Índice

Cubierta

Índice de cuadros y gráficos

Índice de siglas y abreviaturas

Prólogo a la nueva edición

Prefacio a la primera edición

Cronología

Introducción

I. El régimen de Pinochet, una dictadura desarrollista

II. La instauración del régimen autoritario

III. El liderazgo del general Augusto Pinochet: bases institucionales y recursos de poder

IV. La participación de los militares

V. La estrategia de legitimación

VI. La organización del poder político

VII. La élite civil: el «gremialismo» y el papel de Jaime Guzmán

VIII. Los Chicago boys y la legitimación por el éxito económico

IX. La política económica del autoritarismo en las privatizaciones

X. La crisis económica de 1982-1983 y la política de la apertura

XI. El fracaso de la regulación sucesoria. La derrota del general Pinochet

XII. La retirada del poder y los amarres a la democracia

XIII. Los legados del régimen de Pinochet

XIV. Conclusiones

Bibliografía

Notas

Créditos

Para comprender bien tanto la revolución como su obra, había que olvidar por un momento la Francia que tenemos ante nosotros y acudir a interrogar dentro de su tumba a la Francia que ya no existe. Esto es lo que he intentado hacer aquí, pero me ha costado más trabajo el conseguirlo que lo que nunca hubiera podido imaginar.

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

El antiguo régimen y la revolución

¿Qué sería del hombre sin su capacidad para recordar? La memoria es una pasión no menos poderosa e invasora como el amor. ¿Qué significa recordar? Significa vivir en más de un mundo para permitir que el pasado permanezca y el futuro pueda así iluminarlo. Es revivir fragmentos de existencia, rescatar seres perdidos, proyectar una luz vivificante sobre rostros y acontecimientos, despejar las arenas que cubren la superficie de las cosas y luchar contra el olvido para rechazar la muerte.

ELIE WIESEL

Memoirs. All Rivers Run to the Sea

En Chile no tiene cabida o vigencia ningún proyecto histórico, ningún modelo social que signifique conculcar la libertad personal o la soberanía nacional. El cuerpo social sería incapaz de asimilarlo, por extraño a su esencia. Toda normativa jurídica y estructuración institucional, toda política económica y social y todo sistema educacional debe tender a asegurar, a cada chileno, el ejercicio de su libertad y el respeto a su persona como un ser inviolable. Cualquier otra finalidad —la instrumentalización, por ejemplo, de las instituciones sociales para ponerlas al exclusivo servicio de unos pocos— estaría condenada de antemano a la ineficacia, por ser extraña y hostil al alma nacional. Los pueblos no pueden impunemente apostatar de su alma.

CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

Homilia en el Te Deum del 18 de septiembre de 1974

ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS

Cuadro I-1. Víctimas por violación de derechos humanos y por violencia política, según año en que ocurrieron los hechos investigados (1973-1990).

Cuadro I-2. Características sociodemográficas y políticas de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de violencia política.

Cuadro I-3. Los grupos civiles de poder en el régimen de Pinochet.

Cuadro III-1. Los resultados de las elecciones no competitivas durante el régimen del general Pinochet.

Cuadro III-2. La imagen del general Pinochet en la historia de Chile.

Cuadro III-3. Cómo pasará a la historia la figura del general Pinochet, según intención de voto y edad (propuesta abierta).

Cuadro IV-1. La estructura de la coalición gobernante: Argentina: 1966-1973, 1976-1986, y Brasil: 1964-1983.

Cuadro IV-2. Distribución de los regimientos por regiones.

Cuadro IV-3. Permanencia de los militares como intendentes regionales (a junio de 1988).

Cuadro IV-4. Distribución de gobernadores provinciales (junio 1988).

Cuadro IV-5. Los generales con cargos políticos en el año del plebiscito de 1988.

Cuadro IV-6. Tiempo de destinaciones institucionales y en cargos de Gobierno de los generales de Ejército que en 1988 no ocupan cargos en el Gobierno (11 de septiembre 1973-30 de junio 1988).

Cuadro IV-7. La magnitud de la participación de los militares en el sistema político (julio 1988).

Cuadro IV-8. Los rectores-delegados de las universidades tradicionales, 1973-1986.

Cuadro VI-1. Los siete «gobiernos» del régimen de Pinochet.

Cuadro VI-2. La composición de los siete «gobiernos» del régimen militar.

Cuadro VI-3. El perfil profesional y político de los ministros del régimen(los 12 ministros que permanecieron más tiempo en el gabinete).

Cuadro VI-4. Inestabilidad ministerial durante el régimen militar, (1973-1990).

Cuadro VI-5. Los ministros del régimen de Pinochet (1973-1990).

Cuadro VII-1. Resultados de las elecciones a la directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), 1967-1972.

Cuadro VII-2. La carrera política de los presidentes «gremialistas» de la FEUC (1968-1989) en el régimen militar y en la democracia.

Cuadro VII-3. Las carreras políticas de los dirigentes de la Secretaría Nacional de la Juventud en las municipalidades y en el Congreso Nacional.

Cuadro VIII-1. Comparación de variables macroeconómicas clave, 1959-1998.

Cuadro VIII-2. La composición de los siete «gobiernos» del régimen militar.

Cuadro VIII-3. Composición de directorios de empresas filiales de Corfo (junio 1986).

Cuadro VIII-4. Personal directivo de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) (1981-1985).

Cuadro VIII-5. Convenios de estudios Odeplan-Instituto de Economía Universidad Católica de Chile (1974-1987).

Cuadro IX-1. Destino venta de empresas públicas, 1985-1988.

Cuadro IX-2. La evolución del nuevo sistema de pensiones (1981-2014).

Cuadro IX-3. La concentración de los fondos de pensiones, 1985-2014.

Cuadro IX-4. La concentración de los fondos de pensiones, 1985-1997.

Cuadro IX-5. La división de Endesa durante el régimen militar.

Gráfico X-1. Trabajadores adscritos al PEM y al POJH (1982-1985).

Cuadro X-1. Evolución del sueldo mínimo legal (1981-1985).

Cuadro X-2. Políticas clientelísticas para deudores pequeños y medianos (enero-junio 1986).

Cuadro XI-1. Las declaraciones de altos oficiales del Ejército en favor de la candidatura del general Pinochet (1987-1988).

Cuadro XI-2. Las giras del general Pinochet en la preparación de su nominación como candidato (1986-1988).

Cuadro XI-3. La decisión de votar en el plebiscito de 1988.

Cuadro XI-4. La intención de voto en el plebiscito sucesorio (1987-1988).

Gráfico XII-1. Aporte fiscal a las Fuerzas Armadas como porcentaje del PIB.

Cuadro XII-1. La labor legislativa del régimen militar después del plebiscito de 1988.

Cuadro XII-2. Las resoluciones de Corfo para la continuación de las privatizaciones (1988-1989).

Cuadro XII-3. Participación de los diputados de la UDI y de RN en el régimen militar (1989-2001).

Cuadro XII-4. La participación de los senadores de la UDI y RN en el régimen militar (1989-2001).

Gráfico XIII-1. Evaluación del Gobierno de Pinochet (1987-2013).

Cuadro XIII-1. Evaluación del régimen de Pinochet, 1987-2009, según intención de voto. Suma de respuestas «buenos y muy buenos».

Gráfico XIII-2. Imagen del general Pinochet como gobernante.

Cuadro XIV-1. El perfil de los directores elegidos por las AFP en las juntas de accionistas de las empresas privatizadas, 1995-1997.

Cuadro XIV-2. Opiniones sobre Pinochet y la democracia, según intención de voto.

ÍNDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones

AHJG, Actas de la Honorable Junta de Gobierno

AGECH, Asociación Gremial de Educadores de Chile

ANEF, Asociación Nacional de Empleados Fiscales

ANEPE, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

ASEP, Asesoría Política, grupo de apoyo al ministro del Interior en los años setenta

BID, Banco Interamericano de Desarrollo

CAP, Compañía de Acero del Pacífico

CDEC, Centro de Despacho Económico de Carga

CEPAL, Comisión Económica para América Latina

CEPLAN, Centro de Estudios de Planificación de la Universidad Católica.

CERC, Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea

CHILGENER, Chilectra Generación

CIAPEP, Programa de Adiestramiento en Preparación y Evaluación de Proyectos.

CIDOC, Centro de Documentación de Historia Contemporánea de Chile, Universidad Finis Terrae

CIEPLAN, Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica

CNE, Comisión Nacional de Energía

CNI, Central Nacional de Inteligencia

CNS, Coordinador Nacional Sindical

COAJ, Comité Asesor de la Junta de Gobierno

CODELCO, Corporación del Cobre

CORFO, Corporación de Fomento de la Producción

CTC, Compañía de Teléfonos de Chile

CUT, Central Unitaria de Trabajadores

DC, Democracia Cristiana

DICOMCAR, Dirección de Comunicaciones de Carabineros

DINA, Dirección de Inteligencia Nacional

DINACOS, Dirección Nacional de Comunicación Social

D.L., Decreto Ley

EMP, Estado Mayor Presidencial

ENACAR, Empresa Nacional del Carbón

ENAMI, Empresa Nacional de Minería

ENAP, Empresa Nacional del Petróleo

ENDESA, Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima

ENTEL, Empresa Nacional de Telecomunicaciones

ENU, Escuela Nacional Unificada

FACH, Fuerza Aérea de Chile

FECH, Federación de Estudiantes de Chile

FEUC, Federación de Estudiantes de la Universidad Católica

FF.AA., Fuerzas Armadas

FJGE, Fundación Jaime Guzmán Errázuriz

FNT, Frente Nacional de Trabajadores

FPMR, Frente Patriótico Manuel Rodríguez

GOPE, Grupo de Operaciones Especiales, entidad de Carabineros INE, Instituto Nacional de Estadísticas

ISAPRE, Instituciones de Salud Previsional

JDC, Juventud Demócrata Cristiana

MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria

MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria

ODEPLAN, Oficina de Planificación Nacional

OO.PP., Obras Públicas

PC, Partido Comunista

PDC, Partido Demócrata Cristiano

PEM, Programa de Empleo Mínimo

PET, Programa de Economía del Trabajo de la Academia de

Humanismo Cristiano

PGB, Producto Geográfico Bruto

PIB, Producto Interno Bruto

PN, Partido Nacional

POJH, Programa de Empleo para Jefes de Hogar

PR, Partido Radical

PRODEN, Proyecto Democrático Nacional

PS, Partido Socialista

RN, Renovación Nacional

RR.EE., Relaciones Exteriores

SAG, Servicio Agrícola y Ganadero

SERCOTEC, Servicio de Cooperación Técnica

SERPLAC, Secretaría Regional de Planificación y Coordinación Regional

SERVIU, Servicio de Vivienda y Urbanismo

SFF, Sociedad de Fomento Fabril

SGP, Secretaría General de la Presidencia

SIC, Sistema Interconectado Central

SII, Servicio de Impuestos Internos

SING, Sistema Interconectado del Norte Grande

SNA, Sociedad Nacional de Agricultura

SNJ, Secretaría Nacional de la Juventud

SOQUIMICH, Sociedad Química y Minera de Chile

SSS, Servicio de Seguro Social

UDI, Unión Demócrata Independiente

UN, Unión Nacional

USACH, Universidad de Santiago de Chile

UTE, Universidad Técnica del Estado

PRÓLOGO A LA NUEVA EDICIÓN

Más de un cuarto de siglo después del régimen militar y una década desde la muerte del general Pinochet, se mantiene el interés en esos años, especialmente de los jóvenes, que dejó heridas por los atropellos a los derechos humanos que han permanecido en la sociedad e impulsó una transformación económica de orientación neoliberal que cambió las bases del Estado y las relaciones de este con la economía, la sociedad y la cultura. Mantiene vigencia el argumento del libro en el sentido que fue un Estado dual, con una cara dura, representada por la coerción, que coexistió con otra, una amistosa, representada por la transformación económica neoliberal, bajo el liderazgo de Pinochet y el respaldo de las Fuerzas Armadas y de grupos civiles.

El impacto del autoritarismo en la democracia también se explica por el complejo contexto de la transición, con la continuidad de Pinochet como comandante en jefe del Ejército durante ocho años, durante los cuales actuó en la arena política, con declaraciones y actos de provocación contra las autoridades elegidas por el pueblo, llegando al límite de la legalidad. Fue acompañado por sus numerosos colaboradores en el Gobierno y en las comisiones legislativas que asesoraron a la Junta de Gobierno y respaldaron sus actuaciones. En la Cámara Alta, con excepción de Sebastián Piñera (RN), todos los senadores de la UDI y RN elegidos en 1989 habían participado en posiciones de poder o asesoría en el régimen militar. Destacaban Jaime Guzmán (UDI), su principal asesor civil, y Sergio Onofre Jarpa (RN), ex embajador (1976-1983) y ex ministro del Interior (1983-1985). Además, estaban los nueve senadores designados, uno de los cuales había sido ministro del Interior, Sergio Fernández, y el militar Santiago Sinclair que había sido vicecomandante en jefe del Ejército. Hasta el año 2006, siete de los ocho senadores de la UDI elegidos desde 1989 habían participado en alguna posición de autoridad en su Gobierno, y también fue la situación de diez de los catorce senadores de RN.

La influencia de Pinochet y el régimen también se explica por decisiones de sus antiguos opositores, quienes, al llegar al Gobierno en 1990, no tuvieron una actitud unitaria y decidida para enfrentar sus provocaciones, dejándole un espacio que, mirado con el paso del tiempo, es cada vez menos comprensible. La transformación económica neoliberal continuó y hasta se profundizó en democracia como consecuencia de la decisión del primer Gobierno democrático, de Patricio Aylwin (PDC), de optar más por la continuidad que por la reforma del sistema económico. Esta decisión tuvo amplias repercusiones, pues la estrategia de consolidación de la democracia se formuló en torno al desempeño económico, ya que se consideró que la estabilidad democrática dependía de una buena gestión económica, con cinco millones de pobres, el 40 por ciento de la población. Esa decisión implicó descuidar la política y sus instituciones, especialmente los partidos, y priorizó la entrega de bienes económicos. No fue modificada cuando el 2000 llegó a La Moneda Ricardo Lagos (PS/PPD), el primer presidente socialista después de Salvador Allende. Gobiernos de centro-izquierda llevaron adelante políticas de centro-derecha, sin justificar ese cambio a los electores, como lo han hecho otros gobiernos en América Latina y Europa Occidental, por las exigencias del proceso político y las condiciones económicas, para mantener su adhesión.

La opción por la continuidad del «modelo» impuesto por la dictadura se llevó adelante sin considerar sus limitaciones institucionales, como la concentración económica y de la riqueza, la debilidad de las instituciones regulatorias para proteger la competencia y los derechos de los consumidores además de que se desconocieron sus componentes políticos. Como se explica en el libro, especialmente en lo capítulos V, VIII y IX, estos eran contribuir a la legitimación de la dictadura por el desempeño económico y desmantelar el Estado empresario y de bienestar, con altos componentes patrimonialistas, que benefició a sus colaboradores, expresado especialmente en las privatizaciones de las empresas públicas creadas por la Corfo desde 1940.

Hubo un descuido de la política, que incluyó la ausencia de financiamiento público de ella hasta el 2003 respecto de las campañas electorales y de los partidos. Ello creó una relación entre los intereses económicos y el poder político, que influyó en la definición de una agenda económica que atendió los intereses de los grandes empresarios, y en la ausencia de una voluntad política para cumplir las funciones regulatorias del Estado, que llevaría a casos de colusión, uso de información privilegiada y financiamiento ilegal de la política que superó los mínimos límites éticos que esta debe tener en democracia. Desde el 2014 se han conocido los alcances de estas relaciones, que han remecido las bases del sistema económico y político.

Esta es una edición revisada del libro aparecido a comienzos del 2001, que tuvo una muy buena acogida entre académicos, estudiantes y público en general. Su publicación en España, con una contratapa que tenía una elogiosa opinión del gran sociólogo Juan Linz y del prestigioso historiador Javier Tusell, hizo posible que se difundiera en ese país. El libro está agotado hace años. Fue publicado en inglés por Lynne Rienner el 2007.

He ampliado la cronología entre el 11 de marzo de 1990 y la muerte de Pinochet el 10 de diciembre de 2006, a los 91 años, corregido errores, aclarado algunos puntos y extendido otros, simplificado el abundante número de notas e incorporado la bibliografía aparecida después de la publicación de mi libro, que incluye memorias y entrevistas a altos funcionarios del régimen de Pinochet, que entregan antecedentes de interés para una mejor comprensión del período.

Tiene un capítulo nuevo, que analiza el impacto de la dictadura en la democracia y la gestión de los gobiernos democráticos en relación a las decisiones respecto de Pinochet y la transformación económica y sus consecuencias en el sistema político, especialmente en el debilitamiento de los partidos. El análisis del impacto de la dictadura en la cultura cívica se apoya en las encuestas del CERC, que había iniciado a mediados de los años ochenta en la Academia de Humanismo Cristiano, dependiente del Arzobispado de Santiago, manteniendo una serie de tiempo de preguntas sobre ese período que es única en Chile.

He revisado estudios comparativos de dictaduras que han aparecido en los últimos años (Gandhi, 2008; Svolik, 2012), con datos reunidos de decenas de casos, pertenecientes a distintas regiones del mundo, que limita la novedad de sus hallazgos. Considero que el estudio de caso en una perspectiva comparada que seguimos en el libro es muy útil para comprender los regímenes no democráticos, como lo había mostrado Juan Linz en su influyente artículo de 1964 sobre Franco en España (1939-1975). La dictadura de Pinochet tiene enormes singularidades, que no han sido examinadas en los estudios comparados.

El estudio del régimen de Pinochet no está separado de mi experiencia personal. A comienzos de 1990, el presidente electo Patricio Aylwin me designó como subsecretario de Guerra, uno de los cuatro que entonces tenía el Ministerio de Defensa. Esa designación no se concretó por unas declaraciones que di en una entrevista del semanario Análisis a fines de enero, una publicación que había tenido una clara postura de oposición a la dictadura. En ella me explayé sobre las relaciones cívico-militares, mencioné algunos de los problemas y critiqué a Pinochet. La revista destacó mis declaraciones, con una gran foto en la portada, en la cual aparecía afirmando «conozco a los militares». Cinco días antes de asumir la Presidencia, fui citado a la oficina de don Patricio en la calle Arturo Medina, que después los periodistas llamarían «La Moneda chica». Me recibió con gran cordialidad. Comenzó a pasear lentamente por su oficina, y después de preguntar por mi familia me dijo: «Estos caballeros [los militares] están muy enojados con usted por las declaraciones que dio y no quieren que lo nombre. Se lo han hecho saber a Enrique [Krauss] y Edgardo [Boeninger] en las reuniones por la transmisión de Gobierno». Luego agregó: «Yo tengo la facultad de nombrarlo, pero le han dicho a mis colaboradores que, si lo hago, modificarán el decreto que organiza la subsecretaría y entregarán las principales facultades que tiene el subsecretario a un oficial de Ejército. Usted no tendría poder». Después dijo: «Yo estoy de acuerdo con lo que usted declaró, pero le harán la vida imposible. No tengo embajador en Alemania, Kohl quiere una persona de mi confianza, piénselo, háblelo con la Martita y me cuenta su decisión».

Así fue como volví a Alemania como embajador de Chile, en mayo de 1990, y permanecí los cuatro años del Gobierno, país en el cual había vivido ocho años (1975-1983), y lo hacía cuando se llevaba a cabo la unificación, pues el muro de Berlín había caído algunos meses antes, el 9 de noviembre de 1989. Este proceso repercutió en Chile, cuando, a fines de 1991, Erich Honecker, secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED) desde 1971, jefe de Estado de la República Democrática Alemana (RDA) (1976-1989), se asiló en la Embajada de Chile en Moscú, país en el cual vivieron numerosos chilenos exiliados por la dictadura.

Recuerdo la emoción que sentí cuando un destacamento militar alemán me rindió honores al ingresar al palacio del presidente federal, Richard von Weizsäcker, para presentar mis cartas credenciales como embajador plenipotenciario y extraordinario de Chile. Sentí nuevamente el peso de Pinochet sobre mi persona cuando emitió unas provocadoras palabras contra el Ejército alemán a comienzos de septiembre de 1990, «el Mes de la Patria», en un acto público, y fui citado por el Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores para manifestarme el rechazo del Gobierno alemán a sus declaraciones, ocasión en que les expresé que esas palabras también eran condenadas por el Gobierno de Chile.

Quiero agradecer la ayuda que he recibido de mis colaboradores y ayudantes de muchos años, especialmente Rodrigo Cuevas, en el CERC y en el Instituto de Estudios Internacionales, y Fernando Rubilar. También agradezco a Viviana Flores, Sebastián Ibarra y José Tomás Labarca, quien me expresó en varias ocasiones la conveniencia de sacar una nueva edición del libro y me ayudó a revisar y completar la bibliografía. Carmen Luz Molina, jefa de biblioteca del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, atendió con eficacia mis numerosas peticiones de artículos académicos y libros, para revisar aspectos analíticos y actualizar la bibliografía.

Manuel Délano hizo una cuidadosa revisión del texto original, acortándolo y haciendo sugerencias que lo perfeccionaron. A todos y cada uno de ellos, mil gracias.

Santiago, 5 de abril de 2016

PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN

El lector tiene en sus manos un estudio sistemático del régimen autoritario del general Augusto Pinochet preparado mediante los conceptos de la ciencia política. No es un libro histórico, aunque para reconstruir sus instituciones y procesos se ha recurrido al método de esta disciplina. Es un estudio de caso en una perspectiva comparada con otras experiencias no democráticas, utilizando no solo la lógica de las similitudes y diferencias. Este enfoque ha permitido identificar con mayor nitidez las singularidades del orden político chileno entre 1973 y comienzos de 1990.

Se analiza la complejidad del sistema político en torno a su dualidad de cancelación de la libertad, que provocó altísimos costos humanos, y de transformación económica, que llevó al despegue de la economía, examinando su estrategia de legitimación, las estructuras y élites de poder, el liderazgo del general Pinochet, la política económica, con especial énfasis en las privatizaciones y la influencia del contexto autoritario en ellas, el plan de institucionalización de una democracia protegida y autoritaria como una alternativa opuesta a la democracia occidental, las causas de su fracaso, y los factores que explican su larga vida. Entre estos sobresalen su capacidad para conseguir la cooperación de las élites de derecha, obtener el respaldo del empresariado y de un amplio segmento de la población y mantener la iniciativa política, incluso en difíciles momentos. Pese a ello, tuvo que terminar y abrir paso al establecimiento del orden pluralista por la derrota en el plebiscito sucesorio de 1988, que hizo fracasar no solo el interés del general Pinochet por extender su mandato presidencial durante ocho años, sino que, además, abortó la inauguración de la democracia protegida.

El libro también se ha escrito desde la perspectiva de la democratización, porque sus problemas y limitaciones no se comprenden sin considerar las relaciones de poder establecidas en la dictadura. Los estudios de la transición asumen que los problemas que enfrentan las nuevas democracias se originan después de las primeras elecciones generales. Quienes critican los logros del orden pluralista establecido en 1990 olvidan los obstáculos dejados por el régimen anterior, poniendo el dedo acusador en los demócratas antes que en sus adversarios. Los partidarios del régimen de Pinochet hacen una apología de su gestión económica y guardan silencio ante los atropellos a los derechos humanos, admitiendo que solo correspondería a los uniformados una responsabilidad penal, política y ética en los excesos y ninguna a los civiles que los acompañaron en importantes cargos de autoridad y poder.

Comencé a preparar este libro hace bastante tiempo y su desarrollo está íntimamente ligado a mi vida personal y profesional. No habría sido posible sin la ayuda recibida por diversas instituciones y personas. Inicié la búsqueda de las singularidades del régimen de Pinochet después de 1975 durante mis estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg con Dieter Nohlen, sobre una investigación comparada acerca de la caída de la democracia en Chile, la República de Weimar en Alemania (1918-1933) y la Segunda República en España (1931-1936). Estudié esos países europeos porque sus fracasos democráticos fueron emblemáticos, esperando con ello comprender mejor las causas que condujeron a la tragedia en mi país, surgiendo así mi interés por el estudio del régimen totalitario de Hitler y el autoritario de Franco que les sucedieron. Mi inquietud por el franquismo aumentó a partir de mi experiencia personal, junto a mi familia, en Barcelona, en la Navidad de 1975, algunas semanas después de la muerte del «Generalísimo de los Ejércitos y Caudillo de España». Se percibía claramente en las calles y plazas el júbilo de los españoles por el término del régimen y el anuncio de la inminencia del cambio a la democracia. Pude profundizar en este tema en mi investigación posdoctoral sobre la transición a la democracia en España y la Unión de Centro Democrático (UCD).

La comparación con el franquismo se justificó no solo por motivos analíticos, sino también para comprender los antecedentes ideológicos del régimen de Pinochet. Desde los años cuarenta diversos intelectuales y grupos de derecha siguieron con admiración el desarrollo político de España, que tradujeron en el discurso político del autoritarismo chileno, y vieron en la experiencia europea un marco de referencia para definir el carácter del nuevo orden político en sus primeros años. El «Frente Juvenil de Unidad Nacional», lanzado el 9 de julio de 1975 por iniciativa del «gremialismo», una ceremonia con desfiles y antorchas, una coreografía propia de los actos fascistas, fue la expresión más visible de esa influencia. El nombre de la organización daba cuenta de la influencia del régimen franquista: su organización juvenil fue el «Frente de Juventudes». El franquismo admirado por estos grupos no era el de los años sesenta, con la liberalización económica y la apertura política, sino el de su etapa corporativista. Solo después de la consolidación de la democracia en España, que desmanteló las instituciones franquistas, y cuando la democratización se extendía como una poderosa ola en América Latina, el «gremialismo» rompió su adhesión a la experiencia española y comenzó a hablar de democracia. Sin embargo, lo hizo en un sentido instrumental de avanzar a la «nueva institucionalidad» de la democracia protegida y autoritaria, porque España puso de manifiesto la fragilidad del sistema político cuando no estaba el «Caudillo». Constituyó una dramática ironía que fue España quien provocó la humillante detención del general Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998 por una resolución de su justicia por la responsabilidad de este en la muerte de ciudadanos españoles en Chile, que lo mantuvo detenido por dieciocho meses y gatilló su procesamiento en los tribunales chilenos, donde perdió su fuero de «senador vitalicio» en agosto del 2000 y a someterse a interrogatorio del juez Juan Guzmán el 23 de enero de 2001.

La investigación propiamente tal comenzó con el respaldo del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) de la Academia de Humanismo Cristiano a mediados de los años ochenta y contó con el apoyo de la Fundación Volkswagen. Jorge Olave y Sergio España me ayudaron con gran entusiasmo y eficacia, especialmente a través de un minucioso análisis empírico de las políticas y la élite gobernante, tarea en que también colaboró María Olivia Mönckeberg. La Fundación Ford permitió iniciar un programa de encuestas con el que pude indagar en las opiniones y actitudes de los chilenos durante el autoritarismo, que se amplió con el apoyo de la Unión Europea y el Cipie de Madrid. Ha continuado en los años noventa a través de la Corporación CERC, dirigida por Marta Lagos hasta 1995 y por mí a partir de ese año. Esto ha hecho posible reunir una serie de tiempo con más de medio centenar de encuestas, con una amplia información sobre la imagen del régimen autoritario y la figura del general Pinochet. Agradezco a todos quienes han hecho posible la realización de estas encuestas.

En los cuatro años del primer Gobierno democrático, del presidente Patricio Aylwin, durante los cuales fui embajador en Alemania, en innumerables oportunidades tuve que explicar las particularidades de nuestra nueva democracia, así como la continuidad del ex dictador en la dirección del Ejército, especialmente después de su sorpresivo ataque al Ejército alemán en septiembre de 1990.

La investigación fue reanudada en 1995 cuando retomé mis clases como profesor de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica, labor que fue facilitada por una beca de la Fundación Humboldt. Conté nuevamente con el apoyo de la Fundación Volkswagen en un proyecto de investigación en colaboración con el profesor Harmut Sangmeister, de la Universidad de Heidelberg, para estudiar las reformas económicas y los grupos civiles de poder. Agradezco la ayuda del Dr. Alfred Schmidt, de la Fundación Volkswagen. En esta tuve la eficaz colaboración de mi ayudante, Ricardo Gamboa, y de Gloria Miño, quien tuvo a su cargo la gestión administrativa del proyecto. Un proyecto Fondecyt, Nº 1960297, permitió continuar el estudio y preparar una primera versión del libro.

El estudio se apoya en una amplia y variada información, revisando en forma sistemática a lo largo de los últimos cinco años múltiples fuentes primarias y secundarias. En las primarias quiero mencionar los antecedentes recogidos en el archivo de la Vicaría de la Solidaridad y en la Biblioteca Nacional. Pablo Policzer me llamó la atención sobre la existencia de las Actas de la Honorable Junta de Gobierno, que continúan siendo secretas, cuya lectura me fue autorizada por los entonces presidentes del Senado, Sergio Romero (RN), y de la Cámara de Diputados, Gutenberg Martínez (PDC). Revisé pacientemente decenas de volúmenes en presencia de un funcionario de la biblioteca del Congreso Nacional, sin que se me permitiera hacer fotocopias para facilitar mi trabajo. Fui autorizado a usar una grabadora, con la cual recogí los párrafos que me parecieron de interés, teniendo después que proceder a la transcripción de numerosas cintas. El carácter «secreto» de las Actas constituye un anacronismo en el principio de legalidad, porque en honor a la verdad no tienen información que no pueda ser conocida abiertamente por los investigadores. ¡Los temas conflictivos eran resueltos por los miembros de la Junta sin la presencia de sus asesores y taquígrafos! Los estudios de las violaciones a los derechos humanos no encontrarán referencias en ellas, con la excepción de debates para perfeccionar la arquitectura legal del régimen, con el fin de llenar los vacíos descubiertos por los imaginativos y valientes abogados de los derechos humanos.

Se revisó documentación existente en los ministerios Secretaría General de Gobierno, Planificación y Cooperación (ex Odeplan) y Relaciones Exteriores, así como también de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Fueron muy útiles los videos con entrevistas a ministros y altos funcionarios del régimen militar que se encuentran en el Centro de Documentación de Historia Contemporánea de Chile (Cidoc) de la Universidad Finis Terrae. El análisis del «gremialismo» pudo ampliarse con los documentos de la Fundación Jaime Guzmán que me fueron proporcionados por intermedio de su director ejecutivo, Marco Antonio González. Los escritos de Jaime Guzmán aparecidos en la Revista Escolar y Fiducia me los facilitó Renato Cristi. El personal de la biblioteca del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica ayudó a conseguir numerosos libros y artículos que permitieron completar las fuentes bibliográficas. También trabajé en la Biblioteca Nacional en Madrid y en su hemeroteca para profundizar mi conocimiento del régimen de Franco y la imagen que se dio del caso chileno en la prensa franquista entre 1973 y 1975.

Entrevisté a numerosos ministros y colaboradores del régimen de Pinochet, civiles y militares, quienes con interés y franqueza respondieron mis preguntas que buscaban obtener una visión más completa de su estructura y toma de decisiones.

Tuve oportunidad de exponer las principales conclusiones de la investigación en seminarios organizados por el Latin American Centre de la Universidad de Oxford por invitación de Alan Angell, en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid por intermedio de Javier Tusell y Álvaro Soto, respectivamente, y en el Kellog Institute de la Universidad de Notre Dame, gracias a Tim Scully C.S.C. En este último lugar terminé una segunda versión del manuscrito en los primeros meses del 2000.

Este fue leído por Alan Angell, Carlos Bascuñán, Mónica González y Juan Linz, quienes me indicaron numerosas insuficiencias y debilidades que me esforcé por corregir en esta versión final.

Además de las personas mencionadas, también he recibido la ayuda de numerosas personas en esta larga investigación. Sin poder nombrar a cada una de ellas quisiera mencionar a Héctor Casanueva, Enrique D’Etigny, Ricardo Ffrench-Davis y Dieter Nohlen.

Agradezco la ayuda de cada una de las instituciones y personas que he mencionado, reconociendo que soy responsable del contenido del libro y de sus limitaciones.

Mi deuda de gratitud con Juan Linz es inmensa. Sus numerosos trabajos sobre los regímenes no democráticos y la transición a la democracia, algunos de los cuales me envió antes de ser publicados, y las múltiples conversaciones que sostuvimos sobre el régimen de Pinochet en diferentes ocasiones en Bad Homburg, Heidelberg, Madrid, New Haven y Santiago, me permitieron comprender mejor sus principales elementos y apreciarlos en una perspectiva comparada. Las numerosas observaciones que hizo a mi manuscrito después de una cuidadosa lectura me sirvieron muchísimo para corregir las imprecisiones y errores y matizar algunas debilidades, aunque no pretendo haberlas subsanado todas.

Agradezco a mis ayudantes en el CERC, quienes colaboraron en distintas etapas del proyecto. Raúl Cordero, Edmundo Santelices, Carola Ramírez, Daniela Moreno y, muy especialmente, Mauricio Morales y Rodrigo Bugueño, que trabajaron con entusiasmo durante la fase final de la redacción del libro. Dora de Groote llevó a cabo una cuidadosa edición del manuscrito, con múltiples correcciones que lo mejoraron notoriamente. Alejandra López, mi asistente en el CERC, ha colaborado activamente en múltiples tareas, desde la verificación de datos e información de contexto hasta la transcripción de las múltiples revisiones que hice al manuscrito, sin descuidar sus responsabilidades administrativas en el CERC y su compromiso con la promoción de los derechos humanos. Jorgelina Martín, de Editorial Sudamericana, realizó una cuidadosa edición del texto con importantes correcciones que lo mejoraron.

Conocí en mi niñez las consecuencias del autoritarismo cuando supe que mi padre, teniente coronel Tomás Huneeus Eastman, presentó su expediente de retiro del Ejército inmediatamente después de la elección del general (R) Carlos Ibáñez del Campo como presidente de la República el 4 de septiembre de 1952, quien, durante la dictadura establecida después del golpe de Estado de 1925, exilió a mi abuelo, Roberto Huneeus Gana. Su concepto del honor militar y el recuerdo de su padre le llevó a abandonar la institución a la cual perteneció durante veintiséis años, sin esperar concluir su curso de Estado Mayor en la Academia de Guerra que terminaba algunas semanas después, porque estimaba que no podía ser subordinado de Ibáñez. Al escribir este libro los he tenido siempre muy presentes, y de ahí que esté dedicado a ellos. No habría sido posible sin la ayuda de mi familia, mi esposa, Marta Lagos Cruz-Coke, quien me ha acompañado en este largo recorrido, y mis hijos Cristóbal y Nicolás, con quienes he compartido no solo su contenido, sino también mi «observación participativa» del autoritarismo, cuando desde 1986 y a temprana edad comenzaron a acompañarme a más de un acto de la oposición, sin conocimiento de mi esposa, y Josefina y Federico, quienes han tenido que soportar pacientemente por años la preparación de este libro y supieron mantener una efectiva persistencia, no siempre diplomática, para empujarme a concluirlo.

Santiago, 27 de enero de 2001

CRONOLOGÍA

11 de septiembre de 1973: Golpe militar que derroca el Gobierno del presidente Salvador Allende.

30 de septiembre de 1974: Agentes de la DINA asesinan en Buenos Aires al ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa.

17 de diciembre de 1974: Pinochet es designado por la Junta de Gobierno presidente de la República como jefe de Estado de la nación.

14 de abril de 1975: Jorge Cauas es nombrado ministro de Hacienda y anuncia plan de estabilización conocido como de shock; Sergio de Castro asume como ministro de Economía.

9 de julio de 1975: Por iniciativa del «gremialismo» se constituye en Chacarillas el Frente Juvenil de Unidad Nacional.

23 de julio de 1975: Publicación en prensa argentina y brasileña de los nombres de 119 personas, detenidos-desaparecidos, en una maniobra de encubrimiento del asesinato de víctimas por parte de la DINA.

6 de octubre de 1975: Atentado cometido por agentes de la DINA en Roma contra el ex vicepresidente de la República Bernardo Leighton y su esposa, quedando ambos gravemente heridos.

11 de noviembre de 1975: Por presión del Gobierno se disuelve el Comité Pro Paz.

1 de enero de 1976: Se crea la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago.

9 de enero de 1976: Se crea el Consejo de Estado. Asume su dirección el ex presidente de la República Jorge Alessandri Rodríguez.

21 de septiembre de 1976: Atentado cometido por agentes de la DINA en Washington D.C. que cuesta la vida de Orlando Letelier y una ciudadana estadounidense.

31 de diciembre de 1976: Sergio de Castro es designado ministro de Hacienda, sucediendo a Jorge Cauas, quien es nombrado embajador en Estados Unidos. Pablo Baraona asume como ministro de Economía, y Álvaro Bardón como presidente del Banco Central.

12 de marzo de 1977: La Junta de Gobierno ordena la disolución de los partidos declarados en receso en 1973, medida dirigida especialmente en contra del PDC.

9 de septiembre de 1977: El general Pinochet anuncia el Plan de Chacarillas, con el establecimiento de la democracia protegida y autoritaria.

13 de agosto de 1977: Disolución de la DINA, siendo reemplazada por la CNI, por presión del Gobierno de Estados Unidos.

4 de enero de 1978: Consulta convocada por el Gobierno para rechazar una nueva decisión de Naciones Unidas por las violaciones a los derechos humanos y fortalecer el poder de Pinochet.

14 de abril de 1978: El abogado Sergio Fernández asume como ministro del Interior, y Hernán Cubillos, de Relaciones Exteriores.

19 de abril de 1978: Publicación de la Ley de Amnistía.

21 de julio de 1978: Constitución del Grupo de Estudios Constitucionales, conocido como «Grupo de los 24».

24 de julio de 1978: Destitución del general Gustavo Leigh como comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta de Gobierno; le sucede el general Fernando Matthei.

21 de marzo de 1980: El general Pinochet debe interrumpir su viaje a Filipinas mientras iba en pleno vuelo. Destituye al ministro Cubillos, a quien responsabiliza de la humillación.

15 de julio de 1980: Un comando del MIR asesina al coronel Roger Vergara, director de la Escuela de Inteligencia del Ejército.

24 de julio de 1980: El general (R) Odlanier Mena renuncia a la dirección de la CNI y le sucede el brigadier general Humberto Gordon Rubio.

11 de septiembre de 1980: Un plebiscito sin garantías ratifica una nueva Constitución y deja como presidente a Pinochet por un período de ocho años.

1 de mayo de 1981: Entra en vigencia la reforma previsional que creó las AFP.

25 de febrero de 1982: Es asesinado por efectivos de la DINE el dirigente sindical de oposición Tucapel Jiménez.

22 de abril de 1982: Salen del gabinete Sergio Fernández y Sergio de Castro.

14 de junio de 1982: Devaluación del dólar de 39 pesos que regía desde 1979.

13 de enero de 1983: Intervención del sistema bancario y financiero.

11 de mayo de 1983: Se realiza la primera protesta masiva contra el régimen, convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre.

10 de junio de 1983: Monseñor Juan Francisco Fresno es designado arzobispo de Santiago, sucediendo al cardenal Raúl Silva Henríquez, que deja el cargo al cumplir setenta y cinco años de edad.

6 de agosto de 1983: El PS, PDC, PR, la Social Democracia y la Derecha Democrática Republicana crean la Alianza Democrática.

10 de agosto de 1983: Sergio Onofre Jarpa es nombrado ministro del Interior. Da comienzo a la política de la apertura.

11 de agosto de 1983: El Gobierno enfrenta con 18.000 soldados en las calles de Santiago la cuarta protesta opositora, que termina con decenas de muertos y centenares de heridos.

30 de agosto de 1983: Un comando del MIR asesina al intendente de la Región Metropolitana, mayor general (R) Carol Urzúa.

20 de septiembre de 1983: El PC, PS-Almeyda, MIR y MAPU constituyen el Movimiento Democrático Popular (MDP).

24 de septiembre de 1983: Constitución de la UDI con Jaime Guzmán como presidente.

18 de noviembre de 1983: Acto de masas en el Parque O’Higgins convocado por la Alianza Democrática; participan más de 300.000 personas.

27 de noviembre de 1983: Anuncio del surgimiento del partido Unión Nacional bajo la dirección de Andrés Allamand.

27 y 28 de julio de 1984: Seminario del Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (Icheh). En su exposición del sábado 28 de julio, Patricio Aylwin plantea prescindir del tema de la legitimidad y reconocer la Constitución de 1980 como un hecho, para cambiarla y abrir paso a una transición a la democracia.

12 de febrero de 1985: Sergio Onofre Jarpa renuncia como ministro del Interior, siendo sucedido por Ricardo García. Hernán Büchi asume como ministro de Hacienda.

29 de marzo de 1985: Tres miembros del Partido Comunista son degollados por efectivos de Carabineros. Se nombra al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, José Cánovas, para investigar los hechos.

1 de agosto de 1985: El ministro Cánovas encarga reos a dos carabineros y dicta orden de arraigo contra otros doce funcionarios por el «caso degollados».

2 de agosto de 1985: Como consecuencia del «caso degollados» renuncia a su cargo el general director de Carabineros, César Mendoza, siendo reemplazado por el general Rodolfo Stange.

25 de agosto de 1985: Dirigentes de partidos de oposición y Unión Nacional suscriben el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia por iniciativa del cardenal arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno.

24 de septiembre de 1985: Fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orgánica Constitucional que crea el Tribunal Calificador de Elecciones, disponiendo que debe organizarse antes del plebiscito sucesorio.

7 de septiembre de 1986: Atentado fallido contra el general Pinochet en el Cajón del Maipo, cometido por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

25 de febrero de 1987: Se abren los registros electorales.

8 de febrero de 1987: La UDI, MUN y el Frente Nacional del Trabajo constituyen Renovación Nacional (RN); Ricardo Rivadeneira es designado presidente y Jaime Guzmán y Andrés Allamand vicepresidentes.

1 de abril de 1987: Llega en visita a Chile el papa Juan Pablo II y permanece seis días en el país.

15-16 de junio de 1987: Agentes de la CNI dan muerte a doce personas vinculadas al FPMR, en lo que se conoce como la «Operación Albania».

9 de diciembre de 1987: Rivadeneira renuncia a la presidencia de RN y Sergio Onofre Jarpa es elegido como su sucesor.

2 de febrero de 1988: Representantes de trece partidos opositores crean la Concertación de Partidos por el No.

15 de marzo de 1988: Jaime Guzmán pide la renuncia de la directiva de RN, responsabiliza a Jarpa de irregularidades en las elecciones al Consejo General y llama a los militantes de la UDI a no participar en ellas.

15 de abril de 1988: El Tribunal Supremo de RN expulsa del partido a Jaime Guzmán, quien renuncia creando el partido UDI por el Sí.

30 de agosto de 1988: Los comandantes en jefe de las FF.AA. y el general director de Carabineros designan al general Pinochet como candidato al plebiscito.

5 de septiembre de 1988: Comienza a emitirse dos veces al día la franja electoral del Sí y el No por televisión.

5 de octubre de 1988: Victoria del No en el plebiscito sucesorio con el 54,7 por ciento de los votos, mientras el general Pinochet recibe el 43 por ciento.

30 de julio de 1989: Un plebiscito ratifica las reformas constitucionales negociadas entre el Gobierno y la oposición.

14 de diciembre de 1989: Patricio Aylwin, candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, gana la elección presidencial. La Concertación obtiene un amplio respaldo en las elecciones parlamentarias.

11 de marzo de 1990: Patricio Aylwin asume la Presidencia de la República en la sede del Congreso en Valparaíso. Pinochet sigue como comandante en jefe del Ejército.

10 de abril de 1990: Autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados, encabezados por Gabriel Valdés (PDC) y José Antonio Viera-Gallo (PS), respectivamente, dan un «almuerzo de homenaje» a la cúpula de las FF.AA., incluyendo al general Pinochet.

25 de abril de 1990: Aylwin crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, para contribuir al esclarecimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar con resultado de muerte.

2 de junio de 1990: Hallazgo de los restos de 19 fusilados en Pisagua mientras eran prisioneros en 1973-1974 en un campo de concentración en esa localidad.

5 de septiembre de 1990: En un almuerzo en el Club de la Unión para homenajear al Ejército, Pinochet arremete contra el Ejército de la República Federal de Alemania, formado según él por «marihuaneros, drogadictos, melenudos, homosexuales y sindicalistas». El Gobierno de ese país y las autoridades chilenas rechazan sus dichos.

6 de septiembre de 1990: 52 diputados de la Concertación piden oficiar al ministro de Defensa por el pago de tres cheques que hizo el Ejército al primogénito del general Pinochet, Augusto Pinochet Hiriart, por un total de 971.940.001 pesos (aproximadamente tres millones de dólares). Será conocido como los «Pinocheques».

18 de octubre de 1990: La Cámara Baja, con las abstenciones de RN y la UDI, forma una comisión investigadora por el «caso Pinocheques», que preside el diputado PPD Jorge Schaulsohn. Es la primera de su tipo en la nueva democracia.

19 de diciembre de 1990: El Ejército realiza un «ejercicio de enlace», desplazando soldados en tenida de combate frente al edificio de las FF.AA., para presionar al Gobierno, por orden de Pinochet, y frenar la investigación del Congreso sobre los pagos que el Ejército hizo a su hijo primogénito, por 971 millones de pesos.

4 marzo de 1991: El presidente Aylwin da a conocer por cadena nacional el Informe Rettig sobre los casos de víctimas de la violencia con resultado de muerte en la dictadura. En su mensaje por televisión, Aylwin pide perdón al país por estos crímenes.

1 abril de 1991: Un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) asesina al senador UDI Jaime Guzmán.

8 de febrero de 1992: Creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, para investigar los casos en que la Comisión Rettig no terminó de investigar por falta de antecedentes suficientes.

24 de abril de 1993: El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Guillermo Piedrabuena, despacha a la justicia el expediente por el «caso Pinocheques».

28 de mayo de 1993: El Ejército realiza un «boinazo», en el segundo acto público de presión de Pinochet al Gobierno, aprovechando que el presidente Aylwin estaba de viaje en los países escandinavos. Movilizó soldados con uniforme de combate, boina incluida (por eso se llamó «boinazo»), molesto por el cuestionamiento de los cheques pagados por el Ejército a su primogénito.

12 de noviembre de 1993: El ministro de la Corte Suprema Adolfo Bañados condena al general Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza, jefe y subjefe de la DINA, respectivamente, a siete y seis años de prisión por el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington en 1976.

30 de mayo de 1995: La Corte Suprema confirma la sentencia que condenó a Contreras y Espinoza. Contreras se resiste a ingresar al penal de Punta Peuco, construido para la reclusión de militares condenados por violaciones a los derechos humanos.

21 de julio de 1995: El juez Jorge Colvin, a cargo de investigar la venta de la fábrica de fusiles Valmoval a PSP («caso Pinocheques»), rechaza la petición de procesamiento del Consejo de Defensa del Estado y se encamina al sobreseimiento.

24 de julio de 1995: El presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en reunión con el presidente (S) del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Davor Harasic, le solicita que este organismo se desista de la querella por fraude al fisco en el «caso Pinocheques», aduciendo que «se ponía en riesgo el Estado de derecho». Pocos días después, el CDE acoge la petición.

20 de octubre de 1995: Contreras ingresa al penal Punta Peuco para cumplir la pena por el «caso Letelier». Por instrucción del brigadier general Eugenio Videla, el sábado 22 de octubre se congregan en las afueras de esta cárcel cerca de mil oficiales, suboficiales y clases de la II División del Ejército, con los respectivos familiares, en protesta por el encarcelamiento de los ex jefes de la DINA.

Diciembre de 1996: Unos días antes de su expiración, el 31 de diciembre de 1996, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación entrega el Informe sobre Calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política. Identifica 899 casos, que al agregar los calificados por el Informe de la Comisión Rettig, da un total de 3.195 personas muertas en el régimen militar.

20 de enero de 1998: La Corte de Apelaciones de Santiago acoge a tramitación la primera querella criminal contra el general Pinochet.

10 de marzo de 1998: Se formaliza el paso a retiro de Pinochet en el Ejército después de veinticinco años como comandante en jefe. Lo sucede el general Ricardo Izurieta.

11 de marzo de 1998: Pinochet ingresa al Senado como senador vitalicio.

16 de octubre de 1998: Agentes de Scotland Yard detienen a Pinochet en Londres, cumpliendo una petición del juez español Baltasar Garzón, que pidió su extradición a España para procesarlo por el asesinato de ciudadanos españoles durante el régimen militar. El Gobierno chileno rechaza la medida y se hace parte en el proceso judicial. Posteriormente, también solicitarán su extradición tribunales de Suiza y Francia.

28 de octubre de 1998: Tres jueces de la Alta Corte del Reino Unido declaran nula la primera orden de detención de Pinochet porque este posee inmunidad diplomática.

25 de noviembre de 1998: Los Lores revocan la resolución de la Alta Corte y niegan la inmunidad soberana a Augusto Pinochet, dando paso a que el ministro del Interior, Jack Straw, decida si da curso a la extradición.

1 de diciembre de 1998: Pinochet se traslada a una residencia particular en el sector de Virginia Waters, en las afueras de Londres, donde queda bajo custodia policial.

17 de diciembre de 1998: La Sala de los Lores anula la resolución porque lord Hoffman, uno de los miembros de la Cámara de los Lores, no informó de sus vínculos con Amnistía Internacional.

24 de marzo de 1999: La Comisión de los Lores de la Ley resuelve que el ex general Pinochet no goza de inmunidad total, dando paso al proceso de extradición.

14 de abril de 1999: El ministro Straw autoriza el juicio de extradición.

8 de junio de 1999: El juez Juan Guzmán ordena la detención de cinco procesados en el «caso caravana de la muerte»: el general Sergio Arellano Stark, el brigadier Pedro Espinoza, los coroneles Marcelo Moren Brito y Sergio Arredondo y el mayor Armando Fernández Larios.

21 de agosto 1999: Comienza su trabajo la Mesa de Diálogo constituida por iniciativa del Gobierno e integrada por representantes de las FF.AA. y de Orden, abogados de derechos humanos y representantes de organizaciones religiosas y de la sociedad civil. Busca establecer el destino final de los detenidos desaparecidos y encontrar sus restos.

15 de febrero de 2000: La Alta Corte británica resuelve que el ministro Straw tiene facultades para adoptar la decisión que estime conveniente.

2 de marzo de 2000: El ministro Straw informa su decisión de no extraditar a Pinochet a España por razones humanitarias. Ese mismo día Pinochet viaja a Chile tras estar 503 días detenido en Londres.

3 de marzo de 2000: Pinochet arriba a Santiago, siendo recibido por el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta.

23 de mayo de 2000: la Corte de Apelaciones desafuera a Pinochet por el «caso caravana de la muerte».

13 de junio de 2000: La Mesa de Diálogo finaliza su trabajo, con un acuerdo que firman todos sus integrantes.

8 de agosto de 2000: El Pleno de la Corte Suprema confirma el desafuero a Pinochet y establece sospechas de que es autor, cómplice y encubridor.

2 de noviembre de 2000: La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acuerda que el general Pinochet se someterá a exámenes mentales.

1 de diciembre de 2000: Luego de realizar exámenes médicos, el juez Juan Guzmán dicta auto de procesamiento en contra de Pinochet en calidad de coautor de los delitos de secuestro calificado y de homicidio calificado en relación a 75 personas ejecutadas por la «caravana de la muerte».

20 de diciembre 2000: La Sala Penal de la Corte Suprema confirma la anulación del procesamiento del general Pinochet, pero ordena al juez Guzmán que lo interrogue.

5 de enero de 2001: Como resultado de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo, las FF.AA. y de Orden entregan una lista con el destino final de 200 detenidos desaparecidos, de ellos 180 identificados y 20 NN. Después se encontrarán errores en lo que informaron sobre varios de estos casos.

23 de enero de 2001: Pinochet declara ante el ministro de fuero Guzmán y niega ser responsable de ordenar las ejecuciones en el «caso caravana de la muerte».

29 de enero de 2001: El juez Guzmán somete a proceso al general Pinochet, como autor de 57 homicidios y 18 secuestros en el «caso caravana de la muerte». Queda bajo arresto domiciliario por su avanzada edad.

8 de marzo de 2001: La Primera Sala de verano de la Corte de Apelaciones de Santiago confirma el encausamiento de Pinochet como encubridor.

12 de marzo de 2001: El juez Guzmán concede la libertad bajo fianza a Pinochet.

9 de julio de 2001: La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones sobresee temporalmente por razones de incapacidad mental a Pinochet. La decisión no es apelable.

1 de julio de 2002: La Corte Suprema sobresee por demencia a Pinochet como encubridor en el «caso caravana de la muerte». Horas después, Pinochet oficializa su renuncia como senador vitalicio en su retiro definitivo de la vida política.

26 de septiembre de 2003: Creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que preside el obispo Sergio Valech, ex vicario de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, para investigar los casos de estas víctimas en el régimen militar.

28 de mayo de 2004: La Corte de Apelaciones revoca el sobreseimiento de Pinochet, en una decisión ratificada por la Corte Suprema, en el marco de la «Operación Cóndor».

5 de julio de 2004: La Corte de Apelaciones decreta el desafuero contra Pinochet por su responsabilidad en la «Operación Cóndor».

16 de julio de 2004: Se informa en los EE.UU. que una investigación del Senado de este país revela que Pinochet mantuvo cuentas por ocho millones de dólares en el Banco Riggs, en Washington D.C. La primera cuenta la abrió en diciembre de 1994.

21 de septiembre de 2004: Según el Consejo de Defensa del Estado, el monto acumulado en cuentas bancarias por Pinochet llegaría a 16 millones dólares.

5 de noviembre de 2004: A través del texto publicado en el diario La Tercera «Ejército de Chile: el fin de una visión», el comandante en jefe de esta arma, Juan Emilio Cheyre, reconoce la responsabilidad institucional del Ejército en las violaciones a los derechos humanos.

17 de noviembre de 2004: La Corte Suprema confirma las condenas a la cúpula de la DINA y declara que la amnistía no es aplicable al delito de secuestro en el proceso por el desaparecido Miguel Ángel Sandoval Rodríguez. Este principio marcará los siguientes fallos en los juicios por crímenes a los derechos humanos.

28 de noviembre de 2004: El presidente Ricardo Lagos da a conocer al país el Informe Valech, elaborado a partir de los testimonios de más de 35.000 chilenos que fueron detenidos y sometidos a torturas en el régimen militar. Calificaron más de 27.000 casos.

2 de diciembre de 2004: Pinochet es desaforado por su presunta responsabilidad como encubridor en el asesinato del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército, y de su esposa en Buenos Aires, en 1974. El 24 de marzo de 2005, la Corte Suprema aplica el principio de cosa juzgada, siendo absuelto.

7 de junio de 2005: La Corte de Apelaciones de Santiago desafuera a Pinochet. Fue desaforado por fraude tributario, falsificación de declaración de bienes, falsificación y utilización de pasaporte falso y elusión de medidas cautelares en contra de sus bienes. Dos meses después son procesados por ese mismo caso su esposa, Lucía Hiriart, y su hijo Marco Antonio. En 2013 se cerró la investigación judicial, siendo condenados solo altos oficiales en retiro.

6 de julio de 2005: La Corte de Apelaciones de Santiago desafuera a Pinochet por la «Operación Colombo», un montaje de la DINA para simular que 119 ciudadanos chilenos detenidos desaparecidos habían sido asesinados en el exterior.

10 de diciembre de 2006: A los noventa y un años, Pinochet fallece en el Hospital Militar por un infarto al miocardio, en el día en que internacionalmente se conmemora la protección a los derechos humanos. Por decisión del Gobierno, sus funerales se realizan solo con los honores correspondientes al cargo de ex comandante en jefe del Ejército.

INTRODUCCIÓN

Este libro explica la naturaleza del régimen autoritario del general Augusto Pinochet (1973-1990) mediante el examen de sus estructuras y grupos de poder, sus principales políticas y los factores que posibilitaron su larga vida. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 tuvo un doble carácter. Por un lado, puso fin a una duradera tradición democrática chilena, atípica en América Latina, admirada por muchos más allá de sus fronteras, y fue considerado también el resultado de una larga y profunda crisis acelerada por el Gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende (1970-1973), que se había propuesto instaurar un régimen socialista por caminos legales. Además, este golpe constituyó el acto inaugural de un régimen autoritario que ejerció el poder con gran violencia, provocando heridas que dañaron profundamente a la sociedad, e impulsó políticas económicas que cambiaron radicalmente las bases del Estado y desembocarían en el despegue económico de Chile. El régimen autoritario, por ello, dio origen a un Estado dual, con dos caras contrapuestas, pero estrechamente ligadas: la coerción política, por una parte, y la promoción de la libertad económica, por otra¹.

Una amplia bibliografía ha analizado la cara irracional del autoritarismo², imagen instalada en la opinión pública internacional y que condujo a la humillante detención del general Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998³. Se han realizado, asimismo, numerosos estudios sobre las reformas económicas⁴, pero pocos libros examinan empíricamente ambas dimensiones en forma conjunta, considerando sus interrelaciones y conflictos⁵. Es lo que se ha tratado de acometer en esta publicación.

El objeto de este trabajo es, pues, examinar las estructuras y políticas del nuevo régimen y no las causas que llevaron al colapso del orden pluralista, otro tema de investigación sobre el que me he preocupado anteriormente, en mi tesis doctoral (Huneeus, 1981), y del que existe una vasta bibliografía⁶.

¿Cómo se explica un régimen que duró tanto tiempo en un país de una larga tradición democrática? ¿Cuáles fueron sus órganos de poder? ¿Qué mecanismos le permitieron conseguir estabilidad política y un amplio respaldo, incluso en los sectores populares? ¿Qué rol tuvieron las reformas económicas y las ideas neoliberales en el discurso y la política del autoritarismo? ¿Cómo fue posible la coexistencia de coerción política y libertad económica, dos caras opuestas que, sin embargo, lograron cohabitar sin tensiones ostensibles o significativas? ¿Qué explica el importante liderazgo del general Pinochet y la fascinación que provocó su persona y su gestión tanto en las élites como en los estratos más modestos? Estas son algunas de las preguntas que han guiado la investigación de que da cuenta esta obra. Y, después de un cuarto de siglo desde el término del régimen de Pinochet, ¿qué legados ha dejado a la democracia y cómo se expresan en ella?

El libro tiene catorce capítulos. En el primero se hace una presentación general del régimen militar, ubicándolo en una perspectiva comparada con el fin de apreciar sus especificidades y formulando el enfoque analítico que se utilizará en esta investigación. En el capítulo segundo se explica cómo se produjo la toma del poder, que tuvo una enorme influencia en la definición del perfil del nuevo orden político. En el capítulo tercero se estudia el liderazgo del general Pinochet —a partir de su doble papel de jefe de Estado y líder de la coalición gobernante— y se examinan las fuentes de su autoridad y liderazgo. El cuarto aborda el papel de los militares y su participación en los órganos de poder. A continuación, en el quinto capítulo, se considera la estrategia de legitimación múltiple del orden político-histórico, legal-constitucional y con éxito económico utilizada para justificar un régimen de larga duración. Luego, en el sexto capítulo, se revisa la organización del orden político y las tensiones al interior del poder entre personalización e institucionalización. El capítulo séptimo estudia el papel desempeñado por Jaime Guzmán, el principal asesor civil del general Pinochet, colaborador clave en la formulación del programa político del régimen, y la fundación del «gremialismo», movimiento fundado por aquel, que fuera el principal grupo civil de poder, formando cuadros que ocuparon cargos de Gobierno y que se convirtió en un partido en 1983, la UDI (Unión Demócrata Independiente), que ha tenido un gran protagonismo en la nueva democracia desde 1990, defendiendo al régimen militar y al general Pinochet. El capítulo octavo describe el rol desempeñado por el equipo económico de los Chicago boys, y en el capítulo noveno se profundiza en una de sus reformas de mayores consecuencias, las privatizaciones. En el capítulo décimo se examina el impacto de la crisis económica de 1982-1983 y la política de apertura impulsada para contener la protesta ciudadana, que permitió el resurgimiento de los partidos. En el capítulo once se analizan el fracaso de la sucesión y la derrota del general Pinochet en el plebiscito de 1988. El capítulo doce aclara la forma en que los militares regresaron a los cuarteles y los amarres que dejó para evitar que en democracia los uniformados fueran juzgados por atropellos a los derechos humanos. En el capítulo trece se presentan las conclusiones de esta investigación y en el capítulo catorce se examinan los legados de la dictadura en la democracia.

El libro, más que abarcar todos los factores que influyeron en el desarrollo del régimen autoritario, pretende adentrarse y dar a conocer la propia naturaleza del mismo. No se ha hecho un análisis de todos los actores que intervinieron en el proceso político, como la oposición, pues ello hubiera requerido considerar el papel de las organizaciones internas y las del exilio, aunque sí se examina la influencia de los partidos que estuvieron en contra de Pinochet durante la apertura y que explica su derrota en el plebiscito de 1988.

El examen del régimen es relevante no solo para comprender el pasado de Chile, sino también para entender el carácter de la democracia inaugurada el 11 de marzo de 1990, cuando el general Pinochet entrega los símbolos del poder democrático al nuevo presidente, Patricio Aylwin, que había encabezado la oposición que lo derrotó en el plebiscito del 5 de octubre de 1988.

La política del autoritarismo que aquí se examina tuvo y tiene consecuencias en la economía y la sociedad, así como en el desarrollo del orden pluralista, entrabando los esfuerzos de perfeccionamiento y profundización de un modelo democrático. Explicar el pasado tiene la finalidad de arrojar algo de luz para entender los factores que intervienen en el actual desarrollo político, incluso un cuarto de siglo después de que haya terminado.

En la última década, algunos intelectuales —anteriormente opositores al régimen militar, destacando Tomás Moulian (1997)— han cuestionado el desempeño de los demócratas por no haber avanzado lo suficiente en el desmantelamiento del andamiaje autoritario⁷. La continuidad de las reformas económicas del autoritarismo en los años noventa y la permanencia de Pinochet en la dirección del Ejército estimularon esta interpretación. Sin embargo, la continuidad de Pinochet no se explica como una concesión de los demócratas, como si ellos lo hubiesen deseado. La razón es más simple: Pinochet no pudo ser derribado por la oposición, a pesar de haberse buscado este resultado entre 1983 y 1985, porque contó con el respaldo de los militares, los empresarios, la derecha y ejerció sobre estos un fuerte y sistemático liderazgo⁸. Esa interpretación simplifica la complejidad de las sólidas bases de poder del régimen autoritario, que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, un amplio sector de la población, los empresarios y los partidos de derecha, y que se había propuesto permanecer en el poder hasta 1997, según establecía la Constitución de 1980. En efecto, había diseñado cuidadosamente una sui géneris regulación sucesoria, que incluía la ratificación plebiscitaria del mandato del general Pinochet y la implantación de un sistema político distinto a la democracia occidental, la democracia protegida y autoritaria, con pluralismo limitado, tutela militar y sin justicia en relación a los atropellos a los derechos humanos. El autoritarismo en Chile no terminó por un golpe de Estado, como en Portugal en 1974⁹, o por una derrota militar, como en Argentina en 1982, sino por un revés electoral en el plebiscito de 1988. El respeto de los militares a esta legitimidad legal les llevó a admitir la derrota y entregar el Gobierno a sus opositores, sin ceder en aquellas cuestiones para ellos muy importantes, como por ejemplo la continuidad de Pinochet en la dirección del Ejército. Este fue un importante costo político para la nueva democracia¹⁰.

Sin embargo, la forma en que terminó el régimen de Pinochet dejó espacios a la oposición democrática para hacer cambios institucionales en el sistema político y económico que hubiesen favorecido un mejor desarrollo democrático que el que tuvo. El Gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-1994) y los partidos de la Concertación que le apoyó no los ocuparon, priorizando el objetivos de corto plazo de alcanzar una rápida consolidación de la democracia, sin considerar las consecuencias de mediano y largo plazo, que dieron continuidad a la transformación económica impulsada por la dictadura, que ni siquiera fue interpelada por los nuevos gobernantes, e implicaron la persistencia de dar énfasis en la continuidad de instituciones del régimen anterior, especialmente del sistema económico, al buscar una pronta estabilidad política. Hubo actitudes de debilidad de algunos ministros y parlamentarios frente a Pinochet, que reforzaron en este su voluntad de hostilizar al nuevo Gobierno. La estrategia de legitimación de la democracia se expresaba en el desempeño económico y asegurar la continuidad de su dinamismo, sin considerar sus implicancias en la calidad de la democracia (Huneeus, 2014). Años después del restablecimiento de la democracia surgieron indicadores de un debilitamiento del desarrollo político, en el desplome organizativo de los partidos, la debilidad de las asociaciones voluntarias y los grupos de interés de los chilenos —salvo las organizaciones empresariales—, la caída de la participación electoral, la baja confianza en las instituciones y en las élites y la mala imagen de la política y los políticos. Estos problemas no se pueden explicar sin considerar el impacto del régimen de Pinochet y las decisiones adoptadas por los gobiernos democráticos frente al ex dictador y la modernización económica.

Si existe democracia pluralista en Chile no es porque el autoritarismo la haya buscado, como lo plantearon algunos de sus colaboradores (Fernández, 1994), sino porque la oposición democrática impidió la consolidación de la democracia protegida y autoritaria al derrotar a Pinochet en el plebiscito de 1988, haciendo fracasar la regulación sucesoria, que ha sido el talón de Aquiles de las dictaduras, como advirtió Giovanni Sartori (1987). Pinochet aceptó reformar la Carta Fundamental, eliminando algunos de sus componentes autoritarios, para impedir que la oposición impulsara un cambio radical o desmantelamiento de esta¹¹. Después de su derrota en 1988, puso múltiples trabas a la nueva administración, y también lo hizo durante los ochos años que se mantuvo como comandante en jefe del Ejército luego de la transferencia de poder el nuevo presidente, Patricio Aylwin, el 11 de marzo de 1990.

El método empleado en esta investigación es el estudio de caso en una perspectiva comparada con otras experiencias no democráticas, tratando de combinar un examen minucioso de la experiencia chilena con el de otras instancias autoritarias¹². Esta comparación es explícita con el régimen de Franco y con los «nuevos autoritarismos» de América Latina, en especial Argentina, Brasil y Uruguay. Es, asimismo, una comparación implícita en sus contrastes con el régimen de Hitler, para observar sus singularidades con mayor nitidez desde las diferencias con un régimen totalitario¹³. Esto ha sido posible porque hemos utilizado no solo la lógica de las similitudes, sino también la de las diferencias¹⁴. Este enfoque ha permitido identificar con mayor nitidez las singularidades del orden político que tuvo Chile entre 1973 y comienzos de 1990.

CAPÍTULO I

EL RÉGIMEN DE PINOCHET, UNA DICTADURA DESARROLLISTA

El régimen autoritario chileno no fue el único en esos años en América Latina, pero sí el que alcanzó mayor estabilidad e impacto internacional. Desde el golpe de Estado de marzo de 1964 en Brasil, que puso fin al Gobierno del presidente João Goulart, y el de marzo de 1976 en Argentina, que terminó con el Gobierno de Isabel Martínez —viuda y compañera de fórmula electoral del general Juan Domingo Perón—, los militares derribaron gobiernos democráticos, como Uruguay, que tenía una larga trayectoria de alternancia de gobiernos a través de elecciones competitivas (González, 1991) y establecieron regímenes autoritarios en la mayoría de los países de América del Sur¹.

El caso de Chile presentó diversas singularidades que lo distinguieron de las demás experiencias autoritarias de la región. En primer lugar, estuvo fuertemente dominado por el empleo de la violencia, particularmente en los primeros años, aplicada por sus servicios de seguridad, militares y policía. La muerte, las torturas y el exilio afectaron a decenas de miles de personas. El régimen de Pinochet conservó el carácter de un Estado policial en sus diecisiete años de vida, con un estricto control de la población y una sistemática persecución de las organizaciones opositoras.

En segundo término, el orden político adquirió una considerable estabilidad y se caracterizó por un bajo nivel de institucionalización y una alta personalización del poder en la figura de Pinochet. Contó con la participación institucional de las Fuerzas Armadas a través de la Junta de Gobierno y la presencia de centenares de oficiales en las principales posiciones de autoridad. La derecha brindó un amplio respaldo político y tecnocrático al régimen, ocupando múltiples cargos de Gobierno, configurando una amplia y sólida coalición cívico-militar, sin divisiones significativas ni deserciones, a diferencia de lo ocurrido en el Brasil autoritario (1964-1985) (Skidmore, 1988).

En tercer lugar, la concentración de la autoridad y el poder en Pinochet, que lo convirtió en la figura central del régimen. Las principales decisiones fueron tomadas por él y la orientación general del proceso político se ajustó a sus objetivos, pudiendo afirmar que «no se movía una hoja» sin su permiso o conocimiento. Una variedad de factores (véase Capítulo III) explican la preeminencia de su figura al punto que se puede hablar del régimen «de» Pinochet, así como se alude al Gobierno de Franco como el régimen autoritario «del» general Francisco Franco en España (1939-1975)².

En cuarto término, el régimen autoritario concretó profundas transformaciones económicas impulsadas por un grupo de tecnócratas conocidos como los Chicago boys, que modificaron la estructura productiva del país, redefinieron las relaciones del Estado con la economía y la sociedad y permitieron el despegue de estas. No fue una experiencia no democrática que fracasó en su gestión económica, sino que, por el contrario, obtuvo algunos resultados positivos, pero con el consiguiente costo social y en medio de importantes sombras de inhumanidad. El régimen de Pinochet fue la única dictadura desarrollista en la segunda mitad del siglo XX³. El contexto autoritario proporcionó facilidades institucionales que posibilitaron impulsar las reformas económicas con una intensidad casi imposible de aplicar en democracia. Chile comenzó su modernización económica bajo el autoritarismo, lo que dejó profundas huellas en el sistema gestado, aún manifiestas un cuarto de siglo después, en democracia.

En quinto lugar, el régimen de Pinochet no terminó como consecuencia de conflictos y divisiones entre los militares, como en el caso del «Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas» en el Perú (1968-1980), o por el fracaso de su gestión económica, como fueron los casos de Ecuador y Bolivia, o por una derrota bélica, como en Argentina en 1982 con la guerra de las Malvinas. Llegó a su fin dentro de sus propias normas institucionales establecidas en la Constitución de 1980, después de la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. El cambio de régimen siguió una estrategia de reforma y no de ruptura, a diferencia de lo ocurrido en Portugal en 1974⁴. Esto explica la prolongación de algunos componentes del autoritarismo en democracia, entre los que sobresale la continuidad del general Pinochet como comandante en jefe del Ejército hasta 1998, y la de numerosos de sus principales colaboradores, que le apoyaron desde 1990, como parlamentarios y dirigentes de los partidos de derecha y las organizaciones empresariales.

Surgido en un momento de retraimiento de la democracia en el mundo y de auge de los autoritarismos en Europa, Asia y América Latina, el régimen de Pinochet se construyó bajo la influencia de diversas corrientes de pensamiento político nacionales e internacionales, como el corporativismo de la España franquista y la doctrina de la seguridad nacional, que cuestionaron el desarrollo político del país, porque lo habría conducido a la «decadencia» (Vial, 1984) y exigían una ruptura con este para establecer un nuevo orden político. La decisiva influencia de las élites civiles y la vigencia de las ideas políticas de diversas vertientes conservadoras permiten considerar el régimen de Pinochet como una ruptura parcial del desarrollo político, pues mostró una considerable continuidad con ciertas tendencias de este, especialmente de la derecha, que tuvo en el ex presidente Jorge Alessandri (1958-1964) su principal figura, y retomó tendencias previas al golpe de Estado, en busca de legitimidad histórica.

Una multiplicidad de factores —la coerción, el éxito económico y las condiciones personales de Pinochet⁵— proporcionó al autoritarismo vastos recursos de poder que le permitieron alcanzar una larga vida, por lo que Chile se incorporó recién en 1990 a la «tercera ola de las democratizaciones», como las llamó Huntington (1991). También tuvo el respaldo de una parte considerable de la población, como mostraron las encuestas de los centros privados independientes realizadas desde 1985, y la colaboración de las cúpulas de los partidos tradicionales de la derecha, los empresarios y sus organizaciones afines. Un cuarto de siglo después de su término, aún es defendido por sus adherentes, y sus consecuencias, que han incidido durante todos estos años, seguirán afectando al país por largo tiempo, constituyendo significativos legados que han limitado la calidad de la democracia (Huneeus, 2014)⁶.

La sorpresiva detención del general Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998, que duró dieciséis meses, demostró que su figura y su régimen seguían concitando atención internacional como símbolo o paradigma de los atropellos a los derechos humanos y originando divisiones que demuestran que el pasado mantiene su constante influencia⁷.

Las tres identidades del régimen de Pinochet

Las singularidades del régimen del general Pinochet en comparación a las demás dictaduras de América Latina están referidas a tres dimensiones estructurales que, siendo analíticamente distintas, se relacionan estrechamente entre sí. En primer lugar, al empleo de la coerción y la violencia, con la construcción de un Estado policial en que resalta la acción de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organizada y dirigida durante cuatro años por el coronel y luego general Manuel Contreras. En segundo término, a las reformas económicas que transformaron la estructura productiva, desmantelaron el Estado empresario y de bienestar construido en Chile desde varias décadas antes, que quitarían las bases de existencia de las organizaciones laborales, debilitaron el nivel asociativo de los chilenos, provocaron un cambio de valores en estos y modificaron las bases de la política⁸. Y, en tercer lugar, a la figura del general Pinochet, que integró estos componentes.

Su detención en Londres empañó las fronteras entre estas dimensiones, poniendo en primer plano el papel desempeñado por el entonces anciano general. Esto ha conducido a un reduccionismo analítico, que encubre la complejidad de la política en esos años. El éxito económico, por otra parte, trajo como consecuencia la invisibilidad de los componentes políticos del régimen. Sus partidarios presentan el programa económico como si hubiera sido políticamente neutral, separado de la estrategia de legitimación del orden autoritario. Sus detractores, por el contrario, consideran a los Chicago boys como tecnócratas solo interesados en objetivos económicos y en servir al gran capital⁹, como si no hubieran tenido la voluntad de alcanzar objetivos políticos definidos por los militares y sus colaboradores civiles, especialmente los «gremialistas». La coerción y el liderazgo de Pinochet impidieron que las reformas económicas tuvieran efectos favorables a una democratización del régimen, como ocurrió antes en España y Europa del Este¹⁰.

La identificación del régimen con Pinochet dificulta comprender el importante papel desempeñado por los civiles que colaboraron con él en la definición del discurso político y la arquitectura institucional, como parte de la élite gubernativa. Es indispensable considerar el rol de sus ministros y más cercanos colaboradores civiles, como Sergio Fernández, Sergio de Castro, Hernán Büchi y Jaime Guzmán, y el de numerosos uniformados, entre los que destacan los generales Sergio Covarrubias, Julio Canessa, Santiago Sinclair y Manuel Contreras.

Estas tres dimensiones estuvieron integradas de manera coherente, porque se estableció un régimen político con un bajo nivel de institucionalización, que favoreció la decisión de Pinochet de convertirse en su principal figura y que llevó a identificar su persona con el orden político, concentrando un enorme poder, pero recibiendo el rechazo de la opinión pública internacional y de la oposición en Chile. El orden político —la democracia protegida y autoritaria— fue consagrado en la Constitución de 1980 y pretendió ser una alternativa a la democracia occidental, descalificada como obsoleta debido a su incapacidad para «defenderse» de «la amenaza comunista».

A continuación se examinan sucintamente estas identidades.

A. La identidad coercitiva

El régimen de Pinochet será recordado por su altísimo nivel de violencia. Esta fue empleada no solo en su fase inicial o de instauración, como otros regímenes militares (Linz, 1964), sino en todo su desarrollo, especialmente cuando consideró amenazada su estabilidad. La coerción se puso de manifiesto en múltiples ámbitos de la vida cotidiana, dando origen a un Estado policial. Durante mucho tiempo se buscarán explicaciones a la pregunta de Alan Angell (1993: 93), uno de los principales estudiosos del desarrollo político de Chile: «¿Por qué fue tan brutal el golpe?». Esta pregunta tiene otra, derivada de aquella: ¿por qué fue necesario aplicar la represión, cuando el régimen estaba consolidado, incluso hasta finales de los años ochenta¹¹?

La violencia política era casi inédita en el Chile del siglo XX y se hizo presente en forma espectacular la mañana del 11 de septiembre de 1973. Al bombardeo del Palacio Presidencial de La Moneda por dos aviones de la Fuerza Aérea se unió la declaración de uno de los miembros de la Junta de Gobierno, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, de «extirpar el cáncer marxista» y el establecimiento del estado de sitio a consecuencia del «estado de guerra interna». Se creó un clima político y social de abuso que estimuló el empleo de la coerción como un componente habitual del estilo de Gobierno¹².

Miles de personas fueron detenidas por patrullas militares que irrumpían violentamente en poblaciones, industrias y universidades, en Santiago y otras ciudades del país, siendo recluidas en regimientos y lugares amplios, como por ejemplo el Estadio Nacional. Buena parte de los detenidos, hombres y mujeres, fueron brutalmente torturados y muchos de ellos perdieron la vida. En pueblos y localidades rurales los carabineros cometieron abusos, algunas veces estimulados por civiles, que denunciaban a dirigentes de izquierda, causando numerosos muertos¹³. Los ministros del Gobierno de la Unidad Popular fueron detenidos en la Escuela Militar y luego enviados a una isla en el extremo sur del país, donde la Marina estableció un campo de concentración, teniendo que vivir bajo difíciles condiciones por casi dos años¹⁴.

Aproximadamente cinco mil personas, chilenos y extranjeros, inmediatamente después del golpe se refugiaron en las embajadas¹⁵ y en otros lugares de protección, o se pusieron bajo el amparo de organismos internacionales¹⁶. Cerca de 450.000 personas —incluidos los afectados y sus familias— debieron exiliarse, sea por motivos políticos o económicos. Esta cifra se considera más realista que el 10 por ciento del total de la población, a esos días, que habría sido afectado por esta situación, de acuerdo a estimaciones de algunas organizaciones de derechos humanos¹⁷.

La minuciosa investigación realizada por la Comisión de Verdad y Reconciliación (conocida como Comisión Rettig), constituida por el presidente Patricio Aylwin inmediatamente después de asumir el cargo el 11 de marzo de 1990 como el primer e importante paso de su política de tratamiento a las violaciones de los derechos humanos, demostró que hubo un total de 2.279 personas muertas por efectos de la represión o acciones de violencia¹⁸. Empero, según lo estimado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la misma Comisión Rettig, el número es mayor, llegando a 3.197 personas (Cuadro I-1), una cifra más ajustada a la realidad y sobre la cual trabaja el Estado en relación a las políticas de reivindicación política y reparación económica. Más de la mitad de las muertes se produjeron en 1973, pero hubo un alto número de personas que perdieron la vida en los tres años siguientes, disminuyendo después la cantidad como consecuencia del alejamiento del entonces coronel Contreras de la dirección de la DINA y el reemplazo de este organismo por la CNI. A partir de 1983 se desencadenó una nueva ola represiva contra la oposición, después que esta iniciara movilizaciones en el contexto de la grave crisis económica de 1982-1983. El total de muertos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policías ascendió a 173, cifra que representa el 5,4 por ciento del total de víctimas.

El perfil sociodemográfico y político de las víctimas, incluidos los uniformados muertos en acciones terroristas, refleja que fueron mayoritariamente jóvenes menores de treinta años, de género masculino, predominando trabajadores, campesinos y militantes de los partidos de izquierda y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Esta última agrupación sufrió la pérdida de 440 militantes, superando las bajas del Partido Comunista (427), bastante más poderoso en militancia y organización, lo que da cuenta de la efectividad de la «guerra» en su contra (Cuadro I-2). El Partido Socialista, con 482 víctimas, fue la colectividad más afectada, porque los militares actuaron contra ella con especial energía debido a la política maximalista impulsada por este durante el Gobierno de Allende, que lo llevó incluso a establecer contactos con marinos proclives a sus postulados.

La coerción no fue aplicada solo por iniciativa de los uniformados. En «el sector rural se produjeron venganzas llevadas a cabo por dueños de fundos con la colaboración de la policía uniformada. En Salamanca, Isla de Maipo, Paine, Mulchén, Laja y otros lugares, decenas de personas acusadas de ser agitadores campesinos o dirigentes sindicales agrarios fueron detenidas por grupos de civiles y policías, y posteriormente ejecutadas»¹⁹.

Los militares justificaron la violencia arguyendo que el país estaba en «guerra» contra el marxismo y denunciando la existencia de un «ejército guerrillero» de aproximadamente 14.000 individuos²⁰. Este clima se mantuvo no solo durante la instauración del autoritarismo, sino también más tarde, especialmente en la crisis económica de 1982-1984. En esta oportunidad la oposición movilizó a miles de chilenos en acciones de protesta que fueron reprimidas por los militares y carabineros, produciéndose decenas de muertos y centenares de heridos²¹.

Los partidarios del régimen también respaldaron la «guerra» contra el marxismo, sin prever las horrendas repercusiones que tendría en la vida de muchas personas y en la determinación del perfil del nuevo régimen. Uno de los que desarrolló esta tesis de la «guerra civil» fue el abogado e historiador Gonzalo Vial, fundador de la revista Qué Pasa y ministro de Educación del régimen de Pinochet (1978-1979), quien escribió que la acción de los militares fue motivada por «la posibilidad cierta e inminente de que la extrema polarización y división político-social que había alcanzado Chile, las polarizara y dividiera también a ellas, las Fuerzas Armadas, provocando la guerra civil». Añade que «la mayor parte de los conductores de la sociedad, incluso algunos situados dentro de las Fuerzas Armadas, LA QUERÍAN» (mayúsculas en el original)²².

Una de las principales herramientas de la violencia coercitiva fue un organismo especializado en impulsar la «guerra»: la DINA, organizada y dirigida hasta 1977 por el entonces coronel (después general) Manuel Contreras. La DINA nació con amplísimas facultades para actuar en el país y en el exterior, llegando incluso a realizar atentados en capitales de tres países amigos (Buenos Aires, Roma y Washington D.C.), que costó la vida a destacadas personalidades chilenas y a una ciudadana estadounidense²³.

B. La identidad económica

El régimen de Pinochet también está asociado a las reformas que contribuyeron a superar la profunda crisis económica existente al momento del golpe militar, producto de la política del Gobierno de la Unidad Popular. Las reformas impulsadas alcanzaron importantes resultados macroeconómicos (caída de la inflación, crecimiento, exportaciones, equilibrio fiscal, etc.) y transformaron la estructura productiva del país²⁴. Estas políticas tuvieron alcances «revolucionarios» (Meller, 1996: 181) y produjeron un despegue económico sostenido a partir de 1985 que continuó durante la democracia, con una tasa de crecimiento anual de 7,9 por ciento hasta 1997.

Abarcaron un amplio abanico de medidas, desde la eliminación de los controles de precios, la apertura comercial a la competencia internacional y el fomento a las exportaciones, hasta un radical proceso de privatización de las empresas públicas e incluso de los servicios de salud y previsión social, así como también de cientos de empresas intervenidas y estatizadas durante el Gobierno de Salvador Allende (Hachette y Lüders, 1992). Estimularon el surgimiento de una numerosa y dinámica clase empresarial (Montero, 1997), y una notable diversificación de las exportaciones. Tales políticas beneficiaron no solo a los empresarios, sino también a amplios sectores de la población que habían sufrido estrecheces e inseguridades durante los últimos meses antes del golpe, por lo que además sirvieron para conquistar su apoyo político.

Las reformas económicas fueron impulsadas en un contexto autoritario que las impregnó en gran medida, especialmente por ciertos componentes de clientelismo y patronazgo, particularmente visibles en las privatizaciones. No fueron neutrales y estuvieron guiadas por intereses políticos, tal como otras experiencias de transformación económica, por ejemplo la impulsada por el Gobierno conservador de Margaret Thatcher en Gran Bretaña (1979-1990). De modo que la economía estuvo subordinada a la política y no esta a aquella, como sostuvieron antes los partidarios de la teoría de la dependencia (Cardozo y Faletto, 1969).

El programa económico se inspiró en ideas neoliberales y fue aplicado por un amplio grupo de profesionales conocidos como los Chicago boys²⁵. Su objetivo final era alcanzar el desarrollo para legitimar mediante el rendimiento el orden político que se estaba construyendo, la democracia protegida y autoritaria, impulsando el programa económico con persistencia y rigidez, exhibiéndolo con gran publicidad como exitoso, aunque manipulando algunos de sus indicadores²⁶.

El pensamiento neoliberal influyó en la acción gubernativa como una cosmovisión, en el sentido que lo define Dahrendorf (1997), aplicándose a diversos sectores económicos. Todo se explicaba a través de sus ideas. La política fue sometida a las reglas del mercado, al que se le atribuía una capacidad ilimitada para asignar los recursos; el ciudadano fue reducido a la condición de un consumidor guiado por las apariencias; las instituciones políticas fueron consideradas entidades económicas, donde solo contaban la «eficiencia» y la rentabilidad. Hubo un rechazo al papel del Estado, buscando alejarlo de la economía en términos tales que esta filosofía neoliberal parecía confundirse con una especie de anarquismo, imaginando una sociedad sin Estado²⁷.

La visión ideológica del neoliberalismo permitió que sus ideas se aplicaran en los más variados ámbitos, incluso en la cultura, sirviendo de fundamento a una nueva política de educación superior. También inspiró el marco institucional de los grupos de interés, traducido en la afiliación voluntaria a los colegios profesionales y en la eliminación del control ético de sus miembros por parte del correspondiente colegio y se aplicó a la política urbana, eliminándose las normas que regulaban el uso del espacio territorial. El neoliberalismo en Chile no fue el de Milton Friedman, con el cual se le asocia, que fue influyente en la formulación de su política monetaria, sino la visión de su colega Gary Becker, que se empeñó en mostrar la utilidad del pensamiento económico para explicar problemas políticos y sociales, hasta el matrimonio y el divorcio, como ha recordado Sandel (2012)²⁸. Esta amplísima visión de la economía explica el enorme poder de los economistas en la dictadura de Pinochet.

Las reformas económicas y la coerción no eran dos mundos opuestos, sino caras de una misma moneda. Hubo un «Estado dual», usando el concepto de Fraenkel (1984), en que cada una de estas dos facetas respondió a distintas racionalidades: la racionalidad económica y la racionalidad política. La racionalidad económica privilegió la eficiencia, el lucro empresarial y la libertad económica, sin preocuparse por sus costos sociales; la racionalidad política canceló libertades básicas, convirtió los derechos humanos en bienes subordinados a los intereses políticos y justificó el empleo de la violencia.

Las reformas económicas y la modernización parcial

No es indiferente el contexto político en que se realiza la transformación económica, pues este influye en su contenido, en la forma de aplicación y en sus principales beneficiarios. No es lo mismo una modernización en democracia que la hecha en un régimen autoritario, como fue la experiencia de Chile²⁹. Por este motivo, en términos conceptuales, corresponde a lo que se llama modelo prusiano al desarrollo, formulado a la luz de otras experiencias de modernización económica realizadas en contextos no democráticos, como Alemania, con su tardía industrialización, brusca y acelerada (Dahrendorf, 1971) y la España del régimen autoritario del general Francisco Franco³⁰.

En este tipo de modernización económica, el contexto autoritario impone condiciones que si bien favorecen el cambio de ciertas partes del sistema económico, determinan enormes limitaciones en otras áreas del mismo. La concentración de la autoridad y el poder en el jefe de Estado, característico de este tipo de régimen —y que lo distingue de la democracia— también tiene consecuencias en el sistema económico, entre otras provocar una menor separación de los intereses públicos y privados. El resultado es que surgen espacios para decisiones discriminatorias en favor de individuos y grupos participantes del poder o con acceso privilegiado a este. Se establecen condiciones muy favorables para que altos funcionarios y colaboradores hagan uso en su propio beneficio de información privilegiada. La centralización del poder explica que en los regímenes autoritarios no exista en términos estrictos la corrupción, pero sí abusos de enormes dimensiones, que reciben el calificativo de corruptos cuando ocurren en una democracia (Lamo de Espinosa, 1996).

Por estos motivos, las modernizaciones autoritarias son parciales, sin afectar al conjunto de la economía y a la totalidad del sistema social; solamente cambian ciertas zonas de la institucionalidad económica y social y mantienen otras conservándolas como tradicionales o semimodernas (Rüschemeyer, 1969). Este tipo de modernización compensa los cambios e inseguridades provocadas por las reformas a través de un sistema político que restringe las libertades públicas y utiliza componentes tradicionales en la estructura de autoridad, incentivando el nacionalismo y recurriendo incluso a la religión. Si los empresarios consiguen enormes ventajas, los trabajadores y los sindicatos son perjudicados, excluyéndoselos del sistema político, penalizándolos indirectamente a través de una integración negativa, lo que beneficia aún más la situación de poder de los primeros³¹.

En el caso de Prusia, la modernización impulsada por Bismarck y las convulsiones producidas por la industrialización acelerada e intensa favorecieron el desarrollo de las grandes industrias, que fueron neutralizadas por la estabilidad que proporcionó la conservación de la estructura latifundista de los junkers y la primacía de sectores conservadores y aristocráticos en la administración pública y en el Ejército, y por el empleo de ciertas políticas económicas³². Como resultado se dio la posibilidad de que «los medios modernos fueron empleados parcial o plenamente para imponer los objetivos tradicionales y, a la inversa, determinados elementos de la tradición fueron útiles para alcanzar objetivos modernos» (Rüschemeyer, 1969: 388).

La modernización económica de los Chicago boys fue parcial, con avances en algunas áreas y atrasos en otras. Por ejemplo, la política laboral privilegió la posición de los empresarios y perjudicó a los sindicatos para evitar que tuvieran protagonismo en su campo y a nivel de la política nacional³³. El fortalecimiento empresarial privilegió a los grandes empresarios, en desmedro de los medianos y pequeños, y no incluyó instituciones reguladoras para proteger al consumidor. La estructura económica tendió hacia la concentración en conglomerados que aún controlan los principales sectores de la economía, como la banca, la prensa y las AFP, entre otros. Como se desatendió el establecimiento de marcos regulatorios, el poder económico de los grupos económicos fue muy superior, complicando aún más las relaciones entre el sistema económico y el político. Hubo una visión tradicional de aprovechamiento de los recursos naturales, sin que se incorporara la protección del medio ambiente. En términos sociales se descuidaron los estratos bajos, que vieron afectados sus niveles de vida porque las políticas de estabilización se hicieron a costa de disminuir los recursos destinados a educación, salud y vivienda. Una modernización mostrada como exitosa, como el sistema de pensiones, también tuvo importantes debilidades que no ha entregado los resultados que prometió, porque las pensiones son muy bajas y ha requerido considerables cambios, con financiamiento del Estado para financiar las pensiones mínimas, sin perfeccionarla. Las propuestas de reforma apuntan a modificar deficiencias organizativas, como el alto costo de administración³⁴, sin abordar sus limitaciones estructurales provenientes del hecho que el nuevo sistema fue construido sin tomar en cuenta los rasgos dominantes del mercado de trabajo, con bajísimas remuneraciones e inestabilidad laboral, que limitan los aportes de los trabajadores a su fondo de pensiones, el marcado sesgo hacia los trabajadores de ingresos medios y altos, la discriminación que afecta a las mujeres y el elevado costo que representa para el Estado, que se hace cargo, entre otras responsabilidades, de las pensiones mínimas³⁵. Este tipo de modernización implicó el establecimiento de relaciones de clientelismo y patronazgo, especialmente visibles en las privatizaciones, que permitieron el beneficio personal de altos ejecutivos de las empresas públicas y de asesores o colaboradores del Gobierno.

La modernización parcial generó un desarrollo institucional con profundos desequilibrios, en que partes modernas coexisten con otras premodernas o tradicionales, que provocaron profundos desajustes en la democracia³⁶. La continuidad de las reformas económicas en democracia derivó en una falta de congruencia entre un sistema económico impregnado de componentes institucionales que eran funcionales al contexto autoritario y un escenario democrático que debe responder a otros parámetros institucionales y éticos, que genera tensiones y conflictos, distorsionando el proceso político y perjudicando la calidad de la democracia³⁷.

Esta modernización no alcanzó a la administración pública, que los Chicago boys no incluyeron en su agenda por su visión ideológica del Estado, considerado responsable de los problemas económicos. Esto es una importante limitación a la modernización económica porque el crecimiento económico requiere una administración pública moderna. Esta fue una de las diferencias con la modernización económica exitosa realizada por el régimen autoritario del general Franco desde comienzos de los años cincuenta. Junto con liberalizar la economía, abriéndola drásticamente a mercados externos, abordó la modernización de la burocracia estatal para apoyar el impulso económico, transformando la economía española desde el predominio de la agricultura a una moderna y diversificada, con un importante sector industrial, que llegó a ser el décimo del mundo hacia fines de los años sesenta. La modernización de España no tuvo los sesgos ideológicos del neoliberalismo, porque no arremetió contra la intervención del Estado con numerosas e importantes empresas públicas, los economistas que definieron el programa económico no tuvieron los sesgos ideológicos que tuvieron los Chicago boys y una de sus principales figuras no fue economista, sino un catedrático de derecho administrativo, Laureano López Rodó (1990, 1991), que promovió la modernización de la administración del Estado³⁸.

Efectos no buscados de la modernización económica. La tesis de la «revolución liberal» de Pinochet

El éxito económico del régimen militar ha llevado a sus partidarios a tener una visión idealista de su política económica. Se argumenta que esta tuvo desde un comienzo el propósito de establecer las bases de la democracia, por lo que constituyó una «revolución liberal», de la cual surgió «un nuevo Chile, notoriamente más estable y democrático que el de las décadas anteriores a 1973»³⁹. Sería una revolución pionera en el mundo, que impulsó las reformas económicas aplicadas en países desarrollados en los años ochenta, para superar las debilidades del Estado benefactor establecido después de la Segunda Guerra Mundial, dominado por políticas «socialistas». Las políticas económicas de Pinochet habrían contribuido a la implantación de «fórmulas de libertad no discriminatorias, que parecían existir solo en los textos de estudio, en lugares remotos como Hong Kong o en naciones como Gran Bretaña y Estados Unidos, donde se fueron abandonando por la influencia del socialismo»⁴⁰.

Esta visión del autoritarismo resalta la cara racional del régimen y deja en un segundo plano la irracionalidad coercitiva. En primer lugar, incurre en una falacia retrospectiva, pues el objetivo del régimen de Pinochet no fue restablecer la democracia pluralista, descalificada sistemáticamente por sus fallas estructurales para enfrentar la «amenaza comunista», sino que se propuso la instauración de un orden político muy distinto, la democracia protegida. Por este motivo no corresponde identificar las reformas económicas del régimen con las reformas políticas desarrolladas en el siglo XIX, con la revolución industrial y que llevaron a la democratización del sufragio y al establecimiento de la democracia en Europa⁴¹.

En segundo término, no se pueden situar en un mismo plano reformas económicas hechas en democracia con las impulsadas por el régimen autoritario. Las profundas diferencias institucionales y éticas existentes entre ambas formas de Gobierno invalidan esta comparación. En las dictaduras, el principal componente institucional, que impregna el orden político, es la centralización de la autoridad y el poder en el jefe del Estado y sus principales colaboradores. Esto tiene importantes consecuencias, puesto que la autoridad económica ostenta un poder sin contrapeso que genera una espiral de discriminaciones y beneficios en favor de sus titulares y de los empresarios más cercanos. Además, las separaciones institucionales entre intereses públicos y privados permiten que los altos funcionarios públicos asignen beneficios discrecionalmente, dando espacio a relaciones de patronazgo y clientelismo económico. Por ello, no existe igualdad en el mercado en un contexto autoritario: sus partidarios tienen acceso privilegiado a la autoridad, lo que les permite disponer de información interna sobre decisiones económicas de gran relevancia, mientras que otros son excluidos. En democracia, la autoridad se distribuye entre distintos órganos de poder y el mercado exige igualdad de participación, existiendo fuertes exigencias políticas y éticas para asegurar su cumplimiento y mecanismos en contra de abusos o excesos cometidos por los funcionarios públicos⁴².

De ahí que en apariencia las reformas económicas del autoritarismo pueden ser similares a las impulsadas en democracias pluralistas como las del Gobierno conservador de Margaret Thatcher en Gran Bretaña⁴³ o las que aplicó el presidente Carlos Menem en la Argentina bajo la conducción del ministro de Economía Domingo Cavallo. Sin embargo, tienen profundas diferencias por los escenarios en que se efectúan, distintos estilos decisorios y una finalidad política disímil⁴⁴.

Una tercera diferencia es que los partidarios de la tesis de la «revolución liberal» confunden los objetivos del equipo económico —la legitimación por el rendimiento de la democracia protegida y autoritaria— con los efectos no buscados; es decir, aquellos que se logran involuntariamente como consecuencia de sus políticas y que pueden tener un carácter muy distinto a los propósitos iniciales de la autoridad. El régimen de Pinochet tuvo como efecto no buscado la modernización económica que ayudó a la democratización del país. Una amplia bibliografía analiza los efectos no buscados de políticas impulsadas por las dictaduras, convenientes de recordar para poner en su debida dimensión la gestión económica del régimen de Pinochet⁴⁵. Los estudios más iluminadores se han hecho sobre el régimen de Hitler. El historiador británico David Schoenbaum (1966) argumentó que el régimen totalitario produjo una «revolución social», que cambió para siempre la estructura social de Alemania, facilitando para instaurar la democracia, sino precisamente para conseguir el objetivo contrario: construir un Estado totalitario.

Esta tesis fue ampliada por el sociólogo Ralf Dahrendorf, en un notable estudio sobre la democracia en Alemania, donde sostuvo que Hitler, al buscar el poder total, tuvo que destruir las lealtades regionales, religiosas, políticas, sociales e incluso familiares, y politizar la sociedad por la ideología y el partido totalitario. Todo esto, argumenta, produjo una modernización social de tal alcance que el «contenido de la revolución fue la modernidad» (Dahrendorf, 1971: 416). El régimen nazi abrió nuevas oportunidades de movilidad social que permitieron a los hijos de obreros o de las clases medias llegar a ser altos dirigentes del partido nazi, el NSDAP, sin pertenecer a la aristocracia, la clase social que dominó la administración pública y el Ejército durante el Imperio y la República de Weimar (1918-1933).

En cuarto lugar, las reformas económicas no tienen solo efectos positivos, sino también consecuencias negativas, ignoradas por los partidarios de la «revolución liberal». El contexto autoritario produjo importantes distorsiones institucionales que afectaron los valores y actitudes de las élites que lo apoyaban, especialmente de los empresarios, hecho que se puso de manifiesto en la democracia. La política económica influyó en la formación de un estilo empresarial acostumbrado a las reglas del autoritarismo; es decir, a un pluralismo limitado y a la exclusión política, sin participación de los trabajadores, con una autoridad económica abierta a atender sus demandas corporativas. Esta formación los condujo, en definitiva, a una actitud de incomodidad y hasta de suspicacia sobre la democracia. Los empresarios se acostumbraron a actuar sin sindicatos, factor que ha marcado su comportamiento político hasta hoy⁴⁶. Este impacto negativo en el empresariado chileno también se dio en otros casos de modernización económica bajo regímenes autoritarios, como en la Alemania del Imperio, cuyo empresariado desconfió de la democracia desde su instauración en 1918, optando por una oposición permanente a su desarrollo, expresado en el apoyo que dieron más tarde a Hitler, importante en su camino al poder a través de la vía electoral (Turner, 1985).

El éxito de las reformas económicas en Chile no se explica sin el contexto autoritario. Este permitió a los Chicago boys impulsar el programa económico con decisión y coherencia, sin enfrentar una oposición que, en democracia, hubiese combatido sus medidas desde los sindicatos, el Parlamento y la prensa.

C. La identidad personal: el general Augusto Pinochet

El autoritarismo también está asociado a la persona del general Augusto Pinochet que, como hemos dicho, ejerció la jefatura de Estado y la dirección del Ejército. Esto constituye una singularidad dentro de las dictaduras latinoamericanas, pues en otros casos, como los de Argentina y Brasil, no tuvieron un dictador que permaneciera durante todo el período, no acumularon el poder que concentró Pinochet y ninguno de los presidentes de esos países mantuvo la dirección directa del Ejército⁴⁷. Además, Pinochet fue miembro de la Junta de Gobierno hasta 1980, ejerciendo una influencia determinante en la formación de las leyes, ya que el Poder Legislativo estaba depositado en sus cuatro miembros, esto es, los comandantes en jefe de las FF.AA. y el general director de Carabineros⁴⁸.

El régimen autoritario no se explica sin tomar en cuenta el papel desempeñado por el general Pinochet. Su importancia se basa en que cumplió una doble función de carácter institucional y político⁴⁹. Fue jefe de Estado, de Gobierno y del Ejército, ejerciendo cada uno de estos cargos con celosa simultaneidad, consciente de que la principal base de su autoridad era la legitimidad derivada de su condición de ser el superior jerárquico de la rama más importante y poderosa de las FF.AA. También fue el puente que unió las dos caras opuestas del régimen autoritario, esto es, la irracionalidad coercitiva y la racionalidad económica, siendo al mismo tiempo el superior directo del general Contreras y de los Chicago boys⁵⁰. Pinochet fue el líder indiscutido de la coalición gobernante, cumpliendo un papel de integración de los grupos de poder que participaron en cargos de Gobierno o lo apoyaron desde fuera de la administración, desde Pablo Rodríguez, organizador en 1970 del movimiento de extrema derecha Patria y Libertad, responsable y ejecutor de graves actos de violencia política durante el Gobierno de la Unidad Popular, hasta distinguidos parlamentarios procedentes del Partido Conservador, como Sergio Diez Urzúa y Francisco Bulnes Sanfuentes. También se preocupó de conseguir la adhesión de gran parte de la población, convencida por su discurso simple y directo, y que toleró el empleo de la violencia contra sus adversarios⁵¹. Cuando los regímenes comunistas colapsaban en los años ochenta por su fracaso económico y parálisis decisoria, el régimen autoritario en Chile gozaba de gran fortaleza y tenía suficiente energía como para pretender prolongarse durante los noventa con Pinochet como candidato a la reelección como presidente por un período de ocho años. Su sorpresiva derrota en el plebiscito de 1988 precipitó el fin del régimen autoritario y abrió paso al cambio de Gobierno.

Su lenguaje agresivo en contra de la oposición fue determinante para mantener un clima de confrontación con sus adversarios y conservar la cohesión de sus partidarios en torno a su liderazgo y la defensa del orden político. Pinochet no fue capaz de cambiar su estilo político cuando el régimen estaba consolidado y se disponía a disfrutar de los logros de las reformas económicas. Siguió apegado al estilo agresivo de los primeros días y respaldó las acciones de la DINA y la CNI, protegiendo al general Manuel Contreras hasta su condena por la Corte Suprema en 1995, por su responsabilidad en el asesinato de Orlando Letelier. Este apoyo le significó un muy elevado costo político, poniéndolo como responsable de cada una de las atrocidades cometidas por los agentes de la DINA, lo que explica su detención en Londres.

Sin embargo, no se puede reducir el análisis del régimen autoritario al papel de Pinochet, pues sería una simplificación de la complejidad de su sistema político, con múltiples órganos de poder e influencia y una variedad de fuentes de legitimación. Significaría incurrir en un reduccionismo para analizar el sistema decisorio, el que este solo girara en torno a su persona, pues el estudio del régimen se reduciría al examen del «pinochetismo». Esta es una opción metodológica equivocada, aplicada antes al estudio de otros regímenes no democráticos y abandonada en la actualidad precisamente porque no permite conocer la complejidad institucional y de intereses que tienen dichos sistemas⁵².

Dictaduras desarrollistas: el régimen de Franco en España y el de Pinochet en Chile

La excepcionalidad del régimen autoritario chileno en su desempeño económico solo es comparable a la del régimen de Franco en España⁵³, con el que Pinochet se sintió identificado no solo por su anticomunismo, sino por su duración, viendo ahí un caso que demostraba que era posible permanecer indefinidamente en el poder. Muchos de sus cercanos colaboradores, como Jaime Guzmán, admiraban al régimen de Franco, que había mantenido una estrecha relación con sectores conservadores de América Latina a través del Instituto de Cultura Hispánica. Pinochet fue uno de los pocos jefes de Estado que asistió a los funerales del «Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos», pero no pudo participar en la ceremonia en la cual Juan Carlos asumió como rey por el rechazo de jefes de Estado europeos a asistir si él estaba presente, debiendo abandonar el país.

La dictadura franquista fue la única surgida en la época de los fascismos que tuvo éxito económico y pudo sacar al país de su condición predominantemente agrícola y semiindustrial para convertirlo en la décima economía del mundo, modernizando al mismo tiempo su sociedad. También en España el régimen autoritario está asociado al dictador, quien permaneció en el cargo 36 años. En ambos países la modernización económica fue bajo el autoritarismo, constituyéndose en ejemplos de lo que se ha llamado la modernización prusiana, un camino distinto al transitado por países donde ese proceso ocurre en un contexto de libertades públicas y Estado de derecho. La España de Franco y el Chile de Pinochet comparten también el destacado protagonismo de los tecnócratas del equipo económico, que formularon y aplicaron un programa alternativo. Sin embargo, hubo considerables diferencias que conviene considerar.

A partir del cambio de gabinete de 1957, el régimen español impulsó un «plan de estabilización» bajo la dirección de un grupo de «tecnócratas», que buscó liberalizar su economía⁵⁴. Si bien el programa está asociado a los ministros económicos⁵⁵, fue resultado del trabajo de un amplio grupo de economistas que consideraban que la apertura de la economía era el único camino para romper el estancamiento producido por la política autárquica adoptada después del fin de la Guerra Civil. Esta nueva política promovió la libertad de comercio, la disciplina monetaria, claridad financiera para las inversiones públicas y «proponían una economía capitalista de mercado como alternativa a un intervencionismo que creían definitivamente agotado» (González, 1979: 33).

Hubo importantes diferencias políticas entre el contenido del programa económico de la dictadura chilena y de la española, como también en el perfil profesional y político de quienes lo llevaron a la práctica. En Chile, el programa económico liberalizador fue definido por economistas que tenían credenciales académicas, pero se identificaban con un neoliberalismo extremo, y adherían políticamente al régimen, que se impuso sin mayor oposición al interior de la coalición gobernante, contando con el apoyo decidido de gran parte del empresariado. Fue la única propuesta dominante, sin que existiera alternativa. La grave crisis económica que afectaba al país al momento del golpe de Estado creó un consenso en los nuevos detentadores del poder en cuanto a impulsar una profunda reforma económica bajo la inspiración monetarista.

En España, por el contrario, se trató de un programa definido por economistas profesionales, se impuso en contra de la política oficial —que había promovido un activo rol del Estado en la economía—, y enfrentó la oposición de sectores de la Falange (Payne, 1994: 543-548) y la crítica de altos ejecutivos de las empresas públicas, principalmente desde el Instituto Nacional de Industria (INI) (González, 1979: cap. 1). Tampoco gozó de consenso entre los empresarios, que reaccionaron con enorme recelo y desconfianza, salvo los catalanes (González, 1979: 33).

Enseguida, la propuesta de los tecnócratas españoles no tuvo el sesgo ideológico de los Chicago boys, que llevó a estos últimos a un fuerte antiestatismo, como se dijo. En Chile no se modernizó la administración pública, lo que impidió estructurar una institucionalidad sólida para apoyar la marcha de las reformas y prevenir eventuales problemas. En España, los «tecnócratas» impulsaron la gestión reformista con un fuerte sentido profesional, contando con el respaldo de la comunidad académica, que les hizo valorar la relevante función del Estado como apoyo a la gestión privada y regulador de la actividad económica. En España se buscó no solo el fortalecimiento del sector privado, sino también modernizar la administración del Estado, para alcanzar el desarrollo y la prosperidad, pero también para la continuidad del régimen después de Franco. La experiencia de la modernización económica de España está asociada no solo a los ministros de Comercio y Hacienda, Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, y a destacados economistas que estaban en la universidad y en el Banco de España (Martín Aceña, 2000), sino también a la labor desarrollada por el catedrático de derecho administrativo Laureano López Rodó⁵⁶. Cuando aquellos asumieron la dirección del equipo económico, meses antes López Rodó había sido nombrado a cargo de la dirección de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia, cuyo titular era el almirante Carrero Blanco, que en la práctica era el jefe del Gobierno, e impulsando una amplia reforma administrativa, que se materializó a partir de varias leyes⁵⁷, que apuntaban a la modernización de la administración del Estado y se guiaba por los criterios de eficiencia y racionalización (Di Febo y Juliá, 2012: 84). Esto condujo a la creación de cuerpos de funcionarios guiados por criterios profesionales, a los cuales se entraba por concurso de antecedentes, dando origen a las grandes burocracias del régimen, y permitió el ingreso de destacados jóvenes abogados, economistas, ingenieros que no se identificaban con el régimen y tendrían un importante protagonismo en la transición a la democracia⁵⁸.

En tercer lugar, los tecnócratas en España fueron un grupo de profesionales políticamente heterogéneo, que se desempeñó en un espacio institucional definido —los ministerios económicos—, sin intervenir en otros ámbitos de la política pública, donde otras «familias» o grupos de poder controlaban los ministerios o agencias del Estado⁵⁹. El alto grado de institucionalización del régimen de Franco, con distintos órganos de poder, incluido un partido político, el Movimiento-Organización, y un Parlamento —las Cortes—, hizo que el equipo económico se concentrara en su propia esfera institucional. En Chile, por el contrario, se trató de un grupo técnica y políticamente homogéneo, formado por partidarios del autoritarismo e identificados políticamente con sectores de la derecha, especialmente el «gremialismo», que perseguían objetivos políticos: redefinir las bases del sistema económico para crear condiciones políticas que aseguraran la posición dominante de sus partidarios cuando los militares volvieran a sus cuarteles. Además, hubo un orden político con bajo nivel de institucionalización que otorgó al equipo económico gran libertad para actuar e imponer sus decisiones sin interferencias de otros órganos⁶⁰. En Chile, los tecnócratas tuvieron un alto protagonismo político, como lo demuestra la candidatura presidencial del ex ministro de Hacienda Hernán Büchi, en las primeras elecciones de 1989.

Distintas aproximaciones al análisis del régimen de Pinochet

El régimen de Pinochet puede ser examinado mediante diferentes estrategias de investigación, cada una de las cuales tiene ventajas y limitaciones. En primer lugar, puede ser analizado como un régimen militar, lo que es plausible debido al protagonismo del general Pinochet y a que los militares ocuparon numerosas e importantes posiciones de autoridad en todos los ámbitos del Gobierno, no solo el Ministerio de Defensa, como fue el caso de Franco en España, que entregó a los uniformados la dirección de los ministerios de Ejército, Guerra y Marina, que incluso fue respetada después de su muerte por el primer Gobierno de la monarquía.

También puede ser examinado a nivel del Estado y de la economía, recurriendo a las ideas de O’Donnell sobre el «Estado burocrático-autoritario», lo que se justificaría porque el régimen autoritario impulsó una transformación económica radical, buscando redefinir las relaciones entre Estado y sociedad⁶¹. Considero poco adecuada esa estrategia de investigación para el objeto de este estudio, porque se preocupa preferentemente de considerar el impacto de los aspectos económicos, mientras que aquí se privilegia la influencia de los factores políticos, incluso en la economía.

Una tercera estrategia de investigación sería examinar el sistema político, analizando las estructuras de poder, las élites, la legitimación del orden político y sus policies, incluyendo la política económica. Siguiendo el concepto de régimen autoritario formulado por el sociólogo español Juan Linz, considero este como el enfoque más conveniente y es el que se seguirá en este libro, con los ajustes requeridos para la aplicación del modelo, construido especialmente a partir de la España de Franco, al caso de Chile. Antes de examinar el enfoque de Linz es útil despejar nuestras críticas al enfoque centrado en el carácter militar del régimen de Pinochet.

Un régimen militar

El amplio componente castrense del régimen de Pinochet justificaría emplear una estrategia de investigación que lo analice como un caso de régimen militar. El Poder Legislativo radicó en la Junta de Gobierno, integrada por los comandantes en jefe de las tres ramas de las FF.AA. y por el general director de Carabineros. Los militares ocuparon numerosos ministerios, desde el de Defensa hasta carteras muy alejadas de su actividad profesional, como Salud y Obras Públicas. Además, estuvieron presentes en otros ministerios a través de subsecretarios, como Hacienda y Economía. Se hicieron cargo de la estructura vertical del Estado como intendentes de las regiones y gobernadores de las provincias. Incluso fueron nombrados rectores de las universidades y, en los primeros años, oficiales en retiro fueron embajadores en numerosos países, como EE.UU. y Gran Bretaña.

El régimen instaurado en Chile en 1973 no fue una excepción en América Latina en esos años⁶². La coreografía política en la región había cambiado drásticamente en esa época. Los presidentes eran generales de Ejército, desde Castelo Branco en el Brasil (1964), Barrientos en Bolivia (1964), Juan Carlos Onganía en Argentina (1966), Jorge Videla, una década después, Velasco Alvarado en el Perú (1968) y hasta el caso del Uruguay, con un régimen militar que comenzó con la permanencia del presidente civil, Juan María Bordaberry (González, 1991)⁶³. Sin embargo, la forma como ocurrieron los golpes militares fue distinta. Como destacó Rouquié (1981: 9): «En 1975, más de la mitad de la población total del continente vive en Estados cuya administración se encuentra a cargo de regímenes militares, o con predominio militar. En América del Sur, seis naciones, que representan los cuatro quintos del territorio, tienen como presidentes a oficiales que lograron el poder merced a sus pares y a un “feliz” golpe de Estado». El ejemplo más ilustrativo de esa tendencia lo constituyó Argentina⁶⁴, dominada por una hegemonía militar desde 1930 hasta la derrota de sus Fuerzas Armadas en las Malvinas en abril de 1982:

Desde 1930, ningún presidente constitucional, surgido de elecciones libres, sin presión ni veto del Ejército, y en el marco de una sucesión normal, completó su mandato de seis años. La duración media de las presidencias, entre 1930 y 1971, es de dos años y seis meses, y de dos años y cuatro meses desde 1955. Esta inestabilidad crónica es igualada solamente por la propensión de los militares a instalarse en la Casa Rosada, sede de la Presidencia. Sobre los dieciséis presidentes que conoció la Argentina desde 1930, once eran militares. Gobernaron el país veintiocho años sobre cuarenta y dos. Solo dos presidentes «electos» conservaron el poder hasta el término de su mandato legal de seis años: ambos eran generales y probablemente jamás habrían sido llevados al poder sin que un oportuno golpe de Estado no hubiera abierto un paréntesis que les permitiera llegar a la más alta magistratura en forma legal, pero con apoyo decisivo del Ejército. Además, de los dieciséis presidentes, diez lo fueron de facto; alcanzaron el poder por decisión militar sin consagración electoral alguna (Rouquié, 1981: 12).

Alfred Stepan explicó acertadamente las singularidades de los regímenes castrenses surgidos a partir del golpe de Estado de 1964 en Brasil, en que los militares tomaron el poder de otra forma, por decisión corporativa, y lo ejercieron de forma institucional, según una nueva visión de su rol profesional, llamada por él como un «nuevo militarismo»⁶⁵. Este se diferenciaba del «viejo militarismo», surgido de golpes de Estado, pacíficos en su realización, en que el presidente era sacado en forma discreta del palacio presidencial y enviado a otro lugar del país o al extranjero, pudiendo continuar su carrera política que lo podría conducir nuevamente a la Presidencia, como lo hizo José María Velasco Ibarra en el Ecuador en varias oportunidades. La intervención de los militares en política respondía más bien a iniciativas individuales de un general o coronel, quien era acompañado por un puñado de militares, estableciendo una dictadura personalizada e inestable⁶⁶.

El nuevo carácter de la participación política de los militares se tradujo en que se convirtieron en una importante élite gobernante, fijaron una ambiciosa agenda programática de Gobierno, que incluyó desde la eliminación de las raíces de los problemas económicos y políticos hasta el cambio de hábitos y valores de los ciudadanos. Se consideraron como auténticos depositarios de las mejores virtudes nacionales y como la única élite en condiciones de reconstruir el país⁶⁷.

Inspirados en la doctrina de la seguridad nacional (Arriagada y Garretón, 1979), tomada de los programas de adiestramiento desarrollados por el Ejército de los Estados Unidos, que había priorizado la lucha contra los movimientos guerrilleros, los nuevos gobernantes aplicaron sus principios al control del orden público, lo que los llevó al ejercicio de una represión con altísimos costos humanos.

No obstante, la importante presencia de los militares en el sistema político no es razón suficiente para optar por esta estrategia de investigación para analizar el caso chileno. En primer lugar, gran parte de la bibliografía sobre los militares se ha preocupado de estudiar las causas del golpe de Estado, sin examinar el orden político surgido de este, que es el objeto de esta investigación. Enseguida, este enfoque no permite conocer las estructuras de autoridad y poder que se dio al orden político, ni su estrategia de legitimación, pues atiende al rol de un solo actor e institución. Debe tenerse en cuenta que en Chile, a diferencia de Argentina, los militares no buscaron el poder en 1973, sino que este les cayó encima porque la democracia colapsó. Esto no desconoce el hecho de que hubo militares que prepararon el golpe de Estado y civiles que trabajaron para que ese fuera el desenlace, pero la confluencia de ambos esfuerzos fue posible por el desplome del régimen democrático. Esto conduce al tercer y más importante motivo para descartar este enfoque: el análisis desde los militares oscurece el relevante protagonismo que tuvieron los civiles, que fue decisivo no solo en el campo económico, sino también en el diseño e instauración de la arquitectura institucional. Los militares fueron acompañados en el poder por decenas de profesionales de alto nivel y por centenares de colaboradores y asesores civiles en múltiples posiciones de autoridad, desde los Chicago boys hasta los «gremialistas», políticos del Partido Nacional e independientes. Las ideas económicas y políticas provinieron de los civiles; los militares solo aportaron la doctrina de la seguridad nacional, que sirvió de pretexto para el empleo de la coerción y justificar algunos elementos del modelo de democracia protegida y autoritaria, como la tutela militar. La estrategia de continuidad de las instituciones después que los militares volvieran a sus cuarteles fue obra principalmente de los civiles, que se expresó en la Constitución de 1980 y en la arquitectura institucional del sistema económico.

En consecuencia, el enfoque de los militares puede ser útil para comprender el comportamiento de algunos actos y de una institución, pero no sirve para explicar la vasta complejidad institucional del régimen.

Un régimen autoritario

Decíamos que la alternativa más conveniente para nuestra investigación consiste en situarse en un nivel de análisis alejado del protagonismo de los actores e instituciones y acudir al modelo del régimen autoritario formulado por Juan Linz⁶⁸. En su clásica definición, Linz describió los regímenes autoritarios como:

sistemas políticos con un pluralismo político limitado, no responsable; sin una ideología elaborada y directora (pero con una mentalidad peculiar); carentes de una movilización política intensa o extensa (excepto en algunos puntos de su evolución), y en los que un líder (o si acaso un grupo reducido) ejerce el poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante predecibles (Linz, 1978: 212).

El componente más importante de esta definición es el «pluralismo limitado», que lo distingue nítidamente respecto de la democracia, en la que el pluralismo es «casi ilimitado» (Linz, 1978: 213). Esto, pues, tiene una importante consecuencia analítica en la tipología de los regímenes políticos democráticos y totalitarios existentes entonces, y Linz optó por explicitar las singularidades de este tercer tipo a partir de sus diferencias con la democracia. Esto tuvo como consecuencia una menor atención a ciertos elementos del autoritarismo que lo distinguen del régimen totalitario, como las funciones de la coerción y el rol del dictador.

El modelo de Linz tuvo enorme importancia en la comprensión de los regímenes no democráticos. Hasta ese momento se les había analizado como dictaduras totalitarias (Friedrich y Brzezinski, 1966)⁶⁹, lo que solo correspondía a los regímenes fascistas de entreguerras y al régimen de Stalin, o bien como regímenes militares, forma generalizada de estudiar las dictaduras en América Latina. Linz proporcionó un nuevo camino que permitió comprender las estructuras de poder y las tensiones y conflictos de los regímenes no democráticos, arrojando luz sobre aspectos no considerados por los otros enfoques⁷⁰.

Linz ha sido criticado a partir de su análisis del régimen de Franco⁷¹. Se le cuestiona su rechazo al papel de la ideología y el empleo del concepto de «mentalidad» con que lo reemplaza. Diversos autores argumentan que la ideología fue importante en diversas etapas, especialmente en los años cuarenta y cincuenta⁷², aunque admiten que más tarde perdió visibilidad. Von Beyme no comparte su visión sobre la importancia del pluralismo limitado, al que considera un elemento existente solo a nivel de las élites, sin haberse constituido en una propiedad del sistema político⁷³.

En tercer lugar, se le critica la escasa atención que dedicó al papel de la coerción⁷⁴ que Linz estimó habría sido relevante solo en la fase inicial del régimen⁷⁵. «El régimen autoritario puede llegar muy lejos en la supresión de instituciones o grupos ya existentes, opuestos al nuevo orden social, en el control a otros grupos, y en cualquier caso la supresión o control es una amenaza siempre presente. Pero debido a un cúmulo de circunstancias, este proceso se detiene» (Linz, 1978: 216).

Diversos autores han argumentado que la coerción fue un componente muy relevante en el ejercicio del poder del franquismo, habiendo sido muy intensa después de la Guerra Civil⁷⁶. Esta coerción se mantuvo en forma latente el resto del tiempo y se manifestó abiertamente en los momentos en que la oposición se movilizó en su contra, como ocurrió durante las protestas obreras y estudiantiles de 1956 y en las luchas nacionalistas del País Vasco de los años sesenta y comienzos de los setenta⁷⁷. En diversas oportunidades se aplicaron durante meses los estados de excepción, que limitaron los derechos civiles⁷⁸.

Estas críticas apuntan a aspectos que no son esenciales en el enfoque de Linz, que mantiene su gran capacidad analítica para el estudio de los regímenes políticos distintos de la democracia y del totalitarismo en sociedades en vías de modernización⁷⁹. Linz ha formulado un tipo ideal, es decir, un instrumento metodológico que no refleja fielmente la realidad, sino que es una reconstrucción de la misma, con exageración de algunos de sus componentes con el fin de comprenderla mejor⁸⁰. De ahí que sea necesario hacer algunos ajustes a su modelo para aplicarlo a un caso específico.

Hemos dicho que una de las especificidades del régimen de Pinochet fue el empleo de la coerción en la toma del poder y como recurso estable para mantener el control del orden público. Su magnitud debe ser medida no solo por los resultados explícitos —muertes, detenciones, torturas y exilio—, sino también por sus consecuencias más bien implícitas, constituidas por la sensación de terror que se apoderó de amplios sectores de la población más politizada y de los dirigentes de la oposición⁸¹. Esta sensación de miedo e inseguridad es más fuerte en países que carecían, como Chile, de una tradición de violencia política. Esto generó una percepción de indefensión en quienes no apoyaban al régimen, agravada por el comportamiento de los tribunales de justicia, que toleraron las arbitrariedades sin ejercer sus funciones de defensa de los derechos civiles. Las acciones de los servicios de seguridad, la pasividad de los tribunales, el silencio cómplice de los colaboradores civiles, etc., son los factores que crearon una verdadera «maquinaria del terror»⁸² que afectó a una amplia mayoría de la población y que inhibió a los militantes y activistas de los partidos de oposición para actuar en política.

El empleo de la coerción contra los disidentes plantea la necesidad de precisar sus diferencias con el régimen totalitario⁸³, en que el terror es un componente central que es ejercido directamente por los servicios de seguridad, ampliado por el partido único y justificado por la «ideología directora»⁸⁴. Linz tiene presente los contrastes existentes entre el régimen autoritario y el totalitario cuando pone de relieve que aquel no busca provocar una «movilización política intensa y extensa», como ocurre en el segundo (Friedrich y Brzezinski, 1965: 212). El régimen totalitario implantado a partir de una democracia se caracteriza por una toma del poder realizada a través de la cancelación de las instituciones políticas, sociales y culturales intermedias entre el Estado y el individuo, que fueron controladas por el Estado o eliminadas. En el caso alemán, esto abarcó los gobiernos regionales y comunales, se prohibieron los partidos y numerosos parlamentarios y dirigentes de partidos, especialmente comunistas y socialdemócratas, fueron detenidos, muertos o enviados a los campos de concentración; se cancelaron los sindicatos y sus dirigentes fueron perseguidos; las iglesias, especialmente la Iglesia católica, sufrieron las consecuencias de la sincronización y muchos sacerdotes fueron hostigados por los servicios de seguridad⁸⁵. Esta sincronización no se efectuó en un breve plazo, pues cuando Hitler fue designado canciller del Reich por el presidente de la República, el mariscal Hindenburg, el 30 de enero de 1933, no obtuvo el control de la totalidad del Poder Ejecutivo, y las FF.AA. continuaron sometidas a la autoridad del jefe de Estado. Hitler debió esperar la muerte del anciano presidente, en agosto de 1934, para asumir la jefatura del Estado y, en esta calidad, conseguir el control de los militares (Bracher, Sauer y Schulz, 1960)⁸⁶.

También destaca Linz la importancia de la estrategia de legitimación del orden autoritario, que recurre a una de carácter mixto, en que se combinan justificaciones legales con recursos históricos o carismáticos, como ocurrió en el caso de Hitler. La legitimación marcha de la mano con renovaciones en la élite dirigente y de modificaciones en la arquitectura institucional con el fin de enfrentar en mejores condiciones los desafíos nacionales e internacionales. Esto se puso de manifiesto en el régimen de Pinochet con el «caso Letelier», que en 1978 condujo a un masivo cambio de gabinete y a impulsar una débil institucionalización⁸⁷. De ahí la necesidad de distinguir los cambios en el régimen para apreciar su capacidad de adaptación ante nuevos problemas, que da cuenta de una considerable habilidad política.

Sincronización limitada, con personalización del poder y baja institucionalización

Hemos dicho que para aplicar el esquema de Linz al estudio de un caso específico como el de Pinochet es necesario hacerle algunas adaptaciones con el fin de tomar en cuenta sus principales singularidades. Una de estas fue la coexistencia de un intenso uso de la violencia durante la toma del poder y a lo largo de su vida, junto a reformas económicas que buscaron superar el subdesarrollo. La dureza empleada en el ejercicio del poder justifica examinar el régimen de Pinochet no a partir de las diferencias con la democracia, sino más bien con el régimen totalitario. El autoritarismo chileno se comprende mejor cuando lo analizamos en contraste con el totalitarismo⁸⁸.

Si Linz argumentó que el principal componente de su modelo fue el «pluralismo limitado», que lo distingue de la democracia en que este es pleno, podemos situar al régimen de Pinochet en torno al rasgo distintivo del totalitarismo, la sincronización (Gleichschaltung) de las instituciones políticas y sociales.

En el autoritarismo la sincronización no es plena sino limitada, quedando espacio para un cierto grado de pluralismo que permite la existencia de una débil oposición, tolerada mientras mantiene una actividad de bajo perfil. El régimen de Pinochet impulsó una rápida sincronización limitada de las estructuras políticas mediante el discurso de guerra contra el marxismo y el empleo de la violencia⁸⁹. Esto se expresó en el cierre del Congreso Nacional, la cancelación de los partidos de izquierda y el «receso» de las colectividades opositoras al Gobierno de la Unidad Popular. También se manifestó en el estricto control de los sindicatos y la supresión de su principal organización, la Central Única de Trabajadores (CUT). El país fue sometido a un clima de guerra que se propuso eliminar a la disidencia. La sincronización no abarcó la Iglesia católica, que pudo mantener sus escuelas y organizaciones para el trabajo con los laicos, incluidas las radios, aunque perdió el control de sus universidades.

La sincronización se consiguió no solo a través de medidas impuestas por la autoridad, sino también por decisiones voluntarias de quienes apoyaron a los nuevos gobernantes. El Poder Judicial acató la declaración del estado de guerra y toleró los atropellos a los derechos humanos. Los medios de comunicación incurrieron en una sincronización voluntaria, pues los que no fueron cerrados optaron por apoyar a las nuevas autoridades.

Desde un punto de vista histórico, la sincronización limitada no se agota en los primeros meses del nuevo régimen, sino que se puede profundizar más adelante, suprimiendo organizaciones que inicialmente no lo fueron. Así, por ejemplo, los partidos «suspendidos» en 1973 fueron prohibidos en marzo de 1977, cuando el régimen estimó que la acción opositora del Partido Demócrata Cristiano (PDC) excedía el margen tolerado.

Concluida la sincronización limitada, los nuevos gobernantes procedieron a construir un nuevo orden político que se caracterizó por su bajo grado de institucionalización, expresado en un sistema decisorio altamente centralizado en el general Pinochet. Las comisiones legislativas que apoyaban el trabajo de la Junta de Gobierno estaban integradas mayoritariamente por militares, sin que hubiera instancias formales de deliberación y resolución distintas de la Junta y el gabinete. Esto favoreció la emergencia de arenas informales de deliberación y preparación de decisiones, que permitieron a ciertas personalidades influir en Pinochet sin necesidad de estar en el gabinete, como es el caso de «los duros» y de Guzmán.

El bajo nivel de institucionalización fue ventajoso para la consolidación del poder de Pinochet, impidiendo que existieran espacios en los que se apoyaran grupos de poder para presionar por sus intereses, dejándole un amplio margen decisorio. Este rasgo dio al régimen una enorme capacidad de integración de sus diversos grupos de apoyo y personalidades, acompañado de un gran pragmatismo para conciliar sus discrepancias y las designaciones del personal burocrático y político, ejerciendo Pinochet un poder arbitral. Este carácter institucional lo convirtió en un actor central del proceso político, haciéndose indispensable su permanencia en la jefatura del Estado para la continuidad del régimen y de sus políticas.

El poder y la autoridad de Pinochet no fueron absolutos, pues el suyo no fue un régimen totalitario, en el que el dictador ostenta dichos atributos. Estos estuvieron limitados, en primer lugar, por la participación de las instituciones armadas en el poder, que conservaron su autonomía para administrarse y decidir sus ascensos y retiros, lo que también influyó en que las decisiones políticas se ciñeran a criterios burocráticos definidos. En segundo lugar, la Junta de Gobierno tomaba sus decisiones por unanimidad, lo que obligaba a cada miembro a conciliar posiciones con sus colegas. En tercer lugar, el entramado institucional planteó ciertas limitaciones al poder personal del general Pinochet, especialmente en cuanto a la regulación sucesoria establecida en la Constitución de 1980, que puso un límite de tiempo a su permanencia en el poder y fijó un procedimiento —el plebiscito de 1988— por medio del que debía renovar su autoridad presidencial.

Coincidimos con Von Beyme en que el pluralismo limitado es un recurso analítico para comprender la estructura de la coalición gobernante, que en el caso chileno estuvo constituida por los militares y diversos grupos de civiles, desde los de extrema derecha de Patria y Libertad hasta sectores moderados. El grupo civil que alcanzó mayor notoriedad fue el de los Chicago boys, actuando con gran cohesión bajo el liderazgo del ministro Sergio de Castro durante los años setenta y del ingeniero Hernán Büchi en los ochenta, que se analiza en el Capítulo VIII. Hubo un breve paréntesis, en 1984-1985, en que se incorporó a Luis Escobar Cerda como ministro de Hacienda, quien logró cierta influencia con sus propuestas «estructuralistas», pero Pinochet mantuvo la confianza en las personas y en el programa neoliberal promovido por aquellos.

En segundo lugar estaban los «alessandristas», entre quienes se contaban algunos de los ex ministros y colaboradores del presidente Jorge Alessandri (1958-1964) que lo acompañaron más tarde en su fracasada campaña presidencial de 1970. Eran personas sin filiación partidista, muy críticas de los partidos y del Parlamento, que junto con colaborar a través de algunos cargos de Gobierno, proporcionaron una cierta legitimidad histórica al proyecto político del régimen autoritario y que se examina en el Capítulo V.

En tercer término se encuentran personalidades del Partido Nacional (PN)⁹⁰. Como los militares tuvieron una posición contraria a los partidos, los dirigentes procedentes del PN no fueron bien recibidos, porque compartían responsabilidades en la crisis de la democracia. Algunos ex parlamentarios fueron alejados del país, siendo nombrados embajadores⁹¹. Este grupo tuvo su mejor oportunidad en 1983, cuando el ex presidente del PN, el ex senador Sergio Onofre Jarpa, fue designado ministro del Interior, e impulsó la política de la apertura que produjo una profunda modificación en el sistema político a través de importantes medidas de liberalización, que se analiza en el Capítulo X.

El cuarto grupo estuvo constituido por el «gremialismo», dirigido por Guzmán, que es objeto de análisis del Capítulo VII. Fue, junto con los Chicago boys, quien tuvo una clara estrategia de poder, que incluyó en la ocupación de una amplia cantidad de posiciones de autoridad e influencia en el sistema político, especialmente en Odeplan, la Secretaría General de Gobierno y las municipalidades. Alcanzó una alta cohesión entre sus integrantes, dispuso de un ideario con argumentos sustantivos para justificar su participación política y contó con el inteligente liderazgo de un notable político como fue Guzmán.

En este capítulo hemos sostenido la conveniencia de analizar el régimen de Pinochet como un caso de régimen autoritario, siguiendo las propuestas de Linz, adaptadas de acuerdo a las especificidades nacionales⁹². Estas particularidades nacionales podemos encontrarlas en el empleo de la violencia y en la coerción, no solo durante la toma del poder, sino después, cuando pasaron a ser componentes centrales del régimen, y la aplicación de políticas económicas que buscaban modernizar el país en torno a la libertad de mercado. Estas singularidades, estrechamente vinculadas entre sí, hicieron posible un Estado dual, de coerción y libertad económica. Esto hace necesario analizar las policies, instrumentales a la consolidación del régimen⁹³. No se trató de un régimen fascista, como denunciaron sectores de izquierda en los años setenta, porque hubo una sincronización limitada y careció de las instituciones del totalitarismo, como el partido único y una ideología rectora. Sin embargo, los servicios de seguridad impusieron un clima del terror, bastante más radical que en otras experiencias autoritarias de América Latina. En el capítulo siguiente se analizará la forma en que se produjo la toma del poder, y después se examinará el rol específico del general Pinochet.

CAPÍTULO II

LA INSTAURACIÓN DEL RÉGIMEN AUTORITARIO

Toma del poder y definición del tipo de régimen político

Los nuevos regímenes políticos están determinados tanto por su orden institucional, que tiene en sus leyes y constituciones los componentes más importantes para su legitimidad legal, como también por decisiones adoptadas por las principales instituciones y actores durante su instauración. En esos momentos el escenario institucional es mínimo, con un reducido número de protagonistas, destacando entre ellos los militares, los que toman el poder.

Tales decisiones están influidas por las condiciones políticas, económicas y administrativas propias del momento en que nace el nuevo régimen¹. El nivel de desarrollo político del régimen anterior, la intensidad del conflicto, especialmente la polarización social, la magnitud de la crisis económica y política y otros factores arman el escenario en que a los actores se les presentan distintas alternativas. En momentos de crisis se produce una concentración de las decisiones en unos pocos, quienes, con sus acciones, palabras y silencios, establecen los primeros rasgos del nuevo régimen, que pueden tener un amplio y profundo impacto en su posterior desarrollo, incluso después que ha terminado. En esas coyunturas, los individuos no siempre actúan con la prudencia necesaria, no miden los alcances de sus decisiones ni imaginan sus consecuencias directas e indirectas.

El destino de la trágica República de Weimar (1918-1933) quedó bastante definido en sus primeros días, por dos medidas que tomaron los nuevos gobernantes: la aprobación del Tratado de Versalles y la política de orden público (Bracher, 1964). El acuerdo de paz, que impuso enormes costos económicos por el pago de las reparaciones de guerra, fue considerado por la extrema derecha una grave limitación de la soberanía del país, negándole legitimidad a la nueva democracia². También se produjo un profundo descontento en la izquierda, pues el Gobierno reprimió violentamente las acciones del grupo Espartaco, que costó la vida, entre otras, a la legendaria Rosa Luxemburgo³.

El destino de la Segunda República en España (1931-1936) quedó muy afectado en las primeras semanas por las numerosas acciones de violencia, toleradas por el Gobierno republicano de centro-izquierda de Manuel Azaña. Los ataques a cientos de iglesias produjeron un impacto devastador en la población conservadora, que adoptó una actitud de desconfianza hacia el nuevo orden político, es decir, la República. Las reformas de Azaña, incluida la militar, provocaron graves tensiones políticas y crearon profundos resentimientos en los grupos de interés afectados, que se extendieron a la sociedad toda. El conflicto político inicial tuvo un impacto prolongado en el tiempo y debe considerarse como uno de los antecedentes que explican la incapacidad de la joven y débil democracia para superar la crisis de la primavera de 1936, preludio de la Guerra Civil⁴.

En el caso chileno, la pregunta sobre las causas que llevaron al empleo de tan alto nivel de violencia estará presente durante mucho tiempo, como advirtió Alan Angell (1993: 93). Su magnitud no está dada solo por los altísimos costos humanos cobrados, especialmente en las primeras semanas posteriores al golpe, sino también por el hecho de que la violencia se constituyó en un rasgo distintivo del nuevo orden político⁵. Fue asumida como un recurso legítimo y se mantuvo en estado latente hasta 1988, haciéndose manifiesta en diversas ocasiones, especialmente cuando la oposición actuó contra el Gobierno⁶.

Ningún otro golpe de Estado de los años sesenta y setenta en América Latina fue tan violento como el chileno, con la excepción de Argentina en 1976, aunque en este hubo un contexto distinto. No hubo violencia en el golpe de Estado de 1968 en el Perú, iniciado a muy tempranas horas para evitar enfrentamientos y donde el presidente Fernando Belaúnde fue sacado del palacio de Gobierno y enviado al exterior en un avión militar (Kruijt, 1994). En el Uruguay, los militares tomaron el poder de manera gradual, ocupando espacios de poder y autoridad en términos tales que hace «muy difícil determinar cuándo realmente terminó la democracia» (González, 1995: 152). El golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 en el Brasil también se caracterizó por la baja violencia empleada por militares, permitiendo al presidente João Goulart exiliarse en el Uruguay (Skidmore, 1967).

La grave crisis económica y política que afectaba a Chile al momento del golpe de Estado no estableció condiciones suficientes para el uso inevitable de tan alto grado de coerción. La violencia no era ni justificable ni necesaria, y fue resultado de las instrucciones impartidas por los militares ese día, de aquellos que dieron el golpe de Estado en forma institucional, bajo la coordinación superior del Estado Mayor de la Defensa Nacional, sin que hubiese fisuras entre ellos, a diferencia de lo ocurrido en España en 1936.

Tampoco existían grupos armados que pusieran en jaque el monopolio de la fuerza que detentaron los militares. Esta situación había sido fortalecida institucionalmente al momento de instalarse el Gobierno de la Unidad Popular con la reforma constitucional del «estatuto de garantías», suscrito con la oposición, y luego por la Ley de Control de Armas de 1972. La retórica revolucionaria era usada en forma sistemática por dirigentes maximalistas de izquierda desde mediados de la década del sesenta, pero no se había traducido en la creación de organizaciones que llevaran a la práctica las ideas de un cambio revolucionario por medio de acciones de fuerza.

En este capítulo se analizará cómo se llevó a cabo la instauración del régimen autoritario, a partir del estudio de las condiciones existentes al momento del golpe de Estado. Este estilo político marcará el perfil del nuevo régimen, que persistirá con el uso de la coerción. Se examinarán algunas decisiones de gran impacto imprimiendo el carácter coercitivo del nuevo régimen y se presentarán, asimismo, las etapas de la instauración autoritaria mediante el examen de la forma que adoptó la sincronización limitada.

Las condiciones de la toma del poder: una situación prerrevolucionaria

El empleo de la violencia en la toma del poder se debe comprender en el contexto del grave conflicto político que dividió al país en dos bloques antagónicos y generó un vacío de poder, empujando a los militares a dar el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973.

El Gobierno del presidente Salvador Allende, integrado principalmente por los partidos Socialista y Comunista, impulsó una política que intentaba constituir la segunda vía al socialismo, con énfasis en el cambio de la estructura económica y en una mayor participación popular⁷. Sus objetivos eran atractivos para un amplio sector del país, pero llegó al Gobierno con solo el 36 por ciento de los votos, lo que dio un carácter minoritario a la coalición de izquierda que ganó las elecciones el 4 de septiembre de 1970. La construcción del socialismo fue concebida desde la economía, mediante el control estatal de numerosas empresas, grandes, medianas y pequeñas, con el empleo de procedimientos apartados del orden legal. Los sindicatos y los partidos impulsaron una masiva ocupación de empresas y propiedades agrícolas para conseguir la intervención del Gobierno⁸. Estas intervenciones se justificaron jurídicamente mediante una interpretación que forzaba el orden legal, los llamados «resquicios legales», lo que provocó el rechazo de los empresarios afectados y el malestar del Poder Judicial. La coalición gobernante no controlaba el Congreso Nacional, donde la principal fuerza política era el Partido Demócrata Cristiano (PDC), con quien mantuvo una postura confrontacional, siendo esta muy vehemente con el ex presidente Eduardo Frei Montalva. Grupos de extrema izquierda comenzaron a realizar un panegírico a favor de la construcción de un orden socialista como el de Cuba.

El Gobierno tuvo el antagonismo de los empresarios, de una parte del movimiento sindical y del movimiento estudiantil⁹. Los gremios empresariales tradicionales, representantes de los grandes industriales —Sociedad de Fomento Fabril— y los grandes propietarios de la tierra —Sociedad Nacional de Agricultura—, encontraron oportunidades para hacer una alianza política con los grupos de interés de los pequeños y medianos propietarios, principalmente con la Confederación del Comercio Detallista y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, muy afectados por las dificultades económicas. La crisis económica aceleró la radicalización de los sectores medios y de sus grupos afines, que mostraron una gran capacidad de movilización en contra del Gobierno, logrando importantes efectos políticos al paralizar al país en octubre de 1972, circunstancia que llevó al presidente Allende a incorporar a los militares al gabinete¹⁰. En el invierno de 1973, un nuevo paro de los camioneros agravó la situación económica y política. A lo anterior se debe agregar la abierta oposición que tuvo Allende por parte de la administración republicana del presidente Richard Nixon, que incluyó acciones encubiertas para impedir que asumiera después de su triunfo electoral en 1970, y después para debilitar la economía chilena, además del apoyo económico a la oposición¹¹.

La gravedad de la crisis politizó los poderes neutrales, que se alinearon en contra del Gobierno (Linz, 1978). Esto ocurrió con el Poder Judicial, particularmente con la Corte Suprema, que acusó al Gobierno de no respetar las leyes e infringir la Constitución, al no facilitar la fuerza pública para hacer efectivo el cumplimiento de los fallos de los tribunales. También la Contraloría General de la República, un organismo de rango constitucional encargado del control de la legalidad y constitucionalidad de los actos de la administración, fue perdiendo su carácter de poder neutral.

La politización también penetró en las Fuerzas Armadas, vistas por los partidarios de la Unidad Popular como defensoras de los intereses del orden capitalista, mientras sectores de la derecha las consideraban como el actor político que resolvería la crisis mediante un golpe de Estado. Estas visiones antagónicas plantearon una muy difícil situación a sus altos mandos, que se esforzaban por mantener el rol profesional. El comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats (1985: 397), lo recordó en sus Memorias:

Vivo la situación paradojal de un alto jefe militar que pregona la doctrina de la prescindencia política de las FF.AA. y que, a la vez, al apreciar el brusco vuelco de la situación interna en un mes de ausencia, se ve violentado a moverse políticamente, actuando sin la experiencia necesaria en esas lides, entre profesionales de la política del Gobierno y de la oposición. Todo ello, en el anhelo supremo de evitar que su propia institución fuese arrastrada a pronunciamientos fatales para la supervivencia del Estado de derecho.

Los altos oficiales del Ejército fueron gradualmente tomando posición política, la que se puso de manifiesto en las reuniones del cuerpo de generales convocadas por el general Prats. En estas ocasiones no se eludió considerar la posibilidad de que el desarrollo político creara condiciones que impusieran un golpe de Estado¹².

La polarización política provocó manifestaciones de violencia inéditas en el país. Después de la elección presidencial de 1970 surgió un grupo de extrema derecha, Patria y Libertad, dirigido por el abogado Pablo Rodríguez, que se propuso impedir que Allende fuera elegido por el Congreso Pleno (Fuentes W., 1999). Otro grupo de extrema derecha, con igual finalidad y con colaboración del general (R) Roberto Viaux, el 22 de octubre de 1970 intentó secuestrar al entonces comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, hiriéndolo gravemente, a consecuencia de lo cual murió tres días después¹³.

Los partidos contaban con grupos de defensa que cometieron actos puntuales de violencia, que no alcanzaron la envergadura de los enfrentamientos entre bandas armadas de los partidos de extrema izquierda y extrema derecha en España en 1936, ni en Alemania en 1932-1933. En Chile se produjeron actos de violencia política graves, como el atentado realizado por un grupo de extrema izquierda, que mató al ex vicepresidente de la República, el DC Edmundo Pérez Zujovic, en junio de 1971, y el cometido algunas semanas antes del golpe contra el edecán naval del presidente Allende por individuos de extrema derecha.

Los esfuerzos del presidente Allende y de la directiva del PDC en el invierno de 1973 por conseguir un acuerdo para la aprobación de una reforma constitucional sobre las áreas de la economía, fueron obstruidos por sectores del PS¹⁴. El aumento de la polarización debilitó las posibilidades de un entendimiento entre Allende y el PDC y adquirieron más influencia los actores que buscaban crear las condiciones que hicieran inevitable la intervención de los militares. Una iniciativa muy importante en esta dirección fue la descalificación de las elecciones parlamentarias del 3 de marzo de 1973, debido a que los registros electorales estarían viciados. El Congreso Nacional, con mayoría opositora, quedaba así inhabilitado para impulsar una solución política a la crisis, favoreciendo la acción de las FF.AA. Esta denuncia se basó en una investigación realizada en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica por profesores «gremialistas», que habría demostrado que miles de activistas de la coalición gobernante tendrían una doble inscripción, que les permitió votar varias veces. Los registros electorales, según ellos, se convirtieron en «una monstruosa maquinaria para alterar la genuina expresión de las mayorías»¹⁵.

Pero nunca se publicaron los resultados de esa «investigación». Lo único que se conoce es un texto parcial en el Libro blanco¹⁶, un documento propagandístico preparado con posterioridad al golpe militar por intelectuales y periodistas de derecha inmediatamente después del golpe de Estado para justificar la acción de las FF.AA.¹⁷. En este texto las conclusiones se apoyaron solo en supuestos, sin datos empíricos que las respalden¹⁸. Afirmaban que los partidos de la UP deberían haber perdido apoyo electoral como consecuencia inevitable de la grave crisis económica. La investigación concluyó con un explícito llamado a los militares: «Le corresponde al país, y en especial a las instituciones capaces de enmendar una democracia formalmente quebrada por autoridades públicas, asumir la responsabilidad de corregir tales errores»¹⁹.

Esta denuncia sirvió de base a la decisión del régimen militar de destruir los registros electorales, para manifestar una ruptura final con el desarrollo democrático del país, que realizó algunas semanas después del golpe de Estado.

En el invierno de 1973, los sectores que promovían el golpe concentraron sus acciones en contra del comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats. Este había reiterado su postura favorable a una solución pacífica, pero era considerado como un militar allendista por quienes buscaban el golpe de Estado²⁰. Dichos sectores consiguieron que renunciara a su cargo a fines de agosto de 1973, siendo nombrado como sucesor su segundo, el general Augusto Pinochet, quien había trabajado en estrecha cooperación con Prats y subrogado en dos oportunidades.

Pese a la intensidad del conflicto político, las instituciones continuaron ejerciendo sus funciones. Hubo cierta parálisis decisoria por parte del Gobierno de Allende para encarar la grave crisis política, pero los tribunales y el Congreso Nacional no interrumpieron sus labores. La Cámara de Diputados, el 22 de agosto de 1973, decidió denunciar las transgresiones a la Constitución y a las leyes en que habría incurrido el Gobierno, planteando que fuera transmitida al presidente Allende y a los ministros militares con el propósito de que este pudiera romper el inmovilismo. Los partidarios del régimen militar interpretan ese acuerdo como un llamado al golpe, pero el objetivo de sus promotores, diputados del PDC, era conseguir que el presidente rectificara su política, para impedir que se provocara el quiebre de la democracia²¹.

La crisis que condujo a la caída de la democracia no comenzó con la elección de Salvador Allende como presidente, sino que está contenida en las tensiones sociales y políticas de los años sesenta, surgidas al calor de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y principalmente por el impacto de la reforma agraria y el crecimiento de la organización sindical, con el consiguiente aumento de las demandas de los trabajadores a los propietarios agrícolas²². La democracia en los años sesenta fue criticada no solo por la izquierda, que la consideraba una expresión de los intereses de la burguesía, sino también por sectores de la derecha, que rechazaban la expansión del sufragio y las propuestas de cambio del PDC.

La reforma agraria fue determinante en la acentuación del conflicto político²³. Fue condenada por los partidos de derecha por constituir un camino a la revolución, movilizando a los agricultores en su contra y convenciendo a los empresarios de que era el comienzo de la socialización de las empresas²⁴. Fue rechazada por los de izquierda, quienes la calificaron negativamente como reformista, por lo que movilizaron a sindicatos y organizaciones sociales para profundizarla y cambiar su aplicación.

El presidente Frei²⁵ descuidó la unidad de su partido, donde se desarrolló un sector que cuestionó su política y promovió el entendimiento con los partidos de izquierda sobre la base de asumir nuevas propuestas programáticas e ideológicas, que recogían planteamientos del marxismo²⁶. Este cambio contribuyó al deterioro electoral del partido. En esos años, sectores de la izquierda miraron con simpatía la Revolución cubana y la lucha guerrillera, apoyada desde Cuba en diversos países latinoamericanos. El Partido Socialista, en el congreso de Chillán de 1967, tomó una posición de simpatía hacia la vía armada, que no se concretó en la práctica, continuando con el camino electoral que llevó a Allende a la Presidencia.

La tolerancia de los civiles al empleo de la violencia

El empleo de la violencia fue tolerado por vastos sectores, en un clima nacional de odios y resentimientos. Después del golpe de Estado fue frecuente la delación de supuestos adversarios políticos, lo que condujo a la detención de personas²⁷. En algunos colegios, los padres de familia denunciaron a profesores o sacerdotes por marxistas, lo que provocó su intervención por la autoridad militar.

La principal justificación del empleo de la violencia fue impedir la ejecución de un plan preparado por los dirigentes de los partidos de izquierda para apoderarse en forma violenta del poder, conocido como «Plan Z». De acuerdo a esta interpretación, los militares habían dado el golpe para salvar el país del comunismo, por lo que la ciudadanía debía agradecer su acción. Esta tesis quedó documentada en el Libro blanco, como se señaló.

La tesis de la «guerra civil» sostenía que miles de extranjeros habrían entrado al país durante el Gobierno de la Unidad Popular para integrarse a un movimiento guerrillero, que habría tenido los pertrechos y efectivos para constituir una amenaza a los militares y apoyar la formación de un poderoso movimiento, un «ejército popular», como en otros países de América Latina²⁸. Pero nunca se entregaron antecedentes serios ni evidencia sobre la existencia del «Plan Z»²⁹. La única información está en el Libro blanco. En sus páginas no existen antecedentes que hubieran justificado tomar el poder por la fuerza. Las armas denunciadas con gran despliegue publicitario eran de menor cuantía, aludiéndose especialmente a las encontradas en la residencia del presidente Allende, si bien excesivas para un jefe de Estado, eran irrelevantes para ser usadas en contra de FF.AA. profesionales³⁰.

Tampoco se demostró la presencia de miles de extranjeros ingresados en forma ilegal para incorporarse al ejército popular. El Libro blanco denunció la presencia de entre diez mil y quince mil extranjeros³¹, sin entregar ninguna referencia que justificara la validez de la estimación, limitándose a señalar de manera muy general que el mayor porcentaje de estos eran brasileños³². El otro grupo importante de extranjeros habrían sido cubanos, pero tampoco se entregaron datos que lo respaldaran³³. En síntesis, se trataba de consideraciones exageradas sobre la situación política del país, un montaje propagandístico para justificar el golpe de Estado y la violencia empleada.

El único grupo de extrema izquierda existente al momento del golpe militar, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), tenía un reducido número de militantes procedentes de la clase media y del movimiento estudiantil. Este grupo, aunque carecía de capacidad militar eficaz, usaba una retórica revolucionaria que justificaba la violencia contra las clases dominantes. No fue una organización importante porque no logró insertarse mucho más allá de la Universidad de Concepción, donde surgió³⁴.

Durante el Gobierno de Allende, el MIR logró mayor visibilidad ya que algunos de sus planteamientos fueron asumidos por el sector maximalista del Partido Socialista, encabezado por su secretario general, el senador Carlos Altamirano. Ambas organizaciones lograron gran influencia en el movimiento sindical y especialmente en algunas industrias, donde se organizaron los llamados «cordones industriales», visualizados como un poder paralelo al orden institucional. Sin embargo, no pudieron organizar un aparato militar propio, como quedó de manifiesto con el golpe de Estado, en que hubo escasa resistencia a las FF.AA.

La violencia aplicada por los militares fue justificada por la derecha, convencidos de la necesidad de una actuación enérgica contra los marxistas. No hubo de parte de los grupos civiles de derecha que apoyaron el golpe de Estado un llamado a la prudencia; por el contrario, algunos rechazaron la moderación, descartando tempranamente que se estableciera una «dictablanda». Jaime Guzmán, partícipe activo en favor del golpe de Estado, planteó en una minuta dirigida a la Junta de Gobierno, algunos días después del golpe, la conveniencia de mantener el empleo de la fuerza, advirtiendo de los peligros que correría si se moderaba el accionar empleado hasta ese momento:

[El] éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía, que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto. El país sabe que afronta una dictadura y lo acepta. Solo exige que esta se ejerza con justicia y sin arbitrariedades. Véase si no la increíble pasividad con que se ha recibido por el estudiantado la intervención de las universidades, medida que en todas partes ha suscitado violenta resistencia. Transformar la dictadura en «dictablanda» sería un error de consecuencias imprevisibles. Es justamente lo que el marxismo espera desde las sombras³⁵.

Bastante más tarde, cuando los servicios de seguridad tenían amplia autonomía y habían realizado gravísimos actos de violencia, contraproducentes para la consolidación del régimen y dañinos para su imagen internacional, surgieron voces entre los civiles pidiendo controlar a la DINA. Sin embargo, estas fueron débiles y no tuvieron mayor efecto.

Un caso de violencia política: Argentina, 1969-1976

En Chile el uso de la violencia ha sido justificado tanto por civiles como militares debido al estado de guerra existente, que no habría terminado con la rápida toma del poder efectuada por los uniformados. Habrían existido guerrilleros con gran cantidad de armas en su poder, que se habrían replegado en forma táctica después del golpe para preparar un contraataque al nuevo Gobierno. Este solo hecho hacía impostergable su eliminación. Esta explicación, basada en una alta dosis de subjetividad, continúa siendo sostenida por los militares desde los años del autoritarismo e incluso en democracia. El Ejército responde, en 1991, al Informe de la Comisión Rettig sobre Verdad y Reconciliación, que investigó los casos de muerte y desapariciones provocados por la represión durante el régimen militar, sosteniendo:

Afirmar que el país fue controlado en pocos días no se ajusta a la verdad, puesto que para conjurar definitivamente el estado de guerra fue menester una larga tarea de neutralización de la posible capacidad de reacción de los grupos paramilitares extremistas, cuyo grado de preparación bélica, de organización política y de poder armado no era dable medir con exactitud, mientras esos grupos no fueran militarmente anulados³⁶.

En términos similares opinó en esa oportunidad la Armada, argumentando que estos grupos guerrilleros recibían apoyo bélico desde el extranjero, aludiendo a Cuba y a los países de Europa Oriental:

Esta medida [el empleo de la violencia] se hizo indispensable ya que la acción de los grupos subversivos y terroristas organizados en cuadros paramilitares y dotados de armamentos y explosivos, gran cantidad de los cuales eran de origen extranjero, continuaban su acción sediciosa y antinacional en todo el país. Especial gravedad tenía el hecho, público y notorio, de que la subversión contaba en su lucha revolucionaria con el decidido apoyo de potencias extranjeras, lo que le daba, además, las características de un ataque foráneo a la integridad de nuestra patria y de sus instituciones fundamentales³⁷.

Estas denuncias recogen las acusaciones del Libro blanco sobre un clima de enfrentamiento previo al golpe de Estado y la presencia de organizaciones guerrilleras que, como se examinó antes, no se ajusta a la realidad. La retórica revolucionaria sobre el uso de la violencia no se tradujo en acciones, con la excepción del MIR.

Para apreciar la realidad de Chile en 1973 en relación al terrorismo y la violencia es interesante examinar, de manera muy sucinta, la situación de Argentina antes del golpe de Estado de 1976 contra el Gobierno peronista de Isabel Perón³⁸. En este país hubo organizaciones guerrilleras que alcanzaron una considerable capacidad, se enfrentaron con los militares y la policía desde varios años antes del golpe y concitaron el apoyo de amplios sectores de la población, especialmente de la juventud. Dos fueron las principales organizaciones: los Montoneros³⁹, formada por jóvenes provenientes de la derecha católica y nacionalista, identificados con el peronismo, que los apoyó en sus primeros años, especialmente a su juventud; y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fundado en 1970 y constituido por jóvenes provenientes de la izquierda marxista⁴⁰. En el caso de los Montoneros, la principal figura del Partido Justicialista, el ex presidente Juan Domingo Perón, los respaldó desde su exilio en Madrid y hasta algunos meses después de volver a Argentina en 1973. Las acciones de violencia desarrolladas por estas organizaciones no fueron rechazadas por la ciudadanía, sino que, por el contrario, contaron con simpatía. En efecto, una encuesta mostró altísimos porcentajes de apoyo a las acciones de tipo terrorista, que eran «justificadas» por el 53 por ciento de los habitantes de Córdoba y el 45,5 por ciento de los de Buenos Aires⁴¹. En su mejor momento, en 1974-1975, se estima que cada organización contaba entre tres mil y cuatro mil guerrilleros, sin mayores dificultades de reclutamiento de nuevos combatientes⁴².

La violencia política en Argentina fue producto de las condiciones políticas y económicas derivadas del régimen militar (1966-1973). Un ejemplo de este clima se hizo visible en Córdoba en 1969, donde se produjo la protesta estudiantil y obrera conocida como el «cordobazo», duramente reprimida por los militares. No fue un hecho aislado; había malestar en amplios sectores del país por las dificultades económicas y las restricciones a las libertades impuestas por la dominación castrense. Durante el Gobierno del general Alejandro Lanusse (1971-1973) hubo «verdaderos levantamientos populares que movilizaron a todas las clases sociales» (Rouquié, 1982: 291).

La represión de los militares contra las organizaciones de extrema izquierda después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no comenzó en ese nuevo escenario, sino que estaba en pleno desarrollo desde varios años antes. La violencia del Estado se expandió y profundizó cuando volvieron a tomar el poder, pues los uniformados habían asumido las técnicas de lucha antisubversiva desde fines de los años sesenta y encararon con medidas represivas las manifestaciones de protesta protagonizadas por el movimiento sindical y estudiantil durante el régimen castrense del general Juan Carlos Onganía (1966-1970) y en los dos que le siguieron. Esto contribuyó al desprestigio de las instituciones castrenses, acentuó las tensiones al interior de los grupos de poder y amplió la base social de la guerrilla. A partir de 1971, la represión se endureció, convirtiéndose en una «verdadera guerra secreta. El Ejército y la policía no se conformaban con utilizar un aparato legal de temibles posibilidades. La lucha antisubversiva no se preocupaba por la legalidad. Las asociaciones de profesionales, el Colegio de Abogados y las más altas autoridades morales del país denunciaron los arrestos arbitrarios, la tortura de sospechosos, la desaparición pura y simple de dirigentes de extrema izquierda» (Rouquié, 1982: 292).

La confrontación entre uniformados y movimientos de extrema izquierda se hizo patente con el secuestro y asesinato en 1970 del general (R) Pedro Eugenio Aramburu, uno de los que encabezó la sublevación militar que derribó al general Perón⁴³. El empleo de la violencia en esos años fue justificado por distintos motivos. Mientras los Montoneros estimaban que con ese método aceleraban el retorno de Perón y la constitución de un Gobierno encabezado por este de orientación izquierdista, el ERP buscó radicalizar la situación política para crear las condiciones previas a una situación revolucionaria (Waldmann, 1982: 237). Montoneros interrumpe por un tiempo su accionar violento después de las primeras elecciones, de marzo de 1973, en las que participa el peronismo, y que llevaron a la Presidencia a Héctor Cámpora, delegado personal de Juan D. Perón. Desde el Gobierno, Cámpora impulsó algunas medidas favorables a las organizaciones de izquierda, como una amnistía a los presos políticos, reanudando con ellas una relación que después Perón rompió, al asumir como presidente en octubre de 1973, expulsándolas del justicialismo el 1 de mayo de 1974.

Las acciones terroristas de Montoneros no estuvieron solo dirigidas a los militares o sus representantes, sino a dirigentes gremiales del ala derecha peronista, como José Ignacio Rucci, secretario general de la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT). En 1974 asesinaron también al ex ministro del Interior del general Lanusse (1971-1973) por su supuesta responsabilidad en la matanza de Trelew⁴⁴. Los militares reaccionaron en contra de la guerrilla en diversas provincias, resultando muertos numerosos cuadros de Montoneros y el ERP.

Además de las organizaciones guerrilleras de extrema izquierda y peronistas existió la violencia de la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la «Triple A», grupo de extrema derecha, responsable de numerosos atentados terroristas y el asesinato de personalidades del ámbito religioso, intelectual, profesional y académico. Esta organización contó con el beneplácito de las autoridades del Gobierno de Isabel Martínez de Perón (1974-1976), vicepresidenta de la República, que asumió la primera magistratura al morir Perón. Los Montoneros respondieron al terrorismo de extrema derecha con nuevos actos de violencia, agravando así la confrontación con el Gobierno democrático.

Las organizaciones guerrilleras dispusieron de una amplia y compleja organización, con una infraestructura que incluía emisoras de radio, imprentas para sus propios órganos escritos, recursos hospitalarios para atender a sus heridos, armamentos y fondos económicos más que suficientes obtenidos, por ejemplo, en operaciones de secuestro de empresarios con los cuales podían financiar el trabajo de sus numerosos activistas (Waldmann, 1982: 212). Montoneros tenían una amplia organización que incluyó un «Servicio de Informaciones Montonero», sustentado en la colaboración de numerosos funcionarios públicos. Dispusieron de una enorme cantidad de armamento, conseguido en numerosos asaltos, uno de los cuales fue realizado a la fábrica de armas Halcón, a finales de 1975⁴⁵. Para financiar sus múltiples operaciones realizaron espectaculares y sistemáticos secuestros de empresarios, siendo el más importante el llevado a cabo en septiembre de 1974 contra los hermanos Juan y Jorge Born, por cuyo rescate cobraron 61 millones de dólares⁴⁶.

En 1975, los Montoneros se concentraron en el ataque a unidades militares de cada una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas con comandos integrados por decenas de guerrilleros, alcanzando los objetivos con gran espectacularidad. La operación en contra de la Marina consistió en hacer estallar una moderna fragata, la Santísima Trinidad, de 3.500 toneladas y provista de misiles, destruyendo sus equipos electrónicos. Después atentaron contra un yate del Alto Mando de la Marina, usado por el jefe de la institución, el almirante Emilio Eduardo Massera. La ofensiva contra la Fuerza Aérea consistió en un ataque armado a la base de Tucumán, dinamitando su pista de aterrizaje y destruyendo un avión de transporte del tipo Hércules C-130. El ataque al Ejército no fue menos espectacular: asaltaron uno de los regimientos más poderosos de Argentina, situado en la localidad de Formosa, con la participación de sesenta guerrilleros. En el enfrentamiento murieron diez guerrilleros y un número similar de militares. Gillespie señala que fue «una espectacular demostración militar, proyectada y llevada a cabo con el fin de conseguir un buen número de armas, de humillar al Ejército y de hacer ambas cosas con la mayor aparatosidad posible»⁴⁷. Este grupo también actuó contra la policía a través de la «Justicia Montonera», asesinando a oficiales de esta organización en represalia por sus operaciones en contra del movimiento guerrillero⁴⁸.

En consecuencia, en la Argentina de antes del golpe de Estado de 1976 existió un enfrentamiento armado entre grupos guerrilleros, por un lado, y militares y fuerzas paramilitares, por el otro, que cobró numerosas víctimas. Una minuciosa investigación de las actividades desarrolladas por las organizaciones guerrilleras sobre la base de la información reunida en la prensa de la época, entre 1969 y 1979, cuando los Montoneros desapareció, llegó a la conclusión de que habrían sido aproximadamente 3.860 los guerrilleros muertos. Solo en los dos años previos al golpe de Estado (1973-1975) hubo 1.831 guerrilleros muertos, de los cuales el 15,29 por ciento pereció en enfrentamientos (Moyano, 1995: 105 y cuadro 7.1). Las víctimas de las acciones de las organizaciones terroristas han sido estimadas por otros autores en 1.358 personas, a las que «debían sumarse 445 militantes subversivos caídos en la lucha: aproximadamente tres muertos cada dos días» (Floria y García Belsunce, 1988: 232).

La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, constituida por el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) y que fuera presidida por el escritor Ernesto Sábato, documentó en 1984 la desaparición de 8.960 personas por acción del terrorismo de Estado, aunque estimaba que el número efectivo era superior⁴⁹.

En Chile no existió un clima de enfrentamiento armado entre organizaciones guerrilleras y los militares como el descrito de Argentina. Los uniformados en Chile actuaban en defensa de la institucionalidad democrática, colaborando incluso con un Gobierno de izquierda. En Chile no hubo ninguna organización que pudiera compararse con los poderosos grupos que actuaron en Argentina, como los Montoneros y el ERP. El MIR en Chile hasta 1973 no llegó a ser ni siquiera una sombra de alguna de estas, teniendo, además, que enfrentar a militares cohesionados internamente y con una alta capacidad disuasiva.

La rápida toma del poder

Nuestro enfoque de análisis del régimen de Pinochet pone de relieve la importancia que tiene la forma en que se produce la toma del poder y su relación con la coyuntura para definir su posterior perfil. Los militares realizaron con gran eficacia el golpe de Estado, consiguiendo su objetivo en pocas horas, incluso antes que los aviones despegaran para atacar el Palacio de La Moneda. Las FF.AA. actuaron cohesionadas, sin disidencia interna, eliminando con energía los escasos focos de resistencia armada ofrecida por un reducido número de activistas ubicados en los alrededores del palacio presidencial y en algunas poblaciones de Santiago⁵⁰. El presidente Allende llamó a la calma a sus partidarios y el Gobierno. No hubo una situación similar a la de España en 1936, cuando el Gobierno entregó armas a sus partidarios para defenderse de la rebelión militar⁵¹.

Concepción, la tercera ciudad en importancia del país, fue controlada con una rapidez que sorprendió a los militares, quienes no necesitaron usar las armas para conseguirlo. Se trataba de una ciudad emblemática de la izquierda, donde había una gran zona industrial, con poderosos sindicatos y una importante universidad privada en que el MIR tenía una gran influencia. Un analista, que tiene una visión muy positiva del régimen militar, relata el rápido control de esta ciudad señalando que a las 8.50 horas del 11 de septiembre de 1973 el general Washington Carrasco, comandante en jefe de esa división del Ejército, informó a sus superiores en Santiago que había cumplido su labor, concluyendo que «al mediodía, muchos de estos altos dirigentes iban camino de la isla Quiriquina, en la bahía de Concepción, al norte de la ciudad» (Whelan, 1993: 450).

También se ha reconocido la efectiva acción de la Marina para lograr el rápido control de Valparaíso, segunda ciudad más poblada del país, cuyos efectivos, con el apoyo de las otras ramas de las FF.AA., dominaron con rapidez y sin contratiempos las industrias y dos universidades, silenciando en la madrugada las radios ubicadas en esa localidad. No se produjeron reacciones de protesta u oposición por parte de los partidarios de la coalición de Gobierno. «Al final del día —cosa que Merino lamentó después— “sólo” se había apresado a 270 personas» (Whelan, 1993: 450).

El almirante Sergio Huidobro, del Alto Mando de la Marina al momento del golpe de Estado, recuerda así el éxito de la acción castrense:

Cuando el operativo militar comenzó a actuar, Concepción fue controlado sin disparar un tiro y lo mismo Talcahuano. Igual cosa ocurrió con los centros mineros en Lota, Coronel y Chuquicamata. Solo hubo brotes aislados de resistencia en algunas ciudades. En la mayor parte del país, la población embanderó sus casas y se fue acentuando rápidamente la normalidad. En Santiago, el control de la ciudad se consiguió en escasas horas. Hubo únicamente escaramuzas aisladas en algunos recintos universitarios y fábricas estatizadas y en las poblaciones periféricas. Solo en el centro de Santiago se ofreció la lucha en un reñido fuego con los francotiradores apostados en los edificios más destacados, tales como la torre Entel, a la cual se le disparó con artillería; la construcción nueva del diario Clarín y otros. Los servicios telefónicos, agua, luz, gas, funcionaron normalmente gracias al control de las Fuerzas Armadas aplicado desde la madrugada del mismo día 11 (Huidobro, 1989: 269).

La efectiva acción de los militares se vio facilitada por la amplia información que tenían de las «organizaciones subversivas», incluyendo su «fuerza, organización, medios logísticos disponibles, principales líderes» (Canessa, 1995: 183)⁵². Contaban con planes de contingencia actualizados a la situación política del momento, incluyendo una cuidadosa apreciación del poder político y armado de los grupos de extrema izquierda, que desde fines de los años sesenta fueron seguidos por los servicios de inteligencia, especialmente por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que consiguió infiltrar al PS y al MIR. Desde el 16 de julio, el Ejército preparaba en la Academia de Guerra un plan propio, con un grupo de oficiales, que estuvo concluido a finales de agosto y que «llamaba al Ejército a tomar el poder el 14 de septiembre, utilizando ese día el ensayo de la parada anual del Día de las Glorias del Ejército, el 19, como pretexto para movilizar tropas» (Whelan, 1993: 450).

La ejecución de la sincronización limitada

Si el control del país fue muy rápido, también lo fue la definición de las principales orientaciones políticas. El mismo día del golpe de Estado se constituyó la Junta de Gobierno, formada por los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros. Esta se atribuyó el poder constituyente, legislativo y ejecutivo y Pinochet quedó como su presidente. La Junta actuó con celeridad, declarando de inmediato el cierre del Congreso Nacional⁵³. Los partidos de la Unidad Popular fueron puestos fuera de la ley y considerados «asociaciones ilícitas»⁵⁴, decretándose su disolución y la confiscación de sus bienes, que pasaron al Estado⁵⁵. La fundamentación empleada para ordenar la disolución de los partidos de la Unidad Popular tuvo un componente de antimarxismo convertido en uno de los principales elementos del discurso del nuevo régimen⁵⁶. Los partidos de oposición al Gobierno de la Unidad Popular recibieron un tratamiento diferente, siendo declarados en «receso»⁵⁷. Esta diferencia se hizo para promover la cooperación de los profesionales y técnicos del PN y PDC⁵⁸. En el caso del PN, los militares fueron favorecidos, porque el partido se declaró voluntariamente disuelto algunos días después del golpe, para dar libertad de acción a sus dirigentes y militantes para entrar a trabajar al Gobierno. El PDC siguió actuando y hubo distintas posiciones frente al golpe de Estado. Mientras la directiva, presidida por Patricio Aylwin, emitió una declaración que lo justificó, «lamentaba» lo ocurrido y responsabilizó al Gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende (1970-1973); un grupo de personalidades DC, conocidos como «los trece», por iniciativa de Bernardo Leighton, uno de los fundadores del partido, y Renán Fuentealba, ex senador y varias veces presidente de la colectividad, difundió una declaración distinta, que «condenaba» el golpe, responsabilizó al Gobierno y a la oposición de la crisis que llevó a ese desenlace y advirtió sobre las posibles orientaciones totalitarias⁵⁹. La directiva fue después cuestionada porque autorizó a una docena de destacados profesionales, especialmente economistas, a incorporarse al Gobierno. El director de Presupuesto durante el primer año de la dictadura fue DC y había varios economistas que asesoraban al ministro de Hacienda⁶⁰. Además, personalidades DC eran partidarias de que el partido colaborara con el nuevo régimen, como el ex senador Juan de Dios Carmona y el ex ministro del Gobierno de Frei Montalva William Thayer. A fines de 1975, ambos se incorporaron al Consejo de Estado creado por Pinochet, al que fue invitado Frei en su calidad de ex presidente, pero lo rechazó. Dirigentes DC, especialmente la directiva de la Juventud (JDC), impulsaron una oposición pasiva a la dictadura, rechazando acciones de oposición activa que desarrollaron sus militantes en las universidades y en radio Balmaceda.

Los militares no miraban con simpatía al PDC desde antes de la crisis de 1968-1969, que terminó con el «tacnazo», cuando el general Roberto Viaux se acuarteló en el Regimiento Tacna en señal de protesta por su destitución del Ejército, haciéndose eco de la irritación de los uniformados por la difícil situación financiera que los aquejaba, como se describió⁶¹. Consideraban al Gobierno de Frei responsable de los problemas económicos que habían debilitado a la institución, mientras que otras organizaciones conseguían ventajas corporativas, después de ejercer presiones en ese sentido. El ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona, no atendió las necesidades económicas de los militares, que se arrastraban por años. El general Prats (1985: 103) lo recuerda en sus Memorias:

La Democracia Cristiana comete un grave error histórico al menospreciar a las Fuerzas Armadas, en las que se venía acumulando durante treinta y cinco años un fermento de frustración profesional cada vez mayor, ante el descuido de su acervo técnico-profesional y la desatención de sus necesidades sociales por los sucesivos gobiernos. Las plantas profesionales habían experimentado un crecimiento insignificante… [y] las remuneraciones del personal eran bajísimas, en relación a las del nivel de la clase media profesional y técnica…

Los nuevos gobernantes actuaron en forma gradual contra el PDC, para no empujarlo a la oposición⁶². A comienzos de agosto de 1974, la Junta prohibió el regreso al país de Bernardo Leighton, que estaba en Italia desde comienzos de año. Semanas después expulsó del país al ex senador Renán Fuentealba, que había sido tres veces presidente⁶³ de esa colectividad. El 6 de octubre de 1975, Leighton y su esposa fueron víctimas de un atentado en Roma organizado por la DINA, resultando ambos con graves heridas (Boye, 1999). La radio Balmaceda, propiedad del PDC, dirigida por Belisario Velasco, uno de «los trece», fue constantemente presionada por la autoridad. Hasta abril de 1976, la emisora tuvo cuatro clausuras, cada una de las cuales se extendió por varios días, y en tres oportunidades aplicó la censura previa, también con distinta duración en términos de días. El cierre de la radio vendrá con la prohibición del PDC a comienzos de 1977, pero antes la radio fue intervenida por la directiva del PDC, que no era partidaria de su línea en oposición a la dictadura. También se actuó en contra de la revista Política y Espíritu, fundada por Frei en 1945, que en la práctica era la voz oficial del partido, siendo prohibida en 1975. En marzo de 1977, el Gobierno dio un paso decidido en contra del PDC, al decretar la disolución de todos los partidos⁶⁴.

Las medidas en contra de la oposición fueron arbitrarias, aunque sustentadas en bases legales para impedir la actuación de los tribunales. Los nuevos gobernantes estuvieron preocupados de establecer una legalidad que los legitimara para justificar sus medidas coercitivas, como el exilio, que era una simple decisión administrativa⁶⁵.

Se adoptaron medidas para prevenir la acción opositora en el exterior. El D.L. Nº 604, de 1973, prohibió el ingreso al país de personas nacionales o extranjeras que «propaguen o fomenten doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social del país o su sistema de Gobierno; los que tengan reputación de ser activistas de tales doctrinas, y en general los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país o a juicio del Gobierno constituyan un peligro para el Estado»⁶⁶.

Los gobiernos locales fueron sometidos al control de los nuevos gobernantes. El D.L. Nº 25, de 19 de septiembre de 1973, declaró la «cesación de funciones de los alcaldes y regidores de las municipalidades del país», justificado en «la necesidad de armonizar la organización y funciones de las municipalidades del territorio nacional con las disposiciones del D.L. Nº 1». Los alcaldes fueron designados por la Junta, recayendo los nombramientos en personalidades locales u oficiales en retiro.

La sincronización limitada también afectó a la administración pública. El D.L. Nº 6, de 11 de septiembre de 1973, declaró en «calidad de interino» todo el personal de los servicios, reparticiones, organismos, empresas y demás instituciones de la administración del Estado, salvo los empleados del Poder Judicial y la Contraloría. Esto permitía destituir por razones políticas a los funcionarios pertenecientes a partidos de izquierda, incluido el despido de profesores de educación básica y media⁶⁷. El D.L. Nº 98, de 1973, declaró en reorganización a todo el sector público, con lo que se podían introducir las modificaciones requeridas en la organización interna de las instituciones, como fijar plantas, trasladar funcionarios, desconcentrar, ampliar o suprimir servicios mediante decreto supremo.

En suma, los militares tomaron el control del país con gran rapidez y sentaron las bases de un nuevo orden político, centralizando la autoridad en la Junta de Gobierno, que se convirtió en el principal órgano decisorio.

La declaración de guerra al marxismo: «extirpar el cáncer marxista»

Hemos dicho que el empleo de la violencia en la toma del poder no fue inevitable. Los militares asumieron el control del país siguiendo un plan de «guerra», convencidos de que la Unidad Popular era un movimiento que amparaba grupos armados y que preparaba una acción como «el golpe de Praga», en Checoslovaquia en 1948. En consecuencia, actuaron como si estuvieran en el frente de batalla.

Durante la instauración de un nuevo orden político, algunas decisiones tienen un gran impacto en ese ámbito, afectando la conducta de actores e instituciones. Tres fueron las decisiones que imprimieron un sello altamente coercitivo al régimen de Pinochet.

En primer lugar, la determinación del comandante en jefe de la FACH, general Gustavo Leigh, de bombardear el Palacio de La Moneda con aviones de su institución, y su discurso de declarar la guerra al marxismo como una de las prioridades del nuevo régimen.

En segundo lugar, la decisión del comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, de crear un servicio de seguridad destinado a encabezar el combate contra el marxismo —la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)— y nombrar a su cargo al entonces coronel Manuel Contreras.

En tercer lugar, el desempeño del general Sergio Arellano Stark al hacer efectiva la orden del general Pinochet de acelerar los procesos de los tribunales militares en el norte del país, a consecuencia de lo cual fueron asesinadas 72 personas, en lo que se conoció como la «caravana de la muerte».

Todas estas iniciativas tuvieron como resultado agravar el clima de guerra entre los oficiales de las Fuerzas Armadas y los civiles que los apoyaban, generando un ambiente de temor en la población.

La predisposición de Pinochet en favor del uso de la violencia puede comprenderse como una forma de romper su imagen por no haber participado desde un comienzo en la conspiración. Había trabajado estrechamente con el general Prats, manteniéndose al margen de la preparación del golpe, y vaciló hasta último momento. Solo el sábado 8 de septiembre de 1973 se plegó al golpe⁶⁸.

El militar que tuvo la imagen de duro en los primeros meses fue el general Leigh. A través de sus acciones y discursos quiso convertirse en el hombre fuerte del nuevo régimen. Había tenido una actuación muy importante en precipitar el golpe de Estado, y su decisión de bombardear el Palacio de La Moneda buscó poner a su institución como la principal responsable de la «liberación» del país⁶⁹.

Tuvo otra iniciativa que apuntó a reafirmar su imagen de dureza, cuando, en la ceremonia de presentación de la Junta de Gobierno ante los medios de comunicación, llamó a extirpar el cáncer marxista «hasta las últimas consecuencias». El tono de sus palabras fue muy violento, en contraste con el discurso más bien prudente que pronunciaron los otros miembros de la Junta: el general Pinochet, el almirante José Toribio Merino y el general director de Carabineros, César Mendoza. Leigh quería radicalizar las acciones en contra de los opositores, sin excluir la muerte de los marxistas:

Las instituciones armadas y de orden de Chile se habían colocado en un plano excepcional de prescindencia política. Pero, después de tres años de soportar el cáncer marxista, que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando, por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido.

No tenemos miedo. Sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros, pero tenemos la certeza, la seguridad de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. Y gracias al apoyo de este noble pueblo chileno, sin distinción que no sea otra que la de ser marxista, llevaremos al país al resurgimiento económico, político, social y moral⁷⁰.

En diversas ocasiones, Leigh reiteró su decisión de constituirse en el hombre fuerte del nuevo régimen. Los tribunales militares de la FACH, que sesionaron en Santiago, aplicaron con rigor la ley en contra de los detenidos, sin respetar mínimas normas procesales. Oficiales y suboficiales de la FACH se integraron a la DINA y, cuando Leigh vio que esta trabajaba para apoyar a Pinochet, creó un servicio de seguridad propio de su institución, el Comando Conjunto, sin conocimiento de sus colegas de la Junta. Este organismo actuó con energía contra los dirigentes del MIR y del Partido Comunista. Bastante más tarde, cuando el carácter represivo había desbordado los objetivos que buscaba, Leigh moderó su discurso y actuación, pero el impacto de sus palabras y acciones había dejado ya una profunda huella en el nuevo régimen. Como otros revolucionarios, terminó siendo víctima de la ambición de poder de uno de sus colegas, el general Pinochet, quien lo destituyó de la dirección de la Fuerza Aérea y de la Junta de Gobierno en julio de 1978, una vez consolidada su autoridad y poder como jefe de Estado.

