Éste es un libro de historias más que de historia. Recorre en zigzag los dos últimos siglos que nos han tocado vivir: doscientos años de España, de sus gentes y de sus lenguas. Va destinado a defender una evidencia: la difusión de la lengua española en la España moderna no es obra de unos reyes con peluca, y de unos dictadores con gorra de plato, empeñados en que todos habláramos igual. El fenómeno se debe, esencialmente, a algo más simple: la necesidad y el interés de los españoles por entenderse. Va destinado también a hacer humanas y, como tales, ridículas y absurdas en ocasiones, las historias heroicas de las lenguas de España. Esas historias llenas de hablantes mártires, cuyas lenguas perseguían los lacayos de la peluca y la gorra de plato; esas historias que nos hemos acostumbrado a oír como si fueran las únicas posibles.

Juan Ramón Lodares se pregunta si esos procesos que, con amabilidad, se conocen ahora como «normalizaciones lingüísticas» —que directa o indirectamente afectan a algo más de dieciséis millones de españoles— no son sino simples usos del poder político para controlar a la gente. Curiosa práctica esta, de venerable tradición entre nosotros, que siembra la duda sobre si para algunos españoles doscientos años de historia, y aún muchos más, no habrán pasado en balde.

Juan Ramón Lodares

El paraíso políglota

Historias de lenguas en la España moderna contadas sin prejuicios

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Titivillus 29.06.2024

Título: El paraíso políglota

Juan Ramón Lodares, 2000

Diseño de cubierta: Pep Carrió y Sonia Sánchez

Editor digital: Titivillus

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Sólo ha sido en los últimos años cuando los países europeos se han identificado con las lenguas. Esta identificación es en gran parte mítica y en su origen suele haber alguna razón violenta. No me refiero a guerras estrictamente, sino a cualquier forma de violencia cultural. Las lenguas forman parte de los sistemas de poder y control de un Estado.

NOAM CHOMSKY

El hipertrofiar el lenguaje, las costumbres y lo tradicional en estereotipo y blasón sirve también para justificar la hostilidad al extraño, el desprecio o satanización del disidente, la sacralización del inmovilismo social, la egolátrica autocelebración como pueblo elegido y la postergación de cualesquiera valores individuales a la exaltación coral del Ser colectivo.

FERNANDO SAVATER

I
PAISAJES TRADICIONALES

Una idea política muy difundida actualmente es la de que España ha sido un país con un centralismo tan fuerte que ha ahogado durante siglos las legítimas aspiraciones a gobernarse de sus partes integrantes. Que esas partes han sufrido una asimilación castellanizadora y que han alcanzado, por fin, tras un largo camino reivindicativo lleno de sinsabores, sus anhelos reprimidos. Una de las pruebas, entre otras muchas, de dicho argumento radica precisamente en la difusión de la lengua española por doquier, puesta al servicio de una uniformación que, quienes no eran castellanos de raíz, por fuerza habían de sentir como una amenaza a sus modos de vida.

Esta idea flota en el ambiente. Es vox populi. Sin embargo, en mi opinión, ideas así son difíciles de compartir. Muy al contrario, sí se puede compartir la idea de que la centralización española genuina y efectiva fue invento de algunos hombres de negocios de mediados del siglo XIX que duró lo que duraron ellos: unos pocos años. Que fue además débil: dejó muestras interesantes en instituciones económicas, proyectó un sistema de educación para provecho de algunos, trazó varias líneas de ferrocarril; lo poco que se hizo movilizó y aglutinó a un país inmóvil desde hacía siglos, llevó a la gente de aquí para allá, la igualó un poco, dejó que se conociese mejor y se tratase más. Pero esa corriente tuvo poca fuerza. No arraigó porque en parte estuvo sujeta a las necesidades, muy variables según épocas y circunstancias, de la periferia española. La historia del centralismo podría contarse perfectamente al revés de como la lleva el tópico: en vez de ser una monomanía del centro geográfico peninsular por medir a todos según su rasero, era más bien una necesidad de sus vecinos. Cuando lo era; o sea, a ratos[1].

Mariano Luis de Urquijo, un afrancesado al que la Inquisición perseguía por traducir a Voltaire, hombre al que le dio por hacer innovaciones en la cosa pública y a quien su independencia de criterio frente a militares franceses y sacerdotes españoles le costó el Ministerio de Estado, acabó cansándose de todo y en una carta dirigida en 1808 al por entonces Capitán General de Castilla, describía así el país de sus reformas imposibles: “Nuestra España es un edificio gótico compuesto de trozos heterogéneos con tantos gobiernos, privilegios, leyes y costumbres como provincias. No tiene nada de lo que en Europa se llama espíritu público. Estas razones impedirán siempre que se establezca un poder central lo suficiente sólido para unir todas las fuerzas nacionales”.

Sorprende en parte que Urquijo no dijera nada de las lenguas que hablaban los habitantes del edificio gótico. No sería asunto muy relevante para él. Quizá las daba por incluidas en el apartado de trozos heterogéneos. Sorprende mucho más, sin embargo, que un retrato de país hecho hace casi dos siglos se parezca en cierto sentido al que se podría hacer hoy. Y esto considerando que Urquijo se refería a un país que ya en 1808 le parecía una antigualla apartada de lo que se hacía en Europa. Urquijo estaba un poco amargado, ésa es la verdad. En parte se equivocó al dibujarnos así porque unos cuarenta años después los esfuerzos centralizadores se dejaban notar un poquito. Pero si nos parecemos hoy a lo que Urquijo pensaba que éramos ayer será por algo y ese algo es, entre otros muchos algos, porque la centralización fue como las flores de temporada.

El diccionario define centralizar como “asumir el poder público facultades atribuidas a organismos locales”. No se trata de que todos se parezcan a uno en concreto, sino de que todos se sientan parecidos entre sí y compartan asuntos públicos comunes. Sentimiento, podría decirse, repelente para el carácter español. La centralización, por otra parte, no es ni buena ni mala. Se da en determinadas condiciones históricas o no se da. Es, sin embargo, interesante considerar un hecho: los que hoy son los grandes países de Europa empezaron un proceso centralizador hace siglos y se han inventado ahora la Unión Europea, una centralización sin precedentes. Todo indica que se continuarán limitando los privilegios locales en pro de los comunes. Todo indica también que un idioma, el inglés, ya en su versión turística, ya en su versión comercial, limitará en Europa los poderes de las demás lenguas. Así como el euro arrumbará muchas monedas. Por imprevisible que sea la historia, todo indica que los europeos de mañana tendrán muchos más vínculos de los que hoy tienen. A nadie, por otra parte, se le obliga a seguir ese curso. Parece que es opcional.

TERRITORIOS PRIVADOS

La España moderna, sin embargo, no escribe su historia en términos de centralización, por mucho que se haya extendido el tópico en sentido contrario. La empezó de otra forma. Tenía establecido un camino donde no cabían los elementos centralizadores. Un camino lleno de pequeñas comunidades repobladoras del sur peninsular cada cual a su modo, guerreras cada cual a su modo, tributarias cada cual a su modo y leales a la corona según si ésta acataba o no el fuero de turno. No hubieran faltado en España, después de todo, elementos simpatizantes con la centralización al estilo de los que se daban en otras zonas de Europa: ciudades industriosas, puertos comerciales, vías de comunicación; todos ellos para ponerlos a trabajar juntos y facilitar su intercambio y una distribución equilibrada de capitales y productos. La monarquía absoluta que se gestó con Carlos I dio ventaja a la España inmóvil, más medieval que moderna en muchos aspectos. Para una monarquía absoluta la foralidad es más cómoda, sólo se persigue al poder local cuando se opone a los intereses concretos de la corona pero, por lo demás, tiene sus ventajas: la foralidad divide y cada parcela es fácil de gobernar, porque los poderes locales evitan ejercer la gestión regular de asuntos comunes que paralizaría a una corte itinerante. Le ahorran a ésta además el deber de tomar iniciativas. De ahí que Marx y Engels, en unos célebres ensayos escritos a mediados del siglo XIX, vieran en la monarquía española algo más parecido a las monarquías absolutas asiáticas que a las propias de Europa[2].

Por el aislamiento de las distintas coronas se conserva el tipismo de cada una, sus costumbres, su color y, por supuesto, sus lenguas, si las hay. La historia lingüística peninsular para la época moderna no está lejos, pues, de esta síntesis: quedó en el centro geográfico una lengua que, por razones que no voy a repasar, tenía más hablantes, con gran desproporción, frente a cualquier otra, pero con poca irradiación de sus propios naturales más allá de su círculo.

No siendo por el procedimiento de una economía centralizada que aunase y relacionase a la gente y, con ello, allanara el camino para un medio de comunicación general, ¿qué hacía el español en los siglos XVI y XVII en boca de catalanes y portugueses, por ejemplo? Estaba, sobre todo, en boca de aquellos que andaban comerciando por los caminos reales y entre las gentes de alta alcurnia, pero no por difusión del grupo castellano en sí, sino porque éste ocupaba la mayor parte de la península. Aun con un comercio clausurado no dejaba de ser interesante transitar por allí porque, entre otros atractivos, allí estaban las llaves de América y de buena parte de Europa. Asegurarse el éxito en dicho tránsito pasaba por asegurarse la lengua del grupo que lo habitaba. De modo que en nuestra historia moderna lo políticamente común del español más allá de sus propios dominios —⁠por lo menos hasta bien entrado el siglo XIX⁠— no lo es por intercambio ni movimiento masivo de gentes de aquí para allá, sino más bien por interés de algunos grupos concretos de vecinos que no lo hablaban pero necesitaban hablarlo.

De ahí que desde muy pronto le sucedan al español dos cosas entre esos vecinos periféricos que lo adoptan: la primera, que sólo sea lengua de unos pocos. En segundo lugar, que los demás, la mayoría de la gente, mantenga sus lenguas particulares sin que esto le importe lo más mínimo a nadie en la monarquía foral: ni al rey, ni a sus ministros, ni a sus súbditos. Sucede también que como esos pocos son generalmente las personas de más posibilidades económicas o de mejores relaciones, y como en las sociedades estamentales no existe el mínimo atisbo —⁠porque no puede existir allí⁠— de limitar unas desigualdades que se consideran como cosa natural, con el tiempo se irá estableciendo en los circunvecinos del grupo castellano una división de estamentos según posesión de lenguas. Los notables conocerán la particular y la común —⁠a veces incluso mejor ésta que aquélla⁠— y la masa no conocerá otra que la lengua particular que cotidianamente utiliza. Dado que algunas de estas lenguas circunvecinas no suelen ser más que de uso coloquial, no sirven más que de pueblo a pueblo, de aldea a aldea, se dialectalizan, se disgregan, se desprestigian. Sólo muy concretas circunstancias históricas —⁠que iré repasando a lo largo de este libro⁠— hacen que algunas salgan de ese naufragio lingüístico y lleguen modernamente a unificarse, a escribirse con una norma ortográfica común, a hacerse ejemplares, en una palabra. Porque antes, donde no había lengua común siquiera, donde la comunicación no pasaba del tú a tú, ¿quién necesitaba una lengua bien escrita?

Al grupo mayoritario le importa poco la irradiación de su idioma. Cuando Bernardo de Aldrete escribe su historia de la lengua española, al iniciarse el siglo XVII, relata que en América la extensión del idioma sucede, si sucede, más por el azar de las cosas que por el arte o el empeño de los españoles en extenderlo. Era verdad. Los españoles no sólo no extendían su lengua sino que se dedicaban a extender las de los demás, a menudo hablas indígenas minúsculas, sin vocabulario culto, sin escritura siquiera, que los misioneros españoles sacaban a la luz dándoles alfabeto y gramática. Gramáticas y alfabetos que, en su mayoría, duermen olvidados en bibliotecas o archivos.

De modo que no es de extrañar ninguno de los rasgos que caracterizan la instalación política del español en nuestra historia moderna: que se hayan conservado muchos grupos humanos con escaso movimiento y, por tanto, con sus lenguas —⁠o sus hablas⁠— particulares en buen estado; que el analfabetismo en la lengua común haya sido rampante y no haya habido una organización escolar, digna de tal nombre, que lo combatiera; que a muchas autoridades locales esto no les haya importado gran cosa pero sí se hayan desvivido cuando se trataba de rescatar las hablas del terruño conservadas entre rústicos a quienes se suponía el enlace vivo con una tradición indefinible, o que el español, como lengua común, no haya sido oficial hasta 1931, y esto porque los catalanes, gallegos y vascos hicieron oficiales sus lenguas particulares.

LAS LENGUAS DEL PARAÍSO

El pensamiento político tradicionalista, en todas sus ramas, ha concebido esa España foral como la España genuina. La España de los pueblos, con sus usos y costumbres heredados por tradición, intocables, como cosa natural de su ser. Cuando a los carlistas —⁠una peculiar rama del tradicionalismo hispánico⁠— les daba por hacer propaganda, que hicieron muchísima, escribían folletos como uno titulado Dios, Patria y Rey, que recorrió el país con algún éxito en 1869. En él se exponía el siguiente programa, que resume en sí todo el tradicionalismo español: “España, para ser libre, necesita primero de todo tener un gobierno descentralizador, es necesario dar a las provincias y al municipio la libertad que han menester para administrarse a sí mismos. Es necesario devolver a las provincias sus fueros y franquicias. En cuanto a la parte moral, dentro del respeto debido a la unidad católica, libertad absoluta de enseñanza. Todas las tradiciones, todas las glorias de este país están unidas a la monarquía”.

Este programa, como es carpetovetónico, ha tenido entre nosotros mucho más peso de lo que parecería. Una enseñanza libre, bajo el respeto escrupuloso a la doctrina de la Iglesia católica, es lo que ha habido, más o menos, hasta la Ley de Educación de 1970. Por otra parte, cuando hoy algunos políticos nos dicen que España, gracias al sistema autonómico vigente, resulta ser el país europeo más descentralizado que existe, y se jactan del dato como si fuese una circunstancia propia de la modernidad, pues… se están jactando más bien de una antigualla política, que se parece a la del viejo folleto de los carlistas. El catolicismo y la monarquía eran en el tradicionalismo lo único respetable, todo lo demás podía repartirse (las diversas lenguas patrias, por ejemplo). No sé si han cambiado mucho las cosas.

Para el tradicionalismo, que en el plano político surge como reacción contra la Revolución Francesa, la razón es insuficiente para conocer cualquier verdad fundamental. Las verdades pertenecen a la tradición, son inamovibles como tales pero pueden variar de pueblo a pueblo, pues cada comunidad puede, y debe, tener las suyas. Dios comunicó esas verdades a nuestros primeros padres cuando pertenecían a una comunidad natural, inmaculada, cuando vivían en el Jardín del Edén. Esas verdades han llegado hasta nosotros, generación tras generación, a través de la palabra. La palabra es, incluso, anterior al pensamiento y, como tal, una de las máximas donaciones de Dios a los hombres. Se comprende así que una lengua, cualquier lengua, es mucho más que un instrumento de comunicación, de relación, es mucho más que algo para entenderse. Una lengua es, en sí misma, la depositaría de un vínculo viejísimo. Adulterarla o, todavía peor, pasarse a otra y perderla es perderse a sí mismo, enajenarse del vínculo colectivo que nos une con nuestra tradición. Hubo un día un paraíso políglota, imaginado, mítico, donde habitábamos felices en nuestras hordas sin saber nada de otras hordas, a su vez distintas y felices también. Entonces vivíamos, como irónicamente señalaba Francisco Marsá, “todos sin arado, sin derecho romano, sin latín y sin cristianismo, gozando de la cultura autóctona, la de antes de venir nadie, absolutamente nadie; cultura pura, genuina, incontaminada”[3]. Un paraíso expuesto ahora a extraños vientos que lo azotan, lo ajan y destruyen sus armonías metafísicas. El tradicionalismo, salta a la vista, es una filosofía que confía poco en las posibilidades de las personas para cambiar o mejorar su entorno. Y se trata, por supuesto, de una filosofía destinada a consagrar los privilegios de una determinada casta.

Los tradicionalistas españoles no empleaban sesudos argumentos para defender la pluralidad lingüística del país. No hacía falta. Esa pluralidad era algo que emanaba naturalmente de su concepción de unas sociedades llenas de particularismos irrenunciables por la gracia de Dios. Particularismos tan evidentes y naturales que no necesitaban razonarse. Entre ellos, las diversas lenguas del país. Eran todas rasgo sustancial del patrimonio español. Eran parte de su esencia (aunque en realidad casi todo se podría explicar por los romanos, porque si no se hubiera muerto el latín posiblemente no habría hoy tanta pluralidad ni tantas tradiciones lingüísticas; por otra parte, las que a su vez había matado el latín en Hispania eran algunas). Pero las razones políticas, económicas, históricas en suma, eran inanes: para los tradicionalistas, España sin dicha pluralidad natural, venida de no se sabía dónde, no era España.

Un tradicionalista célebre, Vázquez de Mella, lo dijo así de claro en 1918: “Para todos los actos, no digo literarios, porque eso nadie lo niega, sino judiciales, para todo, puede usarse la lengua regional. Repito que las regiones con lengua propia deben ser pueblos bilingües”[4]. Lo que no decía Vázquez de Mella en sus encendidos discursos es que la única manera de mantener en 1918 las lenguas patrimoniales en territorio bilingüe, las tradiciones hechas verbo, era a costa de mantener muchos analfabetos, dada la pobre organización escolar española de esos años.

Tanto daba, porque el analfabetismo ha sido también tradicional en España. Las ideas del mellismo no eran una novedad. Veinte años antes otros núcleos extremadamente conservadores de la sociedad catalana, como el Instituto Agrícola de San Isidro, Fomento del Trabajo o la Liga de Defensa de la Industria y el Comercio, ya habían expresado su opinión al respecto: “Se dividirá el territorio de España en grandes regiones de limitación natural, por su lengua y por su historia”[5]. Petición incoherente donde las haya, porque los territorios no tienen lengua, claro está, la lengua es de las personas que los habitan y si una persona es bilingüe (como eran los propios de “Fomento”), ¿por dónde se la divide? Otro tradicionalista, esta vez de la rama del jaimismo, Julio Urquijo, fundó, en 1907, la Revista Internacional de Estudios Vascos, dedicada a recuperar las tradiciones eusquéricas perdidas o a punto de perderse. Una valiosa revista, por cierto. Antes que Vázquez de Mella, antes que los de Fomento, el diputado carlista por Valencia don Manuel Polo y Peyrolón pedía al gobierno, en 1896, que en las provincias donde se hablara “algún dialecto regional” se exigiera a los maestros de cada lugar conocerlo, porque sería la única manera de comunicarse con sus alumnos[6].

Como medio para salvaguardar las tradiciones patrias, las ideas escolares de don Manuel Polo no estaban nada mal, ya que por aquellos años ningún maestro de fuera iba a pasar por el trance de aprender valenciano, vizcaíno, guipuzcoano o una lengua gallega y otra catalana sin norma común (¿dónde? ¿cómo se aprendían esas lenguas si uno no era de la tierra?). Los maestros serían todos de la provincia, estarían facultados para enseñar por las autoridades locales y sin necesidad de selección ni competencia con gentes de fuera, por lo mismo, váyase a saber con qué formación pedagógica y probablemente dispuestos a hacer de las escuelas un foco de culto a los valores regionales… y un vivero de apoyos futuros para la capilla tradicionalista.

Lo más sorprendente del caso es que las avanzadas ideas de la pedagogía carlista hayan llegado, un siglo después, mucho más lejos de lo que don Manuel hubiera podido imaginar. De quince años a esta parte, han aparecido diputados de todo signo que consideran asunto de sumo interés que los niños aprendan incluso usos lingüísticos locales, usos cuyo único valor, para qué vamos a negarlo, estriba en que se han conservado casi intactos en su pueblo o en su comarca a lo largo del tiempo, lo que en un país como España, tradicionalmente lleno de analfabetos, tampoco es tanto mérito. El programa lingüístico del tradicionalismo ya lo resumió Miguel de Unamuno hace noventa años, cuando se refería a que el ideal de ciertas gentes sería ver cada pago con su lengua rústica.

Con todo esto, no hará falta extenderse mucho más para advertir que el pensamiento lingüístico y pedagógico del conservadurismo español más recalcitrante está de última moda en España. Es una moda unánime. No admite réplica en ningún credo. Aunque bien mirado, más que de una moda, se trata de un vestigio característico de nuestro ser político. Conque lo que se planteó, y tal como se planteó, en la Constitución de 1978 y en las leyes de lenguas a las que, amparadas en la vaguedad constitucional, se iba a dar paso a renglón seguido en Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, Valencia, Baleares, Aragón y Asturias (si no me dejo ninguna Autonomía) no responde a una novedad en sí, y en el fondo ni siquiera a la corrección de vejámenes derivados de la dictadura franquista (porque las historias en este punto son distintas a como las cuenta el tópico). Lo que se replanteó en 1978 es una situación que viene de mucho más allá de Franco y de mucho más allá de la Segunda República: es la restauración lingüística de una España foral muy vieja, en la que los movimientos hechos para comunicar e igualar a los naturales han tenido siempre difícil ejecución.

MODERNIDADES MUY ANTIGUAS

Cuando en 1978 se discutía la normativa lingüística constitucional hubo ideas para todos los gustos. Las peticiones más extremas de división de territorios por lenguas solían venir de los nacionalistas. Pero no eran patrimonio exclusivo suyo, ni muchísimo menos. La nueva tradición era más amplia y andaba también en los bancos de la izquierda. La tradición en España no tiene un color político concreto. A Lluis María Xirinacs i Domenec, del Grupo Mixto, se debe esta idea: “Las lenguas oficiales de la Confederación serán aquellas que sean oficiales en cada uno de los Estados. Ningún ciudadano está obligado a conocer otra lengua que aquella que determine su Constitución Nacional”[7]. Da toda la impresión de que don Lluis María estaba imaginándose la Balcania Ibérica. En realidad, de lo que se trataba era de promover la construcción de una España plurilingüe genuina, sin lengua común posible, y que habitaba en la cabeza de más de un sociolingüista de aquellos años, como sigue habitando todavía. Era —⁠y es⁠— el ideario absoluto del tradicionalismo, el refinamiento máximo.

En muy parecida línea estaban los diputados de Minoría Catalana: “En los territorios autónomos de España de lengua distinta al castellano cada Estatuto de autonomía determinará el carácter oficial exclusivo o transitoriamente cooficial con el castellano de la respectiva lengua”. Se añadía a renglón seguido otro artículo por si no prosperaba el anterior: “Todos los residentes en dichos territorios tienen el deber de conocer y el derecho de usar aquellas lenguas”[8]. Estos párrafos están jurídicamente muy bien pensados, quiero decir que se redactan con la debida oscuridad, porque en España no hay puramente “territorios autónomos de lengua distinta al castellano”: hay más bien territorios donde, además del español, se pueden oír otras lenguas, o viceversa. La idea del derecho a usarlas está muy bien; el deber de conocerlas se entiende peor, porque si uno no tiene necesidad de ello y no le interesa conocerlas, ¿por qué se le va a obligar? ¿Para qué? Una lengua no se aprende por obligación ni por mandato legal, se aprende por necesidad o interés.

Había quien iba más lejos en sus enmiendas. Los socialistas aragoneses pedían el reconocimiento oficial de modalidades lingüísticas locales, habladas en su absoluta pureza por algunos ancianos de la tribu, gente venerable, sin duda alguna, tal vez con más de cien primaveras a sus espaldas vividas todas ellas en sus comarcas pirenaicas. Se trataba de hablas dialectales sin ortografía común, sin gramática, sin vocabulario culto, sin literatura digna de tal nombre pero que, para los socialistas de entonces, podían y debían ser lenguas de gobierno. Ignoro qué ni a quiénes iban a gobernar con ellas. Tal vez esto era lo de menos.

Vistas las ideas que se barajaban por aquellos años, todo indica que el compromiso al que se llegó en la redacción definitiva del texto constitucional evitaba la parcelación lingüística que el tradicionalismo acérrimo quería conseguir desde un principio. Se respetó el español, nominalmente castellano, con el imperativo de que todo ciudadano debía saberlo. Lo que no obstaba para que en los respectivos estatutos pudieran avanzarse leyes destinadas a recortar las atribuciones de la lengua común, hasta donde los poderes autónomos entendieran que era conveniente. La Constitución del setenta y ocho era en esto ambigua —⁠porque el problema de las lenguas de España no era tan importante⁠— pero lo que en ella se decía al respecto dejaba amplio margen para el sentido común. Ante un texto constitucional que apelaba a asuntos mucho más trascendentales, no se iban a examinar estos artículos concretos con lupa.

Por curioso que parezca, toda la discusión de lenguas entre sus señorías, con sus refinamientos bizantinos, sus alambicamientos jurídicos, sus dimes y diretes, se llevaba a cabo en uno de los países con más analfabetos de Europa y con mayor número de gente ayuna de cualquier tipo de instrucción en pleno 1978. Esto en la lengua común, pues si se entrara en el analfabetismo de las particulares los números darían vértigo. Eramos como el maestro Ciruela, no sabíamos leer y pusimos escuela. Se estaba reconstituyendo un país políglota para uso y disfrute de analfabetos. Nada tiene de particular, por otra parte: como habrá ocasión de ver, en la historia de España la conservación de lenguas particulares está ligada a la conservación de analfabetos generales en todo el dominio nacional. Son dos caras de la misma moneda y no se entiende un fenómeno sin otro.

Incluso si se considerara muy fríamente, parte de lo que se hizo desde el setenta y ocho en adelante fue una especie de glorificación del analfabetismo patrio. Se declararon bienes de interés cultural, respetables y dignos de protección, se consideraron aptos para la administración y el gobierno, idiomas en los que muy pocos ciudadanos (a veces, menos que pocos) podían entenderse, leer ni escribir. Esto independientemente de que a muchos no les interesara gran cosa el nuevo bien porque ya se apañaban con el español de toda la vida, lengua de menor raigambre cultural, sin duda, pero mucho más práctica.

Lo que algunos se disponían a recuperar —⁠interpretando a su modo las inevitables ramificaciones legales y las imprecisiones a las que irremediablemente daba lugar el mandato constitucional⁠— fue una gloriosa particularidad española que algunos creíamos afortunadamente olvidada: la posibilidad de trazar fronteras humanas entre los españoles, de cerrar espacios a la libre y fácil circulación de ciudadanos levantando por aquí y por allá aduanas lingüísticas. La posibilidad de diferenciarnos según procedencia regional, de obligarnos a lealtades idiomáticas, de inaugurar un régimen de servilismo, esta vez a unas particularidades culturales cuando se habían acabado otras servidumbres. Un enriquecimiento sin precedentes, desde luego, que le debemos al nuevo tradicionalismo. Con todo, nos hemos empobrecido. Hace muchos años campesinos gallegos, catalanes, vascos, navarros, levantinos, baleares, leoneses, asturianos, aragoneses, incluso algunas gentes del campo zamorano, extremeño, andaluz o murciano hablaban español mal, muy mal, si es que algunos de ellos lo necesitaban alguna vez en sus vidas. Hasta recuperar esta riqueza genuina nos queda mucha tarea por delante.

Las leyes destinadas a recortar las alas de la lengua común —⁠que en ocasiones se aplican como meros instrumentos de control social⁠— no han levantado mayor escándalo público, acaso ciertas polémicas y la indignación de algunos particulares y asociaciones, tachados rápidamente de fachas y retrógrados, por lo mismo humillados, amenazados, perseguidos, apaleados y hasta tiroteados. Pero la opinión pública ha asistido a su promulgación con complacencia, incluso con la satisfacción del deber cumplido, con el convencimiento de que así se estaban reparando injusticias seculares cometidas en nombre del español y a su costa.

De modo que hasta el Tribunal Constitucional, que ya es decir, entendía hace pocos años, al considerar la constitucionalidad de la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña, que de la lectura de lo que la Constitución dice sobre las lenguas de España no se genera un pretendido derecho a recibir las enseñanzas “únicamente en castellano” allí donde éste contacte con lo particular. Entendía asimismo —⁠para el caso concreto de Cataluña⁠— que “aunque no exista el derecho a la libre opción de lengua vehicular de la enseñanza” eso no deja gravemente desamparado al ciudadano. Salvo dos magistrados que votaron en contra de tales interpretaciones, ésa era y es la doctrina constitucional[9].

Hasta aquí ha llegado el nuevo tradicionalismo lingüístico, es decir, hasta hacer que un Tribunal Constitucional de hoy reconozca, casi unánimemente, que la comunidad de lengua pueda tener sus limitaciones en algunos territorios, que en éstos se le imbuya al ciudadano el idioma declarado territorialmente propio, aunque no sea propio, a veces, para un número muy notable de la población (cuando no para su abierta mayoría, como es el caso del País Vasco); y que en alguna parte de España no existe un derecho fundamental, pero que tal carencia no es tan grave. Se daba a entender que tampoco convenía mostrarse muy quisquillosos al respecto, pues los nacionalistas catalanes habían amenazado con un conflicto civil si el fallo constitucional no se plegaba a sus necesidades[10]. A casi todos, este asunto nos ha parecido fenomenal. Nos hemos ido mostrando a lo largo del proceso, en palabras de Francisco Ayala, “aquiescentes, sumisos, obsecuentes o acoquinados”[11]. Quién sabe si porque para muchos no ha habido otro remedio.

MANERAS DE CONTAR LA HISTORIA

Lo más curioso del caso es que las pretensiones lingüísticas de este nuevo tradicionalismo que disfrutamos están basadas, si no en una abierta mentira, sí en unas verdades administradas con cuentagotas. La mayoría de los españoles considera que, efectivamente, ha habido un trato injusto y vejatorio para las lenguas minoritarias, un trato que se debe a la intromisión castellanista más grosera. Aunque la realidad sea otra, aunque la comunidad lingüística se haya conseguido, esencialmente, por necesidad e interés, aunque en la disminución del catalán tras la posguerra hayan intervenido señalados catalanohablantes que participaban, asimismo, en el silenciamiento de otras gentes e ideas que se expresaban en español. Aunque muchos vascos no hayan hablado nunca ninguna de las variedades del eusquera porque en sus pueblos se dejaron de hablar en el siglo XIII (si no antes), o porque en ellos se gestó el castellano viejo. Aunque el gallego en Galicia fuera algo propio de la gente de las aldeas, digno de olvidar para el género urbano… pues bien, a pesar de todo eso, el mito de la desmesura castellana subsiste, se le buscan nebulosos antecedentes en Felipe V o en Carlos III y consecuentes en Franco (como si lo más grave que hubieran hecho el dictador y su capilla hubiera sido perseguir lenguas, en vez de perseguir hablantes). Además, la historia de esta desmesura se vende con algún éxito fuera de nuestras fronteras.

Pero no sé si el producto de la venta nos favorece y nos deja en el lugar de los países civilizados donde queremos estar. En un valioso libro dedicado a la lengua inglesa, que ha sido celebrado entre el público anglohablante, se puede leer esto que les traduzco a propósito de lo sensible que se vuelve alguna gente cuando se le toca la fibra de las lenguas:

Hasta febrero de 1989, la organización independentista vasca ETA (‘Patria Vasca y Libertad’) ha cometido 672 asesinatos en pro de la soberanía cultural y lingüística del pueblo vasco. Aunque nos repela la violencia, es comprensible el resentimiento que puede aflorar en las minorías lingüísticas. En tiempos de Franco uno podía ser detenido y encarcelado por hablar vasco[12].

Hasta aquí la versión para el extranjero. No sé quién propaga estas versiones. Debe tratarse de algún idólatra de las lenguas. Considerado el asunto sin idolatrías ¿qué importancia puede tener una lengua en años cuando no importaba una vida? Eran años lingüísticamente paradójicos, desde luego: había gente que sólo sabía hablar español y era detenida y encarcelada por gente que sabía hablar vasco o catalán. Incluso había vascohablantes y catalanohablantes que, a su vez, detenían y encarcelaban a otros vascohablantes y catalanohablantes. Era un régimen rarísimo, verdaderamente. No se puede explicar de dónde salió, ni cómo se sostuvo.

A mi juicio, el éxito de estas medias verdades se produce en España porque en el recurso a las diferencias lingüísticas y culturales encuentra hoy el nuevo tradicionalismo argumentos legitimadores mucho más aceptables para gente liberal de los que podría hallar en otros campos en los que igualmente se ha fijado ayer, pero sin curso posible en la actualidad, sean las diferencias biológicas o raciales (a las que siguen apelando algunos integrantes del Partido Nacionalista Vasco), sean las diferencias religiosas, sean las diferencias por costumbres, vestimenta, usos o gustos, donde es muy difícil dividir, y pretender la dominación de la ciudadanía, sin que cause risa.

El resquicio lingüístico, sin embargo, persiste. De su materia se labran auténticas ruedas de molino con las que comulga, prácticamente, la parroquia entera: casi todos se admiran cuando alguien dice que un vasco genuino debe tener tal tipo de cráneo y tal tipo de sangre. Pero escuchan con naturalidad la idea de que un vasco genuino tiene que saber eusquera o, por lo menos, ponerse a estudiarlo con la mejor de las voluntades. Pues bien, las dos ideas totalitarias, la racial y la lingüística, parten de las mismas fuentes y, aún más, fluyen según épocas y modas en descabelladas teorías, según las cuales esos vascos de pura raza, sangre y lengua provienen de un nieto de Noé (el del diluvio), o del ancestro Aitor (que es un invento hasta en el nombre que lleva), o han venido de la Atlántida (que hoy está debajo del agua pero ayer fue la patria vasca primitiva). Sólo faltan ya los extraterrestres. Ni Noé, ni Aitor, ni la Atlántida se llevan ahora (¿imaginan a un político nacionalista diciendo algo así?); lo de la raza casi tampoco. En cambio, lo de la lengua se oye casi todos los días. Se exige… y se acepta, ¿por qué? No encuentro otra explicación general para el caso que la que daba el vascólogo Luis Michelena en el sentido de que los prejuicios y opiniones erróneas de personas cultas son más numerosos y groseros en materia lingüística que en cualquier otra disciplina[13]. Esto es inapelable.

El pensamiento supersticioso que anima al nuevo tradicionalismo ha ido a alojarse ahora en las lenguas, en las culturas, en la identidad y la razón filológicas, cuando ya casi no cabe en ningún sitio (seguramente, a la espera de ver dónde pueda alojarse mañana). Amparado en la aceptación que encuentra en estas parcelas, y en la ignorancia general que existe sobre ellas, actúa políticamente de acuerdo con estos principios de error y prejuicio con beneplácito casi general.

Quienes, sin embargo, no se han acogido a tal corriente tradicionalista, ni al tópico de las esencias e identidades, han tendido a pensar que las lenguas ni eran patrimonio natural o esencial, ni definían a ningún pueblo o cultura —⁠conceptos estos ya de por sí imposibles de definir⁠— ni eran, ni son, una riqueza en sí mismas. Las lenguas estaban más bien sujetas a los avatares de la sociedad y a los intereses de la gente. De modo que si el interés de muchos que no lo dominaban pasaba por el español, había que facilitarles el tránsito hacia esa lengua y su dominio genuino, aunque en el viaje seguramente se perdieran otras formas de expresarse. La ciudadanía no estaba obligada a dar cada paso calculando si se traicionaba, o no, a la tradición y al abolengo. Nada estaba trazado por los siglos de los siglos según una herencia lingüística, cultural, foral, natural y divina que pesaba como una losa caída del cielo y con la que uno estaba identificado de la cuna a la sepultura. La realidad era que, en las lenguas, los vínculos económicos, el interés y la necesidad de entenderse, los asuntos materiales, en suma, pesaban más que aquellos lazos gaseosos trazados en el vacío por el espíritu, la naturaleza y la ley divina.

Pero estas corrientes apenas han tenido peso. Han sido más bien raras, como si fueran poco españolas. Antiespañolas incluso. Traían en sí el germen de una maldición que secaría los tuétanos del santuario tradicionalista y agostaría su inmaculado paraíso políglota, una penitencia mucho peor que la de Babel: una penitencia que consistía en entenderse. El tipismo, el casticismo nacional al estilo castellano viejo, podía molestar a gente como Larra, quien se despachó a gusto con él en sus artículos de costumbres. Como el tipismo catalán podía molestar en su propia tierra a Piferrer o a Manuel de Cabanyes, quienes se carcajeaban de la literatura folclórica escrita en catalán. Como el tipismo gallego le podía parecer simple paletería insufrible a Juan Sieiro hace ciento veinte años. Pero, por lo general, nadie en la España decimonónica ha considerado el tipismo como elemento erradicable en pro del interés común y nada ha ocurrido digno de subrayar en la conjunción económica o política del país que lo liquidara más allá de los rasgos de rusticidad muy visibles.

PINTORESQUISMO DICHOSO

Cuando los viajeros decimonónicos circulaban por España, a cada paso todo les parecía singular y típico. Le sucedió al alemán Humboldt. Le sucedió al norteamericano Washington Irving y al diplomático ruso que lo acompañó en sus viajes por nuestro país, donde veían paisanos mucho más arabizados que romanizados, más africanos, en su soledad y salvajismo, que europeos. Le sucedió a Stendhal, para quien en España se conservaban los últimos tipos genuinos, naturales, alejados de la uniformidad y civilidad napoleónicas entre las que él mismo flotaba por el centro de Europa. Y le sucedió al barón Davillier, viajero francés, que se despidió emocionado del que, a su juicio, era el último vestigio puro del pintoresquismo europeo. Según lo que relata en su viaje, tenía toda la razón. Éramos eso: una especie de reserva antropológica. Es más, parece que nos gustaba serlo. Todo ello sucedía porque, cuando el barón viajaba por aquí, los mismos círculos sociales que en su país llevaban adelante una decidida centralización administrativa y fomentaban afinidades cívicas en el plano ideológico y en el material, eran los que en España se dedicaban a exaltar el valor de la tradición, el amor a la patria chica, las virtudes del regionalismo y, aún más, del servilismo aldeano. Los viajeros por Europa, hartos de ver espíritu público, estaban ansiosos de ver espíritu de campanario que, si no hay que sufrirlo, da sin duda alguna más colorido a los libros de viajes.

Al tradicionalismo no le va la innovación en absoluto porque la innovación, si es para aunar criterios y comunicarlos, no deja de ser en el fondo su enemiga acérrima, a la que se tilda de uniformismo empobrecedor. Este orden gregario, donde el autoritarismo y el servilismo viajan juntos, debe ir acompañado en ocasiones de una dosis de mando, a ser posible con militares metidos a políticos, gente firme, cirujanos de hierro. El último ejemplo entre nosotros ha sido el franquismo. No puede decirse que haya contradicción real entre el franquismo y los amantes de lo tradicional, pues una de las características típicas del tradicionalismo ha sido la de dar a los militares un poder político desmedido en momentos concretos. Un poder destinado a la resolución de conflictos que se disfrazan con retórica diversa: hace un siglo era la España colonial, hace sesenta años la España una y los nuevos aires imperiales.

Tras la colonia, tras la unidad, tras el imperio suele estar la misma tradición defendiendo sus intereses. De modo que si hay quien piensa que el unitarismo franquista era la unidad patria por la unidad patria, la unidad y la uniformidad metahistóricas que ahogaban, dictatorialmente esta vez, las naturales aspiraciones democráticas y de gobierno autónomo de los naturales pueblos de España, creo, modestamente, que está equivocado. Más bien lo que late en el fondo de aquellas apelaciones a la unidad indisoluble es un concreto interés económico, de unos concretos grupos sociales, en un concreto momento. Un movimiento político de corte unitarista de otro tipo, probablemente, sí habría entrado en agudo conflicto con el núcleo de la tradición española. El franquismo, no. Por lo demás, el franquismo andaba en la misma línea de la España tradicional con sus diversidades enriquecedoras y pintorescas, sólo que hermanadas, sin miras revolucionarias y con personas de orden al frente.

Al final, tras esa etapa, la España tradicional de pueblos y gentes diversas se ha reconstruido con una facilidad pasmosa. Hoy luce sus particularidades subrayadas. Incluso aparecen consejerías políticas diversas dispuestas diversamente a fomentar la tradicional diversidad. La reconstrucción del oasis foral no admite discusión ninguna, ni a derechas ni a izquierdas, a no ser que esté uno dispuesto a convertirse en enemigo del pueblo.

Así que la España lingüística que se nos presenta ahora como el colmo de la modernidad, con sus cinco lenguas oficiales y sus otras muchas variedades dignas de especial protección por los gobiernos autónomos que así las declaran es, en esencia, una España antiquísima. La que pintaba Urquijo, para su disgusto. La de los tradicionalistas revestidos ahora de nacionalismo. La de siempre. Una España cuyas lenguas minoritarias se conservan no por una voluntad colectiva, secular, democrática, de oponerse a la usurpadora presión castellana en sus tierras, sino más bien porque ningún castellano, o muy pocos, pasaron por ellas y porque no hubo ninguna organización de peso que rompiera la tradicional foralidad de los reinos y facilitara que los españoles sintieran mucha necesidad de entenderse.

La gente que no circulaba se conservaba pura: sólo hablaba su lengua y era un público, por lo común, analfabeto, no aprendía cosas nuevas, no oía a otros, no leía a ninguno y, preservándose en su paraíso políglota, incomunicado e incomunicable, ayudaba a mantener el orden tradicional y la sociedad inmóvil. Aproximadamente lo mismo ocurría en América. La impresión que da el recorrer estos dos siglos de historia lingüística es que cuando a tan pintoresco conglomerado nacional y tradicional se le han injertado ramas donde podría haber arraigado la idea de una comunidad de intereses o un espíritu público, parece que se han rechazado de obra o de palabra, se han quedado muy débiles. Como si esas ramas fueran algo ajeno a su ser. Pero ahora mismo, incluso los injertos comunitarios que parecerían mucho más potentes e importantes entre la gente que los de una lengua para todos, o que los de un Ministerio de Educación o de Cultura (institución esta que con frecuencia se pone en entredicho), injertos tan definitivos como los de una selección nacional de fútbol, se me acaba de ocurrir, también empiezan a molestar y ya nos dicen que en Gran Bretaña, cuna de este deporte, no hay más selección que las particulares de cada reino.

Sin embargo, no se pierda de vista que si nos fijáramos en ciertos particularismos tradicionales —⁠pongamos por caso los tan traídos y llevados bienes de interés cultural, que así se declaran en ocasiones⁠— resulta que, en realidad, más que ser bienes por cultivo lo son por aislamiento, porque se han quedado ahí solos, sin mezclarse, únicos, inmóviles. Como esas hablas recónditas, propias de algún verde valle asturiano, aragonés, navarro, leonés, extremeño, murciano, que ayer fueron la delicia de filólogos como hoy lo son de políticos. Pero, en sí mismo, todo eso no es cultura sino más bien lo contrario, o sea, rusticidad. Esto da igual, por otra parte: con mucha manga ancha se considera hoy en España cultura a lo que apenas pasa de tradición popular. Mientras que la cultura relevante, la que de verdad ha producido el mundo occidental —⁠lo cito por ser en el que estamos⁠— en todas sus manifestaciones humanísticas y científicas, cultura de la que algunos españoles han aprendido mucho sin contribuir a ella notablemente, no por casualidad ha venido de quienes cerraron la puerta a la particularidad y se la abrieron a lo común. Como lo están haciendo hoy.

Se entiende bien que muchas personas miren con simpatía la centralización europea que se avecina y estén dispuestas a entenderse en lenguas de esas con las que te puedes mover entre millones y millones de gentes uniformadas culturalmente, pero que se entusiasmen con esto los trazadores de fronteras humanas que abundan en el mundo político e intelectual español sí que es un tema digno de estudio. No le corresponde a este libro.

II
LA FIEREZA DEL LEÓN

Hay una comprobación curiosa, fácil de hacer, y que guarda relación con el capítulo anterior. Si se compara la población española de hace seis o siete siglos con la actual se verá qué poco ha cambiado, en términos relativos, nuestra distribución geográfica y demográfica. Hay que ser prudente con los recuentos antiguos, pero entre los, aproximadamente, cinco millones de habitantes de entonces y los cuarenta de ahora hay una correspondencia que resulta equilibrada. Si el grupo de gallegos era ayer de un cinco por ciento, más o menos, ése es el que queda hoy; no se ha movido o ha crecido muy poco. Así para el resto. Del ayer sólo falta un grupo: el musulmán. Desaparece sin dejar rastro y eso que era sólo algo menor que el que formarían todos los aragoneses, valencianos y catalanes juntos. Desaparece, ya se sabe, porque sobre él se cernió una rígida política de asimilación cultural, religiosa y lingüística. Como epílogo, se expulsó de España a los recalcitrantes. ¿Qué relación tiene esto con las lenguas? Pues que si la gente se ha movido poco, las lenguas también.

Nunca ha habido un censo lingüístico de España hasta hace seis años[1]. Aunque también haya que ser prudente con este tipo de datos, se comprueba que en la actualidad hay casi un cuatro por ciento de españoles que podrían entenderse en gallego. Los mismos que podían entenderse, con alguna dificultad, por cierto, y si es que llegaban a encontrarse alguna vez en necesidad de hacerlo, hace seiscientos años. Más o menos sirve lo mismo para otras lenguas. Quienes en la carrera de los idiomas no han podido hacer de sus hablas todavía asunto de interés nacional, como leoneses, asturianos o aragoneses, conservan en sus valles y montes usos que hoy son locales pero que, en las debidas condiciones, hasta podrían dar lugar a nuevas lenguas romances. No es que quiera dar ideas, pero si los españoles nos propusiéramos reconstruir la España lingüística del siglo XIV como curiosidad turística, con el fin de dar mayor veracidad a esas cenas medievales que se celebran por aquí y por allá, nos resultaría una tarea muy simple y propia de nuestro genio porque, como explicaba Antonio Tovar: “En España hasta el siglo XX, las lenguas eran habladas en su mayoría por analfabetos, y se heredaban principalmente por tradición oral, como en los tiempos primitivos”[2].

Como en los tiempos primitivos, efectivamente. En la España antigua uno hablaba su lengua y ya bastaba. Por lo general, uno permanecía en su pueblo entendiéndose con los de su pueblo y no hacía falta entenderse mucho más allá. Pero de la España antigua a la actual ha sucedido algo novedoso que nos muestra el censo de 1994 (aunque ya lo sabíamos desde mucho antes): si los demás grupos humanos conservan sus lenguas, al final todos han hecho cosa común de la lengua que era de un grupo solo, si bien el más numeroso. En otras palabras: una persona de Padrón, otra de Tolosa, otra de alguna Pola asturiana, otra del Valle de Ansó, otra del Alto Palancia, en Castellón, y alguna otra de Riudoms, en Tarragona, tendrían ayer muchas más dificultades para entenderse entre ellos de las que tienen hoy. La facilidad se llama español o castellano. Que yo prefiera, como más propio, el primer nombre da igual, porque en el fondo el nombre no disimula el dato simplísimo de que hoy, gracias a esa lengua, nos entendemos mucho mejor que ayer.

¿Por qué se hace común una lengua? ¿Para qué? ¿Cómo? Un proceso complicado, desde luego. En esencia, una lengua se comunica porque el grupo que la habla la hace interesante para quienes no la conocen. Interesante y necesaria. La fuerza política, económica o militar de ese grupo produce circulación humana, contactos, relaciones que hacen que su lengua atraiga a quienes no la hablan. A menudo dicho proceso se acompaña de facilidades, o en su caso exigencias, para que esa lengua se aprenda y mucha gente pueda comunicarse en ella. El español ha llegado a ese singular club que hoy forman sólo unos pocos idiomas en el mundo sin escaparse de esa ley, como no se han escapado los otros miembros: circular, interesar, facilitar o exigir. Pero por ese orden: que yo sepa, no hay cuento de una lengua que se haya hecho grande porque a sus hablantes se les ocurriera, sin más, exigírsela a los vecinos, o a los vencidos, por gusto de que la hablaran, para fastidiarlos y sin que éstos vieran en su adquisición contrapartida alguna de provecho. En todo este proceso, la historia de las lenguas tiene tales vericuetos, paradojas y laberintos que la lógica sirve a menudo de muy poco. Aunque en la historia de las lenguas siempre hay una lógica que se llama necesidad.

Pero no me interesa ahora desarrollar este punto. Me interesa señalar la contradicción que encierra el contraste de censos equilibrado entre ayer y hoy, unido al comentario fehaciente de Antonio Tovar, con el tópico de que el español debe su statu quo nacional al decidido apoyo político y al peso de la ley. Un apoyo y un peso que han facilitado la intromisión anómala de esa lengua en territorios donde quizá, por la naturaleza de las cosas, no debería haber entrado.

No digo yo que no haya tenido apoyos políticos, pero explicada la cosa así, sin indagar para qué se apoyó o se legisló, quién, cómo y cuándo, la historia resulta una verdad a medias que, como se sabe, es la peor de las mentiras. Si se admitiera ese tópico del apoyo político en la España moderna, exento de cualquier matiz, cabría preguntarse: ¿Por qué una lengua privilegiada institucionalmente deja conservados tantos grupos de lengua materna ajenos a ella, tantas hablas particulares, a veces minúsculas, y durante tantos siglos? ¿Por qué se limita a hacerse lengua común, sin liquidar a las que convivían con ella? ¿Por qué dejó tantos analfabetos entre sus propios hablantes y entre quienes, sin tenerla como lengua materna, la hubieran dominado por mero interés, por necesidad, y sin obligación legal expresa? Desde el tópico no es fácil contestar a todo esto. Pero hay muchos más datos que obligan a reflexionar sobre la genuina fiereza de ese león que parece haber sido el castellano antiguo hasta hacerse omnipresente español moderno. Es hora de repasar algunos.

UNA CAJA DE SORPRESAS

El español no ha sido lengua oficial hasta la Segunda República. Su proclamación “no resulta de un proceso de autoafirmación o de irradiación de influencia o de ampliación de dominios, sino de la presión en ciernes de otras lenguas peninsulares que reclaman ámbitos de competencia legal hasta entonces propios del castellano”[3]. Las lenguas de España nacían a la oficialidad al tiempo. El español ha estado siendo lengua de gobierno durante siglos sin que apareciera taxativamente dictado por ley. Se diga lo que se diga, era un uso lingüístico sobre el que en ocasiones se dictaban normativas —⁠porque era la única lengua general del país⁠— con el fin de facilitar ese carácter de cosa común y facilitar de paso el trato de personas y la circulación de mercancías, no por prurito de molestar a nadie que no la hablase. Cuando se recupere la cooficialidad de las lenguas de España en la Constitución de 1978, el español va a perder tranquilamente muchos espacios que tenía ganados no por mandato institucional, ni por ley, ni por fuerza impositiva, ni por nada de eso, sino por convención. Una convención generadora, como suele pasar, de normas basadas en la costumbre.

Hasta hace pocos años no ha tenido el español nada parecido a lo que tenían el inglés, el francés, el italiano o el alemán desde hacía decenios: una institución para su enseñanza como lengua extranjera. Fundado el Instituto Cervantes a tal efecto, su primer director, Nicolás Sánchez Albornoz, aclaraba que con él “No se trata de hacer una campaña de difusión, porque el español no la necesita. Y en consecuencia tampoco vamos a fomentar el aprendizaje de otras lenguas peninsulares, aunque si en algún país existe una demanda por alguna de ellas podremos dedicar parte de la actividad a su enseñanza”[4]. Efectivamente, el español no necesitaba una campaña de difusión porque ya estaba difundido entre quienes lo hablaban como lengua materna, que son casi los únicos que lo hablan, pues el español debe su actual posición entre las grandes lenguas del mundo a su numerosa prole, sobre todo; mientras que el inglés o el francés, por citar dos vecinos, se la deben también a una clientela a la que institucionalmente atienden desde hace muchos años.

La clientela del español, mucho menor que la de esas lenguas y que ahora empieza a despuntar, se ha venido cultivando por amor al arte en muchísimos centros extranjeros con poco apoyo de algún gobierno o institución hispanohablante, convencidos éstos de que el buen paño en el arca se vende. Si por aquellas tierras se enseñaba español eso era… asunto particular de los que lo enseñaban. Como sucedió en la sesión de clausura del Primer Congreso de Hispanistas de Asia, en 1986, donde un alto cargo del Ministerio de Educación y Ciencia les dejó a los asistentes las cosas así de claras: no se les podía mandar material escolar ni métodos de enseñanza porque aquellos países orientales eran un nido de piratería editorial; en cuanto a los españoles que enseñaban su idioma por allí, si algún día querían volver a España y que se les reconocieran sus años de trabajo… allá se las compusieran, no haberse ido tan lejos; a quienes pedían la apertura de centros para la enseñanza del idioma por aquellas tierras se les respondía que no había dinero y, además, a veces había pocos estudiantes matriculados, conque el esfuerzo no merecía la pena. Así se difunde una lengua. El académico Gregorio Salvador, que asistió a aquella, por decirlo diplomáticamente, “lamentable sesión”, dejó constancia de los desaguisados del señor director general de Relaciones Culturales enviado a clausurar el congreso[5]. ¡En qué manos estaba el pandero!

Al menos por los años de su fundación —⁠vistos los trámites parlamentarios por los que pasó, más las ideas al respecto de grupos nacionalistas que se recogen en los periódicos del momento⁠— nuestro Instituto nacía hace nueve años con una perfecta indefinición parlamentaria entre lo que es un centro dedicado a la lengua española y un centro dedicado a las cosas de España. Sin considerar que la primera interesa mucho más que la segunda. No creo, sinceramente, que el instituto etnográfico de lenguas minoritarias que preparaban los nacionalistas en el Parlamento tuviera el menor interés económico, nada digo del cultural. Sin embargo, ellos creían que sí. Estaban convencidos de que la España de la tradición, las lenguas, las culturas, las diferencias y las identidades era un hito de la modernidad que iba a pasmar al mundo. De modo que era mejor invertir en un museo políglota que en un centro para la llana y simple difusión del español. Años después, el por entonces director del Instituto en Munich, afirmaba que “el Instituto Cervantes siempre ha estado dispuesto a enseñar cualquier lengua española”[6]. Pero una institución así no se funda para enseñar “cualquier lengua española”, se funda para enseñar la lengua española correctamente.

Quizá los parlamentarios no sabían que, en una encuesta internacional hecha a estudiantes de inglés, las cinco primeras motivaciones para el aprendizaje de esta lengua eran: que se había convertido en código internacional, era la lengua de los negocios, del turismo, de la ciencia y, por todo ello, daba más oportunidades de trabajo. Las últimas motivaciones, a enorme distancia de las citadas, eran la curiosidad por EEUU, por Gran Bretaña, por el mundo anglohablante y por la literatura angloamericana[7] (si tanto les interesaba EEUU, considérese el interés por España y sus lenguas varias). Esta laguna se ha cubierto felizmente, aunque sea con cincuenta o más años de retraso (un siglo, si nos comparamos con los franceses). Lo que no podrá tener nunca el español, y ojalá me equivoque, es un centro parecido a los liceos, colegios o institutos británicos, italianos, alemanes, franceses que brotan por todo el mundo, donde acuden alumnos de enseñanza primaria y media a aprender esos idiomas desde pequeños. Son las ventajas de nuestra tradicional foralidad.

La lengua española ha tenido una venerable Academia trabajando, como quien dice, por el gusto de hacerlo. Como el sastre Campillo, que cosía de balde y ponía el hilo. Sin poder sacar adelante proyectos que requerirían un compromiso nacional claro, incluso de instituciones políticas, como el de un diccionario histórico que todas las lenguas cultas, salvo la nuestra, tienen ya completado desde hace años. Una empresa de ese tipo va mucho más allá de la historia, pues no hay posibilidad de tener un sólido diccionario moderno sin el respaldo del archivo integral de la lengua que suelen ser los diccionarios históricos. De todos los diccionarios de español —⁠pues en el fondo, y aunque algunos no lo confiesen, todos siguen al académico⁠— lo mejor está en la letra A, precisamente hasta donde va el Diccionario Histórico de que hoy se dispone. Para todo esto ha habido unos dineros menguados hasta hace bien poco, cuando, sobre todo por la aportación de donaciones particulares fundidas en una Asociación de Amigos de la Academia, se ha podido poner al día en cuanto a métodos y equipos de trabajo modernos. Últimamente se ha prometido alguna aportación gubernamental. Habrá que ver.

Respecto a su historia, la propia fundación de la Academia en 1713, con patrocinio de Felipe V, ha sido vista ocasionalmente como la consagración material del propósito uniformador castellanista sin tener en cuenta un hecho elemental: que el primer combate que libró la Academia lo fue contra el Consejo de Castilla, muy receloso éste porque aquella institución estaba llena de gentes que no eran castellanas netas. En boca de extremeños, murcianos, andaluces, americanos, entre gentes de herencia catalana o vasca, más otros miembros que habían sido viajeros por media Europa, ¿qué buen castellano iba a oírse, según criterio del Consejo? Por extraño que parezca, perdieron los castizos y la Academia lo fue de quienes hablaban español, vinieran de donde vinieran y fueran por donde fueran. Precisamente por ese buen tino en no identificarse, la autoridad de la Academia se fue aceptando, poco a poco, sin prisa pero sin pausa. A los treinta años de su fundación ya era la voz más reconocida sin que nadie hubiera obligado a nadie a reconocerla, sin leyes de lenguas, mandatos, obligaciones ni multas: por simple deporte.

Hace dos siglos España partía de una situación de analfabetismo masivo, como la mayoría de los países de su entorno, por cierto. Desde entonces, siempre ha ido muy por detrás de ellos a la hora de enseñar a leer y escribir. En 1975 sólo nos superaban en analfabetos, por muy poco, Portugal, Grecia y Yugoslavia. En la Francia de la Revolución sólo un treinta por ciento de la población tenía el francés como lengua materna, pero en ciento cincuenta años se había enseñado francés a todo el mundo y se había acabado con el analfabetismo. A finales del XVIII, cerca del ochenta por ciento de los españoles tenía como lengua materna el español; ciento cincuenta años después todavía quedaba alrededor de un veinte por ciento de analfabetos absolutos. Si se les suman los analfabetos funcionales —⁠los que sabiendo las reglas básicas de lectoescritura no son capaces de interpretar lo que leen, ni escribir más allá de dos líneas con mediana coherencia⁠—, “comprobamos que casi la tercera parte de la población se encuentra ante la gravísima situación de no comprender ni interpretar la realidad”[8].

Hace quince años discutían las Cortes de Aragón la posibilidad de revitalizar las fablas aragonesas y tal idea captó (y sigue captando) los apoyos políticos de tales o cuales grupos. En Asturias pasaba igual con las hablas locales: los bables. Pues bien, en esas mismas fechas había en Aragón doscientas cincuenta mil personas, mayores de diez años, completamente analfabetas, o sin estudios de ninguna clase. Casi idéntica cifra para Asturias. Con todo, ambas regiones no salían muy malparadas en comparación con otras zonas españolas. Tener un porcentaje numeroso de gente que no sabía leer ni escribir, o que no había recibido ninguna instrucción, parecía entonces menos preocupante para algunos parlamentos autónomos que las irrenunciables señas de identidad con fablas y bables. Y para doce mil personas que podrían malentenderse en alguna de las múltiples variedades dialectales de la fabla aragonesa (según sus cuentas, porque un hispanista alemán que estudió aquello con detenimiento sumaba bastantes menos), junto a los que pudieran hacerlo en los diversos bables, había disposición para ponerse a redactar dictámenes, informes, organizar debates parlamentarios, fundar academias regionales y gastar dinero público, como prácticamente nunca se había hecho para instruir a la gente en español: medio millón de aragoneses y asturianos ayuno de enseñanza era la prueba. Esto se llama aprovechamiento de recursos humanos. Resultará que por la misma puerta por la que han salido el latín y el griego, ya que estamos hablando de lenguas, entrarán en algunas escuelas españolas hablas locales declaradas bienes de interés cultural. Con el cambio, el enriquecimiento de nuestras escuelas será fastuoso. Es evidente que las lenguas clásicas no las habla nadie; sin embargo, algunos bienes de interés cultural tienen unos miles de hablantes (que prefieren entenderse en español, todo hay que decirlo). Si los bienes de interés cultural no cuentan en sus filas con tipos como Aristóteles o Cicerón, tienen a Pachín de Melás o a Pepín de Pría, que tampoco están nada mal.

Se puede entender que haya en España quien piense que ante las coplas baturras de Sixto Celorrio no hay Eneida de Virgilio ni Diálogos de Platón que se resistan. Lo que ya se entiende peor es que haya gente que vote a quien piensa así y le otorgue poderes ejecutivos para actuar en consecuencia. Todo indica que hay administraciones públicas que trabajan con denuedo para convertir a sus analfabetos de ayer en sus rústicos de mañana. Esto nos parece un acierto cultural sin precedentes, algo a lo que no se puede renunciar.

LAS PALABRAS DEL PAISAJE

De pronto, gracias a la gramática autonómica, la lengua española ha perdido denominaciones que ha tenido siempre. Así, parece casi imposible encontrar, dichos y escritos en la lengua común, nombres como Lérida, Gerona, La Coruña, Orense, Arosa, Carcajente, Jijona, Villajoyosa, Santurce y tantos otros[9]. Algunos son más o menos reconocibles después del cambio, pero de Fuenterrabía a Hondarribia hay un paso que no da todo el mundo; el de Vitoria a Gasteiz es todavía más difícil de dar. Es igual que la autoridad más autorizada sugiera que cuando dichos nombres se escriban o pronuncien en españolee deben escribir o pronunciar… en español (¡qué sugerencia más rara y caprichosa!). Los nombres no tienen dueño, cada lengua los dice a su arbitrio. Hay quien se llama John, quien se llama Jean, quien se llama Joan y quien se llanta Juan, ¿cuál es el dueño de un nombre cuyo origen, por lo visto, es hebreo? ¿Cuál es el nombre unívoco y oficial, por ejemplo, de Damasco? Ninguno propiamente, los árabes lo llamarán a su modo y lo escribirán con su alfabeto. En español decimos Damasco, se escribe con alfabeto latino y a los sirios no les ofende en absoluto. Incluso les parece bien. A los ingleses les parece bien que digamos Londres, aunque ellos suelen decir London. A los italianos les parece bien que digamos Turín, aunque ellos suelen referirse a Torino.

Los medios de comunicación (quiero decir, las personas que trabajan en ellos) no suelen seguir los consejos de poner el nombre en español cuando se escriba en español. Sólo cabe esperar que el resto del mundo no haga reclamaciones parecidas a las de los nacionalistas valencianos, catalanes, asturianos, gallegos y vascos (incluso a las de los leoneses para quienes León es Lleón, o a las de los aragoneses para quienes Huesca es Uesca), porque tales exigencias acabarían, visto el entusiasmo general, con la onomástica en español. Además, plantearían dudas muy difíciles de resolver: ¿Cómo habría que pronunciar y escribir genuinamente Damasco? ¿En árabe? ¿Y qué me dicen de Pequín? ¿Y de Azerbaiyán? ¿Tendríamos que saber todas las lenguas y alfabetos posibles para guiarnos en un mapa? Por cierto, volviendo a casa, ¿debe la lengua catalana renunciar a sus topónimos Saragossa o Conca, y escribirlos siempre Zaragoza y Cuenca, en justa correspondencia a la común renuncia a Gerona y Lérida, que todo quisque escribe ya Girona y Lleida? ¿Es absolutamente imprescindible que en las autopistas que rodean Madrid haya unas indicaciones de salida en sentido a Galicia, a La Coruña concretamente, con nombres en los que ni siquiera se han puesto de acuerdo sus inventores gallegos? Sigo en Madrid, ¿hay que cambiarle el nombre a la archipopular calle Orense por el de calle (incluso rúa) Ourense? ¿Mejoraría con ello el tráfico? ¿No estaremos cometiendo agravios comparativos con angloamericanos, franceses, italianos, alemanes, griegos, japoneses… muchos de cuyos nombres no pronunciamos en sus lenguas ni escribimos en sus alfabetos? Son dudas razonables que se le plantean a cualquiera. Para contestarlas, no se encuentra cabal respuesta en la nueva gramática autonómica de destino en lo particular.

La actual transformación galaica de la Carretera de La Coruña —⁠que ésa es la denominación que ha tenido siempre esta vía entre los vecinos motorizados de Madrid⁠— incluso tiene su gracia. Se podría dejar así, porque no confunde, al contrario, aclara: al leer la nueva señalización A Coruña, lo que casi todos los conductores creen es que, en efecto, se van a Coruña como se podían ir a Salamanca. Piensan que la ciudad gallega ha renunciado a su tradicional artículo La. Allá ella, al conductor no le importa: al final va a Coruña por la carretera que siempre ha ido. Sin embargo, si usted es hablante de árabe, atraviesa La Mancha y llega a Murcia verá escritas en su lengua las señalizaciones a Granada, Almería, Algeciras y otros sitios como ésos. Visto este ejemplo admirable ¿sería muy imprudente solicitar de las autoridades que el colectivo hispanohablante de Madrid —⁠que es el más numeroso de la ciudad, con gran ventaja sobre el que habla gallego⁠— tuviera indicaciones en su lengua familiar con las que se le orientara hacia Galicia, o por lo menos se las pusieran en letra pequeñita debajo de la denominación gallega?

