Todo fenómeno crucial para la vida de un país suele ser objeto de valoraciones distintas y aun francamente opuestas. En el caso del peronismo, la diversidad de juicios acerca de sus méritos políticos se ha reproducido en cierto modo en los análisis científicos. Totalitarismo de inspiración fascista, movimiento de liberación nacional, forma bonapartista de ejercicio del poder, populismo, autoritarismo desarrollista o modernizante son algunas de las categorías analíticas que se han utilizado para estudiarlo y de los rótulos que se le han aplicado. El sociólogo alemán Peter Waldmann considera arbitrario decidirse por cualquiera de estos intentos de explicación en tanto no esté confirmado por evidencias empíricas satisfactorias. El camino de investigación por él elegido lo lleva a buscar las razones objetivas del surgimiento del peronismo en la «crisis nacional» de los años treinta y principios de los cuarenta, así como a estudiar las relaciones (le los conceptos políticos de Perón con el proceso de redefinición de la función estatal que surgió como respuesta a esa crisis. A continuación, analiza la estructura del régimen y sus cambios, los apoyos y resistencias sociales e institucionales que encontró, rematando su libro con la descripción de las distintas fases en que, a su parecer, puede ser dividida la era peronista.

Peter Waldmann

El peronismo 1943-1955

Biblioteca argentina de historia y política - 004

ePub r1.1

et.al 01.09.2019

Peter Waldmann, 1974

Traducción: Nélida M. de Machain

Retoque de cubierta: et.al

Editor digital: et.al

ePub base r2.1

PROLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN CASTELLANA

Es una gran satisfacción para el autor, que este trabajo de investigación —hasta ahora sólo accesible a un limitado público de habla alemana— pueda ser hoy leído por argentinos. Para comenzar este prólogo considero oportuno referirme en pocas palabras a la historia de esta investigación.

El proyecto de investigar el peronismo fue concebido hace unos diez años. Por ese entonces, en 1969, el autor —cuya esposa es argentina— interrumpió por un año sus tareas de asistente del Instituto de Sociología de la Universidad del Sarre y se instaló en la Argentina, con el fin de recopilar el material necesario para un trabajo científico de cierta envergadura, sobre el primer régimen peronista. 1969 fue el año del Cordobazo, que hizo tambalear la hasta entonces firme estructura de poder del general Onganía y su gobierno militar. Al mirar hacia atrás comprobamos que 1969 fue también el año en el cual se organizaron los primeros grupos de la guerrilla urbana argentina, que muy pronto crearían serios problemas a la Policía y a las Fuerzas Armadas. Fue un período colmado de acontecimientos, que —luego de tres años de estabilidad política y desmovilización— pareció marcar el comienzo de un futuro más agitado.

Esta inquietud y este ánimo de renovación también se habían adueñado de una parte de los científicos, políticos y demás personas preocupadas por el acontecer político, a las cuales yo me dirigía en procura de asesoramiento respecto a fuentes de información, literatura de consulta o, simplemente, relatos sobre experiencias personales vinculadas con mi tema de investigación: el peronismo. No tardé en comprender que no había una ni dos versiones acerca de la importancia, las causas y la trascendencia de la primera época peronista. Las versiones eran innumerables. Según el estrato social, la generación y la profesión de cada uno de mis interlocutores, Perón era elevado a la condición de héroe nacional o denigrado a la categoría de escoria de la nación; se lo consideraba como un instrumento pasivo en manos de su ambiciosa mujer, Evita, o bien era él quien la manejaba (fueron muchas las horas de conversación consagradas a este importante punto: ¿quién manejaba a quién?); Perón debía ser clasificado, en primer lugar, como representante de las Fuerzas Armadas o como paladín de las clases bajas. Esta última tesis, en especial, gozaba por entonces de gran popularidad entre los sociólogos y politicólogos argentinos: Perón había defendido los intereses de la clase trabajadora y debía ser considerado, en primer lugar, como una especie de revolucionario social. Cuanto más informes recogía, cuanto más conversaciones sostenía, tanto más cambiantes y ricos en facetas me parecían el dictador, a la sazón en el exilio, y sus diez años de gobierno. ¿Pero cuál era el verdadero, el auténtico Perón y cuál era la naturaleza real de las estructuras de su sistema de poder?

Esta investigación representa un intento de dar respuesta a estos interrogantes, una respuesta que, como cualquier otra, no está, sin duda, exenta de fallas y de errores. Desde su finalización —en enero de 1973— han transcurrido más de cinco años. En el ínterin, la Argentina vio por segunda vez a Perón en el poder, si bien sólo se trató de un episodio de algunos meses, dado que las fatigas ocasionadas por las tareas de gobierno afectaron hasta tal punto al anciano estadista, que su muerte se produjo al poco tiempo. De cualquier manera, ese breve lapso bastó para rebatir en forma definitiva algunas interpretaciones unilaterales de las intenciones y opiniones de Perón, como la recién mencionada, según la cual encabezaría una alianza de obreros y estudiantes para conducir al país a una revolución social. Perón demostró que no tenía la menor intención de emprender experimentos revolucionarios.

Desde el momento en que quedó concluido el manuscrito han aparecido una serie de trabajos científicos sobre aspectos parciales del peronismo. Lamentablemente, no se los pudo tomar en cuenta, pues eso hubiera significado una completa reelaboración del manuscrito original. Ciertos puntos podrían exponerse hoy con mayor precisión; otros podrían fundamentarse mejor. Quizá fuera necesario poner mayor énfasis sobre determinados elementos de la exposición, a la luz de los resultados de investigaciones recientes. Con todo, creo que las tesis fundamentales de este trabajo no requieren revisión.

Quisiera aprovechar esta edición castellana para agradecer a todos los argentinos que me ayudaron con consejos, comentarios críticos y la paciente discusión de mis ideas durante la gestación de este trabajo. Este agradecimiento está dirigido, muy en particular, a dos amigos, provenientes de medios políticos e ideológicos opuestos, que me apoyaron y aconsejaron siempre con igual desinterés y lealtad, pese a todas las dificultades: J. L. de Imaz y M. Murmis.

Peter Waldmann

Augsburgo, julio de 1978

INTRODUCCIÓN

La versión castellana ha sido considerablemente abreviada respecto al original alemán. Se suprimieron, sobre todo, las partes estrictamente teóricas, como un primer capítulo en el cual se analizan los fundamentos metódicos y conceptuales de la investigación, y el último capítulo, que es un intento de clasificación del peronismo dentro de la teoría general del poder. Una introducción no se presta, sin duda, para exponer esas consideraciones y conclusiones teóricas generales suprimidas en el texto; sin embargo, creemos que puede resultar útil informar al lector, de manera sucinta, acerca de las hipótesis e interrogantes que constituyeron el punto de partida de este estudio.

Hay un enfoque esencial que sirvió de premisa a esta investigación: la posición especial que ocupa la era peronista de 1946-55 —o de 1943-55, si se incluyen los años del ascenso de Perón antes de llegar al poder— en la historia argentina reciente. Esta posición especial se manifiesta, en primer lugar, en la relativa unidad y continuidad del sistema de poder, que caracteriza a la época. Tanto los años precedentes, como las décadas subsiguientes se caracterizaron por una rápida sucesión de gobiernos, constelaciones de fuerzas y estrategias políticas diferentes; en los doce años que siguieron a 1943, en cambio, dominó un solo estadista, apoyado por una coalición de fuerzas sociales y políticas que, en esencia, permaneció invariable a través de todo ese tiempo.

La primera época peronista escapa también a lo común por ser, quizá, la fase más discutida de la historia argentina reciente. Amplios sectores de la clase alta argentina veían en Perón tan sólo un aventurero político, que supo utilizar con habilidad las doctrinas de Mussolini y Hitler y aprovechó el momento favorable —la prosperidad económica de la época de posguerra— para seducir a la masa de los humildes con su demagógica elocuencia y sus promesas vacías.[1] Pero, de la misma manera, gran parte de la clase baja lo veneraba y aún lo venera, como el primer político que supo comprender las necesidades de los pobres y de los trabajadores, y les reconoció sus derechos. Si su estilo dictatorial de gobierno recordaba a algunos al del gran caudillo del siglo XIX, Juan Manuel de Rosas, otros veían en él al renovador y liberador de la Argentina, que apuntaba hacia un futuro mejor. El retomo al poder del anciano caudillo, en el año 1973, hizo que algunas ideas acerca de su persona y de sus ideas políticas rectoras fueran objeto de modificación. Pero esa segunda época fue demasiado breve como para brindar una respuesta satisfactoria a todos los interrogantes abiertos respecto al primer régimen peronista. Además, en esos pocos meses —tan desgastadores para él— en los cuales se hizo cargo por segunda vez de las tareas de gobierno, Perón pronto dejó de tener pleno dominio de sus fuerzas. Ya estaba claramente signado por la muerte, que no tardaría en llegar.

Es interesante comprobar que los controvertidos juicios acerca de los méritos políticos de Perón durante su primer gobierno se reproducen hasta cierto punto en el análisis científico del peronismo. Hasta el momento, los politicólogos no han logrado ponerse de acuerdo respecto del lugar que corresponde al sistema de gobierno peronista en la tipología de las formas de poder. Según una de las opiniones más antiguas, se trató de una forma especial de fascismo; los sociólogos y politicólogos marxistas —apoyándose en el análisis del gobierno de Napoleón III, practicado por Marx— lo han clasificado como un caso de ejercicio bonapartista del poder.[2] Otros ven en él un ejemplo de populismo nacional, fenómeno difundido sobre todo en los países en vías de desarrollo.[3]

Y un cuarto grupo lo aproxima al tipo ideal de la dictadura autoritaria de desarrollo, definido por J. Linz sobre la base de sus largos años de estudio del régimen franquista.[4]

Pero tanto los científicos como los diletantes políticos, tanto los que vivieron la primera época de gobierno peronista, como quienes la conocen por boca de terceros, están de acuerdo en que se trata de una fase clave en la historia reciente del país. Son pocos los que dudan que, entre 1943 y 1955 —en parte por voluntad e intención del gobierno y, en parte, por imperio de las transformaciones internacionales y de los cambios de estructura sufridos por la sociedad del país— se inició un cambio económico, social y político, que por su carácter irreversible creó nuevas premisas para los futuros gobiernos. Queda por dilucidar, sin embargo, cuáles fueron los elementos esenciales de dicho cambio y cuál fue la dirección que imprimieron a la subsiguiente evolución del país.

En la búsqueda de una respuesta a este interrogante no parecía tener sentido apelar a teorías e hipótesis ya formuladas, y no porque las sugerencias sobre clasificación teórica del peronismo antes mencionadas fueran consideradas de antemano como inexactas y desencaminadas. Todas ellas podían tener un valor relativo, podían resultar útiles para arrojar luz sobre un determinado aspecto del sistema social y de poder del peronismo. Pero mientras alguno de estos intentos de explicación no quedara confirmado por investigaciones empíricas amplias y profundas, habría sido arbitrario decidirse por cualquiera de ellos.

Para arribar a un juicio lo más imparcial posible del régimen de 1943-55, que abarcara el fenómeno «peronismo» en toda su complejidad y amplitud, era preciso buscar, más bien, un enfoque teórico que, por un lado, proporcionara criterios concretos para la clasificación del material de investigación y, por otro lado, fuese lo bastante abierto y flexible como paira evitar que la investigación se limitara a un aspecto del sistema peronista de poder, que con el tiempo pudiera resultar de poca importancia. El esquema «crisis nacionales» de Almond y Pyes[5] nos pareció reunir ambas ventajas, en tanto teoría. Ambos autores afirman que la formación del moderno Estado nacional va siempre ligada a seis crisis de desarrollo, que deben ser superadas por las élites políticas empeñadas en estabilizar su domino. Tales crisis son: la de penetración y la de integración (que pueden quedar resumidas dentro del concepto de formación del Estado), la de identidad y la de legitimidad (que pueden ser definidas como formación de la nación) y, finalmente, las crisis de participación y de redistribución. Para el presente trabajo revisten particular importancia las ultimas cuatro, razón por la cual se las expondrá brevemente.

Almond y Pye entienden por crisis de identidad el problema que debe resolver la élite nacional para crear en la población un sentimiento de comunidad nacional, de pertenencia a una nación. También es posible —y al decir esto pensamos, sobre todo, en la Argentina—, que en un país se hayan impuesto ya ideas definidas sobre la idiosincrasia nacional y sobre los valores nacionales fundamentales, que luego son puestas en tela de juicio como resultado de inmigraciones masivas y otros procesos de movilidad social. Se habla de crisis de legitimidad, cuando los diferentes factores de poder que intervienen en la lid política no pueden llegar a un acuerdo sobre el orden político y la forma de gobierno. La falta de acuerdo puede referirse tanto al lugar que ocupa el sistema político dentro de la escala de valores del contexto social general, como también —sobre todo— a la distribución de poder y responsabilidad entre las distintas instituciones estatales y organizaciones políticas. La crisis de participación se produce cuando clases y grupos, hasta ese momento excluidos de las decisiones políticas, exigen la participación que les corresponde en el proceso político. Con frecuencia, esta crisis va unida a la formación de nuevos partidos y grupos de intereses, cuya incorporación al sistema político choca contra la resistencia de los factores de poder establecidos y perturba en forma considerable a las instituciones políticas como tales. Las crisis de distribución surgen de la insatisfacción de las capas sociales más bajas ante la desigual distribución de bienes materiales, de prestaciones y de símbolos de status. Prácticamente en todas las sociedades existen diferencias de rango social entre los distintos grupos de población; pero las tensiones que resultan de estas diferencias suelen agudizarse de manera considerable y tomarse explosivas en el curso del proceso de modernización e industrialización de un país. Para terminar, mencionaremos una quinta «crisis», que Almond y Pye no tratan, a pesar de que hoy adquiere gran importancia para casi todos los países del hemisferio sur; nos referimos a la dependencia económica de un país respecto a otros países, que podría calificarse como crisis de dependencia. Esta crisis existe cuando un país depende de la ayuda financiera, de los créditos y de la adquisición de sus bienes de exportación por parte de uno o varios países, que no necesitan de él en la misma medida.

Se ha criticado mucho el modelo de crisis y, en general, el llamado enfoque de modernización, del cual éste ha partido.[6] Analizar esas críticas en detalle nos llevaría demasiado lejos; por eso nos conformaremos con dedicarles algunos breves comentarios. Sin duda es muy justificado preguntarse si la pretensión de universalidad de la teoría tiene fundamento real o por qué el concepto original de Almond y Pye pasa por alto la variable de influencia externa, o si al equiparar crisis con desafío a la élite política no se está otorgando implícitamente preeminencia a una prolongación de la situación imperante sobre un cambio político de carácter radical. También podría preguntarse hasta qué punto las dificultades estructurales de crecimiento descriptas quedan enmarcadas por la definición de «Crisis», concepto que contiene un importante elemento de agudización externa de una situación. Pero el hecho de que alguna de estas objeciones se tome en serio, no justifica un rechazo del enfoque en totalidad. Lo decisivo es si el esquema se adapta a la situación histórica en cuestión, si «prende». Esperamos demostrar, en las páginas que siguen, que en el caso de la Argentina existe esa correspondencia. Sea como fuere, no encontramos ninguna otra teoría que nos permita analizar el período posterior a 1930 con igual o mayor eficacia.

Al definir las crisis como problemas que deben ser resueltos por los responsables de las decisiones políticas, los logros del sistema político en los años comprendidos entre 1943 y 1955 pasan a ocupar el centro de interés. Esto, a su vez, plantea un interrogante respecto al concepto de política y de acción política que servirá de base a esta investigación. La respuesta a este interrogante es doble. Por un lado, el campo de investigación se limitaría en exceso si restringiéramos el concepto de lo político exclusivamente a la esfera de acción estatal, de acuerdo con el enfoque clásico. Por otro lado, el objetivo de este trabajo tampoco se lograría si siguiéramos la tendencia actualmente dominante en las ciencias políticas de establecer una total separación entre la acción política y las instituciones estatales, para dar a la primera un contenido puramente funcional.[7] La mejor manera de abarcar el objetivo de la presente investigación —la Argentina de los últimos cincuenta años— consiste en escoger una definición intermedia, que acepte al Estado como responsable principal de las decisiones políticas, pero que incluya también a los factores sociopolíticos que rodean al centro estatal. Sistema político significa así ámbito de interacción entre los órganos estatales y los grupos y nucleamientos sociales; la acción política puede partir tanto de las instancias estatales como de los factores sociales de poder.

En este trabajo se concede importancia decisiva a las concepciones políticas y a las ideas rectoras de Perón como elementos que estructuraron y definieron la función del sector estatal propiamente dicho. Esta acentuación de los componentes estratégicos en el pensamiento de Perón está en franca contradicción con el punto de vista de todos aquellos que sólo ven en éste al oportunista ávido de poder, al táctico desprovisto de principios. No cabe duda de que Perón fue un maestro de la táctica política. En ese aspecto fue más hábil y más rico en recursos que la mayoría de sus predecesores y sucesores. Sin embargo, esa habilidad —que se analizará en detalle más de una vez en el curso de este trabajo— no debería hacernos olvidar que el caudillo también tenía objetivos políticos, un concepto político que él estaba empeñado en llevar a la realidad. Elementos aislados de este concepto se encuentran en innumerables discursos y escritos de Perón. Quien los haya conocido no puede haberse sorprendido ante el rumbo político seguido por el anciano a su retomo al gobierno, luego de dieciocho años de obligada abstinencia de poder.

Estas pocas observaciones introductorias bastarán para aclarar la relación interna entre los diversos capítulos de la obra, de modo que ahora nos referiremos brevemente a los distintos puntos tratados: en primer lugar señalaremos, con ayuda del esquema de crisis de Almond y Pye, las principales dificultades económicas, sociales y políticas con las cuales se vio confrontado el país en la década del treinta y en los primeros años de la década del cuarenta (Capítulo I). Esto nos asegura un parámetro relativamente objetivo para medir el éxito del gobierno peronista en sus esfuerzos por resolver los problemas nacionales. El siguiente punto (Capítulo II) contempla esos logros del régimen: en forma concentrada trata los objetivos, la estructura interna y la tónica principal de las medidas del gobierno peronista. Otro capítulo (Capítulo III) está consagrado al análisis de la tesis según la cual Perón y sus seguidores carecían de una programática política propia y la esencia del régimen debe buscarse, mas bien, en determinadas técnicas de conservación y defensa del poder. Se describen y se analizan algunos elementos particularmente llamativos del estilo político propio de la era peronista. Un capítulo mucho más extenso se ocupa del apoyo y de la resistencia que encontró Perón en los factores sociales e institucionales de poder (Capítulo IV). Para ello se han escogido sólo las tres organizaciones de poder más importantes: las fuerzas armadas, los sindicatos y las agrupaciones empresariales, y se ha estudiado su conducta en las diversas fases del régimen. En la última parte (Capítulo V) se exponen una vez más, en forma sucinta, los distintos resultados parciales de la investigación y al hacerlo se presta especial atención a la evolución interna del régimen y a sus modificaciones.

Y ahora un breve comentario más sobre la bibliografía. Los considerables claros en las publicaciones accesibles obligaron al autor, más de una vez, a recoger directamente el material de importancia para él. Por supuesto, esto sólo se cumplió en forma selectiva dada la amplitud del tema y la limitación del tiempo y de los medios con que se contaba para la investigación. La exploración de las fuentes no fue extensiva; sólo se tomaron en cuenta las instituciones, leyes, y grupos sociales más importantes. En caso de duda, cuando existían varias fuentes importantes sobre determinados problemas, se analizaban más a fondo aquéllas de las cuales podían surgir objeciones contra las hipótesis de trabajo ya formuladas. En otras palabras, prefirió eliminar todas las objeciones contra los resultados del trabajo, surgidas del propio material, en lugar de acumular pruebas a favor de los mismos (principio de falsificación de Popper).

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1. Crecimiento hacia afuera (1880-1930)

La historiografía argentina define como fase expansiva a las cinco décadas de historia reciente que se inician alrededor de 1880, con la primera presidencia de Julio A. Roca, y que terminan en 1930 con la caída de Hipólito Yrigoyen. Para el sociólogo, el rasgo más interesante de dicha fase consiste en que ésta no fue el resultado de circunstancias y causales más o menos aleatorias, sino que estuvo basada en un plan. Este plan fue concebido por la famosa «generación del 80», una pequeña y poderosa élite de terratenientes y patricios urbanos, que gobernó —prácticamente sin limitaciones— el país hasta alrededor de 1900. La meta de este grupo era convertir, dentro de un lapso lo más breve posible, a la Argentina del siglo XIX, con su estructura social feudalista, su escasísima población y su pobre red de comunicaciones, en un Estado altamente desarrollado, según el modelo de las naciones europeas industrializadas.[1] Para alcalizar esta meta se adoptaron algunas medidas políticas y se implementaron reformas económicas y sociales de largo alcance.

La finalidad de las medidas políticas consistió, fundamentalmente, en imponer un final provisional al proceso definido por G. Almond y L. Pye como Formación de Estado.[2] El paso más importante en este sentido fue el de separar a la ciudad de Buenos Aires —muy superior a todas las demás en cuanto a potencia financiera y peso político— de la provincia del mismo nombre y declararla capital de la República. Una importancia casi pareja revistió el desplazamiento de los indígenas de una amplia franja de la pampa húmeda, hasta entonces dominada por ellos, y la subsiguiente colonización de nuevas tierras, consagradas a la agricultura y la ganadería. Estos éxitos, que sólo pudieron lograrse merced a una mayor concentración del poder en manos del Estado, trajeron aparejada, a su vez, una expansión del poder estatal, que se puso de manifiesto en la promulgación de numerosas ordenanzas y leyes.[3]

El eje del programa de reforma económica —cuya tendencia fundamentalmente liberal y positivista permite reconocer con toda claridad la influencia de las corrientes espirituales dominantes en Europa Occidental—[4] era la apertura de las fronteras del país, con el objeto de recibir los sobrantes del Viejo Continente en materia de recursos económicos y demográficos y de aprovecharlos para la colonización y desarrollo. Ese volverse «hacia afuera»[5] trajo como consecuencia la rápida incorporación de la Argentina a un sistema de división del trabajo económico en escala mundial. Dentro de ese sistema le correspondió, de acuerdo con la ley de las ventajas comparativas de costos, la tarea de ofrecer productos agrícolas, a cambio de los cuales podía recibir productos industriales de las naciones más desarrolladas. Este tipo de intercambio se mantuvo, sobre todo, con Inglaterra, que por ese entonces era la primera potencia industrial del mundo. El creciente interés del consumidor inglés por la carne vacuna argentina aseguró un firme mercado para este importantísimo producto argentino de exportación, por espacio de unas cinco décadas, y cimentó durante el mismo lapso el bienestar del país.[6]

El ingreso de la agricultura y la ganadería en el mercado mundial tuvo consecuencias decisivas para la ulterior evolución económica del país. Una de ellas fue que los grupos y fuerzas económicamente dinámicos permanecieron durante largo tiempo ligados al sector agrario y no se desplazaron hacia ámbitos urbanos como se observó en Europa en el curso del proceso de industrialización. Todas las importantes mejoras de producción ocurrieron, ante todo, en el ámbito de la economía rural: mejora de las razas, de las pasturas, de los cultivos y del transporte.[7] Por supuesto, los gastos que demandaba la explotación económica del hinterland argentino no podían ser solventados sólo por la clase alta del país. Ésta intentó conquistar para ello el apoyo adicional de círculos financieros extranjeros. En parte se recurrió a empréstitos de bancos extranjeros, para los cuales el Estado argentino se presentaba como garante; en parte se cedieron las empresas de mayor envergadura —como por ejemplo, la implantación de la red ferroviaria o la industria frigorífica— a compañías extranjeras, sobre todo inglesas, en manos de las cuales permanecieron por espacio de décadas.[8]

En forma paralela a la explotación económica del país, se produjo una profunda trasformación de su estructura demográfica. Por espacio de varias décadas, la Argentina se convirtió en una de las metas preferidas de los emigrantes europeos, quienes en esta fase provenían en su mayor parte de los países de Europa meridional.[9] En un lapso relativamente breve, la población total de la Argentina aumentó en forma considerable. En los centros de concentración urbana, los extranjeros superaron mucho en número a los nativos durante varias décadas. La actual población desciende sólo en un porcentaje muy pequeño de los pobladores de la Argentina del siglo XIX, de modo que la ola inmigratoria puede considerarse, en el fondo, como renovación demográfica del país.[10]

La inmigración llevó a una acelerada urbanización del país. Gran parte de los recién llegados se estableció directamente en Buenos Aires, la ciudad portuaria, o se trasladó a las demás grandes ciudades del Este argentino. Sólo un porcentaje relativamente pequeño buscó y encontró ocupación en el campo. Ya en 1914, más de la mitad de la población argentina vivía en ciudades con más de 20.000 habitantes. En 1947, esa cifra superaba los dos tercios. La mitad —es decir un tercio de la población total— se concentraba en el ámbito de Buenos Aires.[11]

La masa de los inmigrantes se fue articulando y diferenciando. Además de la expansión económica y demográfica, uno de los rasgos característicos de esta fase es, precisamente, la creciente diferenciación de la sociedad argentina, la cual hasta entonces sólo había estado constituida por dos capas: por un lado la élite que imponía la tónica política y económica, por otro una amplia masa de pequeños comerciantes, propietarios de tiendas, arrendatarios, artesanos y trabajadores rurales. De las filas de los inmigrantes con aspiraciones sociales y con éxito económico se fue formando poco a poco una clase media urbana. A ella pertenecían, sobre todo, los representantes de las profesiones liberales: médicos, abogados, comerciantes, pequeños industriales, empleados y funcionarios de alta y mediana jerarquía.[12] A pesar de su heterogénea composición y de su escasa cohesión interna, este grupo de población dio origen a un nuevo partido: la Unión Cívica Radical. Después de una reforma de la Ley Electoral, aplicada en el año 1912, el máximo dirigente de la U. C. R. fue electo Presidente de la Nación, en 1916, y el partido logró mayoría absoluta en el parlamento de 1918. Este predomino político se mantuvo durante 12 años, hasta el golpe militar de 1930.[13]

Las características esenciales del proceso descripto son: un rápido desarrollo demográfico y económico; una gran movilidad social, tanto en sentido horizontal como vertical; una creciente participación de amplios sectores de la población en el proceso político, acompañada por una gran estabilidad institucional. Por todo ello es comprensible que muchos argentinos vean el período 1880-1930 como la âge d’or de la nación.[14] Pero el final de esta «edad de oro» no fue tan inesperado como pueden haberlo creído muchos en aquellos tiempos. La transición a la siguiente fase evolutiva nacional resulta más comprensible si, además de las trasformaciones evidentes, visibles para todos, se tienen en cuenta también las distorsiones encubiertas que trajo aparejado el crecimiento posterior a 1880, cuya trascendencia no se puso de manifiesto en un primer momento. Cabe mencionar, en este sentido: 1) la creciente dependencia de la Argentina respecto al exterior, provocada por el crecimiento inducido desde afuera, y 2) la trasformación de la clase alta, que de una élite republicana consciente de su responsabilidad, pasó a ser una oligarquía encerrada en sus particularismos de grupo.

Los peligros que para la independencia del país trajo consigo la evolución expansiva a partir de 1880 fueron de distinta índole. La inmigración que se prolongó por espacio de varias décadas suministró de manera continua a la economía un exceso de mano de obra, lo cual fue motivo para que se descuidara la organización de escuelas técnicas y demás instituciones de formación profesional.[15] El largo predominio del elemento extranjero en los centros urbanos representó, además, una enorme sobrecarga para las estructuras sociales y culturales.[16] Las formas de vida y los modelos de comportamiento tradicionales perdieron vigencia en amplios sectores sociales, por acción de dicho elemento, y cedieron su lugar a un conjunto de formas de conducta social y escalas de valores nuevas, en un comienzo sin coherencia alguna, como es lógico, dada la diversidad de origen de los inmigrantes. Pero mientras el problema de la extranjerización demográfica y cultural representaba un peligro transitorio, que fue desapareciendo con la formación de nuevas estructuras de conciencia e identidad nacionales, la dependencia económica respecto al exterior constituyó una situación duradera. Las más importantes consecuencias negativas de esa dependencia fueron la extrema sensibilidad de la economía argentina a las crisis económicas internacionales y a las variaciones de las condiciones de intercambio en el plano mundial, así como una evolución distorsionada de las diferentes regiones del país, como resultado de la orientación de la economía argentina hacia la exportación.[17]

Lo único que no fue afectado por los múltiples y profundos cambios ocurridos entre 1880 y 1930, fue la hegemonía de la élite tradicional. La razón de su ininterrumpida influencia fue que dicha élite no sólo confirió el impulso inicial a la evolución expansiva, sino que también la controló y supo manejarla para extraer el máximo provecho de ella. Casi todas las medidas de modernización contuvieron algún aspecto que benefició en forma exclusiva y especial a la clase alta.[18] Por ejemplo: la franja de tierras fértiles ganada a los indígenas sólo se repartió en medida muy reducida entre los nuevos colonos como se había planeado originariamente. La mayor parte quedó en poder de los terratenientes tradicionales, los que de esa manera ampliaron sus posesiones, ya de por sí muy extensas.[19] Si bien es cierto que el auge de la exportación de productos agropecuarios contribuyó al bienestar general de la nación, también es verdad que los estancieros extrajeron de dichas exportaciones ganancias incalculables, lo cual les permitió edificar residencias señoriales en el campo y pasar gran parte del año en las metrópolis europeas.

La situación no varió en esencia cuando la élite tradicional fue desplazada del poder político por la clase media. El cambio de conducción política no afectó la privilegiada situación económica y social de las antiguas familias. Ellas siguieron fijando los criterios de status social y las condiciones para el ascenso social. La clase media se adaptaba a sus exigencias y trataba de prosperar dentro de los cauces por ellas fijados. Inclusive imitó su ejemplo al adoptar su particularista estrategia de intereses y al concebir y utilizar el poder político, más que nada, como oportunidad de enriquecimiento material.

2. Crisis Nacional (1930-1940)

2.1. Cambio de las condiciones de desarrollo

Las peligrosas implicancias de la evolución expansiva producida a partir de 1880 solo se pusieron de manifiesto con toda claridad, cuando el sistema económico y social de ella surgido fue sometido a su primera prueba. El primer acontecimiento decisivo en este sentido fue, sin duda, la crisis económica mundial de 1930, que tuvo por consecuencia un rechazo mundial de los principios del libre comercio y un reflorecimiento general de las tendencias proteccionistas.[20] Eso produjo un cambio fundamental en las relaciones de la Argentina con las naciones industrializadas de Europa. Las crecientes dificultades de colocación de los productos tradicionales de exportación —carne vacuna y trigo— en el mercado europeo, depararon un repentino final al crecimiento «hacia afuera» de la economía argentina.[21] Las divisas comenzaron a escasear y con ello se redujeron las posibilidades de importar productos industriales. Se producían así las condiciones para un crecimiento económico «hacia adentro», es decir, para la gradual organización de una industria nacional, que comenzó a desplazar, poco a poco, los productos extranjeros del mercado nacional.[22]

En el aspecto demográfico se inició un proceso análogo de desprendimiento de las naciones industriales europeas. La corriente inmigratoria se fue reduciendo en forma notoria.[23] También los índices de natalidad descendieron en gran medida, de modo que las cifras de población aumentaron muy poco.[24] Sin embargo, la consolidación numérica de la población no fue acompañada por una consolidación de las estructuras demográficas regionales. Pues a partir de ese momento se inicia un éxodo de la población rural y de las pequeñas ciudades del Oeste y Norte argentino, que se establece en las ciudades del Este del país. Entre los años 1943 y 1946, las cifras de migración interna se aproximan a la de los años récord de la inmigración de ultramar.[25] De esa manera se continuó y se intensificó la tendencia ya existente a la concentración urbana y al desequilibrio demográfico regional.

Parte de los nuevos elementos de población urbana encontró ocupación en las flamantes ramas de la industria y un porcentaje nada despreciable fue absorbido por el sector de servicios públicos, en rápida expansión. Con la incorporación de los recién llegados al proceso de producción de las ciudades se constituyó una amplia clase de obreros y empleados de baja categoría. Al comienzo dicha clase fue amorfa, carecía de una conciencia común, de un dirigente y de organizaciones de intereses. Pero dada la concentración de los trabajadores en Buenos Aires y en tomo a esta ciudad, sólo era cuestión de tiempo: llegaría el momento en que tomarían conciencia de su poder y exigirían —en tanto tercera clase social, después de la clase alta y la media— una mayor participación en el producto social y una participación más intensiva en las decisiones sociales y políticas. Esto era de esperar, sobre todo, porque la posición hegemónica de la clase alta tradicional había dejado de ser algo indiscutido. Ya no se elevaba con toda nitidez por encima de los restantes grupos sociales y sólo tenía una posición de privilegio dentro de un orden social que mostraba rasgos cada vez más claramente pluralistas.

Otro rasgo que distingue a la situación posterior a 1930 de la de los años precedentes, es la inseguridad político-institucional que se arraigó a partir de entonces. No es casual que este período histórico se inicie, en el aspecto político, con un golpe de Estado militar, que puso repentino final a varias décadas de evolución institucional bastante continua. Muchos intelectuales profesaban indisimulada admiración por las ideologías políticas extremas y por las formas totalitarias de Estado que se imponían en Europa. Esos sectores captaron los impulsos autoritarios llegados del Viejo Continente y los utilizaron para practicar una violenta crítica contra la Constitución liberal, de Estado de derecho, que regía al país. Esto les resultó muy fácil, puesto que los políticos ya no tomaban demasiado en serio dicha Constitución, la violaban con harta frecuencia y pervertían a todas luces su sentido.

Aunque sólo se trate de un esbozo, los cambios aquí enumerados —producidos alrededor de 1930 y en los años subsiguientes— nos permiten reconocer la diferencia fundamental entre la situación del país en esos años y la de la fase precedente. Así como antes extraía provecho de la riqueza y el exceso demográfico de Europa, ahora estaba librado exclusivamente al aprovechamiento de los recursos propios. Si antes había podido, en parte, encubrir y, en parte, neutralizar las tensiones sociales merced a su considerable crecimiento económico, éstas se hacían ahora cada vez más patentes. Las pretensiones de conducción nacional de la clase alta tradicional perdieron crédito y con ellas la totalidad de los principios económicos, sociales y políticos hasta entonces vigentes. El país se sumió en una crisis de desarrollo, que no podía ser resuelta por medio de reformas parciales, sino que exigía una reorientación total. Esa nueva estrategia de desarrollo solo podía surgir del ámbito político y sólo podía ser impuesta desde él. Por eso, los problemas y las dificultades nacionales aparecidos en esos años pueden interpretarse, en primer lugar, como un desafío al sistema político. Su medida y su trascendencia se aclaran si traducimos la situación de la Argentina después de 1930 al esquema de crisis nacionales de Almond-Pye.

2.2. Crisis de identidad

Dadas las profundas transformaciones económicas, sociales y políticas que tuvieron lugar después de 1930, podría muy bien definirse la situación social general como un cuestionamiento de la identidad nacional, como una crisis de identidad. Sin embargo, el concepto se aplicará aquí con su significado más riguroso, el referido en primer lugar al cambio de conciencia. El hecho de que a partir de 1930 se haya producido una crisis de concepción de la identidad nacional de esta naturaleza, puede atribuirse a la convergencia de dos procesos relativamente independientes el uno del otro: por un lado, la pérdida de prestigio de la clase alta tradicional y, por otro, la exigencia de incorporación a la comunidad, planteada por los estratos más bajos en rápido desarrollo.[26]

La pérdida de prestigio de la clase alta se debió sobre todo a su falta de capacidad y de voluntad para encontrar una respuesta a los variados y urgentes problemas del país, después de 1930. En lugar de extraer las evidentes consecuencias del cambio de orientación ideológica y social, se aferró a los principios tradicionales[27] e intentó defender a cualquier precio el sistema social de los cambios que lo amenazaban. El fracaso de ese intento, sumado a la creciente inseguridad respecto a la estrategia de desarrollo a seguir, hizo que sus pretensiones de conducción fueran cuestionadas, la legitimación de su dominio fuera puesta en duda[28] y sus privilegios fueran atacados. Las prácticas desleales, con cuya ayuda procuró afirmarse en su dominante posición social y asegurarse en el terreno político, terminaron de desprestigiarla. Por fin, la pérdida de prestigio fue tan grande, que ya no se la consideró como clase dirigente, sino como enemiga de las demás clases; ya no se la definió como élite, sino como oligarquía, designación que ha perdurado hasta hoy.

Aparte de su acción política y económica, la importancia de la clase alta tradicional había consistido, sobre todo, en su decisiva influencia sobre el estilo de vida argentino y, por consiguiente, sobre la autoconcepción nacional. Además había representado de una manera visible para la población en general los valores y orientaciones de conducta nacionales, y de esa manera había impreso en ella dichos valores y orientaciones. Al cuestionarse sus pretensiones de clase dirigente se atacó también lo que hasta ese momento había constituido el puntal de la identidad nacional, se aflojó el lazo que había mantenido unida a esa población tan extremadamente heterogénea en cuanto a origen y formas de vida. En ese momento, ninguno de los restantes estratos sociales estaba en condiciones de llenar el vacío que se había producido en la cúspide de la pirámide social, de desarrollar e imponer ideas rectoras que se adaptaran al cambio de situación de toda la sociedad y que satisficieran las exigencias de todos los grupos.

Si bien es cierto que, desde comienzos de siglo, la clase media se había ampliado en forma considerable y había ganado notable poder político, nunca había podido desprenderse del todo de la influencia determinante de la clase alta y por esa razón no estaba en condiciones de desplazarla y remplazaría. Sin embargo, los intensos esfuerzos de algunos de sus sectores por redefinir la individualidad nacional y por replantear los objetivos nacionales demuestran que existía una conciencia más o menos clara de esta posibilidad como desafío. Así lo experimentaban, sobre todo, los círculos y movimientos nacionalistas, integrados en su mayoría por intelectuales y miembros de la burguesía culta. Nos llevaría demasiado lejos referimos en detalle a estos sectores.[29] No resulta difícil comprobar, empero, que su acción fue más un síntoma de la crisis de identidad, que una respuesta a ella. Baste con señalar que —en contraste con el insistente reclamo de independencia nacional en todos los terrenos formulado por todos los nacionalistas— las teorías nacionalistas de Estado y sociedad en sí distaban mucho de haber sido concebidas con un espíritu independiente, y se orientaban según modelos europeos, en su mayoría de corte fascista. Otra falla en el proceder de los grupos nacionalistas fue que no bregaron por una renovación de la conciencia nacional sobre una base amplia, sino que se conformaron con difundir sus ideas dentro de un limitado grupo animado por las mismas convicciones. Parecería ser, también, que no detectaron con exactitud la esencia de la crisis de identidad, pues insistían unilateralmente en la necesidad de innovaciones culturales y morales y olvidaban las dimensiones económicas y sociales de dicha crisis.[30]

Pero la más grave, quizá, entre las deficiencias de que adolecían los proyectos sociales nacionalistas fue que se concentraron exclusivamente en el problema de la formación y renovación de élites y descuidaron el de la formación e integración de los estratos sociales inferiores.[31] Ya se ha señalado que estos estratos constituían una parte cada vez mayor de la población total de la ciudad de Buenos Aires y su radio de concentración urbana, como resultado de la migración interna y de la rápida industrialización, y se habían convertido en un factor social de poder que ya no podía pasarse por alto.[32] Las ambiciones de la clase baja eran relativamente modestas por ese entonces. No exigía una trasformación del orden social existente ni pretendía desplazar a la clase alta tradicional de sus funciones de dominio político y social. Aún era demasiado débil, demasiado inconexa y demasiado inexperta en materia política como para formular exigencias de tal magnitud. Sólo reclamaba una mejora de su status social. Luego de haberse convertido en un importante factor dentro del proceso de producción industrial, aspiraba a ser aceptada también en el terreno político y social; en una palabra, reclamaba una participación completa, una integración en la comunidad nacional. ¿Pero quién podía instrumentar dicha integración después de la pérdida de crédito de la clase alta tradicional en su papel de encargada de la orientación normativa y de instancia social decisiva?

Las aspiraciones de la clase trabajadora por ser socialmente reconocida e integrada no tenían perspectivas de concretarse, pues ese reclamo llegaba en un momento en el cual —desaparecido el prestigio de la antigua élite— nadie era aceptado como instancia capaz de llevar a cabo esa integración. Su intento de identificarse con la nación tropezaba con la dificultad de que las estructuras nacionales estaban en un momento de transición y los modelos tradicionales de identidad se desintegraban. Su incipiente y enfático nacionalismo[33] estaba en franca oposición con el desconcierto general ante la necesidad de definir con cierta precisión los rasgos y objetivos nacionales.

2.3. Crisis de dependencia

La dependencia de la Argentina respecto a los recursos de las naciones industrializadas de Europa fue el fundamento de la rápida y amplia colonización del país hasta 1930. Mientras el país extrajo provecho del excedente económico y demográfico de sus socios más fuertes, se economizó la movilización de sus propias fuerzas productivas y creativas, proceso éste que, sin duda, habría avanzado a paso mucho más vacilante. Después de 1930, se puso de manifiesto la otra cara de esta relación de dependencia: la tendencia al abuso del poder por parte de las naciones dominantes y, para la Argentina, la necesidad de inclinarse ante sus exigencias. La ficción de la reciprocidad y de la igualdad de derechos, mantenida hasta ese momento, dejó paso —en una situación internacional caracterizada por la reducción de los compromisos interestatales— a la lucha por la conservación del patrimonio y por la afirmación de la posición nacional en el contexto mundial. Y en esos momentos se puso de manifiesto que la Argentina estaba en una clara inferioridad de condiciones respecto a su más importante socio comercial europeo: Inglaterra.[34]

Por consiguiente, no sería acertado partir de la premisa de que la dependencia de la Argentina respecto a las naciones industrializadas aumentó después de 1930. Más bien ocurrió lo contrario. Por ejemplo: en esa época se amortizó parte de las deudas de capital al exterior.[35] Lo que nos autoriza a hablar de una crisis de dependencia, justamente en esa época, es el hecho de que —a diferencia de lo que ocurría en años anteriores— en ella se manifestaron con toda claridad las implicancias negativas de esa situación y la población en general las sintió como una carga y como una ignominia.[36]

Ya se ha señalado que esta crisis también tuvo su aspecto espiritual: durante esta fase, los intelectuales argentinos no lograron desprenderse de las corrientes ideológicas de origen europeo y desarrollar ideas propias con las que el país pudiera identificarse. Pero el núcleo de la crisis de dependencia estaba, sin duda, en el ámbito económico. No tardó en hacerse evidente que la conducción política no estaba dispuesta a extraer consecuencias de la crisis económica mundial y a adoptar una política económica que se ajustara más a las necesidades de autarquía del país. A pesar del empeoramiento de las condiciones de exportación, la política económica no se alejó mucho de su unilateral orientación hacia la venta de productos agropecuarios a Europa. Los tradicionales círculos de terratenientes —que en esta fase volvieron a hacerse cargo de la conducción del Estado— lograron que las metas de la economía no se apartaran de la orientación impresa en el pasado, es decir, que continuaran favoreciendo los intereses de los hacendados. El nacionalismo económico y el dirigismo estatal del cual hablan autores como Whitacker[37], se limitaron a una revisión de las debilidades más notorias del sistema económico vigente. Sólo se adoptaron medidas que, en el frente de la política interna, cubrieran las espaldas contra las fuerzas opositoras y, en el frente externo, se adecuaran a las dificultades de la nueva situación comercial.[38]

Los exportadores argentinos experimentaron con toda claridad esas dificultades durante las negociaciones de algunos contratos que se llevaron a cabo en esa época. Particular importancia revistieron las negociaciones con Inglaterra, que en 1933 llevaron al tristemente célebre contrato «Roca-Runciman».[39] Por este contrato, la delegación argentina —presidida por J. A. Roca, miembro de una conocida familia de la clase alta— aceptó una serie de condiciones en extremo perjudiciales para los intereses nacionales, a fin de que Inglaterra se comprometiera a continuar recibiendo las cantidades de carne que había adquirido hasta entonces.[40] Entre esas obligaciones figuraba una cláusula según la cual la ganadería inglesa no podía ser afectada en sus precios por el contrato en cuestión. Esto motivó el justificado reproche al gobierno de que se había aceptado un acuerdo leonino, por el cual la Argentina cargaba en forma unilateral con todas las desventajas, mientras que Inglaterra sólo extraía derechos. El contrato originó una verdadera tempestad de protestas públicas y dio lugar a numerosos ataques al gobierno por su política contraria a los intereses nacionales. Estos ataques se intensificaron cuando, dos años después, el gobierno emitió una ley que defendía a la red tranviaria —cuya administración se encontraba en manos de los ingleses— de la naciente competencia de los colectivos.[41]

La situación de dependencia respecto al dominante reino insular se consolidó en el campo de la política interna por medio de una mayor disciplina en el quehacer económico. La creación de comisiones mixtas, consagradas a las diferentes ramas de la producción agropecuaria, la imposición del control de divisas, la fundación del Banco Central y muchas otras medidas, fueron expresión de estas incipientes tendencias dirigistas.[42] Sin embargo, la afirmación de que estas tendencias prepararon el intervencionismo de Perón y, en parte, se adelantaron a él, sólo es exacta en el aspecto formal. Las medidas de control económico de ambos gobiernos difirieron sustancialmente en cuanto a sus objetivos. Las adoptadas durante el gobierno de A. P. Justo sólo perseguían la finalidad de adaptar la política interior a la modificación de las condiciones de dependencia. Las del peronismo, en cambio, representaron un intento, aunque modesto, por liberar al país de la dependencia económica respecto al exterior.

La ausencia de esfuerzos para liberarse de la dependencia se evidenció, sobre todo, en el descuido de que fue objeto la industria. El rápido crecimiento y la multiplicación de las empresas industriales —en especial de las ramas textil y de la alimentación— durante esa fase, se había cumplido fundamentalmente sin apoyo del Estado. Era un proceso instrumentado sólo por las fuerzas sociales[43], en el cual desempeñó un importante papel el desplazamiento de grandes sumas de capital de la esfera de producción agropecuaria a la industrial.[44] Ya antes de 1930, el conocido especialista en economía argentina A. E. Bunge reclamaba con insistencia una política de industrialización coherente; pero transcurrieron décadas antes de que su voz fuera escuchada por los sectores responsables.[45] La imponente nómina de disposiciones financieras y económicas adoptadas desde 1932, publicada por este economista en 1940, no contenía una sola medida directamente destinada a la protección y al fomento de la industria nacional.[46]

La prosecusión de la política económica de dependencia representaba una gran carga para la nación en general y para el sistema político en particular. Era previsible que, a la larga, los restantes grupos sociales no estuvieran dispuestos a aceptar esa protección unilateral de los sectores agropecuarios, a costa de las demás ramas de la economía. Y no era menos evidente que el país no podría aceptar, a la larga, sin resistencia, el empeoramiento de las condiciones comerciales respecto a las naciones industrializadas y que, tarde o temprano, debía adoptar una estrategia defensiva tendiente a lograr una mayor autarquía económica. Y cuando por fin se extrajeron estas consecuencias, cuando la unilateral orientación del país hacia las exportaciones fue suplantada por una política que tuvo más en cuenta sus necesidades de autarquía, el mérito de la conducción política fue muy relativo. La acción catalizadora decisiva partió una vez más de un acontecimiento exterior: la Segunda Guerra Mundial. La conflagración cortó bruscamente la afluencia de productos industriales europeos y ofreció así a la industria nacional una inesperada posibilidad de desarrollo.[47]

2.4. Crisis de distribución

La relación entre el desarrollo de la problemática de dependencia y la crisis de distribución fue muy estrecha. Antes de 1930, cuando el rápido crecimiento económico hacía pasar a segundo plano las desventajas de las distorsiones de estructura que él traía aparejadas, el aumento general de la prosperidad restó también importancia a las diferencias de ingresos existentes entre las diversas capas sociales. Así como Inglaterra había trasladado las desventajas de la recesión mundial a la Argentina, los que dominaban política y económicamente al país trasladaron las pérdidas ocasionadas por las reducciones de los montos de exportación, a los peldaños más bajos de la pirámide nacional. La creciente distancia entre el desarrollo de la Argentina y el de la potencia económica dominante, Inglaterra, se reflejó, dentro del país, en la creciente brecha entre la situación económica de los sectores ricos y la de los sectores pobres de la población. Por eso, la agudización de los problemas sociales en esa fase puede considerarse, hasta cierto punto, como un fenómeno concomitante de la crisis de dependencia.[48]

Podríamos distinguir dos momentos en la crisis de distribución. Primero quedó limitada a las clases dirigentes; más tarde se fueron definiendo, poco a poco, frentes de lucha entre los estratos sociales. En lugar de los conflictos internos de clase, apareció la confrontación entre diversas clases.[49] La lucha por mantener y aumentar el activo tuvo lugar, en primer término, entre los estratos dirigentes. Esto obedeció a dos razones: una de ellas fue la ausencia de una organización de intereses fuerte y homogénea dentro de la clase trabajadora. La fusión de todos los sindicatos en un organismo central, producida alrededor de 1930, no llegó a disimular los violentos choques de orientación entre las diversas organizaciones participantes.[50] La otra razón fue que la agresiva política salarial de los sindicatos tropezó con la gran desocupación.[51] Dada la desunión y la debilidad de los estratos bajos, no era menester que las clases altas constituyeran un frente común contra ellos, de modo que los conflictos de intereses tenían que producirse forzosamente entre ellas mismas.

La característica de estos enfrentamientos dentro de los estratos más elevados fue el pragmatismo de la estrategia aplicada en ellos, una estrategia que evitó toda consolidación de frentes. No hubo una permanente situación de conflicto entre la clase media y la alta, ni un antagonismo sostenido entre los diversos sectores de la economía. En lugar de permanecer entre límites rígidos de sectores y clases, los grupos y organizaciones sociales prefirieron probar nuevas constelaciones de alianzas.[52] Esta forma de proceder, sobre la base de experimentos —que se reflejó en un complicado sistema de cambiantes alianzas y confrontaciones— tuvo como resultado una considerable fluctuación e inestabilidad social, que es el rasgo característico de esta fase.

La investigación de P. H. Smith acerca de los efectos que tuvo la reducción de las ventas de carne vacuna —principal producto argentino de exportación— sobre la relación entre los diversos sectores que participaban en su producción, elaboración y venta, es un buen ejemplo del estilo de comportamiento de los grupos y organizaciones establecidos.[53] Los resultados son interesantes en dos aspectos. Por un lado, demuestran cómo de un conflicto de distribución, que no pudo ser resuelto en la esfera social, puede surgir un desafío al sistema político. La disminución de las ventas tuvo por consecuencia que el grupo de los criadores, cuya ubicación en el comercio de carne era menos favorable, experimentara grandes pérdidas, mientras que los invernadores pudieron mantener el nivel de su participación en el negocio de exportación. Los criadores apelaron entonces al gobierno y, con el apoyo de éste, consiguieron una mayor participación.[54] Por otro lado, son sintomáticas las medidas a largo plazo adoptadas por el gobierno para conjurar las crecientes tensiones en este sector de la economía. Creó un organismo oficial de coordinación de todos los grupos de intereses que participaban en la producción almacenamiento frigorífico y comercio de carne vacuna la Junta Nacional de Carnes. Ésta —junto con una serie de otras instituciones comprendidas en el sector de la economía agrícola y ganadera— puso claramente de manifiesto el eje de acción e intereses del sistema político durante esa fase. Como representación de una clase alta debilitada, sólo capaz de gobernar con el apoyo de sectores de la clase media, la Junta de Carnes consideró como su principal obligación suprimir todas las zonas de conflicto entre esas dos clases. Su estabilidad dependía de la perduración de la alianza entre ellas. Por eso intentó prolongar dicha alianza merced a la aplicación de medios políticos de control.

Esta acción resulta tanto más llamativa si se la compara con las escasísimas medidas adoptadas para proteger a las clases más bajas y mejorar su situación. La clase trabajadora fue la verdadera víctima de la recesión económica. Sobre ella se descargaron, sin la menor consideración, tanto las pérdidas comerciales experimentadas por el sector agropecuario, como los altos costos de inversión que exigía el equipamiento industrial.[55]

En el campo se agravó la situación, sobre todo la de los pequeños colonos y la de los trabajadores rurales[56]; en las ciudades del Este argentino, las principales víctimas de la explotación empresarial fueron los recién llegados, incluso muchas mujeres.[57] Si bien es cierto que ya se habían dictado numerosas leyes de seguridad social, éstas distaban mucho de ser suficientes para compensar la subordinación del trabajador al empleador y para garantizar la mínima seguridad contra los riesgos del trabajo.[58] Por ejemplo: no existían tribunales de trabajo para los conflictos en materia de derecho laboral; faltaba una ley de contrato tarifario y una ley que reglamentara el status y los derechos de los sindicatos; la mayoría de los obreros carecía de jubilación y de seguro contra enfermedades; no tenían derecho a vacaciones ni a indemnización por despido. Algunas de las leyes sociales promulgadas carecían de reglamentaciones punitivas, en caso de violación de sus disposiciones[59], y muchas eran violadas a pesar de la existencia de tales reglamentaciones.[60] Sólo algunos gremios antiguos y bien organizados habían logrado imponer estatutos de protección para sus ramas laborales. La mayoría de los trabajadores carecía de toda defensa contra la explotación patronal y, en general, de protección contra la pobreza y la enfermedad.

Hacia fines de la década del 30, la clase trabajadora inició una lucha cada vez más decidida contra su explotación y discriminación social. Luego de una fase más o menos prolongada sin luchas sociales de importancia, volvió a aumentar el número de huelgas; al mismo tiempo, los sindicatos comunistas militantes comenzaron a ejercer una creciente atracción sobre los obreros industriales.[61] El descontento de los estratos bajos se manifestaba, sobre todo, en las celebraciones del 1.º de mayo, que eran aprovechadas para demostrar su fuerza y unión.[62] De esa manera volvieron a dibujarse con claridad los perfiles de clase, luego de una fase de alianzas y confrontaciones pluralistas.[63] Los frentes sociales se polarizaron y se esbozó un amenazante conflicto general, que sólo pudo ser conjurado por la rápida y decidida acción de los órganos estatales.

2.5. Crisis de participación

El conocido sociólogo argentino Gino Germani ha propuesto una tipología de las fases históricas argentinas según la medida de la participación del grueso de la población en el proceso político. En dicha tipología, el lapso comprendido entre 1930 y 1943 está clasificado como «retroceso artificial a un sistema de participación limitada».[64] Es probable que haya calificado ese retroceso de «artificial», porque ya desde 1912 estaban dadas las condiciones legales para una participación más amplia —el derecho al sufragio universal, secreto y libre—, y entre 1916 y 1930 se habían elegido gobiernos apoyados por la mayoría del pueblo. En 1930 no se suprimieron formalmente estas condiciones. El retroceso a un gobierno conservador de minorías se cumplió en forma de falseamiento de la voluntad popular manifestada en las elecciones y métodos similares de manipulación que preservaban la apariencia democrática.

En su propuesta de clasificación, Germani se basa, sobre todo, en la reducción de las posibilidades del elector, de influir sobre el acontecer político, como consecuencia del llamado fraude patriótico.[65] Pero la crisis de participación no se limitó a los procesos políticos fundamentales sino que alcanzó todos los niveles y escalas de interacción social. Afectó incluso a aquellos grupos sociales que se oponían al sistema imperante de gobierno de minorías. Entre las fuerzas conductoras políticas y sociales se advertía una tendencia general a anteponer siempre las ventajas y los intereses propios, y a descuidar el bienestar y las ambiciones de los grupos por ellos representados. En este aspecto, podría hablarse no sólo de una crisis de participación, sino también de una crisis de representación, durante ese período.

El grueso de la población fue excluido del acontecer político, más que nada por métodos de manipulación de las elecciones. Entre estos métodos figuraban la selección de los candidatos por parte del gobierno, el control —más o menos violento— de los preparativos de la elección y del acto electoral en sí y la falsificación de los resultados de la votación. Ya durante los preparativos para las elecciones de 1931 se hizo presente este estilo político determinado por prácticas antidemocráticas, cuando el gobierno militar presidido por el general Uriburu suprimió de la lista electoral algunos candidatos del Partido Radical, la agrupación opositora, por no ser de su agrado.[66] Pero donde más evidente se hizo fue en la elección del año 1937, la cual, de acuerdo con las declaraciones de todos los observadores fue una de las más fraudulentas que se hayan realizado en la Argentina.[67] Hasta ese momento, el gobierno había adoptado esencialmente medidas cuya tendencia política era discutible, pero que aún permitían reconocer un cierto respeto por os intereses de la Nación que trascendía el puro egoísmo de grupos.[68] Pero, a partir de entonces, su función se redujo a mantener la supremacía política de una minoría —con sus consiguientes ventajas materiales—, en contra de la resistencia y la protesta de la enorme mayoría de los votantes. Esa minoría compensó su déficit numérico movilizando aliados en otros partidos ligados a ella por la así llamada «Concordancia».[69] La Concordancia se convirtió en centro de gravitación de una tendencia, que caracterizó a todos los partidos y órganos políticos: la de emanciparse de las bases de votantes y de afiliados a las agrupaciones y convertirse exclusivamente en instrumentos de intereses de grupo.[70]

La crisis de participación no siempre se basó en un consciente falseamiento de la voluntad de los electores. Por momentos se produjo también en razón de que los intereses de un grupo de la población fueron mal interpretados por el partido que debía representarlos. Por ejemplo: al hablar de la actividad parlamentaria del partido socialista, Ciria señala que dicho partido discutía con notable agudeza y minuciosidad los proyectos de ley sobre divorcio y derechos políticos de la mujer, presentaba innumerables pedidos de informe al Ejecutivo y de interpelación a los ministros, protestaba contra el fraude electoral, exigía datos sobre las deudas impositivas de la Iglesia y de las fuerzas armadas y apoyaba a las democracias capitalistas en su lucha contra las potencias del Eje. Recuerda, además, que la acción más importante de este partido fue, quizá, la labor preparatoria de algunos de sus miembros, en lo que se refiere a la formulación e incluso a la aplicación de normas y principios del derecho laboral y social.[71] Pero dadas las necesidades materiales que afligían a la mayor parte de la clase trabajadora, es indudable que la actividad parlamentaria del Partido Socialista debió haberse concentrado en elevar el standard de vida y en atenuar los padecimientos económicos y sociales de dichos sectores.

Al desprenderse los principales grupos dirigentes del tronco de sus respectivos votantes, la gran mayoría de la población comenzó a observar las decisiones y enfrentamientos políticos, en parte con creciente desconfianza y, en parte con indiferencia. La idea de política se asimiló a la de explotación de la mayoría, por una minoría que empuñaba las palancas del poder; se convirtió en sinónimo de intrigas, de manejos turbios, de negociados.[72] Pero, como ya lo señalamos, el escepticismo general respecto a los organismos y fuerzas dirigentes no se limitó al ámbito estrictamente político. Lo encontramos también, por ejemplo, en los sindicatos y en las organizaciones empresariales.

Las informaciones acerca de la actitud y de la evolución de los sindicatos en esos años son bastante contradictorias. Sin embargo, los autores que se han ocupado de este tema están de acuerdo en dos aspectos sustanciales. Por una parte, concuerdan en que la fuerza de los sindicatos y su disposición para la lucha laboral eran bastante escasas entre 1930 y 1943. Todos esos autores atribuyen tal debilidad a la desocupación, cuyo índice fue alto y constante más o menos hasta 1935, y a la tendencia de los dirigentes sindicales a aceptar arreglos. Por otra parte, todos ellos subrayan que se produjo un distanciamiento entre los dirigentes sindicales y las bases y que éste se tradujo en una disminución del número de afiliados y en un desinterés general de los trabajadores por las organizaciones que los representaban.[73] Aunque en una esfera distinta, fueron similares los problemas de participación y representación surgidos en las principales asociaciones empresariales: la Sociedad Rural, organismo representante de los estancieros, y la Unión Industrial, asociación que nucleaba a los industriales. También en estos casos se reprochaba a la conducción su exclusiva preocupación por los intereses de una parte de los asociados: en el caso de la industria, por los grandes industriales del Gran Buenos Aires y, en el caso de la Sociedad Rural, por los grandes estancieros de la provincia del mismo nombre.[74]

Dada la reestratificación y renovación de las estructuras demográficas argentinas producidas en el curso de los grandes movimientos inmigratorios que siguieron a 1880, sería lógico suponer que las asociaciones y grupos habían adquirido gran flexibilidad, apertura y permeabilidad. Sin embargo, esta suposición sólo se confirma en parte durante los años de expansión demográfica y económica anteriores a 1930 y resulta por completo desacertada en lo que respecta a los años siguientes. Durante las fases principales de las inmigraciones y migraciones internas se observó un cierto aflojamiento del consenso general de normas y de control social. Surgieron nuevas formas de asociación y nuevas instituciones sociales. Pero esta evolución se confinó, en esencia, a los sectores móviles de la población. Los sectores ya establecidos, en cambio, se mostraron poco interesados en la asimilación de los inmigrantes, aun cuando ellos mismos pertenecieran a grupos que habían ingresado al país en un período relativamente reciente, o quizá precisamente por eso. En parte excluyeron lisa y llanamente a los nuevos grupos sociales de toda participación en los procesos de decisión social o política, en parte les concedieron el derecho a esa participación, pero entorpecieron su ejercicio práctico. Esta reacción no era específica de un estrato. Así como durante las grandes inmigraciones, la clase alta tradicional se aferró a sus privilegios y los defendió con tesón contra las ambiciones de los elementos más aspirantes de la clase media, medio siglo después, los estratos medios, ya integrados, mostraron muy poca comprensión ante las aspiraciones de participación e integración de la clase trabajadora.[75]

2.6. Crisis de legitimidad

Ésta fue, quizá, la más importante entre las diversas crisis que se presentaron después de 1930, pues afectó al sistema político en su sustancia, en su núcleo. Lo más acertado sería definirla como la suma de las restantes crisis, referida al sistema político. Se tornó aguda porque el sistema político no desarrolló reacciones adecuadas a los desafíos formulados a la esfera política por los restantes sectores de la sociedad. Los órganos políticos, por no haber sido capaces de solucionar preventiva y paulatinamente las otras crisis, se vieron finalmente amenazados en su propia existencia.

Sería erróneo suponer que, en esta fase, el sistema político era aún demasiado débil, demasiado poco evolucionado como para enfrentar con éxito las diversas crisis mencionadas. Como ya lo señaláramos, el poder de control social del Estado aumentó en forma considerable en el trascurso de esos años. Las dudas en cuanto a la legitimidad del sistema político no fueron inspiradas por la debilidad de éste, sino por la aplicación unilateral y errónea de sus recursos, y por su inactividad. En lugar de emplear los medios de organización y de sanción al servicio de reclamos y objetivos de la sociedad en general, el Estado los utilizó para defender los intereses de una minoría privilegiada. El sistema político se expandió, pero no se lo consagró a solucionar los problemas nacionales, cada vez más acuciantes. Su ineficiencia estimuló un enfrentamiento cada vez más enconado en tomo al problema de cuál era la clase o el grupo social más autorizado para ejercer el gobierno y, en general, de cuál era el orden político más eficaz y mejor.

Este planteo revivió determinadas antinomias y tensiones que formaban parte de la tradición política del país, pero que habían sido reprimidas y neutralizadas con gran esfuerzo, durante medio siglo. Entre ellas figuraba, por ejemplo, la brecha existente entre una Constitución liberal y republicana, que repartía el poder estatal entre el Congreso, el gobierno y la justicia, y una práctica política en la cual el Ejecutivo dominaba en forma indiscutible y de esa manera concentraba la soberanía del Estado en manos de una única persona, aunque esta persona fuera electa.[76] Hacia fines de la década del 20, la práctica autoritaria ejercida hasta entonces recibió un fundamento ideológico por acción de los incipientes movimientos nacionalistas que, deslumbrados por el éxito del fascismo en Europa, propagaban también un modelo político elitista para la Argentina. Su creciente éxito trajo como consecuencia un debilitamiento de la posición de los políticos y constitucionalistas de orientación liberal, que apoyaban el Estado de derecho.[77] Estos se vieron obligados a enfrentar argumentos como el de que Hipólito Yrigoyen, jefe del Partido Radical y presidente electo, había fracasado durante su segundo mandato —interrumpido por el golpe militar de 1930— y que el liberalismo, como sistema económico, acarreaba cada vez mayores desventajas a la Argentina. Finalmente se alegó, en contra de su punto de vista, que los partidos políticos —puntales de la democracia representativa— ya no cumplían en la Argentina su función de modeladores de la opinión política y de controles del gobierno y que, en el fondo, nunca la habían cumplido.[78] Al desvanecerse la influencia de las ideas liberales, constitucionalistas, promotoras del Estado de derecho, se produjo un cierto vacío político e ideológico. Luego se formó, a manera de nuevo polo opuesto a los círculos de orientación nacionalista y elitista, un movimiento que podría definirse como solidarismo democrático. Su programa contenía, además de elementos corporativos y de economía planificada, algunas reminiscencias del Estado previsional, con lo cual se adelantó en algunos aspectos a las iniciativas de reforma desarrolladas más tarde por Perón.

La polémica teórica desatada en torno a los problemas constitucionales y de distribución de poder, contrastó con la actitud inequívoca que adopto la conducción política frente a la crisis de legitimidad. En su condición de grupo minoritario, procuró mantenerse en el poder recurriendo a métodos represivos en contra de los grupos opositores. El endurecimiento de las estructuras políticas respecto a las exigencias de participación de las mayorías excluidas, sumado al relajamiento de la moral dentro del sistema político hicieron que esta fase lleve en la literatura la designación de «década infame». Una serie de hechos escandalosos ocurridos en esos años demuestra que dicha denominación no es injustificada. Por ejemplo, un senador fue asesinado durante un debate público en la Cámara Alta.[79] Se encarceló y se torturó a los opositores políticos, sobre todo a los dirigentes de los sindicatos disidentes.[80] Hubo una serie de escándalos públicos en materia de prevaricato y soborno.[81] Después de 1934, en especial, el Estado fue adoptando cada vez más las características de una monstruosa máquina de opresión, con cuya ayuda la minoría gobernante mantenía en jaque a la mayoría de la población y la explotaba económicamente.

