpresa de muchos, las huellas aún no investigadas de muchos actos de violencia brutal y extrajudicial. La existencia de miles de cadáveres enterrados en fosas comunes sin identificar también ha subrayado la incomprensible falta de atención que se ha dispensado a las familias de esas víctimas durante el periodo democrático. Gracias a la abundancia de investigaciones recientes sobre la represión franquista en el ámbito local, el conocimiento de la maquinaria represiva es mucho más preciso que hace unos años. Ahora resulta mucho más difícil negar que existió y los huesos perforados por balas constituyen una prueba más allá de toda duda. Aumenta la presión para que el Estado, por una mezcla de dejadez e indiferencia, asuma la responsabilidad de exhumar las fosas comunes y deje de delegar esta penosa tarea en las asociaciones. El relato asentado —la aceptación de la corresponsabilidad en la violencia por parte de ambos bandos, el silencio para evitar el enfrentamiento y el olvido como senda hacia la paz y la democracia— ha perdido una parte importante de la validez que tuvo. Ahora es más factible, aunque no completamente aceptable socialmente, cuestionarlo de forma abierta, revelar los testimonios de las víctimas y pedir el esclarecimiento de la verdad e incluso, en contadas ocasiones, la justicia retributiva. Entre las medidas de justicia restaurativa se solicita la devolución de los bienes incautados a los particulares, pues, hasta la fecha, solo los partidos y sindicatos se han beneficiado de este tipo de medidas. Ha comenzado a surgir la coexistencia contenciosa, que pone en práctica la participación, la contestación y la expresión políticas.

Con todo, los procesos políticos no son siempre lineales ni inexorables. Una vez que los medios de comunicación y ciertos sectores de la sociedad civil comenzaron a poner a prueba la resistencia del pacto, una parte del aparato judicial y un sector considerable de la élite política de los principales partidos respondieron con renovadas fuerzas para robustecerlo. Aunque una parte importante de la sociedad española mostraba —en las encuestas (Aguilar et al., 2011), en actos públicos de reconocimiento e incluso en algunas manifestaciones— su voluntad de reconsiderar el pasado, de oponer a la impunidad principios legales internacionales y de fomentar el derecho a la verdad y la memoria, la respuesta institucional ha sido menos receptiva de lo esperable en una democracia consolidada. Como ha explicado Aguilar (2013), las instituciones judiciales han mostrado una sistemática renuencia a ocuparse de la guerra civil y la dictadura en los tribunales, aunque hubiera demandantes que solicitaran revisiones o anulaciones de juicios injustos celebrados en tribunales militares que no respetaban ni las más mínimas garantías procesales. Ni siquiera se personan, como sería su obligación, en los lugares de los enterramientos cuando aparecen restos con signos inequívocos de violencia.

En España, la generación de los nietos, la de aquellos que, al no crecer con el recuerdo directo de la guerra civil y la violencia represiva, se han visto libres del sentimiento de culpa de sus abuelos y del miedo de sus padres, ha demostrado que está más dispuesta a cuestionar los acuerdos de la transición que aceptaron o toleraron sus padres y abuelos. En ciertos sectores de la sociedad española, este renovado interés en el pasado, sobre todo de los descendientes de víctimas,[94] coexiste con la indiferencia, la intransigencia y todavía algunos restos de miedo (especialmente entre los más mayores y en zonas rurales).

Son evidentes los esfuerzos destinados a reimponer a una narrativa que dicta que «todos fuimos culpables» de la violencia de la guerra civil. Igualmente, la idea de que escarbar en el pasado desestabilizará la democracia española sigue contando con adeptos, sobre todo entre los conservadores y, desde luego, la Iglesia. Es probable que haga falta más de un primer conjunto de testimonios y huesos para socavar los sólidos cimientos del acuerdo de no remover el pasado, sobre todo en el ámbito político.

No obstante, la existencia contenciosa ha comenzado. Fuera de España, hay actores que, por primera vez en la historia, han comenzado a presionar al Gobierno español para que cumpla sus obligaciones internacionales y atienda las demandas de las víctimas. Parece que la convergencia de ambos fenómenos está comenzando a surtir ciertos efectos. Últimamente, algunos sectores del PSOE, históricamente reacios a escarbar mucho en el pasado, se han mostrado dispuestos a aceptar ciertas iniciativas de memoria.[95] En los últimos tiempos, las asociaciones de memoria, tradicionalmente muy divididas, han organizado iniciativas conjuntas. Por ejemplo, con motivo del cuarenta aniversario de la muerte de Franco convocaron una manifestación de carácter nacional contra la impunidad de los crímenes de la dictadura y a favor de la anulación de la Ley de Amnistía.[96] Esos indicios apuntan al poder que tiene la remoción de relatos y huesos como catalizador de la coexistencia contenciosa. Queda por ver hasta dónde podrá llegar ese proceso.

