En la investigación que titula El país de la desmemoria, Juan Miguel Baquero utiliza nuevos testimonios, incontables datos y sincera pasión para denunciar la estrategia de terror desencadenada por Franco desde que dio el golpe de Estado contra la República hasta su muerte. Y da cuenta de lo muchísimo que queda por investigar, y por juzgar, sobre las víctimas del franquismo en este país que no quiere hacer frente a la verdad.

Juan Miguel Baquero

El país de la desmemoria

Del genocidio franquista al silencio interminable

ePub r1.0

Titivillus 11.08.2019

Título original: El país de la desmemoria

Juan Miguel Baquero, 2019

Prólogo: Baltasar Garzón

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Prólogo por Baltasar Garzón

Prólogo

por BALTASAR GARZÓN

La manta que oculta la verdad

Afirma en este libro Juan Miguel Baquero que uno de los pilares de lo que él llama El país de la desmemoria es el abandono de los derrotados. «La realidad falseada, el descrédito salpicado de olvido estratégico. Como si fuera posible sepultar todos los nombres». Tiene mucha razón. La mentira, la difamación, el silencio fueron impuestos por la dictadura para acabar de doblegar a los supervivientes de un infierno y a sus descendientes, inmersos en un purgatorio eterno, culpables por estar vivos y castigados por no pertenecer al club de los elegidos. Si el abandono es la base de la desmemoria, el miedo la alimenta. Creo que, como juez, lo que más me ha impresionado en cada víctima que he conocido no ha sido tanto el terrible sufrimiento que expone en su testimonio como el alivio inmenso por poderlo contar ante la autoridad competente. Hablar de lo ocurrido equivale a hacerlo real. Las palabras hacen cierto lo que tanto tiempo se guardó en el corazón y en la cabeza, lo que ni siquiera se susurraba a escondidas.

El país de la desmemoria es pues un libro que ahonda en esa historia, avanzando por un relato de sufrimiento y haciendo patente, sin alharacas, lo que ocurrió y por qué hay que recuperar y profundizar en los hechos aún recientes de nuestra historia. Me conmueve el niño que da inicio a este relato, Alejandro, al que dijeron que cuando los aviones bombardearan se tirase a la cuneta y tapara su cuerpecito con una manta. Como ese niño real, nuestra sociedad se ha cubierto durante todos estos años con una frágil colcha que, al retirarse, deja ver la cara fea de un régimen franquista que mató, hizo desaparecer, humilló, torturó y encarceló; que robó niños; que asoló con el terror para lograr la sumisión y no levantó la bota hasta bien entrada la década de los 70.

El narrador ha tocado de forma exhaustiva todos los hitos de esa larga marcha de frustración y padecimientos, y señala todos aquellos aspectos que aún están pendientes de resolver. Explica que las llamadas de atención de organismos internacionales como la ONU no sirvieron para que el gobierno anterior, de signo conservador y enraizado aún en esencias franquistas, se ocupara de restablecer la verdad. Y hace votos, como todos los hacemos, para que el gobierno socialista pueda llegar a conseguirlo. Es una tarea urgente, antes de que los más antiguos del lugar dejen este mundo sin haber conseguido obtener por fin la victoria sobre la impunidad, para que las nuevas generaciones aprendan a rechazar los golpes de estado, las dictaduras, los crímenes contra la humanidad… el odio. Agradezco a Juan Miguel Baquero la oportunidad de su obra y las frases que en ella me dedica. En su día me declaré competente para investigar la ejecución de un plan sistemático de desaparición de miles de personas y creo que aún no se ha dado cumplida respuesta a estos crímenes de lesa humanidad que, por serlo, no prescriben, mal que les pese a tantos interesados en evitar la verdad. Su conciencia sabrá por qué. Los demás, debemos seguir en la brecha para acabar con esa impunidad que tanto daño nos ha hecho. Que así sea.

BALTASAR GARZÓN REAL

Jurista

1. Ensayo para la barbarie

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Ensayo para la barbarie

«Los aviones venían rasantes y me agazapé en el suelo, cubierto por una manta. De pronto sentí un golpe fuerte en la espalda. Quedé paralizado. Noté que tenía sangre. Cuando todo el mundo se levantó, vi que me había caído encima la cabeza de una niña. Yo tenía diez años y ella era más chiquita. Una pequeña de cuatro o cinco años». Los recuerdos de Alejandro Torrealba siguen vivos ocho décadas más tarde.

La escena que relata ocurre en la carretera de Málaga a Almería, cuando decenas de miles de personas huyen del avance rebelde. Porque el 7 de febrero de 1937 había arrancado siniestro, con Francisco Franco, Adolf Hitler y Benito Mussolini atacando sin compasión a población civil durante uno de los mayores éxodos del siglo XX. Tras el bombardeo, los golpistas entran el día 8. La capital malagueña, que hasta entonces había estado en manos republicanas, acogía a miles de refugiados que atestaban las calles, procedentes de Antequera y de Ronda, recién tomadas. Se sabía por las experiencias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada que las tropas rebeldes no tenían compasión con la gente de a pie de las ciudades. Y Málaga había sido un feudo republicano durante siete meses tras el golpe de Estado de julio del 36. En otras ciudades habían tenido lugar fusilamientos a centenares, detenciones a miles. Los civiles que temen por sus vidas tienen que escapar por la única salida posible, los 175 kilómetros que separan esa ciudad de Almería, aún republicana. Fascistas y nazis convierten la línea costera en una trampa y la huida en una carnicería. Será el mayor crimen de guerra de la guerra civil española: La Desbandá. Los números de esta masacre andaluza, en la huida de Málaga hacia Almería, no son concluyentes. Varían según las diversas investigaciones. En cifras redondas supera los 5000 muertos en un río humano compuesto por más de 200 000 refugiados asediados por tierra, mar y aire. Miles de mujeres, ancianos, niñas y niños, derrotados y atacados mientras se limitaban a huir, sin presentar batalla. La desesperada migración muta en un inédito drama humanitario. La interminable columna de mujeres con sus bebés e hijos pequeños, los ancianos, la mayoría descalzos, son bombardeados desde el mar por la artillería de los cruceros rebeldes. Por tierra les persiguen las tropas italianas, que los van ametrallando. También caen bombas desde el cielo. Este ataque contra población civil por parte de Franco y sus aliados precede a otros bombardeos indiscriminados que son más conocidos, como los de Guernica (Vizcaya), Barcelona o Játiva (Valencia), pero los supera en la dimensión de la matanza. En todos estos casos los ataques a la población civil se hicieron con participación alemana e italiana.

«Alejandrito, cuando vengan los aviones te tiras a la cuneta y te tapas con la mantita, ¿vale? —le decían—. Y eso hice», afirma en 2018 aquel niño, ahora Alejandro, noneganerio. Con apenas un trapo como toda cobertura. Como una suerte de escudo que no impide la máxima expresión del terror.

La Guerra Civil española es un propicio banco de pruebas para la futura Segunda Guerra Mundial, y Hitler y Mussolini no lo desaprovechan. La Desbandá también sirve como ensayo bélico. Les vale como prólogo del conflicto internacional que el führer y el duce provocarán pronto. En España ensayan sus armas nuevas, aportando de paso al futuro caudillo español un apoyo decisivo. Sin el sostén de la bestia totalitaria, materializado en tropas de infantería, armamento y aviones, quizás nunca hubiera llegado la victoria de Franco en España.

Estas matanzas de civiles lejos del frente bélico ejemplifican la voluntad genocida del franquismo: la orden de aniquilar al adversario social y político para evitar la resistencia, como principal estrategia para ganar la guerra, y la pedagogía del terror y la violencia extrema como herramientas. Un afán terrorista que resultó, entre otras cosas, en la cifra de al menos 114 226 desaparecidos forzados, cuyos cadáveres acabaron enterrados como perros en las más de 2500 fosas comunes excavadas en los cementerios y en las cunetas de caminos y carreteras de todo el país.

Las tumbas ilegales sembradas en suelo español representan el fruto más ignominioso de aquel conflicto bélico y de su posguerra. Pero no el único. El rendimiento de la cosecha fascista está en todas y cada una de las violaciones de derechos humanos que han seguido produciéndose durante décadas sin que ninguno de sus responsables haya tenido que pasar por un juzgado. Nada más brutal que el contraste entre la impunidad de los crímenes cometidos desde el 17 de julio de 1936 por los sublevados contra el legítimo gobierno de la Segunda República, por un lado, y el desprecio del Estado, por otro, a las víctimas de la conspiración armada. Un claro síntoma de la herida abierta, de un olvido insostenible en cualquier nación democrática homologable a la española, que deja al descubierto la herencia diseñada por los golpistas, continuada por sus herederos y que a lo largo de cuatro décadas de democracia ha sido imposible romper.

Ni siquiera la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, trajo consigo una auténtica respuesta a las reivindicaciones de las víctimas, resumidas en el trinomio de palabras «verdad, justicia y reparación». Ha seguido vigente la preconstitucional Ley de Amnistía aprobada durante la Transición, que ha actuado como una suerte de Ley de Punto Final en un país que, por ejemplo, ha sostenido durante años con dinero público el Valle de los Caídos, el mausoleo donde el dictador recibió sepultura como si fuera un faraón, rodeado de algunos de los suyos, pero también de miles de aquellos a los que él condenó a muerte. Un mausoleo tenebroso en cuya construcción trabajaron muchos presos políticos convertidos en esclavos. En el capítulo «Parafernalia simbólica» trataremos con mucho detalle este monumento fascista, y hablaremos de los nuevos intentos de cambiar su significación y llevarse de él la momia de Franco y los restos de José Antonio Primo de Rivera, anunciados por el gobierno de Pedro Sánchez desde el momento que ganó la moción de censura contra el PP tras la sentencia del caso Gürtel.

Porque la anomalía reina en España, un país que ha sido capaz de abrir la vía judicial para las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de Jorge Rafael Videla en Argentina aplicando los principios del derecho universal. Pero que también ha sido capaz de boicotear la única causa abierta en el mundo para juzgar al franquismo, la Querella Argentina. Porque España ignora el mandato de Naciones Unidas y nunca llevó ante un juez a los verdugos y torturadores, ni ha investigado judicialmente las prácticas represivas organizadas más duraderas de Europa. Porque España no anuló tampoco los juicios franquistas que terminaron con condenas a muerte, penas de reclusión, cuantiosas multas o depuración profesional. Porque los gobiernos españoles tampoco han restituido el expolio que sufrieron, por parte de los franquistas y sus amigos, los perdedores. Tampoco se ha cuestionado nunca la fortuna corrupta de la familia Franco, que tras la muerte de la única hija del dictador, Carmencita, ha quedado dispersa entre los nietos y la Fundación Franco. Ni siquiera en democracia se ha obligado a rendir cuentas a las empresas que usaron esclavos, condenados en juicios políticos, durante la dictadura. Es más, la simbología fascista permanece en las calles y abrir estos debates molesta a una parte de la población y a sus representantes políticos. Porque la cara más oscura de este pueblo demuestra que el franquismo está vivo, presente.

Por todo esto España es el país de la desmemoria. Una tierra enmarañada en la lectura parcial de su propio relato, que ha vendido durante años una visión equidistante o directamente apologética de su cruel pasado reciente como alimento propiciatorio del franquismo sociológico. Un país en donde muchos todavía no entienden que para ser demócrata hay que empezar siendo antifascista. Los recuerdos de Alejandrito, huyendo de las tropas franquistas que acaban de conquistar Málaga, los recuerdos de aquel que fue un niño que huía cargado con su manta y su terror infantil a cuestas, son el paradigma de la apuesta por la libertad, la igualdad y la democracia que fue truncada por el fascismo. Del juguete roto en mil pedazos.

La memoria de Alejandro Torrealba Crepiemx, nacido el 18 de julio de 1927, recrea en enero de 2018 la masacre de La Desbandá desde su modesta vivienda de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, islas Canarias. Queda muy lejos aquel frío mes, pero regresa a su fiel memoria en escenas grabadas a sangre y fuego. Las bombas caen del cielo, la tierra salta por los aires y los gritos de dolor y pánico invaden el aire de los senderos que bordean la costa, por donde huyen a miles personas atemorizadas, camino del refugio republicano que aún ofrece Almería. «Me duele la espalda», piensa Alejandrito, arrugado bajo un trozo de tela ajada. La gélida mañana acaba rota por el contraste de un líquido caliente. Es la muerte. «Estaba allí —repite ahora—, era una niña… La cabeza me golpeó, la cabeza de una pobre criatura».

Los mayores del séquito familiar oyen las quejas del pequeño y acaban recogiendo los restos de la cría. «La enterraron allí mismo —apunta el nonagenario—. Es el primer muerto del que tengo conciencia», dice. Allí deben de seguir los huesos, sepultados por décadas de abandono en la sierra malagueña, en una cuneta de la sinuosa travesía costera conocida desde entonces como «la carretera de la muerte».

«Me limpiaron la camisa en un charco de agua que había por allí y me la pusieron mojada, ya sin sangre». Y recuerda que enseguida siguieron caminando. Dando tumbos entre las embestidas inmisericordes de los aviones alemanes e italianos, de la munición escupida por los cañones de los buques rebeldes, de los disparos de las ametralladoras y los fusiles fascistas. Pero la carne trémula del niño también sintió la frialdad metálica de la metralla: «No me salvé. Aquí —y se señala la nalga derecha— me entró la esquirla de un proyectil cuando estaba bocabajo, cubierto por una mantita pobre de tonos marrones. Tenía un boquete grande y me metían gasas para curarlo con desinfectante; me dolía una barbaridad», rememora. Y de repente salta una de las sorpresas del relato, que enlaza con la historia conocida de un mito cuando añade: «Me curaban en la ambulancia del médico canadiense».

Alejandro se refiere a Norman Bethune, el galeno llegado a un país en guerra para intervenir en apoyo de la República. Invitado por la Comisión de Ayuda a la Democracia Española, el doctor Bethune dirige varias unidades médicas que incluyen el primer servicio móvil de transfusiones de sangre. Al enterarse de lo terrorífica que era aquella huida de población civil, viaja desde Valencia acompañado de dos ayudantes, Thomas Worsley y Hazen Sise, con los que durante varios días socorre al pueblo que escapa de la ocupación rebelde de Málaga. El voluntario internacional vive en La Desbandá uno de los episodios más dramáticos de su carrera. «La más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto nuestros tiempos», cuenta en su libro Bethune. De aquella obra, El crimen del camino Málaga-Almería, me muestra sonriente un ejemplar, una vida después y pese a todo, Alejandro Torrealba en su casa de La Laguna. Que me sigue contando con su increíble memoria:

«El canadiense era muy querido, iba con más sanitarios, algunos españoles, y curaban a un montón. Se le tenía mucha consideración… porque venían a auxiliar. Yo entonces no sabía quién era, claro. Veía la ambulancia que tenía la cruz roja y a esas personas que iban vestidas de blanco que iban recogiendo y curando». Norman Bethune era un héroe entre las bombas que caían sobre «una procesión de miles y miles de personas», como él mismo dice en su crónica, una caravana a la que cada vez se sumaba más gente que bajaba de los pueblos de la serranía para unirse a la huida.

Aquello fue una matanza premeditada e innecesaria porque «allí no había guerra», dice Alejandro con gesto serio. «Fue un ataque contra el pueblo, un desastre», ejecutado por la alianza en la guerra de España de lo que él llama ahora «tres criminales»: Franco, Hitler y Mussolini. «Mataron a miles de personas. ¿La matanza de Málaga a Almería? Vi muertes de niños. Y vi a una mujer, moribunda, dando el pecho, con el niño chupando de lo que era casi un cadáver. No me explico —añade ochenta años después— cómo podían usar aviones y barcos de guerra contra la población».

El anecdotario de Torrealba está lleno de pasajes muy duros. «Quisieron partir un puente y entró un proyectil que mató a todos los que allí había». Se refiere al pasadero del río Guadalfeo, destruido justo cuando la aterrorizada muchedumbre cruzaba el amplio caudal. Muchos cayeron al agua cuando se derrumbó la estructura y perecieron arrastrados por la corriente. En el lugar del impacto, recuerda, «quedó un hombre haciendo señales —Alejandro agita los brazos—, con todo esto lleno de sangre —señala de cintura para abajo— y un puñado de niños muertos alrededor».

Pero los peores momentos siempre llegaban con la oscuridad nocturna, entre confusos y espantados gritos infantiles: «¡mamá!, ¡papá!». «Muchos niños se perdían, los veías solitos, llorando de noche… ese clamor era espeluznante», narra. Le pasó al propio Alejandro, que también anduvo tres días perdido durante la semana que duró el trayecto hasta Almería. Solo pensaba «adelante, adelante», regresar al río de gente, mientras hacia el sur, en la penumbra marina, estallaban los fogonazos del cañoneo de tres buques sublevados, los cruceros Canarias, Baleares y Almirante Cervera. O con el estruendo de los obuses que caían entre una multitud que a esas alturas ya había perdido la noción del sueño.

Cada amanecer, cada día, sin dejar de recibir el castigo que para la gente indefensa suponía la incesante y bestial arremetida militar, la columna de huidos sigue caminando. Los aviones pasan rasantes, pilotados por militares italianos y alemanes que saben muy bien que el objetivo de sus ataques es población civil. «Tanto bajaban que yo veía a los pilotos, con los cascos, y los mayores me decían “niño, agáchate”, porque parecía que las ruedas iban a chocar con nosotros».

Y en Torremolinos aquel niño encontró un inesperado entretenimiento. «Allí vi combates aéreos —dice Alejandro, porque por fin llegaron las aeronaves republicanas que salían a enfrentarse con el enemigo— y había un revoltillo de aviones para acá y para allá, por la playa, frente al campo de aviación». Los niños se apostaban en algún montículo de tierra para ver aquella novedad «como si fuera una película», con aquellos aeroplanos que caían al mar incendiados. Jugaban a acertar cuál iba a ser el siguiente. «Uno de los nuestros cayó ardiendo en la bocana del muelle y cuando yo luego de mayor fui marino les conté a mis compañeros que por ahí se había estrellado un avión de la República».

No tenían miedo, asegura, seguían caminando como si la vida fuera solo esa barbarie que acontecía a su alrededor. Como si todo tuviera que ser así. Al poco de arrancar la huida Alejandrito ya está «acostumbrado a ver cadáveres». No sabe concretar cuántos muertos llegó a contar. La más importante, «la niña» cuya cabeza cortada por el impacto de alguna bomba le cayó encima, repite con la mirada fija, pero luego recuerda también las imágenes de todos los agonizantes tirados en el suelo, y los mutilados, los cuerpos destrozados, o los caminantes que, exhaustos, abandonándose, se quedaban tirados de cualquiera manera con un «Déjame, que ya no quiero vivir más» como epitafio. «¿Quién los iba a recoger?», reflexiona Alejandro, que cuenta que la gente sepultaba víctimas «como podía». De repente, recuerda una lúgubre anécdota: «Cuando había una fosa y un promontorio de haber enterrado a alguien, mi primo Tobalo y yo nos subíamos y empezábamos a hacer fuerza a ver qué pasaba —hace el gesto de estar saltando sobre la tierra—. Cosas de chiquillos», termina.

La familia de Torrealba había salido de Ronda enfilando la línea costera oriental de Andalucía. Bajaron pueblos, de San Pedro de Alcántara a Almuñécar, consumiendo por el camino apenas unos trozos de caña de azúcar. «Yo no tenía zapatos ni nada —cuenta— y pasé un hambre canina». Su padre había fallecido antes de la guerra y su madre se quedó en Algeciras (Cádiz) con sus otros hermanos. Alejandrito se tuvo que ir con sus tíos, María y Alfonso. En un momento de la larga travesía, María rompió a gritar: «¡Mira, ese es mi hijo Juan!». Señala un montón de militares muertos, insepultos. Juan había estado en el frente, en Belchite, en Extremadura… «¿Cómo lo sabes?», pregunta el marido. «Por los calcetines», responde ella, desesperada. Alejandro se acuerda de la escena con todo detalle. «Y cuando lo destaparon no había forma de reconocerlo, tenía la cara desfigurada, con golpes, destrozada», cuenta.

Juan estaba enrolado en el Ejército Popular de la República. Cuando estalló la guerra, hubo vecinos del pueblo que se aliaron con los golpistas y la represión. Pero luego hubo también, dice Alejandro, «muerte de gente rica». Esas muertes las causaron «gente que venía de fuera», que mataba «por el odio que traían», represalias antifascistas por parte de quienes habían visto el terror rebelde infligido en la retaguardia. «Eso tiene que decirse —añade reivindicativo—. Los tenían enfrente, eran el enemigo, los llamaban fascistas, y mataron a unos cuantos».

Pero la brutalidad de las fuerzas franquistas era ejercida de forma especial. Alejandro todavía guarda un recuerdo preciso de aquellos episodios. «Cuando conquistaban un pueblo metían primero a los moros, y más si había resistencia», porque tenían órdenes de no dejar a un republicano vivo, así que entraban a matar «y después, que hicieran lo que quisieran». Franco les daba carta blanca para robar y ejecutar a su antojo, y el relato de Alejandro recuerda la violencia extrema, la misma que sabemos que se produjo años antes, durante la guerra africana del Rif. «Había chillidos de mujeres, les cortaban el cuello y todo, eran criminales… ¡y las niñas! —exclama abriendo los ojos—, a las niñas…». Ahí detiene el relato. ¿También les hacían de todo? «Había una niña, que tenía mi edad o unos doce años, y la violaron los moros». Y más tarde, cuando ya vivía en las Canarias, oyó historias de cómo mataron allí los franquistas a los republicanos: «Los montaban en barcos y lanchas, llenas de gente, y los tiraban uno por uno al agua, por fuera de la escollera, con una cuerda amarrada al cuello y una piedra. ¡Vivos! —exclama todavía horrorizado—. Porque eran “rojos”, y para los fascistas eso no eran personas».

La masacre de La Desbandá no cesó hasta que los caminantes recibieron un respiro vital a la altura de Motril. Lo recuerda también: «Pararon el frente porque llegaron algunas fuerzas republicanas y de las Brigadas Internacionales». Una noche, ya cerca de Almería, los hambrientos refugiados intentaban descansar a duras penas. «Vi a los moros, a los falangistas y a los legionarios. Eran los sicarios de Franco, Hitler y Mussolini. Y cómo mataban». Cuando los derrotados están cerca del final del trayecto, de repente aparecen los Regulares, tropas formadas por mercenarios marroquíes. «En una loma había un grupo de personas y disparaban. ¡Pam! ¡pam! ¡pam! —imita con firmeza el sonido de los disparos—. Me acuerdo de que salí corriendo con la mantita a saltos sobre cuerpos caídos. Iban cayendo uno tras otro, hubo una matanza de miedo y sabían que éramos gente normal, que no éramos soldados. Todo eso lo tengo en la mente. Grabado. De eso no me olvido». El ejército franquista reclutó en torno a 80 000 mercenarios del norte de África en los tres años de guerra, según datos de la Delegación de Asuntos Indígenas en Tetuán. «Huíamos del terror… ¡pero terror! ¿Los moros? Teníamos un miedo…».

Así fue el mayor crimen de guerra del franquismo, La Desbandá, porque el objetivo de Franco era «meter el terror» como peaje hacia la victoria. Más de ocho décadas después, Alejandro siente «pena de que sucediera» aquella masacre. «Nos bombardeaban los barcos y los aviones, que dejaban la carretera llena de cadáveres y trozos de personas». Las secuelas, décadas después, van más allá de la cicatriz dibujada en la piel del niño Alejandrito. «Es la Guernica andaluza… aunque no sé si fue antes o no».

Pablo Picasso (Málaga, España, 1881-Mougins, Francia, 1973) hojea los diarios franceses y se detiene en unas páginas de L’Humanité que traen fotografías del bombardeo masivo de la aviación alemana en Guernica (Vizcaya) el 26 de abril de 1937. El drama se conoce fuera de España y empuja al pintor a crear un cuadro que acabará convertido en emblema de los horrores de la guerra: Guernica. Las escenas que representa detienen el tiempo en escala de grises. Una mujer que grita desesperada con su hijo muerto en brazos. Un caballo relincha herido. Un brazo mutilado sostiene una espada rota. Un edificio en llamas. La secuencia dibuja el ensayo para la barbarie.

Picasso retrata el destrozo diseñado por los aliados fascistas. Lo hace a través del pánico provocado en suelo vasco, entre la población civil un día de mercado, aunque bien hubiera podido aludir a las secuelas terroríficas de La Desbandá gestada en su tierra natal o, años después, en cualquier lugar del mundo, porque el Guernica representa la ignominia del ser humano en cada conflicto bélico. El lienzo fue expuesto inicialmente en el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París en 1937, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial propició que el pintor pidiera luego su traslado al Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York. El lienzo no regresó a España hasta 1981, una vez restituida la democracia, y está expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

Aquel día de primavera el mercado de Guernica estaba muy concurrido. La administración autonómica vasca incluso solía organizar en esas ocasiones varios trenes especiales para que los refugiados, que se contaban por decenas de miles en Bilbao, pudieran hacer acopio de comida en las zonas rurales. En la villa hay unas 12 000 personas cuando la Legión Cóndor, una unidad aérea hitleriana, descarga una mezcla de proyectiles explosivos e incendiarios. Los aparatos crean un anillo de fuego mientras las ametralladoras de los cazas, alemanes e italianos, acribillan en vuelos rasantes a la masa que intenta huir despavorida del infierno. Es la Operación Rügen, un experimento, la primera acción de tal calibre ejecutada contra una ciudad abierta. Y sirve a Hitler como ensayo de los bombardeos de saturación que aplicará de forma sistemática en la posterior contienda internacional, una técnica de ataque aéreo que provoca efectos devastadores. Una réplica de Guernica, por ejemplo, dejó convertida en cenizas la localidad de Frampol durante la campaña nazi en Polonia.

En la pequeña ciudad vasca los pilotos de la Luftwaffe del III Reich, comandados por el teniente coronel Wolfram von Richthofen, dejan una dantesca estela de 1654 víctimas mortales en una localidad que sumaba entonces apenas 7000 habitantes, según el gobierno de Euskadi. Bien pudieran ser más, pues la dificultad de acceder a fuentes documentales certeras y concluyentes siempre proyecta sombra sobre estas acciones. Además del asesinato de civiles, el 90 por ciento de los edificios de la población quedó destruido o fuertemente dañado. Pero si los ejecutores fueron militares del Eje, la orden de arrasar Guernica la dio Franco. El futuro dictador, como cabeza de las tropas sublevadas, fue el máximo responsable de que 59 aeronaves atacaran el área urbana donde se había concentrado un elevado número de civiles sin posibilidad de defensa. Firmó ese mandato de agresión contra el pueblo vasco, como también firmó las órdenes de las más de un millar de operaciones aéreas que los aliados fascistas practicaron sobre Euskadi en la guerra civil. El golpista español, con el apoyo de Hitler y Mussolini, intentó ocultar y minimizar el impacto de la masacre desde el día siguiente ante la repercusión que lo ocurrido en Guernica tuvo fuera de las fronteras hispanas, con primeras planas de periódicos como The New York Times. Franco llegó a culpar de lo ocurrido al «feroz sistema de los rojos de incendiar todos los centros urbanos antes de la retirada». Las certezas históricas desmienten la afirmación del líder rebelde. Una prueba del fraude que intentó colar Franco está en el telegrama del cónsul italiano Carlo Bossi, un documento recuperado en el que queda de manifiesto la osadía de negar el bombardeo sobre Guernica. La maniobra de ocultación continuó incluso durante las propias tareas de desescombro, iniciadas dos años después del bombardeo y ejecutadas por prisioneros de guerra a los que se obligaba a continuar la labor sin pararse ni siquiera cuando iban apareciendo cadáveres, que quedaban sin identificar ni registrar. Como si no fueran nada, solo ruinas del gentío rojo.

El lehendakari de aquel entonces, José Antonio Aguirre, del Partido Nacionalista Vasco, llegó a solicitar una investigación sobre la masacre al Comité de No Intervención, organismo creado para fiscalizar el cumplimiento del Pacto de No Intervención extranjera en la Guerra Civil. Pero Franco, de nuevo con apoyo nazi y fascista, logró frenar la puesta en marcha de un informe internacional y neutral del caso. La negación del crimen de guerra caló en la memoria histórica del franquismo como una de las puntas de lanza de los historiadores revisionistas. Lo cierto es que el bombardeo de Guernica, y el cuadro de Picasso, han quedado como un hito en la lucha contra el fascismo, como símbolo de una época convulsa y rota por el enfrentamiento en Europa de las democracias y los regímenes dictatoriales.

Antes, el 31 de marzo de 1937, otra población vizcaína sufre la aniquilación de civiles y el ensayo de nuevas técnicas de combate con las pasadas criminales de bombarderos y cazas de la Aviazione Legionaria italiana. En Durango, los aviones sueltan 14 840 kilos de explosivos que causan la muerte a 336 personas. El ayuntamiento local interpuso el 18 de julio de 2017 una querella contra los 46 miembros del ejército de Mussolini, dirigidos por el general Vicenzo Velardi, que actuaron en apoyo de la táctica criminal de Franco. La embestida fascista fue considerada por la corporación municipal, en su alegato, como un delito de lesa humanidad, como un crimen de guerra. Unos meses después, sin embargo, el juzgado de instrucción número 3 de la ciudad archivó la causa.

«Sin objetivo militar y con la única justificación de vengarse de las derrotas que nuestro ejército causa a los invasores, la criminal aviación fascista bombardea ferozmente un pueblo pacífico. Y en su impotencia, se ensaña una vez más en los cuerpos de mujeres y niños». El largo subtítulo del periódico Frente Sur estaba precedido del escueto titular JAÉN BOMBARDEADO. Ocurre el 1 de abril, apenas horas después del castigo al que fue sometido Durango, con pilotos españoles del ejército rebelde usando aeronaves nazis. «Todos los hombres útiles de la retaguardia deben, sin descanso, construir las defensas antiaéreas», animaba en un faldón el rotativo. Había sido una operación más de terror y castigo. Otra plaza sin frente de batalla ni objetivos militares, con más de 150 fallecidos, la mayoría ancianos, mujeres y niños. Y un elemento diferencial: la acción fue firmada y ordenada desde el aeródromo de Sevilla por el responsable de la rebelión en el sur, el general golpista Gonzalo Queipo de Llano, como represalia al bombardeo republicano sobre Córdoba. Los Túpolev y los Katiuskas de las tropas gubernamentales dejaron cuarenta muertos e infligieron daños en el Hospital General Militar. Como nueva respuesta, el Frente Popular efectuó los días siguientes varias «sacas» de presos ejecutando entre 120 y 130 derechistas.

La batalla de Belchite (Zaragoza) marca otro episodio de violencia extrema entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937. El municipio era uno de los principales objetivos del Ejército Popular de la República en el frente de Aragón. Y estaba en poder de unas bien pertrechadas fuerzas franquistas, con nidos de ametralladoras, elementos defensivos colocados en los edificios, barricadas en las calles y unas tropas dispuestas a resistir el asedio. Los republicanos no pueden perder tiempo en su avance hacia la capital aragonesa y deciden atacar el casco urbano de ese pueblo con la aviación, mientras la artillería lo machaca a bombazos desde su posición firme en el Cabezo del Lobo. Luego llegarían los combates casa por casa, puesto a puesto. Hasta que el pueblo cae, devastado por completo. Pierden la vida en esa batalla unas 5000 personas, y se hacen 2411 prisioneros. La operación, empero, no ejemplifica el diseño gubernamental de la contienda, como sí ocurre con la reacción franquista en tierras vascas o en ciudades andaluzas.

La clonación de los terribles ataques experimentales queda repartida por diversos rincones de la península sobre los que, desde las barrigas de los bombarderos Junker de Hitler o los Savoia-Marchetti de Mussolini, caen bombas durante horas. Es el caso de Játiva (Valencia), donde el 12 de febrero de 1939 tuvo lugar uno de los últimos bombardeos franquistas de esta calaña, que causó 145 víctimas mortales y centenares de heridos. De poco valió que la guerra de España estuviera atravesando sus últimos días y que la victoria fascista estuviera al alcance inmediato de los rebeldes. Las bombas de la aviación italiana cayeron sobre el pueblo buscando su principal objetivo: un tren que trasladaba a soldados republicanos. De paso segaron la vida a numerosos civiles, convirtiendo la estación y sus alrededores en un escenario salpicado de restos humanos.

Por aquellos días Cataluña ya había caído en manos de Franco. La batalla del Ebro puso la rúbrica a la victoria de los conspiradores y la República vivía los últimos coletazos de un sueño, de una experiencia irrepetible que marcó la vanguardia democrática de la época y cuya legitimidad nunca fue repuesta en España. Barcelona es la primera gran capital atacada por la aviación moderna, en 1938. Solo en la ciudad condal los datos oficiales de la Generalitat citan 924 muertos, entre ellos 118 niños, y más de 1500 heridos en marzo de aquel año, además de decenas de edificios destruidos o con desperfectos graves. Una prueba documental está en el Arxiu Nacional de Catalunya, que tiene catalogadas fotografías de un informe emitido por la Aviazione Legionaria en 1939 dando cuenta de los daños causados por los bombardeos tácticos contra población civil. Caen bombas también sobre Granollers, Tarragona, Girona, Figueres, Alfés, Castelldans, Granyena de les Garrigues o Les Borges Blanques, entre otras, y en toda Cataluña se contabilizan más de 2500 víctimas mortales tras casi dos años de fuego aéreo. Los bombarderos Savoia y los cazas Fiat despegaban del aeropuerto de Son Sant Joan en Mallorca, convirtiendo las islas Baleares en una base clave para el ejército franquista que los aliados fascistas utilizaron para perfeccionar las técnicas y armamentos de la guerra aérea. Las trágicas réplicas de la Segunda Guerra Mundial llegaron con los explosivos arrojados por la Luftwaffe sobre Londres o París, o por los aliados en ciudades como Dresde.

Las oleadas de refugiados crecen en España a merced del terror aplicado por los golpistas, con especial saña en los criminales experimentos aéreos. Muchos derrotados huyen de las carnicerías, de las bombas y los reiterados castigos estratégicos. La campaña de Cataluña acaba con todo aguante republicano en el nordeste de la Península, hunde la resistencia y convierte la frontera en un pasadizo por donde escapan caravanas interminables de derrotados. Los vencidos pasan a Francia a través de los Pirineos por municipios como La Junquera o Portbou hasta poblaciones francesas como Le Perthus, Bourg-Madame o Cerbère. El exilio suele conducir directamente a los campos de concentración que las autoridades galas, insensibles al drama y desbordadas por la riada de republicanos, activan en las playas de Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer o Le Barcarès y en puntos como Gurs, Le Vernet o Bram. Ahí quedan encerrados al raso, en condiciones infrahumanas, miles de civiles junto a militares y miembros de las Brigadas Internacionales.

México y Argentina serán el destino final más numeroso de los buques cargados de exiliados. Medio millón de personas que huyeron de su país en un éxodo que quedó repartido por medio mundo, empezando por la propia Francia, pero que distribuyó gente por la Unión Soviética, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Cuba, Chile o Reino Unido.

El rencor y la animadversión de las oligarquías patrias hacia quienes consideran los «enemigos de España» se convertirán en un espectro demoníaco durante la guerra civil. «Los impulsos ciegos que han desencadenado sobre España tantos horrores han sido el odio y el miedo. Odio destilado, lentamente, durante años en el corazón de los desposeídos. Odio de los soberbios, poco dispuestos a soportar la insolencia de los humildes. Odio de las ideologías contrapuestas, especie de odio teológico, con que pretenden justificarse la intolerancia y el fanatismo. Una parte del país odiaba a la otra y la temía. Miedo de ser devorado por un enemigo en acecho: el alzamiento militar y la guerra han sido, oficialmente, preventivos para cortarle el paso a una revolución comunista. Las atrocidades suscitadas por la guerra en toda España han sido el desquite monstruoso del odio y del pavor. La humillación de haber tenido miedo y el ansia de no tenerlo más atizaban la furia», escribiría Manuel Azaña, presidente de la Segunda República española.

Con el término «rojos» los sublevados contra el legítimo gobierno de la Segunda República española etiquetan a socialistas, anarquistas, comunistas, republicanos… o a las mujeres, que la reciente democracia igualaba como sujeto social a la altura del hombre en derechos y obligaciones, una emancipación y empoderamiento que el fascismo corta de raíz para devolver al género femenino al que consideran su lugar natural: el hogar, el segundo plano, la vida callada y obediente. El primer paso para la esterilización del proceso feminista fue la represión en caliente, mientras seguía la Guerra Civil, a cuyo término hubo una campaña sistémica dedicada a forzar a martillazos la sumisión de la mujer durante 40 años de nacionalcatolicismo.

Que España sea como es no parece casual. La idiosincrasia hispana gestada al cobijo de la mano alzada de Franco produce monstruos. Es una sociedad que tolera la existencia de miles de fosas comunes barridas bajo la alfombra; una anomalía democrática de tal calibre que mantiene impunes los crímenes franquistas contra la humanidad mientras la única pena recae sobre los propios represaliados, condenados al olvido y el desprecio. Porque el Estado no ha garantizado hasta ahora el acceso a la verdad, la justicia ni la reparación, exigidas por Naciones Unidas como requisito indispensable para cimentar las garantías de no repetición de las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas desde el estallido golpista. Tras cuatro décadas de democracia, España todavía protege a los herederos del pasado más oscuro de la nación. Y lo hace, más de 80 años después del comienzo del estallido golpista, boicoteando desde la propia Fiscalía General del Estado cualquier causa abierta o usando la Ley de Amnistía para dar carpetazo a toda denuncia contra el franquismo. Y lo ha hecho también desde el plano ejecutivo, ninguneando las reclamaciones memorialistas y anulando, cuando por fin se aprobó, aunque fuera en forma desangelada, la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica.

Así ocurre desde la victoria con mayoría absoluta del Partido Popular en 2011 con una visión radical: los «cero euros» de presupuesto para Memoria Histórica de los que alardea el presidente Mariano Rajoy en mítines y entrevistas se convierten en el estandarte que los conservadores enarbolan para matar el reclamo de las víctimas del régimen franquista. Antes de su triunfo en las urnas, Rajoy prometió a su electorado la derogación de la Ley 52/2007. No le hizo falta andorrear ese fango: con suprimir toda dotación presupuestaria y silbar mirando para otro lado, fue suficiente. Y conservó esa estrategia con mayoría o sin mayoría parlamentaria, siempre con la idea de mantener vivo el abandono y el ninguneo. Al inicio de su mandato redujo en casi un 60 por ciento la partida que el curso anterior destinaba el ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), pasando de 6,2 millones de euros a 2,5 en 2012. Ese mismo año, el consejo de ministros aprobó la supresión de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado básicamente para coordinar las exhumaciones. Al ejercicio siguiente, 2013, Rajoy dejó toda la cuestión sin rastro en los Presupuestos Generales del Estado. Ahí quedó anclado, en el prometido mantra del desplante a las reivindicaciones de las víctimas de Franco, sin dinero público estatal para abrir fosas y cunetas para buscar a los desaparecidos forzosos o activar otras medidas de reparación.

Hasta que la moción de censura ganada por el PSOE apeó del poder al mandatario conservador e hizo presidente del gobierno de España a Pedro Sánchez. El debate en el Congreso evidenció, entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2018, que había otras opciones parlamentarias: votaron a favor del cambio los socialistas junto con Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias, con la abstención de Coalición Canaria y el voto contrario de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.

Un apretón de manos en las escaleras de La Moncloa. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias posan sonrientes ante la prensa. El curso político arranca en septiembre de 2018 cargado de noticias, con una fotografía impensable tan solo unos meses antes. Y tras una reunión de poco más de dos horas, los líderes de la izquierda progresista difunden uno de los propósitos del encuentro: sacar la Memoria Histórica del barbecho al que había sido sometida por Rajoy. El nuevo Ejecutivo, nada más aterrizar, quiere dejar claro que va a encarar las cuestiones clave en materia memorialista que desde la oposición había reclamado a Rajoy. El objetivo es reformar el marco legal de la Memoria para dar un nuevo impulso a la norma y garantizar su cumplimiento, empezando por la médula espinal de la reparación: abrir las fosas comunes y buscar a los desaparecidos forzados, asumiendo el mandato atado a los derechos humanos más elementales como un deber del Estado; y explorar la posibilidad de avanzar hacia la nulidad de las sentencias del franquismo con el anuncio de la creación futura de una Comisión de la Verdad. Hay además otros gestos, más o menos simbólicos, como sacar a Franco del Valle de los Caídos y cambiar en algún sentido la función actual de mausoleo fascista que ha tenido siempre Cuelgamuros. Y, tras abandonar la idea de hacerlo allí mismo, el proyecto ambicioso y aún lejano de crear un Museo Estatal de la Memoria Democrática. Y eliminar el ducado de Franco y retirar las medallas y condecoraciones a torturadores del franquismo como Billy el Niño. Y revisar la simbología franquista en las calles y desbloquear el acceso a la justicia de las víctimas.

Y más, porque al mismo tiempo, en el mismo país, sobrevive una organización privada nacida para «glorificar» la figura de Franco. ¿Imagina el lector una Fundación Hitler en Alemania? ¿U otra dedicada a Mussolini en Italia? Difícil, e ilegal, que así fuera en esos países. En España, en cambio, existe la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), un ente vivo y que ha funcionado como un grupo de presión destinado a ensalzar al dictador en un país en el que ni siquiera es delito la apología del fascismo. Además de perpetuar el rastro de un golpista y de un régimen cimentado sobre miles de desaparecidos, la presencia de la Fundación Franco dista de ser simbólica y se ha convertido en un lobby con impacto visible. Una muestra palpable es la defensa de la tumba del dictador y del propio Valle de los Caídos, en una campaña ejecutada junto a los descendientes del militar golpista, cuya figura obtuvo incluso el apoyo de un manifiesto de militares que hasta hacía poco desempeñaban cargos en la jerarquía militar. La Fundación llegó a cobrar subvenciones durante el gobierno de José María Aznar, dinero público que fue destinado a digitalizar el vasto archivo que tiene en su poder. La custodia de estos documentos en la sede de la FNFF es un caso insólito, una aberración que la entidad mantiene y anuncia en su propia página en internet para ofrecer su consulta solamente a los investigadores e historiadores que sus directivos aprueben. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó una demanda ante la Fiscalía con el objetivo de determinar si esos archivos pertenecen al Estado, en cuyo caso deberían ser devueltos. Allí siguen, en los mismos cajones.

La actividad de la Fundación no queda ahí. Además, usa los tribunales, pone denuncias y gana batallas judiciales. «Es incomprensible que el nombre de Franco siga paralizando la aplicación de una ley aprobada en un parlamento democrático», denunciaba el Ayuntamiento de Madrid. Porque este anacronismo, que estaría prohibido en otros países, ha logrado resultados como frenar el cambio de nombre de 52 calles con reminiscencias franquistas en la capital del país. El listado, que se aprobó tras una fase de estudio con expertos de variado corte ideológico, calificaba estas denominaciones como «exaltación» del golpe de Estado, la Guerra Civil, la represión o la dictadura. Pero la FNFF puso una demanda y detuvo el retoque que se quería dar al callejero madrileño. «Intentan reescribir la historia y conseguir por la vía de la justicia lo que no pudieron por la vía democrática en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid», decía la presidenta del Comisionado de la Memoria Histórica, Francisca Sauquillo, tras declarar como testigo ante un juez por este caso. Tan seguro debe de estar el lobby de la arbitrariedad reinante que animan a todos los organismos a su alcance a incumplir la ley de Memoria Histórica, ofreciendo asesoramiento a los alcaldes que decidan transgredirla. La presencia en los juzgados de la misma fundación se extendió a la defensa del topónimo de un pueblo de Soria que homenajea al militar sublevado Juan Yagüe, conocido como «el Carnicero de Badajoz» por las matanzas rebeldes en Extremadura. En el litigio, el ente franquista fue de la mano del ayuntamiento local y de la Fundación Yagüe. Y ganaron: la justicia acabó permitiendo el uso del nombre San Leonardo de Yagüe para esa localidad. El juez no vio «ofensa o agravio» en la denominación, aunque la asociación Recuerdo y Dignidad, que pedía extirpar el apellido del golpista, definió el fallo como «una humillación a las víctimas del franquismo».

Que exista una Fundación Franco capaz de arrogarse el derecho a denunciar la supresión de nomenclatura franquista para las calles de nuestras ciudades es sintomático. Contra viento y marea, y como si no contara el paso del tiempo, ha funcionado sin problemas desde su constitución el 8 de octubre de 1976. «Apenas un año después de la muerte de quien rigiera los destinos de España durante 40 años», como reza en los estatutos al hablar de los fines del organismo. Y esto le permite, por ejemplo, administrar parte del patrimonio expoliado por el dictador. El Pazo de Meirás es la punta de iceberg de la fortuna usurpada por el holding empresarial de El Pardo. La antigua residencia de la escritora Emilia Pardo Bazán fue un «regalo» que el golpista recibió en diciembre de 1938 aunque la ofrenda, en el ecuador de la guerra civil, fue recaudada con «donaciones» supervisadas por la Falange mediante visitas casa por casa, pistola al cinto y con amenazas de por medio, al más puro estilo mafioso. La FNFF fue capaz de anunciar que usaría la gestión del lugar para elogiar la «grandeza» de Franco e incluso canceló las visitas al Pazo ante la presión social generada por este «robo». Como respuesta a las manifestaciones en favor de la devolución al patrimonio público del pazo ubicado en Sada, A Coruña, y apenas dos meses después de la muerte de la única hija del dictador, Carmen Franco, los herederos pusieron en venta la finca gallega por un precio inicial de ocho millones de euros. La inmobiliaria encargada de la operación anunciaba el inmueble señorial como un espacio «muy conocido» que está «lleno de historia» y de «cuadros, recuerdos y una magnífica biblioteca».

La apología del golpismo y de la represión está en el ADN de la Fundación Franco. Su existencia se justifica para «glorificar» al dictador español y su duradera sombra genocida y corrupta. El camino que la Fundación sigue para lograr este propósito es intentar perpetuar el relato épico —o cuando menos equidistante— de la conspiración de las oligarquías españolas contra un gobierno elegido en las urnas. «Franco no fusilaba gente», respondió un portavoz de la FNFF en una entrevista en una cadena de televisión nacional. La conjura armada fue una forma de «rebelarse contra esa tiranía que se iba a imponer», continuó. Llamó «tiranía» al régimen democrático al que puso fin, con una sublevación armada seguida de una guerra muy cruenta, el golpista cuyas glorias se ocupa de ensalzar la Fundación que lleva su nombre. En un comunicado, la entidad llegó a defender estos lugares comunes del denominado franquismo sociológico con un llamativo «Franco era la antítesis de Hitler». El discurso usa un completo repertorio que va más allá de las palabras. Conmemora cada año el nacimiento del tirano y su muerte todos los 20N, o celebra el inicio de la contienda fratricida el 18 de julio y el final de la «cruzada» con una adaptación del lapidario mensaje oficial golpista que dice: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo… nosotros no olvidamos», dando nueva vida al último parte de la guerra civil firmado por Franco el 1 de abril de 1939. Los garantes de la memoria histórica del franquismo usan cualquier vía para financiarse: solicitar donaciones, organizar banquetes de homenaje, publicar recopilaciones de las misas dedicadas al general rebelde o vender participaciones de Lotería de Navidad terminadas en los números 36 y 39, coincidiendo con los años de arranque y conclusión de la guerra.