La «caravana de la muerte»

La crisis que precipitó el golpe de Estado se había concentrado en gran medida en la capital, algo explicable por la centralización del sistema político. En Santiago se produjo el enfrentamiento entre los poderes del Estado, la ocupación de industrias y la creación de los llamados «cordones industriales», que buscaban convertirse en el poder paralelo de la izquierda maximalista para presionar por la construcción del socialismo.

En las regiones existía una relación menos antagónica entre mandos militares y autoridades provinciales, por lo que hubo menos represión, y las sentencias de los tribunales militares impusieron en general penas bajas a los condenados. Esto no fue del agrado del general Pinochet, empeñado en expandir el clima de guerra. Encargó entonces al general Sergio Arellano Stark viajar a diversas ciudades del país en calidad de «su delegado», para acelerar los procesos militares⁷¹.

Arellano era un oficial de Infantería que gozaba de amplio prestigio en la institución y cuya principal característica era su estrictez para concebir la disciplina militar, siendo apodado por ello el «Lobo». Tuvo un rol importante en la preparación del golpe de Estado: fue uno de los cinco oficiales del Ejército que se integraron al «grupo de los 15» que elaboró el plan de contingencia. Al momento de recibir la misión, no estaba todavía consolidada la estructura de autoridad del nuevo régimen y Arellano se consideraba como un oficial con legítima autoridad para llevar a cabo a su modo las órdenes de Pinochet, ya que en su fuero interno se autodefinía como el padre del golpe, que gozaba de mayor legitimidad que su superior jerárquico⁷².

Eligió a un puñado de oficiales de su confianza para que lo acompañaran en esta misión, todos los cuales serían posteriormente destacados miembros de la DINA (Verdugo, 1989)⁷³. Arellano se desplazó primero al sur del país, a ciudades tales como Cauquenes y Talca. Días después viajó a cuatro localidades al norte de la capital: La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama y Arica. En todas estas ciudades no se produjeron incidentes el día mismo del golpe y los militares habían asumido rápidamente el control⁷⁴.

Las víctimas fueron detenidas por «faltas» menores y muchos se habían presentado voluntariamente ante los militares⁷⁵. Los oficiales de la caravana, pasado por sobre los mandos de las regiones, y a veces sin su conocimiento, ejecutaron a 72 de estos prisioneros, muchos de los cuales son hasta hoy detenidos desaparecidos. Cuando se conocieron estos hechos, se trató de justificar su muerte bajo el pretexto de intento de fuga o de ataque a los militares, situaciones que se han comprobado falsas, pues fueron sacados de sus lugares de detención para luego ser fusilados o acuchillados, ya sea por miembros de la comitiva o por oficiales o soldados de las respectivas unidades militares⁷⁶.

Las víctimas eran dirigentes políticos de base, trabajadores o académicos. Cuarenta de ellos eran militantes de algún partido, mayoritariamente del PS. En La Serena, por ejemplo, uno de los ejecutados fue el director de la Escuela de Música de la sede de la Universidad de Chile, Jorge Peña, militante socialista, sin participación política e hijo de un respetado médico de la ciudad.

Para apreciar la gravedad de estos hechos y el impacto devastador que tuvo en los políticos de oposición y líderes de iglesia que se enteraron de ellos, es necesario recordar algunos datos. En La Serena, Antofagasta y Calama, el Informe Rettig pudo concluir que «es absolutamente cierto e indiscutible, con pruebas definitivas, que por lo menos tres miembros de la comitiva participaron de manera directa en los crímenes»⁷⁷.

En casi todos los casos, las personas fueron brutalmente torturadas y sujetas a atroces agresiones que las dejaron irreconocibles, lo que explica que la mayoría de los cadáveres no fueran entregados a los familiares, sino enterrados en fosas comunes o en otros lugares.

El comportamiento de los militares fue particularmente cruel en contra de 26 detenidos en la ciudad de Calama. Fueron sacados durante la noche de la prisión sin la autorización del comandante del regimiento, procediéndose a matarlos de manera particularmente sangrienta. Uno de ellos, el abogado Carlos Berger, militante comunista y ex dirigente de la FECH, había llegado a la ciudad veinticinco días antes del golpe para dirigir la radio El Loa, acompañado de su esposa, la abogada Carmen Hertz, y de un hijo de corta edad. Fue detenido el día del golpe por una patrulla militar, juzgado por el consejo de guerra y condenado a 61 días por «la falta» de haberse negado a clausurar las transmisiones de la radio. Al día siguiente de su asesinato habría salido en libertad⁷⁸.

En Antofagasta la comitiva sacó a un grupo de detenidos a espaldas del jefe militar, quienes fueron torturados, para después quitarles la vida.

Más adelante, el coronel Manuel Contreras incorporó a la DINA a los miembros de la comitiva de Arellano, los que alcanzaron importantes responsabilidades. Pedro Espinoza Bravo fue jefe de operaciones en 1976 y participó en el asesinato de Orlando Letelier en Washington; fue condenado por la Corte Suprema a cinco años de presidio en 1995, pena que cumplió en la prisión de Punta Peuco. El mayor Marcelo Moren Brito fue comandante de la llamada «Villa Grimaldi», recinto clandestino de reclusión desde donde muchos de sus detenidos ingresaron a la lista de los desaparecidos. Por último, el teniente Armando Fernández Larios estuvo involucrado en numerosas operaciones, entre ellas el asesinato de Orlando Letelier en Washington D.C.; fue acusado por EE.UU. y permaneció ocho meses detenido en el Hospital Militar hasta que la Corte Suprema rechazó la extradición solicitada por el país del Norte; finalmente, en febrero de 1987 se entregó a la justicia estadounidense, recibiendo protección de esta a cambio de la confesión sobre cómo fue el crimen de Letelier y se radicó en ese país⁷⁹.

La violencia empleada por la «caravana de la muerte» fue ampliamente conocida por los abogados de derechos humanos⁸⁰, los obispos de la Iglesia católica, personeros de la oposición y oficiales del Ejército. La violencia se esparció desde Santiago hacia las regiones y tuvo un efecto devastador en cuanto a exacerbar el clima de guerra impuesto por los militares.

Institucionalización y personalización del terror: la DINA y el coronel Manuel Contreras

El empleo de la violencia está estrechamente vinculado a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y a su director, el coronel Manuel Contreras. Muy distinto habría sido el desarrollo del autoritarismo si Pinochet y la Junta de Gobierno hubieran controlado las acciones de este organismo y de Contreras en particular y si los tribunales de justicia se hubiesen empeñado en defender la vida de las personas con la energía que emplearon en proteger el derecho de propiedad durante el Gobierno depuesto.

La DINA fue creada por iniciativa de Pinochet pocos días después del golpe de Estado⁸¹, para ser el principal instrumento en la guerra contra el marxismo. Inicialmente fue concebida como una organización que asesoraba a la Junta de Gobierno; sin embargo, pronto se convirtió en una entidad de apoyo a la consolidación del poder personal de Pinochet⁸².

Contreras, de cuarenta y cuatro años, no era un oficial de Inteligencia, sino que pertenecía al arma de Ingenieros y era el coronel director de la Escuela de Ingenieros Militares, en Tejas Verdes, en las afueras del puerto de San Antonio. Tenía una buena carrera militar, que le proporcionó prestigio en el Ejército. Después de egresar de la Escuela Militar fue instructor en esta y más tarde un muy buen alumno de la Academia de Guerra, egresando en 1963 con el primer lugar de su promoción. Durante tres años fue uno de los profesores de esta academia. Con posterioridad siguió un curso por dos años en los EE.UU., recibiéndose como profesor de táctica, explosivos y demoliciones.

La DINA se convirtió con gran rapidez en el principal instrumento de la «guerra» contra el marxismo, reclutando un numeroso personal proveniente de las tres ramas de las FF.AA. y Carabineros. Contó con asesoría internacional, pues en su creación colaboraron oficiales brasileños, como afirma un estudioso del régimen: «La DINA fue diseñada, en gran medida, según el modelo del Servicio de Inteligencia que el régimen militar brasileño estableció después de tomar el poder, en 1964. De acuerdo con una fuente bien situada, los brasileños —que habían trabajado en estrecha armonía con el Gobierno revolucionario desde el comienzo— aconsejaron a los chilenos que la establecieran» (Whelan, 1993: 622). Este organismo combatió a los grupos de izquierda, a las organizaciones opositoras y a entidades de la Iglesia católica. Sus efectivos actuaron no solo en el país, sino también en el exterior, imponiendo un clima de terror en los grupos opositores y de temor entre los colaboradores del régimen, convirtiéndose en el símbolo del carácter represivo del régimen militar⁸³. La DINA también controló a los altos funcionarios de Gobierno, recogiendo información sobre su vida privada y desempeño profesional.

Fue definida como «un organismo técnico profesional» al que le correspondía «reunir toda la información de nivel nacional proveniente de los diferentes campos de acción con el propósito de producir la inteligencia que se requiere para la formulación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país». Para el cumplimiento de estas tareas, su director podía requerir de los servicios públicos de cualquier nivel «los informes o antecedentes» que quisiera. Junto a las tareas de inteligencia, la DINA fue facultada para realizar allanamientos y detenciones, sin que fuera necesaria una orden judicial (art. 10, secreto). Desde muy temprano dispuso de centros de detención donde se aplicó la tortura, a consecuencia de la que murieron numerosas personas, que pasaron a integrar la larga lista de los detenidos desaparecidos. Para combatir las organizaciones de izquierda, especialmente al PC y al MIR, dispuso de brigadas que se convirtieron en temibles organizaciones de detención y desaparición de personas.

Es imposible determinar las dimensiones que alcanzó a tener la DINA, pues no se conoce el número de su personal militar y civil, así como tampoco la magnitud de su presupuesto, ya que esa información fue secreta. Se puede hacer una estimación indirecta de sus vastos recursos humanos y económicos a través del examen del tamaño de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de ella, que sin duda debió ser considerablemente más débil. El D.L. Nº 2.881, de 22 de septiembre de 1979, le concedió a la CNI una planta muy numerosa, con 545 cargos⁸⁴. La planta directiva constaba de 51 personas, siendo su superior jerárquico el director nacional, acompañado por un vicedirector nacional, un contralor y un secretario general, dos directores y seis subdirectores, además de 16 jefes de departamentos⁸⁵. La planta profesional y técnica estaba conformada por 174 personas, casi todas ellas profesionales (168) y oficiales de las FF.AA.; la complementaba un abundante contingente administrativo (222 personas), compuesto, entre otros, por 30 jefes de secciones⁸⁶, lo que es comprensible a la luz de la diversidad de cargos a nivel directivo⁸⁷.

La DINA estuvo formada inicialmente por personal de las tres ramas de las FF.AA., Carabineros e Investigaciones, reclutados cuidadosamente. Un oficial de la Armada fue su subdirector, a fin de que pareciera ser una organización dependiente de las tres instituciones⁸⁸. Dispuso de numerosos colaboradores civiles, reclutados entre grupos de extrema derecha como Patria y Libertad. Tuvo una vasta red de informantes en el sector público y en las empresas privadas que le entregaban información no solo acerca de los opositores, sino también sobre los colaboradores del régimen, incluidos los ministros. Para abarcar tan amplios objetivos, Contreras contó con el apoyo presupuestario del Ejército y organizó la recaudación de fondos personales a través de empresas que la Corporación de Fomento le entregó en el contexto de reprivatización de las entidades intervenidas por el Gobierno de Allende.

La DINA consiguió desmantelar al PC, debilitó gravemente la organización clandestina del Partido Socialista y destruyó al MIR. Estos resultados le permitieron alcanzar la confianza del general Pinochet, quien mantuvo a Contreras en la dirección por cuatro años, removiéndolo posteriormente debido a la presión del Gobierno de los EE.UU., por la participación de agentes de la DINA en el atentado contra Orlando Letelier. El Ejército no se distanció de esta institución represiva y no relegó a Contreras a un segundo plano, incluso después de que pasó a retiro en 1979 y hasta su condena por la Corte Suprema en 1995, en que fue regularmente invitado a las numerosas ceremonias institucionales⁸⁹.

Las acciones de la DINA chocaron con las realizadas por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Policía de Investigaciones. La DINE era el organismo especializado en tareas de inteligencia, tanto a nivel nacional como en el exterior, y desde los años sesenta, cuando el PS mostró simpatía por la lucha armada, había desarrollado un cuidadoso seguimiento de los partidos de izquierda, logrando infiltrar a esa colectividad y al MIR.

Las diferencias con la Policía de Investigaciones comenzaron tempranamente. El primer director de Investigaciones de la época, el general (R) Ernesto Baeza⁹⁰, experto en inteligencia que había participado en el seguimiento de los partidos de izquierda, antes aludidos, tuvo frecuentes conflictos con la DINA y Contreras⁹¹. Este también se enfrentó con el Comando Conjunto, grupo dependiente de la FACH, situación que terminó con algunos muertos y obligó a una negociación entre ambas organizaciones para evitar nuevos conflictos⁹².

Contreras no excluyó a la Iglesia católica de las acciones realizadas por sus colaboradores, porque consideraba que la defensa de los derechos humanos en que esta se había empeñado era una forma encubierta de colaborar con los marxistas. Sus agentes desplegaron una intensa labor de seguimiento de obispos, sacerdotes y colaboradores laicos de la Iglesia, para neutralizar su labor y además encontrar antecedentes que demostraran que estaba infiltrada por marxistas. Una de las acciones contra obispos fue realizada en 1976, cuando centenares de agentes y colaboradores de la DINA realizaron una manifestación en el aeropuerto de Santiago en contra de obispos que regresaban de un seminario internacional sobre derechos humanos organizado por la Iglesia del Ecuador⁹³.

Para desarrollar la guerra contra el marxismo en otros países creó una unidad especial, el Departamento Exterior. Esta unidad llevó a cabo sus primeras operaciones a fines de 1973 en Buenos Aires, y su objetivo fue vigilar al ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, quien había abandonado el país algunos días después del golpe. La observación se convirtió después en la preparación de un atentado en su contra, que costó su vida y la de su esposa, siendo ejecutados el 30 de septiembre de 1974. En junio de 1975, la DINA participó en una operación en Brasil y en Argentina para justificar la muerte de 119 personas que hasta ese momento estaban desaparecidas en el país, haciendo aparecer sus nombres en un medio de prensa en cada país.

La DINA extendió sus acciones a Europa, buscando la colaboración de grupos de extrema derecha italianos. Estos tomaron parte en el atentado contra el ex vicepresidente de la República y uno de los fundadores del PDC, Bernardo Leighton, y su esposa, el 30 de septiembre de 1975, quedando ambos gravemente heridos.

Además, organizó la llamada «Operación Cóndor», una coordinación de los aparatos represivos de las dictaduras de seis países de América del Sur (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia), para combatir a las organizaciones armadas de extrema izquierda y a los opositores. Después de una reunión que efectuaron en Santiago, en noviembre de 1975, de la fase de intercambio de información pasaron a la de entrega de prisioneros, y su actividad solo terminó después de las presiones estadounidenses por el asesinato de Letelier⁹⁴.

La principal acción de la DINA en el exterior fue el atentado que costó la vida de Orlando Letelier y una ciudadana estadounidense, el 30 de septiembre de 1976, en el centro de la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. Esta fue una operación de enormes proporciones, que tuvo un gran impacto al interior del régimen, pues algunos colaboradores de Gobierno vieron la mano de la DINA en el atentado. Pinochet se vio obligado a controlar a este organismo cuando la investigación realizada por el FBI comprobó su participación en el atentado y el Gobierno de los EE.UU. presionó a su par chileno para identificar a los culpables y castigarlos⁹⁵.

Gracias al respaldo del general Pinochet, Contreras se atribuyó una autoridad independiente del Ejército, por lo que dejó de respetar la jerarquía de la institución y desatendió las críticas de algunos generales superiores a él. El general Óscar Bonilla, ministro del Interior hasta junio de 1974 y después de Defensa, se quejó de las acciones de Contreras ante un consejo de generales, sin que esto modificara el desempeño de la DINA. También se manifestó en contra de Contreras el general Augusto Lutz, jefe de la DINE al momento del golpe y posteriormente secretario de la Junta de Gobierno. Ambos fallecieron en extrañas circunstancias, que dan espacio para atribuirlas a la intervención de la DINA⁹⁶. El general Arellano fue otro que criticó las actuaciones de esta institución, lo que habría hecho presente directamente a Pinochet⁹⁷.

Más tarde, el principal adversario de Contreras fue el jefe del Estado Mayor Presidencial, general Sergio Covarrubias. Este se empeñó infructuosamente en convencer a Pinochet de la necesidad de sacar a Contreras de la dirección de la DINA⁹⁸. Covarrubias rechazaba no solo los excesos represivos, sino la autonomía de Contreras, que estimaba contraproducente para la cohesión y eficacia del régimen, sobre todo considerando el seguimiento al que estaba sometiendo a funcionarios de Gobierno, sin exclusión de los ministros.

La DINA tuvo un desarrollo previsible para una organización todopoderosa, dirigida por una persona carente de límites éticos. Los miembros de la Junta optaron por el cómodo camino de retirar a sus oficiales de ella en señal de rechazo. La organización se fue pervirtiendo en sus fines y radicalizando en sus operaciones. Debemos a la investigación realizada por la periodista Mónica González el disponer de antecedentes sobre los procedimientos empleados por Contreras para financiar las actividades de su institución en el exterior⁹⁹. Para ese fin se apoderó de diversas empresas que estaban siendo privatizadas por la Corfo¹⁰⁰, y más tarde se embarcó en varios negocios comerciales, tanto en el país como en el exterior, especialmente en Panamá. Así la DINA asumió componentes que pervirtieron aún más su carácter.

Esta entidad fue en definitiva una organización que contribuyó a consolidar el poder de Pinochet, pero que se volvió en su contra: provocó los mayores rechazos en el país y en el exterior, siendo causa fundamental de la condena internacional al régimen militar y de la mantención de la memoria histórica condenatoria de ese período, que explica la detención del ex dictador en Londres en 1998 y está presente en la memoria de la dictadura.

La sincronización consentida I: la actitud del Poder Judicial

En el Capítulo I afirmamos que la sincronización limitada no se logra únicamente mediante decisiones impuestas por los nuevos gobernantes, sino que también se consigue cuando las instituciones abdican voluntariamente de sus atribuciones y aceptan las condiciones impuestas por las nuevas autoridades. Esta fue la posición adoptada por el Poder Judicial y que se puso de manifiesto cuando la Corte Suprema le manifestó a la Junta de Gobierno su respaldo político tan pronto esta se creó. El presidente del máximo tribunal, Enrique Urrutia Manzano, encabezó la delegación que representó a la Junta de Gobierno en la ceremonia en que Juan Domingo Perón asumió la Presidencia en Argentina, el 12 de octubre de 1973. Durante gran parte del régimen militar, los tribunales se desentendieron de los atropellos a los derechos humanos, sin mostrar en la defensa de las personas la energía de que hicieron gala cuando defendieron la propiedad privada durante el Gobierno de la Unidad Popular.

¿Por qué el Poder Judicial fue pasivo ante las denuncias de abusos cometidos por los servicios de seguridad y por efectivos militares o de Carabineros? ¿Por qué no protestó con el mismo vigor que empleó en el Gobierno de la Unidad Popular, cuando reclamó enérgicamente contra diversos actos que consideró ilegales o inconstitucionales, cuestionando hasta decisiones del presidente de la República?¹⁰¹. Estas interrogantes siguen presentes en democracia y constituyen una de las causas de la débil confianza pública en la justicia hasta el presente.

Los nuevos gobernantes recurrieron a los estados de excepción para neutralizar a la Justicia, lo que constituía una perversión de los mismos, pues su objetivo es resolver una situación de emergencia para restablecer el Estado de derecho (Rossiter, 1963). El D.L. Nº 3, dictado el mismo día del golpe, declaró en estado de sitio todo el territorio nacional. El D.L. Nº 5, de 22 de septiembre de 1973, interpretando el art. 418 del Código de Justicia Militar, dispuso que el estado de sitio debía entenderse como «estado o tiempo de guerra». El estado de sitio fue prorrogado cada seis meses hasta marzo de 1978, en que se reemplazó por el estado de emergencia, aunque buena parte de sus componentes fueron trasladados a este nuevo cuerpo legal. El estado de sitio fue reimplantado en noviembre de 1984 y se levantó en junio de 1985, volviendo a ser decretado en septiembre de 1986 tras el atentado contra el general Pinochet, manteniéndose hasta enero de 1987. Desde marzo de 1981 rigió el «estado de peligro de perturbación de la paz interior», previsto en los artículos transitorios de la Constitución de 1980 y que combinaba elementos de los estados de sitio y de emergencia, entregando una mayor cuota de poder a Pinochet. Esto quiere decir que el país vivió bajo algún tipo de estado de excepción prácticamente hasta el comienzo de la campaña del plebiscito del 5 de octubre de 1988, convirtiéndose en un componente estable del orden político.

El acta de constitución de la Junta de Gobierno (D.L. Nº 1) reconoció la autonomía del Poder Judicial, aunque con ciertas restricciones producto de las condiciones políticas existentes: «[se] garantizará la plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial y se respetará la Constitución y las leyes de la República en la medida en que la actual situación del país lo permita». Estas restricciones fueron reiteradas dos meses más tarde, cuando se dictó una norma que limitaba la independencia del Poder Judicial, subordinándola al estado de excepción vigente, lo que entregaba poderes excepcionales al Gobierno¹⁰².

La Corte Suprema toleró las limitaciones impuestas por el estado de sitio, abdicando de su facultad constitucional de supervigilar todos los tribunales del país, incluyendo los militares, consagrada en la Carta Fundamental, e inhibiéndose de revisar las sentencias de la justicia militar, ratificando su posición en dos fallos: de noviembre de 1973 y agosto de 1974¹⁰³. Esta actitud fue cuestionada por los abogados de derechos humanos y la Iglesia católica y no fue unánime dentro del máximo tribunal, pues algunos ministros estaban de acuerdo con la interpretación de que debían supervigilarlos, lo que hicieron saber privadamente al ministro de Justicia.

Esta tesis minoritaria fue compartida por el ministro de Justicia, Gonzalo Prieto Gándara, quien manifestó a la Junta de Gobierno que la Corte Suprema debía ser la última instancia en los procesos seguidos ante la justicia militar. Consideraba que la postura de la Corte Suprema de inhibirse de revisar las sentencias era perjudicial para el Gobierno, porque sencillamente «estaba sacando el cuerpo al problema»¹⁰⁴. Añadió que a favor de esa posición había algunos ministros de la Corte y parte de la doctrina y la tradición del país, desde las sentencias militares dictadas después de la guerra civil de 1891 en adelante. Con palabras que se demostrarían visionarias, Prieto Gándara advirtió que, de no existir esa supervigilancia, «cuando la historia juzgue las culpas de las posibles injusticias» cometidas en estos años, la responsabilidad recaerá solo en las FF.AA.¹⁰⁵.

Los tribunales militares estaban dirigidos por la autoridad militar superior de la localidad, que, en casi la generalidad de los casos, actuó según los criterios de la institución castrense. No se respetaron las normas mínimas del debido proceso, se dictaba sentencia sin que los acusados tuvieran defensa, o no se consideraban los argumentos de los abogados, fallando como si la sentencia estuviera previamente definida¹⁰⁶.

El análisis de la Comisión Rettig sobre estos procesos mostró que adolecieron de múltiples defectos, formales y de fondo, sin que se acreditaran los delitos que se imputaban a los acusados, «dejando así la duda sobre su existencia». No se respetaron las normas del Código de Justicia Militar y se descartaron pruebas, recurriendo en cambio a apreciaciones. En numerosos consejos de guerra no se nombró abogado defensor o, si se hizo, se le impidió entrevistarse con el reo¹⁰⁷.

El apoyo de la Corte Suprema a las nuevas autoridades tuvo su expresión más elocuente durante la presidencia de Enrique Urrutia Manzano (1973-1976). Después del golpe de Estado, el máximo tribunal tomó medidas en contra de jueces y secretarios de tribunales acusados de «marxistas», siendo expulsados del Poder Judicial¹⁰⁸. Urrutia hizo pública su posición de apoyo al régimen militar en cada discurso de inauguración del año judicial, defendiendo la situación de los derechos humanos y criticando a las organizaciones internacionales que denunciaban los atropellos. En la primera ceremonia bajo el nuevo régimen, el 1 de marzo de 1974, Urrutia dijo que en Chile se respetaban los derechos humanos y denunció a quienes criticaban la situación en el país:

Los «derechos humanos» no son ocasionales ni son reconocidos para ser cumplidos solo en ciertos países; son derechos aceptados universalmente, respetados en nuestra patria, siendo de advertir que les resta autoridad moral para convertirse en defensores de dichos derechos a aquellos que no han actuado... en países que, con sus excesos, han asombrado al mundo civilizado¹⁰⁹.

También defendió la política seguida por el Gobierno en materia de libertades públicas, rechazando categóricamente las críticas de organismos internacionales como Amnesty International¹¹⁰. Urrutia dio una versión idealizada de la política de detenciones practicada por el Gobierno:

El presidente que habla se ha podido imponer de que gran parte de los detenidos, que lo fueron en virtud de las disposiciones legales que rigen el estado de sitio, han sido puestos en libertad. Otros se encuentran procesados en los juzgados ordinarios o militares, y con respecto a aquellos que se encuentran detenidos en virtud de las facultades legales del estado de sitio en vigencia, se hace un esfuerzo para aliviar su situación de detenidos y clarificar cuanto antes su participación en actividades reñidas con la ley. Es de desear que este esfuerzo pueda terminar cuanto antes con la situación eventual en que se encuentran las familias afectadas¹¹¹.

La Comisión Rettig fue muy crítica del desempeño del Poder Judicial. Concluyó que «no reaccionó con la suficiente energía frente a las violaciones a los derechos humanos»¹¹², y lamentó la falta de una actitud resuelta para cumplir esta función que le encomendaba la Constitución y las leyes. Le reprochó la no utilización de los recursos existentes, como el recurso de amparo, que «fueron invariablemente rechazados hasta muy avanzada la década de los ochenta, en que empezaron a producirse los primeros votos disidentes y a acogerse excepcionalmente algunos de estos recursos»¹¹³. También criticó la ausencia de medidas contra los responsables de los atropellos a los derechos humanos, pues en la práctica los tribunales dieron «impunidad a los violadores» al exculpar de responsabilidad a los que aparecían como culpables¹¹⁴.

La Corte Suprema se defendió de estas críticas con argumentos políticos, pero sin desmentir las graves acusaciones¹¹⁵. En su respuesta al citado documento, enumeró las medidas que habría adoptado para «poner coto a las irregularidades que se iban presentando», insinuando que habían sido muchas¹¹⁶, cuando en realidad fueron escasas y no tuvieron resultados. El primer ejemplo que se cita es una iniciativa tomada dieciocho meses después del golpe de Estado, el 10 marzo de 1975, cuando «el Pleno de la Corte Suprema adoptó diversas disposiciones para evitar dilaciones en la tramitación de los recursos de amparo». Sin embargo, el documento no indica cuáles fueron las mencionadas medidas y tampoco señala sus resultados. El segundo ejemplo es una visita del presidente del más alto tribunal, José María Eyzaguirre, efectuada el 10 de junio de 1976, a algunos centros de detención, «sin aviso previo, en diversas oportunidades y por varias horas, aun durante la noche, en los establecimientos para detenidos por el estado de sitio, en esta capital y por una vez en Puchuncaví». El tercer ejemplo es la designación de un ministro en visita el 6 de diciembre de 1978, a petición del obispo monseñor Enrique Alvear, «en un caso de hallazgo de osamentas», aludiendo al «caso Lonquén». El cuarto ejemplo es el discurso inaugural del presidente del tribunal en 1979, en que critica ciertas reformas al Código de Procedimiento Penal.

Algunas iniciativas relevantes mencionadas en la defensa fueron muy tardías. En efecto, recién en 1982 la Corte Suprema exigió la comparecencia ante un tribunal de los detenidos por agentes de la CNI, cuando la peor etapa de la represión había concluido y el régimen mostraba una fisonomía de normalidad al disponer de una Constitución Política. Un año más tarde, la Corte Suprema pidió a una de las fiscalías militares de Santiago entregar la información sobre la tramitación de procesos iniciados por denuncias de torturas de la CNI.

En consecuencia, hubo una sincronización voluntaria y no solo forzada del Poder Judicial, que creó condiciones que favorecieron, sin buscarlo, el empleo de la coerción por parte de los servicios de seguridad.

La sincronización consentida II: la actitud de los medios de comunicación

Las nuevas autoridades establecieron un rápido control de los medios de comunicación. Respecto de la televisión, el Gobierno disponía, en principio, de un canal estatal, el Canal 7, el único de alcance nacional. Logró el apoyo de los tres canales universitarios como consecuencia de la intervención de las universidades y el nombramiento de rectores delegados¹¹⁷. Respecto de la prensa escrita, se declaró el cierre de los diarios de izquierda e incautaron sus bienes. Entre los que corrieron esa suerte se incluyen El Siglo, perteneciente al Partido Comunista; Puro Chile, surgido en el Gobierno de la Unidad Popular y de postura muy militante en su favor, las Noticias de Última Hora, vespertino perteneciente a personalidades vinculadas al PS, y el diario Clarín, el de mayor tiraje en el país y dirigido a sectores de bajos ingresos, fundado por un empresario que apoyó a Allende, Darío Sainte Marie.

Al momento del golpe había dos diarios de los partidos de oposición al Gobierno de la Unidad Popular —Tribuna, del Partido Nacional, y La Prensa, de la Democracia Cristiana— fundados en ese período y que no tenían un gran número de lectores. Tribuna dejó de aparecer porque el PN decretó su autodisolución después del golpe; La Prensa continuó apareciendo algunas semanas, pero las dificultades económicas, el acoso político del Gobierno que no le entregó publicidad y las restricciones a la libertad de prensa hicieron inviable su continuidad y cerró en febrero de 1974.

La prensa escrita se concentraba en las cadenas El Mercurio y La Tercera de la Hora, con sus diarios regionales, que apoyaron de inmediato a la Junta Militar, actitud que mantuvieron hasta el final del régimen. Una postura bastante militante en favor del nuevo Gobierno adoptó el vespertino La Segunda, perteneciente a la empresa El Mercurio, con una constante condena a la defensa de los derechos humanos que realizaba la Iglesia y los abogados vinculados a la oposición. En los años ochenta tuvo una actitud de mayor prudencia, pero sin dejar de informar favorablemente del régimen y contaba con Jaime Guzmán entre sus columnistas¹¹⁸.

En cuanto a los semanarios informativos de carácter político, existían dos que aparecieron en forma regular¹¹⁹, Qué Pasa y Ercilla. El primero, de propiedad de empresarios e intelectuales de derecha que apoyaron el golpe de Estado, respaldó a las nuevas autoridades. Sin embargo, desde mediados de 1975 comenzó a hacerse eco, en forma cuidadosa, de las quejas contra la DINA, efectuando algunas propuestas para flexibilizar el estado de sitio y terminar el exilio¹²⁰. Posteriormente, Qué Pasa se convirtió en el vocero de «los blandos» y criticaría la política exterior del Gobierno. Su director fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores en el cambio de gabinete de abril de 1978. El semanario fue un órgano en que se expresó tibiamente una «semioposición», en el concepto de Linz (1973 A), es decir, disidencia en políticas puntuales del régimen, sin cuestionar sus principales orientaciones.

La revista Ercilla, cercana al PDC, mantuvo su actividad periodística hasta mediados de 1977, enfrentando muy difíciles condiciones informativas y económicas. Cumplió un importante papel al entregar valiosa información sobre el desarrollo político, a pesar de las limitaciones impuestas por la censura de prensa. Aunque era el único medio que actuaba con independencia, acogiendo en sus páginas opiniones de algunas personalidades opositoras, fue tolerado por su limitada influencia en la opinión pública. El Gobierno no necesitó clausurarlo directamente, pero logró ese objetivo cuando un grupo económico compró la empresa propietaria de la revista. Dicho grupo cambió la línea editorial del semanario, lo que trajo como consecuencia la renuncia indeclinable del equipo periodístico¹²¹.

La sincronización impuesta por la autoridad afectó principalmente a las radios de izquierda, que fueron clausuradas. Las emisoras pertenecientes a la Iglesia católica pudieron seguir cumpliendo una relevante función informativa en el ámbito político, como radio Chilena. El PDC tenía la radio Balmaceda, que siguió funcionando, a pesar de la constante censura por parte del Gobierno. Más tarde, empresarios vinculados al PDC fundaron la radio Cooperativa, que se transformó en la principal emisora del país, cumpliendo un importante papel de información política en los años ochenta.

El Gobierno creó un organismo público especial, la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos), dependiente de la Secretaría General de Gobierno, para controlar el cumplimiento de las disposiciones de la censura de prensa. Esta entidad cumplió con rigor su labor, aunque facilitó su desempeño el apoyo voluntario de los directores a la política oficial.

Con ocasión de la apertura, a partir del invierno de 1983, hubo un cambio radical en la sincronización de los medios de comunicación, como se analizará en el Capítulo X.

La sincronización limitada en las universidades

La sincronización limitada también se aplicó a las universidades. Estas alcanzaron un gran protagonismo político en los años sesenta, y durante el Gobierno de la Unidad Popular fueron afectadas por el conflicto social, especialmente la Universidad de Chile¹²². A través del rector de esta universidad, Edgardo Boeninger, los rectores de las otras enviaron un memorándum a la Junta de Gobierno en el que expresaban su deseo de impulsar la normalización de las instituciones de educación superior para evitar medidas radicales en contra de estas¹²³. La petición fue rechazada, puesto que se quería realizar una profunda reestructuración del sistema universitario¹²⁴. La Junta decretó la intervención de las universidades y designó rectores delegados, recurriendo a altos oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, en servicio activo y en retiro¹²⁵. Las nuevas autoridades recibieron amplias facultades para modificar la estructura interna de las instituciones, entre las que destacaba el despido de profesores, personal administrativo y las medidas disciplinarias que se podían tomar contra los estudiantes, buscando neutralizar políticamente al movimiento estudiantil¹²⁶.

Las medidas de «normalización» se aplicaron en la Universidad de Chile con relativa prudencia, puesto que el rector delegado, general (R) del Aire César Ruiz Danyau, mantuvo en sus cargos a los principales directivos de la universidad, sin aplicar una política de persecución como la que hubo en otras entidades, especialmente en la Universidad Técnica del Estado. Los fiscales designados para investigar los presuntos delitos cometidos por el personal y los estudiantes tuvieron una actuación serena, escuchando a los acusados, quienes pudieron defenderse. No existía en la principal universidad del país un grupo político que buscara conseguir su control con el fin de impulsar un trabajo político de apoyo al Gobierno.

Un caso bastante especial fue la Universidad Católica, que tuvo como rector delegado a un vicealmirante en retiro, Jorge Swett, que se mantuvo en el cargo trece años, apoyado por un grupo político de derecha muy influyente en la dirección de la universidad: el Movimiento Gremial¹²⁷. La Universidad Católica fue uno de los lugares donde el «gremialismo» concentró sus esfuerzos para desarrollarse como el principal grupo de poder al interior del nuevo régimen.

Inicialmente, el gran canciller de la universidad, el cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, tuvo una actitud abierta con el nuevo rector delegado, ratificando su nombramiento. Sin embargo, su buena voluntad chocó con la decisión de este último de cumplir fielmente los objetivos de los nuevos gobernantes, para lo que se hizo asesorar por el Movimiento Gremial, encabezado por Jaime Guzmán, que era miembro de un Consejo Superior¹²⁸. Swett reestructuró la dirección de la universidad, eliminando a los delegados académicos y estudiantiles del Consejo Superior, y creó un «Consejo Asesor» y un «Comité Directivo» formados por profesores vinculados al «gremialismo», incluyendo a Guzmán¹²⁹. Enseguida, efectuó diversos nombramientos sin consultar al gran canciller: un ex decano de la Escuela de Derecho fue designado prorrector, y otro profesor se hizo cargo de la vicerrectoría académica. Ambos eran de reconocida filiación «gremialista».

En agosto de 1974, el «gremialismo» presionó por lograr un control más directo de la universidad, proponiendo la creación de una Dirección de Personal que tuviera a su cargo las contrataciones. Para ello propuso al abogado Raúl Lecaros, un asesor de Swett, que fue designado¹³⁰.

Algunas semanas más tarde, el cardenal suspendió el ejercicio de su cargo de gran canciller tras un encuentro con el rector delegado, en que este le confirmó su decisión de seguir adelante con los criterios de desarrollo universitario que impulsaba. Al poco tiempo, el cardenal Silva Henríquez se alejó de la universidad y propuso en su reemplazo al sacerdote Jorge Medina como pro gran canciller, quien fue ratificado por las autoridades de la Santa Sede. La presión del Movimiento Gremial tuvo éxito, pues este logró dirigir la universidad de acuerdo a sus objetivos políticos, entre los que destacaba el despido de numerosos profesores en forma directa o indirecta a través de la fuerte reducción de su jornada de trabajo, lo que producía una disminución drástica de sus ingresos, que los obligaba a abandonar la universidad para buscar otra ocupación¹³¹. El cardenal lo dejó expresado así en sus Memorias:

A comienzos del año 75, el balance era desolador: 152 académicos fueron echados, y a otros 165 se les redujo de tal manera sus jornadas, que prácticamente no tenían razones para quedarse. Una segunda oleada de exoneraciones vino en marzo del 75, con un sesgo político ya del todo indisimulable: se trataba, como diría una autoridad de aquellos días, de una limpieza a fondo (Silva Henríquez, 1991, tomo III: 47).

CAPÍTULO III

EL LIDERAZGO DEL GENERAL AUGUSTO PINOCHET: BASES INSTITUCIONALES Y RECURSOS DE PODER

La excepcionalidad del general Pinochet entre los dictadores latinoamericanos

El régimen autoritario chileno ha sido asociado íntimamente al general Augusto Pinochet, quien fue su principal figura por la alta concentración de autoridad y de poder en su persona. Ha sido uno de los dictadores más atípicos de América Latina. Fue el único que permaneció durante los diecisiete años del régimen autoritario dirigiéndolo, mediante el ejercicio de las funciones de jefe de Estado y de Gobierno, así como las de comandante en jefe del Ejército¹. Con un discurso agresivo hacia sus opositores, graficado en la afirmación «estamos en guerra, señores», Pinochet desarrolló un estilo caracterizado por la dureza e inflexibilidad, que impregnó al conjunto del orden político. Su relación confrontacional con la oposición se apoyó en una sistemática arenga anticomunista y de ataque a los gobiernos de los numerosos países que lo criticaban. Fue el gobernante que, en Chile, ostentó por más tiempo la categoría de jefe de Estado, superando a los gobernadores de la dominación española, con los que él mismo se comparó al autodesignarse «capitán general»². Además, entregó el poder al presidente Patricio Aylwin en una solemne ceremonia en el Congreso Pleno, ante los ojos de millones de personas que seguían el acto por televisión, cuidadosamente preparada por sus asesores civiles y militares para favorecer su imagen pública³.

Simbolizó un sistema político observado y descrito principalmente por su cara coercitiva, concitando el rechazo internacional, que culmina con su humillante detención en Londres en 1998. Pinochet ha sido el primer dictador puesto en el banquillo de los acusados por la justicia internacional por delitos cometidos por las violaciones a los derechos humanos. Ningún político europeo, salvo Margaret Thatcher y un ex ministro de Finanzas británico, levantó su voz para defenderlo (Pérez y Gerdtzen, 2000; Huneeus, 2003 A).

Su gran poder le permitió mantenerse en la arena política después de entregar el mando el 11 de marzo de 1990, pues conservó el cargo de comandante en jefe del Ejército durante los ocho primeros años de la nueva democracia, de acuerdo a la Constitución de 1980. En ese período no tuvo una actitud pasiva sino que presionó al Gobierno de entonces hasta llegar al límite de la legalidad en la defensa de sus intereses y los de su institución para impedir el trabajo de la justicia en los casos que tramitaba por denuncias de atropellos a los derechos humanos y acusaciones de corrupción en su contra y de su familia, siendo los momentos más tensos los llamados «ejercicio de enlace», en diciembre de 1990, y «boinazo», en mayo de 1993⁴.

Después de entregar en marzo de 1998 la dirección del Ejército al general Ricardo Izurieta —capitán al momento del golpe de Estado—, ocasión en que el Ejército lo honró una vez más con la designación de general «benemérito», Pinochet asumió como «senador vitalicio», disposición creada en la Constitución de 1980, que en realidad no era más que una función creada por él para asegurarse un lugar institucional después de la entrega del Gobierno. Así permaneció en la escena institucional, constituyéndose en un referente obligado de la política chilena⁵ e influyendo especialmente en los senadores de derecha y en los «institucionales» —otra instancia creada por la Constitución— para que votaran de determinada forma en ciertas materias de su interés (Valenzuela, 1999: 119).

América Latina presenta varios ejemplos de autoritarismo encabezado por destacadas personalidades. El hombre fuerte del «Gobierno revolucionario de las FF.AA.» en el Perú, el general Juan Francisco Velasco Alvarado, llegó al poder por un golpe de Estado en octubre de 1968, siendo derribado en 1975 por el general Francisco Morales Bermúdez⁶. En Argentina, el general Jorge Rafael Videla encabezó lo que se ha llamado el «Proceso», esto es, el régimen militar establecido después de la caída del Gobierno de Isabel Perón, en marzo de 1976, con objetivos tan ambiciosos como los de Pinochet. Ejerció durante cuatro años la Presidencia de la República, siendo sucedido por otro militar (Novaro y Palermo, 2003). Los generales Velasco Alvarado y Videla no pudieron conservar la dirección del Ejército. Otro dictador argentino de los años sesenta, el general Juan Carlos Onganía (1966-1969) no se mantuvo durante el tiempo acordado inicialmente entre los jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, puesto que fue alejado de su cargo por presión del entonces comandante en jefe del Ejército, a instancias del general Alejandro Agustín Lanusse, quien no asumió la jefatura de Estado de inmediato, la que fue ocupada por otro uniformado, el general Levingston. Algún tiempo después, Lanusse llegó a la Presidencia, desplazando a Levingston (Perina, 1983; Potash, 1994; Rouquié, 1982).

El Brasil autoritario (1964-1985) no se identificó con una sola persona, pues el presidente fue un militar en retiro, elegido en forma indirecta por cuatro años, y que no podía ser reelecto. Además, no constituyó una ruptura con el régimen democrático, puesto que los nuevos gobernantes mantuvieron el Congreso, los gobiernos municipales y estaduales y los partidos, que después quisieron controlar, pero no destruir, a diferencia de Pinochet (Skidmore, 1988; Stepan, 1971).

El dictador que permaneció más tiempo en el poder que Pinochet fue Alfredo Stroessner, en Paraguay, quien tomó el poder en un golpe de Estado en 1954 y fue derrocado por otro golpe de Estado en 1989. Tras esto debió exiliarse en Brasil⁷.

El larguísimo período de Pinochet como jefe de Estado de un régimen militar es excepcional incluso entre las dictaduras del Tercer Mundo; Blondel (1995: 334) señala que fue el más prolongado después de la Segunda Guerra Mundial, superando a gobiernos militares extensos, como los de Etiopía, Pakistán (11 años), Bolivia (7 años) y Nigeria (9 años).

El enorme poder de Pinochet no se explica solo por el apoyo de las FF.AA. y por recurrir a la coerción, sino también porque desarrolló habilidades políticas. Logró concitar el respaldo de amplios núcleos de civiles, que tuvieron hacia él una sólida lealtad. Además disfrutó del respaldo de una parte significativa de la población, como lo refleja el 43 por ciento de los votos que obtuvo en el plebiscito de 1988, resultado que no logró ninguno de los dictadores de Europa del Este, quienes en su momento debieron abandonar el poder presionados por el pueblo.

Esta adhesión se mantuvo después de entregar el mando, con la admiración y respeto de un porcentaje importante de la ciudadanía, de los políticos de derecha y de la inmensa mayoría del empresariado. Pinochet es visto por ellos como el salvador del país, por derrocar al Gobierno socialista de Salvador Allende en 1973, y como padre del «milagro económico». Dos importantes organizaciones lo condecoraron en 1997 por los servicios prestados al país: la Cámara Nacional de Comercio y la Sociedad Nacional de Minería, uniéndose de esa manera a las ceremonias con las que el Ejército preparó su retiro de la dirección institucional después de un cuarto de siglo. De 28 empresarios entrevistados por una revista económica de amplia circulación nacional, entre los que destacan tres ex presidentes de las principales organizaciones empresariales del país, catorce lo mencionaron como el chileno que más admiraban⁸. Conservó el reconocimiento de un amplio segmento de la población: el 31 por ciento de los chilenos lo consideraba, en septiembre de 2000, como uno de los mejores gobernantes del país en el siglo XX; uno de cada cuatro chilenos tiene opiniones positivas ante la pregunta abierta referida a cómo pasará el general Pinochet a la historia, contra un 45 por ciento de opiniones negativas (Cuadro III-1).

A diferencia de otros caudillos de regímenes no democráticos o populistas⁹, como Juan Domingo Perón en Argentina o Getúlio Vargas en el Brasil (Skidmore, 1967), no ejerció especial atracción en las masas, aunque cultivó un estilo de liderazgo que apeló a recursos de caudillismo que en el pasado tuvo el general Carlos Ibáñez¹⁰. Su discurso, basado en un marcado anticomunismo, en el nacionalismo y en un cierto populismo económico¹¹, concitó la adhesión de amplios sectores de chilenos que apoyaron el golpe de Estado y de la élite de derecha. Mostró un notable poder de persuasión para atraer líderes de derecha, desde los del sector extremo, cuya personalidad más representativa fue Pablo Rodríguez, hasta distinguidos parlamentarios, como los senadores Francisco Bulnes Sanfuentes (conservador), que fue su embajador en Perú (1976-1979), y Pedro Ibáñez (liberal), que integró el Consejo de Estado, siendo capaz de involucrar a personas pertenecientes a diversos partidos y movimientos, escuchando sus opiniones.

Un análisis del régimen autoritario no puede prescindir del examen de los factores que dan cuenta del decisivo papel de Pinochet. Su liderazgo se explica también por tener habilidades políticas para utilizar eficazmente los recursos políticos e institucionales de que dispuso, incluida la represión y la DINA. Aprendió con bastante rapidez a desenvolverse en política, mostrando capacidad para elegir a sus colaboradores en el gabinete y saber dirigirlos, aptitudes que definen el liderazgo presidencial (Greenstein, 2000), midiendo adecuadamente los tiempos para tomar las decisiones más acertadas. Cometió errores: el principal fue no prever las consecuencias del poder ilimitado que le entregó al general Manuel Contreras al confiarle la creación de la DINA, o subestimar la regulación sucesoria establecida en los artículos transitorios de la Constitución de 1980, que lo empujaría fuera del poder. Y, tras dejar la dirección del Ejército el 11 de marzo de 1998, viajar a Londres, sin considerar que gobernaban los laboristas, lo que llevaría a su humillante detención.

El liderazgo de Pinochet se apoyó en una alta personalización del poder, construida con diversos recursos, de carácter institucional —la Comandancia en Jefe del Ejército y la Presidencia de la República— y político, entre los que destacó el respaldo de los grupos de derecha y de la prensa escrita, en especial los diarios El Mercurio y La Tercera de la Hora (Dermota, 2002). Fortaleció su liderazgo a través de recursos político-electorales, como las elecciones no competitivas —la consulta de 1978 y el plebiscito de 1980—, a partir de las que se consideró un presidente «elegido» por el pueblo. Por último, también recurrió a apoyos irracionales, como por ejemplo la creación de la DINA, concebida, entre otras funciones, para asesorarlo en la información de Inteligencia y el combate contra el marxismo.

En este capítulo se analizan las interpretaciones sobre el liderazgo de Pinochet; a continuación se examinan las bases de su autoridad y poder en cuatro factores: la jefatura del Ejército, la Presidencia de la República, el apoyo de grupos civiles y el control de la DINA. Se analiza el papel que tuvieron las elecciones no competitivas como complemento de las bases de su liderazgo. Por último, se estudia su estilo político, confrontacional respecto de la oposición y conciliador hacia sus partidarios y colaboradores.

¿Dictadura personalista o dictador fuerte?

La interpretación dominante sobre el papel de Pinochet consiste en otorgarle la categoría de dictador todopoderoso, organizador de un régimen altamente personalizado que le permitió imponer su voluntad cada vez que se lo propuso. Una especialista estadounidense sostuvo que «la personalización del poder es un componente central y no accesorio del autoritarismo chileno. Tanto la durabilidad del autoritarismo en Chile y su especial desempeño en términos de sus políticas están basadas en la concentración del poder alcanzada por Pinochet» (Remmer, 1989: 150). Después de analizar el impacto de esta concentración de funciones como jefe del Ejército y presidente, concluye que «la preeminencia de Pinochet es simultáneamente la fuente de la duración del régimen y de su inusual desempeño político»¹². En términos similares se ha expresado un investigador inglés: «La dominación de Pinochet ha sido esencialmente personal, su estilo de Gobierno tiene evidentes similitudes con el que tuvo Franco en España, Stroessner en Paraguay y Salazar en Portugal» (Philip, 1985: 141). Una visión similar tiene Svolik (2012) en su estudio sobre la dominación autoritaria en el mundo, usando un método cuantitativo para examinar todos los regímenes no democráticos que hubo en el mundo entre 1946 y 2008, «que contienen 4.696 días-país» (Svolik, 2012: 25). Presenta a Pinochet como un gobernante que se mandaba solo, imponiéndose plenamente sobre la Junta de Gobierno a partir de 1974, cuando se hizo nombrar presidente. Esta conclusión se debe menos al examen del proceso chileno que a su enfoque conceptual, que considera que las dictaduras no toleran «una autoridad independiente que pudiera forzar acuerdos entre los actores políticos claves» (Svolik, 2012: 14). Pese a que cita la importante investigación de Barros (2002), no sigue su tesis: la Junta de Gobierno puso límites al poder de Pinochet, especialmente por el protagonismo del comandante en jefe de la Marina, el almirante José Toribio Merino.

Esta interpretación plantea diversos problemas. En primer lugar, incurre en un cierto reduccionismo al privilegiar un análisis micropolítico y actoral, de manera que el estudio del sistema político se hace en torno a las decisiones de una persona, Pinochet. Esto exagera el papel de los individuos y simplifica la complejidad del proceso político.

En segundo término, ofrece una imagen más bien autocrática del orden político, sin considerar la existencia de centros de poder fuera del alcance de Pinochet. Esto pareciera indicar que la estructura organizativa corresponde más a un régimen totalitario, asumiendo el estilo dictatorial descrito por Friedrich y Brzezinski (1966: 31), para quienes «la idea de la dictadura totalitaria sugiere que hay un dictador a su cabeza que tiene “poder absoluto”».

Esta interpretación del totalitarismo no se aplica a Chile y ni siquiera es útil para comprender otros casos históricos, como el régimen de Hitler en Alemania y el de Stalin en la Unión Soviética. Este enfoque ha sido dejado de lado, porque no da cuenta de la complejidad de la estructura del poder. En el régimen de Hitler hubo una altísima concentración de este en el dictador, pero tampoco él tuvo un poder ilimitado. Diversas investigaciones monográficas realizadas en los años sesenta y setenta mostraron que Hitler tuvo «límites de poder» por crear un sistema de Gobierno que fragmentó su autoridad en diversos ministerios y agencias estatales, sin coordinación entre ellos, y por las rivalidades estimuladas por los celos políticos y personales entre las principales figuras del régimen. Hans Mommsen (1971: 702), quien llegó más lejos en esta crítica a la interpretación del poder ilimitado de Hitler, sostuvo que fue un «dictador irresoluto, inseguro, orientado a cuidar de su prestigio, pero influenciable por quienes estaban más cerca de él, de tal manera que fue un dictador débil»¹³. Ian Kershaw (1995: 148) matizó a Mommsen, concluyendo que «si bien es cierto Hitler no fue de ninguna manera un “dictador débil”, tampoco fue, por el contrario, un todopoderoso, un “señor y dios del Tercer Reich”»¹⁴. Hitler se habría limitado voluntariamente al considerar la opinión pública, a la que prestaba bastante atención, inhibiéndose de implementar políticas impopulares, incluso en los momentos difíciles de la guerra¹⁵.

Por tanto, en el régimen totalitario el dictador cuenta con un poder limitado, lo que se produce en mayor medida en un régimen autoritario. En Chile hubo una marcada centralización de la autoridad y el poder, pero en un orden institucional con un importante centro decisorio, la Junta de Gobierno, que se mantuvo como autoridad superior del régimen y pudo limitar en ocasiones las ambiciones de Pinochet. Ciertas decisiones atribuidas a este, como la expulsión del general Leigh en 1978, tuvieron la aprobación de los demás miembros de la Junta, que rechazaban su permanente actitud de oposición a Pinochet, comprometiendo la unidad de las FF.AA. y, así, la estabilidad del régimen.

El marco institucional le permitió a Pinochet conformar un Gobierno muy ordenado y eficiente, que no perdió su iniciativa ni siquiera en momentos difíciles, como la crisis económica de 1982-1983 y la derrota en el plebiscito de 1988. La ausencia de agencias burocráticas autónomas impidió que los distintos grupos pudieran establecer una base de influencia. Además, el régimen no presentó complejidad institucional en la toma de decisiones, lo que le liberó de la parálisis decisoria que sufrió el régimen franquista en su fase final debido a las diferencias de opiniones entre los distintos organismos¹⁶.

La interpretación de la personalización del poder prescinde de considerar el impacto del apoyo proporcionado por los grupos civiles que respaldaron a los militares, tecnócratas y «gremialistas», que tuvieron un papel decisivo en la movilización de apoyos para Pinochet. También cumplieron un papel destacado algunos políticos provenientes del PN y personalidades que habían participado en el Gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964).

En consecuencia, el poder y la autoridad de Pinochet no fueron absolutos, sino que tuvieron limitaciones. Estas provinieron, en primer lugar, de la participación de las FF.AA. en el poder político, conservando cada rama autonomía para administrarse y decidir los ascensos y retiros de sus miembros. Además, se preocuparon de que el funcionamiento del Gobierno se ciñera a los criterios burocráticos de la administración pública, para evitar los excesos de una alta personalización del poder. Esta adhesión de los militares al orden institucional fue decisiva en la aceptación de la derrota en el plebiscito de 1988, en el mantenimiento del itinerario contemplado en la Constitución para convocar a elecciones parlamentarias y presidenciales y, por ende, en el traspaso del poder a quien resultara triunfador en ellas.

Para comprender el liderazgo de Pinochet es necesario hacer una distinción analítica. Por un lado, tuvo un papel netamente político, siendo el líder de la coalición gobernante integrada por militares y civiles, preocupándose de mantenerlos cohesionados. Fue muy eficaz en ello, porque las diferencias entre líderes civiles no fueron públicas y no hubo disidencias: ningún ministro o subsecretario rompió con el régimen y se pasó a la oposición. Su constante agresión a los opositores favoreció ese objetivo, pues mantenía al Gobierno de sus adversarios, haciendo muy difícil que aparecieran posiciones intermedias o de semioposición (Linz, 1973 A), que sirvieran de puente entre civiles del régimen y sectores de la oposición. Pinochet nunca se reunió con un político de la oposición, lo que sí hizo el general Videla en Argentina a fines de 1978, aceptando asistir a una cena organizada por «el Círculo de Exministros, Secretarios y Secretarios de Estado», a la cual concurrieron personalidades del radicalismo, como Ricardo Balbín, de «la viaje guardia» del peronismo» y de otros partidos (Quiroga, 2004: 140-141)¹⁷. Además, buscó consolidar buenas relaciones con personalidades sin cargos en el gabinete, pero políticamente influyentes. Frente a estos, cumplió una doble función integradora y arbitral. Por otro lado, desempeñaba un papel propiamente institucional como jefe de Estado y jefe de Gobierno, siendo el agente impulsor del régimen¹⁸. Al cumplir ambos roles, Pinochet actuó como puente entre las dos caras del régimen autoritario: la irracionalidad coercitiva basada en el criterio de la guerra y la racionalidad económica que buscaba fortalecer la iniciativa privada y el mercado¹⁹. La Presidencia de la República le proporcionó enormes recursos de poder, formales e informales, fortalecidos aún más con la marcada centralización decisoria en Pinochet.

La doble función se apoyó en una estrategia de legitimación múltiple, pues utilizó los recursos institucionales de la Presidencia y la Comandancia en Jefe del Ejército, es decir, la legitimidad legal, y también recurrió a la legitimación electoral en dos elecciones no competitivas, la consulta de 1978 y el plebiscito de 1980. En ambas ocasiones logró movilizar a la población y obtener un importante apoyo.

Antes de examinar los componentes de su liderazgo, haremos un breve resumen de su carrera profesional.

Los antecedentes profesionales de Pinochet

A diferencia del general Franco en España, con un sobresaliente desempeño que concitaba respeto de sus adversarios y admiración de sus subordinados y seguidores²⁰, Pinochet no se destacó por su excelencia profesional. Tampoco desempeñó un papel significativo en la gestación del golpe de Estado, precipitado por iniciativa de la Marina, a la que se suman después la Fuerza Aérea y finalmente algunos generales de Ejército²¹. No era símbolo de la corporación militar, a diferencia del general Juan Carlos Onganía en Argentina en 1966, gracias a su destacada carrera militar y al prestigio ganado en la administración del presidente José María Guido (1962-1963) al defender el profesionalismo del Ejército en contra de la politización que impulsaba la Subsecretaría de Guerra (Potash, 1994; Rouquié, 1982). Pinochet fue subestimado en sus capacidades personales por los padres del golpe; esto lo empujó a actuar con cruel oportunismo desde el comienzo, recurriendo e invitando al empleo de la violencia, empujado también por su ambición.

Pinochet tuvo un desempeño profesional normal, con destinaciones en diversos regimientos de provincia²², desempeñándose en la Escuela Militar como teniente y capitán. Más tarde, en 1964, fue profesor de la Academia de Guerra y llegó a ser subdirector. En ese cargo tuvo la fortuna, en 1968, de esquivar la crisis por la que esta atravesó cuando los alumnos de los tres cursos, en señal de protesta, entregaron al director su expediente de retiro del Ejército por la grave situación económica de la institución, que culminó con la salida de este (Prats, 1985: 109-111). A comienzos de ese año fue destinado como jefe del Estado Mayor del Cuartel General de la II División en Santiago, bajo la comandancia del general Alfredo Mahn²³.

Ascendió a general de brigada a fines de 1968 y asumió la dirección de la VI División del Ejército con sede en Iquique. Durante seis meses fue intendente subrogante de la provincia de Tarapacá, lo que constituyó para él una interesante experiencia que le permitió conocer el funcionamiento del Gobierno regional²⁴. A fines de 1970 ascendió a general de división (Pinochet, 1990: 209), siendo designado comandante general de la Guarnición de Santiago, cargo que comenzó a ejercer el 8 de marzo de 1971, poco después del inicio del Gobierno de la Unidad Popular (Pinochet, 1990: 209-210). Esto le permitió seguir de cerca el desarrollo político en un momento decisivo de la historia del país y participar en actos con autoridades de Gobierno, donde se mostró como constitucionalista²⁵.

A fines de 1971 fue nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército, donde llegó a ser estrecho colaborador del comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats. Le favoreció el nombramiento de este como ministro del Interior entre noviembre de 1972 y marzo de 1973, por lo que Prats debió dejar temporalmente la Comandancia del Ejército para no comprometer a la institución con su participación en el Gobierno. Esto le permitió asumir la dirección del Ejército y convertirse en la autoridad superior de la institución. Algunas semanas más tarde, Pinochet nuevamente asumió la suplencia de la Comandancia en Jefe del Ejército cuando Prats hizo un prolongado viaje oficial a Europa, durante seis semanas, entre abril y junio de 1973. Ambas subrogaciones le posibilitaron obtener un minucioso conocimiento de los oficiales y de la posición política dominante en esa rama de las FF.AA., que le sería de enorme utilidad al instaurarse el orden autoritario.

Pinochet llegó a la Comandancia en Jefe del Ejército gracias a la confianza de Prats, quien lo recomendó al presidente Allende cuando se vio empujado a renunciar debido a la presión de sus subordinados y de la derecha, que lo atacó a través de los medios de comunicación.

Solo tres días antes del golpe, el sábado 8 de septiembre de 1973, Pinochet se integró a la conspiración preparada por altos oficiales del Ejército y de las otras ramas de las Fuerzas Armadas²⁶. Después de la toma del poder rompió con Prats, imputándole dirigir una sublevación de un sector del Ejército en contra de las nuevas autoridades. Prats abandonó el país y se instaló en Buenos Aires, recibiendo autorización de la Junta de Gobierno y Pinochet²⁷. La DINA le hizo un cuidadoso seguimiento en la capital de Argentina. Una bomba que puso en su automóvil un agente de la DINA el 30 de septiembre de 1974, terminó con su vida y la de su esposa, tal como ocurriría con Orlando Letelier dos años después²⁸.

Pinochet no hizo gala de anticomunismo antes del golpe, a pesar de haber tenido una participación directa en actividades de este tipo durante la vigencia de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, promulgada por el presidente Gabriel González Videla en 1948, período en que fue destinado al campamento de detenidos en Pisagua²⁹.

La dirección del Ejército

La principal base de autoridad y poder de Pinochet fue la Comandancia en Jefe del Ejército, cargo que desempeñó en forma activa durante todo el régimen. Lo ejemplifica el que trabajara los días lunes en el edificio de las Fuerzas Armadas (calle Zenteno), y no en la sede de la Presidencia (primero el edificio Diego Portales y desde 1981 el Palacio de La Moneda). En Chile, históricamente, el comandante en jefe del Ejército ha disfrutado de gran autoridad, y Pinochet apeló a esa tradición. Sabía que mientras ocupara ese cargo podría desentenderse de los desafíos del general Leigh o de la oposición.

El Ejército chileno es una organización de gran profesionalismo y con amplios recursos institucionales, un cuerpo de oficiales altamente preparado, algunos de los cuales estudiaron economía y ciencias políticas. Este alto grado de profesionalismo los situaba en mejor pie para actuar en política, en comparación con un ejército semimoderno o tradicional, con oficiales sin preparación, débil espíritu de cuerpo y un concepto limitado de disciplina y obediencia³⁰.

Pinochet conservó estas características porque eran funcionales al ejercicio del poder, pero también incorporó criterios de personalización del liderazgo castrense a través del ascenso de oficiales que apoyaron su política, especialmente «la guerra» contra el marxismo.

La personalización del liderazgo de Pinochet en el Ejército comenzó días después del golpe de Estado, cuando se cancelaron las juntas calificadoras y las juntas de apelaciones, entregándose estos poderes a su comandante en jefe³¹. Esto le confirió total discrecionalidad para hacer cambios en el alto mando, sacando a oficiales que no eran de su confianza y reemplazándolos por otros que sabía leales. Siguió una cuidadosa y gradual política de nombramientos para conseguir un cuerpo de generales fiel a sus decisiones³².

En abril de 1974 sacó a los generales que no habían estado a favor del golpe³³: pasaron a retiro los generales Orlando Urbina, número dos de la institución por ser jefe del Estado Mayor del Ejército³⁴; Ernesto Baeza, designado director de la Policía de Investigaciones³⁵, y Ervaldo Rodríguez, jefe de la Misión Militar en Washington³⁶. Quedó como segundo hombre de la institución el general Óscar Bonilla, ministro del Interior, ex edecán del presidente Eduardo Frei³⁷. Sin embargo, pronto Bonilla perdió influencia, pues en el cambio de gabinete de julio de 1974 fue trasladado al Ministerio de Defensa, cartera que tenía entonces escasa relevancia³⁸.

El general Augusto Lutz, que tampoco había apoyado las acciones de la DINA y con profundas diferencias con Contreras, fue enviado a la División Militar Austral con sede en Punta Arenas, lejos del poder político³⁹. Era un destacado oficial que llegó a ser jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) al momento del golpe, con un eficaz desempeño⁴⁰, y que algunas semanas después fue designado secretario de la Junta de Gobierno, un cargo de gran importancia en el régimen⁴¹.

A fines de 1974 salió a retiro media docena de generales, lo que le permitió a Pinochet acentuar su poder en el Ejército y nombrar a oficiales de su simpatía, destacando el ascenso a general del coronel Sergio Covarrubias, que recibió el encargo de organizar su asesoría política, creando el Estado Mayor Presidencial⁴².

Así, cuando Pinochet se hizo nombrar presidente de la República, en diciembre de 1974, tenía un alto mando del Ejército integrado por un amplio número de generales nombrados por él, sabiendo que lo iban a respaldar plenamente.

A comienzos de marzo de 1975, Pinochet reestructuró más a fondo el alto mando, rompiendo la escala de designaciones según antigüedad, apenas dos días después del fallecimiento del general Óscar Bonilla⁴³. Desplazó al general que sucedía a Bonilla, Héctor Bravo, enviándolo de embajador a Tailandia, y puso a Herman Brady como ministro de Defensa. Sergio Arellano fue relegado a la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, un órgano asesor del ministro de Defensa y, por ende, fuera de la estructura de mando del Ejército⁴⁴. Esto anticipaba su llamado a retiro, que ocurrió a fines de 1975, cuando Pinochet lo forzó a renunciar⁴⁵.

Para que el Ejército fuera su principal base de apoyo político, Pinochet debió aumentar la planta de coroneles y generales. Esto le permitió destinar oficiales en los numerosos cargos superiores de Gobierno y en las comisiones legislativas. De los 24 generales que había en 1973, se pasó a 53 en 1986. Hubo un pretexto adicional: mantener la capacidad defensiva del Ejército por razones de seguridad exterior del país, que enfrentaba una delicada situación con Perú y con Argentina. Esta última rechazó el laudo arbitral inglés, que dirimió el conflicto de soberanía en el canal Beagle, lo que colocó a ambos países al borde de la guerra en diciembre de 1978⁴⁶.

Los componentes de personalización del liderazgo de Pinochet en la dirección del Ejército beneficiaron a los oficiales que trabajaron estrechamente con él, que pudieron ascender sin dificultades, a diferencia de quienes disintieron⁴⁷. Hubo dos casos emblemáticos de favoritismo personal, los generales Jorge Ballerino y Patricio Serré. El primero comenzó a trabajar en el Comité Asesor de la Junta de Gobierno (COAJ) y más tarde se desempeñó durante ocho años junto a Pinochet como su edecán y después como jefe de la Casa Militar, entre 1981 y 1985⁴⁸. Posteriormente, fue durante dos años jefe de la Misión Militar en España⁴⁹, un importante cargo institucional para las adquisiciones de armamentos y suministro de repuestos en Europa. A su regreso al país asumió una de las posiciones más importantes del Ejército, la dirección del Comando de Institutos Militares⁵⁰. Después del plebiscito de 1988 fue designado ministro secretario de la Presidencia, por lo que intervino en las negociaciones para el traspaso del poder a las autoridades democráticas.

El general Serré tenía una biografía similar, que resalta aún más por su deficiente antigüedad, pues fue el 30º de su promoción. Fue secretario privado de Pinochet, intendente de la IV Región por cuatro años, secretario de la Misión Militar en España, integrante de la Junta Interamericana de Defensa en Washington y agregado militar adjunto en EE.UU. De vuelta a Chile fue secretario de coordinación de la Dirección de Instrucción del Ejército, para ser designado, en 1984, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en el Ministerio del Interior. Este es un organismo de enorme relevancia porque asigna importantes recursos económicos a proyectos de desarrollo de las regiones. Que haya ocupado este cargo con el rango de general fue excepcional, pues en las subsecretarías eran designados coroneles o tenientes coroneles. Su explicación está en que Pinochet quiso contar con un oficial de su confianza en la dirección de un organismo clave para la movilización de los apoyos durante la campaña del plebiscito. Serré participó activamente en la preparación de la campaña de Pinochet, e impulsó el «Plan de Acción Cívica», una importante operación político-electoral con la participación de todos los alcaldes del país, en coordinación con intendentes y gobernadores⁵¹.

No todos quienes trabajaron con Pinochet terminaron exitosamente su carrera profesional. A comienzos de 1979, el general Sergio Covarrubias fue destinado a la Región Militar Austral debido al conflicto con Argentina, traslado en que influyeron sus críticas a las acciones de la DINA y sus reiterados planteamientos a Pinochet acerca de la necesidad de sacar a Contreras de la dirección de esta. Pinochet no cumplió el compromiso de nombrarlo vicecomandante en jefe después de permanecer en Punta Arenas, pasando directamente a retiro. Más tarde fue nombrado vicecanciller, un cargo de menor importancia dado que Covarrubias fue un hombre muy influyente en el régimen durante la segunda mitad de los años setenta. Finalmente, terminó como embajador alterno ante las Naciones Unidas.

Situaciones como esta acentuaron el clima de inseguridad entre los oficiales, lo que repercutió en la tendencia a explicitar la lealtad al comandante en jefe. Quienes desarrollaron su carrera al interior del Gobierno no fueron quienes tenían la mejor hoja de vida en su desempeño institucional, de lo que se deduce que su ingreso a la administración se debió a su lealtad incondicional a Pinochet.

Se debe analizar esta reorientación de las pautas institucionales del Ejército sin exagerar su magnitud, porque no las pudo modificar en plenitud, pues esto habría implicado cambiar el Estatuto de las FF.AA., lo que requería el acuerdo de los otros comandantes en jefe. Esto se puso de manifiesto cuando quiso modificar la estructura de los rangos y las equivalencias entre los oficiales superiores del Ejército con el fin de aumentar el número de oficiales que la institución requería para ocupar los numerosos puestos en el Gobierno. Pinochet creó el grado de vicecomandante en jefe del Ejército, con el grado de teniente general, para hacerse cargo de las tareas administrativas. Este cambio no se hizo en las otras ramas por la oposición de los comandantes en jefe, que no lo consideraron necesario⁵².

Pinochet ejerció un liderazgo institucional en el Ejército, aunque introdujo componentes de personalización de la autoridad y el poder para favorecer a los oficiales de su confianza. Mantuvo una relación constante con el cuerpo de generales: los lunes regularmente invitaba a almorzar a una docena de ellos al edificio Diego Portales y después al Palacio de La Moneda, tras despachar asuntos institucionales en el edificio de las Fuerzas Armadas. Esto hacía más visible su doble función de presidente y comandante en jefe del Ejército. Este tipo de liderazgo excluyó la posibilidad de que el cuerpo de generales discutiera decisiones políticas superiores del régimen, a diferencia de la FACH, en que el general Leigh consultaba con su cuerpo de generales de forma regular y previa los temas conflictivos de la Junta de Gobierno.

La Presidencia de la República. Bases institucionales y ratificación plebiscitaria

La segunda base de la autoridad y el poder de Pinochet fue la Presidencia de la República. Esta no le fue entregada automáticamente después del golpe de Estado, sino que debió esforzarse para conseguirla. Tuvo que encarar la oposición del comandante en jefe de la FACH, Gustavo Leigh, y vencer la indiferencia de la Marina. Pinochet no tenía la plena confianza de los demás miembros de la Junta, pues se incorporó tardíamente a la conspiración y su hoja de vida no era de un destacado desempeño profesional. Hubo una resistencia a nombrarlo presidente, puesto que ello constituía una definición clave para el futuro del régimen político, por ser una institución determinante dentro del sistema político. El presidente nombra a cientos de altos funcionarios, desde ministros hasta alcaldes, basándose en la autoridad conferida en la Carta Fundamental de 1925.

Pinochet siguió una estrategia gradualista para llegar a ser presidente. Primero, inmediatamente después del golpe, fue designado presidente de la Junta de Gobierno, en la calidad de primus inter pares, existiendo en ese tiempo una dirección colegiada. Con el Estatuto de la Junta de Gobierno de julio de 1974 se ampliaron sus atribuciones, señalándose que era «Jefe Supremo de la Nación», recogiendo el texto de la Constitución de 1925, pero su autoridad seguía dependiendo de la Junta⁵³. Solo en diciembre de 1974 recibió formalmente el título de presidente de la República con autonomía de la Junta de Gobierno, adquiriendo una autoridad superior a esta⁵⁴.

El fortalecimiento de la Presidencia

Pinochet no gobernó solitariamente como lo hizo el general Juan Carlos Onganía en Argentina (1966-1969), quien no tuvo un equipo de asesores que lo apoyaran en la toma de decisiones, por lo que mantuvo una relación lejana con la dirección del Gobierno (Novaro y Palermo, 2003; Quiroga, 2004). Pinochet ejerció la Presidencia a través de una asesoría política proporcionada por militares de alta graduación, el Estado Mayor Presidencial, lo que fortaleció aún más la Presidencia y le permitió seguir la gestión de los ministerios. Esta asesoría le posibilitó ejercer simultáneamente la dirección del Poder Ejecutivo y del Ejército, a diferencia del general Franco en España, que permaneció alejado de la dirección del Gobierno (Payne, 1994; Tusell, 1988)⁵⁵. Pinochet analizaba detenidamente las materias que debía resolver, tanto como miembro de la Junta de Gobierno como en su calidad de presidente.

El 6 de octubre de 1973, Pinochet convocó a un grupo de oficiales de Ejército, algunos con estudios universitarios en economía o ciencias políticas, para dedicarse a la asesoría del presidente de la Junta de Gobierno. Estos oficiales fueron la base para la creación del Comité Asesor de la Junta de Gobierno (COAJ), en noviembre de 1973, integrado por oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. El director del COAJ, que después adquirió el rango de ministro, fue el coronel Julio Canessa, siendo designado de común acuerdo por la Junta de Gobierno y Pinochet⁵⁶. Canessa también fue director de la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (Conara), creada en diciembre de 1973, cumpliendo a un tiempo ambas funciones simultáneamente⁵⁷. En el COAJ trabajaron numerosos oficiales que ocuparon más tarde diversos cargos políticos⁵⁸.

Pinochet creó el «Estado Mayor Presidencial» (EMP) para facilitar su gestión como gobernante cuando asumió como presidente de la República en diciembre de 1974, y este organismo fue concebido de asesoría exclusiva de la Presidencia, separado de la Junta de Gobierno y, por ende, distinto al COAJ. Le encargó su organización al general Sergio Covarrubias, un oficial de Infantería que había sido su alumno en la Academia de Guerra y su ayudante cuando fue jefe de la VI División del Ejército⁵⁹. La creación de este organismo se orientó por los criterios usados en la toma de decisiones del Estado Mayor provenientes de la tradición prusiana.

Militar inteligente y de buen criterio, Covarrubias reunió un pequeño equipo de oficiales para hacer un seguimiento de las principales políticas de los ministerios y preparar información útil a la toma de decisiones. Para hacerlo mantuvo estrecha relación con los principales colaboradores civiles de Pinochet, especialmente con Jaime Guzmán, con quien se entendió muy bien, admirando su inteligencia y compartiendo sus apreciaciones políticas y religiosas. Esto permitió al «gremialismo» contar con un respaldo político de gran importancia, que le proporcionó acceso expedito a Pinochet. Permaneció cinco años en el cargo, siendo reemplazado por el general René Escauriaza, que había sido secretario de la Junta de Gobierno⁶⁰.

El EMP tenía la función de «asesorar permanentemente, a nivel nacional, al presidente de la República en todo ámbito de la conducción política del Estado y coordinar las informaciones de carácter consultivo que daban al jefe de Estado los demás organismos públicos»⁶¹. Todos los servicios de la administración del Estado, cualquiera fuese su naturaleza, estaban obligados a proporcionar los informes, antecedentes y colaboración técnica y administrativa que les solicitara el presidente de la República por intermedio de este.

En sus actividades rutinarias, al EMP le correspondía revisar los textos de los numerosos decretos preparados por los ministerios antes de que los firmara Pinochet, y mantener una información básica sobre la labor de los ministros. Una de sus tareas era la selección de los posibles miembros del gabinete y subsecretarios debido a los frecuentes cambios ministeriales que hacía Pinochet.

Esta asesoría militar tenía efectos positivos para apoyar la gestión política de Pinochet y fortalecer al Ejército. Permitió concentrar en una instancia ajena a la institución castrense el análisis político, evitando formular consultas al cuerpo de generales para conocer las opiniones de la institución. Covarrubias rechazó esa alternativa por el riesgo de politizar el cuerpo de generales, como ocurrió bajo la Comandancia en Jefe del general Prats, que los reunía con frecuencia para informarles sobre hechos políticos y recibir opiniones respecto a decisiones de este tipo, especialmente entre 1972 y 1973⁶². Leigh también consultaba las decisiones políticas que debía tomar en la Junta de Gobierno con el cuerpo de generales de la Fuerza Aérea, lo que fue motivo de irritación de Merino y Pinochet, que lo rechazaban porque implicaba comprometer a la institución en una cuestión que correspondía a los comandantes en jefe.

Después de la aprobación de la Constitución de 1980, Pinochet modificó la asesoría presidencial. Mantuvo el EMP y eliminó el COAJ, fusionándolo con la Conara y creando el Comité Asesor Presidencial (COAP), y designó en su jefatura al entonces brigadier Roberto Guillard, con rango de ministro⁶³. La misión del COAP fue continuar con el seguimiento de la reforma administrativa, para no interferir con el EMP, que seguía asesorando al Gobierno en los temas de dirección superior.

Esta nueva reorganización tuvo corta vida, pues el 10 de enero de 1983 se fusionaron el COAP y EMP para dar origen a la Secretaría General de la Presidencia (SGP), que se consolidó en los años siguientes, adquiriendo rango de ministerio después de la inauguración de la democracia en 1990. Este organismo, que dependía directamente del jefe de Estado, estaba encargado de «asesorarlo en el ejercicio de sus funciones administrativas y colegisladoras, y en los casos en que este requiera, proporcionarle la información necesaria para la adopción de las decisiones que procedan»⁶⁴. Surgió en un momento en que Pinochet concentró la asesoría política en La Moneda y no en el Ministerio del Interior. Esto demostraba la disminución de la influencia de una cartera ocupada por un ministro «gremialista», Sergio Fernández.

La Secretaría de la Presidencia recibió amplias atribuciones, pudiendo requerir «toda la información y antecedentes que estimen necesarios todos los ministros, servicios y organismos de la administración civil del Estado, sus empresas, sociedades o instituciones que tengan aporte, participación o representación del Estado»⁶⁵. El secretario general de la Presidencia tenía contacto diario con Pinochet para la toma de decisiones⁶⁶.

Este organismo obtuvo una posición de preeminencia sobre otros ministerios y reparticiones públicas, y su titular fue la mano derecha de Pinochet, logrando mayor influencia que el ministro del Interior, lo que era natural si se consideraba el fuerte carácter militar de su liderazgo. Esto explica que el general Santiago Sinclair, el primer jefe de la SGP, pasara posteriormente a ser vicecomandante en jefe del Ejército, el 1 de diciembre de 1985⁶⁷.

La planta de la SGP fue amplia, con 87 personas, de las que nueve correspondían al personal directivo superior⁶⁸, cuatro eran directivos y dos estaban a cargo de la «jefatura». Esto da cuenta de una importante diferenciación organizativa para atender las distintas tareas de seguimiento de las políticas públicas y de colaboración en la toma de decisiones de Pinochet⁶⁹.

Las capacidades institucionales y de personal de la SGP ayudaron a Pinochet a mantener coherencia en la gestión del Gobierno, que podría haberse debilitado por los frecuentes cambios de ministros que caracterizaron su estilo de administración⁷⁰.

La legitimación electoral: las elecciones no competitivas de Pinochet como presidente

El fortalecimiento de la Presidencia se apoyó también con pasos de carácter político dado que Pinochet cumplía las funciones de líder de la coalición gobernante. Para este fin recurrió a la tradición electoral del país utilizando el camino seguido por otras dictaduras: convocar a elecciones no competitivas (Hermet, Linz y Rouquié, 1982). En dos ocasiones utilizó exitosamente este recurso: la consulta del 4 de enero de 1978 y el plebiscito del 11 de septiembre de 1980. El tercer intento, en octubre de 1988, fue un fracaso, pues la oposición lo derrotó.

La consulta fue precipitada por una resolución de las Naciones Unidas en contra del Gobierno debido a la situación de los derechos humanos, que Pinochet aprovechó en su beneficio⁷¹. La idea provino de un «gremialista», el ingeniero Eduardo Boetsch, quien planteó organizar un plebiscito para mostrar al mundo el rechazo a la nueva condena de la ONU, poner de manifiesto el respaldo que recibía de la población el Gobierno y fortalecer el liderazgo de Pinochet⁷². Para materializar esta iniciativa, Pinochet actuó al límite de la legalidad. Como no se podía convocar a un plebiscito porque no estaba contemplado en la Constitución, optó por darle el carácter informal de consulta, aclarando que estaría entre las facultades del presidente y carecería de efectos legales.

El contralor general de la República, Héctor Humeres, objetó el decreto de convocatoria⁷³. Pinochet superó este obstáculo alejándolo del cargo y nombró en su reemplazo al ministro del Trabajo, Sergio Fernández, quien dio curso al decreto que convocaba a la consulta⁷⁴. Este fue inicialmente resistido por los demás miembros de la Junta de Gobierno. La Marina expresó formalmente su rechazo, en una decisión inédita, puesto que el almirante Merino había respaldado las principales iniciativas de Pinochet. La oposición más firme provino de la FACH, lo que no era novedad debido a la permanente tensión entre Leigh y Pinochet. También fue objetada por una parte de los adherentes civiles. Jorge Alessandri, presidente del Consejo de Estado, organismo que no fue consultado ante esta decisión, la consideró un error, porque temía una derrota del Gobierno.

Para provocar la más amplia movilización ciudadana, el Gobierno agitó las banderas del nacionalismo, denunciando que el país enfrentaba una «agresión internacional», resultado de «una conjura internacional [y] la expresión de la decadencia moral que hoy parece predominar en la humanidad». Por ello convocaba al país a defender la «dignidad y soberanía nacional»⁷⁵. La iniciativa no escondió sus propósitos de poder, pues se arguyó que estaba destinada a apoyar la decisión del Gobierno de avanzar «hacia la plena normalidad y hacia una nueva institucionalidad, con el objeto de armonizar la libertad y la seguridad»⁷⁶. El texto de la pregunta sometida a consulta identificaba la defensa del país con la persona de Pinochet, matizada discretamente detrás de una alusión marginal al proceso de institucionalización, que era el objetivo prioritario de los «blandos» en la coalición de Gobierno como una manera de consolidar el régimen.

Frente a la agresión internacional desatada en contra de nuestra patria, respaldo al presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y reafirmo la legitimidad del Gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país⁷⁷.

La oposición se mostró decididamente contraria a la consulta, que entendió como una maniobra para consolidar el régimen de Pinochet⁷⁸. No se le permitió realizar ningún tipo de actividad electoral⁷⁹. También fue rechazada por la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica.

El Gobierno impulsó una intensa movilización política a través de los medios de comunicación, con la participación activa de sus funcionarios civiles y militares⁸⁰, en especial la División de Organizaciones Civiles del Ministerio Secretaría General de Gobierno. El «gremialismo» tuvo una destacada participación en la movilización de apoyos al oficialismo y actuó principalmente por intermedio del Frente Juvenil de Unidad Nacional, que desplazó a centenares de activistas y organizó la constitución de las mesas de votación con vocales oficialistas⁸¹.

Para ampliar la participación electoral se permitió votar a los extranjeros —derecho que no existía en la legislación chilena hasta entonces—, que apoyaban mayoritariamente al Gobierno⁸². La votación se realizó sin padrón electoral, porque los registros electorales habían sido destruidos después del golpe de Estado, y sin que los opositores pudieran vigilar el conteo de votos en las mesas.

El clima plebiscitario creado por la agitación de carácter nacionalista, el apoyo de todos los medios de comunicación que, sin excepciones, convocaron a votar por el Sí, la activa participación de grupos civiles que respaldaban al Gobierno, y la labor desarrollada por las organizaciones de jóvenes, mujeres y trabajadores pertenecientes a la Dirección de Organizaciones Civiles, provocaron una masiva movilización, que le permitió a Pinochet obtener el triunfo que buscaba. Votaron 5.349.172 personas, de las cuales el 75 por ciento aprobó la propuesta oficial y el 24 por ciento votó por el No, resultando un 5 por ciento de votos nulos (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 339, Cuadro III-1).

La consulta otorgó a Pinochet una nueva fuente de legitimación de su poder: el apoyo ciudadano. Notificó de inmediato a la oposición de esto, tomando represalias contra el PDC, deteniendo y relegando al extremo norte del país a doce personalidades políticas y del movimiento sindical⁸³. Meses más tarde adoptó una iniciativa drástica para consolidar su autoridad y poder, preparada hacía tiempo: destituir al general Leigh como miembro de la Junta de Gobierno. Lo hizo aprovechando una entrevista de este último a un diario italiano en que reiteraba su deseo de un retorno a la democracia⁸⁴.

Merino y Mendoza respaldaron la expulsión de Leigh. Ambos rechazaban su constante disidencia a las iniciativas de Pinochet y el equipo económico, lo que había provocado tensiones en la Junta de Gobierno, dificultando la marcha de la administración. Se le reprochaba, además, que planteara previamente en el Consejo Aéreo —integrado por todos los generales de Aviación— los temas más conflictivos de la Junta, para concurrir a esta con el apoyo de su institución, lo que constituiría un riesgo a la unidad de las Fuerzas Armadas.

El plebiscito de 1980 no expresó abiertamente el objetivo de elegir a Pinochet como presidente, sino que su finalidad fue aprobar la nueva Constitución Política que había sido preparada por una comisión de expertos integrada por partidarios del régimen. Sin embargo, en uno de sus artículos transitorios se establecía discretamente que se le elegía como presidente. El plebiscito, por tanto, presentaba la doble función de ratificar la Carta Fundamental de 1980 y prorrogar el mandato presidencial de Pinochet por ocho años. Esta dualidad será fuente de conflictos, como se verá más adelante.

Pinochet hizo uso de todos los recursos políticos y económicos disponibles a su alcance para generar un clima aclamatorio favorable al Sí que le permitiera un triunfo abrumador. Nuevamente los «gremialistas» tuvieron una participación determinante en la campaña electoral⁸⁵. La Secretaría Nacional de la Juventud movilizó a miles de personas para organizar la participación electoral en las comunas populares de Santiago y en las regiones⁸⁶.

La movilización política solo se permitió para los adherentes del Sí, prohibiéndose la campaña opositora. Quienes no respetaron estas normas fueron detenidos por Carabineros y posteriormente relegados⁸⁷. Para marcar una diferencia con la consulta de 1978 se permitió a la oposición organizar un acto multitudinario en el teatro Caupolicán, donde el principal orador fue el ex presidente Frei Montalva, que llamó a votar No⁸⁸. Sin embargo, el Gobierno aprovechó la presencia en este acto de adherentes del Partido Comunista para descalificar a la oposición, a través de una intensa propaganda que llamaba a impedir el «regreso de la Unidad Popular».

En un momento de buenos resultados económicos, el régimen alcanzó una alta movilización electoral. Pese a las múltiples irregularidades en la votación⁸⁹, hubo una masiva movilización, sufragando 6.271.868 personas, de las que el 67 por ciento votó por el Sí y el 30 por ciento por el No, con un 3 por ciento de votos nulos⁹⁰ (Cuadro III-1).

Fue el momento en que Pinochet consolidó de mejor forma su poder, con las tres fuentes de legitimidad en plena realización: gozaba de legitimidad legal por la aprobación de la Constitución, de legitimidad económica debido a los excelentes indicadores económicos nacionales y de una alta aprobación ciudadana. De acuerdo al plan de Chacarillas, de 1977, Pinochet debía iniciar entonces la aplicación de la «nueva institucionalidad», es decir, flexibilizar la coerción, liberalizar el régimen y aumentar la participación de los civiles en el Gobierno. El problema era que la Constitución suspendía por ocho años este proceso, para iniciar una prolongada fase de transición, y sus artículos transitorios daban continuidad a la dictadura. El Gobierno podía arrestar a personas por un plazo de hasta cinco días, en sus casas o en lugares que no fueran cárceles, pudiendo extender este plazo hasta quince días «si se produjeran actos terroristas de graves consecuencias». También podía restringir los derechos de reunión e información, prohibir el ingreso al país o expulsar de este, relegar a personas hasta por tres meses en una localidad urbana del país. Esta medida la firmaba el ministro del Interior «por orden del presidente de la República» y no era susceptible de ser impedida por los tribunales de justicia, pues, de acuerdo al art. 24 transitorio de la Carta Fundamental, se rechazaban los recursos en su contra.

Pinochet retomó su estilo tradicional. Semanas después del plebiscito prohibió el regreso al país del presidente del PDC, Andrés Zaldívar⁹¹, quien había desarrollado una intensa labor a favor del No, atacando con firmeza a Pinochet, y buscó convencer al entonces presidente del Consejo de Estado, el ex presidente de la República Jorge Alessandri, a que votara en contra. Zaldívar sabía que este se había manifestado contrario al texto final de la Constitución sometida a plebiscito, pues ello se había hecho sobre la base de rechazar el informe del Consejo de Estado.

Pinochet no disfrutó el triunfo electoral. Seis meses después del plebiscito se produjo la primera manifestación de las profundas debilidades del modelo económico, que darían paso a una grave crisis económica que provocaría importantes convulsiones, las que obligaron al régimen a modificar su estrategia de institucionalización.

Los apoyos civiles

La tercera base del liderazgo de Pinochet es la adhesión de los grupos de derecha. Como gobernante, Pinochet se propuso mantener el apoyo de estos, con bastante éxito: ninguna personalidad de derecha rompió con él, lo siguieron apoyando después de haber entregado la Presidencia, lo defendieron durante su larga detención en Londres y cuestionaron el proceso de desafuero en su contra⁹².

Pinochet mantuvo una relación bastante estrecha con los grupos civiles que apoyaron al régimen, lo que daba cuenta de un pluralismo limitado al interior del Gobierno⁹³. Estos abarcaban desde grupos de extrema derecha provenientes de Patria y Libertad y del nacionalismo, conocidos como «los duros», que eran partidarios de la continuidad indefinida del régimen militar y del liderazgo de Pinochet, hasta algunos políticos del Partido Nacional que apoyaban con ciertas condiciones su liderazgo, planteando a veces críticas que los pusieron al borde de la semioposición⁹⁴. Se sumaba el equipo económico de los Chicago boys, los «gremialistas» de Jaime Guzmán y los profesionales y empresarios que habían participado en el Gobierno de Jorge Alessandri y lo acompañaron en su campaña presidencial de 1970. Estos tres sectores de la élite gobernante fueron el núcleo de «los blandos» que, apoyando la consolidación del poder de Pinochet, querían limitar su autoridad mediante el establecimiento de un orden institucional que permitiera el influjo de los civiles. Cada grupo de influencia, salvo «los duros», fue incorporado en algún momento al gabinete.

El general Pinochet evitó mostrar preferencias hacia un determinado grupo civil. Mantuvo abiertas sus puertas para todos ellos, lo que creaba ciertas inseguridades, ya que no se sabía quién tendría la última palabra antes de tomar una decisión⁹⁵. Entre 1977 y 1980, el «gremialismo» fue el grupo más influyente, favorecido por la presencia del general Sergio Covarrubias como jefe del Estado Mayor Presidencial y de Sergio Fernández como ministro del Interior.

El grupo civil que alcanzó mayor notoriedad en el campo económico fue el de los denominados Chicago boys, formado por un amplio número de profesionales cohesionados bajo el liderazgo del economista Sergio de Castro durante los años setenta y del ingeniero Hernán Büchi en los ochenta. Durante la crisis económica de 1982, Pinochet pareció transitoriamente distanciarse de ellos cuando nombró a Luis Escobar Cerda ministro de Hacienda. Sin embargo, no cejó en su identificación con el programa monetarista de estos y en la confianza depositada en ellos. Había hecho una opción estratégica en su favor y sabía que podía hacer algunas concesiones con el fin de que recuperaran legitimidad para volver a ocupar la dirección del equipo económico, establecido a comienzos de 1985 con el nombramiento de Büchi como ministro de Hacienda.

Con los «alessandristas» Pinochet desarrolló una relación pragmática, pues necesitaba el respaldo del ex presidente y sus seguidores, muy influyentes entre los empresarios y la derecha en general. Les entregó un espacio de participación institucional en el Consejo de Estado, aunque desconoció su trabajo, sin darle importancia ni admitir el informe que este emitió sobre el proyecto de nueva Constitución, que reflejaba más bien las ideas personales de Alessandri. Sin embargo, el ex presidente no rompió con Pinochet y continuó apoyando al régimen militar. Este segmento de la élite gobernante le proporcionó una cierta legitimidad histórica al proyecto político del régimen autoritario.

En tercer lugar están personalidades que pertenecieron al PN. Pinochet desconfió de ellos por su posición contraria a los partidos, y no les abrió espacios de influencia. En 1983 recurrió a una de sus principales figuras, el ex presidente del PN y ex senador Sergio Onofre Jarpa, porque existía una delicada situación política provocada por la crisis económica, que requería de un político con experiencia para enfrentarla. En esas condiciones lo nombró ministro del Interior, permitiéndole impulsar una política de liberalización conocida como la apertura, aunque limitada, política que se analiza en el Capítulo X.

El grupo civil más importante en que se apoyó Pinochet fue el «gremialismo», dirigido por Jaime Guzmán. Este desplegó una estrategia de poder, pues se preocupó de que sus adherentes ocuparan múltiples cargos en diversos organismos de Gobierno y en las comisiones legislativas, e influyó en el contenido ideológico y político del régimen. Guzmán se propuso utilizar la colaboración con el régimen militar para crear un movimiento de derecha que fuera dominante cuando los militares decidieran regresar a sus cuarteles y ceder el poder a los civiles. En esas condiciones, ellos serían los actores decisivos del nuevo sistema político.

Pinochet manifestó una mayor adhesión hacia Guzmán en los años setenta, en lo que colaboró el general Sergio Covarrubias, jefe del Estado Mayor Presidencial. En ese período, Guzmán redactó sus principales discursos, influyó en decisiones importantes del Gobierno y participó en la preparación de la Constitución de 1980. Después de su elección en el plebiscito de 1980, Pinochet se distanció de él y de su grupo porque consideró que tenían demasiada influencia, por lo que el «gremialismo» perdió bastantes posiciones en el Gobierno. Sin embargo, Pinochet debió recurrir al apoyo de este conglomerado a partir de 1986 para preparar su reelección en el plebiscito sucesorio.

Las relaciones de Pinochet con sus colaboradores civiles

Pinochet cultivó un estilo político conciliador con los grupos y colaboradores que lo apoyaban, mientras que hacia la oposición y otros países manifestó una constante agresividad, mostrándose como un hombre radicalmente contrario a los políticos y la política. Uno de sus ex ministros lo ha recordado así:

Conozco de su aprecio por las formas en las relaciones personales, su educación que raya en la finura; nunca dice una mala palabra en reuniones privadas. Me impresionaba su entrada al Consejo de Gabinete, donde se tomaba el tiempo de dar la mano y saludar con formalidad a cada uno de los participantes (Errázuriz, 1998: 278).

El liderazgo de Pinochet estaba influido por su desconfianza hacia los colaboradores, especialmente los civiles. Recelaba de los ministros, por lo que mantenía «asesorías paralelas» para confrontar información en la toma de decisiones, «como una suerte de red paralela al gabinete, con detrimento de la coordinación y la coherencia de la labor gubernativa», recuerda su ex ministro del Interior Sergio Fernández (1994: 180). Esto le permitía contar con amplia información sobre la gestión ministerial y, además, lograba que nadie se sintiera suficientemente seguro en el cargo. Toleró a De Castro porque como tecnócrata no intervenía en los asuntos políticos, a diferencia de su antecesor en el Ministerio de Economía, Fernando Léniz, que había manifestado a la Junta de Gobierno su preocupación por el impacto negativo de la situación de los derechos humanos en las relaciones económicas con los Estados Unidos y Europa⁹⁶.

Pinochet delegaba competencias, pero con límites muy definidos, retirándolas sin advertencia. Cuando nombró a Fernández ministro del Interior en 1978, le permitió elegir a algunos de los ministros civiles⁹⁷, por lo que la prensa oficialista lo destacó como «jefe de gabinete»⁹⁸. Sin embargo, Pinochet neutralizó las designaciones de los ministros que no eran de su agrado a través de los subsecretarios, con quienes se entendió directamente. Entre esos ministros destaca Hernán Cubillos, en Relaciones Exteriores, un empresario estrechamente ligado a la Marina y que trabajó en la empresa El Mercurio⁹⁹, y Gonzalo Vial, ex director de Portada, en Educación, ambos provenientes del semanario Qué Pasa¹⁰⁰. En el primer caso, el vicecanciller fue el general de Ejército Enrique Valdés Puga, quien tenía a su cargo la dirección administrativa del ministerio y disponía de una red propia de información desde las embajadas a través de los agregados militares. En el segundo caso fue el abogado Alfredo Prieto Bafalluy, nombrado subsecretario cuando Vial asumió la cartera. Esta duplicidad de información ocasionó serios problemas, como el frustrado viaje de Pinochet a Filipinas, en marzo de 1980, promovido por el vicecanciller y cuestionado por Cubillos. Este fiasco, del que Pinochet hizo responsable a Cubillos, le costó a este su salida del gabinete¹⁰¹. Pinochet había removido a Vial tres meses antes, siendo sucedido por el subsecretario¹⁰².

Con Jarpa tuvo un comportamiento aún más agresivo. Le dio atribuciones para negociar con la oposición en el invierno de 1983, pero al poco tiempo desautorizó las conversaciones. Entregó a Fernández la preparación de las leyes políticas, el principal tema para avanzar en la «nueva institucionalidad», mientras que Jarpa consideraba necesario cambiar el itinerario constitucional ante el nuevo escenario político. Enseguida, nombró ministros que estaban en contra de su política de la apertura. En diciembre de 1983 designó al jurista y ex diputado Hugo Rosende como ministro de Justicia, quien se opuso en el gabinete a las medidas de Jarpa. A fines de 1984 nombró a Francisco Javier Cuadra ministro secretario general de Gobierno, quien impulsó una política de confrontación con la oposición antagónica a la estrategia de Jarpa.

Este estilo decisorio de Pinochet provocó gran inestabilidad ministerial, totalizando 49 cambios de gabinete¹⁰³, de los que al menos trece tuvieron importantes objetivos políticos. Dicho estilo no perjudicó la eficacia del Gobierno, pues, como ha señalado Von Beyme (1978), la inestabilidad ministerial no tiene necesariamente consecuencias negativas en la gestión pública, dado que existen otras estructuras de continuidad de la gestión de Gobierno, como la burocracia y los subsecretarios¹⁰⁴. En el régimen de Pinochet hubo gran estabilidad a nivel de subsecretarías, lo que permitió la continuidad en la labor administrativa, sin que esta fuera afectada por los cambios de ministros. También ayudó a la eficacia decisoria el trabajo de la Secretaría de la Presidencia. Además, hubo relativa estabilidad en los cargos a nivel vertical de la estructura del Estado, es decir, intendentes y gobernadores.

Este número de gabinetes es muy alto para un régimen militar que no tuvo crisis políticas o económicas, salvo las recesiones de 1975 y 1982 y la protesta opositora de 1983, aunque esta última no amenazó su estabilidad. Pinochet sumó un total de 133 ministros, de los que 66 fueron civiles y 67 provenientes del personal castrense, con un tiempo promedio de permanencia en el cargo de diez meses¹⁰⁵. Quien permaneció más tiempo fue Alfonso Márquez de la Plata (106 meses)¹⁰⁶. Le siguieron el general de Carabineros René Peri, ministro de Bienes Nacionales durante 91 meses (diciembre 1979-julio 1987), y Sergio de Castro, 64 meses ministro de Hacienda (1976-1982), y 20 meses ministro de Economía (abril 1975-diciembre 1976). El general Bruno Siebert permaneció ochenta meses en la dirección del Ministerio de Obras Públicas, período muy prolongado para un militar. También estuvieron largo tiempo en sus respectivas carteras los civiles Jorge Prado (78 meses), Hugo Rosende (75 meses) y Samuel Lira Ovalle (74 meses), y el general Santiago Sinclair, secretario general de la Presidencia durante 73 meses (octubre 1979-noviembre 1985)¹⁰⁷.

El elevado número de ministros se explica por la tendencia de Pinochet a no realizar enroques ministeriales, sino incorporar nuevas caras¹⁰⁸. Solo dos personas ocuparon tres ministerios, Alfonso Márquez de la Plata¹⁰⁹ y Hernán Felipe Errázuriz¹¹⁰, aunque un buen número ocupó dos carteras, como Mónica Madariaga (Justicia y Educación), Sergio Fernández (Trabajo e Interior, esta última en dos ocasiones), José Piñera (Trabajo y Minería), Sergio de Castro (Economía y Hacienda) y Carlos Cáceres (Hacienda e Interior).

Pinochet no llevó al gabinete a personas vinculadas a él por amistad o relaciones familiares, por lo que no pudo ser acusado de nepotismo. Las únicas excepciones tuvieron sólidas justificaciones. Su prima, Mónica Madariaga, quien fue su asesora legal, era una eficiente funcionaria de la Contraloría General de la República y tenía un cargo académico en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Su amigo, el empresario Manuel Martín, por algunos meses en 1983 ministro de Economía, entró al gabinete en un momento en que no disponía de personas de confianza para incorporarse a enfrentar la recesión, y gozaba de prestigio en el sector empresarial.

La salida del gabinete no dejaba resentimientos que provocaran un rechazo político a Pinochet, puesto que este se preocupaba de que los ex ministros siguieran vinculados al Gobierno, y mantenía con ellos una relación personal, siendo invitados a las principales ceremonias del Ejército¹¹¹. En caso de que la salida del gabinete no hubiese sido fácil, se les ofrecía otro cargo, como el de embajador¹¹².

La gran cohesión de la élite gobernante que caracterizó al régimen se explica no solo por las fuerzas centrípetas que dispuso, sino también por la política confrontacional que Pinochet tuvo con la oposición para establecer una drástica separación entre partidarios y opositores. Esta amplia distancia entre el régimen y la oposición no permitió que se formara una cierta área dentro del régimen, constituida por posiciones de la administración pública que toleraran su ocupación por personas que no compartían las posiciones del autoritarismo y fueran conocidas entre los funcionarios por su simpatía con la oposición, como ocurrió en la España de Franco con la modernización de la burocracia estatal¹¹³. Fue esa zona de neutralidad política la que acercó a los partidarios del régimen de Franco con los de la oposición democrática, permitiendo que quienes desertaban de aquel pudieran ser recibidos en la oposición, lo que favoreció el cambio pacífico a la democracia en España¹¹⁴.

Un recurso de poder sultanístico: la DINA

La cuarta fuente del liderazgo del general Pinochet no fue de tipo racional como las descritas, sino de carácter irracional: la coerción empleada contra disidentes y opositores. La principal responsabilidad de esta tarea recayó en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada y dirigida durante cuatro años por el coronel Manuel Contreras, como se vio en el Capítulo II. Fue la organización que recibió el encargo de impulsar la «guerra» contra el marxismo, partiendo del convencimiento, generalizado entre los militares al momento del golpe, de que en Chile había grupos armados que buscaban la toma del poder. Sin embargo, como se analizó en el capítulo anterior, no hubo grupos armados que pusieran en riesgo la estabilidad del país.

Pinochet creó la DINA no solo para que actuara contra la oposición, sino también para controlar a los altos funcionarios de Gobierno, civiles y militares, para prevenir el surgimiento de disidencias que afectaran la cohesión de la élite gobernante. Esto irritó a algunos de sus colaboradores, aunque responsabilizaron de esto a Contreras.

A diferencia del «Proceso» en Argentina, en el que cada rama de las FF.AA. impulsó con autonomía la represión contra las organizaciones terroristas (Novaro y Palermo, 2003; Quiroga, 2004), en Chile esta se centralizó en una estructura que reunió a oficiales de las tres ramas en la DINA, aunque pronto fue dominada por personal del Ejército. Los oficiales destinados a esta fueron cuidadosamente seleccionados, eligiendo aquellos que tenían una excelente carrera profesional, pues se trataba de que esta organización se convirtiera en la vanguardia de la «guerra» contra un enemigo a destruir¹¹⁵. Las demás ramas se retiraron de la DINA por la orientación que le fue impuesta y porque fue notorio que su función era contribuir al fortalecimiento del poder personal de Pinochet. Contreras le informaba a diario de la situación política en encuentros personales, en los que debe haberle entregado instrucciones para actuar. Hubo entre ambos militares una relación de gran confianza, en una de las facetas más oscuras del régimen militar y que corresponde más bien a relaciones propias de los regímenes tradicionales, los sultanísticos en la conceptualización de Linz¹¹⁶, en que el dictador dispone de un amplio margen de acción para actuar discrecionalmente en contra de los bienes y la vida de los ciudadanos.

Este recurso de poder fue muy importante para Pinochet, porque contribuyó a generar el clima de guerra que hizo necesario establecer una dictadura y no una «dictablanda», como habría sido posible si el régimen se hubiese organizado sin esa decisión después de que los militares consiguieran el rápido control del poder en 1973. Sin embargo, Pinochet intuyó con rapidez que la retórica antimarxista debía traducirse en la acción en contra de las organizaciones de izquierda, sin vacilar por los graves costos humanos que provocó. Se creó una brutal espiral de violencia, que apuntaba a confirmar la profecía autocumplida del estado de guerra, con «bajas» y heridos¹¹⁷.

Probablemente, nunca se comprobará el grado de involucramiento directo de Pinochet en las órdenes impartidas para asesinar a personalidades políticas en Chile y en el exterior, pero sí está clara su responsabilidad en la creación de un ambiente a favor de una durísima represión por parte de la DINA, en el país y en el extranjero, atentando contra la vida de personas destacadas¹¹⁸. Estos deseos de Pinochet fueron llevados a la práctica con gran eficacia por Contreras, creándose así una dinámica de terrorismo de Estado como consecuencia de la radicalización del autoritarismo y el fortalecimiento del poder del dictador.

Las acciones de Contreras excedieron los límites implícitos establecidos entre él y Pinochet cuando cometió el atentado que costó la vida al ex embajador y ex ministro Orlando Letelier. Esto fue la manifestación máxima de la irracionalidad coercitiva, al organizar cuidadosamente un crimen en la capital de los EE.UU., creyendo que no serían sorprendidos. El convencimiento de que el marxismo y el movimiento comunista habían infiltrado los países de Occidente adquiere en este hecho su máxima expresión, tarea que no se propuso ninguna de las organizaciones terroristas de los Estados más adversarios de EE.UU.

Como consecuencia de las presiones de los EE.UU. por esclarecer las responsabilidades en el atentado contra Letelier y del clima de oposición hacia Contreras y la DINA al interior del régimen, a Pinochet no le quedó otra alternativa que transformarla en una organización dependiente del Ministerio del Interior, la Central Nacional de Inteligencia (CNI). Contreras fue removido de su dirección algunos meses después del cambio y después de salir del Ejército continuó siendo invitado a ceremonias de su institución, incluso en democracia. Sin embargo, la CNI no pudo romper con el estilo que caracterizó la acción de la DINA, continuando con la comisión de graves actos represivos.

Pinochet no previó las consecuencias de su decisión al crear una organización coercitiva cuyo director dispuso de plenos poderes, actuando en el más estricto secreto y con entera impunidad. Fueron principalmente las acciones de la DINA las que marcaron la imagen del régimen de Pinochet y causaron el rechazo internacional a las violaciones a los derechos humanos, que culminaron con su detención en Londres¹¹⁹. Pinochet debió asumir todos los costos de la coerción, con lo que terminó por resarcir a otros actores e instituciones que también compartieron su cuota de responsabilidad en la represión, como el Poder Judicial, o los civiles que ayudaron al perfeccionamiento de la arquitectura jurídica que hizo posible la restricción de las libertades públicas.

El general Pinochet fue el hombre fuerte del régimen durante diecisiete años, pero al final subestimó las debilidades del complejo entramado institucional que había construido. No apreció que las poderosas bases de su autoridad y poder tenían importantes limitaciones a su deseo de mantenerse como presidente durante los años noventa. La regulación sucesoria establecida en la Constitución de 1980 limitó su poder personal, al establecer un plazo de permanencia en el cargo de presidente y fijar un procedimiento para renovar su autoridad presidencial, el plebiscito de 1988¹²⁰.

Careció de capacidad para definir el momento más adecuado de retiro de la política. Eso implicaba entregar la Presidencia al candidato que ganara las primeras elecciones generales, dejar la dirección del Ejército y no seguir interviniendo en política. Sin embargo, optó por mantenerse como comandante en jefe del Ejército y continuar influyendo en el acontecer nacional. Esta decisión permitió que se conservara viva su imagen de dictador, de adversario de la democracia y de defensor del general Contreras y de las acciones represivas. Su humillante detención en Londres el 16 de octubre de 1998 fue la consecuencia no buscada por él de mantenerse como un actor político, que sería después confirmado con su desafuero por la Corte Suprema en el invierno de 2000 y el procesamiento por la justicia por su responsabilidad en las muertes producidas por la «caravana de la muerte».

Pinochet terminó de la peor manera: perseguido por la justicia internacional mientras visitaba el país que más admiraba, desaforado más tarde por la Corte Suprema de su país y sometido a la investigación del juez Juan Guzmán, ante quien compareció en enero de 2001. No fue condenado por su responsabilidad penal por los crímenes cometidos durante su Gobierno, pero sin duda ha quedado clara su responsabilidad política y ética en los hechos que se le imputan. Eso no quiere decir que su influencia desaparecerá con su muerte, aunque los dirigentes de derecha que antes lo defendían mantuvieron silencio durante la investigación de la justicia, por razones de cálculo electoral. Seguirá presente en los chilenos: un importante segmento de la población lo recordará con cariño y admiración, mientras que el resto del país, una gran mayoría, lo mirará con distancia y rechazo (Cuadros III-2 y III-3). Su figura ha dividido y seguirá dividiendo al país, aunque tiene una cierta protección por la modernización económica impulsada por su régimen, que hizo posible que muchos chilenos alcanzaran el bienestar material, reconocido incluso por quienes fueron sus adversarios¹²¹.

CAPÍTULO IV

LA PARTICIPACIÓN DE LOS MILITARES

Un régimen del Ejército

El caso de Chile sobresale en la experiencia comparada de los regímenes militares por la amplia participación de los uniformados en los principales cargos de autoridad, especialmente de oficiales del Ejército. Los militares se consideraron la única élite que podía impulsar los cambios políticos y económicos requeridos, yendo bastante lejos en su participación institucional en el poder, pues ocuparon numerosos e importantes cargos en distintas partes del sistema político¹.

En efecto, fueron ministros y subsecretarios, embajadores, intendentes y gobernadores, e incluso rectores de las universidades, excediendo en magnitud y profundidad a la participación castrense que hubo en los otros casos de autoritarismo en América Latina². Ocuparon carteras políticas, como las de Interior y Secretaría General de Gobierno, y también tuvieron participación en las del sector económico, como los ministerios de Hacienda y Economía, especialmente a través de subsecretarios. Después de una vacilación inicial, los militares supieron compartir el poder con los grupos civiles que colaboraron en la gestión de Gobierno. Las relaciones con los civiles no siempre fueron fluidas, teniendo importantes diferencias con los Chicago boys, porque recelaban de las políticas neoliberales que favorecieron la concentración del poder económico en unos pocos grupos. El general Pinochet cumplió un importante papel mediador entre los militares y los círculos civiles, logrando el respaldo de ambos, además de otorgar unidad a la élite gobernante.

La Junta de Gobierno fue la única instancia decisoria en que hubo una participación institucional de las FF.AA. en condiciones de igualdad, donde las decisiones se tomaban por consenso. Desde la promulgación de la Constitución de 1980, la Marina ocupó la presidencia de la Junta a través de su comandante en jefe, el almirante José Toribio Merino.

Sin embargo, en el Poder Ejecutivo la participación fue marcadamente dominada por el Ejército, especialmente desde 1978, cuando Pinochet destituyó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, y cuando entró en vigencia la nueva Carta Fundamental de 1980, considerándose un presidente constitucional. La evolución del orden político fue claramente en favor de un régimen del Ejército más que de las FF.AA. Esto fue consecuencia de diversos factores que se analizarán en este capítulo relacionados con el carácter del régimen —alta personalización del liderazgo de Pinochet y baja institucionalización del poder—, respecto a la tradición histórica de ser la rama de mayor importancia en las instituciones de la defensa nacional y por disponer de una dotación de personal más numerosa que las otras ramas, lo que le permitió destinar oficiales a cargos de autoridad y asesoría, sin debilitar su fortaleza institucional. Este último factor fue muy importante para disuadir a la Marina de tener mayor protagonismo, pues fue la que precipitó el golpe militar, puesto que era una institución de menor tamaño y sus oficiales estaban ocupados en las diversas zonas navales en Valparaíso y en el sur del país, de forma que no estaba en condiciones de destinar personal al Gobierno sin resentir sus funciones profesionales³.

El respaldo de los militares fue determinante en la consolidación del liderazgo de Pinochet, como se vio en el capítulo precedente, quien mantuvo precisamente la Comandancia en Jefe del Ejército para disponer de una base sólida para su autoridad y poder, ejerciéndolos en forma constante y dedicando un día semanal a resolver los temas de su institución. Esa fue la diferencia fundamental en la construcción del poder de Pinochet en comparación a otros dictadores de América Latina. Además, ejerció un estilo de conducción política fuertemente marcado por los criterios de la estrategia militar, insistiendo de manera constante que el país estaba en guerra y de enfrentamiento con la oposición, para mantener una amplia distancia entre sus colaboradores y partidarios, por un lado, y la oposición, por la otra, a fin de impedir deserciones de aquellos hacia esta, como ocurrió en la España de Franco y en el Brasil de los militares (1964-1985). ¿Qué criterios sirvieron de fundamento a la participación de los militares en el poder? ¿Cuáles fueron las principales características de su presencia en el sistema político y su influencia en el desarrollo de este? ¿Qué consecuencias tuvo la participación política en el carácter profesional de las instituciones armadas? Las respuestas a estas preguntas son indispensables para comprender el carácter y la larga duración del régimen de Pinochet.

Participación en el poder y bajo nivel de politización

La participación política de los militares en múltiples cargos de Gobierno no generó la politización de las instituciones armadas, ni produjo las divisiones y luchas internas que caracterizaron la intervención de estas en otros países de América Latina, como en la Argentina del «Proceso», donde los gobernadores militares criticaban públicamente posiciones del Gobierno (Quiroga, 2004: 140) y como ocurrió en Chile después del golpe militar de 1924, con la pugna entre los generales que lo provocaron y tomaron el control del Gobierno y los oficiales más jóvenes, cuya principal figura era el coronel Carlos Ibáñez (Nunn, 1970). Se evitó la politización de los militares a través de varios mecanismos. En primer lugar, las decisiones políticas propiamente se centralizaban en los comandantes en jefe y en la Junta de Gobierno. No hubo instancias en las corporaciones castrenses en que se discutieran o tomaran decisiones políticas, puesto que Pinochet no consultaba al cuerpo de generales para decidir y tampoco lo hacía el almirante José Toribio Merino en la Marina⁴. Solo el general Gustavo Leigh consultó regularmente al Consejo Aéreo⁵, integrado por los generales de su institución, como una manera de apoyar sus posturas críticas a Pinochet. Esta iniciativa de Leigh fue objetada por los demás comandantes en jefe, porque afectaba la unidad de las FF.AA.

En segundo lugar, los oficiales que ocuparon cargos políticos lo hicieron a título individual como destinaciones propias de la carrera militar, y se integraban a la administración pública sin apoyarse en su rango institucional. Así, un general podía ser intendente y un coronel subsecretario ministerial, cargo superior en la organización administrativa. Por esto, al dejar el Gobierno y retomar la actividad profesional, el oficial no perdía su antigüedad, ni recibía ventajas en su hoja de vida.

En tercer lugar, se mantuvo el carácter de las FF.AA. como profesionales y esencialmente obedientes, con un mando vertical y una clara valoración de la disciplina habiendo alcanzado un alto grado de desarrollo burocrático. Los militares tenían un fuerte espíritu de cuerpo y una gran cohesión interna, lo que les permitió resistir las tensiones políticas provocadas por la gestión de Gobierno. El profesionalismo favoreció su desempeño en el Gobierno en comparación a un ejército semimoderno o tradicional, con oficiales sin preparación adecuada, con un débil espíritu de cuerpo y un concepto limitado de disciplina y obediencia, confirmando las generalizaciones de los estudios sobre el papel político de los militares (Huntington, 1968; Stepan, 1971).

Sin embargo, siguiendo a Chehabi y Linz (1998: 13), debe distinguirse analíticamente entre profesionalización y autonomía, pues es posible que se dé un ejército altamente profesional, pero con baja autonomía, situación que ocurre cuando las designaciones de los oficiales responden a criterios personales del comandante en jefe o del jefe de Gobierno⁶. Las Fuerzas Armadas eran profesionales y autónomas, Pinochet no tenía autoridad sobre las otras ramas y en ellas se mantuvieron generalmente las normas históricas de ascensos y retiros de sus miembros.

La participación del personal castrense contradice la interpretación dominante en la literatura sobre los militares, que sostiene que su presencia en el Gobierno ocurre solo en la fase inicial, siendo después reemplazados por funcionarios civiles provenientes de la burocracia o tecnócratas sin clara identificación política y partidista. Perlmutter (1981: 41) sostiene que los militares son el centro del poder; aunque solo unos pocos oficiales son visibles, los militares no pueden interferir en la administración del Estado, de la economía, la policía y el partido militar. Linz ha descrito esa tendencia de la siguiente manera:

En los regímenes que surgen de una acción militar, el Ejército disfruta de una posición privilegiada y se mantiene en posiciones claves, pero pronto coopta a políticos, funcionarios y técnicos, que cada vez son más quienes van tomando la mayoría de las decisiones. Cuanto más se llega a consolidar un régimen, menor es el número de personalidades estrictamente militares que forman el Gobierno. En este sentido puede resultar equívoco hablar de dictadura militar aun cuando el jefe del Estado sea un militar. De hecho, es probable que lleve a cabo un cuidadoso programa de despolitización y profesionalización del Ejército, al tiempo que mantiene estrechos vínculos con el cuerpo de oficiales, con el fin de contar con su lealtad (Linz, 1978: 236-237).

Una importante vertiente analítica explica la intervención de los militares en política y el uso de una drástica coerción por la influencia de la doctrina de la seguridad nacional, difundida desde los años sesenta por los Estados Unidos en los ejércitos latinoamericanos a través de cursos de programas de apoyo, especialmente en el fortalecimiento de la capacidad de lucha contra las organizaciones guerrilleras (Stepan, 1973 A). Esto se justificó por la existencia de movimientos que planteaban la lucha armada para derribar a los gobiernos en diversos países de la región, especialmente en América Central, Colombia y Venezuela. Esta doctrina dio una interpretación amplia de las causas del surgimiento de estos grupos y acerca de la forma de combatirlos, atribuyéndolos a las condiciones económicas, políticas y sociales, que había que corregir para evitar su extensión. Las FF.AA. debían opinar sobre el desarrollo del país e intervenir en su curso, ampliando así su rol profesional. Se crearon academias de guerra dedicadas al estudio de estos problemas y la capacitación de militares y civiles pertenecientes a la administración pública y a la empresa privada en los amplios temas de seguridad nacional. La Escuela Superior de Guerra (ESG) en Brasil (Stepan, 1971) y el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) en Perú (Villanueva, 1969, 1972) fueron las principales instituciones que ayudaron a que los militares tuvieran planteamientos definidos ante los problemas económicos y sociales, conformando la base de su discurso político. La ESG y el CAEM dieron a los uniformados un mayor sentido de su visión histórica, fortaleciendo su sentido corporativo y autonomía frente a los grupos civiles. Los militares recibieron un adiestramiento en materias políticas y económicas, que emplearon en su posterior gestión gubernamental. El programa de estudios permitió establecer una estrecha relación entre los alumnos procedentes de la administración pública y las empresas, por un lado, y los uniformados, por el otro, facilitando la posterior cooperación entre ambos estamentos al momento de asumir estos últimos el control del Gobierno.

A diferencia de los de Brasil y Perú, los militares chilenos no asumieron la doctrina de la seguridad nacional en los años sesenta, permaneciendo relativamente impermeables. No se aprecia su influencia en sus discursos y en sus publicaciones profesionales⁷. Solo después del golpe de Estado se introdujo esta doctrina a través de la estrecha cooperación con los militares del Brasil, quienes ayudaron a la organización del Gobierno en diversos aspectos, especialmente en lo relativo a servicios de inteligencia y seguridad⁸. La recepción de esta doctrina explica la creación de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) para impartir cursos al personal superior de la administración pública y a oficiales de las FF.AA., institución que podría asimilarse a la ESG y CAEM. Sin embargo, la Anepe no tuvo influencia en las políticas del régimen autoritario. Cuando esta se creó, ya estaban definidas las orientaciones estratégicas y programáticas del nuevo régimen, a las cuales Pinochet se mantuvo adherido.

La fuerte tradición castrense, inspirada en la modernización prusiana del Ejército chileno a fines del siglo XIX (Nunn, 1970), que se mantuvo en su organización y funcionamiento, lo protegió de la influencia ideológica de estos programas de cooperación impulsados por EE.UU. En consecuencia, la coerción aplicada en los primeros años del régimen de Pinochet no debe atribuirse al impacto de la doctrina de la seguridad nacional, sino principalmente a las pautas de comportamiento de los militares, por las que asumieron el estado de guerra contra el marxismo con singular vehemencia. La declaración de guerra fue efectuada más bien sobre fundamentos políticos e ideológicos existentes en la tradición castrense chilena, actualizados por la política del Gobierno de la Unidad Popular y el conflicto político que precedió al golpe de Estado y no primeramente por factores externos. Había en ellos una tradición anticomunista, incluso anterior a la Segunda Guerra Mundial, que reapareció en las acciones contra las organizaciones de izquierda.

Los uniformados no pudieron mantenerse al margen del conflicto político, lo que relativiza la afirmación respecto a su alejamiento de la sociedad y la política (Bicheno, 1972)⁹. Conviene examinar brevemente el tipo de relaciones cívico-militares que existían antes del golpe de Estado.

El deterioro de las relaciones cívico-militares en la democracia

La magnitud y profundidad de la participación de los militares en el régimen autoritario se explica por su visión radical, crítica de la política chilena, predominante entre sus oficiales antes del golpe de Estado. Su origen se encuentra en discrepancias sobre el carácter del desarrollo político en el país y en especial por el malestar de los oficiales debido al desinterés de los civiles por los problemas que afectaban a la defensa nacional, especialmente las malas condiciones económicas que sufrían las instituciones armadas, incluidos los bajos sueldos de su personal. Las últimas administraciones, desde el Gobierno de Carlos Ibáñez de Campo (1952-1958) en adelante, no incrementaron el presupuesto de Defensa para enfrentar al impacto de la inflación, por lo que las instituciones castrenses no renovaron su armamento ni consiguieron que sus remuneraciones mantuvieran el valor real. Estimaban que los gobiernos de distintos partidos no estaban preocupados porque las FF.AA. mantuvieran su capacidad de defensa.

Esta situación no fue enfrentada por el Gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964), acentuándose en sus oficiales la preocupación por la antigüedad del armamento y el malestar por las bajas remuneraciones de oficiales y suboficiales. Estas demandas latentes fueron agitadas durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970)¹⁰, en que los uniformados observaron que diversos grupos sociales —estudiantes, trabajadores urbanos, campesinos y pobladores— recibieron ventajas económicas, mientras que sus demandas no eran atendidas¹¹. La situación era más delicada para el presidente Frei porque designó ministro de Defensa a un antiguo dirigente del PDC, muy cercano a él, Juan de Dios Carmona, que no dio atención al malestar latente entre los oficiales. El alto mando y el ministro ignoraron el malestar castrense hasta abril de 1968, cuando los oficiales-alumnos de los tres años del curso regular de la Academia de Guerra del Ejército y del Curso de Informaciones tomaron la decisión de presentar al director su correspondiente solicitud de retiro, argumentando que sus remuneraciones no les permitían mantener a sus familias¹². Este acto, una clara muestra de deliberación y una manifestación de protesta sin precedentes, provocó una delicada situación política en el Gobierno, que condujo a la renuncia del director de la academia¹³, del comandante en jefe del Ejército y del ministro de Defensa¹⁴. Este último fue reemplazado por el general (R) Tulio Marambio, creyendo el presidente Frei que la medida restablecería la confianza de los militares.

Sin embargo, la inquietud en el Ejército no desapareció porque hubo lentitud en materializar las soluciones. Hubo un primer acto de indisciplina con ocasión de la Parada Militar de 1969¹⁵, y algunas semanas después, el 21 de octubre de 1969, el general Roberto Viaux se apoderó del Regimiento Tacna, uno de los principales de la capital, incidente que fue conocido como el «tacnazo»¹⁶. El general recibió expresiones de apoyo de parte de numerosos oficiales del Ejército, que se negaron a actuar en su contra al ser requeridos por el Gobierno, y encontró simpatías en las otras ramas de las FF.AA. Esto no alcanzó a convertirse en una amenaza de golpe porque no existió esa decisión en los oficiales rebeldes por el peso de la tradición constitucionalista en el Ejército¹⁷. La gravedad del hecho se debió también a la ambigüedad en las reacciones de los políticos de oposición, que no fueron unánimes para condenar la actitud de Viaux ni manifestaron un respaldo al orden constitucional amenazado. El general recibió la comprensión de la directiva del Partido Nacional y el respaldo de algunos dirigentes del Partido Socialista. Los socialistas interpretaron el «tacnazo» como una expresión progresista de un sector del Ejército¹⁸, similar a la situación vivida en Perú un año antes¹⁹. Esto provocó un deterioro en las relaciones cívico-militares, especialmente entre los uniformados y el PDC, cuyas consecuencias persistieron en los años siguientes²⁰.

Lo anterior provocó la salida del ministro de Defensa y del comandante en jefe del Ejército, general Sergio Castillo Aránguiz. Frei nombró como titular de esta cartera al ingeniero y ex director de la Promoción Popular, Sergio Ossa Pretot, y designó comandante en jefe del Ejército al general René Schneider, la séptima antigüedad, lo que motivó el retiro de seis generales²¹. El general Carlos Prats, que le seguía en antigüedad, fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército.

Los militares lamentaban que el Gobierno de Frei hubiera descuidado las necesidades económicas y profesionales de las instituciones de la defensa nacional, lo que constituyó una pesada hipoteca en la imagen de los principales ministros y dirigentes ante los uniformados.

Los militares se vieron nuevamente tensionados con motivo de la elección presidencial de 1970, cuando, ante un posible triunfo del candidato socialista de la Unidad Popular, doctor Salvador Allende, cundió la inquietud por la posible actitud de los militares ante la llegada al poder de un Gobierno de izquierda apoyado por los partidos Comunista y Socialista. El comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, declaró que la institución se ceñiría a lo establecido en la Constitución, lo que quería decir que los militares respetarían la voluntad ciudadana, cualquiera fuera el resultado de la elección²². Sin embargo, la presión de la extrema derecha por impedir que Allende asumiera la Presidencia desbordó el marco institucional, manifestándose, entre otras cosas, en la acción de un comando apoyado por el general Viaux, para secuestrar al general Schneider el 22 de octubre, quien resultó gravemente herido, falleciendo tres días después; un hecho muy grave en un momento muy delicado. Schneider era un oficial que gozaba de un amplio respeto en su institución por su destacada carrera profesional y haber impulsado una inteligente labor al mando del Ejército para restablecer la disciplina y la mística institucional, resaltando la función constitucional en momentos particularmente difíciles causados por la incertidumbre en la elección presidencial²³. Se había convertido en símbolo del militar profesional, y su muerte constituyó el primer acto de violencia contra un alto funcionario del Estado desde el asesinato del ministro Diego Portales en 1837, al que le seguirán casos como el del ex vicepresidente de la República Edmundo Pérez Zujovic, asesinado por un grupo de extrema izquierda en 1971, y el del general Carlos Prats, por agentes de la DINA, en 1974.

La creciente participación política de los militares durante el Gobierno de Allende

Los militares no irrumpieron bruscamente en la administración pública después del golpe de Estado de 1973, pues durante el Gobierno de Allende habían sido llamados a ocupar diversos cargos correspondientes a tareas políticas, lo que fue resaltado positivamente por la prensa opositora. A comienzos de noviembre de 1972, el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, asumió como ministro del Interior, acompañado por un alto oficial de la Marina y otro de la FACH en dos puestos del gabinete, permaneciendo en el cargo hasta después de las elecciones parlamentarias del 3 de marzo de 1973²⁴. Después fueron llamados a colaborar en el Ministerio de Economía. A fines de enero de 1973, el ministro del ramo, el comunista Orlando Millas, recurrió a ellos para enfrentar la distribución de productos de primera necesidad frente a los graves problemas de desabastecimiento del país, agravados por los conflictos con las organizaciones corporativas del comercio. Para ello designó como director de la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización al general de Aviación Alberto Bachelet Martínez²⁵.

Un acontecimiento que aumentó el rechazo hacia el Gobierno fue el proyecto de reforma educacional conocido como la Escuela Nacional Unificada (ENU). Esta fue una iniciativa criticada por la oposición y la Iglesia católica, por estimar que no garantizaba el pluralismo. La crítica en la institución militar llevó a que el 11 de abril, en el auditorio del Ministerio de Defensa, el ministro de Educación, Jorge Tapia Valdés (PR), después de exponer los objetivos de la iniciativa, recibiera categóricos cuestionamientos de oficiales de las tres ramas, especialmente el contraalmirante Ismael Huerta, que había renunciado semanas antes al cargo de ministro de Obras Públicas. Utilizando el estrado del ministro y ante los sesenta oficiales presentes, acusó al Gobierno de buscar, con la iniciativa, concientizar a la juventud para imponer la ideología marxista, siendo aplaudido en forma ostensible por los asistentes (Huidobro, 1989: 100-101). El general Prats, en un encuentro posterior con los oficiales de la guarnición de Santiago, fue objeto de manifestaciones de indisciplina cuando criticó el comportamiento de los oficiales en el encuentro con Tapia²⁶.

Otra dimensión de la creciente injerencia de los militares en política fue la aplicación por parte de la justicia militar de la Ley de Control de Armas de 1972, promovida por la oposición y que recibió apoyo del Ejecutivo²⁷. La iniciativa legal impulsada por la oposición y por iniciativa del ex ministro de Defensa y senador Juan de Dios Carmona (PDC), que la justificó por la evidencia de que militantes de los partidos de la Unidad Popular tenían abundante cantidad de armas. La ley entregaba al Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Reclutamiento, el control de las armas y prohibía a las personas poseer armas de cualquier tipo. La justicia militar podía decretar el allanamiento de empresas y viviendas donde hubiera indicios de armas, sobre la base de las denuncias e investigaciones realizadas. En los meses anteriores al golpe de Estado se efectuaron numerosos allanamientos en Santiago y en otras ciudades, ampliamente informados por la prensa²⁸. No siempre se encontraron armas, pero esas acciones tuvieron una gran relevancia, pues permitieron a los militares ampliar su información sobre el nivel de organización de los grupos más radicalizados de izquierda y adquirir, además, cierta experiencia en el control del orden público, muy importante al momento del golpe de Estado. Estos allanamientos se intensificaron en los días cercanos al 11 de septiembre y fueron llevados a cabo por numerosos efectivos militares en distintos lugares del país, empeñados en desmantelar un supuesto armamentismo de los grupos de izquierda.

Algunos allanamientos requirieron el desplazamiento de un amplio contingente de soldados, provocando gran impacto en la población. En julio de 1973, la Escuela Normal de Angol fue allanada por tropas del Regimiento de Caballería Húsares en una acción encabezada por el comandante de la unidad²⁹. Ese mismo día hubo dos allanamientos más en Valparaíso: uno a cargo de 200 infantes de Marina, en recintos de la empresa Enadi, y otro en la planta de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), efectuado por 350 soldados de la Escuela de Caballería de Quillota, al mando del subdirector de esta³⁰. Un mes más tarde se produjo un allanamiento en Quillota³¹.

A comienzos de septiembre, soldados del Ejército, al mando del comandante del Regimiento Tucapel Nº 8 de Cautín, apoyados por miembros del grupo 3 de la FACH, también a cargo de su comandante, allanaron un campamento guerrillero ubicado en la cordillera de esa provincia, sin que se informara del número de guerrilleros ni de la cantidad de armas encontradas³². Tan irrelevante fue el hallazgo que no se volvió a hablar más de él: Chile no ofrecía las condiciones políticas y geográficas para la aparición de un movimiento guerrillero.

Pocos días antes del golpe de Estado, efectivos del Regimiento Tacna ingresaron a un conocido liceo público de la capital argumentando haber sido agredidos por los estudiantes. En la noche del 9 de septiembre de 1973, los militares fueron aún más explícitos en el uso de la ley, disponiendo que efectivos del Regimiento Buin controlaran durante tres horas a los vehículos que transitaban por las calles de un sector de la ciudad³³.

Estas operaciones militares generaron tensiones entre los uniformados y los partidos de Gobierno, especialmente con el PS. Sus militantes no toleraban estas acciones de los militares, pues se sentían directamente agredidos, calificándolas como iniciativas de carácter golpista³⁴.

Como consecuencia de estas operaciones, los militares adquirieron un conocimiento relativamente claro de la capacidad de acción de los sectores radicalizados de la UP, lo que les proporcionó la experiencia necesaria para actuar en contra de los eventuales grupos civiles armados durante el golpe. Sabían que la izquierda no tenía una cantidad de armas significativa y que no existían movimientos preparados militarmente para resistir un golpe de Estado impulsado en forma unitaria por el alto mando. Sin embargo, esos incidentes comenzaron a preparar un clima confrontacional con las organizaciones de izquierda que alentó el uso de la violencia desde la toma del poder.

La participación en el Gobierno: los ministerios

La singularidad del caso chileno en cuanto a la intervención de numerosos militares en cargos públicos se aprecia con mayor nitidez cuando se le compara con otras experiencias autoritarias. En los regímenes militares de Argentina encabezados por el general Juan Carlos Onganía, Roberto Levingston y Alejandro Lanusse (1966-1973)³⁵, y luego por los militares del «Proceso» (1976-1983), al igual que en los de Brasil durante el período 1964-1985, la presencia del personal uniformado en la dirección de los ministerios fue muy baja, con la excepción de las carteras castrenses en Brasil y su transitoria presencia en Interior, para controlar el orden público. En ambos países, los militares nunca asumieron la dirección de los ministerios económicos o sectoriales de Agricultura o Salud, como ocurrió durante el régimen de Pinochet.

Durante los diecisiete años del régimen militar en Chile, el personal castrense estuvo presente en la dirección de todos los ministerios, sin siquiera excluir a la cartera de Justicia, que tuvo a un general de Carabineros por nueve meses en 1974-1975³⁶.

De los 133 ministros que hubo durante el régimen militar, 67 fueron miembros de las FF.AA., de los cuales 37 pertenecían al Ejército (55% de los ministros militares), 11 a la Marina (16%), 11 a la Fuerza Aérea (16%) y 8 a Carabineros (12%). En los primeros años del régimen militar hubo una muy apreciable participación castrense en el Gobierno, en que cada rama de las FF.AA. y de Carabineros tomó el control de un sector de la actividad gubernativa, con un criterio de distribución proporcional de los cargos ministeriales y mayor participación del Ejército³⁷. Este último se hizo cargo de las carteras de Interior, Defensa y Obras Públicas; la Armada asumió la dirección de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación; la Aviación participó en los ministerios de Trabajo y Previsión Social, de Salud y de Transporte; Carabineros lo hizo en Bienes Nacionales (anteriormente Tierras y Colonización).

La integración cívico-militar también se dio en el sector económico dominado por los Chicago boys. Por ejemplo, meses antes del plebiscito de 1988 los principales cargos del sector económico, salvo el ministro de Hacienda, estaban en manos de oficiales del Ejército; el ministro de Economía era el brigadier general Manuel Concha; el coordinador general del ministerio era un coronel, y el subsecretario un oficial de este rango, Julio Amigo y Darío Santoni, respectivamente; la dirección de Codelco estaba a cargo del brigadier general Fernando Hormazábal, el coronel Guillermo Letelier dirigía la Corfo; altos oficiales del Ejército ocupaban los principales cargos directivos de las empresas públicas pertenecientes a esta y, por último, el presidente del Banco Central era el brigadier general Enrique Seguel.

La formación de los gabinetes exigió compensaciones en las subsecretarías, dando lugar a un sistema de cuoteo similar al de los gobiernos de coalición, utilizado durante el Gobierno de la Unidad Popular. Es decir, un ministro perteneciente a una rama castrense tenía a un subsecretario de otra o a un civil, y cuando el titular era un civil, el subsecretario podía ser uniformado. Así, mientras la Marina mantuvo la dirección del Ministerio de RR.EE. (1973-1978), el subsecretario fue un oficial de Ejército, recibiendo el rango de vicecanciller³⁸. Este oficial tuvo una enorme influencia en la política exterior, pues mantenía una relación directa con el general Pinochet a través de la Casa Militar o de la asesoría presidencial, tomando a veces decisiones contrarias a las propuestas por el canciller, como ocurrió en la fracasada visita de aquel, en marzo de 1980, a Filipinas³⁹. Este cargo fue ocupado más tarde por generales como Ramón Valdés, Sergio Covarrubias y Ernesto Videla⁴⁰.

La influencia del Ejército también explica la cesión de ciertas carteras a civiles. Por ejemplo, el ministro de Vivienda (1984-1988), el «gremialista» Miguel Ángel Poduje, trabajó desde 1974 como asesor del Ejército en materias de Vivienda, después colaboró con el COAJ y de ahí fue designado subsecretario en 1983, para posteriormente asumir como titular de la cartera: había conseguido relaciones de confianza en la institución castrense.

La presencia de los militares en las subsecretarías tuvo importantes consecuencias, otorgando estabilidad cuando había una alta rotación ministerial, como en la cartera de Hacienda durante la crisis económica, donde entre 1982 y febrero de 1985 hubo seis ministros⁴¹, pero solo dos subsecretarios, los coroneles Enrique Seguel, desde diciembre de 1979 hasta diciembre de 1983, y Manuel Concha, desde esa fecha hasta julio de 1987⁴². La presencia del Ejército fue muy importante en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, dirigido en 1987 por un oficial de la FACH, el general José Massa. Las dos subsecretarías estaban en manos de coroneles de Ejército, Manuel Gárate y Gustavo Arenas, y también hubo presencia de esta rama en dos empresas dependientes de Corfo, relacionadas con su campo de acción, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y la Compañía de Teléfonos de Chile⁴³.

La relevancia del Ejército en la élite ministerial se puso de manifiesto durante la crisis económica de 1982-1983, cuando, después de la renuncia del ministro de Hacienda, Sergio de Castro, Pinochet buscó enfrentar la situación con nuevos titulares, sin que ninguno de ellos consiguiera consolidar su posición. En esos esfuerzos recurrió a dos altos oficiales que habían integrado el COAJ y ocupado diversos cargos desde el comienzo del régimen militar, los generales Gastón Frez y Luis Danús, designados como ministros de Odeplan y Economía, respectivamente⁴⁴. Estos no pudieron desempeñarse en plenitud. Los cargos superiores de los respectivos ministerios estaban ocupados por profesionales identificados con la política de los Chicago boys, que se esforzaron por impedir que los ministros cambiaran las políticas impulsadas por estos. Pinochet no les dio respaldo porque los destinó a esos cargos como medida de emergencia para ganar tiempo y los cambió pocos meses más tarde⁴⁵.

Hubo algunos militares que se mantuvieron bastante tiempo como ministros, tales como el general Bruno Siebert en Obras Públicas, desde abril de 1982 hasta el término del régimen⁴⁶. Este, además, fue miembro del COAJ desde el comienzo, luego subjefe del Estado Mayor Presidencial y agregado militar en Alemania. El subsecretario de la cartera fue también del Ejército, siendo a finales del régimen el teniente coronel Germán García, quien también ocupó otros cargos de Gobierno⁴⁷.

El Ejército tuvo una constante participación en el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Esta cartera cumplía importantes funciones políticas, pues no solo controlaba los medios de comunicación a través de Dinacos y tenía a su cargo Televisión Nacional, sino que también estaba encargada de la movilización de los apoyos políticos al régimen a través de la División de Organizaciones Civiles. Un oficial superior ocupó, desde su creación, la dirección de este organismo, del que dependían la Secretaría Nacional de la Mujer, la Secretaría Nacional de la Juventud, de los Gremios y de Relaciones Culturales. Un año antes del plebiscito de 1988 eran oficiales de Ejército el subsecretario del ministerio, el director de Organizaciones Civiles y el director de Televisión Nacional⁴⁸. Estos militares colaboraron con la campaña electoral en favor de Pinochet, cuya principal responsabilidad recayó en los alcaldes e intendentes bajo la coordinación del ministro del Interior, el «gremialista» Sergio Fernández.

La participación de los militares en el Gobierno llevó a que un grupo de oficiales concentrara su carrera profesional en este, para aprovechar su experiencia política y administrativa. Ellos se alejaron de las tareas propiamente institucionales para abocarse a las más políticas. Numerosos oficiales adquirieron un alto adiestramiento en la gestión pública. Por ejemplo, el brigadier general Sergio Valenzuela Ramírez, hasta 1977 fue director del Complejo Químico Industrial del Ejército; entre 1978 y marzo de 1984, gerente general de Enacar, desde donde pasó a ocupar la gerencia general de Corfo; en 1985 fue designado ministro director de Odeplan, para después ascender a secretario general de la Presidencia, cumpliendo antes el papel de director de la Compañía de Teléfonos de Chile.

Sin embargo, la mayoría de los altos oficiales no tuvo una participación prolongada en cargos de Gobierno, sino desempeños transitorios, derivados de que si asumían en la institución estaban asociados a una responsabilidad política. En efecto, los comandantes de las divisiones del Ejército fueron nombrados intendentes de las regiones y lo mismo ocurrió con los comandantes de regimiento de las ciudades que eran capital de provincia.

La participación en la organización vertical del Gobierno: intendentes y gobernadores

El carácter más bien de régimen del Ejército que de las FF.AA. se observa en la estructura de autoridad vertical del Estado. Hasta el plebiscito de 1988, los militares fueron los únicos que ocuparon la dirección vertical del Estado a través de los intendentes y gobernadores, y con una abrumadora mayoría de personal del Ejército. Esta institución manifestó su preocupación por el control de esta dimensión del Estado desde muy temprano, cuando se constituyó una comisión para estudiar la reorganización administrativa del país y elaboró una ambiciosa propuesta de reforma, conocida como reforma administrativa, que cambió la organización político-administrativa, creando las regiones⁴⁹. También se puede interpretar la preeminencia del Ejército en las intendencias y gobernaciones como una consecuencia natural de ser el presidente de la República el jefe administrativo del país, según establece la Constitución de 1925, recogido en el art. 100 de la Constitución de 1980:

El Gobierno y la administración superior de cada región residen en un intendente que será de la exclusiva confianza del presidente de la República. El intendente ejercerá dichas funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del presidente, de quien es su agente natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción.

El Ejército tuvo prácticamente el monopolio de los gobiernos regionales, ocupando 11 de las 13 regiones, incluida la Región Metropolitana⁵⁰. Los intendentes eran oficiales en servicio activo que mantuvieron el ejercicio de la función castrense, como Pinochet. Una de las excepciones fue la V Región, con Valparaíso como capital, a cargo de un marino en retiro, lo que se explica por ser el puerto más importante del país, donde estaba la sede de la dirección de la Armada. También se exceptúa la X Región, con capital en Puerto Montt, cuyo intendente era un oficial de la FACH, rama con gran dotación en la zona. Sin embargo, se dio una compensación, pues el Ejército tuvo a un general a cargo de la dirección de las provincias de Osorno y Llanquihue, debido a que esta rama tenía fuerte presencia en Valdivia, sede de la IV División.

En la Región Metropolitana primaba la autoridad del Ejército, que como rama a cargo de la zona en estado de emergencia, ejercía el mando superior de las FF.AA. y de Carabineros en materias de orden público. Esto le permitió jugar un rol político, como ocurrió con motivo de las protestas de 1983-1984.

Los intendentes poseían distintos grados: en 1976, cinco eran generales, cuatro teniente coroneles y dos coroneles; en 1988, a finales del régimen, había más generales, nueve, y solo dos tenían el grado de teniente coronel. En esos momentos el cuerpo de generales era más numeroso, de manera que sus integrantes podían asumir más cargos políticos. La importancia del plebiscito hizo que el general Pinochet destinara oficiales de la más alta graduación y con dedicación exclusiva en las regiones —salvo en la III y IV Regiones, por la menor presencia del Ejército y la reducida población—, es decir, separándolos de las responsabilidades militares para concentrarse en las tareas de Gobierno y en la preparación de la campaña del plebiscito⁵¹.

La carrera militar permitió que los oficiales ocuparan en varias oportunidades cargos políticos. Quienes fueron intendentes habían sido anteriormente gobernadores de la provincia donde tenían el mando de un regimiento, adquiriendo mayor experiencia política en el ejercicio de la segunda destinación. Por ejemplo, el intendente de la VII Región, el brigadier general Patricio Gualda, había sido gobernador de Linares, en su calidad de director de la Escuela de Artillería entre 1977 y 1981, ocupando después otros cargos institucionales, culminando entre 1985 y 1987 como rector delegado de la Universidad de Santiago⁵².

También tuvo una larga experiencia en el gobierno territorial el brigadier general Alejandro González. Después de estar en la Conara, en 1976, fue nombrado intendente de la III Región en 1981, en un momento en que desempeñaba el cargo de comandante del Regimiento de Infantería Nº 23 Copiapó; entre 1985 y 1986 fue gobernador de Melipilla, para luego ser jefe de gabinete de la IV Comisión Legislativa y, en 1987, asumir la dirección del Comando de Telecomunicaciones.

Como los cargos militares constituyen destinaciones regulares de la institución castrense, con un período regular de tiempo, permanecen en la dirección del Gobierno regional mientras tienen esa función. Hubo excepciones con oficiales que se mantuvieron más tiempo en la gestión política. El mayor general Eduardo Ibáñez Tillería, quien en junio de 1988 cumplía cinco años y medio en la dirección de la VIII Región y de la III División del Ejército, anteriormente había sido director de la Escuela de Infantería en San Bernardo y, en esa calidad, nombrado gobernador de la provincia de Cordillera. Ibáñez mostró gran destreza política en su larga permanencia en el cargo, superando con pragmatismo el conflicto universitario de 1985, en que la movilización de los profesores y estudiantes en contra del rector, el mayor (R) Guillermo Clericus, tuvo un amplio apoyo en la población de Concepción. También pudo mostrar su buen desempeño manteniendo una relativa tranquilidad social al impulsar programas de empleo a través de las municipalidades y del Gobierno regional. El general Patricio Serré también se mantuvo por largo tiempo, pues durante cinco años fue intendente de la IV Región, para ser más tarde y por varios años subsecretario de Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio del Interior.

La presencia dominante del Ejército en la organización vertical del Estado también se dio en las gobernaciones de las provincias. El art. 105 de la Constitución de 1980 establece que corresponde a los gobernadores el gobierno y la administración superior de cada provincia, quien estará subordinado al intendente respectivo, y será de exclusiva confianza del presidente de la República.

De los 50 gobernadores provinciales en ejercicio en 1986, 42 eran militares, de los cuales 28 eran del Ejército (dos en retiro), 12 de Carabineros (tres en retiro) y dos de la Armada (uno de ellos en retiro), estando fuera de este nivel del Estado la Fuerza Aérea, que no tuvo ningún cargo⁵³.

El número de oficiales de Carabineros a cargo de gobernaciones fue reducido, participando en las provincias donde no había presencia militar o no eran relevantes desde el punto de vista de la defensa exterior. El caso de Chiloé (X Región) es ilustrativo de ambos factores, pues la dirección militar se encuentra en Punta Arenas y la defensa de la región está fundamentalmente en manos de la Marina. Las otras provincias con gobernadores pertenecientes a la policía uniformada fueron Tocopilla (II Región), Chañaral y Huasco (III Región), Limarí (IV Región), Petorca (V Región), Chiloé (X Región), Aysén, General Carrera y Capitán Prat (XI Región).

Es interesante el análisis de quienes fueron gobernadores, puesto que esta responsabilidad era una función obligada del comandante de regimiento (o escuela matriz) correspondiente. Aproximadamente, la mitad de los oficiales que en junio de 1988 tenían el mando de un regimiento (o una escuela) fueron gobernadores, y la casi totalidad de estos pertenecían al Ejército. En efecto, de los 27 gobernadores militares —de un total de 51—, 24 eran oficiales del Ejército con mando de tropa: un brigadier general, comandante de la IV División con sede en Valdivia; cinco tenientes coroneles⁵⁴ y 18 comandantes del regimiento con asiento en la respectiva capital de provincia.

La importancia de la participación de los militares en el Gobierno

La participación militar en el Gobierno se acentuó con ocasión del plebiscito de 1988. A mediados de ese año, el 42 por ciento de los comandantes de los 64 regimientos o escuelas existentes en el país eran gobernadores de provincias (24 casos), lo que da cuenta de la magnitud no solo cuantitativa de la injerencia institucional en el poder político, sino también cualitativa, ya que siempre se nombró a cargo de esas unidades a los oficiales más destacados.

También fue muy alta la participación de los miembros del cuerpo de generales del Ejército. Excluyendo al general Pinochet, al obispo castrense, Joaquín Matte, al auditor general, Eduardo Avello, y al director de Sanidad, Jorge Castro, de sus 48 generales, 20 ejercían cargos de Gobierno. Estos eran el teniente general Santiago Sinclair, vicecomandante en jefe del Ejército y miembro de la Junta de Gobierno; Sergio Valenzuela, ministro secretario general de la Presidencia; Bruno Siebert, titular de Obras Públicas; Manuel Concha, ministro de Economía; el presidente del Banco Central, Enrique Seguel; el vicepresidente de Codelco, Fernando Hormazábal; el subsecretario de Desarrollo Regional, Patricio Serré; el subsecretario de RR.EE., con rango de viceministro, Ernesto Videla; nueve intendentes, un gobernador, el director de la CNI y el director de la Digeder.

Para que el Ejército pudiera asumir las responsabilidades de gestión política y no descuidar las institucionales, fue necesario incrementar el número de oficiales. El cuerpo de generales aumentó a más del doble entre 1973 y 1988, de 25 a 40 en 1980 y a 54 en 1984, cifra que se mantuvo hasta 1988, para luego bajar a 49 como consecuencia de la decisión de comenzar a volver a las funciones tradicionales tras la derrota en el plebiscito del 5 de octubre.

La alta participación del Ejército en responsabilidades de Gobierno también se aprecia examinando las anteriores destinaciones de aquellos generales que no ocupaban un cargo político al momento del plebiscito. Si se consideran los 30 generales que tenían cargos institucionales en junio de 1988, 23 de ellos tuvieron participación política, sea como asesores, integrando el COAJ en los primeros años del régimen, o en una fase posterior, como gobernadores, intendentes y hasta rectores de alguna universidad. Algunos habían tenido una carrera política estrechamente vinculada al general Pinochet como edecanes y jefes de la Casa Militar, como Jorge Ballerino, quien trabajó diez años junto a él, y Guillermo Garín, que fue el general que más tiempo ocupó cargos políticos, catorce años, solo interrumpidos por su función de agregado militar en España, destinación que también tuvo Ballerino. El mayor general Roberto Soto, quien era la tercera antigüedad, estuvo doce años y tres meses en cargos de Gobierno, que incluyeron su presidencia en la Conara, su labor como intendente de la VIII Región y rector de la Universidad de Chile. Hubo solo siete generales que no alcanzaron un cargo de Gobierno⁵⁵, en tanto que tres estuvieron poco tiempo en dichos cargos⁵⁶.

Los generales que ocuparon estos cargos políticos no se caracterizaron por ser los mejores de sus promociones. Ninguno de ellos obtuvo las primeras antigüedades al egresar de la Escuela Militar, salvo los generales Sergio Badiola (fue la 4ª), Julio Bravo (7ª) y Raúl Iturriaga (8ª).

Hemos calculado el total del personal castrense con cargos de Gobierno en los distintos niveles superiores, desde ministros y subsecretarios hasta presidentes de empresas de Corfo (Cuadro IV-7). La preeminencia del Ejército es abrumadora, pues suma 70 oficiales en servicio activo y 18 en retiro, mientras que la Armada solo tiene 12; Carabineros, 11, y la FACH, dos, lo que hace un total de 113 (52 por ciento) contra 104 civiles (48 por ciento). El total de cargos es superior porque algunos militares ocuparon dos o más funciones, como fue en el sector económico, en que el ministro vicepresidente ejecutivo de Corfo ejerció asimismo la presidencia de Endesa, del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y de la Sociedad Administradora de Créditos de Transporte Limitada (Sacret Ltda.). El ministro de Economía, Manuel Concha, fue también presidente de la empresa eléctrica Pehuenche y de LAN Chile⁵⁷.

La participación de la Armada en el Gobierno fue mínima, lo que confirma que fue un régimen del Ejército: tres oficiales en retiro, uno de los cuales fue ministro de RR.EE., Patricio Carvajal, y un oficial en servicio activo, que fue intendente de la V Región. Otros marinos ocuparon cargos de menor relevancia: la dirección del Instituto Antártico Chileno, dependiente de la Cancillería, y la Gobernación de Valparaíso. Los dos miembros de la FACH incluyen al intendente de la X Región y a un subsecretario de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones. Los cargos del Cuerpo de Carabineros corresponden a gobernadores de zonas en que la presencia del Ejército era débil o eran considerados territorios limítrofes sin importancia estratégica.

La baja participación de oficiales de la Fuerza Aérea en el Gobierno fue consecuencia de la diferencia de caracteres y de poder entre el general Pinochet y el general Leigh, que culminó con la destitución de este último en 1978. Esta ruptura afectó a los oficiales de esta rama, al punto de que un alto número de generales abandonó la institución en solidaridad con Leigh⁵⁸. Su sucesor, Fernando Matthei, ingresó en la Junta de Gobierno con un perfil debilitado en relación a Pinochet, por lo que trató de fortalecer su poder personal a través de un estilo que resaltaba una cierta autonomía respecto del jefe de Estado, sin interesarse por conseguir una mayor participación de oficiales de su rama en el Gobierno.

La abundante participación de los oficiales de Ejército en el Gobierno solo disminuyó después del plebiscito del 5 de octubre de 1988, con el fin de preparar su retorno a los cuarteles. La institución tomó medidas que apuntaban a corregir las distorsiones producidas por su participación política y las nuevas circunstancias, disminuyendo el cuerpo de generales de 54 a 49 y llamó a retiro a 13 de ellos⁵⁹.

También se produjo una drástica disminución de los militares en las intendencias y gobernaciones, que fueron sustituidos por civiles. A comienzos de diciembre de 1988 quedaban solo 19 de los 39 gobernadores militares que hubo antes del plebiscito y cuatro de los 12 intendentes militares; los demás cargos fueron ocupados por personalidades civiles locales. Esto último también se explica para apoyar las candidaturas oficialistas en las primeras elecciones que se debían realizar a fines de 1989.

La participación política de la Armada

Este análisis demuestra la baja participación de oficiales de la Armada durante el régimen, lo que se debió a diversos factores, entre los que destaca la decisión del almirante José Toribio Merino de que la corporación tuviera una participación puntual en el Gobierno y se concentrara en sus funciones institucionales. En la práctica, la intervención de la Marina se redujo a apoyar la gestión de Merino en la Junta de Gobierno, quien ejerció su cargo con dedicación y esfuerzo, a través de oficiales que integraron las comisiones legislativas y asesores de su gabinete. A partir de 1981 fue el presidente de la Junta de Gobierno, lo que acentuó esta responsabilidad y le dio una mayor visibilidad pública. Fue el único miembro de la Junta que tuteaba a Pinochet, incluso ante periodistas, con lo que demostraba su condición de primus inter pares con este. Merino fue un leal colaborador del general Pinochet.

Las buenas relaciones de Merino y Pinochet explican que aquel renunciara antes del término del régimen militar, para permitir que este último pudiera nombrar como su sucesor en la Comandancia en Jefe de la Armada a un oficial propuesto por él. Este fue el almirante Jorge Martínez Busch, candidato del agrado de Pinochet, pues conocía a su padre, el general de Ejército Héctor Martínez⁶⁰. Martínez Busch prosiguió la política de firme lealtad con el Ejército y Pinochet. La Armada preparó un documento muy crítico del Informe Rettig en marzo de 1991, a pesar de que era la rama menos involucrada en los actos de terrorismo de Estado mencionados en el informe. No faltaron ocasiones en que durante el segundo Gobierno de la democracia, Martínez Busch expresara su compromiso con el régimen militar, destacando su rechazo a la postura del Gobierno de pedir la renuncia del general director de Carabineros, Rodolfo Stange, en abril de 1994⁶¹. También fue muy crítico cuando se dio a conocer el fallo adverso a Chile en el caso limítrofe con Argentina relativo a Laguna del Desierto y, finalmente, tuvo posiciones muy duras ante el «caso Letelier», colaborando con el Ejército para retrasar el cumplimiento de la sentencia condenatoria del general Manuel Contreras a ocho años de presidio⁶².

La participación de los militares en el sistema universitario

Una de las manifestaciones de la alta participación institucional de las FF.AA. en las tareas de Gobierno fue el control que ejercieron sobre las universidades a través de rectores delegados militares, que fueron oficiales en servicio activo o en retiro⁶³. Este fue un hecho inédito en los autoritarismos, donde los uniformados no asumieron la dirección de las universidades, sino que la entregaron a académicos partidarios de las nuevas autoridades. Así ocurrió en la España de Franco. En Chile, por el contrario, la percepción de que las universidades estaban infiltradas por profesores marxistas y que sus rectores los apoyarían, condujo a que los militares, desde un comienzo, rechazaran la propuesta del Consejo Universitario y asumieran ellos directamente las tareas de normalización del sistema universitario⁶⁴. Los nombramientos recayeron en oficiales que exhibían algún antecedente académico, como la dirección de la correspondiente escuela matriz o la academia de guerra de alguna de las tres ramas de las FF.AA.

El sistema universitario tenía ocho universidades. La Universidad de Chile, con ocho sedes a lo largo del país, la Universidad Técnica del Estado —también tenía sedes fuera de Santiago—, la Universidad Austral de Valdivia, las tres católicas —de Chile, con sede en la capital, de Valparaíso, y del Norte, con sede en Antofagasta—, y dos laicas, la Universidad de Concepción, creada por la masonería, que mantuvo su dirección en forma ininterrumpida hasta el golpe de Estado, y la Universidad Técnica Federico Santa María, con sede en Valparaíso, fundada con fondos privados provenientes de un financista del mismo nombre.

Los rectores delegados de las universidades de Chile y de Santiago (Usach, ex Técnica del Estado) fueron del Ejército, salvo durante los tres primeros años en que, en la Universidad de Chile, el cargo fue ocupado por el general (R) de la FACH César Ruiz Danyau, que había sido, por algunas semanas en 1973, ministro del Gobierno del presidente Salvador Allende. Lo anterior se puede explicar porque la Universidad de Chile era la más importante, y en ella se constituyó el movimiento estudiantil dirigido por la izquierda en los últimos años antes del golpe de Estado. En esta casa de estudios había una larga historia de luchas estudiantiles y una reforma universitaria precipitada en 1968 que fue bastante accidentada y en la que resultó elegido rector, con el apoyo del PDC, el Partido Nacional y grupos de académicos independientes, el entonces decano de la Facultad de Ciencias Económicas y director de Presupuestos del Gobierno de Frei, Edgardo Boeninger (Huneeus, 1973, 1988). La Universidad de Santiago, en tanto, fue controlada por el PC, su rector fue Enrique Kirberg.

Los militares que cumplieron funciones como rectores de universidades continuaron con su carrera militar, pues dicho cargo consideraba una destinación regular. El general Alejandro Medina Lois, rector delegado de la Universidad de Chile entre 1981 y 1982, culminó su carrera militar en 1986 como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; el ex rector de la Usach, general Jorge O’Ryan, fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército y después, cuando pasó a retiro, nombrado embajador en Paraguay; el general Agustín Toro Dávila, rector de la Universidad de Chile entre 1976 y 1979, pasó a retiro, y fue nombrado embajador en Filipinas; también tuvo el mismo destino el ex rector de la Universidad de Santiago.

Las universidades situadas en Valparaíso tuvieron como rectores delegados a oficiales en retiro de la Marina. La Católica de Valparaíso fue la primera en lograr que el Gobierno nombrara un rector civil como resultado de los esfuerzos de su gran canciller, el arzobispo Francisco de Borja Valenzuela, designación que recayó en el profesor de derecho constitucional y miembro de la Comisión Redactora de la Constitución Raúl Bertelsen. Este renunció a los dos años, siendo reemplazado por el capitán de fragata (R) Juan Enrique Froemmel, que tenía un doctorado en Educación.

La Universidad de Concepción tuvo inicialmente como rector delegado al capitán de navío (R) Guillermo González, pero después a oficiales de Ejército en retiro: el coronel (R) Heinrich Rochner (1975-1980) y el mayor (R) Guillermo Clericus (1980-1986). Este, que había sido compañero de promoción del general Pinochet en la Escuela Militar, tuvo que renunciar a consecuencia de la férrea oposición de académicos y estudiantes, respaldada por importantes sectores de la ciudadanía de la capital de la VIII Región, siendo reemplazado por el vicerrector Carlos von Plessing. Rector electo entre enero y octubre de 1973 y posteriormente como designado entre 1987 y 1990.

La Universidad Austral de Valdivia tuvo tres rectores delegados pertenecientes al Ejército: el coronel (R) Gustavo Dupuis, el general (R) Pedro Palacios (1976-1980), que había sido algunos meses ministro de Minería del presidente Allende y a quien le tocara entrar al Palacio de La Moneda después del bombardeo, y el coronel (R) Jaime Ferrer (1980-1986). Ferrer, compañero de promoción de Pinochet, siguió una política marcadamente autoritaria, cerrando escuelas, expulsando a profesores y sancionando a estudiantes. Esto le ganó el rechazo de la comunidad académica, respaldado por la población de Valdivia, desencadenándose una huelga estudiantil que se prolongó varias semanas en 1986 y obligó a la intervención del ministro de Educación, Sergio Gaete, que cedió ante algunas demandas y alejó al rector delegado, reemplazándolo por un académico.

En consecuencia, hacia 1986 las distintas universidades estaban dejando de ser dirigidas por rectores delegados pertenecientes a los institutos armados, para estar encabezadas por rectores designados por la autoridad política, pero pertenecientes a la respectiva comunidad académica.

De los 27 rectores que hubo entre febrero de 1981 y agosto de 1986 en las nuevas universidades estatales surgidas de las tradicionales, es decir, universidades regionales e institutos profesionales, 10 fueron militares en retiro y 17 civiles. Entre los primeros, ocho pertenecían al Ejército, uno a la Marina y otro a la Aviación. Este no fue un campo de destinación de oficiales en servicio activo, algo comprensible porque se trataba de entidades de educación superior de limitada capacidad académica y de bajo prestigio profesional.

En este capítulo hemos analizado la participación de los militares en el régimen de Pinochet, mostrando los lugares del sistema político que ocuparon oficiales de las distintas ramas, destacando la presencia mayoritaria de los miembros del Ejército. Los uniformados ocuparon múltiples posiciones de poder, desde la Junta de Gobierno hasta los principales cargos de autoridad del Gobierno central y local, incluso en las universidades. Este alto grado de involucramiento de los uniformados en el sistema político le dio a este una sólida base de poder, le proporcionó cohesión a la élite gobernante a partir de la unidad de las instituciones castrenses, le entregó un apoyo fundamental al liderazgo de Pinochet y, por último, aportó recursos para superar las dificultades políticas producidas por la crisis económica de 1982-1983.

Sin embargo, no se puede exagerar la importancia del factor militar en la estabilidad del régimen de Pinochet. Este dispuso de una amplia y estable base social de apoyo y de personal burocrático y político para ocupar las principales posiciones de autoridad, impulsó una diversificada estrategia de legitimación y contó con el apoyo de una significativa parte de la población del país, que aceptó su legitimidad y respaldó las reformas económicas y políticas contenidas en su ambiciosa propuesta programática. Estas múltiples bases de poder serán analizadas en los capítulos siguientes.

CAPÍTULO V

LA ESTRATEGIA DE LEGITIMACIÓN

Las funciones de la legitimidad en el régimen autoritario

Para permanecer largo tiempo en el poder no bastaba apelar a la crisis de la democracia y a las circunstancias que provocaron el golpe de Estado; se requería de elementos positivos que dieran sólidos fundamentos para la instauración de un régimen autoritario. La constitución de un nuevo régimen requería abordar dos tareas básicas. En primer lugar, dar legitimidad al orden político, para que los ciudadanos lo apoyaran voluntariamente¹. En segundo lugar, establecer un orden institucional con órganos deliberativos y decisorios que permitieran el eficaz funcionamiento del Gobierno y abrieran espacios a la participación de civiles.

En este capítulo analizaremos la legitimidad, dejando para el próximo el examen de la organización del régimen político.

La legitimidad cumple tres funciones básicas². En principio, permite disminuir los recursos destinados a la coerción, promoviendo una subordinación voluntaria de los individuos a las decisiones de la autoridad. Ningún régimen autoritario desea ser obedecido solo por el miedo, y los dictadores experimentan la necesidad de sentirse queridos por los ciudadanos.

En segundo término, un orden político legítimo tiene mayores posibilidades de conseguir una mejor implementación de sus políticas. Sus decisiones son aceptadas con más facilidad por los funcionarios de la administración pública e inducen una mejor disposición a acatarlas por parte de la ciudadanía y los dirigentes de los grupos de interés, contribuyendo a una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema político.

En tercer lugar, la legitimidad ayuda al establecimiento de un orden institucional que integre los grupos que lo apoyan, convirtiéndose en un factor decisivo para dar estabilidad al régimen, puesto que evita cambios repentinos como los que se producen en regímenes personalistas.

Weber distinguió tres fuentes de la legitimidad: tradicional, legal y carismática. Históricamente, estas no se presentan en forma aislada, sino con cierta simultaneidad y mayor o menor énfasis en cada una, lo que contribuye a solidificar la legitimación de la autoridad del sistema político³. En las sociedades modernas, la legitimidad legal constituye la columna vertebral, pues proporciona una justificación racional a la autoridad según normas jurídicas, aunque recurra al empleo de ciertos recursos tradicionales.

En su análisis sobre la crisis de los regímenes democráticos, Linz amplió la diferenciación analítica de Weber sobre las fuentes de la legitimidad, destacando la importancia de la eficacia de la gestión gubernativa, expresada en la capacidad para resolver los problemas socioeconómicos de sus habitantes (Linz, 1978, 1988), lo que permite mantener la adhesión de los ciudadanos. Esta dimensión es recurrente en los autoritarismos, aspirantes a mostrar mayor capacidad de gestión que los gobiernos democráticos. Esto fue muy marcado en Chile, donde el golpe de Estado se dio en el contexto de una grave crisis económica.

Los militares recurrieron a una estrategia de legitimación múltiple para establecer un nuevo orden político. En primer lugar, se apeló a una legitimación histórica basada en una doble condena: al Gobierno de la Unidad Popular, por el intento de establecer una dictadura marxista, y al desarrollo político de Chile de las últimas décadas anteriores al golpe. El elemento común en ambos argumentos fue el rechazo al desempeño de los partidos y del Congreso Nacional. Asimismo, se tendió hacia una legitimación legal-constitucional a través del establecimiento de un andamiaje jurídico que permitiera justificar el ejercicio del poder en forma autoritaria, con una nueva Constitución Política donde quedaran establecidos los órganos decisorios y se consagrara el nuevo orden político que regiría el país una vez que los militares regresaran a sus cuarteles: la democracia protegida y autoritaria. Además, el régimen militar propició otro tipo de legitimación basado en el éxito económico, proponiendo un ambicioso programa de reformas radicales cuyo objetivo fue la superación de la grave crisis heredada del Gobierno de la Unidad Popular, lo que provocaría el despegue económico sobre nuevas bases institucionales, que establecieran una economía de mercado y una nueva relación entre el Estado y la sociedad. Estas últimas no solo permitirían erradicar la pobreza y alcanzar el desarrollo, sino que también servirían de fundamento del nuevo sistema político, donde los grupos civiles que habían apoyado a los militares serían dominantes, asegurado, además, por la tutela militar⁴. Este capítulo analiza la estrategia de legitimación del orden autoritario.

La temprana decisión de los militares: permanecer un largo tiempo en el poder

Los militares declararon en un primer momento que entregarían el poder después de un breve período, admitiendo que el objetivo del golpe de Estado era el restablecimiento de la normalidad política y la superación de la crisis económica⁵. Esto se hizo explícito en el Bando Nº 5, emitido el día del golpe, al declarar que estarían en el poder «por el solo lapso de tiempo en que las circunstancias lo permitan»⁶. Esta decisión se confirmó días más tarde, el 18 de septiembre, al constituirse legalmente la Junta de Gobierno, cuando se señaló que las Fuerzas Armadas asumían «el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas»⁷.

Sin embargo, con bastante rapidez los militares decidieron permanecer un prolongado tiempo en el poder, proponiéndose objetivos más ambiciosos⁸. Los grupos de derecha que apoyaron el golpe respaldaron la decisión. Estos, desde antes de la elección presidencial de 1970, tenían un marcado pesimismo sobre el estado de la democracia en Chile, y creían necesario introducir una modificación radical de sus fundamentos, aunque no explicitaron que ese cambio debía hacerlo un régimen militar.

Jaime Guzmán, algunos días después del golpe de Estado, sintetizó con claridad en un memorándum preparado para la Junta de Gobierno la necesidad de que los uniformados se quedaran en el poder. Planteó que si las FF.AA. se limitaban a ser un «paréntesis», es decir, ser solo un Gobierno transitorio, se allanaría el camino al establecimiento de un Gobierno de los partidos⁹. A su juicio, los militares debían «abrir una nueva etapa en la historia nacional», y ellos otorgarles una base política de respaldo a través de un «movimiento cívico» —una sutil referencia a la posibilidad de crear un partido único—, para establecer un nuevo orden político que asegurara que los cambios se mantendrían después de su retorno a los cuarteles:

O la Junta se limita a ser un paréntesis histórico en la vida nacional, restituyendo luego el poder a la lucha entre los mismos conglomerados partidistas que existían antes del 11 de septiembre, exceptuados oficialmente los marxistas, o la Junta asume la misión de abrir una nueva etapa en la historia nacional, proyectando su acción en un régimen que prolongue por largo tiempo la filosofía, el espíritu y el estilo de las Fuerzas Armadas, todo ello a través de un nuevo movimiento cívico que sea el vínculo de respaldo futuro al actual Gobierno y de expresión de la mayoría ciudadana cuando el país retorne a la democracia¹⁰.

La decisión de permanecer por tiempo indefinido en el poder fue comunicada al país en un solemne acto realizado en la sala de plenarios del edificio Diego Portales, el 11 de octubre, con la presencia de embajadores y autoridades del Poder Judicial¹¹. Inspirados en el lenguaje de sus colegas argentinos, que precisaban «objetivos y no plazos»¹², los militares chilenos hablaron de «metas» —entendidas como los objetivos políticos y económicos de larga duración— y de «plazos» —el tiempo para alcanzarlos—. El general Pinochet, único orador en el acto, lo expresó así:

Reconstruir siempre es más lento y más arduo que destruir. Por ello, sabemos que nuestra misión no tendrá la transitoriedad que desearíamos, y es así como no damos plazos ni fijamos fechas. Solo cuando el país haya alcanzado la paz social necesaria, para el verdadero progreso y desarrollo económico a que se tiene derecho, y Chile no muestre caras con reflejos de odios, será cuando nuestra misión habrá terminado¹³.

Pinochet definió una ambiciosa agenda donde planteaba importantes objetivos de carácter político, económico, social y cultural, que solo se podrían alcanzar si los militares permanecían muchos años en el poder. El principal fin del nuevo orden no se refería solo a alcanzar metas de carácter político e institucional, sino también a cambiar los valores de los chilenos, objetivos basados en planteamientos que hizo antes el ex presidente Jorge Alessandri, en el contexto de la campaña presidencial de 1970:

Afianzadas las metas anteriores (cambio profundo de la mentalidad de los chilenos), las Fuerzas Armadas y de Orden darán paso al restablecimiento de nuestra democracia, la que deberá renacer purificada de sus vicios y malos hábitos que terminaron por destruir nuestras instituciones. Una nueva Constitución Política de la República debe permitir la evolución dinámica que el mundo actual reclama, y aleje para siempre la politiquería, el sectarismo y la demagogia de la vida nacional, que ella sea la expresión suprema de la nueva institucionalidad y bajo estos moldes se proyecten los destinos de Chile¹⁴.

Pinochet insinúa el establecimiento de un orden político distinto, apoyado en el sufragio universal, pero sin el protagonismo de los partidos. La única referencia de carácter institucional que planteó fue la conveniencia de preparar una nueva Carta Fundamental, sin dar una orientación sobre su contenido. Esto último se explica porque en ese momento no había claridad en los nuevos gobernantes sobre el tipo de régimen que se establecería posteriormente, más allá de unas ideas generales negativas acerca de la democracia.

Este discurso es importante no solo porque constituye la primera vez que se señala una cierta definición del carácter del nuevo régimen, sino también porque pone de manifiesto la influencia de las ideas políticas de algunas personas pertenecientes a los grupos de derecha que habían promovido el golpe de Estado y que estaban cooperando con los militares desde el primer día, destacando entre estos el «gremialismo», el «alessandrismo» y los editorialistas de Portada. Estas ideas llegaron a Pinochet a través de la pluma de Jaime Guzmán¹⁵, redactor del discurso, lo que se refleja en el empleo de conceptos que pertenecen a estos grupos, como «los vicios y los malos hábitos», «la politiquería» y «la demagogia», que pasarán a formar parte del lenguaje del nuevo régimen.

La Junta de Gobierno formalizó su voluntad de permanecer en el poder en la Declaración de Principios, del 11 de marzo de 1974¹⁶. Este fue el primer y principal documento del nuevo régimen, en donde definió sus bases ideológicas y los contenidos programáticos. Su contenido era muy general y heterogéneo, dando cuenta de la variedad de posiciones existente entre los miembros de la Junta y los grupos civiles que la apoyaban. Los militares no serían una «mera administración» y no entregarían el poder «a los mismos políticos», sino que buscarían que las «nuevas generaciones» lo asumieran cuando las FF.AA. decidieran volver a los cuarteles:

Las Fuerzas Armadas y de Orden no fijan plazo a su gestión de Gobierno, porque la tarea de reconstruir moral, institucional y materialmente al país, requiere de una acción profunda y prolongada. En definitiva, resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos. El actual Gobierno ha sido categórico para declarar que no pretende limitarse a ser un Gobierno de mera administración, que signifique un paréntesis entre dos gobiernos partidistas similares o, en otras palabras, que no se trata de una «tregua» de reordenamiento para devolver el poder a los mismos políticos que tanta responsabilidad tuvieron, por acción u omisión, en la virtual destrucción del país. El Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden aspira a iniciar una nueva etapa en el destino nacional, abriendo el paso a nuevas generaciones de chilenos formadas en una escuela de sanos hábitos cívicos¹⁷.

Los militares no se alejarían del poder después de cumplir su misión y retornar a sus cuarteles, pues les correspondería «velar por la seguridad nacional», que se entendía en un sentido muy amplio, referida no solo a la defensa exterior del país, sino también a la misión de mantener un cuidadoso control sobre el desarrollo político interno para evitar que los cambios estructurales introducidos durante el régimen fueran después modificados por los civiles. No es fortuito que este importante documento de la Junta no aluda a la democracia, término ausente en su texto, pues no existía la voluntad de buscar la instauración de esta forma de Gobierno:

No obstante, aunque no fije plazo, la Junta de Gobierno entregará oportunamente el poder político a quienes el pueblo elija a través de un sufragio universal, libre, secreto e informado. Las Fuerzas Armadas y de Orden asumirán, entonces, el papel de participación específicamente institucional que la nueva Constitución les asigne, y que será el que debe corresponder a los encargados de velar por la seguridad nacional, en el amplio significado que dicho concepto tiene en la época actual 18.

Esta función tutelar se consagrará en la Constitución de 1980 principalmente mediante la presencia de las FF.AA. en el Consejo de Seguridad Nacional, los «senadores designados» y el pluralismo limitado de los partidos políticos (art. 8º).

La legitimidad histórica y la influencia del pensamiento conservador sobre «la decadencia» de Chile

La primera fuente de legitimación fue de tipo histórica, «hacia atrás», en la conceptualización desarrollada por Di Palma (1980), y su objetivo era justificar el establecimiento de un nuevo régimen en el contexto de la crisis política y económica existente al momento del golpe de Estado.

El eje de esta legitimación giró sobre la base de la condena al Gobierno de la Unidad Popular, presentado como una coalición marxista-leninista que se había propuesto imponer una dictadura totalitaria. Los partidos y el propio Gobierno, empezando por el presidente Allende, habrían estado empeñados en generar las condiciones para una toma violenta del poder¹⁹, preparando a miles de guerrilleros para crear una situación de guerra civil no convencional que solo podía ser superada por medio de la violencia. La legitimación histórica se propuso mantener viva esta imagen satanizada de los mil días de la Unidad Popular, despertar un sentimiento de gratitud hacia la acción de los uniformados por haber salvado al país de un golpe de Estado, como el ocurrido en Checoslovaquia a fines de los años cuarenta, y cohesionado a los civiles que apoyaron el golpe.

El contenido de la legitimación histórica se definió en torno al antimarxismo y anticomunismo, con tres finalidades. La primera fue justificar el empleo de la represión contra los opositores y disidentes, y crear un Estado policial para hacer efectiva esta lucha con eficacia, sin vacilar en los costos humanos que ello significara. La segunda consistió en mantener viva la memoria histórica de esos años para conservar la cohesión de los grupos civiles que apoyaban a los militares y evitar que desertaran a la semioposición o a la oposición²⁰. Dichos grupos no debían perder la perspectiva de lo ocurrido antes del golpe de Estado cuando constataran las duras consecuencias de las restricciones a los derechos humanos. La tercera finalidad fue quitar espacio a la oposición democrática que podría surgir de los esfuerzos de dirigentes de los partidos de izquierda y del PDC, pues solo buscaban «volver» a ese pasado.

Sin embargo, la condena a la Unidad Popular únicamente proporcionaba fundamentos de corto plazo para la legitimación histórica, pues apuntaba al fracaso de un Gobierno en particular y de los partidos de izquierda en general, algo insuficiente para justificar una dominación autoritaria que se extendería por largo tiempo. De ahí que la condena debía ir más allá de ese Gobierno; de esa forma se cuestionó el desarrollo económico y político del país durante el siglo XX, para así fundamentar un proyecto de reconstrucción radical del Estado y de la economía. Más que por el mal desempeño de un Gobierno, el golpe de Estado se había producido por el fracaso de la democracia y especialmente por el papel negativo de los partidos políticos. Este diagnóstico justificaba que la República tuviera nuevas bases, para que el régimen tuviera un carácter fundacional²¹. El único momento rescatable de la historia del país habría sido la etapa inmediatamente posterior a la independencia de la dominación española, la llamada «República autoritaria».

Esta legitimación histórica de largo plazo encontró amplio apoyo en el pensamiento político de importantes grupos de derecha que respaldaron el golpe de Estado y colaboraron con los militares desde la toma del poder. Desde mucho antes del 11 de septiembre de 1973 estos grupos habían criticado el estado de la democracia en el país, planteando incluso dudas sobre su viabilidad en el mundo contemporáneo a la luz de un cuestionamiento radical al desarrollo político de las democracias avanzadas. Hubo, pues, concordancia de intereses entre los militares, que se consideraban a sí mismos la última reserva moral del país, y los civiles que creían indispensable reconstruir las bases económicas y sociales a partir de cambios estructurales para recuperar la influencia política perdida en los años sesenta.

Estos planteamientos críticos sobre la democracia tienen su origen en las ideas expuestas en los editoriales de la revista Estanquero, aparecida a fines de los años cuarenta, retomadas en los años sesenta por los intelectuales y políticos que colaboraron en la aparición de la revista Portada. Gonzalo Vial tuvo un papel fundamental en la continuidad y desarrollo de esas ideas²². Sus páginas y especialmente sus editoriales contienen los principales temas y conceptos del ideario del régimen militar, desde la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno hasta los principales discursos de Pinochet. La crítica radical a la política y a los partidos a partir de la preeminencia asignada a la «unidad nacional»; la valoración del nacionalismo como eje central del orden institucional, con el consiguiente rechazo a ideas «extranjeras»; la promoción de un presidencialismo plebiscitario, sin estar limitado por el Congreso y los partidos, y la apelación al orden y al ejercicio de la autoridad firme, no surgieron sorpresivamente después del golpe de Estado por el conflicto político producido durante el Gobierno de la Unidad Popular, sino que habían sido desarrolladas antes en Portada.

Estanquero fue dirigida por Jorge Prat y su línea editorial idealizó la figura de Diego Portales para enfatizar la necesidad de tener un Gobierno impersonal y autoritario y criticar el estado de los partidos, de la política y del Congreso Nacional²³. Su línea editorial tuvo un concepto de democracia distinto al prevaleciente en el mundo occidental, con una clara inclinación en favor de una de tipo funcional²⁴. Fue reiterativa en su crítica al estado de los partidos, planteando reducirlos a corrientes de opinión²⁵. Por último, definió la crisis política como una crisis moral, calificativo asumido por Portada y por los nuevos gobernantes después de 1973²⁶.