Al hablar de la crisis de legitimidad no puede dejar de mencionarse el ingreso de las fuerzas armadas al escenario político. Es verdad que en décadas anteriores, los levantamientos militares habían amenazado más de una vez la estabilidad y la seguridad institucional; pero esos movimientos nunca habían culminado en el éxito. El golpe militar de 1930, en cambio, puso en evidencia por primera vez, después de largo tiempo, las ambiciones políticas y el poder de las fuerzas armadas. Además, su función de mantenimiento del orden político fue expresamente confirmada por el supremo tribunal de la Nación durante el breve período de gobierno militar que siguió.[82] Si bien es cierto que poco tiempo después se convocó a elecciones generales, eso no anuló el triunfo político de los militares. A pesar de su temporaria neutralización por acción de algún presidente surgido de sus propias filas, su influencia fue aumentando en forma paulatina a partir de ese momento hasta convertirse en uno de los principales factores de poder del sistema político argentino.

II. FUNDAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y DE LA EVOLUCIÓN POLÍTICA

1. Ideas políticas rectoras de Perón

Antes de explicar la estructura y la evolución del sistema de poder de Perón, nos parece conveniente mencionar con la máxima brevedad los más importantes principios de acción y de decisión de la ideología peronista. Dichos principios se ensamblan para constituir un modelo de gobierno que está bastante por encima de la práctica peronista del poder y, hasta cierto punto, la idealiza. Sin embargo, tiene la decisiva ventaja de permitirnos reconocer con toda claridad el nuevo centro de gravedad del sistema político durante el gobierno de Perón.

De hecho, la principal meta de Perón fue cambiar la localización y la función social del sistema político. El uso que del aparato estatal hacían los estratos más altos, que veían en ello casi una prebenda natural, comenzó a chocar contra la creciente resistencia de los estratos más bajos, como ya viéramos en páginas anteriores. Para que esta protesta —todavía apenas articulada— no se trasformara de buenas a primeras en una acción revolucionaria capaz de desintegrar el sistema, era necesario corregir las estructuras políticas, hacerlas más abiertas y flexibles. El modelo peronista de gobierno aportó esa corrección; pero no se detuvo en eso: contenía el plan de liberar al Estado, en general, de su estrecha ligazón con los factores sociales de poder[1] e instalarlo intersección de las relaciones entre los grupos sociales. Ya no debía ser propiedad más o menos exclusiva de los grupos que poseyeran más fuerza en el momento, sino que debía ocupar una posición de mediador, y estar, a la vez, por encima de ellos. Debía concedérsele un mayor peso propio a fin de que pudiera actuar como factor de equilibrio en el ámbito social y pudiera dar la tónica en la orientación de los procesos políticos y sociales.

Entre los principios políticos de acción y estructura que debían producir tal cambio, merecen destacarse cuatro: el compromiso de solidaridad, la idea de líder, el principio de organización y de representación.[2] Perón expresó de modo muy claro su decisión de renunciar a las prácticas tradicionales al insistir permanentemente en el lazo de solidaridad que debía unir a todos los ciudadanos y a todos los grupos.[3] De esa manera comprometía a la totalidad de las fuerzas sociales a una mínima consideración mutua y ponía límites al desmedido egoísmo de grupo. El principio de la solidaridad, sobre todo, debía neutralizar la creciente tensión entre los estratos de la sociedad, pues exigía a las clases acomodadas una mayor comprensión y una mayor disposición para apoyar a la masa de trabajadores desprovistos de medios. Eso generó nuevas responsabilidades y obligaciones para determinados grupos y concedió a otros el derecho a expresar reclamos que hasta entonces habían debido callar. En definitiva, esto equivalía a complementar y renovar un orden legal vigente, que había puesto de manifiesto graves falencias.

Sólo en función del compromiso de solidaridad se advierte la importancia de la segunda idea rectora peronista: el principio del líder.[4] Tal principio es destacado como rasgo característico del gobierno peronista, sobre todo por aquellos autores que han visto en éste una variante del fascismo o —lo que es menos frecuente— del nacionalsocialismo.[5] Es indudable que la persona y el estilo de gobierno de Mussolini ejercieron una considerable influencia sobre Perón e imprimieron a su gobierno características que provienen innegablemente del modelo italiano. Sin embargo, no debe sobrestimarse la influencia de éste u otro sistema fascista europeo sobre el peronismo.[6] Es verdad que Perón se destacó por su notable capacidad de adaptación y de asimilación; pero estos talentos no sólo le sirvieron para recoger experiencias e impresiones en el trascurso de una permanencia bastante prolongada en Europa, poco antes de la II Guerra Mundial.[7] Lo ayudaron más aún en la difícil empresa de aplicar sus conclusiones a la situación argentina. En repetidas oportunidades señaló que el político debe tener la ductilidad necesaria para contraer compromisos y para hacer concesiones.[8] Para la doctrina peronista, conducción no significa absoluto poder de dominio. El conductor tenía sólo un cierto predominio, la facultad de dirigir; pero siempre estaba obligado a apoyar y a seguir a los conducidos.

En innumerables discursos Perón exhortó a las clases más bajas a organizarse.[9] No pocos observadores de su régimen han llegado por eso a la conclusión de que aspiraba a un orden corporativo, que en parte llegó a concretar.[10] Pero la doctrina peronista no sólo abarcaba las asociaciones profesionales, sino también las sociales, políticas y culturales, a las cuales concedía también gran importancia. Además, habría resultado difícil armonizar una exagerada concentración de poder en los sindicatos, con la proyectada ampliación de la esfera de acción estatal.[11] Quizá Perón previera a largo plazo un orden político muy semejante al modelo del Estado corporativo; pero su objetivo inmediato era otro. En primer lugar le interesaba captar a esa masa amorfa de población que se había establecido en la periferia de los centros urbanos del Este argentino, sobre todo en el Gran Buenos Aires. El Estado podía ejercer poco y nada su influencia sobre ese sector de la población, pues eran pocas las informaciones que de él se tenían. Con su insistencia en que el pueblo se organizara en asociaciones, Perón no sólo procuraba lograr un mayor control político sobre esos estratos marginales, sino que intentaba crear las condiciones para que los organismos estatales pudieran apoyarlos de manera sistemática.

La exigencia de una mejor representación y representatividad social debía completar a la de una mejor organización, del pueblo. Pues si bien es cierto que, nominalmente, amplios sectores de la población ya estaban representados en una de las poderosas agrupaciones políticas y sociales del país, poca y nada era la influencia que ejercían sobre los actos de esa agrupación, que estaban en manos de una minoría preocupada sólo por sus propias ventajas. De modo que la insistencia de Perón en la creación de organizaciones representativas de los diferentes grupos era una respuesta a la creciente brecha entre los cuadros dirigentes y las bases de las agrupaciones sociales. En una palabra: una respuesta a la crisis de participación de la cual habláramos en páginas anteriores. Quería tener la seguridad de que las aspiraciones y exigencias de la masa afiliada fueran articuladas por las correspondientes organizaciones sociales, económicas, políticas y culturales del país, y no sólo en beneficio de un reducido círculo de privilegiados.[12]

Los cuatro principios citados nos brindan un bosquejo simple y claro de la organización peronista de poder. El eje principal de esta figura está representado por la relación entre un aparato estatal subordinado al gobierno por un lado, y el cuerpo social, constituido por las numerosas asociaciones y agrupaciones, por el otro lado. El Estado debía hacerse cargo de una serie de funciones generales, lo cual le aseguraba una cierta superioridad sobre las agrupaciones sociales. Debía funcionar como árbitro entre ellas, debía coordinar sus acciones particularistas, encaminándolas hacia objetivos nacionales comunes y debía estar en condiciones de movilizar también, por su cuenta, los medios necesarios para alcanzar esos objetivos. Pero, al mismo tiempo, el principio de la solidaridad limitaba su poder de disposición; al hacer uso de sus medios se veía obligado a tener en cuenta a todos los sectores de la población y no sólo a los grupos influyentes y capaces de imponerse.

El mérito de este proyecto de ordenamiento político no ha de buscarse tanto en sus cualidades constructivas, en su originalidad o en su perfección, como en su simplicidad, en el hecho de que la complejidad institucional del Estado liberal de derecho, quedaba reducido a un único eje de relación, el diálogo entre el Ejecutivo, por una parte, y los grupos sociales claves[13], por la otra. Esta reducción traía aparejada una desvalorización de diversos organismos estatales y esferas de libertad social cuyas raíces partían de la propia Constitución. Dentro del ámbito estatal, los más afectados fueron los poderes legislativo y judicial, que fueron degradados a la categoría de órganos auxiliares del Ejecutivo. En el ámbito social se limitaron importantes garantías, como el derecho a la propiedad y a la libertad de opinión. La simplificación de las estructuras del sistema político fue así acompañada por una tendencia al control autoritario, cada vez más perceptible. El modelo constitucional peronista no veía campo de acción para los individuos y grupos que se oponían al régimen. El gobierno les impuso el rótulo de enemigos de la Nación y de traidores, cuya influencia era legítimo y necesario reducir por cualquier medio.[14]

Pero el efecto de reducción del proyecto peronista de organización política no debe hacernos olvidar su efectividad. Tal efectividad ha quedado documentada, sobre todo, por los planes de desarrollo a largo plazo, que aparecen por primera vez en la política argentina, introducidos por Perón. Con ellos, el gobierno se hace cargo, en una medida mucho más grande que hasta ese momento, de la conducción del desarrollo nacional y asume una mayor responsabilidad en la armonización de los diferentes grupos y ámbitos sociales.

2. Recursos de poder

Antes de analizar las medidas adoptadas por Perón para imponer sus ideas y objetivos políticos, debemos presentar los medios con que contaba. En realidad, las reservas de lealtad y de apoyo que le brindaron las diferentes agrupaciones económicas, sociales y políticas del país deberían considerarse también como medios de poder en el sentido más lato de la expresión. Pero, por el momento no estudiaremos la distribución sociopolítica de fuerzas, en tiempos de Perón, en toda su amplitud y complejidad. Sólo daremos una primera impresión del potencial de poder que Perón tenía en sus manos, y de la forma en que él supo aprovechar ese potencial. Al hacerlo no estableceremos una distinción entre aquellos recursos que ya encontró al comienzo de su gobierno y los que él mismo movilizó mientras se mantuvo en el poder.

Entre estas últimas fuentes de poder, explotadas por primera vez por el propio Perón, figuraba ese recurso básico de los sistemas políticos llamado legitimidad. Quizá el máximo mérito de Perón consista en haber sacado de su aislamiento social y político al gobierno militar a través del cual llegó al poder y en haber concretado sus ambiciosos planes políticos con el apoyo del pueblo, no contra la voluntad de éste. Los sostenedores y garantes de su régimen eran, ante todo, los estratos sociales más bajos, los cuales, por primera vez en la historia del país, eran tenidos en cuenta y favorecidos por la cúspide del sistema político. El gobierno los instaba a presentar sus exigencias y sus quejas, y les prometía representar sus intereses ante los restantes grupos sociales.[15] El éxito de los pocos sindicatos que respondieron inicialmente a esta invitación ejerció rápido efecto sobre las restantes organizaciones laborales. Provocó un paulatino cambio de actitud de la clase trabajadora respecto al Estado, hizo que ésta olvidara su escepticismo ante la política y los políticos y, este incremento del interés en el proceso político creó una mayor disposición a intervenir en forma activa en dicho proceso.[16] La clase trabajadora fue el grupo social más numeroso de los que apoyaron a Perón; pero, además de ella, hubo muchos otros factores sociales y políticos de poder que proporcionaron al régimen el necesario respaldo. Entre estos últimos cabe señalar, sobre todo, aquellos sectores de la clase media interesados en el desarrollo de una industria nacional independiente, así como algunos grupos de gran influencia dentro de la burocracia estatal, del clero y de las fuerzas armadas. Perón supo conquistar adeptos entre los más diversos sectores de la población. La alianza relativamente durable a la cual llegaron estos sectores bajo su conducción puede considerarse como uno de los rasgos característicos del régimen.

La importancia de las demás fuentes de poder de Perón y el uso que éste hizo de ellas surgieron, fundamentalmente, de su adscripción a la legitimidad como supremo recurso de poder. En parte, él las colocó al servicio de la legitimidad y, en parte, quedaron automáticamente en sus manos, una vez que la mayoría de la población lo confirmó en su posición política rectora. Esta última alternativa se dio, por ejemplo, en lo referente a las facultades que le correspondían como Presidente de la República y que podrían definirse como fuente de legalidad. Perón pudo concretar por vías legales la mayoría de sus planes de reforma gracias a esas facultades que le atribuía la Constitución y a la ayuda de un Congreso en el cual sus partidarios tuvieron una neta preponderancia desde el comienzo.[17] En lugar de suprimir las instituciones y garantías políticas que entraban en conflicto con dichos planes, se conformaba, por lo general, con vaciarlas de su contenido y cambiar su función. Incluso después de 1950, cuando sus medidas ya no sólo tenían como objetivo imponer un determinado programa de política, sino que cada vez tendían más a estorbar y a perseguir a los adversarios, sólo en raras oportunidades Perón violó los límites de la legalidad.

Los medios económicos y financieros a su disposición deben considerarse también como importantísimos factores de su éxito político. En ese aspecto, se encontraba en una situación tan favorable como pocos de sus predecesores. Durante la Segunda Guerra Mundial, el país había llegado a tener un importante saldo favorable en su comercio con Europa —sobre todo con Inglaterra—, la cual en esos días dependía más que nunca de los suministros argentinos de carne y cereales. Tanto el desarrollo de las empresas industriales nacionales, auspiciado por el Estado, como las reformas sociopolíticas emprendidas hasta 1949 tuvieron como fundamento la generosa utilización de estos fondos. Esas medidas contribuyeron en forma decisiva a que el liderazgo político de Perón fuera aceptado inicialmente por los diversos grupos sociales.[18] Hacia 1950, cuando los recursos financieros del gobierno comenzaron a declinar, se inició un cambio en la actitud de las fuerzas socioeconómicas respecto a Perón y, por otro lado, Perón adoptó un nuevo estilo de distribución. En lugar del reparto relativamente amplio de los medios estatales, comenzó a imponerse una canalización selectiva que favorecía sobre todo a los partidarios políticos del régimen.

La ideología de Perón, la doctrina peronista, fue una fuente de influencia nada desestimable para el régimen. Para comprender la importancia que le había concedido Perón es necesario tener en cuenta la gran hipoteca ideológica que pesó sobre su gobierno al comienzo. Todos los partidos y agrupaciones políticas, con excepción de una parte de los sindicatos, contemplaban dicha doctrina como un intento de imponer en la Argentina un orden estatal y social de corte fascista. Se consideraba un hecho indiscutible que Perón imitaría con todas sus fuerzas a Hitler y a Mussolini, y que sólo una resistencia cerrada de los partidos le impediría concretar su propósito. Otra amenaza casi tan importante como ésta era la receptividad de una parte de los estratos más bajos a la prédica comunista. La doctrina peronista surgió del esfuerzo por liberarse de esa doble carga ideológica: el fascismo y el comunismo. Por eso creó una doctrina propia para su movimiento, una doctrina social argentina. Es indudable que muy pocos partidarios de Perón compartían la convicción de éste, para quien el justicialismo enseñaría a todos los argentinos una única y exclusiva manera de pensar y de sentir. Sin embargo, es indiscutible que la doctrina de Perón ejerció una influencia sustancial, aún hoy perceptible, en los estratos más bajos de la sociedad argentina. Es posible que esa confianza en su acción haya sido uno de los motivos por los cuales Perón sólo hizo uso de los medios represivos de control en forma muy limitada.[19]

Esta afirmación se contradice en cierta medida con la difundida convicción de que Perón organizó un régimen eminentemente terrorista y represivo.[20] Sin duda, nunca vaciló en aplicar todo el poder coercitivo que le confería la conducción del Estado. Lo utilizó tanto para llevar a la realidad sus ideas sobre la organización política, como para salvaguardar pura y simplemente su poder personal. Sin embargo, la coerción tuvo mucho menos importancia como medio de disciplina política en el peronismo, que en los sistemas totalitarios europeos. Perón hizo uso moderado de ella, comparada con la forma dispendiosa en que empleó los demás recursos de poder.[21] Aun en los últimos años de su gobierno, durante los cuales recurrió con más frecuencia al uso de la fuerza, demostró preferencia por los medios de coerción menos radicales. Sólo en casos muy raros, sus medidas implicaban daños físicos o la muerte de los opositores políticos. Por lo general se los encarcelaba[22] y se confiscaba parte de sus bienes. A veces, en lugar de recurrir al encarcelamiento —una medida costosa—, Perón hacía llegar a los políticos opositores un aviso que debía interpretarse como invitación a que abandonaran sin demora el país.

El último recurso de influencia —un recurso cuya importancia y alcance es muy difícil de valorar, pero cuya parte en la organización y cimentación del dominio peronista parecería haber sido de importancia decisiva— fue el atractivo personal de Perón, su carisma. Las cualidades carismáticas de Perón, en tanto líder, se ponen de manifiesto en el heterogéneo origen de sus seguidores, que provenían de grupos tan disímiles como la clase obrera, el clero, las fuerzas armadas, parte de la clase media y sectores de la burocracia estatal. Hasta los opositores polítiticos de Perón atestiguan que su encanto personal era extraordinario, al igual que su habilidad, su elocuencia y su cortesía. En lo que respecta a la clase baja, la más importante de las columnas que sostenían al régimen, se considera que la influencia de Eva Duarte de Perón fue mayor aun que la de su marido. Eva Perón era —y, en parte, sigue siendo— adorada como una santa por muchos integrantes de esa clase. Si se necesitara una prueba más de la gran importancia que revistieron las personalidades de ambos dirigentes en el sistema peronista de poder podría señalarse que el respeto, la admiración y la lealtad inspirados por ellos se prolongaron mucho más allá del período de gobierno de Perón, y en el caso de su esposa, perduraron más allá de la muerte.

3. Medidas de control político

3.1. Control político y realización política

En base a las ideas acerca del ordenamiento político y de las fuentes de poder de Perón podemos ahora extraer los rasgos esenciales de su sistema de gobierno y de dominio. Al hacerlo conviene distinguir dos aspectos dentro del proceso de gobierno. Uno de ellos es la formación y el desarrollo de las estructuras de poder en su sentido más estricto. El concepto que con mayor precisión lo define es el de control político. Gran parte de la bibliografía vinculada con nuestro tema se ocupa exclusivamente de esta cara del peronismo; expone con todo detalle la forma en la cual Perón fue cimentando su liderazgo al someter a las principales fuerzas políticas. Sin embargo, al analizar las ideas rectoras de Perón se ha podido comprobar que sus ambiciones no se limitaban a la extensión de su esfera personal de poder y que la intensificación del control político de la sociedad por medio del Estado, hacia la cual él apuntaba, era más bien parte de un amplio programa de reformas. El eje de este plan era una fundamental modificación de la función social del sistema político. El segundo aspecto del gobierno peronista que asoma así, no abarca tanto las formas y la medida del ejercicio del poder, como su sentido y contenido. Para definirlo apelaremos al concepto de realización política.

El establecer una distinción entre el aspecto de control y establecimiento de disciplina, y el aspecto de realización política del sistema peronista de gobierno no deja de presentar problemas. Muchas medidas que tienden al sometimiento y muchas sanciones del gobierno resultan incomprensibles si no se tiene en cuenta el objetivo perseguido. Por otra parte, la asunción de nuevas funciones por parte de instancias estatales suele adoptar en el primer momento la forma de una intensificación del control estatal y de la coerción. La utilidad de establecer tal distinción no reside en la posibilidad de aplicarla a medidas aisladas del régimen, sino en su fecundidad como elemento de un análisis del sistema peronista en su totalidad. Con su ayuda puede demostrarse que el gobierno de Perón se subdivide en dos fases parciales, de estructura muy diferente. La primera fase va de 1944 a 1949; la segunda, de 1950 a 1955. Durante la primera, el control social y las realizaciones del sistema político se mantuvieron en continuo aumento. A la opresión creciente de la sociedad por el Estado correspondía el creciente empleo de recursos estatales al servicio de la sociedad. Esta relación desaparece después de 1950. A partir de entonces, la coerción evidencia un rápido y continuado aumento; las realizaciones del sistema político, en cambio, no sólo se detuvieron, sino que incluso disminuyeron. En 1955, cuando Perón fue derrocado, se había vuelto a producir —como antes de 1943— un marcado desequilibrio entre la acción represiva ejercida por el gobierno y los beneficios sociales surgidos de éste.

En lo referente a la estrategia de control aplicada por el régimen, que trataremos a continuación, podemos distinguir tres estrategias principales, que aquí denominaremos: subordinación, depuración y ajuste. Por subordinación entendemos el proceso de reducción e integración que tiene lugar entre 1944 y 1949, y en cuyo trascurso se reduce la compleja multiplicidad de agrupaciones e instituciones del país al esquema básico de organización política ya esbozada en la ideología peronista: la relación entre el gobierno y los restantes factores de poder.[23] Luego de la ampliación del poder estatal durante la fase de subordinación, las medidas de depuración política adoptadas por Perón tendieron a asegurarle un ilimitado control político personal de toda la maquinaria burocrática. Por ajuste se entienden, finalmente, los esfuerzos hechos por Perón a través de todos sus años de gobierno, por jerarquizar y centralizar el Ejecutivo.

3.2. Subordinación

Las medidas de subordinación afectaron, en primer lugar, a aquellas instituciones y organizaciones políticas cuya existencia fue legitimada por la Constitución liberal de 1853. Ahora bien, ya se había señalado en páginas anteriores que dicha Constitución sólo tenía una limitada vigencia real. En gran parte había cedido el lugar a un estilo de gobierno cuya fachada legalista no alcanzaba a ocultar prácticas políticas represivas, incompatibles con el espíritu de la Constitución. El intento de Perón de reducir la compleja trama de instituciones a un esquema constitucional más simple y controlable representó un corte mucho menos radical a la tradición política de lo que afirmaban sus opositores. En realidad, este intento resultó mucho más manso de lo que hacían esperar los anuncios iniciales de Perón. Sólo por excepción atacaba las instituciones democráticas del Estado de derecho garantizadas por la Constitución. Por lo general, sólo modificaba su estructura legal y de personal, al trasformar entes políticos o sociales relativamente autónomos en organismos dependientes del gobierno, semejantes a reparticiones estatales.

En un análisis detallado pueden distinguirse dos centros de gravedad en la política de subordinación. Por un lado estuvo dirigida contra órganos estatales como el Congreso, los Tribunales y los gobiernos provinciales, es decir, contra instituciones políticas cuya influencia y facultades se aproximaban bastante a las del gobierno central y, por consiguiente, representaban una seria competencia para éste. Por otro lado, perseguía el control de fuerzas sociales como por ejemplo los medios de comunicación de masa, las agrupaciones políticas no representadas en el Parlamento y los grupos económicos y sociales clave. Excederíamos los límites de este panorama general si nos detuviéramos demasiado en la estrategia empleada por Perón para imponer su disciplina en los primeros campos de acción; por eso nos conformaremos con escoger algunos ejemplos que permiten reconocer ciertos rasgos característicos y, en esencia, permanentes de su forma de proceder.

La forma en que Perón fue despojando de sus poderes al Congreso, con sus dos cámaras, la de senadores y la de diputados, por ejemplo, revela sus típicos procederes en lo referente a las instituciones estatales. En este caso se vio favorecido por un hecho decisivo: ya en el primer período legislativo, de 1946 a 1952, el senado estuvo integrado exclusivamente por partidarios de su movimiento y los peronistas de la cámara de diputados tuvieron que enfrentar a una oposición numéricamente muy inferior, integrada por miembros del Partido Radical, la cual se redujo más aún en el segundo período.[24] Perón no vaciló en extraer provecho de esta posición favorable, y si bien no lesionó el derecho a la libre expresión de la opinión política como tal, evitó que la oposición hiciera demasiado uso de él. No era raro que los proyectos de leyes llegaran demasiado tarde o incompletos a manos de los opositores, siempre se encontraban pretextos para abreviar el tiempo concedido para sus discursos y sus ataques contra el gobierno fueron detenidos con una ley penal que defendía la dignidad de las instituciones, es decir, no sólo de los individuos que las representaban.[25] Y puesto que las críticas de los propios correligionarios eran tan mal recibidas como las de los opositores, el resultado fue un debilitamiento general de la posición política del Congreso. La reforma constitucional de 1949 cercenó sus competencias y lo privó, sobre todo, de algunos de sus derechos de control sobre el gobierno.[26] De esa manera se le restó importancia como foro nacional de discusiones y como organismo destinado a adoptar decisiones —según lo previsto por la Constitución de 1853— y se lo redujo a la función de órgano auxiliar del Ejecutivo.[27] Para demostrar hasta qué punto este cambio de función incidió sobre los clásicos deberes y privilegios parlamentarios, baste mencionar el caso de una comisión cuya misión original consistía en investigar los rumores acerca de torturas infligidas a presos políticos y que terminó llevando a cabo una investigación inquisitorial en los periódicos que habían publicado dicha información.[28] A partir de 1950/51, los diputados expresaron cada vez con mayor frecuencia su convicción de ser representantes del gobierno, y lo hicieron en forma de declaraciones de lealtad a Perón y a su esposa.[29] Los debates se fueron haciendo cada vez más raros y se restringieron al problema de cómo interpretar la doctrina peronista y los deseos de Perón.

Otro ejemplo de subordinación de una institución estatal central lo constituye el vaciamiento de la justicia. Este proceso no se desarrolló con tanta fluidez como el del sometimiento del Congreso, pues la independencia de los tribunales, garantizada por la Constitución, no podía descartarse con sólo un sufragio plebiscitario. Pero justamente una instancia judicial, la Corte Suprema de Justicia, había ofrecido desde el comienzo gran resistencia a la política peronista de reformas sociales y, por consiguiente era de esperar que, una vez confirmado el gobierno de Perón por las elecciones, éste adoptaría medidas en contra de los miembros de dicha corte.[30] Para ello podía invocar una serie de razones bastante plausibles. Pues, por una parte, no era erróneo afirmar que ninguno de los tres poderes podía ejercer su función al margen de la voluntad del pueblo y que el derecho perdía su sentido cuando se apartaba demasiado del sentido de justicia del grueso de la población.[31] Y, por otro lado, tampoco estaba del todo equivocado al considerar a la Corte Suprema como un organismo político y no como cuerpo judicial «neutral» y al tratarla como tal. Pero así como fueron de acertadas las razones de su proceder, fueron de dudosos los métodos a los cuales recurrió para librarse de los incómodos jueces. Dispuso que la Cámara de Diputados iniciara una investigación contra ellos y que el Senado, como instancia competente, los sometiera a juicio político —basándose en un argumento jurídico poco convincente— y los destituyera.[32] El legalismo de Perón produjo tanto en éste como en numerosos casos similares un efecto contrario al esperado. No cimentó la confianza pública en la fidelidad a las instituciones y en el respeto a la Constitución del gobierno peronista, sino que agudizó la desconfianza general respecto a las intenciones políticas que se escondían detrás de su actitud legalista. Luego del proceso contra los miembros de la Corte Suprema se destituyó a muchos otros jueces. Pero con esas medidas ya no se procuraba imponer un nuevo sentido de la justicia; más bien se buscaba librar cargos para entregarlos a partidarios del régimen y proporcionar a éstos la oportunidad de mejorar sus ingresos.[33] Por eso no es de sorprender que durante los últimos años de gobierno peronista, numerosos jueces ocuparan cargos políticos, aparte de sus cargos judiciales, y expresaran su conformidad política en declaraciones de lealtad a Perón.

Los dos ejemplos mencionados demuestran que, al proceder contra las instituciones estatales centrales, Perón recurría al cercenamiento de su competencia, desplazaba a los individuos indeseables y aplicaba trabas y triquiñuelas más o menos evidentes. En lo que respecta a los factores sociales de poder, utilizaba en gran medida la misma estrategia de control. También en esos casos hacía modificar los estatutos de modo de facilitar la supervisión estatal, intentaba ocupar los puestos clave con hombres de confianza y perseguía con todo tipo de sanciones a las organizaciones que se cerraban a su influencia. Sin embargo, por lo menos durante los primeros años del gobierno de Perón, estos procedimientos tropezaron con vallas inmanentes. Por un lado, en esta fase, el movimiento sólo disponía de una reserva limitada de partidarios, que no bastaba para invadir la totalidad de los grupos sociales y colocarlos en sus manos. Por otro lado, la capacidad estatal de penetración era aún muy reducida como para abarcar todas las agrupaciones sociales e integrarlas al sistema de dominio peronista. Finalmente, el poder y la independencia de esas agrupaciones era demasiado grande como para que Perón pudiera arriesgar una confrontación simultánea con todas ellas. Por eso, sólo procedía con toda decisión contra aquellos factores sociales de poder que se oponían en forma abierta a sus intenciones de someterlos. En lo referente a los restantes grupos sociales, se conformaba con apelar a medios menos costosos y por consiguiente, menos efectivos para establecer la disciplina. Tales medios no podían llegar a privar de poder a las fuerzas opositoras ni a someterlas; sólo perseguían un efecto de intimidación y de subordinación de naturaleza muy general y superficial. Tal fue el limitado objetivo de una serie de leyes penales dictadas entre 1944 y 1950, y el de la presión propagandística ejercida por el régimen a través de los medios de comunicación.

Las leyes penales tenían, por ejemplo, títulos como los siguientes: «delitos contra la seguridad del Estado; normas para organizar la Nación para tiempo de guerra desde tiempo de paz; desacato; delitos contra la seguridad de la Nación: espionaje, sabotaje, traición; ley sobre armas y explosivos», etc.[34] Estos títulos permiten entrever con bastante claridad la lógica política sobre la cual se basan tales disposiciones: un supuesto peligro externo proporcionaba el motivo para procesar a los opositores políticos y dejarlos fuera de combate. Esta relación surgió con particular claridad de la más importante, quizá, entre tales normas: el Decreto N.º 536 del 15.1.1945, elevado luego a la categoría de ley.[35] Según éste, no sólo sería condenado a prisión quien provocara discordia y tensión en el país (Art. 6), trasmitiera al exterior noticias tendenciosas sobre la Argentina o las recibiera (Art. 8), ofendiera a la Nación Argentina. Bastaba con infligir un daño a la industria nacional, a la energía o a la maquinaria del país para ser procesado (Art. 32). También se castigaría la prosecusión de una huelga declarada ilegal, pues —según se argumentaba— un ilimitado derecho de huelga era equivalente a un derecho al uso de la violencia y debía conducir a la perturbación del orden social y representar una amenaza para la economía nacional. Como lo señala con todo acierto Moreno, estas normas no sólo alcanzaban a las personas que conspiraban contra la seguridad nacional y contra la soberanía del Estado, sino a amplios sectores cuyas opiniones divergían de la línea política oficial.[36] La significación práctica de las nuevas leyes penales no fue muy grande. Estaban destinadas, sobre todo, a intimidar, a imponer una prohibición general que dejara bien sentada la orientación política del régimen y que atemorizara a sus enemigos.

En lo que respecta al otro instrumento de control de la sociedad en su totalidad, es decir los medios de comunicación e información, Perón se esforzó desde un comienzo por concentrarlos en sus manos. Inmediatamente después del golpe de junio de 1943, el gobierno militar tomó medidas contra una serie de conocidos periódicos nacionales y extranjeros e impidió su aparición.[37] En compensación se creó un servicio de prensa e información dependiente de la Presidencia, el cual debía ocuparse de que las informaciones que llegaran al pueblo se ajustaran a la verdad y —como se señalaba en los considerandos del decreto— asegurara «la dignidad del derecho de libre expresión de las ideas». En el mismo decreto se disponía que el servicio de prensa organizara la propaganda del Estado.[38] La tarea se cumplió tan a fondo, que en el término de pocos años casi no existían órganos de prensa independientes. Entre los medios más importantes a que se echó mano con este objeto podemos mencionar la censura, la confiscación, el retiro de permisos de publicación, el racionamiento del papel y el terrorismo desembozado. De los dos matutinos más importantes que sobrevivieron después de 1949, sólo uno, «La Nación», pudo continuar apareciendo sin grandes interrupciones hasta la caída de Perón.[39] Todos los demás eran controlados por el gobierno y dependían —al comienzo conservando una aparente autonomía, más tarde en forma directa y sin disimulo— de la Subsecretaría de Prensa y Difusión. Perón los hacía propagar constantemente sus ideas, opiniones y frases memorables, con lo cual ejerció una gran presión espiritual y política sobre la población durante los años que duró su gobierno.

3.3. Depuración

Las medidas comprendidas por la estrategia de subordinación estaban de acuerdo con el plan de reformas políticas esbozado por Perón en su doctrina. Otorgaban al Estado una estructura jerárquica muy rígida y, en consecuencia, el poder y la cohesión necesarios para acelerar el proceso de desarrollo e integración social. Finalmente sometían a las fuerzas sociales a la influencia del gobierno y de los funcionarios en una medida desconocida hasta entonces. La culminación de la fase estatizante del gobierno estuvo constituida por la reforma de la Constitución de 1949 y algunas de las leyes que la acompañaron y que también pusieron de manifiesto con toda claridad la voluntad de orden e intervencionismo estatal. A partir de ese momento, Perón se fue apartando, poco a poco, de sus ideas estatizantes. Los objetivos que continuaba propagando, el deseo de acrecentar el prestigio del gobierno y la eficiencia del Estado, fueron pasando a segundo plano, para dejar lugar a intereses más limitados: la conservación y aumento de su influencia personal, como móviles de su acción. Hasta entonces, la suprema máxima que regía la conducta de los funcionarios estatales era la fidelidad al Estado y a la Nación. A partir de esa época, en cambio, Perón comienza a exigir, en primer lugar, un absoluto sometimiento a su persona y a su partido. El estilo de gobierno estatizante cedió lugar a intensos esfuerzos en procura de una «peronización» del sistema político. El concepto de depuración se refiere a este proceso de trasformación del sistema político en una organización partidaria, conducida por Perón, que tiene lugar durante los últimos cinco años de su gobierno. Apunta más que nada a la ubicación de gente a el partido y seguidores del régimen en todas las ramas de la administración pública.

Señal inequívoca de este cambio de orientación política, que se inicia hacia 1950, es la distinción entre peronistas y antiperonistas impuesta desde la cúspide política, y la consiguiente división de la población en dos frentes políticos antagonistas. Luego de haberla visto aplicar durante años una política de fusión y coordinación de las fuerzas nacionales, aquéllos que no lo habían considerado desde siempre un ambicioso advenedizo político se sorprendieron al comprobar que ahora no vacilaba en hacer de su propia persona un motivo de nueva escisión nacional. «El que no está con nosotros está contra nosotros» era la nueva divisa del gobierno, cuyos ataques contra las fuerzas de la oposición se volvían cada vez más violentos.[40] Se las culpaba de hacer causa común con los enemigos del país, los explotadores imperialistas, de planear la venta del mismo y el menoscabo de su prestigio internacional, de trabajar en procura de una violenta caída del gobierno, para volver a humillar y a oprimir al pueblo.

Uno de los motivos más importantes para polemizar con los opositores del régimen y para perseguirlos, fueron las elecciones nacionales del año 1951. Ya la reforma constitucional de 1949 había suprimido la cláusula que prohibía la reelección del Presidente. Desde el punto de vista legal nada se oponía a la confirmación de Perón en su cargo por otros seis años. Pero la campaña de polarización debía crear también las condiciones políticas para su triunfo electoral. El objetivo de dicha campaña era obligar a la gran masa de quienes hasta ese momento habían permanecido políticamente indecisos, a que adoptaran una posición favorable al peronismo y, por consiguiente, contraria a los partidos de la oposición, que de esa manera se verían debilitados y aislados.

El éxito de esa estrategia y el hecho de que Perón surgiera de esas elecciones como triunfador absoluto fue, más que nada, mérito del partido peronista. Las elecciones de 1946 habían sido preparadas por las fuerzas armadas, desde el punto de vista de la organización, y por los sindicatos, desde el punto de vista político.[41] Por ese entonces, Perón carecía aún de una organización política propia. Más tarde la creó al unificar en un partido a las fuerzas que lo habían apoyado en la elección. El partido peronista no desempeñó un papel muy importante durante el primer período de gobierno. Su importancia creció, sin embargo, cuando Perón debió someterse nuevamente a la voluntad de los electores. A esta agrupación le correspondió organizar la campaña electoral y ayudar a Perón a obtener el triunfo. Después de esa decisiva contribución a la victoria de Perón en 1951, el partido continuó siendo una de las principales columnas del régimen, hasta su caída.[42]

La influencia del partido peronista creció hasta tal punto durante los últimos años de gobierno, que comenzó a desplazar a las demás fuerzas y organizaciones políticas de sus posiciones y, en parte, hasta llegó a someterlas. Por ejemplo, redujo en forma considerable el campo de acción de las fuerzas armadas y de los sindicatos y colocó a la burocracia estatal casi a su servicio.[43] La nueva orientación de Perón, después de 1950, se pone claramente de manifiesto en el desplazamiento de importantes funciones de poder y de control, de la organización estatal a la partidaria. Así como hasta entonces, uno de los firmes postulados de su gobierno había sido que la administración estatal debía superar en efectividad a todas las organizaciones sociales y partidarias, y que por eso debía merecer un tratamiento de privilegio, ahora ocurre cada vez con mayor frecuencia, que se antepongan los intereses partidarios al punto de vista de la competencia y eficiencia administrativa. Así como hasta 1949 Perón había insistido en la estricta división entre la actividad gubernamental y administrativa del Estado y las actividades políticas partidarias, a partir de 1950 se esfuerza por integrar a los funcionarios en su movimiento y en su partido.

Dicha integración consistía, sobre todo, en que todos los no-peronistas eran relevados de sus cargos y puestos, y eran remplazados por funcionarios adictos al régimen.[44] Las «Investigaciones» contienen abundante material sobre las acciones de depuración iniciadas más o menos por la misma época en diversas ramas de la administración.[45] Al comienzo se aprovechaba, por lo general, un motivo cualquiera para sondear la posición política de los funcionarios y empleados. Por ejemplo, se los invitaba a participar en actos del partido o se los obligaba a llevar símbolos de luto con motivo de la muerte de Eva Perón, ocurrida en 1952. Más tarde se les exigía pruebas más contundentes de su lealtad. Se los obligaba a contribuir regularmente con sumas de dinero al partido[46] y debían participar en cursos de adoctrinamiento.[47] El ingreso a la administración no dependía tanto de la aprobación de los exámenes como de la posesión de un carnet partidario o de la recomendación de algún influyente funcionario del partido.[48] Por entonces, el partido ya tenía todo el aparato administrativo del Estado en sus manos. Utilizaba sus recursos técnicos y de organización como si hubieran sido de su propiedad y, mediante una red de delatores, mantenía estricto control de la posición y actividades políticas de los funcionarios.[49]

Lo que acabamos de señalar respecto a la evolución de la administración pública a partir de 1950 puede aplicarse —con algunas limitaciones, referidas sobre todo a la intensidad del control político— a la situación de la sociedad en general. El gobierno emprendió importantes y sistemáticas acciones para limpiar el campo político de opositores y hasta de sospechosos. Perón hacía que su ministro de política le expusiera todos los años un, así llamado, plan político, que contenía las medidas tácticas más importantes para continuar reduciendo la influencia de la oposición. Dicho plan era analizado y discutido a fondo en las periódicas conferencias de dirigentes del partido y de los sindicatos y luego se lo aplicaba en todo el país, hasta en las más remotas localidades de provincias. La aplicación estaba a cargo de las células del movimiento.[50]

Para suprimir a los opositores que él consideraba más importantes y peligrosos, Perón recurría de tanto en tanto a una ley especial.[51] El número de estas leyes no fue muy grande, pero ellas constituyen una prueba más del cambio experimentado por la estrategia de control a partir de 1950. Las leyes penales y de seguridad dictadas antes de 1951, para defensa del Estado, de la Nación, etc., eran extremadamente severas, pero respondían, en esencia, a las exigencias que debe cumplir una ley: habían sido concebidas para un número indeterminado, imprevisible de casos.

Desde 1950, en cambio, el pobre concepto que el gobierno tiene del cuerpo legislativo, queda documentado en el creciente abuso de la función legislativa que hace y permite hacer. Lo utiliza tanto para conferir forma de ley a las honras rituales tributadas a los dos líderes políticos[52], como para dictar leyes que perjudiquen a determinados opositores.

3.4. Ajuste

En el fondo, todas las medidas de control político tendían a un mayor ajuste y unificación del sistema político. A continuación se analizará más en detalle un aspecto de este proceso global de ajuste, que al mismo tiempo constituyó el equivalente institucional de los cambios en el material humano descriptos en el inciso anterior. Nos referimos a la creciente jerarquización y centralización de la organización gubernamental.

El primer paso en esta dirección estuvo a cargo del gobierno militar, el cual poco después de la revolución de junio de 1943 creó una serie de organismos estatales de coordinación, los llamados «consejos».[53] La misión de los consejos consistía, en permitir una mayor permeabilidad de información entre los diversos ministerios y en lograr que éstos coordinaran sus medidas y sus decisiones. Para eso se les concedía, por lo general, derecho a recabar información y a intervenir en la acción de las distintas secretarías de Estado. Uno de los más importantes y conocidos fue el Consejo Nacional de Posguerra[54], para cuya creación se alegó la necesidad de adoptar una concepción política y una orientación coherentes, ante las lógicas dificultades de posguerra. Dada su importancia política se le colocó bajo la directa supervisión del vicepresidente de la República. La mayoría de los consejos incluidos en el plan de organización del gobierno peronista, a partir de 1946, fueron estructurados sobre el modelo de ese Consejo de Posguerra. A diferencia de las anteriores instituciones, no tenían obligación de mantener informado al Congreso acerca de sus actividades.[55] Estaban exclusivamente al servicio de los intereses del Ejecutivo. Dentro del Ejecutivo, a su vez, contribuían a aumentar el poder del Presidente, puesto que limitaban la competencia de los ministerios y sometían su actividad a un control más o menos directo por parte de la presidencia.

La organización y la función de los consejos nos permite entrever los caminos escogidos por Perón para alcanzar una jerarquización y la centralización institucional del aparato gubernamental. Por un lado fue desligando paulatinamente del Congreso a los ministerios, de modo tal que acabaron por quedar sometidos a sus órdenes y a su supervisión. Por otro lado, amplió en forma continua y sistemática las competencias de la presidencia, la cual fue arrebatando poco a poco a los ministerios todas las funciones políticas importantes.

En lo que respecta al primer objetivo parcial, la limitación de la responsabilidad de los ministerios ante el Parlamento, Perón avanzó un buen trecho en su consecución gracias a la reforma constitucional de 1949. La constitución reformada contenía una disposición que autorizaba a los ministerios a presentar un informe escrito a las cámaras, en lugar de la rendición personal de cuentas habitual hasta entonces.[56] Con todo, la Ley de Ministerios promulgada poco después contenía aún una disposición según la cual cada ministro debía representar a su cartera ante el Poder Legislativo.[57] Más tarde se suprimió hasta esa concesión —por lo menos de forma— a la responsabilidad de los ministros ante el Parlamento. Según la Ley de Ministerios de 1954, el Congreso apenas si tenía alguna posibilidad de ejercer cierta influencia sobre la actividad de los ministros y de controlarla. Los ministros dependían casi exclusivamente del Presidente de la República, es decir, de la voluntad y las directivas de Perón.[58]

Ya inmediatamente después del golpe militar de junio de 1943 se advirtieron los primeros indicios de una ampliación de facultades de la presidencia, cuando se creó un servicio de prensa e información directamente dependiente del Presidente de la República, quien hasta ese momento había atendido sus tareas por conducto de los ministerios. En los considerandos de esa medida se señalaba, entre otras cosas que «… para lograr la debida unidad de acción en las iniciativas de gobierno organizadas en los distintos ministerios, es necesario que un órgano bajo la dependencia directa del Poder Ejecutivo conozca la labor desarrollada por aquéllos, a los fines de la permanente información del Presidente de la Nación».[59] El plan de organización del gobierno, entre 1947 y 1951, contenía ya una serie de esas reparticiones dependientes de la presidencia, llamadas secretarías.[60] No sería muy errado suponer que, además de sus funciones oficiales de información, estos organismos cumplían importantes tareas políticas de orientación y supervisión. Con posterioridad a 1950 estas últimas funciones fueron pasando cada vez más a primer plano. Las secretarías fueron cobrando importancia en la misma medida que los ministerios perdían peso político. En las postrimerías del régimen, los secretarios habían ocupado el antiguo lugar de los ministros, como asesores del Presidente a quien asistían en la toma de decisiones. Se habían hecho cargo de los importantes derechos y competencias de los ministros, mientras que éstos habían quedado relegados a la condición de informantes administrativos.

Esta nueva distribución de funciones y trabajo, con la cual culminó un proceso de cambio institucional de unos 10 años de duración, fue sancionada por la Ley de Ministerios de 1954. Esta ley también es digna de mención por ser una de las pocas que hace referencia directa a la doctrina peronista. Como ésta, establece una distinción entre conducción central y ejecución descentralizada.[61] La conducción política, es decir el gobierno propiamente dicho, debía quedar reservado al consejo de gobierno integrado por el Presidente de la República y los titulares de las secretarías bajo su dependencia directa. El consejo de gobierno deliberaba sobre los temas políticos decisivos, adoptaba las resoluciones políticas de importancia. La coordinación de las medidas para la ejecución de esas decisiones quedaba en manos de un cuerpo mucho más amplio, el consejo de gabinete, en el cual estaban representados todos los órganos estatales de segundo orden. Entre ellos figuraban, entre otros, los ministros, quienes por ley estaban obligados a colaborar con el Presidente en el ejercicio de sus deberes. En lugar de «competencias» se les otorgaban ahora «funciones»; en lugar de «conducir» y «decidir» debían «informar» y «ejecutar».

El proceso de trasformación institucional expuesto aquí en el ejemplo de los ministerios, no se limitó al ámbito del gobierno sino que se extendió a toda la administración pública. Hacia 1954, ésta constituía una organización centralizada con una rígida estructura jerárquica, cuyas partes dependían en forma directa y exclusiva de la cúspide del gobierno. Incluso las reparticiones creadas en los comienzos del gobierno peronista y dotadas por ese entonces de una considerable autonomía, habían perdido su independencia y se habían convertido en partes de estructuras burocráticas más amplias. Las provincias, bastante autónomas por tradición, formaban también parte del complejo estatal sometido a la conducción central, de la misma manera que la justicia o algunos de los organismos económicos claves del país. Perón había logrado colocar al Estado y a amplios sectores de la sociedad bajo su dependencia y los había convertido en eficaz instrumento de su afán de dominio. Esto nos obliga a formular un interrogante: ¿qué perseguía con la instrumentalización del sistema político, al margen de la satisfacción de sus ambiciones de poder? ¿Qué objetivos sociales y políticos perseguía con la subordinación, la depuración y el ajuste de Estado y sociedad?

4. Realizaciones del régimen

4.1. Realización como superación de una crisis

La literatura sobre el peronismo aparecida hasta ahora hace extremadamente difícil la formulación de un juicio ponderado y bien fundado acerca de las realizaciones del régimen. Junto a las indiscriminadas y entusiastas manifestaciones de aprobación a las medidas de Perón, que dejan oír sus antiguos y nuevos partidarios, nos encontramos con juicios críticos, a veces aplastantes, de sus opositores, respecto a los errores de su política.[62] En las páginas que siguen no nos detendremos a analizar esta polémica, a veces muy enconada, sino que encararemos el problema de los méritos políticos de Perón desde el punto de vista de un concepto de las funciones políticas desarrollado en teoría política: el esquema Almond-Pye de las crisis nacionales. Las realizaciones del gobierno peronista se medirán en función de las soluciones que aportaron a los problemas nacionales expuestos en el capítulo anterior. De modo que realización política será sinónimo de aporte de los organismos estatales a la solución de las crisis nacionales.

La principal dificultad estriba en formular un juicio objetivo acerca de la contribución de Perón a la solución de la crisis de identidad. Porgue, a diferencia de lo que ocurre en otros aspectos críticos, carecemos aquí de datos y éxitos evaluables, de modo que el investigador queda librado a la simple valoración de sus impresiones y experiencias personales. Y, sin embargo, Perón concedió justamente a este problema una atención muy especial. Por eso formularemos, al menos, algunas breves observaciones acerca de sus esfuerzos en este terreno.

Como respuesta a la crisis de legitimidad se analizarán sobre todo aquellas medidas suyas que dieron al sistema político una nueva función y nueva dimensión social, al desligarlo de algunos, grupos privilegiados y colocarlo al servicio de sectores más amplios de la población y favorecer el desarrollo integral de la sociedad. Las crisis de distribución y de participación se tratarán teniendo en cuenta el aporte de Perón a la movilización política de las clases bajas. Finalmente se considerarán como reacción a la crisis de dependencia aquellas medidas con la cuales el gobierno contribuyó a una mayor independencia de la economía y al desarrollo de una industria nacional.

4.2. Proyecto de identidad

La génesis de su ideología, el Justicialismo[63], nos permite entrever hasta qué punto Perón concedía importancia a la difusión de una conciencia nacional generalizada. Mucho antes de poder brindar datos precisos acerca del contenido de esa ideología, Perón ya tenía ideas muy claras acerca de la función que ella desempeñaría[64]: la de brindar a todos los argentinos una orientación común, la misma manera de pensar y de sentir.

La ideología de Perón ha sido objeto de múltiples críticas. Entre otras cosas se ha señalado su falta de originalidad, su trivialidad y su escaso vuelo.[65] Pero esas críticas han pasado por alto el hecho de que para cumplir su función creadora de identidad, era conveniente y hasta necesario que las declaraciones fueran un tanto imprecisas y generales. Perón evitó a conciencia toda dogmatización de su doctrina y procuró hacer desaparecer, dentro de lo posible, las antinomias ideológicas existentes para alcanzar un amplio consenso acerca de los deberes y objetivos nacionales. Dos fueron los problemas cuya solución más le interesó: por un lado el replanteamiento de la posición, la misión y la responsabilidad de la Argentina dentro del contexto internacional; por otro lado, el despertar un sentimiento de identidad nacional en los estratos sociales más bajos.

Para replantear el rol de la Argentina en el marco internacional, Perón desarrolló, después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de la Tercera Posición. Pretendía haber encontrado así una ubicación intermedia entre las ideologías idealistas e individualistas por un lado y las materialistas y colectivistas por otro.[66] Esta propuesta surgió como resultado del comienzo de una tensión política entre los EE.UU. y la Unión Soviética. Perón se dispuso a continuar la tradicional política argentina de no alineación y la Tercera Posición le sirvió de justificativo ideológico. En 1947 y 1948, cuando se encontraba en la cúspide de su poder, tanto en la política interior como en la exterior, sus enviados a las conferencias internacionales alcanzaron repetidos éxitos al constituirse en paladines de los países subdesarrollados, casi sin representación en los dos bloques de grandes potencias.[67] Sin embargo, Perón no se mantuvo demasiado tiempo en esa «tercera posición». Hacia 1950 se fue plegando cada vez más a la política exterior de los EE.UU. y a partir de entonces, la doctrina sólo estuvo al servicio de objetivos de integración en la política interna.[68]

Existía una estrecha relación entre el intento de Perón por acrecentar el prestigio internacional de la Argentina y el segundo objetivo perseguido por su doctrina: el de proporcionar a las clases bajas el sentimiento de pertenencia a una nación y un orgullo nacional. Pues —como lo ha demostrado R. Bendix en el ejemplo de Inglaterra— es tanto más fácil despertar en los estratos bajos de la población la conciencia de nación y el sentimiento de responsabilidad nacional, cuanto más poderoso y respetado es un país.[69] Al destacar continuamente en sus discursos la admiración que despertaban en otros países los logros culturales, sociales y políticos de la Argentina, Perón perseguía la indudable finalidad de colmar a las clases bajas de orgullo nacional, para que éstas se reconciliaran en parte con su situación material.[70] La campaña de adoctrinamiento llevada a cabo por él con gran perseverancia e intensidad tenía por objeto adelantarse a la campaña ideológica dirigida desde Moscú, y ofrecer a la masa trabajadora argentina una propuesta nacional para la solución de sus problemas.

Sin duda Perón sobrestimó la fuerza de irradiación de su doctrina y la originalidad del contenido de ésta. Con todo, es imposible negar que sus esfuerzos por renovar la identidad nacional tienen ciento mérito y alcanzaron un limitado éxito. Su mérito consiste en que en una etapa muy temprana del proceso internacional de descolonización reconoció y formuló con bastante claridad los problemas más importantes y los principales objetivos de los países menos desarrollados.[71] Puede afirmarse que sus esfuerzos no fueron vanos ya que desde su gobierno, las corrientes revolucionarias dentro del movimiento obrero argentino sólo han desempeñado un papel secundario, mientras que la gran mayoría de los trabajadores aceptan a su país y a las estructuras sociales del mismo como marco de sus aspiraciones reformistas.

4.3. Planificación del desarrollo

El aporte de Perón a la superación de la crisis de legitimidad consistió en devolver al sistema político su posición y función central en la sociedad, al lograr que dejara de ser exclusividad de una minoría privilegiada y al colocar sus recursos a disposición de estratos de la población hasta entonces olvidados. Y aquí llegamos a uno de los motivos principales del intenso control político ejercido sobre la sociedad por las instancias estatales. El desplazamiento del centro de gravedad de las funciones y prestaciones estatales no fue aceptado sin resistencias por los sectores que veían así amenazados sus privilegios, de modo que los cambios debieron imponerse más de una vez por la fuerza. El desplazamiento de funciones del sistema político se vio complementado por una ampliación de esas funciones. Bajo la conducción de Perón el Estado se hizo cargo, en una medida más intensiva que hasta entonces, de la orientación y dirección de las fuerzas sociales y hasta las suplantó cuando determinadas tareas económicas, sociales y culturales clave no eran cumplidas a total satisfacción/por éstas. El Estado se convirtió en planificador y promotor del desarrollo nacional en todos los aspectos esenciales.

Los conceptos de planificación y promoción del desarrollo no deben ser aplicados, por cierto, con demasiada rigurosidad al sistema peronista. El peronismo no era una dictadura desarrollista al estilo de la dictadura progresiva de Nasser en Egipto. Todo lo contrario: la política de Perón estaba esencialmente determinada por la idea de que el Estado debía prevenir los cambios sociales demasiado abruptos y, en caso necesario, hasta impedirlos. Era una política que se ponía al servicio de un orden estable, de un equilibrio de las fuerzas sociales. Pocas medidas de Perón contenían un componente antitradicionalista, que apuntara hacia un apresurado cambio social. Por lo común, tendían a restablecer, perfeccionar o continuar el desarrollo de condiciones estructurales preexistentes. Aun en aquellas medidas que más revolucionarias y demagógicas parecen, no es difícil reconocer una tendencia fundamental conservadora en la fijación de objetivos y aun en los procedimientos. No debemos pasar por alto tal tendencia al analizar las medidas reformatorias del régimen. Ella constituyó también —por lo menos hasta 1950— el marco dentro del cual se desarrollaron los esfuerzos de Perón y sus colaboradores políticos en procura de la reorganización del Estado y la sociedad.

Estos esfuerzos tropezaron contra un escollo inmanente: faltaban informaciones completas y dignas de crédito acerca de la situación nacional. El material estadístico existente era en parte incompleto y, en parte, perimido.[72] Por ejemplo, no había datos demográficos precisos; no se podía tener una idea clara acerca del número de pobladores y de su distribución. Uno de los grandes méritos del régimen consiste en haber llenado este claro. Poco después del golpe militar de 1943 se inició, bajo la dirección del gobierno, un amplio proceso de recopilación y elaboración de datos estadísticos. Uno de los organismos consagrados a este relévamiento fue el ya mencionado Consejo Nacional de Posguerra.[73] Sus integrantes y una serie de especialistas incorporados con ese fin, constituyeron numerosas comisiones que efectuaron el inventario de diversos aspectos de la vida de la nación y consagraron especial atención a los problemas económicos y sociales. Motivos similares inspiraron, en 1944, la creación de un organismo dedicado a estadísticas y a censos de población: el Consejo de Estadística y Censo. Esta repartición dependía del Ministerio Técnico, el cual también estaba consagrado a la recopilación y elaboración de datos estadísticos.[74] El interés del Estado en el conocimiento y control de las situaciones sociales surge también del considerable número de registros creados durante los primeros años del régimen. Su cifra ascendió, por ejemplo, en forma vertiginosa en el año 1944.[75]

La plétora de iniciativas en el terreno estadístico y la importancia de los organismos encargados de concretarlas permite apreciar hasta qué punto aspiraba el gobierno a lograr un conocimiento, lo más rápido y profundo posible, de la situación nacional: No se tiene seguridad, en cambio, de que esos esfuerzos hayan deparado los éxitos inmediatos que se aguardaban. En 1946, Perón debió admitir ante el Parlamento, que las reparticiones consagradas a las estadísticas no habían producido aún los frutos esperados.[76] Sin embargo, esas dificultades y deficiencias iniciales parecerían haber sido superadas más tarde, y no menoscaban el gran mérito del régimen en lo que respecta a la investigación y registro de importantes aspectos de la vida del país. Por ejemplo: a él le debemos el amplio conocimiento que hoy se tiene de la evolución económica y, sobre todo, industrial de la Argentina entre 1935 y 1955, lo mismo que la realización de un censo de población —el primero desde 1914—, el cual, dada las migraciones internas iniciadas a partir de 1930, revistió particular importancia.[77]

La recopilación de material estadístico acerca de la situación del país fue un requisito indispensable para la intervención del Estado en la evolución social. Esta acción se cumplió, en especial, a través de los llamados Planes Quinquenales.[78] El primer plan abarcó el período comprendido entre 1947 y 1951; el segundo plan, que entro en vigor a comienzos de 1953, debía prolongarse hasta 1957. En realidad, la designación de plan es excesivamente ambiciosa para el Primer Plan Quinquenal, pues no se trata de un conjunto homogéneo de medidas para encauzar la Nación hacia el futuro sino de una suma de proyectos independientes entre sí y vinculados con los ámbitos más diversos. En pocos casos se fijaban prioridades en el logro de objetivos y en la inversión de fondos.[79] Además, muchas veces la propuesta de reforma se limitaba a un nuevo enfoque organizatorio de la materia en cuestión. Si a todo eso se suma la falta de cálculos detenidos sobre plazos y financiaciones[80] y la insuficiente delimitación de las responsabilidades por la concreción de las diferentes partes del plan, debemos considerar a éste como un rudimento de planificación sistemática. Si bien es cierto que dio lugar a algunas necesarias rectificaciones de las estructuras heredadas y proporcionó numerosas pautas decisivas para la orientación del futuro desarrollo nacional, no impuso una dirección clara a ese desarrollo y no armonizó los proyectos parciales en función de un objetivo principal, de varios objetivos principales. Por otra parte, sólo pocas de las reformas presentadas al Congreso en forma de proyectos de ley llegaron a ser promulgadas, las restantes fueron rechazadas o retiradas por el Ejecutivo.[81]

El Segundo Plan Quinquenal, en cambio, fue presentado por el Ejecutivo como un único proyecto de ley, que las cámaras aprobaron.[82] La diligencia con que el gobierno lo difundió y los medios propagandísticos a que recurrió para su promoción fueron muy superiores a los que mereció el Primer Plan Quinquenal, pues la intención era que este nuevo plan sirviera de hilo conductor para la acción pública y privada en el trascurso del siguiente lustro. Realmente había sido considerablemente perfeccionado si se lo compara con el anterior. En primer lugar, se caracterizaba por una mayor coherencia de las distintas partes y por una mejor armonización de éstas. Permitía reconocer claras prioridades entre los objetivos perseguidos por el gobierno.[83] Las modificaciones puramente organizatorias, que ocupaban gran parte del I Plan Quinquenal, sólo desempeñaban en éste un papel secundario. En su lugar aparecían detallados proyectos de desarrollo, que incluían los fondos a emplear, los costos y la fijación e responsabilidades por su concreción.[84] La crisis económica que afectó al país entre 1950 y 1952 había demostrado con toda claridad al gobierno las debilidades de su difusa estrategia de planificación; por eso empleaba ahora sus recursos de apoyo en forma más precisa y concentrada. El Segundo Plan Quinquenal fue, en cierto modo, el resultado de un proceso de maduración interna del peronismo. Permitía reconocer una mayor comprensión de los problemas de desarrollo del país por parte del gobierno y una visión más aguda de las posibilidades de resolver esos problemas.

Dejando de lado determinadas debilidades técnicas, los planes quinquenales figuran entre los logros más importantes del régimen. La importancia de tal logro sólo se apreciará debidamente si se tiene en cuenta que por ese entonces se tenía bastante poca experiencia en materia de planificación del desarrollo de la sociedad en su conjunto. Si bien es cierto que antes de la Segunda Guerra Mundial ya había existido un plan sexenal mejicano, en 1933; un plan quinquenal turco, en 1934 y los célebres planes quinquenales de Stalin[85], los planes económicos y sociales sólo se convirtieron en reconocidos instrumentos de la política de desarrollo hacia fines de la década del 40. Perón tiene el mérito de haber sido uno de los primeros estadistas del Tercer Mundo que reconocieron la importancia de tal instrumento y lo utilizaron en beneficio de su país.

4.4. Movilización de las capas bajas

Otro de los importantes méritos de Perón reside en la serie de medidas adoptadas por su gobierno para conjurar la crisis de distribución. Como ya lo hemos señalado, el abismo entre ricos y pobres, entre la clase media y la alta, por un lado, y los estratos más bajos, por otro, había asumido proporciones alarmantes hacia fines de la Segunda Guerra Mundial. Todo observador atento, comprendía que sólo era una cuestión de tiempo: tarde o temprano esa evolución terminaría en una violenta reacción de las capas bajas. El pensamiento de Perón estaba prácticamente dominado por la idea de una revolución muy próxima.[86] Por iniciativa suya, a partir de 1944 el gobierno militar se convirtió en portavoz y defensor de la clase obrera. Su gobierno prosiguió en forma consecuente la política de reformas sociales hasta el año 1949, aproximadamente. A partir de ese momento se fue distanciando de los trabajadores.

La actitud favorable al obrero adoptada por el gobierno se puso de manifiesto en una multitud de medidas y leyes, de las cuales sólo mencionaremos aquí algunas de las más importantes.[87] Entre ellas figuraron, por ejemplo, la creación de escuelas profesionales para obreros, la creación de un Ministerio de Trabajo y de tribunales del trabajo.[88] Por primera vez se contaba con organismos estatales a los cuales el obrero podía volverse en caso de conflictos tarifarios o de cualquier otra índole, en la seguridad de encontrar comprensión para sus problemas y preocupaciones. Muchas de las leyes existentes proporcionaban una protección muy insuficiente al trabajador, de modo que el Ministerio de Trabajo las complementó y hasta las suplantó en muchos casos por los llamados Estatutos. Se trataba de reglamentos elaborados por comisiones tarifarias integradas por empleados y empleadores, en las cuales se fijaban con carácter obligatorio las condiciones de trabajo que debían imperar en la correspondiente rama laboral.[89] Estos Estatutos proporcionaron, por primera vez, a muchos trabajadores el derecho a una protección contra accidentes y contra enfermedad, a vacaciones pagas y a la jubilación.

Pero las reformas sociales no se limitaron a la parte activa de los estratos inferiores, sino que se extendieron a todos los sectores más pobres de la población, es decir, también a los grupos pasivos. Con el fin de mantener el nivel de vida existente y, en lo posible, mejorarlo, el gobierno dictaba continuamente decretos en defensa del consumidor. Como ejemplo pueden citarse las disposiciones que fijaban precios tope para los productos alimenticios de primera necesidad, el congelamiento de los alquileres dispuesto en la Capital Federal o las drásticas medidas adoptadas contra los especuladores y los agiotistas. La disposición del gobierno para apoyar a los sectores más pobres de la población se manifiesta también en el amplio sistema de instituciones de protección y previsión creado por él. Así, por ejemplo, el Ministerio de Bienestar Social incluía una dirección de asistencia al menor y de formación profesional de menores, y departamentos consagrados a la protección de los inquilinos, de los desocupados, a los problemas de seguros y jubilaciones, de capital en manos de los trabajadores, etc.[90] Además de las instituciones estatales había varias organizaciones asistenciales semiestatales, también a disposición de grupos y personas de ingresos bajos. Entre ellas se destacó la Fundación Eva Perón, dirigida por Eva Duarte de Perón.[91] La fundación disponía de considerable capital y financiaba proyectos sociales de la más diversa naturaleza, desde hospitales, escuelas, colonias infantiles y de vacaciones, hasta ayuda en caso de catástrofes y campaña contra enfermedades epidémicas.