En boca de muchos locutores parece que algunas personalidades, en sus visitas a Cataluña, pasan unos días, o unas horas, en chirona (¡buen viaje!). La placa de los automóviles matriculados en la provincia gerundense, que ha cambiado de GE a GI, ya no la caracteriza, pues son algunos los conductores de Gijón que matriculan allí sus coches, para que las iniciales de la placa coincidan con las de su ciudad… y de paso dejar con dos palmos de narices a su rival de siempre, Oviedo, hasta hoy referencia obligada de toda matrícula asturiana. Volverían a ser placas características de Gerona sólo si prosperasen las intenciones de llamar Xixón a Gijón. Pero si prosperan, los gijoneses no podrían aprovecharse de las matrículas catalanas. Grave dilema. No se crea que la toponimia privada empieza y termina en las zonas de contacto lingüístico, ni mucho menos: “Aún me acuerdo de cuando en Granada se decidió que lo adecuado era que el Albaicín se llamara Albayzin, con una ortografía que a sus promotores debió de parecerles el colmo de lo políticamente nazarí”[10]. Si bien, la genuina pátina nazarí se la hubiera dado la escritura en hispanoárabe del siglo XV.

El juguete toponímico que divierte tanto a algunos españoles les cuesta dinero a otros. La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) está preocupada por el exceso de controles que tienen que pasar sus textos “en las comunidades autónomas con competencias educativas, sobre todo en las que tienen lengua propia, sin que lo requiera el rigor científico o el currículo especial de la comunidad”. Uno de esos controles es, precisamente, el toponímico: “Algunas comunidades exigen que se incluyan toponimias de su región porque se han incluido las de una comunidad vecina”. Por motivos como el mencionado, las editoriales deben realizar cinco ediciones del mismo texto —⁠cinco son las lenguas oficiales que hay en España⁠—, el producto editorial se encarece en un treinta por ciento “y las diferencias entre los currículos de cada comunidad se multiplican, lo que resulta preocupante”, en palabras del presidente de la asociación[11].

A pesar de ello, es comprensible que el Congreso de los diputados decida hacer oficiales en toda España nombres como A Coruña, Lleida, Girona y otros tantos. Y se preste a ello, además, confundiéndolo todo: geografía, toponimia, idioma, hablantes y oficialidad lingüística. Es comprensible, pues del Congreso han salido iniciativas muy singulares en torno al idioma. Con ésta de los nombres, por ejemplo, se consigue que España carezca de toponimia oficial en la única lengua común de todos los que la habitan. Imagino que ésta es una conquista moderna de la que debemos sentirnos muy orgullosos. Comprensible es también que a algunos lugares, calles, estaciones de tren o metro se les otorgue, por ley, nombres en lenguas que casi ningún vecino las habla (a veces, sin casi). Y por si la señalización de carreteras no fuese ya de por sí lo suficientemente confusa para los viajeros nacionales, que lo llevamos con resignación, es preciso confundir también a los turistas, que en España son algunos: esos turistas que viajan con mapas y guías extrañas, donde Alacant todavía se escribe Alicante, Xixona es Jijona, A Toxa es La Toja, Iruña es Pamplona y Lizarra es Estella. Se puede entender todo. No crean que yo me empeño en que todas las cosas deban tener sentido. Por mí, como si se quiere recuperar la toponimia romana, incluso la celta, la ibera y otras que estaban todavía antes y son rarísimas de pronunciar: con decirles que el pueblo aragonés Sos se llamaba Nemantourista hace dos mil años… y no me negarán que es mucho más majestuoso decir Obulco Potificiense que Porcuna. Entendido todo esto, ¿por qué tiene que perder topónimos el español cuando se hable, o se escriba, en español? Recomiendo a los hispanohablantes que, mientras no haya una policía toponímica que nos detenga (no querría dar ideas) por decir Lérida o escribir Baracaldo sin k, no cedan en absoluto. No cedan: los diputados no son los amos del idioma. El que otras lenguas reconstruyan e inventen su toponimia no implica que el español tenga que perder la suya.

Los topónimos son muy generosos y pueden tener diez, cien o mil formas distintas de aparecer según los idiomas en que se citen, sin que nadie pueda reclamar oficialidad por nada. Como la lengua española ha recorrido el mundo de cabo a rabo, por tierra y por mar, tiene topónimos insospechados hasta de los lugares más recónditos. Están ahí y lo mismo que no se usan se podrían usar. Muchos ya son anticuados, pero otros no lo son tanto y pueden ahorrarnos problemas: cuando hace unos años se firmó el Tratado de Maastricht, este topónimo se escribía y pronunciaba en los medios de comunicación con diversas variantes (quiero decir: era difícil oírlo igual y se escribía, por lo menos, de tres formas). Pero algún periodista utilizó el nombre que el español ha tenido para esta ciudad, que fue española, y a la que Lope dedicó una obra de teatro: Mastrique. No me digan que no es práctico: no da ningún problema ortográfico ni fonético, y no disimula en absoluto el nombre original holandés, o sea, que no es como pretender llamar a esa ciudad Mosam Traiectio, como decían los romanos, que le pusieron ese nombre antes de que se hablara holandés en ninguna parte.

LOS NOMBRES DE LA LENGUA

Del nombre de la lengua se ha escrito hasta la saciedad. Ahora sólo voy a citar un hecho que afecta a lo que es la marca internacional del español: la reclamación de la denominación española por parte de cualquier lengua que se hable en España. De modo que el catalán, el vasco o el gallego serán también lenguas españolas. Y lo son… Lo son geográficamente, porque son de España. Pero, de todas, sólo hay una lengua española que “se entiende en toda España”, ¿por qué no va a reclamar esa antonomasia? Es la lengua de todos los españoles, es el nombre que suelen preferir los americanos. No es cosa de nadie en particular. Pero el caso es que la antonomasia se pierde sólo para una de las lenguas de España (¡qué curioso!). Las demás no ceden espacio: si el catalán reclama la denominación de lengua española porque se habla en España, con idéntico argumento el “castellano”, aunque reducido a ese nombre particular, podría reclamar la denominación de lengua catalana porque se habla en Cataluña; la de lengua vasca porque se habla en el País Vasco; la de lengua gallega porque se habla en Galicia; la de valenciana porque se habla en Valencia y mallorquina porque se habla en Mallorca. Como también es extremeña, murciana, andaluza, cántabra, canaria, manchega, etcétera, se abrevia el nombre con española. Hasta que alguien se decida a ponerle hispanoamericana, o cosa por el estilo, la antonomasia española no es injusta.

Si el “castellano” hace esa reclamación geográfica delirante, el barullo será total. Con esto se podría iniciar el bonito juego de los absurdos denominativos con el que nos divertiríamos mucho: uno podría pedir una tortilla española en cualquier bar del país y esperar a ver qué le sirven sin posibilidad de reclamación porque, le sirvan lo que le sirvan, será una tortilla ¡hecha en España, caramba! Las tortillas francesas se encargarían por correo. Habría que cambiar de nombre a las llaves inglesas que pasarían a ser, seguramente, taiwanesas. En fin, un lío; habría que aprender un montón de nombres. Nos confundiríamos a cada paso.

O se respetan todas las antonomasias, o no se respeta ninguna. Porque si no se respeta una concretamente, y sí todas las demás, resulta que a la lengua común no le queda ni el triste consuelo de un nombre general inequívoco, dándose lugar a extrañas confusiones, como la de que haya academias de idiomas en el extranjero, sobre todo en países anglohablantes, donde a los alumnos se les da a elegir entre aprender castilian o spanish american. Normalmente las academias venían enseñando spanish (con eso se arreglaban) pero como desde 1978 la denominación oficial, constitucional, del idioma común de España es la de castellano, alguien que enseña idiomas ha pensado que es una variedad del español, suficientemente distinta, como para darle nombre y entidad aparte. Como “lengua de España”, sin referencia ninguna a Hispanoamérica, se define ya en prestigiosos diccionarios de inglés.

Me pregunto, ¿qué les enseñarán a los alumnos en una clase de castilian? ¿Y en otra de spanish american? Aunque no quiero ni imaginar lo que aprenden, la verdad es que dan ganas de matricularse en ambas especialidades, a ver qué dan. Lo que sí nos enseña Manuel Alvar es que “no hay más que un español, es absolutamente falaz escindir esa realidad única en dos mundos opuestos: América y España”[12]. Pues bien, esta sencilla lección, dada por un viajero que conoce hasta la última esquina del idioma, puede quedar desafortunadamente en entredicho gracias a nuestros juegos políticos y denominativos con el idioma común. Decididamente, hay que ir pensando en cambiar el nombre y darle uno inequívoco, que no moleste a ninguna minoría, que no dé ninguna pista geográfica. Propongo el de cervantino. Podría ser asimismo una sigla, que están tan de moda. El inglés ya la tiene: WSSE, “World Standard Spoken English”, sigla con la que se designa a un idioma, básicamente turístico, que facilita la funesta y perniciosa manía de entenderse que tienen ciertas personas (según los últimos recuentos puede haber quizá dos mil millones de recalcitrantes capaces de entenderse en eso)[13].

En fin, que las ganas de evitar el término español, o la antonomasia lengua española, con argumentos tan endebles como los que se dan (porque, puestos así, el catalán y el vasco también son lenguas francesas —⁠no sé lo que pensarán en Francia⁠— y el español es euroamericana-africano-asiática), esas ganas son las de evitar la bicha del tradicionalismo de siempre y del nacionalismo de hoy, es decir, evitar el nombre de algo que aparece en la historia moderna española como el ejemplo más acabado de que se puede crear algo interesante que junta, comunica y une a las personas. Y son ganas de ocultar que algo así se ha creado por convergencia y disolución de identidades (más bien supuestas) que, al confluir, se pierden o quedan muy enflaquecidas.

La paradoja mayor es que la confluencia fortalece. Una historia, en todo caso, por la que es mejor pasar como sobre ascuas. Expresada la lengua como castellano parecerá una identidad parcelada más que se ha instalado entre sus vecinas indeseadamente. Expresada como español, esa lengua lleva en sí un aroma de comunidad de intereses que algunos han tratado de evitar a toda costa: es un mal ejemplo. De modo que la petición que elevaron al Congreso en 1978 las Academias Española de la Lengua y la de la Historia en pro de la denominación español se desoyó. La petición tenía fundamento histórico y filológico, pero era políticamente incorrecta.

Recomendación final: den a nuestra lengua común el nombre que acostumbren, el que más les guste, el que deseen (incluso ése de habla hispana, que le ponen en la entrega de los premios cinematográficos Goya, nombre racial, con aroma a tribu, sin categoría de lengua, aunque no me queda claro a qué se refieren con esa denominación). Pero no echen en saco roto lo que les acabo de contar. Ni desechen la posibilidad de cambiarlo de nombre, porque esto de estar explicando a las personas adultas cómo se llama la lengua que hablan ya va pareciéndose mucho a una batallita del abuelo Cebolleta.

Curioso poder el de las minorías lingüísticas en España: en la Constitución de 1978 hubo que disminuir el nombre de la lengua común porque español les molestaba, así que se quedó en castellano, variedad del español que sólo habla una parte de hispanohablantes y denominación que ha confundido a otros grandes grupos lingüísticos. Además del nombre, la lengua común tiene que perder topónimos porque los hablantes de lenguas vecinas no los sienten como propios; hay que ceder espacios en la televisión, cuando se dan esas transmisiones que, emitidas para todos los españoles, no llevan indicaciones en la lengua común. Hay que comprender que a algunos editores les cueste la producción de textos escolares un treinta por ciento más de lo que podría costarles. Y para colmo: hay quienes no han tenido más remedio que fundar una Federación de Asociaciones por el Derecho al Idioma Común Español (FADICE)[14]. He aquí un motivo para reflexionar: en la España actual hay quien tiene que asociarse para pedir que le dejen estudiar tranquilamente en español, a su gusto, y no como se le haya ocurrido al planificador autonómico de turno. ¿Cómo hemos llegado a una situación tan absurda? Hemos llegado porque en España hay que asistir a uno de los delirios más grandes que se recuerdan en nuestra historia lingüística moderna, y que no tiene igual en el mundo: una notable mayoría nacional que no sólo respeta a las minorías, sino que se pliega a sus caprichos y angustias. Hablantes de una de las grandes lenguas del mundo que deben lealtad, por ley, a idiomas que serán tan respetables como son desconocidos fuera de casa (incluso dentro de casa lo son también, como le ocurre al vasco). Hasta ahora sucedía al revés: los hablantes de lenguas minoritarias trataban de pasarse a otras que les ofrecieran más, pero España, siempre dispuesta a dar la nota pintoresca, trae ejemplos vivos de todo lo contrario. Pues bien, por todo esto que les he contado, el español, más que un fiero león, parecería un tierno gatito.

LETRAS DE QUITA Y PON

Vamos a otro asunto. Otro ejemplo, nimio y expresivo a la vez, del paradójico apoyo institucional a la lengua común. Un caso mínimo: el de la letra eñe (que, dicho sea de paso, es un invento ortográfico estupendo). Quizá recuerden que hace años una orden ministerial prohibía la entrada en España de teclados de ordenador que no la llevaran incorporada. Recordarán que esto se publicó, a bombo y platillo, como una defensa del español (hecha por el ministro Eduardo Punset, catalán de nación). Recordarán que la Unión Europea echó atrás la ley porque atentaba contra el libre comercio: si un comerciante quería vender en España teclados sin eñe ¿por qué no iba a hacerlo? Como si otro quería vender gafas de sol sin cristales, allá él. Problema distinto es que eso fuera negocio en un país donde hasta su propio nombre lleva eñe (pronto se demostró que tal cosa sí era negocio en Espa/a). El asunto se fue embrollando. En medios políticos espa/oles se tenían tan claros los términos del acuerdo con la Comisión Europea, que hasta hicieron una consulta formal a la Academia para que se les explicase si la eñe era una letra… o qué era. Los académicos dijeron que la eñe era una letra que se escribía así: ñ, o sea, como la ene pero con una virgulita encima. Posiblemente, aquella respuesta les pareció a los políticos una excentricidad, propia de sabios que viven en su torre de marfil y que desconocen los elementos de la vida práctica.

Si no, no se explica que los mismos que dictaban la prohibición de importar teclados sin eñe, compararan miles y miles de teclados, programas, guías, inventarios informáticos… sin eñe. Pero no sólo ellos, se compraban en cualquier parte, en cualquier ministerio, en cualquier universidad, en cualquier organismo público, hasta la Biblioteca Nacional echó mano de uno de ellos, que era muy curioso de consultar. Y se siguen comprando, por supuesto. ¿No hubiera sido más fácil, en vez de prohibir los teclados sin eñe (y embrollar a los funcionarios de Bruselas, que ya se embrollan solos), recomendar, sin más, no adquirirlos en organismos oficiales y predicar con el ejemplo, de modo que el vendedor se plegara a las necesidades de un cliente que tiene eñe en su alfabeto? Pero, claro está, váyase a saber qué intereses particulares, negocios varios y exigencias comerciales —⁠que nunca se aclararon en todo lo que duró la polémica⁠— habría en distribuir por doquier toda aquella chatarra informática donde Núñez era, como sigue siendo, Nú/ez. De tales intereses no se habló nunca, pero fueron los que al final triunfaron, pues en ellos estaba la clave del asunto.

A mí no me preocupa la suerte de la eñe, sobre todo desde que el inglés se la ha apropiado. La prestigiosa revista National Geographic, en el número correspondiente a marzo de 1999 dedicado a los devastadores efectos climáticos del Niño y la Niña, emplea muchas más eñes de las que se gastan en algunos programas de ordenador para uso de hispanoescribientes. Sí resulta un engorro que gracias a la dejadez o a los negocietes de alguien, siempre anónimo, no podamos informatizarnos en español con todas nuestras letras, que tampoco son tantas ni tan difíciles. No sé qué hubieran hecho los franceses si a alguien se le hubiera ocurrido comprar para un centro oficial ordenadores sin ç, es decir, sí sé lo que hubieran hecho: le hubieran obligado a comérselos crudos, servidos por un garçon, en vajilla de Luçon, con vino de Besançon.

EL PESO DE LA LENGUA

Hay otro aspecto sobre el acostumbrado tópico del respaldo legislativo al español que es el que causa más preocupación porque no da lugar a absurdos, ni da lugar a anécdotas: me refiero al valor económico de la lengua en el ámbito internacional. Desde hace medio siglo los valores culturales o demográficos de una lengua han ido cediendo terreno frente a su valor económico. Las lenguas ya son una industria, y muy lucrativa, por cierto. El peso de una lengua ya no depende de su producción literaria, su legado histórico o su número de hablantes, sino de su representación económica basada en criterios de industria, ciencia y técnica[15]. No hay lengua que pretenda ser internacional sin apostar fuerte en esos campos. Esto no ha hecho falta explicárselo a los hablantes de otros dominios, que ya han tomado medidas y posiciones. Esta realidad evidente sólo necesita explicación en el ámbito hispanohablante en general, y en España en particular.

Prácticamente la totalidad de la administración europea, y de la comunicación en organismos públicos y sociedades privadas, se lleva en inglés, francés y alemán. Todo indica que la Unión Europea le tiene reservado al español un puesto muy secundario. Sin embargo, es esta lengua la que les está abriendo todas las puertas a las empresas españolas que negocian en Hispanoamérica. Puertas que tradicionalmente abrían compañías norteamericanas ofreciendo productos en inglés, se van abriendo hoy con un producto similar pero ofrecido en español. Como los norteamericanos son listos, esas ofertas que vienen de Europa fructificarán hasta que ellos mismos empiecen a negociar abiertamente en español por allí, para lo que se están preparando a marchas forzadas. De hecho, el valor económico de lo que el español produce en EEUU es superior a lo que pueda producir en cualquier otro país hispanohablante[16]. Pero, claro, allí no se habla principalmente español. Ésta no va a ser lengua que cultiven con primor.

Los peligros para una lengua no están en que los medios de comunicación la utilicen mejor o peor, ni en que se vea obligada a usar préstamos dispares, en general venidos del inglés (asunto este que, en realidad, no es ningún peligro). Los peligros reales proceden de que una lengua pierda funciones: que se deje de utilizar para tal o cual campo del pensamiento, de la actividad empresarial, de la ciencia, de la técnica, de las comunicaciones. No faltan cimientos para hacer del español una lengua internacional, y tampoco es un delirio la intención de crear un núcleo de asuntos que merezcan el interés de la comunidad mundial que vaya expresado en español. Tampoco es un sueño querer evitar la pérdida de espacio en ese terreno y, con ello, evitar la fuga de cerebros, de dinero y de posibilidades expresivas, con lo que se acabe convirtiendo al español en una lengua local, con muchos millones de hablantes, sí, pero local al fin y al cabo. No sé, sin embargo, si esa promoción de nuestra lengua interesa a la familia científica, técnica, periodística, política, financiera, empresarial o artística.

El cantante mexicano Luis Miguel hizo unas bonitas declaraciones ante doscientos periodistas de todo el mundo, con motivo de unos recitales que dio en Madrid en septiembre del año pasado: “Para cantar algo, tengo que sentirlo, y sólo lo siento si lo digo en español. Hay tantas maneras bonitas de decir te quiero en castellano…”[17]. La declaración estaba hecha en impecable inglés, (y eso que la música, la que hacen los hispanoamericanos más que la que se hace en España, es uno de los grandes vehículos internacionales de nuestra lengua: es grande la sorpresa que se llevan algunos profesores de español en lejanos destinos cuando advierten que Celia Cruz interesa más que García Márquez). No hay por qué ser pesimistas, pero la pérdida de espacios expresivos del español es real: un traductor me comentaba que cada vez son más las dificultades, no ya para crear, sino incluso para traducir, dada la falta de terminología específica del español para ciertos campos; campos, esto es lo sorprendente y lo grave, donde países hispanohablantes han sido, o son, potencias industriales de primer orden, como la terminología relacionada con la pesca y cultivos marinos. Dificultades comprensibles cuando otra potencia industrial —⁠la edición de libros en español⁠— anuncia sus colecciones como City Pack, Booket, Pocket, o ha animado a leer a nuestros clásicos con el oportuno lema Just read it.

Que un locutor no hable bien, que la gente no se exprese con la debida corrección, o que los extranjerismos salten a cada paso, son asuntos menores, porque en el fondo tales asuntos les pasan a todas las lenguas vivas. Pero la pérdida de funciones y de capacidad expresiva en campos propios de las comunicaciones y el desarrollo modernos es el primer síntoma de decrepitud, más o menos lenta, pero segura. Éste es un problema real para la lengua española. En un mundo informatizado, con redes de comunicación que trasladan al momento cualquier mensaje de un punto a otro del globo, no deja de ser un problema grave[18].

Sin embargo, casi siempre que se plantea algún debate lingüístico en España, nos asalta el mismo tópico: la riqueza de las diversidades idiomáticas del país, la variedad envidiable, el privilegio plurilingüe, la hermandad de lenguas, metiendo todo en el mismo saco y sin entender que entre las lenguas de España hay una, la común, cuyas situaciones, circunstancias y valoración internacional no la hacen ni mejor ni peor, la hacen radicalmente distinta de todas aquellas con las que contacta en nuestro país. Conviene no confundir el mapa lingüístico-político de España con el de la lengua española. Nuestro debate no debería ir sólo por hermanar lenguas y conservar patrimonios irrenunciables en España. Debería ir asimismo por saber si se quiere, o no se quiere, proyectar sin complejos la única voz que tenemos con la que se nos puede oír en el mundo sin tener que recurrir permanentemente a otras. Como debería ir también por enterarse de que esa voz se comparte con muchísimos más hablantes, radicados sobre todo en América, que es por donde pasa el futuro de nuestra lengua[19].

Hecho este repaso, uno considera que es posible que la lengua española —⁠en rigor habría que decir sus hablantes⁠— no sustanciara las exigencias de una sólida lengua internacional propias de la época moderna, que dejara a su paso muchos analfabetos, muchas escuelas sin fundar, muchos problemas de contacto lingüístico sin resolver, muchos campos de conocimiento y desarrollo científico, técnico y humanístico sin cultivar idiomáticamente, muchas vías de comunicación sin ocupar y mucho aprecio perdido por lo que, en esencia, no es más que una feliz y numerosa manera de entenderse. Esto ha sido posible, lo mismo que puede serlo que no las vaya a sustanciar para el siglo XXI, y sus naturales estemos recorriendo alegre y despreocupadamente un camino por donde llegar a transformarla en una gran lengua del Tercer Mundo. Nunca se sabe.

Cabría ahora ver en qué se ha sustanciado, qué resultados evidentes y de peso ha logrado el tópico apoyo político y legislativo a la lengua española en la España contemporánea. Apoyo que algunos dan como un hecho decisivo en su difusión. En este capítulo he repasado sólo asuntos sueltos, entre muchos más que se podrían ver y de hecho han ido viendo con buen tino otros autores[20]. Asuntos simples pero que despiertan dudas razonables sobre el mimo institucional a la lengua española. Si repasamos la historia, se hallarán casos nuevos. Y bien interesantes, por cierto.

III
ALBERGUE PARA ANALFABETOS

Es hora de fijarse en la joya de la política lingüística: la enseñanza. Está reconocido por todo el mundo que la instrucción es la piedra angular de cualquier intento que se precie de difusión de una lengua. Pues bien, en su Historia de España, Pierre Vilar resume así la política escolar española de los últimos doscientos años: “Pensemos en que desde Carlos III el Estado español no cuenta con ningún éxito en su activo. Y que no ha hecho un esfuerzo eficaz para difundir el mito de la comunidad, en particular, ningún esfuerzo escolar de gran envergadura”. El subrayado es del mismo autor[1].

Tenía España a finales del siglo XVIII una población prácticamente analfabeta. Durante todo el siglo siguiente la proporción bajó algo. Se era analfabeto en cualquier lengua. Una línea reglada de educación primaria no existía como tal. En 1900 todavía más de la mitad de los españoles seguía sin saber leer. Durante los cuarenta años siguientes mejoró la situación y, poco a poco, se fueron invirtiendo más medios en educación pública. ¿Y el franquismo? Las campañas de alfabetización del régimen tenían mucho más de propaganda que de acción real. Más que de alfabetización, lo parecían de adoctrinamiento, pues se enseñaba que el hábito de leer era fuente de satisfacción y cultura y ésta nos proporcionaba el aprecio de nuestros semejantes. Nobles enseñanzas, qué duda cabe, acompañadas siempre de recomendaciones para que se leyeran textos moral y políticamente sanos. Por cierto, ¿se publicaban otros entonces?

Hay que reconocer un éxito que, sin embargo, tampoco hay que anotárselo al sistema. Sucede a la vez en muchos países, como si fuera un humor del momento: por necesidades comprensibles, la demanda de una formación más amplia hace que el paso de la escuela primaria a la secundaria y de ésta a la enseñanza superior ocurra con más regularidad que nunca en la historia de España. La afluencia de bachilleres a la universidad a partir de los años sesenta sí es notable, pero, ¿qué bachilleres? Ese principio de que “ningún talento se pierda por falta de medios” volvió a ser retórico, pues a pesar de que, con desprecio absoluto de las estadísticas, se mantenía desde plataformas oficiales lo contrario, la verdad es que la universidad española era radicalmente clasista. No llegaba al uno por ciento el contingente de universitarios de procedencia familiar trabajadora[2]. He aquí más estadísticas: en 1975 España estaba entre los países menos alfabetizados de Europa. Todavía en 1985 los mayores de diez años que eran analfabetos o no tenían ningún tipo de instrucción sumaban un veinticinco por ciento de la población nacional. En provincias como Badajoz, Cáceres, Jaén u Orense el porcentaje oscilaba entre un cuarenta y dos y cuarenta y cinco por ciento.

Las cifras para la mayoría de los países hispanoamericanos son todavía peores. En esta situación proporcional y lamentable de que los hispanohablantes sean, o hayan sido, los más analfabetos de América y casi los más analfabetos de Europa hay más que casualidades. Ya por estas cifras se pueden abrigar dudas respecto a cuál ha sido el beneficio sustantivo del español en este capítulo.

¿Por qué ha sucedido algo así? ¿Por qué ha habido tantas personas sin la instrucción más elemental hasta fechas muy recientes? La historia de la escuela española hace honor a la observación de Ortega en su ensayo, escrito en 1930, Misión de la Universidad: “La escuela, como institución normal de un país, depende mucho más del aire público en que íntegramente flota que del aire pedagógico artificialmente producido en sus muros”[3]. ¿Cuál ha sido el aire público que ha flotado en el país desde hace doscientos años a esta parte? Cito ese periodo en concreto porque de 1768 data una célebre Real Cédula otorgada por Carlos III —⁠la firmaba el conde de Aranda⁠— que se repite en provisiones de años posteriores de forma muy similar, donde se ordena que: “La enseñanza de primeras Letras, Latinidad y Retórica se haga en lengua castellana generalmente, donde quiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las Audiencias y Justicias respectivas, recomendándose también por el Consejo a los Diocesanos, Universidades y Superiores regulares, para su exacta observancia y diligencia en extender el idioma general de la Nación”.

En la historia canónica, diría yo, del contacto de lenguas en España, dicha ley está considerada como la prohibición o el olvido en las escuelas españolas de cualquier otra lengua que no fuera la castellana de Castilla. Como una declaración de principios de que los castellanos van a monopolizar la circulación lingüística nacional, asimilando a todos a su credo. Es un tópico muy repetido.

Sin embargo, este tipo de leyes tienen poco que ver con el sambenito castellanista que algunos historiadores modernos les han colgado. Ni prohíben otras lenguas, ni castellanizan castellanamente a golpe de palmeta castellana todo lo que encuentren a su paso. Por su época, por su intención, por sus circunstancias, apuntan a otra diana. La España de Carlos III era una España estamental, con una casta nobiliaria que, directa o indirectamente, regía el país. De modo que esas leyes y provisiones no van dirigidas al público en general sino, principalmente, a los estamentos nobles o a grupos selectos, adinerados, cuyos hijos van a ocupar los puestos importantes en la administración pública, las finanzas, el comercio, el ejército, para lo que hay que prepararlos con una enseñanza aristocrática. Esos grupos ya hablaban español.

Considerada en sí misma, la provisión de Carlos III ni siquiera se trata de una ley para la enseñanza del español en las escuelas. Se trata de la recuperación de un método contrastivo de enseñanza del latín desde el español, parecido al que Nebrija había propuesto a principios del siglo XVI. Aunque leído hoy el documento nos parezca otra cosa muy distinta, los coetáneos sí que entendieron inequívocamente que la Real Cédula era latinizante.

Si se lee con atención el prólogo de la primera gramática académica, publicada en 1771, se verá que no está escrita sólo para aprender español sino porque “Los que hubiesen de emprender carrera literaria necesitan saber la lengua latina, y lo conseguirán con mayor facultad llevando ya sabidos por su gramática propia los principios que son comunes a todas las lenguas”. También estaban preocupados los académicos porque “Igualmente los Alemanes, Franceses, Ingleses y otras naciones cultas han compuesto gramáticas de su propia lengua para facilitar el estudio de la latina”. No iban a quedarse los españoles atrás, por lo menos en las intenciones, aunque sí se quedaron muy rezagados en los logros. En suma, se trata de un plan de estudios para la gente de alta alcurnia, la que estudia latinidad y retórica y aprende el gran idioma literario, de alta cultura internacional, de relación y diplomacia que entonces era el latín[4]. Un plan perfectamente entendible en una sociedad donde las posibilidades de acomodo escolar están restringidas según procedencia económica.

Es interesante observar que aquellas áreas de contacto lingüístico, como Cataluña, Valencia o Mallorca, donde el español no era por la época una lengua popular, sino más bien patrimonio de la aristocracia urbana y los círculos mercantiles, son las que hacen un esfuerzo pedagógico más notable al respecto. Se publican o imprimen gramáticas, diccionarios y métodos al nuevo estilo, combinando el latín, el español y el catalán. Así lo hicieron, junto a otros nombres, Calixto Hornero en Valencia, Salvador Puig o José Pablo Ballot en Barcelona, algo después Felipe Guasp en Mallorca. Muy curiosa a este respecto es la obra de Ballot Reflexiones oportunas para el uso y manejo de la lengua latina (Barcelona, 1782), cuya motivación para escribir una gramática de este género, “habiéndose de enseñar la lengua latina en cumplimiento de la Real Orden en lengua castellana”, es que las gramáticas de español de que se disponía no eran buenas. En lo que tenía razón, las gramáticas dieciochescas de español no brillan por su doctrina.

En Cataluña y Valencia cundió una línea de renovación pedagógica, según el nuevo estilo importado de Europa por Jaime Abreu, basada en la enseñanza del latín y el dominio del español. Lo que no tiene nada de paradójico, pues era un estilo dedicado a todos los grupos selectos del país, donde era impensable que alguien se instruyese en una lengua particular y pretendiese algo con ella. Quienes en dichas zonas no formaran parte de esos grupos podían instruirse, si es que se instruían, en los abeceroles tradicionales, o en el antiquísimo Llibre de bons amonestaments de Anselm Turmeda, un librito del siglo XIV nada menos. Pero ésa no era una educación para la gente con posibles[5].

La España de mediados del XVIII no era un país de filántropos preocupados por la alfabetización universal. Ésta era una idea en cierne más que una realidad. Una idea que fue cuajando con morosidad durante todo el siglo siguiente y que tuvo algunos logros. Pero antiguamente los ricos del país se educaban en latín y español, esto desde antes de Carlos III y desde antes de Felipe V, sin mayores nostalgias patrióticas, pues a ellos iban destinadas las ordenanzas educativas. En el siglo XVIII español, europeo, no hay que olvidar nunca que las normativas en torno al uso de las lenguas suelen tomar como referencia al latín. La gente con menos medios no se educaba, o si, como en el caso de los catalanes, valencianos y mallorquines, tenía la oportunidad de pertenecer a una sociedad con cultura letrada particular por ser una sociedad menos desigual, con pequeños propietarios, comerciantes, industriales, podía aprender a leer y escribir en catalán. Si no tenía esa oportunidad, como ocurría con las zonas rurales gallegas, vascas, aragonesas o asturianas, el analfabetismo estaba garantizado en lo común y en lo particular. Sobre esto ninguna ley disponía nada. Ni a favor ni en contra. La instrucción de los que no eran nobles, simplemente, no se consideraba como asunto prioritario de Estado.

Quien se incorporaba a empleos de cierta categoría en el cuerpo administrativo, aunque se abriera la mano respecto a etapas anteriores porque se necesitaba más gente y mejor preparada, no podía ser un cualquiera. Campomanes lo dijo con absoluta claridad en su Bosquejo de política económica española (1750): “Preciso es en una buena república hacer que los ricos tengan empleos útiles al Estado, en que empleen su celo y conveniencias”. Pero en una sociedad cada vez más compleja, el celo y la conveniencia de los ricos, para desarrollarse en empleos y trabajos productivos a la comunidad, tenían que pulirse, porque ya no bastaba con ser noble o tener rentas, había además que ser fino e instruido, saber latín, redactar bien en español, haber viajado por Europa, haber seguido algún cursillo de comercio en Milán, en Londres o París, saber algún idioma moderno y otras habilidades de ese estilo.

Hay por aquellos años autores, como el padre Sarmiento en Galicia o como Baldiri Reixach en Cataluña, cuya actitud frente a estos planes podría parecer, según las experiencias actuales, adelantada a su tiempo y, como tal, un propósito imposible entonces: lo mejor para un niño, en su opinión, era aprender su lengua materna. Desde ella, acceder con más facilidad al español. El latín podía esperar, no era lengua imprescindible.

Estas ideas no eran una novedad absoluta. Otros autores también reconocieron el valor de la lengua materna. Pero los notables, hablaran la lengua que hablaran, no estaban dispuestos ni a abandonar el latín, ni a descuidar el español si no lo tenían asegurado en casa. Tampoco se les obligaba a abandonar el catalán. De hecho, la gramática latina de un autor catalán, Torrella, escrita originalmente en latín con notas en español en 1636, se tradujo al catalán y servía de libro de texto —⁠como tal gramática latino-catalana⁠— en la Universidad de Cervera, donde se educaba, básicamente en español, a catalanes de cierta alcurnia. El mando pedagógico dieciochesco no obligaba, como se dice a veces, a que todos los niños españoles aprendieran español. A los ministros y gobernadores de aquellos años estas cosas les importaban mucho menos de lo que parece. La realidad es que, con las gramáticas existentes escritas por autores catalanes, con la de Torrella, con las que se habían traducido de Nebrija al catalán, se podría haber estudiado el latín desde el catalán, pero ésta era —⁠o por lo menos parecía serlo⁠— una opción con poco atractivo para aquellos grupos que iban a transitar por medios donde el dominio del español era incontestable.

Por otra parte, las consideraciones de Sarmiento o Reixach no iban con su época. Eran más bien abstracciones que tardarían muchos años en poderse materializar. El niño gallego o catalán que podía acceder a una escuela de latinidad y retórica, ése, era de una familia que conocía el español o estaba en su órbita, sólo que quería pulir el idioma. No era lo corriente que paisanos de aldea, hablantes natos de cualquier medio dialectal, acudieran a una escuela de ese tipo. Para ellos, prácticamente, no había escuelas.

En el siglo XVIII el latín tenía mucho peso en la Europa cultivada, y el español, proporcionalmente, tenía más del que tiene ahora. Entonces eran lenguas muy interesantes. En la gran potencia internacional que todavía era España daban muchas más oportunidades que otras lenguas. Pero la prueba de que las oportunidades eran para muy pocos es que, tras los cuarenta y cinco años de leyes uniformadoras para difusión y privilegio del español (uniformación, difusión y privilegio más supuestos que reales), esos años, que van de 1768 a 1812, los analfabetos seguían siendo los mismos de antes de las leyes, es decir, noventa y seis de cada cien españoles.

No se puede estar de acuerdo con el repetido tópico de que estas leyes educativas prohíben las lenguas minoritarias o las menosprecian. Simplemente, apenas las consideran. Sí se puede estar de acuerdo, sin embargo, en que las órdenes que instauran la nueva enseñanza crearon una división escolar entre ricos que se educan en latín y español, frente a no tan ricos que se educan, si es que llegan a educarse alguna vez, de cualquier otra manera. También, por supuesto, dejan una masa de rústicos que no se educa de ninguna forma. Pero esto no es una diferencia que establezca la lengua en la sociedad. Es una diferencia que establece la sociedad estamental —⁠como la estableció la burguesía liberal después⁠— entre las lenguas, pero sobre todo, entre quienes por su cuna tienen o no acceso a los bienes sociales más apreciados.

VIEJOS USOS PARA LOS NUEVOS TIEMPOS

Las Cortes de Cádiz quisieron acabar con esta situación. De los nuevos criterios políticos que se enfrentan a la sociedad señorial, de los planes de educación que había trazado Jovellanos, de la Junta de Instrucción Pública de 1813 surgida de esas Cortes, parten los primeros golpes contra esa educación aristocrática que impide una verdadera instrucción pública. Se tomó una medida interesante: “Debe ser una la doctrina de nuestras escuelas, y unos los métodos de su enseñanza, a que es consiguiente que sea también una la lengua en que se enseñe y que ésta sea la lengua castellana”[6]. No hay aquí tampoco proscripción de lenguas minoritarias: hay que el español desplaza al latín de las escuelas. Era de suponer que con tal medida la educación se agilizaría y se haría más igualitaria. A ese fin se destinaron los distintos reglamentos de enseñanza de la época, que van apareciendo desde 1821 hasta la famosa Ley Moyano de 1857 que, como quien dice, ha tenido vigencia hasta la época de la Segunda República.

La Constitución de 1837 traía entre sus páginas una medida interesante, considerada la rígida sociedad española de aquellos años: el derecho de todo ciudadano a ser admitido para cualquier cargo público. No se podría haber imaginado una medida así si el Plan General de Instrucción Pública del año anterior no hubiera ratificado los acuerdos de la junta de 1813, en el sentido de que una educación igualitaria y popular pasaba por enseñar a todos los niños españoles la lengua común, la única posible. En un país con varias lenguas —⁠donde sólo estaba normalizada una que era la general del país⁠— y con analfabetismo arrollador en cualesquiera de ellas, ésa era la única garantía de una civilidad sin discriminaciones por razón de procedencia social o geográfica. Es evidente que todo esto tenía que molestar al rancio tradicionalismo hispánico, apegado a los usos patrimoniales.

Pero todo fueron buenos propósitos, pues muchos de quienes firmaron aquellos planes tampoco iban a desvivirse por ejecutarlos. La triste realidad del debate educativo se podría resumir en las palabras que el barón de Castellet dedicaba en 1809 al asunto: “Bien sé que algunos opinan que no conviene instruir al pueblo y que se le ha de dejar en su rusticidad e ignorancia para conservar la pública tranquilidad. Sería de su parecer si se tratase de dar a toda clase de sujetos una educación científica, y creo que un pueblo de sabios sería un monstruo, pero conviene dar a todos los primeros principios de la instrucción y ponerlos en contacto de que puedan desplegar sus talentos los que los tengan. A este fin, después de las verdades de la santa religión, se ha de enseñar a todo el pueblo a leer y escribir y las cuatro primeras reglas de la aritmética”[7]. Ni siquiera estos propósitos modestos fructificaron: lo de enseñar a todo el pueblo, aunque fuera poco, se quedó en la inopia. Y lo peor de todo es que el barón de Castellet estaba, posiblemente, en lo cierto, porque la clave del momento la da una inmensa mayoría del cuerpo nacional a la que le parece muy bien, lo justo, lo natural, lo suyo, que el rey mande y que todos obedezcan, frente a una minoría que tampoco va a hacer mayores esfuerzos para integrar a una masa de analfabetos en las nuevas instituciones de civilidad y ciudadanía que pretende constituir.

El plan de educación de Gil y Zárate, en 1845, lo dejaba clarísimo: “Los que consideran la enseñanza como el verdadero termómetro de la civilización de un pueblo, y piensan que debe alcanzar a todas las clases acomodadas, opinan también que el número de establecimientos debe estar en proporción con estas clases y no propugna su aumento”. Entre quienes creen que las lenguas minoritarias de España han sido desalojadas de la escuela por las leyes de Carlos III, los acuerdos de la Junta de Cádiz, los planes de Gil y Zárate o de Moyano, hay un error elemental: creer que estas leyes obligaban a todos los niños. Pero no obligaban a todos los niños, obligaban a muy pocos, a casi ninguno, a una minoría exigua de estudiantes de clase acomodada que, por lo general, ya hablaba español procediera de donde procediera.

Los resultados prácticos de tanta ley de apoyo al español son más bien escasos: una enseñanza tutelada por la Iglesia y cada vez más devota de las disciplinas religiosas, frente a las científicas o humanísticas. Escuelas dependientes de los ayuntamientos, con asignaciones para los maestros que llegaban cuando llegaban, y que inspiraron aquel refrán español de “pasar más hambre que un maestro de escuela”. Esto donde había maestros, porque muchos municipios ni podían permitírselos; con una matrícula de estudiantes de enseñanzas media y superior que a mediados de siglo suponía un 0,30 por 100 de toda la población nacional; con unos dineros para educación que sumaban, a finales del siglo XIX, el 1,5 por 100 de la renta nacional frente al 14 que dedicaba Estados Unidos, el 10 de Inglaterra, el 12 de Alemania y el 8 por 100 de Francia; sin un sistema de planes de enseñanza obligatoria como los que se iban estableciendo en Europa entre 1830 y 1850… con estos mimbres, el 70 por 100 de los españoles estaba en el cesto de analfabetos para 1880. Año este último en el que las voces regionalistas van teniendo ecos.

Tampoco hay que ver todo de color negro. Algo se hizo, por lo menos en el campo de las ideas y opiniones, sobre lo beneficioso de la instrucción popular. Sin embargo, para cuando el gobierno español propone una reforma educativa que mejore el triste panorama escolar decimonónico, con medidas como la de Romanones (destinadas a sustraer a los maestros de la dependencia económica de los ayuntamientos y las oligarquías locales), medidas muy modestas, por cierto, mucho más pobres de las que desde hacía cuarenta o cincuenta años eran ya moneda corriente en varios países europeos, un catalanismo militante, que marcará la pauta para los regionalismos vasco y gallego, deja en entredicho y hace mucho más controvertidas las acciones legales que podrían haber tenido desarrollo años antes. Pero, en la práctica, la instrucción popular en gallego, vasco o catalán no había preocupado gran cosa nunca en el propio solar donde se hablaban esas lenguas. Brotó entonces como una forma más de soltar amarras frente a un imperio caduco que ya tenía muy poco que ofrecer.

Aun así, podría decirse que de 1900 a 1935 se sucede la rebaja más notable de analfabetos que se ha visto en España, considerados los antecedentes. La paradoja del caso es que para cuando en Cataluña determinadas voces empiezan a pedir líneas escolares públicas en catalán y hasta llegar al compromiso alcanzado en la Segunda República, el Estado español ni ha alfabetizado a muchísimos ciudadanos que sólo hablaban español, ni tampoco lo ha hecho con otros muchos quienes, hablando otra lengua, hubieran estudiado con gusto la común. En conjunto, unos doscientos años de dejación que explican el inapelable comentario del hispanista Alain Milhou: “En la España moderna, la historia del mantenimiento de lenguas minoritarias va unida al analfabetismo”[8]. En esencia, la misma opinión que la de Antonio Tovar, citada en el segundo capítulo.

Exactamente no sé cómo se ha desarrollado el tan repetido tópico de la uniformación borbónica del país. Sería, en todo caso, la uniformación de una mínima, pero verdaderamente mínima, parte de paisanos. Claro que se uniformaron, ¿qué iban a hacer si no? Pero el resto del país vagaba libérrimo, sin preocupación ninguna, flotando en el analfabetismo feliz y pintoresco. Aquellos que sí se preocuparon en las zonas de contacto lingüístico, como Juan María Eguren, inspector de enseñanza de Guipúzcoa y Álava mediado el siglo XIX, o Eduardo Álvarez Giménez, en Galicia, que pensaron en métodos de enseñanza del español para niños vascohablantes o gallegohablantes que mejoraran los utilizados habitualmente —⁠cuando se utilizaban⁠— y que hubieran propiciado una difusión muchísimo más efectiva del español, predicaban en un desierto. Dada la raquítica organización escolar de la época, el analfabetismo podía seguir campando por sus respetos, con métodos modernos de enseñanza o sin ellos, sin que al cuerpo nacional le causara mayor quebranto.

En el caso de España este descuido secular cobra tintes especialmente amargos porque durante esos años, si hay que creer a Unamuno, “El aldeano, el verdadero aldeano, el que no está perturbado por nacionalismos de señorito resentido, no tiene interés por conservar el vascuence”[9]. En cuanto al gallego, esto queda todavía más claro si cabe: el populismo evidente, exagerado muchas veces, de esa literatura patriótica escrita en gallego para captar las simpatías del campo no hizo en él mella alguna, porque lo que quería el campo es que le enseñaran español a sus nuevas generaciones, precisamente… para salir del campo. Muchos aldeanos, clases populares españolas, probablemente lo que querían, o más bien lo que intuían, era lo que se tenía pensado para ellas en los lejanos tiempos de las Cortes de Cádiz, una educación sin latines aristocráticos, común e igualitaria.

El tiempo se encargó de demostrar que, si aquello se pensó alguna vez, se quedó en eso, en pensamiento. No pudo ser de otra forma. Tal vez porque, con Cádiz y todo, a la sociedad estamental sucedió una sociedad de clases que, en España, tuvo colores mucho más antipáticos que en otros países y los bienes comunes, como la educación, siguieron siendo los bienes de unos pocos. Quizá no hacía falta instruir a muchos más pues, como explicaba Vicens Vives, la realidad es que a mediados del siglo XIX, como a principios del siglo XVI, una mínima parte de la población española, llamárase duque, general, burgués, propietario o funcionario, dominaba a la inmensa mayoría restante, a través del voto electoral o del ejercicio del poder. Pues bien, si esa inmensa mayoría restante dominada se hubiera podido uniformar, organizar e ilustrar mejor, el dominio habría sido menos. Como no ocurrió así… Vicens podría haber ampliado la fecha tranquilamente hasta 1930.

Las historias de la escuela no son anecdóticas. El analfabetismo español decimonónico, aparte del lamentable empobrecimiento personal que en cada caso haya supuesto, aparte de la merma que ha causado a la difusión popular de la lengua común, arrastra un empobrecimiento colectivo, político, mucho más lamentable si cabe. Según explicaba Ramón Tamames: “Esa falta de instrucción que padecían las masas trabajadoras era precisamente el argumento que empleaba la oligarquía para resistirse al sufragio universal, igual, directo y secreto. Una política, en fin de cuentas, que cerraba por completo el paso a una sociedad donde los conflictos pudiesen solventarse de manera civilizada”[10].

Muchos talentos, que podrían haber aportado sus ideas a la comunidad, se desaprovecharon sin remedio. Notable es el caso de la ciencia, la técnica, la medicina, la empresa, condenadas a ser variantes parroquiales de lo que se hacía en otros países. Y todos esos campos del conocimiento se quedan sin cultivar lingüísticamente. Ya en 1822 opinaba en sus Cartas de España José María Blanco White: “La mayor parte de nuestro léxico resulta hoy vulgar y anticuado, los idiomas que durante el progreso intelectual de Europa se han convertido en vehículos e instrumentos del pensamiento lo han dejado muy atrás en cuanto a capacidad de precisión y abstracción”. Así se explica que uno de los esfuerzos más característicos de la época por adaptar al español la moderna terminología científica internacional, los ocho volúmenes de un diccionario etimológico de términos científicos y técnicos compuesto por el erudito menorquín Vicente Alberti i Vidal, duerma manuscrito el sueño de los justos desde hace siglo y medio en la biblioteca de la Real Academia. Allí lo remitieron sus herederos. Un magnífico esfuerzo destinado a nadie.

Vista desde la escuela, la historia de la lengua española en los últimos doscientos años se resume, para España y para la América hispanohablante, en una sencilla ley de economía casera: malbaratar alegremente la única hacienda igualitaria que se tenía, es decir, la lengua común. Y esto tiene un explicación muy sencilla: España fue una potencia de las de antes de la revolución industrial, de cuando las necesidades de nombrar y comunicar novedades entre la gente eran mucho menores, de cuando era mucho menor la necesidad de una lengua internacional para nombrarlas y comunicarlas, de cuando había menos necesidad de gente bien instruida que las nombrara y las comunicara. Otras potencias han venido después ordenando en palabras el mundo moderno, comunicándolo e instruyendo a sus naturales para esas precisas funciones. Esas potencias venían hablando y escribiendo en francés, en alemán y, sobre todo, en inglés. Frente a las exigencias del nuevo régimen lingüístico que se alumbraba, el mundo hispanohablante mantenía un vestigio muy típico del antiguo: los analfabetos.

IV
LETRA Y ESPÍRITU DE ALGUNAS LEYES

Vistos los logros escolares, esos que consisten en enseñar a leer y escribir a la gente, y que son la flor y nata de toda política lingüística, podrá suponerse qué influjo real habrán tenido otras medidas legislativas dictadas aparte. He aquí un botón de muestra: de los archicitados Decretos de Nueva Planta de Felipe V destinados a Valencia (1707), Mallorca (1715) y Cataluña (1716) —⁠donde para muchos empieza el mito de la intromisión castellana por aquellas tierras⁠—, sólo uno, el último, considera escuetamente un hecho: “Las causas de la Real Audiencia [supremo órgano de gobierno catalán] se sustanciarán en lengua castellana”. El rey de Francia, por su parte, se había adelantado veinte años para tramitar en francés las causas jurídicas de otra zona catalanohablante del norte: el Rosellón. Sin embargo, las causas a que se referían los decretos españoles resultaron ser muchas menos de las que se siguieron sustanciando en catalán. El mandato de Felipe V sólo afectó a los documentos jurídicos de carácter muy general, aquellos que iban destinados a que los catalanes se pusieran de acuerdo con el resto del país (¿en qué otra lengua podrían haberse entendido?).

Pero los documentos notariales particulares, las actas de juicios, los relativos al derecho privado, las ordenanzas internas y la documentación administrativa de instituciones catalanas, valencianas y baleares se seguían redactando tranquilamente en catalán siglo y medio después de publicarse la Nueva Planta[1], aproximadamente hasta la Ley del Notariado de 1862. Normativa esta última, por cierto, que no levantó mayores réplicas. Antiguamente, por otra parte, no se daba a las lenguas gran valor simbólico; su consideración era, más bien, práctica. El español no era la lengua que mejor dominaban ni Felipe V, ni Carlos III, a su llegada a España. Cuando nuestro embajador en Francia don Manuel Oms de Santa Pau —⁠que fue virrey de Mallorca, Lima, Tierrafirme y Chile, Grande de España y cabeza de uno de los más encopetados linajes catalanes⁠— saludó como futuro rey de España a Felipe V con un breve discurso en español, el heredero no se enteró de nada: sólo hablaba francés. Ya rey de España, no se molestó mucho en aprender español. Por la fuerza de la costumbre, pudo expresarse en nuestro idioma con poca fluidez al final de su vida. En su ambiente siempre se habló francés. De hecho, las modas cortesanas de aquellos franceses instalados en Madrid nos han dejado el uso de decir papá y mamá, a la francesa, en vez de papa y mama como siempre ha dicho el castellano (aunque ahora se considere pronunciación más bien paleta). Sí había, sin embargo, una lengua que era la de la mayoría de sus súbditos. De modo que resultaba práctico utilizarla en los negocios comunes. Por lo demás, al rey y a su gobierno, ¿qué les importaba la lengua en que se administrase el barcelonés Hospital de Santa Cruz, o el Hospital de Valencia? Como algunos administradores hablaban catalán, en catalán se administraban con total tranquilidad.

Las relaciones entre ley y lengua transcurren muchas veces de forma paradójica. No suelen ser lo que parecen. La filosofía de estas relaciones podría formularse así: las medidas legislativas que de verdad surten efecto siguen, no preceden, a unas necesidades de comunicación que no tienen nada que ver con la filología, ni con el empeño de extender una lengua y borrar otras, sino con intereses mucho más sustanciosos. La necesidad de comunicación creará la ley, no al revés. Sin embargo, las leyes de normalización lingüística que hoy recorren la España autonómica a menudo no entienden este simple principio.

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

En general, la leyes para difusión de las lenguas no están basadas en mitologías. Se legisla porque interesa materialmente difundirlas; y ¿por qué interesa en la mayoría de los casos? Se lo pueden imaginar: por el dinero. La economía, las múltiples formas que tiene la gente de ganarse la vida, y la consideración de la lengua como un bien que garantice esa ganancia, están en el meollo de la difusión de cualquier lengua y de la legislación hecha a su propósito. El español no ha sido una excepción. Ésas son las fuerzas motrices de la leyes donde aparece el idioma (salvados los casos de guerras, dictaduras o revoluciones donde hay otros intereses por medio). En otros términos: la política lingüística eficaz y pacífica es un apéndice de la política económica, que puede mucho más.

Quizá no haya un campo como el de las relaciones entre la economía y el idioma donde tan claramente se vea cómo aquélla legisla a su arbitrio sobre éste, tácitamente, sin letra de la ley, y hace más notable y extrema la desigualdad de las lenguas. Por esto, si se busca el trasfondo del asunto, resultará que muchas leyes que se interpretan como proscripción de tal o cual lengua resultan ser simples disposiciones mercantiles del más variado estilo. Como la que paso a comentar inmediatamente.

Hace un par de siglos las compañías italianas de teatro arrollaban en los escenarios españoles. Bien puede decirse que el espectáculo de música, danza, canto o comedia era italiano. Ése era el gusto del público y, cómo no, allí iban sus dineros. Los cómicos madrileños se quejaron ante el descalabro económico que esa competencia arrolladora les producía. A algún ministro de Carlos IV se le ocurrió en 1801 la siguiente ley: “En ningún teatro de España se podrá representar, cantar ni bailar piezas que no sean de este idioma castellano y actuadas por actores y actrices nacionales o nacionalizados en estos Reinos”. Desde esa normativa en adelante, cualquier compañía extranjera que pasara por aquí tenía que traerse aprendidos los papeles en español. Consecuencia: vendrían menos cómicos italianos y la recaudación iría a parar a las compañías nacionales. No es propiamente una ley de la lengua, es una ley contra la competencia. Léanla de nuevo sin considerar lo que les acabo de contar y la ley les parecerá enteramente lo que no es. Si hay alguna lengua preterida es el italiano, y no por el italiano en sí mismo. De otra manera, ¿qué compañías de teatro de la época en vasco, gallego o catalán —⁠suponiendo que hubiera muchas de éstas de viaje por España⁠— podían hacerle la competencia a los cómicos de Madrid, que fueron quienes alentaron la medida y la ciudad donde primero se aplicó? Las compañías italianas sí podían y con mucho más éxito que el producto nacional. Por otra parte, el teatro en español se difundía desde mucho antes por todo el país sin necesidad de leyes; como recordaba Luis Michelena, se puede dudar de que buena parte del público se enterara de los matices en las representaciones teatrales que se daban en español en pueblos vascohablantes del siglo XVI, pero el hecho es que se daban con aceptación general.

Las normativas viejas donde aparece la obligatoriedad del español, leídas sin atender a las circunstancias que las favorecieron, dan siempre la falsa impresión de ser lo que, en realidad, ni quieren ser ni son. Las leyes de uniformación lingüística de los siglos XVIII o XIX, por ejemplo, en buena medida proceden de leyes de comercio, de administración común, de unificación de moneda y de liquidación de aduanas. Así que en el mismo documento donde se dan normas para regular el trato mercantil, ordenar el tráfico de bienes y productos, liberalizar el comercio, facilitar los medios de comunicación, uniformar los tipos financieros, recomendar que las cuentas estén al día o vayan claras y sin apuntaciones que se escapen al control del fisco, en todo eso, aparece la referencia a la comunidad de lengua. No podía ser de otra forma.

En ocasiones todo este proceso no responde a una ocurrencia del ministro de turno, empeñado en uniformar a diestro y siniestro, sino que son peticiones que parten de los mismos gremios de artesanos, compañías mercantiles o asociaciones de comerciantes, a los que no les costaba ver lo ventajosa que era una lengua común para sus negocios. El ministro, simplemente, se hace eco de la sugerencia y le da trámite. Clarísima a este respecto es la orden de Carlos III, dada en 1772, para que “todos los mercaderes y comerciantes, sean naturales o extranjeros, lleven y tengan sus libros en idioma castellano” (otra orden que parece lo que no es), dictada expresamente a petición de la Junta de Comercio valenciana, porque como cada comerciante tenía costumbre de llevar en aquel reino las cuentas a su modo y en su lengua, fuera catalán, francés, inglés, italiano o alemán, la actividad financiera de la Junta quedaba paralizada a cada paso, originándose con ello “confusión, desorden y perjuicios a la causa pública”[2]. Si los comerciantes de Valencia se hubieran quedado tranquilos en sus casas, no tendrían que haber recurrido a esta petición para ganar dinero. Pero no se quedaron tranquilos en sus casas. Eran comerciantes.

Hay otro tipo de órdenes que también se interpreta como las prohibiciones que no son. En el censo de 1897 éramos dieciocho millones de españoles, de los que unos trescientos cincuenta mil —⁠aproximadamente el dos por ciento de la población total española⁠— sabían hablar vasco[3]. De ellos, la mayoría podría entender o hablar el español. Muchos —⁠como en el resto de España, por otra parte⁠— no sabrían leer o escribir, ni en vasco, ni en español. Cuando se trazaba la rudimentaria red telegráfica nacional de hace un siglo, el servicio calculó cuál iba a ser el valor de las lenguas que iban a circular por aquella red y llegó a una conclusión razonable: el medio más solicitado iba a ser el español. De modo que en las normativas de comunicaciones de la época se primó a esta lengua. Aquél no fue un cálculo cualquiera, porque las comunicaciones no son gratuitas y mantener servicios anejos para porcentajes mínimos de usuarios que, por otra parte, podían telegrafiar en español, resultaría caro. Además, ¿cómo se telegrafiaba en vasco en 1896? El vasco escrito común iba a venir, entre polémicas, setenta años después. En 1896 lo más probable es que el telegrafista, el remitente y el destinatario, supuesto que los tres pudieran entenderse en vasco, quizá no se pusieran de acuerdo en qué texto escrito transmitir. Sin embargo, esta normativa se explica como una prohibición del vasco en el servicio telegráfico español. Pero no se prohíbe el uso del eusquera en la ley de telégrafos. Se prohíbe el uso de un factor que en 1896 encarecería inútilmente el servicio. Fuera de España pasaba exactamente lo mismo.

Hay que tener en cuenta el valor económico de las lenguas: en una situación de multilingüismo la lengua con más hablantes es la más barata, la que ahorra traducciones, equívocos y tiempo. Hay determinadas concepciones sobre cómo tratar el multilingüismo que pueden hacer que un país sea rico o sea pobre. Si en la España de 1896, en vez de primar al español, se hubiera organizado un servicio telegráfico multilingüe, con una distribución compleja para utilizarse sólo ocasionalmente, un telegrama nos podría haber costado mucho más que a otros europeos. Las comunicaciones nacionales hubieran sido más costosas y, por tanto, menos. El desarrollo español en ese terreno seguramente hubiera sido más lento. En suma: un buen negocio.

La ley que liga multilingüismo y pobreza es bien conocida. La fórmula Florian Coulmas así: “El multilingüismo es vario. Puede darse en países ricos sólo si median ciertas lenguas. Pero en aquellos países que carecen de una lengua común de la que poder servirse como vehículo para regular las relaciones políticas y comerciales, el multilingüismo, habitualmente, conduce a niveles bajos de desarrollo económico”[4]. Como, a pesar de todo, España sí ha tenido lengua común, la reorganización del servicio telegráfico permitió que pocos años después, por Real Orden de 21 de noviembre de 1904, se aceptara “el uso de las variedades regionales” en conferencias telefónicas y telegramas.

Las relaciones entre economía y lengua saltan a cada paso y en ellas los hablantes suelen evitar, si pueden hacerlo, las situaciones de plurilingüismo, pues potencialmente son conflictivas, además de caras. Vamos a otro ejemplo, podría decirse que de laboratorio: el Senado español. Los senadores se entienden normalmente en español, como que es la única lengua que comparten. Pero en algunas comisiones, en algunos debates y en algunos actos protocolarios, los senadores dan testimonio de su plurilingüismo natural y se expresan en cualesquiera de las lengua oficiales en España, que son cinco. Incluso la presidencia senatorial tiene el derecho de hacer uso de todas ellas, aunque se comprende que una persona sola, todas, todas, no las pueda dominar con soltura. Nada hay de extraordinario en un Senado plurilingüe, si el país al que representa pretende serlo. Por ello los senadores dan ejemplo en los debates autonómicos y renuncian a veces a la única lengua que les une y que, salvado el caso de los catalanes, sin ninguna duda es la que mejor hablan, entienden, leen y escriben todos ellos, para dar testimonio de lo que les separa que, aparte de separarlos, hablan, entienden, leen y escriben mucho peor que el español. Es muy posible, por otra parte, que separarse y malentenderse le cueste dinero a los senadores, es decir, al país que representan: el dinero que hay que pagar en trámites de traducción.

Son circunstancias muy paradójicas, donde las mismas personas que charlan familiar y amistosamente en la cafetería del Senado en una misma lengua, necesitan varios traductores simultáneos cuando suben a la tribuna. Por contrasentidos como éste, el plurilingüismo suele ceder en las sociedades sin necesidad de una ley que lo liquide, sin mala voluntad de nadie. Cede por la misma dinámica y exigencia de una comunicación fácil, inequívoca y barata, que es imprescindible para la cómoda circulación de las personas y el desarrollo de las sociedades. En el caso de nuestro Senado quedan los valores simbólicos, testimoniales o sentimentales de las lenguas, más que ningún otro valor, para qué vamos a negarlo. De modo que si en tal o cual pleno, debate o comisión, se decide primar esos valores frente a la comunicación eficaz y económica… los senadores estarán haciendo todo lo contrario de lo que de forma abrumadoramente mayoritaria viene haciendo el resto de españoles desde hace siglos. Porque si a los españoles y a los americanos no les hubiera interesado comunicarse y no hubieran necesitado hacerlo, por muchas leyes a su favor con que contara, la lengua española no sería lo que es, ni en América ni en España.

Hay un capítulo que no se va a desarrollar en este libro: el dedicado a calcular cuánto nos costará, en euros, nuestro paraíso políglota. Pero el capítulo tiene fácil resumen: véase el caso de Canadá, un país genuinamente plurilingüe, con una mayoría anglohablante y una significativa minoría francohablante (cada vez más pequeña) radicada en Quebec. No hay lengua común propiamente dicha. La gestión y administración bilingüe —⁠más todo lo que hay que gastar para que anglohablantes y francohablantes no anden a la gresca⁠— le ha venido costando al país casi cien mil millones de pesetas anuales. No tiene más remedio que gastárselos[5]. Considérese que en España entrarán en liza cinco lenguas y que las diversas leyes de normalización afectan a unos dieciséis millones de personas, es decir, al cuarenta por ciento de la población nacional. Nuestra inteligente administración de recursos puede hacer que en el futuro, y si los planes de normalización lingüística llegan a donde algunos quieren que lleguen, los españoles tengamos que pagar para entendernos mal. La riqueza plurilingüe no es ventajosa ni gratuita. Por eso algunos países se la ahorran. Gastan en otros bienes y no les va mal: de los siete países más ricos del mundo, seis son monolingües. Mientras tanto, Etiopía tiene ciento veinte lenguas… y una renta per cápita paupérrima.

Los españoles del siglo XVIII sí tomaron la decisión de ahorrar dinero y tiempo. Facilitaron, dentro de las posibilidades de la época, la comunicación y la relación entre los naturales. Así que algunas leyes de lenguas iban destinadas, esencialmente, a favorecer el único medio de entendimiento general posible entonces. Que es el mismo de ahora: la lengua española. Las leyes de lenguas que se preparan en la España actual son mucho menos ahorrativas, desde luego. A largo plazo, van destinadas a que lo barato salga caro.

Comprendo, sin embargo, que este destino sea difícil de prever en un país como España. Es más, entiendo que tal país disfrute de tales leyes. Pero incluso en un Estado tan diverso y rico culturalmente, esta necesidad tácita de entenderse se ha ido abriendo camino en sitios mucho más modestos que las cancillerías reales, de donde salían esas leyes uniformadoras antiguas: cuando hace más de un siglo el ayuntamiento del pueblo navarro de Ituren le envió un escrito al maestro de la localidad, recomendándole que dejara de enseñar vasco a los niños y les empezara a enseñar español —⁠en una época donde ninguna norma obligaba a enseñar a los niños nada regladamente, ni español, ni vasco, ni matemáticas⁠—; los de Ituren no sustanciaban su petición en leyes, ni en amenazas, ni en castigos, sino en algo simplísimo, en que el español era el único idioma que entonces les convenía. Ellos sabrían por qué. Sin embargo, la lamentable ceguera de aquellos vecinos antiguos, gente sin ninguna visión de futuro que quería pasarse al español, ha hecho que, un siglo después, el gobierno vasco ande gastándose a veces casi la mitad del presupuesto en enseñar eusquera a la gente, tanto si lo había hablado hacía ciento veinte años, como si no lo había hablado nunca[6].