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Notas

[1] El Partido Comunista apoyó la guerrilla antifranquista desde el final de la guerra. En 1956, veinte años después del inicio de esta, el partido hizo un importante llamamiento público a favor de la reconciliación nacional, rechazando el recurso a la violencia en la lucha contra la dictadura. Para más información sobre el proceso democratizador en España, véase Aguilar (2008a). <<

[2] Véase Cuadernos de Ruedo Ibérico para conocer tempranas y abundantes críticas a la transición. <<

[3] Solo formaciones políticas radicales y minoritarias eran partidarias de realizar purgas e incluso juicios (Aguilar, 2008a). <<

[4] En sus Artículos 1.1.a y 1.1.b la ley cubría todos los actos de intencionalidad política encaminados al restablecimiento de las libertades públicas o a reivindicar las autonomías de los pueblos de España, «cualquiera que fuese su resultado». Sin mencionar explícitamente los delitos de sangre en esos artículos, la ley los incluía si se habían producido antes de las primeras elecciones democráticas. Sin embargo, excluía esos mismos actos, mencionándolos explícitamente, si se habían cometido después de las elecciones (Artículo 1.1.c.). <<

[5] En octubre de 2014 se creó la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que integra a diversas asociaciones de memoria actuales. Aunque ha llevado a cabo varias importantes y visibles iniciativas, es muy improbable que llegue a convencer al Partido Popular (PP) de que avale su reivindicación. <<

[6] Véase http://www.abc.es/cultura/arte/20140114/abci-palacio-real-visitas-201401141821.html (consultada el 18 de octubre de 2015). <<

[7] Hay muchos estudios sobre la participación de los prisioneros políticos en la construcción del Valle de los Caídos. Véase, por ejemplo, el que Mendiola dedica al trabajo esclavo durante el franquismo (2013). <<

[8] También lo es que el pueblo extremeño Guadiana del Caudillo conserve su nombre. A pesar de lo que se contempla en la Ley de Memoria Histórica, el Tribunal Supremo afirma que no es necesario que esta localidad modifique su denominación, como han hecho muchas otras: www.eldia.es/nacional/2017-10-05/16-TS-admite-recurso-PSOE-cambiar-nombre-Guadiana-Caudillo.htm (consultado el 9 de octubre de 2017). Sería impensable que en Alemania existieran pueblos dedicados al Führer o en Italia al Duce. <<

[9] Véase la página web de la Fundación: www.fnff.es (consultada el 24 de octubre de 2015). <<

[10] La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) llevó a cabo una pesquisa sobre cómo se sufraga la Fundación Presidente Pinochet y descubrió que entre 1996 y 2004 ciento trece empresarios y la Municipalidad de Vitacura le habían hecho donaciones. Véase www.poderopedia.org/cl/organizaciones/Fundacion_Presidente_Pinochet (consultada el 7 de octubre de 2015). <<

[11] Para obtener información sobre un homenaje a Franco organizado recientemente por esta fundación y la polémica que suscitó, véase www.europapress.es/madrid/noticia-fundacion-francisco-franco-celebrara-finalmente-homenaje-dictador-pardo-no-husa-princesa-20121202062823.html. Más información sobre las subvenciones públicas recibidas por la fundación en www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/02/fundacion_franco_admite_exaltar_dictador_aunque_ley_obliga_efender_fines_interes_general_37048_1012.html (ambas consultadas el 18 de octubre de 2015). <<

[12] Por poner solo dos ejemplos; en primer lugar un senador del Partido Popular ha afirmado que «no hay demanda para exhumaciones ni más fosas de la Guerra civil que descubrir». También pedía al PSOE que «dejara de dar la murga con esta cuestión», añadiendo que «es cansino». Véase «Un senador del PP dice que “no hay demanda para exhumaciones ni más fosas de la guerra civil que descubrir”», www.cadenaser.com/ser/2015/10/08/politica/1444313258_197377.html (consultada el 25 de octubre de 2015). Y, en segundo lugar, Jordi Évole, al entrevistar al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en La Sexta le preguntó: «¿Le parece de sentido común que en 2016 miles de españoles no sepan todavía dónde están enterrados sus abuelos?». A lo que Rajoy respondió: «A mí me gustaría que todo el mundo supiera dónde están enterrados sus abuelos, pero no, no tengo claro que sea cierto eso que usted me dice, ni que pueda hacer nada el Gobierno para arreglarlo». Y añadió: «Lo que me parece más de sentido común es que intentemos que cosas de esas no se vuelvan a repetir en el futuro y no estar dándole vueltas de manera continuada al pasado». <<

[13] Proposición no de Ley. Boletín Oficial de las Cortes Generales, 29 de noviembre de 2002. VII Legislatura. Serie D. 448, 12-14. <<