El éxito más importante de las medidas mencionadas fue sin duda el mejoramiento de la situación material de los estratos más bajos de la población, pues liberaron a una gran parte de los obreros de su diaria lucha por el mínimo necesario para la existencia. Es verdad que no les aseguraron el bienestar ni los liberaron de sus preocupaciones, pero al menos les otorgaron una cierta seguridad material, una protección contra riesgos y necesidades de las cuales habían carecido hasta ese momento. Y aun dejando de lado estos provechos materiales está el valor simbólico de la actitud de simpatía hacia la clase trabajadora exhibida por el gobierno, un valor que no podemos pasar por alto. Tal actitud fue el resultado de un hecho trascendental: por primera vez, el Estado tomaba en cuenta la existencia de una clase trabajadora nacional y reconocía la legitimidad de sus exigencias. El interés del gobierno por los problemas de los estratos sociales más bajos motivó un progresivo cambio de actitud de estas clases respecto al Estado y sus representantes. Así como hasta ese momento éstos habían sido para ellos la encarnación de los grupos dominantes en el terreno social y económico, ahora se imponía cada vez más la idea de que las instancias estatales podían ser receptivas ante las demandas de la clase trabajadora. Así como hasta ese momento los obreros no veían la posibilidad de participar en el proceso político, ahora comprobaban que sus ideas y aspiraciones ejercían una influencia decisiva sobre la acción del gobierno. La estrecha relación entre la clase trabajadora y el gobierno despertó y estimuló el deseo de los obreros de participar en las decisiones políticas, provocó su movilización política.[92]

Ésta se manifestó en diversas formas. Uno de los más simples y claros indicios del flamante interés de las capas bajas en el acontecer político es su creciente participación en las elecciones. En las elecciones de 1946 intervino un 15 % más de votantes que en las de 1938.[93] Las elecciones tuvieron como resultado un ajustado triunfo del partido de Perón, el partido laborista, apoyado por los sindicatos. Con el ingreso de este partido al Congreso, por primera vez formaron parte de éste buen número de obreros y pequeños empleados. Y dado que la mayoría de ellos provenían de grupos de población llegados al país después de 1890, esto produjo también un rejuvenecimiento del Congreso.[94] Un proceso de renovación similar tuvo lugar en toda la administración pública; incluso en los cargos más altos. El aumento del poder político de los estratos inferiores queda también demostrado por la expansión de los sindicatos. Durante los primeros años que siguieron a la revolución de junio de 1943 aumentó en primer lugar la cantidad de organizaciones laborales.[95] A partir de 1947 creció también en forma brusca el número de afiliados. Primero pasó de 500.000 a 1.500.000, y hacia 1950 alcanzó su nivel más alto, con unos cinco millones.[96] Finalmente cabría mencionar, como expresión del interés de la clase baja por el acontecer político, las demostraciones políticas masivas, una forma de exhibición de poder introducida por Perón en la política argentina, que otorgó a su gobierno un sello inconfundible.

A pesar del impulso decisivo conferido por Perón a la movilización de los estratos inferiores, su actitud personal respecto al proceso que él mismo había puesto en marcha fue extremadamente ambivalente. Por un lado continuó estimulándolo mediante una serie de reformas políticas: introdujo el voto femenino[97], incluyó el derecho de reunión en la Constitución Argentina; suprimió el sistema de compromisarios y dejó establecido que el Presidente de la República y los senadores serían elegidos por el pueblo en voto directo.[98] Pero, por otro lado, era su firme intención contener la movilización del pueblo y encauzarla por canales de dominio autoritario, en los cuales iría perdiendo su vigor.[99] Y así como, por un lado, favorecía la mayor participación de amplias masas de la población en el acontecer político y destinaba a ellos los necesarios medios financieros y organizatorios, así también desplazaba en forma sistemática a los dirigentes[100], poniendo freno a todo serio intento de emancipación política.

Si arrojamos una mirada a la doctrina peronista, teniendo en mente esta conducta ambivalente, comprobaremos que la idea de la movilización política se destaca en ella como un cuerpo extraño. En líneas generales, la tónica está puesta, de manera muy evidente, sobre los principios del orden, la organización y la representación. Cuando el pueblo desempeña algún papel en ella, su voluntad se reconoce como soberana; pero, al mismo tiempo, se subraya la necesidad de organizado, educarlo, capacitarlo y conducirlo.[101] Por eso parece justificado concluir que la movilización política de la masa del pueblo fue para Perón un componente necesario de su plan político, pero también un componente sustituible.

Con esto queda definida, al mismo tiempo, la posición adoptada por Perón respecto a la crisis de participación. Su interés principal se concentraba en las reformas sociales, es decir en la crisis de distribución, mientras que las demandas de corresponsabilidad política expresadas por las capas bajas le inspiraban una actitud escéptica y hasta denegatoria. Casi podría afirmarse que concedió gran atención a los problemas de la justa distribución de bienes para adelantarse al reclamo de una mayor participación política por parte de la clase obrera; lo que hacía era ofrecerle la solución de la crisis de distribución como compensación de su negativa a permitirles intervenir en el proceso de toma de decisiones políticas.[102]

Los gobiernos que siguieron a Perón adoptaron una estrategia política diferente respecto a los estratos más pobres. No estaban dispuestos a hacerles concesiones materiales tan grandes como las que les había hecho Perón y, por consiguiente, no pudieron evitar que la clase trabajadora se pusiera a la defensiva y asumiera una actitud política más activa. En lo que respecta a las consecuencias a largo plazo de la estrategia plebiscitaria de Perón, se observa una paulatina inversión de la relación entre progreso material y activación política de las capas bajas que él persiguió. La situación económica de la clase trabajadora no ha mejorado desde 1955 y más bien ha tendido a empeorar, en cambio su posición política como factor de poder decisivo se ha confirmado y hasta se ha consolidado. Por eso puede considerarse que uno de los logros perdurables del gobierno peronista es su aporte a la solución de la crisis de participación mientras que la solución de los problemas materiales de la clase baja se alcanzó en una medida mucho menor de lo que Perón aspiraba.

4.5. Tentativas de independencia económica

Además de las medidas tendientes a resolver las crisis de identidad, de legitimidad y de distribución, el gobierno peronista adoptó providencias en lo referente a la problemática de dependencia. Ahora bien, si se las compara con el celo y la concentración demostrados al combatir las otras crisis, veremos que estas iniciativas fueron relativamente superficiales y poco sistemáticas. Y eso a pesar de que en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, las condiciones eran en extremo favorables para aflojar los lazos de dependencia respecto a las naciones económicamente más desarrolladas.[103] Por un lado, el país se encontraba en una situación financiera excepcionalmente buena y, por otro lado, se estaba agudizando la rivalidad entre las dos potencias económicas que lo dominaban: Gran Bretaña y los EE. UU. Sin embargo, Perón no aprovechó debidamente la oportunidad que se le presentaba de lograr una mayor libertad de movimiento. Al terminar su gobierno, el país apenas si tenía algo más de independencia que en 1943, respecto a las decisiones financieras y económicas de sus socios más importantes. A pesar de los magros resultados que obtuvo su gobierno en lo que a la superación de la crisis de dependencia se refiere, debemos reconocer que esta crisis fue encarada por primera vez entre 1943 y 1955, por parte del Estado, y que de ese período datan algunos intentos de solución a largo plazo.

Para comprender la actitud cauta, casi defensiva, asumida por la política económica peronista —a pesar de sus lemas progresistas y a veces agresivos— fes preciso tener en cuenta no sólo la situación financiera del país hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, sino también su situación económica y social en general. La guerra había absorbido la potencia económica de los principales países socios de la Argentina y había arrastrado a ésta a un desarrollo incontrolado de sus estructuras económicas y sociales. En primer lugar, el cambio de condiciones repercutió en la industria nacional, la cual, liberada de la presión de la competencia extranjera, adquirió notable impulso. Una repentina recesión habría acarreado consecuencias muy graves para el nivel de ocupación del Gran Buenos Aires y del Litoral, zonas en las cuales se concentraban las industrias, y eso habría incidido en la estabilidad social y política de todo el país.[104] Y dadas las experiencias de la Primera Guerra Mundial, era muy probable que se produjera esa recesión una vez terminado el conflicto bélico. La paz mundial, que llegaría tarde o temprano, significaba para la Argentina el peligro de una repentina desocupación y de un brusco aumento de la inflación. Es preciso tener en cuenta estos factores al juzgar la política económica de Perón. Perón o el gobierno militar no se veían enfrentados al problema de apresurar mediante un estímulo estatal el desarrollo industrial de un país atrasado, que dependía de la importación de productos manufacturados. La tendencia expansiva ya estaba en marcha, impulsada por la iniciativa de las fuerzas sociales. Desde el punto de vista gubernamental, lo urgente era asegurar y consolidar el nivel de desarrollo ya alcanzado, y corregir las tensiones sociales surgidas de un crecimiento económico rápido, no planificado.[105] Por eso, entre las primeras medidas económicas del régimen predominan aquellas tendientes a brindar un mayor apoyo y a imponer un mayor control estatal a los diversos sectores de la economía. Sólo en una fase ulterior se aplican cada vez más los recursos estatales al fomento de determinadas ramas de la producción.

En un análisis más detenido, se reconocen tres áreas sobre las cuales concentra el gobierno sus medidas contra la crisis de dependencia: intensificó el control estatal sobre las transacciones económicas y financieras de todo tipo; canceló toda la deuda exterior, compró a las compañías extranjeras algunas empresas muy importantes del sector de servicios y declaró propiedad del Estado todas las riquezas del subsuelo; finalmente, dictó varias leyes de protección y estímulo a la industria nacional.

Dentro del primer paquete de medidas, una de las más importantes es la estatización del Banco Central, dispuesta en el año 1946.[106] Dicho banco, fundado a comienzos de la década del 30, estaba hasta entonces en manos de compañías privadas, que en su mayoría representaban a intereses extranjeros. Por medio de su estatización y la ampliación de sus obligaciones y competencias, dispuesta poco después, el gobierno se aseguró un amplio control de la moneda y de los créditos. Un objetivo similar persiguió la creación del I. A. P. I., organismo a cargo de la exportación de cereales.[107] Hasta su aparición, el lucrativo negocio había estado en manos de algunas compañías privadas; ahora lo monopolizaba el Estado, que de esa manera tenía la posibilidad de disponer de gran parte de las divisas que entraban al país.

Más espectaculares y también más populares que las medidas financieras, fueron las decisiones adoptadas por el gobierno para dar cumplimiento al segundo punto de su programa de autarquía. Así por ejemplo, en 1947 Perón pudo señalar, lleno de orgullo, que la Argentina por primera vez no tenía deudas con ningún otro país y hasta figuraba entre las pocas naciones que en la difícil situación de posguerra estaban en condiciones de apoyar a otros países con créditos. También entre 1946 y 1947, el gobierno adquirió a sociedades de capital extranjero empresas de servicios públicos clave como el teléfono y los ferrocarriles.[108] La compra de los ferrocarriles, que eran de propiedad británica, fue una operación muy prolongada y objeto de enconadas polémicas públicas por sus altos costos. Perón no se dejó amedrentar por las críticas —algunas de ellas muy violentas— al convenio y lo expuso a la población como uno de los grandes logros de su gobierno, logro que fue convenientemente destacado, poco después, al celebrarse la independencia económica argentina, y luego aprovechado con fines propagandísticos.[109] Otra prueba del deseo del gobierno de limitar la influencia de las empresas extranjeras, fue la decisión, incluida en la Constitución de 1949, de que las riquezas del subsuelo fueran de exclusiva propiedad del Estado y no pudieran ser entregadas a manos privadas para su explotación.

La más importante de las iniciativas de Perón en materia de política económica, y la que más éxito a largo plazo prometía, fue el conjunto de medidas para fomento y protección de la industria nacional. Si bien es cierto que con ellas el gobierno no hacía más que confirmar un proceso iniciado ya por sectores privados, sin ayuda estatal, los dirigentes políticos anteriores a Perón no habían tomado conocimiento de tal proceso, pese a que éste había comenzado mucho antes de que aquél accediera al poder. Durante el gobierno de Perón, el Estado adoptó por primera vez medidas que demostraban su determinación y su interés por liberar al país de su dependencia respecto a las naciones altamente industrializadas. Por ejemplo, se creó la Secretaría de Industria y Comercio[110], mientras que hasta ese momento todos los problemas económicos —y por consiguiente también los industriales— habían sido atendidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El gobierno confió a un banco el otorgamiento de créditos a largo plazo a las empresas industriales y dictó varias leyes de protección a la industria nacional contra la competencia extranjera.[111] Por momentos, el propio Estado se convertía en empresario. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de la industria metalúrgica, en cuyo desarrollo intervino a través de las llamadas sociedades mixtas. Otro ejemplo de este papel del gobierno fue la Dinie, complejo industrial que pasó a manos del Estado al confiscarse la propiedad alemana cerca de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pero la participación estatal en el desarrollo de una industria pesada nacional en forma tan intensiva, no duró mucho. Al comenzar el segundo período electivo, Perón inició una revisión de su política económica. El cambio que se produjo en ésta, se ajustó a la nueva orientación de su gobierno, que afectó también a los restantes sectores críticos.

4.6. Tendencias de retroceso

La mayoría de las medidas de gobierno tendientes a conjurar las crisis nacionales se producen entre los años 1944 y 1949. En ese lapso, las reparticiones estatales fueron ampliando en forma sistemática su campo de acción al penetrar trasformando y ordenando en los más diversos sectores de la sociedad. Al considerar en forma conjunta y proporcionar un tratamiento uniforme a todos estos sectores, obligaron a las fuerzas sociales a llegar al entendimiento y a la cooperación. Crearon, a la vez, una presión de solidaridad que si bien no hizo desaparecer los tradicionales antagonismos sociales, los ocultó y los desplazó a segundo plano. Esta política de consolidación e integración nacional alcanzó su culminación en los años 1948 y 1949, con la reforma constitucional y la publicación de algunas leyes que también ponían de manifiesto la voluntad de intervención y ordenamiento del Estado. A partir de entonces se inicia una tendencia retrógrada. Al comienzo, el gobierno abandonó con cautela y vacilaciones los principios que hasta entonces habían determinado su proceder; pero a partir de 1952, el alejamiento fue abierto y sin disimulo. A continuación trazaremos un breve bosquejo del mismo, en función de las tres crisis más importantes: la de dependencia, la de distribución y la de legitimidad.

El cambio de política fue particularmente llamativo en el terreno económico. En él se estableció una verdadera contradicción entre las ideas rectoras del Perón de los primeros tiempos y las medidas adoptadas por él en las postrimerías de su gobierno. Hasta 1949, el Estado había constituido la fuerza motriz del progreso económico; a partir de 1952, Perón manifestó en repetidas oportunidades que el Estado no era empresario y, por consiguiente, no debía competir con la empresa privada.[112] Las noticias periodísticas que anuncian el traspaso de empresas estatales a manos privadas permiten comprobar la seriedad con que había adoptado este punto de vista.[113] El cambio de actitud del gobierno en este terreno se evidencia también de sus múltiples llamamientos a la libre iniciativa empresaria. El plan provisional de 1952 contiene un apartado en el cual se promete reinstaurar el derecho de propiedad con la mayor amplitud posible, lo cual está en franca oposición con la Constitución de 1949, en la cual se hacía alusión a la limitación social de la propiedad.[114] Esta misma tendencia se advierte en el Segundo Plan Quinquenal, en donde se da preferencia a las fuerzas empresarias eficaces, a costa de grupos más débiles.[115]

Pero el cambio de orientación se hizo más evidente aún en la conducción de las relaciones exteriores, sobre todo en la buena voluntad demostrada hacia los EE. UU., antes tildada de potencia imperialista. Ya en 1950, el gobierno aceptó un crédito del Export-Import Bank, violando así uno de los principios fundamentales de su política financiera de los primeros años. En 1953 se dictó una ley destinada a atraer a inversores extranjeros.[116] Hacia el final del gobierno de Perón se firmó, incluso, un contrato con una compañía petrolera norteamericana, a la cual se le confiaba la explotación del petróleo argentino.[117]

Todas estas medidas de retirada del Estado del proceso económico, de estímulo a la libre empresa y de apelación a los recursos financieros del exterior equivalían, en el fondo, a una rehabilitación de la economía libre de mercado, tan denostada en los comienzos del régimen.[118]

La tendencia neoliberal se puso también de manifiesto en la actitud del gobierno respecto a los trabajadores. Cada vez era menor el apoyo brindado a éstos en los acuerdos tarifarios o en los conflictos de derecho laboral. Así como antes no prestaba oídos a las quejas de los empresarios respecto a la escasa voluntad de trabajo demostrada por los obreros y al descenso de la productividad, ahora iniciaba una campaña propagandística contra la elasticidad en la moral de trabajo y contra el ausentismo.[119] Hasta 1949, los sindicatos habían contado siempre con la complaciente neutralidad de los funcionarios públicos, cuando no con su apoyo activo; ahora los organismos estatales procedían con toda decisión contra los huelguistas.[120] Esa falta de apoyo del gobierno redundó en evidente perjuicio de los estratos sociales más bajos. Entre 1949 y 1952 se deterioró el salario real y la participación de los sueldos y salarios en el producto bruto interno disminuyó en forma notoria. Sólo a partir de 1953, una vez que fue superada la crisis económica, comenzó a repuntar el salario real.

El gobierno se esforzó por disimular o por justificar el cambio de su política social. Señalaba, por ejemplo, que a diferencia de lo que ocurría antes de 1943, la clase trabajadora estaba ahora protegida por los nuevos sindicatos únicos y ya no necesitaba de la ayuda estatal.[121] O alegaba que la fundación de cooperativas de producción y de consumo era un modo más eficaz de eliminar el intermediario que la persecusión estatal a los especuladores y agiotistas.[122] Dentro de este contexto cabe señalar también la atención prestada por el Estado a la familia en tanto unidad económica mínima y comunidad de auto-ayuda, lo mismo que la generosa distribución de folletos sobre el arte de economizar en el hogar.[123] Todas estas medidas perseguían ante todo la finalidad de liberar al Estado de su responsabilidad respecto a los estratos sociales más bajos y de facilitarle el abandono de su postura distributiva.

Al abandonar su programa económico y social originario, Perón renunció también a la inicial justificación de su liderazgo político. De esa manera expuso nuevamente el sistema político a dudas y ataques respecto a su utilidad social, es decir que despertó otra vez aquella desconfianza general a los políticos y a las instituciones políticas, que hemos definido como crisis de legitimidad. Ya mencionamos uno de los síntomas de esa crisis: la depuración de la administración pública, o sea, la eliminación de los no peronistas y, junto con ella, la división del sistema político en partidarios y opositores del régimen. Con esto, Perón anuló, en gran parte, sus anteriores esfuerzos por reunir en torno suyo a todos los interesados en el bien y el progreso de la nación. La tendencia a la separación, a la independencia y aislamiento de ámbitos sociales estrechamente vinculados entre sí fue un rasgo característico de la evolución política a partir de 1950. El centro político descuidó su misión de conducción general, de estímulo y coordinación de los procesos sociales y redujo su acción al severo control político de las fuerzas sociales. El ámbito económico se desligó de la esfera política, por una parte, y de las imposiciones sociopolíticas, por otra, y volvió a establecerse como un sistema autónomo, condicionado fundamentalmente por los criterios del aumento de las ganancias y de la productividad. Finalmente, también la fijación de objetivos sociopolíticos perdió su sentido de proyecto de largo alcance para la redistribución de influencia y bienes, y quedó reducido a una pugna entre empleados y empleadores por un salario justo. La separación y especificación de los diferentes ámbitos de crisis favoreció en primer lugar a aquellos grupos de interés cuyos recursos habían sido puestos al servicio de otras clases sociales y de objetivos generales al comenzar el peronismo: las organizaciones empresariales. La desintegración de los diversos ámbitos de funciones sociales representaba para ellos un alivio y —como se verá más adelante— un estímulo para actuar en favor de una mayor limitación de la actividad estatal.

5. Un problema clave: el viraje político después de 1950

Con la precedente exposición se procuró dejar al descubierto las estructuras básicas del sistema peronista de gobierno y para ello se consideraron, por un lado, las medidas de control político y, por otro, los beneficios que acarreó el sistema político a la sociedad. Al hacerlo no tardó en comprobarse que el peronismo no fue un sistema homogéneo, estático en sus rasgos esenciales, sino que se trasformó de una manera especifica durante los 10 años de gobierno de Perón. En lo que se refiere al aspecto del control político, este cambio tuvo lugar de una manera bastante continua: la disciplina impuesta a la sociedad y al Estado fue creciente. La polarización del sistema político —que se inicia en 1950, partiendo de la cúspide de la conducción— representó, por cierto, un forzamiento del proceso de sometimiento. Contrastando con eso, los años 1950-1952 no marcan solamente un cambio de matiz sino un viraje político total en lo referente a las realizaciones del sistema político. Hasta ese momento, la capacidad de rendimiento del aparato estatal había sido ampliada en forma sistemática; a partir de entonces, en cambio, se inició una evolución retrógrada, la esfera de acción del Estado volvió a reducirse y, sobre todo, se redujeron a un mínimo los esfuerzos de las instancias estatales por encarar los problemas esenciales de la nación. A diferencia de la expansión uniforme del sistema político durante los primeros cinco años de gobierno, una expansión que abarcó todos los aspectos políticamente importantes, los últimos cinco años de gobierno se caracterizan por una evolución de tendencias divergentes: por un lado, prosigue el continuo aumento del monopolio peronista del poder; por otro lado, se produce una notable disminución del beneficio de las medidas políticas para la sociedad.

Si comparamos las diferentes orientaciones políticas del régimen, las de antes y después de 1950, con el modelo político contenido en la doctrina peronista, comprobaremos sin dificultad que dicho modelo fue trasladado a la realidad en forma consecuente durante los cinco primeros años de gobierno, mientras que las medidas de Perón durante los años siguientes se apartaron cada vez más de él. Sin embargo, los principios originales fueron mantenidos formalmente después de 1950 e incluso se los pulió y se los profundizó. Este hecho parecería demostrar que Perón no se apartó en forma voluntaria o por capricho de su curso político primitivo; hace pensar que existieron factores decisivos que lo obligaron a revisar sus objetivos iniciales y, por consiguiente, a efectuar un viraje político general, reñido con los principios básicos de su anterior proceder.

El momento en que comienzan a actuar dichos factores debe de haber estado inmediatamente antes o durante el viraje observado, es decir, entre 1949 y 1952. Esos años adquieren así particular importancia desde el punto de vista del cambio político y social del peronismo; se los debe considerar como una especie de fase clave, en la cual la estabilidad del sistema peronista y su cohesión interna son sometidas a prueba. Y bien: para descubrir de qué lado, por qué razón y con qué éxito se ejerció presión sobre el poder político central, se requiere un análisis de las relaciones entre el gobierno y los grupos socioeconómicos decisivos, que podían considerarse como factores de poder.

Pero antes nos detendremos en una objeción que puede formularse tanto al procedimiento seguido hasta ahora, como a las conclusiones a que éste nos ha llevado. Se trata de una objeción referida, en primer lugar, al estilo de gobierno de Perón.

III. ESTILO DE GOBIERNO Y TÉCNICA DE DOMINACIÓN

1. Importancia del estilo político dentro del contexto de dominación

Exagerando un poco, la objeción contra la forma en que hemos tratado y encarado el tema hasta el momento, podría formularse más o menos así: No se puede hablar de proyecto político y de objetivos políticos perseguidos en forma sistemática por Perón, pues ninguna de las dos cosas ha existido. En caso de que el peronismo hubiese contenido atisbos de reordenamiento político, no debe sobrestimarse su trascendencia general y ni siquiera su significación para el sistema peronista de gobierno. Porque es muy posible que el propio Perón nunca los haya tomado en serio. Por otra parte, Perón no vaciló en rever su orientación política original cuando tropezó con dificultades y vio en peligro sus ambiciones de poder. Y si no existió un programa político de contornos netos desde el comienzo, tampoco puede hablarse de una modificación a fondo a partir de 1950. El rasgo permanente del régimen, en todos los ámbitos y en todas las fases fue, más bien, un determinado estilo de gobierno, entre cuyas características figuraba una mezcla de prácticas políticas autoritarias y manipulativas y un ilimitado oportunismo.[1] Todo planteo que vaya más allá es superfluo; todo intento de sistematización de la política peronista.

Según esta tesis, muy difundida entre los opositores liberales de Perón en la Argentina[2], el contenido y los objetivos de la medidas adoptadas dicen menos acerca del gobierno peronista, que la forma en la cual Perón y su esposa ejercieron el poder. De acuerdo con eso, el rasgo más sobresaliente, la variable clave, de la cual pueden deducirse todos los demás procesos y fenómenos políticos, serían determinadas características de dominación y determinadas técnicas de conducción de la pareja gobernante, sería el estilo del régimen.[3]

Hay argumentos de peso que se oponen a esta tesis. Se trata de una tesis prácticamente insostenible —sobre todo en esta versión exagerada—, pues es casi imposible separar el estilo político de Perón, de su programa, por un lado, y de la distribución de fuerzas sociopolíticas, por el otro. Con esto no pretendemos negar la importancia de determinadas prácticas de conducción y técnicas compulsivas en el conjunto del sistema peronista de poder. Sin embargo, dada la estrecha vinculación entre los elementos de estilo político, las pautas normativas y los intereses socioeconómicos, es imposible separar artificialmente aquéllos del contexto del gobierno y declararlos variables clave del acontecer político en su totalidad. Este procedimiento chocaría también con dificultades, pues —como luego se verá— el estilo de conducción de Perón y su esposa experimentó una evolución claramente perceptible durante los diez años de gobierno. Muchos de los rasgos autoritarios que se consideran típicos de ellos apenas si se insinuaron durante los primeros años de su acceso al poder y sólo adquirieron su expresión característica después de 1950, es decir, en momentos en que Perón ya había renunciado a gran parte de su programa original de reformas políticas.

Estas consideraciones nos hacen pensar que no es conveniente equiparar el gobierno de Perón sólo con los objetivos y medidas oficiales, o sólo con el estilo de conducción de la pareja gobernante. En lugar de ver en esto alternativas para explicar el fenómeno global «peronismo», consideramos más fecundo para la investigación, partir de una relación complementaria entre el programa político oficial y su realización, por una parte, y el estilo de conducción política por otra. De acuerdo con este enfoque, dentro de la última categoría podrían incluirse los campos de acción política que surgieron al margen de las medidas políticas formales, y hasta en contradicción con ellas, y ejercieron una acción decisiva sobre la estructura del sistema político y sobre el curso de los procesos de decisión política. Por eso, en las páginas que siguen no se brindara un cuadro completo del estilo peronista de conducción con todos sus matices y peculiaridades. La exposición se concentrará, más bien, en algunos rasgos característicos de las prácticas de gobierno de Perón y de su esposa, no contemplados en los capítulos anteriores, consagrados a las líneas básicas de la política peronista.

2. Burocratismo

Como ya lo señaláramos, el núcleo del programa político de Perón era la sistemática ampliación de las competencias y actividades estatales. Los gestores de esta evolución expansiva debían ser, en primer lugar, las reparticiones de la administración pública, de cuya eficiencia dependía, por ende, el éxito del plan. Aún no se han llevado a cabo investigaciones detenidas acerca del rendimiento de la administración pública en tiempos de Perón, de modo que resulta difícil formarse un juicio de su eficacia. Sin embargo, sobre la base de los esporádicos comentarios de diversos observadores —por" cierto, no siempre predispuestos a favor del régimen— se tiene la impresión de que la burocracia peronista no estuvo a la altura de las esperanzas cifradas en ella: que trabajaba con lentitud, que rendía poco y que era en extremo onerosa.[4] Su fracaso está vinculado con una serie de circunstancias. En parte se debió a la complejidad de la situación social que debía manejar y, en parte, se debió a su deficiente organización. Por añadidura, el propio Perón, con su conducta, dio lugar a esa incapacidad de rendimiento de la administración y se encargó de acrecentarla.

El hecho de que la burocracia estatal no haya podido asumir el papel de fuerza dinámica encargada de impulsar el desarrollo nacional que se le había adjudicado, puede haberse debido a la inexperiencia de sus cuadros de personal en expansión[5] y a la variedad y dificultad de las nuevas tareas a las que se veía enfrentada. La sociedad argentina de comienzos de la década del cuarenta ya presentaba una estructura muy compleja y diferenciada, comparable con la estructura pluralista de las naciones industriales de Occidente. Es difícil que la diferenciación funcional del aparato administrativo estatal haya estado a la altura de la compleja problemática social. Pero ocurre que la eficiencia de la burocracia administrativa no sólo dejó que desear durante los primeros años de gobierno; siguió siendo muy escasa después de un largo tiempo de permanencia de Perón en su cargo.[6] Por eso no se puede explicar el pobre rendimiento de la administración en tiempos de Perón como un resultado de sus dificultades iniciales para adaptarse a las nuevas tareas, sino que es preciso buscar razones de naturaleza estructural propias del sistema peronista de gobierno en sí.

Esas razones surgen, en parte, directamente del programa político formulado por Perón en su doctrina, de ese programa que fue el hilo conductor de su acción política, por lo menos durante los primeros cinco años de gobierno. Podría mencionarse, por ejemplo, el remplazo de criterios de intervención y rendimiento legalmente definidos, por principios de solidaridad social y de conveniencia económica, como fundamento de la actividad administrativa. Era difícil que un cuerpo de funcionarios formado en los principios del liberalismo y del Estado de derecho supiera acomodarse a las nuevas exigencias impuestas a la administración. No cabe duda que los criterios de necesidad social y de conveniencia económica en tanto pautas de acción administrativa se ajustaban mucho más a la realidad del país; pero el orientarse según esos criterios significaba también renunciar a todo fundamento legal. Porque, por un lado, tales pautas dilataban en forma ilimitada las pretensiones de regulación del Estado e imponían exigencias desmedidas al potencial de acción del mismo. Por otro lado, una fijación tan general de objetivos no permitía extraer un criterio claro acerca de cuándo correspondía la intervención estatal y cuándo no correspondía, ni permitían establecer cuándo las reparticiones administrativas actuaban conforme a su deber ni cuándo estaban excediendo su competencia.[7] El peligro del abuso de autoridad se agudizó más aún con la aplicación del principio autoritario a la administración. La consecuencia de su difusión fue una relativización de la competencia técnica de la administración. Suponía facultades omnímodas por parte del jefe de la repartición y, con ello, limitaba la publicidad y la verificabrlidad de los procesos administrativos.[8] Finalmente cabe señalar el rechazo de todo tipo de crítica —tanto de la oposición cuanto de las propias filas— justificado por la propia doctrina peronista. Cuando se trataba de críticas de la oposición, se las presentaba como un ataque de los enemigos de la Nación a los intereses del país; cuando provenían de las filas partidarias, se las consideraba como una ambiciosa pedantería reñida con la disciplina partidaria. De esa manera se excluía de raíz toda posibilidad de corrección de debilidades de la administración sobre la base de tales impulsos críticos.

Todos estos motivos de ineficiencia administrativa pueden resumirse, en última instancia, en un único argumento: en su programa, Perón descuidó el control de la administración. Por ejemplo, no creó un órgano político de control que pusiera límites a su influencia y que pudiera cuestionar su deficiente rendimiento y sus altos costos.[9] El Parlamento no servía para esos fines y tampoco era ésa función de la justicia o de cualquiera de los restantes factores de poder político; pues ninguno de ellos tenía la necesaria autonomía y libertad de acción respecto al Ejecutivo, como para controlar en forma efectiva la actividad de las reparticiones administrativas. De acuerdo con el plan de Perón, todo el poder estatal de decisión y control se concentraba en la cúspide de la conducción estatal. Por eso, sólo el gobierno, sólo Perón, podía ejercer la presión disciplinaria que habría garantizado un funcionamiento dinámico y sin fricciones de la administración pública. Sin embargo, Perón tenía motivos concluyentes para hacer un uso muy somero de sus facultades de control: la maquinaria administrativa debía servirle para otros fines, aparte el aumento de la eficiencia estatal. Para él no se trataba sólo de un instrumento de trabajo necesario para cumplir sus planes intervencionistas; también era una prebenda para sus partidarios políticos.[10]

En la literatura politicológica, sobre todo en la referida a los países en desarrollo, se va renunciando cada vez más a la creencia de que la corrupción, el soborno, la venta de cargos y otras prácticas políticas semejantes deben considerarse como anomalías del proceso político. Poco a poco se va comprendiendo que, en ciertos países, están muy difundidas y que, en determinados casos, hasta surgen de una necesidad estructural.[11] En Latinoamérica, el favoritismo, el nepotismo y las maniobras comerciales han figurado siempre entre los modelos de conducta más arraigados. Por eso no es de sorprender que numerosos políticos y funcionarios peronistas hayan usado su cargo para enriquecerse. Así como durante el gobierno de Yrigoyen los grupos dinámicos de la nueva clase media extrajeron provechos personales de su situación política privilegiada; durante el gobierno de Perón, los elementos en ascenso de estratos sociales inferiores aprovecharon su flamante acceso a los recursos estatales de poder para extraer ventajas. La conducta de Perón estuvo en un todo de acuerdo con los hábitos[12], al demostrar su reconocimiento por el apoyo político brindado, otorgando a sus adeptos cargos, comisiones, licencias y demás ventajas materiales. En cambio se apartó bastante de las tradiciones por la forma desmesurada en que toleró la corrupción.

Sin duda, los estratos que sirvieron a Perón como base del poder eran mucho más amplios que aquéllos sobre los cuales se apoyaron los gobiernos minoritarios de décadas anteriores, de manera que el número de seguidores a recompensar era también mucho mayor.[13] La recompensa ya no podía adoptar una forma más o menos legalista como, por ejemplo, entre 1930 y 1940, cuando la opinión pública sólo se enteraba del enriquecimiento de algún influyente funcionario público a raíz de la fortuita divulgación de algún caso de corrupción. En el peronismo ese enriquecimiento tenía carácter público, era parte integrante de un amplio proceso de redistribución y de integración social, lo cual le añadía una nota casi legal.[14] Pero Perón no se conformaba con tolerar en silencio la corrupción de la burocracia administrativa ni con manejarla discretamente: hacía un uso tan sistemático como espectacular del soborno. Más inescrupuloso aún era el proceder de Eva Perón, cuando obligaba a los aspirantes a un cargo, a presentar una renuncia con la fecha en blanco antes de asumir sus funciones, lo cual le permitía despedirlos en cualquier momento.[15] Este tipo de maniobras no puede atribuirse sólo al afán de la pareja de compensar a sus adeptos y de motivarlos para que continuaran apoyando al régimen. Requieren una explicación complementaria, que podría surgir de las excesivas ambiciones de poder de Perón: su deseo de disponer de una corte de individuos absolutamente sometidos a su voluntad y lo suficiente mediocres como para conferir a su propia persona el resplandor de lo extraordinario y único.

3. Estilo de conducción autoritario-plebiscitario

Entre los objetivos oficiales del gobierno figuraba el de captar a las clases bajas, el de organizarías, como lo definía Perón. Pero, en las relaciones concretas entre los dos líderes políticos y la clase trabajadora, estos esfuerzos por articular y por otorgar una organización a la gran masa, sólo representaba un aspecto parcial de la estrategia peronista de dominación. Perón se esforzaba en igual medida por despertar afecto hacia él y hacia su esposa en los estratos mas amplios de la población. Logró este objetivo, sobre todo, con ayuda del estilo autoritario-plebiscitario incorporado por él a la política argentina en una forma hasta entonces desconocida.[16]

Dicho estilo se exhibía con particular claridad en las grandes manifestaciones organizadas por el régimen. Éstas se realizaban en determinados días, que por ese motivo eran declarados feriados, a raíz de algún suceso fuera de lo común, como por ejemplo antes de las elecciones o después de agitaciones políticas, cuando Perón quería impresionar a sus opositores con una muestra pública de solidaridad popular. A estas manifestaciones, que eran objeto de una intensa preparación propagandística, acudían cientos de miles de partidarios de los más bajos estratos sociales, desde los suburbios y desde las proximidades de la ciudad de Buenos Aires. La masa iba colmando lentamente la plaza situada frente a la Casa de Gobierno y desplegaba cartelones con retratos y citas de la pareja gobernante. Con frecuencia debían esperar largas horas hasta el comienzo del acto y hasta que los primeros oradores habían pronunciado sus discursos introductorios. Sólo entonces aparecían Perón y su esposa en el balcón de la Casa de Gobierno, en respuesta a los impacientes reclamos de la multitud. Ésta los recibía con clamoroso júbilo, en el cual se mezclaban gritos, bocinazos y música. El aplauso y el griterío de aprobación se repetían y se intensificaban después de pasajes particularmente vibrantes o provocatorios de los discursos pronunciados por ambos. De tanto en tanto, esos discursos llevaban al delirio a los manifestantes, que al terminar el acto se dejaban arrastrar a acciones espontáneas contra los opositores del régimen.[17]

Como ejemplo de la intensidad con la cual Perón era capaz de comunicarse con la masa, cabe mencionar el dialogo que establecía regularmente con ella los 17 de octubre. El 17 de octubre de 1945 había sido el día en el cual la masa trabajadora decretó un paro de actividades y se unió en manifestación para liberarlo del arresto militar que pesaba sobre él y para elevarlo a la categoría de jefe indiscutido del gobierno revolucionario. Perón aprovechaba estas celebraciones para hacerse confirmar en su cargo por medio de un voto plebiscitario:

«Y así como he de preguntarles todos los 17 de octubre, en este mismo lugar, les pregunto hoy, por primera vez, si he trabajado por el pueblo en estos meses. Quiero preguntarles también si he defraudado las esperanzas que ustedes pusieron en mí. Y, finalmente, si en este 17 de octubre sigo siendo para ustedes el mismo coronel Perón de otros tiempos. Como este gobierno es de los “descamisados”, he de hacerles todos los años estas tres preguntas, porque no deseo ocupar el poder un segundo más después de haber perdido la confianza del pueblo»[18].

La manera convincente con que Perón y su esposa demostraban su comunión con el pueblo puede guardar relación con el origen de ambos, que provenían de la clase baja o de la clase media baja. A esto se sumaban las características físicas de ambos, que atraían e impresionaban al hombre sencillo. Perón era alto y de aspecto imponente, sus rasgos eran regulares y agradables y, a diferencia de los anteriores presidentes, se mostraba ante el pueblo con una permanente sonrisa, abierta y compradora. Sabía presentarse como un hombre simple, jovial, capaz de aparecer en mangas de camisa, y se dirigía a su auditorio con un amistoso «compañeros», extremadamente raro en labios de un presidente argentino. Pero, por encima de todo, poseía el don de adaptarse a cada situación, de encontrar el tono y los gestos que correspondían exactamente al estado de ánimo del pueblo.[19]

En el caso de Eva Perón, en cambio, fue algo más que «adaptación», lo que le ganó la simpatía y la adoración del pueblo: fue su completa identificación con la causa popular. Su lenguaje estaba más teñido por el fervor de la lucha de clases, su tono era más «jugado», más militante que el de Perón. A través de la persona de Perón, la conducción política del país tomó por primera vez conocimiento de los problemas de la clase trabajadora y procuró resolverlos; a través de Eva Perón dicha clase participó por primera vez en las decisiones políticas fundamentales.[20]

Estas diferencias en el estilo de conducción política respondían también a una determinada división de las funciones de gobierno de la pareja. Perón era, ante todo, la encarnación del principio autoritario, que iba más allá del partido; su esposa, en cambio, con su actitud marcadamente combativa, representaba la toma de posición política del régimen, en favor de los estratos sociales más bajos. Pese a la gran comprensión de las necesidades económicas del trabajador, exhibida por Perón, y pese a sus incontables declaraciones y medidas en pro de una reforma social, su intención de asumir el papel de árbitro nacional situado por encima de las clases y conflictos sociales, era innegable. Sin embargo, pudo mantener hasta cierto punto una apariencia de neutralidad política gracias a su esposa, quien le aseguró el apoyo de los estratos bajos, ese apoyo que él necesitaba para sostener su sistema de gobierno. Esta división de funciones tocó a su fin con la muerte de Eva Perón, ocurrida en el año 1952. A partir de ese momento, Perón se vio obligado a cambiar su posición de árbitro sobrepartidario, por la de agitador político, más importante para la prosecusión de su dominio. Este forzoso cambio de papel contribuyó en forma decisiva a esa peronización intensificada del sistema político después de 1950, a la cual nos referimos en el capítulo anterior.[21]

Después de la muerte de su esposa, Perón acentuó aún más otra estrategia de dominio, al revivir y difundir el culto al líder. Eva Perón ya había abierto camino en esa dirección cuando, por ejemplo, se definía en sus discursos como puente entre Perón y el pueblo o como símbolo del amor profesado por la masa a su único e infalible líder, Perón.[22] Sus intentos de establecer una relación conductor-seguidores entre Perón y sus partidarios fueron particularmente exitosos, pues su tono exaltado y sus discursos sin concesiones apelaban más a la imaginación y a los sentimientos de su auditorio, que a su razón.[23] Su trágica muerte la colocó al margen de toda crítica y la elevó a una esfera de adoración comparable con el culto a los santos.[24] Perón recurrió a todos los medios para mantener vivo ese culto ligado al recuerdo de la desaparecida, pues le servía como una legitimación más de sus pretensiones de conducción autoritaria. Similar fue la finalidad perseguida al crear la mística del «descamisado», cuya función era la de recordar a los manifestantes del 17 de octubre de 1945, parte de los cuales sólo vestía pantalón y camisa.[25] Se había proyectado levantar una estatua colosal del Descamisado, como símbolo del peronismo, y esa figura llevaría los rasgos de Perón. También en este proyecto intervenía la idea de conferir al autoritarismo, a la obediencia impuesta, una dignidad y un carácter sagrado que trascendieran las razones pragmáticas.[26]

Este proceder no carecía de una cierta coherencia interior. No debemos, olvidar que la ampliación del control estatal a todos los ámbitos sociales trajo aparejada una sensible limitación del derecho a conservar una esfera privada secreta, derecho éste que estaba muy arraigado en la Constitución Argentina, como lo está en todas las constituciones liberales de Estado de derecho.[27] Luego de desacralizar el ámbito social, Perón procuró conferir un contenido místico a la cabeza del sistema político, creando determinados símbolos de dominio y de culto.

Entre las estrategias de conducción autoritaria debe mencionarse también la técnica de simplificación de Perón, su notable capacidad para traducir situaciones muy complejas en alternativas simples y claras. En Eva Perón, esa tendencia era parte de su naturaleza y se manifestaba tanto en su disposición de la situación política dada. Perón, en cambio, era capaz de enfocar y analizar complejas situaciones sociales, económicas y políticas, pero también sabía reducir esa complejidad a la medida del auditorio en cuestión; Escogía a conciencia formulaciones claras, fáciles de retener y tenía el don de reducir los problemas a su denominador más simple.[28] Por eso no es de sorprender que muchas de sus frases se hayan convertido en sentencias populares y en giros permanentes de la política cotidiana, proceso éste al cual contribuyó, por cierto en gran medida, el apoyo masivo que le brindaba la maquinaria de difusión y propaganda del Estado.[29]

Ese talento para la simplificación también servía a Perón para difamar a sus opositores. Los ataques contra los enemigos del gobierno adoptaban en ocasiones formas en extremo violentas; sin embargo, la descripción que de éstos hacía era, por lo general, muy imprecisa y general. La finalidad de tales ataques era más bien la de amedrentar a la oposición, que la de instigar al pueblo a la persecución de los enemigos del régimen. Sólo después de 1951, los reproches se hicieron más detallados, más precisos. Esta evolución coincide con la observación general de que, a partir de 1950, las técnicas de disciplina se aplicaron en mayor medida y con mayor intensidad que en la etapa precedente.

4. Técnica de la inconsecuencia

Hemos visto que Perón aplicaba varias técnicas de conducción que estaban en franca contradicción con los principios básicos de su programa político. Favorecía la corrupción y el nepotismo en la administración pública y, sin embargo, afirmaba querer aumentar la eficiencia de ésta. Trataba a los estratos bajos como a una masa inmadura y manipulable, cuando su objetivo declarado era el de organizaría y educarla. La comprobación de que Perón solía ser inconsecuente y contradictorio en sus medidas no es nueva. Los críticos del régimen siempre señalaron esa debilidad suya y la convirtieron en blanco de sus ataques.[30] Sin embargo, esos críticos no vieron, con frecuencia, que los virajes políticos de Perón y las contradicciones internas de su sistema de gobierno no respondían sólo al capricho o al oportunismo de la pareja gobernante, sino que eran parte de una bien calculada estrategia autoritaria. Ésta se basaba en dos procedimientos complementarios. Por un lado, Perón se esforzaba por apaciguar a las corrientes y fuerzas políticas opositoras estableciendo un orden político autoritario y centralista. Por otro lado, neutralizaba el efecto de integración así generado, estimulando las tensiones sociales, ideológicas e institucionales en una medida limitada y, en ocasiones, hasta provocándolas a conciencia.[31] De esa manera excluía la posibilidad de un orden esencialmente nuevo de las relaciones políticas y evitaba el predominio de una determinada corriente o grupo político que contribuyera a una estabilización del sistema. Es evidente que pretendía organizar su sistema de gobierno de manera tal que la función estabilizadora recayera sobre él mismo. Reunía elementos muy diversos, en parte contradictorios, en una unidad política cuya cohesión quedaba asegurada por su liderazgo, pero que, a la vez, era lo bastante inconsistente como para desintegrarse sin ese liderazgo.

Esta estrategia explica, por ejemplo, los llamativos desplazamientos de tónica en la ideología de Perón, en el Justicialismo, durante los diez años que duró su gobierno. La doctrina peronista fue originariamente concebida para servir como catalizador de los procesos de integración política planeados por Perón. Por eso, su tono fundamental era cristiano, clerical, autoritario, tradicionalistas.[32] El rasgo autoritario subsistió a través de los años, en cambio las ideas católicas sobre moral y las escalas de valores tradicionales fueron desapareciendo de primer plano para ser remplazadas por acentos más progresivos. Durante los últimos años de gobierno, la doctrina nacionalista, corporativista, termino por convertirse en una ideología de secularización y de trasformación social. El paso más espectacular en este sentido fue la revisión de la severa legislación sobre divorcio, sobre prostitución y sobre enseñanza religiosa obligatoria, dictada por el gobierno militar de 1943.[33] Pero el viraje ideológico se puso de manifiesto también en medidas aparentemente secundarias, como el sistemático fomento de los deportes[34], la organización de un turismo masivo y, en general, una valorización de la juventud.[35] Todas esas iniciativas nuevas deben interpretarse como una coherente estrategia dentro del contexto de los últimos años de gobierno. Perón veía su posición de liderazgo cada vez más cuestionada en esa fase. Las fuerzas políticas centrales comenzaban a retirarle su apoyo, de modo que se vio obligado a buscar nuevos recursos de influencia. Intentó resolver este problema introduciendo nuevos valores sociales que provocaran un debilitamiento de los modelos tradicionales de cultura y de comportamiento, con lo cual se generaría artificialmente una crisis de normas. Su esperanza era que, en tal caso, sucediera algo semejante a lo ocurrido en la precaria situación que se presentó al finalizar la Segunda Guerra Mundial: que le correspondiera desempeñar el papel de dominador de la crisis, quedando así confirmado en su liderazgo nacional.[36]

Como ya se señalara en páginas anteriores, Perón empleó una estrategia semejante para manejar y controlar las instituciones políticas centrales y la maquinaria administrativa estatal. Por un lado trabajaba para lograr un ajuste y una unificación de las organizaciones estatales y sociales; por el otro, toleraba que bajo la uniforme cubierta de un sistema político centralista, con articulación jerárquica, perdurara un considerable pluralismo institucional. Él designaba como «organización» tanto a los tres poderes estatales, que subsistieron —por lo menos formalmente— pese al rechazo del principio de la división de los poderes, como también a las agrupaciones empresariales y de interés social, e inclusive a las asociaciones deportivas y culturales de la más diversa naturaleza. Es evidente que evitaba a conciencia resolver el conflicto —siempre latente en su sistema de gobierno— entre elementos constitucionales tradicionales, liberales, de Estado de derecho, y el modelo de orden plebiscitario y centralista sustentado por él. Evitaba resolverlo definitivamente en favor de este último porque el dualismo institucional le brindaba una mayor libertad de acción y de manipulación.

El análisis de los componentes burocráticos y plebiscitarios en el sistema peronista nos ha permitido analizar —aunque en forma muy superficial— la manera en que Perón manejaba la técnica de la inconsecuencia respecto a los factores sociales y políticos del poder. Desempeñaba con igual maestría ambos papeles, el de cabeza de la maquinaria estatal y el de líder plebiscitario, y no vacilaba en enfrentarlos por momentos. Aprovechaba su destacada posición política para aparecer ante el pueblo como contrapeso de una burocracia administrativa incompetente y mediocre, y utilizaba, a su vez, las manifestaciones masivas para afirmarse en su posición de liderazgo respecto a sus compañeros de lucha política y respecto al personal administrativo.[37] Justificaba ante el pueblo las medidas impopulares de su gobierno atribuyéndolas a las arbitrariedades de la administración, y presentaba esas mismas medidas a la administración como si fueran urgentemente reclamadas por determinados sectores de la población.[38] En una palabra se las ingeniaba para presentarse como el benefactor y el conductor de los más diversos factores políticos de poder, sin atarse, sin embargo, a ninguno de ellos.

5. Culto a la personalidad y crisis de poder

Con las técnicas de conducción que acabamos de mencionar, Perón perseguía, en última instancia, una misma finalidad: ligar a su persona la mayor cantidad posible de individuos y grupos; contar con las facultades más omnímodas posibles sobre todas las instituciones políticas y sobre todos los factores de poder. Esta intención se puso particularmente de manifiesto en el culto a su persona que él mismo montó. Las manifestaciones masivas a que hemos aludido eran sólo uno de los aspectos más sobresalientes de un culto al líder, que abarcaba la nación entera y que era organizado y manejado fundamentalmente por el servicio de propaganda, dependiente de la presidencia.[39] La misión de dicho servicio consistía en proporcionar a todas las creaciones y éxitos nacionales el sello de la autoría peronista y de esa manera otorgar un matiz peronista a todo el acontecer económico, político y cultural. Ya en los primeros años, el gobierno había creado las condiciones necesarias para el manejo de la opinión pública al poner bajo su control las radioemisoras más importantes y casi la totalidad de los periódicos. Más tarde, sobre todo después de 1950, ya no se conformó con hacer valer su influencia sobre los medios de comunicación de masa, sino que buscó y halló métodos más eficaces para acercar los nombres de la pareja gobernante a cada individuo. Se utilizaron dichos nombres para denominar estaciones de ferrocarril, calles, hospitales, escuelas, ciudades y hasta provincias enteras. El retrato de ambos, en gran formato, se destacaba en todos los muros, en todas las salas de audiencia, oficinas públicas, aulas escolares, etc.[40] Si a este permanente esfuerzo propagandístico se suman las celebraciones especiales y los actos —que la prensa aprovechaba para comentar durante días cada gesto, cada expresión facial, cada palabra de la pareja gobernante[41]— se comprenderá que, después de 1950, Perón no omitió medida alguna para lograr que su nombre se convirtiera en inextinguible símbolo de la Nación Argentina en todos sus aspectos y manifestaciones.

Es muy difícil abrir juicio acerca del éxito de estos esfuerzos, determinar si Perón logró o no elevarse a la categoría de símbolo nacional y ser aceptado como tal por todos, porque pese a su prodigalidad, la propaganda peronista no tuvo la fuerza y el poder de convicción necesarios para lograr una acción en profundidad. Se conformó con dominar el escenario del país y no se ocupó demasiado por modelar las opiniones y orientaciones de la población. Es de suponer que el culto a la personalidad sólo fue tomado, hasta cierto punto, en serio por los estratos sociales más bajos, a los cuales estaba destinado, a juzgar por la poca sutileza de la propaganda.[42] Con los estratos superiores y medios, en cambio, su éxito fue muy escaso. Estos sectores lo veían, por lo general, como un intento más por manipular a la clase baja y utilizarla en favor del régimen. No sólo no se mostraban impresionados, sino que más bien veían todo aquello con disgusto o —y ésta era la actitud más común— se burlaban de las absurdas características de aquella adoración.

Y, en efecto, esas características eran muy llamativas. El principal motivo de hilaridad general era el desmedido servilismo y la torpe adulación de que era objeto la pareja gobernante y que, después de 1950, fue invadiendo más y más los discursos de los funcionarios y legisladores peronistas.[43] Es difícil que a Perón se le haya escapado lo inverosímil y exorbitante de los elogios que se le tributaban. Pero, evidentemente, la verosimilitud y la sinceridad de aquellas declaraciones de lealtad lo tenían muy sin cuidado. Uno tiene la impresión de que sólo le importaba la declaración en sí, es decir la demostración de admiración personal; que manejaba el culto tributado a su persona como un rito obligatorio, por lo menos para sus adeptos. Quien perteneciera al círculo de los prominentes políticos y funcionarios del régimen o quisiera entrar en él, debía aceptar las reglas de ese rito, en otras palabras: debía esforzarse por encontrar nuevas figuras retóricas para glorificar las virtudes y los logros de la pareja gobernante. Cuanto más imaginativas y estrafalarias fueran las imágenes, tanto más entusiasta era el aplauso que recibían. No era raro que Perón acentuara más aún el efecto de esas diatribas con su aparente actitud de modestia.

El carácter ceremonial del culto nos demuestra, ya de por sí, que no podemos señalar como única explicación la vanidad o el cinismo de Perón. Como en la mayoría de las medidas por él adoptadas, si lo analizamos con detenimiento, reconoceremos el carácter eminentemente político de su proceder. Las manifestaciones de culto tenían, por un lado, la función de un control político de lealtad. Para entender esta función debemos tener presente que no se toleraban las críticas al régimen entre los peronistas y que cualquier manifestación de este tipo era considerada como una forma de complicidad con la oposición. La importancia concedida por Perón a la unanimidad de todos los miembros de su movimiento y a la subordinación de éstos bajo su conducción, no sólo tuvo por consecuencia la total ausencia de impulsos críticos que podrían haber contribuido a la rectificación y mejoramiento de su sistema de gobierno. Lo más peligroso para él era que, de esa manera, no podía saber hasta qué punto contaba con el apoyo de su gente. Esta deficiencia era compensada, en parte, por la estrategia del culto; pues la longitud y el contenido de los pasajes consagrados a honrar a Perón y a su esposa, en los discursos de políticos y funcionarios peronistas, podían considerarse como seguro índice de la conformidad política del individuo en cuestión. La ventaja decisiva de este test de lealtad consistía en que, merced a él, se mantenía en pie la ficción de unanimidad, del total acuerdo en la orientación política e ideológica de todos los peronistas. Hasta cierto punto, cumplía la función de un informal barómetro del clima político, pues brindaba a Perón la posibilidad de extraer conclusiones acerca de la medida en que podía contar con el apoyo de sus seguidores, sin por ello renunciar ante sus enemigos a sus pretensiones de unidad total del movimiento por él conducido.

Pero la estrategia del culto tiene otro aspecto que va más allá de esto. Este surge con claridad al analizar las técnicas personalistas a la luz de la situación nacional en las postrimerías del primer período de gobierno. Lo que caracteriza a esa situación es que la solución de los principales problemas económicos, sociales y políticos, exitosamente encarada luego del acceso de Perón al poder, se había paralizado entretanto e incluso se advertía una marcha atrás en ciertas iniciativas reformistas muy prometedoras. En el caso de la crisis de legitimidad, fue el propio Perón el que volvió a provocarla al forzar la antinomia política entre partidarios y enemigos del régimen. La crisis de dependencia y de distribución se agudizó como resultado de un empeoramiento de la situación económica, y sólo la crisis de identidad podía considerarse superada, por lo menos en lo referente a los estratos sociales más bajos. Parecería existir una estrecha relación entre la agudización de las crisis nacionales después de 1950 y las técnicas personalistas aplicadas por Perón en mayor medida a partir de entonces. Para que su sistema de gobierno no experimentara un colapso bajo la creciente presión de las crisis nacionales, Perón debía encontrar una salida, aunque sólo se tratara de una solución aparente, de un sustituto de solución. La intensificación del culto a su persona cumplía la función de ersatz. Se atribuyeron a la persona de Perón fuerzas sobrenaturales; se la elevó al rango de ser todopoderoso capaz de hacer desaparecer las antinomias, de lograr que sucediera lo que no había ocurrido, en una palabra, de resolver los problemas o de hacerlos desaparecer. Este procedimiento hizo que la técnica de simplificación, a la cual ya se hiciera referencia dentro de otro contexto, alcanzara su más alto nivel. La complejidad y diversidad de ámbitos y problemas quedó reducida a una única fórmula de solución de validez universal: el genio conductor de Perón.[44]

Si este razonamiento es correcto, el culto tributado a la persona de Perón durante los últimos años de su gobierno representa, más que nada, una respuesta a ese desafío esencial que podría definirse como crisis existencial del sistema peronista. Correspondería ubicar también dentro de este contexto los restantes elementos de conducción mencionados en páginas anteriores, que se iban haciendo cada vez más patentes en la última fase del gobierno peronista. Ellos también señalan la existencia de una crisis en el sistema peronista de gobierno; demuestran que Perón debía echar mano a todos los medios a su alcance para luchar en defensa de su posición de liderazgo. Y si bien es cierto que esa posición tampoco fue firme e indiscutida durante sus primeros años de gobierno, en ese período estuvo en condiciones de contribuir a la estabilización de su sistema de dominio mediante la solución de problemas político-sociales urgentes, es decir, de hacer un aporte a la solución de la crisis de legitimidad, de la crisis de distribución, de la crisis de dependencia, etc. A partir de 1950, al detenerse el desarrollo nacional, sobre todo desde el punto de vista económico, perdió esa posibilidad. Perón procuró adaptarse a la nueva situación separando la crisis del régimen y la lucha por su mantenimiento de los restantes problemas nacionales y conformándose con una solución aparente de estos últimos.

IV. LOS PRINCIPALES FACTORES DE PODER

1. Las fuerzas armadas[1]

1.1. Golpe militar y gobierno militar

De acuerdo con la información con que contamos, el golpe de junio de 1943 se preparó y se llevó a cabo en forma bastante apresurada.[2] El motivo directo fue una decisión de R. Castillo, Vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo: la de designar al conservador y conocido aliadófilo R. Patrón Costas, poderoso hacendado del Norte argentino, como candidato a su sucesión, en las próximas elecciones presidenciales.[3] Esta iniciativa hizo temer a algunos oficiales simpatizantes de las potencias del Eje, que el gobierno rompiera su neutralidad e ingresara en la guerra del lado de los Aliados. Pero en el golpe participaron también oficiales que estaban en contra de las potencias del Eje y confiaban en la victoria de los Aliados. Por eso consideramos más acertada la explicación brindada por Bonifacio del Carril a juicio de quien el levantamiento de las fuerzas armadas no se debió tanto al deseo o al temor de que el gobierno tomara partido en el conflicto mundial, como a la convicción de que, ante la precaria situación política interna y externa de la Nación, se requería una conducción política más eficiente.[4]

Esta explicación arroja, a la vez, luz sobre la paradójica situación en la cual se encontraron las fuerzas armadas después de la exitosa culminación del golpe de Estado: se vieron en posesión del poder supremo, sin poder decir exactamente por qué se habían apoderado de él. Las primeras proclamas del gobierno militar estaban concebidas en un enfático tono nacionalista, pero decían poco y nada acerca de sus planes políticos concretos.[5] Sólo trasuntaban desdén por la política partidaria y por los políticos. Ese desdén parecería haber sido el único vínculo que unió a los diferentes grupos de oficiales que participaron en el golpe.[6]

Desde 1930, las fuerzas armadas contemplaban con creciente disgusto las anomalías políticas, que surgían a la luz ya sin disimulo. Habían llegado a la convicción de que los partidos no podían ni querían evitar dichas anomalías, y por eso se decidieron a intervenir. Deseaban devolver al Estado su autoridad y el respeto de la población, y utilizar los medios estatales para las necesarias reformas. En una palabra, se habían fijado como objetivo la superación de esa debilidad esencial del sistema político que hemos definido aquí como crisis de legitimidad. La revolución de junio pretendió brindar a la acción política una nueva justificación, un nuevo espíritu, una nueva moral.[7] Los jefes militares se mantuvieron fieles a este objetivo mientras fue posible, es decir, mientras Perón, con su estilo de gobierno no se colocó en abierta contradicción con los principios políticos y morales de la revolución.

Pero, en el primer momento tuvieron que agradecer a la imaginación política de Perón y a su actividad, que la revolución no experimentara un colapso interior, no se extinguiera después de su exitosa realización. Pues el aporte de Perón a la solución de los problemas a los cuales se vio enfrentado el gobierno militar fue decisivo. Ya hemos hecho referencia al primero y más importante de estos problemas: era preciso conferir a la revolución un contenido, un programa.[8] El segundo problema consistía en establecer quién se haría responsable de la ejecución de tal programa, en quién delegarían las fuerzas armadas su representación política. En tercer lugar, quedaba por resolver cómo se obtendría el apoyo de las fuerzas civiles para el logro de los objetivos políticos perseguidos. La necesidad de resolver con rapidez y eficacia esos tres problemas desencadenó un procesó de selección dentro de las fuerzas armadas. En ese proceso, Perón se destacó como el oficial de mayor talento político entre los que competían por el poder y no tardó en convertirse en figura dominante dentro del gobierno militar.

Fue mérito de Perón el que, luego de algunos meses en los cuales pretendió ocultar su vacío de concepción apoyándose en ejemplos fascistas, el gobierno desarrollara un programa propio. Por iniciativa suya se confeccionaron amplios informes acerca de la situación de las diferentes ramas de la economía y se comenzó a aplicar una política de estímulo y protección a la industria nacional. También por iniciativa suya se encaró la indispensable reforma de la legislación social, creando una serie de nuevas instituciones en el ámbito del trabajo y la salud pública y se dictaron numerosas leyes de protección a los estratos más bajos de la población. También por influencia suya se abandonó la actitud estrictamente neutral y se procuró un mayor acercamiento a los Aliados, cuya victoria sobre las potencias del Eje se insinuaba cada vez con mayor claridad.

La influencia programática de Perón se intensificó a un punto tal, que logró resolver en su favor el segundo de los problemas encarados por las fuerzas armadas: la delegación del poder político en un representante de sus filas. El enfrentamiento dentro de las fuerzas armadas en torno a la conducción política no se prolongó demasiado; en realidad, terminó apenas un año después de la revolución de junio, es decir, a mediados del año 1944.[9]

Podemos distinguir dos fases bien definidas dentro de esa pugna. En la primera, la influencia de Perón no bastaba como para compensar su grado militar no muy alto, es decir, el grado de coronel. Eso lo obligó a conformarse con posiciones de segundo orden dentro del gobierno militar y a esforzarse por ganar más poder a través de una liga de oficiales, el G. O. U.[10] En principio utilizó al G. O. U. para comprometer a la mayor cantidad posible de oficiales en favor de los objetivos de la revolución.[11] Más tarde, el G. O. U. se convirtió en un órgano de control del gobierno militar e intervino en forma cada vez más frecuente y decidida en los procesos de decisión política, hasta que llegó a hacerse, prácticamente, cargo del poder.[12] Y así comienza la segunda fase de la pugna, que se estableció entonces entre las principales cabezas del G. O. U. Gracias a su habilidad táctica y al apoyo de numerosos y leales partidarios entre la oficialidad, Perón pudo definir esa lucha a su favor. Su ascensión política se refleja en un cúmulo de cargos importantes, que asume en 1944: es designado Ministro de Guerra, Vicepresidente de la Nación y Presidente del importantísimo Consejo de Posguerra.[13] Si a eso se suman las posiciones que ya había ocupado con anterioridad, sobre todo la de Secretario de Trabajo y Previsión, y se tiene en cuenta que el Presidente de la Nación le concedía todo su apoyo, se tendrá una idea aproximada del poder que había logrado concentrar en sus manos.

Poco a poco, el gobierno militar había ido comprendiendo la importancia del tercer problema que debía afrontar: el de ganar el apoyo de la población civil.[14] Es evidente que al comienzo partió de la idea de que, para la legitimación política de las fuerzas armadas bastaba la conciencia de su responsabilidad y la capacidad de servicio demostradas al encarar algunas reformas urgentes. Pero si bien es cierto que muchos grupos civiles reconocían la urgencia de tales reformas, el éxito de las providencias adoptadas no siempre estaba de acuerdo con las expectativas y, sobre todo, no alcanzaba a compensar la pérdida de libertad de acción y expresión política que se veía obligada a aceptar la población bajo un régimen militar. Después de dos años en los cuales los militares gobernantes sólo habían chocado contra una ocasional resistencia, en la primavera de 1945 se constituyó una sólida oposición que exigió su retiro y la inmediata convocatoria a elecciones libres. El movimiento opositor no sólo estaba apoyado por la clase alta tradicional, desplazada del poder en 1943, sino que incluía fuerzas tan diversas como las universidades, los consorcios económicos y la totalidad de los partidos políticos.[15]

La reacción de las fuerzas armadas ante esas exigencias no fue uniforme. Muchos jefes y oficiales comenzaron a distanciarse del gobierno. Las fuerzas más influyentes dentro del ambiente militar, en cambio, buscaron apoyo en la población para neutralizar la presión opositora.[16] La base de apoyo debía buscarse en el plano de los obreros y los empleados de baja categoría, quienes habían sido los principales favorecidos por las reformas y ya veían en Perón —indiscutible promotor de dichas reformas— su defensor. Perón no tardó en cimentar la relación de lealtad con esa clase y en convertir a ésta en un sólido respaldo del gobierno.