UN MEDIO DE COMUNICACIÓN GENERAL

Para el hispanista Rolf Eberenz la difusión del español en época contemporánea, y consecuentemente, la disminución de las situaciones de plurilingüismo, debe buscarse, más que en la legislación, en “la creciente integración de las regiones en la economía nacional, la mejora de las comunicaciones, una espectacular difusión de la prensa, la escolarización cada vez más amplia, sobre todo de la población urbana y el involucramiento de catalanes, vascos y gallegos en las empresas de política exterior”[7]. En suma, un conjunto de intereses que crean la necesidad de entenderse en algo común, condición que sólo cumplía el español. Todo ello da pie para nuevas historias.

Entre otros muchos, hay dos motivos sobresalientes que explican la introducción del español en la Cataluña moderna. El primero tiene que ver claramente con ese involucramiento en las empresas de política exterior. Lo contaré a grandes rasgos: la Nueva Planta de Felipe V no fue tan lesiva para los catalanes —⁠algunos la consideraban caída del cielo⁠— porque al ligarlos a una monarquía menos foral que la anterior, abrió a gente tan industriosa unas puertas que los Austrias no les habían franqueado del todo: el comercio con América. Sin él no se entiende la Cataluña moderna.

Como sus usos económicos —mucho más ágiles y prácticos que los castellanos⁠— se habían respetado, los productores catalanes acumularon dinero y bienes, ¿dónde invertirlos mejor que en la carrera de las Indias? Desde mediados del siglo XVIII se iban formando compañías mercantiles. Pero a la Cataluña industrial, no a la aristocracia urbana, todavía le faltaba el dominio pleno de algo muy importante, algo elemental, para ligarse a fondo en tan lucrativo negocio. De modo que, recién llegado Carlos III a España, los representantes de la antigua corona de Aragón le elevan un Memorial de Agravios donde le cuentan que había quedado imperfecta la gran obra que el gobierno de Felipe V mandó establecer en aquellos reinos. Imperfecta porque había discriminación para que sus naturales ocuparan cargos públicos, todavía se les tenía por extranjeros, cuando salían de casa los señalaban por el acento y era obligación del nuevo rey borrar esos prejuicios, pues la centralización, en tales términos, no traía mayores ventajas para aquel reino.

Aunque el Memorial era retóricamente lacrimoso, Carlos III tomó nota: entre 1765 y 1778 firma unas Reales Instrucciones por las que declara la libertad de comercio con América que supusieron, en la práctica, el monopolio comercial de Cataluña en buena parte de aquellas tierras. En 1768 firma un decreto muy a propósito para nuestras historias y que ya he comentado en el capítulo dedicado a la escuela: manda enseñar a la “gente bien” del país latín y español; un grupo de autores se pone a escribir y a publicar métodos escolares, diccionarios y gramáticas de latín, español y catalán. Más todavía: en 1778 se ordena definitivamente, tras dos siglos y medio de titubeos sobre el asunto, que a los indígenas americanos se les enseñe español, sin excusas, con el fin de que se agilice “la administración, trato y comercio” con lo que les va a venir de España, o sea, barcos de armadores catalanes, vascos y gaditanos.

Otra petición del Memorial de 1760, la de que los curas rurales pudieran predicar en catalán, también pasó adelante. En el fondo, a la inmensa mayoría de los parroquianos del campo, a los payeses, ¿qué se les había perdido en la industria o en América? No le fue tan bien al catalán, claro está, cuyo problema estribaba en ser una lengua menor para un medio mercantil e industrial grande. El interesante comercio que brindaba el Imperio español se gestionó en español, la lengua de la clientela. No es una historia sentimental, es una simple ley de necesidad comercial: ¿en cuantos establecimientos españoles se ve un cartelito que dice “English Spoken”? Otro es el que se llevaba entonces: “Se habla español”. Cuando el señor Naharro publicó su método de lectura para niños en 1786, enumeró en el prólogo las ocho razones por las que el público aprendía español; la primera de todas, que es un resumen de las siete restantes, era “la razón comercial”.

La otra circunstancia que instaló el español en Cataluña la resumía así el novelista Stendhal, de viaje por la Barcelona decimonónica, en una observación que encuentro en sus Memorias de un turista: “Estos señores [los catalanes] quieren leyes justas, con excepción de la ley de aduanas, que debe ser hecha a su guisa. Es preciso que el español de Granada, de Málaga o de La Coruña no compre las telas de algodón inglesas, que son excelentes y que cuestan un franco la vara, por ejemplo, y adquieran las telas catalanas, muy inferiores y que cuestan tres francos la vara”. No es este el comentario más crítico, por cierto, de otros que hace el escritor en parecida línea respecto al proteccionismo industrial auspiciado por el gobierno. Comentarios que abundan en una idea bien establecida entre los historiadores de la España contemporánea: la atracción del Estado, para proteger con su coraza política y aduanera a las empresas catalanas contra la competencia extranjera, fue un motivo de vinculación de la burguesía catalana a los intereses de la política centralizadora.

De esa armadura política se beneficiaba la lengua común, por supuesto. Pero la tutela gubernativa no sólo favoreció la instalación del español en sí, sino que a través de la censura limitaba las posibilidades de expresar en catalán ideas que no eran del gusto de los mantenedores del sistema. De Isabel II es una Real Orden que data de 1867, donde se dispone rechazar las piezas de teatro “exclusivamente escritas en cualquiera de los dialectos de las provincias de España”. Vista así parece una inequívoca represión literaria. Pero hay algo más, pues se sabe que los tiros iban dirigidos sobre todo a la dramaturgia catalana, la de Solé, Roure, Vidal i Valenciano, que era un teatro popular en la línea de cierto periodismo y prensa satíricos[8]. Se está a las puertas de la Primera República y se difunden unas ideas que ponen en entredicho el sistema económico y de poder social, que será todo lo centralista que se quiera, pero en el que tiene intereses opíparos cierta burguesía catalana. En consecuencia, se prohibirá el teatro en catalán no porque vaya escrito en catalán, sino porque no gusta a los que pueden prohibirlo, hablen español o catalán, eso da igual.

Es un caso de censura, desde luego, pero para darse una idea de lo que podía importarle esto al entramado industrial y mercantil catalán, si no es que alentó la medida, basta observar los tipos que dibuja el satírico Rober Robert en sus escritos, bajo la irónica denominación “uns homes de bé”, quienes ni saben leer catalán, ni les importa leer otra cosa que las cartas de negocios, las facturas y las noticias de los precios corrientes, escritas en una lengua muy beneficiosa para ellos que, en 1867, no era el catalán. Una historia de lo más corriente, por cierto. Muchos hablantes de español han censurado lo que se escribía en español y no se trataba de una medida contra el idioma, se trataba sólo de una medida contra las ideas inconvenientes que aplicaba quien tenía poder para hacerlo. Por ejemplo, en la Cataluña de 1939, uno de los ideólogos de la censura, don José Montagut i Roca, catalán de nación y catalanohablante él mismo, censuraba igualmente el catalán que el español, según lo que se dijera en cada idioma.

Cuando se miran los casos sin prejuicios, es fácil advertir que la legislación a favor del español no es la legislación a favor de un idioma en sí, es la legislación a favor de un sistema económico que está sustentado en ese idioma. Es una legislación hecha no sólo por las clases dirigentes que hablan ese idioma, sino por las que se benefician del sistema hablen la lengua que hablen. Tampoco ha sacado beneficios sustantivos el español de la censura de prensa, que también la sufrió. Es un hecho reconocido que la difusión popular de la lengua inglesa escrita se ha debido, en gran parte, a que los anglohablantes han disfrutado desde finales del siglo XVIII de unos medios de prensa con menos censura, menos control gubernativo, menos impuestos y, por lo mismo, más facilidad de circulación entre los lectores que la prensa escrita en cualquier otro idioma… y hoy los cinco periódicos más leídos del mundo se escriben en inglés[9].

La difusión de una lengua común en la España contemporánea no es una historia de leyes, es una historia de trasfondo económico: una población que aumenta más deprisa que la riqueza nacional, lo que la fuerza a moverse de sus lugares de origen en dos sentidos. En una primera época, desde el centro a la periferia; después, el atractivo de una gran ciudad como Madrid y los focos industriales, fabriles o portuarios como Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Asturias, Santander, atraen a gente de toda España, especialmente del sur. Un movimiento que se facilita por medios de transporte más rápidos y baratos, como el ferrocarril: en los últimos años del siglo XIX la circulación ferroviaria española se había multiplicado por veinticinco y había duplicado su tendido. Un movimiento humano, en fin, sin precedentes en la historia moderna que rompe los vínculos tradicionales de relación. También es una época de mayor complejidad técnica y que necesita trabajadores más preparados, con una instrucción por lo menos elemental, que no se limiten a repetir las tareas de sus abuelos. Ésas son condiciones que, inevitablemente, comunican y priman una lengua y, al tiempo, reducen a su ámbito particular a todas aquellas que, en contacto con ella, no satisfacen las necesidades de comunicación masiva que tal desarrollo genera.

LAS COSAS CAMBIAN

Al calor de la Europa unida que se aproxima, todas estas consideraciones pueden variar, o no valer ya. Evidentemente, las circunstancias que hicieron común al español ayer ya no son las de hoy. El imán de un interesante mercado a la europea que tiene exigencias propias, y a veces diferentes de las que los Estados tal como hoy los conocemos pueden garantizar, es un atractivo fuerte. En un país como España, tan amante de sus foralismos y riquezas diferenciales, es normal que los diferentes aforados busquen nuevos rumbos, exhibiendo precisamente todas las riquezas que los diferencian del común. El profesor Ramón Cotarelo hacía al respecto esta reflexión muy clara: “No será fácil mantener la unidad territorial del país en el seno de una entidad más amplia a la que los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos ven como una oportunidad para deshacer los lazos de una nación en la que no creen y cuyo valor como mercado resulta hoy francamente ridículo frente al mercado único europeo”[10].

Todo esto es muy propio del genio tradicional español, pero… no tiene mucho que ver con la lengua, sobre todo si de mercados se trata. No es improbable que la misma ley que limita la instalación del español en ciertas Autonomías sea la que vaya a limitar en el futuro la instalación de negocios prósperos. Cuando altos cargos de la Generalidad han expresado la idea, muy teatral, por cierto, de que ni España, ni la Unión Europea, les interesarían si ello supusiera renunciar al catalán[11], la verdad es que nadie les estaba pidiendo tanto. Sin embargo, tras esos dramatismos latía y late un hecho indiscutible: que las lenguas minoritarias —⁠tengan o no el respaldo de un Estado⁠— están más expuestas a los azares de la economía que las lenguas grandes. Nadie pide a nadie renunciar a una lengua. Son más bien peticiones y exigencias tácitas de las mismas leyes de comercio. A veces son inevitables, las sufre la propia lengua española, que es una de las cuatro más habladas del mundo: ¿cuántas veces han dado con ese librillo de instrucciones que viene en diecisiete lenguas, ninguna de las cuales es la española? Y para esto no hay que recurrir a los productos de importación: una entidad bancaria nacional expone el siguiente lema en sus escaparates: “El cambio más ventajoso”, se refiere al cambio de moneda, claro está; les he traducido el mensaje porque en la propaganda original éste se expresa en una columna que de arriba hacia abajo va en japonés, inglés, alemán, francés, árabe, ruso e italiano.

El mejor remedio para estas angustias ante la competencia lingüística —⁠y reconozco que esta es una opinión muy particular⁠— es dejar que cada cual obre por su cuenta según sus intereses. Y si lo que pasa dentro de unos años es que a un hablante de catalán, de gallego o de vasco no le interesa acogerse al español y puede mantenerse en su minoritario mundo, que así sea. Ninguna novedad, por cierto: eso ha ocurrido durante siglos sin que nos preocupara gran cosa. Si para salir de ese mundo prefiere, antes que el español, el inglés, el francés, el alemán, o el chino, pues… que así sea también. Hay quien toma posiciones en tal sentido para la futura Europa: el diario Avui regala a sus lectores el primer curso interactivo de inglés en catalán, bajo patrocinio de la Generalidad y Gas Natural. Como atractivo añadido del curso se anuncia que los ejercicios de gramática y vocabulario llevan equivalencias, además de en catalán-inglés, que es de lo que se trata, en francés, italiano y portugués.

A pesar de todo, las pretensiones del nuevo tradicionalismo español haciendo creer a la clientela que sus intereses estarán mejor defendidos en la nueva Europa, y en el mundo en general, por grupos soberanos minúsculos, de economía minúscula, que hablan lenguas minúsculas, frente a grupos soberanos mayúsculos, de economía mayúscula, que hablan lenguas mayúsculas, no sé si hay que interpretarlas como irresponsabilidad, o como simpleza. No hay nada de extraño en que cada uno quiera decidir por sí mismo. Las cosas cambian. Las naciones nacen y se deshacen. Pero sí es una contradicción difícil de entender el que los valores particulares de cada cual tenga que acabar defendiéndolos un Estado de todos, cuya legitimación se pone en entredicho, hoy sí y mañana también… precisamente por los cadacuales que se acogen a él a la mínima dificultad exterior.

Hace un año, los de Hollywood se enfadaron mucho porque el gobierno de un rinconcito de Europa les quería multar —⁠en virtud de una curiosa “ley del idioma”⁠— por no traer sus películas dobladas al catalán, una lengua con poco interés comercial para los norteamericanos. Como la Generalidad no cedía, Hollywood se planteó seriamente no distribuir en Cataluña ninguna película doblada (ni al catalán ni al español). A partir del diecisiete de marzo de 1999, llevarían subtítulos. Dado que la mayoría del público no está acostumbrada a ir al cine para aprender idiomas mientras hace ejercicios de lectura rápida, el gremio catalán de exhibidores preveía su ruina inminente. La Generalidad tuvo que dar marcha atrás. El Estado español contribuyó asimismo a arreglar el entuerto y a dejar en paz a los norteamericanos. Lo que se van a ahorrar los yanquis en doblajes al catalán, lo pagará España. En cierto modo es comprensible, pues algunos españoles hablan catalán. Lo paradójico del caso es que los norteamericanos hayan advertido, mucho mejor que nosotros, las posibilidades económicas de la lengua española. Para algo Hollywood es la primera empresa exportadora de EEUU. Y una de las industrias más poderosas del planeta, que le ha dado al fundamentalismo lingüístico catalán un aviso: quienes en el estatuto le negaron al español la condición de lengua propia de Cataluña, tendrán que reconocerle la condición de lengua más rentable de dicha comunidad. No es previsible, sin embargo, que el fundamentalismo se dé por aludido.

En fin, que cuando los nacionalistas, regionalistas y cantonalistas de toda condición —⁠de izquierdas o de derechas, tanto da⁠— hablan de profundizar las diferencias entre los españoles y conceptos por el estilo, se comprende por venir esos mensajes de donde vienen, es decir, del fondo más rancio, detentador de privilegios e inmovilista del tradicionalismo de toda la vida. Lo que ya se entiende peor es que alguien se tome en serio que la modernidad política, lingüística y cultural pase hoy en España por satisfacer aspiraciones parecidas, mutatis mutandis, a las que tenían los carlistas de hace siglo y medio, a las que tenía don Manuel Polo y Peyrolón con su aduana para maestros, con poderes, valores, usos y costumbres regionales rebosantes de salud, bendecidos por la Iglesia y garantizados por la monarquía. Parece que la modernidad en España pasa por apuntarse al Antiguo Régimen.

Dejo estas consideraciones abstractas y retomo el hilo de nuestras historias, porque igual que hubo poderosas condiciones económicas y políticas que crearon la necesidad de una lengua común, también las hubo importantes para entorpecer su difusión. A ellas voy a dedicar los próximos capítulos.

V
PALABRA DE DIOS

La Iglesia española tiene relevancia en nuestras historias. Tradicionalmente en España quienes asistían a la escuela aprendían a leer con el catecismo. Quienes enseñaban en las universidades tenían que hacer profesión de fe en el dogma de la Inmaculada Concepción. Donde el plan de educación en 1821 decía “moral y derecho natural”, el de 1826 decía “religión y enseñanza de la historia sagrada”. Se cambiaron las materias a instancias del vicario general de las Escuelas Pías, hombre empeñado en una educación monárquico-religiosa para contrarrestar y extinguir el germen revolucionario que tantos daños había causado a la nación. Pero el germen, minúsculo y todo, subsistía; así que cuando la Iglesia abandonó su posición beligerante contra él, un Concordato favorable estipulaba en 1851 que “la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica”[1]. Tan en serio nos tomamos el Concordato, que todavía en 1865 el gobierno español retiraba de sus cátedras a los profesores por no ser católicos.

Tal omnipresencia en un capítulo de la vida civil, como es el de la enseñanza, tan relacionado con el idioma, se ha acabado reflejando en el mapa lingüístico español. La Iglesia ha representado un papel altamente contradictorio en su trazado: por las más diversas conveniencias, lo mismo ha facilitado la difusión del español que ha frenado su expansión y exaltado el fomento de lenguas minoritarias. Esto nada tiene de extraño pues, cuando se repasa la historia española moderna, es fácil advertir cómo la Iglesia ha tenido soldados en todos los frentes: la práctica de los jesuitas en los lejanos años de la revuelta catalana contra Felipe IV y su ministro, Olivares, de repartirse entre quienes predicaban en catalán y quienes predicaban en español, a la espera de los resultados de la revuelta, ha sido algo bastante regular.

Al contrario de lo que ocurría en Gran Bretaña, donde la lengua inglesa señalaba acatamiento a una idea política, a un rey, a una religión, el español nunca fue índice de lealtad religiosa en España salvo en momentos muy concretos: cuando se adoctrinaba a musulmanes, por ejemplo, porque parecía herético predicar la doctrina de Cristo en la lengua de Alá. Eso se decía entonces. Pero en la mayoría de los casos la doctrina podía predicarse en cualquier lengua, hasta en la más peregrina que hablaran los indígenas americanos o filipinos. Había en todo esto muy complejos intereses en los que no me voy a detener.

Se comprende que la Iglesia no haya sido nunca una fuerza revolucionaria y que su papel, por lo menos en España, haya consistido normalmente en adaptarse al orden establecido, mantenerlo a su modo y mantenerse en él. Esto explica varios hechos que se reflejan en las lenguas y que podrían comprenderse en una ley que, con las matizaciones que se puedan hacer, seguiría así: ha contribuido a formar grupos dirigentes en español por exigencia y necesidad de esos mismos grupos, poniéndose a su incondicional servicio (independientemente de los importantes beneficios económicos y de representación social que se derivaban de ello), mientras que ha predicado a la población rural en lenguas minoritarias. Una explicación que se da para esta última circunstancia es que las necesidades de predicación hacían imprescindible el entendimiento con los feligreses en su propia lengua. Si éstos sólo sabían maya, quechua o vizcaíno, había que hablarles en sus idiomas. Era el mandato de Pentecostés: “Id y predicad a cada uno en su lengua”.

Este mandato no es que me parezca a mí una ingenuidad, sino que ya le parecía lo mismo a don Francisco Antonio Lorenzana, Arzobispo de México, en el lejano año de 1769. Lorenzana había llegado a comprender que en la evangelización se repetía una constante verdad: que el mantener el idioma de los indios era capricho de los hombres cuya ciencia y fortuna se reducía a hablar aquellas lenguas[2]. Es difícil no estar de acuerdo con el arzobispo. Lo mismo se decía de las misiones en Filipinas poco antes de 1898. Así opina Jon Juaristi de la predicación en vasco: “En el XIX a la finalidad puramente pastoral del uso del eusquera se añadió la de preservar a los vascohablantes de las ideas laicistas y revolucionarias, que se propagaban en español o en francés, rara vez en vasco”[3]. Preservar también de otras ideas religiosas, las protestantes, es lo que ha hecho que, de cada diez textos en vasco que se producen entre los siglos XVI al XVIII, nueve sean literatura católica escrita por sacerdotes[4]. La finalidad pastoral es sólo relativa y oculta una necesidad del clero de establecerse como rector de una masa de fieles, e intermediario frente a otros grupos sociales contaminantes. Es una situación típica de poder y control ejercidos a través de la lengua, que obra como cordón sanitario.

PENTECOSTÉS VASCO

En España quizá sea precisamente el caso del vasco el más sobresaliente al respecto: la sociedad tradicional lo asociaba a la Iglesia católica, su gran valedora, y ésta lo asociaba a Dios, a su modo de concebir el mundo y las costumbres patrimoniales de sus hijos. No en vano, el vasco había sido para algunos la lengua del Paraíso Terrenal. Ahora le tocaba ser la de una sociedad tradicional e inmóvil, que por la vecindad de nuevos usos económicos, típicos del capitalismo industrial, se estaba trastornando. Todavía a finales del XIX San Sebastián se anunciaba en los carteles turísticos para veraneantes ricos como “Población y costumbres patriarcales cuyo clima hace inútil la Ciencia Médica”. Pero ya empezaban a cambiar las cosas y también allí llegaban nuevas ciencias. Cuando Sabino Arana, agitador de todos los tópicos raciales y lingüísticos del vasquismo, echa cuentas de esa transformación y calcula lo mal que le sienta a su patria, escribe: “Si en las montañas de Euskeria, antes morada de la libertad, hoy despojo del extranjero, ha resonado al fin en estos tiempos de esclavitud el grito de independencia: sólo por Dios ha resonado”[5].

Es posible que Arana pensara realmente así. Como es posible que dijese eso para granjearse las simpatías de los grandes filones de eusquera que eran entonces los seminarios, proveedores de ese metal precioso imprescindible para la construcción de su proyecto diferenciador de vascos y españoles: los dialectos peculiarísimos de los campesinos vascos. En particular, el vizcaíno sobre todos los demás, no por nada especial, sino porque los Arana, aunque no hablaban vizcaíno, eran de Vizcaya. El caso es que veinte años después, tras las elecciones municipales de 1917, con los nacionalistas instalados en los ayuntamientos e incluso en las Cortes españolas, los sacerdotes deciden que es el momento de apoyar una doctrina política que les refuerza, tras la derrota del carlismo, en un caudillaje popular incontestado que la ideología liberal había empezado fatalmente a contestar[6]. Desde entonces y hasta hoy, el mito de un particularismo vasco basado en la raza, las leyes viejas y, lo que más me interesa ahora, el vasco —⁠para los aranistas sólo en su modalidad vizcaína⁠—, todo ello otorgado por Dios y tutelado por la omnipresente Iglesia, se ha mantenido casi intacto.

Juan Manuel Epalza, que a comienzos de la Guerra Civil tenía veinticinco años, hijo de la aristocracia financiera vasca que desdeñaba al nacionalismo, abrazó, sin embargo, la causa y opinaba que la lengua vasca “se mantenía viva gracias a los campesinos y a la Iglesia y era un baluarte de la religión, ya que en ella no había blasfemias”[7]. Blasfemo era un adjetivo muy del gusto de la capilla de Arana. También para el mismo Sabino la lengua española era con frecuencia transmisora de blasfemias.

Durante la Segunda República se intentó llevar a cabo un notable plan de extensión nacional de la enseñanza; pero el que los gobiernos republicanos estuvieran por la separación del vínculo Iglesia-Estado y por unas escuelas laicas espantó a la tradicional Iglesia vasca. De los quinientos setenta y cuatro edificios solicitados en la zona por la República para llevar a cabo su reforma, las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa ofrecieron sólo ciento sesenta y dos. En la impresión del ultracatolicismo vasco la enseñanza laica amenazaba asuntos que, en el fondo, eran muchísimo más importantes que el vascuence (porque el vascuence en 1931 se podía enseñar, no tenía norma común, ni tradición de uso administrativo o escolar, pero estaba reconocido como cooficial). El discurso en español, esparcido por las áreas rurales, hubiera sido probablemente más difícil de controlar por la Iglesia que el discurso en vasco. Por esos años el analfabetismo en España ascendía al 40 por 100 de la población adulta y la mitad de la población infantil carecía de escolarización efectiva. Pero esto no parecía importar tanto.

Como no podía ser menos, en la posguerra la Iglesia mantuvo el vasco bajo su amparo. En el escrito de protesta que en 1960 enviaron los sacerdotes a los obispos de las provincias vascas, volvía a unirse la teología, la raza y la lengua: “Al defender la libertad como derecho sacrosanto de todo hombre, defendemos también la libertad a la autodeterminación de todo pueblo, de todo grupo étnico, dentro de los cauces establecidos por la ley natural y el derecho positivo-divino. Así ahora denunciamos ante los españoles y ante el mundo entero, la política que hoy impera en España, de preterición de las características étnicas, lingüísticas y sociales que nos dio Dios a los vascos”[8]. La raza, la lengua y los buenos usos, apoyados en unos pretendidos derechos naturales y divinos, eran la base donde el clero vasco sustentaba sus protestas antifranquistas. Bien estaba protestar contra una dictadura, y por eso mismo (como por la persecución que algunos sufrieron) despertarían simpatías. Pero cimentar la protesta en la consideración de unos europeos, que al fin y al cabo eso eran los vascos, como felices indígenas peculiares a punto de extinguirse, no es lo más oportuno. Porque en 1960, a pesar de lo que escribieran los curas vascos, la inmensa mayoría de sus feligreses no participaba, en absoluto, de rasgos lingüísticos, naturales, étnicos y sociales muy distintos de los de la gente de Cuenca.

Es verdad que la jerarquía eclesiástica vasca solía hacer oídos sordos a estas denuncias. Como también es verdad que dejó de hacerlos a principios de los sesenta y terció con éxito para que se toleraran las primeras icastolas. Con ello, se hizo progresivamente pública una enseñanza en vasco que hasta entonces se había recluido en los seminarios o en las escuelas domésticas de posguerra, más o menos admitidas, pero limitadas por el poco interés de la gente por el eusquera. A la tolerancia, sin embargo, contribuyó un problema endémico del régimen: el déficit de escuelas. Y, asimismo, contribuyó una idea que fue calando en los medios católico-aperturistas: que el reconocimiento del eusquera podía, en su limitado ámbito, servir a la reconciliación nacional. Pero a veces ha sido una forma rara de reconciliarse: la familia de Emilio Castillo, víctima del terrorismo, tuvo que celebrar el funeral en un salón del Gobierno civil, porque el párroco a quien correspondía oficiarlo no cedió en su empeño de dar la ceremonia en español y en vasco para unos familiares venidos, y no precisamente para pasar las vacaciones, desde Ciudad Real.

Al fin y al cabo, por muy contestatarios y levantiscos que fueran, los sacerdotes no dejaban de ser hijos de la Iglesia en un país, un régimen y unos años donde la Iglesia era omnipresente. Por otra parte, se podía continuar legitimando el orden social y la tradición venerable sin necesidad de tener que legitimar el edificio en ruinas que era el franquismo en sus últimos años. Pero la propia Iglesia vasca ha resultado ser ultraétnica para algunos y se la ha acusado, en ciertos medios, de que por su inveterada costumbre de predicar a cada cual en lo suyo ha sido un freno para la unificación de las hablas vascas, ha contribuido a dividir a los paisanos y, por lo mismo, ha sido la desnacionalizadora del país, al no acabar de aglutinarlo en torno a una lengua común y a un tronco de valores pretendidamente eusquéricos. No sigo por aquí. Sea como fuere, la lengua vasca actual le debe estar agradecida.

PENTECOSTÉS CATALÁN

La Iglesia catalana decimonónica ha contribuido poderosamente a la consagración del español como lengua de prestigio en la escuela, dentro y fuera de Cataluña. No en vano, el santo barcelonés Antonio María Claret podría ser considerado como el inspirador de las reformas educativas del ministro Moyano, a mediados del siglo XIX. A su modo, es el inventor de la escuela pública española moderna. Pero a finales de dicho siglo, en algunos ambientes eclesiásticos catalanes se decidió cambiar la mitra por la barretina —⁠como caricaturizaba el semanario barcelonés La Campana de Gracia, en su número del tres de febrero de 1900⁠— a la vista del tono que tomaba el regionalismo. Comenzó un periodo de catalanización eclesiástica que “representaba una vía de regeneración religiosa a la vez que una estrategia para continuar teniendo peso en la sociedad y para no perder el control de las clases dominantes conservadoras, las cuales iban apostando por este regionalismo ante la crisis del sistema político español”[9].

Con esta apuesta se podían evitar los peligros del republicanismo y el obrerismo. El sacerdote Félix Sardá i Salvany lo contaba todo en un libro publicado en 1884, con un título de esos que te evitan la penitencia de tener que leer siquiera la primera página: El liberalismo es pecado. Por entonces, el obispo de Barcelona Josep Morgades escribía sus pastorales sobre la obligación de predicar y enseñar el catecismo en catalán. Asunto sobre el que no hubo legislación específica hasta algunos años después, cuando un Real Decreto de 1902 ordenó que el “texto para la enseñanza de la doctrina cristiana esté escrito en castellano”. Esta disposición levantó un gran revuelo y hasta un escrito redactado por Joan Maragall pidiendo para el catalán la condición de lengua oficial única en Cataluña. La polémica fue sonada. Se la podrían haber ahorrado, porque los efectos prácticos del decreto no fueron gran cosa, básicamente por una razón muy simple: había decreto pero no había escuelas. Así que, tras doce años de ley, el analfabetismo en Cataluña oscilaba, según zonas, entre un 41 y un 61 por 100. Un éxito alfabetizador, sin duda.

En la concepción de la sociedad española que ha mostrado tradicionalmente la Iglesia, regionalismos y nacionalismos han tenido atractivo porque representaban la idealización de una sociedad patrimonial, cerrada, sin transformaciones venidas de la industrialización, sin conflictos de clase y con obediencia sumisa a las autoridades civiles y eclesiásticas que conducían a los fieles por el buen camino. De modo que las novedades modernas —⁠y la difusión de la lengua española en que circulaban normalmente⁠— venían a cumplir aquella maldición bíblica de herir al pastor y descarriarse las ovejas. El obispo Torras i Bages lo supo expresar muy bien en una carta fechada en julio de 1900: “Yo creo profundamente que aun cuando la propagación del regionalismo discreto no llevase consigo un bien positivo, lo llevaría en el sentido de ser un derivativo que llama a la actividad popular, y sobre todo la de la juventud ilustrada y de la clase media, hacia un terreno donde naturalmente se respira un aire tradicional y cristiano”[10]. Un cristianismo singular, qué duda cabe: cien años después de haberse escrito estas palabras, la historia que le sucedió a la familia Castillo en el País Vasco se repite en Cataluña con otra familia más. El párroco de Bagur (Gerona) pone trabas para bautizar a la hija de Juan Antonio Segura porque “pretendíamos bautizarla en castellano y él es representante de una comunidad catalana”[11]. Los Segura llevaban residiendo en Bagur tan sólo veinte años.

LA GREY INMÓVIL

Un aire tradicional y cristiano: quizá esta concepción de una sociedad tranquila y estática, donde los ricos y los pobres lo son por naturaleza (digo concepción porque trasladado al campo material el asunto reviste otros intereses) explique la ambivalencia, muy notable, que ha seguido la Iglesia respecto a la distribución sociológica de las lenguas de España. Sin dejar de reconocer, y de actuar en tal sentido, el valor del español como la lengua de más capacidad, relación y peso económico, ha reservado las lenguas particulares, sobre todo, para las clases populares vascas y catalanas; en mucho menor grado para las gallegas, como explicaré enseguida. Una división de clase o estamento social por lengua que recuerda mucho a los contradictorios usos de colonización virreinal, por lo menos hasta que Lorenzana abrió el debate, cuando se asimilaba al español a los hijos de caciques y notables, como gente que estaba destinada a codearse con las autoridades españolas, a mandar ella misma y a dar ejemplo, mientras se reservaba el idioma particular para la masa obediente de indígenas. Aquello, en vez de escuelas de español, lo parecían de alta administración para quienes controlan producto y beneficio. Los administrados, los esclavos y la mano de obra podían hablar cualquier otra lengua.

Llama la atención este regusto del clero español decimonónico por el popularismo social y político (que tiene sus rebrotes en la España actual). Para Balmes la clave estaba en la insuficiente preparación cultural de los sacerdotes y su nula apertura hacia las masas de menestrales y jornaleros que movilizaba la sociedad industrial: incapaces de entender lo que ocurría en las ciudades, se refugiaron en el campo. Es posible que fuera así cuando uno atiende al dibujo que hace José M. Cuenca Toribio del clero de la época inmediatamente anterior a la aparición del regionalismo y a la exaltación de las razas diferentes, las lenguas diferentes y los modos naturalmente diferentes de cada comunidad: un clero adoctrinado en seminarios anacrónicos, con enseñanzas que dan la espalda a las corrientes de la época, culturalmente reaccionario, víctima de transformaciones revolucionarias que no entiende, nostálgico de un pasado ideal y receloso hacia cualquier novedad[12].

Una Iglesia ultrarregionalista a veces. Mucho más paisana que los paisanos. Según una anécdota que se cuenta de la Galicia de 1930, un párroco predicaba en gallego en una aldea de Orense. Ésta era una forma un tanto rara de predicar por aquel entonces. A la salida de misa los feligreses se acercan a él y respetuosamente le dicen: “Nos también le sabemos el castellano”. Para los aldeanos decirle al cura que sabían español era decirle que no les hablara en gallego. La lengua común era algo que implicaba ciertos conocimientos y relaciones más allá del estrecho mundo rural[13]. De modo que el aldeano tenía natural aprecio por una lengua que le facilitaba la comunicación y lo redimía del aislamiento al que quedaba abocado en el estrecho círculo del gallego. Sin embargo, unos campesinos con conocimientos y relaciones amplias no caben en la sociedad tranquila de la que hablaba el obispo Torras i Bages. Para tranquilidad de todos, es mejor que sigan en la aldea entendiéndose en gallego. Esta lengua, desprestigiada entre sus naturales hablantes, y más todavía si cabe entre la gente de ciudad, apenas tuvo interés para la Iglesia. Al contrario de lo que ocurría con el vasco y más claramente con el catalán, el gallego no tenía la mínima relevancia política a la que amarrarse para ganar cierta representación en la sociedad gallega. De modo que no era un elemento interesante ni como símbolo. Sólo muy tarde se ha empezado a oír la predicación en gallego para disgusto, o indiferencia, de campesinos como los orensanos de la anécdota, y para solaz de algunos señoritos urbanos que jugaban al populismo galaico sin intención, ni posibilidad tampoco, de ir mucho más allá del regodeo lingüístico. Entre las divinas palabras predicadas en latín y las mundanas dadas en español, al gallego no le quedaban resquicios para que se manifestara el milagro de Pentecostés. Y no se manifestó.

VI
NOTICIAS DEL PAÍS DEL HIERRO

La escritora Elisabeth Wright se quejaba en 1913 de que en Inglaterra: “Entre las escuelas y los cada día más frecuentes medios para trasladarse con rapidez de un lugar a otro del país, los sitios donde se pueden oír los dialectos en toda su pureza cada vez son menos”. Añadía a renglón seguido: “No hay que extrañarse, cuando a cada paso se ven esos carteles de propaganda turística popular, que muestran al gran público las desiertas arenas y los nubosos cielos de Blackpool o Morecambe”[1]. Escuela, transporte, viajes, masas que van y vienen; circunstancias, en fin, que producían, con mayor o menor logro, las sociedades industriales desde noventa años antes del comentario de Miss Wright. Circunstancias que han pesado en la creación de grandes lenguas comunes que acaban ensordeciendo los particularismos, sobre todo cuando son pintorescos. El desarrollo de la industria y del sistema capitalista de producción lleva aparejados cambios notables frente al modo de vida tradicional: afirmación de grandes ciudades con un comercio próspero que necesita medios de comunicación rápidos y francos, que necesita romper aduanas y fronteras para que la gente vaya y venga, que necesita unificar los tipos financieros. Se crea también una clase social nueva y específica: trabajadores, con una labor cooperativa, reunidos en fábricas, o en otro tipo de servicios, con formas de vida similares e intereses muchas veces comunes, que llevan a plantearse tipos de asociación incluso de rango internacional, porque la clase empieza a pesar más que la procedencia geográfica.

Son efectos que tienen forzosamente que reflejarse en las lenguas. Estos movimientos masivos necesitan y crean medios de comunicación o expresión nuevos y enriquecen notablemente las lenguas que mejor se prestan a ellos. De tales procesos hay lenguas que salen muy gananciosas, se extienden, se hacen comunes, ganan prestigio, hay interés y necesidad de aprenderlas. Otras se empobrecen sin remedio, quedan relegadas a tal o cual región, se trasmiten oralmente entre sus naturales y serán aptas para la captación de un ámbito limitado pero incapaces de adaptar en ellas los inventos, técnicas, fórmulas o intereses materiales que va creando y acumulando la nueva sociedad en otras voces. En muchos casos dichas lenguas desaparecen sin más. El contacto lingüístico en estas ocasiones suele ser muy poco piadoso, como observa Florian Coulmas: “Las lenguas comunes europeas escritas se han ido creando al adaptarse a la carrera de la industrialización y el desarrollo económico modernos y al satisfacer unas necesidades de comunicación nuevas. Han logrado así una ventaja insuperable sobre otras muchas lenguas, que han quedado prácticamente inútiles para captar ese proceso de renovación”[2]. En suma, dos son los hechos más visibles: hay lenguas que salen gananciosas, sobre todo, en posibilidades expresivas, en funcionalidad. Estas mismas, puestas en contacto con otras lenguas, pueden, y con frecuencia lo hacen, atraer a los hablantes de sus competidoras. Son una puerta abierta a lo que Uriel Weinreich denominó en su día realismo lingüístico, o sea, el hecho de que uno vea más beneficio en la lengua del vecino que en la propia… y trate de parecerse al vecino lo más posible.

Este modelo teórico que parece tan de sentido común no ha funcionado en España. O en la historia de la lengua española se nota mucho menos que en la de la lengua inglesa, francesa o alemana. Incluso puede decirse que ha funcionado exactamente al revés de lo previsto. Una miss Wright a la española podría decir hoy que entre las escuelas y los cada día más frecuentes medios para trasladarse con rapidez de un lugar a otro del país, los sitios donde se pueden oír las lenguas y hablas peculiares de España en toda su (pretendida) pureza, cada vez son más. Voy a repasar en este capítulo algunos hechos que resultan interesantes al respecto.

OBREROS Y CAMPESINOS

Decía Delamarre en un artículo muy sesudo del Journal des Economistes publicado en 1869 sobre la industria española de la época: “No cabe duda que en los centros donde la industria ha empezado a desarrollarse hay una población obrera, pero estas poblaciones obreras están aisladas unas de otras y sólo representan un insignificante número en relación al total de habitantes. Así que estamos autorizados a considerar a este país, en conjunto, como carente de clase obrera”[3]. Afirmación matizable, pero cierta en lo esencial. España era, sobre todo, un país agrícola, con un proletariado rural disperso y perfectamente ajeno a los usos del trabajo asociativo en la industria y la empresa modernas. De modo que muchas de las demandas típicas de las organizaciones obreras del momento, que hubieran podido tener alguna incidencia sobre la difusión cualitativa de la lengua, como “el establecimiento de la enseñanza obligatoria en todo grado posible, la instrucción tan necesaria para el obrero”, un latiguillo muy típico de cualquier mitin obrero de la segunda mitad del XIX, eran pregones en el desierto. Se interpretaban en el campo como ganas de destruir la familia, la religión, borrar la patria y acabar con la sociedad.

Pero la opinión de Delamarre indica algo más. Viene a demostrar una evidencia de la que ya he dicho algo al ocuparme de nuestros analfabetos: que el impacto de la revolución industrial era menor en España de lo que estaba siendo en otros países. Por lo mismo, todas las necesidades comunicativas y lingüísticas que iba desarrollando esa revolución las notamos menos aquí; notamos menos las novedades industriales, mecánicas, técnicas, científicas, comerciales, financieras. Nos era superfluo todo el desarrollo lingüístico que se deriva de la necesidad de denominar ese flujo de novedades materiales e intelectuales; había entre nosotros menos estímulos para verse y oírse, menos necesidad de transporte, peores medios de comunicación y la gente podía permanecer tranquilamente, sin mayor necesidad de saber leer y escribir, aislada en su pintoresco medio. En términos lingüísticos, la mitad de lo que la revolución industrial produjo entre 1750 y 1900 lo produjo en inglés. Al final del periodo, cuando un periodista le preguntaba a Bismarck cuál era en su opinión la característica más notable del mundo moderno, el canciller alemán le contestó: “El que los norteamericanos hayan hablado inglés”. No estaba descaminado: muy poco después, en 1906, la primera voz que se difundía a muchos oyentes por una radio —⁠invento revolucionario de aquellos años⁠— era la del norteamericano Reginal A. Fessenden que decía: “¡Merry Christmas!”. En los años en que España era una gran potencia colonial, el medio que revolucionó las comunicaciones y facilitó la difusión de la lengua no fue la radio, sino el caballo (y el jinete, por supuesto). Para cuando Fessenden hablaba por radio en inglés, la caballería ya estaba de capa caída.

Dejando estas circunstancias aparte, y volviendo a España, puede afirmarse que el movimiento obrero reconocía el valor común del español. Es sintomático un hecho: si en el gran mitin convocado por Nuet en Barcelona en 1874 la mayoría de los oradores habló en catalán, es lo más normal encontrar prensa obrera de aquellos años escrita en español. Prensa donde colaboran los mismos que convocan los mítines. Un catalán, Simó i Badía, fundó El eco de la clase obrera; Pamiás fundó, en 1880, El Obrero en Barcelona; por las mismas fechas y en la misma ciudad aparecen El municipio libre, Acracia, Bandera Social, La guerra social; en Sabadell se publicaba Los Desheredados y en Mataró La República Social. De Gijón y Oviedo es La Aurora Social, de Alicante es El Grito Social… así podríamos seguir citando periódicos[4].

La revista bilbaína La lucha de clases, en su número del siete de octubre de 1899, planteaba el asunto sin tapujos: “Nosotros lo decimos como lo sentimos, dadas las circunstancias actuales, quisiéramos un gobierno que no permitiese la literatura regionalista y que acabara con todos los dialectos y todas las lenguas diferentes de la nacional, que son causa de que los hombres de un país se miren como enemigos y no como hermanos”. No creo que los editores y lectores de esta revista tuvieran una especial vinculación con el Conde de Romanones —⁠ni mucha influencia en el gobierno de Alfonso XIII⁠— que muy poco después iba a dictar una modesta ley sobre la enseñanza del catecismo en español. Se publicaron también periódicos en catalán, por supuesto, pero el más popular, La Tramontana, era de corte anticlerical, republicano y catalanista antes que propiamente obrero. El catalán, el eusquera, el gallego, el valenciano, nada digamos de los bables asturianos, fablas aragonesas o cualesquiera modalidades regionales, despiertan poco entusiasmo entre las organizaciones obreras del momento. No cumplen ninguna función en sus reivindicaciones, más bien las estorban. A este respecto cabría señalar que la Unión General de Trabajadores, fundada en un congreso obrero celebrado entre el doce y el catorce de agosto de 1888, en la calle Tallers n.º 29 de Barcelona, al que asistieron veinticinco delegados de los cuales sólo Pablo Iglesias y Juan de la Serna no eran catalanes, redactó sus bases en español. Ya he dicho antes que en este tipo de asociaciones, por débiles o desorganizadas que fueran en un principio, pesaba más el interés de clase que el territorial, y una lengua común servía mejor a aquél.

Esto explica también que, por lo menos hasta la Segunda República, las organizaciones obreras consideraran al español como su lengua natural (no sólo por mayoritaria —⁠aunque entre los trabajadores catalanes no lo fuera tanto⁠— sino más bien por común), hasta el punto de considerar las llamadas en pro del catalán o el vasco como intentonas de dividir los intereses de clase, consideración más viva cuanto más a la izquierda se situara el partido. Esta idea, por cierto, ha tenido algún predicamento —⁠bien que escaso⁠— en la Cataluña actual[5]. Para mí, en lo que se refiere al obrerismo decimonónico, ésta era una consideración bien comprensible si se advierte, por citar un solo caso, cómo aquellos grupos sociales que iban a dar entidad política, y sobre todo económica, al catalanismo eran los que acababan de recurrir en 1898 al programa del general madrileño Camilo Gracia de Polavieja, veterano de las guerras de Cuba y Filipinas, para ejercer sus intereses con autoridad y evitar dudosos movimientos de masas. Por entonces, el Ayuntamiento de Barcelona gastaba setecientas mil pesetas en esa permanente reivindicación obrera de escuelas públicas y cuatro millones en policía urbana, novedosa reivindicación de los amigos de Polavieja.

En la España de entonces, sin embargo, estas agrupaciones obreras, que a lo mejor podrían haber sido focos de una difusión lingüística de mayor ilustración, calidad y conciencia de la que podía representar el campesino analfabeto, son como una golondrina que no hace verano. No resultan ser un peso decisivo, creo yo, a la hora de sustentar una comunidad de lengua, bien al contrario de lo que ha sucedido en otros países. Además no había escuelas públicas preparadas, al estilo de lo que hoy se entiende, donde enseñar, ni español, ni otra materia. Por otra parte, los vaivenes de los partidos obreros en este terreno han sido, como siguen siendo, continuos. Su labor parece especializada en desorientar a los trabajadores.

Aparte de escasa en número y organización, la clase obrera estaba concentrada en zonas muy concretas. Esta circunstancia de desequilibrio industrial pesará ya para siempre en la historia contemporánea de España y, como no puede ser menos, se dejará notar en la historia de sus lenguas, pues dichas zonas lo son de contacto lingüístico: Asturias, Vizcaya y Barcelona, gran centro del obrerismo de la época. Una circunstancia así es siempre potencialmente conflictiva. Para enconar más la situación el desarrollo industrial español fue en el siglo XIX, en comparación con el de los grandes países europeos, raquítico y desigual. Produjo malestar social, agravios y conflictos de clase que se manifestaron de distinta manera y facilitaron que las lenguas cobraran un protagonismo inaudito. Y así se da la paradoja de que circunstancias de contacto lingüístico, potencialmente muy amenazadoras para lenguas minoritarias, resulten ser las que a la postre les inyecten una vitalidad y una fuerza que de otra manera no hubieran conocido nunca. La Iglesia española, como se ha visto en el capítulo anterior, contribuyó notablemente a ello, desconfiada como era ante el empuje de unas fuerzas desatadas por la industrialización que desordenaban el mundo tradicional. El caso que mejor ilustra lo que acabo de decir, no ya en España, sino en Europa y aún más allá, es el de la lengua vasca. Merece la pena repasarlo.

LOS ÍDOLOS DE LA TRIBU

Es un tópico difícilmente sostenible el asociar el agravio y malestar vascos a la suspensión de las leyes particulares del país, los fueros, que desaparecieron tras la última guerra carlista en 1876. Las leyes particulares —⁠no sólo las vascas⁠— estaban amenazadas en toda España desde que la Constitución de 1837 había decretado la unidad de fuero. La realidad, no el tópico, es que los fueros, y cualquier particularismo legal antiguo o nuevo, eran un verdadero estorbo para el capitalismo financiero que se fue gestando en Vizcaya desde mediados del siglo XIX. Un fuero casi medieval que castigaba con el “exilio a perpetuidad” la exportación de mineral de hierro, ¿qué podía tener de atractivo para los Ibarra, los Arellano, los Mazas, los Martínez Rivas o los Echevarrieta y Larrinaga cuyo negocio era precisamente el comercio internacional de hierro? De modo que la supresión del fuero se acogió sin mayor desagrado entre el gran capital y entre una mesocracia vasca que preveía los beneficios del inminente desarrollo industrial.

Un desarrollo que produjo lo que algún historiador ha denominado “los nuevos yanquis de Vizcaya”. Poco después siguió sus pasos la mediana y pequeña empresa guipuzcoana. Para estos grupos, el mundo tradicional vasco de pastores y caseros resultaba poco más que un apéndice folclórico. Pero no se liquidó totalmente, porque una de las características del capitalismo industrial vasco fue el mantenimiento de ciertos vínculos entre el campo y la industria, una especie de maquinismo bucólico (más literario que real) con carretas de bueyes que bajan el mineral hasta los altos hornos. El peso de la industrialización fue a caer, por otra parte, en áreas donde no se hablaba eusquera. Pero la simple vecindad de un medio industrial, que tenía poco que ver con el bucolismo idealizado de los tradicionalistas, alarmó a éstos. Como ocurrió con Arturo Campión: he aquí un patriota navarro que consideraba la religión católica, las tradiciones viejas y los dialectos eusquéricos como señas de identidad irrenunciables de la patria vasca. En 1876 describía el apocalipsis local: “Asisto con náuseas en el estómago y lágrimas de sangre en los ojos al enorme descenso en el nivel de la moralidad familiar y social de nuestras clases populares”[6].

La verdad es que no había que ponerse así porque las clases populares desearan parecerse a esos otros vascos que observaban los viajeros por la Vizcaya de la época, al estilo de R. Bazin, que veía: “Ciudadanos del país a los que les gusta vestirse a la inglesa, fumar en pipa, tocarse con hongo y llevar el paraguas bien enrollado y colgado del brazo, y no se diga el calzarse en casa con zapatillas de smoking. Ciudades con alumbrado eléctrico, ventanas rojas en las fábricas, chimeneas en las fraguas”. El viajero se aloja en “un hotel muy amplio, completamente nuevo, iluminado al modo Jablochkov y ¡con ascensor hidráulico!”[7]. Visto el desarrollo que experimentaba el país, estas ambiciones de los campesinos por dejar de serlo son hasta comprensibles. Cinco años antes otro viajero, A. Planté, se quedaba pasmado porque en la Vizcaya comercial de la época oía hablar todos los idiomas del mundo.

El desarrollo del capitalismo vasco fue, sin embargo, muy desigual. Esa mesocracia que se las prometía felices ve cómo, tras veinticinco años de industria y finanzas al estilo moderno, no ha ganado gran cosa en el empeño. Está donde estaba y además rodeada de una inmigración obrera que, o bien la ha superado en posibles, o bien la ha proletarizado. El historiador Jacques Beyrie resume el desencanto de la época en esta cita: “Sólo se salvan del naufragio los fundadores de las grandes sociedades. Numerosos miembros de la clase media se dan cuenta entonces del enorme abismo que les separa de una oligarquía industrial y bancaria, detentadora del poder desde tres decenios, investida de todas las funciones de la autoridad y, en adelante, egoístamente atrincherada tras la rejas de sus fastuosas mansiones de Las Arenas y de Neguri. La reivindicación nacionalista vasca de Sabino Arana, exaltando el tradicional —⁠y en parte mítico⁠— equilibrio de la sociedad vasca patriarcal, actuará como catalizador de este resentimiento”[8].

Resentimiento: la misma palabra que, para el mismo caso, había usado Unamuno en un discurso pronunciado ante las Cortes republicanas en 1931. Acaso en esa palabra esté el germen político del vascuence moderno. Hasta entonces el vasco había sido —⁠como se verá en otro capítulo⁠— un disperso grupo de hablas locales, objeto del interés filológico de sabios alemanes y franceses, de apologías patrióticas y de literatura para catequesis. Poco más. El eusquera que hoy conocemos guarda en su génesis más que el sentimiento de muchos por la pérdida de una patria foral y feliz, el sentimiento infeliz por la pérdida de muchos patrimonios. Como le ocurre a la mayoría de las lenguas, tiene su origen en un efecto económico. Pero en este particular caso la economía actuó de forma inversa a como suele hacerlo, y una situación de crisis que podría haber supuesto su muerte, orientada en unas líneas políticas concretas, le dio una vida inusitada.

Surge así un movimiento político algo difuso en sus principios pero abiertamente xenófobo. Entonces se llamaba bizkaitarrismo, “los de Vizcaya”, y es el padre del nacionalismo que hoy conocemos. Un credo que enfrenta en sus orígenes a vizcaínos, antes que a vascos en general, pretendidamente puros contra españoles invasores, españoles maquetos y “gentes de la navaja” (piadosa denominación que daban a los mineros los seguidores de Arana). Un movimiento que crea algunos ídolos de la tribu, como la raza, la tradición ancestral, la religión católica, las leyes viejas y, sobre todo, la lengua. El fin: diferenciar la Patria Vasca del resto España y, de paso, del resto del mundo. El ídolo que más nos interesa ahora es el idioma. Suele ser el gran símbolo identificatorio y diferenciador. Así se expresaba Sabino Arana al respecto en 1895: “En el pueblo bizkaíno se hablan dos lenguas: la indígena y una extranjera; la primera es el euskera bizkaíno, la segunda la española castellana: la primera la hablan la mayoría de los hijos de esta rama de la raza euskeriana, la segunda la población invasora y los naturales por ella influidos. La lengua peculiar de Bizkaya era y es, por tanto, el euskera y no ninguna combinación de éste con otra lengua, ni menos el español castellano euskerizado”[9].

Bastará ahora recordar dos hechos para advertir hasta qué punto el casticismo lingüístico eusquérico constituye un ídolo: primero, en el momento en que Arana escribe, la lengua mayoritaria de las provincias vascas y Navarra es el español; en la capital vizcaína nadie hablaba vasco. No sólo el español es lengua mayoritaria, es la lengua de la ciudad, del comercio, de la industria, de las comunicaciones, de la enseñanza. En segundo lugar, Arana no hablaba vasco. Como recuerda Jon Juaristi: “Sabino nunca pudo escapar de esa pauta esquizoide que le impulsaba a echar pestes del castellano en un esmeradísimo castellano. En realidad, no pudo ir más allá de modestísimos balbuceos al expresarse en vasco. Jamás tuvo otra lengua de cultura que el castizo castellano aprendido de sus padres y perfeccionado en Orduña con la lectura de clásicos españoles del Siglo de Oro”[10]. Esta circunstancia se repite en otros fundadores del ídolo lingüístico como Arturo Campión que, sin embargo, aprendió el vasco mejor que Arana; o el joven Unamuno, que no tardó en abjurar de la causa, a pesar de haber contribuido a la creación de un dialecto bilbaíno perfectamente imaginado.

Todo esto resulta comprensible: los conflictos generados por un desarrollo económico desigual los acabaron sufriendo, mucho más que el casero que hablaba vizcaíno —⁠a quien el mundo de la industria y el capital financiero vascos o bien no le importaban, o bien le podían atraer por las oportunidades que abrían⁠—, los hijos de una mesocracia vasca netamente hispanohablante que no había sacado mayor beneficio de todo aquello, que de hidalgos habían pasado a sufrida clase urbana y que quisieron ver en las hablas vascas un argumento político como lo podían haber visto en cualquier otra particularidad del país. Estas particularidades se recrearon, se engrandecieron y se les dio una dimensión desproporcionada. Muy a propósito para alimentar leyendas —⁠no nuevas en sí mismas, pero sí remozadas⁠— de raíces vascas perdidas en la noche de los tiempos[11].

Es una circunstancia curiosa esta con la que nace el vasco moderno (circunstancia curiosa que se repite en el Estatuto discutido durante la Segunda República e incluso en el de 1979). Se trata de un caso singular en el mundo de la sociología lingüística: muchos de los mantenedores del vasco consideraban como propia una lengua que no conocían, y consideraban como lengua nacional la que la mayoría de los paisanos tampoco hablaba. Dichas consideraciones se aceptan como hechos lógicos y razonables. Mientras que el hecho histórico, más que razonable si cabe, de que el español llegó a Bilbao o a Vitoria con la fundación de las ciudades, se consideraba una anomalía. Hay una explicación evidente: se estaba recorriendo el camino imaginado que iba de las realidades a los deseos del nacionalismo vasco. Porque, en esencia, el eusquera entra en la carrera de las lenguas actuales no porque al fin, con la generación de Sabino Arana, se haya redimido de una situación de opresión cultural frente al español, sino porque entra a formar parte esencial de un credo político, independientemente de su circunstancia, valor, tradición literaria y hablantes que pueda tener. Un credo político alimentado y dirigido por muchos que no sabían vasco pero que lo habían elegido como símbolo. Aquí radica, a la vez, su fuerza y su flaqueza.

La lección más evidente es que un fenómeno que ha contribuido a la formación de grandes lenguas comunes europeas, como es la industria y todo lo que implica, en este caso particular no ha favorecido al español. Muy al contrario de lo que tópicamente suele decirse, la inmigración y el desarrollo de la industria no han sido fuerzas desvasquizadoras —⁠o lo habrán sido sólo de los dialectos tradicionales⁠— y habría que imaginar si sin ellas, y sin las tensiones económicas y políticas que trae un proceso de esta clase, acaso el eusquera, por minoritario que sea, ni existiría tal como hoy se conoce, es decir, como una lengua nueva, unificada, que se enseña en las escuelas, se usa en la administración y ocupa en el Estatuto Vasco el primer puesto con la calificación de lengua “propia”, mientras que al español le queda la fría calificación de “oficial”. En sí mismo, el resurgir del eusquera no es una anhelo viejísimo acallado secularmente por la presión castellana. Es un anhelo de hace un siglo, como mucho. Un siglo, por cierto, muy controvertido y muy enconado entre los propios vascos que levantaron la bandera de la identificación entre pueblo, raza y lengua. Como no podía ser menos, porque esas banderas han sido, son y serán siempre una fuente de conflictos.

El caso del catalán es bien distinto, aunque tenga cierta comunidad en algunos puntos con el del vasco. Es distinto por una razón fundamental: el catalán sí se ha hablado entre el común de la población. En los años de la temprana industrialización de Cataluña ha sido lengua de trabajadores pero también —⁠y es importante tener esto en cuenta para entender algunas cosas⁠— de patronos. El hecho de que la industria catalana produjera tradicionalmente bienes para un mercado, nacional y colonial, que hablaba español, ha creado vínculos de solidaridad de clase que han sido siempre favorables para la lengua común: la burguesía catalana, sin dejar de hablar catalán, ha entendido que su primer interés era entenderse en español: La lengua con la que se hacía dinero con el resto de la burguesía nacional. Así se explica que el catalanismo, como la misma lengua catalana, hayan sido vistos con indiferencia absoluta, con cierta desconfianza y, en concretas ocasiones, como una verdadera amenaza para los intereses del estamento comercial e industrial catalán.

Esta indiferencia, desconfianza o temor por la regularización del catalán (y, en general, de lo definido según época y momento como lo catalán) entre quienes en dichos estamentos estaban naturalmente llamados a comunicarse en él, pero preferían hacerlo en español por las evidentes ventajas que aportaba, están entre las claves del éxito de la lengua común en Cataluña. La industria, el comercio y las finanzas apostaron por el español. Podría decirse que esta situación se prolonga desde los años de Carlos III hasta principios del siglo XX. Como resumen de una historia que luego ampliaré, también podría decirse que la quiebra definitiva del sistema centralizado y colonial, con el marasmo que provocó en la industria, casó en Cataluña a unos burgueses en busca de política con unos políticos catalanistas en busca de una base social potente: esa misma base que no se había preocupado por fomentar los rasgos peculiares de la personalidad catalana —⁠la lengua como protagonista⁠— se empieza a preocupar ahora por ellos al calor de una bancarrota que, sin amenazar notablemente al español, hace que la lengua catalana se sienta como principio diferenciador de una región con usos particulares que, por tanto, reclama su gestión particular. ¿Qué bien más visiblemente particular que una lengua particular?

Los vientos favorables para el español se habían acabado. El área levantina se escapa de esta corriente por razones bien conocidas y que no requieren mayores explicaciones: se intercala con áreas castellanas desde antiguo; Valencia fue la capital financiera de los Reyes Católicos; no ha sido un foco industrial de primera magnitud, ni conflictivo, y el valencianismo popular, que podría haber jugado a favor de la catalanización, ha tenido desde siempre recelos frente al catalán.

Recelos que sólo algunos grupos valencianistas de hace treinta y tantos años vencen al grito de “Valencia poble de nació catalana”. Idea que sólo les ha convencido a estos mismos grupos, pero que crea toda clase de suspicacias en la inmensa mayoría de valencianos, alicantinos y castellonenses. Para los procatalanistas e ideólogos de los “Países Catalanes” (o sea, Cataluña, Castellón, Valencia, Alicante y Baleares, más los territorios asimilables de Aragón, etc., etc.) el valencianismo popular, reacio a comprometerse en tan altos vuelos, era una especie de carcoma, de quinta columna castellanista. Pero la verdad es que resulta difícil comprender las angustias de algunos autores preocupados porque los vecinos no se comportaban valenciana o catalanamente como debieran, y porque algunos se interesaban por el español. Así es, se interesaban por el español, ¿qué tiene de extraño? El español también era su lengua, es más, en concretas áreas de Valencia, Castellón y Alicante su única lengua desde hacía siglos, ¿qué necesidad tenían de pasarse a una mucho menor?

Los casos del catalán y del eusquera sí son muy similares en algo: su resurgimiento (no propiamente el literario sino el que les va a proporcionar una norma lingüística, ortografía común, unas gramáticas modernas, pero, sobre todo, la capacidad de ser lenguas de enseñanza, administración y gobierno equiparables al español), esa vitalidad recuperada se da por la misma época y al calor de similares crisis económicas. Si no se han producido más casos será por haber faltado algún ingrediente en la química de las sociedades y de sus lenguas: podría imaginarse que si Asturias hubiera tenido sus Sabinos Aranas, a lo mejor, hoy tendríamos entre nosotros otra lengua románica más, no sólo con su gramática, su vocabulario y su Academia, que eso ya lo tiene, sino con sus planes legislativos de normalización, sus políticos autonomistas bendiciéndola y haciendo esfuerzos por hablarla, sus niños en las escuelas aprendiéndola y su boletín oficial.

El caso del gallego tiene su propio desarrollo. Las crisis políticas y económicas que sirven para el vasco o el catalán apenas se notan aquí. El escaso desarrollo industrial no ha podido romper la tradicional división de un campo gallego-hablante y una ciudad que habla español, y no ha cambiado la consideración negativa que la lengua gallega tenía frente a la común española. Si a la burguesía, en su conjunto, no le interesaba el gallego a los trabajadores tampoco. Se daba la, aparentemente, paradójica circunstancia de que los movimientos de corte autonomista, anticaciquiles o anarquistas empleaban el español sobre todo. Alguna preocupación por el gallego había, inconcreta y a veces más lírica que política. La tribu de Breogán difícilmente podía hacer un ídolo de la lengua gallega. Si hubiera que hacer un balance comparativo frente a lo sucedido en Vizcaya o en Barcelona se podría decir que, hasta la Segunda República, en el caso vasco la fuerza motriz del eusquera fue la política, en el caso del catalán lo fue la economía y en el caso del gallego lo fue, originariamente, una suerte de folclorismo político surgido en medios donde se hablaba español y donde raramente se sentía la necesidad de hablar gallego, pero donde casi siempre se tenía el empeño de que lo hablaran los otros, sobre todo la gente del campo (en esto último se parecía al eusquera). En todo caso se trataba de una fuerza política o económica completamente inane para revitalizar una lengua, comparada en su momento con las otras antedichas (de hecho, la revitalización del gallego será mucho más tardía que la del vasco o el catalán y vendrá por otras vías). No es este un capítulo donde el gallego dé muchas lecciones, acaso las de por qué se ha conservado con pronunciamientos tan poco favorables.

VII
¡QUÉ VERDE ES MI VALLE!

En el capítulo treinta y cuatro de sus Cartas Marruecas, José Cadalso presentó a un proyectista que pretendía arreglar los problemas de administración territorial española así: se trazaría un gran canal en forma de aspas que iría de La Coruña a Cartagena y del Cabo de Rosas al de San Vicente. Sería el Canal de San Andrés, en memoria de la cruz donde se martirizó al santo. Quedaría la península dividida en cuatro partes y cada una de ellas tendría traje regional y lengua. La porción del norte hablaría lengua vizcaína y vestiría traje maragato. La del sur hablaría andaluz cerrado y llevaría montera granadina, capote de dos faldas y ajustador de ante. La porción oriental, lengua catalana con gambeto y barretina. La occidental, idioma gallego y calzones blancos largos. Para evitar rencillas territoriales “la corte irá mudándose según las cuatro estaciones, el invierno en la meridional, el verano en la septentrional, et sic de caeteris”. Una ironía con la que Cadalso se ríe de algo que es asunto de importancia en España, algo muy vivo en el genio nacional: el espíritu de campanario.

Es asunto tan serio como que la España parcelada que Cadalso se tomaba a risa se parece, a su modo, a la que Jordi Pujol se tomaba en serio el año pasado cuando pedía que se ahondaran las diferencias típicas de cada región, y cuando pedía un rey itinerante que, implícitamente, necesitase las cinco lenguas oficiales de que dispone el reino para recorrerlo porque, si había de dar la mitad de sus discursos en catalán cuando visitara Cataluña ¿por qué no van a pedir los demás nacionalistas lo mismo cuando vaya de visita a sus casas? Pujol se desdijo, pero a renglón seguido terció el peneuvista Iñaki Anasagasti en estos términos: teníamos un príncipe que no sabía hablar eusquera pero que sí sabía pilotar aviones supersónicos (digo yo, ¿qué tendrán que ver los aviones con el vasco si la lengua de la aeronáutica, en la práctica, está basada en el inglés?).