Si comparamos todo lo que antecede con lo que ocurre en países próximos, el nuestro queda en entredicho. «La cuenta de Twitter de la Fundación Franco: bloqueada en Alemania, visible en España», señalaba un titular de prensa dando cuenta del desfase entre ambas naciones. La cuenta de la FNFF es inaccesible desde tierras germanas porque las compañías tecnológicas se enfrentan a multas de hasta 50 millones de euros por no eliminar o bloquear contenidos que entren dentro de la categoría de discursos del odio. El desfase argumental para combatir la peligrosa huella fascista es evidente. Un extremo íntimamente ligado a que España nunca derrotó al fascismo, a las consecuencias de que Franco acabara sus últimos días en la cama, eternizando los estertores de un régimen levantado a sangre y fuego y parapetado en el «todo está atado y bien atado». Es el camino que transitan los nostálgicos o quienes, en un ejercicio de torsión ideológica, acaban definiéndose como demócratas sin entender ni asumir que tal posición política exige también declararse antifascista.

Con estos mimbres, España ha vivido ajena a su propia realidad. Mirando a otro lado, negligente, sin tejer un plan que abriera todas y cada una de las cunetas para sacar los cadáveres de quienes dieron su vida por defender la democracia y saciar la sed de justicia de los familiares de los represaliados: cerrar el duelo y dar un entierro digno a sus seres queridos. El paradigma de este escenario alumbrado a dos velas está en las cifras que señalan a España como uno de los países del mundo con más desapariciones pendientes de esclarecer. Es la clave de bóveda que arma la estructura eternizada del franquismo sociológico. De la pervivencia y supremacía del relato de los vencedores. De la barbarie que sigue sangrante, con las heridas abiertas, y la verdad, la justicia y la reparación cotizando a la baja. Con la sinrazón nacida de una guerra que sigue campando como seña de identidad de una sociedad sometida a una carencia básica: el respeto a los derechos humanos de las víctimas del terrorismo de Estado. Porque Franco construyó su propia memoria histórica como epitafio nacional, como garante de una anomalía democrática que tiene que ser combatida como deber inexcusable, como recurso de futuro tan vivo como el dolor palpable de los represaliados y sus descendientes. Ahí queda el terror en una parte de la balanza, la esperanza adormecida en el extremo opuesto. De un lado Franco, visible, presente, pisoteando la historia de España. Del otro el niño Alejandrito, llevando a cuestas la memoria de los derrotados al abrigo tan solo de una vieja manta. Porque España sigue siendo el país de la desmemoria. El pueblo que camina del genocidio franquista al silencio interminable.

2. El genocidio fundacional del franquismo

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El genocidio fundacional del franquismo

«Hay que sembrar el terror». La consigna rebelde era clara, directa. «Hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías. Si vacilamos un momento y no procedemos con la máxima energía, no ganamos la partida. Todo aquel que ampare u oculte un sujeto comunista o del Frente Popular, será pasado por las armas», arengaba uno de los líderes militares del golpe de Estado contra la República, el general Emilio Mola. El discurso describe con crudeza el bárbaro espíritu con el que los fascistas afrontaron el estallido de la sublevación. Atemorizar al adversario. Cortar cualquier posibilidad de reacción. Y la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir pánico, la dominación a través del terror, tiene un calificativo: terrorismo, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.

Si bien el escenario idílico para los conspiradores es un golpe clásico que esperan que triunfe en escasos días, el fracaso de la rebelión y el rechazo con el que fue recibida por las clases populares motivan la puesta en escena de una segunda fase que aviva la confrontación armada y juega con la idea del exterminio del rival social y político. El asesinato en masa de civiles en cada localidad conquistada va a ser un arma de guerra, una tónica habitual. La pedagogía del terror es el germen del genocidio fundacional del franquismo, una táctica criminal que evoca las despiadadas masacres y los episodios de violencia extrema ejecutados en las crudas batallas coloniales de la Guerra del Rif en el norte de África. En esa plaza se ha curtido el puñado de mandos del ejército que encabeza la sublevación, denominados generales africanistas como el propio Mola, Francisco Franco, José Sanjurjo o Gonzalo Queipo de Llano, junto a otros veteranos de las campañas marroquíes como Juan Yagüe, Manuel Goded, Enrique Varela o José Millán-Astray.

A vuela pluma, el número de víctimas en la guerra civil supera el millón, dividido a partes iguales entre muertos y exiliados. Son las cifras del «holocausto español», por decirlo con los términos que dan título al libro de Paul Preston. Es algo acerca de lo cual avisó el propio Franco:

—¿Durante cuánto tiempo se prolongará la situación ahora que el golpe ha fracasado? —preguntó al general golpista el periodista Jay Allen, corresponsal del Chicago Daily Tribune.

—No puede haber ni compromiso ni tregua. Continuaré preparando mi avance hacia Madrid. Avanzaré. Tomaré la capital. Salvaré a España del marxismo cueste lo que cueste… Pronto, muy pronto, mis tropas habrán pacificado el país y todo esto habrá sido solo una pesadilla.

—¿Significa eso que tendrá que fusilar a media España?

—He dicho a cualquier precio.

Del medio millón de muertes, en números redondos, unas 300 000 suceden en los frentes de combate y el resto se producen lejos de la primera línea, en ejecuciones extrajudiciales sin juicio ni sentencia. En los primeros años de represión caliente la licencia para matar la otorga la aplicación del Bando de Guerra, que brinda carta blanca para acabar a tiros con la vida de cualquier sospechoso, cualquiera al que alguien señale como «rojo» o «roja». Más tarde, a partir de mediados de 1937, los franquistas intentan dar cierto halo de legalidad a los fusilamientos mediante precarios procesos judiciales sumarísimos que no son más que juicios-farsa celebrados sin ninguna garantía procesal, en los que el acusado nunca tiene la más mínima posibilidad de defensa. Hay unas 150 000 víctimas fruto de la campaña de exterminio del rival ideológico planificados por los autodenominados «nacionales». Del otro lado, varios miles caen a balazos a manos de fuerzas izquierdistas. La Causa General que activó el franquismo después de la guerra civil cifró en 85 940 los muertos por el «terror rojo». El estudio, pueblo a pueblo, suma 1500 legajos conservados en el Archivo Histórico Nacional y diversos buceos en esta documentación reducen los números a 38 563 víctimas. Otras estimaciones históricas calculan un dato nunca superior a los 50 000 fallecidos. Los fascistas asesinan, fusilan, ejecutan, al menos tres veces más que los gubernamentales. Con una diferencia esencial: los militares insurrectos responden a un plan diseñado antes del golpe mientras que en la zona leal a la República nunca existe una pretensión organizada, siquiera parecida. Los correligionarios del fascismo efectúan matanzas quirúrgicas para extirpar el «mal» que amenaza al país. Las autoridades republicanas intentan controlar todo desmán desde el inicio de las hostilidades.

A las terroríficas cantidades de muertos registrados hay que sumar las cifras desconocidas de defunciones debidas a los continuos bombardeos indiscriminados sobre pueblos y ciudades. Y las muertes de los sin nombre que caen en los éxodos motivados por la ocupación rebelde y que nunca serán identificados. O las de los fallecidos a causa del hambre, la enfermedad y las condiciones insalubres que ya en 1939 padecen más de 270 000 presos republicanos hacinados en cárceles, campos de concentración y batallones de trabajo forzado. Así lo dice el general Mola cuando proclama el estado de guerra en Pamplona el 19 de julio:

Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos, para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas.

Con la matanza del rival los rebeldes buscan alcanzar el poder y, de paso, la «purificación» de España. Los frentepopulistas, sin embargo, «no tuvieron verdadera voluntad de aniquilar», precisa el historiador Francisco Espinosa Maestre. La izquierda «carecía de proyecto represivo» y la «escasez de terror rojo» frustró el deseo franquista de contrapesar su actuación y «disimular» con sangre su «plan de exterminio». Multitud de presos y de «curas ferozmente antirrepublicanos» estuvieron a merced de las autoridades «y conservaron la vida», cita como ejemplo.

Queipo, máximo responsable de la despiadada represión que asola el sur de la Península, confirma la condición genocida con aterradores sermones difundidos a través de los micrófonos de Radio Sevilla, desde donde predica a favor del asesinato y la violación, entendiendo el cuerpo de la mujer como campo de batalla:

Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y, a la vez, a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen.

El «experimento» de la democracia ha llegado al límite, como dice el adalid fascista José María Pemán desde Radio Jerez el 24 de julio del 36: «La idea de turno o juego político ha sido sustituida para siempre por la idea de exterminio y expulsión». El poeta e intelectual pertenece a los monárquicos de Acción Española, un grupo que justifica y financia el complot. Pemán celebra «la represión» en tierras andaluzas como una forma de cortar la mala hierba para facilitar que crezca un nuevo tiempo. En unos años gestionará la depuración profesional, que reprime por medio de castigos que van desde la aplicación de expedientes disciplinarios a la exclusión laboral, las penas de cárcel o las condenas a muerte, y afectará a unas 60 000 maestras y maestros que habían participado de la novedosa apuesta pedagógica republicana. Morir por enseñar. Todo un paradigma que describe dos mundos antagónicos.

Cuando Franco reconoció que «liberaría» la nación «a cualquier precio», las cartas ya estaban más que marcadas. Lo haría, aunque tuviera que «fusilar a media España». La anteriormente citada era la primera entrevista que concedía a un periodista extranjero después de la sublevación. El encuentro con el corresponsal de guerra tuvo lugar en Tetuán (Marruecos) el caluroso 27 de julio del 36. Lo notable es que el general reconoce con orgullo el afán genocida de la empresa. Y las palabras tienen repercusión internacional. La publicación de la crónica puso precio a la cabeza del reportero.

Pero no solo las escalofriantes cifras definen la desproporción represiva del fascismo patrio. La propia naturaleza de la violencia es crucial para confirmar, en palabras de Queipo, que la pedagogía del terror servirá como la encarnizada herramienta que hará desaparecer del diccionario español dos palabras: «perdón» y «amnistía».

La victoria de Franco el 1 de abril de 1939 no frena el ansia de venganza. La dictadura acumula miles de muertos en sus primeros años y el canibalismo de la represión poliédrica continúa incluso al final de los días del régimen franquista.

Desde julio del 36, la propaganda, arma de guerra equivalente a los gases tóxicos, hizo saber al mundo que el alzamiento militar tenía por objeto reprimir la anarquía, salir al paso a una inminente revolución comunista y librar a España del dominio de Moscú, defender la civilización cristiana en el occidente de Europa, restaurar la religión perseguida, consolidar la unidad nacional.

Son palabras de Manuel Azaña en 1939 en sus Artículos sobre la guerra civil, escritos desde el exilio.

La oligarquía nacional alimenta el golpe de Estado desde que nace la República. Caciques y terratenientes de variada ralea, clérigos y militares, empresarios y capitalistas sienten el aliento de las reformas y responden a dentelladas. La democracia es una amenaza para sus intereses. Y con el fin de preservar sus privilegios atávicos compran la dictadura fascista como alternativa única y apoyan la vorágine que estalla en el verano del 36. Las clases privilegiadas, descreídas de la soberanía popular, atizan con entusiasmo el fuego de una conspiración cuyo fracaso desencadena la cruenta guerra de España. Los muñidores de la trama tienen claro que van a propiciar un baño de sangre. Que no hay vuelta atrás.

«Hay que sembrar el terror», ordena Mola. Los rebeldes dibujan a los «rojos» como una suerte de seres inferiores. Una raza menor, prescindible y desagradecida. Como los «moros», masacrados durante años en las batallas rifeñas. Igualar a «rojos» y «moros» en la escala del desprecio no es casual. Sirve para justificar la tarea genocida y minimizar los daños colaterales, las ejecuciones, que los golpistas ponen en marcha para acabar con una de las democracias más avanzadas del mundo en la década de 1930.

«Y la victoria definitiva del marxismo sería la reafricanización de España, la victoria conjunta de los elementos semitas —judíos y moriscos, aristocráticos y plebeyos—, conservados étnica y espiritualmente en la Península y en Europa», señala el fascista Onésimo Redondo en el año 1933. Los garantes del boicot contra la República ceban esa idea clave que deshumaniza al adversario, en un macabro preámbulo del posterior Holocausto nazi contra la población judía. La «guerra santa», dice Redondo, una maniobra terminal en plena lucha de clases que divide a una Europa bipolar: democracia o dictadura.

El capitalismo considera «antiespañol» todo lo que huela a izquierda y esta definición engloba un paquete en el que entran anarquistas, socialistas, comunistas y republicanos. Para los teóricos del exterminio son los enemigos de una patria que tienen intención de entregar al contubernio judeomasónicocomunista internacional. El fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, ahonda en el concepto asociando la República con una «nueva invasión bereber» que destruirá la civilización cristiana. La teoría no es más, en el fondo, que un constructo usado como justificación ideológica y paranoica del holocausto español, de la «solución final» del franquismo contra los «rojos».

A resultas de esta mirada, los rebeldes suman miles de víctimas mortales en apenas unos días desde el 18 de julio del 36. Porque viven «esa contienda magnífica que desangra a España», aplaude Pemán. La nueva cruzada contra el infiel. El rechazo de las clases populares al espíritu fascista extiende como una mancha de aceite la visión despectiva de las masas. Los sin tierra quedan a merced del odio. Los desheredados pasan a ser los perseguidos. Y merecen la aplicación inmisericorde de la pedagogía del terror.

La ocupación de tierras el 25 de marzo de 1936 mueve a unos 80 000 campesinos, que toman cerca de 3000 fincas en Extremadura. «A las cinco de la mañana del día 25 del actual, los campesinos de cada localidad se concentrarán sigilosa y rápidamente en diversos puntos de las afueras del pueblo, procurando ir todos provistos de azadas y demás instrumentos para efectuar un deslinde», señala la convocatoria de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT). La movilización de los braceros es un éxito absoluto y la oligarquía agraria, desde su trono, asiste a la amenaza dispuesta al combate. «¡Comed República!», es el grito de ojeriza ciega que lanzan los grandes terratenientes contra las famélicas familias sometidas a la miseria.

El masivo acto de rebeldía es un fantasma que pende sobre cada parcela. Un espectro que desafía cada fortuna. La Ley de Reforma Agraria puesta en marcha en el primer bienio progresista republicano da pasos lentos, escasos, insuficientes para quienes sudan cada jornal y perciben la situación como una última posibilidad de abandonar sus terribles condiciones de penuria. El boicot total de los terratenientes llega incluso a negar la recogida de cosechas. Así, el crecimiento del paro rural causa más hambre, más pobreza extrema que sumar a la crisis de subsistencia que las clases más bajas sufren desde hace siglos. La intención reformista queda, además, frenada en seco por la victoria derechista en las elecciones de 1933. La esperanza jornalera entra en barbecho.

De ahí la respuesta ante la cita para ocupar tierras en el 36. Colectividades de labradores —afiliados sobre todo de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y de la Unión General de Trabajadores (UGT)— comienzan a trabajar terrenos usurpados a los más antiguos latifundios. Pero en unos meses, el éxtasis del atrevimiento revolucionario va a mutar en una orgía de represión, cárcel y asesinatos.

«Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted, que iba a llevar a 4000 prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar a contrarreloj? ¿O que iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez?», confirma el general Yagüe al periodista del New York Herald Tribune John T. Whitaker. En las horas siguientes a la conquista de la ciudad, el 14 de agosto del 36, el ejército sublevado detiene y ejecuta a unas 1200 personas. La cifra final ronda las 9000 víctimas.

La entrevista con el Carnicero de Badajoz fue publicada finalmente en el número de octubre de 1942 de la revista estadounidense Foreing Affairs. Dos días después de iniciar la matanza, un grupo de periodistas acredita la masacre. Las columnas de la muerte comandadas por los militares Antonio Castejón y Carlos Asensio avanzan junto a encarnizados legionarios y «moros» que fabrican escenas dantescas. El reportero del Diario de Lisboa, Mario Neves, describe piras humanas en el cementerio, donde queman aprisa los cuerpos de los fusilados. En la visita, guiados por los rebeldes, participan Marcel Dany de la agencia Havas, Jacques Berthet de Le Temps o el propio Whitaker. Las escalofriantes imágenes captadas por el francés René Brut y difundidas en L’Intransigeant parisino provocan la detención y expulsión del fotógrafo de territorio franquista. Jay Allen será el primero en cifrar el número de víctimas en unos cuatro millares en su crónica para el Chicago Tribune. El periodismo de guerra fue testigo del horror de aquella especie de lúgubre anticipo del exterminio nazi en Auschwitz (Polonia).

El discurso del terror aplicado en la matanza de Badajoz retumba en arengas homicidas como las que alentaron en 1994 el genocidio de Ruanda, con un millón de asesinados, muchos de ellos a machetazos, y alrededor de 200 000 mujeres violadas. «Exterminemos a esas cucarachas», decían los hutus sobre los tutsis, considerándolos seres inferiores. Despreciables, prescindibles. Como piensan los fascistas españoles de los «rojos». Así lo cuenta Paul Preston en el texto Franco y la represión: la venganza del justiciero:

Cuesta reconciliar la visión de Franco como magnánimo patriota con el lenguaje psicopatológico con que él y los franquistas describían a sus compatriotas izquierdistas: seres infrahumanos, gente sucia, repugnante, degenerada y pestilente, escoria depravada, alimañas, rameras y criminales. Estos términos justificaban la necesidad de la «depuración», un eufemismo para una mayor represión física, económica y psicológica. A los vencedores poco les importaba el coste en sangre que requiriera salvar el alma de la nación.

Quedan para el recuerdo más terrorífico los testimonios y fotografías de la prensa internacional. Ruanda, como réplica del terror, ha intentado revisar su pasado y construir su memoria histórica para evitar la repetición de la barbarie. Pero las heridas siguen de algún modo abiertas, subyacentes como un tabú que dificulta la paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 7 de abril como Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Ruanda. No hay día, sin embargo, para recordar el plan de exterminio fascista en España.

La primera intentona golpista para derrocar la República ocurre en la madrugada del 10 de agosto de 1932. El general Sanjurjo escribe en su bando militar:

Queda declarado el estado de guerra en toda la región andaluza, con las consecuencias que dicho estado lleva consigo. Como capitán general de Andalucía, asumo el mando concentrado en mi autoridad de todos los poderes. Así como Dios me permitió llevar al ejército español a la victoria en los campos africanos, ahorrando el derramamiento de sangre moza, confío en que también hoy me será permitido, con mi actitud, llevar la tranquilidad a muchos hogares humildes, y la paz a todos los espíritus. ¡Viva España única e inmortal!

La conjura planea llegar a Madrid partiendo de cinco sublevaciones: en Pamplona, Valladolid, Cádiz, Granada y Sevilla. Al mismo tiempo, en la capital del país deben producirse una serie de atentados y ataques que faciliten la mayor confusión posible para garantizar el éxito de la intentona golpista. Pero en esa ocasión los rebeldes no controlan mucho más que la plaza sevillana y no encuentran más apoyo que el de algunas guarniciones madrileñas. Escaso bagaje. La sanjurjada fracasa.

Las autoridades juzgan y condenan a 145 oficiales y un nutrido grupo de civiles como el líder carlista Manuel Fal Conde. Sobre el cabecilla de la insurgencia se abre un debate: cadena perpetua o pena de muerte. El ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga, entiende que dar el brazo a torcer «rompe la firmeza» republicana y «alienta a los conspiradores». Para Azaña, «más ejemplar escarmiento es Sanjurjo fracasado, vivo en presidio, que Sanjurjo glorificado, muerto». Tercia en la polémica el presidente de México, Plutarco Elías Calles, que lanza una visionaria recomendación al presidente del consejo de ministros de España: «Si quieres evitar un derramamiento de sangre en todo el país y garantizar la supervivencia de la República, ejecuta a Sanjurjo». El presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, indulta al militar, que acaba exiliado en Estoril (Portugal). Las autoridades piensan que el fiasco del golpe significa que la democracia está consolidada. Que el peligro ha pasado. Craso error, como demuestra la definitiva rebelión del 36.

El auge del nazismo con el triunfo de Adolf Hitler en Alemania es un ejemplo a seguir para los fascistas españoles, cuyo núcleo ideológico crece bajo las faldas de las huestes falangistas. Las milicias armadas ejercen una cansina y repetitiva función desestabilizadora sembrando las calles de atentados, disturbios y asesinatos que ponen en la diana recurrente a la izquierda. Los movimientos obreros responden con más violencia. La conspiración se nutre en las calles de una incesante actividad terrorista.

Del año 31 al 36 la República decreta 23 estados de alarma, 21 de prevención y 18 de guerra. Un lustro de perturbaciones del orden público que sirven como arma arrojadiza contra el régimen democrático y constitucional. Una «ola de anarquía» está «arruinando moral y materialmente a España», dice el líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), José María Gil-Robles. Queda apenas un mes para la asonada de julio y el diputado enumera ante el Parlamento una serie interminable de 662 «actos de violencia» entre los que cita incendios de iglesias, atropellos y expulsiones de párrocos, huelgas, atentados y derribos de cruces. Los datos, inflados, dejan ver la irrespirable atmósfera que precede a la Guerra Civil. Gil-Robles también evita señalar la autoría. ¿Quién convierte las calles en un polvorín? ¿Quién gana rédito con el estallido de los radicalismos?

Hasta las arengas parlamentarias alimentan el fanatismo creando el escenario ideal para el garrotazo definitivo. «Sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse a favor de España y en contra de la anarquía», dice José Calvo Sotelo en las Cortes, como recoge el diario de sesiones del 16 de junio del 36. «Si el gobierno no cierra el Parlamento hasta que se aquieten las pasiones, seremos nosotros mismos los que desencadenaremos, aquí dentro, la guerra civil», apunta el socialista Julián Besteiro ante el cariz que toman los acontecimientos. El clima de violencia tiene fiel extensión en los medios de comunicación afines a la conspiración fascista. «¡Preparad las armas! Aficionaos al chasquido de la pistola, acariciad el puñal, haceos inseparables de la estaca vindicativa —escribe Onésimo Redondo en el 34. Sus discursos alcanzan límites extraordinarios, de agresividad desenfrenada—: La juventud debe ejercitarse en la lucha física, debe amar por sistema la violencia, debe armarse con lo que pueda y debe decidirse ya a acabar por cualquier medio con las pocas decenas de embaucadores marxistas que no nos dejan vivir».

Los escuadrones paramilitares carlistas, los denominados requetés, apoyan a menudo al falangismo en estas prácticas terroristas. Y durante la guerra civil actúan como uno de los entusiastas brazos ejecutores de la represión en forma de terror caliente y fundacional del franquismo, paralelo a la factura salvaje que se cobran las tropas africanistas. Grupos de estos ciudadanos convertidos en mercenarios de la rebelión reciben instrucción bélica en la Italia de Benito Mussolini. La primera delegación española que aterriza en aquel país el 31 de marzo de 1934 recauda 1,5 millones de pesetas, una fortuna en la época, y se lleva consigo un arsenal de 20 000 fusiles y granadas de mano y unas 200 ametralladoras. El diseño apela al crimen callejero, a romper la calma social y reventar la República con pistoleros profesionales pagados con el dinero obtenido en colectas y suscripciones. Y la argucia funciona, porque el golpe de Estado va siendo horneado en la cocina del fanatismo.

La polarización también aparece en las filas castrenses, donde la Unión Militar Española (UME) actúa como una asociación clandestina de oficiales antirrepublicanos. Son pocos, pero viscerales, radicalizados y descontentos con las reformas que Azaña ha puesto en marcha para el ejército. Muchos de estos soldados y oficiales provienen de la generación curtida en las despiadadas batallas norteafricanas. Están curados de espantos. Acostumbrados al terror. Y a aterrorizar. Frente a ellos surge la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), heredera ideológica de la Asociación Militar Republicana (AMR) creada en la dictadura primorriverista. Todo son gotas que rellenan hasta rebosar un frágil recipiente.

Amén de los disturbios callejeros y los preparativos en los cuarteles por parte de las milicias fascistas, la represión de Estado alcanza cotas máximas en diversas fases de la travesía republicana. Es el caso de la Revolución de Asturias de 1934. Un reguero de huelgas precede al levantamiento popular de octubre, que pretende instaurar un régimen socialista como reacción a la entrada en el gobierno del reaccionario Alejandro Lerroux de tres ministros ultraderechistas de la CEDA. Las izquierdas entienden la remodelación como una apertura de puertas al fascismo. Los paros obreros tienen un efecto desigual en el país, salvo en la Comuna Asturiana. El estado decide sofocar las escaramuzas en la cuenca minera aplicando una severa represión que dirige un militar enemistado hasta el tuétano con la República: el general Francisco Franco. El proceso revolucionario se salda con cerca de 2000 civiles muertos, la mayoría mineros y trabajadores, y algo más de 250 guardias civiles y de asalto, militares y miembros de otras fuerzas de seguridad.

Otra cima de las acciones represoras se conoce como los sucesos de Casas Viejas. El año 1933 revienta con una insurrección anarquista que declara el comunismo libertario. Las autoridades apagan el incendio sin demasiado esfuerzo. Pero a una pequeña aldea gaditana no llegan esas noticias. Los obreros ignoran que todo ha acabado y secundan el gesto. Tiran adelante. Para defender el orden vigente, los guardias al mando del capitán Manuel Rojas acaban llevando a cabo una masacre innecesaria. Los uniformados tirotean durante una noche entera la choza que el anciano Francisco Cruz, alias Seisdedos, comparte con su familia. Por la mañana, y tras interminables horas de asedio, las tropas prenden fuego a la humilde vivienda. La tragedia amanece en una chabola calcinada y dieciséis cuerpos van a quedar desparramados en el cementerio del pueblo. La matanza, ocurrida durante el bienio inaugural de la República, será una de las principales brechas que acaba por romper la coalición republicano-socialista.

La creciente polarización que vive la sociedad europea tiene su reflejo en España. Las antagónicas posiciones disputan una última partida en las elecciones de febrero del 36. Y el pueblo vota por transformar el país dando su confianza a las izquierdas coaligadas en el Frente Popular. La heterogénea suma política promete recuperar el impulso perdido del primer gobierno, rejuvenecer una España marchita, rancia y anquilosada. El triunfo frentepopulista supone un varapalo para las derechas, que venían de ganar los comicios del 33. Echan a rodar de nuevo la esperanza republicana en campos como los de la renovación religiosa y militar. O la territorial, al restablecer el Estatuto de Cataluña y reponer a Lluís Companys como presidente de la Generalitat y reactivar los procesos autonomistas de regiones como Galicia o el País Vasco. Y la medida más ambiciosa y prioritaria, la reforma agraria.

Los planes del gobierno republicano disfrutarán de apenas cinco meses de paz. Porque sin la victoria del Frente Popular la oligarquía no hubiera necesitado ejecutar la solución golpista. Al menos en ese momento. El bienio negro había cumplido su hoja de ruta, desmontando el escaso bagaje revolucionario acumulado en los dos primeros años de República. Y así hubiera seguido, de no ser porque el pueblo español dio la espalda a la reacción de la CEDA, el partido de derechas. Los insurrectos afinan las garras hablando de la necesidad de salvar el futuro español de la perniciosa influencia del «gen rojo». Como una alimaña, el fascismo huele la cercanía de la guerra, de la barbarie inminente.

Dos asesinatos ponen la trama golpista en la rampa de salida. El 12 de julio cae muerto a tiros José Castillo, teniente de la guardia de asalto y militante del PSOE. La extrema derecha está detrás del atentado. Un día después, y como represalia, agentes policiales buscan a determinados dirigentes y milicianos fascistas. La comitiva intenta apresar sin éxito a Antonio Goicoechea, cabecilla del partido monárquico alfonsino Renovación Española, y al propio Gil-Robles. Ninguno está en su casa. Sí aparece Calvo Sotelo, que queda detenido. El traslado del político en un vehículo hasta la madrileña Dirección General de Seguridad queda truncado por sorpresa cuando dos disparos acaban con su vida. El autor del crimen es Luis Cuenca, miembro de La Motorizada, una suerte de somatén (cuerpo parapolicial) socialista de la capital. «Algo terrible. Anoche matamos a Calvo Sotelo», explica el oficial de la guardia civil Fernando Condés al diputado del PSOE Juan Simeón Vidarte. El asesinato del líder opositor, ocurrido mientras se encuentra bajo custodia policial, abre un camino de difícil vuelta atrás. Una herida incurable. «Ese atentado es la guerra», traduce el editor del diario El Socialista, Juan Zugazagoitia. El entierro, el día 14, muestra la llaga viva al acabar entre disturbios, que producen varios muertos y un buen puñado de heridos. La conmoción social está servida y los conspiradores aceleran el plan. «La sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros y sobre la mayoría y no os la quitaréis nunca», espeta el líder cedista Gil-Robles al gobierno del Frente Popular, al que avisa: «El crimen manchará de barro y de miseria y de sangre al mismo régimen».

El ejército español en Marruecos inicia la sublevación contra la democracia republicana el 17 de julio de 1936. No contemplan claudicar, como ocurrió en la sanjurjada del 32. Si el golpe de Estado fracasa sumirán al país en una guerra de difícil pronóstico. El contingente gubernamental consigue la lealtad de la escasa fuerza aérea y parte de la armada, de la guardia de asalto y de una porción de las fuerzas del orden. El jefe de gobierno, Santiago Casares Quiroga, ordena a los gobernadores civiles que no repartan armas entre las organizaciones obreras porque teme que se acabe desatando una revolución. Y quita hierro a la insurgencia, con lo que pierde un tiempo vital. Los militares rebeldes, autodenominados «nacionales», quedan expulsados del ejército español, convirtiéndose en terroristas con uniforme oficial.

La frustrada sublevación segmenta España. Por el norte, una franja rebelde mancha el mapa desde el 18 de julio: se extiende desde Galicia a Pamplona, Salamanca, Burgos, Oviedo o parte de Aragón. Los golpistas dominan las posesiones norteafricanas y las islas Canarias y Baleares casi en su totalidad. En el arranque de la guerra las zonas tomadas por los alzados en armas contra el gobierno legítimo no suman más de un tercio del país. Conquistan también con facilidad una porción del occidente andaluz, en el triángulo formado por Sevilla, Huelva y Cádiz, que resultará determinante para el traslado desde África de las temidas tropas formadas por legionarios y mercenarios marroquíes. Las fuerzas franquistas irán aplicando sin dilación la saña ejemplarizante sobre la población civil. El camino a la victoria fascista queda salpicado con brutales carnicerías.

El objetivo de conquistar la capital española es imposible al inicio de la contienda y en la escalada de Franco hacia el centro de la península aparece una etapa inesperada: el asedio al alcázar de Toledo. Un millar de guardias civiles y falangistas están sitiados en la fortaleza, pero retienen en su interior a un par de centenares de mujeres y niños de familias de izquierdistas. Cuentan las crónicas, amplificadas por el discurso oficial de la dictadura, que resisten de un modo heroico, temerario, y ni siquiera se rinden ante el bombardeo de la artillería republicana. Pero la llegada del ejército de África acaba con el cerco el 27 de septiembre de 1936 y la liberación de los fascistas viene acompañada de un baño de sangre. Hasta el hospital de Tavera sirve como escenario de otra inhumana carnicería en la que los rebeldes pasan por las armas a más de cien heridos y se llevan a una veintena de embarazadas al cementerio. Van a ser ejecutadas. Los rebeldes obtienen en los muros toledanos una victoria simbólica y útil para la propaganda.

En zona republicana una de las mayores atrocidades queda enmarcada en un nombre repetido hasta la saciedad: Paracuellos del Jarama. En la localidad madrileña caen ejecutados al menos 2500 presos entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre del 36. Es «la respuesta de una ciudad aterrada», escribiría el hispanista Paul Preston. Resulta poco creíble que la Junta de Defensa de Madrid, donde está un comunista llamado Santiago Carrillo, no conociera los sucesos, dicen los cronistas. En mitad de los asesinatos surge una figura heroica que responde al nombre de Melchor Rodríguez. El anarquista sevillano, como delegado especial de prisiones de la República, impone el orden en la retaguardia y logra frenar las sacas de derechistas y los fusilamientos, salvando la vida a miles de enemigos. «Salvó a gente que estaba en su lado ideológico más contrario, a quienes daban el golpe, estaban alimentando la guerra y podían, si entraban en Madrid, incorporarse al ejército de Franco e iniciar la represión», dice el periodista Alfonso Domingo, director de la película documental Melchor Rodríguez, el ángel rojo. «En el lado franquista no hubo ningún Melchor», un personaje cargado de humanidad que cumplía el ideal libertario y dejó para la posteridad un legado definido en su más famosa máxima: «Se puede morir por las ideas, nunca matar».

Puñados de derechistas, caciques, militares rebeldes y afines a la trama golpista fueron pasados por las armas durante el conflicto bélico. Y también religiosos, que sumaron en torno a 6000 víctimas. El asalto al cuartel de la Montaña es otro ejemplo de la hostilidad izquierdista. El general rebelde Joaquín Fanjul se atrinchera allí el 19 de julio del 36 junto a más de un centenar de oficiales, unos 1300 soldados y un grupo de voluntarios falangistas. Esperan la llegada de refuerzos que nunca aparecen. Una marabunta de trabajadores junto a militares leales a la República rodea el acuartelamiento. Ante el asedio, los sublevados ondean banderas blancas. Pero es un engaño. Los golpistas descargan sus ametralladoras y fusiles contra la ingente masa que avanza para aceptar la falsa rendición. Los obreros acaban entrando en el cuartel y la cifra total de muertos se cuenta por centenares.

La guerra continúa y los autoproclamados «nacionales» han unido los extremos de la península casi un año después del golpe. La línea rebelde ocupa desde Finisterre a Tarifa. Las ofensivas gubernamentales no logran detener las dentelladas de Franco al mapa de España. Pasan los años y los enfrentamientos se suceden con batallas míticas como las de Brunete, Teruel, Guadalajara, Cataluña, Badajoz, el Ebro… o el desembarco en Mallorca, las ofensivas del Levante y Asturias, los asedios a Gijón, Oviedo o Belchite y la batalla naval del cabo de Palos. España está casi partida en dos desde el 37 y un año más tarde las tropas franquistas alcanzan el mar Mediterráneo iniciando el estrangulamiento definitivo de la resistencia catalana.

¡NO PASARÁN! EL FASCISMO QUIERE CONQUISTAR MADRID, MADRID SERÁ LA TUMBA DEL FASCISMO, anima un mítico cartel colgado en las calles de la capital española. Madrid aguanta el envite hasta el final de la guerra. La resistencia de las milicias obreras, entre ellas el famoso Quinto Regimiento, detienen a las columnas franquistas en la primera campaña de la Guerra Civil. El éxito republicano en la batalla de Guadarrama proporciona moral a los soldados y estabiliza el frente en la sierra norte madrileña. Pero los golpistas atesoran una ventaja competitiva: unidad de acción. Insisten. Percuten las líneas contrarias incluso como un mal interior, doméstico. «El general Mola había dicho por radio que sobre Madrid avanzaban cuatro columnas de fuerzas nacionalistas, pero que además contaba con una “quinta columna” en Madrid mismo que sería la que más eficazmente contribuiría a la conquista de la capital», escribía el periodista Manuel Chaves Nogales, refiriéndose a los activistas antirepublicanos que había en la ciudad.

En marzo del 39, el coronel Segismundo Casado toma el poder en la zona republicana derribando al gobierno del socialista Juan Negrín. El golpe casadista busca la rendición de la República. Pero Franco no acepta claudicación alguna y la estrategia solo sirve para provocar una especie de guerra civil dentro de la propia Guerra Civil. Todo ocurre, además, poco antes de la derrota definitiva. Los rebeldes afrontan la embestida final ocupando en cascada lo que resta libre del centro y sureste de la península. Los fascistas entran en Madrid. Caen en sus manos Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Jaén, Almería, Murcia, Valencia… y Alicante, convertida en un cepo que atrapa a unas 15 000 personas. Cartagena cede el 31 de marzo. Son los postreros territorios bajo autoridad de la Segunda República española. Unas cuantas horas después, Radio Nacional de España difunde el famoso último parte de guerra: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado», dice el texto firmado por «el generalísimo Franco» en Burgos el 1 de abril de 1939.

El desarrollo de la batalla de los mil días hace que las tropas leales a la República miren de reojo a una Europa donde se vaticina el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La lucha total contra el nazi-fascismo puede volcar el panorama, o eso cree Negrín. Pero la contienda global no estalla a tiempo para unirse a la de España. La internacionalización del conflicto español sí sirve, en cambio, para que los autoritarismos tengan materia donde clavar la garra. La Guerra Civil es carnaza útil para Hitler y Mussolini. «Sin el auxilio previamente concertado de aquellas potencias, la rebelión y la Guerra Civil subsiguiente no se habrían producido», sostiene Azaña en el año 39 desde la localidad francesa de Collognes-sous-Salève. «Hitler y Mussolini convirtieron un coup d’État que iba por mal camino en una sangrienta y prolongada guerra civil», asegura Preston.

El reparto de fuerzas nunca fue equitativo. El músculo que aportan a los golpistas Alemania, Italia y Portugal, bajo el mando del dictador Antonio de Oliveira Salazar, vuelcan la balanza. Los socios entregan soporte logístico, económico, soldados, munición, armamento y buques y aviones que serán vitales para sortear el bloqueo naval de la marina republicana y trasladar hasta la península al rabioso contingente de soldados y mercenarios del ejército de África. Un suministro regular que decanta la guerra. Enfrente está el Ejército Popular de la República, nutrido en gran parte por grupos de milicianos obreros sin experiencia de combate y a menudo escasamente equipados. El avance fascista arrastra también el soporte decidido de la oligarquía agraria. Los terratenientes aportan dinero, caballería, víveres y combatientes sacados de los tajos. Lo que haga falta. Y señalan a menudo con dedo acusador a los republicanos que van a perder la vida a tiros.

La imparcialidad de las grandes potencias acaba traicionando a la España de la República con la política de no intervención, una equidistancia que resultará mortal para la democracia y dará vida al fascismo en los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial. Francia e Inglaterra miran a otro lado y ni siquiera sirve de nada que el primer ministro británico, Winston Churchill, atisbe el riesgo del previsible triunfo fascista y advierta: «El Imperio británico correría mucho menos peligro a causa de la victoria del gobierno español que de la del general Franco». Del otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) de Josef Stalin mantiene de entrada una posición neutral que solo cambia para defender la legalidad republicana cuando la injerencia de Hitler y Mussolini en la guerra de España es más que evidente y trascendental. Las primeras armas rusas llegan en octubre del 36 y el armazón del heterogéneo ejército gubernamental queda reforzado a lo largo del conflicto con un racionamiento de asesores, material bélico y ayuda humanitaria canalizado por parte del pueblo soviético.

«Las causas de la guerra y de la revolución que han asolado España durante treinta y dos meses son de dos órdenes: de política interior española y de política internacional. Ambas series se sostienen mutuamente, de suerte que faltando una, la otra no habría sido bastante para desencadenar tanta calamidad», reitera el presidente de la República en el exilio.

El futuro régimen franquista surge de una pretendida «cruzada» contra el infiel, disfrazado de «rojo». Una fantasiosa reconquista infernal y cruenta de la que nacerá una dictadura corrupta hasta la médula y asentada sobre fosas comunes y desaparecidos forzados. Porque el terco complot contra la República está basado en el odio de clases. En las guerras civiles quienes tienen el monopolio de la violencia, junto a las fuerzas policiales, suelen usar su intervención para acaparar el poder. Y las derechas, como némesis, trazan un rumbo fijo hacia el exterminio de la experiencia democrática.

La división entre vencedores y vencidos ha sobrevivido a cuatro décadas de dictadura y otras tantas de democracia. Y resiste más allá de la construcción de una Transición que siempre ha sido vendida oficialmente como «ejemplar» pero que nunca fue capaz de juzgar, ni siquiera poner en cuestión, el genocidio fundacional del franquismo. El dilema antagónico acabó resuelto en una España que olía a pólvora. En un enfrentamiento cainita. Como ocaso de la democracia, amaneció la era del fascismo.

3. Brigadistas, utópicos y resistentes

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Brigadistas, utópicos y resistentes

«Cuando la República Española fue amenazada, el capitalismo escogió la dictadura. Los hombres que no aceptaron esa elección fueron a luchar a España. Hoy, esa misma decisión nos divide de nuevo». Son palabras de David Simon, el prestigioso creador norteamericano de series de televisión, pronunciadas en abril de 2018, cuando anunció que preparaba una producción sobre la Guerra Civil. Ya tenía claro el enfoque. Porque 1939 no supuso «ningún final feliz», dijo, sino «un ensayo general del torbellino que iba a llegar», un trágico preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto nazi. Así lo explicaba el creador de The Wire al semanario Variety. Dijo que cuando «el capitalismo eligió la tiranía» marcó «una narrativa política preeminente en el siglo XX y que todavía continúa en nuestro tiempo», añadió el periodista, escritor y productor estadounidense.

Con el título inicial A Dry Run, y construida a través de «un relato convincente y trágico», Simon afirmó que centraría la serie en la historia de los batallones Abraham Lincoln y George Washington de las Brigadas Internacionales (BBII). Con grandes dosis de «realismo», iba a contar la participación de los voluntarios desde su aterrizaje en el conflicto interno en 1937, su primera y sangrienta batalla en el valle del Jarama, hasta su regreso a Estados Unidos en el año 39. Las peripecias de unos utópicos brigadistas que atendieron al sentido del deber ideológico y humanitario y vinieron a España para hacer frente a la amenaza que se cernía sobre la República, para ayudar a evitar el sufrimiento y contribuir a «la lucha española contra el fascismo y el mal uso del capitalismo como baluarte del totalitarismo».

La noticia de la propuesta de esa serie de David Simon dio lugar a una «guerra civil» en redes sociales. Entusiasmo contra recelo. Unos celebraron la iniciativa, otros tuvieron el atrevimiento de dar consejos sobre cómo contar la historia. O directamente pidieron a Simon que se dedicara a otra cosa; no vaya a ser que caiga en dogmatismos, sugerían. «Soy consciente de que algunos preferirían no reflexionar sobre el pasado. La amnesia nacional absoluta es el camino preferido por muchos. Pero me he formado como periodista, así que no me van a comprar», terció Simon ante la polémica en la que algunos usuarios de Twitter le acusaban de parcialidad y de ser afín al nacionalismo independentista catalán. De hecho, David Simon explicó que en la ficción que crearía iba a analizar el terrorífico bautismo bélico de la XV Brigada en el Jarama apoyándose en parte en un relato familiar. «Lo que vengo a aportar lo hago como narrador comprometido y gracias a mi conocimiento de lo que vivió mi primo segundo, Isadore Lebowitz, que se embarcó junto a una tripulación de miembros de la Brigada Lincoln, decidido a colaborar en la defensa de España», escribía.

La oposición al trabajo anunciado por el creador de The Wire es, quizás, anecdótica. Una discusión tuitera más. Puede ser. Pero extrapolando el caso a cualquier espita abierta en el olvido, ahí aparecen las heridas sin cerrar. Si molesta la memoria histórica es porque el franquismo está vivo, latente. Porque España es el país de la desmemoria.

Lo cierto es que uno de los capítulos más singulares de la guerra civil española es la creación de las Brigadas Internacionales. Mujeres y hombres de medio mundo que acuden en auxilio de las libertades amenazadas por el fascismo, en un ejercicio irrepetible de solidaridad. En suelo hispano arranca la batalla por la democracia como prólogo de una de las épocas más oscuras de la historia contemporánea. Su propósito queda claro en la Declaración que suscriben los brigadistas:

Soy un voluntario de las BBII porque admiro profundamente el valor y el heroísmo del pueblo español en lucha contra el fascismo internacional; porque mis enemigos de siempre son los mismos que los del pueblo español. Porque si el fascismo vence en España, mañana vencerá en mi país y mi hogar será devastado. Porque soy un trabajador, un obrero, un campesino que prefiere morir de pie a vivir de rodillas. Estoy aquí porque soy un voluntario y daré, si es preciso, hasta la última gota de mi sangre por salvar la libertad de España, la libertad del mundo.

En la insólita experiencia participan 59 380 soldados. Llegan a España desde más de medio centenar de naciones. Una cuarta parte de los brigadistas muere combatiendo en la guerra civil. Cerca de 15 000 personas dan su vida porque querían frenar al fascismo cuando «el capitalismo escogió la dictadura», como dice David Simon.

Uno de cada seis combatientes brigadistas proviene de Francia, más de 3000 de Polonia e Italia, hay unos 2500 estadounidenses, dos millares de alemanes, británicos, belgas y ciudadanos de los países balcánicos, más de mil de la antigua Checoslovaquia… Otros son escandinavos y bálticos, o vienen de Canadá, Austria, Holanda, Suiza, Hungría y apenas un centenar de Portugal. También hay grupos de palestinos, comunistas árabes y armenios, o argentinos y cubanos, como consta en el Archivo Estatal Ruso de Historia Político-Social en Moscú.

Los soldados de los diversos batallones son en su mayoría jóvenes animados por una profunda carga ideológica. Casi todos proceden de organizaciones sindicales y políticas. La mayor parte son obreros con oficios como los de mecánico, panadero, albañil, cerrajero, estibador o periodista, fotógrafo, médicos y enfermeras… Y por supuesto campesinos, estudiantes y militares. Un dato: un tercio de los brigadistas es de origen judío. Luigi Longo, secretario general del Partido Comunista italiano y comisario político, bajo el seudónimo Gallo, del Batallón Garibaldi de las Brigadas Internacionales, anotó:

Por todas partes se expresó la firme voluntad de prestar una ayuda concreta a la República española agredida. Se recogieron y enviaron urgentemente a España víveres, productos lácteos, medicamentos y ambulancias. Grupos de voluntarios de diversos países trataron por todos los medios de llegar a España.

El 14 de octubre de 1936 desembarcan los primeros brigadistas en Albacete. La ciudad está designada como cuartel general y centro de entrenamiento de los guerrilleros antifascistas, al mando del comunista francés André Marty, quien trabaja bajo la supervisión gubernamental de Diego Martínez Barrio. La sede del reclutamiento queda fijada en París, desde donde se organiza el envío de voluntarios para combatir junto a los republicanos españoles.

El progresivo avance rebelde en la Guerra Civil va revelando la crítica situación militar de la República. Y la entrada en la partida de los batallones internacionales insufla ilusión en las milicias obreras. Pero el frente los castiga con dureza. Las BBII, pese a la escasa formación militar de la mayoría de sus integrantes, acaban siendo consideradas como tropas de choque por los mandos republicanos, y los escuadrones plagados de soldados inexpertos sufren cuantiosas bajas.