Pero con eso no quedaba asegurada, ni mucho menos, la estabilidad del gobierno militar. Los ataques de la oposición prosiguieron y hasta se intensificaron cuando el gobierno cedió ante algunas de sus exigencias, dejó en libertad a presos políticos, autorizó nuevamente la actividad de los partidos y presentó un plan para un retomo gradual a la situación política constitucional. El enfrentamiento alcanzó su culminación en octubre de 1945, cuando ante la presión conjunta de sus opositores civiles y militares, Perón debió renunciar a todos sus cargos y fue sometido a arresto.[17]

Los sucesos políticos habrían tomado un curso muy diferente si la oposición se hubiera conformado con despojar del poder a aquel importante jefe militar. Pero fue más allá y volvió a exigir el inmediato retiro de todo el gobierno, que sería remplazado por la Corte Suprema de Justicia. Las fuerzas armadas no podían ni querían someterse a esa exigencia, pues ello habría equivalido a dar por concluida la revolución de junio y a admitir su fracaso político.[18] La masa trabajadora que invadió el centro de Buenos Aires el 17 de octubre les evitó la necesidad de encarar esa situación, y les abrió una posibilidad de proseguir la revolución en forma legal, apoyando la candidatura de Perón para las próximas elecciones. Muchos jefes y oficiales no aprobaban a Perón ni su estilo político; sin embargo, apoyaron su candidatura al supremo cargo político, para asegurar la continuidad de la revolución y para que el prestigio de las instituciones militares no resultara dañado.

1.2. Neutralización política de las fuerzas armadas

Con la elección de Perón como presidente en febrero de 1946, la influencia política de las fuerzas armadas se redujo, pero siguió siendo considerable. La crisis de legitimidad se había prolongado demasiado, los esfuerzos de los militares por conjurarla habían sido demasiado intensos como para que de pronto se los excluyera del proceso político. Perón no podía esperar que las fuerzas armadas se sometieran por completo a su gobierno; tuvo que conformarse con aislarlas y neutralizarlas políticamente, en la medida de lo posible. Hasta 1950 pudo lograrlo pues les hizo grandes concesiones y procedió con extrema habilidad al aplicarles sus recursos de control manipulativos e ideológicos. Por una parte, se esforzó por satisfacer las exigencias profesionales de los militares. Por otra mejoró de manera decisiva las condiciones de vida de todos los cuadros de las fuerzas armadas. Además aprovechó las rivalidades entre las diferentes armas y entre los diferentes grupos de jefes y oficiales y, finalmente, apeló a la esencia apolítica de las instituciones militares, para mantenerlas apartadas del proceso político.

La concesión más importante hecha por Perón a las fuerzas armadas, para satisfacer sus exigencias profesionales, fueron las grandes compras de armamento del período de posguerra. Aun teniendo en cuenta la situación económica favorable de esos años y el interés de las fuerzas armadas en renovar su material bélico, las sumas destinadas a la defensa durante los años de posguerra parecen desproporcionadamente altas. En 1945 se elevaron a más de la mitad del presupuesto nacional, en 1946, a más de un tercio. Durante los años siguientes se fueron reduciendo hasta llegar, en 1951, a aproximadamente el 20 por ciento del presupuesto, lo cual sigue representando una imponente proporción.[19]

Al mismo tiempo se aumentó la tropa en forma considerable. Rouquié señala que el número de oficiales ascendió de 1935 en el año 1931, a 5520 en el año 1952 y la tropa, de 25 715 a 77 432.[20] La fase más acelerada de esta evolución expansiva coincide con los primeros años de gobierno de Perón.

Durante su gobierno, las fuerzas armadas amplían, además, su competencia. Ya en 1944 se creó un Consejo Nacional de Defensa, entre cuyas amplias facultades figuraba la organización de departamentos consagrados a los fines de la defensa en los diferentes ministerios.[21] En 1947 se dictó la importantísima Ley 12987, por la cual se confiaba la ejecución del primer plan argentino de producción de hierro y acero a una repartición militar: la Dirección General de Fabricaciones Militares.[22] El sentido de esta ley consistía en independizar al país en cuanto a la fabricación de material bélico. Sumado a eso se esperaba que el desarrollo de una industria pesada por parte del Estado ejerciera una acción estimulante sobre la empresa privada. Ambos objetivos fueron alcanzados sólo en parte. Los progresos que hizo el país en la época de Perón en cuanto al desarrollo de una industria pesada autónoma se debieron casi exclusivamente a la iniciativa del sector privado.[23]

Entre las medidas para el mejoramiento de la situación económica y social del personal militar figuran en primer lugar, las numerosas disposiciones que elevan el ingreso de las diferentes armas. R. Alexander, quien —como Cafiero—, señala el acelerado aumento del presupuesto militar a partir de 1943, atribuye este fenómeno, en primer lugar, al rápido aumento de los sueldos del personal. Según sus datos, el sueldo de un teniente argentino casi se duplicó entre 1945 y 1949, y estuvo así a punto de igualar al de su colega norteamericano.[24] Los aumentos de sueldo fueron acompañados por una serie de medidas de ayuda financiera. Por ejemplo: a los miembros de las fuerzas armadas se les otorgaban créditos en condiciones particularmente favorables. Se crearon cajas de jubilación especiales para ellos y una obra social propia.[25]

También puede clasificarse entre este tipo de medidas la reglamentación más favorable de las condiciones para los ascensos. Ya en 1944, cuando Perón era Ministro de Guerra, emitió el decreto No. 29375, por el cual se reduce en forma sustancial el tiempo mínimo de servicio para el ascenso al grado inmediato superior en todos los niveles. La ley 13966 de 1950, que reestructura la situación de las fuerzas armadas en general, abrevió más aún dicho tiempo mínimo de servicio.[26] Tales disposiciones trajeron por consecuencia un sensible aumento de puestos en los altos grados del escalafón militar.[27] En 1951, el número de generales casi se había duplicado respecto a 1946 y su edad promedio había disminuido tres años. El número de egresados del Colegio Militar también aumentó al hacerse menos severa la selección.[28]

El tercer método por el cual Perón procuró neutralizar políticamente a las fuerzas armadas consistió en crear rivalidades entre las distintas armas y entre los distintos grados. Las diferencias entre el ejército y la marina siempre habían sido bastante notables[29], pero en la época de Perón adquirieron un matiz político. La marina se mostró desde el principio hostil a Perón y nunca se apartó de esa actitud.[30] Como es lógico, Perón se inclinó en favor del ejército y dejó de lado a la marina. Dentro del ejército, a su vez, concedió preferencia a la infantería, que era el arma a la cual él pertenecía. Rouquié ha comprobado que todos los puestos clave en la política militar —sobre todo el de Ministro de Guerra y el de Comandante en Jefe— siempre estuvieron ocupados por jefes y oficiales de infantería.[31] Este proceder parece haberle deparado cierto éxito: en setiembre de 1955, todas las unidades de infantería se mantuvieron neutrales o bien ofrecieron resistencia a las tropas rebeldes y, por momentos, les crearon grandes dificultades.[32]

El intento de Perón de enfrentar a los diferentes grados, comenzaba con la suboficialidad. La mayoría de los suboficiales procedían de la clase baja, de modo que Perón podía partir de la base de que ellos apoyaban a su gobierno.[33] Por esa razón se empeñó en aumentar su influencia dentro de la jerarquía militar, iniciando un proceso de democratización dentro de las instituciones militares.

Otorgó a los suboficiales el derecho al sufragio y los incluyó en la obra social del ministerio de guerra, lo cual significaba una importante ventaja financiera.[34] Al mismo tiempo facilitó el acceso de sus hijos —y de otros grupos con ingresos bajos— a la carrera militar, mediante la creación de becas.[35] Aparte del objetivo a corto plazo, es decir, el de crear un contrapeso a las fuerzas hostiles al régimen existentes dentro del cuerpo de oficiales, estas medidas apuntaban hacia otro objetivo a largo plazo: el de aumentar la participación de la clase baja en las instituciones militares, lo cual significaba para Perón la mejor garantía de conformidad política de las fuerzas armadas.

Al aplicar la cuarta estrategia, la de acentuar la esencia apolítica de las fuerzas armadas, Perón sacó provecho de su profundo conocimiento de la mentalidad y de la ideología militar.[36] La concepción que de sí mismas tienen las fuerzas armadas argentinas evidencia una marcada influencia de modelos europeos, en especial de las fuerzas armadas alemanas. Entre los valores considerados indiscutibles figura la lealtad al Estado y a la Nación, por un lado, y una actitud de total prescindencia respecto a las lides políticas cotidianas.[37] Estos valores fundamentales desempeñaban un importante papel en los discursos pronunciados por Perón ante las fuerzas armadas. Constantemente les señalaba su deber de obediencia al Presidente, como autoridad elegida por el pueblo, y las instaba a permanecer al margen de la política. Pero también se esforzaba por presentarles estas ideas de una manera halagadora, destacando su misión especial como élite moral de la Nación. Siendo la encargada de custodiar los bienes más sagrados, debía mantenerse al margen de los conflictos políticos partidarios. Para convencerlas de que ninguno de los bienes sagrados —la unidad nacional, la paz social o la Constitución— estaba en peligro, trazaba para ellas un cuadro idealizado de la situación del país.[38] Por lo demás, procuraba demostrarles con sus actos multitudinarios, que la mayoría de la población estaba detrás de su gobierno y lo defendería en caso de un golpe militar.[39]

1.3. Rasgos militares del sistema de gobierno

Hasta ahora hemos tratado, fundamentalmente, aquellas medidas de Perón tendientes a desplazar a las fuerzas armadas del campo político y a obligarlas a concentrarse en su tarea específica. Pero si bien el éxito de estas medidas fue considerable, sería un error suponer que constituyeron la única razón de la prescindencia política de los militares durante el primer período de gobierno de Perón. Como ya se señalara al comenzar este capítulo, las ambiciones de poder y el compromiso político de las fuerzas armadas eran tan grandes que Perón no podía contar con mantenerlas totalmente alejadas del proceso de toma de decisiones políticas. Por eso, ademas de la estrategia «negativa» que acabamos de esbozar, aplicó una estrategia «positiva», es decir, complementó sus esfuerzos por neutralizarlas en el aspecto político, con providencias que le aseguraran su aprobación y su apoyo.

Numerosos análisis han demostrado que dichas providencias fueron coronadas por el éxito. La mayoría de los autores definen a las fuerzas armadas como el principal apoyo del régimen, como la garantía de estabilidad del sistema peronista de poder.[40] De acuerdo con el concepto que de sí mismas tenían, no tomaron partido por Perón en forma abierta, pero expresaron su acuerdo justamente por medio de ese aparente desinterés político. Si bien casi todos los autores se muestran de acuerdo sobre este punto, la mayoría de ellos no explica por qué las fuerzas armadas apoyaron a Perón y a su gobierno. La explicación de que Perón prometía mantener el orden y la paz social no basta, y otro tanto puede decirse del argumento acerca de la satisfacción de las exigencias profesionales de las instituciones militares. La razón más importante de la conformidad política de las fuerzas armada» está, más bien, en el rasgo fundamentalmente militarista del sistema de gobierno peronista.[41]

La gran cantidad de disposiciones legales referentes a la seguridad nacional nos da ya idea de la importancia de este componente militar. La mayoría se asemejaba —en cuanto a estructura y severidad de las penas— al decreto No. 536 emitido durante la Guerra Mundial, que aumentaba en forma drástica la severidad de las penas por espionaje, por comisión de hechos que dificultaran abastecimientos militares, por daños inferidos a bienes de importancia para la defensa nacional y por instigación a la huelga.[42] En 1948 se dictó la Ley 13234 de «normas para organizar la Nación para tiempo de guerra desde tiempo de paz». En 1949 entró en vigor la Constitución reformada, la cual en su artículo 29 preveía una considerable ampliación de la competencia de los tribunales militares. Y en 1950 se establecieron nuevas penas por espionaje, sabotaje y traición, en una ley de seguridad nacional.[43] Aparte de todo esto se dictaban constantemente disposiciones que también revelaban la permanente atención concedida por el gobierno a los problemas de la defensa del país. Entre ellas podemos citar, por ejemplo, la fijación de las llamadas «zonas de seguridad».[44]

La importancia concedida por Perón a los problemas de seguridad estaba determinada esencialmente por su concepción de la defensa, que podría definirse brevemente por la fórmula «la Nación en armas». Este principio de estrategia bélica expuesto por primera vez por el mariscal prusiano von der Goltz, había llegado a América latina con cierto retraso, como la mayoría de los impulsos espirituales europeos, y constituía hacia fines de la Segunda Guerra Mundial la base para el análisis de las posibilidades de defensa del país.[45] La tesis central de esta estrategia establece que una nación debe movilizar topos sus recursos, todo su potencial humano, económico e ideológico, para poder imponerse en una contienda bélica moderna.[46] En el fondo, esto significa que el límite entre la guerra y la paz, entre el ámbito militar y el civil, desaparece. Si un país quiere evitar que otro Estado lo ataque y lo derrote, debe estar siempre preparado para la guerra. No sólo debe mantener actualizado su armamento militar, sino que también debe ubicar los restantes recursos de modo tal que siempre se encuentren al servicio de la defensa del país. Dada la importante posición que ocupan las fuerzas armadas en la Argentina, esta fusión de la esfera militar con la civil llevó, necesariamente, a que se concediera creciente importancia a la defensa del país dentro del proceso de decisiones políticas.[47]

Por ejemplo: en las dos iniciativas políticas más importantes de Perón, las medidas de protección a la industria nacional y la legislación social, desempeñaron un papel esencial las consideraciones acerca de la defensa del país. En lo que respecta a las medidas de protección a la industria, parecerían haberse basado en una consideración sobre la cual insistían los teóricos militares: la de que la capacidad defensiva de un país depende de su potencia económica, y en especial de su potencia industrial.[48] Se argumentaba que la concentración de la Argentina en la exportación de productos agrarios no le permitiría resistir un conflicto armado de larga duración y la dejaría totalmente indefensa en el caso de un bloqueo marítimo. Las reformas sociales emprendidas por el gobierno contaron con el beneplácito de las fuerzas armadas pues éstas consideraban que las tensiones sociales iban en desmedro de la voluntad defensiva y de la disposición para la lucha de la población. Por consiguiente, todas la medidas que contribuyeron a hacer desaparecer las diferencias de clases y dieran lugar a una mayor homogeneidad social fueron bien recibidas.[49]

En muchas otras iniciativas del gobierno se advierte una relación similar entre intereses militares y afán política de reformas. Así, por ejemplo, en sus esfuerzos por obtener una visión panorámica de los recursos más importantes del país, mediante estadísticas y registros, se adviene un segundo objetivo: el de facilitar el acceso del Estado, a dichos recursos en caso de guerra.[50] Una de las metas de la política en materia de salud pública era, sin duda, la reducción del número de individuos no aptos para el servicio militar.[51] La emancipación social y legal de la mujer fue fomentada, en vista del papel clave que desempeñó la mano de obra femenina en la Segunda Guerra Mundial.[52] Hasta la política religiosa estuvo en gran parte condicionada por la convicción de que la potencia defensiva nacional aumenta cuando todos los ciudadanos tienen en común determinadas creencias y principios.[53]

Un ejemplo particularmente claro de la aplicación de categorías de índole militar a situaciones políticas es el sistema peronista de gobierno en sí. Los teóricos militares argentinos señalaban con frecuencia durante la Segunda Guerra Mundial la superioridad bélica de los Estados autoritarios sobre los democráticos.[54] Perón adoptó esas ideas e inmediatamente después de su acceso al poder comenzó a reformar el sistema político de acuerdo con el modelo militar. Concepciones militares fueron decisivas para la mayoría de las medidas políticas de control merced a las cuales se fueron descartando las instituciones liberales y democráticas, para ser remplazadas por un sistema jerárquico centralista. El Presidente, que estaba al frente de tal sistema era, en el fondo, un supremo comandante político. Sus ministros y asesores políticos cumplían las funciones del estado mayor y la administración estatal equivalía a los cuadros de oficiales responsables de trasmitir las órdenes centrales. El papel de la tropa, que debía obedecer y ejecutar las órdenes, era desempeñado por el pueblo.[55]

La influencia del pensamiento militar sobre la concepción política de Perón se manifestaba también con toda claridad en la terminología por él empleada, sobre todo en la acumulación de conceptos como «enemigo», «traidor» «estrategia», «táctica», «lucha», «batalla», «triunfo» «victoria», «retirada», «víctima», «bandera», etc.

Pero el sistema peronista de gobierno no sólo se presta mucho para mostrar la influencia de categorías de pensamiento militar en la estrategia política de su jefe, sino que también permite reconocer los límites de esa influencia. Como ya señaláramos en páginas anteriores, el sistema peronista de gobierno no tenía una estructura tan coherente y uniforme como pretendían hacer creer Perón y sus seguidores, sino que evidenciaba pluralismo de fuerzas y considerables tensiones internas. En la práctica, Perón debía tomar en cuenta esas situaciones. No podía limitarse a impartir órdenes; debía esforzarse por persuadir a los diferentes factores de poder que lo apoyaban de que sus ideas debían ser aplicadas. No siempre podía imponer su voluntad por la fuerza; debía ceder también a las exigencias y necesidades de los grupos sociales y estar dispuesto a concesiones y compromisos.

Por eso sería un error pretender buscar el origen de todas las medidas políticas de Perón en motivos y principios militares. Esta pretensión estaría condenada al fracaso aunque más no sea porque Perón siempre sabía dar un contenido político real —ya fuera de naturaleza económica, social o cultural— a todas sus iniciativas, incluso a aquellas inspiradas por consideraciones de índole militar. Igualmente erróneo sería, sin embargo, permitir que el «político» Perón nos hiciera olvidar al Perón «estratega», cosa que ocurre con la mayoría de los autores que han tratado el tema. Las categorías de pensamiento y las escalas de valores de tinte militar marcaron su impronta en la concepción básica del sistema peronista de gobierno, confirieron el impulso inicial a muchas de las más importantes reformas y, finalmente, contribuyeron de manera decisiva a esa correspondencia ideológica y política entre el gobierno y las fuerzas armadas, que aseguró a Perón el apoyo de este importantísimo factor de poder.

1.4. Las fuerzas armadas como grupo de veto

Por lo que acabamos de ver, la relación entre el gobierno y las fuerzas armadas hasta el año 1951 puede definirse como un gran pacto en el cual ambas partes hacían concesiones de poder e intereses: Perón satisfizo las exigencias profesionales, económicas y sociales de las fuerzas armadas y tomó en cuenta las ideas políticas de éstas en su concepción del gobierno; a cambio de eso exigió de ellas una conducta que él definía como apolítica, aunque de hecho no lo era, pues significaba un renunciamiento a todas sus pretensiones de voz y voto, equivalente a un apoyo al gobierno. Después de 1951 ambas partes perdieron interés en el mantenimiento de este pacto. Las fuerzas armadas no querían dejarse atar por su obligación de mantenerse al margen de la política como en los años anteriores e intentaron ejercer mayor influencia sobre el proceso político. Perón, por su parte, ya no parecía conformarse con la pasividad de las fuerzas armadas y exigía de ellas una franca toma de posición a favor de su persona y de su régimen. Y así se estableció entre ambos factores de poder una lucha encubierta, que afloró en el año 1955 y culminó con la caída de Perón.

Uno de los primeros síntomas del enfriamiento de relaciones entre el gobierno y las fuerzas armadas fue el golpe del general B. Menéndez, en setiembre de 1951. El golpe, en sí, no significó un peligro serio para el régimen. Recibió el apoyo de pocos oficiales, estuvo mal organizado y terminó casi antes de que llegara a dispararse un tiro, porque Menéndez admitió su fracaso y depuso las armas.[56] Sin embargo, este movimiento demostró el creciente descontento de las fuerzas armadas. La causa decisiva de este descontento eran los métodos cada vez más represivos de la pareja gobernante y sus esfuerzos por dividir a la población en dos frentes políticos opuestos. Así como al comienzo habían apoyado las reformas sociales de Perón, pues esperaban que éstas contribuyeran a aliviar las tensiones sociales y a cimentar la unidad nacional, ahora contemplaban con creciente disgusto el tono polémico, de lucha de clases, que se incorporaba a la política, especialmente a través de los discursos de Eva Perón.[57]

Gran parte de la oficialidad nunca había aceptado a Eva Perón a causa de su dudoso pasado. La desconfianza con la cual se la había recibido se convirtió en abierto rechazo cuando se hizo evidente que ella utilizaba su influencia política para movilizar los estrato más bajos contra la clase alta, para limpiar la administración de todos los elementos políticamente independientes y para montar un culto a la pareja gobernante[58] Además del vuelco que daba a la política, también la situación económica contribuía al creciente descontento de las fuerzas armadas; el paulatino estancamiento de la economía había hecho que las compras de armamentos se redujeran en forma drástica y que los aumentos de sueldo se detuvieran.

Es posible que Perón haya sobrestimado la importancia del golpe de Menéndez y lo haya tomado como primera manifestación de una disposición general a la rebelión entre los militares. También es posible que haya inflado adrede este acontecimiento relativamente insignificante por motivos publicitarios. Lo cierto es que su reacción fue desproporcionadamente dura… demasiado dura como para lograr el objetivo perseguido: la docilidad política y la lealtad de las fuerzas armadas. Esto se refiere tanto a las medidas adoptadas inmediatamente después del golpe, como a las consecuencias que extrajo de éste a largo plazo.

Entre las medidas inmediatas figuran algunas leyes de extrema severidad como por ejemplo, la ley No. 14062, por la cual se declaraba el estado de guerra interno.[59] Esta ley merece atención, pues en ella se aplican, sin el menor disimulo, normas y pautas militares a la persecución de enemigos políticos.[60] Ampliaba la competencia de la justicia militar a grandes sectores de la población civil y contenía una disposición de acuerdo con la cual la participación en un golpe de Estado sería castigada con el inmediato fusilamiento. Otra ley confería a Perón facultades extraordinarias para una reestructuración en las filas de las fuerzas armadas.[61] Se le concedía derecho a dar de baja o pasar a situación de retiro dentro de los 180 días a todos los oficiales que no merecieran confianza, y a remplazarlos por otros que fueran dignos de ella.[62]

A pesar de las amplias facultades que le fueron concedidas, la primera operación de limpieza de Perón distó mucho de verse coronada por el éxito. La Ley 14062 debía ser aplicada por primera vez al propio Menéndez, para quien los partidarios de Perón pedían la pena de muerte. Pero tanto ese pedido de condena como otras severas penas solicitadas para diversos jefes y oficiales comprometidos en el golpe, se estrelló contra la resistencia del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, constituido en tribunal militar.[63] Los representantes de las instituciones militares lograron también suavizar los efectos de la segunda ley que concedía poderes excesivos a Perón para la remoción de personal. Así, por ejemplo, en la marina —arma que desde el comienzo se opuso al gobierno—, los antiperonistas continuaron siendo mayoría después de 1951. El espíritu de cuerpo de los militares y la solidaridad de sus instituciones se convirtió en un serio escollo para los esfuerzos de Perón por someterlos, y tal escollo no podía hacerse desaparecer de golpe, sino que exigió una estrategia de control a largo plazo.

Entre las medidas de control destinadas a producir un efecto perdurable, figuraba, por ejemplo, el intento de adoctrinar a las fuerzas armadas. En los centros de educación militar comenzaron a repartirse ahora —como en todas las demás ramas de la administración pública— manuales y libros de texto peronistas, que debían proporcionar a los reclutas el bagaje ideológico para su carrera militar.[64] El órgano teórico del ejército, la Revista Militar, debió cambiar su presentación y su contenido, para asemejarse más a la prensa diaria, sometida a las directivas políticas del gobierno. Además, en adelante, las fuerzas armadas tuvieron la obligación de hacerse presentes, en número proporcional, en las manifestaciones de masas y demás actos del régimen. Para asegurar el éxito de sus planes de integración, Perón prosiguió al margen de todo esto su política de depuración de las filas. La ley que lo autorizaba a reestructurar las filas de las fuerzas armadas fue prorrogada por otros seis meses al expirar el primer plazo de 180 días. A la prórroga de la vigencia de esta ley siguieron numerosos decretos —en gran parte no publicados— por los cuales se disponía la baja o el pase a retiro de oficiales en los cuales no se podía confiar.[65] Las posiciones militares clave sólo eran ocupadas por candidatos sobre cuya lealtad al régimen no cabía la menor duda.[66] Finalmente, Perón procuró conquistar el favor de las fuerzas armadas con una serie de medidas. Así, por ejemplo, se crearon para ellas establecimientos de auto-abastecimiento, que debían contribuir a compensar en parte el rápido encarecimiento de alimentos y bienes de consumo, por medio de la producción directa.[67]

Sin embargo, la mayoría de esas medidas produjeron un efecto contrario a lo previsto: no aumentaron la identificación con el gobierno, sino que intensificaron la solidaridad con el opositor; no crearon una complacencia política sino que generaron irritación ante el avasallamiento de la autonomía de las instituciones militares. El compromiso de las fuerzas, armadas con un determinado movimiento político, como exigía Perón, no sólo no era compatible con su esencia política, sino que iba en menoscabo de la condición más importante para su papel clave dentro del sistema político: la autonomía institucional. Por añadidura, Perón no tuvo en cuenta que la «politización» de las fuerzas armadas no sólo aumentaría el número de oficiales adictos al régimen, sino que también desencadenaría movimientos de oposición entre quienes aún no habían tomado abiertamente partido en contra del gobierno por no perjudicar la unidad de la institución.[68]

Las razones que finalmente fueron decisivas para que una parte de las fuerzas armadas se rebelara abiertamente y derrocara a Perón, pueden agruparse en dos categorías. Por un lado, las instituciones militares veían cada vez más amenazada su existencia.[69] Dados los sistemáticos esfuerzos de Perón por subordinarlas, era sólo cuestión de tiempo: tarde o temprano perderían por completo su independencia, para convertirse en una de las organizaciones del sistema peronista de gobierno. La continua reducción del presupuesto de armamentos desde 1951 y las exigencias de que se constituyeran las milicias obreras[70] constituían una ominosa señal del fracaso institucional.

Por otro lado, la orientación global de la política peronista, a partir de 1950, provocaba a las fuerzas armadas al golpe de Estado. El estilo de gobierno represivo y personalista de Perón hacía que muchos oficiales lo consideraran como un dictador obsesionado por el poder, que no vacilaba ante nada con tal de materializar sus ambiciones. De acuerdo con su punto de vista, no sólo había sido infiel a su programa de gobierno original, según el cual erradicaría los vicios políticos, defendería la independencia económica de la Nación y conservaría la paz social, sino que se convertía —él mismo— cada vez más, en un peligro para la unidad nacional y para el orden social. Había traicionado a la revolución de junio y al hacerlo había perdido todo derecho a mantener sus pretensiones de liderazgo político ante los ojos de las fuerzas armadas.[71]

2. Los sindicatos[72]

2.1. Integración social por medio de reformas sociales

Como se ha señalado repetidas veces en estas páginas, la integración de los estratos más bajos del engranaje social de la Nación fue uno de los principales méritos del régimen. Este logro fue, ante todo, un resultado de las reformas sociales aplicadas por Perón. La orientación distributiva de su gobierno no abarcó sólo las capas más bajas, sino que se extendió a todos los sectores sociales y económicos. Por ejemplo, mediante un decidido fomento a la pequeña y mediana industria se persiguió también una mayor nivelación del patrimonio de la clase acomodada. Pero la acción estatal se concentró en hacer desaparecer el abismo existente entre la clase alta y media por un lado y la baja por otro; es decir, entre la mitad de la población social y económicamente bien establecida y la otra mitad, la de los individuos sin patrimonio y sin status, que vivían una vida al margen de la sociedad.

La integración de esos estratos marginales no era, por cierto, un mero problema económico y legal. Perón tenía plena conciencia de la importancia que podían tener las estrategias ideológicas y emocionales para captar la masa trabajadora, sin ubicación hasta ese momento. Procuró despertar en los estratos bajos un sentido de nacionalidad y de identidad mediante la difusión de su doctrina y la ayuda del estilo plebiscitario con ribetes emocionales que había impreso a su gobierno. Sin embargo, reconocía también que los métodos ideológicos y emocionales de integración sólo producirían el efecto perseguido, es decir, la formación de una conciencia nacional, si se los apoyaba sobre una base material e institucional. Por eso, la elevación del nivel de vida y la mejora del status social de los estratos bajos constituyeron el centro de sus esfuerzos reformistas.

Las primeras medidas reformatorias fueron adoptadas unos 6 meses después del golpe de junio, cuando Perón se hizo cargo del Departamento Nacional de Trabajo, una repartición con funciones de asesoría, y lo trasformó en un organismo con competencias más amplias y con considerables recursos administrativos: la Secretaría de Trabajo y Previsión.[73] La comprensión y el interés de Perón por los problemas de la clase trabajadora le permitió convertir en pocos meses a la Secretaría de Trabajo y Previsión en un centro de decisión de todos los problemas y conflictos vinculados con el derecho laboral. Los centenares de disposiciones, resoluciones y dictámenes emitidos por el organismo entre 1943 y 1946, contenían ya todas las figuras jurídicas y los principios básicos de la política social peronista.

No resulta fácil ordenar y mencionar las diversas medidas de reforma social. Perón y sus asesores no encontraron un sistema homogéneo de principios sociales y del derecho laboral ni desarrollaron un sistema de esa naturaleza.[74] Su proceder fue, en esencia, pragmático y dictado por las circunstancias. Si nos atenemos al contenido funcional de las medidas, veremos que la mayoría de ellas persigue dos objetivos básicos: 1. la valoración social de los trabajadores, su reconocimiento como miembros de la comunidad nacional, con todos los derechos que ello implica; 2. la mejora de sus condiciones económicas. En algunas disposiciones legales se conjugan ambos puntos de vista; pero la mayoría de las medidas persiguen uno u otro de estos objetivos.

Entre las iniciativas tendientes a mejorar el status político y social de los estratos sociales más bajos, cabe mencionar, en primer lugar, la creación de una serie de instituciones consagradas a defender los intereses de la clase trabajadora. Además de la ampliación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, más tarde elevada a la categoría de ministerio, figuraban entre tales instituciones tribunales del trabajo y una universidad obrera.[75] Pero ninguna de estas instituciones estatales demostró la toma de partido del gobierno en favor de los estratos bajos con tanta claridad como una organización del derecho privado: la Fundación Eva Perón.[76] Esta fundación, creada en el año 1947, extendió rápidamente su campo de acción bajo la enérgica dirección de la esposa de Perón y se convirtió muy pronto en una obra asistencial de alcance nacional y, por momentos, también internacional.[77] Allí donde se producían enfermedades, epidemias, catástrofes o cualquier otro tipo de necesidades o penurias, intervenía con rapidez y eficiencia la Fundación. Es importante tener en cuenta el estilo de trabajo y la concepción que de su tarea tenía Eva Perón.[78] Uno de sus principios rectores era que a los pobres sólo se les debía ofrecer bienes y servicios de la mejor calidad. Insistía, además, en que la ayuda brindada por la Fundación no era limosna, no era dádiva facultativa, sino una forma de satisfacer las justificadas demandas de los beneficiarios.[79] Evidentemente, Eva Perón no se contentaba con mejorar la situación material de los individuos en cuestión, sino que procuraba estimular en ellos el sentido de dignidad y demostrarles que se los aceptaba como miembros de la comunidad, con todos los derechos que esa situación implicaba.

Otra importante medida que posibilitó la unión de la clase trabajadora y por consiguiente su representación, fue el decreto No. 23852 de 1945 sobre «asociaciones profesionales de trabajadores».[80] Con frecuencia se lo ha tildado de fascista y se lo ha señalado como una de las principales causas de la excesiva vinculación de los sindicatos argentinos con el Estado. Pero quienes formulan esas críticas pasan por alto el hecho de que la tendencia a apoyarse en el Estado ya se puso de manifiesto en el movimiento sindical argentino quince años antes del acceso de Perón al gobierno.[81] No cabe duda de que la disposición contenida en ese decreto, según la cual el Estado debía conferir autonomía tarifaria al sindicato más fuerte de cada rama de la economía, fue aprovechada por Perón con fines políticos y contribuyó en gran medida a que los sindicatos quedaran totalmente en manos del gobierno en el término de pocos años. Pero esa desventaja, que sólo se hizo sentir en la época de Perón, quedó compensada con creces por las ventajas que trajo aparejada para la evolución a largo plazo de los sindicatos. Neutralizó su tradicional tendencia a la discordia y a la atomización, cimentó su concentración y los convirtió en organizaciones con una sólida base masiva.[82] Hasta 1943, los sindicatos sólo tuvieron una moderada influencia política; en tiempos de Perón, en cambio, se convirtieron en uno de los principales factores de poder del país, cuyas exigencias no puede pasar por alto ningún gobierno.

A la luz de ese esfuerzo por elevar el status social de los estratos bajos y por darles conciencia de su pertenencia a la comunidad nacional, cobran sentido las numerosas proclamas de los derechos sociales emitidas durante los primeros años de gobierno de Perón. Entre las más importantes figuran los Derechos del Trabajador y los Derechos de la Ancianidad.[83] También aparecieron catálogos similares respecto a los niños y a las mujeres. Estos «derechos» pocas veces implicaban la posibilidad de que el ciudadano demandara judicialmente al Estado las seguridades y ventajas enumeradas. Su verdadera significación era más bien de naturaleza programática. Subrayaban la voluntad estatal de dedicar más atención y ayuda que antes a los estratos de la población carentes de privilegios.

El número de medidas que apuntaban hacia el segundo punto esencial en el programa de reformas, el mejoramiento de la situación material de los estratos bajos, fue tan grande que es imposible exponerlas en su totalidad. Por eso nos limitaremos a esbozar los principales ámbitos sobre los cuales se concentraron tales medidas.

Entre las disposiciones más importantes tendientes a asegurar y elevar el nivel de vida de los estratos bajos figuran las de control de los alquileres y de los precios. Ya en junio de 1943, es decir, inmediatamente después del golpe militar, se emitió una disposición que prohibía los aumentos de alquiler en la capital hasta nueva orden. El motivo de dicha disposición fue una investigación practicada por el Departamento Nacional del Trabajo, por a cual se comprobó que muchas familias de la clase obrera vivían en una sola habitación por no poder costear una vivienda completa.[84] También se debió a una iniciativa del Departamento Nacional del Trabajo la fijación de precios máximos para los productos alimenticios y demás artículos de primera necesidad. Según Figuerola, jefe del Departamento Nacional del Trabajo, Perón se había mostrado muy impresionado por las investigaciones acerca de la deficiente alimentación de las familias obreras, al hacerse cargo de dicha repartición.[85] A partir de ese momento, el mantenimiento y, en lo posible, la reducción del costo de vida figuró entre los puntos más importantes de su programa de reformas. Para ello se apoyó en una ley dictada ya en 1940, que preveía medidas para el control de los precios, dada la inflación que se produciría durante la guerra.[86] La campaña propagandística contra el «agio y la especulación» y la constante publicación de nuevas disposiciones para combatirlos se prolongó en forma casi ininterrumpida desde 1944 hasta 1952.[87] Estos esfuerzos sólo tuvieron un éxito transitorio entre 1946 y 1948, mientras que durante los restantes años resultaron insuficientes para contener las tendencias inflacionarias.[88]

La política de precios máximos estuvo estrechamente vinculada con la del salario mínimo. Si bien es cierto que el discutido decreto No. 33302, que confiaba al Estado la fijación del salario mínimo para todas las ramas de la economía y para todas las profesiones, nunca llegó a aplicarse en esa forma[89], el salario mínimo desempeñó un papel extraordinariamente importante en los numerosos acuerdos tarifarios celebrados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión entre 1944 y 1946 y emitidos como disposición por este organismo.[90] Su fijación obligatoria reportó una considerable mejora de salarios a la mayoría de los trabajadores. El salario real medio del obrero argentino había permanecido estable, y por momentos hasta había retrocedido un poco, entre 1929 y 1942; a partir de ese año, en cambio, ascendió en forma continua siendo el índice de aumento del obrero no especializado incluso superior al del especializado.[91] Ambos grupos alcanzaron su nivel de salarios más alto en 1948, sin embargo, al año siguiente experimentaron un deterioro.

Las mejoras salariales fueron la más espectacular de las ventajas que los obreros obtuvieron de los acuerdos tarifarios obligatorios. Pero también fueron de gran importancia para ellos las numerosas obligaciones de protección y seguro incluidas en dichos acuerdos. Fayt enumera unas quinientas disposiciones legales referidas a despido, horario de trabajo, años de trabajo y vacaciones anuales, emitidas sólo durante los años 1944 y 1945.[92] Entre los restantes temas regulados por contrato figuraban el seguro contra enfermedad y accidentes y la organización de servicios médicos, culturales y deportivos.

Una de las medidas que más sensación causaron fue aquella que obligaba a los empleadores a pagar al obrero un sueldo anual complementario, el aguinaldo. Esta medida, adoptada a fines de 1945, es decir inmediatamente antes de las elecciones presidenciales, fue criticada como una maniobra táctica de Perón y los empleadores la cumplieron de no muy buen grado. Una resistencia similar encontró la difusión de las cajas jubilatorias, un sistema que permitía al obrero retirarse a la edad de 50 a 60 años, conservando casi la totalidad de su último sueldo. Este sistema de pensión tan costoso, que hasta ese momento sólo habían podido aplicar algunos sindicatos muy fuertes del sector de servicios, se difundió poco a poco en épocas de Perón, hasta llegar a abarcar todas las ramas profesionales.[93]

Finalmente cabría señalar algunas medidas legales adoptadas en favor de determinados grupos que necesitaban con particular urgencia la protección del Estado; por ejemplo: los inmigrantes[94], los aprendices y obreros menores de edad[95], los trabajadores rurales[96], etc.

En los estudios sobre el tema se han analizado en detalle los grupos de la clase trabajadora de los que provenían la mayoría de los partidarios de Perón. En las publicaciones más antiguas se advierte una tendencia a presentar a Perón como un hábil demagogo, que privó a las clases bajas de su libertad política y, a cambio de ello, les arrojó algunos beneficios económicos pasajeros. Por consiguiente, se describe a los obreros que lo siguieron como gente sin visión, irracional, y desprovista de toda conciencia de clase. El prototipo de ese obrero manipulable era, para tales autores, el individuo recién llegado a Buenos Aires, desde el interior del país, en procura de los lugares de trabajo que la industria en rápida expansión le había creado. La explotación económica a la cual estaba sometido, su inseguridad sociocultural en el ambiente de la gran ciudad, y su inexperiencia política lo convertían en el objeto ideal para la estrategia autoritaria de un conductor paternalista. Frente a este obrero «nuevo» estaba el «antiguo» obrero, a quien se atribuía una larga experiencia en la lucha social, una marcada conciencia de clase e ideas políticas propias, y al cual, por lo tanto, se describía como menos pasible de sucumbir a la seducción del dictador.[97]

En los últimos tiempos se expresan, cada vez con mayor frecuencia, las dudas acerca de esta explicación del comportamiento de la clase trabajadora, basada tan sólo en las cualidades carismáticas y en la habilidad manipulatoria de Perón.[98] Por un lado, estas dudas se refieren al verdadero origen de las familias del interior emigradas a Buenos Aires: ¿provendrían realmente del campo y mostrarían una marcada tendencia a los modelos de comportamiento tradicionales, particularistas y paternalistas? ¿O bien se trataba de grupos provenientes de pequeñas ciudades, dotados de considerable iniciativa y de una nada despreciable capacidad de juicio en el terreno político? Por otro lado se pone en duda el antiperonismo del «antiguo» obrero y de las antiguas organizaciones gremiales, y se señala su decisiva participación en la movilización de las masas trabajadoras en los días de octubre de 1945 y en las elecciones de 1946.

En tanto no se cuente con detenidas investigaciones acerca de la conducta política de los diferentes sectores de la población en tiempos de Perón, es muy difícil afirmar algo acerca del tipo del trabajador políticamente comprometido, entre 1943 y 1955. Con todo, podría esbozarse ya el tipo de la siguiente manera: no debía tener ni una tendencia al comportamiento irracional, emocional, ni ser demasiado sensible a las estrategias carismáticas y paternalistas de conducción; en una palabra: no debía estar «disponible» desde el punto de vista político. Si tenemos en cuenta la actitud de rechazo con la cual la élite tradicional había acogido Jas tentativas de integración de las clases bajas, entre 1930 y 1943, y la comparamos con la plétora de reformas sociales que mejoraron en forma decisiva el status social y la situación económica de los obreros en un lapso de apenas dos años, comprenderemos que la toma de posición de los obreros respecto a Perón estuvo en un todo de acuerdo con sus intereses y puede calificarse de racional y realista. Vista desde este punto de vista es mucho más inexplicable la actitud de aquellos grupos obreros que se adhirieron a la oposición y cuestionaron la legislación social del gobierno militar con su exigencia de que Perón se retirara de la vida pública.

2.2. El Laborismo, intento fallido de ampliar la participación política

El sometimiento de los sindicatos a la autoridad de Perón se ha expuesto más de una vez como empresa sistemática y continua del dictador.[99] En realidad, al comienzo la situación era mucho más compleja. Ni Perón tuvo desde el principio la intención de crear un sistema de gobierno que se apoyara más que nada en las clases bajas, ni los sindicatos se mostraron inicialmente dispuestos a aceptar la pretensión de liderazgo absoluto de Perón. La unilateral dependencia de las organizaciones sindicales respecto a Perón fue el resultado de una larga y compleja pugna política. La parte más interesante de dicha pugna fue el pasajero intento de los sindicatos, de movilizar políticamente a la clase trabajadora y procurarle una posición dominante dentro del sistema parlamentario de gobierno, mediante la creación de un partido político propio. El partido laborista encontró enorme eco en los sectores más amplios de la población y, con una existencia de apenas cuatro meses, logró la mayoría absoluta en las elecciones de febrero de 1946. Pero a continuación, Perón lo disolvió y muy pronto lo incorporó al partido oficialista recién fundado por él: el partido peronista. Para demostrar la importancia histórica del movimiento laborista y para explicar los motivos de su fugaz éxito y de su fracaso, es necesario repasar brevemente su aparición dentro del marco de la confrontación a que antes aludiéramos, a comienzos del régimen.

Para comprobar que Perón no pensaba en un comienzo crear un sistema de dominación apoyado exclusivamente por las clases bajas podría citarse, entre otras cosas, un discurso suyo del año 1944.[100] Según éste, su principal intención era la de inmunizar a los obreros contra las corrientes comunistas y las tendencias revolucionarias, mediante una mejora de su situación. No pensaba en despojar a las clases acomodadas de sus bienes y de su poder para instaurar el dominio de la clase trabajadora. Todo lo contrario; su intención era contribuir a la estabilización del orden social vigente, corrigiendo su punto más débil: la excesiva falta de privilegios de los trabajadores.[101] Esos planes fueron arruinados por la creciente violencia de los ataques de la oposición, que lo obligaron a buscar el apoyo de las masas obreras y de los sindicatos en una medida superior a la prevista.[102]

Las repetidas declaraciones de Perón acerca de la intención de las reformas sociales —que perseguían una domesticación y no una movilización de las clases bajas— no lograron disipar las dudas de los círculos empresarios respecto a su política. Esos círculos no creían en el peligro de una revolución comunista, tantas veces señalado por Perón en sus discursos, y contemplaban la legislación social del gobierno como un injustificado cercenamiento de sus bienes. De todos modos cualquier ataque contra esa política tenía escasas perspectivas de éxito mientras las fuerzas armadas respaldaran al gobierno y el prestigio de la Secretaría de Trabajo y Previsión continuara en aumento entre el pueblo. Pero al constituirse una oposición, en el año 1945, las organizaciones empresariales vieron la posibilidad de intervenir en forma más activa en la confrontación política. Quizá resulte difícil fundamentar debidamente la afirmación formulada de tanto en tanto, según la cual las organizaciones empresariales y los sectores ligados a ellos confirieron el impulso decisivo para un desplazamiento de la confrontación a la esfera política, en vista del fracaso de su resistencia a las medidas reformatorias del gobierno en el terreno socioeconómico[103], pero, por lo menos, deberemos reconocer que la generalización del conflicto los favorecía, pues de esa manera tenían la posibilidad de presentar sus intereses particularistas como problemas de interés general.

Hacia mediados del año 1945, las organizaciones empresariales se dirigieron a la opinión pública en un manifiesto, en el cual criticaban la política de reformas sociales emprendida por el gobierno y exigían la revisión de todas las disposiciones legales.[104]

Los sindicatos reaccionaron con gran rapidez y energía a ese desafío. Una de las primeras organizaciones sindicales, que rechazó el manifiesto y comunicó su apoyo al gobierno, fue el sindicato de empleados de comercio, numéricamente muy fuerte. Su ejemplo fue imitado por numerosos sindicatos de la capital y de las provincias.[105] Las manifestaciones de solidaridad a Perón alcanzaron su primer punto culminante con una demostración masiva frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, a la que concurrieron unos 3000 trabajadores. Uno de los principales oradores, Angel Borlenghi, interpretó el sentir general al decir: «No estamos conformes con que se hable en nuestro nombre; vamos a hablar por nosotros mismos. Y nosotros hemos resuelto que el movimiento sindical argentino… gravite en la solución de los problemas políticos, económicos e institucionales de la República, y va a gravitar con absoluta independencia».[106]

Y, en efecto, la exigencia que se convertía cada vez más en centro de los comunicados sindicales era la siguiente: intervenir como fuerza política independiente en el proceso de decisión política y participar de la responsabilidad política. El ya mencionado decreto No. 23852, sobre el status de derecho público de los sindicatos, dictado en octubre de 1945, establecía expresamente en su Artículo 33, que los sindicatos tenían derecho a una acción política en determinadas ocasiones, cuando así lo decidiera una asamblea general o un congreso.[107]

Y poco después se presentó una oportunidad así en la decisiva semana del 9 al 17 de octubre, cuando Perón se vio obligado a retirarse de todos sus cargos, ante la presión de las fuerzas opositoras, y debió cumplir un arresto militar. En respuesta, los sindicatos declararon una huelga general de dos días de duración y organizaron una demostración de protesta, tan imponente, que el gobierno terminó por ceder y dejó en libertad a Perón.[108] Este éxito contribuyó en forma decisiva a la formación de una aguda conciencia política. Convenció a muchos dirigentes sindicales aún indecisos, de la necesidad de renunciar a su rumbo exclusivamente orientado por intereses económicos y sumar sus fuerzas a una amplia iniciativa política de la clase trabajadora: la creación de un partido propio.[109]

Las primeras consultas sobre la creación de dicho partido tuvieron lugar inmediatamente después de los dramáticos sucesos de octubre. El 24 de ese mes se celebró la asamblea en la cual se fijó el nombre del partido y se designó una serie de comisiones encargadas de presentar un proyecto de estatuto. Entre el 1.º y el 8 de noviembre se discutió y se sancionó el estatuto, el 12 de noviembre se arregló la financiación del partido y se eligió su sede y el 16 de noviembre, apenas un mes después de la liberación de Perón, la agrupación inició sus actividades.[110]

La prisa con la cual se cumplieron todos esos pasos se explica por el hecho de que las fuerzas armadas concluían su período de gobierno y se había convocado a elecciones generales para fines de febrero de 1946. Eso colocaba al partido laborista ante la difícil tarea de movilizar políticamente a los estratos bajos por él representados y convencerlos de que sus intereses estarían mejor representados por la nueva organización política, que por los tradicionales partidos de izquierda.[111]

El programa del partido coincidía en muchos puntos con las ideas políticas rectoras de Perón y sólo difería de las mismas en un punto —por cierto, fundamental—: la aceptación del sistema de gobierno parlamentario y democrático. El énfasis recaía sobre la necesidad de reformas sociales. Entre otras cosas exigía: la participación del obrero en las ganancias; la abreviación de la jornada laboral; la aplicación del régimen jubilatorio a ramas del trabajo aún desprotegidas; la mejora de las condiciones de trabajo en general y la intensificación de la construcción de viviendas sociales. En el terreno económico, el partido colocaba la independencia económica del país como centro de su programa. Dicha independencia debía lograrse —de acuerdo con este programa— mediante un mayor dirigismo estatal. Contemplaba la estatización de los medios de transporte público y de las riquezas del subsuelo importantes para el desarrollo industrial. Proponía que el Estado se hiciera cargo del comercio mayorista e intensificara su control del proceso de desarrollo industrial y de la producción agropecuaria. Exigía una ampliación de las posibilidades de participación en política a todos los sectores de la población, sobre todo a las mujeres —quienes aún no tenían derecho al sufragio— y auspiciaba una mayor eficiencia política y administrativa. En lo que respecta a la política internacional, se reconocía, en principio, un deber de recíproca solidaridad entre todos los pueblos y naciones, pero se insistía en la inviolabilidad de la soberanía nacional como fundamento del orden internacional.

Como dato curioso, la parte sociopolítica de ese programa contenía algunas exigencias que ya habían sido satisfechas por Perón el año anterior. Eso se debió a que muchos empresarios aplicaban una táctica de demora en la aplicación de las disposiciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión; desde el punto de vista puramente legal, la obra reformatoria de Perón en el terreno social había sido terminada, como él mismo lo señalaba de tanto en tanto; sin embargo su aplicación en la práctica no quedaba asegurada ni mucho menos. No era raro que un conflicto entre los obreros y la patronal en tomo a la aplicación de alguna disposición del derecho laboral se prolongara por espacio de años.[112] Por eso, el programa del partido laborista no contemplaba sólo la continuación de la reformas sociales ya iniciadas, sino que defendía las ventajas legales y materiales ya logradas, contra las pretensiones de revisión del empresariado. Los sindicatos ya habían podido comprobar hasta qué punto se apresurarían los demás partidos a acceder a estas pretensiones, en caso de una derrota del partido laborista, cuando en octubre de 1945, con motivo del transitorio retiro de Perón, el flamante secretario de asuntos sociales anunció que, en adelante, se contemplarían más los intereses de los empleadores.[113]

A pesar de esa situación bastante definida, hubo una serie de sindicatos que no se adhirieron al partido laborista y, en cambio, apoyaron a sus contrarios, nucleados en la Unión Democrática. Entre ellos figuraba la más antigua y respetada de las organizaciones sindicales: La Fraternidad.[114] Las objeciones de estos sindicatos no estaban referidas al programa del partido laborista, sino al candidato a presidente por este partido, a Perón. Le echaban en cara su estilo de gobierno antidemocrático, su desprecio por los derechos fundamentales y por la libertad. Señalaban, además, que las concesiones socioeconómicas hechas por el Gobierno a las organizaciones gremiales habían costado a éstas su autonomía.[115]

La plataforma de la coalición de partidos antiperonistas, la Unión Democrática, no era más que una versión ampliada y sistematizada de estos reproches. Era un programa pobre en contenido, que no brindaba respuesta a los urgentes problemas nacionales. Apenas si mencionaba algunos tan fundamentales como la dependencia económica respecto al extranjero, la crisis de legitimidad o las reformas sociales incompletas todavía; menos aun proponía soluciones concretas. Se concentraba exclusivamente en la reimplantación de un régimen democrático y constitucional; en otras palabras: en el alejamiento de Perón del poder.[116] Lo más cuestionable en ese programa era que se orientaba sólo por los sucesos políticos de Europa, por la lucha de las democracias occidentales contra el fascismo y el nacionalsocialismo.[117] Sólo así se explica que el embajador de los Estados Unidos, S. Braden —quien consideraba como su misión derrocar al gobierno militar y, sobre todo a Perón— se constituyera por momentos en vocero extraoficial de la coalición de partidos.[118]

Y fue S. Braden quien, con su imprudente actitud, contribuyó, por fin, de manera decisiva al triunfo electoral de Perón y de los laboristas. Muy poco antes de las elecciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos publicó, por iniciativa suya, el llamado Libro Azul, en el cual se intentaba demostrar que Perón y el gobierno argentino eran nacionalsocialistas, que se mantenían en permanente contacto con la Alemania hitlerista y que habían contribuido al derrocamiento de gobiernos democráticos de América del Sur.[119] Perón logró convertir esa publicación, a la cual todos consideraban como una hipoteca sobre su gobierno, en catalizador de su éxito electoral. En los últimos discursos pronunciados antes de las elecciones, no presentaba ya como su adversario a Tamborini, candidato presidencial de la Unión Democrática, sino a S. Braden, a quien señalaba como representante de los intereses norteamericanos, que en combinación con las fuerzas reaccionarias de la oligarquía estaba a punto de socavar la independencia nacional e instaurar un régimen contrario a la clase trabajadora. El llamamiento al orgullo nacional, contenido en la penetrante fórmula «Braden o Perón» causó su efecto en los sectores más amplios de la población y es posible que hasta haya aportado a Perón y su partido los votos decisivos para su victoria electoral.[120]

Dos meses después de esa victoria, en mayo de 1946, Perón anunció en un discurso radial la unificación de todas las fuerzas que lo habían respaldado, en un nuevo partido, el Partido Único de la Revolución, al cual poco después denominaría simplemente «partido peronista». Al comienzo, los laboristas se opusieron a esa reorganización, pero luego designaron un nuevo comité central, que accedió a la incorporación del partido y, con ello, prácticamente a su disolución.[121]

El factor determinante de la conducta de Perón respecto del partido que lo había llevado a la victoria, puede haber sido aquel punto de la plataforma partidaria que se apartaba de sus objetivos: el reconocimiento del orden constitucional parlamentario y democrático. Perón y los laboristas compartían la idea de que era necesaria una ampliación del sistema político, pero su enfoque respecto de quién sería el encargado de promover esta evolución expansiva era distinto. Los laboristas consideraban urgente abrir el sistema político a los estratos populares. Concedían prioridad absoluta a la solución de la crisis de participación por medio de la inclusión de las clases trabajadoras en el proceso de decisiones políticas. Perón, en cambio, pretendía extender la esfera de influencia estatal a partir de la cabeza política. La creciente concentración de poder en manos del gobierno, que él perseguía, no armonizaba, pues, con los principios democráticos de los laboristas. Por eso disolvió el partido y lo incorporó a una organización partidaria cuya estructura jerárquica centralista estaba de acuerdo con sus ideas de orden y eficiencia.

La escasa resistencia ofrecida a esa disolución por la gran mayoría de los afectados se debió a varias razones. En primer lugar volveremos sobre la génesis del partido. Hemos visto que su fundación no fue planeada y preparada con tiempo, sino que fue una reacción inmediata de los sindicatos a la conducta desafiante del empresariado. La forma rápida y directa en que intervinieron las organizaciones sindicales en el enfrentamiento político no les dio ocasión de desarrollar una concepción política madura e independiente.[122] Recogieron en su programa gran parte de las ideas y de los principios proclamados por Perón en 1944 y 1945. Por otra parte, la falta de experiencia política hizo que muchos funcionarios sindicales no advirtieran la importancia de los mecanismos políticos para la defensa de sus intereses y, por consiguiente los descuidaran, para consagrar su atención a los conflictos socioeconómicos, como lo habían hecho hasta entonces. Creían poder renunciar al control del partido, mientras Perón respetara la autonomía de los sindicatos y apoyara a la clase trabajadora en sus exigencias ante el empresariado. Finalmente, los laboristas deben de haber comprendido que las reformas sociales estaban indisolublemente ligadas al nombre y a la persona de Perón para los más amplios sectores de la población, que el triunfo electoral se había debido más que nada a la popularidad de éste y solo en segundo lugar a la acción del partido y que, por eso, una negativa a acatar la voluntad de Perón difícilmente contaría con un amplio apoyo de los integrantes de los sindicatos.[123]

2.3. Amparo económico y tutelaje político

Existen indicios de que en el año 1946, luego de disolver el partido laborista, Perón tuvo intenciones de moderar su actitud favorable a las clases sociales más bajas y de retornar a su proyecto inicial, el de imponer exigencias parejas a todos los estratos de la sociedad. Con motivo de la presentación del Primer Plan Quinquenal, en octubre de 1946, declaró ante los diputados que el primer ciclo de la revolución —el de las reformas sociales— quedaba así cerrado y sería seguido por el del aumento de la producción y el acrecentamiento de las riquezas.[124] El plan contenía, entre otras cosas, una enérgica toma de posición contra la difusión del sistema de retiro de las cajas jubilatorias, propagado por los sindicatos, que debía ser remplazado por un seguro social obligatorio.[125]

Sin embargo, un simple vistazo al curso seguido por las relaciones entre gobierno y clase trabajadora nos demuestra que este primer intento de Perón por desligarse de los estratos sociales más bajos fracasó. La alianza entre la cabeza del Estado y la clase baja no sólo no se diluyó entre 1946 y 1950, sino que se volvió más firme. Esos estratos sociales continuaron siendo los principales destinatarios de las medidas de gobierno y la nota autoritaria y plebiscitaria siguió siendo el factor determinante del estilo peronista de conducción.

Perón dependía aún demasiado de la clase trabajadora en esos momentos, como para darse el lujo de romper la alianza por decisión unilateral suya. A partir de esa decisiva semana de octubre de 1945, cuando lo liberó de la prisión, dicha clase constituyó el principal soporte de su gobierno. Necesitaba de ella tanto para que le confiriera esa legitimación plebiscitaria con la cual se había iniciado su carrera política, como para amedrentar a los factores de poder que se le oponían y mantenerlos hasta cierto punto en jaque.

La estructura interna del pacto entre gobierno y clase trabajadora[126] muestra una innegable similitud con las concesiones en materia de poder y de intereses que unieron a aquél con las fuerzas armadas. La semejanza estriba, sobre todo, en las concesiones hechas por Perón, quien se apresuró a satisfacer las exigencias socioeconómicas de los obreros y fomentó la organización y consolidación de los sindicatos. Pero las compensaciones exigidas superaron en mucho a las impuestas a las fuerzas armadas. En el caso de estas últimas, se conformaba con una conducta política pasiva, aparentemente neutral; en el caso de los sindicatos, en cambio, exigía una abierta toma de posición en el terreno político y una expresa aprobación de todas sus medidas y decisiones.

Los conflictos laborales de ese período constituyen un seguro índice de los beneficios socioeconómicos percibidos por los obreros por intervención del gobierno. Entre 1943 y 1945 el promedio anual de huelgas era de unas 50; a partir de entonces, dicha cifra casi se duplicó.[127] Los obreros sabían que las tratativas se resolverían a su favor bajo la supervisión estatal y por eso no vacilaban en proceder con dureza y sin concesiones contra los empresarios. En ocasiones, el propio gobierno los alentaba a formular exigencias, siempre que ellos no elevaran el nivel de las mismas por propia iniciativa.[128]

El éxito de las luchas laborales surge de las estadísticas de salarios de esos años. Según Baily, el salario real de los obreros industriales especializados ascendió en un 35 por ciento entre 1946 y 1948, y el de los no especilizados, en un 40 por ciento.[129]

C. Zuvekas ha calculado un índice de aumento de casi el 50 por ciento para el salario medio por hora durante ese lapso.[130] Pero, además de los aumentos de salario, se concedió a los trabajadores una serie de otros beneficios materiales. Por ejemplo, se aumentó el número de feriados pagos[131] y se concedieron vacaciones anuales pagas a la mayoría de los obreros y empleados.

La disposición del gobierno a hacer concesiones surge con toda claridad de su postura en lo referente al problema jubilatorio. El proyecto de establecer un seguro social obligatorio no llegó a aplicarse, pues los sindicatos no se mostraron de acuerdo.[132] Estas organizaciones lograron que dicho sistema fuera remplazado por el de las cajas jubilatorias —mucho más oneroso y que, en última instancia dispensa menor protección al beneficiario—, y que éste se extendiera a todas las ramas del trabajo.[133]

Esta actitud generosa del gobierno con respecto a los trabajadores debe ser considerada en función de la situación económica de los años de posguerra. Uno de sus aspectos más importantes fue el rápido crecimiento de algunas ramas de la industria, por la aparición de nuevas empresas y la expansión de las ya existentes. El consiguiente aumento en la demanda de mano de obra no podía ser satisfecho por la permanente afluencia de pobladores del interior ni por la inmigración europea, ahora mucho menos importante en el aspecto numérico.[134] Las consecuencias de esta situación fueron un descenso de los índices de producción y un general aflojamiento de la moral de trabajo.[135] El gobierno no sólo se negó a emprender algo para conjurar esta tendencia, sino que hasta la apoyó con su sistemática toma de partido en favor del trabajo en todos los litigios laborales.

Perón concedió particular atención a la implantación de organizaciones laborales y al perfeccionamiento de las mismas. Así logró que los gremios con un número limitado de miembros y con posibilidades relativamente modestas de imponer sus pretensiones, se convirtieran en poderosas asociaciones con bases populares más amplias y más estables. Antes de 1946, los sindicatos en conjunto contaban con poco más de 500 000 afiliados; en 1950, esa cifra se había casi decuplicado.[136] El gobierno se esforzó también por obtener mayor cohesión y homogeneidad de los sindicatos. Tal fue el sentido original del ya mencionado decreto No. 23852 sobre «asociaciones profesionales de trabajadores», que luego fue a veces desnaturalizado en su aplicación práctica. Otro elemento que contribuyó en forma decisiva a acrecentar la importancia política de los sindicatos fue, finalmente, el desplazamiento del eje de decisiones políticas, que dejó de pasar por el parlamento para establecerse en las relaciones del gobierno con los diferentes factores de poder.[137] Las organizaciones sindicales ya no necesitaban de los partidos de izquierda para llevar sus exigencias e ideas al terreno de la confrontación política. El contacto directo con el gobierno abría ahora para ellos una legítima posibilidad de defensa de sus intereses.

El precio exigido por Perón por sus concesiones fue el intensivo apoyo político de la clase trabajadora, la clara toma de posición de ésta en favor de su persona y de su gobierno. Esta imposición chocó contra la decidida resistencia de algunos viejos sindicalistas familiarizados con la tradición del sindicalismo independiente.[138] Estos argumentaban que la alianza de intereses con el gobierno suponía organizaciones laborales autónomas, que no sólo exigía reciprocidad de derechos y obligaciones, sino también un mutuo control de poder. Atacaban la reforma constitucional de 1949, porque el texto de la nueva Constitución no incorporaba en forma explícita el derecho de huelga.[139] Criticaban al creciente número de funcionarios de los sindicatos que descuidaban su misión específica para asegurarse cargos de importancia en la burocracia administrativa, por medio de una conducta servil para con la pareja gobernante.[140] Todavía en 1950, cuando casi todas las posiciones clave dentro del sindicalismo estaban en manos de funcionarios adictos al gobierno, en un congreso sindical se reclamó la autonomía y la libertad de los sindicatos.[141]

Perón no se mostró dispuesto a tolerar los esfuerzos de los sindicatos más antiguos por conservar su autonomía y su libertad de acción política y trató por todos los medios de someterlos. La forma dura e implacable en que procedió revela, sin duda, sus innegables tendencias autocráticas. Pero también es necesario tener en cuenta la constelación de fuerzas políticas que se presentan durante sus primeros años de gobierno. Como se señalara mas de una vez en páginas anteriores, los obreros y los sindicatos fueron el soporte indispensable del régimen peronista. Perón podía contar con su apoyo mientras les hiciera generosas concesiones económicas y financieras. Durante los primeros años de posguerra eso le resultó relativamente fácil, pues el país se encontraba en una situación económica muy favorable y las arcas del Estado estaban aún colmadas desde los tiempos de guerra. Pero la experiencia de la Primera Guerra Mundial había demostrado que esa situación coyuntural se mantiene durante un lapso limitado, trascurrido el cual sería necesario pasar a una política restrictiva en materia de gastos. Perón temía, con toda razón, que en ese caso los sindicatos le retiraran su apoyo y se adhirieran a la oposición o intentaran ejercer mayor influencia sobre el gobierno y hasta apoderarse de él. Previno ambas contingencias aprovechando la fase de prosperidad económica para colocar a los sindicatos bajo su control.

Para quebrar la resistencia de los dirigentes gremiales que se oponían a sus planes de integración recurrió a un movimiento de tenaza. Por un lado los sometió a una creciente presión a través del Ministerio de Trabajo y Previsión para lograr su conformidad política; por otro, socavó y debilitó su posición estableciendo una relación directa líder-masa trabajadora, por sobre sus cabezas.

Para ejercer desde la cúspide una mayor presión sobre las representaciones de los diferentes gremios, comenzó por adueñarse de la agrupación central de trabajadores, a C. G. T.[142] Transformó a dicho órgano, descentralizado y dependiente de las decisiones de las agrupaciones miembros, en una institución semiestatal de rígida estructura jerárquica.[143] Luego procedió a someter a todos los sindicatos autónomos al control del nucleamiento central y del Ministerio de Trabajo. Los dirigentes gremiales particularmente rebeldes fueron desplazados merced a medidas policiales persecutorias. Otros fueron despojados de su poder mediante la creación de nuevas organizaciones dentro de la correspondiente rama laboral, con un cuerpo directivo adicto al régimen, al cual Perón concedía luego autonomía tarifaria. Cuando estos métodos no daban el resultado esperado, Perón no vacilaba en intervenir los sindicatos.[144] Eva Perón mostró particular celo en la eliminación de los antiguos dirigentes gremiales y en la formación de un nuevo estrato dirigente sometido al dictador.[145] A su decidida y despiadada acción se debe, en gran parte, que en 1950 casi todas las posiciones claves en el sindicalismo estuvieran en manos de peronistas.[146]

Fue también Eva Perón quien contribuyó en forma decisiva al éxito de la segunda estrategia de control, el socavamiento de la autonomía sindical y el establecimiento de una relación directa entre el líder y las bases. La gran expansión numérica experimentada por las asociaciones gremiales en esos años favoreció sus propósitos. No había razones para suponer que los afiliados nuevos concedieran mucha importancia a los principios de la libertad y la autonomía sindical. Ellos partían de la base de que las mejoras eran, más que nada, obra del gobierno y por eso consideraban como principal deber de sus representantes el mantener buenas relaciones con los funcionarios estatales, sobre todo con Perón y su esposa. No podían comprender que los órganos directivos criticaran a veces al gobierno y se negaran a trabajar con las reparticiones estatales por razones políticas e ideológicas.