[14] Proclama que la Ley de Amnistía constituye un «acontecimiento histórico, pues puso fin al enfrentamiento de las dos Españas, enterradas allí para siempre». Proposición no de Ley. Boletín Oficial de las Cortes Generales, 29 de noviembre de 2002. VII Legislatura. Serie D. 448, 13. <<

[15] La declaración reza: «El Congreso de los Diputados, en este vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones libres de nuestra actual democracia, reitera que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática». Proposición no de Ley. Boletín Oficial de las Cortes Generales, 29 de noviembre de 2002. VII Legislatura. Serie D. 448, 14. <<

[16] Ley 52/2007, de 26 de diciembre de 2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. <<

[17] Hay que mencionar que esta parálisis en el ámbito estatal se ha visto en cierto modo compensada por las políticas de memoria desarrolladas en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por la izquierda o partidos nacionalistas. <<

[18] Para un análisis de la política respecto a las víctimas en España, véase Vincent Druliolle (2015). <<

[19] White (2009) plantea una sugerente reflexión general sobre las razones que explican la resistencia de los verdugos a pedir disculpas. Sobre las confesiones de los verdugos, véase también Payne (2008). <<

[20] En un clásico artículo de D. A. Rustow (1970), este autor considera que la democracia es un proceso de encaje que comporta tanto división y conflicto como consenso y cohesión. De hecho, la democracia solo necesita consensuar las reglas del juego. La expresión del desacuerdo público, los conflictos pacíficos y los debates públicos son la esencia de la democracia. <<

[21] No hemos encontrado llamamientos a la violencia equivalentes en el bando republicano, ni entre los principales mandos militares ni entre las autoridades civiles más relevantes. De hecho, algunos de los más destacados líderes republicanos, entre ellos Manuel Azaña, presidente de la Segunda República durante la guerra civil, del que se hablará más adelante, así como otras autoridades notables del bando republicano, condenaron públicamente las atrocidades cometidas por sus propios correligionarios e hicieron lo posible por limitar la violencia, mucho antes que los franquistas (Payne, 2012: 107). Ahora bien, las atrocidades perpetradas por algunas milicias de partidos y sindicatos han sido también documentadas. Véase un estudio reciente sobre las diferencias entre la violencia republicana y la franquista en Espinosa (2010b). <<

[22] Según los últimos cálculos, la violencia republicana causó unos cincuenta mil muertos, frente a los ciento treinta mil que ocasionó la franquista (Espinosa, 2010b: 78). <<

[23] En el exilio, muchos republicanos sostuvieron la polémica idea de que ellos solo habían cometido los actos de violencia necesarios para defender la legalidad. Este relato también adolece de un exceso de simplificación, autocomplacencia y distorsión, pero la profundización en ese debate escapa a los objetivos del presente libro. <<

[24] Este pacto afectó, con excepciones notabilísimas (Aguilar, 2017), al ámbito social. En el político, el acuerdo que dictaba la no utilización del pasado como arma política comenzó a desmenuzarse en 1993, y todavía más en 1996, cuando algunos partidos políticos empezaron a utilizar el pasado con fines electorales (Aguilar, 2004). <<

[25] Sin embargo, Queipo de Llano aún sigue enterrado con honores en la basílica de la Macarena y las autoridades públicas no se atreven a hacer nada al respecto. Una vez más, el afán de no remover el pasado beneficia a los vencedores. La condescendencia con ciertos legados del franquismo es indiscutible. Así se ilustra en un artículo reciente de prensa: «Hasta hace apenas cinco años la Macarena procesionaba durante la Semana Santa con el fajín militar de Queipo de Llano, que sólo perdió el título de hijo adoptivo de Sevilla en 2008», en Ángel Munárriz, «Queipo de Llano en una basílica, Blas Infante en una fosa común», Infolibre, 02 de noviembre de 2017, disponible en https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/11/29/queipo_llano_una_basilica_blas_infante_una_fosa_comun_71396_1012.html. <<

[26] De corte similar es la confesión del fraile Gumersindo de Estella, cuyas memorias, escritas en 1945, no se publicaron hasta 2003. En el capítulo 7 volveremos sobre estas memorias. <<

[27] Para conocer las estrategias propagandísticas internacionales de ambos bandos, véase García (2008). <<

[28] La Causa General fue un exhaustivo e intenso proceso judicial ordenado en 1940 mediante decreto y dirigido por el Ministerio Fiscal. Reunió toda la información posible sobre supuestos delitos cometidos por republicanos o simpatizantes de la República durante la guerra civil y produjo la apertura de decenas de miles de procesos judiciales. Es innegable que en la retaguardia republicana se cometieron crímenes horrendos, pero el contexto en el que se desarrolló la Causa General suscita dudas fundamentadas sobre la autenticidad de las confesiones que recogió y sobre el rigor de las acusaciones que se sustanciaron en decenas de miles de condenas. En todo caso, es bien sabido que las causas de naturaleza política de esa época no reunían las mínimas garantías judiciales. <<