Aun así, los voluntarios resultan cruciales en la defensa de Madrid. Actúan en numerosas acciones, como las principales batallas: Ebro, Jarama, Teruel, Brunete, Guadalajara, Belchite, la ofensiva de Aragón, contra el ejército sublevado del sur en los combates de Pozoblanco o el sector de Andújar-Lopera… Y en La Desbandá, en la defensa de aquella huida de decenas de miles de refugiados atacados por tierra, mar y aire por Franco, Hitler y Mussolini. Aquel éxodo que todavía bombardea la memoria de Alejandrito, el niño que en sus recuerdos sigue arrastrando una vieja manta como única defensa frente a los bombardeos del mayor crimen colectivo de la guerra de España. «No había frente ni resistencia», decía el médico canadiense Norman Bethune al referirse a lo que según él fue «la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto nuestros tiempos». Un escenario en el que «miles de niños» son atacados por «las tropas extranjeras de Franco».

Fue «una matanza», describiría el brigadista suizo Eolo Morenzoni. «Los aviones vinieron directamente desde el mar sobre ellos y los ametrallaron». «Una carnicería» que completaron «los bombardeos desde los acorazados fondeados cerca de la playa», lamentaba la voluntaria rusa Elisaveta Párshina. La italiana Tina Modotti fijó su mirada en un «grupito» de niños que comandaba «una chiquilla de 11 años» como «cabeza de familia». La niña se llamaba Valeria García Vargas, natural de Vélez-Málaga, y cuidaba de tres hermanos menores y «un bebé de pecho que sostenía en sus brazos». La madre «había sido acribillada por una ráfaga en Castell de Ferro y su padre, desesperado, se había colgado de la rama de un olivo», deja escrito. Alcanzaron Almería «gracias al Socorro Rojo, que fue a recogerla en la cuneta en la que probablemente se tumbó para morir», como reflejan los testimonios recogidos en el documental Hasta pronto, hermanos. Las Brigadas Internacionales en La Desbandá, dirigido por Fernando Alcalde.

Es el escenario que encuentran los voluntarios de la XIII Brigada Internacional, conocida como la brigada Dombrowski, cuando acuden a frenar la matanza fascista. «Limpiamos la carretera de cadáveres y animales muertos», informaba el voluntario Julius Lachner. El Batallón Chapaev entró en Juviles y Trévelez para reconquistar territorios y desarbolar el ataque franquista. «Ocupamos Gualchos, Lagarnatilla y la sierra de la Contraviesa —relata—. Este flanco del frente sur estaba reconstruido, Calahonda era de nuevo nuestra». Aunque, como firmaba Lachner, «cuando nos relevaron, solo quedábamos seis alemanes y seis suecos». Y todo pudo ser peor.

Las brigadas seguirán apoyando a la República hasta la retirada de los batallones, que empieza a partir de septiembre de 1938. El gobierno español pretende cambiar la postura del Comité de No Intervención sobre la ayuda extranjera y acaba perdiendo el apoyo de las unidades militares de voluntarios. Mientras, Franco sigue recibiendo el soporte determinante de sus socios fascistas, Alemania e Italia.

«Si el fascismo hubiera sido derrotado en los campos de batalla de España no se hubiera atrevido a lanzar sus ataques contra Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos», reconocía con perspectiva histórica Michael Foot, antiguo líder del Partido Laborista británico. Si el pueblo español y las brigadas extranjeras cayeron frente al oprobio extremista no fue por falta de entusiasmo y sí, remarca André Marty, debido a tres factores esenciales: la unidad política, la presencia de dirigentes militares y disciplina del ejército en el bando fascista. El capitalismo tomó partido por el totalitarismo y «los hombres que no aceptaron esa elección vinieron a combatir», recordaba David Simon. Eran los brigadistas, utópicos y resistentes. «España será siempre patria vuestra. Y los españoles, vuestros hermanos», agradecía en la despedida a los brigadistas el presidente republicano en el exilio, Juan Negrín.

Las plumas de muchos escritores van a contar la tragedia de esa España que se desangra. Salvando distancias, otro tipo de brigadistas está anclado a la palabra. Armados con máquinas de escribir, libretas y cámaras fotográficas, viven la guerra en portada. Lanzando crónicas desde el frente, enviando imágenes de la tragedia o escribiendo historias de retaguardia. Expuestos a los peligros del combate, sufriendo condiciones de carestía análogas al resto de la población sitiada. Nombres como Ernest Hemingway, Pablo Neruda, George Orwell, Gerda Taro y Robert Capa son los de algunos de aquellos intelectuales apasionados con la lucha del pueblo español contra el fascismo que, según ellos, debía ser la lucha de las democracias del mundo contra todos los totalitarismos.

El centro neurálgico para el envío de los reportajes es el edificio de la Compañía Telefónica en Madrid. Ahí trabaja el socialista Arturo Barea, autor de La forja de un rebelde, la obra de referencia de la narrativa del exilio. Imprescindible. Los escritores y periodistas quedan alojados en céntricos hoteles de la capital como Gran Vía o Florida.

Orwell combate en las filas republicanas. Herido en el frente de Aragón, la experiencia marca de por vida al escritor londinense. Como rescate y reflejo de esa memoria íntima publica Homenaje a Cataluña. El novelista francés André Malraux también asume una implicación máxima organizando la Escuadrilla España, una unidad de voluntarios internacionales integrada en la fuerza aérea republicana que destaca al inicio de la guerra, hasta que llega el ansiado refuerzo de equipos y personal soviético.

Hemingway es testigo de la batalla del Ebro y crea su única obra de teatro, La quinta columna, durante un bombardeo que escupe metralla y miedo sobre las calles madrileñas. Tras el conflicto armado escribe Por quién doblan las campanas, novela dedicada a una de las reporteras más importantes del siglo XX que también trabaja en la guerra española, Martha Gellhorn. Compartían una atormentada relación sentimental.

John Dos Passos, figura principal de la «generación perdida» norteamericana, traza su visión en Viajes de entreguerras. El colectivo de plumillas estadounidenses acumula referentes como Herbert Matthews para The New York Times, o Alex Small del Chicago Tribune. Otras firmas son Louis Fischer, Lawrence Fersworth, Frank Hanighen y John T. Whitaker, al que Yagüe certifica la carnicería de Badajoz. O Jay Allen, el mismo que entrevista en la cárcel a Primo de Rivera, antes de su ejecución, y a Franco.

Al Congreso de Escritores Antifascistas de 1937 acuden autores como el mexicano Octavio Paz o los cubanos Nicolás Guillén y Alejo Carpentier. O el chileno Neruda, quien, conmocionado por el asesinato de su amigo Federico García Lorca, dirige la evacuación de unos 2000 refugiados republicanos en el Winnipeg, un barco galo que arriba al puerto de Valparaíso en septiembre del año 1939.

A Mijail Koltsov, de Pravda, se le conoce como los «ojos y oídos» de Stalin. Transitan por la Guerra Civil redactores como Louis Delaprée del Paris-Soir, el británico William Forrest para el News Chronicle, Christopher Holme de Reuters… Pululan lápiz y libreta en mano el checo Otto Katz, el francés Jean Lacouture, el neozelandés Geoffrey Cox o el enviado especial de The Times, George Lowther Steer, que rubrica uno de los mejores reportajes sobre el bombardeo y destrucción de Guernica. Pisan prisiones franquistas, y sienten en carne propia la amenaza de la ejecución, nombres como Arthur Koestler, Edmond Taylor y Bertrand de Jouvenal. Son las firmas que conforman esa peculiar brigada internacional de la prensa.

La República intenta facilitar la labor de los corresponsales, pero los dirigentes rebeldes miran con recelo la tarea periodística. A grandes rasgos, a unos les interesa que las noticias salgan al exterior, que sean conocidas por el mundo, y a otros crear un velo de opacidad informativa. Y unos reporteros realizan intensos trabajos basados en el rigor, mientras otros intentan sortear la censura y los de más allá siembran en campo propicio con intención propagandística. En zona franquista abundan los partidarios del golpe a la democracia. Desde esas posiciones escriben sir Percival Phillips, Edward Knoblaugh, Harold Cardozo o el ferviente católico australiano Noël Monks.

Robert Capa y Gerda Taro son la pareja icónica que trasiega con su cámara a cuestas por los frentes hispanos. Dejan como faro la fotografía que sacude al mundo: Muerte de un miliciano. Y un intenso y amplio trabajo de campo como legado eterno. Se habían conocido en París, huyendo de la Alemania nazi, y acaban firmando bajo seudónimo: sus nombres reales son Endre Frieddman y Gertha Pohorylle. Capa acabará siendo uno de los más importantes y reconocidos fotoperiodistas de guerra. Taro fallecerá en un accidente, atropellada por un tanque durante el repliegue republicano frente a un ataque fascista en la batalla de Brunete. De Robert Capa es la expresiva imagen en blanco y negro que ilustra la portada de este libro, ese niño acorazado bajo una manta. Como hacía Alejandrito durante La Desbandá.

A inicios del año 2018 se hizo viral una foto en la que una mujer era atendida por un médico húngaro de las Brigadas Internacionales. El exmilitar británico John Kiszely había colgado en Twitter una imagen en la que su padre limpia el rostro a una malherida Gerda Taro. Acababa de desvelar un momento histórico. «Mirando hacia atrás, recuerdo con interés que llegó a mis manos una mujer herida, casi muerta, aunque yo no tenía ni idea de quién era. Descubrí más tarde que era la esposa del famoso fotógrafo Robert Capa», confirmaba el médico en un audio grabado en 1992 y que se conservaba en el archivo privado del Museo Imperial de la Guerra de Londres. Aquella imagen fue siempre el «recuerdo especial» de Kiszely en la guerra de España. «Ella era periodista, reportera. Pero yo no tenía ni idea de cómo se llamaba cuando me tomaron la foto limpiándole la sangre de la cara. Cuando el cuerpo llegó estábamos rodeados de bajas, había muchísimo trabajo y me tuve que poner manos a la obra. En ese momento no te puedes parar a pensar en si es Gerda Taro», rememoraba.

En realidad, y hasta el descubrimiento de una maleta llena de fotografías, su figura apenas era recordada como la compañera sentimental de Capa. Pero Gerda Taro fue la ideóloga del seudónimo que ambos usaron para firmar sus fotos. Y la artífice de cientos de instantáneas atribuidas por error a su contraparte masculina. También fue la primera fotoperiodista que murió en el campo de batalla. Al innegable valor histórico de la historia se sumaba en esta ocasión el simbólico, como recordaba eldiario.es en su sección de Cultura al hilo del sorprendente hallazgo, la oportuna fantasía de la justicia tardía que ayudó, una vez más, a rescatar el trabajo sombreado de Taro, realizado con pasión hasta sus últimos minutos de vida.

Lorca. Muerto a balazos. Arrojado a una fosa común. Tres ráfagas que resonarían a golpe de tecla en las crónicas periodísticas de la época. Y sigue siendo así. La imagen universal del poeta español más leído de todos los tiempos concita la atención mediática de medio mundo. Un interés cíclico, perpetuo y multiplicado en cada intento por hallar sus huesos. Como en un rediseño de las brigadas internacionales de la prensa.

«Mataron a Federico / cuando la luz asomaba. / El pelotón de verdugos / no osó mirarle a la cara», escribió Antonio Machado en versos de El crimen fue en Granada. Porque hasta la muerte de Lorca está envuelta en lírica. Escribió, por ejemplo: «Destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. / Ya no me encontraron» (versos del poema «Fábula y rueda de los tres amigos», de Poeta en Nueva York) y ahí dejó el trazo premonitorio del poeta asesinado y enterrado en 1936 junto al maestro republicano Dióscoro Galindo y los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.

Varias veces se ha abierto la tierra para encontrarlos. En sondeos realizados los años 2009, 2014 y 2016. Todos sin éxito. Negativos. Y con un nuevo intento aprobado por la Junta de Andalucía en las intervenciones arqueológicas a partir de 2018. Y cada vez titulares de medio mundo han descrito el intento por localizar la fosa común donde yacen los huesos del poeta y sus acompañantes. Del diario argentino Clarín a The Irish Times, el británico The Guardian, el suizo Le Temps o The New York Times. Cabeceras de México, Irlanda, La Mula de Perú, Portugal, Italia, Francia, Cuba, todas siguen la estela de los trabajos arqueológicos. Tabloides de todos los continentes, emisoras de radio y televisión rescatan la memoria del autor de Poeta en Nueva York, del eterno miembro de la Generación del 27.

¿Y por quién doblan las guitarras? Si el mundo de las letras tiene conexiones con la contienda española… ¿Qué relaciona al rock con la memoria histórica? ¿Al punk con la Guerra Civil? ¿Al folk estadounidense con las Brigadas Internacionales? La intencionalidad política de las letras. El homenaje reivindicativo de la lucha antifascista, de condena a la represión de Franco, que ha sonado en conciertos de medio mundo. Desde hace décadas.

Suena Pete Seeger con The Almanac Singers en «Viva la Quinta Brigada» —un homenaje a la brigada Abraham Lincoln— o una copla de trinchera cantada por Woody Guthrie, «Jarama Valley». Max Parker recreó el cancionero aprendido en las celdas de San Pedro de Cardeña tras caer prisionero de los rebeldes. Phil Ochs escribe «Spanish Civil War Song» cuando en la conciencia norteamericana retumba la Guerra de Vietnam. Y los acordes que acompañan las tonadas de Ewan MacColl, Paul Robeson, el chileno Rolando Alarcón y el mexicano Óscar Chávez. O las más actuales grabaciones lorquianas de Josephine Foster.

En los fragores de la batalla surgen colaboraciones como la que une al poeta Miguel Hernández con el compositor ucraniano Lan Adomian. Al poeta del pueblo, más tarde, le pone voz Paco Ibáñez y también lo hacen cantautores como Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat o Luis Pastor, además de cantaores y flamencos como Enrique Morente, Manuel Gerena o el Niño de Elche.

Este rastro de la Guerra Civil tiene extensión musical en las bandas de rock. La novela La voz dormida de Dulce Chacón reforzó la relación musical con la memoria cuando el líder de Barricada, Enrique Villarreal, alias el Drogas, quedó impactado con la obra desarrollada en tiempos de posguerra. Descubrió que desconocía una parte esencial del relato contemporáneo de su propio país, esa porción extirpada para inocular la desmemoria. Tiró del hilo latente de los perdedores y de ahí el grupo navarro grabó un comprometido disco titulado La tierra está sorda que salió a la calle en 2009. El trabajo, dedicado a las víctimas del franquismo, incluía además un documental y un libro sobre el proceso de elaboración y la historia que hay detrás de cada canción. El cantante Loquillo había publicado unos años antes el álbum Mujeres en pie de guerra, en el que homenajea a las luchadoras por la libertad y la democracia con el objetivo de convertirse «en el futuro en un referente de canciones antifascistas», según el artista catalán. Ahí aparecen temas como «La mala reputación», «A las barricadas» o «Viva Durruti». Y un alegato contra la ejecución a garrote vil del último condenado a muerte del franquismo, Salvador Puig Antich, cuya letra dice: «El año que mataron a Salvador / yo tenía 13 años, / hijo del silencio acumulado / por un ejército de hombres derrotados». Por la senda del punk rock transitan Reincidentes con piezas coreadas en sus conciertos como «La Republicana», o algunos cortes de la banda de inspiración anarquista Los Muertos de Cristo, con una clara intención reivindicativa, y trabajos de los madrileños Boikot, que en su disco Lágrimas de rabia abrazan a los represaliados por la dictadura de Franco resaltando «los valores republicanos de educación y cultura».

Los británicos The Clash sellaron una identidad propia con el idealismo que emanaba en algunas composiciones de Joe Strummer y Mick Jones. Como en «Spanish Bombs», el corte incluido en el disco London Calling publicado en 1979 y considerado uno de los mejores álbumes de la historia de la música. «Spanish bombs, yo te quiero infinito / yo te quiero, ¡oh! mi corazón», gritaba el estribillo. Strummer quedó enamorado de Granada, cincelando su interés por esos «sitios tiroteados en los días del 39». Y cimentó, sobre todo, su pasión lorquiana. «Federico Lorca está muerto y se fue / agujeros de bala en las paredes del cementerio / los coches negros de la guardia civil», decía aquella copla punk de hace tres décadas. Un pequeño rincón en la antigua judería de la ciudad nazarí recuerda esos pasajes: la placeta Joe Strummer.

Un cartel muestra el cuerpo sin vida de un niño asesinado por los bombardeos de los aliados fascistas. Yace tirado en alguna calle española. El cadáver está marcado con etiquetas numeradas para su identificación. De fondo, aviones rebeldes vuelan en un cielo nublado, cenizo. Los republicanos, ante el asedio, intentan recabar apoyo internacional. El aviso está editado en 1936 por el Ministerio de Propaganda de la República y bajo el nombre de Madrid se leen un par de leyendas escritas en inglés: THE ‘MILITARY’ PRACTICE OF THE REBELS. IF YOU TOLERATE THIS YOUR CHILDREN WILL BE NEXT. El aliento de las Brigadas Internacionales, del idealismo de aquellos voluntarios antifascistas, tiene eco décadas más tarde en el compromiso de la banda galesa Manic Street Preachers, en el tema que titulan con una de las frases, que traducida sería: «Si toleras esto, tus hijos serán los siguientes». Canta James Dean Bradfield: «Balas para tu cerebro hoy / pero lo olvidaremos todo de nuevo». Recuerda la línea trazada por David Simon, el creador de The Wire: «Los hombres que no aceptaron esa elección —la del capitalismo en favor de los totalitarismos—, vinieron a combatir… Hoy, esa misma decisión nos divide de nuevo».

Suena «For Whom the Bell Tolls» de Metallica. Recita James Hetfield: «Por una colina los hombres matan / ¿Por qué? No lo saben. / Las heridas ponen a prueba su orgullo». El título de la canción es el mismo que el de la novela publicada por Ernest Hemingway en 1940 tras participar como corresponsal en la guerra civil. Las mismas páginas llevadas a la gran pantalla en la película homónima protagonizada por Ingrid Bergman y Gary Cooper y dirigida por Sam Wood en 1943. «¿Por quién doblan las campanas? / El tiempo continúa su marcha», gritan los coros de la banda de thrash metal. Como dicen las letrillas de The Clash, «las colinas suenan con “el pueblo libre” / ¿o yo puedo oír el eco de los días del 39?».

La leyenda de los brigadistas perdura como un hito de la solidaridad internacional. Sin embargo, seguir el rastro de los voluntarios no siempre es una tarea sencilla. Por eso saltó la noticia cuando el Archivo Estatal Ruso de Historia Político-Social digitalizó y publicó en su página web miles de documentos inéditos relativos a esta parte de la historia de la Guerra Civil española. La iniciativa vio la luz en el 80 aniversario del estallido del conflicto armado, en 2016, y está disponible para su consulta bajo el epígrafe «Fondo 545».

En la extensa colección atesorada por la institución rusa destacan los balances de operaciones militares, las posiciones de las tropas republicanas, listados con minuciosos recuentos de soldados y material bélico, periódicos y boletines clandestinos que se hicieron en campos de concentración nazis, dibujos y fotografías… Un tesoro documental oculto que llegó a la antigua URSS de forma clandestina y permitió guardar el relato de la intervención de las Brigadas Internacionales en España. Mientras, los fascistas seguían sembrando el país de fosas comunes como estrategia atemorizante.

Los expedientes que desveló Moscú están divididos en seis catálogos con millares de entradas. Y es «imposible que toda esa cantidad de nuevos documentos no aporte ningún descubrimiento histórico», decía el director del archivo, Andréi Sorokin, en declaraciones al rotativo Pravda Internacional. Por entre los legajos, apilados en época soviética, se desliza el desarrollo de la guerra civil, el esfuerzo del ejército de la República por contener sin demasiado éxito el avance rebelde y la cooperación personalizada en miles de voluntarios antifascistas.

El Inventario 1 guarda la memoria del comisariado de las Brigadas Internacionales. Cientos de páginas mecanografiadas que cuentan escaramuzas en el frente de la sierra de Guadarrama, los ataques golpistas lanzados desde Brunete o las ofensivas para conquistar Villanueva de la Cañada. Aparecen referencias como el Proyecto de Estatuto para las tropas brigadistas, fechado en Madrid el 11 de agosto del 38, y el recuento del escaso armamento y de los combatientes divididos en categorías como disponibles, muertos, heridos o desaparecidos. O las «posiciones de reorganización» del comisario delegado de guerra e inspector de las BBII, Luigi Longo, Gallo.

«Fascismo», dice un soldado. La respuesta del interlocutor debe ser: «sinónimo de asesino». Es la contraseña usada por los brigadistas para la noche del 4 al 5 de agosto de 1937. El santo y seña, y otros muchos, aparecen en la segunda compilación de archivos. Como la carta que, el 19 de abril del 38, insiste en la necesidad de organizar las «diversas unidades de los grupos de activistas». Se refiere a la a veces gran desorganización que denunciaba, por ejemplo, André Marty. Aparecen además documentos de la administración central de las fuerzas brigadistas y del ministerio de Defensa Nacional de la República Española. Y un organigrama de la base de Albacete, el centro de instrucción de brigadistas, dibujado a mano y escrito en alemán o la orden del primer 6 de enero después del golpe de Estado, que es una representación gráfica de los «uniformes e insignias de los comisarios de guerra en las filas del Ejército Popular».

Uno de los inventarios más llamativos es el número 4. Contiene expedientes de comandantes y soldados internados en campos de concentración en Francia y el norte de África tras la derrota de la democracia. O el colorista y expresivo diario de campo titulado Azi si Maine —traducido, Hoy y Mañana— elaborado por voluntarios rumanos presos en Saint-Cyprien. Incluye más joyas, como el boletín que elabora a mano el grupo de húngaros confinados en Gurs y recortes de revistas inglesas sobre las desventuras vitales de los internos.

La quinta recopilación refiere documentos fotográficos que prometen imágenes inéditas e impactantes. Y el último apartado es un resumen de archivos personales de los combatientes, donde cabe desde una misiva repleta de siglas y enviada a las «organisations du Front Populaire» a otra carta de la «Amicale des Volontaires de L’Espagne Republicaine» con un listado de personalidades, profesores, médicos y diputados. O la memoria escrita de cómo la URSS acaba involucrándose en la guerra civil a medida que Hitler y Mussolini usaban el frente español como un experimento armado mientras las potencias internacionales miraban a otro lado.

Entre los millares de documentos publicados hay un carrusel de las nacionalidades que participaron en los diferentes batallones. Extranjeros con apellidos como Raputmann, Richman, Vittori o Barwinski, y la sección política formada por los «camaradas» Stephan, Leemans, Knout o Monnier. Y una minuciosa descripción de algunos voluntarios: «287 ZYSMAN Mayer. Sastre. PC. Cuadro, bueno, valiente, disciplinado, serio, políticamente activo, un poco nervioso».

Viajar al registro moscovita fue durante décadas la única posibilidad de consultar el tesoro guardado como «Documentos de la época soviética». Ahora están disponibles, y se confirma que el «Fondo 545» es el verdadero y olvidado «oro de Moscú».

¿Quién hace frente al golpe de Estado? La resistencia al fascismo significa pelear por la democracia. Pero el gobierno legítimo republicano no es capaz de frenar el envite armado ni de organizar una respuesta acorde al diluvio de sangre y fuego impuesto desde el inicio por los rebeldes. Las fuerzas gubernamentales están formadas por milicianos socialistas, anarquistas, comunistas… y el crisol ideológico hace que se sumen las fuerzas de la solidaridad exterior, materializada en las Brigadas Internacionales.

Porque la proclamación de la República el 14 de abril de 1931 siembra esperanza en el pueblo. España es una sociedad rancia, estancada, que abre puertas y ventanas lanzando de repente un cambio político sin precedentes que sirve para airear siglos de opresión y convertir el país, de un plumazo, en una de las democracias más avanzadas del mundo. Pero las bisagras del ciclo histórico resuenan con estruendo al mismo tiempo, estremecidas por el giro radical que entroncará la Gran Depresión con la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 29 con el auge de los totalitarismos, que marcarán el destino del convulso siglo XX.

El desmoronamiento de la añeja grandeza colonial hispana queda retratado en el refranero: «Más se perdió en Cuba». El castillo de naipes cae arrastrado por el colapso de la monarquía de Alfonso XIII, el fracaso de la dictadura de Miguel Primo de Rivera y el inmovilismo de unas élites entregadas a un sistema caciquil y corrupto. Es una época turbulenta que languidece. Y, para mayor escarnio, la empresa bélica en Marruecos, la ya mencionada guerra del Rif, es un descalabro que confirma el efecto de castración que sufre la arcaica casta militar. El adiós a la gloria carpetovetónica.

En las crónicas de las batallas rifeñas sí quedan escritos auténticos relatos de represión animal, cruda, que marcará la línea maestra que luego seguirá y desarrollará el terror fundacional del franquismo. El ejército va a conservar una amplia capacidad de intervención en la vida pública. La oficialidad castrense, acostumbrada a adoptar la careta de intruso social, tiene un perfil absolutista que desempolva y sacude cuando entiende preciso. Como la flor y nata eclesiástica, dada a domar conciencias e intereses desde el púlpito.

En este contexto la osadía del hambre proletaria toma forma de monstruo amenazador a ojos de quien manda casi por decisión divina. ¿Cómo pueden las clases más desfavorecidas atreverse a cuestionar siquiera los privilegios atávicos de la polvorienta oligarquía patria? La dualidad acaba alimentando el odio de clase como una pura cuestión de supervivencia.

La carestía es una cruz insoportable que atraviesa a dentelladas los cuerpos famélicos de los excluidos. La pobreza extrema como cadena perpetua. Pero la conciencia obrera crece al tiempo que las organizaciones sindicales y políticas recogen las demandas en plena República. Como reacción, el rencor represivo de los señoritos contra los pobres brota a borbotones en los campos. Es una lucha desigual de los ricos contra los menesterosos, del harto de comer contra el que trasiega apenas recogiendo migajas.

En mitad del escenario previo, la victoria de las izquierdas en las urnas hace saltar todas las alarmas. Los supremacistas no van a permitir tales excesos democráticos. «Cueste lo que cueste», que diría Franco. El boicot contra la esperanza republicana nace para cortar de raíz el arrojo, para dominar la situación. Ya sea con los votos o con las armas.

Lo dice Manual Azaña desde el exilio en los estertores de la guerra de España:

El nuevo régimen se instauró sin causar víctimas ni daños. Una alegría desbordante inundó todo el país. La República venía realmente a dar forma a las aspiraciones que desde los comienzos del siglo trabajan el espíritu público, a satisfacer las exigencias más urgentes del pueblo. Pero el pueblo, excesivamente contento de su triunfo, no veía las dificultades del camino. En realidad, eran inmensas.

El 14 de abril del 31 la gente sale a la calle celebrando el triunfo de republicanos y socialistas. El cambio de paradigma echa a andar. Y el rey huye, como un mal personaje acorralado. «Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo», escribe Alfonso XIII en un manifiesto que publica Abc. «Me aparto de España», decía vaticinando la eventualidad de la «fratricida guerra civil».

España es «un país que se acuesta monárquico y se despierta republicano», en palabras del presidente del consejo de ministros, Juan Bautista Aznar-Cabañas. Los borbones desaparecen de escena hasta que el dictador Francisco Franco pone en bandeja el cetro a la monarquía, que ya en pleno siglo XXI Felipe VI heredará del ahora rey emérito Juan Carlos de Borbón y Borbón, con la Constitución del 78 de por medio. «Juro por dios, y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional», dice Juan Carlos en su proclamación el 22 de noviembre de 1975. La ceremonia termina con un aplauso de las Cortes franquistas precedido de una frase que casa con la dictadura todavía sin finiquitar: «Desde la emoción, en el recuerdo a Franco: ¡Viva el rey! ¡Viva España!».

La República pretendía transformar la piel de toro. Para consumar su objetivo, la naciente democracia ataca cuatro grandes cuestiones clave: agraria, religiosa, militar y de organización territorial. El giro modernizador quiere proyectar luces allí donde hay más sombras. Como en el campo. Casi la mitad de la población española trabaja en el sector primario en la década de 1930. El mundo rural vive un irrespirable ambiente de miseria, siempre sujeto por el yugo latifundista en el sur y centro, sometido al minifundismo de la miseria y la emigración en Galicia y el norte. El enemigo que enfrenta esta regeneración histórica es un monstruo que vagabundea ajeno a la esperanza del pueblo. «¡Comed República!», es el grito de guerra de la oligarquía agraria.

Y corregir el rumbo de dinosaurios como la Iglesia y el Ejército no va a presentar menos dificultades. Las autoridades republicanas entienden que la secularización del Estado es un paso que no permite demora. Una prioridad en la hoja de ruta. La enseñanza religiosa se ha de convertir en una opción solo voluntaria, los crucifijos desaparecen de las aulas, la libertad de culto pasa a ser un derecho fundamental, los cementerios acaban municipalizados y siendo patrimonio público, se corta el grifo para «auxiliar económicamente a las iglesias» y se aprueba la Ley del Divorcio, rompiendo el monopolio católico del matrimonio. La estructura social laica toma cuerpo. Hasta el papa Pío XI responde con una encíclica a lo que considera una agresión a «derechos imprescriptibles» que siente que son atacados por el «espíritu anticristiano» del gobierno español.

La vida castrense también entra en cuestión. Los republicanos pretenden que la autoridad militar esté supeditada al control civil para frenar el ímpetu intervencionista de la soldadesca en la vida pública. Los ascensos por méritos de guerra quedan revisados y esto afecta a los africanistas, que habían medrado en el escalafón al amparo de las batallas coloniales. Es decir, el grueso de los que luego serán golpistas y conspiradores. Pero suprimir el intenso olor a naftalina en los cuarteles, como en el resto de casos, deshace en aspavientos a las fuerzas vivas reaccionarias.

La última pata de una mesa que ilusiona a los sectores progresistas es la organización territorial. Un proceso que busca construir una sociedad más justa, descentralizada y ágil, pero que para las derechas aparece como la evidencia de que la República llega para romper la unidad de España. De aquellos barros los lodos en nuestros días del grito «a por ellos» cuando las fuerzas de seguridad del Estado son jaleadas al salir de sus cuarteles para acudir a Cataluña a sofocar a golpes la celebración de un referéndum ilícito el 1 de octubre de 2017. O las banderas españolas colgadas de los balcones como una seña, más que de identidad propia, de odio contra el otro, el hereje, el que quiere romper España.

El mismo 14 de abril del 31, por cierto, queda proclamada la República Catalana. Francesc Macià pregona la decisión en un multitudinario acto celebrado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Años más tarde, el 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalitat Lluís Companys vuelve a anunciar el nacimiento del estado catalán. Al Estatuto de Cataluña le siguen otros ejemplos republicanos como el de la autonomía del País Vasco, el referéndum autonomista en Galicia o empujes similares en Andalucía, Aragón, Valencia y las Islas Baleares. La cuestión territorial también sirve para transformar el país.

Como la educación y la cultura. Las líneas maestras quedarían cojas sin estos elementos cruciales para modernizar España. El analfabetismo endémico alcanza casi a la mitad de la población. Sin estas armas, el pueblo seguirá luchando a pecho descubierto y a merced de los caprichos del cacique. La solución pasa por construir miles de escuelas públicas, acercando el conocimiento a las masas y duplicando el número de colegios hasta superar los 60 000 en apenas un lustro. La Institución Libre de Enseñanza (ILE) es el símbolo del proyecto pedagógico. Creada y dirigida por Fernando Giner de los Ríos, contará con el respaldo de personalidades de la talla de José Ortega y Gasset, Leopoldo Alas Clarín, Santiago Ramón y Cajal o Gregorio Marañón. En el boletín de la ILE se puede leer a reconocidos intelectuales como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Miguel de Unamuno. Y foráneos, caso de Charles Darwin, H. G. Wells, Bertrand Russell o Leon Tolstói. Y mujeres como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Maria Montessori, Laura García Hoppe o María Moliner. La igualdad de género es una obligatoriedad naciente en las esferas republicanas y tiene un referente académico en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer.

La Residencia de Estudiantes será un pulmón. Entre aquellas paredes transitan figuras como el cineasta Luis Buñuel o el científico Severo Ochoa. O el pintor Salvador Dalí, luego referente artístico del régimen franquista. La casa de la cultura acoge a conferenciantes de renombre internacional: Albert Einstein, Marie Curie, Ígor Stravinski, Paul Valéry, John Maynard Keynes o Le Corbusier. Y, cómo no, la eterna Generación del 27 representada por Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Gerardo Diego o Miguel Hernández.

Y Federico García Lorca, el más conocido de todos los desaparecidos por la fuerza, los miles y miles de republicanos civiles que yacen en una fosa común en España. El poeta universal participa en las denominadas Misiones Pedagógicas con su compañía de teatro La Barraca. Esta especie de circuito de solidaridad cultural llega a miles de localidades cargado de libros y exposiciones, conferencias y publicaciones, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales. No es más, ni menos, que el espejo del alma instructiva de la República. «Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo», decía el maestro Manuel Bartolomé Cossío, presidente del patronato de las Misiones Pedagógicas.

Parte de la vanguardia del pensamiento y la creación queda al servicio de quienes menos tienen. Voluntarias y «misioneros» como María Zambrano, Maruja Mallo o el propio Lorca. «El gobierno de la República que nos envía nos ha dicho que vengamos, ante todo, a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas y abandonadas», afirmaba Cossío. Para enseñar, sobre todo, «algo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden, y porque nadie hasta ahora ha venido a enseñároslo».

A la contra, la extrema derecha envilece. Un ejemplo palmario está en las palabras que dedica a la creación de escuelas mixtas uno de los líderes del fascismo español. «Un delito contra la salud del pueblo, que debe penar con su cabeza a los traidores responsables», escupe Onésimo Redondo, traductor por aquella época del libro Mein kampf donde Adolf Hitler expone las claves de la ideología nacionalsocialista.

La idea final era construir una «República republicana», como señala Azaña. Una redundancia ineludible para liberar el sentimiento comunitario de «libertad y justicia». Para que el país no se limite a asumir «una monarquía sin rey», dice el político, y sí se proponga «conquistar el rango de ciudadanos».

Esa dualidad es la que estaba en juego en España en 1936. Democracia o totalitarismo. Porque la primera gran batalla mundial contra el fascismo tuvo lugar en las trincheras españolas. Porque son relatos que perduran y acumulan viajes de ida y vuelta, como en el regalo que entregó al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama —en su visita en julio de 2016—, el líder de Podemos, Pablo Iglesias: el libro The Lincoln Brigade: A Picture History de William Loren Katz. En la dedicatoria, Iglesias instó a Obama a que transmitiera «por favor al pueblo estadounidense la gratitud de los demócratas españoles por el ejemplo antifascista de aquellos héroes». Y «hoy, esa misma decisión nos divide de nuevo», apuntaba el creador de The Wire. La historia, a la postre, sigue recordando a aquellos voluntarios enrolados en las Brigadas Internacionales que tomaron los frentes de batalla de la Guerra Civil como preámbulo del conflicto global contra la tiranía que marcó la narración del siglo XX.

4. Una tierra sembrada de fosas comunes

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Una tierra sembrada de fosas comunes

Unos botones. Un peine. El grafito de un lápiz. Unos zapatos comidos por el tiempo. Anillos. Monedas. Crucifijos. En las fosas comunes del franquismo aparecen objetos que formaron parte de la vida de las víctimas que yacen en ellas. Objetos que cuentan parte de la historia y arrojan pistas sobre la identidad de los desaparecidos forzados de Franco. Un pendiente puede ayudar a poner nombre y apellidos a una mujer en La Bañeza (León), como una ficha de dominó permitió encauzar la investigación sobre un militar ejecutado en Valladolid. Porque son utensilios personales que perduran enterrados como testigos quietos del terror y desvelan la verdad de la estrategia golpista: el exterminio del adversario social y político. La aplicación de la violencia extrema como táctica de guerra.

Como las balas. Cada proyectil que se desentierra de una tumba ilegal de la Guerra Civil y la dictadura va asociada a episodios de muerte violenta. Aparecen elementos de balística en la arena, en el interior de los cráneos, y hay esquirlas por cualquier parte del cuerpo o apenas como un leve rastro en los pigmentos verdosos que las piezas metálicas dejan en los huesos. Son vestigios de los disparos efectuados con fusiles alemanes máuser, de los tiros de gracia de las pistolas falangistas de 9mm o las detonaciones a quemarropa de otras armas de fuego engatilladas por los golpistas. Los crímenes rebeldes están dibujados en cada huella conservada en la tierra.

«Como aquellos días tenía una herida en la oreja que le dolía, no se puso el pendiente y lo dejó encima de la cómoda», relata Josefina Alonso. Habla de su hermana María, ejecutada por los franquistas en 1936. Tenía 32 años. Cuando Josefina supo que habían secuestrado a María, que no volvería más, tomó el objeto y lo llevó «muchos años colgado del cuello», sostenido en una cadena como quien traza un hilo indisoluble con el pasado. «Y luego lo engarcé en la alianza». Tuvieron que transcurrir 80 años para que los adornos de Josefina acabaran uniendo «quizás la historia más bonita» de las rescatadas por los voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Ocho décadas para unir a dos hermanas rotas por la tragedia.

«Al final de la fosa estamos cribando la tierra y aparece un anillo y, al poco, sale un pendiente», explica el vicepresidente de la ARMH, Marco González. Las piezas están enterradas en una tumba colectiva donde fueron sepultados de mala manera nueve hombres y una mujer en el municipio leonés de La Bañeza. Los arqueólogos buscan «como locos» el segundo zarcillo. Pero no aparece. Salen también unas gafas «con un remiendo en la patilla». Una anciana de más de 90 años confirma que los objetos pertenecían a su hermana. Y que no busquen más la joya que falta. La tiene ella desde el momento del secuestro y muerte de María Alonso Ruiz.

«Sabíamos que usaba gafas, que era barbera y tenía su propio negocio, que era una mujer politizada, moderna y bastante adelantada para su época en una ciudad con mucha tradición de iglesia y de pensamientos de derechas», dice Marco González. Alguien, resume, «decidió que María no debía seguir viviendo». Los pendientes fueron el indicio que acabó poniendo nombre y apellidos a una víctima del franquismo.

Sepultura número 10 del cementerio de Guadalajara (Castilla-La Mancha). Los asesinados yacen metidos en ataúdes. No es lo habitual. «En una de las láminas vemos una maderilla que tenía unos puntos», cuenta el equipo arqueológico. Se trata de un dado de madera. «Casi arte carcelario, o fruto del aburrimiento, poco más podrían hacer los detenidos», suponen. La pieza estaba en el bolsillo de Eugenio Molina Morato. Muy cerca de donde quedó enterrado Timoteo Mendieta.

Entre los objetos que surgen de las fosas del franquismo abundan elementos asociados a la vida y costumbres de cada una de las personas allí enterradas. Llaves, mecheros o petacas de tabaco, monedas, la mina de grafito de los lápices, o restos de vestimenta como cinturones, hebillas, carteras deshechas, trozos de tejidos y botonaduras, lo que queda donde antes hubo una camisa. O colgantes, gemelos y elementos decorativos diversos. Y zapatos. El tipo de calzado señala la clase social a la que pertenece el individuo: no es igual pisar con un estilizado botín de cuero que con unas rústicas sandalias o abarcas. Ni con botas militares que con alpargatas rematadas con suelas de caucho o neumático reutilizado.

«Un hombre llevaba una cajita de pastillas de regaliz de las que aún se siguen vendiendo, de la marca Juanola», narra el presidente de la ARMH de Valladolid, Julio del Olmo. El hallazgo fue útil. «Estuvo bien encontrar este pastillero porque es metálico» y a partir del año 37 la fábrica cambió el material, obligada «por necesidades de la guerra». Ya tenían una pista.

En el bolsillo aparece otro llamativo objeto: una ficha de dominó, el tres doble. Son elementos valiosos aunque no determinantes para definir la identidad. Como sí lo serán las «insignias militares del arma de infantería, el zapato y el cinturón», o un dato sutil: «En la cal se conservó una línea roja que era del lateral del pantalón». Los asesinos cubrían los cadáveres con cal viva para acelerar la descomposición. En este caso dejaron una pista en forma de pigmento y, en todos, una huella de la estrategia de desaparición. Estos objetos, ¿tienen un significado concreto? ¿Quién era su portador? Lo encuentran. Es el sargento Francisco González Mayoral, natural de Labajos (Segovia) y que contaba 29 años cuando arranca el golpe de Estado fascista. El soldado será uno de los identificados de entre las 247 personas que la intervención arqueológica rescata en varias fosas del camposanto pucelano.

En el cementerio de El Carmen aparecieron otros múltiples vestigios. Como un recorte de periódico con la clasificación del Tour de Francia del año 36 y conservado de forma misteriosa. O en la fosa número 2, donde los técnicos descubren un cuerpo femenino que porta dos medallas colgadas al cuello. «Una era normal, otra de una cofradía y, al leer el pequeño texto, vemos que es de un pueblo concreto», de Castromocho (Palencia). La ARMH palentina notifica que en aquella población solo fue asesinada una mujer y se llamaba Lina Franco Neira. El apunte queda confirmado con muestras genéticas de su propia hija, Anunciación Martínez (94 años). «En la misma fosa está su padre, al que todavía no tenemos plenamente identificado», precisaba Del Olmo.

En un pinar de la provincia vallisoletana «nos dicen que están apareciendo restos humanos». Cuatro personas. Una de ellas lleva una pluma estilográfica. Es «de oro, de una calidad extraordinaria». El estado de conservación, casi perfecto. «Contamos el caso en una publicación y a los pocos meses nos llama una mujer de San Sebastián diciendo que su padre es de Alaejos», que se llamaba Hilario González. Y que sabe que en el momento de su asesinato «llevaba un reloj de oro, que se lo robaron, y una pluma». La hija, Nazaria, tenía nueve años entonces. Pero recuerda la peculiar estilográfica de su padre. «En el enganche tiene un indio con las plumas, un indio americano». En efecto. Recuperar aquel objeto de su padre fue un momento de emoción extrema. Poner rostro a Hilario sirvió además para reconocer al resto de los muertos que habían sido arrojados a la misma fosa. Eran el alcalde de Alaejos, Antonio Losada, y los sindicalistas Leoncio Puertas y Francisco González.

En Puerto Real (Cádiz) estaba la segunda mayor fosa excavada en Andalucía: los científicos sacaron los huesos de 185 personas. «Por las suelas se ve la calidad de vida del asesinado», en palabras del presidente de la ARMH local, Francisco Aragón. Los zapatos marcan un patrón de existencia. Sin embargo, la tumba guardaba otros muchos detalles. En el enterramiento colectivo predominaban los sujetos por debajo de los 30 años, entre los que destacaban nueve menores de edad con menos de 17. Casi todas las víctimas presentaban evidencias claras de muerte violenta, como orificios en cráneos y fracturas perimortem, en torno al momento del fallecimiento. Junto a uno de cada diez cadáveres aparecieron balas.

Entre la fina arena de la bahía gaditana que cubría los restos óseos se dejaron ver «relojes de bolsillo, peines, un jarrillo de lata, el aro de un sombrero, crucifijos y medallas, anillos, cinturones, trozos de cremallera, lápices, pipas de fumar, dientes de oro», recita Aragón. Y «horquillas» en las dos únicas mujeres, ambas hechas «de aluminio y caseras, que se las hacían ellas mismas, del mismo tipo de las que luego hemos visto en Benamahoma», explica otro voluntario, Antonio Molins. En esta pequeña aldea de la sierra a la que alude, precisamente, escribieron su crónica genocida un grupo de pistoleros falangistas conocidos como los Leones de Rota. Mataron a más de cincuenta personas en apenas un mes, de agosto a septiembre del 36.

La ARMH puertorrealeña hizo una exposición para intentar emparejar estos elementos. Fue visitada por muchos familiares, recuerdan, «aunque era difícil que tantos años después pudieran reconocer algo». Siquiera un «mechero de yesca y un librillo de papel de fumar marca Bambú» extrañamente intactos. O «una cajita metálica con caramelitos de menta», como objetos más curiosos. «Los caramelos los seguía teniendo dentro», confirman. La magnitud del terror construyó una montonera de huesos en una fosa de treinta metros de largo por dos y pico de ancho y ahí se escamoteó la posibilidad de asignar un nombre y un apellido a las piezas localizadas. Unos objetos que siempre cuentan la historia en pequeños retazos. En pinceladas que son la memoria personal e íntima de las fosas del franquismo, las cuales reposan como prueba de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por los golpistas. De los miles de delitos contra la humanidad que nunca prescriben que, en su mayor parte, siguen penando bajo tierra.

Como hemos dicho, España es uno de los países con más desaparecidos forzados del convulso siglo XX. Hay quien lo sitúa como el segundo del mundo después de Camboya. Pero además del de los Jemeres Rojos del sanguinario Pol Pot hubo otros conflictos con millones de bajas, como es el caso de la segunda guerra chino-japonesa (unos veinte millones de muertos) o la represión de la época estalinista. Más allá del puesto en la clasificación de la barbarie, lo cierto es que no hay situación análoga en Europa Occidental. Ni de una represión continuada tan duradera, desde el año 36 al 75. Y eso que las ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos son una constante repetida en el terrorismo de Estado, con ejemplos como la dictadura de Argentina —unas 30 000 personas— o Chile —más de 3500 entre ejecutados y desaparecidos—, las limpiezas étnicas en la guerra de los Balcanes o en tantos episodios de violencia extrema institucionalizada.

¿Cuántas fueron las víctimas de Franco? Porque no hay una cifra oficial y exacta de los asesinados. Tampoco un inventario de las que quedan por recuperar. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibió en el año 2008 un listado de 143 353 personas aportado por la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo en la causa abierta contra los crímenes rebeldes. En el posterior auto, el magistrado se declaró competente para investigar las ejecuciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura sosteniendo que el sistema de desaparición forzada fue usado sistemáticamente por los golpistas para imposibilitar o dificultar la identificación de las víctimas. Garzón cifró el número de desaparecidos entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 en 114 266 personas. La mayoría siguen enterrados en las al menos 2591 tumbas ilegales que contabiliza el Mapa de Fosas nacional.

Con los datos recibidos por Garzón, hace más de una década había 32 289 desaparecidos en Andalucía, 12 979 en Castilla y León, más de 10 000 en Extremadura y Aragón y casi esa cifra en Euskadi. O 7067 en Castilla-La Mancha, más de cuatro millares en Galicia y la Comunidad Valenciana y de tres en Navarra, un número al que se acerca mucho Madrid, 2400 en Cataluña y algo menos en La Rioja. Con 1777 en Baleares, 1246 en Asturias, en torno a 850 en Cantabria y Murcia, 464 en Ceuta, Melilla y Norte de África o 262 en Canarias.

Pero la realidad supera esos dígitos. La represión, solo en suelo andaluz, alcanza las 45 566 víctimas estimadas en 708 fosas comunes. Más que Argentina y Chile juntas. En esta cartografía del terror destacan Granada y su provincia con 11 388 muertos arrojados a 110 enterramientos colectivos o individuales; Huelva con 10 199 víctimas en 126 fosas y Sevilla con 9304 en 139. O las 116 fosas de Cádiz y las 99 de Málaga con 5638 asesinados, según la actualización realizada desde la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.

Los datos dan también una idea de cómo la estrategia atemorizante golpista se cebó en el sur de la península con la entrada en juego del ejército de África. El mapa nacional, por su parte, está «en constante actualización» según anunciaba el Gobierno de España dirigido por Mariano Rajoy al final de su mandato. Falso. El archivo quedó detenido desde el año 2011, al igual que las intervenciones arqueológicas con dinero público estatal. Todo entregado al «cero euros» para las víctimas del terror franquista, aunque incumplía la ley que encarga al Ejecutivo la tarea de «confeccionar un mapa integrado de todo el territorio español en el que constarán los terrenos en donde se han localizado restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y la represión política posterior».