Portada apareció a comienzos de 1969, es decir, en la última fase del Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), cuando comenzaba la campaña presidencial de 1970. Fue fundada por un grupo de profesores universitarios y periodistas que compartían algunas ideas generales sobre la política, religión y sociedad²⁷. Su director y fundador, el abogado y profesor de historia del derecho de la Universidad Católica Gonzalo Vial Correa, fue quien ejerció mayor influencia en la determinación del ideario político de la revista y después tuvo una importante participación en los editoriales del semanario Qué Pasa, especialmente durante los primeros años del régimen militar, y llegaría a ser ministro de Educación (1978-1979).

Vial, estrecho colaborador de Jorge Prat en Estanquero, era un crítico del estado de la democracia en Chile, sin ser promotor de la intervención de los militares en política y del establecimiento de un régimen autoritario. Su pesimismo sobre el desarrollo político del país en el siglo XX le llevó a tener una visión idealista del desarrollo político chileno en el siglo XIX, resaltando los logros de la llamada «República autoritaria» (1831-1861). Su preferencia era por un régimen político con libertades públicas restringidas, sin partidos y bajo la fuerte autoridad de un presidente. Esos fueron los componentes institucionales de esa época admirada por Vial. Después de este período, el país habría caído en una decadencia como consecuencia de la ruptura de «la unidad nacional», que se habría producido a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En esos años se rompieron los tres consensos básicos que fundamentaron la «República autoritaria». Estos fueron el «consenso doctrinario», basado en la adhesión a una visión común de la vida «enraizada en el catolicismo tradicional de origen hispano», que se habría roto con el desarrollo de las ideas de secularización de los años ochenta; el «consenso político», expresado en el presidencialismo fuerte, con poder para actuar sin la interferencia del Congreso y de los partidos, abandonado por la adopción del parlamentarismo después de 1891, y un «consenso social», sustentado en el dominio de una clase alta aristocrática, desplazada desde comienzos del siglo XX por el crecimiento de la clase media, el fortalecimiento de la clase obrera y el desarrollo del movimiento sindical²⁸.

Esta interpretación de los fundamentos políticos e institucionales del surgimiento y desarrollo del Estado en el siglo XIX corresponde a un tipo de pensamiento conservador inspirado en políticos e intelectuales españoles, críticos del Estado liberal, que promovían un sistema político de democracia funcional o corporativista, de gran influencia en el régimen autoritario del general Franco en España (1939-1975).

Portada cuestionó el estado de la política y la democracia en Chile y su crítica al Gobierno del presidente Frei fue radical²⁹. Puso en entredicho diversas políticas del Gobierno, como las reformas agraria y universitaria, la organización del campesinado y los pobladores. Rechazó lo que llamaba la «crisis de autoridad», manifestada en la proliferación de huelgas y acciones de protesta emprendidas por sindicatos y organizaciones estudiantiles, que incluyeron la toma de las universidades³⁰; en particular, por el apoyo a la reforma agraria, a comienzos de los años sesenta, llevada a cabo en los fundos pertenecientes a la diócesis de Talca, cuyo obispo era Manuel Larraín, y de la diócesis de Santiago, a cargo del cardenal Raúl Silva Henríquez³¹, la ocupación de la Catedral de Santiago y la inédita iniciativa de un alto oficial del Ejército, el general Roberto Viaux, de ocupar con algunos efectivos el Regimiento Tacna, en octubre de 1969: «¡Todos —estudiantes, profesores, clero, intelectuales, políticos— han predicado la violencia, han ensalzado la revolución, han practicado la desobediencia y gozado con el desorden! Y entonces... ¿por qué no el Ejército?»³². Esta situación había llevado al país a un estado de «anarquía»: «La verdad es que el país ha vivido un proceso acelerado de indisciplina, de desobediencia a la autoridad y a la ley»³³.

Un tema reiterado en sus editoriales fue la crítica a los partidos y al Congreso. Los primeros eran considerados despectivamente como «un anacronismo vivo»³⁴, pues «bajo su fachada decimonónica, oculta corrupciones y degeneraciones muy modernas», penetrando «como un cáncer» en todos los ámbitos³⁵. La crítica no excluía a las colectividades de derecha por su falta de consecuencia y el empleo de prácticas comunes en los partidos de centro e izquierda: «La defensa que hacen de la “libre empresa”, frecuentemente ha encubierto la protección de sus peores enemigos: los monopolios»³⁶. «Y en todos los partidos hay enquistados caciques electorales y grupos económicos de presión»³⁷. Los partidos, en definitiva, «han empequeñecido la política y han llevado la división a todos los ambientes»³⁸.

El estado lamentable de los partidos era el resultado del fracaso de los políticos, que se dejaban llevar por una demagogia irresponsable, en que prometían en las campañas electorales metas inalcanzables que eran un engaño a los ciudadanos:

Concluida la borrachera electoral, la sociedad comprueba que el candidato —cualquier candidato— ahora transformado en Gobierno, la engañó. Se ha dado así el primer paso en el desprestigio de la autoridad, al no poder esta cumplir lo que prometió para triunfar. La autoridad nace en nuestro país moralmente tachada: ha mentido. Y el fundamento de la obediencia a la autoridad es su prestigio moral 39.

La alternativa propuesta era un orden político fuertemente presidencialista, de carácter plebiscitario, que permitiera al presidente gobernar por encima de los partidos y del Congreso, disponiendo de plenos poderes:

Todos estos problemas exigen una conducción enérgica y desembarazada. El único que puede suministrarla es el presidente de la República, siempre que se le otorguen las facultades necesarias para ello⁴⁰.

El presidente debía estar por encima de las diferencias políticas, sin representar a ningún grupo social, político o económico, lo que exigía una gran autoridad moral que le permitiera cumplir una función arbitral en los conflictos de intereses: «[El presidente debe ser un] árbitro imparcial, por encima de grupos y banderías, que fue distintivo de nuestros jefes de Estado»⁴¹.

Es posible concluir que Portada tenía un concepto de la representación política distinto al de la democracia occidental, pues se criticaba enérgicamente el sufragio universal y se promovía la participación de los grupos de interés y de la familia en los órganos representativos. La representación política —según Portada— no era privativa de los partidos, puesto que debía ampliarse a cada grupo político y social. Debían tener acceso a la representación política «las organizaciones naturales o grupos intermedios, que hoy no lo tienen: la familia, los gremios y sindicatos —tanto patronales como de trabajadores—, las Fuerzas Armadas, las iglesias, los municipios y juntas de vecinos, las universidades e instituciones culturales y, por último, todos los grupos e instituciones de progreso social»⁴². En esto se recogía la idea de los procuradores pertenecientes al «tercio familiar» de las Cortes del régimen de Franco⁴³.

Esta nueva política no tenía necesidad de mirar a Europa o a los Estados Unidos para buscar una fuente de inspiración; bastaba recurrir a nuestra propia historia y en particular a las personalidades del siglo XIX, dentro de las que sobresalía Diego Portales. En una palabra, eran partidarios de un decidido nacionalismo:

Se necesita un nuevo Portales, que desplace a los modernos «pipiolos», borrachos de ideas e ignorantes del presente y del pasado de Chile⁴⁴.

El rechazo a mirar al exterior también se justificaba para criticar a los partidos de izquierda y al PDC, cuyo pensamiento estaba inspirado en el ideario del filósofo francés Jacques Maritain y que coincidía con el desarrollo de los partidos demócrata cristianos europeos⁴⁵. Portada consideraba que se debía ser «nacionalista», criticando a los partidos con ideologías «extranjeras», aunque ese nacionalismo no implicaba rechazar la inversión foránea, siempre y cuando esta no atentara contra la estabilidad política y no presentara tendencias monopólicas⁴⁶.

Cuando los militares decidieron establecer un nuevo régimen y buscaron darle legitimidad, dispusieron de un pensamiento político inspirado en las ideas corporativistas del régimen autoritario de Franco en España, recogido por los editorialistas de Portada⁴⁷. Además, este grupo de académicos y periodistas tuvo un aporte adicional a la instauración del nuevo orden político: se convirtió en un eficaz puente de comunicación entre importantes sectores de derecha —incluidos empresarios e intelectuales— y los nuevos gobernantes, atenuando el carácter rupturista del régimen militar. Esto significa que hubo elementos de continuidad entre la etapa democrática y la fase autoritaria, un rasgo estructural que se encuentra en otras experiencias de colapso del orden pluralista que es seguido por un régimen que cancela la libertad, como advirtió Lepsius (1971) en su interesante estudio del caso de Alemania en 1933.

La influencia de Portada fue muy explícita en las referencias a la necesidad de inspirarse en la «República autoritaria» y en la idealización de la figura de Portales, como expuso en su primer discurso el general Pinochet, el 11 de octubre de 1973:

Todo ello [las tareas] requiere esfuerzos y sacrificios que estamos dispuestos a asumir, confiando en el éxito final de la misión que nos hemos propuesto, inspirados en el espíritu portaliano que alumbra hoy este día, en el cual el pueblo todo se ha fundido en anhelos de paz y progreso⁴⁸.

Portales es recordado nuevamente por Pinochet al lanzar su iniciativa de institucionalización del régimen en 1977. En el mensaje presidencial del 11 de septiembre de ese año, hizo una resuelta reivindicación de la «República autoritaria» y de su figura, fundamentando el concepto de «democracia autoritaria»:

Cuando hablamos de régimen aludimos desde luego a un concepto de profunda raigambre en nuestra tradición nacional, expresado a través del régimen portaliano, que la historia conoce como la República autoritaria. De ese origen brota el actual concepto de una democracia autoritaria, que es exactamente lo contrario de una tiranía arbitraria. La autoridad es la fuerza jurídica y moral para hacer imperar la ley en forma objetiva e impersonal... El autoritarismo no se opone por consiguiente a la democracia, más bien la complementa...⁴⁹.

La formulación más articulada de la legitimación histórica la hizo el general Pinochet en una «clase magistral» con motivo de la inauguración del año académico de la Universidad de Chile, el 6 de abril de 1979. En un extenso escrito, preparado por Jaime Guzmán, Pinochet desarrolló con mayor precisión los conceptos antes insinuados sobre la República autoritaria y el papel de Portales, exponiendo también las causas que llevaron al fin de esa etapa de la historia de Chile. En esa época hubo «un Gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres fueran modelos de prudencia, dignidad y firmeza, reprimiendo inflexiblemente los abusos y el desorden»⁵⁰. Esta etapa de la historia de Chile se apoyó principalmente en un presidente fuerte:

La existencia de un presidente de la República según la concepción portaliana (1831-1891) coincide con el período más brillante de la historia de Chile. Hay estabilidad y progreso en lo económico; avances notables en lo cultural y en lo educacional; se ganan dos guerras exteriores dificilísimas; se pacifica la Araucanía y se la coloniza; se adquiere y explota el salitre; en todo el país reina el orden y la paz social 51.

Este desarrollo político fue interrumpido por la llamada República parlamentaria (1891-1924). En estos años comienza —según Pinochet— la decadencia política por la acción de los grupos de presión y de las nuevas oligarquías, que se opusieron al poder presidencial, siendo la «etapa más estéril de nuestra historia»⁵². En su interpretación del desarrollo posterior a 1925, Pinochet concentró sus ataques en los partidos, los grandes responsables de los males del país, sin excepciones, aunque atribuyendo mayor responsabilidad a las colectividades «populares». Estos dieron origen a «nuevas oligarquías que empezaron a disputar y a repartirse el poder con el antiguo estamento dominante»⁵³. Para conquistar los votos, estos partidos habrían recurrido a la «demagogia», la que estimuló aspiraciones inalcanzables que llevaron a los gobernantes a ofrecer «paraísos imposibles»⁵⁴. Esta decadencia culminó en 1970 con el «advenimiento de un sistema estatista fuertemente centralizado y burocrático, que llegaba al poder por la vía electoral con respaldo minoritario»⁵⁵. La crisis de 1973 puso de manifiesto el agotamiento definitivo de un sistema político y social que no aceptaba cambios parciales o meramente coyunturales, sino que exigía una profunda modificación⁵⁶:

La Constitución de 1925 representó un serio esfuerzo por retornar al presidencialismo tradicional, pero fracasó por no haber reglamentado de manera eficaz la acción de los partidos políticos. Estos hipertrofiaron su poder en forma desmesurada, llegando a sobreponerse al presidente y al propio Congreso, ya que ni la Constitución ni las leyes definieron cuáles eran los límites de esos grupos. Tampoco se reglamentó [su] disciplina interna, de manera que cada vez que alcanzaban el poder, brindaron un espectáculo de inestabilidad, frivolidad y pequeñez, peor que el que, en los mismos aspectos, había dado hasta 1925 el parlamentarismo... Por último, no se reglamentó el financiamiento de los partidos políticos, con lo cual se abrieron las puertas a las más oscuras corrupciones⁵⁷.

La legitimidad histórica —por ende— se estructuró a partir de las ideas desarrolladas en Portada. Pero esta legitimación constituía solo una parte; también era necesario recurrir a otra de orden político mediante una estrategia legal-constitucional y a través de la eficacia del Gobierno en su política económica.

La legitimidad legal-constitucional

La segunda fuente de legitimación fue legal-constitucional y comenzó desde el primer día. La larga y fuerte tradición legal de Chile, desde la independencia de España, constituía una referencia obligada de los nuevos gobernantes, pues se sustentaba en la construcción de un Estado de derecho sólidamente fundamentado en un orden jurídico, motivo de orgullo. Los juristas fueron quienes impulsaron el desarrollo de la democracia en los siglos XIX y XX. La tradición se debía recoger con nuevos bríos, especialmente porque había sido dramáticamente tensionada durante el Gobierno de la Unidad Popular⁵⁸. De ahí que una de las primeras definiciones de los nuevos gobernantes fue la de restablecer el Estado de derecho.

Esta legitimación se expresó en diversas iniciativas. El primer recurso fue hacer uso de los estados de excepción contenidos en la Constitución de 1925, que permitían, aplicando los conceptos de Rossiter (1963), instaurar una dictadura legal. La fórmula empleada fue la declaración del estado de sitio en tiempo de guerra, que proporcionaba amplios poderes a la Junta de Gobierno y subordinaba el Poder Judicial a las decisiones del poder político.

El país vivió durante cinco años en estado de sitio. Cuando terminó, en abril de 1978, fue reemplazado por un estado de emergencia, en un cambio más bien semántico, pues se mantuvieron las principales medidas del primero. El estado de sitio fue aplicado nuevamente algunos años después: en 1982 en la zona norte del país, a fines de 1984, en 1985 y en 1986 durante varios meses, oportunidades que coinciden con situaciones que afectaban la estabilidad del régimen. El uso del estado de excepción solo se abandonó en agosto de 1988, cuando el general Pinochet fue designado candidato al plebiscito, con el fin de establecer un clima de competencia electoral favorable a su triunfo.

En los largos años vividos bajo estado de sitio, el régimen nunca enfrentó problemas que lo justificaran y fueran una situación de «crisis», condición fundamental para su uso. Son medidas esencialmente transitorias y, como planteó Rossiter (1963: 298), su finalidad no es implantar un régimen autoritario, sino facilitar el funcionamiento de la democracia: «La decisión de establecer una dictadura constitucional nunca debe estar en las manos de un hombre u hombres que se convertirá en dictador».

El segundo recurso de la legitimación legal se basó en conseguir el respaldo de la Corte Suprema, de la mayor importancia para el empleo de la coerción, pues aseguraba pasividad frente a los atropellos a los derechos humanos cometidos por los servicios de seguridad, destacamentos militares o Carabineros. Este apoyo fue logrado con relativa facilidad por la disposición favorable de sus ministros hacia los militares debido a la traumática experiencia que tuvieron con el Gobierno de la Unidad Popular. El máximo tribunal había mirado con recelo a la administración izquierdista, donde había miembros que denunciaron la existencia de una «justicia de clase». Esta disposición adversa fue activada aún más por decisiones del Gobierno de Allende que afectaban el funcionamiento de los tribunales y ponían en riesgo la efectividad del Estado de derecho. Esto ocurrió cuando el Gobierno decidió no conceder el uso de la fuerza pública para el cumplimiento de las sentencias de los tribunales que ordenaban el desalojo de ocupantes ilegales de viviendas, empresas o predios agrícolas, cuyos propietarios habían reclamado su restitución⁵⁹. El Gobierno argumentaba que para autorizarlo había que hacer previamente un cuidadoso análisis de sus consecuencias, porque se podría producir un incidente que «atente precisamente contra la paz social y el orden público. De ahí que estas autoridades administrativas y políticas se vean con frecuencia constreñidas a formular juicios de mérito u oportunidad para la prestación de la fuerza pública»⁶⁰. Esta interpretación era insostenible en una democracia con separación de poderes, porque significaba subordinar las decisiones de los tribunales de justicia a las consideraciones políticas del Poder Ejecutivo⁶¹.

Algunos meses antes del golpe de Estado, la Corte Suprema había llegado al convencimiento de que no existía la independencia de poderes establecida por la Constitución y consideraba necesario corregir esta situación. Hubo comunicaciones muy críticas en ese sentido entre la Corte Suprema y el ministro de Justicia y entre aquella y el presidente Allende, lo que creó un delicado conflicto de competencia entre ambos poderes del Estado. En una respuesta a un oficio de la Corte Suprema, el presidente Allende reprochaba en términos ásperos el desempeño de los tribunales de justicia, concluyendo que había «falta de celo para el castigo de los sediciosos; susceptibilidad extrema, para llamarlo de algún modo, respecto de la autoridad empeñada en la defensa del orden público y de la seguridad del país»⁶². El tribunal superior rechazó las acusaciones en forma categórica, señalando que «ninguna disquisición sociológica, o sutileza jurídica o estratagema demagógica, o maliciosa cita de regímenes políticos pretéritos son capaces de derogar los preceptos legales copiados, que se copiaron para que V.E. lea con sus propios ojos y aprecie por sí mismo su claridad y precisión tales que no admiten interpretaciones elusivas»⁶³.

La Junta de Gobierno hizo una solemne declaración de reconocimiento de la autonomía del Poder Judicial. El texto, sin embargo, era ambiguo, puesto que aclaró que lo anterior se entendía en el nuevo orden legal vigente, es decir, en el marco de las restricciones impuestas por el estado de sitio. En consecuencia, el margen de libertad de los tribunales era limitado. Para reafirmar el reconocimiento a la autonomía del Poder Judicial, la Junta hizo una visita protocolar a la Corte Suprema, cuyo presidente, Enrique Urrutia Manzano, les dio una explícita adhesión política.

El tercer y más importante recurso de la legitimación legal fue la preparación de una nueva Constitución Política. No se planteó una reforma de la Constitución de 1925, lo que habría sido el camino más simple y rápido, sino que se optó por redactar un nuevo texto, con fundamentos doctrinarios y políticos distintos, permitiendo a los militares presentarse como los creadores de una nueva Carta Fundamental, que sería uno de sus principales legados a la historia de Chile⁶⁴.

La preparación de una nueva Constitución

El 24 de septiembre de 1973, a proposición del ministro de Justicia, Gonzalo Prieto Gándara⁶⁵, se constituyó una comisión de juristas a la que se le encomendó redactar un anteproyecto constitucional⁶⁶. Sus miembros fueron políticos y catedráticos de derecho constitucional: Enrique Ortúzar Escobar, ex ministro de Justicia de Jorge Alessandri; Sergio Diez U., ex senador del Partido Nacional⁶⁷; Jaime Guzmán Errázuriz, dirigente «gremialista», profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica, y Jorge Ovalle Quiroz, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Chile y ex miembro del Partido Radical⁶⁸. Ellos eligieron como presidente de la comisión a Ortúzar⁶⁹. Salvo Ovalle, todos habían tenido participación política y estaban identificados con el «alessandrismo».

El sesgo ideológico de la comisión fue matizado algunas semanas más tarde con la designación de los profesores de derecho constitucional Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Evans de la Cuadra, del PDC⁷⁰. A ellos se añadió el ex diputado del Partido Liberal Gustavo Lorca⁷¹. A finales de año se nombró a la abogada Alicia Romo, siguiendo un criterio funcional de dar representación a las mujeres⁷². La gran mayoría derechista era resultado de la orientación política de los nuevos gobernantes.

El decreto planteaba la aspiración de realizar un profundo cambio institucional, al indicar que se requería una nueva Constitución, «considerando la necesidad de reconstituir, renovar y perfeccionar la institucionalidad fundamental de la República para la cabal consecución de los postulados enunciados en el acta de constitución de la Junta»⁷³. La comisión debía estudiar y redactar el anteproyecto de una nueva Constitución Política y sus leyes complementarias, que sería propuesto a la Junta de Gobierno, que se había atribuido el poder constituyente.

El trabajo de la comisión fue lento, pues la Junta de Gobierno no definió los criterios fundamentales que debían orientar su labor. Los uniformados, además, no tenían interés en que esta terminara pronto su trabajo, porque habría significado su inmediata aplicación y, con ello, su vuelta a los cuarteles.

La comisión trabajó en sesiones regulares y se apoyó inicialmente en el esfuerzo de un amplio número de profesionales opositores al Gobierno de la Unidad Popular, que integraron subcomisiones⁷⁴. Se concordaron con bastante rapidez las definiciones básicas de la nueva Constitución⁷⁵. Enseguida, se abocó a la redacción del articulado sobre las «Bases de la institucionalidad», documento aprobado en junio de 1974 y de contenido muy general. Después trabajó en el capítulo sobre «Nacionalidad y ciudadanía», aprobado en octubre de 1974, y en el de «Derechos y deberes constitucionales», estudio que se extendió largo tiempo, sin llegar a término debido a que en el ínterin se le asignaron otras tareas.

Para hacer uso de la legitimidad legal en su gestión de Gobierno, los militares necesitaron reformar la Constitución de 1925, aún vigente. Para este fin encargó a la Comisión de Estudios la preparación de las correspondientes modificaciones, con lo que se interrumpió el plan de trabajo original para el cual fue creada. Esto ocurrió en abril de 1974, cuando la comisión recibió instrucciones de preparar un proyecto para modificar la Constitución de 1925 que posibilitara la reforma administrativa, considerada prioritaria por el Ejército. Esta iniciativa fue calificada como el más importante cambio en la historia del país, pues terminaría con el Estado unitario y centralista establecido desde la dominación española y permitiría el establecimiento de un régimen político moderno.

Las actas constitucionales

Los militares no mantuvieron su decisión inicial de promulgar una nueva Constitución, sino que en 1975 optaron por un camino distinto: establecer separadamente actas constitucionales que fueran conformando los capítulos de la nueva Carta Fundamental. Veremos más adelante que este camino fue modificado nuevamente dos años después, con el plan de Chacarillas, en que se volvió a la idea original de centrar la legitimidad legal en la dictación de una Constitución.

Este cambio se debió a varios factores, entre los que destaca la necesidad de mostrar avances en la construcción constitucional, sin esperar la redacción del texto completo de la nueva Carta. También influyó lo que constituía el nudo gordiano del régimen, expresado en la imposibilidad de avanzar en la definición del orden institucional, por el desacuerdo en sus elementos básicos. Los asesores de la Junta admiraban el régimen de Franco, algo que no compartían los constitucionalistas de la Comisión de Estudios, salvo Jaime Guzmán. De ahí que los primeros no se atrevieron a proponer la adopción de instituciones corporativas. Sí estuvo presente la idea franquista de tener una Constitución formada por diferentes documentos —leyes fundamentales— y también se hizo manifiesta la influencia de los militares uruguayos y de su presidente Juan María Bordaberry, muy apreciado por los nuevos gobernantes chilenos⁷⁶.

Otro factor que influyó en la promulgación de las actas constitucionales fue una consideración política: el establecimiento de una institución que permitiera la participación de los civiles, hasta ese momento limitada a algunos ministerios. Existía cierto malestar en los grupos que apoyaban el régimen, manifiesta especialmente a través del semanario Qué Pasa, que planteaba la conveniencia de establecer una «nueva institucionalidad» con mayor participación de los civiles. Eso explica que la primera acta se refiriera a la creación del «Consejo de Estado», que otorgaría a los civiles facultades para participar en la toma de decisiones⁷⁷.

En el mensaje presidencial del 11 de septiembre de 1975, Pinochet anunció la «nueva institucionalidad». El Acta Constitucional Nº 1 crearía un «Consejo de Estado», cuya función sería asesorar a la Junta de Gobierno. El Acta Nº 2 sentaba las «Bases esenciales de la institucionalidad chilena»⁷⁸; la Nº 3 se dedicaba a «Los derechos y deberes constitucionales»⁷⁹, y la Nº 4 hacía referencia a los «Regímenes de emergencia»⁸⁰.

No fue la única alteración en el trabajo de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. La cancelación de los partidos políticos, decretada por el Gobierno en marzo de 1977, cuyo objetivo era el desmantelamiento del PDC, provocó la renuncia de los dos integrantes de este partido, Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Evans. Algunas semanas después el Gobierno expulsó a Jorge Ovalle, con lo que la comisión quedó formada solo por partidarios del régimen⁸¹. En reemplazo de estos fueron designadas tres personalidades que apoyaban a los militares: los profesores de derecho constitucional Luz Bulnes y Raúl Bertelsen y el ex ministro de Defensa, ex parlamentario del PDC y miembro del Consejo de Estado Juan de Dios Carmona, que había renunciado a dicha colectividad⁸².

El avance del trabajo de la comisión estaba condicionado a la existencia de un acuerdo en la Junta de Gobierno sobre el nuevo orden institucional⁸³. Recién en 1977 se definió el perfil general del régimen político que se quería establecer, decisión lograda por la confluencia de diversos factores, nacionales e internacionales. En primer lugar, se apreciaba un agotamiento de la fórmula política asumida —un régimen militar tradicional—, sin iniciativa política, lo que implicaba una crítica al desempeño del ministro del Interior, el general César Raúl Benavides. En segundo término, había malestar entre los civiles por la ausencia de canales de participación, algo sin fundamento después de varios años de Gobierno. En tercer lugar, existía la incertidumbre sobre el futuro debido al aislamiento internacional, agravado por la decidida posición del Gobierno de Estados Unidos de aclarar la participación de la DINA en el atentado contra Orlando Letelier en Washington D.C. Por último, existía una delicada situación con Argentina por el conflicto limítrofe sobre las islas del canal Beagle.

Pinochet expuso este planteamiento institucional en su discurso con ocasión del Día de la Juventud, en Chacarillas, el 9 de julio de 1977⁸⁴. Por primera vez reconoció con claridad que no se volvería a la democracia que hubo antes en Chile. Se establecería un régimen distinto —la democracia protegida y autoritaria—, más bien cercano a un régimen de Gobierno de orientación corporativista:

Nuestro deber es dar forma a una nueva democracia que sea autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social, características que se comprenden mejor cuando el individuo se despoja de su egolatría, ambición y egoísmo⁸⁵.

Es autoritaria porque establece una «autoridad fuerte y vigorosa para defender a los ciudadanos de la demagogia y la violencia». Es protegida porque se busca reemplazar «el Estado liberal clásico, ingenuo e inerme, por uno nuevo que esté comprometido con la libertad y la dignidad del hombre y con los valores esenciales de la chilenidad». Se busca romper la tradición de la democracia tradicional a través de otra, «tecnificada», que permitiría mayor espacio de participación de los técnicos y reducir el protagonismo de los políticos. Se considera indispensable integrar «la voz de los que saben al estudio de las decisiones. Solo ello permitirá colocar la discusión en el grado y nivel adecuados, reducir el margen del debate ideológico a sus justas proporciones, aprovechar el aporte de los más capaces y dar estabilidad al sistema»⁸⁶.

El discurso de Chacarillas fue muy importante al fijar un plazo al régimen militar y estableció un itinerario para avanzar hacia el establecimiento de un orden institucional. Este plazo era lo suficientemente largo como para permitir que en esos años se crearan las condiciones que posibilitaran la continuidad en el poder de los grupos civiles que apoyaban al régimen. El regreso de los militares a los cuarteles no sería completo, pues conservarían un poder tutelar en el sistema político.

El proceso de institucionalización se definió en tres etapas: «la de recuperación, la de transición y la de normalidad», que culminarían hacia 1985. En la primera, la que vivía el país en esos momentos, el poder político recaía exclusivamente en las FF.AA., «con colaboración de la civilidad». Se completarían las actas constitucionales, dictando algunas leyes importantes, en seguridad, trabajo, previsión y educación, y así «quedará definitivamente derogada la Constitución de 1925, que en sustancia ya murió pero que jurídicamente permanece vigente en algunas pequeñas partes, lo que no resulta aconsejable».

Esta etapa debía estar terminada el 31 de diciembre de 1980, dando comienzo al período de transición, «coincidiendo su inicio con la plena vigencia de todas las instituciones jurídicas que las actas contemplan»⁸⁷. Pinochet siguió apegado a la idea de dictar una Constitución a través de actas constitucionales, añadiendo que en la etapa de normalidad se establecería una definitiva, después de un tiempo de vigencia de las actas, para extraer experiencias que enriquecieran el texto de la Carta Fundamental.

Durante el período de transición habría una «Cámara Legislativa», cuyos miembros no serían elegidos, sino designados. Un tercio de ellos lo constituirían «personalidades de alto relieve nacional, que la integrarán por derecho propio o por designación presidencial; los otros dos tercios serán representantes de regiones o agrupaciones de regiones, en una cantidad proporcional al número de sus habitantes», y serían designados por la Junta de Gobierno. El Poder Ejecutivo continuaría radicado en el presidente de la República, el poder constituyente en la Junta de Gobierno, aunque con una importante limitación porque «se ejercerá normalmente con previa consulta al Consejo de Estado», y el Poder Legislativo quedaría entregado a dos «colegisladores»: el presidente de la República y una «Cámara Legislativa».

Esta Cámara se instalaría «durante» 1980 y su primer período abarcaría entre cuatro y cinco años, al término de los cuales los representantes regionales serían elegidos por sufragio «popular directo». Sin embargo, no se restablecerían los partidos políticos, pues estos solo serían «corrientes de opinión», tomando conceptos usados por el régimen de Franco. Los partidos podían participar en las elecciones, pero el sistema electoral les impediría ser el principal canal para elegir a los candidatos, estableciendo las condiciones necesarias para favorecer «la selección de los más capaces y que eviten que los partidos políticos vuelvan a convertirse en maquinarias monopólicas de la participación ciudadana»⁸⁸. Esta «Cámara Legislativa» tendría la facultad de «designar al ciudadano que desempeñará el cargo de presidente de la República por un período de seis años», después que el cuerpo legislativo concluyera sus actividades en 1985, pero sin mencionar si sería ratificado por la ciudadanía.

Esto quiere decir que en 1985 debía estar establecida la democracia protegida y autoritaria, comenzando la etapa de «normalidad o consolidación». En esta, el poder político sería ejercido por los civiles, pero los militares mantendrían un poder tutelar, reservándose constitucionalmente «el papel de contribuir a cautelar las bases esenciales de la institucionalidad y la seguridad nacional, en sus amplias y decisivas proyecciones modernas».

Cuatro meses después, Pinochet desarrolló las ideas de su discurso de Chacarillas en un oficio que dirigió a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución para que elaborara la agenda de su trabajo de redacción del nuevo texto constitucional⁸⁹. Sus principales planteamientos fueron los siguientes:

1) Las FF.AA. no volverían a sus cuarteles después que terminara su participación en el Gobierno, sino que mantendrían presencia en el sistema político como un poder superior. Esto se expresaba en el establecimiento de un «Poder de Seguridad» que entregaba a las instituciones castrenses un papel de contribución para «garantizar la supervivencia del Estado, los principios básicos de la institucionalidad y los grandes y permanentes objetivos de la nación»⁹⁰.

2) No habría un pluralismo amplio, como ocurre en las democracias, sino limitado, y se haría «una proscripción legal de la difusión y acción de las doctrinas, grupos y personas de inspiración totalitaria»⁹¹. Esto significa que no se permitiría la existencia del Partido Comunista, aunque el texto era lo suficientemente vago como para abarcar a otras colectividades de izquierda.

3) El nuevo orden político no se basaba en la separación de poderes, como ocurre en una democracia que busca evitar los excesos a través del control recíproco, sino que se establecía un presidencialismo sobredimensionado, que subordinaba el Legislativo y el Judicial a la autoridad del Ejecutivo. El presidente tenía no solo las funciones ejecutivas, sino que también se reservaba un importante papel como colegislador, dotado de una «autoridad fuerte para hacer imperar la ley y el orden»⁹², asumiendo un papel de protector de la Constitución, en la terminología de Schmitt (1931). Era una Constitución hecha a la medida de Pinochet, pues él sería precisamente ese presidente.

4) Como consecuencia de lo anterior, se cambió radicalmente el carácter del Congreso Nacional, el que no se constituiría únicamente a partir del sufragio universal, sino que tendría una «composición mixta». Junto a los legisladores elegidos por sufragio universal, habría «una cuota que lo sean por derecho propio o por designación presidencial»⁹³, lo que daría origen a los «senadores designados». Los cargos públicos debían tener «requisitos básicos de idoneidad», lo que quería decir que la influencia de los partidos en la designación o elección de los parlamentarios era secundaria; lo fundamental serían los antecedentes personales del legislador y no la legitimidad del voto universal.

5) Los partidos no poseían las funciones que les corresponden en democracia, pues son descritos en forma negativa como «conductos monopólicos de la participación ciudadana y [...] gigantescas maquinarias de poder que subordinan a los legisladores a “órdenes de partido” impartidas por pequeñas oligarquías que dirigen los partidos sin título ni responsabilidad real alguna, y que disponen de cuantiosos fondos de origen desconocido»⁹⁴. El oficio concibe una representación política sin partidos, siguiendo en esto las ideas de Portada y del corporativismo franquista⁹⁵. Esto se confirma con la propuesta en el sentido de que los sistemas electorales deben buscar el establecimiento de organizaciones entendidas como «corrientes de opinión», formadas por grupos selectos de ciudadanos que valen por la «calidad de sus miembros y la seriedad de sus planteamientos doctrinarios y prácticos»⁹⁶.

La propuesta de los senadores institucionales o «designados» no era nueva, pues había sido planteada anteriormente por el presidente Jorge Alessandri en su proyecto de reforma constitucional, que presentó semanas antes de la elección presidencial de 1964. En esta iniciativa se establecía que el Senado tendría una composición mixta: estaría integrado no solo por los senadores elegidos por sufragio universal en las circunscripciones existentes —un total de 45—, sino también por un amplio número de miembros no elegidos —17—, que llegarían a la Cámara Alta por dos caminos. Unos lo harían por derecho propio, por su carácter de ex presidentes, y otros serían «designados» por ciertos organismos, como la Corte Suprema, el Consejo de Rectores, el presidente de la República y el propio Senado. Estos senadores representarían a distintos grupos de interés: empresariales y sindicales, a las universidades y a la Corte Suprema⁹⁷. Con esta propuesta, Alessandri buscaba relativizar la influencia del sufragio universal, al disminuir el peso de los senadores elegidos y, así, minimizar el rol de los partidos y de las elecciones. Pinochet añadiría a los representantes de las FF.AA., no incluidos en la iniciativa de Alessandri.

En síntesis, no se buscaba el restablecimiento de la democracia que tuvo Chile hasta 1973 o una democracia renovada de los defectos que provocaron su caída; se quería establecer un orden político distinto, una democracia limitada, sin base en la soberanía popular ni respeto del principio de la separación de poderes y con una tutela militar sobre la autoridad política.

Esta definición institucional simplificó considerablemente la redacción del proyecto de Constitución. En efecto, en menos de un año la comisión pudo entregar el Anteproyecto de Constitución a Pinochet, el 30 de octubre de 1978, en contraste con el escaso avance de los cuatro años anteriores⁹⁸.

El debate constitucional en el Consejo de Estado

En el Consejo de Estado se desarrolló parte de la discusión sobre la transición y el nuevo régimen político, instancia donde se reflejó la heterogeneidad de posiciones de los grupos que apoyaban al Gobierno. Alessandri, que había aceptado integrar ese organismo para influir en la redacción de la nueva Carta Fundamental⁹⁹, se tomó muy en serio su nuevo cargo, pues consideró que era la oportunidad de concretar definitivamente sus ideas constitucionales¹⁰⁰.

El anteproyecto elaborado por la Comisión Ortúzar fue discutido por el Consejo de Estado en 57 sesiones plenarias durante veinte meses, y entregado a Pinochet el 8 de julio de 1980. Para los efectos de nuestro estudio interesa examinar tres temas debatidos en esas sesiones: el sufragio universal, las facultades del presidente frente a los militares y el período de transición.

El ex senador del Partido Liberal Pedro Ibáñez tuvo una posición contraria al sufragio universal. Consideraba que la generación del poder público «debiera ser el fruto de un sistema que opere de arriba hacia abajo y no en forma contraria»; los alcaldes y los intendentes tendrían que ser designados por el presidente de la República; las «Cámaras Legislativas» serían elegidas: la de diputados por medio de «votación popular» en distritos uninominales correspondientes a cada provincia, y la de senadores —serían representantes de las regiones— a través de «los colegios regionales»¹⁰¹. En cuanto a la elección de presidente, se oponía a que fuera elegido por «votación popular»¹⁰². Añadió que su propuesta pretendía «dificultar hasta donde sea posible las formaciones partidistas, diversificando las fuentes o colegios para la designación o elección»¹⁰³.

El profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, el economista Carlos Cáceres, que sería ministro de Hacienda (1983-1984) y de Interior después del plebiscito de 1988, apoyó la argumentación de Ibáñez. Planteó que la crisis de 1973 se debió a que la democracia se entendió como un «fin en sí mismo y no como un medio para hacer un buen Gobierno», por lo que «todo se somete a votación» y la mayoría determina qué es bueno para el país, sin permitir que existan principios que dirijan la acción pública»¹⁰⁴. La consecuencia de esto fue que los candidatos recurrían a la demagogia, lo que finalmente los conduciría a «ofrecer utopías, ilusiones»¹⁰⁵.

Ibáñez y Cáceres no estuvieron solos en su oposición al sufragio¹⁰⁶, siendo respaldados por Alessandri. Sin embargo, este optó por apoyar la permanencia del voto universal, pues consideraba inviable su eliminación por la ausencia de una alternativa mejor¹⁰⁷.

El ex presidente Gabriel González Videla (1946-1952) criticó en duros términos las propuestas de Ibáñez y Cáceres, calificándolas de «ideas totalitarias y fascistas, que serán explotadas no solo en Chile sino en todo el mundo. Propiciarlas llevaría a un desastre político»¹⁰⁸. Ibáñez y Cáceres redactaron un voto de minoría al informe del Consejo de Estado en el que fundamentaron esta posición crítica al sufragio universal y a los partidos, siendo definitivamente rechazado en dicha instancia por quince votos contra dos.

El segundo asunto que provocó un amplio debate en el Consejo de Estado fueron las facultades del presidente en relación a los militares, entre las que figuraban el nombramiento y la remoción de los altos mandos de las instituciones armadas. Alessandri era partidario de que el presidente mantuviera las atribuciones de la Constitución de 1925, que le permitía nombrar, con acuerdo del Senado, a los altos oficiales de las FF.AA. y designar a los comandantes en jefe de las tres ramas de la defensa nacional. Esta propuesta se oponía a lo establecido en el Anteproyecto Ortúzar, que estipulaba la inamovilidad de los comandantes en jefe, limitando la facultad del presidente a la ratificación de las decisiones de cada institución castrense¹⁰⁹.

La posición de Alessandri fue respaldada por los ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que eran miembros del Consejo de Estado, los que se explayaron ampliamente sobre esta facultad presidencial¹¹⁰. El general (R) Óscar Izurieta, que había sido comandante en jefe del Ejército durante los seis años del Gobierno de Alessandri, dio una opinión muy favorable a la designación de los altos oficiales establecida en la Constitución de 1925, señalando que «personalmente siempre [me] agradó que se exigiera el acuerdo del Senado, porque hacía más estricto llegar a los grados altos y otorgaba cierto realce al nombramiento que contaba con la voluntad de dos poderes del Estado»¹¹¹.

El tercer tema de importancia fue la etapa de transición para la puesta en marcha de la Carta Fundamental y, de paso, poner fin al régimen militar. Esta materia fue propuesta por Alessandri, quien la consideraba indispensable, pues estimaba se debía fijar a los militares un plazo para regresar a los cuarteles. Este tema no fue considerado en el Anteproyecto de la Comisión de Estudios.

Ibáñez no fue partidario de avanzar a un Gobierno democrático, aun cuando este tuviera los adjetivos del discurso de Chacarillas. En su voto de minoría propuso que se continuara con el régimen militar, argumentando que bastaba «legalizar el régimen de Gobierno existente, que no es arbitrario, pues responde a una realidad muy profunda y a una necesidad muy sentida por el país»¹¹². Rechazaba también la idea de volver a la Constitución de 1925, por considerar que era un «anacronismo»¹¹³. En su opinión, la principal tarea en ese instante era «buscar fórmulas para acercarse a gobiernos del tipo de los decenios del siglo XIX, con una “vestimenta” medianamente aceptable»¹¹⁴. Consideraba absurdo aprobar la Constitución con un período de transición que, en la práctica, significaba «mantenerla guardada seis u ocho años bajo el supuesto de que no es el momento oportuno para que entre en vigencia»¹¹⁵.

El período de transición establecido por el Consejo de Estado seguía las ideas de Alessandri. Señalaba que el país no estaba en condiciones de «restablecer de inmediato el régimen de sufragio universal»¹¹⁶, por lo que fijaba un período de transición de cinco años a partir del plebiscito que aprobaría la Constitución. En ese lapso, Pinochet continuaría como presidente y la Junta entregaría el Poder Legislativo a un Congreso bicameral, cuyos miembros serían designados. Los diputados serían nombrados por la Junta de Gobierno, y los senadores por el presidente. Los miembros de la Junta se convertirían en senadores vitalicios, así como también los ex presidentes de la República. En este Congreso se daría una «adecuada e idónea representación a las diversas corrientes democráticas de opinión existentes en el país»¹¹⁷. Esto implicaba que la Junta de Gobierno debía renunciar a abdicar de su principal competencia, limitándose a ser un órgano asesor del presidente de la República en los temas de la defensa nacional y en los que este le solicitara por su consejo.

Hacia una Constitución para el general Pinochet

El informe del Consejo de Estado no agradó al general Pinochet, principalmente por el establecimiento de un período de transición que le ponía un plazo de permanencia en el cargo y por las facultades del presidente sobre los militares, menores a las definidas en el Anteproyecto Ortúzar. Tampoco fue del agrado de la Junta de Gobierno, que debía terminar sus funciones como Poder Legislativo¹¹⁸. Estas diferencias provocaron un conflicto entre Pinochet y el ex jefe de Estado, ya que aquel no respetó las condiciones que habría planteado Alessandri para asumir la presidencia del Consejo de Estado: el informe sobre el Anteproyecto Constitucional no fue publicado en la prensa y él no pudo defender sus propuestas ante la Junta¹¹⁹. Pocos días después entregó su renuncia a la presidencia del organismo¹²⁰. Alessandri quedó muy resentido con Pinochet, pero no dio a conocer su malestar. Solo se permitió expresar públicamente su crítica a la política económica en abril de 1982, es decir, en plena crisis, con ocasión de la junta de accionistas de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, de la que era presidente. Alessandri volcó su ira contra el ministro de Hacienda, Sergio de Castro, pero no contra Pinochet¹²¹.

Las diferencias entre el Anteproyecto de la Comisión Ortúzar (Anteproyecto I) y el Anteproyecto del Consejo de Estado (Anteproyecto II) no eran profundas, con la excepción del régimen de las FF.AA. Existían ciertos matices respecto al número de miembros de la Cámara de Diputados (rebajados de 150 a 120 por el Anteproyecto II), la reducción de ocho a seis años del período presidencial, la composición del Senado por la presencia de los senadores designados (rebajados de doce a nueve en el Anteproyecto II)¹²². Las diferencias de fondo eran en el tema de las FF.AA¹²³. El Anteproyecto II establecía que los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales se efectuarían por decreto supremo, sin mencionar lo propuesto en esta materia por los comandantes en jefe. No conservaba la disposición del Anteproyecto I que establecía la inamovilidad de estos, así como tampoco el tiempo de duración de los mismos. El Anteproyecto II entregaba al presidente la facultad de nombrarlos y removerlos.

La Constitución de 1980 fue finalmente redactada por un equipo de juristas que retomó el Anteproyecto de la Comisión Ortúzar, consideró algunas ideas del informe del Consejo de Estado, e incorporó nuevos conceptos sugeridos por los asesores del general Pinochet para fortalecer la autoridad presidencial y regular más precisamente el período de transición (Valenzuela, 1998: 158)¹²⁴. El peso decisivo de los intereses del general Pinochet en ella se confirma a la luz de las disposiciones transitorias y al fuerte presidencialismo establecido en sus artículos permanentes, que parecen hechos a su medida. Otra interpretación, del cientista político Robert Barros (1996), relativiza el peso de Pinochet en la redacción del texto final y resalta la influencia de la Marina y, en particular, de Merino. Barros concluye que «ni en su génesis ni en su contenido fue la Constitución de Pinochet. La Constitución no fue designada teniendo en cuenta su futura Presidencia», aunque matiza la afirmación al añadir que «estos aspectos de la Constitución difícilmente impidieron a Pinochet considerar a la Constitución como un vehículo de su ambición» (Barros, 1996: 128).

La Constitución establecía la arquitectura institucional de la democracia protegida y autoritaria, limitada y tutelada por los militares y sus disposiciones se desarrollaron en numerosas leyes orgánicas institucionales (17), que abarcaban las principales instituciones de la Carta Fundamental, reforzando su rigidez para ser modificadas, pues requerían una mayoría especial para ser reformadas, cuatro séptimos, una supramayoría (Sierra y Mac-Clure, 2011), muy superior a las experiencias europeas que habrían inspirado a los constituyentes de 1980, que establecían la mayoría absoluta. Además, las leyes que se referían a estas materias requerían el control preventivo del Tribunal Constitucional antes de su promulgación, lo que abría la posibilidad de detenerlos por la minoría¹²⁵. El nuevo orden político se instauraría luego de transcurridos ocho años desde su ratificación plebiscitaria, existiendo un período de transición en el que se conformarían las instituciones y se consolidaría el modelo económico¹²⁶.

Los componentes políticos e institucionales de la Constitución buscaban establecer un orden distinto al de la democracia occidental, considerada decadente y en crisis. El primero fue más bien de carácter negativo: la desconfianza hacia el sufragio universal como fuente de la representación, asunto de consenso durante largo tiempo en la coalición gobernante¹²⁷. Esto explica que se estableciera un sistema electoral que asegurara una mayoría clara a la coalición gobernante a través de un sistema mayoritario. Además, se consagró el recelo hacia los partidos políticos, argumentándose que no podían «monopolizar» la representación y que sus candidatos debían competir en igualdad de condiciones con «los independientes». Por último, estableció un pluralismo limitado (art. 8°) por el que se excluía a los partidos marxistas, lo que apuntaba especialmente en contra del PC.

La segunda base de la Constitución fue el rol tutelar asignado a los militares, establecido en dos instituciones: el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y los senadores designados. El CSN estaría integrado por los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y por el general director de Carabineros y tendría amplias facultades, pudiendo representar sus opiniones a cualquier autoridad establecida en la Constitución. Los senadores designados serían ex comandantes en jefe de las instituciones armadas y Carabineros, elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional; dos ex ministros de la Corte Suprema, elegidos por esta; un ex contralor general de la República, también elegido por el máximo tribunal; un ex rector de universidad y un ex ministro, designados por el presidente¹²⁸. Las FF.AA. poseían un estatuto jurídico que les daba amplia autonomía del Gobierno y Parlamento, bajo una estructura jerarquizada a cargo de un comandante en jefe con inamovilidad en el cargo y siendo quien determinaba ascensos y retiros.

El tercer elemento eran las seguridades constitucionales para dar continuidad en el tiempo a este orden, de manera de impedir que fuera reformado por una mayoría parlamentaria que rechazara esos principios. Para ello se estableció un complejo mecanismo de reforma constitucional, que hacía imposible la modificación de la Carta Fundamental sin acuerdo de los principales grupos políticos, pues, para reformar la Constitución se estableció una supramayoría: los votos de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio, y las dos terceras partes para modificar ciertos capítulos. Y esa «supramayoría» se debía dar en dos congresos sucesivos.

El cuarto componente de la Carta Fundamental fue el establecimiento de un extenso período de transición en sus artículos transitorios, que permitía la consolidación del cambio político y económico y servía para preparar a los grupos de derecha que competirían por las elecciones parlamentarias a convocarse después del plebiscito de 1988, supuesto como un mero trámite para ratificar en la Presidencia al general Pinochet por otros ocho años. Sus asesores terminaron por aceptar la etapa de transición planteada antes por Alessandri, pero la modificaron en beneficio de Pinochet. Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros debían «proponer al país, por la unanimidad de ellos, sujeto a la ratificación de la ciudadanía, la persona que ocupará el cargo de presidente de la República en el período presidencial siguiente». Esto debía hacerse a lo menos noventa días antes de la fecha en que terminara su mandato, y la ciudadanía podía «aprobar» o «no aprobar» tal propuesta¹²⁹. Como la institucionalización política marchaba con la consolidación del liderazgo de Pinochet, era obvio que este sería el candidato a la reelección. Mónica Madariaga, ministra de Justicia en 1980, ha sostenido que el período original de la transición acordado en ese grupo de trabajo fue de dieciséis años, pero que después se estimó que esto sería contraproducente para ganar el plebiscito que aprobaría la Constitución, dividiéndose entonces ese lapso en dos períodos de ocho años cada uno¹³⁰.

Durante la prolongada transición de ocho años se mantendrían las normas de los estados de excepción. El ministro Fernández justificó este período porque «era indispensable para llevar adelante las modernizaciones, consolidar la recuperación económica, afianzar el nuevo régimen democrático, permitir la reincorporación institucional de la oposición a la vida política. Largo, para dar un espacio natural a todas las fuerzas no totalitarias que habían confluido en la grave crisis de 1973 y para que las grandes divisiones se morigeraran por el tiempo» (Fernández, 1994: 146-147). Los artículos transitorios reafirmaban las amplias facultades de Pinochet. En efecto, podía «arrestar a personas hasta por el plazo de cinco días, en sus casas o en lugares que no sean cárceles»¹³¹, restringir los derechos de reunión e información, prohibir el ingreso al país o expulsar de este y relegar a personas hasta por tres meses en una localidad urbana del territorio nacional¹³². El otro objetivo de la transición fue organizar minuciosamente la regulación sucesoria, para asegurar la reelección de Pinochet después del período de transición de ocho años, de manera que ejerciera como presidente dieciséis años a partir del 11 de marzo de 1981.

Pinochet no tendrá éxito en el plebiscito de 1988 y su derrota gatillará el fin del régimen autoritario, tema que se tratará en el Capítulo XI.

La legitimidad por la eficacia: el modelo neoliberal

El nuevo régimen no solo debía legitimarse por el pasado y un nuevo orden legal y constitucional, sino también por la eficacia económica. Para ello se propuso solucionar la grave crisis dejada por el Gobierno de la Unidad Popular e impulsar un cambio institucional que permitiera el despegue de la economía. Los individuos valorarían los logros no alcanzados por los gobiernos democráticos: la superación de la pobreza y la estabilidad económica.

Este recurso de legitimación es recurrente en los regímenes militares surgidos del desplome de gobiernos democráticos fracasados en su gestión económica, aunque su balance es negativo, con la excepción del régimen de Pinochet (Angell, 1984).

La difícil situación económica en septiembre de 1973 presentaba condiciones óptimas para impulsar un profundo cambio en la estructura productiva¹³³. Una aguda hiperinflación que castigaba fuertemente los ingresos de los asalariados; el grave desabastecimiento de productos de primera necesidad afectaba la vida diaria de las familias, que debían destinar tiempo a conseguirlos, haciendo colas durante horas o recurriendo al mercado negro; el desabastecimiento de insumos de industrias complicaba su operación, lo que resentía la producción; había una delicada situación de reservas internacionales, agravada por el conflicto con los Estados Unidos por la nacionalización de las compañías del cobre¹³⁴.

Las reformas económicas tuvieron una orientación neoliberal y fueron implementadas por un grupo de tecnócratas, conocidos como los Chicago boys¹³⁵. Estas reformas suponían una visión totalizante con una interpretación política de la transformación económica que consideraba a la política como subordinada a la economía, particularmente a las reglas del mercado, y concebía al ciudadano como un consumidor que se guía por las apariencias de los productos e intereses materiales, sin estar preocupado mayormente por bienes no materiales. Si bien estas ideas no eran originales, pues estaban inspiradas en los postulados monetaristas de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, las propuestas específicas a la realidad chilena y sus orientaciones políticas fueron un aporte nacional¹³⁶. Podría afirmarse que si Milton Friedman, la figura emblemática del monetarismo y a quien se le atribuye la paternidad del modelo neoliberal, no hubiera existido, los Chicago boys habrían impulsado la misma política con igual decisión¹³⁷. Fueron aplicadas a todos los ámbitos de las políticas públicas, desde la educación superior, donde se introdujo la competencia con la incorporación de universidades privadas, hasta los grupos de interés, en que los colegios profesionales fueron reducidos a asociaciones gremiales, con libertad de afiliación y sin facultades para fiscalizar el desempeño de sus afiliados, perdiendo así las principales atribuciones que justificaban su existencia. Rigió también en el urbanismo, liberalizándose el uso del suelo, lo que permitió el crecimiento de las ciudades sin planes reguladores. Esta visión de la economía como una disciplina que entrega soluciones a ámbitos sociales y políticos no provenía de Friedman, sino de Gary Becker, otro profesor de economía de Chicago, bastante más joven que aquel, pues nació en 1930, el otro en 1912, que recibiría el Premio Nobel en 1992, cuyos cursos fueron seguidos por los jóvenes economistas de la Universidad Católica después del golpe militar de 1973 y que ejerció en ellos una considerable influencia¹³⁸.

La política de los Chicago boys se aplicó en forma muy coherente desde los ministerios de Hacienda, Economía y Odeplan, y fue apoyada en todos los ministerios sectoriales, como Educación, Salud, Vivienda y Trabajo, siendo respetada por el resto de las carteras. Pinochet optó por apoyar el modelo económico neoliberal sin apartarse cuando mostró dificultades, ni siquiera durante la crisis de 1982-1983.

Los Chicago boys tuvieron el control de la dirección económica y contaron con la ayuda de una prensa muy favorable a sus planteamientos, especialmente el diario El Mercurio, de enorme influencia en la élite, y los canales de televisión Canal 7, estatal, y el Canal 13, de la Universidad Católica. Se creyeron poseedores de la verdad, sin admitir opiniones críticas ni divergentes y careciendo de capacidad suficiente como para advertir los problemas que podían avecinarse. La arrogancia en el estilo de sus principales figuras constituyó un factor adicional de irritación para quienes no compartían los fundamentos neoliberales. La economía —según los Chicago boys— era como las ciencias naturales: daba respuestas únicas, lo que impedía la intervención de factores políticos.

Estos economistas implantaron un conjunto muy amplio y coherente de políticas que transformaron profundamente la economía chilena¹³⁹: la apertura comercial, con un arancel parejo del 10 por ciento para todas las importaciones; la liberalización de los mercados, especialmente del financiero; las desregulaciones; una política de estabilización, con el consiguiente y drástico ajuste económico que significó una fuerte disminución del gasto fiscal, incluida la reducción de personal de la administración pública y la caída de los aportes del Estado a los servicios de salud y educación; y finalmente, la privatización de las empresas públicas, que redujo las funciones del Estado en la economía y la apertura al sector privado de las funciones de previsión y salud. En 1979, el Gobierno aplicó asimismo el enfoque monetario a la balanza de pagos, con lo que buscaba vincular la inflación nacional a la internacional, lo que se convirtió en una de las banderas intocables del modelo neoliberal¹⁴⁰. Se intentó establecer un nuevo orden económico donde el motor estuviera en el empresario, con el Estado restringido a un rol subsidiario. Los Chicago boys sostienen que el mercado asigna eficazmente los recursos, y su visión de los empresarios era idealista, porque estos apoyarían de buena fe al equipo económico sin irregularidades ni excesos.

Desde el comienzo del régimen militar se implantaron nuevos criterios institucionales para establecer una nueva economía. Se modificó el marco en que actuaban las empresas públicas, que debieron funcionar como si fueran privadas, sin recibir subsidios estatales. Las empresas intervenidas ilegalmente por el Gobierno de la Unidad Popular fueron devueltas a sus antiguos dueños o licitadas a nuevos adquirentes. Los procedimientos fueron poco transparentes, dando lugar a la discriminación en favor de empresarios con recursos para comprarlas y financiamiento bancario, lo que benefició a algunos grupos económicos.

El contexto autoritario facilitó la aplicación de políticas neoliberales. Los tecnócratas pudieron actuar en un escenario político simplificado, con una estructura de autoridad centralizada y gran autonomía. No tuvieron que encarar la oposición de los trabajadores y sindicatos, bajo control de la autoridad; se libraron de las dificultades que impone la compleja toma de decisiones en democracia, con largas negociaciones con los partidos de Gobierno y oposición para concretar los proyectos en leyes, y contaron con una prensa favorable, preocupada de difundir positivamente sus iniciativas, escondiendo sus debilidades y silenciando críticas.

Una de las principales medidas del nuevo modelo económico fueron las privatizaciones, con el doble objetivo de desmantelar el Estado empresario y fortalecer la posición de los empresarios privados, materia que será analizada en el Capítulo IX¹⁴¹. Inicialmente no se habló de «privatizaciones», sino de establecer un orden institucional que liberalizara la economía y retirara al Estado de esta. El ministro De Castro atribuyó el buen desempeño de las empresas públicas al nuevo orden institucional¹⁴². Planteaba que las empresas públicas lograrían ser eficientes solo si se les permitiera funcionar en un contexto de economía de mercado, compatible con cierto rol empresarial del Estado¹⁴³.

Hubo dos etapas en la política de privatizaciones. En la primera, en los años setenta, se trató de una reprivatización, en que las empresas irregularmente intervenidas o estatizadas por el Gobierno de la Unidad Popular fueron restituidas a sus antiguos dueños o puestas a la venta. La segunda fue en los años ochenta y se trató de la venta de empresas públicas o de empresas intervenidas por el Estado durante la crisis de 1982-1983 y se analizan en el Capítulo IX. Al momento del golpe en 1973, el Estado tenía 596 empresas bajo su administración, de las cuales la inmensa mayoría (533) estaba intervenida o había sido adquirida por el Gobierno¹⁴⁴, representando el 39 por ciento del PGB¹⁴⁵. Los adquirentes no recibieron apoyo del Gobierno para solventar los gastos de empresas en pésimas condiciones económicas, lo que impidió a muchos ex propietarios recomprar sus empresas y permitió que se beneficiaran otros empresarios, especialmente de los grupos económicos que contaban con recursos financieros para adquirirlas¹⁴⁶.

Durante 1974, la Corfo devolvió empresas intervenidas a sus antiguos dueños¹⁴⁷, siendo un total de 325, con un valor libro neto cercano a mil millones de dólares. La devolución fue formalmente gratuita, pero con costos implícitos constituidos por exigencias de mantener niveles de empleo, competitividad con las industrias relacionadas y un cierto nivel de inversiones nuevas (Hachette y Lüders, 1992: 19). Los dueños exigieron condiciones de crédito especiales, argumentando que las empresas intervenidas habían sufrido graves daños por la mala administración¹⁴⁸.

Estas privatizaciones, conocidas como de «la primera ronda», se realizaron con gran rapidez y escasa prolijidad, produciéndose numerosos abusos. Entre 1975 y 1980, la Corfo continuó con las reprivatizaciones, que comprendieron bancos y sociedades financieras hasta industrias y compañías de distribución mayorista. Se vendieron 207 empresas por un monto aproximado de 1.200 millones de dólares.

Se generó una estrecha red de intereses entre los bancos y las empresas adquiridas por los grupos, favorecida por la debilidad de las regulaciones en el sistema financiero y la pasividad de los organismos fiscalizadores que confiaban en la buena fe de los empresarios y en la eficacia del mercado. Por todas estas condiciones, las privatizaciones terminaron beneficiando a dos grupos económicos: el de Javier Vial, que controlaba el Banco de Chile, y el de Manuel Cruzat, que tenía el Banco de Santiago¹⁴⁹.

La liberalización económica comenzó inmediatamente después del golpe de Estado, siguiendo las ideas contenidas en «El Ladrillo», preparado por economistas de oposición, mayoritariamente de derecha, por encargo de la Armada, como ya se dijo¹⁵⁰. Las reformas fueron aplicadas gradualmente en un comienzo para controlar los desequilibrios macroeconómicos y en particular la hiperinflación heredada. Esta política no fue exitosa, ya que durante los tres primeros años la inflación no bajó del 300 por ciento anual¹⁵¹, aunque posteriormente mostró mejores resultados, aunque ellos estuvieron magnificados por una manipulación del Índice de Precios al Consumidor que, entre 1976 y 1978, subestimó mes a mes el porcentaje de inflación (Ffrench-Davis, 1999: 29). Los Chicago boys estaban doblemente presionados por mostrar buenos resultados; por un lado, en la política antiinflacionaria, que debía marcar una ruptura con el Gobierno depuesto, y, por otro, bajar los índices para impulsar el ajuste, pues los reajustes de pensiones y remuneraciones como de precios de bienes se ajustaban a la inflación.

La baja de la inflación estuvo acompañada, en los primeros doce meses posteriores al golpe, por cierta recuperación económica como resultado de diversas medidas, desde la disciplina laboral impuesta mediante la represión sindical, la puesta al día de precios y tarifas atrasadas, la devaluación cambiaria, hasta un fuerte aumento de la inversión pública y un elevado precio del cobre. Todos estos factores removieron los cuellos de botella que obstaculizaban el uso potencial de capacidad instalada en la economía. Sin embargo, el brusco descenso del precio del cobre durante el segundo semestre de 1974 y el alza del precio del petróleo, unido a la persistencia de la inflación, produjo una recesión en 1975, con una caída del PIB de 17 por ciento. La recesión fue enfrentada mediante un ajuste «automático», con una reducción de la demanda agregada a través de la contracción fiscal y monetaria. La recuperación de la economía fue lenta, porque se subutilizó la capacidad productiva, generando elevado desempleo, salarios deprimidos y una baja inversión (Ffrench-Davis, 1999: 30).

La gestión de los Chicago boys pudo mostrar resultados positivos porque su punto de partida fue la gravísima crisis económica existente al momento del golpe de Estado, de forma que cualquier alivio constituía un logro importante. Esto permitió mostrar pronto resultados positivos, como controlar la hiperinflación. Los tecnócratas fueron hábiles para mostrar logros, pues los comparaban con un momento excepcionalmente crítico de la historia económica del país. También fueron eficientes para mostrar los resultados de fines de los años setenta, sobre la base de contrastarlos con la recesión de 1975, atribuida a factores externos, pero agravada por sus políticas neoliberales. Cuando se convocó al plebiscito de 1980, el equipo económico podía mostrar a Pinochet resultados excepcionales. Un similar recurso evaluativo se hizo de cara al plebiscito de 1988, sobre la base de resaltar los resultados económicos en comparación al estado de la economía en la grave crisis de 1982-1983, escondiendo el hecho de que recién en 1989 se pudo copar la capacidad productiva potencial (Ffrench-Davis, 1999: 30). Recurrieron a maniobras que solo eran posibles en un régimen autoritario, como atrasar los reajustes de remuneraciones para saltarse varios meses, o castigar a los pensionados dejándolos fuera de los reajustes, aprovechándose de su condición de grupo social carente de organización para protestar¹⁵². La centralidad del modelo económico en la estrategia de legitimación del régimen autoritario explica esta obsesión por mostrar un desempeño exitoso y sin admitir debilidades.

La recesión de 1975 fue el pretexto para que los Chicago boys se hicieran cargo de la conducción económica. En el cambio de gabinete de abril de 1975, Sergio de Castro asumió el Ministerio de Economía y Jorge Cauas el de Hacienda. Se abandonó la estrategia de liberalización gradualista, iniciada después del golpe de Estado, para impulsar un cambio drástico¹⁵³. Las reformas económicas se profundizaron y se extendieron a nuevos ámbitos cuando De Castro asumió la dirección del Ministerio de Hacienda a fines de 1976, convirtiéndose en el hombre fuerte del área económica¹⁵⁴.

La política económica permitió superar la grave crisis heredada, aunque implicó un alto costo social. Desde 1975 en adelante la economía comenzó a crecer a pesar de una inflación sostenidamente alta. La apertura económica y la entrada de capitales permitió una bonanza promovida por numerosas instituciones financieras que otorgaban créditos a particulares y empresas sin mayores exigencias. El país parecía ingresar a una etapa de crecimiento sostenido o de «milagro económico», como preferirán denominarla los mentores del modelo. Hubo altas tasas de crecimiento, con el consiguiente bajo nivel de desempleo; se logró una disminución de la inflación que fortaleció los ingresos de los asalariados, permitiéndoles adquirir productos importados; y se produjo una fuerte entrada de capitales que robusteció la balanza de pagos, lo que ayudó al Banco Central a aumentar sus reservas. Los chilenos vivieron momentos de gran holgura económica.

La legitimación basada en la eficacia por el éxito económico alcanzó su mejor momento en 1980, cuando se aprobó la Constitución Política. Se dio, de esta forma, una no casual confluencia de las estrategias de legitimación legal y de rendimiento, impulsadas simultáneamente por «gremialistas» y Chicago boys para permitir la elección del general Pinochet como presidente constitucional en el plebiscito. Comenzaba un período presidencial de ocho años, al término del cual, en 1988, el país debía someterse a un nuevo plebiscito, entonces entendido como una elección sin obstáculos. En ese contexto de bonanza, los partidarios del Gobierno estaban seguros de que el país optaría mayoritariamente por la continuidad del régimen, es decir, por el desarrollo económico sin pobreza¹⁵⁵.

La alegría por el triunfo en el plebiscito de 1980 fue muy breve. Las dificultades económicas, anunciadas por los especialistas de oposición desde hacía varios años, comenzaron a hacerse presentes cuando el 29 de abril de 1981 se anunció la quiebra de la empresa azucarera CRAV. No obstante, el equipo económico no vio en esto más que un problema puntual, estimando que las dificultades de las empresas debían ser encaradas por sus dueños. Sin embargo, los problemas aumentaron. En 1982 hubo un déficit de cuenta corriente de 4.800 millones de dólares, de los que solo una cuarta parte podía explicarse por los factores externos representados por la baja del precio del cobre, el alza de las tasas de interés y la disminución de los precios de otros productos de exportación (Arellano y Cortázar, 1982: 48). La situación era delicada por las dificultades para conseguir créditos externos destinados a pagar los intereses de los enormes préstamos internacionales solicitados por empresas y bancos.

El equipo económico no reconoció los problemas. La entrada de capitales y el dólar fijo condujo a una sobrevaloración del peso. Los grupos económicos se sobreendeudaron, especialmente a través de créditos relacionados entre sus empresas y sus bancos. El rechazo a las regulaciones que dominó en la política oficial hizo que la supervisión de la autoridad fuera mínima, y para eludir las normas vigentes, los empresarios recurrieron a créditos cruzados y a empresas de papel¹⁵⁶. Los empresarios estaban convencidos de que la autoridad impediría una crisis, creyendo que había «un seguro implícito ofrecido por el Estado» (Arellano, 1983: 31). El endeudamiento externo fue acompañado por una caída de la inversión y del ahorro interno. Se había producido un aumento del consumo que favoreció el incremento de las importaciones, pero no estimuló la industria nacional. El alza de las tasas de interés y una baja del precio del cobre encontró a la economía nacional con serios problemas internos, lo que explica el fuerte impacto en la economía chilena, que solo tenía como precedente la crisis de 1928. En 1982 el PGB cayó en 14,4 por ciento, existiendo las tasas negativas de crecimiento más altas de la historia en la industria y la construcción: –21,1 y –23,4 por ciento, respectivamente. El desempleo abierto en 1982 fue del 19,6 por ciento —cifra altísima si se consideran los programas de empleo comunitario, el PEM y el POJH, llegando al 26,1 por ciento—, y fue aún superior en 1983, subiendo al 26,4 por ciento (31,3% si se excluyen el PEM y el POJH)¹⁵⁷. Esto creaba una delicada situación política, que pronto se haría visible.

De Castro confiaba en que el desempleo se resolvería a través de una reducción de los salarios que él podría imponer. Cometió un grave error político, pues los militares se negaron a esa posibilidad porque apreciaron que tendría un enorme costo social y político¹⁵⁸. De Castro se aferró a mantener el tipo de cambio fijo en 39 pesos por dólar como un símbolo del modelo, sobre el que descansaba la credibilidad del sistema; sin embargo, no pudo evitar la devaluación, que fue decretada el 14 de junio de 1982, cuando había sido alejado del ministerio¹⁵⁹. El «sesgo financierista» del sistema económico, en palabras de Ffrench-Davis, se vio obligado a reconocer la gravedad de la crisis cuando, el 13 de enero de 1983, decretó la intervención de cinco bancos, ordenó la liquidación de tres y la supervisión directa de dos más que, en conjunto, representaban el 45 por ciento del capital y las reservas del sistema financiero, y el 64 por ciento de la banca privada¹⁶⁰.

La caída de los bancos trajo consigo la quiebra de las empresas relacionadas a los grupos económicos. El Banco de Chile, el símbolo del poder empresarial chileno y que el Gobierno de Allende no había conseguido estatizar, pasaba ahora a control del Gobierno y, con ello, de sus empresas. También cayó en manos del Estado el Banco de Santiago, perteneciente al grupo Cruzat, el otro poderoso conglomerado, que le entregó al Gobierno numerosas empresas. Los Chicago boys habían producido la vuelta atrás en la historia, pues el Gobierno tuvo mayor control de la economía que la que alcanzó a tener la administración socialista de la Unidad Popular. El esquema neoliberal había mostrado sus debilidades y destacados empresarios terminaron en la cárcel¹⁶¹.

CAPÍTULO VI

LA ORGANIZACIÓN DEL PODER POLÍTICO

Al momento del golpe de Estado, para resolver la grave crisis económica, los militares dispusieron de un programa relativamente definido y contaron con profesionales capacitados para hacerse cargo de la dirección de los ministerios, pero carecieron de una plataforma política que les permitiera orientar la construcción del orden institucional; además, tampoco compartían las ideas dominantes en la derecha en esos momentos, influidas por el corporativismo español¹. Existía consenso sobre un conjunto de temas, tales como el rechazo a los partidos y la decisión de que el Gobierno no fuera «un mero paréntesis», pero no existía claridad sobre la organización del poder político, la forma de incorporación de los civiles al Gobierno y la fisonomía del futuro orden institucional.

Los militares se encontraron con un problema recurrente en los autoritarismos: la institucionalización, es decir, el establecimiento de una estructura política sobre la que se debiera sustentar una dominación de largo plazo. Como argumentó Juan Linz (1973), las alternativas de institucionalización política existentes en los años sesenta y setenta eran escasas, y ninguna de fácil viabilidad. Podían optar por un camino de legitimación carismática, no bien considerada por los institutos armados dada la excesiva personalización del poder en un individuo y por ser incompatible con su alto nivel profesional. La segunda posibilidad consistía en optar por alguna fórmula corporativista como la «democracia orgánica», sin la estructuración de un partido único. En tercer lugar, podían inclinarse por una fórmula que incluyera un partido único o un sistema de partidos en donde uno fuera hegemónico, u oficial, y partidos menores que integraran marginalmente a la oposición, alternativa poco factible por la mala imagen de estas agrupaciones políticas ante los militares. Ninguna de estas soluciones era factible en el corto plazo. Ni siquiera Brasil pudo resolver satisfactoriamente este desafío, viéndose obligado a constituir una «situación autoritaria» (Linz, 1973) que empujó a los militares a impulsar tempranamente un retorno gradual a la democracia mediante una abertura (Lamounier, 1988, 1989; Skidmore, 1988).

La falta de definición del orden político empujó a los nuevos gobernantes chilenos a optar por un régimen militar tradicional, con una Junta de Gobierno como autoridad máxima, pero con un importante grado de concentración del poder en el general Pinochet, que ejerció simultáneamente las funciones de presidente de la República, presidente de la Junta de Gobierno hasta 1980 y comandante en jefe del Ejército. Esto permitiría hablar de un sistema autoritario tradicional, con un significativo grado de personalización. Hubo esfuerzos por implantar una «nueva institucionalidad» y llegar a una «situación autoritaria», como diría Linz; un ejemplo de esto sería el planteamiento hecho en Chacarillas en 1977, que si bien no se tradujo en el establecimiento de instituciones públicas, abrió paso a la participación de civiles en el Gobierno. Estos esfuerzos se vieron obstaculizados por la aspiración de Pinochet de convertirse en el hombre fuerte del régimen, por lo que se fue descartando la organización de una estructura política con una distribución gradual del poder. En consecuencia, el orden político tuvo un bajo nivel de institucionalización y una alta personalización del poder en Pinochet, líder indiscutido a partir de diciembre de 1974, cuando es designado presidente de la República. En este capítulo analizaremos el establecimiento de este tipo de régimen político.

El problema de institucionalización en las dictaduras de Argentina y Uruguay

Los militares en la Argentina del «Proceso» (1976-1983) y en Uruguay (1973-1985) establecieron un régimen que evitó la personalización del poder, pues consideraban que eso no identificaba el destino del país y de la organización castrense con quien ejercía el Poder Ejecutivo.

El poder político en Argentina giró en torno a las corporaciones castrenses, quedando radicado en la Junta Militar —integrada por los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas—, siendo esta, como «órgano supremo del Estado», la que designaba al presidente de la República y se reservaba el derecho de «revocar» su mandato «cuando por razones de Estado lo considerara conveniente, designando a su reemplazante»². El Poder Ejecutivo recayó en «un oficial superior de las Fuerzas Armadas designado por la Junta Militar»³. No se alteraron los períodos de duración en el cargo de los altos mandos, que rotaron regularmente cada tres años al concluir su servicio activo, conforme a la antigüedad. El primer presidente del «Proceso», el teniente general de Ejército Jorge Rafael Videla, permaneció en el cargo hasta 1981, siendo sucedido por el general Roberto Viola. La Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), encargada de preparar los proyectos de ley, estaba integrada por tres oficiales de cada una de las ramas y su presidencia era rotativa y duraba solo un año⁴. El Ejército no tuvo una posición política predominante, sino que se ubicó al mismo nivel que las demás ramas. De allí, por ejemplo, que el secretario de la Junta Militar fuera el jefe del Estado Mayor Conjunto y no un oficial de Ejército, como en Chile⁵.

En la experiencia autoritaria del Uruguay (1973-1985) no hubo un militar en servicio activo a cargo del Poder Ejecutivo, pues después del golpe de Estado de junio de 1973, continuó en funciones el presidente que había sido elegido en 1971, Juan María Bordaberry. En 1976, este último, tras su intento de suprimir los partidos, iniciativa rechazada por los militares, fue sustituido por el civil Alberto Demichelli, presidente del Consejo de Estado. Cuando este se negó a firmar un decreto de proscripción de dirigentes políticos, fue reemplazado por otro civil, Aparicio Méndez. Después de la derrota en el plebiscito de 1980, los militares designaron, en septiembre de 1981, al general (R) Gregorio Álvarez para dirigir el retorno a la democracia (Gillespie, 1987; González, 1988, 1991).

Tampoco en Uruguay hubo una personalización y centralización de la autoridad en el Ejército. Las decisiones superiores adoptadas por el Gobierno las resolvía primero el cuerpo de generales mediante votaciones, zanjadas según la regla de la mayoría, sin que el comandante en jefe tuviera un voto preferencial. El mismo procedimiento se utilizaba en las resoluciones conjuntas con las otras dos ramas de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, la estructura de autoridad del Ejército y las FF.AA. en el Uruguay era de una autoridad colegiada, propia del sistema político en los años sesenta (Gillespie, 1987; González, 1988, 1991).

Régimen militar tradicional y la influencia del corporativismo franquista

La definición institucional en Chile fue postergada porque no hubo claridad sobre el perfil del nuevo régimen político, existiendo solamente el consenso inicial de los gobernantes respecto al anticomunismo, que solo servía para justificar la persecución de los partidos opositores. La Declaración de Principios de la Junta de Gobierno de 1974 lo expresa grandilocuentemente: «Nuestra patria ha decidido combatir frontalmente en contra del comunismo internacional y de la ideología marxista que este sustenta, infringiéndole su más grave derrota de los últimos treinta años». Por eso se concluye que «Chile no es neutral frente al marxismo [y] el actual Gobierno no teme ni vacila en declararse antimarxista»⁶.

La Declaración de Principios se inclinó por el establecimiento de una «nueva y moderna institucionalidad», influida por las ideas corporativistas de la España franquista que, como se describió en el capítulo anterior, fueron recopiladas a fines de los años sesenta por académicos e intelectuales que crearon la revista Portada⁷, quienes presentaron una opción favorable a la democracia orgánica. En ese documento se planteó la búsqueda de la descentralización del poder para crear un «poder social», entendido como «la facultad de los cuerpos medios de la sociedad para desarrollarse con legítima autonomía hacia la obtención de sus fines específicos, transformándose en vehículo de límite a la vez que de enriquecimiento a la acción del poder político». El «poder social» fue concebido como «el cauce orgánico más importante de expresión ciudadana», cuya aplicación exige «asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado», buscando impedir la influencia de los partidos en los grupos de interés y «dar paso a un nuevo sentido de gremio».

Siguiendo las ideas corporativistas del ex ministro del régimen franquista Gonzalo Fernández de la Mora (1968, 1976), admirado por los asesores del régimen y cuya obra La partitocracia fue publicada por la editorial estatal Gabriela Mistral en 1976, la Declaración de Principios resalta que los problemas son cada vez «de índole más técnica y menos ideológica», por lo que se concluye que en Chile se debe construir «una sociedad tecnificada, en la que la palabra de los que saben prevalezca sobre las consignas» y una «sociedad de verdadera participación», donde no intervengan los partidos. En síntesis, «nuestra democracia será entonces orgánica, social y de participación»⁸.

La Declaración de Principios planteó el rechazo a la personalización del poder, pues conduciría de manera inevitable al caudillismo, y propuso un «Gobierno autoritario, impersonal y justo que despersonalizará el poder, evitando todo caudillismo ajeno a nuestra idiosincrasia». El ejercicio del poder será enérgico, sin permitir actividad política de quienes no respalden el régimen, reafirmando el estilo coercitivo empleado desde el golpe: «[Se] ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía».

Los militares no llevaron a la práctica los criterios corporativistas contenidos en la Declaración de Principios. Además, su aceptación habría implicado abrir espacios de participación a los civiles, lo que no era todavía deseado por los uniformados, porque implicaría romper con la desmovilización provocada por el golpe de Estado y crear un nuevo escenario en que se podría beneficiar el PDC, que tenía una amplia organización territorial y daría espacio para una posible rearticulación de la izquierda. Prefirieron, en cambio, establecer un régimen militar tradicional, con un poder político apoyado en la participación institucional de los mismos militares, integrando civiles para que les apoyaran, pero sin darles un espacio institucional estable. Para ello concentraron la autoridad en la Junta de Gobierno, que asumió los poderes legislativos y constituyente. Los civiles representaron un apoyo más bien secundario⁹.

La Junta de Gobierno y la organización del Poder Legislativo

La Junta de Gobierno fue integrada por los comandantes en jefe de cada rama de las FF.AA. Inmediatamente después del golpe, el comandante en jefe del Ejército fue nombrado presidente de la Junta, pero en calidad de primus inter pares en relación a los demás miembros, sin recibir la autoridad de presidente de la República como establecía la Constitución de 1925. Como se analizó en el Capítulo III, Pinochet se incorporó muy tardíamente a la conspiración, despertando desconfianza entre los otros jefes de las FF.AA.¹⁰. Esta situación dio un amplio espacio al general Leigh en su aspiración de convertirse en el hombre fuerte del nuevo régimen

Los miembros de la Junta estaban en igualdad de condiciones y decidían por unanimidad, como consecuencia de la unidad de las FF.AA.; en la práctica implicaba que cada uno tenía derecho de veto en la toma de decisiones. La idea inicial implícita en esta estructura decisoria era construir una dirección colegiada para evitar la generación de un poder presidencial vigoroso. La Junta pretendió convertirse en el principal centro de decisión del nuevo régimen, pero no fue posible porque la Marina y la FACH no tenían personal suficiente para asumir estas funciones, a lo que se sumó la voluntad de Pinochet de imponer con celeridad su autoridad y poder, apoyándose en el mayor tamaño institucional del Ejército¹¹. En los primeros años, la Junta también participó en el ejercicio del Poder Ejecutivo, para lo que distribuyeron proporcionalmente las áreas del Gobierno, de acuerdo a una estrategia de regulación de conflictos, siguiendo la tipología de Gerhard Lehmbruch (1967). Merino se hizo cargo de la dirección de la economía, lo que se explica por su participación en la confección del programa económico alternativo antes del golpe de Estado¹². También recibió Educación, debido al interés manifestado por la Marina ante el proyecto de reforma educacional conocido como la «Escuela Nacional Unificada» (ENU), durante el Gobierno de Allende. Cuando perdió la dirección del Ministerio de Hacienda en 1974, recibió la cartera de Relaciones Exteriores¹³. La FACH se hizo cargo del área social, que incluía los ministerios de Trabajo y Salud, y el Ejército se reservó Defensa y la Secretaría General de Gobierno. Los únicos ministerios dirigidos por civiles fueron Justicia y Economía.

El Ejército tuvo una mayor participación en la administración a través de Pinochet, que, como presidente de la Junta, adquirió progresivamente mayor peso en sus decisiones. La facultad presidencial de dirigir las relaciones internacionales permitió al Ejército intervenir en la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que fue favorecido por el peligro de guerra con el Perú en los primeros meses después del golpe y por las tensiones con el régimen militar de Argentina por el conflicto limítrofe del canal Beagle, sometido al arbitraje de Gran Bretaña. El Ejército se quedó la Subsecretaría de RR.EE., dándole a su representante el rango de vicecanciller y atribuciones para participar en las reuniones de gabinete, manteniendo una relación directa con Pinochet. Esto ocasionó conflictos por la duplicidad de funciones que hubo entre el canciller y vicecanciller, cada uno de los cuales tenía información distinta sobre los principales asuntos, especialmente cuando el ministro fue un civil¹⁴.

Cada miembro de la Junta organizó su propio equipo jurídico y político asesor, para lo que recurrió a los abogados de su respectivo servicio judicial. Solo Leigh convocó a algunos asesores civiles¹⁵. En octubre de 1973 la Junta comenzó a recibir el apoyo de un grupo de oficiales de las tres ramas de las FF.AA., convocados por Pinochet —como presidente del organismo— para cumplir labores de asesoría. Dicha instancia, conocida como Comité Asesor de la Junta de Gobierno (COAJ), funcionó bajo la dirección de un oficial del Ejército¹⁶. El COAJ fue un organismo de reunión de los militares que desempeñaban labores de Gobierno, con lo que se les separó definitivamente de las responsabilidades propiamente institucionales, una decisión que ayudó a evitar mayor politización de las instituciones armadas. Los primeros miembros del COAJ fueron oficiales de Estado Mayor, algunos de los cuales habían cursado carreras universitarias de economía¹⁷ y ciencia política¹⁸.

Recién en 1976 la Junta organizó una asesoría legislativa amplia con participación de civiles y militares y el respaldo del personal del Congreso Nacional. Se crearon tres comisiones legislativas, cada una dirigida por un miembro de la Junta e integradas por oficiales de las FF.AA. y Carabineros, los abogados de los servicios de justicia de cada institución y algunos civiles. De las tres solo la Comisión Legislativa presidida por Leigh¹⁹ tuvo miembros con anterior desempeño político. Esta iniciativa buscó fortalecer la autoridad de la Junta y disminuir la influencia del COAJ.

Los proyectos de leyes eran preparados por los ministerios, enviados a la Junta por intermedio del COAJ, que los remitía a la respectiva comisión para su estudio. En esta se hacía un análisis minucioso de los proyectos y después el proyecto era enviado a la Junta para su aprobación definitiva, zanjándose antes las diferencias en el seno de la respectiva comisión.

La Junta tuvo mayor autonomía decisoria con la aprobación de la Constitución de 1980, cuando Pinochet dejó de ser miembro de esta al asumir como jefe de Estado, pasando a ser presidente de ella el almirante José Toribio Merino. El Ejército mantuvo su representación en la Junta a través de su vicecomandante en jefe, quien dirigió una nueva Comisión Legislativa, la IV²⁰, creada precisamente para permitir la participación de esa rama de las FF.AA. Desde 1981 las comisiones continuaron ocupándose de los temas que se habían distribuido después del golpe²¹.

Los miembros de las comisiones legislativas fueron militares y civiles provenientes de los servicios de justicia de cada rama y algunos abogados relacionados a cada arma. Por ejemplo, entre marzo de 1981 y agosto de 1986 hubo mayoría de civiles (59) y 51 uniformados. Estos últimos se mantenían en el cargo dos o tres años, según el tiempo correspondiente a la destinación institucional²².

Las aspiraciones de liderazgo del general Gustavo Leigh

El establecimiento del régimen militar estuvo marcado por el conflicto de poder entre Leigh y Pinochet. Con ambiciones políticas y de fuerte carácter, Leigh quiso inicialmente convertirse en la principal figura del régimen, subestimando el poder del Ejército y las capacidades de Pinochet, con el que no simpatizó. Se consideraba el iniciador del golpe de Estado, asegurando que debió presionar a Pinochet para que se sumara a este²³. Su estilo impulsivo y marcado rechazo a los partidos, especialmente al PDC, y su anticomunismo le llevaron a hacer declaraciones que lo presentaron como el «duro» de las primeras semanas del nuevo régimen²⁴. Una lectura de las actas de la Junta de Gobierno lo confirma. El gran problema de Leigh fue su falta de habilidad política para apreciar que en el nuevo escenario político en el cual actuaba el Ejército sería el protagonista y que era imposible desplazar a Pinochet de la dirección del nuevo régimen. Tampoco tenía habilidad para plantear sus puntos de vista ante los otros comandantes en jefe, pues a menudo incurría en ataques personales²⁵, distorsionando la naturaleza de los problemas y debilitando su posición. Su imagen de «duro» fue luego olvidada por sus diferencias con los Chicago boys en temas sociales y por sus conflictos de poder con Pinochet, buscando perfilar la imagen de un militar progresista, que representaba una alternativa programática diferente, aunque nunca la desarrolló.

Dos acciones que contribuyeron a radicalizar el empleo de la violencia en la toma del poder e influyeron en el perfil del nuevo régimen correspondieron al general Leigh: el bombardeo del Palacio de La Moneda y su declaración de «extirpar el cáncer marxista». Si bien es cierto que él tomó la primera decisión antes del golpe, junto al general Pinochet y al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, vicealmirante Patricio Carvajal²⁶, Leigh apresuró el bombardeo para destacar el protagonismo de la FACH y así dar una señal sobre cuál era la institución más importante en el derrocamiento de Allende. El incendio del palacio presidencial como resultado de los cohetes lanzados certeramente por dos aviones Hawker Hunter que sobrevolaron el centro de Santiago en la mañana del 11 de septiembre, fue el símbolo de que los militares harían uso de todos sus recursos para alcanzar el control del poder, sin dejarse trepidar por los costos humanos y materiales que significara.

La segunda iniciativa también tuvo valor simbólico, puesto que anunció abiertamente que la lucha ideológica contra los opositores sería violenta. No fue prudencia ni moderación en el lenguaje lo que los chilenos escucharon del general Leigh ese día, lo que contrastó con el tono cauteloso utilizado por el general Pinochet y el almirante Merino. Los estilos usados en los primeros momentos de un nuevo régimen marcan su carácter, pues existe mayor amplitud decisoria, y la población está atenta a los acontecimientos. La declaración de guerra contra el marxismo, que dominó la política en los años siguientes, tuvo allí un parto decisivo.

Leigh no se quedó en las palabras cuando anunció la guerra al marxismo. La FACH se hizo cargo de los consejos de guerra en la Región Metropolitana, mostrando mayor arbitrariedad y severidad que las otras dos instituciones armadas²⁷. La justicia militar no respetó las normas mínimas contempladas en la legislación, ni siquiera las disposiciones del Código de Justicia Militar para regular los juicios en tiempo de guerra. La Fiscalía de la FACH actuaba con discrecionalidad, deteniendo a numerosas personas sin informar al Ministerio del Interior, contribuyendo a crear un clima de inseguridad y arbitrariedad. El ministro del Interior, general Óscar Bonilla, se quejó ante la Junta, llamando la atención sobre el poder ilimitado de los servicios de inteligencia²⁸.

El general Leigh aprobó la creación de la DINA, que sería el organismo de inteligencia interna de las tres ramas de las FF.AA. para apoyar a la Junta de Gobierno. Proporcionó el personal de su institución que le solicitó el coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA, pero cuando se percató de que esta apoyaba a Pinochet, Leigh se distanció, creando un organismo de inteligencia propio de la FACH, el «Comando Conjunto». Fue una organización secreta de cuya formación Leigh no informó a los demás colegas de la Junta, por lo que esta tampoco tuvo conocimiento de su normativa jurídica de funcionamiento. Este organismo desarrolló una intensa acción represiva contra el PC y MIR, que lo llevó a conflictos con la DINA²⁹. La organización de Contreras se impuso en esta pugna porque contó con más recursos institucionales, legales y económicos; el respaldo de Pinochet, y la libertad plena de su director para conseguir sus objetivos con la tolerancia del Poder Judicial³⁰.

La obsesión de Leigh hacia el marxismo se manifestó en su preocupación por iniciar procesos contra los ministros de Allende detenidos en isla Dawson. Creía que estos habían cometido graves irregularidades, que se podrían comprobar con la documentación de cada ministerio, por lo que debían ser condenados³¹. En varias ocasiones se lamentó ante sus colegas de la Junta por la lentitud en el hallazgo de esas pruebas, criticando la labor del Consejo de Defensa Fiscal.

En una sesión de la Junta del 11 de abril de 1974 propuso un plan detallado para acelerar el procesamiento de los detenidos y las organizaciones de izquierda, distribuyendo tareas entre las FF.AA. y Carabineros, con la FACH tendría un papel protagónico. A esta le correspondería reunir antecedentes de las organizaciones con «fines violentistas», como el MIR, la Brigada Ramona Parra del Partido Comunista, el equipo de seguridad del presidente Allende (el GAP) y el grupo de choque del PS —la Brigada Elmo Catalán—, además de recabar información sobre el «Plan Z» y las irregularidades en el Registro Civil y en el Servicio de Identificación, donde habría ocurrido el fraude electoral en 1973. El Ejército investigaría la fabricación ilegal de armas en las industrias estatizadas, las actividades perjudiciales para la seguridad nacional y la entrega de secretos industriales a países extranjeros. La Armada se haría cargo de la investigación del ingreso y permanencia ilegal de extranjeros en el país, la internación ilegal de armas y las actuaciones ilegales en relación con barcos pesqueros soviéticos³².

También Leigh estaba obsesionado por la oposición, preocupándose de obtener información de las actividades desarrolladas por los diplomáticos de las misiones extranjeras en Santiago, proponiendo medidas para impedir que siguieran recibiendo a personas que buscaban asilarse³³. Fue insistente en contra del PDC. Consideraba que los demócrata cristianos, desde el Gobierno del presidente Frei, fueron los principales responsables de la crisis política que condujo a la caída de la democracia. Estaba constantemente informado de las acciones de los dirigentes del PDC en el país y en el exterior, donde los veía colaborando con los marxistas para derribar al Gobierno. Días antes que el Gobierno le negara el regreso al país a Bernardo Leighton, ex vicepresidente de la República y una de las principales figuras del PDC, que había abandonado voluntariamente el país en febrero de 1974, para radicarse en Italia (Boye, 1999), Leigh lo acusó ante la Junta en duros términos. Leyó un discurso pronunciado por Leighton durante un acto político en una ciudad italiana, donde se refirió con palabras moderadas hacia el ex presidente Allende. Leigh acompañó esta presentación con la lectura de un documento de las Juventudes Comunistas y las palabras del dirigente del PC, el ex senador Volodia Teitelboim, pronunciadas en radio Moscú³⁴. La asociación —según Leigh— era evidente: Leighton cooperaba con los comunistas contra el Gobierno. Esta intervención llevaría a la decisión del Gobierno de prohibir a Leighton su regreso al país, la primera medida drástica contra una personalidad del PDC, que sería profundizada con otras en los próximos meses (Huneeus, 2016).

Se esforzó por tener perfil propio, para lo que eligió el tema social³⁵, manteniendo relación con dirigentes sindicales, en los que buscó respaldo para aplicar su principal aporte al cambio económico, el «Estatuto Social de la Empresa», promulgado a comienzos de 1975 para promover la participación de los trabajadores. Sin embargo, no se llevó a la práctica, pues el régimen había tomado la decisión de impulsar un esquema económico neoliberal y el equipo económico ignoró las propuestas de Leigh. Sergio de Castro y los Chicago boys consideraron a Leigh como un populista³⁶.

Los conflictos con Pinochet se agravaron con ocasión de la consulta convocada por este el 4 de enero de 1978, cuyo objetivo era fortalecer su autoridad y poder, a lo que se opuso Leigh. Viendo que con los resultados de la consulta Pinochet consolidaba su poder, el jefe de la FACH enfatizó públicamente la necesidad de avanzar en el cumplimiento de la promesa inicial de los militares de «restablecer la institucionalidad quebrantada» en un discurso pronunciado en una ceremonia de aniversario de su institución, el 21 de marzo, realizada en la Escuela de Aviación³⁷. Pinochet esperó varios meses y preparó cuidadosamente la manera de sacar a Leigh de la Junta sin provocar un conflicto con la FACH que rompiera la unidad de las FF.AA. La oportunidad la dio Leigh al conceder una entrevista a un periódico italiano donde se manifestaba a favor de un pronto retorno a la democracia. Esto se puede explicar más bien como resultado de su fracaso en impedir que Pinochet se convirtiera en el hombre fuerte del Gobierno³⁸. Pinochet movilizó al ministro del Interior, Sergio Fernández, que preparó una carta contra Leigh que fue firmada por todos los miembros del gabinete, salvo el ministro de Salud, el general de la FACH Fernando Matthei. También desplazó efectivos militares para asegurarse que no habría movilización de la Fuerza Aérea de apoyo al general destituido. Pinochet nombró a Matthei como nuevo comandante en jefe de la FACH³⁹.

Personalización del poder y recursos institucionales: la Presidencia

El objetivo de la Junta de Gobierno de convertirse en el principal órgano decisorio del nuevo régimen, con una Presidencia débil y un general Pinochet como un primus inter pares, fue imposible de mantener, pues implicaba el funcionamiento eficaz de una dirección colegiada. Esto era inviable por la variedad de problemas que debía resolver y las diferencias personales y de poder entre Pinochet y Leigh. Las condiciones políticas y económicas apuntaban hacia la constitución de un Poder Ejecutivo unipersonal y hacia una disminución del poder de la Junta. Ese era, además, el objetivo de Pinochet, favorecido por dos factores, el Ejército y el tiempo.

Leigh y Merino inicialmente se resistieron a nominar un presidente de la Junta, pues implicaba entregarle la dirección del proceso político a una persona que gozaría de todas las facultades que poseía un presidente de acuerdo a la tradición constitucional de Chile, tales como nombrar a centenares de altos funcionarios de la administración pública, desde los ministros y subsecretarios hasta intendentes y gobernadores de la administración vertical del Gobierno, incluyendo los alcaldes de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar. Aún más, con acuerdo del Senado podía designar a los embajadores y a los oficiales, generales y almirantes de las Fuerzas Armadas. La reforma constitucional de 1970 entregó al presidente la iniciativa en materia de gastos públicos, quitándosela al Congreso Nacional, con lo que el primero concentró poderosas competencias en cuanto a la gestión económica del país (Lagos, 1970). La función presidencial estaba rodeada de gran prestigio ante la ciudadanía, lo que fue considerado por los presidentes, puesto que cada uno contribuyó a crear una imagen imperial de la institución.

La definición del régimen político comenzó tempranamente a entrecruzarse con la consolidación del poder de Pinochet, facilitada por la falta de capacidad de la Junta para cumplir eficazmente las funciones legislativas y ejecutivas. El Estatuto de la Junta, D.L. N° 527, del 17 de junio de 1974, estableció que ella ejercería los poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo. Sin embargo, los militares del COAJ comenzaron a convencer a los miembros de la Marina y Fuerza Aérea que lo integraban, de la necesidad de establecer un Poder Ejecutivo unipersonal, idea que fue recogida en otro artículo del Estatuto, que matizó la participación de la Junta en la gestión de Gobierno, considerando que esta solo colaboraba con el presidente⁴⁰.

Pinochet hizo uso inmediato de la nueva distribución de competencias al aprobarse este cuerpo legal, realizando un importante cambio de gabinete para nombrar ministros de su confianza⁴¹. El ministro del Interior, general Óscar Bonilla, que había criticado las acciones de la DINA, fue nombrado en la entonces intrascendente cartera de Defensa⁴², siendo reemplazado por el general César Raúl Benavides, oficial de poca personalidad y de menor antigüedad que Bonilla. También reemplazó al ministro de Justicia, Gonzalo Prieto, quien había manifestado su preocupación por los atropellos a los derechos humanos, nombrando en su lugar al ex ministro de la misma cartera en el Gobierno de Jorge Alessandri, el catedrático de derecho penal Miguel Schweitzer. La Marina perdió el Ministerio de Hacienda, siendo nombrado un Chicago boy, el ingeniero Jorge Cauas, hasta ese momento presidente del Banco Central⁴³. El ingeniero Raúl Sáez fue designado en un ministerio sin cartera, de «Coordinación Económica». Este primer cambio de gabinete inició el camino de fortalecimiento del poder de Pinochet y la entrada de los Chicago boys en la dirección económica. Sin embargo, Merino mantuvo una fuerte posición de poder, más allá del texto del Estatuto, que le permitió ejercer una enorme influencia en las decisiones del régimen y que expresaba claramente en las reuniones de la Junta tuteando al general Pinochet⁴⁴. Esta posición de poder se basaba en que tenía mayor antigüedad que Pinochet, algo que en los institutos armados es muy importante, y porque fue quien tomó la decisión de precipitar el golpe de Estado, cuando este no se decidía.

El Estatuto de la Junta no entregó a Pinochet todos los poderes que este aspiraba, ya que no le permitió constituirse como presidente con autonomía de la Junta de Gobierno. Sin embargo, el 17 de diciembre de 1974 recibió el título de presidente de la República y de «jefe supremo de la nación», como consagraba el art. 71 de la Constitución de 1925⁴⁵. El decreto fue firmado por Merino y Mendoza, pero Leigh se resistió a hacerlo, ya que implicaba sancionar la supremacía del poder político de Pinochet. En una reunión que Leigh calificó como «dramática y dura», Pinochet lo esperaba con los otros dos miembros de la Junta que ya habían suscrito el decreto, y lo conminó a firmar, con una decisión que doblegó al jefe de la FACH, que no se atrevió a usar su poder de veto ante un resuelto jefe del Ejército⁴⁶.

El reducido número de ministerios que tuvo el Ejército fue suficiente para que Pinochet obtuviera el control político del nuevo régimen. Junto con establecer una organización que le asesoraba en la toma de decisiones como presidente de la Junta, fortaleció la Secretaría General de Gobierno para que asumiera las funciones de control de los medios de comunicación a través de la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos). Las relaciones con los grupos de interés y la población quedaron a cargo de la Dirección de Organizaciones Civiles. Para hacer más efectivo su funcionamiento, Pinochet elevó a rango de ministerio a la Secretaría General de Gobierno, decisión que Leigh y Merino resistieron hasta 1976, en que aprobaron el cambio⁴⁷. Pinochet necesitaba que este organismo dispusiera de autonomía de gestión para cumplir sus funciones⁴⁸. De ahí que el proyecto de decreto ley sostuviera que los cargos serían de «libre designación y libre remoción»⁴⁹.

El Consejo de Estado

Para fortalecer la imagen de la autoridad presidencial e integrar civiles a la toma de decisiones, Pinochet anunció el 11 de septiembre de 1975 la creación de un organismo asesor, el Consejo de Estado. Su idea era iniciar con esto la construcción de la «nueva institucionalidad». Estaría integrado por los ex presidentes de la República, lo que lo relacionaba con la legitimación histórica, para lo que contaba con la aceptación de Gabriel González Videla (1946-1952)⁵⁰ y de Jorge Alessandri (1958-1964)⁵¹. Esto obligaría a una definición del ex presidente Eduardo Frei (1964-1970), por lo que se esperaba un conflicto con el PDC si este se negaba, justificando así eventuales nuevas medidas contra el partido⁵².

La iniciativa original fue que el Consejo de Estado asesorara a la Junta y al presidente. Tendría un «carácter consultivo, con el objeto de que el Gobierno pudiera disponer de una opinión altamente calificada en las materias de mayor importancia para la vida nacional y en las cuales la Honorable Junta o el presidente de la República, según los casos, estimen oportuno requerir su punto de vista»⁵³. Sin embargo, el texto definitivo promulgado por la Junta de Gobierno estableció que el Consejo de Estado sería un órgano asesor solamente del presidente⁵⁴.

González Videla y Alessandri aceptaron integrar el Consejo de Estado, mientras que Frei lo rechazó. En una declaración pública, desechó la iniciativa y calificó al Consejo de Estado como una entidad meramente decorativa y que solo podría ser útil «si forma parte de un cuadro institucional que señale en forma definida y completa las atribuciones de cada uno de los organismos que expresan la vida de la nación»⁵⁵. Estimaba que era un órgano sin importancia, con escasas facultades y supeditado a la voluntad del jefe de Estado⁵⁶. Rechazó el anuncio de Pinochet de crear una «nueva institucionalidad», argumentando que esto solo podría provenir de una Constitución Política preparada por representantes del pueblo y aprobada en plebiscito por este, «único soberano para sancionar una Carta Fundamental». Frei consideró que esta iniciativa era un paso más para consolidar el autoritarismo y criticó: «Será imposible suprimir la existencia del Parlamento y de corrientes políticas democráticas. Este orden no podrá sustentarse en formas de corporativismo o gremialismo, cuya función es otra»⁵⁷.

La negativa de Frei dio pretexto al Gobierno para designar en su reemplazo al ex ministro de Defensa y ex senador PDC Juan de Dios Carmona, quien renunció al partido⁵⁸. Con este nombramiento se buscó provocar la deserción de otras figuras del PDC en favor del régimen militar. Sin embargo, esto no ocurrió; solo renunció William Thayer, ex ministro del Trabajo y de Justicia del Gobierno de Frei⁵⁹.

La composición del organismo siguió un cierto criterio corporativista, pues fue integrado por militares y civiles que representaban a las actividades económicas, del sector público y privado, además de exparlamentarios⁶⁰. La presidencia fue entregada a Jorge Alessandri.

El Consejo de Estado fue concebido como un órgano asesor, sin que se establecieran materias en que fuera obligatorio pedir su opinión, y el presidente lo podía convocar cuando lo deseara. El decreto mencionó diversos temas que podían ser enviados al consejo, tales como los proyectos de reforma constitucional, propuestas sobre reformas económicas, sociales, financieras, administrativas o tributarias, así como también los tratados o acuerdos internacionales y «cualquier otro asunto de trascendencia para la nación».

Sin embargo, su opinión no fue solicitada por Pinochet para ninguna de las reformas económicas, lo que se puede explicar porque el equipo económico sabía que Alessandri era partidario de una economía mixta y no simpatizaba con el proyecto neoliberal. En la práctica, su principal labor en los años setenta fue el examen del Anteproyecto Constitucional preparado por la Comisión Ortúzar.

Alessandri no tuvo un interés especial por activar el organismo. Recelaba de los militares por su experiencia personal, puesto que su padre, el presidente Arturo Alessandri, había sido exiliado por ellos medio siglo antes⁶¹. Alessandri se limitó a quejarse en algunas de sus sesiones de la poca importancia que Pinochet dio al Consejo de Estado⁶².

Con todo, este organismo cumplió ciertas funciones políticas al integrar a personalidades de derecha que representaban un amplio arco de posiciones e intereses, con lo que canalizó las opiniones de algunos personeros que tenían distintas visiones sobre algunas políticas, como ocurrió durante la discusión sobre el Anteproyecto de Constitución. Esto permitió que el Consejo de Estado se convirtiera en una arena institucional para la semioposición, usando el concepto de Juan Linz (1973).

El agotamiento del régimen militar tradicional y la demanda por la «nueva institucionalidad»

Además de la crítica de los civiles por la falta de participación en el Gobierno, hubo hechos objetivos que dieron cuenta de las limitaciones del sistema político establecido tras el golpe de Estado y de la conveniencia de cambiarlo si deseaban impulsar transformaciones profundas. En primer lugar, el aislamiento internacional por el rechazo a las violaciones a los derechos humanos tuvo altos costos económicos y políticos que el país no podía continuar asumiendo. La política exterior de Chile, en que el discurso anticomunista ocupaba el primer lugar, se guiaba por criterios que ya no correspondían a la nueva situación internacional, marcada por la política de «detente» entre EE.UU. y la Unión Soviética. También fue relevante el cambio en relaciones exteriores por la llegada a la Casa Blanca de la administración demócrata de Jimmy Carter, que privilegió la defensa de los derechos humanos⁶³. Chile tenía un interés muy especial para EE.UU. por el atentado a Orlando Letelier, en que el FBI comprobó la participación de agentes de la DINA. La presión del Gobierno estadounidense por esclarecer el asesinato fue determinante para empujar a los militares en Chile a cambiar su política, dando mayor espacio de participación a civiles y controlando las acciones de la DINA, disuelta en 1977, pero sustituida por la Central Nacional de Informaciones (CNI).

El aislamiento tenía graves consecuencias para la seguridad nacional, pues existían delicados problemas con Perú y Argentina. Con Perú se vivió una situación de extrema tensión en 1973-1974, donde existió un peligro real de guerra. Con Argentina estaba pendiente un conflicto limítrofe desde fines de los años sesenta, cuya resolución, a través de un laudo arbitral de la reina de Inglaterra, podría ser beneficiosa para Chile, desencadenando una reacción adversa de los militares argentinos, que en marzo de 1976 se tomaron el poder⁶⁴.

La transición a la democracia en España también influyó en la percepción de los gobernantes respecto de los cambios en la organización del poder. En efecto, la muerte del «Caudillo» Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, puso de relieve la extrema vulnerabilidad del régimen autoritario que él había instaurado. Pinochet fue el único jefe de Estado que asistió a los funerales del «Generalísimo» porque se sentía identificado con su figura y su régimen⁶⁵. Franco se había preocupado de establecer normas institucionales muy precisas para asegurar la continuidad del orden después de su muerte, resumida en su afirmación «todo está atado y bien atado». El rápido desmantelamiento de las instituciones de Franco que inició en agosto de 1976 el Gobierno de Adolfo Suárez, tuvo respaldo del rey Juan Carlos. El ejemplo de que era posible avanzar de dictadura a democracia en forma pacífica era negativo para el régimen militar chileno⁶⁶.

En el invierno de 1976, antes del asesinato de Letelier, Jaime Guzmán se enteró de un documento de la DINA que criticaba ácidamente al «gremialismo»⁶⁷, convenciéndose de la necesidad de frenar la acción de Contreras por su disfuncionalidad con la consolidación del régimen, porque generaba costos políticos externos e internos. El crimen en Washington no hizo más que ratificar esta idea.

Por último, la liberalización de la economía permitió impulsar relaciones económicas internacionales estrechas, que ponían en contacto a autoridades del sector económico con empresarios y políticos de las democracias avanzadas, quienes les manifestaban su preocupación por los atropellos a los derechos de las personas.

Todo esto redundaba en la necesidad de abrir el sistema político a una mayor participación de los civiles.

El papel de la semioposición: el semanario Qué Pasa

Hemos dicho que la élite civil que apoyaba al régimen no era homogénea, sino que estaba integrada por diferentes grupos, con distintas visiones acerca de cómo organizar el poder y hacia dónde avanzar, es decir, el sistema político que se implantaría cuando los militares volvieran a sus cuarteles, diferencias que se expresaban en el régimen. Las diferencias eran en políticas específicas y no sobre la naturaleza del régimen y su continuidad, lo que les sitúa como «semioposición», según el concepto de Juan Linz (1973). Este define la semioposición como «aquellos grupos que no son dominantes o no están representados en el grupo gobernante, pero que están dispuestos a participar en el poder sin enfrentarse fundamentalmente con el régimen» (Linz 1973: 191). Hubo un grupo integrado por académicos, profesionales y empresarios que pueden considerarse como semioposición porque disintieron de la intensidad de la represión y plantearon la necesidad de avanzar hacia una institucionalización del régimen. Les unía una visión política común y un esfuerzo conjunto de varios años, desde la fundación de la revista Portada en 1969 y el semanario Qué Pasa durante el Gobierno de la Unidad Popular. Sus principales exponentes eran el historiador Gonzalo Vial y Hernán Cubillos, un alto ejecutivo de El Mercurio con estrechas relaciones con la Marina porque había sido oficial y era hijo de un contraalmirante. Estaban preocupados de que el nuevo orden político continuara siendo una «dictadura militar», en lugar de avanzar hacia un «régimen militar», diferencia semántica que no era irrelevante, pues deseaban que se estableciera una distribución de poderes que les permitiera mayor participación en el Gobierno. Para ese objetivo plantearon una «nueva institucionalidad», que se expresaría en la creación del Consejo de Estado

Manifestaron discretamente su malestar a través del semanario Qué Pasa, fundado por personas que antes habían creado la revista Portada, y a los que estaba vinculado Jaime Guzmán, convirtiéndose en uno de los medios de prensa del sector de «los blandos». Volveremos sobre ellos más adelante. Tres hechos sirvieron de pretexto para expresar esta crítica al desarrollo político del autoritarismo: las acciones de la DINA, el aislamiento internacional, atribuido a una deficiente gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la falta de participación política de los civiles.

Desde mediados de 1975, Qué Pasa expresaba su preocupación por los abusos cometidos por los servicios de seguridad, porque el estilo empleado no era funcional a la consolidación del orden político. Sostenía que los excesos eran inevitables, pero los atribuía a la acción de los «grupos extremistas»⁶⁸. El punto de quiebre en su posición hacia la DINA ocurrió en julio de 1975 por la información de las 119 personas que habrían desaparecido en Argentina, lugar al que se habrían dirigido voluntariamente. Sin embargo, los nombres correspondían a personas que habían sido detenidas, y que hasta hoy se encuentran desaparecidas. Era evidente que se trataba de un montaje de la DINA. El semanario adoptó una posición crítica, exigiendo una investigación del Gobierno en este caso y que se impusiera castigo a los presuntos responsables⁶⁹. Esto no quería decir que pidiera un cambio en la política de derechos humanos, puesto que las críticas solo apuntaban a este dramático hecho. Eso explica que, paralelamente, Qué Pasa condenara la labor del Comité Pro Paz, creado después del golpe de Estado por las Iglesias católica y luterana, calificándolo como un organismo que se había politizado e impulsaba «una colaboración directa al violentismo marxista-leninista y a su propaganda exterior antichilena»⁷⁰.

En otros editoriales abogó por una política moderada en derechos humanos. Esta línea de mayor independencia se acentuó con ocasión del «caso Letelier», en que la revista informó ampliamente sobre el desarrollo de la investigación que se realizaba en los EE.UU., relatando las acciones que impulsaba la justicia de ese país⁷¹.

Después de las vidas humanas, el principal costo de la represión era el aislamiento internacional, lo que debía tomarse en cuenta para controlar el ejercicio del poder, de forma de evitar los excesos. Detrás de un lenguaje anticomunista, Qué Pasa planteaba un cambio en la política represiva:

Aparece claro que el comunismo soviético sigue impulsando a velas desplegadas su «Operación Chile», destinada a aislarnos internacionalmente como paso previo a recuperar el poder aquí perdido el 11 de septiembre de 1973. Y que el campo de batalla de la «Operación Chile» continúa siendo el tema de los derechos humanos. Ello nos obliga, por una parte, a adecuar nuestra política externa a esa realidad buscando la estrategia y medios más adecuados para desbaratar la «Operación Chile» y por la otra, a ser especialmente cuidadosos en solucionar los problemas de derechos humanos subsistentes en el país y que —magnificados y desfigurados— son el «leitmotiv» de aquella campaña. Cualquiera detención injustificada o ignorada por los familiares del detenido, cualquiera desaparición, cualquier apremio físico o psicológico indebido, no son solo reprobables jurídica y moralmente; además, son sendas armas puestas en manos de los enemigos de Chile⁷².

Sin embargo, esta crítica moderada no implicaba hacer concesiones en el resto del sistema político. Algún tiempo después, Qué Pasa respaldó la presión del Gobierno contra el Comité Pro Paz, disuelto a fines de 1975. Más tarde, rechazó la carta pública que un grupo de abogados de derechos humanos preparó con ocasión de la Asamblea de la OEA (Organización de Estados Americanos) realizada en Santiago en junio de 1976, firmada, entre otros, por los juristas Jaime Castillo Velasco y Eugenio Velasco Letelier⁷³. Condenaron la misiva por su «falta de patriotismo», pues en ella «no se busca la corrección sino la condena; la carta no sirve a los derechos humanos, ni a las eventuales víctimas. Solo sirve a nuestros infatigables y poderosos adversarios»⁷⁴. La revista sostenía que estos derechos debían compatibilizarse con las exigencias de la seguridad nacional. Como consecuencia de esta carta, los abogados firmantes fueron expulsados repentinamente del país sin siquiera poder llevar sus objetos personales. Un editorial posterior defendió esta decisión, compartiendo la explicación del Gobierno en el sentido de que la carta constituyó una amenaza a la seguridad nacional⁷⁵.

La principal crítica de Qué Pasa apuntaba a la escasa capacidad de iniciativa política que mostraba el Gobierno, lo que generaba un «inmovilismo», en un reproche a la gestión del ministro del Interior, el general César Raúl Benavides. Estimaba necesario que el régimen saliera de ese peligroso «inmovilismo», para lo que se requería definir con claridad los principios de «la nueva institucionalidad», y así evitar caer en «la típica dictadura sudamericana que no ha sido sino la antesala de la corrupción “democrática”, o sea, el recreo o intermedio entre dos actos de la farsa política, precisamente lo que nuestras Fuerzas Armadas no quieren ser»⁷⁶. El punto central era que Chile debía continuar siendo un «régimen militar y no una dictadura militar»⁷⁷. Se corría el peligro de convertirse en un caso más de Gobierno militar como los que existieron en la región⁷⁸. Según Qué Pasa, al establecer un orden institucional claro, «se desvanecerán para siempre las torpes imputaciones de totalitarismo y de Estado policial que nos hacen nuestros enemigos»⁷⁹.

Esta «nueva institucionalidad» no significaba poner fin al receso político y a los estados de excepción, pues se rechazaba la creación de espacios que permitieran el resurgimiento de los partidos. Los editorialistas de Qué Pasa reiteraban la necesidad de lograr más adherentes al régimen, cuestionando al PDC por no respetar el receso político, lo que implicaba que este debía suspender la labor que realizaba en la clandestinidad⁸⁰.

El orden político propuesto por Qué Pasa desarrollaba las ideas de Portada, que correspondían al planteamiento del ex presidente Alessandri: un presidencialismo poderoso, con un Gobierno «eficaz, ágil y autoritario, investido de supremos poderes, colocado por encima de clases y grupos y árbitro imparcial del bien común»⁸¹. Solo un orden político establecido de esta manera podría corregir la débil participación de los civiles, que había sido «escasa, ocasional o limitada a sectores muy específicos»⁸².

El cambio político de Chacarillas

Los reclamos en favor de la «nueva institucionalidad» de Qué Pasa expresaban las posturas de relevantes grupos del régimen, especialmente los «gremialistas» y el «alessandrismo». Guzmán planteó sus propuestas a Pinochet con insistencia por intermedio del jefe de Estado Mayor Presidencial, general Sergio Covarrubias, quien compartía sus argumentos. La reacción de Pinochet fue anunciar la decisión de avanzar hacia el establecimiento de «la nueva institucionalidad» en un discurso leído en Chacarillas el 9 de julio de 1977, cuyo texto se analizó en el capítulo anterior.

El discurso de Chacarillas constituyó una profundización de las ideas contenidas en la Declaración de Principios, pues se pretendía alcanzar un orden institucional que rompiera con el desarrollo democrático del país. La definición estuvo precedida por una medida de endurecimiento político, cuando en marzo se ordenó la disolución de los partidos, decisión dirigida principalmente en contra del PDC. La Junta había considerado esta medida hacía bastante tiempo, porque sus integrantes veían con irritación el creciente activismo opositor de personeros de este partido, incluyendo las actividades que desarrollaba en Chile y el exterior Frei. En octubre de 1976 la Junta debatió el receso político y en esa oportunidad Leigh y Mónica Madariaga, asesora jurídica de Pinochet, que sería ministra de Justicia 18 meses después, se pronunciaron a favor de la disolución de todos los partidos políticos. Las palabras de Madariaga daban cuenta del ambiente agresivo en contra del PDC entre los colaboradores civiles del régimen:

Siempre que se hable de receso se tendrá que mencionar toda esta gama de prohibiciones, porque en la medida que a un muerto en vida se le mantiene con buena salud y haya que darle alimentos, hay que tener cuidado que el muerto no camine, no brinque, ni salte. Por eso es preferible matar al muerto de una vez por todas y por eso opino, Sr. Presidente, como su asesora personal jurídica, que toda esta discusión lleva a que jurídicamente le proponga a US. que la única salida lógica que esto tiene es la disolución de los partidos políticos. Con eso se acaban los problemas. Se dicta una ley y se dispone que los bienes se atendrán a lo dispuesto en los estatutos de ellos o se regirán por las normas del art. 561 del Código Civil y se terminó. Pero en la medida en que se tenga (hay un muerto en cada vivo) un vivo tendrá que regularse cada brinco que dé 83.

La propuesta de Chacarillas no se llevó a la práctica de inmediato⁸⁴. Como se vio en el capítulo anterior, la Junta de Gobierno se opuso a ver disminuidas sus facultades en favor de un Congreso designado; Pinochet intuía que su poder necesitaba una ratificación distinta de la institucionalización planteada en el discurso. Meses después convocó a la consulta del 4 de enero de 1978 para lograrlo. La transición fue más larga —ocho años y no cinco—, se abandonó el camino de las actas constitucionales, optando por preparar una Constitución, cuyo objetivo también fue confirmar la autoridad y poder de Pinochet. Sin embargo, Chacarillas marcó el comienzo de una estrategia política que puso término al régimen militar tradicional y abrió paso a una nueva forma de Gobierno, con cierto énfasis en la institucionalización. Su materialización corresponderá al gabinete encabezado por el nuevo ministro del Interior, el abogado Sergio Fernández, que asumió el 14 de abril de 1978, siendo el primer civil en ocupar ese cargo desde el golpe de Estado.

La puesta en marcha del programa de Chacarillas

La ejecución del Plan de Chacarillas fue posible gracias a la cooperación de tres personas: Jaime Guzmán, que había desarrollado las ideas y redactado el discurso; el general Sergio Covarrubias, que, como jefe del Estado Mayor Presidencial, convenció a Pinochet de aceptar el plan político preparado por aquel, y Sergio Fernández, que desarrolló una estrecha amistad con Guzmán y tuvo un importante papel en la consulta⁸⁵, siendo designado ministro del Interior para llevar adelante el proceso de institucionalización.

Fernández tenía una biografía muy distinta a las de los «gremialistas», en su mayoría jóvenes profesionales santiaguinos de clase alta que estudiaron en colegios católicos y en la Universidad Católica. Era hijo de un exiliado español de la Guerra Civil radicado en Punta Arenas, donde se educó. Después estudió derecho y se recibió de abogado en la Universidad de Chile, donde fue profesor de derecho civil. No tenía militancia de partido. Fue uno de los numerosos profesionales que entró a trabajar al Gobierno por intermedio de Miguel Kast, quien lo consultaba regularmente sobre aspectos legales de la reforma previsional⁸⁶.

Llegó al Ministerio del Interior con ayuda de Jaime Guzmán. Como se trataba de una persona sin mayor visibilidad, al líder del «gremialismo» le pareció necesario que la opinión pública lo conociera. Para este fin, Fernández, que entonces era contralor general de la República, fue invitado a dictar la clase magistral de inauguración del año académico de la Universidad Católica, el 5 de abril de 1978, con gran despliegue publicitario. Era inusual que el contralor, un funcionario no político, eligiera como tema de su conferencia precisamente el desarrollo político del país⁸⁷. El discurso, redactado por Guzmán, fue la primera instancia en que una personalidad civil desarrolló los planteamientos que Pinochet expuso en Chacarillas. El título de su conferencia fue consistente con el sentido del acto: «Elementos para la protección de la nueva institucionalidad»⁸⁸. Días después, Pinochet le ofreció ser ministro del Interior, con amplias facultades para la construcción de la «nueva institucionalidad»⁸⁹. Fernández fue presentado por la prensa oficialista como un «jefe de gabinete»⁹⁰, o sea, como si se tratase de un ministro civil en un Gobierno democrático, que podía elegir a sus principales colaboradores⁹¹.

Con la designación del gabinete encabezado por Fernández se inició una segunda fase del régimen autoritario, la de institucionalización política, que debió abordar dos grandes tareas: la preparación y ratificación de la Carta Fundamental y la flexibilización del aparato coercitivo, facilitada por la disolución de la DINA en 1977 y su reemplazo por la Central Nacional de Informaciones (CNI) y el posterior alejamiento del general Manuel Contreras de la dirección de la primera.

El gabinete Fernández: la coalición «gremialistas»-Chicago boys

El nombramiento de Sergio Fernández como ministro del Interior fue un hito en el régimen de Pinochet, al significar la salida de un militar de la dirección de esta cartera, indicando un viraje político importante en el sentido que los servicios de seguridad estarían bajo el control de una autoridad civil, ya que la CNI se vinculaba con el Gobierno a través de este ministerio. Para simbolizar este nuevo comienzo, el gabinete de Fernández promulgó con gran despliegue publicitario una Ley de Amnistía por los delitos cometidos desde el golpe de Estado hasta la fecha de su dictación, rechazada por la oposición y los familiares de las víctimas porque daba impunidad a los autores de atropellos a los derechos humanos. Esta nueva orientación fue apurada por el «caso Letelier». El anuncio del fin de la DINA y la creación de la CNI fue dado a conocer el 13 de agosto de 1977, durante la visita de Terence Todman, subsecretario de Estado de los EE.UU. para Asuntos Interamericanos, que viajó a Chile para expresar el apoyo de su Gobierno al esclarecimiento del atentado terrorista cometido en Washington D.C. un año antes.

El cambio de gabinete fue precipitado por el «caso Letelier». El 1 de marzo de 1978 los diarios chilenos publicaron las fotos y nombres de dos de los implicados en el asesinato del ex canciller; días después, El Mercurio dio a conocer la verdadera identidad de los acusados, uno de ellos era oficial de Ejército⁹². Esto era de suma gravedad, pues confirmaba la participación de la DINA en el atentado, y el Gobierno estadounidense disponía de pruebas para demostrarlo. Sin la presión del «caso Letelier» no se habría llevado adelante el programa de Chacarillas y Fernández no habría llegado al cargo que finalmente ocupó⁹³.

La importancia del «caso Letelier» también explica que Fernández incorporara al gabinete a Hernán Cubillos como titular de Relaciones Exteriores⁹⁴. Cubillos estaba ligado a la Marina⁹⁵, era un empresario con muy buenos contactos en los EE.UU. y era presidente del directorio de la revista Qué Pasa, que tuvo conflictos con la DINA. Era una nueva cara para mostrar al mundo. Cubillos se empeñó por cambiar la política exterior, dejando atrás el discurso castrense de la seguridad nacional prevaleciente hasta entonces. Sin embargo, el Ejército limitó su margen de acción, pues mantuvo el control de la subsecretaría ejercida por el general Enrique Valdés, y permitió la duplicidad de información hacia Pinochet, lo que afectó la eficacia del ministerio.

Fernández pudo incorporar a otros civiles al gabinete algunos meses después, como por ejemplo al ex director de Portada y Qué Pasa, el abogado Gonzalo Vial, nombrado ministro de Educación, y al economista José Piñera Echenique, asesor del grupo Cruzat y columnista del semanario Ercilla, designado ministro del Trabajo⁹⁶. Vial había sido uno de los redactores del Libro blanco y tenía una postura crítica hacia los excesos de la DINA.

Piñera fue simpatizante de la DC durante sus estudios universitarios⁹⁷, antecedente que lo situaba de buena forma ante los dirigentes sindicales. La amenaza de un paro portuario decretado por los sindicatos estadounidenses contra el ingreso de mercancías chilenas favoreció su ingreso al gabinete. Era un economista inteligente, con personalidad como para encontrar solución a este problema y voz propia frente al poderoso ministro de Hacienda, Sergio de Castro. Piñera tenía más sentido político que otros miembros del equipo económico⁹⁸. Piñera estaba ligado a Guzmán, de quien tomó su discurso político, y explicaba con mayor claridad que Kast la importancia del desarrollo económico en la consolidación del orden político, presagiando que Chile sería un país desarrollado⁹⁹.

Con bastante eficacia pudo resolver el conflicto con los sindicatos norteamericanos, para lo que se apoyó en la aprobación de un Plan Laboral que, en apariencia, hizo importantes concesiones a los sindicatos chilenos, pero que en el fondo los debilitaba estructuralmente. Se flexibilizaba el mercado laboral, y se consagraba el principio de la afiliación voluntaria y la existencia de más de un sindicato por empresa (Campero y Valenzuela, 1984). También impulsó la privatización del sistema de pensiones, iniciativa propiciada desde comienzos del régimen desde Odeplan, pero que ningún ministro logró impulsar por falta de apoyo en la Junta. Fue una de las privatizaciones más trascendentes del régimen militar, pues privó al Estado de una de sus funciones más importantes, la de la previsión social, traspasándola a manos privadas. Ambas reformas tuvieron un efecto político considerable.

El gabinete de Fernández se basó en la acción conjunta de los Chicago boys y «el gremialismo». Contó además con el apoyo de la jefatura del Estado Mayor Presidencial, hasta comienzos de 1979 el general Covarrubias, y de su sucesor, el general René Escauriaza. Fernández dispuso de mayor espacio de acción, puesto que el general Pinochet debió concentrarse en la crisis con Argentina, que en diciembre de 1978 puso al país al borde de la guerra.

El jefe de gabinete no recibió plenos poderes de Pinochet, porque los dos ministros emblemáticos de la nueva época fueron alejados de sus cargos por decisión presidencial. Cubillos fue destituido después del incidente durante el viaje presidencial a Filipinas, en que Pinochet debió regresar cuando estaba a mitad de camino, en avión en el Pacífico, porque el dictador Ferdinand Marcos canceló repentinamente la invitación¹⁰⁰. Cubillos no tuvo responsabilidad en el fracaso de esta iniciativa, pues había expresado anteriormente la inconveniencia de la gira, por la ambigüedad de la invitación que cursó el Gobierno de Filipinas. Sin embargo, Pinochet resolvió viajar por recomendación del vicecanciller, general Enrique Valdés, que le aseguró contar con la información necesaria que respaldaba la validez de la invitación. Además, Pinochet quería salir del país para demostrar que el aislamiento internacional era limitado¹⁰¹.

El segundo ministro que perdió el cargo fue Gonzalo Vial, a fines de 1979. Esta medida era previsible, pues Pinochet no confió en este desde el primer momento y se relacionó preferentemente con su subsecretario, Alfredo Prieto, nombrado como sucesor en diciembre de ese año.

Los siete «gobiernos» del régimen militar

El estilo de Gobierno del general Pinochet, con frecuentes cambios de gabinete, aunque sin afectar la continuidad de las políticas públicas, incidió en los avances en institucionalización. Si se cuenta el número de gabinetes a través de las peticiones de renuncia de los ministros y las ceremonias de juramento de los nuevos titulares, hubo un total de 49 cambios¹⁰². En casi todos, Pinochet mantuvo a la mayoría de los ministros.

En los 17 años del régimen se pueden distinguir siete «gobiernos», cada uno con objetivos programáticos particulares y una configuración de élites relativamente distinta. Es una cifra alta si se considera que el Gobierno no encaró conflictos internos o crisis políticas o económicas, salvo las recesiones de 1975 y 1982, y la protesta opositora de 1983. Para comparar, se puede considerar que el régimen del general Franco en España tuvo solo nueve «gobiernos» durante sus casi cuarenta años de Gobierno, a pesar de haber enfrentado conflictos en los grupos de apoyo y una situación internacional más compleja de la que encaró Pinochet¹⁰³.

El primero fue el que se constituyó después del golpe de Estado, que puede calificarse como Gobierno de emergencia. Los ministros, salvo los de Justicia y Economía, fueron militares¹⁰⁴, nombrados entre oficiales de las tres ramas de las FF.AA. y Carabineros, en una distribución proporcional, con un mayor peso relativo de la Marina por su alto protagonismo en la preparación del golpe de Estado. Los militares también fueron nombrados como embajadores en numerosos países, incluso en los EE.UU. y Gran Bretaña.

La gestión de este «Gobierno» estuvo opacada por la dureza de la toma del poder y la represión. Las violaciones a los derechos humanos no permiten apreciar con claridad un papel destacado de este «Gobierno» en iniciar la transformación económica, decretando la libertad de precios, incluido el del dólar, y dando comienzo al ajuste económico y a la apertura de la economía, eliminando cuotas y aprobaciones oficiales previas para las importaciones y tomando decisiones de largo plazo para promover la competencia, como la creación de la Fiscalía Nacional Económica y las Comisiones Antimonopolios.

El segundo «Gobierno» se constituyó el 11 de julio de 1974, cuando Pinochet fue nombrado presidente de la Junta de Gobierno, y se extendió hasta abril de 1978. Fue un Gobierno militar tradicional, que descansó en los uniformados, aunque incorporó a civiles en el sector económico: 24 de los 38 ministros que hubo hasta 1978 fueron militares. Pinochet hizo una amplia remodelación ministerial, ya que 12 ministros dejaron el gabinete o cambiaron de cartera, aunque conservó el criterio de distribución proporcional: la Marina recibió cinco importantes ministerios¹⁰⁵, mismo número que el Ejército¹⁰⁶; la Fuerza Aérea ocupó tres ministerios¹⁰⁷, e igual cantidad obtuvo el Cuerpo de Carabineros¹⁰⁸.

Durante esta etapa, Pinochet se impuso en una pugna de poder con Leigh, que repercutió en el debilitamiento de la participación de la FACH en el gabinete. En abril de 1975, esta rama perdió la cartera de Obras Públicas y al año siguiente debió ceder Trabajo y Previsión Social. Como compensación, la FACH recibió el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La dirección política del régimen radicó principalmente en el Estado Mayor Presidencial, a cargo del general Sergio Covarrubias y, en menor medida, en el Ministerio del Interior. Para atenuar los efectos de la escasa participación de civiles en el gabinete, se establecieron instancias formales e informales con presencia de estos: el Consejo de Estado, en el primer caso, y la Asesoría Política (ASEP), en el otro, la que fue convocada por el ministro de Interior y a la que se integraron políticos del Partido Nacional y del «gremialismo»¹⁰⁹.

Este segundo «Gobierno» tuvo la responsabilidad de profundizar el ajuste económico ante el nuevo contexto internacional marcado por la crisis del petróleo en 1974 y la caída del precio del cobre. La reducción del gasto provocó numerosos despidos en la administración pública y en las universidades, exoneraciones que fueron aprovechadas para deshacerse de opositores al régimen¹¹⁰.

En abril de 1975, los Chicago boys adquieren el control de la dirección económica del Gobierno, al asumir Sergio de Castro en reemplazo de Fernando Léniz. Posteriormente, De Castro alcanzó el Ministerio de Hacienda a fines de 1976, por la renuncia de Cauas¹¹¹. En Economía fue nombrado otro de los fundadores de los Chicago boys, Pablo Baraona. De Castro enfatizó las medidas macroeconómicas, promoviendo la rebaja de aranceles, que incluyó medidas tan radicales como el retiro del Pacto Andino.

El tercer «Gobierno» fue de carácter cívico-militar y comenzó el 14 de abril de 1978 por efecto del asesinato de Letelier, cuando EE.UU. presionó a Chile por la participación de agentes de la DINA en el atentado que les costó la vida al ex ministro de Allende y a una ciudadana estadounidense. En este nuevo «Gobierno», ya analizado, hubo una participación mayoritaria de civiles, predominando los Chicago boys y «los gremialistas». De los 30 ministros civiles que hubo hasta el término de este gabinete en agosto de 1983, cada uno de estos grupos tuvo nueve ministros; hubo solo tres independientes, cuatro que provenían de los grupos de interés empresarial y tres que tuvieron cargos antes de 1973. El gremialismo vivió su momento de mayor influencia y no logró tener nuevamente el nivel que alcanzó en este período.

La tarea prioritaria de este gabinete fue institucionalizar el régimen de acuerdo al concepto de democracia protegida y autoritaria, labor que concluyó con la aprobación de la Constitución en el plebiscito de 1980. Se consolidó el liderazgo de Pinochet, elegido presidente en ese acto. El ministro del Trabajo profundizó las reformas económicas, con la aprobación del Plan Laboral y la privatización del sistema de pensiones. Este fue el «Gobierno» más exitoso de los que tuvo Pinochet.

El cuarto «Gobierno» fue cívico-militar. Se formó el 12 de agosto de 1983 para enfrentar la crisis económica y política. Fue encabezado por el ex presidente del PN Sergio Onofre Jarpa, como ministro del Interior, acompañado por personalidades que tuvieron participación en gobiernos anteriores a 1970. Jarpa impulsó un nuevo estilo, conocido como la apertura, caracterizado por una liberalización política que dio más espacio a la prensa, autorizó el retorno de numerosos exiliados y otorgó mayor margen de libertad a los partidos¹¹². Jarpa, sin embargo, recibió poderes limitados, pues no consiguió nombrar un ministro de Hacienda que estuviera de acuerdo con sus criterios frente a la crisis económica¹¹³. Además, debió enfrentar la oposición interna del ex diputado conservador Hugo Rosende, que asumió la cartera de Justicia en diciembre de 1983, y del ministro secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, quien fue nombrado un año después. Ambos cuestionaron la apertura política de Jarpa, que se analizará en el Capítulo X.

El quinto «Gobierno» se constituyó en febrero de 1985 y fue de reordenamiento institucional, con el reingreso de los Chicago boys y una parcial recuperación de la influencia «gremialista», expresada en la nominación en el Ministerio de la Vivienda de Miguel Ángel Poduje, que provenía de estas filas en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica¹¹⁴. Este impulsó con gran energía una política de erradicación de campamentos en Santiago, mediante un plan de construcción de viviendas populares, en estrecha relación con las municipalidades y con la participación de sus asesores¹¹⁵. Esto le permitió al «gremialismo» alcanzar una importante penetración en las poblaciones, lo que se enmarcaba en su estrategia de largo plazo para ser el principal partido de derecha.

El ministro del Interior fue el abogado Ricardo García Rodríguez, que debió compartir la dirección política con el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, quien gozó de un amplio espacio de acción para dar orientación al Gobierno. Cuadra se empeñó en desplazar a los «gremialistas» de su ministerio, especialmente de la Secretaría de la Juventud, lo que generó conflictos en la coalición gobernante. El equipo económico fue dirigido exitosamente por Hernán Büchi, que profundizó las reformas económicas, poniendo énfasis en las privatizaciones de las empresas públicas, a fin de desmantelar el Estado empresario. Volveremos sobre estas en el Capítulo IX.

El sexto «Gobierno» fue el de la campaña del plebiscito, con Sergio Fernández designado nuevamente como ministro del Interior en julio de 1987, lo que significó el regreso de los «gremialistas» al Gobierno, tema que será el objeto del Capítulo XI.

El séptimo «Gobierno» fue el de la retirada del poder, siendo encabezado por el ex ministro de Hacienda Carlos Cáceres como titular de Interior. Sus objetivos fueron organizar las elecciones presidenciales y parlamentarias y hacer posible el cambio de régimen político, además de asegurar la continuidad de las principales instituciones de la democracia protegida y autoritaria, y conseguir mayor autonomía de las instituciones castrenses, por el temor de que el Gobierno democrático tomara medidas en contra de los militares. La Junta promulgó numerosas leyes que estaban en tramitación, como la autonomía del Banco Central, el Estatuto de las FF.AA. y otras dictadas algunos meses antes de entregar el poder. Estas leyes eran amarres institucionales para el nuevo Gobierno democrático, a fin de impedir un «desmantelamiento» de la Constitución. El Gobierno negoció con la oposición una reforma constitucional que eliminó algunos de los componentes de la democracia protegida y autoritaria¹¹⁶.

El gabinete: regulación proporcional del conflicto e inestabilidad ministerial

El pluralismo limitado que caracteriza al régimen autoritario en términos de Linz (1978), se expresa principalmente en su élite gobernante¹¹⁷. En el Gobierno, la participación política se da en cada rama de las FF.AA., en Carabineros, y en grupos civiles, desde los Chicago boys hasta los políticos procedentes del Partido Nacional, «del alessandrismo», los «gremialistas» y de sectores independientes. La heterogeneidad de la coalición gobernante se representó en el gabinete, que se convirtió en un importante centro deliberativo y los ministros tenían considerable autonomía para tomar decisiones. Para que existiera una expresión política de la heterogeneidad de la coalición gobernante, era necesario adoptar una estrategia de regulación proporcional del conflicto político, según el pensamiento de Lehmbruch (1967), que diera una representación relevante a cada uno de los grupos en el Gobierno. Esto quiere decir que Pinochet también recurrió al «cuoteo político» para formar Gobierno, estilo que cuestionó respecto al Gobierno de la Unidad Popular¹¹⁸.

El sector «duro» fue excluido del gabinete porque tenía posiciones consideradas extremas por los otros grupos de la coalición gobernante. Pinochet mantuvo una relación informal con ellos, escuchando sus opiniones y tolerando que ejercieran cierta «semioposición» a través de la prensa¹¹⁹. Entre ellos estaba el abogado Pablo Rodríguez, fundador del grupo Patria y Libertad y partidario de una forma de Gobierno de corte corporativista¹²⁰. También estaban algunos generales en retiro, como Manuel Contreras, quien, después de salir de la DINA, se propuso hacer fracasar a la CNI y hostigar al «gremialismo». En tercer lugar, había algunos familiares de Pinochet (su hija Lucía). La no inclusión de «los duros» en posiciones de autoridad también se explica porque no tuvieron personalidades destacadas para ser designadas en el gabinete, y por tanto, tampoco contaron con la oposición de otros grupos de poder, especialmente «gremialistas». Para neutralizarlos, Guzmán mantuvo un discurso relativamente radicalizado en materias de orden público, cerrando el paso a las propuestas más extremistas de estos. Durante el debate en torno al orden institucional en 1980, Guzmán enfatizó su pugna con «los fascistas» como una forma de impedir que estos ganaran influencia en el general Pinochet. En todo caso, hubo ministros que impulsaron políticas muy cercanas a las promovidas por «los duros», como fue el caso de Hugo Rosende, ministro de Justicia (1983-1990)¹²¹.

Las designaciones de ministros se materializaban por órdenes de Pinochet, pero este tomaba en cuenta las resistencias internas que podían provocar entre sus colaboradores civiles. José Piñera estuvo prácticamente nombrado como ministro de Economía en 1978, pero no se formalizó porque suscitó resistencia en los Chicago boys y en el «gremialismo»¹²².

Para dar expresión a estos distintos grupos de poder, se amplió el número de ministros a través de dos mecanismos. Se asignó este rango a los directores de importantes entidades públicas asumidas por altos oficiales de las FF.AA. —Corfo, Odeplan y el Estado Mayor Presidencial (más tarde, Secretaría General de la Presidencia)—. Mediante un decreto ley aprobado por la Junta se crearon nuevas carteras, como Transportes y Telecomunicaciones, separada en 1974 del Ministerio de Obras Públicas, y se dio legalmente el carácter de ministerio a la Secretaría General de Gobierno.

La Marina concentró su participación en la Junta por intermedio del almirante Merino. Esta rama no se sintió parte del Gobierno, sino del régimen, y se abocó a impulsar las reformas económicas. Merino se consideraba el segundo hombre del régimen y Pinochet lo entendió así cuidando las relaciones con el almirante, llegando a tener una gran amistad con este. Desde marzo de 1981, cuando Pinochet asumió la Presidencia de la República, Merino fue presidente de la Junta, lo que resaltó su imagen pública de segundo hombre del régimen. La Marina tuvo solo dos carteras después de 1981, el contraalmirante Hernán Rivera, ministro de Salud de comienzos de 1981 a agosto de 1983, y el contraalmirante Patricio Carvajal, ministro de Defensa desde comienzos de 1983 hasta el término del régimen militar. El Cuerpo de Carabineros conservó la dirección de un ministerio de escasa relevancia, Bienes Nacionales.

El pluralismo limitado reflejaba no solo los distintos intereses políticos y castrenses, sino que también consideraba la integración de grupos de interés, como las organizaciones empresariales. Esto benefició a tres gremios. En primer lugar, a la Cámara Chilena de la Construcción¹²³, de enorme influencia por su activa participación en el área de obras públicas y vivienda, en la generación de empleo y en el desarrollo de la actividad económica, lo que justifica su relación pragmática con los diferentes gobiernos. En segundo término, a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), pues durante un largo tiempo el ministro de Agricultura fue un ex presidente de este gremio¹²⁴. El interés del Gobierno por nombrar a un dirigente gremial se explica por el impacto de la drástica apertura comercial, que perjudicó a los agricultores; el equipo económico los consideraba empresarios tradicionales, incapaces de incorporarse a la modernización económica. La mayor tensión entre las organizaciones de agricultores y los Chicago boys se produjo durante la crisis económica de 1982-1983, cuando aquellas adoptaron una actitud de franca rebeldía que culminó en una huelga¹²⁵. En tercer lugar, también se consideró a la Cámara Nacional de Comercio en la designación de un ministro de Economía.

La distribución proporcional del poder se ejerció con el estilo de Gobierno de Pinochet, que se caracterizó por la alta inestabilidad ministerial: tuvo 133 ministros, de los cuales 66 fueron civiles y 67 uniformados. De estos últimos, 37 fueron del Ejército, 11 de la Marina, 11 de la Fuerza Aérea y ocho de Carabineros, con un tiempo promedio de permanencia en sus cargos de diez meses¹²⁶. El régimen de Franco, que duró casi cuarenta años (en contraste con los 17 de Pinochet) tuvo 102 ministros entre 1939 y 1971 (Von Beyme, 1971: 128-129).

La representación de los intereses políticos y económicos en el gabinete requirió de un complejo proceso de designación de ministros, con listas preparadas por el Estado Mayor Presidencial y después por la Secretaría de la Presidencia. Los militares que trabajaban en esta materia hacían un seguimiento del desempeño de los altos funcionarios públicos y recibían recomendaciones de ciertos profesionales. Algunos ministros llegaron al cargo por su destacada labor como subsecretarios¹²⁷ o su eficiencia en el desempeño en dependencias inferiores del Gobierno, como Francisco Javier Cuadra, que trabajó en la Oficina de las Relaciones con la Iglesia, dirigida por Sergio Rillón, asesor directo de Pinochet. Otro caso fue el de Sergio Fernández, que había colaborado con Miguel Kast, entonces subdirector de Odeplan. Pinochet estuvo abierto a nombrar profesionales destacados en el ámbito empresarial, como Rolf Lüders.

Hemos considerado la composición ministerial de cada uno de los siete «gobiernos» del régimen militar y hemos visto cómo sobresale la participación de los «gremialistas» en todos, salvo en el primero, netamente castrense, y cómo se destaca su presencia en el tercer «Gobierno», cuando tuvieron nueve ministros. En los gobiernos siguientes su participación se redujo fuertemente, pero fue muy destacada en el sexto, cuando Sergio Fernández ofició como ministro del Interior, y en el último «Gobierno», en que Miguel Ángel Poduje actuó como titular de Vivienda y Urbanismo. Esta última cartera fue muy importante para la organización del «gremialismo» en las poblaciones, debido a las enormes capacidades clientelísticas por las «soluciones habitacionales». Los «gremialistas» tuvieron un total de 26 ministerios, siendo solo superados por los Chicago boys, que tuvieron 31, quienes, a su vez, solo fueron sobrepasados por los ministros pertenecientes al Ejército, que sumaron 46.

Desde una perspectiva funcional, la inestabilidad ministerial ofrecía a muchos personeros frecuentes oportunidades para entrar al gabinete. Como no había otra instancia formal de participación política, la baja institucionalización limitó la participación política de los grupos civiles, así como la de personalidades autónomas, a buscar su integración al gabinete, o a promover el alejamiento de sus competidores cuando había choques de intereses o conflictos de poder¹²⁸.

Los ministros del régimen

Pinochet fue consecuente al plantear que su «gobierno» no tendría relación con el pasado, pues no recurrió a la colaboración de políticos de derecha, salvo contadas excepciones, pero los nombró embajadores para mantenerlos fuera del país¹²⁹. Hizo una excepción con motivo de la crisis económica de 1982-1983, cuando el ex presidente del Partido Nacional, el ex senador Sergio Onofre Jarpa, fue nombrado ministro del Interior. Necesitaba la colaboración de un político con gran experiencia para neutralizar la oposición, que había adquirido un considerable protagonismo¹³⁰.

Pinochet tampoco tuvo una especial deferencia con los políticos que estuvieron ligados al ex presidente Jorge Alessandri. Nombró solo a tres de sus ex ministros, pero ninguno de ellos pudo mantenerse en el cargo el tiempo suficiente como para dejar una huella de su gestión¹³¹.

El típico ministro de Pinochet era un destacado profesional, sin militancia partidaria antes del golpe de Estado y que se había dado a conocer por una colaboración desinteresada con el Gobierno. Fue el caso de Sergio Fernández. Otro ejemplo fue Francisco Javier Cuadra, ministro secretario general de Gobierno (1984-1987), cuya personalidad era de interés para Pinochet: inteligente y frío, decidido partidario de su liderazgo, una cara joven distinta a la de Guzmán, que había sido alejado del primer círculo de asesores del presidente por priorizar los intereses del «gremialismo» por sobre los del régimen. Cuadra trabajaba solo y no tenía aspiraciones de organizar un movimiento político. La confianza que le dio Pinochet le permitió convertirse en el principal ministro político, desplazando de ese papel al ministro del Interior, el abogado Ricardo García.

Hugo Rosende, otro ministro destacado de los años ochenta, unía condiciones de experto en materias legales con gran experiencia política y enorme capacidad de adaptación a las aspiraciones de Pinochet. Fue designado ministro de Justicia a fines de 1983 y su experiencia le sirvió a Pinochet para tener un contrapeso a la política de apertura que impulsaba el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, también político, y esto se expresó en las críticas que formuló a esta orientación. Por estos motivos, dejó la imagen de un «duro» y se mantuvo hasta el final del régimen, mientras Jarpa debió salir del Gobierno en 1985. Rosende desarrolló una segunda tarea muy importante para Pinochet: nombrar ministros de la Corte Suprema identificados con el régimen militar, para evitar que los posibles juicios en casos de violaciones a los derechos humanos que se presentaran después que los militares volvieran a los cuarteles, terminaran en sentencias contrarias a estos.

Pinochet tuvo preferencia por los Chicago boys, cuyas principales figuras fueron Sergio de Castro, Hernán Büchi y Miguel Kast. De Castro tenía un liderazgo indiscutido en los economistas de la Universidad Católica, por haber sido profesor de numerosas generaciones que siguieron el curso introductorio que impartía en primer año¹³². Hizo su doctorado en la Universidad de Chicago y después se dedicó a la actividad académica, llegando a ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica. No tuvo participación política hasta el golpe, aunque intervino activamente en la preparación de «El Ladrillo». Entró como asesor del ministro de Economía, Fernando Léniz, para ser luego subsecretario y sucederle en la dirección de la cartera en abril de 1975. Su perfil profesional y político coincidía con el liderazgo deseado por los militares: de derecha, sin militancia política y con un carácter enérgico.

Hernán Büchi era ingeniero en minas de la Universidad de Chile, y tuvo una participación política durante sus estudios en un movimiento de ultraizquierda¹³³. No era de los tecnócratas que elaboraron «El Ladrillo» y entró al Gobierno en 1975. Ocupó diversos cargos antes de ser nombrado ministro de Hacienda el 18 de febrero de 1985, permaneciendo en este hasta el plebiscito de 1988. Su primer trabajo fue como asesor del Ministerio de Economía, participando en la modernización de las empresas públicas. Después fue director de diversas empresas¹³⁴. A fines de 1979 fue designado subsecretario de Economía, pasando en enero de 1981 a ser subsecretario de Salud, cargo donde tuvo protagonismo en la privatización del sistema de salud¹³⁵. En agosto de 1983 asumió como ministro de Odeplan y en mayo de 1984 fue nombrado superintendente de Bancos. Era pragmático, sin mayores convicciones políticas ni inquietudes religiosas, a diferencia de los «gremialistas», y con un estilo personal poco convencional, ganando la admiración de Pinochet.

Miguel Kast era bastante más joven que De Castro y perteneció a la segunda generación de los Chicago boys, de la que fue la personalidad más destacada¹³⁶. Kast tuvo una intensa participación política en el movimiento estudiantil, mostrando preocupación por el desarrollo del Movimiento Gremial¹³⁷.

Ingresó a Odeplan a fines de 1973 al terminar su posgrado en la Universidad de Chicago, asumiendo la subdirección, y llegó a ser su ministro director en 1978. Nacido en Alemania y radicado desde temprana edad en Chile, estaba convencido de las consecuencias políticas de la economía de mercado a partir de la experiencia de su país natal. Sus ideas políticas eran simples, marcadas por un interés religioso y una visión más bien ideológica de la economía, a la que consideraba una disciplina científica dotada de poderes excepcionales¹³⁸.

Los ministros no fueron nombrados por su relación familiar o amistad con Pinochet. Las excepciones tenían claras justificaciones profesionales. Su asesora legal, Mónica Madariaga, que llegó a ser ministra de Justicia y después de Educación, era hasta el golpe de Estado una funcionaria de carrera de la Contraloría General de la República y profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Su amigo, el empresario Manuel Martín, fue por algunos meses ministro de Economía en 1983, y su misión consistió en tranquilizar a los gremios empresariales.

Entre los ministros no está la totalidad de los principales políticos del régimen. Hubo personalidades muy influyentes que no estuvieron en el gabinete, como Jaime Guzmán. Este prefirió actuar a través de ministros de su confianza y no tuvo interés en serlo personalmente, pues estaba dedicado a su propio proyecto político: la construcción de un movimiento que se convirtiera en la fuerza hegemónica después de que los militares regresaran a sus cuarteles, que se analizará en el capítulo siguiente. Para esto debía dirigir las acciones de numerosos activistas del «gremialismo» situados en distintos lugares del Gobierno, lo que le exigía una independencia de actuación que no habría tenido en el gabinete.

En este capítulo hemos analizado la organización del régimen político y las dificultades para definir un perfil institucional, puesto que los militares no dispusieron de un plan político al momento del golpe de Estado. Inicialmente se organizó un régimen militar tradicional, que luego avanzó hacia un régimen militar distinto, con cierto grado de institucionalización y participación de los civiles, que fue precipitado por factores internos y externos, como el caso Letelier. El régimen se definió en Chacarillas en julio de 1977 como una democracia protegida y autoritaria, consagrada en la Constitución de 1980, distribuyendo el poder entre el Gobierno y la Junta de Gobierno, destacando en aquel la participación de los grupos civiles que los respaldaban siguiendo una cierta representación proporcional. Sin embargo, Pinochet tuvo un estilo de liderazgo que se caracterizó por la inestabilidad ministerial, lo que restó poder al gabinete y a los ministros, fortaleciendo el suyo, pero provocando inseguridad en los grupos de poder y en personalidades independientes que entraron al Gobierno.

Para comprender mejor el funcionamiento del régimen autoritario es necesario examinar sus principales élites, los «gremialistas» y los Chicago boys, a lo que se dedican los siguientes dos capítulos.

CAPÍTULO VII

LA ÉLITE CIVIL: EL «GREMIALISMO» Y EL PAPEL DE JAIME GUZMÁN

Partido único y régimen autoritario

A diferencia de otros regímenes militares de América Latina, el de Pinochet no organizó un partido político como base de apoyo. Los militares en el Brasil crearon en 1966 un partido de Gobierno (Alianza Renovadora Nacional, Arena) y toleraron uno de oposición (Movimiento Democrático Brasilero, MDB), manteniendo las elecciones para la generación de los gobiernos locales, estaduales y el Congreso Federal (Lamounier y Cardozo, 1978; Kinzo, 1988; Alves, 1984; Skidmore, 1988). También tuvo un partido político el Paraguay del general Stroessner (Abente, 1995), así como las dictaduras sultanísticas de América Central¹, por ejemplo, la Nicaragua de Somoza (Walter, 1993)².

Los regímenes autoritarios se identifican con el partido único porque este cumple diversas funciones, como el reclutamiento de la élite dirigente y de funcionarios intermedios en la administración estatal, la movilización de apoyos y la articulación de intereses políticos y propaganda. Sus militantes y dirigentes desempeñan un papel activo en la movilización política, especialmente en la organización de los actos de masas y en las elecciones no competitivas o semicompetitivas convocadas para ratificar en el poder al dictador³. Los regímenes autoritarios de larga vida, como el de Franco en España, con el correr del tiempo vieron disminuida la importancia del partido, siendo la burocracia la institución que alcanzó un mayor grado de influencia en la toma de decisiones⁴.

Si bien en Chile los militares no plantearon la organización de un partido, en los primeros años no descartaron la posibilidad. La Declaración de Principios de la Junta de Gobierno de 1974 planteó la necesidad de crear un «movimiento cívico-militar» para consolidar el respaldo de la población al nuevo régimen:

[Las Fuerzas Armadas y de Orden] consideran como parte de su misión el inspirar un nuevo y gran movimiento cívico-militar, que ya está surgiendo de la realidad de los hechos y que proyectará fecunda y duraderamente hacia el futuro la labor del actual Gobierno⁵.

Pinochet consideró la posibilidad de crear este movimiento, pero echó pie atrás al encontrar otros recursos institucionales y políticos funcionales a la consolidación de su poder⁶.

Diversos factores explican que los militares en Chile no hayan recurrido al partido único. En primer lugar, influyeron las condiciones de la crisis de la democracia, que dejó una imagen negativa de los partidos en la opinión pública, a los que se atribuyó la principal responsabilidad en el fracaso del orden pluralista. También existía un fuerte rechazo a los partidos en los grupos de derecha que colaboraron más con los nuevos gobernantes, que desde los años sesenta los habían cuestionado abiertamente. La participación institucional de los militares en el poder dificultaba la creación de un partido aglutinador de los civiles, pues este podría erigirse como un interlocutor válido en materias de competencia exclusiva de la Junta de Gobierno y del jefe de Estado.

El régimen encaró las funciones del partido único a través de la creación de instancias oficiales que se hicieron cargo del reclutamiento del personal político, de la movilización de adherentes, la propaganda y las campañas electorales. Entre estas destacó la Dirección de Organizaciones Civiles, perteneciente al Ministerio Secretaría General de Gobierno, en que la Secretaría Nacional de la Juventud alcanzó un gran protagonismo⁷. Un grupo de poder cumplió algunas de las funciones del partido único —el «gremialismo»—, especialmente en cuanto al reclutamiento de la élite, en la movilización de la población en las elecciones no competitivas (en 1978, 1980 y 1988) y en la confrontación con la oposición, un tema que preocupaba al general Pinochet porque la consideraba un «enemigo»⁸. No hubo partido oficial, pero sí un equivalente funcional, el «gremialismo», organizado por Jaime Guzmán Errázuriz y constituido en 1983 como partido político: la Unión Demócrata Independiente (UDI). Guzmán se había propuesto formar el partido único de la derecha, que pudiera ganar ampliamente las primeras elecciones parlamentarias y presidenciales cuando los militares regresaran a sus cuarteles. En este capítulo se analizarán las condiciones del surgimiento de este movimiento, el liderazgo de Guzmán y el papel político de este grupo en el régimen militar, para lo que nos concentraremos en el examen de la Secretaría General de la Juventud, su principal base de poder.

El «gremialismo», un grupo de poder

El principal grupo civil que apoyó el régimen de Pinochet fue el «gremialismo». Colaboró activamente en su instauración y consolidación, aprovechando las condiciones del autoritarismo para desarrollar su propio proyecto político: la construcción de un poderoso movimiento de derecha. Estuvo integrado por gran número de activistas que asumieron diversos roles y actuaron con enorme cohesión fundada en una doble lealtad. Por un lado, una lealtad externa hacia el régimen militar, con especial adhesión a Pinochet, que los llevó a justificar sus principales políticas, incluso los atropellos a los derechos humanos; por otro, una lealtad interna hacia los principios del Movimiento Gremial, privilegiando el liderazgo de Guzmán y a quienes adherían al grupo.

Jaime Guzmán fue un político de gran inteligencia, con enorme capacidad para reclutar a jóvenes e influir en el régimen. Poseía gran imaginación para orientar su acción política en una perspectiva de largo plazo y fue pragmático al adecuar sus convicciones a las oportunidades que ofrecía el momento. Consiguió ser el principal asesor civil del régimen, mediante el eficaz trabajo desarrollado en diversos espacios institucionales, como la Secretaría General de Gobierno, a la que apoyó en tareas de propaganda y difusión. También colaboró con la Junta de Gobierno y, especialmente, con el general Pinochet, redactando sus principales discursos y participando en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Así pudo incidir en el contenido del discurso político del autoritarismo y en la arquitectura de la democracia protegida y autoritaria.

El «gremialismo» concentró su participación en tres organismos. En primer lugar, en la Secretaría General de Gobierno, transformada por el régimen en un importante ministerio, ampliando sus competencias y recursos humanos, donde radicaba el control de los medios de comunicación y la movilización del apoyo ciudadano. Para esto último creó la Dirección de Organizaciones Sociales, con tres secretarías: Mujer, Gremios y Juventud. El «gremialismo» se concentró en la política hacia la juventud, controlando la correspondiente secretaría. Para ampliar la influencia de los profesionales que trabajaban en el Gobierno, empresa privada y universidades, Guzmán impulsó una iniciativa netamente «gremialista», el «Frente Juvenil de Unidad Nacional», que tuvo protagonismo y apoyo de la Secretaría de la Juventud.

En segundo lugar, sus economistas e ingenieros, bajo el liderazgo de Miguel Kast, se incorporaron a la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), colaborando con los Chicago boys en la preparación de las reformas económicas y evaluación de la gestión de los ministerios. A través de los secretarios regionales de planificación (Serplac), dependientes de Odeplan, el «gremialismo» apoyó la gestión de los gobiernos regionales, a cargo de militares, lo que les permitió establecer relaciones profesionales y personales con numerosos uniformados, fortaleciendo su imagen de un grupo eficaz y leal de colaboradores del régimen.

En tercer término, se concentraron en la dirección de gobiernos locales, siendo nombrados alcaldes de numerosas municipalidades de las principales ciudades (Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción). El trabajo en la Secretaría de la Juventud favoreció la selección de alcaldes «gremialistas», pues como habían trabajado en la correspondiente localidad tenían más legitimidad para ser nombrados en el cargo.

Gran número de sus adherentes provino de la Universidad Católica, donde tuvieron apoyo del rector delegado, contraalmirante (R) Jorge Swett, que los designó en cargos directivos. Esto permitió que su influencia creciera en las principales escuelas (Derecho, Economía, Agronomía e Ingeniería), lo que no lograron en otras universidades⁹.

En cuarto lugar, Guzmán, como miembro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, incidió en el diseño de democracia protegida y autoritaria que se establecería en la Constitución de 1980, poniendo énfasis en la tutela militar, el pluralismo limitado y las restricciones al papel de los partidos¹⁰.

Los «gremialistas» también participaron en el Consejo de Estado, donde el representante de la juventud fue un dirigente estudiantil de la FEUC¹¹. Hacia 1979 el «gremialismo» creó su propia revista política, Realidad, que apareció más de cuatro años, de junio de 1979 a diciembre de 1983, con 55 números¹², donde plantearon avanzar en «la transición a la democracia», en un momento en que sus relaciones con el general Pinochet se habían debilitado, perdiendo considerables posiciones de poder.

La labor del «gremialismo» en distintos niveles de Gobierno y la habilidad de Guzmán les permitieron ganar gran influencia en Pinochet. Recibieron apoyo del general Sergio Covarrubias, jefe del Estado Mayor Presidencial (1974-1979) —después, Secretaría General de la Presidencia—, que cultivó una estrecha amistad con Guzmán. La etapa de mayor influencia del «gremialismo» se produjo cuando Sergio Fernández fue ministro del Interior (1978-1982). Pese a que después las relaciones con Pinochet se enfriaron y a que en 1983-1984 hubo un esfuerzo por alejarlos del Gobierno, siempre fueron el principal grupo de poder civil, teniendo Pinochet que acudir a ellos para el plebiscito de 1988.

La enorme gravitación del «gremialismo» en el Gobierno provocó irritación en otros grupos civiles que apoyaban a los militares, los que le reprochaban su sectarismo. Esto favoreció el surgimiento en 1983 de un nuevo partido de derecha, Unión Nacional, que se propuso ser alternativa.

Jaime Guzmán y la influencia de la España de Franco

Jaime Guzmán Errázuriz nació en 1946, en el seno de una familia tradicional, no adinerada¹³. En su hogar recibió desde muy temprano una fuerte educación religiosa, siendo clave en su desarrollo el sacerdote Osvaldo Lira, un profesor de su colegio que había vivido en España en los años cuarenta y era ferviente partidario de las ideas corporativistas del régimen de Franco¹⁴. Estudió en el colegio Sagrados Corazones de Santiago y egresó en 1962, para entrar al año siguiente a la Escuela de Derecho de la Universidad Católica.

Sus ideas políticas estuvieron influidas por la España franquista de comienzos de los años sesenta, es decir, cuando todavía la concepción corporativista influía en el régimen. Desde su adolescencia siguió con gran interés su desarrollo político, leyendo documentos y discursos de sus principales figuras, desde José Antonio Primo de Rivera y Gonzalo Fernández de la Mora hasta los discursos de Franco. Un viaje a Europa, a comienzos de 1962, que incluyó España, fortaleció su admiración por el autoritarismo, que estaba en pleno desarrollo económico, sintiéndose más cómodo en España que en los países latinoamericanos que visitó antes. En una carta a su madre, escrita al arribar a Europa, desde Barcelona, le dice: «No sabes la emoción indescriptible con que te escribo... Emoción de pisar suelo europeo, de estar en la patria de Velázquez, Calderón, Cervantes, Tirso, Franco y tantos otros». Más adelante añadió: «Me sentí menos extranjero que en Argentina o en Brasil y los sentí [a los españoles] más compatriotas que los mismos chilenos». Escribiéndole a su madre al finalizar el viaje, afirma: «Sobre Europa te contaré algo que supondrás: España es lejos el país que más me gustó; después, lejos, Italia»¹⁵. Así, pudo familiarizarse de acontecimientos históricos, especialmente la Guerra Civil¹⁶.

Guzmán definió sus ideas en forma muy precoz¹⁷. Una conferencia que ofreció en la Academia Literaria de su colegio al regreso de su viaje a España y que publicó después en la revista de esta, permite comprender ciertos rasgos de su pensamiento político, haciéndose evidente la influencia del franquismo en su pensamiento y dando cuenta de su admiración por el «Caudillo»¹⁸.

Francisco Franco no puede ser catalogado como dictador, sino por un retardado mental, ya que su admisión al poder está más que legitimada, por un pueblo que se levantó en armas «por Dios, por España y por Franco»¹⁹.

Su visión sobre la altísima personalización del poder en el general Franco le hace ver la historia de España en torno a sus decisiones, considerándolo una figura excepcional que habría logrado consolidar un nuevo Estado capaz de sobrevivir después de su muerte:

En 1936 su misión [la de Franco] fue salvar a España del comunismo... En 1942 su misión era ya crear un órgano legislativo que representara fielmente al pueblo... En 1949 su misión fue acelerar su política exterior y Franco obtuvo el reconocimiento de todos los países occidentales... Y hoy, la misión del Caudillo es completar el desarrollo material para ponerse al nivel de las grandes potencias europeas... Y después, su misión final será consolidar el Estado corporativo para garantizar que a su muerte todo se desarrolle por los cauces normales. Y si ha cumplido con todas sus misiones anteriores, ¿por qué no con esta?

No se equivocó el Himno Español al decir: «Volverá a reír la primavera, que por cielo, mar y tierra se espera. ¡Arriba escuadras a vencer! que en España empieza el amanecer».

¡Y en España ha empezado a amanecer! ¡Viva Franco! ¡¡Arriba España!! 20

La España que Guzmán admira tiene otro punto de sintonía con sus ideas políticas: el catolicismo tradicionalista²¹. La Iglesia católica española mantenía un discurso anticomunista que la llevó a respaldar la «cruzada» en la Guerra Civil y a apoyar el régimen de Franco hasta fines de los años sesenta. De ahí que Guzmán no conciba una Iglesia como la de Chile, que tuvo una postura social crítica ante las injusticias sociales y que desde el comienzo fue distante del régimen militar, defendiendo los derechos humanos. Guzmán no miró con simpatía las reformas del Concilio Vaticano II, como tampoco las posiciones de la Iglesia católica en América Latina expresadas en los documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (Celam).

Esta orientación religiosa llevó a Guzmán a colaborar durante sus primeros años en la universidad con un movimiento católico de extrema derecha, Fiducia²², que ejercía una crítica radical contra las orientaciones de la Iglesia católica después del Concilio Vaticano II²³ y las de la Iglesia en Chile²⁴. Escribió ahí diversos artículos sobre diferentes temas políticos y religiosos, que más tarde serán recurrentes en su discurso, como el problema del comunismo y del socialismo²⁵ y su rechazo a la Democracia Cristiana por su pretensión de ser alternativa entre el capitalismo y el socialismo²⁶. Por razones de cálculo electoral, Guzmán se distanció de Fiducia en 1965 cuando creó el «Movimiento Gremial», grupo que se presentó a las elecciones del Centro de Alumnos de Derecho²⁷.

La influencia de España se vio fortalecida durante sus estudios de derecho gracias al influjo de algunos de sus profesores, especialmente del historiador Jaime Eyzaguirre, también católico observante y admirador de Franco. Este contexto explica que Guzmán no haya sido partidario de la democracia. Al menos hasta fines de los años setenta, era conocida su admiración por el corporativismo franquista²⁸.

Entre 1970 y 1972 fue miembro del «consejo político» de la organización de extrema derecha Patria y Libertad²⁹. Guzmán mantuvo una postura crítica a la democracia, cuestionando abiertamente el principio de la representación y el sufragio universal. Con motivo de la democratización de España gatillada por la muerte del «Caudillo», el 20 de noviembre de 1975, que precipitó el desmantelamiento de las instituciones franquistas, pudo percibir la extrema vulnerabilidad del autoritarismo y la necesidad de regular cuidadosamente la cuestión sucesoria para asegurar la continuidad de las instituciones después que los militares volvieran a sus cuarteles. Desde entonces comenzó a girar hacia una posición favorable a la democracia, entendida en forma distinta al concepto prevaleciente en el mundo occidental, y que en el contexto del régimen militar se denominaba democracia protegida y autoritaria³⁰.

En su importante escrito El camino político (1979), Guzmán por primera vez se manifestó a favor de la democracia, pero desde un punto de vista minimalista o negativo, tomando la conocida afirmación de Churchill de que era el peor de los sistemas de Gobierno conocidos³¹.

Su distanciamiento con la democracia se explica tanto por su admiración a la España franquista como por la influencia que tuvieron en él los intelectuales y políticos de derecha, especialmente el grupo Portada, que se analizó en el Capítulo V, y el ex presidente Jorge Alessandri. Este último tuvo una opinión negativa del papel de los partidos y del Parlamento, considerando a los primeros como los principales responsables de los problemas del país. Se puede complementar el conocimiento del pensamiento de Guzmán leyendo sus numerosos artículos sobre el ex presidente³².

Guzmán no se sintió identificado con los partidos tradicionales de derecha. Consideraba que se habían contagiado de los defectos de todos los partidos y que carecieron de la energía suficiente para defender sus principios ante el PDC y la izquierda. Estaba convencido de la necesidad de construir una alternativa distinta, con nuevos dirigentes e ideas renovadas, sintiéndose llamado a cumplir esa tarea, cuestión que se materializó en la fundación de la UDI en 1983³³. Fue profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica. Sin embargo, no fue un intelectual³⁴, sino un político, aunque la docencia formaba parte de su actividad y desde ella difundió sus ideas en la juventud y reclutó adherentes. No publicó trabajos académicos que dieran cuenta de una vocación científica, sino numerosos discursos y ensayos sobre variados aspectos constitucionales y contingentes³⁵. En ellos hay razonamientos bien estructurado a partir de ideas básicas que se destacan por la simpleza de argumentación y claridad expositiva, de lo que se deduce su intención política. Guzmán supo sintetizar ideas ajenas, integrando planteamientos de políticos y pensadores corporativistas españoles y de intelectuales y políticos chilenos, tales como el sacerdote Lira, los de la revista Portada y el ex presidente Alessandri³⁶.

Desarrolló una intensa labor en los medios de comunicación mediante artículos para diarios y semanarios, donde difundió las ideas del régimen, defendiéndolo de las críticas opositoras³⁷. Puso especial atención en la televisión, logrando fácil acceso al Canal 13 de la Universidad Católica y colaborando activamente en Televisión Nacional, siendo regularmente entrevistado por los noticiarios para comentar o hacer declaraciones políticas. En los años setenta fue el civil con el planteamiento más articulado para justificar el autoritarismo.

La construcción del Movimiento Gremial

El «gremialismo» es un caso muy ilustrativo de la importancia del movimiento estudiantil en el surgimiento de nuevos partidos políticos. Tradicionalmente, la política en las universidades ha sido muy relevante en Chile. Las elecciones de las federaciones estudiantiles eran seguidas con interés por la prensa y sus dirigentes opinaban sobre temas nacionales, influyendo en sus partidos³⁸. Muchos dirigentes políticos iniciaron su carrera en el movimiento estudiantil (Bonilla y Glazer, 1970)³⁹.

Guzmán comenzó en 1965 la organización del Movimiento Gremial en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. El escenario político era favorable. El desplome de los antiguos partidos Liberal y Conservador en la elección presidencial de 1964 y en las parlamentarias de 1965 dejó un vacío en la derecha, que era propicio para convocar a sus simpatizantes en torno a nuevos principios basados en su visión de la universidad⁴⁰. El Gobierno del presidente Frei impulsaba un programa de reformas que la derecha rechazaba, especialmente la reforma agraria, por lo que ese sector demandaba un liderazgo fuerte para enfrentar a la DC. La juventud del PDC había girado hacia posiciones de izquierda, lo que dejaba un amplio espacio en el centro para ser copado por un movimiento de derecha.

En 1965, el Movimiento Gremial ganó las elecciones del Centro de Derecho de la UC, que tenía una larga tradición de protagonismo político, con una lista encabezada por Manuel Bezanilla, elegido presidente. En 1966, Guzmán fue el segundo presidente. Desde ahí extendió su influencia al resto de las escuelas, proceso que se intensificó en 1967 cuando fue el candidato «gremialista» en las elecciones a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC). La campaña le permitió darse a conocer en el alumnado de la universidad y difundir su movimiento. Obtuvo un muy buen resultado, 38 por ciento, en un momento en que la derecha estaba a la defensiva a nivel nacional y carecía de presencia organizada en las universidades.

El segundo núcleo más importante del «gremialismo» fue la Escuela de Economía, donde comenzó a controlar su centro de alumnos en 1967 con Ernesto Illanes, sin perderlo hasta el golpe de Estado. Este núcleo tuvo mayor activismo político en la universidad que Derecho y se convirtió en los años siguientes en eje del Movimiento Gremial⁴¹. A partir de 1968, el activista más destacado del «gremialismo» en Economía fue Miguel Kast, que impulsó un intenso proselitismo entre los alumnos, demostrando tener gran capacidad persuasiva, que más tarde ejercería con gran éxito en Odeplan. Era una coyuntura de politización de la universidad por el proceso de reforma. Los Chicago boys mostraron ahí su interés y adhesión al «gremialismo», gracias al trabajo de Kast y la ayuda de otros profesores, como Sergio de Castro, que impartía un curso a alumnos de primer año. La presencia dominante del «gremialismo» en la Escuela de Economía le permitió tener una amplia influencia en sus egresados, que integrarán parte de la élite empresarial del país.

Los conflictos internos del PDC permitieron al Movimiento Gremial ganar las elecciones de la FEUC de 1968⁴², eligiendo como presidente al dirigente estudiantil de economía Ernesto Illanes, con el 46 por ciento de los votos, derrotando al «Movimiento 11 de Agosto», una coalición formada por dirigentes de izquierda de la Juventud del PDC⁴³. Este hizo la campaña electoral con un discurso maximalista, ajeno al bajo grado de politización de los estudiantes, lo que empujó a un sector de los votantes de la DC a votar nulo o en blanco, cifra que alcanzó un 7,1 por ciento, permitiendo el triunfo del «gremialismo» (Cuadro VII-1).

El Movimiento Gremial se impuso en cada una de las elecciones de la FEUC hasta el golpe de Estado, favorecido por la división de la Democracia Cristiana⁴⁴. Así, el «gremialismo» se convirtió en el principal movimiento juvenil de derecha contra el Gobierno de la Unidad Popular, logrando expandirse a la Universidad Católica de Valparaíso⁴⁵ y a la Universidad de Concepción⁴⁶. Su crecimiento se vio favorecido por la figura de Guzmán, quien logró amplia presencia en la política nacional, especialmente por su participación como panelista estable en un programa de debate político transmitido por el canal de la Universidad Católica que tuvo gran audiencia, A esta hora se improvisa. Esta experiencia fue de gran utilidad en su carrera política, pues le mostró la importancia de la televisión en la formación de la opinión pública.

La oposición al Gobierno de la Unidad Popular favoreció el crecimiento del «gremialismo». Guzmán tuvo una estrecha relación con los dirigentes empresariales, que tomaron sus ideas sobre el papel de los gremios. Estas les fueron muy útiles, pues proporcionaban un buen argumento para integrar en la lucha contra Allende intereses heterogéneos, desde los grandes agricultores de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y los grandes industriales agrupados en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), hasta los pequeños comerciantes de la Confederación del Comercio Detallista y los dueños de camiones. Desplegaron estas banderas en el paro nacional de 1972, conocido como el «paro de octubre», al que se plegó la FEUC y que constituyó la base del documento de los huelguistas, denominado el «Pliego de Chile». La FEUC participó activamente en la política nacional, apoyando una paralización de los mineros de la empresa estatal El Teniente⁴⁷.

Después del golpe de Estado, el rector delegado de la UC permitió la continuidad de la FEUC y de los centros de alumnos, en su gran mayoría controlados por el «gremialismo». El «receso político» aplicado por los nuevos gobernantes en todo el país no rigió en la Universidad Católica respecto del «gremialismo» porque tenía una organización con capacidad de controlar a los estudiantes y necesitaban seguir reclutando activistas desde el movimiento estudiantil. Las directivas de las organizaciones estudiantiles fueron elegidas por este grupo político a través de la rectoría. Algunos ex dirigentes fueron nombrados en cargos directivos de la universidad y como asesores del rector, lo que les permitió ampliar su capacidad de reclutamiento de dirigentes y adherentes y consolidar su implantación en las principales escuelas. Su considerable influencia en la dirección de la universidad les empujó a impulsar iniciativas de carácter político y económicas para beneficio de algunos de sus adherentes, como la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Familia, creada por altos funcionarios de la universidad y que quebró a comienzos de 1977, siendo cuestionado su desempeño⁴⁸.

Importantes figuras del «gremialismo» que participaron en el régimen militar habían sido dirigentes de la FEUC⁴⁹ (Cuadro VII-2). Por ejemplo, Javier Leturia, el último presidente elegido antes del golpe, fue director de la Secretaría Nacional de la Juventud en el Ministerio Secretaría General de Gobierno y primer secretario nacional del Frente Juvenil de Unidad Nacional⁵⁰. Tres ex presidentes de la FEUC fueron dirigentes del Frente Juvenil de Unidad Nacional durante el régimen militar y posteriormente elegidos como diputados de la UDI: Juan Antonio Coloma (1976-1977), Andrés Chadwick (1977-1978) y Jaime Orpis (1981-1982)⁵¹. El primer presidente de la FEUC designado después del golpe de 1973, Arturo Fontaine Talavera, fue el primer miembro del Consejo de Estado en representación de la juventud⁵². Cristián Larroulet, presidente de la FEUC (1974-1975), después de terminar sus estudios de máster en Economía en la Universidad de Chicago, fue dirigente del Frente Juvenil de Unidad Nacional, asesor del Ministerio de Economía, director de Planificación de Odeplan, miembro de la IV Comisión Legislativa (Ejército) y jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Hernán Büchi (1985-1989)⁵³. Felipe Lamarca, vicepresidente de la FEUC en 1971-1972, fue jefe de gabinete de Sergio de Castro en el Ministerio de Economía y luego director del Servicio de Impuestos Internos⁵⁴. Hernán Larraín, que había sido antes presidente del Centro de Alumnos de Derecho, fue luego vicepresidente de la FEUC (1968-1969), posteriormente elegido presidente de esta (1969-1970), y durante el régimen militar trabajó en la Universidad Católica, ocupando diversos cargos directivos⁵⁵.

Las cuatro caras del «gremialismo»: entre adaptación e innovación

La influencia del «gremialismo» en el régimen militar no fue constante en contenido ni en alcances. Guzmán fue un político pragmático, que supo cambiar sus posiciones cuando fue necesario, evitando incurrir en un oportunismo explícito. Se pueden distinguir cuatro fases en la posición política de Guzmán. La primera se extiende hasta 1977, y se caracteriza por su rechazo a la democracia, sin esconder la influencia del corporativismo franquista.

La segunda etapa va desde 1977 hasta el plebiscito de 1980, cuando Guzmán modifica sus posiciones políticas a la luz del nuevo escenario nacional e internacional. Las transiciones a la democracia en América Latina pusieron fin a la etapa dorada de las dictaduras y la España franquista fue sucedida por una democratización que eliminó las instituciones autoritarias. Este último hecho le indica a Guzmán la importancia de regular cuidadosamente la cuestión sucesoria para asegurar la continuidad del orden político. Es con este fin que plantea la necesidad de establecer una «nueva institucionalidad», para dar estabilidad al régimen⁵⁶ y, a futuro, constituir una sólida arquitectura para cuando Pinochet abandone voluntariamente el poder. La institucionalización fue entendida por Guzmán como estrechamente unida a la personalización del poder en Pinochet, pero también atendía a los intereses del «gremialismo». Esto era limitar el poder de Pinochet a través del establecimiento de un orden institucional y de un plazo de permanencia en el poder, para cuya renovación debía recurrir a una nueva elección no competitiva⁵⁷. Guzmán escondía estos propósitos tras sus enérgicos ataques a la oposición y a los partidarios del régimen que no apoyaban la institucionalización. Estos últimos fueron denominados como «los duros»⁵⁸.

El «gremialismo» inicia una tercera fase después del plebiscito de 1980 y que dura hasta el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia de agosto de 1985, documento suscrito por los principales dirigentes de la oposición y de un partido de derecha, Unión Nacional (UN), por invitación del arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno. Fue su etapa de menor influencia política. Pinochet consideró que disponía de una sólida base de autoridad para actuar con independencia de los grupos de poder, por lo que se distanció de Guzmán al advertir que este tenía una visión instrumental de la Constitución, considerándola una herramienta para limitar sus atribuciones. No obstante, no rompió totalmente con Guzmán y lo incorporó en la Comisión de Estudios de las Leyes Políticas que debía preparar los proyectos que desarrollarían las disposiciones de la Carta Fundamental. En esos años, Pinochet escuchó bastante más a los adversarios del «gremialismo», «los duros». En este nuevo escenario, Guzmán enfatizó la defensa de la transición por temor a que se produjera una mayor personalización del poder en Pinochet, escribiendo artículos y editoriales en la revista Realidad⁵⁹. Además, intensificó el desarrollo de su movimiento y en septiembre de 1983 fundó el partido Unión Demócrata Independiente (UDI), dando cuenta de su pragmatismo, porque había sido extremadamente crítico de los partidos. Logró ampliar la convocatoria del «gremialismo» al conseguir que Sergio Fernández, ex ministro del Interior (1978-1982), integrara la primera directiva. Durante la gestión del ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa (1983-1985), y después por la acción del ministro secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, los «gremialistas» tuvieron su peor momento respecto a su participación en el Gobierno: numerosos adherentes fueron separados de sus funciones, especialmente en Odeplan y en la Secretaría Nacional de la Juventud. La UDI fue un instrumento para mantener influencia en el régimen y para prepararse ante el futuro sucesorio.

El cuarto cambio en la posición política de Guzmán se produce a partir de 1985 como consecuencia del Acuerdo Nacional. Rechazó este documento, porque planteaba una reforma de la Constitución, cuestionando el orden institucional que esta establecía y criticaba el intento de Pinochet de ser candidato en el plebiscito, proponiendo elecciones abiertas de presidente de la República. Guzmán temió que la UDI se quedara fuera de un proceso que podía conducir a la elección de otro jefe de Estado, por lo que reiteró su respaldo a Pinochet. El «gremialismo» recuperó influencia y tuvo un importante papel en la campaña del plebiscito de 1988. En las elecciones parlamentarias de 1989, realizadas conjuntamente con las presidenciales, Guzmán fue elegido senador por Santiago, favorecido por el sistema binominal, pues derrotó al candidato de Renovación Nacional Miguel Otero, habiendo obtenido una considerable menor votación que Ricardo Lagos (PS/PPD), el candidato derrotado en la lista de la Concertación por Andrés Zaldívar, presidente del PDC. Lagos obtuvo un 30,6 por ciento (Zaldívar, 31,3 por ciento) y Guzmán alcanzó un 17,2 por ciento. La UDI obtuvo un importante apoyo electoral, eligiendo dos senadores y once diputados.