[29] Su historia la ha recuperado Carlos García-Álix, tanto en un libro como en el documental homónimo El honor de las injurias (2007). Véase también García (2007). <<

[30] Este autor señala que es difícil saber qué sensación les producían a los verdugos republicanos sus propios actos violentos. Como él mismo apunta, existen muchos menos relatos del bando republicano en los que podamos evaluar el «estado mental de quienes cometieron atrocidades» (Preston, 2012: 521). <<

[31] Para ahondar en este debate, véase Cabañas (2010: 230), que también se ocupa de los ejecutores arrepentidos y de su sufrimiento (237-240). <<

[32] Según un estudio reciente sobre las repercusiones psicológicas que tiene la comisión de actos violentos en el pasado, cuando los individuos los cometen voluntariamente es mucho menos probable que sufran síntomas de estrés postraumático (TEPT) que cuando los obligan a cometerlos (Hecker et al., 2013). <<

[33] Para conocer más testimonios de verdugos relacionados con la muerte de Lorca, véase Sorel (1977: 33). <<

[34] Durante el invierno de 1936, cuando Madrid estaba sitiado por los franquistas y el Gobierno republicano había huido a Valencia, unos dos mil reclusos de las cárceles de Madrid que debían ser trasladados a otros centros fueron ejecutados de forma sumarísima por fuerzas republicanas en los alrededores de la localidad de Paracuellos del Jarama, situada a unos veinte kilómetros al noreste de la capital. Entre ellos figuraban destacados intelectuales y cuadros derechistas. Para la propaganda franquista se convirtieron en los «mártires de Paracuellos». Este hecho pasó a ser uno de los principales símbolos de la represión que los republicanos llevaron a cabo contra sus enemigos. El joven Santiago Carrillo (que sería secretario general del Partido Comunista de España entre 1960 y 1982) era entonces el responsable de las prisiones, en su calidad de consejero de Orden Público. Su papel en este oscuro y brutal asesinato masivo, que se prolongó durante varias semanas, no ha dejado de despertar sospechas sobre si fue él mismo quien lo ordenó, o no hizo lo suficiente por detener esas sacas, o si lo intentó pero no lo consiguió. <<

[35] Como se verá más adelante, la transformación de la atrocidad en algo rutinario presenta una asombrosa similitud con la confesión de Vilallonga. Agradecemos a Espinosa que nos haya permitido incluir este testimonio, que forma parte de un proyecto aún en marcha. <<

[36] El autor se quedó en Francia después de la publicación de su primera novela, Las ramblas terminan en el mar (publicada en francés en 1953 y en castellano en 1984), a causa de las críticas que el texto lanzaba contra el franquismo. Según una breve reseña biográfica publicada a su muerte, Vilallonga decía que su vida estaba «marcada por los horrores que vivió en la Guerra Civil», hasta el punto que llegó a convertirse en una obsesión. Véase María Jesús Hernández, «Un Grande de España “políticamente incorrecto”», El Mundo, 30 de agosto de 2007, disponible en http://www.elmundo.es/especiales/2007/12/resumen_2007/2007/12/05/seccion_06/1196338857.html (consultado el 21 de octubre de 2015). Posteriormente, escribió que «La guerra civil la he tocado en todos mis libros, menos en dos» (Vilallonga, 1980: 220). <<

[37] En el estreno de la película señaló que «Es totalmente autobiográfica. Me propusieron tres veces adaptar al cine la novela y sólo acepté esta vez con la condición de que se hiciera con fidelidad al libro». Véase Andrés González, «Un fotograma de la producción que dirige Pierre Boutron», El Periódico, 26 de junio de 1998, disponible en http://archivo.elperiodico.com/ed/19980626/pag_054.html (consultado el 21 de octubre de 2015). <<

[38] Curiosamente, Vilallonga no comenzó a escribir relatos ensayísticos sobre su pasado hasta después de muerto su padre en 1974. <<

[39] En confesiones posteriores, indicaría que pasó más de quince días en el pelotón de fusilamiento. <<

[40] En su libro de 1980, Vilallonga habla con cariño de su padre, justificando de manera acrítica la dura experiencia a la que le había enfrentado. Llegaba incluso a atribuirle las siguientes palabras: «A mí, la guerra me parece una salvajada. Entendámonos, no pienso lo mismo de la guerra civil. Ésta sí me parece bien porque el que tienes en frente de ti es un cabrón que conoces, incluso un pariente tuyo que te hizo tal o cual putada. Matas a un tío que te lleva fastidiando veinte años, pero eso de matar a un alemán que no conozco de nada, que nunca me hizo nada, me parece una verdadera salvajada» (Vilallonga, 1980: 223). Vilallonga también relataba que su padre no había disparado directamente a nadie, pero que «hizo fusilar» a muchos, como acto de venganza por los muchos pares de zapatos de lujo que le habían robado cuando el POUM incautó su casa (Vilallonga, 1980: 230). <<