Semejante escenario retrata a España como una nación de contrastes que protege al verdugo y castiga a la víctima. Por esto la desatención y desamparo oficial que han merecido los represaliados por Franco es uno de los principales suspensos que los organismos internacionales endosan al país en materia de derechos humanos. España está obstinada en no abrir la tierra. Y esta anomalía tiene complicada equiparación al rebuscar entre democracias homologables. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez anunció, recién aterrizado en el poder, que iba a abrir las fosas asumiendo un deber del Estado que quedaría reflejado también en los presupuestos.

Porque en doce años, desde 2000 a 2012, solo se abrieron 332 de los centenares de fosas comunes que hay en España. Con estas intervenciones fueron recuperados hasta entonces los restos de 6300 desaparecidos de la primera guerra que provocó y ganó el fascismo en el mundo. Este recuento global de procedimientos de carácter arqueológico fue realizado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi e incluye las 2840 personas recuperadas de la mayor fosa abierta en el país, la del cementerio de Málaga. A ese ritmo, con una media que no llega a la treintena de exhumaciones al año, el pueblo español tardará décadas en cerrar la cicatriz.

Ascensión Mendieta viajó a Argentina para pedir «solo una cosa»: que la ayudaran a buscar los restos de su padre, Timoteo. A su muerte quería llevar consigo «uno de sus huesos». Eso era todo. Cerrar el duelo. Ni venganza ni dinero, como denunciaba con falsedades un político extremista convertido más tarde en portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando. Ascensión solo quería un entierro digno para su padre. Y lo consiguió. Cuando tomó un avión para cruzar el océano Atlántico, en el año 2013, Ascensión tenía 88 años y podía dar un testimonio desgarrador. Nada la frenó.

Timoteo, miembro de la Unión General de Trabajadores (UGT), fue detenido, ejecutado y enterrado el 16 de noviembre de 1939 en una fosa del cementerio de Guadalajara (Castilla-La Mancha). La niña Ascensión, su hija, abrió la puerta de casa a los captores y asesinos de su padre. Aquel día se vieron por última vez con vida.

El caso de los Mendieta conmovió de algún modo a la jueza instructora de la Querella Argentina, María Servini, que remitió un exhorto al juzgado local. La sala acató el mandato, no sin dificultades. Tras superar el viento en contra, los arqueólogos de la ARMH excavaron por dos veces en diferentes tumbas del camposanto, y así rescataron medio centenar de víctimas de los golpistas. Los análisis genéticos confirmaron en junio de 2017 que uno de estos 50 cuerpos era el de Timoteo Mendieta. Ascensión cumplió el sueño de infancia: ver sus huesos, tocarlos, enterrarlos en el cementerio de La Almudena en Madrid. «Muchas gracias a todos por venir a este acto tan triste», declaraba emocionada en un sepelio multitudinario.

Las lágrimas y el tesón de los Mendieta conmocionaron a gran parte del país. Saltaron las costuras del silencio. Pero no afectaron a Rajoy, que siguió erre que erre ignorando la Memoria Histórica. Ni al ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por el PP, que exigió a la ARMH, como responsable de los trabajos, una tasa de 2057 euros por un proceso de exhumación que la asociación memorialista afrontó con parte del dinero que les había donado el sindicato noruego de electricistas Eloigt y el premio Alba/Puffin al activismo en defensa de los derechos humanos que concede la Asociación de los Archivos de la Brigada Abraham Lincoln de Nueva York (EEUU).

La de Mendieta y otros 49 desaparecidos ha sido en todo caso la única recuperación de restos óseos bajo tutela internacional realizada en España. La causa argentina contra el franquismo había intentado el mismo procedimiento hasta en tres ocasiones más. Todas con resultado negativo. Ocurrió en el caso de Cipriano Martos, muerto en Cataluña tras ser obligado a beber ácido en 1973 mientras estaba detenido en un cuartel de la guardia civil; y también con una petición clasificada de «confidencial» para exhumar a un enterrado en el Valle de los Caídos. El exhorto enviado por Servini en 2016 «al juzgado de lo penal correspondiente de El Escorial» fue devuelto «sin siquiera admitir el informe que justificaba la actuación», contaba años más tarde Pedro Fausto Canales, uno de los pioneros en reclamar los restos de un familiar enterrado en Cuelgamuros. Él busca a su padre, Valerico Canales Jorge, y a su tío, Victorino. «Tenemos los mismos derechos que todo el mundo y esperamos que estas actuaciones tengan continuidad», reclamaba.

El pedido de Servini sirvió solo a medias en la mayor tumba ilegal de las Islas Baleares. Los juzgados españoles rechazaron liderar la excavación de la conocida como «fosa de Mallorca» pero el bloqueo fue sorteado al cristalizar la colaboración entre el Govern balear, el Ayuntamiento de Porreres —donde estaba localizada la sepultura— y colectivos de derechos humanos que promovían el proyecto. Solo en una primera intervención ya sacaron a 55 personas de la tierra.

En total, de forma directa o indirecta, fueron 105 las víctimas del franquismo exhumadas gracias a Argentina. La diferencia de trato judicial radica en que el tribunal del país austral considera las desapariciones forzadas de la Guerra Civil y la dictadura de Franco como crímenes de genocidio y lesa humanidad. Mientras que España, por su cuenta, ha leído la tragedia como un cúmulo de delitos comunes ya prescritos.

España también fue denunciada ante la ONU por impedir la exhumación de los hermanos Lapeña del Valle de los Caídos. Es el primer proceso en el que una sentencia judicial autorizaba a sacar los restos óseos de dos asesinados del conjunto monumental de Cuelgamuros. La familia de Antonio y Manuel Lapeña Altabás lograba que se empezara a abrir la tumba, cumpliéndose así una decisión judicial cuya aplicación dependía de Patrimonio Nacional y bloqueaban con firmeza la Iglesia y los responsables del sepulcro franquista. El organismo público había encargado un informe al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre el estado estructural y constructivo del cerramiento, forjados e interior de la cripta adyacente a la capilla del Santo Sepulcro de la basílica del Valle de los Caídos. En el nivel 3 de dicha catacumba debían estar los restos óseos de los Lapeña, según el auto del 30 de marzo de 2016 emitido por el Juzgado número 2 de Primera Instancia e Instrucción de San Lorenzo de El Escorial.

El caso Lapeña pasó por varias sedes judiciales, incluidas el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Audiencia Provincial de Madrid. La idea era intentar paliar el desamparo, y otras familias sumaron esfuerzos queriendo sacar a sus seres queridos de la mayor fosa común de España.

El reguero inabarcable de víctimas por exhumar en todo el país tiene otra dificultad: en torno al 10 por ciento de las fosas ha sido expoliada por las dinámicas de uso de los cementerios, la construcción de carreteras y operaciones urbanísticas e incluso trabajos agrícolas que arrasaron para siempre aquellos enterramientos. Y, por supuesto, muchas tumbas han sido abiertas en la clandestinidad.

Los intentos llevados a cabo a través de los tribunales españoles también han sido baldíos. La preconstitucional Ley de Amnistía de 1977 sirve a los jueces para dar carpetazo a las solicitudes. Como ejemplos, Paterna (Valencia) y Cobertelada (Soria). El juzgado valenciano anunció que asumía la exhumación de la fosa 113 del cementerio. Luego dio marcha atrás y archivó las diligencias abiertas por la supuesta prescripción de los delitos. Los familiares habían denunciado el hallazgo de doce cuerpos en los trabajos de localización. Asesinatos que un juez decidió dejar al margen de la justicia. Con apoyo de la Diputación de Valencia, los arqueólogos encontraron más de 50 ejecutados repartidos en varias fosas. En la región levantina, miles de represaliados siguen en al menos trescientas tumbas ilegales.

La justicia, además, rechazó buscar al amigo de Antonio Machado y otros cinco maestros fusilados en Soria. Un juez de Almazán lideraba las labores, pero una circular del fiscal jefe soriano pidiendo el archivo del caso hizo cambiar el rumbo. La Audiencia Provincial ratificó más tarde la medida desestimando el recurso de apelación. La jugada se repite, una y otra vez.

Familiares y la Asociación Recuerdo y Dignidad retomaron entonces los trabajos, sin más ayuda que sus propios recursos y sus manos, para sacar de la tierra a Francisco Romero, matemático de renombre mundial que era amigo del poeta Antonio Machado y que fue asesinado junto a un grupo de profesores: Eloy Serrano, Hipólito Olmo, Elicio Gómez, Victoriano Tarancón y Martín Artola.

Al otro lado de esta realidad, los extremos norte y sur de la península acogen las políticas públicas de Memoria más asentadas. Andalucía y País Vasco son ejemplos en la apertura continuada de fosas.

«A mi madre se la llevaron delante de mí. La llevaban por los brazos, con las piernas a rastras por la escalera. La apuntaban con una pistola como si fuera una fiera. Mi madre lo único que gritaba era: “mis niños, mis niños”. Nos quedamos como el nido al que le dan con una escoba», relataba el casi nonagenario Luis Vega Sevillano en su casa en Paterna de Rivera (Cádiz). Un grupo de falangistas secuestró y mató a Catalina, su madre, y días después a su padre, Francisco, que estaba escondido en la sierra y acudió al pueblo ante las noticias que apuntaban a su mujer como posible víctima de la represión. El trabajo arqueológico rescató los restos de una decena de personas en el cementerio local. Ningún hueso era de los padres de Luis, según los análisis genéticos. «No quiero morirme antes de que aparezcan todos. Una vez que los saquen, ya puedo morirme tranquilo», decía.

La represión salvaje ejercida por las columnas de la muerte certifica que la región andaluza es la que sumó más víctimas, con un tercio del total del país. La cartografía del terror está siendo abierta en los últimos años con un ímpetu que convierte a esta región en vanguardia en España, con más de un centenar de intervenciones programadas desde 2015 y llevadas a cabo por equipos técnicos especializados. Andalucía sacó de las fosas más de trescientas víctimas solo en 2016.

Caso de Puerto Real, fiel reflejo de las matanzas, con casi dos centenares de muertos apilados en auténticos amasijos de huesos. O las rosas cortadas de Puebla de Guzmán (Huelva) y el caso de Zalamea la Real, con una tumba en una cuneta que se acabó llamando la fosa de Modestita por la mujer que cada día visitaba el sepulcro final de su marido. Y los guerrilleros antifranquistas cazados en la sierra de Córdoba hasta diez años después del final de la guerra de España y que supone la muerte anunciada de los últimos maquis en Adamuz y Obejo. O los mineros que iban a cambiar el curso de la historia y perecen en una emboscada a las puertas de Sevilla el 19 de julio del 36; la crónica de una sangría interminable en Arahal; las 35 ejecuciones de la aldea de El Madroño que incluye jóvenes mujeres con las que los verdugos «se divierten» antes de darles muerte a balazos; o el pozo en el que arden 36 personas en La Campana, un infierno cuyo rastro de humo se percibe durante días desde el municipio.

Euskadi, por su parte, anunció un plan de localización e intervención arqueológica para exhumar en cinco años los restos óseos arrojados a ochenta tumbas ilegales y otras veintiocho en fase de investigación al inicio de los trabajos. Con final en 2020, el proyecto corre a cargo de Aranzadi bajo la dirección del antropólogo forense Francisco Etxeberría. La labor da resultados, como recuperar la memoria del gudari desconocido, desenterrado en el pinar del monte Albertia (Álava). O el combatiente de la Guerra Civil exhumado en el monte Urkullu de Larrabetzu (Bizcaia), el cenetista Ramón Portilla, asesinado con 18 años. Y los guerrilleros del Euski Gudarostea y los restos mortales hallados en el monte Lemoatx. Durante la guerra mueren 2352 vascos fusilados por franquistas. Otros 764 caen por la violencia izquierdista.

Son las fosas de la vergüenza. La tierra que guarda todavía las semillas latentes de una tragedia vital en la piel de toro perforada. «Aquel terror de los sublevados, tan gratuito como concienzudo, tenía una pretensión de largo alcance: desestructurar las familias republicanas, infundir miedo y borrar huellas», explica el filósofo Manuel Reyes Mate. Tantos relatos ocultos después de más de 80 años significan «que aquella estrategia funcionó». Y, por eso, subraya, «la sociedad debería entender que identificar a los desaparecidos y darles sepultura no es solo un gesto de justicia para los muertos sino de piedad para los vivos».

El verano del 36 se desgasta ahíto de sangre. En un cortijo de la serranía nororiental de Cádiz la vida transcurre. Cristobalina Rojas tiene 15 años. Trabaja en El Baldío, en mitad de una paz de mentira que estalla en pedazos el 18 de septiembre, cuando un grupo de falangistas secuestra a dos jornaleros: Remedios Partida Morilla (43 años) y su hijo José Rodríguez Partida (20). También la novia del joven, Rosa —se desconoce su identidad completa—, que sube a menudo a la sierra. Está embarazada de siete meses. El cortejo criminal se detiene a la altura de la carretera que conduce a la finca. Unos disparos cicatrizan para siempre en la memoria de Cristobalina. Los tres acaban en una fosa.

Tantos años después resultará complejo acotar la sepultura en campo abierto. Hasta que aparece el testimonio clave de Cristobalina Rojas, la joven que había sido testigo del terror. La fosa, bajo sus indicaciones, aparece «rápido, a un palmo de profundidad, casi en superficie», explica el arqueólogo de la ARMH, René Pacheco. «En el vientre de una de las dos mujeres hay restos de cartílagos fosilizados que podrían pertenecer a un feto —dice—. Es el mismo esqueleto en el que aparecen una peineta, un peine y un anillo».

El estudio forense determinó que Rosa había sido ejecutada en avanzado estado de gestación. La tierra, además, deparó un encuentro inesperado: un cuarto cuerpo. «No sabemos de quién, aunque los testimonios orales apuntan a un enfermero que estaba en el cortijo aquel día y del que no sabemos su nombre», apunta Pacheco. Con ayuda de la antropología, la asociación esperaba «cerrar el círculo sobre esta persona». Los esqueletos habían aparecido «bien conservados y con evidencias clarísimas de la causa de la muerte, con orificios y balas asociadas a la escena histórica del asesinato».

La aparición de varias personas asesinadas fue denunciada a la guardia civil y en El Baldío llegó a aparecer «la policía judicial y forense» pero, como preveían los voluntarios, «estos casos suelen llegar como sobreseídos». La justicia nunca interviene en situaciones como estas. Además «no hay un estudio serio sobre el número de víctimas que hay en España», denunciaba la ARMH. En el mapa oficial «no están todas», sostienen. Sirva como ejemplo El Baldío, que no constaba en la cartografía andaluza cuando el trabajo arqueológico rompió el suelo en la hacienda gaditana.

Este trabajo fue afrontado con medios propios de la asociación en el año 2012. Del carro de la memoria colectiva ha tirado en España la sociedad civil, con empujes individuales y familiares u organizados en colectivos memorialistas y de derechos humanos. La primera exhumación bajo criterio arqueológico, y con luz y taquígrafos, fue llevada a cabo en Priaranza del Bierzo (León) el 28 de octubre del año 2000. El actual presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, buscaba a un familiar. Así lo escribió: «Soy nieto de un desaparecido. Mi abuelo se llamaba Emilio Silva Faba. Lo mataron a tiros junto a otras trece personas y lo abandonaron en una cuneta. Todas sus honras fúnebres consistieron en un agujero y unas paladas de tierra bajo las que todavía hoy están sus restos». La iniciativa acabó con resultado positivo sacando de la tierra a «los trece de Priaranza». Marcó el camino a seguir. Que era posible arrancar la verdad del suelo donde permaneces enterrada durante décadas.

El reclamo de una parte de la sociedad fue tomando impulso y ahí se han ido sumando, a trompicones, algunas instituciones públicas y partidos políticos. En los últimos años ha comenzado a vislumbrarse una renovación de la sensibilidad en determinadas comunidades autónomas al hilo de los cambios políticos favorecidos por las urnas en el año 2015. Casi la mitad de las regiones aportaba en 2018 presupuesto propio para exhumar a víctimas del terror franquista enterradas en tumbas ilegales. Tenían abierta la caja Cataluña, Andalucía, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Extremadura, Aragón, Canarias y Castilla y León. Con el grifo cerrado seguían Madrid, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja y Murcia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La situación era límite en 2013, cuando solo los ejecutivos andaluz y vasco mantenían subvenciones a proyectos de investigación y difusión memorialista. Tras el boicot de Mariano Rajoy, la Memoria Histórica y los derechos humanos entraron en un momento clave con el anunciado desbloqueo de Pedro Sánchez.

Pero que las familias sigan reclamando la búsqueda de los asesinados ocho décadas después de las primeras ejecuciones da idea de las prioridades de los sucesivos gobiernos españoles. Una nación digna no debe soportar decenas de miles de homicidios tapados con las alfombras de palacio. El único camino para recuperar la cordura nacional es abrir las fosas, leer las páginas escritas con sangre. Mirar de cara a la verdad para rubricar la honra debida a tantas historias vitales truncadas. Recuperar los huesos para poner rostro a todos los nombres y, con sonrojo, pedir perdón por la vergüenza que supone dar la espalda a todo sentido humanitario.

Naciones Unidas ha criticado de forma reiterada a España por mantener «un patrón de impunidad» sobre las desapariciones del franquismo basado en factores «contrarios a las obligaciones internacionales» y haciendo «pocos avances en la implementación de las recomendaciones» del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas. Los familiares siguen «librados a su propia suerte», lamenta la ONU en sus informes.

El corazón de la Memoria Histórica son las fosas comunes. La búsqueda de estas tumbas ilegales. Rescatar los huesos de las víctimas como una innegociable cuestión de derechos humanos. Pero ¿cómo se exhuma una fosa del franquismo? No se trata de coger pico y pala y excavar la tierra. No solo. El proyecto precisa cumplir varias fases: investigación, localización, intervención arqueológica, cadena de custodia, análisis antropológico e identificación genética. Culminando con el entierro dignificado de los restos óseos localizados. Son los puntos imprescindibles en cada trabajo de campo. Los siete pasos de una exhumación. Aunque no siempre es posible cerrar con éxito cada etapa.

Todo parte de una primera fase investigadora. Explica qué ha ocurrido, cómo y dónde ocurrieron los actos represivos, quién los ejecuta y sobre qué víctimas, cuántas hay… Un sinfín de preguntas que requieren respuestas. Dotar a la intervención de un adecuado contexto histórico es fundamental. Quizá no aparezcan todos los datos necesarios, o queden lagunas en el estudio, pero la precisión en esta etapa puede acotar la zona de enterramiento y evitar futuras búsquedas infructuosas. Hay que acudir a las fuentes documentales que existan, escritas y, si es posible, a los testimonios orales cada vez más escasos por el tiempo transcurrido. Todavía viven algunos testigos directos de la barbarie fascista.

El segundo paso es la localización física de la sepultura. Una vez aparecen restos óseos con evidencias de muerte violenta o en disposición anómala, delimitar el contorno de la tumba colectiva va a dar una idea de las dimensiones que presenta. Si se adapta a lo esperado o va más allá. O menos. No son extrañas las sorpresas y, de algún modo, nunca se sabe qué va a deparar la tierra hasta que no se abre. Además de acotar el terreno, en ocasiones resultan útiles las catas previas. Los sondeos sirven para intuir, valorar, confirmar o descartar si en estos primeros movimientos aparecen huesos, elementos de balística, ropa u otros materiales, alteraciones del terreno… Datos que van a indicar que, previsiblemente, el trabajo irá por buen camino.

Tercero, excavación con metodología arqueológica. Aquí las manos de los técnicos horadan la tierra y entran en juego utensilios como punzones y brochas. El equipo científico toma nota de cada perfil, de cada víctima. Fotografía cada elemento significativo. Toma mediciones. E incluso usa maquinaria más pesada, como excavadoras, si el volumen de firme que hay que mover así lo requiere. Una vez perfilado el contorno de la fosa y cuando los primeros cuerpos ya están a la vista, la tarea de limpieza y rebaje del terreno deja en superficie los restos óseos. La extracción se realiza de manera individualizada, decidiendo a quién sacar cada vez según la disposición de los huesos y las dificultades que puedan presentar.

En esta fase aparecen las evidencias de muerte violenta. Desde proyectiles a cráneos con perforaciones de bala, huesos fracturados, manos atadas con alambre. La disposición anatómica de los cadáveres es un indicio clave: las víctimas suelen ser arrojadas, unas encima de otras, con el cuerpo manteniendo la posición con la que cae al agujero, las extremidades cruzadas o dobladas, y sin ataúd ni otra característica propia de un enterramiento canónico o normalizado.

Completada la exhumación, el cuarto punto consiste en establecer una rigurosa cadena de custodia de los huesos. Todos los pasos están minuciosamente documentados y nada debe quedar expuesto a posibles contaminaciones o intervenciones foráneas. Cuando las víctimas están fuera, al completo, pasan a una caja individual que contendrá restos óseos divididos en bolsas según la parte del cuerpo y los objetos asociados al individuo.

La quinta fase es el análisis forense, el trabajo de laboratorio. Es el momento de certificar qué le ocurrió a esa persona, cómo murió, de qué modo. Si hubo tortura previa, ensañamiento, fracturas o tiros de gracia. Es el momento en que los huesos «hablan», en palabras del antropólogo forense Juan Manuel Guijo Mauri. Los científicos estudian cada pieza y definen la trayectoria de las balas o la edad exacta de la víctima.

Sexto: identificación genética. La comprobación de la identidad mediante pruebas de ADN no es la panacea. No es fácil poner nombre y apellidos a los huesos. Estas pruebas precisan información tanto del represaliado como de un familiar que pueda ser compatible. Una porción de hueso del ejecutado sirve para extraer material útil para su contraste con posibles descendientes. Pero no siempre hay resultado positivo. El estado de conservación de los restos no suele ser el idóneo tras más de 80 años enterrados en condiciones extremas. El final de una exhumación supone efectuar un entierro digno.

¿Y cómo aparecen los restos humanos? Por norma general, las fosas del franquismo presentan un registro arqueológico y antropológico de superposición de cuerpos. Los individuos están enterrados sin cumplir el rito tradicional y por tanto no suelen aparecer en decúbito supino, con el cuerpo acostado boca arriba, generalmente en un plano paralelo al suelo. Por el contrario, al haber sido tirados directamente a la tumba, mantienen las posturas anatómicas adoptadas en ese momento, con los huesos en disposiciones anómalas, presentando separación de brazos, colocación boca abajo o dorsal y con las piernas cruzadas o flexionadas.

«Memoria contra el olvido». Una frase, cuatro palabras, resumen la dinámica emprendida por una parte de la sociedad española en la persecución inconclusa de los derechos de las víctimas del terrorismo franquista. Frente al silencio reinante, la lucha contra la impunidad es una travesía a contracorriente. La mayor garantía de no repetición del pasado de terror reside en divulgar la verdad. Y el país que sufre cuatro décadas de dictadura, el que nunca vence al fascismo, quebranta a conciencia este mandato.

El terror fundacional del franquismo deja como legado una piel de toro agujereada, un país sembrado de fosas comunes. Y esta nación levantada desde la ignominia bloquea el esclarecimiento de los delitos para ocultar el plan ejecutado por los teóricos del exterminio. Si no hay restos mortales, no hay crimen. La tarea golpista gana entonces su fin más extremo con ayuda de un Estado que ni siquiera garantiza el reconocimiento oficial y legal de las víctimas. Es la crónica escrita a sangre de un genocidio impune.

Sobre España amanecía en 1936 la sombra del fascismo. Los rebeldes copiaron el uso de la violencia extrema como solución final y la pedagogía de la muerte continúa vigente más de 80 años después. España, por sistema, no ha respetado a los represaliados, a sus muertos tirados en fosas y cunetas, ni ha garantizado el acceso a la verdad, la justicia y la reparación. La Ley de Amnistía ha actuado como calle sin salida, como el boicot radical también a la Querella Argentina.

La sinrazón nacida de la contienda fratricida sigue campando como seña de identidad de una sociedad sometida a la más básica carencia democrática: el respeto a los derechos humanos de las víctimas de la dictadura y de sus descendientes. La negación del duelo familiar y del entierro digno como tránsito atávico es un desprecio absoluto. Ni el suspenso de instituciones internacionales ha cambiado el rumbo. Todo ha seguido igual durante décadas.

El paradigma del olvido español lo representan por lo tanto los cientos de tumbas donde yacen decenas de miles de personas. Esta cartografía criminal convierte a España en uno de los países del mundo con más desapariciones forzadas sin esclarecer. Es el episodio por resolver, la cuestión clave y trascendental de un frágil discurso democrático. Cerrar la herida nunca puede ser una opción para construir una sociedad sana, libre. Sin miedo. A no ser que el objetivo sea eternizar el franquismo sociológico. Porque España nunca ha tejido un plan definitivo para sacar a sus muertos de las cunetas pero sí ha fabricado una leyenda equidistante, dulcificada o directamente falsa de su historia contemporánea.

Y lo hace a propósito. A sabiendas. Para vivir ajena a sus víctimas. Mirando a otro lado. Ocultando el cruel episodio bajo un manto de impunidad. Porque conocer la historia propia es la mayor garantía de no repetición de las páginas más trágicas y el pueblo que no conoce su relato está condenado a repetirlo, dice el refrán. Por eso el silencio es la mejor herramienta para el fascismo y solo tapando las matanzas fundacionales del franquismo es posible que perviva el relato de los vencedores y la humillación de los derrotados. Que todo siga «atado y bien atado» como mandó Franco. Porque cuando los huesos hablan, pierde la desmemoria.

5. Esclavos de los vencedores

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Esclavos de los vencedores

¿Qué empresas usaron a esclavos del franquismo? La explotación económica de los vencidos llevó a la dictadura de Franco al extremo de emplear a más de 400 000 presos políticos como trabajadores forzados. Obreros usados como botín de guerra por compañías privadas en la mayoría de los sectores productivos, incluidas importantes sociedades que actualmente cotizan en el Ibex 35 y que desde la misma contienda o desde el final de la guerra se beneficiaron por el hecho de disponer de mano de obra gratuita que les facilitaba el bando franquista o sus posteriores gobiernos. El ejército sublevado, la Iglesia e instituciones públicas los utilizaron para afrontar el necesario avance en el esfuerzo bélico e inmediatamente después en la tarea de «reconstruir» un país asolado por la guerra que provocó el fallido golpe de Estado fascista.

El franquismo diseñó un entramado laboral construido a expensas de reclusos que fueron sometidos a un régimen limítrofe con la esclavitud. Para administrar los campos de concentración y los así llamados Batallones de Trabajadores, los golpistas crearon el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT) el 11 de octubre de 1938. El organigrama de la institución lo forman funcionarios de prisiones, de prensa y propaganda, pero también eclesiásticos, contables, ingenieros o auditores generales de los tres ejércitos. Además, miembros de los organismos públicos como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, las compañías ferroviarias intervenidas, el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, entre otros.

Todavía no había terminado la guerra civil y los rebeldes impulsaron un ente que funcionaba como una empresa de trabajo temporal y se iba ajustando como un guante a los intereses de un buen puñado de empresas, las cuales aprovechan la oportunidad de mercado para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista.

En los listados aparecen nombres como Dragados y Construcciones, Huarte, Banús Hermanos o Agromán, que fueron el germen de las actuales ACS, OHL o Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Renfe, como publicó The Financial Times Magazine en un reportaje del año 2003.

El reflejo en forma de beneficios a costa del trabajo gratuito se vio enseguida en gruesas cuentas corrientes, herederas de aquellas actividades primigenias, y contrasta terriblemente con la situación que vivían los presidiarios. A los desdichados «empleados» se les pagaban, en teoría, salarios similares al de los trabajadores libres. Pero los contratistas abonaban poquísimo a los obreros-presos, a los que además se les descontaba la mayor parte de cada jornal, una cantidad que revertía en el Estado. Les quitaban dinero por conceptos como alojamiento, manutención y vestimenta. La trama desviaba así una suculenta porción del negocio organizado desde las prisiones provinciales a través de las empresas beneficiarias, y en virtud de la cama, ropa y comida suministradas a los reos. El dinero sobrante, tras descontar los servicios prestados a estos trabajadores, quedaba en una hucha que el esclavo podía reclamar solamente al terminar su castigo de privación de libertad. Aunque quizás no fuera lo más recomendable pedir el pago de esa cantidad al salir de una prisión franquista.

Por cada jornada de trabajo un condenado redimía dos días de pena. Un aliciente para reos que sorteaban las condiciones extremas de las cárceles franquistas, donde las muertes por hambre, enfermedad o torturas eran el plato diario. La petición de traslado desde los campos de concentración a los batallones de trabajadores forzados aparece como una salida frente al tedio y la oscuridad carcelaria, como una puerta abierta a un futuro siempre lejano y entre interrogantes. Los presos quedaban convertidos en una fuente inagotable de recursos gratuitos para quienes explotaban su trabajo.

Unas noventa empresas, como mínimo, usaron estos métodos. Un tercio eran organismos oficiales, once pertenecían a la Iglesia católica, ocho al Ministerio del Ejército y una de ellas era una institución benéfica, la Fundación Elorz. El resto son empresas privadas que aprovechan el entramado para alimentar casi gratuitamente su trayectoria económica.

Entre las instituciones públicas que usaron presos esclavos están la Secretaría General del Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, el Consejo Superior de Protección de Menores, el Servicio Nacional de Regiones Devastadas en varias provincias o el Sindicato Nacional del Espectáculo. También los gobiernos civiles, ayuntamientos, direcciones generales… y, entre otras, la Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las JONS en Lérida. La élite eclesiástica reclamó trabajadores forzados, y le fueron concedidos para obras en conventos, parroquias y otros edificios en ciudades como Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid.

El listado de empresas privadas que en esas primeras épocas de posguerra se enriquecieron así es amplio. Algunas están relacionadas con la construcción, caso de la Sociedad Constructora Ferroviaria o Ibéricas de Construcciones y Obras Públicas. Otras con la minería, como Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería Industrial Pirenaica o Minas de Sillada. O con la metalurgia, donde aparecen Babcock & Wilcox, La Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier, Industrias Egaña y Múgica, Arellano y Cía. Y las hay también en variadas parcelas como agricultura, mecánica, zapatería, espartería, cristal, fábricas de muebles y de elaboración de guantes o alpargatas.

«Desde el pequeño taller a la gran industria vasca, catalana o andaluza, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios que no contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos», cuenta el investigador José Luis Gutiérrez Molina quien, como director científico del proyecto «Todos (…) los nombres», incluye «órdenes religiosas, ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y diversas administraciones de justicia o gubernativas». La mayoría de penados eran «trabajadores, jornaleros y campesinos» y el número total alcanzó «400 000 presos susceptibles de ser utilizados» como «botín de guerra» de los golpistas. Esclavos que cargarían con el «esfuerzo de la reconstrucción» de España. Una tarea cuantificada en «al menos 800 millones de euros» hasta 1956 según el libro El Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica del propio Gutiérrez Molina junto a Ángel del Río, Lola Martínez Macías y Gonzalo Acosta Bono.

¿Quién reconoce estos delitos cometidos contra los presos políticos? Tras la Segunda Guerra Mundial «en el caso de Alemania las empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y la otra la puso el Estado», compara Cecilio Gordillo, responsable del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. El colectivo sindical denunció estos casos en la Querella Argentina. Al declarar por videoconferencia ante la jueza instructora de esa causa contra los crímenes del franquismo, Gordillo recomendó a una serie de personas que podían ser convocadas por la jueza Servini. Enumeró, entre otros, a Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones, hoy ACS; José Manuel Entrecanales de Entrecanales y Távora, luego Acciona; Gonzalo Ferré de Infraestructuras Ferroviarias, hoy ADIF; Julio Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir de Huarte, hoy OHL. Los actuales responsables de estas sociedades, «o sus antecesoras», que nunca reconocieron los «abusos».

Estas empresas decidieron no hacer declaraciones sobre el trabajo forzado incluso cuando se les requirió para la realización del reportaje titulado «¿Qué empresas usaron a esclavos del franquismo?» publicado en la edición Andalucía de eldiario.es el 26 de abril de 2014. «No haremos ningún comentario sobre ese tema», fue la respuesta más repetida. En ningún caso se negó la participación de las «antecesoras» en la trama e, incluso, hubo solicitud de información «para conocer un poco más en qué consiste todo eso», en palabras textuales del responsable de prensa de una importante compañía.

En Alemania, empresas con comparable utilización del trabajo de esclavos tendrían que haber respondido ante las autoridades federales, reconociendo lo sucedido. Y así finalmente lo hicieron, obligadas por ley. En España, ninguna normativa ha obligado a las organizaciones beneficiarias de trabajos forzados a asumir y resarcir en lo posible el uso laboral gratuito de las víctimas del franquismo. La participación de los presos fue «imprescindible» para el progreso de sectores como la minería y la construcción. «El número de pantanos inaugurados por Franco, sin la mano de obra esclava, hubiera sido mucho menor, lo mismo que las líneas férreas, carreteras o aeropuertos», advierte Cecilio Gordillo. A los trabajadores esclavos se debe la reforma de infraestructuras dañadas durante la Guerra Civil y también algunas obras faraónicas como la puesta en riego del Bajo Guadalquivir gracias al conocido como el Canal de los Presos. O la magnificencia totalitaria del Valle de los Caídos.

«Esto es toda una historia bastante macabra, de tratar de rellenar lo que sería la tumba de Franco con una serie de cadáveres. Y como le faltaban del bando rebelde, saquearon las cunetas para llevar más cadáveres. Los republicanos enterrados ahí no están por acto generoso sino de relleno». La reflexión es de Nicolás Sánchez-Albornoz en el programa de radio Carne Cruda. El historiador es uno de los pocos presos que pudo escapar del Destacamento Penal del Monasterio de Cuelgamuros. La fuga, junto a su compañero Manuel Lamana, inspiró a Fernando Colomo la película Los años bárbaros. Y el propio protagonista narró sus andanzas vitales en el libro Cárceles y exilio, que arranca en el asalto al cuartel de la Montaña del 36, que él vive siendo apenas un niño, y finiquita con el regreso de su tercer destierro 40 años más tarde.

«Yo formaba parte de una organización estudiantil clandestina. Nos detuvieron. Consejo de Guerra, condena», cuenta el hijo de quien fuera ministro de Estado de la Segunda República española y presidente del gobierno en el exilio desde 1962 a 1971, Claudio Sánchez-Albornoz. Tras el arresto, en 1947, la dictadura franquista le sanciona con trabajos forzados en el Valle de los Caídos. Pero pronto comienza a fraguar el plan de huida. «Teníamos unos amigos, unos compañeros, en la organización estudiantil en Francia. Les hicimos saber que estábamos dispuestos a fugarnos —recuerda—. Manolo Lamana tenía una novia que le iba a visitar y ella tenía un enlace con una persona de la CNT que tenía a su vez comunicación con Francia. Y entonces nos subieron a un automóvil, consiguieron quien lo condujera, consiguieron además falsificar dos salvoconductos, uno para circular por España, y el segundo que al acercarnos a la frontera tenía que estar firmado por el capitán general de Cataluña. La zona de la frontera estaba militarizada».

Una vez en Cuelgamuros tiene «suerte», confiesa en la entrevista emitida en La República independiente de la radio que dirige y presenta Javier Gallego. «Como era estudiante me libré de cargar ladrillos», dice. En aquellos años «la represión ya se había organizado» y Sánchez-Albornoz es testigo directo del procedimiento. «Mi trabajo como escribiente me sirvió de observatorio para ver cómo funcionaba». Desde la oficina certifica cómo «el sistema no solamente hacía trabajar a los presos sino que les robaba la comida». Y lo explica: «La dirección general de Penales enviaba cantidades de alimentos en unos camiones, pero la carga no era bajada entera, el resto se volvía a Madrid para venderlo en el estraperlo».

Los reos eran sometidos además a un «régimen de vigilancia constante» en el que tenían «que formar cada dos horas» para recuento de un personal que dormía «en literas de madera» sobre «colchones de paja». En tales condiciones, «los presos políticos y comunes eran arrendados a la compañía constructora». Como la empresa Huarte, por ejemplo. Existe una prueba, una antigua fotografía en blanco y negro que muestra la cruz monumental en obras, con un cartel debajo que dice: «Empresa constructora: Huarte y Cía. S. L.». El símbolo que corona el mausoleo donde reposan los restos de Franco está considerado la cruz cristiana más alta del mundo, con 150 metros, y es visible desde una distancia de cuarenta kilómetros.

«El Estado cobraba diez pesetas con cincuenta por preso», afirma Nicolás Sánchez-Albornoz. De este sueldo, cada recluso «ingresaba en una cartilla 50 céntimos». El resto del salario se quedaba en el camino. «El día que se ponían en libertad les daban el saldo, de tal manera que ese saldo, por años que tuvieras, era muy pequeño», subraya. Era «un sistema inmoral por todos los costados» y que sirvió como «antecedente de una tendencia que se amplió después, hasta la [trama de corrupción] Gürtel». En la deshonestidad española «hay una continuidad directa» con la herencia del franquismo, afirma. «Es la misma gente» que acaba creando «una mentalidad» a seguir. Es sencillo: piensan que el Estado «está para meter mano». Y es el mismo sistema, dice, que no permite «la aparición de una actitud y un pensamiento cívico».

Tantas décadas después, la reparación a los esclavos es «un asunto complicado». «En Alemania se ha hecho, pero en España no se ha reconocido, es muy difícil llegar a pedir responsabilidades a unas empresas que no reconocen en qué trabajaron». Y si llegara el caso, presume, «las empresas van a argumentar, estoy seguro, que no lo hicieron por iniciativa propia [usar trabajadores forzados] sino que fue el Estado» el que les sugirió hacerlo. Porque ni siquiera el país «ha pedido disculpas» por estas situaciones. España «nunca ha reconocido el pasado» salvo «ese intento modesto de la [Ley] de la Memoria Histórica».

¿Y qué habría que hacer con el Valle de los Caídos?, le preguntan a Sánchez-Albornoz en Carne cruda. «Ahí hay unos cadáveres indeseables que son los de Franco y José Antonio, y que marcan por sí mismos la intención del monumento. ¿Reconciliación? Muy bien. Primero vamos a sacar al causante». Para vislumbrar este escenario pacificador «los herederos del franquismo tendrían que reconocer qué hicieron mal, y a eso no están dispuestos. (…) Yo no he vuelto nunca, pero por lo que me cuentan no hay más que levantar la cabeza y ver la cúpula, las banderas de los requetés y de Falange, los uniformes… Para empezar, la Iglesia, que fue responsable de la Guerra Civil, si hicieran un mea culpa tendrían que renunciar a la labor que está realizando». Por ejemplo, deberían abandonar su tarea los responsables de la abadía benedictina que durante años ha gestionado el conjunto monumental levantado en la sierra de Guadarrama. «El abad de Cuelgamuros nunca ha reconocido la responsabilidad de la Iglesia en la Guerra Civil ni en Cuelgamuros ni nada de eso», subraya el expreso fugado del Valle de los Caídos.

Es el otro lado de una misma moneda. Veamos cómo lo cuentan desde el lado vencedor: «Ninguno de los penados trabajó en el Valle de manera forzada. Todos lo hicieron voluntariamente, de acuerdo con la naturaleza del sistema al que se acogían», escribió el antiguo abad, Anselmo Álvarez, en un documento dirigido a Patrimonio Nacional fechado en 2005. Los reos «cobraban de hecho un salario superior al de los obreros de igual categoría laboral de los pueblos cercanos» y disfrutaban de «posibilidades de gratificación extraordinaria», mantenía en el informe. El régimen penitenciario «cuidó especialmente la alimentación de los presos», sostenía.

«No puede decirse sin falsedad evidente que el valle de Cuelgamuros fuera un campo de concentración ni de explotación de trabajo esclavo de los presos políticos», apuntaba Álvarez en el documento. Con estas palabras el que fuera responsable de la abadía hasta 2014 quería deshacer «malentendidos y tergiversaciones». E incluso optaba por desprender el monumento de sus vínculos franquistas, llegando a decir que los símbolos «son casi irrelevantes» y añadir que el dictador no expresó su deseo concreto de ser enterrado allí pese a que es un derecho tradicional «desde hace siglos» para fundadores de monasterios y «catedrales, iglesias o capillas». Argumentos idénticos, por cierto, a los usados por la Fundación Nacional Francisco Franco. La sociedad privada endosa al «rey emérito» la petición de enterrar al tirano en la mayor fosa común de España y asegura que la «verdad» del lugar apunta a que «ni mausoleo del Generalísimo ni uso de presos esclavos en su construcción».

Según estas versiones, el trabajo realizado para erigir la tumba mastodóntica de Franco no fue forzoso sino voluntario y el Valle de los Caídos nada tiene que ver con el franquismo. El silogismo resultante concluye en una teoría sostenida por el más reciente cancerbero de la memoria despótica de Cuelgamuros, el prior Santiago Cantera. El religioso cerró las puertas del monumento fascista como la última traba para las familias que quieren sacar a víctimas allí sepultadas. Hasta que no pudo sostener el empuje de la primera exhumación autorizada judicialmente, la de los hermanos Lapeña. Cantera llegó a negar el paso a técnicos del Estado, impidió la instalación de una microcámara para visualizar las condiciones de los sepulcros y envió una carta en la que informaba del veto a la entrada en el espacio donde hay enterrados miles de muertos en la Guerra Civil.

El gestor de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos también desestimó una cita ante la comisión de justicia del Senado a la que había sido reclamado para conocer las razones de la negativa a acometer las exhumaciones ordenadas. En un escrito, Santiago Cantera invitó a los senadores a visitar Cuelgamuros y aclarar allí cualquier duda sobre las condiciones en las que está el osario donde reposan los restos susceptibles de ser retirados. Pero el monje no aceptó el requerimiento oficial, alegaba, debido a su condición de sacerdote y sus obligaciones con la comunidad benedictina. Cuando cayó el gobierno de Rajoy, esa historia inició lentamente un cambio de dirección. Al comienzo del intento gubernamental por sacar la momia de Franco el prior se atrincheró para evitar la exhumación negando la autoridad del cardenal de Madrid, Carlos Osoro, yendo en contra del parecer de la Iglesia y amenazando, incluso, con denunciar al gobierno por «profanación de tumbas». Solo reculó más tarde, arguyendo que permitiría la exhumación del dictador si la orden provenía del rey.

Al terminar la guerra en Cataluña, auténticas desbandadas humanas atraviesan la frontera francesa en interminables caravanas en las que abundan mujeres y niños, vencidos, desposeídos de todo bien material y con el miedo como único equipaje. Huyen de la represión, de la muerte, de la cárcel y el trabajo esclavo. Además de los nombres conocidos de Antonio Machado o Luis Cernuda, de María Zambrano o Victoria Kent, son los miles y miles de protagonistas silentes del éxodo provocado por la Guerra Civil y el terror franquista. Las páginas ignotas de los derrotados por el fascismo.

En el monográfico del exilio caben historias de maestras, carpinteros, políticos, enfermeras, periodistas, campesinos y amas de casa. Vidas rotas, convertidas en retratos sin nombre en el desván del destierro. Con destinos que van desde Toulouse, donde se refugiaron muchos anarquistas, hasta Mauthausen, adonde fueron a parar los que tras huir de Franco combatieron con la Resistencia francesa hasta ser capturados y deportados a aquel u otros campos de concentración nazis. La diáspora los llevó a Gibraltar, a Argentina o Uruguay, a México y a la extinta URSS. Como el dramaturgo José Ricardo Morales, un testimonio clave en la solidaridad ejercida desde Chile, con la intervención del poeta Pablo Neruda, que consiguió fletar el barco Winnipeg a bordo del cual dos millares de republicanos arribaron el 3 de septiembre del 39 al puerto de Valparaíso. Como ocurre con el último de los buques salvavidas, el Stanbrook, que zarpa del puerto de Alicante con más de 2600 personas a bordo. El presidente Niceto Alcalá-Zamora, instalado hasta su fallecimiento en Argentina, fue uno de los primeros exiliados tras un viaje larguísimo entre Marsella y Buenos Aires.

Eran penosos traslados hacia un nuevo trayecto vital. Y a ninguna parte. O para muchos, como decíamos, al infierno concentracionario gestado en torno a la Segunda Guerra Mundial. Como le ocurrió a la auxiliar de enfermería María García Torrecillas, embarazada e interna en el campo francés de Saint-Cyprien. La Asociación de Ayuda Suiza la rescata de las alambradas para que dé a luz en la recién creada maternidad para refugiadas de Elne (Francia). María acabó trabajando en aquel centro, que acogió a numerosos niños judíos a los que, bajo nombres españoles, ocultaba del ejército nazi. En el año 1943 tuvo que acabar huyendo a México.

Los centros de internamiento en tierras galas evolucionan desde la aglomeración de refugiados que malviven en condiciones penosas en playas cercadas por alambradas de espino al endurecimiento y la lógica de la exclusión del régimen colaboracionista de Vichy, que acaba usando hasta 1943 a 26 000 españoles como obreros forzados en las Compagnies de Travailleurs Étrangers y luego en los Groupements de Travailleurs Étrangers. Muchos prisioneros de guerra, judíos de diversas nacionalidades y miembros de las Brigadas Internacionales acabaron en las canteras de la Organización Todt de la Alemania nazi, donde fueron esclavizados en torno a 1,5 millones de personas para desarrollar sus proyectos de ingeniería.

LOS ESPAÑOLES ANTIFASCISTAS SALUDAN A LAS FUERZAS LIBERADORAS. Así reza la pancarta escrita en castellano que encuentran las tropas estadounidenses en la liberación de Mauthausen. Franco había colaborado con Hitler en las deportaciones de 9328 republicanos a los campos de concentración del nazismo. Más de la mitad no salió con vida.

El contacto directo del nuevo régimen con el Tercer Reich quedó en manos del ministro de gobernación, el cuñadísimo de Franco, Ramón Serrano Suñer. En una carta, Madrid se «desentiende» de la suerte que pudieran correr los españoles capturados por la Francia ocupada del mariscal Philippe Pétain, como confirma la investigación realizada por el periodista Carlos Hernández en el libro Los últimos españoles de Mauthausen. En la obra aporta una novedad: telegramas inéditos que apuntan la falta de voluntad de Franco para salvar a unos 50 000 judíos de origen sefardí.

«El régimen español tuvo capacidad de decisión sobre el destino de los españoles. Es más, salvó a dos personas que tenían vínculos con los franquistas. Lo intentó con algunos otros, pero la respuesta que llegó desde Alemania es que ya era tarde. Estaban muertos», contaba Hernández en eldiario.es. «Hitler hizo el trabajo sucio a Franco para que el dictador se pudiera librar de los ciudadanos que consideraba que era peligroso que volvieran a España», afirma. Las autoridades alemanas informaban «puntualmente» de las capturas e internamientos.