Sin embargo, si bien se considera, la petición de los nuevos tradicionalistas es justa a su modo. Demandan lo que están acostumbrados a oír y sentir desde todas las instancias políticas, culturales e institucionales: que España es muy diversa, que tiene muchas diferencias enriquecedoras, que hay varias naciones, culturas, lenguas diferentes que necesitan cultivo, reconocimiento y expresión pública; que hay que integrarlas a todas en una España multinacional y multicultural, et sic de caeteris. Les parece, pues, justo que quienes creen en eso, o por lo menos lo dicen, se apliquen a practicar dicha España. Si se ha asistido sin alarma a que —⁠para tranquilidad del nuevo tradicionalismo⁠— se considere constitucional que haya escolares españoles sin posibilidad clara de elegir en qué lengua estudiar (dándose la casualidad de que esa lengua vedada es la lengua común), ya será posible cualquier petición de los proyectistas de hogaño. La monarquía políglota no ha sido la primera. Y no será la última. Lo único verdaderamente visible en que ha cedido algo el político, o intelectual, amante de las tradiciones es en lo relativo a los trajes regionales. Todo llegará.

Esta viveza española del localismo ha representado indeseablemente un papel protagonista en la Transición democrática. Muchos buscaban señas de identidad mitificadas. A menudo pura invención. Como en Santander no hay lengua particular, las pinturas de Altamira fueron durante una época, literalmente, el patrón de identidad nacional cántabra. Aquello no llegó a cuajar. Una pena, hubiera sido la nacionalidad más antigua del mundo. Doscientos diez años después de publicadas las Cartas Marruecas, los proyectistas siguen vivos y es en el capítulo de las lenguas y neolenguas de España donde más se notan, donde más se les aplaude.

Los proyectistas de hoy piensan, más o menos, igual que los de ayer. Piensan, por ejemplo, que las lenguas tienen territorios. Así, la lengua territorial de Cataluña será el catalán, lo mismo para el gallego y el vasco en sus respectivos medios. Es un pensamiento absurdo de cabo a rabo, pero da igual: llevan sus esparcimientos al terreno político y legislativo. Si, haciendo un enorme esfuerzo, uno se pusiera en su terreno, podría preguntarse cuál es la lengua territorial de España. Supuesto que España no tuviera lengua territorial alguna, pues se hablan varias en el país, podríamos volvernos a preguntar por qué sí han de tenerla Cataluña, o el País Vasco, o Galicia, si en tales países también se hablan varias lenguas. Conviene, sin embargo, para la paz de todos, alejarse de estos delirios.

Los proyectistas de hoy suelen pensar también que las lenguas tienen derechos y los hablantes deberes para con ellas. Otro delirio más pero que luego se traspasa asimismo a la letra de la ley. De modo que las leyes de lenguas que hoy nos asisten están basadas en estos dos principios: territorio lingüístico y obediencia de los hablantes. El caso es que las lenguas ni tienen derechos, ni tienen territorios, las lenguas tienen, como mucho, gente que las habla: los hablantes viven en territorios y los hablantes tienen derechos. Y si un hablante tiene dos lenguas con las que se entiende igual de bien en la misma provincia, en la misma ciudad, en la misma calle, en la misma casa y en la misma habitación, ¿cuál es la lengua territorial de la provincia, la ciudad, la calle, la casa y la habitación? No lo sé. Y si el hablante quiere hablar una u otra ¿qué derecho puede reclamar la lengua que se calla el hablante? También es difícil saberlo. Lo que en realidad ocultan las leyes de lenguas, y esas curiosas cartas de derechos de las lenguas que existen por ahí, son leyes y cartas de control de la ciudadanía. Firmadas por quienes han atribuido a las lenguas unos derechos que, como cosa abstracta que son, no pueden tener. Pero que no hay otra forma de ejercerlos que imponiéndolos sobre los hablantes.

Algunas páginas dedicó Ortega en su ensayo sobre La redención de las provincias al asunto de los localismos. Y casi estoy de acuerdo con él: un Estado débil, que actúa entre grupos dispersos, produce una organización civil de escasísima fuerza y poco participativa políticamente. De tal análisis sacaba nuestro pensador dos conclusiones; la primera: que en España es muy normal que grupitos organizados impongan sus ideas sin contestación alguna, o con muy poca, lo que es estrictamente cierto. La segunda: que bastaría una descentralización parcial del Estado para que el poder nacional recuperara prestigio (con la consiguiente mitigación del localismo). Modestamente, creo que aquí se equivocó. En España la centralización ha sido débil. A la vista queda que tras una “descentralización” mucho más avanzada de lo que Ortega y otros pudieron suponer, la idea de lo nacional es políticamente incorrecta y el adjetivo españolista se ha vuelto a emplear como un insulto (ya se empleaba como tal en tiempos de Ortega, por cierto), cuando catalanista, galleguista, vasquista, valencianista, aragonesista, asturianista, andalucista… no sólo no lo son, sino que figuran en las siglas o nombres de partidos con toda propiedad. He aquí uno de los frutos denominativos del localismo. Hay otros frutos curiosos, así hoy el orgullo de cualquier gobierno autonómico que se precie consiste en arrancar del poder central cuantas más atribuciones privativas se puedan arrancar; con ese patrón mide su éxito político para regusto del electorado. Pero yo no creo que todo esto lo haya desatado una centralización asfixiante. Más bien al contrario, el localismo, el tradicionalismo, los verdes valles, el gobernador arrancando prebendas, es lo de siempre, y la unificación es un soplo, a menudo interrumpido, que no ha hecho nunca mella considerable en el pintoresco y variopinto panorama nacional.

LO QUE VA DE AYER A HOY

Sin embargo, respecto al idioma común, el localismo no era —⁠o no parecía serlo⁠— tan fuerte en los años de la Segunda República. Fernando González Ollé, en un apunte con el que coincido, explica: “Con los riesgos de toda simplificación en asunto tan delicado, cabe afirmar que hasta 1940, por redondear a fecha, las corrientes liberales defienden la unidad lingüística de España, basada en la generalización de la lengua española, llegando en ocasiones hasta proscribir las restantes. Por el contrario, las tendencias conservadoras asumen la defensa de éstas, elevadas a veces hasta paridad con el español”[1]. Hoy sucede exactamente todo lo contrario. En 1931 se había llegado a un compromiso honroso por el que se hacían cooficiales a todos los efectos el catalán y el vasco (implícitamente, el gallego) en sus respectivas comunidades, sin obligación expresa de cultivarlas para quienes no las hablaban, y reservándose el Estado la potestad de mantener una línea de enseñanza en español para todo el territorio nacional. Esto último se hacía no por abuso centralista, sino porque, razonablemente, se consideraba que a algunos españoles que no tenían la lengua común asegurada en su medio familiar, a lo mejor les gustaría tenerla asegurada en la escuela.

Es costumbre decir que en 1940 apareció el franquismo y su reacción contra las lenguas minoritarias, lo que invirtió los términos del aprecio lingüístico: los liberales y demócratas pasan a defender el multilingüismo reprimido y los conservadores y cavernícolas el unitarismo basado en el español. Yo no participo de esa idea en absoluto. Con Franco desaparece una línea de pensamiento liberal, una manera de entender la comunidad lingüística basada en la captación de adhesiones que tiene el español, por ser la lengua que mejor comunica a la gente y la que, por tanto, ofrece más oportunidades. Y aparece una mística del español que se asemeja muchísimo, por cierto, a la mística que hoy se lleva para el catalán, el gallego, el vasco, el valenciano, el asturiano y suma y sigue, esto es, que son lenguas de identificación de un pueblo, de una raza, de una cultura y de un destino en lo universal (o sea, en lo particular) y que quien no está con ellas está contra ellas y contra todo lo que simbolizan. Mística general pero sobresaliente hoy día entre los partidos nacionalistas, que son los que la extreman. Ese pensamiento ultraconservador y reaccionario —⁠como enemigo de la novedad que es⁠—, proceda de un dictador o proceda de alguien elegido en las urnas, coloca las lenguas exactamente donde no deben estar: en la mitología nacionalista, en las esencias populares, patrióticas, inmovilistas… y demagógicas.

En junio del año pasado, Jordi Pujol elogiaba a los medios de comunicación que empleaban el catalán porque con ello se fomentaba el “espíritu de patriotismo y compromiso con Cataluña”. Patriotismo y compromiso que eran muestras de una inequívoca “rebeldía juvenil”, rebeldía que forzosamente “tenía que resultar polémica” en sus manifestaciones. Como discurso para inaugurar una cadena de radio no le falta de nada: espíritu, patria, juventud, rebeldía, compromiso y combate[2]. Ecos joseantonianos que todavía tienen éxito. Sólo que con los símbolos invertidos: ayer se hacía patria con el español y hoy se hace con el catalán. De seguir así, dentro de unos años, los patriotas no van a saber a qué atenerse.

Sin embargo, bastaría repasar lo que sobre la comunidad idiomática expresaban autores como Ramón Menéndez Pidal, Unamuno, Ortega, Sánchez Albornoz, Américo Castro (u otros como Manuel Azaña, o tantos y tantos diputados de las Cortes republicanas cuando se suscitó el debate sobre la oficialidad lingüística), para entender hasta qué punto es un vejamen hecho a sus ideas el compararlas con las mitologías patrióticas de ayer o de hoy. Esas ideas de talante liberal, prácticamente, han desaparecido del debate público. Sin embargo, la línea tradicionalista, la que exalta la España de las variedades, las diferencias enriquecedoras, las lenguas y la obediencia debida a ellas para conservar la tradición, no sólo no ha cesado, sino que ha recorrido el franquismo y ha obtenido en ese tránsito algunos logros importantes. Como es innegable para los casos del vasco y el gallego, que en los veinte últimos años de la vida del dictador experimentaron un cultivo como nunca habían conocido en toda su historia. Un cultivo que al régimen solía darle igual. Un cultivo que se ejercía con no muchas más cortapisas de las que sufrían otros autores y editores que se expresaban en lengua española.

Sin embargo, cuando se hace aprecio de la comunidad lingüística en una línea más o menos similar a aquella republicana, que reconocía el valor común del español, una línea cuya única intolerancia estribaba en enfrentarse a quienes pretendían limitar ese reconocimiento de sentido común con la pretensión irracional de dividir a la gente por inconcretos territorios lingüísticos, culturales, históricos y de obligarla a lealtades hacia lenguas que a lo mejor no le interesaban, resulta más fácil asociar el aprecio a cosa de inspiración franquista. Como si el español no hubiera sido lengua común antes de 1936. Sin embargo, aparece como cosa muy moderna y liberadora la defensa de las lenguas minoritarias pretendidamente martirizadas. No sólo parece moderno y liberador esto último, sino que se va mucho más lejos, con la invención de neolenguas y con el culto a variedades locales y rústicas[3]. Y bien, todo este culto, ¿qué puede tener de liberal y tolerante, si liberal —⁠como decía Unamuno en aquellos debates de los años treinta⁠— es todo lo que ayuda a unir y a relacionar íntimamente a la gente?

VALENCIANO Y CATALÁN

El localismo que gastamos aquí en punto de lenguas ha llamado la atención, como no podía ser menos, fuera de España. Al hispanista británico Roger Wright debemos esta interesante comparación entre lo que nos ocurre a nosotros y lo que les ocurre a ellos: “El ejemplo de la España moderna nos muestra que hablas que son, en verdad, muy parecidas pueden llegar a considerarse como lenguas distintas por razones políticas. El inglés moderno, por ejemplo, presenta un caso muy distinto; las variaciones extensas del habla inglesa bien se podrían clasificar según criterios objetivos como varias lenguas distintas, pero la mayoría de los anglohablantes prefieren pensar que usamos una misma lengua con gran variación”[4].

En España, el más claro ejemplo de que lo parecido puede ser muy distinto es la oposición entre el catalán y el valenciano. Por explicarlo pronto, aunque filológicamente podrían considerarse la misma lengua, políticamente los valencianos pugnan porque el valenciano sea una y el catalán sea otra. Afines, pero distintas. Como corresponde, plasmaron la pugna en su Estatuto Autonómico de 1982: “Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el valenciano y el castellano”, dice su artículo séptimo. Esta voluntad venía de muy atrás. En la Declaració Valencianista de 1918 ya podía leerse: “El Pòble valenciá, construix una forta presonalitat social caracteritzada por la possessió d’una llengua pròpia. Existint en Valencia, segons els territoris, dualitat de llengües valenciana i castellana, demandén la cooficialitat per a els dos idiomes”. Se pueden buscar textos todavía mucho más viejos. Así que desde 1982 el valenciano es una lengua oficial más en España, la quinta. Aparece como tal en gramáticas, ortografías y diccionarios donde se la separa del catalán. Incluso se publican gramáticas de uso del valenciano específicamente compuestas para hispanohablantes (si bien no sé qué interés puede tener el valenciano para alguien de Zaragoza, de Montevideo o de La Habana).

La idea, y la práctica, del valenciano como lengua aparte del catalán parece muy popular en la Comunidad Valenciana. La Comunidad balear se siente menos autóctona y se apunta estatutariamente a la denominación catalán, pero no ha dejado de tener su pugna interna a favor del balear genuino y autóctono. Tanta, que hace años se propusieron denominaciones como cavabal o bacavés (es decir catalán-valenciano-balear o en otro orden) para evitar rencillas. No tuvieron éxito.

La inmensa mayoría de valencianos piensa, cuando repara en ello, que su lengua proviene del latín por una rama independiente de la del catalán. Luego ellos no hablan catalán: hablan valenciano. Tal consideración tiene incluso sus apoyos históricos que serán discutibles, como es discutible todo, pero que ahí están. Tal consideración es la que ha llevado a algunos medios de comunicación valencianos incluso a censurar palabras porque son o parecen catalanismos. Y tal consideración es la que lleva a algunos a tildar a los catalanes de colonialistas, sobre todo cuando quieren unificar la denominación de la lengua bajo el nombre de catalán.

Roger Wright tiene una opinión desapasionada sobre el caso: “A los hispanistas extranjeros les suele parecer que el catalán de Barcelona y el valenciano no son lo suficientemente diversos como para que merezcan nombres distintos; pero si los que lo hablan creen en verdad que el idioma de Valencia es otra lengua distinta, a lo mejor esta creencia debe en sí resolver el asunto. Las comunidades de habla se autodefinen”. Efectivamente, las comunidades de habla se autodefinen. He aquí una circunstancia que está en el origen de muchas lenguas: las ganas de sentirse diferente, a lo que sigue la decisión de hablar o escribir de forma diferente, lo que es una decisión más política que lingüística. Si esa diferencia tiene apoyo o representatividad económicos, tanto mejor. Lo cierto es que desde los años sesenta (y en realidad desde antes) hay algo más que intentos destinados a disgregar la ortografía común para Cataluña, Valencia y Baleares, más o menos aceptada desde los años de la Segunda República.

Y esto de la autodefinición quizá podría aplicarse a los orígenes del lenguaje administrativo castellano, cuando muy a principios del siglo XIII empieza a aparecer progresiva e inequívocamente como tal en los papeles de gobierno de Alfonso VIII. A este rey de Castilla se debe un documento conocido como las Paces de Cabreros, que data de 1206. El caso es que dicho rey andaba en litigios con Alfonso IX, rey de León, que se había divorciado de Urraca, hija del castellano. Alfonso VIII y su hija le hacían la vida imposible al leonés y firmaron unas Paces con él sumamente favorables para los de Castilla. Tanto, que la cancillería de Alfonso VIII pasó de latines y estampó el acuerdo en romance castellano, quizá para mostrarles a los de León, entre otros asuntos, con qué rey tan decidido se estaban jugando los cuartos. Autodefiniciones aparte, otra suerte para el castellano viejo fue la confluencia con variedades limítrofes, lo que explicaría, en un proceso inverso a lo ocurrido con el catalán y el valenciano, que de los viejos Fueros Leoneses los más antiguos sean muy dialectales, llenos de leonesismos, y los más modernos —⁠conforme se fue avanzando hacia el sur con el proceso de unión de las coronas castellana y leonesa⁠— estén prácticamente unificados con los castellanos. Los leoneses y los castellanos de hace siete siglos tenían evidentes necesidades políticas y económicas de entenderse en algo común. Es posible que los valencianos y catalanes de hoy no lo sientan así, o no quieran sentirlo. En sí mismo no es un problema filológico, ni lingüístico, ni histórico. Es un problema de opiniones ajenas a esos campos. O sea, un asunto difícil de resolver.

Para advertir lo político del caso bastará decir que la formación de una Academia de la Lengua Valenciana (de carácter institucional, porque ya existe algo con parecida denominación pero entre particulares) está siendo laberíntica y enconada. De sus estatutos y de la elección de sus miembros dependerá que el valenciano se acerque al catalán (y aceleren la confluencia con el balear) o que ambos se separen. Pero, ¿quién orientará los estatutos y elegirá a los miembros de la —⁠en el momento que escribo⁠— futura academia valenciana? Nadie más que los partidos políticos representados en el parlamento autonómico.

LETRAS PAISANAS

También existe en España una Academia de la Llingua Asturiana dedicada a promocionar las características distintivas de los bables más por razones de política regional que de otra cosa. Existe asimismo un Consello d’a Fabla Aragonesa que se dedica a idéntico fin en Aragón. Dicho Consello, junto a un denominado Zentro de Profesors de Uesca, organiza interesantes congresos sobre la Luenga aragonesa y a suya literatura. Según los carteles anunciadores, y por si están ustedes interesados en asistir, el precio de la conduta d’iscrizión variará según se prefiera pagar con a chenta zaguera de a trobada o se prefiera pagar sin de chenta zaguera de a trobada (imagino que ambas modalidades se las aclaran al congresista en cualquier banco de la zona). Por cierto, no admiten el pago en ternales, que ha sido la tradicional moneda aragonesa, sino que es obligado hacerlo en pesetas o en euros. No sé por qué.

Hace unos años la Casa de León en Madrid sopesaba la posibilidad de recuperar las hablas leonesas rescatándolas, poco menos, que de las tesis doctorales sobre dialectología (la verdad es que no se pueden rescatar de otra parte). Conocemos también la aventura del andalucismo, que viene de atrás, pero con una Junta que sigue dando normativas sobre la correcta aplicación de las modalidades lingüísticas andaluzas en la escuela. Y con periodistas de la tierra enfadados con la Academia porque no incluye en el diccionario palabras como aficionao, que es un flamenquismo muy de la tierra (ya puestos, ¿por qué no afisionao?)[5]. Pero ni siquiera en Andalucía hay unanimidad. Bajo el rotundo título “Almería no es andaluza”, don José González, en carta remitida a la sección “Opinión del lector” del diario El País-Andalucía (23 de agosto de 1999), nos informa que son del todo vanos los propósitos de la Junta por “homogeneizar una comunidad autónoma compuesta por dos regiones antagónicas: Almería y Andalucía”. Allí mismo nos da la siguiente lección: “Las hablas almerienses son cercanas al dialecto panocho (habla de la huerta de Murcia) y a la lengua valenciana, porque Almería ha vertebrado siempre en el Levante español”. Tomamos nota.

Conocemos también otras aventuras, como la de la “jabla” canaria, que consiste en decir “Mi paise mí” en vez de “me parece a mí”, con otros refinamientos por el estilo. Pero la “jabla” se ha quedado corta y sabe a poco: el Parlamento canario ha instado al gobierno del archipiélago para que, de forma obligatoria en la Educación Primaria y optativa en la ESO (¿no podrían haber buscado otra sigla?), se imparta la asignatura “Silbo gomero”: el gobierno ha dicho que sí, que por supuesto[6]. ¿Qué es el silbo gomero? Pues bien, es una forma muy curiosa que tienen —⁠más bien, que tenían⁠— de comunicarse entre sí los paisanos rústicos del Valle del Gran Rey —⁠paisaje de La Gomera cuya visita les recomiendo⁠—, curiosidad comunicativa isleña que está entre el silbido y el grito agudo, como de voz de tiple: medio silbando, medio atiplando la voz, usted puede decir lo que le apetezca con tal de que se le escuche de un barranco a otro. La decadencia del silbo ha sido progresiva debido, entre otras circunstancias lamentables, a la introducción por aquellos pagos de un invento tan infernal como el teléfono, al que la gente se ha acostumbrado a pesar de disponer de tan genuina telecomunicación como era el silbo. Pero los parvulitos salvarán esta particularidad etnográfica canaria. Mi personal impresión de viajero, sin embargo, es que en La Gomera es mucho más útil el alemán que el silbo.

Hay una Constitución del setenta y ocho puesta en caló, la pretendida lengua de los gitanos, que me imagino que les aclarará las dudas que les suscite la lectura del texto original en español. También sabemos cosas del extremeñismo lingüístico, si bien el extremeño tendría dificultades para ser oficial en toda la Autonomía: en su número del 4 de marzo de 1992 el diario Hoy, de Badajoz, informaba que el habla propia de San Martín de Trevejo es el mañego, aunque el idioma oficial sea el español. También tienen habla propia los vecinos de Almendralejo, se llama castúo. Nadie habla mañego, ni castúo, por supuesto, pero eso no les quita propiedad.

Se dirá que todo son caricaturas, que es algo que no puede fructificar, que no tiene sustancia. Pero la caricatura es lo de menos. Como opinaba Julián Marías: “La voluntad suele ser la misma, lo que difiere son las posibilidades: allí donde sólo una fracción de la sociedad —⁠a veces mínima⁠— conoce la lengua particular, donde apenas se puede leer en ella, la eliminación del español es menor, por la fuerza de las cosas, no por la voluntad, como lo prueba el uso obsesivo y exclusivo de la lengua particular en todo lo que cae bajo el poder de lo oficial o de grupos activos y bien organizados”[7].

Hay una lección general en todo este asunto: las voluntades políticas pueden hacer o deshacer las lenguas porque pueden unir o separar a la gente. En qué se basen esas voluntades es harina de otro costal. Y el que la gente se deje separar trae otra harina distinta. Pero también hay lecciones particulares: en la España actual la creación de neolenguas está en el filo de la navaja y depende, más de lo que se cree, de tal o cual partido regionalista, de tal pacto de gobierno, de la demagogia populachera o de la intervención pública en esa línea. El mismo tiempo y empeño son los que se pueden poner en subrayar las características distintivas de esta o aquella variante, que en asimilarlas al español común, aunque lo primero es mucho más caro. Y muchísimo más inútil. El mismo tiempo, empeño y medios son los que se pueden poner en dar la tabarra a los niños con algunas lenguas patrias y otras particularidades etnográficas, que en enseñarles algún idioma válido para andar por el mundo.

La presión política al respecto puede ser mayor o menor, según y cómo, pero habitualmente es obstinada. El ejemplo del parlamento aragonés resulta aclarador: se invita a profesores de la Universidad de Zaragoza a que expresen su opinión sobre la oportunidad de dar vida a las particularidades lingüísticas de Aragón. Algunos universitarios opinan que dónde, cómo, cuándo, para qué y —⁠sobre todo⁠— para quién se va a reconstruir tal cosa como el neoaragonés. Algunos parlamentarios no se quedan convencidos, pues es notorio que cierta gente de universidad propende al conocimiento general y abstracto. Se invita a los eruditos locales, gente más en contacto con la realidad popular (y que, por cierto, también dan clase en la universidad en algunos casos). Los eruditos locales opinan que las fablas aragonesas son un patrimonio cultural irrenunciable, aunque estén desprestigiadas entre sus hablantes naturales. Incluso aunque algunos de sus hablantes sean, más que hablantes en sí, residentes en la zona donde en teoría se hablan (o se hablaron) las fablas. Resultado del consejo: los eruditos locales ganan por goleada, faltaría más. Final: diputados regionalistas y socialistas firman un acta de resurgimiento político, jurídico, administrativo y escolar del cheso, el ansotano, el fragolí, el benasqués, el ribagorzano… todo ello bajo el nombre común de aragonés. Asimismo —⁠templando las quejas de quienes se sienten ultrajados por las pretensiones coloniales de los catalanes en la Franja aragonesa⁠— acogen en su seno un tipo de catalán que por allí llaman chapurriau. Todo para que los ciudadanos puedan dirigirse a su administración autonómica en cualesquiera de las lenguas de la Autonomía: el neoaragonés escrito, el catalán-chapurriau y el español[8]. Así nadie quedará discriminado por razón de lengua, como venía sucediendo hasta ahora.

Hay notables españoles en la cosa pública cuyas opiniones lingüísticas, basadas en la ignorancia más grosera de cualquier rudimento filológico y en el peor de los consejos —⁠pues parece que se cierran en banda a escuchar a quien les aconseja bien⁠— animarían a construir una España ejemplar donde se conserven las últimas tribus europeas. La prueba de que no ya la ciencia y la sapiencia, sino el simple buen sentido tienen muy poco que hacer aquí es que las llamadas del decano de la filología española, Rafael Lapesa, a la responsabilidad de políticos e intelectuales respecto a las lenguas y neolenguas, se han desoído habitualmente[9]. Las llamadas de cualquier erudito o diputado patriótico suelen, sin embargo, tener amplio eco en su medio. Quienes se apunten a los nuevos planes del nacionalismo lingüístico, si éstos alcanzan todo su esplendor, tienen ante sí un despejado horizonte: podrán ir de La Coruña al Barco de Valdeorras sin cambiar de lengua, pero si lo que se quiere es ir de Valdeorras a Barcelona, hará falta saber, además de gallego, neoasturiano, castellano-viejo, eusquera batúa, neoaragonés y catalán. Difícil viaje. Ya en tiempos de Mío Cid se iba de Burgos a Valencia con mucha más comodidad.

Da el localismo, sin embargo, lecciones muy positivas. Una, entre las muchas circunstancias, que ha hecho posible la confluencia lingüística de los españoles ha sido la cortedad comunicativa de las lenguas particulares, el no ser fácilmente inteligibles entre sí. Cuando grupos de nacionalistas gallegos, vascos y catalanes exiliados tras la guerra civil se reunieron en Buenos Aires y fundaron una revista donde expresar las inquietudes políticas del momento, a la que llamaron Galeuzca (Galiza-Euzkadi-Catalunya), sin necesidad de explicar el porqué de la elección, las casi seiscientas páginas que suman los números publicados se redactaron en español. En español fueron también las reuniones de parlamentarios socialistas de Galicia, Euskadi y Cataluña celebradas en Guernica en 1977, que terminaron con un “¡Viva Galeuzca!”. La lección que da la lengua común a los fundadores de Galeuzca es muy simple y, a su modo, constituye un curso de historia moderna del español: éste nunca fue una amenaza, fue más bien una opción. En su momento, la única posible para no quedarse definitivamente aislados. Quizá la Galeuzca de mañana pueda ser algo en el mundo separada de España. Es más difícil que sea algo separada del español.

VIII
GENTES Y LENGUAS DE VIZCAYA

El viajero George Borrow, políglota, protestante y propagandista bíblico por la España de mediados del XIX, incluye en el capítulo treinta y siete de su libro La Biblia en España un erudito discurso sobre el vasco. Tras la materia filológica y como colofón aclara: “Hay muy pocos alicientes para el estudio de esta lengua. En primer lugar, su adquisición es completamente innecesaria, aun para los que residen en el territorio donde se habla, porque la generalidad entiende el español en las provincias vascas pertenecientes a España y el francés en las pertenecientes a Francia. En segundo lugar, ninguno de sus dialectos posee una literatura propia que recompense el trabajo de aprenderlo. Existen algunos libros en vasco pero son exclusivamente libros de devoción papista y en su mayoría traducciones”. Sin embargo, Borrow, con esa facilidad pasmosa que tenía para los idiomas, sí lo aprendió. Incluso publicó en Madrid un Evangelio de San Lucas en vasco con el fin de combatir, desde la versión protestante, los devocionarios papistas a que se refiere, que eran a su juicio origen de todas las calamidades humanas habidas y por haber. No es, pues, un testimonio despreciable el suyo.

Entre las historias que nos ocupan, la del contacto entre vasco y español resulta muy curiosa porque, en sí misma, más que de la historia de unas lenguas se trata de la historia de unas ideas políticas volcadas en la lengua. Para empezar, quizá no haya un caso como el del vasco de desproporción tan evidente entre la circunstancia real de una lengua y el interés y las pasiones que ha suscitado en propios y extraños. Lengua que respondía a las consideraciones de Borrow, que son muy similares a las que había hecho algunos años antes Guillermo Humboldt de viaje por España y, sin embrago, de la que “no hay fábula ni absurdo que no hayan sido dichos a su propósito”, como advertía el barón Davillier, otro viajero más por las provincias vascas decimonónicas, que coincidía a su vez con el británico y el alemán en sus apreciaciones sobre el eusquera.

La singularidad de las dispersas hablas vascas (que, para mayor comodidad, se suelen agrupar bajo el denominador común de vasco, eusquera o vascuence) pero, sobre todo, el haberse conservado en sus valles y montes como restos de antes de la romanización, aisladas, sin parentesco conocido con ninguna lengua, ha hecho que desde el siglo XVI eruditos interesados por las antigüedades de España las hayan considerado testigos venerables de un tiempo remoto. No es cuestión de repasar toda la nómina de filólogos, historiadores, eruditos y curiosos que han puesto su granito de arena en la vascología[1]. Baste decir que para los más serios su valor radicaba en sus vínculos con la antigüedad remota y para los menos serios en su infinito poder evocador: era la lengua del Paraíso Terrenal, la que habló Adán, la que hablaba el primer poblador de España y más opiniones así de fehacientes. Davillier no hablaba a humo de pajas.

Entre las autoridades serias de ayer una era la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, fundada en 1764 por Francisco Javier María de Munibé, conde de Peñaflorida. Los Amigos del País no usaban el vasco, pero se plantearon componer un gran diccionario de dicha lengua siguiendo el modelo del que había compuesto la Real Academia para el español. La motivación confesada por la Sociedad para aquel diccionario no era otra que “el deseo de facilitar los conocimientos de la Antigüedad Española, y de evitar la ignorancia de un idioma que puede conducir mucho de nuestra geografía, y cosas antiguas de España”[2]. Era, pues, una afición casi arqueológica. Otra autoridad seria fue el propio Humboldt, que viajó por el país a finales del XVIII. Luis Luciano Bonaparte, sobrino de Napoleón I, confeccionó en 1861 un mapa con la delimitación de los ocho grandes dialectos del vasco (don Luis Luciano, por cierto, delimitó con mucha pericia casi todo lo lingüísticamente delimitable en Europa y aun fuera de ella). Otra autoridad más: el filólogo alemán Hugo Schuchardt, que empezó a interesarse por el vasco hacia 1885; también lo hizo su contemporáneo Julien Vinson. Otro alemán, Karl Hannemann, fundó en 1886 la revista Euskara, Organ für die Interessen der Baskischen Gesellschaft. En fin, otros tantos más pueden considerarse, como los hemos definido, estudiosos cuya ocupación era la vertiente filológica e histórica del vasco[3].

Los viajeros y los filólogos se limitaban a escribir lo que veían. De haber sido sólo por ellos, el eusquera se habría quedado en lo que era: un conjunto de hablas locales, pues la curiosidad y la filología solas no reaniman una lengua. Pero ese peculiar idioma de “adquisición completamente innecesaria aun para los que viven en el territorio donde se habla” al que se refería Borrow, tenía en su defensa algo más que filólogos decimonónicos: tenía apologistas, es decir, autores dedicados a alabar las excelencias del vasco elevándolas a la enésima potencia. Autores normalmente ligados a la iglesia, porque eran sacerdotes o seglares que habían cursado estudios en seminarios, tradicionales reductos del vasco. Entre apologistas los hay más y menos razonables, como en todas partes, pero en general responden a la opinión que el filólogo alemán Hübner dio de uno de ellos: “Hombre de cierta instrucción pero al que el desmedido amor por su patria ha vuelto necio del todo”[4]. Resultaría poco piadoso ponerse a glosar las ideas esenciales de estos hombres que son, claro está, ideas descabelladas y antiguas que ya casi no se llevan. Pero también hay que considerar que son contemporáneos de Humboldt o Bonaparte cuyos trabajos, hechos al mismo tiempo y sobre el mismo tema, tienen todavía algún valor.

EL TUÉTANO DE ESPAÑA

Frente al filólogo o al viajero, el apologista es, por decirlo así, un legionario del vasco. Le importa más la propaganda que la verdad. Su guerra no es la ciencia sino la mitología. Gentes como Esteban de Garibay, Juan Antonio Moguel, Pablo Pedro de Astarloa o Juan Bautista de Erro, desde el siglo XVI en adelante, dedican sus obras a demostrar que el vasco fue la primera lengua que habló el ser humano, la que era más pura, natural y perfecta. Dicho con palabras del mismo Erro: “Nadie ignora que en esta región tuvo origen el género humano, las ciudades, la religión, las leyes, las ciencias y las artes”[5]. No en vano Unamuno calificaba benévolamente esta literatura vascófila como género carente de cualquier ciencia, pero no exento de poesía.

Por tradición, los apologistas viejos estaban empeñados en demostrar que lo eusquérico era la esencia de lo español. Como los vascos habían sido los primeros pobladores de España, todos veníamos detrás y el vínculo con nuestros más remotos abuelos era por fuerza un vínculo con los propios vascos. Su lengua era, por derecho, de España, radicada aquí, y resultaba muy digna de una nación tan sabia como la española. De esta línea apologética parte la curiosa noticia de que Carlos I dominaba el eusquera. Salvada la simbología política del caso, y aunque el emperador era ciertamente políglota, la noticia es increíble.

Este apologismo mitológico, que hace de los vascos la raíz de lo español y de la lengua española un latín o un castellano eusquerizados, en realidad, no ha muerto para la filología española. Puede decirse que constituye una de sus corrientes, propia para animar las discusiones de los filólogos. Ramón Menéndez Pidal razonaba aproximadamente en esa línea (con mucha más ciencia y mucho más tino, claro está), empeñado en ligar a la homogénea familia iberorrománica el único hijo pródigo que le había salido en el norte peninsular: el vascuence. Tras Pidal han venido otros autores para quienes el castellano antiguo sería una especie de habla vascorrománica. Se puede ir retrocediendo por toda esa línea hasta llegar al Compendio Historial de Esteban de Garibay (e incluso más allá), un libro publicado en 1571 que hacía de Tubal (el nieto de Noé) el primer poblador de España, fundador asimismo del pueblo vasco. De paso, demostraba que los nombres de las ciudades y pueblos españoles venían todos del eusquera[6]. Así que este género tiene una antigüedad venerable, aunque su espíritu perviva[7].

Casi todo en el apologismo viejo es imaginación, mito, más que historia. Y, en esencia, entraña avisos políticos. El mismo Erro, muy comprometido con la causa carlista, fue nombrado ministro Universal por don Carlos María Isidro en 1836. La naturaleza de estos avisos se hará más evidente en la época de la Constitución de 1837, con la liquidación de los fueros particulares. Entonces se propagará la idea de que lo mejor que podía pasarle a España es que se extendieran a todas sus provincias fueros al estilo de los vizcaínos. La idea del oasis foral no era en absoluto exclusiva del carlismo militante. La repiten políticos como Cánovas del Castillo o planificadores económicos de aquellos años, como Fermín Caballero[8]. Pero el fuerismo viejo iba cesando, los españoles pasaban a regirse por una Constitución común, el mundo cambiaba y el edén tradicional de los apologistas se iba poblando de hornos de fundición, fraguas, talleres, inmigrantes, hoteles con ascensor y hombres de negocios extranjeros. Cuando este proceso se hacía más evidente e intenso, cuando los usos del capitalismo industrial iban arrinconando a un mundo viejo poco menos que de señores y siervos, la apología empezó a cambiar de signo. La Iberia eusquérica de los viejos autores se fue deshaciendo y quien mejor la deshizo fue un nuevo apologista y político: Sabino Arana, otra vez en nuestras historias.

LAS DELICIAS DE VASCONIA

La Vasconia de las leyes viejas, los usos ancestrales y los paisajes románticos no era precisamente un edén. O lo era sólo para los propietarios rurales. Sin embargo, para los campesinos, donde se concentraba la masa vascohablante, las leyes viejas eran más bien la consagración de un mundo inmóvil, poco menos que feudal, repartido entre propietarios y desheredados. De modo que si un autor alaba las excelencias de la vida campesina y de las tradiciones campestres se tratará, probablemente, de alguien acomodado en la ciudad; probablemente, hablante de español; probablemente, interesado de forma más o menos abierta en el mantenimiento de ese tipo de relación social. Mientras que la literatura popular de bersolaris vascohablantes lo que canta es un tipo de vida muy difícil de casar con ningún idilio vasco[9].

Ramiro de Maeztu denunció sin tapujos el tipo de relación deshumanizante, groseramente explotadora, que se ocultaba bajo los buenos usos y costumbres vascos, junto al papel que el conservadurismo lingüístico, la protección y exaltación del eusquera, representaba en todo el asunto: “La tierra de Vizcaya pertenece en el noventa y cinco por ciento de su extensión a una minoría de capitalistas que vive ociosa en las villas y ciudades de la provincia, con la única preocupación de impedir a toda costa que se alteren los buenos usos y costumbres del país. Para que este sistema perdure es absolutamente indispensable que el casero vizcaíno no aprenda castellano, ni salga del país, ni se roce con gentes que puedan despertar en su espíritu un anhelo de bienestar, de amor o de justicia”[10].

Los beneficiarios de este sistema tenían gran interés en el mantenimiento del vasco, pero muchos no a costa de hablarlo o aprenderlo ellos, ni sus hijos. Para mantener el orden idiomático estaba una Iglesia donde se había entendido perfectamente que el inmovilismo social pasaba por el lingüístico. De modo que los seminarios acabaron siendo auténticas escuelas de administración de almas en vasco, dispuestas a que se desviaran las menos posibles por la disolvente senda del español (o del francés, según los casos).

En el capítulo sexto ya me he referido al clima donde surge el aranismo y su vertiente lingüística. Frente a los viejos autores, las apologías de Arana traen algunas novedades: desvinculan a lo vasco no ya de España, sino de cualquier otra parte del mundo: “Esta raza originalísima está aislada en el universo de tal manera que no se encuentran datos para clasificarla entre las demás razas de la Tierra”[11]. El eusquera vendrá a ser el macizo de tal raza precisamente: “La raza euskeldun es más antigua y más grande, según lo revela su lengua”[12]. Además, se exige lealtad al eusquera de modo que quien no lo habla, o quien no lleva apellidos genuinos eusquéricos, no es vasco de pura cepa. Llevó a tal extremo lo de los apellidos vascos, que una de sus trabajos consistió en hacer recuento de cuántos tenía su novia para ver si era digna de serlo: en la cuenta salían más de cien. A todos estos delirios se les pueden buscar antecedentes, pero es a finales del siglo XIX, con Arturo Campión, Arana, Arriaga (y el primer Unamuno, aunque se parezca mucho más a los apologistas viejos con su idea de que lo vasco es el germen de lo español), cuando los argumentos heterófobos se extremen.

Sería incorrecto tratar las ideas de Arana sobre la lengua como si vinieran de un filólogo. Él no es un filólogo, es un hombre de partido; por lo tanto, no tiene ninguna necesidad de justificar sus desaforados inventos como sí la tiene de imponerlos. El desarrollo de las ideas, de las humanidades o las ciencias modernas no existe para él y está encerrado en un círculo vasquista lleno de fatalismos raciales y cuyo símbolo diferenciador es la lengua (y los apellidos). Fernando Savater, en la cita con que encabezo este libro[13], caracteriza teóricamente lo que supone este determinismo cultural cuyos efectos políticos no distan mucho del determinismo racista pues, por lo menos en Arana, no se entienden el uno sin el otro. En la mente de nuestro nuevo apologista el eusquera, las costumbres patriarcales, lo tradicional, tienen un supremo valor: diferenciar a vascos (propiamente a vizcaínos) de españoles. Le da un vuelco al apologismo viejo. Los vascos abandonan su papel de abuelos de España para representar a un Ser colectivo genuino, único e inexplicable. Todo con tal de justificar un “idilio vasco” que los nuevos usos económicos estaban arrumbando… para descalabro de hidalgos de pueblo, como los Arana, hablantes de español y beneficiarios de renta rústica pagadera por caseros que hablaban vizcaíno.

La nueva generación apologética no era vascohablante. No lo fue Campión, no lo fue Arriaga, no lo fue Arana, no lo fue Unamuno. Aprendieron vasco tardíamente y con desigual éxito. Por lo común era gente de ciudad, porque el campesino vascohablante no se movilizó políticamente, y mucho menos iba a hacerlo por una lengua que nunca fue para él motivo de identificación patria. Algunos, como Unamuno, incluso contribuyeron a la creación de un dialecto bilbaíno imaginario. Era una especie de esperanto entre eusquérico y castellanoviejo, para darle una seña de identidad particular a la gente de Bilbao (no tardó mucho don Miguel en reconocer que aquello había sido un pecadillo de juventud). De aquel eusquera que ciertos jóvenes vasconavarros habían adquirido con retraso y artificio opinaba así el propio Unamuno, cuando ya había abjurado de los idilios vascuences: “No se hace eso por amor al vascuence, sino por aversión, una aversión ridícula al español. ¡Y el señor Campión, que ha caído en esa ridícula puerilidad, es un excelentísimo escritor… en español! Como que es la lengua en que piensa y siente”[14].

Los nuevos políticos vasquistas se dedicaban, sobre todo, al juego de crear jergas que, hipotéticamente, eran la lengua vasca primigenia reconstruida. Sabino Arana se dedicó, además, al juego del insulto. A considerar asnos, delincuentes y blasfemos a quienes hablaban español (que es lo que él hablaba). También al juego de las etimologías denigrantes, como la que inventó para Castilla, que provendría, según él, de ke asto illa, “(por el) humo asno muerto”. Se dedicaba a escribir los mayores disparates filológicos que se le pueden ocurrir a nadie y, de paso, a recogerlos en esas cartillas que componía al estilo del Umiaren lenengo aizkidea (Primer amigo de los niños), de 1897, con lecturas cuyo colofón es un catecismo nacionalista, racial y xenófobo para adoctrinamiento de la infancia vasca. En fin, puerilidades con el idioma y perversiones políticas que satirizaba en su día Unamuno, pero que el tiempo y el empeño nacionalista se han encargado en algunos casos de consagrar, desmintiendo a la vez las risas de don Miguel.

Quienes sí sabían vasco, como Resurrección Mª Azcue, no eran propiamente apologistas ni escribían cartillas xenófobas. Es una paradoja que se repetirá constantemente en la historia del vasco moderno, se diría que le es consustancial, y a la que Henrike Knörr se ha referido como la “hipertrofia política” de la lengua[15]: gentes de partido, políticos varios, ciudadanos particulares que no hablan más que español, pero empeñados reiteradamente en creer que la lengua definidora de sus esencias es una que no conocen para nada, ni la conocieron sus padres, ni sus abuelos, ni aun más allá, porque no fueron nunca de zona vascohablante. A esta lengua ignorada se le da un reconocimiento simbólico superior (normalmente por quienes la ignoran). El eusquera estaba puesto allí para defender otros intereses, paradójicamente, lesivos en ocasiones para los genuinos vascohablantes del campo. Pues bien, esa característica, llámese hipertrofia, llámese como se llame, no va a abandonar al vasco desde entonces hasta hoy.

Unamuno ridiculizaba estas pretensiones de los nacionalistas vascos de hablar o entender lo que no se habla ni se entiende. Cuando el político catalán Cambó iba a visitar Bilbao en 1917, don Miguel escribía en La Publicidad (Barcelona, 24 de enero de 1917): “Cambó hablará en Bilbao en castellano, claro está. ¿En qué otra lengua iba a hablar allí? Y la razón más poderosa para que Cambó no hable en Bilbao en vascuence no es precisamente que él, Cambó, no lo sepa hablar, no; es que si por arte de encantamiento lo supiera, y si lo hablara, tampoco le entendería la inmensa mayoría de los vascos que va allí a oírle. Mucho mejor si les hablara en catalán. Porque en Bilbao la mayoría de los bizkaitarras o nacionalistas entienden mejor, mucho mejor, el catalán que no el vascuence. Lo que no quiere decir, por supuesto, que entienden bien, ni medio bien, el catalán, ni que lo entiendan siquiera”. La situación que pintaba don Miguel era estrictamente cierta. Pero no sólo en Bilbao. Pablo Iglesias se fue un día a dar un mitin en Eibar y allí lo presentó un correligionario en un eusquera tan puro, tan genuino, tan guipuzcoano, que don Pablo se dio cuenta ese día de algo que no había advertido en toda su vida: que él mismo, nacido gallego, también sabía vasco por ciencia infusa, pues lo entendía todo perfectamente.

La filología vasca seguía un camino distinto al del apologismo aranista. Sus grandes figuras dentro del país fueron carlistas. Al fin y al cabo, otra rama de la tradición pero, al menos en este caso, respetuosa con la ciencia filológica[16]. Julio de Urquijo, precisamente, fundador en 1907 de la rigurosa Revista Internacional de Estudios Vascos, ya se dio cuenta de ese divorcio entre filología y política. Pero al rosario de muy duras críticas que hacía sobre el desprecio en que los propios vascos habían tenido su línea de cultura eusquérica —⁠que la revista de su fundación intentaba remediar⁠— se le respondía desde el círculo bizcaitarrista que allí se había metido un alemán, refiriéndose a Hugo Schuchardt, respetadísimo filólogo donde los haya habido. Se entienden las críticas de Urquijo, pero también hay que pensar que si el genuino vascohablante era, en buena parte de los casos, alguien que pasaba dieciséis horas al día entregado a las labores del caserío, ¿qué curiosidad podía tener por las disquisiciones eruditas de un profesor de Oxford o de otro de alguna encopetada universidad alemana?

El hecho nos sitúa ante una circunstancia fundamental para entender las dificultades que ha tenido el vasco moderno para llegar a ser lengua común y regularizarse modernamente, desde hace unos treinta años, como eusquera batúa (o vasco unificado): las guerras intestinas entre vasquistas, porque una lengua que se sostiene por una idea política no puede quedar ajena al combate político. Si a éste se le añade el filológico, el asunto se complica un poco más.

Si había quien estaba por unificar el vasco, los aranistas respondían que eso era matar la pureza de las lenguas y que para vasco, vasco, ya estaba el vizcaíno. Si la Academia utilizaba para sus trabajos el guipuzcoano, los nacionalistas les contestaban con la ortografía neovizcaína reformada por Sabino Arana, a la que han estado dando vueltas hasta 1939 (en realidad, hasta más allá). Por un lado iban las inspiraciones de la revista de Urquijo y por otro las acciones del Euskeltzale Bazkuna, el organismo encargado de velar por la ortodoxia aranista del eusquera y difundirla entre afiliados y juventud bajo la disciplina de Evaristo Bustinza y de Luis de Eleizalde. Y así muchos más ejemplos de los que luego diré algo. No eran dificultades insalvables, pero eran dificultades. A esta historia sí se le podría aplicar aquello de “Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero”, pues si los Campión, los Arana, los Aguirre, los Meabe, los Bustinza, los Eleizalde y tantos y tantos otros, o habían aprendido el vasco tarde, o sabían vasco pero no eran tan filológicamente finos como Julien Vinson, Llewelyn Thomas o Hugo Schuchardt, sin la machacona insistencia de aquéllos en juntar la raza con el eusquera, hacerlos exclusivos de los vascos y asuntos de obligada lealtad para sentirse patriotas genuinos —⁠a pesar de sus pueriles juegos con el idioma reconstruido de los que se reía Unamuno⁠— el eusquera, sin tal corriente de pujanza política como la que se le adosó, posiblemente no hubiera sobrevivido, por lo menos como lo que ahora es.

La arqueología, la filología y asuntos así, serán muy interesantes, pero no mueven a la gente. La Sociedad de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntza), fundada en 1918 bajo patrocinio de Alfonso XIII —⁠que fue el primer miembro de la entidad, no por nombramiento honorario, sino por ocurrencia espontánea del propio monarca⁠—, creada para dirigir los esfuerzos en pro de la unificación de los dialectos vascos, tampoco hubiera conmovido grandemente al público. Sobre todo porque los fines de dicha fundación, como los de la Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) que llegó al año siguiente, no se recibieron con entusiasmo general. Un historiador y filólogo, precisamente, calificó el vasco unificado que entonces se proyectaba como “producto nuevo, desprovisto de interés arqueológico y sin utilidad alguna para la cultura humana”. Saludo poco amistoso, desde luego, este que les brindaba don Ramón Menéndez Pidal a los propósitos de aquellas asociaciones recién fundadas[17].

UNA REÑIDA LENGUA DE GOBIERNO

El bautizo político del eusquera llegó con la Segunda República. Para entonces, ni la Sociedad, ni la Academia, habían logrado adelantos apreciables en el uso común del eusquera. La labor de unificación para la lengua escrita era mucho más ardua de lo que se había pensado en un principio. La diversidad dialectal era recalcitrante. Sin embargo, el Estatuto general del Estado Vasco (o Estatuto de Estella), aprobado el catorce de junio de 1931 por la Asamblea de Municipios de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, incluía esta declaración sobre la lengua: “La lengua nacional de los vascos es la euskera. Ella será reconocida como oficial en iguales condiciones que el castellano. En las escuelas de territorios de lengua vasca se utilizará el euskera como idioma vehículo de enseñanza, cursándose como asignatura en todos los grados el castellano; mientras que en las escuelas de zonas de lengua castellana se dará la enseñanza en ese idioma, cursándose el euskera como asignatura en todos los grados”. No se sabría decir si ésta fue una declaración por intereses populares, es decir, por una auténtica necesidad de regularizar una lengua para que sus hablantes puedan utilizarla en toda su dimensión pública, o fue otra cosa.

Sin embargo, convendría advertir que en 1931 el vasco es una lengua claramente minoritaria en el conjunto de las provincias donde se hace la declaración (en los casos de Álava y Navarra con escasos hablantes); pero ni hay censo lingüístico preciso ni localización clara de los territorios donde más se habla. El proceso de unificación de la lengua que llevaba a cabo la Academia estaba poco menos que abandonado. Los cuestionarios para saber qué modalidades de eusquera eran las más regulares no daban soluciones apetecibles, y la propuesta de su presidente, Resurrección Mª Azcue, a favor del guipuzquera osotua o guipuzcoano completado “se plasmó en una novelita y dos manuales”[18]. Existían, por tanto, dificultades para su enseñanza reglada. Se trataba de una lengua sin tradición administrativa alguna, en la que Unamuno no veía la forma de escribir ministro de Hacienda “como no fuese aziendako ministría (cambio la ortografía para disfrazar algo la cosa) o alguna invención lingüística sólo inteligible para su inventor”[19]. Tenía, además, poquísima tradición literaria culta que no fuera religiosa. Por aquellos años se cuentan, siendo generoso calificarlos así, doce escritores en eusquera. De ellos, ocho son sacerdotes[20]. Aparte de todo esto, la mayoría de vascohablantes era analfabeta. En suma, en 1931 había mucho más entusiasmo nacionalista que lengua vasca propiamente dicha. De modo que se declaró lengua de gobierno a lo que era un proyecto filológico de incierto fin.

Estas características hicieron que a algunos la declaración de oficialidad del vasco les pareciera otra cosa que amor por la lengua. Enrique de Francisco, diputado socialista por Guipúzcoa, fue uno de ellos. Los argumentos que esgrimió en las Cortes Constituyentes en 1931 resumen el sentir de los restantes: “La enseñanza del eusquera en Vasconia es de un perjuicio notorio. Sólo servirá para robustecer a las fuerzas reaccionarias de la extrema derecha, que se acogerían al amparo del precepto constitucional para lograr sus fines. Es un hecho gravísimo que a los párvulos no se les dé una instrucción completa en castellano, porque con un mediano conocimiento del castellano muchas gentes se han visto desarmadas, así dentro de la península como allende los mares”[21].

Para entender este juicio en su contexto y saber qué hacía aquel vascuence disgregado en diversas variedades dialectales pero elevado a lengua nacional, convendría recordar que el Estatuto de Estella tuvo como punto de arranque un problema religioso: la República llevaba adelante una labor de separación Iglesia-Estado muy a disgusto de los círculos católicos vascos. Muy a su disgusto avanzaban tímidamente las líneas de enseñanza laica, el matrimonio civil, el divorcio, la libertad de cultos. Como no es exagerado decir que en la vida pública vasca dominaba lo confesional —⁠incluso los sindicatos vascos se consideraban poco menos que apéndices de organizaciones religiosas⁠—, las intenciones republicanas suscitaban una especie de rebeldía espiritual que fue, poco a poco, cuajando en fórmulas políticas. La más evidente, el propio Estatuto. Un movimiento de este tipo, para enfrentarse al Estado republicano, necesitaba símbolos que justificaran la diferenciación y ¿cuál mejor, más visible, que la lengua? Aunque su realidad no era la que políticamente se definía, pues malamente podía tener consideración de nacional lo que sólo hablaba una parte, en ocasiones mínima, de la ciudadanía, el disgregado eusquera tenía en 1931 el estricto poder evocador al que el apologismo aranista lo había destinado políticamente hacía cuarenta años: separar a vascos de españoles.

Pero las preocupaciones del diputado socialista en cuanto a la enseñanza del vasco y del español apuntaban a otro problema: al menos en 1931 enseñar eusquera quería decir enseñarlo bajo patrocinio de la Iglesia, auténtico reducto del idioma. De modo que si en las zonas declarables como euscaldunas el vehículo de enseñanza había de ser la lengua vasca, resultaría por fuerza una enseñanza rendida a la Iglesia católica y, por tanto, con su presencia pública en aquellas zonas agrandada. Una presencia mayor aún de la que ya le otorgaba su ministerio religioso.

Y ésa fue una de las claves de la aparición del eusquera en el Estatuto de Estella: cerrar el círculo del nacionalismo, dominar ideológicamente a una parte de la ciudadanía a través de la identificación entre lengua y pueblo. Cuando se repara en ello, cobran todo su sentido las palabras que Unamuno le dedicó a la lengua española dos años después: “Lenguaje de blancos y de indios, y de negros, y de mestizos, y de mulatos; lenguaje de cristianos católicos y no católicos, y de no cristianos, y de ateos; lenguaje de hombres que viven bajo los más diversos regímenes políticos”[22].

En opinión de Antonio Tovar, Sabino Arana abrió la senda fantástica del eusquera que en vano Humboldt, Bonaparte o Schuchardt habían intentado orientar un poco por medio de la ciencia[23]. Efectivamente, abrió una senda de idolatrías, perdurables más allá de la seriedad de Humboldt: a mi juicio, queda claro que sin el apoyo ideológico de este nuevo frente apologista, por dislocado y absurdo que filológicamente fuera, la labor más modesta, pero mucho más rigurosa, de genuinos conocedores del vasco, de sociedades y academias, de interesados por la cultura eusquérica o de autores vascohablantes, por sí misma, nunca hubiera llevado al vasco hasta el debate parlamentario sobre la oficialidad de las lenguas de España que se celebró en 1931. Pero esto nada debe tener de extraño: a cada lengua le viene la vitalidad de donde le viene. En la época republicana estaba claro que la filología vasca iba mucho más despacio que los propósitos políticos del nacionalismo. La lengua que no había podido regularizar la primera, ya la habían hecho oficial los segundos. Por eso mismo he dicho antes que la historia moderna del vasco parecía más la de una idea —⁠o la de un ídolo⁠— que la de un idioma.

Pero estos juegos con las lenguas eran peligrosos en aquellas fechas, porque estaban ligando la reanimación del vasco no ya al campo estrictamente político (y de tensión temprana con la República), sino a un credo muy concreto: el nacionalista. Esto fue nocivo para el eusquera porque, al agitarse como bandera política, así se le consideró. De modo que tras la guerra civil la asociación eusquera=nacionalismo estaba cantada. Así lo entendieron muchos. Así lo entendían aquellos gobernadores franquistas que en 1937 lo mismo permitían oficiar las primeras misas de la mañana en vasco, que ordenaban suprimir de los rótulos, carteles y anuncios la k, tx, b, etc., con que, según la retórica de la época, habían violado los nacionalistas el glorioso idioma español. No es imposible que al gobernador de turno, el neovasco que escribían algunos nacionalistas, le pareciera más bien español con mala ortografía, lleno de bes y kas donde debían ir uves y ces. Esos mismos gobernadores permitían la inscripción en los registros civiles de nombres tradicionales vascos, pero prohibían las peculiares creaciones de Sabino Arana al estilo de Josu, Kepa o Koldoliba. No porque fueran vascos —⁠pues en realidad no eran nombres vascos, sino inventos de una jerga neovizcaína⁠—, se prohibían porque eran sabinoaranistas. Tras la Guerra Civil, algunos vencedores se refirieron a la “traición vasca” como aquélla cometida por quienes, siendo de religión católica y régimen burgués, habían buscado la salvación al marasmo republicano por su cuenta y habían hecho de una lengua particular, muchos de los cuales no la hablaban, un valor diferencial más con que justificar sus pretensiones.

Quienes tengan lealtad al vasco deberían considerar hoy qué hubiera ocurrido si muchos peneuvistas, carlistas, jaimistas de antes de Estella, en vez de dedicarse a la agitación nacional y racial, apoyándose en la lingüística, se hubieran dedicado más a la unificación de la lengua, a fomentar su uso en asuntos de peso, dignificándola y dando ejemplo, no premios literarios, como se daban, a quien mejor tradujera el primer capítulo del Quijote. O se hubieran dedicado a enseñarla decididamente en las escuelas desde 1931, e incluso desde mucho antes, como se enseñaba en ocasiones (y como se dejó de enseñar en otras muchas, simplemente por falta de interés o por desorganización para alfabetizarse en ese idioma). Pero, claro, hay que considerar que muchos de los firmantes de Estella no sabían vasco, o lo hablaban con el servicio doméstico. Habían puesto allí la lengua por otros asuntos, que desataron prejuicios antieusquéricos entre los propios vecinos. Al final, estas frivolidades las pagaron otros. Gente inocente. Como aquella casera que recordaba el escritor Torres Murillo, a la que raparon por hablar vasco cuando la pobre mujer no sabía hablar otra cosa.

También habría que considerar lo que podía importarle a la gente del pueblo —⁠la misma que invocaban los políticos nacionalistas⁠— la unificación de sus hablas para escribirlas. Un ama vasconavarra se cruzó cierto día con una conocida por la calle. No eran amistades asiduas, porque eran de distinto pueblo. Aun así se saludaban. Como sus hablas eran también distintas, tenían alguna dificultad para entenderse en eusquera, si bien no era insalvable. Así que estuvieron platicando un ratito. No mucho más. Fue una plática un poco forzada, como solía serlo siempre que se veían y no podían evitarse. Se separaron ambas algo apesadumbradas, ya para el resto del día. No porque añoraran una lengua común que les hiciera entenderse mejor; sino porque las dos consideraban, como consideraba otra gente del campo vasco, que hablar distinto de uno era indicio claro de brujería.

REFUNDACIÓN EUSQUÉRICA

El movimiento en pro de una lengua vasca escrita unificada seguía sin logros apreciables todavía en 1936. No se había resuelto el problema, básicamente, porque no era fácil de resolver. Cuando Resurrección Mª Azcue publica en 1905 un Diccionario Vasco-Español-Francés (que es un monumental registro de léxico popular) cuenta en el prólogo que una de sus equivocaciones enormes al escribir la Euskal-izkindea, o gramática vasca, fue creer “que los diversos dialectos de nuestra lengua se podrían reunir y conglomerar tan fácilmente como sustancias que se baten en redoma”. Durante los treinta años siguientes persistían desacuerdos entre los encargados de reunirlos y batirlos. Los escollos filológicos eran notables pero, esencialmente, no había acuerdo porque en el fondo no existía necesidad material de tal lengua escrita común para todo aquello que da entidad verdadera a una lengua, o sea, administración pública, gran comercio, comunicaciones, industria, transportes, finanzas, ciencia y técnica.

El proceso de unificación lingüística se vio frenado por la guerra civil. La guerra civil, justo es recordarlo, también frenó cosas mucho más importantes que dicho proceso. Sin embargo, como el movimiento académico en torno al vasco no se consideraba sospechoso en sí mismo, a comienzos de los años cuarenta ya estaba otra vez en marcha. A pesar de que cesó la Revista Internacional de Estudios Vascos y de que la Academia quedó en estado precario (como la Española, por otra parte, para qué negarlo), Azcue, su director de entonces, propuso en 1945 reorganizar los trabajos académicos y de unificación de la lengua llevando a la institución a gente nueva. Académico protagonista de la renovación fue un curioso personaje, que encarna muchas de las contradicciones y paradojas visibles en la historia del vasco moderno: Federico Krutwig Sagredo[24].

Por entonces, Krutwig estaba fuera de toda sospecha. Era de familia rica, conservadora y afín al régimen de Franco. Él mismo despreciaba olímpicamente a los nacionalistas (también a los franquistas, aunque esto no quedó patente entonces). No hablaba vasco de cuna, porque su cuna era la de una aristocracia financiera netamente hispanohablante (cuando no utilizaba el alemán, el francés o el inglés). Pero estudió vasco con ahínco. Desde su elección como académico, se dedicó a granjearse las simpatías del régimen, a promover la variedad labortana (vascofrancesa) como eje de la nueva unificación del vasco, frente al antecedente académico guipuzcoano, y a proyectar, en silencio y a largo plazo, una Gran Vasconia basada en la unidad lingüística y en esotéricas teorías racistas. Proyecto al que quería ligar a las clases selectas atrayéndolas a través de la Iglesia.

Al poco de ingresar, Krutwig llevó a la Academia a gente de confianza del régimen. En esos años estaban todos los pronunciamientos para la feliz carrera del vasco culto. Pero no pudo ser. En 1952 Krutwig pronunció un discurso en eusquera con motivo de la recepción de un nuevo académico. Sin que se tratara de una soflama política, ni mucho menos, se granjeó las iras de la Iglesia, a la que acusó de ser la desnacionalizadora del pueblo vasco, la disgregadora del idioma y otras lindezas. Craso error. El gobernador pidió el texto. Krutwig lo entregó. Al punto aparecía su nombre en el Boletín Oficial bajo la acusación de injurias al Estado. Antes de que el juez ejecutase la requisitoria, Krutwig había salido para Francia.

En el exilio continuó sus disquisiciones patriótico-lingüísticas, en la línea de autores como Guy Héraud o François Fontan, inteligencias dedicadas a las alabanzas del racismo y la xenofobia. Un género muy típico de mediados de los cincuenta que es, a su modo, eco tardío de la ideología que sostuvo al régimen hitleriano. Ramificaciones del género han ido a inspirar a movimientos nacionalistas dentro de Europa, en general, de poca monta y poco público (por ahora). La tesis etnolingüística de Krutwig podría resumirse en el siguiente párrafo: “Lo que no puede admitirse es que haya quien se diga nacionalista vasco y no estudie la lengua vasca cuando la desconoce, y no la emplee cuando la conoce. Nada ha sido más desastroso como el creer que pueda existir un vasco, verdaderamente vasco, que no hable el euskera. El vasco es el euskaldún y quien no habla euskera es un ‘euskaldún-motz’, un vasco cortado, castrado, en esto no hay discusión posible”[25].

Con las matizaciones que puedan hacerse, lo cierto es que esta tesis no resulta radicalmente novedosa respecto a las de Sabino Arana. Hay que reconocer, eso sí, que Federico Krutwig es un racista mucho más refinado, más científico, que su antecesor. A su modo, forma el enlace entre las viejas tesis del apologismo vasco-aranista y las nuevas que irán apareciendo en los años sesenta, expresadas por el grupo Ekin —⁠al que enseguida me referiré⁠— y que tienen sus ramificaciones en la España actual. Krutwig, finalmente, se hizo maoísta y acabó publicando libros donde defendía, como desarrollo lógico de sus ideas, la existencia de la Atlántida, que había sido en tiempos remotísimos la patria común de los euscaldunas. De todas sus tesis, una de las más exitosas ha sido, sin duda alguna, la de la castración idiomática. No sólo en el País Vasco, por cierto. Con tintes menos angustiosos y extremos puede rastrearse en el catalanismo y el galleguismo, donde la idea para defender la lengua particular no es que a quien no la hable le pueda interesar mucho, le sea necesaria o le resulte imprescindible para su vida cotidiana, sino que quien no la hable no será catalán o gallego genuino y, al no cultivarla, estará contribuyendo a que se pierda el gran patrimonio de la identidad nacional gallega o catalana. Estará siendo un traidor al Ser colectivo. A su modo, esto son especies racistas también. Resulta difícil creer que estos argumentos tengan tanto éxito en la España actual, y que se acepten como la cosa más natural del mundo. Incluso que pasen por ser liberadores y modernos. Increíble, pero cierto.