Guzmán y las violaciones a los derechos humanos

Guzmán no ocupó un cargo de autoridad en el Gobierno porque prefirió tener gran libertad de acción para dedicarse al desarrollo del Movimiento Gremial, su principal objetivo. Eso le permitió mantener autonomía respecto de Pinochet para impulsar su proyecto político y tener diferencias ante iniciativas del Gobierno que consideró perjudiciales para alcanzar sus objetivos de largo plazo. Alcanzó un enorme poder e influencia, que ejerció a través de las asesorías, que comenzaron con la Junta de Gobierno para concentrarse luego en la colaboración con Pinochet, a través de la ayuda del general Sergio Covarrubias, jefe del Estado Mayor Presidencial⁶⁰. Fue el principal redactor de los discursos de Pinochet⁶¹, lo que le permitió influir en la definición del pensamiento político del régimen y asimiló las ideas de los militares, especialmente la doctrina de la seguridad nacional. Su intensa labor asesora se expresó en minutas con recomendaciones políticas y propuestas ideológicas.

Tenía contactos regulares con los militares, especialmente a través del curso de derecho constitucional que impartía en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe). Sin embargo, fue cuidadoso para no manifestar abiertamente sus relaciones con ellos, porque consideraba que los militares debían tener una participación política transitoria, limitándose a instaurar la democracia protegida y autoritaria para luego entregarla a los civiles, esperando que en ese momento el «gremialismo» estuviese convertido en un movimiento poderoso, capaz de hacerse cargo del Gobierno.

Uno de los aspectos más controvertidos de la participación de Jaime Guzmán en el régimen militar fue su actitud hacia las violaciones a los derechos humanos. Como católico practicante era dable esperar su rechazo al empleo de la coerción. Sin embargo, era un político pragmático que entendió que la cooperación con los militares implicaba asumir costos, entre ellos justificar los estados de excepción y las restricciones a las libertades. Defendió un régimen de fuerza por el estado de guerra que —según él— vivía el país, lo que necesariamente provocaría excesos. Si bien no levantó su voz contra los abusos, tampoco lo hicieron otros personeros de derecha que colaboraban con el régimen.

Su posición anticomunista lo llevó a justificar la coerción como método de lucha contra los marxistas. Tenía presente la experiencia de España, con una guerra civil que dejó cientos de miles de muertos, mientras que en Chile, a los ojos de Guzmán, los costos fueron muy bajos. Tuvo una participación muy destacada en la redacción de la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno, documento que establecía la incompatibilidad entre marxistas y demócratas, y la imposibilidad del Estado de permanecer neutral ante el marxismo, respaldando «la guerra» en su contra, lo que generó numerosas víctimas. A fines de 1974, Guzmán reiteraba una política de protección de la democracia «militantemente antimarxista y anticomunista», pero sin caer en el extremo del «fanatismo macartista», que consideraba poco práctico:

La creencia de que la democracia debe aceptar la coexistencia de marxistas-leninistas y demócratas en la vida cívica, en medio de un Estado ideológicamente neutral, es un grave error, porque la democracia debe protegerse. Sin caer en excesos de fanatismo macartista, creo que los Estados libres deben ser militantemente antimarxistas y anticomunistas⁶².

Para Guzmán, las medidas coercitivas no eran suficientes para derrotar al comunismo, «pero ayudan a ello»⁶³. El régimen militar tenía legitimidad para actuar, por lo que —según Guzmán— no se le podía cuestionar por haber incurrido en violaciones a los derechos humanos⁶⁴.

A pesar de reconocer la primacía de la persona sobre el Estado, Guzmán consideraba que en situaciones «de emergencia o excepción» se justificaba la suspensión de los derechos civiles. Los derechos humanos no eran absolutos ni ilimitados, sino que estaban subordinados a los intereses impuestos por las condiciones sociales y políticas⁶⁵. La autoridad podía restringir los derechos humanos en circunstancias excepcionales «cuando las sociedades atraviesan por convulsiones o desafíos agudos que así lo requieren», que imponen la declaración de «algún estado de emergencia o excepción» (Rojas, Achurra y Dussaillant, 1996: 149). En estas circunstancias se «autorizan restricciones a ciertos derechos en grados superiores a los límites habituales u ordinarios, que le son propios. Esas limitantes excepcionales o extraordinarias pueden llegar, incluso, a la transitoria suspensión de determinados derechos». (Rojas, Achurra y Dussaillant, 1996: 150). La autoridad determina cuáles son esas circunstancias. Sin embargo, Guzmán no se planteó una pregunta clave: ¿quién controla a la autoridad para que no cometa abusos? o ¿cuándo lo transitorio se convierte en estado permanente?

Guzmán fundamentó esta visión relativista de los derechos humanos de acuerdo a apreciaciones políticas, señalando que era la situación dominante en América Latina y que no había ningún motivo para que Chile no se situara en ese contexto. La experiencia de Colombia le permitía ilustrar esta argumentación: «Colombia ha vivido en estado de sitio durante más de treinta de los últimos treinta y cinco años, sin que la comunidad internacional haya desconocido el carácter democrático de los gobiernos que han regido en tal esquema» (Rojas, Achurra y Dussaillant, 1996: 151).

La suspensión de las garantías individuales supone que la autoridad dispone de un poder decisorio que no puede ser limitado por otro poder del Estado, por lo que Guzmán afirmaba que no correspondía la defensa de los detenidos a través de los tribunales. Solo la autoridad política puede ponderar adecuadamente las condiciones que justifican la suspensión de esos derechos, la que, en su opinión, dispone de un «rango bastante amplio y discrecional para aplicar este género de restricciones, esto es, las excepcionales» (Rojas, Achurra y Dussaillant, 1996: 150). De ahí que los tribunales de justicia no podían intervenir, pues eso implicaba interferir en las competencias del Poder Ejecutivo, lo que contradecía la naturaleza de los estados de excepción. Si los tribunales pudieran calificar las circunstancias políticas para juzgar la corrección o no de las medidas decretadas por el Poder Ejecutivo, ello sería alejar al Poder Judicial de sus funciones propias, pues «significaría trasladar a la judicatura una apreciación eminente y exclusivamente política, por entero ajena a lo jurisdiccional» (Rojas, Achurra y Dussaillant, 1996: 150).

Tal interpretación colocaba en la indefensión a los perseguidos, no existiendo validez para la aplicación del recurso de amparo, permitiendo a los agentes del Estado actuar con impunidad. Esto explica la vehemencia con que Guzmán criticó el trabajo del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad, pues exigían precisamente que los tribunales frenaran las arbitrariedades cometidas por los agentes de seguridad⁶⁶.

Las relaciones de Guzmán con la DINA y la Iglesia católica

Lo anterior no significa que Guzmán fuera partidario de las arbitrariedades de la DINA y que haya simpatizado con el general Manuel Contreras. Por el contrario, consideró que sus acciones fueron políticamente contraproducentes. No fue un defensor de los derechos humanos, como lo presentan sus partidarios después de su asesinato en 1991. No condenó los métodos de Contreras porque sabía que contaba con el respaldo de Pinochet y hacerlo habría puesto en riesgo su relación con este. Comenzó a criticar a Contreras después de que la DINA cometiera las principales acciones contra la oposición en el exterior y cuando vigiló al «gremialismo». Solo después del plebiscito de 1988, y cuando era candidato a un puesto en el Senado que era difícil de conseguir, Guzmán se decidió a hablar abiertamente contra Contreras⁶⁷. Era un momento electoralmente conveniente para anunciar con amplio despliegue publicitario su ruptura con Contreras, pero ocurrió más de una década después de que este fuera separado de la dirección de la DINA.

Contreras no simpatizó con el «gremialismo», al que consideró un grupo cerrado y sectario. La DINA siguió los pasos de este movimiento, como hacía con los personeros de Gobierno, lo que irritó a Guzmán, que supo de estas acciones en el invierno de 1976, inmediatamente antes del atentado a Orlando Letelier, cuando la DINA, en un oficio que daba respuesta a una petición del Estado Mayor Presidencial, se refirió en duros términos al «gremialismo». En ese documento Contreras acusó a Guzmán de haber sido «incapaz de captar a la juventud para adoctrinarla en pro del Gobierno y de esta manera formar un grupo de apoyo; en cambio, le entrega ideología de claro corte patriótico a sus dirigentes y adeptos, los cuales forman un grupo cerrado al que tienen acceso solo algunas personas»⁶⁸.

Con ocasión de la publicación del Informe Rettig en 1991 sobre las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, Guzmán justificó los excesos cometidos asumiendo la tesis de los militares de que en Chile hubo una «guerra civil»⁶⁹. Esta posición la había sostenido anteriormente en un encuentro con jóvenes, al señalar que la responsabilidad en las muertes y torturas recaía en el Gobierno de la Unidad Popular:

El régimen actual accedió al poder en medio de un cuadro objetivo de guerra civil, al cual el país fue arrastrado deliberadamente por el Gobierno anterior... [No] hay situaciones objetivas de guerra civil que no acarreen muy dolorosos y graves hechos de violencia, de muertes y de transgresiones a los derechos de las personas. El primer problema que, por tanto, hay que dilucidar, es cuánta responsabilidad y cuán grave responsabilidad tiene el Gobierno de la Unidad Popular en muchos de los hechos que debieron sufrir sus propios jerarcas, como consecuencia del cuadro de guerra civil que ellos provocaron⁷⁰.

Después de su asesinato en 1991 por un grupo terrorista, los dirigentes del «gremialismo» se empeñaron en presentar a Guzmán como un defensor de los derechos humanos, actitud que se demostraría, según ellos, por sus numerosos esfuerzos de ayuda a los perseguidos. Algunos de sus amigos de la oposición le reconocieron ciertas iniciativas, pero le reprocharon su falta de reconocimiento sobre la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos⁷¹. No es posible verificar la certeza de estas iniciativas a favor de tales derechos. Si existieron, fueron muy discretas para no perjudicar su relación con Pinochet. Una revisión de la correspondencia existente en la Fundación Jaime Guzmán no proporciona antecedentes en apoyo de sus gestiones. Se pudo encontrar una sola carta de agradecimiento por intervenir a favor de la autorización de ingreso al país de un exiliado para asistir al funeral de su madre⁷².

La posición sobre los derechos humanos llevó a Guzmán a un conflicto con la Iglesia católica⁷³. No podía comprender que los obispos defendieran a los marxistas y que en el Comité Pro Paz colaboraran personas que no eran católicas⁷⁴. Guzmán participó en el conflicto más delicado entre el Gobierno y la jerarquía católica, por la protección que dieron algunos sacerdotes a miristas heridos que huían de un enfrentamiento con la DINA en la localidad de Malloco⁷⁵. Dos sacerdotes jesuitas, Patricio Cariola y Fernando Salas, colaboraron después para que dos de los prófugos miristas se asilaran, uno en la Nunciatura y el otro, el jefe del MIR, Andrés Pascal, en una embajada latinoamericana⁷⁶. La situación era clara desde el punto de vista ideológico, porque los sacerdotes estaban bajo el mandato del Evangelio de defender la vida, y si no hubiesen protegido a estas personas, habrían sido asesinadas por la DINA, pero era políticamente delicada por tratarse de personas que usaban la violencia. La protección de los miristas por parte de los sacerdotes fue defendida por el Comité Permanente del Episcopado y por el cardenal arzobispo de Santiago Raúl Silva Henríquez⁷⁷.

Guzmán criticó en duros términos la actuación de los sacerdotes y cuestionó la posición adoptada por la jerarquía; además, lo hizo con gran publicidad, a través de un comentario que leyó en el noticiario central del canal estatal, Sesenta minutos⁷⁸. Su argumentación era consistente con su visión de los derechos soberanos de la autoridad durante el estado de sitio. Acusó a los sacerdotes de infringir el ordenamiento jurídico, al desobedecer una «instrucción correcta y precisa» emanada del bando del jefe de la Zona de Emergencia de la provincia de Santiago que establecía que «todas las personas que ayuden de cualquier forma a los prófugos, incurren en grave conducta penal como encubridores enjuiciados por los tribunales militares». Guzmán estimaba que el ordenamiento jurídico estaba por encima de las disposiciones eclesiásticas, desechando el argumento de la misericordia empleada en la declaración emitida por el Arzobispado para justificar la acción de los sacerdotes.

La Iglesia rechazó de forma tajante la argumentación de Guzmán porque la consideró inaceptable al cuestionar principios básicos de esta frente a la autoridad política y atacar a sacerdotes y obispos. El Arzobispado, en un hecho sin precedentes, condenó sus opiniones a través de una declaración pública, dando a entender que Guzmán había infringido normas del derecho canónico que lo hacían merecedor de una sanción, lo que fue interpretado como una posible excomunión⁷⁹:

La Iglesia católica no aceptará que la autoridad de sus pastores sea usurpada ni entorpecida, ni se dañe la honra del nombre de católico, con grave detrimento de su unidad y de su misión de servicio al pueblo de Chile⁸⁰.

Las declaraciones de Guzmán causaron honda irritación en los obispos. El obispo de Valdivia, José Manuel Santos, que tuvo una decidida posición de defensa de los derechos humanos, le envió una carta en que calificó su declaración como un grave acto de herejía, más aún por ser él una persona destacada que reconocía su catolicismo. En su carta, Santos le escribió:

Hay dos maneras de ponerse al margen de la Iglesia: una, el camino de la violencia; la otra, la de un rigorismo que desconoce la misericordia. A usted no le falta ni inteligencia ni claridad. Pero cuidado, todos los herejes fueron inteligentes y no se separaron de la Iglesia porque les sobraba inteligencia⁸¹.

Guzmán no previó la firme respuesta de la Iglesia y, para evitar una sanción, se retractó de sus acusaciones. En una declaración pública reiteró su obediencia a la Iglesia, aunque justificó que, como católico, tenía la libertad de disentir en todo aquello que estuviera fuera de su magisterio, aunque admitió que debía hacerlo con «respeto y prudencia»:

[Reitero] mi convencida adhesión a la Iglesia católica, a su unidad y a su jerarquía eclesiástica en todo el campo propio de su magisterio, manteniendo el derecho que ella misma reconoce a los católicos para disentir, con respeto y prudencia, en aquellos puntos que no están comprendidos en dicho magisterio⁸².

El incidente entre los sacerdotes y la DINA provocó un endurecimiento de la posición del Gobierno frente a la Iglesia. La justicia militar ordenó la detención de los sacerdotes que colaboraron con el asilo de los dos miristas⁸³. Pinochet le exigió al cardenal Silva Henríquez cerrar el Comité Pro Paz, que estaba muy debilitado por la dura presión del Gobierno en su contra. Meses antes había prohibido el regreso al país del obispo luterano Helmut Frenz, que integraba este comité y había sido cuestionado por la colonia alemana residente en Chile, decidida partidaria del régimen militar. El cardenal debió acatar la petición de Pinochet, pero respondió creando de inmediato la Vicaría de la Solidaridad como una organización propia del Arzobispado de Santiago⁸⁴.

La movilización de los apoyos políticos: la Dirección de Organizaciones Civiles

La principal arena institucional del «gremialismo» fue la Secretaría de la Juventud. Para comprender su importancia debemos analizar las funciones que cumplió en el contexto más amplio de la estrategia del régimen para establecer mecanismos que movilizaran apoyos desde la población.

El régimen de Pinochet corresponde al tipo de autoritarismo excluyente, pues reunió las características de la tipología de Stepan (1978). En primer lugar, se propuso neutralizar a las organizaciones sindicales y políticas, sus principales apoyos fueron los tecnócratas y los grupos de derecha, y su política económica fue conservadora, sin preocuparse de impulsar medidas distributivas, otorgando amplio espacio a los grandes empresarios nacionales y extranjeros (Stepan, 1978: 76-77). Sin embargo, el planteamiento de Stepan requiere refinarse a la luz del caso chileno debido a las necesidades impuestas por la legitimidad. Los autoritarismos excluyentes también requieren legitimidad para mantenerse largo tiempo en el poder e impulsar políticas de transformación económica. No basta apelar a la legitimidad histórica lograda por el estado de crisis del país al momento del golpe de Estado, ni es suficiente la coerción para que los ciudadanos acaten sus decisiones; es necesario que disponga de recursos políticos para concitar adhesión voluntaria de los ciudadanos. En consecuencia, existen dos tipos de autoritarismos excluyentes: aquellos que encaran las necesidades de legitimación sin sofisticación, donde la coerción tiene un papel destacado, y los que formulan una estrategia de legitimación compleja, que se propone apelar a distintas fuentes para conseguir apoyos voluntarios de la población⁸⁵. En este segundo caso, el grado de exclusión es limitado. Es la vía que eligió el régimen de Pinochet.

Este buscó el apoyo de la población, basándose en el amplio respaldo que tuvo el golpe de Estado por el rechazo hacia el Gobierno de la Unidad Popular. Con ocasión del primer aniversario del golpe de Estado, cientos de miles de personas se congregaron en la principal arteria de Santiago. Más tarde, en momentos decisivos, el régimen movilizó a una amplia cantidad de ciudadanos, destacando la consulta de 1978, el acto de masas en favor de Pinochet al regreso del abortado viaje a Filipinas en marzo de 1980, y el plebiscito de ese año.

La movilización política no se consiguió solo por acción de los medios de comunicación; también contó con recursos institucionales para conseguir el respaldo de la población, de activistas que trabajaron para obtener el apoyo de una considerable parte del país y, además, el régimen disfrutó del respaldo de amplios segmentos de la población, incluso entre sectores populares y empresarios.

La principal organización dedicada a la movilización del apoyo político al régimen fue el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Esta entidad fue dotada de nuevas competencias y mayores recursos económicos para lograr este objetivo, que no los tuvo en democracia. Recibió el rango de ministerio a comienzos de 1976 con una amplia autonomía administrativa⁸⁶ que le permitiera actuar con efectividad. El número de funcionarios directivos, profesionales y técnicos llegó a 178 personas y la planta administrativa a 175 personas. A esto debe agregarse el personal a honorarios, del que no se conservó registro⁸⁷.

En el ministerio se creó la Dirección de Organizaciones Civiles a partir de cuatro secretarías: de la Mujer, Gremios, Juventud y Cultura. Su objetivo era conseguir adhesión ciudadana a través de organizaciones especializadas, dedicadas a impulsar a cada sector de la sociedad. En las páginas que siguen analizaremos su organización y funciones, concentrándonos en la Secretaría de la Juventud.

La Secretaría Nacional de la Mujer

Este organismo se preocupó de promover los intereses sociales y económicos de la mujer, cuya creación se justificó para aprovechar, en beneficio de los militares, la alta movilización desplegada por las mujeres contra el Gobierno de la Unidad Popular, que fue muy importante para la oposición. Esta secretaría tenía por finalidad «colaborar en la relación del Supremo Gobierno con las organizaciones femeninas para integrar a la mujer en el desarrollo social, cultural y económico del país, a través de su trabajo organizado y voluntario»⁸⁸. Para cumplir este objetivo tuvo facultades que le permitieron hacer programas orientados a la capacitación de la mujer; difusión de los valores familiares; conocimiento de la importancia de la mujer, y capacitación para un mejor desempeño como madre, cónyuge y dueña de casa; el incentivo a su participación en labores de desarrollo social, cultural y económico; la colaboración con otras instituciones femeninas, y el nombramiento de sus representantes en los eventos internacionales femeninos.

La Secretaría de la Mujer se extendió en el país con organización en cada región, provincia y en la mayoría de las comunas. El trabajo se desarrollaba con voluntarias cuidadosamente seleccionadas y capacitadas en las ideas del régimen. En 1976 tenían cerca de 7.700 personas trabajando como voluntarias, que aumentaron a 10.300 en 1979⁸⁹. Al menos una vez al año se reunían masivamente con Pinochet, en un acto muy publicitado.

Estas actividades tenían el apoyo de la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, quien tenía gran interés por la política. Con el apoyo de esposas de los oficiales de las FF.AA. y muy especialmente del Ejército, Hiriart expandió la red de centros de madres creada durante la administración de Frei Montalva, motivando a muchas mujeres a colaborar con el Gobierno en calidad de voluntarias⁹⁰. Sus actividades se orientaron al mejoramiento de la situación económica y de la vida familiar de la mujer. Se asignó importancia a la «orientación cívica», en coordinación con el Instituto Diego Portales, y se concentró en la capacitación y perfeccionamiento de dirigentes juveniles, femeninas y gremiales en seminarios, jornadas culturales y charlas formativas. Según las cifras oficiales, entre 1973 y 1979 habrían participado en los talleres y cursos de la Secretaría de la Mujer aproximadamente 600.000 mujeres, número por supuesto exagerado, pero ilustrativo de la voluntad de alcanzar un carácter masivo.

Esta secretaría también impulsó una labor de carácter asistencial a través de programas sociales, como el de alimentación escolar; establecimiento de centros abiertos para alimentar a niños de familias de extrema pobreza; programas de atención a escuelas rurales; colaboración en programas de alfabetización de adultos en conjunto con el Ministerio de Educación, y múltiples cursos de capacitación sobre familia, salud, orientación cívica y nutrición. Entre septiembre de 1975 y agosto de 1976 impartió cursos en todas las regiones, a los que habrían asistido casi 100.000 personas⁹¹.

Sin embargo, esta actividad no sobresalió porque careció de un grupo directivo y activistas que impulsaran sus actividades, y que le permitiera mantenerse en el tiempo.

La Secretaría Nacional de los Gremios

A partir del paro de octubre de 1972 comenzó a desarrollarse una amplia movilización de los así llamados «gremios», esto es, sindicatos, organizaciones empresariales y otros grupos afines. La Secretaría Nacional de los Gremios fue creada en abril de 1974 para dar continuidad a la acción política de estos grupos de forma de apoyar la gestión del régimen militar. Los militares creyeron que era posible integrar en una misma entidad los intereses de pequeños y medianos empresarios con los de sindicatos, idea tomada del corporativismo español que resaltó la «unidad nacional» y buscó la integración del capital y el trabajo a través de los sindicatos verticales (Payne, 1994).

De las secretarías dependientes de la División de Organizaciones Civiles, esta fue la más débil. No tuvo un grupo de colaboradores con capacidad para impulsarla, sino que reunió a algunos dirigentes sindicales que estuvieron en la oposición al Gobierno de Allende, pero que tenían ideas políticas muy heterogéneas y, además, no contaban con capacidades políticas y personales para generar un movimiento significativo. Desde un principio quedó claro que su principal objetivo era controlar el movimiento sindical, para lo que organizaron seminarios y cursos de capacitación. En 1977 se creó la «Escuela Sindical de Chile», para la capacitación de los dirigentes⁹². Sin embargo, su desempeño fue modesto, pues sus actividades solo mostraban la participación de 5.223 trabajadores que habrían asistido a un número no determinado de «cursos», «seminarios» y «encuentros de trabajadores»⁹³.

En los primeros años, la Secretaría de los Gremios recibió el respaldo del general Leigh y del ministro del Trabajo, general del Aire Nicanor Díaz Estrada. Leigh estaba empeñado en el fortalecimiento de los sindicatos para que fueran contraparte de los empresarios y respaldaran su estrategia de poder. El objetivo del Estatuto Social de la Empresa de 1975, aprobado por el régimen, fue promover la integración de empresarios y trabajadores. Esto se inspiraba en las ideas corporativistas de la primera fase del régimen. Su principal actividad era el acto presidido por Pinochet con ocasión de «la Fiesta Nacional del Trabajo», como se denominó a la celebración del 1 de mayo. Este se realizaba anualmente en la sala de plenarios del edificio Diego Portales, con la participación de cerca de 3.000 personas.

En 1979, la Secretaría Nacional de los Gremios tuvo más actividad, con cuatro departamentos: Acción Gremial, Difusión, Estudios Gremiales y Secretarías Regionales⁹⁴. Pero los resultados fueron modestos, con la participación de cerca de 6.000 trabajadores en cursos y seminarios. La oposición se movilizaba entonces en contra del Plan Laboral, lo que dificultó el trabajo de la Secretaría de los Gremios.

La Secretaría de los Gremios no consiguió una penetración relevante en el movimiento sindical. El fortalecimiento de la oposición desde fines de los años setenta y comienzos de los ochenta desbordó su capacidad de acción, por lo que buscó recuperar iniciativa con ayuda de los servicios de seguridad que, a través de la CNI, tomaron medidas contra los sindicalistas de oposición. En ese contexto, funcionarios de la Secretaría de los Gremios colaboraron con los agentes de la CNI y de la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) que, a comienzos de 1982, asesinaron al dirigente sindical Tucapel Jiménez.

La Secretaría Nacional de la Juventud

La Secretaría Nacional de la Juventud fue la única de las dependientes de la Dirección de Organizaciones Civiles que logró adquirir un alto grado de organización con presencia efectiva en un grupo social, dirigentes a lo largo del país y cumpliendo la tarea que se le encomendó, por lo que tuvo un importante rol político. La clave de su éxito consistió en que, a diferencia de las Secretarías de la Mujer y los Gremios, contó con gran número de funcionarios proporcionados por el «gremialismo», que tenían cohesión y mística. Los principales cargos directivos de la Secretaría de la Juventud fueron ocupados por ex dirigentes de la FEUC. Esta secretaría fue la puerta de entrada natural de los jóvenes a participar en el Gobierno después de terminar los estudios universitarios y ocupar otros cargos en ministerios, gobiernos regionales o municipalidades.

Las dictaduras tienden a relacionarse preferentemente con la juventud, pues consideran que su propuesta de construir un futuro mejor es más atractiva para este sector que para los adultos⁹⁵. Los militares entregarían el poder y volverían a los cuarteles después de una prolongada permanencia en el Gobierno y lo harían a nuevas generaciones impregnadas de los valores del régimen autoritario para que les dieran continuidad. Guzmán puso de relieve la importancia de movilizar a la juventud, para lo que propuso la creación de una entidad dedicada a esto, a la que llamó Secretaría de la Juventud. Pinochet respaldó y destinó bastante tiempo a este organismo, lo que ayudó a estrechar sus relaciones con el «gremialismo». Gonzalo Rojas, que ha escrito un documentado libro sobre el régimen autoritario, resume la atención que le dio Pinochet al trabajo con los jóvenes y a la Secretaría de la Juventud:

Las actividades de Pinochet con jóvenes son múltiples; por ejemplo, asiste a la ceremonia de clausura de campamento de la juventud, preside la entrega de premios Luis Cruz Martínez y luego almuerza con los estudiantes, visita la sede de la Secretaría Nacional de la Juventud en Valparaíso, asiste a la entrega de premios Manuel Montt de la misma secretaría, visita un campamento juvenil en Panguipulli, condecora a dos jóvenes estudiantes que obtuvieron el mejor promedio de notas de enseñanza media y el mejor promedio de la PAA (Prueba de Aptitud Académica), sostiene reunión con 3.000 estudiantes, a la que asisten ministros, desayuna con los dirigentes regionales de la juventud y con otro grupo de dirigentes juveniles, a fin de conocer mayores detalles sobre los planteamientos que hicieron en la reunión de trabajo de la semana anterior, visita el campamento de verano del Frente Juvenil de Unidad Nacional, desayuna con jóvenes universitarios, asiste al aniversario de la Secretaría Nacional de la Juventud y entrega los premios Manuel Montt, Luis Cruz Martínez y la Beca Presidente de la República (Rojas, 1998, I tomo: 297).

La Secretaría Nacional de la Juventud fue creada siguiendo los criterios señalados por Guzmán en una larga minuta que este preparó a fines de 1973⁹⁶, donde invitaba a los militares a centrar su esfuerzo transformador en la juventud:

[Se debe ofrecer] a la juventud una gran tarea: hacer de Chile una gran nación. Jamás podría conquistarse a la juventud para un simple Gobierno de administración, por eficiente que este fuere... Por ello, es menester ir dotando al Gobierno de un contenido de ideas cada vez más completo y orgánico, dentro de la perspectiva nacionalista, realista y pragmática que caracteriza al actual régimen⁹⁷.

La Secretaría de la Juventud tendría por objetivo «transformar el apoyo juvenil en un elemento que dé vigor intelectual al régimen y acentúe el carácter militante de la reconstrucción nacional». Tiene presente la necesidad de organizar una relación institucional con la juventud a fin de asegurar el cambio de mentalidad en ella, para lo que resulta necesario «establecer una comunicación entre el régimen y la juventud, que le permita a las Fuerzas Armadas y de Orden inspirar una nueva generación de chilenos, dotados de una nueva mentalidad»⁹⁸.

En su opinión, esta secretaría no era incompatible con organizaciones juveniles tales como centros de estudiantes y clubes deportivos, que podrían servir de apoyo en su labor, promoviendo así el desarrollo de actividades que no tuvieran carácter político. Debía realizar su trabajo con prudencia, para evitar incurrir en sesgos oficialistas capaces de restarle credibilidad y debilitar su capacidad de convocatoria. Guzmán planteaba, además, que no se debía promover un dirigismo de la juventud, sino el impulso de una política imaginativa y con el apoyo de las organizaciones juveniles. No obstante lo anterior, y aprovechando el control que el «gremialismo» ejercía en los centros de estudiantes y en la FEUC, pensaba que estos debían convertirse en los interlocutores privilegiados de esta nueva entidad.

El decreto que creó la Secretaría de la Juventud estableció que esta debía «colaborar en la relación del Supremo Gobierno con las organizaciones juveniles, para integrar al joven en el desarrollo social, cultural y económico del país a través de su actividad organizada y voluntaria»⁹⁹. En el Mensaje presidencial de 1975, el Gobierno consideraba que este organismo había alcanzado un gran desarrollo, pues «se ha convertido en el más importante canal de participación juvenil», con presencia en el 70 por ciento de las comunas del país¹⁰⁰. Sus actividades estaban dirigidas a «impregnar a la juventud de un nuevo espíritu fundamentado en valores cristianos, el amor a la patria, el esfuerzo y la creación personal»¹⁰¹.

La estructura superior de la Secretaría de la Juventud constaba del secretario nacional —que fue siempre un destacado dirigente «gremialista» de la FEUC—, un subsecretario nacional y seis direcciones: Organizaciones Juveniles, Comunicaciones, Programas y Actividades, Capacitación, Administración y Coordinación Provincial¹⁰². Su organización territorial se extendía a lo largo del país, con una secretaría en cada una de las provincias, estando también presente en la mayoría de las comunas, donde trabajaba en colaboración con los alcaldes y las juntas de vecinos.

Sus principales tareas fueron deportivas y recreativas¹⁰³. Sin embargo, no descuidó la formación cívica, pues se impartieron cursos sobre variados temas de actualidad, como principios de Gobierno, liderazgo, doctrina constitucional y nueva institucionalidad y derechos laborales. Los programas de capacitación abarcaban cursos sobre temas políticos que sirvieran de apoyo a la acción política, como los principios de la Junta, los fundamentos históricos y económicos del régimen militar, etc.¹⁰⁴. Se buscaba capacitar a los jóvenes en el conocimiento de los principales lineamientos del régimen, con especial énfasis en la interpretación del «gremialismo», movimiento que intentaba conseguir activistas del Gobierno y adherentes.

La Secretaría de la Juventud impulsó relaciones clientelísticas, disponiendo de recursos económicos para ayudar a los jóvenes mediante bolsas de trabajo. También entregaba ayuda económica a los universitarios que vivían en hogares a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y concedía becas para seguir cursos regulares en los institutos profesionales¹⁰⁵.

Los «gremialistas» se preocuparon de que el trabajo de la Secretaría de la Juventud también abarcara a los militares. La creación de un «movimiento cívico-militar» apuntaba precisamente al establecimiento de vínculos entre estos dos estamentos de la sociedad. Una de las medidas en esa dirección fue asimilar símbolos y estilos de la corporación castrense, mediante la entrega de premios y condecoraciones que eran tradicionales en los institutos armados. Se estableció el Premio Manuel Montt, entregado al final de cada año a los mejores alumnos de la educación media de cada región¹⁰⁶. En 1975 se creó el Premio Luis Cruz Martínez, en memoria de un joven soldado muerto en la batalla de La Concepción en 1881, y que se entregaba también a los buenos alumnos con ocasión del Día de la Juventud, el 10 de julio, en una ceremonia en la que participaba Pinochet.

El Frente Juvenil de Unidad Nacional

La secretaría no pudo generar una movilización de la juventud, porque el régimen —sustentado en un autoritarismo excluyente— no estimulaba la participación política. Como era una entidad oficial, no tenía atractivo para los jóvenes, que adherían pasivamente al régimen. Los jóvenes profesionales que trabajaban en otros ámbitos de la administración pública no se relacionaban con una entidad adscrita a la Secretaría General de Gobierno. Tampoco fue exitosa su convocatoria a los profesionales que trabajaban en la empresa privada y en la Universidad Católica, que querían mantener la independencia que impregnó el «gremialismo». Guzmán vio que estas debilidades debían ser superadas para lograr la influencia que deseaba. Para esto imaginó otra iniciativa, sin expresión institucional y una imagen política, sino que fuera un lugar de encuentro de la juventud. Fue el objetivo de la creación del Frente Juvenil de Unidad Nacional, nombre tomado de la organización juvenil del régimen de Franco, el Frente de Juventudes de la Falange Española¹⁰⁷.

Se trató de una organización no gubernamental, destinada a conseguir la adhesión de los jóvenes que trabajaban en el sector privado, universidades, medios de comunicación y que se destacaban en el deporte. El frente era un organismo del «gremialismo» sin estar adscrito al Gobierno, aunque estrechamente ligado a sus objetivos y a la persona de Pinochet¹⁰⁸, y su trabajo fue posible porque recibió recursos económicos y humanos de la Secretaría de la Juventud.

Guzmán describió al Frente Juvenil como una organización de apoyo al Gobierno en su política hacia la juventud, siendo «el conducto de comunicación entre el Gobierno y la juventud» y su campo de acción era distinto al que tenía la Secretaría de la Juventud porque era «independiente del Gobierno y es de carácter cívico-patriótico»¹⁰⁹. Fue una organización nacional, en que también participaban los alumnos de la enseñanza media, provenientes de la educación pública y colegios privados¹¹⁰.

La incorporación al frente fue regulada cuidadosamente para asegurar el control de los «gremialistas» y evitar infiltraciones de la oposición y otros grupos de derecha. No había un acceso libre, sino que se debía seguir un procedimiento que asegurara que los jóvenes dispuestos a colaborar con sus actividades estuvieran comprometidos con los principios de la organización. Se establecieron procedimientos y controles que correspondían a los criterios de organización de un partido de cuadros, algo consistente con el propósito de Guzmán de crear un partido político. El primer paso era entrar al frente en condición de «colaborador y simpatizante», lo que daba derecho a participar en sus actividades, siendo invitado a seminarios y cursos. La segunda fase consistía en ser «miembro», para lo que se exigía contar con la «recomendación de un militante activo». Después el joven se podía integrar a «un núcleo», para proceder a «firmar los registros»¹¹¹.

La dirección del Frente Juvenil estuvo a cargo del Consejo Nacional, integrado por 18 «gremialistas», entre los que hubo altos funcionarios de Gobierno, especialmente del equipo económico —Miguel Kast, subdirector de Odeplan, y Juan Carlos Méndez, director de Presupuestos—, profesionales del sector privado y altos cargos de la Universidad Católica, como el vicerrector económico Alberto Hardenssen¹¹².

La dirección ejecutiva estuvo a cargo de un ex dirigente de la FEUC. El primer coordinador nacional fue el ex presidente de esta organización, Javier Leturia, que también fue secretario nacional de la juventud. Sus sucesores fueron Juan Antonio Coloma y Andrés Chadwick, abogados, ex presidentes de la FEUC y estrechos colaboradores de Guzmán. El coordinador nacional tenía visibilidad pública y era impulsor de las actividades. Guzmán dedicó bastante tiempo a colaborar en la expansión del Frente Juvenil en el país.

El Frente Juvenil correspondió en buena medida a la iniciativa de crear un «movimiento cívico-militar», que Guzmán planteó en sus primeras minutas y que recogió de la Declaración de Principios de la Junta. Como era muy difícil organizar ese movimiento en el conjunto de la población, Guzmán concentró esa iniciativa en la juventud, pues en ese segmento tenían los recursos humanos necesarios para crear una organización que podía controlar.

El perfil «cívico-militar» del frente se manifestó en que su lanzamiento oficial fuera el 9 de julio, un día de gran simbolismo para el Ejército, que conmemora el combate de La Concepción en Perú, el 9 y 10 de julio de 1882, en la llamada Guerra del Pacífico. Este ha sido tradicionalmente el día del arma de Infantería, en que se realiza la ceremonia de juramento de la bandera de los nuevos reclutas que hacen el servicio militar¹¹³. Los «gremialistas» propusieron que ese hecho fuera el «Día de la Juventud», lo que permitía una celebración conjunta de militares y civiles. El Gobierno acogió la iniciativa, decretando el Día de la Juventud. Para dar más solemnidad al acto se estableció la medalla Luis Cruz Martínez, que premia a los mejores estudiantes de cada año¹¹⁴. Ese día se hacía un acto de masas, con participación de las FF.AA. a través de delegaciones de cadetes de las escuelas de oficiales del Ejército, Marina y Aviación. También se hicieron actos en las capitales de las principales regiones, donde el «gremialismo» tenía organización, como Valparaíso y Concepción. Era una oportunidad en que el «gremialismo» podía mostrar a Pinochet su capacidad para reunir a miles de jóvenes.

El Frente Juvenil fue solemnemente constituido en un acto de masas realizado en los faldeos del cerro San Cristóbal, conocido como Chacarillas, el 9 de julio de 1975. Fue minuciosamente preparado para conseguir un gran impacto en la opinión pública y lograr el reconocimiento de los militares. En la definición de su carácter hubo una clara influencia de las ideas corporativistas de Guzmán, que se pusieron de manifiesto en el empleo de una cierta coreografía propia de los actos de los regímenes fascistas, con el uso de antorchas y desfiles nocturnos.

La ceremonia de constitución del frente comenzó la noche anterior, cuando ocho jóvenes mantuvieron encendida una antorcha en recuerdo de los 77 soldados que murieron en el combate de La Concepción¹¹⁵. En medio de una fuerte lluvia, varios miles de jóvenes marcharon desde diversos lugares de Santiago en columnas portando antorchas y avanzando hacia la explanada, donde estaban otros 77 jóvenes, que simbolizaban a los soldados caídos en el combate de La Concepción, cada uno de los cuales también portaba una antorcha¹¹⁶. Entre ellos destacaban los principales personeros del «gremialismo», encabezados por Jaime Guzmán¹¹⁷. Leturia leyó la «Proclama de la Juventud», en que, junto con reiterar la adhesión al régimen, defendió el estado de excepción imperante, atacando en duros términos a los países que lo criticaban y acusándolos de estar infiltrados por el marxismo¹¹⁸. Leturia enfrentó la condena de Naciones Unidas a Chile por los atropellos a los derechos humanos:

Descalificamos especialmente a las Naciones Unidas, símbolo de un mundo decadente, y con ello a todos sus organismos y resoluciones que hoy avergüenzan a las conciencias honorables de la humanidad¹¹⁹.

El discurso político del «gremialismo» reafirmó la tesis de la «guerra con el imperialismo soviético» y el clima de «amigo-enemigo» que impusieran los nuevos gobernantes. Además, recogió los planteamientos corporativistas de la fase inicial del régimen, un énfasis en la unidad nacional y el sentido nacionalista que debía tener la administración de Pinochet.

Dos años después, Pinochet eligió un acto del Frente Juvenil con ocasión del Día de la Juventud de 1977, para anunciar el plan de institucionalización del régimen. El cuarto Día de la Juventud se realizó en el momento de mayor antagonismo entre Pinochet y Leigh, días antes de que el primero expulsara al segundo de la Junta de Gobierno. Pinochet se había impuesto en la consulta del 4 de enero de 1978 y Guzmán sostenía que ese triunfo significaba que él era «el símbolo y el conductor del régimen»¹²⁰. En el conflicto, los «gremialistas» se manifestaron abiertamente a favor de Pinochet. El acto se realizó el 10 de julio de 1978 en La Serena. En una iniciativa sin precedentes, porque implicaba favorecer una alta personalización del poder, los «gremialistas» se declararon «pinochetistas», llamando a constituir un movimiento en su apoyo. Ignacio Astete, coordinador nacional del frente, dijo en su discurso:

Todo lo que hemos esbozado tiene como sustento intransable a S.E. el Presidente de la República y ante la evidencia de que él constituya el blanco central al cual apuntan nuestros adversarios, nos declaramos hoy pública y explícitamente pinochetistas y llamamos a todos los chilenos a estrechar filas en torno a una movilización cívica que convierta al pinochetismo en la fuerza arrolladora que consolidará la nueva institucionalidad democrática¹²¹.

Esta declaración sorprendió a algunos adherentes del régimen, pues significaba favorecer un caudillismo que no correspondía con la idea de Gobierno impersonal de inspiración portaliana que se estableció desde la Declaración de Principios de la Junta y contradecía el esfuerzo de instaurar una «nueva institucionalidad». Además, fue considerada una iniciativa sectaria, porque el respaldo a Pinochet debía provenir de todos los sectores que apoyaban al régimen y no solo de uno de ellos. Daba la impresión de que el «gremialismo» estaba interesado en aprovechar la figura de Pinochet para sus propios intereses. El Gobierno, a través de Dinacos, se apresuró en controlar la difusión del discurso para evitar una polémica pública¹²².

Guzmán no guardó silencio y respondió a las críticas en una de sus columnas en el semanario Ercilla. Aclaró que el objetivo de la propuesta no iba en contra de los principios institucionales, donde la máxima autoridad era la Junta de Gobierno, y no se promovía un «personalismo» del poder. Sin embargo, sostuvo que era compatible tener un orden institucional de las FF.AA. junto al liderazgo de Pinochet, pues este se proponía consolidar una «nueva institucionalidad»:

Definirse hoy como pinochetista implica apoyar al conductor de un Gobierno que tiene su base esencial en las Fuerzas Armadas y de Orden, con toda la estructura orgánica propia de estas, y que se expresa al más alto nivel en la Junta de Gobierno, de la cual el general Pinochet es además su presidente. El que su cargo de jefe del Estado sea consecuencia jurídica de esto último y provenga de su calidad de comandante en jefe del Ejército, excluye supuestos «personalismos» que resultan incompatibles con la realidad que hemos vivido desde el 11 de septiembre de 1973.

Lo que sí ocurre es que el pinochetismo acentúa el ascendiente y el afecto que el presidente de la República ha conquistado en el pueblo, para transformarlo en una fuerza al servicio de la consolidación de una nueva institucionalidad, que habrá de continuar siendo igualmente impersonal¹²³.

Para tranquilizar aún más a los críticos y evitar recelos en las FF.AA., Guzmán puso de relieve que importantes experiencias de construcción institucional requirieron de un liderazgo, citando como ejemplos los casos del general Charles de Gaulle en Francia y de Diego Portales en Chile. Guzmán no quiso ceder en la justificación del liderazgo de Pinochet efectuado por el Frente Juvenil, pues estaba convencido de que sin su participación no era posible conseguir la aprobación de la Constitución. Creyó que así Pinochet quedaría limitado en su poder discrecional porque debería actuar dentro de los límites impuestos por la Constitución. El tiempo demostraría que estuvo equivocado, pues subestimó la capacidad política de Pinochet:

¿No fue acaso clave el prestigio del general De Gaulle para que el pueblo francés respaldara, en torno al degaullismo, la Quinta República y la Constitución impersonal que hoy rige en ese país? ¿No se conoce al régimen que creó en Chile el concepto del Gobierno impersonal, por el nombre de su inspirador, al llamársele «régimen portaliano»?¹²⁴.

Los posteriores actos del Día de la Juventud esquivaron el asunto del liderazgo del jefe de Estado y se concentraron en mostrar los logros del Gobierno en su política hacia la juventud y en resaltar a figuras juveniles destacadas en la gestión pública y distintos ámbitos, como el deporte, la televisión y en el sector privado. Fue una manera de dar a conocer a las figuras del «gremialismo», que fueron quienes acapararon las distinciones, confirmando el sectarismo de los dirigentes del Frente Juvenil. En 1979, el general Pinochet condecoró a 77 jóvenes, de los cuales 29 eran del «servicio público», destacando figuras del «gremialismo» tales como Juan Antonio Coloma, coordinador nacional del Frente Juvenil, el organizador del acto¹²⁵; Arsenio Molina, superintendente de Sociedades Anónimas¹²⁶; Álvaro Donoso, subdirector de Odeplan, y Andrés Chadwick, secretario ejecutivo del Frente Juvenil¹²⁷. Entre los condecorados del área del «servicio público» estaban cadetes de la Escuela Militar, Naval y de Aviación, lo que iba en concordancia con el carácter cívico-militar del organismo.

En 1981, la premiación se realizó en una ceremonia en el edificio Diego Portales, reiterándose el carácter favorable a los políticos del «gremialismo». Fue premiado como «dirigente universitario» Jaime Orpis, representante del Movimiento Gremial en la Universidad Católica, que después sería presidente de FEUC, alcalde de San Joaquín y diputado UDI por este distrito. También recibieron distinciones Cristián Larroulet, director de estudios de Odeplan, que había sido presidente designado de FEUC, y después jefe de gabinete de Hernán Büchi¹²⁸, y Víctor Pérez, ex dirigente de la Secretaría de la Juventud, alcalde de Los Ángeles, y después diputado de la UDI por la misma ciudad¹²⁹.

Este fue el último acto organizado por el Frente Juvenil. El congelamiento de las relaciones entre Pinochet y Guzmán le impidió continuar con los actos del Día de la Juventud. Por otro lado, la movilización política provocada por la crisis económica generó un fuerte crecimiento de la presencia opositora en el movimiento estudiantil, perdiendo el «gremialismo» la fuerza hegemónica. También surgió una organización juvenil de derecha, Unión Nacional, que quería quitarle espacio. El Frente Juvenil de Unidad Nacional había servido durante seis años al desarrollo del Movimiento Gremial, contribuyendo decisivamente a la organización de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

El «gremialismo» siguió trabajando con mayor discreción en la Secretaría de la Juventud, donde conservaron a muchos dirigentes, mientras que el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra (1984-1987), los marginó del ministerio, aunque no pudo prescindir totalmente de todos ellos, porque los necesitaba para las iniciativas del ministerio. La Secretaría de la Juventud no logró la influencia que tuvo en los años setenta bajo el liderazgo de los ex presidentes «gremialistas» de la FEUC.

La participación del «gremialismo» en las municipalidades

El «gremialismo» concentró también su participación a nivel de los gobiernos locales, en la dirección de las municipalidades, lo que fortaleció su desarrollo al brindarle valiosos recursos institucionales y políticos para consolidar el movimiento político de derecha al que aspiraba Jaime Guzmán.

Para analizar la importancia de esta participación es necesario observar los alcances de la reforma municipal realizada por el régimen militar, a través de la Ley Orgánica de Municipalidades de 1976. Esta se entiende dentro de su política de controlar la población, correspondiendo al carácter excluyente del régimen político, que se propuso conseguir bases de apoyo organizadas. Esta fue una de las finalidades de la reforma administrativa de 1974: ampliar la influencia del poder central en las regiones a través de la organización de los gobiernos regionales. El Gobierno municipal estaba a cargo del alcalde, nombrado por el presidente, y asesorado por el Consejo de Desarrollo Comunal¹³⁰, integrado por miembros que representaban a las juntas de vecinos, centros de madres y actividades económicas. Para mantener la relación estrecha con la ciudadanía y promover la búsqueda de los apoyos políticos se estableció el Departamento de Desarrollo Comunitario, con la función de «promover y consolidar la organización y funcionamiento de las juntas de vecinos, de la Unión Comunal y de los demás organismos comunitarios»¹³¹. Esto se tradujo en la creación de redes de intereses entre la autoridad comunal y los vecinos, que le proporcionó al alcalde un interesante poder político a nivel local.

La reforma municipal amplió considerablemente las competencias y recursos humanos y económicos de los gobiernos locales. Para lograr una relación más estrecha con la comunidad, se crearon nuevas comunas en el país, especialmente en Santiago¹³². El surgimiento de nuevos gobiernos comunales planteó necesidades de gestión administrativa y liderazgo político, que fueron aprovechadas por el «gremialismo». Las municipalidades dispusieron de competencias para participar en los programas de empleo comunitario, tuvieron presencia en los programas de lucha contra la extrema pobreza y vieron ampliadas sus competencias con la reforma al sistema de salud, traspasándose la atención primaria a estas. También recibieron competencias en la educación, a través de la transferencia de la enseñanza fiscal¹³³.

El cambio del régimen municipal, conocido como la «municipalización», produjo un fuerte aumento del personal de los gobiernos locales y requirió un incremento de recursos económicos para atender las nuevas funciones. Durante los años ochenta los recursos municipales aumentaron en términos tales que los ingresos y gastos en el gran Santiago en 1987 eran tres veces más altos que a fines de los años setenta¹³⁴. Las municipalidades debieron modernizar su gestión, lo que exigió más profesionalización de sus funcionarios, contribuyendo a aumentar la eficacia de las políticas.

La nueva Ley de Municipalidades permitió a los municipios participar en la ejecución de políticas sociales, como las de empleo comunitario, en estrecha relación con el Gobierno central a través de su integración al sistema de planificación dirigido desde Odeplan. Esto permitió un canal de información directo entre los «gremialistas» que trabajaban en los gobiernos locales y en Odeplan. Esta ley dispuso que la municipalidad tuviera una Secretaría de Planificación y Coordinación, como asesor del alcalde y del Consejo Comunal, directamente vinculado al respectivo Serplac y, así, a Odeplan. Las nuevas funciones de los municipios se apoyaron en la flexibilización de sus procedimientos burocráticos, adquiriendo mayor autonomía de gestión, lo que les permitió celebrar actos y contratos, para los que solo requerían de la aprobación del gobernador.

La Ley de Rentas Municipales de 1979 aumentó los ingresos de las municipalidades, recibiendo el 45 por ciento del impuesto territorial; el 55 por ciento restante se destinaba a un «fondo común municipal» para promover un traspaso de recursos desde comunas ricas a pobres.

Las municipalidades fueron incorporadas a la ejecución de los programas sociales para erradicar la pobreza. El régimen amplió los programas asistenciales existentes en el país y que estaban referidos al desarrollo de la educación y la salud. Se crearon subsidios para combatir en forma «focalizada» la pobreza, con especial énfasis en el apoyo a las mujeres y niñez, disponiendo las municipalidades de información sobre la magnitud de la pobreza. Los municipios podían entregar recursos para diferentes subsidios¹³⁵ y proporcionaban apoyo a los pobres para acceder a un jardín infantil, almuerzos y desayunos escolares, etc. Bajo la conducción de Kast, en Odeplan se diseñaron políticas sociales «focalizadas» no solo para conseguir mejores resultados, sino también constituir una trama de relaciones interpersonales y de poder con los más pobres útil al proyecto político del «gremialismo».

Desde agosto de 1974 las municipalidades participaron en la ejecución de los Programas Especiales de Empleo (PEM), creados por el Gobierno por el aumento de la desocupación y la previsión de que este crecería por las políticas de ajuste. Estos programas eran nacionales, representando en los años setenta aproximadamente el 5 por ciento de la fuerza de trabajo, recibiendo los trabajadores un ingreso inferior al sueldo mínimo legal, pero que era apreciado por los cesantes ante la falta de fuentes laborales¹³⁶. La ejecución de estos programas fue realizada bajo la dirección del Ministerio del Interior, lo que daba cuenta de su carácter político, pues, por ejemplo, se estableció el aumento o disminución de recursos en la medida que los trabajadores contratados no participaran en manifestaciones contra el Gobierno (Morales, 1987: 378).

Este ambicioso cambio de las municipalidades explica la atención que dio el «gremialismo» a la participación en el nivel local del sistema político. La municipalidad se convirtió en un importante centro de poder, con significativas capacidades clientelísticas para conseguir adhesión en los sectores más pobres, uno de los principales grupos objetivos definidos por Guzmán para construir un gran movimiento de derecha. Los municipios ofrecían oportunidades de empleo a los activistas del movimiento, permitía impulsar programas sociales de apoyo a la comunidad e influir en la toma de decisiones a nivel local y regional. La presencia del «gremialismo» en Odeplan y en la Secretaría Nacional de la Juventud facilitó la penetración en las municipalidades, pues el primer organismo tenía influencia en los gobiernos locales por el sistema de planificación y las políticas sociales, mientras que el otro tenía un gran activismo en tareas de formación política.

El «gremialismo» pudo acceder a la dirección de los gobiernos locales de numerosas ciudades, incluyendo las más pobladas, y las principales comunas de la capital. La carrera política del «gremialismo» está estrechamente ligada a las alcaldías. Numerosos dirigentes de la Secretaría de la Juventud siguieron una carrera política y llegaron a ser alcaldes, lo que después los favoreció para una carrera parlamentaria. Un análisis de las biografías de los altos funcionarios de la secretaría lo pone de manifiesto. Carlos Bombal fue director nacional de la Juventud entre noviembre de 1976 y febrero de 1978 y fue nombrado alcalde de Santiago entre 1981 y 1987, siendo elegido diputado en 1989 y senador en 1997 por Santiago en ambos casos; Francisco Bartolucci, ex dirigente estudiantil de la Universidad Católica de Valparaíso, fue secretario nacional de la Juventud (1974-1978), alcalde de Valparaíso (1982-1987) y electo diputado en 1989 por esa ciudad, siendo reelegido en los dos comicios posteriores; Patricio Melero fue secretario nacional (de octubre de 1982 a enero de 1985), alcalde de Pudahuel (1985-1989), renunciando para postular a un escaño de diputado por ese distrito, consiguiéndolo. Iván Moreira fue un activo funcionario de la Secretaría de la Juventud, siendo jefe de sección (1980-1981) y más tarde alcalde de La Cisterna (1989-1992), y fue elegido diputado en 1993 por ese distrito. Hay pocas excepciones de funcionarios de esta Secretaría de la Juventud que integran RN en lugar de la UDI: Pedro Sabat, Raúl Urrutia y Félix Viveros (Cuadro VII-3)¹³⁷.

El objetivo de Guzmán de constituir un poderoso movimiento político no se alcanzó plenamente, pues surgió otro partido de derecha, RN, pero consiguió crear la Unión Demócrata Independiente (UDI), rompiendo la tradición de los partidos históricos de ese sector, que ha ido fortaleciendo su fuerza electoral y su influencia política en democracia, sin detenerse por su asesinato en 1991. No se entiende a la UDI sin analizar el papel del «gremialismo» en el régimen militar y viceversa.

En este capítulo hemos analizado el papel desempeñado por el «gremialismo», el principal grupo de poder del régimen militar. Se examinaron las condiciones que explicaron su surgimiento en el movimiento estudiantil de la Universidad Católica en los años sesenta bajo el liderazgo de Jaime Guzmán y también su influencia en la dirección de esta casa de estudios después del golpe de Estado, ocupando altos puestos directivos y de asesoría, proporcionándoles importantes recursos institucionales para reclutar una amplia cantidad de estudiantes y profesores. Concentraron su acción política en la Secretaría Nacional de la Juventud, en Odeplan y en las municipalidades, pudiendo ubicar a decenas de sus adherentes en múltiples cargos¹³⁸.

Guzmán fue el principal asesor civil de Pinochet y desempeñó un papel político muy importante para su consolidación. Organizó un grupo de poder altamente cohesionado y de gran mística, que tuvo su mayor ascendiente en 1980, aunque después su influencia continuó siendo muy relevante. El «gremialismo» fue el equivalente funcional del partido único en los regímenes autoritarios. Los «gremialistas» trabajaron estrechamente con el equipo económico de los Chicago boys, siendo ambos los principales grupos de poder en el régimen autoritario. En el capítulo siguiente se analizará el papel de los tecnócratas y de los gremialistas en la Odeplan bajo la dirección de Miguel Kast.

CAPÍTULO VIII

LOS CHICAGO BOYS Y LA LEGITIMACIÓN POR EL ÉXITO ECONÓMICO

Modernización económica en contextos autoritarios

El régimen de Pinochet impulsó una estrategia de legitimación múltiple, junto a una histórica y legal-constitucional, con la que se propuso conseguir una alta eficacia a través del éxito económico¹. Esta última se justificaba políticamente porque una de las causas del colapso de la democracia fue el fracaso de la gestión económica del Gobierno de la Unidad Popular, que se manifestaba no solo en graves desequilibrios macroeconómicos, especialmente hiperinflación², balanza de pagos y cuentas fiscales, sino también en el desabastecimiento de productos de primera necesidad, que afectó a millones de chilenos, incluso de sectores populares.

La inseguridad económica y el malestar con la gestión del Gobierno de la Unidad Popular de gran parte de la población, ayudaron a que el régimen autoritario contara con un alto respaldo civil. Se esperaba que consiguiera restablecer el funcionamiento normal de la economía y su desarrollo. Además del discurso anticomunista y la «guerra» contra el marxismo, el régimen de Pinochet tuvo una segunda gran preocupación: superar la crisis económica y derrotar la pobreza, ofreciendo tranquilidad y un futuro promisorio. Se preocupó no solo de resaltar el carácter totalitario de los partidos de la Unidad Popular, sino también de mantener la imagen negativa de la gestión económica de este Gobierno, enfatizando los sufrimientos de los sectores más pobres y, muy especialmente, de las mujeres. La gestión económica no fue políticamente neutral, sino que estuvo unida a la estrategia de legitimación del orden autoritario, pues se consideraba que el éxito económico ayudaría a su consolidación. La economía, por ende, estuvo íntimamente ligada a la política.

El régimen de Pinochet se propuso realizar una transformación económica³, modificando las bases mismas del sistema a través de profundas reformas. Este programa estuvo asociado al equipo económico conocido como los Chicago boys, integrado por un amplio grupo de economistas e ingenieros que trabajaron en el Gobierno bajo el liderazgo de Sergio de Castro en los años setenta y de Hernán Büchi a partir de 1985⁴. Precedidos de una carrera profesional similar —en su mayoría habían egresado de la Universidad Católica, en la que también fueron profesores, y realizado estudios de posgrado en la Universidad de Chicago—, impusieron un programa económico monetarista de contenido neoliberal con gran coherencia y rigidez, incluso enfrentando la oposición de un importante sector de empresarios que no estaban acostumbrados a actuar en un escenario de libre competencia.

Mirada en una perspectiva de largo aliento, su gestión muestra resultados más bien modestos en términos de crecimiento, empleo e inflación, pues sus logros fueron menores que los alcanzados por los gobiernos democráticos de los años sesenta y de los años noventa; además sus resultados no fueron constantes. Históricamente, las políticas neoliberales ya habían conducido al país a la peor recesión del siglo XX, cuando en 1982-1983 el sistema financiero colapsó y el producto cayó –14,5 por ciento. Sin embargo, el régimen superó esta crisis y siguió adelante su programa económico, radicalizándolo, con el desmantelamiento del Estado empresario a través de la privatización de numerosas empresas estatales, de la energía a las telecomunicaciones y la siderurgia, impulsadas por sus altos ejecutivos, que se convirtieron en sus controladores cuando pasaron al sector privado. Los gobiernos democráticos no solo no revisaron las privatizaciones sino que las expandieron. Esto ocurrió con empresas de generación eléctrica, la construcción de obras de infraestructura a través de concesiones a empresas privadas y las empresas sanitarias. Privatizaciones en marcha, como la educación, fueron profundizadas con el «financiamiento compartido» de 1993, que impulsó el Ministerio de Hacienda y no el de Educación, que no lo apoyó para evitar imponer una carga económica a las familias (Pribble, 2013).

Si la crisis económica aceleró la crisis política del Gobierno de Allende, en el de Pinochet los militares reprimieron severamente las protestas ciudadanas.

En los años setenta la desocupación alcanzó altos niveles, creándose programas públicos de ocupación —los programas de empleo mínimo (PEM) y para los jefes de hogar (POJH)—, cuya administración fue entregada a las municipalidades. El desempleo, que en 1975 fue de 15,7 por ciento (17,6 por ciento con el PEM), bajó lentamente hasta la crisis de 1982-1983, cuando creció hasta 32 por ciento de la fuerza de trabajo, a los que se debe añadir el 13 por ciento en programas de empleo (Ffrench-Davis, 1999: 264). Después la recuperación fue lenta y en 1989 el desempleo bajó a un dígito, 8 por ciento. Hubo una caída de las remuneraciones que hasta 1989 se mantuvieron por debajo del nivel de 1970. También disminuyeron las asignaciones familiares, hasta situarse en 1989 en un 72 por ciento por debajo del nivel de 1970. No fue casual que las remuneraciones y las asignaciones subieran de cara al plebiscito de 1988, cuando se usó la reactivación económica para apoyar la candidatura de Pinochet. También bajó el gasto social por el sesgo antiestatista, en especial en educación y salud, y cuyas consecuencias persisten en diversos sectores.

Las reformas económicas cambiaron radicalmente la estructura productiva del país y produjeron el despegue en esa área. Las dictaduras en América Latina han fracasado en su gestión económica (Angell, 1984; Remmer, 1989), mientras que la de Pinochet estableció condiciones para el crecimiento, y sus principales instituciones continúan operando en democracia. El cambio de régimen se caracterizó por una profunda modificación de las estructuras políticas, de un lado, y por la continuidad del sistema económico, de otro, precisamente porque estaba en un muy buen pie. Con todo, debe tenerse en cuenta que tales reformas fueron impulsadas en una dictadura y no en democracia, por lo que su evaluación debe hacerse dentro del contexto político que le corresponde.

No es indiferente el sistema político en que se realiza la transformación económica, pues este proporciona el escenario institucional donde se desenvuelven actores e instituciones. Otras modernizaciones económicas, en democracia, como la de Inglaterra, se hicieron dentro de un Estado de derecho, con la participación de instituciones públicas como el Parlamento, las organizaciones sindicales y los partidos, de modo que los objetivos y el proceso decisorio estaban entrelazados con los intereses de un orden pluralista.

El régimen de Pinochet no buscó únicamente impulsar políticas para beneficiar al gran capital, como plantean los partidarios de la teoría de la dependencia⁵, sino que también se propuso conseguir la adhesión de los más pobres a través de políticas clientelísticas, pues se entregaban recursos económicos, especialmente a través de las municipalidades, para aumentar el apoyo de estos sectores al régimen militar. Los nuevos gobernantes estuvieron preocupados de conseguir el respaldo de los pobres por medios políticos, dado que la política económica priorizó los intereses de los empresarios.

Es más fácil impulsar reformas económicas en un contexto autoritario. Los medios de comunicación estaban subordinados al discurso oficial, lo que impidió la manifestación de voces disidentes, especialmente de economistas de oposición, que criticaron las propuestas neoliberales y denunciaron sus errores y debilidades. La propaganda oficial enfatizaba que solo existía el camino de los Chicago boys, mostrando los avances conseguidos en el restablecimiento de la normalidad económica sobre la base de recordar el desabastecimiento, la hiperinflación y el caos productivo de los años del Gobierno de la Unidad Popular. La política permitió al equipo económico exhibir resultados positivos precisamente porque comparaban con ese pasado. Además, las políticas eran funcionales a los objetivos de orden político. El Plan Laboral de 1979 buscaba crear condiciones para generar más empleo y ganar competitividad, pero también neutralizar al movimiento sindical y fortalecer a los empresarios.

La experiencia de Chile corresponde a las modernizaciones autoritarias conocidas como el modelo prusiano, y es comparable a la de Alemania a fines del siglo XIX y la de España del régimen autoritario del general Francisco Franco (1939-1975). En el autoritarismo la concentración de la autoridad y el poder en el jefe de Estado tiene múltiples consecuencias, pues se produce una menor diferenciación de los intereses públicos y privados, dando origen a iniciativas que favorecen a los grupos que participan del poder o tienen acceso privilegiado a este, pudiendo existir un amplio espacio para el beneficio de sus altos funcionarios o de colaboradores del régimen. La centralización de la autoridad explica las distorsiones que puedan ocurrir en el mercado en favor de los agentes económicos más vinculados con el equipo responsable de esa materia, ya que se intenta justificar esta ayuda por la colaboración brindada al éxito de la gestión de la autoridad⁶.

Las modernizaciones autoritarias son parciales y no afectan al conjunto de la economía ni al sistema social, pues mantienen componentes tradicionales beneficiosos para los intereses de los actores dominantes. Como argumentamos en el Capítulo I, la modernización económica de los Chicago boys fue parcial⁷, con fuertes avances en algunas áreas y manteniendo otras en una situación tradicional o semimoderna. Esta realidad se explica por los sesgos ideológicos de sus miembros y el impacto del contexto autoritario. La modernización amplia solo es posible en un escenario democrático, donde los grupos de interés tienen igualdad de oportunidades para presentar sus demandas y el sistema económico adquiere una mayor complejidad institucional. Así, por ejemplo, la política laboral privilegió a los empresarios, recortando y cercenando derechos de los trabajadores y debilitando el movimiento sindical. Dentro de los empresarios se favoreció a los grandes, en desmedro de los medianos y pequeños, frenando, además, el surgimiento de instituciones reguladoras que protegieran al consumidor. Existió una visión tradicional del uso de los recursos naturales, por lo que no estuvo presente la protección al medio ambiente. En términos sociales se descuidaron los estratos bajos, que vieron afectados sus niveles de vida porque las políticas de estabilización se hicieron a costa de disminuir los recursos destinados a educación, salud y vivienda. Una modernización muy relevante fue la del sistema de pensiones, con un marcado sesgo hacia los trabajadores de ingresos medios y altos, y especialmente las mujeres. Los componentes tradicionales de decisión toleraron relaciones de clientelismo y patronazgo, patentes en las privatizaciones, que permitieron el beneficio personal de altos ejecutivos de las empresas públicas y de asesores o colaboradores del Gobierno, como se demostrará en el Capítulo IX.

Esta modernización parcial produjo un desarrollo institucional con profundos desequilibrios⁸, con sectores modernos y otros semimodernos o tradicionales, lo que provocó fuertes desajustes al advenir la democracia.

El perfil político de los Chicago boys

Los análisis de la gestión de los Chicago boys acentúan los componentes más bien «técnicos» del modelo neoliberal, que han adquirido mayor visibilidad y prestigio por su continuidad en democracia. Se trata del equilibrio fiscal, la valoración de los equilibrios macroeconómicos, el papel fundamental del mercado, la alta valoración del dinamismo empresarial y otros. Sin embargo, en un análisis político de su gestión se observan las limitaciones y debilidades del sistema económico debido al contexto autoritario.

El análisis político es necesario, porque los Chicago boys impulsaron las transformaciones como parte de la estrategia de legitimación del régimen militar. El equipo económico no estaba compuesto de tecnócratas que orientaran sus decisiones por consideraciones académicas; tampoco fueron mandatarios de los intereses del gran capital, nacional o internacional, actuando bajo sus instrucciones. Eran personas de derecha y, por tanto, compartían los objetivos políticos del régimen, aceptando las facilidades proporcionadas por el orden autoritario para impulsar un cambio radical de la economía, orientado también por consideraciones de poder. No eran neutrales políticamente: antes de trabajar para el Gobierno instaurado en 1973, sus principales figuras pertenecían al «gremialismo»⁹ y se mantenían cohesionados por su experiencia común en las luchas de la reforma de la Universidad Católica y como oposición al Gobierno de la Unidad Popular. En esos años trabajaron, junto a algunos economistas del PDC¹⁰, en la preparación de un programa económico alternativo, conocido como «El Ladrillo»¹¹, encargado por la Armada a través del vicealmirante José Toribio Merino y por intermedio de Roberto Kelly, ex oficial de Marina y alto ejecutivo de una empresa de Agustín Edwards, en la eventualidad de que se produjera un golpe de Estado (Arancibia Clavel, 2005). Este programa quedó terminado algunos días antes del golpe y se entregó a la Marina el 11 de septiembre de 1973. Pudieron impulsar las reformas económicas porque contaron primero con su respaldo y después con el apoyo del general Pinochet, quien adhirió plenamente a sus posiciones, sin abandonarlos en los momentos difíciles.

El núcleo más influyente y numeroso del equipo económico estuvo integrado por economistas de la Universidad Católica que se habían perfeccionado en la Universidad de Chicago a través de un convenio suscrito entre ambas instituciones en los años cincuenta¹². Este posibilitó que decenas de egresados del Instituto de Economía de la Universidad Católica siguieran programas de posgrado, y que, a su regreso al país, asumieran cargos docentes a tiempo completo en esa casa de estudios. Su convivencia con el resto de los profesores del instituto no fue fácil, pues tenían identidad y desarrollaron un trabajo que los hizo atribuirse el papel de los auténticos economistas modernos y científicos¹³. En 1965 lograron controlar la Facultad de Ciencias Económicas, precisamente por las dificultades con sus colegas y las autoridades, después de forzar la renuncia del decano¹⁴, quedando en ese cargo Sergio de Castro y asumiendo Pablo Baraona como director del instituto (Vial, 1999: 180-181)¹⁵.

Durante la reforma universitaria, iniciada en 1967 por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), controlada por la Democracia Cristiana, los Chicago boys se opusieron a ella, actuando junto con los «gremialistas» en las elecciones ante los órganos superiores de la universidad. En las elecciones al claustro universitario de junio de 1973, Jaime Guzmán encabezó la lista de los 37 candidatos de los profesores, entre los que estaban destacados Chicago boys, como Sergio de Castro y Mario Corbo, de Economía, y Juan Ignacio Varas y Rodrigo Mujica, de Agronomía. Varas se integró después al Instituto de Economía, llegando a ser su director en 1975¹⁶. Las tensiones derivadas de la reforma universitaria acentuaron la decisión de los Chicago boys de dedicarse a la actividad académica, marginándose de intervenir en el ámbito nacional¹⁷.

Los Chicago boys eran, en gran medida, outsiders de la política chilena, sin vinculaciones con políticos y empresarios durante los gobiernos anteriores al golpe. Esto les dio gran independencia para impulsar el programa económico que encontraría oposición en buena parte del empresariado tradicional. No participaron en la campaña presidencial de Jorge Alessandri de 1970, salvo Pablo Baraona, militante del Partido Nacional¹⁸. Su influencia en la derecha se expresó a través de la difusión de sus ideas, primero en la «página económica» de El Mercurio, creada en junio de 1967; y después, al año siguiente, en una revista propia, de corta vida y una reducida circulación, Polémica económico-social (Cristi y Ruiz, 1992: 106). Eran conocidos como un grupo cerrado y gozaban de respeto entre los intelectuales de derecha, principalmente de las revistas Portada y Qué Pasa, y entre algunos empresarios¹⁹.

Impactados por el triunfo de Allende en las elecciones presidenciales de 1970, Ernesto Fontaine y Rolf Lüders abandonaron el país, yéndose a trabajar a los EE.UU., mientras que De Castro y Baraona permanecieron en Chile para luchar contra la Unidad Popular. Para ese fin ampliaron el cuerpo de profesores del Instituto de Economía, contratando a algunos economistas que compartían las posiciones del «estructuralismo»²⁰. La figura de Sergio de Castro se vio fortalecida, debido a que tomó una decidida actitud política en contra del Gobierno, y tuvo apoyo del Centro de Alumnos, y en especial de su principal dirigente, el «gremialista» Miguel Kast²¹.

El «gremialismo» tuvo en la Escuela de Economía al núcleo estudiantil más importante de la universidad, cuyo Centro de Alumnos fue el segundo que controlaron después de ganar el de Derecho en 1965²². Destacados miembros del equipo económico fueron dirigentes estudiantiles. Kast fue presidente del Centro de Alumnos entre 1969-1970 y luego secretario general de la FEUC entre 1970-1971, para ocupar posteriormente los cargos de subdirector y luego director de Odeplan, ministro del Trabajo y presidente del Banco Central; Felipe Lamarca, ex jefe de gabinete de Sergio de Castro y posteriormente director del Servicio Impuestos Internos (1980-1985), había sido vicepresidente de la FEUC en 1971-1972; Cristián Larroulet, que llegó a ser un alto funcionario de Odeplan y jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Hernán Büchi, ocupó la presidencia del Centro de Alumnos y luego de la FEUC (1975-1976).

Después del golpe de Estado, la FEUC y los centros de alumnos continuaron funcionando controlados del «gremialismo», único actor político permitido por las nuevas autoridades universitarias, como se vio en el capítulo anterior.

El equipo económico incluyó un amplio grupo de profesionales formados en otras universidades, por ejemplo en la Universidad de Chile, como es el caso de Álvaro Bardón y Jorge Cauas. No todos los que se formaron en Chicago fueron patrocinados por la Universidad Católica; hubo también economistas enviados por el Banco Central²³.

Los miembros del equipo económico no fueron exclusivamente ex alumnos de la Universidad de Chicago y no todos los que estudiaron en ella ingresaron después al Gobierno²⁴. Los ministros de Hacienda Jorge Cauas y Hernán Büchi, ambos ingenieros de la Universidad de Chile, hicieron el posgrado en economía en la Universidad de Columbia. José Piñera, economista de la Universidad Católica, hizo su doctorado en la Universidad de Harvard y estuvo vinculado a la DC durante sus años de estudiante²⁵.

Puesto que las reformas económicas implicaron profundos cambios legales, el equipo económico fue asesorado por abogados como Hernán Felipe Errázuriz, también egresado de la Universidad Católica, quien comenzó a colaborar con ellos desde que entró a trabajar en el Banco Central, llegando a ser ministro de Minería²⁶.

El liderazgo en el equipo económico: De Castro, Büchi y Kast

El modelo económico de los Chicago boys no implica un pensamiento y acción únicas, pues hubo diferencias en los estilos y prioridades en la aplicación de las políticas y en algunos énfasis. Para efectos analíticos, se pueden distinguir cuatro etapas. Inicialmente hubo una estrategia de transformación económica más bien gradualista, impulsada por el ministro de Economía, Fernando Léniz, un empresario que había sido presidente de El Mercurio durante el Gobierno de la Unidad Popular e ingeniero de la Universidad de Chile. Su posición durante el Gobierno militar fue apoyada por el ministro de Coordinación Económica, Raúl Sáez, y los militares del Comité Asesor de la Junta de Gobierno (COAJ). A este grupo le correspondió, en los primeros dos años, hacer el ajuste económico, tomando drásticas medidas para controlar el déficit fiscal, conseguir eficiencia en la administración de las empresas públicas, comenzar la apertura comercial y devolver la mayoría de las empresas intervenidas o requisadas por el Gobierno de la Unidad Popular. Esta postura fue modificada con ocasión de la recesión de 1975, que dio paso a la estrategia brusca y radical de Sergio de Castro y Jorge Cauas que se impuso. Hubo una tercera etapa constituida por la política aplicada para encarar la grave crisis económica en 1982-1983, en la que se flexibilizaron algunas de las medidas neoliberales. Fue el momento en que intervino el ministro de Hacienda, Luis Escobar Cerda, más próximo al «estructuralismo». Por último, hubo una cuarta etapa y final, que duró hasta el término del régimen, impulsada bajo el liderazgo de Hernán Büchi, con mayor flexibilidad analítica y pragmatismo político que De Castro.

El fin de la fase gradualista fue favorecido por las diferencias políticas entre el general Pinochet con Léniz y Sáez, quienes opinaron críticamente sobre las violaciones a los derechos humanos y el anticomunismo de los gobernantes. Léniz se hizo eco de las críticas que le plantearon las autoridades de Gobierno de los EE.UU. y así se lo hizo saber a la Junta de Gobierno. Asimismo, fue crítico respecto de la gestión de la Cancillería, entonces a cargo de la Marina, y del desempeño del embajador en EE.UU. (un oficial de la FACH en retiro), y de los representantes chilenos en los organismos en Nueva York, en la oficina de la Corfo en esa ciudad y ante la embajada en las Naciones Unidas²⁷. En una de sus intervenciones ante la Junta, rechazó la explicación que se daba entre los partidarios de Pinochet de que la postura de la Casa Blanca y de los principales países europeos en contra del régimen militar se debía a la influencia de los comunistas.

No hay ninguna duda que los norteamericanos no están actuando bajo inspiración comunista. Lo mismo sucede en algunos medios periodísticos, de los más importantes, que tienen más influencia y en los medios académicos, donde, naturalmente, hay algunos sectores que están influenciados por los comunistas, pero otros no se sienten afectados por eso. Eso es una de mis conclusiones²⁸.

Léniz planteó ante la Junta que las dificultades políticas para conseguir créditos externos eran consecuencia del rechazo a la situación de los derechos humanos, de manera que medidas destinadas a modificarla, como una liberación de presos políticos, facilitaría conseguir la ayuda económica que necesitaban. Empleaba una argumentación política que no era del agrado de los miembros de la Junta, quienes estaban convencidos de la necesidad de aplicar violencia:

Traté de averiguar si después de arreglado el problema de los derechos humanos no nos van a empezar a presionar por otros problemas. Pero los otros no se comparan con el daño y la presión que nos causa el de los derechos humanos. En mi opinión, es conveniente tener esta visión sobre las opiniones en el extranjero sobre nuestro país, pues considero que debemos tener una visión muy objetiva de los hechos. El hecho de la conspiración comunista existe. No hay duda alguna. Pero no nos equivoquemos, no todo es conspiración. Es evidente que hay algo más (AHJG, Nº 177 A, 11 de diciembre de 1974).

Meses más tarde, el ministro de Coordinación Económica, Raúl Sáez, también planteó su preocupación por el impacto negativo de la imagen de Chile en el exterior:

El país todavía no ha tomado una clara conciencia de cuán grave es la opinión que afuera se tiene de lo que sucede dentro de Chile. En el país suceden acontecimientos que no son de extraordinaria importancia, pero que son magnificados y ello entorpece las diligencias que los representantes chilenos estamos realizando en estos precisos momentos (AHJG, Nº 187 A, 4 de abril de 1975).

Esta posición del equipo económico de 1973-1974, que buscaba moderar al régimen, aparecía diferente del discurso firmemente anticomunista utilizado por los colaboradores políticos de derecha de la Junta de Gobierno, quienes, por el contrario, sobredimensionaron la importancia del «peligro comunista» y mantuvieron silencio ante los atropellos a los derechos humanos. Así, el 23 de abril de 1975, Sergio Diez, embajador ante la ONU, expuso a la Junta de Gobierno el resultado de su gestión, mostrando un cuadro distinto al de Léniz. Sostuvo que la población norteamericana en «10 a 15 por ciento es marxista, sus principales diarios, como también en Europa, están bajo la influencia del marxismo porque sus periodistas lo son, la mayoría de la prensa internacional está influenciada por el marxismo y la capacidad de mentir de la Unión Soviética en el mundo de hoy día es más importante que la bomba atómica» (AHJG, Nº 193 A, 23 de abril de 1975).

Cuando De Castro asume la dirección del Ministerio de Economía y Cauas la de Hacienda, en abril de 1975, se produjo un notorio cambio en su desempeño ante la Junta de Gobierno, pues se abstienen de opinar sobre los temas políticos. Influyó en este cambio no solo el hecho de que Pinochet no aceptaba que los ministros del sector económico opinaran sobre temas políticos, sino también que ellos aceptaban las consecuencias del escenario autoritario, considerado indispensable para impulsar un cambio radical del sistema económico.

Entre los Chicago boys se destacaron dos personalidades que dirigieron el equipo económico del régimen, Sergio de Castro y Hernán Büchi. También tuvo un desempeño muy importante Miguel Kast, sobresaliendo más bien como operador político.

La aplicación del modelo neoliberal no se puede comprender sin considerar a su principal impulsor, De Castro. Inteligente y decidido, no se destacó por la originalidad de sus ideas, sino por la fuerte determinación de llevarlas adelante, sin vacilar ante la oposición que encontró inicialmente entre militares y empresarios, y por el liderazgo que ejerció sobre sus colaboradores, que habían sido sus alumnos en la Universidad Católica. Poseedor de un fuerte carácter, este rasgo le había llevado a tener conflictos con las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas a su regreso de los Estados Unidos, así como también con algunos empresarios y el «alessandrismo» a fines de los años sesenta²⁹. Era independiente para actuar y no se dejaba presionar por los empresarios afectados por la liberalización económica. Cultivó una imagen de técnico, pero no pudo evitar la utilización de argumentos políticos tomados del discurso oficial del régimen para fundamentar la transformación económica, admitiendo que las causas de la crisis no estaban solo en la política económica del Gobierno de la Unidad Popular, sino en las políticas seguidas desde hacía varias décadas:

La solución de fondo a nuestros problemas sociales estaba en liberar a Chile de su condición de caldo de cultivo de ideologías totalitarias y socializantes producto de su falta de expectativa, en superar la pobreza y garantizar la libertad individual y el bienestar económico³⁰.

Era el líder indiscutido entre los economistas de la Universidad Católica, por haber sido profesor de varias generaciones que habían seguido el curso introductorio que impartía en primer año³¹. Conocido como buen profesor, dedicado a los alumnos, aunque no inclinado a la investigación³². Fue partidario de un cambio drástico y rápido del sistema económico como única estrategia posible para modificar sus bases estructurales, sin admitir flexibilizaciones cuando aparecieron problemas en su aplicación, como ocurrió durante la difícil situación económica de 1981 y 1982. Esta rigidez se transformó en una debilidad, pues le impidió enfrentar las dificultades económicas, formulando propuestas económicas que radicalizaban las políticas neoliberales en lugar de flexibilizarlas. Le propuso a Pinochet bajar las remuneraciones de los trabajadores del sector público y privado, pero este lo rechazó porque habría sido muy impopular, incluso entre los militares³³. No habrían aceptado. Debió abandonar el Gobierno en abril de 1982³⁴.

Hernán Büchi tuvo una trayectoria profesional y política distinta. Estudió ingeniería en minas en la Universidad de Chile, destacándose como un alumno brillante, e hizo un posgrado en Economía en la Universidad de Columbia. No pertenece al grupo de economistas que preparó «El Ladrillo», habiendo entrado al Gobierno en 1975 por intermedio de Miguel Kast, al regreso de los EE.UU. Ocupó diversos cargos públicos antes de ser nombrado ministro de Hacienda, el 18 de febrero de 1985. En su carrera se destacó por su inteligencia y capacidad para constituir equipos. Fue designado subsecretario de Economía en diciembre de 1979 y, en enero de 1981, subsecretario de Salud, cargo que le posibilitó un activo protagonismo en la privatización del sistema de salud, dando origen a las Instituciones de Salud Previsional (Isapres)³⁵. En agosto de 1983 asumió como ministro de Odeplan, donde se mantuvo por corto tiempo, y en mayo del año siguiente fue nombrado superintendente de bancos por el ministro de Hacienda, Luis Escobar Cerda. En este cargo desarrolló una eficaz labor de mejoramiento de las normas regulatorias para fortalecer la fiscalización de las instituciones financieras en plena crisis económica; tales normas fueron muy importantes para crear las condiciones institucionales necesarias que permitieron superar la crisis del sistema financiero. Büchi había establecido una estrecha amistad con Jaime Guzmán, de forma que al llegar al gabinete era «gremialista».

Por personalidad, Büchi no tuvo las rigideces de Sergio de Castro. Sin abandonar los principios del modelo neoliberal, flexibilizó su aplicación, subiendo los aranceles y manteniendo las sobretasas establecidas por Escobar Cerda, lo que hubiera constituido una herejía para el monetarismo de los años setenta. Recurrió a medidas radicales para equilibrar el presupuesto, que tuvieron un importante costo político posterior, como negar el reajuste a los pensionados en 1985 o atrasar en varios meses el pago del reajuste de las remuneraciones con el fin de evitar un desembolso por algún tiempo para favorecer el equilibrio de las cuentas fiscales.

Se movió políticamente con más habilidad que De Castro. Comprendió la conveniencia de contar con el apoyo de los militares y civiles para convertir sus decisiones en más eficaces, priorizando la privatización de las empresas públicas para alcanzar importantes objetivos políticos: el desmantelamiento del Estado, la creación de sólidas bases de apoyo en el empresariado y la obtención de nuevos recursos para apoyar el financiamiento de los programas sociales destinados a favorecer la candidatura del general Pinochet en el plebiscito sucesorio.

También contó con un buen precio del cobre, que le permitió disponer de recursos para financiar los programas de viviendas y de obras públicas, base de la campaña de Pinochet en 1988³⁶. Büchi pudo consolidar las reformas iniciadas por De Castro, lo que le sirvió a este último para mantener la imagen de padre fundador del nuevo modelo económico. Estos antecedentes explican por qué Büchi fue el candidato presidencial de la derecha en las elecciones de 1989.

La tercera figura de gran importancia política fue Miguel Kast³⁷. Era bastante más joven que De Castro y perteneció a la segunda generación de los Chicago boys, de la que fue la personalidad más destacada³⁸. Kast tuvo una intensa participación política en el movimiento estudiantil, mostrando especial dedicación por el reclutamiento. Impuso un claro liderazgo entre los economistas de su generación y sus ideas fueron recogidas por el Gobierno. Desde Odeplan, donde ingresó a fines de 1973 al terminar su posgrado en la Universidad de Chicago, puso acento en las políticas contra la pobreza, tanto por consideraciones económicas como políticas, pues así debilitaría a las organizaciones de izquierda y al PDC. También por razones políticas se preocupó del cambio de la legislación laboral, para mejorar las condiciones del empresariado y debilitar a los sindicatos. Impulsó la privatización del sistema de pensiones, una de las reformas de mayores alcances económicos y políticos del régimen militar.

Kast dedicó tiempo y energía a convocar a numerosos economistas, ingenieros y abogados a trabajar en Odeplan o en otros organismos del Estado. Destacadas personalidades del régimen entraron al Gobierno por gestión suya, como por ejemplo Sergio Fernández y Hernán Büchi. Por este motivo fue conocido como el «gran reclutador» (Lavín, 1986: 65). Esta labor la orientó según un doble objetivo: ayudar al Gobierno y fortalecer al «gremialismo», privilegiando profesionales afines a este movimiento y desplazando a personeros de derecha no simpatizantes de las ideas de Guzmán³⁹.

Hubo un cuarto ministro que tuvo un importante papel en la ejecución de las reformas estructurales: José Piñera. No integró el núcleo original de los Chicago boys, pues durante sus estudios en la Universidad Católica formó parte de la DC, lo que fue motivo de tensiones al incorporarse al Gobierno como ministro del Trabajo, en 1978, en el gabinete encabezado por Sergio Fernández, entonces ministro del Interior⁴⁰. Fue uno de los principales voceros de la tesis de las «siete modernizaciones», anunciada ese año para impulsar la nueva estrategia del régimen respecto a establecer una «nueva institucionalidad», cuyo principal objetivo fue la aprobación de una Carta Fundamental, como se vio en el Capítulo V⁴¹. Tenía la inteligencia, el carácter y la ambición política para mantener cierta autonomía del equipo que dirigía De Castro, y era el único que le discutía sus posiciones. Durante su gestión impulsó dos importantes reformas económicas: el Plan Laboral, cuyo objetivo era debilitar estructuralmente al movimiento sindical, y la privatización del sistema de pensiones⁴².

Después se desempeñó como ministro de Minería (1981-1983), desde donde impulsó una importante ley minera, que concordaba con los intereses de los militares, partidarios de la presencia del Estado en la gran minería del cobre y de los empresarios privados, que deseaban invertir en este sector y que apuntaban a la privatización de Codelco, que no consiguieron por rechazo de los uniformados.

La preparación del programa económico: «El Ladrillo»

Desde 1972, los economistas de la Universidad Católica trabajaron junto a algunos economistas DC de la Universidad de Chile en la preparación de un programa económico alternativo, conocido como «El Ladrillo», una iniciativa de la Marina⁴³.

La gravedad de la crisis económica y la polarización política crearon las condiciones para que este grupo recibiera apoyo de los grupos de derecha, pero no del PDC, puesto que los economistas de esta colectividad eran partidarios de una economía mixta, con empresas de trabajadores, y se identificaban con la escuela «estructuralista»⁴⁴ y no con el «monetarismo» predominante en el grupo que preparaba este programa económico. Guzmán asistió a algunas reuniones y apreció oportunamente la importancia del trabajo, porque había ahí un equipo técnico capaz de asumir el tema económico cuando se produjera el golpe de Estado⁴⁵.

«El Ladrillo» no fue un programa coherente de reformas económicas de carácter monetarista, sino un conjunto de soluciones generales y heterogéneas que reflejaba la composición pluralista de sus autores. Su novedad fue ofrecer propuestas alternativas para encarar la grave crisis económica. No planteó la ruptura con el sistema económico imperante, sino que ofreció respuestas graduales a los problemas políticamente más controvertidos, como el área de propiedad social constituida por las empresas intervenidas o requisadas por el Gobierno⁴⁶. Algunas de las recomendaciones estaban muy lejos de las ideas monetaristas de los Chicago boys, como por ejemplo las políticas antimonopolios⁴⁷, en las que se planteaba una crítica a los grupos económicos, que después no se tradujo en políticas⁴⁸.

Una idea tomada de este documento y luego desarrollada por Odeplan fue la reforma del sistema previsional, basada en la creación de fondos de pensiones. Esta propuesta buscaba contribuir a la normalización del área de propiedad social y se justificaba por sus ventajas políticas, pues «conduciría a una socialización de la riqueza, sin que por ello se cayera en fórmulas de socialismo estatista»⁴⁹. Los fondos de pensiones podrían adquirir las empresas estatales, lo que establecería «un mecanismo útil para transferir riqueza, actualmente en manos del Estado, hacia los trabajadores»⁵⁰. De esta manera no solo se daría solución al problema previsional, sino que se conseguirían importantes resultados políticos al debilitar las bases del conflicto entre empresarios y trabajadores⁵¹.

Al tomar la Marina la dirección económica, convocó a los economistas participantes de «El Ladrillo» como asesores del nuevo Gobierno. El ingreso de los Chicago boys a la administración pública se aceleró en octubre de 1973, cuando Fernando Léniz fue designado ministro de Economía y contrató a De Castro como uno de sus colaboradores más cercanos.

La neutralización de los centros académicos: el Centro de Estudios de Planificación de la Universidad Católica (Ceplan) y el Instituto de Economía de la Universidad de Chile

Los Chicago boys se constituyeron en el único equipo económico, no solo por la cohesión profesional, política y humana entre ellos, sino también porque aprovecharon los recursos políticos del autoritarismo. Contaron con el respaldo de los medios de comunicación, que destacaron sistemáticamente los avances económicos y escondieron debilidades y errores. Cuando surgieron críticas por parte de economistas de oposición, los Chicago boys no vacilaron en descalificarlas de plano, y apoyaron la sincronización de los centros de estudios en que trabajaban⁵².

Muy tempranamente las políticas de estabilización económica impulsadas por los Chicago boys fueron criticadas por economistas de la Democracia Cristiana que trabajaban en las universidades Católica y de Chile. La revista Política y Espíritu, del PDC, publicó un documentado informe crítico de la política de estabilización, «El informe económico», que irritó al equipo de Gobierno. En este se cuestionaban los logros anunciados por la administración de Pinochet, señalando que «la causa principal del fracaso radica en la aplicación de un modelo económico que no está asentado en la realidad nacional y que ha sido puesto en práctica en forma dogmática»⁵³. Los autores proponían un «enfoque pragmático» que considerara las singularidades de la economía chilena, entre las cuales destacaba la inestabilidad. Se proponía enfrentar una disminución de las expectativas inflacionarias, «regulando no solo el tipo de cambio, sino también la tasa de interés y los precios claves en la economía»⁵⁴. El documento planteaba un conjunto de medidas técnicas para corregir los errores de la conducción económica y resultó evidente que fue leído por los militares del COAJ, que en esos momentos mantenían una fría relación con el equipo neoliberal.

Entre los autores del «Informe económico» había economistas pertenecientes a dos centros académicos: Ceplan y el Instituto de Economía de la Universidad de Chile⁵⁵. El equipo económico vio ahí un bloque opositor decidido a complicar su labor, por lo que debía ser neutralizado. Los Chicago boys también se preocuparon de impedir la existencia de una visión crítica a la política neoliberal entre los militares del COAJ, donde había recelos acerca del enfoque y hacia los grupos empresariales.

La presión en contra de Ceplan fue asumida por el «gremialismo», una vez convertido en el principal grupo de poder en la dirección de la Universidad Católica, después de que el cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, en noviembre de 1974, decidiera dejar su cargo de gran canciller en señal de protesta por las decisiones del rector delegado de esta, contraalmirante (R) Jorge Swett⁵⁶. Desde el Gobierno, Miguel Kast, subdirector de Odeplan, apoyó las acciones contra este centro de estudios de gran prestigio internacional, cuyos investigadores eran conocidos por rechazar las políticas neoliberales.

La primera ofensiva contra Ceplan ocurrió algunas semanas más tarde, cuando se preparaba el presupuesto para 1975. En esa oportunidad, la vicerrectoría económica hizo una estimación del aporte fiscal considerablemente más pesimista que los antecedentes del Ministerio de Hacienda y ordenó a las unidades académicas reducir drásticamente el personal⁵⁷. La medida traspasaba a los centros e institutos la decisión de determinar a quién despedir, dirigiéndose especialmente en contra de los centros e institutos de ciencias sociales y humanidades, donde la presencia del «gremialismo» era marginal.

La decisión fue cuestionada por algunas unidades académicas y pudo ser suspendida por unos días. En una reunión con el rector y el vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, el director de Ceplan, Alejandro Foxley, demostró que la información entregada por este subestimaba el monto real del aporte fiscal, por lo que no era necesario despedir personal en las magnitudes ordenadas por la autoridad superior⁵⁸. Los directores de diversas escuelas pidieron suspender la medida que ordenaba las exoneraciones⁵⁹. Sin embargo, la decisión se mantuvo, y el 16 de enero de 1975, el rector delegado comunicó a los decanos y directores de unidades académicas que la información de Hacienda «no tenía error alguno»⁶⁰, añadiendo que este ministerio «no ofrecía crédito alguno»⁶¹, por lo que les ordenó entregar de inmediato los nombres de los profesores que debían abandonar la universidad. Rechazó la argumentación de Foxley y la consideró una maniobra política. Para que no quedaran dudas de la decisión, se preocupó de conseguir el respaldo del almirante Merino en cuanto a que el Gobierno no destinaría más fondos a la universidad.

La medida se tradujo en el despido de 152 profesores y la disminución de jornada de trabajo y por ende sus remuneraciones de otros 163, con lo que se les forzaba a abandonar la universidad⁶². Ceplan, por tanto, vio mermada su planta de profesores.

La segunda iniciativa en contra de Ceplan ocurrió un año después y nuevamente se usaron justificaciones presupuestarias, pero esta vez la acción fue tomada directamente por los Chicago boys. Cuando se preparaba el presupuesto de 1976, el director del Instituto de Economía, Juan Ignacio Varas, canceló los contratos de los profesores jóvenes de Ceplan que impartían docencia, René Cortázar y José Pablo Arellano. La decisión fue interpretada por los investigadores titulares de Ceplan, también docentes en ese instituto, como una medida política promovida desde el Gobierno para eliminar de la universidad las visiones alternativas⁶³. En esas circunstancias, el personal de Ceplan aceleró los esfuerzos que preparaban cuidadosamente desde los primeros días del régimen militar para abandonar la universidad y establecerse como un centro de estudios autónomo⁶⁴. A comienzos de junio de 1976, todos los investigadores y el personal administrativo de Ceplan renunciaron a la UC y se estableció como una corporación privada, la Corporación de Investigaciones Económica para Latinoamérica (Cieplan), y su primer presidente fue precisamente Alejandro Foxley⁶⁵. Este centro de estudios se convertiría en el principal del país, alcanzando un alto reconocimiento internacional y contando con un destacado protagonismo en la oposición al régimen militar⁶⁶.

La neutralización del Instituto de Economía de la Universidad de Chile se hizo algún tiempo más tarde, a fines de los años setenta. Este instituto no era del agrado de los Chicago boys, a pesar de que algunos profesores habían colaborado en la preparación de «El Ladrillo», en su calidad de opositores al Gobierno de la UP⁶⁷. En los años cincuenta y sesenta recibió la influencia del pensamiento «estructuralista» y proporcionó los principales miembros del equipo económico al Gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva⁶⁸. Tenía bastante prestigio nacional e internacional, y oficiales de las FF.AA. siguieron cursos de posgrado en una de sus escuelas, Escolatina⁶⁹. Fue el primer lugar visitado por la comisión de la Universidad de Chicago que viajó a Chile en los años cincuenta a suscribir un convenio para la modernización de los estudios de economía y no lo concretó porque ya existía un acuerdo entre la Universidad de Chile y otra universidad estadounidense, la Universidad de California. Esto no impidió el establecimiento de una buena relación con la Universidad de Chicago y varios de sus egresados se doctoraron en ella⁷⁰.

El instituto mantuvo la composición pluralista del cuerpo de profesores durante los años setenta. Incluso llegó a ser nombrado director un militante del PDC, Andrés Sanfuentes, colaborador en la preparación de «El Ladrillo», que además trabajó un tiempo después del golpe en la Dirección de Presupuesto, y tomó una postura de oposición al régimen militar⁷¹. A diferencia de la Universidad Católica, los rectores delegados de la Universidad de Chile de los primeros años, generales en servicio activo de la Fuerza Aérea y del Ejército⁷², no expulsaron masivamente a profesores por razones ideológicas y tampoco se rodearon de asesores del «gremialismo».

El instituto había realizado una importante labor académica, docente y de investigación, pero el equipo económico ignoró los resultados porque daba respaldo pleno al Instituto de Economía de la Universidad Católica. El instituto fue excluido de los proyectos de investigación encargados por el Gobierno a través de Odeplan o del Ministerio de Hacienda, salvo las encuestas de empleo, que tradicionalmente eran realizadas por la Universidad de Chile desde los años cincuenta y financiadas a través del Banco Central. Este proyecto fue dirigido durante muchos años por José Luis Federici, un Chicago boy partidario del régimen, que llegó a ser rector de la Universidad de Chile y ministro de Economía de este.

En 1979, los Chicago boys tomaron el control del Instituto de Economía cuando un nuevo rector, el general de Ejército Alejandro Medina Lois, que carecía de la tolerancia de sus predecesores, nombró a algunos Chicago boys como sus principales colaboradores, entre ellos Álvaro Saieh, designado vicerrector. Una discrepancia con el equipo económico del Gobierno por los resultados de la encuesta de distribución de ingresos gatilló la salida de Sanfuentes, que fue reemplazado por Andrés Passicot. Este despidió a dos conocidos profesores del instituto, opositores al régimen⁷³, y meses después fueron expulsados otros seis profesores, también opositores⁷⁴. El instituto fue intervenido por el rector, asumiendo su dirección Jorge Selume, que llegó a ser director de Presupuesto del régimen militar. Distinguidos profesores renunciaron en señal de protesta, con lo que el instituto perdió el prestigio conseguido en esos difíciles años⁷⁵.

Los Chicago boys fueron capaces de apagar las voces disidentes en el mundo académico, fortaleciendo su autoridad en el sistema político. Pero no fue suficiente; también neutralizaron la disidencia en el Gobierno militar.

La neutralización de los militares del COAJ y la Corfo

La tercera iniciativa que permitió a los Chicago boys constituirse en la única alternativa económica en el Gobierno fue la neutralización de los militares que trabajaban en la Corfo y en el COAJ y que asesoraban en materias económicas a la Junta y al general Pinochet⁷⁶. Los militares asumieron la dirección de la Corfo, por lo que les correspondió dirigir la administración de las empresas pertenecientes a esta: trece de los dieciocho presidentes de empresas eran altos oficiales de Ejército, dos eran de la Marina y siete de los diecisiete vicepresidentes eran del Ejército (Cuadro VIII-3).

Para el equipo económico, los militares no eran interlocutores de respeto, tanto porque carecían de antecedentes académicos como porque estaban dominados por la mentalidad castrense, que los hacía ser «estatistas»⁷⁷. Les desconocían su labor desarrollada en la Corfo, desde la que impulsaron la racionalización de las empresas públicas con gran éxito, a pesar de no disponer de los suficientes recursos humanos y económicos. Los militares eran partidarios de producir un cambio del sistema económico, pero no tenían los sesgos ideológicos y rigideces de los Chicago boys. No recelaban del sector público porque pertenecían a este, y estaban convencidos de que con un buen liderazgo era posible que las empresas del Estado fueran eficientes.

Los Chicago boys enfrentaron a los militares a través de Odeplan, que tenía bastante influencia por el apoyo de la Armada y ser un organismo asesor del presidente. Se había ganado el reconocimiento de la Junta por su eficaz trabajo, especialmente a través de la preparación de estudios de políticas públicas y de evaluación del impacto social de los proyectos de inversión. Esto le permitió disponer de información muy amplia sobre el estado de la economía y el funcionamiento de los ministerios, de gran utilidad para el equipo económico, pues le permitía evaluar la gestión de los servicios públicos.

La posición dominante de Odeplan en Corfo en la asesoría económica fue reconocida por la Junta de Gobierno a fines de 1974, cuando dio a conocer su plan de trabajo en una exposición de la situación económica y las tareas que desarrollaba. Resaltó, entre otros puntos, la labor desempeñada por el Departamento de Estudios e Investigación, encargado de preparar las propuestas de política económica, tales como nuevas alternativas para el mercado de capitales, la reforma previsional y la reforma tributaria⁷⁸.

Pudo adquirir mayor peso político que la Corfo porque esta tuvo mala fortuna en cuanto a la designación de sus vicepresidentes ejecutivos, especialmente en 1975, cuando fue nombrado el primer civil en ese cargo, el ingeniero Francisco Soza Cousiño. Este impulsó una política de devolución de empresas y de privatización con escasa prolijidad y transparencia, lo que abrió espacios para actos de corrupción, generando conflictos conocidos por la Junta de Gobierno. El caso más polémico fue el de la licitación de la empresa textil Panal, perteneciente a la familia Hirmas, estatizada por el Gobierno de la Unidad Popular. La licitación fue privada y asignada a un empresario que hizo una oferta superior a la de sus antiguos propietarios, pero sin exigirle la boleta de garantía ni considerar que la Corfo había reconocido una deuda a favor de la familia Hirmas, en una notoria arbitrariedad. Esta irregularidad fue informada a la Junta de Gobierno por el ministro de Coordinación Económica, Raúl Sáez, motivando una discusión que se reproduce ampliamente en sus actas, que tuvo como consecuencia el despido de Soza semanas más tarde⁷⁹.

En definitiva, la menor influencia de los militares de Corfo en las reformas económicas en los años setenta fue resultado del empeño de Kast y sus colaboradores «gremialistas» en Odeplan para asegurarse el monopolio de las ideas neoliberales en la ejecución de las reformas económicas.

Los Chicago boys tenían claras ideas de poder. Desde Odeplan desarrollaron una visión política con especial habilidad desde Odeplan, con la segunda generación de profesionales de Chicago. Su aporte fue dar especial cuidado a las cuestiones políticas de la gestión económica, como se observa en la ubicación de sus miembros en distintos lugares del Gobierno. Actuaron con gran sentido de equipo bajo el liderazgo de Kast y con una gran identificación con la institución madre, Odeplan. Por ese motivo denominamos a los jóvenes tecnócratas como los Odeplan boys⁸⁰. De ahí la importancia de examinar el papel desempeñado por ese grupo de poder en este organismo y ver su impacto en el conjunto de las reformas económicas, para lo que hacemos primeramente una breve introducción histórica.

Los Odeplan boys: «gremialismo» y equipo económico

La importancia política de Odeplan fue definida inmediatamente después del golpe de Estado por la Marina. El almirante José Toribio Merino, a quien le correspondió coordinar el «frente económico», estimó necesario que su institución participara activamente en la gestión económica, por lo que el director de Odeplan debía ser de su confianza (AHJG, sesión Nº 3, 16 de septiembre de 1973). En la segunda sesión de la Junta de Gobierno se trató el tema de Odeplan y se acordó que la designación del director «debe hacerse con el máximo cuidado»⁸¹. La elección recayó en el oficial en retiro de la Armada Roberto Kelly⁸². Este delegó gran parte de su labor en Miguel Kast, que se incorporó a fines de 1973, cuando ya trabajaban ahí varios economistas «gremialistas» contratados por iniciativa de Ernesto Silva.

La Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) fue creada en 1967 por el Gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva para que le prestara asesoría «en todas las materias que digan relación con el proceso de planificación económica y social»⁸³. Tendría una organización nacional, pudiendo establecer oficinas regionales en todo el país, lo que constituyó una novedad porque la organización político-administrativa era provincial⁸⁴. Le correspondía coordinar los estudios para formular el Plan Nacional de Desarrollo, establecer los criterios de evaluación económica y social de los proyectos de inversión financiados por el Estado y promover y organizar la capacitación del personal de la administración pública en las técnicas de planificación⁸⁵.

Sin rango ministerial, Odeplan se relacionaba directamente con el presidente de la República y estaba a cargo de un director. El personal era abundante, cerca de 200 funcionarios, mayoritariamente profesionales⁸⁶, número que aumentaba con la contratación de personal a honorarios, lo que explica que en 1979 hubiese 262 funcionarios⁸⁷.

Durante el Gobierno de Frei, Odeplan asumió las funciones que la ley le encomendó con eficiencia, atrayendo destacados profesionales⁸⁸. Frei consideró los informes y recomendaciones que le enviaba este organismo, por lo que tuvo un importante papel en la toma de decisiones de su administración⁸⁹.

Después del golpe de Estado, Odeplan adquirió un gran desarrollo y alcanzó una amplia diferenciación institucional, integrando a numerosos profesionales jóvenes reclutados por iniciativa de Miguel Kast⁹⁰. Tres fueron las principales funciones que cumplió Odeplan en los primeros diez años del régimen. En primer lugar, realizó estudios para preparar reformas económicas fundamentales como la previsional⁹¹. Se constituyó en un lugar de trabajo para el diseño de medidas de largo plazo cuando el Gobierno carecía de una agencia al respecto. Para llevar adelante esta labor, Kast impulsó una estrecha cooperación con la Universidad Católica y le proporcionó considerables recursos económicos cuando las universidades atravesaban severas dificultades presupuestarias por la política de ajuste. En segundo lugar, le correspondió una parte propiamente ejecutiva, a través de la aplicación de políticas que atendían la cara social del modelo neoliberal, desde las propuestas para focalizar el gasto social hasta la evaluación de los proyectos de inversión⁹². En tercer lugar, tuvo un importante rol en el reclutamiento de un gran número de funcionarios de distintas disciplinas que entraron a participar en el Gobierno, desde Büchi y Fernández hasta profesionales que ocuparon cargos en su oficina central y en las regiones para dirigir las Secretarías Regionales de Planificación (Serplac). Además, a largo plazo trabajó en la formación de la élite burocrática a través del programa de becas Presidente de la República. En las páginas que siguen se analizará cada una de estas tres políticas.

El «gremialismo» controló Odeplan hasta comienzos de 1984, cuando, con ocasión del nombramiento de Sergio Onofre Jarpa como ministro del Interior, fue nombrado Luis Simón Figueroa como su ministro director. Este despidió a algunos funcionarios «gremialistas», en un contexto más amplio de iniciativas que impulsó Jarpa en contra de este grupo de poder⁹³. Era el tiempo en que el «gremialismo» tenía congelada sus relaciones con Pinochet. En 1987, cuando Sergio Fernández llegó a la cartera de Interior, Odeplan volvió a ser dominada por ellos, y al momento del plebiscito de 1988, que decidía el futuro del régimen, tuvo a destacadas personalidades en cargos directivos, como Andrés Chadwick, fiscal, y Luis Larraín, subdirector, que fue ministro director en el último gabinete.

El reclutamiento de personal «gremialista» en Odeplan

Miguel Kast se preocupó de atraer a cientos de jóvenes profesionales para trabajar en Odeplan y en otros lugares del Gobierno, consiguiendo que muchos de ellos se dedicaran al servicio público. No era fácil reclutar a profesionales calificados, especialmente para destinarlos a los Serplac en las regiones, por el atractivo que comparativamente ofrecía el sector privado. Se requería tener mística y sentido político para entrar a trabajar al Gobierno.

Kast hizo personalmente su selección, convenciendo a quienes necesitaba para ocupar la dirección de los Serplac más alejados de la capital⁹⁴. Trabajó en forma sistemática, reuniéndose periódicamente con decenas de jóvenes, entregando convincentes argumentos políticos y ofreciendo también incentivos materiales (Lavín, 1986: 55-58). En esta labor de reclutamiento empleó un discurso que enfatizaba el compromiso con principios de entrega a la labor del régimen militar, destacando los contenidos de las ideas del «gremialismo» y definiendo la actividad pública como una cruzada. Paralelamente fue sectario en las designaciones de los funcionarios y en la condena de quienes discrepaban o disentían de sus posiciones o de las del neoliberalismo. Tuvo la habilidad de infundir mística y sentido de equipo a quienes trabajaban bajo su dirección en Odeplan, conformando un grupo cohesionado, con lealtades humanas, profesionales y políticas muy sólidas. Estos profesionales fueron la segunda generación del equipo económico y por la influencia de Kast en Odeplan los hemos llamado los Odeplan boys, para diferenciarlos de los Chicago boys, que pertenecían a una generación mayor y tenían una menor socialización política que estos⁹⁵.

Una mirada a la composición del personal superior de Odeplan demuestra el control del «gremialismo». En 1979, cuando Kast era ministro director, eran gremialistas el subdirector, Álvaro Donoso, y el jefe del Departamento de Planificación, Julio Dittborn⁹⁶. Esta presencia fue aumentando con el paso del tiempo.

Cuando entre fines de 1981 y comienzos de 1983 hubo ministros militares, estos mantuvieron a los «gremialistas» en los cargos directivos, quienes retomaron el control del ministerio cuando Hernán Büchi fue nombrado ministro director en agosto de 1983.

Gran parte de los profesionales contratados por Odeplan eran ingenieros y economistas. En 1983, de los nueve miembros del personal directivo, cuatro eran ingenieros y cuatro economistas, excluidos los que cumplían funciones administrativas⁹⁷ (Cuadro VIII-4). Este perfil profesional se mantuvo en los años siguientes, salvo en 1985, cuando un oficial de Aviación fue subdirector regional. En su gran mayoría, los altos funcionarios de Odeplan se habían formado en la Universidad Católica y pertenecieron al Movimiento Gremial. De los 28 profesionales de su personal directivo entre 1981 y 1985, excluyendo los ministros, 16 estudiaron en la UC; solo siete lo habían hecho en la Universidad de Chile, tres en la Universidad de Concepción, uno en la Universidad Técnica Federico Santa María y uno en la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez⁹⁸.

También hubo una preocupación por el alto nivel profesional de los directivos de las oficinas regionales, ya que estas cumplían importantes funciones de apoyo a los intendentes⁹⁹. De los trece secretarios regionales en 1983, todos eran profesionales universitarios, incluyendo un abogado y un contador auditor¹⁰⁰, siendo los demás economistas o ingenieros¹⁰¹.

La cooperación del Instituto de Economía de la Universidad Católica y Odeplan

La segunda tarea que Kast desarrolló desde Odeplan fueron estudios para la preparación de las reformas económicas, con personal propio y los servicios de la Universidad Católica, para lo que suscribió numerosos convenios con su Instituto de Economía. Esto le proporcionó recursos económicos y justificaciones para ampliar su labor. Entre 1973 y 1981 se firmaron catorce convenios entre Odeplan y la UC, por un monto total de 5.633.026.285 pesos, equivalentes a 12.658.261 dólares¹⁰², entregados por el Estado. En ese mismo período, Odeplan no firmó ningún convenio con el Instituto de Economía de la Universidad de Chile, donde, como hemos visto, trabajaban destacados profesionales de oposición.

La contratación de servicios al Instituto de Economía comenzó tempranamente. El 1 de febrero de 1974 se firmó un convenio para un estudio de un mes de duración sobre «Concentración industrial en el país», que debía contener una cuantificación de esta en el sector manufacturero¹⁰³. Algunos meses más tarde se firmó otro convenio para «cuantificar el rango de variación del precio social de factores (mano de obra, capital y divisas)», en un plazo de cuatro meses¹⁰⁴.

El 27 de mayo de 1976 se firmó un convenio entre el subdirector subrogante, Ernesto Silva, y el rector de la UC para realizar diversos trabajos sobre distintos temas, por un plazo de nueve meses¹⁰⁵.

En 1977, Odeplan encargó un nuevo estudio al Instituto de Economía sobre «Mercados futuros de productos agrícolas».

Uno de los convenios más importantes entre Odeplan y el Instituto de Economía fue para hacer un estudio sobre la extrema pobreza, siendo su punto de partida el «Mapa de la extrema pobreza» mediante el cual se proponía medir su magnitud y alcances, dirigido por el profesor Sergio Molina¹⁰⁶. Las autoridades de Odeplan celebraron el convenio con la institución académica algunas semanas después del golpe de Estado, por el que la dirección del proyecto quedó en manos del instituto bajo la coordinación de Molina, y también formó parte del proyecto Ceplan (Krebs, Muñoz y Valdivieso, 1988: 1145-1146).

El objetivo del proyecto fue hacer un mapa de la pobreza sobre la base de la información entregada por el censo de 1970, con una desagregación a nivel territorial, para concluir con la formulación de propuestas para erradicarla¹⁰⁷. Originalmente debía concluir en septiembre de 1974, pero se amplió por convenio hasta el 1 de octubre para entregar información a nivel comunal¹⁰⁸. La investigación consideraba un gran número de colaboradores del Instituto de Economía y Ceplan¹⁰⁹. Este fue el único proyecto del Instituto de Economía con participación de economistas no neoliberales, lo que se explica por la tolerancia hacia ellos mostrada por el régimen militar durante el primer año, para luego desplazarlos de este centro de estudios.

Odeplan desarrolló después una línea de trabajo en esta dirección, incluida la encuesta Casen para hacer un seguimiento de los resultados de las políticas sociales, trabajando con las municipalidades, donde los «gremialistas» adquirirán una importante influencia.

El principal proyecto entregado por Odeplan al Instituto de Economía fue en el área de la evaluación social de proyectos para la capacitación de personal de la administración pública. La postura ideológica de los Chicago boys en contra del Estado no les impedía apreciar la importancia que tenía este en un contexto autoritario, especialmente en las políticas sociales y de infraestructura. Aun sin compartir la visión sobre la importancia de la administración pública en apoyo a la transformación económica del país que tuvieron «los tecnócratas» en España, Kast impulsó iniciativas que apuntaban al perfeccionamiento de la acción del Estado, especialmente en la formación de personal calificado para la gestión de evaluación de proyectos. Por ello apoyó dos programas de gran magnitud que fueron aplicados al interior de la administración pública y que buscaban también ampliar la influencia del discurso neoliberal en el mundo académico nacional e internacional: el programa de capacitación de personal en evaluación de proyectos y el programa de perfeccionamiento de profesionales en universidades extranjeras, llamado Beca Presidente de la República¹¹⁰.

El primer programa surgió con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su ejecución fue entregada al Instituto de Economía de la Universidad Católica, dirigido por uno de los padres fundadores de los Chicago boys, Ernesto Fontaine, que hizo su doctorado en la Universidad de Chicago y ha sido profesor de evaluación de proyectos¹¹¹.

Este programa buscaba capacitar a funcionarios públicos en evaluación social de proyectos para disponer de recursos humanos que efectuaran un seguimiento pormenorizado del gasto público y de sus resultados, mediante el cual el equipo económico podía controlar los ministerios sectoriales. Este proyecto fue posible gracias a recursos entregados por el Estado.

Fue suscrito en 1978 por tres años y constó de dos partes. En primer lugar, el Programa de Adiestramiento en Preparación y Evaluación de Proyectos (Ciapep), que ofrecía formar, bajo un régimen de dedicación completa, tres promociones de 45 estudiantes cada una como máximo, de los que podría haber hasta un máximo de quince becarios extranjeros. En total, 135 profesionales¹¹². También habría seminarios en regiones, teniendo que impartirse un total de doce cursos intensivos en tres años, de 25 participantes cada uno y de cuatro semanas, para capacitar a 300 funcionarios de la administración territorial. Su alcance era nacional y se destinaba al perfeccionamiento del personal de la administración pública.

La segunda parte era el Programa de Posgrado en Preparación y Evaluación Socioeconómica, de alcance latinoamericano. Con una duración aproximada de dieciséis meses, distribuidos en tres semestres, podía recibir un máximo de treinta estudiantes anuales, que debían seguir un currículum mínimo de dedicación exclusiva. En los tres años del convenio se formaron dos promociones de alumnos, y se exigía a los postulantes acreditar «conocimientos de economía adecuados», por lo que aquellos que no los tenían debían aprobar un ciclo preparatorio de siete a nueve meses, y que servía para adiestrar a los candidatos en el pensamiento económico monetarista. Con este programa, el instituto podía influir en la formación de economistas de la región que trabajaban en el Gobierno o en las universidades, abriendo un enorme campo de influencia académica y política.

El programa fue dos veces renovado durante el régimen militar e implicó para el Instituto de Economía recibir recursos por 1.450.300 dólares en la primera fase¹¹³. Durante los doce años que duró el programa, el Instituto de Economía recibió 6.739.747 dólares.

El convenio fue de enorme importancia para el Instituto de Economía, porque le proporcionó recursos institucionales para desarrollar su labor académica, influir en la administración pública chilena y extender sus relaciones a nivel latinoamericano, en un momento en que las políticas neoliberales carecían de prestigio por su vinculación con los regímenes militares. El buen desempeño de este proyecto explica que haya sido renovado en dos oportunidades por los gobiernos democráticos¹¹⁴.

La formación de la élite burocrática: las becas Presidente de la República

Una de las principales iniciativas de Kast fue la creación del Programa de Becas Presidente de la República para el perfeccionamiento en universidades europeas o norteamericanas de jóvenes profesionales del sector público, universidades y empresas privadas¹¹⁵. Este programa, iniciado en 1981, tenía un alto interés para el «gremialismo» porque le permitía influir en la juventud al disponer de mecanismos de promoción de su desarrollo profesional. Además, como les interesaba extender su influencia en las universidades, el programa permitiría conseguir mayor ascendiente en otras, especialmente la Universidad de Chile, donde su presencia era baja¹¹⁶.

También era de gran importancia para el régimen, pues la continuidad de las reformas económicas hacía necesario contar con una élite profesional muy calificada, ubicada en el Estado, en las universidades y en la empresa privada¹¹⁷. El programa comenzó al entrar en vigor la nueva Constitución, que marcaba el comienzo de la institucionalización del régimen¹¹⁸, permitiendo contar con personal profesional y político formado en las mejores universidades extranjeras.

El programa de becas fue más que una iniciativa tecnocrática; tuvo un importante carácter político. Se hizo una cuidadosa selección de los postulantes, favoreciendo a los funcionarios de Gobierno y a los profesionales que simpatizaban con este. Profesionales con buenos antecedentes académicos que en sus estudios universitarios hubieran tenido una posición política contraria al régimen, no fueron admitidos a este programa¹¹⁹.

El programa de becas fue establecido para seguir los estudios de posgrado que condujeran a obtener un máster o un doctorado y se concedía hasta por un máximo de tres años¹²⁰. La cantidad de profesionales beneficiados con este programa durante el régimen militar fue considerable. Entre 1981 y 1990 hubo 479 becarios, seleccionados especialmente en los tres primeros años, en que se entregaron 166 becas (35 por ciento), y en los últimos años del régimen¹²¹.

La derrota electoral de 1988 y la inevitabilidad del cambio de régimen hacia un Gobierno democrático controlado por la oposición, condujo a la paralización del programa, pues en 1990 solo hubo veinte becas, lo que confirma su carácter político.

La procedencia de los becarios era de las universidades (57 por ciento) y del sector público (35 por ciento)¹²². Se asignaron becas a carreras prioritarias para la consolidación de las reformas económicas, como economía (32 por ciento) e ingeniería (15 por ciento), con un bajo número a ciencias sociales (16 por ciento), por el rechazo que había hacia ellas por razones ideológicas¹²³.

También hubo una fuerte concentración por países, pues tres reunían el 86 por ciento de los becarios: la mayor parte de ellos se fue a EE.UU. (54 por ciento), bastante menos a España (18 por ciento) y el 14 por ciento a Inglaterra.

La menor presencia de becarios en otros países europeos no puede explicarse sin tomar en cuenta la política de oposición seguida por partidos y personalidades en esos países: solo el 4 por ciento estudió en Alemania y el 3 por ciento en Francia, donde había numerosos exiliados. Agencias públicas y privadas de diversos países europeos otorgaron directamente becas para profesionales opositores al régimen militar¹²⁴.

De las universidades patrocinantes, el primer lugar correspondía a la Universidad de Chile (33 por ciento), seguida muy cerca por la Universidad Católica de Chile (28 por ciento), lo que concuerda con la posición privilegiada que tenía esta con Odeplan. Menor participación tuvieron los egresados de la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de Valparaíso.

Con este programa de becas, el Gobierno envió a profesionales del sector público y privado y de las universidades para reclutar una nueva generación que asumiera las responsabilidades que requería el desarrollo económico y político del país bajo la conducción de Pinochet. Junto a los programas de investigación y de capacitación del personal de la administración pública, Odeplan cumplió una destacada función política y favoreció el trabajo conjunto entre los Chicago boys y el «gremialismo»; en este plano, el liderazgo de Miguel Kast fue sobresaliente.

En este capítulo se analizó el equipo económico, en especial sus antecedentes académicos, profesionales y vinculación con la política. Enfatizamos que cumplieron un papel técnico y también político, destacando sus tres figuras: De Castro, Büchi y Kast. La preeminencia de los Chicago boys durante el régimen militar se explica porque fueron un equipo cohesionado, con un programa bien definido para influir en distintos ámbitos del Gobierno, que se preocupó de neutralizar los centros académicos que podían ofrecer a los militares propuestas alternativas. En tanto, los Odeplan boys, que eran políticamente «gremialistas», sirvieron de puente entre el equipo económico y Guzmán, encargado de impulsar el desarrollo institucional del régimen.

CAPÍTULO IX

LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL AUTORITARISMO EN LAS PRIVATIZACIONES

Las privatizaciones, un análisis político

El régimen del general Pinochet impulsó un ambicioso programa de reformas económicas siguiendo las ideas neoliberales. Hasta ahora se ha insistido solo en el carácter más bien técnico de ellas, desatendiendo la enorme relevancia, en términos de poder e influencia, que se evidenció en su impacto en el sistema económico y en el desarrollo político de esos años y el posterior, después que los militares regresaran a sus cuarteles¹. En los capítulos anteriores hemos ahondado en las estructuras y las élites, tanto del sector político —los «gremialistas»— como económico —los Chicago boys y los Odeplan boys; en este analizaremos las reformas económicas, para lo que nos concentraremos en las privatizaciones.

El estudio de las privatizaciones es muy importante, pues constituyó uno de los pilares de las propuestas económicas de redefinición de las relaciones del Estado y la sociedad sobre nuevos fundamentos, alterando las bases de la economía. Se buscó que el Estado no interviniera en importantes industrias en las cuales había participado desde los años cuarenta, como la energía, telecomunicaciones, seguros y petroquímica. Este cambio generó, además, las condiciones propicias para el surgimiento de una poderosa clase empresarial, muy identificada con el régimen militar y Pinochet, con la perspectiva que conformara la base de un sector privado capaz de dominar la marcha de la economía. El componente político es muy visible en los objetivos que se buscaron y en la forma como se llevó adelante el traspaso de propiedad, para hacer posible que se beneficiaran los altos ejecutivos de las principales empresas públicas, convirtiéndose en los socios controladores cuando pasaron al sector privado. Esto fue posible porque los propios ejecutivos llevaron adelante la privatización de las empresas que dirigían, con escasa transparencia para que no intervinieran otros actores y no se enterara la opinión pública. Por estos rasgos, las privatizaciones autoritarias son una mancha oscura que empaña las reformas económicas neoliberales impulsadas por los Chicago boys y una de las que tuvo mayor impacto en la estructura del poder económico en democracia, porque no fueron revisadas por los nuevos gobernantes, que incluso las expandieron a otros ámbitos, como las empresas sanitarias, la construcción de obras de infraestructura mediante concesiones a empresas privadas y hasta la educación. El dinamismo económico de fines de los años ochenta y de los noventa ha «corrido un tupido velo» sobre esta debilidad, otorgándole cierta legitimación post factum a estas privatizaciones hechas en un contexto no democrático. Además, las privatizaciones dejaron otro legado negativo a la democracia, por la confusión de intereses públicos y privados en beneficio de estos últimos, con la «puerta giratoria» de ex ministros y altos funcionarios de Gobierno que trabajan en o con el sector privado en beneficio de los intereses de este, y expresado, además, en la decisión de conservar un Estado débil, especialmente en sus funciones regulatorias, que favorece la actividad empresarial, sin considerar los altos costos que implica para la calidad de los servicios públicos, y el descuido de las tendencias monopólicas que caracterizan diversos rubros de la economía chilena.

El estudio de las privatizaciones se concentrará en dos de ellas. En primer lugar, la del sistema de pensiones y el papel de las AFP, «las tres letras que revolucionan América», como recuerda el pomposo título de un libro preparado por sus ejecutores (Ariztía, 1997). En segundo lugar, la del sistema eléctrico, un sector estratégico de la economía, que dio origen a empresas privadas de enorme crecimiento en el país y el exterior, del que surgió el poderoso grupo Enersis, de activo protagonismo económico y político en los años noventa (Raineri, 1999). El examen de estas dos privatizaciones también se justifica por la estrecha relación entre ellas, como se verá más adelante.

El fin del sistema previsional de reparto, basado en la solidaridad entre generaciones, con apoyo del Estado, significó un importante debilitamiento del Estado benefactor chileno. Mientras en el pasado las funciones sociales fueron asumidas por el Estado para integrar los estratos medios y bajos al sistema político, los Chicago boys invirtieron esta relación: los individuos debían asumir directamente esta responsabilidad a través de las cotizaciones previsionales, a fin de construir el capital que les proporcionaría los recursos de donde obtendrían su futura jubilación. Este cambio rompió uno de los pilares del desarrollo político de Chile, caracterizado por una institucionalización anticipada de la ciudadanía social², mientras la ciudadanía política se consagraba con retraso respecto de la primera, recién a fines de los años cincuenta y durante los años sesenta³. En consecuencia, la privatización del sistema de pensiones buscaba producir consecuencias políticas de largo aliento.

También hubo un objetivo de corto plazo en la creación de las AFP: ayudar a la privatización de las empresas públicas, ya que sus fondos servirían para adquirir acciones de las segundas, lo que se tradujo en que las AFP fueran influyentes actores del proceso privatizador y se convirtieran en los principales propietarios de estas. Un documentado estudio sobre las privatizaciones concluye que el 25 por ciento de la venta del capital de las empresas públicas privatizadas fue adquirido por las AFP, siendo ese medio «la forma más importante para financiar las privatizaciones hechas en Chile después de 1985» (Hachette y Lüders, 1992: 86)⁴.

En tercer lugar, es indispensable analizar respecto de las AFP un aspecto hasta ahora desatendido: el hecho de que la inversión en acciones les proporcionó a sus promotores un importante poder político y económico, que permitió a sus dueños intervenir en la formación de las mayorías en los directorios de aquellas empresas donde eran accionistas. Este efecto político fue facilitado por la decisión de Corfo de dispersar la propiedad de las empresas privatizadas, por lo que ningún inversionista podía tener más del 20 al 25 por ciento de la propiedad. Las AFP colaboraron en la estrategia de poder de los accionistas con una parte minoritaria de la propiedad para lograr mayoría en los directorios, consiguiendo su control.

Según Feigenbaum y Henig (1993, 1994) y Feigenbaum, Henig y Hamnett (1988, 1998), las privatizaciones tienen objetivos políticos que pueden ser sistémicos, para alcanzar resultados de largo plazo, o coyunturales, cuando se busca proporcionar al Gobierno mejores condiciones políticas para enfrentar ciertos objetivos de mediano o corto plazo, como las elecciones parlamentarias. Esta conceptualización sirve para comprender las privatizaciones realizadas en Chile en los años ochenta, que tuvieron obvios objetivos políticos. En primer lugar, hubo uno de corto plazo: retomar la iniciativa política y cohesionar al empresariado en torno al Gobierno durante la grave crisis económica de 1982-1983 para conseguir su confianza, ante la inseguridad sobre la continuidad del sistema económico en un contexto de inestabilidad política⁵. Pinochet necesitaba respaldo del empresariado para enfrentar el plebiscito de 1988. Los nuevos propietarios colaboraron activamente en la campaña del Sí y apoyaron a los partidos de derecha en todas las elecciones desde 1989⁶.

En segundo término, las privatizaciones tuvieron un objetivo de mediano y largo plazo: desmantelar el Estado empresario para impedir que el Gobierno tuviera gran influencia en la economía, de manera que los empresarios privados fueran los motores y controladores del desarrollo. Este objetivo cobró mayor fuerza ante la posibilidad de un Gobierno democrático, si Pinochet perdía el plebiscito sucesorio⁷. Por eso la venta de empresas no fue interrumpida con motivo de la campaña electoral de 1988 ni después de esta, sino que continuó con gran celeridad, buscando que terminara antes que los militares regresaran a sus cuarteles y no pudiera ser revertida por el Gobierno democrático⁸.

Sectores de la derecha chilena están convencidos de que la propiedad privada es el principal fundamento de la economía, el Estado y la libertad. Esta visión del papel de la propiedad privada surgió como consecuencia del traumático impacto que les provocó la reforma agraria impulsada por los gobiernos de Frei Montalva y Allende, así como por la política de intervenciones y requisiciones de empresas que llevó a cabo esta última administración. La oposición contra ambos gobiernos giró en gran medida en torno a la defensa de la propiedad privada.

Con posterioridad, en los años ochenta se esgrimieron otras justificaciones de carácter económico a las privatizaciones, entre ellas la mayor eficiencia de las empresas privadas respecto de las públicas. Los economistas del régimen militar tenían una visión idealizada del mercado y el papel de los empresarios, por lo que creían que con la venta de empresas, ambos recibirían poderosos impulsos. Sin embargo, este argumento fue marginal en las decisiones tomadas para esta venta. Las prioridades fueron políticas.

La política de privatizaciones abarcó tres dimensiones⁹. La primera es que después del golpe el Estado quiso restituir a sus antiguos propietarios las empresas intervenidas por el Gobierno de la Unidad Popular, más de 300¹⁰. Como no todos los antiguos propietarios estuvieron en condiciones de reasumir sus empresas, muchas debieron ser reprivatizadas. La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) impulsó estas ventas durante los años setenta, conocidas como privatizaciones de «la primera ronda», aunque en realidad fueron reprivatizaciones¹¹. También hubo un proceso de reprivatización en los años ochenta, cuando el Estado puso a la venta las empresas que cayeron en su poder o fueron intervenidas como consecuencia de la crisis financiera de 1982-1983, que colapsó a los dos principales grupos económicos, el de Javier Vial y el de Manuel Cruzat. En estos años, los Chicago boys no se propusieron privatizar las empresas públicas.

La segunda dimensión es que en los años ochenta hubo un proceso de privatización mediante la venta de las empresas públicas creadas por el Estado a través de la Corfo en sectores estratégicos de la economía: telecomunicaciones (Entel), electricidad (Endesa), siderurgia (Compañía de Aceros del Pacífico, CAP), petroquímica (Soquimich) y otras. Esta iniciativa había dado lugar a la formación del «Estado empresario»¹². De las principales empresas de la Corfo, solo ENAP no fue privatizada por oposición de la Marina.

La tercera dimensión es la incorporación al sector privado de la previsión social, dando origen a empresas con fines de lucro, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)¹³, y la privatización del sector salud, creándose las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), que hasta hoy coexisten con el sistema público de salud, también reformado¹⁴. Estas políticas buscaron terminar con el Estado benefactor, constituido a partir de las leyes sociales de comienzos de siglo y llevado adelante por gobiernos de centro-derecha o de derecha.

Las privatizaciones del régimen militar han sido estudiadas desde una perspectiva económica¹⁵, con especial énfasis en el análisis de las condiciones de venta, el precio pagado por los adquirentes y la eficiencia de las empresas, comparando su desempeño bajo las dos formas de propiedad. Siendo este un enfoque necesario, es insuficiente para explicar la compleja naturaleza de este profundo cambio institucional. Dimensiones tan decisivas como los objetivos buscados, la forma en que se resolvió la venta y los procedimientos utilizados, la influencia del sistema decisorio impuesto por el contexto autoritario, especialmente la falta de transparencia, son cuestiones de carácter político que deben analizarse para poder comprender sus funciones en la transformación económica.

Las condiciones en que se realizan las privatizaciones dependen en gran medida del tipo de régimen, siendo comportamientos distintos si es autoritario o democrático. En democracia hay un sistema de toma de decisiones complejo, con participación de distintos actores y amplia información, para maximizar la transparencia y se distinguen claramente los intereses públicos y privados a fin de evitar abusos. Si bien es cierto que los trabajadores de las empresas públicas son estimulados a comprar acciones, lo pueden hacer en bajos porcentajes, para evitar que los altos ejecutivos se conviertan en los socios controladores¹⁶.

En el caso de Chile, el contexto autoritario desvaneció las barreras que separaran los intereses del Estado de aquellos de los individuos, privilegiando la venta de las empresas sin atender resguardos necesarios que impidieran los abusos. Quienes decidían las condiciones de venta empujaban las privatizaciones y pudieron adquirir grandes paquetes de acciones en condiciones muy ventajosas. También influyó la ideología neoliberal de los Chicago boys, sin arbitrar resguardos que impidan el aprovechamiento de intereses particulares. Algunos empresarios colaboraban como asesores de las autoridades o tenían relaciones personales con miembros de esta, teniendo acceso a importante información interna del Gobierno¹⁷, o se les permitió adquirir las empresas en condiciones económicas favorables, perjudicando a sus legítimos propietarios.

El contexto autoritario dejó espacios para la cooperación entre funcionarios del equipo económico, ejecutivos de las empresas y empresarios. Importantes personeros del régimen militar se convirtieron después en prósperos empresarios y/o ejecutivos de entidades privatizadas por el Gobierno. Se produjo una relación circular entre el sector público y privado que dio origen a relaciones de patronazgo, aprovechadas en beneficio propio por personas con débiles inhibiciones éticas¹⁸. Como consecuencia, altos ejecutivos de las empresas públicas privatizadas se convirtieron en socios controladores. Este procedimiento, cuestionado por la oposición, no fue criticado ni revertido después en democracia y los nuevos controladores fueron considerados exitosos empresarios, siendo invitados a las giras al exterior de los presidentes. Más aún, candidatos al Parlamento de la Concertación recurrieron a su apoyo para financiar sus campañas electorales. Las condiciones en que realizaron las privatizaciones en la dictadura le dieron una débil legitimación, algo que no ocurrió con las realizadas en democracia, como las que hizo el Gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña (Florio, 2004).

El análisis de las biografías de algunos ejecutivos ilustra este desarrollo. Julio Ponce Lerou¹⁹, yerno del general Pinochet, uno de los principales controladores de la empresa petroquímica Soquimich (Sociedad Química y Minera de Chile), fundada en 1968, era un ingeniero forestal que empezó trabajando en el Ministerio de Agricultura después del golpe, primero como delegado del Gobierno en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), después ocupando el cargo de director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y director del Instituto Forestal, para seguir más tarde en la Corfo. Aquí llegó a ser gerente de empresas, puesto clave para preparar la privatización, integrándose posteriormente a la dirección de Soquimich, cuando comenzó su venta. Desde esta posición condujo la privatización de esta empresa, llegando a ser su principal socio controlador, mediante el uso de mecanismos proporcionados por el «capitalismo popular», y su presidente. Al mismo tiempo fue director de otras empresas públicas, como Enami, Iansa y Endesa²⁰.

Otro caso emblemático fue el del ingeniero José Yuraszeck, quien, desde el cargo de director del Serplac en la XI Región, hizo una carrera en Odeplan que lo condujo en 1983 a la gerencia general de Chilectra, desde donde impulsó su modernización, para luego privatizarla, convirtiéndose en su principal beneficiario²¹.

Esta dimensión de alta personalización y patronazgo característicos de las privatizaciones no contagió a los militares. Los oficiales de las FF.AA. que trabajaron en el sector económico del Gobierno y en la Corfo no se beneficiaron con sus cargos, manteniéndose al margen de las operaciones de venta de acciones y sin integrarse después como directores de las empresas privatizadas²².

Tampoco el Estado y los consumidores fueron considerados debidamente, pues el cambio de propiedad de las empresas no estuvo acompañado por el establecimiento de un sólido estatuto regulatorio ni de condiciones institucionales para promover la competencia y protección de los derechos de los consumidores²³.

La principal debilidad de las privatizaciones fue su falta de transparencia, que ha sido reconocida por los analistas²⁴. Estas se hicieron a partir de decisiones generales tomadas por un número reducido de personas de Corfo, que actuaron con gran autonomía y discrecionalidad, sin siquiera dejar constancia escrita de los fundamentos usados en ellas. Hachette y Lüders no encontraron en ese organismo documentos que les permitieran reconstruir fielmente qué criterios se usaron para determinar la venta de empresas, teniendo que limitarse a la información verbal entregada por un alto funcionario de esta (Hachette y Lüders, 1992: 94-99). Según esta fuente, el ministro de Hacienda, Hernán Büchi, que había asumido el cargo en febrero de 1985, impulsó el programa de privatización, creando tres meses más tarde el «comité para la venta de acciones», integrado por el subdirector de Odeplan²⁵, su jefe de gabinete, Cristián Larroulet²⁶, y el del ministro de Economía, y altos ejecutivos de Corfo²⁷. Este reducido equipo se hizo apoyar por una «gerencia de normalización» que Corfo había creado en los años setenta. Esta gerencia, integrada por cuatro profesionales, tres secretarias y un asistente administrativo, y dirigida por un militar en servicio activo con un posgrado en Economía en la Universidad de Chile²⁸, fue comisionada para sacar adelante el ambicioso y complejo proceso de privatizaciones de la «segunda ronda».

Este reducido grupo de personas no podía asumir las complejas y variadas tareas que implica un proceso de privatización y se limitó a dar orientaciones generales, delegando su aplicación para conseguir el cambio de propiedad a los altos ejecutivos de cada empresa (Hachette y Lüders, 1992: 97). Esto explica la enorme autonomía decisoria que tuvieron, sin controlar la gestión de los ejecutivos, tolerando en la práctica los abusos cometidos.

Objetivos políticos de las privatizaciones

El examen de las privatizaciones de los años ochenta demuestra que no se hicieron atendiendo a justificaciones estrictamente económicas. En primer lugar, el proceso privatizador comenzó cuando todavía se sentían los efectos de la grave crisis de 1982-1983 y la inestabilidad política no estimulaba el interés de los inversionistas. Además, el país carecía de recursos económicos para comprar las acciones, debiendo buscar diversos mecanismos para vender la propiedad. La crisis económica provocó una crisis política, acompañada de gran conflictividad social, que creó un clima de inseguridad desalentando a los inversionistas extranjeros. Estas adversas condiciones económicas favorecieron el control de la privatización de las empresas públicas por sus altos ejecutivos, que no enfrentaron competencia de inversionistas extranjeros. La oposición criticó las privatizaciones por su escasa transparencia, advirtiendo que serían revisadas cuando el país retornara a la democracia, y denunció que los recursos recibidos por ellas serían aprovechados para contribuir al financiamiento de políticas populistas dirigidas a fortalecer la candidatura de Pinochet en el plebiscito sucesorio.

Estas condiciones económicas y políticas explican el bajo precio de venta de las empresas, por lo que el Estado recibió una cantidad limitada de recursos en relación a su valor real²⁹. Esto se aprecia al compararlas con las privatizaciones de los años noventa, en democracia, cuando había desarrollo económico, se buscó la participación de empresarios extranjeros, con transparencia, y los altos ejecutivos no se involucraron. Mientras las privatizaciones de los años ochenta aportaron al Estado 1.146 millones de dólares, las impulsadas por los gobiernos de la Concertación entre 1990 y 1999, en un número restringido de empresas estatales y concesiones de obras públicas, recaudaron más del doble, 2.519 millones de dolares³⁰.

Tampoco hubo justificaciones económicas cuando se examina el nivel de eficiencia alcanzado por las empresas públicas antes del cambio de propiedad. Estas fueron modernizadas según el nuevo programa económico, debiendo actuar como empresas privadas, teniendo que autofinanciarse³¹. Diversos estudios confirman la eficiencia de las empresas. Mandakovic y Lima (1989) concluyeron que las empresas privatizadas no lograron un desempeño mejor que el alcanzado cuando estaban en la Corfo y fueron modernizadas, debiendo actuar como empresas privadas en el segundo lustro de los años setenta. Hachette y Lüders (1992: 251) llegaron a resultados similares, señalando que si bien es cierto «las empresas del sector privado son en cierto modo más rentables que las empresas estatales, las diferencias, aunque estadísticamente significativas, son pequeñas». Esto se explica porque las empresas operaban en un marco institucional «casi igual al de las empresas privadas» (Hachette y Lüders, 1992: 252). Otro estudio tiene una visión parecida: «Al momento de iniciarse el programa de privatizaciones, las empresas públicas —con contadas excepciones— se encontraban en buen pie, tanto desde el punto de vista de su rentabilidad como de sus niveles de endeudamiento» (Marcel, 1989: 29).

En consecuencia, lo fundamental para determinar la eficiencia no es la propiedad, sino el marco institucional en que deben actuar las empresas³².

El Gobierno no dispuso de un programa de privatizaciones, probablemente porque sus objetivos reales no podían ser explicitados debido al rechazo que provocaría en los militares y en la oposición. Por el contrario, hubo impulsos desordenados, subordinados al dinamismo de los ejecutivos de cada empresa. El directorio de Corfo tomó resoluciones a veces erráticas, cambiando condiciones de venta sobre la marcha, para enajenar ciertas compañías de cualquier modo, aunque sabía que se obtendrían bajos precios.

Un análisis de los acuerdos del directorio de Corfo ilustra la falta de una política coherente de privatizaciones y la tendencia a improvisar en el proceso. Por ejemplo, el 2 de julio de 1986³³ el directorio de Corfo autorizó la venta hasta del 49 por ciento de la propiedad de las empresas del holding Chilectra (Metropolitana, Quinta Región y Generación), así como también de Entel y Soquimich; semanas después cambió los criterios, aumentando la autorización de venta de Chilectra Metropolitana y Quinta Región al 65 por ciento³⁴; ese mismo día³⁵ se autorizó la venta directa de acciones a los trabajadores de estas dos empresas, así como de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), sin licitación. Meses después, a mediados de 1987, se decidió que los trabajadores de Chilectra Metropolitana podían adquirir hasta el 3 por ciento de las acciones³⁶; sin embargo, a continuación se aumentó el porcentaje hasta el 10 por ciento, estableciendo un plazo para la venta, del 22 de junio al 5 de agosto³⁷; una semana después se amplió hasta el 13 de agosto³⁸. Estos cambios, especialmente en el caso de Chilectra, se explican por el interés de sus ejecutivos para conseguir el control de la empresa.

En numerosos casos las acciones se vendieron a un precio muy inferior al real, como ocurrió con la CAP. Esta vendió el 61 por ciento de las acciones a un precio «preferencial», inferior al valor promedio que se pagaba en la bolsa; ejecutivos y trabajadores de la empresa adquirieron dicho porcentaje pagando solo 72 millones de dólares por un paquete accionario que 15 meses después estaba avaluado en 217 millones de dólares (Meller, 1996: 271). Las empresas fueron saneadas de sus pasivos para facilitar la venta y favorecer su eficacia, como ocurrió en el caso de Endesa.

El argumento político de las privatizaciones: «el capitalismo popular»

El principal argumento empleado para impulsar estas privatizaciones fue político y con un fuerte componente ideológico: la tesis del «capitalismo popular». El término «privatización» se utilizó en forma discreta, para que no fuera percibido por la opinión pública en su total dimensión y así evitar el eventual rechazo de los militares, que podían temer que esta medida terminara beneficiando a los grupos económicos, como sucedió en los años setenta. El capítulo sobre las privatizaciones en las Exposiciones sobre el estado de la Hacienda Pública del ministro Hernán Büchi tenía el sugestivo título de «La difusión de la propiedad»³⁹.

El «capitalismo popular» buscaba «difundir la propiedad» para hacer de Chile «un país de propietarios»⁴⁰. Esta tesis fue planteada por el ministro de Economía, Modesto Collados (1984-1985), quien la tomó del Gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, acuñada para justificar un vasto programa de privatizaciones (Saunders y Harris, 1994; Florio, 2004). Se recurrió a este argumento por varios motivos. En primer lugar, para romper la resistencia de los trabajadores a la privatización de las empresas públicas, por temor a que, al ser traspasadas al sector privado, los empresarios redujeran el personal, bajaran los sueldos y disminuyeran los derechos sindicales⁴¹. Los trabajadores podían ser integrados a la privatización permitiéndoles adquirir acciones en muy buenas condiciones económicas, con la expectativa de recibir significativas ganancias⁴². En segundo término, por un propósito no explicitado, sus ejecutivos también podían adquirir acciones debido a su calidad de «trabajadores», simulando actuar en condiciones similares a los demás, pero con la finalidad de alcanzar el control de la empresa por un número reducido de personas. En tercer lugar, para contribuir al fortalecimiento de la legitimidad del sistema económico, pues surgirían miles de pequeños propietarios que se sentirían dueños de las empresas y las defenderían ante un eventual cambio de régimen político que quisiera revertir el proceso privatizador.

La tesis del «capitalismo popular» partía de la convicción de que la propiedad privada era el principio básico de las sociedades modernas, alcanzando sus objetivos cuando se lograba una incorporación masiva de accionistas al dominio de las empresas:

La propiedad privada es uno de los pilares de la sociedad libre y una de las claves del éxito de las sociedades occidentales avanzadas. Para que realmente tenga eficacia, este derecho de propiedad debe ir acompañado de un acceso a la propiedad extenso, masivo e indiscriminado⁴³.

Apoyándose en la premisa neoliberal de que la economía influía en el conjunto de la sociedad, Collados argumentó que el acceso a la propiedad configuraba una dimensión nueva en esta, pues los individuos debían ser simultáneamente propietarios, trabajadores y consumidores⁴⁴. El «capitalismo popular» debía abrirse a los ciudadanos en general y a los pequeños inversionistas, especialmente en regiones⁴⁵. Esto permitiría alcanzar una alta integración política que daría mayor legitimidad al sistema económico. Los individuos se sentirían propietarios de las empresas y tendrían incentivos para trabajar con mayor dedicación, lo que contribuiría a elevar su productividad.

Para hacer posible «el capitalismo popular» en circunstancias que la crisis económica todavía golpeaba al país, se diseñaron diversas modalidades que interesaran a los trabajadores y al público, que incluían excelentes incentivos tributarios en beneficio de los adquirentes. Además, la Corfo ofreció créditos muy favorables para financiar la compra de acciones. El más difundido fue el utilizado en la venta de los bancos intervenidos durante la crisis económica de 1982-1983, especialmente el Chile y el Santiago, pertenecientes al grupo Vial y Cruzat, respectivamente. Quienes compraron acciones, en la práctica no pagaron por ellas, siendo casi un regalo⁴⁶. Uno de los beneficiados por este sistema lo ha descrito de una manera muy ilustrativa:

En diciembre de 1986 se apersonaron en mi oficina dos ejecutivos encargados de promover la venta de acciones del Banco de Santiago. Me mostraron los resultados de mis ganancias personales y me demostraron que si en los años siguientes ganara el mismo promedio de lo obtenido en esos tres años, el valor de las acciones que se compraban con un crédito Corfo se pagaban automáticamente aun cuando el Banco de Santiago no obtuviese utilidades, puesto que todo adquirente tenía el derecho legal de descontar de sus impuestos en la base imponible el 20 por ciento anualmente del valor de ellas. En la práctica, nunca he debido pagar nada. Todos los años he recibido dinero efectivo en dividendos después de pagar la cuota; todo los años he podido descontar los tributos en mis declaraciones anuales de global complementario; todos los años he podido ser más dueño de las acciones⁴⁷.

El Gobierno diseñó diversas fórmulas de financiamiento para la compra de acciones⁴⁸. En primer lugar, autorizó a los trabajadores a adquirirlas haciendo uso de los recursos acumulados para el pago de las indemnizaciones por años de servicio, recursos que formaban parte de la institucionalidad previsional, lo que fue conocido como el «capitalismo laboral». En segundo término, quienes no podían acogerse a este procedimiento o querían comprar más acciones, dispusieron de créditos muy generosos, otorgados por Corfo. En tercer lugar, la empresa o el Estado asumió el riesgo de la inversión al comprometerse a restituir al trabajador el valor actualizado de su compra inicial si este mantenía las acciones hasta su retiro de la empresa. En un cuarto procedimiento, algunos ejecutivos de empresas públicas invitaron a sus trabajadores a formar sociedades de inversión, aportando las acciones adquiridas por alguno de los métodos anteriores como garantía para la obtención de créditos bancarios dirigidos a comprar más acciones en el mercado. Estas sociedades eran dirigidas por los propios ejecutivos de las empresas, con lo que aumentó su poder en la dirección de estas (Cuadro IX-1)⁴⁹.

Para aumentar el número de «capitalistas populares», el Gobierno amplió el ámbito de aplicación del concepto, incorporando a las AFP. Para ello modificó el D.L. N° 3.500, que dio origen al sistema privado de pensiones, ya que este prohibía su participación en el mercado de acciones. Se argumentó que los trabajadores incorporados a las AFP serían indirectamente los dueños de las empresas privatizadas (Marcel, 1989: 34), y los economistas de Odeplan lo estimularon⁵⁰.

Los logros del «capitalismo popular» fueron pobres en cuanto al número de adquirientes de acciones. La mayor parte de los «capitalistas populares» se concentró en los bancos intervenidos por la autoridad en 1982-1983, lo que se consiguió a través de muy favorables franquicias tributarias que llevaron a miles de personas a comprar acciones de estas instituciones. El Gobierno no entregó cifras sobre el número de «capitalistas populares» porque no era una cantidad relevante que mostrara la anunciada masificación de la propiedad de las empresas. Una publicación de Odeplan, preparada para la campaña del plebiscito de 1988, entregó una cifra de aproximadamente 56.000 personas, mayoritariamente trabajadores de las grandes empresas públicas privatizadas que se acogieron al «capitalismo laboral»⁵¹. Cristián Larroulet (1994, citado por Hachette, 2000: 133), que participó en las privatizaciones como jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Hernán Büchi, entrega una cifra muy optimista, 200.000 nuevos accionistas. Muchos trabajadores y particulares compraron acciones con un criterio de corto plazo, para venderlas tan pronto subieran, lo que ocurrió con la recuperación económica⁵².

En consecuencia, «el capitalismo popular» no produjo el surgimiento de gran cantidad de «propietarios» ni la aparición de una nueva mentalidad económica, como predijeron sus impulsores⁵³. Una de sus principales consecuencias fue beneficiar a los altos ejecutivos de las empresas públicas.

A. La privatización del sistema de pensiones

La privatización del sistema de pensiones fue original y ha sido planteada por sus promotores como una solución que debiera ser utilizada tanto en los países subdesarrollados como en los países avanzados⁵⁴.

Chile fue el primer país que sustituyó completamente el sistema público de reparto por un esquema de capitalización individual administrado por el sector privado, y por ello llamó la atención en el mundo. El desempeño del nuevo sistema muestra importantes resultados en relación a la cantidad de cotizantes, sobre tres millones en 1999, mientras se acumulan 35.000 millones de dólares en los fondos de pensiones, equivalentes al 53,3 por ciento del PIB (Cuadro IX-2).

El nuevo sistema se basa en la capitalización individual, por la que el trabajador —a través de su empresa, que hace el correspondiente descuento— deposita en una cuenta personal su aporte previsional mensual, que es administrado por organizaciones privadas con fines de lucro, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), encargadas de invertir las cotizaciones para incrementar los fondos de pensiones. Al momento de jubilar, el asalariado recibe una pensión cuyo monto está determinado por el volumen de las cotizaciones hechas durante su vida laboral y la rentabilidad de las inversiones de la AFP donde tiene su fondo.

El trabajador suele cambiarse de AFP, de manera que puede elegir aquella que le ofrece mayores ventajas. El sistema fue pensado para funcionar con gran eficiencia a partir de la competencia presupuestada entre las numerosas AFP que surgirían.

Esta privatización fue sistémica en la conceptualización de Feigenbaum y Henig (1994) porque no solo quitó al Estado una de sus funciones, para entregarla al sector privado, sino que también buscó cambiar los valores y actitudes económicas de los asalariados.

Hasta 1980 Chile tenía un sistema previsional de «reparto» en que los trabajadores depositaban sus imposiciones en un fondo común administrado por el Estado, con cargo al que se financian las prestaciones previsionales sobre un principio de solidaridad intergeneracional: quienes trabajan ayudan a financiar las pensiones de quienes se jubilan.

La administración de estos recursos estuvo a cargo de las Cajas de Previsión, la primera de las cuales, la Caja de Seguro Obrero, se creó en 1924. Más tarde se constituyeron similares instituciones, llegando a existir hasta 32 cajas en 1979. Esto fue el resultado de iniciativas de grupos de interés que consiguieron así un régimen previsional propio para recibir mejores jubilaciones⁵⁵. Hicieron uso de esto múltiples asociaciones, desde los militares y los empleados bancarios hasta los parlamentarios. Cada uno de estos grupos tuvo su propio estatuto previsional, generando gran heterogeneidad de sistemas de pensiones, la que se tradujo en enormes desigualdades⁵⁶. Hubo una altísima concentración del sistema en tres cajas de previsión: el Servicio de Seguro Social (SSS), que atendía las necesidades de los obreros; la Caja de Empleados Particulares, donde cotizaban los empleados del sector privado; y la Caja de Empleados Públicos, de los funcionarios estatales, que sumadas reunían al 94 por ciento de los cotizantes⁵⁷. La cobertura del sistema osciló entre el 60 y el 79 por ciento de la fuerza de trabajo⁵⁸.

Las pensiones eran bajas y las cajas vivían con importantes déficits para cumplir sus obligaciones. Sus inversiones no fueron muy rentables, lo que obligó a un constante aumento de las cotizaciones previsionales y de las contribuciones estatales. Varios gobiernos intentaron reformar este régimen para resolver sus debilidades y entregar mejores pensiones, pero ningún esfuerzo prosperó⁵⁹.

Los antecedentes de la Reforma Previsional

La privatización del sistema de pensiones en Chile fue original, pues como señala Carmelo Mesa-Lago, se implantó bajo un régimen autoritario, lo que permitió tomar complejas decisiones sin discusión pública ni ponderar sus consecuencias. Para llevarla a cabo, el neoliberalismo rechazó en forma radical y simplista el Estado benefactor que había prevalecido hasta ese momento en el país, descalificándolo por dejarse presionar por grupos sectoriales, y lo responsabilizó de las profundas desigualdades que existían entre los asalariados⁶⁰.

El rechazo al Estado benefactor por parte de los Chicago boys se apoyó en argumentaciones ideológicas basadas en una crítica radical de la política chilena previa al golpe de Estado. Se recurrió a las ideas difundidas desde fines de los cuarenta por los políticos e intelectuales de derecha agrupados en Estanquero y Portada, que hemos analizado en el Capítulo V. La descalificación del Estado benefactor se concentró en la crítica al sistema de pensiones basado en el principio de reparto y de la solidaridad intergeneracional⁶¹. Las acusaciones contra las desigualdades del sistema de reparto se apoyan en ejemplos elegidos para impresionar, o en referencias anecdóticas, como plantea el ex ministro Piñera (1991: 37), que expone las ventajas que obtuvieron los trabajadores de la hípica.

Los antecedentes de la reforma previsional se encuentran en «El Ladrillo», llevando implícita la idea de la capitalización individual⁶². El objetivo era llegar a un sistema mixto, que estaría compuesto de dos «subsistemas»: uno «estatal, financiado por la vía tributaria», y el otro basado en «un sistema de ahorro que se depositaría mensualmente en una institución especializada que se llamaría “Fondos de Pensión” y que funcionaría de una manera similar al sistema de las asociaciones de ahorro y préstamo»⁶³.

Los principales argumentos empleados en «El ladrillo» no fueron económicos, sino políticos. Por una parte, los fondos de pensiones estarían autorizados para adquirir las empresas estatizadas por el Gobierno de Allende, pudiendo ser «un mecanismo útil para transferir riqueza, actualmente en manos del Estado, hacia los trabajadores»⁶⁴. De esta manera era posible solucionar el problema político y económico de la poderosa y heterogénea «Área de Propiedad Social», formada por las empresas intervenidas o requisadas por el Gobierno socialista, sin tener que plantear su restitución a los antiguos propietarios o su privatización. Con este cambio se buscaba un efecto político de amplias proyecciones, pues en el largo plazo «conduciría a una socialización de la riqueza, sin que por ello se cayera en fórmulas de socialismo estatista»⁶⁵. Por otro lado, y más importante aún, se pensaba que al transferir la propiedad a los trabajadores, estos se convertirían en socios capitalistas, con lo que se podría superar el antagonismo entre el capital y el trabajo, reduciendo la conflictividad laboral:

[Se] creará un mecanismo de acumulación de riqueza en manos de los trabajadores. Ellos pasarían a ser, con el tiempo, una de las principales fuentes de ahorro para financiar inversiones, pudiendo alcanzar un papel predominante como poseedores de capital. Si esta posibilidad se materializa, podrían desaparecer o aminorarse las tensiones entre el capital y el trabajo, ya que este último sería a su vez poseedor de importantes recursos de capital 66.

Después del golpe militar, un equipo de economistas desarrolló estas ideas en Odeplan coordinado por Miguel Kast, quien vio la importancia estratégica de esta reforma en la transformación de la economía de Chile⁶⁷. Kast explicó con claridad que el nuevo sistema previsional debía ser de capitalización individual y que para ello existirían «Asociaciones de Ahorro Previsional» (AAP), donde los trabajadores depositarían sus aportes en cuentas individuales y los fondos serían asegurados en la asociación central, para protegerlos del riesgo de una mala administración⁶⁸. Se añadía que la reforma tendría un impacto muy positivo en el ahorro y en la inversión, ayudando al desarrollo del país⁶⁹. Se trataría de establecer un sistema «sencillo, accesible y fácil de entender para empresarios y trabajadores»⁷⁰.

La reforma previsional no se implementó inmediatamente porque la FACH se opuso⁷¹. El ministro del Trabajo y Previsión Social, general Nicanor Díaz, no compartía los criterios sostenidos por el equipo económico y estaba empeñado en que la Junta de Gobierno aprobara el «Estatuto social de la empresa», basado en puntos de vista opuestos a las ideas monetaristas. Sin embargo, el rechazo de la FACH no significó el bloqueo de la propuesta, incorporada al proyecto de ley de «nueva seguridad social» entregado a la opinión pública por el ministro Díaz en noviembre de 1975. El proyecto recogió el concepto de la capitalización individual para el sistema de pensiones, pero en el marco general de una ambiciosa reforma de la seguridad social, que incluyó la salud previsional y subsidios sociales a los más pobres. De esta forma se fusionaron dos iniciativas opuestas, la formulada por los Odeplan boys sobre la previsión y la iniciativa de la FACH sobre la reforma del sistema de salud.

El proyecto era cuidadoso en la presentación de sus argumentos y evitaba el lenguaje descalificatorio hacia el antiguo sistema de pensiones que tendrá más tarde la propuesta neoliberal⁷². Se mantenía una organización de reparto, pero dentro de un «sistema mixto, esto es, de capitalización individual y de reparto»⁷³. Por medio de la capitalización individual se financiarían las pensiones y las indemnizaciones por retiro⁷⁴, y por reparto las pensiones de salud y la asignación familiar. Este sistema estaría administrado por «las corporaciones de seguridad social», instituciones sin fines de lucro —a diferencia de las AFP, que sí tenían fines de lucro—, que deberían competir entre ellas para ser más eficaces⁷⁵. Las corporaciones serían «administradas por sus propios afiliados» (art. 70), propuesta novedosa y ajena a las ideas de Odeplan, pues daba a los trabajadores poder de autogestión, alejando el sistema del control de los empresarios, que estaba en la esencia de la iniciativa Kast.

La propuesta del general Díaz Estrada no precisó cómo serían estas corporaciones⁷⁶. El texto indica que el trabajador será libre para afiliarse a la corporación que desee y tiene el derecho a «trasladarse a la que ofrezca mejor atención o condiciones». La iniciativa no había ido más lejos por no contar con el apoyo de los Chicago boys⁷⁷.

La reforma previsional fue reactivada años después de la expulsión del general Leigh de la Junta, en julio de 1978, salida que permitió aprobar diversas iniciativas legales que preparaban la privatización del sistema de pensiones⁷⁸. Correspondió al joven y enérgico ministro del Trabajo, José Piñera⁷⁹, retomar la iniciativa. Tuvo la habilidad de conseguir el respaldo de Pinochet⁸⁰. Logró convencerlo inmediatamente después del plebiscito de 1980, cuando estaba sensible ante propuestas ambiciosas que fortalecieran su imagen de estadista. Lo recuerda de la siguiente manera:

Al día siguiente del triunfo plebiscitario, cuando las felicitaciones y abrazos todavía no concluían, volví a la carga y pedí una entrevista con el general Pinochet. Le felicité por la victoria y, antes que se le borrara la sonrisa del rostro, le dije que el régimen vivía lo que Stefan Zweig había llamado «un momento estelar». Uno de esos momentos que potencian a los individuos o a las naciones más allá de lo que nunca fueron. Era el momento de actuar y de aprobar la reforma previsional.

La persistencia rindió sus frutos. El presidente aceptó reactivar el proyecto y la Comisión Legislativa Conjunta, en sesiones casi permanentes, terminó su trabajo, enviando el proyecto a la Junta de Gobierno con una cantidad de opciones abiertas. La comisión no había alcanzado acuerdos unánimes y se allegaban todos los antecedentes para que la Junta decidiera en definitiva (Piñera, 1991: 93).

Piñera impulsó cuidadosamente el proyecto para que fuera discutido solo por la Junta. No fue remitido para su análisis a otras instancias del Gobierno, como el Consejo de Estado. En el debate intervinieron principalmente economistas y se marginaron los especialistas en previsión social, que miraban con recelo la reforma, pues comprendían sus complejidades y enormes costos económicos⁸¹. El ministro del Trabajo evitó que se produjera un debate público para conocer las críticas que tenía dentro del régimen y en la oposición.

Los argumentos políticos de la Reforma Previsional

Para conseguir su aprobación por la Junta de Gobierno se emplearon principalmente argumentos políticos. Era el camino más fácil para convencer a los cuatro legisladores, esquivando los aspectos económicos, más complejos y de discutible validez⁸². Piñera tomó las ideas críticas del «gremialismo» sobre el desarrollo de la democracia en Chile, descalificando el sistema de reparto por su ineficiencia, malas pensiones, calidad regresiva y por haber sido utilizado por los partidos políticos para entregar «favores» a sus «clientelas electorales». Lo describió así:

El sistema de reparto abre la puerta a la politización y a la demagogia de manera enorme. ¿Por qué? Porque cotizan en un gran fondo, y ese gran fondo no es de nadie. Las leyes son las que posibilitan obtenerlos, pero como servicio no hay. Es obvio, entonces, que los grupos de presión política politizarán la vida social, los sindicatos, las instituciones previsionales para tratar de conseguir que el poder político que es el factor de los beneficios los favorezca más a ellos que a otros. En segundo lugar, dicho sistema lleva inevitablemente a la demagogia y a la injusticia, por cuanto es claro que en previsión es fácil prometer derechos que serán pagados con posterioridad (AHJG, sesión Nº 398, 14 de octubre de 1980, p. 86).

El sistema antiguo se habría basado en una «concepción colectivista» y una «falsa visión del hombre y de la sociedad», perjudicando a quien decía defender, los pobres. Era un sistema manejado políticamente por «cúpulas sindicales politizadas», que con esta reforma perderían una «bandera de lucha demagógica»⁸³. También cuestionaba la función de los sindicatos, que eran presentados como entidades movidas por los pequeños intereses de sus cúpulas dirigentes, que veían en las conquistas previsionales logros de carácter clientelístico. De esta manera, Piñera vinculaba la reforma previsional al Plan Laboral, aprobado el año anterior, que había buscado el debilitamiento estructural de los sindicatos.

El ministro del Trabajo recurrió a los planteamientos del «capitalismo popular» para justificar la reforma, pues produciría un cambio de valores y actitudes de los trabajadores, quienes, con el nuevo sistema, estarían interesados en la estabilidad del orden económico para asegurar su eficacia:

El trabajador, al tener una cuenta individual y al ver que sus ahorros aumentan, lo que depende de cómo va la economía, necesariamente tendrá interés en que los ministros de Hacienda sean eficientes y responsables y que los parlamentos no sean politiqueros, cosa que no haya revoluciones violentas, porque él se transforma desde ya en un propietario vinculado al progreso general de la nación. De esta manera, las huelgas disminuyen (AHJG, sesión Nº 398, 14 de octubre de 1980, p. 97).

Piñera enfatizó la seguridad que tendrían los fondos de pensiones, ya que existía preocupación en los militares de que los grupos económicos pudieran usar los recursos de las AFP para su beneficio. Destacó que habría separación entre la administración de los recursos, a cargo de las AFP, y los fondos mismos, que tendrían dos tipos de controles para impedir los abusos. Por un lado, se invertirían en documentos de renta fija, especialmente instrumentos del Estado, con un mínimo riesgo, que garantizarán la seguridad de las inversiones, sin poder transar acciones en la Bolsa de Comercio por su inestabilidad y riesgo especulativo; por otro, los documentos no quedarían en poder de las AFP, sino que se entregarían en custodia al Banco Central, que los retendría. La seguridad del nuevo sistema estaría respaldada por una Superintendencia dotada de amplias atribuciones y dedicada a controlar las AFP y el correcto cumplimiento de sus funciones.

Para romper la oposición de los sindicatos, Piñera argumentó que los trabajadores también podrían crear una o varias AFP. Dio como ejemplo a los trabajadores del cobre, que gozaban de buenos sueldos, estaban integrados a la Confederación de Trabajadores del Cobre, una importante organización sindical, y pertenecían a una empresa estatal, Codelco, dirigida por un militar⁸⁴. Sin embargo, los supervisores, un grupo privilegiado de profesionales con altos ingresos, crearon una AFP: Cuprum⁸⁵, y un segundo grupo de trabajadores a través del Colegio de Profesores, formó otra, Magister. Este último era un segmento relativamente bien organizado, en que el Gobierno ejercía gran influencia a través del Ministerio de Educación y municipalidades, lo que había permitido que su organización gremial fuera controlada por dirigentes oficialistas⁸⁶.

La propuesta oficial tenía importantes debilidades y dependía en forma considerable del apoyo estatal, lo que matiza el carácter revolucionario que le asignaba Piñera. En primer lugar, desconocía la realidad de los trabajadores por cuenta propia, al margen del sistema de reparto y con menos posibilidades de ingresar al nuevo, basado solo en las cotizaciones de los trabajadores y sin aporte de los empresarios. Este importante sector quedó en la práctica excluido del nuevo sistema por sus altos costos.

En segundo término, el Estado se comprometía a garantizar el pago de las pensiones mínimas a los trabajadores que no reunieran las cotizaciones requeridas para recibir una pensión al término de su vida laboral. Piñera sabía que el sistema estaba pensado para asalariados de ingresos medianos y altos, y que era difícil que pudiera aplicarse a los de bajos ingresos. Esto implicaba una considerable carga para el Estado, pues demandaba un importante volumen de recursos, cuyo financiamiento no fue mencionado en la discusión. La reforma no establecía un sistema netamente privado, sino más bien uno de carácter mixto, porque continuaba siendo el Estado el que pagaba las pensiones mínimas.

Como la reforma previsional tenía considerables costos para el fisco, que no fueron explicitados en la discusión ante la Junta, se crearon las condiciones favorables para que estos se cubrieran con la venta de las empresas públicas, como anotó en su momento un economista de oposición⁸⁷. Se incurriría en una falacia retrospectiva si se afirmara que la creación de las AFP buscaba simultáneamente la privatización de las empresas públicas, pero constituiría una ingenuidad suponer que esa relación estuvo ausente entre sus promotores. La privatización del sistema de pensiones fue sistémica no solo porque terminó con una de las funciones del Estado benefactor, sino también porque gatilló a corto plazo la privatización de las empresas públicas. Esto último no se anunció desde una perspectiva negativa —el costo económico que el nuevo sistema de pensiones imponía al Estado—, sino de forma positiva: la necesidad de disponer de nuevas oportunidades para invertir los enormes recursos acumulados en los fondos de pensiones. Ahí estaba la venta de las empresas públicas modernizadas bajo la dirección de Corfo, llegando a tener un eficaz desempeño económico, por lo que constituían atractivas oportunidades de inversión para las AFP. Como las acciones fueron vendidas a bajo precio, la economía comenzó a recuperarse de la recesión, y, además, se trataba de empresas en buen estado de gestión, por lo que las AFP tuvieron altísimas rentabilidades gracias al brusco aumento del valor de las acciones.

La desconfianza de los militares hacia la Reforma Previsional

Los militares recelaron de la reforma previsional. Piñera (1991: 30) lo recuerda en forma muy explícita:

El último flanco de resistencia a la reforma [previsional] vestía uniforme y hablaba golpeado. El Comité Asesor del Presidente, en efecto, estaba integrado por un grupo de generales muy leal a sus convicciones, pero de mentalidad definitivamente estatista. Oponían una tenaz resistencia al modelo de economía social de mercado y tenían apreciaciones muy duras para juzgar la gestión liberalizadora del ministro de Hacienda Sergio de Castro.

Tres fueron las principales objeciones planteadas por los uniformados, fundamentadas en las singularidades de la profesión militar y su desconfianza a los grupos económicos⁸⁸. En primer lugar, percibían una incompatibilidad entre la capitalización individual que supone la acumulación de recursos durante los años de vida laboral del cotizante, y la carrera militar, sin plazo fijo de duración, altamente incierta, pues los ascensos y retiros del personal se basan en criterios institucionales, por lo que existe el riesgo de abandonar la institución sin tener el número suficiente de años para recibir una jubilación adecuada⁸⁹.

En segundo término, veían una incompatibilidad entre las AFP y las instituciones castrenses, puesto que aquellas dispondrían de información confidencial sobre el personal de las FF.AA., lo que constituía un peligro para la seguridad nacional⁹⁰.

En tercer lugar, los militares anticiparon un conflicto de intereses, pues el sistema privado entregaba un enorme poder económico, que terminaría siendo aprovechado por los grupos financieros en su propio beneficio. Este temor se apoyaba en la experiencia de las privatizaciones de la «primera ronda», en que los grupos usaron en su provecho las ventajas institucionales⁹¹.

Pinochet planteó en el debate en la Junta su desconfianza al proyecto por el temor a los grupos económicos, especialmente Javier Vial y Manuel Cruzat, que se preparaban para entrar como protagonistas al nuevo sistema⁹²:

He dicho que no estoy de acuerdo con el problema de que los capitales vayan a la parte privada, en realidad no discrepo de ellos, sino que me choca por estimar que los señores empresarios aún no están en capacidad para administrar 97 millones de dólares mensuales. Eso es lo que me produce angustia, porque día a día veo diversas cosas que suceden, y no vaya a ocurrir que de repente alguien parta con los 97 millones al extranjero. Eso es lo que me causa preocupación. ¿Quién administrará la plata? Eso me produce alergia, porque también sé que hay varios señores, que se han estado haciendo millonarios en este país, que han enviado gente a estudiar el sistema porque desean operar bien (AHJG, sesión Nº 398, 14 de octubre de 1980, p. 44).

El almirante Merino dio su apoyo a la iniciativa desde un comienzo porque la Armada respaldó las reformas económicas. Distinta fue la posición del comandante en jefe de la FACH, general Fernando Matthei, que tuvo un comportamiento más abierto hacia los Chicago boys que su antecesor, el general Leigh, pero expresó algunas reservas a la reforma previsional, indicando no tener interés especial en el proyecto, y aclaró que lo apoyaba porque era una iniciativa que interesaba a Pinochet:

Quiero dejar establecido que personalmente no tengo en absoluto ningún interés en esta iniciativa legal. Ella fue presentada por el Ejecutivo y si él está de acuerdo para que nosotros la estudiemos, estoy por apoyarla.

Si el señor presidente tiene reservas sobre esto y no quiere presentarlo todavía o desea que se reestudie, conforme. De manera que solo si a usted le interesa, presidente, estoy dispuesto a verlo y en principio concuerdo con la filosofía del proyecto; pero reitero, únicamente si usted está de acuerdo en presentarlo y cree que este es un buen proyecto (AHJG, sesión Nº 398, 14 de octubre de 1980, p. 47)⁹³.

Matthei eludió referirse a la viabilidad de las AFP, puesto que se creaba un sistema que mostraría sus resultados en un futuro muy lejano, sin que se pudiera prever con claridad cuáles serían sus dificultades. Compartió los argumentos políticos de Piñera, considerando el sistema de reparto como una «tremenda caja electoral», que seguiría siendo usada con fines políticos cuando los militares volvieran a los cuarteles:

Hoy día nosotros sabemos en manos de quién está el Estado. Esto va a funcionar 50 años después y no sabemos en manos de quién va a estar el Estado en 20 años más. El Estado no ha sido buen administrador, no ha cautelado bien las cosas... mañana pasa a manos de la Democracia Cristiana y van a tener ahí una tremenda caja electoral, como ya ocurrió, por lo demás: el gran sistema el reparto de «pegas»; los excedentes de las cajas constituyen un magnífico sistema para conseguir votos; siempre haciendo beneficios y repartiendo cosas (AHJG, sesión Nº 398, 14 de octubre de 1980, p. 48).

Sin embargo, los militares no quisieron aparecer como opositores por defender sus intereses corporativos⁹⁴. Se acordó que en un plazo no inferior a un año se debía proponer un proyecto de ley que determinara la forma en que se incorporarían los militares a este sistema, lo que nunca se realizó, quedando fuera de este.

Los apoyos a la reforma

La reforma previsional fue apoyada por los dirigentes sindicales gobiernistas ligados a la Secretaría Nacional de los Gremios, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Cuando Piñera asumió la cartera de Trabajo en 1978 se preocupó de estrechar relaciones personales con los dirigentes sindicales; esa actitud fructificó en esta oportunidad, puesto que muchos de ellos alabaron el discurso de Piñera, siendo el más representativo Guillermo Medina, presidente de la zonal El Teniente de Codelco, quien manifestó que «somos un país civilizado en materia previsional»⁹⁵.

Los «gremialistas» respaldaron la propuesta, puesto que sus fundamentos correspondían a sus ideas políticas. El Grupo Nueva Democracia⁹⁶, surgido con ocasión de la campaña para el plebiscito de 1980, sostuvo que la reforma se insertaba en la nueva institucionalidad, calificándola como un medio para superar «los obstáculos que por décadas frustraron las perspectivas de bienestar de los chilenos, permitiendo avizorar que un día no muy lejano todos puedan aspirar a una seguridad social compatible con la dignidad humana»⁹⁷.

También la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) la apoyó, señalando que «ahora el trabajador tendrá libertad para cuantificar el nivel de sus ahorros, pasando a ser realmente dueño de su futuro»⁹⁸.

El ex ministro del Trabajo y miembro del Consejo del Estado, William Thayer, fue cauto al referirse a la reforma, argumentando que sus efectos «solo se conocerán dentro de cuarenta años»⁹⁹.

La reforma fue cuestionada por los dirigentes sindicales de oposición y por diversos expertos en seguridad social que la consideraron inviable a largo plazo¹⁰⁰. Se le reprochaba estar basada en la individualidad y no considerar la solidaridad del anterior sistema. El Grupo de los Diez, integrado por las principales organizaciones sindicales, señaló que «con el Plan Laboral los trabajadores perdimos el 50 por ciento de nuestro poder. El otro 50 por ciento lo perderemos con la reforma previsional»¹⁰¹. Federico Mujica, presidente de la Confederación de Empleados Particulares (CEPCH), declaró que este «sistema es una reedición del viejo concepto del capitalismo popular que no deja siquiera libertad para usar los ahorros ni cuando se completan los requisitos para jubilar»¹⁰². Incluso, un dirigente sindical partidario del Gobierno, Manuel Contreras, de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos, dijo estar en desacuerdo con el paso «de un sistema social a uno de lucro propiamente tal, a un sistema de ahorro obligatorio»¹⁰³.

También se manifestó contrario al nuevo sistema el ex ministro del Trabajo del régimen, general Díaz Estrada, que cuestionó que ahora se creyera en la capacidad de los trabajadores para administrar una AFP, cuando se discutía con los trabajadores el Estatuto de principios y bases del sistema de seguridad social, «llegaban hasta mi oficina muchos empresarios a criticar el proyecto porque, según ellos, los trabajadores serían incapaces de administrar eficazmente los recursos previsionales»¹⁰⁴. Agregó que los trabajadores debían tener más participación, ya que al ser las cotizaciones una parte del salario, «son ellos los que tienen algo que decir en su administración»¹⁰⁵.

El nuevo sistema de pensiones fue promulgado en noviembre de 1980, mediante el D.L. N° 3.500, que fue difundido por el ministro Piñera en un discurso transmitido por cadena nacional de radio y televisión. Piñera hizo anuncios demagógicos para justificar las bondades del nuevo sistema, como anunciar que la tasa de reemplazo para los cotizantes que jubilaran sería equivalente al cien por cien, una tasa que no existía, ni existe en ningún país del mundo, pues en los países de la OCDE es un promedio inferior al 50 por ciento*.

Comenzó a funcionar en mayo de 1981 con una docena de AFP. Con una eficaz campaña publicitaria y ofreciendo incentivos económicos a los trabajadores, el Gobierno consiguió que los asalariados se cambiaran al nuevo sistema con gran rapidez. Como los trabajadores debían asumir enteramente los costos previsionales, que antes eran compartidos con el empleador, y para evitar que esto significara una pérdida de ingreso de los asalariados, se dispuso, en forma simultánea, el aumento de la remuneración bruta para compensar las mayores cotizaciones, por lo que no les significó un mayor sacrificio económico. Este fue el principal incentivo para trasladarse al nuevo sistema (Arellano, 1985: 146). A fines de 1984, el 70 por ciento de los afiliados al antiguo sistema se había incorporado a las AFP (Arellano, 1985: 145). Los empresarios también empujaron las reformas porque su éxito les beneficiaba, pues no tenían que pagar la cotización previsional del anterior sistema¹⁰⁶.

Muy pronto se confirmó el temor castrense sobre el control del sistema por parte de los principales grupos económicos. La AFP Provida, creada por el grupo de Manuel Cruzat, consiguió el 32,9 por ciento de los afiliados; Santa María, del grupo de Javier Vial, logró un porcentaje algo menor, 27,6 por ciento; estos dos grupos concentraron una alta proporción del mercado¹⁰⁷. En 1985, cuando la economía comenzó a salir de la crisis, las tres principales AFP acaparaban el 65,3 por ciento de los afiliados, y si se añaden dos más, la cifra resulta aún mayor, 85,7 por ciento. Esta situación no sufrió modificaciones significativas en los años siguientes y se mantuvo en los años noventa (Cuadro IX-3).

También se produjo una rápida concentración de los recursos del fondo de pensiones. En 1981, Provida y Santa María tenían el 33,8 y el 27,4 por ciento, respectivamente. Si a estas agregamos las otras tres grandes AFP, es decir Hábitat (10,1 por ciento), San Cristóbal (9,6 por ciento) e Invierta (5,4 por ciento), juntas representan el 86,3 por ciento del total del fondo de pensiones. Esta tendencia se mantuvo hasta el fin del régimen militar, atenuándose levemente después de la inauguración de la democracia, bajando al 55,1 por ciento en 1997.

Las AFP y su rol en la privatización de empresas públicas

El rápido funcionamiento del nuevo sistema planteó la necesidad de buscar otros destinos a las inversiones de los fondos de pensiones que, de acuerdo al D.L. N° 3.500, debían concentrarse en instrumentos de gran seguridad, principalmente títulos del Estado. En ese momento los partidarios de la privatización de las empresas públicas plantearon que las AFP deberían ser autorizadas a adquirir acciones emitidas por estas.

Al 31 de diciembre de 1983, el 45 por ciento de los fondos estaban invertidos en un único emisor —el Estado—, el 51 por ciento en un tipo de instrumento —letras de crédito— y, en definitiva, el cien por cien estaba colocado en instrumentos de deuda. Esta concentración, se dijo, constituía un riesgo innecesario, ya que fomentaba el endeudamiento de la economía, pues el principal ahorrante, el propio fondo, solo podía prestar dinero y «no desarrollar nuevos proyectos como accionistas»¹⁰⁸.

El Gobierno comenzó a estudiar la modificación a la reforma previsional desde 1983, en plena crisis económica¹⁰⁹. La propuesta fue inicialmente rechazada por los empresarios, tanto porque no era oportuna, por estar la economía en recesión, como por temor al riesgo especulativo. Ignacio Cousiño, presidente del Comité de Desarrollo Previsional, antecesor de la Asociación Gremial de AFP, dio una opinión contraria a la iniciativa gubernamental concluyendo que solo se podrían hacer enmiendas «cuando las circunstancias hagan una revisión de los referidos criterios; los análisis y estudios deberán ser inobjetables, en resguardo de la confianza que más de 1.800.000 chilenos han depositado en el nuevo sistema previsional»¹¹⁰, debido a que no existe un mercado desarrollado, buena fiscalización y garantías de «una rentabilidad mínima, para la eventualidad de que el manejo empresarial no fuera eficiente»¹¹¹. Algunas AFP explicitaron públicamente su crítica a iniciar las operaciones en el mercado de las acciones por el problema de la incertidumbre¹¹².