El autor inició la búsqueda como una suerte de homenaje a su tío, Antonio Hernández, que había sido prisionero en el conocido como «el campo de los españoles», Mauthausen-Gusen en Austria. Otros espacios atados al Holocausto son Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Varsovia o Belzec en Polonia, Dachau y Buchenwald en tierras germanas, Jasenovac en Croacia, el de mujeres en Ravensbrück… Centros de reclusión y exterminio donde las víctimas fueron cremadas, gaseadas y enterradas en fosas comunes y donde quedó escrita una de las páginas más lúgubres de la humanidad.

Había que ser «un poco duro» si querías «salir de ese infierno», contaba uno de los deportados en el documental Memorias de las cenizas. Algunos pasaron de la Guerra Civil al exilio, de ahí a la guerra mundial contra el fascismo, para acabar en campos nazis. La historia cruda está contada en el audiovisual por cinco supervivientes andaluces: Alfonso Cañete, Juan Camacho, Eduardo Escot, Virgilio Peña y José Marfil. Sus duros testimonios componen un discurso narrativo en carne viva, sin aditivos.

Una noche los montan en un tren, «en vagones cerrados, como animales» con destino único a la degradación humana. Lo primero que ven es «una marcha de presos con la vestimenta de rayas y zapatos con suela de madera» formando en mitad de una enorme explanada. «¿Y a nosotros nos van a meter también ahí?», pensaron. Luego llegó el hambre, el sufrimiento, el aliento mortecino de la ignominia. «Si tenías mucha sensibilidad te podías morir, te tenías que hacer fuerte». El dolor como rutina. «Ya en el cuerpo no teníamos nada, lo habíamos perdido todo». Los que no sirven para el trabajo esclavo acaban subidos «a una camioneta y directamente al crematorio». Ser útil o enfilar el camino a la muerte. «Ni en la familia podíamos pensar», admiten en la cinta. Subsistieron casi como fantasmas aferrados a un rastro de vida. «Degradarte no, te convertías en un nazi».

La colaboración entre Franco y Hitler comienza el 31 de julio del año 38, cuando la policía franquista y la Gestapo acuerdan un protocolo de actuación para agilizar los procesos de extradición y el intercambio de información sobre los enemigos comunes. Uno de los espías en la Francia ocupada era Pedro Urraca. Colabora con la policía secreta alemana bajo el sobrenombre de Unamuno, el agente E-8001 de la Gestapo. Es el responsable de la detención del presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, y de su entrega antes de que fuera fusilado por el franquismo. También rastreó sin éxito a Manuel Azaña y propició la captura del líder de la resistencia francesa, Jean Moulin. Acabó siendo condenado a muerte en 1948 pero sorteó la pena y huyó a Bélgica, donde fue funcionario español hasta 1982.

Su nieta, Loreto Urraca, escribió una novela biográfica sobre su abuelo, el «cazador de rojos». El libro Entre hienas es un ajuste de cuentas literario que sirve a la autora para destapar la estrecha colaboración que hubo durante la guerra mundial entre Franco, Hitler y el régimen de Vichy. «Mi abuelo era un represor franquista», dice Loreto, que afronta la poco usual tarea de arrojar luz a la Memoria Histórica desde la descendencia fascista. Contar el trayecto existencial del agente Unamuno le sirve para honrar a los «desdichados que arrastran su derrota por el mundo», según sus propias palabras, y para «descubrir la cara desconocida de la represión totalitaria». Y como catarsis personal y para cerrar heridas, también, entre los familiares de los victimarios. Pedro Urraca causa «desprecio», como le dice su nieta en una carta póstuma.

En el otro lado de los ideales y el compromiso están personas como Antonio Augusto de Seixas. Cuando centenares de españoles huyen del afán aniquilador de las columnas de la muerte, la línea fronteriza con Portugal es un sueño en el horizonte que acaba convertida en una ratonera enrejada por el empuje de la soldadesca de Franco y la saña de las huestes colaboracionistas del dictador luso, Antonio de Oliveira Salazar. Una trampa mortal en la que el teniente Seixas abre una inesperada portezuela. El militar desobedece a su gobierno y crea un campo en el que salva a 1020 refugiados republicanos. La hazaña humanitaria recuerda la película La lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela El arca de Schindler del escritor australiano Thomas Keneally. Aunque cuando el Schindler portugués se juega el pellejo para salvar vidas en 1936, Oskar Schindler ni siquiera pertenecía aún al partido nazi de Adolf Hitler.

Amén de los campos de concentración y exterminio nazis, y de los batallones de presos políticos como andamiaje del trabajo esclavo sobre el que basar parte de la nueva construcción social, el progreso económico del régimen franquista está dividido en dos fases principales. A grandes rasgos, 20 años de autarquía y otros tantos de desarrollismo.

En la primera etapa de autoabastecimiento influyen factores diversos como la destrucción producida por la Guerra Civil, que deja un país medio devastado y sin margen inversor. El aislamiento internacional posterior abunda en la crisis y la Segunda Guerra Mundial remata la carencia de capital y el estancamiento. Finalmente, las nuevas autoridades fascistas están obligadas a la intervención directa del Estado. Las circunstancias mandan hasta el extremo. España no tiene más remedio que ejercer una política autárquica y proteccionista, que solo empezó su apertura a comienzos de la década de 1950 pero que se prolongó hasta 1959.

El terror fundacional marca los primeros pasos de la dictadura, los «años del hambre». Una imagen clarificadora la proporcionan las fotos de las cartillas de racionamiento repartidas entre una población necesitada y empobrecida. La autosuficiencia es… lo que hay, una meta obligada e inconclusa. Florecen el mercado negro y el estraperlo, las condiciones insalubres, las dentelladas al aire, Los besos en el pan que cuenta en su libro Almudena Grandes.

La industria bélica ofrece algunos resultados sobre todo la venta de wolframio a la Alemania nazi. La construcción de obra pública crece como pretendido remedio a la destrucción bélica y la penuria de la posguerra. Y las empresas estatales, en líneas generales, asumen posiciones de vanguardia ante el desierto inversionista privado. La nacionalización alcanza sedes estratégicas como la Compañía Telefónica o Renfe, y las apuestas llegan al sector energético con Endesa, de transporte con SEAT o CASA, y los astilleros.

Pero si un sector sigue teniendo peso específico es la agricultura. El Instituto Nacional de Colonización pretende impulsar esta vía, sin demasiado éxito. Más de trescientos pueblos son levantados de la nada para alojar a 55 000 familias, al amparo de este organismo creado en octubre del 39 y dependiente del Ministerio de Agricultura. A la postre, sembrar casas para colonos no mata el hambre campesina y sí acaba favoreciendo a los de siempre: los terratenientes.

La autarquía de Franco fracasa. El carácter corrupto del sistema dictatorial es una epidemia con difícil sanación. Y, en todo caso, el evidente atraso en muchos frentes de la sociedad española precisa un viraje en el timón económico que el esquelético Estado es incapaz de soportar.

El franquismo intenta este cambio de rumbo en la segunda mitad de su existencia. El aislamiento ante el resto de naciones mantiene a España con las manos atadas. Pero Estados Unidos rompe estas cadenas. El régimen franquista se ve favorecido por la Guerra Fría y la política anticomunista de los norteamericanos, cuyo respaldo garantiza la lenta entrada española en los organismos internacionales.

La contribución extranjera va abriendo el gaznate de un régimen sediento. Aunque el Plan Marshall pase de largo. Del convenio hispano-estadounidense del año 53 deriva el uso de las bases militares de Torrejón de Ardoz (Madrid), Zaragoza, Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). Como contraprestación, el pacto bilateral aporta dinero, algo más de 1500 millones de dólares en créditos, que son usados para comprar productos de EEUU como alimentos o carbón y material de guerra de segunda mano, valorado en 456 millones.

El país, con estos mimbres, baja del filo de navaja de la bancarrota y pica con timidez en los mercados foráneos. La clave para subsistir está en desarrollar el capitalismo, entienden los gerifaltes franquistas. La reciente mejora, no obstante, arrastra un doble problema de base: los bajos salarios y una inflación disparada.

La dictadura emprende entonces un Plan de Estabilización con el propósito de alcanzar estándares europeos. La política liberalizadora marca el discurso para que el desarrollismo y la tecnocracia sean los nuevos principios fundamentales. Así, hasta la muerte de Franco en 1975.

La década de 1960 vive los sucesivos Planes de Desarrollo. Las autoridades buscan extender el crecimiento económico e industrial a zonas con un desarrollo tardío, más lento. La idea se aplica en tres tramos, primero del 64 al 67, el siguiente hasta el año 71 y un tercero hasta el final del franquismo. El dictador vende esta injerencia estatal como «el milagro económico español». Un desarrollismo supuestamente mágico que queda en entredicho porque para dar resultados más o menos fiables necesita un fuerte aporte de capital extranjero y porque nunca rompe el desequilibrio regional y social.

De este panorama, y como respuesta real al paro, surge la gigantesca emigración masiva de trabajadores. Y el régimen acaba agarrado a un clavo ardiendo que oferta suculentos réditos con escaso esfuerzo: el turismo. Los visitantes pasan de apenas un millón a mediados de siglo a superar los 30 millones a inicios de la década de 1970.

La definición de todo este fenómeno como «milagro español», por cierto, es la misma que recupera el Partido Popular durante la presidencia de José María Aznar entre 1996 y 2004. El cacareado eslogan atribuye la teórica recuperación del «España va bien» al considerado gurú económico de esa época, Rodrigo Rato. El mismo ministro, vicepresidente del Gobierno y luego director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue condenado años más tarde a penas de cárcel por las tarjetas black y que ingresó en prisión, pero que sigue pendiente de otras causas relacionadas con el desastre de Caja Madrid y la ruinosa creación de Bankia.

Aunque la dictadura está forzada a asumir un cierto halo de modernidad en los asuntos crematísticos, esta arquitectura capitalista levantada desde el autoabastecimiento usa el ladrillo del «discurso nacionalcatólico». Y discípulos del Opus Dei como maestros de obra, según revela el historiador Lino Camprubí en Los ingenieros de Franco. Ciencia, catolicismo y Guerra Fría en el Estado franquista. La investigación científica sirve también para dotar de contenido a la dictadura. Los tecnócratas industrializan, pero vestidos de tradición, «de Reyes Católicos» como dice este escritor. Disfrazan el capitalismo de nacionalcatolicismo para construir la historia política del franquismo a través de la ciencia y la tecnología.

Del otro lado, el del oprobio y el olvido, se encuentran los científicos sometidos durante decenios a la huida o la represión. Los excluidos, los derrotados, aquellos que intentaron modernizar España y ganaron exilio, condenas a muerte, cárcel o depuración profesional. Decenas de nombres y apellidos cuya memoria rescata el proyecto Generaciones de Plata de la Fundación Descubre y la Universidad de Granada.

Es el caso del creador de uno de los primeros trajes espaciales, Emilio Herrera. El padre de la aeronáutica española, que se cartea con Albert Einstein y rechaza ofertas de trabajo de la NASA, diseña una escafandra concebida como «el atuendo de los navegantes que en los futuros paseos por la estratosfera podremos admirar brillantes y deslumbradores». Sobre él cayó toda la oscuridad que era capaz de generar el franquismo. Muere en Ginebra (Suiza) en 1967, después de pasar por Francia, donde fue presidente del gobierno de la República española en el exilio desde 1960 a 1962.

O la practicante y matrona Carmen Navarro, acusada por los golpistas de «saqueo de conventos» y de realizar «propaganda marxista». Navarro, con una alta implicación social y política, pertenecía a la Unión de Mujeres Antifascistas, fue miembro del Partido Republicano Radical, estuvo asociada al Sindicato de Matronas y al de Funcionarios Provinciales. Su condena fue la reclusión perpetua, conmutada por 20 años y un día de cárcel.

Y el químico Jesús Yoldi, obligado a cavar fosas en el barranco de Víznar, ese lugar donde todos los muertos son Federico García Lorca. Acaba perdiendo la vida a tiros ante la tapia del cementerio de Granada. O la saga de intelectuales García-Negrete, con once hijos formados en campos como medicina, derecho, arquitectura e ingeniería agrícola. Cuatro vástagos huyen por la frontera. Otros tantos terminan penando en campos de concentración. La madre acaba ejecutada. Todas páginas escritas con sangre, con represión y trabajo esclavo, en tantos casos guardadas en el cajón del olvido.

6. La fortuna corrupta de Franco

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La fortuna corrupta de Franco

«Nuestra cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos». Lugo, 1942. La frase está extraída de un discurso de Franco. El dictador que emergió convertido en Jefe de Estado a partir de los escombros de la Guerra Civil acumuló una fortuna personal montando todo un entramado mafioso en torno, precisamente, a la patria. Los mecenas de la conspiración contra la República también vieron recompensado su apoyo al estallido golpista. Franco, corruptor y corrupto, acumuló sueldos, comisiones, regalos y gratificaciones. Desde el holding empresarial de El Pardo amasó una riqueza que hoy sigue en manos de sus herederos. En agosto de 1940, en un país todavía humeante, roto, destruido por la contienda, acumulaba una cifra cercana a lo que ahora serían cuatrocientos millones de euros. Es el lado oscuro, e ilegal, de un patrimonio que fue engordando durante cuarenta años al calor de la corrupción sistémica del régimen franquista.

El entramado corrupto del general golpista practicó las mordidas desde el comienzo de la guerra de España. No perdió el tiempo. En plena batalla filtró parte de las donaciones teóricamente destinadas «a la causa nacional» y las desvió hacia su cuenta corriente, e hizo negocios como la reventa de 600 toneladas de café, un obsequio de Brasil en 1939. A lo largo de su vida, Francisco Franco (El Ferrol, 4 de diciembre de 1892-Madrid, 20 de noviembre de 1975) recibió incontables «regalos», como el forzoso agasajo que fue el regalo del Pazo de Meirás o un todoterreno con el que le obsequió Adolf Hitler y que está custodiado por Patrimonio Nacional. Luego acumuló décadas en las que todo era posible bajo su manto omnipotente. Como la gratificación mensual de 10 000 pesetas que recibía de la compañía Telefónica o una nómina que en 1935 era de 2493 pesetas y pasó a 50 000 mensuales como caudillo.

El latrocinio arrancó a lo grande. La riqueza del militar rebelde sumaba 34,3 millones de pesetas a poco más de un año del final de la «cruzada» contra la democracia. Una cantidad que, con las subsiguientes adiciones, alcanzaría cifras que dejan en pañales a la trama Gürtel y las cuentas descubiertas en Suiza a nombre de Luis Bárcenas (47 millones de euros) o Francisco Correa (18,6). El opresor, del que sus aduladores nos dijeron que fue un gestor austero, aflojó las cuentas públicas y puso la mano a la iniciativa privada mediante una compleja red de alcantarillas de la corrupción que desaguaba dinero en su cartera. Así nació, y creció, la fortuna de Franco.

«Franco se consideraba el Estado, España. Necesitaba dinero y se apropió de él», explica el historiador Ángel Viñas. Franco tenía un plan y para llevarlo a cabo le tomó en préstamo una idea al propio Hitler: el Führerprinzip o mandato dictatorial como «fuente de derecho». Usaba leyes reservadas y ocultas al Boletín Oficial del Estado, disposiciones secretas que explotó «desde los años de la Guerra Civil hasta 1957». Una «curiosa y desconocida costumbre de Franco» que solo conocían «aquellos privilegiados que se ocuparon de llevarlas a la práctica», describe Viñas.

«Sin embargo ha perdurado la convicción de que Franco era un hombre honesto y austero», declara Paul Preston. El dictador, «y su mujer», Carmen Polo, recibían «regalos de varios tipos, desde medallas de oro a fincas y hasta automóviles de lujo». El historiador británico enumera las ofrendas como «la punta del iceberg colosal» que Franco inicia «en su acceso particular a las suscripciones que se hicieron para sufragar el coste del esfuerzo bélico de los rebeldes militares». Robando, primero, a los mecenas del fascismo patrio.

«La idea convencional del Franco sin afán de lucro ya no se sostiene», apunta Preston. En su codicia recaudatoria, el golpista llevó a cabo negocios ocultos y oscuros manejos en los que usaba testaferros familiares. Era el «holding empresarial» forjado desde «la corte de El Pardo», según desveló el periodista Mariano Sánchez Soler en libros como Los Franco S. A. o Ricos por la guerra de España. O que muestra en su investigación Ángel Viñas, que en La otra cara del caudillo da «un paso más en el continuo proceso de desmitificación de Franco».

Resulta difícil de creer el bulo según el cual la construcción de un patrimonio de tamaña envergadura se hizo simplemente a base de sueldos públicos. Las mordidas existieron, y también el robo, empezando por lo que les sisaba a sus aliados y acabando por lo que iba detrayendo de los bolsillos de cada español. La cuenta corrupta que Franco inaugura en octubre del 36 vive un episodio de oro al final de la guerra civil con el café entregado «a la causa» por el dictador brasileño Getúlio Vargas. «Un regalo» a la parte fascista del país que Franco pasó a la Comisaría de Abastecimientos y Transportes del Ministerio de Industria y Comercio, no sin antes haber cobrado su importe «por adelantado»: 7,5 millones de pesetas, que hoy superarían los 85,6 millones de euros. Estas cifras, más el dinero que el rebelde filtró «acumulado en diversas cuentas corrientes», también en el extranjero, suman cerca de 388 millones de euros al inicio de la década de 1940, conocidos como «los años del hambre». «Todo “ganado” en cuatro años. No está mal para empezar», subraya Viñas.

El fraudulento oficio continuó durante la larguísima dictadura. Aunque Franco «modificó su comportamiento». Metía la mano en la caja y esperaba que los billetes cayeran en su bolsillo. De este modo surgieron empresas «agradecidas por autorizaciones concedidas» y que, por este trato favorable, traspasaban acciones «gratuitamente» al entramado corrupto. El militar percibía así «dividendos», mordidas, porcentajes por negocios revueltos entre consejos de ministros y de administración. La corrupción estuvo siempre en el ADN del régimen franquista. Y la imagen infecta del militar sublevado toma huella documental con la apertura a los investigadores en el año 2010 de algunos de los «papeles conservados» en la Fundación Franco.

«Es claro que el régimen de Franco institucionalizó el pillaje a través de los castigos a los derrotados que algo tenían», afirma Preston. El soporte legal del saqueo fue la Ley de Responsabilidades Políticas, «en esencia un mecanismo para justificar la expropiación masiva de los vencidos». La corrupción como pauta de control, el robo como represión, el enriquecimiento ilícito como fin. Y la afición cinegética como oficina ambulante. «Importantes sumas de dinero cambiaron de manos mientras los aspirantes a los favores de Franco organizaban cacerías a fin de conseguir acceso a la fuente de patronazgo», explica el hispanista.

El contubernio mafioso envolvía a la dictadura y derramó sus bienes siempre sobre la oligarquía, desde 1936 hasta la Transición. Franco, corruptor y corrupto, cosió a la clase dirigente en la confusión premeditada entre lo público y lo privado. Y ese carácter sistémico que en todos esos años alcanzó la corrupción podía brotar en cualquier rincón de la vida. El estraperlo era el gran ejemplo cotidiano: el comercio prohibido, y de subsistencia tantas veces, con artículos intervenidos por el Estado o sujetos a racionamiento. O el tráfico de penicilina en el ámbito sanitario y el trabajo esclavo como fuente inagotable de recursos. El enriquecimiento ilícito, primero del dictador y a continuación de los suyos y sus amigos.

Franco lideraba la patria convertido en un gestor avanzado de puertas giratorias. Corruptelas y desarrollo económico van de la mano para permitir a Franco y los suyos amasar riquezas y consolidar el capitalismo español. Las familias del régimen están pobladas de «empresarios de fortuna, falangistas de clase media, funcionarios oportunistas, latifundistas de gatillo fácil, altos cargos a la búsqueda de multinacionales… unidos a la caza del dinero y entrenados en la autarquía de la posguerra para enriquecerse con el desarrollismo a partir de 1959», cuenta Sánchez Soler. En palabras de Viñas: «Si Franco se benefició personalmente de la victoria parece sensato que no pensara mal de quienes también lo hacían» a la sombra oscura del régimen.

La Guerra Civil española resultó la secuela prolongadísima del golpe de Estado, inicialmente fracasado, contra el gobierno legítimo de la República. A los rebeldes poco les importó el fiasco porque llegaban a la sublevación armada con la idea fija de aniquilar al rival ideológico. Y emprendieron la tarea de «limpieza» con la idea de ir llenando de paso las alforjas.

La trama fascista acumuló patrocinadores de diverso cuño, tanto fuera como dentro del país. Parte de la élite económica nacional apoyó el complot golpista, caso del banquero y contrabandista Juan March. Los rebeldes fueron además apoyados por dictadores como Hitler, Salazar y Mussolini, que proporcionaron como hemos ido viendo armas, tropas, apoyo logístico y financiación. Antes, durante y después de la asonada. La Iglesia también pecó de colaboracionismo, como lo hicieron multitud de grandes propietarios, terratenientes y algunos más modestos derechistas que sumaron, entre todos, cuantiosos donativos a la causa totalitaria. El saqueo a los derrotados era otra fuente más de ingresos.

Los mecenas que le pagaron el golpe de Estado y la guerra a Franco tuvieron su recompensa. Pero antes tenían que hacer méritos. March «facilitó» capital «para la adquisición de armas en el extranjero», unos meses antes del golpe de Estado. El político Francesc Cambó recaudó importantes sumas de dinero que procedían de créditos de sociedades nacionales y foráneas, buena muestra de que la conspiración contra la legalidad republicana no era una organización solo militar sino también civil. Un espíritu latente desde 1931 y que estalla tras la victoria del Frente Popular en las elecciones generales del 36. La violencia callejera y los atentados terroristas a manos de las milicias falangistas y carlistas servían para romper cualquier atisbo de calma social. Y también para esto hacía falta dinero. Tanto como estimular «la explosión de alegría, y de cólera, en las filas de la izquierda», dice Ángel Viñas.

Los fondos utilizados para subvencionar a los agitadores del clima prebélico eran gotas que colmaban el vaso del patrocinio rebelde. Baste un ejemplo: la suscripción abierta desde el periódico Abc en beneficio de un desconocido sindicato y que recolecta en tiempo récord 350 000 pesetas «donadas por aristócratas, terratenientes, industriales, además de muchos fascistas y falangistas anónimos», según la investigación de Preston. O aquel «general al que no se identificó» y que compró «10 000 fusiles en Portugal, que posteriormente serían entregados a los militantes falangistas». Corría entonces la mitad del año 35.

El abogado y político Antonio Goicoechea «solicitó a los italianos ayuda financiera para pagar a los pistoleros que sembraban y propulsaban la inquietud social», apunta el historiador británico. El préstamo no fue el único servicio a los golpistas. Una delegación de derechistas «viajó a Roma en busca de armas y apoyo financiero en su intento por derrocar a la República», explica Preston en El holocausto español. Tras una entrevista con Benito Mussolini y con el gobernador de Libia, Italo Balbo, los emisarios «recibieron 1,5 millones de pesetas, 20 000 granadas de mano y doscientas ametralladoras». La cosecha llega a través de Trípoli y de Portugal. Centenares de mercenarios serán además «entrenados como instructores por el Ejército italiano».

El apoyo de los aliados nazis y fascistas vuelca la balanza en la guerra. «Los acuerdos con Mussolini y Hitler pusieron en manos de los golpistas, y en condiciones óptimas de pago, hombres y armas sin las cuales poco hubieran podido hacer», en palabras del historiador Francisco Espinosa Maestre. Y no solo el enfrentamiento armado, sino el propio golpe, «se financió de varias formas». La élite económica española claudicó ante el interés prometido por la conspiración rebelde y a las grandes fortunas «hay que añadir los millones [de pesetas] que salieron de los donativos de los derechistas, pueblo a pueblo, y lo que sacaron de todo lo que fueron robando desde el mismo 18 de julio». Una estrategia de financiación que tiene un nombre subrayado: «Juan March fue clave», sostiene Espinosa.

Alemania espera que el favor le sea devuelto en la Segunda Guerra Mundial. Nada de eso ocurre, sobre todo a partir de que a Hitler empiezan a irle mal las cosas en los frentes militares. Winston Churchill soborna a gente cercana a Franco para que disuadan al general de mantener su buena relación con los nazis en el conflicto internacional. El primer ministro del Reino Unido usa al corrupto March para llevar a cabo el plan tejido a espaldas del caudillo. El militar golpista se traga los interesados consejos. La supuesta sagacidad que demostró, según los panegíricos habituales, al mantener al país en una útil e inteligente neutralidad, es mentira.

Franco tiene un encuentro con Hitler en Hendaya, en la frontera hispano francesa, el 23 de octubre de 1940. Quieren resolver desacuerdos sobre la participación española. Pero el generalísimo exige demasiado: que se le entregue Gibraltar, la cesión a España de colonias de Francia como Marruecos, Camerún y parte de Argelia, una catarata de suministros para paliar la crisis nacional… Una lista desorbitada a ojos del führer.

«Para Gran Bretaña era vital, absolutamente, que España no entrara en guerra. El Peñón de Gibraltar era una pieza estratégica y necesitaban tiempo», cuenta Viñas. Los británicos pagan «millones», en un mundo repleto de conspiradores y espías apostados en la incipiente dictadura en busca de su botín personal, como describe en el libro Sobornos. De cómo Churchill y March compraron a los generales de Franco. El historiador destroza la leyenda franquista.

Con Mussolini tiene lugar una reunión el 12 de febrero del 41 en la localidad italiana de Bordighera. A la entrevista acude Franco acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, que apunta en su libreta las tareas por hacer. El cuñadísimo, declarado filonazi, es el encargado de organizar el «nuevo Estado» en torno al líder franquista. Con la total confianza de Franco como garantía, el brazo jurídico y político del incipiente régimen mantiene una intensa relación diplomática con el nazismo. La creación de la División Azul, el grupo de voluntarios que combatió junto a las fuerzas armadas alemanas contra la Unión Soviética, es fruto de este trabajo conjunto. Y Suñer saca otro rédito del podrido árbol hitleriano: la deportación de miles de españoles a los campos de concentración nazis. Pero cuando la guerra dio un giro en contra del Eje, sobre todo con la derrota de Rommel en el Norte de África, los de la División Azul regresaron para apaciguar a los Aliados.

Carmen Franco es la heredera que trató de lavar la cara a su padre el dictador. La única hija de Francisco Franco falleció en su casa de Madrid el 29 de diciembre del año 2017, a los 91 años de edad. Hasta su muerte fue presidenta honorífica de la Fundación Franco, la sociedad privada que vela por la «memoria» del general golpista y del régimen franquista. Nunca se quitó de encima la sombra de su padre. Ni quiso. Carmencita, como la llamaba el dictador, pudo gestionar en vida el rico patrimonio corrupto amasado por Franco.

«Oye, nena, ¿quieres decirle algo a los niños del mundo?», pregunta el militar a su hija en una filmación rodada en blanco y negro en 1937. La sangre corre caliente por las cunetas. Carmen Franco aparece con sus padres para lanzar un mensaje en los albores de la propaganda fascista. «Pero ¿qué les digo?», responde Nenuca, como Franco la nombraba en la intimidad. «Lo que quieras», zanja el futuro opresor. Y ahí se lanza la niña interpretando el discurso memorizado: «Pido a dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria». Carmencita, la pequeña Nenuca, termina ejecutando el saludo fascista y gritando «¡Viva España!».

Decía Carmen Franco, en una entrevista publicada en 1992 por el boletín de la Fundación Franco: «Mi padre nunca dejó traslucir a su familia sus problemas de Estado. No hacía nunca comentarios políticos». ¿Será posible que por ignorancia la familia del dictador nunca haya pedido perdón por el genocidio que mantiene miles de desaparecidos forzados arrojados en fosas comunes? Solo «en una ocasión», comentaba, habló como excepción de «sus cosas». Y precisó el momento: «Cuando fue a entrevistarse en Hendaya con Hitler». Tremendo.

Si la estrategia de blanqueamiento de la figura de Franco no hubiera funcionado sería imposible que el país de la desmemoria permitiera el desprecio y el olvido a las víctimas del franquismo. O que los restos del dictador reposaran desde su muerte en el mausoleo levantado con trabajo esclavo en el Valle de los Caídos. Y que la enorme e intacta fortuna amasada durante su gobierno dictatorial por el general Franco corrupto y corruptor sea troceada entre sus siete nietos, los hijos de Carmencita, gracias a la amnistía de la democracia, que nunca ha metido mano a la riqueza acopiada por el genocida. Como los títulos nobiliarios que la nominaban duquesa de Franco y marquesa viuda de Villaverde y Grande de España, las participaciones en más de una veintena de empresas y sociedades, así como numerosas propiedades e inmuebles cuyo valor cifran los expertos en al menos 600 millones de euros.

Es el rastro que deja la hija del dictador. Es la huella en las carteras patrias del genocida que sumió a su país en una cruenta guerra de mil días tras el fracaso de la intentona golpista. El regalo envenenado de la niña que quiso lavar la cara de su padre. La heredera que sus amigos y parientes lloraron en su funeral, la beneficiaria del holding empresarial de El Pardo. La misma que otros españoles detestaron y despreciaron hasta el último de sus días. Porque «una de las dos Españas», Nenuca, como escribió el poeta Antonio Machado, muerto en el exilio, «ha de helarte el corazón».

Un grupo de colonos afronta varias denuncias. Son arrendatarios desde la década de 1940, pero la entidad que es propietaria de las parcelas pretende revisar las rentas y subir el alquiler. La zona, un páramo hace décadas, se ha convertido en un provechoso arrozal en las marismas del río Guadalquivir, al sur de la provincia de Sevilla, después de un par de generaciones labrando la llanura pantanosa. Las tierras pertenecen a la Fundación ProInfancia Queipo de Llano. Fueron regaladas al militar golpista por «salvar» la ciudad hispalense del «dominio rojo».

El exgeneral golpista compró las fincas con el dinero recaudado en una «suscripción» popular. Un regalo ciudadano al estilo del que entregó a Franco en bandeja el Pazo de Meirás en Galicia, exponente del macroexpolio con el que se lucró el dictador.

«Soy periodista de eldiario.es, me gustaría hacerle unas preguntas». La conversación con Gonzalo Queipo de Llano Mencos, nieto del máximo responsable de las matanzas franquistas en el sur de España, sucede en la sede judicial de Coria del Río (Sevilla). Pero no va muy lejos. Pasa el testigo, de un descendiente de genocida a otro. Mucho silencio y miradas que escrutan fríamente. «¿Ninguna declaración? ¿A qué se dedica la Fundación, qué actividades realiza?». Gira el rostro y dice: «El presidente es aquel, con el pelo blanco y gafas», señalando a Gonzalo García Queipo de Llano, su primo y también nieto del golpista. «¿Y sobre su familiar, el general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, tiene algo que decir?». Apunta de nuevo a su primo, «donde hay patrón no manda marinero». Su cara, su peinado, son el vivo reflejo del militar que dirigió con mano de hierro la represión en algunas de las provincias con más asesinados.

El presidente de la Fundación Queipo sí responde. Con cierta condescendencia. «Siempre se ha dicho, y es cierto, que como agradecimiento a su actuación en la guerra, que salvó Sevilla y todas estas cosas, la ciudad le regaló la finca Gambogaz» en Camas, dice. Con el dinero sobrante, adquirió unas porciones de tierra en la marisma que nacía al cultivo del arroz. Los familiares del genocida prefieren no hacer declaraciones sobre la actuación del sublevado ni sobre su implicación, nunca juzgada, en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Sobre cómo su abuelo animaba a la violación y el asesinato.

Pero la institución «atiende a la infancia desvalida», repiten los Queipo de Llano como un mantra. Es «una cosa que hizo mi abuelo» y fue «su obsesión siempre». Poco más aportan. Ningún organismo facilita sin embargo la memoria económica de la fundación. Ni el Ministerio de Justicia, ni la Asociación de Fundaciones Andaluzas —sostienen que no está entre sus cometidos— ni la supuesta organización benéfica que lleva el nombre de un represor sanguinario. Las peticiones oficiales de información caen en saco roto y los proyectos y donaciones que debería realizar una fundación de este tipo siguen siendo una incógnita.

¿En qué invierte los beneficios de su importante patrimonio la institución heredera de la Fundación Benéfico-Social-Agraria que creó Queipo después de «salvar» Sevilla del «demonio rojo»? El presidente del Patronato dice que llevan a cabo «proyectos infantiles», sin ofrecer más detalle. «¿Memoria de actividades? No, no tenemos», respondía a la salida de uno de los juicios contra los agricultores. Entre los pocos fines sociales que aparecen en un rastreo por internet está la colaboración en el año 2001 en la construcción de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío sevillano. La hemeroteca rescata un par de iniciativas de ayuda a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex) y a la Fundación de Ayuda a los Niños con problemas de corazón, Menudos Corazones.

«La donación fue de 60 000 euros», una cantidad «muy importante», precisan en Andex. La Fundación Queipo mostró «gran interés» en la labor que realizan y en conocer «a qué se iba a destinar» el fondo solidario. Les dijeron que a sufragar «desplazamientos de las familias y gastos de medicación, además de otros un poco más especiales relacionados con la enfermedad». Pero el aporte no tiene continuidad. «No es una contribución anual», dicen, «y nos consta que en 2015 dividieron su aportación entre varias entidades». Caso de Menudos Corazones, que registra una única ayuda. «No es uno de nuestros grandes donantes», refieren fuentes de una entidad que hace públicas todas las donaciones que recibe.

Desde la petición oficial fechada el 5 de mayo de 2016 a la Subdirección del Notariado y de los Registros, dependiente de la Dirección General de los Registros y el Notariado del Ministerio de Justicia, nunca llegó una respuesta a la petición de un informe sobre la actividad económica de la Fundación Queipo. Es fácil: qué ingresa y qué gasta. La contestación: «Ya está registrado, pero desde aquí lo que hacemos es pedir esos datos a la fundación», dicen. ¿Cuánto tiempo tarda? «No hay plazo marcado, las enviarán cuando puedan… aquí no tenemos las cuentas de todas las fundaciones y sus memorias de actividades, entonces se le piden y ya la envían». Nunca apareció el listado de los actos humanitarios de la sombra del genocida hacia la «infancia desvalida».

Que exista esa sociedad a nombre de uno de los cabecillas de la rebelión contra la República es fuente de polémica. Que esté «constituida con fondos provenientes del pasado» es «un sarcasmo y una evidencia de la situación en que se encuentra la memoria de este país», señala el historiador José María García Márquez, autor del libro Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963), un volumen que recoge los nombres y apellidos de más de 1000 ejecutados. «Su actuación criminal dejó millares de huérfanos», de ahí la «broma macabra» a la que alude Espinosa Maestre por la denominación ProInfancia de la fundación. «Una burla solo explicable por la duración y permanencia de la dictadura y del fascismo en España».

Dice Gonzalo García Queipo que la institución que preside ha construido «salas de hospitales, ha surtido de material de quirófanos, ha creado escuelas». Que todo el patrimonio y su rédito «se reparte para proyectos infantiles, de Cáritas, de pequeños que nacen con problemas cardíacos, de niños que nacen y necesitan implantes porque son sordomudos, y para problemas de todo tipo, con la Fundación Provida… ese es el destino de todo», enumera.

Pero nunca facilitan el menor detalle de la información económica y mantienen el misterio sobre el presupuesto de la fundación basada en el dinero acumulado como «regalo» que permitió la compra del cortijo Gambogaz, hipotecado más tarde para adquirir fincas de arrozal en 1945 y que siete décadas después mantienen bajo litigio con los colonos arrendatarios. ¿Por qué la Fundación ProInfancia Queipo de Llano no hace públicas sus cuentas?

El cultivo de arroz «es un negocio magnífico», define Queipo de Llano Mencos en un juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria. Las bajas rentas y la precaria situación monetaria de la fundación impiden cumplir el fin solidario, según la denuncia. El pleito afecta a unas 140 hectáreas. Los colonos dicen que la transformación de los terrenos se debe al trabajo realizado por ellos durante años, que permitió transformar una zona baldía con típicos pastos marismeños a boyantes explotaciones agrícolas. Una evolución que sitúa el valor estimado de las fincas en unos 33 000 euros por hectárea con una elevada producción anual media de arroz.

«Todo el mundo quiere cultivar su finca porque se gana dinero», apunta en sede judicial el tercer marqués de Queipo de Llano, título nobiliario creado por Franco y renovado por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón en 2012. «La parte contraria quiere la bicoca de ahora, abonar un 30 por ciento menos de la renta que corresponde», dice. Pero uno de los afectados declara ante el juez: «Al principio no podíamos sembrar nada. Eran tablitas muy pequeñas y los primeros años no daban ni gota de arroz. Todo el trabajo lo hemos sufragado nosotros, la Fundación Queipo no ha pagado nada».

Es un ejemplo más. Porque el entramado corrupto de la dictadura no hizo rico solo a Franco. Y las fortunas llegan hasta hoy, asentadas en consejos de administración, palacetes nobiliarios y propiedades que salpican el país con la memoria del latrocinio golpista. Y la monarquía española, ¿cómo amasó su riqueza? «Muchos españoles están cuestionando a su rey, venerado durante mucho tiempo por su papel en llevar la democracia a la nación, pero ahora está siendo examinado por su estilo de vida de lujo y su opaca fortuna», escribían sobre Juan Carlos de Borbón, en un reportaje publicado en The New York Times en septiembre de 2012, los periodistas Doreen Carvajal y Raphael Minder.

El accidente en Botsuana en el que el entonces monarca se rompió la cadera mientras cazaba elefantes «expuso un enrarecido mundo de contactos comerciales». El caso zamarreó a los inquilinos del Palacio Real de Madrid hasta el punto de provocar una inusual petición de perdón que ha quedado para los anales de la historia audiovisual más excéntrica: «Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir», decía un magullado y lánguido Borbón. Luego intensificó «sus apariciones públicas, abrazando su papel como un impulsor de negocios internacional y conciliador en medio de la creciente furia por las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno», escribían los reporteros.

«A diferencia de otros monarcas europeos, Juan Carlos llegó al trono después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 sin prácticamente nada, y ha trabajado duro para generar su propia fortuna más allá del presupuesto anual de 8,3 millones de euros», incidía el NYT. Hasta alcanzar un total cercano a los 2300 millones de euros según el periódico norteamericano. «La forma en que ha acumulado su considerable riqueza personal permanece en secreto —abunda el rotativo—. Asesores de Palacio insisten en que el rey no recibe comisiones sobre los acuerdos que media o promueve».

Pero de aquel accidentado safari africano salta un nombre, el de la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 47 años y etiquetada como amante o «amiga entrañable» del ahora rey emérito y padre del actual rey de España, Felipe VI. Juan Carlos abdicó después del escándalo. La sombra latente del origen confuso del patrimonio real quedó alargada con el episodio.

«Cuando todavía era príncipe, con Franco como caudillo del Estado, se firmó el acuerdo por el que cobraría de cada barril de petróleo que España comprara a Arabia Saudí. Al menos así lo han denunciado varios economistas», escriben Patricia López y Carlos Enrique Bayo en un reportaje para Público que ve la luz en abril de 2018. El nombre del monarca «también ha aparecido en operaciones policiales vinculadas a negocios con la trama Gürtel, con la cuenta Soleado, con el caso Malaya, con urbanizaciones en República Dominicana», insisten. «Y con las comisiones millonarias que compartió con Corinna». La revista Forbes calcula que hay unos 2000 millones de euros en el bolsillo de la familia real. «Es un secreto a voces pero la magnitud es imposible de calcular», dice la publicación estadounidense. El patrimonio de los Borbones no aparece en las cuentas oficiales del Estado «y es prácticamente imposible conocer, a ciencia cierta, cuánto dinero acumulan y, en concreto, cuánto el rey emérito», sostienen López y Bayo. El escándalo se complica en verano de 2018 cuando salen a la luz pública, mediante filtraciones interesadas, unas conversaciones de Corinna en las que se queja de Juan Carlos y de sus negocios, y de que la utilice a ella para blanquear dinero. Un hilo del que se puede tirar y que amenaza la imagen del rey emérito. A inicios de septiembre de 2018, sin embargo, PP, PSOE y Ciudadanos tumbaron la comisión de investigación solicitada por las revelaciones de Corinna sobre el rey Juan Carlos en las que la empresaria alemana acusa al monarca de acogerse a la amnistía fiscal y de usarla como testaferro. La Mesa del Congreso rechazaba abrir pesquisas parlamentarias sobre el exjefe del Estado aludiendo a que los hechos ocurrieron cuando disfrutaba de inviolabilidad. La iniciativa estaba encabezada por Unidos Podemos, que pedía reconsiderar la decisión: «No puede haber más ley del silencio».

«En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la corona del Reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimento de las leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el trono». El discurso de proclamación de Juan Carlos I como rey de España arrancaba de modo épico el 22 de noviembre de 1975. Dos días antes había muerto Franco, mentor del primer Borbón que reinaba desde la Segunda República.

«Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea», agradecía el flamante rey. El recuerdo del dictador iba a suponer, prometía, «una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la patria». Y continuaba ante un hemiciclo sobre el que sobrevolaba el fantasma del sátrapa: «Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien, como soldado y estadista, ha consagrado toda la existencia a su servicio».

Franco, genocida, golpista, corrupto y corruptor, definido por el rey emérito como «soldado y estadista». En un país sembrado de fosas comunes, de víctimas silenciadas, la nueva etapa nacía según el Borbón desde «la paz, el trabajo y la prosperidad» legados por el franquismo. Y la monarquía iba a ser «fiel guardián de esa herencia». La patria, anunciaba, «es una empresa colectiva que a todos compete». Aunque unos obtengan más réditos que otros de tal empresa. «Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro», concluía sin pensar en aquel momento en la noble compañía de Corinna o en la acusación y condena por corrupción en el caso Nóos contra su futuro yerno Iñaki Urdangarín, marido de su hija la infanta Cristina. La Zarzuela apartó a la pareja de los actos oficiales por un comportamiento que no era «ejemplar» y estos marcharon a un exilio voluntario a Suiza. El rey Felipe retiró el título de duques de Palma a su hermana Cristina y a su cuñado Iñaki. Y Urdangarín acabó entrando en prisión, pero a un centro penitenciario muy particular: la cárcel para mujeres de Brieva (Ávila), donde ocupa en solitario un módulo especial. Aún es pronto para saber si algún día, tirando del hilo de las conversaciones grabadas de Corinna con el siniestro excomisario Villarejo, se podrá investigar sobre la fortuna del rey emérito. Muchos años antes Juan Carlos finiquita su proclamación como rey con un final apoteósico, gritando ante Las Cortes: «¡Viva España!».

7. Mujer: del feminismo a la represión

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Mujer: del feminismo a la represión

«Mi madre era una rebelde, pero no para matarla», se lamenta Dalia Romero Luna. Dalia ha cumplido un siglo de vida. Y todos los días recuerda a Carmen, su madre, prototipo del naciente feminismo republicano, que acabó ejecutada por los franquistas. «Mi madre quería la libertad para la mujer», cuenta Dalia desde su casa en Mallemort, un pueblo cercano a Marsella (Francia) donde acabó exiliada. «A mí no me mataron porque me escapé», revela. Tenía 18 años en 1936, cuando los rebeldes mataron a su madre como castigo ejemplarizante.

La República quiso transformar el país. La igualdad de género era una necesidad para las esferas republicanas. Las mujeres, para voltear el discurso social, rompieron los rancios esquemas patriarcales precedentes. Escribieron, empoderadas, su propia historia. La emancipación femenina era un objetivo que encontró un espacio privilegiado para la época.

Pero el golpe de Estado contra la democracia frenó el cambio de paradigma y puso rápidamente en marcha un regreso a la más rancia tradición machista. Franco acabó imponiendo una doble represión contra aquellas mujeres que osaron poner en cuestión el orden establecido. Era el escarmiento adoctrinador para quienes transgredieron los límites. Por un lado, el diseño de un castigo que se impuso a base de muerte, cárcel, torturas, violaciones, rapados y aceite de ricino. Por otro, el destierro interior, que condenó a las «rojas», a las derrotadas, como excluidas y ciudadanas de segunda o tercera fila.

Todas pasaron de la esperanza feminista al «sumisa y devota» del patriarcado nacionalcatólico. Así fue el caso de Carmen Luna, conocida en su pueblo, Utrera (Sevilla), como la Luna. Era una mujer fuerte, decidida, luchadora. Quería «que el pueblo tuviera la cultura y la educación como una herramienta, que las mujeres supieran defenderse y no agacharan la cabeza para todo», recuerda su hija Dalia. Era «rebelde», asume, con causa: «Para denunciar las injusticias y defender los derechos». Quería que hubiese «escuelas, instrucción y trabajo» en vez de «tanta miseria terrible».

Por eso los golpistas mataron a la Luna. Para atemorizar y dejar claro el camino del silencio y la obediencia. Porque la subordinación no entraba en el diccionario de una mujer que intentó extirpar las penas con rebeldía y pagó la osadía con su propio relato vital. «Lo recuerdo todo —confiesa Dalia con un asimétrico acento francés y andaluz, con más tonos de la Costa Azul después de tanto tiempo—. Mi madre vendía en la plaza del pueblo y tenía mucho contacto con la gente, les ayudaba y aconsejaba para que no se callaran, para que protestaran y reclamaran lo que era suyo. Los fascistas la vigilaban (sobre todo en los meses anteriores a la sublevación armada) y por estas razones la cogieron y la asesinaron. Lo recuerdo todo», repite. Dalia era una joven empapada de la lucha materna.

«Ella no hizo nada malo a nadie», reivindica desde sus «cien años y cinco meses» de vida. Que todos los calendarios cuentan. «Porque la tengo presente, siempre, y todos los días me acuerdo de ella y de lo que le hicieron». Del castigo ejemplar. «La mataron en la puerta del cementerio por la mañana y la dejaron allí hasta por la noche». La pedagogía del terror usada por los rebeldes como estrategia atemorizante. Un plan ejercido con especial saña sobre el cuerpo de la mujer, tomado como campo de batalla.

«A mi madre la metieron presa un mes, y la sacaban y le decían “vamos a darle el paseo”, a saber todo lo que le harían allí dentro», lamenta Dalia. Y dice que luego «la quitaron de en medio bien pronto». La Luna descansa en una fosa común en Utrera, el mismo pueblo donde Dalia sigue teniendo a una de sus hermanas, Rosario Peña Luna (84 años), hija del segundo matrimonio de Carmen Luna.

La memoria histórica de la mujer española del siglo XX transitó desde la ruptura con el concepto patriarcal hacia el proyecto nacionalcatólico del franquismo. De la libertad a las ataduras. De los cambios sociales, culturales y políticos que la República puso en marcha al salvoconducto machista que resume la dictadura: «El niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar». El texto aparece en la revista Consigna, que formaba parte del aparato propagandístico de la Sección Femenina de Falange Española, dirigida por la hermana del fundador de la organización fascista, Pilar Primo de Rivera.

«Hacíamos teatro para que la gente aprendiera, para que leyeran y se preocuparan por sus cosas», recuerda Dalia hablando de los tiempos anteriores al estallido golpista. Animada por su madre, pertenecía a una compañía llamada Pan de Piedra y estaba afiliada al sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT). «Los compañeros iban al campo de noche para dar lecciones y yo misma sabía leer y escribir porque había aprendido sola en mi casa», bajo el influjo feminista de la Luna.