A las horas de su exilio Krutwig no era imprescindible. Ya había quien continuaba el movimiento en pro de la unificación de la lengua. Se percibía cierto renacimiento literario aparte de la prosa religiosa. Estas historias son, por lo general, bien conocidas, y basta con citar algunas muestras como la de la Diputación guipuzcoana, que patrocinaba desde 1948 la Revista Egan, la voz de una nueva generación de escritores nacionalistas. En 1952 se funda la editorial Kuliska Sarta de Itzaropena, en Zarauz, para publicaciones en eusquera. Otras diez más aparecerían enseguida; de esa fecha es también la cátedra de eusquera Manuel de Larramendi, pues, según se lee en el Boletín Oficial (14 de febrero de 1952): “Es deber inexcusable del Estado español atender, en la medida más adecuada, al estudio, investigación y cuidado científico de este rico aspecto de nuestro común patrimonio cultural”. Por cierto, la incoherencia ministerial en este punto ha sido grande, pues veinte años más tarde se ponían trabas a la fundación de una cátedra de vasco, esta vez en la Universidad de Deusto, en un caso —⁠a mi juicio⁠— de ignorancia insolente de los funcionarios del Ministerio de Educación, más que de manía persecutoria contra el eusquera. Muy al contrario de lo que se ha escrito ocasionalmente, aquella cátedra de 1952 no respondía a la consideración del vasco como una lengua muerta y un vestigio venerable, propio para entretenimiento de académicos. En absoluto. En medios de la más rancia tradición hispánica, siempre se le han otorgado unos valores al multilingüismo español —⁠si se me permite esta opinión, estrictamente personal⁠— muy superiores a los que realmente tiene. Y no me refiero ya al terreno cultural, sino a otros: esa cátedra surge en un momento en que cierto aperturismo católico, presente en altas instancias del régimen, pensaba que con iniciativas así se podía facilitar el entendimiento y la reconciliación nacionales, apelando al valor de la tradición. Lo que explica que algunas gentes que rodeaban a Alfonso XIII, como otras que, treinta años después, rodeaban a Franco, vieran en el vasco y en la hermandad de las lenguas patrias unos valores que nunca acertaron a ver ni Unamuno, ni Sánchez Albornoz, ni Menéndez Pidal, entre otros muchos.

Quienes se iban incorporando al cultivo del vasco escrito abogaban en diversos medios por la difusión de la lengua y pedían el fin de la anarquía ortográfica, para lo que se reunió la Academia vasca entre 1956 y 1959. Se dieron pasos decisivos, se clausuró el estéril purismo reinante que obstaculizaba una verdadera norma común; nueva reunión en Bayona, en 1964, con nuevas propuestas y, a sugerencia del escritor Gabriel Aresti, la Academia, para conmemorar su medio siglo de existencia, celebra unas reuniones en el seminario franciscano de Aránzazu en 1968. Se nombró una comisión presidida por Luis Michelena. La orientación de la norma común escrita quedó en las mejores manos y la institución de la Academia de la Lengua Vasca acabó reforzada como autoridad en el eusquera batúa, vasco común, hecho, al fin, sobre la base del guipuzcoano de Beterri (el área de San Sebastián) y el labortano. Todo el proceso de unificación ha sido difícil y muy contestado entre los propios hablantes de eusquera, para algunos de los cuales la nueva lengua era un vascuence-gramático, liquidador de las variedades tradicionales. Hasta cierto punto, no les faltaba razón. La nueva norma unificada, pensada básicamente para ser escrita, daba en algunas ocasiones productos ciertamente exóticos. La prosa del Boletín Oficial del gobierno vasco, sin ir más lejos, iba a ser uno de ellos.

En los últimos veinte años del franquismo se fundaron ciento treinta y cinco icastolas. Probablemente en esos veinte años se hayan escolarizado en eusquera más alumnos que desde la Edad Media hasta 1940. Autorizada la primera desde 1957 en Bilbao, habían tenido incluso antes el paraguas protector de la Iglesia, ofreciéndoles no sólo su protección jurídica, sino sus locales en muchos momentos[26]. En sí mismas no son una novedad, su antecedente está en las Escuelas Domésticas que venían funcionando desde mediados de los cuarenta. La docena de escritores en vasco de los tiempos republicanos eran ya sesenta y cinco. El porcentaje de literatos laicos se había incrementado considerablemente. Es este un proceso que, si bien no se fomentó con entusiasmo desde los estamentos oficiales, tampoco se estorbó grandemente, pues tenía el tácito respaldo de la todopoderosa Iglesia católica en el País Vasco y en Navarra.

Sin embargo, las apologías al nuevo estilo de Krutwig que ligaban totalitariamente la raza, el eusquera y la nación vasca se mantuvieron casi intactas. La idea de que si se perdía el vasco se perdía la razón de ser de la nacionalidad euscalduna quedó incólume también. Aunque por distintos caminos de acción política, en la consideración del eusquera como raíz de la nacionalidad vasca vinieron a confluir las nuevas líneas de nacionalismo radical con las antiguas, ligadas al nacionalismo ultracatólico. Los valores aglutinantes, unitivos, que traía la vieja tradición hispánica, en los que creían algunos intelectuales ligados al régimen franquista, no eran, quizá, tantos.

DESEOS Y REALIDADES

En los años sesenta, la simiente de la Gran Vasconia, amalgamada en torno a la lengua, fue creando una nostalgia por el vasco perdido en nuevas generaciones de lengua materna española, pero que llegaban a sentir como cosa más propia el anhelado vasco. De modo que ser vasco se identificaba en muchos casos con la angustia por un idioma que no se conocía. La idea del “euskaldún-motz”, el vasco castrado, cala en el activismo nacionalista con mucha más facilidad que las ideas reconciliadoras de la vieja tradición. Los documentos del grupo Ekin, en los orígenes de ETA, la refunden así: “El problema del euskera podrá ser considerado siempre, así lo es, algo anecdótico y secundario por los españoles, por los franceses, por los albaneses y por los traidores a Euskadi. Pero para un vasco que aún merezca tal nombre, el problema de la supervivencia, o desaparición, de la única lengua nacional vasca debe ser un problema vital”[27]. (Por cierto, no logro aclarar la referencia a Albania en esa cita.) Sin embargo, por los años en que se escribían documentos como éste, la realidad, no el deseo, era que la “única lengua nacional vasca” la hablaban muy pocos nacionales y que el número de traidores a Euskadi que no se interesaban lo más mínimo por la lengua vasca debía ser grande.

El único censo lingüístico que, con cierta fidelidad, daba idea de la situación del vasco en los años sesenta y setenta, el de Pedro de Yrízar, ofrecía los siguientes porcentajes de gente que sólo hablaba español en la Comunidad Autónoma: 88 por 100 para Vizcaya, 60 para Guipúzcoa, 99 para Álava y 93 para Navarra. Pero tales porcentajes no silenciaron los ecos de aquellas tesis totalitarias: la idea de que la identidad del pueblo vasco pasaba por el eusquera; la idea de que si se perdía la lengua, se perdía la razón del Ser nacional; la idea de que no podía haber vascos que sólo hablaran español. A su modo, todo aquello había animado el capítulo lingüístico del Estatuto de Autonomía para el País Vasco en 1979 y las consiguientes directrices sobre normalización, donde el eusquera aparecía definido como única lengua propia y se hacía oficial incluso en las zonas donde no se había hablado nunca. Se hacían ambiguas declaraciones por las que el Estado español —⁠como Estado plurilingüe que era⁠— facilitaría, asimismo, las medidas diplomáticas para el cultivo y protección del eusquera ¿en Francia? (algo así cabría deducir, en mi opinión, de la lectura de algunos párrafos ambiguos del estatuto).

Es posible que el gobierno vasco considerara una anormalidad los porcentajes abrumadores de gente que sólo hablaba español. Así que, pocos años después, publicaba a su vez otra encuesta. Si Yrízar había considerado el concepto “vascohablante” con alguna generosidad, la nueva encuesta no le fue a la zaga. Para los encuestadores, “es comprensible que un individuo que ha realizado quizá más intentos que progresos por aprender euskera, tienda a declararse euskaldún”[28]. Pues bien, aun con tanta comprensión, el porcentaje de hispanohablantes monolingües seguía siendo ampliamente mayoritario: casi un 78 por 100 de vascos sólo hablaba español. En cuanto a los euscaldunas, se trataba de una población lingüísticamente irregular, pues no todos dominaban el idioma, ni muchísimo menos. Daba igual, la realidad estaba equivocada, porque la encuesta desveló los deseos ocultos de las familias vascas. Si sólo un veintidós por ciento de encuestados se reconocía, con generosidad, vascohablante, casi un setenta por ciento de la muestra aceptaba, en algunos casos sin reserva ninguna, que era más importante enseñar eusquera que francés o inglés en las escuelas. Porcentajes similares consideraban natural que el gobierno vasco gastase muchísimo dinero, más allá de una proporción generosa, en promocionar el eusquera. Los mismos volvían a considerar natural que el gobierno vasco introdujese el eusquera en todo nivel de enseñanza, aunque se opusieran las familias de los alumnos.

A la vista de esas opiniones, los partidos políticos vascos de corte nacionalista consideraban como una situación deseable para la Comunidad Autónoma que, a través de una “correcta” política educativa, no hubiera en ella para el futuro más del 2 por 100 de hablantes monolingües de español (esto los nacionalistas más generosos). Un año después, se aplicaban a la tarea con fervor. No quiero decir que los notables predicaran con el ejemplo, pues el ejemplo de la mayoría de notables no pasa de ponerse k y tx en el nombre (para algunos ya no basta con ser vasco, hay que parecerlo), sino que el gobierno dedicaba prácticamente la mitad de su presupuesto a “edukazión y kultura” para las masas, en palabras del periodista José Luis Uruñuela. Se gastaba treinta veces más en alfabetizar en vasco que en investigación universitaria, normalmente escrita en español. De cada obra editada en eusquera el gobierno autónomo adquiría quinientos ejemplares, a modo de particular ayuda a la edición en vasco, y el eusquera era la prueba decisoria hasta en la adjudicación de plazas de enterrador, la decisoria en el control de buena parte de los dineros públicos. Era una administración de recursos singular con la que, por otra parte, muchos ciudadanos vascos estaban, y deben seguir estando, encantados. Si se confía en las cifras que da el informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (Uso de lenguas en comunidades bilingües), que se publicó en octubre de 1998, la mitad de los vascos encuestados opina que las clases a los niños deberían dárseles, mayoritaria o únicamente, en eusquera. Incluso en Navarra, donde casi nadie ha hablado vasco, todo un tercio de la población se inclina por la enseñanza bilingüe[29]. Las circunstancias indican que los partidos nacionalistas vascos destinarán buena parte de sus esfuerzos a sobrepasar, con creces, esas opiniones y deseos. No ya en la escuela, sino en cualquier ámbito de la oficialidad que puedan controlar.

Si estas cifras son fiables, habrá que rendirse a la evidencia. Yo ya estoy rendido (literalmente, porque comparar más encuestas sobre la situación sociolingüística española sería insufrible, incluso para mí). Pero, una vez rendido, sigo sin explicarme qué encanto y buena prensa tiene entre las masas la propaganda de un nacionalismo lingüístico que, aun brotando de dudosas fuentes, muestra un éxito cierto y envidiable: ha hecho que ciudadanos de un país donde el analfabetismo y la falta de instrucción en la lengua común han sido moneda corriente durante siglos (sin que tal circunstancia nos importase gran cosa) estén dispuestos en el plazo de unos pocos años a dominar, correspondientemente, varios idiomas minoritarios que nunca se han hablado en sus familias y con los que podrán recorrer unos pocos kilómetros de mundo. Encanto envidiable y espontáneo que, es forzoso reconocerlo, no ha sabido mostrar el español, lengua que parecería haberse embuchado violentamente a estas masas que ahora se redimen. ¿Será verdad que España es naturalmente plurilingüe? ¿Será verdad que, gracias a algunos adalides de la libertad, está reencontrando, a principios del siglo XXI, un paraíso políglota que empezó a perder a principios del siglo XV? Quién lo sabe.

Se argumenta que, al ser el vasco la lengua más débil, es la que más ayuda necesita. Principio en el que se fundamenta ese paradójico concepto de “discriminación positiva”, por el que en vez de solucionar los problemas a que forzosamente se abocan las minorías, se trasladan los conflictos al conjunto de la sociedad. Puede que así sea, puede que la gente admita que la discriminación es positiva; puede que esté dispuesta a emplearse con entusiasmo en la resolución de un conflicto lingüístico que no lo es para la inmensa mayoría; puede que esté dispuesta a someterse al examen de lealtad al eusquera y a otros símbolos visibles del vasquismo, que con frecuencia exigen los nacionalistas… y puede que yo esté equivocado de medio a medio, y que el resurgir del vasco sea una corriente espontánea, feliz, liberadora y que viene a saldar injusticias pasadas. Pero incluso en el hipotético futuro, cuando todos los ciudadanos del Edén Eusquérico hablen igual, o mejor, el vasco que el español, se sientan plenamente euscaldunas por el mero hecho de saber eusquera y hayan aligerado la carga de la “lengua del Imperio”, cuando su lengua redimida no sea un símbolo de la identidad colectiva, sino un idioma, sin más, la competencia a la que se enfrentarán seguirá siendo de una naturaleza tal que no se frene ni con dinero, ni con patriotismo, ni con discriminación positiva tampoco. Dada la circunstancia geopolítica del eusquera, se habrán instalado en un idioma en situación de inestabilidad crónica. Es verdad que el entusiasmo al que se asiste salvará estos escollos, pero es de justicia dárselos a conocer a la gente cuando se le hacen encuestas. Y, sobre todo, cuando se la embarca en una singladura lingüística larga, costosa y de incierto éxito. Si, a pesar de ello, todos quieren embarcarse… pasajeros a bordo y feliz viaje.

IX
GENTES Y LENGUAS DE CATALUÑA

La introducción del español en la Cataluña moderna no requiere muchas explicaciones. Es un proceso constante desde que en el siglo XV se unieron las coronas castellana y aragonesa. En Valencia el proceso es anterior incluso. El tradicional Consejo de Aragón empezó a seguir a una corte itinerante donde se hablaba español. Finalmente, se instaló con ella en Madrid. Como consecuencia, entre los notables catalanes y valencianos el español se hizo imprescindible. Expresivo es el ejemplo de la familia barcelonesa de los Requesens, cuyo hijo Luisito iba a ser con el tiempo gobernador de los Países Bajos: “Lloyset està molt bonico, guartlo Deu, y continua son estudi i parla lo castellà molt bonico”, decía de él su madre Estefanía en una carta escrita en 1534[1]. De aquellas modas opinaba don Cristófor Despuig en 1557: “Lo escandol que jo prenc en veure que per avui tan absolutament s’abraça la llengua castellana, fins a dins en Barcelona, per los principals senyors i altres cavallers de Catalunya, recordant-me que en altre temps no donavem lloc ad aquest abús los magnanims reis d’Aragó; i no dic que la castellana no sia gentil llengua i per tal tinguda, i també confesse que és necessari saber-la les persones principals perque es l’espenyola que en tota l’Europa se coneix”[2]. Despuig sabía lo que decía. Pero lo decía tarde.

Hacía más de sesenta años que Juan de Rosenbach había llegado a Barcelona procedente de Heildeberg. Otros alemanes del mismo gremio, como Juan Luschner o Lamberto Palmart, se habían establecido en la Ciudad Condal para hacer negocios con un invento que revolucionaba las comunicaciones: la imprenta. No era el barcelonés un medio tan floreciente como el sevillano, donde se imprimía el doble de libros. Pero se podía hacer dinero con pliegos en latín, en español y, sobre todo, en catalán e italiano. Por aquellos años, la literatura culta venía de Italia. Pero, con la unión de reinos, y con aquellas noticias de que las naves castellanas llegaban a las Indias en la mitad de tiempo que las portuguesas, a los caballeros y comerciantes catalanes les empezaba a interesar mucho el español.

O eso le parecía a Juan Boscán Almogávar, vecino de Barcelona y perteneciente a la clase de “ciudadanos honrados”: gente de alcurnia que hablaba catalán, que gustaba de la literatura venida de Italia y que preveía la bonanza del español. El negocio editorial estaba claro: escribir al modo italiano, pero en lengua española. Eso hizo Boscán. En 1534 tradujo del italiano un prontuario de refinamiento social para su gente: El Cortesano, original de Baltasar Castiglione. Tuvo mucho éxito. Quienes lo leyeron se sintieron satisfechos: en Barcelona había alguien que escribía con tanta gracia como los propios italianos, pero en un idioma que se entendía mejor y con el que se cruzaba el Atlántico. Boscán siguió escribiendo poesías en español hechas al modo itálico. Era un hombre sencillo. Pasó la vida felizmente. Cuando la viuda publicó las poesías de su difunto marido, en edición conjunta con las de Garcilaso de la Vega, fueron un rotundo éxito: dieciséis ediciones de 1543 a 1560. No sé cuántos poetas españoles han tenido lectores tan atentos.

Por aquellos años, los impresores catalanes ya habían aprendido una lección: se imprimiría en latín, en catalán y en cualquier lengua; pero el dinero pasaba por el español. La adopción de ese idioma en las prensas fue irrefrenable[3]. A los herederos de los Rosenbach, los Luschner, los Palmart, los Vendrell, la edición de libros en español les permitía abaratar el producto, hacerlo más competitivo y venderlo en un mercado de dimensiones inimaginables cuando iba en catalán. Podían competir con Sevilla, con Valencia, con Toledo, con Zaragoza, y llevar sus libros al Nuevo Mundo. Cinco siglos después, la puerta que abrió Juan de Rosenbach, imprimiendo romances castellanoviejos en pliegos sueltos, junto a misales que salían de las prensas de Monserrat con destino a Castilla, no se ha cerrado. En aquel clima donde Nebrija, Fernando de Rojas, Pedro Mejía, Garcilaso de la Vega y tantos otros autores castellanos eran considerados como cosa propia por los señores y caballeros honrados de Barcelona, escribía Cristófor Despuig su resignada queja. Echaba de menos aquellos años en que los reyes de Aragón sólo hablaban catalán.

Aunque Despuig no estuviera de moda, tenía razón en varias cosas: una, a los principales de Cataluña les interesaba el español, sobre todo si eran de ciudad; otra, el español también estaba echando raíces, que al cronista le parecían abusivas, donde antes sólo se oía catalán. A su modo, Despuig acababa de profetizar la historia lingüística de Cataluña y Valencia para los próximos cuatro siglos. En todo no medió ninguna ley de lenguas. Mandaron las circunstancias. Es verdad que un grupito de notables de los años de Carlos I no son la masa de catalanohablantes. Pero habitualmente es el grupo que más se oye, el que más escribe, el que más lee y el que puede dar o quitar prestigio a una lengua. A los cincuenta años de la observación de Despuig hacía esta otra el poeta Francesc Calça: “Los catalans, ¿per qué dexam la llengua?”. Resume así las razones varias que da: “En castellá tot hom que se dona escriure tenit per cert quels serà més profit”[4]. Se escribía en español porque resultaba más provechoso. Ninguna ley había salido de la cancillería de Felipe II al respecto. Es más, Felipe II acudía al monasterio de Monserrat (al Monserrate, como lo llamaba el propio rey, de cuya imagen era muy devoto), oía el catalán entre su propio círculo de amistades, lo oía en boca de alguno de sus parientes y le daba exactamente igual.

Para los reyes de entonces, que se aprendiera o no español en Cataluña era asunto inane. Quienes lo aprendían y lo utilizaban lo hacían movidos por interés particular, según las necesidades que tuvieran de contacto o tránsito por dominios donde se hablara español. La tradicional foralidad de reinos en España hacía perfectamente posible que Carlos I recibiera informes en catalán, o valenciano, como se quiera, sobre los avatares de la conversión de moriscos en tierras levantinas; que su cuñado don Hernando de Cardona no hablara más que catalán en la Corte; también hacía que Felipe II considerara como a su segunda familia a los Requesens, catalanohablantes de Barcelona, en cuya casa se alojaba de paso por aquellas tierras; o que un embajador se dirigiera en portugués al Conde Duque de Olivares, aunque el español anduviera entonces en boca de la gente portuguesa. Por paradójico que a algunos les parezca, en plena España imperial, las llamadas a la uniformación lingüística de algunos autores, descontado el particularísimo caso del hispanoárabe, no tienen mayor eco. Son más retóricas que prácticas. La ocurrencia, encomendada al Conde de Barajas, hacia 1587, de examinar a todos los maestros del reino según la misma cartilla, se quedó en poco más que ocurrencia, porque el gobierno estaba empleado en asuntos de mayor peso.

UN INTERÉS CRECIENTE

No hacía falta darle mucho eco al español, por otra parte. Entre los notables catalanes y valencianos quedaba claro que conocerlo era un medio garantizado de ascenso social. Los nobles castellanos solían ser gente muy encumbrada, pero más guerrera que diplomática. Por lo mismo, no sabían idiomas. Casi no sabían latín, así que sacar textos cancillerescos en esa lengua era todo un éxito. Era todo un éxito poderse entender con los holandeses, alemanes, checos. Un éxito que se debía, en no pocas ocasiones, a gente catalanohablante que, curtida en medios comerciales, sí dominaba lenguas. Cuando Felipe II quiso nombrar un embajador para asuntos centroeuropeos, no había Grande de Castilla capaz de hablar más que español. Así que nombró al valenciano Juan de Borja, que no era de la alta nobleza, pero sabía catalán, español y la lengua que decidió el cargo: latín. Posiblemente, Juan de Borja había aprendido latín con la gramática de Nebrija, la que se editaba en español o la que se editaba en catalán, porque las dos recorrían Levante. Hombre capaz, aprendió alemán y checo en Viena. Así que se hizo un diplomático imprescindible. Años después, un catalán, Luis de Requesens, partiría hacia los Países Bajos como algo más que embajador. Juan de Borja y Luis de Requesens no son casos únicos entre la gente principal de la Valencia o la Cataluña de aquellos años.

El interés de señalados círculos de la sociedad catalana por el español siguió creciendo. Cuando se tomaron, de Felipe V a Carlos III, algunas medidas para la reafirmación del español entre dichos grupos, llovía sobre mojado. De modo que todos esos gobernadores que, según el erudito dieciochesco Juan Antonio Mayans, iban al Principado llevando debajo del brazo instrucciones secretas para acabar con la lengua de los naturales, no tenían que esforzarse mucho para esa tarea pues, si hemos de creer al propio don Juan Antonio, los naturales ya se encargaban de ello (se llevaban encargando dos siglos). Si los naturales eran de Valencia, lo hacían con entusiasmo. Incluso aquéllos, como el notario dieciochesco Carles Ros, que algunos presentan hoy como adalides de la lengua valenciana, parecen más bien personas que, razonablemente, se preparaban para desarrollar sus funciones en español, sin que nada —⁠más allá de la necesidad y el interés de sus negocios⁠— les hubiera obligado a renunciar a la otra lengua.

El escándalo de Cristófor Despuig hubiera sido mayor de haber vivido en la Cataluña, o la Valencia, del siglo XVIII. Habría visto cómo al tradicional núcleo de principales y señores de la tierra que les atraía el español, se unía entonces el mucho más nutrido de comerciantes e industriales. De modo que la generación mercantil de la Real Compañía de Comercio, fundada en Barcelona en 1756, ya había decidido que el español le iba a ser tan propio como el catalán. Acaso más propio, como generación mercantil que era. Las promociones sucesivas, las que aparecen en el reinado de Carlos III, todavía iban a extremar esa preferencia por el español. En el Diario de Barcelona, que se empieza a publicar en 1792 y que durante decenios fue el breviario de todas esas generaciones, se puede encontrar, de vez en cuando, algún poema escrito en catalán. Pero casi todo se escribe en español.

En el capítulo cuarto he expuesto una idea que, en breve, es ésta: la aparición del español en la Cataluña moderna responde, esencialmente, al interés del medio mercantil, industrial y urbano por apropiarse de la moderna lengua de comercio que era el español. Ese interés es el que fuerza las medidas para la difusión de la lengua común. Esto no es que les entusiasmara a todos los catalanes, valencianos o baleares. Sin embargo, a la mayoría no le importaba en absoluto; a unos pocos les molestaba, y a los más activos les parecía una necesidad interesante sobre la que no había discusión, ni queja, ni agravios posibles que plantear. Esta idea que acabo de resumir ni es novedosa, ni desconocida. Sólo que ha sido una idea con poca publicidad.

Este concreto interés explica que el catalán no haya desaparecido, que se haya cultivado por las mismas clases que aprendían español. El hecho de que uno quiera adoptar una lengua que le resulta económicamente beneficiosa y le da entrada a una estupenda red comercial no quiere decir que tenga que perder otra, si la tiene, en el empeño. Sobre todo si nadie le fuerza. Forzará la necesidad pero no la ley pues, si se leen con la debida atención, como ya he dicho en otro capítulo, las leyes dieciochescas donde se apela a la uniformidad lingüística son leyes de uniformidad comercial, jurídica y administrativa: moneda fija, banco central, aranceles fijos, precios fijos, menos aduanas y más facilidad de trato para las personas y mercancías. Cuando algunos catalanes se quejan de las imposiciones borbónicas que han menguado su lengua desde antiguo, habría que explicarles que la única imposición genuina fue la de haberles abierto a sus abuelos rutas comerciales donde se negociaba en español. Lo que hicieran sus abuelos al respecto con una y otra lengua, o si menguaron el catalán para medrar con el español, ya no es responsabilidad de ningún gobernador de hace dos siglos.

El interés por apropiarse del español explica también una curiosa tendencia de aplicación exclusiva, en España, al caso catalán y que a grandes rasgos podría formularse así: aquellos ciclos de bonanza lo han sido de afirmación del español y aquellos ciclos de estancamiento económico, o incertidumbre política, lo han sido de exaltación del catalán, de desapego del español, sobre todo, a través del catalanismo político.

En suma: el monopolio del catalanismo, y la proyección de la lengua catalana, los han ostentado estratos superiores de la burguesía. Éstos se han acercado al español, o al catalán, según intereses anclados habitualmente en el inmovilismo social[5]. Así que la suerte de la lengua catalana, desde hace casi cinco siglos, es obra y gracia de los conflictos de aquellos descendientes de señores, notables y caballeros catalanes de los que hablaba Despuig. La intromisión castellana es muchísimo menor de lo que se cree, pues la lengua española que ha entrado en Cataluña ha sido en el fondo —⁠descontando peculiares ciclos como el franquismo, cuya naturaleza se explica en otro capítulo⁠— la lengua española que estos señores, notables y caballeros han querido, o necesitado, que entrara.

LA LENGUA DE LOS NEGOCIOS

Desde mediados del siglo XVIII se iba notando en Cataluña una alegre subida de los indicadores económicos. Se hablaba entonces de patriotismo, de grandeza, de esfuerzo por el bien de la nación. Sentimientos altisonantes que despierta la España histórica, una dueña de un imperio que se recorría en español. Ésa era la generación de Esteban Canals, cuyos tejidos de algodón se repartían por España y por la América colonial. Con ellos, un pequeño ejército de viajantes encargados de venderlos. El mundo de los negocios había facilitado en Cataluña una movilidad desconocida en la rígida sociedad estamental castellana. La efervescencia del puerto barcelonés hacía posible que, en las empresas comerciales, se aunaran los más variados protagonistas… y sus lenguas. La botadura de un buque mercante para el tráfico americano necesitaba: un aristócrata, o una sociedad comercial, para financiarla, oficiales de la Marina Real que la supervisaran, carpinteros de ribera y herreros que pusieran a punto la embarcación, mercaderes que la armaran y un patrón que, tras fondear en Cádiz, pusiera rumbo a América. En tal medio, no es de extrañar el éxito de la única lengua que aseguraba ese tráfico comercial. Y tampoco es de extrañar que los catalanes dispusieran de métodos para la enseñanza de una lengua que garantizaba muy interesantes beneficios. Métodos, a menudo, más efectivos de los que se disponían en Castilla. Dado el paralizante inmovilismo social de la Castilla dieciochesca, se precisaban en ella pocas cartillas de español —⁠las castellanas que se publican al calor de la famosa ley de Carlos III tardarían años en ver la luz⁠—. Tampoco eran muy necesarias las cartillas de latín.

Pero las ventajas de una lengua internacional no sólo se dejaban notar en el bullicioso puerto de Barcelona. El inglés Richard Flecknoe, que medio siglo antes había estado viajando durante doce años por Europa, Asia, África y América, había llegado a una sencilla conclusión: de saber español, habría aprovechado mucho mejor el viaje. Y no sólo le pasaba a Richard Flecknoe. Años antes habían desembarcado en las costas de Nueva Inglaterra los Pilgrim Fathers. Los fundadores de EEUU, para entendernos. Cuando el barco que los llevó allí retornaba a Gran Bretaña, dejaba en tierra a un peculiar grupo de cuarenta y cuatro personas. La mitad eran niños. Eran la antítesis de cualquier avanzadilla de soldados, exploradores o colonos. El capitán que los guiaba debía de ser tan imponente que lo apodaban la Gamba (esto por su corpulencia). En aquel territorio nuevo y hostil, sobrevivir dependía de entenderse con los esquivos indígenas. Por fin pudieron contactar con dos de ellos: Tiscuanto y Samoset. Los Pilgrims Fathers no hablaban algonquino —⁠que es una lengua enrevesada, por otra parte⁠—. Tuvieron suerte. Para su sorpresa, Tiscuanto y Samoset hablaban inglés. Esta feliz circunstancia facilitó el establecimiento de la colonia. La familiaridad trajo otros descubrimientos: Tiscuanto había vivido unos años en Málaga y también dominaba el español. Y descubrieron que Tiscuanto no era ningún bicho raro, había más como él. Nada extraño: quien vive en rutas que exploran gentes de lengua española o inglesa, puede acabar aprendiendo la lengua de los exploradores. La que había aprendido Tiscuanto en Andalucía, por cierto, había atravesado el Atlántico ciento treinta años antes que los Pilgrim Fathers; recorría desde entonces el Nuevo Mundo de Norte a Sur, se hablaba en las universidades de los virreinatos —⁠fundadas muchos años antes que cualesquiera otras de América⁠—, se hacía acompañar por aquellas tierras del latín, escribía gramáticas de las lenguas indígenas y flotaba regularmente a través del Pacífico. En los años de Carlos III, esa misma lengua todavía conservaba intactos aquellos viejos usos de viajera adquiridos hacía tres siglos.

Ése es el medio lingüístico internacional en el que aparecen las célebres cédulas que firmaba el Conde de Aranda, igualando monedas, abriendo aduanas y difundiendo la enseñanza del latín y el español en las escuelas de la gente notable (gente notable que, tradicionalmente, no había sabido latín y ahora podía serle necesario). Todo esto sin que ello supusiera erradicar el catalán, para cuyo cultivo se destinaban gramáticas, diccionarios o métodos de latín-catalán. Que este cultivo de la lengua particular no entusiasmara realmente a todos es otro asunto. En el empeño de difusión del español, autores e impresores de la tierra se emplean con celo, entre las ocasionales quejas, más bien retóricas, a lo aferrados que están los catalanes a su lengua. ¿Por qué no iban a estarlo? Pero nadie hacía del catalán una enseña de patriotismo. Así definía José Cadalso en sus Cartas Marruecas (Carta XLV) aquella Cataluña de mediados del siglo XVIII: “¡Gloriosa nación, que produce nobles tan amantes de su rey! ¡Poderoso rey, que manda a una nación cuyos nobles individuos no anhelan más que a servirle, sin reparar en qué clase, ni con qué premio!”. Sí había un premio: América. Un premio donde hasta Tiscuanto y Samoset hablaban español. Cuando Juan Antonio de Capmany, en sus Memorias Históricas (1779), se da cuenta del estado de la lengua catalana, la describe como: “un idioma antiguo y provincial, muerto hoy para la república de las letras”. Visto el espíritu de la época, no era de extrañar. Pero el español no sólo les va ser útil a los comerciantes acomodados.

Por los años en que Olavide se ocupaba del plan de repoblación de Sierra Morena, para forjar allí una sociedad campestre ejemplar, se trajeron colonos de toda Europa. El plan avanzaba sin mucho éxito y una dificultad no menor era la diversidad lingüística. Vinieron gentes de Alemania guiadas por un aventurero bávaro. No se aclimataron bien. Exigían que les asistiera alguien que hablara su lengua y se recurrió a frailes capuchinos alemanes. El superior de los capuchinos, fray Romualdo, veía en Olavide a un librepensador que poseía pinturas lascivas y coleccionaba libros prohibidos, un tipo digno de toda desconfianza, dedicado a extraños planes de reforma social en el campo. El Consejo de Castilla le sometió a una inspección poco menos que inquisitorial. Sus proyectos se complicaban. Para sacarlos adelante, a Olavide no se le ocurrió otra cosa que traer colonos catalanes, que se adaptaron sin ningún conflicto y con los que se entendía estupendamente. No sé hasta qué punto facilitaba estas idas y venidas de agricultores catalanes don Juan Pablo Canals i Martí, paisano suyo, que por aquellos años era inspector general de comercio y agricultura del reino. Él mismo estaba empeñado en unos proyectos de aclimatación de cultivos por la zona de Valladolid. (Por cierto: fray Romualdo no cejó en su empeño y Olavide pasó un par de años en las cárceles del Santo Oficio.)

Como los notables no prestaban cuidado ninguno por sus valores históricos, encantados como estaban con el beneficio de las colonias y el apogeo del mercado interior español, deciden que la lengua para los asuntos graves va a ser el español. Ellos mismos trazan la división entre lenguas: el español para la calle, lo público, los negocios y la ciudad; el catalán en casa, en los pueblos y como asunto folclórico del que acordarse de vez en cuando. Pero en esos años lo rústico es poco atractivo. El catalán es para el xarsonisme, lo chabacano. El mismo autor que escribe un sainete a lo xarson, Robreño, se pasa al español cuando quiere expresar asuntos elevados.

Es la generación a la que José Pau Ballot, el mismo autor del método de enseñar español y latín que hemos citado en páginas anteriores, dedicaba esta recomendación en su Gramàtica y apologia de la llengua catalana (1815): “Peraquè voler cultivar la llengua catalana, si la de tota la nació es la castellana, la qual debem parlar tots que nos preciam de verdaders espanyols? Gran estimació mereix la llengua catalana; mes perçò no devem los catalans olvidar la castellana; no sols perqué es tan agraciada y tan magestuosa, que no té igual en las demés llenguas: sino perque es la llengua universal del regne, y se exten á totas parts del mon ahont el sol illumina”. No sé si el gramático lo hizo adrede, pero la última frase parecería dedicada a los comerciantes, artesanos, armadores y hombres de negocios de toda clase y condición que, a dos siglos de los Despuig y los Calça, seguían naturalizando el español en Cataluña: ¡a ellos les iba a decir un gramático cuánto valía una lengua que “se exten á totas parts del mon ahont el sol illumina”!

Generaciones así se encuentran en las ciudades las autoridades francesas cuando, durante la Guerra de la Independencia, hacen de Cataluña su protectorado. Los franceses serían muy republicanos y muy civilizados, pero lo que podían ofrecer no era muy interesante. Bien pensado, aquella Francia surgida de la Revolución metía miedo. Entonces, y esa moda de la geografía satírica seguiría después, se publicaban mapas de España donde sobre el Mediterráneo se podía leer Mar del Pasado y sobre el Atlántico Océano del Porvenir. ¿Qué hacía Francia en ese océano? Casi nada. ¿Podrían, por otra parte, los productos y los productores catalanes circular por Francia con la comodidad que lo hacían por España? Todo lo francés resultaba poco atractivo, aunque los franceses escribieran en catalán el Código Civil y los periódicos. En las ciudades no tenían eco. Cuando quisieron ganarse el campo con el catalán, el eco fue menor todavía. No habrá que recordar el ejemplo de la heroica Gerona. Defendida, por cierto, por un general andaluz.

Nuevas generaciones no hicieron sino aumentar el peso del español. Se podría seguir acumulando datos, nombres y citas. Pero igual que una imagen vale más que mil palabras, hay biografías que valen más que mil cursos de historia sobre el contacto del catalán y el español: le toca el turno a don Gaspar Remisa[6]. De familia de origen holandés pero bien afincada en Cataluña, don Gaspar nació en San Hipólito de Voltregá, provincia de Barcelona, un mes de noviembre de 1784. A los veinticinco años, sin que se sepa muy bien cómo, recala con fortuna en el mundillo de los negocios en la Ciudad Condal. Los efectos de la guerra contra el francés habían sido devastadores, pero para un hombre de sus prendas y sagacidad comercial las públicas necesidades iban a ser un caudal de magros beneficios. Formó parte del grupo de negociantes que se encargaba del abastecimiento de las tropas y funcionarios franceses en la Barcelona ocupada. Con esa experiencia y con los buenos resultados económicos que logró, una vez que se libera Barcelona, pasa al servicio del capitán general Castaños como asentador de las tropas de Fernando VII. Esto se llama oportunidad. En 1818 funda con un familiar la empresa Remisa i Canals y se hace banquero. Se gana de tal manera la confianza de la administración fernandista que sus superiores lo encuentran a principios de los años veinte moviéndose con absoluta soltura por los despachos del Ministerio de Hacienda, así que el propio ministro, López Ballesteros, solicita sus consejos para un plan nacional de reformas económicas. Se hace indispensable y en agosto de 1826 se le nombra director del Tesoro Real.

Desde tan importante puesto, don Gaspar consigue para sus empresas el arrendamiento de las minas de plata de Guadalcanal y las de cobre de Riotinto. Obtiene rentas fabulosas, aunque gran parte del mineral se pierda por el camino. Poco después acapara el 70 por 100 de las acciones del Canal de Castilla. Dimite del Tesoro, pero sigue codeándose con la crema de la sociedad. La propia María Cristina le otorga el título honorífico de intendente de los Reales Palacios. No queda aquí, sin embargo, su carrera nobiliaria y en 1840 se le concede el título de vizconde de Casa Sanz y Marqués de Casa Remisa, que él dejaría luego en marqués de Remisa a secas. Ésa era, quién lo diría, la máxima ilusión de su vida. El aristócrata catalán no paraba: tres años después financia la construcción del Canal de Urgell y en 1847 funda el Banco de Isabel II. El banco no va bien, pero no pasa nada: viene en su auxilio una entidad estatal, el Banco de San Fernando, se fusiona con la ruinosa entidad de Remisa y ambos constituyen, muy poco después, el Banco de España que hoy conocemos. Tantas emociones juntas le enflaquecieron la salud. Ese mismo año fallece. En un mes de noviembre, el que le vio nacer. Uno piensa si Remisa, Canals y otros muchos podrían haber actuado en catalán, o si sentían como una imposición de los años de Felipe V y Carlos III la lengua con la que se movían tranquilamente por las camarillas del gobierno, la nobleza, la aristocracia financiera y las instituciones públicas mientras se hacían ricos con los negocios prodigiosos que esos estamentos les facilitaban.

Seguro que el marqués de Remisa, en sus últimos días, se acordaría de aquella tarde vivida hacía catorce años, un día de San Gaspar, cuando un grupo de amigos reunió en un álbum un ramillete de poesías en su honor escritas en diversas lenguas. Asunto muy de moda en la época. Toda la gente bien tenía álbumes de ésos, no iba a ser menos el señor marqués. Entre ellas había una escrita en catalán. Le había tocado escribirla a su paisano Bonaventura Carles Aribau. La poesía ha pasado a la posteridad con el título Oda a la pàtria, aunque en álbum se lea Oda a don Gaspar de Remisa nada más. Como se sabe, la Oda está considerada —⁠casi unánimemente⁠— como la piedra de toque de la recuperación cultural del catalán moderno: la Renaixença. El catalán va a resurgir en un poema de ocasión dedicado a quien había hecho su fabulosa fortuna al amparo del gobierno español, Remisa, y compuesto por quien había hecho la suya, mucho más modesta (todo hay que decirlo), al amparo de la lengua española, Aribau.

Aribau, natural de Barcelona, salvo la Oda, siempre escribió en español; incluso cuando le recomendaba a su paisano Balmes en 1841 que se instalase en Madrid, porque seguir en Cataluña no podía convenir a su tranquilidad ni a su gloria. Como su amigo Remisa, ocupó un sinfín de cargos públicos verdaderamente variopintos. Va a ser junto a otro barcelonés, Manuel Rivadeneyra, el inventor de la famosa Biblioteca de Autores Españoles, un repertorio amplísimo de literatura donde, prácticamente, no se da cabida a ninguna manifestación literaria catalana. Después de dedicar su vida a la edición en español, volvió a Barcelona. Para entonces Aribau había ganado dinero, no con la edición de glorias literarias, sino con la más lucrativa de folletos para la línea de ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante[7]. En todo caso, con la misma lengua. Murió en 1862. El retrato de Aribau, al que el catalán le debe siete volúmenes de su Biblioteca y el español dos mil quinientos, presidió con el del rey Joan II los Jocs Florals de 1863. Sin embargo, la razonable sugerencia que, no hace mucho, llevó la Academia al Ayuntamiento de Madrid para que se pusiera el nombre de Aribau a la calle donde había escrito la famosa oda, se desoyó. No sé por qué, Madrid recuerda en muchas de sus calles a gente catalana, por lo menos con los mismos méritos que Aribau, si bien hay que reconocer que Aribau no fue alcalde de Madrid pero Alberto Bosch i Fustegueras, que tiene calle, sí lo fue. Ni Rivadeneyra ni Aribau eran propiamente pioneros. Eran continuadores sobresalientes de aquellos alemanes que, en el lejano año de 1490, habían abierto tiendas de imprimir en Barcelona y ganaban dinero estampando romances castellanoviejos en pliegos de cordel. Esas mismas tiendas que fue a visitar el espejo, el farol, la estrella y el norte de toda la caballería andante —⁠es decir, un manchego excéntrico, con una bacía de barbero en la cabeza⁠— de paso por la Ciudad Condal, admirado del éxito que por allí tenían sus aventuras. Se imprimían incluso las apócrifas escritas por un tal Avellaneda, personaje enigmático que lo mismo podía ser aragonés, que valenciano, que catalán.

Los negocios de Rivadeneyra, de Aribau o de Remisa, como los de tantos otros industriales catalanes, pasaban ocasionalmente por América. Pero aquellos años del primer tercio del siglo XIX eran tiempos muy difíciles para el negocio trasatlántico: la vieja América virreinal estaba dando paso a naciones soberanas. La reafirmación de su carácter independiente pasaba por una comprensible y justificada desconfianza hacia todo lo español. Y de España había venido la lengua. Aquel fue un momento delicado en el que la unidad lingüística se puso en entredicho. Algunas voces se alzaron para conjurar un peligro cierto de disgregación de la norma lingüística. No fue la menos notable la de un interesante personaje: Antonio Puigblanch. Había sido catedrático de hebreo en la Universidad de Alcalá, y de historia eclesiástica en la de Madrid. Hombre de ideas liberales, tuvo que exiliarse en Londres. Hasta allí llegaron los ecos de aquellas polémicas lingüísticas. El erudito español aconsejó a los americanos en términos muy claros: “Los españoles americanos, si dan todo el valor que dar se debe a la uniformidad de nuestro lenguaje en ambos hemisferios, han de hacer el sacrificio de atenerse, como a centro de unidad, al de Castilla, que les dio el ser y el nombre”[8]. Si aquella idea hubiera venido de España, habría sido una auténtica provocación en un medio como el del romanticismo americano y hubiese tenido un efecto contraproducente. Como venía de un español liberal exiliado en Londres —⁠por donde andaban otras cabezas de la independencia americana que coincidían en esa opinión⁠—, aquel consejo no desentonó. Fue un simple consejo. Con su aceptación y con el tiempo iba a ser algo más: uno de los pilares en los que se ha fraguado la unidad de la norma culta hispánica. A mi juicio, la opinión de Antonio Puigblanch —⁠y de autores como él⁠— tiene, entre otros, un trasfondo económico: sin un medio de comunicación compartido, difícilmente podían prosperar los negocios americanos de gentes como Aribau, Rivadeneyra o Remisa. Paisanos todos de Antonio Puigblanch, que había nacido en Mataró y había sido diputado a Cortes por Cataluña. Pero sin ese medio compartido, difícilmente hubieran podido prosperar asuntos que van más allá de los negocios.

Remisa, Canals, Aribau, Rivadeneyra, Balmes, Puigblanch son casos sobresalientes en el mundo de los negocios, de la erudición o de las letras. Sobresalientes, pero no extraordinarios. Había muchos más como ellos. Con generaciones así, no es extraño que por esta época los notables de Cataluña, y otros menos notables, estuvieran dispuestos a abandonar cualquier particularismo cultural o folclórico, empezando por la lengua, para integrarse en un proyecto común donde realizar aspiraciones colectivas de progreso[9]. Al catalán popular le quedaban pocos resquicios. La propaganda liberal de sainetes y obras de teatro satírico era uno de ellos. El gobierno de Isabel II no tardó en censurarlo —⁠como ya se ha dicho⁠— con la prohibición de representar obras de teatro escritas “enteramente en dialecto regional”. Pero los dramaturgos tomaron al pie de la letra la orden. No las escribieron enteramente en dialecto regional, sino que empezaron a incluir en sus obras, escritas en catalán, un personaje —⁠a menudo monárquico, ridículo y antipático⁠— que hablaba español[10]. Buen ejemplo de que, a veces, es peor el remedio que la enfermedad.

TIEMPOS DIFÍCILES

Veinte años después la situación cambia. Se había independizado la mayor parte del antiguo dominio colonial. La guerra civil norteamericana limitaba seriamente el comercio textil. Aunque la situación económica no sea preocupante, hay malestar en los centros fabriles. Crisis que el Estado no puede resolver. En un cambio de rumbo que se parece, aunque con actores distintos, a lo que iba a suceder pocos años después en Vizcaya, los mismos que habían mostrado claramente su tendencia unionista, abandonan la revuelta ciudad y dirigen sus ojos al campo, a la Montaña: destapan la caja de las tradiciones y del catalán. La situación cambia tanto que el organizador de los Juegos Florales, Milá y Fontanals, se queda sorprendido, no sólo porque fueran un éxito de público, sino porque se había hablado en catalán durante tres horas y nadie se había reído. Las nuevas generaciones de notables quieren un cambio y agitan los signos de su diferenciación respecto al obsoleto gobierno central. Y los cambios empiezan a producirse. Acaso en un sentido indeseable para quienes los habían animado.

Poco a poco, va surgiendo un movimiento de corte federalista, republicano, antimonárquico que, si muy al principio no es visto con malos ojos por la burguesía catalana, no tarda mucho en tomar un cariz preocupante cuyo inicio es la Revolución de septiembre de 1868 y el destronamiento de Isabel II. Las dos capitales españolas de hecho se dividen entre la liberal centralista de Madrid y la federalista, abocada al internacionalismo obrero, de Barcelona. Todos los datos indican que los criterios de ésta pueden triunfar: desde la proclamación de la República la irrupción de los catalanes en el gobierno y la administración españolas no cesa: un presidente, dos ministros, treinta y dos gobernadores civiles, numerosos diputados y altos cargos, sí pueden dar un vuelco a la situación. Pero se empieza a dar en forma de juntas revolucionarias y gobiernos provisionales. Es la generación de Prim, Pi y Margall, Figuerola y otros muchos quienes, salidos de Cataluña para regir los destinos de toda España, no parece que lo hagan a gusto de quienes en un principio los animaron en su patria chica. Para colmo, gracias a la industrialización, la lengua catalana no está solamente en el campo, se ha trasladado a las fábricas de la ciudad también. Los intereses obreristas no son los mismos que los del bucólico payés. En los mítines obreros, por los años de la Primera República, había que oír a Nuet recitando extrañas odas a la patria que acaban más o menos así: “¡Armes als assalariats! ¡Autonomia del municipi! ¡Menys hores de treball i més salari! ¡Salut i emancipació social!”[11]. Esto no eran juegos florales. Las tradiciones habían llegado demasiado lejos.

La gran burguesía catalana, que había contribuido al destronamiento de Isabel II, se olvida del catalanismo que venía destapando a la vista de que más allá del folclore era una aventura. Se entusiasma con la restauración de la monarquía y de la gente de orden en el gobierno. Se restauran muchas más cosas: en unos pocos años, el proteccionismo, tan del gusto de la industria catalana y que un hijo suyo, Laureano Figuerola, había puesto en peligro. Se restaura la primacía industrial del Norte peninsular. Se restaura cierta tranquilidad para los próximos quince o veinte años. Y se restaura el español; mejor dicho: no hacía falta restaurarlo porque nunca había dejado de estar allí, incluso se oirá más en algunos foros por los inmigrantes que vienen, sobre todo, de Aragón, al calor de la “fiebre del oro” finisecular. Se restauran los viejos modos de la generación de los Remisa, cuando los negocios iban en español y las familias “bien” dejaban el catalán para otras cosas. Pero incluso en las familias modestas, si hemos de creer a Prat de la Riba, se consideraba insultante recibir una carta escrita en catalán. Cuando Ramón y Cajal visita Barcelona se encuentra con que “las señoritas tenían a gala hablar castellano y consideraban el catalán cual dialecto casero”[12]. Atento a los gustos del público, un editor nacido en la Pobla de Ciérvoles, en Lérida, que por aquellos años tenía taller en la barcelonesa calle Aribau, llevaba veinte años publicando novelitas por entregas y había editado obras de poetas de la tierra, diccionarios y gramáticas en catalán, inicia una muy fructuosa aventura publicando en español libros de lujo y —⁠la verdadera clave de su éxito⁠— manuales de medicina, que circularon como la pólvora por toda España y, poco después, por América: éste fue don José Espasa, que había formado sociedad con un pariente suyo apellidado Salvat. Frutos de la Restauración, desde luego, pero con sus raíces hundidas en un tiempo muy lejano.

Algunas voces se siguieron oyendo en pro del catalán en las escuelas, de la dignificación de esa lengua en su propia patria, del catalán como lengua de los oprimidos que obedecen y el español como lengua de los señores que mandan (sin que eso quisiera decir que los señores viniesen de Castilla expresamente a mandar, porque en general los que llegaban de Castilla, Extremadura, Aragón o Andalucía eran obreros que, aunque hablaban español, tenían poquísimo mando). Son las voces de Valentí Almirall. Pero esas voces, ¿qué le podían importar a la familia Villalonga, que retoma sus negocios tras la agitación de los años de Prim? ¿Qué les podían importar las ideas de Almirall a quienes iban a convertir las Antillas y Filipinas en sus cotos comerciales privados a expensas de los nuevos aranceles que se aprobaban en Madrid? ¿Qué les podía importar en 1875 a los principales de Cataluña que en los juzgados, ni en la administración, ni en las escuelas se hablase catalán? ¿Qué les podía importar la fundación de una Academia de la Lengua Catalana (proyecto que quedó en proyecto)? ¿Para qué se iba echar leña al fuego del catalán? ¿Para que otros como Nuet les volvieran a meter el miedo en el cuerpo? Si no se habían preocupado por enseñar en las escuelas la lengua que les hacía ricos, ¿por qué se iban a preocupar por ninguna otra?

Sin embargo, el rescoldo de aquel movimiento federalista y republicano que animaba a la expresión pública en catalán no se apagó y mantuvo sus principios —⁠poco definidos entonces⁠— de antipatía a un régimen dinástico sin base representativa. Pero sus seguidores eran pocos. La gente del Fomento del Trabajo Empresarial había olvidado como por arte de magia cualquier agravio centralista de los de la época de Prim y se preparaba para monopolizar el parvo comercio colonial que todavía le quedaba a España. Así estuvimos unos quince años[13].

Lo que pasó hace un siglo es más conocido para todos. Ya he hablado de ello en el capítulo referido a la industria y a la clase obrera. Cuando España perdía sus últimas colonias, Prat de la Riba advertía a la generación de los Villalonga que aquello “se trataba del castigo a que se ha hecho acreedor el industrialismo exagerado de nuestra gente y su desprecio por todos los intereses que no son los exclusivamente materiales”[14]. Los fabricantes catalanes habían sostenido la intransigencia más cerril contra mambises y tagalos; puesto que se jugaban mucho en el empeño, eran más colonialistas que los generales Weyler y García de Polavieja, a los que homenajeaban por aquí y por allá en actos de desagravio. Pero no pudo ser. Se perdió la guerra. Naufragó el Imperio. Así que Fomento del Trabajo buscó nuevos políticos. Todos hablaban catalán. Fomento de Trabajo también volvió a hablarlo en público.

Cuando Alfonso XIII visita Barcelona en 1904, la corporación municipal le da la bienvenida con un discurso en catalán. A partir de entonces su ascenso público será imparable porque lo apoya un movimiento unívoco que había estado disgregado por distintos intereses. Parece que el catalán ha amalgamado una extraña mezcla de capital, iglesia, clases medias, profesionales y obreros (muchos de los cuales no han hablado corrientemente otra cosa). Mezcla de la que estarían desconfiando, hasta la víspera de la Guerra Civil, algunas organizaciones de trabajadores. Ese repentino interés por el catalán entre quienes tradicionalmente habían hecho del español la primera lengua pública de Cataluña era digno de toda sospecha para algunos.

No se deja de oír el español, por supuesto, pero se oye y se usa el catalán donde no se oía ni usaba antes. Son los años en que Pompeu Fabra advierte la necesidad de una norma común pues, con tantas idas y venidas, el catalán había quedado en una situación tal de dialectalización que lo podía dejar incapacitado como lengua de cultura escrita. Son años de una intervención importante en la difusión pública del catalán: administración, editoriales, manuales, diccionarios. Son años en los que molesta lo que quizá no hubiera molestado antes, como la orden de Romanones sobre la enseñanza del catecismo en español, dictada en 1902. El mismo año, por cierto, en que dictaba Combes una disposición similar para la lengua francesa, aunque creo que sin catecismo de por medio, basada en el principio de que “el desconocimiento del francés produce aislamiento a los ciudadanos en Francia” (imagino que Combes, si no lo era ya, se quedó calvo después de tan profunda conclusión). El método del catecismo, por cierto, fue una novedad pedagógica para aprender a leer y escribir en la España del siglo XIII. Seguía en uso seis siglos después.

Pero antes, ¿qué pasaba antes? Pasaba que nadie se había preocupado institucionalmente de enseñar, ni español ni otra ciencia, a quien no podía pagárselo. En cuanto a enseñar en catalán, ¿cómo?, ¿a quién?, ¿para qué? En la España y en la Cataluña que construían los Ballot, los Piferrer, los Remisa, los Canals, los Aribau, los Cerdá, los Monturiol, los Figuerola, los Villalonga y quienes daban homenajes a Polavieja y a Weyler, ¿qué sitio le habían dejado al catalán quienes mejor podían dignificarlo? Ninguno, prácticamente.

DE LA GUERRA DE CUBA A LA GUERRA CIVIL

De 1900 en adelante cambian mucho las personas y las circunstancias. Son momentos que expresa muy bien mosén Antoni María Alcover —⁠que fue vicario general de Mallorca y coautor de un magno diccionario catalán-valenciano-balear publicado hace setenta años⁠— cuando relata sus paseos por Europa en el inigualable Dietari de l’exida de Ms. Antoni Mª Alcover a Alemania y altres nacions l’any del Senyor 1907. Les cuento una anécdota del viaje: mosén Antoni se ha ido a Alemania vestido de paisano y con un diccionario de alemán para entenderse por la calle. En su visita a la ciudad de Halle conoce al Dr. Schaedel, profesor de filología románica, quien lo invita una tarde a su casa a tomar té con pastas. Pero el Dr. Schaedel ha invitado a alguien más: se trata de un profesor de francés, el Dr. Counson, que a pesar de ser belga y enseñar francés es un entusiasta del catalán. Habrá otro invitado todavía: el Dr. Peropulos, profesor de griego. Mosén Alcover llega puntual a la cita. La señora Schaedel lo sienta entre los dos profesores de lenguas vivas y un tercer invitado, secreto hasta entonces, muy circunspecto, vestido de negro, grave y callado, del que le dicen que es el doctor de la Universidad. De pronto, entre las pastas de té, el severo doctor descubre por sorpresa, y frente a mosén Antoni, unos pedazos de pan untados de sobrasada de Vich que le ofrece a la voz de: “¡Prenga aixó, si es servit! ¿Qui, no li agrada?”. ¡Albricias! El médico de la universidad de Halle se apellida Villá y es de Granollers.

Al momento, en medio de Europa, sucede una tertulia políglota donde están representados el alemán de los anfitriones, junto al francés, el griego y el catalán de los invitados. Hablan de todo. Los invitados piden con insistencia a Alcover y a Villá que dialoguen familiarmente en catalán, a ver cómo les suena a los demás. Acceden a ello y a todos les resulta muy armoniosa, suave y culta esa lengua. Ahora les piden que hablen en español, a ver qué pasa. Hablan en español y a todos les parece una lengua muy áspera, dura, seca, demasiado metálica y eso que, advierte Alcover, Villá y él la han hablado con acento catalán, que dulcifica mucho la natural severidad que hubieran demostrado, por ejemplo, dos tipos de Valladolid.

Hay más: precisamente al profesor Peropulos, en boca de dos catalanes como Alcover y Villá, el español le recuerda al turco. Explico la indirecta que Alcover pone en boca del profesor griego para quien no la capte: Grecia fue una provincia del Imperio turco desde mediados del siglo XV hasta 1829, ese año, gracias a la intervención de Francia, Gran Bretaña y Rusia, se declaró estado independiente. Pues sí, señor: España era como ese Imperio otomano caduco, que durante cuatro siglos había sometido a Cataluña, quiero decir a Grecia, a ser mero apéndice provincial, y había acogotado al catalán, quiero decir al griego, la refinadísima lengua de los padres de la cultura universal, frente al bronco español, quiero decir frente al bronco turco. Buena comparación. Sobre todo, muy justa.

Por aquellos años, la aristocracia del dinero había recuperado el catalán y se dignaba a expresarse en él, usos que los estratos populares no habían abandonado nunca. El español, por su parte, mantiene su rango tradicional desde hacía generaciones. Si en 1920 de cada diez catalanes sólo cuatro hablan español en su familia, de veinte diarios trece se publican en español, y son los de más tirada y lectores. El español tiene, proporcionalmente, menos hablantes naturales pero, por tradición, más público. Sin embargo, la normalización del catalán sigue adelante sin obstáculos insalvables. Hacia 1930, los núcleos literarios más influyentes de Mallorca y Valencia aceptan en la práctica las normas ortográficas y gramaticales del Institut d’Estudis Catalans, fundado a tal efecto en 1907 por Prat de la Riba. Las mismas normas que algunos círculos valencianos van a rechazar treinta años después.

No se crea, sin embargo, que el catalán de la preguerra era un bálsamo idiomático que curaba todas las heridas políticas. Ni mucho menos. Se ha dicho que durante la dictadura de Primo de Rivera se tomaron medidas contra el catalán. Efectivamente. Sobre todo, contra el catalán de los que molestaban a Primo de Rivera, o a sus catalanes, donde había hasta alcaldes de Barcelona. Quienes no iban contra él podían seguir escribiendo en catalán con toda tranquilidad. Pero es mucha simpleza pensar que la sociedad de entonces estaba amalgamada amistosamente en torno al catalán. No lo estaba. El caso de Jesús Sánchez Diezma lo explica.

Catedrático de derecho en Barcelona, Sánchez era un señalado anticatalanista y no tenía mayores reparos en manifestarlo, más bien al contrario. En una de aquellas pugnas políticas con idioma de por medio —⁠como sigue ocurriendo hoy, por otra parte⁠— quienes entonces estaban en la Junta de gobierno del Colegio de abogados barcelonés le plantearon a los correligionarios de Sánchez —⁠que optaban a la presidencia del Colegio⁠— un problema entre lingüístico y político: se negaron a publicar en español la lista de colegiados. Aquello eran ganas de provocar, porque había colegiados que no querían ver sus nombres en catalán, alegando la arbitraria razón de que se llamaban José y no Josep. Lo cierto es que los Josés tenían más poder y, en vez de someterse a la exigencia lingüística de los Josep, consiguieron que se disolviera la Junta de gobierno. Al hacerse público el nombre de Sánchez Diezma como nuevo presidente, un titulado “Gobierno provisional de Cataluña” le planteó otro problema. Esta vez no era lingüístico: publicara los nombres en catalán o no, le daban quince días para abandonar Cataluña bajo amenaza de muerte. La amenaza era seria. Se le dio protección policial. Se calmaron las aguas. Poco después, se organizaron nuevas elecciones al Colegio. Los Josés seguían siendo más poderosos y las ganaron, Jesús Sánchez Diezma siguió vivo y anticatalanista. Murió de viejo.

Desde su inicio, los años treinta son muy agitados en toda España. En Cataluña, concretamente, la discusión del Estatuto fue muy agria entre los mismos representantes de la sociedad local, pero a la postre salió adelante el nueve de septiembre de 1932, con una Generalidad que se convertía en el órgano de gobierno de la región, con amplias facultades legislativas. Un año antes se había redactado el Estatuto de Nuria, cuyo artículo quinto decía así: “La lengua catalana será la lengua oficial de Cataluña, pero en las relaciones con el Gobierno de la República será oficial la lengua castellana”. Como aquello no gustó entre los propios catalanes, se modificaba poco después según siguiente texto definitivo: “El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña”. El Estatuto daba amplio margen al español en la vida pública y en las escuelas, es decir, le reconocía lo que ya tenía de antiguo. La novedad política es que por primera vez se le daba al catalán lo que nunca se le había dado institucionalmente. Con la Generalidad republicana, el catalán y el español habían llegado al mismo sitio: una constitución. Trayecto normal. Llevaban siglos juntos. Los editores del tradicional Diario Mercantil, que se venía imprimiendo en español desde su fundación, lo empezaron a titular en 1932 Diari Mercantil. Nadie les había obligado a poner ni un nombre ni otro. Fueron las circunstancias, el interés de cada momento. Un diario se debe a sus lectores.

La Cataluña republicana lo fue revuelta. Esos avatares se resumirían en la vida de algunos de sus hijos que hoy están en el olimpo patriótico, pero cuyos movimientos de entonces no debían dejar tranquila a la “gente de orden”. Si para ahorrarme historias, en general bien conocidas, me planto en la desembocadura de la Generalidad, ya al final de la República, el proceso de los hechos lleva a ver un gobierno muy catalán, con todos sus ministros catalanes, que hablaban catalán, que eran del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), de la CNT, del PSUC, de la Esquerra, de los sindicatos agrícolas, dispuestos a conducir una experiencia revolucionaria en toda regla. Hay que considerar el hecho de que la revolución a la que se abocaba Cataluña en 1936, como popular que era, hizo que el catalán cobrase una representación social como no había tenido desde la Primera República. No hay más que leer los periódicos: desde 1935 todos los nuevos lo son en catalán, la gran mayoría se dedica a propaganda revolucionaria y acaba pasando al control de la CNT. El renacimiento del catalán en aquel medio no causaba emoción en los ciudadanos por el mero hecho de ver el catalán en la prensa.

Quien recordaba bien aquellos años, y aquellos usos lingüísticos, era el escritor británico George Orwell, que fue combatiente del POUM en la Barcelona revolucionaria. Al llegar al Cuartel Lenin le sorprendió la manía general por el igualitarismo: no había fórmulas de tratamiento, el señor, el usted, el buenos días, habían desaparecido. Todo era tú, salud y camarada. Nadie se distinguía en la ciudad, los camareros se confundían con los clientes porque todos vestían monos de color azul. Todos creían sinceramente en la revolución. Orwell traía su diccionario de bolsillo inglés-español, lo que en el cuartel no le servía de mucho porque los soldados del destacamento —⁠y especialmente los oficiales⁠— siempre hablaban entre ellos en catalán. En ese idioma se arengaba. En él se daban las consignas revolucionarias. Orwell se va al frente. Vuelve al cabo de un año. No ha terminado la guerra, no hay tropas franquistas en Barcelona, pero advierte que la ciudad ha cambiado completamente: los camareros se distinguen en la ropa, el señor, el usted y el buenos días se han recuperado, el diccionario le sirve. La teoría del escritor británico para explicar este sorprendente cambio es bien simple: miles de catalanes se pusieron el mono en los primeros meses de la revolución, empezaron a gritar consignas revolucionarias y se catalanizaron sólo para salvar el pellejo.

Quizá el escritor británico estaba en lo cierto. Estanislao Rico era un periodista barcelonés que en 1936 tenía la misma edad que George Orwell. Por los años en que al británico le arengaban en catalán en el cuartel Lenin, Rico arengaba en español desde la prensa política. Si bien, unas arengas muy distintas a las que se oían en el Lenin. Una imprudencia, sin duda. El 24 de noviembre de 1936, una patrulla de control —⁠entonces se llamaban así⁠— detuvo a Rico. Lo encerró en la prisión de San Elias, es decir, en el convento de San Elias hecho prisión por aquellos meses. Lo llevaron a fusilar. Parece que arengó en términos tales al piquete, que provocó dudas. Algunos querían perdonarle. Los más duros alegaron que la pluma de Estanislao Rico, o de Don Erre, o del Capitán Justicia —⁠que con esos seudónimos firmaba⁠— se había empeñado en unas campañas anticatalanistas y antirrevolucionarias, siempre escritas en español. Tras un siniestro tira y afloja, a Estanislao Rico no lo perdonaron. Como no se perdonó a otros muchos en aquella Cataluña revolucionaria de 1936.