[41] José Luis de Vilallonga: «La nostalgia es un error», El País, 22 de abril de 1980. <<

[42] Un conocido hispanista corrobora estas afirmaciones al aludir a las ejecuciones de los franquistas: «En las primeras semanas, las ejecuciones llegaron incluso a convertirse en espectáculos públicos en algunas provincias y el 25 de septiembre de 1936 el periódico vallisoletano El Norte de Castilla protestó por la presencia masiva de jóvenes de ambos sexos en las ejecuciones» (Payne, 1987: 226). <<

[43] Como ya se ha señalado, la legitimidad de la dictadura giraba en torno a un relato según el cual los republicanos habían cometido los peores crímenes y las fuerzas de Franco habían puesto fin al caos y la violencia, dando paso a la paz y la prosperidad para España. <<

[44] «El filme “La vieja memoria” de Jaime Camino, al Festival de Cine de San Sebastián», La Vanguardia, 7 de septiembre de 1978, disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/edition.html?bd=07&bm=09&by=1978&x=22&y=4&page=5 (consultado el 24 de marzo de 2013). Véase también «Revolución y guerra fría», El País, 20 de septiembre de 1978, disponible en https://elpais.com/diario/1978/09/20/cultura/275090410_850215.html (consultado el 16 de septiembre de 2017). <<

[45] Antonio de Senillosa, «La vieja memoria», La Vanguardia, 15 de octubre de 1978, disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2007/07/02/pagina-8/33734341/pdf.html?search=vieja%20memoria (consultado el 16 de septiembre de 2017). Tres días después, El País publicó el mismo artículo de Senillosa, «La vieja memoria», 18 de octubre de 1978, disponible en https://elpais.com/diario/1979/03/13/cultura/290127606_850215.html (consultado el 16 de septiembre de 2017). Véase también Jesús Fernández-Santos, «Revolución y guerra fría», El País, 20 de septiembre de 1978, disponible en https://elpais.com/diario/1978/09/20/cultura/275090410_850215.html (consultado el 16 de septiembre de 2017). <<

[46] «“La vieja memoria” pretende levantar acta testimonial de la Guerra Civil», El País, 13 de marzo de 1979. Disponible en http://elpais.com/diario/1979/03/13/cultura/290127606_850215.html (consultado el 24 de marzo de 2013). <<

[47] «Jaime Camino ha abreviado La vieja memoria para su emisión hoy en La Clave», El País, 15 de julio de 1983. Disponible en http://elpais.com/diario/1983/07/15/radiotv/427068001_850215.html (consultado el 21 de octubre de 2015). <<

[48] En 2006, Camino convirtió el documental La vieja memoria en libro, lo cual demuestra el aumento del interés en el tema. <<

[49] «Las trampas de la memoria», El País, 20 de julio de 1997, disponible en http://elpais.com/diario/1997/07/20/radiotv/869349605_850215.html (consultado el 21 de octubre de 2015). <<

[50] Andrés González, «Un fotograma de la producción que dirige Pierre Boutron», El Periódico, 26 de junio de 1998, disponible en http://archivo.elperiodico.com/ed/19980626/pag_054.html (consultado el 21 de octubre de 2015). <<

[51] Armengou y Belis (2004) publicaron un libro homónimo que ofrece información tanto sobre los testimonios que recogieron en aperturas de fosas como sobre las respuestas sociales que estas suscitaron. <<

[52] La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) surgió en 2000 con el propósito de defender la memoria, la dignidad y la visibilidad de los republicanos asesinados durante la guerra y la posguerra, sobre todo a través de las exhumaciones de restos que pedían los supervivientes (Aguilar, 2008a; Silva, 2006). La labor de la ARMH ha tenido un indudable impacto social, mediático y político en toda España (Ferrándiz, 2010 y 2012). <<

[53] Agradecemos a Montserrat Armengou que nos proporcionara la transcripción completa de la entrevista con Vilallonga, incluyendo revelaciones no recogidas en el documental. <<

[54] Vilallonga también reconoce en el documental que la violación de mujeres era algo sistemático. <<

[55] «El silencio de los corderos», La Vanguardia, 10 de junio de 2002, disponible en http://www.alay.com/hist1009.html (consultado el 23 de octubre de 2015). <<

[56] En las páginas web de los periódicos las declaraciones de Vilallonga suscitaron ciertas reacciones. Véase, por ejemplo, «Hay que buscar formas de convivencia más responsables, respetuosas y plurales», El Periódico, 16 de junio de 2002, http://archivo.elperiodico.com/ed/20020616/pag_012.html (consultado el 23 de octubre de 2015). <<