Los dirigentes gremiales que pretendían conservar la independencia política de sus organizaciones se encontraron ante un dilema insoluble, por efecto de las hábiles maniobras de Perón. Si —en su afán de conservar la libertad— se cerraban a la creciente influencia ejercida por el gobierno sobre ellos, los afiliados les reprochaban que, por irrelevantes principios teóricos, negaran su apoyo al primer político en la historia del país que había defendido a la clase trabajadora. Si se convertían en representantes del gobierno y acataban todas sus medidas y decisiones, se les solía formular el reproche opuesto: que ignoraban la voluntad de la mayoría de los afiliados y al hacerlo excedían su competencia.[147] Perón logró desgastar este grupo descargando sobre él la tensión entre el principio de legitimidad autoritario y el democrático, generada en su sistema. Parte de los antiguos dirigentes gremiales se esforzó por ingresar en la burocracia sindical manejada por el gobierno, contribuyendo a someter por completo a la masa obrera. Sin embargo, la gran mayoría quedó excluida de la actividad sindical hasta la caída del régimen.

2.4. Protestas y represión

Luego de la violenta expansión de la economía, durante los años de posguerra, hacia 1949 se comienza a insinuar un estancamiento. Éste no tardó en convertirse en recesión cuando el mercado mundial para las exportaciones del país se restringió, las reservas de divisas comenzaron a declinar y la agricultura —sector clave de la exportación— debió soportar varias cosechas malas.

Los fenómenos concomitantes de la crisis económica, la creciente sobresaturación del mercado de trabajo y una aceleración de las tendencias inflacionarias perjudicaron mucho a los estratos más bajos. Sus condiciones de trabajo volvieron a empeorar, la demanda de mano de obra decreció y, sobre todo, desmejoró la situación financiera de los trabajadores: en 1950; el salario real descendió en un 3,4 por ciento; en 1951, en un 7,5 por ciento y en 1952, en un 11,4 por ciento.[148]

Si bien es cierto que el gobierno hizo esfuerzos por evitar que la recesión hiciera sentir sus efectos sobre la situación económica de las capas bajas, tales esfuerzos fueron mucho menores de lo que Perón pretendió hacer creer merced a una costosa campaña propagandística. En realidad, los esfuerzos propagandísticos no consiguieron disimular el hecho de que el gobierno estaba a punto de modificar su actitud respecto a la clase trabajadora.

Ese cambio de rumbo se puso de manifiesto en diversas iniciativas. Por ejemplo: cada vez se prestaba más oídos a los reclamos del empresariado acerca de la moral y la disciplina laborales. Ya en 1949 se había declarado al incremento de productividad en todas las ramas del trabajo como prioridad nacional.[149] A partir de entonces no cesaron las recomendaciones dirigidas a los estratos bajos acerca del celo, la rapidez y la eficiencia con que se debía trabajar. Es sintomático también que, más o menos por la misma época, en las discusiones sobre derecho laboral de nuevo se le consagrara mayor importancia al tema de las obligaciones del trabajador.[150] El número de días feriados no volvió a ser aumentado (más adelante, incluso, se lo redujo)[151] y los tribunales del trabajo pasaron de una actitud marcadamente favorable al trabajador, a una postura neutral, cuando no más favorable al empresario.

El gobierno adoptó también medidas que revelaban su paulatino distanciamiento de los estratos bajos, fuera del ámbito del derecho laboral propiamente dicho. Para lograr que estos estratos se independizaran de la ayuda y protección estatales, favoreció la organización de cooperativas de producción y consumo. Comenzó a descubrir el valor de la familia como comunidad de autodefensa y como unidad básica del proceso económico e instó a la población a practicar el ahorro, valiéndose para ello de los medios de comunicación y de la distribución de folletos.[152]

En 1946, cuando Perón intentó por primera vez aflojar su estrecha ligazón con las capas sociales bajas, se estrelló contra la resistencia que los sindicatos opusieron a ese propósito. ¿Cuál fue ahora la reacción de las organizaciones laborales ante el viraje de la política social?

No protestaron ni ejercieron presiones sobre el gobierno para que éste continuara tomando partido por los trabajadores; acataron de buen grado las directivas de Perón. Y eso ocurrió porque ya habían perdido toda autonomía y se habían convertido en parte integrante del sistema de poder peronista. Como entre 1946 y 1950, la pareja gobernante había impuesto silencio a todas las voces independientes del gremialismo, la totalidad de las posiciones claves dentro del movimiento sindical estaban en manos de funcionarios adictos al gobierno. Éstos ya no se consideraban representantes de los trabajadores ante el gobierno y se habían constituido en defensores de los intereses de la pareja gobernante ante la masa obrera, la cual de ninguna manera estaba de acuerdo con el nuevo rumbo impreso por el gobierno.[153]

En efecto, la masa trabajadora no estaba dipuesta a aceptar sin resistencias un empeoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida y se defendía con toda decisión. Si bien es cierto que, después de 1949, las huelgas fueron mucho menos frecuentes que durante los años anteriores[154], los conflictos se hicieron más prolongados y asumieron formas mucho más duras y militantes. Con frecuencia, la causa de estos conflictos era el descontento de los trabajadores con los resultados de las negociaciones tarifarias celebradas por sus representantes.[155] Desconociendo los acuerdos, organizaban por propia iniciativa —apoyándose en las bases de las organizaciones laborales— acciones contra los empresarios, para obligarlos a pagar salarios más altos. Los limitados objetivos de estos movimientos de protesta —objetivos que eran meramente materiales— indujeron a Baily a calificarlos de oposición pragmática contra el régimen, a diferencia de la oposición de fundamentos más ideológicos constituida por los dirigentes gremiales anteriores a 1949.[156]

Durante los años anteriores, las acciones de lucha emprendidas espontáneamente por los obreros habían sido bien recibidas por el gobierno, el cual incluso llegaba a provocarlas. Ahora, la reacción a la protesta de los trabajadores era en extremo violenta y rigurosa. Por lo general, la huelga era declarada ilegal y se procuraba reprimirla por todos los medios. Perón procedió con especial dureza en ocasión de la última gran huelga, la de los ferroviarios.[157] Con acuerdo de la C. G. T. dictó una ley por la cual se sometía a los huelguistas a la justicia militar. Los organizadores fueron juzgados y condenados a prisión; el resto del personal interviniente fue exonerado, si bien más tarde se reincorporó a gran parte de los obreros despedidos.[158]

2.5. La clase trabajadora sin dirigentes

La creciente falta de interés del gobierno por los intereses de los estratos más bajos, a partir de 1949, ha sido resumida por Baily en una breve fórmula: «Perón abandons the Workers’ Nation».[159] Si bien algunas iniciativas del gobierno, como las recién enumeradas, parecen confirmar esta afirmación, un análisis más detenido de la situación nos revela su carácter excesivamente generalizados Porque el viraje de Perón, esa actitud en clara oposición a su conducta anterior, sólo era de naturaleza transitoria. Duró hasta 1952, mientras el país atravesó una crisis económica. A medida que se fue recuperando, el gobierno volvió a tratar de mejorar la situación de los trabajadores.

A partir de 1952, Perón sólo intervenía excepcionalmente en las convenciones colectivas de trabajo; por lo general se conformaba con desempeñar el papel de observador y de coordinador.[160] Pero cuando tenía que hacer valer su influencia para inclinar el platillo de la balanza en favor de una de las partes, de ninguna manera lo hacía siempre en favor de los empleadores. Por ejemplo: a comienzos del año 1953 pronunció varios discursos en los cuales fustigó con crudeza la injustificada alza de los precios.[161] Hacia fines de ese mismo año se quejó nuevamente ante la liga industrial por el encarecimiento de la vida y exhortó a reducir los precios al nivel de 1952.[162] Poco antes de concluirse los nuevos acuerdos tarifarios, en 1954, señaló a los empresarios que, puesto que su situación económica había mejorado ahora sensiblemente, debían aumentar los sueldos en proporción.[163] Y no se trataba sólo de manifestaciones verbales mediante las cuales Perón pretendía defender su prestigio ante las clases bajas; también emprendió acciones concretas. Después de 1952, año en el cual la crisis económica alcanzó su punto culminante y los ingresos de los trabajadores su nivel más bajo, el salario real volvió a experimentar un alza continua. También la participación de los sueldos y salarios en el ingreso bruto nacional fue aumentando hasta volver a la proporción óptima de 1949.[164]

Por eso no es posible afirmar que, después de 1949, Perón abandonó a lo\ obreros. Si bien es cierto que no se consagró a defender los intereses de la clase obrera con la exclusividad con que lo hiciera durante los primeros años de su gobierno, impidió que los empresarios volvieran a explotarla y que el antagonismo entre las clases acomodadas y la masa trabajadora volviera a agudizarse. En el fondo, siguió la misma política que desde el comienzo había sido objetivo de su acción: una política que imponía exigencias parejas a todos los sectores económicos y sociales, y que debía garantizar una evolución social continua y, en lo posible, libre de tensiones.[165]

No es fácil formular apreciaciones acerca de la postura de los trabajadores respecto al gobierno durante los últimos años del régimen, ya que no se cuenta con trabajos sobre ese tema. La única referencia es negativa: los últimos años trascurrieron casi sin huelgas. Es evidente que la implacable represión de que fueron objeto las huelgas entre 1949 y 1951 había desanimado a los obreros. Desde que la participación en la lucha social no sólo costaba la pérdida del trabajo, sino también la persecución policial, la masa trabajadora ya no se mostraba tan dispuesta a correr el riesgo. Habría sido necesaria la iniciativa de dirigentes gremiales muy valientes y decididos, para moverla nuevamente a la lucha. Pero con la desaparición de las últimas cabezas independientes, la clase trabajadora había quedado privada de dirigentes capaces que estuvieran dispuestos a movilizarla en defensa de sus intereses. Sólo a partir de 1954 se observan indicios de la formación de un nuevo estrato dirigente, surgido directamente de las bases, que comenzó a disputar sus puestos a los funcionarios protegidos por el gobierno.[166]

Así como sería un error suponer que la falta de conflictos laborales durante los últimos años de gobierno peronista revelan la satisfacción de la masa obrera, también sería erróneo creer que la clase trabajadora se había apartado de Perón durante esos años y estaba a punto de adherirse a las fuerzas de la oposición. Ya antes de 1950 se observa que las críticas de los sindicatos contra las medidas de gobierno están dirigidas fundamentalmente contra los colaboradores de Perón, mientras que éste permanece a salvo de todo ataque.[167] Esa tendencia a exceptuar a Perón de la crítica se hizo cada vez más perceptible en los años siguientes, cuando el gobierno comenzó a preocuparse cada vez menos por los intereses de los estratos bajos. Se culpaba a las fuerzas reaccionarias del país y del exterior; se hacía responsable a los elementos desleales, corruptos e ineficientes que rodeaban a Perón. Su prestigio personal permaneció casi intacto a pesar del desprestigio en que fue cayendo el gobierno, a partir de 1950, ante los ojos de la clase trabajadora.

Es fácil caer en la tentación de explicar esa lealtad de las capas bajas a Perón, hasta su caída, como un resultado de su actitud pasiva y sumisa frente a los dones carismáticos del líder.[168] Existe un fundamento mucho más racional para dicha conducta: los trabajadores comprendían que las fuerzas que desplazaran a Perón del poder, en cualquier caso demostrarían menos comprensión que él ante, los problemas y necesidades de los estratos bajos.

La convicción de que Perón era irremplazable, de que no existía más alternativa que su gobierno, se tiende como un hilo conductor a través de todas las manifestaciones de los sindicatos y de los obreros, desde 1944 hasta 1955. Esta convicción no explica sólo el hecho de que los estratos más bajos de la sociedad hayan llevado su respeto y admiración por Perón y su esposa casi a la categoría de un culto; también explica por qué la oposición al régimen dentro de la clase trabajadora nunca pudo afirmarse del todo y por qué muchos antiguos sindicalistas, disconformes con el proceder de Perón respecto a los sindicatos políticamente autónomos, prefirieron retirarse en silencio, en lugar de oponerse al gobierno en forma abierta.[169] A pesar de sus visibles debilidades, el régimen seguía siendo para los obreros el primero que había encarado con seriedad el problema social. Sólo su continuidad podía evitar una revisión de la obra reformatoria, podía impedir que las clases media y alta volvieran a marginar a los estratos más bajos de la sociedad.

Por eso es sorprendente que los obreros no hayan defendido el gobierno de Perón con más energía cuando éste fue atacado en 1955 por los factores en pugna con él. Sabemos que los representantes de los sindicatos reclamaron la entrega de armas y la formación de milicias obreras.[170] Pero cuando Perón se opuso a esta exigencia y exhortó a los trabajadores a conservar el orden y la calma, ellos lo obedecieron, como habían obedecido sus órdenes desde hacía años.

Este último acto de obediencia demuestra a las claras hasta qué punto los trabajadores y los sindicatos dependían de Perón en las postrimerías del régimen. Su sometimiento fue el resultado de doce años de permanente e intensa influencia del gobierno sobre las clases bajas. Es indudable que otros factores de poder también debieron soportar durante esos años intervenciones en su esfera de acción, también debieron hacer concesiones políticas e ideológicas; pero en el caso de los sindicatos, Perón no se conformó con ejercer su influencia sobre ellos de tanto en tanto. Más bien se apoderó de su conducción, dirigió su organización y la perfeccionó. Sin su ayuda, las organizaciones laborales no habrían logrado una integración de la masa de trabajadores desorganizados y carentes de status, ni habrían podido imponer sus exigencias al empresariado. La adquisición de poder por parte de la clase trabajadora y el desarrollo de sus organizaciones fue, en gran parte, mérito de Perón. Por eso los obreros no pudieron desligarse de su influencia y emprender una acción autónoma ni siquiera en ese instante decisivo, cuando era necesario defender al régimen —y junto con éste todos los logros sociales de los pasados doce años— del ataque de los factores de poder opuestos.[171]

3. Las organizaciones empresariales[172]

3.1. El modelo del mercado interno

Los objetivos de la política económica de Perón deben ser vistos a la luz de la situación política general del país hacia el final de la guerra mundial. Las experiencias de la Primera Guerra Mundial hacían temer que, terminado el conflicto bélico, en ciertos países se produjeran profundos cambios sociales y políticos. También era lógico esperar que los países industrializados que se habían visto envueltos en la contienda procuraran adecuar nuevamente su producción a las condiciones de paz e intentaran reconquistar su antigua posición dominante en el mercado mundial. El gobierno militar adoptó a tiempo medidas para conjurar el peligro político y económico que representarían para el país tales procesos. Por un lado se esforzó por aflojar los tradicionales lazos que ligaban estrechamente a la Argentina a algunos países europeos. Pero sólo tenía sentido librarse de la influencia dominante de las potencias extranjeras si esta liberación iba acompañada por una política orientada, hacia la consolidación de la estructura interna del país. El gobierno tuvo en cuenta esta necesidad y para ello obligó a las fuerzas sociales, económicas y políticas a una colaboración más intensiva, contribuyó a que la cultura nacional y sus representantes ejercieran mayor influencia sobre la población y estimuló la producción y la circulación internas. Este último objetivo económico se realizó siguiendo la consigna de la «puesta en valor del mercado interno».[173]

Para apreciar debidamente el alcance de este objetivo es preciso tener en cuenta que el gobierno no pretendía llevar al país a una autarquía total. Ninguno de los economistas importantes creía conveniente romper por completo las relaciones de la economía nacional con los mercados exteriores. Tal cual se desprende de este eslogan de la doctrina peronista, se pretendía, más que nada, fortificar la infraestructura de la economía y diversificarla, para que la Argentina se liberara en mayor grado de las fluctuaciones del tráfico internacional de bienes y capitales.[174]

La empresa era ardua, puesto que hasta ese momento, el crecimiento económico del país había dependido casi exclusivamente de la relación complementaria entre capital extranjero y mano de obra argentina, entre exportación de productos agropecuarios e importación de productos industriales. Para forzar un cambio en la economía que le permitiera iniciar un proceso de desarrollo autónomo era necesario, ante todo, quebrantar los tradicionales vínculos entre la clase alta nacional y el capital extranjero, y remplazados por un nuevo centro de orientación económica, por una nueva fuerza económica conductora. Puesto que ninguno de los restantes grupos y estratos estaba en condiciones de desplazar a la clase alta de su posición dominante, el impulso decisivo debía partir del sistema político, es decir del gobierno.[175]

Esto explica la intensa intervención estatal en el proceso económico durante los primeros años de gobierno de Perón. La cancelación de la deuda externa, la adquisición de las empresas de servicios públicos que se encontraban en manos extranjeras, la estatización del Banco Central, la instauración de un monopolio estatal para la exportación de cereales… todas estas medidas no sólo apuntaban a independizar al país, en cierta medida, de la influencia de los centros de la economía internacional[176], sino que debían demostrar que el desarrollo económico ya no estaba librado al arbitrio de las fuerzas sociales y que, en adelante, sería coordinado y controlado por el Estado como suprema instancia nacional.[177]

Este cambio de orientación se puso de manifiesto con particular claridad en las medidas de protección y estímulo a la industria nacional.[178] Ya señalaremos en otro capítulo, que la industria argentina experimentó un considerable impulso al interrumpirse las importaciones de los países industrializados durante la guerra mundial.[179] Sin embargo, no eran pocas las voces que calificaban a este impulso de «transitorio» y «artificial». Influyentes grupos del sector agropecuario exigían que al término de la guerra se desmontara la industria y que todas las fuerzas productivas se concentraran nuevamente en la explotación de las riquezas «naturales» del país, la agricultura y la ganadería.[180] Pero el gobierno no cedió ante esas exigencias y, en cambio, protegió a la industria contra la competencia extranjera que había vuelto a fortificarse al terminar la guerra.

Las medidas de defensa y estímulo de la industria no favorecieron a todas las empresas por igual. Se dio preferencia a aquéllas que elaboraban materia prima nacional.[181] Al hacerlo se tuvo en cuenta que la elaboración de materias primas producidas en el país elevaría su valor de exportación. Además se extendió la protección a todos aquellos productos que «satisfacían necesidades urgentes del mercado interno». El sentido de esta decisión es evidente: el gobierno procuraba independizarse del exterior en cuanto a la provisión de importantes artículos de uso diario, garantizando a los fabricantes nacionales un mercado firme. Con la creación de un mercado interno no sólo pretendía defender los intereses de Ja gran industria establecida en el ámbito del Gran Buenos Aires, sino —más aún— proteger a la pequeña y mediana empresa del interior, a la cual se estimuló de manera muy especial. Finalmente se concedió la protección estatal a las empresas que fabricaban material bélico.

Ciertas ramas de la industria se habían desarrollado tanto durante la Segunda Guerra Mundial, que no sólo proveían al mercado interno, sino que también habían conquistado una serie de mercados extranjeros. El gobierno temió que eso creara una desproporción entre la oferta y la demanda de bienes en el mercado interno, lo cual contribuiría a acelerar la inflación. Por eso dictó una serie de prohibiciones de exportación, lo cual demostró que concedía más importancia al mantenimiento del equilibrio económico interno, que al fomento de empresas particularmente productivas.[182]

El modelo del mercado interno demuestra también a las claras la estrecha vinculación entre los objetivos económicos de Perón y sus colaboradores, y sus objetivos sociales.[183] Uno de los principales argumentos en favor de la protección a la industria nacional era el temor —frecuentemente expuesto por el gobierno— de que la recesión del sector industrial trajera aparejado un brusco aumento de los índices de desocupación y el peligro de trastornos sociales de gran trascendencia.[184] Así como en este caso los puntos de vista sociales ejercieron una influencia sobre las decisiones en materia de política económica, también las medidas en favor de las clases bajas persiguieron un innegable objetivo económico.[185] Para asegurar un mercado lo bastante fuerte como para asegurar la existencia de las empresas nacionales, el gobierno se veía obligado a abrir nuevas fuentes de consumo, que sólo podían encontrarse en las clases bajas, dado el estado de cosas.

Por eso, la creación de un mercado nacional estaba destinada a aflojar los estrechos lazos de la economía con otros países y a inducir un desarrollo económico autónomo, es decir basado en las materias primas nacionales, impulsado por fuerzas nacionales y controlado por instancias nacionales. De esa manera se rectificaría la orientación unilateral de la economía hacia una centralización en tomo a Buenos Aires, hacia la producción de bienes agropecuarios y hacia la concentración en grandes empresas, y se favorecería a las provincias mediterráneas, a los restantes sectores de la economía y a la pequeña empresa. Finalmente, con el estímulo a la industria se aseguraría la ocupación de las clases bajas, en rápido crecimiento, cuyas necesidades de consumo, a su vez, beneficiarían a la industria. Éstos fueron, a grandes rasgos, los objetivos esenciales que persiguió el estímulo del mercado interno por parte del gobierno. ¿Cómo reaccionaron los representantes de los diferentes sectores de la economía ante esta política?

Al responder a esta pregunta será preciso establecer un distingo entre las reacciones ante el aspecto político-ideológico del nuevo rumbo económico y las tomas de posición relacionadas con intereses económicos. En lo que se refiere a las primeras, se advierte una clara coincidencia entre las dos principales organizaciones empresariales. Como ya se señalara al comienzo, tanto los grandes estancieros, como los grandes industriales nucleados en la U. I. A. eran partidarios de una forma de gobierno liberal de Estado de derecho. Por eso, dichos sectores rechazaron de plano el régimen autoritario impuesto por las fuerzas armadas después de 1943. Dejaban oír de continuo sus voces de protesta contra la limitación de los derechos fundamentales y se resistían con toda energía a las medidas dirigistas.[186] Pero sus argumentos en ese aspecto no resultaban muy convincentes pues ellos mismos, en épocas anteriores, habían violado muchas veces el principio del laisser faire, que ahora tanto encomiaban, y habían recurrido a la intervención estatal en su beneficio.

En cuanto a la actitud con que fueron acogidas las medidas que afectaban en forma directa los intereses de los sectores de la economía por ellos representados, se advierten, en cambio netas diferencias entre ambas organizaciones. Copio es lógico, la U. I. A. recibió con beneplácito las leyes de protección y fomento de la industria, pues éstas satisfacían reclamos expuestos en vano por ella durante muchos años.[187] Por fin el Estado concedía al desarrollo industrial esa atención que, a juicio de los dirigentes de la Unión Industrial, ya debería habérsele concedido desde la crisis mundial de 1930. Por fin el sector oficial reconocía los méritos del sector industrial, creador de fuentes de trabajo para la mano de obra desocupada, y su contribución a un aumento del producto bruto interno.[188] Pero, por otro lado, existían una serie de razones por las cuales la Unión no podía ponerse abiertamente de parte del régimen. La más importante de estas razones era la política social progresista de Perón. La U. I. A. no cuestionaba la necesidad de las reformas sociales. La revista de la Unión publicaba propuestas para una amplia ley del trabajo, señalaba la conveniencia de imponer carácter obligatorio al seguro social y proponía salario mínimo y medidas de protección a la familia del trabajador.[189] La misma publicación reconocía que la mejora de la situación material de las clases bajas traería como resultado un aumento de su poder adquisitivo, lo cual beneficiaría directamente a la industria.[190] Las objeciones estaban dirigidas fundamentalmente contra el estilo con el cual se aplicaban las reformas sociales, y contra el reparto de los costos que ellas significaban. La U. I. A. se quejaba de que los obreros, soliviantados por los discursos de Perón, ya no se darían por satisfechos con las concesiones soportables para la economía, sino que exigirían cada vez más. Procuraba descargar sobre el Estado la responsabilidad por la satisfacción de tales demandas, señalando que el centro de gravedad de las reformas no debía estar en el ámbito del derecho laboral, sino en el del derecho social.[191]

Así como la U. I. A. adoptó una actitud mezcla de moderada aprobación y de reserva crítica ante la nueva política económica y social, los grandes propietarios rurales la rechazaron sin reservas. La Sociedad Rural discutió la necesidad de mejorar la situación de los colonos y de los trabajadores rurales. Consideraba que al encasillar en leyes las relaciones de trabajo se rompería la tradicional armonía entre terratenientes y peonada, y señalaba que —a diferencia de lo que ocurre con el trabajo industrial— las tareas rurales no pueden medirse en horas, sino que supone una cierta flexibilidad por parte del trabajador.[192] Pero, según parece, no fueron éstas las razones más importantes de la actitud hostil de los estancieros ante la política social de Perón. Por un lado, debe tenerse en cuenta que su interés en un aumento del poder adquisitivo de las clases bajas era muy limitado, puesto que sus ganancias provenían más que nada de la exportación de productos agropecuarios.[193] No debe olvidarse, tampoco, que el peligro de la revolución social se tomaba mucho menos en serio en el campo que en las zonas urbanas, en donde los obreros se hacinaban por millares en los barrios pobres. Finalmente debemos partir del hecho de que los estancieros veían en el gobierno a su principal enemigo, al cual sólo hacían concesiones —si es que las hacían— cuando se veían forzados a ello.

En esto reside, quizá, la principal diferencia entre la actitud de los industriales y la de los terratenientes. A pesar de sus reservas respecto a los métodos dirigistas del gobierno, los industriales veían en éste a un aliado, a cuyo apoyo se debía que en breve lapso se hubieran visto satisfechos una serie de reclamos inútilmente formulados durante años. Dadas las ventajas que les proporcionaba la alianza con el gobierno, consideraron conveniente aceptar los planes de reformas sociales, por lo menos en forma condicional. Para los propietarios rurales, en cambio, la nueva política económica sólo traía aparejadas desventajas y no representaba beneficio alguno. El Estado dejaba de estimular las exportaciones del sector agropecuario para consagrarse a abrir el mercado interno, a controlar cada vez más las importaciones y las exportaciones, a desarrollar la industria y a llevar adelante las reformas sociales. Todo esto, en definitiva, no hacía más que modificar negativamente la situación de los terratenientes. Por eso es comprensible que nada los haya movido a efectuar concesiones voluntarias al gobierno y que, en cambio, se cerraran, mientras les fue posible, a las medidas que afectaban su posesión y sus derechos.

3.2. Conflicto y arreglo

La resistencia de las organizaciones empresariales contra la nueva política social fue moderada durante los años 1943 y 1944 y, como hemos visto, algunas medidas de gobierno fueron incluso muy bien recibidas; pero las objeciones contra los procedimientos del Estado se acumularon en el año 1945. Ese endurecimiento de su actitud política puede haber estado vinculado con la evolución general de la política durante ese año, acerca de lo cual ya se habló con detenimiento en páginas anteriores.[194] Pero también existieron motivos económicos y sociales que indujeron a las organizaciones a oponerse cada vez más abiertamente a las medidas y disposiciones del gobierno. Si bien es cierto que sus objeciones variaban según los intereses de los sectores por ellas representados, lo esencial del contenido se reduce a dos puntos principales. Las críticas estaban dirigidas, en primer lugar contra el estilo de gobierno dirigista, cada vez más evidente, que limitaba de manera sensible la libertad de acción del empresariado. En segundo lugar se referían a la política social progresista del gobierno, en la cual las clases acomodadas veían una seria y cada vez más clara amenaza a su patrimonio.

Las quejas más enérgicas partían de la asociación de los industriales. Durante todo el año 1945, la revista de la U. I. A. no contuvo más que objeciones a la política social del Estado. Éstas se referían, más que nada, a los continuos aumentos de salarios decretados y a otros beneficios concedidos a los trabajadores.[195] También se criticaba la fijación estatal de precios máximos para las mercaderías de primera necesidad, en defensa del consumidor.[196] Los planes estatales de conceder a los trabajadores un sueldo complementario a fin de año chocaron contra la misma decidida resistencia que su propuesta de participación de los obreros en las ganancias de la empresa.[197] Todas estas medidas —así se argumentaba— significaban equiparar el nivel de vida del obrero argentino a la situación de los trabajadores de países altamente industrializados, con una capacidad financiera muy superior a la de la industria nacional, aún en proceso de desarrollo. La estabilidad de ésta se veía ya de por sí seriamente amenazada, pues el estilo demagógico con el cual Perón anunciaba y aplicaba las reformas traía como consecuencia una creciente rebeldía entre los obreros y una notable merma de la producción. Las críticas de la U. I. A. culminaron con el reproche de que el gobierno estaba descuidando la industria e infligiendo así graves daños a todo el país.[198]

Entre las quejas de la U. I. A. asomaba también a cada paso el tema de los recargos a la exportación, destinados a defender el mercado interno.[199] Pero mucho más elocuentes aún eran los argumentos acerca del comercio, expuestos por el órgano representante de este sector, la Bolsa de Comercio. La Bolsa de Comercio, que trabajaba en estrecha colaboración con la organización de los grandes agricultores, protestaba sobre todo por la creación del I. A. P. I., un instituto que desde 1945 controlaba la exportación de trigo, maíz y lino.[200] Señalaba que la intervención estatal en el comercio de exportación en una forma tan intensiva, iba en contra de la tradicional actitud liberal del país y traería, sin duda como consecuencia, una disminución de las ganancias. También protestaba contra la creciente influencia ejercida por los organismos oficiales sobre el comercio interior, a través de la fijación y control de precios máximos.[201]

Las objeciones de los terratenientes al monopolio estatal de las exportaciones de cereales eran más enérgicas aún, pues declaraban que los precios pagados por el I. A. P. I. apenas si alcanzaban a cubrir los costos de producción.[202] También se resistían a aceptar la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento, que impedía reajustes de los arriendos.[203] La Sociedad Rural advertía al gobierno que con esa nueva limitación del derecho de propiedad estaba imponiendo una carga adicional a la producción agropecuaria, que hacía imposible una explotación rentable. A esto se sumaba la politización de los trabajadores rurales, que había destruido la relación solidaria entre el propietario y sus empleados, relación ésta que había garantizado la fluidez del proceso de producción.[204] El Estatuto del Peón de Campo también contribuiría a endurecer las relaciones sociales en el campo y dadas las diferencias existentes entre las diversas regiones del país su aplicación indiscriminada pondría en peligro la existencia de muchos establecimientos pequeños.[205] Recordaba al gobierno que la explotación rural había sido la «industria madre» de la Argentina y que su declinación podía poner en peligro a las demás ramas de la economía.

Éstas eran, a grandes rasgos, las principales quejas expuestas por las organizaciones de los diversos sectores de la economía. Quedaría por aclarar si tales protestas eran justificadas o hasta qué punto lo eran. Pero quizá sea más importante señalar que estas organizaciones no hablaban en nombre de la mayoría de los integrantes de un sector de la economía, sino que sólo hacían pública la opinión de una minoría. Sus críticas al régimen reflejaban, más que nada, los intereses de los limitados e influyentes grupos a los cuales respondían las comisiones directivas de las organizaciones económicas. No sólo representaban un llamamiento al gobierno para que éste reviera su política económica y social, sino que, al mismo tiempo, pretendían persuadir a todos los sectores de su rama de la economía de la situación de emergencia en que se encontraban e instigarlos a una acción conjunta contra el gobierno.

Justamente esa limitada representatividad de las organizaciones, y su sistemática resistencia al régimen —que iba mucho más allá de los diversos puntos cuestionados— fueron la razón principal por la cual Perón no demostró interés en resolver su conflicto con ellos y más bien contribuyó a agudizarlo. Atacó a la U. I. A. por su falta de colaboración con el gobierno, por negar a la pequeña y mediana empresa una representación en sus cuadros directivos, pese a las repetidas exhortaciones del gobierno en tal sentido y —éste era su principal reproche— porque sus críticas no se limitaban a problemas económicos, sino que atacaban también al gobierno en el terreno político.[206] Con similar dureza se expresaba respecto a los restantes nucleamientos.

A fines de 1945, el enfrentamiento alcanzó su punto culminante, cuando las organizaciones empresariales, a la espera de un pronto cambio de gobierno —dada la proximidad de las elecciones— se permitieron protestas cada vez más violentas contra las medidas de Perón.[207] Al triunfar Perón, por un estrecho aunque claro margen, estas organizaciones debieron renunciar a sus esperanzas de un gobierno más inclinado a tener en cuenta sus intereses. Perón, por su parte, aprovechó el afianzamiento de su posición para romper con aquellas asociaciones que habían tomado partido contra él. La U. I. A. fue intervenida[208], y las restantes organizaciones económicas fueron sometidas a un severo control autoritario.

Luego de la victoria electoral de Perón, las organizaciones empresariales inician un paulatino viraje político. Cada vez se van afirmando más las fuerzas que pugnan por una normalización de las relaciones con el gobierno. El motivo de este cambio de actitud no fue solo el creciente poder de Perón, que tornaba inútil toda resistencia a su gobierno. La razón decisiva del cambio de actitud de los grupos económicos más poderosos parecería haber sido, también en este caso, de naturaleza económica. En caso de un aislamiento voluntario, las organizaciones económicas habrían perdido toda posibilidad de ejercer alguna influencia sobre los centros estatales de decisión. Eso no sólo habría significado quedar excluidos de las subvenciones y patrocinios que Perón había distribuido con tanta generosidad durante sus primeros años de gobierno; tampoco habrían podido exponer al gobierno sus preocupaciones ante determinadas medidas que ponían en peligro sus derechos y sus intereses.

El cambio de actitud no resultó muy difícil, ya que Perón no impuso exigencias demasiado grandes a las agrupaciones económicas. Las principales fueron: 1. armonizar su conducta con el gobierno, informar y consultar a éste; 2. recibir en su seno a aquellos grupos cuyos intereses habían sido descuidados hasta ese momento por los organismos directivos de las respectivas asociaciones y asumir su representación; 3. adoptar, por lo menos en apariencia, el principio fundamental de la doctrina peronista, según el cual las asociaciones de intereses, al perseguir sus ventajas particulares, siempre debían tener también en cuenta el bien común.[209] No se esperaba, por ejemplo, que aceptaran en forma integral la concepción del gobierno en materia de política económica, ni que renunciaran a sus principios y objetivos originales. En el fondo podían continuar formulando sus objeciones a la política de Perón y al menoscabo de sus intereses, como antes de 1946, cuando aún mantenían una aparente voluntad de cooperación y expresaban sus preocupaciones en un tono respetuoso, que no afectaba la autoridad de Perón.

Ya en el curso de la confrontación entre la U. I. A. y el gobierno en el año 1945, algunos de los directivos de este organismo habían dado a entender que el nuevo rumbo de la política económica contaba con su aprobación. El vínculo entre esos elementos y las altas esferas gubernamentales se fue estrechando luego de la victoria electoral de Perón, sin que por eso se constituyera inmediatamente una nueva organización en remplazo de la U. I. A., que había sido intervenida.[210]

La Bolsa de Comercio adoptó en 1946 una actitud más favorable al gobierno. Si bien es cierto que en sus informes anuales exponía con toda franqueza las diferencias de opinión con el gobierno, no dejaba por eso de subrayar su disposición a colaborar con las autoridades nacionales y su decisión de contribuir al éxito del plan quinquenal.[211] Incluso el contenido de sus publicaciones permitía reconocer un cierto acercamiento al punto de vista del gobierno. Por ejemplo ya no rechazaba de plano las medidas intervencionistas, sino que reconocía su transitoria utilidad para la consolidación de las ramas más débiles de la economía.[212] Se admitía, asimismo, que las medidas de protección y estímulo a la industria no siempre provocaban una distorsión de la estructura económica natural del país, sino que también podían contribuir al bienestar nacional.[213]

Lo más arduo fue la conciliación entre los terratenientes y el gobierno. En 1947, el predio de la Sociedad Rural, en el cual se celebraba año a año una gran exposición que reportaba grandes ganancias, fue confiscado para fines militares y el informe anual de la S. R. estaba redactado en un tono en extremo amargo y agresivo contra el gobierno.[214] La irritación de los productores agropecuarios era muy lógica, puesto que su rama de la economía era la única sistemáticamente descuidada por el gobierno. Aun cuando en principio no tuvieran nada que aducir contra la organización de una industria nacional basada en los productos rurales,[215] no podían aceptar que el peso de su desarrollo recayera por completo sobre ellos. Aun cuando no rechazara de plano las mejoras concedidas a los colonos y a los trabajadores rurales, no podía aceptar costos de producción que casi coincidían con los precios fijados por el I. A. P. I. para sus productos.[216] El permanente éxodo rural dificultaba más aún su situación[217], pues no contaban con los medios necesarios para remplazar la mano de obra perdida por maquinaria agrícola.

Las tensiones entre Perón y la Sociedad Rural se mantuvieron mientras el gobierno insistió en su política perjudicial para los productores agropecuarios, es decir, hasta 1948, 1949, aproximadamente: En esos años el gobierno revió poco a poco su política de apoyo unilateral a la industria y volvió a conceder atención al sector agropecuario.[218]

Por una parte facilitó la planificación racional de los cultivos al fijar de antemano los precios oficiales para el trigo, el maíz y el lino; por otra parte elevó la cuota de importación de maquinaria agrícola y posibilitó así una mayor mecanización del agro. Al mismo tiempo devolvió a la Sociedad Rural el predio de exposición en la Capital Federal y de esa manera reconoció su status de institución de bien público, exenta de impuestos. La Sociedad Rural reaccionó en forma positiva ante estas medidas de Perón. Dejó de formular quejas y reproches y adoptó una actitud de cooperación frente al gobierno.

3.3. El sector nacional de la burguesía industrial

Algunos autores afirman que el curso de las relaciones entre el gobierno y las fuerzas económicas que acabamos de describir, sólo es aplicable a un sector parcial de la economía, la llamada burguesía internacional, la cual por su estrecha vinculación ideológica y económica con el exterior, siempre había mantenido una actitud hostil al gobierno de Perón. Señalan que, aparte de ese grupo dominante, existía un sector minoritario, la llamada burguesía nacional, que recibió con beneplácito la política económica de Perón y la apoyó sin reservas.[219] Como prueba de la existencia de tal sector se menciona, por lo general, al grupo de industriales, que con motivo del conflicto de la U. I. A. con el gobierno, a comienzos del año 1945, se había separado de la organización central y había intentado establecer contactos con Perón, con miras a una cooperación. Por su más importante exponen-te se tenía a M. Miranda, ministro de economía de Perón entre 1946 y 1949.[220]

Esta tesis del cisma de las organizaciones empresariales se fundamenta, por lo general, en el hecho que si bien el nuevo rumbo económico del gobierno —orientado hacia la apertura y consolidación del mercado interno— favorecía en medida limitada a una serie de fuerzas económicas, era vital para un determinado sector de la industria: la empresa pequeña y mediana de las provincias argentinas, que sólo producía para el mercado nacional y, con frecuencia, sólo para el local. Y al señalar este sector se piensa, sobre todo, en aquellas empresas que experimentaron un rápido desarrollo mientras se prolongó el cierre de las importaciones, entre 1940 y 1945. Se argumenta que la existencia de estas empresas —en gran parte de carácter casi artesanal— habría estado seriamente amenazada al terminar la guerra mundial y reanudarse las importaciones, si el gobierno no las hubiera auxiliado con sus medidas de protección y fomento de la industria.[221] El interés de los pequeños y medianos industriales por el mantenimiento de la política proteccionista los habría convertido en aliados naturales del régimen y en uno de los soportes políticos más importantes del mismo.

El punto de partida de estos razonamientos es, sin duda, correcto. Como ya hemos visto, las medidas de estímulo y protección adoptadas por Perón no favorecieron a todos los industriales en la misma medida; beneficiaron, sobre todo, a un determinado grupo: los propietarios de establecimientos medianos y pequeños, instalados en las provincias, cuyos productos satisfacían las necesidades urgentes del mercado interno.[222] Resulta, en cambio, muy dudoso que las medidas proteccionistas hayan sido el resultado de presiones o, aunque más no sea, de iniciativas de ese sector parcial, y que ellas hayan inducido a los integrantes de dichos grupos, a comprometerse en favor del gobierno. En lo que respecta al primer punto, no debemos olvidar que esos industriales no disponían por entonces de un órgano propio que representara sus intereses. Eso no sólo es un indicio de que su conciencia de grupo aún estaba muy poco desarrollada, sino que también revela la falta de canales de comunicación institucionalizados, a través de los cuales pudieran llegar al gobierno las ideas y las aspiraciones de este sector. Esta falta puede haber quedado compensada por la iniciativa individual de personajes particularmente ambiciosos y emprendedores, pero hasta el momento no existen estudios detallados sobre la acción de tales elementos. Y aun cuando se contara con estudios de esa naturaleza, quedaría por saber si la influencia de determinadas personalidades destacadas puede equipararse al papel de todo el sector dentro del sistema peronista de gobierno. El segundo aspecto —es decir, que las medidas de protección y estímulo en favor de este sector pueden haber asegurado la lealtad y el apoyo al régimen de sus integrantes— también merece un juicio escéptico. Dada la tradicional adhesión de los industriales a la clase alta, es difícil concebir que, de buenas a primeras, éstos se hayan liberado de esa influencia dominante y se hayan animado a establecer un pacto con el gobierno, que si bien favorecía sus intereses, estaba en abierta oposición con la actitud de las restantes fuerzas económicas.[223]

Ni siguiera el argumento de Esteban, según el cual la burguesía nacional apoyó a Perón «objetivamente», como clase, puede disipar esas dudas.[224] Lo único real y concreto es el apoyo prestado por el gobierno a la pequeña empresa; no se especifica, en cambio, cuáles son los «organismos y cámaras industriales» que, según Esteban, demostraron su reconocimiento al gobierno por la protección brindada, a través de un «apoyo en los hechos».[225]

A falta de pruebas sobre la alianza entre ambos factores de poder sería más lógico concluir que la protección brindada por el Estado a la pequeña y mediana empresa del interior no se debió tanto a la política de este sector, como a la iniciativa del gobierno, que buscó el asesora miento de algunos empresarios.

3.4. Estancamiento y revisión de la política económica

Luego de varios años de prosperidad económica, hacia 1949 comienza a insinuarse una paralización de la economía. Por primera vez, después de mucho tiempo, el país tenía dificultades en su balanza de pagos y debió solicitar un crédito considerable a los Estados Unidos para saldar sus deudas por importaciones norteamericanas.[226] Por un lado, las reservas de divisas acumuladas durante los años de guerra se habían agotado en su mayor parte y era imposible reponerlas, puesto que la agricultura y la ganadería —principal sector exportador— se encontraban en una fase de estancamiento y[227], por añadidura, los precios de los productos agropecuarios habían descendido en el mercado internacional.[228] Por otro lado, pese a sus esfuerzos, el gobierno no había logrado independizarse económicamente de los países altamente industrializados. La industria argentina continuaba dependiendo de las importaciones, en lo referente a determinadas materias primas y productos energéticos, lo mismo que respecto a maquinarias y bienes de inversión.[229] La desproporción entre la producción y la demanda de bienes aceleró la inflación, que ya amenazaba desde los años de guerra.[230] El costo de vida ascendió rápidamente, mucho más rápidamente que los sueldos y salarios de los estratos más bajos de la población. Este ominoso proceso alcanzó su máxima gravedad en el año 1952. A partir de entonces, el gobierno consiguió dominar poco a poco la crisis, y en 1955, al ser derrocado Perón, la situación se había normalizado ya en gran parte.[231]

Comenzaremos por señalar las causas de la recesión; luego veremos las consecuencias que Perón extrajo de ella para su futura política económica.

Según las publicaciones oficiales, la causa de esta peligrosa tendencia en la economía fueron factores ajenos a la influencia del gobierno.[232] Entre ellos se citaba el empeoramiento de los terms of trade para los productos agropecuarios en el mercado mundial; la exclusión de la Argentina del programa de ayuda a Europa organizado por los Estados Unidos, el Plan Marshall; la inconvertibilidad del saldo activo en libras respecto a Gran Bretaña en un saldo activo en dólares respecto a los EE. UU., país que por ese entonces era el principal proveedor de los bienes de importación requeridos por la Argentina; el boicot a la Argentina de los centros económicos y financieros internacionales; y, finalmente, las repetidas sequías que habían perjudicado en gran medida la agricultura del país. Es indudable que la mayoría de estos factores tuvieron una influencia negativa sobre la economía y contribuyeron a la crisis; sin embargo, es dudoso que hayan sido su verdadera causa. Como es lógico, el gobierno exageró la importancia de tales factores para disimular su propia responsabilidad.

El gobierno fue responsable, en primer lugar, de la deficiente aplicación de numerosas leyes y disposiciones, muy acertadas en sí. Como lo ha señalado Altimir, entre otros, sólo una parte de los fondos destinados al fomento de la industria llegaba a emplearse para esos fines; casi la mitad se utilizaba para otros objetivos, sobre todo, para cubrir el déficit de las empresas del Estado.[233] Pero aun en el caso de llegar a poder de empresas industriales, los créditos concedidos con esos fondos pocas veces contribuían a aumentar la producción. Porque, por un lado, eran suministrados —si es que se aplicaba algún patrón para la selección— a empresas medianas y pequeñas pertenecientes a las ramas menos dinámicas de la economía. Por otro lado, tales créditos servían, con frecuencia, para saldar las deudas y los gastos corrientes de las empresas en cuestión y sólo una parte se aplicaba a inversiones.[234] Podrían citarse ejemplos similares de deficiente concreción de los objetivos perseguidos por las leyes, también en otros sectores de la economía. Todos ellos confirman una debilidad del sistema peronista de gobierno, ya señalada dentro de otro contexto: la ausencia de instancias de control que vigilaran el mantenimiento y la aplicación consecuente de las directivas emanadas de la cúspide poética.[235]

Sin embargo, la gran mayoría de los críticos de la política económica y social del peronismo no dirigen tanto sus ataques contra la deficiente aplicación de las leyes y disposiciones del gobierno, como contra éstas en sí.[236] El principal reproche que se formula a Perón es que su gobierno practicó una política de gastos que superaba en mucho las posibilidades económicas y financieras del país, que el aumento de consumo inducido por ella no respondía a un aumento de la producción, que sólo contemplaba la distribución de la riqueza nacional y descuidaba el crecimiento económico. Esta crítica fue formulada ya en 1945 por el Instituto A. E. Bunge —el cual en principio estaba de acuerdo con las ideas de Perón en materia de política económica—, cuando con motivo de los repetidos aumentos de salarios previno al gobierno que se cuidara de «matar la gallina de los huevos de oro».[237] También la repitió R. Prebisch en el informe sobre la evolución económica de la Argentina, elaborado para las Naciones Unidas en 1959. En dicho informe se consignaba, por ejemplo, que el porcentaje de gastos estatales en el consumo bruto nacional había aumentado en forma desmedida en tiempos de Perón y que durante los primeros años de su gobierno, sólo un tercio de esos gastos estaban destinados a fines productivos.[238] También se hacía constar que sólo una reducida parte de la mano de obra que afluía a Buenos Aires en la época peronista, encontraba ocupación en ramas productivas de la economía; la mayoría era absorbida por el sector de transporte, comercio y servicios, que de esa manera se inflaba artificialmente.[239] En dicho informe se comentaba también que ese fenómeno era particularmente grave, pues esa mano de obra era sustraída a la agricultura, el sector tradicionalmente productivo de la economía argentina, que por añadidura había experimentado un sensible deterioro por las medidas dirigistas del gobierno.

Otra de las críticas formuladas por Prebisch y otros al gobierno peronista fue que había empleado los recursos estatales en forma unilateral para el fomento del consumo de la industria liviana y había omitido crear el factor más importante para la independencia económica: una industria pesada nacional. Según estos autores, en lugar de utilizar las divisas para saldar las deudas con el exterior y dedicarlas a comprar los anticuados ferrocarriles británicos, el gobierno debió haberlas empleado en mejorar la provisión de energía, en mantener y mejorar la red de comunicaciones y en acelerar el desarrollo de la industria química metalúrgica.[240]

Otros economistas aducen en defensa de Perón, que éste no fue el único culpable de dichas omisiones, pues la responsabilidad correspondió en gran parte a gobiernos anteriores.[241] Según ellos se trata de una debilidad fundamental del proceso de desarrollo industrial en la Argentina, el cual no se inició con la organización de industrias básicas y de una industria pesada, sino con la expansión de la industria liviana y de consumo. Perón no habría hecho otra cosa que mantener esta tendencia, y al promover ramas industriales como la textil y la alimentaria, que satisfacían necesidades urgentes del mercado interno y elaboraban la materia prima producida en el país, lo habría hecho con el total acuerdo de todos los sectores importantes de la economía. Siempre de acuerdo con estos economistas, sólo hacia 1950 se tomó conciencia de las desventajas que implicaba este desarrollo industrial unilateral.[242] Alrededor de ese año se dio por terminada la primera fase de la sustitución de importaciones, en la cual se fomentó de manera especial la producción nacional destinada a satisfacer las necesidades de consumo internas.[243] Al comprender que de esa manera no se podía alcanzar la independencia económica, del gobierno se había visto enfrentado a una tarea mucho más dura, la de desarrollar una industria pesada nacional y una provisión autónoma de energía. La crisis económica sufrida por el país entre 1949 y 1952 habría sido, fundamentalmente, consecuencia de este paso de la primera a la segunda fase de la sustitución de importaciones, etapa transicional que, según estos economistas, no ha concluido hasta el día de hoy.

Para un observador que no posea sólidos conocimientos técnicos en materia de economía es muy difícil y, quizá, imposible estimar la importancia que pueden haber tenido para la recesión las diferentes causas antes enumeradas, y emitir un juicio preciso acerca de la responsabilidad que puede haber cabido a Perón por esa recesión y en qué medida ésta puede haberse debido a factores ajenos a su influencia. Se advierte con toda claridad, en cambio, que Perón comprendió muy pronto el alcance de la crisis económica y procuró conjurarla sometiendo su política económica y social a una revisión a fondo.

Ya se comentaron los efectos de este cambio de actitud sobre las relaciones entre el gobierno y los trabajadores. Vimos que, en contraste con su anterior toma de partido en favor de la clase obrera, a partir de 1949 se inicia una política salarial restrictiva, y se exhorta constantemente al obrero a elevar la productividad y se procede con enorme rigor contra los huelguistas. Superado el punto más crítico, Perón mostró otra vez mayor comprensión y apertura hacia las demandas y aspiraciones de la clase baja; sin embargo, ya nunca volvió a aquella defensa unilateral de sus intereses, que había sido el rasgo característico de su política antes de la crisis económica.

También se ha señalado ya otra reacción a las dificultades económicas. Es la referida a la agricultura, cuya producción había disminuido en forma notoria como consecuencia de la intervención estatal en el comercio de exportación. Ya en 1949, el gobierno intentó recuperar la confianza de ese sector y estimular su productividad.[244] Fijó de antemano los precios para la adquisición por parte del Estado de los productos agropecuarios, con el fin de permitir una planificación racional de los cultivos; destinó fondos especiales para la importación de maquinaria agrícola; otorgó créditos a los productores rurales; organizó un servicio técnico especial para éstos y derogó gran parte de las disposiciones que limitaban la participación de los familiares del trabajador de campo en las tareas rurales.[245] Durante los últimos años del gobierno de Perón, el I. A. P. I., organismo que al comienzo se había quedado con la mayor parte de las ganancias provenientes de la exportación de productos agrícolas, terminó por convertirse en una institución protectora de los establecimientos de campo.[246]

Junto con el estímulo del sector agropecuario se inició una política más selectiva de apoyo a las empresas industriales. Sobre todo se fijaron pautas muy rígidas para la instalación de nuevas industrias, pues se concedía preferencia a la consolidación de los establecimientos ya existentes.[247]

El nuevo rumbo de la política económica quedó resumido en el plan de emergencia de 1952, en el cual se fijaban las directivas estatales para superar la situación crítica.[248] El plan estaba determinado por dos tendencias complementarias: por un lado, por el objetivo de limitar en lo posible ej consumo nacional; por otro, la disposición a estimular y a apoyar a las fuerzas sociales productivas con mayor capacidad de rendimiento. En lo referente a la limitación del consumo, el gobierno prometió dar el ejemplo al reducir el plan de obras públicas, imponer severas condiciones para el otorgamiento de créditos, limitar los subsidios a las clases bajas y reducir las importaciones a los bienes indispensables. Exhortó a la población a disminuir los gastos y ahorrar más. A fin de inducir a las fuerzas económicas a un aumento de la producción y de la productividad, el gobierno anunció que fomentaría la iniciativa empresaria en determinadas ramas de la economía, como por ejemplo la construcción, y comunicó su intención de limitar las expropiaciones a lo indispensable para el bien público.

La nueva concepción de Perón en materia de política económica, cuyos rasgos esenciales habían quedado fijados en el plan de emergencia de 1952, fue complemetada en dos sentidos durante sus últimos años de gobierno. Uno de estos complementos provino del Segundo Plan Quinquenal, que enfocaba casi exclusivamente aspectos económicos.[249] Este plan demostraba a las claras que, entre 1953 y 1957, el gobierno estaba dispuesto a desarrollar una industria pesada nacional y fuentes de energía independientes del exterior, y a fomentar la producción de materias primas necesarias para una mayor expansión económica. «Si renunciáramos a crear en el Segundo Plan Quinquenal una industria pesada para el país, habríamos renunciado a la industria, no a la industria pesada», declaraba Perón en el congreso industrial de 1953.[250] Señaló además, que por tratarse de una empresa muy costosa, que excedía las posibilidades financieras de los entes privados, el Estado debía abrir camino en este terreno y fomentar la actividad en él. Por lo demás, en adelante el Estado dejaría de intervenir en el proceso económico y confiaría el futuro desarrollo a la libre iniciativa de las fuerzas privadas.[251]

Sin embargo, Perón no parecía muy convencido de que las fuerzas productivas del país pudieran acelerar por sí solas la expansión económica en la medida deseada. El segundo paso decisivo de su gobierno en el ámbito de la política económica, con posterioridad a 1952, consistió en la apertura de las fronteras. La Ley 14222 sobre condiciones para la inversión de capitales extranjeros demostró ya un cambio de actitud en este aspecto.[252] Pero la manifestación más clara de éste fundamental cambio fue el contrato celebrado con la empresa norteamericana Standard Oil, para, la explotación de los yacimientos de petróleo argentino.[253] Ese contrato levantó una ola de comentarios y fue calificado por los enemigos de Perón de traición, tanto a sus antiguos principios como, en general, a los intereses del país. En esas críticas no participaron, por cierto, aquellos grupos opositores que habían estimulado la iniciativa y la consideraban como una concesión del gobierno a sus intereses y a su creciente poder; nos referimos a las organizaciones empresariales y a las fuerzas sociales que se encontraban por detrás de ellos.

3.5. Las organizaciones empresariales recuperan su influencia

Al analizar la estrategia de los grupos empresariales después de 1950, es preciso establecer una distinción entre los tradicionales sectores dirigentes de la economía, representados sobre todo por las organizaciones más antiguas, como la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio, y el sector minoritario de la burguesía nacional —al cual ya nos refiriéramos— que como se verá, en esa época comenzaba a articular sus intereses.

La actitud de los dos primeros sectores se caracterizaba por un creciente optimismo y una conciencia cada vez más clara de su importancia. Luego del decisivo giro en la política económica, las tradicionales fuerzas dirigentes de la economía llegaron, evidentemente, a la conclusión de que el futuro curso de los acontecimientos los favorecería. Es sintomático el hecho de que varias de las más importantes medidas de liberalización adoptadas por el gobierno en esos años, hayan tenido su punto de partida en sugerencias de estos grupos. No obstante eso, pocas veces mostraban abierta satisfacción ante el resultado de esas medidas y más bien exhortaban al Estado a apresurar su retiro del proceso económico. Su comportamiento, con posterioridad a 1951, permite reconocer cuán poco se había modificado su actitud básica liberal durante la fase dirigista del gobierno. Sólo había variado el tono con el cual exponían sus argumentos. Las exhortaciones al Estado, para que éste se abstuviera de mezclarse en el acontecer económico, que antes de 1946 habían sido acres y agresivas y luego del triunfo electoral de Perón, cautamente admonitorias, durante los últimos años de gobierno peronista van acompañadas por homenajes y declaraciones de lealtad política al dictador.[254] El creciente conformismo político de las organizaciones empresariales no puede engañar al observador atento: por debajo de él se mantenía la misma actitud hostil al régimen; es más: esa hostilidad hasta se había agudizado. Pues así como antes de 1950 no veían posibilidad alguna de evitar el control autoritario del gobierno, el viraje político que siguió despertó en ellos la esperanza de que a la revisión de la política económica siguiera un cambio fundamental de la situación política, es decir, la caída de Perón Veamos, por ejemplo, los informes anuales de la Bolsa de Comercio, que pueden considerarse como reflejo fiel de la posición de todas las fuerzas económicas tradicionales, tanto por su tono general —mezcla de sometimiento político y creciente conciencia de su poder económico—, como por las diferentes medidas sugeridas y apoyadas. Luego de haber denunciado en vano, entre 1946 y 1949, el estancamiento de la agricultura y la ganadería, comprueba, con satisfacción, que por fin se adoptan algunas de las medidas de fomento a dicho sector, sugeridas por ella.[255] No trata de disimular, por cierto, que con la intervención del gobierno, en favor de ésta o de todas las demás ramas de la economía, a la larga no será suficiente, y que sólo un sistemático apoyo a la libre empresa redundará en una recuperación económica sostenida. Para eso señala— es preciso que el gobierno renuncie a una serie de regulaciones que distorsionan el libre juego de las fuerzas económicas y cercenan la iniciativa del empresariado. Así, por ejemplo, sería necesario derogar las disposiciones sobre fijación de precios máximos para los artículos de primera necesidad[256], suprimir el control de divisas[257], liberar las importaciones y las exportaciones[258], reducir los impuestos a las ganancias y a los ingresos brutos[259], otorgar créditos amplios y bien orientados[260] y suprimir los incontables escollos burocráticos que debía sortear el empresario.[261] También fue la Bolsa de Comercio la primera en advertir que, pese a todos sus esfuerzos, las fuerzas nacionales difícilmente podrían lograr por sí solas el desarrollo económico del país y que, por eso, sería preciso volver a establecer una conexión con las corrientes de capital y bienes de los centros económicos del extranjero.[262] Comprobaba, con satisfacción, que el gobierno estaba revisando su unilateral postura en favor de las clases bajas y que, por ejemplo, apenas si intervenía ya en las negociaciones tarifarias.[263] Aprovechaba el cambio de actitud de Perón para intentar que se derogaran o modificaran aquellas leyes sociales anteriores a 1949, que representaban una carga particularmente pesada para la economía, sobre todo las referentes a jubilaciones.[264] En una palabra luchaba, en forma cada vez más desembozada, por reconquistar el poder que las fuerzas económicas tradicionales habían perdido durante el período dirigista anterior a 1949.

Como hemos visto, la reacción de los tradicionales sectores dirigentes de la economía ante la nueva política de Perón fue netamente favorable; más difícil, en cambio, es llegar a una conclusión respecto a la actitud del sector minoritario que hemos definido como burguesía nacional. Si nos ajustamos a las manifestaciones de Esteban, la situación después de 1951 se caracteriza por el renovado triunfo de la burguesía internacional y la pérdida de influencia del empresariado que tenía por meta el mercado interno.[265] Pero, por otra parte, no debemos olvidar que durante los últimos años de gobierno peronista, la burguesía nacional constituyó por primera vez una organización propia, la C. G. E., a través de la cual podía hacer llegar al gobierno y a los demás sectores de la economía sus exigencias y sus ideas.[266]

La C. G. E. fue el resultado de dos procesos complementarios.[267] Por un lado debía su formación al deseo muchas veces manifestado por Perón desde 1944, de que todas las fuerzas industriales —y en lo posible todos los sectores de la economía— se nuclearan en una organización central. Por otro lado, la debía a los esfuerzos —también palpables desde hacía buen tiempo— de los empresarios del interior, deseosos de defender sus intereses, menos favorecidos que los del empresariado de la metrópolis. Esos esfuerzos se hicieron particularmente visibles en el Noroeste del país, en donde a partir de 1946 se celebraban congresos y se constitutían federaciones. En 1951, cuando los empresarios del interior intentaron llegar a una unificación con los de Buenos Aires, chocaron en el primer momento contra la resistencia de éstos.[268] Se necesitó de la intervención de Perón, para que a comienzos de 1953 se creara la C. G. E., es decir una confederación general que abarcaba a ambos sectores.

Pero si creemos que la C. G. E. representaba una concepción económica fundamentalmente distinta de aquella sustentada por los tradicionales círculos económicos dirigentes, nos veremos defraudados. Sus resoluciones no se diferencian mucho de las aspiraciones y pretensiones expuestas al gobierno por la Bolsa de Comercio. Como ésta, la C. G. E. reclamaba la urgente derogación de los precios máximos[269], exigía un aumento de las importaciones de materias primas, petróleo, maquinarias y bienes de inversión[270], solicitaba el otorgamiento más liberal de créditos[271] y una reducción de los impuestos, y se quejaba de las excesivas cargas sociales, sobre todo del sistema de las cajas jubilatorias.[272] Incluso en lo referente a la intervención del Estado en el proceso económico, que parecería haber sido vital para la burguesía nacional, la C. G. E. coincidía en lo esencial con la Bolsa de Comercio al declarar que las intervenciones estatales debían ser sensiblemente reducidas.[273] Tampoco se declaraba, por principio, en contra de la instalación de industrias extranjeras en el país, ni de la importación de capitales; simplemente solicitaba que éstos no entraran en competencia con las ramas de la industria local.[274] El único punto en el cual sus ideas se apartan claramente de los puntos de vista de los círculos económicos tradicionales, es el referente a la descentralización de la estructura económica, punto sobre el cual la C. G. E. insistía a cada paso.[275]

Sólo de tanto en tanto, la C. G. E. emitía alguna declaración que parece confirmar las afirmaciones de Esteban acerca de la creciente amenaza que se cernía sobre la burguesía nacional en esa fase. De vez en cuando exhorta al Estado a continuar confiando encargos a la pequeña y mediana empresa[276], y al mismo tiempo se insta a ésta a racionalizar sus métodos de trabajo.[277] En una oportunidad se señala, inclusive, que las empresas demasiado pequeñas no son ya rentables.[278] Una investigación de Katz acerca de la relación entre producción y productividad, aumento de la mano de obra y evolución de los salarios, antes y después de 1952[279], revela también que la situación de la pequeña y mediana empresa era, en parte bastante precaria. Katz señala que, después de 1952, las empresas con capital grande experimentaron un considerable aumento de la productividad y de las ganancias y, por consiguiente, estuvieron en condiciones de conceder importantes aumentos de salario, mientras que las empresas medianas y pequeñas se estancaron e iniciaron un período de dificultades económicas.

Sin embargo, eso no basta para llevarnos a la conclusión —expuesta por Esteban— de que con posterioridad a 1952 se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas de la burguesía nacional y las de la burguesía internacional, que concluyó con la victoria de estas últimas. Es imposible librarse de la impresión de que Esteban —a quien se cita como representante de una serie de autores argentinos— sobrestima mucho la potencia de la burguesía nacional durante esta última fase y, en general, durante el gobierno de Perón. Su influencia sobre las instancias estatales decisivas, lo mismo que su prestigio y su capacidad de imponer sus aspiraciones en contra de la influencia de otros sectores de la economía no tuvo en ningún momento la importancia que Esteban le atribuye. Lo que determina el curso de las relaciones entre el gobierno y los grupos de intereses económicos es, más bien, la conducta de las fuerzas tradicionales, las cuales luego de una actitud inicial indecisa, declaran la guerra al régimen en 1945, celebran un armisticio con éste luego de la victoria electoral de Perón y, a partir de 1952, no ven la hora de que el cambio en la política económica sea seguido por un cambio en el poder, es decir por la caída de Perón.

V. LAS CUATRO FASES DEL GOBIERNO PERONISTA

Luego de haber desentrañado los rasgos fundamentales de la estrategia política y del estilo político de Perón, analizamos la relación entre el gobierno y tres de los principales factores de poder: las fuerzas armadas, los sindicatos y las organizaciones empresariales. La visión de la estructura interna del sistema de poder peronista así lograda, dista mucho de ser completa. Para brindar un cuadro más completo y diferenciado del sistema político de la Argentina entre 1943 y 1955, habría sido necesario estudiar más a fondo las medidas de gobierno y, sobre todo, habría sido necesario tomar también en cuenta factores de poder de segundo orden, como la Iglesia, las universidades y las agrupaciones políticas. Las investigaciones que ello habría exigido, habrían excedido el marco de este estudio, no sólo por la inversión de tiempo y dinero, sino también por la extensión. Por otra parte, el material analizado en estas páginas debería bastar para permitirnos extraer algunas conclusiones generales acerca de la estructuración y desarrollo del sistema político en la época de Perón.

Hay dos resultados, sobre todo, que merecen ser extraídos. Uno de ellos se refiere a la falta de unidad y homogeneidad de la era peronista. Todos los análisis parciales señalan una evolución dinámica durante dicha era, en la cual se destacan especialmente los años 1950, 1951 y 1952 como etapa de cambio y de viraje político. Este giro se insinuó primero dentro del ámbito del poder, en el paso del estilo autoritario a tendencias totalitarias, y se puso de manifiesto con particular claridad en el análisis de la disminución de realizaciones del sistema político después de 1950. El segundo resultado principal es, a nuestro juicio, que el viraje descripto no fue provocado por factores externos al sistema o, por lo menos, lo fue en grado mínimo. Como se ha visto, el régimen peronista entra en crisis en un momento en que parecía haber alcanzado su triunfo definitivo, pues había ganado prestigio en el exterior y había logrado despojar de su poder y someter a las fuerzas opositoras dentro del país. Por eso las razones de los cambios no se buscarán ya fuera del sistema de gobierno peronista, sino que deberán extraerse de sus contradicciones y limitaciones inmanentes.

Además de estas dos conclusiones generales, la investigación ha aportado una serie de resultados que también son de importancia capital para comprender la estructura y la evolución histórica del régimen. Por ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que Perón proyectaba, en primer lugar, la domesticación de los trabajadores y no su movilización política que, contrariamente a lo que opinan algunos autores, la llamada burguesía nacional tuvo sólo una influencia relativa en el campo de fuerzas sociopolíticas; que Perón cometió un grave error al tratar de someter a las fuerzas armadas, durante los últimos años de su gobierno, recurriendo a manipulaciones y a la coerción, etc.