«En aquella época había una propaganda terrible y el pueblo estaba muy animado», dice. «Pero no para matar, eso lo hicieron ellos, los fascistas», puntualiza, «sino para salir adelante». Los franquistas acabaron acusando también a Dalia. «Eso de que fui a matar es mentira, las juventudes de Utrera no matamos a nadie», asegura. En el pueblo, sin embargo, las tropas de Franco ejecutaron una matanza que acabó con la vida de 424 personas.

«Asesinaron a muchísimas mujeres y compañeras, hasta niñas de 15 años, no solamente confederadas, republicanas o socialistas, de todas clases, y metieron a muchas en prisión», continúa Dalia. A todas las que se enfrentaron a los ideales reaccionarios. Las que como la Luna buscaron la emancipación total de la mujer.

«Estaba todo el mundo aterrado». No como antes, apunta, cuando la República trajo «todas las libertades», cuando los hijos de la Luna jugaban a ser libres. «Un día nos cambiamos los nombres, no nos gustaban los nuestros y buscamos otros más bonitos. Cuando mi madre volvió del campo se lo dijimos y se echó a reír». Y se quedaron con los nuevos. Ella sigue llamándose Dalia. «Y a la más pequeñita le pusimos Libertad».

«El niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar». La máxima era el muro patriarcal que encerraba a las mujeres en la dictadura de Franco mostrando una única salida: sumisa y devota. Y esta retentiva de la esperanza republicana y de la oscuridad del régimen franquista está conectada con la semilla del 8M, con la era del #MeToo y el nuevo relato global de la lucha feminista.

El franquismo guio con el brazo alzado la memoria histórica de la mujer española del siglo XX, cosiendo consignas fascistas en la vieja tela del nacionalcatolicismo. La frase lapidaria retrata al patriarcado, al adoctrinamiento femenino que sigue vivo. Para contar esta atmósfera hay muchos caminos; uno es el teatro, como hace la obra titulada: La Sección (mujeres en el fascismo español).

La obra dibuja en el escenario las sombras que aterrizan en la actualidad. Usa la evolución de la Sección Femenina de Falange Española como matriz argumental y tira del protagonismo de tres mujeres clave en la época. La primera, Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de la organización fascista, José Antonio Primo de Rivera. La segunda, Carmen Polo, esposa de Francisco Franco. Y la tercera, Mercedes Sanz-Bachiller, fundadora del Auxilio Social y casada con Onésimo Redondo, precursor de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS).

El fantasma machista del franquismo está presente en la realidad cotidiana. «En la situación de la mujer, en el miedo a ir por la calle, en ser objetos y que nos vendan como mercancía, en que nos eduquen sin referentes femeninos, en los techos de cristal, en las relaciones personales…», reivindica Jessica Belda, actriz y coautora de la obra teatral.

La Sección usa el papel «de las mujeres fascistas, franquistas, falangistas», para entender «de dónde venimos y por qué tenemos [en España] este atraso, no ya tanto en derechos sino social», expone la directora de la obra, Carla Chillida. Son las trabas «que nos afectan en el día a día», dice.

«La memoria del franquismo está viva, tiene piel, nombres, rostros, sentimientos, es la memoria de todos», apunta Belda. «¿Por qué la violencia machista está tan instalada en nuestro país? Porque nuestro pasado reciente viene de ahí», dice Chillida. Las masivas manifestaciones del 8M en 2018 son «una explosión que visibilizó la lucha feminista». Pero hay que seguir avanzando y es necesaria la lucha igualitaria que en el mundo «está enraizando la cultura feminista y está abarcando con sus diversas ramas todos los sectores sociales», añade Jessica Belda.

La lucha feminista se sube a las tablas con este teatro «sobre mujeres, escrito, dirigido e interpretado por mujeres». Lo hace para denunciar «el atraso acumulado». Para desmontar el andamiaje doctrinal de la dictadura sacando a escena a las figuras femeninas del régimen de Franco, a «las vencedoras de la historia». Para presentar «aspectos que tuvieron una importancia capital en el devenir de tantas mujeres cuyas vidas fueron marcadas por unas imposiciones educativas, políticas, religiosas y de género que tuvieron un calado hondo en la sociedad española del momento».

Porque la deconstrucción del franquismo solo será posible enfrentando esta «visión puramente androcéntrica que se nos ha transmitido sobre la guerra y la posterior dictadura». El golpismo mutiló el nuevo sendero feminista que abría la República. La nueva España que nacía con la década de 1930 visitaba lugares inexplorados y, con todos los lastres acumulados hace casi un siglo, se enfrentó a un enemigo despiadado: el patriarcado.

«Las mujeres se llevaban la peor parte del franquismo, desde que nacían», cuenta la escritora Almudena Grandes. «Y más allá de los tópicos de las milicianas, de Victoria Kent o Clara Campoamor, las niñas son las grandes desconocidas», apunta. Hijas de familias pobres, huérfanas, de padres encarcelados, «explotables laboralmente», en muchos casos bajo tutela estatal en instituciones supuestamente pedagógicas que servían como un eslabón más del trabajo esclavo.

«¿Qué podía esperar una niña pobre? Ser una fregona, una criada, era el destino labrado para ellas», resume la escritora. El «claroscuro brutal» de la democracia al fascismo está lleno de fotogramas de lo que pudo ser el relato femenino. «La mujer, para los republicanos, significaba en sí misma un elemento subversivo, revolucionario, que iba contra lo establecido», celebra.

Un ejemplo. Al final de la guerra «dos de las tres organizaciones de masas más importantes de este país tenían ocupadas sus secretarías generales por mujeres». Habla Almudena Grandes de Dolores Ibárruri en el PCE y de Federica Montseny en la CNT. «Nunca jamás, ni con paridad ni con leyes de género, hubo un porcentaje de poder comparable en las formaciones políticas de España», recalca. Y recuerda que el estatuto jurídico de las mujeres españolas durante la República era de los más avanzados del momento. Aunque tuviera lagunas que solventar con el tiempo. Las españolas fueron históricamente «las cuartas con derecho a voto, después de inglesas, australianas y neozelandesas».

Luego cayeron de bruces en la oscuridad del patriarcado franquista. Combatiendo, las más de las veces, desde el heroísmo resistente y cotidiano que plasma la escritora en Inés y la alegría o en Las tres bodas de Manolita. «La lucha clandestina contra el franquismo hubiera sido imposible sin mujeres». Como enseñan las protagonistas de las novelas de Almudena Grandes: «La felicidad es una forma de resistir».

La historia la cuentan los vencedores. Franco cumple la máxima a rajatabla y hace una parada trascendental en el doble castigo sobre la mujer. El dogma nacionalcatólico utiliza su nuevo poder para cercenar la emancipación femenina que se había abierto mucho camino en los años republicanos. Las mujeres pasan a ser nuevamente floreros, sujetos sociales de segunda categoría, pura decoración en un mundo de hombres y diseñado para los hombres. «Ellas no solo fueron fusiladas, encarceladas y torturadas» durante la guerra y la dictadura, «también sufrieron una represión ideológica y de género con el objetivo de imponer un modelo patriarcal y único de ser mujer», escribe la periodista Marta Borraz en eldiario.es.

La humillación con la que se castiga a las mujeres que osan transgredir los límites de la feminidad tradicional está encauzada desde «los tres pilares socializadores de la maquinaria franquista»: la Sección Femenina, la Iglesia y el sistema educativo. Las «buenas costumbres» conquistan el día a día de la mujer, a la que se impone socialmente la «honestidad en los vestidos, sin exagerar escotes, faldas y mangas» o «suprimir el fumar» porque es una «costumbre poco femenina».

«La mujer debía estar subordinada al hombre, alejada de la vida pública y ligada exclusivamente a las tareas domésticas, al cuidado de los hijos y la satisfacción del marido», expone Borraz. El anhelo franquista pasa por crear una sociedad de mentalidad única. Un modelo machista y patriarcal que busca soporte, incluso, en las «investigaciones científicas» del psiquiatra y militar Antonio Vallejo-Nájera, quien se dice investigador del «gen rojo» que provoca «la degeneración de la raza española». El director de los servicios psiquiátricos del ejército rebelde elabora en 1938, con este fin, un estudio que utiliza a prisioneras republicanas para determinar qué tipo de «malformación lleva al marxismo».

«Como el psiquismo femenino tiene muchos puntos con el infantil y el animal (…) entonces despierta en el sexo femenino el instinto de crueldad (…) por faltarles las inhibiciones inteligentes y lógicas», concluía Vallejo-Nájera en sus informes. Con estos mimbres, el franquismo decidió la segregación entre hijos y madres «rojas» para evitar el «contagio» ideológico. Un extremismo misógino que resulta en una especie de germen primerizo de los miles de casos de bebés robados constatados en el país.

Entre las décadas de 1940 y 1990 pudo haber alrededor de 180 000 casos de menores de edad sustraídos a sus familias, según apuntan algunos especialistas. Otros reducen la cifra a unos 30 000. También es muy posible que de los dos millones de adopciones que hubo durante todos esos años en España, unas 300 000 sean falsas, como calcula el abogado y experto en Derechos Humanos del Club Unesco, Enrique Vila, sobre una base estadística sustentada en su experiencia profesional. Medio siglo durante el cual funcionó un sistema oscuro, complejo y creciente que robaba vidas en hospitales y maternidades para entregarlas, o venderlas, con nombres cambiados. El propio Vila, presidente de la asociación SOS Bebés Robados, descubrió a los 23 años que era un niño adoptado de manera ilegal. Había nacido el 18 de mayo de 1965 en la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, uno de esos centros especiales donde el régimen dictatorial aislaba a chicas adolescentes embarazadas, y al día siguiente ya estaba en manos de su nueva familia.

Una niña abre los ojos en el paritorio de las Hermanas de la Caridad. Nace «morenita» y llora sobre el pecho de la parturienta. Las monjas se llevan a la criatura para lavarla pero, al poco, comunican a sus padres que ha muerto. Es el 30 de mayo de 1973 y ningún documento, nunca, acredita el suceso. La familia tampoco ve el cuerpo inerte de la pequeña. La madre, Pilar Navarro, denuncia el robo de su hija 44 años y un mes después.

«La niña ha fallecido, pero no se preocupen que ya la he bautizado y estará en el cielo y está todo arreglado», informó la religiosa que participó en el caso, identificada como sor Purificación Fernández González según la acusación presentada ante el consulado argentino en Madrid, que pasó a engrosar el proceso abierto en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires (República Argentina), en el que se juzga al régimen de Franco por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Ocho asociaciones de víctimas del robo de bebés participan como denunciantes en la macrocausa.

«Nos lo creímos, confiamos en la versión de una monja y de los médicos», confiesa Pilar Navarro. La religiosa había comunicado «que se llevaba a la niña a la incubadora» del hospital Nuestra Señora del Rosario «por un supuesto problema respiratorio», como señalaba en un comunicado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). La desaparición de la niña mulata quedó grabada en Pilar y su marido, Francisco D’Iom, como una duda familiar recurrente hasta que derivó en certeza por la repetición de historias «calcadas» de las que poco a poco tuvieron conocimiento.

«Estuve muy poco en la sala de partos, me la pusieron un rato en el pecho y la niña lloraba como cualquier recién nacido. Desde luego, no daba síntomas de que tuviera problemas en los pulmones», recuerda la madre de aquella niña desaparecida. «Era morenita y de tamaño normal. Fue la única vez que la vi». La niña «estará en el cielo», repetía la monja.

Pilar Navarro pugna contra un desierto documental. No hay pruebas que certifiquen la muerte en el centro hospitalario, y tampoco aparece el supuesto fallecimiento en los archivos del cementerio madrileño o del Registro Civil. «Como en casi todos los casos de bebés robados», tercia la abogada Ana Messuti. «Porque el principal modus operandi de estos crímenes es el ocultamiento, en eso consiste, de la identidad e incluso de la existencia misma del bebé», explica la letrada de la Querella Argentina. El delito continuado de sustracción de menores tiene «unas características terribles» y para hacerlo posible exige la existencia de una trama organizada «con la participación de varios autores», que aprovechaban «el manto de impunidad que les daba el Estado» franquista. Conocer a aquella niña «morenita», dice su madre, «sería un sueño». Y también «un acto de libertad».

«Los bebés robados y sus familias somos víctimas del franquismo», dice en una entrevista Soledad Luque, una de las fundadoras de la asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños. El crimen que sufrieron muchas familias «es terrorismo de Estado, participa del genocidio que se produjo en España», declara a eldiario.es Aragón. Ella busca a su hermano mellizo Francisco, que oficialmente falleció al nacer en 1965. Sigue luchando por encontrarle. En la dictadura, lamenta, «hacían lo que les daba la gana, no importaba quién era el perjudicado, siempre y cuando perteneciera al sector perdedor ideológicamente hablando».

«Mi hermano fue un bebé robado y voy a seguir buscándole hasta que se haga justicia», manifiesta Flor Díaz Carrasco. El 5 de noviembre del año 67 su madre daba a luz a un niño en el hospital Municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz). «Le dijeron que había nacido muerto, pero no le dejaron ver el supuesto cadáver a pesar de que insistió». Flor tenía cinco años. «Mi abuela paterna afirmaba que no se iría de allí hasta que no se lo enseñaran y finalmente le mostraron el cadáver de un bebé con el que se hizo una fotografía. Era mucho más grande que un recién nacido», cuenta. El país de la desmemoria «debería buscar a nuestros familiares», subraya Flor, por una razón de peso, terminal: «Somos víctimas de crímenes de Estado».

Las zarpas del franquismo robaron bebés y el «atado y bien atado» ha salpicado de obstáculos la investigación de los casos que llegan a los juzgados españoles. Las acusaciones suelen acabar sobreseídas o los delitos considerados como prescritos. En 2011 había unas 1500 denuncias presentadas, según datos de la Fiscalía. La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares citaba en cambio unas 4000, pero es que el 80 por ciento de las que se presentaron fueron archivadas. Y en febrero de 2013 el ministerio de Justicia abrió una oficina en Madrid para atender a los afectados por sustracción de menores durante la dictadura. Con poco éxito, a tenor del encargo vigente de Naciones Unidas para que España resuelva esta cuestión. O de la recomendación de la Comisión Europea para que las familias denuncien estas situaciones ante el Tribunal de Estrasburgo, por la indefensión manifiesta y el reconocimiento desde el propio organismo como «víctimas de crímenes contra los derechos humanos», un estatus que el gobierno español nunca ha concedido.

Las víctimas de Billy el Niño no olvidan el castigo recibido. El expolicía franquista Antonio González Pacheco está acusado de torturas continuadas en los calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS) en Madrid, el mismo edificio que alberga la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Billy el Niño era uno de los agentes más activos de la Brigada Político Social (BPS) de Franco y actuaba con extrema violencia con los detenidos por causas políticas. Billy el Niño era «un sádico terrorista de la tortura» que «disfrutaba imponiendo el terror», según sus víctimas. Y daba, además, un trato «especial» a las mujeres. En el capítulo 9 hablaremos de otras de sus hazañas. Aquí me limitaré a lo que les hizo a algunas mujeres.

El torturador empleó técnicas de castigo como el «pasillo», la «bañera» o el colgamiento en barra, que deja al reo sin defensa y en posición de extrema vulnerabilidad. Entre sus tormentos favoritos estaba el «saco de golpes»: amarrar a la víctima para ensayar puñetazos, patadas y gritos copiados del kárate y las artes marciales. El Gobierno de España acabó premiándolo con varias condecoraciones, desde el año 1976, que suponían además un aumento en su pensión que ha seguido disfrutando durante largos años de democracia.

Agosto de 1975. Rosa es una joven estudiante de 18 años. Lleva un vestido de verano, corto. Es de noche, hace calor. Dos policías de paisano la detienen y la llevan a la DGS. La recibe Billy el Niño. A golpes y puñetazos, según la versión de la víctima. «Lo que más recuerdo era su boca, muy grande, cómo la acercaba a mi cara y me gritaba… más que temor me producía asco. Olía muy mal, era muy desagradable. No recuerdo que me preguntara nada, solo que me pegaba como un loco». Es el bautizo de Rosa García Alcón en la sala de torturas de la BPS.

«Me decía “puta”, “guarra”. Era muy despectivo con las mujeres, muy machista. Y disfrutaba imponiendo el terror. Se le veía en los ojos». Rosa militaba en la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE) perteneciente al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Más de 40 años después cuenta aquel episodio que marcó su vida: seis días de tortura en los calabozos de la Puerta del Sol. El relato está salpicado de escenas de una crudeza extraordinaria.

«Una noche me sacaron en un coche. Iban Billy el Niño y tres policías más. Decían que me iban a enseñar un piso franco que habían localizado. En el trayecto me amenazaron diciendo que me iban a llevar a la Casa de Campo, que me iban a violar y que me dejarían por ahí. Que mi familia nunca más sabría de mí». ¿Violencia sexual? «Imagínate. Con 18 años recién cumplidos, esposada en un coche con cuatro hombres… era una niña. Cuando me tiraban al suelo en los interrogatorios, como iba con un vestido, decían “mira, que nos lo enseña todo la guarra”, esas cosas».

Al llegar al supuesto piso franco la usaron de escudo humano. «Billy el Niño me puso la pistola en la cabeza», dice Rosa. «Recordar es duro», admite. «Una vez a uno le debió de dar un ataque de locura porque entró gritando y me dio con una silla en la cabeza, por la espalda. Caí al suelo medio inconsciente. Le dijeron “¡Que la vas a matar!”, pero todos [los agentes de la BPS] eran muy salvajes».

Octubre del año 74. Felisa cae varias veces detenida. La primera, el día 5, solo la fichan. No tiene antecedentes. Hasta ese momento. Tres días después derriban la puerta de su casa. Recibe el trato «típico», cuenta: «Me empujan tirando del pelo, con puñetazos, patadas… y me sacan por la ventana. Creyendo que me iban a tirar pido auxilio gritando. Billy el Niño me metió un pañuelo en la boca, hasta la garganta».

Felisa Echegoyen había destruido la documentación que tenía antes de que los agentes de la Brigada Político Social irrumpieran en su domicilio. Billy el Niño estaba obsesionado con la vietnamita. «Esta hija de puta ha quemado la multicopista, la cabrona», gritaba. «Estaba histérico», recuerda Felisa, que al rato yace tirada en una celda de la DGS. Está «aterrorizada».

Vive «subidas y bajadas continuas» de calabozos a salas de interrogatorio. «Billy el Niño era un sádico terrorista de la tortura, disfrutaba muchísimo, se le veía en la expresión», apunta. Y Felisa certifica el tratamiento especial con las mujeres: «Se acercaba a tu cara y te echaba el aliento, que era repulsivo porque olía a alcohol. Esto a las mujeres nos lo hacía bastante. Quería hacernos más pequeñas todavía, como si él fuera un monstruo grandioso a tu lado». Echegoyen rememora «la expresión, el ímpetu que tenía, la forma en que se echaba encima». A las detenidas «nos daba un trato especial», subraya. Someter a las militantes antifranquistas era un objetivo. «Mientras más humillada te sentías más les gustaba, se les veía satisfechos».

Un día González Pacheco está «fuera de sí». El cuerpo magullado de Felisa recibe más y más golpes. Hasta que sufre un colapso por el duro castigo. «Me dio un ataque que me quedo totalmente rígida, no podía mover ningún músculo, me dieron una pastilla y ya no me volvió a interrogar más Billy el Niño, sus compañeros no le dejaban».

Rosa y Felisa presentaron sendas denuncias contra el más famoso torturador de los últimos años del franquismo. Pero la justicia española alega que el delito de tortura ha prescrito porque el castigo a los presos políticos antifascistas no era un ataque sistemático contra una parte de la población, requisito indispensable para considerar los hechos como delitos de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. Antonio González Pacheco, en cambio, siguió premiado por el Estado español, agradecido a sus servicios profesionales. Aunque el nuevo gobierno de Pedro Sánchez estudia retirar cada medalla al mérito policial que acumula el agente de Franco. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera «razonable» este extremo. «Todas las condecoraciones deben obedecer a conductas ejemplares y, salvo que se demuestre lo contrario, no creo que en esta persona pueda calificarse su actuación de ejemplar», subrayaba el responsable de la cartera ministerial.

«Una medalla al mérito policial porque hizo todos los méritos que quiso, los que le pidieron y los que no. Aunque no solo se la deberían quitar a él, no es el único, son montonazos de ellos a los que condecoraron porque en cada ciudad o región tenían su propio Billy el Niño —explica Felisa Echegoyen—. Es una vergüenza que esto se mantenga con dinero de todos». «Eran sus esbirros [los agentes de la BPS] y hacían lo que les pedían —opina Rosa García. Los reconocimientos eran normales en una dictadura, expone—: Si hay cientos de miles de personas desaparecidas en cunetas fíjate qué les puede importar una medalla. Desde su punto de vista era lo más lógico condecorar a un torturador». Pese a todo, y frente al régimen de Franco, «no hubo un pueblo consentidor y amordazado» y sí gente que luchó «cuando pudo y como pudo». Por eso se queda con una frase: «Para los demócratas luchar contra una dictadura no es una opción, es un deber». Y ahí, en la trinchera política y social, combatieron «muchas mujeres».

«Pero si yo no tengo nada que contar». Con esta frase, casi un mantra, comienzan algunas entrevistas del proyecto «Madres e hijas de la Transición Española», primer trabajo del espacio digital Mujer y Memoria. El archivo audiovisual refleja la «magnitud y celeridad» del tránsito inconcluso hacia la igualdad de género. La narración femenina de mujeres educadas bajo la tradición que recuperan cierto impulso emancipador bajo el paraguas de la democracia.

«A mi generación no le resulta fácil ponerse en los zapatos de nuestras madres», indica la directora de la iniciativa, Aránzazu Borrachero Mendívil. Estas historias orales sirven para facilitar el proceso empático, de reconocimiento del camino que lleva del «sumisa y devota» franquista a la ruptura con el patriarcado. Son conversaciones familiares, donde las hijas entrevistan a sus madres para legar relatos de vida que tratan aspectos clave como educación, trabajo, derechos reproductivos, sexualidad o matrimonio.

«Días antes de la boda le pregunto a mi madre qué tengo que hacer. Me da un guantazo y me dice: eso se aprende sobre la marcha y te voy a decir solo una cosa, que tu marido jamás te vea desnuda». Una época de prohibiciones, de vetos, como pinta uno de los testimonios. «Oye, ama, ¿y en aquellos tiempos se hacían abortos?», pregunta otra mujer. «¡Jesús! A punta pala, había una enfrente de mi casa que cuando veíamos que subía una un poco rara —se arruga la falda— decíamos, ya va a casa de fulana a hacerse un aborto… hasta que la cazó la policía».

Son unas pocas muestras de las decenas de diálogos registrados como una fuente abierta y un muestrario de similitudes y diferencias generacionales. Mujer y Memoria asalta cuestiones como «cuán determinante habrá sido para nuestras madres crecer y hacerse adultas en la atmósfera envolvente y con pocas fisuras que representaba el discurso del nacionalcatolicismo sobre la mujer». Si eran conscientes de las limitaciones impuestas, del grado de libertad personal restante. «Y qué sienten ahora al mirar atrás», alude su directora.

El proyecto aporta «una comprensión más profunda acerca del funcionamiento de los roles de género dentro de los procesos de transición política». De ese tránsito a una mujer «mucho más libre» desde un contexto desfavorable. De «los silencios producidos por el miedo y el trauma» a la satisfacción de sentir «voz y voto».

Como afirma Aránzazu Borrachero, «el franquismo, con su ideal de mujer sumisa, entregada y devota, penetró profundamente en la sociedad, respaldado por un importante aparato legislativo, propagandístico y religioso». La dictadura expulsó a las mujeres del ámbito público. Primero fue mediante la represión en caliente del genocidio fundacional a base de muerte, cárcel, exilio y abusos institucionalizados y sistemáticos. Luego continuó con el modelo de vida obligado.

Era el papel designado para la mujer entre los bastidores del régimen franquista. «Es difícil interpretar todos los dolores de la guerra con una sola voz y que no se antojen prosaicos, repetitivos. La misma voz que no entiende el interés de abrir una fosa común, al segundo está recibiendo una brutal paliza a manos de los soldados franquistas. Por hablar, por callar, por ser mujer. “Solo sois mujeres, no sois nada”, repetían sus verdugos con la sorna propia de quien se cree del sexo fuerte. Pero ellas no solo eran amas de casa en el lugar inadecuado, también eran bestias de la trinchera que defendían su ideología, aguantaban la sangre entre las encías y se arrancaban las uñas magulladas después de los puñetazos», escribe en un reportaje la periodista Mónica Zas Marcos.

Mujeres educadas bajo el corsé del «sumisa, entregada y devota» de la moral franquista, cuya memoria toca la era de la explosión feminista. Como fuerzas que se suman para derribar el muro machista. Así lo subraya Mujer y Memoria en una cita de la feminista y autora de La creación del patriarcado, Gerda Lerner: «A pesar de los cientos de años de discriminación y olvido, las mujeres han insistido en que tienen una historia».

8. La memoria LGTBI

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La memoria LGTBI

«Cuando se hundieron las formas puras / bajo el cri cri de las margaritas, / comprendí que me habían asesinado». El presentimiento de Lorca deja su aliento en «Fábula y rueda de tres amigos», un fragmento de Poeta en Nueva York. La obra lorquiana está empapada de tragedia, del alma inquieta del más universal de todos los maricones. Del poeta arrojado como un perro a una fosa común que sirve como espejo de la homofobia fascista.

Un asesinato, el de Lorca, que es por extensión el de todos los disidentes sexuales ejecutados y de los miles que sufrieron represión y cárcel en todos los tramos de una dictadura alargada cuarenta años. La letra con sangre entra, decían. Y la criminalización coloca a homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales en la diana del delito por el mero hecho de existir y sentir. Por amar o gozar como les daba la gana.

El régimen de Franco reconoció el asesinato del escritor granadino en una serie de documentos fechados el 9 de julio de 1965 que difundió en exclusiva eldiario.es. «Fue pasado por las armas, después de haber confesado, según se tiene entendido; siendo enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha “Fuente Grande”, en un lugar que se hace muy difícil de localizar —reconoce el escrito. Y continúa—: Se significa que Federico García Lorca estaba tildado de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli, pero lo cierto es que no hay antecedentes de ningún caso concreto en tal sentido».

Las altas esferas del gobierno franquista están al tanto de la petición «relativa al proyecto de la escritora Marcelle Auclair, que quiere escribir una biografía del poeta Federico García Lorca». La autora francesa había hecho el requerimiento a través de la embajada de España en París, como informa el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, al de Gobernación, Camilo Alonso Vega. Queda expuesto el caso, también, ante el de ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne.

Fraga entiende, según la misiva, que es «sumamente conveniente el revisar la cuestión y averiguar si podemos o no abrir nuestros archivos sobre el episodio García Lorca». El ministro considera «que sería útil designar a un magistrado de toda confianza y máxima autoridad que estudie con urgencia el problema e informe inmediatamente al gobierno acerca de las posibilidades de dar la información que poseamos sobre la muerte del poeta».

La revelación mecanografiada desmentía la versión oficial que Franco recoge en su libro Palabras del Caudillo. «Se ha hablado mucho en el extranjero de un escritor granadino; se ha hablado mucho, porque los rojos han agitado este nombre como un señuelo de propaganda. Lo cierto es que en los momentos primeros de la revolución en Granada, ese escritor murió mezclado con los revoltosos, son los accidentes naturales de la guerra», escribía el dictador.

Otro lugar común de la memoria histórica que construye el franquismo y que tira por tierra el documento. «El detenido fue sacado del Gobierno Civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Víznar (Granada) y en las inmediaciones del lugar conocido como “Fuente Grande”, en unión de otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen», como desvelaba el periodista Hugo Domínguez.

«El Glorioso Movimiento Nacional le sorprendió en esta capital, a la que había llegado días atrás procedente de Madrid», aclaraba el dossier redactado desde la jefatura superior de policía de Granada con el asunto «Antecedentes del Poeta Federico García Lorca». Los rebeldes, «en los primeros días», realizan registros en el domicilio familiar, «por cuyo motivo sintió miedo y se refugió en la vivienda de sus amigos los hermanos Rosales Camacho, antiguos falangistas», detalla el escrito de la policía franquista en el que asume el fusilamiento. «En esa morada permaneció escondido hasta el momento de su detención, que se efectuó en los últimos días de julio o primeros de agosto de 1936».

García Lorca «estaba conceptuado como socialista por la tendencia de sus manifestaciones y por lo vinculado que estaba a Fernando de los Ríos, como también por sus estrechas relaciones con otros gerifaltes de igual signo político». Los golpistas describen al autor como «un masón perteneciente a la logia “Alhambra”, en la que adoptó el nombre simbólico de “Homero”, desconociéndose el grado que alcanzó en la misma».

El poeta fue asesinado al comienzo de la guerra civil. Como un referente de la depravación republicana, como ejemplo del carácter perverso de los que quieren mancillar España. Muerto, con afán ejemplarizante. Por homosexual y rojo. Los fascistas le dan «dos tiros en la cabeza al cabezón», según propagan los ejecutores, entre otros, el pistolero Antonio Benavides. Porque el crimen fue en Granada y Lorca recibe «dos tiros en el culo por maricón», dicen sus asesinos. Un informe secreto del franquismo escrito casi treinta años después dejó más claves contra la desmemoria.

Y Lorca había escrito: «La tierra se ofrece llena / de heridas cicatrizadas, / o estremecida de agudos / cauterios de luces blancas», en versos del poema «Thamar y Amnón» del primer Romancero gitano.

La disidencia sexual durante el franquismo recibió un durísimo castigo. Sin compasión. La memoria LGTBI que permaneció oculta bajo Franco fue en muchos casos una historia invisible, de dolor latente. La homofobia como terror de Estado se muestra, unida por el hilo de Lorca, en el documental Bones of Contention. Pero que todos sepan que no he muerto, un audiovisual enfocado con el prisma arcoíris que refleja historias silenciadas de represión, miedo y exclusión. Lorca es «el símbolo tanto para el movimiento de la memoria histórica como para el movimiento LGTB», afirma la directora de la película, la estadounidense Andrea Weiss.

Tras la Guerra Civil, miles de personas fueron perseguidas por su condición sexual. La dictadura detuvo a «unos 5000 homosexuales», explica en la cinta la activista feminista Empar Pineda, represaliada en la dictadura. Y con toda la fuerza de la legislación en la mano. El 14 de julio de 1954 se amplía la Ley de Vagos y Maleantes, original de 1933, para incluir la homosexualidad como delito, y pone en el punto de mira «a los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten a menores de edad, enfermos mentales o lisiados».

Nadie sabe cuántos tuvieron que exiliarse, se suicidaron o regresaron al armario. «Hasta 1985 en este país hubo represión contra los homosexuales», afirma el presidente de la asociación de expresos sociales, Antoni Ruiz. A los maricones «se le pasaban imágenes masculinas y se les daban descargas eléctricas, estímulos negativos, con la supuesta idea de que se rehabilitaran o curaran», indica Silvia Reyes, artista de cabaret arrestada y encarcelada en numerosas ocasiones por ser una mujer transgénero.

La influencia del régimen franquista en la vida cotidiana era absoluta. A los disidentes sexuales se les podía prohibir la residencia «en un determinado lugar o territorio» y obligarles a quedar internados «en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola». Y estos lugares eran «verdaderos campos de concentración» y empleo forzado, recuerda Empar Pineda. Con episodios como la «tristemente famosa» narración de quienes pasaron por el centro de internamiento de Fuerteventura (Islas Canarias). «Eran objeto de todo tipo de vejaciones. Pasaban hambre y les daban la comida que enviaban sus familias cuando los alimentos ya estaban podridos. No fueron tratados como personas», concluye.

En este contexto, la represión de género siempre fue doble. «Las lesbianas no existíamos para el régimen, era impensable que una mujer pudiera tener sexo con otra mujer», afirma la activista. Era un castigo más sutil, callado, sin referentes entonces que pudieran canalizar una salida para las afectadas. Una frase callejera actúa como espejo de la situación porque muchos, apunta Silvia Reyes, preferían «tener un hijo drogadicto, o un asesino» antes que homosexual.

El documental Bones of Contention entrelaza estos hilos memorialistas y de represión al colectivo LGTBI a través de García Lorca, el poeta «asesinado por un escuadrón de fuego de la derecha en las primeras semanas de la Guerra Civil». La cineasta estadounidense alinea y zurce los trapos rotos de un país sembrado de olvido e investiga en un intento de poner al descubierto los dramas ocultos bajo el discurso oficial.

«Todavía hay aproximadamente 120 000 personas desaparecidas, enterradas en fosas comunes sin identificar en las cunetas de las carreteras españolas. Estos depósitos invisibles contienen a las víctimas de los pelotones de fusilamiento de Franco», señala la película, estrenada en la 67.º edición del Festival Internacional de Cine de Berlín (Alemania). «Una metáfora adecuada para el enigma de la memoria histórica: ¿cómo hace España para excavar un pasado que está activamente reprimido?», pregunta Andrea Weiss.

Bones of Contention. Pero que todos sepan que no he muerto narra por lo tanto lo que constituye «una enorme anomalía», como dijo el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, en la presentación del documental durante el festival madrileño LesGaiCineMad. «A mucha gente se le destrozó la vida y tuvo que desaparecer», explicó. Hasta que la desmemoria «no nos violente seguiremos siendo parte del franquismo cultural inoculado en este país; alguien nos ha educado para que todo esto no nos indigne. Cuando se comete un crimen, un familiar no puede decidir que no se investigue —argumentó—. Ni hoy ni ayer ni mañana, y buscar a Lorca y a los otros 114 226 civiles asesinados por el franquismo es un asunto de Estado y no la opinión de alguien».

Detrás de las fosas «hay un manto de impunidad que atraviesa esta sociedad de cabo a rabo». Es el caso de la «despolitización consciente» de la figura universal de Lorca, que Silva señala como «una de las grandes victorias del franquismo». La propia sobrina del poeta y presidenta de la fundación que lleva su nombre, Laura García Lorca, es otra de las entrevistadas en la película, junto a la escritora Isabel Franc o el escritor Fernando Valverde.

«Cuando vivía en Barcelona, a menudo paseaba por sus calles antiguas y un día tropecé con una manifestación política en la plaza Sant Jaume», relata Weiss. La «multitud» clamaba por su memoria y el reclamo «de lo que sucedió» hace décadas caló en la documentalista. Ahí arrancó el proceso de creación. Pensó «que la historia LGTB puede servir como un sitio de resistencia contra las narrativas oficiales».

Por eso la película «tuvo que ir más allá de las luchas del movimiento de memoria histórica para obtener algún tipo de justicia para los desaparecidos». La cinta explora el pasado reciente español desde el castigo organizado contra lesbianas y homosexuales. Se trata de saber qué le ocurrió al colectivo bajo las faldas de Franco «y colocar esa historia firmemente en el contexto de la lucha más amplia por los derechos humanos». Explorar los rincones bordados del relato, alinear los caminos enmascarados del país gestado por el fascismo. Como una forma de recordar todo aquello que exponía en su conferencia titulada «Juego y teoría del duende» el propio Lorca: «Un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del mundo: hiere su perfil como el filo de una navaja barbera».

«Había tres maricones oficiales: Manolito el del Carbón, un transexual que pintaba las fachadas con cal, una mujer a la que llamaban Lola la Loca y yo». Este último era José Antonio Campillo, luego presidente de la asociación Adriano Antinoo. Quedaron aislados en los márgenes de la estigmatización fabricados en Villanueva del Río y Minas, el pueblo andaluz donde el trío vivía durante la dictadura. Condenados a la exclusión social.

Campillo, un día, decidió buscar una «solución» ante el peso de la etiqueta. «Fui a ver a un cura que decían curaba con telepatía y le conté mi problema, que era un enfermo. Se levantó, me puso las manos en la cabeza, sudó, jadeó y al rato me dijo que me fuera, que ya estaba curado». No fue así, claro. Y José Antonio decidió proclamarse «la maricona mayor del reino». Años más tarde abrió un bar «de ambiente» convertido en referencia para el colectivo en Sevilla, pero nunca olvidó una frase que oía en su pueblo y retumba por las calles de su infancia: «Antes prefiero un niño muerto que maricón».

Los prejuicios del régimen castigan con dureza la orientación sexual y la identidad de género, y el mensaje cala hasta nuestros días como ingrediente del franquismo sociológico. La homosexualidad sufrió persecución política y social durante décadas e incluso la aplicación de supuestos criterios médicos para facilitar la sanación. Como si fuera una enfermedad.

El proyecto «La represión de la disidencia sexual en Andalucía durante el franquismo y la transición» recopila testimonios que dibujan un contexto marcado por la moral impuesta desde la Iglesia católica y la tradición más rancia. Con el aliño de las reincidentes condenas a prisión, las torturas, violaciones, lobotomías, la prostitución como falsa luz del túnel… y nombres propios del franquismo asociados a siniestros estudios fundamentados en teorías médicas de carácter nazi. Sus autores: Antonio Vallejo-Nájera y Juan José López Ibor, fundadores de la Sociedad Española de Psiquiatría. Pretendían demostrar la degeneración de la «raza española» a resultas de la República y la tara mental que suponía el marxismo. Al más puro estilo de Heinrich Himmler y el nacionalsocialismo de Adolf Hitler.

La indagación rescata la lucha de la comunidad LGTBI y el padecimiento patrocinado desde las cloacas del Estado. Las vivencias personales y el relato represivo. Historias de vida y entrevistas como base de un estudio que analiza las cicatrices de la memoria de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales a través de la documentación registrada en informes policiales, carcelarios y de centros psiquiátricos.

«A la mariquita se la detenía, se la humillaba, era un pogromo franquista», explica el vicepresidente de la asociación de expresos sociales, Antonio Gutiérrez Dorado. Este activista del movimiento LGTBI desde los años setenta entiende que la aplicación franquista de «una ideología justificadora del odio al homosexual» está relacionada con el «control moral de la sociedad» impuesto desde las élites religiosas. Y opina que esta realidad sigue vigente, pese a que en 2019 se cumplirán 40 años de la despenalización en España de la homosexualidad. Téngase en cuanta que la Organización de las Naciones Unidas instó ya en 2011 a suprimir el carácter ilegal de la homosexualidad a escala global. La Organización Mundial de la Salud la desclasificó como enfermedad en 1990.

«La Iglesia católica tiene contraída una deuda con los colectivos homosexuales por su implicación directa en la represión —dice—. Por eso, nos duele que vuelva ahora al discurso de la enfermedad». El testimonio de Gutiérrez Dorado trae escenas duras. «En los años cuarenta y cincuenta a los homosexuales se les rapaba, les daban aceite de ricino y los paseaban por el pueblo en carro». Como hicieron con las mujeres en el genocidio fundacional del franquismo. «Luego, 15 días de calabozo solo por detenerte, condenas a trabajos forzados, torturas y violaciones en comisarías, terapias agresivas como electroshock, redes de prostitución, se hicieron lobotomías en Carabanchel». Relatos crudos con firma a partir de los sesenta: Luis Carrero Blanco y la Ley de Peligrosidad Social.

La dictadura usaba «conceptos seudocientíficos, nazis». Clasificaba al homosexual en activos, pasivos, congénitos y no congénitos. Ese es un peligro que, en su opinión, no ha pasado. «Vemos los casos que han ocurrido en otros países, con ataques e incluso muertes, y cómo esto está ocurriendo». La homofobia no conoce fronteras. «Eras una paloma con alma gigantesca / cuyo nido fue sangre del suelo castellano. / Y en vez de flores, versos y collares de perlas / te dio la Muerte rosas marchitas en un ramo», escribía Lorca en el poema «Elegía a Doña Juana la Loca», en 1918.

«La represión de la disidencia sexual» es una iniciativa que está coordinada desde la Universidad Pablo de Olavide y financiada por la dirección general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Cuenta con un equipo integrado por investigadores de ámbitos como la psicología, la antropología, el trabajo social y la sociología de las universidades de Sevilla, Barcelona y la UPO, con la colaboración del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT.

La homofobia está «fuertemente arraigada», según los impulsores de la indagación, y «la normalización de la homosexualidad está muy lejos de llegar», concluyen. El estudio universitario busca por esto «voces para dignificar la memoria de quienes no están en muchos procesos de investigación ni de reparación», en palabras de una de las coordinadoras, la profesora María Marco. Para este fin realizan una «revisión de los textos de López Ibor y Vallejo-Nájera y de todo lo que encontremos, que no será todo lo que debe de haber».

Un análisis, en suma, del contexto social e histórico de una represión atada a la Ley de Vagos y Maleantes —que no quedó derogada hasta 1970—, una represión que continuó tras la muerte de Franco. Con informes de «psiquiátricos o cuarteles, que eran lugares donde la virilidad se enfrentaba a comportamientos que se consideraban inmorales», apunta otro de los investigadores, Rafael Cáceres.

Todo un sistema al servicio de la represión LGTBI en prisiones como la de Badajoz (Extremadura), «que se especializó en la recuperación de homosexuales». O en el campo de concentración de Tefía (Las Palmas de Gran Canaria), una colonia penitenciaria creada en 1954 para rehabilitar mediante el trabajo forzado a los «parásitos y sujetos indeseables que torpemente dañan la convivencia humana», como se congratulaba un artículo publicado en el diario Falange.

Casi al tiempo en que Campillo se proclamaba «la maricona mayor del reino», Juan Carlos de Borbón era coronado rey. El activista montó poco después un bar de ambiente homosexual en la sevillana Alameda de Hércules que sufrió «denuncias y acoso de los fachas y de la policía». Aún hoy sigue abierto. Pero dice Dorado que España vive «una contrarreforma contra la libertad sexual» que casa luchas conjuntas: «la del colectivo LGTBI y la de la mujer». Es «la batalla por la igualdad y la no discriminación, por visualizar esta historia y la represión atroz desde la infancia», según Campillo. Intentamos, dicen, «desmontar una sociedad patriarcal que quiere a una mujer bajo el amparo del macho y que el homosexual vuelva al armario».

La libertad personal está cortada por el patrón totalitario de la dictadura. Las cárceles están llenas de disidentes y presos políticos. La persecución del movimiento obrero mantiene en la clandestinidad a partidos y sindicatos. Una cruz que combaten antifranquistas convertidos en testigos, víctimas y referentes contemporáneos. Son el demonio rojo para Franco, la representación en la tierra del contubernio judeomasónicocomunista que quiere destruir España. La pesadilla que ronda al golpista hasta el final de sus días.

Enfrente, las fuerzas del orden actúan con el rigor propio de la tiranía y la saña requerida, las más de las veces, por el desprecio máximo a los disidentes sexuales. El monopolio de la violencia es una auténtica bomba de relojería. Y la igualdad y el respeto por los derechos humanos más elementales brillan por su ausencia.

El sostén represor del régimen dictatorial pasó del terror caliente y fundacional al sistema carcelario. Las rejas como perfecta mordaza. Un viaje del miedo al silencio que dejó huellas de resistencia. Es la historia cautiva que rescata el libro Cartas presas, de Verónica Sierra Blas. El canto a la libertad de las cárceles franquistas.

En «una España convertida toda en una cárcel, las cartas de los presos cuentan esa otra historia del franquismo», dice la doctora en historia y profesora en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Con una selección de 1500 escritos, la obra muestra la queja contenida que acaba siendo libre. La palabra «como testimonio, registro y narración» de «la memoria carcelaria en la Guerra Civil y el franquismo».

«Queridísimo hermanillo: Recibe muchos besos de tu hermana, que en estos momentos pierde la vida, pero no te preocupes, yo tengo tranquilidad. Tú tienes diez años y te queda mucho por vivir y ver, por esto sé que no debéis sufrir (ninguno de la familia) y tú menos. Me vengarás algún día, cuando tú te enteres por qué muere tu hermana». Dionisia Manzanero escribe estas palabras desde la prisión de Ventas (Madrid) el 5 de agosto de 1939.

Es uno de los cientos de testimonios recopilados en Cartas presas, un libro «cocinado a fuego lento». Siete años de trabajo para llevar a cabo una selección de misivas guardadas en registros públicos y privados, desde el Archivo Histórico Nacional o el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca a trozos de papel archivados en la Fundación Nacional Francisco Franco o en los ficheros del Partido Comunista de España. Además de «lo que había en las casas», la memoria particular, «que son una fuente clave», dice la autora.

El drama de la represión queda definido en «tres tipologías» de mensajes. Los más «significativos del ámbito carcelario», cuenta Verónica Sierra. Una, las cartas familiares. Dos, las administrativas, «con súplicas, peticiones, instancias… que eran una forma más de sumisión». Y en tercer lugar las «cartas en capilla» como paradigma de la resistencia humana: «Sirven de preparación para la muerte, para consolar a los que quedan y para reivindicar ideas». Justo como hace Dionisia Manzanero con su «queridísimo hermanillo».

Desde el golpe de Estado de 1936 hasta el final de la dictadura con la muerte de Franco en noviembre de 1975, «miles de españoles de todo género, clase social o ideología fueron privados de su libertad en una represión tan sistemática como indiscriminada». En mitad de la «desposesión más absoluta y el sometimiento más cruel», precisa, la escritura de cartas se convirtió para los prisioneros «en el remedio principal para combatir la soledad, el aislamiento o el terror». En la «terapia más eficaz» para superar «las extremas y complejas situaciones de la vida en cautividad». En un instrumento, también, «para salvaguardar la identidad». Como el drama íntimo, los mensajes saltan los muros convertidos en un «arma de resistencia».

«No en pocas ocasiones he visto cómo las familias tienen las cartas enmarcadas en el salón. Son memoria viva. Una cuestión de supervivencia», relata Sierra Blas. El relato «social, familiar, individual… es como quitar capas a una cebolla y las cartas dan todo eso». Porque son, dice, «memorias que se superponen» para acabar contando «las historias de la prisión más intimistas, las que la versión oficial nunca puede contar».

Las palabras escritas «son a veces el único púlpito para poder gritar». Para liberar la «otra historia» del franquismo «que pocas veces ocupa páginas en los libros». Cartas presas es «un canto a la libertad», dice Verónica Sierra, y «para la libertad, sangro, lucho, pervivo», escribía Miguel Hernández. «Miles de buitres callados / van extendiendo sus alas, / no te destroza amor mío, / esta silenciosa danza, / maldito baile de muertos / pólvora de la mañana», cantaba Luis Eduardo Aute.

«El control casi paranoico que ejerció el franquismo sobre las conductas homosexuales, sobre todo a finales del régimen, constituye un ejemplo significativo de la función de la segregación de géneros en los regímenes fascistas, al tiempo que un capítulo muchas veces relegado del papel de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en la historia reciente de España», escribe en El franquismo, ¿un régimen homosexual? Gema Pérez-Sánchez, profesora en la Universidad de Miami. Los «desviados sexuales» caen de lleno en la categoría de «asociales» como un estigma imperecedero que se multiplica en el caso de las lesbianas, «las invisibles».

Porque uno de los pilares del país de la desmemoria es el abandono de los derrotados. La realidad falseada, el descrédito salpicado de olvido estratégico. Como si fuera posible sepultar todos los nombres. Pero el recuerdo está en los ojos, en las ideas, en la calle. Como en Castro, el barrio gay de San Francisco, donde una placa del Rainbow Honor Walk señala junto a una imagen de Lorca: «Poeta, dramaturgo y activista político cuya heroica oposición al totalitarismo resultó en su asesinato por el fascismo durante la Guerra Civil española». Porque la poesía y la disidencia sexual rompen barreras sociales. Y la memoria amanece como un regalo revuelto entre los ficheros del oprobio.