[57] En enero de 2004, TVE emitió otro documental sobre este tema, titulado Las fosas del olvido. De hecho, a partir de mediados de la década de 1990, y desde luego a partir de 2000, el interés en el pasado cobró fuerza, en gran medida gracias a la constitución ese mismo año de la ARMH. <<

[58] Sobre la resistencia de la Iglesia católica a la Ley de Memoria Histórica de 2007, véase Catela (2008) y Phillips (2014). <<

[59] Lourdes Heredia, «Church sorry for role in “dirty war”», BBC News, 9 de septiembre de 2000, disponible en http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/917266.stm (consultado el 22 de octubre de 2015). <<

[60] Sin embargo, a partir de la década de 1960, algunos sectores de la Iglesia católica española, sobre todo entre los movimientos de base, comenzaron a dejar constancia de ciertas críticas a la dictadura franquista. En 1971, el único intento que hizo la Iglesia católica de pedir perdón por sus errores en la guerra no llegó a materializarse por falta de apoyo (Aguilar, 2008a y 2017). <<

[61] La responsabilidad de la violencia durante este periodo suscita cierta controversia. Para las fuerzas conservadoras, las actividades violentas del maquis, particularmente en la década de 1940, y los actos terroristas cometidos desde finales de la década de 1960 por separatistas o grupos de izquierda radical, sobre todo por ETA, cuestionan la idea de que los franquistas fueran los únicos responsables de la violencia. Este cuestionamiento omite la enorme desproporción existente entre las víctimas causadas por el Estado y por los otros actores mencionados. <<

[62] Hay dudas fundamentadas sobre la autoría de este cuaderno. Aunque el libro no desvela quién es su autor, la prensa dio por supuesto que se trataba de un tal Josep Serra. Sin embargo, José Luis Ledesma, el principal especialista en violencia revolucionaria, me ha informado de que no está documentada la existencia de un patrullero que se llame así, y él ha consultado todos los listados de patrulleros en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca. Agradecemos a este autor que nos haya proporcionado esta valiosa información. Lo que se cuenta, desde luego, es verosímil, porque cosas así ocurrieron con frecuencia en Cataluña, pero la veracidad del testimonio en cuestión no ha sido aún contrastada por otros investigadores. <<

[63] Ya hemos señalado que el alcohol aparece con frecuencia como motivación (o excusa) para la comisión de atrocidades. Se suele dar a entender que los verdugos precisan de la indispensable ayuda del alcohol para llevar a cabo esos actos. Es algo que también se observa en The Grey Zone [La zona gris] (2001), una inquietante película sobre los crematorios de Auschwitz. <<

[64] Buen ejemplo de ello es el artículo del historiador y periodista Jorge M. Reverte (2010). <<

[65] Ana María Ortiz, «El anarquista que fusiló a 45 beatos», El Mundo, 14 de octubre de 2007. Disponible en: http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2007/625/1192312801.html (consultado el 24 de marzo de 2013). <<

[66] Ana María Ortiz, «Así me salvé del pistolero», El Mundo, 21 de octubre de 2007. Disponible en http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2007/626/1192917605.html (consultado el 24 de marzo de 2013). <<

[67] Parece evidente que las confesiones de los verdugos pueden ser cruciales para contrarrestar las versiones oficiales del pasado. Una vez más, se demuestra la importancia capital que tienen los testimonios orales para documentar cómo funciona el aparato represivo de las dictaduras. <<

[68] El documental, filmado entre 1971 y 1973, no se estrenó hasta 1977. Quizá la brutalidad de los testimonios, la muerte de Franco en 1975 y el miedo que después se impuso a la repetición del pasado expliquen el retraso que sufrió la presentación de una película absolutamente singular. Véase «Nosferatu abre con “Queridísimos verdugos”: un ciclo sobre cine y derecho», 18 de enero de 2000. Disponible en http://elpais.com/diario/2000/01/18/paisvasco/948228015_850215.html (consultado el 24 de marzo de 2013). El documental se basaba en la obra de Daniel Sueiro (1971). De la pena capital vigente durante la dictadura también se ocupaba El verdugo, obra maestra del humor negro, dirigida por Luis García Berlanga (1963). <<

[69] Como revelaba un reportaje posterior, en parte basado en testimonios de los hijos de los verdugos: «Más de uno se apuntó para recibir un sueldo mensual en una época de muchas penurias, con la idea de que nunca tuviese que llegar el momento de tener que hacer una ejecución». El hijo de uno de los protagonistas, que sabía que su padre ingería alcohol cuando tenía que ejecutar, dice que «no recuerda un sentimiento de culpa o vergüenza en él». Ahora bien, sí menciona que, tras volver de ejecutar a una mujer joven, le dijo a su hijo: «Es lo más tremendo que he hecho en mi puta vida. Peor que matar a 100 hombres». «Mi padre era verdugo», El País, 27 de noviembre de 2011, disponible en http://elpais.com/diario/2011/11/27/domingo/1322369561_850215.html (consultado el 21 de octubre de 2015). <<