El 24 de marzo de 1984, el Gobierno envió a la Junta de Gobierno el proyecto de ley que reformaba el D.L. N° 3.500. La mayor libertad de prensa existente en ese momento como consecuencia de la política de la apertura, explica que se diera a conocer el texto de la iniciativa, temiéndose que se filtrara¹¹³ y fuera publicado en algún medio de comunicación. El proyecto establecía que las AFP podrían comprar acciones de sociedades anónimas abiertas, previamente calificadas por un ente autónomo, la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR)¹¹⁴. Este organismo establecería un ranking de las empresas según su riesgo y los instrumentos en que se podían invertir los recursos del fondo, dando su aprobación a las sociedades anónimas donde se podían comprar acciones¹¹⁵. Para prevenir las críticas sobre la concentración económica, se establecieron normas que impidieran esta situación a través del establecimiento de determinados límites máximos de inversión por instrumento y por emisor, y se dispersó la propiedad de las empresas donde se adquirían las acciones¹¹⁶. Se buscaba defender a los accionistas minoritarios impidiendo que los mayoritarios lograran el control de las empresas donde invertían, perjudicando incluso a las AFP¹¹⁷.

El proyecto de ley establecía normas restrictivas para las inversiones en acciones de las AFP, prohibiéndoles destinar en cada empresa más del 5 por ciento de los recursos de su fondo, ni poseer más del 5 por ciento de las acciones de la empresa. El total de inversiones en acciones de diferentes empresas no podía exceder el 30 por ciento de los recursos del correspondiente fondo de la AFP¹¹⁸. Estas normas apuntaban a dispersar propiedad, pero descuidaron que las AFP se concentraron entre ellas en forma reservada a fin de influir en el gobierno corporativo de la empresa.

El Gobierno fundamentó el proyecto con los argumentos del «capitalismo popular» que había utilizado en la discusión del D.L. N° 3.500. Se sostuvo que con esta modificación los trabajadores, a través de las AFP, se convertirían en accionistas de las más importantes empresas chilenas¹¹⁹. Esto tendría un importante efecto político, estableciendo un límite al poder discrecional de la autoridad económica, pues «al pasar un porcentaje de las acciones a poder de los fondos de pensiones, se crearía un deseable y positivo equilibrio de fuerzas en el siguiente sentido: políticamente, los gobiernos no podrían bajar demagógicamente las tarifas, porque si lo hicieran recibirían la crítica de los trabajadores, al perjudicarse la rentabilidad de sus inversiones en acciones, ni tampoco podrán favorecer alzas de ellas por sobre lo normal, ya que si lo hicieran, serían criticadas por los consumidores. Se lograría así un equilibrio justo en las políticas de dichas empresas»¹²⁰.

La reforma al D.L. N° 3.500 fue promulgada el 31 de diciembre de 1985¹²¹ y marcó el comienzo de la intervención de las AFP en la privatización de las empresas públicas. Otras modificaciones posteriores flexibilizaron aún más las posibilidades de participación de las AFP en la compra de acciones de sociedades anónimas¹²². A fines de 1989, las AFP habían invertido en acciones de 24 sociedades¹²³, una cifra ascendiente al 10,1 por ciento del fondo. De ahí en adelante, la inversión en acciones de sociedades anónimas pasó a convertirse en uno de los principales instrumentos de las AFP, proporcionándoles enormes beneficios que explican la alta rentabilidad del fondo. En diciembre de 1997, los porcentajes del fondo invertidos en instrumentos estatales alcanzaban al 39,59 por ciento y en títulos de instituciones financieras al 27,63 por ciento, mientras las acciones llegaban al 22,62 por ciento.

Las primeras empresas que se abrieron a los fondos de las AFP por acuerdo de la Comisión Clasificadora de Riesgos, fueron las empresas públicas que se estaban privatizando. Las inversiones del fondo se concentraron en las eléctricas. Las privatizadas absorbieron hasta fines de los años noventa la mayor parte de los recursos de las AFP invertidos en acciones¹²⁴.

En la práctica, la desconcentración de la propiedad de las empresas fue teórica. La dispersión de la propiedad tuvo el efecto opuesto, al favorecer el control de las empresas por grupos minoritarios mediante pactos con otros accionistas, incluyendo las AFP¹²⁵. El empresariado tenía sólidas vinculaciones políticas y personales que ayudaron a la formación de coaliciones para conseguir la mayoría de los votos en las asambleas de accionistas y elegir a directores que permitieran el control de las empresas. La ley no obligaba a las AFP a dar a conocer por quién votaban, pudiendo actuar con total discrecionalidad en las juntas de accionistas que elegían los directores¹²⁶. Un análisis de los directores elegidos por las AFP muestra el sesgo político hacia profesionales vinculados al régimen militar, sin incorporar a independientes que expresaran una pluralidad de intereses. Las AFP colaboraron a la formación de esas redes de personalización y patronazgo, características de la privatización de las empresas públicas.

Los accionistas que lograron el control de las empresas reformaron sus estatutos para asegurar su dirección a través de la apropiación de los derechos políticos, emitiendo acciones preferenciales que les garantizaban una mayoría en el directorio, lo que, por ejemplo, ocurrió en Soquimich y en algunas de las empresas eléctricas.

Los resultados

El nuevo sistema de pensiones ha completado tres décadas de vida y «se ha transformado en una pieza clave de la economía chilena» (Arenas, 1999: 4). Hemos visto que tuvo una gran relevancia en el financiamiento de las privatizaciones de las empresas públicas¹²⁷, un objetivo no explicitado por los promotores de la reforma previsional, pero advertido en su oportunidad por economistas opositores.

Su evaluación debiera ser de acuerdo a los ambiciosos objetivos planteados por sus impulsores: entregar más y mejores pensiones a los trabajadores, disminuir el déficit del Estado en la previsión social, constituir una palanca del desarrollo económico y cambiar los valores de los chilenos hacia una economía de mercado.

No hay evidencia de que se pagarán pensiones más altas que las del antiguo sistema y tampoco hay antecedentes respecto a su contribución en el aumento del ahorro y la inversión (Arenas, 1997: 46). Enseguida, no se ha producido una disminución del déficit público, sino que ha aumentado. En tercer lugar, tampoco se ha demostrado que las AFP hayan contribuido al aumento del ahorro y la inversión, sino que ha sido el Estado precisamente para paliar el déficit previsional. Uno de los principales especialistas en el tema ha concluido que «el incremento del ahorro doméstico en la economía chilena que ha ocurrido durante este período (1981-1998) puede ser explicado por la sistemática absorción del déficit previsional por parte del sector público. El supuesto éxito de la reforma previsional en aumentar el ahorro doméstico en Chile podría deberse más a la disciplina fiscal que a la administración privada del sistema de pensiones» (Arenas, 1999: 7).

Tampoco han contribuido a cambiar los valores económicos de los chilenos hacia una economía de mercado y difícilmente pueden impactar en la sociedad porque las AFP son instituciones económicas con un bajísimo nivel de confianza. Entre 1997 y 2000 las AFP han tenido una confianza del 29 y 27 por ciento, respectivamente. Otras instituciones económicas tienen niveles de confianza muy superiores, como los bancos (54 por ciento) y las grandes empresas (41 por ciento)¹²⁸.

El sistema tiene importantes limitaciones. En primer lugar, presenta serios defectos de cobertura, pues los cotizantes son solo el 55 por ciento de la fuerza de trabajo en 1999, que llega en total al 58,9 por ciento cuando se considera el 3,8 por ciento que está integrado al antiguo sistema y cotiza en el INP (Cuadro IX-4). Esta es considerablemente inferior a la que había antes de la reforma, que alcanzó al 79 por ciento en 1974 y bajó al 71,5 por ciento en 1977 (Arellano, 1985). En segundo término, la composición de los afiliados presenta considerables desigualdades, con una sobrerrepresentación de los asalariados con ingresos medios y altos y una baja participación de las mujeres. Los trabajadores por cuenta propia (1.200.000 personas en 1995) están de hecho fuera del sistema, pues solo el 4 por ciento está integrado a alguna AFP. Su administración tampoco ha alcanzado eficiencia adecuada, pues sus costos de administración son muy altos para el afiliado, entre otros motivos, por las campañas para conseguir nuevos cotizantes sobre la base de captarlos de otras AFP, provocando masivos traspasos entre administradores, con el consiguiente aumento en los costos de gestión¹²⁹.

Uno de los principales argumentos de los Chicago boys a favor de la privatización del sistema previsional fue la necesidad de terminar con el déficit fiscal causado por el sistema de reparto. Este objetivo no se ha conseguido; aún más, los costos para el Estado han sido muy superiores a las estimaciones hechas por sus impulsores a comienzos de los años ochenta. Estos costos provienen de varias fuentes:

i) Por concepto de pago del bono de reconocimiento (BR), el Estado ha destinado anualmente una gran cantidad de recursos para las entidades privadas, sin recibir las cotizaciones, cifra que en la década de los noventa ascendió al 0,7 por ciento del PIB y que seguirá creciendo (Arenas, 1999: 5-6).

ii) Las pensiones mínimas aseguradas por el Estado a los trabajadores que, al cumplir la edad de jubilarse, no tienen un monto suficiente que les permita jubilar con el nuevo sistema. El Ministerio de Hacienda ha estimado que en el futuro se producirá «un pasivo fiscal contingente de importantes proporciones. Así, por ejemplo, el valor presente de los flujos comprometidos estimados para el período 2000-2037 alcanza a 7.200 millones de dólares, cifra que equivale a un 75 por ciento de la deuda explícita total del Gobierno central en la actualidad»¹³⁰. Este constituye «un costoso legado del sistema privado de pensiones» (Arenas, 1997: 48).

iii) El pago de las pensiones asistenciales, no previsionales, creadas en 1975, que benefician a los inválidos, ancianos (mayores de 65 años), indigentes e indígenas y/o carentes de previsión, que tienen un significativo costo fiscal¹³¹.

iv) El Estado continúa financiando la previsión de las FF.AA., que tiene un importante déficit histórico. Las estimaciones de la Dirección de Presupuesto indican que el déficit previsional militar entre 1981 y 1998 fue de un promedio anual de 1,5 por ciento del PIB.

En síntesis, el impacto de cada uno de estos desembolsos ha causado un déficit previsional total entre 1981 y 1998 que alcanzó a un 5,7 por ciento del PIB, muy superior al que hubo entre 1974 y 1980, que ascendió al 2,4 por ciento del PIB (Arenas, 1999: 7).

Las limitaciones de la reforma previsional no han impedido que las AFP hayan logrado consolidarse como importantes instituciones económicas, especialmente por su contribución al desarrollo del mercado de capitales. Sin embargo, su real capacidad en relación al objetivo directo por el cual fueron creadas —pagar más y mejores pensiones a los trabajadores— podrá ser medido recién cuando comiencen a pagarlas masivamente a los asalariados que hayan cumplido los treinta años de cotización.

Para enfrentar las debilidades del sistema de AFP, en 2008 el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) realizó una reforma previsional, que incorporó un pilar solidario para las personas con bajas cotizaciones, tomó medidas a favor de las mujeres y estableció la cotización de los independientes, además de generar una nueva arquitectura del sistema previsional. La reforma fue un reconocimiento de los problemas que arrastraba el sistema; en 2015, en el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018), una comisión formada por expertos de diferentes sectores propuso nuevas reformas a las AFP. Pero este es tema de otra investigación.

B. La privatización de las empresas eléctricas

La privatización del sistema eléctrico fue una de las reformas económicas más profundas realizadas por el régimen militar, lo cual se explica por varios motivos.

En primer lugar, fue preparada con bastante anticipación, estableciéndose un nuevo marco regulatorio, cuyo objetivo era promover la competencia en la generación de la energía, atender a los derechos de los consumidores y usuarios, promover la competencia y fortalecer los organismos encargados de impulsar y controlar el funcionamiento del sector.

En segundo término, las dos grandes empresas que controlaban el sector, Chilectra y Endesa, fueron divididas para preparar el cambio de propiedad, y así impedir que los monopolios públicos pasaran a ser privados. Sin embargo, este objetivo fue abortado por los impulsores de la privatización eléctrica.

En tercer lugar, se inició un proceso gradual de privatización en la perspectiva de configurar un sistema privado diversificado en distintas empresas generadoras, con el objetivo de que ninguna se convirtiera en dominante del nuevo sistema.

En cuarto término, las empresas privatizadas alcanzaron gran dinamismo, creciendo en tamaño y eficacia, ampliándose a otros negocios, llegando a constituir importantes conglomerados, destacando especialmente el grupo Enersis, que controló Endesa y Chilectra, integradas verticalmente, y el grupo Chilgener (Gener). A comienzos de los noventa se expandió a otros países de América Latina, aprovechando el contexto y las privatizaciones que se estaban efectuando, dentro del mismo sector, llegando a ser importantes operadores en Argentina, Brasil, Colombia y Perú¹³².

El traspaso de las eléctricas a los privados en Chile tiene la enorme debilidad de haber sido hecho con escasa transparencia, debido al sistema decisorio altamente centralizado, que entregó un amplio margen de acción discrecional a los ejecutivos de las empresas públicas, aprovechado por estos, especialmente en Chilectra y Endesa, incurriendo en graves irregularidades legales y éticas¹³³. Ni el ministro de Hacienda de la época, Hernán Büchi, ni las autoridades de Corfo establecieron mecanismos de control de las decisiones de los directivos de las empresas que estaban privatizando. Para lograr el control de la propiedad dispusieron de recursos económicos proporcionados por el «capitalismo popular» y créditos muy ventajosos otorgados por el Banco del Estado. Para asegurar el control de la empresa, se apropiaron de los derechos políticos de los trabajadores, invitados a participar en la privatización, sin entregarles compensación económica. La privatización del sector eléctrico terminó con más concentración que antes, pues surgió un monopolio con integración vertical, con empresas hasta entonces separadas —Chilectra y Endesa—, que obtuvieron un enorme poder económico y político. Esto constituyó un caso excepcional en las privatizaciones en América Latina de convergencia de intereses públicos y privados, explicable por condiciones institucionales del contexto autoritario, lo que, en una democracia, constituiría un claro y grave caso de corrupción.

La preparación del proceso privatizador

A comienzos de los años ochenta, prácticamente el cien por cien de la generación, transmisión y distribución de la electricidad estaba en poder del Estado, a través de Chilectra y Endesa¹³⁴. La primera había surgido en 1921 como empresa privada para la generación y distribución en Santiago¹³⁵, expandiéndose a la V Región, y en la generación, construyendo centrales termoeléctricas, siendo nacionalizada a fines del Gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, y pasando a ser filial de Corfo.

Endesa fue creada como un departamento de Corfo en 1940 y surgió como una empresa autónoma en 1943¹³⁶. Su objetivo consistió en desarrollar la generación y distribución eléctrica en el país. Fue constituida como un monopolio estatal integrado vertical y horizontalmente pues poseía las redes de transmisión para ello. Era una empresa de enorme tamaño, con recursos para, por ejemplo, la construcción de centrales hidroeléctricas. Tenía capacidad dominante de generación en los dos sistemas existentes en el país —el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC), desde Taltal hasta Puerto Montt, en donde vive el 93 por ciento de la población del país—¹³⁷, siendo su participación en este último cercana al 70 por ciento, mientras que Chilectra tenía el 30 por ciento restante. Tenía una poderosa barrera de entrada al sector por las numerosas e importantes concesiones de derechos de aguas para asegurar la construcción de nuevas centrales.

Durante los años setenta, Chilectra y Endesa debieron adaptarse a las nuevas condiciones establecidas por las nuevas autoridades económicas, sin subsidios estatales. Este nuevo marco institucional produjo importantes cambios organizativos y las actividades específicas debieron concentrarse, abandonando otras accesorias, como la construcción de centrales hidroeléctricas en el caso de Endesa.

La privatización del sector eléctrico había sido preparada de antemano por sus complejidades económicas y técnicas (Bernstein, 1995, 1996; Philippi, 1993). Desde fines de los años setenta, en la Comisión Nacional de Energía (CNE), con Bruno Philippi de secretariado ejecutivo y la colaboración de Sebastián Bernstein, se estableció un nuevo marco jurídico y una institucionalidad regulatoria para organizar el funcionamiento del sector al pasar a manos privadas¹³⁸. Se consagró el libre acceso de cualquier generador al sistema eléctrico, con uso abierto del sistema de transmisión y de las redes de distribución mediante el pago de peajes. Incluía un proceso arbitral en caso de discrepancias entre las empresas generadoras y la autoridad, y un sistema de precios libres, pero regulados para los grandes consumidores, debiendo coordinarse las empresas generadoras a través del Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) (Bernstein, 1995: 26)¹³⁹.

El proceso de privatización fue lento, pues fue cuestionado por diversos sectores. Los militares vieron con preocupación el control que tendrían los grupos económicos de un sector estratégico, y los trabajadores temían que el cambio de propiedad les hiciera perder sus puestos de trabajo¹⁴⁰; los altos ejecutivos de Endesa, por último, consideraban que este sector de la economía debía permanecer en manos estatales, como en los países europeos¹⁴¹.

Políticamente, la privatización solo era posible si en forma previa se dividían las dos grandes empresas, Chilectra y Endesa, especialmente esta última. Los militares no iban a permitir que pasara a control de los privados teniendo ese enorme tamaño, que otorgaría a sus adquirentes un considerable poder económico y político. Además, había razones económicas que aconsejaban la división para promover la competencia en la generación y mejorar la eficiencia del nuevo sistema.

La división de Chilectra fue relativamente expedita. Se fraccionó en tres empresas, una recibió la función de generación —Chilgener, con presencia en la Región Metropolitana y la V Región— y dos distribuidoras, una en la Región Metropolitana (Chilectra) y otra en la V Región (Chilquinta).

La división de Endesa fue bastante más compleja por su gran tamaño e importancia en el sistema eléctrico, que incluía más de una docena de centrales hidroeléctricas y térmicas en el país y las líneas de transmisión. Trabajaban en ella centenares de profesionales de alto nivel, imbuidos de un alto espíritu corporativo, que se manifestó, como vimos anteriormente, en la oposición a la propuesta de la CNE de dividir la empresa. Surgieron cinco empresas generadoras, nueve distribuidoras y tres pequeñas integradas en las zonas aisladas (Philippi, 1993: 258) (Cuadro IX-5). La primera venta fue en 1980 por licitación pública e incluyó dos distribuidoras filiales de Endesa, Saesa y Frontel, en el sur del país.

En 1981 se reformaron sus estatutos para adecuarlos a la Ley de Sociedades Anónimas y asumió Hernán Büchi la presidencia del directorio de Endesa, estrechamente relacionado al equipo económico y a los «gremialistas»¹⁴². Este directorio dividió la empresa, lo que en 1983 dio origen a nueve sociedades anónimas integradas a un holding, entre ellas Emel, empresa eléctrica de Melipilla, la primera en ser privatizada por venta a sus trabajadores y que sirvió de modelo a la posterior privatización de la totalidad¹⁴³ (Cuadro IX-5).

Desde 1983 la CNE dio un especial impulso a la privatización de las empresas eléctricas, al permitir que pudieran exigir de sus nuevos clientes aportes financieros para contribuir al financiamiento de las nuevas instalaciones, los que podían ser devueltos en acciones, las que se transaron después en la Bolsa de Comercio. Esta gatilló el comienzo de la privatización de Chilectra.

Personalización y clientelismo en el proceso privatizador: el papel de José Yuraszeck

La falta de transparencia posibilitó a los altos ejecutivos de las empresas públicas convertirse en los socios controladores al pasar al sector privado. Esta situación fue evidente en Chilectra y Endesa, por el liderazgo de José Yuraszeck, uno de los profesionales «gremialistas» reclutados por Miguel Kast en Odeplan, y que en los años noventa fue llamado el «zar de la electricidad» de América Latina.

Yuraszeck ingresó en 1969 a estudiar ingeniería en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile¹⁴⁴. En esos años convulsionados de la reforma universitaria y de luchas políticas entre los grupos de la Unidad Popular y la oposición, participó en organizaciones de derecha que actuaban en su escuela, y colaboró con el movimiento extremista Patria y Libertad. Simpatizó con las posiciones del «gremialismo» y fue admirador de Guzmán, sin adherir a la Juventud del Partido Nacional, la organización de derecha más importante en la Universidad de Chile¹⁴⁵.

Después de recibir su título profesional, en 1978 entró a trabajar a Odeplan para dirigir la Secretaría Regional de Planificación y Coordinación Regional (Serplac) de la XI Región¹⁴⁶. Permaneció dos años en Coyhaique y regresó a Santiago, a comienzos de 1980, cuando Miguel Kast era ministro director, para ser designado jefe de Coordinación Sectorial de Odeplan, ascendiendo rápidamente, pues meses más tarde fue nombrado subdirector regional, el tercer cargo en la institución. Esta función implicaba la dirección de los secretarios regionales y de las 13 regiones del país, que apoyaban a los intendentes, altos oficiales de Ejército¹⁴⁷. Su desempeño eficaz le permitió ser nombrado el segundo hombre de Odeplan, siendo nombrado en 1982 subdirector nacional¹⁴⁸. Este nuevo cargo lo convertía en secretario del Consejo Social de Ministros, donde trabajó en estrecha relación con las principales autoridades del sector, coordinadas por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.

A fines de octubre de 1983 abandonó Odeplan cuando los «gremialistas» perdieron posiciones en este organismo por iniciativa del nuevo ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa¹⁴⁹. Sin embargo, estuvo pocas semanas fuera del sector público. En noviembre fue nombrado por Cáceres gerente general de Chilectra, recibiendo el encargo de impulsar su privatización. Llegó a la dirección de esta empresa como consecuencia de su desempeño político, y contaba, por ende, con la confianza de ambas élites.

Yuraszeck reunió en Chilectra un grupo de ejecutivos, con quienes impulsó la privatización. Entre ellos destacó el anterior gerente general, Marcos Zylberberg, un economista «gremialista» de la Universidad Católica que había modernizado la empresa desde que fuera nombrado en este cargo tres años antes¹⁵⁰. Tenía gran conocimiento de las complejidades de la industria eléctrica y sus necesidades financieras, que se complementaban muy bien con la capacidad política de Yuraszeck.

La privatización de Chilectra, iniciada en 1983 con la decisión de la CNE sobre los aportes reembolsables en acciones, se aceleró cuando la Comisión Clasificadora de Riesgo, el 24 de octubre de 1985, autorizó a los fondos de pensiones a invertir en Chilectra. Así, la Corfo decidió la venta gradual de paquetes de acciones, ofrecidos primeramente a los trabajadores de la empresa, que podían usar el «capitalismo popular» para adquirirlos, sin necesidad de financiamiento, puesto que podían destinar los recursos acumulados en los años de trabajo por concepto de las indemnizaciones por años de servicio. Esta gradualidad permitió a Yuraszeck y Zylberberg persuadir a una amplia mayoría de los trabajadores de Chilectra de comprar estos títulos, manteniendo el control de las adquisiciones. Esta posibilidad explica que los sindicatos no se hayan opuesto al cambio de propiedad, pues sus inquietudes, la estabilidad en el empleo y la conservación de las ventajas económicas después del cambio de propiedad, quedaron resueltas. El acceso a la propiedad de una empresa eficiente y de grandes posibilidades de crecimiento anticipaba importantes ganancias a mediano plazo, como ocurrió (Yuraszeck, 1991: 27).

Como la Corfo impuso límites a cada trabajador sobre el monto de acciones que podían adquirir, Yuraszeck movilizó a los trabajadores de Chilectra a través de la formación de sociedades colectivas¹⁵¹. Con este procedimiento, que rompía el carácter del «capitalismo laboral» al apoyar adquisiciones individuales de trabajadores, los asalariados adquirieron el 18 por ciento de las acciones de Chilectra. Como era un importante paquete de acciones, encontraron financiamiento a través de créditos muy ventajosos del Banco del Estado a favor de otras sociedades creadas, especialmente Inmobiliaria Luz y Fuerza e Inversiones Los Almendros¹⁵². Ambas sociedades pasaron a constituirse en los principales accionistas de Chilectra, con una participación de 10,88 por ciento de su capital cada una de ellas. Un complejo entramado legal hizo posible esta estrategia de poder de los altos ejecutivos para controlar la empresa.

Más tarde, para adquirir un nuevo paquete accionario ofrecido por Corfo, se creó en abril de 1989 una nueva sociedad, Inversiones Luz S.A., a la que se integró un importante porcentaje de los trabajadores. Los recursos provinieron, según relata Yuraszeck, de los aportes de indemnizaciones por años de servicio no utilizados en las anteriores adquisiciones, y con fondos propios aportados por los trabajadores. Los altos ejecutivos dieron un audaz salto en su decisión de controlar Chilectra al asignarse para sí mismos cuatro de los ocho directores que dirigían la sociedad, mientras que los trabajadores, funcionarios subalternos de ellos, tuvieron un número similar¹⁵³. Esta medida fue hecha sin compensaciones económicas a los empleados.

En agosto de 1988, Chilectra se convirtió en la principal filial del holding Enersis S.A. al controlar el 97,668 por ciento de la propiedad de aquella¹⁵⁴. Los presidentes y directores de este holding fueron personeros del régimen militar¹⁵⁵. La privatización, en consecuencia, se terminó inmediatamente antes del plebiscito de 1988¹⁵⁶.

Consolidado el control de Chilectra, Yuraszeck y sus colaboradores iniciaron, a través de Enersis, la adquisición de acciones para conseguir el mismo objetivo en Endesa¹⁵⁷. De esta manera se obtendría una integración vertical de generación, transmisión y distribución, que les proporcionaría un enorme poder económico en el SIC.

Para favorecer su privatización, previamente Corfo reforzó financieramente a Endesa a través de la liberación de su deuda de arrastre transferida al Estado mediante una emisión de acciones por 500 millones de dólares, adquiridas por este, pagando un precio bastante más alto que la cotización promedio en el mercado. Así se rebajó sustancialmente el coeficiente deuda/patrimonio, de 2,61 a 0,77 (Meller, 1996: 271) y hubo «una sustantiva transferencia de capital de Corfo a Endesa, por lo cual sus acciones se hicieron evidentemente más atractivas a los potenciales compradores privados» (Marcel, 1989: 37).

El cambio de propiedad comenzó en el invierno de 1987, en un momento de incertidumbre política, pues se iniciaban los preparativos para el plebiscito y, por ende, cuando eran las peores condiciones para atraer a inversionistas extranjeros. Era notoria la decisión de las autoridades de Hacienda y la Corfo de que la propiedad quedara en manos chilenas, aunque sin prever que sería controlada por sus altos ejecutivos. El 16 de julio de 1987, el Consejo de Corfo resolvió vender el 15 por ciento de la propiedad de Endesa, ofreciendo primero las acciones a sus trabajadores a un mejor precio del que se fijaría después para la venta al público, recomendándoles hacer uso del «capitalismo popular», recurriendo a los fondos acumulados por las indemnizaciones por años de servicio.

La privatización de Endesa prosiguió después de la derrota de Pinochet en el plebiscito, pues era decisión de las autoridades económicas concluirla antes del cambio de régimen político, previéndose un triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales y parlamentarias que debían celebrarse en 1989. Los Chicago boys temían que un gobierno democrático encabezado por la oposición decidiera detener el traspaso de propiedad. Al 31 de diciembre de 1988, la estructura de la propiedad de la empresa era la siguiente: Corfo (46,19 por ciento), AFP (20,69 por ciento), trabajadores de la empresa (4,30 por ciento) y otros accionistas (28,82 por ciento)¹⁵⁸. Un año más tarde, después de la elección presidencial de diciembre de 1989, en que se impuso ampliamente el abanderado de la Concertación, el presidente del PDC, Patricio Aylwin, la Corfo había reducido sustancialmente su participación en la propiedad al 7,07 por ciento. Las acciones fueron adquiridas en gran medida a través de la Inmobiliaria Manso de Velasco, formada por Yuraszeck y sus colaboradores, lo cual les permitió aumentar el control de Enersis y Endesa¹⁵⁹.

Yuraszeck consiguió fortalecer la posición de Endesa en el SIC con motivo de la privatización de la central hidroeléctrica Pehuenche. En una licitación pública realizada a fines de 1988, la Corfo adjudicó esta importante generadora a Endesa, perdiendo la licitación la otra empresa interviniente, Chilgener, que tenía una participación menor en la capacidad generadora del SIC¹⁶⁰.

La estrategia de control de Chilectra y Endesa fue favorecida por el papel de las AFP, que aportaron los recursos económicos para adquirir una considerable parte del capital. En efecto, estas concentraron sus inversiones en las empresas eléctricas que se estaban privatizando, lo que produjo una estrecha relación entre el éxito de las empresas eléctricas y la rentabilidad de los fondos de pensiones. La preferencia de las AFP por las empresas eléctricas alcanzó su momento peak durante la democracia en 1991, en que el 30,38 por ciento de las acciones adquiridas por los fondos de pensiones estaba en las empresas eléctricas, y de este, un 7,24 por ciento invertido en Endesa¹⁶¹.

En consecuencia, la privatización del sector eléctrico implicó un empeoramiento de las condiciones institucionales prevalecientes en el pasado. Se agravó la estructura monopólica en la generación y distribución, pues el control de Chilectra y Endesa por el grupo Enersis, a través de una integración vertical, le proporcionó un enorme poder económico y político¹⁶².

La singularidad de esta privatización eléctrica fue que Yuraszeck y sus colaboradores recurrieron a la participación de los trabajadores. Es comprensible que un alto porcentaje de los empleados aceptara la invitación del gerente general de Chilectra a participar en la adquisición de las acciones que se fueran emitiendo por orden de Corfo en el marco del proceso gradual de privatización. Sin embargo, Yuraszeck fue bastante más lejos que en las demás privatizaciones del capitalismo popular, pues estableció por vía jurídica un sistema de gobierno en Chilectra y Enersis que le permitió adquirir el control de las sociedades accionistas sin necesidad de tener los enormes recursos económicos que habría demandado un procedimiento efectuado correctamente, en forma legal y ética.

El procedimiento utilizado fue apropiarse de los derechos políticos de los directores de las sociedades, sin ninguna compensación económica a los accionistas, que eran los trabajadores. Solo se dio un argumento de autoridad: la supuesta necesidad de contar con personal especializado en su dirección. Yurasezcek explica esto en un folleto de difusión preparado en 1991, cuando estaba empeñado en una audaz política de crecimiento de Enersis en América Latina:

Dado que las decisiones a adoptar por estas sociedades, tanto en ese momento como en el futuro, requerían un alto grado de especialización en aspectos jurídicos, financieros y eléctricos, entre otros, se decidió que su administración estuviera formada por personas especialistas en estas materias. Consecuentemente se estableció que la administración de ambas sociedades, de acuerdo a los estatutos, correspondiera a dos consejeros de la administración integrados por empleados de la compañía expertos en las materias señaladas (Yuraszeck, 1991: 24).

En las sociedades se establecieron dos tipos de acciones, las de clase A, correspondientes a la propiedad, y las de clase B, que tenían los derechos políticos y fueron adquiridas por los altos ejecutivos. Esta división constituyó en la práctica una forma de expropiación de los derechos de los trabajadores, quienes no tuvieron información suficiente para medir las implicancias futuras de este tecnicismo jurídico¹⁶³.

Este control fue posible también por el contexto internacional de fines de los años ochenta, que impidió la intervención de operadores extranjeros. En el caso de los EE.UU., las empresas eléctricas no tenían autorización para invertir en el exterior y las de Europa estaban todavía bajo la propiedad del Estado y no podían invertir fuera del respectivo país¹⁶⁴.

El déficit de legitimidad de origen fue neutralizado por los nuevos controladores mediante una intensa labor de publicidad en los medios sobre el desempeño de las empresas y una cuidadosa relación con parlamentarios y funcionarios de los gobiernos de la democracia. Esta política se intensificó entre 1994 y 1997 para impedir que la Comisión Resolutiva Antimonopolios aprobara el requerimiento presentado en 1994 por la Fiscalía Nacional Económica en contra de Chilectra, Endesa y Enersis por la integración vertical, acusándolos de atentar contra la libre competencia¹⁶⁵. Con una defensa legal de destacados abogados, el grupo Enersis consiguió que los requerimientos fueran rechazados en 1997, con lo que pudieron acelerar las negociaciones para vender el control del holding a Endesa España, que se proponía una fuerte expansión en América Latina. Los inversionistas españoles debieron pagar una alta suma porque Yuraszeck y sus colaboradores tenían los derechos políticos que les permitían el control, lo que elevó el valor de estas acciones, que debieron ser adquiridas a un altísimo precio, de 256 millones de dólares, correspondiente al 51 por ciento de las acciones de las clase B (Raineri, 1999: 134). Esta venta fue negociada sin conocimiento del directorio, donde estaban las AFP, infringiendo la legislación sobre uso de información privilegiada y otras irregularidades, pues se estaban negociando sus propios derechos¹⁶⁶. Este proceder les acarreó una sanción por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y una querella del Consejo de Defensa del Estado¹⁶⁷.

Yuraszeck presentó la venta de Enersis a Endesa España, recientemente privatizada por el Gobierno de centro-derecha de José María Aznar (1996-2004), como «el acuerdo del siglo», pero pronto fue llamado «el escándalo del siglo». Aunque inicialmente no fue claro para los chilenos, después fue notorio que el acuerdo con los españoles violaba las normas de regulación del gobierno de las sociedades anónimas. A través de las resoluciones del 21 de noviembre y 17 de diciembre de 1997, la SVS impuso las multas más altas en la historia de Chile, un total de UF 2.220.000 a los seis más altos ejecutivos de Enersis, por conflicto de interés, uso de información confidencial y esconder información a los demás directores y accionistas, que incluía a las AFP. Los ejecutivos eran: José Yuraszeck, Marcos Zylberberg, Marcelo Brito, Arsenio Molina, Eduardo Gardella y Luis Fernando Mackenna.

Estos recurrieron a la justicia y contrataron a los principales abogados del país, argumentando que la decisión de la SVS era ilegal. Ganaron en primera instancia, pero perdieron en la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema confirmó esta sentencia en un fallo de 7 de junio de 2005, ratificando las multas, que ascendían a 56 millones de dólares más intereses. Cinco de los seis sancionados pagaron la multa¹⁶⁸, negociando con el Gobierno el pago del monto de los intereses, que se les rebajó al 40 por ciento, como se suele hacer en esas situaciones, para evitar un juicio, que habría demorado el cobro de los intereses. Al final, los cinco ejecutivos pagaron 49 millones de dólares¹⁶⁹.

El fallo de la Corte Suprema golpeó duramente a Yuraszeck, que vio afectado su prestigio y de nada le sirvió el apoyo de un numeroso grupo de abogados que lo defendió. Esto no detuvo su interés de actuar en política, como militante de la UDI. Fue miembro del comité político de la UDI y se involucró en la campaña parlamentaria de 2001. Luego mostró interés por buscar un puesto en el Senado por la circunscripción de Antofagasta, que luego abandonó¹⁷⁰. Su gran popularidad le permitió ser elegido por el consejo general de la colectividad en mayo de 2004 para integrar su comisión política, logrando la segunda más alta votación entre los quince integrantes de este gremio.

CAPÍTULO X

LA CRISIS ECONÓMICA DE 1982-1983Y LA POLÍTICA DE LA APERTURA

Los límites de la ingeniería política

Hemos dicho que los nuevos gobernantes decidieron tempranamente establecer un régimen autoritario fijándose «metas y no plazos», para tener una larga vida que les permitiera realizar una profunda transformación de las bases de la política y la economía, en la perspectiva de instaurar un orden político distinto a la democracia existente en el mundo occidental. Este régimen se caracterizaría por la tutela militar y el pluralismo limitado, y sería conocido como democracia protegida y autoritaria, que fue anunciada por el general Pinochet en el discurso de Chacarillas, en 1977, redactado por Jaime Guzmán. Esta se establecería siguiendo una estrategia de legitimación múltiple —histórica, legal-constitucional y basada en el éxito económico— y se consagró institucionalmente en la Constitución de 1980, aprobada en el plebiscito del 11 de septiembre de ese año. Los principales promotores de este nuevo orden político fueron los «gremialistas», quienes valoraron la contienda electoral de 1980 porque produjo el cambio de «un Gobierno militar [a] un Gobierno constitucional y predemocrático»¹. Diversos editoriales de Realidad —revista publicada por este grupo de poder entre 1979 y 1983— escritos por Jaime Guzmán desplegaron las ideas que justificaban este desarrollo político. Se preveía que el despegue de la economía permitiría superar los problemas del subdesarrollo y daría una legitimación por la eficacia a este tipo de Gobierno, el que avanzaría gradualmente hacia la instauración de la democracia limitada, prevista para fines de la década del ochenta. Las reformas económicas y políticas se mantendrían después de que las Fuerzas Armadas regresaran a sus cuarteles, una vez alcanzadas las «metas». Las ideas políticas del «gremialismo» se unían así estrechamente con las propuestas económicas de los Chicago boys.

La Constitución de 1980 estableció la arquitectura institucional del orden futuro y una transición para instaurarlo, que comenzaba con su promulgación, el 11 de marzo de 1981. En efecto, sus artículos transitorios establecieron asimismo que, luego de ser promulgada, se iniciaba una transición, con la construcción de las nuevas instituciones, la que debía concluir con el triunfo del general Pinochet en el plebiscito de 1988 y con la elección del Congreso Nacional en 1989, en donde los grupos que apoyaron a los militares serían amplia mayoría². El buen desempeño de la economía³ entregaría beneficios materiales a gran parte de la población, creando un clima favorable para triunfar en el plebiscito. En esos ocho años, los civiles tendrían una mayor participación en el Gobierno y los militares podrían retirarse gradualmente de los cargos de administración pública, permitiendo a los primeros y, particularmente al «gremialismo», consolidar una posición dominante para constituirse en el principal partido que enfrentaría las elecciones parlamentarias de 1989.

La transición mantuvo el receso político establecido desde el golpe de Estado para impedir que la oposición se organizara con anticipación para enfrentar al general Pinochet en el plebiscito⁴, el que solo cesaría muy poco antes de la contienda electoral, pues, de lo contrario, se produciría «una efervescencia prematura, incompatible con el adecuado funcionamiento de un Gobierno militar y, por ende, perjudicial para el desarrollo de la tarea que el país requiere de él, y que este se ha propuesto»⁵. La oposición debía acatar el orden institucional y reconocer la autoridad del general Pinochet y del Gobierno; de lo contrario, debía asumir los costos de su propia actuación⁶. De ahí la justificación de mantener las facultades presidenciales de los años setenta, incluido el exilio, consagrado en el artículo 24 transitorio de la Constitución, el que se podía aplicar por decisión administrativa cuando se viera amenazado el orden público. Guzmán justificó la mantención de dicha disposición por constituir «una norma necesaria para permitir que el Gobierno militar impere, dentro de algún marco jurídico, por amplio o fluido que este sea»⁷.

Sin embargo, los supuestos de consolidación del autoritarismo a través de una construcción institucional y de éxito económico no se dieron. Diversos factores lo impedirían, demostrando los límites de la ingeniería política en un país con una larga tradición democrática y con partidos políticos organizados.

El general Pinochet interpretó el resultado del plebiscito de 1980 como un triunfo personal que había fortalecido su autoridad, pues se convirtió en un presidente constitucional elegido por el pueblo.

Tampoco se produjo el retraimiento de los militares porque el general Pinochet no lo promovió, siendo destinados por este a combatir al terrorismo; esto se tradujo en el endurecimiento de la CNI que, desde su creación en 1977, había mantenido una actitud más prudente que la DINA, y en la intervención de Carabineros en esta lucha, a través de una organización secreta, creada a espaldas del Gobierno y la CNI, la Dicomcar.

El optimismo sobre el éxito económico se vio frustrado por la grave crisis financiera de 1982-1983, que gatilló una fuerte turbulencia política y obligó al régimen a hacer concesiones, que implicaron, en la práctica, el fin del receso político.

Por último, la oposición mostró contar con un considerable grado de organización, movilizando a una parte del país en contra del Gobierno. Los civiles que apoyaban al régimen se enfrentaron en una intensa lucha de poder, fragmentándose la coalición gobernante, la que, hasta ese momento, había mostrado una gran cohesión.

Además, el escenario internacional cambió en forma radical, con la expansión de los procesos de democratización en América Latina y Europa del Este. El régimen de Pinochet se convirtió en la última expresión de las dictaduras de la posguerra. Cada uno de estos desarrollos complicó la transición, haciendo abortar la institucionalización de la democracia protegida y autoritaria, reafirmándose de esta manera el carácter del régimen, marcado por una alta personalización del poder en Pinochet⁸.

El fortalecimiento de la personalización del poder en Pinochet

El primer cambio no previsto por los «gremialistas» fue la interpretación que dio el general Pinochet al plebiscito de 1980: para él fue la elección que lo consagró como presidente constitucional y que, además, aprobó una Carta Fundamental que lo situaba ahora con más poder que antes en el centro del sistema político. La máxima expresión del esfuerzo por institucionalizar el orden político terminó creando la situación opuesta: una alta personalización del poder. El dictador no se adaptó al nuevo escenario institucional, manteniendo el estilo confrontacional con la oposición y de desconfianza hacia sus colaboradores civiles, incluso los que lo habían apoyado para llegar a tener una autoridad apoyada en una nueva Constitución, como fue el «gremialismo».

Pinochet expresó simbólicamente este cambio de estatus a jefe de Estado cuando trasladó sus oficinas desde el edificio Diego Portales, donde tenía su sede la Junta de Gobierno y los ministerios del Interior y Secretaría General de Gobierno, al Palacio de La Moneda. Con ello no solo se identificaba con la tradición histórica de los presidentes, sino que también marcaba una diferencia con la Junta de Gobierno y el Ministerio del Interior, cuyo titular era el «gremialista» Sergio Fernández, quien vio disminuido su poder⁹. La manifestación más explícita de que Pinochet creía tener más poder que antes fue su decisión de construirse una fastuosa residencia, hecho que correspondía más bien al estilo de las dictaduras sultanísticas que a la moderación que caracterizó a los residentes del Palacio de La Moneda¹⁰.

Esta nueva realidad se manifestó en el estilo decisorio de Pinochet, cuyas actividades comenzaron a ser coordinadas por los militares del Estado Mayor Presidencial y estuvieron rodeadas de un cuidadoso protocolo destinado a realzar su autoridad. Este cambio ha sido muy bien descrito:

El trato fluido y directo que existía en el Diego Portales fue sustituido por un severo ceremonial militar. El protocolo del mando apareció con una fuerza hasta entonces inédita. Ningún funcionario, ni aun ministro, podía llegar sin audiencia previa; ningún subsecretario seguiría con la rutina de acompañar al presidente mientras firmaba los cuerpos legislativos; ahora esos documentos entrarían a la silenciosa y reservada cadena de la Casa Militar y el Estado Mayor Presidencial: ninguna reunión se improvisaría, nada ocurriría por azar. Los funcionarios de alto rango que vieron el cambio recuerdan que en menos de 48 horas el presidente se volvió inalcanzable (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 341).

El nuevo lugar de trabajo del jefe de Estado facilitó sus relaciones con diversas personalidades, algunas de las cuales no solo no participaban del Gobierno, sino que eran críticas de la gestión de ciertos ministros. Estas reuniones generaban inseguridad entre los jefes de gabinete, pues no sabían quién era la última persona que influía en la toma de decisiones, existiendo en el hecho «asesorías paralelas» que debilitaban su autoridad¹¹. Pinochet intensificó sus contactos con personas que pertenecían al sector de «los duros»¹², que le reiteraban la necesidad de mantener el fuerte componente castrense del régimen y advertían sobre las ambiciones del «gremialismo». Guzmán había vivido en constante conflicto con «los duros», a quienes calificaba negativamente como «fascistas» y «corporativistas», por oponerse a la política económica y a la institucionalización del régimen, tal como la oposición¹³.

Pinochet se encargó de notificar rápidamente a la oposición del aumento de su poder y que no daría un mayor espacio a la oposición, actuando contra el PDC, la principal colectividad opositora en la campaña del plebiscito. A comienzos de octubre de 1980 prohibió el regreso al país de su presidente, Andrés Zaldívar¹⁴. Con ello advertía que nadie podía sentirse libre de la acción gubernativa, ni siquiera el ex presidente Eduardo Frei Montalva.

También se tomaron medidas en contra de Manuel Bustos (DC) y Alamiro Guzmán (PC), dos de los principales dirigentes de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), organismo surgido de la cooperación política entre dirigentes de la DC y los partidos de izquierda, incluidos los comunistas. El ministro del Trabajo, el «gremialista» Miguel Kast, tenía una decidida postura en contra del PDC y concordó con la decisión de Pinochet de expulsarlos del país, rechazando la recomendación de José Piñera, ministro de Minería y ex ministro del Trabajo, quien antes había convencido a Pinochet del daño que produciría la medida a la imagen internacional del Gobierno. Sin embargo, este no toleró que se constituyera un organismo en defensa de la CNS, y el 11 de agosto de 1981 expulsó del país a Bustos y a Guzmán, junto a dos destacados políticos de la oposición democrática, Jaime Castillo Velasco, histórico dirigente del PDC, anteriormente expulsado en 1976 y a quien se le había permitido el reingreso, y Carlos Briones, un distinguido abogado socialista, el último ministro del Interior de la democracia, por haber emitido una declaración de apoyo a la nueva organización sindical¹⁵.

La importancia del movimiento sindical para la estabilidad del modelo económico empujó al Gobierno, con el apoyo del «gremialismo», a tomar medidas para desmantelar la CNS, recurriendo a mecanismos legales y a la coerción. En esta iniciativa participó activamente la Secretaría Nacional de los Gremios, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, de la cual Jovino Novoa, un histórico del «gremialismo», era subsecretario, controlada por sindicalistas vinculados a «los duros» y a los servicios de seguridad. Sus actividades se orientaron a neutralizar al principal dirigente sindical de ese momento, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, vinculado al Partido Radical, que llevaba a cabo diversas reuniones con dirigentes sindicales y de los partidos, incluido el ex presidente Eduardo Frei Montalva, para constituir una instancia unitaria de la oposición. Jiménez tenía gran prestigio en la oposición, con una trayectoria gremial muy exitosa en cuanto a conseguir la unificación del heterogéneo movimiento sindical en contra del régimen.

Las acciones en contra de la CNS culminaron con el asesinato de Jiménez a comienzos de febrero de 1982, a manos de personas vinculadas al Ejército¹⁶. El régimen, en vez de avanzar hacia una creciente liberalización, se endurecía, sin vacilar frente a los costos humanos. Estas iniciativas de la DINE (Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército) también pudieron haber abarcado acciones contra el ex presidente Frei Montalva, que falleció algunas semanas después luego de una operación efectuada en una clínica de Santiago, como consecuencia de la intervención de terceras personas, que lo habrían envenenado.

Los conflictos entre los organismos de seguridad

Una de las preocupaciones del «gremialismo» era poner límites a los servicios de seguridad y disminuir el uso de medidas coercitivas para evitar excesos que provocaran problemas políticos. La eliminación de la DINA, su sustitución por la CNI en 1977 y el posterior alejamiento del general Manuel Contreras fueron medidas en esa dirección. Estos cambios posibilitaron una disminución del número de muertos por la coerción. Sin embargo, no se previó la resistencia de Contreras y la enorme influencia que mantuvo entre los agentes de la CNI que habían trabajado con él en la DINA, con quienes se empeñó en hacer fracasar a la nueva entidad. El ministro del Interior no tenía autoridad sobre la CNI, que dependía del general Pinochet¹⁷. Su director era el general en retiro Odlanier Mena, un oficial de Inteligencia adversario de Contreras por haber criticado los métodos usados por la DINA¹⁸.

Las acciones de Contreras en contra del general (R) Mena se intensificaron por la reaparición del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desmantelado en 1974-1976 por la DINA. Este grupo había logrado reorganizarse en el exterior, consiguiendo que decenas de sus miembros recibieran entrenamiento militar. Muchos de estos eran jóvenes comunistas que desertaron del partido, desilusionados de que este no hubiera optado por la vía armada (Bascuñán, 1990: 47-48). Desde 1978 había iniciado una cuidadosa «operación retorno» de sus combatientes, no detectada por la CNI, la que solo se enteró cuando este grupo comenzó a realizar acciones de violencia para recabar fondos e impactar a la opinión pública¹⁹.

La acción más espectacular del MIR tuvo lugar el 15 de julio de 1980, cuando el régimen se preparaba para aprobar la Constitución Política, y consistió en el asesinato del director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, coronel Roger Vergara. Este golpe puso de manifiesto las debilidades de los servicios de seguridad. El atentado sirvió de pretexto a Contreras para cuestionar ácidamente al director de la CNI²⁰. Este último reaccionó filtrando a la prensa información que perjudicaba a Contreras, referida a irregularidades tributarias. El escalamiento del conflicto entre ambos militares llevó a Pinochet a sacar a Mena, nombrando al general Humberto Gordon como nuevo director de la CNI. Este había sido edecán del presidente Frei y tenía buenas relaciones con ambos generales, por lo que se esperaba podría controlar la situación interna de la CNI²¹.

Fue breve el período en que la CNI tuvo un comportamiento represivo distinto al de la DINA, que se tradujo en la disminución de los muertos entre 1977 y 1980. Rápidamente volvió a los métodos característicos de la DINA. Una de sus preocupaciones fue actuar contra universitarios²².

En este contexto de violencia entre el MIR y la CNI²³ fue cuando, a comienzos de marzo de 1981, un hecho delictual demostró que los servicios de seguridad escapaban al control del Gobierno. Se produjo un cuantioso robo a una sucursal bancaria en Chuquicamata, inicialmente atribuido a personal de esta, comprobándose al poco tiempo que fue realizado por miembros de la CNI²⁴.

Esta, además, no tuvo éxito en sus acciones contra el MIR, que continuó con asaltos a bancos y ampliando su violencia en contra de Carabineros²⁵. Estos hechos confirmaban las acusaciones de «los duros» respecto a los inconvenientes de la liberalización política y a la necesidad de ejercer el poder con firmeza. El argumento cobró mayor fuerza cuando fue descubierto en el sur un campamento guerrillero de esta organización, con militantes del MIR entrenados en Cuba. Estos se enfrentaron con efectivos del Ejército, del cual escaparon algunos, que serían seguidos hasta su detención y muerte, incluyendo el líder del grupo (Pinto, 2006: 190-191) y siete guerrilleros entre el 13 y el 21 de septiembre de 1982. Sin embargo, el MIR prosiguió con sus acciones violentas: a comienzos de noviembre atacó la residencia del presidente de la Corte Suprema y luego la escolta del jefe del Estado Mayor Presidencial, general Santiago Sinclair, con el saldo de tres muertos (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: Capítulo 33). El 30 de agosto de 1983 realizó el acto terrorista más espectacular, que costó la vida al intendente de Santiago, mayor general (R) Carol Urzúa. Esto ocurría al comienzo de la apertura, cuando el Gobierno buscaba controlar la grave coyuntura gatillada por la crisis económica mediante una liberalización política. Sin embargo, la ofensiva terrorista era funcional al estilo del general Pinochet, porque le permitía mantener su discurso agresivo en contra del marxismo.

La crisis económica y las debilidades de la legitimación por la eficacia

La decisión del general Pinochet de encarar la ofensiva del MIR con la lógica de la guerra implicó un profundo cambio político, que restó espacio al ministro del Interior, Sergio Fernández, nombrado en el cambio de gabinete de abril de 1978, quien se esforzaba por impulsar la transición en la perspectiva de lograr cierta institucionalización del poder. La crisis económica, por otro lado, había debilitado la confianza que el general Pinochet había depositado en los Chicago boys, puesto que el equipo económico, bajo la dirección del titular de Hacienda, Sergio de Castro, ofrecía soluciones radicales, como disminuir las remuneraciones de la administración pública en un 12-13 por ciento, incluido el personal de las FF.AA. (Arancibia Clavel y Balart Páez, 2007: 380), iniciativa que los uniformados no podían aceptar²⁶. Los militares analizaban con preocupación el estado de la economía, y en el Estado Mayor Presidencial se preveían tensiones sociales por acción de los cesantes, que serían aprovechadas por la oposición.

Fernández hizo el último esfuerzo por impulsar la transición. A comienzos de abril de 1982 presentó a Pinochet un plan político y económico, diseñado con la ayuda de Sergio de Castro, que contemplaba la preparación de las leyes políticas para impulsar el proceso de institucionalización establecido en la Constitución y una reforma administrativa, con la supresión de algunos ministerios; en el plano económico, proponía la profundización de las reformas, con énfasis en la privatización de las empresas públicas²⁷.

Pinochet se opuso a impulsar el plan, estimando que el camino seguido era el correcto. La prioridad era la lucha contra el terrorismo, que requería de la fuerza y no de recursos políticos. Esto constituyó el anuncio a Fernández de que su permanencia en el gabinete había llegado a su fin, por lo que renunció. Pinochet aprovechó la ocasión para sacar a De Castro, blanco de las críticas de los partidarios del régimen²⁸. Días antes, el ex presidente Jorge Alessandri lo había cuestionado públicamente en la junta de accionistas de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, cuando fustigó duramente al equipo económico. De Castro estimaba que el Gobierno no debía intervenir porque la crisis la resolvería el mercado, y las dificultades de empresas y bancos eran de responsabilidad de privados. El líder de los Chicago boys restaba importancia al creciente descontento de la población y el activismo opositor porque entendía que podían ser controlados por los militares²⁹.

El modelo económico mostró las debilidades que habían advertido los economistas de oposición³⁰. La política antiinflacionaria giró en torno a un dólar fijo de 39 pesos que se mantuvo desde junio de 1979 hasta mediados de 1982, lo que provocó que el tipo de cambio real tuviera una pérdida de un tercio de su poder adquisitivo. Esta política fue acompañada de un intenso endeudamiento externo, cuyos recursos fueron destinados en buena medida al consumo, duplicando en solo tres años la deuda externa³¹. Las exportaciones perdieron dinamismo y retrocedieron en 1981-1982, con un déficit de la cuenta comercial que alcanzó al 13 por ciento del PIB, mientras en 1981 el de cuenta corriente llegó al 21 por ciento del PIB. De Castro no creyó que se produciría una crisis cambiaria porque había superávit fiscal y el endeudamiento era privado; grave error técnico y político. Las facilidades para conseguir créditos nuevos se evaporaron y hubo necesidad de recursos frescos para pagar los intereses y amortizaciones y cubrir el déficit de cuenta corriente. El pago neto de intereses se multiplicó por cuatro entre 1978 y 1983, alcanzando al 7 por ciento del PIB, la deuda de corto plazo aumentó, duplicando su participación a un 20 por ciento de la deuda total en 1981 (13 por ciento del PIB), los compromisos de amortización de la deuda privada crecían aceleradamente y las proyecciones mostraban que se triplicarían entre 1981 y 1985 (Ffrench-Davis, 1999: 190).

Los Chicago boys habían logrado un «milagro económico» con pies de barro: sobreendeudamiento, un sistema productivo debilitado, desempleo alto y los ingresos de los trabajadores no habían mejorado. Como el país venía saliendo de la recesión de 1975, pudieron mostrar «éxitos» en comparación con aquel año, resultados positivos que se mantuvieron hasta 1980. Movidos por una visión ideológica de la economía, enceguecidos por algunos indicadores positivos y viviendo en un círculo cerrado incapaz de percibir las debilidades, el hasta entonces prestigioso De Castro y su equipo llevaron al país, en menos de una década, a la segunda mayor recesión en el siglo XX, la más intensa de América Latina, que significó una caída del PIB de –14,5 por ciento en 1982-1983.

Las figuras emblemáticas de los dos grupos de poder que dominaron la política oficial desde 1978, el «gremialista» Fernández y el Chicago boy De Castro, fueron alejados del Gobierno en el cambio de gabinete del 22 de abril de 1982. Pinochet no incorporó a «los duros», sino que optó por la continuidad³². Esto se justificaba porque el centro decisorio de la ofensiva contra el terrorismo estaba en la Presidencia y no en el Ministerio del Interior. Como nuevo titular de esta cartera fue nombrado su subsecretario, Enrique Montero, un abogado de la Fuerza Aérea, sin experiencia política y de poco carácter. Como nuevo ministro de Hacienda nombró al economista Sergio de la Cuadra, un estrecho colaborador de Sergio de Castro, y un militar asumió la cartera de Economía, el general Luis Danús, que antes había sido ministro director de Odeplan, siendo sucedido por el general Gastón Frez, que había tenido antes roces con De Castro. Estos cambios reflejaron el retroceso de los Chicago boys, pues Danús y Frez pertenecían a los asesores económicos castrenses de Pinochet pertenecientes al COAJ.

Sin embargo, ninguno de los nuevos ministros tenía la habilidad requerida para enfrentar un momento de crisis. Montero no pudo dar una conducción política al Gobierno en un escenario muy complicado, con mayor activismo opositor. De la Cuadra, un académico que colaboraba con el presidente del Banco Central, sin experiencia política e imaginación para impulsar la economía, optó por la continuidad de la política neoliberal, sin admitir que estaba en crisis. Para salvar la imagen de los Chicago boys ante el abandono de uno de los símbolos del modelo, el dólar fijo, Pinochet encargó al general Danús dar a conocer la devaluación, quien apareció en los canales de televisión, de uniforme, presentando este drástico cambio de la política económica. La medida agravó la situación de las empresas por el sobreendeudamiento.

La disminución de la confianza en los Chicago boys empujó al general Pinochet a una rotativa ministerial en un esfuerzo para encontrar un nuevo liderazgo económico. Las repercusiones de la devaluación gatillaron la salida de Sergio de la Cuadra, reemplazado en agosto de 1982 por otro Chicago boy, Rolf Lüders, un alto ejecutivo del grupo Vial, que tenía conflicto de interés en la crisis, pues esta había sido acentuada por el sobreendeudamiento de los grupos económicos. Lüders recibió plenos poderes para combatir la crisis, asumiendo además la cartera de Economía, pero tampoco pudo controlar la situación. El 13 de enero de 1983 ordenó la intervención de cinco bancos y algunas instituciones financieras y debió destinar una gran cantidad de recursos para contener los efectos de la crisis³³. Fue reemplazado por el economista neoliberal Carlos Cáceres, quien había estado con «los duros» en el debate constitucional en 1979-1980, y en Economía, Pinochet nombró a su amigo y empresario Manuel Martín. Este último solo permaneció algunos meses, siendo sucedido, en agosto de 1983, por el ingeniero Modesto Collados, un ex ministro de Frei Montalva vinculado a la Cámara Chilena de la Construcción.

En abril de 1984 sacó a Cáceres y nombró en su reemplazo a Luis Escobar Cerda, ex ministro de Economía en el Gobierno de Jorge Alessandri (1961-1963), su quinto ministro de Hacienda en dos años. Escobar, el primer titular de esta cartera que no era Chicago boy, había trabajado en los últimos años en Washington D.C. y tenía muy buenas relaciones con los organismos internacionales, especialmente con el Fondo Monetario Internacional, cuyo apoyo era determinante para recibir ayuda financiera y enfrentar la recesión³⁴. Sin embargo, las críticas e intrigas del «gremialismo» afectaron su imagen ante Pinochet y este, en febrero de 1985, lo cambió por el ingeniero Hernán Büchi, a quien conocía bien porque había ocupado diversos cargos de confianza desde 1975³⁵.

Clientelismo político y crisis económica

La historia oficial del régimen militar atribuye las reformas económicas al equipo dirigido por De Castro en los años setenta y por Büchi en los ochenta, y la crisis de 1982-1983 a causas externas y no a errores cometidos por los Chicago boys. Sin embargo, la crisis se explicaba por factores externos, las debilidades del modelo económico y por la rigidez de sus principales conductores, quienes confiaron que el mercado resolvería los problemas. Pensaron, además, que los militares reprimirían las protestas de los trabajadores con similar energía que la usada en los inicios de la administración.

Los uniformados, empero, eran sensibles a la desocupación y descontento ciudadano. La fuerte caída de la economía provocó un brusco aumento de la cesantía e impulsó la protesta ciudadana, confirmando los temores castrenses. En 1982, el PGB cayó a –14,5 por ciento, con tasas negativas aún peores en la industria y en la construcción, –21,1 y –23,4 por ciento. El desempleo reconocido en 1982 fue del 19,6 por ciento, siendo muy superior si se consideran los programas de empleo de emergencia, el Programa de Empleo Mínimo (PEM) y el Programa de Empleo para Jefes de Hogar (POJH), llegando al 26,1 por ciento y en 1983 subió al 26,4 por ciento (31,3 por ciento, si se incluyen el PEM y el POJH) (Meller, 1996: 198).

Preocupado de que la cesantía debilitara su apoyo, el Gobierno impulsó una activa política de empleo comunitario. A partir de agosto de 1982 destinó mayores recursos a este problema, especialmente en la Región Metropolitana, donde la crisis económica era más visible³⁶. De 43.500 personas enroladas entonces en el PEM llegó a 54.800 en septiembre y a 69.500 en diciembre. También incrementaron los recursos del POJH, saltando en dos meses de 15.600 personas contratadas a 43.700. El crecimiento de ambos programas continuó durante 1983 y en mayo de ese año había medio millón de personas en el PEM y 132.449 en el POJH. Se estima que en julio, de la población económica activa de la Región Metropolitana, el 15 por ciento estaba en alguno de estos dos programas³⁷.

Sin embargo, estos planes aplicados por las municipalidades no lograron detener el creciente malestar de los trabajadores. Por el contrario, los del PEM y POJH comenzaron a plegarse a las protestas. El 11 de mayo de 1983, la poderosa Confederación de Trabajadores del Cobre convocó a la primera movilización nacional en contra del Gobierno, que fue bastante exitosa. Por primera vez, el régimen militar encaró una manifestación en su contra respaldada por amplios sectores de la población. Los militares no permanecieron inmóviles y recurrieron a una medida drástica para frenar las protestas: disminuyeron los recursos para financiar los programas de empleo comunitario, con el fin de castigar a los trabajadores que se movilizaban contra el Gobierno³⁸.

Ese mayo, cuando tuvo lugar la primera protesta opositora, fue el momento con mayor cantidad de personas empleadas en el PEM (396.277). En septiembre de 1983, cuando ya se habían efectuado otras tres protestas, este número bajó (309.670), en diciembre siguió cayendo (263.763) y en febrero de 1984 cayó aún más (175.790). La disminución más drástica de trabajadores del PEM tuvo lugar en la Región Metropolitana, donde las protestas fueron mucho más enérgicas que en otras regiones: de 67.160 contratados en enero de 1984 se bajó a 8.198 personas en febrero. A nivel nacional, el PEM se estabilizó en los meses siguientes, dando trabajo a 150.000 personas³⁹ (Gráfico X-1).

La disminución de los trabajadores adscritos al PEM y POJH elevó la cesantía, aunque no incidió en la protesta social. Ocurrió el conocido efecto político en que las crisis económicas no gatillan de inmediato la movilización de los cesantes. En esas condiciones estos se muestran pasivos porque, apremiados por las necesidades económicas, privilegian la búsqueda de trabajo antes que las acciones políticas. Las protestas se concentraron en las poblaciones y sus principales protagonistas fueron jóvenes no integrados al mercado laboral, que se encontraban en la educación formal o buscaban trabajo por primera vez. Las estadísticas de las víctimas de las protestas muestran que una de cada cuatro era menor de veinte años; solo el 17 por ciento eran personas entre 26 y 30 años y apenas el 12 por ciento superaba esta edad⁴⁰.

Renegociación de deudas y neutralización del descontento de los pequeños empresarios

La segunda iniciativa del Gobierno para encarar políticamente las protestas gatilladas por la crisis económica, fue impulsar una política pragmática de negociaciones con los pequeños y medianos empresarios para impedir que se sumaran a las acciones en su contra. En esta situación se encontraban los pequeños comerciantes y camioneros, golpeados por la crisis a causa de su endeudamiento. Estos eran sectores de gran relevancia simbólica para los militares, porque sus organizaciones gremiales —la Confederación de Dueños de Camiones y la Confederación del Comercio Detallista— tuvieron una importante participación en la oposición al Gobierno de Allende y habían apoyado el golpe de Estado. Los presidentes de ambas organizaciones, León Vilarín y Rafael Cumsille, respectivamente⁴¹, también ostentaron este cargo en 1972-1973, y desde esa posición impulsaron las huelgas contra el Gobierno, colaborando estrechamente con los grupos de derecha que buscaban su caída. Ahora Vilarín tomaba una actitud de decidida oposición a la política de los Chicago boys, integrándose a la primera instancia unitaria de este sector, el Proyecto Democrático Nacional (Proden), creado por políticos de la DC, la derecha y la izquierda, y que había convocado a la primera protesta nacional de mayo de 1983. Precisamente por su desempeño contra el Gobierno de la Unidad Popular, Vilarín había sido nombrado presidente del Proden.

La situación de los camioneros era particularmente grave por su alto endeudamiento en dólares, siendo duramente afectados por la devaluación del peso. Además, soportaban importantes sanciones económicas impuestas por el Ministerio de Obras Públicas por concepto de multas debido al exceso de carga. A fin de obtener recursos para el fisco, esa repartición hizo un control más estricto del transporte terrestre, imponiendo fuertes multas a miles de camioneros, que resultaron especialmente onerosas en momentos de recesión⁴². La disminución de la actividad económica también redujo su trabajo. La política hacia los camioneros no estaba directamente bajo la responsabilidad de los Chicago boys, pues el endeudamiento debía ser resuelto por las autoridades de la Corfo, y las multas, por el Ministerio de Obras Públicas, instituciones dirigidas por militares.

La Corfo ofreció una reprogramación de las deudas con un dólar preferencial, una rebaja de la tasa de interés de las deudas y mayor plazo para amortizarlas. Como Corfo estudiaba la renegociación de las deudas, los camioneros no participaron en las protestas de marzo de 1984. Para facilitar la decisión del Gobierno, los camioneros dieron una señal política, cambiando al presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, León Vilarín, por un dirigente que simpatizaba con este, Adolfo Quinteros. El 31 de julio de 1984, la Junta de Gobierno aprobó el proyecto de ley que condonó las deudas por exceso de carga, beneficiando al 90 por ciento de los camioneros (El Mercurio, 2 de agosto de 1984). El 28 de octubre, dos días antes del paro nacional convocado por la oposición, incluido el Proden, la Corfo aprobó renegociar deudas de los camioneros, que ascendían a 140 millones de dólares (El Mercurio, 29 de octubre de 1984), por lo que no se sumaron a las protestas⁴³.

La situación de los comerciantes también era difícil. Por una parte, la disminución de las ventas debido a la recesión ocasionó una caída de sus ingresos, que afectó en mayor medida a los pequeños y medianos comerciantes. Los Chicago boys habían aplicado una drástica política de control del gasto, congelando el salario mínimo en septiembre de 1981, lo que redundó en una caída de los ingresos reales de los asalariados en los meses siguientes: del 74 por ciento real en diciembre de 1983, se llegó al 56,9 por ciento en diciembre de 1984. La realidad era bastante más grave de lo que indicaban estas cifras, pues cálculos del Programa de Economía del Trabajo (PET) de la Academia de Humanismo Cristiano mostraban una diferencia de al menos nueve puntos en marzo de 1985 (Cuadro X-1)⁴⁴.

Por otro lado, la autoridad económica, para conseguir nuevos ingresos, aumentó la fiscalización de la evasión tributaria, poniendo especial cuidado en el control del pago del IVA, realizando el Servicio de Impuestos Internos (SII) un intenso trabajo. Este era el único organismo dirigido por un Chicago boy, Felipe Lamarca, un dirigente «gremialista» de la FEUC. Lamarca continuó la política de Sergio de Castro respecto de aumentar la recaudación tributaria mediante una intensificación del control de la evasión. En una decisión políticamente muy conflictiva, el SII acusó al presidente de la Confederación de Comercio Detallista, Rafael Cumsille, de evasión de impuestos en su negocio personal. Esto constituía un acto doblemente provocativo, puesto que significaba enfrentar al dirigente de una importante organización gremial y abandonar la política del ministro Jarpa, para lograr un acuerdo con los grupos de interés y separarlos de la oposición. Jarpa se había negado a tomar medidas contra Cumsille para impedir que se quejara de sufrir una persecución política, hecho que empujaría a su gremio a solidarizar con él y, eventualmente, a sumarse a las protestas convocadas por la oposición. Lamarca mantuvo la decisión apelando al espíritu portaliano de cumplimiento de la ley sin excepciones, que proclamaba el Gobierno, contando con el apoyo de la prensa oficialista y el «gremialismo». La medida contra Cumsille solo se suspendió con el alejamiento de Lamarca del SII cuando fue nombrado ministro de Hacienda Luis Escobar Cerda, quien impulsó una política más flexible con los grupos de interés de acuerdo a los lineamientos políticos de Jarpa, atenuando la fiscalización tributaria hacia los comerciantes⁴⁵.

El Gobierno no olvidó a los grandes empresarios. La política fue más diferenciada y compleja, porque la autoridad económica no quiso abandonar los principales lineamientos del modelo y los grupos económicos tenían una mala imagen ante los militares. De Castro se había negado a entregarles subsidios en los momentos difíciles, resistiendo sus presiones. También se había opuesto a negociar las condiciones de sobreendeudamiento porque eran problemas que los privados debían resolver por su cuenta. La nueva autoridad económica siguió una política pragmática, permitiendo que los empresarios y los particulares renegociaran sus deudas con los bancos, lo que fue facilitado porque estos, sobre todo los principales, habían pasado a ser controlados por el Gobierno que decretó su intervención a comienzos de 1983. Además, se aumentaron los aranceles de ciertos productos para proteger a empresarios nacionales, golpeados por la crisis económica, y se fomentó entre las empresas del Estado la adquisición de productos e insumos nacionales. La rigidez anterior de los Chicago boys fue reemplazada por una política más flexible ante la angustia de los empresarios, el cambio de estilo que Jarpa había reclamado desde el comienzo de su gestión. Ángel Fantuzzi, presidente de Asimet, la organización de los industriales metalúrgicos, uno de los sectores más afectados por la apertura comercial, expresó públicamente la satisfacción de los empresarios por las medidas de apoyo económico a través de su columna habitual en una publicación capitalina de amplia circulación en el mundo de los negocios, encabezándola con el sugerente título de «Gracias, Presidente» (Estrategia, 25 de marzo de 1984).

En consecuencia, para encarar la crisis se hicieron importantes cambios al sistema económico establecido por De Castro. En primer término, se impulsó una reforma comercial más flexible, elevando los aranceles, para después bajarlos gradualmente, y se aplicaron sobretasas a un gran número de productos. Esta nueva política comercial tuvo un impacto positivo en la reactivación económica y en la creación de empleos⁴⁶. Se abandonó la política monetaria pasiva, a través de un Banco Central que «sugería» u «orientaba» la tasa de interés; se optó por intervenir el mercado, que se vio no funcionaba en forma automática. Por otra parte, se fortalecieron las regulaciones del sector financiero, incrementando los recursos humanos e institucionales de sus órganos regulatorios, y se dictaron diversas normas legales y administrativas para mejorar el funcionamiento de los bancos e instituciones financieras. Asimismo, se impulsó un amplio proceso de privatización de empresas, que abarcó desde las que habían caído en poder del Estado como consecuencia de la quiebra de los grupos económicos —llamadas del «área rara»— hasta aquellas públicas que habían permanecido en poder del fisco por ser estratégicas, según los militares. La reprivatización de empresas fue un incentivo muy importante para los empresarios, que pudieron ampliar sus negocios. En síntesis, no se planteó un cambio del modelo económico, sino una suerte de corrección de aquellos aspectos en que se habían constatado debilidades. De ahí que el sistema económico resultante no sea tanto el producto del liderazgo de Sergio de Castro, sino más bien de las decisiones de los ministros de Hacienda de los años ochenta, especialmente de Hernán Büchi, quien estuvo a cargo de esa cartera entre 1985 y 1989.

El liderazgo político del ministro de Hacienda Hernán Büchi

La gestión del ministro de Hacienda Hernán Büchi fue clave para que el Gobierno tomara la iniciativa frente a la crisis económica, con un programa consistente en la profundización de las reformas, buscando alcanzar no solo objetivos económicos, sino también objetivos políticos de mediano y largo plazo: lograr la cohesión de los empresarios en su apoyo al Gobierno, recuperar su confianza en la gestión económica y crear mejores condiciones para Pinochet en el plebiscito de 1988. Si bien Büchi no comenzó con el alza selectiva de los aranceles, la entrega de subsidios a diversas actividades económicas y una renegociación de las deudas muy conveniente para los pequeños y microempresarios, ni introdujo «el capitalismo popular», tuvo un empuje político y capacidad de liderazgo del equipo económico que lo distinguió de sus antecesores. Además, se distanció de estos mediante una drástica privatización de empresas públicas, justificándola por la necesidad de corto plazo de aportar nuevos ingresos al fisco, pero con el objetivo estratégico de desmantelar el Estado empresario y generar nuevas bases para este, algo que De Castro no se había planteado. Lo hizo de forma que los propios altos ejecutivos de estas empresas adquirieran el control y aseguraran su lealtad a Pinochet. En breve tiempo, prácticamente desmanteló el Estado empresario, privatizó empresas emblemáticas en ámbitos como la siderurgia (CAP), la petroquímica (Soquimich), las telecomunicaciones (Entel) y la energía (Chilectra y Endesa), reduciendo la presencia estatal en la economía.

Büchi tuvo la habilidad de usar el «capitalismo popular» para conferir cierta legitimidad a las privatizaciones, con la apariencia de que participaban numerosos pequeños inversionistas, dispersando la propiedad y contradiciendo la imagen de una economía dominada por los grandes grupos económicos, como ocurría antes de 1982 (Dahse, 1979). Estas privatizaciones se hicieron sin invitar a participar a inversionistas nacionales, que estaban en crisis, ni a extranjeros. Varios miles de personas participaron comprando acciones a bajo precio, que pronto venderían, obteniendo sustanciosas ganancias. La dispersión del capital de estas empresas favoreció a sus altos ejecutivos para alcanzar el control de su gobierno con una minoría de las acciones, sin tener que construir una coalición con otros inversionistas nacionales.

También aplicó el «capitalismo popular» para enfrentar la crisis del sistema financiero. Impuso regulaciones a los bancos y les concedió considerables facilidades institucionales y recursos económicos para salir de la crisis, mediante la intervención del Banco Central, dependiente de Hacienda, que compró sus deudas con instituciones o personas deudoras insolventes («cartera riesgosa») con un pacto de retroventa; es decir, que pudieran adquirirlas nuevamente cuando tuvieran recursos económicos⁴⁷.

Los bancos beneficiados debían destinar todos sus excedentes al pago de esa deuda adquirida por el instituto emisor. Dos leyes entregaron a los bancos amplias ventajas económicas para pagar la deuda, estableciendo una baja tasa del 5 por ciento; además, tenían un plazo indefinido para cancelar el total y solo debían pagar si tenían excedentes. Fue conocida como «deuda subordinada»: estaba condicionada a que el banco tuviera utilidad⁴⁸.

Büchi empleó el «capitalismo popular» para rescatar los bancos intervenidos. Los particulares podían comprar acciones en condiciones muy favorables: la Corfo otorgaba créditos a diez años plazo, sin intereses ni reajustes, y debiendo pagar solo un 5 por ciento al contado. Además, estas acciones tuvieron cuantiosos incentivos tributarios, pues para los particulares era posible descontar anualmente de la base imponible de sus impuestos el 20 por ciento del valor de ellas. En buenas cuentas, esto se traducía en que el capitalista popular se convertía en propietario de sus acciones sin pagar (Sapag, 1997: 157).

Una reforma legal aprobada al final del período de Büchi autorizó a la junta de accionistas del banco intervenido no repartir dividendos, capitalizando los montos respectivos en acciones preferentes. Como la capitalización de las acciones fue a valor libro y estas acciones se vendían a valor de mercado, los accionistas obtenían jugosas utilidades. Esta reforma significó, en la práctica, que los bancos dejaron de pagar la deuda al Banco Central porque optaron por capitalizar sus excedentes. Esto se mantuvo incluso en democracia, y en 1995 esa deuda ascendía a 4.500 millones de dólares, perjudicando severamente al instituto emisor (6.382 millones de dólares de diciembre de 2013).

La gestión de Büchi sacó a los empresarios y a la élite política del régimen de la actitud defensiva y de derrota que tuvieron luego del desplome económico de 1983, lo que ayudó a recuperar la confianza y tener una actitud decidida para enfrentar el nuevo escenario que se acercaba con el cambio de régimen. Paradojalmente, un ministro de Hacienda de la dictadura tuvo mayor visión política en la formulación y aplicación de su programa económico que sus sucesores en los gobiernos democráticos, que se guiaron más bien por consideraciones económicas.

Sin embargo, Büchi impulsó una política fiscal muy conservadora, pues para equilibrar el presupuesto recortó drásticamente el gasto social, llegando incluso a rebajar las pensiones y las remuneraciones de funcionarios públicos y disminuyó la inversión pública, especialmente en los hospitales. Todo esto provocó un deterioro aún mayor de las condiciones de vida de los sectores medios y populares, intensificando su malestar y disposición a protestar contra el Gobierno. Estas políticas golpearon con fuerza a los más necesitados, aumentando la pobreza en el país, que abarcó al 40 por ciento de la población en 1987, es decir, unos cinco millones de personas. A la vez, llevaron la economía a una dinámica de crecimiento que sorprendió a los economistas opositores, que habían augurado el desplome financiero y no previeron la capacidad del Gobierno para salir de la crisis.

Su eficaz desempeño convirtió a Buchi en una figura admirada en la coalición gobernante, lo que explica su nominación como el candidato presidencial de la derecha en las elecciones presidenciales de 1989, y su enorme influencia posterior, como presidente del Instituto Libertad y Desarrollo, que asesoró a las bancadas de la UDI y RN, director de importantes empresas y columnista de El Mercurio.

Esta política económica ayuda a comprender la cohesión de la élite empresarial cuando se inauguró la democracia y su desconfianza de las nuevas autoridades, temiendo perder las ventajas económicas e institucionales adquiridas durante el régimen de Pinochet.

Corresponden a la gestión de Büchi los elogios de una destacada especialista estadounidense en la política latinoamericana sobre la favorable situación económica de Chile en 1990: «Aunque el programa original de los militares produjo intolerables niveles de desempleo y una debacle financiera entre los años 1981 y 1983, un curso corregido y menos dogmático resultó en lo que la mayoría de los observadores coinciden en calificar como una de las economías más sanas de América Latina, al ser heredada por los civiles en los años ochenta y noventa» (Hagopian, 2004: 131).

La política de la apertura y la liberalización del sistema político

La crisis económica afectó a la inmensa mayoría de la población, incluyendo a los sectores medios, gatillando una protesta ciudadana inédita en el régimen militar, que hizo recordar las movilizaciones de una década atrás contra la grave crisis económica del Gobierno de Allende. Las manifestaciones ocurrieron en los barrios, donde los habitantes de miles de hogares expresaron su malestar como en el invierno de 1973, tocando cacerolas en las noches, con activa participación de las mujeres. También sucedieron en los sectores de estratos medios, que habían sido muy activos contra el Gobierno de la Unidad Popular. Las protestas fueron convocadas por organizaciones sindicales y por la oposición, siendo la primera la ya mencionada en mayo de 1983. Estas se repitieron en junio y julio, anunciándose que se reiterarían todos los días 11 durante los meses siguientes⁴⁹.

Los militares estaban preocupados, pues la crisis económica estimulaba la acción de los sindicatos y los partidos de oposición, lo que constituía un factor de inestabilidad política en un doble sentido. Por una parte, se estaba produciendo una pérdida de confianza en la fortaleza del modelo económico y en la capacidad de los Chicago boys para alcanzar la recuperación. Por otro lado, provocaba malestar en la población y en los pequeños y medianos empresarios, especialmente en los agricultores del sur del país, quienes habían sido decididos opositores al Gobierno de la Unidad Popular, y que fueron muy golpeados por la apertura comercial⁵⁰.

A comienzos de 1983, el Estado Mayor Presidencial había preparado un plan político con la participación de algunos civiles, entre ellos Sergio Onofre Jarpa, embajador en Argentina. Este era un experimentado político, ex presidente del Partido Nacional y senador electo por Santiago en marzo de 1973. Los militares consideraban que el Gobierno debía recuperar la iniciativa, con medidas que impidieran la continuidad de las manifestaciones de protesta de los trabajadores, sin priorizar el empleo de la coerción. Estimaban que sus costos eran muy altos, porque el malestar se había extendido a amplios sectores, incluso entre quienes los respaldaban, lo que significaba flexibilizar el receso político, pero sin permitir el resurgimiento de la oposición. Esta propuesta correspondía a las condiciones planteadas por Dahl (1971: 15) para la liberalización de un régimen autoritario, que se dispara cuando los costos de la represión superan ampliamente los de la tolerancia.

Este fue el objetivo del nuevo gabinete que juró el 10 de agosto de 1983, encabezado desde el Ministerio del Interior por Sergio Onofre Jarpa. Fue un importante cambio no solo por los ocho secretarios de Estado que se incorporaron, sino también por la biografía de algunos de ellos, casi todos con experiencia de Gobierno. Además de Jarpa, estaban Hugo Gálvez, ex ministro del Trabajo del Gobierno de Alessandri, quien asumió esta cartera, y Modesto Collados, ex ministro de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Frei Montalva, que ocupó el mismo ministerio⁵¹. Fueron marginados los «gremialistas» en este gabinete, a quienes Pinochet relegó a un segundo plano y a los que Jarpa rechazaba.

Sin embargo, Pinochet no entendió la apertura de la misma manera que Jarpa, porque la consideró solo una retirada táctica para mantener su liderazgo. Tampoco estaba dispuesto a permitir que su ministro del Interior adquiriera un protagonismo político especial. La fragmentación de las funciones políticas, con el control del orden público en manos de intendentes militares, frenaba las posibilidades de Jarpa de imponer un nuevo estilo. Al día siguiente del juramento del nuevo gabinete se implementó una durísima política represiva con ocasión de la cuarta protesta de la oposición. Dieciocho mil soldados salieron a las calles de Santiago, actuando con especial violencia en las poblaciones populares, causando 26 muertos y centenares de heridos. Esta acción, coordinada por el intendente de la Región Metropolitana, general Roberto Guillard, uno de los miembros del COAJ desde los primeros años, puso en duda la credibilidad del plan político de Jarpa.

A pesar de la represión, el nuevo ministro del Interior impulsó diversas iniciativas de liberalización en múltiples dimensiones del sistema político y con fuertes repercusiones en el escenario institucional. Este proceso fue conocido como la apertura. En primer lugar, se flexibilizó el exilio, permitiendo el regreso de numerosos dirigentes políticos, incluidos destacados opositores, como el ex presidente del PDC Andrés Zaldívar. Algunos dirigentes de izquierda ingresaron en forma clandestina, como el ex ministro de Relaciones Exteriores y dirigente socialista Clodomiro Almeyda.

Otro cambio muy importante fue el levantamiento de la censura de prensa, lo que produjo un considerable aumento de la información política, pues los medios de comunicación podían difundir las declaraciones de la oposición e informar sobre los actos que convocaba, creciendo el espacio del «pluralismo limitado» que caracteriza a las dictaduras (Linz, 1964). Los dirigentes de la oposición democrática comenzaron a ser conocidos por los chilenos. Las noticias políticas contribuyeron a difundir el interés por la política en amplios sectores de la población, lo que fortalecería la capacidad de movilización opositora.

Los escasos medios independientes, los semanarios Hoy, Apsi y Análisis⁵², la radio Cooperativa, de propiedad de personalidades de la DC, preferida por el 12 por ciento de los chilenos en la encuesta CERC de noviembre de 1987 y que subió al 16 por ciento en la de julio de 1988, la radio Chilena, de la Iglesia católica, preferida por el 6 y el 7 por ciento respectivamente, y radio Santiago, entre otros, aprovecharon rápida y eficazmente estas nuevas condiciones, desplegando una intensa e importante labor informativa⁵³. También surgieron nuevos medios de prensa escrita, vinculados a la oposición: el semanario Cauce y los diarios Fortín Mapocho y La Época (1987).

El cambio en la libertad de prensa también afectó a los medios de comunicación existentes, que habían mantenido una actitud de apoyo al régimen militar, destacando los diarios de las cadenas El Mercurio y Copesa, y los canales de televisión⁵⁴. Debieron informar con mayor pluralismo sobre el proceso político para enfrentar la nueva competencia periodística que significó la llegada de medios de oposición.

Por primera vez, los medios de comunicación informaron de las acciones de violencia por parte de los militares y los servicios de seguridad, incluyendo actos represivos que impactaron a la opinión pública. El desarrollo del periodismo investigativo sobre diversos aspectos de la coerción y otras políticas del autoritarismo, demostró la magnitud de los excesos cometidos por los servicios de seguridad y la responsabilidad de algunos militares en ellos. Estas investigaciones periodísticas sirvieron a aquellos jueces que se atrevieron a procesar y detener a uniformados.

La radio tuvo un importante desarrollo, captando el interés de la población. En apenas siete meses, entre noviembre de 1987 y junio de 1988, se duplicó el porcentaje de chilenos que declaró seguir frecuentemente las noticias políticas por este medio, llegando a un considerable 37 por ciento, lo que además daba cuenta del interés en los acontecimientos políticos. Por otro lado, un 50 por ciento se informaba por la televisión⁵⁵. El impacto de la radio era mayor en la población que estaba contra el régimen, porque era el medio con mayor credibilidad, especialmente para los activistas de los partidos, de las organizaciones sociales y quienes trabajaban en ONG. Los medios de comunicación independientes pudieron funcionar porque recibieron apoyo económico del exterior, pues no tuvieron avisaje de las empresas medianas y grandes que les permitiera financiarse.

Pinochet y sus asesores subestimaron las consecuencias de los cambios producidos en los medios de comunicación. Estaban convencidos de que bastaba el control de la televisión y el apoyo que tenían en los diarios de la cadena de El Mercurio, junto a La Tercera de la Hora, para mantener informada a la población de acuerdo a sus criterios. No consideraron el poder de la radio, que tenía una amplia audiencia y era escuchada en cualquier lugar y durante todo el día.

En tercer lugar, Jarpa se propuso cambiar las relaciones de confrontación con la oposición y planteó un diálogo con esta, aceptando el ofrecimiento que le hizo el nuevo arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno. Esta iniciativa tenía como objetivo adicional respaldar al nuevo jefe de la Iglesia de Santiago, sucesor del cardenal Raúl Silva Henríquez⁵⁶, constantemente criticado por el régimen debido a su defensa de los derechos humanos. El ministro del Interior se reunió en tres oportunidades con algunos políticos del PDC y de derecha pertenecientes al organismo convocante de las protestas, el Proden, y aceptó participar en un diálogo con los dirigentes de la Alianza Democrática, que fue dificultado por los dirigentes opositores, quienes planteaban la necesidad de la renuncia de Pinochet, algo inaceptable para Jarpa.

Los encuentros con los dirigentes de la Alianza Democrática fueron ampliamente difundidos por los medios de comunicación, incluidos los partidarios del Gobierno, que querían mostrar el nuevo espíritu del régimen. Pese a que el «diálogo» no produjo resultados, tuvo un importante efecto en el sentido de fortalecer la visibilidad de los dirigentes opositores, reconocidos como legítimos interlocutores de la autoridad. La Alianza Democrática pudo realizar un acto de masas en el Parque O’Higgins, demostrando una considerable capacidad de movilización, reuniendo cerca de 300.000 personas⁵⁷.

En cuarto lugar, se permitió a los grupos de interés, especialmente a los colegios profesionales y federaciones de estudiantes, formar directivas a través de la elección directa de sus miembros. Los primeros habían visto reducidas sus capacidades por el pensamiento neoliberal. A fines de 1979, un decreto ley los convirtió en simples «asociaciones gremiales», recogiendo una disposición del Anteproyecto de Constitución que los privó de su calidad de personas jurídicas de derecho público, estableciendo la libertad de afiliación⁵⁸. Esto derogó tácitamente las leyes que les dieron vida y se dejó a los colegios sin las atribuciones que tenían para regular el ejercicio profesional, establecer aranceles obligatorios y asegurar la ética, así como de las facultades de supervisión del desempeño de sus miembros (Aylwin, 1998: 301). Esta nueva política no impidió que algunos colegios se convirtieran en actores políticos y las elecciones de sus directivas provocaran una amplia movilización de profesionales.

La oposición consiguió ganar las elecciones de directivas en los principales colegios profesionales, resultando elegidos dirigentes con trayectoria política, quienes ocuparon cargos directivos durante la democracia. Especial notoriedad tuvo, en 1985, la elección para renovar 10 de los 18 consejeros del Colegio de Abogados, en que se impuso la lista de la oposición integrada por destacadas personalidades vinculadas a la Alianza Democrática, eligiendo nueve de ellos, obteniendo la primera mayoría Jaime Castillo Velasco⁵⁹. La oposición controló las directivas de los principales colegios profesionales, como el de Médicos, Ingenieros y Periodistas, constituyendo una Federación de Colegios Profesionales de Chile, presidida por el doctor Juan Luis González, presidente del Colegio Médico⁶⁰.

También las organizaciones empresariales se adaptaron a las nuevas condiciones políticas, al elegir como dirigentes a personalidades que se habían destacado antes del golpe de Estado⁶¹.

El movimiento estudiantil recuperó su dinamismo y retomó la tradición histórica de activo protagonismo político. Hasta ese momento las directivas de las organizaciones estudiantiles eran designadas por los rectores delegados de las universidades. Ahora debieron ceder a la presión y permitir elecciones competitivas, las que se llevaron a cabo con amplia participación de los alumnos, quienes apoyaron las listas presentadas por los partidos. La oposición desplazó a las directivas oficiales de las universidades, comenzando en 1984 con la recuperación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). En la primavera de 1985 se realizaron nuevamente elecciones de esta, imponiéndose nuevamente en forma muy amplia la oposición⁶².

La elección con mayor impacto nacional fue la realizada en abril de 1985 en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), que era un importante bastión del «gremialismo» como principal fuente de reclutamiento de sus activistas y para influir en la política nacional. Una lista unitaria de la oposición derrotó a la lista del «gremialismo», que debió abandonar la dirección de esta federación, controlada por este sector en forma ininterrumpida desde 1968. El «gremialismo» perdió su posición hegemónica en la derecha, pues en otras universidades, especialmente en la de Chile, surgió un nuevo partido, Unión Nacional (UN), formado por jóvenes profesionales que habían pertenecido al Partido Nacional y que fueron apoyados por Jarpa. Las listas de UN consiguieron bastante éxito con un discurso de independencia del Gobierno, y que rechazaba, junto a la oposición, a los rectores delegados⁶³.

La designación de Jarpa también tuvo consecuencias en los grupos de poder que apoyaban al régimen. Él representaba a los políticos tradicionales que se consideraban superados por el nuevo orden político y eran vistos como adversarios de «la nueva institucionalidad». Además, Jarpa era muy crítico del «gremialismo» y había tenido una relación fría con el «alessandrismo» cuando fue presidente del Partido Nacional⁶⁴. El clima adverso al «gremialismo» se tradujo en el desplazamiento de sus adherentes a puestos de Gobierno de nivel intermedio.

Este nuevo escenario fue encarado por Jaime Guzmán, que dio un paso adelante al convertir al «gremialismo» en un partido político. No titubeó en abandonar su postura anterior de condena a los partidos para dar vida a una nueva colectividad que le permitiera seguir impulsando su proyecto en un momento que, en los hechos, significaba el fin del receso político. El 24 de septiembre de 1983 se anunció el nacimiento de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Guzmán trató de presentarla como un partido más amplio que el «gremialismo», al persuadir al ex ministro del Interior Sergio Fernández de incorporarse al comité directivo, dando una señal de que la UDI aspiraba a agrupar a los partidarios del régimen⁶⁵. Fernández cumplía una importante función por encargo de Pinochet, como presidente de la Comisión de Estudio de las Leyes Políticas⁶⁶, cuya finalidad era preparar los proyectos de leyes que permitieran desarrollar el itinerario establecido en la Carta Fundamental que regulaba la cuestión sucesoria que concluía con el plebiscito de 1988.

Esta comisión trabajaba con un horizonte distinto al de Jarpa, pues este era partidario de reformar la Constitución y constituir un Congreso designado para encarar la nueva situación política. Al igual como había hecho con sus antecesores, Pinochet coartaba al nuevo titular de Interior mediante las «asesorías paralelas», que eran instrumentales a su objetivo de lograr la reelección en 1988.

El encuadramiento del «gremialismo» en la UDI precipitó la creación de otro partido de derecha. Con el respaldo de Jarpa surgió el Movimiento Unión Nacional (UN) por iniciativa de Andrés Allamand, dirigente estudiantil del Partido Nacional antes del golpe de Estado. UN reunió a personalidades y a jóvenes profesionales que habían pertenecido al Partido Nacional y apoyaron al régimen militar, votando por el Sí en la consulta de 1978 y en el plebiscito de 1980, con una historia de conflictos con el «gremialismo». Allamand se propuso reunir a todos los partidarios del régimen que no simpatizaban con el «gremialismo», enfatizando un perfil distinto a la UDI al plantear una posición de independencia respecto del Gobierno y sin esconder su escasa simpatía con la continuidad de Pinochet. UN buscó impulsar una política distinta de aquella en que estaba empeñado Pinochet, como una «semioposición», según la conceptualización de Linz (1973 A), es decir, grupos que «dominan o no están representados en el grupo gobernante, pero que están dispuestos a participar en el poder, sin desafiar fundamentalmente al régimen».

No fue fácil el desarrollo de UN como un partido que quería ser independiente de Pinochet. Por un lado, el respaldo que le dio Jarpa generó recelo entre los políticos del PN que se habían enfrentado a él durante la democracia, por lo que no se integraron de inmediato al nuevo conglomerado. Fue el caso del ex senador conservador Francisco Bulnes Sanfuentes, que fue embajador en Perú (1976-1979), del ex senador del Partido Liberal Pedro Ibáñez, que formaba parte del Consejo de Estado, y del ex senador conservador Sergio Diez Urzúa, que fue embajador en las Naciones Unidas (1977-1982), que se incorporaron después de la salida de Jarpa del gabinete a comienzos de 1985 (Allamand, 1999: 62-65).

Por otro lado, el general Pinochet, que no toleraba que sus dirigentes cuestionaran su liderazgo y manifestaran simpatías con algunos de los planteamientos de la oposición, no permaneció indiferente ante las actividades de UN. A través de funcionarios de Gobierno puso trabas a los esfuerzos de Allamand de organizar el partido, invitando a sus dirigentes a incorporarse a tareas públicas, como la Comisión de las Leyes Políticas⁶⁷.

El empresariado, por su parte, miró con desconfianza la formación de un partido independiente y no encontró justificación a la postura de UN. Se sentían identificados con las reformas económicas y, además, las privatizaciones impulsadas por el Gobierno les ofrecían grandes oportunidades para ampliar sus negocios. En consecuencia, se sentían inclinados a apoyar decididamente la continuidad del régimen político con el general Pinochet a la cabeza y en esto la UDI los interpretaba plenamente.

También reapareció el Partido Nacional, autodisuelto en octubre de 1973, esta vez bajo el liderazgo de la ex diputada Carmen Sáenz de Phillips⁶⁸. Después de dejar el gabinete a comienzos de 1985, Jarpa organizó otro partido, el Frente Nacional del Trabajo, que se añadió al amplio número de organizaciones de derecha existentes en 1985⁶⁹.

La división de la derecha en al menos cuatro colectividades era la consecuencia de sus conflictos previos a 1973 y de las distintas posiciones de sus principales personeros frente al régimen militar, especialmente sobre el papel del general Pinochet⁷⁰. Esta fragmentación afectó los apoyos al régimen y favoreció a la oposición, que logró ganar con mayor facilidad las elecciones de los principales colegios profesionales y de las federaciones de estudiantes.

El reconocimiento del rol mediador de la Iglesia católica y el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia

El «diálogo» de Jarpa con la oposición por intermedio del arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, tuvo el efecto no buscado por aquel de convertir a la Iglesia católica en un importante actor político, terminando con la relación de conflictividad del Gobierno con esta. Tras esta nueva postura estaba el interés político de apoyar la gestión del nuevo arzobispo, en el convencimiento de que impulsaría una relación con el Gobierno distinta a la de su predecesor. En eso cometieron un grave error, porque mientras reforzaba su imagen pública, Fresno continuó la línea que había seguido la Iglesia de Santiago⁷¹.

Una de las características del régimen autoritario en Chile fue la decidida actitud de la Iglesia católica en defensa de los derechos humanos, especialmente a través del Comité Pro Paz hasta 1975 y de la Vicaría de la Solidaridad después⁷². La sincronización limitada impulsada por los militares encontró una frontera de gran envergadura en la Iglesia católica, que no permaneció indiferente ante el empleo de la violencia, a diferencia de la Iglesia en la Argentina. Proporcionó espacios a dirigentes políticos, especialmente del PDC, que pudieron mantenerse organizados en la clandestinidad, estimuló el desarrollo de las organizaciones sindicales a través de la Vicaría Pastoral Obrera del Arzobispado de Santiago y de la radio Chilena, que contribuyó de manera muy significativa a promover una información política abierta y pluralista, debilitando la influencia de la prensa oficial. La amplia red de colegios de las congregaciones religiosas y de los obispados ofreció espacios de pluralismo y libertad para miles de padres y apoderados. La Iglesia católica cumplió en Chile un papel comparable al que desempeñó en Polonia durante el régimen comunista.

Los nuevos gobernantes no miraron con buenos ojos a la Iglesia católica y el distanciamiento entre ambos se produjo con bastante rapidez. Los militares esperaban del clero el mismo respaldo que les habían dado el Poder Judicial y las organizaciones empresariales y profesionales. Por eso, la Junta de Gobierno se irritó con el texto de la declaración emitida el 13 de septiembre de 1973 por el Comité Permanente del Episcopado, cuyo presidente era el cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez. En esta, los obispos se expresaban en términos inaceptables para los nuevos gobernantes, quienes estimaban haber salvado al país de un golpe de Estado comunista:

Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones y nuestras fábricas, sangre de civiles y sangre de soldados, y las lágrimas de tantas mujeres y niños. Pedimos respeto por los caídos en la lucha y, en primer lugar, por el que hasta el 11 de septiembre fue el presidente de la República. Pedimos moderación frente a los vencidos. Que no haya innecesarias represalias, y que se tome en cuenta el sincero idealismo que inspiró a muchos de los que han sido derrotados. Que se acabe el odio, que venga la hora de la reconciliación⁷³.

Las diferencias continuaron en los días siguientes, pues la Junta de Gobierno pidió al cardenal oficiar un Te Deum de Acción de Gracias con ocasión del 18 de septiembre, en la Escuela Militar. Esta petición fue rechazada por su evidente carácter político y, en definitiva, se celebró una Oración por la patria en la iglesia de la Gratitud Nacional, con asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno y los ex presidentes. Tampoco fue del agrado de la Junta la homilía que leyó el cardenal, reiterando los términos de la declaración del Episcopado:

Hoy, dadas las dolorosas circunstancias que hemos vivido, venimos a orar por los caídos y venimos también y sobre todo a orar por el porvenir de Chile [y] pedimos que no haya entre nosotros ni vencedores ni vencidos⁷⁴.

La Iglesia también se vio afectada debido a la violencia empleada por los militares en la toma del poder. Los militares no hicieron excepciones en la represión en los sectores populares, deteniendo y torturando a sacerdotes que consideraban marxistas⁷⁵. Detrás de esto había una manifestación de rechazo a la radicalización de algunos sectores de la Iglesia que, desde los años sesenta, adoptaron una postura militante a favor del socialismo y de respaldo al Gobierno de la Unidad Popular. Sectores de derecha habían caricaturizado a la Iglesia como una institución infiltrada por el comunismo y dominada por sacerdotes que solo buscaban la difusión del marxismo⁷⁶. Tampoco simpatizaban con los cambios de la Iglesia en el Concilio Vaticano II y no toleraban que la jerarquía chilena tuviera una posición de apoyo a las reformas sociales, como la reforma agraria a comienzos de los años sesenta, que aplicó en fundos de su propiedad⁷⁷, y que promoviera la justicia social. Esto puede explicar la dureza de los militares contra los sacerdotes que vivían en las poblaciones, varios de los cuales fueron torturados y muertos. El cardenal Silva lo recuerda en sus Memorias:

Muchos sacerdotes habían sido detenidos, interrogados o allanados, especialmente en los barrios populares; otros tantos debieron salir del país, voluntariamente o por fuerza. Un sacerdote que había sido uno de los ayudantes en Valparaíso, Michael Woodward, murió como consecuencia de torturas en Valparaíso. Otro, Antonio Llidó, que se alejó del sacerdocio, es aún un detenido desaparecido (Cardenal Silva Henríquez, 1994, tomo III: 15).

Las relaciones de la Iglesia y el régimen militar, como en Polonia, no se entienden sin considerar el liderazgo de la principal autoridad eclesiástica, el cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez⁷⁸. Dotado de poderosa personalidad e inteligencia, reunía excepcionales condiciones de pastor de la Iglesia y organizador de instituciones, desarrollando una efectiva labor en cada diócesis que dirigió —Valparaíso y Santiago—, reuniendo destacados obispos auxiliares, sacerdotes y laicos para colaborar en las múltiples tareas⁷⁹. Como arzobispo de Santiago mantuvo una muy buena relación con cada presidente de la República hasta el término de la democracia, y presentó una actitud abierta hacia las reformas sociales, promoviendo la aplicación de la reforma agraria en tres fundos de la diócesis, lo que no agradó a la derecha. Como gran canciller de la Universidad Católica había respaldado la reforma universitaria promovida desde 1967 por los estudiantes de la Democracia Cristiana que controlaban la FEUC y que fue cuestionada por el «gremialismo» bajo el liderazgo de Jaime Guzmán. Durante los difíciles años del Gobierno de la Unidad Popular hizo esfuerzos para promover el diálogo entre este y la oposición para impedir la continuidad de la grave crisis⁸⁰. En consecuencia, estuvo en contra del golpe militar y no calló ante el uso de la violencia cuando esta se produjo, interviniendo después en forma decidida para defender los derechos humanos, creando el Comité Pro Paz y luego la Vicaría de la Solidaridad. Esta labor le ganó un enorme prestigio internacional, recibiendo ayuda de gobiernos y organizaciones no gubernamentales para financiar las múltiples tareas que se desarrollaban en su diócesis⁸¹. Por estos motivos, el cardenal no era querido por los nuevos gobernantes, que lo veían con desconfianza, queriendo incluso buscar su remoción por el Vaticano⁸². En los años siguientes, las relaciones entre el cardenal y el régimen fueron complejas, pues este último no vaciló en tomar medidas contra sacerdotes de su diócesis y en criticar sus declaraciones y documentos pastorales, así como sus homilías. Se le acusó de colaborar con la oposición y hasta de ser un defensor del marxismo⁸³.

Estos antecedentes explican que el Gobierno no escondiera su satisfacción cuando el cardenal debió renunciar a su cargo de arzobispo al cumplir setenta y cinco años en septiembre de 1982. Al nombrar el Vaticano como su sucesor al obispo Juan Francisco Fresno, hubo el convencimiento en las autoridades del régimen de que este impulsaría una relación cordial y de cooperación, confiando en que se alejaría de la política seguida por el cardenal Silva. Fue un error de apreciación. El nuevo arzobispo tenía otro carácter que su predecesor, pero continuó las orientaciones pastorales de este, e incluso mantuvo a los colaboradores del cardenal Silva Henríquez. Las tensiones con el régimen habían cohesionado a la Iglesia, dejando en un segundo plano las diferencias de estilo de sus principales dignatarios. La defensa de los derechos humanos y el derecho a la vida eran bienes que formaban parte del consenso entre los obispos, sacerdotes y laicos, aunque existieran diferencias sobre la manera más adecuada de actuar frente al régimen.

La violencia empleada por el régimen durante la apertura también afectó a la Iglesia de Santiago. En una de las intervenciones de Carabineros en las poblaciones populares cayó víctima de un disparo el sacerdote francés André Jarlan en circunstancias que impactaron especialmente a Fresno: mientras leía la Biblia en su habitación después de un intenso día de protesta en que había tratado de evitar el enfrentamiento (Verdugo, 1985). Esto provocó un enorme impacto en la opinión pública, que días después se manifestó en el multitudinario funeral. Las acciones de violencia eran protagonizadas también por agentes de la CNI, y cobraban gran impacto debido a la mayor libertad de prensa, siendo ampliamente informadas por los medios opositores⁸⁴. Sus agentes actuaron no solo en contra de las organizaciones políticas, sino también de la Iglesia católica, cometiendo actos de violencia en diócesis de obispos que mantenían una posición crítica en materia de derechos humanos. El hecho más grave ocurrió en Punta Arenas a comienzos de octubre de 1984, donde un teniente de Ejército murió al estallar la bomba que estaba poniendo en una iglesia.

El brutal asesinato de tres profesionales en marzo de 1985, uno de los cuales trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, convenció al nuevo arzobispo sobre la necesidad de impulsar una iniciativa para impedir la división del país. Encargó a tres laicos la preparación de un documento de unidad que concitara la adhesión de políticos de izquierda, centro y derecha, que fueron Sergio Molina, ex ministro de Hacienda de Eduardo Frei Montalva; Fernando Léniz, ex ministro de Economía del régimen militar, y el empresario José Zabala, muy vinculado a las actividades de la Iglesia. Después de diversas reuniones, en agosto de 1985 se suscribió el «Acuerdo Nacional para la transición a la plena democracia». El documento cobró una especial trascendencia porque fue firmado por dirigentes de Unión Nacional, mostrando así su independencia del Gobierno⁸⁵.

Este fue un documento muy importante, pues por primera vez en el régimen militar personeros de oposición y de derecha concordaron cuestiones trascendentales que apuntaban a modificar la regulación sucesoria establecida en la Constitución, como la elección directa del presidente y una reforma constitucional para reformar ciertos elementos de esta ajenos a la democracia. El texto incluía acuerdos fundamentales sobre el orden económico, pues se reconocía la economía de mercado y, en consecuencia, la validez del nuevo orden institucional impulsado por el régimen militar.

El Gobierno rechazó en forma terminante el Acuerdo Nacional porque vio en esta iniciativa la posibilidad de formación de un amplio frente civil con el respaldo de la Iglesia católica, que podría persuadir a la Junta de Gobierno respecto a la realización de elecciones libres de presidente de la República, con un candidato de consenso, que podría impedir la reelección del general Pinochet. Ese candidato podía ser Jarpa, que gracias a la política de la apertura era identificado como un dirigente con capacidad de liderazgo nacional.

El documento fue condenado por la UDI, que temió quedar aislada como el único partido que respaldaba al general Pinochet. El principal argumento utilizado fue la supuesta ambigüedad del Acuerdo Nacional ante el comunismo, asunto prioritario para la UDI, que antes había presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de los partidos integrados al Movimiento Democrático Popular (MDP), entre ellos el Partido Comunista⁸⁶.

La presión del Gobierno y la UDI en contra del Acuerdo Nacional se orientó principalmente a impedir que UN siguiera respaldándolo. La prensa oficialista desarrolló una activa campaña en contra de los partidos de izquierda que lo habían suscrito y revivió los conflictos ocurridos durante el Gobierno de Allende, resucitando la memoria histórica de enfrentamientos entre la derecha y la izquierda antes del golpe de Estado. Esta campaña fue determinante para que UN abandonara su cooperación con los partidos de la Alianza Democrática y se marginara del Acuerdo Nacional.

La oposición a la política de la apertura

La apertura tuvo efectos que desbordaron los planes de Jarpa y la oposición democrática. Las iniciativas de Jarpa no contaron con el pleno respaldo de Pinochet, quien no rompió su estilo confrontacional con la oposición. Su apoyo fue limitado, por considerar que había ido demasiado lejos en beneficio de sus adversarios. Además, el ministro del Interior encontró la oposición de sus colegas de gabinete. Quien primero se manifestó así fue el ministro de Justicia, Hugo Rosende, un ex diputado del Partido Conservador de larga experiencia política⁸⁷, que compartía las posiciones de «los duros» en el sentido de considerar negativa la liberalización.

También fue criticado por Francisco Javier Cuadra, designado ministro secretario general de Gobierno a comienzos de noviembre de 1984⁸⁸. Este joven abogado de la Universidad Católica había sido dirigente de la Juventud Nacional antes del golpe, y durante sus estudios de derecho mantuvo distancia de Guzmán. Tenía una evaluación negativa de la gestión de Jarpa, considerando que había hecho demasiadas concesiones a la oposición y carecía de liderazgo. Desde su ministerio impuso un estilo confrontacional hacia los adversarios del régimen y reimplantó la censura de prensa que había sido suspendida por Jarpa, con lo que Dinacos recuperó el protagonismo que tuvo en los años setenta.

Las protestas convocadas por la Alianza Democrática fueron desvirtuadas por el PC, que impulsó, mediante actos de violencia, una estrategia de confrontación para impedir una solución pacífica. En las poblaciones, los activistas del PC provocaban incidentes para incitar a los carabineros a emplear la fuerza. También intervinieron los militares, que reprimieron a los activistas y actuaron en contra de la población, irrumpiendo en diversas poblaciones de Santiago en medio de la noche, deteniendo a numerosas personas con el fin de amedrentar a la ciudadanía⁸⁹.

En esas circunstancias se produjo un brusco aumento de la cantidad de muertos por acciones de las fuerzas del Estado. Desde la disolución de la DINA en 1977 se produjo una fuerte disminución de la represión, pues si en 1976 hubo 164 muertos, al año siguiente esta cifra cayó a 44, siendo 1982 el año de menor violencia represiva, registrándose solo 14 muertos. En 1983 la situación cambió, con las protestas y la represión aplicada por los militares y carabineros, aumentando a 94 los casos de víctimas fatales, a los que se sumaron cientos de heridos. Un número similar de personas fallecidas por la coerción se registró en 1984. En los años siguientes del régimen militar la represión cobró un alto número de vidas, incluso en el año del plebiscito, en que hubo 48 casos (Huneeus, 1985).

Las protestas provocaron el endurecimiento del régimen, que las aprovechó para desacreditar a la oposición. Cada propuesta opositora era presentada en los medios de comunicación, la mayoría favorables al régimen, como iniciativas de extremistas o de militantes del PC que fomentaban el caos para crear condiciones propicias a un enfrentamiento armado. En verdad, las acciones del PC eran funcionales a la lógica de guerra de Pinochet, quien estimaba que así se hacía más evidente en la población la necesidad de continuar con un régimen de pluralismo limitado⁹⁰. En la práctica, la convergencia de los intereses del PC y del general Pinochet estimuló un clima de polarización que restó espacio a las políticas de Jarpa y limitó las opciones de la oposición democrática: no existían condiciones para una continuidad de la política de la apertura.

A fines de 1984 el Gobierno decretó el estado de sitio, decisión a la que Jarpa se había opuesto por considerarla inconveniente. El estado de sitio fue posteriormente prorrogado en dos ocasiones cuando venció el plazo de noventa días, pero se levantó el 17 de junio de 1985, antes del vencimiento de la segunda prórroga. El país vivió algo más de un año sin estado de sitio, hasta que se volvió a implantar el 7 de septiembre de 1986 debido al atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en contra de Pinochet⁹¹. Se prorrogó por algunas semanas a comienzos de diciembre solo en la capital, levantándose en las regiones (Barros, 1996: 207).

La consolidación del régimen no se tradujo en un menor uso de coerción, y este asumió sin vacilar los costos de la represión, como diría Dahl (1971). No disponemos de la información sociodemográfica y política por años, pero se pueden analizar los 3.197 casos de víctimas fatales, que incluyen a los uniformados muertos en acciones terroristas (5,4 por ciento). Fueron mayoritariamente jóvenes menores de treinta años, de género masculino, predominando entre ellos trabajadores, campesinos y militantes de partidos de izquierda y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Este tuvo más víctimas que el Partido Comunista, bastante más poderoso en militancia y organización, lo que da cuenta de la efectividad de la «guerra» contra aquella colectividad (Cuadro X-2).

Por todos los motivos antes mencionados, Jarpa fue alejado del Gobierno a comienzos de 1985 y reemplazado por el abogado Ricardo García, que carecía de experiencia política. Pinochet había optado por una postura de endurecimiento contra la oposición, impulsada desde la Secretaría General de Gobierno por el ministro Cuadra.

Sin embargo, la suspensión de la apertura no pudo anular los nuevos espacios institucionales de acción política abiertos por la pluralidad de medios de comunicación, la politización de los grupos de interés y el activo protagonismo de los partidos. Más allá de las decisiones de Pinochet, el sistema político era distinto, aunque él no pudo evaluar debidamente la magnitud de los cambios, con lo que se convirtió en un obstáculo a estos, como señala Hirschman (1968).

La radicalización de Carabineros: Dicomcar y el «caso de los degollados»

Carabineros actuó con extremo rigor, sin distinguir entre la oposición democrática y antidemocrática, tratándolas como si fueran aliadas. Ejercieron una excesiva violencia en los operativos en las poblaciones, disparando contra manifestantes y contra viviendas de los pobladores para provocar un amedrentamiento colectivo que inhibiera la acción política.

Este estilo de Carabineros puede explicarse como una reacción a actos terroristas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en contra de recintos policiales, los que habían causado honda conmoción en el personal de la institución⁹². Carabineros consideró que estaba en guerra con una organización terrorista, que estaría siendo respaldada por una parte de la oposición y un sector de la ciudadanía.

Para enfrentarla, el general director de Carabineros, César Mendoza, sin conocimiento de la Junta de Gobierno, creó una organización clandestina, la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), que se sumó a las acciones del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), formado en 1979. Ambas estaban a cargo de oficiales que dependían directamente del general Mendoza.

El 30 de marzo de 1985 se produjo el secuestro y posterior muerte de tres personas, que fueron brutalmente degolladas. Conocido como el «caso de los degollados», el crimen generó una gran conmoción en la opinión pública. Eran militantes del Partido Comunista, uno de ellos antiguo funcionario de la Vicaría de la Solidaridad e hijo de dos conocidas personalidades del mundo de la cultura. La Iglesia lo consideró un ataque directo a este organismo del Arzobispado de Santiago⁹³. Dos días antes habían sido secuestrados cinco dirigentes de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech), un sindicato de profesores organizado por militantes del PC. También habían desaparecido otros dirigentes del PC, lo que mostraba que existía una política de los servicios de seguridad contra los militantes de este partido que hizo recordar los años de la DINA⁹⁴.

El Gobierno solicitó la designación de un ministro en visita, petición que también había hecho la Vicaría de la Solidaridad. Esta vez la Justicia acogió la petición y se nombró al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, José Cánovas, un juez bastante independiente, que investigó con gran energía⁹⁵. Los cambios producidos por la política de la apertura también tuvieron efectos en la Justicia, ya que los jueces se sintieron con mayor autoridad para investigar violaciones a los derechos humanos.

Las acciones de la Dicomcar provocaron tensiones con la CNI, que se consideraba la única organización encargada de actuar contra el terrorismo. Estas discrepancias se pusieron de manifiesto cuando la CNI entregó al ministro Cánovas antecedentes que demostraban la participación de oficiales de la Dicomcar en este caso. También proporcionó pruebas que responsabilizaban a este organismo de Carabineros por el secuestro de los dirigentes de la Agech⁹⁶.

Cánovas encargó reo y ordenó el arraigo de los principales oficiales de la Dicomcar y de altos efectivos del GOPE. Por primera vez desde el caso Lonquén en 1978, cuando fueron hallados los cadáveres de doce campesinos en un horno abandonado, en las afueras de Santiago⁹⁷, el Poder Judicial acusaba a efectivos de Carabineros de hechos represivos. Como Carabineros dependía del Ministerio de Defensa, Cánovas se declaró incompetente y remitió el proceso a la Justicia Militar, dando a conocer el texto del fallo, que contenía una minuciosa relación del crimen⁹⁸.

Su publicación en los medios de prensa provocó gran conmoción pública y los hechos recibieron la condena unánime de personalidades políticas y de la jerarquía de la Iglesia católica⁹⁹. También causó impacto en los partidarios del régimen, especialmente en el sector de «los blandos», que lo condenaron públicamente con singular energía. En un artículo en el semanario Qué Pasa, el ex ministro de Educación Gonzalo Vial apuntó a Pinochet, atribuyéndole una responsabilidad de carácter histórico, pues «él encarna para muchos los principios éticos y políticos en nombre de los cuales se dio el 11 de septiembre de 1973, y que son los mismos que se oscurecen y ultrajan con crímenes tan detestables»¹⁰⁰.

La investigación de la Justicia desató una grave crisis en Carabineros. Su alto mando temió que Pinochet tomara medidas drásticas como intervenir la institución, nombrando a un nuevo director general, como lo hizo con la Fuerza Aérea en 1978, cuando la mayoría del cuerpo de generales pasó a retiro. Para prevenir esta situación, el director general César Mendoza renunció y designó a su sucesor, el general Rodolfo Stange, que le seguía en el escalafón de la policía uniformada¹⁰¹.

Stange impulsó un cambio radical en la composición del alto mando, saliendo diecisiete de los veintiún generales y decenas de coroneles¹⁰². Disolvió la Dicomcar y reorganizó el GOPE, redefiniendo sus funciones para impedir la repetición de hechos criminales. Para mejorar la imagen pública determinó que Carabineros dejara de participar en las acciones coercitivas ordenadas por el Gobierno¹⁰³. De esta forma la institución reaccionó en protesta contra la CNI, que le habría producido un enorme daño al entregar la información que comprometió a la Dicomcar en el «caso de los degollados». Stange era partidario de que el Ejército asumiera los costos de la represión y no Carabineros.

El fin de la apertura y la militarización del proceso político

El retraimiento de Carabineros del control de las protestas dejó un espacio que fue ocupado por los militares, contradiciendo el espíritu de la transición en cuanto a que estos debían retirarse gradualmente del escenario político. El Ejército estaba empeñado en la lucha contra el terrorismo¹⁰⁴. Efectivos militares en tenida de combate y con las caras pintadas comenzaron a intervenir en cada protesta convocada por la oposición, recordando su protagonismo durante el golpe de Estado. El 10 de abril de 1986 reprimieron duramente un acto organizado por las juventudes de los partidos opositores en la plaza Baquedano¹⁰⁵; también intervinieron para impedir la realización de los actos del 1 de mayo dispuestos por las entidades sindicales de oposición.

También actuaron contra las jornadas de protesta del 2 y 3 de julio de 1986, que fueron convocadas por la Asamblea de la Civilidad, formada por organizaciones y personalidades de la oposición democrática. Los militares actuaron esta vez con singular violencia, arrojando un saldo de siete muertos y un centenar de personas heridas¹⁰⁶. En esta represión una patrulla de militares golpeó a dos jóvenes y después los quemó. Uno de ellos, Rodrigo Rojas, falleció y la otra persona, Carmen Gloria Quintana, quedó con gravísimas quemaduras. El incidente causó un gran impacto a nivel nacional e internacional y cobró especial notoriedad en los Estados Unidos, pues el joven fallecido era hijo de un chileno exiliado en ese país y tenía la nacionalidad norteamericana¹⁰⁷. Esto motivó la protesta del Gobierno estadounidense de Ronald Reagan, entonces empeñado en empujar un avance democrático en Chile, nombrando a un destacado embajador, que había estado antes en la India, Harry Barnes, para influir en esa dirección, como recuerda el secretario de Estado George P. Shultz (1993)¹⁰⁸.

Esto puso aún más de manifiesto las discrepancias existentes entre el Ejército y el Cuerpo de Carabineros respecto al control del orden público. En esta ocasión, la superioridad de este último criticó el desempeño de los militares¹⁰⁹.

La oposición no cejó en su intento de buscar el término del régimen militar, pero en un escenario muy adverso, pues la represión militar daba mayor espacio a las acciones del Partido Comunista. El Gobierno estimulaba la polarización, al favorecer un clima de enfrentamiento que, a su vez, le permitía justificar el empleo de uniformados para controlar el orden público. Los allanamientos eran ordenados por los tribunales militares por iniciativa del Ejecutivo, que buscaba generar una coyuntura que fortaleciera el liderazgo de Pinochet en el país en un momento de gran desorientación entre sus adherentes civiles debido al cambio político de la apertura¹¹⁰. Estas acciones crearon un clima represivo que correspondía más bien a la fase de instauración del autoritarismo y no a la etapa de transición.

Fue en este clima de intervención de los militares en el control del orden público y de fuerte condena a la oposición democrática cuando el FPMR atentó en contra del general Pinochet en el Cajón del Maipo, el 7 de septiembre de 1986, resultando este ileso¹¹¹. Dada la gravedad del hecho, el Gobierno reaccionó con cierta serenidad, aunque la CNI recurrió a sus procedimientos de violencia, y dio muerte a cuatro personas vinculadas el PC y al MIR, entre ellos el periodista José Carrasco¹¹². El general Pinochet estaba más interesado en capitalizar políticamente el atentado en la perspectiva de consolidar su imagen pública de cara al plebiscito sucesorio. Para este fin, la División de Organizaciones Civiles, dirigida por un teniente coronel de Ejército, organizó un acto de masas, sin la participación de los partidos de derecha existentes en ese momento¹¹³.

Al comenzar el capítulo dijimos que el plan original del régimen fue avanzar en forma gradual pero sostenida en la construcción institucional y en las reformas económicas, para permitir la reelección del general Pinochet en el plebiscito de 1988. Habría un justo equilibrio entre institucionalización, personalización del poder y el éxito económico, lo que aseguraría el triunfo de la regulación sucesoria y la instauración de la democracia protegida y autoritaria en 1989-1990.

Sin embargo, Pinochet rompió este equilibrio al sentirse fortalecido por tres factores: su elección en el plebiscito de 1980, la autonomía de los servicios de seguridad, que incrementaron la represión, y la crisis económica de 1982-1983, que debilitó la estrategia de legitimación a través de la eficacia, gatillando una movilización de protesta de trabajadores y sectores medios. Esto llevó al Gobierno a iniciar la política de la apertura. Sus efectos desbordaron los objetivos de sus promotores al producir una politización de la sociedad, el desarrollo de los partidos opositores y la división de los grupos de derecha proclives al régimen, que impulsaron políticas muy diferentes sobre la regulación sucesoria; todo esto puso fin al receso político. La polarización empujó a la oposición democrática a reafirmar el camino pacífico y a recurrir a los mecanismos de la Constitución para lograr el cambio del régimen por la vía de derrotar al general Pinochet en el plebiscito de 1988.

CAPÍTULO XI

EL FRACASO DE LA REGULACIÓN SUCESORIA. LA DERROTA DEL GENERAL PINOCHET

La cuestión sucesoria, el talón de Aquiles de las dictaduras

Los regímenes autoritarios tienen una debilidad estructural: su incapacidad para resolver la cuestión sucesoria, es decir, asegurar su continuidad en el tiempo, más allá de la vida del dictador, que se convierte en su talón de Aquiles, como acertadamente sostuvo Sartori (1987)¹. El orden político puede alcanzar estabilidad, con un régimen capaz de lograr un considerable grado de institucionalización, como la España del general Franco, y el dictador gobernar muchos años. Sin embargo, carece de los recursos para asegurar su continuidad después de la muerte del dictador o luego de dejar el poder, si lo hace voluntariamente. Existe una enorme dependencia del orden autoritario respecto de la continuidad del liderazgo del dictador, que empuja al régimen político a identificar el destino del mismo con el de su persona, explicando así que la organización del poder mantenga un alto grado de personalización, relativizando la importancia de la institucionalización. Cuando el líder falta, el régimen político puede derrumbarse con facilidad.

Así ocurrió en España, donde el sucesor del general Francisco Franco, el rey Juan Carlos, designado por este para dar continuidad al sistema político de acuerdo a una regulación sucesoria preparada cuidadosamente², impulsó un cambio en el marco de las instituciones establecidas por el «Caudillo», que se tradujo en el desmantelamiento de las instituciones franquistas y la inauguración de la democracia³. El régimen militar en el Brasil enfrentó el problema sucesorio sin romper la tradición electoral del país (Lamounier, 1988), manteniendo el Congreso y el calendario de las elecciones parlamentarias y de gobernadores convocadas para marzo de 1965. A pesar que después el régimen restringió la autonomía del Congreso, cambió el sistema de partidos y reprimió, especialmente como respuesta a acciones guerrilleras en 1973 y 1974, nunca cerró el Congreso y perseveró en la vía electoral, aunque trató de manipularlo. También levantó tempranamente la censura de prensa, lo que ayudó a la lucha electoral. Los militares prepararon desde 1984 un retiro gradual hacia sus cuarteles y el regreso a la democracia —la abertura— como expresión de esa continuidad, fue acelerada por la violencia de organizaciones de extrema derecha y la acción de militares «duros» y de los servicios de seguridad, con decenas de desaparecidos y numerosos detenidos, brutalmente torturados, que el Gobierno parecía no controlar (Skidmore, 1988: 169). El régimen tenía en contra a la oposición, la Iglesia católica, un amplio sector de los empresarios y al prestigioso Colegio de Abogados del Brasil, que reclamó por los desaparecidos. Las elecciones de 1988 fueron un importante paso hacia la democracia, donde se impuso la oposición, además de la elección indirecta del presidente de la República, un político opositor, Tancredo Neves, quien falleció antes de asumir (Skidmore, 1988: 256-257).

La Argentina del «Proceso» (1976-1983) no enfrentó un problema sucesorio por la decisión de la Junta Militar de invadir las islas Malvinas, que llevaría a una derrota militar ante Gran Bretaña y a tener que abandonar el poder un año y medio más tarde (Novaro y Palermo, 2003).

La dictadura de Pinochet sí se propuso regular la cuestión sucesoria y la estableció en los artículos transitorios de la Constitución de 1980 y giró en torno a un plebiscito con carácter de una elección semicompetitiva de la que saldría electo el presidente de la República⁴. Esta contienda electoral constituía la última iniciativa de una transición de ocho años, durante la que se construiría una arquitectura institucional que prepararía la instauración de la democracia protegida, sin indicar una fecha exacta de realización, permitiendo al régimen convocarla en el momento más propicio para ganarla. Esto creaba gran incertidumbre en la oposición, que no sabía cuándo debía estar preparada para enfrentar la competencia electoral.

En este capítulo analizaremos los factores que llevaron al fracaso de la regulación sucesoria y, con ello, a la derrota del general Pinochet en el plebiscito de 1988. Entre ellos se encuentran los cambios gatillados por la crisis económica de 1982-1983 y la política de la apertura, impulsada para detener la protesta de los trabajadores. Por otro lado, influyó el orden institucional establecido para dar credibilidad al plebiscito, que posibilitó una competencia electoral menos desequilibrada, con cambios que proporcionaron importantes recursos para ello, como la propaganda televisiva gratuita y mecanismos institucionales que limitaban la capacidad de manipulación del acto electoral y de sus resultados por parte del régimen. Además, los conflictos y divisiones entre los adherentes civiles del régimen debilitaron la imagen de Pinochet y, por último, la capacidad electoral alcanzada por la oposición democrática pudo convertirla en una real alternativa de poder, consiguiendo vencer a Pinochet. Esta interpretación difiere de las visiones elitistas que se han dado respecto al triunfo del No, que resaltan la calidad de su propaganda televisiva (la Franja del No) empleada en las tres últimas semanas de la campaña electoral, una explicación que desconoce los factores políticos que lo hizo posible⁵. En definitiva, la institucionalidad consagrada en la Carta Fundamental para regular la cuestión sucesoria se convirtió en un boomerang para Pinochet (Huneeus, 1987 A), al restringir su poder y entregar recursos políticos a la oposición, la que pudo impulsar una campaña bastante simple en el contenido: votar No.

La disposición 27 transitoria de la Constitución de 1980 señalaba que los comandantes en jefe de las tres tramas de las FF.AA., entre ellos el general Pinochet, y el director general de Carabineros, debían reunirse a lo menos noventa días antes de la fecha en que este terminaba su mandato, el 11 de marzo de 1989, y les correspondía «proponer al país, por la unanimidad de ellos, la persona que ocupará el cargo de presidente de la República en el período presidencial siguiente» y que la ciudadanía podía «aprobar» o «no aprobar» tal propuesta. Se trataba, por ende, de un candidato oficial de las FF.AA. Si este candidato era aprobado, se entendía que era electo como presidente para gobernar por un nuevo período de ocho años y que posteriormente procedería a convocar a elecciones para constituir un Congreso Nacional. Si era derrotado, se prorrogaba el «período presidencial» de Pinochet por un año, al final del que se realizaría en forma simultánea la elección presidencial y parlamentaria. El texto constitucional planteaba la posibilidad de una derrota del candidato solo como una alternativa teórica, pues el objetivo real que se buscaba era conseguir la reelección de Pinochet. Como se vio en el Capítulo V, el período original de presidente de Pinochet al discutirse la regulación sucesoria fue dieciséis años, pero, por razones de imagen pública, se dividió en dos períodos de ocho años, para asegurar su continuidad en el cargo.

La continuidad del general Pinochet después de 1988-1989 formó parte del consenso alcanzado entre civiles y militares cuando se aprobó la Carta Fundamental en 1980. Era el líder indiscutido del régimen y el texto constitucional fue hecho a su medida, para que ocupara la primera magistratura durante un largo tiempo⁶. Jaime Guzmán dio la fundamentación conceptual a la continuidad del general Pinochet como presidente y sus argumentos se apoyaron en la fallida experiencia del general Franco en España. En uno de sus más importantes documentos políticos sobre el régimen autoritario, escrito durante la transición a la democracia en España, Guzmán advirtió sobre la necesidad de evitar incurrir en el «gran error» de Franco, quien se despreocupó de la consolidación del orden político y no previó lo que ocurriría cuando él no estuviera en el poder. Consideraba inconveniente cambiar al líder mientras no estuviera plenamente asegurado el nuevo orden político. Por tanto, el general Pinochet debía ser el jefe de Estado no solo durante la transición, de acuerdo al calendario de la Constitución de 1980 (1981-1989), sino también durante la etapa posterior al plebiscito sucesorio (1989-1997):

[Le corresponde a Pinochet] sentar las bases de una democracia estable [y] además asumir realista y oportunamente la responsabilidad de impulsar y guiar al país hacia el pleno funcionamiento de la nueva democracia. Separar la transición de la institucionalización definitiva sería privar a aquella de su mayor fruto y sentido⁷.

El plebiscito tenía enormes proyecciones porque su resultado definiría no solo quién sería el próximo presidente, sino cuál sería el futuro régimen político: la inauguración de la democracia protegida y autoritaria, establecida en la Constitución de 1980, o, por el contrario, el término del régimen de Pinochet y la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias, que podría abrir camino a la transición a la democracia. En consecuencia, el plebiscito tenía una doble finalidad: cerrar la transición y marcar el comienzo de la instauración del orden político definitivo. Este hecho será considerado por la propia institucionalidad del régimen, el Tribunal Constitucional, cuando más tarde dicte dos sentencias que modificarán la naturaleza original de la regulación sucesoria, la constitución del Tribunal Calificador de Elecciones, que la Constitución establecía una constitución posterior, reduciendo con ello los alcances del poder del Gobierno para controlar el plebiscito y asegurar un resultado favorable al general Pinochet, y admitir la propaganda televisiva, un importante recurso político para la oposición en una campaña electoral. La competencia electoral en un régimen autoritario puede tener los principales componentes de la que existe en democracia, pero mantiene un componente central: establece un campo de juego desigual, favorable a los gobernantes, con distintos accesos a los recursos, especialmente a los económicos y los que dispone el Estado, como también a los medios de comunicación y a la institucionalidad electoral (Levistky y May, 2010: 9-12). La derrota del candidato oficial significaba el fracaso de la regulación sucesoria y el rechazo al orden político establecido en la Constitución, por su estrecha identificación con el general Pinochet⁸.

La confianza en el éxito del modelo económico, porque produciría un crecimiento sostenido, la expresó Pinochet en el discurso que pronunció en la noche del plebiscito de 1980, describiendo las condiciones que tendría el país cuando debiera presentarse nuevamente a las urnas:

Ahora quiero decir a cada uno de ustedes, mostrándole la senda que va a seguir Chile, cuál será nuestro futuro.

En primer lugar, tener un millón de nuevas ocupaciones; un millón de fuentes de trabajo; construir en este período 900.000 habitaciones, pero al mismo tiempo debemos efectuar una reforma integral a la seguridad social de grandes alcances y beneficios para la ciudadanía.

Visualizamos también en este período, al fin de él, que de cada siete chilenos, uno tendrá automóvil; de cada cinco habrá uno con televisión; y de cada siete, uno dispondrá de teléfono. Esas son las metas que nos fijamos (La Nación, 12 de septiembre de 1980).

Sin embargo, no se dieron las condiciones políticas y económicas previstas en 1980 para permitir la victoria del general Pinochet en el plebiscito. El modelo económico sufrió una profunda recesión en 1982-1983, que derivó en una crisis política, obligando al Gobierno a introducir importantes cambios con la apertura, que significaron, en la práctica, el fin del receso político y el reconocimiento de los partidos, creando un nuevo escenario que fue rápida y eficazmente ocupado por la oposición, como se analizó. Los civiles que respaldaban al régimen se dividieron y se enfrentaron con vehemencia ante la cuestión sucesoria, existiendo un sector que planteaba la inconveniencia de la candidatura del general Pinochet, convencidos de su derrota. Este sorpresivo desarrollo alteró las bases de la futura competencia electoral, porque el resurgimiento de los partidos se anticipó al menos cinco años, permitiendo a la oposición alcanzar una gran capacidad organizativa y una considerable visibilidad ante la opinión pública, no prevista por quienes diseñaron la regulación sucesoria en 1980.

El Tribunal Constitucional y los efectos no buscados de los factores institucionales

El primer factor explicativo del fracaso de la regulación sucesoria es de carácter institucional. Como bien lo planteó Lamounier (1988, 1989) en relación a la experiencia militar en el Brasil, las elecciones cumplen importantes funciones en los regímenes autoritarios, pues constituyen un mecanismo que contribuye a la legitimación del orden político y entregan espacios de acción a los partidos de la oposición para organizarse y constituirse en una alternativa de poder. La dinámica electoral genera tensiones que afectan la cohesión de la élite del poder y crean un escenario de difícil control por parte de la autoridad, porque, al establecer recursos institucionales para investirse de mayor credibilidad, estos son aprovechados por la oposición para derrotar la candidatura oficial. El caso del Chile de Pinochet confirmó esta generalización.

El plebiscito de 1988 era la tercera oportunidad en que el régimen militar recurría a un mecanismo electoral. Lo había hecho en la consulta de 1978, con el pretexto de defender la soberanía del país ante una nueva condena de Naciones Unidas por las violaciones a los derechos humanos; luego, en 1980, para ratificar la Constitución Política. Ambas tuvieron el carácter de elecciones no competitivas de presidente de la República y se realizaron en condiciones políticas aclamatorias, disponiendo Pinochet de todos los recursos para imponerse. No existían registros electorales, la prensa era plenamente partidaria de su propuesta y se carecía de una entidad autónoma que velara por la corrección del proceso electoral. De ahí que tales condiciones fueran rechazadas por la oposición y que carecieran de reconocimiento en el exterior, siendo calificadas negativamente de antemano como maniobras políticas fraudulentas.

La tercera contienda electoral no competitiva debía ser distinta para que cumpliera el objetivo fundamental: la reelección del general Pinochet con una clara legitimidad. Existía un nuevo escenario institucional, porque había una Constitución que regulaba la posibilidad del triunfo y que también consideraba la eventualidad de la derrota del candidato oficial. Además, indicaba que se promulgarían diversas leyes políticas que desarrollarían las disposiciones de la Carta Fundamental, que se referían al plebiscito sucesorio, las que configurarían un marco institucional más complejo que el de las anteriores ocasiones. Estas leyes establecían que habría registros electorales y que las inscripciones se harían ante el Servicio Electoral, un organismo público existente durante la democracia, de carácter independiente, en cuya dirección fue nombrado un antiguo funcionario de este⁹. Además, se permitiría la legalización de los partidos políticos, incluyendo los de oposición, facultados para participar en la campaña electoral y controlar el escrutinio.

Los constituyentes de 1980 —la Junta de Gobierno— hicieron una estimación estática del impacto de estos nuevos componentes institucionales, pensando solo en su lado positivo —darían legitimidad al acto y permitirían el triunfo de la candidatura oficial—, pero no previeron sus posibles efectos negativos. No imaginaron que estaban entregando espacios que beneficiarían a la oposición y podrían conducir a la derrota del general Pinochet. La minuciosa institucionalización terminó por provocar rigidez en el proceso político en desmedro del candidato oficial, acentuada por el estilo de liderazgo del general Pinochet, que no se adaptó oportunamente al nuevo escenario, manteniendo su discurso confrontacional (Kesselman, 1970).

La oposición miró con desconfianza la posibilidad de participar en el plebiscito. Algunos sectores de izquierda y del PDC sostuvieron que era impensable que el régimen organizara una consulta que permitiera una derrota del dictador. Se temía que los ciudadanos se inhibieran de participar en el plebiscito por miedo, a pesar de que las encuestas de opinión mostraban un alto interés por inscribirse en los registros electorales y por votar¹⁰. Consideraban que el único camino posible para avanzar a la democracia eran elecciones libres, a las que la ciudadanía sería convocada después de una reforma constitucional realizada voluntariamente por los militares. Esta era una alternativa que suscitaba amplio respaldo en la opinión pública, pues en noviembre de 1987 el 71 por ciento prefería elecciones libres y solo el 12 por ciento el plebiscito¹¹. Sectores de la oposición y de Unión Nacional (UN) estaban de acuerdo con una elección en que participara un candidato de consenso, alternativa que tenía amplio respaldo en la población, recibiendo el 43 por ciento de las menciones en una encuesta de abril-mayo de 1988, similar al obtenido en otra anterior de noviembre de 1987¹².

La principal preocupación de los opositores era el temor a la inevitable intervención de los militares y del Gobierno en el proceso electoral para impedir la derrota de su candidato. A la fuerte desconfianza en el general Pinochet se añadía un hecho puntual muy significativo, que formaba parte de la arquitectura institucional de la regulación sucesoria. El organismo arbitral decisivo en una elección —el Tribunal Calificador de Elecciones, consagrado en la Constitución de 1980— no podría constituirse para esta ocasión, sino que la disposición 11 transitoria de la Constitución indicaba expresamente que debía hacerlo con motivo de la primera elección de senadores y diputados, la que estaba prevista para después del plebiscito.

Sin embargo, el escenario institucional era aún más complejo como consecuencia de la apertura, pues de hecho existían los partidos políticos, los grupos de interés contaban con bastante convocatoria, particularmente los estudiantes, y los medios de comunicación, especialmente las radios y semanarios, independientes del régimen y partidarios de un cambio a la democracia, habían conseguido una amplia libertad de información, por lo que los chilenos poseían un conocimiento acabado acerca de las alternativas en juego. Hasta los diarios partidarios del régimen, como El Mercurio, La Segunda y La Tercera de la Hora, informaban sobre actividades de la oposición, aunque limitadas en sus alcances, para no favorecer su visibilidad¹³. La Constitución había creado un organismo, el Tribunal Constitucional, mediante la Ley 17.997, de 19 de mayo de 1981, algunas semanas después de la puesta en vigencia de aquella, el 11 de marzo, sin prever que tendría un importante papel en la definición del contexto institucional del plebiscito¹⁴. Su finalidad fue apoyar la transición, controlando que las leyes despachadas por la Junta de Gobierno se ajustaran a la Carta Fundamental. Los constituyentes de 1980 imaginaron que sus fallos estarían de acuerdo con las orientaciones generales del régimen. La forma de designación de sus miembros apoyaba esta idea: tres ministros nombrados por la Corte Suprema, dos por los militares a través del Consejo de Seguridad Nacional, el general Pinochet designaba un ex ministro y la Junta de Gobierno también a otro¹⁵.

Las nuevas instituciones enfrentaron el desafío de su consolidación, lo que se determina por su capacidad de autonomía¹⁶. El interés por mostrar una capacidad decisoria autónoma de los ministros nombrados por la Corte Suprema, se contraponía a su desempeño durante el régimen militar en los procesos por violaciones a los derechos humanos, en que mostraron su subordinación respecto del Gobierno, dañando la credibilidad en la justicia por parte de la población. Ahora tenían la oportunidad de mejorar esa imagen. Uno de los ministros, José María Eyzaguirre, había sido presidente de la Corte Suprema (1976-1979) y autor de votos de minoría en fallos por casos de violaciones a los derechos humanos que coincidían con los argumentos de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad (Matus, 1997: 247).

El principal protagonismo correspondió a uno de los ministros nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional, institución que expresaba el poder tutelar de los militares. Se trató de Eugenio Valenzuela Somarriva, un prestigioso abogado del Consejo de Defensa del Estado, quien mostró no solo capacidad decisoria autónoma, sino también habilidad para convencer a los otros ministros en los fallos sobre las leyes orgánicas constitucionales que apuntaban a que la competencia electoral fuera más igualitaria.

La primera ocasión en que el Tribunal Constitucional tuvo que examinar, aunque de manera indirecta, el tema sucesorio fue en 1984, por el requerimiento de la UDI contra el Movimiento Democrático Popular (MDP), integrado por los partidos Socialista, Comunista y MIR, iniciativa que tenía por objeto declarar inconstitucional a esta organización por su carácter marxista y atentar contra el artículo 8º de la Constitución. Mediante este acto se quería provocar un conflicto para obligar a la oposición democrática a definirse sobre la no inclusión de los partidos marxistas y, además, excluirlos de participar en la campaña electoral del plebiscito.

El requerimiento de la UDI fue acogido en un fallo dividido¹⁷, de importantes consecuencias. Por una parte, confirmó a los partidarios del Gobierno la confianza en el tribunal, que estaba actuando a favor del régimen. Por otro lado, tuvo el efecto no buscado de establecer una importante restricción al pluralismo político, de influencias futuras en las decisiones del Tribunal Constitucional sobre otras leyes políticas.

Habíamos dicho que la oposición democrática desconfiaba de que el plebiscito sucesorio fuese limpio. Añadimos que uno de los fundamentos de esos temores fue la inexistencia de un organismo superior que supervigilara su limpieza, ya que el Tribunal Calificador de Elecciones, de acuerdo a los artículos transitorios de la Constitución —la disposición 17 transitoria— se constituiría después del plebiscito; sin embargo, entre los artículos permanentes, el artículo 84, inciso 1°, estipulaba que el Tribunal Calificador de Elecciones «conocerá, asimismo, de los plebiscitos», por lo que se podía desprender que también aludía a la contienda sucesoria. Esa contradicción fue resuelta por la Junta de Gobierno en favor de la disposición transitoria y ese fue el texto de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, el que fue conocido por el Tribunal Constitucional¹⁸. Por iniciativa del ministro Valenzuela se estudió su constitucionalidad desde una perspectiva más amplia que la del examen del tenor literal de la Constitución, recurriendo a una interpretación finalista de esta; es decir, de acuerdo a la concordancia de los objetivos establecidos en los artículos permanentes y transitorios (Zapata, 2002). Valenzuela argumentó que el plebiscito tenía una enorme trascendencia porque cumpliría una doble función: sería el último acto de la transición y al mismo tiempo inauguraría la democracia¹⁹. Para cumplir ambos propósitos, su realización debía ser incuestionable, por lo que era necesario que el Tribunal Calificador de Elecciones supervigilara el acto electoral. En su considerando 19 el fallo establece que «la Constitución es un todo orgánico y el sentido de sus normas debe ser determinado de manera tal que exista entre ellas la debida correspondencia y armonía, excluyéndose aquella interpretación que conduzca a anular o privar de eficacia a algún precepto de ella» (citado por Zapata, 2002: 52). Esto quería decir que debía establecerse antes del plebiscito y no después de este²⁰. En consecuencia, la ley era inconstitucional. Logró convencer de su interpretación a los ministros Eyzaguirre, Philippi y Maldonado, quienes apoyaron esta decisión, por lo que hubo un fallo de mayoría del Tribunal Constitucional en ese sentido, de 24 de septiembre de 1985.

La sentencia significaba que el Tribunal Calificador de Elecciones podía subsanar las deficiencias o vacíos legales que encontrara para la realización del plebiscito a través de resoluciones que eran obligatorias para la autoridad; de esta forma era posible garantizar, como dijera un constitucionalista, que el plebiscito «fuera una consulta libre, informada, sincera y secreta» (Cruz-Coke, 1985: 145). El fallo fue acatado por el régimen, que procedió a conformar el Tribunal Calificador, un hecho de gran importancia porque aseguraba una mayor igualdad de oportunidades a las alternativas Sí y No²¹.

Más tarde, próxima la convocatoria al plebiscito, el Tribunal Constitucional dictó otro fallo que otorgó más equilibrio a la competición electoral. Al examinar la constitucionalidad de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios encontró un vacío respecto a los apoderados de los independientes, ya que solo se consideraba a los nombrados por los partidos constituidos legalmente. Esto quería decir que existía una desigualdad que atentaba contra las condiciones de equidad que debían imperar en un acto tan importante. El tribunal pudo haber declarado la inconstitucionalidad del precepto y dejar a los partidos sin apoderados. Sin embargo, como esto habría afectado la legitimidad del plebiscito y considerando que la oposición se preparaba a colocar apoderados en todas las mesas, el tribunal buscó corregir el vacío a través de la técnica constitucional de la «advertencia al legislador». La Junta de Gobierno aceptó la decisión y subsanó el vacío²².

Este fallo tuvo una incidencia adicional en la definición del orden institucional del plebiscito. Efectivamente, en agosto de 1988 el Tribunal Constitucional volvió a examinar el nuevo texto de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, y el Canal 13 de la Universidad Católica, que estaba bajo la influencia del «gremialismo», alegó la inconstitucionalidad de la norma que establecía una franja electoral gratuita para el plebiscito, con el fin de impedir que se diera esta posibilidad de propaganda. El tribunal, en fallo unánime, señaló que la disposición era constitucional, con lo que se abrió paso a la propaganda electoral, sin costo para la oposición. Así, durante los 27 días previos al plebiscito, hubo 30 minutos diarios de propaganda televisiva, asignándose el mismo tiempo a las dos opciones que se enfrentaban, es decir, 15 minutos²³. El Gobierno, para disminuir su impacto, estableció un horario de baja audiencia, las 23 horas. Sin embargo, no consiguió este resultado, porque hubo un altísimo interés en seguir la franja televisiva²⁴.

La singularidad de carácter institucional más relevante del plebiscito, que lo diferenció de la consulta y del plebiscito de 1980, fue que hubo registros electorales, los cuales habían sido destruidos después del golpe militar, como se examinó en el Capítulo II. La Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral²⁵ establecía un electorado definido, con lo que se ponía un obstáculo a la posible manipulación el día de la elección. Inicialmente, esta ley fue vista con recelo y desconfianza por constitucionalistas de la oposición, que encontraron en ella importantes vacíos que permitían una manipulación por parte del Gobierno²⁶, pero finalmente fue reconocida como un instrumento vital.

Las inscripciones electorales fueron abiertas en febrero de 1987 cuando entraron en funcionamiento los registros. Ello significó para la oposición el comienzo de la campaña electoral, ya que el Gobierno no las promovió y les puso dificultades a este trámite²⁷. La oposición llamó a los chilenos a inscribirse, organizó una movilización nacional en ese sentido y los partidos trabajaron en estrecha colaboración con numerosas organizaciones no gubernamentales²⁸. El ritmo fue lento en los primeros meses, pero en junio de 1987 cobró mayor impulso cuando la Iglesia católica formuló un llamado a la inscripción.

Conflictos y divisiones entre los partidarios del régimen

A diferencia de las anteriores elecciones no competitivas, el dictador enfrentó el plebiscito sucesorio con sus adherentes fragmentados en distintos partidos y divididos a favor o en contra de su postulación. Como se vio en el capítulo anterior, entonces había cuatro partidos de derecha: la Unión Nacional (UN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Nacional (PN) y el Frente Nacional del Trabajo²⁹.

UN estaba en contra del plebiscito y de la candidatura del general Pinochet. Consideraba que tendría un carácter confrontacional e implicaría arriesgarse a una derrota del candidato de las FF.AA., con una grave humillación para estas. La fórmula más adecuada era la celebración de elecciones libres y competitivas, para lo que se requería una reforma constitucional. Si en definitiva se llegaba al plebiscito, el candidato no debía ser el general Pinochet, sino una persona de consenso, un civil con amplio apoyo entre los partidarios del régimen y con prestigio además en sectores de oposición.

La UDI, por el contrario, estaba a favor del plebiscito y de la candidatura de Pinochet. Se manifestó en contra de una elección competitiva de presidente de la República porque consideraba que también sería confrontacional³⁰. La convocatoria a elecciones libres requería reformar la Constitución y los gremialistas sabían que la Junta de Gobierno no lo haría, pues entendía que la Carta Fundamental debía consolidarse un buen tiempo antes de proceder a su modificación. Como la UDI tenía el convencimiento de que Pinochet iría a reelección, era una falta de realismo plantear una alternativa distinta al plebiscito.

La posición del «gremialismo» era formalmente muy pinochetista, pero en el fondo era una postura pragmática. La UDI no tenía nada que perder en el plebiscito, pues la campaña electoral podría fortalecer al partido, permitiendo a sus dirigentes y activistas trabajar intensamente en ella. Esta decisión se mostró efectiva, porque la UDI pudo aprovechar su cercanía con Pinochet para obtener una buena votación en las elecciones parlamentarias de 1989, eligiendo a Guzmán como senador por uno de los distritos en la Región Metropolitana y su apoyo electoral aumentó en las elecciones siguientes, hasta llegar a ser el principal partido del país en las elecciones parlamentarias de 2001 (Huneeus, 2014).

Sin embargo, UN y la UDI estaban presionados para definirse a favor de una postura común de apoyo a Pinochet, pues debían enfrentar en una lista conjunta las elecciones parlamentarias, ya que el sistema electoral binominal obligaba a la formación de amplias coaliciones (Huneeus, 2004). Si iban separados, corrían el riesgo de un triunfo abrumador de la oposición, como había ocurrido en las elecciones de los colegios profesionales en 1985 y 1986. UN era el partido más afectado porque carecía de capacidad para actuar con autonomía, pues había asumido altísimos costos políticos por seguir una línea independiente del Gobierno, especialmente por haber suscrito el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia. La UDI contaba con el respaldo del Gobierno y, especialmente, con la colaboración de sus numerosos dirigentes y activistas que trabajaban en las municipalidades y en la Secretaría Nacional de la Juventud.

Ante este escenario político, UN planteó la constitución de un partido único de la derecha, invitando a la UDI, al PN y al Frente Nacional del Trabajo (FNT). Los puntos que los unían eran superiores a las diferencias que tuvieron durante la apertura³¹. En primer lugar, compartían una historia común de lucha contra los partidos de la Unidad Popular, cuya memoria histórica estaba muy viva entre los dirigentes³². En segundo término, contaban con una amplia base de acuerdo programática, ya que coincidían en apoyar las reformas económicas y valoraban la acción de los Chicago boys. En tercer lugar, tenían la misma apreciación sobre el carácter de la oposición, considerada como una organización dominada por los partidos de izquierda y que actuaba bajo la presión del Partido Comunista. Por último, la mayoría de los dirigentes de la UDI y UN habían participado en el Gobierno, apoyando a Pinochet en la consulta de 1978 y en el plebiscito de 1980³³.

Esta iniciativa de UN fue inicialmente evaluada con desconfianza por la UDI³⁴. No les era fácil unirse con UN por sus diferencias históricas, pues mientras el «gremialismo» se había comprometido con el régimen autoritario, los dirigentes de UN se mantuvieron fuera de este y lo habían criticado. También estaba presente la persecución que sufrieron cuando Sergio Onofre Jarpa fue ministro del Interior y temían que la cooperación de este con Allamand se repitiera en el nuevo partido, con el fin de controlarlo³⁵. La invitación de UN fue aceptada por la UDI y el FNT, fundándose un nuevo partido, Renovación Nacional (RN), al que el PN no se incorporó.

Como presidente se designó a Ricardo Rivadeneira, un abogado del Consejo del Defensa del Estado sin trayectoria política y que tampoco había ocupado cargos en el régimen militar. Como secretario general fue nombrado el abogado Gonzalo García, hijo del primer presidente del PN, Víctor García Garzena, militante de este partido en su juventud y quien, como Rivadeneira, no había participado en política en los últimos años. Fueron designados vicepresidentes Andrés Allamand (UN), Jaime Guzmán (UDI) —presidentes de los respectivos partidos— y Juan de Dios Carmona por el Frente del Trabajo, pues Jarpa se negó a ocupar ese cargo. Esta forma de integración de la directiva, con un presidente y un secretario general desconocidos para la opinión pública, acompañados por dos vicepresidentes, ampliamente conocidos, que eran los principales dirigentes de UN y la UDI, puso de manifiesto la fragilidad institucional de RN como colectividad distinta de las que la crearon³⁶.

La designación de los veinte miembros de la comisión política confirmó la organización fragmentada de RN: cada partido nombró tres miembros y ocho «independientes» propuestos por estos, en buena medida identificados con cada una de las tres colectividades³⁷. Además, la unidad fue solo formal, porque cada agrupación mantuvo su propia organización.

El liderazgo es un factor decisivo para la consolidación de los nuevos partidos, especialmente durante los cambios de regímenes políticos, ya que sus decisiones son determinantes para su fortalecimiento o fracaso³⁸. No se trata de un análisis reduccionista que solo asigne importancia a los individuos, sino que se trata de reconocer que los presidentes de los partidos tienen un poder considerable en esas singulares circunstancias³⁹. El desafío del liderazgo para la derecha consistía en constituir un partido unido y no una federación o coalición electoral, que debía integrar a colectividades con importantes diferencias políticas y cuyos dirigentes habían tenido enfrentamientos personales en el pasado reciente.

El tema más delicado para el nuevo partido era el sucesorio. Rivadeneira tenía que impulsar una política que buscara la integración y evitara el conflicto entre la UDI y UN. Era una tarea muy difícil, pues él, en lo personal, tenía una postura crítica respecto de la candidatura de Pinochet. En una decisión que probó ser contraproducente, expuso en entrevistas de prensa su opinión sobre temas tales como la necesidad de terminar con el exilio, se manifestó además crítico del plebiscito y cuestionó el rol del general Pinochet⁴⁰. Estas declaraciones fueron bien miradas por la oposición, condenadas por el Gobierno, rechazadas en la UDI y apoyadas en UN⁴¹. El tema sucesorio hacía aparecer a RN como un partido dividido en un momento decisivo para su consolidación⁴².

Las diferencias en RN se hicieron más explícitas cuando a comienzos de julio de 1987, Sergio Fernández, un dirigente de la UDI que no se integró a RN, fue nombrado ministro del Interior. Su principal responsabilidad era conseguir la reelección del general Pinochet, para lo que requería el apoyo de todos los grupos civiles, incluido RN. Una de sus primeras iniciativas fue informar a la directiva de RN que el Gobierno rechazaba una reforma constitucional para llamar a elecciones libres y que estaba decidido a impulsar la realización del plebiscito⁴³. Los miembros de la Junta de Gobierno confirmaron esta decisión cuando los dirigentes del partido los visitaron para adoptar una postura única ante el tema plebiscitario⁴⁴.

Fernández también se esforzó por inclinar la decisión interna de RN a favor de Pinochet, actuando a través de los alcaldes e intendentes. Esta iniciativa fue fructífera porque algunas directivas regionales se manifestaron públicamente partidarias de la candidatura de Pinochet⁴⁵.

Sin lograr cohesionar el partido, enfrentando la oposición del Gobierno y ante la imposibilidad de evitar la candidatura de Pinochet, de la cual él no era partidario, Rivadeneira renunció a la presidencia en forma sorpresiva, pues consideró que no tenía nada que hacer en la dirección de RN⁴⁶. Esto precipitó la delicada situación de elegir un nuevo presidente, a quien le correspondería organizar las elecciones del consejo general por votación directa de sus militantes, organismo que designaría a la directiva definitiva⁴⁷.

Después de extensas reuniones y varias votaciones de la comisión política, Sergio Onofre Jarpa fue elegido presidente del partido por mayoría de votos, con el respaldo de los miembros de UN y del FNT, mientras que la UDI votó en contra. Fue un resultado adverso para el «gremialismo», pero Guzmán lo aceptó porque confiaba que la UDI lograría imponerse en las elecciones internas. Para las elecciones al consejo general, los días 17, 18 y 19 de marzo de 1988, la competencia entre ambos bloques fue particularmente intensa en la Región Metropolitana⁴⁸. La UDI se consideraba más fuerte porque tenía una sólida organización en las poblaciones debido al trabajo desarrollado durante años a través de la Secretaría de la Juventud y de las municipalidades. Además, contó con el apoyo del Ministerio de la Vivienda, cuyo titular, Miguel Ángel Poduje, era un «gremialista» histórico⁴⁹. UN, en cambio, solo tenía presencia fuerte en las comunas acomodadas, tradicionalmente favorables a la derecha, como Providencia y Las Condes, de gran importancia política porque atraían el interés de los medios de comunicación⁵⁰.

Al acercarse la elección fue previsible una derrota del «gremialismo». Guzmán intentó en el último momento, con respaldo de La Moneda, impedir la realización de las elecciones. Un día antes de estas dio una conferencia de prensa exigiendo la renuncia de Jarpa, acusándolo de falta de imparcialidad y llamó a sus adherentes a no votar. Una derrota del «gremialismo» tendría efectos devastadores en la cuestión sucesoria porque RN podría inclinarse a favor de las elecciones libres, contando con un buen candidato, Sergio Onofre Jarpa⁵¹.

La iniciativa de Guzmán no impidió las elecciones y la lista de UN y FNT obtuvo la mayoría de los delegados al consejo general. El triunfo fue abrumador en las comunas de Providencia y Las Condes y perdió estrechamente frente a la UDI en Valparaíso⁵². Este último resultado fue muy notable porque el «gremialismo» tenía en esa ciudad una poderosa organización y quien se impuso había sido alcalde durante un largo período.

Los líderes de la UDI atacaron con feroz vehemencia a Jarpa, como en los peores años de pugna entre partidos antes del golpe de Estado⁵³. Los dirigentes de UN condenaron el comportamiento de Guzmán. La directiva de RN acusó a Guzmán ante el Tribunal Supremo y solicitó se le aplicaran sanciones ejemplares⁵⁴. Durante largas semanas la prensa informó sobre el grave conflicto que involucraba a destacadas personalidades que apoyaban al régimen⁵⁵.

El 21 de abril el Tribunal Supremo, por mayoría de votos, aplicó a Guzmán la máxima sanción, la expulsión del partido⁵⁶. El fallo implicaba la ruptura de RN, pues la expulsión del acusado provocaría la solidaridad del «gremialismo», que no dejaría solo a su líder. Guzmán rechazó la medida y, junto a los militantes de la UDI, renunció al partido y se definió de inmediato a favor de la reelección del general Pinochet, llamándose a sí mismo «UDI por el Sí»⁵⁷. Como si la experiencia conjunta con UN nunca hubiese existido, Guzmán retomó el discurso tradicional del «gremialismo», llamando a impulsar un cambio generacional para introducir nuevos hábitos en la política⁵⁸.

Las renuncias de los militantes de la UDI no detuvieron el desarrollo de RN, ya que UN y el FNT procedieron a reemplazar a los miembros de la comisión política con sus propios dirigentes. Los días 16 y 17 de julio se realizó el consejo general, siendo elegido Jarpa como presidente y Allamand como secretario general.

El conflicto en RN tuvo consecuencias en la preparación de la campaña plebiscitaria del general Pinochet. Los meses de tensiones y conflictos internos atrasaron la organización de los apoyos civiles, debiendo descansar principalmente en el trabajo de los funcionarios públicos y los militares. Altos personeros del Ejército, que ocupaban cargos en el Gobierno y también puestos institucionales como directores de escuelas matrices, expresaron públicamente su respaldo a la opción de Pinochet. Los oficiales que trabajaban más estrechamente con Pinochet tuvieron mayor protagonismo, como por ejemplo el brigadier general Patricio Serré, subsecretario de Desarrollo Regional, ligado a él por años, y el teniente coronel Hernán Núñez, director de la Dirección de Organizaciones Civiles del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Cuadro XI-1). Cada uno de estos oficiales hizo por lo menos nueve declaraciones públicas en favor del liderazgo de Pinochet en 1973 y un número similar de apoyo a su candidatura en los primeros meses de 1988.

Las reiteradas declaraciones electorales de Serré también se explican porque era subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, desde donde colaboraba en la campaña del general Pinochet a través de los intendentes y alcaldes. Una iniciativa en esa dirección fue el «Plan de Acción Cívica», distribuido en el Congreso Nacional de Alcaldes, celebrado en agosto de 1986, para orientar el trabajo electoral de los ediles⁵⁹.

Estas declaraciones eran delicadas, puesto que ponían de manifiesto hasta qué punto los militares estaban comprometidos con la candidatura de Pinochet, arrojando un manto de dudas sobre la factibilidad de que reconocieran una derrota. Sin duda confirmaban la desconfianza de los dirigentes de izquierda respecto a la viabilidad del plebiscito⁶⁰.

La difusión de estas declaraciones por los medios de comunicación puso a los comandantes en jefe de las FF.AA. en una situación incómoda, porque aparecían con una sola alternativa: nominar al general Pinochet como candidato presidencial. De ahí que enfatizaron que estaban abiertos a todas las posibilidades. En conversaciones privadas que trascendieron a los medios de comunicación, no se cerró la posibilidad de elegir a un civil, y el almirante Merino fue aún más lejos, declarando a The Economist que su preferencia era por un civil de cincuenta años. Esta afirmación buscó desviar la atención sobre el hecho de que el candidato sería Pinochet.

El comienzo de la campaña electoral del general Pinochet: las giras a las regiones

El cuestionamiento a la candidatura del general Pinochet también influyó en su agenda de trabajo, en la que agregó un programa de visitas a regiones para mostrar el respaldo que concitaba en la ciudadanía. Su candidatura se tornaría inevitable, pues tendría el apoyo de la mayoría de la población y especialmente de los sectores populares. La nominación de los demás comandantes en jefe de las FF.AA. sería más bien una consecuencia natural de ese respaldo mayoritario.

Un análisis de las giras a regiones pone de manifiesto esta estrategia electoral. En 1986, cuando la cuestión sucesoria estaba todavía lejana, Pinochet hizo 18 visitas. Al año siguiente, cuando comenzó los preparativos de su campaña para obtener la nominación, el número aumentó a 26 giras. El ritmo fue aún más intenso en el primer semestre de 1988, año en que se debía nominar el candidato al plebiscito, y Pinochet requería de un sólido respaldo de la población para que esa decisión no provocara conflictos en la coalición gobernante. En los primeros siete meses realizó un total de 23 giras, número levemente inferior a las efectuadas durante todo el año anterior.

El programa de sus visitas, que eran muy rápidas, incluía su participación en diversos actos, destacando la frecuencia con que se realizaban ceremonias de entrega de viviendas e inauguración de obras públicas, las políticas prioritarias en ese año. También se consideraban encuentros con la comunidad, que tenían un carácter más político. Uno de los propósitos de estas giras a regiones era visitar las unidades militares, pues los uniformados eran su principal base de poder.

Pinochet destacaba en las giras los resultados del Gobierno, poniendo de relieve los éxitos del programa de viviendas impulsado por el ministro Miguel Ángel Poduje. Tal programa consideraba inauguración de poblaciones⁶¹, entrega de subsidios para la vivienda y de títulos de dominio, elementos que se veían reflejados en los anuncios y promesas que hacía Pinochet en sus discursos⁶². El ministro de Vivienda fue quien con más frecuencia lo acompañó en las giras, participando en 10 de las 26 que hizo en 1987, seguido por el de Obras Públicas, el general Bruno Siebert, quien también alcanzó cierto protagonismo en la agenda del dictador.

Pinochet también participaba en encuentros masivos con la comunidad organizados por los alcaldes, y de ahí se explica que en 1986 el 45 por ciento de los actos realizados en las giras se hiciera en plazas y otros lugares abiertos, siendo esta proporción similar en 1987, 48 por ciento. Hubo actos organizados por iniciativa de sus adherentes, incluso por Avanzada Nacional, un movimiento de extrema derecha creado por ex uniformados, y además concurría a actos en las universidades, con empresarios, y eventos organizados por la Secretaría Nacional de la Mujer y por la Secretaría Nacional de la Juventud⁶³. En estos encuentros el general Pinochet eludió referirse al tema plebiscitario, pues no dudaba que la decisión de los comandantes en jefe sería en su favor. Leía discursos que le preparaban sus asesores y en ciertas oportunidades improvisaba mensajes políticos para sopesar su efecto. En una de estas giras a la VIII Región declaró que su período presidencial era de 16 años, lo que motivó una fuerte polémica entre sus partidarios y el rechazo de los dirigentes de la oposición.

El 30 de agosto de 1988, los comandantes en jefe de las tres ramas de las FF.AA. y el general director de Carabineros nominaron al general Pinochet como candidato, dando comienzo a la campaña electoral.

El rol de la oposición. La larga marcha hacia la campaña por el No, unidad y diversidad

El fracaso de la regulación sucesoria se debió también al papel desempeñado por la oposición. Los constituyentes de 1980 imaginaron un escenario compuesto por una oposición dividida en múltiples organizaciones, con una mayoría de izquierda bajo el liderazgo del PC, obligando al PDC y al socialismo moderado a impulsar una campaña de carácter testimonial, similar a las de 1978 y 1980.

La situación fue enteramente distinta. No existió una oposición dividida en múltiples partidos —«una sopa de letras», como ocurrió al final del régimen de Franco en España (Huneeus, 1985: Capítulo III)— ni débilmente organizada o ambivalente ante la campaña plebiscitaria. Por el contrario, hubo una oposición unida —la Concertación de Partidos por el No— integrada por las principales colectividades políticas existentes hasta el golpe de Estado —Democracia Cristiana, socialismo, radicalismo y sectores de derecha—, provista de una considerable capacidad organizativa y con una gran mística de trabajo.

A diferencia de España, donde la principal fuerza política fue la izquierda, con el Partido Comunista y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) (Carr y Fusi, 1979; Powell, 2001), en Chile estuvo dirigida por organizaciones centristas, teniendo como principal figura a Patricio Aylwin, presidente del PDC al momento del golpe de Estado y electo nuevamente a comienzos de 1988. Era un político con gran experiencia, y un demócrata de toda la vida. No obstante haber sido opositor al Gobierno de la Unidad Popular, estableció relaciones de confianza con los principales dirigentes de izquierda. Los esfuerzos comunicacionales del Gobierno para romper la larga tradición de política centrista en el país y presentar a la oposición bajo la influencia de los comunistas habían fracasado⁶⁴.

Por su amplitud y gran capacidad de movilización política, la Concertación por el No constituyó una experiencia singular de régimen autoritario. Fue posible por las especificidades del desarrollo político del país, caracterizado por su larga tradición partidista, y por la presencia de un liderazgo imaginativo⁶⁵. La Concertación fue el resultado del largo trabajo en común realizado por los dirigentes de la oposición en el que superaron las desconfianzas y divisiones anteriores al golpe de Estado entre los dirigentes de la Unidad Popular y del PDC. Las tres instancias fundamentales en las que esto ocurrió fueron:

1) La defensa de los derechos humanos, a través de la intervención de ex parlamentarios, ex ministros y abogados en la protección de los detenidos.

2) La labor del Grupo de Estudios Constitucionales —llamado «Grupo de los 24»—, conformado en 1978 por políticos, abogados y académicos de izquierda, centro y derecha para preparar un texto constitucional alternativo al de la Comisión Ortúzar.

3) El trabajo académico de cientos de profesionales en los numerosos centros privados de investigación, que contribuyó a preparar una propuesta programática propia y diferenciada de la impulsada por la dictadura y a conformar equipos técnicos capacitados para asumir tareas futuras de Gobierno (Brunner y Barrios, 1987; Huneeus, Cuevas y Hernández, 2014; Puryear, 1994).

En estos tres escenarios se produjo un paulatino reencuentro de personas enfrentadas en el pasado, constituyéndose el cimiento sobre el que se construyó la acción política de la Alianza Democrática en 1983 y de la Concertación por el No en 1988. Esas instancias de encuentro fueron posibles porque las élites aprendieron las lecciones del dramático pasado de Chile, en que la crisis de la democracia fue agravada por los conflictos entre dirigentes de los partidos. Esa visión crítica hizo posible la cooperación entre actores pertenecientes a distintos bloques⁶⁶.

Sin embargo, la proliferación de centros privados de investigación tuvo enormes consecuencias en la política de la oposición y en su acción, que no fueron beneficiosas. Estas organizaciones se convirtieron en espacios institucionales de enorme importancia para la oposición, pues trabajaron centenares de profesionales que habían colaborado con el Gobierno de Allende y académicos expulsados de las universidades o que debieron abandonarlas por las severas restricciones impuestas por el contexto autoritario, entre los cuales también había numerosos militantes o simpatizantes del PDC. Los centros cumplieron importantes funciones políticas, pues permitieron el reclutamiento de activistas y dirigentes, formularon críticas al régimen militar, que sirvieron para el discurso de la oposición, promovieron diálogos y encuentros que ayudaron a la convergencia de los partidos. Fue en ellos donde se preparó la alternativa programática y de liderazgo para cuando los militares volvieran a los cuarteles. Los centros, además, ayudaron al financiamiento de la oposición, pues dirigentes y activistas de ella tenían ingresos de algún proyecto de una institución que les permitió dedicarse a la acción política.

La autonomía de los centros de estudio y su número se expandió considerablemente por la política de la apertura. El regreso de los exiliados llevó a un aumento del número de centros y a expandir la capacidad de los que ya existían, todo lo cual fue posible porque hubo mayor financiamiento externo, especialmente europeo, para favorecer la evolución del país hacia la democracia.

En la fase final del régimen, los centros ayudaron activamente a la campaña de la oposición en el plebiscito de 1988 y hasta colaboraron en su financiamiento a través de las encuestas de opinión que le sirvieron para tomar decisiones y también participaron en tareas de responsabilidad en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989, con decenas de profesionales dedicados a ella.

Se destaca la participación de los académicos de los centros de estudios en la dirección de los partidos y en las organizaciones de la oposición, lo cual daría cuenta de la modernización de la política (Puryear, 1994). Sin embargo, la relación entre esas organizaciones y la política de la oposición fue más compleja, que se hace visible con el paso del tiempo y que conviene considerar para evaluar su resultado. El considerable poder alcanzado por los centros les dio una enorme autonomía ante los partidos, incluso económica, porque contaron con financiamiento propio para su actividad política, que se apreció en las elecciones parlamentarias de 1989. Numerosos candidatos pudieron beneficiarse del aporte externo, el que canalizaron a través de algún centro de estudios o corporación, que relativizó la influencia de los partidos en sus campañas. Por otro lado, el alto número de profesionales y políticos de los centros que actuaban en la dirección de los partidos y en las instancias unitarias de la oposición, impuso un estilo político que no tuvo un impacto necesariamente positivo, pues se guió más bien por la práctica científica, con las certezas y el empleo de argumentos de autoridad, sin seguir la larga y compleja acción del político, que requiere negociaciones y compromisos, en la definición de Max Weber (1982). Aunque los académicos tenían militancia partidista, los debates sobre las tareas de la oposición se limitaron al personal de los centros de estudio y a los invitados a las actividades que realizaron, como seminarios o talleres, sin trascender a los dirigentes y activistas de los partidos que actuaban en otros ámbitos profesionales (Huneeus, Cuevas y Hernández, 2014).

Cuando los investigadores de los centros redactaron el programa de Gobierno de Aylwin no consideraron la opinión de los partidos de la Concertación. Esta división se acentuará durante la transición a la democracia, pues importantes decisiones serán adoptadas sin considerar la opinión de los partidos, como fue la reforma tributaria de 1990 y el «financiamiento compartido» en 1993 (Pribble, 2013). Se impondrá una lógica de expertos y el protagonismo de tecnócratas, especialmente economistas, que tendrá un papel dominante durante la transición y consolidaciòn de la democracia. Sin embargo, cambiarán su discurso, dejando de lado su crítica al modelo económico y optando más por su continuidad que por su reforma, sin explicar ese cambio, que tendrá consecuencias negativas en el electorado y en el orden institucional democrático (Huneeus, 2014).

La profecía autocumplida del autoritarismo acerca de la oposición

Durante sus diecisiete años de duración el régimen de Pinochet impulsó una política en contra de la oposición, empujado por lo que Dahl (1973: 13) llama profecía autocumplida. Dahl sostuvo que hay una tendencia inevitable hacia una práctica de enfrentamiento del régimen contra la oposición, pues esta es vista en su totalidad como potencialmente peligrosa, incluso aquellos partidos u organizaciones de conductas moderadas, sin distinguir entre la que es tolerada y la que no; y como todos son considerados peligrosos y reprimidos, aquella oposición que es leal y moderada es empujada a una actitud decidida contra las autoridades, lo cual justifica su represión.

El régimen toleró la existencia de algunas organizaciones opositoras, como el PDC y PR —declarados inicialmente «en receso»—, pero solo mientras parecieran inofensivas, es decir, no efectuaran acciones en su contra y mostraran prudencia hacia las nuevas autoridades. Sin embargo, pronto consideró que sus acciones excedían los estrechos márgenes de tolerancia y tomó drásticas medidas contra algunos destacados dirigentes del PDC, enviándolos al exilio⁶⁷ y en 1977 decretó la disolución de todos los partidos.

Por otro lado, la lógica de «amigo-enemigo» que caracterizó el discurso y la acción de los nuevos gobernantes llevó al régimen a considerar a la oposición como una organización en alianza secreta con el PC, cuyo objetivo era derribar al Gobierno. Las organizaciones de Iglesia, como la Vicaría de la Solidaridad, estarían infiltradas por el marxismo, siendo esta la fuerza política presente detrás de sus acciones respecto a las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. La coerción contra el «enemigo» recrudeció cuando Pinochet consideró que este amenazaba la estabilidad política⁶⁸.

La «profecía autocumplida» (Dahl) sobre la oposición encontró un muy buen apoyo en la política promovida por el MIR, que impulsó actos terroristas desde fines de los años setenta, cuando sus combatientes regresaron al país. También se vio confirmada en las acciones del Partido Comunista cuando lanzó la consigna de recurrir a «todos los medios de lucha», lo que se tradujo en el apoyo a las acciones terroristas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que protagonizó enfrentamientos con Carabineros en cada protesta convocada por la oposición democrática durante la apertura. El PC estaba empeñado en hacer fracasar la estrategia de la oposición democrática de impulsar una salida pacífica al régimen de Pinochet y consideraba que el único camino para terminar con la dictadura era una rebelión popular, similar a la ocurrida en América Central, donde consiguió la caída de la dictadura de Somoza en Nicaragua⁶⁹. Esta política era funcional a Pinochet, que buscaba mantener el régimen bajo la lógica de la guerra entre «amigos» y «enemigos» (Huneeus, 2009 A).

Los ataques a la oposición también tenían una finalidad política. Al carecer de una ideología que diera contenido a su discurso y contribuyera a la cohesión de sus adherentes, el régimen apeló al ataque a los adversarios para unir a la coalición gobernante y lograr respaldo. De ahí la persistencia en mantener viva la memoria histórica del Gobierno de la Unidad Popular e identificar a la oposición como responsable de ese período. Se estableció una gran distancia política e ideológica con la oposición, para desestimular deserciones hacia esta por parte de quienes estaban desencantados con el régimen. Pinochet rechazó el Acuerdo Nacional de 1985 precisamente por tratarse de una iniciativa que rompía la división entre los partidarios del régimen y la oposición, estableciendo un área de confluencia programática de sectores pertenecientes a los dos bloques antagónicos.

El «gremialismo» también apoyaba la confrontación, pues le convenía la polarización en dos bloques separados por una gran distancia ideológica, así como los enfrentamientos personales, porque esperaban que estos provocaran el desplazamiento de ciudadanos centristas hacia la derecha, lo que les ayudaría a formar un gran movimiento cuando los militares regresaran a sus cuarteles. Guzmán tuvo un papel muy importante en impulsar esta lógica. En sus artículos de prensa y sus memorandos a la Junta de Gobierno y a Pinochet, describió insistentemente a la oposición como una coalición de la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, respaldada por sectores de la Iglesia católica. Incluso cuando la oposición estaba debilitada y el régimen tenía una gran capacidad de iniciativa, como a comienzos de 1980, Guzmán reiteró la descalificación de los sectores opositores⁷⁰.

Este planteamiento de Guzmán también consideraba mantener un estricto control de las organizaciones opositoras mediante el uso de todos los recursos institucionales, incluido el exilio y las detenciones, aunque sin «retornar al estilo y métodos de la ex DINA»⁷¹. El líder del «gremialismo» justificaba el exilio, consagrado en el artículo 24 transitorio de la Constitución, como método para controlar a la oposición y, además, creía que este recurso debía seguir empleándose durante la transición. Esta disposición sustentaba la atribución ejercida por Pinochet de expulsar del país a los opositores, pues permitía al presidente «prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él a los que propaguen las doctrinas a que alude el art. 8° de la Constitución, a los que estén sindicados o tengan reputación de ser activistas de tales doctrinas y a los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para la paz interior»⁷². La redacción era tan amplia que constituía una espada de Damocles para toda la oposición, incluida la DC⁷³.

Las tres arenas de la acción política de la oposición

Los partidos opositores impulsaron una política que corresponde a la oposición legal en la terminología de Linz (1973 A), aprovechando los espacios dejados por el régimen para actuar. Esto llevó a la oposición a participar en las dos elecciones no competitivas, la consulta de 1978 y el plebiscito de 1980. A pesar de su convencimiento de que los resultados serían adversos porque el Gobierno disponía de todos los recursos para hacer propaganda y manipular el resultado, la oposición rechazó la abstención y prefirió convocar a votar No para aprovechar cada oportunidad de difusión de su pensamiento e impedir que Pinochet se impusiera sin disidencia⁷⁴.

Tres fueron los escenarios institucionales en que actuó la oposición durante el régimen de Pinochet y que cobraron importancia en la lucha electoral de 1988: primero, la defensa de los derechos humanos, con un mayor protagonismo de los abogados; segundo, la impugnación de la estrategia de legitimación constitucional impulsada por juristas y políticos, y, por último, la preparación de una alternativa programática en los centros privados de investigación social donde participaban académicos de diversas disciplinas, especialmente economistas, críticos del orden político y el esquema neoliberal.

En los primeros años del régimen la acción opositora fue mínima debido al estricto control ejercido por los servicios de seguridad, dándosele prioridad a la sobrevivencia. Los tribunales de justicia se constituyeron en la principal arena de la acción política⁷⁵. Los primeros abogados en los tribunales militares fueron políticos del PDC y PR, partidos declarados «en receso», quienes encontraron un importante respaldo en la Iglesia católica que, junto a otras iglesias, se dedicó a la defensa de los derechos humanos a través del Comité Pro Paz, primero, y después, de la Vicaría de la Solidaridad. La defensa judicial fue la primera manifestación de rechazo al nuevo régimen. Cuando en 1976 personalidades de oposición criticaron el estado de los derechos humanos, enviando una carta a los ministros que asistían en Santiago a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gobierno decretó su inmediata expulsión⁷⁶.

La defensa de los derechos humanos permitió demostrar la abundancia de excesos cometidos por los servicios de seguridad y reunir una vastísima documentación que certificaba los abusos e identificaba a las víctimas. La ardua lucha legal de los abogados opositores fue obstaculizada por la pasividad del Poder Judicial, que se inhibió de defender los derechos humanos. Estos profesionales se propusieron encontrar vacíos legales que obligaran a los jueces a defender a los detenidos. Con su labor sentaron las bases de la legitimidad ética y política de usar las mismas leyes del régimen para defender la libertad, cosa que tendrá después una expresión funcionalmente equivalente en la estrategia política de avanzar a la democracia usando la Constitución elaborada por el propio régimen.

La segunda iniciativa que tuvo una gran influencia en la decisión de la oposición de impulsar una política pacífica en contra del régimen militar, fue la creación, en 1978, del Grupo de Estudios Constitucionales, llamado el «Grupo de los 24»⁷⁷. Allí confluyeron personalidades que en el pasado estuvieron en posiciones antagónicas, sentando las bases de un encuentro de élites de enorme importancia para crear una alternativa de poder⁷⁸, pues se estableció en Santiago y en algunas de las principales ciudades de regiones. La voluntad de superar las divisiones del Gobierno de la Unidad Popular fue simbolizada en la designación como presidente de Manuel Sanhueza, ex ministro de Justicia de Allende, y de Patricio Aylwin como vicepresidente.

El Grupo de los 24 promovió un consenso sobre las instituciones de la democracia, compartido por sectores de izquierda que en el pasado habían tenido una visión crítica de esta⁷⁹. Este consenso también abarcó la identificación de las causas institucionales que precipitaron la caída de la democracia, destacándose la importancia del papel de las élites en la regulación del conflicto y estableciéndose así las bases de la política consociativa que hizo posible la lucha pacífica durante los años ochenta y que continuó en la nueva democracia.

El nudo gordiano de la oposición democrática era su postura hacia la Constitución de 1980. Había trabajado durante años para preparar un proyecto distinto al de la Comisión Ortúzar, calificando su texto como antidemocrático y cuestionando cómo fue preparada y aprobada la Carta Fundamental. Para la oposición era indispensable realizar una reforma constitucional si se quería avanzar a la democracia. Sin embargo, era un camino inviable, porque requería del acuerdo con los militares y estos se subordinaban a la voluntad del general Pinochet. El segundo obstáculo a la democratización era el propio jefe de Estado. De ahí que durante la apertura la Alianza Democrática planteara como demanda prioritaria la renuncia del general Pinochet como precondición para llegar a un acuerdo con el Gobierno. En todo caso, las FF.AA. reiteraron su respaldo a Pinochet y su negativa a modificar la Carta Fundamental. La oposición estaba condenada a presenciar la ratificación del general Pinochet como presidente si persistía en desconocer la existencia de la Constitución, pues los militares llevarían adelante la regulación sucesoria que esta incluía.