Podríamos mencionar muchos otros ejemplos, igualmente interesantes. Pero, en lugar de seguir este camino y repasar uno a uno los aspectos parciales del gobierno peronista, optaremos por exponer en forma global el sistema de Perón en sus rasgos fundamentales. Para distinguir mejor las diferentes estructuras parciales y para definirlas con mayor precisión, dividiremos la era de poder peronista en varios períodos o fases. En total pueden distinguirse cuatro fases, de igual duración aproximada: tres a cuatro años. La primera se prolongó desde 1943 hasta 1945; la segunda, desde 1946 hasta 1949; la tercera, desde 1950 hasta 1952, y la cuarta desde 1953 hasta 1955.

Los años 1943-1945 constituyen la fase preparatoria del régimen. Se caracterizaron por los violentos enfrentamientos entre distintas corrientes y fuerzas y, al mismo tiempo, por el surgimiento de esa estructura de poder que dejaría su impronta en el resto del proceso político, hasta 1955.

Los enfrentamientos fueron desencadenados por el golpe militar de junio de 1943, el cual, al alejar del poder a la élite tradicional, provocó una pugna entre los demás factores de poder, que se esforzaron por ocupar la posición de liderazgo político vacante. El punto de partida de Perón no era particularmente favorable, comparado con el de otros oficiales que luchaban por el mismo objetivo, pues su grado militar no era muy alto. Sin embargo, compensó esa desventaja muy pronto al destacarse como líder programático de los oficiales que habían intervenido en el golpe y ganar prestigio y poder por medio de una liga informal de oficiales, el G. O. U. Su energía, su habilidad y sus dotes oratorias le valieron, además, muchos adeptos entre la oficialidad joven y la protección de algunos de los jefes militares de mayor jerarquía e influencia. Con su ayuda fue anulando a todos sus rivales y comenzó a acumular importantes funciones de gobierno, de modo que a mediados de 1944, un año después del golpe, era el líder político reconocido de las fuerzas armadas.

Como ya se señalara, el triunfo de Perón sobre sus adversarios se debió, entre otras cosas, a que él tenía objetivos políticos y un programa político. La mayoría de los oficiales que habían intervenido en el golpe carecía de ideas precisas acerca de lo que se debía hacer con el poder repentinamente adquirido y por eso se orientaban según el ejemplo de otros regímenes autoritarios, sobre todo el de los gobiernos de Franco y de Mussolini. Sólo por influencia de Perón, la cúspide del gobierno militar comenzó a desarrollar una estrategia política más adaptada a la situación particular y a los problemas típicos de la Argentina.

A instancias de Perón, a partir de 1944, el gobierno encaró la solución del problema de distribución. Entre 1944 y 1945 dictó una serie de leyes, que mejoraron sensiblemente la situación legal y económica de los estratos bajos.

También por iniciativa de Perón, se inició una política de protección y fomento de la industria. Por primera vez, el Estado tomaba en cuenta la creciente necesidad de autonomía económica del país.

El Estado abandonó la actitud prescindente de anteriores gobiernos en lo concerniente a la solución de problemas socioeconómicos e intervino en el acontecer social con una función reguladora. Ya no se consideraba a sí mismo como guardián y como instancia de control del progreso nacional, sino como su conductor y su verdadero motor.

Esta nueva postura de la élite política se puso de manifiesto en la creación de una serie de instituciones, de las cuales merecen destacarse dos: el Consejo Nacional de Posguerra, organismo de planeamiento político, en el cual se recogían los informes sobre la situación de los diversos sectores socioeconómicos, que eran utilizados como fundamento para las decisiones y medidas políticas, y la Secretaría de Trabajo y Previsión, organismo que dirigía y controlaba el mejoramiento material y la integración social de las capas sociales más bajas. Estas dos instituciones, en su combinación de estatismo y de marcado apoyo a la clase trabajadora, anticipaban ya el concepto global que del gobierno tendría Perón durante su primera presidencia.

Las medidas del gobierno militar no favorecieron a todos los sectores de la población por igual y por eso no fueron aceptadas en la misma medida por todos ellos. Las capas acomodadas, sobre todo, se mostraron cada vez mas irritadas por la legislación social progresista de Perón. Los círculos dirigentes del agro, la industria y el comercio se negaron a dar crédito a sus afirmaciones de que sólo favorecería a las capas más bajas hasta haber logrado una mayor simetría social y de que su objetivo era estimular por igual a todos los sectores socioeconómicos, las consideraron un fraude y rechazaron sus propuestas de colaboración. En 1943 y 1944, la resistencia contra el régimen militar partió en primer lugar de algunas instituciones aisladas y de los partidos excluidos del proceso político. En 1945, en cambio, las voces de estos sectores que exigían el inmediato retiro del gobierno, encontraron cada vez más eco en las clases media y alta. A la caída de los gobiernos fascistas de Europa, la burguesía argentina creyó llegado el momento de arrebatar el poder al régimen autoritario imperante en su propio país y, sobre todo, de alejar a Perón. Su presión sobre el gobierno sólo cedió cuando Perón pudo probar —por medio de una demostración masiva, en octubre de 1945, y luego en las elecciones de febrero de 1946— que su política era apoyada por la mayoría de la población.

A la fase preparatoria siguió, entre 1946 y 1949, la fase de consolidación. En ella Perón perfeccionó las estructuras de su sistema de dominación política —cuyas bases ya habían sido echadas durante los años precedentes— y las afianzó. La estabilidad de su gobierno en ese lapso se explica por la vinculación relativamente perdurable que logró establecer entre la solución de los problemas nacionales más urgentes —aquellos problemas globales que nosotros hemos designado como crisis, adoptando la terminología de Almond-Pye— y los intereses particularistas de los principales factores de poder. Las crisis en cuya solución se empeñó el gobierno de Perón, eran las mismas encaradas ya por el gobierno militar a instancias suyas, es decir: la crisis de legitimidad, la crisis de distribución y la crisis de dependencia.

Siendo el primer presidente llegado al poder sin fraude electoral desde hacía más de quince años, Perón tenía buenas perspectivas de superar la crisis de legitimidad. Su proceder en este aspecto coincidió en gran medida con los principios rectores que ya proclamara durante el gobierno militar. Rompió los vínculos del sistema político con algunos grupos privilegiados y lo colocó al servicio de sectores más amplios de la población. Fomentó la organización de aquellos sectores socioeconómicos que no contaban aún con un órgano encargado de defender sus intereses y los instó a formular sus exigencias ante el Estado. Finalmente, procuró demostrar la responsabilidad social del Estado haciendo intervenir a determinados organismos públicos en los conflictos sociales, con una función coordinadora y moderadora, y convirtiendo a otros en promotores del desarrollo en el sector económico. Las instituciones y grupos sociales que obstaculizaban sus planes estatizantes eran desplazados sin el menor miramiento. Limitó las competencias del Congreso, privó a la justicia de su autonomía, redujo en toda forma la influencia de los partidos opositores, se apoderó de casi todas las radioemisoras y periódicos y estableció un estricto control sobre las universidades. Tanto las medidas constructivas para superar la crisis de legitimidad, como los procedimientos empleados en contra de las fuerzas de la oposición, contaron con el apoyo de aquellos grupos que responsabilizaban a la Constitución liberal de 1853, de la ineficiencia de las instituciones políticas y de la corrupción de los políticos, y esperaban una restauración del orden estatal y social por vía de un fortalecimiento del Poder Ejecutivo. Dichos grupos estaban constituidos por los llamados «nacionalistas», un limitado grupo de intelectuales de clase media, elementos del clero, la burocracia estatal, la mayoría de los sindicatos, recién creados, y, sobre todo, los militares. A instancias de estas fuerzas se encaró la reforma constitucional de 1949, la cual —junto con algunas leyes dictadas ese mismo año— representó la culminación de esta fase estatizante del gobierno.

Como lo señalara de tanto en tanto, en 1946 Perón consideraba la crisis de distribución prácticamente superada, después de la ola de leyes, estatutos y acuerdos tarifarios surgidos del gobierno militar, por iniciativa suya. Pero, sobre todo, consideraba conjurado el peligro de una revolución comunista, motivo principal de sus preocupaciones en materia de política social. A pesar de eso, el incremento de salarios continuó durante los años 1947, 1948 y 1949, se completó la protección al trabajador en caso de enfermedad, accidente, embarazo, despido, etc., se mejoró en forma permanente la asistencia a la ancianidad, se crearon cada vez más organismos asistenciales y culturales destinados a los estratos bajos, y se multiplicaron los centros de esparcimiento y descanso para dichos sectores, lo mismo que el número de sindicatos, cuyo número de afiliados aumentó en forma vertiginosa en pocos años. Todas estas concesiones a la clase trabajadora deben ser consideradas en función de la situación política ante la cual se veía confrontado Perón. Privado del apoyo de la mayor y más importante parte de las clases acomodadas, su gobierno tenía como principal sostén político los estratos más bajos de la sociedad y esa situación se mantendría mientras el Estado tomara el partido de los trabajadores en los enfrentamientos entre el sector laboral y el patronal. La experiencia de la Primera Guerra Mundial había enseñado a Perón que la coyuntura favorable continuaría sólo durante un lapso limitado después de la Segunda Guerra. Temía, con cierta razón, que en caso de reducirse el apoyo estatal a los obreros, éstos comenzaran a retirar su apoyo político al gobierno. Procuró, pues, adelantarse a los acontecimientos ligando a las clases más desposeídas al régimen, merced a generosas medidas de ayuda material, al mismo tiempo que sometía a los órganos representativos de las mismas, a los sindicatos.

Es relativamente fácil establecer qué grupos sociales apoyaron a Perón en sus medidas tendientes a solucionar la crisis de legitimidad y de distribución; más difícil es definir cuáles fueron las fuerzas que secundaron su política destinada a lograr una mayor independencia económica. En lo que se refiere a la cancelación de la deuda externa, a la adquisición por parte del Estado de las empresas de servicios públicos que se encontraban en manos extranjeras y al mayor control estatal sobre los bancos y las exportaciones, sin duda el principal apoyo partió de los nacionalistas, que se encontraban sobre todo entre los militares, en la clase media y —por influencia ideológica de Perón— cada vez más en los estratos bajos. Es muy dudoso, en cambio, que las medidas de defensa y fomento de la industria hayan reflejado realmente el aumento de influencia de la llamada burguesía nacional, según afirman algunos autores. Es indudable que la política de Perón favorecía en primer lugar a un determinado sector del empresariado, el de los industriales menores, establecidos en el interior y dedicados exclusivamente a satisfacer los requerimientos del mercado interno. Sin embargo, no se ha demostrado que tales medidas hayan sido un producto de la presión de dicho grupo. Es posible que algunos empresarios de la burguesía nacional hayan logrado hacer sentir su influencia en las esferas gubernamentales; sin embargo, eso no significa que la totalidad del sector haya adquirido mayor poder y conciencia de grupo. A falta de pruebas en contra, debemos suponer, más bien, que el grueso del grupo se adhirió a las clases acomodadas en su negativa a apoyar a Perón. Sólo hacia fines de la década del cuarenta parece despertar en determinados sectores de la burguesía nacional una conciencia más clara de su situación y de sus intereses, como lo demuestran, por ejemplo, las tentativas de organización de los industriales de las provincias del Noroeste.

Para explicar la estabilidad del régimen en esta fase, no sólo debe tenerse en cuenta el celo con que el gobierno encaró las reformas más urgentes, sino ciertas condiciones suplementarias, que ayudaron a Perón a cimentar su posición. Las más importantes fueron la situación favorable del presupuesto estatal a comienzos de su gobierno y la prosperidad general del país durante la época de posguerra. Las finanzas estatales no sólo ayudaron a Perón a mantener a los sindicatos ligados al gobierno. Su generosa distribución sirvió también para asegurar la complacencia de las fuerzas armadas, de la administración pública y de determinados sectores de la economía. Si se exceptúa a los terratenientes —para quienes el monopolio estatal de la exportación de cereales significó grandes pérdidas—, las subvenciones estatales favorecieron en forma directa o indirecta a todos los importantes factores sociopolíticos de poder. Por eso parecería justificado considerar al estilo distributivo del régimen como el rasgos predominante de esta fase, como tendencia que alcanza por igual a todos los ámbitos parciales del sistema político.

Un aporte extraordinariamente importante a la consolidación del sistema peronista de dominación, fue el de Eva Perón. Sólo merced a su ayuda, Perón logró superar durante esos años la tensión existente en su organización política, una tensión entre autoritarismo elitario y elementos de una democracia plebiscitaria. Pues al concentrar cada vez más la adoración de las clases bajas en su persona, Eva Perón liberó a su marido del papel de líder de los trabajadores, lo cual permitió que su pretendido rol de representante imparcial del Estado y de árbitro de la Nación resultara más plausible. También el sometimiento de los sindicatos fue obra de Eva Perón, quien atacó despiadadamente a los dirigentes tradicionales, que luchaban por la autonomía sindical y los remplazó por hombres de su confianza, adictos al régimen.

Para finalizar, cabe mencionar también algunos factores ambientales que favorecieron a Perón. Entre ellos figura, por ejemplo, la falta de desgaste de su gobierno, la sensación de seguridad y de empuje que éste despertaba, así como la confianza que gran parte de la población depositó en él. Para medir la importancia de estos factores es preciso recordar la corrupción, la limitación y la ineficiencia de los gobiernos anteriores a 1943. La crisis en que encontró Perón al sistema político al hacerse cargo del poder no sólo representó una hipoteca para él. También le brindó la posibilidad de destacarse sobre sus predecesores. La energía con la cual emprendió reformas que debían haberse encarado mucho antes en los distintos ámbitos de la sociedad, y la forma implacable en que procedió para ello contra todos los factores de poder establecidos, le ganaron rápidamente el apoyo de todos los interesados en el progreso económico, social y político del país e hizo que su régimen fuera aceptado por la mayoría de los grupos de poder y por el grueso de la población.

A partir de 1949, Perón fue modificando paulatinamente su estrategia política. Acentuó la presión de control político sobre los factores sociopolíticos de poder, pero al mismo tiempo comenzó a darles más libertad de acción en el aspecto social y económico, por ejemplo. La trasformación del Estado autoritario del primer período presidencial, en un nuevo tipo de gobierno, en parte más represivo, en paite más liberal, demoró unos tres años, desde 1950 hasta 1952. Estos años representan así otra etapa preparatoria o de transición hacía la cuarta y última etapa del régimen.

Para apreciar el viraje de Perón no hay mejor parámetro que su cambio de actitud respecto a las crisis nacionales. Así como hasta 1949 había intentado superar la crisis de legitimidad aliviando en la medida de lo posible las tensiones sociales y borrando las antinomias políticas, ahora recurría a todos los medios de propaganda y de sanción a su alcance para dividir el sistema político en dos bloques: el leal al gobierno y el antiperonista. Si hasta ese momento los obreros habían podido confiar en el celo reformista de Perón y en su apoyo en los casos de conflictos tarifarios y demás enfrentamientos entre el sector laboral y el patronal, ahora el gobierno reprimía con dureza todo intento de huelga y se colocaba, cada vez con mayor frecuencia, del lado de los empleadores en las negociaciones tarifarias. Si la política económica de Perón partía del postulado de que el Estado no podía confiar el desarrollo económico exclusivamente a las fuerzas sociales y, menos aún a las empresas extranjeras, ahora se limitaba de nuevo la actividad económica estatal y el control del Estado sobre la economía, y se establecían nuevos contactos con los centros económicos del exterior.

Para apaciguar a los grupos cuyos intereses, derechos y objetivos se veían menoscabados, Perón echó mano a medios demagógicos y represivos. Montó un culto político a su persona y a su gobierno, haciendo difundir en forma permanente su imagen y su doctrina a través de los diarios y demás medios de propaganda del Estado, intensificando la relación masa-líder carismático —merced a concentraciones masivas, cada vez más frecuentes— y exigiendo de sus colaboradores políticos un total sometimiento y adulación. Al mismo tiempo recurrió a todos los medios de sanción imaginables para forzar tanto a sus opositores como a sus partidarios a la conformidad política.

Son varias las razones que pueden aducirse para explicar este cambio en la estrategia peronista de gobierno. En primer lugar debe señalarse la desaparición del factor que, probablemente, contribuyó más que ningún otro a la eficacia del sistema autoritario de gobierno entre 1946 y 1949: la prosperidad económica. Hacia 1950 se habían agotado las cuantiosas reservas de divisas acumuladas al terminar la guerra mundial, la situación económica favorable de los años de posguerra llegó a su fin, los terms of trade para la exportación de productos agropecuarios empeoró y la agricultura argentina sufrió algunas malas cosechas que causaron irreparables daños a este sector. Al solucionarse por vía pacífica el conflicto de Corea, posible punto de partida de una tercera guerra mundial que habría brindado un renovado impulso económico al país, éste se encontró en una situación muy precaria. Perón se vio obligado a limitar en forma drástica la actividad económica estatal y a suprimir gran parte de las subvenciones cuya generosa distribución durante los primeros años de gobierno le había asegurado la docilidad de los principales factores de poder.

Las elecciones nacionales previstas para 1952 contribuyeron a endurecer la situación política. Ellas indujeron a Perón a confundir cada vez más el rol del jefe de Estado, que se mantiene por encima de todos los partidos, con el de agitador partidario. Con su intento de dividir el sistema político en un bloque leal al gobierno y otro antiperonista, procuró forzar a los grupos aún indecisos, a tomar abiertamente partido en favor de su gobierno y de su persona.

En 1946, habían sido los sindicatos los encargados de librar la lucha electoral en su favor; ahora debía valerse de su propia organización, del partido peronista, para esos fines. El partido peronista intensificó y aceleró la tendencia ya presente a una radicalización política. Como resultado de su decisivo aporte a la amplia victoria electoral de Perón, se convirtió en un factor dominante dentro del movimiento peronista.

Otro de los motivos del cambio de actitud de Perón fue la muerte de Eva Perón, en el año 1952. El dictador quedó así privado de su principal sostén político. En adelante se vio obligado a concentar su atención en el mantenimiento de una base de apoyo indispensable para su gobierno: la de los estratos bajos. Esta tarea exigía gran esfuerzo personal, dado que ahora debía privar a esos estratos de gran parte del apoyo material generosamente brindado en años anteriores.

Finalmente, mencionaremos como uno de los importantes motivos de la creciente coerción ejercida por el gobierno, el intento de golpe de Estado dirigido por un alto jefe del arma de caballería, el general B. Menéndez. El golpe estuvo mal preparado y, visto con objetividad, no representó un peligro serio para el régimen. Sin embargo debe de haber despertado sospechas en Perón acerca de la confianza política que aún merecían las fuerzas armadas. Lo cierto es que a partir de ese suceso comenzó a depurar los cuadros de la oficialidad y a eliminar de ellos a todos los elementos poco confiables desde el punto de vista político, y ya no se conformó con la prescindencia política de las fuerzas armadas, sino que reclamó pruebas de su lealtad.

Pero ni las acciones de limpieza, ni la campaña de adoctrinamiento de las fuerzas armadas lograron solidificar el vínculo entre las instituciones militares y el gobierno. La mayor parte de la oficialidad consideró las medidas del gobierno como injustificada intromisión y como violación de la autonomía de las fuerzas armadas. Los oficiales dados de baja o retirados por no merecer la confianza política del gobierno actuaron como fermento de la resistencia al régimen, que se iba gestando bajo superficie.

En general puede comprobarse que el nuevo rumbo adoptado por el gobierno de Perón era visto con creciente disgusto por aquellos grupos e instituciones que lo había llevado al poder en 1946. Aparte de las fuerzas armadas, figuraban entre ellos determinados sectores del clero, la administración pública y los intelectuales de tendencia nacionalista. La resistencia que todos ellos opusieron al viraje político de Perón no se explica simplemente como una reacción ante el perjuicio sufrido por sus intereses. Lo que más los indispuso contra la nueva orientación política fue el hecho de que ésta echaba por la borda los principios rectores del movimiento, el hecho de que Perón traicionara su primitiva concepción y, al hacerlo, traicionara también a los grupos que habían compartido con él dicha concepción. Ellos habían brindado su apoyo al Estado autoritario y reformista anterior a 1949, ahora se lo retiraban al régimen represivo que lo había sucedido y se disponían a combatirlo.

Por otro lado, no debe olvidarse que el paulatino paso de Perón hacia una política económica y social mas liberal fue acogido con gran beneplácito por las clases acomodadas. El hecho de que el gobierno renunciara a tomar partido por las clases bajas, que redujera sus intervenciones en el acontecer económico, que volviera a establecer contacto con los centros económicos del exterior, todo eso fue acogido por los sectores del agro, el comercio exportador y la industria —que se habían visto perjudicados entre los años 1946 y 1949— como concesiones a sus intereses y como un estímulo a sus reclamos de una rápida y total revisión de la política económica y social. A pesar del creciente conformismo político exhibido por esos sectores es indudable que las fuerzas económicas tradicionales tenían plena conciencia de que iban recuperando su poder.

Los últimos años de gobierno peronista —de 1953 a 1955— se caracterizaron, una vez más, por una relativa consolidación de las estructuras políticas. La fase de transición había demostrado que —pese a algunos progresos innegables— el desarrollo del país durante los años de posguerra había sido mucho más lento de lo que el gobierno había esperado y que, sobre todo, éste sólo había logrado solucionar en forma transitoria los principales problemas del país, es decir, las crisis nacionales. Por eso, a partir de 1953, debió conformarse con objetivos menos ambiciosos. Ya no consagró sus esfuerzos a la solución de las crisis nacionales, sino a conservar su propia posición en el poder, a despecho de las crisis. Para lograrlo recurrió a medios represivos, procuró equilibrar las desventajas creadas por las crisis a determinados grupos de población y, finalmente, aplicó estrategias ideológicas y manipulativas y demás maniobras de diversión.

Al intensificar la coerción, Perón se mantuvo consecuente a la orientación represiva iniciada en 1950. Un importante indicio en este sentido fue el rápido crecimiento y el brusco aumento de poder del partido peronista. No sólo tuvo lugar una parcial fusión de la burocracia partidaria y ciertas reparticiones nacionales, sino que incluso se utilizaron instalaciones estatales que fueron colocadas al servicio del partido. Servicios secretos se encargaron de controlar la confiabilidad política de los empleados y funcionarios públicos. La influencia de dichos servicios también creció rápidamente dentro del movimiento peronista. La organización estatal se centralizó más aún y fue objeto de un ajuste. A diferencia de las reformas institucionales de los años anteriores, que procuraban disminuir la fragmentación del poder y alcanzar una coordinación más fluida y una orientación uniforme de los organismos oficiales, el objetivo perseguido ahora por Perón iba más allá. Trasformó al Estado en una maquinaria centralmente dirigida, que podía ponerse en funcionamiento con rapidez y eficacia para combatir a los adversarios políticos. Los métodos de los cuales se valía para eliminar a esos adversarios se volvieron también más duros y represivos. Si bien es cierto que sólo en casos excepcionales se llegaba a la agresión física, fueron pocas las personalidades más conocidas de la clase alta, consideradas como sospechosas por el gobierno, que no debieron sufrir encarcelamiento —aunque sólo fuera en forma transitoria— o no debieron huir al exilio. En este aspecto cabe mencionar, por fin, el aumento de la presión ideológica por intensificación de la campaña de adoctrinamiento. Los encargados de esta campaña —las oficinas de propaganda del Estado y los medios de comunicación de masa dirigidos desde la cúspide del gobierno— machacaban incesantemente a la población los dichos y sentencias del dictador.

Perón no confiaba sólo en los medios coercitivos y de propaganda para contener la oposición contra su gobierno, sino que desarrolló al mismo tiempo algunas estrategias de diversión. El culto a su gobierno y a su persona montado por él puede considerarse como una maniobra de ese tipo. También el intento de provocar una crisis de moral y de valores figura entre las maniobras de distracción. Para esto último sacó provecho de una tendencia a la secularización latente desde hacía ya bastante tiempo en la sociedad argentina. El gobierno inició una amplia revisión de todas aquellas leyes en las cuales se reflejaba con mayor claridad la escala de valores vigente hasta entonces: la prohibición de la prostitución, la prohibición del divorcio y la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. Ciertas iniciativas que no parecen tener importancia desde un punto de vista moral, como por ejemplo la organización de un turismo masivo, el fomento intensivo del deporte y la atención especial concedida a la juventud, llevan implícita la misma intención, la cual también se pone de manifiesto en ciertas apariciones en público, bufonescas y poco compatibles con la dignidad de un jefe de Estado, a las cuales pareció aficionarse el dictador.

A causa de las medidas represivas y las maniobras de distracción aplicadas por Perón durante la última fase de su gobierno se pasa fácilmente por alto que aún entonces permanecía fiel a sus ideas rectoras del comienzo, por lo menos en un aspecto, y que hasta se había aproximado a su realización. Ese aspecto era la política social y, en especial, la política de redistribución de ingresos. Por ejemplo: desde el comienzo de su carrera política, Perón había exhortado continuamente al pueblo a organizarse. Durante su primera presidencia, las ramas del trabajo aún no organizadas, habían creado sus propios sindicatos; después de 1950, también los empresarios del interior y las profesiones liberales constituyeron asociaciones. En las postrimerías de su gobierno casi no existía un sector de la población que no estuviera representado por una organización consagrada a la defensa de sus intereses. Entre los objetivos de Perón había figurado siempre una distribución equitativa de la riqueza nacional, lo mismo que un apoyo estatal equilibrado a los diferentes estratos sociales. También en este aspecto se aproximó más a sus ideales durante los últimos años de gobierno. Después de descuidar a las clases bajas en la fase de la recesión económica, a partir de 1953 comenzó nuevamente a defender sus intereses, aunque sin tomar partido en forma unilateral, como en fases anteriores de su gobierno. Exhortaba constantemente a los empresarios a mantener una disciplina en materia de precios y los instaba a trasladar parte de sus crecientes ganancias a los trabajadores, en forma de aumentos salariales. El resultado de esas iniciativas fue que al mejorar la situación económica general después de 1953, también mejoró la situación económica de la clase trabajadora, cuya participación en la renta nacional casi alcanzó los niveles de 1949.

Pero esos tres caminos, la coerción, la crisis moral y de valores artificialmente provocada y la política de simetría social, no cumplieron su función de estabilizar la posición de Perón, sino que contribuyeron a debilitarla. Provocaron perplejidad e inseguridad entre los partidarios del régimen y acicatearon el resentimiento de sus opositores, cada vez más numerosos, hasta llevarlos a una abierta rebelión.

Como ya se señalara, con su intento de someter el sistema político a su absoluto control, Perón obtuvo con frecuencia resultados contrarios a los esperados. Algunos factores de poder dispuestos a mantener una actitud de prescindencia política e incluso de apoyo al régimen, se convirtieron en enemigos declarados a causa de esa estrategia. Éste fue, sobre todo, el caso de las fuerzas armadas, un elemento clave en el país. Gran parte de la oficialidad se convenció de que la autonomía de las instituciones militares se veía seriamente amenazada por el afán de sometimiento del gobierno. Además no podían perdonar a Perón, que con su viraje político, a partir de 1950, hubiera arrojado por la borda los principios rectores de su primitivo programa de gobierno y, en especial, que provocara nuevamente una crisis de legitimidad e hiciera peligrar la independencia económica del país, ya asegurada en apariencia. También causaron profundo desagrado algunos escándalos y casos de corrupción, lo mismo que el estilo de vida de Perón, reñido con la moral tradicional. Todas esas circunstancias contribuyeron a que, después de 1953, fueran cada vez más los partidarios de un derrocamiento del régimen dentro de las fuerzas armadas.

Los ataques de Perón al orden moral y a la tradicional escala de valores llevaron a que también entrara en la lidia un factor de poder cuya misión había consistido siempre en defender y conservar esos valores: la Iglesia. El clero se mostraba ya intranquilo por la difusión del culto a la persona del dictador, por los métodos cada vez más represivos de éste y por la corrupción de la administración pública; pero el intento del régimen de conquistar a la juventud y de disminuir la influencia de la Iglesia en la educación fue visto por este sector como una abierta provocación. Las demostraciones de protesta contra el régimen organizadas por la Iglesia fueron el punto de partida de un proceso de solidarización de todos los grupos opositores, que culminó con el abierto estallido del conflicto.

Incluso las tentativas de distribuir la riqueza entre las diferentes clases sociales tuvo un efecto político negativo para Perón. Justamente en esos últimos años, en cuyo trascurso se aproximó más que nunca a su ideal de protección estatal pareja para todos los grupos sociales, quedó demostrado que, en el fondo, éste era impracticable y que la estabilidad de su gobierno había dependido de su estrecha unión a las clases bajas. Ningún grupo social se sentía auténticamente representado por un gobierno que funcionaba como árbitro situado por encima de todos los partidos. Las clases acomodadas veían en la liberalización de la política económica una confirmación del fracaso de la política dirigista y sólo aguardaban a que el cambio de orientación económica fuera seguido por un cambio político total, es decir por la caída del régimen. Tampoco la clase trabajadora estaba dispuesta a brindar al régimen el ilimitado apoyo de antes, pues las esporádicas intervenciones de Perón en su favor no suplían la intensiva protección del gobierno de la cual habían disfrutado antes de 1950.

Perón habría podido demorar su caída, y quizá hasta evitarla, si hubiera estado dispuesto a defender su gobierno. Pues por más que las bases que lo sostenían se iban desmoronando, al iniciarse el conflicto final contaba aún con el apoyo de una importante parte de las fuerzas armadas y los sindicatos también estaban de su parte. El hecho de que haya preferido abandonar el poder sin lucha puede tener dos explicaciones. Por una parte, es posible que, aún como político, Perón haya conservado esa convicción característica del soldado profesional, de que es preciso evitar en cualquier forma una guerra civil que ponga en peligro la unidad nacional. Por otra parte debemos recordar su miedo a una revolución comunista, ese miedo que trasuntan todos sus discursos, desde 1944 hasta 1955. Se negó a autorizar la entrega de armas a los obreros para que defendieran su gobierno por temor a que los dirigentes comunistas aprovecharan la situación para lograr un cambio político y social en profundidad.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

I. Fuentes

1. Documentos oficiales (Recopilaciones de leyes, informes parlamentarios, informes del Banco Central, etc.).

Anales de Legislación Argentina, IV-XV.

Banco Central de la República Argentina, Memoria Anual, 1945-1955. Compilaciones de Leyes, Decretos y Resoluciones, I, Buenos Aires, 1942. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1946-1954.

Ministerio de Asuntos Técnicos. Dirección Nacional de Investigaciones. Estadística y Censo. Servicio Estadístico Oficial, Boletín diario 1950, N.º 7 y 59.

Ministerio de Comercio Exterior. Resolución N.° S89, Cursos de Adoctrinamiento Peronista, Buenos Aires, 1952.

Ministerio del Interior. Subsecretaría de Informaciones, Las Fuerzas Armadas restituyen el imperio de la soberanía popular, Buenos Aires, 1946.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Unión Económica Argentino-Paraguaya, Buenos Aires, 1953.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Boletín del Instituto Nacional de Previsión Social, Año VIII, N.º 77, 78, 79, Buenos Aires, 1965.

Poder Ejecutivo Nacional. Secretaría de Asuntos Económicos, Producto e Ingreso de la República Argentina en el Período 1935-1954, Buenos Aires, 1955.

Presidencia de la Nación. Secretaría de Asuntos Políticos, Plan de Acción Política 1955-1956, Buenos Aires, 1955.

Presidencia de la Nación. Secretaría Técnica, Plan de Gobierno 1947 a 1951, I, Buenos Aires, 1946.

Presidencia de la Nación. Subsecretaría de Informaciones, Constitución Justicialista, Buenos Aires, 1949.

Presidencia de la Nación. Subsecretaría de Informaciones, Ayuda memoria referente a la Orientación Política del Gobierno 1947-1951, Buenos Aires, 1950.

Presidencia de la Nación. Subsecretaría de Informaciones, II Plan Quinquenal, Buenos Aires, 1952.

Presidencia de la Nación. Subsecretaría de Informaciones, Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social, Buenos Aires, 1955.

Secretaría de Trabajo y Previsión, Memoria Anual 1947.

Vicepresidencia de la Nación. Comisión Nacional de Investigaciones, Documentación, Autores y Cómplices de las irregularidades cometidas durante la Segunda Tiranía, Buenos Aires. 1958.

Libro Negro de la Segunda Tiranía, Buenos Aires, 1958.

2. Discursos y escritos de J. D. Perón y E. Perón

Descartes (Juan D. Perón), Política y estrategia. No ataco, critico, Buenos Aires, 1951.

Perón, Eva, Mi obra de Ayuda Social, Buenos Aires, 1949.

Perón, Eva, Historia del Peronismo, Buenos Aires, 1952.

Perón, Eva, La razón de mi vida, Buenos Aires, s.f.

Perón, Juan D., El Pueblo quiere saber de qué se trata, Buenos Aires, 1944.

Perón, Juan D., Perón habla, Buenos Aires, 1949.

Perón, Juan D., Doctrina Peronista, Buenos Aires, 1949 (1949 a).

Perón, Juan D., Conferencia pronunciada en el Acto de Clausura del Primer Congreso Nacional de Filosofía, Mendoza, 1949 (1949 b).

Perón, Juan D., Mensaje del Presidente de la Nación Argentina General Juan Perón al inaugurar el 85.º Período Ordinario de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, Buenos Aires, 1951.

Perón, Juan D., Conducción Política, Buenos Aires, 1952.

Perón, Juan D., Discursos del Excmo. Señor Presidente de la Nación General Perón dirigidos a las Fuerzas Armadas, 1946-1951, Buenos Aires, 1952 (1952 a).

Perón, Juan D., Sammlung seiner sämtlichen Reden in der Kongres Bibliothek von Buenos Aires, Sección Peronista.

3. Documentos de la Escuela Superior Peronista y de la Fundación Eva Perón

Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, Declaración de los Derechos de la Ancianidad, Buenos Aires, 1949.

Escuela Superior Peronista, Política Peronista, Buenos Aires, 1954.

Escuela Superior Peronista, Sociología Peronista, Buenos Aires, 1954 (1954 b).

4. Publicaciones del Ejército y de los grupos de interés

Anales de la Sociedad Rural Argentina, 1944-1955.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Memoria Anual, 1944 a 1955.

Confederación de la Industria. Congreso General de la Industria. 18 al 23 de Mayo 1953. La industria Argentina en el II Plan Quinquenal, Buenos Aires, 1953.

Confederación General Económica, Memoria Anual de 1953/54 a 1954/55.

Confederación General Económica, Primer Congreso de Organización y Relaciones del Trabajo, Buenos Aires, 1954 (1954 a).

Confederación General Económica, Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social, Buenos Aires, 1955.

El Obrero Ferroviario, 1944-1955.

Revista de la Unión Industrial Argentina, 1944 y 1945.

Revista Militar, 1944-1955.

Sociedad La Fraternidad, Actas de la Comisión Directiva, 1943-1955.

Sociedad Rural Argentina, Memoria Anual, 1944-1955.

Unión Industrial Argentina, Memoria y Balance, 1944 y 1945.

5. Diarios y revistas

Acción Industrial, 1953 y 1954.

Contorno, julio de 1957.

Criterio, 1935-1941.

Democracia 1944-1955.

Derecho del Trabajo, IV XV.

El Laborista, 1946-1955.

Hechos e Ideas, 1947-1952.

La Nación, 1944-1955.

Primera Plana, 1965-1968.

Revista de Economía Argentina, 1940.

Revista Nueva Política, 1941.

Sur, N.º 237, nov./dic. de 1955.

6. Varios

Department of State, Consultation among the American Republics with Respect to the Argentine Situation. Memorandum of the United States Government, Washington D. C., 1946.

Entrevistas con M. L. Deveali, F. L. Figuerola, E. P. González, B. Menéndez, H. Sosa Molina, H. Paz.

Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico, V. El Desarrollo de la Argentina, México, 1959.

II. Bibliografía

Accame, Nicolás C., La Nación y la Guerra, Buenos Aires, 1940.

Aguirre Cámara, José, «Despilfarro y Corrupción», en Cuatro Artículos, Buenos Aires, 1945.

Agulla. Juan Carlos. Soziale Strukturen und soziale Wandlungen in Argentinien, Berlín. 1967.

Alberdi, Juan Bautista. Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, 1859, Buenos Aires, 1966.

Alexander, Robert J., Labor Relations in Argentina, Brazil and Chile, New York, 1962.

Alexander, Robert J. The Perón Era, New York, 1965.

Almond, Gabriel A., «Introduction: A Functional Approach to Comparative Politics», en Almond, Gabriel A. y Coleman, James S., (eds.), The Politics of the Developing Areas, Princeton, New Jersey, 1960.

Almond, Gabriel A., y Powell, Bingham, Comparative Politics. A Development Aproach, Boston, 1966.

Altimir, Oscar; Santamaría, Horacio; Sourrouille, Juan, «Los Instrumentos de Promoción Industrial en la Postguerra», en: Desarrollo Económico N.º 21-27, 1966 y 1967.

Anderson, Charles W., Politics and Economic Change in Latin America. The Goveming of Restless Nations, Princeton, New Jersey, Toronto, London, 1967.

Astelarra, José L., Apuntes para una Política Industrial, Buenos Aires, 1948 (en la Biblioteca del Congreso de Buenos Aires, Sección Peronista, Manuscritos).

Astesano, Carlos, Justicialismo y Materialismo Histórico, Buenos Aires, 1953.

Astiz, Carlos Alberto (ed.), Latin American Politics. Ambitions, Capabilities, and the national Interest of Mexico, Brazil and Argentina, Notre Dame, 1969.

Baily, Samuel L., Labor, Nationalism, and Politics in Argentina, New Brunswick, New Jersey, 1967.

Barager, Joseph R. (ed.), Why Perón came to Power. The Background of Peronism in Argentina, New York, 1968.

Belloni, Alberto, Del Anarquismo al Peronismo. Historia del Movimiento Obrero Argentino, Buenos Aires, 1960.

Bendix, Reinhard, Nation - Building and Citizenship, New York / London / Sydney, 1964.

Bergstraesser, Arnold, «Zum Begriff des politischen Stils», en; Faktoren der politischen Entscheidung, Fraenkel-Festschrift, Berlín, 1963.

Bernardo, Héctor, Para una Economía Humana, Buenos Aires, 1949.

Beyhaut, Gustavo y otros. «Los Inmigrantes en el Sistema ocupacional Argentino», en: Di Tella, Torcuato y otros, Argentina, Sociedad de Masas, Buenos Aires, 1965.

Binder, Leonhard, «National Integration and Political Development», en: American Political Science Review, 58 (1964).

Binder, Leonhard, y otros, Crises and Sequences of Political Development, Princeton, 1971.

Blanksten, George J., Perón’s Argentina, New York, 1967.

Bourdeau, George, «Le déclin de la loi», en: Archives de Philosophie du Droit, N.º 8, 1963.

Bruce, James, Those Perplexing Argentines, London, 1954.

Bunge, Alejandro E., La Economía Argentina, Vol. III: Política Económica y Aduanera, Buenos Aires, 1928.

Bunge, Alejandro E., Una Nueva Argentina, Buenos Aires, 1940.

Bünger, Hans Ulrich, «Zur politischen Rolle der lateinamerikanischen Gewerkschaften», en: K. Lindenberg (ed.), Politik in Lateinamerika, Hannover, 1971.

Bustos Fierro, Raúl, Desde Perón hasta Onganía, Buenos Aires, 1969.

Butler, David J., «Charisma, Migration, and Elite Coalescence», en: Comparative Politics, Vol. I, N.º 3, 1969.

Cabanellas, Guillermo, Introducción al Derecho Laboral, II, Buenos Aires, 1959.

Cafiero, Antonio F., 5 años después. De la economía social-justicialista al régimen liberal-capitalista, Buenos Aires, 1961.

Cantón, Darío, «Notas sobre las Fuerzas Armadas argentinas», en: Revista Latinoamericana de Sociología, Vol. I, N.º 3, nov. 1965.

Cantón, Darío, El Parlamento Argentino en épocas de cambio: 1890, 1916 y 1946, Buenos Aires, 1966.

Cantón, Darío, Military Interventions in Argentina: 1900-1966. Instituto Torcuato Di Tella. Documento de Trabajo N.º 37, Buenos Aires, 1967.

Cantón, Darío, Materiales para el Estudio de la Sociología Política en la Argentina, I, Buenos Aires, 1968.

Cantón, Darío, La política de los militares argentinos: 1900-1971, Buenos Aires, 1971.

Cardoso, Femando Henrique y Faletto, Enzo, Dependencia y desarrollo en América Latina, México, 1969.

Carri, Roberto, Sindicatos y Poder en la Argentina, Buenos Aires, 1967.

Catalano, Luciano R., Plan Argentino de Movilización Industrial, Buenos Aires, 1943.

Centro de Estudios de Economía «Comunidad Nacional». «Consideraciones Económicas y extraeconómicas para una política nacional del Desarrollo», en: Armada, Arturo A. (ed.), Desarrollo y Desarrollismo, Buenos Aires, 1969.

Cerrutti Costa, Luis B., El Sindicalismo. Las Masas y el Poder, Buenos Aires, 1957.

Chevalier, François, «“Caudillos” et “Caciques” en Amérique», en Bulletin Hispanique, LXIV bis, 1962.

Ciria, Alberto, Partidos y poder en la Argentina moderna, Buenos Aires, 1964.

Ciria, Alberto, «Los Partidos políticos durante la Restauración Conservadora (1930 1943)», en: Sarlo Sabajanes, Beatriz (ed.), La Década Infame, Buenos Aires, 1969.

Confaloniero, Orestes D., Perón contra Perón, Buenos Aires, 1956.

Conil Paz, Alberto y Ferrari, Gustavo, Política exterior argentina 1930-1962. Buenos Aires, 1964.

Cornblit, Oscar E.; Gallo, Ezequiel; O’Connell, Alfredo A., «La Generación del 80 y su Proyecto: Antecedentes y Consecuencias», en: Di Tella, Torcuato y otros, Argentina, Sociedad de Masas, Buenos Aires, 1965.

Cortés Conde, Roberto, «Problemas del Crecimiento Industrial (1870 a 1914)», en: Di Tella, Torcuato S. y otros, Argentina, Sociedad de Masas, Buenos Aires, 1965.

Cortés Conde, Roberto, «Cambios históricos en la Producción Agropecuaria en la Argentina», en: Desarrollo Económico, Enero-Marzo 1966, Vol. 5, N.º 20.

Cúneo, Dardo, Comportamiento y crisis de la clase empresaria, Buenos Aires, 1967.

Damonte Taborda, Raúl, Ayer fue San Perón, Buenos Aires, 1955.

Del Carril, Bonifacio, Crónica Interna de la Revolución Libertadora, Buenos Aires, 1959.

Del Mazo, Gabriel, El Radicalismo. Ensayo sobre su historia y doctrina, II, Buenos Aires, 1959.

Deutsch, Karl W., «Social Mobilization and Political Development», en: The American Political Science Review, Vol. LV, 1961.

Deutsch, Karl W., Nationalism and Social Communication An Inquiry into the Foundations of Nationality, Cambridge and London, 1966.

Díaz Alejandro, Carlos F., The rural Sector in the Argentine Growth, Instituto Torcuato Di Tella, N.º 41, Buenos Aires, 1967.

Díaz Aranjo, Enrique, El G. O. U. en la Revolución de 1943. Una experiencia militarista en la Argentina, Mendoza, 1970.

Di Tella, Guido y Zymelman, Manuel, Las Etapas del Desarrollo Económico Argentino, Buenos Aires, 1967.

Di Tella, Torcuato, El Sistema Político Argentino y la clase obrera, Buenos Aires, 1964.

Di Tella, Torcuato, «Populism and Reform in Latin America», en: Veliz, Claudio (ed.), Obstacles to Change in Latin America, London / New York / Toronto, 1968.

Durruty, Celia, Clase obrera y Peronismo, Buenos Aires, 1969.

Easton, David, «Political Science», en: International Encycl. of the Social Sciences, 12, 1968.

Esteban, Juan Carlos, Imperialismo y Desarrollo Económico. La Argentina Frente a Nuevas Relaciones de Dependencia, Buenos Aires, 1961.

Evers, Tilman Tónnies, Militärregierung in Argentinien. Das politische System der Argentinischen Revolution. Darstllungen zur Auswärtigen Politik, 12, Hamburg, 1972.

Fayt, Carlos S., La Naturaleza del Peronismo, Buenos Aires, 1967.

Ferns, Henry S., Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, 1968.

Ferns, Henry S., La Argentina, Buenos Aires, 1973.

Ferrer, Aldo, La economía argentina. Las etapas de su desarrollo y problemas actuales, 3 ed., Buenos Aires, 1968.

Figuerola, José, La Colaboración Social en Hispanoamérica, Buenos Aires, 1943.

Filippo, Virgilio, Sistemas Gremialmente Antisociales, Buenos Aires, 1938.

Fillol, Tomás Roberto, Social Factors in Economic Development. The Argentine Case, Cambridge, Mass., 1961.

Fischer, Peter Wilhelm, Der Einflu des Auslandskapitals auf die wirtschaftliche Entwicklung Argentiniens 1880-1964. Arbeitsberichte des Ibero-Amerika Instituís für Wirtschaftsforschung and der Universitát Góttingen, Heft 12, Góttingen, 1970.

Fraenkel, Ernst, The Dual State. A Contribution to the Theory of Dictatorship, New York, 1969.

Frank, Andre Gunder, Kapitalismus und Unterentwicklung in Lateinamerika, Frankfurt, 1968.

Friedrich, Cari Joachim, y Brzezinski, Zbigniew, «Die allgemeinen Merkmale der totalitáren Diktatur», en: Seidel, Bruno, y Jenkner, Friedrich (eds). Wege der Totalitarismus-Forschung. Darmstadt, 1968.

Frielingsdorf, Walter, «Lateinamerika im Aufbruch. Soziale und wirtschaftliche Leitbilder», Schriftenreihe des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs, N.º 15, Hamburg, 1962.

Frondizi, Silvio, La realidad argentina. Ensayo de Interpretación Sociológica. Tomo I. El Sistema Capitalista, 2 ed., Buenos Aires, 1957.

Funes, Rafael, Reflexiones Políticas para Militares, Buenos Aires, 1963.

Furtado, Celso, Subdesarrollo y Estancamiento en América Latina, Buenos Aires, 1966.

Galletti, Alfredo, La política y los partidos, Buenos Aires, 1961.

Galletti, Alfredo, «El sistema de valores de la sociedad argentina en 1943», en: Fayt, Carlos S., La Naturaleza del peronismo, Buenos Aires, 1967.

Gallo, Ezequiel y Sigal, Silvia, «La Formación de los Partidos Políticos contemporáneos: La U. C. R. (1890-1916)», en: Di Tella, Torcuato S., y otros. Argentina. Sociedad de Masas, Buenos Aires, 1965.

Gambini, Hugo, El 17 de Octubre de 1945, Buenos Aires, 1969.

García Lupo, Rogelio, Historia de unas malas relaciones, Buenos Aires, 1964.

Germani, Gino, y Silvert, Kalman. «Politics, Social Structure, and Military Intervention in Latin America», en: Archives Européenes de Sociologie, Tomo II, N.º 1, 1961.

Germani, Gino, Política y Sociedad en una Época de Transición. De la Sociedad Tradicional a la Sociedad de Masas, Buenos Aires, 1962.

Germani, Gino, «Hacia una Democracia de Masas», en: Di Tella, Torcuato, y otros, Argentina. Sociedad de Masas, Buenos Aires, 1965.

Germani, Gino, «La Movilidad Social en la Argentina», en: Lipset, Seymour M., y Bendix, Reinhard (eds.), Movilidad social en la Sociedad Industrial, Buenos Aires, 1965, Apéndice II.

Ghioldi, Américo, De la Tiranía a la Democracia Social, Buenos Aires, 1956.

Giberti, Horacio, C. E., Historia Económica de la Ganadería Argentina, 2 ed. Buenos Aires, 1961.

Giovanqli, Jorge A., Defensa Nacional, Buenos Aires, 1943.

Goldenberg, Boris, «Parteien, Lateinamerika», en: Besters, Hans, y Boesch, Ernst E., (eds.), Entwicklungspolitik Handbuch u. Lexikon, Stuttgart-Berlín, 1966.

Gómez, Alejandro, Política de Entrega, Buenos Aires, 1963.

Gómez Morales, Alfredo, Política Económica Peronista, Buenos Aires, 1951.

Gontrán de Güemes, Así se gestó la dictadura: el G. O. U., Buenos Aires, 1956.

Goñi Moreno, José María, Derecho de la Previsión Social, II, Buenos Aires, 1956.

Graciarena, Jorge, Poder y Clases Sociales en el Desarrollo de América Latina, Buenos Aires, 1967.

Gramsci, Antonio, Note sul Machiavelli, Turín, 1966.

Grondona, Mariano, La Argentina en el Tiempo y en el Mundo, Buenos Aires, 1967.

Halperín Donghi, Tulio, Argentina en el callejón, Montevideo, 1964.

Halperín Donghi, Tulio, «Introducción», en: Di Tella, Torcuato S., y otros, Argentina, Sociedad de Masas. Buenos Aires, 1965.

Hardy, Marcos Armando, Esquema del Estado Justicialista. Su Doctrina e Instituciones Político-Jurídicas, Buenos Aires, 1957.

Herrero, Félix, Aspectos Legales de la Promoción Industrial en la Argentina, Instituto Torcuato Di Tella, 2 ed., Buenos Aires, 1965.

Herrfahrdt, Heinrich, Sun Yatsen. Der Vater des neuen China. Hamburg, 1968.

Hoselitz, Bert F., «Levels of Economic Performance and Bureaucratic Structures», en: La Palombara, Joseph (ed.), Bureaucracy and Political Development, Princeton, 1963.

Huntington, Samuel P., y Moore, Clement H., Conclusión: «Authorita-rianism, Democracy, and One-Party Politics», en: Huntington y Moore (eds.), Authoritanan Politics in Modern Society, New York, London, 1970.

Imaz, José Luis de, Los que mandan, Buenos Aires, 1965.

Jánicke, Martin. «Zum Konzept der politischen Systemkrise», en: Politische Vierteljahresschrift, 12, N.º 4, 1971.

Jarach, Dino, Estudio sobre las Finanzas Argentinas 1947-1957, Buenos Aires, 1961.

Jauretche, Arturo, «F. O. R. J. A. y la Década Infame», en: Sarlo Sabajanes, Bea triz, La Década Infame, Buenos Aires, 1969.

Jitrik, Noé, El 80 y su mundo. Presentación de una época, Buenos Aires, 1968.

Kaplan, Marcos, «Desarrollo socioeconómico y estructuras estatales en América Latina», en: Aportes, 1967, N.º 4.

Katz, Jorge M., «Características Estructurales del Crecimiento Industrial Argentino 1946-1961», en: Desarrollo Económico, Vol. 7, N.º 26, Julio-Set. 1967.

Kelly, Sir David, El Poder Detrás Del Trono, Buenos Aires, 1962.

Kennedy, John J., Catholicism, Nationalism, and Democracy in Argentina, Notre Dame, 1958.

Kornhauser, William, «Rebellion and Political Development», en: Eckstein, Harry (ed.), Intemal War, London, 1964.

Lamben, Jacques, Latin America. Social Structure and Political Institutions, Berkeley and Los Angeles, 1967.

Landsberger, Henry A., «La Elite Obrera de América Latina y la Revolución», en: Lipset, Seymour, y Solari, Aldo E. (eds.), Elites y desarollo en América Latina, Buenos Aires, 1967.

La Palombara, Joseph, «An Overview of Bureaucracy and Political Development», en La Palombara, Joseph (ed.), Bureaucracy and Political Development, Princeton, 1963.

Linz, Juan J., «An Authoritarian Regime: Spain», en: Allardt, Erik, y Littunen, Yrjó (eds.), Cleavages, Ideologies, and Party Systems, Helsinki, 1964.

Lipset, Seymour Martin, «Der Faschismus. Die Linke, die Rechte und die Mitte», en: Kölner Zeitschrift für Soziologie u. Socialpsychologie, 1959.

Lipset, Seymour M., El hombre político, Buenos Aires, 1964.

Little, Walter, «La tendencia peronista en el sindicalismo argentino: El caso de los obreros de la Carne», en: Aportes, N.º 19, enero 1971, págs. 107 y sig.

Logrippo, Adelaida, Las fuerzas económicas argentinas, Rosario, 1954.

Lucero, Franklin, El precio de la lealtad, Buenos Aires, 1959.

Luna, Félix, El 45. Crónica de un otoño decisivo, Buenos Aires, 1969.

Lux-Wurm, Pierre, Le Péronisme, París, 1965.

Magnet, Alejandro, Nuestros vecinos justicialistas, 7 ed., Santiago de Chile, 1954.

Mamalakis, M. J., «The Theory of Sectorial Clashes», en: Latin American Research Review, Vol. IV, N.º 3, 1969.

Margulis, Mario, «Sociología de las migraciones», en: Aportes, N.º 3, Enero 1967.

Marsal, Pablo, Perón y la Iglesia, Buenos Aires, 1955.

Martínez Estrada, Ezequiel, ¿Qué es esto? Catalinaria, Buenos Aires, 1956.

Marx, Karl, «Der 18te Brumaire de Louis Napoleón», en: Marx, Karl y Engels, Friedrich, Werke, Vol. 8, Berlín, 1960.

Mende, Raúl A., El Justicialismo, Doctrina y Realidad Peronista, Buenos Aires, 1950.

Merkx, Gilbert W., «Sectorial Chashes and Political Change: The Argentine Experience», en: Latin American Research Review, Vol. IV, N.º 3, 1969.

Moreno, Rodolfo, Las Leyes Penales al Día. Recopilación, Buenos Aires, 1951.

Murmis, Miguel, y Portantiero, Juan Carlos, Crecimiento Industrial y Alianza de Clases en la Argentina (1930-1940). Documento de Trabajo N.º 49. Instituto Torcuato Di Tella. Centro de Investigaciones Sociales, Buenos Aires, 1968.

Murmis, Miguel, y Portantiero, Juan Carlos, El movimiento obrero en los orígenes del peronismo. Instituto Torcuato Di Tella. Documento de Trabajo N.º 57, Buenos Aires, 1969.

Myrdal, Gunnar, Folitisches Manifest überdie Armut in der Welt, Frankfurt / Main, 1970.

Nettl, John Peter, Political Mobilization. A Sociological Analysis of Methods and Concepts, London, 1967.

Nolte, Ernst, Die faschistischen Bewegungen, München, 1969.

Nordlinger, Eric A., «Political Development, Time Sequences and Rates of Change», en: World Politics, Vol. XX, N.º 3, Abril 1968.

Ochoa de Eguileor, Jorge, y Beltrán, Virgilio R., Las Fuerzas Armadas Hablan, Buenos Aires, 1968.

Oddone, Jacinto, Gremialismo Argentino, Buenos Aires, 1949.

Olivieri, Aníbal O., Dos veces rebelde, Buenos Aires, 1958.

Oria Salvador, El Estado Argentino y la Nueva Economía. (Intervencionismo Defensivo), Buenos Aires, 1945.

Orona, Juan U., La Logia Militar que enfrentó a Hipólito Yrigoyen, Buenos Aires, 1965.

Palacios, Alfredo L., La Justicia Social, Buenos Aires, 1954.

Parentini, Abel, «El sistema de valores de la sociedad argentina en 1943», en: Fayt, Carlos S., La Naturaleza del Peronismo, Buenos Aires, 1967.

Parera Dennis, Alfredo, «La Clase Obrera Argentina», en: Fichas de investigación económica y social, Año I, N.º 3.

Parera Dennis, Alfredo, «Apuntes para una Historia del Peronismo. 3. El Gobierno del “Como Si”: 1946-1955», en: Fichas de Investigación económica y social, Año 2, N.º 7, octubre de 1965.

Parera, Ricardo G., Democracia Cristiana en la Argentina. Los hechos y las ideas, Buenos Aires, 1967.

Pastor, Reynaldo, Frente al totalitarismo peronista, Buenos Aires, 1959.

Pavón Pereyra, Enrique, Perón, 1895-1942, 9 ed., Buenos Aires, 1953.

Paz, Hipólito, «La Política Argentino-Chilena durante la Presidencia de Perón», en: Estrategia, N.º 1, Set.-Oct. 1969.

Pendle, George, Argentina, Oxford, 1968.

Perelman, Angel, Cómo hicimos el 17 de Octubre, Buenos Aires, 1961.

Peterson, Harold F., Argentina and the United States, New York, 1964.

Piñeiro, Armando Alonso, La Dictadura peronista, Buenos Aires, 1955.

Plater, Guillermo D., Una Gran Lección, La Plata, 1956.

Polit, Gustavo, «El Legado del Bonapartismo: Conservadorismo y Quietismo en la Clase Obrera Argentina», en: Fichas, Año I, N.º 3.

Potash, Robert A., The Army and Politics in Argentina. 1928-1945, Stanford, 1969.

Prebisch, Raúl, Informe Preliminar acerca de la Situación Económica, Buenos Aires, 1955.

Puhle, Hans Jürgen, «Politischer Stil, Handbuchartikel», en: Sontheimer-Róhring (ed.), Handbuch des Parlamentarismus, München, 1970.

Puiggrós, Rodolfo, El Peronismo. I. Sus causas, Buenos Aires, 1969.

Pye, Lucian W., Aspects of Political Development. An analytic Study, Boston y Toronto, 1966.

Rabinovitz, Bernardo, Sucedió en la Argentina (1943-1956). Lo que no se dijo, Buenos Aires, 1956.

Ramos, Jorge Abelardo, Historia Política del Ejército Argentino, Buenos Aires, 1959.

Ramos, Jorge Abelardo, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina. Historia de la Argentina en el Siglo XX, Tomo II, Buenos Aires, 1965.

Ratinoff, Luis, «Los nuevos Grupos urbanos: Las Clases Medias», en: Lipset, Seymour M., Solari, A. F., Elites y Desarrollo en América Latina, Buenos Aires, 1967.

Real, Juan José, 30 Años de Historia Argentina, Buenos Aires-Montevideo, 1962.

Reiche, Ekkhart, Auenhandelsverflechtung und Industrialisierung Argentiniens. Eine raumwirtschaftliche Analyse, Kieler Studien 25, Kiel, 1953.

Rennie, Ysabel F., The Argentine Republic, New York, 1945.

Reyes, Cipriano, ¿Qué es el Laborismo?, Buenos Aires, 1946.

Riggs, Fred W. «Bureaucrats and Political Development: A paradoxical View», en: La Palombara, Joseph (ed.), Bureaucracy and Political Development, Princeton 1963.

Riggs, Fred W., Administration in Developing Countries. The Theory of Prismatic Society, Boston, 1964.

Rivera, Enrique, Peronismo y Frondizismo, Buenos Aires, 1958.

Rokkan, Stein, «Die Vergleichende Analyse der Staaten u. Nationenbildung: Modell u. Methoden», en: Zapf, Wolfgang (ed.), Theorien des sozialen Wandels, Köln/Berlín, 1969.

Romero, José Luis, Las ideas políticas en Argentina, Buenos Aires, 1969.

Rouquié, Alain, Le Mouvement Frondizi et le Radicalisme Argentin. Fonda-don Nationale des Sciences politiques. Centre d’étude des Relations Internationales, Serie C, Recherches N.º II, París, 1967.

Rouquié, Alain, «Le Róle Politique des Forces Armées en Amérique Latine. Etat des Travaux», en: Revue francaise de science politique. Vol. XIX, N.º 4, agosto 1969.

Rouquié, Alain, «Adhesión militar y control político del Ejército en el régimen peronista (1946-1955)», en: Aportes, N.º 19, enero 1971.

Rozitchner, León, «Experiencia proletaria y experiencia burguesa», en: Contorno, julio de 1956.

Ruiz Moreno, Isidoro, Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas 1810-1955, Buenos Aires, 1961.

Saavedra Lamas, Carlos, Los Asalariados en la República Argentina, Buenos Aires. 1922.

Sabato, Ernesto, El otro rostro del peronismo, Buenos Aires, 1956.

Sampay, Arturo Enrique, La Crisis del Estado de Derecho Liberal-Burgués, Buenos Aires, 1942.

Sampay, Arturo Enrique, La Constitución Argentina de 1949, Buenos Aires, 1963.

Sánchez Crespo, Alberto, «La burguesía industrial y el desarrollo económico de la Argentina», en: Revista Latinoamericana de Sociología, Vol. IV, N.º 2, julio de 1968.

Sánchez Viamonte, Carlos, «Caesarism in Constitutional Theory and in Practice», en: Barager, Joseph R. (ed.), Why Perón came to Power, New York, 1968.

Sanguinetti, Julio, Nuestro Potencial Económico Industrial y la Defensa Nacional, Buenos Aires, 1946.

Santander, Silvano, Técnica de una Traición, Juan D. Perón y Eva Duartc Agentes del Nazismo en la Argentina, Buenos Aires, 1955.

Saravia, José Manuel, Argentina 1959. Un Estudio Sociológico, Buenos Aires, 1959.

Sautú, Ruth, Poder Económico y Burguesía Industrial en la Argentina, 1930-1954, Instituto Torcuato Di Tella. Documento de Trabajo N.º 59, Buenos Aires, 1969.

Scobie, James R., Argentina. A City and a Nation, New York, 1964.

Sebreli, Juan José, Eva Perón. ¿Aventurera o Militante?, Buenos Aires, 1966.

Seers, Dudley, «Las etapas del desarrollo. Las etapas del desarrollo económico de un país de producción primaria al promediar del siglo», en: Desarrollo Económico, Vol. 7, N.º 27, Oct.-Dic. de 1967.

Senen González, Santiago, El Sindicalismo después de Perón, Buenos Aires, 1971.

Sigal, Silvia y Torre, Juan C., Los sindicatos y la Clase Obrera Argentina, Buenos Aires, 1969.

Silva Michelena, José A., «Diversity among dependent nations: An overview of Latin American developments», en: Eisenstadt, S. N. y Rokkan, S. (eds.), Building States and Nations, II, Beverly Hills, 1973.

Smith, Peter H., Carne y Política en la Argentina, Buenos Aires, 1968.

Smith, Peter H., «Social Mobilization, Political Participation and the Rise of Juan Perón», en: Political Science Quarterly, Vol. LXXXIV, N.º I, Marzo 1969.

Snow, Peter G., Argentine Radicalism. The History and Doctrine of the Radical Civic Union, Iowa City, 1965.

Snow, Peter C., «Argentina», en: Burnett, Ben G., y Johnson, Kenneth F., Political Forces in Latin America, Belmont, 1970.

Sunkel, Osvaldo, «National Development Policy and External Dependence in Latin America», en: The Journal of Development Studies, Vol. 6, N.º I, Oct. 1969.

Szankay. Zoltan, Die argentinische Gewerkschaftsbewegung. Arbeitsberichte des Ibero-Amerika Instituís für Wirtschaflsforschung an der Universität Goltingen, Gotiingen, 1968.

Tedesco, Juan Carlos, Educación y Sociedad en la Argentina (1880-1900), Buenos Aires, 1970.

Uhrenbacher, Werner J., Argentinien. Seine Entwicklung zum Industriestaat, Braunau am Inn, 1952.

Unsain, Alejandro M., Ordenamiento de las Leyes Obreras Argentinas, Buenos Aires, 1952.

Viñas, Ismael, «Miedos, complejos y malentendidos», en: Contorno, julio de 1956.

Waldmann, Peter, «Gesellschaft und Militar in Argentinien», en: Vierteljahresberichte der Friedrich-Ebert-Stifftung, N.º 43, Marzo 1971.

Waldmann, Peter, «Las cuatro fases del gobierno peronista», en: Aportes, N.º 19, enero 1971.

Weffort, Francisco C., «Estado y masas en Brasil», en: Revista Latinoamericana de Sociología, Vol. I, N.º 1, marzo 1965.

Weffort, Francisco C., «Clases populares y desarrollo social», en: Revista Paraguaya de Sociología, Año 5, N.º 13, Dic. 1968.

Weil, Félix J., The Argentine Riddle, New York, 1944.

Weiner, Myron, «Political Participation and Political Development», en: Mo-dernization. The Dynamics of Growth, New York-London, 1966.

Whitacker, Arthur, Argentina y los Estdos Unidos, Buenos Aires, 1966.

Whitacker, Arthur, Nationalism in Latin America, Gainesville, 1962.

Zuvekas, Clarence, «Economic Growth and Income Distribution in Postwar Argentina», en: Inter-American Affairs, Vol. 20, N.º 3, 1966.

ABREVIATURAS

A. de L. A.: | Anales de Legislación Argentina.
B. de C.: | Bolsa de Comercio.
Cepal: | Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales: Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico V. El Desarrollo de la Argentina, México 1959.
C. G. E.: | Confederación General Económica.
C. G. T.: | Confederación General de Trabajo.
D. S. C. D.: | Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados.
G. O. U.: | Grupo de Oficiales Unidos.
I. A. P. I.: | Instituto Argentino de Producción e Intercambio.
I. L. A. R. L: | Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales.
Invest.: | Vicepresidencia de la Nación. Comisión Nacional de Investigaciones: Documentación, Autores y Cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda Tiranía, 5 Bde, Buenos Aires 1958.
Recopilación de discursos: | Recopilación de los discursos de Perón, Biblioteca del Congreso, Buenos Aires, Sección Peronista.
Secr. de T. y P.: | Secretaría de Trabajo y Previsión.
U. I. A.: | Unión Industrial Argentina.
En las notas sólo se mencionan los títulos breves. Los títulos completos se encuentran en el Indice de Fuentes y de Bibliografía.

PETER WALDMANN (Meiningen, 22 de marzo de 1937). Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, es catedrático emérito de Sociología en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Augsburgo. Ha sido profesor visitante en diversas universidades de habla castellana, y es autor de numerosos libros como Radicalismo étnico; Justicia en la calle. Ensayos sobre la policía en América Latina; El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina; Sociedades en guerra: conflictos violentos de Europa y América Latina (compilado con Fernando Reinares); Ensayos sobre política y sociedad en América Latina: síntesis histórica, política, económica y cultural.