[70] Recibió, por ejemplo, el Cariddi d’Oro en la tercera edición del Festival Internacional de Taormina. «Éxito en Italia de “Queridísimos verdugos”», El País, 31 de julio de 1977, disponible en http://elpais.com/diario/1977/07/31/cultura/239148008_850215.html (consultado el 24 de marzo de 2013); «“Queridísimos verdugos” premiada en Taormina», 2 de agosto de 1977, disponible en http://elpais.com/diario/1977/08/02/cultura/239320804_850215.html (consultado el 24 de marzo de 2013). <<

[71] «El terror cotidiano», El País, 22 de abril de 1977, disponible en http://elpais.com/diario/1977/04/22/cultura/230508008_850215.html (consultado el 21 de octubre de 2015). <<

[72] Citado en Castilla del Pino (1997: 530). <<

[73] Situaciones similares se encuentran en un informe en el que, según diversos testimonios personales, tres supuestos verdugos dicen no recordar o niegan su participación en asesinatos. Uno asume parcialmente su responsabilidad, pero solo por haber transportado a los prisioneros en su camión y por utilizar los faros delanteros para iluminar la ejecución (Montoto, 1979: 47). <<

[74] En este mismo artículo publicado en internet, Úriz identifica a otros dos infames torturadores. Disponible en http://joseluisuriz.blogspot.com.es/2009/01/enrique-ruano.html (consultado el 23 de septiembre de 2015). <<

[75] Preston (2012) narra esta misma historia en el epílogo de su libro. <<

[76] La entrevista está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=nn_MZWDYkYA (consultada el 18 de octubre de 2015). En este documental se presentan pruebas fehacientes de que muchos de los verdugos recibían cierto dinero (treinta y cinco pesetas) por cada ejecución, y los autores sostienen que en esos documentos algunos nombres coinciden con los que mencionan testimonios recogidos en la región. <<

[77] La portada del libro da a entender que la policía política franquista solo funcionó hasta la muerte del dictador. En ese mismo sentido, el autor afirma que «los sectores moderados del régimen necesitaban posicionarse para el pacto inevitable de la transición», con lo que el comisario Creix constituía un grave obstáculo, ya que había sido el «arquetipo de la represión contra los demócratas con los que tendrían que entenderse en un futuro próximo». <<

[78] Los maquis o guerrilleros, combatientes republicanos que se mantuvieron activos y armados después de la guerra, sobre todo en zonas montañosas, tuvieron numerosos enfrentamientos con la Guardia Civil. Muchos de ellos fueron ejecutados o asesinados antes de su desmovilización a comienzos de la década de 1950. En la mayoría de los casos estamos ante personas que huyeron para salvarse de una muerte segura. <<

[79] Véase José M. Irujo, «Interior admite que contrató al ultra que mató a la estudiante Yolanda en 1980», El País, 25 de febrero de 2013, disponible en http://politica.elpais.com/politica/2013/02/25/actualidad/1361798552_385147.html (consultado el 21 de octubre de 2015). Véase también Enrique del Olmo, Beatriz Gimeno y Asier González, «Yolanda González; su asesino anda suelto, para vergüenza de la democracia», dossier en Sin Permiso, 3 de marzo de 2013, disponible en http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5730 (consultado el 18 de octubre de 2015). <<

[80] Para conocer más debates sobre la alianza de sangre, véanse, entre otras, las obras de Richards (1998: 9), Casanova (2002: 14, 38), Espinosa (2002: 90, 119; 2011: 47) y Preston (2012: 519-520). <<

[81] Para más información a este respecto, véase el informe sobre España del Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición: A/HRC/27/56/Add.1 22 de julio de 2014. Véase también Aguilar (2013). <<

[82] Véase http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Informacion-institucional/Historia-del-TS (consultado el 23 de octubre de 2015). <<

[83] Un caso diferente es el de un pariente de varias víctimas, que sostiene que lo único que quiere es encontrar sus restos y enterrarlos dignamente. Así lo expresa: «No me interesa nada más. Me dijeron el nombre del que mató a mi tío y no quise ni anotarlo» (Junquera, 2013: 83). <<

[84] En sus inicios, la bibliografía sobre justicia transicional solía dar por hecho que las reformas institucionales realizadas durante los periodos de transición eran duraderas. En general, esos textos no prestaban atención a la posibilidad de que hubiera avances después de estas, es decir, una vez consolidadas las democracias. Para Cath Collins (2010), la justicia postransicional es una nueva dinámica que comenzó en algunos países después de las primeras fases de sus transiciones y que hace hincapié en la labor integral realizada por la sociedad civil y ciertos sectores de la judicatura en el fomento de la justicia transicional. <<