Correspondió a Aylwin romper el dilema de la oposición y comenzar a plantear la alternativa de avanzar a la democracia usando la propia institucionalidad del régimen. Aylwin conocía muy bien la transición a la democracia en España, que se había llevado a cabo a través de instituciones creadas por Franco para asegurar la continuidad del orden autoritario después de su muerte. Dicha experiencia aportaba interesantes lecciones para Chile, pues el régimen no caería por la presión popular, ni por una división de los militares⁸⁰. Manteniendo su rechazo a la Constitución por su carácter antidemocrático, Aylwin llegó al convencimiento de que el único camino posible era reconocer su existencia como un hecho, sin discutir su contenido y su origen, lo que abriría la posibilidad de movilizar al país en favor de su reforma para provocar un cambio a la democracia a través de la institucionalidad vigente. El peso de la tradición legalista hacía inevitable actuar dentro del principio de la legalidad y no fuera de este.

Expuso su posición en un seminario convocado por una entidad vinculada al PDC, en el que también intervinieron políticos de oposición y de derecha, partidarios del régimen⁸¹. En un acto político posterior del PDC, Aylwin fue más lejos al sostener que era necesario aceptar la Constitución, pero con el objetivo de cambiar el régimen político: «Estoy dispuesto a aceptar la institucionalidad vigente para el solo efecto de cambiarla» (Aylwin, 1998: 266). Esta propuesta no implicaba aceptar la participación en el plebiscito, sino que apuntaba hacia un escenario de elecciones presidenciales competitivas, en lo cual estaba empeñado el PDC a través del Comando por las Elecciones Libres, que presidía Sergio Molina Silva, ex ministro del Gobierno del presidente Frei Montalva, integrado por personalidades centristas y de derecha.

Durante un tiempo la propuesta de Aylwin fue rechazada por personalidades del socialismo democrático. Sin embargo, terminó por imponerse ante la evidencia de que no había otra alternativa para conseguir el fin del régimen autoritario, no solo porque los militares estaban empeñados en hacer cumplir la Constitución, sino también porque el PC promovía la lucha armada que alimentaba la polarización buscada por el general Pinochet. Ante ese dilema, la única salida posible era aprovechar la oportunidad que ofrecía la Carta Fundamental. Una vez superado el rechazo a la Constitución, convencida de que el régimen no aceptaría nunca elecciones libres y competitivas de presidente, la oposición comenzó a discutir la opción de participar en la lucha electoral.

El tercer escenario que permitió el acercamiento de los dirigentes de los partidos de oposición para constituir una alternativa de unidad fueron los numerosos centros privados de investigación que surgieron desde los años setenta, especialmente los dedicados a las ciencias sociales y la economía⁸². Estos emergieron y desarrollaron su labor con el respaldo del cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, quien a través de la creación de la Academia de Humanismo Cristiano proporcionó refugio y espacios de libertad a numerosos académicos expulsados de las universidades, evitando que debieran abandonar el país⁸³. La iniciativa del cardenal fue posible gracias al apoyo de organismos de ayuda al desarrollo dependientes de gobiernos europeos y fundaciones norteamericanas.

El trabajo de centenares de profesionales combinó el compromiso político con una intensa labor académica, que incluyó capacitación de organizaciones sindicales y juveniles, contribuyendo a una importante pedagogía política⁸⁴. Los dirigentes de los partidos valoraron el aporte de los cientistas sociales, que les proporcionaron recursos útiles para el mejor análisis de la realidad política y nacional. Sin embargo, no los integraron a puestos directivos y luego, cuando se abrió la arena política para seleccionar los candidatos al Congreso en las elecciones parlamentarias de 1989, muy pocos fueron nominados para competir en ellas. Con todo, cuando el general Pinochet inició la campaña electoral se encontró con una oposición que disponía de recursos humanos calificados para apoyar una moderna campaña electoral en su contra, la que abarcó desde el uso de encuestas de opinión hasta la novedosa publicidad empleada por el No en la franja de propaganda televisiva⁸⁵.

Una de las disciplinas en que hubo mayor desarrollo fue la economía, pues el régimen toleró el debate público sobre ella, porque consideraba que avanzaba por el camino correcto y la oposición carecía de una propuesta alternativa. Académicos no oficialistas de los institutos de economía de las universidades de Chile y Católica que fueron perseguidos y expulsados terminaron organizando o integrándose a centros de estudios alternativos fuera de las instituciones de educación superior⁸⁶. Economistas opositores formaron el Círculo de Economistas de la Academia de Humanismo Cristiano, integrado y presidido por destacados profesionales que militaban en los partidos de oposición⁸⁷.

Esta tolerancia del debate económico tuvo importantes consecuencias políticas. Permitió mostrar las debilidades del modelo económico, como la apertura financiera y el sobreendeudamiento externo (French-Davis, 1982), la manipulación de datos de inflación (Cortázar y Marshall, 1984), la concentración de la riqueza y la formación de los grupos económicos en los años setenta (Dahse, 1979), las privatizaciones en los ochenta (Marcel, 1989) y otros temas, que fueron difundidos en publicaciones que eran el resultado de investigaciones muy minuciosas⁸⁸. Los medios de comunicación fueron receptivos al tema, dando espacio a la publicación de opiniones disidentes a los Chicago boys, especialmente en las radios y en algunos semanarios. Las críticas opositoras al modelo económico eran compartidas por «los duros» y por un pequeño núcleo de personalidades vinculadas al diario La Tercera de la Hora, acentuando su impacto en la coalición gobernante. Esto politizó la discusión económica, lo que permitió a los técnicos opositores alcanzar un alto protagonismo político, interviniendo en los partidos y en las instancias de concertación opositora.

La decisión de entrar a la carrera plebiscitaria

Desde que Aylwin planteó la conveniencia de reconocer la Constitución, hubo un largo camino hasta que los partidos opositores decidieran participar en el plebiscito. Aylwin promovía una reforma constitucional que permitiera que se realizaran elecciones competitivas y no se había manifestado a favor del plebiscito. La oposición desarrolló una amplia campaña a favor de las elecciones libres a través de instancias unitarias, en que sobresalió el Comité de Elecciones Libres (CEL), constituido el 13 de marzo de 1987 y presidido por Sergio Molina, uno de los colaboradores del arzobispo Fresno en la preparación del Acuerdo Nacional, que reunió a personalidades políticas, empresariales y académicas de izquierda, centro y derecha⁸⁹. Se apuntaba a que la Junta de Gobierno reformara la Constitución para hacer posible elecciones competitivas.

La designación de Sergio Fernández como ministro del Interior en julio de 1987 fue el anuncio de que se aplicaría la Constitución y se realizaría el plebiscito. Los partidos opositores comenzaron un debate interno para resolver si abandonaban la propuesta de las elecciones libres, abocándose a la lucha plebiscitaria. El debate apuntó hacia la decisión de participar en el plebiscito porque era el único camino realista para terminar con el régimen.

La oposición contó con amplia información sobre la opinión pública en este sentido, proporcionada por encuestas que podían efectuarse como consecuencia del mayor espacio político alcanzado por la apertura. Centros de investigación privados⁹⁰ y empresas de mercado comenzaron a hacer regularmente encuestas sobre materias políticas, antes no permitidas por el Gobierno, pues los cuestionarios debían ser previamente autorizados por Dinacos. Vimos en el capítulo anterior que la crisis económica de 1982-1983 precipitó una crisis política que el régimen encaró a través de una política de liberalización, que, en la práctica, significó suspender la prohibición de los partidos. La gran difusión de los acontecimientos políticos en los medios de comunicación permitió que en la opinión pública hubiera un alto grado de información política. Los dirigentes opositores eran entrevistados por la prensa, que también daba cuenta de las actividades de los partidos y de las organizaciones de oposición.

Las encuestas entregaron información muy valiosa a los dirigentes opositores respecto de la estrategia a seguir de cara al plebiscito sucesorio; estas apuntaban a la conveniencia de participar⁹¹. Predominaban posiciones en favor de un camino pacífico a la democracia, rechazando las acciones de violencia y radicalización política promovidas por el PC. Había un considerable apoyo a votar No en un eventual plebiscito, que daba esperanzas a los dirigentes de la oposición sobre la posibilidad de derrotar a Pinochet en esa instancia. En la encuesta nacional del CERC de noviembre de 1987, un 40,1 por ciento declaró que votaría por el No en un eventual plebiscito y el 31,1 por ciento por el Sí⁹². Sin embargo, aparecía una realidad diferente en los inscritos, en los cuales el Sí aventajaba al No, con 37,1 por ciento y 35,6 por ciento, respectivamente, diferencia seguramente muy superior porque las encuestas preelectorales subestimaron el voto Sí. El cuerpo electoral hasta ese momento era claramente más pinochetista, pues el 71 por ciento de las personas de derecha estaba inscrito, en comparación con el 54 por ciento de las de izquierda y 67 por ciento de las de centro; solo el 55 por ciento de los jóvenes entre 18 y 25 años se había inscrito, cifra inferior al 73 por ciento correspondiente a los mayores de 40 años.

Sin embargo, la situación era ambivalente en la ciudadanía. Por un lado, existía un mayoritario interés de participar en un plebiscito, lo que podría explicarse por el resurgimiento de la tradición electoral del país. En una encuesta de noviembre de 1987, el 89,8 por ciento declaraba que votaría en un eventual plebiscito⁹³, porcentaje que aumentó al 92 por ciento en Santiago cinco meses después⁹⁴. La decisión de votar estaba fuertemente arraigada en la población, incluso en situaciones dificultosas, como tener que hacer una larga cola (94 por ciento), inconvenientes para trasladarse al local de votación (90 por ciento) y aun en caso de disturbios, un muy alto porcentaje de chilenos (72 por ciento) dijo en la encuesta de julio de 1988 que votaría igual, porcentaje que creció en las mediciones siguientes, al 78 por ciento en la de agosto y alcanzó 85,4 por ciento en la de septiembre⁹⁵ (Cuadro XI-3).

Estos resultados no daban cuenta de una ciudadanía dominada por el miedo, que no votaría, sino que, por el contrario, de una ciudadanía convencida de la necesidad de participar en el plebiscito. El equipo del Comando por el No que dirigió la publicidad por televisión, reunidos en torno a los CIS, sigla que representaba el esfuerzo de colaboración entre tres centros privados de investigación (CED, ILET y Sur), partió del supuesto contrario, que los chilenos estaban dominados por el miedo. Esta tesis se formuló a partir de un focus group, una técnica de investigación social, realizado por una antropóloga estadounidense contratada por el CIS para ayudarles a definir los criterios que orientarían la campaña de la oposición. Ella no conocía la realidad nacional, ni la estudió, sino que se limitó a aplicar una técnica de la cual extrajo conclusiones, como si el estudio focal fuera representativo de las opiniones y actitudes de los chilenos, lo que no es así. Su principal conclusión fue la presencia dominante del miedo en las personas. Los analistas del CIS observaron con extrema preocupación la principal conclusión del focus group y temieron que los chilenos no concurrieran a votar por el No en el plebiscito.

Esta conclusión de la especialista estadounidense llevó a los analistas a concluir algo que sería luego asumido por la oposición: el principal objetivo de la campaña debía ser combatir el miedo y la manera de lograrlo era a través de un mensaje con un mínimo contenido político, hasta despolitizado, sin aludir a la dictadura, apelando a las emociones. Este planteamiento se expresó en la propaganda televisiva y se resumió en el eslogan de la Franja del No: «La alegría ya viene»⁹⁶. El argumento se basaba en una técnica que no entrega información representativa de la población y, por ende, alejada de la realidad subjetiva de los chilenos y no consideraba el contexto político, en que en los últimos años cientos de miles de chilenos se movilizaban contra la dictadura, incluso en los momentos de mayor represión, como se examinó en el capítulo anterior. Por otro lado, había desconfianza hacia la corrección del plebiscito, por el fundado temor de que el Gobierno intervendría para favorecer a la alternativa oficialista, como había sucedido en 1978 y 1980. Esta preocupación se mantuvo hasta bien avanzado 1988, pues en junio de ese año menos de la mitad de los chilenos, el 44 por ciento, creía que sería un plebiscito limpio, y el 43 por ciento opinaba que se cometerían fraudes o trampas; el 64 por ciento creía que el voto era secreto, pero un 29 por ciento opinaba que se podía saber cómo se vota, lo que constituía un indicador de la inseguridad sobre el carácter del acto electoral⁹⁷. Los partidos de oposición intensificaron la labor de pedagogía política a través de los medios de comunicación y con actividades en los hogares, universidades y empresas, informando sobre las garantías que tendría un acto electoral y particularmente la seguridad en el carácter secreto del sufragio. Esto explica que se observara una importante disminución de la desconfianza sobre este último aspecto, pues a comienzos de septiembre bajaron al 23 por ciento los que creían que se podía saber cómo se votaba y subió en forma muy significativa, al 71 por ciento, el convencimiento de que el sufragio era secreto⁹⁸.

El primero en decidir sumarse a la lucha plebiscitaria fue el PDC, que el 27 de noviembre de 1987 planteó que participaría si no había elecciones, y el 4 de enero de 1988 llamó a votar No. En las semanas siguientes se precipitaron los acuerdos formales en la oposición. El 2 de febrero se creó la coalición de partidos organizada para derrotar al general Pinochet, la Concertación de Partidos por el No, a la que se integraron 17 colectividades⁹⁹.

La Concertación fue una amplia coalición de partidos, que reunió no solo a los que constituyeron la Alianza Democrática, sino también al Partido Socialista, cuya principal figura era el ex ministro de Relaciones Exteriores Clodomiro Almeyda¹⁰⁰. El PS y PC habían organizado durante la apertura el Movimiento Democrático Popular (MDP), retomando la antigua alianza del socialismo y el comunismo de los años sesenta y comienzos de los setenta. Había asimismo impulsado las movilizaciones populares que buscaron desbordar la estrategia de la Alianza Democrática, y que el general Pinochet encaró con el desplazamiento de militares y el consiguiente empleo de la violencia. El PC presionó al MDP para provocar enfrentamientos con militares y carabineros, a fin de generar las condiciones para una «rebelión popular», política cuestionada por el PS, por considerar que era funcional a los propósitos del régimen. El PC apoyó acciones de violencia, las que alcanzaron su máxima expresión en el atentado contra el general Pinochet realizado por el FPMR en septiembre de 1986 y en la internación de miles de armas, que fueron descubiertas por los servicios de seguridad de los Estados Unidos y exhibidas por el régimen con gran publicidad para demostrar que se preparaba un movimiento guerrillero. Este giro del PC fue cuestionado por el PS-Almeyda, que percibió la inviabilidad del derrocamiento de Pinochet. El acercamiento del PS-Almeyda a la oposición democrática fue favorecido por la elección de Aylwin como presidente del PDC, puesto que ambos líderes mantenían una antigua amistad. Aylwin desarrolló una cuidadosa política de convencimiento que concluyó con la aceptación del PS-Almeyda de sumarse a la lucha plebiscitaria¹⁰¹.

Como se habían destruido los registros electorales después del golpe de Estado, el Gobierno abrió las inscripciones en forma bastante tardía, recién en febrero de 1987. No hizo una campaña de difusión para que los chilenos se inscribieran, lo cual no favorecía una igualdad de condiciones entre ambas alternativas. Partía del supuesto de que los partidarios de la reelección del general Pinochet se inscribirían con rapidez, sin interesarse por lo que hiciera el conjunto de la población. Esta pasividad fue otro de los antecedentes que explican la desconfianza de la oposición ante la constitución del nuevo Registro Electoral, que, además, puso obstáculos adicionales a la inscripción, como obtener una nueva cédula de identidad.

La campaña por el No propiamente tal se lanzó a comienzos de febrero de 1988, después de constituirse la Concertación de Partidos por el No y cuando la oposición decidió usar la ley de partidos para disponer de apoderados durante el acto electoral que verificaran su limpieza y usar la televisión para difundir propaganda en la franja electoral. Los partidos comenzaron a preparar apoderados que vigilarían el acto electoral y a elaborar un sistema propio de recuento de resultados, independiente al del Gobierno¹⁰². El día del plebiscito, el Comando por el No tuvo apoderados para cubrir casi todos los recintos de votación. Estos le fueron proporcionando información inmediata sobre los escrutinios de las mesas. Así, a las pocas horas de terminado el proceso, podía afirmar que había obtenido una contundente victoria¹⁰³.

La franja televisiva constituyó un recurso de enorme importancia para la oposición, pues pudo realizar propaganda gratuita por los canales de televisión durante casi un mes antes del plebiscito. Los técnicos de la Concertación prepararon programas de gran calidad técnica, muy superior a la empleada por el Sí, lo cual permitió una movilización adicional de enorme importancia¹⁰⁴. Las encuestas postelectorales mostraron que más del 90 por ciento de los chilenos vio la franja y hubo una clara preferencia a la preparada por el Comando por el No¹⁰⁵.

La contienda electoral no fue igualitaria, porque la candidatura del general Pinochet tuvo el apoyo de las organizaciones de derecha y los empresarios; movilizó recursos del Estado, especialmente a través del intenso trabajo de los alcaldes e intendentes y la utilización de los medios de comunicación, especialmente la televisión estatal. Esta última tuvo una labor informativa claramente a favor de la alternativa Sí en sus noticiarios diarios. También tuvo apoyo, aunque en menor medida, del Canal 13 de la Universidad Católica (España, 1988), en que el Gobierno contó con mayor tiempo en sus informativos donde se daban a conocer las actuaciones de las autoridades¹⁰⁶, ocupando el 83,7 por ciento del tiempo de noticias entre el 16 de julio y el 16 de agosto, mientras la oposición contaba con apenas el 16 por ciento. Este porcentaje a favor del oficialismo disminuyó levemente al 76 por ciento en la primera quincena de septiembre, y la oposición recibió algo más de tiempo, un 24 por ciento (España, 1988)¹⁰⁷.

Las preferencias electorales no mostraron importantes cambios durante los meses anteriores a la nominación como candidato de Pinochet. La intención de voto por el No se mantuvo en torno al 40-42 por ciento. En la medición de septiembre, después de su nominación y cuando comenzó la campaña electoral, hubo un vuelco a favor del No de seis puntos, alcanzando un 47 por ciento, mientras cayó el voto Sí explícito, escondido tras los no sabe/no responde¹⁰⁸. El aumento del voto No se confirmó en la encuesta de finales de septiembre, saltando siete puntos, 54,5 por ciento, que fue en definitiva el resultado final. El voto Sí se mantuvo en el 21 por ciento, mientras existía un alto porcentaje de personas que escondieron su apoyo a la alternativa oficial en los no sabe/no responde. Este importante cambio en el período electoral puede atribuirse tanto a las fortalezas de la campaña del No, en que destacó su excelente franja televisiva, como a las debilidades de la candidatura oficial.

La participación en el plebiscito fue muy elevada, confirmando el interés de los chilenos por intervenir en esta trascendental definición. La oposición se impuso ampliamente en el plebiscito, obteniendo el 54,7 por ciento de los votos, mientras que el general Pinochet alcanzó el 43 por ciento, con apenas un 2,2 por ciento de abstención, voto nulo o blanco. La oposición triunfó abrumadoramente en las comunas populares, superando el 65 por ciento en muchas de ellas, mientras que el Sí venció en las comunas acomodadas de Santiago, obteniendo el 64,2 por ciento en Vitacura y 58,2 por ciento en Las Condes.

Las explicaciones de la derrota del general Pinochet se encuentran en la mejor campaña electoral de la Concertación, pero principalmente en la influencia de factores de más largo alcance analizados en este capítulo, que permitieron la cristalización de una mayoría ciudadana a favor del cambio hacia una democracia como la existente en la mayoría de los países occidentales. Esto fue posible porque hubo una alternativa de poder, con dirigentes de centro e izquierda democrática que habían logrado credibilidad, ofreciendo una propuesta programática sólida.

Los militares reconocieron el resultado y respetaron sus consecuencias, manteniendo el itinerario establecido en la Constitución, sabiendo que la oposición ganaría las elecciones presidenciales y parlamentarias. El fracaso de la regulación sucesoria gatilló el cambio de la dictadura a la democracia, un objetivo que Pinochet no se había planteado cuando en 1980 contempló un plebiscito en la Constitución Política para renovar su autoridad. Como antes en el Brasil y en el Uruguay, la democracia fue posible por la vía electoral¹⁰⁹.

CAPÍTULO XII

LA RETIRADA DEL PODER Y LOS AMARRESA LA DEMOCRACIA

El efecto boomerang del desarrollo institucional

Más allá de la frustración por la derrota electoral, los militares conservaron la serenidad y, después de vacilaciones en la noche del 5 de octubre de 1988, decidieron respetar el itinerario institucional establecido en la Constitución de 1980. Es un caso único dentro de los autoritarismos: reconocieron el fracaso político y respetaron sus consecuencias, que implicaban el regreso de los uniformados a sus cuarteles. El revés electoral no produjo una «crisis de gestión», en términos de Fishman (1990), sino más bien una «crisis de obsolescencia», pues el autoritarismo persistiría en un escenario internacional adverso, cuando la democracia irrumpía con fuerza, especialmente en Europa del Este (Von Beyme, 1994).

No hubo crisis, además, porque el régimen tenía bases sólidas sustentadas en la participación institucional de las FF.AA. en los poderes Ejecutivo y Legislativo, y el respaldo de los grupos políticos de derecha y los empresarios, que habían apoyado la opción Sí. La Constitución de 1980, en sus artículos transitorios, estableció la posibilidad de que la ciudadanía «no aprobara» la propuesta de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, y dispuso que en esa situación se debía convocar a elecciones presidenciales en el plazo de un año, simultáneas con las parlamentarias. Si desconocían el triunfo del No, las FF.AA. infringían la Constitución en torno a la que se había organizado la estrategia de legitimación legal del régimen. Pinochet, los militares y el «gremialismo» defendían el valor supremo de la Carta Fundamental y exigían a la oposición acatarla. En el nuevo escenario de derrota electoral de Pinochet, la Constitución se transformó en una poderosa barrera para los partidarios del régimen que pensaron desconocer el resultado (Huneeus, 1987 A).

Además, hubo necesidad de mantener la unidad de la coalición gobernante para enfrentar en un año las elecciones presidenciales y parlamentarias e impedir que la Concertación lograra el control del Congreso, pues el sistema binominal favorecería a la oposición si las fuerzas oficialistas iban divididas, al ganar todos los escaños en ambas cámaras¹. Como era evidente que la Concertación ganaría esas elecciones y llegaría a La Moneda, Pinochet y el Gobierno no trabajaron en la perspectiva de facilitar la inauguración de la democracia y preparar el regreso de los militares a sus cuarteles, sino que prosiguieron con su programa, especialmente el económico, completando la privatización de empresas públicas. Además, establecieron amarres institucionales para asegurar la permanencia de las reformas institucionales realizadas en la dictadura y restringir el margen de acción de las nuevas autoridades. Por otro lado, personalidades de la Concertación tomaron decisiones que no favorecieron la gestión del primer Gobierno democrático y tuvieron consecuencias negativas en el desarrollo político y económico.

En términos analíticos, la última fase del régimen de Pinochet, del 5 de octubre de 1988 a la ceremonia de traspaso de poder del 11 de marzo de 1990, debe ser examinada como el último tramo del régimen, durante el que buscó completar sus objetivos, con algunas concesiones, como la reforma de la Constitución de 1980, que disminuyó ciertos enclaves autoritarios, pero ganó en legitimidad².

Las condiciones de la entrega del poder son singulares en la experiencia comparada, pues no hubo la fragmentación ni el inmovilismo que caracterizó, por ejemplo, la gestión de los grupos de poder en la España de Franco después de su muerte el 20 de noviembre de 1975 y en la Argentina del «Proceso» (1976-1983)³. En el primer caso, el fin del régimen fue gatillado por el deceso del «Caudillo», cuya regulación sucesoria —«todo está atado y bien atado» (Sánchez-Cuenca, 2014)— sufrió un grave traspié a fines de diciembre de 1973, con el asesinato del presidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, a manos del grupo terrorista ETA. Su sucesor, Carlos Arias, se propuso la continuidad del orden institucional de Franco, pero no pudo mantener iniciativa política⁴, lo que favoreció los esfuerzos de un sector de la élite gobernante, «los reformistas», que querían un cambio de régimen y establecer una monarquía parlamentaria⁵. En cambio, en la culminación del «Proceso» en Argentina, fue decisiva la derrota de los militares en la guerra de las Malvinas por las tropas de Gran Bretaña. La capitulación de las FF.AA. argentinas las desprestigió en la opinión pública, situación que las obligó a abandonar con rapidez el poder, sin autoridad para condicionar el resguardo de sus intereses corporativos⁶. Esas condiciones permitieron al nuevo Gobierno democrático, del radical Raúl Alfonsín (1983-1989), iniciar una política de hacer justicia por las violaciones a los derechos humanos y reducir en forma significativa el presupuesto de Defensa, medidas posibles porque las instituciones armadas estaban muy debilitadas (Acuña y Smulovitz, 1995; Novaro, 2009).

No existen antecedentes suficientes que permitan sostener que el Gobierno había preparado un plan para desconocer el resultado del plebiscito en la eventualidad de una derrota del Sí, aunque entre el atardecer y la noche del 5 de octubre ciertos hechos parecían avanzar en esa dirección, como atrasar la entrega de resultados cuando era notorio que el No iba ganando, que los miembros de la Junta de Gobierno se hayan quedado sin información de los cómputos porque sus computadores fueron desconectados del terminal que los informaba, mientras el general Pinochet se negaba recibirlos, a pesar de las peticiones del almirante Merino, comandante en jefe de la Armada, y el general Matthei, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, como ha recordado este último (Arancibia Clavel y De la Maza Cave, 2003). Pinochet se reunió con la Junta solo a la una de la madrugada del día 6, y no estuvo dispuesto a reconocer su derrota. Pero Merino, Matthei y el general director de Carabineros, Rodolfo Stange, lo rechazaron categóricamente⁷. La oposición temió que el atraso en la entrega de cómputos significara que se preparaba su manipulación (Arriagada, 1998: Capítulo 10; Aylwin, 1998: 369-371)⁸.

En las dramáticas horas transcurridas desde el cierre de las mesas de votación hasta el reconocimiento de la derrota por parte del régimen, a las dos de la madrugada del 6 de octubre, hubo vacilaciones en algunos partidarios para admitir el triunfo del No. El silencio de los dirigentes de la UDI, particularmente de su presidente, Jaime Guzmán, fue un claro indicador de que esperaban cualquier medida que diera a conocer Pinochet. Esta ambigüedad apresuró la determinación de RN de reconocer la derrota. Antes de la medianoche del 5, cuando el Ministerio del Interior todavía entregaba resultados parciales favorables al Sí, Sergio Onofre Jarpa, presidente del partido, admitió el triunfo del No en un programa de televisión en que participaba junto con Patricio Aylwin, portavoz de la Concertación y presidente del PDC⁹. La amistosa conversación de ambos dirigentes frente a millones de chilenos que seguían el programa con incertidumbre sobre el desenlace del plebiscito, simbolizó la voluntad de un importante sector de partidarios del régimen de respetar la clara decisión ciudadana e iniciar la marcha hacia la democracia¹⁰.

La Marina tomó el resultado electoral con serenidad¹¹. Hacía tiempo que deseaba regresar a sus funciones propias, pues había tolerado que el régimen evolucionara hacia una alta personalización del poder y la primacía del Ejército en las principales posiciones de autoridad. La Armada tenía una intervención marginal en la gestión gubernativa y su participación en las decisiones se limitaba a la Junta de Gobierno¹². Merino tenía una fuerte posición en la estructura de poder del régimen como presidente de la Junta y un marcado ascendiente sobre Pinochet, a quien se enorgullecía de tutear ante los periodistas. Se consideraba el autor del golpe de Estado y, por ende, responsable de fijar el plazo en que el régimen debía terminar porque había alcanzado sus «metas». Esa noche le recordó a Pinochet el compromiso de las FF.AA. de actuar unitariamente para entregar el poder, pues «entramos juntos y salimos juntos», e insistió en la necesidad de respetar la Constitución.

Tampoco fue dramático el resultado para la Fuerza Aérea, que tenía menor identificación con Pinochet desde el conflicto con el general Gustavo Leigh, que terminó con la destitución de este en 1978¹³.

El Ejército fue la rama castrense más afectada: su comandante en jefe era el derrotado y su posición como principal soporte del orden político se vio menoscabada.

La prudencia con que actuaron los dirigentes de la Concertación también influyó favorablemente en la decisión de respetar el itinerario de la Constitución. Llamaron a la calma a sus seguidores para evitar incidentes y un clima de conflicto que podía servir como pretexto para promover la ruptura del desarrollo constitucional.

En la madrugada del 6 de octubre, el Gobierno, a través del ministro del Interior, reconoció el resultado del plebiscito y valoró «la contundente votación» de Pinochet. El dictador acusó el golpe de su derrota. Confió hasta último momento en su capacidad política para doblegar a la izquierda y al PDC, como creía haberlo conseguido en las anteriores elecciones no competitivas. Recién en la noche del 6 de octubre se dirigió al país en un breve discurso dirigido a insuflar confianza a sus partidarios, donde reiteró que respetaba el resultado. Tardó diez días en retomar la conducción del Gobierno. El 21 de octubre hizo un cambio de gabinete para recuperar la iniciativa. Buscó restablecer la confianza del empresariado y de los partidos que lo habían apoyado en el plebiscito con una amplia remodelación ministerial: sacó a nueve ministros y designó en Interior a Carlos Cáceres, que había sido titular de Hacienda (1984-1985) y miembro del Consejo de Estado¹⁴. Los nuevos ministros reflejaron la pluralidad de la coalición gobernante y la unidad cívico-militar.

Pinochet concluyó que había perdido una batalla, pero no la guerra¹⁵. Evaluó que su retiro del poder no sería completo, pues continuaría como comandante en jefe del Ejército durante ocho años. Esta posición le proporcionaba poder para asegurar que las nuevas autoridades respetaran el modelo de democracia protegida y autoritaria establecido en la Constitución e impedir que sus subalternos fueran sometidos a la justicia por las violaciones a los derechos humanos. Había formulado numerosas advertencias de que «no se tocaría a ninguno» de los militares, anunciando que se preocuparía de que no fueran juzgados por los tribunales. Creía que el Gobierno de la Concertación seguiría una política contraria a los militares y que en materia económica y política las demandas de la izquierda desbordarían a las nuevas autoridades. Pinochet definió tres objetivos con miras al inminente cambio de régimen:

1. Consolidar las reformas económicas y fortalecer la arquitectura institucional neoliberal, finalizando las privatizaciones en curso e iniciar la venta de más empresas, dejando a los nuevos gobernantes frente a hechos consumados¹⁶.

2. Establecer limitaciones («amarres») al Gobierno democrático para dificultar su gestión, convencido que llegarían a La Moneda los mismos políticos que colapsaron la democracia en 1973¹⁷.

3. Impulsar la candidatura presidencial y las listas parlamentarias del sector, para lograr una amplia participación en el Congreso, porque se creía que la elección presidencial sería ganada por la Concertación.

La derrota empujó al régimen a aceptar una reforma de la Constitución, que examinaremos a continuación, para después analizar las políticas de fortalecimiento de las posiciones de poder de la coalición gobernante de cara al nuevo escenario político.

Desmantelamiento parcial de la democracia protegida y las prerrogativas militares

El categórico triunfo del No representó un rechazo al proyecto del régimen de mantener el modelo de democracia protegida y autoritaria, pues sus principales componentes habían sido definidos a partir del hecho que el general Pinochet continuaría como jefe de Estado después del plebiscito sucesorio. Las limitaciones al pluralismo y la tutela militar establecidas en la Carta Fundamental eran incompatibles con la democratización del país, especialmente en un contexto internacional caracterizado por una ola de democratizaciones (Huntington, 1991).

La Concertación planteó después del 5 de octubre la necesidad de reformar la Constitución para quitarle los componentes del autoritarismo, los llamados enclaves autoritarios (Garretón, 1989, 1995) y adelantó los asuntos que debía considerar la modificación. Por su gran rigidez era casi imposible modificar la Carta Fundamental durante la democracia: exigía su aprobación por una muy alta mayoría (tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio, artículo 116) y por dos congresos sucesivos; es decir, solo después de ocho años podrían regir las enmiendas. Esta exigencia hacía inviable una reforma constitucional, pues la derecha contaría en el Senado con los votos de los «senadores designados» o institucionales para oponerse a una iniciativa en ese sentido. De ahí que la Concertación creyera indispensable una negociación con el régimen antes de su término, admitiendo que esto implicaría hacer concesiones e impediría satisfacer todas las aspiraciones de democratización de la Constitución. Para facilitar una negociación con el régimen, la oposición hizo una importante concesión: propuso reducir el mandato presidencial del primer Gobierno de ocho a cuatro años, renunciando a un ejercicio prolongado del poder.

Después de discusiones en la coalición gobernante, Pinochet admitió una reforma constitucional el 11 de marzo de 1989, al convencerse de las ventajas de esa iniciativa: una reforma hecha mientras él fuera jefe de Estado le permitiría controlar su contenido e impedir que la Concertación llevara a cabo más tarde un desmantelamiento constitucional, ya que la Constitución del 80 era considerada por los militares como uno de sus principales legados. Evitó el trauma de negociar con el «enemigo» y delegó esta tarea en su ministro del Interior¹⁸.

Políticos y expertos de la Concertación y RN definieron el contenido de la reforma constitucional. No fue fácil llegar a un acuerdo. En la Concertación rechazaron hasta casi el final de las negociaciones a los «senadores designados» y la composición del Tribunal Constitucional. Solo se llegó a un acuerdo ante el compromiso de RN, que después no cumpliría, de eliminarlos después de la inauguración de la democracia (Arancibia Clavel, 2014: 151). La reforma constitucional significó eliminar algunos de los componentes más emblemáticos de la democracia protegida y autoritaria¹⁹. En primer lugar, se derogó el art. 8° que establecía el pluralismo limitado y constituía el símbolo del carácter anticomunista del régimen. La amplitud de su texto afectaba no solo al Partido Comunista, sino a cualquier partido que admitiera una inspiración marxista.

En segundo lugar, se disminuyó la influencia política de los militares a través de la modificación de las dos instituciones que lo permitían: el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), una especie de poder tutelar, y los senadores designados, con una alta proporción como miembros de la Cámara Alta. Se redujo la mayoría castrense al interior del Cosena en favor de una igualdad con los miembros civiles a través de incorporar al contralor general de la República²⁰. También se limitaron sus amplísimas funciones que le permitían «representar su opinión a cualquier autoridad establecida en la Constitución», restringiéndolas a «hacer presente» su opinión a un número preciso de autoridades: el presidente de la República, el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional. El Cosena perdió relevancia por un acuerdo de Guzmán y la Concertación, que eligió a Gabriel Valdés (PDC) como presidente del Senado, que lo integraba, por lo cual el presidente tendría mayoría.

En cuanto a los «senadores institucionales», nueve frente a 24 electos, de los cuales cuatro eran representantes de las FF.AA., vieron disminuido su poder indirectamente, al aumentarse el número de senadores elegidos a 38.

Se redujo el poder del presidente, pues se eliminó su facultad de disolver la Cámara de Diputados una vez durante su mandato, con excepción del último año, y convocar a nuevas elecciones.

También se modificó el art. 5° de la Constitución para reconocer la protección de los derechos humanos garantizados por tratados internacionales suscritos por Chile. Esta fue una importante reforma de alcances judiciales, pues permitiría apoyar jurídicamente las demandas ante los tribunales por los abusos cometidos durante el régimen militar. El régimen la aceptó por su confianza en que la Corte Suprema no llevaría adelante los procesos judiciales.

Sin embargo, la reforma constitucional no removió todas las limitaciones impuestas por el modelo de democracia protegida y autoritaria, puesto que el régimen se opuso a ello. Por ejemplo, la Cámara de Diputados no podía acusar constitucionalmente a los altos funcionarios del Estado en la dictadura, de acuerdo al art. 48, Nº 2, porque la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (artículo 3º transitorio) establecía que dicha facultad solo podía ejercerse con «motivo de los actos realizados a contar del 11 de marzo de 1990».

Paralelamente, el régimen promulgó las principales leyes orgánicas constitucionales (LOC), para impedir que esto se hiciera en el nuevo Congreso. Las LOC desarrollan instituciones y derechos consagrados en aquella y requieren mayorías especiales para su reforma (cuatro séptimos de los senadores y diputados), y las leyes de quórum calificado, que exigen la mayoría absoluta²¹. Además, estas leyes deben ser revisadas por el Tribunal Constitucional, que ejerce un control preventivo de ellas, un trámite innecesario que se explica solamente por la desconfianza del constituyente en la autoridad del Congreso (Couso, 2011).

Las 17 LOC abarcan un vasto e importante número de materias, desde las principales instituciones del Estado (Congreso, Poder Judicial, partidos, elecciones, FF.AA. y Carabineros)²² a ciertos derechos (la enseñanza) y actividad económica (pertenencias mineras). La dictadura no había promulgado las principales leyes orgánicas constitucionales, más identificadas con el modelo de democracia protegida y autoritaria, y solo lo hizo al final de su mandato, incluso en sus últimos días. La LOC del Banco Central (N° 18.840) fue promulgada el 10 de octubre de 1989, un año después del plebiscito sucesorio y dos meses antes de las elecciones presidenciales de 1989; la LOC de las FF.AA. fue promulgada el 27 de febrero de 1990 (N° 18.948), la de Carabineros de Chile el 7 de marzo de 1990 (N° 18.961) y la de enseñanza (LOCE) el 10 de marzo de 1990, el último día de la dictadura (N° 18.962). Durante el cuarto de siglo de democracia desde 1990, una sola nueva Ley Orgánica Constitucional ha sido promulgada, sobre una materia nueva, la que estableció el Ministerio Público (N° 19.640, de 15 de octubre de 1999).

El quórum especial requerido para modificar las LOC, que ha sido calificado como «supramayoría», ha reforzado la continuidad de la institucionalidad autoritaria, pues los gobiernos democráticos han debido negociar con la oposición los proyectos de ley referidos a las amplias materias que deben ser objeto de este tipo de ley. La derecha ha usado este poder de veto para morigerar reformas que modifican los rasgos esenciales del sistema político y económico establecido por la dictadura. La amplitud e importancia de las materias que deben ser reguladas por las leyes orgánicas constitucionales ha significado que una proporción considerable de la labor legislativa en democracia se concentre en este tipo de legislación, representando un número cada vez mayor de leyes que tienen este carácter. En la Presidencia de Patricio Aylwin hubo 41 leyes que tenían disposiciones orgánicas, que constituían el 15 por ciento de las leyes aprobadas en ese período. En el mandato del presidente Lagos, de seis años, hubo 131 leyes con disposiciones orgánicas, que equivalían al 31 por ciento de las leyes promulgadas²³.

Las limitaciones al poder tutelar fueron compensadas con beneficios económicos a los militares. El régimen exigió asegurar la independencia económica de las FF.AA. respecto del Poder Ejecutivo estableciendo un piso mínimo para su presupuesto anual, basado en el de 1989, que sería reajustado según la inflación²⁴. Adoptaron este criterio porque imaginaron un escenario futuro de hiperinflación, similar al que hubo durante el Gobierno de la Unidad Popular. Fue un grave error de apreciación, pues no supusieron un desarrollo caracterizado por una disminución de la inflación a menos de un dígito en un lustro y un crecimiento sostenido de la economía, con un promedio anual del 7 por ciento, hasta 1997. Como consecuencia de esta fórmula, el presupuesto de Defensa cayó en los años noventa en relación al PIB, desde el 1,79 por ciento de 1989 (sin considerar el aporte de la Ley del Cobre) al 1,35 por ciento en 1995 (Gráfico XII-1).

Después de que las reformas constitucionales fueran ratificadas en un plebiscito y a escasos días del término del régimen autoritario, el Gobierno estableció una nueva prerrogativa para las Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica Constitucional²⁵: los ascensos y retiros de los oficiales de las FF.AA. y Carabineros se harían a proposición del respectivo comandante en jefe institucional, por lo que la autoridad del presidente de la República sobre las instituciones castrenses fue limitada gravemente, pues se condicionó su facultad de intervenir en el nombramiento o retiro de los altos mandos castrenses a la aprobación del comandante en jefe. Esta ley²⁶, promulgada pocos días antes del término del régimen autoritario, constituyó un obstáculo importante a la democratización, pues el nuevo presidente careció de atribuciones ante actos de provocación de uniformados hacia las nuevas autoridades, incluso hacia el primer mandatario, como se puso de manifiesto con ocasión de la primera Parada Militar, el 19 de septiembre de 1990²⁷.

También formó parte de estos «amarres» la designación que hizo el general Pinochet del nuevo comandante en jefe de la Armada, ante la decisión del almirante Merino de no usar la facultad de continuar durante ocho años más al mando de su institución y acogerse a retiro. Para impedir que el presidente hiciera el nuevo nombramiento, Merino renunció a su cargo, propuso el nombre de su sucesor, Jorge Martínez Busch (hijo de un ex oficial de Ejército), y Pinochet lo designó. Este mantuvo una estrecha relación con Pinochet, compartiendo su postura crítica al primer Gobierno democrático.

Criterios políticos en los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema

La cuidadosa protección de los intereses corporativos de los militares no incluyó la promulgación de una nueva Ley de Amnistía para defenderse de las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos. No lo hicieron por tres motivos. En primer lugar, porque era políticamente muy difícil justificar esta iniciativa, dado que implicaba admitir como hechos delictuales los atropellos que calificaron como producidos durante una «guerra no convencional». Una iniciativa en esa dirección habría provocado el rechazo de la oposición, el no respaldo de RN y efectos muy negativos en la imagen internacional. En segundo término, no la creían indispensable porque existía la Ley de Amnistía de 1978, que protegía a los militares por los hechos ocurridos a partir del golpe de Estado hasta el momento de su promulgación²⁸.

Por último, estimaban que disponían del apoyo de la Corte Suprema, que se opondría a las querellas que presentarían los abogados de derechos humanos contra los uniformados. Este tribunal había hecho una interpretación de la Ley de Amnistía favorable a los militares, determinando que no correspondía investigar los hechos denunciados ante la justicia.

La confianza del régimen militar en la Corte Suprema se apoyaba en una cuidadosa política de nombramiento de sus miembros impulsada a través del ministro de Justicia, que recibía las propuestas del máximo tribunal. Disponía de un poder de veto sobre las propuestas de magistrados que no fueran del agrado del Ejecutivo, empujando al máximo tribunal a hacer proposiciones de jueces de la confianza del Gobierno.

Esta política fue aplicada con singular habilidad por el ministro de Justicia, Hugo Rosende (1983-1990), un experimentado político que había sido diputado del Partido Conservador y asesor del presidente Jorge Alessandri, también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile desde mediados de los años setenta. Rosende cultivó una cuidadosa relación con la Corte Suprema para evitar que esta interfiriera en la política de orden público que más se ajustaba a los deseos de Pinochet. La primera iniciativa para contar con una Corte Suprema favorable al régimen fue aumentar el número de sus integrantes de 13 a 16, lo que le permitió designar a tres nuevos magistrados²⁹.

El objetivo de conseguir el control del más alto tribunal se explica no solo por los derechos humanos. También era muy importante porque la Corte Suprema tenía un destacado papel político en la democracia: nombraba tres de los nueve senadores institucionales y su presidente integraba el Consejo de Seguridad Nacional. La presencia de ministros de confianza del régimen militar auguraba que designarían senadores a personas leales a sus lineamientos políticos y el miembro del Cosena apoyaría las posiciones de Pinochet. Además, la Corte Suprema nombraba tres de los siete ministros del Tribunal Constitucional, un institución que tenía enorme poder, porque ejercía el control preventivo de las leyes orgánicas constitucionales, que reforzaban las instituciones de la «democracia protegida» establecida en la Constitución. La designación se hacía a través de una elección, «por mayoría absoluta, en votaciones sucesivas y secretas» (art. 81 de la Constitución). Esto permitía a la mayoría nombrar a los ministros, sin posibilidad para que la minoría eligiera uno.

Un segundo paso en esa dirección se dio después del plebiscito de 1988, recurriendo a un estímulo económico para que algunos ministros abandonaran el Poder Judicial, a fin de permitir al Gobierno saliente nombrar a los nuevos ministros. Se ofreció una jubilación anticipada con una indemnización especial pagada al contado, equivalente a 28 sueldos³⁰, iniciativa aceptada por un tercio de los miembros del máximo tribunal de la República y seis de los 16 ministros se acogieron a ella³¹.

Al momento de la inauguración de la democracia, 14 de los 16 ministros de la Corte Suprema habían sido nombrados durante el régimen militar y de estos, 12 designados durante la gestión de Rosende. El general Pinochet podía mirar con tranquilidad el futuro, confiando en que la Corte Suprema no variaría su posición sobre los atropellos a los derechos humanos.

El objetivo de conseguir el control del más alto tribunal se explica no solo por los derechos humanos. También era muy importante porque la Corte Suprema tenía un destacado papel político en la democracia: nombraba tres de los nueve senadores institucionales y su presidente integraba el Consejo de Seguridad Nacional³². La presencia de ministros de confianza del régimen militar auguraba que designarían senadores a personas leales a sus lineamientos políticos y el miembro del Cosena apoyaría las posiciones de Pinochet.

La profundización de las reformas económicas

El segundo objetivo del régimen después de su derrota en el plebiscito de 1988 fue completar las reformas económicas, especialmente la disminución de la influencia del Estado en la economía, para lo cual se profundizaron las privatizaciones iniciadas antes de la contienda electoral. Esto se tradujo en una intensa agenda pública, que implicó la promulgación de numerosas leyes, que abarcaron diversos temas institucionales.

Esta intensa labor legislativa se refleja en el amplio número de leyes promulgadas entre el 6 de octubre de 1988 y el 11 de marzo de 1990, cuando asumió el primer Gobierno democrático. En ese período se dictaron 226 leyes, muchas de ellas de gran relevancia. Siguiendo la tipología de Jean Blondel (1992), que distingue entre leyes regulatorias, referidas a la organización de los procesos políticos y económicos, y leyes distributivas, que entregan bienes y servicios a los particulares, el régimen actuó en ambas direcciones, con especial énfasis en las FF.AA.³³ (Cuadro XII-1).

Un análisis cuantitativo no permite apreciar debidamente la importancia de las leyes aprobadas por sus distintos alcances, lo que sí permite un examen cualitativo de algunas de ellas para comprender la amplitud de esta iniciativa política. Un ejemplo fue la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, preparada al final del régimen (Ley N° 18.840, de 10 de octubre de 1989). La Carta Fundamental de 1980 define al instituto emisor como un «organismo autónomo [y] con patrimonio propio», de manera de asegurar que actuara con independencia del Estado, y le prohibía a este financiar políticas con el apoyo del Banco Central³⁴. Su función es dirigir la política monetaria y fue creado para impedir que se promoviera desde el Gobierno una política expansiva como la que se siguió entre 1970 y 1973, muy perjudicial para la economía y la estabilidad política. La centralidad decisoria del autoritarismo, acentuada por la crisis económica de 1983, explica que el Banco Central, a diferencia del Tribunal Constitucional, no se estableciera cuando comenzó a regir la Constitución de 1980, sino que continuara bajo la dependencia de Hacienda. Así, el ministro de Hacienda, Hernán Büchi, dispuso de plena autonomía para impulsar una política expansiva de cara al plebiscito y algo similar hizo el Gobierno durante la campaña presidencial en 1989. La constitución del instituto emisor al final de la dictadura era para que fuera un freno al Gobierno democrático.

La Ley Orgánica Constitucional del Banco Central estableció que su dirección radicaría en un consejo de cinco miembros, elegidos por el Senado a propuesta del presidente de la República. Junto con aprobar la nueva ley, el Gobierno decidió designar a los integrantes de su consejo, negociando los nombres con la oposición³⁵. En una iniciativa en que el ministro del Interior jugó un papel destacado, Pinochet aceptó que tuviera una composición pluralista. Después del veto del Gobierno a algunos nombres propuestos por la oposición se logró consenso en torno a dos consejeros propuestos por el oficialismo³⁶, dos por la oposición³⁷ y uno independiente, el subsecretario general de la Cepal, Andrés Bianchi, quien, pese a haber votado por el No en el plebiscito de 1988, daba confianza al equipo económico del régimen sobre su posición en el gasto público. Esta designación favoreció la legitimación del Banco Central, especialmente entre dirigentes de la Concertación, porque dos destacados economistas de sus filas iban a formar parte del consejo.

Otra iniciativa destinada a impulsar las reformas económicas neoliberales apuntó a disminuir aún más la debilitada influencia del Estado en la economía. Se restringieron las funciones económicas de la Corporación de Fomento (Corfo), limitando por ley sus facultades de creación de empresas públicas y estableciendo el requerimiento de una ley especial para concurrir a la formación de nuevas empresas o participar en la propiedad de estas³⁸. La presencia de «senadores designados» en el Congreso Nacional permitía a la derecha impedir la aprobación de cualquier proyecto del Gobierno que propusiera la creación de nuevas empresas. La Corfo, de activo protagonismo durante el régimen militar, fue bruscamente amputada de una de sus funciones tradicionales.

El Gobierno continuó su política activa de privatizaciones. Se completó la venta de acciones de aquellas empresas en que no estaba concluido el cambio de propiedad, se inició la enajenación de nuevas empresas y se tomó la decisión de privatizar otras que habían sido excluidas del cambio de propiedad hasta ese momento. Este último caso estuvo constituido por las empresas sanitarias.

Un análisis de las sesiones del directorio de Corfo da cuenta de las numerosas iniciativas adoptadas para impulsar esta política de privatizaciones. El Cuadro XII-2 muestra que hubo especial dinamismo en acelerar las privatizaciones iniciadas antes del plebiscito, entre ellas Endesa, la Compañía Chilena de Comunicaciones (CTC), la empresa de telecomunicaciones Entel y el Instituto de Seguros del Estado (ISE). La presión por terminar estos procesos antes del cambio de régimen favoreció a algunos actores influyentes en las autoridades de Corfo. En efecto, José Yuraszeck, principal ejecutivo de Chilectra y Endesa, consiguió que Corfo licitara la central hidroeléctrica Pehuenche, que había pertenecido a Endesa. Fue separada de esta para promover la competencia en favor de Endesa. Había comenzado a comprar acciones de esta empresa para lograr su control y formar un monopolio con integración vertical junto a Chilectra.

La decisión de Corfo fue en contra de uno de los fundamentos de la regulación eléctrica del régimen militar, que buscó promover la competencia en la generación mediante la separación de Pehuenche como una empresa independiente. La vuelta de esta central a Endesa fortaleció el poder económico del grupo Enersis en el Sistema Interconectado Central (SIC), que controlaba el 70 por ciento de la generación, tenía las redes de transmisión y dominaba la distribución a través de Chilectra, estableciendo una integración vertical sin precedentes.

A fin de enfrentar al Gobierno democrático al hecho consumado de seguir adelante con las privatizaciones de empresas públicas, hasta ese momento excluidas, la Junta de Gobierno aprobó leyes que transformaron a diversas empresas en sociedades anónimas. Tal fue el caso de la empresa sanitaria de la Región Metropolitana (EMOS), la de Valparaíso (ESVAL), el Metro de Santiago y la Empresa Marítima del Estado³⁹. Como complemento a la privatización de las empresas sanitarias se creó la Superintendencia de Servicios Sanitarios⁴⁰. Las empresas sanitarias serían privatizadas durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), siguiendo orientaciones distintas a las que guiaron las realizadas por la dictadura. Se hizo a través de una licitación internacional, con transparencia, sin posibilitar que sus altos ejecutivos adquirieran paquetes de acciones que les permitiera su control cuando estuvieran en el sector privado, como ocurrió con las realizadas por la dictadura.

Los obstáculos directos al primer Gobierno democrático

Otro objetivo del régimen después del plebiscito de 1988 fue poner obstáculos al primer Gobierno democrático. No hubo disposición a cooperar con su instalación y a facilitar su labor, sino la decisión de ponerle trabas, partiendo del supuesto de que la Concertación caería en una tentación populista e irresponsable en cuanto a la gestión pública.

Una de las principales medidas adoptadas al respecto fue la de rigidizar el aparato administrativo, para obligar al nuevo Gobierno a trabajar con el personal nombrado por el régimen militar. La discrecionalidad administrativa empleada desde un comienzo por el régimen, fue bruscamente suspendida ante la proximidad de la democracia. Se estableció la dotación del personal de la inmensa mayoría de los servicios públicos, abarcando 72 entidades, desde ministerios hasta dependencias de menor envergadura, y el criterio utilizado fue el imperante durante el autoritarismo, es decir, un número reducido de personal con rango de funcionarios⁴¹. Además, se estableció la inamovilidad del personal mediante la promulgación del Estatuto Administrativo, que tampoco se había despachado durante el autoritarismo y que consagraba la permanencia de los funcionarios nombrados por este⁴².

La Ley de Presupuesto de 1990 estableció obstáculos adicionales a las nuevas autoridades económicas del primer Gobierno democrático. Por un lado, se sobreestimaron los ingresos al proyectar un precio del cobre superior al indicado por el mercado y asumir una tasa de inflación bastante más baja que el ritmo de la economía en esos momentos, como consecuencia de la política expansiva adoptada por el equipo económico a fin de ganar el plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989⁴³. Por otro lado, el Gobierno utilizó buena parte de los recursos del presupuesto de 1990 o los dejó comprometidos, todavía más las posibilidades de financiamiento de las políticas que debía impulsar el primer Gobierno democrático. Cuando este asumió el 11 de marzo de 1990, el presupuesto arrojaba un déficit de 300 millones de dólares y la única alternativa era efectuar reasignaciones presupuestarias o reducir el gasto, creando así difíciles condiciones políticas frente a las amplias expectativas económicas de la población. Así, la nueva administración dispuso de una cantidad de recursos considerablemente menor a la necesaria para acometer las enormes tareas que tenía por delante⁴⁴.

La preparación de la campaña electoral de 1989

El tercer objetivo del régimen de Pinochet después de la derrota de 1988 fue impulsar las candidaturas de la derecha a las elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizarían el 14 de diciembre de 1989. El candidato presidencial fue el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi, de gran prestigio por su exitoso desempeño ante la crisis financiera de 1982-1983, siendo visto como el genuino gestor de la recuperación económica del país. Su carácter y su estilo personal concitó el aprecio del general Pinochet, como se analizó en el Capítulo VIII. Gozaba de un amplio prestigio entre los dirigentes de RN y la UDI, que facilitaba el apoyo de ambos partidos, y su falta de militancia partidista antes del golpe de Estado lo convertía en un político nuevo, un rasgo que gustaba a los militares. Durante la campaña electoral demostró carecer de condiciones como candidato, pero logró cohesionar a los partidarios del autoritarismo y concitar el apoyo del empresariado.

Los candidatos a las elecciones parlamentarias fueron escogidos entre personalidades que habían colaborado con el régimen. Entre los que consiguieron un escaño en la Cámara de Diputados destacaron los ex alcaldes, especialmente los de la UDI, que se habían preocupado en forma sistemática de participar en los gobiernos locales, como se demostró en el Capítulo VII. Del total de los diputados de los dos partidos de derecha elegidos en las tres elecciones posteriores al plebiscito, el 48 por ciento de los de la UDI había sido alcalde y el 24 por ciento había ocupado otros cargos en el régimen militar, existiendo solo un 27,6 por ciento que no tuvo responsabilidades en ese período. Cabe señalar que esta relación también se dio en RN, aunque con una menor participación que la UDI en las alcaldías, lo que confirma la presencia dominante de los «gremialistas» en este nivel del régimen (Cuadro XII-3).

Respecto a los postulantes al Senado, el líder del «gremialismo», Jaime Guzmán, fue candidato por uno de las dos circunscripciones de la Región Metropolitana, y Sergio Onofre Jarpa, candidato a senador por la VII Región. La UDI incluyó a algunos militares en las listas al Senado, como el general (R) Luis Danús, ex ministro de Economía y destacado miembro del Comité Asesor de la Junta de Gobierno (COAJ), que fue candidato por la XII Región. Jarpa, con el apoyo del ministro del Interior, Carlos Cáceres, logró persuadir a algunos intendentes para integrar la lista, como fue el caso de Enrique Larra (Los Lagos) y Alberto Cooper (IV Región). También logró que se incorporara a la lista de RN el ex ministro Obras Públicas, general Bruno Siebert (R), que fue candidato al Senado por la IX Región. Con la excepción del general Danús, todos resultaron elegidos. El único candidato a senador en 1989 que no había apoyado al régimen y que había votado No en las tres elecciones no competitivas fue Sebastián Piñera (RN), quien fue electo senador por la circunscripción Oriente de la Región Metropolitana⁴⁵ (Cuadro XII-4).

Este perfil se mantuvo en las elecciones siguientes del Senado, cuando se renovó parcialmente en 1993 y 1997. En 1993 entró Hernán Larraín, que había ocupado diversos cargos de responsabilidad en la Universidad Católica y era el principal personero del «gremialismo» en esta. En 1997 fue elegido con el apoyo de la UDI el general de Carabineros Rodolfo Stange, ex director general de la institución desde 1985 y miembro de la Junta de Gobierno, y también el ex ministro del Interior Sergio Fernández.

Esta forma de selección de los candidatos de los partidos de derecha permitió que numerosos personeros del régimen militar estuvieran presentes en ambas cámaras en el primer Congreso Nacional. No hubo una ruptura de la élite política, como ocurrió en otras transiciones de América Latina, como Argentina y Uruguay, sino una considerable continuidad, que dificultaría la labor legislativa del Gobierno democrático y ayudaría a la permanencia de instituciones y prácticas de élites provenientes de la dictadura.

En síntesis, el régimen de Pinochet impulsó una amplia e importante labor política después de la derrota en el plebiscito de 1988, con la cual se propuso completar su programa y limitar el margen de acción del primer Gobierno democrático. En consecuencia, el respeto de los militares al itinerario establecido en la Constitución de 1980 no se tradujo en decisiones que facilitaran la inauguración de la democracia, sino que la dificultaran.

CAPÍTULO XIII

LOS LEGADOS DEL RÉGIMEN DE PINOCHET

Más de un cuarto de siglo después de haber terminado, el régimen militar mantiene una marcada presencia, con instituciones establecidas entonces que perviven, destacando entre estas la Constitución de 1980, que conserva rasgos importantes del modelo de «democracia protegida» que guió a «los constituyentes» de ese período, la Junta Militar. También se expresa en las heridas sin cicatrizar dejadas por los atropellos a los derechos humanos y que todavía dividen a los chilenos y explican la persistencia de la demanda por verdad y justicia, así como los procesos judiciales terminados y en curso, que han condenado al mayor número de militares en los países de América Latina por su responsabilidad en estos delitos, incluyendo al director de la principal agencia represiva, la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA (A. Huneeus, 2010: 100). Es un legado que ha sido analizado en los estudios sobre la justicia transicional (Acuña, 2000; Collins, 2006, 2008, 2009, 2010; Hagopian, 2016; Hite y Cesarini, 2004).

La presencia de la dictadura también se expresa en las instituciones y políticas de la transformación económica neoliberal, elogiada por muchos en el país así como por observadores extranjeros, políticos y académicos, pero que tuvo una faz negativa, que se expresó tanto en el aumento de la pobreza, la desigualdad y el bajo crecimiento (Ffrench-Davis, 1999) como en el establecimiento de un sistema económico funcional a la legitimación política del régimen militar, que tuvo componentes institucionales y prácticas empresariales incongruentes con las propias de una democracia. Destacó el elevado componente de patronazgo, especialmente nítido en las privatizaciones, que beneficiaron a los altos ejecutivos de las empresas públicas traspasadas al sector privado, alcanzando niveles que corresponden a un Estado patrimonialista y no a uno moderno (Bendix, 1966). El patronazgo y las prácticas económicas propias del autoritarismo continuaron en democracia, aunque el fenómeno se expresó de otra forma, especialmente a través del uso frecuente de información privilegiada en las grandes empresas, en las prácticas de colusión, el financiamiento ilegal de la política y el uso del Estado para promover «emprendimientos», sin considerar las barreras legales y éticas que requieren de una drástica separación de los negocios y la política. La convivencia entre los negocios y la política ha alcanzado una dramática dimensión desde que en 2014 se conocieron numerosos casos de este tipo de vínculos, en los que están involucrados los principales grupos económicos y que han remecido al país. Estas prácticas patrimoniales son contradictorias con las exigencias del Estado de derecho, que definen a un Estado moderno con economía capitalista, en términos de Weber (Bendix, 1966). En pocas palabras, la modernización económica comenzó antes que la democratización, dejando un legado negativo a esta última.

La incidencia del régimen de Pinochet en el Chile de la democracia no se explica sin tener en cuenta el carácter del autoritarismo y cómo terminó. Su fin no se produjo como consecuencia de una derrota militar (Argentina en 1982-1983 y Grecia en 1974) o por un golpe de Estado (Portugal en 1974), que provocó el desplome institucional de las Fuerzas Armadas, ni tampoco por el fracaso de su gestión económica (Perú en 1979), que desacreditó a los uniformados y sus colaboradores civiles ante la sociedad. Se produjo por la derrota del dictador en el plebiscito sucesorio de octubre de 1988, en el cual Pinochet obtuvo un alto apoyo, el 43 por ciento de los votos, y, como se analizó en el capítulo XII, mantuvo la dirección del proceso político, las instituciones armadas conservaron su cohesión y disciplina y los grupos civiles que le respaldaban siguieron solidarizando con él. Pinochet preservó el control del proceso político durante el año y medio que restaba antes de que entregara la banda presidencial a Patricio Aylwin en marzo de 1990.

Esta causa del cambio de régimen explica que el proceso posterior se haya desarrollado por la vía de la reforma y no de la ruptura, a través de las instituciones establecidas en la Constitución de 1980, gestada por el régimen y ratificadas en el plebiscito sin garantías de agosto de ese año. Esto favoreció la continuidad de las instituciones, formales e informales, así como de actores clave del antiguo régimen, comenzando por Pinochet, que se mantuvo como comandante en jefe del Ejército durante otros ocho años después de entregar la presidencia. En democracia, Pinochet estuvo acompañado en el Parlamento por sus más estrechos antiguos colaboradores, en especial los senadores designados, y en las directivas de los partidos y las organizaciones patronales, además de contar con respaldo en los medios de comunicación más influyentes. En estos años, el ex dictador no se propuso colaborar en el éxito de la democratización, sino que, por el contrario, dificultarla, siguiendo una lógica de amigo y enemigo con el Gobierno del presidente Aylwin, propia de la guerra. Después de dejar la Comandancia en Jefe del Ejército fue senador vitalicio durante siete meses en su condición de ex presidente, hasta su humillante detención en Londres, el 16 de octubre de 1998.

Sin embargo, este singular contexto institucional, con senadores designados que otorgaron mayoría a la oposición en el Senado, es insuficiente para explicar la fuerte presencia del pasado autoritario en la democracia. Las instituciones restringen las opciones que enfrentan los actores durante el proceso político, pero no determinan sus decisiones, pues dejan alternativas entre las cuales pueden optar libremente (Apter, 1970). También intervienen las decisiones estratégicas adoptadas por los principales actores de la democratización, que pueden debilitar o acentuar esos factores institucionales. En un contexto de importantes continuidades, las decisiones adquieren enorme relevancia para marcar las diferencias entre el antiguo y el nuevo sistema político y poner de relieve que el cambio de régimen implica una ruptura con políticas y actitudes de las instituciones del autoritarismo. Las transiciones por la vía de la reforma, como las de España, Uruguay y Brasil, han sido calificadas como rupturistas en cuanto a su contenido democrático, llegando a establecer una democracia de calidad (Linz y Stepan, 1996), precisamente porque hubo decisiones que cambiaron las funciones de instituciones heredadas del autoritarismo.

Dos decisiones estratégicas de sus antiguos opositores contribuyen a explicar la fuerte presencia de la dictadura en democracia. La primera es de responsabilidad tanto de algunos ministros del Gobierno Aylwin como de la mayoría de los parlamentarios de los partidos de la Concertación, que no tuvieron una postura categórica frente al general Pinochet y sus presiones para impedir que el presidente Aylwin llevara adelante la política de verdad y justicia por los atropellos a los derechos humanos, cuya principal iniciativa fue la formación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, más conocida como Comisión Rettig, para investigar los casos que terminaron en la muerte de personas.

Pinochet tuvo una actitud de hostilidad hacia el primer gobierno democrático, presionando para favorecer los intereses de su institución y personales hasta el límite de la legalidad, con movilización de tropas (el «ejercicio de enlace» en diciembre de 1990 y el «boinazo» en mayo de 1993), consiguiendo amedrentar a autoridades de gobierno y a parlamentarios de la Concertación, quienes terminaron cediendo a sus exigencias. Se desconoció el poder de la legitimidad democrática en el mundo, después del fin de las dictaduras en el sur de Europa, en América Latina y la caída de los regímenes comunistas, a partir del derrumbe del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, que no daba viabilidad a un nuevo golpe militar conducido por un dictador que había sido ampliamente condenado por la comunidad internacional. Se le reconoció a Pinochet poder de veto incluso cuando estaba próximo a abandonar la dirección del Ejército y se subvaloró la fortaleza y legitimidad de la democracia chilena. Influyó también el cansancio de muchos y el anhelo de una convivencia sin tensiones ni polarización, tras dos décadas de alta conflictividad.

Esta actitud de políticos de la Concertación hacia Pinochet y los militares tuvo consecuencias muy negativas en la cultura cívica, que se forma durante los primeros años de la democracia (Rustow, 1970), dañando la confianza en las instituciones políticas y en los propios políticos, que fueron vistos como actores débiles ante el ex dictador, atenuando el apoyo a la democracia, que ha sido mediocre, en comparación con otros países de la región, no obstante el buen desempeño macroeconómico. El respaldo a la democracia no subió en los años de mayor bienestar para los chilenos, hasta 1997, cuando el crecimiento promedio anual del PIB fue del 7,7 por ciento (Huneeus y Maldonado, 2003; Huneeus, 2003). Esta evolución fue distinta a la España después de la dictadura de Franco y de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, en que «el milagro alemán» llevaría a aumentar el apoyo a la democracia (Verba, 1965). El politólogo Larry Diamond (1999: 48) admitió esta paradoja y escribió que el relativo bajo apoyo a la democracia «no es algo que esperaba de un país tan próspero y con una muy larga tradición democrática. Las dudas sobre la democracia en Chile parecen estar referidas a la continua “reserva de poderpiñera que tienen los militares y la falta de responsabilidad ante la Justicia por los crímenes cometidos en el pasado». Algunos autores han ido más lejos en sus apreciaciones, calificando a la democracia chilena como «defectuosa» (Merkel, 1999) y otros, como Guillermo O’Donnell, optaron por no considerar a Chile en sus importantes artículos y libros sobre los procesos de democratización porque sus limitaciones institucionales eran evidentes.

La segunda decisión fue tomada por el Gobierno del presidente Aylwin y consistió en optar más por la continuidad que por la reforma del sistema económico impuesto por el régimen militar. El cambio de las instituciones es lento y requiere de muchos años para consolidarse, de modo que el paso del tiempo y las decisiones que se tomen sobre estas son determinantes en el perfil que adquieren (Pierson, 2000; Streeck, 2014). Esto significó que la transformación económica impulsada por la dictadura, con sus instituciones, políticas y prácticas empresariales, prosiguió y se expandió en democracia. Como el sistema económico impuesto por el régimen militar no es congruente con una democracia¹, esto se tradujo en una serie de tensiones y conflictos que afectaron al proceso político, como se examina más adelante.

Esta decisión tuvo enormes repercusiones, pues la estrategia de consolidación de la democracia se formuló en torno al desempeño económico, a partir de la consideración de que la estabilidad democrática dependía de una buena gestión económica, en un escenario con cinco millones de pobres, el 40 por ciento de la población (Huneeus, 2014). Esta decisión estratégica fue profundizada por su sucesor, Eduardo Frei Ruiz-Tagle², un empresario sin trayectoria política, y continuada por el Gobierno de Ricardo Lagos.

El equipo económico de los gobiernos de la Concertación y los dirigentes de los partidos que integraban la coalición de centro-izquierda no interpelaron la transformación económica. Las voces críticas entre sus parlamentarios fueron escasas y desaparecieron con el tiempo. No solo no se revisaron las privatizaciones, sino que estas se profundizaron, como en la política de educación, y se expandieron a nuevos ámbitos, como las empresas sanitarias y las concesiones en la construcción de obras de infraestructura, hospitales y cárceles.

Cada una de estas decisiones estuvo también influida por aspectos organizativos de la oposición al autoritarismo, particularmente por la debilidad de los partidos políticos y las tendencias individualistas y de patronazgo que se observaron en numerosos centros de investigación privados. En esos años, los centros recibieron un importante financiamiento externo, que permitió a sus directivos e investigadores principales llevar adelante una carrera política y contratar el apoyo de colaboradores para ampliar su influencia, sin considerar los intereses de sus partidos.

Acostumbrados a actuar en el secretismo de la clandestinidad o semiclandestinidad, esta práctica de los políticos de centro-izquierda persistió en democracia, pero ahora concentradas en la cooperación con empresarios que habían logrado su poder en la dictadura, buscando financiamiento político, sin apreciar los alcances del cambio de régimen. Este secretismo llevó a algunos políticos del PDC, PS y PPD a alcanzar acuerdos con colaboradores del general Pinochet durante los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle. En ciertos casos fueron aún más lejos y la política de acuerdos incluyó a Julio Ponce Lerou, el ex yerno del dictador, controlador de la empresa Soquimich, favoreciendo sus inversiones a través de la Corfo (Mönckeberg, 2015).

Los factores institucionales y personales heredados de la dictadura y las decisiones estratégicas tomadas en democracia han perjudicado el desarrollo político, todo lo cual dio origen a una democracia semisoberana (Huneeus, 2014), expresada en los primeros años en el veto militar, y después en la menor autonomía de los gobiernos y los parlamentarios respecto del poder económico, que llevaría a una agenda pública que privilegió atender su interés y que una coalición de gobiernos de centro-izquierda impulsara políticas de centro-derecha. Además, se ha desplomado la participación, mientras los partidos se han debilitado, especialmente aquellos que fueron opositores a la dictadura.

Continuidad institucional y de la élite autoritaria

El protagonismo político de Pinochet en democracia fue favorecido por el hecho de que no estuvo solo. La decisión del almirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada, de renunciar antes del fin de la dictadura le permitió designar a su sucesor, el almirante Jorge Martínez Bush, hijo de un general de Ejército, que se mantuvo en el puesto durante ocho años y tuvo una estrecha relación con Pinochet, respaldando su postura crítica y hasta de obstrucción a los gobiernos democráticos.

En el Senado fue acompañado por ex ministros y miembros de la Junta de Gobierno y en las bancadas de la UDI y RN predominaron, hasta las elecciones parlamentarias del 2005, senadores que habían tenido participación en alguna posición de poder en la dictadura.

Todos los presidentes de la UDI desde la inauguración de la democracia, salvo Hernán Larraín, tuvieron cargos durante el régimen anterior³. Diferente fue la situación de RN, pues de los ocho presidentes que tuvo en el mismo período, solo dos tuvieron cargos en el régimen militar: Alberto Cardemil, que presidió este partido entre 1999-2001, fue subsecretario del Interior (1984-1988), y Sergio Diez Urzúa, que lo encabezó entre 2004-2006, fue embajador en las Naciones Unidas (1977-1982).

El Instituto Libertad y Desarrollo, que asesora a la bancada de la UDI y hace una activa labor de lobby, fue fundado en 1990 por los ex ministros de Hacienda Carlos Cáceres y Hernán Buchi, quienes han ejercido la presidencia del consejo. La dirección ejectiva hasta el 2010 la tuvo Cristián Larroulet, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) en dictadura y jefe de gabinete de Büchi (Capítulo VIII). Lo sucedió Luis Larraín Arroyo, ex ministro de Odeplan en el último gabinete de Pinochet, que es actualmente su director ejecutivo.

El Centro de Estudios Públicos (CEP), el principal think tank del mundo empresarial, fue fundado en 1980 por los ministros económicos de la dictadura para difundir las ideas neoliberales y su director ejecutivo fue Arturo Fontaine Talavera (1985-2013), que integró el Consejo de Estado (1975-1976).

En la dirección de los principales gremios empresariales, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), estuvieron personalidades que habían ocupado altos puestos en el régimen de Pinochet, o que le habían apoyado abiertamente. Ex ministros de Pinochet son hoy directores o presidentes de las principales empresas privadas, incluyendo las privatizadas en esos años, poniendo de relieve cuán estrecha ha sido la relación entre el sector privado y el régimen político.

El presidente del Consejo de Relaciones Internacionales (anterior vicepresidente desde su fundación en los años noventa) es Hernán Felipe Errázuriz, ex ministro de Minería (1981), secretario general de Gobierno (1982), presidente del Banco Central (1983-1984), embajador en EE.UU. (1984-1988) y ministro de Relaciones Exteriores (1988-1990).

Los líderes de algunos de los principales grupos económicos del país también habían trabajado en la dictadura⁴. Destaca Eliodoro Matte, presidente del grupo de empresas del grupo Matte y del CEP, ingeniero de la Universidad de Chile, quien trabajó dos años en el Gobierno después de regresar a Chile en 1974 al finalizar su máster en Economía en la Universidad de Chicago, para iniciar posteriormente su carrera en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), la «Papelera», la principal empresa del grupo, a la cual ingresó en 1978, llegando a su presidencia en 1987. Su hermana Patricia trabajó en Odeplan y encabezó la Secretaría de Desarrollo Social. El secretario general de la CMPC entre 1990 y 2015 fue Gonzalo García Balmaceda, último subsecretario del Interior de Pinochet (1988-1990).

Esta continuidad de la élite autoritaria ayudó a que Pinochet llevara adelante su política de rechazo al Gobierno de Aylwin y de provocaciones a los partidos y organizaciones de derechos humanos.

La continuidad de Pinochet como comandante en jefe del Ejército⁵

La principal continuidad institucional y personal de la dictadura fue la permanencia de Pinochet como comandante en jefe del Ejército, porque el ex gobernante no se concentró en atender las necesidades internas de la organización militar, sino que intervino en la arena política, con declaraciones y acciones dirigidas a defender los intereses de la institución armada, así como los personales y de su familia. Su presencia en el sistema político fue favorecida por la conducta de ministros y parlamentarios de los partidos de la Concertación, incluso de izquierda, que le reconocieran su poder de veto, sin actuar con decisión cuando cometió actos ilegales, cediendo cuando presionó con actos que llegaron al límite de la legalidad, por el temor inconfesado a que diera un golpe de Estado y pusiera término a la joven democracia.

No distinguieron entre la autoridad y el poder de Pinochet, siguiendo la diferenciación conceptual formulada por Weber (1942). Su autoridad tenía una fuerte base institucional, la Constitución de 1980, que le permitía una permanencia inamovible por el Poder Ejecutivo de ocho años en la dirección del Ejército, pero su poder se basaba en recursos políticos tales como el respaldo de las otras ramas de las FF.AA., de sectores de la élite y de la capacidad de poder informal que disponía, todo lo que le posibilitaba amedrentar a ministros y parlamentarios. Sin incurrir en la falacia retrospectiva, sobre la cual nos advierte Bendix (1964), era factible disminuir y erosionar sus bases de poder, sin infringir su legitimidad constitucional. Pero esto requería de una voluntad política que, por distintos motivos, no existió.

Pinochet se había preparado para tener un alto protagonismo político cuando entregara la presidencia. Destacó en esto la constitución del Comité Asesor del comandante en jefe, dirigido por el general Jorge Ballerino, un hábil e inteligente oficial que había trabajado con él varios años⁶. El comité estaba formado por un reducido grupo de oficiales de Estado Mayor, algunos con estudios de ciencia política y sociología, así como por asesores civiles, abogados y cientistas políticos. Operando como un equipo de trabajo, reunían antecedentes para que Pinochet tomara las decisiones, mientras mantenían contactos con políticos de oposición y los medios de comunicación para cuidar su imagen, y apoyaba acciones contra el Gobierno y personalidades políticas, de gobierno y oposición. Todas estas actividades eran propias de la acción política, situadas mucho más allá del carácter no deliberante de las instituciones armadas.

Ballerino logró fortalecer su posición de poder como jefe del Comité Asesor al establecer una comunicación directa con dos ministros de La Moneda, Enrique Correa (PS), secretario general de Gobierno, y Edgardo Boeninger (DC), secretario general de la Presidencia. Correa se había propuesto intervenir en la política militar, clave en el corto plazo para el éxito de la transición, y vio en la relación con Ballerino una forma de tener influencia en esta. Esta relación se inició antes del 11 de marzo de 1990, cuando Correa acompañó a Boeninger a las reuniones en La Moneda con Ballerino, entonces secretario general de la Presidencia, para preparar el cambio de Gobierno. Ballerino observó de inmediato en Correa un interlocutor atractivo, un político de izquierda que trabajaría al lado del presidente y advirtió que se mostró bastante más abierto y dialogante para acoger las demandas del Ejército, que el designado ministro de Defensa, Patricio Rojas (DC), quien proyectaba una imagen de mucho carácter, anticipando una actitud de firmeza ante las demandas de Pinochet (Otano, 1990: 119). También logró entablar relaciones con otros políticos de izquierda, como José Antonio Viera-Gallo (PS), presidente de la Cámara de Diputados, ex MAPU como Correa. Pinochet encontró que había posturas contradictorias en el Gobierno para relacionarse con él.

Paralelamente, Pinochet actuó en forma secreta, ejerciendo actividades ilegales, propias de la dictadura, como el espionaje telefónico de altos funcionarios de gobierno, inclusive de ministros de La Moneda, así como de políticos de la oposición como el entonces senador Sebastián Piñera, que llegaría a la Presidencia de la República en 2010. Cuando este último se preparaba para ser candidato presidencial, entre marzo y noviembre de 1992, sus teléfonos fueron intervenidos en una operación dirigida por el Comité Asesor del comandante en jefe, que era informado regularmente de los resultados de esa labor, a consecuencia de lo cual se provocó uno de los mayores escándalos de la transición, el llamado «Piñeragate», que obligó a Piñera a renunciar a su postulación. El Gobierno no tomó una actitud decidida ante este hecho, encargando a Pinochet una investigación, pero este no entregó al Gobierno los antecedentes reunidos, que comprometían a una unidad de comunicaciones del Ejército, y ordenó quemarlos. La investigación que realizó el senador Piñera mostró quién lo hacía, dónde, a quién informaba de las grabaciones —diariamente al general Ballerino— y cómo fue filtrada esa información⁷. Este episodio ocurrió pocos meses antes del «boinazo», cuya gravedad dejó en segundo plano al «Piñeragate».

Especial atención prestaron Pinochet y el Comité Asesor a las investigaciones que realizaba la justicia por los crímenes cometidos por militares en el régimen militar. Incluso llegaron a utilizar prácticas extremas de la dictadura, como el asesinato de personas en Chile y en el exterior. Un dramático ejemplo de lo primero ocurrió a comienzos de 1992, con el asesinato del coronel Gerardo Huber, un antiguo funcionario de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que trabajaba en la Dirección de Logística del Ejército, a cargo de las ventas y compras de armas, quien sabía de una venta ilegal de armas a Croacia, de la cual estaba informado Pinochet. Después que esta operación fuera descubierta a fines de 1991, y cuando Huber estaba dispuesto a declarar ante la justicia, fue asesinado⁸.

El caso más espectacular de un crimen en el exterior fue el del ingeniero químico Eugenio Berríos. Este había trabajado previamente con la DINA y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y entre otros crímenes se le acusa de haber participado en el envenenamiento del ex presidente Eduardo Frei Montalva cuando este se recuperaba de una operación de hernia al hiato en una clínica de Santiago, que le llevó a su muerte en 1982. A fines de 1991, Berríos fue trasladado en forma clandestina a Uruguay por personal militar, en una operación de la DINE, porque Pinochet temía que declarara ante la justicia. Para esto contaron con la cooperación de los servicios de inteligencia de Argentina y Uruguay, a través de los lazos que existían entre los tres ejércitos desde la «Operación Cóndor» de los años setenta, la coordinación entre los aparatos represivos de las dictaduras sudamericanas, especialmente del Cono Sur (Capítulo II). Fue mantenido secuestrado en Uruguay durante un año y después fue asesinado por un oficial de la DINE a comienzos de 1993. Su cadáver fue encontrado en 1995 en una playa al norte de Montevideo⁹.

Tampoco hubo una postura decidida ante Pinochet por parte de las nuevas autoridades del Congreso, con decisiones que le favorecieron. Gabriel Valdés (PDC), presidente del Senado, y José Antonio Viera-Gallo (PS), presidente de la Cámara de Diputados, ofrecieron a las FF.AA. por su desempeño en la transición un «almuerzo de homenaje» el 10 de abril de 1990, pocos días antes que el presidente Aylwin diera a conocer su política de tratamiento de las violaciones a los derechos humanos, con la formación de la Comisión Rettig¹⁰. El acto fue un error, porque era evidente que el único beneficiado sería Pinochet, quien preparó cuidadosamente su participación. Al finalizar el almuerzo, los periodistas se abalanzaron sobre los parlamentarios y Pinochet. Este último calificó el encuentro como «una reunión entre amigos», una afirmación que pronto desmentiría con acciones de provocación a las víctimas de la represión y contra el Gobierno. A continuación, algunos diputados, entre los cuales se encontraba Rodolfo Seguel, PDC, líder de los trabajadores del cobre que convocó a las primeras protestas sociales masivas en 1983 (Capítulo XI), se precipitaron a pedirle autógrafos y a fotografiarse con el ex dictador. Pinochet reaccionó con una sonrisa, mostrándose alejado de la imagen del dictador duro que predominaba en sus antiguos opositores.

Este acto dio una mala señal ante las organizaciones de derechos humanos, los dirigentes de los partidos y la ciudadanía, pues los parlamentarios aparecieron condescendientes con Pinochet, en un momento en que había que ser especialmente cuidadoso en las señales que se daban a la ciudadanía respecto del ex dictador¹¹.

Pinochet contra el Gobierno de Aylwin: el «ejercicio de enlace» y el «boinazo»

Relativamente pronto Pinochet mostró su hostilidad a las nuevas autoridades, en declaraciones a la prensa. En agosto de 1990 se expresó con sarcasmo ante el hallazgo de varios cadáveres de presos políticos ejecutados en Pisagua, que fueron sepultados clandestinamente durante la dictadura. En esa misma dirección fue su discurso en un acto en el Club de la Unión, organizado por el Rotary Club con motivo del «Mes del Ejército», arremetiendo contra el Ejército de la República Federal de Alemania que, según él, estaba formado por «marihuaneros, drogadictos, melenudos, homosexuales y sindicalistas», afirmaciones que fueron rechazadas por el Gobierno de ese país y por las autoridades chilenas. Su canciller federal era Helmut Kohl, presidente de la CDU, que había apoyado al PDC y establecido amistad con el presidente Aylwin desde que lo conoció algunas semanas después del golpe (Huneeus, 2016). Un año después, ante el hallazgo de cuerpos de ejecutados no identificados, dispuestos de a dos por cada tumba en el patio 29 del Cementerio General, lo justificó: «¡Pero qué economía más grande!»¹².

Estas actitudes de rebeldía contra el Gobierno se transmitieron a sus subordinados, lo que se hizo patente en la primera Parada Militar posdictadura, el 19 de septiembre de 1990, ocasión en que el presidente Aylwin y sus ministros recibieron abrumadoras pifias de parte del público que colmaba las tribunas de la elipse del Parque O’Higgins¹³. Tras este recibimiento, en el momento previo al desfile de las tropas, el general Carlos Parera, comandante de la Guarnición de Santiago, un ex alto oficial de la DINA, no solicitó, como se acostumbra, permiso al presidente de la República para iniciar el desfile, en un acto de provocación y no respeto a las autoridades civiles¹⁴.

La situación de poder de Pinochet se vio complicada cuando en esos meses el Gobierno tuvo conocimiento del pago que hizo el Ejército a su hijo Augusto Pinochet Hiriart a través de tres cheques que totalizaban una suma cercana a los tres millones de dólares, por la adquisición de sus derechos en la quebrada empresa fabricante de fusiles Valmoval, lo que dio origen al caso que se conoció como los «Pinocheques»¹⁵. El tema era de extraordinaria gravedad porque era impensable que Pinochet no hubiese sido informado del pago y se podía tratar de una quiebra fraudulenta de una empresa estatal. La Cámara de Diputados constituyó una comisión investigadora, la primera en la naciente democracia, que fue presidida por Jorge Schaulsohn (PPD).

El ministro de Defensa consideró que esta investigación era el pretexto que llevaría a la renuncia de Pinochet a la Comandancia en Jefe del Ejército, subestimando la habilidad política y bases de poder de este. Pinochet rechazó la exigencia de renuncia y respondió con una demostración de fuerza, desplazando a militares en tenida de combate, instalados en la acera, frente al edificio de las Fuerzas Armadas y a pocos metros del palacio presidencial de La Moneda. El incidente fue conocido como el «ejercicio de enlace».

Su demostración de fuerza surtió el efecto que el ex dictador buscaba: ocasionar alarma entre los parlamentarios de la Concertación y ministros, quienes temieron por la estabilidad democrática. Boeninger y Correa se comunicaron con Ballerino para aclararle que el Gobierno no buscaba la dimisión de Pinochet. Además, Correa intervino ante la comisión investigadora de la Cámara para que suavizara el informe final y logró que este fuera enviado a la Contraloría General de la República y no al Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que habría tenido que llevar el caso a la justicia inmediatamente.

Sin embargo, después de consultar al presidente Aylwin, el CDE envió los antecedentes a la justicia, lo que condujo a citaciones a declarar a militares que habían participado en los hechos que llevaron a los pagos. Meses más tarde, esto sería conocido por la opinión pública a través del diario La Nación, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que informó con un llamativo titular, «Reabren caso de cheques del hijo de Pinochet», con un epígrafe aún más fuerte, «Ocho generales citados a declarar ante la justicia».

Pinochet reaccionó con extrema violencia ante la situación. Nuevamente movilizó a efectivos militares en tenida de combate y esta vez convocó al cuerpo de generales para hacerlo participar en esta acción y conferir un carácter institucional a la movilización de soldados, tratando que no pareciera solo la defensa de su hijo. El presidente Aylwin estaba en Dinamarca en visita oficial y optó por dar una señal de normalidad al decidir continuar su programa en el exterior y rechazó la acción militar¹⁶. Este episodio, conocido como el «boinazo», fue el acto de mayor presión de Pinochet al Gobierno.

El vicepresidente de la República, Enrique Krauss (PDC), se atemorizó y, apoyado por el ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa, cedió a la presión de Pinochet. No consideró la información que recogió el ministro del Interior (S), Belisario Velasco (PDC), de una fuente que tenía en el alto mando, quien le informó que se trataba de un acto de presión, sin mayores alcances. Velasco transmitió esta información al presidente Aylwin¹⁷, quien resolvió no interrumpir su viaje, como lo consideraba Krauss y se lo recomendaron los ministros Boeninger y Foxley, que lo acompañaban en la gira.

Krauss buscó rápidamente una negociación, aceptando las condiciones iniciales impuestas por el Ejército: el lugar donde se reunirían —la residencia del general Ballerino— y la persona que le podía acompañar —el ministro Enrique Correa—, aceptando el veto al ministro de Defensa, Patricio Rojas, quien institucionalmente debía estar a cargo del tema. Esto revela el nivel de confianza que había logrado Correa con Ballerino. Se desarrollaron negociaciones entre el Gobierno y el Ejército, con la activa intervención de Correa y Ballerino, aceptando aquel, con la aprobación posterior de Krauss, todas las demandas planteadas por este¹⁸.

Se realizaron dos reuniones entre Correa y Ballerino en las cuales este último impuso cada una de las exigencias del Ejército, siendo aceptadas por el ministro, sin rechazar la petición de una amnistía a los procesados por violaciones a los derechos humanos, que consiguió que se postergara hasta el regreso de Aylwin (Cavallo, 1998: 212), sin considerar el hecho que el presidente y la Concertación se habían manifestado en contra de una ley de amnistía. Aún más, Correa aceptó la propuesta de Ballerino de explorar la posibilidad de que la Corte Suprema emitiera un auto acordado interpretando la amnistía en el sentido del Ejército, que significaba sobreseer de inmediato las causas, sin investigar. Esta demanda contradecía la posición del presidente Aylwin, quien había sostenido lo contrario, que la amnistía supone la investigación de los hechos por el juez¹⁹. Ballerino planteó la conveniencia de crear una cárcel especial para militares, aludiendo a la inevitable condena por el asesinato de Letelier, que fue aceptada y que llevaría posteriormente a la construcción de la cárcel de Punta Peuco, al norte de Santiago durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle²⁰.

Los partidos de oposición no criticaron la presión de Pinochet. RN la explicó como una expresión de repudio a la decisión del Gobierno de impulsar un proyecto de reforma de la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA., que buscaba disminuir sus privilegios²¹. La UDI justificó la acción castrense, responsabilizando de esta al ministro Patricio Rojas. El presidente de esa colectividad, el senador Jovino Novoa, fue aún más lejos porque consideró normal la actitud del Ejército y agregó que la hostilidad del ministro de Defensa hacia el Ejército fue «una cortina de humo para tapar casos de corrupción que enfrenta el Gobierno»²².

Al regresar al país, el presidente Aylwin criticó en duros términos la acción del Ejército, calificándola como «un acto de fuerza improcedente»²³. El «boinazo» tuvo un fuerte impacto en la opinión pública, especialmente en los votantes de izquierda, perjudicando la imagen del Gobierno, del presidente Aylwin y el apoyo a la democracia, que retrocedieron como lo puso de manifiesto una encuesta del CEP aplicada un mes después y una del CERC realizada cuatro meses más tarde (Huneeus, 2014: 262-263).

Pinochet dio otras demostraciones de su enorme poder, que le permitieron, entre otros efectos, que el caso Valmoval fuera cerrado, sin que el CDE insistiera ante los tribunales. Personalidades de izquierda reiteraron su reconocimiento a su poder de veto y tomaron iniciativas para superar la desconfianza que tenía contra este sector²⁴.

No tuvo éxito en su pretensión de iniciar una carrera política desde el Senado, al cual ingresó en su calidad de ex presidente como senador vitalicio el 11 de marzo de 1998, y esto fue gatillado por una decisión en el exterior, que se explica porque se le consideraba un dictador que debía comparecer ante la justicia. Siete meses después fue detenido en Londres por efectivos de Scotland Yard la noche del 16 de octubre de 1998, cuando estaba en una clínica recuperándose de una operación. Permaneció 541 privado de libertad, la mayor parte del tiempo en una pequeña casa en las afueras de la capital de Gran Bretaña, por una orden de la justicia de España, que exigía su extradición por su responsabilidad por el asesinato de ciudadanos de ese país²⁵.

El Gobierno de Frei Montalva reclamó por su detención, con el argumento de que gozaba de inmunidad diplomática en su calidad de ex presidente y senador vitalicio, y argumentó que debía regresar al país para ser juzgado por los tribunales chilenos. Un grupo de diputados del PS tuvo otra postura, viajando a Londres a apoyar la detención de Pinochet y la demanda de extradición a España, argumentando que no era posible un juicio en Chile. Después de gestiones del Gobierno chileno con el británico del primer ministro Tony Blair, Pinochet regresó a Chile el 3 de marzo de 2000, una semana antes que Ricardo Lagos asumiera la Presidencia de la República.

De regreso en el país, Pinochet debió enfrentar numerosas querellas en su contra, presentadas por familiares de víctimas de la dictadura, mayoritariamente por los casos de la llamada «caravana de la muerte» (Capítulo II). Fue encargado reo y desaforado de su condición de senador vitalicio por una sentencia de la Corte Suprema de agosto de 2000²⁶. En julio de 2001, la Corte de Apelaciones de Santiago puso fin al proceso, decretando el sobreseimiento temporal de Pinochet por razones de salud, acogiendo el argumento de su defensa de que padecía «demencia», un recurso vergonzoso para una figura considerada por sus partidarios como el principal estadista chileno del siglo XX. Posteriormente, Pinochet renunció a su senaturía vitalicia y se retiró de la política.

Sin embargo, el ex dictador pudo conservar la confianza de sus partidarios en la población y el respaldo en el sector de la élite política y económica, quienes justificaron su detención por razones ideológicas. Su popularidad se desplomó solo a partir del descubrimiento de millonarias cuentas bancarias, secretas suyas y de sus familiares, en los Estados Unidos y en paraísos fiscales, descubierta por una investigación de un subcomité del Senado de los EE.UU. sobre las ramificaciones financieras del terrorismo que provocó el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. El informe entregado mostró que Pinochet había acumulado entre 1994 y 2002 una considerable cantidad de recursos económicos para los estándares chilenos, cerca de ocho millones de dólares, distribuidos en ocho cuentas secretas en el Banco Riggs de Washington a nombre suyo y de su esposa o de sus hijos.

Fue una noticia que tuvo un impacto devastador entre sus partidarios, que hasta entonces lo habían respetado y reconocido como un estadista austero, que había entregado todos sus esfuerzos por el bien del país, sin que se hubiese enriquecido.

La información del Senado de los EE.UU. llevó al CDE a querellarse contra Pinochet por el delito de malversación de fondos públicos, y el Servicio de Impuestos Internos (SII) hizo lo mismo por evasión tributaria. La investigación realizada por la justicia chilena concluyó que los recursos acumulados por Pinochet eran superiores y estaban distribuidos en decenas de cuentas corrientes a nombre de su esposa, sus hijos y asesores personales en bancos de diversos paraísos fiscales, acercándose a los 27 millones de dólares, habiendo constituido decenas de sociedades de papel para esconder el origen de esos fondos²⁷. Incluso se utilizaron pasaportes que habían sido robados de la Dirección del Registro Civil para abrir esas cuentas bancarias. No ha sido posible definir el origen de estos fondos, presumiéndose que provienen de los gastos reservados que tuvo como comandante en jefe del Ejército, que manejaba con entera discrecionalidad y ascendían a decenas de millones de dólares, o bien de comisiones en compras de armas.

Es interesante apreciar que las transferencias a estas cuentas comenzaron de manera significativa en 1991, un año después de entregar el poder, cuando ingresaron más de dos millones de dólares, habiendo sumas incluso superiores en años posteriores. Incluso cuando había dejado la dirección del Ejército, tuvo depósitos enormes, como en 1999 y en 2003, en que superaron el millón de dólares.

La fortuna que amasó Pinochet durante sus años en el poder parece haber sido superior a los 27 millones de dólares si se consideran los recursos en manos de su familia. En 2016 se elevaron voces para investigar las propiedades de CEMA Chile y el usufructo que se hace de estas, la organización de los Centros de Madres que Lucía Hiriart, la esposa de Pinochet, maneja desde 1973. Esta organización ha actuado sin control de órgano alguno del Estado, recibiendo donaciones y recursos de empresas y otras entidades. Al terminar la democracia, Lucía Hiriart no traspasó a la esposa del presidente Aylwin la administración de CEMA Chile, como correspondía, y la siguió manejando como un coto personal. Se estima que 117 inmuebles fiscales están manejados por CEMA Chile²⁸.

Hasta ese episodio, el régimen de Pinochet contaba con la simpatía de más de un cuarto de los chilenos, que consideraban que los diecisiete años de su Gobierno habían sido «buenos» (Gráfico XIII-1). Esta simpatía por Pinochet era mayoritaria entre los votantes de la UDI y RN, con porcentajes superiores al 60 por ciento en los primeros incluso después de la muerte de este (Cuadro XIII-1). En diciembre de 2009, el 54 por ciento de los votantes de la UDI y el 46 por ciento de los de RN tenían una opinión «buena» o «muy buena» del régimen del general Pinochet.

También hubo simpatía hacia Pinochet. Hasta 2003, más del 20 por ciento rechazó la calificación de dictador en una pregunta cerrada de las encuestas del CERC. Una clara mayoría de los chilenos lo cuestionaba, calificándolo como un dictador, el 63 por ciento en la primera encuesta, con un fuerte aumento en 2003, en el contexto de los treinta años del golpe de Estado, llegando al 74 por ciento, y subió hasta el 82 por ciento en 2006, para bajar en las encuestas posteriores, en que alcanzó el 66 por ciento en 2009, oportunidad en que subieron los NS/NR, que llegaron al 19 por ciento.

El porcentaje que lo calificó como dictador llegó al 76 por ciento en la medición de junio de 2013, casi cuarenta años después del golpe de Estado. Entre un 24 y un 31 por ciento opinó hasta 2004 que Pinochet fue «uno de los mejores gobernantes del siglo XX», con un 27 por ciento en 1996, aunque en 2006 la imagen favorable bajó al 12 por ciento y en 2013 al 9 por ciento. Una mayoría rechazó esta afirmación, el 59 por ciento en la primera medición, que tuvo cambios en las mediciones posteriores, especialmente en 2006, algunos meses antes de su muerte, cuando alcanzó al 82 por ciento. También las respuestas a esta afirmación están influidas por las posiciones políticas: la mayoría de los votantes de la UDI y RN aprueba la calificación de «mejor gobernante», mientras que la minoría de los votantes de los partidos de la Concertación está de acuerdo con ella, aunque los votantes del PDC son más benevolentes, pues el 31 por ciento cree que sí lo fue.

Continuidad y consolidación de la transformación económica neoliberal

La segunda decisión se refirió a la transformación económica neoliberal, que fue central en la legitimación de la dictadura, como se examinó en los capítulos V y VIII, y que consistió en optar más por la continuidad que por la reforma del sistema económico. El equipo económico de la Concertación estaba convencido de que el crecimiento entregaría los bienes económicos, con la superación de la pobreza y el acceso a los bienes de consumo, que ayudarían a la estabilidad del nuevo orden político. En otras palabras, la consolidación democrática se conseguiría a través de la gestión económica, sin poner suficiente atención a las exigencias políticas que esto requería. Los buenos resultados macroeconómicos en los primeros años (7 por ciento de crecimiento promedio anual hasta 1997) reafirmaron esta decisión junto con los elogios internacionales a la modernización económica iniciada por la dictadura, formulada por políticos (Shultz, 1993: 975) y académicos (Hagopian, 2004: 131) y hasta por personalidades del equipo económico de gobiernos de la Concertación.

Esta decisión estratégica fue acompañada por la opción de favorecer la «estabilidad» por sobre las modificaciones del sistema económico, con un respaldo a la economía abierta al exterior y una concepción de que las exportaciones son el motor del crecimiento. Fortalecieron esta estrategia los acuerdos de libre comercio suscritos con las principales potencias económicas y bloques económicos, cuyos gobiernos estaban ahora dispuestos a negociar con Chile porque tenía un régimen democrático.

La estrategia impulsada consideró a los empresarios como los principales actores del proceso económico, especialmente los grandes, porque tendrían las capacidades para desempeñarse en una economía globalizada, aunque generaran un bajo porcentaje de empleo. No se tomó en cuenta a los trabajadores y a sus organizaciones, que habían sido debilitadas por la dictadura, acentuando así la perspectiva de que la empresa gira en torno al capital. Los buenos resultados macroeconómicos provocaron un efecto de path dependence, es decir, generó incentivos para que esta política prosiguiera durante los siguientes gobiernos, incluso cuando en 2000 se produjo la alternancia de candidatos a la Presidencia de la República en la Concertación y asumió uno de izquierda, Ricardo Lagos.

Esta no fue una decisión impuesta por las restricciones políticas y constitucionales, con los senadores designados, la supramayoría para aprobar los proyectos de leyes y la continuidad de Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército. Por el contrario, fue adoptada por consideraciones económicas y de estrategia política, considerando que la política económica permitiría consolidar la democracia. Esta decisión se llevó adelante a través de políticas en las cuales se impusieron criterios economicistas, especialmente en cuanto a su financiamiento y con un estilo tecnocrático, dejando de lado las consideraciones políticas en la preparación y toma de decisiones del Gobierno, y se hizo al margen de los partidos y sin mayor debate con los parlamentarios de la coalición de gobierno. Como los gobiernos de la Concertación no tuvieron una propuesta económica propia, distinta a la que hubo en la dictadura (más allá de su énfasis en la política social), que le confiriera a sus partidos un perfil nítido ante sus votantes, como ocurre en las democracias avanzadas, los buenos resultados económicos de los primeros años fueron atribuidos al «modelo» y no al Gobierno, sin traducirse en beneficios electorales. En las elecciones parlamentarias de 1997, durante el año de mayor crecimiento económico desde 1990, los partidos de la Concertación no solo no se beneficiaron de este auge, sino que perdieron votos y parlamentarios.

Las opciones de cambio institucional económico al inaugurarse la democracia eran múltiples, para avanzar hacia alguna de las distintas modalidades de una economía social de mercado, o en dirección a un orden económico que asumiera el papel regulador del Estado debido al predominio de las privatizaciones (Majone, 1994, 1996), muchas de las cuales ocurrieron en industrias monopólicas. Sin embargo, el predominio de la continuidad se expresó hasta en las palabras: se habló de una «economía de mercado» a secas, sin adjetivos, sin que un ministro de Hacienda o presidente empleara el concepto de «economía social de mercado» o de una «economía mixta», como había planteado Roberto Zahler (1984).

El equipo económico de la Concertación estuvo bajo el liderazgo de Alejandro Foxley, ministro de Hacienda del Gobierno de Aylwin. Era ingeniero químico y doctor en Economía en la Universidad de Wisconsin-Madison, fundador y presidente de la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (Cieplan), el principal centro de estudios económicos independiente de Chile, que alcanzaría un gran prestigio internacional. A fines de los años ochenta, con el apoyo de fundaciones e instituciones estatales y paraestatales de los Estados Unidos, especialmente de la Fundación Ford, Canadá y Europa, Cieplan tenía unos veinte economistas investigando a tiempo completo, con doctorados en destacadas universidades de EE.UU.²⁹, la mayoría de los cuales ingresaría al Gobierno en 1990 (Huneeus, Cuevas y Hernández, 2013). Nueve de los diecinueve principales colaboradores en el Ministerio de Hacienda pertenecieron a Cieplan. La influencia de los economistas de Cieplan en la dirección económica se prolongó en los siguientes gobiernos de la Concertación. Dos ministros de Hacienda, Eduardo Aninat y Andrés Velasco, trabajaron en distintos momentos en Cieplan (1994-1999). Su influencia también se observó en la Dirección de Presupuestos (2006-2010), que estuvo bajo la dirección de economistas de este centro de estudios entre 1990 y 2006³⁰.

Ciertas políticas de la dictadura, como la privatización de la educación, se profundizaron tempranamente en la educación media, cuando el Ministerio de Hacienda impuso el «financiamiento compartido» en el presupuesto nacional aprobado en 1993, que establecía un pago a los padres, y fue aprobada «a cambio de la reforma tributaria de 1993» (Cox y González, 1998: 249; Pribble, 2013). Esta decisión no fue discutida con las autoridades del Ministerio de Educación, cuyo titular, Jorge Arrate, ex presidente del PS, en esas semanas negociaba con el Colegio de Profesores un mejoramiento de las remuneraciones y necesitaba el apoyo del Ministerio de Hacienda para esto³¹. Tampoco fue debatida previamente con los parlamentarios de la Concertación de las comisiones de Educación de la Cámara y del Senado, ni con los partidos de la coalición gobernante. El «financiamiento compartido» tendría costos para las familias de estratos medios y populares, con «efectos colaterales no deseados» en la segmentación y segregación social en los sectores populares del país (Cox y González, 1998: 250).

Los cambios de Gobierno son una oportunidad para modificar el curso o la naturaleza del efecto path dependence (Collier y Collier, 1991); es decir, 1990 era una oportunidad para reformar el «modelo». Como se ha argumentado, esto no ocurrió y tampoco se planteó en el programa de 1994, para el segundo Gobierno democrático, del presidente Frei Ruiz-Tagle, que acentuó la continuidad económica, con la privatización de la empresa de generación eléctrica Colbún, adquirida por el grupo Matte, posibilitando la posterior diversificación y expansión de sus negocios, con la explotación de bosques y la exportación de celulosa y papel. También se privatizaron las empresas sanitarias, se impulsó un ambicioso programa de construcción de obras de infraestructura, bajo el impulso del ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, y continuó la privatización de la educación, bajo el impulso del ministro de Educación, José Pablo Arellano, el ex director de Presupuestos que había impulsado el «financiamiento compartido».

Una gran oportunidad para corregir el efecto path dependence se presentó el año 2000, cuando se produjo una doble alternancia: de Gobierno y de orientación política, porque la izquierda llegó a La Moneda con Ricardo Lagos. El PS criticó en julio de 1989 las bases programáticas de la Concertación en un extenso documento dirigido al presidente del PDC, Andrés Zaldívar, firmado por el secretario general del partido, Jorge Arrate, el encargado de la secretaría de estudios y programas del PS, Gonzalo Martner, y el encargado de la comisión económica de la colectividad, Carlos Ominami³². En ese texto se formularon políticas y reformas institucionales de orientación de izquierda, que fueron rechazadas por Foxley. Ominami, que fue ministro de Economía de Aylwin, respaldó las políticas impulsadas por su colega de Hacienda y desarrolló una cuidadosa relación con los empresarios. Esta relación la continuó cuando fue elegido senador en 1993 y en 1997, siendo uno de los principales dirigentes de la candidatura presidencial de Ricardo Lagos, dio una señal para conseguir la simpatía de los grandes empresarios, elogiando el papel que jugó José Yuraszeck, «el zar de la electricidad» y militante de la UDI, quien, como vimos en el Capítulo IX, aprovechó la privatización de Chilectra para controlarla: «Si hubiera habido un Yuraszeck en los años treinta, la Corfo no habría hecho Endesa. Creo que se hicieron todas las empresas no por un prurito simplemente estatista, sino porque no había un sector privado con espaldas capaces de desarrollar esas actividades» (Capital, julio 1997: 38-42).

Lagos no se propuso revisar la continuidad del «modelo» y hasta fue más allá que sus antecesores, dando señales a los grandes empresarios de que su Gobierno promovería el crecimiento y el papel de la empresa privada. Lo hizo antes de entrar a La Moneda, en un lugar emblemático del conflicto entre los empresarios y la izquierda, en el CEP (Centro de Estudios Públicos), el principal think tank de la derecha, presidido por Eliodoro Matte, presidente de la CMPC, la «Papelera»³³. Lagos expuso su programa de gobierno ante un amplio grupo de empresarios y altos ejecutivos de las principales empresas del país. El nuevo mandatario no dio una señal hacia los trabajadores, que balanceara el mensaje que había entregado a los empresarios en el CEP.

El presidente Lagos fue más lejos en su relación con el CEP. Nombró en el directorio de Banco-Estado a un consejero de este think tank, David Gallagher, el primer director que no pertenecía a la Concertación desde 1990 y columnista de El Mercurio. En 2003 dio una nueva y potente señal al CEP al nombrar a Vittorio Corbo, también consejero de este organismo, como presidente del Banco Central, un economista que tenía un doctorado de la Universidad de Harvard y no había ocupado cargos en el régimen militar.

Los investigadores del CEP tuvieron una cercana relación con los asesores más próximos al presidente Lagos, el llamado «segundo piso» de La Moneda, a los cuales informaban de los avances de sus investigaciones y adelantaban los resultados de las encuestas que después entregarían a la opinión pública³⁴. Consejeros del CEP constituyeron el núcleo de expositores en el ciclo «Conferencias presidenciales de humanidades», realizadas en La Moneda y organizadas por el asesor cultural del presidente Lagos³⁵.

Meses más tarde, recogiendo la invitación del presidente de la Sofofa —la principal organización industrial del país—, se llevaría adelante un conjunto de políticas, «la agenda procrecimiento», formuladas a partir de comisiones de trabajo formadas por autoridades y expertos de los ministerios de Hacienda y Economía y los directivos y asesores de la organización gremial. En esta agenda se incluyeron iniciativas que acentuaron la continuidad del «modelo», como la reforma tributaria que eliminó el impuesto a la ganancia de capitales (López, 2014) y una Ley de Pesca que concedió derechos de explotación a las diez mayores empresas del sector³⁶.

Otra reafirmación del «modelo» fue la política de expansión de la educación superior a través del «crédito con aval del Estado» (CAE), impulsado por el ministro de Educación, Sergio Bitar (PPD), que posibilitó una drástica expansión de la matrícula de las instituciones privadas pero produjo el endeudamiento de las familias de los jóvenes que ingresaron a estas. Esta política fue muy ventajosa para los bancos y las universidades, aunque no así para los estudiantes, pues el Gobierno se despreocupó de la calidad de la educación que entregarían dichos establecimientos, los cuales aumentaron la matrícula y crearon nuevas carreras para tener mayores ingresos, sin contratar profesores con las necesarias credenciales académicas. Se expandió la matrícula en forma vertiginosa, pero especialmente en las llamadas carreras «de pizarrón»³⁷.

Hubo una falta de visión en esta decisión de no reformar el «modelo», desconociendo sus debilidades institucionales y sus componentes de patronage, con la tradición de hacer converger los intereses públicos y privados en beneficio de estos últimos, el establecimiento de estrechas relaciones entre las autoridades del sector económico del Gobierno y los empresarios, cuya expresión más ilustrativa fue el hecho de que los altos ejecutivos de las empresas estatales se convirtieran en sus controladores. Estas relaciones fueron impulsadas por personeros de la Concertación que desde muy temprano recurrieron a la «puerta giratoria», en que ex ministros y ex altos funcionarios de gobierno, al terminar sus cargos, pasaban directamente a trabajar en o con el sector privado, en beneficio de los intereses de este³⁸. También se expresó en la promoción de intereses económicos individuales, gestionados personalmente o a través de terceras personas, incluso familiares, creando «emprendimientos» para buscar contratos con el Estado, como el suministro de bienes o servicios³⁹.

Los límites del «modelo»

La estrategia de legitimación democrática por el desempeño económico no alcanzó los objetivos de largo plazo que se planteó el equipo económico encabezado por Foxley y Ominami en 1990.

Los elogios al desempeño de la economía chilena formulados por organismos internacionales y expertos no son compartidos por la población. Una amplia mayoría de los chilenos tiene una evaluación crítica del crecimiento económico, pues una minoría, el 17 por ciento, reconoce haberse beneficiado⁴⁰ y solo un 28 por ciento opina que los pobres se han beneficiado, contradiciendo la realidad objetiva, pues la pobreza ha sido reducida del 40 al 13,9 por ciento en 2009, como consecuencia de las políticas sociales de los gobiernos. A lo anterior se suma la casi unanimidad de indicadores que señalan que el crecimiento ha favorecido exclusivamente a los ricos, opinión compartida por el 76 por ciento (Barómetro CERC de la Política, diciembre de 2011).

Considerado como la «joya» de la democratización, el sistema económico exhibe importantes debilidades, pues se apoya principalmente en las exportaciones de materias primas, en especial del cobre, celulosa, productos agrícolas y recursos naturales con escaso valor agregado, cuya explotación tiene altos costos medioambientales y una escasa capacidad de generación de empleo, y además este se caracteriza por su precariedad y bajos salarios. Hay problemas de déficit de capital humano, con un sistema educacional que tiene graves limitaciones, en particular en la educación superior (OCDE-Banco Mundial, 2009). Las «modernizaciones» emblemáticas de los Chicago boys, como las AFP, entregan pensiones muy bajas, debiendo el Estado asumir el costo de las que reciben los pobres, confirmando su fracaso.

Sergio Molina, uno de los principales protagonistas de la transición, advertía sobre la gran concentración de la propiedad de los activos «en grupos económicos reducidos que pueden ser fuente de poder monopólico u oligopólico abusivo». Los cinco grupos de mayor tamaño son dueños de casi el 50 por ciento de los activos de las empresas que cotizan en bolsa; el grupo de mayor tamaño tenía el 20 por ciento de los activos totales (Molina, 2005). La concentración es muy alta en los principales sectores de la economía, desde los bancos y las AFP hasta el retail. Esto ha conducido a una concentración de la riqueza sin precedentes en Chile y América Latina, pues, según la revista Forbes, hay cuatro familias o individuos entre los más ricos del mundo, con una riqueza acumulada de 42.500 millones de dólares, que en un país con una población cercana a los 17 millones de personas, representa alrededor del 21 por ciento del PIB en 2010. Una de estas personas es el presidente Sebastián Piñera (Solimano, 2012)⁴¹.

Las desigualdades económicas en Chile sobresalen en el contexto internacional. El indicador más utilizado para medir la desigualdad de los ingresos —el coeficiente Gini— pone de relieve esta afirmación. En efecto, el coeficiente alcanza a un 0,5546, el peor de los países de la OCDE, con una diferencia de 27 veces entre el primer y el último decil, mientras que el promedio de los demás países que pertenecen a esta organización es de nueve⁴². Las desigualdades de ingreso no disminuyeron en forma significativa durante las administraciones de la Concertación, aunque sí cayó la pobreza, desde el 40 por ciento que había en 1990 al 13,9 por ciento en 2009. El coeficiente Gini a comienzos de los años noventa fue de 0,55 y avanzó hacia 2006 al 0,54; Uruguay, con una trayectoria democrática tan prolongada como la de Chile y con una izquierda tan poderosa como en nuestro país, mantuvo en el mismo período un coeficiente Gini considerablemente menor, de 0,44 a comienzos de los años noventa y 0,45 en la etapa posterior. En el mismo período, Argentina vio aumentadas las desigualdades de ingreso, pues de un coeficiente Gini de 0,44 subió a otro de 0,50 (Huber y Stephens, 2012, tabla 5-2).

Sin embargo, el coeficiente Gini no es el indicador más adecuado para medir las desigualdades, porque se construye sobre los resultados de encuestas de ingresos de hogares y no capta el ingreso de la minoría, el 1 por ciento o el 0,01 por ciento o hasta el 0, 001 por ciento, pequeños grupos de personas que son quienes concentran la riqueza, porque no lo declaran si son encuestados y son muy pocos casos para un análisis estadístico que permita sacar conclusiones. Esto solo es posible determinarlo a través del examen de la información reunida por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que ha confirmado que la desigualdad de ingresos es peor que la mostrada por el coeficiente Gini. El análisis de los ingresos según los impuestos es posible siguiendo una metodología desarrollada por los economistas franceses Thomas Piketti y Emmanuel Sáez, que permite hacer comparaciones entre países. De acuerdo a esta metodología, las desigualdades de ingreso en Chile son superiores a las que existen en los otros países de América Latina y es muy alta entre los países de la OCDE. En efecto, el 1 por ciento más rico concentra un 28,7 por ciento del ingreso⁴³, muy por sobre los demás países de la base de datos de Piketti y Sáez, en los cuales ningún país llega al 20 por ciento. Si se considera un grupo más reducido de personas, el 0,1 por ciento, la concentración del ingreso alcanza al 13,7 por ciento, más alta que la que existe en EE.UU., del 10,5 por ciento⁴⁴. Este porcentaje es considerablemente superior al que tenía ese segmento de la población de los EE.UU. a fines de los años cincuenta, que Dahl estudió en su famosa investigación (Dahl, 1961), pues entonces reunía el 3,2 por ciento del ingreso (Bartels, 2008: 1), menos de la quinta parte del que se registra en Chile. Aún más, si se examina el ingreso que posee un porcentaje menor de la población, el 0,01 por ciento (unas 1.700 personas), ellas concentran el 6,2 por ciento del ingreso, bastante superior al que tiene ese mismo porcentaje de individuos en los EE.UU., donde alcanza al 4,08 por ciento.

Otro análisis de este fenómeno en Chile, usando los datos de la revista Forbes sobre los «súper ricos» en el mundo, muestra una realidad más acentuada, porque cuatro familias, una de los cuales era la del ex presidente Sebastián Piñera, controlarían alrededor del 21 por ciento del PIB, según datos de 2010. Esta proporción es superior a la que existe en cualquier otro país de América Latina y hasta es mayor que la de los Estados Unidos, con inversiones en los principales sectores de la economía, desde la minería y la explotación de los productos del mar hasta la televisión y el retail (Solimano, 2012).

Las desigualdades no disminuyen con los impuestos, porque el sistema tributario tiene un sesgo conservador, que descansa fuertemente sobre el impuesto al valor agregado (IVA) y no grava mayormente a los individuos de altos ingresos (Agostini, Martínez y Flores, 2012). Este resultado contradice el argumento de estudios de la democracia, como Przeworski (1991: 177-178), en el sentido de que los países con mayores desigualdades tendrán una mejor disposición a aceptar medidas que se proponen disminuirlas, porque se entendería que son iniciativas necesarias para asegurar el bien superior de la democracia.

Las malas prácticas empresariales

Decíamos que había una incongruencia entre el sistema económico y la democracia, porque aquel estaba construido por instituciones y prácticas empresariales establecidas durante la dictadura y para ayudar a su legitimación. Las relaciones del poder económico y político en democracia son distintas a las que se dan en una dictadura, especialmente como la de Pinochet, pues en aquella hay una separación entre los intereses públicos y privados, para que las autoridades privilegien los del Estado y consideren los de la mayoría. Además, la competencia económica y la participación de las empresas en ella se da en condiciones de igualdad y se sancionan las infracciones a esto (Pérez Díaz, 1996). Esto hacía necesario que, al establecerse la democracia, se cambiaran normas institucionales y prácticas empresariales, para que el sistema económico fuera congruente con el nuevo orden político.

Sin embargo, esos cambios no se realizaron y permitieron la continuidad de prácticas empresariales que fueron frecuentes en dictadura. Estos se basaban en la fusión de los intereses públicos y privados aprovechando vacíos legales en su propio beneficio, junto al hecho de que las autoridades de los órganos regulatorios no tuvieron la decisión política de cumplir sus funciones con decisión y actuar con firmeza contra ellas.

Uno de los casos más espectaculares fue el de Sebastián Piñera, que comenzó una meteórica carrerea empresarial durante la dictadura, hasta llegar a tener una importante fortuna en 1989, cuando fue elegido senador por Santiago. En los ocho años que estuvo en el Senado mantuvo una relación directa con sus negocios, interviniendo en decisiones de ellos, a pesar de formar parte de la Comisión de Hacienda. Cuando LAN Chile abrió los ADR en Nueva York, viajó a participar en el acto en Wall Street. Después, cuando estalló el «caso Chispas» (Capítulo IX), negoció con Enersis la venta de sus acciones a un precio preferente. Actuó en un mundo que no era ilegal, porque no se habían dictado normas para separar los intereses públicos y privados, pero que era éticamente reprochable. Esa práctica la continuaría después, hasta 2006, después de su fallida candidatura presidencial de 2005⁴⁵, al hacer uso de información privilegiada de LAN, de la cual era director, para comprar un paquete de acciones⁴⁶. Después de una larga investigación realizada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Piñera fue sancionado en 2009, durante la campaña presidencial, que esta vez sí le permitió llegar a La Moneda.

Otro caso emblemático es el de Julio Ponce Lerou, para quien haber conocido a Verónica Pinochet Hiriart, hija del ex dictador, mientras estaba de vacaciones en el balneario de Maitencillo, fue fundamental en su vertiginosa trayectoria empresarial en la dictadura, que no se interrumpió en democracia. Aunque estuvo casado con Verónica Pinochet Hiriart desde 1969 a 1991, hasta hoy es conocido como el «yerno». De profesión ingeniero forestal e hijo de una pareja de profesionales, su relación con el suegro le permitió en 1974 saltar abruptamente desde la dirección de un aserradero en Panamá a encabezar la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Chile, convocado por su suegro a asumir el cargo. Seis años después dio otro salto vertiginoso, hacia la gerencia de empresas de la Corporación de Fomento (Corfo), cargo que le permitió ser presidente de numerosas compañías entonces controladas por el Estado, entre ellas Soquimich, y después ascender a la gerencia general de la Corfo. Aunque estuvo tres años en el cargo, debió salir por acusaciones sobre prácticas de corrupción, pero volvió en 1987, año en que por segunda vez fue presidente de Soquimich. Consolidó su posición en esta empresa hasta lograr su control mediante sociedades cascada. En democracia, Ponce Lerou extendió sus redes hacia políticos de distintos partidos de la coalición oficialista, sin perder sus vínculos con la derecha, entregando financiamiento a diestra y siniestra. Esto facilitó su negociación con la Corfo para que esta le cediera en 1993 y ratificara en 1995 en arrendamiento hasta 2030 pertenencias mineras en el Salar de Atacama en 81.000 hectáreas para la explotación del estratégico litio y otros minerales. En 2013, tras detectar «irregularidades», «incumplimientos graves» y un comportamiento «poco ético» en la explotación de minerales de SQM en el Salar de Atacama, la Corfo quiso terminar este contrato, lo que devino en un juicio arbitral que al escribir estas líneas aún no concluía⁴⁷. La guinda de este escándalo fueron los aportes a políticos de todas las tendencias.

Las debilidades institucionales del sistema económico y las malas prácticas empresariales tensionaban el proceso económico y político hasta alcanzar una intensidad que hizo público cuánto se había extendido la presión del poder económico sobre el sistema político. Ese momento se produjo en 2015, cuando la opinión pública fue impactada por decisiones de los principales grandes empresarios, que pusieron de manifiesto cuán limitada es la autonomía de los partidos y parlamentarios respecto al poder económico y hasta qué punto se han extendido las redes de patronazgo y clientelismo, llegando incluso a la familia de la presidenta Michelle Bachelet. Un resumen de los hechos da cuenta de esa relación. Andrónico Luksic, presidente de un grupo fundado en los años sesenta por su padre, con múltiples intereses en diferentes sectores, desde la minería hasta las comunicaciones (Canal 13), como presidente del Banco de Chile, el segundo más importante del país, aprobó un crédito a una empresa de la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, que le permitió realizar una millonaria operación inmobiliaria en la VI Región. Esta ha sido formalizada como presunta autora de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas y quedó a fines de enero de 2016 con medidas cautelares (arraigo nacional, firma mensual y prohibición de comunicarse con los otros imputados, salvo Mauricio Valero)⁴⁸. Es el llamado «caso Caval», por el nombre de la empresa de Compagnon.

Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, los controladores del grupo Penta, ambos de la UDI, fueron formalizados y detenidos por evasión de impuestos y financiamiento ilegal de campañas electorales de candidatos de este partido. La investigación de un fraude tributario cometido por empleados del grupo fue la hebra que le permitió configurar el caso a la fiscalía. La confesión del ex gerente general de Penta, Hugo Bravo, posibilitó conocer los aportes económicos del grupo a dirigentes políticos, especialmente de la UDI, burlando la ley de financiamiento a la política. Entre ellos figuran dos ex presidentes de la UDI (Jovino Novoa y Ernesto Silva), los senadores Iván Moreira y Ena von Baer, el ex alcalde Pablo Zalaquett, el ex precandidato presidencial de este partido y ex ministro del gobierno de Piñera, Laurence Golborne. Entre las figuras de otros partidos receptores de apoyo económico surgió el nombre del ex ministro de Hacienda de Bachelet y ex candidato en la primaria de la Concertación de 2013, Andrés Velasco, actual líder de Ciudadanos. El ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, que fue formalizado por cohecho y lavado de activos, recibía una remuneración mensual de Penta siendo autoridad de gobierno. El ex subsecretario de Pinochet y ex diputado RN, Alberto Cardemil, también fue alcanzado por el caso.

Los correos electrónicos que la fiscalía ha obtenido en su investigación reflejan la dependencia que los políticos tenían de este grupo económico. El senador Moreira, un defensor de Pinochet a ultranza, pregunta al grupo Penta: «Para los mil metros finales ¿queda algo de combustible?». No fue suficiente. Un mes después, sin pudor, insiste: «¿Tú crees que se pueda un raspado de la olla para los últimos cien metros de campaña?»⁴⁹. El hoy diputado Felipe Kast (UDI) solicita un apoyo personal más que del grupo, «por muy modesto que sea. Honestamente pienso que la defensa de las ideas más importantes se va a dar en el Congreso, dado que en la presidencial hay pocas posibilidades de ganar»⁵⁰. La senadora Von Baer pide ayuda para «tratar de poder cubrir una deuda de alrededor de 100 M [millones de pesos]» con que quedó tras la campaña⁵¹. Hasta agosto de 2016, solo Jovino Novoa ha sido condenado por la justicia, como autor de delito tributario, a tres años de presidio en grado menor y una multa equivalente al 50 por ciento (7,5 millones de pesos) de lo defraudado y a cinco unidades tributarias anuales (2,7 millones de pesos en 2016), que el tribunal lo autorizó a pagar en diez cuotas mensuales, en un juicio abreviado en el que reconoció haber pedido 30 millones de pesos al grupo Penta⁵². A pesar de haber sido condenado, el Tribunal Supremo de la UDI resolvió no expulsar a Novoa de las filas del partido, basado en que no hubo «enriquecimiento personal» y que solo hizo lo que era entonces una «práctica generalizada, conocida y aceptada por todos los sectores»⁵³.

Las hebras del caso permitieron descubrir los aportes de otra gran empresa, la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich). Conocida como SQM —la principal empresa minera no metálica del país, que Julio Ponce Lerou controla desde que fue privatizada en la dictadura, cuando era yerno del general Pinochet—, financió ilegalmente a decenas de políticos de todos los sectores, incluyendo al presidente del PDC y a personalidades de izquierda, entre ellas al senador socialista Carlos Ominami, al dos veces candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y la Fundación Chile 21 (que preside Ominami), al senador socialista Fulvio Rossi, al ex precandidato presidencial de la UDI en 2014 y ex ministro Pablo Longueira⁵⁴. La investigación judicial ha llegado también hasta el área gris del financiamiento de las campañas presidenciales de Michelle Bachelet en 2013, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1999 y de Sebastián Piñera en 2009; en las dos primeras de estas campañas ya hay operadores financieros formalizados por la justicia. La forma de operación de SQM fue similar a la del grupo Penta, mediante la emisión de facturas y/o boletas de honorarios por parte de personas cercanas a los candidatos, por servicios que no fueron prestados a la empresa, con la diferencia que llegó a un arco más amplio de políticos, prácticamente de todos los sectores. Incluso, en más de un caso Ponce Lerou financió a través del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, a políticos que competían entre sí: cualquiera que triunfara, él aseguraba tener influencia y lazos. En total, un informe de un estudio jurídico estadounidense identificó pagos de SQM a políticos por más de 11 millones de dólares, distribuidos en las siguientes proporciones: el 45% relacionado a la UDI; 11% a RN; 11% al PDC; 10% al PRI; 8% al PS; 7% al PRSD y 3% al PPD⁵⁵. En un hecho inédito en la historia chilena, el fiscal que investiga los aportes de SQM, Pablo Gómez, envió un oficio al Departamento de Justicia en Estados Unidos, para que solicite a la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Estado información sobre pagos de esta empresa a personas vinculadas a las campañas presidenciales de Frei, Piñera y Bachelet y a ocho partidos políticos.

La empresa Corpesca, del grupo Angelini, otro de los grandes consorcios económicos que controlan la economía chilena, con intereses en sectores como la celulosa y los combustibles (Copec), fundada por un inmigrante italiano que llegó después de la Segunda Guerra Mundial y que fue poderoso en los años sesenta en la exportación de harina de pescado, financió a parlamentarios, incluso durante la tramitación de la Ley de Pesca, aprobada por el Congreso en 2012. Esto aseguró por largo tiempo los derechos de explotación de las riquezas del mar a esa firma (y a otras). El senador Jaime Orpis (UDI) fue desaforado por los delitos de cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al fisco⁵⁶.

La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), la mayor empresa del grupo Matte y otro de los principales consorcios económicos del país, fue acusada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de colusión de precios con su competencia, SCA, en el papel higiénico tissue, de consumo masivo. El delito se prolongó durante más de una década (2000-2011), según la acusación, y una organización de consumidores, Conadecus, presentó una demanda civil por 510 millones de dólares de perjuicios a los chilenos, estimando el monto de la compensación con la metodología que se utiliza en otros países. El grupo Matte, que confesó su participación en este caso de colusión, está siendo investigado por el mismo delito en otros países latinoamericanos, Perú y Uruguay. El líder del grupo, Eliodoro Matte, terminó renunciando a la presidencia de la CMPC y del CEP.

La colusión del papel se suma a la que hubo entre las mayores cadenas de farmacias en los precios de medicamentos de primera necesidad, así como entre los productores de pollos, y la FNE está investigando a los buses y las cadenas de supermercados. A lo anterior se suman escándalos como el que comprometió a la empresa La Polar, afectando a decenas de miles de consumidores, fundamentalmente de bajos ingresos.

El desplome de los partidos y el maltrato de la política

La dictadura y las decisiones estratégicas tuvieron resultados políticos perjudiciales a la democracia, con la caída de la participación electoral, el desplome y fragmentación de los partidos y la baja confianza en las instituciones y los políticos. Estos resultados no se explican solo por esos antecedentes, pero es necesario considerarlos cuando se quiere analizar el mal estado de las instituciones democráticas.

La caída de la participación electoral es uno de los principales indicadores del debilitamiento del desarrollo político. En la primera vuelta de los comicios presidenciales del 17 de noviembre de 2013 votaron 5.697.524 personas, lo que representa el 49,3 por ciento del padrón electoral, nueve puntos porcentuales menos que en 2009. Michelle Bachelet, la abanderada de la Nueva Mayoría, continuadora de la Concertación y que en la nueva coalición incluye al PC, obtuvo 3.073.570 votos, que representan el 46,7 por ciento de los sufragios válidamente emitidos, pero constituyen apenas un 22,6 por ciento del padrón electoral (Huneeus, Lagos y Díaz, 2015). En la segunda vuelta, en que se impuso Bachelet, la participación fue menor⁵⁷.

Tales resultados son un fuerte contraste con las elecciones de 1989, las primeras después del régimen de Pinochet, en que votaron 7.158.646 personas, es decir, una participación del 94,72 por ciento de los inscritos y el 86,3 por ciento de la población en edad de votar (PEV). En dicha ocasión se impuso en la primera vuelta Patricio Aylwin, el candidato de la Concertación, recibiendo 3.850.571 votos, con el 55,17 por ciento de los votos válidos, que representaban un 46,7 por ciento de la PEV.

La caída de la participación se distancia de la observada en las restantes elecciones presidenciales en las nuevas democracias de América Latina, donde se aprecia una gran estabilidad en la participación, que incluso aumenta en el caso del Perú y alcanzó al 86,2 por ciento en las elecciones presidenciales de 2011⁵⁸. En las elecciones presidenciales de Argentina de 2015 la participación fue muy elevada: un 81,97 por ciento en la primera vuelta y un 80,89 por ciento en la segunda⁵⁹. En consecuencia, no es efectivo que la disminución de la participación electoral en Chile sea un fenómeno internacional, que responde a factores ajenos a las decisiones de sus instituciones y actores.

Los gobiernos posdictadura no enfrentaron el debilitamiento de la participación política, sino que tomaron decisiones que lo agravaron. Por ejemplo, en lugar de establecer la inscripción automática, en 2009 se introdujo el voto voluntario como resultado de un acuerdo entre el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) y la oposición, que incluyó la inscripción automática. El desplome de la participación electoral en las elecciones de 2013 se debe explicar como consecuencia de esa reforma, que fue cuestionada por cientistas políticos y constitucionalistas, que advirtieron sobre sus efectos negativos, considerando la experiencia internacional⁶⁰.

Los partidos se han desplomado ante el electorado, como organización y en sus funciones en el Gobierno y el Congreso, siguiendo a Key (1964), pues se observa una caída de su electorado, se ha desplomado el número de militantes y se ha restringido su presencia territorial, especialmente en las regiones extremas del norte y el sur del país, lo que es contradictorio con su aspiración de ser instituciones de alcance nacional. Además, están ausentes del debate público para diseñar políticas que permitan resolver los principales retos del país, y sus centros de estudios, que debieran analizarlos, no tienen recursos económicos para cumplir las funciones de apoyo a su labor en el Gobierno y en el Parlamento, con excepción de los de derecha. Esto es un fuerte retroceso respecto de los años ochenta, período en que los partidos tuvieron el apoyo de numerosos centros de estudios que cumplieron un importante papel en la preparación de la élite de gobierno y de sus propuestas programáticas, aunque después estas no serían consideradas.

El debilitamiento como organización ha provocado una fragmentación del sistema de partidos, con once que tienen representación parlamentaria, siete de los cuales apoyan al segundo Gobierno de Bachelet, sin que haya uno que cuente con un alto apoyo electoral para ejercer un liderazgo nítido en el conglomerado. El partido más importante, el PDC, tiene solo un 15,6 por ciento del electorado y 19 diputados, es decir, apenas el 10 por ciento de los escaños, y el partido de la presidenta tiene un 11 por ciento.

Una huella profunda

La sombra del régimen del general Augusto Pinochet sigue presente en la arena política chilena diez años después del fallecimiento del ex dictador y a 26 años del final de su Gobierno. Sin duda, el paso del tiempo y, en especial el enriquecimiento ilícito de su familia, más que su participación intelectual en los crímenes de la dictadura, ha debilitado su incidencia en la sociedad chilena. Pero la profundidad de los cambios políticos y económicos practicados en el régimen militar fue tal, que pese a ser un dilatado paréntesis en la trayectoria democrática del país en una perspectiva histórica, todavía hoy se advierte su legado, por ejemplo, en el debate sobre el cambio constitucional, expresado en el acuerdo mayoritario que Chile tenga una nueva Constitución, y en las características del modelo económico, y la defensa a ultranza de este que hacen los grupos empresariales y sectores de derecha.

El estudio de las características del régimen militar y de quien lo encabezó se justifica plenamente para entender mejor las claves del presente, cuyas raíces a menudo llegan hasta los diecisiete años de dictadura. Este es el sentido que ha tenido esta travesía, en la que he estado internado durante más de una década, y cuyo principal resultado es el libro que ahora queda en manos de sus lectores.

CAPÍTULO XIV

CONCLUSIONES

Este libro se ha propuesto develar las estructuras de poder, las políticas y los factores que explican la extensa permanencia del régimen autoritario del general Augusto Pinochet. El interés del estudio ha sido explicar ese período de la historia de Chile y conocer los factores que aclaran el desarrollo y dificultades de la nueva democracia inaugurada en 1990. En consecuencia, el enfoque del análisis se formuló desde la perspectiva del autoritarismo y también desde la democratización.

A diferencia de otros «nuevos autoritarismos» surgidos en numerosos países de América Latina desde los años sesenta, fracasados en su gestión y en que los militares debieron abandonar el poder en medio del rechazo de la población, el de Chile terminó con buenos indicadores macroeconómicos, el respaldo de una considerable parte de la población y el cambio de régimen a la democracia se hizo según el itinerario establecido en la Constitución de 1980, elaborada y dictada durante el régimen.

Pinochet disfrutó de la simpatía de los dirigentes de los gremios empresariales y políticos de derecha, así como de un gran segmento de chilenos, obteniendo un 43 por ciento de apoyo en el plebiscito de 1988, un porcentaje que ningún otro dictador ha podido mostrar al término de su régimen.

Las reformas económicas impulsadas en esos años echaron las bases institucionales del orden económico, que no tendría reformas relevantes en su arquitectura durante los gobiernos de los partidos que constituyeron la oposición democrática al régimen militar, la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010), aunque las políticas fueron muy exitosas en términos macroeconómicos en comparación a la dictadura, sobresaliendo el de Patricio Aylwin (1990-1994). Altos ex funcionarios del régimen autoritario siguen teniendo protagonismo en democracia como parlamentarios, dirigentes de partidos, de los think tank vinculados a los partidos de derecha y empresas y organizaciones empresariales, demostrando que este logró gran continuidad del orden económico y también de una parte de la élite política.

El examen del autoritarismo, por tanto, es necesario para comprender esa etapa histórica y las características del orden pluralista inaugurado en 1990, cuando Pinochet entregó el símbolo presidencial a Aylwin, el principal dirigente de la oposición que lo derrotó en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, electo por amplia mayoría el 14 de diciembre de 1989.

Nuestro análisis ha eludido buscar respuestas monocausales, reduccionistas, como por ejemplo el papel de la coerción, dimensión que adquirió enorme visibilidad por los graves y numerosos atropellos a los derechos humanos que cometió el régimen; por el contrario, ha pretendido mostrar una variedad de factores políticos e históricos para explicar la estabilidad del autoritarismo, destacando la participación de grupos civiles en el Gobierno, y el papel del «gremialismo», que cumplieron una función equivalente a la del partido único en las dictaduras. También se analizó la influencia de variables micropolíticas, como el liderazgo del principal actor, Pinochet, cuyas decisiones en momentos claves fueron muy influyentes en el perfil institucional y la continuidad del régimen. Una multiplicidad de factores le confirió al régimen una complejidad que excede la imagen militar por la presencia de personal castrense en los principales cargos de autoridad, por lo que debe ser examinado como un régimen autoritario.

Cuando los militares tomaron el poder en 1973, en el contexto de una grave crisis política y económica, se propusieron iniciar una nueva fase de la historia del país, para lo que se fijaron metas muy ambiciosas: eliminar la pobreza, sentar las bases del crecimiento económico y establecer un orden político distinto a la democracia occidental, porque la consideraban débil frente al marxismo. Esta sería una democracia protegida y autoritaria, con pluralismo limitado y bajo la tutela de las FF.AA., que la dejarían funcionando al retornar a sus cuarteles. Estos objetivos fueron compartidos por los grupos de derecha que apoyaron al nuevo régimen. Para alcanzarlos contaron con el respaldo de tecnócratas que aportaron conocimientos técnicos, equipos de profesionales que impulsaron las reformas económicas –los llamados Chicago boys– y grupos de derecha que, desde fines de los años cuarenta, habían cuestionado las principales instituciones de la democracia tradicional: los partidos y el Parlamento, influidos por las ideas corporativistas del régimen del general Franco en España (1939-1975). Fueron estos civiles quienes proporcionaron contenido a las propuestas políticas del régimen. El pensamiento político contenido en la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno de 1974 se basó en las ideas desarrolladas en y por las revistas Estanquero, Portada y Qué Pasa. De ahí que, más allá de la violenta toma del poder, en la mañana del 11 de septiembre de 1973 con el bombardeo del palacio de La Moneda por la Fuerza Aérea y el cierre de las instituciones democráticas, el nuevo orden político recurrió a algunos componentes del desarrollo político del país, que significaron importantes contribuciones para su legitimación y la constitución de su élite gobernante. La política del autoritarismo se caracterizó tanto por su radical ruptura con la evolución política de Chile, como por tener ciertos elementos de continuidad con el pasado representado por el pensamiento de importantes grupos de derecha. Esto confirma un rasgo que ha estado presente en otros cambios de regímenes políticos que provocaron rupturas radicales, como Alemania en 1918, cuando cayó el Imperio y se estableció la República, y en 1933, cuando cayó la República de Weimar y los nazis tomaron el poder en que hubo continuidad en esos tres períodos de la administración pública, la Justicia y el Ejército.

El régimen apeló a una estrategia de legitimación múltiple: una de carácter legal y constitucional, basada en la tradición legalista del país; otra de carácter histórico, fundamentada en el fracaso de la democracia como consecuencia del desarrollo político de las últimas décadas; y definió, finalmente, una tercera basada en la eficacia de la gestión económica, prometiendo alcanzar el desarrollo pleno.

El régimen autoritario se caracterizó por un bajo nivel de institucionalización y una alta personalización del poder en Pinochet; esto organizado en torno a un «Estado dual», en el concepto de Ernst Fraenkel (1984). Junto a la aplicación de medidas coercitivas basadas en la cancelación de la libertad y en la lógica del amigo-enemigo, generadora de una espiral de violencia responsable de los excesos represivos, se impulsaron reformas que se propusieron expandir la libertad económica con la finalidad de provocar la modernización económica del país. Fueron dos caras estrechamente vinculadas entre sí, aunque funcionalmente diferenciadas. Los abusos también fueron posibles por la pasividad del Poder Judicial frente a las violaciones a los derechos humanos y la tolerancia de amplios grupos de civiles en el poder que, en algunos pocos casos en que formularon críticas internas, en sordina, a los excesos de la DINA y la CNI, lo hicieron de forma de no debilitar sus relaciones con Pinochet. La responsabilidad política y ética de la justicia y de los grupos de derecha en tales hechos mantiene su vigencia con el correr del tiempo. Pese a los excesos, el régimen contó hasta su término con el respaldo de un amplio porcentaje de la población del país, la colaboración de los grupos civiles de derecha y del empresariado.

Pinochet fue el protagonista del período porque concentró funciones institucionales y políticas que le permitieron afirmar que «no se mueve una hoja» sin su permiso o conocimiento. Fue el líder de la coalición gobernante formada por diversos grupos de civiles y diferentes personalidades y oficiales de las tres ramas de las FF.AA. y de Carabineros, preocupándose de su cohesión e integrar sus intereses y necesidades. Fue jefe de Estado, estuvo al frente del Gobierno y se desempeñó como comandante en jefe del Ejército, apoyándose principalmente en los poderosos recursos de la Presidencia de la República. Sus funciones políticas también abarcaron las tareas coercitivas, pues la DINA (posteriormente transformada en CNI) estuvo directamente subordinada a su autoridad.

Para integrar a los diversos grupos civiles y a los militares, cumplió una función de árbitro en sus diferencias y conflictos, que desempeñó con singular habilidad, logrando una alta cohesión, impidiendo deserciones hacia la oposición, a diferencia de los autoritarismos de España (1939-1975) y Brasil (1964-1985). Ninguno de los ministros con cartera lo abandonó, votaron por el «Sí» en cada elección no competitiva y lo respaldaron después que dejó el poder, incluso cuando fue detenido en Londres en 1998 y frente a los procesos en la justicia chilena, que implicaron su desafuero como senador vitalicio, en agosto de 2000¹.

Ejerció Pinochet un liderazgo permanente durante el período, especialmente tras lograr expulsar al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, en julio de 1978, y mostró capacidad de mantener la iniciativa política en momentos difíciles como durante las protestas de Estados Unidos por el asesinato perpetrado por efectivos de la DINA de Orlando Letelier en Washington D.C. en 1976, la crisis económica de 1982-1983 y su derrota en el plebiscito de 1988. Aprendió con bastante rapidez el ejercicio del poder y supo aprovechar al máximo el apoyo de las FF.AA., expresado en su participación institucional en los poderes Ejecutivo y Legislativo a través de centenares de oficiales y en el empleo de la coerción para reprimir las protestas opositoras, sin trepidar por los altos costos humanos que esto significó.

De ahí que Pinochet fue un dictador fuerte, usando el adjetivo empleado por los historiadores alemanes en su análisis del régimen de Hitler², aunque su poder tuvo limitaciones, algo que no puede sorprender, porque también las tuvieron los dictadores de los totalitarismos, como argumentó Peterson (1969) para el caso de Hitler. Ellas provinieron de la unidad de las Fuerzas Armadas que, a través de la Junta de Gobierno, emplearon una regla decisoria de consenso, que dio a cada comandante en jefe poder de veto. También lo fue por legitimidad legal, que implicó un respeto relativo de los procedimientos jurídicos y la complejidad institucional del país, que no podía desconocer la existencia de una Iglesia católica con alto grado de institucionalización y obispos de gran inteligencia y liderazgo, como el cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez. Hubo, finalmente, un factor de limitación impuesto por los grupos civiles, especialmente el «gremialismo», con objetivos propios en tanto movimiento político, que se esforzó sutilmente en restringir la discrecionalidad de Pinochet, empleando la persuasión para establecer un cierto grado de institucionalización que limitara su autoridad y poder. Ejemplo de esto es la regulación sucesoria establecida en la Constitución de 1980, que lo limitó en su afán de permanecer indefinidamente en el poder y en definitiva lo expulsó de este porque hubo además una oposición democrática que consiguió la adhesión de la mayoría del país. Estas limitaciones del poder de Pinochet expanden la responsabilidad legal política y ética a los demás grupos e instituciones que lo acompañaron, sin radicar exclusivamente en los militares.

Hemos dicho que la otra cara del régimen de Pinochet estuvo constituida por las reformas económicas impulsadas por un grupo de tecnócratas conocidos como los Chicago boys, que cambiaron la estructura productiva del país, redefinieron las relaciones del Estado con la economía y la sociedad y, tras el desplome del sistema financiero en 1983 y la grave crisis económica que provocó, hubo un crecimiento económico desde 1985, que sería más vigoroso desde 1990, alcanzando un 7 por ciento de crecimiento promedio anual entre ese año y 1997. Abarcaron un amplio abanico de medidas, desde la eliminación de los controles de precios, la apertura comercial y el fomento a las exportaciones, hasta un radical proceso de privatización de las empresas públicas creadas a partir de los años cuarenta y de los servicios de salud y la previsión social, así como también de cientos de empresas intervenidas o estatizadas durante el Gobierno de la Unidad Popular. Ellas estimularon el surgimiento de una numerosa y dinámica clase empresarial, y una notable diversificación de las exportaciones. Tales políticas beneficiaron no solo a los empresarios, sino también a amplios sectores de la población que habían sufrido estrecheces e inseguridades durante los últimos meses antes del golpe de Estado, que permitieron al régimen conseguir apoyo en la ciudadanía. La dictadura de Pinochet fue la única experiencia desarrollista del Tercer Mundo, solo comparable en esto con el régimen del general Franco en España, que transformó con mano de hierro un país predominantemente agrícola en la décima potencia industrial del mundo. En consecuencia, no fue una experiencia no democrática que fracasó en su gestión económica, como los demás regímenes militares de América Latina, sino una que consiguió resultados positivos, aunque con considerables sombras y un gran costo humano y el sistema económico tuvo componentes políticos del régimen autoritario que eran incongruentes con los que exige la democracia, que será fuente de tensiones y dañará el desarrollo político*.

Estos cambios estructurales se consiguieron sin perjuicio de que la gestión económica exhibe resultados más bien modestos en términos de crecimiento, empleo e inflación, pues sus logros fueron menores que los alcanzados por los gobiernos democráticos de los años sesenta y noventa. Las políticas neoliberales condujeron al país a la segunda peor recesión del siglo XX después de la Gran Depresión, cuando en 1982-1983 el sistema financiero colapsó y el producto cayó –14,5%. Si la crisis económica aceleró la crisis política del Gobierno de Allende, en el de Pinochet la situación fue distinta, pues los militares reprimieron severamente las protestas ciudadanas. En los años setenta la desocupación alcanzó altos niveles, creándose programas públicos de ocupación –Programa de Empleo Mínimo (PEM) y en los ochenta, el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH)– cuya administración fue entregada a las municipalidades. En 1975 el desempleo fue de un 15,7 por ciento (17,6 por ciento con el PEM), bajando lentamente en los años siguientes. En 1983 los desempleados fueron 740.000 (19 por ciento de la fuerza de trabajo), a los que se deben añadir los 500.000 contratados por los programas públicos de empleo (13 por ciento de la fuerza de trabajo). La recuperación fue difícil y solo en 1989 se alcanzó la desocupación de un dígito, 8 por ciento, por efecto de la política expansiva para enfrentar el plebiscito sucesorio en 1988 (Ffrench-Davis, 1999: 264). Hubo una caída de las remuneraciones que se mantuvieron por debajo del nivel de 1970, incluso en 1989. También disminuyeron las asignaciones familiares, hasta situarse en 1989 en un 72 por ciento por debajo del nivel de 1970. No fue casual que las remuneraciones y las asignaciones subieran antes del plebiscito sucesorio de 1988, cuando el Gobierno usó la reactivación económica para apoyar la candidatura de Pinochet. También hubo una disminución del gasto social como consecuencia del sesgo antiestatista, particularmente grave en educación y salud. La reforma previsional está lejos de haber alcanzado las ambiciosas metas económicas anunciadas en 1980, pues enfrenta una carga financiera similar a la histórica que los Chicago boys denunciaron como intolerable, además de importantes limitaciones a los beneficiarios, con grandes desigualdades hacia las mujeres, las personas de ingresos medios y bajos y los trabajadores independientes.

No es irrelevante que la modernización económica haya comenzado en un contexto autoritario que la impulsó para fortalecer su legitimación, pues influye en su contenido y en la forma como se aplicaron las reformas. Tuvo claros fundamentos políticos a partir de una concepción neoliberal de la economía, interpretada como una cosmovisión y aplicada a todos los ámbitos, concibiendo al ciudadano como un consumidor. Los Chicago boys fueron eficaces tecnócratas y también políticos convencidos de los fundamentos de la democracia protegida y autoritaria, que se esforzaron por conseguir el éxito económico para fortalecer la legitimidad del orden autoritario y de la democracia limitada que entraría en vigor al retornar los uniformados a sus cuarteles. Las reformas económicas se basaron en consideraciones técnicas y políticas. La centralización de la autoridad desvaneció la separación existente entre intereses públicos y privados, y favoreció la convergencia de ambos entre las autoridades económicas y los empresarios, privilegiando a estos últimos. Esto fue muy notorio en las privatizaciones de las grandes empresas públicas, en que sus altos ejecutivos quedaron como socios controladores.

Los elementos ideológicos del modelo económico se manifestaron en la debilidad con que fueron establecidos los órganos regulatorios, especialmente los que promueven la libre competencia; en la preferencia hacia las grandes empresas y la concentración económica en grupos; y en la estructura monopólica de importantes sectores de la economía, acompañada por el descuido hacia la pequeña y la mediana empresa. Los incentivos institucionales y políticos a los empresarios condujeron a identificarlos con el régimen y a su consiguiente politización, con importantes consecuencias en la democracia. Dirigentes de las principales organizaciones empresariales, destacados empresarios y hombres de negocios ocuparon cargos en el autoritarismo y a partir de 1990 han defendido públicamente el orden anterior y a Pinochet, reclamando su libertad durante su detención en Londres³.

La politización del empresariado ha tenido consecuencias en sus decisiones económicas, especialmente en los gobiernos corporativos. Una mirada a la composición de los directorios de las principales empresas muestra una clara preferencia por individuos con un perfil político homogéneo: son de derecha y muchos de ellos colaboraron con Pinochet en el Gobierno. Esto ocurre incluso en sectores de la economía donde debería existir pluralismo y que además tienen un bajo nivel de confianza por parte de la ciudadanía. Es el caso de las AFP, constituidas con recursos de todos los chilenos. Entre 1995 y 1997 las juntas de accionistas de las nueve empresas privatizadas al final del régimen militar del sector eléctrico, telecomunicaciones, siderurgia y petroquímica, en las cuales las AFP tenían un importante paquete de acciones, votaron por directores con un claro perfil político: 39 de las 40 personas elegidas fueron de derecha y la mitad de ellos había ocupado cargos en el equipo económico del régimen militar (Cuadro XIII-1). Las votaciones de las juntas de accionistas de estas empresas realizadas en 1998 confirmaron este comportamiento, pues de los doce directores elegidos con votos de las AFP, once eran de derecha, y de estos, ocho ocuparon cargos durante el régimen militar.

Tal constelación de factores tiene importantes diferencias con las modernizaciones realizadas por los gobiernos democráticos⁴. En estos existe una clara separación institucional entre los intereses públicos y privados, hay transparencia en la información que disponen los agentes económicos e igualdad de oportunidades en las decisiones de la autoridad, pudiendo intervenir en ellas los grupos de interés de empresarios y trabajadores. El cambio económico impulsado por el autoritarismo en Chile corresponde más bien a una modernización parcial, en la conceptualización de Rüschemeyer (1969), por lo que no produjo la institucionalización de importantes organizaciones y mecanismos de una genuina economía de mercado.

El régimen de Pinochet confirmó la afirmación de Linz (1973 A) sobre la debilidad estructural del autoritarismo que consiste en la definición de su institucionalización. En los primeros años se optó por un régimen militar tradicional, con la participación mayoritaria de personal castrense en los principales cargos de autoridad, que no se consolidó como eficaz fórmula de gobierno. Hubo una nueva definición que apuntó hacia una fórmula institucional de partido hegemónico, la democracia protegida y autoritaria, con pluralismo restringido, una «transición» de ocho años para permitir la consolidación de las reformas económicas, la ratificación de Pinochet y la organización de un movimiento político con los recursos políticos para ganar las primeras elecciones parlamentarias. El «gremialismo», bajo el liderazgo de Jaime Guzmán, apoyó esta alternativa y fue el principal grupo de poder que se esforzó para que se adoptara esta fórmula de institucionalización, que les auguraba un buen futuro después del regreso de los militares a los cuarteles.

A diferencia de otros autoritarismos, incluso el Brasil de los militares, el régimen de Pinochet no tuvo un partido de gobierno⁵. Sin embargo, hubo un equivalente funcional de este: el «gremialismo», que cumplió diversas funciones, asumidas por el partido en el régimen. Centenares de jóvenes profesionales de este grupo de poder trabajaron en múltiples lugares del régimen, especialmente en organismos donde el movimiento concentró sus esfuerzos: Odeplan, la Secretaría Nacional de la Juventud, perteneciente al Ministerio Secretaría General de Gobierno, y las municipalidades. La fundación de la UDI en 1983 fue producto de este trabajo y sus excelentes resultados en las elecciones parlamentarias y municipales durante la democracia mostraron que la perspectiva de largo aliento de su fundador, de constituir un poderoso partido, se hizo realidad⁶. El asesinato de Jaime Guzmán a comienzos de 1991 no interrumpió el crecimiento de la UDI en el electorado, como organización y cumpliendo las funciones en el Congreso, siguiendo la distinción que Key (1964) hace de las funciones de los partidos.

El «gremialismo» sistematizó y difundió el pensamiento político del régimen, colaboró activamente en el reclutamiento de numerosos profesionales para ocupar los altos cargos decisorios o de asesoría, intervino en la movilización de los apoyos a la consolidación del poder de Pinochet, fue determinante en la orientación institucional del régimen a partir del discurso de Chacarillas en 1977, y se constituyó en un activo protagonista en las campañas plebiscitarias en 1978, 1980 y 1988. Sin considerar el papel de este movimiento político no se comprenden las altas capacidades de movilización política del autoritarismo, ni la amplitud de su convocatoria en la juventud y la enorme capacidad de reclutamiento de profesionales jóvenes para trabajar en el Gobierno.

Dijimos que el análisis del régimen autoritario también se ha realizado desde la perspectiva de la democratización. La democracia se restableció en Chile después del fracaso de la regulación sucesoria en 1988, lo que gatilló el cambio de régimen. Este enfoque tiene justificación metodológica y analítica porque los estudios de las transiciones y los procesos de consolidación de las democracias de los años setenta y ochenta⁷ tienden a prescindir de la consideración de los factores procedentes del régimen autoritario⁸. Parten de la premisa de que con el establecimiento de las nuevas autoridades y después de las primeras elecciones, se produce una ruptura con el régimen anterior, una nueva élite se hace cargo del Gobierno, los militares regresan a los cuarteles y las instituciones y los grupos de poder toman decisiones en un escenario constituido por factores surgidos después de la inauguración de la democracia.

Sin embargo, tal ruptura no es un concepto útil, pues el cambio de régimen tuvo ciertas continuidades: siguió el camino de la reforma respetando la vía institucional, con una negociación entre el Gobierno y la oposición para eliminar algunos de los elementos más emblemáticos de la democracia protegida y autoritaria y se produjo una continuidad de la élite política, que dominó las bancadas de derecha en el Senado y la Cámara de Diputados elegidas en 1989, lo que se acentuó en las dos elecciones siguientes.

No se puede entender la evolución de la opinión pública durante la democracia sin considerar la política durante el autoritarismo. En los años del régimen militar, la población recibió una intensa propaganda con mensajes cuestionando el papel de los políticos y partidos, dejando huellas en la cultura cívica de amplios sectores de la población, especialmente en los jóvenes, cuya socialización política se produjo en este escenario⁹. Estos rastros no desaparecen con el desmantelamiento de las instituciones del autoritarismo, sino que se expresan en una postura crítica a la política y a los políticos y en el menor apoyo a la democracia por parte de los votantes de los partidos de derecha, quienes dan a conocer su simpatía hacia el régimen anterior y a Pinochet¹⁰, lo que se manifiesta en las marcadas diferencias entre los votantes de la derecha (UDI y RN) y los de la Concertación (PDC, PPD y PS) (Cuadro XIV-2)¹¹.

El régimen de Pinochet no fracasó en la gestión económica, sino que produjo una transformación productiva que favoreció la gestión económica del primer gobierno democrático. Este cambio económico llevó a la Concertación a tener una visión pragmática acerca de sus propios cuestionamientos cuando era oposición, para no frenar su dinamismo, por lo que hubo una importante continuidad del modelo económico¹². Esta decisión ha implicado una mayor legitimación implícita de las reformas económicas del autoritarismo, aunque tuvo efectos adversos en el electorado de los partidos de la Concertación que mantienen recelo hacia estas.

El fin del régimen de Pinochet no fue provocado por la derrota militar (Argentina en 1982-83 y Grecia 1974), por un golpe de Estado (Portugal en 1974) o por el fracaso de su gestión económica (Perú en 1979), sino que se llevó a cabo a través de su regulación sucesoria y la derrota del dictador en el plebiscito de 1988. Esto explica por qué el cambio de régimen se hizo por el camino de la reforma y no por el de la ruptura. Pinochet mantuvo la dirección del proceso político después de su derrota, se conservó la unidad de las Fuerzas Armadas, hubo una alta cohesión de la coalición gobernante, sin deserciones a la oposición, y logró que importantes actores seguirían actuando en política durante la democracia. Además, la coalición autoritaria se preocupó de establecer importantes amarres a la nueva democracia para proteger sus intereses y con el objetivo de dificultar la gestión del primer Gobierno enfrentó unida las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989. No fue una casualidad que su candidato presidencial fuera el ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi. Con la ayuda de los senadores designados, la derecha defendió la gestión del autoritarismo, justificó la continuidad del general Pinochet en la dirección del Ejército y bloqueó las iniciativas del Gobierno de la Concertación para eliminar los enclaves autoritarios¹³.

Una de las consecuencias de este tipo de cambio de régimen fue que destacados personeros del régimen que consiguieron escaños en el Congreso Nacional en las listas de la UDI y RN o asumieron responsabilidades en los partidos, estaban muy identificados con cada fase del autoritarismo y habían respaldado la tesis de la «guerra no convencional» empleada por los militares para justificar los abusos, interpretación que han reiterado en democracia. El «gremialismo» a través de la UDI fue el grupo de poder que ha tenido mayor presencia en la élite de la derecha, pero también RN tuvo personalidades con un destacado protagonismo en el régimen, como los ex ministros Francisco Javier Cuadra y Sergio Onofre Jarpa y el subsecretario Alberto Cardemil. El perfil de los diputados y senadores de las bancadas de las dos colectividades elegidas en las tres elecciones parlamentarias es similar en cuanto a su participación en el régimen militar. Esta continuidad explica la política de la oposición de rechazar las reformas a la Constitución destinadas a darle un pleno contenido democrático, así como su resistencia a las reformas planteadas por los tres gobiernos de la Concertación con la finalidad de perfeccionar el sistema económico, a pesar de que no se proponían cambiar sus principales orientaciones neoliberales.

El régimen autoritario fracasó en su propósito de imponer la continuidad de la democracia protegida y autoritaria establecida en la Constitución de 1980, con Pinochet como presidente cuando los militares regresaran a sus cuarteles, pues la regulación sucesoria permitió el triunfo de la oposición y la elección del primer presidente democrático, Patricio Aylwin. Sin embargo, mantuvo una enorme influencia en la democracia, con la continuidad del ex dictador como comandante en jefe del Ejército por ochos años, durante los cuales no se concentró en atender las exigencias internas de su institución, sino que buscó influir en política para defender los intereses de su institución, los de su familia y los personales, logrando amedrentar a ministros de Aylwin y a parlamentarios, especialmente de izquierda, que le reconocieron poder de veto en el proceso político, incluso cuando se acercaba el fin del período en que fue comandante en jefe.

El régimen autoritario tuvo éxito en el objetivo de que la transformación económica neoliberal perdurara después que los militares regresaran a sus cuarteles, pues el primer Gobierno democrático optó más por la continuidad que por la reforma del sistema económico impuesto por la dictadura, que fue continuada, corregida en algunos aspectos a través de las políticas sociales, y hasta profundizada en ciertas políticas, como las privatizaciones. No consideró sus componentes políticos, que fueron contribuir a la legitimación de la dictadura, desmantelar al Estado empresario, que llevó a que los monopolios públicos continuaran como privados, sin que hubiera instituciones regulatorias con poder para velar por la libre competencia y proteger a los consumidores, y se optó por un Estado mínimo, sin tener una administración pública que permitiera al Estado cumplir sus funciones, como lo hicieron los tecnócratas en la modernización económica impulsada del régimen de Franco (González, 1979). Esta decisión implicó la consolidación de un sistema económico que no era congruente con una democracia, lo que generaría tensiones y conflictos, que no fueron visibles en los primeros años de la democracia, escondidos detrás de los muy buenos resultados macroeconómicos. Los buenos resultados económicos de corto plazo tuvieron altos costos a mediano y largo plazo, que se traduciría en abusos de empresas monopólicas, cometidas por los principales grupos económicos, como Luksic, y prácticas de colusión en múltiples sectores, incluso en el papel higiénico, cometido por la poderosa CMPC, la Papelera, del grupo Matte. Estas acciones demostraban una baja adhesión a la competencia e implicaba desconocer los alcances de los cambios institucionales y éticos producidos por el contexto democrático, un desarrollo de la cultura de los empresariado que no se dio en otras democratizaciones*.

La continuidad del sistema económico también se expresó, además, en un concepto patrimonialista del Estado, asumido por personalidades de los gobiernos democráticos, que desarrolló intereses económicos con grandes empresarios, incluso con empresarios emblemáticos de la dictadura, como Julio Ponce Lerou, principal controlador de Soquimich (actual SQM), como se vio en el Capítulo IX, que dio aportes económicos a políticos no solo de derecha, sino también de la Concertación, que fueron retribuidos por beneficios para aquel, como fue el contrato de Corfo por treinta años, con la concesión del Salar de Atacama. Ello condujo a una agenda pública amistosa con los intereses de los grandes empresarios. El 2015 se ha conocido la magnitud y profundidad de la coalición de intereses entre políticos y empresarios, en un contexto más amplio de partidos sin financiamiento público (y de campañas hasta el 2003), con prácticas de financiamiento irregular, cohechos y corrupción que han remecido al sistema político de Chile y destruido la imagen internacional de ser el país menos corrupto de América Latina. El hecho que gobiernos de centro-izquierda impulsaran políticas de centro-derecha provocaría malestar y frustración en los votantes de los partidos de izquierda y está en el origen del desplome de los partidos de la Concertación. Las limitaciones institucionales impuestas por el cambio de régimen y las decisiones de los demócratas de optar por la continuidad de un sistema económico que tenía una arquitectura institucional establecida en la dictadura tuvieron altos costos políticos, que llevaron al establecimiento de una democracia semisoberana (Huneeus, 2014).

A pesar del paso del tiempo, Chile mantiene un conflicto latente con su memoria histórica del régimen de Pinochet por los crímenes cometidos en esos años. A medida que pasa el tiempo y se tiene mayor conocimiento de los hechos delictuales por la acción de la justicia que investiga con una energía que parece ser la manera de expiar su responsabilidad por la pasividad que mantuvo en aquellos años, queda de manifiesto su irracionalidad que golpea la conciencia moral del país. Pese a las dificultades, los tribunales de justicia en Chile han tenido un valioso desempeño, expresado en el hecho de que han condenado al mayor número de militares en los países de América Latina que tuvieron dictaduras en los años setenta y ochenta, por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, que incluyó la condena y prisión del general Manuel Contreras, director de su principal agencia represiva, la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, en mayo de 1995 (A. Huneeus, 2010: 100).

La acciones de los familiares de las víctimas y de los abogados de derechos humanos han puesto de relieve la cuestión de la responsabilidad penal de quienes dieron las órdenes y de sus ejecutores, pero también explicita las otras dimensiones de la culpa sobre la cual reflexionó Karl Jaspers (1965) en Alemania en 1946: la culpa política y ética por los horrores cometidos. El clima de odio impulsado por el discurso oficial del régimen, que creó el ambiente que estimuló la coerción en sus diecisiete años, fue compartido y difundido por sus colaboradores civiles, desde dentro y fuera del régimen. El anticomunismo y el combate al terrorismo sirvieron de pretexto para la continuidad de las acciones de la DINA y la CNI, así como para la creación de servicios especiales de seguridad por la Fuerza Aérea y Carabineros. Esa responsabilidad no se desvanece por las afirmaciones de los altos funcionarios y colaboradores civiles del régimen en el sentido de que no sabían de los hechos delictuales, pues ese ha sido el pretexto recurrente en otras experiencias, como la Francia de Vichy (1940-1944)¹⁴. Ahí están los documentos que demuestran su constante crítica a la acción de los organismos de derechos humanos, el Comité Pro Paz hasta 1975 y la Vicaría de la Solidaridad desde 1976, por defender a los «marxistas» y el persistente cuestionamiento de la labor del cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, en la defensa de los perseguidos y su llamado a la paz. Esto era difundido por los medios de comunicación independientes, hasta 1976, radio Balmaceda, de propiedad del PDC, y después radio Chilena, del Arzobispado de Santiago, y radio Cooperativa, controlada por empresarios que eran demócrata cristianos. También estuvo desde 1977 el semanario Hoy y, después de las protestas de 1983, hubo otros semanarios y hasta un diario, El Fortín Mapocho y La Prensa (Capítulo XI). La culpa no recae solo en los uniformados, sino también en los civiles que los acompañaron, pues se trató de un régimen autoritario y no de un régimen militar. La mitad de los ministros de Pinochet fueron civiles, los cuales, además, controlaron los ministerios económicos, de Justicia y, desde 1978, del Interior. El perdón, por ende, corresponde que se escuche no solo por parte de los militares, sino también por parte de los civiles que los acompañaron.

La memoria histórica no puede dejar de lado el hecho de que hubo voces en los primeros años que llamaron a la moderación, advirtiendo sobre las dramáticas consecuencias que tendrían los excesos que se cometían. Así lo hicieron presente el ministro de Justicia, Gonzalo Prieto Gándara, y el ministro de Economía, Fernando Léniz, quienes plantearon esto a la Junta de Gobierno en 1974 en distintas ocasiones, como consta en sus actas. No fueron escuchados. Al mismo tiempo, otros personeros civiles contribuyeron a radicalizar el discurso de la «guerra contra el comunismo», en la que el «gremialismo» y Jaime Guzmán tuvieron un rol muy activo.

La memoria histórica tiene una dimensión que la complica, constituida por la cara racional del régimen, las reformas que provocaron el despegue económico del país y entregaron bienestar a amplios sectores de la población. Aquellas permiten a sus partidarios resaltar esa parte de la evolución de Chile, como si esta no hubiera tenido nada que ver con la cara irracional del Estado dual que hubo entre 1973 y comienzos de 1990. Esos esfuerzos han tenido un cierto respaldo en algunos sectores de la Concertación que expresan su admiración por los logros económicos de los Chicago boys, compartiendo los argumentos «técnicos» de la modernización económica del régimen de Pinochet. En algunos de ellos hubo una conversión al neoliberalismo. La política de Pinochet es fuente de conflictos latentes no solo en el ámbito de los derechos humanos, sino también en el de las políticas públicas y de la acción de las instituciones democráticas. Esto es una expresión más de la profundidad del proceso político que tuvo Chile en esos años y de la magnitud de su influencia en el futuro del país. Los problemas de la democracia deben ser analizados en ese contexto histórico, que muestran una continuidad del pasado autoritario, cuya fortaleza se comprende considerando sus complejas bases de poder que se han examinado en este libro.

BIBLIOGRAFÍA

I. Fuentes primarias

Actas de Consejo de Estado, 1976-1980

Actas del Directorio de CORFO

Actas de la Honorable Junta de Gobierno, 1973-1989

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Diario Oficial

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Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Fundamentos económicos, sociales y políticos,

4 de junio de 1980

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NOTAS

INTRODUCCIÓN

1 Usamos el concepto Estado dual siguiendo a Fraenkel (1984), originalmente en inglés, 1941.

2 Ahumada et al. con texto de Rodrigo Atria (1989); Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989); Varas y Orrego (1979); González y Contreras (1991); Harrington y González (1991); Verdugo (1989); Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), 1991.

3 Hay un excelente libro sobre esto escrito por dos periodistas que siguieron el caso desde Londres y Madrid, Pérez y Gerdtzen (2000).

4 Fontaine A. (1988); Büchi (1993); Castañeda (1992). Una visión crítica ofrecen Foxley (1982); Ffrench-Davis (1999, con nuevas ediciones); Meller (1996, 1998).

5 Por ejemplo, Constable y Valenzuela (1991); Valenzuela y Valenzuela (1986); Garretón (1982) y Arriagada (1998); Gárate (2012).

6 Sobre la caída de la democracia en Chile en 1973, véanse Valenzuela (1978) y Whelan (1993). Sobre la preparación del golpe militar, véase la documentada investigación de González (2000).

7 Moulian (1997) advirtió tempranamente el giro hacia posiciones continuistas en la política económica de parte de intelectuales que ocuparían altas posiciones de gobierno de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle, dinámica que daría cuenta de una conversión ideológica hacia el neoliberalismo o posturas conservadoras de intelectuales de centro e izquierda que trabajaron en think tanks de oposición a la dictadura, que he analizado en otro lugar (Huneeus, Cuevas y Hernández, 2014; Huneeus, 2014, cap. 5).

8 He analizado esto en Huneeus (1985, 2009).

9 Schmitter (1975); Maxwell (1995).

10 El general Fernando Matthei, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta de Gobierno desde 1978, ha admitido, en una entrevista televisiva, que el general Pinochet quiso alterar el resultado del plebiscito de 1988, situación que habría sido rechazada por el comandante en jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino, y por el mismo entrevistado. Véase diario La Nación, 6 de octubre de 2000, y que se relata ampliamente en Arancibia Clavel y De la Maza Cave (2003).

11 Este cambio fue rechazado por algunos de sus partidarios, como el ex ministro del Interior Sergio Fernández (1994: 310-313).

12 El enfoque metodológico sigue a Lijphart (1971, 1975).

13 Al respecto véanse las orientaciones de Eckstein (1975).

14 En esto se sigue la lógica de John S. Mill, según hacen Skocpol y Somers (1994).

CAPÍTULO I

EL RÉGIMEN DE PINOCHET, UNA DICTADURA DESARROLLISTA

1 Para un análisis sobre el desplome de la democracia me remito al clásico libro de Linz y Stepan (1978). Los regímenes que reemplazaron a los democráticos han sido conocidos como «los nuevos autoritarismos», Collier (1979).

2 Así lo han llamado los historiadores de esa etapa de España en el siglo XX. Por ejemplo, Tusell (1988); Payne (1994); Preston (1978).

3 Se usa aquí el concepto de Von Beyme (1971).

4 La estrategia de «reforma» y «ruptura» surgió para contrastar los casos de España y Portugal, conceptos desarrollados por Linz (1981: 53-87). La bibliografía sobre la transición es amplísima. Véanse, por ejemplo: Santamaría (1981); Herz (1982); Baloyra (1987); O’Donnell, Schmitter y Whitehead (1986); Gunther, Diamandouros y Puhle (1995); Di Palma (1990); Huntington (1991); Von Beyme (1994), y Merkel y Puhle (1999).

5 Esa posición defiende Rojas Sánchez (1998).

6 Los legados de los regímenes autoritarios a las democracias posteriores no han sido analizados en amplitud. Existen algunas excepciones, como el libro editado por Herz (1982), un artículo de Linz (1981 A) y de Hagopian (1993).

7 Hay una amplia bibliografía sobre la detención de Pinochet en Londres. Uno de los más completos es Yo, Augusto, de Ernesto Ekaiser, Aguilar, Madrid, 2003, segunda edición.

8 El concepto de transformación económica ha sido aplicado al cambio de las economías socialistas a economías de mercado, pero es útil usarlo en el caso de Chile por la radicalidad de los cambios. Una de las primeras conceptualizaciones la hizo Kloten (1991); véase también Brock (1993).

9 Por ejemplo, Silva (1996).

10 Me remito al trabajo de Von Beyme (1974).

11 Consecuencias de esta fueron, por ejemplo, el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez en 1982, el degüello de tres militantes del Partido Comunista en 1985 y el asesinato de doce personas vinculadas al FPMR, conocido como la «Operación Albania», en 1987.

12 Véase el muy buen análisis del terror que hace Moulian (1997: 172-194).

13 Uno de esos casos fue en Lonquén, en las afueras de Santiago, donde quince campesinos fueron asesinados por efectivos de Carabineros. Véase la documentación reunida por Pacheco (1980).

14 Véase el relato de uno de los detenidos, el ex ministro de Minería de Allende, Sergio Bitar (1987).

15 Hay un interesante relato del jefe de la misión de Italia durante los primeros meses de la dictadura, Tomaso de Vergottini (1991).

16 «Exilio y desexilio», documento interno de la Vicaría de la Solidaridad, 1991, pp. 218 y 221.

17 Ibídem, p. 235.

18 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Santiago, febrero de 1991, vol. I, tomo 2, p. 886.

19 Arriagada (1998: 25-26).

20 Esta cifra se refiere al número total de extranjeros residentes en el país, que el régimen acusó de ser «subversivos», «Exilio y desexilio», p. 224. Vicaría de la Solidaridad (1991: 224).

21 Lo he analizado en otro lugar, Huneeus (1985).

22 Gonzalo Vial, «La guerra civil de 1973: quiénes la querían y quiénes no. Quién la impidió», La Segunda, 15 de julio de 2003, p. 9. Vial fue después miembro de la Comisión Rettig, constituida por el presidente Aylwin, y de la «Mesa de Diálogo», convocada por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

23 El asesinato del ex comandante en jefe del Ejército y ex ministro del Interior del Gobierno del Presidente Allende, general Carlos Prats, y su esposa en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974; el atentado en Roma que dejó gravemente heridos al dirigente del PDC Bernardo Leighton y su esposa, el 6 de octubre de 1975, y el asesinato en el corazón de Washington D.C. de Orlando Letelier, ex embajador en los Estados Unidos y ex ministro de Defensa del presidente Allende, y su asistente estadounidense, el 21 de septiembre de 1976.

24 Hay una amplia bibliografía sobre la política económica durante el régimen militar. Véase el libro del ministro de Hacienda en los años ochenta, Büchi (1993); Castañeda (1992). Una visión crítica ofrecen Meller (1996) y Ffrench-Davis (1999).

25 Para una informativa historia del equipo económico, véase el libro del periodista y ex director de El Mercurio Arturo Fontaine A. (1988); Valdés (1989); Silva (1992). También, desde una perspectiva crítica, Délano y Traslaviña (1989). Sobre el papel de Jorge Cauas hay un interesante estudio de Sergio Undurraga Vergara (1995). El papel de la segunda generación lo he analizado en Huneeus (2000).

26 Fue el caso del Índice de Precios al Consumidor, que en el segundo lustro de los años setenta fue subestimado en forma sistemática por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), como demostraron los economistas de Cieplan Cortázar y Marshall (1984).

27 Los análisis de la transformación económica impulsada por el régimen de Pinochet no consideran los fundamentos políticos que la guió, a partir de la propia experiencia que tuvieron los Chicago boys con las tensiones y conflictos producidos durante el gobierno de la «Revolución en Libertad» del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), y el de «la vía chilena al socialismo» del gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende (1970-1973), que explican la radicalidad de sus políticas.

28 La segunda generación de Chicago boys, que estudiaron en los años setenta, como Miguel Kast, Cristián Larroulet, Juan Andrés Fontaine, Joaquín Lavín y otros que no fueron alumnos de Milton Friedman, no se sintieron muy atraídos por sus escritos, que tienen que ver con inflación y política fiscal, pero sí se entusiasmaron con las ideas de Gary Becker, también profesor de Chicago en esos años, que les acomodaban porque explicaban múltiples problemas sociales y políticos con la economía. Agradezco esta información a Joaquín Lavín.

29 He desarrollado estas diferencias en relación a las reformas económicas realizadas durante la democracia en Argentina (Huneeus, 1998).

30 Analiza el caso de España de acuerdo al enfoque del modelo prusiano al desarrollo Maravall (1982). Sobre la política económica del franquismo hay una amplísima bibliografía; he recurrido a Anderson (1970) y González (1979).

31 El concepto de integración negativa es aplicado en el sentido que le dio Roth (1963).

32 Se promovió cierta autarquía para defender a los industriales a través de tarifas e impuestos, Rüschemeyer (1969: 387).

33 En esto me remito al estudio de Campero y Valenzuela (1984). Una interpretación distinta, que prescinde de considerar los objetivos políticos, hacen Coloma y Rojas R. (2000).

34 Véanse, por ejemplo, De Gregorio (1997); Donoso (1997), y Valdés (1997).

35 Esto es desarrollado por Arenas (1997, 1999).

36 Uso el concepto de institucionalización en el sentido clásico de Huntington (1968).

37 La importancia de la congruencia en la estabilidad de la democracia fue resaltada por Eckstein (1966). He desarrollado estas ideas en Huneeus (1998 A).

38 La bibliografía sobre la modernización económica impulsada por el régimen del general Franco es vasta, destacando el estudio de González (1979). En sus memorias, López Rodó aborda el tema, especialmente en el tomo I (1990). Véanse también Crespo Montes (2000) e Hispán Iglesias de Ussel (2006).

39 «La revolución liberal de Pinochet», La Semana Económica, El Mercurio, 13 de marzo de 1998, p. 3.

40 Ibídem.

41 El estudio clásico al respecto es el de Bendix (1964).

42 He seguido en esto a Pérez Díaz (1996).

43 La bibliografía sobre las reformas económicas y las privatizaciones del Gobierno de Thatcher es considerable. Desde la perspectiva politológica, por ejemplo, nos remitimos a Dobek (1993, 1993 A); Swann (1988), y Richardson (1994). Un importante estudio sobre las privatizaciones y su impacto en el bienestar de los británicos es de Florio (2004).

44 Una comparación de las reformas económicas en dictadura y democracia hace Schamis (1993).

45 Sobre las consecuencias modernizadoras de los regímenes fascistas, véase Payne (1995 A, cap. 14).

46 Este tema es una de las preocupaciones que guió la investigación de mi libro, publicado en 2014, La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet.

47 Para el caso de Argentina, véase Perina (1983); para el Brasil, Skidmore (1988).

48 De ahí en adelante Pinochet se hizo representar por su principal colaborador en el Ejército, el vicecomandante en jefe.

49 La distinción la tomamos de Von Beyme (1971: 19).

50 La variedad de vías de legitimación de su autoridad, la mimetización del poder personal detrás de la institución militar y el apoyo de las élites civiles hacen que Pinochet no corresponda al dictador personalista de los años cincuenta descrito por Szulc (1959).

51 Había un «pinochetismo sociológico», analizado en Huneeus (1987). Me he inspirado en los estudios sociológicos sobre el apoyo a Franco en España, como el de López Pintor (1981) y De Miguel (1975).

52 Hace recordar el enfoque de estudios del régimen de Hitler después de la Segunda Guerra Mundial, obsesionados con su papel, de manera que el régimen nacionalsocialista se redujo al «hitlerismo». Ese enfoque es criticado en Kershaw (1993, cap. 3). Un importante cambio de enfoque hacia el estudio del conjunto del sistema político hizo Broszat (1981; original en alemán de 1969). Un interesante análisis del papel de Hitler y el carácter del sistema político se encuentra en los trabajos recogidos en el libro compilado por Hirschfeld y Kettenacker (1981).

53 La bibliografía del régimen de Franco es amplia y solo mencionamos los libros usados en este estudio. Una útil visión histórica hacen Biescas y Tuñón de Lara (1990); Ben-Amí (1980); Payne (1994); De Miguel (1975, 1976), Nicolás (2005), De Riquer (2010), Carr et al. (2007). Véanse también los trabajos recopilados por Preston (1986) y en el número monográfico de Papers. Revista de Sociología, Nº 8, 1978, dedicado a «El régimen franquista». Sobre el rol político de Franco, véanse la biografía de Payne (1994 A); Fusi (1985) y Preston (1995; hay traducción al castellano).

54 A comienzos de 1958, España entró como miembro asociado a la OCDE; meses más tarde entró al FMI y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (hoy Banco Mundial), González (1979).

55 El ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, y el de Comercio, Alberto Ullastres, pertenecían al Opus Dei, al igual que el secretario técnico de la Presidencia, Laureano López Rodó.

56 Véanse sus memorias, López Rodó (1990, 1991). Este era partidario de un «ideario económico sensiblemente más dirigista» que el de los ministros de Hacienda e Industria, González (1979: 33).

57 Destacan la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957 y las siguientes de Procedimiento Administrativo, de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, de Funcionarios Civiles del Estado, y la Ley de Redistribuciones de Funcionarios (Di Febo y Juliá, 2012: 84).

58 Sobre estos cambios en la administración pública, véanse Crespo Montes (2000), e Hispán Iglesias de Ussel (2006).

59 Usamos el concepto de «familias» en el sentido que le da De Miguel (1975).

60 Ninguna de las reformas económicas fue examinada previamente por el Consejo de Estado creado en enero de 1976. Hasta 1978 tuvieron la oposición del general Leigh en algunos puntos específicos.

61 O’Donnell (1973, 1982, 1997). Mi opción por seguir el enfoque de Linz sobre el régimen de Pinochet y no el de O’Donnell me llevó a prescindir de examinar su investigación sobre la dictadura argentina entre 1966-1973 (O’Donnell, 1982), donde aplica su tesis del “estado burocrático-autoritario” (O`Donnell, 1973) y pone especial atención a las políticas económicas y menos a sus dimensiones políticas. Las ideas de O’Donnell han sido aplicadas a la dictadura argentina del Proceso (1976-1983) por Munck (1998).

62 Sobre los regímenes militares surgidos en el contexto del chileno, véase Collier (1979). Una interpretación del surgimiento de estos regímenes militares ha dado O’Donnell (1973).

63 No hay estudios sistemáticos sobre estos regímenes militares. Para el del Brasil destaca el del historiador Thomas E. Skidmore (1989), quien también tiene un importante libro sobre la caída de la democracia en 1964 (Skidmore, 1969). González (1991) y Gillespie (1995) han escrito importantes libros sobre la caída de la democracia en Uruguay, pero no escribieron sobre la dictadura militar. Para la dictadura argentina que encabezó el general Juan Carlos Onganía, véase O’Donnell (1982).

64 Sobre los regímenes militares en Argentina desde 1930, véase Potash (1981, 1981 A), Rouquié (1981, 1982, 1982 A).

65 Anteriormente, Stepan (1971) escribió uno de los más importantes estudios sobre los militares en el Tercer Mundo, en que anticipó su tesis.