Notas a la Introducción

[1] S. M. Lipset, 1964, pág. 152 y sigs. <<

[2] K. Marx, 1960, págs. 268-387; S. Frondizi, 1957, pág. 278 y sigs. <<

[3] G. Germani, 1962, pág. 231, pág. 232 y sigs. <<

[4] J. J. Linz en: Cleavages, Ideologies and Party Systems, 1964, pág. 291 y sigs. <<

[5] L. W. Pye, 1966, pág. 63 y sigs.; G. A. Almond y C. B. Powell, 1966, pág. 35 y sigs.; L. Binder y otros, 1971; S. Rokkan, en: Theorien des sozialen Wandels, 1969, pág. 233 y sigs. <<

[6] Cf. M. Jánicke, 1971, pág. 544 y J. A. Silva Michelena, 1973, pág. 234. <<

[7] Cf. D. Easton, en: International Encycl. of Social Sciences, Tomo 12, 1968, pág. 283. <<

Notas al Capítulo I

[1] Cf. el excelente análisis de O. E. Cornblit y otros, en: Argentina, Sociedad de masas, 1965, pág. 18 y sig., sobre todo pág. 43 y sigs.; véase también Noé Jitrik, 1968. <<

[2] Cf. S. Rokkan, en: Theorien des sozialen Wandels, 1969, págs. 233 y sigs. <<

[3] O. E. Cornblit y otros, op. cit., págs. 44-47. <<

[4] Respecto al horizonte espiritual y cultural de la élite del 80 véase Noé Jitrik, 1968, pág. 47, pág. 67 y sigs. <<

[5] La expresión «crecimiento hacia afuera» pertenece a R. Prebisch. Véase Cepal, 1959, pág. 3 y sigs. <<

[6] G. Di Tella, M. Zymelman, 1967, págs. 37-70; A. Ferrer, 1968, págs. 106-152; R. Cortés Conde, en: Argentina, sociedad de masas, 1965, pág. 59 y sigs.; E. Reiche, 1953, pág. 23 y sigs. <<

[7] N. Jitrik, 1968, pág. 52 y sigs. <<

[8] G. Di Tella, M. Zymelman, 1967, pág. 63 y sigs.; H. S. Fems, 1968, pág. 397 y sigs. Según Cepal, 1959, pág. 29, en 1913, la participación del capital exterior se elevaba al 48 % del volumen total de capital del país. <<

[9] Acerca de las diferencias respecto a la situación de otros países con gran inmigración, como por ejemplo los EE. UU., proporcionan detalles O. E. Cornblit y otros en: Argentina, sociedad de masas, 1965, págs. 25-29. <<

[10] G. Germani, 1962, págs. 179-216. <<

[11] G. Germani, op. cit., págs. 186, 187; J. M. Saravia, 1959, pág. 28; J. C. Aguila, 1967,pág. 25 y sigs. <<

[12] Datos detallados sobre la distribución de los inmigrantes en los diversos sectores de la economía y en las diversas profesiones, en Beyhaut y otros; Argentina, sociedad de masas, 1965, pág. 124. <<

[13] Véate E. Gallo, S. Sigal, en: Argentina, sociedad de masas, 1965, pág. 124 a 176; P. G. Snow, 1965, pág. 16-46. <<

[14] J. A. Ramos, 1965, pág. 700. <<

[15] J. C. Tedesco, 1970, pág. 73. <<

[16] La significación de ese hecho es destacada, sobre todo, por G. Germani en: Argentina, sociedad de masas, 1965, pág. 209. <<

[17] J R. Scobie, 1964, pág. 222. Dos obras modelo sobre la problemática de la dependencia económica y política de Latinoamérica: A. G. Frank, 1968; F. H. Cardoso y E. Faletto, 1969. <<

[18] T. Halperín Donghi, 1965, pág. 13. N. Jitrik, 1968, págs. 30 a 34; J. L. Romero, 1969, pág. 184 y sigs., pág. 186. Algo más positivo es el juicio sobre la clase alta emitido por G. Pendle, 1961, pág. 68. <<

[19] O. E. Cornblit y otros en: Argentina, sociedad de masas, 1965, pág. 19 y sigs.; G. Beyhaut, ibíd., pág. 99. <<

[20] Respecto a este punto y lo que sigue, cf. G. Di Tella, M. Zymelman, 1967, págs. 103-136; A. Ferrer, 1968, pág. 155 y sigs.; W. H. Uhrenbacher, 1952. <<

[21] El sector agrario tampoco había podido expandirse más, pues hacia mediados de la década del 20 ya se habían explotado todos los suelos favorables para la gricultura. Cf. H. C. E. Giberti, 1961, págs. 197-203; R. Cortés Conde en: Desarrollo Económico, N.º 20, 1966, pág. 494 y sig. <<

[22] Respecto a la problemática de la «sustitución de importaciones» cf. C. Furtado, 1966, pág. 16. <<

[23] G. Germani, 1962, pág. 205. <<

[24] J. M. Saravia, 1959, pág. 19. <<

[25] G. Germani, 1962, págs. 229-232; M. Margulis en: Aportes, N.º 3, 1967, pág. 21 y sigs.; J. M. Saravia, 1959. <<

[26] G. Germani, 1962, pág. 230 y sig. <<

[27] A. E. Bunge, perteneciente él mismo a una familia de clase alta tradicional, ha descripto en los siguientes términos la incapacidad de estos grupos para adaptarse a la nueva situación: «Seguimos creyendo en el crecimiento y el porvenir de nuestras exportaciones, y en la necesidad progresiva que de nuestros productos tienen las grandes potencias industriales, cuando desde 1914 nuestra población rural no crece, la superficie cultivada no se extiende, el volumen físico de las exportaciones no aumenta y baja su valor. Continuamos creyendo en una Argentina uniforme, cuando el desequilibrio económico y cultural se ha agravado extraordinariamente en el último cuarto de siglo, ofreciendo contrastes impresionantes entre unas regiones y otras del país. Así, en muchos órdenes de cosas, la Argentina de hoy es muy distinta de aquélla en que se formó la mentalidad de los que han tenido en sus manos la dirección después de 1914». Cf. A. E. Bunge, 1940, pág. 22. <<

[28] En esta fase, la clase alta logró apoderarse de la conducción política. Sus éxitos políticos se debieron, sobre todo, a la prudente y tenaz acción de gobierno de Agustín P. Justo, general retirado, que ejerció la presidencia entre 1932 y 1937 y convirtió el fracaso del reaccionario golpe de Estado de Uriburu, en un dominio relativamente durable de la élite tradicional. Sobre este tema, véase A. Ciria, 1964. <<

[29] Cf. en general M. N. Gerassi, 1969, pág. 91 y sigs.; P. Lux-Wurm, 1965, pág. 38 y sigs. A mediados de la década, la doctrina social católica ejerció gran influencia sobre los movimientos nacionalistas, mientras que más tarde fueron surgiendo con creciente claridad los temas de la autodeterminación nacional —sobre todo en el terreno económico— y del antiimperialismo. Cf. J. F. Kennedy, 1958, pág. 171 y sig.; R. G. Parera, 1967, pág. 48 y sigs.; G. F. Franceschi, en: Criterio, N.º 430, pág. 78. F. O. R. J. A., un movimiento surgido del seno del Partido Radical, que nunca llegó a lograr mayor influencia sobre la masa de votantes, propagaba, sobre todo, un violento antiimperialismo. Cf. A. Jauretche en: La década infame, 1969, pág. 179 y sigs.; G. del Mazo, 1959. Bajo el signo del nacionalismo se desarrolló también el llamado «revisionismo», es decir el intento de reinterpretar la historia argentina, con el objeto de otorgar categoría de héroe nacional a Juan Manuel de Rosas, descripto por los historiógrafos liberales como un sanguinario caudillo. M. N. Gerassi, op. cit., pág. 131 y sigs. <<

[30] Esta objeción no alcanza en su mayor parte al programa de F. O. R. J. A., recogido luego por Perón, en muchos de sus aspectos. <<

[31] Cf. P. Lux-Wurm, 1965, pág. 49: «Les autres Nationalismes, en revanche, du fait d’etre anti-imperialistes étaient ouvertement anti-démocratiques, pour deux raisons: 1. parce que les puissances impérialistes dont ils se plaignaient se trouvaient étre justement les nations démocratiques; Grande Brétagne, USA, France. 2. parce qu’ils estimaient que le jeu démocratique et son corollaire logique, le libéralisme, affaiblissaient l’Argentine». <<

[32] Cf. G. Germani, en: Movilidad social en la sociedad industrial, 1969, pág. 328 y sigs.; A. Ramos, 1965, pág. 400 y sig. <<

[33] M. Echecopar, 1956, pág. 16, pág. 129 y sigs. <<

[34] Cf. A. Parera Dennis, en: Fichas, N.º 3, pág. 53 y sigs. En general sobre la evolución económica con posterioridad a 1930, cf. A. Ferrer, 1968, pág. 156; G. Di Tella y M. Zymelman, 1967, pág. 122 y sigs. En lo que respecta a la importación de capitales a la Argentina, después de 1930, EE. UU. comenzó a desplazar a Gran Bretaña, país del cual procedía hasta entonces la mayoría de los capitales. P. W. Fischer, 1970, pág. 32. <<

[35] Cepal, 1959, pág. 29; A. E. Bunge, 1940, pág. 273; O. Altimir y otros, en: Desarrollo económico, N.º 27, pág. 366. <<

[36] La bibliografía acerca de los peligros que amenazan a la Argentina por acción de las potencias imperialistas es inabarcable. La problemática de la dependencia ha ocupado siempre un lugar mucho más amplio dentro de la polémica que todas las demás crisis, entre otras razones, porque distraía la atención de agudos problemas internos. <<

[37] A. P. Whitacker, 1966, pág. 122. <<

[38] Según T. Halperín Donghi, la influencia política del gobierno de Justo se debe a que encontró al país en una situación de crisis económica, de la cual logró sacarlo con ayuda de algunos brillantes técnicos, y esa salida sirvió para afirmar el sistema conservador. T. Halperín Donghi, 1964, pág. 29. <<

[39] Respecto a las diversas disposiciones de este contrato, cf. P. Smith, 1968, pág. 138 y sigs.; ver también G. Di Tella y M. Zymelman, 1967, pág. 452. <<

[40] El interés de Inglaterra por la carne argentina declinó deipués de asegurar a algunos de sus dominios mejores posibilidades de exportación para sus productos agrícolas y ganaderos, en virtud del Acuerdo de Ottawa. <<

[41] A. Ramos, 1965, págs. 437-439; A. Parera Dennis, en: Fichas, N.º 3, pág. 54. <<

[42] T. Halperín Donghi, 1946, pág. 30; A. E. Bunge, 1940, págs. 271-277. Bunge enumera la totalidad de las medidas importantes adoptadas en esos años en materia de política económica. <<

[43] Cf. Cepal, 1959, pág. 27; F. J. Weil, 1944, pág. 134 y sigs. Sobre desarrollo industrial en esta fase, en general, cf. G. Di Tella y Zymelman, 1967, pág. 109 y sig.; F. J. Weil, 1944, págs. 112-156 y Y. F. Rennie, 1945, pág. 328 y sigs. <<

[44] La alianza entre el sector agrario, o sea el grupo de los ganaderos, y el sector industrial, se trata más en detalle en J. Murmis y J. C. Portantiero, 1968. Cf. también A. Parera Dennis, en: Fichas, N.º 3, pág. 55. Sobre la importancia de las empresas extranjeras en la industria con posterioridad a 1930, cf. F. Weil, 1944, pág. 112 y sigs. <<

[45] A. E. Bunge, 1928, pág. 14 y sig. <<

[46] A. E. Bunge, 1940, pág. 27i y sigs. <<

[47] C. S. Fayt, 1967, pág. 82. <<

[48] Luego de citar las medidas de gobierno para conjurar la crisis de exportación, T. Halperín Donghi señala lo siguiente: «Estas creaciones permitieron alcanzar la estabilización económico-financiera, pero tuvieron un segundo propósito, que cumplieron con igual eficacia: incidir en nuestra estructura económico-social acentuando las desigualdades». T. Halperín Donghi, 1946, pág. 30. Acerca de la influencia de las empresas extranjeras en las tendencias de concentración de la economía, después de 1930, cf. P. W. Fischer, 1970, pág. 96. <<

[49] En general puede afirmarse que desde comienzos de siglo, los conflictos en tomo a una distribución equitativa y satisfactoria de los bienes fueron aumentando en extensión e intensidad. Respecto a la significación de la riqueza y del bienestar en tanto orientaciones rectoras en el país, cf. A. Parentini y A. Galletti, en: C. S. Fayt, 1967, págs. 279, 282, 288 y 307 y sig. <<

[50] Cf. L. B. Cenuti Costa, 1957, pág. 109 y sigs.; J. Oddone, 1949, pág. 327 y sigs. <<

[51] M. Murmis y J. C. Portantiero, 1969, pág. 35; A. L. Palacios, 1954, pág. 362 y sig. <<

[52] Por ejemplo, la industria atrajo capitales que hasta ese momento habían sido invertidos en el sector agropecuario y de esa manera provocó una fusión de círculos de la clase media y de la alta. Cf. M. Murmis y J. C. Portantiero, 1968. <<

[53] P. H. Smith, 1968. <<

[54] Ibid., pág. 188 y sigs., 199 y sig., 238. <<

[55] Una vez más nos remitiremos a A. E. Bunge, quien fue uno de los pocos en reconocer la urgencia de los problemas sociales. También en círculos de la Iglesia se criticaba a veces la injusta distribución de riquezas. Cf. por ejemplo B. V. Filippo, 1938. <<

[56] A manera de ilustración citaremos la carta de un arrendatario rural, publicada por la revista católica Criterio, en el año 1941: «Trabajar tan duramente, día y noche, con frío y calor, en barriales y secas espantosas, y ser tan injustamente explotados dejándonos sin pan ni jopa y saber que los victimarios gozan de todo, forrados en nuestro dinero, que no hay leyes que nos defiendan y que tenemos que seguir así toda la vida, es para exasperarse y armarse con facones y comenzar a hacer limpieza». Criterio, 1941, pág. 301. Cf. también F. Weil, 1944, pág. 76 y sigs.; A. Parera Dennis, en: Fichas, N.º 3, set. 1946, pág. 56; Y. F. Rennie, 1945, pág. 312 y sigs. <<

[57] Existían inspectores oficiales encargados de controlar si los obreros recibían el salario correspondiente; pero solía ocurrir que los empleadores se reembolsaban una parte del dinero una vez pasada la inspección. Criterio, 1941, pág. 325. Cf. además los detallados datos proporcionados por C. S. Fayt, 1967, pág. 93. <<

[58] El juicio de los diversos autores sobre la legislación social preperonista varía según la importancia que cada uno de ellos conceda a las reformas sociopolíticas de Perón. Por ejemplo, los antiperonistas autores del Libro Negro la juzgan como perfectamente respetable; un peronista, en cambio, el ministro de economía Cafiero, afirma que era muy deficiente. Una de las exposiciones más objetivas parecería ser la de A. M. Unsain, según la cual, hasta 1945 pueden distinguirse cinco centros de interés en la legislación social. 1. Protección a las mujeres que trabajan, a las madres y a los niños; 2. protección en caso de accidentes de trabajo; 3. regulación de la jornada laboral (horas por día, horas por semana, días feriados); 4. estatutos especiales de protección para determinados trabajos u oficios (derecho a vacaciones y a jubilación, etc.); 5. procedimientos en caso de violación de alguna de las leyes de protección social. Cf. A. M. Unsain, 1952, págs. 18-21; Libro Negro, 1958, pág. 116 y sigs. Véase también Hechos e ideas. Año VII, N.º 45, pág. 140 y sig.; A. L. Palacios, 1954. <<

[59] A. M. Unsain, 1952, pág. 22. <<

[60] Por eso, en los congresos sindicales se insistía en el estricto cumplimiento de las leyes de seguridad social en vigencia; por ejemplo en el Congrego de la C. G. T. celebrado entre el 14.7 y el 16.7.1939. Cf. J. Oddone, 1949, pág. 367. <<

[61] M. Mumlis y J. C. Portantiero, 1969, pág. 36 y sigs. Este cambio de actitud se explica por el retroceso de las cifras de desocupación, a causa del impulso cobrado por la industria durante la II Guerra Mundial. <<

[62] Cf. el interesante informe de un alto oficial sobre la impresión que tales demostraciones causaban sobre los militares, en: C. S. Fayt, 1967, pág. 92. <<

[63] P. H. Smith, 1968, pág. 237 y sig. <<

[64] G. Germani, 1962, pág. 218. <<

[65] Cf. A. Ciria en: La década infame, 1969, pág. 66. <<

[66] A. Ramos, 1965, pág. 376 y sig.; T. Halperín Donghi, 1964, pág. 27. <<

[67] Cf. por ejemplo, Whitacker, 1966, pág. 118. <<

[68] A. E. Bunge, 1940, pág. 271. <<

[69] A. Ciria brinda un breve panorama de la plataforma, la actividad y el estilo político de los diferentes partidos, en: La década infame, 1969, pág. 66; ibíd. pág. 69, Nota I incluye también cifras sobre la distribución de las bancas de diputados y senadores entre los diversos partidos políticos. <<

[70] T. Halperín Donghi, 1964, habla en la pág. 38 de una tendencia general de derecha y en la pág. 32 señala la notable debilidad de los partidos políticos en esa fase. <<

[71] A. Ciria, en: La década infame, 1969, pág. 71. Cf. también A. Palacios, 1954. <<

[72] A. Whitacker, 1966, pág. 125; T. Halperín Donghi, 1964, pág. 38. <<

[73] A. Belloni, 1960, pág. 42;S. L. Baily, 1967, pág. 61 y sig.; R. Alexander, 1962, pág. 168; L. B. Cerrutti Costa, quien también señala la creciente indiferencia de los obreros respecto a los sindicatos, añade que apenas un 10 % de los obreros estaban afiliados al sindicato correspondiente. Según Murmis y Portantiero, en la industria, los promedios eran bastante más altos. Cf. L. B. Cerrutti Costa, 1957, pág. 114; M. Murmis y J. C. Portantiero, 1969, pág. 28 y sigs. <<

[74] Acerca de la evolución de la U. I. A. (Unión Industrial Argentina) en ese período, cf. D. Cúneo, 1967, pág. 129 y sigs. El libro de P. H. Smith, 1968, ya varias veces citado en estas páginas, proporciona una visión amplia de los enfrentamientos internos en la S. R. (Sociedad Rural). <<

[75] Cf. D. Cantón, 1966, pág. 136 y sigs. <<

[76] Cf. J. L. Romero, 1969; M. Grondona, 1967, pág. 121 y sigs. Cabe señalar que esta tendencia había sido prevista y, en cierto modo, favorecida por J. B. Alberdi, padre de la Constitución Argentina. J. B. Alberdi, 1966, pág. 138. <<

[77] Cf. el interesante título del libro de A. E. Sampay, que tanta influencia ejerció sobre la juventud estudiante: La crisis del Estado de derecho liberal-burgués, Buenos Aires, 1942. Sampay dirigió más tarde los trabajos previos para la reforma peronista de la Constitución de 1949. <<

[78] A. Ciria, en: La década infame, 1969, pág. 86. <<

[79] A. Ciria, en: La década infame, 1969, pág. 72. <<

[80] T. Halperín Donghi, 1964, pág. 26 y sig. <<

[81] A. Ramos, 1965, pág. 487 y sigs. Sobre la importancia del cohecho y la corrupción, en general, en la política argentina anterior a Perón, cf. las observaciones de F. Weil, 1944, págs. 35 y sigs., 58 y sig. <<

[82] A. Ramos, 1965, pág. 365. <<

Notas al Capítulo II

[1] Cabe señalar que Perón siempre subrayó la diferencia existente entre política partidaria y política de intereses, por un lado, y actividad gubernamental, por otro. Antes de las elecciones de 1951 delegó el mando presidencial en el vicepresidente para intervenir en la contienda electoral como simple «político partidista». Véase El Laborista, V. I, II, 1951. Sólo durante los últimos años de gobierno modificó su actitud. Cf. Pres. de la Nación. Secr. de Asuntos Políticos, 1955: «Hacer gobierno no significa descuidar la política». <<

[2] A primera vista, parecería ser que lo más indicado para el análisis de la doctrina estatal y social peronista es la Constitución de 1949. Es indudable que en ella hallaron realidad institucional numerosas ideas políticas de Perón; sin embargo, esta Constitución no escapa del todo al espíritu liberal y de Estado de derecho de la de 1853. Las ideas de orden político de Perón pueden extraerse con mayor fidelidad de su doctrina. Respecto a la reforma constitucional de 1949, cf. los Nros. 53-57 de Hechos e Ideas, 1948. Véase también A. E. Sampay, 1963. <<

[3] Escuela Superior Peronista, 1954, pág. 259 y sigs.; J. D. Perón, 1944, pág. 60 y sig. <<

[4] J. D. Perón, 1952; Descartes, 1951, pág. 81; Escuela Superior Peronista, 1954, pág. 84 y sig. <<

[5] Cf. por ejemplo R. Pastor, 1959; R. Damonte Taborda, 1955; A. A. Piñeiro, 1955; E. Martínez Estrada, 1956; A. Ghioldi, 1956; S. Santander, 1955, etc. <<

[6] Esto se aplica tanto al fascismo italiano y al nacionalsocialismo, como también a las formas de Estado autoritario desarrolladas en la Península Ibérica. Hasta ahora no existe un análisis detenido de los diversos impulsos ideológicos que recibió el peronismo. J. Blanksten, pág. 276 y sigs., es quien más ha estudiado este tema, si bien no ha tenido en cuenta la tendencia definidamente militarista de la ideología estatal peronista. <<

[7] E. Pavón Pereyra, 1953, pág. 197 y sigs. <<

[8] J. D. Perón, 1952, págs. 131, 132. <<

[9] J. D. Perón, 1944, pág. 165;en: Hechos e Ideas, N.º 95, febrero 1952. pág. 569 y sigs.; ídem 1949, págs. 43, 58, etc. <<

[10] Se suele mencionar la Constitución de la Provincia de Chaco como prueba de las tendencias corporativistas del peronismo. Pero su única peculiaridad consistía en que la mitad de los diputados debían ser representantes de las asociaciones profesionales y debían ser elegidos por los miembros de éstas. El Ejecutivo no había perdido influencia sobre la Cámara (sólo había una); comparada con las restantes Constituciones provinciales en ésta hasta había ganado influencia. Cf. A. de L. A., Tomo XII, 2 ed., 1959, pág. 1935 y sigs. <<

[11] Perón intentó evitar esa concentración de poder favoreciendo una organización lo más pluralista posible. «Lo que estoy diciendo es que quiero que los estudiantes estudien, que los profesores enseñen, que los productores produzcan, que los industriales industrialicen y que los comerciantes comercialicen; pero que ninguno de ellos quiera tomar en sus manos el gobierno de la Nación, que nos corresponde». De un discurso de Perón del 6.12.1946, en: Recopilación de discursos. Tomo 2, pág. 50; cf. también Pres. de la Nación, Subs. de Inf., 1952, Tabla pág. 28 e Invest. III, pág. 612, en donde leemos: «El pueblo trabaja, practica deportes, se cultiva». <<

.

[12] Por ejemplo, uno de los principales reproches formulados por Perón a la Unión Industrial Argentina, nucleamiento de intereses de la gran industria, era que ésta sólo representaba a una parte mínima de los industriales. Cf. Revista de la U. I. A., N.º 194, pág. 14 y sigs. Sobre representación y representatividad en general, cf. J. D. Perón, 1944, pág. 132; ídem en: Hechos e Ideas, N.º 95, pág. 569. <<

[13] En lugar de grupos clave podría hablarse también de nucleamientos clave o simplemente de factores sociopolíticos de poder. Su importancia para la estructura y el curso de los procesos políticos en Latinoamérica es reconocida hoy por todos. <<

[14] J. D. Perón, 1949, pág. 45; Descartes, 1951, pág. 52, pág. 55; J. D. Perón, 1952, pág. 99; ídem, 1944, pág. 210. <<

[15] Cf. sobre todo J. D. Perón, 1944. <<

[16] P. H. Smith, en: Political Science Quarterly, Vol. LXXXIV, N.º 1, pág. 30 y sigs. P. H. Smith habla de la «movilización política» de los obreros en tiempos de Perón. <<

[17] Cf. A. Magnet, 1954, pág. 61 y sigs.; Libro Negro, 1958, pág. 101. Los amplios tomos de Investigaciones representan el mejor testimonio del estilo de gobierno de Perón. El objeto inicial de esta publicación fue servir de material de prueba en los procesos judiciales contra altos funcionarios peronistas. Sin embargo, a pocos de estos funcionarios se les pudo demostrar una abierta violación de las leyes. <<

[18] El párrafo que citaremos a continuación, y que es parte de un discurso, demuestra que Perón tenía plena conciencia de la relación entre prosperidad y conformismo político: «… los hombres que están en contra de nuestra manera de ver las cosas son aquéllos que tienen por delante la inquietud de su destino no asegurado;… de manera que el objetivo social final nuestro ha de ser asegurar a cada hombre joven su destino por parte del Estado». J. D. Perón en: Recopilación de discursos, T. 2, pág. 18. <<

[19] En los últimos años del régimen la doctrina se convirtió en un medio de control. La exactitud y el énfasis con que los colaboradores de Perón citaban las palabras de éste, daban la medida de su lealtad. <<

[20] A. Magnet, 1954, pág. 71; Libro Negro, 1958, págs. 85, 110 y sig., 176 y sig., etc.; A. Galletti, 1961, pág. 200; R. Pastor, 1959, pág. 128. Además de las torturas y malos tratos infligidos por la policía a los presos políticos se destacan los abusos de la Alianza Libertadora Nacionalista, un grupo de choque directamente dependiente de Perón. <<

[21] No faltaron, por cierto, numerosas amenazas y planes violentos de Perón. En este sentido cabe mencionar el llamado Plan Político para el año 1952, en el cual se lee lo siguiente: «El plan de los revolucionarios debe ser contestado con otro que contemple… b) su aniquilamiento» y después: «Al atentado contra el Presidente de la Nación hay que contestar con miles de atentados». Libro Negro, 1958, pág. 111 y sig. <<

[22] Entre 1951 y 1955 muchos de los opositores políticos o de los sospechosos de oposición o conspiración se encontraban encarcelados, si bien gozaban de una serie de privilegios y comodidades que no conocían los presos comunes. <<

[23] S. Baily, 1967, pág. 97: «Durante su primera presidencia, Perón anuló a la oposición del sector democrático liberal». A esta afirmación esencialmente acertada debemos añadir que la eliminación de los grupos liberales ya había comenzado después de la revolución de junio de 1943 y había concluido casi en 1949. Cf. P. Waldmann, en: Aportes, N.º 19,1971, pág. 95. <<

[24] Acerca de la evolución del partido radical entre 1945 y 1955, cf. G. del Mazo, 1957, en especial pág. 93 y sigs.; véase también A. Rouquié, 1967, pág. 20 y sigs. <<

[25] Cf. R. Moreno, 1951, pág. 82 y sigs. La forma en que amplios sectores de la masa electoral peronista juzgaban la actividad parlamentaria de la oposición surge con toda claridad de una noticia publicada por el diario peronista Democracia, del 12.4.1947, pág. 4; «… Este radical socialista tuvo ya su oportunidad de hablar. Prefirió, no hacerlo. Que se calle ahora. Y si no quiere callarse, que lo hagan callar, porque éstos no son momentos de perder tiempo en gatos pardos y de andarse por las ramas sino de trabajar. Y el que no quiere trabajar que no se siente en el Congreso, porque para representar al Pueblo es menester tener algo más que nalgas que calienten las bancas, y algo más que la lengua para difamar al prójimo». <<

[26] Según la Constitución de 1853, la Cámara de Diputados podía interpelar a cualquiera de los ministros del Poder Ejecutivo y exigirle un informe oral; la de 1949, en cambio, contemplaba también la posibilidad de un informe escrito por parte de los ministros. En la antigua Constitución, sólo se podía convocar a las dos cámaras en forma conjunta fuera del período legislativo; en la nueva, el Presidente podía convocar al Senado por separado y limitar el debate al asunto en cuestión. Pres. de la Nación, Subs. de Inf., 1949, Art. 56 y 65. <<

[27] Véase J. G. Blanksten, 1967, pág. 111-f.; P. Lux-Wurm, 1965, pág. 120 y sigs. Una de las manifestaciones del cambio de función fue la aparición de grandes retratos de Perón y su esposa en el Senado en el mes de junio de 1952. Cf. Democracia del 6.6.1952, pág. 2. <<

[28] J. G. Blanksten, 1967, pág. 119. <<

[29] Véase D. S. C. D. del 5.5.1952, del 11.5, del 18.6 y del 19.6.1952. <<

[30] Acerca del papel de la Corte Suprema en el enfrentamiento político de 1945 véase H. Gambini, 1969, pág. 35 y sigs., y F. Luna, 1969, págs. 116, 302 y sigs. <<

[31] Cf. Discurso de Perón ante la Cámara de Diputados, en: Libro Negro, 1959, pág. 91. <<

[32] Bastante detallado acerca del conflicto entre Perón y la Corte Suprema, J. G. Blanksten, 1967, pág. 125 y sigs. Véase también Primera Plana, N.º 184, pág. 36 y sigs. <<

[33] M. A. Hardy enumera algunos de los procedimientos utilizados. M. A. Hardy, 1957, pág. 69 y sigs. Especial significación reviste el Punto 4 de las Disposiciones Transitorias de la Constitución de 1949, según las cuales los jueces ya nombrados también requerían acuerdo del Senado. Acerca de la intervención de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el año 1952, cf. Jnvest. I, 1958, pág. 927 y sigs. <<

[34] Cf. Decr. N.º 536, en: A. de L: T. V., 2 ed., 1955, pág. 128 y sig.; Le y N.º 13234, en A. de L. A., T. VIII, 2 ed., pág. 72 y sig.; Ley N.º 13569, en: A. de L. A., T. IX A, 2 ed., 1955, pág. 242 y sig.: Ley N.º 13985, en: A. de L. A., T. X A, 2 ed., 1957, pág. 185 y sig., y Ley N.º 13945, en: R. Moreno, 1951, pág. 104 y sig. <<

[35] Cf. R. Moreno, 1951, pág. 23 y sigs. <<

[36] Idem, 1951, pág. 44. <<

[37] Invest. II, 1958, pág. 399. <<

[38] Decr. N.º 13644, en: A. de L. A., T. III, 2 ed., 1955, pág. 439. <<

[39] En el Libro Negro, 1958, pág. 75 y sig., se describe con bastante detalle la forma en que se suprimió La Prensa, el otro de los matutinos más importantes de la Argentina. <<

[40] Cf. por ejemplo Descartes, 1951, pág. 144. <<

[41] Cf. Min. de Int., Subí, de Inf., 1946. <<

[42] La estrategia electoral para la segunda elección presidencial fue proyectada por Subiza, Ministro de Asuntos Políticos. Este propuso adelantar las elecciones para fines de 1951 —con el objeto de sorprender a la oposición—, sugirió la rectificación de los circuitos electorales y la introducción del sufragio por mayoría, pues esperaba que la polarización de los frentes políticos hiciera disminuir la influencia opositora. Sin embargo, la última de estas estrategias sólo tuvo un éxito pasajero, pues a la larga condujo a una mayor solidaridad de las fuerzas opositoras, que cerraron filas detrás del partido radical, único partido de la oposición representado en el Congreso. La influencia de éste aumentó tanto durante los últimos años del régimen sobre todo en la Capital Federal—, que Subiza comenzó a aplicar la táctica opuesta y estimuló una diversificación de las fuerzas opositoras y una mayor independencia de los pequeños partidos. Cf. Invest. III, 1958, pág. 526 y sigs.; Ley N.º 14032, en: A. de L. A., T. XI A, 2 ed., 1958, pág. 106 y sigs.; Decr. N.º 17811, ibíd., pág. 509; Secr. de Asuntos Políticos, 1955. Respecto a la distribución de votos en las elecciones de 1954, véase D. Cantón, 1968, pág. 156 y sig. <<

[43] Cf. Invest. II, 1958, pág. 915. Invest. III, 1958, págs. 557, 563 y sigs. El partido utilizaba en forma regular los muebles, edificios, terrenos, automóviles con sus conductores, trenes y demás instalaciones pertenecientes al Estado. El 95 % de las empleadas de la rama femenina del Partido Peronista eran, a la vez, empleadas nacionales y, como tales, trabajaban para el partido. <<

[44] «Este proceso es necesario llevarlo a toda la administración pública, de manera que no quede un solo funcionario ni un solo empleado que no comparta total y absolutamente nuestra manera de pensar y de sentir en lo que se refiere al orden institucional, administrativo y de gobierno. Discurso de Perón, pronunciado el 6.2.1952, en: Invest. III, 1958, pág. 577. <<

[45] Invest. I, 1958, pág. 843; Invest. II, 1958, pág. 987; Invest. III, 1958, págs. 29, 236, 417 y sigs., etc. <<

[46] Invest. III, 1958, pág. 236; Invest. IV, 1958, pág. 230 y sig. <<

[47] Minist. de Comercio Exterior, 1952, pág. II. <<

[48] Cf. en Invest. III, pág. 570, la nómina de criterios de acuerdo con los cuales se juzgaba a los candidatos a ingresar en la administración pública: «Primero que sean peronistas; segundo que sean honrados; y tercero, si es posible, que sean capaces». <<

[49] Con referencia a los diversos servicios secretos, véase Invest. II, 1958, pág. 525. <<

[50] Cf. Secr. de Asuntos Pol., 1955; Invest. III, 1958, pág. 611. <<

[51] Ley N.º 14021, en: A. de L. A., T. XI A, 2 ed., 1958, pág. I; Ley N.º 14031, ib id., pág. 106; Ley N.º 14122, en: A. de L. A., T. XII A, 2 ed., 1960, pág. 1. <<

[52] Véase por ejemplo las leyes Nros. 14124, 14126 y 14128 de homenajes a Eva Perón, op. cit., pág. 1. <<

[53] Entre los más importantes de estos consejos figuraban el C. de Defensa Nacional, el C. de Administración, el C. de Economía y el D. Nacional de Previsión Social. <<

[54] Creado por Decr. N.º 23847 del 25.8.1944. Cf. A. de L. A., T. IV, III ed., 1964, pág. 320 y sig. Sobre el Consejo de Posguerra —cuya importancia para el afianzamiento de la posición de Perón y para el desarrollo de su concepción de gobierno fue enorme— no existen investigaciones hasta el presente. En el libro de Cafiero, 1961, pág. 165, se encuentran algunos comentarios sobre dicho organismo. <<

[55] Esto ocurría, por ejemplo, con la Comisión Interministerial Permanente de Política Económica, creada en 1938 por Decr. N.º 18209, cuya vinculación directa con el Congreso llevó a Perón a disolverla en 1946. Cf. Compilaciones, 1942, pág. 963 y A. de L. A., T. VI, 1947, pág. 612. <<

[56] Pres. de la Nación, Subs. de Inf., 1949, Art. 64. <<

[57] Cf. Ley N.º 13529, en: A. de L. A., T. IX, 1 ed., 1950, pág. 196 y sigs., Arts. 2 y 3. <<

[58] Cf. en especial Art. 3 de la Ley N.º 14303 de 1954. <<

[59] Cf. Decr. N.º 12937 del 27.10.1943, en: A. de L. A., T. III, 2 ed, 1955, pág. 429. <<

[60] Pres. de la Nac., Subs. de Inf., 1950, pág. 89. <<

[61] Cf. Decr. N.º 13378, en: A. de L. A., T. XIV, 2 ed, 1960, Art. 27 y Art. 105 y sigs.; Ley N.º 14303, ibíd. Art. 3. <<

[62] Cf. por ejemplo B. P. Bustos Fierro, 1969, pág. 85: «La Argentina y el pueblo argentino conocieron entre 1946 y 1955 una productividad y un nivel de consumo sin igual en la historia del país». En cambio leemos en R. Prebisch, 1955, pág. 9: «La Argentina atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico…». <<

[63] Perón entendía por Justicialismo, la esencia intemporal y aplicable a otras naciones de su doctrina, y por Peronismo la versión argentina de la misma. Cf. J. D. Perón, en: Hechos e Ideas, N.º 52, Julio 1948, pág. 35; G. J. Blanksten, 1967, pág. 276 y sigs., trata con bastante detenimiento la doctrina de Perón. En la pág. 47 y sigs. menciona también un programa revolucionario que habría circulado entre los revolucionarios de junio de 1943 y que se caracteriza por su extremo militarismo y por su semejanza con el modelo del nacionalsocialismo. Sin embargo, la autenticidad de este documento dista mucho de haber sido probada. Cf. también J. D. Perón, 1944; ídem 1949; ídem 1949a; ídem 1951; ídem 1952, etc. <<

[64] J. D. Perón, 1944, pág. 135; ídem 1952, pág. 65 y sig. <<

[65] Cf. por ejemplo A. Galletti, 1961, pág. 199; A. Magnet, 1954, pág. 74; R. Pastor, 1959, pág. 319. <<

[66] R. A. Mendé, 1950, pág. 115 y sigs.; Díaz de Vivar, en: D. S. C. D. 1946, T. I, págs. 715, 720-722; Descartes, 1951, pág. 194 y sigs. Descartes era un seudónimo con el cual Perón firmaba los artículos periodísticos publicados en 1951. <<

[67] Cf. por ejemplo el discurso de D. L. Molinari del 2.12.1947 en la Conferencia de La Habana, en: La Nación del 3.12.1947, pág. 1. <<

[68] C. A. Astiz, 1969, pág. 289 y sigs. <<

[69] R. Bendix, 1964, pág. 67. <<

[70] La preocupación de que la clase trabajadora pudiera convertirse en comunista y revolucionaria se advierte, sobre todo, en los discursos del año 1944. Cf. J. D. Perón, 1944. <<

[71] Cf. sobre todo los tres principios fundamentales del peronismo: «… de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana». Véase Presidencia de la Nación, Subs. de Inf., 1949, pág. 6. La doctrina sobre el desarrollo de países retrasados esbozada algunas décadas antes del advenimiento de Perón, por el estadista y filósofo chino Sun Yatsen, contenía también tres ideas básicas, los llamados principios del pueblo, que se asemejan mucho al pensamiento peronista. Cf. H. Herrfahrdt, 1948. <<

[72] Poder Ej. Nac., Secr. de Asunt. Económ., 1955, pág. 14; A. Cafiero, 1961, pág. 198. <<

[73] Cf. A. Cafiero, 1961, pág. 196, Nota 2. <<

[74] Cf. Decr. N.º 13940 en: A. de L. A., T. IV, 2 ed, 1954, pág. 307 y Ley N.º 13529, en: A. de L. A., T. IX, 2 ed, 1955, Art. 32. <<

[75] Cf. índice del A. de L. A., de 1944. <<

[76] El 21.10.1946 en su discurso de presentación del Primer Plan Quinquenal. Cf. Pres. de la Nación, Secr. Técnica, 1946, pág. 25. <<

[77] Cf. Poder Ejecutivo Nacional, Secretaría de Asuntos Económicos, 1955, sobre todo pág. 14; Decr. N.º 2992, en: A. de L. A., T. VII, 1 ed., 1948, pág. 499 y sigs. <<

[78] Cf. Pres. de la Nación, Secr. Técnica, 1946; Pres. de la Nación, Subs. de Inf., 1952. Véase también H. Bernardo, 1939; J. L. Astelarra, 1938, pág. y sigs.; Primera Plana, N.° 185, pág. 36 y sigs. Además de los Planes Quinquenales, los ya mencionados Consejos revestían gran importancia como medio de influencia del Estado sobre la sociedad. Perón hizo uso de ellos sobre todo en la primera fase de la expansión estatal. Los utilizó como instituciones puente entre la esfera estatal y la social, dotándolos de gran autonomía y designando representantes de los grupos de intereses como integrantes de aquéllos. La importancia que revistieron surge a las claras de un solo hecho: su número aumentó tan bruscamente durante los primeros años del régimen, como el número de los registros públicos. Entre los organismos que incluían representantes de asociaciones, cabe mencionar la Comisión Honoraria Asesora del Gobierno Nacional para el Estudio de los Problemas Financieros, creada por Decr. N.º 1877 del 6.7.1943; el Consejo Nacional de Posguerra, creado por Decr. N.º 23847, del 25.8.1944; el Consejo Económico-Social, creado por Decr. N.º 2098, del 1.7.1946; la Comisión Nacional de Cooperación Económica, creada por Decr. N.º 19114 del 6.8.1949; la Comisión Nacional de Precios, y Salarios, creada por Drcr. N.º 4592 del 10.3.1952; la Comisión Económica Consultiva, creada por Decr. N.º 1516, del 3.2.1953. <<

[79] A. Gómez Morales, 1951, pág. 201 y sig. <<

[80] D. Jarach, 1961, pág. 57. <<

[81] F. Herrero, 1965, pág. 21. <<

[82] Ley N.º 14184. <<

[83] F. Herrero, 1965, pág. 23. <<

[84] Cf. Decr. N.º 4870, en: A. de L. A.. T. XIII A, 2 ed., 1960, pág. 476 y sigs. <<

[85] Cf. A. Jacobs, en: H. Besters y E. E. Boesch, 1966, párrafo 645 y sigs. <<

[86] Quizá haya pesado en eso el recuerdo de la llamada «semana trágica» de 1919, durante la cual se produjeron varios choques sangrientos entre la policía y obreros en huelga. Cf. A. Ramos, 1965, pág. 233 y sigs. <<

[87] Cf. la enumeración de las reformas sociopolíticas en A. Cafiero, 1961, pág. 376 y sig. <<

[88] Ley N.º 12921, Ley N.º 13529, Ley N.º 13229, Ley N.º 12948. Cf. al respecto A. M. Unsain, 1952. <<

[89] Cf. A. M. Unsain, en: Derecho del Trabajo, Año XI, N.º 10, pág. 631 y sigs.; M. L. Deveali, en: Derecho del Trabajo, Año VI, N.º 7, pág. 375 y siguientes. <<

[90] Cf. Secr. de Trabajo y Previsión, 1947. <<

[91] A pesar de tratarse de un ente del derecho privado, la Fundación se vio favorecida por numerosas leyes que aseguraron su financiación. Cf. por ejemplo Ley N.º 13555 (Crédito para obras de la Fundación E. P.); Ley N.º 14044 (se destinan a la Fundación E. P. las multas por infracción a los juegos de azar); Ley N.º 13041 (Subvención para Campeonatos Deportivos Infantiles y donación de terrenos a la Fundación E. P.); etc. Datos generales acerca de la Fundación en Primera Plana, N.º 209, pág. 36 y sigs. <<

[92] Cf. P. H. Smith, en: Polítical Science Quarterty, Vol. LXXXIV, N.º 1, pág. 30 y sigs. <<

[93] P. H. Smith, op. cit., pág. 35. <<

[94] D. Cantón, 1966, pág. 56 y sig. <<

[95] M. Murmis y J. C. Portantiero, 1969, pág. 31. <<

[96] L. B. Cerrutti Costa, 1957, pág. 184. <<

[97] Cf. P. Lux-Wurm, 1965, pág. 123. Esta medida contemplaba, entre otras cosas, la activa participación de la mujer en la nueva industria nacional. En algunas ramas (por ejemplo la textil y la papelera) el porcentaje de mujeres ascendía al 40 y hasta el 50 %. Cf. Instituto A. E. Bunge, 1945, pág. 166; véase también Primera Plana, N.º 210, pág. 36 y sigs. <<

[98] Pres. de la Nación, Subs. de Inf., 1949, págs. 21, 90. <<

[99] Como prueba de estas intenciones de Perón citaremos el discurso pronunciado por éste ante la Cámara de Comercio, el 25.8.1944, uno de cuyos pasajes dice lo siguiente: «Las masas obreras que no han sido organizadas presentan un panorama peligroso, porque la masa más peligrosa, sin duda, es la inorgánica». Y poco más adelante: «Eso me dio la idea de formar un verdadero organismo estatal con prestigio,… que encauzara el movimiento sindical argentino en una dirección; lo organizase e hiciese de esta masa anárquica, una masa organizada, que procediese racionalmente, de acuerdo con las directivas del Estado». J. D. Perón, 1944, págs. 158, 160. <<

[100] S. Baily, 1967, pág. 105 y sigs. Gran conmoción causó la caída en desgracia de Cipriano Reyes y de Luis Gay, dos dirigentes sindicales que habían contribuido en forma decisiva al éxito político de Perón. <<

[101] Esc. Sup. Per., 1954, pág. 223 y sigs.; Descartes, 1951, pág. 109; J. D. Perón, 1952, págs. 32, 47, etc. <<

[102] Podría hablarse de un predominio de las tendencias asimilatorias sobre las movilizatorias en el peronismo, como lo hace K. W. Deutsch. Lo más importante como objetivo no era la mayor participación de la clase trabajadora en el proceso político, sino su incorporación al sistema peronista de dominio. Cf. K. W. Deutsch, 1966, pág. 123 y sigs., pág. 128. <<

[103] J. R. Scobie, 1964, pág. 223; Cepal, 1959, pág. 14. <<

[104] La previsible contracción del sector industrial al terminar la guerra y la consiguiente desocupación figuraban entre los temas más discutidos en los años 1944 y 1945. Cf. Instituto A. E. Bunge, 1945, pág. 174 y sig.; A. Gómez Morales, 1951, pág. 190 y sigs. Cf. también los considerandos del Decr. N.º 14630, de fecha 5.6.1944, que tenía por objeto la protección de la industria nacional: «Que desde hace muchos años el aumento vegetativo e inmigratorio de la población es absorbido por la producción industrial… Que la defensa y fomento de la industria permitirá evitar la paralización de sus actividades que ocasionaría trastornos económico-sociales de consideración…»; en: A. de L. A., T. V, 2 ed., 1955, pág. 340 y sigs. <<

[105] Cf. S. Oria, 1945, pág. 8 y J. L. Astelarra, 1948, pág. 34. Véase también el discurso pronunciado por Perón ante la C. G. E. el 2.12.1953: «La República Argentina, en 1945, 1944 y 1943 vivió un momento de crisis más bien social que de otra naturaleza. Las crisis económicas en la República Argentina son cuestiones eminentemente circunstanciales. En un país rico no hay crisis económicas peligrosas», en: El Laborista del 2.12.1953, pág. 4. <<

[106] Cf. Decr. N.º 8503 y Decr. N.º 14957, en: A. de L. A., T. VI, 1 ed., 1947, pág. 271. Cf. también A. Cafiero, 1961, pág. 199 y sig. <<

[107] Decr. N.º 15350, en: A. de L. A., T. VI, 1947, pág. 585 y sig. Generalidades acerca de la política de comercio exterior del gobierno, cf. Primera Plana, N.º 186, pág. 40 y sigs. <<

[108] Cf. Banco Central de la Rep. Arg., 1948, págs. 10 y 11. Generalidades sobre este proceso en Cepal, 1959, pág. 29 y sig. <<

[109] Cf. J. D. Perón, 1949 a, pág. 171 y sig. El día 9 de julio de 1947 fue declarado día de la independencia económica. Respecto a la compra de los ferrocarriles británicos cf. Primera Plana, N.º 187, pág. 34 y sigs. <<

[110] Cf. Decreto N.º 20262 en: A. de L. A., T. IV, 3 ed., 1964, pág. 444. <<

[111] Decr. N.º 8537, en: A. de L. A., T. IV, 3 ed., 1964, pág. 204; Decr. N.º 14630, en: A. de L. A., T. V, 2 ed., 1955, pág. 340 y sigs. <<

[112] En un discurso pronunciado ante el Congreso Industrial de mayo de 1953, dijo Perón, entre otras cosas: «La industria es una empresa privada. El Estado no tiene ningún interés en ella y tan pronto las empresas estatales actuales tomadas en estado de antieconomía puedan ser devuelta! a la actividad privada, el Estado tendrá un gran placer en desprenderse de todas esas empresas y entregarlas a los privados. Nosotros somos gobierno, no industriales». En Confederación de la Industria, 1953, pág. XXXII. <<

[113] Según una noticia aparecida en el diario Democracia del 9.3.1952, pág. 2, el Instituto Aerotécnico dependiente de la Guarnición Aérea Córdoba fue vendido a la industria privada. <<

[114] Cf. Democracia del 19.II. 1952, pág. 2. <<

[115] Cf. Pres. de la Nación, Subs. de Inf., 1952, pág. 350. <<

[116] Véase F. Herrero, 1965, pág. 91 y sigs. <<

[117] Decr. N.º 6688, en: A. de L. A., T. XV A, 1 ed., 1956, pág. 221. <<

[118] Por otra parte, la actitud liberal de Perón se limitó al terreno económico. Cf. su discurso del 6.2.1952 ante la II. Conferencia de Gobernadores de Provincias, en: Invest. III, 1958, pág. 571 y sigs.: «Hay que dar la más absoluta libertad al pueblo en todas las cosas y restringir la acción política, …en ésa no hay que darle ninguna libertad, hay que restringirlo, cerrarlo y no dejarlo mover…». <<

[119] Cf. Resolución N.º 19530 del Ministerio de Salud Pública, del 5.9. 1949: Medidas contra las inasistencias por enfermedad fingida, en: Derecho del Trabajo, Año XI, N.º 10, pág. 359. Véase también Pres. de la Nación, Subs. de Inf., 1955. <<

[120] La huelga de la Unión Ferroviaria, que se prolongó desde fines de 1950 hasta comienzos de 1951 se convirtió en una durísima prueba de fuerza entre el gobierno y un sindicato aislado. Cf. S. Baily, 1967, pág. 131 y sigs. <<

[121] En consecuencia se esforzaba por conferir autonomía a los sindicatos en el aspecto socio-económico —aunque no en el político—, devolviéndoles, por ejemplo, la administración de las cajas de seguros y jubilaciones, que se les había retirado en 1944. Cf. Ley N.º 14236, en: Derecho del Trabajo, Año XIII, N.º 10, pág. 635, Arts. 1, 6 y 9. <<

[122] La insistencia en el cooperativismo se advierte, sobre todo, en el plan económico del año crítico, 1952. En dicho plan aparecen, por lo demás, todas las nuevas tónicas que serían normativas para el curso político hasta 1955. Cf. Democracia del 11.6.1952, pág. 2: «La cooperativa… supone la eliminación del intermediario y la venta directa de la producción de cada ramo en mejores condiciones de precios». Generalidades sobre el desarrollo del cooperativismo en la Argentina, A. Logrippo, 1954, pág. 544 y sigs. <<

[123] Los días 2 de febrero, Día del Ahorro, Perón acostumbraba a pronunciar un discurso público. En 1949, el discurso se concentraba aún en el individuo y en el pueblo como encargado de la actividad ahorrista; en 1950, en cambio, se dirigió al hogar como célula mínima de ahorro y recomendó llevar con toda regularidad un libro de ingresos y egresos. Cf. El Laborista, V. 1,0, 1949, págs. 1 y 2; El Laborista, V. 1,11, 1950, págs. 1 y 7. <<

Notas al Capítulo III

[1] Cf. por ejemplo Galletti, 1961, pág. 199; E. Rivera, 1958, pág. 31. <<

[2] Hasta hace poco tiempo, la clase alta argentina no llegaba a abarcar las dimensiones sociopolíticas del peronismo. Los intentos del autor por recoger material y opiniones bien fundadas en discusiones con diferentes miembros de dicha clase, pocas veces aportaron frutos. Por lo común no podía evitar que la conversación se paralizara al poco rato ante la pregunta acerca de si Perón había «usado» a su mujer para concretar sus ambiciones o si Perón había sido un instrumento en manos de su esposa. Ejemplos típicos de este enfoque del fenómeno «peronismo» son la mayoría de los artículos contenidos en el N.º 237, noviembre/diciembre de 1955, de la revista Sur. <<

[3] En general acerca del concepto «estilo político», cf. A. Bergstrásser, en: Faktoren der politischen Entscheidung, 1963, pág. 39 y sigs., y H. J. Puhle, en: Handbuch des Parlamentarismus, pág. 398 y sigs. <<

[4] Cf. por ejemplo Invest. III, 1958, pág. 675; G. D. Plater, 1956, págs. 102 y sigs., 147 y sigs.; A. O. Olivieri, 1958, págs. 79, 91 y sigs.; A. Galletti, 1961, pág. 189 y sig.; A. Magnet, 1954, pág. 78 y sigs.; E. Pastor, 1959, pág. 110 y sigs.; Libro Negro, 1958, págs. 59 y 101; E. Rivera, págs. 19 y sigs., 51 y sigs. <<

[5] Cf. J. Aguirre Cámara, en: Cuatro artículos, 1945; respecto a la expansión de la burocracia estatal en general, después de 1943, cf. G. Germani, en: Movilidad social en la sociedad industrial, 1965, pág. 331 y Cepal, 1959, pág. 82 y sig. <<

[6] La mayoría de los comentarios críticos sobre la eficiencia de la burocracia peronista se refiere a los últimos años de gobierno. <<

[7] Pero la inseguridad legal durante el gobierno de Perón no obedeció sólo a debilidades de la administración pública. En ella se refleja, más bien, un cambio esencial, que podría definirse en pocas palabras como transición entre el Estado legal y el Estado de planificación, entre un orden legal determinado por estrictos límites de prohibición, y un derecho gobernado por exigencias de prestaciones. Este cambio provocó forzosamente un relajamiento de los controles existentes y de los mecanismos de sanción. Cf. al respecto G. Burdeau, en: Archives de Philosophie du Droit, 1963, pág. 40. <<

[8] Cf. por ejemplo Invest. I, 1958, pág. 893: «Las facultades omnímodas otorgadas por estos artículos a las autoridades del Banco, han permitido quebrar las normas legales, sin que ello significara la comisión de un hecho delictivo…». <<

[9] Se ha señalado con frecuencia el problema del insuficiente control político de la burocracia administrativa en los países en desarrollo. Cf. por ejemplo L. W. Pye, 1966, pág. 19 y sigs.; J. La Palombara, en: Bureaucracy and Political Development, 1963, pág. 26; F. W. Riggs, op. cit., pág. 120; J. P. Nettl, 1967, pág. 345. La mayoría de estas observaciones son aplicables a la Argentina, país que desde hace décadas se ha detenido en el «umbral del desarrollo». <<

[10] En general sobre el tema, véase B. F. Hoselitz, en: Bureaucracy and Political Development, pág. 175; J. La Palombara, ibíd., pág. 22; F. W. Riggs, 1964, pág. 14 y sig. <<

[11] Cf. sobre todo G. Myrdal, 1970, pág. 222 y sigs. <<

[12] Cf. A. Gómez, 1963, pág. 68: «El peculado o «negociado» como se dice ahora, es una vieja institución en nuestra vida pública…». F. J. Weil, 1944, págs. 36 y sig., 58 y sig. <<

[13] Una de las más célebres frases de Perón decía así: «Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista». En los años de dificultades económicas, sobre todo, el favoritismo para con los partidarios del régimen era un motivo de irritación para la opinión pública. Véase Invest. II, 1958, pág. 181 y sigs.; E. Rivera, 1958, pág. 51 y sig. <<

[14] Cf. J. Viñas, en: Contorno, julio de 1956, pág. 12 y sig. <<

[15] En caso de duda, Eva Perón siempre prefería a los más mediocres entre los candidatos a ocupar cargos políticos de importancia. Fue así que, sobre todo durante los años de crisis posteriores a 1949, quedaron separados del gobierno algunos de los elementos más capaces y fueron remplazados por políticos serviles y mediocres. E. Rivera, 1958, pág. 19. <<

[16] El llamado caudillismo tiene una tradición centenaria en la Argentina, como en toda Latinoamérica. Perón fue el primer caudillo que aprovechó las ventajas específicas de la moderna técnica (medios de comunicación, trasportes masivos). Sobre el caudillismo, en general, cf. F. Chevalier, en: Buletin Hispanique, T. LXIV bis, 1962, págs. 30-47, y J. Lambert, 1967, pág. 149 y sigs. <<

[17] F. Luna, 1969, pág. 352 y sigs., brinda una interesante descripción de la primera y más importante de estas manifestaciones (la del 17 de octubre de 1945). Cf. también A. Perelman, 1968, y H. Gambini, 1969. En cuanto a casos de medidas de violencia adoptadas contra los opositores del régimen, cf. Primera Plana, N.º 302, pág. 48 y sigs. <<

[18] Cf. Recopilación de discursos, T. II, pág. 165. <<

[19] Una idea cabal de la capacidad de adaptación y de simulación de Perón se obtiene leyendo sus discursos por orden cronológico, como aparecen, por ejemplo en el volumen El pueblo quiere saber de qué te trata, 1944. Si el auditorio estaba constituido por obreros, Perón hablaba como un obrero; si estaba constituido por soldados, hablaba como un toldado; con los intelectuales era un erudito y con los comerciantes, un comerciante. <<

[20] Cf. J. J. Sebreli, 1966, pág. 38 y sig.; el mismo en: Contorno, julio de 1956, pág. 46; A. Parera Dennis, en: Fichas, Año 2, N.º 7, pág. 13. <<

[21] P. Waldmann, en: Aportes, N.º 19, enero 1971, pág. 101. <<

[22] Cf. el prólogo al libro de Eva Perón Historia del peronismo, 1952: «Quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo». Véase también ibíd., págs. 12, 25, 40 y sigs., etcétera. <<

[23] La tendencia antiintelectual del movimiento peronista se puso de manifiesto en su slogan de los primeros años «Alpargatas, sí, libros no». <<

[24] Véase Primera Plana, N.º 281, pág. 46 y sigs., N.º 282, pág. 50 y sigs., N.º 283, pág. 48 y sig. y N.º 284, pág. 46 y sigs. <<

[25] Con esta expresión, Perón procuró establecer un nexo con los sans culotte de la Revolución Francesa. <<

[26] Cf. A. Magnet, 1954, págs. 47 y sigs., 75; R. Pastor, 1959, pág. 70; Libro Negro, 1958, pág. 113;G. D. Plater, 1956, pág. 177. <<

[27] V. Ocampo, en: Sur, N.º 237, pág. 5. <<

[28] Por consiguiente, también poseía el don de engañar a su auditorio a través de la simplificación. Por ejemplo, al surgir el problema de la escasez de divisas, después de 1950, argumentó que la dueña de casa argentina tenía que hacer sus compras diarias en pesos argentinos y no en dólares; por lo tanto, la devaluación del peso con respecto al dólar no representaba inconveniente alguno para ella. <<

[29] Véase, por ejemplo, la conocida divisa «De casa al trabajo y del trabajo a casa», utilizada por Perón como fórmula de disciplina y tranquilidad al dirigirse a los obreros. <<

[30] Véase, por ejemplo, O. P. Confalonieri, 1956. <<

[31] En general sobre la estructura dualista de los Estados autoritarios, cf. E. Fraenkel, 1969. <<

[32] Cf. J. D. Perón, 1949, págs. 51, 90, 168, 175. <<

[33] Decr. N.º 22532 de 1954, Ley N.º 14394 y Ley N.º 14401. <<

[34] Cf. por ejemplo, alegato de Perón en favor de una mejor formación deportiva de la juventud, en su discurso del 22.9.1954 en el Luna Park: Recopilación de discursos, T. 16. En la prensa diaria, los acontecimientos deportivos ocupaban cada vez mayor espacio durante los últimos años. Véase también Primera Plana, N.º 310, pág. 55 y sig. <<

[35] El llamativo interés de Perón por la juventud durante la última fase fue, en parte, producto de un cálculo político: proyectaba disminuir la edad mínima para el sufragio, para encontrar en los jóvenes electores el apoyo que los más maduros le retiraban cada vez más. Cf. Pres. de la Nación, Secr. de As. Políticos, 1955, Punto 8. Su excesiva preocupación por la rama femenina de la organización juvenil peronista, la llamada U. E. S. (Unión de Estudiantes Secundarios), dio origen a muchos comentarios y rumores. Cf. Invest. II, 1958, pág. 219 y sigs., y Primera Plana, N.º 285, pág. 48 y sigs. <<

[36] Esta crisis de normas provocada a conciencia por Perón fue, quizá, la razón más profunda del enfrentamiento con la Iglesia Católica, que asumió proporciones dramáticas en la última fase. Respecto a las diferentes etapas de este conflicto, cf. P. Marsal, 1955, pág. 10 y sigs. Véase también Primera Plana, N.º 313, pág. 59 y sigs., N.º 314, pág. 61 y sigs., N.º 316, pág. 41 y sigs. <<

[37] Pero no sólo contra éste, sino también contra todos los restantes factores de poder. Cf. por ejemplo, el discurso de Perón del 28.5.1952, ante los gobernadores de provincias y los diputados provinciales, en: Recopilación de discursos, T. 10, pág. 20 y sig.: «El Gobierno hará frente a cualquier cosa, pero es necesario tener un reaseguro; hay que tener al pueblo listo para que él intervenga directamente en la solución de los problemas». Respecto a la relación Perón-burocracia-trabajadores, cf. también A. Parera Dennis, en: Fichas, Año 2, N.º 7, pág. 14. <<

[38] En J. Bruce, pág. 279, encontramos una descripción muy acertada de la habilidad de Perón para manejar a la gente: «Utiliza (se refiere a Perón) con más frecuencia el guante de terciopelo que el puño de hierro. Por lo general se las arregla para obtener lo que desea, sin ningún esfuerzo aparente. Es un hombre de gran atractivo personal y utiliza su encanto cuando y como quiere. Cuando quiere impresionar bien a un visitante lo halaga con una atractiva sonrisa y lo hace sentir que todo lo que ha dicho es tremendamente importante». <<

[39] Cf. Libro Negro, 1958, págs. 68-69, Primera Plana, N.º 241, pág. 34 y sigs. <<

[40] J. Bruce, 1954, pág. 290. <<

[41] Por ejemplo, en junio de 1952, cuando Perón ascendió a la presidencia por segunda vez, los diarios no contuvieron, por espacio de varios días, más que informaciones sobre él y su esposa. <<

[42] Las peticiones presentadas al Congreso figuran entre los diversos elementos que nos permiten entrever la gran admiración y devoción profesada por el pueblo hacia Perón. En dichas peticiones se propone que se le otorgue el Premio de la Paz, que se dé su nombre a montañas, ríos, cataratas, fábricas, etc.; que se le permita usar el sable del Gral. San Martín, que se creen especialmente para él grados y órdenes militares. Cf. D. S. C. D.). del 27.6.1952; R. Pastor, 1959, pág. 135 y sig., habla de peregrinajes desde el interior del país en homenaje a Eva Perón. Cf. también E. Sábato, 1956. <<

[43] Cf. por ejemplo D. S. C. D., junio 1952, pág. 190: «El general Perón, sol que alboreó un 4 de junio de 1943, que llegó al cénit un 17 de octubre, que iluminó un venturoso 24 de febrero y cuyos patrióticos destellos disiparon para siempre, en un 11 de noviembre, las sombras nefastas de la oligarquía y la antipatria, brilla majestuoso y soberano en el límpido cielo de esta nueva Argentina justicialista, y seguirá brillando hasta incendiar todas las almas argentinas porque sólo así estaremos seguros de que la semilla de redención social fructificará en hermosas y permanentes realidades, de las que gozaremos hasta nuestros últimos días y de las que usufructuarán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados)». <<

[44] Acerca de la dinámica aparente del peronismo han llamado la atención sobre todo aquellos autores que habían esperado de Perón una auténtica revolución. Cf. el subtítulo del artículo de A. Parera Dennis, en Fichas, Año 2, N.º 7, pág. 3, «El gobierno del «como si»: 1946-55». Véase también Rozitchner, en: Contorno, julio de 1956, pág. 3 y sigs. <<

Notas al Capítulo IV

[1] La primera parte de la versión alemana de este capítulo incluía algunas observaciones sobre la historia y la significación política de las fuerzas armadas en la Argentina. Consideramos que el lector argentino puede prescindir de esta información; por eso, la exposición se inicia directamente con el papel de las fuerzas armadas en el año 1943. <<

[2] Cf. E. Díaz Aranjo, 1970, pág. 165 y sig.; C. S. Fayt, 1967, pág. 50. En general se atribuye las iniciativas más importantes a un nucleamiento de oficiales, el llamado G. O. U., aunque no hay forma de demostrarlo. Sobre el G. O. U., en general, cf. E. Díaz Aranjo, 1970; Gontrán de Güemes, 1956; C. S. Fayt, 1967, págs. 42-64 y 403-110; F. Luna, 1969, pág. 73, Nota 18. <<

[3] R. J. Alexander, 1965, pág. 13; C. S. Fayt, 1967, pág. 50. <<

[4] Bonifacio del Carril, 1959, pág. 25 y sig. <<

[5] Cf. los pasajes claves de la proclama del gobierno militar, de fecha 4.6.1943. «Propugnamos la honradez administrativa, la unión de todos los argentinos, el castigo de los culpables y la restitución al Estado de todos los bienes mal habidos.

«Sostenemos nuestras instituciones y nuestras leyes, persuadidos de que no son ellas, sino los hombres quienes han delinquido en su aplicación.

«Anhelamos firmemente la unidad del pueblo argentino…

«Lucharemos por mantener una real e integral soberanía de la Nación, etc.». En: J. D. Perón, 1944, pág. 27.