[85] Para conocer más reflexiones sobre estas cuestiones, véanse Labanyi (2010) y Stafford (2014). <<

[86] Esto, que fue cierto, a nivel nacional, no lo ha sido a nivel local. En varias regiones españolas, después de la muerte de Franco, se llevaron a cabo muchas exhumaciones de fusilados republicanos, se organizaron homenajes multitudinarios y se erigieron monumentos funerarios muy vistosos en su honor en los cementerios (véase en Aguilar 2016 y 2017 un estudio monográfico sobre estas primeras exhumaciones). <<

[87] La psicóloga Anna Miñarro y su equipo de investigación han creado un modelo de asistencia psicosocial para familiares de víctimas durante las exhumaciones. También realizan entrevistas antes, durante y después de las exhumaciones, a parientes de víctimas, de primera, segunda, tercera e incluso cuarta generación. <<

[88] Para más información sobre este interesante y excepcional caso, véase López y Ferrándiz (2010). <<

[89] Natalia Junquera, «Yo, sacerdote, pecador, os pido perdón», El País, 24 de marzo de 2012, disponible en http://politica.elpais.com/politica/2012/03/23/actualidad/1332526424_970023.html (consultado el 21 de octubre de 2015). Los verdugos españoles no suelen mostrar remordimiento ni siquiera en estos casos en los que se revela información. A este respecto encontramos una excepción, que ni siquiera protagonizaba el propio victimario. Fue más bien su madre la que pidió perdón a la viuda de la víctima. Véase la película Tierra madre (2011). <<

[90] Para conocer un debate sobre el famoso y polémico caso Baltasar Garzón, véase Chinchón (2012). <<

[91] María Fabra, «La Audiencia Nacional rechaza extraditar a Argentina al capitán Muñecas», El País, 25 de abril de 2014, disponible en http://politica.elpais.com/politica/2014/04/25/actualidad/1398427582_441140.html. Sobre la decisión relativa a González Pacheco, véase «La Audiencia rechaza la extradición de Billy el Niño al estar prescritos los delitos», El País, 30 de abril de 2014, disponible en http://politica.elpais.com/politica/2014/04/30/actualidad/1398857175_118986.html (ambos consultados el 18 de octubre de 2015). <<

[92] «El fiscal abre la puerta a que se investiguen en España las torturas cometidas por Billy el Niño en el franquismo», eldiario.es, 10 de abril de 2014. Disponible en http://www.eldiario.es/politica/Billy-Nino-extraditado-Argentina-franquismo_0_248125358.html (consultado el 18 de octubre de 2015). <<

[93] La única excepción a nivel nacional —ya que estas exhumaciones y homenajes a veces fueron cubiertos por la prensa local— fue la de la revista sensacionalista Interviú. Aguilar y Ferrándiz (2016) han analizado las razones de esta cobertura y la falta de presencia del tema en otros medios de comunicación nacionales. <<

[94] En la trasmisión de las identidades de las víctimas en España indagan Aguilar et al. (2011). <<

[95] La posición del PSOE es muy ambigua. A pesar de los innegables avances registrados con la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, siempre que este partido ha ocupado el Gobierno se ha mostrado extremadamente cauteloso con las cuestiones relativas a la memoria. Sin embargo, cuando está en la oposición, suele proponer iniciativas mucho más audaces en este terreno, en parte porque parece que estigmatizar al Partido Popular por sus raíces franquistas le proporciona réditos electorales, y en parte porque el relevo generacional que ha tenido lugar en el partido está contribuyendo, poco a poco, a superar su anterior resistencia a afrontar esas cuestiones, antes enormemente polémicas. Solo así se entiende que, en la legislatura actual (2016 -), haya impulsado proposiciones no de ley con el fin de superar las limitaciones de la Ley de Memoria Histórica. Ahora, a diferencia de lo que sostenía hace pocos años, se muestra partidario de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, de anular los juicios y sentencias de carácter político del franquismo y de crear una comisión de la verdad. Partidos de ambos lados del espectro ideológico le han reprochado que no impulsara estas medidas cuando estaba en el Gobierno. <<

[96] No hay que subestimar la influencia de los organismos internacionales. El informe sobre España del Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha influido enormemente en la capacidad de las asociaciones para organizar acciones colectivas. De hecho, las manifestaciones antes mencionadas aludían directamente a las recomendaciones del informe de la ONU, que ha demostrado tener un papel aglutinador fundamental en un mundo —el de las asociaciones de memoria— profundamente fragmentado (Informe sobre España del Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Naciones Unidas. A/HRC/27/56/Add.1, 22 de julio de 2014). <<