Como en la novela Todos los nombres, de José Saramago, donde un anodino funcionario encuentra traspapelado entre montones de archivos el expediente de una mujer desconocida de la que, por los azares de la vida, se enamora. Pese al título, en la obra «hay una sola persona que tiene nombre»: el propio protagonista. «Se llama José, porque es mi alter ego —dijo el Premio Nobel portugués—. Yo buscaba un nombre insignificante y la verdad es que el más insignificante que encontré fue el mío».

La propuesta literaria roza la herencia de una época definida en mil rostros anónimos. La aspiración republicana como un reguero de migas para marcar el rumbo y construir una sociedad distinta, un país mejor, un mundo diferente que combata la ignorancia y las desigualdades junto a un ciclópeo e imprescindible ejército de héroes cotidianos, desconocidos. Un camino donde tan importante es el maestro como el campesino. El primer muerto a balazos como el último. Tan crucial salvar todos sus relatos.

«No es humano pasar página sobre el sufrimiento de miles de personas», sostenía en una conferencia titulada «De la sombra a la luz» el recordado escritor en las jornadas memorialistas celebradas en la antigua prisión de Jaén en octubre del año 2005. Las heridas deben «cicatrizar», apunta, y la desmemoria significa «olvidarnos de nosotros mismos».

Porque la memoria lidia contra el olvido y tantas cosas que no cambiaron. José Saramago, pesimista por convicción, celebra la caída de las dictaduras pero avisa: «Vivimos en una democracia amputada». Un sistema limitado «a la democracia política» donde la económica, cultural o social están por estrenar. La cosecha está sembrada y sirve a los de siempre, al «gobierno de los ricos y para los ricos».

Es tiempo, de nuevo, para la escenificación del odio. De cárceles para disidentes. «Aquellos ojos míos de mil novecientos diez / no vieron enterrar a los muertos / ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada / ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar», traza Lorca en Poeta en Nueva York. Son tiempos, otra vez, de acusaciones dramáticamente reveladoras: «Estaba tildado de prácticas de homosexualismo y estaba conceptuado como socialista». De poetas enrejados, de rapsodas señalados como terroristas. Lorca: «Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba, / y que el mar recordó ¡de pronto! / los nombres de todos los ahogados».

«Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia», defendía Saramago. Y ahí está el rastro guardado en el archivo de la cárcel de Huelva. O en las puertas del edificio, donde una inscripción recuerda a los penados y torturados que fueron perseguidos por su orientación o identidad sexual: «Para una generación de españoles este establecimiento penitenciario fue símbolo de castigo y exclusión social a quienes decidieron ejercer su libertad de ser y amar de forma diferente. Quede esta placa como reparación de la sociedad democrática a una injusticia histórica en recuerdo de las personas trans y homosexuales que fueron encarceladas y como compromiso de que ninguna generación tendrá que pasar por nada semejante». Escribe Lorca: «He venido para ver la turbia sangre, / la sangre que lleva las máquinas a las cataratas / y el espíritu a la lengua de la cobra. / Todos los días se matan en Nueva York». Falta Lorca. Y los nombres de todos. Y todos los nombres.

9. Justicia contra impunidad

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Justicia contra impunidad

El país que silencia la memoria, mantiene la herida abierta. Cuando mira a otro lado, propaga el eco de la violencia y garantiza la impunidad si no juzga su pasado. El caso español cumple con esta línea argumental del olvido como una herencia más del «atado y bien atado» de Franco. Guardar en un cajón el sobrecogedor listado de violaciones de los derechos humanos cometido por los rebeldes es sinónimo de desprecio absoluto a las víctimas del fascismo. Una humillación oficial, de Estado, que coloca como ciudadanos de segunda o tercera línea a quienes han sufrido el terrorismo franquista.

La máxima garantía del abuso continuado sobre los derrotados en la Guerra Civil es el sólido muro levantado para bloquear las investigaciones judiciales sobre el franquismo. España, durante décadas, no ha juzgado. Y tampoco ha permitido que lo hagan desde fuera. El país de la desmemoria castigó al juez Baltasar Garzón por intentar poner luz y taquígrafos a los relatos del terror y ha regateado incluso información a cada petición de la única causa abierta en el mundo por el genocidio golpista, la Querella Argentina. La justicia nacional ha tenido además dos herramientas clave para cortar el paso a las denuncias en los tribunales patrios: la aplicación de la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977 y la teórica prescripción de los delitos, al no entenderlos como crímenes contra la humanidad.

El gobierno español incluso fue señalado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) debido a este reiterado impedimento. «No se estableció nunca una política de Estado en materia de la verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad», sentenciaba tras analizar el caso el entonces Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pablo de Greiff.

Naciones Unidas endosa a España un severo suspenso en Memoria Histórica. Porque los familiares de los represaliados son tratados como damnificados «de segunda categoría» y las «medidas más ambiciosas» para reconocer y reparar a las «víctimas del terrorismo» de la organización criminal ETA agrandan esa impresión, según el organismo internacional. La bipolaridad reparadora ha quedado siempre subrayada en rojo en la agenda del desamparo estatal, como apuntaba el contundente informe de De Greiff.

Entre las deficiencias democráticas y de respeto a los derechos humanos destaca la inexistencia de un censo oficial de víctimas del franquismo, como señalaba la ONU. Más de 80 años después del golpe de Estado aún no existía una información total, fidedigna y elaborada desde las instituciones y esta realidad ha restado bases para denunciar asuntos que han quedado, de este modo, «subexplorados». Naciones Unidas se refiere a temas clave como la matanza fundacional del franquismo y los crímenes de guerra cometidos sobre población civil indefensa, el trabajo esclavo de los presos políticos, los niños robados o el afán represivo que la dictadura extendió durante cuatro décadas. Todo fue quedando en el limbo desde el que los victimarios sonreían impunes.

Otra preocupación principal subrayada en el informe de la ONU son las exhumaciones de fosas comunes. Las tareas de búsqueda de estos enterramientos ilegales han quedado en muchos casos en manos de la iniciativa de familiares y colectivos ciudadanos o de un puñado de comunidades autónomas que han tirado de este carro memorialista.

Mientras, el gobierno conservador de Mariano Rajoy sumó casi dos legislaturas en blanco como el estandarte del PP ante, o contra, las víctimas del terrorismo de Franco. Como hemos visto, era una forma de tirar más tierra a la cuneta del olvido. El gobierno de los populares, en 2013, eliminó la partida destinada en los presupuestos generales del Estado a cuestiones memorialistas. Así fabricó Rajoy el escenario en el que se mantuvo atrincherado todo su mandato, caminando con paso firme sobre la senda del ninguneo a los represaliados por el régimen franquista.

Pedro Sánchez heredó este panorama. Tras el triunfo en la moción de censura, el nuevo presidente no tardó en decir que iba a encarar, a través de una reforma de la Ley de Memoria Histórica, las cuestiones clave que desde la oposición había exigido a Rajoy que tomara en consideración. El Ejecutivo entrante subrayó su intención de asumir las exhumaciones de fosas del franquismo como un deber del Estado: «No es una cuestión de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de dignidad nacional democrática», decía el director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez, en una entrevista a eldiario.es. Y, además de esta clave, anunciaron la necesidad de desbloquear el acceso a la justicia de las víctimas como la base de una reforma de la Ley 52/2007 que venga acompañada de la nulidad de los «tribunales de excepción» y las sentencias del franquismo. También recuperaron cuestiones como ilegalizar la Fundación Franco y multar la apología del fascismo, anular el ducado de Franco, retirar las medallas pensionadas al torturador Billy el Niño, tratar el tema del «dinero rojo» y el expolio a los perdedores. «Si a los partidos y a los sindicatos se les ha devuelto en parte sus propiedades, ¿por qué no a los particulares?», se preguntaba el director de Memoria.

Y pusieron encima de la mesa atacar el mayor de los símbolos franquistas: el Valle de los Caídos y la tumba de Franco. El Congreso de los Diputados ya había aprobado en mayo de 2017 el proyecto de sacar los restos del dictador de Cuelgamuros. La propuesta salió adelante con el voto favorable de todos los grupos políticos y la abstención de PP y ERC. El Parlamento pedía al gobierno exhumar los restos de Franco y «revitalizar» la legislación memorialista. Pero aquella Proposición No de Ley (PNL) no era vinculante y Rajoy ignoró el mandamiento. Pedro Sánchez rescató esta decisión parlamentaria al aterrizar en La Moncloa como símbolo de un nuevo rumbo en materia de derechos humanos. «Ha llegado el momento de cerrar heridas, la decisión del gobierno es firme», dijo en su comparecencia en julio de 2018 en el Pleno del Congreso.

«¿Cuándo y cómo van a sacar a Franco del Valle de los Caídos? ¿Tienen ya los plazos y el método jurídico para hacerlo?», preguntaban Neus Tomàs e Ignacio Escolar a Pedro Sánchez en una entrevista realizada en el despacho del presidente en La Moncloa publicada el 22 de julio en eldiario.es. «La filosofía es bien clara —respondió Sánchez—: una democracia como la española no puede permitirse monumentos franquistas. Es evidente que se ha tardado mucho tiempo en exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Entiendo la urgencia de determinados colectivos y de millones de ciudadanos progresistas que consideran que hay que cerrar de una vez por todas esta herida… Tenemos la decisión política tomada. Vamos a cumplir con un mandato del Congreso de los Diputados, aprobado por la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara».

El 24 de agosto de 2018 el Consejo de Ministros del gobierno en minoría de Pedro Sánchez dio inicio a un trámite legal que pretendía conseguir que se pudiera por fin sacar la momia del dictador enterrado como un faraón en Cuelgamuros. El método legal era la aprobación de un decreto-ley que supuso el primer paso para desatascar la Ley de la Memoria Histórica aprobada en tiempos de Zapatero. Lo hizo con la oposición, más o menos declarada, furibunda o disimulada de la familia Franco, el PP e incluso Ciudadanos.

Las perspectivas que se abrieron eran muy amplias e incluían desde la idea de crear en algún momento una Comisión de la Verdad al estilo de las que ha habido en Argentina, Chile y Sudáfrica, hasta la de transformar el mausoleo llamado por el fascio Valle de los Caídos en algo diferente. Se abrieron las opciones y especulaciones, por ejemplo la de crear allí un memorial pedagógico donde no se honre la memoria de Franco ni la del fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, sino que se enseñe correctamente la más negra y reciente página de la historia de España. O la de convertirle en un simple lugar de reposo para los demás muertos allí enterrados. Sea cual sea el destino final del mausoleo fascista, aquel día nació una esperanza renovada, pero también rodeada de un auténtico océano de dudas debido a la complejidad de la tramitación parlamentaria, que debe evitar los intentos variados de oposición a cualquier paso en ninguno de esos sentidos.

Con la aquiescencia de los independentistas y nacionalistas, también se abría por fin, con cuarenta años de retraso, la anulación —meramente simbólica pero necesaria— de los juicios sumarísimos que condenaron a Miguel Hernández, Francesc Macià y otras muchas víctimas de sentencias de muerte firmadas por el dictador incluso al final de los cuarenta años de dictadura.

Sacar a Franco de su tumba. La noticia causó un enorme revuelo. El país quedó dividido entre quienes celebraron la iniciativa como un paso necesario para la limpieza democrática del país y los que entendieron la decisión como una suerte de «venganza de la izquierda». Hasta el periódico The New York Times publicaba un reportaje titulado ESPAÑA DIVIDIDA POR LA TUMBA DE FRANCO. El gobierno intentó contactar con la familia Franco para informar del proceso y que los descendientes se hicieran cargo del cadáver embalsamado del tirano. Los nietos del dictador mostraron su oposición al desenterramiento de su abuelo y amenazaron por burofax al Gobierno de España con denuncias por supuestos delitos de prevaricación y «profanación de tumbas». Decían los Franco que iban a seguir «agotando todos los recursos legales» a su alcance con el fin de impedir lo que consideran sus «legítimos derechos» para decidir el destino de los restos. Pero las acciones legales anunciadas por los descendientes del golpista para frenar la exhumación parecían inicialmente inviables; la propia Ley de Memoria Histórica define en su artículo 16 que el mausoleo de Cuelgamuros «se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos». Es decir, que sobre el prior de la basílica donde Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera fueron enterrados, como espacio sagrado, solo tienen ascendencia el abad de la congregación de Solesmes, monasterio situado al oeste de París, y el mismo papa Francisco. El articulado de la ley dice en su segundo punto: «En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo».

Los Franco mostraron su oposición al traslado del cuerpo firmando incluso una declaración ante notario que defendió la Fundación Franco. «Bajo ningún concepto la familia Martínez-Bordiú Franco colaborará activa o pasivamente con la inicua pretensión del gobierno plasmada en el Real Decreto Ley aprobado ayer [24 de agosto de 2018], reiterando por consiguiente nuestra más firme y unánime oposición a cualquier exhumación y traslado de los restos de nuestro abuelo, D. Francisco Franco Bahamonde», afirmaban los nietos del militar golpista en una nota que fue publicada por diversos medios y agencias.

El desbloqueo de todas estas cuestiones pasaba por reformar la legislación memorialista. Para sacar el tapón puesto por Rajoy restando eficacia a la norma, Sánchez esgrimió el informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos encargado en 2011 por el gobierno de Zapatero. Y anunció la presentación de «una modificación de la Ley de Memoria Histórica, precisamente para garantizar recursos públicos en la exhumación de los familiares que aún se mantienen en las cunetas de muchísimas partes de nuestro país. Y habrá que hacer una reflexión conjunta de la Cámara, de los grupos parlamentarios, para saber qué utilidad le damos, o qué servicio le podemos dar al Valle de los Caídos. Yo no quiero aventurar nada, tengo mi opinión: que el Valle de los Caídos difícilmente se puede convertir en un lugar de reencuentro y de concordia. Pero tendrán que ser los grupos parlamentarios quienes decidan conjuntamente qué utilidad darle a ese centro», decía.

En la entrevista, el presidente reconoció las «dificultades jurídicas» para retirar el ducado de Franco que renovó el Gobierno del PP en el último Consejo de Ministros y las condecoraciones del torturador franquista Billy el Niño, aunque luego esto último pareció haber encontrado un camino legal factible. También Pedro Sánchez afirmó sus dudas sobre «si debe ser legal o ilegal una fundación que lo que hace, el 18 de julio, es llamar al alzamiento de nuevo, en una democracia consolidada, europea y avanzada como es la española». Como dijo Pedro Sánchez en sede parlamentaria, «un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado» y España, tras más de 40 años de democracia, debe hacerlo «con serenidad y moderación».

En otra entrevista, el director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez, enumeraba las pretensiones del gobierno: «Es preciso impulsar algo fundamental en este país, la búsqueda de los desaparecidos y establecer planes cuatrienales de exhumaciones abordadas de forma directa por parte del Estado, no desde las asociaciones y los familiares». La apertura de fosas y cunetas «no es una cuestión de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de dignidad nacional democrática», decía. También son necesarias cuestiones como «abordar la actualización del Mapa de Fosas» o elaborar un «censo nacional de víctimas» como existe en la mayoría de países que han sufrido episodios de violencia institucionalizada para ubicar toda las tipologías, más allá de los desaparecidos. «Está el exilio, la gente que pasó por los tribunales de responsabilidades políticas, por los de orden público, la gente que pasó por las comisiones de depuración profesional… Es un trabajo largo. Y ante todo hay que pensar en la reparación de las víctimas». Un desagravio que debe alcanzar el expolio a los derrotados: «Si a los partidos y a los sindicatos se les han devuelto en parte sus propiedades, ¿por qué no a los particulares?». Y con sacar a Franco de su tumba como «un planteamiento simbólico importante de ruptura con el pasado».

Pero no desde todas las esferas políticas se persiguen de igual modo los derechos humanos para las víctimas del franquismo. El final de Rajoy supuso un tsunami en la formación conservadora que acabó propiciando una inédita votación para elegir al siguiente líder del PP. El designado fue Pablo Casado. Del primer proceso de primarias vivido por los populares salió vencedor un tenaz opositor a la Memoria Histórica. «Si es que en pleno siglo XXI no puede estar de moda ser de izquierdas, ¡pero si son unos carcas! Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la Memoria Histórica…», dijo Casado en un mitin en el año 2009. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica le denunció por estas declaraciones, pero el caso fue archivado por la Fiscalía en 2015.

«Algunos están hablando de lo que pasó en España hace 100 años o de a quién hay que desenterrar. En Francia, hace tres días, en el discurso de Emmanuel Macron estaba ya hablando de la Francia de 2050, de cómo adaptar las profesiones, la educación, el sistema de pensiones o el sanitario, en un mundo que ha cambiado, y los políticos le estamos dando la espalda, al menos en España con ciertos monotemas de los que hay que salir. Esa es la libertad a la que yo hago referencia», señalaba en plena campaña contra Soraya Sáenz de Santamaría por controlar el futuro del Partido Popular. «La ley de Memoria Histórica no aporta nada al futuro», en opinión del político derechista, aunque su propio abuelo materno, Herman Blanco Ramos, fue encarcelado por Franco por pertenecer a la UGT. «Critiqué el sectarismo de ZP, no a las víctimas como mi abuelo, condenado a 30 años de cárcel por el régimen franquista», respondía en enero de 2015 a Ignacio Escolar en un mensaje en la red social Twitter. El abuelo de Casado pasó seis años en prisión. Pero para el líder del PP la legislación memorialista sigue siendo «sectaria». Porque más allá del «monotema» de las fosas del franquismo, como define Casado a la búsqueda de los desaparecidos forzados que exigen los organismos internacionales, las familias de las víctimas y las asociaciones de derechos humanos, él tampoco «gastaría un euro para desenterrar a Franco».

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias ha censurado el escaso compromiso de España. En un dossier publicado el 7 de septiembre de 2017 el organismo muestra consternación por la ausencia de investigación judicial y por el patrón de impunidad que rodea al grueso de los delitos ocurridos durante la Guerra Civil y el régimen dictatorial. El documento daba entonces un plazo de 90 días para presentar un cronograma con las medidas que debían implementarse para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. La petición chocó con el enroque de un país experto en ignorar requerimientos de este calibre. Un ejemplo fue la PNL aprobada por el Congreso que instaba al gobierno a cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales sobre la necesidad de localizar, rescatar e identificar a los desaparecidos en todo el territorio nacional, además de acatar el resto de obligaciones. Quedó en agua de borrajas.

Pero no solo Naciones Unidas ha afeado la tibieza carpetovetónica en el plano ejecutivo y judicial. El Consejo de Europa abroncaba a España a inicios del año 2016 por abandonar a las víctimas del franquismo en el «Documento de debate sobre las personas desaparecidas y las víctimas de desaparición forzada en Europa». El texto incide en la «herida abierta» sostenida por errores conocidos. «La búsqueda de las personas desaparecidas, la exhumación de los restos y su identificación a menudo se deja a la sola iniciativa de las familias», apreciaba el comisario para los Derechos Humanos de la institución europea, Nils Muiznieks.

El incumplimiento flagrante de las «obligaciones» públicas ha perpetuado un «problema» que está «lejos de resolverse», añadía. Un silencio interminable que se hubiera roto básicamente, según subrayaba el informe, con «voluntad política». Y para superar este escollo enumeraba nueve consejos básicos que arrancan con la reparación debida a los represaliados por el fascismo. Una obviedad que no dejaba de naufragar en el mismo desierto que enlaza con la segunda alerta: erradicar la impunidad.

En el plano jurídico, el caso español precisa fortalecer la legislación nacional y aplicar la normativa internacional, además de activar decisiones que busquen «la verdad», como apuntaba Muiznieks. Para superar la «vergonzosa brecha» entre víctimas y verdugos, la nación debe asegurar también el acceso efectivo a la información y a los fondos documentales. Y dinamizar la capacitación de los funcionarios públicos que desarrollan esta labor, porque estos pasos permitirán indagaciones archivísticas eficaces que, de lo contrario, nacen coartadas.

Por último, una recomendación crucial: la mejora de los procesos de exhumación e identificación. El informe fue tajante con España. «No hay ninguna estimación oficial del número de víctimas de desaparición forzada que generó la Guerra Civil española (1936-1939) y la dictadura de Franco (1939-1975)», esgrime el texto. El análisis europeo reconocía, no obstante, cómo «desde el retorno de la democracia a España se han tomado medidas esporádicas para establecer la verdad, reparar y conservar la memoria de los caídos». Pone por caso la normativa memorialista y aplicaciones particulares como la prohibición de la «exaltación» golpista o «la retirada de los símbolos franquistas». Sin embargo, continúa, «el alcance de la ley y su aplicación sigue siendo muy limitado» en gran parte «por el presupuesto previsto a tal fin», en referencia a los «cero euros» de la era Rajoy.

La «investigación y sanción de los responsables» de los crímenes franquistas vive además un progreso «muy modesto» debido «a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977», según denunciaba el Consejo de Europa. «Las familias de las personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada se ven atrapadas entre la esperanza y la desesperación», acentuaba la institución comunitaria.

Una de las claves que aportó el documento es la experiencia global en «la erradicación de la impunidad de violaciones graves de derechos humanos» en otras naciones. El informe evalúa desde esa óptica las «deficiencias actuales» destacando como referencia las «buenas prácticas» llevadas a cabo «en todo el mundo» para, por ejemplo, «esclarecer la suerte de las personas desaparecidas». Desde los Balcanes occidentales a Argentina o Guatemala. «Ellos (las víctimas) tienen el derecho de conocer la verdad y los estados tienen la obligación de establecerla —alega el comisario europeo—. Si tienen éxito es más una cuestión de voluntad política que de falta de posibilidades».

Como conclusión, afirma tajantemente que el «problema» de los asesinados tirados en fosas y cunetas queda «lejos» de una solución definitiva. Estos casos no son «un fenómeno del pasado» y sí tienen «consecuencias muy graves» sobre el «Estado de derecho», según el comisionado. «No puede haber reconciliación y cohesión social perdurable con la impunidad de los autores» de crímenes que violan artículos fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura o el derecho a la libertad y la seguridad. «La justicia es la solución —resume—. Ya es hora de cerrar la vergonzosa brecha entre lo que las familias necesitan y lo que hacen los Estados».

La preocupación expresada por la ONU y el Consejo de Europa coincide con el insistente aviso de entidades como Amnistía Internacional (AI). Esta organización lleva más de una década exigiendo al país de la desmemoria que mire de frente «a los más de 114 000 crímenes de derecho internacional cometidos entonces y ya denunciados ante la justicia» en el proceso abierto por el juez Garzón.

«En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar a otros estados los crímenes cometidos en este periodo», resume el director estatal de AI, Esteban Beltrán. «Las preguntas siempre son las mismas», enumera: «¿Hasta cuándo va a continuar el sufrimiento de las familias? ¿Hasta cuándo va a desoír las reclamaciones de organizaciones internacionales, de la sociedad civil y de las miles de víctimas y familiares que aún quedan vivos?».

Desde el inicio de la causa en Argentina, el Estado español ha rehusado colaborar con la justicia austral. Por dos veces ha rechazado la extradición de procesados, ha negado información al tribunal bonaerense e impide que la jueza Servini interrogue a los imputados. De este modo, España ratifica «su desdén con las miles de víctimas de desapariciones forzadas en nuestro país», subraya Beltrán.

Y no solo con el proceso argentino. La Procuraduría General de la República de México inició en febrero de 2017 una investigación por el caso de Ligia Ceballos Franco. Unos años antes, Ligia había descubierto que fue entregada a su familia mexicana tras ser separada de su familia biológica española. Amnistía Internacional impulsa el procedimiento enmarcado como una desaparición forzada y el grupo de trabajo de Naciones Unidas dice que el pleito representa una nueva oportunidad para que España colabore y fortalezca el auxilio judicial.

El suspenso de la ONU, el Consejo de Europa o Amnistía Internacional reafirma la idea equívoca de la Guerra Civil como «un conflicto entre dos Españas», apunta Pablo de Greiff. Como un «borrón y cuenta nueva» que promueve que el pueblo no exija el fin de la impunidad franquista desde un reclamo unánime. El propio relator de Naciones Unidas insta al gobierno a implementar un ente «independiente pero oficial» encargado de realizar una búsqueda exhaustiva de información. Una Comisión de la Verdad.

«El obstáculo para juzgar el franquismo en España no es judicial, sino político», titula Olga Rodríguez una entrevista para eldiario.es con el abogado Carlos Slepoy, impulsor de la querella presentada en Argentina contra los crímenes de Franco y sus adláteres. «En España se produjo un genocidio, una persecución planificada contra un enorme sector de la sociedad», denunciaba el añorado defensor de los derechos humanos, «un letrado entregado a la justicia, a la memoria, a la reparación», escribe la periodista.

Ejecuciones tras Consejo de Guerra, asesinatos extrajudiciales, depuración profesional, saqueo a los vencidos, trabajo esclavo, violaciones sistemáticas, robo de bebés. El amplio listado de fechorías del franquismo arranca con el estallido golpista y sobrepasa la muerte de Franco. Pero los juzgados han estado cerrados para casos que llegan a superar las ocho décadas de impunidad y que, considerados como crímenes de lesa humanidad, nunca prescriben.

A pesar de esto España ha mantenido el boicot a la justicia esgrimiendo un escenario idílico para la liberación de la culpa: usar la Ley de Amnistía, implementada como una suerte de «ley de punto final», y estimar la prescripción de los delitos. Con esta conexión, y al estilo del ejercicio transicional de otras dictaduras, el Estado ha cultivado el desamparo de las víctimas.

Por el camino quedó el intento del juez Baltasar Garzón. El magistrado impulsó la única macrocausa abierta en España contra los crímenes franquistas. Y acabó en el banquillo de los acusados. Corría el año 2006 cuando varias asociaciones defensoras de los derechos humanos entregaron datos de la represión golpista en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (AN). Estos archivos revelaban torturas, desapariciones y fusilamientos masivos. El censo parcial de víctimas mortales entregado en sede judicial superó en ese momento las 140 000 personas.

Garzón acabó declarándose competente para investigar los hechos denunciados. Pero la decisión fue controvertida, un escándalo nacional. Y se decía que iba en contra del criterio sostenido por la Fiscalía General del Estado, que afirmaba que la Audiencia Nacional no puede juzgar ese tipo de delitos. Entonces comenzó un ataque feroz contra el proceso y el propio juez instructor.

El caso acumulaba querellas de la organización fascista Falange Española de las JONS y del sindicato ultraderechista Manos Limpias. Incluso la asociación progresista Jueces por la Democracia advertía de los riesgos del camino procesal adoptado y Garzón, llegado el momento, acabó inhibiéndose a favor de los jueces territoriales. Por ese camino debía progresar la causa, palmo a palmo, pero los colectivos memorialistas recibieron la resolución como un varapalo que puso fin al procedimiento. El 28 de noviembre de 2008 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró por catorce votos a tres la incompetencia del juez en el caso.

Miles de personas salieron en manifestación por todo el país el 24 de abril de 2010 en apoyo al juez Baltasar Garzón, pese a los reveses acumulados, y denunciando la impunidad consentida para el régimen de Franco. El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela acabó abriendo juicio oral contra el juez el 12 de mayo del mismo año. Dos días más tarde, el pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidía por unanimidad suspender cautelarmente de sus funciones a Garzón.

La aniquilación del juicio contra el franquismo fue una bomba mediática a nivel internacional. Periódicos como The New York Times, los británicos The Guardian o The Times o el francés Le Figaro, llevan a sus portadas el bloqueo español al proceso judicial contra el franquismo. «Ahora, la justicia misma se ha convertido en una víctima en España —resumía Human Rights Watch en un comunicado—. El juez Garzón ha luchado por hacer justicia para las víctimas de graves atrocidades cometidas en el extranjero y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país. Los verdaderos crímenes aquí son las desapariciones forzadas y los asesinatos, no el intento del juez Garzón de investigarlos».

El magistrado de la Audiencia Nacional acabó absuelto por el TS el 27 de febrero de 2012. La sentencia dictaba que no existía delito de prevaricación, que el juez solo había incurrido en un exceso interpretativo de las normas. Pero ya había sido condenado y excluido de la carrera judicial por las escuchas ilegales del caso Gürtel. El caso contra los crímenes franquistas fue frenado y el aviso a navegantes quedaba claro.

La estrategia de Garzón no llegó a puerto y las causas particulares que caen en juzgados locales tampoco prosperan. Así ocurre con las denuncias motivadas a raíz de intervenciones arqueológicas en fosas y cunetas donde aparecen restos óseos con evidencias de muerte violenta. La justicia española ignora por sistema estos casos. Ni siquiera que haya huesos humanos tirados en una tumba ilegal mueve a la actuación de los jueces más allá de la apertura de diligencias previas que, si las hay, acaban tomando la decisión marcada a priori: el sobreseimiento del caso.

La judicatura usa el comodín de la teórica prescripción de los homicidios por el tiempo transcurrido, considerándolos por tanto como crímenes comunes y no de lesa humanidad. Junto a la Ley de Amnistía, son las herramientas determinantes para garantizar sin mucho contratiempo que todo quede en nada, que no prospere ningún intento de las víctimas por alcanzar la justicia. Este carpetazo reiterado a la investigación certifica el modo en que los jueces del país ignoran posibles delitos de secuestro, asesinato y desaparición forzada.

Y esta particularidad patria conduce a que las evidencias de muertes violentas que salen en las exhumaciones de fosas del franquismo no pisen el juzgado en muchas ocasiones. Porque presentar denuncia por asesinato en el tribunal más cercano ha servido a veces solo para paralizar durante un tiempo indeterminado el trabajo arqueológico y, como mucho, que algún magistrado acabe ordenando el levantamiento de material óseo por parte de funcionarios policiales.

Como ocurre por ejemplo en la localización del jornalero anarquista Juan Landero. El juzgado sevillano de Coria del Río no realiza ningún tipo de pesquisa. Solo lo mínimo: abrir procedimiento rutinario, tomar los huesos que luego devuelve al equipo técnico y la familia, y cerrar en falso la actuación judicial. En suelo andaluz, como guía de lo que ocurre en el resto del país, menos de una cuarta parte de los procesos exhumatorios entra en este escaso recorrido jurídico, con ejemplos como los de Encinasola o Zalamea la Real (Huelva), Cañete la Real (Málaga), la fosa de El Marrufo (Cádiz) o las de Víznar, Órgiva e Íllora (Granada).

Es la versión negativa de la justicia, un punto final al afán indagador en el que los jueces cierran procesos sin conocer siquiera los hechos criminales. Una aplicación restrictiva de la normativa que no casa con los compromisos internacionales suscritos por España en materia de derechos humanos, como avisa Naciones Unidas.

De poco sirven las denuncias de víctimas y asociaciones de Memoria Histórica. El país de la desmemoria ha hecho poco y mal. España ha impedido el derecho familiar a cerrar el duelo y ha dejado sin resolver miles de crímenes. Los que tuvieron lugar tras la puesta en marcha de la conspiración golpista, en pleno terror fundacional del franquismo, y los que llegaron después dejando un rastro de sangre hasta los estertores de la dictadura de Franco, con la represión continuada y las últimas ejecuciones que el autodenominado caudillo firmó en septiembre del año 75, unos meses antes de fallecer.

Los reos condenados a muerte ese año son tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP): José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena. Más dos integrantes de ETA político-militar: Juan Paredes Manot, Txiki, y Ángel Otaegui. Antes de la abolición de la pena capital con la Constitución de 1978, el último asesinado por el método de garrote vil será el anarquista Salvador Puig Antich. Al joven antifascista lo condena un Consejo de Guerra, acusado por el homicidio de un policía. La máquina mortal activa su postrero servicio el 2 de marzo del 74.

La familia de Puig Antich pide justicia, todavía. Recuperar su memoria. Como en el caso de Manuel José García Caparrós, militante de Comisiones Obreras abatido por un tiro de la policía armada durante una manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977. García Caparrós tenía 17 años cuando cae muerto en una calle malagueña. «Si te dijera amor mío, / que temo a la madrugada, / no sé qué estrellas son estas / que hieren como amenazas / ni sé qué sangra la luna / al filo de su guadaña», canta Luis Eduardo Aute en Al alba, un himno contra la pena de muerte.

Un año antes, el mismo cuerpo policial protagoniza una de las mayores matanzas de la Transición: los sucesos de Vitoria. Unos 4000 obreros están reunidos en asamblea el 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, cuando los agentes lanzan gases lacrimógenos al interior del recinto provocando una estampida. Sale huyendo la gente, y disparan fuego real y pelotas de goma. La acción violenta y desproporcionada contra la huelga deja cinco muertos y más de 150 heridos. Y da idea de cómo el franquismo alarga su brazo ejecutor más allá de la muerte de Franco. El ministro responsable de las fuerzas del orden se llama Manuel Fraga Iribarne.

La matanza de Vitoria, como otros episodios teñidos de sangre, ejemplifica el tenso clima reinante. Es el caso del atentado llevado a cabo por terroristas de extrema derecha conocido como la Matanza de Atocha, en Madrid, el 24 de enero del 77. Los pistoleros fascistas entran en el despacho profesional del número 5 de la calle Atocha y abren fuego. Dejan cinco muertos, los abogados laboralistas Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, además del estudiante de derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Y cuatro heridos graves, Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz. Una abogada del bufete, Manuela Carmena, alcaldesa madrileña desde 2015, evitó los disparos porque Benavides le había pedido usar su despacho para una reunión. El 4 de marzo de 1980 un tribunal condenó a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años de prisión, a cada uno, y a 73 años al secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado con la organización fascista FET de las JONS, Francisco Albadalejo. Formaban, como decía la sentencia, «un grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España».

«Solo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables», subrayaba el relator de la ONU sobre la solicitud de entrega dictada desde Argentina sobre altos cargos, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad del franquismo acusados de torturas y que engrosaron la lista de «buscados» por la Organización Internacional de Policía Criminal. El país de la desmemoria, sin embargo, regateó las peticiones que emanan de la Causa 4591/2010 «por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977», el proceso que impulsa la jueza María Romilda Servini de Cubría desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires (República Argentina) a partir del 14 de abril del año 2010.

La negativa a extraditar al país austral a varios altos cargos del régimen dictatorial es uno de los grandes ejemplos del frenazo español a la denominada Querella Argentina. La falta de colaboración contrasta con el carácter pionero de España en la aplicación de la justicia universal, precisamente los mismos principios internacionales que motivaron a Servini a abrir el único proceso que sigue abierto para juzgar el franquismo.

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez también anunció que abriría esa vía de colaboración con Argentina. «¿Va a recuperar la justicia universal para los tribunales españoles, y derogar así la reforma que hizo el PP?», preguntaron Ignacio Escolar y Neus Tomàs al presidente español en la entrevista anteriormente mencionada para eldiario.es. «Sí. Estamos ultimando la derogación del recorte de la justicia universal por parte del anterior gobierno. Ese recorte de la justicia universal dejó maniatado al Estado en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo internacional. Además, creó espacios para la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y de genocidio. Y, en fin, que haya otros países que estén juzgando casos vinculados con el franquismo y que no sea España, pues me parece que no es aceptable. O al menos no es aceptable para este gobierno», declaró en el verano de 2018. «Pero para juzgar los casos del franquismo haría falta acabar con la Ley de Amnistía, que es la barrera judicial que impide juzgar algunos asuntos relacionados con el franquismo», cuestionan los periodistas. «Esa es la discrepancia que nosotros tenemos con algunos grupos parlamentarios. Nosotros consideramos que la modificación de la Ley de Memoria Histórica que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista a principios de año precisamente resuelve algunas de estas cuestiones», asevera el mandatario. «Usted hablaba de los acusados de crímenes de lesa humanidad, ¿eso significa que España debería entregar, por ejemplo, al exministro Martín Villa a la justicia argentina?». «Yo no me puedo meter…», asegura Sánchez. «Pero dé una opinión», repreguntan. «No, insisto. El carril de la justicia va por su lado y el carril de la política va por otro. Lo que sí que creo es que hay instituciones como el Tribunal Penal Internacional de La Haya que necesitan del compromiso de todos los estados en la reivindicación y la reconstrucción de un principio básico como es la justicia universal». El tiempo dirá que hay detrás de estas palabras.

La judicatura española, con el trabajo del juez Garzón en vanguardia, había logrado convertirse en un referente con hitos como la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, acusado de crímenes de lesa humanidad o el juicio al militar argentino Adolfo Scilingo. Hasta que el PP reformó en 2014 el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y así puso fin a la jurisdicción universal en España y archivó los casos contra delitos internacionales abiertos en la Audiencia Nacional, como contaba Gabriela Sánchez en «Desalambre», la sección sobre derechos humanos de eldiario.es. Unos años antes, en 2009, el gobierno presidido por Zapatero dio el primer recorte limitando la investigación a casos «cometidos en el exterior si los acusados se encuentran en España» o si alguna de las víctimas tiene «algún vínculo de conexión relevante» o nacionalidad española.

Si una víctima no encuentra justicia en su propio país, tiene derecho a buscarla fuera. Es la clave de este amparo de la comunidad internacional para contextos graves como «genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada», recuerda la periodista. Todos entran en el ámbito del proceso que dirige Servini desde un tribunal bonaerense.

El bloqueo a la Querella Argentina ha protegido a personajes como el expolicía acusado de torturas Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Hasta el verano de 2018 eran casi una decena las denuncias que lo identifican como uno de los más crueles interrogadores del aparato represor franquista. Las fechorías del agente están recogidas en las denuncias presentadas en su contra. Antes hemos visto dos de sus actuaciones contra mujeres. Hay muchísimo más.

Billy el Niño disfrutó con su trabajo, según relatan sus víctimas. Y en los calabozos de la Puerta del Sol usó diversas técnicas de castigo. Como el colgamiento de una barra del detenido, esposado por la muñeca delante de los tobillos, quedando suspendido por las rodillas en una postura que deja expuestos los glúteos, genitales y plantas de los pies. El dolor es muy intenso. Los golpes pueden provocar abundantes hemorragias y presencia de sangre y coágulos en la orina durante meses. Era una de las técnicas más usadas por la Brigada Político Social por la extrema posición de vulnerabilidad y la nula posibilidad de defensa.

El «saco de golpes». Billy el Niño bautizó así a los puñetazos y patadas repetidas en el cuerpo de sus víctimas que descargaba con movimientos y gritos copiados de las artes marciales. Decía que así demostraba su pericia en la materia. O la «bañera»: introducción de la cabeza en aguas «extremadamente sucias y nauseabundas» hasta el práctico ahogamiento del secuestrado, que cuando llega a perder el conocimiento siente la sensación de que va a morir. El «pasillo», en el que el reo pasa entre dos filas de agentes policiales que golpean con porras, vergajos, puños americanos, patadas y puñetazos. El «repasito», una técnica empleada entre interrogatorios para propinar fuertes golpes, sin dejar marcas en el cuerpo, con guías telefónicas y porras de goma.

Y apagar cigarrillos en la cara o propinar reiterados golpes en la cabeza para originar intensas cefaleas. O esposar al preso político a un radiador para que el calor acabe produciendo aturdimiento, mareo y fatiga. Un debilitamiento incrementado con la negativa a proporcionar agua o bebida, una escasa alimentación que se unía a las duchas de agua fría y a negar el descanso a los detenidos. La humillación llegaba al extremo de despojar de la ropa para mantener desnuda a la víctima, sin permitirle realizar las necesidades fisiológicas ni el aseo personal. Incluyendo, para las mujeres, el periodo de menstruación.

El encierro y aislamiento en una celda, con un petate y una manta, quedaba trufado de constantes bajadas y subidas desde calabozos a salas de interrogación. Alternar estas situaciones provocaba desorientación forzada y desubicación espaciotemporal. Las prácticas quedaban prolongadas durante horas para derrumbar a los detenidos y obtener información de sus actividades. La violencia psicológica arrancaba en insultos y amenazas para acabar en coacciones que indicaban posibles daños a familiares y compañeros de lucha antifranquista.

La «ventana», consistía en asomar al preso, normalmente inmovilizado y sometido a golpes, dándole a entender que iba a ser arrojado al vacío. Fue el caso de Enrique Ruano, delegado del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid, que murió el 20 de enero de 1969 al caer desde el séptimo piso de un edificio al que había sido trasladado por la BPS. El movimiento antifascista definió el suceso como un asesinato bajo custodia policial. O de Julián Grimau, lanzado al patio interior de la Dirección General de Seguridad el 8 de noviembre del 62. La policía quiso justificar el episodio como un intento de suicidio. El militante del Partido Comunista fue condenado después a muerte y ejecutado por la dictadura franquista el 20 de abril del 63.

«En ese mismo despacho el cobarde de Julián Grimau se tiró por la ventana», le dijo Billy el Niño a uno de sus torturados, el exparlamentario europeo de Izquierda Unida Willy Meyer. El policía de Franco sacó la pistola y «apretó la pistola contra mi pecho mientras gritaba que me iba a matar», contó. El torturador había montado el arma en falso para recrear una ejecución. Era otra de las fechorías predilectas del más tristemente famoso torturador del tardofranquismo.

La extrema violencia de Billy el Niño queda acreditada con los relatos recogidos en las denuncias de algunas de sus víctimas. Los documentos testimoniales destacan el violento y sistemático protocolo de la BPS: a los golpes en la detención y el traslado en vehículo policial seguía el encierro y aislamiento, los intensos y continuados interrogatorios, e incluso médicos que comprobaban las constantes vitales y el estado de resistencia de los torturados.

Chato Galante también vivió aquellas detenciones «extremadamente violentas» y las diversas tácticas de castigo. «El sadismo y la crueldad de Billy el Niño eran vocacionales», decía Luis Suárez-Carreño, torturado que denunció a tres policías de Franco. Porque la dictadura respondía a las manifestaciones contra el régimen con más acciones represivas. Y Billy el Niño era «el sádico terrorista de la tortura» que disfrutaba con su trabajo y daba un tratamiento especial a las mujeres, el policía premiado con medallas «en atención a los méritos que concurren en el interesado», como recogía el Boletín Oficial del Estado del 1 de julio del 77. La orden estaba firmada por el ministro de la Gobernación de Franco, Rodolfo Martín Villa, también imputado en la causa argentina contra los crímenes del franquismo.

Otro ministro procesado fue José Utrera Molina, declarado falangista y suegro del político del PP Alberto Ruiz-Gallardón. El entierro del político franquista en abril de 2017 quedó marcado por el grupo de individuos ataviados con indumentaria fascista que entonó el Cara al sol a la salida de la misa funeral y al paso del féretro hacia el coche fúnebre. El ataúd con los restos mortales de Utrera Molina avanzaba sobre los hombros, entre otros, de su yerno y también exministro. La polémica escena con el cántico del himno fascista llegó al juzgado pero la Fiscalía de Málaga acabó archivando la denuncia de la Junta de Andalucía y de partidos políticos de izquierda que apelaban a la posible comisión de un delito de odio por el menosprecio a las víctimas de la represión. La justicia entendió que se trataba de un acto privado.

La estrategia de impunidad toca todos los palos. En esta estrategia de ocultación participó la Fiscalía General del Estado cuando envió una circular con la que torpedeaba cualquier investigación abierta. La iniciativa del Ministerio Público buscó evitar que los incriminados en el proceso argentino declarasen en los juzgados españoles. Es decir, sortear las órdenes con las que la jueza Servini pretende determinar si los investigados participaron, o no, en crímenes contra la humanidad.

La escena evidencia la meta nacional de la desmemoria: frenar todo intento por juzgar el franquismo. Un dique de contención construido con gruesos ladrillos como la Ley de Amnistía, la escasa determinación política durante décadas para virar el timón histórico «atado y bien atado» y, también, por la respuesta parcial y tibia de una sociedad diseñada para no exigir el final justo del rastro intocable de Franco.

Más ejemplos. En septiembre de 2013 Servini dictó orden de detención internacional contra cuatro torturadores franquistas. Pero el juez Pablo Ruz no adoptó medidas cautelares y las víctimas acusaron al magistrado de incumplir el tratado de extradición. Poco después, el pedido formal llegó al gobierno español, que se tomó su tiempo en contestar y acabó derivando la cita en la Audiencia Nacional permitiendo, en teoría, que el proceso siguiera su curso. El Ejecutivo se guardó un último as en la manga: volver a pronunciarse sobre el asunto tras la decisión judicial. No le hizo falta, sin embargo, ya que poco antes el PP rechazaba en la Comisión de Justicia del Senado el reclamo para que España colabore con la causa.

La Fiscalía General del Estado anunció en enero de 2014 que se oponía a la entrega del exguardia civil Jesús Muñecas y del expolicía Billy el Niño. Alegaba como argumento que los tribunales españoles tienen preferencia en la indagación de los hechos denunciados. El ministerio Fiscal entreabría así una puerta a juzgar a los criminales que quedaba en un puro espejismo. El portazo final usó el recurso más popular: la prescripción de los delitos. Y en el mes de abril de ese año acaban desestimando todas las extradiciones solicitadas por Servini.

La justicia argentina, en todo caso, no arrojó la toalla. En octubre del año 2014 pidió el arresto del exministro Martín Villa y otros 19 imputados. En el grupo de presuntos delincuentes franquistas había políticos, militares, policías, magistrados, un abogado y un ginecólogo involucrado en el robo de bebés. Para regatear el mandato, Interpol España declaró ante la secretaría general del organismo con sede en Lyon (Francia) que la solicitud no permitía aplicar el «distintivo rojo».

Más allá del subterfugio que sirvió para no practicar los arrestos solicitados, el gobierno de Rajoy dijo abiertamente en marzo de 2015 que no iba a facilitar la detención a los encausados. Los gobernantes derechistas justificaron la decisión en que debe primar el derecho interno de España. Pero los jueces, antes, durante y después, dan carpetazo a cualquier intento en ese sentido.

El tribunal de Buenos Aires, pese a las trabas, logró engarzar otra jugada. Un años más tarde pide interrogar a los imputados en sedes judiciales españolas. Como no la dejan en casa, Servini propone viajar a la Península Ibérica y tomar declaración testimonial in situ. El ministerio de Justicia reacciona ganando tiempo al solicitar a la jueza las preguntas que quiere hacer a los presuntos criminales. La dilación acaba obligando la suspensión del primer viaje previsto.

El procedimiento sigue su curso y España acaba tramitando la petición argentina en septiembre de 2016. El gobierno parece acatar el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre ambos países y rebota el exhorto a los juzgados territoriales correspondientes. Estas salas deben practicar los interrogatorios en presencia de Servini. A final de mes asoma una buena noticia para la Querella Argentina: los tribunales están tramitando las comparecencias.

Solo queda entonces cuadrar agenda entre Buenos Aires y cada juez de turno para citar a los acusados y realizar las declaraciones indagatorias. Pero llega el jarro de agua fría. En octubre la Fiscalía torpedea todo el proceso con la mencionada circular que amenaza con aplicar a los jueces díscolos el conocido antecedente sufrido por Baltasar Garzón.