La proclama revela con mayor claridad los objetivos —o la inicial falta de objetivos— del gobierno militar, que los documentos secretos del G. O. U. citados por R. J. Alexander, 1965, pág. 12 y sig., y por G. J. Blanksten, 1967, pág. 47 y sig., y redactados en un tono militar y agresivo. Por otra parte, la autenticidad de estos papeles está muy lejos de haber quedado demostrada. <<

[6] Cf. A. Rouquié, en: Aportes, N.º 19, pág. 76. La proclama del 4 de junio comienza también con un ataque al sistema político existente, que se caracteriza por el soborno, la traición y la corrupción. Cf. J. D. Perón, 1944, pág. 27. <<

[7] Y. F. Rennie describió ese afán de reformas en los siguientes términos: «In the first months of military rule, Argentina was left breathless with a succession of decrees designed to repair errors of speech, public moráis, fmance, agriculcure and political opmion. No reform was too small to receive full attention from the army officers who now took over all public offices and were under the impression, that one runs the body politics as one does an army corps». Cf. Y. F. Renni, 1945, pág. 349 y sigs. (Durante los primeros meses de gobierno militar, Argentina quedó sin aliento ante una sucesión de decretos destinados a reparar errores del idioma, de la moral pública, de las finanzas, la agricultura y las opiniones políticas. No había reforma lo bastante insignificante como para no recibir plena atención por parte de los oficiales, que ahora se habían hecho cargo de todas las reparticiones públicas y tenían la impresión de que un cuerpo político se maneja de la misma manera que un cuerpo de ejército). <<

[8] Puesto que la planificación y ejecución del golpe de junio había estado exclusivamente en manos de las fuerzas armadas, éstas fueron también las responsables de las consecuencias de ese cambio, es decir que se vieron obligadas a elaborar ideas y proyectos políticos propios para enfrentar el futuro. <<

[9] Véase al respecto C. S. Fayt, 1967, págs. 51-64; E. Díaz Aranjo, 1970, págs. 180 y sigs., 231 y sigs. <<

[10] El papel clave que, por lo general, se atribuye al G. O. U. en la planificación y ejecución del golpe de junio de 1943 no puede considerarse como un hecho histórico indudable. Según declaraciones coincidentes de E. P. González —uno de los más antiguos miembros y dirigentes del G. O. U.— y de Sosa Molina, ex ministro de guerra de Perón, el G. O. U. planeaba un golpe de Estado, pero no intervino como organización en la ejecución del golpe de junio. Sólo algunos de sus miembros desempeñaron un papel importante en él. <<

[11] El éxito de esta acción se debió —entre otras cosas— a un factor señalado por Perón en declaraciones formuladas a un periodista chileno, en noviembre de 1943; según ellas, 3300 de los 3600 oficiales en actividad habían accedido, por fin, a apoyar la revolución. Cf. A. Rouquié, en: Aportes, N.º 19, pág. 76; C. S. Fayt, 1967, pág. 55. <<

[12] Cf. E. P. González, en una entrevista grabada, en: ILARI, Bs. As. <<

[13] Esta enumeración fue tomada de la lista de cargos desempeñados por Perón, que figura en E. Díaz Aranjo, 1970, pág. 232 y sigs. <<

[14] El aislamiento en que inicialmente se encontraba el gobierno militar y su falta de todo apoyo civil surge del siguiente comentario de Bonifacio del Carril, 1959, pág. 23: «Los nombres de los que aparecieron en la primera plana de los puestos públicos más importantes, desde Presidente de la República, Ministros, Interventores de Provincia, etc., eran práctica y totalmente desconocidos para el público». <<

[15] Cf. F. Luna, 1969, págs. 43-62. Uno de los factores que más contribuyó al endurecimiento de la oposición fue la capitulación de Alemania, en mayo de 1945. Los contrarios a Perón, que veían en su gobierno una variante sudamericana del fascismo, vieron llegado el momento de obligarlo a retirarse. F\ Luna, 1969, pág. 65. <<

[16] F. Luna, 1969, pág. 198 y sigs., informa acerca de un encuentro secreto de los más altos jefes militares, celebrado el 28.7.1945, en el cual se decidió mantener en cualquier circunstancia la continuidad de la revolución, aunque fuera mediante la fundación de un nuevo partido político. <<

[17] Acerca de los acontecimientos de setiembre y octubre de 1945 en detalle, véase F. Luna, 1969, págs. 255-428. <<

[18] A. Rouquié, en: Aportes, N.º 19, pág. 75 y sig. Cf. también el testimonio grabado de Sosa Molina, en: ILARI, Bs. As. Sosa Molina declara que él se opuso a que se dejara el gobierno en manos de la Corte Suprema y apoyó la candidatura a presidente de Perón, porque no deseaba ver fracasar a la revolución. <<

[19] Cf. A. F. Cafiero, 1961, pág. 109; A. Rouquié, en: Aportes, N.º 19, pág. 79; R. J. Alexander, 1965, pág. 119. <<

[20] A. Rouquié, op. cit. <<

[21] Decr. N.º 13939 V del 31.5.1944, en: A. d. L. A., T. IV, 3 ed., 1964, pág. 302 y sigs. Cf. también D. B. Rattenbach, en: Revista Militar, año 45, N.° 536, pág. 483 y sig. <<

[22] Cf. O. Altimir, H. Santamaría, J. Sourrouille, en: Desarrollo Económico, Vol. 6, N.º 22-23, pág. 479. Otras empresas industriales que se encontraban en manos militares eran la DIN FIA (Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas), AFNE (Astilleros y Fábricas Navales del Estado), etc.; cf. ibíd., pág. 486; R. J. Alexander, 1965, pág. 117, y J. Abelardo Ramos, 1959, pág. 69 y sig. <<

[23] O. Altimir, H. Santamaría, J. Sourrouille, op. cit., pág. 484. <<

[24] R. J. Alexander, 1965, pág. 118. <<

[25] F. Lucero, Ministro de Guerra de Perón, enumera en su libro —aparecido en 1959— las medidas más importantes adoptadas para mejorar la situación socioeconómica de las fuerzas armadas. Sus datos no se refieren sólo al período de gobierno anterior a 1951. Cf. F. Lucero, 1959, pág. 60 y sig. <<

[26] A. de L. A., T. X 1951,pág. 202;A. Rouquié, en: Aportes, N.º 19, pág. 80 <<

[27] Cf. J. L. de Imaz, 1965, Tabla págs. 65 y 68. Más de la mitad eran hijos de inmigrantes. El rejuvenecimiento en el orden político y administrativo, al cual aludiéramos en páginas anteriores, se extendió, pues, a las instituciones militares. <<

[28] Cf. las cifras comparativas brindadas en J. Ochoa de Eguileor y V. R. Beltrán, 1968, pág. 38, Nota 30:

1942 - 119

1943 - 123

1944 - 143

1945 - 197

1946 - 195

1947 - 477 <<

[29] J. L. de Imaz, 1965, pág. 72. <<

[30] Cf. A. O. Olivieri, 1958, págs. 25, 51, etc. En ocasión de la elección de vicepresidente del año 1954, el resultado de la votación de una unidad de la marina del extremo sur del territorio debió ser trasmitido telefónicamente. Se pudo saber así que el 90 % de los electores habían votado contra el candidato peronista. Cf. A. O. Olivieri, 1958, pág. 77 y sig. <<

[31] A. Rouquié, en: Aportes, N.º 19, pág. 85. <<

[32] Ibíd. <<

[33] Cf. por ejemplo A. O. Olivieri, 1958, pág. 15, en lo referente a la marina. <<

[34] Ley N.º 13250, en: A. de L. A., T. VIII, 1949, pág. 121; A. Rouquié, en: Aportes, N.º 19, pág. 86. <<

[35] J. Ochoa de Eguileor y V. P. Beltrán, 1968, pág. 41. <<

[36] Para no exigir obediencia a las fuerzas armadas sólo como autoridad civil, sino también por su alto grado militar, Perón hizo que se lo volviera a declarar en actividad y se lo ascendiera a general. Cf. Decr. N.º 15656, en: A. de L. A., T. VIII, 1949, pág. 121; A. Rouquié, en Aportes, N.º 19, pág. 86. <<

[37] Tomando como base la Revista Militar, el órgano más importante del ámbito militar, la imagen ideal del soldado profesional argentino reúne las siguientes cualidades: idealista, disciplinado, respetuoso, modesto, abnegado, altruista, puro, simple, honesto, sincero, respetuoso del honor, orgulloso, heroico, valiente, digno, responsable, etc. Los oficios civiles, en cambio, son vistos desde un ángulo negativo: como materialistas, indisciplinados, jactanciosos, etc. Cf. también J. L. de Imaz, pág. 76 y sigs.; P. Waldmann, en: Vierteljahresberichte, N.º 43, pág. 39; J. Ochoa de Eguileor y V. R. Beltrán, 1968. <<

[38] Véase J. D. Perón, 1952 a, págs. 15, 38 y sigs. <<

[39] Cf. R. J. Alexander, 1965, pág. 123 y sig. <<

[40] Galletti, 1961, pág. 205; E. Rivera, 1958, pág. 20, etc. C. A. Florit, 1963, pág. 39, señala con razón que el antiperonismo de las fuerzas armadas desde 1955 se debe, entre otras cosas, a su «cargo de conciencia» por haber contribuido a que el dictador llegara al poder y por haber apoyado su gobierno. <<

[41] Coinciden A. Rouquié, en: Aportes, N.º 19, pág. 80;J. L. de Imaz, 1965, pág. 82; J. Ochoa de Eguileor y V. R. Beltrán, 1968, págs. 39 y 46. «Militarista», en este sentido, no quiere decir que el gobierno de Perón haya planeado una buena ofensiva; el término pretende subrayar, más bien, la importancia de las categorías militares de pensamiento para la concepción del gobierno y de las iniciativas políticas de Perón. <<

[42] Decreto N.º 536, en: A. de L. A., T. V, 2 ed., 1955, pág. 128; cf. R. Moreno, 1951, pág. 23 y sigs.; Revista Militar, N.º 550, pág. 907 y sigs. <<

[43] A. de L. A., T. VIII, 2 ed., 1955, pág. 72 y sigs.; véase también J. A. Giovaneli, 1943, pág. 75; Presidencia de la Nación, Subsecr. de lnform., 1949, Art. 29; Ley N.º 13985, en: A. de L. A., T. X A, 2 ed., 1957, pág. 185. <<

[44] Las medidas de seguridad del gobierno estaban también vinculadas con la «guerra fría», a la cual Perón, como la mayoría de los argentinos, consideraba un preámbulo de la tercera guerra mundial. Cf. A. Gómez, 1963, pág. 66. <<

[45] Cf. J. A. Giovaneli, 1943, pág. 55; J. D. Perón, 1944, págs. 69 y sigs., pág. 73. <<

[46] «La guerra integral abandonó el campo de la teoría para penetrar en el de los hechos consumados. Todos los seres y recursos de un Estado se ponen en juego para sostenerla. El frente interior constituye una prolongación de la zona de operaciones». En Revista Militar, N.º 533, pág. 1153. <<

[47] Cf. por ejemplo. Revista Militar, N.º 535, pág. 286. <<

[48] Revista Militar, N.º 534, pág. \b4,Revista Militar, N.º 543, pág. 719 y sigs.; Revista Militar, N.º 547, págs. 234 y 247 y sigs.; J. Sanguinetti, 1946; N. C. Accame, 1940, pág. 93 y sigs.; J. D. Perón, 1944, pág. 81 y sig. <<

[49] «Una política inteligente debe buscar por todos los medios suprimir el odio y la lucha de clases; lucha que tiende a dividir la sociedad, que origina fuerzas negativas y de destrucción, que subvierte los conceptos de disciplina, jerarquía y cumplimiento del deber, que anula el espíritu de la moral…». D. J. Sanguinetti, en: Revista Militar, N.º 538, pág. 991. <<

[50] No es simple casualidad que la creación del Consejo de Estadística Censo se haya debido a una iniciativa del Consejo de Defensa. Véase D. B. Rattenbach, en: Revista Militar, N.º 536, pág. 501. En los considerandos de la Ley 13482 que proporciona las bases legales para la creación del registro de las personas, se mencionan en forma expresa los intereses de la defensa como uno de los motivos de la medida. CÍ.A. de L. A., T. VIII, 1 ed., 1949 pág. 210; Revista Militar, N.º 533, pág. 1155. <<

[51] R. A. Potash, 1969, pág. 286. <<

[52] D. J. Sanguinetti, en: Revista Militar, N.º 538, pág. 995. <<

[53] Cf. por ejemplo Revista Militar, N.º 522, pág. 146, N.º 532, pág. 995 y sigs., y N.º 537, pág. 765. <<

[54] J. A. Giovaneli, 1943, pág. 69. <<

[55] En los estatutos del partido peronista también se advierte la influencia de los modelos militares. Cf. J. D. Perón, 1949, pág. IX y sigs.; véase también J. Ochoa de Eguileor y V. R. Beltrán, 1968, pág. 40. <<

[56] Respecto del curso de los acontecimientos, cf. E. Lucero, 1959, pág. 42 y sig. Existe también un informe del propio Menéndez acerca del intento de golpe de Estado. Dicho informe se conserva en el ILARI, Bs. As. <<

[57] A. Rouquié, en: Aportes, N.º 19, pág. 88; J. Ochoa de Eguileor y V. R. Beltrán, 1968, pág. 41. <<

[58] A. Rouquié, en: Aportes, N.º 19, pág. 87. La popularidad y la influencia de Eva Perón eran tan grandes, que incluso se presentó su candidatura a vicepresidente. De pronto, esa candidatura fue retirada, posiblemente por oposición de las fuerzas armadas y no contra la voluntad de Perón, para quien su esposa se había convertido en una rival política muy sería. Cf. F. Lucero, 1959, pág. 41. <<

[59] A. de L. A., T. IX A, 2 ed., 1958, pág. 167. <<

[60] Cf. también Ley N.º 13945 «sobre armas y materiales explosivos». Véase al respecto R. Moreno, 1951, pág. 104 y sigs. <<

[61] Ley N.º 14063, en: A. de L. A., T. XI A, 1 ed., 1952, pág. 167. <<

[62] Otra de las medidas a corto plazo adoptadas por Perón consistió en la creación de un Consejo Federal de Seguridad constituido por las más importantes fuerzas policiales del país y que estaba destinado a contrapesar a las fuerzas armadas. Cf. Ley 14071, en: A. de L. A., T. XI A, 2 ed., 1958, pág. 174 y sig.; A. O. Olivieri, 1958, pág. 38. <<

[63] Cf. A. O. Olivieri, 1958, pág. 47 y sig.; A. Rouquié, en: Aportes, N.º 19, pág. 89. La pena de Menéndez se redujo finalmente a 15 años de prisión. <<

[64] F. Lucero, 1959, pág. 52 y sig.; A. O. Olivieri, 1958, pág. 51 y sig.; A. Rouquié, en: Aportes, N.º 19, pág. 90. <<

[65] J. L. de Imaz, 1965, pág. 70, señala que la mayoría de los oficiales dados de baja o pasados a situación de retiro después de 1951, contribuyeron de manera esencial al estallido de la revolución de 1955, como fermento antiperonista. <<

[66] Para facilitar el ascenso de los soldados sometidos al régimen, se ampliaron los criterios profesionales de promoción con algunas pautas de calificación vagas. Cf. Decr. N.° 22167, en: A. de L. A., T. XI A, 1 ed., 1952, pág. 548. <<

[67] Cf. Ley N.º 14147 y Ley N.º 14135, en: A. de L. A., T. XII A, 1 ed., 1953, pág. 37 y sigs. Lucero destaca de manera especial las ventajas de esta organización. F. Lucero, 1959, pág. 60 y sigs. <<

[68] Este aspecto de la evolución se destaca con particular claridad en el libro de Olivieri, quien —si se toman en serio sus afirmaciones— se esforzó desesperadamente por proteger a la marina. <<

[69] Los jefes militares observaban también con preocupación, que los oficiales cada vez se veían más mezclados en negociados. A. O. Olivieri, 1958, pág. 83. <<

[70] J. Ochoa de Eguileor y V. R. Beltrán, 1968, pág. 41. <<

[71] Acerca de los últimos meses del régimen cf. Fichas, N.º 8, pág. 24 y sigs.; sobre la revolución de setiembre de 1955, véase B. del Carril, 1959. <<

[72] La versión alemana de este capítulo incluye algunas observaciones generales sobre la historia y la significación política de los sindicatos. Consideramos que el lector argentino puede prescindir de esta información; por eso, la exposición se inicia directamente con las medidas sociopolíticas de los años 1943 y siguientes, y el apoyo brindado por los obreros y los sindicatos a estas medidas. <<

[73] C. S. Fayt, 1967, pág. 96 y sigs.; entrevista grabada con F. L. Figuerola, en: ILARI, Bs. As. <<

[74] Acerca de la falta de unidad del derecho laboral y social argentino, cf. J. M. Goñi Moreno, 1956, T. II, pág. 14 y sig., y G. Cabanellas, 1959, pág. 146 y sigs. <<

[75] Cf. A. M. Unsain, 1952, pág. 421 y sigs., y Ley N.º 13229, en: A. de L. A., T. VIII, 2 ed., 1955, pág. 68. El ejemplo de los tribunales del trabajo demuestra que la introducción de instituciones como ésas no fue solo un problema de organización legal, sino también un acontecimiento político que chocó contra la resistencia de importantes factores de poder. La Corte Suprema negó el reconocimiento legal a los jueces del trabajo, y de esa manera se colocó abiertamente de parte de aquellos círculos que procuraban evitar por todos los medios la prosecución de la política social peronista. Sólo después de la renovación de la Corte Suprema quedó el camino libre para la creación de tribunales del trabajo en todas las provincias. <<

[76] Cf. E. Perón, 1949. La Fundación conservó su carácter de ente privado para escapar al control del tribunal de cuentas y de otros organismos supervisores del Estado. Se la financiaba, en parte, con fondos del Estado y en parte con dinero privado. La ayuda privada provenía, con mucha frecuencia, de «donaciones» efectuadas por empresarios, quienes de esa manera procuraban evitar expropiaciones del gobierno. Pero también los obreros debían contribuir a la financiación de la obra de ayuda social. No era raro que Eva Perón exigiera una parte de los aumentos salariales que ella había contribuido a obtener. Entre otras disposiciones que trasladaban a la Fundación recursos estatales (impuestos, créditos, etc.) mencionaremos la Ley 13941, Ley 14028, Ley 14048, Ley 13555, Ley 14044; véase también A. M. Unsain, 1952, pág. 97. <<

[77] Entre las numerosas ayudas brindadas a los pobres de otros países figuró en una oportunidad un cargamento de ropa para los niños necesitados de los EE. UU. Cf. también R. J. Alexander, 1965, pag. 108. <<

[78] Respecto al estilo de trabajo de F.. Perón, existe un testimonio grabado en cinta magnetofónica por uno de sus colaboradores más íntimos, Atilio Renzi, quien estuvo a cargo de la administración de la Presidencia desde 1945 hasta 1955. Según este testimonio, conservado en el I. L. A. R. I. de Buenos Aires, Eva Perón solía escuchar personalmente a los peticionantes o los visitaba para convencerse de la urgencia de sus necesidades. <<

[79] Cf. E. Perón, 1949, pág. 8. Al reconocer un derecho a la asistencia, Eva Perón quiso establecer un distingo entre su acción y la de la tradicional Sociedad de Beneficencia, disuelta por el gobierno. Por la misma razón se abolió la propina. Quien la aceptara podía ser despedido sin apelación. Cf. Derecho del Trabajo, Año V, N.º 10, pág. 517; ibíd. Año XII, N.º 2, pág. 106 y sigs.; P. A. Napoli señala, sin embargo, que los castigos no fueron aplicados. <<

[80] A. M. Unsain, 1952, pág. 383 y sigs. <<

[81] J. Oddone, 1949, pág. 374 y sigs.; L. B. Ce> rrutti Costa, 1957, pág. 190. <<

[82] J L. Angeleri, en: C. S. Fayt, 1967, págs. 215-223. <<

[83] Como ejemplo mencionaremos los diez Derechos de la Ancianidad: 1. Derecho a la asistencia. 2. Derecho a la vivienda. 3. Derecho a la alimentación. 4. Derecho al vestido. 5. Derecho al cuidado de la salud física. 6. Derecho al cuidado de la salud moral. 7. Derecho al esparcimiento. 8. Derecho al trabajo. 9. Derecho a la tranquilidad. 10. Derecho al respeto. Cf. Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, 1949, pág. 6 y sig. <<

[84] Entrevista grabada con el entonces jefe del Departamento N. d. T., F. L. Figuerola, en: I. L. A. R. I., Bs. As. Véase también Y. F. Rennic, 1944, pág. 310 y sigs. <<

[85] Entrevista grabada a F. L. Figuerola, en: I. L. A. R. I., Bs. As. <<

[86] Ley 12591, en: A. de L. A. Complemento 1920-1940, 1953, pág. 841 y sigs. <<

[87] Cf. entre otros, Decr. 11902, en: A. de L. A., T. V, 2 ed., 1955, pág. 193 y sigs.; Decr. 2505, en: Derecho del Trabajo, Año V, N.º 6, pág. 311 y sigs.; Ley N.º 12830 y Ley N.º 12833, en: A. de L. A.. T. VI, 1947, pág. 39; Decr. N.º 6202 de 1946, en: A. de L. A., T. VI, 1947, pág. 210; Ley 12938, en: A. de L. A.. T. VII, 2 ed., 1962, pág. 46, etc. Véase también los comentarios de M. R. Tissenbaum, en: Derecho del Trabajo, Año XII, N.º 11, pág. 641 y sigs. <<

[88] Cf. Banco Central de la Rep. Arg., Memoria Anual, 1956, pág. 10 y sig. <<

[89] A. M. Unsain, 1952, pág. 63 y sigs.; Entrevista a M. L. Deveali del 10.10.1969. <<

[90] Sobre la historia del salario mínimo en la Argentina, cf. M. Pinto en: Derecho del Trabajo Año IV, N.º 3, pág. 97 y sigs.; véase también M. L. Deveali, ibíd. Año XII, N.º 1, pág. 40 y sigs. <<

[91] Cf. la tabla de la pág. 99 en S. Baily. La participación de los salarios en el producto bruto nacional ascendió del 44,1 por ciento en el año 1943, al 56,7 por ciento en el año 1950. Cf. Poder Ejecutivo Nac., Secr. de Asuntos Económicos, 1955, pág. 120. <<

[92] C. S. Fayt, 1967, pág. 108 y sigs. El gran mérito de Perón no consistió sólo en dictar nuevas leyes sociales, sino que también se preocupó por el estricto cumplimiento de las normas laborales ya dictadas, pero que los empresarios procuraban eludir. L. B. Cerrutti Costa, 1957, pág. 146. <<

[93] Las disposiciones más importantes sobre jubilaciones fueron la Ley 13937, el Decreto 31665 de 1944, la Ley 14236, la Ley 14397 y la Ley 14399. Cf. M. L. Deveali, en: Derecho del Trabajo, Año XIV, N.º 4, pág. 193 y sigs., y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, N.º 77, 1964, pág. 825. Este número, lo mismo que los números 78 y 79, contienen lincamientos generales de la historia de la legislación social argentina, muy bien trazados. <<

[94] Cf. sobre todo Decr. 2896 de 1949, lo mismo que los decretos Nros. 10283, 15972, 24666, en: A. de L. A.. T. IX A, 1950, págs. 569, 695 y sig., págs. 795 y 888. <<

[95] Véase explicaciones en Derecho del Trabajo, Año IV, N.º 7, pág. 305 y sigs. <<

[96] Perón insistía siempre en sus discursos que la tierra debía pertenecer a quien la trabajaba, pero nunca hizo un intento de concretar esta exigencia. Puede decirse, más bien, que se esforzó por consolidar la situación en el campo, al brindar a los trabajadores rurales y a los colonos mayores derechos y posibilidades de progreso. Cf. entre otros, Decr. N.º 28169 de 1944 (Estatuto del Peón de Campo), en: A. M. Unsain, 1952, pág. 198 y sigs., en donde —entre otras cosas— se habla de la tradicional armonía que reinó siempre entre propietarios y trabajadores rurales (Art. 3); véase también Ley 13020 y Ley 13242, en: A. de L. A., T. VIII, 2 ed., 1955, pág. 85 y sigs. Esta última ley preveía, en caso de un aprovechamiento indebido del suelo, no el traspaso de la propiedad al colono, sino que se limitaba a conferir a éste el derecho a imponer por propia iniciativa una explotación racional, «in contra la voluntad del propietario y a costa de éste (Art. 8). <<

[97] En forma más o menos explícita sustentaban esta tesis S. Baily, 1967, pág. 81 y sigs.; A. Galleti, 1961, pág. 174 y sig.; M. Grondona, en: Fayt, 1967, pág. 313 y sigs.; A. Perelman, 1961. Como señala con todo acierto E. Sábato, 1956, págs. 31 y 41, la despectiva designación de cabecitas negras o chusma que se daba a los partidarios de Perón, partió de los comunistas y socialistas enemigos de éste. <<

[98] Véase, sobre todo, J. C. Portantiero y M. Murmis, 1969; también Z> Szankay, 1968. <<

[99] Cf. por ejemplo R. Alexandei, 1965, págs. 20 y sigs. 84 y sigs. <<

[100] J. D. Perón, 1944, pág. 157 y sigs. <<

[101] Cf. ibíd. pág. 165: «Se ha dicho, señores, que soy un enemigo de los capitales, y si ustedes observan lo que les acabo de decir no encontrarán ningún defensor, diríamos, más decidido que yo…». <<

[102] L. B. Cerrutti Costa, 1957, pág. 148. <<

[103] «La oligarquía comenzó a ver claro de que la batalla había que librarla en el orden político y que dar el combate de frente a un organismo que los obreros apoyaban constituía un grave error de táctica y así vemos como, poco a poco, se va desplazando el ataque hacia otros aspectos más vulnerables del gobierno revolucionario y aparecen entonces las defensas simbólicas de la democracia, la libertad y la Constitución». L. F. Gay, en: Democracia, del 15.6.1946, pág. 1; véase también F. Luna, 1969, pág. 55 y sigs. <<

[104] C. S Fayt, 1967, pág. 109; J. C. Portantiero y M. Murmis, 1969, pág. 49. <<

[105] C. S. Fayt, 1967, pág. 109. <<

[106] J. C. Portantiero y M. Murmis, 1969, pág. 51. <<

[107] A. M. Unsain, 1952, pág. 389. <<

[108] A. Perelman, 1961; H. Gambini, 1969; A. Belloni, 1960, pág. 50 y sigs. <<

[109] «El movimiento obrero, organizado ya casi totalmente, veía que no sólo debían interesarlo los problemas económicos gremiales, sino que había llegado el momento de que, como clase mayoritaria, empezara a desempeñar un papel político». L. F. Gay, en: Democracia del 15.7.1946, pág. 1. Cf. también C. Reyes, 1946, pág. 54 y sigs. <<

[110] Véase C. S. Fayt, 1967, pág. 116 y sigs. <<

[111] Cf. C. S. Fayt, 1967, págs. 118 y sigs., 136 y sigs.; véase también A. Belloni, 1960, pág. 56 y sig. En general sobre la contienda electoral y los preparativos para las elecciones en los diversos partidos, cf. F. Luna, 1969, pág. 491 y sigs.; R. J. Alexander, 1965, pág. 42 y sigs.; P. Lux-Wurm, 1965, pág. 104 y sigs. <<

[112] Cf. por ejemplo los numerosos reclamos del sindicato ferroviario (Unión Ferroviaria) acerca de la poca atención dispensada por la dirección de los ferrocarriles a las disposiciones dictadas desde 1944: El Obrero Ferroviario, mayo de 1946, págs. 6 y 7; véase también: Actas de la Comisión Directiva de La Fraternidad, mayo de 1946, pág. 196. <<

[113] J. C. Portantiero y M. Murmis, 1969, págs. 62 y 63. <<

[114] Ibíd., pág. 60 y sigs.; S. Baily, 1967, pág. 122 y sig. La Unión Democrática estaba compuesta por fuerzas políticas muy heterogéneas. Abarcaba desde el grupo de los conservadores y el partido radical de la burguesía de centro, hasta los partidos socialista y comunista. <<

[115] Las actas de la comisión directiva de La Fraternidad revelan con toda claridad que la autonomía del sindicato no sólo se veía amenazada por los métodos intervencionistas del gobierno, sino —más aún— por la conducta de los afiliados, que exponían directamente sus problemas a la Secretaría de Trabajo y Previsión o enfrentaban a sus directivos con el gobierno, 1945, pág. 261 y sig., y 529 y sig. En general, La Fraternidad nos brinda un modelo de las dificultades a las cuales se vieron enfrentados los sindicatos que pretendían oponerse al régimen. Así, por ejemplo, algunos miembros de la comisión directiva rechazaron el aguinaldo, instituido a fines de 1945, por considerarlo una medida demagógica destinada a influir sobre el resultado de las elecciones. Ante lo cual el presidente de la comisión les señaló que era «imposible atacar una medida del gobierno que mejoraba la situación de los trabajadores», pues con ello: 1) se estaba desconociendo la voluntad de la mayoría de los afiliados y 2) surgía el peligro de que la Comisión Directiva fuera considerada como una aliada del capital. Actas dJ. CJD., 1946, pág. 7. <<

[116] Cf. F. Luna, 1969, pig. 546; C. S. Fayt, 1967, pág. 150 y sig.; P. Lux-Wurm, 1965, pág. 110; R. J. Alexander, 1965, pág. 47. <<

[117] Como señala con todo acierto Z. Szankay, 1968, pág. 20, la ideología peronista tenía una relación esclarecedora con las estructuras y antinomias reales de la sociedad argentina, mientras que en el caso de las ideologías fascistas utilizadas como esquema de explicación por las restantes fuerzas políticas, es preciso hablar de una «función oculta». <<

[118] F. Luna, 1969, pág. 100 y sigs. <<

[119] El título completo del escrito reza: Consultation among the American Republics with résped to the Argentine Situation. Memorándum of the United States Government, Wash. 1946. Cf. al respecto A. Parera Dennis, en Fichas, Año 2, N.º 7, pág. 5 y sigs. <<

[120] En realidad se trataba de dos partidos: aparte de los laboristas, Perón era apoyado por un sector del partido radical, la Junta Renovadora. C. Reyes enumera como importantes fuerzas sociales y económicas que votaron por Perón —aparte de los obreros— a la gente de campo, los empleados, los pequeños comerciantes y los pequeños industriales. C. Reyes, 1946, pág. 60. <<

[121] C. S. Fayt, 1967, pág. 152 y sig.; A. Parera Dennis, en Fichas, Año 2, N.º 7, pág. 12. <<

[122] S. Sigal y J. C. Torre, 1969, pág. 13. <<

[123] «… Reyes… estimó, que en el caso de un conflicto abierto con Perón donde estuviera en juego la lealtad de los obreros de la carne, no podría movilizarlos con un fin tan netamente político». W. Little, en Aportes, N.º 19, 1971,pág. 113. Cf. también S. Baily, 1967,pág. 107. <<

[124] Presidencia de la Nación, Secr. Técnica, 1946,pág. 19 y sig.; cf. también J. D. Perón, 1949, pág. 127: «Así como en 1816 dijimos “ahora o nunca” y obtuvimos la independencia política; en 1946 decimos: “ahora o nunca” y vamos a obtener y a consolidar la independencia económica». <<

[125] Presidencia de la Nación, Secr. Técnica, 1946, pág. 301 y sig. Véase también Instituto A. E. Bunge, 1945, págs. 136 y sig., y 205 y sig. Entre las numerosas objeciones formuladas contra el sistema de las cajas, las más importantes eran que éste no contemplaba importantes situaciones como la enfermedad, el accidente y el embarazo, e imponía al Estado una carga financiera excesiva. Se argumentaba que el Estado no puede empeñarse en que el trabajador que abandone el proceso productivo a los 50 años, en plena capacidad de rendimiento, mantenga su nivel de salario intacto, sino que debe preocuparse exclusivamente de que todos estén defendidos contra el dolor y la pobreza. La misma idea sirve de base a la disposición N.º 33302, que prevé la fijación de salario mínimo para todos los trabajadores en relación de dependencia. Cf. A. M. Unsain, 1952, pág. 63 y sigs.; A. Sampay, en: Derecho del Trabajo, Año VI, N.º 5, pág. 220 y sigs. <<

[126] Cuando hablamos aquí y en páginas siguientes de «clase trabajadora», «los trabajadores» o «los sindicatos» no pasamos por alto el hecho de que en el movimiento obrero argentino, entre 1945 y 1950, se distinguían numerosas corrientes y grupos, algunos de ellos bastante divergentes. W. Little, por ejemplo, distingue cinco tipos de sindicatos en esta fase: los antiperonistas, los oportunistas, los contradictorios, los independientes y los leales. Cf. W. Little, en: Aportes, N.º 19, 1971, pág. 123 y sig. Por otra parte, la mayoría de los sindicatos no pueden ser catalogados dentro de uno solo de esos tipos, sino que, en el curso de los cinco años presentaron las características de por lo menos dos de dichos tipos. Dada la escasez de la literatura de consulta vinculada con el tema es casi imposible exponer la evolución del movimiento sindical después de 1946, en toda su amplitud y diversificación, lo cual, además, excedería en mucho el marco de este trabajo, que sólo contempla las fuerzas y conflictos esenciales dentro del peronismo. <<

[127] Cf. Ministerio de Asuntos Técnicos, 1950, Boletín diario, N.º 7 y N.º 59. <<

[128] S. Baily, 1967, pág. 128 y sig.: «For example, the govemment supported strikes that were called to win unión recognition from an em-ployer and to force an employer to comply with new labor legislation». (Por ejemplo, el gobierno apoyaba las huelgas decretadas para obtener el reconocimiento de la entidad gremial, por parte del empleador, y para forzar a un empleador a que cumpliera con la nueva legislación laboral). <<

[129] Ibíd. pág. 99. <<

[130] C. Zuvekas, en: Inter-American Economic Affairs, Vol. 20, N.º 3, pág. 27 y sig. <<

[131] J. Bruce, 1954, pág. 148: «The official holidays became so numerous, in fact, that in 1951 the Argentina Chamber of Commerce reported that for every two days an Argentine worked, he was officially entitled to one day of rest». (Los feriados oficiales se habían vuelto, realmente, tan numerosos, que en 1959, la Cámara Argentina de Comercio informaba que por cada dos días que un argentino trabajaba, se le concedía oficialmente un día de descanso). <<

[132] Cf. L. B. Cerrutti Costa, 1957, pág. 158 y sig.; M. L. Deveali en: Derecho del Trabajo, Año XIV, N.º 4, pág. 197; ibíd. Año IX, N.º 3, pág. 113; Soc. Fraternidad, Act. de la Com. Dir., 1946, pág. 466. <<

[133] Pocas medidas del gobierno revelan tan a las claras en qué forma éste dependía, hasta 1940, del apoyo de los sindicatos y hasta qué punto debió pagar caro este apoyo. Cf. al respecto M. L. Deveali, en: Derecho del Trabajo, Año IX, N.º 3, pág. 116:«… el hecho de permitir la jubilación del trabajador a la mitad de su vida laboral, corresponde a pagarle el sueldo entero a pesar de que preste su actividad sólo durante seis meses de cada año…». Cf. también manifestaciones de los mismos y otros autores en: Derecho del Trabajo, Año VI, N.º 4, pág. 201 y sigs., y N.º 6, pág. 321 y sigs.; ibíd., Año VII, N.º 11, pág. 529 y sig.; ibíd., Año VIII, N.º 11, pág. 569 y sigs.; ibíd., Año VIII, N.º 11, pág. 529 y sig.; ibíd.. Año IX, N.º 3, pág. 113 y sigs.; ibíd., Año XI, N.º 8, pág. 469 y sigs.; ibíd., Año XI, N.º 1, pág. 641; ibíd., Año XIV, N.º 10, pág. 633 y sigs. <<

[134] Cf. Banco Central de la Rep. Arg., Memoria Anual, 1946, pág. 8; ibíd., 1947, pág. 29; ibíd., 1949, pág. 19; véase también J. M. Katz, en: Desarrollo Económico, Vol. 7, N.° 26, págs. 59 y sigs., pág. 67;J. R. Scobie, 1946, pág. 226, señala la inflación del sector de servicios en esta fase. <<

[135] Cf. los pasajes mencionados de la Memoria Anual del Banco Central, así como: Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Memoria, 1949, pág. 10; véase también J. Bruce, 1954, pág. 149: «Besides official holidays, there has been a sharp increase in absentism in the last few years, sharply affecting production. To meet this difficulty a new system of attendance bonus clauses was put into contracts between the unions and various industries. Pay raises of 30 per cent were awarded those who worked every day». (Además de los feriados oficiales, se ha producido un brusco aumento del ausentismo en los últimos años, que afecta seriamente la producción. Para salvar esta dificultad se han incluido cláusulas con un nuevo sistema de bonificación por asistencia, en los contratos entre los sindicatos y diversas industrias. Se otorgan aumentos del 3 por ciento a quienes trabajen todos los días). <<

[136] L. B. Cerrutti Costa, 1957, pág. 184. <<

[137] Según M. Murmis y J. C. Portantiero, 1969, ya a fines de la década del treinta surgió un movimiento de dirigentes sindicales que procuraban trasformar a los sindicatos en una fuerza política autónoma. Luego del fracaso del partido laborista, estas tentativas quedaron a cargo de las fuerzas a las cuales W. Little ha definido como «peronistas independientes». W. Little, en: Aportes, N.º 19, pág. 116. <<

[138] En general sobre el tema. S. Baily, 1967, pág. 121 y sigs. Cf. también Sociedad La Fraternidad, Actas de la Comisión Directiva, 1945-1950. <<

[139] Cf. los debates sobre esta cuestión en la Asamblea Constituyente, en: Fichas, Año 2, N.º 8, págs. 19 y 20: «Darlo (el derecho de huelga) sería como poner en los reglamentos militares el derecho de rebelión armada». En cambio leemos en Sociedad La Fraternidad, Actas de la Com. Dir., 1948, pág. 315: «… no podemos ver con buenos ojos que se nos quiera privar de la única arma con que cuenta el obrero». <<

[140] W. Little, en: Aportes, N.º 19, pág. 116: «Hay… compañeros legisladores que parecen haber olvidado deberes elementalísimos y desean cortar todo vínculo con las organizaciones sindicales a las que deben su elección…» véase también A. Parera Dennis, en: Fichas, Año 2, N.º 7, pág. 11 y J. L. de Imaz, 1965, pág. 221 y sigs., quien señala la burocratización de la C. G. T. en tiempos de Perón y el bajo nivel intelectual de sus dirigentes durante esos años. <<

[141] Sociedad La Fratenidad, Actas de la Com. Dir., pág. 188 y sigs.: «… fueron numerosos los delegados que se habían puesto de pie con los ferroviarios y gritaban en coro: queremos libertad sindical». <<

[142] S. Baily, 1967, pág. 108 y sigs., distingue tres niveles en la acción de Perón contra los sindicatos: 1) Disolución del partido Laborista; 2) Control de la C. G. T.; 3) Control de los diferentes sindicatos. <<

[143] Cf. R. J. Alexander, 1965, págs. 91 y sigs, 110 y sigs.; A. Parera Dennis, en: Fichas, Año 2, N.º7,pág. 11; ídem en Fichas, Año 1,N.º3, pág. 63; G. Polit, ibíd, pág. 77; P. Lux-Wurm, 1965, pág. 169 y sigs. <<

[144] S. Baily, 1967, pág. 112. <<

[145] J. P. Alexander, 1965, pág. 110 y sigs. <<

[146] Los dirigentes sometidos al gobierno o designados por éste reforzaban la presión «hacia abajo» emanada de la cabeza del Estado, exhortando a los afiliados a la obediencia y reprimiendo las huelgas espontáneas y la libre expresión de opiniones. Cf. por ejemplo El Obrero Ferroviario, años 1947 y 1948, sobre todo los números de junio y julio. <<

[147] Este dilema es ilustrado por las donaciones que la C. G. T. hacía a la Fundación Eva Perón, en nombre de la clase trabajadora. Si las comisiones directivas de los diferentes gremios se negaban a participar en esas donaciones «voluntarias», corrían el riesgo de caer en desgracia con el gobierno y de llevar a su sindicato a una desventajosa posición de outsider. Pero si prestaban su acuerdo, debían contar con el disgusto de los afiliados, a quienes por lo general no tenían tiempo de consultar. Cf. Soc. La Fraternidad, Act. de la Com. Dir., Dic. 1950. <<

[148] C. Zuvekas, en: Inter-American Economic Affairs, Vol. 20, N.º 3, pág. 27. <<

[149] S. Baily, 1967, pág. 138. <<

[150] Cf. Derecho del Trabajo, Año VIII, N.º 10, pág. 481 y sigs.; véase también la declaración de los «Deberes del trabajador» en el congreso de delegados del gremio ferroviario, 1949, en: El Obrero Ferroviario, número de junio y julio de 1949, pág. 6. <<

[151] Decr. N.º 39991 de 1955, en: Derecho del Trabajo, Año XV, N.º 4, pág. 251. <<

[152] Respecto de este viraje, cf. Capitulo III, 4.b. <<

[153] P. Lux-Wurm, 1965, pág. 169 y sig.; W. Little, en: Aportes, N.º 19, págs. 120 y 121. Cf. también Sociedad La Fraternidad, Actas de la Com. Dir, pág. 681: «… los beneficios no se consiguen tanto por lo que brega la Comisión Directiva, sino principalmente por el Gobierno que tenemos, donde el General Perón no nos da lo que le pedimos sino lo que merecemos por ser obreros». <<

[154] M. de As. Técn., D. N. Nac. de Inv. Est. y Censo, 1959, Nros. 7 y 59. <<

[155] S. Baily, 1967, pág. 129; W. Little, en Aportes, N.º 19, pág, 117. <<

[156] Ibid., págs. 121, pág. 128 y sigs. <<

[157] P. Lux-Wurm, 1965, pág. 165 y sig.; R. J. Alexander, 1965, pág. 97 y sig.; S. Baily, 1967, pág. 131 y sigs. <<

[158] S. Baily, 1967, pág. 129. Además, el aumento salarial solicitado fue luego concedido por el gobierno. <<

[159] S. Baily, 1967, pág. 136 y sigs. <<

[160] La condición para que se limitara la actividad estatal fueron varias leyes, dos de las cuales revistieron particular importancia: La Ley 14250, de 1953, sobre convenios colectivos de Trabajo, que otorgaba carácter de contrato al acuerdo suscripto entre las dos partes, dentro de cada rama de la economía, y la de Asociaciones profesionales de empleadores (Ley N.º 14250 de 1954) que a semejanza de la ley sobre asociaciones profesionales de trabajadores, dictada en 1945, fijaba los derechos de los empleadores y señalaba en qué circunstancia podían pretender autonomía tarifaria. Ambas leyes tenían por objeto descargar al Estado de su misión de mediador entre las partes, pero evidenciaban rasgos claramente dirigistas. Cf. A. de L. A. T. XIII A, 2 ed., 1960, pág. 195 y sigs, e íbid., T. XIV A, 2 ed., 1960, pág. 1 y sigs.; M. L. Deveali, en: Derecho del Trabajo, Año XIV, N.º 2, pág. 67 y sigs. <<

[161] J. D. Perón, en: Acción Industrial del 17.4.1953. <<

[162] Cf. El Laborista del 2.12.1953, pág. 7. <<

[163] En: Acción Industrial del 30.3.1954, pág. 4. <<

[164] C. Zuvekas, en: Inter-American Affairs, Vol. 10, N.º 3, págs. 25 y 27. Poder Ejec. Nac., Secr. de Asuntos Económicos, 1955, pág. 120. <<

[165] También M. L. Deveali parece considerar la última fase de gobierno de Perón, desde el punto de vista de la política social, como una síntesis de su acción. Según Deveali, una vez equilibrada la posición de inferioridad de los obreros respecto de los empresarios, por la intervención del gobierno durante los primeros años, el decreto N.º 23952 y la ley de convenios colectivos de trabajo, deberían haberles permitido defender sus intereses. M. L. Deveali, en: Derecho del Trabajo, Año XV, N.º 4, pág. 193 y sigs. <<

[166] Por ejemplo, a partir de 1953, en el Sindicato de Empleados Ferroviarios se hicieron oír cada vez con mayor frecuencia las voces de crítica contra los organismos directivos. El Obrero Ferroviario, número de mayo de 1953, págs. 8 y 13. Véase también J. L. de Imaz, 1965, pág. 229. <<

[167] Cuanto más violentos eran los ataques contra los elementos burocráticos del gobierno, tanto más alabados eran Perón y su esposa. Perón fomentaba esa tendencia —probablemente a conciencia—, rodeándose, a partir de 1949, sólo de colaboradores mediocres. <<

[168] En general sobre esta tesis, véase G. Germani, 1962, pág. 233 y sigs. Aquí no se ha subestimado de ninguna manera la importancia de esas variables sociopsicológicas dentro del contexto del poder peronista. Opinamos, sin embargo, que sólo se las debe considerar como algo subsidiario en caso de no encontrarse una explicación racional para la conducta de las clases sociales más bajas. <<

[169] Véase, por ejemplo, El Obrero Ferroviario de fechas 16.6 y 16.7.1948. <<

[170] Cf. Fichas, Año 2, N.º 8, págs. 24-32. La abundante documentación sobre los sucesos, así como los discursos de Perón durante los últimos meses permiten reconocer con toda claridad el miedo del dictador a un levantamiento popular de corte comunista. De ahí también la constante repetición del lema: «De casa al trabajo y del trabajo a casa». <<

[171] Por esa razón, los críticos de izquierda califican al peronismo de «revolución como si». A. Parera Dennis, en: Fichas, Año 2, N.º 7, pág. 3; L. Rozitchner, en: Contorno, Julio de 1956, pág. 4. <<

[172] La versión alemana de este capítulo contiene algunas observaciones generales acerca de la historia e importancia de las organizaciones empresariales argentinas, en especial sobre la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina. Consideramos que esa información es innecesaria para el lector argentino y por eso la exposición se inicia directamente con la política económica de Perón durante los años 1943 y siguientes, y la reacción de las organizaciones ante esa política. <<

[173] «… y cuando el ciclo producción, industrialización, comercialización, consumo se haya cerrado, no tendremos necesidad de mendigar mercados extranjeros, porque tendremos el mercado dentro del país…». J. D. Perón, el 21.10.1946, ante el Congreso, en: Pres. de la Nación, Secr. Técnica, 1946, pág. 20. Cf. también R. Sautú, 1969, pág. 9 y sigs. <<

[174] A. Gómez Morales, 1951, pág. 218; A. F. Cafiero, 1961, pág. 15. <<

[175] Cf. Inst. A. Bunge de Invest. Ec. y Soc., 1945, pág. 156. <<

[176] Respecto de estas medidas cf Captulo III, 4.5. A esto deben añadirse casos en los cuales el propio Estado asumió funciones empresariales. Cf. Decr. N.º 15349 de 1946, en: A. de L. A., T. VI, 1 ed., 1947, pág. 583 y sigs.; Decr. N.º 8130 de 1949, en: Derecho del Trabajo, Año VIII, N.º 5, pág. 259 y sigs. <<

[177] Cf. los considerandos del decreto N.º 23847 de agosto de 1944: «Considerando que es deber principal del Estado fomentar y asegurar el desarrollo de su economía, favoreciendo la evolución y perfeccionamiento de los múltiples factores que la integran y procurando que no se encuentre expuesta a contingencias que traben su normal desenvolvimiento». A. de L. A., T. IV, 3 ed., 1964, pág. 520. <<

[178] En general sobre el tema, cf. F. Herrero, 1965; O. Altimir, H. Santamaría, J. Sourrouille, en: Desarrollo Económico, N.º 21-27; Instituto A. F.. Bunge de Investigaciones Ec. y Soc., 1945; cf. también Capitulo III, 4.5. <<

[179] Cf. A. Ferrer, 1968, pág. 190. <<

[180] Cf. el discurso del presidente de la Sociedad Rural, J. M. Bustillo, de julio de 1944, en: Anales de la S. R., Año LXXVIII, N.º 8, pág. 9 y sigs. <<

[181] Al respecto cf. Decr. N.º 8537 de 1944, en: A. de L. A., T. IV, 3 ed., 1964, pág. 204; Decr. N.º 20262 de 1944, ibíd., pág. 444; decr. N.º 22695 de 1944, ibíd., pág. 502; decr. N.º 14650 de 1944, en: A. de L. A., T. V, 2 ed., 1955, pág. 340 y sigs; decr. N.º 9757 de 1945, ibíd., pág. 178; decr. N.º 18848 de 1945, ibíd., pág. 340 y sigs. La obra de J. L. Astelarra, 1948, pág. 73 y sig., contiene una nómina de las industrias consideradas hasta 1948 dignas de protección, según Decr. 14630 de 1944. <<

[182] Cf. por ejemplo los fundamentos del Decr. N.º 34683 de 1945, en: A. de L. A., T. VI, la. ed., 1947, pág. 48; Banco Central de la República Argentina, 1945, pág. 7. <<

[183] Cf. Resolución de la Vicepresidencia N.º 24/25, en: Derecho del Trabajo, Año V, N.º 6, pág. 314 y sig. <<

[184] Cf. por ejemplo Inst. A. Bunge de Invest. Ec. y Soc., 1945, pág. 174 y sig.; A. Gómez Morales, 1951, pág. 190 y sigs. No obstante, una investigación realizada en 1945 llevó al Banco Central a la conclusión de que la reiniciación de las importaciones de productos industriales después de la guerra representaba un peligro mucho menos grave para la industria nacional de lo que se había esperado en general. Cf. J. L. Astelarra, 1948, pág. 73. Cf. también Banco Central de la Rep. Arg., 1947, pág. 30. <<

[185] Cf. Decr. N.º 2505, en: Derecho del Trabajo, Año V, N.º 6, pág. 311 y sigs. <<

[186] Cf. por ejemplo Revista de la U. I. A., N.º 908, pág. 28. <<

[187] Cf. Unión Industrial Arg., 1943, pág. 19 y sigs.; Revista de la U. I. A., N.º 908, 1944, pág. 3 y sigs.; Unión Industrial Arg., 1944, pág. 26, etc. <<

[188] Al repasar la Revista de la Unión Industrial Argentina se advierte hasta qué punto esta organización se esforzaba por convencer a los demás factores socioeconómicos de poder, de lo equivocados que estaban al mirar con desconfianza el desarrollo industrial y de persuadirlos de la importancia de éste para la evolución de la sociedad en general y para los intereses de cada uno de los mencionados factores de poder en particular. Cf. por ejemplo la Revista de la U. I. A., N.º 909, 1944, pág. 8 y sigs., en donde se señala que las fuerzas armadas y la industria son aliados naturales y, a continuación se subraya la relación complementaria existente entre la industria y las actividades rurales. <<

[189] Cf. Revista de la U. I. A., N.º 908, 1944, pág. 28 y sigs. <<

[190] Unión Industrial Argentina, 1945, pág. 18. <<

[191] Partía de la base de que en el ámbito del derecho social, el individuo no tiene derecho a exigir apoyo a la comunidad, como en el terreno del derecho laboral lo tiene el empleado respecto del empleador, tino que las prestaciones del derecho social son voluntarias y por ende suprimibles. Cf. Revista de la U. I. A., N.º 908, 1944, pág. 28. <<

[192] Anales de la Sociedad Rural Arg., Año LXXVIII, N.º 7, pág. 493. Todas las organizaciones empresariales exigen del gobierno disposiciones muy especiales, que se adapten a las condiciones particulares de su rama de la economía, mientras que, a su juicio, las normas para los restantes sectores pueden ser muy generales. <<

[193] Por ejemplo, la S. R. se resistió con energía a la modificación de la Ley N.º 11747, por la cual se tendría más en cuenta los intereses del consumidor argentino de carnes vacunas. Cf. Anales de la Sociedad Rural Arg. Año LXXVIII, N.º 11, pág. 709 y sigs. <<

[194] Cf. Punto 2.2. <<

[195] Revista de la U. I. A., N.º 915, 1945, pág. 75 y sigs.; Unión Industrial Arg., 1945, pág. 19. <<

[196] Revista de la U. I. A., N.º 918, 1945, pág. 85 y sigs. <<

[197] Ibíd., N.º 915,1945, pág. 75 y sigs. <<

[198] Unión Industrial Arg., 1945, pág. 15 y sigs. Otras quejas de la U. I. A. se referían a la introducción del costoso sistema de las cajas jubilatorias, a la escasez de materia prima y equipos industriales, a la aplicación de un altísimo impuesto a las ganancias y, en general, a la falta de una política impositiva y financiera coherente y, finalmente, a la política inmigratoria restrictiva del gobierno. <<

[199] Revista de la U. I. A., N.º 918,1945, pág. 15. <<

[200] Bolsa de Comercio de Bs. As., 1946, pág. VIII y sigs. Cf. también Cámara Gremial de Cereales de la Bolsa de Comercio de Bs. Av, ibíd., pág. 166 y sigs. <<

[201] Cf. A. Logrippo, 1954, pág. 168, en donde inclusive se habla del desplazamiento de los negocios minoristas, que serían remplazados por bocas de expendio estatales. <<

[202] Anales de la Sociedad Rural Arg., Año LXXIX, N.º 5 y N.º 6. <<

[203] Sociedad Rural Arg., 1946, pág. 6; Anales de la Sociedad Rural Arg., Año LXXIX, N.º 7, pág. 519 y sigs. <<

[204] Anales de la Sociedad Rural Arg., Año LXXIX, N.º 4, pág. 268. <<

[205] Sociedad Rural Argentina, 1945, pág. 9 y sigs. <<

[206] Acerca del conflicto entre Perón y la UJ. A. cf. N.º 913 y N.º 914 de la Revista de la U. I. A. <<

[207] Cf. el discurso del presidente de la U. I. A., L. Colombo, de fecha 2.9.1945, el Día de la Industria, en: Revista de la U. I. A., N.º 921, pág. 3 y sigs.; Unión Industrial Arg., 1945, pág. 15 y sigs.; Bolsa de Comercio de Bs. As., 1946, Sociedad Rural Arg., 1945. <<

[208] Cf. D. Cúneo, 1967, pág. 179. <<

[209] Estas tres exigencias son complementadas por otra tan obvia que no le la menciona por separado: la absoluta prescindencia de las organizaciones empresariales en el aspecto político. <<

[210] Cf. D. Cúneo, 1967, pág. 177 y sigs. <<

[211] Bolsa de Comercio de Bs. As., 1947, pág. V y sigs. <<

[212] Bolsa de Comercio de Bs. As., 1948, pág. 7. <<

[213] Bolsa de Comercio de Bs. As.; Cámara General de Cereales, 1947, pág. 133 y sigs. <<

[214] Sociedad Rural Arg., 1947, pág. 5 y sigs. <<

[215] Anales de la Sociedad Rural Argentina Año LXXXI, N.º 2, pág. 62; Sociedad Rural Arg., 1948, pág. 3 y sig. <<

[216] Sociedad Rural Arg., 1947, pág. 6 y sig.; ibíd., 1948, pág. 7. <<

[217] Ibíd. pág. 9. Las expropiaciones, como las que se enumeran en tono de reproche en los Anales de 1947, se hicieron excepcionalmente. Perón no proyectaba llevar a cabo una reforma agraria; sus medidas en defensa de los trabajadores rurales y de los colonos perseguían una consolidación de la situación vigente en el campo. <<

[218] Cf. los Anales de la Sociedad Rural de 1948 y 1949; véase también D. Cúneo, 1967, pág. 160 y sig. <<

[219] Cf. J. A. Ramos, 1965, pág. 621 y sig.; D. Cúneo, 1967, págs. 183 y sigs., 191 y sigs., 201 y sig.; E. Rivera, 1958, págs. 22, 40 y sigs.; T. Di Tella, 1964, pág. 55 y sig.; J. C. Esteban, 1961, págs. 95 y sigs., 100 y sigs., etc. G. Polit niega la formación de una burguesía industrial independiente en: Fichas, Año 1, N.º 1, pág. 60 y sigs. <<

[220] J. A. Ramos, 1965, pág. 621; E. Rivera, 1958, pág. 20, etc. <<

[221] T. Di Tella, 1964, pág. 55 y sigs. <<

[222] La subsistencia y el continuo desarrollo de empresas pequeñas y medianas durante los primeros años de gobierno de Perón, no sólo se debió a las medidas de protección y estímulo en favor de este sector, sino también a la expansión de la demanda de bienes de la industria liviana y de consumo, durante los primeros años de posguerra. Cf. R. Sautú, 1969, pág. 35 y sigs. <<

[223] Ya se ha señalado en repetidas oportunidades la falta de una concepción clara en materia de política económica y la carencia de objetivos de la burguesía industrial. Cf. por ejemplo A. Sánchez Crespo, en: Revista Latinoamericana de Sociología, Vol. IV, N.º 2, págs. 199 y sigs., y 224. <<

[224] J. C. Esteban, 1961, pág. 100. <<

[225] Ibíd. Esteban no ofrece pruebas que justifiquen su afirmación. <<

[226] P. Lux-Wurm, 1965, pág. 187; G. Di Tella y M. Zymelman, 1962, pág. 516. <<

[227] C. F. Díaz Alejandro, 1967, pág. 51; Banco Central de la Rep. Arg., 1956, págs. 2 y 3. <<

[228] J. R. Scobie, 1964, pág. 227 y sig. <<

[229] Cf. Cepal, 1959,pág. 30 y sigs. <<

[230] G. Di Tella y M. Zymelman, 1967, pág. 497. <<

[231] En general sobre la evolución económica de la Argentina durante el gobierno de Perón cf. Cepal, 1959; Banco Central de la Rep. Arg., 1956. Memorias e informes anuales del Banco Central durante los años anteriores; Poder Ejecutivo Nacional, 1955; J. R. Scobie, 1964, pág. 222 y sigs.; G. Di Tella y M. Zymelman, 1967, pág. 492 y sigs.; A. Ferrer, 1968, pág. 187 y sigs. <<

[232] Cf. también, desde este punto de vista, las manifestaciones de A. Cañero, 1961, pág. 294 y sigs., los motivos que aduce el gobierno para explicar la situación crítica y el plan de emergencia de 1952, en: Democracia del 19.2.1952, pág. 1, así como los informes anuales del Banco Central, dependiente del Ministerio de Finanzas desde 1949. <<

[233] O. Altimir, H. Santamaría, J. Sourrouille, en: Desarrollo Económico, N.º 24, pág. 726. <<

[234] O. Altimir, H. Santamaría, J. Sourrouille, en: Desarrollo Económico, N.º 24, págs. 727 y 729. <<

[235] Mientras que, por ejemplo, los informes anuales del Banco Central proporcionaban hasta 1946 una visión realista de la situación económica del país y comentarios críticos respecto de la política económica, a partir de ese año pasan a adoptar una actitud de justificación de las medidas económicas y financieras adoptaaas por el gobierno y se limitan a interpretarlas y explicarlas. <<

[236] Cf. por ejemplo D. Jarach, 1961; R. Prebisch, 1955; Banco Central de la Rep. Arg., 1956, Cepal, 1959. <<

[237] Instituto A. E. Bunge, 1945, pág. 115; ibíd. págs. 48, 136, 175, etc. <<

[238] Cepal, 1959, pág. 35. <<

[239] Cepal, 1959, pág. 36. <<

[240] Ibíd., pág. 30; cf. también la cauta crítica de O. Altimir, H. Santamaría, J. Sourrouille, en: Desarrollo Económico, N.º 27, pág. 368. <<

[241] Entre quienes defienden el punto de vista según el cual el estancamiento iniciado en 1950 debe atribuirse más a la evolución económica de la Argentina, que al gobierno de Perón, figuran: J. J. Real, 1962, pág. 129 y sigs.; J. R. Scobie, 1964, pág. 223 y sigs., y, sobre todo, A. Ferrer, en: C. S. Fayt, 1967, pág. 243 y sigs. Cf. también C. Astesano, 1953, pág. 114 y sig. En general sobre la problemática del desarrollo económico de los países subdesarrollados, cf. B. Higgins, 1958; P. A. Baran, 1966; W. Rostow, 1961; D. Seers, en: Desarrollo Económico, N.º 27, pág. 211 y sig. <<

[242] J. R. Scobie, 1964, pág. 224: «The full implication of these developments was not realized in Argentina until the 1950’s…». (En la Argentina no se apreciaron las implicancias totales de estos procesos hasta la década del 50…). <<

[243] A. Ferrer, 1968, pág. 191. <<

[244] Cf. Sociedad Rural, 1949, pág. 7; Banco Central de la Rep. Arg., 1950, pág. 16. <<

[245] Bolsa de Comercio de Bs. As., 1952, pág. 9 y sig.; cf. también los pasajes del plan de emergencia 1952, referentes al sector agropecuario, en: Democracia del 19.2.1952, pág. 1 y sig. <<

[246] G. Di Tella y M. Zymelman, 1967, pág. 504. <<

[247] Cf. Decr. N.º 6472 del 1.4.1952, en: A. de L. A., T. XII A, 2 ed., 1960, pág. 440 y sig.; véase también Decr. N.º 25683 del 8.12.1951, en: A. de L. A., T. XI A, 2 ed., 1958, pág. 572. <<

[248] Impreso en: Democracia del 19.2.1952, pág. 1 y sig.; véase también A. Cafiero, 1961, pág. 306 y sig. <<

[249] Pres. de la Nac., Subs. de Inf., 1953, pág. 109 y sigs. <<

[250] Confederación de la Industria, 1953, pág. XXVIII y sig.; véase también A. Logiippo, 1954, pág. 311. <<

[251] Confederación de la Industria, 1953, pág. XXXI y sig. <<

[252] Respecto al contenido y al éxito de esta ley cf. en detalle F. Herrero, 1965, pág. 91 y sigs. <<

[253] Decr. N.º 6688 del 6.5.1955, en: A. de L. A. T. XX A, 1 ed., 1956, pág. 221. Respecto a los fundamentos y justificaciones del contrato, cf. manifestaciones de A. Gómez Morales, en: A. Cafiero, 1961, pág. 410 y sigs. <<

[254] Hasta la propia Sociedad Rural, extremadamente reservada en materia política, encabeza sus Anales de 1952 con homenajes al gobierno y a sus miembros. <<

[255] Cf. Bolsa de Comercio de Bs. As., 1952, pág. 9 y sig.; ibíd., 1953, pág. 12 y sig., 1954, págs. 16 y sig., y 33. <<

[256] Bolsa de Comercio de Bs. As., 1953, pág. 10. Como lo señala la Cámara de Comercio, en 1952, el gobierno renuncia por primera vez a la fijación y control de precios máximos para artículos de primera necesidad Hasta marzo de ese año, los precios máximos se publicaban semanalmente en todos los diarios; a partir de entonces solo se los da a publicidad de tanto en tanto. Cf. también Bolsa de Comercio de Bs. As., 1954, pág. 22 y sigs.; ibíd., 1955, pág. 87. <<

[257] Ibíd., 1952, pág. 8; ibíd., 1953, pág. 18; ibíd., 1955, pág. 32. <<

[258] Ibíd., 1955, pág. 47. <<

[259] Ibíd., 1954, pág. 26 y sigs. <<

[260] Ibíd, 1953, págs. 15 y 21; ibíd., 1954, pág. 20. <<

[261] Ibíd., 1954, pág. 24. <<

[262] Ibíd., 1953, pág. 6 y sig. <<

[263] Ibíd., 1955, pág. 21. Una de las medidas esenciales adoptadas por el gobierno contra la inflación consistió en hacer firmar, bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo, en 1952, acuerdos tarifarios por dos años. Al renovarse estos acuerdos, en el año 1954, ya no intervino en las negociaciones. <<

[264] En ninguno de los anales de la Bolsa de Comercio se deja de señalar la pesada carga que las jubilaciones representan para los empresarios. Véase Bolsa de Comercio de Bs. As, 1952, pág. 9; ibíd., 1953, pág. 12; ibíd., 1954, pág. 15, etc. <<

[265] J. C. Esteban, 1961, pág. 102 y sigs. <<

[266] La C. GX. fue creada por Decr. N.º 23377 de 1953. Sus misiones fueron fijadas por la Ley N.º 14295 y por el Decr. N.º 19878 de 1954. Cf. Confederación General Económica, 1955, pág. 21. <<

[267] Acerca de la génesis de la C. G. E. cf. D. Cúneo, 1967, pág. 191 y sigs, y A. Logrippo, 1954, pág. 270 y sigs. <<

[268] D. Cúneo, 1967, pág. 199; A. Logrippo, 1954, pág. 285. <<

[269] Confed. de la Industria, 1954 (sin número de pág.). <<

[270] Ibíd., 1953, pág. 9. <<

[271] Ibíd., 1953, pág. 7 y sig.; ibíd., 1954 (sin número de pág.). <<

[272] Ibíd. <<

[273] Ibíd., 1953, pág. 24 y sigs.; Confederación Gen. Ec., 1954, pág. 4. <<

[274] Confed. de la Industria, 1953, pág. 23; Confed. Gen. Ec., 1954, pág. 63; «No basta con ser económicamente independientes, porque a pesar de eso podríamos seguir siendo pobres». <<

[275] Confed. de la Industria, 1953, pág. 23; Confed. Gen. Ec., 1955, pág. 29. Además, la C. G. E. se distinguía de las organizaciones empresariales más antiguas por su estilo y por la amplitud del espectro de temas tratados en ella. El reconocimiento de los principios básicos de la política económica y social del gobierno sonaba más convincente en boca de sus representantes, que, por ejemplo, en las declaraciones de una Bolsa de Comercio. Por otra parte, la C. G. E. se dedicaba mucho más a los problemas de organización de empresas, de racionalización y aumento de la producción, que las organizaciones tradicionales. Cf. por ejemplo, Confed. Gen. Ec., 1954 a. <<

[276] Confed. de la Industria, 1953, pág. 10 y sig. <<

[277] Confed. Gen. Ec., 1954 a, pág. 66. <<

[278] Confed. de la Industria, 1955, pág. 7. Dada la necesidad de protección de los propietarios de pequeños establecimientos, que constituían la gran mayoría entre los industriales, en 1945 se creó un seguro a la vejez para ellos. Cf. Conf. de la Industria, 1955, pág. 47; R. Sautú, 1969, pág. 26. <<

[279] J. M. Katz, en: Desarrollo Económico, N.º 26, pág. 19 y sigs. <<