¿Qué o quién había puesto otra vez de moda las chaquetillas de camarero, el señor, el usted, el buenos días y había rebajado la efervescencia del catalán popular en 1937? Me voy a fijar en otro caso, una anécdota sucedida cinco años antes, que el doctor Pere Gabarró contaba así: “Estaban reunidos cuatro médicos, todos ellos catalanes y de buena cultura y hablaban, claro está, en catalán. De pronto se abrió la puerta y compareció otro colega, tan catalán como los demás, pero que siempre se ha negado a hablar en su lengua, y como tocados por un resorte todos abandonaron el catalán como medio de conversación para usar el castellano”[15]. Gabarró achacaba el suceso a la inercia. Lo cierto es que, al parecer, era lo normal entonces. Aunque a Gabarró le daba pena, congoja y hasta dolor. Se puede considerar qué efecto les podían producir a estos médicos catalanes y de buena cultura, especialmente al quinto, aquellas nuevas modas lingüísticas barcelonesas del POUM, la CNT, la Esquerra y la “Unió de Rabassaires” que colectivizaba las fincas de los terratenientes catalanes, esos que leían al Capitán Justicia en español. Qué efecto podían producirle a los Josés del Colegio de abogados.

El paralelismo que se puede hacer entre la Primera y la Segunda República respecto al uso del catalán y el español en Cataluña es muy interesante. Xesús B. González, sindicalista catalán, lo hace sin querer —⁠me parece⁠— en el siguiente párrafo, tomado de un artículo donde nos ilustra sobre lo importante que es, para quien trabaje hoy en Cataluña, adquirir compromisos patrióticos con aquella tierra[16]: “En un succint telegrama històric, i a risc de ser poc rigorosos, podríem afirmar que els vincles entre el sindicalisme i el catalanisme neixen el segle XIX al voltant del federalisme i el republicanisme, es desenvolupen en determinades organitzacions o sectors de caire marxista i anarquista fins a la guerra civil, i perduren en el que en queda després de la desfeta”. Pues bien, aquí se acaba de explicar por qué el catalán, que habitualmente ha sido la joya del catalanismo, ha tenido tan desigual suerte en la Cataluña moderna: porque asociado, como se asoció en 1868, al federalismo y al republicanismo; asociado, como se asoció en 1936, al marxismo y al anarquismo, no es de extrañar que molestara a muchos catalanes poderosos que sintieron —⁠sin que nadie viniese de fuera a explicárselo⁠— que un vínculo de clase social, donde la única lengua que ligaba era el español, es habitualmente mucho más fuerte que otro de lengua y de patria particulares. Aunque el nacionalismo actual venga pretendiendo disimular estos vínculos desde hace treinta años, aunque las organizaciones obreras, y quienes las dirigen, no se enteren absolutamente de nada, esos vínculos persistirán. La catalanización a la que se asiste hoy, probablemente, no los va a borrar del todo. La historia no se repite, pero avisa.

Desde la viejísima Real Compañía de Comercio de Barcelona, que nació al calorcillo mercantil del español —⁠y, en realidad, desde mucho antes⁠—, en ciertos círculos de poder catalanes no ha habido inconveniente en subrayar los símbolos del catalanismo hasta donde conviene y, cuando no conviene, dejar de subrayarlos. Se olvidaron casi por completo de 1750 a 1850. Se empezaron a subrayar en esta última fecha y se volvieron a olvidar en 1874, a la vista de dónde habían llegado en la Primera República. Se retomaron en 1900, porque no se daban soluciones en español. Fueron en paulatino ascenso hasta 1937, cuando se empiezan a borrar otra vez con la entusiasta ayuda de la dictadura franquista. Reaparecen a mediados de los sesenta en una historia que se contará en próximos capítulos.

Quienes recuperan u olvidan esos símbolos son, casi siempre, los mismos: los que pueden hacer que la proyección pública del catalán sea un fenómeno consistente. Como las clases acomodadas son, en general, más cultas y ostentan mayor poder político, si, por razones que sean de su interés, cultivan el catalán, el catalán asciende; si por otras razones no lo cultivan, el catalán mengua. Si deciden llevarlo al parlamento, legislar a su favor, hacer que la sociedad se catalanice lingüísticamente, irá apareciendo donde antes muchos hablantes de catalán no habían podido llevarlo, no por nada en especial, sino porque quienes verdaderamente lograban garantizar este proceso estaban ocupados en otros intereses que se expresaban en español. En mi opinión, no hay —⁠en esencia⁠— más responsabilidades en el asunto. En Cataluña, tradicionalmente, los hablantes natos de español han tenido poco poder. Otra cosa es que catalanohablantes poderosos hayan decidido pasarse al español, o no, según hayan venido dadas las circunstancias[17].

¿Qué había ocurrido en la Cataluña de 1936? Pues que la autonomía o la independencia empezaban a transitar por el camino de la nacionalización de la banca, el reparto de tierras entre los sindicatos agrarios, el control obrero de las fábricas, la colectivización de las empresas privadas y la propaganda revolucionaria. Asuntos, en fin, poco atractivos para el capitalismo catalán. ¿Iba a pasar éste por ellos sólo porque los peones, obreros y soldados de la CNT, del POUM o de las asociaciones campesinas hablaban fundamentalmente catalán? No iba a pasar y no pasó.

Para la gente, las lenguas son una manera de entenderse, un instrumento muy útil, pero en sí mismas, y aparte de los lazos prácticos, no crean más que un vínculo sentimental que, por fuerte que sea, si no se acompaña de otros materiales, apenas tiene fuerza para unir nada. Muchas personas pueden hablar la misma lengua y no entenderse en absoluto, mientras que hablándolas distintas sí que se entienden en cosas de sustancia. En la revolución y la Guerra Civil españolas, ¿de qué sirvió el que la inmensa mayoría de combatientes hablara la misma lengua? De nada. Ojalá hubiera servido de algo.

X
GENTES Y LENGUAS DE GALICIA

Las historias del español y el gallego han transcurrido así de claras: el gallego en la aldea y para aldeanos, el español para todo lo demás. Hace ciento veinte años que Evaristo Martelo las resumió en verso:

Como ninguén fala agora gallego

sinón os labradores, xornaleiros

e toda xente ruda e non señora;

e en castellano solo os caballeiros

e a xente sabidora.

Ésta ha sido una división tan aceptada, tan añeja, que parece cosa natural. Pero no lo es. La razón esencial estriba en que Galicia no ha participado del desarrollo industrial, junto a sus convulsiones, que sí se dieron en Vizcaya o en Barcelona. Mientras en Cataluña había obreros y huelgas, en Galicia había emigrantes y hambrunas. Como tampoco era zona donde hubiera una distribución fabril similar a la vasca o a la catalana, con talleres de artesanos, pequeñas empresas familiares, manufacturas, en la Galicia vieja no había mucha gente que pudiera sacar provecho de una lengua para los negocios como la española. Salvadas las ciudades con un puerto comercial —⁠señaladamente La Coruña⁠— o villas con alguna actividad de ese tipo, el campo gallego hablaba gallego. Como el campo gallego era pobre, esa lengua estaba mal considerada en las ciudades, donde se hacía honor a los versos de don Evaristo. Sin embargo, consideradas ambas poblaciones proporcionalmente, se ha hablado más gallego que catalán, porque el número de rústicos que no sabía hablar otra cosa ha sido mucho mayor en Galicia que en Cataluña. Como los rústicos lo eran de verdad y tenían poca relación de aldea a aldea, su gallego estaba muy dialectalizado. Para ir de Lubián a Ponteareas era más práctico entenderse en español aun con los propios aldeanos —⁠que es lo que hacían los viajeros antiguos⁠— porque lo que creían los aldeanos cuando alguien les hablaba en español, era que su interlocutor hablaba más o menos como ellos, sólo que con mejor acento. Y se esforzaban por parecerse a él.

Así se comprende que el regionalismo gallego decimonónico, que surge al mismo tiempo que el catalán y el vasco, apenas tenga peso. Cuando Alfredo Brañas o Vicente Risco se sienten herederos de un celtismo compartido con bretones, galeses, irlandeses y portugueses para diferenciarse de lo castellano, se quedan solos. Querían seguir el modelo catalán pero no tenían clientela: no podían interesar al aldeano, que era pobre, analfabeto y no estaba para políticas. Menos aún podían interesar a un género urbano que se sentía muy bien instalado en su lengua española y al que los celtismos, las señas de identidad galaicas y el gallego le parecían asuntos folclóricos, de poco atractivo como para comprometerse a practicarlos. La consecuencia: el regionalismo gallego se quedó en literatura, en filología, allí tiene interesantes logros.

Pero eso es muy poca cosa para una lengua. Sobre todo si sus notables se cansan de ella. En 1881 Rosalía de Castro decidió que no iba a escribir una línea más en gallego. Así se lo advertía a su marido, que es quien la había animado a componer sus célebres versos: “Ni por tres, ni por seis, ni por nueve mil reales volveré a escribir nada en nuestro dialecto. Ni acaso tampoco a ocuparme de nada que a nuestro país concierne. Con lo cual no perderá nada, pero yo perderé mucho menos todavía”[1]. Cumplió su promesa. Años antes, cuando Marcelo Valladares se decidió a escribir una gramática del gallego, para hacer un servicio a su patria y rendir un tributo al habla de la tierra, reconocía también honradamente que los jóvenes de su generación habían huido a toda prisa de ella. Y a algunos no les fue nada mal, porque gracias a su huida coparon los puestos de la magistratura española de entonces, donde fue a parar un número en verdad sorprendente de gallegos. Hasta el punto de que, popularmente, se creía que algunos gallegos estaban dotados por naturaleza para vestir la toga.

El regionalista gallego, el galleguista, como habitante de ciudad que era, no hablaba gallego. Si lo sabía, no lo utilizaba. Gente acomodada, funcionarios, comerciantes, rentistas, todos habían renunciado al gallego incluso como lengua familiar. En cierto sentido, se parecían a los bizcaitarras, que se entusiasmaban por una lengua que no les era propia. Pero como su distanciamiento del gallego tampoco era absoluto —⁠se podía oír en las ciudades, o sin alejarse mucho de ellas, en boca de gente modesta, incluso puede que se lo oyeran a padres o a abuelos ocasionalmente⁠— el galleguista estaba dispuesto a rescatar usos populares de esa lengua idealizada como columna vertebral del pueblo gallego. Y era verdad, porque la hablaba, sobre todo, el pueblo. Así que recogía palabras, canciones populares, hacía diccionarios o más raramente gramáticas.

En general, las gramáticas serias del gallego venían de fuera, de gente del Centro de Estudios Históricos que dirigía Ramón Menéndez Pidal. Como la gramática histórica que escribió Vicente García de Diego en 1909. Pero el galleguista, o no se enteraba, o no hacía mucho caso de este tipo de trabajos. De modo que el mejor diccionario etimológico del gallego que se escribió en la época, obra muy por encima de lo que filológicamente se había hecho hasta entonces en ese campo, compuesto por el mismo don Vicente, imagino que seguirá en la caja de cartón donde, después de traspapelarse, lo guardó su hija Pilar. Por otra parte, cuando se trataba de respaldar el galleguismo político con símbolos como la lengua, no podía ser por lo que ya se ha dicho: ni había un número notable de gente que siguiera esa enseña, ni había tampoco gente notable a la que captar. Galicia, en este sentido, era un yermo político con una sociedad poco menos que de patricios, que hablaban español, y plebeyos campestres que hablaban gallego.

Los regeneracionistas, esos españoles que lo arreglaban todo con escuelas y despensas, veían en las tierras gallegas, asturianas y leonesas el ejemplo típico de la España redimible: masas rurales de gente analfabeta y pobre que se podría recuperar e integrar en la vida nacional paso a paso, y el primero, aprendiendo español en las escuelas. Pero escuelas dependientes de municipios —⁠como eran entonces⁠— y municipios con necesidades mucho más perentorias que una escuela, forman un círculo vicioso difícil de romper. Los métodos de enseñanza eran los que eran. Nadie se podía imaginar la práctica real de una enseñanza bilingüe al estilo de la que se iba a plantear seriamente ochenta o noventa años después. Se seguía, sobre todo, una especie de inmersión lingüística en español que entre gente de aldea no daba buenos resultados. Hay que tener en cuenta lo que podía ser la escuela gallega de entonces. Cuando don Nicolás Salmerón estuvo desterrado (lo digo sin ironía) en Lugo hacia 1872, le decía a Giner de los Ríos en una carta: “La población, inculta, no hay con quien hablar. Los profesores, salvo uno, momias o carlistas. Esta biblioteca no tiene más que los libros de un convento y las ediciones ilustradas de mamarrachos”[2]. Circunstancias, ya se ve, poco propicias para logros escolares.

En el Congreso Pedagógico de Pontevedra, celebrado en 1894, todos los maestros estaban obsesionados por la enseñanza del español y dispuestos a extenderla como fuera. Incluso aplicando métodos típicos de enseñanza de lenguas a extranjeros pues, “extranjero es también el niño donde domina el dialecto”, como decía el congresista Segundo Amor Ruibal. He aquí un maestro a la antigua usanza, que pensaba que a un niño gallego de aldea, a lo mejor, el español le podía servir de algo en unos años en que el gallego no servía para nada. Para nada que no fuesen las inspiraciones poéticas de unas personas acomodadas en la ciudad que hablaban español[3].

Pero los congresistas tenían enfrente a los galleguistas. Y ambos grupos hacen bueno el dicho “o no nos entendemos o somos gallegos”. Las actitudes opuestas de unos y otros podrían resumirse así: los maestros se preocupaban por los gallegos y creían, por tanto, que era urgente que aprendieran español aun a costa de olvidar el gallego. Los galleguistas se preocupaban por el gallego y, por tanto, se despreocupaban de la integración lingüística de los aldeanos, porque la única manera genuina de tener gallego en las aldeas de entonces era tener gente rústica, analfabeta. Ésta ha sido una actitud clara del galleguismo por lo menos hasta los años de la Segunda República. Unamuno calificaba así el galleguismo de entonces: “Es como esos trajes regionales que cuando van desapareciendo o cuando han desaparecido los visten los señoritos en Carnavales”[4].

USOS GALAICOS

El galleguismo se había empeñado en reanimar la lengua gallega con diversas acciones. La lengua gallega era digna de toda reverencia. La suerte de sus hablantes era asunto menor. En 1853 Pintos creía que lo mejor era seleccionar el gallego genuino conservado por las personas de cierta edad, cuanto más aldeanas mejor; aunque la lengua rústica no tuviera la mínima tradición escrita, daba igual, ya se podría hacer luego una tradición renovada porque:

¿Qué gramática estudiaron

Moisés nin tampouco Homero?

¿E non foron os escritores

Millores do mundo inteiro?

Lo que decía Hübner de los viejos apologistas del vasco, que el amor por la patria ciega de verdad, podía aplicarse igualmente a algunos patriotas gallegos: porque una cosa es cultivar las lenguas del terruño y otra decir que son la lengua del Paraíso Terrenal, o comparar la lengua que andaba en boca de aldeanos con el hebreo bíblico o el griego clásico. Al parecer, algunos lo creían de buena fe. Coetáneo de Pintos fue Juan Antonio Saco y Arce. También de la misma opinión sobre lo bonito que era lo rústico. Saco observaba que el gallego “viene sufriendo una lenta pero incesante destrucción, merced al continuo roce con la lengua oficial y clásica de los españoles” (el español no fue oficial, en realidad, hasta medio siglo después). De modo que el gallego, gallego, había que ir a buscarlo “tal y como lo hablan las únicas personas que no se han dejado contagiar del castellano, esto es, los rústicos”. Buena escuela, desde luego, para una lengua ejemplar. Saco estaba preocupadísimo porque veía cómo el gallego, si no era muy de aldea, iba confluyendo fatalmente con el español; conque todo había de servir no ya con el fin de conservar el gallego, sino de hacerlo recóndito[5]. Ésta ha sido una actitud muy característica del galleguismo antiguo y nuevo: reconocer la confluencia de los hablantes de gallego hacia el español… y dedicarse a entorpecerla con todo ahínco.

En la Galicia de entonces, un galleguista —⁠hablante de español pero enamorado de la lengua rústica⁠— tenía evidentes ventajas. Una de ellas: no era necesario peinar todas las aldeas para recoger palabras. La lengua venía a menudo a la ciudad. Pero no venía sola, como puede suponerse. Venía acompañada de sus hablantes. Cuando las inundaciones de 1852 —⁠con las cosechas arruinadas en el campo⁠—, las ciudades y villas gallegas se llenaron de mendigos procedentes de las aldeas más remotas. Valladares, Saco y Arce, Pintos no desaprovecharon la ocasión dialectológica que se describe con esta frialdad: “1853. Ano de fame. Pintos ampara ás probes das xentes escorrentadas das aldeas polo mal e fai recadádivas de vocabulario”[6]. Parece que este sistema de recogida de datos era corriente. Es posible que alguien vea aquí el nacimiento del gallego moderno. En mi modesta opinión, lo que se ve es gente que mostraba tanto respeto a una lengua como poco a sus hablantes. Porque, de otra manera, no se entiende que haya quien piense que la suerte de un idioma depende de conservar un nutrido grupo de rústicos arruinado por las malas cosechas y obligado a emigrar. Ya en la emigración, para colmo de galleguistas, dedicado a difundir… el español. (Tanta ha sido la emigración gallega —⁠sólo en el año 1906 salieron para América doscientos mil gallegos⁠— que en buena parte de la América hispanohablante gallego significa “español”, aunque se proceda de Almería.)

Al rústico no había que sacarlo de su estado. Porque sacarlo de su estado supondría borrar el gallego. Era un rústico paradójico. En su miseria tenía una riqueza superior a los ojos de un galleguista: un montón de palabras gallegas que no se parecían a las rancias castellanoviejas ni por asomo. El galleguismo tenía aquí una poderosa prueba que aportar en pro del raquítico nacionalismo político: los gallegos genuinos serían pobres, pero tenían una lengua muy particular.

La asociación de la lengua gallega con la pobreza ha sido tan aceptada, tan natural, que incluso se ha aprovechado líricamente por galleguistas viejos y nuevos. Ramón Otero Pedrayo escribía: “Sin intentar ninguna frase heroica, atendiendo al mandato de la conciencia histórica, podemos asegurar ser mejor una Galicia pobre hablando gallego que una Galicia rica usando otra lengua”[7]. Los mendigos gallegos, por otra parte, eran bonitos, alegraban el paisaje humano, eran parte de él. O eso le parecía a Joan Maragall —⁠cabeza literaria del catalanismo finisecular⁠—, que cuando visitaba La Coruña en 1903, a la vista de tanto menesteroso suelto, dijo: “Ya se sabe que, más o menos, en toda España se mendiga, pero creo que el tipo más característico, más hermoso, es el mendigo gallego. Hay tal invitación a la piedad en su mirada y en todas sus facciones, una dulzura tan profunda en su voz y en su lenguaje, una compostura tal en todo su gesto y en su traje de mendigo, que lo convierten en irresistible porque parece que ése es su ser, que ha nacido así y que la cara lastimera, la voz suplicante, la mano tendida, fueron puestas por Dios para despertar la caridad”[8]. Joan Maragall lo escribió sin ironía. Le faltó añadir que el mendigo hablaba gallego.

Lo triste del caso es que los aldeanos, corrientemente, trataban de pasarse al español. O de que se pasasen sus hijos. No eran acérrimos del gallego, eran más bien sus víctimas. Cuando en 1912 se formó la Liga de Acción Gallega, junto a otros movimientos por el estilo, para fomentar la unión del pueblo gallego, combatir el caciquismo y hacer oír la voz de Galicia en Madrid, sus fundadores se plantearon el problema de qué lengua emplear en los mítines. En teoría iba a ser el gallego porque, como decía el galleguista Antón Vilar: “Para hablar en el campo, para inspirar confianza en el campo, para que se nos entienda bien en el campo, tenemos que hablar, que sentir y pensar en gallego, ya que la mayoría de los habitantes de Galicia no dominan otro idioma, no se expresan más que en el suyo propio”[9]. Si Antón Vilar hubiera conocido realmente el campo gallego, habría dicho todo lo contrario. Prueba de que no lo conocía —⁠como lo que le pasaba a la mayoría de los nacionalistas o regionalistas de entonces⁠— es que dijo lo que dijo. Pero la prueba definitiva de su ignorancia total es que acabó hablando en español, si alguna vez había empezado hablando gallego.

Vilar acabó así por poderosas razones: primera, era lengua suya; segunda, el gallego estaba tan dialectalizado que ¿qué gallego hablar?; tercera, ¿con qué palabras puras y rústicas de la aldea se iban a explicar las abstracciones políticas de la emancipación social?; cuarta y principal, en el campo si el discurso no iba en español no era digno de atención. Lengua española: eso es lo que quería el campo. Y si no se lo dieron no se debe a que los galleguistas despertaran una lealtad a la lengua gallega entre las masas sino, simplemente, a que muchos agentes permanecieron dormidos: permaneció dormida o inane la acción estatal y permanecían quietas las ciudades, que volvían la espalda a la paletería campesina.

LA AZAROSA BÚSQUEDA DEL GALLEGO MODERNO

Para la gente común del pueblo, el gallego, más que una lengua propia y genuina, era un español mal hablado. Entendía que la mejora de sus condiciones pasaba irremisiblemente por hablar bien y no entendía, sin embargo, que gente de ciudad le viniese a decir que aquello de hablar mal era parte de sus señas de identidad. Sin embargo, desde fuera de Galicia se comprendía mejor a los gallegos que a los galleguistas. Cuando Azaña visitó aquellas tierras en 1918 se quedó pasmado. Para él, los terratenientes no habían dejado más que esclavos “y ahora que se habla en todas partes de la renovación gallega, que sólo puede ser anticaciquismo y reforma agraria, quiere ésta revestir formas pedantes y estériles y comienza a reivindicarse el idioma.” (artículo del tonto Ribalta, diciendo que el castellano no viene del latín, sino del gallego)[10]. En general, visto el asunto desde fuera, no se comprendía que la acción reivindicativa civil fuera unida a la del habla gallega; no lo comprendió Azaña, no lo comprendió Unamuno, no lo comprendió, más tarde, Andrés Nin. Porque en el caso preciso de la Galicia finisecular ambas reivindicaciones eran antagónicas: o se ayudaba a la gente, o se ayudaba al idioma. Para las organizaciones obreras de la época que no radicaban en Galicia, el caso gallego era verdaderamente singular, contradictorio y, en ocasiones, digno de toda desconfianza. No había para menos cuando un agitador de masas como Basilio Álvarez empezaba alguno de sus mítines preguntándose retóricamente si la verdadera fuerza del trabajador gallego residía en su pobreza… para contestar enseguida que sí, que su fuerza residía precisamente en ser pobre, y que era mejor alejarse del oro no fuera que su brillo convirtiese al trabajador en villano. Peculiares formas de agitación, desde luego.

Con todo, en 1918 la Asamblea Nacionalista Gallega había publicado unas bases políticas federativas donde se exigía la oficialidad del gallego, compartida con el español, y se planteaba la galleguización de la escuela. Bases liberadoras, sin duda alguna, donde las hipotéticas autoridades de la futura Galicia libre se reservaban también la facultad para ejercer la censura en las comunicaciones telefónicas y telegráficas del Estado gallego, sin que en este punto importara el idioma.

Si bien a principios del siglo XX no había mucha lengua gallega que hacer oficial, porque no la había común ni tampoco había para quién hacerla (porque la mayoría de hablantes naturales de gallego estaba deseosa de pasarse al español), los cenáculos galleguistas, sin embargo, proseguían su labor de dignificación de la lengua: en 1916 se fundan las Irmandades da Fala en La Coruña y en 1920 el grupo Nos. Aquí se va a inventar el gallego moderno y aquí está el germen de todas las polémicas filológicas que ha generado su constitución. Los miembros de estos movimientos consideraban que el gallego debía alejarse del folclorismo literario donde se había alojado y entrar por la puerta grande de las lenguas de gobierno: entrar en la administración, justicia, hacienda y en cualquier otro campo. Es la generación de los hermanos Vilar Ponte y de Alfonso Rodríguez Castelao. Empezaron, pues, los intentos de remozar el gallego.

En un principio les pareció que el gallego era como el portugués y había que escribirlo igual, ya no valían las rusticidades de Pintos o de Saco y Arce. Ser gemelo del portugués tenía una gran ventaja, decía Castelao, y es que el gallego se hablaba en Portugal, en Brasil y en muchas colonias africanas y asiáticas con lo que dejaba de ser una lengua aislada y aislante[11]. Curiosa paradoja esta, por cierto: la instalación del español en Galicia era para el galleguista una especie de colonización de la que había que redimirse. Sin embargo, la instalación del gallego-portugués en Mozambique, Angola, Goa, Macao, no era una especie de colonialismo, era una bendición para los indígenas africanos y asiáticos.

A este fin de casar portugués y gallego se dedicaron algunos razonamientos y ensayos lingüísticos. No deja de ser una posición de sentido común. Si un gallego tiene que alejarse del español porque no es su lengua, por lo menos que hable portugués: es una lengua románica, la hablan muchas personas, ¿por qué no contribuir a su engrandecimiento añadiéndole algunos hablantes más a los muchos que ya tiene? Si bien se considera, las grandes lenguas se han hecho por confluencia de variantes lingüísticas particulares, pero más o menos inteligibles entre sí, cuyas barreras se han ido deshaciendo por las necesidades de comunicación que tenía la gente. La idea de confluir con el portugués era razonable. Aunque, puestos a confluir, lo podrían haber hecho igualmente con el español, que era lo que ya estaba haciendo la gente del campo por su cuenta, para escándalo de los galleguistas al estilo de Pintos, Valladares o Saco y Arce. (Por cierto, la confluencia, teórica, de español y portugués en una gran lengua románica, comúnmente inteligible para lusohablantes e hispanohablantes, ha sido propuesta hace poco[12]. Es una idea tan bonita como improbable.)

Para un galleguista, que el gallego fuera como el portugués no dejaba de representar una trampa política, porque si con el portugués se hablaba con mucha gente, con él también se acababa el gran símbolo de la galleguidad: un idioma particular genuino. Así que no tardaron mucho en retractarse de la lusofilia inicial y el gallego dejó de ser hermano del portugués y pasó a ser su padre. En el cambio de parentesco estaba la jugada maestra de la galleguidad: el gallego había estado primero, allí, al norte del Miño. Un hijo se le fue emancipando en el sur y llegó a ser el portugués pero, y esto es importante, tal hijo se había corrompido con los influjos andalusíes de los mozárabes, de la gente sureña, ergo, el gallego era el padre beatífico, puro, incorrupto y el portugués un hijo algo descarriado. Estas interpretaciones no dejan de ser como la paja, que siempre hay algo de grano entre ella. Con ese grano filológico se resolvía el problema de la identidad galaica.

Pero este problema no acababa aquí. Este problema se parecía a un cesto de cerezas, que nunca hay manera de sacar una suelta: si el padre gallego se separaba del hijo portugués le quedaba un hermano digno de toda desconfianza: el español. Para evitar los roces de tan conflictivo entorno familiar, para sacar una cereza suelta al fin, la revista Nos anunciaba en su número del quince de noviembre de 1926 que Luis Tobío iba a impartir unos cursos de gramática histórica en el Seminario de Estudios Gallegos, fundado tres años antes; a ellos acuden los autores de esta generación. Allí aprenden temas de filología comparada y unas reglas para derivar del latín al romance con las que se puede evitar parecerse al portugués, al español… y se diría que incluso al gallego. Se produce entonces lo que siempre se había producido en Galicia cuando se usaba el gallego en estos cenáculos: interesantes ejemplos de literatura culta, demasiado culta acaso para el medio donde se desarrollaba, literatura de grupos cerrados, escrita por quien no hablaba gallego en casa. De esas fechas data la siguiente opinión de Valle Inclán: “El gallego nunca fue idioma hablado. Así como el armenio fue la invención de algunos frailes, el gallego fue una creación de un grupo de poetas”[13]. Atendiendo a lo que hacía el grupo de Tobío, Valle Inclán tenía toda la razón.

Entre la lusofilia, entre decidir el parentesco del gallego, entre aplicar la fonética histórica y entre desenredar las cerezas de tan conflictivo canasto, se pasaron unos veinte años, los que van de 1916 a 1936. Es posible que incluso los mismísimos galleguistas pensaran que estaban haciendo juegos malabares con la lengua, porque cuando en las Cortes Constituyentes de 1931 los catalanes y los vascos discuten, sin complejos, cómo va a quedar el español en sus territorios, después de haber declarado oficial el catalán y el eusquera en sus estatutos, Castelao es mucho más modesto y se limita a decir: “Los galleguistas no queremos más que una cosa: que el gallego, si no en lo oficial, sea por lo menos tan español como el castellano”[14]. No deja de ser una posición prudente si se considera que el gallego, como entonces el eusquera, tendría dificultades para escribir ministro de Hacienda (dificultades de acuerdo entre la capilla galleguista sobre cómo escribirlo).

En el Estatuto de Galicia de 1936, con la unificación lingüística a medio camino, sí se considera oficial a todos los efectos el gallego. La Guerra Civil disolvió ese Estatuto que, como quien dice, no llegó a nacer. Pero ello no afectó grandemente al idioma: la discusión sobre qué gallego escribir se retoma pronto. En 1945 Leandro Carré ingresaba en la Academia de la Lengua Gallega y proponía incorporar al gallego moderno palabras sacadas de textos medievales para recuperar la conciencia histórica de la lengua. Después de Carré, y con continuidad, la discusión normativa se sucede, aproximadamente, en los mismos términos que antes de la guerra. Hasta finales de los setenta, con las propuestas del Instituto de la Lengua Gallega y de la Real Academia Gallega, no puede decirse que haya habido una lengua normativa comúnmente aceptada y lista para enseñar en las escuelas. Aún así, no ha dejado de haber desacuerdos. Pero esta es otra historia que nos llevaría por derroteros distintos a los de este libro.

CÓMO PONER PUERTAS AL CAMPO

El proceso que ha llevado al gallego hasta la oficialidad en el Estatuto de Autonomía de 1981 es muy moderno, aunque se parezca algo a las viejas historias de esos pobres a los que Pintos sacaba palabras. A principios de los cincuenta las actitudes hacia el gallego seguían siendo, más o menos, las mismas de hacía un siglo. Manuel Rodríguez Lapa, por ejemplo, opinaba que “por muy extraño que parezca, esa vergüenza de la civilización que constituye el analfabetismo ha ejercido al norte del Miño un efecto realmente benéfico en la conservación del idioma”[15]. Que haya alguien que piense que una vergüenza de la civilización no lo es para Galicia, por razón de que se salva una particularidad lingüística conservada principalmente entre analfabetos, demuestra hasta qué límites puede llevar la mitología filológica. Para otros autores de aquellos años, el uso del gallego tenía aspectos de aristocracia intelectual no sólo de rusticidad. Pero, en realidad, el gallego seguía siendo lo que había sido siempre: aristócrata, como lengua literaria de poetas, y rústico, como mayoritaria de analfabetos. Todo al tiempo.

Por otra parte, las denuncias que se hacían ante la UNESCO, a principios de los cincuenta, sobre la persecución política del gallego (y del catalán) son interesantes. Pero ingenuas. Descubrían al mundo que a los gallegos, mayoritariamente, no les interesaba hablar gallego —⁠aunque fuera inimaginable para los denunciantes⁠— e informaban al mundo que España pasaba por una dictadura. Daba la impresión de que no se perseguía a ningún hablante, ni medio de prensa, ni autor que se expresaran en español. Pero a estos últimos también se les perseguía. Para mayor inri, el gran perseguidor era un gallego de El Ferrol. Había además otros perseguidores que también venían de allí. Y no digo de Galicia en general, que ha dado algunos, sino del mismo Ferrol, villa que, aparte de serlo de Franco, fue cuna de otros siete notables del “glorioso alzamiento” y sus secuelas. Incluidas las culturales y lingüísticas.

El gallego de los cincuenta seguía como siempre, dividirlo entre el patriciado literario-filológico y la plebe inculta. Le faltaba esa mesocracia que nunca tuvo: gente de clase media, de ciudad, que se decidiera a cultivarlo y a darle uso cotidiano. Llegó en los primeros sesenta de la mano de la universidad. Ésta es otra graciosa paradoja que dificulta un poco las tesis de la persecución política del gallego en la posguerra, pues la afluencia a las aulas universitarias, muy notable en toda España desde principios de los años sesenta, y encauzada por unas condiciones socioeconómicas que desató el propio régimen —⁠acaso como a quien le sale el tiro por la culata⁠— aportó un público, una atención y una dignificación al gallego como no había tenido nunca. El empujón universitario en el auge que experimenta el gallego en aquellos años es algo en lo que coinciden todos los autores. Pero ¿qué es la universidad española de los años sesenta? No es la del campesino, desde luego, es sobre todo la de la clase media, la de la clase media en la que Carballo Calero pensaba como redentora del gallego, sólo porque las señoritas que iban a las facultades, sobre todo de Filosofía y Letras, se encontrarían con el gallego en las clases de filología, y cambiaría con ello su estimación por la lengua[16].

Los años de las señoritas pasaron muy pronto y vino una promoción más combativa, más contestataria, que marcaba su lealtad al gallego por su condición de lengua proletaria, lengua de los oprimidos, de los desheredados. Son los años en que Celso Emilio Ferreiro escribía estos versos, tomados del libro Longa noite de pedra (1962):

Lingua proletaria de meu pobo

eu fáloa porque sí, porque me gosta,

porque me peta e quero e dame a gaña.

Honradamente en el mismo poema se reconocía que esa lengua era la de los abuelos muertos, los marineros y los labriegos. Y de algunos más que no aparecen en el poema: se convierte en la lengua de las asambleas universitarias, de algunas tesinas, de algunos exámenes y, como los estudiantes son jóvenes y expansivos, de la calle. Esta vez en boca de un tipo ciudadano que tradicionalmente no usaba el gallego. No hará falta extenderse sobre el clima de aquellos años, que algunos habrán vivido. ¿Quienes eran, sin embargo, los más vividores? En opinión de quien trató con ellos: “Muchos estudiantes —⁠con frecuencia hijos de papá que detestan, a nivel serio o a nivel esnob, las concepciones burguesas de la vida⁠— buscan o encuentran en el idioma gallego unas señas de identidad, de su nueva identidad. Pronto esta concienciación llega a los Institutos y a los Centros de Grado Medio”[17]. ¿Se trata de un caso de mala conciencia colectiva? No sé, pero por los años sesenta ciertas ideas marxistas (marxistoides habría que decir con más propiedad), ideas de solidaridad tercermundista, de luchas para la descolonización, con la Iglesia católica poniendo su granito de arena en uno de sus acostumbrados cambios de rumbo, todo ello combinado, cala mayoritariamente en esos hijos de papá que detestan las concepciones burguesas de la vida.

Esos nuevos gallegohablantes de ciudad, en cuya familia nunca se había hablado gallego, o se había hablado poquísimo, repiten la historia de hacía cien años: los campesinos gallegos, que hablen gallego, para eso es la lengua proletaria. Habrá entonces gente de aldea que, con esfuerzo y esperanza, mande a su hijo al instituto, a la universidad, para que se instruya en un español que, en la mentalidad tradicional aldeana —⁠y en cualquier mentalidad española de aquellos años, para qué ocultarlo⁠— es donde estaba un futuro ahora más alcanzable, y el chico les llega solidario, descolonizado y hablando gallego. Para ese viaje no hacían falta alforjas.

Había ingeniosos hidalgos del gallego aquellos años que, en los molinos de la lengua española, veían gigantes. Gigantes a los que acometer en feroz y desigual combate. He aquí una opinión de entonces, bastante común por otra parte: “El pueblo trabajador de Galicia, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, hace denodados esfuerzos por hablar castellano, o por lo menos ‘castrapo’ (español muy galleguizado), si encuentran a un desconocido, aunque éste les hable en gallego. Pero el peor síntoma es la tendencia que tienen las clases trabajadoras de Galicia a enseñarles a sus hijos a hablar castellano; si los pequeños tornan inconscientemente al gallego en el transcurso de la conversación, sus padres no disimulan el enojo”[18]. ¡Qué ejemplo de padres! Por su culpa la situación era dramática, en verdad, pero más que dramática era rarísima, inexplicable, inaudita: gente española, trabajadora, que… ¡quería aprender y dominar bien el español y quería para colmo que lo dominaran sus hijos! ¡Gentes con la viciosa tendencia de “enseñarles a sus hijos a hablar castellano”! ¿Dónde, cuándo se había visto una cosas así? Se requerían medidas urgentes, correctoras de tanta desviación: “¿Qué hacer?”, se preguntaban nuestros hidalgos al punto de derribar al gigante: “Primero habría que instaurar la enseñanza del gallego en las escuelas, pero la enseñanza del idioma propio no debería entenderse como una asignatura más del plan de estudios, se debería declarar el gallego como vehículo idiomático de enseñanza en las escuelas de Galicia. Esto se refiere a todos los niveles educativos”[19]. He aquí un ejemplo de opinión bien orientada, opinión de galleguistas de pro, de conocedores de las necesidades del país: como la gente pedía español con denuedo había que darle todo el gallego posible. La gente estaba equivocada, es más, llevaba equivocada siglos y siglos.

Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencia de aquellos años consideraba estos razonamientos aceptables, dignos de discusión. No tanto el hacer del gallego la única lengua de la escuela, porque no se podía, no habría ni maestros, ni alumnos, ni libros, ni siquiera lengua gallega para organizar tal sistema, pero sí en el sentido de que había que hacer algo para que el gallego no feneciera y, con él, feneciera de paso “una de las minorías étnico-culturales que constituyen España, una minoría en peligro desde la Baja Edad Media, cuando la sociedad gallega quedó políticamente subordinada a Castilla”, según la opinión del Sr. Cambre. Ese hacer-algo pasaba, curiosamente, por contravenir los deseos de la inmensa mayoría de un pueblo gallego que, para algunos, vivía preso del gigante que cada día le daba lecciones de gramática española en la oscuridad de una caverna.

Pero si se piensa, en realidad, lo de contravenir los deseos de la mayoría no era algo tan curioso entonces. Era más bien una costumbre nacional: no en vano se estaba todavía en una dictadura, moribunda, pero larga dictadura al fin. Era el epílogo de un sistema político rústico y anacrónico que, además de dejar analfabetos y gente sin instrucción a su paso, consideraba gran modernidad educativa la reconstrucción lingüística de la España del siglo XIV (y en esto se daba la mano con los modernos y progresistas de entonces, ¡qué extraño país!). Verdaderamente, los caminos de la tradición española son inescrutables.

El hidalgo manchego cayó desarmado al pie de los molinos. Sin embargo, como la realidad supera a la ficción, los hidalgos de nuestras historias sí hirieron al gigante: muy pocos años después, en un medio de exaltación del gallego apoyado por la oficialidad —⁠y de desconfianza cazurra por quienes veían en el español la vía de escape hacia algo mejor⁠—, llegó el idioma al Estatuto de 1981, declarado lengua propia de Galicia. Inmediatamente se plasmó tal propiedad en una Ley de Normalización Lingüística. Ya estábamos más cerca de nuestra meta: la España medieval, pues, como explicaba don Manuel Regueiro, Director Xeral de Política Lingüística en 1993, “es a partir del siglo XIV cuando comienza la progresiva sustitución del gallego por el castellano”. Tal situación, que don Manuel consideraba anómala, venía a corregirse con la Carta Magna de 1978, donde se proclamaba “la voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, al tiempo que sienta las bases de una nueva configuración política: el Estado de las Autonomías”[20]. O sea, que en alguna parte de España (en general, en casi todas las partes de España) la Historia venía equivocándose reiteradamente desde el siglo XIV, por lo menos. Esa equivocación de veintitantas generaciones se podía saldar con una ley del idioma, una ley correctora de las desviaciones históricas, también con dos o tres nuevas generaciones dispuestas dócilmente a obedecer la ley.

Pero como quienes dignificaron el gallego de jóvenes —⁠esos hijos de papá que, a pesar de serlo, despreciaban las concepciones burguesas de la vida⁠— han crecido sin dejar de hablar español y, por su parte, los desconfiados del gallego no han dejado de serlo por mucho que se dignificara su lengua como símbolo de identidad colectiva, Antón Costa, director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago, reconocía hace pocos años que: “No se ha llegado hasta el punto de que la parte mayoritaria de la sociedad se sienta reconciliada con su lengua original”[21]. Pues bien, con una notable mayoría de gallegos fuera del paraíso lingüístico original y vagando animosamente por el desierto del español, Xosé M. Sarille, por las mismas fechas presidente de la “Mesa pola Normalización”, apostaba por el gallego como lengua oficial, común y general, reservándose para el español el título de “lengua de relación” (que no se sabe exactamente lo que significa)[22]. En esa línea avanza machaconamente buena parte de la familia política gallega.

Para colmo de paradojas, al coro de normalizadores de la lengua propia vino a unirse Manuel Fraga. Quien hace años “recomendaba” a la locutora Andurriña que no hablase en gallego por Radio Exterior —⁠Andurriña tenía un programa inocuo dedicado a contarle a la emigración gallega asuntillos inconsistentes del país⁠— nos enseñaba en un folleto de su programa electoral de 1989 lo que iba a hacer con la lengua gallega: “Recupera-la e prestixiala promovéndoa nos diversos ámbitos da sociedade galega. Precísa-se leva-lo galego en primeiro lugar ás zonas do chamado ‘galego exterior’. Tamén a Europa e a América. Todo iso contribuirá á difusión do galego como patrimonio de cultura universal”. No se puede negar que hay gallegos que aprecian su lengua y la llevarán lejos: hoy la consideran patrimonio de la humanidad, como hace un siglo Juan Manuel Pintos la veía comparable al hebreo y al griego clásicos. Es curioso, Cervantes opinaba todo lo contrario del español.

Es muy posible que este tipo de loas al gallego obedezcan a simple oportunismo político. Oportunistas y todo como parecen, obsérvese lo siguiente: están hechas por una figura muy señalada del régimen franquista, y esas mismas autoridades que ayer censuraban a Andurriña por radio, se dedican hoy a insuflar estatutariamente gallego a la gente: una actitud autoritaria previsible, ayer sin gallego y hoy con él. En cierto sentido opino, como Manuel Jardón, que la circunstancia lingüística gallega durante el franquismo era más razonable que la actual, pues lo que entonces se hizo, o mejor, se dejó de hacer con esa lengua, continuaba una línea asumida, deseada incluso, por la mayor parte de los gallegos, cuya actitud hacia el gallego oscilaba entre la indiferencia y el desprecio. En la actualidad se contradice la línea de realismo lingüístico y la voluntad mayoritaria de la gente[23].

Lo cierto es que tras veinte años de normalización lingüística (o anormalización, como se quiera), esa actitud de indiferencia hacia el gallego persiste. Y todo parece indicar que gana terreno. El diecisiete de mayo de 1999 se celebró el Día das Letras Galegas. En el parque compostelano del Bonaval se leyó un manifiesto —⁠suscrito por la Mesa pola Normalización, Esquerda de Galicia más los sindicatos CIG y CCOO⁠— con el título O galego, lingua viva en el que los firmantes reconocían que el gallego era una lengua moribunda para la juventud[24]. Efectivamente lo es. Los logros más evidentes del gallego contemporáneo están donde siempre han estado: en la literatura. Es difícil creer que puedan salir de ahí. El gallego administrativo que se emplea no dejará de ser un pasatiempo lingüístico sin eco entre los administrados. Como recuerdo, siempre nos quedará A Coruña en los letreros de tráfico.

Pues bien, ése es el círculo vicioso por donde se orienta el galleguismo desde hace un siglo por lo menos. Pero donde antes había sólo cenáculos literarios ahora hay también una normativa oficial por la que se imbuye a muchas familias una lengua en la que desde hace veinte generaciones no ven futuro. Si, como reconocen X. Cambre, Antón Costa, Xosé M. Sarille, Concha Costas (actual presidenta de la Mesa), Esquerda de Galicia y los sindicatos, el gallego sigue perdiendo hablantes reacios a enterarse de cuál es su lengua original y que viven muy a gusto en su lengua postiza, será por algo. Seguramente porque los gallegos encuentran mucho más atractivo el español importado. Es comprensible. Cuál sea la función del gallego en las escuelas, en la vida pública, en lo oficial, el tiempo y los gallegos lo decidirán. El caso es que, ciento veinte años después, la opción que tomó Rosalía de no ocuparse de la lengua del país parece que es la de más aprecio entre las nuevas generaciones. Y lo ha sido también entre otra gente, no tan nueva, que ha considerado que “cuando el dialecto gallego que pulula en jerigonza fea e imperfecta se haya desraizado de las mentes, Galicia, ciertamente, habrá adelantado un paso más”[25].

En fin, los gallegos tendrán que ver si prefieren la aventura de educar a los niños para desenvolverse en una comunidad lingüística diminuta e inestable, aprendiendo una lengua que les va a servir para poco —⁠y enfrentada a la permanente presencia de un español, cuyo atractivo no es previsible que cese⁠— o si prefieren algo distinto. Por fortuna, dadas las actuales circunstancias políticas en que vivimos, lo que pase —⁠que el gallego perezca, mantenga su precaria situación de siglos o desborde al español entre el júbilo oficial, sindical y progresista de izquierdas⁠—, sea lo que sea, no podrá achacarse en el futuro a la centenaria represión castellana y otros tópicos al uso. No es poco. Eso habrá ganado la historia lingüística de España que se escriba en el futuro: claridad.

XI
HISTORIAS PARA DESPUÉS DE UNA GUERRA

El veintinueve de agosto de 1939 el gobernador civil de Barcelona le puso a la casa comercial catalana La Soldadora una multa de diez mil pesetas por no anunciarse en la “lengua nacional”, o sea, en español. Una cantidad muy considerable. En 1998 el parlamento catalán aprobaba una normativa popularmente conocida como “ley del catalán” por la que los herederos de La Saldadora podrían sufrir sanciones, según y cómo, por no darse publicidad en catalán. Ante un despropósito y otro, uno no puede sino simpatizar con la perplejidad de La Saldadora antigua o moderna, porque ¿quién mejor que ella sabe en qué lengua le conviene anunciarse?

Hay algo que causa más perplejidad todavía: la multa de 1939 fue una alcaldada del gobernador de turno. Lo hizo con absoluta arbitrariedad. Sin embargo, las multas que le podrían venir a ese comercio a partir 1998 llevan el respaldo del noventa por ciento de parlamentarios catalanes. Hay más motivos de asombro: en 1939 se iniciaba una larga dictadura, en 1998 se llevaban recorridos veinte años de democracia. Cabe juzgar sólo por esto cuál de las dos sanciones resultaría más incomprensible. Porque no se trata de que la multa de hoy se pueda recurrir o tenga tales o cuales limitaciones, que por fortuna las tiene; se trata de que a alguien, en la Cataluña actual, se le ha ocurrido que, en determinados casos, se puede poner una sanción a una empresa por no mostrar lealtad al catalán, lo que le parece muy bien a la inmensa mayoría del Parlamento e imagino que, por lo mismo, a muchos catalanes. Como a otros muchos les resultará indiferente. Como a otros les molestará.

Sesenta años después, las multas a La Saldadora o a los alcaldes de Teyá y de San Agustín de Llusanés, que los castigaron idéntico día por idéntico motivo, parecen lo que son: un atropello incalificable. Por lo demás, los españoles vivimos ahora muy tranquilos con las vigentes leyes del catalán, como consta por infinidad de datos que muchos vivieron tranquilos con aquellos gobernadores. El caso es que las multas lingüísticas en España —⁠destinadas propiamente a controlar con eficacia a la población⁠— no son ninguna novedad. Sólo que hace sesenta años eran ocurrencia arbitraria de un gobernador y ahora las aprueban parlamentarios democráticos. No es poco avance.

Inicio así estas historias porque el hecho de que se pueda multar o limitar derechos civiles por no mostrar lealtad al idioma nacional, territorial, preferente, preferible, fomentable, protegible, propio, etcétera, que a cada época se declare por unos y por otros, incluso si a ese alguien la lealtad ni le va ni le viene, ese hecho da una lección muy sencilla: quien no entiende la libertad, no la entiende. Ni entre los que mandan, ni entre los que obedecen.

La España que empezaba en 1939 no iba a ser el oasis de las libertades, desde luego. Considerados, sin embargo, los hechos en su época y circunstancias, considerados sobre todo entre sus gentes, que fueron quienes los protagonizaron, pues nada cayó del cielo, es muy posible que la difundidísima idea de que hubo una decidida política perseguidora de lenguas minoritarias en la España franquista tenga algo de historia mal orientada. Algo de historia que, sin poder negarse, quizá no calibre la gravedad real que aquellos hechos pudieron adquirir en la época. Lo digo porque los hechos graves de la época fueron otros: en la España de la posguerra se mataba a mansalva. Los fusilamientos eran públicos, la gente acudía a ellos, los niños iban, ocasionalmente, acompañados del párroco. Luego volvían a merendar o la catequesis. Modas de entonces. Modas que inauguraban una dictadura prolongadísima. Estas circunstancias —⁠no menores⁠— reducen el resto de lo que se pueda relatar, casi, a anécdotas y cuentos.

Porque lo que vienen a descubrir muchas de estas historias sobre la persecución política de lenguas es la perogrullada de que Franco era un dictador. Un dictador cuyo régimen político se fraguó, no por cualquier circunstancia, sino tras una guerra civil. No es difícil coincidir con ese juicio. Con todo, habrá que admitir cosas tan elementales como que no se puede perseguir lo que no es perseguible: en 1939, ni el gallego, ni el eusquera, tenían mayor desarrollo, ni tenían lo que la oficialidad republicana les habría permitido tener. Tampoco estaban grandemente instalados en el uso común, en publicaciones, medios de comunicación, escuelas, métodos de enseñanza, en fin, en cosas sustantivas. Entre 1934 y 1935 se publicaron diecinueve libros en vasco, más de la cuarta parte era de temas religiosos, porque en esos años casi todos los escritores eran curas. Mientras que entre 1962 y 1963 se publicaron cuarenta y dos libros, con mucha menos religión por medio. No se puede hablar de persecución del gallego pues, antes de 1940, ¿cuántos periódicos, revistas y libros de categoría se publicaban en gallego? Muy pocos.

La inmediata posguerra fue un desierto, pero no sólo para el negocio editorial en gallego. Nadie tiene la culpa, por otra parte, de que talentos literarios, hasta entonces cultivadores del gallego culto, cambiaran levemente su apellido, pasaran de Cunqueiro a Conqueiro, y escribieran poesías y prosas para explicarnos a los españoles que necesitábamos desesperadamente un caudillo (paisano del autor, por cierto). Si la literatura en gallego perdió algo con tales cambios, la escrita en español no ganó nada. Pero la recuperación literaria es ya notable desde que en 1951 se funda en Vigo la editorial Galaxia. Nunca había tenido el gallego nada parecido. En fin, una cosa es que se persiga una lengua, y otra que no se fomente desde la oficialidad por las circunstancias que sean. Y una cosa es la decidida proscripción, como por motivos muy precisos ocurrió en Cataluña, y otra los abusos y caprichos, estrictamente personales en muchas ocasiones, de alcaldes y gobernadores. Asunto este más típico de Galicia y del País Vasco.

No puede olvidarse, pues, que desde muchísimo antes de la etapa franquista el gallego y el eusquera eran lenguas desatendidas en aquellas clases sociales que podían darles dignidad, entidad y prestigio. Esas clases hablaban español con naturalidad absoluta. El gallego, el eusquera, no les interesaban lo más mínimo y, si se piensa fríamente, ¿para qué les iban a interesar? La realidad —⁠considerada la época⁠— pasa más bien porque la representación que estas lenguas van tomando desde principios de los años sesenta, más que el triunfo de una vieja reivindicación, es un fenómeno muy novedoso.

El del catalán es un caso particular. Efectivamente, se le persiguió con saña. Pero si alguien quiere considerar persecución política del catalán las requisas de prensa republicana revolucionaria, que casi toda iba en esa lengua, pues… no sé yo, porque igualmente desaparecieron periódicos que se escribían en español (revolucionarios y no revolucionarios, desaparecía todo). También hay un célebre reglamento procesal para la tramitación de recursos ante el Tribunal de Presas Marítimas, del veintiuno de diciembre de 1940, donde se ordena que “cualquier documento en lengua extranjera se acompañe de una traducción autorizada al castellano”; como dicho reglamento no dice nada sobre su traducción al vasco… parece que hay quien piensa que es una medida, típica de los años de posguerra, contra esta lengua[1]. Cabría preguntarse cuántos recursos fallaba ese tribunal en vasco, en gallego y en catalán antes de dicha normativa. Cabría preguntarse cuántos traductores jurados de alemán, inglés, portugués, francés, italiano, sueco o ruso, que se manejaban con aquellos documentos, sabían, a su vez, traducirlos al eusquera o al gallego. Y cabría preguntarse, finalmente, cuántos armadores y gentes de la marina mercante —⁠vascos y gallegos, que había muchos⁠— hubieran preferido leer la versión árabe-eusquera o sueco-gallego de las resoluciones del tribunal, antes de leer la que iba en español. Quizá son demasiadas preguntas.

RECUERDOS Y OLVIDOS

Es evidente que hubo en estamentos oficiales la manía de hacer del español la lengua de las esencias patrias. Esto respondía muy bien a la retórica de la época: grandeza, imperio, unidad de destino, identidad colectiva. Con esto se disminuía a las demás lenguas. De modo que muchos dictados oficiales van destinados a dar nombres en español a todo y a borrar lo restante, a hacer del español, allí donde convivía con otro idioma, la lengua de la escuela y de la comunicación pública. Tampoco se puede negar la brutalidad inquisitorial de gobernadores civiles y militares empeñados en proscribir todo los que no fuera dicho o escrito en español, en borrar incluso de la vida privada, en la comunicación cotidiana, lo que ya es el colmo, cualquier atisbo de lo que entonces se llamaba separatismo lingüístico. La indudable, y muy visible, función de control social a la que iba destinada la uniformación lingüística traspasaba con frecuencia la frontera entre lo público y lo privado. Todo se conoce bien, especialmente en el caso del baqueteado catalán, y aparece en unos documentos que, leídos hoy, causan vergüenza, risa y pena, todo a la vez[2].

Estas constataciones no admiten réplica. Pero, igual que no admiten réplica, las descripciones del vejamen, las documentadísimas antologías de textos, opiniones, artículos y dictados insultantes para las personas y para la actitud de lealtad hacia su lengua, por sí mismas, no explican nada. Explican lo que pasó, pero no porqué, ni mucho menos para qué pasó.

En dichas historias apenas se plantea un delicado asunto: al servicio de quién, o de qué, estaba ese estamento oficial que ponía a todo nombres en español. Quiénes lo componían más allá del gobernador de turno y, sobre todo, quiénes lo respaldaban. Cuando se indaga, resulta que son asuntos, en general, muy conocidos, pero sobre los que determinadas maneras de contar la historia —⁠específicamente hoy desde posiciones nacionalistas⁠— despliegan un tupido velo.

Las lenguas catalana o vasca, en mucho menor grado la gallega, adquieren en dichas líneas de historia una importancia tan desmesurada, tan fuera de todo equilibrio, que daría la impresión de que esas sociedades eran, de por sí, unas sociedades homogéneas, amalgamadas alrededor de una lengua a la que se persigue, se borra y, con ello, se veja a la sociedad toda. Hasta parece más importante la lengua que las personas. Daría la impresión que dos catalanes, dos vascos, dos gallegos, por el hecho de poder entenderse en catalán, gallego o vasco, ya tenían que llevarse bien. La realidad fue mucho más cruda.

Me voy a detener en el caso catalán porque es el más interesante e instructivo. El catalán era una lengua hablada comúnmente por la población, con un cultivo notable. A principios de los años treinta se hallaba en una buena situación. Para entonces prácticamente había resuelto los problemas de disgregación lingüística, de los que no habían salido aún el gallego y el vasco. Nada tiene de comparable a las historias de estas dos últimas lenguas, historias mucho menos enjundiosas, ya que por los mismos años tenían menos hablantes, menos cultivo, menos aprecio y ninguna norma común. Eran lenguas, por qué no reconocerlo, de poca relevancia política y de ningún peso económico. El catalán es caso aparte.

A mi juicio, las historias donde se narra la persecución política de la lengua catalana, que es la que mejor contada está —⁠con infinidad de casos tan lamentables como curiosos⁠—, suelen olvidar, a pesar de todos los detalles con que se presentan, asuntos interesantes. Cito algunos olvidos: que la llamada persecución política sucedió tras una guerra civil y no procedió de una agresión exterior de fascistas que sólo hablaban en español. Que en Cataluña se gestaba una genuina revolución social. Que los movimientos sociales de aquella Cataluña de la “juerga revolucionaria”, en palabras de Federica Montseny, como de corte popular que era, se expresaron en la lengua usual de las clases que más decididamente empujaban esa transformación inminente para algunos: esa lengua era el catalán, lo había sido siempre. Que esto no gustaba a muchos otros catalanes y no tuvieron reparo en manifestarlo, no acogiéndose a las nuevas modas políticas ni lingüísticas. Que quienes militarmente terminan por aplastar la revolución catalana traían unas ideas contrarrevolucionarias sobre la nueva patria unificada donde no cabía, públicamente, nada que no fuese una lengua común sin connotaciones revolucionarias, nada que no fuera un discurso controlado y controlable. Finalmente, que a esta idea de patria nueva se adhieren por simpatía, entusiasmo o interés, importantes grupos de la sociedad catalana. Es más, estaban adheridos desde antes de 1939.

Muchos gobernadores vendrían de fuera de Cataluña a reprimir —⁠como se cita a veces con insistencia⁠— por lo mismo que muchos catalanes estaban en la mismísima almendra represiva de la dictadura. Organizaban la tela de araña de los primeros servicios secretos y la primera policía política franquistas; eran ministros de Franco; estaban inventándose el nuevo orden económico del “glorioso movimiento”; formaban una potente sección de la Falange o loaban en poesías y prosas dignas de olvido a Mussolini, José Antonio, Franco y otros héroes del momento.

Tras una guerra civil, que el represor sea o no catalán, ¿qué relevancia puede tener? A Cataluña irían gobernadores nacidos en Baracaldo, Zamora o Santander, lo mismo que la tela de araña del coronel barcelonés José Ungría atrapaba rojos por todo el territorio nacional. Los generales catalanes Andrés Saliquet y Enrique Uzquiano iniciaron el golpe militar en Valladolid. Controlaron la Castilla norteña, cerraron sus pasos naturales y evitaron el avance hacia el Sur de los mineros de Asturias (esos mismos a los que, dos años antes, había reprimido otro general catalán, Eduardo López de Ochoa). Tras franquear el terreno a otro general barcelonés, Fidel Dávila, que iba de paso a ocupar Vizcaya, Santander y Asturias, Andrés Saliquet entró en Madrid. Allí saludó al general Joaquín Ríos Capapé, natural de Figueras, que había tomado la Ciudad Universitaria. Por Madrid se paseó, a la vera de Franco, en el primer desfile de los vencedores.

En el capítulo lingüístico, que es el nuestro, estas historias de horribles persecuciones olvidan en general un hecho simplísimo: los catalanes hablan dos lenguas desde hace siglos, y la manta de español que le cayó a Cataluña en la posguerra no fue, en esencia, nada venido de fuera para tapar la otra lengua de casa. En 1939 la relación de lenguas se estableció de modo no absolutamente novedoso a como se había establecido en otras épocas anteriores, cuando muchos catalanes dieron prelación al español. Aunque las circunstancias esta vez sí fueran, por cierto, siniestras, graves e inauditas. De modo que si hay autores que consideran que los efectos de la represión cultural pesan todavía sobre la sociedad catalana, tendrán que considerar también por qué parte representativa y numerosa de esa sociedad la promovió, la secundó, la admitió o permaneció indiferente ante ella.

No todos los autores catalanes, es de justicia decirlo, cuentan la historia a modo de martirologio patrio. Para algunos, seguir considerando como ejército de ocupación la multitud de funcionarios que va a permitir el desarrollo del nuevo régimen en Cataluña es lo mismo que esconder la cabeza debajo del ala, porque ninguna sociedad se adapta a cambios tan drásticos sólo por la mera represión. Tienen que darse unas condiciones favorables que la dejen prosperar[3]. Para otros, quienes ajusticiaban a los catalanes republicanos “no eren vencedors arribats de lluny, sinó catalans de tota la vida que volien practicar la venjança directa, sota la mirada còmplice de les autoritats […]. La repressió de postguerra s’exerceix contra gente majoritàriament catalana i en ella hi participa gent autòctona catalana, d’idees contràries”[4].

Estas venganzas directas por tan expeditivos métodos venían practicándose entre catalanes desde 1936. Si bien los fusilados de entonces eran los que fusilaban ahora. Como también hay que reconocer que la represión del treinta y seis afectó a muchos menos que la del treinta y nueve. Afectó entonces, sobre todo, a periodistas, abogados, militares y algunos notables que venían siendo públicamente hostiles a la Cataluña soviética que algunos anunciaban, con esa denominación precisamente. En ciertos medios políticos se sabía que uno de los fundamentos de la Cataluña independiente pasaba por el pacto Stalin-Maciá. La venganza del treinta y nueve fue descaradamente masiva, arbitraria y clasista: se ensañó con campesinos y obreros. A qué iba destinada la venganza del año treinta y nueve resulta, por otra parte, evidente también. Se destinaba al “restabliment de les relacions tradicionals de dominació entre propietaris i assalariats, en unes condicions extremadament favorables als primers”[5]. Éste es un escueto resumen de la historia económica y humana de la posguerra catalana. Para poderosos catalanes, la victoria franquista, que consideraban como la suya propia, y esto es innegable, aseguró ese restablecimiento del orden acostumbrado.

Renovadas opiniones estas que han ido expresando autores catalanes en los últimos años. Si prosiguen su investigación en tal terreno llegarán a una conclusión sencilla: que aquello fueron resultas de una guerra civil en la que, como ocurrió con el resto de españoles, también se ensañaron catalanes contra catalanes. Todo esto, sin embargo, ya lo sabía hace sesenta años Fernando Valls Taberner —⁠que personalizó la pronta conversión a los principios del Movimiento Nacional de los hombres de la Lliga, los de la dreta de l’Eixampla[6]⁠— y lo contó en un librito de expresivo título, Reafirmación espiritual de España (Barcelona, 1939) donde se podía leer: “Cataluña ha seguido una falsa ruta y ha llegado en gran parte a ser víctima de su propio extravío. Esta falsa ruta ha sido el nacionalismo catalanista”. Catalanes notables y adinerados de entonces (como otros que ni eran tan notables ni tan adinerados) pensaban así. Sin embargo, ahora se piensa —⁠podría decirse que en los mismos ambientes⁠— que el nacionalismo catalanista no es una falsa ruta, sino todo lo contrario: es la ruta. Las cosas cambian. No tiene mayor importancia.

Pero que el nacionalismo catalán era una falsa ruta no se tenía porque decir necesariamente en español. Algunos, como el mallorquín Lorenç Villalonga, lo venían diciendo desde principios de los años treinta en catalán. En la posguerra, Villalonga se dedicó a dar charlas y conferencias sobre el fascismo y las virtudes del nuevo régimen. Lo hacía en español o en catalán indistintamente. Los mandos de la Falange, a instancias de los cuales se daban aquellas charlas (radiofónicas en muchas ocasiones), consideraban que el catalán era lo aconsejable para este tipo de adoctrinamiento, porque para las masas populares resultaría más familiar. El que algunos gobernadores, como el general Álvarez Arenas, anduvieran a la gresca con los falangistas y los despojaran de su propaganda escrita en catalán, no sé hasta qué punto ha de considerarse persecución política de esa lengua.

Para entender lo que pasó creo que no hay que perder de vista a la gente, sus actitudes, sus valores y sus reacciones. Pero sí hay que perder de vista los prejuicios. Las lenguas, sencillamente, son sus hablantes. De modo que lo que les pase a aquéllas está en relación directa con las actitudes que sobre ellas adopten quienes las hablan. Estas actitudes se deben a circunstancias materiales variadas. En la Cataluña de aquellos años, más que variadas, fueron variadísimas. Voy a repasar sólo unas pocas.

NO HAY PEOR DESPRECIO QUE EL NO HACER APRECIO

De mucho antes de la Guerra Civil data esa actitud que al doctor Gabarró le dolía tanto entre catalanes cultos que, sabiendo catalán, se negaban en rotundo a hablarlo, por lo menos en público. Con su negativa, obligaban por costumbre a hablar en español a los demás. Sería inercia, como opinaba Gabarró, sería otra cosa, pero era una actitud muy corriente y —⁠por lo menos hasta los días revolucionarios del treinta y seis⁠— no tenía necesariamente que ver con adscripción política alguna. De la preguerra es la actitud de gentes al estilo de Jesús Sánchez Diezma, que querían ver sus nombres escritos en español en los estadillos del Colegio de abogados de Barcelona. Típico de la época republicana, y de los primeros años de la guerra, es el vicentismo que tanto le llamó la atención a Orwell —⁠que hablaba poco español y menos catalán⁠—: de pronto la gente se ponía a hablar catalán en masa y en público, era la lengua popular, la de identificación con una causa, a Orwell no le servía el diccionario inglés-español. Meses después, con Franco todavía lejos, la oportunidad lingüística se invertía. He aquí una masa de indiferentes o, de acuerdo con las circunstancias (y de acuerdo con Orwell), gente con simples ganas de sobrevivir.