66 La bibliografía es amplísima. A vía de ejemplo, Johnson (1962, 1964); Needler (1966, pp. 616-626). Para un análisis de la bibliografía existente en los años cincuenta y sesenta, véase McAlister (1966).

67 Uno de los ejemplos más ilustrativos de este sueño mesiánico fue el régimen militar establecido en 1968 en el Perú por el general Juan Velasco Alvarado, que se autoproclamó como el «Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas» y que quiso impulsar una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo. Lowenthal (1975); McClintock (1981), y Stepan (1978).

68 Linz publicó numerosos artículos sobre el régimen autoritario de Franco y acá menciono los que más he usado en esta investigación. Su más importante artículo es «An Authoritarian Regime: Spain» (1964), la versión en castellano fue publicada en Payne (1978). Linz ha publicado otros estudios en que desarrolla sus ideas sobre el régimen autoritario, sobre la Falange y el papel del partido (Linz, 1970), sobre la oposición (1973 A) y sobre los regímenes totalitarios y autoritarios (Linz, 1975), que fue reproducido como libro por Lynne Rienner Publishers, Londres, 2000. Linz no incursionó en los regímenes militares latinoamericanos, con la excepción de un artículo sobre el Brasil (Linz, 1973). El Centro de Estudios Constitucionales y Políticos de Madrid ha publicado en castellano los numerosos trabajos de Linz, han aparecido seis de los siete volúmenes, bajo la dirección de José Ramón Montero y Thomas Jeffrey Miley, que incluyen estos artículos.

69 La segunda edición revisada por Friedrich es de 1966, y es la que usamos.

70 Ha explicado el desarrollo de sus ideas sobre los regímenes no democráticos: Linz (1997).

71 Por ejemplo, Sevilla Guzmán, Giner y Pérez Yruela (1978).

72 Por ejemplo, Oltra y De Miguel (1978).

73 No se trata de explicar la instauración autoritaria por un reduccionismo del papel de la coerción, sino de reconocer su importancia en el régimen político según las condiciones de cada caso. Las funciones de la coerción tampoco son analizadas por Perlmutter (1977).

74 Linz (1997) ha analizado el papel de la coerción.

75 Martínez Alier (1978: 30-31). Sobre la función política de la coerción, véase Fontana (1986: 17-24). Hay un amplio análisis sobre la represión, especialmente después de la Guerra Civil, en Payne (1994: 208-238).

76 Un autor lo ha resumido de la siguiente manera: «En los análisis de Linz no se hace hincapié en lo que es todavía el hecho básico de la vida política española: la feroz matanza de los años 1936-1944 y la memoria de esa matanza, cuyo máximo responsable, el general Franco, ha sido, lógicamente, símbolo de un régimen que ha inspirado mucho miedo por la crueldad que demostró en esos años», Juan Martínez Alier (1978: 30).

77 Maravall (1978), y Tusell (1977).

78 De Esteban y López Guerra (1977). Franco no abandonó el empleo de la coerción, recurriendo a esta algunas semanas antes de su muerte. Además tuvo la energía para ratificar la sentencia de muerte contra cinco terroristas vascos, desoyendo las peticiones en favor de un indulto que le enviaron diversos jefes de Estado y de Gobierno europeos, incluyendo el papa Paulo VI.

79 Para las sociedades tradicionales Linz ha desarrollado el tipo de régimen sultanístico, Chehabi y Linz (1998).

80 Seguimos en esto a Weber (1942).

81 El toque de queda durante la noche fue un recurso usado durante meses para imponer un clima de inseguridad en la población.

82 Usamos los términos de Kolb (1983).

83 Sus elementos centrales son la ideología, el partido único, el terror organizado, la movilización política, el dictador todopoderoso y la centralización de la economía, Friedrich y Brzezinski (1966).

84 Moulian (1997) destaca el papel del terror en los primeros años del régimen militar como recurso para buscar la desmovilización política.

85 El estudio más completo sobre esta materia es el clásico libro de Bracher, Sauer y Schulz (1960). Un resumen de la estrategia de toma del poder nazi hace Bracher (1983). La bibliografía sobre el régimen nazi es vastísima; a vía de ejemplo, Bracher, Funke y Jacobsen (1983); Kershaw (1993); Bracher (1973); Broszat (1981), y Evans (2005, hay traducción al castellano)

86 Sobre la llegada de los nazis al poder, véase Evans (2004, 2005) y la muy documentada y analítica biografía de Hitler escrita por Kershaw (1998).

87 Después de la Segunda Guerra Mundial, Franco introdujo cambios en la élite gobernante para adaptarse a los gobiernos democráticos de Europa dominados por los demócratacristianos, incorporando a católicos en el Gobierno, Payne (1994).

88 Esta es una importante diferencia de nuestro enfoque conceptual respecto del modelo de Juan Linz y que se explica porque en Chile la dictadura surgió desde un régimen democrático y no a partir de la victoria en una larga y violenta guerra civil, que desmanteló las instituciones del Estado y la élite que había apoyado a la Segunda República.

89 Esta opción analítica no es descartada por Linz. En una versión posterior de su modelo, desarrollada en un trabajo muy extenso preparado para el Handbook of Political Science (Linz, 1975), Linz sostiene que el autoritarismo también puede considerarse como una «sincronización limitada», aunque no desarrolló esta idea porque habría significado introducir profundas modificaciones a su modelo original.

90 Nace en 1966 por iniciativa de políticos de los partidos tradicionales, Conservador y Liberal, junto con Acción Nacional, fundado por Jorge Prat, que era heredero de las ideas políticas nacionalistas desarrolladas por este en la revista Estanquero de fines de los años cuarenta.

91 Los ex senadores Sergio Diez Urzúa, Sergio Onofre Jarpa y Francisco Bulnes Sanfuentes fueron embajadores en los años setenta en Naciones Unidas, Colombia y Perú, respectivamente.

92 El bajo nivel de institucionalización haría del caso de Pinochet más bien una «situación autoritaria», antes que un «régimen», distinción que hizo Linz en relación al Brasil, que tuvo un mayor grado de institucionalización, Linz (1973).

93 En esto vamos más allá del modelo de Linz, que no examinó las policies.

CAPÍTULO II

LA INSTAURACIÓN DEL RÉGIMEN AUTORITARIO

1 Nos referimos a las precursive conditions de Rose (1969: 602-608).

2 Ahí encontró Hitler una de las principales bases de apoyo para agitar una movilización nacionalista que logró la adhesión de millones de alemanes.

3 Esto constituyó el punto de partida de la ruptura entre el Partido Comunista que surgiría de este movimiento y el Partido Social Demócrata. Cuando los nazis comienzan a perfilarse como una real amenaza a la democracia a comienzos de los años treinta, los comunistas preferirán hacer huelgas junto con los nazis para presionar al gobierno social demócrata, lo que debilitó la legitimidad del orden político. El estudio fundamental de la toma del poder por los nazis sigue siendo el de Bracher, Sauer y Schulz (1960). Hay numerosas historias sobre este período, destacando, por ejemplo, el libro de Mommsen (1990).

4 La bibliografía sobre la Segunda República Española es amplísima. Nos remitimos al importante libro de uno de los principales estudiosos de la historia política de España, Payne (1995). Para su caída en 1936, véase Linz (1978 A).

5 Tuvo razón Stepan (1978: 106-108) cuando afirmó que la altísima coerción empleada en la instauración marcaría al régimen militar para siempre.

6 La distinción entre latente y manifiesto la hacemos siguiendo a Dahrendorf (1958).

7 La bibliografía sobre el Gobierno de Allende es amplísima. Un muy buen libro es el de Gil, Lagos E. y Landsberger (1979); el más completo es el de Nohlen (1973). La visión desde el presidente Allende es entregada por uno de sus principales asesores, el abogado español Joan Garcés (1976). Entre las memorias de los actores, véanse Altamirano (1977) y Bitar (1979).

8 La lista se encuentra en Hachette y Lüders (1992).

9 También los alumnos de la educación media tuvieron un activo protagonismo a través de la Federación de Estudiantes Secundarios (FESES).

10 El comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, asumió como ministro del Interior; el contraalmirante Ismael Huerta fue nombrado ministro de Obras Públicas, y el general de la Fuerza Aérea Claudio Sepúlveda juró como titular de Minería. Sobre la radicalización de los sectores medios en la República de Weimar, véase Jones (1972).

11 Hay una amplia bibliografía al respecto, a partir de investigaciones basadas en filtraciones o en el informe de la Comisión Church. En especial Helms, con William Hood (2003); Hersh (1998); Covert Action in Chile 1963-1973. Staff Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with respect to Intelligence Activities, Washington, 94th Congress, 1st Session, Committee Print, 1975 (disponible en: http://archive.org/details/Covert-Action-In-Chile-1963-1973); Kornbluth (2003), y la documentada investigación de Gustafson (2007).

12 Al regresar de un largo viaje por Europa, en la reunión del Cuerpo de Generales realizada el 11 de junio de 1973, el general Carlos Prats (1985: 402) expuso su apreciación sobre la nueva realidad nacional encontrada a su regreso: «Varios generales expresan sus puntos de vista. Hay consenso en que el peor desenlace sería una intervención militar. Pero hay inquietud por la inacción del Gobierno ante el agudizamiento de la crisis económica, lo que puede conducir al caos».

13 El general Schneider había asumido como comandante en jefe del Ejército en octubre de 1969, a consecuencia de la crisis institucional que llevó a la toma del Regimiento Tacna por el general Roberto Viaux. Con una destacada carrera profesional, había logrado restablecer la cohesión en esta rama de las Fuerzas Armadas, enfatizando su rol profesional. Antes de la elección presidencial de 1970, frente a la posibilidad del triunfo de Allende, Schneider recalcó que el Ejército respetaría el orden institucional. Después de su asesinato, fue sucedido por la segunda antigüedad y gran amigo, el general Carlos Prats. Este fue a su vez asesinado por agentes de la DINA en Buenos Aires, Argentina, el 30 de septiembre de 1974. Al conmemorarse los treinta años del atentado, sus familiares han recordado el hecho en una larga carta pública, «Lección de un sacrificio», Reportajes, La Tercera, 22 de octubre de 2000, pp. 8-9. Véase la entrevista a uno de sus hijos, «Mi padre, René Schneider», La Nación Semanal, pp. 10-11. Por primera vez en veintisiete años, el Ejército recordó su muerte en una ceremonia religiosa realizada el 25 de octubre de 2000 en la Catedral Castrense.

14 Resolvía el tema de la propiedad de las empresas requisadas e intervenidas, que fueron rechazadas en forma enérgica por los empresarios afectados y fue condenada por los partidos de oposición.

15 Conferencia de prensa del decano de Derecho, Jaime del Valle, La Tercera de la Hora, 19 de julio de 1973. Del Valle será ministro de Relaciones Exteriores y Justicia del régimen militar. La «investigación» fue dirigida por el ex presidente de la FEUC, Hernán Larraín, y participaron además Gustavo Cuevas, jefe del Departamento de Derecho Político, y Guillermo Bruna, profesor de derecho constitucional.

16 Libro blanco del cambio de Gobierno en Chile, 11 de septiembre de 1973, Santiago, Editora Lord Cochrane S.A., 1973, pp. 220-230.

17 Bastantes años después, cuando concluía el segundo Gobierno democrático, se conoció que este libro fue escrito por civiles que apoyaron el golpe con la información de inteligencia que les proporcionó la Marina. Esto fue reconocido por uno de sus redactores, el historiador Gonzalo Vial Correa, ex ministro de Educación del régimen, en su columna en el vespertino La Segunda, 2 de febrero de 1999.

18 Su principal argumento fue que debió haberse producido una menor tasa de inscripción entre los jóvenes de 18 a 21 años, lo que no tenía sentido, puesto que la reforma constitucional de 1970 había bajado la edad mínima para inscribirse de 21 a 18 años, lo que motivó un gran interés en los jóvenes por inscribirse. Afirman que la tasa de inscripción debía ser la mitad de los que podían inscribirse en el caso de las mujeres y podría haber llegado solo a dos tercios en el caso de los hombres, lo que fue ampliamente superado en la realidad como consecuencia de la extrema politización y radicalización política, que desbordó los patrones tradicionales de inscripciones electorales hasta entonces existentes en Chile.

19 Libro blanco, p. 230.

20 Esta ofensiva se hizo a través de la prensa y en ella tuvo una influencia determinante el «alessandrismo». En una de las reuniones regulares del día sábado en la parcela de Jorge Alessandri, en la localidad de Malloco, en que se reunían sus más cercanos colaboradores, entre los cuales había ex ministros de su Gobierno, se discutió que «faltaba» un coronel o un general para que resolviera la situación política. Eduardo Boetsch, ingeniero y empresario, exclamó, para sorpresa de todos: «Aquí no falta un coronel, sino que “sobra” un general, que actúa como corcho, impidiendo. Pero, cuando él salga, brotarían coroneles y generales muchos». Entrevista del autor con Jaime Guzmán, que participaba en esas reuniones y asistió a esta, noviembre de 1977, en Santiago, en el marco de mi investigación sobre la caída de la democracia en 1973, para mi tesis doctoral en la Universidad de Heidelberg. Pocos días después se acentuaría la campaña de prensa contra el general Prats, que llevará a su dimisión como comandante en jefe del Ejército.

21 Aylwin (1998: 28-29). He analizado los factores que condujeron a la caída de la democracia en Huneeus (1981). Véase también Valenzuela (1978).

22 Sobre las reformas del Gobierno de Frei, véase Molina (1971).

23 La Reforma Agraria consideró la sindicalización campesina, que no se permitía en el campo. Este fue un factor adicional de irritación de los agricultores, pues se impulsaron demandas económicas y políticas que no eran de su agrado. Sobre este tema, véase Landsberger y McDaniel (1976).

24 La derecha no perdonó al PDC haber impulsado la Reforma Agraria, después de haber apoyado a Frei en las elecciones presidenciales de 1964.

25 Hay una biografía en dos volúmenes del historiador Cristián Gazmuri (2000).

26 La Juventud Demócrata Cristiana (PDC), bajo el liderazgo de Rodrigo Ambrosio, se dejó llevar por la atracción de la Revolución cubana, asumiendo el análisis marxista y algunos elementos del leninismo.

27 La Comandancia de la Guarnición de Santiago abrió una oficina de «Investigación de denuncias», con el fin de «coordinar y controlar adecuadamente esta actividad y evitar superposiciones», Actas de la Honorable Junta de Gobierno (AHJG), sesión Nº 4, 17 de septiembre de 1973.

28 En los primeros días del régimen militar la prensa se hizo eco de la existencia de una abundante cantidad de armas y de la presencia de grupos guerrilleros, aunque la información se fundaba en hechos puntuales. Por ejemplo, «Manual de seguridad contemplaba el asesinato», El Mercurio, 4 de octubre de 1973, p. 17; «Operativo militar en Viña del Mar. Detenidos 35 extremistas de un campo guerrillero», El Mercurio, 6 de octubre de 1973, p. 11.

29 Tampoco entrega antecedentes el general Contreras, organizador de la DINA, que publicó un anunciado «libro» que serían sus memorias, donde justificaría con una amplia base de pruebas la necesidad de haber impulsado una guerra contra el marxismo. Se trata de una publicación muy pobre, con listas de personas y comentarios simplistas sobre diversas cuestiones de inteligencia (Contreras Sepúlveda, 2000).

30 En la casa de la calle Tomás Moro se habrían encontrado, entre otras armas, 47 fusiles automáticos, 10 carabinas semiautomáticas, 10 carabinas Mauser, 54 pistolas-ametralladoras, 9 lanzacohetes, 2 cañones sin retroceso, 1 mortero, y diversos tipos de bombas y otros recursos militares menores (22.000 metros de mecha lenta, 3.600 metros de cordón detonante, etc.), Libro blanco, p. 45.

31 Era la cantidad de extranjeros registrados por la Policía de Investigaciones y que habían ingresado en forma legal al país, Vicaría de la Solidaridad, «Exilio y desexilio», Documento de trabajo interno, 1991.

32 Se indica el arribo de 81 brasileños en enero de 1971, que fueron canjeados por el secuestrado embajador suizo en Brasil, añadiéndose que «la mayor parte se mezcló activamente en política chilena», Libro blanco, p. 70.

33 Se mencionan dos hechos para demostrar la participación cubana en la política chilena destinada a la toma violenta del poder: el episodio de unos bultos que llegaron al aeropuerto de Santiago y no pasaron por aduanas, y la visita en agosto de 1973 de dos importantes personeros del régimen castrista, el viceprimer ministro, Carlos Rafael Rodríguez, y el jefe de la «policía secreta», Manuel Piñeiro, que habrían viajado para preparar la ayuda militar, Libro blanco, p. 73.

34 El MIR enfrentó una decidida resistencia en el PC, que lo combatió por considerarlo un movimiento dominado por un «infantilismo revolucionario». Sufrió un severo golpe en 1971 cuando falleció en condiciones no aclaradas uno de sus principales líderes, Luciano Cruz, que había sido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y estaba a cargo de expandir la presencia de esta organización en las universidades, fábricas y poblaciones de Santiago.

35 «Memorándum. De: Comité Creativo. A: H. Junta de Gobierno», nota 5, c/129, Fundación Jaime Guzmán. El documento tiene siete páginas y aborda los siguientes temas: I. La Junta y su opción como destino histórico. Implicancias próximas; II. Algunas ideas sobre la imagen que debe proyectar la Junta; III. Apoyo a la política económica del Gobierno; IV. Forma de trabajo del Comité. El documento no tiene fecha, probablemente fue preparado a fines de septiembre o comienzos de octubre de 1973.

36 El texto se encuentra en «Respuestas de las Fuerzas Armadas y de Orden al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación», Estudios Públicos, Nº 41, verano 1991, pp. 456-458.

37 Ibíd., pp. 480-481.

38 También se podría estudiar la influencia de los Tupamaros en el Uruguay, un movimiento guerrillero que en 1971 había conseguido una gran simpatía en la izquierda, especialmente en el Partido Comunista. Sus acciones de violencia mostraron que la policía era incapaz de controlarlo, justificando así la intervención de los militares, que impulsaron una enérgica acción hasta destruirlo a comienzos de 1973. González (1991: 39-43). El ex presidente Julio María Sanguinetti (2008), que estuvo en dos períodos como mandatario después del régimen militar (1973-1985), desarrolla un minucioso relato de los actos de violencia política llevados adelante por los Tupamaros

39 Esta organización tuvo una considerable inserción entre los estudiantes, obreros y ciertos sectores de la Iglesia católica. Para una historia de esta, Gillespie (1998).

40 En esto he seguido a Waldmann (1982).

41 Encuesta de IPSA S.A., citada por O’Donnell (1982: cuadro X-1).

42 Waldmann (1982: 212). Otro autor hace una estimación superior, señalando que en 1975 tendría aproximadamente cinco mil combatientes; Gillespie (1998: 211).

43 Fue secuestrado el 29 de mayo de 1970. Había sido presidente del régimen militar (1955-58), Gillespie (1998: 119 y siguientes).

44 También fueron asesinados el director de un periódico y un diputado nacional del peronismo.

45 Esta operación fue facilitada por el hecho de que el jefe de producción de la empresa pertenecía a los Montoneros.

46 Eran el gerente y director general del poderoso grupo Bunge y Born. La suma pagada por este grupo fue considerada en ese tiempo como un verdadero «récord mundial», Gillespie (1998: 223-224).

47 Gillespie (1998: 246-247) indica que, pese a todo esto, el acto «políticamente sirvió poco a los Montoneros: casi todos los partidos políticos condenaron la acción».

48 Fue el caso del asesinato en noviembre de 1974 del jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, experto en la lucha antiguerrillera. También desplegaron violencia política contra la extrema derecha, en represalia por las acciones de la “Triple A”, Gillespie (1998: 227).

49 Acuña (2000: 3). Las acciones represivas de los militares en el Uruguay y en Brasil tuvieron menos desaparecidos, 26 y 125, respectivamente, Stepan (1988: cuadro 6.1).

50 Un número limitado de oficiales que se opusieron al golpe renunció antes de este, como los generales Guillermo Pickering y Mario Sepúlveda, y otros lo hicieron en la mañana del 11 de septiembre, González (2000: 251).

51 Para una muy buena comparación entre Chile y España en 1936, véase Linz y Landsberger (1979). En España sí hubo una extrema violencia política antes de la Guerra Civil, con 2.225 muertos durante la Segunda República (1931-1936), de los cuales 269 perdieron la vida entre el 3 de febrero y el 17 de julio de 1936 (Payne, 1995: tablas 13.2 y 13.3).

52 El general Julio Canessa fue vicecomandante en jefe del Ejército, miembro de la Junta de Gobierno y designado senador vitalicio por el general Pinochet en 1997 en representación del Ejército.

53 D.L. Nº 27, de 24 de septiembre de 1973. El Tribunal Constitucional se declaró disuelto por el D.L. Nº 50, de 1973.

54 D.L. Nº 77, de 8 de octubre de 1973. Para no dejar vacíos se mencionan expresamente los partidos —Comunista, Socialista, Radical, Unión Socialista Popular, MAPU, Izquierda Cristiana, Acción Popular Independiente, Partido de la Unidad Popular— y se añade una disposición general prohibiendo «todas aquellas entidades, agrupaciones [...] que sustenten la doctrina marxista o que por sus fines o por la conducta de sus adherentes sean sustancialmente coincidentes con los principios y objetivos de dicha doctrina» (art. 1º).

55 Esto último fue establecido por el D.L. Nº 145, de 26 de noviembre de 1973.

56 «La doctrina marxista encierra un concepto del hombre y de la sociedad que lesiona la dignidad del ser humano y atenta en contra de los valores libertarios y cristianos que son parte de la tradición nacional», su doctrina sobre el Estado y la lucha de clases «es incompatible con el concepto de unidad nacional», pues se orienta «a la destrucción de elementos esenciales o constitutivos del ser nacional», D.L. Nº 27, de 1973.

57 Esto les permitió conservar la propiedad de sus bienes, que eran administrados por sus directivas, art. 2 del D.L. Nº 78, de 8 de octubre de 1973.

58 En las primeras semanas después del golpe, la Junta de Gobierno tuvo prudencia con los partidos políticos opositores al Gobierno de Allende, invitándolos formalmente a colaborar con el nuevo régimen: «La Junta acuerda que el ministro del Interior cite a los presidentes de los partidos políticos para clarificarles los postulados del nuevo Gobierno y sus reales obligaciones y limitaciones, pidiéndoles al mismo tiempo su colaboración más amplia en la reconstrucción del país». AHJG, acta Nº 7, 21 de septiembre de 1973, punto 18.

59 Donoso Pacheco y Dunlop Echeverría (2013) reconstruyen la historia de ese importante documento. En sus memorias, el presidente Aylwin (1998: 34) admite que la declaración de los trece «parece más acertada». Los textos de ambas declaraciones se reproducen en Aylwin (1998: 31-34).

60 Algunas semanas después del golpe, Juan Villarzú, economista de la Universidad de Chile y con un máster en la Universidad de Chicago, que había participado en las reuniones de economistas de derecha y DC que llevaron a la preparación del «Ladrillo», asumió la Dirección de Presupuestos. Renunció en noviembre de 1974 por la expulsión del país de Renán Fuentealba. En 1975, Jorge Cauas fue nombrado ministro de Hacienda y Álvaro Bardón colaboraría con el equipo económico, llegando a ser vicepresidente del Banco del Estado. Ambos renunciaron al PDC.

61 Véase Varas (1972). Volveremos sobre este incidente en el capítulo IV.

62 En noviembre de 1973, el presidente del PDC calificaba la situación como «dictadura militar en etapa de consolidación» (Aylwin, 1998: 39).

63 El pretexto fue tomar declaraciones a una agencia de noticias extranjera. Se reproducen en «Exclusivo: el cable que provocó la expulsión», Qué Pasa, 3 de diciembre de 1975, pp. 10-11.

64 El pretexto lo dieron las elecciones internas que realizaba el PDC para renovar su directiva, que desde abril de 1973 era encabezada por el ex presidente del Senado, Patricio Aylwin. Las elecciones se hicieron en la clandestinidad y compitieron dos listas, encabezadas por los ex senadores Tomás Reyes y Andrés Zaldívar, imponiéndose este último. Hay un recuento de estas, «Gobierno: la línea dura», Qué Pasa, 17 de marzo de 1977, pp. 4-6, y «Planes políticos DC y UP», Qué Pasa, 24 de marzo de 1977, pp. 27-31.

65 D.L. Nº 81, de 6 de noviembre de 1973. En la práctica, se ponía a los detenidos con gran rapidez en un avión, sin darles la oportunidad de recoger algunos artículos personales. También se reformó la Constitución, añadiendo una nueva causal de pérdida de la nacionalidad por decreto supremo, previo acuerdo del Consejo de Ministros, sin que procediera contra este ningún recurso ante los tribunales de justicia. Orlando Letelier fue privado de la nacionalidad por la Junta de Gobierno algunas semanas antes del atentado que le costó la vida.

66 «Art. 1º. Para impedir que los exiliados regresen al país sin tener previamente la autorización oficial, se establecen graves penas de hasta diez años de presidio, y se dispone que serán juzgados por los tribunales militares».

67 Algunos días después se ampliaron sus disposiciones para abarcar no solo al personal de planta, sino también aquellos contratados a honorarios o por otra forma de pago, D.L. Nº 22, de 19 de septiembre de 1973.

68 Este nuevo estilo de Pinochet en favor de la violencia contra los adversarios se puso de manifiesto al iniciarse el golpe de Estado, como dan cuenta las conversaciones que tuvo con el general Leigh y el contraalmirante Patricio Carvajal durante la mañana del 11 de septiembre, que fueron grabadas y luego reproducidas en la revista Análisis, Nº 122, 24-30 de diciembre de 1985, pp. 8-13. La reproducción sonora puede escucharse en el CD que viene adjunto al libro de Patricia Verdugo (1998).

69 La decisión de bombardear La Moneda con aviones se acordó entre los generales Pinochet y Leigh y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, contraalmirante Patricio Carvajal, el día antes del golpe, por si «Allende se resistía», Whelan (1993: 439).

70 Huidobro (1989: 263), las negrillas son nuestras. El texto de los otros discursos se reproduce en pp. 261-263.

71 Véase la minuciosa investigación de la periodista Patricia Verdugo (1989). La defensa de Arellano estuvo a cargo de su hijo Sergio Arellano Iturriaga (1985). Los generales Pinochet y Arellano han sido juzgados por los tribunales por estos crímenes, llevando al desafuero del primero, senador vitalicio desde que abandonó la Comandancia en Jefe del Ejército en marzo de 1998. La investigación realizada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzmán, ha permitido reunir documentos y declaraciones de testigos y protagonistas que los inculpan. Este proceso ha sido el resultado, en gran medida, de la perseverancia de la abogada Carmen Hertz, viuda de Carlos Berger, uno de los asesinados en Calama. Un buen resumen de la información reunida en el proceso se reproduce en Escalante (2000).

72 En una ceremonia en la Academia de Guerra algunos días después del golpe, Arellano preguntaba a viva voz «dónde está Pinochet», dando cuenta de que no se consideraba un subordinado de este. Agradezco a Gustavo Lagos Matus esta información, que era profesor de la academia en esos momentos y presenció el hecho.

73 Fue integrada por el coronel Sergio Arredondo, su jefe de Estado mayor, el teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, el mayor Marcelo Moren Brito y el teniente Armando Fernández Larios.

74 Por ejemplo, el mineral de Chuquicamata, situado en las afueras de la localidad de Calama, no vio interrumpida su labor el 11 de septiembre, trabajando su personal en forma normal. Esto lo destaca el almirante Huidobro (1989: 269).

75 Los muertos se distribuyeron así: cuatro fueron ejecutados en Cauquenes (4 de octubre); 15 en La Serena (16 de octubre); 13 en Copiapó (17 de octubre); 14 en Antofagasta (19 de octubre) y 26 en Calama (19 de octubre). En esto he seguido a Verdugo (1989). La investigación del Juez Guzmán ha comprobado un mayor número de muertos en su viaje al sur. En Valdivia fueron muertas 12 personas; en Chihuío, 17; en Liquiñe, 15. Escalante (2000: 77-90).

76 En Antofagasta, Eugenio Ruiz-Tagle, un militante del MAPU y gerente de la empresa estatal Inacesa, se había entregado voluntariamente a las autoridades el 12 de septiembre y fue brutalmente torturado. Pese a las gestiones de su madre, una distinguida señora de una familia tradicional chilena, y del abogado contratado por ella, Gastón Cruzat, no fue posible salvarle la vida, Verdugo (1989: 183-186). Véase el relato que hace su amigo Moulian (1997:181-183).

77 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Santiago, febrero de 1991, tomo I, p. 123.

78 Su viuda, Carmen Hertz, ha sido una destacada abogada ante los tribunales de justicia para exigir justicia por los crímenes de la dictadura.

79 El proceso por el caso de la «caravana de la muerte», el más emblematico de los procesos judiciales, duró muchísimos años, siendo el general Sergio Arellano sobreseído por demencia. Las sentencias definitivas se alcanzaron el 16 de diciembre de 2015, cuando la Corte Suprema condenó a siete oficiales retirados del Ejército a penas de prisión por el homicidio calificado de catorce prisioneros políticos cometidos en la ciudad de Antofagasta el 18 de octubre de 1973. Véase http://www.elmostrador.cl/ noticias/pais/2015/12/17/condenan-a-siete-militares-por-crimenes-de-lacaravana-de-la-muerte/

80 Esto me fue comentado en una larga entrevista por Gastón Cruzat, contratado por la familia de Gabriel Ruiz-Tagle para esclarecer su situación en Antofagasta.

81 Contreras actuó sin marco jurídico durante los primeros meses de existencia del organismo de inteligencia, pues la formalización legal de la DINA fue bastante posterior, por el D.L. Nº 521, de 18 de junio de 1974. Su creación fue aprobada por la Junta de Gobierno en una sesión de noviembre de 1973, AHJG, Nº 33, 12 de noviembre de 1973, punto 8.

82 Pinochet mantuvo una estrecha relación con Contreras, quien lo informaba diariamente.

83 Art. 1º del D.L. Nº 521, de 18 de junio de 1974.

84 Su planta más que duplicaba la de la Secretaría General de Gobierno y Odeplan, entidades que cumplían importantes funciones políticas. El D.L. agregaba diez cargos adicionales que no se individualizaban, es decir, eran secretos.

85 El personal era aún más numeroso, pues debe considerarse una cantidad indeterminada de personas contratadas a honorarios, procedimiento de normal uso en la administración pública debido a las estrecheces de las platas de los ministerios y servicios.

86 Había diferencias de grado, pues diez tenían grado ocho y veinte grado once.

87 Había una planta de servicios con 95 cargos, para mayordomos, conductores, maestros y auxiliares.

88 El primer subdirector fue el contraalmirante Rolando García Le Blanc.

89 He entrevistado a varios militares en retiro y cada uno repitió una argumentación similar en defensa de Contreras: habría sido una persona demasiado inteligente como para organizar un atentado en la capital de los EE.UU.; según ellos, ¡este fue preparado por la CIA para dañar a Pinochet!

90 Véase la entrevista al general Baeza en Marras (1989).

91 Uno de los incidentes fue por la participación que tuvo la DINA en el asesinato del ciudadano español y funcionario de la Cepal Carmelo Soria.

92 Está muy bien detallado por Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989: cap. 14).

93 Eran los obispos Enrique Alvear, auxiliar de Santiago; Carlos González, de Talca, y Fernando Ariztía, de Copiapó, que se habían destacado en la defensa de los derechos humanos. Véase Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989: cap. 13).

94 Véanse exhaustivas investigaciones periodísticas en: John Dinges, «The Condor Years: How Pinochet And His Allies Brought Terrorism To Three Continents», The New Press; Reprint edition, junio de 2005 (hay versión en español titulada Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, Ediciones B, Santiago), y en Manuel Salazar, Las letras del horror, tomo I: «La DINA», Lom Ediciones, 2011.

95 La presión del Gobierno norteamericano explica que el caso Letelier haya sido dejado fuera de la ley de amnistía de 1978.

96 Esto es relatado por Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989: cap. 5). Bonilla murió en un accidente aéreo, cuando era ministro de Defensa, y Lutz, en el Hospital Militar, a consecuencia de una operación que no debió haber tenido las complicaciones postoperatorias que lo llevaron a la muerte.

97 Le envió una carta el 24 de noviembre de 1974. Su texto se reproduce en González (2000: 466-468).

98 Covarrubias admite que el gran error del régimen fue haber dejado que Contreras actuara sin limitaciones, Centro de Documentación de Historia Contemporánea de Chile (Cidoh), Índice general de videos sobre historia contemporánea de Chile, 1973-1990, Santiago, Universidad Finis Terrae, p. 35.

99 Véanse sus artículos «Así se financió la represión de la DINA», La Nación, 10 de noviembre de 1992; «Los dineros que sirvieron para crear la red exterior», La Nación, 11 de noviembre de 1992; «Las platas que se usaron en la “Operación Londres”», La Nación, 12 de noviembre de 1992; «La DINA financió a grupo de neofascistas italianos», La Nación, 13 de noviembre de 1992; «Nace la conexión panameña», La Nación, 15 de noviembre de 1992; «Manuel Contreras hipotecó cinco barcos del Estado», La Nación, 16 de noviembre de 1992; «Los contactos de la DINA con la Cosa Nostra», La Nación, 17 de noviembre de 1992; «Michael Townley asume responsabilidades comerciales», La Nación, 22 de noviembre de 1992.

100 Adquirió dos empresas pesqueras en San Antonio, que habían sido intervenidas por el Gobierno de Allende.

101 Con ocasión de los cuarenta años del golpe militar, la Corte Suprema emitió una declaración en la cual hizo una abierta autocrítica: «... no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas –las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada– pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se promovían dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva tutela judicial de que gozaban los afectados».

102 «El Poder Judicial ejercerá sus funciones en la forma y con la independencia y facultades que señale la Constitución Política del Estado», art. 1º, inc. 2º, D.L. Nº 128, de 16 de noviembre de 1973, que aclaró los alcances del D.L. Nº 1.

103 La primera fue dictada en forma unánime el 13 de noviembre de 1973, el texto se encuentra en Fallos del mes, Nº 180, noviembre de 1973, pp. 222-225; la segunda es de 21 de agosto de 1974, dictada por mayoría, con el voto en contra de José María Eyzaguirre, que será presidente de la Corte Suprema en 1976, Fallos del mes, Nº 189, agosto de 1974, pp. 56-57.

104 AHJG, sesión Nº 111, 11 de abril de 1974.

105 AHJG Nº 111. En esta sesión de la Junta, el ministro de Justicia defendió su postura con argumentos políticos que no convencieron a los miembros de esta: «Incluso significaría un respaldo moral que la Corte Suprema, en este estado de guerra interior, ponga su visto bueno en una sentencia condenando a muerte en un momento determinado y no solo que lo determine un simple tribunal militar que no tiene, diría yo, la misma competencia técnica y jurídica».

106 En las semanas siguientes al golpe de Estado hubo gran cantidad de consejos de guerra —293—, en que se procesó a 1.935 personas, de las cuales el 88 por ciento fue condenada.

107 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pp. 92-94.

108 Entre 1973 y 1975, más de 250 magistrados y funcionarios fueron trasladados, removidos u obligados a renunciar por decisión del máximo tribunal, lo cual terminó en que un total de 50 jueces y secretarios de tribunales, de un total de 340 funcionarios, fueran alejados del Poder Judicial. Alejandra Matus, El libro negro de la justicia chilena, Santiago, Planeta, 1999, pp. 232-237.

109 La Segunda, 1 de marzo de 1974.

110 Recordó, al visitar Chile, que este organismo fue informado de que «la legislación chilena se ajustaba a los compromisos internacionales sobre derechos humanos», reprochándole enseguida que, en vez de atender a las explicaciones dadas por la Corte Suprema, hubiese fundamentado sus opiniones sobre la base de «rumores anónimos o consignas interesadas en citar la opinión del presidente de la Corte Suprema», La Segunda, 1 de marzo de 1974.

111 La Segunda, 1 de marzo de 1974.

112 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, tomo I, p. 95.

113 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, tomo I, p. 97.

114 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, p. 102.

115 Texto en El Mercurio, 16 de mayo de 1991. También se reproduce en Estudios Públicos, Nº 42, otoño de 1992, pp. 237-250.

116 Argumenta que se trata de «ejemplos espigados de los archivos del Palacio de los Tribunales».

117 Las dos estaciones principales eran el Canal 9 de la Universidad de Chile y el Canal 13 de la Universidad Católica; el Canal 5 de la Universidad Católica de Valparaíso transmitía solo en esa ciudad. El canal de la Universidad de Chile fue tomado por los trabajadores de izquierda, sin que pudiera transmitir durante varios meses, lo que debilitó su audiencia.

118 Sin embargo, muchos han sostenido en Chile que la prensa oficialista de aquellos años todavía no ha pedido perdón por sus omisiones, silencios y tergiversaciones.

119 No nos referimos a las diversas revistas o semanarios surgidos durante los mil días de la Unidad Popular, con una clara militancia política, a favor o en contra del Gobierno.

120 Estas críticas provocaron la ira de la DINA, cuyos agentes intentaron secuestrar al director del semanario en julio de 1977.

121 Estos, con ayuda internacional, crearon un nuevo semanario, Hoy, que apareció algunos meses más tarde y alcanzó gran influencia durante el resto del régimen militar. Dejó de aparecer en 1998, por razones económicas.

122 Con la excepción del rector de la Universidad Técnica del Estado, que era comunista, los otros seis eran de oposición al Gobierno de Allende y algunos eran DC o cercanos a este partido. Pertenecían a la DC el rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo Velasco; el de la Universidad Católica de Valparaíso, Raúl Allard, y el de la Universidad Austral de Chile, William Thayer. Edgardo Boeninger, rector de la Universidad de Chile, ingresó al PDC después del golpe.

123 Era la principal universidad del país, con presencia a nivel nacional y sedes regionales que impartían diversas carreras, teniendo su principal establecimiento en Santiago. Boeninger había sido elegido directamente por los profesores, el personal administrativo y los estudiantes en 1968, y reelegido en 1971. He analizado el desarrollo de esta universidad desde los años sesenta hasta 1971 en Huneeus (1973).

124 AHJG, acta Nº 10, de 27 de septiembre de 1973, indica que «se analiza el memorándum Relaciones Gobierno-Universidad entregado por el rector de la Universidad de Chile en el día de ayer. Para darle un corte definitivo se acuerda citar al Consejo de Rectores a la mayor brevedad». Esta reunión se efectuó al día siguiente, asistiendo todos los rectores, con excepción de William Thayer, rector de la Universidad Austral. En ella, el ministro de Educación expresa el rechazo de la Junta al memorándum, AHJG, acta Nº 11.

125 El 1 de octubre fue nombrado rector de la Universidad de Chile el general (R) César Ruiz Danyau, que había sido comandante en jefe de la FACH y, por algunas semanas en agosto, ministro de Transportes, AHJG, sesión Nº 12. Al día siguiente fue nombrado el rector de la Universidad Católica, el almirante (R) Jorge Swett, que había sido director de la Escuela Naval, AHJG, acta Nº 13.

126 D.L. Nº 50, de 2 de octubre de 1973.

127 El papel del Movimiento Gremial y su apoyo en la Universidad Católica se analiza en el Capítulo VII.

128 Este había sido elegido en junio de 1972 como uno de los seis representantes de los profesores en el Consejo Superior.

129 Cardenal Raúl Silva Henríquez (1991, tomo III, pp. 40-41).

130 Este nombramiento implicaba restringir fuertemente la esfera de competencia del vicerrector académico, Jorge Awad (DC), quien tenía como segundo a otro economista de la DC, Reinaldo Sapag. Awad y Sapag se negaron a suscribir esta decisión, pero Swett impuso la creación de la Dirección del Personal y designó a Lecaros. Swett pidió la renuncia a Awad y Sapag.

131 Hay un interesante relato del impacto de las decisiones de las nuevas autoridades universitarias contra los profesores, incluso sacerdotes, escrito por el sacerdote Percival Cowley, SS.CC. (2000: cap. 1).

CAPÍTULO III

EL LIDERAZGO DEL GENERAL AUGUSTO PINOCHET: BASES INSTITUCIONALES Y RECURSOS DE PODER

1 Uno de los principales estudiosos de esta materia advierte que es muy raro que un militar conserve la lealtad de su institución y el apoyo de la gente (Finer, 1962: 194).

2 Pinochet superó por ocho meses al gobernador Gabriel Cano de Aponte (1717-1733) (Collier y Sater, 1996: 358).

3 Esta ceremonia fue precedida de una negociación entre los senadores Jaime Guzmán (UDI) y Gabriel Valdés (PDC). Guzmán le ofreció a Valdés el apoyo de su partido para ser elegido presidente del Senado, un cargo muy importante porque integraba el Consejo de Seguridad Nacional, dándole mayoría al presidente Aylwin. La Concertación no tenía mayoría de votos para elegir al presidente de la Cámara Alta porque la oposición tenía el apoyo de los senadores designados. Guzmán le planteó a Valdés que él era la única persona de la Concertación que podía asegurar una ceremonia sin incidentes, que evitara una humillación a Pinochet. Entrevista con Gabriel Valdés, 20 de junio de 2003. También lo cuenta Otano (2006: 120-121). En febrero de 1990, Guzmán le planteó esta idea al general Pinochet y al senador Sergio Diez y ambos la aprobaron, como lo relata Diez en sus memorias (Diez Urzúa, 2013: 352-354).

4 En ambos casos, el hecho que gatilló la presión de Pinochet fue la investigación de la Cámara de Diputados sobre la venta de una empresa dirigida por uno de sus hijos. Respecto al tratamiento de los derechos humanos en la democracia, véase el excelente artículo de Correa Sutil (1997).

5 Concordó con el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (PDC), la eliminación del 11 de septiembre como feriado, una larga aspiración de los parlamentarios de la Concertación a la que siempre se opuso la derecha, incluso inmediatamente antes de la gestión de Pinochet sobre esta materia. Al mismo tiempo, había tratado de influir en las candidaturas presidenciales de 1999. He analizado esto en Huneeus (2014, cap. 6).

6 Sobre «el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú» (1968-1980), véanse Lowenthal (1975), McClintock (1981) y Stepan (1978).

7 Sobre el régimen político de Stroessner, véanse Lewis (1980), Miranda (1990) y Abente (1995).

8 Capital, Nº 12, julio 1997, pp. 33-37.

9 Uso el concepto siguiendo a O’Donnell (1973).

10 Varas (1987) define como caudillo el liderazgo de Pinochet, titulando el Capítulo VIII «Pinochetismo: etapa inexplorada del caudillismo».

11 Su anticomunismo no cambió después de consolidar su poder. En 1980, Pinochet asistió junto a sus más cercanos colaboradores a ocho clases sobre marxismo que impartió en el edificio Diego Portales el sacerdote José Miguel Ibáñez, un buen conocedor del pensamiento de Marx: Gonzalo Rojas Sánchez (1998: tomo I, p. 255, nota 49).

12 Valenzuela (1991) matiza el impacto del contexto institucional porque su artículo tiene el sugestivo título de «la consolidación del poder de una persona».

13 Una crítica a esta interpretación hace el politólogo Funke (1989).

14 También critica la tesis del «dictador débil»: Bracher (1976, capítulo 4).

15 Por ejemplo, se resistió a permitir que las mujeres trabajaran en las fábricas durante la guerra y se negaba a autorizar alzas de precios (Kershaw, 1993: 77).

16 Lo analizamos en Huneeus (1985 A: 26-46).

17 El radicalismo no se pronunció sobre la invitación, un hecho que no deja de ser relevante, y la oposición se dividió entre «concurrencistas», que apoyaban asistir a la cena, y «abstencionistas», que la rechazaban. Los radicales Raúl Alfonsín, el primer presidente después de los militares (1983-1989), y Eduardo Angeloz, que sería gobernador de Córdoba y candidato presidencial en 1989, no asistieron (Quiroga, 2004: 140, nota 247).

18 Esta doble función la tomamos de Von Beyme (1971: 28).

19 Usamos el concepto de Fraenkel (1984).

20 Es rodeado de la leyenda de haber sido el general más joven de Europa por su desempeño en la guerra en África. Véase, por ejemplo, Payne (1994 A). Sobre su rol en la guerra civil, Tusell (1992).

21 Véase el relato de un alto oficial de Marina que se refiere a una activa participación en la preparación del golpe (Huidobro, 1989); la visión opuesta, que pone a Pinochet como el principal autor del golpe de Estado, la hace Whelan (1993). En sus memorias, Pinochet (1990, tomo I) ha contado su participación en el golpe, lejos de la realidad, como lo demuestra Gonzalez (2000).

22 Es en Iquique y en Pisagua durante la vigencia de Ley de Defensa Permanente de la Democracia, y en la zona del carbón, en Coronel, como delegado jefe de la zona de estado de emergencia. También es destinado a la Escuela de Infantería de San Bernardo: Pinochet (1990, capítulo V). He analizado la persecución de los comunistas durante el gobierno de González Videla (Huneeus, 2009).

23 Pinochet (1990: 193) ha recordado este hecho: «Nuevamente el destino me sacaba de un lugar que bien pudo ser el fin de mi carrera, como le sucedió al director, pues ese año los oficiales de la academia presentaron su renuncia por la situación de angustia que se vivía debido a las bajas remuneraciones, y la superioridad, más adelante, haría responsable a este director de tal acto. Muchas veces he pensado que, de haberme quedado yo allí, habría sido posiblemente afectado en el ascenso a general».

24 Desde abril hasta comienzos de octubre de 1969, Pinochet hace un sucinto recuerdo en Camino recorrido, tomo I, p. 193.

25 Durante ese año, la convulsionada situación política lo llevó a ser cuatro veces jefe militar del «estado de emergencia» de Santiago decretado por el Gobierno, cargo que ejerció con profesionalismo y lealtad a la autoridad civil.

26 Véase al respecto la investigación de la periodista Mónica González (2000).

27Le exigió hacer una declaración pública desmintiendo su participación en la supuesta sublevación que había sido difundida en el exterior.

28 Cuando la familia repatrió sus restos, ninguna autoridad estuvo presente en el aeropuerto y debieron darle sepultura con la mayor discreción. Ni durante el régimen militar ni después de este, el Ejército ha realizado una investigación sobre el atentado en contra de su ex comandante en jefe. Pinochet no pudo disimular su desconfianza hacia quien fuera su antecesor en la dirección institucional, insinuando en su Camino recorrido que estaba comprometido políticamente con el presidente Allende. «No quiero creer que entre el señor Allende y el general Prats existiera un acuerdo, que involucraría una traición a la ciudadanía» (Pinochet, 1990: 236).

29 En enero de 1948, Pinochet se desempeñó como jefe del campamento de Pisagua –«jefe de fuerzas militares»–, experiencia que recuerda como antecedente de su posición anticomunista, aunque en sus memorias dice haberse relacionado en buenos términos con algunos detenidos. Fue jefe de la zona de estado de emergencia de la provincia de Coronel, decretada por una huelga que convocó el sindicato del carbón, controlado por el PC (Pinochet, 1990: 114-122).

30 Esta es la conclusión reiterada en los estudios sobre los militares y la política. Huntington (1957), Janowitz (1960; 1964) y Finer (1962).

31 Antes había hecho lo propio la Armada (Rojas Sánchez, 1998: 46).

32 Pinochet habría enviado una circular el 18 de septiembre de 1973 pidiendo la renuncia de todos los generales, de manera que le bastaba cursar la que deseara (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 23).

33 El general Manuel Torres de la Cruz fue alejado del Ejército más bien por falta de criterio el día del golpe. Era jefe de la Región Militar Austral, con sede en Punta Arenas.

34 Pinochet, sabiendo que no estaba en la preparación del golpe, lo había enviado a una misión institucional al sur del país para ese día.

35 Baeza era oficial de Inteligencia y expresó su oposición al nombramiento de Contreras en la dirección de la DINA por ser este un oficial de información, estimando que el organismo debía ser de inteligencia (Marras, 1989: 32-33).

36 Debió haber influido su amistad con el presidente del PDC, Patricio Aylwin, a quien recibió en Washington D.C. cuando este visitó esa ciudad de regreso del congreso de la CDU alemana, celebrada en octubre de 1973 en Hannover. La situación es relatada por el ex presidente Aylwin (1998: 48). Anteriormente había salido del Ejército el general Rolando González, que había sido durante algunos días ministro de Economía.

37 También salieron los generales de brigada Raúl Contreras, Sergio Ñuño y Carlos Araya, quienes tuvieron «una importante participación en el movimiento contra Allende» (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 24).

38 Bonilla, adversario de Contreras, se había distanciado de la política seguida por la DINA y había mostrado un perfil político moderado en sus visitas a las poblaciones, que no correspondía al discurso conservadorneoliberal de Pinochet. Falleció en un accidente aéreo a comienzos de marzo de 1975, en circunstancias que nunca han sido aclaradas. Tal situación ha sido atribuida a la DINA, cuestión justificable si consideramos sus acciones terroristas desarrolladas hasta ese momento. Un buen relato de las circunstancias que rodearon el accidente hacen Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989: 68-70).

39 Fue interpretado como un «desplazamiento, en lenguaje castrense, una huesera» (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 66).

40 Una acción poco recordada fue que la DINE logró detener al secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán, el 27 de septiembre. Este lo ha contado en sus memorias (Corvalán, 1997: 185).

41 Falleció en extrañas circunstancias en noviembre de 1974 en el Hospital Militar de Santiago, donde había sido trasladado aquejado por problemas de salud. Otro secretario de la Junta fue el general René Escauriaza, jefe del Estado Mayor Presidencial.

42 Entre los que salieron destaca el general de división Pedro Palacios, a quien le correspondió ocupar el Palacio de La Moneda el día del golpe y, entre los de brigada, Joaquín Lagos, que se opuso a la acción del general Sergio Arellano en octubre de 1973 con ocasión de la llamada «caravana de la muerte». La lista se encuentra en Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989: capítulo 7, nota 4). Uno de los nuevos generales de división fue Carlos Forestier y entre los de brigada se encontraban Fernando Paredes, que fue director de Investigaciones, y Enrique Morel, edecán de Pinochet después del golpe y luego ministro secretario general de Gobierno.

43 Sobre el accidente que costó la vida a Bonilla y esta reestructuración del Ejército, véase González (2000: 469-471).

44 Gustavo Álvarez fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército, y Carlos Forestier, subjefe (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 70).

45 Pinochet hizo que lo acompañara en su viaje a los funerales del general Francisco Franco en España, a fines de noviembre de 1975, temiendo que pudiera tomarse el poder durante su ausencia (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1969: 105).

46 Esta difícil situación se extendió hasta la firma del acuerdo de paz tras la mediación de la Santa Sede en 1983.

47 Hay un amplio análisis en Arriagada (1985). El general Ernesto Baeza ha expresado esto: «Da la impresión de que a él [Pinochet] no le gustaba que los generales que estuvieron el 11 de septiembre tuviesen la confianza suficiente como para decirle lo que realmente estaba ocurriendo. Eso a veces le molestaba. Parece que para el general Pinochet era preferible que solo le dijeran cosas agradables, y eso es un error». Véase su entrevista en Marras (1989: 15-16).

48 Pinochet lo mantuvo más del tiempo regular en ambos cargos, pues el edecán y el jefe de la Casa Militar duraban dos años respectivamente.

49 Desde febrero de 1988. Durante su estadía en España, Ballerino criticó la gestión del entonces embajador chileno, Fernando Zegers, un profesional de carrera, acusándolo de defender al Gobierno sin suficiente fuerza ante la crítica de los políticos españoles. Zegers fue despedido del cargo.

50 Esta es una de las destinaciones más importantes en el Ejército, pues de ella dependen las escuelas matrices (Militar, de Suboficiales y las escuelas de especialidad, como la Academia de Guerra, la Politécnica Militar, etc.). Para ilustrar la importancia del cargo, en 1973 fue ocupado por el general de brigada Guillermo Pickering, un destacado oficial que contaba con la cuarta antigüedad del Ejército y que era el colaborador de mayor confianza del comandante en jefe, general Carlos Prats.

51 Lo hizo junto con el mayor general (R) Osvaldo Hernández Pedreros, anteriormente intendente de la Región Metropolitana. El texto del Plan de Acción fue publicado como separata en la revista Hoy, N° 537, 2 al 8 de noviembre de 1987.

52 El nuevo cargo de vicecomandante fue creado en marzo de 1977 para las tres ramas, pero solo el Ejército lo puso en vigor. Sus facultades no eran distintas de las funciones propias del jefe del Estado Mayor General del Ejército. De ahí que los dos primeros vicecomandantes en jefe –tenientes generales Carlos Forestier y Washington Carrasco– hayan ejercido ambos cargos simultáneamente.

53 D.L. Nº 27, de julio de 1974.

54 Tras convencer al almirante Merino y al general Mendoza de la conveniencia de contar con el título de presidente de la República, Pinochet les hizo firmar el correspondiente decreto, el D.L. 806, de 17 de diciembre de 1974, forzando a hacer lo mismo al general Leigh. Había convocado a un acto solemne en el salón plenario del edificio Diego Portales para que el presidente de la Corte Suprema le impusiera el símbolo presidencial. Leigh no se atrevió a ejercer su derecho de veto y describe la «reunión [como] dramática y dura» en su entrevista a la periodista Florencia Varas (1979: 59-60).

55 Tampoco fue como Hitler, que detestaba el estudio de los papeles de Gobierno y no tomaba decisiones, por lo que «entendió su tarea como estadista más como la determinación de metas visionarias que manejar las minuciosas materias del Gobierno» (Mommsen, 1977: 81).

56 Art. 1° Decreto Ley Nº 460, del 13 de mayo de 1974, que creó el COAJ. Para una minuciosa reseña de su labor en el primer año, véase Pinochet, Augusto (1974). Un año de construcción: 11 de septiembre de 1973-11 de septiembre de 1974. El Jefe Supremo de la Nación General de Ejército Augusto Pinochet Ugarte informa al país. Santiago: Talleres Gráficos del Servicio de Prisiones; El Mercurio, «El equipo militar», 2 de marzo de 1982. El COAJ quedó constituido de la manera siguiente: la jefatura a cargo del coronel Canessa; una secretaría a cargo del comandante Berríos y dos subjefaturas, una política dirigida por el coronel Horacio Toro Iturra y una económica y social a cargo del capitán de navío Ladislao D’Hainaut, que había sido subjefe del Estado Mayor de la Armada. Qué Pasa, «El Estado Mayor técnico de la Junta», 2 de marzo de 1974, pp. 32-33.

57 Ocuparon la dirección del COAJ –además de Canessa, quien lo hace hasta 1975– los generales de Ejército Patricio Torres, Alejandro Medina, Julio Fernández y Roberto Guillard.

58 Los generales Julio Canessa, Luis Danús, Gastón Frez, Jorge Ballerino, Bruno Siebert, Fernando Lyon Salcedo, Luis Alberto Reyes, Roberto Soto Mackeney, Miguel Espinoza, Guillermo Garín y Renato Varela, El Mercurio, «El equipo militar», 2 de marzo de 1982, p. D-3. Canessa fue después vicecomandante en jefe del Ejército; Frez y Siebert fueron ministros; Soto Mackeney fue intendente y luego rector de la Universidad de Chile; Garín fue edecán, jefe de la Casa Militar y jefe de la Misión Militar en España; Ballerino siguió los mismos cargos de Garín, llegando a ser ministro secretario general de la Presidencia después del plebiscito de 1988.

59 Era agregado militar en España al momento de ser designado para crear este organismo.

60 Covarrubias fue destinado en febrero de 1979 como jefe de la zona militar austral, con sede en Punta Arenas. Escauriaza falleció prematuramente en octubre de ese año y lo sucedió el general Santiago Sinclair.

61 Art. 1 del D.L. Nº 233, de 26 de marzo de 1977. El COAJ siguió existiendo y se concentró en la asesoría a la Junta de Gobierno. Su texto también se reproduce en El Mercurio, 27 de marzo de 1977.

62 Cidoh, Índice general de videos, p. 32.

63 Se materializó el 9 de diciembre de 1981. Guillard ocupó el cargo hasta el 22 de abril de 1982, siendo sucedido por el general Santiago Sinclair. El COAJ siguió existiendo y se concentró en la asesoría a la Junta de Gobierno.

64 Art. 1° de la Ley Nº 18.201, de 27 de enero de 1983.

65 Art. 2° de la Ley Nº 18.201.

66 Se relaciona con el Consejo Económico Social (CES), la Secretaría de Desarrollo Social y la Oficina de Asuntos Especiales. El CES fue presidido por el empresario Beltrán Urenda, y era un organismo asesor del presidente de la República; la Secretaría de Desarrollo Social fue creada en 1986 y la dirigió la socióloga Patricia Matte; la Oficina de Asuntos Especiales fue encabezada por el capitán de Navío (R) Sergio Rillón y su principal misión eran las relaciones del Gobierno con la Iglesia católica.

67 Fue sucedido en la dirección de la SGP por el brigadier general Sergio Valenzuela, que fue ministro de Odeplan por algunos meses en 1985.

68 Tres son jefes de dirección y seis jefes de departamento.

69 Diario Oficial, 5 de abril de 1983. En la práctica, el personal era aún más numeroso porque se añadían funcionarios de otras reparticiones públicas y del Ejército que trabajaban «en comisión de servicio» y, además, existían colaboradores externos contratados a honorarios. La SGP estaba organizada en una división ejecutiva y otra de estudios. La primera se encargó de los asuntos más inmediatos de la agenda del general Pinochet, como la preparación de sus discursos, la revisión de los decretos enviados por los ministerios, el programa de sus giras a regiones y las listas de los posibles ministros, subsecretarios y altos funcionarios. En ella trabajó un número reducido de personas, casi todos militares, y fue dirigida por un coronel de Ejército. La división de estudios, por su parte, analizaba los temas de mediano y largo plazo con la colaboración de militares y civiles.

70 Esta secretaría también participó en la campaña del plebiscito de 1988. Su ministro, Sergio Valenzuela, integró el equipo que diseñó la campaña electoral bajo la coordinación del ministro del Interior, Sergio Fernández, siendo acompañado por el ministro secretario general de Gobierno, Orlando Poblete; el ministro del Trabajo, Alfonso Márquez de la Plata, y el teniente general Santiago Sinclair. Grace Gibson, «La ley del silencio», Qué Pasa, N° 880, 18 de febrero de 1988, p. 9.

71 96 países, incluido Estados Unidos, aprobaron la resolución condenatoria, 14 la rechazaron y 26 se abstuvieron (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 179).

72 Lo relata en Eduardo Boetsch (1998: 168-171).

73 «Contralor rechazó el decreto sobre consulta», La Tercera de la Hora, 29 de diciembre de 1977, p. 2.

74 Con el alejamiento de Humeres, la Contraloría perdió la pequeña autonomía que había mostrado con su oposición a la consulta, acentuando el poder del Gobierno.

75 Decreto Nº 1.308, del Ministerio del Interior, que oficializó la convocatoria a la consulta; texto completo en La Tercera de la Hora, 28 de diciembre de 1977, p. 2, considerandos 4, 5 y 6.

76 Así lo expresaba la convocatoria a la consulta, considerando 5.

77 Como si esto no fuera suficiente, en la papeleta del voto se imprimió frente a la alternativa «Sí» una bandera chilena y frente a la alternativa «No» un cuadro negro.

78 Hernán Millas, «Respuesta con Consulta», Hoy, 28 de diciembre-3 de enero de 1978, pp. 16-17. Hay opiniones de apoyo al «Sí», como las del abogado de extrema derecha Pablo Rodríguez, de la Sociedad de Fomento Fabril, dirigentes sindicales oficialistas, como Guillermo Medina, y de diversas organizaciones gremiales partidarias del régimen militar.

79 El rechazo del expresidente Eduardo Frei Montalva se encuentra en Hoy, 4 al 10 de enero de 1978, p. 10; sobre la postura de la oposición, Aylwin (1998: 141-144) y Zaldívar (1995: cap. II).

80 Hay información sobre la campaña oficialista en Hoy, «Contra viento y marea», 4 al 10 de enero de 1978, pp. 8-11.

81 El secretario general era Juan Antonio Coloma. El texto de la declaración a favor del «Sí» se encuentra en «En marcha juvenil dan el “Sí” al Gobierno», La Tercera de la Hora, 29 de diciembre de 1977, p. 2.

82 Art. 2º del Decreto Nº 1.308.

83 Entre ellas se encontraban Ignacio Balbontín, Belisario Velasco, Juan Manuel Sepúlveda y Andrés Aylwin. Este ha relatado esta experiencia (Aylwin, 1989).

84 Leigh había expresado la conveniencia de volver a la democracia en su discurso de inauguración del año académico de la Escuela de Aviación, en marzo de ese año, que se reproduce en Varas (1979:159-165); Leigh envió después a Pinochet un memorándum precisando un plazo de cinco años para el establecimiento de la «nueva institucionalidad», en que se debían promulgar las leyes políticas, se reproduce en pp. 153-157.

85 Destacó en ello el subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Jovino Novoa, quien fue uno de los fundadores del Movimiento Gremial. Fue presidente de la UDI (1994-1998) y elegido senador en 1997.

86 También convocaron a centenares de profesionales para la constitución de las mesas de votación, nombrando a sus apoderados. El 21 de agosto se constituyó el «Comando de profesionales jóvenes 11 de septiembre» con personas que eran en su amplia mayoría «gremialistas». Además actuaron en los medios de comunicación a través de múltiples declaraciones de personalidades o entidades, como los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Fue firmada por el decano de esta, Sergio Gaete, que será después ministro de Educación, y por las principales figuras del «gremialismo»: Jaime Guzmán, Hernán Larraín, Raúl Lecaros, Andrés Chadwick, Jaime del Valle, junto a otros profesores. El Mercurio, 24 de agosto de 1980.

87 Las detenciones ocurrieron en todo el país. Un resumen de los hechos y los nombres de los detenidos se encuentra en Zaldívar (1995: 238-243).

88 Su discurso pudo ser transmitido al país por diversas radios. Un buen resumen y una descripción sobre el clima del acto se encuentra en Aylwin (1998: capítulo V) y Zaldívar (1995: capítulo VII).

89 Las principales irregularidades fueron denunciadas en un documento firmado por personalidades de la oposición democrática, presentado ante el Colegio Escrutador Nacional, reproducido en Zaldívar (1995: 277-290).

90 Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989: 330).

91 Había viajado a Italia invitado por la DC de ese país. Zaldívar explica que la decisión se fundamentó en una entrevista que fue alterada por el diario mexicano que la publicó, Uno más uno, y no descarta que haya sido una maniobra de la CNI. Zaldívar (1995: 299).

92 Contribuyeron, junto con el Ejército, al financiamiento de los gastos de su estadía en la capital inglesa y los honorarios de sus abogados y médicos.

93 El pluralismo limitado y su relevancia en el régimen autoritario fue planteado originalmente por Juan J. Linz y se discute en el Capítulo I. Véase su trabajo «An Authoritarian Regime: Spain», en E. Allardt y Y. Littunen (1964). La versión en castellano se encuentra en el libro editado por Stanley G. Payne, Política y sociedad en la España del siglo XX, Madrid, Akal Editor, 1978.

94 Usamos el concepto de Juan J. Linz, «Opposition to and under an Authoritarian Regime: Spain», en Dahl (1973: 171-260).

95Tenía el estilo de mantener «asesorías paralelas» (Fernández, 1994: 180).

96 AHJG, Nº 177, 11 de diciembre de 1974. Volveremos sobre este punto en el Capítulo VIII.

97 «Pedí al presidente libertad para nombrar a algunos colaboradores ministeriales» (Fernández, 1994: 28).

98 «Sergio Fernández, nuevo ministro del Interior», La Tercera, 13 de abril de 1978, p. 11. «Superministro es ex contralor», La Tercera, 14 de abril de 1978, p. 2. «Superministro “Fernández” elogió equipo para nueva etapa», La Tercera, 15 de abril de 1978, p. 1. «Sergio Fernández: “El Premier” chileno», Qué Pasa, Nº 366, 20 al 26 de abril de 1978, p. 5.

99 Llegó a ser teniente de la Armada y después fue un alto ejecutivo de la empresa El Mercurio. Su padre había sido contraalmirante y embajador en el Brasil en los primeros años del régimen.

100 Vimos antes que este semanario criticó desde fines de 1975 las acciones de la DINA e informó ampliamente sobre el caso Letelier.

101 Así lo cuenta Fernández (1994: 124-125).

102 Fernández (1994: 99) no esconde su desilusión por esta medida.

103 Hubo un solo cambio de gabinete en los años 1981, 1986 y 1989. A comienzos de noviembre de 1984, un matutino titulaba «36 cambios ha tenido el gabinete en once años», El Mercurio, 6 de noviembre de 1984.

104 Los militares están acostumbrados a la continuidad en la gestión administrativa, que es independiente de los cambios de los oficiales, pues la carrera militar tiene una alta inestabilidad. Se caracteriza por los cambios de destinaciones.

105 Existe una publicación con la nómina de todos los ministros, junto a una breve información biográfica de cada uno de ellos: Las ideas, los hombres... (1990). Hasta el plebiscito de 1988 es muy útil el cuadro «Los ministros y la evolución del régimen», El Mercurio, 23 de octubre de 1988, p. D-2. No he incluido en el cálculo de los ministros a los vicepresidentes de Corfo ni al ministro secretario de Energía, los que tuvieron rango de ministros.

106Primero fue titular de Agricultura (abril 1977-diciembre 1980), después ministro secretario general de Gobierno (agosto 1983-noviembre 1984) y finalmente del Trabajo y Previsión Social (noviembre 1984-octubre 1988).

107 Después fue vicecomandante en jefe del Ejército y miembro de la Junta entre noviembre de 1988 y diciembre de 1989, siendo designado senador por el Consejo de Seguridad Nacional en representación del Ejército en 1989.

108 Hizo excepción en esto con los ministros militares, los generales Óscar Bonilla y César Raúl Benavides, titulares de Interior y después de Defensa; Luis Danús, algunos meses en Economía y luego en Odeplan; Sergio Valenzuela, en Odeplan y después en la Secretaría de la Presidencia, y el contraalmirante Patricio Carvajal, en Relaciones Exteriores y más tarde en Defensa.

109 A pesar de haber sido durante 106 meses ministro en tres carteras distintas (Agricultura, Trabajo y Previsión Social y Secretaría General de Gobierno), no era una persona influyente en el Gobierno. Fue presidente de la Fundación Augusto Pinochet, institución creada por los partidarios de este para difundir la obra de su Gobierno.

110 Minería, Secretaría General de Gobierno y Relaciones Exteriores. Fue embajador en los EE.UU. en los años ochenta, hasta el plebiscito de 1988. Pinochet apreciaba su inteligencia y lealtad; también lo favorecía el hecho de estar ligado a «la familia militar», pues había sido cadete de la Escuela Militar. Trabajó estrechamente con los Chicago boys desde que entró al Banco Central en 1977. Era uno de los pocos que no era gremialista en la universidad.

111 Una visión diferente a este respecto entrega el ex ministro de Educación (1978-1979), que fue precisamente despedido por Pinochet, Gonzalo Vial (1998: 266).

112 Francisco Javier Cuadra, ministro secretario general de Gobierno, fue designado embajador en la Santa Sede cuando Sergio Fernández asumió como ministro del Interior en 1987. También salió a una embajada Mónica Madariaga, que había sido ministra de Justicia y Educación, yéndose a la OEA después de granjearse la enemistad de los militares durante su breve gestión en la última cartera. Los ejemplos de salidas sin conflicto fueron, por ejemplo, los casos de Juan Carlos Délano, ex ministro de Economía, que fue enviado a Gran Bretaña, y Alfredo Prieto Bafalluy, ex ministro de Educación, nombrado ante la Unesco en París.

113 Hemos analizado esto en un trabajo sobre la España de Franco (Nohlen y Huneeus, 1984).

114 He analizado esta materia en mi libro sobre la UCD (Huneeus, 1985 A, capítulo I).

115 Contreras involucró a la prestigiosa Academia de Guerra en la constitución del organismo represivo. En sus declaraciones ante la justicia por el asesinato de Letelier, expresó que fue designado director de esta después del golpe militar y que comenzó a preparar la constitución de la DINA con oficiales que eran profesores o alumnos de ella (González, 2000: 437).

116 Se trata de una sociedad tradicional y de un sistema político sin participación institucional de los militares en el poder (Chehabi y Linz, 1998).

117 Hay un interesante estudio sobre el desempeño del equivalente funcional de la DINA en el régimen nazi: la Gestapo (Gellately, 1990).

118 El ex comandante en jefe del Ejército general Carlos Prats y su esposa, asesinados en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974; el ex ministro de Allende Orlando Letelier, muerto el 21 de septiembre de 1976 en Washington D.C., y el intento fallido contra el ex ministro del Interior y ex vicepresidente de la República, el democratacristiano Bernardo Leighton y su esposa, en Roma en octubre de 1975.

119 Contreras fue condenado en 1995 por la Corte Suprema a ocho años de cárcel por su responsabilidad en el atentado a Letelier. Pinochet trató por todos los medios de impedir que se cumpliera la sentencia, pero Contreras entró a prisión y está cumpliendo la pena.

120 Lo he analizado antes (Huneeus, 1987 A).

121 En una entrevista a la revista Cosas, 5 de mayo de 2000, Alejandro Foxley, presidente de Cieplan, ministro de Hacienda del Gobierno de Aylwin y senador en ese momento, elogió la gestión de los Chicago boys y al general Pinochet por «abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etcétera. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores».

CAPÍTULO IV

LA PARTICIPACIÓN DE LOS MILITARES

1 El caso de Chile fue el más evidente respecto de la participación institucional de los militares en el poder, en la conceptualización de Stepan (1973).

2 Me refiero especialmente a los regímenes de los años sesenta y setenta, siguiendo a Collier (1979), O’Donnell (1973) y Rouquié (1984).

3 La bibliografía sobre los regímenes militares no pone de relieve la mayor injerencia del Ejército en el ejercicio del poder político, a pesar del hecho que oficiales de esta rama han sido los hombres fuertes. Huntington (1957), Janowitz (1960, 1964), Finer (1962), Johnson (1962, 1964), Needler (1966). Se hacen referencias al papel del Ejército en el clásico libro de Stepan (1971). Véase también Rouquié (1984).

4 Hubo excepciones, entre ellas la consulta de 1978, en que el Consejo de Almirantes dio una opinión contraria a su convocatoria.

5 El caso más polémico fue la oposición a la consulta de 1978 (Varas, 1979: 35).

6 Citan como ejemplo el Ejército durante el régimen del sha de Persia, altamente profesional, pero con una baja autonomía.

7 He revisado el Memorial del Ejército correspondiente a los años sesenta y no se encuentran artículos referidos a la doctrina de la seguridad nacional. Una opinión contraria tienen Arriagada y Garretón (1979).

8 Esto es confirmado por Whelan (1993).

9 Una interpretación que relativiza la singularidad del golpe de Estado de 1973, argumentando que siempre los militares actuaron en política cuando hubo conflictos de este tipo, hace Gonzalo Vial (1984).

10 Para una visión del programa del Gobierno de Frei Montalva, véase el interesante libro del ex ministro de Hacienda Sergio Molina (1971).

11 Se encuentra abundante información al respecto en las interesantes memorias del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército, publicadas después de su asesinato (Prats, 1985: cap. 2).

12 Fue calificado como un acto tácito de indisciplina (Prats, 1985: 110).

13 El entonces coronel Augusto Pinochet había sido subdirector hasta comienzos de 1968 y tuvo la fortuna de ser destinado a otra repartición del Ejército, lo cual le salvó de estar involucrado en esta crisis, que le habría perjudicado severamente su carrera militar.

14 En 1976 abandonará el PDC para cooperar con el régimen de Pinochet, siendo incorporado al Consejo de Estado; más tarde será embajador en España.

15 Las tropas a cargo del segundo comandante del Regimiento Yungay de San Felipe, el mayor Arturo Marshall, no llegaron a tiempo a la parada militar.

16 Viaux relata los motivos de esta acción en una entrevista concedida a la periodista Varas (1972). El general Prats describe así este episodio: «El acuartelamiento del Tacna tenía una finalidad política clara, gestada en varios pasillos durante los meses inmediatamente precedentes. Oscuros personajes civiles y uniformados se prepararon para mover las piezas de ajedrez, usando a Viaux de peón de partida» (Prats, 1985: 127).

17 Viaux había sido llamado a retiro en esos días por el comandante en jefe, precisamente por considerar que estaba faltando a la disciplina. Viaux envió una carta al presidente Frei en que resumía las demandas de los militares, cuyo texto se reproduce en Varas (1972: 55-67).

18 La directiva del PS, que presidía el senador Aniceto Rodríguez, y contra la opinión del senador Salvador Allende, no se sumó a la convocatoria de la CUT y el Partido Comunista de convocar a una concentración de apoyo al orden democrático y contra la acción de Viaux, que se realizó frente a La Moneda, y organizó otra en la plaza al costado de la Biblioteca Nacional. Información de Osvaldo Puccio, que participó en el acto del PS, 16 de octubre de 2015.

19 En octubre de 1968 los militares dieron el golpe de Estado que derribó al Gobierno centrista de Fernando Belaúnde Terry, estableciendo el Gobierno revolucionario de las FF.AA. que siguió una política de nacionalización del petróleo, de empresas y bancos y fue por ello mirado con simpatía por el sector más de izquierda del PS, que vio que los militares no eran la expresión de la oligarquía. Hay una amplia bibliografía sobre este régimen. Lowenthal (1975), McClintock (1981) y Stepan (1978).

20 Este episodio demostró cuán alejados estaban los altos funcionarios del Gobierno de Frei del clima de malestar latente que existía en las FF.AA., ignorando el hecho que sus decisiones las acentuaban. Tres meses antes del «tacnazo», el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Reforma Agraria (CORA), Rafael Moreno, presionó al Gobierno para que se atendieran las demandas económicas de sus funcionarios, apoyando una huelga de estos y convenciendo al presidente Frei que ordenara al ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, entregar los recursos, quien se oponía argumentando la falta de fondos. Frei cedió a las presiones de Moreno y dio la instrucción y ello permitió se acogieran todas las demandas planteadas por Moreno, como cuenta en sus memorias (Moreno, 2013: 514), lo que incluyó la incorporación a la planta de todo el personal a contrata; calcular la asignación de responsabilidad al personal de planta directiva, profesional y técnica (900 funcionarios), lo que implicaba un aumento real del 9,8 por ciento de las remuneraciones de estos funcionarios; ascensos para 800 funcionarios distribuidos en todas las plantas; creación de tres nuevas direcciones zonales y las jefaturas de áreas correspondientes; aumento de la asignación de alimentos en términos similares a lo concedido al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); nivelación de los viáticos mínimos y «otras resoluciones menores».

21 Entre ellos estaban los generales Emilio Cheyre y Alfredo Mahn, que era el comandante de la guarnición de Santiago (Prats, 1985: 128).

22 Esto es lo que se conoce como «la doctrina Schneider».

23 Le acompañó en esto el general Carlos Prats, quien informa ampliamente de la labor en sus memorias, capítulos 2 y 3.

24 El vicealmirante Ismael Huerta, como ministro de Obras Públicas y Transportes, y el general Claudio Sepúlveda, en Minería.

25 El Siglo, 23 de enero de 1973, reproducido en González Pino y Fontaine T. (1997: tomo I, 582-584). Esta decisión fue interpretada como una maniobra político-electoral orientada a traspasar a los militares la responsabilidad en la solución de este grave problema, librando de ella al ministro comunista, lo que era muy importante en una decisiva campaña electoral. La hija del general Bachelet, Michelle, sería presidenta de Chile en dos períodos, 2006-2010 y 2014-2018.

26 «Hubo “toses y carraspeos”, lo que me obliga a golpear reciamente la mesa» (Prats, 1985: 380).

27 Ley Nº 17.798, de 22 de octubre de 1972. Durante su discusión en el Senado, los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas dieron a conocer su opinión favorable a la iniciativa.

28 También el Gobierno recurrió al apoyo de los militares para normalizar los servicios de utilidad pública. Así, por ejemplo, en abril de 1973 decretó la intervención de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado (ETC), empresa estatal del transporte público de la capital, designando como interventor al general Herman Brady. Este era considerado en el Gobierno como un militar leal, por lo que no fue pasado a retiro en 1972 cuando el general Prats lo excluyó de la lista de ascensos, medida que irritó a Allende. Durante el régimen de Pinochet fue ministro de Defensa y ministro secretario de la Comisión Nacional de Energía.

29 La Segunda, 17 de julio de 1973.

30 La Segunda, 19 de julio de 1973.

31 La Segunda, 9 de agosto de 1973.

32 El Mercurio, 3 de septiembre de 1973.

33 En el sector de Bellavista, El Mercurio, 10 de septiembre de 1973.

34 Dos días más tarde, efectivos militares se desplazaron por las calles de Rancagua para restablecer el orden luego de los incidentes provocados por partidarios del Gobierno que actuaron contra manifestantes que se habían movilizado en favor de la huelga de los trabajadores de la empresa minera El Teniente, El Mercurio, 26 de mayo de 1973.

35 «Aún en el momento de mayor poder militar, los civiles tenían dos tercios de los principales puestos de Gobierno» (Ricci y Fitch, 1990: 111). Para un análisis general de estos gobiernos militares, véase Perina (1983).

36 El general Hugo Mussante, entre el 11 de julio de 1974 y el 14 de abril de 1975.

37 Usamos el concepto de regulación del conflicto proporcional en el sentido que le da Lehmbruch (1967).

38 En los años setenta los subsecretarios de Hacienda y de Economía fueron oficiales de Ejército.

39 Esta fue decidida por Pinochet por influencia del vicecanciller Enrique Valdés, quien, haciendo uso de la información de que disponía, recomendó el viaje. El canciller, Hernán Cubillos, se mostró contrario a la iniciativa.

40 Covarrubias fue jefe de Estado Mayor Presidencial, como se vio en el capítulo anterior. Videla tuvo una larga carrera en esta cartera: fue el primer director del Departamento de Planificación, fue subsecretario (1979-1983) y después dirigió la Secretaría de Coordinación de la Mediación, luego de la firma del Tratado de Paz con Argentina.

41 Sergio de Castro, Sergio de la Cuadra, Rolf Lüders, Carlos Cáceres, Luis Escobar y Hernán Büchi.

42 La continuidad de los subsecretarios dio estabilidad a los ministerios, algo que también ocurrió en las democracias europeas con alta inestabilidad ministerial (Von Beyme, 1971 A).

43 Los presidentes del directorio fueron en 1987 el brigadier general Jorge Lúcar y Sergio Badiola, respectivamente. El gerente general de Entel fue durante varios años el brigadier Gerson Echeverría.

44 Correspondió a Danús dar a conocer por los medios de comunicación la devaluación del dólar a 39 pesos que se había establecido en 1979 y que constituía uno de los principales símbolos de la política monetarista de los Chicago boys. Este hecho no fue casual: liberó a estos de dar la cara a la opinión pública, lo que implica admitir el fracaso de su política.

45 La política de Pinochet ante la crisis económica se examina en los capítulos VIII y X.

46 Fue elegido senador entre los candidatos de RN en las elecciones de 1989.

47 Fue subdirector de la División de Organizaciones Civiles del Ministerio Secretaría General de Gobierno y tenía un magíster en Ciencia Política por la Universidad Católica.

48 Fueron el coronel Luis Rivas Otárola, el teniente coronel Hernán Núñez y el brigadier Carlos Krumm, respectivamente.

49 Fue dirigida por el entones coronel, después general, Julio Canessa.

50 El Ejército está organizado en seis divisiones. La I tiene su sede en Antofagasta, que es la capital de la II Región; la II División corresponde a Santiago; la III tiene su sede en Concepción, capital de la VIII Región; la IV, en Valdivia, la única que no es capital de región; la V, en Punta Arenas, y la VI División, en Iquique, capital de la I Región. El respectivo comandante era intendente de la región.

51 Véanse las declaraciones del brigadier general Alejandro González, La Tercera de la Hora, 6 de enero de 1988.

52 Fue el último militar en servicio activo que ocupó el cargo de rectordelegado en esa casa de estudios.

53 Había gobernadores civiles en algunas provincias: Arica e Iquique (I Región), donde el cargo no tenía mayor influencia política por la fuerte presencia del Ejército a través de la II División y la masiva presencia militar en Iquique; Choapa (III Región), Isla de Pascua (V Región), Cardenal Caro (VI Región), Talca (VII Región), Arauco (VIII Región) y Cautín (IX Región).

54 Cada uno era director de las respectivas escuelas de armas: Artillería en Linares, Caballería en Quillota, Ingeniería Militar en San Antonio, Fuerzas Especiales y Paracaidismo en Colina e Infantería en San Bernardo.

55 Los brigadieres generales Manuel Matas, Jorge Lúcar, Luis Henríquez, Enrique López, Miguel Sánchez, Gustavo Abarzúa y Florencio Tejos.

56 El mayor general Alfredo Calderón (6ª antigüedad) y los brigadieres generales más antiguos, como Jorge Zincke, que estuvo solo dos años y seis meses, y Francisco Martínez (16ª), que estuvo solo dos años y cuatro meses.

57 No pretendemos haber alcanzado una cuantificación precisa de la presencia militar en el sistema político, pues la información no es una característica de los regímenes autoritarios, por lo que recurrimos a variadas fuentes indirectas, principalmente la prensa y a diversas publicaciones o memorias de las empresas de Corfo.

58 Leigh mantuvo el reconocimiento de su institución, siendo invitado a los actos oficiales.

59 El teniente general Santiago Sinclair fue nombrado representante de Pinochet en la Junta de Gobierno.

60 Había sido su profesor en la Academia de Guerra y más tarde fue su superior en la I División.

61 Como consecuencia del fallo en primera instancia sobre «el caso de los degollados» que comprometía a la superioridad de la institución y que se analiza en el Capítulo X.

62 En el invierno de 1995 un helicóptero del Ejército lo trasladó al hospital de la Armada en Talcahuano bajo el pretexto de estar gravemente enfermo, «El gran aliado», Qué Pasa, Nº 1262, del 17-23 de junio de 1995, p. 21. Véase también el informe contenido en ese ejemplar «El martes negro del Gobierno», pp. 16-21, sobre el traslado de Contreras al hospital de la Armada, medida dilatoria que intentaba conseguir un acuerdo con el Gobierno para que en definitiva no entrara a la cárcel de Punta Peuco.

63 El Gobierno no nombró rectores delegados en las universidades privadas que surgieron como consecuencia de la Ley de Educación Superior de 1980.

64 La proposición fue presentada por escrito por el rector de la Universidad de Chile, Edgardo Boeninger, en su calidad de presidente del Consejo de Rectores, en un memorándum, «Relaciones Gobierno-Universidad», que es analizado en la sesión del 27 de septiembre de 1973, AHJG, Acta Nº 10; la Junta citó al Consejo de Rectores en pleno, faltando solo el rector de la Universidad Austral, William Thayer, a la sesión de la Junta del 28 de septiembre. En ella, «el ministro de Educación informó que la Junta había rechazado el memorándum presentado por el rector Boeninger. Se declara que en el período de transición habrá que dejar saneada la administración de las diversas universidades [y precisan] que en ningún caso ello significará persecuciones ideológicas, salvo para aquellos elementos y/o teorías marxistas y extremistas». AHJG, Acta Nº 11, punto 10.

CAPÍTULO V

LA ESTRATEGIA DE LEGITIMACIÓN

1 El concepto de legitimidad lo tratamos de acuerdo a la definición de Lipset (1960).

2 En esto seguimos a Beetham (1991: 25 y siguientes).

3 Weber (1968); una posición crítica a la de Weber plantea Beetham (1991).

4 No estuvo presente la legitimación carismática, puesto que Pinochet no tenía las condiciones excepcionales que la definen. Sin embargo, el régimen tuvo un fuerte componente de personalización del poder al resaltar sus cualidades de estadista. Existe abundante bibliografía sobre el concepto de «carisma» según Weber. Por ejemplo, Roth (1979, 1987).

5 El anuncio de restablecer la institucionalidad quebrantada y volver a la democracia duró «muy poco. Tal vez un par de semanas, todo lo más, dos meses» (Arriagada, 1998: 31).

6 El texto se encuentra en Ordenamiento constitucional, (1980: 137-139).

7 El Decreto Ley N° 1 dice: «Con esta fecha se constituyen en Junta de Gobierno y asumen el Mando Supremo de la Nación, con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas». El texto se reproduce en (1980: 140-142).

8 El hijo del general Sergio Arellano recuerda que se comentaba de manera informal entre los uniformados y los civiles, en los días posteriores al golpe de Estado, que la fecha de restitución del poder podría ser en 1976, cuando terminara el período constitucional del presidente depuesto (Arellano Iturriaga, 1985: 15).

9 Veía con temor el regreso a la Presidencia de Eduardo Frei Montalva, presidente del Senado al momento del golpe y, entonces, la principal figura política del país. Tenía presente la experiencia anterior del ex presidente Arturo Alessandri Palma, derribado por el golpe de estado de 1924, que volvió a la Presidencia después de la dictadura de Ibáñez (1927-1931).

10 «Memorándum de: Comité Creativo. A: H. Junta de Gobierno», c/129, Fundación Jaime Guzmán, las expresiones destacadas son del original. Guzmán planteó en este importante documento diversas proposiciones para el funcionamiento de la Junta de Gobierno, enfatizando en «la imagen que debe proyectar la Junta» para constituirla en la principal autoridad del nuevo régimen político y «dotar a la Junta de majestad y de cierto misterio». La Junta debía dar una imagen de «permanencia», sin que fuera contradicha por otras autoridades, evitando las declaraciones de ministros en que se fijaran plazos para el ejercicio del poder. En este documento Guzmán advierte un problema que será visible muy pronto: la necesidad de un Ejecutivo unipersonal, sugiriendo que se debían revisar los problemas que «plantea la prolongación por varios años de un Ejecutivo colegiado». Adelanta algunos criterios sobre la legitimación política, al señalar la conveniencia de insertar este orden político en la historia del país, a través de «asociar a las Fuerzas Armadas a nuestra historia y a la idea de victoria».

11 Este lugar se convirtió, a partir de ese instante, en el escenario de los principales actos políticos del nuevo régimen.

12 Esta frase, recurrente en el régimen de Pinochet, también estuvo en el discurso del general Juan Carlos Onganía: «Esta revolución no tiene plazos dados, tiene objetivos que cumplirá en el tiempo...». Mensaje del Presidente de la Nación Teniente General Juan Carlos Onganía al Pueblo Argentino, 30 de diciembre de 1966, Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1967, p. 17, citado por Potash (1994: 36, nota 47).

13 El texto del discurso de Pinochet se reproduce en El Mercurio, 12 de octubre de 1973.

14 El Mercurio, 12 de septiembre de 1973. Las expresiones destacadas son nuestras.

15 Guzmán conservó los borradores de los discursos que preparó para el general Pinochet junto al texto leído por este. Llama la atención que Pinochet no los modifica, lo que confirma cuánto se había identificado el líder gremialista con el pensamiento y la política del dictador. Esta documentación se encuentra en la Fundación Jaime Guzmán.

16 El texto se reproduce en El Mercurio, 12 de marzo de 1974.

17 Declaración de Principios de la Junta de Gobierno.

18 Ibídem.

19 Esto se justificó con la existencia del «Plan Zeta» que denunció el Libro blanco, preparado por civiles después del golpe de Estado, que se analizó en el Capítulo II.

20 El concepto de semioposición lo usamos siguiendo a Linz (1973 A).

21 Usamos el término de Garretón (1982).

22 Existe un documentado análisis sobre la influencia de las ideas nacionalistas de la revista Estanquero en el pensamiento político de Portada, así como también sobre el aporte a esta última del historiador Jaime Eyzaguirre y del sacerdote Osvaldo Lira, realizado por Cristi y Ruiz (1992, especialmente cap. IV).

23 Un resumen de este planteamiento se encuentra en el editorial firmado por Jorge Prat, «A nuestros lectores», Estanquero, Nº 100, 18 de diciembre de 1948, p. 14.

24 «[Se debe hacer] una transformación de nuestra inoperante y artificial democracia liberal, para dar paso a una nueva forma más completa, más técnica, más justa de este régimen: la democracia funcional». «La Hora Cero», Estanquero, Nº 111, 12 de marzo de 1949, p. 14.

25 «Insistir en que en Chile vivimos un momento de crisis política que se expresa por la disgregación de los partidos, por su incapacidad para gobernar y por la caducidad de sus doctrinas y de sus programas, es enfrentarse seria y lealmente con la realidad y preparar el terreno a la creación de nuevas y grandes corrientes de opinión». «Más sobre los partidos políticos», Estanquero, Nº 65, 17 de abril de 1948, p. 15.

26 Una investigación relevante sería analizar el pensamiento de Estanquero y su influencia en la política, especialmente por la incorporación del Partido Acción Nacional, fundado por Jorge Prat, al Partido Nacional en 1966, y con la integración a este de políticos que trabajaron con él, como fue Sergio Onofre Jarpa. La revista tuvo planteamientos extremos sobre diversos temas, como cuestionar la inmigración de los judíos a Chile después de la Segunda Guerra Mundial, utilizando conceptos antisemitas que eran condenados en ese tiempo. «Semana nacional», Estanquero, Nº 53, 17 de enero de 1948, pp. 5-7; editorial «La inmigración judía», Estanquero, Nº 54, 24 de enero de 1948, p. 3; «Semana nacional», pp. 6-9, con la lista de los judíos que han llegado a Chile y con una portada en contra de su llegada; «Semana nacional», N° 55, 31 de enero de 1948, pp. 5-8; editorial «Inmigración y política anticomunista», El Estanquero, Nº 56, 7 de febrero de 1948, p. 3, y «Semana nacional», pp. 8-9.

27 El primer número fue en enero de 1969. El comité fundador estaba integrado por Guillermo Bruna Contreras, Ricardo Claro Valdés, Javier González Echeñique, Víctor Manuel Muñoz Risopatrón, Fernando Silva Vargas, Hugo Tagle Martínez, Gonzalo Vial Correa, Joaquín Villarino Goldsmith y Cristián Zegers Ariztía. Se interrumpió meses después del golpe de Estado, reapareciendo con algunos números en 1975 y volviendo a cerrar en 1976. El historiador Jaime Eyzaguirre, prematuramente fallecido en 1968, tuvo gran influencia en ellos. Eyzaguirre estuvo muy vinculado al Instituto de Cultura Hispánica desde su creación en los años cuarenta, y a través de este llegó la influencia de las ideas tradicionalistas del hispanismo y el catolicismo conservador. Hay un documentado estudio de Mariana Aylwin (1977).

28 Un resumen de su tesis se encuentra en Vial (1984). Más desarrollada se encuentra en su Historia de Chile (1891-1973) (Vial, 1981, vol. I.) Sus ideas han sido criticadas por Gazmuri (1985).

29 Esta actitud no era novedad en esos años, pues el estado de «crisis» del país era un diagnóstico recurrente en los análisis de los intelectuales en los años cincuenta y sesenta, aunque el énfasis se puso en la situación económica. Véase el economista Jorge Ahumada (1958), que tuvo gran influencia en la formulación del programa del Gobierno de Frei, y en una perspectiva similar, Pinto (1959).

30 Portada no se sentía interpretada por las nuevas orientaciones de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II y criticaba, aunque no explícitamente, la posición social adoptada por la jerarquía de la Iglesia católica en Chile. La he analizado en otro texto; Carlos Huneeus (1988 A).

31 La crítica a la Iglesia se acentuó por el apoyo del cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, a la reforma de la Universidad Católica, en que su Federación de Estudiantes, la FEUC, ocupó la casa central, exigiendo la elección de nuevas autoridades por los profesores y no por la Iglesia.

32 «Las lecciones del golpe», Portada, Nº 8, 1969, p. 4-5. No puede pasar inadvertido el título del artículo, que habla de «golpe».

33 Ibíd.

34 «Desorden social y crisis política», Portada Nº 9, 1970, pp. 5-8, la cita es de p. 6.

35 Ibíd., p. 6. Esta crítica recoge los planteamientos de Jorge Prat desarrollados en los editoriales y artículos de Estanquero, por ejemplo, los editoriales «Desorientación política», 28 de febrero de 1948; «Presencia del pueblo», 6 de marzo de 1948; «Más sobre los partidos políticos», Nº 65, 17 de abril de 1948; «Congresos políticos», Nº 72, 5 de junio de 1948; «La administración pública, parcela política» y «Más allá de derechas e izquierdas», Nº 117, 23 de diciembre de 1949.

36 Esta crítica sería compartida y difundida por Jaime Guzmán, para justificar la creación de un partido de derecha, pues no se identificaba con el Partido Nacional, que consideraba heredaba las debilidades de las colectividades históricas del sector que les atribuía Vial. Volveremos sobre esto en el Capítulo VII.

37 «Desorden social y crisis política», Portada Nº 9, 1970, p. 7.

38 Ibíd.

39 «Crisis de autoridad», Portada, Nº 5, 1969, p. 4.

40 «Nacionalismo y estatismo», Portada, Nº 6, 1969, p. 6.

41 «Crisis de autoridad», Portada, Nº 5, p. 3. Estos planteamientos apuntaban a apoyar la candidatura presidencial de Jorge Alessandri, que tenía precisamente esa visión de la jefatura del Estado.

42 Ibíd., p. 8.

43 A finales de los años sesenta, las Cortes del régimen de Franco fueron reformadas para incorporar procuradores que eran elegidos por voto directo, que no pertenecían a corrientes políticas, sino que daban representación a la familia (Linz, 1970).

44 «Nacionalismo y estatismo», Portada, Nº 6, 1969, pp. 4-7, la cita es de p. 5.

45 Sobre el PDC, Grayson (1965) y Fleet (1985).

46 «[Se debe al inversionista extranjero] para que invierta; respetarlo en la persona y en los bienes; impedir sus abusos y su tendencia al monopolio y evitar que, por un excesivo crecimiento de su poder económico, amenace la estabilidad y la soberanía del país». «Nacionalismo y estatismo», Portada, Nº 6, 1969, p. 6.

47 Hacia fines de los años sesenta España tenía un gran atractivo para estos sectores conservadores chilenos, por su estabilidad política y el alto crecimiento económico, sin que ellos consideraran las limitaciones del crecimiento e ignoraran las tensiones y conflictos sociales. Sobre esto, véase Nicolás (2005: capítulos 14 y 15).

48 El Mercurio, 12 de octubre de 1973.

49 El Mercurio, 12 de septiembre de 1977.

50 «Clase magistral de S.E. el Presidente de la República, general de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte, con motivo de la inauguración del año académico de la Universidad de Chile», Pinochet (1979: 7).

51 Ibíd., pp. 7-8.

52 Ibíd., p. 9.

53 Ibíd., p. 11.

54 Ibíd. p. 12.

55 Ibídem. Esta visión de la historia ha sido desarrollada ampliamente por Vial (1984, 1998).

56 Ibíd., p. 16.

57 Ibíd., pp. 10-11.

58 Una amplia recopilación de los documentos que dan cuenta de las tensiones político-jurídicas durante el Gobierno de Allende es el libro en tres volúmenes del Instituto de Estudios Políticos (IDEP), sistematizada por Echeverría y Frei B. (1974).

59 En el oficio de la Corte Suprema de 26 de mayo de 1973, mencionaba que había cerca de 30 empresas afectadas con medidas precautorias: Fensa, Cristalerías Chile, Soprole, Metalúrgica Cerrillos, Cholguán, etc. El texto se reproduce en González Pino y Fontaine T. (1997: 1239). Un caso bastante delicado fue el del diario La Mañana de Talca, tomado por los trabajadores, después intervenido por el Gobierno y, finalmente, restituido a su propietario por orden de tribunales. La oposición calificó la acción del Gobierno como un grave atentado a la libertad de expresión.

60 «Oficio del presidente de la República al presidente de la Corte Suprema», 12 de junio de 1973, reproducido en González y Fontaine T.(1997: 1236).

61 El ministro del Interior entre noviembre de 1972 y marzo de 1973, general Carlos Prats, dio una instrucción en este sentido, que fue conocida por la Corte Suprema «solo en forma indirecta», como reprochó esta al presidente Allende en una durísima comunicación, oficio de 22 de junio de 1973, reproducida en González y Fontaine T. (1997: 1246): «El ministro del Interior impartió instrucciones a los cuerpos policiales por medio de una circular confidencial de la que esta Corte Suprema solo en forma indirecta ha tenido noticia. A pesar de considerarse tales instrucciones legítimas y necesarias por el ministro del Interior y comandante en jefe del Ejército [aludía al general Prats] que las impartió, se hizo uso para ello del sigilo de una confidencia».

62 González y Fontaine T. (1997: 1241).

63 González y Fontaine T. (1997: 1245).

64 Estaba presente la anterior intervención de los militares en política en 1924-1925, cuando dictaron la Constitución de 1925, que puso fin al régimen parlamentario.

65 Silva Bascuñán (1997: 184).

66 El interés por preparar una nueva Carta Fundamental se aprecia en la primera sesión de la Junta: «Se encuentra en estudio la promulgación de una nueva Constitución Política del Estado, trabajo que está dirigido por el profesor universitario don Jaime Guzmán», AHJG, sesión Nº 1, 13 de septiembre de 1973.

67 Había sido elegido diputado en 1972 y senador en marzo de 1973, y enseñaba en la Universidad Católica.

68 La Junta había acordado los nombres de los miembros de la comisión, en su sesión del 21 de septiembre, AHJG, Acta N° 7, punto 7.

69 Por eso fue conocida como la «Comisión Ortúzar». Este había preparado un proyecto de reforma constitucional que difundió en julio de 1964 inspirado en las propuestas de Alessandri para corregir lo que él consideraba eran «los vicios» de la política en Chile.

70 Evans había sido subsecretario de Justicia del Gobierno de Frei Montalva; Silva Bascuñán era uno de los fundadores de la Falange Nacional en 1938, que después dio origen al PDC.

71 El 9 de octubre de 1973, Lorca era profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica de Valparaíso.

72 Fue nombrada por oficio del secretario general de Gobierno, coronel Pedro Ewing H., de 21 de diciembre de 1973, y no por el Ministerio de Justicia, como los demás miembros de la comisión.

73 Considerando D.S., N° 1.064, de 1973.

74 Existieron las subcomisiones sobre Derecho de Propiedad, Poder Judicial, Sistema Electoral y Estatuto de los Partidos Políticos, Régimen Administrativo Interior y Descentralización Administrativa, Estatuto de los Medios de Comunicación y de lo Contencioso Administrativo. La decisión de crear ciertas subcomisiones y la designación de sus miembros se encuentra en las Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, especialmente en las sesiones 5, 9, 12, 50 y 53.

75 Concluyó en la redacción del documento «Metas u objetivos fundamentales en que deberá inspirarse la nueva Constitución Política del Estado», con planteamientos muy generales sobre el nuevo orden institucional. Fue aprobado por la Junta Militar a fines de 1973.

76 Visitó Chile en septiembre de 1975. Pinochet recuerda que con él «establecí una sincera amistad que ha perdurado a través de los años» (Augusto Pinochet, 1990: 101). Más tarde, cuando Bordaberry fue alejado del poder, Pinochet no mantuvo contacto con él. Fue invitado a un seminario organizado por «los duros» a fines de 1979, en que dictó una conferencia sobre algunas de sus ideas políticas, fundamentando la participación política de los militares y atribuyendo la crisis de la democracia a la crisis de los partidos (Bordaberry, 1980, especialmente pp. 22 y 26).

77 Su composición y funciones se analizan en el capítulo siguiente.

78 D.L. N° 1.551, de 13 de septiembre de 1976.

79 D.L. N° 1.552, de 13 de septiembre de 1976.

80 D.L. N° 1.553, de 13 de septiembre de 1976. El texto se reproduce en (1980: 95-107).

81 En entrevista a El Mercurio, de 20 de mayo de 1977, la ministra de Justicia, Mónica Madariaga sostuvo que ello se debió a que perdió la confianza de Pinochet, aclarando que los miembros de la Comisión Ortúzar «tienen por esencia la condición de personas de la exclusiva confianza del jefe del Estado, circunstancia esta que ha permitido a S.E. el presidente de la República plena y absoluta flexibilidad para proceder a disponer sus designaciones o resolver cambios de sus designaciones». Pinochet albergaba odiosidad hacia Ovalle porque era asesor del general Leigh.

82 Verdugo et al. (1994, tomo I: 77).

83 Este problema es recurrente en los autoritarismos, que no lo pueden resolver satisfactoriamente (Linz, 1973).

84 Fue organizado por el gremialista Frente Juvenil de Unidad Nacional, que se analiza en el Capítulo VII.

85 El Mercurio, 10 de julio de 1977. El discurso fue redactado por Jaime Guzmán.

86 Ibíd.

87 Ibíd.

88 Ibíd. Jaime Guzmán defiende este planteamiento en una entrevista a Qué Pasa, N° 310, 31 de marzo de 1977, pp. 10-11.

89 El oficio es de 10 de noviembre de 1977 y fue redactado por la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, y por Jaime Guzmán. Véase Arancibia, Góngora y Vial (1996: 330). El texto se reproduce en Revista Chilena de Derecho, vol. 8, Nº 1-6, enero-diciembre 1981, pp. 137-143.

90 Ibíd., p. 138. Esto recogía una de las definiciones de la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno de 1974, que establecía el rol tutelar de los militares.

91 Ibíd., p. 139.

92 Ibíd., p. 139.

93 Ibíd., p. 140.

94 Ibídem.

95 Estas ideas corresponden a las de Fernández de la Mora (1976). En 1968 la Editorial Zig-Zag había publicado otro de sus libros, El crepúsculo de las ideologías. El historiador Bernardino Bravo Lira (1986) toma sus ideas para hacer un análisis crítico del desempeño de los partidos en Chile.

96 Ibíd., p. 140.

97 El anteproyecto de reforma constitucional Alessandri-Ortúzar establecía los siguientes senadores designados: dos ex presidentes del Senado y dos de la Cámara elegidos por las respectivas corporaciones; dos ex presidentes de la Corte Suprema designados por esta; un ex contralor general de la República designado por el presidente; dos ex rectores de la Universidad de Chile o de las reconocidas por el Estado designados por el Consejo de Rectores; cuatro representantes de la actividad económica particular designados por el Senado, dos de los empleados y dos de los obreros. El texto del discurso de Alessandri y del articulado del proyecto se encuentra en La Nación, 3 de julio de 1964.

98 La comisión tuvo 417 sesiones, algunas secretas, aunque se dejó acta de cada una de ellas. La comisión no redactó el articulado de la nueva Constitución, sino que preparó un informe narrativo que más parecía un ensayo académico de derecho constitucional y teoría política, como lo consideró el presidente del Consejo de Estado, Jorge Alessandri. Este exigió que se entregara una nueva versión, redactada en artículos para ser revisada por este organismo. La Comisión Ortúzar necesitó solo dos meses para cumplir este cometido (Arancibia, Góngora y Vial, 1996: 330-331).

99 Están publicadas las Actas del Consejo de Estado (2008) por Ediciones Centro de Estudios Bicentenario.

100 En su discurso, al constituirse el organismo, sostuvo que las causas de la caída de la democracia eran factores políticos que él había advertido mucho tiempo atrás: «Antes de llegar a la Presidencia de la República, y después como gobernante, advertí públicamente, en múltiples ocasiones y como algo fatal, el colapso inminente de nuestra vida constitucional, si continuaba por el camino que el país venía siguiendo», citado por Boetsch (1998: 163), que lo reproduce íntegramente.

101 Actas del Consejo de Estado, en adelante ACE, (2008: 435).

102 Ibíd., p. 436.

103 El texto del documento de Pedro Ibáñez se adjuntó a las actas por decisión de la sesión siguiente, de 10 de abril de 1979.

104 Ibíd., p. 440.

105 Esta nueva posición se apoyaba en el voto político del congreso de Linares de 1965, redactado por Adonis Sepúlveda, que radicalizaba la línea política del PS, calificando como reaccionario el gobierno de Frei Montalva y llamaba a iniciar una marcha al poder que no se basaría solo en los métodos democráticos tradicionales.

106 Julio Philippi rebatió los planteamientos de Ibáñez, siendo acompañado en ello por Carmona y Figueroa, pp. 439-440.

107 Alessandri sostuvo que «si de él dependiera, suprimiría el sufragio universal, convencido de que son muy pocas las personas capacitadas para intervenir en los problemas de Gobierno», p. 426.

108 Ibíd., p. 444. Cuando se discutió el tema de los senadores designados, González Videla estuvo en su contra, sesión N° 71, 24 de abril de 1979, p. 482.

109 Fueron incorporados a través de Jaime Guzmán, como se observa en un cuidadoso examen de las actas de la comisión (Godoy, 1996).

110 Se explayaron en rechazar la inamovilidad de los comandantes en jefe de las FF.AA. los generales (R) Izurieta y Huerta (Carabineros), el almirante Barros, los consejeros Philippi, Urrutia y Figueroa, ACE, Nº 70, 17 de abril de 1979.

111 ACE, N° 70, 17 de abril de 1979.

112 ACE, Nº 66, de 21 de marzo de 1979, p. 427.

113 Ibídem.

114 Ibíd., p. 429.

115 Ibídem.

116 Añadía que era necesario un período en el que es «indispensable continuar la tarea de unificar lo más posible al pueblo de Chile y procurar el desarme de los espíritus».

117 Está en Textos comparados de la Constitución Política de la República de Chile, Santiago, Instituto de Estudios Generales, 1980, la cita es de p. 139.

118 Alessandri, años más tarde, en un discurso en el Encuentro Nacional de la Empresa, 9 de noviembre de 1983, lamentó que su propuesta no hubiera sido aceptada, pues «hoy estaríamos viviendo en plena normalidad constitucional», citado en Zaldívar (1995: 196).

119 La entrevista con la Junta solicitada por Alessandri no se realizó, sino que encontró a un general Pinochet que lo recibió junto a los periodistas, dando a entender que el viejo político había concurrido a entregarle en persona el informe del organismo que presidía. Alessandri participó en esa ceremonia y «quedó profundamente desalentado y abatido» (Boetsch, 1998: 173). Arancibia, Góngora y Vial (1996: 334), señalan que «quedó profundamente herido».

120 Como le había advertido antes su hermano Fernando, terminó siendo utilizado por Pinochet. La renuncia fue formalizada de una manera muy especial. Le envió al secretario del Consejo de Estado una carta en que adjuntaba la renuncia, que debía ser entregada a Pinochet el 12 de septiembre, siempre que el plebiscito se hubiera ganado. Si se perdía, debía devolverle la carta y esperar nuevas instrucciones (Arancibia, Góngora y Vial, 1996: 335).

121 Alessandri no sorprendió al Gobierno con su planteamiento, pues desde varios meses antes su amigo Eduardo Boetsch había informado al ministro de Hacienda, Sergio de Castro, de las opiniones del ex presidente, pidiéndole que se reuniera con este para escuchar sus críticas, lo que no hizo (Boetsch, 1998: 179 y siguientes). La crítica de Alessandri fue el último motivo que provocó la caída del hasta entonces poderoso ministro de Hacienda.

122 Eliminó un ex ministro de Relaciones Exteriores, un ex embajador y un ex presidente de la Cámara de Diputados.

123 Fernández (1994: 162, nota 8) las calificó como «discrepancias de envergadura».

124 Véase Valenzuela (1998: 158).

125 Esto convirtió al Tribunal Constitucional casi en una tercera Cámara, pues la oposición recurrió a este en numerosas oportunidades cuando fueron aprobados proyectos de leyes que rechazaba. Para un documentado estudio sobre el Tribunal Constitucional, véase Zapata (2008). Desde una perspectiva jurídico-politológica, véase Couso (2011).

126 El texto, sometido a plebiscito fue elaborado por un grupo de trabajo en el Ministerio del Interior, integrado por Mónica Madariaga, ministra de Justicia; el ministro del Interior, Sergio Fernández; el ministro jefe del Estado Mayor Presidencial, general Santiago Sinclair; los cuatro auditores militares, que eran los asesores jurídicos de los miembros de la Junta, Fernando Lyon (Ejército), Aldo Montagna (Marina), Enrique Montero (FACH) y Harry Grunewald (Carabineros), y el secretario de Legislación de la Junta, capitán de navío Mario Duvauchelle. En materias específicas colaboraron algunos ministros, como Miguel Kast, José Piñera y Pablo Baraona. La lista se encuentra en Zaldívar (1995: 192). Una visión distinta, que destaca el papel de Pablo Rodríguez y Hugo Rosende, entrega Valenzuela (1998: nota 9). No hay actas que den cuenta de quiénes fueron los redactores de este articulado.

127 Jaime Guzmán en su documento (revista Realidad, Fontaine A., CEP) consideraba al sufragio universal como un mal menor, ideas que había desarrollado en un largo documento de junio de 1979, «El sufragio universal y la nueva institucionalidad», que se encuentra en la fundación que lleva su nombre.

128 Art. 45 de la Constitución.

129 Disposición 27 transitoria. En caso de que no fuera aprobada, se prorrogaría por un año el período presidencial y el de la Junta de Gobierno, convocándose a elecciones simultáneas de presidente y de parlamentarios dentro de los 90 días posteriores a la expiración de la prórroga antes indicada, de acuerdo a la Disposición 29 transitoria. El ex ministro del Interior se consideraba el autor genuino de la fase de transición, señalando que «el articulado transitorio fue mi aporte principal en esta tarea» (Fernández, 1994: 146).

130 Ella lo ha recordado así: «Una gestión personal de Enrique Ortúzar convenció a la Junta –y primeramente al presidente– de que no era conveniente un solo período presidencial de 16 años, sino que era mejor dividirlo en dos, plebiscito de por medio, con propuesta unipersonal de candidato. Este aspecto histórico es la clave de varios discursos presidenciales que pocos han sabido comprender» (Marras, 1988: 82). El ministro del Interior, Sergio Fernández (1994: 146-147), rechaza esta interpretación y señala que «el presidente era realista y sabía que la ciudadanía no aprobaría su fórmula por la que él gobernara, en total, 23 años».

131 Podía extender este plazo hasta 15 días «si se produjeran actos terroristas de graves consecuencias».

132 Tales medidas las firmaba el ministro del Interior «por orden del presidente de la República» y no eran susceptibles de ser limitadas por los tribunales de justicia, pues no procedían recursos en su contra. Art. 24 transitorio.

133 Una descripción de ella se encuentra en Meller (1996: capítulo 2).

134 Una buena descripción de esta situación se encuentra en Nohlen (1973).

135 El análisis del papel del equipo económico es el objeto del Capítulo VIII. Hay una bibliografía al respecto: Fontaine A. (1988), Silva (1992) y Valdés (1989).

136 En una interpretación que enfatiza la influencia externa, Sergio Bitar (1980: 29) señala que «la racionalidad aparente del modelo [económico] de la Junta Militar no surgió espontáneamente ni nació dentro de Chile. Tuvo su origen fuera de Chile. La escuela de pensamiento de Milton Friedman tuvo una gravitación fundamental para delinear el pensamiento de un pequeño grupo de economistas chilenos (apodados los Chicago boys) que ocupan los principales puestos en el aparato económico».

137 Friedman visitó Chile unos días en marzo de 1975, invitado por el empresario Javier Vial para dar conferencias. Tuvo reuniones con el equipo económico y con Pinochet, a quien le envió después un memorándum con sugerencias para encarar la grave crisis externa producida por la crisis del petróleo y la baja del precio del cobre. Sin embargo, no se debe exagerar la influencia del Premio Nobel en la política económica del régimen militar, de lo que fue acusado después. Como se verá en el Capítulo VIII, las propuestas económicas estaban definidas antes del golpe de Estado y fueron muy determinadas por los conflictos políticos. Friedman relata en sus memorias la visita a Chile y las consecuencias que tuvo en su imagen internacional, especialmente cuando le entregaron el Premio Nobel de Economía. También reproducen el memorándum de Pinochet y su respuesta, junto a documentos escritos por su polémico viaje (Milton y Rose D. Friedman, 1998: capítulo 24 y apéndice A).

138 Milton Friedman era considerado por la segunda generación de los Chicago boys como un economista especializado en temas monetarios, especialmente en el impacto del gasto del Gobierno en la economía, que no era muy útil para ellos, que querían impulsar una transformación económica y política del país. Becker tenía una visión más amplia de la economía, pues se ocupó de múltiples temas que iban más allá de ella, desde la delincuencia hasta el matrimonio y el divorcio.

139 Hay una amplia bibliografía sobre la política económica durante el régimen militar. Véase el libro de su ministro de Hacienda en los años ochenta, Hernán Büchi (1993), Castañeda (1992). Una visión crítica ofrecen Meller (1996), Foxley (1982) y Ffrench-Davis (1999).

140 Ffrench-Davis (1999: 30). Se congeló el tipo de cambio nominal a $39 por dólar.

141 Hay una amplia bibliografía económica sobre estas: Hachette y Lüders (1992), Marcel, (1989), Sáez (1993) y Larroulet (1994, 1996).

142 [Tienen] un pequeño superávit, el que sería muy superior de no mediar los resultados deficitarios de Ferrocarriles del Estado, Soquimich, Enacar y LAN Chile, Exposición sobre el estado de la hacienda pública presentada por el ministro de Hacienda, Sr. Sergio de Castro, Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, enero 1978, p. 8.

143 «El Estado, en su rol empresarial, deberá cautelar que los marcos institucionales que garanticen el funcionamiento de sus empresas, corporaciones y bancos se desenvuelvan con niveles de eficiencia propios de una economía competitiva. Lo anterior será la garantía de una consolidación jurídica del manejo administrativo que se ha realizado durante estos años de Gobierno en estas instituciones y que han dado un balance claramente positivo». Exposición sobre el estado de la hacienda pública, 1978, p. 17.

144 De estas, 325 eran firmas industriales intervenidas y 18 instituciones financieras. Fueron intervenidas por el Gobierno de la Unidad Popular haciendo uso del Decreto Ley N° 520, promulgado por la República Socialista en 1932.

145 Representaban el ciento por ciento de los servicios públicos, sobrepasando el 85 por ciento de los servicios financieros y la minería (Hachette y Lüders, 1992: 18).

146 Sobre los grupos económicos, Dahse (1979).

147 Los enormes problemas que tuvo que enfrentar un exitoso empresario durante el Gobierno de la Unidad Popular y a comienzos del régimen militar son muy bien relatados por uno de ellos: Platovsky Stein (1997: capítulo 12).

148 Hachette y Lüders (1992: 19).

149 En términos tales que «sólo cinco [grupos] controlan el 36 por ciento de las 250 mayores empresas y el 53 por ciento del patrimonio de estas. «(A) partir de 1974 se ha producido una espectacular concentración de la propiedad de capitales productivos y que, además, la recuperación económica para los grupos económicos se logró mucho antes de lo que se afirma oficialmente, ya que el patrimonio global de las empresas que controlan prácticamente se duplicó en el período 69/78» (Dahse, 1979: 96). Una lista de las principales empresas de los grupos económicos se encuentra en este libro.

150 Abundante información al respecto en Fontaine A. (1988). Volveremos sobre este importante documento en el Capítulo VIII.

151 Un análisis de las causas que explican la lentitud para superar la crisis económica en Ffrench-Davis (1999: capítulo II), a quien seguimos en las páginas que siguen.

52 La recuperación del reajuste del 10,8 por ciento, quitado a los jubilados por el ministro de Hacienda Hernán Büchi en 1986, constituyó una de las banderas de la oposición en la campaña presidencial de 1989.

153 Las principales decisiones del cambio económico se tomaron en los primeros meses del régimen, comenzando por la libertad de precios y cambiaria.

154 Otro destacado Chicago boy, Pablo Baraona, asumió como ministro de Economía.

155 El «gremialismo», a través de Miguel Kast, lanzó la idea de que a finales de los años ochenta no quedarían pobres. «Vaticinio del ministro Miguel Kast: en ocho años no quedará ni un pobre en Chile», Las Últimas Noticias, 4 de noviembre de 1980.

156 Frente a las altas tasas de interés, los bancos otorgaban a sus deudores nuevos créditos para pagar los intereses, lo que provocó que las colocaciones crecieran un 38 por ciento real por año entre 1976 y 1981 (Ffrench-Davis, 1999: 187).

157 La desocupación en la construcción alcanzó el 35 por ciento en marzo de 1982 y saltó a la increíble tasa de 62,2 por ciento en la encuesta del trimestre de invierno, algo inédito en la historia económica de Chile desde que existían estadísticas de empleo (Meller, 1996: 198).

158 De Castro propuso derogar el salario mínimo para encarar el desempleo, lo que criticó el ministro secretario general de la Presidencia, general Santiago Sinclair, y el entonces ministro de Minería, José Piñera, que planteó que no resolvería el problema del desempleo y que traería problemas políticos (Fontaine A., 1988:153-54). Piñera había esperado hacía tiempo cerrarle el paso a De Castro, que se había opuesto a que fuera ministro de Economía en 1978. Arancibia Clavel y Balart Páez (2007: cap. IX) cuenta este episodio, que también involucró a la Marina, negándose el almirante Merino a derogar el salario mínimo. Volveremos sobre esto en el Capítulo VIII.

159 «Uno de los pilares de la política de De Castro se desmoronaba y, con él, una parte de la credibilidad del Gobierno» (Fernández, 1994: 187).

160 Excluyendo al Banco del Estado (Arellano, 1983: 48).

161 Pinochet perdió la paciencia con los grupos económicos, y esto se tradujo en medidas de cárcel en contra de los responsables de la quiebra de los bancos. Fueron detenidos, entre otros, Javier Vial y uno de sus principales asesores, Rolf Lüders, que había sido ministro de Hacienda y Economía.

CAPÍTULO VI

LA ORGANIZACIÓN DEL PODER POLÍTICO

1 Estas ideas eran de Jaime Guzmán, como reconocen algunos de sus amigos. Véase Universidad Finis Terrae, Índice general de videos sobre historia contemporánea de Chile 1973-1990, Santiago, Centro de Documentación de Historia Contemporánea, 1994, p. 52.

2 Artículo 2° del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, 24 de marzo de 1976, reproducido en Clarín, 25 de marzo de 1976. Para más documentación, véase Troncoso (1984); Saavedra (1984). El texto del Estatuto también se encuentra en Blaustein y Zubieta (1998: p. 103).

3 Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, Art. 2.1.

4 Ibíd., art. 3.4.1.

5 «Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo Nacional y Comisión de Asesoramiento Legislativo», 24 de marzo de 1976, arts. 1, 3 y 4.

6 Declaración de Principios de la Junta de Gobierno, 11 de marzo de 1974, el texto se reproduce en El Mercurio, 12 de marzo de 1974; las frases en cursiva están tomadas del original.

7 El principal redactor de este documento fue Jaime Guzmán, muy ligado a Portada y que, además, formó parte del comité editorial de Qué Pasa, como se analizará en el Capítulo VII.

8 Declaración de Principios; cursivas en el original.

9 El D.L. N° 128, de noviembre de 1973, estableció que la Junta tenía las facultades legislativas, constituyentes y ejecutivas. Su texto se encuentra en (1980: 143-144).

10 Esto ha sido documentado por la periodista Mónica González (2000).

11 Una interpretación opuesta, que resalta la autoridad de la Junta de Gobierno y que reduce la magnitud del poder de Pinochet, hace su autor: «Los miembros de la Junta se dieron cuenta temprano de la necesidad de establecer normas de procedimiento para regular las relaciones entre ellos y prevenir que alguno de ellos alcanzara una dominación absoluta, así como también para gobernar eficazmente. Esta regulación implicó la introducción voluntaria de la separación de funciones legislativas y ejecutivas para prevenir su fusión en Pinochet. Al establecer estas normas de procedimiento, la Junta se puso al resguardo de la dictadura absoluta de cualquiera de sus miembros», Barros (1996: 227).

12 El primer ministro de Hacienda fue el vicealmirante Lorenzo Gotuzzo. El texto del programa se reproduce en «El Ladrillo». Bases de la política económica del Gobierno militar chileno, Centro de Estudios Públicos, 1992.

13 Fue nombrado el contraalmirante Ismael Huerta, que a comienzos de 1973 había sido por algunas semanas ministro de Obras Públicas en el Gobierno del Presidente Allende.

14 Hubo evaluaciones diferentes de ambos en relación a la visita a Filipinas en marzo de 1980. Fue propuesta por el vicecanciller, el general Enrique Valdés, y desaconsejada por el ministro Hernán Cubillos (1978-1980). Para un buen análisis de la participación del Ejército en la Cancillería, véase Muñoz (1986, cap. III); el conflicto entre Valdés y Cubillos y el incidente de Filipinas se analizan en pp. 44-54.

15 Convocó, entre otros, a los abogados Julio Tapia Falk, que será después rector de la Universidad de Chile, y a Jorge Ovalle, profesor de derecho constitucional y miembro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. En los primeros días uno de ellos fue Jaime Guzmán, quien pronto lo abandonó para asesorar a Pinochet.

16 Sobre el surgimiento del COAJ: Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989). Me he referido al COAJ y su desarrollo en el Capítulo III.

17 Los coroneles Gastón Frez y Luis Danús, en la Universidad de Chile.

18 El coronel Horacio Toro, en la Universidad Católica.

19 D.L. N° 991, de 1976. Estuvieron los ex diputados Gustavo Alessandri Valdés y Fernando Maturana, Ernesto Pinto Lagarrigue, ex ministro de Jorge Alessandri, y William Thayer, ex ministro de Eduardo Frei. También la integraba el catedrático de derecho constitucional Jorge Ovalle, Anales de la República (1986: 669).

20 Fueron los generales César Raúl Benavides (1981-1985), Julio Canessa (1985-1986), Humberto Gordon (1987-1988) y Santiago Sinclair (1988-1990).

21 La I Comisión fue asignada a la Armada y se ocupó de los temas constitucionales, más Economía, Fomento y Reconstrucción, Hacienda y Minería; la II Comisión correspondió a la FACH y tuvo a su cargo Educación, Justicia, Salud y Trabajo y Previsión Social; la III Comisión fue entregada al Cuerpo de Carabineros y tuvo a su cargo los proyectos de leyes correspondientes a los ministerios de Agricultura, Obras Públicas, Bienes Nacionales y Vivienda y Urbanismo; la IV Comisión fue —como se señaló— del Ejército y se encargó del estudio de los proyectos de leyes de los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Transporte y Telecomunicaciones.

22 Los casos más excepcionales fueron los miembros de la Armada, Aldo Montagna y Mario Duvauchelle, que fueron colaboradores de la función legislativa desde el golpe de Estado y permanecieron en las Comisiones Legislativas hasta el fin del régimen militar. Entre los civiles se incorporaron algunos políticos.

23 Es la versión que entregó a la periodista Florencia Varas (1979).

24 El ex presidente Aylwin recuerda que fue Leigh el más duro de los miembros de la Junta en la reunión con la directiva del PDC, citada por aquella, efectuada en diciembre de 1973: «Tan pronto terminé, tomó la palabra el general Leigh, quien literalmente nos subió y nos bajó. Exponiendo en tono áspero los antecedentes por los cuales ellos consideraban que nosotros, a partir del Gobierno del presidente Frei —a quien parecía culpar especialmente— éramos tan responsables de lo sucedido como los comunistas y socialistas, nos dijo de manera terminante que debíamos entender que las Fuerzas Armadas harían un Gobierno no político y que la política estaba prohibida en Chile. Salimos de esa entrevista bastante deprimidos y con la impresión de que Pinochet era el más tratable y racional de los cuatro miembros de la Junta. Recuerdo haberle oído a Eduardo Frei que el cardenal Silva opinaba lo mismo», Aylwin (1998: 53).

25 A fines de 1977 atacó a una funcionaria del Servicio de Impuestos Internos, acusándola de ser de izquierda y de estar saboteando la labor del Gobierno, lo que fue rechazado por el director de la entidad, quien defendió su profesionalismo: «En Impuestos Internos hay un bellaquito que dirige un departamento, creo de Investigaciones Tributarias, que durante la UP se especializó en investigar a toda la gente anti UP [y] hoy día sigue investigando a la gente anti UP. Tengo nombres, casos y ejemplos». AHJG, Nº 323A, 19 de octubre de 1977.

26 Se consideró el bombardeo al palacio presidencial solo en la eventualidad de que el presidente Allende «se resistiera»: Whelan (1993: 439).

27 Los consejos de guerra fuera de Santiago estuvieron a cargo del Ejército y se caracterizaron por una relativa benevolencia, lo que fue objetado por el general Pinochet, que a comienzos de octubre encargó al general Sergio Arellano acelerar su tramitación y endurecer las penas, lo que motivó el surgimiento de la llamada «caravana de la muerte», como se analizó en el Capítulo II.

28 Bonilla declaró molesto: «Yo, como ministro del Interior, no sé quién está preso en Chile. Cada servicio, cada institución toma por su cuenta las cosas y no avisa». Dio como ejemplo el caso de un periodista suizo que resultó estar detenido por orden de la Fiscalía de la FACH, AHJG, Acta Nº 111, 11 de abril de 1974.

29 Hay un documentado libro sobre el Comando Conjunto; González y Contreras (1991).

30 Dentro de esa institucionalidad del terror, el Comando Conjunto derivó en una entidad «moderada» en su estilo con los detenidos, pues mientras una detención por efectivos de la DINA implicaba la muerte, existía la posibilidad de sobrevivir si se caía en manos de esta organización de la FACH. Los choques entre la DINA y el Comando Conjunto son relatados en Cavallo, Salazar, Sepúlveda (1989: 141-142).

31 Esta idea era compartida por el almirante Merino, mientras que Pinochet guardaba silencio. A fines de enero de 1974, aquel declaró: «El señor ministro del Interior, como jefe del gabinete, tiene la obligación de hacer presente a los ministros, en forma muy drástica, que tenemos necesidad de informaciones sobre hechos realizados por los personeros del régimen anterior. El delito más grave, que abarca a la mayor cantidad de gente, es el de malversación de caudales públicos, y no hay un solo ministerio que no tenga a alguien que haya cometido este delito», AHJG, Nº 76, 21 de enero de 1974. La evaluación respecto al estado de las investigaciones sobre los supuestos actos de corrupción cometidos por altos funcionarios del Gobierno de Allende fue tratada nuevamente en la sesión Nº 91, de 12 de febrero de 1974, en que se informó lo realizado por el Consejo de Defensa Fiscal (hoy Consejo de Defensa del Estado). En esa oportunidad se acordó que los servicios de inteligencia de las FF.AA. cooperaran con el consejo en acelerar el trabajo. En definitiva, estas investigaciones no llegaron a los resultados buscados, por no haberse encontrado las «pruebas».

32 El Cuerpo de Carabineros debía investigar, entre otras, la formación de grupos guerrilleros, y el Consejo de Defensa Fiscal vería las irregularidades administrativas. Leigh planteó que cada una de las ramas de la defensa nacional y el consejo deberían nombrar fiscales, los que en un breve plazo de 30 o 45 días entregarían los resultados «sobre los cargos que han encontrado», AHJG, Nº 111, 11 de abril de 1974.

33 El 21 de septiembre de 1973 «se entrega al señor ministro de Defensa Nacional una lista de todos los refugiados políticos que están en la Embajada argentina y que fue obtenida por el señor general Leigh». Se añade que «ha tenido conocimiento de muy buena fuente de que algunos funcionarios de la Embajada argentina estarían efectuando actividades no gratas para el actual Gobierno chileno», AHJG, Nº 7, 21 de septiembre de 1973, puntos 4 y 5.

34 Leigh citó un discurso de Leighton en la ciudad de Módena, aclarando que «eso es lo que dice el señor que desea volver a Chile», AHJG, Nº 139A, 24 de julio de 1974.

35 La preocupación por «lo social» de Leigh se puede seguir en la prensa. Hay una larga carta que envió al semanario, Qué Pasa, Nº 159, 10 de mayo de 1974, p. 11; véase los editoriales de Qué Pasa, Nº 157, 26 de abril de 1974, «Desarrollo social y libertad económica»; Nº 176, 6 de septiembre de 1974, «Desarrollo social»; Nº 185, «Una política coherente y estable», 31 de octubre de 1974; «Año del desarrollo social», Nº 196, 23 de enero de 1975; «El costo social», Nº 214, 29 de mayo de 1975. Véase también «75, año social», Nº 197, 30 de enero de 1975, pp. 32-34.

36 Las opiniones de Sergio de Castro sobre este tema se encuentran en Universidad Finis Terrae, Índice general de videos sobre historia contemporánea de Chile 1973-1990, Santiago, Centro de Documentación de Historia Contemporánea, 1994, video Nº 20, pp. 51-53.

37 Se reproduce en Varas (1979: 159-165). Algunas semanas después Leigh envió un memorándum a Pinochet desarrollando estas ideas; ibíd, pp. 153-157.

38 Hay entrevistas del general Leigh que dan alguna información sobre su posición política; Hugo Mery, «General Leigh: la imagen nacionalista», Ercilla, Nº 2020, 17 al 23 abril de 1974, p. 21-25; «Habla el general Leigh. En un año, otro país», Qué Pasa, 17 de septiembre de 1974, pp. 32-35; «El general Leigh recuerda y opina», Qué Pasa, Nº 330, 18-24 de agosto de 1977, pp. 6-9. Véase también el artículo «El pensamiento de Leigh», Qué Pasa, Nº 363, 30 de marzo-5 de abril de 1978, pp. 6-7.

39 El general Matthei ha entregado una detallada descripción del conflicto del general Leigh contra el general Pinochet, relatando también su protagonismo en el momento más difícil de las relaciones entre la Fuerza Aérea y el régimen militar (Arancibia Clavel y De la Maza Cave, 2003). Véanse también Fernández (1994) y Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989).

40 Según lo establecía el artículo 8°, la participación de la Junta en la gestión de Gobierno se había expresado en la designación del personal diplomático y en el hecho de que los ministros daban cuenta de su gestión al respectivo jefe de arma y no a Pinochet.

41 El decreto habría producido molestia en el Consejo de Almirantes convocado por Merino para darle cuenta de su texto, y en el Consejo de Generales de la FACH; Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989: 31).

42 La cartera cumplía funciones administrativas, pues la dirección de cada rama estaba a cargo del respectivo comandante en jefe, que era miembro de la Junta de Gobierno.

43 Fue sucedido en ese cargo por Pablo Baraona, un economista del equipo que preparó «El Ladrillo».

44 El general Matthei relata diversas reuniones en las cuales el almirante Merino contradice a Pinochet y lo tutea (Arancibia Clavel y De la Maza Cave, 2003).

45 Pinochet recurrió a la legitimidad histórica para justificar este cambio de gran alcance político al establecer en el considerando 3 del decreto que «es preciso mantener la tradición histórica nacional en cuanto a la denominación de quien ejerce el Poder Ejecutivo, dentro de los marcos de acción orgánica que le fijan tanto la Constitución Política del Estado cuanto el Estatuto de la Junta de Gobierno, especialmente por el hecho de que en numerosas leyes y reglamentos preexistentes aparece la denominación de presidente de la República».

46 Había convocado a autoridades a una ceremonia formal en el edificio Diego Portales para asumir solemnemente el cargo de presidente. Leigh da su versión en Varas (1979: 59-60).

47 AHJG, Nº 262, 19 de marzo de 1976. Administrativamente debía funcionar hasta ese momento a través del Ministerio del Interior, lo que era engorroso para su funcionamiento.

48 Durante el debate en la Junta de Gobierno esto fue planteado con claridad por los impulsores de la iniciativa: «Las personas deben reunir requisitos de confiabilidad absoluta, siendo necesaria la separación inmediata ante la más leve sospecha de infiabilidad o de comportamiento dudoso... Los cargos son de exclusiva confianza del presidente de la República, norma que permite separar de sus cargos a los funcionarios con amplia libertad», AHJG, Nº 262, 16 de marzo de 1976.

49 Aclaración de Mónica Madariaga, ante lo que la asesora legal de Carabineros le acota que eso es una repetición del D.L. N° 502, AHJG, N° 262, 16 de marzo de 1976.

50 Había sido miembro del Partido Radical, lo que era importante debido a la política anticomunista que tomó entonces al promover la Ley de Defensa de la Democracia en 1948, que puso al PC fuera de la ley, persiguiendo a sus dirigentes.

51 Con ocasión de la Oración por la Paz en la Gratitud Nacional el 18 de septiembre de 1973, Alessandri y el ex presidente Gabriel González Videla se acercaron a saludar a los miembros de la Junta; el ex presidente Eduardo Frei Montalva no lo hizo, lo que irritó a sus miembros. Este se había negado inicialmente a concurrir por estimar que implicaría una muestra de apoyo a la Junta, pero lo hizo a petición del cardenal Silva Henríquez, quien deseaba que lo acompañara; Memorias del cardenal Raúl Silva Henríquez (1991, tomo II: 290).

52 En abril de 1975 el ex presidente Frei había roto su silencio político y publicado una dura crítica al régimen y a su política económica en un opúsculo titulado El mandato de la historia y las exigencias del porvenir (1975). Su publicación fue autorizada por el régimen militar, temiendo que el rechazo provocara mayor impacto público, especialmente a nivel internacional.

53 Texto del discurso en El Mercurio, 12 de septiembre de 1975, la cita es de p. 28.

54 D.L. N° 1.319, de 9 de enero de 1976, reproducido en Ordenamiento constitucional (1980: 65-69).

55 Copia de la carta se encuentra en el archivo de la Fundación Frei. Fue publicada por El Mercurio, 3 de enero de 1976. Un breve resumen de la carta se encuentra en Ercilla, 7 de enero de 1976, p. 10, «Declaración del ex presidente Frei». El Gobierno ignoró su rechazo.

56 «Este consejo, además, carece de toda iniciativa para promover debates; su función es meramente consultiva, oírlo no es trámite obligatorio para ningún efecto, y, con excepción de los ex presidentes de la República, sus miembros son designados y pueden ser removidos a voluntad por el jefe del Estado», carta de Frei.

57 Ibídem.

58 Véase la amplia entrevista en La Tercera de la Hora, 3 de junio de 1976, pp. 6-7, en que fundamenta la aceptación y su alejamiento del PDC. La designación que hizo Pinochet de los militantes del PDC en el Consejo de Estado puede entenderse como una represalia contra Frei.

59 Era un destacado abogado laboralista y profesor universitario, y al momento del golpe era rector de la Universidad Austral de Valdivia. El otro importante personero del PDC que trabajaba en esos momentos en el Gobierno, Jorge Cauas, no había alcanzado el protagonismo partidista de Carmona y Thayer, y solo tuvo responsabilidades técnicas en el partido y en el Gobierno de Frei. Había sido vicepresidente del Banco Central. Véase el interesante estudio de Undurraga Vergara (1995).

60 Sus miembros fueron los ex presidentes Jorge Alessandri y Gabriel González Videla; Héctor Humeres, ex contralor general de la República; Enrique Urrutia M., ex presidente de la Corte Suprema; los ex comandantes en jefe Óscar Izurieta M., del Ejército; Ramón Barros G., de la Armada y Renato García, de la FACH; el ex general director de Carabineros Vicente Huerta C.; Juan de Dios Carmona; Hernán Figueroa Anguita, ex embajador; Juvenal Hernández, ex rector de la Universidad de Chile; Enrique Ortúzar, ex profesor universitario de ciencias jurídicas; Carlos Cáceres, ex profesor de una Facultad de Ciencias Económicas; Julio Philippi I., representante de las actividades profesionales colegiadas, que había sido ministro de Alessandri; Pedro Ibáñez, representante de la actividad empresarial, fue senador del Partido Liberal; el dirigente sindical Guillermo Medina, representante de la actividad laboral; Mercedes Ezquerra B., representante de las mujeres, y el gremialista Juan Antonio Coloma, representante de la juventud. William Thayer reemplazó a Juvenal Hernández después de su muerte.

61 El exilio habría afectado fuertemente a su madre, a la que se sentía muy ligado afectivamente, Arancibia, Góngora y Vial (1996: 109-113).

62 Alessandri se lamenta de que «sus dictámenes han ido a parar a otras comisiones o simplemente han sido archivados» y «sus esfuerzos no han servido para nada». «La influencia de este organismo en la marcha de los acontecimientos es insignificante o nula. Como muestra, recuerda lo ocurrido con los informes sobre legislación laboral, que no han sido tomados en cuenta para nada»; Acta del Consejo de Estado (ACE), sesión Nº 73, 15 de mayo de 1979.

63 Asumió en enero de 1977. Para la política exterior de la nueva administración, Schoultz (1981).

64 El laudo fue entregado en mayo de 1977, favoreciendo a Chile al reconocer su soberanía sobre las tres islas del canal Beagle. Este fue acogido de inmediato por el Gobierno chileno, pero el argentino guardó silencio hasta rechazarlo formalmente el 25 de enero de 1978. Hay un informativo libro sobre este incidente en relación a los militares argentinos del periodista Passarelli (1998).

65 Pinochet sufrió directamente los efectos del aislamiento internacional del régimen, pues no se pudo quedar a la entronización de Juan Carlos como rey de España. Diversos jefes de Estado de los países europeos amenazaron con no asistir a la ceremonia si él permanecía en España. Esta amarga experiencia la refleja en sus memorias en una crítica al rey Juan Carlos: «De la ceremonia en el Palacio de las Cortes guardo un sentimiento de dolor, pues cuando habló S.M. el rey Juan Carlos I no tuvo ni una frase de reconocimiento para el Generalísimo Franco ni para la familia de este. Fue un gesto de ingratitud que no se aviene con la hidalguía española», Pinochet Ugarte (1990: 104).

66 He analizado la transición española, Huneeus (1985 A).

67 La DINA respondía a una petición del Estado Mayor de la Presidencia respecto a evaluar un documento del CISEC del Centro Bellarmino, de la Compañía de Jesús, sobre la juventud. Véase Rojas Sánchez (1998, tomo I: 230).

68 «Opinión. Solución chilena para una experiencia chilena», Qué Pasa, Nº 237, 6 de noviembre de 1975.

69 «Opinión. ¿Faltan 119 chilenos?», Qué Pasa, Nº 225, 14 de agosto de 1975, p. 9.

70 «Las comunidades religiosas han presentado un lamentable espectáculo con su organismo de defensa de los derechos humanos, el Comité Pro Paz, permitiendo que se politizara, que influyeran en su dirección elementos de la ex Unidad Popular y que por último su labor —inicialmente loable— se desvirtuara en aspectos decisivos, que llegaron hasta una colaboración directa al violentismo marxista-leninista y a su propaganda exterior antichilena», «Opinión. Una política de derechos humanos», Qué Pasa, Nº 241, 9 de diciembre de 1975, p. 5. Aludía al incidente en el que algunos sacerdotes defendieron a miristas que huyeron al ser atacados por la DINA en noviembre de 1975.

71 Esto provocó que agentes de la DINA se propusieran secuestrar al entonces director de la revista, Jaime Martínez Williams, el 2 de julio de 1977.

72 «Editorial. Votación en la N.U.», Qué Pasa, Nº 239, 20 de noviembre de 1975, p. 5. Véase también el editorial «Los derechos humanos: ataque y defensa», Qué Pasa, Nº 237, 6 de noviembre de 1975, p. 8, en que se alude a un preinforme de Naciones Unidas, que es crítico del estado de los derechos humanos, y el editorial «Derechos humanos, una vez más», Qué Pasa, Nº 291, 18 de noviembre de 1976, sosteniendo que se debe informar a la opinión pública sobre lo que ocurre en el país y que sean los tribunales los que decidan la privación de libertad. Este editorial aparece cuando se discute el Informe Allana en las Naciones Unidas sobre el estado de los derechos humanos en Chile.

73 Castillo Velasco era un destacado dirigente del PDC, ex ministro de Eduardo Frei, y desde el comienzo del régimen militar se había dedicado a defender a los detenidos; Velasco Letelier era militante del Partido Radical y había sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Este ha publicado un libro relatando este episodio (Velasco Letelier, 1986), incluyendo las intervenciones de los abogados que lo defendieron ante la Corte de Apelaciones, Patricio Aylwin, y quien defendió su expulsión, Hugo Rosende, decano de Facultad de Derecho. El libro reproduce la carta que él y Castillo Velasco enviaron a ministros de Relaciones Exteriores que participaban en la reunión de la OEA en Santiago.

74 «Opinión. Por qué una carta perjudica a Chile», Qué Pasa, Nº 269, 17 de junio de 1976, p. 5.

75 «[En la carta] no se sugiere nada, ninguna medida concreta, ni la mayor compatibilización entre las necesidades de la seguridad nacional y las exigencias de los derechos humanos».

76 «Los obispos y el amparo», Qué Pasa, Nº 279, 28 de agosto de 1976.

77 «El once y la evolución política», Qué Pasa, N° 281, 9 de septiembre de 1976, las cursivas son nuestras.

78 «Opinión. Trabas al retorno a la normalidad», Qué Pasa, Nº 322, 23 de junio de 1977, p. 5.

79 «Opinión. El once y la evolución política», Qué Pasa, Nº 281, 9 de septiembre de 1976, p. 4.

80 Acusa el «pertinaz rechazo del receso político» por parte del PDC, partido que constituye «una realidad social ineludible»; «Opinión. La activa DC», Qué Pasa, Nº 344, 17 al 23 de noviembre de 1977, p. 5.

81 «Opinión. El poder presidencial», Qué Pasa, Nº 283, 23 de septiembre de 1976, p. 5.

82 «El Gobierno y el régimen», Qué Pasa, Nº 351, 6 de enero de 1978, pp. 16-19. La cita es de p. 19. Véase también «Opinión. El presidente abrió el camino», Qué Pasa, Nº 279, 28 de agosto de 1976, p. 5.

83 AHJG, 6 de octubre de 1976, sesión Nº 284, p. 22.

84 Este nuevo rumbo político fue también una especie de respuesta al Gobierno de Jimmy Carter y permitía prevenir «golpes sorpresivos de la Administración estadounidense —en manos de Carter desde enero anterior—», aseguró el contralor y luego ministro del Interior, Sergio Fernández (1994: 15).

85 Era ministro del Trabajo desde 1976. Tuvo un importante rol político cuando fue designado contralor a finales de 1977 para ratificar la decisión de Pinochet de convocar a la consulta, que había sido rechazada por el anterior contralor, Héctor Humeres. Se necesitaba que el decreto que convocaba al acto electoral fuera tramitado por la Contraloría para que tuviera valor legal. La entonces ministra de Justicia, Mónica Madariaga, provocó la salida del contralor, acelerando el expediente de jubilación de Humeres, nombrándose a Fernández como sucesor, quien de inmediato dio curso al decreto presidencial.

86 Fernández era abogado de la Caja Bancaria de Pensiones, cuyo fiscal era el padre de uno de los más estrechos amigos y colaboradores de Kast, Ernesto Silva Bafalluy.

87 Así se lo indicó el recién llegado nuncio, Angelo Sodano, comentándole que «más parece un discurso de ministro del Interior que de contralor»; Fernández (1994: 22).

88 El texto se encuentra en El Mercurio, 6 de abril de 1978.

89 «Ministro Fernández propone gabinete al presidente Pinochet», con el subtítulo «S.E. precisó que la consecución de la nueva institucionalidad estará en manos de una sola persona: el ministro del Interior», El Mercurio, 14 de abril de 1978, p. 1, y Pinochet afirmó: «Tal como cuando implementé las medidas económicas entregué en manos de un solo ministro la responsabilidad de cumplir los planes económicos, igualmente ahora la nueva institucionalidad debe estar en manos de una sola cabeza que vaya orientando su accionar hacia ese camino».

90 «Sergio Fernández, nuevo ministro del Interior», La Tercera, 13 de abril de 1978, p. 11. El general Pinochet declaró: «He decidido nombrar ministro del Interior al señor Sergio Fernández para lograr con ello una mayor integración civil en el Gobierno. Al mismo tiempo, encomendarle, como jefe del gabinete, el cumplimiento y aplicación de todas las medidas conducentes al avance a la nueva institucionalidad». Agregó que «al señor ministro del Interior le voy a encargar también la misión de proponerme, dentro de 48 horas, cuál podría ser la composición del nuevo gabinete, que él va a encabezar...»; «Superministro es ex contralor», La Tercera, 14 de abril de 1978, p. 2; «“Superministro Fernández” elogió equipo para nueva etapa», La Tercera, 15 de abril de 1978, p. 1; «Sergio Fernández: “El premier” chileno», Qué Pasa, Nº 366, 20 al 26 de abril de 1978, p. 5.

91 Fernández señala que le pidió a Pinochet «la libertad para nombrar a algunos colaboradores, lo que este aceptó de inmediato» (1994: 28).

92 La información de El Mercurio mostraba que los nombres originalmente entregados eran falsos, correspondiendo los verdaderos a Michael Townley, de nacionalidad estadounidense, y al capitán de Ejército Armando Fernández Larios.

93 Sobre el «caso Letelier», véase el libro del fiscal norteamericano en este: Propper y Branch (1984).

94 Los demás ministros siguieron en sus carteras. El ministro del Interior saliente, general César Raúl Benavides, fue trasladado a Defensa, reemplazando al general Herman Brady.

95 Había llegado a ser teniente de la Marina; era hijo de un contraalmirante que había sido embajador en el Brasil en los primeros años del régimen militar, cuando las relaciones con este país fueron muy importantes para el régimen militar chileno.

96 También salió el ministro de Economía, Pablo Baraona, siendo reemplazado por Roberto Kelly, ministro de Odeplan, quien fue sucedido por Miguel Kast.

97 Fue durante algunos días candidato a presidente de la FEUC por la lista de la DC en 1968, que fue retirada para que se apoyara al candidato del Movimiento 11 de Agosto.

98 «Cauas no es político. Sergio de Castro es un técnico de gran personalidad e ideas rigurosas, pero carente de la flexibilidad del político. El político del sector económico es José Piñera. Valiente, duro de piel, artillado para los tiempos de crisis, constituye una versión imaginativa e inquieta del político»; Fontaine A. (1988: 184).

99 En un acto ante tres mil dirigentes sindicales durante la campaña del plebiscito, Piñera declaró que «en 1990 Chile será un país desarrollado», El Mercurio, 28 de agosto de 1980, citado por Fontaine A. (1988: 140).

100 Varios ministros habrían tratado de convencer a Pinochet de mantenerlo en el cargo, incluyendo los de Interior y de Hacienda; también intercedió en su favor el director de la CNI, Odlanier Mena, sin éxito; Fernández (1994: 133).

101 Pinochet aprovechó el incidente, pues a su regreso se le hizo una recepción multitudinaria, que sirvió de antecedente a sus asesores para convocar a un plebiscito de la Constitución sabiendo que contaban con la capacidad de movilización para ganarlo: «El espectáculo de aquella tarde me confirmó —como a muchos otros— en el convencimiento de que el Gobierno contaba con un apoyo incontrarrestable. El plebiscito era posible y ganable. Tendría ocasión de invocar más tarde este argumento; en esa medida, el “filipinazo” fue un factor favorable para la institucionalización»; Fernández (1994: 130).

102 Hacia finales de 1986 se contabilizaban 36 cambios de gabinete: «36 cambios ha tenido el gabinete en 11 años», El Mercurio, 6 de noviembre de 1986.

103 Los gabinetes de Franco los he tomado de Von Beyme (1971: 128-129). Un análisis de las orientaciones políticas de los ministros en De Miguel (1975).

104 Fernando Léniz fue nombrado ministro de Economía a comienzos de octubre, y el abogado Gonzalo Prieto Gándara fue designado como titular de Justicia.

105 Relaciones Exteriores, Patricio Carvajal; en Educación continuó el contraalmirante Hugo Castro; en Vivienda y Urbanismo, el contraalmirante Arturo Troncoso; y en Odeplan, el capitán de Navío (R) Roberto Kelly.

106 Interior, Defensa, Minería, Transporte y Telecomunicaciones y la Secretaría General de Gobierno. Incluimos esta última a pesar de que no tenía legalmente rango de ministerio, el que recibió recién en 1976.

107 Salud, general Francisco Herrera; Trabajo y Previsión Social, general Nicanor Díaz Estrada; subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y Obras Públicas, general Sergio Gutiérrez, que continúa del primer gabinete.

108 Justicia, Bienes Nacionales y Agricultura.

109 Sobre la ASEP, véase Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989: capítulo 11, «El misterio de la ASEP»).

110 Este fue el caso de la Universidad Católica, de la que se expulsó a numerosos profesores de izquierda y de la DC, situación analizada en el Capítulo II.

111 Es designado embajador en EE.UU. sin saber que se tendría que enfrentar con el asesinato de Orlando Letelier por efectivos de la DINA.

112 La he analizado en Huneeus (1985).

113 Continuó en este un Chicago boy, Carlos Cáceres.

114 Fue antes subsecretario de la Vivienda y asesor jurídico de la Secretaría de la Presidencia.

115 Uno de ellos fue Pablo Longueira, que era presidente de la UDI de la Región Metropolitana.

116 Volveremos sobre esto en el Capítulo XII.

117 Esta es la crítica que formula Von Beyme (1971: 29).

118 La representación «proporcional» en el gabinete no tiene una significación matemática, con una expresión en puestos de Gobierno de acuerdo al peso político de cada rama de las Fuerzas Armadas y de los grupos civiles, sino que tiene una relevancia cualitativa, que daba más posiciones de poder al Ejército y los Chicago boys y los «gremialistas», que eran los dos grupos más influyentes. Esta práctica del «cuoteo» se aplicó en los gobiernos democráticos desde 1990 y es frecuente en los presidencialismos de coalición (Huneeus, 2014), por lo cual no se debe considerar como una novedad en la política chilena, que habría sido una «institución informal», que sería una de las claves del éxito de la democratización chilena, como argumenta el politólogo estadounidense Peter Siavelis (2006).

119 Actuaron a través del diario La Tercera de la Hora.

120 Sobre esta organización, véase el relato de quien fuera uno de sus dirigentes, Fuentes W. (1999).

121 Hugo Rosende, ex diputado del Partido Conservador y destacado profesor de derecho civil en la Universidad de Chile, colaboró con el régimen, actuando ante los tribunales cuando la oposición presentó recursos de amparo por la detención de personas. Fue decano de la Facultad de Derecho (1976-1983) y siguió asesorando al Gobierno. Apoyó iniciativas que fortalecían el poder de Pinochet y mantuvo distancia con los «gremialistas» y los Chicago boys. También fue visto como «duro» Francisco Javier Cuadra, ministro de la Secretaría General de Gobierno.

122 Universidad Finis Terrae, Índice general de videos sobre historia contemporánea de Chile, p. 53.

123 El ex presidente Hugo León Puelma fue ministro de Obras Públicas (1975 y 1979).

124 Los ex presidentes de la SNA Alfonso Márquez de la Plata y Jorge Prado Aránguiz, que fueron ministros de Agricultura en 1977-1980 y 1982-1987, respectivamente.

125 El más radicalizado fue Carlos Podlech, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Trigo, que fue expulsado del país. Sobre los empresarios en la crisis de 1982-1983, Campero (1991).

126 La lista de todos los ministros, junto a una breve información biográfica de cada uno de ellos se encuentra en el folleto Las ideas, los hombres, las obras, 1973-1980 (1990). Hasta el plebiscito de 1988 es muy útil el cuadro «Los ministros y la evolución del régimen», El Mercurio, 23 de octubre de 1988, p. D2. No he incluido en el cálculo a los ministros vicepresidentes de Corfo, ni al ministro secretario de Energía, que tuvieron tal rango, lo que habría aumentado el número de titulares castrenses.

127 Sergio de Castro entró como subsecretario de Economía de Fernando Léniz en marzo de 1973, comenzando desde el inicio del régimen como asesor de este; Hernán Büchi fue dos veces subsecretario —13 meses de Economía antes de la crisis y dos años de Salud, 1981-1983—; Miguel Ángel Poduje fue menos de un año el subsecretario de la Vivienda (1983-1984) antes de asumir como titular de esta cartera.

128 El general Pinochet era sensible a las presiones de los grupos de poder. El grupo Qué Pasa promovió el alejamiento de los militares de las carteras de Interior y Relaciones Exteriores en el segundo «Gobierno» de Pinochet; «los duros» forzaron el alejamiento de los ministros Hernán Cubillos, de Relaciones Exteriores, y Gonzalo Vial, de Educación, en 1979-1980.

129 Los ex senadores del PN Sergio Diez Urzúa, Francisco Bulnes Sanfuentes y Sergio Onofre Jarpa, fueron designados embajadores en las Naciones Unidas, Perú y Colombia, respectivamente. Un ex senador del PDC, Juan de Dios Carmona, fue designado en el Consejo de Estado, instancia que, como vimos antes, careció de importancia. Posteriormente fue embajador en España. Otro ex DC, William Thayer, también fue integrado a este consejo, para luego asumir el cargo de embajador en la Unesco.

130 Jarpa impulsó la política de apertura, que significó una liberalización del autoritarismo, que se analiza en el Capítulo X.

131 Miguel Schweitzer Speisky, en Justicia (1975-1977); Hugo Gálvez, en Trabajo, 1983-1984; Luis Escobar Cerda, en Hacienda, 1984-1985. Hubo otros funcionarios del Gobierno de Alessandri que llegaron a ser ministros como Carlos Granifo, que fue director de la Corporación de la Vivienda, Corvi; el subsecretario de Justicia, Jaime del Valle, y Samuel Lira Ovalle, subsecretario de Minería en 1962.

132 Véanse los antecedentes biográficos entregados por Osorio y Cabezas (1995).

133 En el movimiento Conciencia, Compromiso y Revolución (CCR), de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Después de finalizar sus estudios hizo un posgrado en Economía en la Universidad de Columbia, Estados Unidos.

134 Fue director de Iansa, la Compañía de Teléfonos, Endesa y la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP). Seguimos a María Olivia Mönckeberg, «Los hilos que mueve Büchi», Crónica dominical, La Época, 13 de marzo de 1988, pp. 8-9. Su experiencia en las empresas públicas le servirá después para ser el decidido impulsor de la privatización de estas.

135 Mantuvo los directorios de CAP y Endesa mientras era subsecretario, siendo nombrado presidente del directorio de Endesa en 1981, Memoria Endesa 1982, p. 10.

136 Sergio de Castro nació en 1930 y Miguel Kast en 1948.

137 Fue presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Economía y después secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) en 1970-1971, como se analiza en el capítulo siguiente.

138 Hay un interesante libro sobre su carrera política; Lavín (1986).

CAPÍTULO VII

LA ÉLITE CIVIL: EL «GREMIALISMO» Y EL PAPEL DE JAIME GUZMÁN

1 Usamos el concepto de Chehabi y Linz (1998).

2 «Bajo la dictadura de Stroessner, el Partido Colorado fue el mejor organizado del país y constituyó una persistente y sólida base de apoyo político al Gobierno»; Abente (1995: 307).

3 Tan relevante es su papel que algunos autores llaman a este orden político de «partido único» y que Huntington y Moore (1970) reconocen en el título del libro que editaron. Más recientemente, Brooker (1995) titula su libro sobre las dictaduras en el siglo XX identificándolas como de partido único.

4 De ser un partido político, la Falange se convirtió después en una organización menos ideológica y con una estructura más débil, el Movimiento-Organización; Juan J. Linz, «From Falange to Movimiento-Organización, The Spanish Single Party and the Franco Regime, 1936-1968», en Huntington & Moore (1970); Stanley G. Payne (1999); Richard Gunther (1980).

5 Declaración de Principios de la Junta de Gobierno, 11 de marzo de 1974, p. 25.

6 Después del plebiscito de 1980 convocó a sus adherentes a organizarlo a través de las municipalidades, pero la idea fue rechazada por sus más cercanos colaboradores civiles.

7 Valdivia (2006) ha investigado los orígenes y desarrollo de la Secretaría de la Juventud.

8 Jaime Guzmán fue persistente en este discurso contra la oposición y el PDC en particular, el partido más importante, cuyo protagonismo desmentía el discurso del régimen de que la oposición estaba dominada por marxistas. Hasta criticó la homilía del cardenal Raúl Silva Henríquez en la misa de difunto por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, al que le unía una antigua y estrecha amistad. Jaime Guzmán, La Segunda, enero de 1982.

9 En la Universidad de Chile, la intervención fue moderada, pues el primer rector delegado, general (R) César Ruiz Danyau, admitió que la gestión académica siguiera recayendo en los decanos, sin convocar a asesores de derecha, impulsando solo una moderada intervención de las facultades y escuelas. El «gremialismo» alcanzó influencia en el movimiento estudiantil, pues era el único grupo que apoyaba al régimen y tuvo el respaldo de la Secretaría de la Juventud. Esto le permitió controlar la Fecech, organización estudiantil que agrupaba a los centros de estudiantes. Sin embargo, la mayor influencia en la derecha la tuvieron los sectores que venían del Partido Nacional, que antes del golpe se habían opuesto a la entrada del «gremialismo» en la Universidad de Chile. Durante la apertura en los años ochenta, esos sectores se organizaron en la Unión Nacional, que se analiza en el Capítulo XI.

10 Sobre la participación de Guzmán en la Comisión Ortúzar y su esfuerzo por imponer en ella la tutela militar, véase Godoy (1996).

11 A través de un representante de la juventud, que inicialmente fue Arturo Fontaine Talavera y después Juan Antonio Coloma.

12 Su cierre se explica por las dificultades económicas del medio por la salida de Sergio Fernández del Ministerio del Interior y el impacto de la apertura, que produjo el surgimiento de nuevas revistas. En 1983, su consejo de redacción estaba formado por el arquitecto Carlos Alberto Cruz, Sergio Gutiérrez Y., Hernán Larraín, Ernesto Illanes, Jaime Guzmán, el publicista Manfredo Mayol y el Chicago boy Juan Ignacio Varas. Su representante legal era Pablo Longueira. Véase Realidad, Nº 55, diciembre 1983.

13 Trabajando en una agencia de turismo, su madre lo educó a él y sus dos hermanas.

14 No se ha estudiado la importante influencia de este sacerdote en la derecha chilena. Ha sido olvidado por sus seguidores en los años sesenta y comienzos de los setenta Ninguno de ellos colaboró en el libro de homenaje a sus noventa años preparado por la Universidad Adolfo Ibáñez, Padre Osvaldo Lira. En torno a su pensamiento. Homenaje a sus 90 años (1994).

15 Rosario Guzmán Errázuriz (1992: 49-50 y 85).

16 A una de sus hermanas le hace un emocionado y largo recuento del asalto de las tropas del Gobierno republicano al Alcázar de Toledo, en poder de los sublevados «después del levantamiento de España contra el Gobierno republicano-comunista de Madrid», durante la Guerra Civil, con la conversación telefónica entre el general Moscardó y su hijo, que es uno de los mitos de la revuelta franquista; Guzmán Errázuriz (1992: 88-89).

17 En su último año escolar, Guzmán escribió en la Revista Escolar de su colegio. Por ejemplo, «¡Viva Franco, arriba España!», al que nos referiremos más adelante, Revista Escolar, vol. 54, Nº 436, 1962, pp. 15-18; «GOA: Un inicuo atentado a la historia y al derecho», Revista Escolar, N° 437, 1962, pp. 13-14; «Don Pablo Correa da Brito. Revolución y contrarrevolución, bolchevización de Brasil», Revista Escolar, N° 437, 1962, pp. 7-8, y «La tradición y su permanente valor», Revista Escolar, N° 438, 1962, p. 86. Agradezco al profesor Renato Cristi (Wilfried Laurier University, Canadá), por haberme proporcionado esta documentación.

18 «La Providencia Divina salvó a España, y el Movimiento Nacional triunfó en 1939, quedando como Caudillo de España el Generalísimo Francisco Franco Bahamonde»; Jaime Guzmán, «¡Viva Franco, arriba España!», Revista Escolar, vol. 54, Nº 436, 1962, pp. 15-18, la cita es de p. 16.

19 Ibíd., p. 16.

20 Ibíd., p. 18.

21 Es lo que se conoció como el «nacional catolicismo». Un buen resumen de este hace Payne (1984, cap. 7). Hay traducción al castellano de editorial Planeta.

22 Agradezco a Cristián Gazmuri haberme llamado la atención sobre esta posición de Guzmán y a Renato Cristi por proporcionar los artículos.

23 Jaime Guzmán, «Socialización en “Mater et Magistra”», Fiducia, año II, N° 8, mayo 1964, p. 3; «El diálogo, la socialización y la paz utilizados como slogans de la revolución», Fiducia, año III, N° 17, mayo-junio 1965, pp. 10-11.

24 Guzmán conservó su religiosidad aunque transformada en una actividad complementaria a la capacitación política de los adherentes del «gremialismo». Durante el régimen militar impartió cursos de religión como complemento a la formación política de estos, cautivándolos por sus conocimientos teológicos.

25 Critica al Gobierno de Frei por establecer relaciones diplomáticas con algunos países socialistas. Jaime Guzmán, «Comentando... Relaciones diplomáticas con los países comunistas», Fiducia, año II, Nº 13, noviembre de 1964, p. 9.

26 Argumentó que la DC promovía la lucha de clases y rechazaba la propiedad privada, por lo que terminaría de la mano con el socialismo; Jaime Guzmán: «El capitalismo y los católicos de tercera posición», Fiducia, año III, Nº 20, 1965, pp. 4-5.

27 Este cambio muestra el pragmatismo de Guzmán, que dio resultados, pues el «gremialismo» ganó las elecciones.

28 La adhesión al corporativismo de Guzmán antes del golpe era conocida entre sus amistades, como reconoce Juan Carlos Méndez en Universidad Finis Terrae, Índice general de videos sobre historia contemporánea de Chile 1973-1990, Santiago, Centro de Documentación de Historia Contemporánea de Chile, 1994, p. 52. Verónica Valdivia (2006; 2013) tiene una interpretación diferente, pues resalta la influencia de la experiencia política de Guzmán desde el Gobierno de Frei en la definición de sus ideas y práctica política. No lo desconocemos, pero Guzmán tiene como punto de referencia la dictadura de Franco, sus discursos y los escritos de intelectuales y políticos de ese régimen, hasta en la nomenclatura que utiliza, como «el Frente Juvenil de Unidad Nacional», inspirado en el Frente de Juventudes del régimen de Franco. Con la muerte del dictador y la transición y consolidación de la democracia, Guzmán dejará de referirse a España en sus numerosos escritos periodísticos y políticos.

29 Renunció a Patria y Libertad junto con Eduardo Boetsch por estar en desacuerdo con el adiestramiento paramilitar a sus militantes (Fuentes W., 1999: 126).

30 El término del régimen de Franco fue seguido después por el fin de algunas dictaduras militares en América Latina, marcaron el final de la época dorada de los autoritarismos en la región y dando origen a procesos de democratización conocidos como «la tercera ola»; Huntington (1991). El mejor estudio sobre esas democratizaciones continúa siendo el de Linz y Stepan (1996).

31 Guzmán aceptó el voto porque las alternativas al sufragio universal eran peores. Esta fue la primera ocasión en que explícitamente rechazó el fascismo y las versiones corporativistas de la política.

32 «Don Jorge con la juventud», Ercilla, 1 de febrero de 1984, p. 12; «Jorge Alessandri: su pensamiento político», Ercilla, 18 de diciembre de 1985, p. 12; «90 años de don Jorge», La Tercera de la Hora, 18 de mayo de 1986, p. 2; «Don Jorge: un espíritu superior», La Tercera de la Hora, 7 de septiembre de 1986, p. 2; «Alessandri y una lección muy actual», La Tercera de la Hora, 28 de diciembre de 1986, p. 2; «El consejo y la confianza de don Jorge», La Tercera de la Hora, 18 de enero de 1987, p. 2. También incluyó diversos artículos en su columna en el diario La Segunda; por ejemplo, «Otra lección de don Jorge», 2 de diciembre de 1983; «En torno al mensaje de don Jorge», 27 de enero de 1984, y «La principal obra de Don Jorge», 6 de septiembre de 1985.

33 Guzmán recogía la experiencia de los jóvenes católicos que a comienzos de los años cuarenta rompieron con el Partido Conservador y crearon la Falange Nacional, que se desarrollará hasta convertirse en el principal partido de Chile, el PDC. De alguna manera quería ser alternativa a la DC, por lo que son comprensibles sus constantes ataques a esta durante el régimen militar. Describió al PDC situado en la izquierda y aliado del marxismo, que promovía la lucha de clases y difundía promesas utópicas que perturbaban el desarrollo político.

34 Hay un estudio sobre sus ideas políticas; Cristi (2000).

35 Dos libros recogen sus principales artículos periodísticos, que son útiles para conocer su pensamiento político; Guzmán Errázuriz (1992) y Rojas, Achurra y Dussaillant (1995). Sus principales escritos políticos se reproducen en Estudios Públicos, Nº 42, otoño 1991, pp. 251-570.

36 Estos elementos del pensamiento de Guzmán fueron matizados por sus lecturas de algunos pensadores liberales admirados por los Chicago boys, como Hayek, según le contó a Pamela Constable y Arturo Valenzuela (1991: 190, nota 62). Sin embargo, es altamente probable que nunca leyera a Hayek. Los volúmenes de sus obras completas de su biblioteca, que están en la fundación que lleva su nombre, no fueron consultados, pues las hojas están sin separación. Guzmán leía poco porque tenía dificultades debido a su miopía, lo que le llevó a depender de las lecturas de amigos y colaboradores que le ayudaron.

37 Principalmente en un diario vespertino, muy identificado con el régimen militar –La Segunda– y en un matutino de circulación nacional, La Tercera de la Hora. Además, tuvo una columna semanal durante varios años en la revista Ercilla, desde que esta fuera comprada por empresarios gobiernistas en 1977. Era entrevistado regularmente por el semanario Qué Pasa.

38 Esto lo he analizado en Huneeus (1973 A) .

39 La Falange Nacional (después Democracia Cristiana) surgió por iniciativa de jóvenes estudiantes universitarios; también fue el caso del MAPU a fines de los años sesenta, surgido de una división del PDC. Revolución Democrática, que preside el diputado Giorgio Jackson, elegido en las elecciones de 2013, surgió del movimiento estudiantil de la Universidad Católica, habiendo sido antes presidente de la FEUC. También es el caso de la Izquierda Autónoma, un movimiento que no se ha constituido como partido, que encabeza el diputado Gabriel Boric, elegido en la misma oportunidad, ex presidente de la FECH (Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile).

40 En las elecciones presidenciales retiraron el apoyo al candidato común del Partido Radical, Julio Durán, como consecuencia de la derrota en una elección complementaria, pasando a respaldar a Eduardo Frei para impedir el triunfo del abanderado de la izquierda, Salvador Allende. En las elecciones parlamentarias de 1965, los partidos de derecha obtuvieron solo el 12,5 por ciento de los votos, eligiendo 13 diputados de 120 y ningún senador. Al año siguiente se fusionaron, creando el Partido Nacional, junto al movimiento Acción Nacional, dirigido por Jorge Prat.

41 En la Escuela de Derecho el «gremialismo» debía coexistir con la juventud del Partido Nacional, mientras que en la Escuela de Economía era la única organización derechista. Abarcó estudiantes de extrema derecha, como Alan Cooper, que integraba el grupo de choque del movimiento y participó en el intento de secuestro del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, en octubre de 1970, quien resultó muerto. Véase «Los autores del crimen político 30 años después», La Tercera, Reportajes, 15 de octubre de 2000, pp. 10-12.

42 La Juventud Demócrata Cristiana (JDC) había radicalizado sus posiciones bajo el liderazgo de otro joven egresado de la Universidad Católica, el sociólogo Rodrigo Ambrosio, quien adhirió al marxismo y simpatizó con algunos conceptos de Lenin sobre la revolución, criticando duramente al Gobierno por «reformista». Ambrosio obtuvo la presidencia de la JDC en 1967 acompañado, entre otros, por Enrique Correa, Juan Enrique Vega y Jaime Gazmuri, quienes fueron posteriormente presidentes de la JDC hasta la ruptura del PDC y la formación del MAPU en 1969. Ingresaron a la Unidad Popular, formaron parte del Gobierno de Allende y con posterioridad ingresaron al Partido Socialista. Todos eran ex alumnos de la UC. He estudiado esto en Huneeus (1973 A).

43 La Democracia Cristiana Universitaria (DCU) de la Universidad Católica no apoyó al «11 de Agosto» por representar a «los rebeldes» de la JDC que iban a abandonar el PDC para unirse con la izquierda. La primera presentó una lista a las elecciones de la FEUC encabezada por el estudiante de economía José Piñera. Fue retirada días antes de las elecciones a petición de Bernardo Leighton, por lo que muchos DC votaron nulo o blanco. El desarrollo político confirmó las aprensiones de la DCU, pues seis meses después de abandonar el PDC, los «rebeldes» crearon el MAPU, presentándose como «la izquierda» en las elecciones de la FEUC. En las elecciones de la FEUC de 1969, el gremialismo triunfó con el estudiante de derecho, Hernán Larraín, acompañado en la Secretaría General por Miguel Kast, y en las de 1970, ganó la lista encabezada por el estudiante de construcción civil Tomás Irarrázabal. El equipo que se impuso en las de 1971 estuvo compuesto por Atilio Caorsi como presidente, Felipe Lamarca como vicepresidente y Javier Leturia como secretario general. Este último fue elegido presidente de la FEUC en las elecciones de 1972.

44 El PDC se dividió a comienzos de mayo de 1969, surgiendo el MAPU. Esta división produjo un drástico debilitamiento de la DCU, que en las elecciones de la FEUC realizadas meses después obtuvo apenas el 13 por ciento de los votos, mientras que el MAPU alcanzó el 44 por ciento, siendo derrotado estrechamente por el «gremialismo». La DCU logró recuperarse en las elecciones siguientes, llegando al 27 por ciento en 1972.

45 En las elecciones de 1972 ganaron la Federación de Estudiantes (FEUC-V) con Juan Carlos Bull; Guzmán (1992: 44).

46 Esta expansión del «gremialismo» se debió en gran parte al liderazgo de Guzmán y a la debilidad de la juventud del Partido Nacional, que solo tenía presencia organizativa en algunas escuelas de la Universidad de Chile. Tampoco tenía una figura de alcance nacional que pudiera competir con Guzmán. El senador Francisco Bulnes Sanfuentes, militante del PN, invitó a jóvenes «gremialistas» a acompañarlo en la elección senatorial de 1969 en Concepción, participando activamente Guzmán en su campaña, lo que le ayudó después a crear el Movimiento Gremial en la Universidad de esa ciudad.

47 Este hecho fue emblemático en la historia del golpe de Estado porque encarnó la protesta de los trabajadores contra un Gobierno de izquierda. Los mineros marcharon a Santiago en señal de rechazo al Gobierno y la FEUC recibió a centenares de manifestantes en la universidad, dándoles alimentación en medio de una aparatosa intervención de los dirigentes estudiantiles en favor de este sindicato y los trabajadores del cobre. Véase el relato que se hace en un artículo de la revista de FEUC de ese momento, Presencia, reproducido por González Pino y Fontaine (1997, tomo 2: 1255-1262). El movimiento huelguístico fue dirigido por el sindicalista Guillermo Medina, que luego fue miembro del Consejo de Estado del régimen de Pinochet.

48 La responsabilidad de personalidades «gremialistas» fue difundida por algunos medios de comunicación. La cooperativa «fue creada y manejada por connotados exponentes del movimiento «gremialista» y que funcionaba dentro de esa misma casa de estudios: sus oficinas estaban en el mismo campus Oriente. No solo eso: captaba ahorros de la propia UC, provenientes de las matrículas y otros ingresos, y concedía créditos con interés a los estudiantes para que continuaran sus carreras. Tras una poca feliz gestión financiera y administrativa, un grupo de ahorrantes se querelló por estafa. Pertenecían al directorio de La Familia Alberto Hardessen, vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, y Hernán Larraín, vicerrector de Comunicaciones de la UC. Otros socios eran Javier Leturia, Tomás Irarrázabal, jefe de gabinete del ministro del Trabajo de la época, Sergio Fernández, y otros. Fueron detenidos y encargados reos Hardessen y Cristián López»; Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989: 157).

49 Los presidentes de la FEUC siguieron después actuando en política. Ernesto Illanes ha sido dirigente de la UDI, llegando a pertenecer a su Tribunal Supremo. Tomás Irarrázabal (1970-1971) es concejal por Lo Barnechea. Las excepciones fueron Atilio Caorsi, elegido en 1971, y Miguel Allamand (1975-1976).

50 Con la llegada de la democracia fue dos veces candidato a diputado (1989 y 1993), siendo el único de los dirigentes «gremialistas» de antes del golpe que ha sido derrotado en las elecciones.

51 Domingo Arteaga (1979-1980) fue candidato a diputado por el distrito 22 en las elecciones de 1993, sin conseguirlo. Coloma fue también miembro del Consejo de Estado en representación de la juventud y fue elegido secretario general de la UDI en 1998. Chadwick fue funcionario de Odeplan, llegando a ser su fiscal en 1987 y, después de ser diputado por dos períodos, fue elegido senador en 1997.

52 Después se apartó del «gremialismo». Fue durante casi treinta años director del influyente Centro de Estudios Públicos (CEP), que había sido creado en 1980 por empresarios y personalidades del equipo económico de Pinochet, y ejercería una enorme influencia después de la inauguración de la democracia, especialmente durante el Gobierno del presidente Ricardo Lagos (2000-2006). El surgimiento y desarrollo del CEP lo analizo en Huneeus (2014: 234-238).

53 Desde la inauguración de la democracia ha sido director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo, el principal centro de apoyo a los parlamentarios de oposición.

54 Los dirigentes «gremialistas» de los centros de alumnos también tuvieron un activo protagonismo durante el régimen militar. Jovino Novoa, presidente del Centro de Derecho, fue subsecretario general de Gobierno para el plebiscito de 1980, siendo después presidente de la UDI y elegido senador por Santiago en 1997. Carlos Bombal, dirigente del Centro de Derecho, fue jefe de gabinete del rector-delegado de la UC, director regional de la Secretaría Nacional de la Juventud y alcalde de Santiago. En 1989 fue elegido diputado por esta ciudad y en 1997 senador.

55 Llegó a ser el segundo hombre de la universidad cuando fue nombrado vicerrector académico. En 1993 fue elegido senador de la UDI, fue su presidente (2006-2008) y fue elegido nuevamente en 2015.

56 Los militares chilenos conocían, probablemente a través de sus colegas brasileños, el clásico estudio sobre la institucionalización política de un politólogo que influyó en estos: Huntington (1968). Hay una amplia bibliografía que critica este concepto, porque descuida el análisis de los aspectos negativos de la institucionalización, para lo cual me remito a Kesselman (1970).

57 De ahí el énfasis de Guzmán en apoyar la aprobación de una Carta Fundamental, pues esta le ponía límites a la autoridad del general Pinochet, como expresa en diversos editoriales: «11 de marzo: Ante nueva etapa jurídico-política», editorial de Realidad, Nº 22, marzo de 1981, p. 4; «El camino político en debate», Realidad, Nº 10, marzo de 1980, pp. 9-12; «Alcances de una declaración ministerial», Realidad, Nº 12, mayo de 1980, pp. 11-13; «Ante una decisión política trascendental», Realidad, Nº 15, julio de 1980, pp. 3-5; «Transición: compromiso y desafío», Realidad Nº 23, abril de 1981, pp. 3-7.

58 Los editoriales de Realidad son insistentes en situar en una misma posición a los opositores y «los duros». La versión más explícita se hace en «Dos frentes antagónicos contra la Constitución», Realidad, Nº 24, mayo de 1981, pp. 3-7.

59 La versión más amplia de su posición sobre la transición la desarrolló en el artículo «Jaime Guzmán: «El sentido de la transición», Realidad, Nº 38, julio de 1982, pp. 9-28. Véase también el editorial «Transición: importancia y exigencias», Realidad, Nº 41, octubre de 1982, pp. 3-6.

60 Entró a colaborar con la Junta de Gobierno como asesor del general Leigh, que fue el más influyente en las primeras semanas. Integró un organismo informal de asesoría política al ministro del Interior, César Raúl Benavides, conocida como la ASEP, que «sería con el tiempo el corazón, el cerebro y la piel del Gobierno»; Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989: 111).

61 Guzmán tuvo el cuidado de guardar los manuscritos de los discursos que escribió, junto a la versión final leída por Pinochet, que en muchos casos es la misma. Algunos ejemplares se encuentran en la fundación que lleva su nombre.

62 «Los ocho caracteres fundamentales del Estado nuevo», Qué Pasa, Nº 193, 2 de enero de 1975, pp. 42-43, y la cita es de p. 43. El título del artículo tiene una reminiscencia franquista: el «Estado nuevo», un término muy usado en el régimen de Franco.

63 «Los ocho caracteres...», p. 43.

64 «Para mí la distinción entre autoritarismo y totalitarismo tiene gran relevancia conceptual, porque un régimen totalitario es siempre ilegítimo, mientras que uno autoritario será o no legítimo según su justificación, su eficacia y el rumbo ético que adopte... Considero que el actual Gobierno de Chile, siendo autoritario, es legítimo»; Jaime Guzmán, «Discrepo de Alfredo Etcheberry», La Segunda, 29 de mayo de 1981.

65 La posición de Guzmán sobre los derechos humanos la he tomado de Rojas, Achurra y Dussaillant (1996: capítulo 5).

66 Hay un interesante estudio sobre el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad, Lowden (1996).

67 Ocurrió el 15 de junio de 1989, en una reunión con universitarios del pensionado Cardenal Caro, «Jaime Guzmán acusa a Manuel Contreras», Análisis, Nº 285, 26 de junio al 2 de julio de 1989, pp. 26-27. Véase también Patricia Verdugo, «Jaime Guzmán, entre dos fuegos», Apsi, Nº 382, 6 al 21 de abril de 1991, pp. 22-23.

68 El documento es de 26 de julio de 1976 y fue solicitado para evaluar una publicación sobre la juventud del Centro Bellarmino, perteneciente a la Congregación de los Jesuitas, y la cita se encuentra en Rojas Sánchez (1998, tomo I: 229).

69 Véase la entrevista realizada por la periodista Blanca Arthur, El Mercurio, Cuerpo D, 10 de marzo de 1991. Fue reproducida después en el boletín de la Fundación Jaime Guzmán, octubre 1998, pp. 1-6.

70 «Líderes políticos de cara al futuro: Jaime Guzmán», Estudios Públicos, Nº 42, otoño de 1991, p. 534.

71 En una larga carta que le envió Claudio Orrego Vicuña, ex diputado del PDC, protestando por un artículo aparecido en El Mercurio el 29 de noviembre de 1974, le enrostra su silencio ante las violaciones a los derechos humanos: «¿Para qué decir nada de los derechos humanos? ¿Hasta cuándo se insiste en el engaño de querer negarlo, cuando cada vez hay más evidencias de las violaciones que a diario se cometen? Tú mismo has intervenido, generosamente, en varios casos que me constan y sin ningún éxito. ¿Hasta cuándo seguir entonces tratando de engañarnos a nosotros mismos ya que no podemos engañar al mundo?». Carta de 29 noviembre de 1974. Agradezco a Valentina Larraín, viuda de Orrego, haberme proporcionado este documento.

72 Carta del presidente del Colegio de Arquitectos, Pastor Correa Prats, 15 de noviembre de 1979, y la gestión fue en favor del arquitecto Miguel Lawner, lo que se dio en un momento en que el nivel de coerción era bajísimo y la CNI, que había sucedido a la disuelta DINA, tenía un disminuido perfil. La carta se encuentra en la FJGE.

73 Sobre el papel de la Iglesia católica durante el régimen de Pinochet, véase el excelente estudio de Smith (1982).

74 Sus críticas se dirigieron en contra del secretario de la Conferencia Episcopal, Carlos Camus, obispo de Linares. El 30 de septiembre de 1975 fue grabada una reunión privada de este con periodistas extranjeros, en que reconoció que en el Comité Pro Paz colaboraban algunas personas de izquierda. Esto fue publicado en la prensa con carácter de escándalo para demostrar que este organismo estaba controlado por los marxistas, siendo duramente atacado por Guzmán y la prensa, especialmente el semanario Qué Pasa y el diario La Segunda.

75 El 2 de noviembre de 1975 descubrieron a uno de los miristas prófugos en la casa del sacerdote Gerardo Whelan, de la Congregación de la Santa Cruz, a quien arrestaron; también fueron detenidos otros dos sacerdotes, Rafael Maroto y Fermín Donoso. La DINA disparó contra la casa de los padres columbanos donde estaban escondidos otros miristas, que fueron atendidos por la doctora británica Sheila Cassidy. Murió una empleada y detuvieron a Cassidy, quien fue torturada, lo que motivó la condena del Gobierno de Gran Bretaña, que retiró al embajador, siendo reanudadas las relaciones varios años después, cuando Margaret Thatcher asumió el Gobierno; Muñoz (1986: 103).

76 El 7 de noviembre, el padre Cariola ingresó a la Nunciatura a uno de los miristas prófugos y después logró que el embajador de Costa Rica recibiera al jefe del MIR, Andrés Pascal.

77 El cardenal Silva Henríquez (1994, vol. III: 77) defendió la acción de los sacerdotes en sus memorias, sosteniendo «el mandato del Evangelio es inequívoco» en dar protección a la vida.

78 Fue transmitido el 7 de noviembre y su texto se encuentra en «Los claros conceptos del abogado Jaime Guzmán», La Segunda, 11 de noviembre de 1975, p. 5.

79 Pese a la censura de prensa, hubo espacio para que se apreciara la firme posición de la Iglesia a través de algunos titulares: «Arzobispado advierte que Jaime Guzmán podría ser excomulgado», La Tercera de la Hora, 12 de noviembre de 1975, p. 10; «Amenaza el cardenal. ¡Excomunión!», Las Últimas Noticias, 12 de noviembre de 1975, p. 7, que reproduce la larga declaración de este; «Amenaza con la excomunión» fue el titular de La Segunda, 11 de noviembre de 1975. El sesgo de la prensa en contra de los sacerdotes es muy evidente en estos medios, que los califica como «curas promarxistas»; «Jaime Guzmán y el problema de los curas promarxistas» e «Italia desea contacto con curas extremistas», Las Últimas Noticias, 12 de noviembre de 1975, p. 6.