La misma Barcelona que jaleó a los brigadistas que iban para el Ebro en octubre de 1938, hasta el punto de sorprenderse muchos de ellos porque no se explicaban de dónde había salido tanto rojo a esas alturas, es la que tres meses después tributa un recibimiento entusiasta a las tropas de Franco. De la inmediata posguerra son otras actitudes como la de quienes se sienten vencedores, o liberados, y acatan los principios del nuevo régimen con total naturalidad. Eran las gentes a las que se refería El Correo Catalán el veintitrés de febrero de 1939 como “literalmente esclavizadas durante treinta meses mortales, en que la autoridad o su caricatura estuvo en manos de los mediocres y de los malvados”. Están también quienes, sin motivación precisa, quieren lavar su pasado catalanista o sus simpatías con él, más o menos forzadas durante los años republicanos: una especie de género converso, que extrema los símbolos unitarios de la nueva época. Una población que abandona el catalán como por arte de magia. Finalmente están quienes, por expresarlo pronto, cambian lengua por dinero: “La burguesía catalana, que mai no retrobaría el protagonisme d’abans de la guerra, toleraría la desaparició dels seus senyals d’indentitat només amb l’objectiu de conservar el poder econòmic”[7].

Esta última opinión quizá sea certera; pero si se admite esa pérdida de identidad, es que la seña de identidad no era tanta. O había más señas y de más valor. Dicho de otro modo: ¿cuál era la genuina seña de identidad de la burguesía catalana, la lengua (digo cualquier lengua) o el dinero? En la posguerra, ¿perdió realmente sus señas de identidad o, simplemente, tomó una opción —⁠una más⁠— para conservarlas y acrecentarlas? Para esta representativa clase social, la posguerra se resumió en dos puntos: primero, recuperar la empresa, la fábrica, como algo esencial; segundo, una vez acatado el poder central, apoyarlo y, en los márgenes de maniobra que se le permitían, dedicarse tranquilamente a ganar dinero[8]. Dichas posiciones llevaban implícita una opción lingüística clara: el reconocimiento del español como lengua de expresión pública, que era una forma como cualquier otra de dar las gracias al “glorioso alzamiento nacional” que le había librado de los rojos. En el fondo, la opción lingüística, ¿qué importancia tenía?, ¿qué más daba? El español también era su lengua. A efectos económicos, una lengua mucho más beneficiosa que el catalán. A efectos políticos, por aquellos años, no digamos.

Por encima de toda esa maraña de intereses humanos, mucho más complejos y serpenteantes de lo que parece a primera vista, se extendían los principios de un régimen que había colocado a la lengua común donde siempre han colocado las lenguas los amigos del tradicionalismo: en el olimpo de la patria, en las esencias, en la identificación colectiva y en la seña irrenunciable. También el español ha tenido aquí su historia olímpica y ninguna falta le hacía tenerla, pero así fue. No sólo esto, sino que, como lengua de un imperio hispánico emergente, ni podía admitir contacto con ninguna lengua minoritaria de España, ni podía admitirlo como si tal cosa con los idiomas que hablaban las potencias decadentes del bloque aliado.

Sí podía codearse con el italiano y con el alemán, que se enseñaba en algunos colegios privados, lengua esta última de otro imperio emergente entonces que, al final, se hundió. Bien puede decirse que, con estas gentes y estas ideas, la puerta para desalojar el catalán estaba abierta de par en par. Muchos catalanes contribuyeron a abrirla y a mantenerla abierta, instalados en puestos de alta responsabilidad, hasta finales de los años cincuenta de forma clara, y hasta después de forma tácita. Fechas y personas que indican que la tónica represora ni fue exclusiva obra de hispanohablantes natos venidos a perseguir el catalán, ni fue una medida coyuntural tomada al calor de la posguerra[9].

Hay un testimonio muy sincero, y muy elocuente, al respecto. Lo da el escritor Carlos Barral en su libro de memorias Años de penitencia. La familia Barral había hablado antes de la guerra indistintamente catalán y español, sin que la opción por uno u otro supusiera nada en concreto; estribaba en las relaciones o procedencia de sus diversos miembros. Su tío Gerardo, por ejemplo, hablaba catalán, pero en casa, excepto para chillar cuando estaba enfadado, hablaba español. Su madre hablaba argentino, dice el autor; su tía Adelina, catalán. Ambas lenguas familiares se entremezclaban en sus recuerdos. Llegó la guerra y tras ella (me permito esta larga exposición de citas extractadas de los capítulos “La calle redimida” y “Retrato de familia”):

Todo el mundo, incluso las criadas, que anteayer gritaban “No pasarán”, participaba de este entusiasmo por la nueva era y se arropaba en los pliegues de una religiosidad delirante. Algunos parientes y amigos de mi familia regresaron del frente con uniformes de alféreces provisionales o lucían en el ojal nuevos símbolos políticos. Es curioso, los que habían permanecido en Barcelona durante la guerra no habían dudado en prenderse de la chaqueta escarapelas rojas o los colores de la confederación. Yo creo que las gentes que efectivamente se sentían liberadas, la burguesía que había permanecido en zona republicana y para quienes las fuerzas nacionalistas habían ganado la guerra, tenían la obsesión de enmendar el país. Porque el país entero se puso a hacer penitencia y una transformación que al cabo de los años parece inimaginable se operó a una velocidad vertiginosa. El mandar los niños a los jesuitas debió ser para muchas familias burguesas e incluso de la menestralía uno de los ritos expiatorios con los que inconscientemente pretendían saldar la culpa colectiva. Muchas familias, por otra parte, debieron pensar que la tradicional disciplina de los educadores ignacianos volvería a la razón a sus crías mal educadas, disipadas en el libertinaje de los años de guerra. No sé de dónde vendría aquella primera oleada de padres y hermanos destinados a repoblar el colegio y a poner en marcha sus sistemas de educación tan reputados entre las gentes acomodadas. Hablaban todos ellos en castellano. El catalán era ante todo la lengua de los veranos, la lengua de los pescadores de Calafell, entre quienes la había realmente aprendido. El catalán resultaba, por otra parte, una lengua vinculada a personas y situaciones poco simpáticas, estrechamente ligada a la grosera lógica mercantil y proclive a los discursos injuriosos. Y era la lengua que generalmente se usaba para hablar con chóferes y porteras, para entenderse con los escasos representantes del proletariado que tenían contacto con mi preservada vida de señorito.

UNA, GRANDE Y LIBRE… PERO MENOS

En este clima que narra Barral prosperó un repetidísimo lema que iba a ser la clave del nuevo orden social: España una. En 1938 Franco declaraba a un diario argentino: “España se organiza en un amplio concepto totalitario, por medio de instituciones nacionales que aseguren su totalidad, su unidad y continuidad. El carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio para la unidad nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española”[10]. Toda la retórica sobre la unidad española es muy conocida. No hará falta acumular citas. Es más, no hará falta acumular ni una.

Sorprende tanta manía unitaria ante atribuciones autonómicas que entonces eran muy limitadas, si se comparan con las actuales. Es evidente que el miedo a la diferencia no era tal; primero porque no tenía sentido, en el fondo, no había tanta diferencia; segundo, porque entre el conservadurismo español a ultranza —⁠donde hay que incluir a Franco⁠— lo del carácter regional, la tradición, la variedad, el pintoresquismo, lo autóctono, se apreciaba mucho, como se sigue apreciando tópicamente, pues se supone que es una parte esencial de lo español. De modo que todavía ahora se oyen apelaciones a la unidad nacional añadiéndose, eso sí, la coletilla de los particularismos enriquecedores e integradores. Antes se utilizaba incluso como reclamo publicitario para atraer turistas, con esos carteles llenos de colorines donde hoy salía un caballista andaluz y mañana un baile de muñeiras.

Lo que por entonces se ocultaba tras la retórica de la unidad no era conjurar el miedo a la diferencia, sino conjurar el más palpable, agudo —⁠y muy evidente en la propia Cataluña⁠— miedo a la revolución social. Asunto, éste, por otra parte, que no se oculta lo más mínimo en la prensa de la época, ni en las frecuentísimas proclamas patrióticas, arengas y discursos. La adhesión a los nuevos principios de orden, de disciplina, de acatamiento a la autoridad, a sus valores ideológicos, se va a expresar, entre otros efectos, a través de la adhesión sin reservas a la lengua común de la renovada España una. Así, en el semanario vasco Domingo, del diecinueve de septiembre de 1937, se podía leer: “Ni cerrar el puño, ni hablar otro idioma que no sea el español. Una cosa y otra nos han costado bastante sangre para que no las pongamos juntas, como juntos iban los marxistas con la tribu cobarde y abyecta de los separatistas vascos, y como van todavía en Cataluña ambas tendencias antiespañolas”. Se da la circunstancia de que la inmensa mayoría de los separatistas vascos no hablaba más que español, y el puño levantado o el marxismo no eran moneda disgregadora en el ultracatólico mundo del nacionalismo vasco. El eusquera sí lo fue.

Por lo mismo, en Barcelona, el Ayuntamiento establecía un plazo para que los rótulos y reclamos públicos fueran redactados en español “dando con ello los comerciantes y anunciantes una prueba de adhesión a lo que ha sido la base y motor del glorioso Movimiento”[11]. Glorioso Movimiento que a muchos comerciantes les resultaba simpático, y no tenían mayor empacho en mostrarle su adhesión a través del idioma (que para ellos no era un idioma venido de fuera). Lo hacían cambiando el nombre de los establecimientos, o poniéndose una insignia en la solapa, o llevando sombrero, que era una prenda que no usaban los rojos. Pero una prueba, entre otras, de que la lengua no siempre era un salvoconducto es que, en las depuraciones de profesores de la universidad de Barcelona, a algunos no les sirvió de nada el serlo de español o de latín. A otros, sus simpatías por el nuevo régimen sí les sirvieron de algo: Joaquín Verdaguer, periodista palmesino que había cultivado el catalán y el español, vio cómo su Método de inglés se convertía en libro de texto oficial. Verdaguer también sabía inglés, como puede suponerse, y desde 1936 venía traduciendo al español obras tituladas Mallorca salvada, y otras tan amenas como ésa, prosas de marinos de guerra británicos que narraban sus experiencias en la Royal Navy, y sus ocasionales escarceos tácticos con la flota republicana española.

Exactamente, no sé por qué se tiende a ver en las apelaciones franquistas a la unidad lingüística una monomanía por atacar lenguas minoritarias, o por aplastar el régimen autonomista republicano, que se supone que debía de ser la Tierra de Jauja, el paraíso políglota donde todas las lenguas de España tenían un aprecio y un cultivo dignos de admiración. Son más visibles las intenciones por controlar la “hidra revolucionaria”, como decían algunos entonces. En Cataluña, señaladamente, muchos sintieron con alivio la victoria franquista, por lo que ciertas clases y estamentos recuperaban con ella: las fábricas, las empresas, las tierras, los bancos, los títulos de propiedad y el orden establecido de relaciones de poder económico, todo eso, era infinitamente más importante que el catalán. Lo que se recuperaba con la contrarrevolución bien valía el silencio público de una lengua que, por otra parte, los vencedores tampoco estaban decididos a liquidar. No por nada en especial, sino porque entre los vencedores, entre quienes se sentían como tales, había muchos catalanohablantes.

Quedaba, por tanto, libre el camino para esa infinidad de dictados sobre el uso de la lengua, sobre la exclusividad del español en tales o cuales situaciones, sobre la prohibición de hablar o escribir en otro idioma que no fuera el que entonces se declaró nacional. Muchos dictados son ocurrencias verdaderamente absurdas, que sólo se explican por las especiales circunstancias de aquellos años, como la de prohibir en la ciudad navarra de Estella el uso de la palabra agur, por ser “planta exótica” en aquellas tierras. Aparte de que fuera cierto, el caso era prohibir todo lo que no casara con la nueva ortodoxia política. Otras prohibiciones había que seguían la misma línea. Quedaba también abierta la estigmatización del catalán o del vasco, la del gallego se notó mucho menos. Todo esto llegó hasta el punto de que gente catalana partidaria del régimen de Franco, gente libre de toda sospecha, exiliada de la Cataluña revolucionaria e instalada en zona franquista, era criticada por hablar en catalán en su tierra de acogida. No se consideraba su lengua un signo de particularidad, sino de clara desafección contra un “glorioso Movimiento” que combatía en Cataluña una revolución, muchas de cuyas voces se asociaron con el catalán.

Todas estas notas sobre la unidad lingüística y unidad política quedan documentadas y no necesitan mucho comentario. Su contenido se puede resumir en las palabras del ministro de Educación Ibáñez Martín: “La unidad lingüística se requería así, como complemento de la unidad política. Una patria grande y unida ha de poseer una lengua común y ello por la necesidad imperiosa de que sea uniforme la voz de todos los españoles, y esa voz pueda conservarse en el futuro”[12]. Ésta es la parte retórica del asunto. Había otros intereses de mayor enjundia.

La idea de una uniformidad lingüística había arrancado no para conjurar el separatismo en sí, ni para trasmitir nuestro mensaje a quien quisiera oírlo en el futuro; arrancó para conjurar las “desviaciones” revolucionarias. La práctica de la adhesión a ese principio unitario, como muestra de que no se era hostil al régimen (y, por lo mismo políticamente desviado), pasaba por hablar públicamente en español. Ésa era la única manera eficaz de controlar a la gente. Una eficacia rudimentaria, si se quiere, pero una función del lenguaje que no ha sido de uso exclusivo de la España de posguerra. Las llamadas a la unidad lingüística llegaron mucho más allá del catalán, del gallego o del vasco. Pío Zabala, rector de la Universidad de Madrid, pronunciaba estas palabras un diez de junio de 1939: “Quien no piense en español, no ha de volver a tener acomodo en las aulas”[13]. Es evidente que con la palabra español Pío Zabala no se refería sólo a una lengua. Con argumentos de esa sustancia se abrían expedientes a Antonio Machado o a Miguel de Unamuno, por los que se les apartaba de sus cátedras de francés y griego, respectivamente. Ya daba igual. Habían muerto varios meses antes de que se incoara el expediente. Pero servían de ejemplo aleccionador: la limpieza lingüística era limpieza política e ideológica en realidad. Se buscaba un pretendido casticismo español cuyas normas quedaban al arbitrio del nuevo régimen.

A tal respecto es clarísima una orden del dieciséis de mayo de 1940 donde se dice: “No por un mezquino espíritu de xenofobia, sino por exigencias del respeto que debemos a lo que es entrañablemente nuestro, como el idioma, se precisa desarraigar vicios de lenguaje que, trascendiendo del ámbito parcialmente incoercible de la vida privada permiten en la vida pública la presencia de modas con apariencia de vasallaje o subordinación colonial. Es deber del poder público, en la medida en que ello sea posible, reprimir estos usos que contribuyen a enturbiar la conciencia española desviándola de la pura línea nacional, introduciendo en las costumbres de nuestro pueblo elementos exóticos que importa eliminar”[14], (texto paradójico, qué duda cabe, destinado a corregir los vicios de la lengua enfangándose en el vicio él mismo: no puede estar peor escrito). Tales apelaciones a la pureza de la lengua enseñan que tras la España una andaba la España imperial. Ambas eran las dos caras de la misma moneda política: adhesión al régimen.

En el Catecismo patriótico español de Ignacio Méndez Reigada, libro de texto oficial para las escuelas desde 1939, los niños aprendían lecciones como ésta: “La lengua castellana será la lengua de la civilización del futuro porque el inglés y el francés, que con ella pudieran compartir esta función, son lenguas tan gastadas que van camino de una disolución completa”. De modo que, si al gobernador de turno se le ocurría, podía caerle una multa al establecimiento que se anunciara como Palace, Coiffeur, Restaurant o Royal. Todos estos nombres no estaban escritos en “idioma nacional” y, a veces, se interpretan erróneamente las multas a ellos dirigidas —⁠que fueron algunas⁠— como anticatalanismo o antivasquismo, pero no había tales. O sea, que entre la España una y la España imperial de la posguerra, con sus dobles exigencias idiomáticas, muchos restaurants pasaron a casa de comidas; los Royal a Real; algunos Palace a Palacio y la Maison Doré pasó a ser el Café España. Pero esto no tenía por qué ocurrir sólo en Barcelona, ocurría también en Madrid, si bien en aquella ciudad se notó más la España una y en ésta la imperial. Considerado el caso desde el cinismo práctico, multar por desafección idiomática era una manera fácil de sacar dinero en una época de apreturas.

Respecto a la prohibición de nombres, ocurría un poco de todo. Algunos se prohibían no porque fueran catalanes, sino porque eran de “ciertos” catalanes. Por una orden del 21 de febrero de 1938, los institutos Balmes, Maragall y Ausias March conservaron sus nombres. Pero el Instituto Giner de los Ríos pasó a denominarse Jacinto Verdaguer, como el Pi y Margall pasó a Milá y Fontanals. El instituto Salmerón pasó a Menéndez y Pelayo. Salmerón era natural de Alhama, Almería. Quizá a quien firmó la orden le parecía un apellido catalán. En todo caso, había sido republicano de la primera hornada. Lo sustituyó un sabio de Santander libre de sospechas. Como los gobernadores cambiaban con más rapidez que los nombres, un par de meses después, el instituto Verdaguer pasaba a denominarse Avemaría. No sé si en referencia directa a lo que entonces se enseñaba en los institutos.

Algunos llegaron a mostrar tal celo por el engrandecimiento español, de sus palabras, de sus nombres, que fueron más papistas que el Papa. No limitaron el asunto a cualquier lengua moderna, grande o pequeña, sino que recomendaron vivamente cambiar la pronunciación incluso del latín. Ésta fue una ocurrencia particular del obispo de Barcelona, monseñor Díaz Gómara. El reverendo José María Borrás hacía pública tal decisión en el Noticiero Universal de Barcelona, el dos de octubre de 1939: “Con la misma autoridad que mis Venerables Predecesores aconsejaron la pronunciación romana del latín, disponemos que desde hoy se pronuncie el latín a la española”. Nadie obligaba al obispo a tamaña decisión. Es más, ese mismo mes partía del Ministerio de Gobernación una circular asegurando las labores parroquiales en catalán y en vasco (los obispos gallegos no habían solicitado al ministerio ninguna aclaración al respecto. No hacía falta). Sin embargo, tales iniciativas dejaban implícita la adhesión de una Iglesia agradecida al unitarismo antirrevolucionario del nuevo régimen. Era la versión lingüística de los entronamientos bajo palio que el abad Escarré le dispensaba al dictador en el monasterio de Monserrat.

Tras la obligación, o junto a ella, venía la devoción propagandística al español. En los locales públicos, aduanas, transportes, se ponían carteles con lemas como “Los españoles que hablen español”, “Sana y noble advertencia: hablad castellano” y otros por el estilo. Aparece otra figura recaudatoria muy de la época, la Guardia cívica, una patrulla lingüística vestida de paisano que se dedicaba a pasear por las calles a ver qué decía la gente y cómo lo decía. Si oían a alguien hablando en cualquier otro idioma que no fuese español —⁠cualquier otro idioma⁠— tenían mandato de llamar cortésmente la atención al interlocutor invitándole a cambiar de lengua. Si el aludido no lo hacía así, tras reiteradas advertencias, la cortesía llegaba a su fin y se le podía denunciar a la autoridad de turno. Al infractor le caía una multa encima. Otra más.

LENGUA Y CONTROL SOCIAL

Este realismo lingüístico obligado, por llamarlo así, cumplía varios fines mucho más allá de la persecución política de lenguas. Aunque no sean explícitos, sin embargo, son fines fáciles de ver si se leen con la debida atención los dictados al respecto que iban saliendo de ministerios y gobernaciones. Voy a destacar los cometidos que me parecen más interesantes y los que mejor demuestran algo muy simple: que la lengua española sirvió no sólo para acallar otras lenguas sino que sirvió, más eficazmente incluso, para acallar otras ideas que se expresaban… en español. Quienes piensen que la lengua común se empleó entonces sólo como elemento de censura del catalán, gallego o vasco, están viendo la corteza de un fenómeno de control social mucho más profundo y mucho más grave que afectó a todos los españoles. Un fenómeno típico de los regímenes totalitarios, una de cuyas ramificaciones era la lingüística. Pero no era la única, ni la más grave posiblemente.

Había un cometido simbólico en el unitarismo lingüístico, derivado del hecho de estar todos los españoles al unísono contribuyendo a la España una y a la España imperial, ligándose a esa corriente. Una corriente totalitaria y xenófoba recogida, por ejemplo, en el libro España Nuestra, que publicó en 1943 la Vicesecretaría de Educación Popular. Allí se leen estos amables avisos: “¡Escuchad bien esto y para siempre, niños españoles!: ¡El que de vosotros olvide su Lengua española o la cambie por otra dejará de ser español y cristiano! ¡Por traición contra España y pecado contra Dios! ¡Y tendrá que escapar de España! Y cuando muera, su alma traidora irá al infierno”. En este párrafo la lengua española se había aliado con la religión cristiana. Faltaba la raza, que también anda por otros textos con los que no es hora de aburrirnos.

A la postre, esta función es la que más ha dañado el aprecio por el simple valor común de la lengua, porque aunque parezca que éste se refuerza, la realidad es que se debilita mucho por asociarse a un credo político concreto. En este terreno, el español no le debe ningún favor a la etapa franquista, más bien al contrario. Eso es nocivo, no para el español en sí, sino para todos los españoles, porque se siembra la duda, el recelo, sobre un medio de relación útil para todos y tan extendido que no es propiedad de nadie. El franquismo fue tan torpe en esto que les ha brindado argumentos a quienes hablan del español como una lengua impuesta por la fuerza. Pero no se le pueden pedir peras al olmo, y un régimen totalitario lo es por algo. Un régimen totalitario aprovecha todos aquellos recursos de control social que quedan a su alcance. En la España de la posguerra uno de aquellos recursos fue la lengua común.

La función principal del unitarismo lingüístico fue la de controlar a la gente, la de controlar las ideas y la de asegurar la eficacia en la cadena de mando. Creo que esto admite pocas dudas. El Catecismo patriótico español (no teman, les aseguro que es la última vez que lo cito) era claro a este último respecto: “En España no hay división de poderes, sino unidad de mando y de dirección y, bajo ella, orden y jerarquía”. ¿Queda claro? El mando, el orden y la jerarquía monolingües eran más prácticos, por supuesto. Además, el sentido de las comunicaciones que fueran en otra lengua se podían escapar al control de la autoridad —⁠en caso de que trasmitiesen algún mensaje subversivo o alguna indirecta⁠—, mientras que dichos en español no eran secretos. La Guardia cívica cumple muy bien esa función, no se pasea por la calle discretamente vestida de paisano para sólo recomendar que no se hable en catalán, en gallego, en vasco o en francés. Se pasea por algo más.

De la misma manera, la machacona insistencia en que todos los carteles, nombres, anuncios, anagramas y marcas —⁠procedan de la lengua que procedan⁠— “vayan obligatoriamente acompañados de algunas palabras explicativas en el idioma nacional”[15] y no con un nombre escueto, con una sigla, o con un título de recónditas sugerencias, indica también con claridad dicha función. Quien la dejó más clara fue el canónigo barcelonés José Montagut i Roca: “Toda propaganda oral y escrita debe pasar por el mismo tamiz. No se permitirán ni alocuciones, ni mítines, ni conferencias, que no se pronuncien en castellano, y quedará proscrita toda publicación, libro, folleto, periódico, revista, diario que no se redacte en el lenguaje oficial de España, que es el verbo de la raza y de todos los hijos del orbe hispánico”[16]. (¿Lo han visto?, ya está la raza.) Pues bien, ésta es una proscripción del catalán, gallego y vasco, en la misma medida en que lo es del francés, del inglés… incluso del español, según qué ideas se expresen en él: es una proscripción de cualquier mensaje considerado desafecto al régimen.

De todo el entramado se beneficiaba la censura, es más, difícilmente hubiera podido ser muy eficaz entonces sin tales procedimientos. Hasta hace relativamente poco los censores seguían teniendo sus muletillas al respecto; (un informe del censor principal de libros del Ministerio de Educación y Ciencia, que data de 1973, recomienda a la hora de revisar escritos en vasco seguir esta práctica: si se encuentran lemas como Gora Euzkadi o Gora Euskalerria, en el segundo caso no hay cuidado pues significa “Viva España y Vasconia”, en el primero sí hay cuidado pues significa “Viva Vasconia y fuera España”. Según el censor, éste era un criterio que no fallaba). Con una única lengua se controlaba mejor a la prensa y a los medios de comunicación; se controlaba mejor a los ciudadanos particulares; se controlaba mejor los medios públicos de expresión y se hacían más efectivos los servicios secretos del régimen y su policía política. Se dominaba, en fin, cualquier línea de comunicación y se evitaban ruidos molestos.

Una de las grandes destinatarias de esta función controladora fue la escuela. Durante el franquismo bien puede decirse que ha habido más adoctrinamiento que alfabetización, o que ésta se ha ejecutado a través de aquél. No hay más que ver los libros de texto de la época al estilo de La escuela y la patria, España es así, Espejo y gloria de España (no, no seleccionaré citas esta vez). Obras de calidad inmarcesible que algunos han tenido que sufrir, sobre todo si han asistido a colegios religiosos regidos por ciertas órdenes, en los que estas lecturas se han utilizado hasta muy tarde. En la retórica del régimen, los analfabetos, que debían su triste situación a la desidia y molicie de la sociedad liberal, se iban a redimir en la nueva sociedad jerárquica aprendiendo en las cartillas, de paso, los valores patrióticos vigentes.

Que a través de las escuelas se pretendía controlar ideológicamente a las nuevas generaciones, antes que enseñarles español, sin más, lo demuestra un dato que parece anecdótico pero no lo es: la gramática de la Academia, como sus ramificaciones, no fue texto escolar (o lo serían muy irregularmente). Los intentos que llevaron a cabo Vicente García de Diego o Julio Casares, a principios de los años cuarenta, para remozar gramáticas escolares hechas bajo tutela académica hacía diez o quince años, no llegaron a ninguna parte. Los desastres de la guerra desbarataron los fondos editoriales, asunto que no causó mayor quebranto en los planes escolares del régimen, porque una gramática que sólo enseñaba gramática —⁠que era la que se había utilizado en la fenecida República⁠— posiblemente no resultaba práctica en los criterios educativos de la época. Sí lo eran todos esos catecismos patrióticos que se publicaban con profusión de consignas al gusto de los nuevos tiempos.

En resumen, si la represión de las lenguas minoritarias en la posguerra es un hecho innegable que en su génesis va más allá del mero arbitrio de un gobernador militar —⁠un hecho cuya carga cayó, por razones obvias, sobre el catalán de modo mucho más violento que sobre el vasco o el gallego⁠—, el capítulo todo de la relación de lenguas en la España de la época hay que considerarlo como parte de una motivación muchísimo más amplia, y por lo mismo más siniestra si cabe, de control político de toda la población. Un tipo de control en el que el código, la lengua española, era el propio mensaje.

PROPAGANDA, PÚLPITO, ACADEMIA

¿Quiénes quedaron, sin embargo, fuera del obligado control? Ajenos a él quedaban los correligionarios. Quedaban quienes las nuevas autoridades consideraron leales, hablaran la lengua que hablaran. Hay aquí un intento estratégico, en general poco estudiado (tampoco debe ser apasionante hacerlo, sinceramente), de incorporar las lenguas minoritarias al medio cultural del nuevo régimen. Puede parecer extraño a primera vista, pero un mensaje que se repite con insistencia —⁠incluso en los mismos dictados donde se proscriben tales o cuales lenguas, o en los artículos destinados a ensalzar las virtudes unitarias del español⁠— es el de que las otras lenguas de España también son muy dignas. Lo son por muchos motivos: para Montagut i Roca cualquier otra lengua de España que no sea el español “es sagrada y respetable porque ha florecido bajo nuestro cielo”; para Miguel Mateu i Pla, alcalde de Barcelona en 1939, el catalán, el gallego y el vasco son “sanos y nobles apegos a tradiciones sagradas y a usos y costumbres que fueron siempre la esencia misma del patriotismo español”[17], es decir, la doctrina del tradicionalismo español de toda la vida, expresada con absoluta libertad en plena posguerra, por alguien que se sentía vencedor y muy afín al franquismo. En el Abc de Sevilla del 21 de octubre de 1937 se habla del “dialecto regional respetabilísimo y hasta encantador en circunstancias normales” (no las aclara); y así se podrían citar varios ejemplos más donde se vinculan estas lenguas a la tradición, al abolengo y a la raigambre hispánica.

Opiniones particulares aparte, más claras resultaron las palabras de Serrano Suñer al periodista del régimen Manuel Aznar, semanas antes de la toma de Barcelona: “¿El lenguaje catalán? ¿Por qué no? Si el catalán es un factor y un vehículo de separatismo, lo combatiremos. Imagínese que el castellano —⁠aunque esto no puede suceder⁠— llegara alguna vez a ser un factor contrario a la grandeza de España. ¿No estaríamos obligados a combatirlo? Si el catalán es un elemento de la grandeza de la Patria, ¿por qué no respetarlo?”[18]. Así fue, a veces se combatió al español por mucho menos que atentar contra la grandeza de España y se abrasaba entre multas y cierres a La Codorniz por los mismos años —⁠ya entrados los setenta⁠— en que se permitía, sin estorbos, la celebración de ferias del libro y del disco en eusquera y los manifiestos del Alfabetatzen y el Euskalduntzen, donde se decía que ambos movimientos eran dos procesos de recuperación de la nacionalidad vasca (buen apoyo para tal recuperación era la enseñanza del eusquera entre quienes nunca habían hablado dicha lengua); no me parece a mí que eso de La Codorniz sea una persecución idiomática, precisamente.

Más claro, si cabe, que Serrano Suñer fue un oficio de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda del dieciséis de marzo de 1939 donde se lee: “Los idiomas regionales deben prohibirse cuando no sirvan propiamente a un mayor ambiente o a una particular y mejor esfera de divulgación de los Principios del Movimiento y de la Obra del Gobierno”. En un terreno más práctico se desenvolvía el Nuevo Reglamento Notarial del dos de abril de 1944, obra del catalán Eduardo Aunós, donde se lee: “Los instrumentos públicos deberán redactarse necesariamente en Idioma español” (aparte de la mayúscula en idioma, no encuentro yo en este decreto nada raro: si toda la población española conoce el español ¿en qué idioma —⁠o Idioma⁠— van a funcionar mejor y con más frecuencia notarios y registradores? ¿Qué mejor fe pública podía tener un documento que aquella que le otorgaba la única lengua de dominio público genuino?). Eduardo Aunós, sin embargo, tenía todo previsto, así que a renglón seguido aclara que: “Cuando el documento se otorgue en territorio español en el que se hable una lengua o dialecto peculiar, el Notario, a solicitud del interesado, redactará el Instrumento en Idioma español y en la lengua o dialecto de que se trate, a doble columna, para que simultáneamente puedan leerse y apreciarse ambas redacciones que gráficamente se corresponderán en cuanto sea posible”. Según la misma orden, no hacía falta traducir al español las expresiones en latín. La ocurrencia del obispo de Barcelona, monseñor Díaz Gómara, se conoce que ya estaba pasada de moda.

Es tan común este tipo de opiniones entreveradas en los más distintos medios o explícitas en oficios y leyes, que no puede hablarse de simples usos retóricos. Entre los franquistas no hubo ningún Barère, aquel comisario al que los revolucionarios franceses encargaron un informe sobre las lenguas bárbaras que se hablaban en el país y la mejor manera de extinguirlas. Personaje, por otra parte, elegido para la ocasión, porque era un tipo que mostraba el más olímpico desprecio hacia todo lo que no fuera francés. Del vasco que tenían los franceses al sur, lo más suave y diplomático que se le ocurrió decir es que era la lengua del fanatismo. Y no dijo cosas mucho más bonitas que ésas.

Pero la capilla de franquistas no era así. No eran revolucionarios. Eran muy conservadores y en el fondo consideraban lo que Montagut, lo que Mateu i Pla, lo que el Abc de Sevilla, lo que Serrano Suñer, lo que la Subsecretaría de Prensa y Propaganda, lo que Eduardo Aunós y lo que la Iglesia católica: que las otras lenguas de España no dejaban de ser una parte de la tradición. Eso sí, había que limpiarlas de contenido y connotaciones revolucionarios —⁠esto, sobre todo para el catalán⁠— o de una utilización equívoca y desviada de sus verdaderos valores populares, folclóricos y tradicionales. Bien encauzadas no representaban ninguna amenaza. Es más, se podían injertar en el tronco patriótico y servir, como servía el español, hasta de propaganda.

Quizá esto explique iniciativas como la reedición en catalán, en 1942, de la obra de I. Casanovas Balmes. La seva vida. El seu temps. Les serves obres. El filósofo católico y tradicionalista Balmes (1810-1848) era catalán, había escrito en español y parecía entonces más presentable, legible y digerible que otros autores patrios de la misma línea, como el cardenal Ceferino González o el Padre Urráburu. Aquí también se encuadraría el proyecto de un gran centro de estudios occitanos, algún otro de estudios mediterráneos, todo ello en Barcelona, y otros asuntos de este tipo. La Diputación de Guipúzcoa financiaba una revista para nuevos escritores nacionalistas; la de Navarra facilitaba clases de eusquera para niños; se reeditaban las poesías de Rosalía de Castro, libros como el de J. Trapero Pardo Non chores, Sabelina, dramas como O chufón, de J. Rodríguez López. Entiendo que esto no era la Atenas de Pericles, por supuesto. Pero tampoco lo había sido antes.

La tolerancia en estos círculos se aprovechaba a modo de fomento de la diversidad tradicional española. No se crea que se trataba de inventos oficiales. Tenían cierta base popular. En Hospitalet se creó espontáneamente, a principios de los años cuarenta, el grupo cultural Alianza entre vecinos catalanes, gente muy conservadora, fiel al franquismo, que a través de la sardana y de otras manifestaciones de este tipo pretendía crear un clima de concordia en un medio social muy revuelto pocos años antes. A su modo, crearon círculos fraternos y se demostró que el fomento del popularismo tradicional, pero integrador y tranquilo, tenía sus valores. No quiero decir con esto que la dictadura fuera a traer la felicidad políglota. Pero, sinceramente, ¿qué otras felicidades trajo?

El círculo más respetado era el de la Iglesia. Prácticamente toda estuvo con Franco y alguna hasta se ponía correaje y estrellas de oficial en la camisa. Sí hubo tensiones entre el clero vasco, enfrentado a su jerarquía desde 1950 a 1960, aproximadamente, y dispuesto a denunciar los abusos políticos del régimen y la persecución del eusquera. No deja de haber alguna singularidad en estas denuncias que los obispos trataban de ocultar. Para un conocedor del periodo, la reacción radical del clero se debe, en suma: “A la industrialización y urbanización del País Vasco —⁠especialmente Vizcaya y Guipúzcoa⁠—, la persistencia del sentimiento nacional reprimido, la destrucción de la estructura tradicional campesina, la creación de la plataforma cultural cuyo eje vertebrador es el euskera, y la aparición del movimiento ETA y los cambios económicos, políticos y sociales del Estado”[19]. Si lo que opina este autor es cierto, podría decirse que el clero vasco no había cambiado mucho en cien años, cosa que tampoco es de extrañar. Igual que lo desconcertaron en su día los “nuevos yanquis” de Vizcaya y los Altos Hornos, le molestaban ahora la nueva industrialización, la emigración descontrolada que atraía y los inevitables cambios, trastornos, innovaciones y abusos que un proceso así lleva fatalmente aparejados. Pero algo he dicho respecto a estas protestas en el capítulo quinto, y creo que ya es bastante.

Salvo excepciones contadas, la Iglesia se sentía también vencedora, acrecentó su presencia en la sociedad y casi monopolizó la enseñanza. Como círculo fiel, sus usos apenas levantaban sospecha, así que Serrano Suñer, ministro de Gobernación, mandaba esta circular el veintiocho de octubre de 1939 a los obispos vascos y catalanes, ante las dudas lingüísticas que le habían expuesto: “La explicación del Evangelio se haría en lenguaje regional durante las misas de los días festivos a que, por la hora y la localidad, concurriese la mayoría de fieles que se presumiese ignorasen el castellano. También se daría en catalán o vascuence la enseñanza parroquial del Catecismo, en las Parroquias en que concurriese la misma circunstancia; y otro tanto podría disponerse sobre el rezo del Santo Rosario. En todos los demás actos religiosos se utilizará el español”. El ministro disponía, aproximadamente, lo que se había venido haciendo durante muchísimos años, o sea, alternar lenguas según circunstancias. Hay que reconocer que, como la arbitrariedad era muy grande entonces y algunos conflictos se llevaban al terreno personal, esta circular, en manos del gobernador civil o militar de turno, podía ser papel mojado. Alguna vez lo fue.

Un caso, el de Luis Martínez Galingosa, es muy típico respecto al uso del catalán en la Iglesia. Galingosa había mostrado desde antes de la guerra unas manías anticatalanas sobresalientes. En 1939 sustituyó a Manuel Aznar al frente del periódico La Vanguardia. Iba a ser su director durante veinte años. Era católico ferviente. Le disgustaba oír catalán en la iglesia. Un veintiuno de julio de 1959 protestó ante Narcís Saguer, párroco de San Ildefonso, por la predicación en catalán. Como el párroco no le hizo mucho caso, dejó con ademán desafiante su tarjeta en la mesa y se marchó gritando “Todos los catalanes son una mierda”. Galingosa, aunque fuera un tipo desorientado, no era ajeno al hecho de que significativas líneas del nacionalismo catalán de posguerra —⁠no el revolucionario, por supuesto⁠— se habían acogido a un catolicismo que iba de lo evidente a lo extremo con absoluta complacencia eclesiástica. En su mentalidad, se comprende el desconcierto de este hombre ante la actitud ambigua de una Iglesia algunos de cuyos miembros contribuyeron a la proscripción del catalán —⁠y subrayaron los símbolos unitarios de la lengua española mucho más allá de lo que al franquista más extremoso y delirante se le hubiera ocurrido, como lo de españolizar el latín⁠— y ahora andaba por otros derroteros. El padre Saguer le pidió que se disculpase por aquellos insultos pues, si al fin y al cabo el régimen le había permitido predicar en catalán desde hacía veinte años, ¿quién era el director de un periódico para decirle nada ahora? Galingosa le contestó con un escrito en su periódico donde aclaraba que, de disculpas, nada de nada; ya había dicho todo lo que tenía que decir. Aquello encrespó los ánimos de la feligresía. Un grupo de ciudadanos ligados al nacionalismo católico catalán (poco sospechoso en comparación con el prosoviético de hacía veinte años) inició una campaña de boicoteo contra el periódico, quemó ejemplares en público, rompió algunos cristales y recomendó a suscriptores y empresas que se borraran o dejaran de anunciarse en ese medio. La campaña tuvo buena acogida y La Vanguardia empezó a perder dinero. Visto que la tendencia no remitía, el consejo de ministros del cinco de febrero de 1960 decidió el cese de Galingosa. Los suscriptores volvieron, los anunciantes también. Cierta opinión pública catalana había ganado una batalla doméstica.

Lo que le ocurrió a Galingosa demuestra que: pasadas las angustias de la posguerra, había cambios en la estimación del uso público del catalán; que Galingosa estaba desorientado, porque su belicosidad quizá podría haber tenido curso veinte años antes —⁠supuesto que Galingosa hubiera querido contravenir las normativas que partían del Ministerio de Gobernación, que ya es suponer⁠— pero ahora el franquismo no se iba a malquistar públicamente con dos de sus mantenedores en Cataluña: la Iglesia, por una parte, junto a un entramado empresarial muy comprometido y favorecido por el régimen, si bien más dependiente de él que rector de sus líneas de actuación. A una de las ramas de ese entramado pertenecía La Vanguardia, donde el caso Galingosa estaba costando dinero y nombre. ¿Merecía tanto crédito el director de un periódico, con su trasnochada demanda de obediencia lingüística al español en las iglesias catalanas, algo que ni siquiera el propio Serrano Suñer había exigido en plena posguerra? No lo merecía, así que el gobierno nombró a otro director: retornó Manuel Aznar.

Respetar las lenguas minoritarias en círculos eclesiásticos suponía permitirles un cultivo que la oficialidad de turno no estaba dispuesta a darles abiertamente, pero tampoco a negarles a cada paso. De modo que las congregaciones, obispados, seminarios, monasterios, parroquias y sacerdotes particulares que han respaldado revistas, editoriales, congresos, reuniones y cursos de mayor o menor especialización sobre catalán y eusquera son numerosos, especialmente para esta última lengua. Nada se hacía en secreto porque, en la mayoría de los casos, eran iniciativas conocidas. La alfabetización en vasco, por ejemplo, conoció cierto auge desde 1959 con el empuje de seminaristas de las congregaciones Lateranense, Sacramentina, Carmelita, Franciscana, Pasionista y alguna más; pero desde antes, el padre Felipe Murrieta, bajo abierto y directo patrocinio de la Institución Príncipe de Viana y de la Diputación Foral de Navarra, se dedicaba a la alfabetización infantil, para lo que fundó la revista Umeen Deia[20] Como ya se ha indicado en otro capítulo, el gallego no interesó tanto al clero.

Es posible que en la Iglesia, más que en cualquier otro estamento, viera el franquismo una especie de tradición inmóvil, tranquila, libre de toda sospecha y dispuesta a cooperar. Por eso mismo las recomendaciones eclesiásticas saltan a cada paso: cuando en mayo de 1963 un centenar de firmantes envió una carta con reivindicaciones a favor del catalán a Muñoz Grandes, vicepresidente del gobierno, uno de los párrafos decía: “La lengua constituye un derecho inalienable de las personas y de los pueblos, recogido y sancionado por la doctrina de la Iglesia católica, como así lo ha confirmado recientemente en la encíclica Pacem in Terris el Santo Padre Juan XXIII”[21]. Muñoz Grandes se debió de quedar impresionado. Menos solemnes —⁠pero igualmente reveladoras⁠— son las declaraciones que la cantante pop Cristina del Valle (ex-Amistades Peligrosas) hace al periodista Carlos Marcos: nos dice Cristina que hace veinte años “iba de cantautora guerrillera en Asturias. Reivindicábamos la autonomía, la lengua asturiana… Eramos muy rojos. Todos los movimientos de la izquierda en Asturias estaban organizados por ciertos sectores de la Iglesia. Me acuerdo que me enamoré de mi cura hippy”[22]. Habría que ver al curita.

Otro círculo al que tampoco se le incordió demasiado fue el académico. Desaparecen publicaciones valiosas, pero la actividad de las Academias gallega y vasca se retomaba en 1945 y se orientaba hacia la construcción de una norma lingüística común, hacia la creación de un léxico culto y, en fin, hacia todos aquellos usos idiomáticos modernos que habían faltado siempre en dichas lenguas. También son historias conocidas. Aparte de las tareas académicas en pro del vasco unificado, en los años cuarenta se publican o reeditan obras de autores plenamente independientes, como Julio Caro Baroja o Rodney Gallop, sobre el folclore, tradición, usos o filología eusquérica. Rodney Gallop, por cierto, dedicaba interesantes comentarios a la situación del eusquera en su obra Los vascos. Es una opinión la suya muy alejada del martirio de lenguas. Entre las dificultades que cita para el aprendizaje del idioma están “la falta de buenos diccionarios y gramáticas sencillas”, aunque el mayor obstáculo lo encuentra en “la asombrosa diversidad de dialectos […]. La verdad es que el idioma varía según los pueblos, según las casas, y casi debiera uno decir, que según los individuos”[23].

Poco después vendría la creación de cátedras y una actividad editorial que se va recuperando cuando empieza gente como el poeta catalán Salvador Espriu, que lo hace en 1946, y termina gente como el poeta catalán López-Picó, que lo hace en 1948. No era mucho en cantidad, desde luego, no fue un florecimiento de las artes filológicas y literarias —⁠como no fue un florecimiento de nada⁠—, pero también el medio y el interés eran muy pequeños y, por otra parte, el medio cultural español contemporáneo siempre ha sido pequeño, para qué vamos a engañarnos. De modo que comparto en todo la opinión de Carlos Barral de que la falta de vocaciones literarias en catalán no se debió estrictamente a la situación política y lingüística inmediata, sino a una suma de casualidades bajo las que latía “una catástrofe nacional de dificilísimo arreglo”[24]. Palabras muy justas; pues cuando se cuentan las penalidades de la lengua gallega, la catalana y la vasca, y con ellas las de las gentes que las cultivaban, a menudo se olvida cuántos cultivadores, en España, de la española, enmudecieron con la muerte o el exilio. Sin embargo, sale una lista con muchos nombres. Afortunadamente, a los americanos no se les olvidó escribir.

Por otra parte, la historia de la recuperación lingüística en estos círculos está llena de mistificaciones. Nadie fuera del medio vasquista es responsable de que Justo Mocoroa, por divergencias de criterio, disuadiera a sus alumnos de asistir a los cursos de vasco que impartía la Academia a mediados de los años cincuenta. Ni de que el viejo nacionalista Eguileor publicara poco después la revista Enbor, en español, donde ponía en solfa a los nuevos escritores eusquéricos, la mayoría de los cuales se habían congregado años antes en torno a una revista sufragada por la Diputación de Guipúzcoa. Ni de que el padre Gallastegui dirigiera otra revista, Agur, esta vez escrita en una especie de neovizcaíno, cuando la Academia andaba por el guipuzcoano del área de San Sebastián, tras haber rebajado los proyectos de Federico Krutwig en torno al labortano. Sobre todo, nadie tiene la culpa de que éstas fueran tormentas en un vaso de agua, ni de que la mayoría de la gente, que no se angustiaba en absoluto con los planteamientos patriótico-lingüísticos, viera con absoluta indiferencia los esfuerzos en pro de la recuperación del eusquera. Uno está tentado de pensar que de los años cuarenta hasta iniciados los sesenta, dada la dispersión de criterios normativos, junto al desorden en las líneas de enseñanza y alfabetización —⁠asuntos ambos muy anteriores a la posguerra⁠— y entre la frialdad de los propios vascohablantes, el eusquera se cerraba las puertas solo, no hacía falta gobernadores franquistas para tal. Honradamente lo ha reconocido así algún que otro nacionalista.

En la misma línea está el caso de Federico Krutwig, de quien ya se ha dicho algo. Su exilio forzado en 1952 le granjeó entre algunos nacionalistas un halo de mártir de la lengua vasca. Pero no había tal, Krutwig era, en principio, un hombre del que nada cabía sospechar para los franquistas, para la Iglesia; sólo que se enfrentó a sus patrocinadores. Ya se sabe que no hay peor cuña que la de la propia madera. Él mismo pensó siempre que había hecho una idiotez levantándose contra la dictadura eclesial. Pero creer, como hicieron algunos, que había salido de España un demócrata enfrentado al totalitarismo de la época, es mucho creer. Krutwig era un personaje muy poco recomendable políticamente, un racista convencido, dispuesto a crear la Gran Vasconia, de la que era su ideólogo. Una Vasconia territorialmente mucho más grande de lo que hoy la quieren los nacionalistas y, dentro de ella, gente de raza y habla vascas. Cómo se hubiera podido llevar a cabo esto, no lo sé. (Sin embargo, el nacionalismo vasco sigue anclado en ese frente, con su reclamación territorial de Navarra o los territorios franceses, junto al anhelo de que todos los allí reunidos sepan eusquera. La raza pura quizá sea lo más difícil de conseguir a las horas que corren.)

En cuanto al medio académico catalán, si no tuvo antes de la de Antonio Badía o de la de Francisco B. Moll, catalanes y filólogos, una gramática histórica según los cánones de la moderna investigación —⁠una y otra datan de 1951 y 1952⁠— fue porque no quiso tenerla. Durante años estuvo aparcada en una imprenta barcelonesa otra gramática de Vicente García de Diego, soriano y miembro de la Real Academia. Era una gramática histórica del catalán escrita hacia 1945. Un año antes, el Ministerio de Educación Nacional había establecido como materia obligatoria la enseñanza de la asignatura “Filología Catalana” en todas aquellas universidades donde existiera la especialidad de Filología Románica: se abría una oportunidad para modernizar los materiales universitarios para el estudio de la lengua catalana. García de Diego fue pionero en esto, pero su gramática se retrasaba, al parecer, porque la única linotipia capaz para una obra de estas características “estaba ocupada”, según consta en las cartas del editor, Francisco Fortuny. El caso es que el editor iba sacando libros y libros al tiempo que daba largas y largas a don Vicente por los más diversos motivos: que si la linotipia, que si las pruebas de imprenta, que si las correcciones. Pasó el tiempo, aparecieron las gramáticas de Badía y de Moll. Don Vicente, que estaba entonces corrigiendo los últimos detalles de su aplazada obra —⁠cuyo contrato de publicación estaba ya firmado⁠— no la devolvió a la editorial. Tal vez consideró que tres gramáticas históricas del catalán en dos años, para un medio tan reducido, eran demasiadas gramáticas. Tal vez consideró otras cosas. Lo cierto es que su texto pionero quedó inédito y olvidado.

Dejar libre el mundo académico, o dejarlo bajo un control relativo, significó dejar viva la raíz de las lenguas minoritarias, dejarla en manos más diestras que las del escritor, apologista o folclorista de turno. Más diestras pero no necesariamente más razonables a la hora de distinguir entre filología, sociedad y política. Significó, sobre todo, asociar la norma a una guía autorizada frente a la dispersión de criterios tan típica del gallego y del vasco antes de 1940, y aún después. Esta dispersión fue cediendo ante el reconocimiento progresivo de unas Academias a las que nadie molestó en su tarea esencial: reconstruir y unificar lenguas minoritarias, que durante siglos habían permanecido en estado precario, perfectamente disgregadas, desprestigiadas entre su propio público y en su propio medio, sin cultivo escrito de peso, objeto de curiosidad filológica y usadas preferentemente entre analfabetos, que constituían su vivero expresivo. En estos círculos propagandísticos, eclesiásticos o académicos, se dejaba hacer e incluso se promovía alguna iniciativa. Y se hizo así porque el régimen, fervores patrióticos aparte, era muy amigo de lo tradicional. Pensaba que las lenguas de España eran un rico patrimonio conservable dentro de los cauces de la tradición. Que España era así y así había que conservarla.

LA TIBIEZA DEL PUEBLO

Sin embargo, el interés ciudadano por las lenguas minoritarias, incluso entre quienes las hablaban, no eran tanto. No por presión dictatorial, sino por una fuerza que es muchísimo más potente que cualquier dictadura, muchísimo más potente que cualquier prohibición de lenguas: el interés de la gente por un idioma mayor que, prácticamente todos los que hablaban otro, tenían en casa y lo consideraban irrenunciablemente propio. Pensar que ese interés lo promovió, lo encauzó, o lo facilitó el régimen franquista acallando las lenguas minoritarias es una soberana simpleza. La gran fuerza espontánea de la lengua española en nuestros días queda demostrada en que, a pesar de ser rehén de un régimen dictatorial y totalitario que la utilizó como instrumento público de control político, la inmensa mayoría de los españoles en áreas de contacto lingüístico ha seguido reconociendo sus valores.

Cuando el político nacionalista vasco Manuel de Irujo se preguntaba en 1952 qué estaba pasando con el eusquera —⁠se lo preguntaba a propósito de la fundación de un Pen Club Vasco a quien absolutamente nadie le había prestado la menor atención, salvo los fundadores, se entiende⁠— hablaba de la “impura realidad” de esa lengua, concepto que concretaba así: “Mas en esa realidad, lo más impuro no es lo que va a cargo de los gobernadores civiles de Franco. Para eso los envía el dictador del Pardo a Euzkadi. Lo triste, lo lamentable, lo desesperante, es la actitud vasca en este orden. Hay muchos hombres y mujeres que se dicen patriotas, euzkaldunes, cuyos hijos no saben hablar la lengua vasca. Y la responsabilidad de este hecho no es imputable al gobernador de Franco, sino a los padres y madres que, conociendo el euzkera, no lo enseñan a sus hijos. El idioma, la literatura, la poesía y la cultura vascos encuentran pocos corazones emocionados y menos voluntades puestas a su servicio. Esto es muy lamentable y muy desconsolador; pero es la pura realidad”[25].

A la gente común no le interesaba el vasco. Pero una vez reconocido esto, no deja de haber una acusación durísima, completamente injusta, contra esos padres vascohablantes que para don Manuel de Irujo eran más tristes, lamentables y desesperantes que los gobernadores franquistas, y cuyo gran pecado familiar —⁠parece que imperdonable para algunos nacionalistas y neotradicionalistas⁠— ha sido ver en el español las oportunidades que no les daba el eusquera. Puede que ese sea un gran pecado, pero si tales oportunidades no se ven, no se ofrecen y no se garantizan en una lengua hay que comprender a los pecadores por pasarse a otra. Es más, si se repasan las opiniones de Miguel de Unamuno o de Ramiro de Maeztu acerca de la situación política y lingüística del País Vasco en el primer tercio del siglo XX, se advertirá con facilidad cómo había muchos vascohablantes que hubieran pecado con gusto y, por tristes intereses de gente que tenía asegurado el español, no pudieron hacerlo.

Por cierto, hablando del proverbial utilitarismo de la clase media vasca, Julio Caro Baroja relataba en su libro de memorias Los Baroja que un amigo le había recomendado a otro que, puesto que el hijo mayor no servía para los negocios y parecía muchacho poco práctico, le podía matricular en una Facultad de Filosofía y Letras, a lo que el aludido contestó: “¡Filosofía y Letras! ¡Ni que el chico fuera tuerto o jorobado!”, pues bien, como para ponerlo a estudiar eusquera. Un terreno social este, pues, poco abonado para el cultivo de la lengua patria. Sin embargo, para algunos las familias españolas eran recalcitrantes: según el señor X. Cambre la culpa del decaimiento del gallego la tenían ellas, que en vez de hablar gallego a los niños les hablaban en español. Según el señor Manuel de Irujo, lo mismo pasaba con los padres vascos. Eran familias viciosas, sin duda, que fomentaban lazos de unión entre niños españoles.

Pero, en realidad, no convendría acusar a nadie, ni ver enemigos interiores, ni familias perversas. El eusquera, el gallego y el español conviven desde hace vatios siglos y, por razones tan evidentes como el desproporcionado número de hablantes a favor del español y por el hecho de que los hispanohablantes no se han quedado anclados en una cultura tradicional, campesina y folclórica, sino que desde antiguo han marcado la pauta en el desarrollo económico vasco y gallego, el español ocupa el lugar que ocupa y el eusquera y el gallego ocupan el suyo. Es una circunstancia de historia material de lo más simple. No es menosprecio, es que el eusquera y el gallego tenían, como tienen, un ámbito de relación limitado y, por lo mismo, resultan poco atractivos para aquel tipo de asuntos que hacen grandes a las lenguas. En cierto modo, al catalán le ha pasado algo parecido.

LA NUEVA TRADICIÓN, EN MARCHA

Bien puede decirse que, hasta los años sesenta, el franquismo se dedicó más que a hacer política lingüística a hacer lingüística política. La diferencia que hay entre un campo y otro es que en el primero se administran las lenguas para mejor convivencia de los hablantes. En el segundo, se manipulan las conciencias por medio de las lenguas, sirviéndose de éstas como si fueran un instrumento de control político más. Pero desde mediados de esa década empezaron a cambiar las cosas y a los acostumbrados círculos controlables de la propaganda, la Iglesia y la academia se empezaron a juntar otros donde la expresión en lenguas minoritarias era menos manejable para el régimen.

Mi opinión es que estos círculos aparecieron no por un fervor popular reprimido que finalmente explota, sino porque el franquismo, en el pecado, llevaba la penitencia. Fue un sistema que generó bases económicas y de relación humana imposibles de encauzar en tanta rusticidad política: una notable industrialización, con ella, una obligada emigración de trabajadores hacia núcleos industriales, un traspaso de la gente del campo a los cinturones obreros de la ciudad, un alineamiento diplomático mejor definido, cuando se olvidaron los viejos sermones autocráticos e imperiales, la afluencia de muchos universitarios a las aulas, aspectos todos ellos generadores de conflictos más allá de donde el régimen podía prever. Conflictos en los que fueron a reaparecer los temas lingüísticos, considerados a menudo con menos carga pintoresca.

Sin embargo, por los más diversos caminos, a veces contradictorios, a veces llenos de graciosas paradojas, nuevas generaciones que ya no se sentían comprometidas con el clima opresivo de la posguerra, que se sentían distintas, progresistas, armadas incluso en algunos de sus cenáculos con un marxismo muy pedestre, vinieron a confluir desde los usos ideológicos a la moda con el tradicionalismo de siempre, el que nunca había faltado en el propio régimen. Cómo pudo reaparecer el tradicionalismo que postula la natural —⁠por heredada⁠— separación de gentes según tradiciones, razas, territorios y, sobre todo, lenguas, en quienes se sentían representantes de unas teorías y modos nuevos, solidarios, liberadores, democráticos, comunicativos e igualitarios, no lo sé. El caso es que reapareció. Con alguna fuerza, por otra parte.

Quienes se apuntan a las tesis de que el renacimiento de las lenguas minoritarias de España, evidente en aquellos años y que luego lo sería más, es fruto de una reacción frente a la mano punitiva franquista, deberían explicar, por tener que explicar un solo caso, qué hacían el gallego y el eusquera en boca de generaciones que ni habían sufrido lo peor de esa acción punitiva (que acaso no la habían sufrido para nada), ni habían hablado gallego o vasco en la familia. Y esto no por empeño del régimen sino porque, por su situación social y económica, el gallego y el vasco les eran ajenos. O bien les eran ajenos porque sus padres habían decidido seguir con naturalidad la muy mayoritaria corriente de realismo lingüístico que pasaba por el español.

Es aceptable pensar que las lenguas minoritarias tuvieran cierto aroma de contestación social. Como un símbolo más entre otros muchos que lo tuvieron en esos concretos años. Pensar, sin embargo, que fueron la expresión de un afán democrático secularmente reprimido por el centralismo y la dictadura franquista como remate, no es aceptable. A las pruebas me remito: treinta años después del renacimiento lingüístico, creo que queda claro que los propósitos del nacionalismo en cuestión de lenguas chocan reiteradamente con las necesidades, derechos y usos típicos de una sociedad moderna. Lo que aparentemente pudo nacer contra la dictadura no ha nacido, desde luego, para la democracia. Que nos hayamos acostumbrado a ello no dice mucho a nuestro favor: en España, los nacionalismos —⁠sean de izquierdas o de derechas⁠— repiten con las lenguas minoritarias la misma equivalencia que ayer estableció el franquismo con la lengua española, o sea, lealtad lingüísticas lealtad nacional. Lo más interesante del caso, es que la igualdad se aceptó mayoritariamente ayer con el español como símbolo, así como se acepta mayoritariamente hoy con nuevos ídolos lingüísticos. Extraño círculo vicioso sin solución aparente.

A los nuevos tradicionalistas les había entrado la angustia por la identidad parcelada y por la pérdida de algo tan indefinible como lo gallego, lo vasco, lo catalán, lo peculiar en suma (como a otros les entraba la angustia por lo español). Con mucha facilidad se concentraba ese lo en las lenguas porque, en España, subrayan la diferencia más que cualquier otra particularidad. De modo que la nueva tradición se dispuso a calmar las angustias filológicas de diversas maneras.

En los círculos universitarios de Galicia empezó a extenderse la especie de que el gallego era la lengua proletaria del pueblo, la olvidada, la oprimida, y el español la lengua colonizadora. Se imponía, pues, terminar con esa situación anómala e injusta, elevar la dignidad del gallego y extender su aprecio y reconocimiento como lengua genuina del país. La tarea era difícil porque la “colonización lingüística” ya había desviado del gallego a la gente de la ciudad, a los profesionales, a los intelectuales, a los obreros especializados, a los menos especializados también, a los pequeños y medianos empresarios (los grandes no se habían desviado nunca del español), a los comerciantes, a las clases medias, a los funcionarios, es decir, a casi todo el mundo. Se vivía en Galicia una situación colonial sin que la inmensa mayoría de gallegos se hubiera enterado de nada. Era preciso despertar las conciencias.

Tan preciso como difícil, porque resultaba imposible hacer creer a los trabajadores gallegos que “renunciando al castellano se hace añicos la concepción burguesa, según la cual las ideas de la clase dominante son, en todo momento, las ideas dominantes”[26]. Sin embargo, esta famosa frase, tomada del libro de Marx y Engels La ideología alemana, no tenía curso en la Galicia de hace treinta y tantos años, en la que todas las clases pensaban lo mismo respecto al superior valor de la lengua española.

Es más, en la Galicia de los años sesenta sucedía exactamente lo contrario de lo que dice la frase de marras. Resultaba que las ideas de ciertos círculos de las clases dominantes en torno a la necesidad de revitalizar el gallego no eran las ideas dominantes para nada. Pero, efectivamente, acabaron dominando porque en dichos círculos se ha tenido acceso a unos instrumentos ejecutivos de oficialidad lingüística, imposibles de controlar por las clases dominadas que querían español sin medias tintas. O sea, que al final Marx y Engels tuvieron razón… justo por donde no querían tenerla.

El hecho de que algunos grupos hubieran pensado que en el gallego estaba la redención popular no obstaba para que quienes estaban llamados a redimirse prefiriesen la lengua “colonial”. Pues bien, por singular que parezca, las cabezas que se dedicaban a glosar y poner en práctica estas ideas sobre la colonización lingüística de Galicia aparecen citadas como las autoridades “más impuestas técnicamente en la cuestión” en los informes oficiales del Gabinete de Planificación del Ministerio de Educación y Ciencia para 1970. El tradicionalismo antiguo y el moderno, cada cual a su modo, se empezaban a entender.

En el País Vasco la industrialización y los inmigrantes anclaron a las nuevas generaciones en el paradigma de Krutwig, en la idea de que un País Vasco sin lengua vasca desaparecería del mapa y de que un vasco que no hablara eusquera lo era a medias: así lo expresaba el grupo Ekin, un bastión del fundamentalismo y el ultranacionalismo vascos. Realmente, todo se parecía mucho a lo ocurrido hacía cien años, en tiempos de Arturo Campión. Como entonces, el mundo rural y artesanal, más limitado todavía ahora, se agotaba irremisiblemente y mandaba a los hijos a aprender español, a manejarse en los medios de la sociedad industrial. Así se perdía el eusquera y, con él, la raíz de la tradición vasca. En estas circunstancias surgía la experiencia de las icastolas, como un intento de mantener el eusquera entre quienes lo hablaban. Este objetivo se ampliará, cuando en el seno de círculos intelectuales vascos se identifique, teóricamente, lengua y nacionalidad, o sea, se acepte la tesis totalitaria de que lo vasco pasa por el eusquera. Se empezó por la idea de mantener la lengua pero pronto se fue más allá. A partir de 1966 el grupo de teatro Jarrai propuso a la Academia de la Lengua Vasca unas campañas de alfabetización, y euscaldunización de la gente que no sabía vasco, en las que la Academia, según su declaración expresa, se limitaría a aportar la parte técnica sobre el eusquera unificado, la geografía de la lengua y datos de este tipo, dejando el arranque político del asunto a otros grupos. Todos ellos, en unión a los estamentos oficiales que aparecerían pocos años después, han puesto su granito de arena en la popularización de esas extrañas tesis totalitarias por las que un vasco tiene que saber eusquera, independientemente de que en el País Vasco se pueda vivir sin él.

En Cataluña la gran amenaza para las tradiciones venía de los emigrantes: mano de obra barata, masiva, necesaria para la producción industrial catalana, guiada hasta sus cinturones industriales y que, por supuesto, no hablaba más que español. Para la tradición catalana de aquellos años, el grave problema con esas gentes no es que se hacinaran en suburbios y realizaran trabajos de escaso precio, el grave problema es que podían acabar con Cataluña. Todavía en 1976 se escribía lo siguiente: “Este hombre anárquico y humilde que hace centenares de años que pasa hambre y privaciones de todo tipo y cuya ignorancia natural le lleva a la miseria mental y espiritual y cuyo desarraigo de una comunidad segura de sí misma hace de él un ser insignificante, incapaz de domino, de creación. Este tipo de hombre, a menudo de un gran fuste humano, si por la fuerza numérica pudiese llegar a dominar alguna vez la demografía catalana sin antes haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña”[27]. Es posible que para algunos nacionalistas los emigrantes de los años cincuenta y sesenta se parecieran a ese simpático retrato más que otra cosa. La tradición catalana se puso manos a la obra asimiladora de tan extraños seres procedentes de la nebulosa exterior.

Sin embargo, la idea muchas veces repetida de que la emigración fue una maniobra de la dictadura para borrar a los catalanes del mapa es el colmo del cinismo nacionalista[28]. Y cabría preguntarse si lo que borró la emigración no fueron las posibilidades de enriquecimiento de todas esas áreas que en las estadísticas de los años cincuenta y sesenta aparecen con unos índices de desarrollo irrisorios, comparados con los de las provincias catalanas y vascas, que siempre están entre las diez primeras. Alguna mano de obra las elevaría hasta esa posición, me imagino. Es evidente que la emigración que se desvió hacia Cataluña no podía saber catalán (aunque luego lo haya aprendido). Pero también es evidente que se desvió allí a instancias de un entramado empresarial al que la lengua catalana y la cultura patria le importaban entonces menos que los beneficios obtenibles de esa mano de obra.

La angustia en ciertos ambientes llegó a ser tanta que por entonces había escritores catalanes en español preguntándose por qué escribían en lo que escribían. Cualquier intento de defender los derechos lingüísticos del inmigrante se consideraba, en ámbitos de la izquierda, demagogia de la peor especie. Los promotores de algo tan elemental como la libre elección de en qué lengua educarse han tenido que sufrir más de lo humana y moralmente soportable. Y algunos han sido víctimas de una curiosa variante de terrorismo: el lingüístico.

A la postre, el balance de la emigración ha sido favorable para los círculos tradicionalistas de derechas o de izquierdas, tanto da. No sólo porque muchos emigrantes anárquicos y humildes aprendían catalán sin que nadie se lo ordenara, engrosaban su número de hablantes y, a la vez, favorecían el vínculo con el español de buena parte de catalanes, a los que les ha venido muy bien practicar la lengua común viva y cotidiana sin necesidad de tener que llevar a los niños de viaje de estudios a Segovia, como ahora se acostumbra en algunas ocasiones. No ya por todo esto, sino porque a menudo esos emigrantes ingresaban en las filas del catalanismo más acérrimo y porque, fuera de él, ingresaban igualmente en las filas de aquella masa trabajadora que estaba comprometiendo a los medios empresariales catalanes, explicándoles que, puesto que habían sido los más favorecidos con el franquismo, era de justicia ser equitativos en momentos de aguda crisis económica. No se pedía gran cosa. Pero, claro está, a esos círculos se les empezaba a identificar cada vez más, con total justicia, como mantenedores decididos o beneficiarios del régimen de Franco, y se les empezó a acusar de abandono —⁠otra vez⁠— del catalanismo con el único fin de recuperar sus privilegios.

En dichos medios, como en los de una burguesía tranquila hasta entonces a la que el régimen, por lo común, le “semblaba bé”, visto que aquello ya no daba más de sí y que el sistema era completamente incapaz incluso de tomar la iniciativa en el golpe de Estado que prohombres de la industria catalana pedían a gritos, entendieron que era mejor saldar cuentas con esa antigualla política, inútil y demasiado comprometedora entonces, y entendieron que era mejor desempolvar el catalanismo. Con todo ello, empezaron de paso a escribir algunas historias curiosas donde la dictadura franquista aparecía como una agresión exterior usurpadora de las tradiciones y el idioma catalanes. En todo o en buena parte de eso estuvo la emigración. No eran seres tan insignificantes como parecían en un principio. Ahora, además, son la masa de la nueva catalanización lingüística en la escuela pública.

LA MITAD DE LA UNESCO

A todas estas ramas de la tradición diferencial española, más o menos controladas, más o menos toleradas por el régimen, más o menos contestatarias pero nunca amenazantes para el sistema, vino a unirse otra por aquellos años: la UNESCO. Mejor dicho, la vinieron a unir algunos de una forma particular. Desde principios de los cincuenta, este organismo había promovido un debate en torno a la conveniencia de enseñar a los niños de países con problemas de inmigración masiva, de segregación social o en vías de descolonización (casos, salta a la vista, muy similares al de España) su lengua materna en las escuelas, de modo que, desde ella, se pasaran a otras lenguas de mayor relación con facilidad. La recomendación, en principio pensada para el Tercer Mundo, se empezó a aplicar en algunos países desarrollados con problemas muy específicos. Los EEUU ya estaban practicando, ocasionalmente, ese plan desde principios de los sesenta, en un momento en que contaban, debido a la emigración, con más de cien grupos de lengua materna heterogéneos flotando entre el inglés. Lo aplicaban, claro está, para que esos hablantes se pasaran al inglés en un plazo razonable. El gobierno español quiso incorporar esta normativa a las nuevas leyes de educación. Probablemente hubiera sido el primer intento pedagógico de asimilación a la lengua común de los niños que no la hablaban, que no tenían ninguna posibilidad de escucharla en casa, ni entre sus relaciones; si es que había casos así entonces, cosa que dudo.

La realidad, sin embargo, era que ni España estaba en el Tercer Mundo, ni el español era lengua colonial en España, ni era tan desconocida entre quienes no la tenían como materna, ni nuestro país contaba —⁠proporcionalmente a lo que pasaba en EEUU⁠— con unos quince grupos minoritarios, de lenguas perfectamente distintas, sin posibilidad de entenderse entre sí. En realidad, la UNESCO, salvo la afirmación muy general de que era recomendable enseñar en las escuelas la lengua que los niños oyeran habitualmente en su casa, no decía nada expresamente, directamente, aplicable al caso español, donde había una lengua común y deseada para sus hijos por la inmensa mayoría de padres en las áreas de contacto lingüístico. Familias todas ellas, por otra parte, pertenecientes a un tipo de población con vidas, usos, costumbres y valores muy homogéneos, comparado nuestro país con los casos que consideraba la UNESCO.

El caso es que la nueva tradición española quiso ver, más o menos, la mitad de lo que ofrecía la UNESCO entonces, es decir, quiso ver la posibilidad de encajar a los niños en cualquier lengua minoritaria para reforzar su pertenencia a una comunidad particular, y crear una masa hablante que salvara las lenguas que se suponían moribundas por la presión colonial del español. Se hacía esto como si tal cosa fuera una conquista de la modernidad (y como si fueran idénticos los casos del gallego, el vasco y el catalán, el último de los cuales tiene poco que ver con los dos anteriores). Pero no era una conquista de la modernidad: la realidad era que un régimen dictatorial en proceso de “aggiornamento”, que había dejado tras de sí una de las cifras más altas de analfabetismo en Europa, consideraba entonces interesante todo esto, toda la reconstrucción de etapas lingüísticas propias de la España medieval, eso sí, a través de la escuela moderna. Porque los técnicos que asesoraban desde la UNESCO al gobierno español quizá no se plantearon una pregunta, a mi juicio, elemental: ¿qué querían los padres españoles para sus hijos?

En los casos del tradicionalismo más extremo se tendía a un país plurilingüe genuino, prácticamente sin lengua común. En otros supuestos menos severos se dejaba al español como lengua franca, por si alguno salía de su comunidad de origen. No juzgo si dichas visiones estaban bien o mal. Dadas las circunstancias del momento, así tenían que ser y así fueron. Lo que entonces se pensaba al respecto en las cabezas rectoras de la política educativa (y en cierto sentido muchos lo siguen pensando) puede resumirse en esta opinión del autor gallego Xesús Alonso Montero: “Una lengua está tan íntimamente ligada a la vida de los pueblos que la mera noticia de su posible desaparición debe conmover profundamente nuestra entraña moral y cultural”[29]. En fin, lo mismo que si las lenguas fueran preciados organismos con vida e historia propias y autónomas, ajenas a la suerte, deseos, intereses, necesidades y cambios de quienes las hablan.

Lo más curioso de todo es que muchas de estas opiniones venían de gente que había estudiado Filología Románica, especialidad que debe su existencia a la muerte del latín. Como se sabe, el latín ha sido lengua de muchísimo mayor contenido cultural, y de muy superior alcance internacional, que el brindado por la mayoría de sus hijas, muchas de las cuales se fueron a su vez muriendo en inciertas fechas. Otras se acabaron cuando se murió su último hablante, como el dalmático, que cesó con el fallecimiento de Antonio Udina en 1898. El señor Udina no podía hablar con nadie en dálmata porque todo el vecindario se había pasado a otro idioma, incluso él. Cuando ya era un anciano, un filólogo lo visitó, le tiró de la lengua, le sacó el dalmático y escribió una gramática.

En fin, así han ido ocurriendo las cosas hasta dar paso a las ocho hijas, nietas o biznietas, como se quiera, que le quedan vivas a esa madre muerta (podrían ser más de ocho, la cuenta y parentesco dependerán de la autoridad que se consulte). Esa madre generosa que le llevaba a uno de la mano, desde Lisboa a Jerusalén (o desde Olisipo a Hierosolyma, si prefieren), entendiéndose con casi todo el mundo que le saliera al paso. Pero casi nadie llora su muerte, todos nos alegramos de que para hacer ahora el mismo viaje, si no se acude al uniformador y empobrecedor inglés, habría que entenderse en catorce o quince lenguas distintas. Nadie se ha castigado la entraña moral por la madre muerta, es más, se la desaloja de las escuelas jubilosamente, mientras se da entrada a hablas locales limitadísimas, aunque consideradas “patrimonio cultural digno de protección”. Hijas desagradecidas. Y todo esto ha ocurrido en una parcela, la románica, del extensísimo campo que forman las lenguas del mundo, campo donde suceden cosas parecidas, y aun peores. Dura lex, sed lex.

Volviendo a nuestro terreno: el Ministerio que entonces dirigía Villar Palasí consideró muy autorizadas en la materia todas estas opiniones en torno a la conservación, cultivo o extensión, en su caso, de las lenguas minoritarias. Y actuó en consecuencia. Años después, para evitar ese terremoto en las entrañas morales y culturales que nos produce la muerte de cualquier lengua, incluso se ha pensado que la recomendación de la UNESCO, interpretada otra vez a medias, podía ser aplicable a las hablas aranesas, leonesas, aragonesas, asturianas, al cheso, al ansotano y suma y sigue. Tener hablantes en dichas variedades, en ocasiones meramente locales, es la única manera de proteger algo que en los estatutos de autonomía correspondientes se reconoce como un “elemento integrante del patrimonio cultural e histórico”, y hay que buscar a alguien que lo practique.

A finales de los años sesenta, todas las ramas tradicionalistas que flotaban en el ambiente habían llegado a donde habían llegado con absoluta tranquilidad. Acaso pudieron ser, a veces, formas de contestación perfectamente asimilables por el régimen. En otras ocasiones se llegaban a considerar por la oficialidad como autoridades en la materia pedagógica. Dadas las circunstancias del país, representaban en la mayoría de los casos una apuesta cultural perfectamente inocua; no sólo no traían ecos revolucionarios sino que, al contrario, podían contribuir a la tranquilidad general y al fomento de nuestra tradicional diversidad. Sin embargo, cuando se repasan las historias relatadas a modo de persecuciones políticas de voces reprimidas que contestan y contestan hasta que el régimen cede frente a su impulso arrollador y democrático, siempre entra la duda de cómo el dictador, entre tan prolongada contestación, se murió tranquilamente en su cama tras cuarenta años de mandato. O cómo, por poner un caso, habiendo liquidado todo un sistema político republicano que desató el entusiasmo popular en su día, es hoy España un reino igualmente entusiasmado, donde figuras del franquismo ganan elecciones por mayoría absoluta.

¿Será porque Franco se plegó a un país que era, como él, tradicionalista en lo esencial y, en términos culturales, más tradicionalista todavía? Quizá. El problema era que en 1936 algunas tradiciones —⁠señaladamente las catalanas⁠— se habían salido de madre y habían empezado a transitar por extrañísimos caminos de novedad política imprevisible, incluso para los propios catalanes. Pero vencida aquella turbulencia y hecho el control totalitario a través del único código de comunicación con el que se podía controlar a todos los españoles, la tradición cultural podía revivir.

En un solemne discurso pronunciado ante las Cortes Españolas, Antonio Rosón lo reconocía definitivamente así: “Para terminar, quiero recordar que, como hombre del dieciocho de julio, como hombre perteneciente a esa tan conocida y baqueteada generación de tan probado amor y lealtad a España, comprendo, entiendo y siento, como muchos más españoles, que a la altura del año 1970 el bilingüismo no es ninguna anomalía. Lo que es una anomalía constante es el no reconocimiento del bilingüismo. El bilingüismo es una riqueza, o expresándolo de otra manera quizá más correcta, es un bien, y una Ley General de la Educación no puede cerrar los ojos a la realidad, a esta entrañable y hermosa realidad”[30]. Las distintas líneas tradicionalistas se daban un abrazo: habían mantenido una tradición española, en forma de mucha gente ayuna de cualquier instrucción, o completamente analfabeta, en la lengua común, y se abrían las puertas para recuperar otra, en forma de mapa lingüístico peninsular remontable, quizá, a la Baja Edad Media. No en vano eran hombres del dieciocho de julio. Si en 1936 estaban dispuestos a molestar a la gente que en Cataluña, con toda naturalidad, optaba por llevar a sus hijos a aprender catalán en la escuela, treinta años después estaban dispuestos a trazar la senda legal con la que molestar a los padres que, con toda naturalidad también, querían el español para sus hijos, sin tener que rendir honores patrios a otra lengua declarada propia del territorio donde habitaban.

No sucedió la reconciliación sin su punta de ironía: cuando estos hombres de aquel verano —⁠que como tales no estuvieron, ni podían estar nunca, en ninguna avanzadilla cultural⁠— acababan de reconocer oficialmente la riqueza políglota española, nuevas líneas pedagógicas ya iban encontrando argumentos en contra del tipo de enseñanza que se había predicado unos años antes y que se preparaba en España. Empezaron las dudas a la vista de que buena parte de esa instrucción bilingüe feliz y equilibrada, que iba a ser la redención de toda desigualdad social y la panacea para la convivencia fraterna, no es ya que resultara mucho más costosa —⁠que era comprensible y asumible⁠—, sino que también estaba creando entre las clases populares a las que mayoritariamente iba destinada unos extraños hablantes que no dominaban ninguna lengua en concreto. Gente destinada desde la escuela a ingresar en los batallones de mano de obra barata, donde la lectura y la escritura a menudo sobran. Pero la tradición en España acababa de reencontrar su unánime paraíso políglota y en él se podían cultivar plantas mucho más bonitas que las pedagógicas.

Aquella lejana recomendación de la UNESCO ha acabado sirviendo en España para el propósito contrario al que iba destinada. En vez de para instalar inequívocamente a hablantes de lenguas minoritarias en la lengua común, se ha ido utilizado para imbuir a hablantes de español cualquier lengua minoritaria de España, alegándose la horrible pérdida que supondría para el patrimonio universal que desapareciera alguna de ellas (¿tan importantes somos?). A la postre, no se ha tratado sólo de mantener y garantizar la muy comprensible lealtad lingüística de la gente hacia las lenguas minoritarias de España. Se ha tratado de acrecentar lenguas menores con hablantes de español que no las habían tenido nunca en su familia, acrecentarlas con quienes, acaso, no las necesitaban para nada. Con ellas no han tenido acceso a ningún ámbito cultural de primera magnitud, para qué vamos a engañarnos, pero sí se han ido ligando a unas líneas de acción nacionalista, de indefinidas y nebulosas promesas, que parecen exigir lealtad a lenguas, usos y costumbres patrimoniales. Si no nos damos cuenta de que hemos generado unos instrumentos de control social, es que no queremos darnos cuenta de ello.

En la España de 1978 no había, esencialmente, problemas de lenguas. Había problemas con algunos españoles, que no sabían qué hacer con ellas. Actuaron con un gran prejuicio: se había hecho común una lengua, y se había trasplantado a América, no por interés o necesidad de la gente, sino porque unos reyes castellanos antiguos y unos dictadores modernos se habían empeñado en ello y habían decidido prohibir cualquier lengua que no fuera el español. No faltó otro prejuicio más: empeñarse en que España era un país naturalmente plurilingüe, malogrado por el secular centralismo, en vez de reconocer que era un país de comunidad lingüística lograda por lo que se logran tales comunidades: por el trato entre sus naturales.

Así se fueron redactando leyes de “normalización” lingüística para corregir anormalidades que no lo eran. Leyes sobre las lenguas —⁠con una floración inaudita y desconocida en cualquier país europeo⁠— con las que no sabe a ciencia cierta lo que se persigue: si que determinados españoles dominen determinadas lenguas, o que resulten finalmente dominados por ellas, esto es, por quienes marcan las directrices de la política lingüística. A menudo, fuerzas nacionalistas empeñadas en identificar quién les es fiel y quién no. Pero no sólo están ellas porque, una vez abierto el mecanismo de identificación idiomática, éste tiene un indudable atractivo para cualquier otra tendencia política, según el momento y el lugar.

Si desde entonces no se ha provocado un genuino conflicto de lenguas en España, no es porque no lo hayamos intentado “a modo”, sino porque la mayoría de la gente se paralizó, convencida de que los prejuicios eran artículos de fe y verdades inapelables. Y porque muchos españoles se habían acostumbrado a que quien mandaba, mandaba; ni se sabía defender derechos, ni se sabía respetar a quienes sí querían defenderlos. Finalmente, y sobre todo lo demás, porque la lengua española era mucho más normal de lo que se pensaba. Todavía lo sigue siendo.

XII
FILOSOFÍA DE LO NORMAL

El nuevo tradicionalismo cultural y lingüístico español es una fuente de casos tragicómicos. Muchos y muy sustanciosos ya están contados magistralmente, lo que me ahorra repetirlos[1]. De modo que sólo voy a fijarme en algunas costumbres a las que nos hemos adaptado con absoluta facilidad, tal vez porque las naturales diferencias entre los españoles, heredadas de los tiempos de don Pelayo, van pesando lo suyo. Tal vez porque las líneas de control social y policía lingüística se aceptan ya como cosa natural.

Con toda naturalidad nos hemos acostumbrado al término normalización lingüística, donde se implica que la situación previa era anormal. Sin embargo, ¿qué ha tenido de anormal que la lengua de ocho de cada diez españoles haya interesado mucho a los dos restantes? ¿Qué ha tenido de anormal que esos mismos hayan considerado el español como lengua de mayor alcance y la hayan preferido a la suya particular? ¿Qué ha tenido de anormal que la gente abandonara el gallego o las hablas eusquéricas cuando, por siglos, han tenido escaso aprecio entre sus propios vecinos?

En el fondo, una lengua no es más que la necesidad de entenderse. Por esa necesidad cambian las lenguas, se hacen grandes unas, se hacen pequeñas otras, nacen unas, desaparecen otras… y no pasa nada. La realidad es que las lenguas no se mueren —⁠porque no son organismos vivos⁠—, más bien las dejan inútiles sus hablantes. Estos fluyen hacia otros idiomas que les interesan más, o crean por su cuenta y riesgo usos expresivos nuevos que encajen mejor con nuevas situaciones materiales. Quienes llevan a cabo ese proceso suelen considerarlo normal, porque lo anormal para ellos, lo indeseable, sería quedarse encerrados en un círculo lingüístico ínfimo.

No es descabellado pensar que llevemos más de cien mil años repitiendo ese negocio. Pero ninguna lengua de las que hoy se usan puede trazar su historia con precisión más allá del milenio. Los lingüistas odian hacer previsiones, pero yo me atreveré a hacer una: durante los próximos cien mil años, si seguimos aquí, seguiremos negociando con las lenguas de parecida manera. No es previsible que el ser humano se quede quieto. Ignoro por qué tienen tanto éxito las ideas que identifican a la gente con la suerte de sus lenguas, a las lenguas con las identidades patrióticas y cerradas, con las visiones intransmisibles del mundo. La historia, como la realidad de cada día, trae continuos ejemplos de todo lo contrario. Y estos ejemplos son muy normales.

Sin embargo, no es normal que se combata abierta o sigilosamente el realismo lingüístico, es decir, el interés de los hablantes por pasarse a la lengua que a su juicio les brinda más oportunidades. En términos generales, la lengua que más atrae a nuestros realistas es el español, a casi nadie le interesa perderlo o dejar de dominarlo. Por eso el combate del nuevo tradicionalismo no es un combate contra el español en sí, que sería un combate absurdo, porque incluso si todos los catalanes, vascos, gallegos, valencianos, mallorquines, asturianos, aragoneses de la Franja (o aragoneses todos), etcétera, etcétera, decidieran abandonar el español, numéricamente no se notaría. Se notaría en otras cosas: la gente en España quedaría más aislada, la vida sería más incómoda y las comunicaciones mucho más costosas y difíciles, pero la lengua española en sí perdería un porcentaje ridículo de su población (recuperable por México en cuatro o cinco años). El combate es mucho más preocupante, porque lo es contra el realismo lingüístico, es decir, contra personas que quieren elegir y se ven coartadas. En España se combate el realismo de diversas maneras, pues se supone que en las áreas de contacto lingüístico el realista ha de ser forzosamente bilingüe en vez de ser tranquilamente hispanohablante. Ha de hacerse bilingüe, además, según planes de ingeniería social trazados por consejerías y comités de expertos, que orientan “científicamente” el futuro de las masas.

He aquí un caso. En una conferencia dictada en la Universidad de Deusto el dieciséis de febrero de 1993, se manifestaba así la Secretaria de Política Lingüística vasca, Mª del Carmen Garmendia: “Aspiramos a que en dos generaciones, a lo sumo en tres, los ciudadanos del País Vasco puedan comunicarse en ambas lenguas, aunque cada cual prefiera y pueda hacerlo en la que más desee. Queremos que el niño euskaldún conozca perfectamente el castellano. Queremos que el castellanófono conozca también el euskera”[2]. Es decir, la política lingüística vasca se orienta según el criterio de que no debería haber ciudadanos que vivan en el País Vasco que no conozcan el eusquera. Dicho de otra forma, que en el País Vasco no debería haber monolingües en español. Puede que sólo sea una idea. Pues bien, ésa era la misma idea del mismo Federico Krutwig para su proyecto de la Gran Vasconia. ¿Es normal que pueda haber llegado hasta la España democrática actual una tesis que hunde su raíz en el racismo y que florece con él? ¿Es normal el que pueda alguien con representación oficial aceptarla, publicarla y considerarla como una guía de actuación? El que se pueda hacer tranquilamente esa manifestación indica hasta qué peligrosos extremos está arraigado el nuevo tradicionalismo. Esto es lo peor: que no se nota. Que parece hasta simpático, fraternal… y normal.

Se dirá que tampoco se persigue un tipo de monolingüe en eusquera. No se persigue porque no tiene sentido, ya que la realidad pasa porque un monolingüe hispanohablante se defiende perfectamente en español dentro y fuera del País Vasco. Pero un vascohablante monolingüe no podría defenderse hoy, ni dentro, ni fuera de él, a no ser que quisiera aislarse. El problema lingüístico lo tendría el niño vascohablante que no tuviera fácil acceso al español. Ése es el problema que hay que resolver (y que ya está resuelto desde hace muchos años). Pero quien habla español no tiene ningún problema, ¿por qué creárselo entonces? El peligro de que estas consejerías, con tales delirios en su norte, acaben enconando los conflictos que pretenden resolver es real. Como hay peligro de que acaben desviándose hasta convertirse en oficinas de manipulación política. Todo dependerá de quién las dirija y en qué momento.

Ya ha habido algunos ensayos en dicha línea: aquellos funcionarios que donaron dinero para la campaña “Bai euskarari” (“Sí al euskera”) el año pasado, tuvieron que rellenar unos impresos —⁠facilitados por el propio gobierno vasco⁠— donde se solicitaba su nombre, lugar de trabajo y cantidad donada. Para mayor control, el Director de Personal de la Consejería de Educación, Jesús María Lakarra, envió una circular a los centros públicos en la que se indicaba dónde debían entregarse las órdenes de pago a “Bai euskarari”. Haga lo que haga con dicha información, el gobierno vasco podría saber quiénes, entre sus funcionarios, permanecen indiferentes a las delicias del eusquera o colaboran en la tarea patriótica de recuperarlo. Pero dado que en el País Vasco se ha hecho del eusquera un índice de fidelidad política al nacionalismo, las órdenes de pago podrían considerarse como algo más que muestras de simpatía o indiferencia a un idioma. Pues bien, según Xabier Mendiguren, uno de los padres de la idea recaudatoria: “Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la práctica totalidad de los agentes del mundo laboral”. El gobierno vasco calmó a los pocos funcionarios escamados asegurándoles que no iba a haber listas públicas de donantes. ¡Qué tranquilidad![3]. A ciertas líneas de la difusión popular del eusquera hay que apuntarles un éxito cierto: están en el camino de ser el instrumento más eficaz para el control de la sociedad vasca en torno a los propósitos e intereses del nacionalismo.

LA FELICIDAD ES BILINGÜE

Las pretensiones de bilingüismo armonioso son inverosímiles en otro aspecto: en el de aspirar a que la gente aprenda dos lenguas, y las mantenga, para hacer lo mismo que haría de sobra con una sola. Son pretensiones que no circulan por los cauces en que discurre el aprendizaje de idiomas. Estos cauces son la necesidad, el interés y el beneficio comprobable. Pero sin tales estímulos, no queda más remedio que recurrir a la violencia cultural para sostener la pretensión. Y se va de la violencia cómica que es poner rótulos en gallego por donde nadie lo habla, pasando por otra menos graciosa como la inmersión lingüística en Cataluña, hasta llegar a la violencia pura y simple que llama analfabetos a los niños que no se educan en eusquera[4] (aunque algo se ha avanzado, en tiempos de Sabino además de analfabetos serían blasfemos).

Resulta difícil de entender en las “normalizaciones” lingüísticas que hoy están de moda la necesidad que tienen ciertos grupos de convertir a todos a su credo. Está bien que a uno le dé por cultivar una lengua minoritaria, pero si otro ni la tiene, ni la necesita y, a lo mejor, ni le ve el gusto o el beneficio a hablarla, ¿para qué va a convertirse a ella? Esta militancia en pro del paraíso políglota, con aromas evangélicos, por lo que sé sólo tiene curso en España y en las extrañas leyes lingüísticas de las que se ha dotado. Extrañas y peculiares por muchas razones.

Veamos una: ¿es normal o anormal la vertiente económica del caso? El bilingüismo popular, absoluto, amistoso, homogéneo y equilibrado, que en teoría se persigue, es una bonita quimera. No existe en ninguna parte, más que nada por su exorbitante precio. Si se consiguiera tan pacífica e idealmente como se nos dice, el bilingüismo feliz produciría una organización lenta y muy costosa, pues obligaría a mantener dos sistemas de comunicación, gestión y administración opcionales permanentemente abiertos, tanto públicos como privados. Todo servicio tendría que multiplicarse por dos. Esto último ya lo han previsto las normativas lingüísticas de Cataluña, que tienden a concentrar toda la oficialidad lingüística en la lengua catalana siempre que se pueda. Un botón de muestra: desde Barcelona informa J. M. Martí Font que, “si bien en la Universidad las dos lenguas se utilizan entre profesores y alumnos, otra cosa es el ámbito administrativo y de servicios, así como la rotulación, donde el catalán tiene casi la exclusiva”[5]. No deja de ser una medida práctica, porque la rotulación bilingüe cuesta el doble de dinero. Como hay que ahorrarse una lengua, desaparece la que no está declarada como propia de Cataluña, según su Estatuto. Pero no se pierda de vista que, en dinero contante y sonante, la rotulación es el chocolate del loro de la sociedad bilingüe feliz.

No es tan normal como parece llegar a la homogeneidad lingüística por donde, en teoría, se dice. En cierto sentido sería como pretender que para una convivencia próspera todos los ciudadanos de Los Ángeles, San Francisco o Miami supieran español además de inglés; todos los belgas, francés y valón (con algo de holandés); todos los irlandeses, inglés e irlandés (lo poco que queda); todos los galeses, inglés y galés (con lo que le costó al Príncipe de Gales aprender un poquitín de galés antes de coronarse en 1969). Y que en España todos habláramos las cinco lenguas oficiales de que se dispone, no por nada en especial, sólo por si se nos ocurría viajar de Alcalá de Henares a Huelva pidiendo gasolina en catalán. En las gasolineras habría empleados políglotas, que habrían estudiado en la escuela todas las lenguas patrias posibles por si, estando de servicio en Cáceres, pasaban por allí viajeros hablándoles en eusquera, en valenciano, en gallego e incluso en español, quién sabe si en neoaragonés o en algún bable.

No se ofendan, no estoy ridiculizando nada ni a nadie: todo un director general de Cultura Popular de los últimos años del franquismo tenía esta aspiración y se la tomaba en serio[6]. Algún sociólogo la consideró, le dedicó tiempo (porque le dedicó un librito) y llegó a la conclusión de que la oficialidad en el ámbito nacional debería reservarse, en todo caso, para el español y el catalán (curiosamente, las dos lenguas que habla el sociólogo)[7]. Su propuesta ya ha cumplido veinte años, pero como veinte años no son nada, en el verano de 1998 la repetía el socialista catalán Joan Maragall. Los nacionalistas catalanes aspiraban al rey idiomático que diera la mitad de sus discursos en catalán. Los vascos querían un príncipe que pilotara aviones supersónicos comunicándose en eusquera con la torre de control. El presidente del gobierno habla, o por lo menos hablaba, catalán en la intimidad. La presidenta del Senado da discursos cuatrilingües para un público que, en su inmensa mayoría, lo único que entiende bien es el español… Desde el proyectista amigo de José Cadalso, inventor del Canal de San Andrés, a estos nuevos proyectos que expresan los protagonistas de la opinión pública, han transcurrido doscientos años. Quién lo diría.

Si todos siguiéramos estos ejemplos, hoy estaríamos en el paraíso políglota. Se habrían acabado los problemas. Unos y otros confiaríamos en que cualquier funcionario, cualquier guardia de tráfico, cualquier camarero, cualquier vendedor de periódicos, cualquier gasolinero y cualquier simpática ancianita nos iba a seguir la conversación, en cualquier ciudad, en cualquier sitio y en cualesquiera de las lenguas de turno con sólo apretar un botón. Alguna llamita de tales pretensiones ha quedado: como Madrid es el rompeolas de todas las Españas y debe dar ejemplo, ahora mismo aprietas un botón en algunos cajeros automáticos de zonas turísticas y se te ofrece la posibilidad de hacer tus operaciones en español, en catalán, en gallego o en eusquera. No en alemán, ni en japonés, ni en francés, ni en italiano, ni en inglés, porque no pasa gente por la Villa y Corte que hable esas lenguas. Un cajero para cosmopolitas, desde luego. Y muy útil en los aledaños de la Puerta del Sol, área en territorio madrileño, aunque habitada por japoneses con videocámaras.

Pero estos paraísos políglotas que se prometen son declaraciones de Conflictos lingüísticos asegurados, si las pretensiones de los fabricantes de cajeros, o los sueños de los directores de culturas populares, sociólogos, políticos y poetas, se llevaran adelante. Porque tales pretensiones van contra el interés espontáneo de las personas: “Es imposible ese bilingüismo admirable y edénico, porque lo que mueve a las gentes a cambiar su habla materna y hablar otra lengua ajena y aprendida es la necesidad y el beneficio inmediato”[8].

Es de rigor respetar a la minoría lingüística, desde luego, y animarla a que alcance las cotas de representación pública de su lengua que considere necesarias para sentirse cómoda. Animarla, incluso, a que se haga monolingüe en la lengua que considere propia (¿para qué ha de ser bilingüe en masa? Ésta es una manía española que yo no acabo de entender: si un niño catalanohablante, por citar un caso, no tiene necesidad estricta de aprender español, ¿por qué ha de aprenderlo por ley?). Sin embargo, cuando tal minoría no acaba de enterarse de que lo es, no se hace responsable de su circunstancia, no entiende que compite con una lengua —⁠el español⁠— que pondrá hasta cien hablantes donde ella pone uno y, como no entiende esto, se dedica a la celosa conversión de almas descarriadas que viven en la oscuridad monolingüe de la lengua española y viven razonablemente bien en las tinieblas, que compartirán dentro de veinte años con quinientos treinta y cinco millones de hablantes (que ya es tiniebla), cincuenta de los cuales vivirán en EEUU[9], la minoría empieza a resultar un poquito pesada. Y hay que decírselo amistosamente.

Las personas nunca se preguntan por qué hay que hablar una lengua sino para qué hay que hablarla, qué ofrece y qué utilidad se deriva de ella. Conque la primera lección que les da el realismo a quienes lo combaten en España es que se debe actuar con responsabilidad, no basta con hacer llamadas al patriotismo o estorbar la corriente realista: hay que ofrecer oportunidades materiales en esas lenguas por lo menos tan espontáneas, necesarias e interesantes como las que la gente ve en la común. Si no, en el futuro, por mucha independencia política que haya, la independencia lingüística será poca.

Incluso en un caso como el del catalán, lengua que, por su cultivo y extensión, cubriría las necesidades comunicativas de sus hablantes (tiene aproximadamente los mismos que el danés) sin necesidad de recurrir a ninguna otra… con los planes tan a largo plazo como se marcan los “normalizadores” nunca se sabe lo que pueda pasar. Algo que parecen ignorar las diversas consejerías de lenguas que hoy funcionan en España es que una política lingüística no sirve de nada si no va acompañada de una política económica de largo alcance. Si cualesquiera de las lenguas minoritarias de España fuera capaz de separarse de la corriente económica que discurre en español, su instalación en la sociedad sería más fácil. Pero la obra “normalizadora” lingüística de dos generaciones puede venirse al traste, si la tercera advierte que en la apuesta no se ha ganado gran cosa. Exigir lealtad lingüística en determinados medios, sobre todo empresariales, requeriría unas prácticas de control social demasiado evidentes, incluso para España. Esas exigencias, por otra parte, pueden lograr el efecto contrario al que se desea: la “ley del catalán”, con sus ganas de multar, estuvo a un tris de dejar a Cataluña sólo con películas en versión original subtitulada. Por lo mismo, a punto de dejar en la ruina a muchas salas de exhibición. Parecerá una paradoja, pero en este particular terreno, el catalán lesionaba los intereses comerciales de ciertos catalanes… que ganaban más dinero con el español. ¿Por qué no reconocerlo?

¿Y qué me dicen de esos productos que vienen de Barcelona y que traen en la etiqueta, redactada toda en español, un Fabricado en España que se lee casi mejor que la propia marca? Me llamó la atención: yo estaba mucho más familiarizarlo con el Made in Spain. Pues no: Fabricado en España (el lema, entre los colores de la bandera nacional). Vivir para ver. Considerando que el catalán se entiende bien para un comprador que hable español, no sé qué harían los empresarios vascos si les obligaran a etiquetar en eusquera. Tampoco sé qué haría el Fútbol Club Barcelona si mañana la Generalidad le exigiera participar exclusivamente en una “Lliga Nacional de Catalunya”.

EL PORVENIR DE LA ESCUELA

Voy a detenerme ahora en otro ejemplo muy típico del combate contra el realismo: la escuela, o sea, el vivero de esos proyectos de bilingüismo masivo. Leo en un semanario un reportaje titulado Caos a l’educació pública valenciana[10]: según el informe, la educación pública valenciana está muy mal; los dineros públicos se van para pagar los conciertos con colegios privados, que cada año tienen más alumnos. No es cuestión el aburrirnos con cifras y estadísticas pero la tendencia parece imparable. El reportaje se interroga por las claves de este proceso. He aquí una de ellas: cuando todos los centros públicos ofrecen —⁠a veces sin opción posible⁠— líneas educativas en valenciano para los niveles de infantil y primaria, sólo una parte insignificante de los privados hace lo propio. Esta dejadez de la escuela privada por el valenciano le parece intolerable a algunos (al redactor de El Temps, por ejemplo)… pero no caen en la cuenta de que la enseñanza privada es un negocio, tan digno y honroso como cualquier otro, que ha sabido ver las necesidades de familias realistas que huyen del valenciano y quieren que sus hijos se eduquen en español sin ruidos regionales. Como esa opción no se la garantiza plenamente la escuela pública, estas familias la abandonan. No por nada en especial, sino porque en Valencia la lengua en que hace su vida una muy notable mayoría de familias es el español. Si los consejeros de educación no quieren enterarse, peor para todos.

Lo que ocurre en Valencia podría trasladarse, en cierto modo, a Cataluña, donde la educación pública para esos niveles ya va toda en catalán. Josep Terol i Massarnau escribe la siguiente carta al director con el título “No pasa nada” (Abc, 21 de marzo de 1994). Para tranquilidad de todos nos dice lo siguiente: “Soy de Hospitalet, vivo en San Andrés y vengo a Madrid cada equis tiempo; no creo que sea tan grave la torpeza de la Generalidad. A nivel de la calle no ocurre nada, la Generalidad sólo controla una parte de los colegios: los públicos. Allí van los más pobres, no los emigrantes, porque están en su tierra, en su nueva tierra. Los barcinoneses envían sus nanos a aprender en castellá, no volem analfabets funcionals”. Es posible que al señor Terol le tranquilice que sólo “los más pobres” se eduquen en catalán. Pero si lo que dice el señor Terol es verdad, el asunto no es para tranquilizar a nadie. El bilingüismo popular, en poblaciones de bajo nivel cultural, lo que suele producir son hablantes que no dominan ninguna lengua de las dos que se les pretende administrar. Ya hay mucha experiencia sobre esto en todo el mundo. En realidad, no sé que novedades queremos aportar. Enseguida diré algo más sobre el modelo catalán.

Desde hace muchos años se sabe que la enseñanza bilingüe, ni es, ni deja de ser ventajosa en sí misma, sino que su bondad depende casi exclusivamente de los factores sociales y económicos de los alumnos inmersos en ella. Pero el plan español de poner en peligro el dominio de una lengua común y mayoritaria, una lengua que es la que puede ofrecer más oportunidades potenciales de equiparación a quienes, por su estrato social o económico, tienen menos y la que les puede abrir las puertas de muchas casas si no encontraran acomodo en la propia, es un ejercicio de ingeniería social sin antecedentes. Gracias a algunos planificadores lingüísticos, los españoles de mañana serán más desiguales. Y no es improbable que, entre los naturales del paraíso políglota, acaben teniendo más ventajas quienes mejor dominen el español. Justo lo que se quiso evitar hace doscientos cincuenta años. Para algunos éste es el camino correcto y normal. El que corregirá anormalidades de aquellos años oscuros en los que la gente quería entenderse.

Todo indica que algunos planes educativos parecen progresar en esa línea: Naiara Galarraga nos informa desde Bilbao de que en la carrera de Magisterio “la presencia del castellano es residual; tanto en el País Vasco como en Navarra se ha convertido en una carrera en euskera”[11]. Si esta noticia es cierta, podrá decirse que suceden entre nosotros los casos más raros que cabe imaginar: resulta que, en las escuelas donde se forman los futuros maestros vasconavarros, habrá pasado a ser un residuo la lengua que desde generaciones han oído (y siguen oyendo) en sus familias nueve de cada diez escolares… vasconavarros. Y eso que hablan nueve de cada diez personas habrá pasado a ser un residuo frente al eusquera batúa, o sea, frente al vasco común terminado de unificar hace treinta años y que, como tal lengua de refundición muy moderna, no se ha hablado —⁠porque tal lengua refundida no se creó para hablarla, sino para escribirla⁠— en ninguna familia de ningún escolar de aquella zona. A mí me parece que, como rareza pedagógica, no es poca.

Pero tanto da lo que a mí me parezca. Según nuestra corresponsal, éstos son los cauces de la “normalización”. Esto es lo que quieren las familias vascas en las escuelas. La demanda de enseñanza en eusquera crece curso a curso. Como todo parece suceder de forma tranquila y el desplazamiento del español se percibe casi unánimemente como un triunfo, un síntoma de paz escolar, un indicio de que la tradición pervive, no nos queda sino animar a las familias a que sigan jubilosas en esa línea, deseándoles rápido y próspero retorno a esa lengua que no han hablado nunca —⁠pero que era la suya propia⁠— y ya están en el feliz trance de recuperar.

Es evidente que la recuperación popular del catalán tiene mucho camino ganado respecto a la del vasco. De modo que su proyecto escolar será, previsiblemente, un éxito en cuanto a la catalanización de la sociedad (sobre todo, de la sociedad escolar) pero, previsiblemente también, un fracaso en cuanto a modelo bilingüe. Expreso esta idea porque el modelo catalán se parece al que se utilizó en Quebec para que la minoría francohablante canadiense —⁠radicada en dicha provincia⁠— supiera francés e inglés (tres de cada cuatro canadienses hablan sólo inglés). Pero el resultado fue que los escolares de Quebec reforzaron su francés. Tal refuerzo lo fue también para su particularismo quebequeño. Con ello se dificultaba la confluencia, por lo menos en el terreno lingüístico, con el mayoritario Canadá anglohablante. No sé si esto es lo que quiere la sociedad catalana, pero sus planes de normalización lingüística siguen ese rumbo[12]. Que los planes recaigan sobre los más pobres, como opinaba don Josep Terol, o no recaigan sobre ellos, es otro asunto que tiene fácil resumen: el señor Terol, probablemente, tenga razón.

Tras este repaso escolar me pregunto: ¿es normal que en España la escuela pública esté dedicada a hacer lo contrario de aquello para lo que se fundó? ¿Es normal que esté dedicada a poner barreras entre los escolares españoles? Dirán que exagero; sin embargo, el 41,5 por 100 de los libros de texto que se editan en España no está escrito en español, sino repartido entre el catalán, el gallego, el eusquera y el valenciano[13] (aunque un 83 por 100 de españoles sólo habla español). La escuela pública es la gran receptora de este desproporcionado porcentaje de material escolar plurilingüe. Consecuencia: hace tres años, el Ministerio de Educación publicaba una encuesta donde había un resultado llamativo: en aquellas autonomías con procesos de “normalización” en curso, ya se podía contar con alumnos ejemplares que dominaban el español notablemente peor que sus colegas sin “normalizar”[14]. Algunos de aquéllos serán hijos de padres hispanohablantes y la escuela española habrá hecho con ellos una labor admirable: hurtándoles el dominio pleno de una de las grandes lenguas del mundo, los habrá instalado en una de las pequeñas. Serán los pioneros de la promesa plurilingüe. Ellos nos abrirán las puertas del paraíso políglota.

ALGUNOS ASUNTOS FUNDAMENTALES

Ya se sabe que los políticos tienen la culpa de todo; pero en este caso, por extraño que parezca, no tienen tanta. Vamos a perdonarlos por una vez y sin que sirva de precedente. Nuestro caso es mucho más paradójico, porque algunos políticos se deben y se dirigen a una clientela popular que quiere oír en los mítines, y ver escritas en los programas electorales, las consabidas alabanzas al carácter diverso de España, a sus muchas culturas, a sus muchas lenguas y variedades dignas de protección, a sus muchas peculiaridades tradicionales tan enriquecedoras como irrenunciables, a su natural foralismo, y a esa bestia negra de la centralización que salió a contraestilo de las esencias españolas. Y si no arrimaran el hombro a la retórica de las diferencias, al tópico de las tradiciones seculares y dignas de culto, e incluso, en medios nacionalistas, al recurso de la independencia (con la que se supone que debemos mostrarnos aterrorizados el resto de españoles, pues seguramente no sabremos vivir mañana por nuestra cuenta y riesgo), sin todo eso, no les votarían ni a izquierdas ni a derechas, ni tendrían los apoyos que necesitan, ni podrían gobernar serenamente, que ese es el arte de la política.

La clientela popular española es así y así crea a sus héroes. De modo que cuando la confluencia europea —⁠por no decir la mundial⁠— parece algo más que una bonita idea, en España se aplaude a rabiar a quien nos explica que entre gentes de Pontevedra, Oviedo, San Sebastián, Sevilla, Cáceres, Alicante, Burgos y Lérida hay diferencias radicales, cuando no insalvables, siendo la más visible de todas los distintos idiomas y variedades dialectales en que esas gentes se expresan. Extrañas circunstancias, en fin, éstas que dan color a nuestro particular negocio políglota.

Hace unos años le comentaban a Julio Caro Baroja en una entrevista: “Parece que la gente con el autonomismo siente una mayor impresión de libertad. Hablan de las libertades forales, de las leyes de cada reino antes de la Nueva Planta impuesta por Felipe V”; a lo que don Julio respondía: “Sí, en efecto, con todas esas leyes en Navarra, Aragón, Cataluña, serían muy libres, pero en las cosas fundamentales desde el Renacimiento, que son la libertad de conciencia del hombre, la de expresión, la de elección, no sólo no lo eran, sino que vivieron cientos de años con la Inquisición y no les importó. Luego, este foralismo y las clamadas libertades colectivas no comportaban las libertades que quiere y necesita el hombre de hoy, las individuales”[15].

Pues bien, eso que decía don Julio le ha ocurrido a la nueva tradición cuyo culto ahora disfrutamos: que piensa que asuntos tan fundamentales como la opción, la elección personal, la conciencia, el realismo lingüístico se deben combatir para bien del Ser colectivo; que piensa que un patrimonio vale en sí mismo más que los intereses o necesidades de quienes lo heredan; que piensa que las lenguas son cosa esencial de ese patrimonio, que son una manera exclusiva de ver el mundo, una empresa cultural de palabras irremplazables, una amalgama social que disuelve cualquier conflicto, una alcancía que guarda las esencias ancestrales, metafísicas, metahistóricas, de quienes las hablan; un cofre donde se guarda el oro de los antepasados. Que piensa que la gente tiene deberes con todas esas supersticiones y todas las supersticiones mandan sobre la gente. Y que piensa que todos quienes caen bajo el amparo de la tradición renovada, para sentirse parte de una comunidad pura y natural, han de empeñarse en la construcción de paraísos lingüísticos particulares. Todos han de seguir la senda de las lenguas redimidas que señalan los guardianes de la tradición. Y todos han de prestarse a su control político e identificarse con el nuevo credo.

Pero la realidad es que nadie le debe obligación a una lengua si no le interesa debérsela. Quien redactó nuestra última constitución y escribió que los españoles deben saber español, podría haberse ahorrado ese mandato. A mí, particularmente, me disgusta. Una lengua no se exige por ley: viviendo en España, la gente aprenderá español por costumbre, por necesidad, por interés, por facilidad, por gusto o porque sí. Bastará con garantizar que cualquier motivación tenga curso libre. Pero sin interés, sin necesidad, sin gusto, ¿qué sentido tendría obligar? Ninguno.

Al contrario que los nacionalistas y que los modernos amantes de la España tradicional e inmóvil, que no entienden que un ciudadano de Cataluña no sepa catalán, ni que otro de Galicia no sepa gallego, ni que otro del País Vasco no sepa eusquera, ni que otro de Valencia no sepa valenciano, ni otro de Asturias bable, ni otro de Aragón fabla, y a quienes tal hecho les parece una anormalidad que hay que explicar con argumentaciones históricas caprichosas, una anormalidad que hay que corregir al precio que sea… por mi parte, sí entendería sin ninguna angustia, como algo perfectamente normal, que un ciudadano español no supiera español si sus gustos, intereses, necesidades o beneficios no hubieran pasado por esa lengua. Pero los dos últimos siglos de historia de España enseñan, de manera más diáfana si cabe que los anteriores, todo lo contrario: si no se asimiló al español más gente fue porque los españoles no nos ocupábamos en asuntos que sí ocupaban a otros. Asuntos tan sencillos como enseñar a leer y a escribir en las escuelas, como ilustrarnos, como hacer que la gente se conociera, se comunicara, se tratara y se pareciera entre sí, que es una forma de civilizarse.

Pero una vez llegados a este punto, igual que es fácil prever que el español será para los próximos años una opción ventajosa, también es de razón comprender a quienes tales previsiones les dejan fríos, y piensan que sus ventajas pasan por dominar una lengua de pocos hablantes, de rango local pero suficiente y definitoria de una comunidad concreta que les resulta más familiar y les emociona más. Se entiende que estén dando su confianza a los que, desde las instituciones políticas o educativas, les van a procurar ese dominio para las próximas generaciones y, con él, la identificación con sus patrias recuperadas.

Eso sí, con el riesgo cierto de poner en peligro su competencia particular en la lengua española. Pues si lo que se persigue realmente, sinceramente, es la difusión popular, masiva, eficaz y perdurable de las lenguas minoritarias, esa difusión pasa por limitar con la mayor severidad las atribuciones y la presencia del español y, por lo mismo, su dominio efectivo entre la gente corriente. No hay otro camino. En esto no conviene andarse con medias tintas, ni se debe confundir anunciando el advenimiento del paraíso políglota (si lo que se persigue en realidad son otros fines): el bilingüismo equilibrado es asunto, más bien, de particulares, de grupos concretos, pero en términos macrolingüísticos donde entra un clavo no cabe otro. Que esa limitación del español, una vez lograda, resulte un buen negocio para todos quienes hayan invertido tiempo, ilusión y dinero en él —⁠una inversión en la que están empeñados cuatro de cada diez españoles⁠— es asunto que, particularmente, me suscita muy razonables dudas (para decirlo con franqueza, me parece una inversión pésima). Pero hay un gran valor en la democracia: permite hacer apuestas cuyo resultado será responsabilidad exclusiva de quienes las hacen. Es un valor tan grande este, tan radical, que hay que defenderlo al precio que sea. En mi opinión, incluso si el derroche, la irresponsabilidad o la simple estupidez pasan por unos españoles que, en la búsqueda de nuevos rumbos políticos o nuevas identidades nacionales, quieren desvincularse de los nudos de una lengua común. Pues, en sí misma, esta desvinculación no sería lo más preocupante; sin embargo, sí resulta mucho más grave que se proyecte contando la historia como no ha sucedido y, amparándose en ese cuento, se esté acostumbrando a la población a que son legítimas prácticas de control social muy poco ejemplares.

Lo que se agita entre las lenguas de España, entre sus hablantes, no es nada nuevo: hace bueno el viejo proverbio de que todo fluye y nadie se baña dos veces en el mismo río. Pero ésta precisamente ha sido la ley que ha hecho grande al español; es la misma ley que, hagamos lo que hagamos aquí, lo va a engrandecer mucho más en las próximas generaciones, como será la misma ley que en un incierto futuro deshaga su grandeza. Cuando el español agonice, no habrá sido la suya una vida en vano y mantendrá un privilegio rarísimo: haber contribuido a facilitar el entendimiento entre personas de las más distintas procedencias, costumbres, opiniones, colores y credos; haber difuminado con ello su condición de gentes de tales o cuales países, herencias o tradiciones, y haberles ayudado, modestamente, a recuperar su genuina identidad de personas. Personas normales y corrientes, que pretenden entenderse mañana en un mundo sin fronteras. ¿Habrá mejor contribución que ésta al patrimonio de la cultura universal? Podrá haberla. Pero será muy difícil encontrarla.

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JUAN RAMÓN LODARES (1959-2005) era Doctor en Filología Hispánica, profesor de lengua española de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de numerosos trabajos sobre la circunstancia histórica, política y cultural de nuestra lengua. Entre sus obras están Gente de Cervantes (2001) y Lengua y Patria (2002). Fue coautor junto al académico Gregorio Salvador de Historia de las letras (1996), donde se cuentan las peripecias de cada una de las veintisiete componentes de nuestro alfabeto. Colaboró con Rafael Lapesa en la preparación de Léxico e Historia (2 vols., 1992) y como traductor, realizó la versión española de la obra de Yakov Malkiel La configuración de las letras como mensaje propio (1993).

Notas

Notas Capítulo I

[1] David Ringrose, 1998. <<

[2] Carlos Marx y Federico Engels, 1978, pp. 12-13. <<

[3] Francisco Marsá, 1986, p. 94. <<

[4] Fernando González Ollé, 1995, p. 53. <<

[5] Jordi Pujol, 1981, p. 25. <<

[6] Fernando González Ollé, 1995, p. 51. <<

[7] Fernando González Ollé, 1995, p. 59. <<

[8] Fernando González Ollé, 1995, p. 58. <<

[9] El País, 24 de diciembre de 1994, pp. 12-16. <<

[10] Federico Jiménez Losantos, 1995, pp. 431-438. <<

[11] “Defensa y abandono del idioma”, El País, 11 de abril de 1991, p. 11. <<

[12] Bill Bryson, 1991, p. 33. <<

[13] Luis Michelena, 1988, II, p. 902. <<

Notas Capítulo II

[1] Miguel Siguán, 1994. <<

[2] Antonio Tovar, 1980, p. 225. <<

[3] Fernando González Ollé, 1978, p. 263. <<

[4] El Mundo, 1 de abril de 1992. Suplemento Campus, 3. <<

[5] Gregorio Salvador, 1992, p. 47. <<

[6] Abc, “Los Institutos Cervantes”, 15 de marzo de 1994. <<

[7] Bulletin Celia, 1984, n.º 44. <<

[8] Roberto Aparici, 1989, p. 20. <<

[9] Pedro Álvarez de Miranda, 1996. <<

[10] Antonio Muñoz Molina, “Políticamente correcto”, El País Semanal, 5 de septiembre de 1999, p. 106. <<

[11] El País, 14 de septiembre de 1999, p. 25. <<

[12] Manuel Alvar, 1996, p. 3. <<

[13] David Crystal, 1998, p. 60. <<

[14] FADICE, 1997. <<

[15] Francisco Marcos Marín, 1995, p. 64. <<

[16] Francisco Marcos Marín, 1995, p. 69. <<

[17] El País, 14 de septiembre de 1999, p. 41. <<

[18] Álex Grijelmo, 1998, pp. 165-192. <<

[19] Guillermo L. Guitarte, 1995. <<

[20] Fernando González Ollé, 1986; Gregorio Salvador, 1987 y 1992; José Polo, 1990; Francisco Marcos Marín, 1994; Francisco Marsá, 1995; Alex Grijelmo, 1998, pp. 9-24. <<

Notas Capítulo III

[1] Pierre Vilar, 1978, p. 105. <<

[2] Sergio Vilar, 1968, p. 685. <<

[3] José Ortega y Gasset, 1968, p. 19. <<

[4] Fernando Lázaro Carreter, 1985, p. 145. <<

[5] Josep Fontana, 1993, V, p. 99. <<

[6] Fernando Lázaro Carreter, 1985, p. 182. <<

[7] Josep Fontana, 1993, V, p. 97. <<

[8] Alain Milhou, 1989, p. 10. <<

[9] Fernando González Ollé, 1987, p. 255. <<

[10] Ramón Tamames, 1977, p. 132. <<

Notas Capítulo IV

[1] Carles Duarte, 1991, p. 20. <<

[2] Fernando González Ollé, 1995, p. 49. <<

[3] Beltza, 1976, p. 41. <<

[4] Florian Coulmas, 1992, p. 26. <<

[5] David Crystal, 1998, p. 123. <<

[6] José Luis Uruñuela, 1983. <<

[7] Rolf Eberenz, 1992, p. 384. <<

[8] Francesc Vallverdú, 1972, p. 51. <<

[9] David Crystal, 1998, p. 83. <<

[10] “Del 98 al 98”, El País, 23 de noviembre de 1998, p. 14. <<

[11] El País, 17 de febrero de 1994, p. 15. <<

Notas Capítulo V

[1] Miguel Artola, 1983, p. 145. <<

[2] Francisco de Solano, 1991, p. 244. <<

[3] Jon Juaristi, 1998, p. 185. <<

[4] Luis Michelena, 1977, p. 19. <<

[5] Sabino Arana, “Efectos de la invasión”, Baseritarra, n.º 11, 1897. <<

[6] Fernando García de Cortázar y Juan Pablo Fusi, 1988, p. 37. <<

[7] Bartolomé Benassar, 1989, vol. II, p. 351. <<

[8] Ander Gurruchaga, 1988, pp. 343-352. <<

[9] Jordi Figuerola, 1998, p. 254. <<

[10] Jordi Figuerola, 1998, p. 255. <<

[11] Abc, 6 de septiembre de 1999, p. 9. <<

[12] José Manuel Cuenca Toribio, 1968. <<

[13] Xesús Alonso Montero, 1973, p. 115. <<

Notas Capítulo VI

[1] E. M. Wright y J. Wright, 1913, p. 1. <<

[2] Florian Coulmas, 1992, p. 170. <<

[3] Bartolomé Benassar, 1989, vol. II, p. 203. <<

[4] Manuel Tuñón de Lara, 1977, vol. I, pp. 245, 259-299. <<

[5] Ramón Roig, 1969, pp. 13-19. <<

[6] Arturo Campión, 1942, p. 74. <<

[7] Bartolomé Benassar, 1989, vol. II, pp. 233. <<

[8] Jacques Beyrie, 1989, vol. II, p. 235. <<

[9] Sabino Arana, 1965, p. 1370. <<

[10] Jon Juaristi, 1998, p. 199. <<

[11] Jon Juaristi, 1987. <<

Notas Capítulo VII

[1] Fernando González Ollé, 1995, p. 52. <<

[2] El País, 2 de junio de 1999, p. 36. <<

[3] Gregorio Salvador, 1987, p. 13. <<

[4] Roger Wright, 1992, p. 879. <<

[5] El País-Andalucía 9 de agosto de 1999, p. 6. <<

[6] Escuela Española, 9 de septiembre de 1999, p. 5. <<

[7] “Estado de error”, Abc 17 de marzo de 1994, p. 3. <<

[8] “Dictamen sobre política lingüística a l’Aragó”, 1998. <<

[9] Rafael Lapesa, 1989, p. 19. <<

Notas Capítulo VIII

[1] Antonio Tovar, 1980. <<

[2] Mª Teresa Echenique, 1987, p. 103. <<

[3] Mª Teresa Echenique, 1987, p. 101-115. <<

[4] Antonio Tovar, 1980, p. 129. <<

[5] Antonio Tovar, 1980, p. 131. <<

[6] Julio Caro Baroja, 1979, pp. 11-20. <<

[7] Ángel López García, 1985, pp. 37-56. <<

[8] Jon Juaristi, 1987, pp. 21-26. <<

[9] Antonio Elorza, 1978, p. 72. <<

[10] Ramiro de Maeztu, 1977, pp. 172-174. <<

[11] Antonio Tovar, 1980, pp. 171-172. <<

[12] Antonio Tovar, 1980, pp. 171-172. <<

[13] Fernando Savater, 1995, p. 165. <<

[14] “La unificación del vascuence”, La Nación, Buenos Aires, 16 de septiembre de 1920. <<

[15] Henrike Knörr, 1991, p. 147. <<

[16] Jon Juaristi, 1989, p. 184. <<

[17] Henrike Knörr, 1991, p. 152. <<

[18] Henrike Knörr, 1991, p. 152. <<

[19] Miguel de Unamuno, 1958, p. 789. <<

[20] Ibón Sarasola, 1967, p. 342. <<

[21] Fernando González Ollé, 1978, p. 272. <<

[22] Miguel de Unamuno, 1958, p. 947. <<

[23] Antonio Tovar, 1980, pp. 173. <<

[24] Jon Juaristi, 1989, p. 275. <<

[25] F. Sarrailh de Ihartza [Federico Krutwig], 1963, p. 28. <<

[26] Ander Gurruchaga, 1988, p. 282. <<

[27] Ander Gurruchaga, 1988, p. 394. <<

[28] Varios Autores, La lucha del Euskera, p. 26. <<

[29] El País, 23 de marzo de 1999, p. 34. <<

Notas Capítulo IX

[1] John H. Elliott, 1990, p. 103. <<

[2] Alain Milhou, 1989, p. 14. <<

[3] Manuel Peña, 1996, p. 307. <<

[4] Fernando González Ollé, 1995, p. 46. <<

[5] Francesc Vallverdú, 1972, p. 110. <<

[6] Enric Riera, 1994, p. 331. <<

[7] Fernando Lázaro Carreter, “La biblioteca en marcha”, La Razón, 7 de noviembre de 1998, p. 5. <<

[8] Guillermo L. Guitarte, 1991, p. 79. <<

[9] Josep Fontana, 1991, p. 245. <<

[10] Josep Meliá, 1970, p. 312. <<

[11] Manuel Tuñón de Lara, 1977, vol. I, p. 194. <<

[12] Fernando González Ollé, 1995, p. 51. <<

[13] Joan B. Culla i Clara, 1998, p. 246. <<

[14] Joan B. Culla i Clara, 1998, p. 247. <<

[15] Pere Gabarró, 1933, p. 3. <<

[16] “Compromís sindical i drets nacionals”, El Temps, 18 de enero de 1999, p. 17. <<

[17] Amando de Miguel, “De Babel a Pentecostés”, Abc, 1 de octubre de 1993, p. 3. <<

Notas Capítulo X

[1] Constantino García, 1986, p. 61. <<

[2] Xesús Alonso Montero, 1977, p. 202. <<

[3] Crónica de la Asamblea de Maestros, 1894. <<

[4] Miguel de Unamuno, “Vascuence, gallego y catalán”, La Publicidad, 24 de enero de 1917. <<

[5] Juan A. Saco y Arce, 1876. <<

[6] Isidoro Millán, 1975, p. 19. <<

[7] Ramón Otero Pedrayo, 1932. <<

[8] Xesús Alonso Montero, 1977, p. 265. <<

[9] Antón Vilar, 1971, p. 306. <<

[10] Xesús Alonso Montero, 1973, p. 91. <<

[11] Castelao, 1976, p. 241. <<

[12] Ignacio Hernando de Larramendi, 1995. <<

[13] Xesús Alonso Montero, 1973, p. 175. <<

[14] Fernando González Ollé, 1978, p. 267. <<

[15] Manuel Rodríguez Lapa, “A obra mais urgente da galeguidade”, Galicia, n.º 466, Montevideo, 1952. <<

[16] Ricardo Carballo Calero, 1956, pp. 30-32. <<

[17] Xesús Alonso Montero, 1973, p. 123. <<

[18] X. Cambre Mariño, 1972. <<

[19] X. Cambre Mariño, 1972. <<

[20] Manuel Regeiro, 1993. <<

[21] El País, “Las lenguas en la escuela”, 8 de marzo de 1994, Suplemento de Educación, p. 2. <<

[22] El País, “Las lenguas en la escuela”, 8 de marzo de 1994, Suplemento de Educación, p. 2. <<

[23] Manuel Jardón, 1993, p. 107. <<

[24] El País, 18 de mayo de 1999. <<

[25] Cristina Amenedo, 1964. <<

Notas Capítulo XI

[1] Joan M. Torrealdai, 1998. <<

[2] Josep Benet, 1979; Francesc Ferrer i Gironés, 1985; Josep María Solé i Sabaté y Joan Villaroya, 1994. <<

[3] Jaume Fabre, 1996, p. 15. <<

[4] Ignasi Riera, 1998, p. 52-54. <<

[5] Carme Molinero y Pere Ysàs, 1989, p. 54. <<

[6] Amando de Miguel, 1975, p. 271. <<

[7] Ignasi Riera, 1998, p. 159. <<

[8] Albert Ribas i Massana, 1978. <<

[9] Ignasi Riera, 1998, p. 80. <<

[10] Fernando González Ollé, 1995, p. 55. <<

[11] Josep Benet, 1979, p. 94. <<

[12] Christine Bierbach, 1989. <<

[13] Daniel Sueiro y Bernardo Díaz, 1977, vol. II, p. 196. <<

[14] J. Urrutia, 1972, p. 162. <<

[15] Josep Benet, 1979, p. 284. <<

[16] Solidaridad Nacional, Barcelona, 6 de septiembre de 1939, p. 3. <<

[17] Josep Benet, 1979, p. 223. <<

[18] Josep Benet, 1979, p. 220. <<

[19] Ander Gurruchaga, 1985, p. 354. <<

[20] Pauli Dávila, 1995, p. 68. <<

[21] Antonio M. Badía, 1968, p. 425. <<

[22] El País Semanal, 12 de septiembre de 1999, p. 95. <<

[23] Rodney Gallop, 1949, pp. 71-79. <<

[24] Carlos Barral, 1976, p. 222. <<

[25] Manuel de Irujo, 1981, p. 69 <<

[26] Xesús Alonso Montero, 1973, p. 140. <<

[27] Jordi Pujol, 1976, p. 285. <<

[28] Federico Jiménez Losantos, 1993, p. 182. <<

[29] Xesús Alonso Montero, 1973, p. 8. <<

[30] Sesión de las Cortes del 16 de abril de 1970. <<

Notas Capítulo XII

[1] Gregorio Salvador, 1987 y 1992. <<

[2] Varios Autores, Las lenguas de España, 1995, p. 180. <<

[3] El País, 16 y 17 de febrero de 1999. <<

[4] El País, 16 de febrero de 1999, p. 19. <<

[5] El País, 23 de marzo de 1999, p. 41. <<

[6] Diario Ya, 25 de abril de 1974. <<

[7] Rafael Ninyoles, 1977. <<

[8] Emilio Marcos, 1995, p. 297. <<

[9] Britannica World Data, “Comparative National Statistics”, Chicago, 1994. <<

[10] El Temps, 25 de enero de 1999, pp. 40-45. <<

[11] El País, 23 de marzo de 1999, p. 40. <<

[12] Francisco Marcos Marín, 1999, p. 105. <<

[13] El País, 14 de septiembre de 1999, p. 25. <<

[14] Álex Grijelmo, 1989, p. 273. <<

[15] Baltasar Porcel, 1987, p. 75. <<