80 El texto parcial de la declaración del Arzobispado, dada a conocer por su Departamento de Opinión Pública, se reproduce en Qué Pasa, Nº 238, 13 de noviembre de 1975, p. 13.

81 La carta se encuentra en la FJGE.

82 La respuesta de Guzmán está en el artículo «El marxismo es el enemigo común de Chile y de la Iglesia»; se reproduce en La Segunda, 13 de noviembre de 1975, p. 6.

83 Estos se presentaron a la justicia, y fueron interrogados; no entregaron la información que se les requería y después fueron detenidos.

84 Otra iniciativa en contra de la Iglesia fue la prohibición establecida por el jefe de la zona de estado de emergencia de la tradicional peregrinación anual de la Virgen del Carmen del 8 de diciembre.

85 El concepto de legitimación y sus fuentes se analizaron en el Capítulo V.

86 D.L. N° 1.385, de 29 de marzo de 1976. En cuanto a su estructura, se establece que habrá un ministro, un subsecretario y los directores de las divisiones, que serán de la exclusiva confianza del presidente de la República (art. 2°). Anteriormente había actuado a través del Ministerio del Interior.

87 Su planta fue fijada por el D.L. N° 502, de 7 de junio de 1974. El D.L. N° 2.826, de 1979, no introdujo mayores modificaciones a la planta, pues solo se limitó a incluir nuevas categorías de cargos y redujo en 16 cargos la planta administrativa para satisfacer los requerimientos de control del gasto público exigido por el Ministerio de Hacienda.

88 Art. 10 del D.S. Nº 11, de 30 de noviembre de 1976.

89 Mensaje presidencial del 11 de septiembre de 1979.

90 Fueron conocidas como «las damas de rojo», por el color del uniforme que usaban.

91 Mensaje presidencial 1976, p. 100.

92 Mensaje presidencial 1977, p. 133.

93 Ibíd., p. 133.

94 Mensaje presidencial 1979, pp. 135-136.

95 Este es el tema del clásico estudio de Germani (1970).

96 Una copia de veinte páginas, sin título, se encuentra en la FJGE y el capítulo final se refiere a la Secretaría Nacional de la Juventud.

97 Ibíd., p. 10.

98 Ibíd., p. 1.

99 Ibídem, pp. 15-16.

100 Ibíd., p. 16.

101 Mensaje presidencial 1975, p. 105.

102 Mensaje presidencial 1976, p. 89.

103 Ibíd., p.104.

104 Ibíd., p. 77. En 1979 se proyectaba capacitar a siete mil jóvenes, lo que era un número bastante alto; Mensaje presidencial 1979, p. 131. Los campamentos de verano organizados por la Secretaría de la Juventud permitieron a los «gremialistas» reunir a los mejores dirigentes provenientes de todo el país, oportunidad en la que fortalecían la cohesión a través de la convivencia social y de una sutil labor de capacitación política. Estos campamentos se convirtieron en una importante iniciativa, consiguiendo que el general Pinochet concurriera a su clausura, lo que confirmaba su satisfacción con el trabajo de la Secretaría de la Juventud.

105 Mensaje Presidencial 1980, p. 136.

106 En 1974 incluyó solo a los mejores egresados de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas.

107 Véase Sáez (1988).

108 Palabras de Javier Leturia, «Un respaldo cívico al Gobierno», Qué Pasa, Nº 281, 9 de septiembre de 1976, p. 7.

109 «Jaime Guzmán habla del Frente Juvenil», Qué Pasa, Nº 281, 9 de setiembre de 1976, pp. 8-10, la cita es de p. 9.

110 Véase Qué Pasa, Nº 281, 9 de septiembre de 1976, pp. 7-8.

111 Véase la entrevista de Patricia Verdugo al «coordinador» del frente, Javier Leturia, «Trasluz. Las ideas del joven Leturia», Ercilla, 1 de septiembre de 1976, pp. 21-25, la cita es de p. 22.

112 «Frente Juvenil: Un respaldo cívico al Gobierno», Qué Pasa, Nº 281, 9 de septiembre de 1976, pp. 6-8. También estaba el publicista Manfredo Mayol, gerente general de Televisión Nacional.

113 Las analogías eran significativas para el Gobierno: fue una batalla en que un reducido contingente de soldados chilenos prefirió morir antes que entregarse a las fuerzas enemigas, inmensamente superiores en número. Era el sentido que se le daba a la «guerra contra el comunismo».

114 Llevaba el nombre del soldado más joven muerto en el combate de La Concepción.

115 Para desgracia de sus organizadores, los preparativos y el desarrollo del evento fueron empañados por el mal tiempo, que llevó a los jóvenes a protegerse en unos camarines. Hay alguna información de prensa, «Hoy queda instituido el Día de la Juventud», La Segunda, 10 de julio de 1975, con la lista de los jóvenes que participaron en el acto.

116 Entre ellos estaban animadores de TV, deportistas, personalidades del mundo del espectáculo y un gran número de jóvenes gremialistas, entre los que se encontraban Francisco Bartolucci, Juan Antonio Coloma, Fernando Barros, Joaquín Lavín, Luis Cordero y Patricio Melero. La lista completa en «Los 77 del recuerdo», La Tercera de la Hora, 10 de julio de 1977, p. 5. También se hizo un acto de masas en Valparaíso, con la participación de más de cuatro mil jóvenes de la V Región, «Impresionante fue el acto en Valparaíso», La Tercera de la Hora, 10 de julio de 1977, p. 4.

117 «La juventud, futuro de Chile, marchó a la cita con el recuerdo de los héroes», La Tercera de la Hora, 11 de julio de 1975, que anota que «la ceremonia fue sobria y breve, y el agua que cayó con fuerza durante todo el acto empapó por igual a los muchachos, al presidente y a los secretarios de Estado que los acompañaban».

118 Leturia condenó «la suicida debilidad de las grandes democracias contemporáneas, que permitiendo la infiltración del enemigo comunista, avanzan hacia un abismo que ya ha cerrado para siempre la puerta de la libertad a tantas naciones del mundo». El texto se encuentra en «La juventud, futuro de Chile, marchó a la cita con el recuerdo de los héroes», La Tercera de la Hora, 11 de julio de 1975.

119 Las citas se encuentran en «La juventud....», La Tercera de la Hora, 11 de julio de 1975.

120 Véase Noelia Miranda, «Contrapunto. El apoyo al presidente», La Segunda, 14 de julio de 1978, que de manera inédita incluía la opinión del ex presidente del PDC Patricio Aylwin.

121 El Mercurio, 10 de julio de 1978, las negrillas son nuestras.

122 Solo apareció una declaración crítica firmada por tres alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde se señalaba que «las intenciones de personalismo son incompatibles con los propósitos de la H. Junta de Gobierno encabezada por S.E. el Presidente de la República y contrarían la tradición de nuestra patria», véase «Responden a Astete», La Segunda, 13 de julio de 1978.

123 Jaime Guzmán, «Significado y oportunidades del pinochetismo», Ercilla, 19 de julio de 1978, p. 10, las negrillas son del original.

124 Ibídem.

125 Coloma era, además, miembro del Consejo de Estado en representación de la juventud.

126 Después trabajará en Odeplan y desde ahí se integrará al equipo de José Yuraszeck que privatizó Chilectra, llegando a ser uno de los siete ejecutivos «claves» del grupo Enersis.

127 Las otras tres áreas corresponden a la «social-difusión», la «deportiva», donde se distinguió a Felipe Montero, subdirector de Digeder, y varios futbolistas; en el área «artística» se condecoró a los dos animadores de televisión. El Mercurio, 9 de julio de 1979.

128 Ha sido director del Instituto Libertad y Desarrollo.

129 Como en las otras oportunidades, también se condecoró a cadetes de las escuelas matrices, dirigentes laborales y deportistas. El Mercurio, 9 de julio de 1981.

130 En los años ochenta, el Codeco tuvo una mayor influencia en la designación del alcalde, cuando también el Gobierno tenía un buen control de este.

131 Art. 23 del D.L. N° 1.289, de 14 de enero de 1976.

132 En 1981 se crearon 17 nuevas comunas, con lo que hubo un total de 32 comunas en el gran Santiago.

133 D.L. N° de 12 de julio de 1980. En 1982 el 83 por ciento de la educación fiscal estaba municipalizada. Pozo, «La participación en la gestión local para el régimen actual chileno», en Jordi Borja, Teresa Valdés y Eduardo Morales (eds.) (1987: 342).

134 Raczyinski y Cabezas (1988: 9).

135 Existían subsidios para atender diversas necesidades, como la pensión asistencial y el de marginalidad habitacional para los que no tenían casa.

136 Con la crisis económica de 1982 se creó un nuevo programa, destinado a jefes de hogar (POJH), como se analiza en el Capítulo IX.

137 Información del Ministerio Secretaría General de Gobierno, julio de 1998.

138 En el Capítulo VIII se analiza el papel del «gremialismo» en la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), una importante agencia pública que asesoraba al presidente de la República en los temas económicos.

CAPÍTULO VIII

LOS CHICAGO BOYS Y LA LEGITIMACIÓN POR EL ÉXITO ECONÓMICO

1 El concepto de eficacia lo consideramos siguiendo a Linz (1978, 1988).

2 El año 1973 tuvo una inflación anual del 600 por ciento; la tasa anual alcanzó al 700 por ciento en los cuatro últimos meses del Gobierno de la Unidad Popular; Ffrench-Davis (1999: 27).

3 Se usa el concepto de transformación económica en el sentido que le da Kloten (1991).

4 Una interesante historia hace Fontaine (1988). Sobre la política económica del régimen militar: Büchi (1993) y Castañeda (1992). Una visión crítica ofrecen Meller (1996) y Ffrench-Davis (1999).

5 Por ejemplo, Silva (1996).

6 La centralización de la autoridad explica que en los regímenes autoritarios no exista, en términos estrictos, la corrupción, debido al deterioro de las barreras que separan los intereses públicos de los privados; Lamo de Espinosa (1996).

7 Uso el concepto desarrollado por Rüschemeyer (1969).

8 Uso el concepto de institucionalización en el sentido clásico de Huntington (1968).

9 Nuestra interpretación difiere en cierta medida de la que hace Patricio Silva en el sentido de que los «gremialistas» y los Chicago boys pertenecieron a «tradiciones intelectuales completamente distintas». Por el contrario, nosotros pensamos que estaban ligados por experiencias personales e intereses políticos comunes; Silva (1992: 385-410).

10 Fueron Juan Villarzú, Andrés Sanfuentes y Álvaro Bardón. El primero fue director de Presupuesto hasta fines de 1974, cuando renunció por razones políticas frente a las medidas tomadas por la autoridad contra dirigentes del PDC. A comienzos de octubre de ese año se le prohibió el regreso al país a Bernardo Leighton, y a fines de noviembre fue expulsado del país el ex presidente del PDC Renán Fuentealba. Sanfuentes, después de colaborar unos meses en la Dirección de Presupuesto, fue director del Instituto de Economía de la Universidad de Chile. Bardón ocupó varios cargos en el sector económico del régimen militar y abandonó el PDC después del golpe.

11 El texto se reproduce en: Centro de Estudios Públicos, «El Ladrillo». Bases de la política económica del Gobierno militar chileno (1992).

12 Fue financiado por la Agencia Internacional de Desarrollo de los EE.UU. y su objetivo era contribuir a perfeccionar los programas de estudio y ampliar el cuerpo de profesores de la Escuela de Economía para apoyar la modernización económica y, con ello, el desarrollo del país. Ha sido minuciosamente estudiado por Valdés (1989). Bastante informativo, con entrevistas a los actores y explicando los conflictos de los Chicago boys con la autoridad universitaria y el «alessandrismo», el libro de Vial (1999). Con ocasión de los 50 años del convenio con la Universidad de Chicago, la Facultad de Economía de la Universidad Católica editó un libro, con prólogo de Sergio de Castro y de homenaje a Arnold C. Harberger (Rosende, 2007).

13 Constituían la alternativa monetarista al enfoque «estructuralista» que dominó la economía chilena desde la gran crisis de 1929, cuyos principales elementos han sido descritos por Grundwald (1961). Véase también Montecinos (1998). El estudio clásico de la economía chilena desde la perspectiva «estructuralista» fue el de Pinto (1959).

14 Era Julio Chaná, que fue ministro del Gobierno de Jorge Alessandri, que había firmado el convenio con la Universidad de Chicago.

15 Las discrepancias venían desde antes y comenzaron cuando Chaná, en agosto de 1962, censuró un artículo crítico de la política económica de Alessandri, publicado en el semanario Ercilla, Nº 1.421, 15 de agosto de 1962, p. 177.

16 Los «gremialistas» presentaron 59 candidatos estudiantiles, entre los que se encontraban algunos dirigentes del mismo estamento que tendrían un activo protagonismo político durante el régimen militar, como Carlos Bombal (Derecho), alto dirigente de la Secretaría Nacional de la Juventud en los años setenta y después alcalde de Santiago entre 1983 y 1987, y Cristián Larroulet (Economía), que formó parte de los Odeplan boys. La lista de los candidatos de profesores y alumnos se encuentra en el manifiesto del Movimiento Gremial, «Lista de candidatos gremialistas».

17 «La reforma universitaria y la presencia agresiva de la izquierda extendiéndose por todo el país fuerzan a los economistas de la Universidad Católica a encapsularse primero y a proyectarse después con la misma energía cuando las condiciones les son propicias»; Fontaine A. (1988: 30-31).

18 De Castro fue invitado a colaborar en la preparación del programa económico de Alessandri, pero no compartió las posiciones del comando y mantuvo desde entonces un claro distanciamiento del «alessandrismo» por considerar que seguían adhiriendo al pensamiento económico tradicional. Jorge Alessandri los miró con poca simpatía, criticando la rigidez ideológica y el rechazo al papel del Estado que tenían De Castro y sus colaboradores. Sobre estas diferencias, véase el capítulo «Alessandri y De Castro» en el libro de un fiel «alessandrista»: Eduardo Boetsch (1998: 179-190).

19 Este conocimiento se dio cuando les encargaron impartir unos cursos introductorios, a fines de los años sesenta, en la Sociedad de Fomento Fabril. Lo relata Fernando Léniz en: Universidad Finis Terrae, Índice general de videos sobre historia contemporánea de Chile 1973-1990, Santiago, Documentación de Centro de Historia Contemporánea de Chile (Cidoh), 1994, p. 11.

20 El ex ministro de Hacienda del Gobierno de Eduardo Frei Montalva, Sergio Molina, Eduardo García y Osvaldo Sunkel, entre otros.

21 No contaban con mayoría de votos para lograr que Sergio de Castro fuera elegido director y, ante el temor de que asumiera el economista estructuralista Eduardo García, Kast convenció a Jorge Cauas para que fuera el candidato, quien fue director hasta 1972, según relata Vial (1999: 219-220).

22 No fue una casualidad que el primer presidente «gremialista» de la FEUC elegido en 1968 haya sido el estudiante de Economía Ernesto Illanes (1968-1969), anteriormente presidente del Centro de Alumnos.

23 Este había enviado a perfeccionar sus estudios a jóvenes economistas que trabajaban en esa institución, a iniciativa del director del Departamento de Estudios, Ricardo Ffrench-Davis, que tenía un doctorado en la Universidad de Chicago.

24 Por ejemplo, Dominique Hachette, quien fue director del Instituto de Economía de la Universidad Católica al momento del golpe de Estado.

25 Era hijo de José Piñera Carvallo, un respetado militante del PDC y estrecho colaborador de Eduardo Frei Montalva, como embajador de este en las Naciones Unidas y en Bélgica. Un perfil biográfico hacen los periodistas Víctor Osorio e Iván Cabezas, Los hijos de Pinochet, Santiago, Planeta, 1995, cap. II.

26 Antes fue ministro secretario general de Gobierno; al final del régimen, embajador en los Estados Unidos y luego ministro de Relaciones Exteriores en el último gabinete de Pinochet.

27 «Hablando de mi dependencia, el gerente de la Corfo en Nueva York de ninguna manera tiene la estatura del individuo que nosotros deberíamos tener destacado en este puesto... En Washington deberíamos tener un conjunto de personas que fueran capaces de abordar con muy buena penetración, penetración amistosa, de respeto personal en los frentes laboral, financiero, académico, periodístico y político, además del Departamento de Estado, que es el diplomático tradicional»; AHJG, Nº 177A, 11 de diciembre de 1974.

28 Ibídem.

29 El carácter del ministro de Hacienda es retratado con claridad por un autor que simpatizaba con este: «[De Castro] trabaja solo o con un pequeño grupo; por temperamento no escucha opiniones que no le interesan y resuelve por sí mismo conforme al juicio que se ha formado de la situación. Es leal y considerado con sus subalternos y posee las características de líder en su grupo», Fontaine (1988: 118). Un retrato hacen desde otra perspectiva Osorio e Iván Cabezas (1995: capítulo I).

30 Exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública presentada por el ministro de Hacienda, Sr. Sergio de Castro, Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, enero 1978, p. 6.

31 Véanse los antecedentes biográficos entregados por Osorio y Cabezas (1995: cap. I).

32 Su tesis doctoral la concluyó tardíamente, durante el Gobierno de la Unidad Popular.

33 Sergio de Castro justifica esta propuesta en Arancibia Clavel y Balart Páez (2007: 370-372).

34 Sergio de Castro ha contado su historia personal y política a través de Arancibia Clavel y Balart Páez (2007), que son sus memorias.

35 Mantuvo los directorios de CAP y Endesa mientras era subsecretario, siendo nombrado presidente del directorio de Endesa en 1981, Memoria Endesa 1982, p. 10.

36 Estos componentes coyunturales de las finanzas públicas —ingresos de las privatizaciones y el alto precio del cobre— ayudan a entender por qué la gestión de Büchi no fue tan exitosa como la presenta la propaganda oficial de la derecha. En efecto, el balance estructural muestra un déficit de –1 por ciento en 1988, lo que da cuenta del impacto del gasto en la campaña electoral, y fue algo menor que el de 1989, cuando el Gobierno apoyó su candidatura a la presidencia. Véase Aspectos macroeconómicos del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2000, presentado por Mario Marcel, director de Presupuestos a la Comisión Especial de Presupuestos del Congreso Nacional, octubre de 2000, gráfico 1.

37 Hay un informativo libro sobre su carrera política, Lavín (1986).

38 Sergio de Castro nació en 1930 y Miguel Kast en 1948.

39 Una de las manifestaciones del sectarismo de Kast, de importantes efectos políticos, fue su intervención para conseguir la neutralización de los dos centros académicos que no adherían al pensamiento neoliberal. Esta intervención es recordada por Vial (1999: 250).

40 Sergio de Castro recuerda los problemas surgidos por el nombramiento de Piñera: «Se pensaba nombrar a Piñera en Economía y hubo una rebelión en las bases, pues no lo apoyaban porque era demócrata cristiano. Recuerda que habló con Sergio Fernández, habló con Pinochet y así lo nombran en el Ministerio del Trabajo», Universidad Finis Terrae, Índice general de videos sobre historia contemporánea de Chile, p. 53.

41 Véase la entrevista de María Angélica Bulnes, «José Piñera: Dar un golpe de timón, crear esquemas nuevos...», Qué Pasa, 27 de diciembre de 1979, pp. 6-11.

42 Piñera ingresó a la UDI después del asesinato de Guzmán en 1991 y fue elegido concejal por Conchalí en las elecciones municipales de 1992, pero abandonó el partido después de algunos meses. En las elecciones presidenciales de 1993 fue candidato independiente, logrando el 6,2 por ciento de los votos.

43 El grupo estuvo constituido por el economista y sociólogo Emilio Sanfuentes, respondiendo a una iniciativa de Roberto Kelly, ex oficial de Marina, quien, por sugerencia de su institución, le planteó la necesidad de preparar un programa económico de emergencia para la eventualidad de un golpe de Estado. Sanfuentes convocó a un amplio grupo de economistas, entre los que se encontraban Juan Braun, a posteriori uno de los principales ejecutivos del grupo Cruzat; Pablo Baraona, después presidente del Banco Central y ministro de Economía; Manuel Cruzat, luego dueño del grupo económico que llevará su nombre; el DC Juan Villarzú, hasta fines de 1974 director de Presupuesto; José Luis Zabala, también DC, gerente de Estudios del Banco Central; Sergio Undurraga, asesor entonces de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y luego gerente de la oficina de Corfo en Nueva York, y, por último, Álvaro Bardón, DC, director del Departamento de Economía sede Occidente de la Universidad de Chile, quien será presidente del Banco Central y, posteriormente, del Banco del Estado. Fontaine A. (1988: 19). El mayor de todos era Sergio de Castro, nacido en 1930. Solamente algunos de los economistas que trabajaron en «El Ladrillo» conocieron de esta vinculación con la Marina.

44 Seguimos la conceptualización de los años sesenta y comienzos de los setenta sobre los dos enfoques económicos; Grundwald (1961).

45 Así lo afirma Juan Carlos Méndez, uno de los economistas «gremialistas», que luego será director de Presupuesto; Universidad Finis Terrae, Índice general de videos, p. 6.

46 «El Ladrillo» (capítulo K: 160 y ss).

47 En el capítulo C, «Política de precios», se propone «agilizar la Ley Antimonopolios a fin de que cualquier entendimiento entre productores para disminuir la competencia entre sí sea drásticamente sancionado»; «El Ladrillo» (1992: 89-90). Esta propuesta se tradujo en la promulgación en octubre de 1973 del D.L. sobre la Libre Competencia, antes de que los Chicago boys asumieran la dirección económica.

48 «En la política antimonopolios se deberían tomar inicialmente medidas drásticas en algunos casos de monopolios existentes que carecen de justificación económica, realizando acciones que conduzcan a la separación de una empresa en varias unidades competitivas... En el caso del vidrio, molinos y fideos, también deberán tomarse medidas para separar los paquetes de acciones en manos de un solo grupo que permite la formación de un trust» (1992: 90).

49 Ibíd., p. 134.

50 Ibídem.

51 «[Se] creará un mecanismo de acumulación de riqueza en manos de los trabajadores. Ellos pasarían a ser, con el tiempo, una de las principales fuentes de ahorro para financiar inversiones, pudiendo alcanzar un papel predominante como poseedores de capital. Si esta posibilidad se materializa, podrían desaparecer o aminorarse las tensiones entre el capital y el trabajo, ya que este último sería a su vez poseedor de importantes recursos de capital» (1992: 134).

52 El concepto de sincronización lo analizamos en el Capítulo I.

53 «Informe económico. Las políticas de estabilización: sus efectos y una estrategia alternativa», separata de la revista Política y Espíritu, Nº 357, 1975, p. 11. El informe se terminó en junio de 1975.

54 Ibíd., p. 20.

55 Ceplan fue fundado en 1971 por el rector Fernando Castillo Velasco en el marco de la reforma de la universidad, y su primer director fue Alejandro Foxley, ingeniero químico de la Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Economía de la Universidad de Wisconsin. Este había sido jefe de división de planificación global de Corfo entre 1967 y 1970 y militaba en el PDC. Véase Krebs, Muñoz y Valdivieso (1988).

56 Esta decisión del cardenal fue gatillada por la destitución ordenada por el rector delegado en octubre de 1974 del vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, Jorge Awad, y el director general de la misma, Reinaldo Sapag, ambos demócrata cristianos, que se negaron a nombrar a personeros «gremialistas». Esto se analiza en el Capítulo II.

57 Circular de 30 de diciembre de 1974 a los jefes de unidades académicas, firmada por Jorge Claro M., vicerrector subrogante de Asuntos Económicos y Administrativos, y Fernando Martínez P., vicerrector académico.

58 «Minuta», sin fecha, de Alejandro Foxley, calculando una subestimación de E° 5.883 millones, en moneda de 1975. Un cálculo hecho por un alto funcionario de la vicerrectoría económica llegó a una subestimación algo inferior, de E° 4.475 millones.

59 Comunicación de 14 de enero de 1975 dirigida al vicerrector académico, firmada por los directores de Letras, Trabajo Social, Sociología, Educación, Teología, Ciencia Política y Ceplan, y otra de la misma fecha suscrita por los directores de Psicología, Filosofía, Periodismo e Ingeniería.

60 Cursivas en el original.

61 Cursivas en el original.

62 Los datos los he tomado de una minuta redactada por uno de los profesores asistentes a una reunión del Consejo Superior, «Reunión del Consejo Consultivo efectuada el día miércoles 22 de enero de 1975».

63 La expulsión era propuesta por el subdirector de Odeplan, Miguel Kast, como lo señala Vial, Una trascendental experiencia académica, p. 250.

64 Consiguieron el apoyo de algunas organizaciones gubernamentales europeas de ayuda al desarrollo y de la Fundación Ford, las que les proporcionarían el financiamiento para establecerse fuera de la universidad.

65 Ahí estaban, además, Ricardo Ffrench-Davis, Óscar Muñoz, Nicolás Flaño, José Pablo Arellano, René Cortazár, Pablo Piñera y otros economistas.

66 En el primer Gobierno de la democracia, los miembros de Cieplan tuvieron la dirección de la economía, bajo la dirección de Foxley, ministro de Hacienda; Arellano, director de Presupuestos, y Cortázar, ministro, del Trabajo. Véase Silva (1992). La influencia de los economistas de Cieplan en la dirección económica se prolongó en los demás gobiernos de la Concertación. Dos ministros de Hacienda, Eduardo Aninat, del Gobierno de Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Andrés Velasco, en el primero de Michelle Bachelet (2006-2010), trabajaron en distintos momentos en Cieplan. La influencia también se dio en la Dirección de Presupuestos, que estuvo bajo la dirección de economistas de este centro de estudios entre 1990 y 2006 (Huneeus, 2014: 330).

67 Entre estos destacaba Álvaro Bardón, director del Instituto de Economía, sede Occidente, al momento del golpe militar, y Andrés Sanfuentes.

68 El ministro de Hacienda, Sergio Molina, fue el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y también el subdirector de Presupuestos; Edgardo Boeninger le sucedió en la dirección de este organismo y la facultad. Ambos habían trabajado durante el Gobierno de Alessandri en la Dirección de Presupuesto, como director y subdirector, respectivamente. También era profesor Carlos Massad, presidente del Banco Central, y Ricardo Ffrench-Davis, director de Estudios del Banco Central durante el Gobierno de Frei.

69 Antes del golpe estudiaron en el Instituto de Economía los generales Gastón Frez y Luis Danús; después lo hicieron diversos oficiales que se integraron al equipo económico, como el brigadier Manuel Concha, quien llegó a ser ministro de Hacienda.

70 Roberto Zahler, Ricardo Ffrench-Davis, Carlos Massad, Dominique Hachette, entre otros.

71 Eran profesores, entre otros, Andrés Passicot, algunos meses ministro de Economía en 1982-1983; Álvaro Bardón, quien llegó a ser presidente del Banco Central; Roberto Zahler, Vittorio Corbo, Carlos Massad, Cristián Eyzaguirre, Mario Zañartu (S.J.) y otros destacados profesionales.

72 La excepción fue el abogado Julio Tapia Falk, asesor del general Gustavo Leigh, que tuvo una breve y accidentada gestión, debiendo renunciar por irregularidades en la admisión de alumnos.

73 El abogado José Florencio Guzmán y el economista Mario Zañartu (S.J.).

74 Hugo Lavados, Jorge Rodríguez y cuatro académicos jóvenes. Los dos primeros tenían un máster en universidades norteamericanas distintas de la de Chicago. Rodríguez dirigía un importante proyecto internacional sobre distribución del ingreso apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

75 Vittorio Corbo se fue a la Universidad Católica y abandonarán el instituto Roberto Zahler y Carlos Massad.

76 Entre estos destacaban los coroneles Gastón Frez y Luis Danús, que tenían estudios de economía en la Universidad de Chile.

77 Véase la entrevista a Sergio de Castro, Centro de Documentación de Historia Contemporánea de Chile, video Nº 20.

78 La amplia y minuciosa exposición de Odeplan estuvo a cargo del economista Tomás Lackington, quien se apresuró en recalcar a Pinochet la inclusión en su catastro de proyectos que tenía Corfo. La versión de su exposición, así como el debate, se encuentra en AHJG, sesión 176, 3 de diciembre de 1974.

79 Pinochet lo criticó en duros términos, aunque no revirtió la decisión; AHJG, sesión 200-A, 5 de junio de 1975, y sesión 201 A, 6 de junio de 1975. Soza fue sacado del cargo algunas semanas después porque se le acusó de incurrir en abusos, como haber adquirido acciones del Banco de Chile, que se reprivatizó a través de Corfo.

80 He analizado antes esto en otro lugar; Huneeus (2000).

81 Salvo los nombramientos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son tratados en la Junta en los primeros meses, el caso de Odeplan fue el único analizado por este organismo, lo que da cuenta de la importancia que se le asignaba; AHJG, 13 de septiembre de 1973.

82 Tenía muy buenas relaciones con el contraalmirante Lorenzo Gotuzzo, el ministro de Hacienda, de quien había sido compañero de curso en la Escuela Naval, lo que facilitaba una estrecha cooperación entre ambas agencias públicas. Los antecedentes biográficos provienen de Fontaine (1988).

83 Art. 1°, inc. 1°, de la Ley N° 16.635, de 14 de julio de 1967. El reglamento de la ley fue publicado en el Diario Oficial el 30 de octubre del mismo año.

84 Ibíd., art. 2º.

85 Ibíd., art. 3º.

86 La planta constaba de 150 personas en el nivel directivo, profesional y técnico, de las cuales solo 15 tenían la última categoría, y 46 estaban asignadas a la planta administrativa.

87 De acuerdo a la información entregada en el artículo «Odeplan: Radiografía de un centro de estudios», El Mercurio, 21 de enero de 1979, pp. C8-9.

88 Desde su creación, Odeplan había trabajado estrechamente con la Corfo, el organismo dedicado a la ejecución de los grandes proyectos de inversión del Estado empresario. Por ejemplo, Eduardo García, era subdirector; Alejandro Foxley fue jefe de división entre 1967 y 1970; el ingeniero Fernán Ibáñez se hizo cargo de la Orplac de Arica; el abogado Florencio Ceballos, de la de Antofagasta.

89 Durante el Gobierno de la Unidad Popular, la influencia de Odeplan se vio interrumpida no solo debido a que los criterios políticos de la conducción económica fueron distintos, sino también a que la dirección de esta área se concentró en una sola cartera, la de Economía. Recuperó su influencia durante el régimen militar bajo la dirección de Roberto Kelly.

90 Su muerte en 1984 ha promovido una imagen no política de Kast, difundida por el «gremialismo». Se ha destacado la religiosidad de Kast, quien habría querido ser «santo»; Lavín (1986: 101).

91 Una información general sobre este carácter entrega el artículo «Odeplan: Radiografía de un centro de estudios», El Mercurio, 21 de enero de 1979, pp. C8-9. No es una casualidad que fuera calificado como «centro de estudios» porque efectivamente realizó trabajos sobre diversas políticas públicas, ya sea directamente o encargándolas a académicos de la Universidad Católica.

92 Esta función fue establecida por el ministro de Economía Fernando Léniz.

93 Los «gremialistas» denuncian una eventual «persecución» en su contra; «Las realizaciones de Odeplan cuando era “el cerebro de las políticas Gobierno”», La Segunda, 24 de mayo de 1984, p. 2. Jarpa tenía influencia en Odeplan porque como no era ministerio, funcionaba en términos administrativos a través del de Interior, cuyo ministro debía firmar sus decretos.

94 Los ejemplos son abundantes: José Yuraszeck se fue a trabajar a Coyhaique, Pablo Ihnen a Coquimbo, Cristóbal Philippi a Punta Arenas, como relata Lavín (1986: 56).

95 Por esas lealtades comunes y claro sentido político les he llamado los Odeplan boys. Lo he analizado en detalle en Huneeus (2000).

96 Será después presidente de la UDI y diputado.

97 El jefe del Departamento de Personal y el jefe del Departamento de Presupuesto y Finanzas.

98 Información biográfica de Odeplan.

99 Cada Serplac tuvo entre 18 y 23 personas y su función era también coordinar a los Servicios Regionales Ministeriales, que eran delegados de cada ministerio en la región; véase la entrevista a Roberto Kelly, «El rol de Odeplan en el desarrollo», El Mercurio, 8 de mayo de 1977.

100 Los de la I Región de Tarapacá y la IX Región de la Araucanía.

101 Hubo ingenieros agrónomos en las regiones en que la agricultura era una actividad relevante.

102 Valor de diciembre de 1997 con dólar a 445 pesos.

103 Convenio suscrito entre Roberto Kelly, capitán de navío (R), director de Odeplan, y Dominque Hachette, director del instituto. El convenio fue aprobado por Resolución N° 14, de 28 de febrero de 1974.

104 Odeplan, Fiscalía, Control de convenios suscritos por ODEPLAN. No se encuentra el documento con las especificaciones que se indican en la cláusula 1.

105 Odeplan, Fiscalía, Control de convenios suscritos por Odeplan; la fecha de tramitación fue el 13 de julio de 1976.

106 Fue ministro de Hacienda del presidente Eduardo Frei Montalva, simpatizante DC; había sido director de Presupuesto durante el Gobierno de Alessandri. Molina fue contratado por el Instituto de Economía durante el Gobierno de Allende en una iniciativa de apertura de los Chicago boys hacia los economistas estructuralistas de la Universidad de Chile, de cuya Facultad de Economía había sido decano. En esa apertura también fueron contratados Jorge Cauas y Osvaldo Sunkel, entre otros.

107 «Bases para el convenio sobre Proyecto de Pobreza entre Odeplan y el Instituto de Economía», mimeo, s/f.

108 Odeplan, Fiscalía, Control de convenios suscritos por Odeplan; la fecha de tramitación es de 21 de noviembre de 1974.

109 El primero aportó tres profesores con media jornada de dedicación al proyecto, tres ayudantes con dedicación exclusiva, todos ellos por siete meses, y dos profesores del instituto. Ernesto Silva y Sergio de Castro fueron contratados por cuatro meses, desde octubre de 1973 hasta enero de 1974. Ceplan destinaría un investigador, además de ayudantes, un egresado con jornada completa y un ayudante de media jornada, «Bases del convenio».

110 Estos programas han tenido continuidad incluso durante la democracia.

111 Fontaine se trasladó a Washington D.C. después de la elección de Allende de 1970, a trabajar en la OEA (Organización de Estados Americanos) en el campo de la evaluación social de proyectos, regresando a Chile en 1976. Cuenta las razones de su alejamiento de Chile y de su trabajo en la OEA en sus memorias (Fontaine, 2009).

112 Decreto Nº 176, de 17 de julio de 1978.

113 Ibídem.

114 Fue de gran importancia para la Universidad Católica, pues se incluye en la historia oficial preparada con ocasión del centenario de esta: Krebs, Muñoz y Valdivieso (1988).

115 D.F.L. N° 22, de 1981. Se hizo en 1997 una evaluación del Programa de Becas Presidente de la República por la Fundación Chile, Análisis y propuestas Programa de Becas D.F.L. 22, de 1981, Mideplan y AGCI. Programa de perfeccionamiento en el extranjero, AGCI-Fundación Chile, s/f, con anexos que incluyen el listado de los estudiantes que tenían las carpetas en la AGCI. He revisado las carpetas existentes en el Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan, sucesor de Odeplan) y su número es considerablemente menor al total de becarios, lo que se explica porque faltan las de los becarios beneficiados por razones claramente políticas. Abarca las becas concedidas hasta 1996 y se utiliza una encuesta a profesionales que han regresado al país. No he analizado este informe por el mínimo número de casos y porque no se distingue quiénes fueron becados durante el autoritarismo.

116 El programa fue concebido inicialmente por Kast en cooperación con el Instituto de Economía de la Universidad Católica, suscribiendo en 1980 un convenio para financiar la formación de economistas del instituto. El objetivo político del convenio se delata en el pomposo título que se le dio, «Programa de perfeccionamiento de profesionales que trabajen en el sector público (becas)», Decreto N° 180, de 8 de febrero de 1980, por 250.000 dólares, de los cuales 21.000 eran para entrenamiento en Chile, es decir, en el Instituto de Economía. Archivo de Odeplan.

117 El becario se comprometía a volver al país a trabajar, al término de sus estudios, ya sea en el Gobierno o en la universidad, por el doble del tiempo que estuvo en el extranjero. Esto aseguraba empleo al beneficiario y la posibilidad de ascender en la administración pública.

118 Desde su creación, Odeplan, a través de su Departamento de Asistencia Técnica Internacional, servía de intermediario en la concesión de las becas de perfeccionamiento en el extranjero otorgadas por los gobiernos e instituciones internacionales, de manera que había una legitimidad histórica para impulsar este programa.

119 El control político era inteligente, porque se trataba de un régimen autoritario y no totalitario. De ahí que se concedieron becas a algunos profesionales de oposición, en el convencimiento de que podían evolucionar en sus posturas políticas y regresar al país apoyando al régimen.

120 El 43 por ciento siguió un programa conducente a un máster; el 41 por ciento, a un doctorado, y el 16 por ciento, a una especialización.

121 Programa Especial de Becas, D.F.L. 22/81, agosto de 1990.

122 Los organismos públicos que enviaron más becarios fueron Odeplan (23 por ciento), el Ministerio de Salud (18 por ciento), el Ministerio de Educación y Defensa (ambos con un 14 por ciento), Interior (10 por ciento), Hacienda y Economía (7 por ciento y 6 por ciento, respectivamente). El Gobierno patrocinó a un total de 167 becados entre los años 1981 y 1990.

123 Hubo muy pocas becas a ciencias básicas (6 por ciento) o ciencias naturales (9 por ciento), a diferencia de salud, que alcanzó un 16 por ciento de becas para seguir estudios en algún programa de posgrado (16 por ciento), lo que es explicable por el interés existente en la reforma de este sistema con la constitución de las Isapres.

124 La Fundación Konrad Adenauer de Alemania Federal concedía anualmente cinco becas a profesionales chilenos, que eran asignadas a jóvenes profesionales del PDC.

CAPÍTULO IX

LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL AUTORITARISMO EN LAS PRIVATIZACIONES

1 En la bibliografía económica destacan: Büchi (1993), Castañeda (1992). Una visión crítica ofrecen Meller (1996), Foxley (1982) y Ffrench-Davis (1999).

2 Usamos los conceptos de T.H. Marshall (1973, publicado originalmente en 1963).

3 La política social en Chile había seguido un camino de integración social impulsado por las clases propietarias, que se asemeja a la Alemania de Bismarck (Bendix, 1964). Era distinta al modelo de la democracia en Inglaterra, en que primero se institucionalizaron los derechos políticos y más tarde los de la ciudadanía civil. El énfasis en los distintos ritmos del desarrollo político de los Estados lo formulamos siguiendo a Rokkan (1973). Esa singularidad también diferencia a Chile del desarrollo político del Uruguay, en que la ciudadanía social y política marcharon de la mano, consiguiéndose antes que en Chile. Los datos de la ciudadanía política de Chile y Uruguay se encuentran en Nohlen (1973, anexos).

4 Con este sistema, «el Gobierno practicó una especie de conversión de deuda por capital»; Hachette y Lüders (1992: 86).

5 El presidente de la Sofofa, Bruno Casanova, lo reconocía así: «Vivimos en una permanente incertidumbre, sin saber ya si vamos por el camino adecuado, ni cuál es la salida que tenemos», citado por Sergio Fernández (1994: 188). La crisis económica y sus efectos políticos se analizan en el siguiente capítulo.

6 En general, los adquirentes fueron empresarios nacionales, con la excepción de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile (CTC), que fue comprada por el magnate australiano Alan Bond, quien después vendió sus acciones a Telefónica de España.

7 El desmantelamiento del Estado en la economía fue un objetivo de largo plazo que se buscó conseguir desde diversas políticas, no solo por la venta de sus empresas. También formaba parte de esa estrategia la política tributaria que se propuso debilitarlo mediante la reducción de sus recursos económicos. La reforma tributaria de 1984 redujo aproximadamente en un 40 por ciento la recaudación tributaria y la de 1988 la disminuyó en un 2 por ciento del PGB; Meller (1996: 273).

8 Un reducido número de empresas públicas quedó fuera de estas privatizaciones, destacando las empresas sanitarias, que serían privatizadas por el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), algunas empresas generadoras de electricidad, entre las que resalta Colbún, también fue privatizada por esta administración y que sería adquirida por un consorcio belga-chileno, impulsado por el grupo Matte, que controla la CMPC (la Papelera), y así se pudo expandir a la energía, y la empresa LAN Chile, que comenzó a ser privatizada por el primer Gobierno democrático de Patricio Aylwin (1990-1994).

9 Hay una amplia bibliografía económica sobre las privatizaciones, aunque limitada a ciertos aspectos, sin que haya una evaluación del impacto de esta política en el sistema económico, como lo ha hecho Florio (2004) para las de los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher y John Major en Gran Bretaña. Han sido usados en esta investigación el libro de Hachette y Lüders (1992) y los artículos de (1989), Sáez (1993) y Larroulet (1994 A, 1996).

10 La lista se encuentra en Hachette y Lüders (1992: 264-272). Se trató no solo de grandes empresas y de bancos, sino también de numerosas empresas medianas y pequeñas.

11 Los principales beneficiarios fueron los grupos económicos, que contaban con créditos de los mismos bancos que controlaban; Dahse, (1979).

12 Para el origen del Estado empresario: Muñoz y Arriagada (1977), Ortega Martínez (1989) y Pinto (1985: 23).

13 Hay una amplia bibliografía sobre el nuevo sistema de pensiones: Baeza y Margozzini (1995), Baeza y Manubens (1988). Una presentación general del nuevo sistema de pensiones se encuentra en el libro de la Superintendencia de AFP (1985). Desde una perspectiva más crítica, véase Jaime Ruiz-Tagle (ed.) (1996).

14 Las orientaciones generales se entregan en Hachette y Lüders (1992: 83-88).

15 Los argumentos económicos sostienen que por su naturaleza la empresa privada es más eficiente que la pública, suponiendo que lo determinante en la eficacia es la propiedad de las empresas y no el régimen institucional en que deben actuar. La bibliografía es amplísima: Vickers y Yarrow (1997) y Bishop, Kay y Mayer (eds.) (1994).

16 Las privatizaciones en Gran Bretaña durante el Gobierno conservador de Margaret Thatcher (1979-1990) y en Argentina bajo la administración del presidente Carlos Menem (1989-1999) lo confirman. Para las privatizaciones en el primer caso, Swann (1988). Para el segundo, Gerchunoff y Cánovas, «Privatization: The Argentine Experience», en Glade y Corona (eds.) (1996).

17 Existía una estrecha relación entre los empresarios y el Gobierno, que influyó en el nombramiento de ejecutivos de empresas en altos cargos del equipo económico. José Piñera era ejecutivo del grupo Cruzat al ser nombrado ministro del Trabajo en 1978; Rolf Lüders era uno de los principales ejecutivos del grupo Vial cuando fue nombrado biministro de Economía y Hacienda en 1982.

18 Las inhibiciones éticas como uno de los fundamentos del desarrollo lo he tomado de North (1993).

19 Hay información biográfica en Osorio y Cabezas (1995), Salazar (2015) y Mönckeberg (2015).

20 Estos datos los he tomado de Memoria Endesa 1982, p. 11.

21 Hubo otros casos de empresas públicas que tuvieron gran impacto en la opinión pública, como el de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP). En este, sus altos ejecutivos, bajo el liderazgo de Roberto de Andraca, habían impulsado una eficaz modernización de la empresa, que les proporcionó amplia información interna sobre su viabilidad como empresa privada, convirtiéndose luego en socios controladores. Hay una historia de la CAP, con una breve descripción de su privatización: Echeñique y Rodríguez (1990, 1996).

22 Hubo escasas excepciones representadas por los militares políticos, de acuerdo a la conceptualización usada en el Capítulo IV. Los generales Jorge Ballerino y Guillermo Garín, que habían trabajado estrechamente con el general Pinochet, fueron nombrados directores de empresas después que abandonaron el Ejército. Ballerino fue unos años director del Banco BICE, del grupo Matte.

23 Sobre la importancia de las regulaciones, desde un punto de vista político, me remito a Francis (1993).

24 «[En] el aspecto negativo sobresalen la poca transparencia de la mayoría de las privatizaciones», aunque añaden que «la falta de transparencia tal vez no afectó en forma significativa el precio y la distribución de las acciones de la gran mayoría de las privatizaciones, ya que los inversionistas pertinentes estaban adecuadamente informados, aunque fue motivo de críticas», Hachette y Lüders (1992: 241), las cursivas son nuestras.

25 El subdirector de Odeplan entre 1986 y 1988 fue Luis Larraín, quien pasó a ser ministro en el gabinete constituido después del plebiscito de 1988. A partir de 1990 ha sido el subdirector del Instituto Libertad y Desarrollo y, desde 2010, director.

26 Larroulet había sido asesor en el Ministerio de Economía durante la «primera ronda» de privatizaciones, donde «contribuyó decididamente en las políticas de manejo de las empresas estatales, estableciendo entre otras medidas, un sistema de información centralizado para controlar el funcionamiento de estas empresas»; Hachette y Lüders (1992: 96, nota 11). Desde 1990 ha sido director del Instituto Libertad y Desarrollo, principal centro de estudios que apoya el trabajo de los grupos parlamentarios de oposición y fue ministro secretario general de la Presidencia en el Gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014).

27 Hachette y Lüders (1992: 96, nota 11) alaban esto como «un ejemplo extraordinario de lo que significa “la privatización del proceso de privatización’”».

28 Su tesis había versado sobre la primera ronda de privatizaciones.

29 El valor total del stock de activos de las empresas públicas que se privatizaron alcanzó aproximadamente a 3.600 millones de dólares; Meller (1996: 268).

30 Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública, presentación del ministro de Hacienda, Sr. Eduardo Aninat Ureta, octubre 1999, p. 60.

31 Las privatizaciones impulsadas por el Gobierno conservador de Gran Bretaña en los años ochenta tampoco se justificaron por la falta de eficiencia de las empresas públicas: «Los economistas están ahora bastante de acuerdo en que simplemente cambiando la propiedad de las acciones no es suficiente e incluso no es necesario para mejorar la eficiencia. Lo que es importante es la amenaza de la competencia y, por lo tanto, las condiciones del mercado y también el régimen regulatorio»; Jackson y Price (1994: 16).

32 Estas conclusiones fueron reiteradas por Lüders (1996).

33 Resolución Nº 988, de 2 de julio de 1986.

34 Resolución Nº 1010, de 10 de octubre de 1986.

35 Resolución Nº 1021, de 10 de octubre de 1986.

36 Resolución Nº 1117, de 19 de junio de 1987.

37 Resolución Nº 1118, de 19 de junio de 1987.

38 Resolución Nº 1121, de 26 de junio de 1987.

39 Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública, Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, diciembre 1995, pp. 23-24; diciembre 1996, pp. 24-25; enero 1988, pp. 25-26, y enero 1989, pp. 25-26.

40 En la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno ya estaba la tesis del «país de propietarios», aunque en un sentido distinto: «Se trata de hacer de Chile una nación de propietarios y no de proletarios».

41 No se produjo la disminución del empleo, porque las empresas fueron modernizadas, viéndose favorecidas por la recuperación de la economía; Sáez (1993).

42 Esta preocupación también se observó en Gran Bretaña.

43 Discurso del ministro de Economía, Modesto Collados, citado en «Capitalismo popular en las filiales de Corfo», Estrategia, semana del 12 al 18 de mayo de 1986, p. 18.

44 Ibídem.

45 Véase «Capitalismo popular en regiones», Estrategia, semana del 11 al 17 de abril de 1988, p. 3.

46 Se reformó la Ley de la Renta, estableciéndose exenciones tributarias muy importantes en el artículo 56 bis A y B.

47 Reinaldo Sapag, «El derecho de propiedad en los bancos con deuda subordinada», La Época, marzo 1995; reproducido en Andrés Aylwin, César Díaz-Muñoz y Reinaldo Sapag (1996: 156-157).

48 Seguimos a Marcel (1989).

49 Se hizo en Soquimich, Chilmetro y CAP; Marcel (1989: 34). «Fue empleado también en Chilectra, como se verá más adelante. También hubo empresas que ofrecieron acciones a sus trabajadores durante la negociación colectiva a cambio de gratificaciones o días de vacaciones»; ibídem, p. 34.

50 «Todos los afiliados al sistema de previsión son, indirectamente, dueños de las empresas en las que las AFP han invertido los fondos de pensiones de sus cuentas individuales»; Odeplan, Plan decenal de Gobierno 1989-98, p. 68.

51 Véase Odeplan, Plan decenal de Gobierno 1989-98. Consolidación y proyección nacional al siglo XXI, Santiago, 1988, p. 68. Un autor indica que en 1987 había 55.071 accionistas de los bancos de Chile y Santiago y 41.034 de empresas; Mario Valenzuela Silva, «Reprivatización y capitalismo popular en Chile», Estudios Públicos, Nº 26, 1988, pp. 175-217, Cuadro 2. Hachette y Lüders (1992: Cuadro VI-2) mencionan cifras bastante más altas para 19 de las 27 empresas privatizadas: 92.200 en 1987, 151.700 en 1988 y 1989.

52 Similar comportamiento tuvieron los pequeños propietarios que habían accedido a tierras a través de la reforma agraria, quienes, al recibir los títulos de dominio por parte de los militares, comenzaron a vender las tierras a empresarios y productores agrícolas.

53 Tampoco surgió esta cultura de accionistas en Gran Bretaña; Saunders y Harris, Privatization and Popular Capitalism.

54 «Podemos tener la satisfacción de que este sistema se está transformando en un stándar internacional: Perú, Argentina, Colombia, Bolivia, México y El Salvador ya lo tienen en marcha; Polonia está a punto, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y otros países europeos lo estudian y adaptan a sus propias realidades. Podemos hablar con orgullo de un “genuino producto chileno de exportación”»; María Teresa Infante, «Origen histórico del sistema», en Ariztía (ed.), AFP (1997: 24).

55 Véanse Arenas (1997), Arenas y Bertranou (1997), Marcel y Arenas (1992) y Cheyre (1988).

56 En general, las pensiones recibidas de estas cajas sectoriales eran superiores a las que entregaba el Estado, pero no eran de tal envergadura como para calificarlas de un «privilegio», según argumentaron los neoliberales. La excepción representada por los militares se analiza más adelante y tiene que ver con la excepcionalidad de la profesión castrense.

57 Esto porque se crearon una serie de cajas que solo tenían por objeto atender a un número muy reducido de personas (como la caja de los empleados del Banco de Chile, la de los empleados del Club Hípico, etc.). De esta forma, solo cinco de las 32 cajas existentes en 1979 atendían a más del 1 por ciento de los cotizantes.

58 La máxima integración se alcanzó en 1973; en 1979, un año antes del cambio de sistema, llegó al 64 por ciento de la fuerza de trabajo; Cheyre, La previsión en Chile.

59 Una de las comisiones fue presidida por el abogado Jorge Prat en los años cincuenta, siendo uno de los estudios más minuciosos de los problemas del sistema de pensiones.

60 Esta argumentación ha sido reiterada en los años noventa; Óscar Godoy, Salvador Valdés, «Democracia y Previsión en Chile: Experiencia con dos sistemas», Cuadernos de Economía, Nº 93, agosto 1994, especialmente, p. 159. Esta interpretación contradice el análisis de politólogos, que compartimos, sobre las funciones de integración social y estabilidad política que tuvieron los compromisos logrados en el Parlamento, uno de los cuales fue la previsión. Véase Valenzuela (1978, cap. I), y el artículo escrito por este con Alexander Wilde (1984).

61 Un resumen de los argumentos políticos en contra del sistema previsional antiguo siguiendo las ideas del gremialismo se encuentra en el libro del ex ministro José Piñera (1991).

62 Véase el capítulo «Reforma del sistema de seguridad social», “El Ladrillo”. Bases de la política económica del Gobierno militar chileno, Santiago (1992: 122 y siguientes).

63 «El Ladrillo», pp. 130 y siguientes.

64 Ibíd., p. 134.

65 Ibíd.

66 Ibídem. En esto influía la idea de las empresas de trabajadores que la DC defendía durante el Gobierno de Allende como alternativa a las empresas estatizadas, cuya propiedad quedaba en poder del Estado.

67 Se hicieron asesorar por consultores externos para examinar los múltiples aspectos económicos y legales involucrados en ella. Uno de estos fue el abogado de la Caja Bancaria de Pensiones, Sergio Fernández, quien preparó los informes solicitados por Kast, comenzando a colaborar con el Gobierno, siendo nombrado ministro del Trabajo en 1976.

68 Estas ideas se desarrollan en Infante et al. (1974).

69 Ibíd., p. 26. Roberto Kelly señala que «la puesta en marcha de la reforma previsional traerá consigo un notable desarrollo del ahorro y la inversión [...] dándole fuerte impulso al crecimiento económico del país», p. 26.

70 «Ministro de Planificación habla sobre la reforma previsional», Gestión, vol. I, Nº 2, diciembre 1975, pp. 25-26.

71 Tenía a su cargo el área social del Gobierno.

72 Se critican sus «defectos», tales como «la regresividad», sus efectos negativos sobre el empleo, su impacto en el gasto fiscal y las «deficiencias en su administración». Texto del «Estatuto fundamental de principios y bases del sistema de seguridad social», El Mercurio, 8 de noviembre de 1975, pp. 5-6.

73 Art. 61, proyecto de «reforma de la previsión». El texto del proyecto y la fundamentación se reproduce en El Mercurio, 8 de noviembre de 1975.

74 Ibíd., p. 5.93.

75 En la fundamentación del proyecto se estableció que «las corporaciones deberán competir entre sí con el objeto de retener a sus afiliados, tanto en la calidad del servicio prestado como en las condiciones de rentabilidad obtenidas y en las prestaciones del nivel de adscripción voluntaria».

76 Postergó el tema para más adelante, señalando que una ley regularía su funcionamiento, estableciendo la forma de «constitución y organización, administración e inversión de los recursos, medidas de resguardo, mínimo y máximo de afiliados, inscripciones y traslados de estos»; Ibíd., art. 70, inc. 3.

77 «La administración superior del sistema se ejerce por mediación del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La administración superior del régimen de medicina social se ejerce por mediación del Ministerio de Salud Pública. Todo ello sin perjuicio de las facultades que en materia de formulación de políticas y de control financiero corresponden al Ministerio de Hacienda»; Ibíd., art. 68.

78 La reforma estaba incluida entre «las siete modernizaciones» anunciadas por el general Pinochet en el mensaje presidencial de 1979, en que planteó el establecimiento de «la nueva institucionalidad» a través de la aprobación de una nueva Constitución Política. La expulsión de Leigh se analizó en el Capítulo III y su papel en la Junta de Gobierno en el Capítulo VI.

79 Un perfil profesional y político se hizo en el Capítulo VIII.

80 Piñera se había manifestado a favor de la privatización del sistema de pensiones en artículos de prensa; por ejemplo, Ercilla, 29 de marzo de 1978, p. 25.

81 Esto han sostenido Humeres M. y Humeres N. (1994), quienes solo destinan seis páginas, en un voluminoso libro de 646 páginas con cuadros con información cuantitativa, pp. 595-600. Un tema central del sistema, como el de las inversiones, se analiza en forma escueta en las páginas 597-598, es apenas una repetición del artículo 45 del D.L. N° 3.500. Véanse también Humeres N. (1994), Thayer y Fernández (1989).

82 Se ha demostrado que las críticas económicas del proyecto al sistema antiguo de pensiones eran equivocadas, para lo que me remito al estudio de Arellano (1985: Capítulo III).

83 Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Fundamentos económicos, sociales y políticos, 4 de junio de 1980, p. 18. Este es un largo informe para apoyar el proyecto ante la Junta de Gobierno. Esta interpretación era un corolario del Plan Laboral de 1979, promulgado para debilitar estructuralmente al movimiento sindical.

84 El capital mínimo para formar una AFP fue fijado en un monto relativamente bajo, para permitir la libertad de creación de estas, y era, según Piñera, el equivalente a la mitad de las cotizaciones anuales de la Confederación de Trabajadores del Cobre, 500.000 dólares. No se dieron facilidades especiales a los sindicatos para que organizaran AFP, pues se rechazó la propuesta de que pudieran enterar el capital en un plazo mayor a los seis meses establecidos en el proyecto porque «rompería un poco la regla de igualdad», AHJG, sesión Nº 398, 14 de octubre de 1980, p. 62.

85 Su control por los supervisores fue breve. En 1989 fue adquirida por inversionistas nacionales, el grupo Penta, quienes la expandieron, para vender su propiedad a fines de los años noventa a inversionistas canadienses.

86 Tampoco esta AFP pudo consolidarse; en 1998, el Colegio de Profesores tenía el 50 por ciento de la propiedad, siendo el resto de inversionistas extranjeros que asumieron su administración. Vendió completamente su participación en agosto del 2000 al inversionista estadounidense Inverlink. La información sobre la propiedad y la composición del directorio de las AFP la he tomado del Boletín Estadístico de la Superintendencia de AFP, diversos años.

87 Esto fue planteado por José Pablo Arellano, «Efectos macroeconómicos de la reforma previsional chilena», Cuadernos de Economía, Nº 56, 1939282, pp. 111-122. Calculaba que los menores ingresos anuales del sector público podían llegar a ser hasta de un 4,3 por ciento del PGB a causa de los trabajadores que se cambiaran de sistema. Como las cotizaciones para financiar las asignaciones familiares y subsidios de cesantía disminuirían gradualmente entre 1981 y 1983, esto provocaría menores ingresos anuales al fisco, que podrían llegar a representar el 1 por ciento del PGB, Ibíd., p. 112.

88 Por la importancia de la reforma, los militares del COAJ participaron en el debate de la II Comisión Legislativa, que era presidida por el comandante en jefe de la FACH, general del Aire Fernando Matthei. También intervino el organismo asesor directo de la Junta, la Secretaría de Legislación, formando así una «comisión mixta».

89 El monto de la pensión era muy importante porque los militares tienen dificultades para conseguir trabajo cuando salen a retiro, por el hecho de no estar preparados para entrar al mercado ocupacional, por lo que es un recurso de enorme importancia para sobrevivir. Esto fue expuesto por el asesor legal del general Pinochet, Fernando Lyon, Acta de la sesión conjunta de las Comisiones Legislativas, el Comité Asesor y la Secretaría de Legislación, 22 de octubre de 1980, p. 276.

90 Fue planteado por el abogado Walter Riesco, miembro de la II Comisión Legislativa, Acta de la sesión conjunta de las Comisiones Legislativas, el Comité Asesor y la Secretaría de Legislación, 21 de octubre de 1980, p. 281.

91 Es interesante la oportunidad en que se empleó este argumento, es decir, antes de que ocurriera la crisis económica de 1982, agravada por el alto endeudamiento de los grupos económicos.

92 «Yo mantengo las observaciones en pensiones, ¿por qué? Porque aquí hay dos caballeros que tratan de tomar... no los nombraré, pero ustedes los conocen perfectamente bien porque esto se publicó en la revista Hoy. Es tan grande la maquinaria, pero si le tocan la tuerca de abajo, se desmorona todo el edificio. Es claro, es un imperio montado. Entonces, he sabido quiénes harán malo el sistema», AHJG, sesión Nº 398, 14 de octubre de 1980, p. 45. Vial creía que el nuevo sistema funcionaría a través de los bancos, lo que le daba una gran ventaja al poder usar la infraestructura del Banco de Chile, que estaba en todo el país; Cruzat creía que se organizaría a través de nuevas entidades, para lo que comenzó a preparar el personal necesario para trabajar desde el primer día. La razón la tuvo el segundo.

93 Matthei usa una argumentación ambigua, cosa recurrente en sus planteamientos en los debates de la Junta de Gobierno, para exhibir una clara independencia respecto de Pinochet.

94 Fue planteado por el representante del Ejército en la Junta de Gobierno, general César Raúl Benavides: «El personal de las Fuerzas Armadas (no quiere aparecer) al margen de este proceso, es decir, se expresa pero no se anota», Acta de la sesión conjunta, p. 274.

95 Para diversas reacciones de dirigentes sindicales: «Reacciones ante la reforma previsional», El Mercurio, 8 de noviembre de 1980.

96 Este grupo reunió a importantes dirigentes del «gremialismo», que posteriormente conformarían la UDI. Su primer y único secretario general fue Javier Leturia, ex presidente de la FEUC y encargado nacional del Frente Juvenil de Unidad Nacional, tema analizado en el Capítulo VIII.

97 Era dirigido por Roberto Pulido y el ex secretario nacional de la Juventud, Javier Leturia; El Mercurio, 16 de noviembre de 1980.

98 Revista Hoy, Nº 197, de 29 de abril a 5 de mayo de 1981.

99 Recordó que él había hecho con anterioridad una propuesta para reformar el sistema, pero «no hubo fuerza política para llevarla a cabo»; El Mercurio, 8 de noviembre de 1980.

100 «Ya viene la reforma», Hoy, N° 170, 22-28 de octubre de 1980, pp. 30-32; «En la puerta del horno», Hoy, N° 172, 5 al 11 de noviembre de 1980, pp. 19-20; «Efectos de la reforma», Hoy, N° 173, 12 al 18 de noviembre de 1980, pp. 14-15.

101 Revista Hoy, Nº 174, 19 al 25 de noviembre de 1980.

102 Ibídem.

103 Ibídem.

104 Hoy, Nº 170, octubre de 1980.

105 Ibídem.

106 Piñera argumentó que el ahorro de las cotizaciones empresariales llevaría a un aumento del empleo.

107 Estas dos, junto a otras tres AFP: San Cristóbal, Habitat, de la Cámara Chilena de la Construcción, y Summa, del grupo Matte, concentraron el 84,3 por ciento del total de los afiliados. Las otras AFP fueron Alameda, Concordia, Cuprum, El Libertador, Invierta, Planvital y Santa María. Meses después se incorporó la AFP Magister, formada por profesores. Habitat aumenta progresivamente su participación hasta llegar al 11,8 por ciento en 1985. Ese mismo año Provida tenía el 28,89 por ciento de los afiliados y Santa María el 18,8 por ciento.

108 Historia de la ley Nº 18.398, p. 46.

109 Véase entrevistas al Jefe de la División Financiera de la Superintendencia de AFP, Eugenio Camus: «Con lupa estudian inversión de fondos de pensiones», La Tercera de la Hora, 15 de septiembre de 1983, y «Posibles Nuevas Inversiones para Fondos de AFP», El Mercurio, 12 de diciembre de 1983.

110 Entrevista a Ignacio Cousiño, «No hay que innovar en políticas de inversión de fondos de las AFP», El Mercurio, 12 de julio de 1983. Algún tiempo después volvió a referirse al tema, expresando que era una «idea que hay que madurar»: «Soy partidario de que los afiliados participen en directorios de las AFP»; La Segunda, 11 de octubre de 1983.

111 Ibídem.

112 El presidente de la AFP Summa, Benjamín David, señalaba que aun cuando sería indispensable que se abriera la posibilidad de invertir en la bolsa, consideraba que «por el momento eso está lejos de ocurrir. Nosotros no podemos ingresar a la bolsa si antes no nos aseguran la recuperación de nuestras inversiones. Antes de invertir en acciones habría que reglamentar todo el mercado accionario»; «AFP: Un Balance Positivo III. El impacto futuro», El Mercurio, 7 de agosto de 1983. En el mismo sentido opinaba Virgilio Perreta, presidente de AFP Cuprum, todavía bajo el control de los supervisores de Codelco: «A mí me preocupa mucho que las autoridades accedan a estas presiones, y que el día de mañana digan, por ejemplo, que se pueden comprar acciones, cuando si no hay una competencia efectiva, todo el sistema se puede derrumbar»; Ibídem.

113 «Exclusivo: Texto del proyecto que permite la inversión de las AFP en acciones», El Mercurio, 20 de abril de 1984. La política de la apertura se analizará en el Capítulo X.

114 Estaría integrada por cinco personas: el superintendente de AFP, el de Bancos e Instituciones Financieras y el de Valores y Seguros, y dos representantes de las AFP, elegidos por estas. Durante la discusión del proyecto, las AFP reclamaron por la mayoría del Gobierno en el organismo, por lo que se añadieron dos miembros: un representante del Banco Central, que es autónomo constitucionalmente, y otro más por las AFP; Historia de la Ley N° 18.398, p. 299.

115 Fueron conocidas como las empresas «afepeables».

116 Ninguna persona jurídica, ya sea directamente o por intermedio de otras, podría concentrar más del 20 por ciento de las acciones de la empresa, con excepción del fisco, en cuyo caso el límite aumentaba al 40 por ciento. Además, se establecía que el 50 por ciento de las acciones debía estar en poder de accionistas minoritarios y el 15 por ciento de las acciones de la sociedad debía estar suscrito por más de cien accionistas no relacionados.

117 Historia de la Ley N° 18.398, p. 52. Las empresas que querían abrirse a las AFP debieron reformar sus estatutos para asumir estas normas de desconcentración de la propiedad.

118 El proyecto fue criticado por personalidades que apoyaban el régimen militar. El ex senador y miembro del Consejo de Estado Pedro Ibáñez cuestionó la apertura de las AFP al mercado accionario por la inestabilidad del mismo, sosteniendo que «si este proyecto se aprueba, las AFP ingresarían al oscilante y riesgoso campo de los títulos bursátiles, cuya rentabilidad fluctúa constantemente y cuyo patrimonio desaparece del todo»: «Urge un mercado accionario sano», El Mercurio, 17 de junio de 1984. La iniciativa fue criticada por dirigentes sindicales de oposición, denunciando que con ella se buscaba la privatización de las empresas públicas. Véanse las declaraciones de Federico Mujica, «Previsión e inversión», La Tercera, 5 de junio de 1984; también la declaración del Sindicato Nº 2 de Trabajadores del Banco de Chile, «Declaración pública sobre reforma previsional», La Tercera, 6 de junio de 1984.

119 «Urge un mercado accionario sano», El Mercurio, 17 de junio de 1984.

120 Entrevista a Alfonso Serrano, ministro del Trabajo subrogante, «Proyecto resguarda plenamente fondos de afiliados a AFP», El Mercurio, 10 de junio de 1984. En el mismo contexto, el superintendente de AFP, Juan Ariztía, señalaba que frente a cualquier manejo demagógico de las empresas estatales en que se iban a invertir los fondos, «no le cabe duda que en esas circunstancias los afiliados se organizarían para salir en defensa de sus fondos»; «Urge un mercado accionario sano», El Mercurio, 17 de junio de 1984.

121 Es la Ley Nº 18.398.

122 Ley N° 18.646, de 29 de agosto de 1988, y Ley Nº 18.798, de 23 de mayo de 1989.

123 Las empresas eran: Enersis, Chilquinta, Chilgener, Endesa, CAP, Soquimich, Laboratorios Chile, Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Entel, CTC, Pizarreño, Andina CCT, Copec, Elecmetal, Iansa, Lucchetti, Sudamericana de Vapores, Marinsa, Minera, Pesquera Coloso, Cementos, Madeco y CTI.

124 En 1989, el 94,4 por ciento de los recursos del fondo invertido en acciones de empresas (que representaban el 10,1 por ciento de este) estaba concentrado en 23 y casi todas privatizadas o reprivatizadas por constituir parte en «el área rara». Esta participación fue disminuyendo en los años noventa, hasta llegar al 76,6 por ciento en 1997, porcentaje que continúa siendo muy alto.

125 Esto ocurrió con la CTC, en que el grupo australiano Bond, teniendo el 45 por ciento de las acciones, pudo elegir a cuatro de los siete directores; Marcel (1989: 33).

126 Solo se consiguió transparencia en las votaciones de las juntas de accionistas con la Ley de Reforma del Mercado de Capitales decretada por el primer Gobierno de la democracia, en 1994. La Superintendencia de AFP envía representantes a las juntas a controlar el acto, y las AFP deben manifestar públicamente por quién votan.

127 También cabría evaluar el impacto del poder político y económico que tienen las AFP en las empresas donde poseen acciones, situación que no estaba regulada hasta que se reformó el mercado de capitales de mayo de 1994.

128 El sistema público de salud previsional, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), es el que tiene mayor confianza, 59 por ciento, mientras que las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) son las que tienen el menor apoyo, 21 por ciento, Barómetro CERC, julio 2000.

129 Los costos superaban el 1 por ciento de las cotizaciones de los asalariados. Hay diversos estudios sobre los problemas de eficiencia de la AFP y su impacto en su costo de administración; José de Gregorio, «Propuesta de flexibilización de las comisiones de AFP», Estudios Públicos, N° 68, pp. 97-110; Álvaro Donoso, «Los riesgos para la economía chilena del proyecto que modifica la estructura de las comisiones de las AFP», Estudios Públicos, N° 68, pp. 111-126; Salvador Valdés, «Libertad de precios para las AFP: Aún insuficientes», Estudios Públicos, N° 68, pp. 127-147.

130 Aspectos macroeconómicos del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2000, presentado por Mario Marcel, Director de Presupuestos, a la Comisión Especial de Presupuestos del Congreso Nacional, octubre 2000, p. 49.

131 Para tener una idea de su magnitud, en 1999 fue equivalente a más de siete veces el presupuesto de todos los programas del Fondo de Solidaridad a Inversión Social (Fosis) del Ministerio de Planificación; Arenas (1999: 6).

132 He seguido a Bernstein (1995, 1996), Philippi ((1993). Para una presentación general del sistema eléctrico, Blanlot (1993).

133 Estos actores no tuvieron inhibiciones éticas, en el sentido que da North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico.

134 En 1990 la situación cambió con la entrada en funcionamiento en 1985 de la central hidroeléctrica Colbún-Machicura, que, con 490 MW, representó un 19,3 por ciento de la capacidad instalada, con lo cual Endesa bajó al 59,4 por ciento y Chilgener al 15,9 por ciento, habiendo un 5,4 por ciento en otras generadoras.

135 Fue el resultado de una fusión entre una empresa estadounidense fundada en 1889 y una empresa nacional creada en 1919.

136 Memoria Endesa 1982, p. 2

137 También había dos sistemas pequeños para cada una de las dos regiones del extremo sur del país; Bernstein, «Establecimiento de una política energética».

138 Se estableció en la Ley Eléctrica de 1982, D.L. N° 1, de Minería, de septiembre de 1982; el reglamento con las disposiciones sobre el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC), D.S. N° 6, de Minería, es de febrero de 1985.

139 Este nuevo sistema comenzó a regir en 1980, antes de la promulgación del texto legal.

140 Según Bernstein (1995: 27), la principal oposición habría provenido de los trabajadores, «que percibían una amenaza a su estabilidad laboral y a las denominadas conquistas sociales. Esta situación fue cambiando con el tiempo, en la medida que se ofreció a los trabajadores la venta de acciones financiadas con una parte de los fondos de retiro individuales».

141 «El Sindicato de Ingenieros se opuso a que sus miembros compraran acciones, pero esta buena intención no fue respetada por sus miembros» (Bernstein, 1995: 27).

142 Los demás miembros del directorio fueron el ingeniero Juan Hurtado Vicuña, un empresario amigo de Büchi, los economistas Andrés Passicot, director del INE, y Ernesto Fontaine, uno de los padres fundadores de los Chicago boys. También estaba el yerno del general Pinochet, Julio Ponce Lerou, el teniente coronel de Ejército Gustavo Latorre y el abogado del servicio de justicia del Ejército, Juan Romero. Hurtado era también director de CAP y Chilectra Metropolitana de Distribución Eléctrica S.A., habiendo sido antes director de Chilectra S.A.; Memoria Endesa 1982, pp. 10-14.

143 La lista se encuentra en Memoria Endesa1983, p. 2. La oposición de los funcionarios de Endesa a su división se manifestó ya en 1981 al conformarse la empresa generadora Colbún-Machicura, central hidroeléctrica que se construiría en la VII Región. Esta medida provocó un conflicto con la CNE, que había preparado la iniciativa de su separación, desembocando en la renuncia de su secretario ejecutivo, Bruno Philippi.

144 Un perfil biográfico ofrecen Osorio y Cabezas (1995, capítulo III).

145 Lo cuenta en la entrevista a Cosas, N° 1.479, 19 de diciembre de 1994, pp. 33-36, «José Yuraszeck. Radiografía íntima de un “azar” moderno».

146 Se podría afirmar que desde este momento Yuraszeck tuvo interés en el tema eléctrico, pues inicialmente fue contratado a honorarios para hacer un estudio sobre este tema en la XI Región, contrato Nº 747, del Ministerio del Interior, 31 de agosto de 1978. Fue nombrado en calidad de suplente el 20 de septiembre de 1978, Decreto de Interior N° 815, y en propiedad el 30 de noviembre de 1978, Decreto de Interior Nº 1.087.

147 Decreto Nº 989, de Interior, 9 de septiembre de 1980. La participación de los militares en el Gobierno de las regiones es analizada en el Capítulo IV.

148 Decreto Nº 1.325, de Interior, 4 de octubre de 1982.

149 Se acepta su renuncia voluntaria por el Decreto Nº 1.258, de Interior, de 28 de octubre de 1983. Las causas de la pérdida de poder del «gremialismo» en esos años se analizan en el Capítulo X.

150 En 1980 fue nombrado gerente general por el directorio. Integró la directiva del Centro de Economía de la Universidad Católica en 1971-1972, como se analiza en el Capítulo VII.

151 Fueron las sociedades Chispas I y Chispas II, surgidas en julio de 1986. Estas empresas no son mencionadas en el folleto en que relata la historia de Enersis; Yuraszeck (1991). Estas sociedades, a su vez, crearon dos sociedades nuevas: Inmobiliaria Luz y Fuerza Ltda. e Inversiones Los Almendros Ltda.

152 Con fecha 31 de julio de 1987, el Banco del Estado de Chile cursó dos operaciones por 568.002 UF, estableciéndose que el crédito debería estar pagado en enero de 1996. Con este crédito se procedió a comprar a Corfo 2.349.731 acciones de Chilectra Metropolitana. Los activos de ambas sociedades, tanto las acciones adquiridas a Corfo como las aportadas por los socios, quedaron prendadas a favor del banco, así como el cien por cien de los dividendos que produjeron las sociedades en garantía, los que debían destinarse al pago de las acciones. He seguido el folleto escrito por Yuraszeck (1991: 25-26).

153 En esto he seguido el relato que hace el propio Yuraszeck (1991: 26), que señala que los directores representantes de los trabajadores eran «dirigentes sindicales», para demostrar así el apoyo de los sindicatos a esta forma de apropiación de la empresa. Volveremos sobre este punto más adelante, porque sin tener una parte significativa del capital, los altos ejecutivos obtuvieron la mitad de los derechos políticos de Enersis.

154 Enersis surgió en agosto de 1988, siendo su primer presidente José Piñera y su gerente general José Yuraszeck. Las acciones pertenecieron en un 32,7 por ciento a las AFP, 25,1 por ciento a los trabajadores de Enersis y sus filiales, y el 42,2 por ciento a otros accionistas, representados por 11 sociedades y 1.081 «otros accionistas»; Memoria Chilectra Metropolitana 1988, p. 5; Memoria Enersis 1988, pp. 6-9. En 1991 asumió la presidencia el abogado Luis Fernando Mackenna, entrando al directorio el ex ministro de Minería del régimen de Pinochet, Hernán Felipe Errázuriz; Memoria Enersis 1991.

155 Además de José Piñera entró al directorio de Enersis en 1988 un abogado estrechamente ligado al régimen militar; Pérez de Arce (Memoria Chilectra Metropolitana 1988, p. 9). En 1989 fue designado director el ex ministro de Hacienda, Sergio de la Cuadra (1982).

156 En 1990 Piñera dejó la presidencia de Chilectra, asumida por Sergio de la Cuadra. Yuraszeck fue nombrado vicepresidente, asumiendo la gerencia general Marcos Zylberberg; Memoria Chilectra Metropolitana 1990, pp. 8-10.

157 Sobre la estructura de Enersis, véase Raineri (1999).

158 Los directores eran cuatro militares y cinco civiles, siendo el presidente de la empresa el brigadier general Fernando Hormazábal Gajardo, ingeniero militar, también presidente ejecutivo de Codelco; Memoria Endesa 1988, pp. 10-11.

159 Memoria Endesa 1989, p. 10.

160 También se decidió, al término del régimen militar, la privatización de la empresa de generación hidroeléctrica Colbún-Machicura, cuyas acciones se venderían a los empleados públicos o municipales, sobre la base de sostener que con ello se beneficiaría a profesores municipalizados; Resolución del directorio de Corfo N° 1454, de 12 de diciembre de 1989. Esta privatización no se materializó a causa de la inauguración de la democracia y fue realizada en el segundo Gobierno de la Concertación (1994-2000), después de una fuerte oposición del grupo de Yuraszeck, excluido de la licitación, al igual que Chilgener, porque se decidió el ingreso de nuevos actores para disminuir la concentración. Fue adjudicada a un consorcio belga-chileno, este último una empresa del grupo Matte.

161 La Superintendencia de AFP no tiene la información para esos años sobre la participación de la totalidad de las AFP en la propiedad de las empresas en que tenían acciones. Una revisión de las memorias de las principales empresas eléctricas muestra que en 1991 una cuarta parte del total de las acciones de las AFP estaban concentradas en Enersis (Chilectra), 25,41 por ciento, y solo un 5,36 por ciento en Chilgener. Entre los doce principales accionistas de Endesa, las AFP tenían 25,02 por ciento de la propiedad; Memoria Endesa 1991. La participación de las AFP en la propiedad de Endesa era superior, porque la memoria solo da cuenta de los porcentajes pertenecientes a los doce principales accionistas, sin mencionar a las que tenían menores porcentajes accionarios.

162 Este poder fue empleado para hacer fracasar la privatización de Colbún durante el segundo Gobierno democrático, disuadiendo a las empresas extranjeras interesadas en participar en la licitación, amenazándolas con los problemas de transmisión y distribución que tendrían. Este fue uno de los motivos que tuvieron Power Gen y National Power de Gran Bretaña, para marginarse de la licitación. Esta información me fue proporcionada por ejecutivos de ambas empresas, en entrevistas que sostuve en Londres, septiembre de 1997.

163 Ambos tipos de acciones posteriormente se abrieron a la bolsa y tuvieron distinto precio, pues las de clase B superaban en aproximadamente un 60 por ciento a las de clase A.

164 La privatización eléctrica en Gran Bretaña se comenzó a preparar a fines de los años ochenta y se materializó en 1990-1991. Véase Surrey (1996). La de España se inició con el Gobierno de José María Aznar, elegido en 1996.

165 El requerimiento también se extendió a Transelec, la empresa de transmisión controlada por Endesa.

166 El directorio de Enersis sabía de la necesidad de buscar un socio estratégico para hacer frente a las altas deudas contraídas para hacer frente al ambicioso plan de expansión impulsado por sus ejecutivos. El problema fue que en el camino de la búsqueda del inversionista se provocó un grave conflicto de intereses que no fue conocido oportunamente por el directorio, pues se confundió la defensa de los intereses del holding con la negociación de los derechos políticos de sus altos ejecutivos.

167 Este comportamiento fue cuestionado entre los empresarios, debiendo Yuraszeck renunciar a su cargo en el Consejo de la Sofofa y en el consejo directivo del influyente Centro de Estudios Públicos.

168 La excepción fue el abogado Luis Fernando Mackenna, que falleció durante el conflicto ante los tribunales, y sus herederos, su esposa e hijos, argumentaron no estar obligados al pago de la multa, dado que las multas impuestas por órganos estatales son de naturaleza jurídica penal y, por ende, personalísima, que no se transfiere a sus herederos.

169 «Tesorería accede a condonar parcialmente intereses a ex ejecutivos de Enersis», La Tercera, 18 de agosto de 2005.

170 La Tercera, 21 de julio de 2002, pp. 8-9. La declinación de sus aspiraciones senatoriales la da a conocer en una entrevista a La Segunda, 25 de abril de 2003, pp. 54-55.

CAPÍTULO X

LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL AUTORITARISMO: LAS PRIVATIZACIONES

1 Editorial, «11 de marzo: Ante nueva etapa jurídico-política», Realidad, Nº 22, marzo 1981, p. 4. Escrito por Jaime Guzmán.

2 «No se trata de esperar ocho años el advenimiento de la plena democracia, sino de lograr en este lapso las condiciones que permitan su futura consolidación estable y fecunda»; «Transición: compromiso y desafío», Editorial, Realidad, Nº 23, abril de 1981, p. 4.

3 «Alcanzar las condiciones para una democracia estable supone lograr un desarrollo económico, social y educacional suficiente para que sus beneficios espirituales y materiales, extendidos a toda la ciudadanía en medida significativa, comprometan a cada ciudadano con la defensa de las bases del sistema»; «Transición: compromiso y desafío», Editorial, Realidad, Nº 23, abril de 1981, p. 4. Estas ideas se inspiraban en el clásico estudio de la modernización de Seymour Martin Lipset (1959).

4 La disposición 10 transitoria de la Constitución de 1980 era muy clara, estableciendo que a los partidos políticos les estaba prohibido «ejecutar o promover toda actividad, acción o gestión de índole político-partidista, ya sea por personas naturales o jurídicas, organizaciones o agrupaciones de personas. Quienes infrinjan esta prohibición incurrirán en las sanciones previstas en la ley».

5 Jaime Guzmán, «El sentido de la transición», Realidad, Nº 38, julio de 1982, pp. 9-28, la cita es de p. 16. Un año después, Guzmán cambió esta posición política al admitir de hecho la legalización de los partidos cuando fundó la UDI.

6 «Solo una evolución de los opositores democráticos que, al margen de sus legítimas discrepancias con el texto constitucional vigente, implicara su leal acatamiento tanto del proceso político que este diseña como del papel que en su desarrollo se asigna al presidente Pinochet y al actual Gobierno, demostraría una efectiva madurez política de tales sectores, factor cuya ausencia dificulta hoy —en extremo— cualquier transición hacia una democracia estable»; «Transición: importancia y exigencias», Editorial, Realidad, Nº 41, octubre de 1982, p. 4, cursivas en el original.

7 Guzmán, «El sentido de la transición», p. 19. Los matices que emplea Guzmán para defender el art. 24 transitorio traslucen una clara defensa del exilio: «Hasta ahora y salvo ciertas excepciones discutibles, estimo que ha predominado una adecuada ecuación de energía y mesura, sin que pueda sostenerse con objetividad que las atribuciones del artículo transitorio en referencia se hayan ejercido en forma generalizadamente abusiva», Ibídem, p. 19.

8 Esta constelación de factores explica que el régimen de Pinochet no evolucionara hacia mayores espacios de pluralismo limitado, como sí lo hizo la España de Franco a fines de los años sesenta debido a su gran desarrollo económico, como plantea Klaus von Beyme (1974).

9 En el Diego Portales, «mi contacto con el presidente era no solo cotidiano, sino virtualmente permanente» (Fernández, 1994: 172). Pinochet apelaba a la tradición de un presidencialismo muy poderoso, una forma de Gobierno cuya excesiva centralización de la autoridad fue criticada con diferentes argumentos por Linz (1990, 1994).

10 Pinochet ordenó construir en Lo Curro, un exclusivo barrio de Santiago, una casa presidencial de enorme tamaño y lujoso alhajamiento, lo que fue rechazado por la opinión pública y criticado hasta por sus partidarios por no corresponder a la imagen de austeridad que decía representar. La crisis económica agravó las críticas, debiendo Pinochet, a comienzos de 1984, suspender la mudanza que tenía preparada para trasladarse allí desde la residencia del comandante en jefe del Ejército.

11 «[Las “asesorías paralelas”] estaban operando durante los meses anteriores, como una suerte de red paralela al gabinete, con detrimento de la coordinación y la coherencia de la labor gubernativa y creando confusión en la ciudadanía» (Fernández, 1994: 180).

12 Jaime Guzmán desarrolló entre 1980 y 1982 una campaña constante de denuncia en contra de «los duros», calificándolos como un grupo fascistoide, que decía apoyar al Gobierno y a Pinochet, pero cuestionaba la Constitución. Véanse los editoriales de Realidad, «El camino político en debate», Nº 10, marzo de 1980, p. 10; «Alcances de una declaración ministerial», Nº 12, mayo de 1980, p. 12; «Ante una decisión política trascendental», Nº 15, julio de 1980, p. 3; «Transición: compromiso y desafío», Nº 23, abril de 1981, p. 3; «Dos frentes antagónicos contra la Constitución», Nº 24, mayo de 1981, pp. 3-7.

13 En un «Memorándum sobre situación política» escrito a comienzos de 1980, Guzmán describe a la oposición proviniendo de «dos extremos, pero cuyos planteamientos tienen una extraordinaria similitud y convergencia: por un lado, los grupos marxistas, demócrata cristianos y socialdemócratas y, por otro lado, los sectores fascistas». En ese mismo documento llama la atención sobre el hecho de que Pablo Rodríguez, el principal portavoz de «los duros», haya usado los argumentos del libro de Fernando Dahse (1979) sobre «El mapa de la extrema riqueza» para denunciar la concentración económica. El texto de Guzmán se encuentra en la Fundación Jaime Guzmán Errázuriz.

14 El pretexto fueron declaraciones a un diario extranjero; en el fondo era una represalia porque Zaldívar había tenido un activo protagonismo en la campaña en contra de la ratificación plebiscitaria, tratando de persuadir al ex presidente Alessandri para que votara en contra.

15 Los otros eran Orlando Cantuarias (PR) y Alberto Jerez, ex senador del PDC, que en 1969 había renunciado a la colectividad para crear el MAPU, y retornar a la DC después del golpe militar. Las circunstancias que rodean las expulsiones están en Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989: 357-358).

16 La investigación judicial fue suspendida durante años por falta de interés del ministro instructor, hasta que su cambio en 1999, por decisión de la Corte Suprema, permitió avanzar, concluyendo que fue asesinado por miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

17 Legalmente la CNI dependía del Ministerio del Interior, pero eso era irreal, pues seguía estando ligada al general Pinochet.

18 Mena tenía buenas credenciales en materias de derechos humanos, pues cuando era comandante del regimiento de Arica al momento del golpe, impidió la intervención de la «Caravana de la Muerte», al enterarse de los crímenes cometidos por la comitiva del general Sergio Arellano en Calama y Antofagasta.

19 En abril de 1980 asaltaron tres sucursales bancarias, después atacaron la «Llama de la Libertad», un símbolo del régimen, acribillando a un carabinero; en junio asaltaron dos cuarteles policiales y una sucursal del Banco del Estado; una semana más tarde, una docena de miristas robó tres sucursales bancarias, todos actos realizados en Santiago (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 300).

20 Una entrevista anónima en La Tercera de la Hora dio cifras que ilustraban que la lucha contra el terrorismo se perdía, pues habían ocurrido 198 actos terroristas desde 1978, sin que existieran detenidos y más de una docena eran ataques armados contra cuarteles y personal de las FF.AA. y Carabineros (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 301).

21 Contreras responsabilizó a Mena de filtrar los documentos en su contra; Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989: 302-303). El alejamiento de Mena fue considerado un triunfo de «los duros», siendo criticado por El Mercurio, 26 de agosto de 1980. Contreras defendió la medida, argumentado que fue despedido por ineficaz. Véase Jaime Moreno, «Cambios en la CNI», Hoy, 30 de julio de 1980.

22 También detuvo a un periodista de radio Chilena, lo que produjo molestia en la Iglesia católica.

23 El 28 de diciembre de 1980 fue asesinado un miembro de Patria y Libertad y colaborador de la CNI; el 12 de enero de 1981, agentes de la CNI asesinaron a un militante del PC que había regresado del exilio en octubre de 1980 (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 344-345).

24 El robo fue cometido por un mayor de Ejército, responsable de la CNI de Arica, que mató al agente y al cajero para atribuirles la responsabilidad del hecho. Sus cadáveres fueron encontrados dinamitados. En las semanas siguientes a este hecho, tres personas vinculadas a este oficial de la CNI aparecieron muertas (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 346).

25 El 22 de junio de 1981 un comando de varias decenas de miristas atacó simultáneamente la sucursal del Banco del Estado en Apoquindo con Manquehue, una comisaría de Carabineros y un cuartel de Investigaciones del mismo sector. En esos días fue asesinado, probablemente por venganza, Óscar Polanco, ex militante del PS que había colaborado con los servicios de seguridad (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 347).

26 Esta propuesta de Sergio de Castro encontró la oposición de José Piñera, ministro del Trabajo, que en el Plan Laboral de 1979 había fijado un piso de las remuneraciones que se vería perjudicado por esta iniciativa (Arancibia Clavel y Balart Páez, 2007: 370).

27 Sergio de Castro había perdido la confianza de Pinochet porque propuso políticas muy impopulares, como bajar las remuneraciones de los trabajadores del sector público y privado, incluidos los militares. Un resumen de las proposiciones se encuentra en Fernández (1994: 179-181).

28 En su editorial del 30 de marzo, El Mercurio planteó la conveniencia de flexibilizar algunos aspectos del programa económico, por necesidades políticas: «[Se deben tomar medidas que] hagan pasar este año sin un costo político excesivo y sin comprometer demasiado las expectativas de crecimiento económico», El Mercurio, 30 de marzo de 1982, citado por Fernández (1994: 179).

29 En sus conversaciones con Arancibia Clavel y Balart Páez (2007), Sergio de Castro explica las circunstancias que lo alejaron del gabinete, sin dar importancia al discurso del ex presidente Alessandri. Estaba agotado —era ministro de Hacienda desde el cambio de gabinete de abril de 1978— y se sentía sin apoyo de Pinochet para llevar adelante su propuesta de enfrentar la crisis económica, que atribuía a factores externos.

30 Los economistas de Cieplan habían advertido en artículos de prensa y académicos, desde fines de los años setenta, sobre la extrema vulnerabilidad de la economía por el excesivo endeudamiento externo y la ausencia de regulaciones de los créditos. Los artículos críticos de la política neoliberal se reproducen en el libro de Foxley et al. (1985).

31 En esto nos apoyamos en Ffrench-Davis (1999).

32 En el cambio de gabinete de febrero de 1983, Pinochet quiso incorporar a uno de ellos, Gastón Acuña, como ministro secretario general de Gobierno, lo que fue fuertemente criticado por algunos de sus asesores (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 395).

33 El presidente del Banco Central, Miguel Kast, estaba de visita en Alemania y no fue informado de la decisión (Lavín, 1986: 86-87).

34 Desde mayo de 1982 a marzo de 1983 el Estado hubo de hacer préstamos de urgencia y sobregiros a las instituciones financieras con problemas o en liquidación, que ascendieron al 15 por ciento del PGB de 1982 (Arellano, 1983: 49).

35 El ex ministro Sergio Fernández caricaturiza la gestión de Escobar: «El nuevo titular de Hacienda propició, en primer lugar, una política expansiva del gasto fiscal; el Banco Central debía emitir para financiar obras públicas. Tres meses después de asumir Escobar se imponía una sobretasa arancelaria a la importación de más de 240 productos; así, la economía dejaba de estar abierta a la competencia mundial y se reencaminaba hacia el proteccionismo» (Fernández, 1994: 199). Luis Escobar Cerda había sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile (1955-1964), institución que junto con la Cepal fue el centro del «estructuralismo», la escuela opuesta a los neoliberales; militante del Partido Radical, fue nombrado ministro de Economía y su partido se integró al Gobierno del presidente Jorge Alessandri, que había sido elegido en 1958 con el apoyo de los partidos Liberal y Conservador. Este ha contado su versión de la participación en el régimen militar en un informativo libro (Escobar Cerda, 1991).

36 Los programas de empleo comunitario habían comenzado en 1974 y eran ejecutados por las municipalidades.

37 Programa de Economía del Trabajo (PET), Serie de indicadores económicos y sociales, diversos meses, 1982 y 1983. Sobre el PEM y sus implicancias sociales, véase Ruiz-Tagle y Urmeneta (1984).

38 He analizado esto en otros trabajos: Huneeus (1985, 2009 A); véase también Morales (1987).

39 PET, Serie de indicadores económicos y sociales, diversos meses, 1983 y 1984. La disminución de los programas de empleo implicó una reducción del gasto público, lo que también contribuía a disminuir las presiones sobre el déficit fiscal, medida exigida por el FMI con el cual el Gobierno negociaba un acuerdo para conseguir un crédito que le ayudara a enfrentar la crisis.

40 Calculado sobre la base de la información de los boletines de la Vicaría de la Solidaridad, distintos meses, 1983-1985, que he analizado en Huneeus (1985: Cuadro 9).

41 Como las elecciones gremiales se suspendieron, Vilarín y Cumsille se habían mantenido en sus cargos durante el régimen militar.

42 Al 19 de agosto de 1984 había 7.500 multas por sobrecarga en el período del 7 de septiembre de 1981 al 4 de marzo de 1984, por un total de 260 millones de pesos.

43 También hubo una política de patronazgo económico hacia los taxistas, afectados por las deudas de sus vehículos, pudiendo reprogramarlas en plazos más largos.

44 El INE indicaba que el ingreso real era el 64,4 por ciento del que hubo en septiembre de 1981, pero en realidad era el 55,8 por ciento.

45 «La renuncia de Lamarca», Qué Pasa, Nº 682, 2 al 9 de mayo de 1984, pp. 10-16; «Lamarca, Cumsille y... ¿Portales?», pp. 12-14; «Lo que le hicieron a Lamarca», Entretelones, Nº 4, 1984; «La caída de Lamarca» (también en portada), Hoy, Nº 355, 9 al 15 de mayo de 1984.

46 He analizado esto, entregando las distintas condiciones ofrecidas por los bancos, en otro lugar (Huneeus, 1986).

47 En este punto nos apoyamos en una minuta de Carlos Carmona sobre «la deuda subordinada», que agradecemos.

48 Fueron las leyes 18.401, del 26 de enero de 1985, y 18.818, del l de agosto de 1989.

49 Sobre las protestas, con información de las principales organizaciones que intervinieron, véase De la Maza y Garcés (1985).

50 El Gobierno había expulsado del país a uno de los dirigentes de los pequeños agricultores, Carlos Podlech (Campero, 1991: 137).

51 Un simpatizante «gremialista» fue nombrado ministro de Educación: el historiador Horacio Aránguiz, profesor de la Universidad Católica. Hernán Büchi fue nombrado ministro de Odeplan. La composición del gabinete irritó al «gremialismo», como admitió el ex ministro Fernández: «Los grupos que llegaron al Gobierno con Jarpa no se entendieron con los “gremialistas” que ya cumplían funciones en él. El general desplazamiento de estos últimos abrió heridas, especialmente inoportunas en la crisis que se vivía» (Fernández, 1994: 193-194).

52 Su creación fue posible porque contaron con financiamiento aportado por agencias de cooperación al desarrollo de países europeos, especialmente de Holanda, porque no recibieron financiamiento de empresas en Chile. Hay un estudio sobre el semanario Hoy, que fue la continuación de Ercilla, un antiguo y prestigioso semanario de información política.

53 Sobre la radio Cooperativa durante la dictadura, véase Rivera (2008).

54 Había un canal del Estado, Televisión Nacional de Chile (Canal 7), y canales de tres universidades, donde destacaba el de la Universidad Católica (Canal 13) —casa de estudios controlada por los «gremialistas»—, de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica de Valparaíso.

55 Para noviembre de 1987, Encuesta nacional, 2.500 casos, CERC. Para marzo de 1988, Encuesta nacional, 2.000 casos, realizada entre el 25 de marzo y el 10 de abril de 1988, CERC. Para junio de 1988, Encuesta Santiago, 700 casos, realizada entre el 28 de junio y el 13 de julio de 1988, CERC.

56 En junio de 1983, el papa Juan Pablo II aceptó con rapidez la renuncia presentada por el cardenal Silva Henríquez al cumplir setenta y cinco años de edad, fecha en que deben acogerse a retiro los obispos y cardenales.

57 Este organismo opositor estaba integrado por el PDC, el Partido Socialista, sector encabezado por Ricardo Núñez, y el Partido Radical. Véase Ortega Frei (1992).

58 El art. 19, Nº 16 de la Constitución dispuso que «nadie podría ser obligado a pertenecer a una asociación» y que «ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar determinada actividad o trabajo».

59 Obtuvo 1.339 preferencias. El único consejero de derecha elegido fue Francisco Bulnes Sanfuentes, ex senador del Partido Nacional, perteneciente a UN. Los resultados están en las actas de la sesión extraordinaria de 13 de mayo de 1985, Colegio de Abogados. La lista ganadora estaba integrada, además, por los DC Patricio Aylwin, Mariano Fernández y Hernán Bosselin; los radicales Heriberto Benquis, Gonzalo Figueroa, Juan Agustín Figueroa y Gilberto Villablanca; Héctor Correa Letelier, del PN, y el abogado de derechos humanos Hernán Montealegre. Por unanimidad de los consejeros se eligió como presidente a Raúl Rettig, ex senador del Partido Radical y profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Chile, electo consejero en 1983, y a Patricio Aylwin como vicepresidente. Colegio de Abogados, actas sesión extraordinaria de 22 de mayo de 1985, p. 2. La oposición había logrado elegir en 1983 a cinco consejeros, entre los que estaban Enrique Silva Cimma, Rettig y Luis Ortiz Quiroga. Véase Aylwin (1998: 301-302). En esa oportunidad, la primera mayoría la obtuvo Ortiz, con 1.460 votos, seguido de Hales, con 1.431. Colegio de Abogados, acta sesión extraordinaria de 9 de mayo de 1983.

60 También tuvieron importancia política las elecciones del Colegio de Ingenieros, donde se eligió al DC Eduardo Arriagada, que ya había ocupado el cargo en 1972. El presidente del Colegio Médico, Juan Luis González también era DC.

61 Fueron elegidos Manuel Valdés, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), y Jorge Fontaine, de la Confederación de la Producción y el Comercio; ambos habían ocupado esos cargos antes del golpe de Estado.

62 Participó el 75 por ciento de los estudiantes. La lista del Acuerdo Democrático (DC y socialdemocracia) obtuvo 5.650 votos, seguida por el Movimiento Democrático Popular (MDP), con 5.574, el Bloque Socialista, 1.427, y la lista de derecha, de Unión Nacional, obtuvo 4.008. Esto último era un importante resultado para esta organización que se proponía desplazar a la UDI como la principal organización estudiantil de derecha. Los resultados los he tomado de Aylwin (1998: 303).

63 Las elecciones fueron en todo el país y la oposición se impuso en cada una de ellas. También los académicos se contagiaron del interés político, organizando asociaciones que plantearon el fin de la intervención de las universidades y una mayor participación en la toma de decisiones. En la Universidad de Chile, los académicos, junto a las autoridades de las facultades, se movilizaron en contra del rector delegado, el economista José Luis Federici, en lo que se conoció como «la rebelión de los decanos», que obligó al Gobierno a sacarlo. Hay un interesante relato de este conflicto, escrito por uno de los decanos, Valenzuela Erazo (1993).

64 Esta crítica era compartida por los militares y el general Pinochet. Las opiniones críticas de Pinochet hacia el «gremialismo» y Guzmán eran un secreto a voces desde fines de 1982, influyendo en las designaciones de ministros. Con ocasión del cambio de gabinete de febrero de 1983, Pinochet se había expresado en duros términos contra Ramón Suárez: «¡Pero si ese es gremialista! ¡Está metido con Guzmán y todos esos!» (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 395).

65 Los otros miembros eran Javier Leturia, Pablo Longueira, Luis Cordero y Jaime Guzmán, que era el presidente del partido. Se integró también el empresario Guillermo Elton en representación de «los empresarios».

66 La integraban los miembros de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución –Jaime Guzmán, Raúl Bertelsen y Luz Bulnes–, así como el secretario general de la Universidad Católica, Francisco Bulnes Ripamonti, Hermógenes Pérez de Arce y Gustavo Cuevas.

67 En agosto de 1985 logró que el vicepresidente de UN, Gustavo Alessandri, se incorporara a esta, renunciando a su cargo en el partido.

68 Se crearon otros partidos de derecha, como el Movimiento Social Cristiano organizado por Juan de Dios Carmona y William Thayer, ex demócrata cristianos, que ingresaron al Consejo de Estado a fines de 1975, y la Democracia Social presidida por Luis Ángel Santibáñez. Estos se integraron más tarde al Frente Nacional del Trabajo que creó Jarpa cuando fue alejado del Gobierno a comienzos de 1985.

69 Su declaración de principios se reproduce como inserción en El Mercurio, 23 de marzo de 1986. El secretario general era el empresario Ángel Fantuzzi. Véase su entrevista en Las Últimas Noticias, 16 de marzo de 1986, pp. 16-17, y la entrevista a Sergio Onofre Jarpa en Estrategia, Nº 364, 13 de enero de 1986, pp. 12-13.

70 Véase el reportaje «¿Qué se hizo la derecha?», Qué Pasa, Nº 743, julio de 1985.

71 Anteriormente era arzobispo de La Serena. Había sido presidente del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal (1976-1977), después vicepresidente (1978-1979) y luego miembro de este (1982-1983).

72 El rol activo de la Iglesia católica no era nuevo en Chile. Para un análisis sobre su desarrollo en el siglo XX y el papel desempeñado durante el régimen de Pinochet, me remito al excelente estudio de Smith (1982). Hay un documentado libro sobre la Vicaría de la Solidaridad (Lowden, 1996).

73 El texto completo de la declaración se reproduce en el tomo II de las Memorias del cardenal Raúl Silva Henríquez (1994: 285-286).

74 El cardenal incorporó al texto de la homilía un párrafo que había leído ante el presidente Allende en noviembre de 1970: «Nosotros, todos, somos constructores de la obra más bella: la patria. La patria terrena que prefigura y prepara la patria sin fronteras. Esa patria no comienza hoy, con nosotros; pero no puede crecer y fructificar sin nosotros. Por eso es que la recibimos con respeto, con gratitud, como una tarea hace muchos años comenzada, como un legado que nos enorgullece y compromete a la vez. Nuestra mirada hacia el pasado, próximo o remoto, quisiera ser más inquisitiva que condenatoria; más detectora de experiencias que enjuiciadora de omisiones; más de discípulo que aprende que de maestro que enseña. Recibimos la patria como un depósito sagrado y una tarea inacabada» (Cavallo, 1988: 16).

75 El mismo 18 de septiembre de 1973 el obispo auxiliar de Santiago, Fernando Ariztía, dirigió la primera carta al general Pinochet con denuncias concretas sobre violaciones a los derechos humanos, recuerda el cardenal Silva Henríquez en sus Memorias (1994, tomo II: 292).

76 Véase Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, La Iglesia del silencio en Chile, Santiago, 1976, en que se ataca especialmente al cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez. Esta organización católica era la continuadora de Fiducia.

77 Durante el Gobierno de Jorge Alessandri, el obispo de Talca, Manuel Larraín, y el cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, aplicaron la reforma agraria en fundos de propiedad de los respectivos obispados, cuando esta era impulsada por el Gobierno de los EE.UU. del presidente John F. Kennedy a través de la Alianza para el Progreso. Esta influiría en la administración chilena, que promulgó la Ley 16.620, de Reforma Agraria. Esta ley creó las instituciones —Cora e Indap— que permitirán al Gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) llevar adelante una profunda reforma agraria y promover la sindicalización campesina (Gazmuri, 2000: II tomo).

78 El papa Juan XXIII lo nombró obispo de Valparaíso en 1959 y dos años después arzobispo de Santiago y, en 1962, fue elegido cardenal (Oviedo Cavada, 1996: 216-217).

79 Sus obispos auxiliares tenían gran personalidad, reuniendo, como el cardenal Silva Henríquez, firmes convicciones pastorales y sociales. Durante el régimen militar fueron Fernando Ariztía (1967-1974), Sergio Valech (1973), Enrique Alvear (1974-1982), Jorge Hourton (1974-1987) y Manuel Camilo Vial (1980-1983), quien fue vicario de la zona sur de Santiago; Oviedo Cavada (1996: 140, 217 y 239). Las memorias de Jorge Hourton son muy interesantes para conocer la posición de la jerarquía durante el régimen militar, las diferencias que hubo entre los obispos, y las tensas relaciones con el régimen. Hourton, obispo auxiliar de Puerto Montt al momento del golpe militar, tuvo una difícil relación con la autoridad militar de la ciudad desde un comienzo, pues protestó ante este, un general de Ejército, por el allanamiento de la casa e iglesia de Puerto Chico, cuyo párroco era un sacerdote francés, Andrés Mutlet, que fue detenido y enviado a Santiago (Hourton 2009: 167-168). El nombramiento de obispo auxiliar fue gatillado por la queja del nuncio, Sótero Sanz, quien le planteó la conveniencia que saliera de Puerto Montt por sus diferencias con el jefe de plaza. En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal en Punta de Tralca, en diciembre de 1973, Hourton le planteó al cardenal Silva Henríquez si mantenía vigente su invitación para ser uno de sus obispos auxiliares, que respondió afirmativamente (Hourton, 2009: 178).

80 Por petición del presidente Allende reunió en su casa a este con el presidente del PDC, Patricio Aylwin, a comienzos de agosto de 1973. Relata cómo se gestó esta reunión y la conversación en el capítulo 37, «La última cena en Simón Bolívar», de sus Memorias (1994: 267-274). Aylwin cuenta esta reunión en sus Memorias (Aylwin, 1998).

81 La Vicaría de la Solidaridad realizaba una amplia labor de ayuda a los sectores populares, con una planta de más de 200 personas, cuyos sueldos ascendían a cuatro millones de dólares anuales (cardenal Silva Henríquez, 1992, tomo III: 211). Sobre la Vicaría, véase la investigación de Pamela Lowden (1996).

82 La molestia con el cardenal explica que la Junta de Gobierno acordara que «el ministro de RR.EE. inicie los contactos con el embajador ante la Santa Sede para prever la posibilidad de reemplazo del cardenal», AHJG, acta Nº 8, de 24 de septiembre de 1973. En esos momentos se sentían con el poder total, sin saber que el papa Paulo VI no simpatizaba con los regímenes autoritarios, como había demostrado en forma reiterada con la España de Franco (Payne, 1984).

83 Fueron múltiples los incidentes promovidos desde el régimen en contra del cardenal para cuestionar su desempeño. Hubo persistentes críticas de Jaime Guzmán en su contra (Capítulo VII). La homilía del cardenal con ocasión de la misa por el fallecimiento de Eduardo Frei Montalva el 22 de enero de 1982 fue severamente rechazada por el líder del «gremialismo», calificándola como un texto «político», preguntándose: «¿Le puede seguir extrañando al cardenal Silva Henríquez y a otros dignatarios eclesiásticos chilenos que sus palabras violenten continuamente a los millones de católicos que discrepan de la Democracia Cristiana?»; Jaime Guzmán, «Impropio de un cardenal», La Segunda, 29 de enero de 2000, p. 3.

84 En noviembre de 1983 un militante comunista, Sebastián Acevedo, se inmoló en Concepción en protesta por la detención de sus hijos por la CNI; en marzo de 1984, el director del diario Fortín Mapocho, el ex senador Jorge Lavandero (PDC) sufrió una golpiza y el robo de documentación que comprometía al general Pinochet en la compra de la casa en El Melocotón; en septiembre dieron muerte a dos estudiantes en Copiapó; en octubre murió en La Serena un transportista, militante del PDC, a consecuencia de las torturas aplicadas por efectivos de la CNI.

85 El texto se reproduce en Tamara Avetikian (1986). «La suscripción del acuerdo fue una demostración definitiva de independencia frente al régimen» (Allamand, 1999: 103).

86Las declaraciones de la UDI se reproducen en Avetikian (1986: 100-104).

87 Fue diputado del Partido Conservador y asesor del presidente Jorge Alessandri. Era un destacado profesor de derecho civil de la Universidad de Chile, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales desde los años setenta, y asesor del Ministerio del Interior.

88 Cuadra llegó al gabinete después de trabajar junto al abogado Sergio Rillón, uno de los asesores legales del general Pinochet, que tenía a su cargo, entre otras responsabilidades, las relaciones con la Iglesia. Detalles de su biografía entregan Osorio y Cabezas (1995: capítulo VIII).

89 La masividad de los allanamientos y la violencia empleada movió al arzobispo de Santiago a pedir al Gobierno su término.

90 Una interpretación distinta desarrolla Cañas Kirby (1997: 185-188), que la considera como «una situación de transición a la democracia».

91 Los casos de oposición de la Junta a las peticiones de Pinochet sobre la implantación del estado de sitio son descritos minuciosamente por Robert J. Barros (1996). Sin embargo, este autor subestima el hecho de que Pinochet disponía de facultades especiales para tomar medidas propias del estado de sitio, como decretar la expulsión del país con la sola firma del ministro del Interior y la suya, según el art. 24 transitorio de la Constitución. Fernández declara con orgullo que durante su gestión no se decretó el estado de sitio, salvo en la zona del Loa por el incidente de Chuquicamata (Fernández, 1994: 158).

92 A comienzos de noviembre de 1984 una bomba lanzada contra un bus con efectivos de la institución dejó cuatro muertos y diez heridos; dos días después murieron dos carabineros debido a un ataque armado contra una comisaría de La Cisterna.

93 Era José Manuel Parada, hijo de la parlamentaria María Maluenda y de un conocido actor de teatro, Roberto Parada; Manuel Guerrero y Santiago Nattino, este último secuestrado dos días antes. Los dos primeros fueron detenidos violentamente por individuos vestidos de civil en las afueras de un colegio de la comuna de Providencia, ocasión en que fue herido gravemente a bala un profesor del establecimiento.

94 Véase la serie de artículos «La guerra oculta», Hoy, desde el Nº 443, de 13 de enero de 1986, hasta el Nº 449, de 24 de febrero de 1986. El capítulo dedicado a las acciones contra el PC se encuentra en el Nº 447, de 10 de febrero de 1986.

95 En sus memorias, el ministro entrega interesantes antecedentes sobre esta investigación; Cánovas (1989).

96 El texto del informe de la CNI y la respuesta de la Dicomcar se reproducen en Análisis, Nº 106, 1 de septiembre de 1985, pp. 7-10, y Cauce, Nº 39, 10 de septiembre de 1985, pp. 58-60.

97 La investigación judicial concluyó que fueron asesinados por Carabineros. Véase Pacheco (1980).

98 Fue publicado in extenso en la prensa, El Mercurio, 2 de agosto de 1985; véanse también los reportajes: «Y eran carabineros», «La decisión del magistrado» e «Investigación rigurosamente vigilada», Hoy, Nº 420, 5 de agosto de 1985. La investigación judicial concluyó más tarde con la libertad de los inculpados por el ministro Cánovas. Sin embargo, Carabineros pasó a retiro a los principales responsables, el coronel Luis Fontaine y el capitán Julio Michea, mientras un tercero fue reintegrado.

99 Una declaración pública del Comité Permanente del Episcopado manifestó que el país se había impuesto con «estupor» del contenido de la resolución del ministro Cánovas, añadiendo que «llama la atención que los propios organismos públicos involucrados no hayan sido capaces de establecer ellos mismos los hechos que la justicia ha logrado esclarecer en forma inicial». El texto está en Mensaje, Nº 342, septiembre de 1985, p. 372.

100 Gonzalo Vial, «Como un cáncer», Qué Pasa, Nº 747, 1 de agosto de 1985, pp. 14-16.

101 Esto fue anunciado en una reunión masiva de mil oficiales el 1 de agosto de 1985. El temor a la acción del general Pinochet se dio a conocer en Hoy, «La caída de Mendoza», Nº 420, 5 de agosto de 1985, pp. 6-9; fue confirmado indirectamente por el general Mendoza en una entrevista a Raúl González Alfaro, «El bisturí de papel», Las Últimas Noticias, 3 de agosto de 1985. Véase también: «El choclo se desgrana», Qué Pasa, Nº 748, 8 de agosto de 1985, pp. 16-20; «Del asesinato político a la crisis institucional», Mensaje, N° 342, septiembre de 1985, pp. 333-335.

102 Ascanio Cavallo, «Carabineros: los silenciosos cambios», Hoy, Nº 476, 1 de septiembre de 1986, pp. 6-9; Renato Hevia, «Carabineros de Chile», Mensaje, Nº 334, septiembre de 1985, pp. 521-528; Blanca Arthur, «Carabineros: nueva etapa», El Mercurio, 11 de agosto de 1985, p. D1; «Cambios en el alto mando», Qué Pasa, 27 de febrero de 1986, pp. 16-17.

103 La posición de Stange se encuentra en una entrevista a El Mercurio, 27 de abril de 1986, p. 3 y en su discurso con motivo del día institucional, La Tercera de la Hora, 27 de abril de 1986, p. 5. El nuevo estilo de orden público de la institución es explicitado en entrevistas del director de Orden y Seguridad, general Óscar Torres, El Mercurio, 10 de noviembre de 1985, pp. D1-2, y el jefe de la zona metropolitana, general Idelberto Duarte, El Mercurio, 13 de abril de 1986, pp. D1-2. Para comparar con el estilo anterior, véase la entrevista al anterior director de Orden y Seguridad, Carlos Donoso Pérez, Apsi, Nº 150, 14 de agosto de 1984, pp. 13-15; Apsi, Nº 156, 2 de abril de 1985, y El Mercurio, 2 de septiembre de 1984.

104 El Ejército organizó una «Unidad Fundamental Antisubversiva» (UFA), destinada a impulsar la lucha antiterrorista.

105 El pretexto fue no político en contra de Pinochet: «mirar» el paso del cometa Halley que esa noche cruzaba los cielos de Chile para que «se lo lleve».

106 Los militares detuvieron a gran número de personas, incluidos los dirigentes de la entidad organizadora, junto a su presidente, el doctor Juan Luis González, que también presidía el Colegio Médico de Chile, gremio de enorme prestigio y de larga tradición.

107 Fue conocido como el «caso de los quemados».

108 Una de las primeras acciones del nuevo embajador de los EE.UU. fue concurrir a la misa celebrada por el joven, rompiendo con ello la pasividad de los anteriores embajadores respecto al régimen de Pinochet.

109 Sobre las discrepancias entre Carabineros y el Ejército en el control del orden público, véase Elizabeth Subercaseaux, «Antecedentes de la crisis: revelaciones de oficiales de Carabineros», Apsi, Nº 160, 26 de agosto de 1986, pp. 10-14.

110 En mayo de 1986, el Colegio de Abogados hizo una presentación ante la Corte Suprema cuestionando la legalidad de los allanamientos, que habían afectado a un alto número de poblaciones y a aproximadamente cien mil personas.

111 Murieron cinco miembros de la escolta del general Pinochet. Anteriormente, el Gobierno había mostrado con gran despliegue publicitario el hallazgo de miles de armas internadas por el FPMR, encontradas en una localidad conocida de Carrizal Bajo.

112 Esa noche fueron detenidos numerosos dirigentes de izquierda, como Ricardo Lagos y Germán Correa, y se aplicó una fuerte censura de prensa, requisando los semanarios de oposición. Lagos (2013) relata en sus memorias la detención, que se extendió varios días, y la solidaridad que recibió para lograr su libertad.

113 Solo adhirieron al acto el Movimiento Social Cristiano, que reunía a un reducido número de personas, y Avanzada Nacional, agrupación de extrema derecha formada por ex uniformados que pertenecieron a la CNI. La UDI destacó que no tuvo participación en la organización del acto, La Segunda, 12 de septiembre de 1986.

CAPÍTULO XI

EL FRACASO DE LA REGULACIÓN SUCESORIA. LA DERROTA DEL GENERAL PINOCHET

1 Sobre el problema sucesorio en general, véase Rustow (1964).

2 La he analizado en comparación con otros casos en Huneeus (1986).

3 La bibliografía sobre la transición a la democracia en España es amplia. Véanse Carr y Fusi (1979), Maravall (1982), Huneeus (1985), López Pintor (1981), Linz, Gómez-Reino, Orizo y Vila (1981: volumen 1).

4 Para los conceptos de elecciones no competitivas y semicompetitivas, nos remitimos a Hermet, Rouquié y Linz (1982).

5 Es la visión que se encuentra en algunos artículos de quienes participaron en la campaña del No y se halla en el libro de Valdés, Arriagada et al. (1989), también en Tironi (1990 y 2013). Esa visión ha ido aún más lejos, luego de la exhibición en 2012 de una película sobre la historia de la Franja del No, dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín y protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal, en la cual figuran como actores algunos de quienes participaron en la gestación de la propaganda televisiva. La obra fue nominada al Premio Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de EE.UU., en la categoría Mejor Película Extranjera, sin obtenerlo.

6 La iniciativa original en 1980 fue establecer un período presidencial de dieciséis años, pero como táctica electoral para ganar el plebiscito este se dividió en dos períodos de ocho años cada uno (véase el Capítulo V).

7 Jaime Guzmán, «El camino político», Realidad, año 1, N° 7, diciembre de 1979, pp. 13-23. La cita es de la página 23. También se reproduce en Estudios Públicos, N° 42, 1991, pp. 369-383.

8 Sus singularidades organizativas y el resultado, con sus repercusiones, es un caso excepcional en los regímenes autoritarios o militares, lo que podría explicar que el plebiscito de 1988 no haya sido considerado por los estudiosos de las dictaduras, como Gandhi (2008), Svolik (2012), o por quienes estudian las elecciones en los regímenes autoritarios (Schedler, 2006; Levitsky y May, 2010).

9 Según el art. 87 de la Ley N° 18.556, de 1986, sobre Inscripciones Electorales, esta dirección era un «organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que se relacionará con el presidente de la República a través del Ministerio del Interior». El director fue Juan Ignacio García, cuyo nombramiento fue recibido con satisfacción por los opositores. Los registros electorales existentes hasta 1973 fueron quemados después del golpe de Estado.

10 Esta preocupación surgió tras los resultados de algunos focus groups que apuntaron que «el miedo era la principal enfermedad de los chilenos», como señala Genaro Arriagada (1998: 224), jefe del Comando del No. Fue una apreciación equivocada porque no tomaba en cuenta la contundente información entregada por las encuestas, según las cuales había un gran interés por inscribirse en los registros electorales y participar en el plebiscito. Las contradicciones entre los resultados de los focus groups y las encuestas también ocurren en democracia, como sucedió en la elección en Gran Bretaña de 1997, según analizan Worcester y Mortimore (1999: 211-212). Cientos de miles de chilenos, además, se habían movilizado contra la dictadura durante la apertura, sin mostrar miedo. He desarrollado este argumento en otro lugar (Huneeus, 2014: 93-99).

11 Encuesta nacional CERC, 2.053 entrevistas, representativa del 80 por ciento de la población, cuyo trabajo de campo se hizo en noviembre de 1987.

12 Encuesta CERC-Diagnos en Santiago, 900 entrevistas, realizada entre el 26 de abril y el 13 de mayo de 1988.

13 El diario El Mercurio ejerció influencia durante el año del plebiscito, pues los programas de debate político que organizaron la estatal Televisión Nacional y los canales de televisión de las universidades estuvieron dirigidos por periodistas de ese medio de comunicación (Bañados, 2013: 15-16).

14 Otra institución establecida por la Constitución de 1980, el Banco Central autónomo, fue creado después de la derrota del Sí en el plebiscito de 1988, dos meses antes de las elecciones presidenciales, por la Ley 18.840, de 10 de octubre de 1989. Comenzó a actuar con la constitución de su primer consejo, integrado por dos economistas de oposición, dos partidarios del régimen y un independiente, Andrés Bianchi, después de una negociación entre el ministro del Interior, Carlos Cáceres, titular de Hacienda en 1984, y Alejandro Foxley, jefe del equipo económico de la Concertación y que sería el ministro de Hacienda del Gobierno del presidente Patricio Aylwin. He analizado la constitución del Banco Central (Huneeus, 2014: 194-195).

15 Los miembros fueron: José María Eyzaguirre, ex presidente de la Corte Suprema (1976-1979), Luis Maldonado, Marcos Aburto, Eduardo Urzúa —nombrado por la Junta de Gobierno—, Enrique Ortúzar, ex miembro del Consejo de Estado, designado por el general Pinochet, Julio Philippi —ex miembro del Consejo de Estado— y Eugenio Somarriva, nombrados estos dos últimos por el Consejo de Seguridad Nacional.

16 Me remito a la clásica definición de Huntington (1968).

17 El fallo de mayoría fue del 31 de enero de 1985. Votaron en contra los ministros Eugenio Valenzuela, José María Eyzaguirre y Julio Philippi. El voto de minoría, redactado por el ministro Valenzuela, planteó el rechazo del requerimiento por ser inútil, porque los partidos marxistas habían sido excluidos legalmente en 1973 después de la toma del poder por los militares (Zapata, 2002). El análisis de este tema se apoya en este estudio.

18 En este punto había una división en el Gobierno. Por un lado, el ministro del Interior se pronunció porque el Tribunal Calificador de Elecciones se constituyera para el plebiscito para darle mayor legitimidad y así quedó establecido en el proyecto de ley preparado por el Gobierno que fue enviado a la Junta. Por otro, el ministro de Justicia, Hugo Rosende, opinaba que debía constituirse después del plebiscito. La Junta se inclinó por esta segunda interpretación y reiteró que debía constituirse como lo establecía la Constitución (Zapata, 2000: 210). Es interesante la historia de esta división entre los partidarios del régimen. El proyecto de ley del Gobierno fue preparado por una comisión formada por representantes de las cuatro Comisiones Legislativas: Luz Bulnes Aldunate, José Bernales, Hermógenes Pérez de Arce y Carlos Cruz-Coke. Esta acogió la proposición de Pérez de Arce en el sentido de que el tribunal se constituyera con ocasión del plebiscito de 1988. Sin embargo, el representante de la Armada en la I Comisión, el vicealmirante (Justicia) Aldo Montagna, se opuso argumentando que primaba el texto del artículo 84 de la Carta Fundamental, que establecía que debía funcionar para la primera elección. Véase Cruz-Coke (1985: 144).

19 La sentencia señaló que «la doctrina y la jurisprudencia del propio Tribunal Calificador de Elecciones demuestran con nitidez que este constituye una fase esencial y vital en los actos electorales y plebiscitarios, cuya ausencia impide prácticamente su realización legítima» (Zapata, 2000: 51).

20 Cuando se conoció que el fallo sería adverso, el Gobierno se alarmó y el ministro de Justicia, Hugo Rosende, visitó a cada ministro para que cambiara su decisión, sin lograrlo (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1989: 556-557).

21 Hilbink (2007: 139-140) no explica cómo fue posible que ocurriera. Ella no considera la literatura chilena sobre ese punto, en que destacan el estudio de Cruz-Coke (1985) y el libro de Zapata (2000).

22 La sentencia, del 5 de abril de 1988, fue unánime y la redactó el ministro Eugenio Valenzuela.

23 Fue una modificación a la Ley N° 18.700, sobre Votaciones y Escrutinios, La Época, 27 de agosto de 1988.

24 La propaganda televisiva funcionó correctamente. Las grabaciones debían entregarse al Consejo Nacional de Televisión 36 horas antes de ser emitidas. Solo se censuró en una ocasión un spot del No, lo que llevó a que Pinochet ordenara que no se transmitiera el spot del Sí al día siguiente. Una explicación de cómo se preparaba y se presentaba la Franja del No hace su locutor, Patricio Bañados (2013), quien sufrió represalias por su participación en ella.

25 Ley N° 18.556, de 1 de octubre de 1986.

26 Un constitucionalista del «Grupo de los 24» concluyó que esta ley «ha suprimido controles indispensables y esenciales para que no se constituya un padrón electoral fraudulento, no ofreciendo así garantías indispensables para un pronunciamiento ciudadano legítimo y democrático», Humberto Nogueira (1987: 88).

27 Estableció un trámite adicional para ser ciudadano: previamente había que obtener una nueva cédula de identidad ante la Dirección del Registro Civil.

28 Entre estos destacó el trabajo de la Corporación Participa, presidida por Mónica Jiménez.

29 Había una quinta colectividad, Avanzada Nacional, con escasos adherentes, a la que se incorporaron ex agentes de la DINA y la CNI.

30 Jaime Guzmán opinó que una elección presidencial era un camino inadecuado para «una situación excepcional y delicada como es el tránsito de un régimen a otro»; Las Últimas Noticias, 1 de junio de 1987.

31 Andrés Allamand, secretario general de UN, envió una carta a los demás partidos el 8 de enero de 1987, que reprodujo El Mercurio, 9 de enero de 1987.

32 Allamand entrega información sobre el impacto de la memoria histórica de los conflictos contra la izquierda en su necesidad de buscar la unidad con las fuerzas que apoyaron a Pinochet, incluida la UDI. Véase Allamand (1999: Capítulo V).

33 Las excepciones eran los dirigentes más jóvenes de UN, Andrés Allamand y Alberto Espina, pero los adultos ocuparon cargos de Gobierno, como los ex senadores Francisco Bulnes (embajador) y Pedro Ibáñez (miembro del Consejo de Estado).

34 Sergio Fernández (1994: 215), ex ministro del Interior y miembro de la directiva de la UDI, señala que «no me opuse a la unidad, pero no la creía posible entonces. No quise ser obstáculo».

35 Sobre el surgimiento de RN, véanse Ana Victoria Durruty, «No a la Unidad», Qué Pasa, del 1 al 7 de enero de 1987, pp. 31-34; Luisa García, «¿Habrá matrimonio? Las gestiones unitarias», Qué Pasa, del 22 al 28 de enero de 1987, pp. 6-8; Patricia O’Shea, «Paso a paso en la derecha», Qué Pasa, del 5 al 11 de febrero de 1987, pp. 6-8; Luisa García, «El escenario se remece», Qué Pasa, del 12 al 18 de febrero de 1987, pp. 6-7.

36 Sobre RN, véanse los artículos de Patricia O’Shea: «Los devaneos de la derecha», Qué Pasa, del 18 al 24 de junio de 1987, pp. 6-8; «Rondando La Moneda», Qué Pasa, del 30 de julio al 5 de agosto de 1987, p. 6, y «Las corrientes de Renovación», Qué Pasa, del 13 al 19 de agosto de 1987, p. 8.

37 Entre los ocho independientes se encontraba el «gremialista» Ernesto Silva, estrecho colaborador de Kast en Odeplan. El Tribunal Supremo fue integrado por siete personas (dos por cada partido), siendo presidido por el abogado Walter Siebel; la lista está en Allamand (1999: 122).

38 Fue el caso de Adolfo Suárez en la UCD en España, que he analizado en otro lugar, Huneeus (1985).

39 También es importante el liderazgo en la modernización de los partidos establecidos en democracia, como ocurrió en la CDU, analizado en Huneeus (1997).

40 «El exilio debe terminar. Analizar caso a caso es injusto y arbitrario; prefiero que los partidos y no los comandantes en jefe elijan a los candidatos para el 89. Las Fuerzas Armadas no pueden estar expuestas a ningún riesgo, menos de tipo electoral»; «No creo que el general Pinochet corresponda a la imagen de un político portaliano»; «Renovación Nacional no es el partido de la clase rica, ni una asociación gremial de patrones, ni el partido de Pinochet, ni de la Junta»; entrevista en El Mercurio, 15 de marzo de 1987; opiniones similares dio a La Tercera el mismo día. Una entrevista con declaraciones sobre temas menos coyunturales se encuentra en Qué Pasa, 16 al 22 de abril de 1987, pp. 36-41.

41 El Gobierno concentró las críticas en el diario La Nación, mostrando a Rivadeneira como un dirigente político sin experiencia y aislado en su partido. La Nación dedicó editoriales para atacar a Rivadeneira, el 20 y 28 de marzo de 1987. Este insistió en su posición, declarando que, en la eventualidad de que el general Pinochet fuera el candidato, «no me gustaría votar»; La Segunda, 30 de marzo de 1987.

42 Allamand reiteró que el plebiscito sería confrontacional si se utilizaba para «intentar la reelección de Pinochet»; La Época, 8 de agosto de 1987; Guzmán le respondió señalando que RN no descartaba ninguna candidatura presidencial, dando apoyo así a la candidatura de Pinochet; El Mercurio, 9 de agosto de 1987. Juan Antonio Coloma defendió el plebiscito; El Mercurio, 10 de agosto de 1987; y Alberto Espina, ex presidente de la Juventud de UN, se manifestó en contra de la candidatura de Pinochet; La Época, 15 de agosto de 1987. El secretario general de RN intervino para que no se siguieran haciendo declaraciones antes que el partido tomara una posición; La Época, 15 de agosto de 1987, y La Nación, 24 de agosto de 1987.

43 Sus palabras fueron devastadoras para Rivadeneira, quien le comentó a Allamand sobre su reunión con Fernández: «Esto no tiene remedio. Cada día tengo menos que hacer al frente de Renovación Nacional» (Allamand, 1999: 132).

44 Las reuniones con la Junta fueron en agosto y septiembre. Jarpa admitió su disposición a apoyar al general Pinochet (El Mercurio, 11 de octubre de 1987). Guzmán se manifestó también a favor de esta posibilidad (El Mercurio, 12 de octubre de 1987). Allamand tomó distancia al respecto, porque el partido no había decidido el tema (El Mercurio, 12 de octubre de 1987).

45 Fueron las directivas de RN de la III y VII Regiones (El Mercurio, 24 y 26 de noviembre de 1987). La directiva ordenó a los presidentes regionales no hacer declaraciones sobre el tema sucesorio para evitar que emergieran las divisiones.

46 En diciembre de 1987 dimitió, al completar la recolección de las 30.000 firmas exigidas para legalizar el partido. La renuncia no fue conocida previamente por el secretario general ni los vicepresidentes, aunque esperada por alguno, pues Rivadeneira «no improvisó una sola línea de su intempestiva renuncia» (Allamand, 1999: 135).

47 Se elegirían 209 delegados de regiones y 130 de la Región Metropolitana y votarían 69.226 militantes. La elección se anunció en enero y una comisión, integrada por Andrés Chadwick (UDI) y Andrés Allamand (UN), elaboró con el secretario general de RN cuidadosamente el reglamento electoral (La Segunda, 21 de enero de 1988, y El Mercurio, 24 de enero de 1987).

48 Sobre las candidaturas, véase Luisa García, «RN: A dos bandas», Qué Pasa, del 25 de febrero al 2 de marzo de 1988, pp. 8-10, y «Al calor de la contienda», Qué Pasa, del 10 al 16 de marzo de 1988, pp. 32-37; «El candidato puesto a prueba», Hoy, del 29 de febrero al 6 de marzo de 1988, pp. 6-8.

49 Uno de sus asesores era el presidente de la UDI en la Región Metropolitana, Pablo Longueira.

50 Presentó como candidatos a figuras emblemáticas del sector, como el ex senador Francisco Bulnes Sanfuentes y Miguel Otero. La UDI carecía de personalidades con figuración nacional y postuló a Cristián Irarrázabal y Jorge Swett, ex rector-delegado de la Universidad Católica.

51 Los dirigentes de la UDI de la Región Metropolitana intentaron boicotear físicamente las elecciones, provocando incidentes que obligaron a la intervención de Carabineros. Pablo Longueira, presidente de la UDI en esta región, movilizó a pobladores que irrumpieron en la sede central del partido. Sus declaraciones en contra de Jarpa están en El Mercurio, 18 de marzo de 1988.

52 En Providencia, Francisco Bulnes (UN) obtuvo 876 votos, contra 84 de Cristián Irarrázabal (UDI); en Las Condes, Miguel Otero (UN) aventajó a Jorge Swett (UDI) por 1.059 votos a 245. En Valparaíso, el ex alcalde Francisco Bartolucci (UDI) venció estrechamente a Raúl Urrutia (UN), por 2.190 a 2.010 votos (El Mercurio, 21 de marzo de 1988).

53 «Una directiva que no ha sido capaz de garantizar las elecciones, por cierto no tiene autoridad moral para dirigir al partido. Ese es el problema», señaló Pablo Longueira. «La UDI va a proclamar ganadoras a sus listas, Pablo Longueira calificó de tongo las elecciones» (La Época, 20 de marzo de 1988). «Leturia anunció que pedirán nulidad del proceso interno» (La Nación, 20 de marzo de 1988). María Eugenia Oyarzún, «RN: guerra de caciques, no de indios» (La Tercera de la Hora, 20 de marzo de 1988).

54 Personalidades de RN pidieron que Guzmán fuera «drásticamente sancionado», y una de ellas su expulsión (El Mercurio, 23 de marzo de 1988). La defensa de Guzmán, como inserción, se reproduce en El Mercurio, 2 de abril de 1988.

55 Sobre el conflicto de RN, véanse Luisa García, «La operación Guzmán», Qué Pasa, del 24 al 30 de marzo de 1988, pp. 8-10; «RN: Corrientes subterráneas», Qué Pasa, del 31 de marzo al 6 de abril de 1988, pp. 8 y 9; «Prueba para La Moneda», Hoy, del 21 al 27 de marzo de 1988, pp. 9-12; «RN: La crisis se alarga», Hoy, del 28 de marzo al 3 de abril de 1988, pp. 9-11; «Gobierno: Peligro de infarto en el corazón del régimen», Hoy, del 18 al 24 de abril de 1988, pp. 6-9; «Fin de una ilusión para La Moneda», Hoy, del 25 de abril al 1 de mayo de 1988, pp. 6-8; «Terremoto en la derecha», Análisis, del 21 al 27 de marzo de 1988, pp. 4-5; Rodolfo Paredes, «¡Qué semana!», Ercilla, 23 de marzo de 1988, pp. 8-11.

56 El fallo fue aprobado por cuatro votos contra tres y se reproduce en El Mercurio, 22 de abril de 1988.

57 Sobre la posición de los dirigentes de la UDI, véanse José Armendáriz, «Pablo Longueira: Ganamos las elecciones», Ercilla, 13 de abril de 1988, pp. 14-15; Magdalena Silva, «No a las fusiones, sí a las alianzas», Ercilla, 26 de octubre de 1988, pp. 12-13; Luisa García, «Proceso a la UDI», Qué Pasa, del 28 de abril al 4 de mayo de 1988, pp. 9-11; Rodrigo Moulian, «La íntima historia de la UDI», Apsi, del 18 al 24 de abril de 1988, pp. 11-16.

58 Jaime Guzmán, «UDI: Generación creadora», Ercilla, 18 de mayo de 1988, p. 13.

59 En este documento se indica que el objetivo original del plebiscito era reelegir a Pinochet porque el régimen militar se debía «proyectar» después de 1988-1989 para conseguir la plena consolidación de las instituciones políticas. Se indican de forma pormenorizada las iniciativas a impulsar, se proporcionan los argumentos políticos para promover el interés de la ciudadanía y se señala que el Gobierno asignaría los recursos imprescindibles para financiar las actividades necesarias para alcanzar la victoria. Ese documento trascendió a la opinión pública (Hoy, Nº 516, 1986) y fue denunciado por abogados del PDC a la Contraloría General de la República por intervención electoral. Fue reproducido por el semanario Hoy, octubre de 1987.

60 Estaba presente el recuerdo de las elecciones presidenciales de Filipinas de 1986, en las que el dictador Ferdinand Marcos manipuló los resultados para impedir el triunfo de la candidata de oposición, Corazón Aquino, desencadenando una protesta social respaldada por la Iglesia, que condujo a la caída del dictador.

61 Hasta septiembre de 1987, Pinochet participó en actos donde se entregaron 9.151 viviendas, 5.564 subsidios y 5.986 títulos de dominio.

62 El 20 de febrero de 1988, en su visita a Iquique, anunció un proyecto para construir un estadio, un plan extraordinario de construcción de 150 viviendas para profesores, la erradicación de todos los campamentos, una rebaja de 5 por ciento en las tarifas de electricidad regionales y fondos adicionales para las universidades Tarapacá y Arturo Prat; CERC, «La campaña electoral de Pinochet. Las giras a regiones (1986-1988)», p. 21.

63 CERC, «La campaña electoral del general Pinochet. Las giras a regiones», Informe, Nº 1, octubre de 1987, Cuadro 5.

64 Sobre las tendencias centristas en la política chilena, véase Scully (1992). El anticomunismo había perdido fuerza como consecuencia de los cambios políticos en Europa del Este, particularmente la democratización en Polonia desde comienzos de los años ochenta, y por la política de liberalización impulsada en la Unión Soviética por Mijaíl Gorbachov.

65 En la España de la transición, las organizaciones unitarias de la oposición solo emergieron después de la muerte del «Caudillo», mientras que en Chile la unificación ocurrió mientras el dictador tenía el poder.

66 Me remito acá a la amplia bibliografía sobre la democracia consociacional, iniciada por Lijphart (1968) y Lehmbruch (1967); véase también Daalder (1974). Este enfoque lo aplicamos a España (Huneeus, 1980-81, 1982 y 1985) y para Chile por Alberto van Klaveren (1984).

67 En agosto de 1974 la dictadura prohibió el regreso a Chile de Bernardo Leigthon, que se había autoexiliado en Roma, Italia. Algunas semanas después expulsó a Claudio Huepe, y en noviembre de 1975, a Renán Fuentealba.

68 Días después de la consulta de 1978, el Gobierno relegó a doce dirigentes del PDC al extremo norte del país, viviendo algunos de ellos bajo durísimas condiciones. Uno de los relegados, el ex diputado y abogado de derechos humanos Andrés Aylwin (1989), escribió un interesante testimonio. Después del plebiscito en 1980 prohibió el regreso al país del presidente del PDC, Andrés Zaldívar.

69 Arriagada (1998) plantea una visión crítica de las acciones del PC.

70 Un memorándum de Jaime Guzmán desarrolló estos argumentos: «Rechazan la política económica y abogan por su reemplazo por una más socializante o estatista [...] El sector UP-DC quiere el retorno a la antigua democracia liberal clásica o indefensa frente al totalitarismo y la demagogia». Guzmán intentaba demostrar que los opositores actuaban directa o indirectamente «a través del amparo eclesiástico», refiriéndose a la defensa de los derechos humanos que protagonizaba la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. Véase «Memorándum sobre situación política», documento de tres páginas, en FGE, la cita es de p. 2, sin fecha, preparado posiblemente a comienzos de 1980.

71 En el «Memorándum sobre situación política», p. 2, plantea que el empleo de los métodos de la DINA era contraproducente por sus altos costos políticos internacionales, que perjudicarían la imagen del Gobierno.

72 Véase Editorial, «Exiliados: La razón del bien común», Realidad, Nº 20-21, 1981. El argumento a favor del exilio se apoyaba en que «dentro de los diez mil chilenos que están afectos al exilio, se reúne a la mayor parte de los cuadros dirigentes del marxismo quienes son siempre “agentes de la guerra civil”». Más adelante se matiza el apoyo al exilio, «El exilio y la oposición», Realidad, Nº 42, 1982, para no quedar detrás del anuncio del general Pinochet «de reestudiar el problema de los exiliados a través de una comisión de alto nivel, a fin de permitir el pronto retorno de una cantidad significativa de ellos».

73 El presidente del PDC, Andrés Zaldívar, fue la primera víctima de esta sanción, cuando se le prohibió regresar al país a comienzos de octubre de 1980 por supuestas declaraciones a un diario mexicano. Sin embargo, el motivo de la medida fue castigarlo por su participación en la campaña a favor del No en el plebiscito por la Constitución de 1980.

74 En el plebiscito de 1980 la oposición realizó un acto en el teatro Caupolicán, en que el principal orador fue el ex presidente Eduardo Frei, y su discurso fue transmitido prácticamente a todo el país por una cadena de radioemisoras (Ortega Frei, 1992: 171).

75 El primer recurso de amparo fue presentado por diversas personalidades, entre ellas el ex ministro del Interior Bernardo Leighton (PDC) (Boye, 1999).

76 Esta medida motivó una acción conjunta de políticos de diversos partidos, cuando cientos de personalidades presentaron un recurso de amparo ante los tribunales. Fueron expulsados los abogados de derechos humanos Jaime Castillo Velasco (DC), ex ministro del presidente Frei Montalva, y Eugenio Velasco Letelier (PR), ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, por haber enviado una carta a los ministros de Relaciones Exteriores que participaban en la Asamblea de la OEA en Santiago, planteando las limitaciones a los derechos humanos que existían en Chile. Velasco (1986) describió esta experiencia; también la relató el ex presidente Aylwin (1998: 117-124).

77 Se formó el 21 de julio de 1978 como consecuencia de la consulta del 4 de enero de ese año. Los firmantes del documento inicial fueron 24 personalidades, entre ellas políticos, abogados y académicos de distintas posiciones. Entre otros, el ex senador socialista Ramón Silva Ulloa y el abogado, también socialista, Eduardo Long; el ex senador Patricio Aylwin y el ex rector de la Universidad Chile Edgardo Boeninger, ambos DC; los radicales Gonzalo Figueroa Yáñez y Juan Agustín Figueroa; y de derecha estaban los ex diputados del Partido Conservador Héctor Correa y Julio Subercaseaux. Véase el documentado estudio de Ortega Frei (1992: Capítulo III).

78 El ex presidente Aylwin ha recordado en forma muy elocuente el papel del «Grupo de los 24»: «Mirada desde la distancia, la experiencia del “Grupo de los 24” tuvo un profundo significado humano y político. En su seno aprendimos a conocernos y respetarnos en nuestra diversidad e incluso llegamos a ser amigos, personas que veníamos desde posiciones diferentes y hasta hacía poco éramos adversarios separados no solo por diferencias conceptuales, sino también por prejuicios, desconfianzas y animosidades» (Aylwin, 1998: 155).

79 Los nombres de los fundadores e integrantes de sus comisiones en las regiones, así como sus principales documentos, están en Chaparro (1992).

80 Juristas de la oposición democrática habían planteado desde comienzos de los años setenta que la autoridad del rey, el sucesor de Franco, podría permitir el cambio a la democracia por las propias instituciones del régimen. El estudio fundamental lo realizó Miguel Herrero de Miñón (1972). He analizado este aspecto en Huneeus (1985: 77-87).

81 El seminario fue organizado en julio de 1984 por el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (Icheh), vinculado al PDC y apoyado por la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, en el que también intervinieron Francisco Bulnes Sanfuentes, Enrique Silva Cimma y Manuel Sanhueza. Las exposiciones se reproducen en el libro de Icheh, Una salida políticoconstitucional para Chile (1985). El ex presidente Aylwin explica su posición (Aylwin, 1998: 260 y siguientes).

82 Un interesante análisis de los centros privados hace quien fue entonces representante para el Cono Sur de la Fundación Ford, Puryear (1994: Capítulo 3).

83 Información sobre cada centro agrupado en la Academia de Humanismo Cristiano y fuera de esta se encuentra en Lladser (1986).

84 Puryear (1994: Capítulo 5) analiza el aporte de los centros privados a la modernización de los partidos de oposición.

85 El Centro de Estudios del Desarrollo (CED), fundado por iniciativa de Gabriel Valdés y dirigido por Ernesto Tironi primero y después por Edgardo Boeninger, se destacó en los años ochenta por impulsar iniciativas como seminarios y talleres para promover el acercamiento con personalidades de derecha afines al Gobierno.

86 Destacan Cieplan, formado por economistas expulsados de la Universidad Católica, cercanos al PDC, y el Programa de Economía del Trabajo (PET), constituido por economistas de la Universidad de Chile, próximos al socialismo renovado. Sobre el surgimiento de Cieplan, analizado en el Capítulo VII de este libro, véanse Silva (1992), Huneeus, Cuevas y Hernández (2014) y Huneeus (2014).

87 Entre 1977 y 1981 su presidente fue Ricardo Ffrench-Davis (PDC) y su vicepresidente Humberto Vega (PS).

88 Economistas de Cieplan, especialmente Alejandro Foxley y Ricardo Ffrench-Davis, prepararon diversos trabajos académicos en este sentido y publicaron artículos en la revista Hoy, difundiendo los principales resultados. Véase la recopilación Trayectoria de una crítica, Santiago, editorial Aconcagua, 1985.

89 También surgió el Comité de Izquierda por las Elecciones Libres (CIEL), organizado por el Partido Socialista del sector de Ricardo Núñez y presidido por Ricardo Lagos, que integró a algunos partidos de izquierda, y el Comité de Partidos por las Elecciones Libres (Coppel), que reunió a los de la Alianza Democrática y fue encabezado por Patricio Aylwin, presidente del PDC en ese momento, correspondiéndole la dirección ejecutiva a Andrés Zaldívar. El CIEL tuvo importancia en contribuir a crear confianza en la izquierda sobre la necesidad de entrar a la vía electoral.

90 Entre estos, Flacso, el CERC, Sur Profesionales y el Centro de Estudios Públicos. Durante la campaña del plebiscito, un proyecto conjunto del Centro de Estudios del Desarrollo (CED), ILET y Sur hizo encuestas para apoyar la campaña del No.

91 Esto es analizado por Puryear (1994: 134-141).

92 El 8 por ciento se declaró indeciso, el 4,9 por ciento dijo que no votaría y el 15,5 por ciento no respondió. Encuesta nacional CERC con 2.053 casos, representativa del 75 por ciento de la población. El Sí ganaba entonces entre los inscritos, con el 37,1 por ciento, mientras el No obtenía el 35,6 por ciento.

93 Encuesta Nacional CERC de noviembre de 1987, 2.053 entrevistas, representativa del 75 por ciento de la población.

94 Encuesta CERC, 900 entrevistas en las 32 comunas de Santiago. El trabajo de campo se hizo del 25 de marzo al 10 de abril de 1988.

95 Encuesta CERC de julio 1988. En una encuesta realizada tres semanas antes del plebiscito, en septiembre de 1988, el 96 por ciento dijo que votaría y, en el caso de que hubiera disturbios, el 85,4 por ciento emitiría su voto. La disposición a participar en el plebiscito era casi unánime en la población.

96 El sociólogo Eugenio Tironi desarrolló este argumento desde la psicología social, sosteniendo que los chilenos estarían dominados por la frustración, humillación, impotencia y escepticismo; todo lo cual conduciría al «retraimiento». Este crearía condiciones adversas para el desarrollo político, pues «el resultado obvio [del retraimiento] es la pérdida de cualquier interés en la participación política» (Tironi, 1990: 22). El artículo original se tituló «El virus del miedo» y fue publicado en el diario La Época y luego fue reproducido en un artículo más largo, «Los chilenos y el plebiscito. Un enfoque psicosocial», publicado en Mensaje, abril-mayo de 1988.

97 Encuesta CERC-Diagnos, realizada entre el 24 de junio y el 10 de julio de 1988, con 2.400 entrevistas, en 111 localidades, de la I a la X Regiones, incluyendo las zonas rurales.

98 Encuesta Nacional CERC, con 2.400 entrevistas, realizada entre el 9 y el 17 de septiembre de 1987, aplicada a los inscritos en los registros electorales y representativa del 98 por ciento de la población.

99 Este alto número no daba cuenta de una amplia fragmentación, porque los partidos relevantes eran cuatro: PDC, PR, PS-Núñez y PS-Almeyda. En consecuencia, la Concertación no fue «una sopa de letras», a diferencia del calificativo que se usó en España para referirse a la oposición después de la muerte de Franco.

100 Fue conocido como el PS-Almeyda, en contraposición al PS-Núñez, como analiza Bascuñán (1990).

101 El cambio del PS-Almeyda se encuentra bien relatado por Boeninger, Democracia en Chile, pp. 334-337. El PDC había rechazado la cooperación con el PC. Véanse Subercaseaux (1998: 194) y Valdés (2009).

102 Cuatro partidos se inscribieron de acuerdo a las formalidades de la ley de partidos, que exigía reunir 30.000 afiliados, los cuales debían estar inscritos en los registros electorales. Fueron el PDC, el Partido Radical y el Partido por la Democracia, siendo este último el canal institucional por el que se inscribieron el Partido Socialista renovado y los Humanistas.

103 El Comité de Elecciones Libres (CEL) hizo una predicción del resultado sobre la base de una muestra representativa de las mesas de sufragios, que daba un claro triunfo a la oposición.

104 El impacto de la franja fue fundamental, porque había un significativo segmento de chilenos que no estaba decidido. El 6 por ciento de los votantes se definió durante la franja electoral y el 14 por ciento reconoció que tomó su determinación en el local de votación. Encuesta postelectoral hecha por el CERC, de 2.988 entrevistas, con una muestra nacional representativa del 98 por ciento de la población de 18 y más años, realizada entre el 1 y el 15 de diciembre de 1988.

105 La mejor evaluación de la franja televisiva es la encuesta de Ceneca-Departamento de Sociología IV de la Universidad Complutense de Madrid, realizada entre el 27 de octubre y el 7 de noviembre de 1988. He usado su informe entregado a la prensa con los principales resultados.

106 La encuesta Ceneca-Departamento de Sociología IV de la Universidad Complutense de Madrid mostró que este noticiario fue preferido al de Televisión Nacional y seguido con mayor interés por los votantes del No.

107 El 54 por ciento de los chilenos declaraba que se informaba por la televisión; el 24 por ciento, por las radios; 13,5 por ciento, por los diarios, y un 2 por ciento, por las revistas; encuesta CERC, septiembre 1988. Esta diversidad de fuentes de información política disminuyó el impacto de la televisión en favor de la candidatura del Sí.

108 El trabajo de campo se hizo entre el 9 y el 17 de septiembre de 1988.

109 Sobre la transición a la democracia en el Brasil, Stepan (1989); sobre Uruguay, Gillespie (1991).

CAPÍTULO XII

LA RETIRADA DEL PODER Y LOS AMARRES A LA DEMOCRACIA

1 El sistema electoral lo analizo en Huneeus (2004). Para una historia del binominal, véase Gamboa (2006).

2 Esta dualidad explica las limitaciones institucionales y económicas que enfrentó el Gobierno democrático del presidente Patricio Aylwin, primero después de la dictadura, entre las que sobresalían la continuidad del general Pinochet como comandante en jefe del Ejército y diversas restricciones políticas y presupuestarias. En esto sigo el concepto de «precursive conditions» de Rose (1969).

3 Usamos los conceptos de entrega y toma del poder siguiendo a Lepsius (1971).

4 En su epílogo, el régimen de Franco estaba en situación de crisis, como reconocen los analistas. Véanse, por ejemplo, Paul Preston (1978) (comp.), y Jorge de Esteban y Luis López Guerra (1977).

5 He analizado este fenómeno en Huneeus (1985: Capítulos I y II). Para una historia del cambio de régimen, véanse Carr y Fusi (1979), Powell (2001) y el análisis de Sánchez-Cuenca (2014) acerca de la aprobación de las leyes de reforma por las instituciones franquistas.

6 Una situación similar ocurrió con el régimen de los coroneles en Grecia después de su fracasada invasión militar a Chipre en 1974. Véase Alivatos y Diamandouros (1997).

7 El general Fernando Matthei, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta de Gobierno desde 1978, relató en una entrevista televisiva en 2000 que en la noche del 5 de octubre Pinochet quiso sacar a los militares a las calles y presentó a los miembros de la Junta el texto de un decreto mediante el cual se le entregaban poderes excepcionales. Matthei, Merino y Stange rechazaron la propuesta. Véase «Las incógnitas que revivió el general (R) Fernando Matthei», La Tercera de la Hora, 8 de octubre de 2000, p. 9. Matthei ha relatado los principales momentos de su experiencia en el régimen militar y la noche del plebiscito en entrevistas que concedió a Patricia Arancibia Clavel e Isabel de la Maza Cave (2003).

8 Una descripción del clima que se vivió esa noche en la Presidencia brindan Cavallo, Salazar y Sepúlveda (1989: Capítulo 53). También es interesante el recuento que hace el ministro del Interior Sergio Fernández (1994: 277-287).

9 Según el entonces secretario general de RN, en «Canal 13 Jarpa fue el primer partidario del Sí en reconocer la derrota. Explosión de júbilo en el Comando del No; ira contenida en La Moneda. Descompresión y alivio en todo el país. A la una de la mañana leí una breve declaración a nombre del partido que reconocía el triunfo del No. La UDI no dijo esta boca es mía»; Allamand (1999: 165).

10 Esta importante decisión de RN correspondía a la postura de la «semioposición» (Linz, 1973), que puede tener una influencia determinante en el curso de un régimen autoritario; también fue decisiva su intervención para forzar a Pinochet a reformar la Constitución.

11 El resultado del plebiscito no sorprendió a la Armada porque el PDC le hizo llegar los resultados parciales que recogió de los escrutinios entregados por las mesas y que anticipaban el claro triunfo del No. Véase Arriagada (1998: 258). El autor, que dirigía el programa de encuestas que el CERC hizo en 1988, entregaba los resultados a oficiales de la Marina, colaboradores directos de Merino, en reuniones donde les explicaba sus alcances.

12 La Marina solo conservó una cartera, Defensa, que desde febrero de 1983 ejerció el contraalmirante en retiro Patricio Carvajal. Este nombramiento también se explica por la confianza personal que tenía Pinochet en este, por haber sido jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional durante el golpe de Estado, instancia que coordinó ese día la toma del poder.

13 Se analiza en el Capítulo III. Durante los años ochenta, la Fuerza Aérea solo tuvo presencia en el Gobierno a través de un ministro en la cartera de Transportes y Telecomunicaciones.

14 Cáceres no tenía la biografía política correspondiente a un «blando», como O’Donnell y Schmitter (1986) definen en su análisis de la transición a la democracia, sino más bien de un «duro», pues en el debate constitucional en el Consejo de Estado había suscrito, junto a Pedro Ibáñez, un voto de minoría donde rechazaba el sufragio universal y proponía una democracia con elementos corporativistas. Esto fue visto como un grave obstáculo, como recuerda el entonces ministro del Interior: «El trastorno que ocasionó el informe de minoría en círculos decisivos fue tan importante, que en ciertos momentos pareció que el proceso conducente a la nueva Constitución iba a detenerse» (Fernández, 1994: 142). Sin embargo, Cáceres era un Chicago boy que gozaba de la confianza del empresariado y de los militares.

15 Los militares chilenos tienen una extensa tradición de convertir las derrotas en triunfos; esta fue una ocasión más.

16 Fue el caso de las empresas sanitarias, que se privatizaron a finales del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).

17 La literatura sobre las transiciones examina los problemas de las nuevas democracias a partir de las deficiencias en la gestión de los demócratas, sin atender al impacto negativo de las condiciones creadas por el autoritarismo. Por ejemplo, O’Donnell (1997).

18 La negociación se realizó entre el portavoz del No, Patricio Aylwin, y el ministro del Interior, Carlos Cáceres.

19 La reforma incluyó 54 modificaciones a la Constitución. Para un minucioso estudio de esta, con la reproducción de los documentos de los partidos y las declaraciones de sus dirigentes y de algunos ministros, véase el libro de Andrade Geywitz (1991). Los actores políticos han entregado interesante información sobre los alcances de las negociaciones: Allamand (1999: Capítulo VIII), Arriagada (1998: 265-272) y Boeninger (1997: 362-366).

20 Este había sido nombrado por el general Pinochet, quien le aseguró que lo apoyaría en este organismo. Se rechazó la demanda de la oposición respecto a establecer una mayoría de autoridades civiles en el CSN, con la incorporación del presidente de la Cámara de Diputados.

21 Las leyes de quórum calificado se refieren a materias más específicas: la pena de muerte (art. 19, N° 1), los indultos generales y amnistía (art. 63, N° 16), la actividad empresarial del Estado (art. 19, N° 21, inc. 2º), la regulación del derecho a la seguridad social (art. 19, N° 18, inc. 2°).

22 Las 17 materias que la Constitución exige sean reguladas por medio de una LOC están referidas en los artículos 18 (sistema electoral público), 19, números 11 (libertad de enseñanza), 15 (partidos políticos), 24 (concesiones mineras), 38 (bases generales de la administración pública), 44 (estados de excepción constitucional), 47, 49, 52, 74 y 128 (Congreso Nacional), 77 y 82 (Poder Judicial), 84, 88 y 91 (Ministerio Público), 92 inciso final (Tribunal Constitucional), 95 (Tribunal Calificador de Elecciones), 98 y 99 (Contraloría General de la República), 105 (Fuerzas Armadas), 105 (Carabineros), 108 (Banco Central), 113 y 125 (Gobierno y administración interior del Estado) y 118 al 125 (Municipalidades) (Szmulewicz, 2012).

23 Agradezco a Carlos Carmona esta información sobre el impacto de las leyes orgánicas constitucionales en la agenda legislativa de los gobiernos.

24 Esto fue regulado en el Título IV de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.948, de 27 de febrero de 1990, especialmente art. 96.

25 Usamos el concepto de prerrogativas según Stepan (1988).

26 Para las tres ramas de las Fuerzas Armadas se estableció por la Ley Orgánica Constitucional N° 18.948, de 27 de febrero de 1990; para el Cuerpo de Carabineros se promulgó la Ley Orgánica Constitucional N° 18.961, de 7 de marzo de 1990. Pese a ser dictadas en último momento, fueron complementadas el último día del régimen militar para aumentar aún más la autonomización de las instituciones armadas a través de la Ley N° 18.967, de FF.AA., y 18.973, de Carabineros.

27 En la Parada Militar de 1990 el comandante de la guarnición de Santiago, general Carlos Parera, no solicitó permiso al presidente Aylwin para iniciar el desfile de las tropas. El general Pinochet no tomó medidas disciplinarias contra este y el Gobierno se tuvo que limitar a no firmar su ascenso. Pinochet lo envió como agregado militar a la Sudáfrica del apartheid, lo que le perjudicó en su carrera militar y debió pasar a retiro al terminar esta destinación de dos años.

28 Esta solo hizo una excepción expresa del atentado que costó la vida a Orlando Letelier. El texto del Decreto Ley N° 2-191, de 1978, se reproduce en Loveman y Lira (2000: 462-463).

29 Fueron Hernán Cereceda, Servando Jordán y Enrique Zurita (Matus, 1997: 178).

30 El beneficio era para el presidente, los ministros y el fiscal de la Corte Suprema, que optaran por retirarse dentro de un plazo de 90 días desde la vigencia de la ley (17 de junio de 1989), para permitir el nombramiento de los nuevos ministros por el régimen militar.

31 Se acogieron a este beneficio los ministros José María Eyzaguirre, Octavio Ramírez, Víctor Rivas, Osvaldo Erbetta, Abraham Meersohn, Estanislao Zúñiga y Carlos Letelier. En su reemplazo fueron nombrados los ministros Roberto Dávila Díaz, Lionel Beraud Poblete, Arnaldo Toro Leiva, Germán Valenzuela Erazo, Hernán Álvarez y Sergio Mery Bravo.

32 Dos eran elegidos por votaciones sucesivas y el tercero debía ser un ex contralor general de la República, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45, letras b) y c), respectivamente, de la Constitución de 1980.

33 Un considerable número de leyes escapa a los criterios mencionados, y se refieren a temas puntuales, más bien administrativos. De forma ilustrativa se puede mencionar la ley que regula el alhajamiento del nuevo Congreso Nacional (Ley N° 18.823); autoriza el establecimiento de un casino de juego en determinadas comunas (Ley N° 18.936.); regula el uso y circulación de vehículos estatales (Ley N° 18.858); confiere grado de contraalmirante al capitán de fragata don Policarpo Toro Hurtado (Ley N° 18.761); o dispone la erección de monumentos en memoria de algunas personas (Ley N° 18.929).

34 Artículos 97 y 98 de la Constitución de 1980.

35 Hay información sobre estas negociaciones en Ascanio Cavallo (1993).

36 El general Enrique Seguel, ex ministro de Hacienda, y Alfonso Serrano, ex subsecretario del Trabajo y Previsión Social.

37 Roberto Zahler (PDC) y Juan Eduardo Herrera (PPD).

38 Ley N° 18.899, art. 32, a).

39 La constitución de la sociedad anónima de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS) y la de Valparaíso (ESVAL) se hizo por la Ley N° 18.777; el Metro de Santiago fue decidido por la Ley N° 18.722, y la Empresa Marítima del Estado (Empremar), por la Ley N° 18.773.

40 La Superintendencia de Servicios Sanitarios fue creada por la Ley N° 18.902. El régimen se apresuró a corregir una de las debilidades de la privatización del sistema de salud, consistente en la carencia de un órgano regulador, creándose la Superintendencia de Isapres, que se formalizó por la Ley N° 18.933.

41 Ley N° 18.827, que adecúa la planta del personal de 72 órganos y servicios públicos, después modificada acogiendo algunas de las críticas de la oposición por su carácter de «amarre» mediante las leyes N° 18.830 y N° 18.831.

42 Ley N° 18.834. Esto se reafirmaba con la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado. También congelaron las plantas de los gobiernos locales mediante la Ley N° 18.923, de Municipalidades.

43 Véase al respecto el análisis del ministro de Hacienda de la transición, Alejandro Foxley (1993: 59-61).

44 Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno aumentó cada año por las numerosas funciones políticas que cumplió, hasta llegar a 11.111.357 pesos en 1989 y bajó bruscamente a 6.781.100 pesos para 1990 (en pesos de 2000).

45 El senador Julio Lagos, elegido por la I Región, y Arturo Alessandri, de la II Región, no tuvieron cargos en el régimen militar, pero apoyaron al Sí en los plebiscitos de 1980 y 1988. El senador Miguel Otero Lathrop ingresó al Parlamento como consecuencia del asesinato de Jaime Guzmán y había votado Sí en las tres elecciones no competitivas.

CAPÍTULO XIII

LOS LEGADOS DEL RÉGIMEN DE PINOCHET

1 Usamos el adjetivo «congruente» en el sentido que le da Eckstein (1966).

2 Era hijo del ex presidente Eduardo Frei Montalva (PDC) (1964-1970).

3 La excepción fue el senador Hernán Larraín, aunque debe señalarse que tuvo una alta posición de poder en la Universidad Católica, llegando a ser vicerrector académico, en la cual el gremialismo fue el principal grupo de poder, y la dirección de la universidad y varios institutos, especialmente el de Economía y la Escuela de Derecho, estuvieron muy vinculados al régimen militar, como se analizó en los capítulos VII y VIII.

4 Tres presidentes de la Sofofa estaban en esa situación: Felipe Lamarca (1997-2001) fue director del Servicio de Impuestos Internos (1980-1984); Bruno Philippi (2005-2009) fue secretario de la Comisión de Energía (1978-1984), y Andrés Concha (2009-2013) fue director de ProChile (1975-1979) y Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1979 y 1984.

5 Esta sección se apoya en mi libro La democracia semisoberana (Huneeus, 2014: capítulo 6).

6 Ballerino era uno de los oficiales de mayor confianza de Pinochet. Fue su edecán, jefe de la Casa Militar y secretario general de la Presidencia después del plebiscito de 1988, cumpliendo un importante papel en el traspaso de poder a las nuevas autoridades elegidas en 1989.

7 La grabación de una conversación del senador Sebastián Piñera en 1992 llegó a manos del empresario Ricardo Claro, quien la dio a conocer en un programa político del canal de televisión de su propiedad, Megavisión. Una investigación periodística que entrega bastante información sobre esta operación es la de Claudia Farfán Montes, «Los secretos del espionaje telefónico en democracia», Qué Pasa, 6 de noviembre de 2006. Véase también Allamand (1995: 308-337), Daza y Del Solar (2010: 185-189) y Salazar (2009: capítulo IX).

8 http://www.archivochile.com/Chile_actual/16_hue_dict/chact_hu edict0027.pdf, acceso 2 de marzo de 2016.

9 Después de muchos años, la justicia chilena logró resolver este caso, con el fallo de la Corte Suprema contra 14 acusados por el crimen, perpetrado en Chile y Uruguay. Quien recibió la pena más alta fue el mayor (R) Arturo Silva Valdés, de quince años y un día de presidio, como autor del delito de secuestro con homicidio, más cinco años y un día por asociación ilícita y sin beneficios. http://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/08/11/744563/Suprema-confirma-sentencias-por-crimen-deex-quimico-de-la-Dina-Eugenio-Berrios.html. Véase además en: http:// www.latercera.com/noticia/nacional/2015/08/680-642548-9-corte-suprema-confirma-sentencia-contra-14-militares-en-caso-de-muerte-de.shtml. También participó en la muerte de Berrios un oficial de inteligencia del Uruguay. Véase Mónica González, «El asesino de Berríos», 11 de agosto de 2015, en http://ciperchile.cl/2015/08/11/el-asesino-de-eugenio-berrios/. Berríos ha sido acusado de haber participado en el envenenamiento del ex presidente Eduardo Frei Montalva, que lo llevaría a su muerte, cuando se recuperaba de una operación en una clínica de Santiago.

10 También participaron los presidentes de las comisiones de Defensa del Senado y la Cámara y miembros de cada una de estas.

11 El episodio y las repercusiones se relatan en Huneeus (2014: 246-249).

12 Véanse las declaraciones textuales de Pinochet en: https://www.youtube.com/watch?v=eVIlQumxP5g

13 Pinochet quiso culminar su protagonismo en la Parada Militar, queriendo ser la primera autoridad en retirarse del lugar. Sin embargo, fue detenido por el director de Protocolo, Carlos Klammer, quien se le cruzó en el camino y le dijo: «No, general, el primero en retirarse es el Presidente». Información de Carlos Bascuñán, jefe de gabinete del presidente Aylwin, que observó el episodio.

14 Pinochet no tomó medidas disciplinarias en contra del general Parera por el desaire a Aylwin, pero sí lo hizo el Gobierno, rechazando la destinación institucional propuesta para este por el Ejército. Pinochet lo pasó a retiro un año después.

15 Este episodio sigue los relatos de Cavallo (1998: capítulo 7) y Otano (2006: capítulo 10).

16 «Democracia no corre peligro», La Época, 29 de mayo de 1993.

17 Entrevista con Belisario Velasco, 22 de febrero de 2016.

18 El Ejército exigió, entre otras materias, la tramitación inmediata de 107 decretos que consideraba que el Ministerio de Defensa no había impulsado; detener el caso de los cheques del hijo de Pinochet; la regularización de las propiedades del Ejército, que habían sido vendidas o compradas, y determinar que los procesos pendientes por derechos humanos se vieran caso a caso entre el jefe de gabinete del ministro del Interior y el fiscal militar.

19 Es conocida como «la doctrina Aylwin».

20 Después, el presidente Lagos determinó por decreto la construcción del penal Cordillera en un recinto militar, que tuvo enormes facilidades para los militares que fueron trasladados desde Punta Peuco a este recinto, incluyendo el general Manuel Contreras, condenado por el asesinato de Orlando Letelier en Washington D.C. En 2013 el presidente Sebastián Piñera ordenó el cierre del penal Cordillera en el marco de los cuarenta años del golpe de Estado, considerando que era un exceso su existencia.

21 «Desencuentro con el Ejército debe canalizarse», La Tercera, 31 de mayo de 1993, p. 6. «Allamand: Malestar se origina en ley orgánica», La Tercera, 2 de junio de 1993, p. 4, con declaraciones que emitió después de una entrevista de una hora con el vicepresidente Krauss.

22 «Despertaron al león», La Tercera, 30 de mayo de 1993, p. 8.

23 «Fue una actitud de fuerza improcedente», tituló La Tercera, sábado 12 de junio de 1993, p. 8; «Aylwin: “No volverá a repetirse”», La Segunda, 11 de junio de 1993, p. 2.

24 Destaca el seminario organizado en El Escorial, en las afueras de Madrid, el 28 de mayo de 1996, que fue convocado por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y contó con la participación de personalidades españolas en su inauguración y en su clausura, y políticos del PS, con su presidente, Camilo Escalona, además de Gazmuri y Enrique Correa, y Ricardo Lagos, que era ministro de Obras Públicas. También intervinieron oficiales de Ejército y antiguos colaboradores civiles de Pinochet, como el ex ministro Hernán Felipe Errázuriz, columnista de El Mercurio. Fue una iniciativa aprobada por el ex dictador y promovida por el agregado militar en España, coronel Juan Emilio Cheyre, a quien Lagos designó después comandante en jefe del Ejército. Véase Ana Rodríguez, «Ambiente militar», Qué Pasa, 8 de junio de 1996. Un resumen de las ponencias de los militares, del ministro Lagos y del diputado Luis V. Ferrada (RN) se reproduce en Cosas, junio de 1996. En declaraciones a la prensa cuando se supo del evento, Escalona resaltó la importancia del seminario para superar las desconfianzas entre civiles y militares y aspiró a que «desaparezca toda tentación o insinuación de veto militar». Véase su entrevista al diario La Época, 5 de junio de 1996.

25 La policía cumplía una orden de detención del juez español Baltasar Garzón, a petición del abogado Joan Garcés, que se había querellado contra Pinochet ante la justicia de España por el asesinato de españoles por la dictadura y se pedía su extradición a España. El mejor relato de su detención en Londres y cómo se consiguió su regreso a Chile lo hicieron Pérez y Gertzen (2000). He analizado este episodio y su impacto en Chile (Huneeus, 2003 A).

26 Los chilenos se dividieron ante este fallo: una mayoría, el 61 por ciento, constituida especialmente por los partidarios de la Concertación, apoyó la decisión del máximo tribunal de la República, habiendo un respaldo aún superior en los votantes de los partidos de la Concertación, llegando al 94 por ciento entre los socialistas, y, una minoría, 29 por ciento, constituida especialmente por los votantes de la UDI y RN, estuvo en contra, que alcanzó porcentajes muy superiores a la media, pues llegó al 63 y el 64 por ciento respectivamente. Barómetro CERC de la Política, septiembre 2000.

27 «Cuentas de Pinochet recibieron 20 millones de dólares en ocho años a partir de 1990», La Tercera, 8 octubre 2005, p. 4.

28 Véase en: http://www.24horas.cl/politica/senador-navarro-proponecaducar-personalidad-juridica-de-cema-chile-1974876

29 Dos tenían un máster, Nicolás Flaño y Pablo Piñera, y uno, Mario Marcel, tenía un doctorado en la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña.

30 Ellos fueron José Pablo Arellano (1990-1996), Joaquín Vial (1996-2000) y Mario Marcel (2000-2006).

31 Arrate expresó la preocupación de su ministerio respecto de la continuidad de la gratuidad. Planteó que no se excluyera a nadie por no poder pagar y señaló que el financiamiento compartido era «opcional y voluntario y deben primar los elementos de interés social y cultural de la sociedad». Estas declaraciones se encuentran en «Aumenta el presupuesto educacional», La Tercera, 20 de septiembre de 1993.

32 El documento fue filtrado y entregado a la prensa algunos días antes de las elecciones de diciembre de 1989 por Pablo Baraona, jefe de la campaña presidencial de la derecha, y lo reprodujo El Mercurio, «Texto del memorándum sobre el pacto secreto entregado por Baraona», 4 de diciembre de 1989. La controversia pública provocada llevó a Arrate a desconocer la existencia del documento para impedir el escalamiento de un conflicto con el PDC, El Mercurio, 5 de diciembre de 1989, «J. Arrate niega existencia de carta con discrepancias», y luego calificaría de «burdo montaje» la acusación de Baraona, El Mercurio, 9 de diciembre de 1989.

33 La Papelera resistió la estatización buscada por el Gobierno de Allende, con el apoyo de sus trabajadores y de los partidos de oposición.

34 Esto lo cuenta Squella (2005), asesor cultural del presidente Lagos.

35 Cuatro de los 12 expositores del ciclo fueron académicos del CEP: Arturo Fontaine Talavera, Joaquín Fermandois, Óscar Godoy y Patricia Matte, hermana del líder del grupo, que trabajó en Odeplan durante el régimen militar, llegando a ser en 1986 secretaria del Consejo Económico-Social. Entre los otros había colaboradores del CEP, como José Joaquín Brunner y Carlos Peña. Brunner fue nombrado consejero en 2015 y Peña ha sido un estrecho colaborador del CEP. Los textos se encuentran en Presidencia de la República (2005).

36 Estos serían confirmados por una nueva ley de 2012, impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

37 Por ejemplo, la Corte Suprema, que entrega el título profesional a los egresados de la carrera de Derecho, se ha quejado de la mala formación de estos. En 1980, cuando se dictó el decreto que les otorgó autonomía y libertad académica, existían cinco facultades de Derecho en Chile. A comienzos de 2016, la carrera se imparte en 44 universidades, con más de 100 sedes a lo largo del país. Véase Gabriela Pizarro, «Juicio a las escuelas de Derecho: las alarmantes falencias de los nuevos abogados». Reportaje Ciper, http://ciperchile.cl/2016/03/02/juicio-a-las-escuelas-de-derecho-lasalarmantes-falencias-de-los-nuevos-abogados/, entrada 3 de marzo de 2016.

38 El fenómeno comenzó tempranamente y al más alto nivel, dando una pésima señal sobre la conveniencia de separar los intereses públicos y privados. Esto ocurrió cuando Enrique Krauss (DC), ex ministro del Interior y vicepresidente de la República, fue contratado por la principal empresa de telecomunicaciones, un importante sector regulado, nueve meses después del término del Gobierno de Patricio Aylwin, como vicepresidente de regulación asesoría jurídica de la Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), en la actualidad Telefónica Chile S.A. Krauss ejerció este cargo desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 5 de mayo de 1997, para volver a la política, siendo elegido presidente de la Democracia Cristiana y diputado en las elecciones de diciembre de ese año.

39 El ex administrador de La Moneda durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Christian Riquelme, fue un ejemplo de esto.

40 Esta respuesta es confirmada por la que se da a otra pregunta: una minoría, el 20 por ciento, considera que el crecimiento ha beneficiado a todos los chilenos (Barómetro CERC de la Política, diciembre de 2011).

41 Las cuatro son: la familia Luksic (minería, financiero e industrias), con un patrimonio neto de 19.200 millones de dólares, ubicado en el lugar 27; Horst Paulmann, 10.500 millones de dólares (sector retail), en el lugar 75; Eliodoro Matte y su familia (silvicultura y energía), 10.400 millones de dólares, en el lugar 77, y Sebastián Piñera (fideicomiso ciego), con 2.400 millones de dólares, en el lugar 488. Solimano (2012: cuadro 7.1).

42 http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/. El indicador abarca entre 0, que es equivalente a la máxima igualdad, y 100, que es equivalente a la máxima desigualdad.

43 «Chile es el país con mayor desigualdad de ingresos entre los países de la OCDE», Pulso, 5 de diciembre de 2011, p. 26. Para un análisis académico de las desigualdades de ingreso, véanse Repetto (2005) y Ffrench-Davis (2014: cap. VIII).

44 En Uruguay es un 14,1 por ciento; Argentina, 16,75 por ciento; Colombia, 20,45 por ciento; España, 8,24 por ciento; véase en http:// topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics. eu/#Country: Argentina, entrada 19 de febrero de 2014.

45 Venció a Joaquín Lavín en primera vuelta y fue derrotado en segunda por Michelle Bachelet.

46 El 24 de julio de 2006 Piñera compró tres millones de acciones a través de Inversiones Santa Cecilia S.A., representada por él mismo, y 250.000 acciones a través de Inversiones Mineras del Mar Cantábrico S.A., por un monto total de 18 millones de dólares, que representaba aproximadamente el 0,9 por ciento de las acciones emitidas por LAN a esa fecha. La compra la hizo apenas media hora después del término del directorio de la línea aérea, iniciado a las 10:00, en el cual participó Piñera en su calidad de director. En esa reunión se conocieron «los estados financieros» de la empresa, es decir, los antecedentes sobre el patrimonio, activo, pasivo, pérdidas o utilidades y gravámenes de la empresa. Se trataba de una información de enorme importancia para conocer la fortaleza o debilidad de una empresa y sus potencialidades futuras de crecimiento. En una palabra, es una «información privilegiada» que conoció primero el directorio. Los «estados financieros» fueron entregados al día siguiente, 25 de julio, a la autoridad y al conocimiento público. Al comparar las acciones antes de que se dieran a conocer los estados financieros, Piñera habría infringido el inciso 1º del art. 165 de la Ley Nº 18.045, que dispone que «cualquier persona que en razón de su cargo, posición, actividad o relación tenga acceso a información privilegiada, deberá guardar estricta reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir para sí o para terceros, directa o indirectamente, los valores sobre los cuales posea información privilegiada». He analizado esto en Carlos Huneeus, http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/09/29/los-riesgos-de-estar-en-los-negocios-y-en-politica/, entrada 8 de enero de 2016.

47 Véase con más detalle la ruptura entre la Corfo y SQM en: http:// www.emol.com/noticias/Economia/2015/06/18/722089/Corfo-decideterminar-su-contrato-con-SQM-para-explotar-Salar-de-Atacama.html. También en: http://ciperchile.cl/2016/03/10/litio-las-escandalosas-fallas-dela-comision-de-energia-nuclear-que-beneficiaron-a-sqm/

48 Véase en: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-01-30&dtB=27-03-2016%200:00:00&PaginaId=2&bodyid=3

49 Véanse los correos en http://www.latercera.com/noticia/politica/ 2015/01/674-611150-9-caso-penta-conoce-los-correos-de-politicos-en-elexpediente-del-fiscal-gajardo.shtml

50 Ibídem.

51 Ibíd.

52 Véanse detalles de la sentencia y el juicio abreviado en: http://www. quepasa.cl/articulo/politica/2015/12/los-hechos-que-condenan-a-jovinonovoa.shtml/

53 Véase en: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/01/03/ 766544/Tribunal-Supremo-UDI-resuelve-no-sancionar-a-Jovino-Novoa-trascondena-por-caso-Penta.html

54 Véase un reportaje de Ciper en que se describe el alcance de las operaciones ilegales de SQM: http://ciperchile.cl/2015/09/07/platas-negrasde-sqm-el-pulpo-que-puso-sus-tentaculos-en-todos-los-sectores-politicos/

55 El estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling entregó los resultados de su informe al directorio de SQM y este lo hizo llegar a la fiscalía. Véase en: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/01/674665064-9-el-mapa-politico-de-los-pagos-de-sqm.shtml

56 http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/01/14/historico-jaime-orpis-se-convierte-en-el-primer-parlamentario-desaforado-por-financiamiento-irregular-de-campanas/. La PDI investiga los posibles aportes que recibió el otro senador por Iquique, Fulvio Rossi (PS), que pidió financiamiento de campañas a SQM (Mönckeberg, 2015).

57 Datos tomados del Servel.

58 Argentina tiene una participación superior al 70 por ciento de la PEV; Uruguay, superior al 90 por ciento, y Perú, que en la primera elección presidencial después del régimen militar, en 1985, la ha aumentado de un 66 a un 86 por ciento en las de 2011. Los resultados están en www.idea.org

59 Los resultados de la primera vuelta se encuentran en http://elecciones.gob.ar/admin/ckfinder/userfiles/files/P_V__DEFINITIVO%20x%20 Distrito_GRALES_%202015_WEB.pdf y los de la segunda vuelta en http:// www.resultados.gob.ar/balotage/dat99/DPR99999A.htm. Agradezco esta información a Pablo Valenzuela.

60 Véase «El voto voluntario es un retroceso histórico», El Mercurio, miércoles 31 de diciembre de 2008, un artículo que fue iniciativa del autor y Javier Couso.

CAPÍTULO XIV

CONCLUSIONES

1 Nos referimos a ministros con cartera, porque uno que integró el gabinete a comienzos del régimen en un cargo que no tenía ese carácter, Raúl Sáez, no apoyó el «Sí» en 1988.

2 Uso los adjetivos de la discusión en Alemania sobre el poder de Hitler (Funke, 1989).

3 El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Walter Riesco, viajó a Londres para expresar su solidaridad a Pinochet y después a Madrid, a pedir el apoyo a esta causa a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), sin lograrlo.

4 He desarrollado esta idea a través del análisis de las reformas económicas del Gobierno de Carlos Menem en la Argentina, bajo la dirección del ministro de Economía, Domingo Cavallo (Huneeus, 1998).

5 El partido único no es una estructura central a lo largo del autoritarismo, como han mostrado los estudios de la España de Franco (Linz, 1970; Payne, 1995).

6 En las elecciones presidenciales de 1999, un militante de la UDI y antiguo colaborador de Odeplan, Joaquín Lavín, estuvo a escasos votos de derrotar al candidato de la Concertación, el socialista Ricardo Lagos, quien se impuso con más amplitud en la segunda vuelta del 16 de enero de 2000. El crecimiento de la UDI en democracia, que le ha permitido ser el mayor partido de Chile, no se explica sin considerar los recursos políticos y económicos constituidos desde su participación en el régimen militar.

7 La bibliografía es amplísima: Santamaría (1981); Baloyra (1987); O’Donnell, Schmitter y Whitehead (comps.) (1986); Di Palma (1990); Huntington (1991); Beyme (1994); Gunther, Diamandouros y Puhle (eds.) (1995); Linz y Stenan (1996)

8 La excepción es el problema de las relaciones cívico-militares, que dependen del tratamiento a las violaciones de los derechos humanos y la subordinación castrense al poder civil (Huntington, 1991: capítulo 5).

9 Este fue un escenario muy distinto al de las élites postotalitarias, donde hubo una ruptura, como en Alemania después de 1945 (Edinger, 1960).

10 Hay escasos estudios sobre los legados negativos del autoritarismo en democracia. Véanse Herz (ed.) (1982); Linz (1981) y Hagopian (1993).

11 Analizamos el impacto de la dictadura en la opinión pública y en la cultura cívica en un libro (Huneeus, 2003). El impacto de la coerción y de la figura de Pinochet lo he analizado en el artículo Huneeus e Ibarra (2013).

12 Los cambios fueron significativos, aunque no tuvieron la misma visibilidad que las modificaciones políticas, lo que he analizado en Huneeus (2000 A). Los efectos no buscados de estas continuidades lo examino en Huneeus (2000).

13 Sobre los enclaves autoritarios, véase Garretón (1984: 108-111).

14 Para el caso de Francia y el impacto del régimen de Vichy, véanse Marrus y Paxton (1981); Paxton (1982) y Rousso (1991). Para el caso de Alemania, véase Herf (1997).

* «La cifra del 10 por ciento [de cotización] permitirá obtener una pensión cercana a sus últimas remuneraciones. En el pasado, en cambio, el trabajador, en promedio, obtenía pensiones apenas mayores a la mitad de sus últimas remuneraciones». El discurso in extenso del ministro José Piñera se reproduce en El Mercurio, 7 de noviembre de 1980. Piñera eliminó esta parte de su discurso en el que reproduce en una página web, http://www.josepinera.org/RevChilena/chile_afp_discurso. htm, acceso el 23 de febrero de 2016.

* Usamos el concepto de «congruencia» siguiendo a Eckstein (1966).

* Para el caso de España, véase Cabrera y del Rey (2011).

Título original: El régimen de Pinochet

Edición en formato digital: noviembre de 2016

© 2016, Carlos Huneeus

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