Las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura sí han sumado conquistas al hilo del juicio impulsado desde Argentina. Como las declaraciones en la Audiencia Nacional, ante el juez Fernando Andreu y la jueza Servini, de dos mujeres represaliadas: Teresa Álvarez y Faustina Romeral, nonagenarias, citadas a finales de mayo de 2014 en el Juzgado Central de Instrucción Número 4. «Es el día más feliz de nuestras vidas», dijeron al salir de la sala en un episodio inédito.

En la toma de declaración conjunta también estuvieron los abogados de la Querella Argentina, Ana Messuti y Máximo Castex. «A ver cómo se dan los hechos y las declaraciones de las víctimas, pero es una gran noticia, un momento histórico, no hay precedente de una actuación de este tipo que está en el marco de las relaciones bilaterales», aseguraba Castex. Era «un paso muy importante» que podría servir «como puntapié para tener alguna esperanza futura de que se comience a juzgar al franquismo aquí en España», decían los letrados. El juez Andreu también gestionó la visita de la delegación argentina al Archivo Histórico Nacional y a la Dirección General de Seguridad (DGS), el centro de detención y tortura durante la dictadura y sede en la actualidad del gobierno de la Comunidad de Madrid.

En juzgados españoles han tenido lugar algunas citaciones a querellantes. «Yo tenía tres años, sacaron a mi madre de casa y la fusilaron», contaba Antonio Narváez en Sevilla. Tiene más de 80 años, como Antonio Martínez, que pierde a su padre ejecutado por fascistas y arrojado a una fosa común. «Ese día llevaban un camión lleno para el cementerio», recordaba.

Uno de los momentos culminantes de la causa argentina sucede a finales de 2013. Un grupo de 16 víctimas viaja a Buenos Aires para ofrecer testimonio en directo en el juzgado que preside María Servini de Cubría. Con ese paso intentan acelerar las imputaciones, que no frene el ímpetu acumulado por el proceso y broten resultados tangibles. Y llegan, con nombre y apellidos, cuando Ascensión Mendieta pide «solo una cosa»: que la jueza ayude a rescatar los restos de su padre, Timoteo, y ella pueda llevar consigo, a su muerte, «uno de sus huesos». El desgarrador testimonio de la niña que el 16 de noviembre del 39 abrió la puerta de su casa a los asesinos de su progenitor conmueve a la sala. Servini remitió un exhorto ordenando la exhumación de Mendieta. Arrancaba así la única intervención en una fosa común del franquismo realizada en España bajo tutela internacional.

«¿Por qué en España no se ha juzgado el franquismo?», pregunta Ignacio Escolar a Joaquim Bosch en el inicio del capítulo «La memoria democrática y la reparación a las víctimas del franquismo» del libro El secuestro de la justicia. La obra recoge una extensa conversación en profundidad entre el director de eldiario.es y el magistrado. Un diálogo sobre una cuestión básica: ¿está la justicia española secuestrada por los políticos? Y responde el portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia sobre la «paradójica» situación: «Los familiares de las víctimas han acudido a los tres poderes del Estado, al legislativo, al ejecutivo y al judicial, pero ninguno de los tres ha dado respuesta a sus legítimas pretensiones. Esto se llama indefensión y está prohibida constitucionalmente».

Hay una serie de cuestiones clave que el país de la desmemoria no resuelve «tras cuarenta años de democracia». Y que giran sobre el trinomio verdad, justicia y reparación. Las fosas comunes y los desaparecidos forzados son un problema «terrible», como pone sobre la mesa Escolar. «Que haya miles de personas que todavía hoy, décadas y décadas después de la guerra y la represión posterior, no han podido ni tan solo recuperar los cadáveres de sus familiares para poder darles una sepultura digna» como paradigma de la desmemoria. «Enterrar a los muertos allí donde puedan visitarlos sus familiares es algo que Naciones Unidas y todos los organismos que trabajan en estos temas consideran como el punto de partida básico para cerrar cualquier conflicto», alega.

Pero España es diferente. «No hemos juzgado a los verdugos y mantenemos vigente una ley que amnistió sus crímenes, que es equivalente a la que en otros países se llamó Ley de Punto Final», explica Ignacio Escolar. El ejemplo de Chile aparece como el reverso de la moneda: «No solamente han condenado a gran parte de los que participaron en la dictadura chilena, sino que han creado un museo de la memoria donde se pueden ver muchísimos testimonios directos de la brutalidad y las torturas de la dictadura pinochetista». La conmoción por «tanto dolor» da paso a sentirse «orgulloso del pueblo chileno». En España, en cambio, «pagamos con dinero público un enorme mausoleo dedicado al dictador, el Valle de los Caídos».

En Chile, «a diferencia de lo que ha ocurrido en España con nuestra dictadura, han sido capaces de afrontar su pasado y hacer justicia». El resultado es el desamparo a las víctimas del terror franquista, contrario incluso a la actual Constitución Española. «El origen de esta extraña sinrazón debemos buscarlo en la Transición», enlaza Bosch. Porque se trata de «un periodo histórico que se nos ha presentado como modélico, impecable y casi perfecto» y en el que, sin embargo, «se adoptaron muchas decisiones cuestionables». Siempre bajo la distorsión del ruido de sables y la sombra del «atado y bien atado» de Franco. Con «cargos destacados del franquismo» dirigiendo las riendas e imponiendo «pautas esenciales».

Que el dictador muriera en la cama manteniendo el régimen «todavía bastante sólido» solo se explica gracias «a una opresión especialmente dura, larga y estructurada», relata el jurista. «Como ha señalado Paul Preston, no hay equivalentes en Europa occidental de unas prácticas represivas tan duraderas y tan intensas en sus efectos». La Transición fue «suscrita en inferioridad de condiciones» por una «oposición democrática» que no podía «imponer nada». De ahí los «pactos» y las «renuncias» con el exponente de la Ley de Amnistía a la cabeza. En aquel momento, continúa Joaquim Bosch, «era impensable exigir responsabilidades penales por los crímenes del franquismo con posibilidades de éxito». E incluso «reivindicar las exhumaciones de las fosas comunes implicaba airear todas las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas». Por eso quedó fuera de juego.

«La prioridad era comenzar una etapa democrática sin despertar otra vez a la bestia totalitaria». El análisis «no puede aplicarse a la amnesia que se instaló en las instituciones democráticas en las décadas siguientes. Una vez se habían despejado los riesgos antidemocráticos, no puede entenderse justificada la indiferencia hacia las víctimas del franquismo», añade Bosch. La «primera tentativa institucional» para abrir fosas y cunetas fue la Ley de Memoria Histórica de 2007 «y las primeras diligencias penales» contra delitos franquistas «fueron incoadas en 2008 por Baltasar Garzón». Al cabo, «la realidad incontrovertible es que nadie rindió cuentas por los crímenes de la dictadura». Y ahí ha seguido anclada España.

«Atreverse a juzgar el franquismo fue sin duda uno de los motivos reales por los que Garzón terminó expulsado de la judicatura», tercia Ignacio Escolar. El terrorismo golpista es el «jardín secreto» que el Estado español mantiene inexpugnable. «Pero lo peor es el mensaje, la advertencia que dejó lo ocurrido a los demás jueces. Si alguien tan poderoso como Garzón termina así, ¿qué juez se va a atrever después a entrar en ese jardín? ¿Quién osará interpretar la jurisprudencia internacional sobre los crímenes contra la humanidad, a la luz de los convenios que ha firmado España? ¿Qué juez español se va a atrever a hacer algo equivalente a lo que ocurrió en noviembre de 2017 en Argentina, donde han condenado a los responsables de los vuelos de la muerte?», advierte el periodista.

«La investigación de Baltasar Garzón provocó un debate interno durísimo en la judicatura, incluso dentro de los sectores judiciales progresistas, entre quienes creían que esos delitos no se pueden investigar y quienes pensábamos que sí», responde Joaquim Bosch. El magistrado recuerda casos análogos en los que la justicia sí actúa. «No olvidemos que en las últimas décadas los tribunales alemanes han condenado a un buen número de ancianos por su participación en los crímenes del nazismo». Y la justicia francesa «condenó a Maurice Papon cuando tenía 87 años» como cómplice «al haber enviado a Auschwitz a centenares de judíos entre 1942 y 1944, cuando era secretario de la prefectura de Burdeos». O en España, incluso, con la condena a Scilingo «por crímenes contra la humanidad perpetrados durante la dictadura de Videla, en virtud del principio de justicia universal».

Los requerimientos de la ONU recuerdan con frecuencia que la Ley de Amnistía carece de valor jurídico «al resultar contraria a la legalidad internacional, porque los gravísimos delitos del franquismo no pueden ser amnistiados». Pero ahí siguen, flotando en la más absoluta impunidad. Y en tal situación de olvido cabe un partido, el PP, que dejó con presupuesto «cero» la Ley de Memoria Histórica durante casi dos legislaturas y «no solo lo hace sin vergüenza sino que alardea de ello», subraya Escolar. O un presidente de Gobierno, Rajoy, que «presume en sus mítines de no dar dinero» para las víctimas del golpe de Estado del 36 y de los 40 años de dictadura de Franco.

«La raíz del problema es que el rechazo del franquismo tendría que unir a todos los demócratas», opina Bosch. Pero no existe ese «consenso para condenar la dictadura sin ambigüedades», para apoyar la reparación a los represaliados como «mínimo común». Porque en España existe «un sector amplio de la sociedad que nunca se definiría como antifascista». Una anomalía «impensable en Alemania, en Italia, en Francia o en otros estados». Una estampa que sigue vigente como «una de las herencias turbadoras de la Transición».

«No hubo una ruptura nítida con la dictadura y todavía persiste un franquismo sociológico muy arraigado en la sociedad», en palabras del magistrado. Una muestra de que en España «nunca hubo una ruptura real con el régimen dictatorial» es el Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), como señala Escolar. La finca es la punta de iceberg del expolio de Franco, «un botín de guerra» enmascarado con presuntas «donaciones voluntarias» entregadas a punta de pistola. Los Franco «siguen siendo hoy una de las fortunas más notables» del país, una riqueza que nace «de todo lo que en su momento el dictador se embolsó», y las visitas a Meirás las organiza la Fundación Nacional Francisco Franco, «que hasta antes de ayer ha estado recibiendo subvenciones públicas».

«Si trasladas este ejemplo a Alemania y te imaginas una fundación Adolf Hitler que organiza visitas guiadas al Nido del Águila en los Alpes, y que esa antigua propiedad siguiera siendo de la familia Hitler, y que las visitas las organizara una fundación pronazi pagada por el Estado y que, encima, desde la propia derecha conservadora alemana te dijeran: “esto no lo podemos tocar porque es una propiedad privada”. Allí es inimaginable algo lejanamente equivalente, pero en España hemos llegado a esta situación absurda», sostiene Ignacio Escolar en el libro El secuestro de la justicia.

Porque el saqueo a los derrotados es uno de los pilares que sostiene la impunidad. «¿Qué reparación tendrían que pagar las empresas que se aprovechaban del trabajo esclavo durante el franquismo? ¿Qué pasa con el patrimonio robado a los republicanos?», cuestiona el director de eldiario.es. La Transición «legalizó» los crímenes, todos, incluido el expolio masivo a los vencidos. Ahí están las conexiones de las altas esferas de la conspiración rebelde y del posterior régimen de Franco con una parte «notable» de las élites españolas. «Pero ¿qué pasa con las personas físicas que fueron olvidadas y cuyo patrimonio fue incautado por dirigentes del golpe de Estado? A esos particulares, ¿cómo se les repara? ¿O es que no se les va a reparar nunca?», añade.

La clave para que los tribunales españoles «pudieran replantearse la situación actual» y comenzar a aplicar justicia «sería que se dejase sin efecto la Ley de Amnistía», opina Joaquim Bosch. «En estos últimos años sí que se han incoado algunos procedimientos en los juzgados, como cuando se localiza una fosa común o se ejercen acciones por torturas cometidas durante el franquismo. Pero la regla general es que las diligencias son inmediatamente archivadas», explica el letrado. Con la línea jurisprudencial en contrario del Tribunal Supremo y la suspensión de funciones acordada con Garzón, el panorama no es esperanzador.

«Fuimos pioneros en la justicia universal frente a crímenes contra la humanidad, y también pioneros en frenarla. E igualmente impotentes para juzgar los crímenes contra la humanidad que se cometieron en España —rescata Escolar—. Es vergonzoso cómo quedamos retratados como país con todo esto». «Miramos hacia otro lado cuando tocaba perseguir nuestras propias monstruosidades —completa el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia—. Me gusta recordar que estos no son temas del pasado, sino del presente». Que las víctimas «están aquí y ahora» y, frente a la impunidad reinante, «tienen derecho a exigir una reparación del Estado». La solución, a la vista de los precedentes, queda lejos. En palabras de Joaquim Bosch: «Lo más probable es que los crímenes contra la humanidad del franquismo queden impunes».

10. Parafernalia simbólica

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Parafernalia simbólica

«Personalmente siento una profunda admiración por Franco». Es el epitafio que se suele oír de labios del guía cuando se visita el Pazo de Meirás. El recorrido lo conducen empleados de la Fundación Nacional Francisco Franco, como cada viernes, en cuatro turnos, cuando la finca de Sada, que fuera propiedad de la escritora Emilia Pardo Bazán, queda abierta al público por su condición de Bien de Interés Cultural.

Los nostálgicos del franquismo avisaron: usarían Meirás para elogiar la «grandeza» del dictador. Ya lo decía Ignacio Escolar, ¿imaginan una fundación Hitler que gestionase el Nido del Águila para hacer apología del nazismo? Con un tipo, además, que enseña el lugar haciendo alarde de su devoción por el causante de miles y miles de muertes. Sería impensable encontrar una escena similar en el que fuera retiro del líder nazi en los Alpes bávaros.

En el país de la desmemoria sí ocurre. Y entre continuos elogios al dictador. «Franco coge a España en la hambruna y la transforma en la décima nación del mundo —se atreve a decir el guía—. Se ha colocado sobre él un estigma que nadie sabe por qué, lleva 42 años muerto y sigue siendo el centro de la política». Las explicaciones del lobby que ensalza la figura del sátrapa español tiran de manual: «Franco no participó en el golpe de Estado de Sanjurjo en el 32 y salvó a la República del golpe de Estado de la izquierda en el 34».

El visitante del Pazo de Meirás no oirá nunca las palabras «dictador», «golpista», «rebelde», «sublevado» o «fascista» para referirse a Franco. En mitad de aquel terreno rústico protegido, el militar que se enfrentó al régimen democrático de la Segunda República es el «generalísimo», el «caudillo» o el «Jefe de Estado». Ya es bastante que la familia Franco haga «una deferencia» al conceder visitas guiadas, ya que «no tiene obligación», subraya el mismo sujeto.

Pero el Pazo es un doble símbolo. Del expolio y de la impunidad del franquismo. Meirás es la marca viviente del botín que Franco robó a los derrotados en la Guerra Civil española. Un emblema del totalitarismo que huele a viejo, a rancio. A Franco. Al rastro claustrofóbico del fantasma de la dictadura.

Cuando se entra en el edificio principal vemos una escalera presidida por un tapiz con el águila franquista. Delante hay un busto del militar golpista. En la primera planta lucen varias pinturas del general. En una de ellas aparece ataviado con el uniforme falangista. Las cabezas disecadas de decenas de animales salpican de muerte las habitaciones.

Un libro sobre Federico García Lorca reposa en la biblioteca personal de Franco. La pieza es un testigo mudo de los miles de desaparecidos forzados. Una muestra del desdén, del desprecio, del olvido premeditado. Cerca hay una alegoría de la Guerra Civil española con Franco subido a caballo dirigiendo con el brazo alzado a unas eufóricas tropas fascistas formadas por legionarios y regulares marroquíes. Un letrero anuncia en la parte superior del cuadro que se trata de un retrato del «caudillo». En la parte baja, otra leyenda reza: «Volverán banderas victoriosas. III año triunfal».

Meirás tiene el aire añejo que transmite la madera gastada del mobiliario. Unas entrañas de tonos ocres que contrastan con el verde brillante y salpicado de gotas de rocío del cuidado césped que rodea el castillo enclavado en seis hectáreas de terreno adornadas con decenas de especies diferentes de árboles. Castaños, plataneros, eucaliptos, limoneros… o el paseo de las magnolias que era el rincón predilecto de Pardo Bazán. Ahí, en el pazo gallego, pasaba el dictador sus estancias veraniegas. Un retiro que usaba, también, para reunir a su Consejo de Ministros. Y para firmar sentencias de muerte.

Franco se hizo con la finca en 1938 tras poner en marcha un sistema de «donaciones forzosas» supervisado por pistoleros de Falange. Tras la muerte de la única hija del sátrapa, sus descendientes venden la propiedad por una cantidad millonaria y anunciada en una inmobiliaria de lujo como parte de la «historia de España».

Del otro lado surge un creciente movimiento ciudadano por la recuperación del Pazo de Meirás y un informe jurídico encargado por la Diputación de A Coruña que confirma que aquella transmisión a los Franco quedó rubricada mediante un contrato simulado. El estudio es clave como aval jurídico para solicitar la nulidad de la supuesta venta. Una situación muy similar a la ocurrida con el Palacio de Cornide, situado en el casco antiguo de A Coruña. Y con otras muchas fincas y propiedades repartidas por toda España hasta formar una base sólida de una de las mayores fortunas del país.

Una delegación de eurodiputados visitó este símbolo del expolio franquista a primeros de mayo de 2018. Y comprobaron cómo las huellas de Franco siguen estampadas en cada rincón del lugar. La delegación estaba compuesta por Ana Miranda (BNG), Miguel Urban (Podemos), Izaskun Bilbao (PNV), Jordi Solé (ERC) y Jill Evans (Plaid Cymru, Gales). El objetivo era «dar a conocer y denunciar internacionalmente la situación de impunidad de la que goza el franquismo en España».

El recorrido estuvo envuelto en un cierto halo de tensión. Las puertas del Pazo de Meirás nunca se habían abierto para miembros del Parlamento Europeo, acompañados, además, de medios de comunicación. El guardia de seguridad que custodia la visita grita, una vez en el interior del inmueble: «Aviso que no se sacan fotos, el que saque el teléfono tiene que abandonar las instalaciones». Algunos periodistas sortean la advertencia.

Conocer la punta de iceberg de la fortuna corrupta de Franco es una de las propuestas del Grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo. Un par de meses antes estuvieron en la mayor fosa común de España, el Valle de los Caídos, el mausoleo levantado con trabajo esclavo donde el asesino, como ya hemos visto, ha recibido flores frescas a diario rodeado de los huesos robados de miles de demócratas. El conjunto monumental de Cuelgamuros es el máximo exponente de la parafernalia simbólica del fascismo español. La exaltación pura de la violencia golpista y la representación pétrea del nacionalcatolicismo. Un mamotreto arquitectónico diseñado como lugar de reposo para «los héroes y mártires de la Cruzada», como deja escrito Franco dejando poco lugar para la duda. «El Valle de los Caídos difícilmente podrá pensarse como un lugar a favor de la paz y la reconciliación mientras siga en el centro del monumento la tumba del dictador», resuelve el experto en justicia transicional de Naciones Unidas, Pablo de Greiff.

Mantener a un dictador enterrado en un lugar de culto, con honores, ha sido un anacronismo de difícil defensa. Y propuestas para sacar al tirano de Cuelgamuros hubo muchas, aunque todas iban siendo infructuosas. La Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos puesta en marcha en 2011 por el gobierno de Zapatero elaboró un informe que recomendaba retirar «los restos del general Francisco Franco» del «incongruente» pudridero y que sus descendientes se hicieran cargo de los huesos o designaran un lugar para el traslado y reposo definitivo. Para Primo de Rivera era suficiente con que no ocupe un lugar «preeminente del edificio». Son las premisas que acató el gobierno de Pedro Sánchez nada más aterrizar en La Moncloa.

Que el espacio adopte un nuevo significado solo podía ser posible empezando por suprimir la presencia del dictador. El cadáver momificado de Franco, como detalle, trastoca incluso el sentido del memorial fascista. Porque su tumba fue siempre contraria incluso a la finalidad original que motiva el monumento: acoger a fallecidos en la guerra de España. El golpista es el único que no muere en la contienda y acaba enterrado en la basílica.

El «magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación» es el más importante símbolo monumental del golpe de Estado y el franquismo, como recuerdan los expertos que el 29 de noviembre de 2011 entregaban sus conclusiones al ministerio de la Presidencia encabezado por Ramón Jáuregui. El grupo estaba formado por personalidades como Manuel Reyes Mate, Amelia Varcárcel, Francisco Ferrándiz, Miguel Herrero, Virgilio Zapatero, Alicia Alted, Pedro González-Trevijano, Carlos García de Andoin, Carme Molinero, Ricard Vinyes, Hilari Raguer o Carmen Sanz, relevada por Feliciano Barrios. Cuelgamuros, como símbolo, constituía una ignominiosa demostración de la desmemoria oficial y de la resistencia «del nacionalcatolicismo de la época», mantenían en el escrito.

Un decreto firmado a 1 de abril de 1940 —primer aniversario del final de la guerra de España— dispuso la construcción del conjunto monumental formado por la basílica y un monasterio. Y el objeto literal de este diseño era «perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada». La inauguración del complejo memorial, en el año 1959, coincidió con el vigésimo aniversario de la victoria fascista. Un teórico «lugar de reposo y meditación» con unos singulares obreros: «Junto a personal contratado fue construido por numerosos presos políticos bajo las normas del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo», como añade el informe de la época Zapatero.

El grupo de expertos referencia que las «víctimas de uno y otro lado de la contienda» fueron depositadas en columbarios en 491 traslados efectuados entre 1959 y 1983 «desde fosas y cementerios de todas las provincias de España salvo Ourense, A Coruña, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife», convirtiendo al lugar en el mayor osario de la Guerra Civil. El número más elevado de enterramientos ocurre el primer año, con 11 329, y le sigue 1961 con 6607 y 1968 con 2919, según la documentación de Patrimonio Nacional. «En el templo, en lugar preeminente a pie del altar, yacen también los restos de José Antonio Primo de Rivera, trasladados desde el monasterio de El Escorial con ocasión de la apertura de la basílica y los del dictador Francisco Franco, enterrado allí tras su muerte natural en 1975», explican los comisionados.

Como una urdimbre de huesos alrededor del tirano. Así está confeccionada la mayor fosa común del país. En Cuelgamuros hay 33 833 cadáveres, 12 410 de personas desconocidas, arrastrados desde casi todas las provincias de España. Son los otros muertos del Valle de los Caídos. Republicanos ejecutados en zonas de retaguardia o en la represión posterior al conflicto bélico y que fueron sacados de las cunetas sin conocimiento ni permiso de sus familias para rellenar el santuario coronado por la cruz más grande del mundo cristiano. Penando en una especie de anonimato eterno mientras los restos óseos sufren un fuerte proceso de deterioro, como apuntaron las intervenciones técnicas realizadas entre los años 2004 y 2010.

De Madrid hay 4083 muertos cerca de Franco. Le siguen Tarragona con 3902 y Zaragoza con 3691. Luego hay 2346 de Teruel y más de mil de Asturias, Lleida y Castellón. El mapa arroja un dato llamativo: apenas 466 cadáveres trasladados desde Andalucía, la región que acumula un mayor número de desaparecidos forzados y fosas comunes generadas por el genocidio fundacional del franquismo. O Extremadura, con apenas 127. No constan registros de entrada desde Ourense, Pontevedra ni Santa Cruz de Tenerife. Y solo 157 de los cuerpos registrados son mujeres. Los nombres de las personas identificadas quedaron documentados en los libros de registros de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, con ingresos anotados desde el 17 de marzo de 1959 al 3 de julio de 1983.

Todo esto hace del Valle de los Caídos «un lugar de notorio valor histórico, el símbolo monumental presente más importante de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, también del nacionalcatolicismo de la época», escriben los expertos. El informe detalla el «deterioro creciente» del conjunto monumental, que califican como «grave», y afirman que en la actualidad precisa de una costosa intervención: «Para volver las edificaciones a unas correctas condiciones y prolongar su vida útil, se requerirán unas obras por un importe mínimo estimado de más de diez millones de euros», había calculado Patrimonio Nacional. A esta cantidad habría que sumar «al menos otros tres millones para la restauración de los grupos escultóricos».

La Comisión de Expertos deslizaba un final de justicia poética para el lugar: «El estado de la base de la Cruz, de las esculturas exteriores y los problemas de conservación de la propia basílica invitaban a pensar si no sería mejor dejar el conjunto tal cual está, haciendo ver cómo el paso del tiempo —hacia la ruina creciente y visible de todo el conjunto— hace justicia a un monumento diseñado para recordar la victoria de unos y la derrota de otros españoles».

Con la idea de proteger «la memoria de las víctimas» como síntoma de «progreso moral en la convivencia», los analistas establecen una serie de consideraciones. El mausoleo franquista debe pasar de ser «memoria de parte», un monumento «excluyente», a un «lugar de memoria democrática». Una empresa que no es sencilla y necesita «resignificar todo el conjunto» con una máxima que consiste en «explicar y no destruir». Un objetivo que podría quedar cumplido, proponían, a través de un Centro de Interpretación del Valle que explique a los visitantes «cuál fue el origen» del Valle de los Caídos.

Sacar los restos del déspota siempre había resultado una quimérica tarea. «A tal efecto el gobierno deberá buscar los más amplios acuerdos parlamentarios y habrá de negociar con la Iglesia la oportuna autorización», recomendaban los expertos reunidos en 2011. Hasta la propia Ley de Memoria Histórica señalaba la condición de espacio sagrado de la basílica y por tanto inviolable si no es con aprobación expresa de la autoridad religiosa.

La inversión para trabajos de mantenimiento de estas edificaciones, además, sale de las arcas públicas. El precio por mantener el mausoleo de Cuelgamuros ascendió a 1,8 millones de euros entre 2012 y 2017, con un coste fijo que incluye gastos corrientes y de personal que superó el millón de euros en 2016, según datos de Patrimonio Nacional facilitados al senador de Compromís, Carles Mulet. Pero es que también, y según la información que tuvo que facilitar el gobierno de Rajoy, el espacio tiene un déficit de 750 000 euros al año. Las pérdidas, de dinero público, superan los 2,3 millones de euros entre los ejercicios 2014 a 2016. Una pregunta parlamentaria del PSOE a la Mesa del Congreso desveló este desfase contable. Los datos aportados apuntaban también que la mayor fuente de ingresos es por la venta de entradas, con 3,8 millones en esos tres años. Los gastos totales, en cambio, superaron los 6,3 en el mismo periodo.

Estos números incluyen la subvención a la abadía benedictina de la Fundación del Valle de la Santa Cruz de los Caídos. La contabilidad de esta sociedad no está publicada al completo en el portal de transparencia, pese a lo que dicta la ley. «Aquí tenemos un déficit estructural y oculto a cargo de los Presupuestos Generales del Estado que no debería darse», declaraba el portavoz socialista en la comisión mixta del Tribunal de Cuentas, Antonio Hurtado. «Esta forma de ventajas fiscales y ausencia total de transparencia hace que estemos hablando de un paraíso fiscal en el centro de la península», apuntaba el abogado Eduardo Ranz.

Cuelgamuros es el mayor exponente de la parafernalia simbólica del franquismo. Y un agujero por el que ha caído dinero público. Y memoria. El monumento «difícilmente se puede convertir en un lugar de reencuentro y de concordia», reflexionaba Pedro Sánchez. Pero, como sostenía el mandatario: «Una democracia como la española no puede permitirse monumentos franquistas». La momia de Franco ha seguido siendo durante más de 40 años el faraón del Valle de los Caídos.

Dominar los símbolos es una máxima de obligado cumplimiento para amaestrar al país. El control educativo y cultural ejercido por el régimen franquista durante la dictadura alcanza límites extremos que empapan el relato posterior. ¿Quién ha leído en las escuelas españolas la realidad de las fosas comunes? ¿Quién ha visto en los libros de texto algún campo de concentración del régimen de Franco? De esos polvos estos lodos en forma de franquismo sociológico. Solo así, con esta fórmula, puede crearse una sociedad desmemoriada que permita la apología del fascismo y el pisoteo continuo a las víctimas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Que no reclame de forma unánime la lectura justa, y veraz, de las páginas más oscuras de la historia reciente.

El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, sobre «símbolos y monumentos públicos», dice que las administraciones públicas «en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura». Entre estas acciones «podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas». La dificultad continuada en la aplicación de la normativa sirve de espejo de la resistencia explícita de determinados sectores a cortar de raíz con la apología franquista.

Porque España es el paraíso de las fundaciones de corte fascista. La Fundación Franco menciona en sus estatutos, como objetivo prioritario, «la difusión de la memoria y obra» del dictador. La entidad sería una entelequia en cualquier nación democrática pero en España ha llegado a cobrar, por ejemplo, 150 845,77 euros en subvenciones para digitalizar los archivos personales del general golpista, una cantidad que se limita a un periodo de tres años del gobierno derechista de José María Aznar. Un dinero que la organización fascista desvía de estos proyectos de «microfilmación» de documentos de este archivo privado para pagar «tres ordenadores, sillas, un sistema antiincendio, una encuadernadora o un flexo para la sala de archivo y consulta», como desveló en eldiario.es la periodista Raquel Ejerique.

Pero hay más entes privados nacidos para honrar a un nutrido grupo de sediciosos, conspiradores y responsables de la matanza fundacional del franquismo. España es el paraíso de las fundaciones fascistas, caso de la Fundación José Antonio Primo de Rivera o la institución dedicada al «cuñadísimo» Serrano Suñer, el hombre que gestionó el ingreso de miles de españoles en los campos de concentración nazis. Y el general Yagüe, que tiene su hueco en la élite rebelde aunque su fundación usa el atajo nominal del nombre de una de sus hijas. Ahí está para ensalzar su legado criminal.

O la titulada Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés, que sortea la figura original homenajeada, el fundador de la Legión Española José Millán Astray, aunque la entidad no aparece registrada en el directorio de la Asociación Española de Fundaciones (AEF). Este panorama es posible en el país que nunca derrotó al fascismo. De ahí la Fundación Blas Piñar, en honor del histórico fundador de Fuerza Nueva o la que lleva el nombre de Ramiro Ledesma, admirador de Hitler y precursor del nacionalsindicalismo español.

Estas figuras apologéticas son símbolos vivos de la dictadura. Sociedades privadas que se benefician además de las ventajas fiscales que recoge la Ley de Fundaciones de España y que el cambio de gobierno que trajo la exitosa moción de censura en 2018 puso en la picota con la intención manifestada de ilegalizar estas organizaciones, como anunció en el Congreso la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Un caso paradigmático es la Fundación ProInfancia Queipo de Llano, que ya hemos conocido más arriba. La organización dedicada al responsable de la aplicación de la estrategia genocida en el sur de la península está creada para ayudar a la «infancia desvalida». Un forjador de huérfanos encumbrado a los altares de la matanza fundacional del franquismo que durante décadas ha estado enterrado bajo las losas de una iglesia, la basílica de la Macarena en Sevilla.

Diferente es el caso de Pamplona. El Monumento a los Caídos de la capital navarra acogía a dos golpistas, el «Director» Emilio Mola y José Sanjurjo. Hasta que el Ayuntamiento, gobernado por Bildu, ordenó la exhumación de los restos de ambos generales rebeldes para clausurar el lugar, cumpliendo así con la Ley de Memoria Histórica. Las familias de los militares rebeldes y de otros seis soldados franquistas recibieron los restos mortales enterrados en la cripta.

El Banco de España y 301 pueblos también fueron denunciados en octubre del año 16 por mantener parafernalia simbólica de la dictadura y la Guerra Civil. La caza a estos elementos sumaba otro episodio después de la acusación en febrero de 2015 contra Ana Botella, entonces alcaldesa de Madrid, y otros 37 primeros regidores de todo el Estado, caso de Huelva, Córdoba, Salamanca, Vigo, Zaragoza, Sevilla, Lugo, Oviedo, Barcelona o Palma de Mallorca.

Los nuevos procedimientos se añadieron a las 30 demandas ya en curso tras las denuncias de Ranz a instituciones que serían «cómplices del golpe de Estado» si se negaban a cumplir la ley. En la sede principal del Banco de España «se observa en la primera planta un escudo preconstitucional», apuntaba el texto. En Alicante, la oficina de la misma entidad bancaria conserva un «escudo franquista en la vidriera». La mayoría de localidades denunciadas están en Castilla y León, con 40 municipios en Salamanca, más de 30 en Valladolid, 29 en Palencia y 25 en Ávila, con una veintena en Cuenca, 15 en Zamora, mientras rozaban la decena Burgos, Cáceres y León.

Otro asalto a los símbolos franquistas llegó en 2017 cuando fueron señalados 350 pueblos incumplidores. Una batería de escritos apelaba a los consejos consultivos autonómicos para que dictaminasen sobre la presencia de estos tributos callejeros a la dictadura y para reclamar la elaboración de catálogos de vestigios del fascismo español. El listado de Castilla y León era el más grueso, con 191 localizaciones, seguido de Castilla-La Mancha con 69. Aragón (22), Extremadura (17), la Comunidad Valenciana (16), Asturias (12), Galicia (8), Andalucía (8), Canarias (3) y Cataluña, Murcia y Baleares con un símbolo cada una completaban el registro. Como lapas, los símbolos de Franco han sobrevivido aferrados a la impunidad reinante.

¿Y un equipo de fútbol llamado Hitler Balompié? ¿Un Recreativo Stalin? ¿Deportivo Videla o Real Pinochet? ¿Un Sporting Pol Pot? Son supuestos altamente improbables. Ilegales. Pero no en España. El Villafranco Club de Fútbol existe. Nació en 1968 adoptando el topónimo contemporáneo del pueblo, Villafranco del Guadalquivir. Medio siglo después, el nombre ha seguido vigente como una muestra de la normalización de la parafernalia simbólica del franquismo. El Club Deportivo Colonia Moscardó, en cambio, fue denunciado ante la Fiscalía Provincial de Madrid por «vulnerar la Ley de Memoria Histórica». La denominación alude al general rebelde José Moscardó y el abogado Eduardo Ranz acusaba al equipo de la comisión de un delito de odio recogido en el artículo 510 del Código Penal. El letrado también dirigió el escrito sobre el club del barrio de Usera al Ayuntamiento madrileño y a la Real Federación Española de Fútbol.

Siguiendo el rastro en las canchas futboleras, grandes estadios portan nombres con revisable pasado franquista. Como el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, o el Ramón de Carranza del Cádiz CF. Estos ejemplos balompédicos corresponden a clubes privados y la ley estatal no es taxativa al respecto. ¿Qué ocurre si todo sigue igual, si no cambian las denominaciones? Nada, por ahora.

Estas alegorías de la dictadura toman el pulso a la salud democrática del país. La propaganda sigue viva a más de 40 años de la muerte de Franco, manchando espacios públicos como monumentos, esculturas, placas, azulejos de homenaje, calles y plazas, cruces de los caídos… y hasta alcaldías honoríficas y medallas de oro. Una de las ciudades donde se ha enquistado el recambio del callejero es Madrid. El Ayuntamiento aprobó en pleno municipal suprimir 52 vías con reminiscencias franquistas, a propuesta del Comisionado de Memoria Histórica. La Fundación Franco frenó el proceso en los juzgados, aunque el desbloqueo del tribunal de lo contencioso-administrativo del TSJ madrileño al levantar las medidas cautelares de paralización permitió al Consistorio empezar a retocar el callejero.

Las primeras placas sustituidas fueron las dedicadas a los generales Millán Astray, en el distrito de Latina, y García de la Herranz, en Carabanchel, quedando nominadas como Maestra Justa Freire y de la Cooperación. La propuesta del Comisionado contempla «el homenaje a mujeres ilustres, a instituciones pedagógicas o personajes de la cultura que contribuyeron a engrandecer el patrimonio inmaterial en tiempos difíciles, y a políticos que se caracterizaron por la defensa de posiciones conciliatorias». Un juzgado evitó que Madrid pudiera cambiar el nombre de la calle Caídos de la División Azul ya que una sentencia en primera instancia, y recurrida, daba la razón a una asociación de Familiares de Caídos en Rusia al argumentar la juez que el dictamen consistorial «no se ajusta a la Ley de Memoria Histórica» porque la unidad de voluntarios que luchó junto a Hitler «se formó en 1941, dos años después de finalizar la Guerra Civil» y «no entra por tanto en el periodo de exaltación de la sublevación militar». Una sentencia, por cierto, que hacía también referencia al «espíritu de reconciliación y concordia» de la Ley de Amnistía. El proceso continuó judicializado.

Y si las calles saben a poco, se bautiza el pueblo completo. El nomenclátor nacional registraba municipios con el añadido «del Caudillo» como Alberche (Toledo), Llanos (Ciudad Real), Águeda (Salamanca) o Guadiana (Badajoz). Todos han llevado en su nombre el apéndice que adapta la voz nazi führer. Otros tenían el apellido del dictador, caso de Barbate de Franco (Cádiz) o las diversas Villafranco: Del Guadiana (Badajoz), Del Guadalhorce (Málaga) o Del Guadalquivir (Sevilla), que en el año 2000 pasó a denominarse Isla Mayor.

«Catorce nuevos pueblos surgidos en la geografía de España merced a la obra del Instituto Nacional de Colonización llevada a cabo desde la terminación de la Guerra de Liberación, llevan el nombre del Caudillo», contaba el tabloide Abc el uno de octubre del 58. Eran los pueblos de Franco. La fantaseada apología fascista que ha salpicado el mapa con forma de piel de toro.

Validando el sistema heredero del golpe militar, miles de rótulos con el escudo falangista siguen atornillados en la puerta de multitud de edificios. Las placas con el yugo y el haz de flechas presiden la entrada de muchas casas españolas que fueron construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda.

Otra constante son las cruces y leyendas que recuerdan «a los caídos por dios y por España». Clavadas en espacios públicos, en cementerios o junto a iglesias, son un icono golpista que aparece en cualquier rincón del país. DOS FALANGISTAS DETENIDOS EN LA RETIRADA DE LA CRUZ FRANQUISTA DE CALLOSA DE SEGURA, titulaba la edición de eldiario.es en la Comunitat Valenciana. El pueblo alicantino desplegó un fuerte dispositivo de seguridad ante la resistencia de la extrema derecha a retirar un monumento que llevaba siete décadas presidiendo la fachada de la iglesia de San Martín. La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz sumó «400 días de protestas» para «defender este símbolo levantado en 1942 para homenajear a ochenta callosinos» que murieron en la guerra luchando junto a Franco, escribía Emilio J. Martínez.

Desde la aprobación de la legislación memorialista han desaparecido de las calles numerosos monolitos, esculturas y estatuas ecuestres, medallones y bustos dedicados al dictador. En Ceuta, incluso, una reproducción de las huellas de Franco. Otros resistieron con su pasado golpista a cuestas, caso del Arco de la Victoria en Madrid o el monumento en Palma de Mallorca al crucero Baleares, insignia de la Armada rebelde.

El ministerio de Defensa ha retirado, también al amparo de la normativa vigente, centenares de símbolos franquistas que estaban catalogados en instalaciones de los tres ejércitos. Las piezas suprimidas de la vía pública acaban por lo general guardadas en almacenes, bibliotecas o archivos, según de qué elemento se trate. Como la figura de Franco retirada en Nuevos Ministerios que pasó a un almacén del MOPU, el actual Ministerio de Fomento. O la que se retiró en Valencia que fue a parar a una nave militar. Y en Santander, donde una estatua ecuestre acabó almacenada por el Ayuntamiento con la idea de instalarla en el Museo de Historia de Cantabria.

Corría el año 2008 cuando solo quedaba un último monumento con el dictador montado a caballo en pose victoriosa, situado en el acuartelamiento Millán Astray de Melilla. Quedó «en depósito», custodiada por la Comandancia General en la ciudad africana… hasta su traslado para ser exhibida en los locales de una sociedad privada. El ministerio de Defensa cedió la estatua de Franco a la fundación asociada a la empresa eléctrica Gaselec, que opera en el territorio autónomo. El insólito préstamo para la «exhibición» de la obra llega hasta el año 2020, según informaba a eldiario.es la cartera ministerial dirigida en aquel momento por María Dolores de Cospedal.

El monumento había sido retirado por apología del franquismo el 4 de agosto de 2010 para acabar instalada en el patio del edificio central de una firma comercial, para de esta manera sortear la legislación memorialista que permite «menciones» consideradas «de estricto recuerdo privado». La cesión no recoge ayudas públicas a la fundación, según los detalles del convenio aportados por Defensa y sí «autorizar la salida» de elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico a petición del organismo propietario, «en este caso del Ejército de Tierra».

La Fundación Gaselec rehusó pronunciarse sobre la polémica, aunque poseen más símbolos de apología fascista. El Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe (Soria) retiró en 2009 una pieza de homenaje al Carnicero de Badajoz. El pueblo acataba la ley, pero cuatro años más tarde donó la escultura al ente melillense «para su restauración y exhibición». El homenaje escultórico al máximo responsable de matanzas rebeldes como las que asolaron las tierras extremeñas quedó nuevamente custodiado y expuesto. «Tras varios ataques vandálicos» la imagen llegó a África «gracias a las gestiones realizadas por la Asociación Retógenes Amigos de la Historia Militar», señalaban desde el Consistorio donante, que precisaba además que nunca hubo contraprestación económica por alguna de las partes: «No hay nada a cambio, la obra estaba aquí abandonada y se cedió porque la pidieron».

Melilla es un caso particular. Sigue siendo la única población española con una estatua de Franco en la calle. Está en el puerto y representa al dictador cuando aún era comandante de Infantería. La excusa oficial del Ayuntamiento melillense para mantenerla en pie es que conmemora la defensa de la ciudad que el militar dirigió en 1921 evitando que las tropas de Abd el-Krim tomaran Melilla tras el Desastre de Annual. La efigie fue objeto de polémica cuando un grupo de 23 antidisturbios de la Guardia Civil la eligieron para fotografiarse junto a ella en junio de 2015. Eran agentes encargados de la vigilancia fronteriza y las vallas. Como escribió el periodista Pedro Águeda, «la instantánea, que ya circula por las redes sociales, muestra a los agentes con el uniforme de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS), y mostrando una bandera de España, ante la efigie del caudillo».

¿Y el Día de la Hispanidad? El Doce de Octubre fue declarado fiesta nacional en un decreto firmado por Francisco Franco y Luis Carrero Blanco y publicado en el Boletín Oficial del Estado en enero de 1958. Hasta hoy. La fecha conmemora el Descubrimiento de América, el encuentro entre dos mundos. La colonización europea de un continente que para muchos significa el genocidio hispano contra los pueblos amerindios.

A Franco le sirve para construir el discurso épico de un país conquistador, superior al resto. «Dada la enorme trascendencia que el Doce de Octubre significa para España y todos los pueblos de América hispana, el Doce de Octubre será fiesta nacional, bajo el nombre de Día de la Hispanidad», decía el decreto de la Presidencia del Gobierno. El franquismo reconoce oficialmente la cita denominada desde el reinado de Alfonso XIII como Fiesta de la Raza. En 1939 la celebración estuvo presidida por Franco en Zaragoza como símbolo de la nueva nación surgida de la conspiración armada contra la República. La conquista a base de atrocidades será parte principal del relato heroico de la dictadura, desde las matanzas contra quienes habitaban el continente americano antes de la llegada de los europeos hasta la guerra de los mil días convertida en una «cruzada» contra los «rojos».

La idea de hacer coincidir estas celebraciones parte del escritor contrarrevolucionario y monárquico Ramiro de Maeztu. En una serie de artículos publicados en Acción Española y que recopila en su libro Defensa de la hispanidad desarrolla el concepto de una especie de mundo espiritual que une a España y sus antiguas colonias con el cordón umbilical del idioma castellano y la religión católica. Una teoría que sirvió como herramienta ideológica para la derecha antirrepublicana y usada con fruición por el régimen franquista.

El Día Nacional de España quedó regulado en democracia por la Ley 18/1987 que dice en su exposición de motivos: «La fecha elegida, el Doce de Octubre, simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos».

¿Y qué hace el águila franquista en un centro comercial de Kansas City? La ciudad estadounidense está hermanada con Sevilla desde finales de los años 60 y el citado complejo de ocio reproduce el aspecto de un cortijo andaluz con una copia de la Giralda incluida. En una de las fachadas del Country Club Plaza sigue colgado un calco del escudo que Franco adaptó tuneando el águila de San Juan que usaban los Reyes Católicos, aunque el emblema acaba siendo una suerte de híbrido que incluso suprime el yugo y las flechas que aparece en estas heráldicas. El edificio Swanson’s acogió uno de los primeros centros comerciales del mundo, inaugurado en Missouri (Estados Unidos) el 4 de septiembre de 1967. Un turista español dio la voz de alarma en marzo del 2017 y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denunció el caso. «En una calle me encontré con una reproducción en cerámica del escudo franquista del águila, como de un metro cuadrado adosado a una pared», decía en el correo electrónico remitido al colectivo memorialista. El «ominoso hecho», escribía, «no creo que se deba a una acción malintencionada, sino a ignorancia».

El gobierno de Kansas respondió a eldiario.es confirmando el desconocimiento del significado que podía tener el elemento decorativo. «Le enviamos este mensaje a nuestros contactos en la Union Station, un centro de cultura, educación y entretenimiento con más de un siglo de antigüedad, que son quienes pueden averiguar algo al respecto», decían. El Ayuntamiento sevillano nunca contestó cuando fue preguntado por el periódico sobre este tema. Desde el Country Club Plaza sí manifestaron que iban a «investigar» el asunto y decidir «qué hacer» una vez confirmados «los hechos relacionados con la pieza». Es un escudo colocado «antes de nuestra compra de la propiedad» cuyo origen y finalidad será «producto de la investigación», alegaba en su réplica la gerente del complejo de ocio, Meredith B. Keller.

La historia del Country Club Plaza viene de lejos, de un viaje por Europa del promotor inmobiliario Jesse Clyde Nichols en 1922. Tras visitar la capital andaluza decide crear un lugar cuya arquitectura «intenta ser un homenaje al estilo español». Las puertas del centro abren un año después. Luego llegó una época de trasiego entre Kansas y Sevilla, en plena dictadura, que acaba con las metrópolis hermanadas y con una calle en cada ciudad dedicada al topónimo de la contraria. En la avenida Kansas City hispalense hay una estatua de un indio montado a caballo oteando el horizonte, conocido como el Explorador, y que formó parte del Pabellón de Estados Unidos en la Exposición Universal de Sevilla en 1992. En América está el escudo de reminiscencias franquistas.

En otra parte del planeta existe un insólito reducto de simbología del régimen de Franco. Filipinas desafía a la memoria histórica con varias calles dedicadas a falangistas y militares sublevados. Mola St aparece en los letreros callejeros de Manila recordando al cerebro del fallido golpe de Estado de julio del 36 que provocó la Guerra Civil española. Del cruce de esta vía salen otras llamadas Aranda, Ponte, Mascardo —por Moscardó— y Dávila, en homenaje a veteranos de la campaña de Marruecos y luego rebeldes contra el gobierno republicano. Estas calles enlazan con Primo de Rivera, en el barrio de Singkamas, hasta llegar a La Paz en el distrito obrero de Pasong Tamo.

El distrito del área de Makati es una ruta del fascismo español por el apoyo que la oligarquía manileña brindó a los golpistas. «De todos los países, Filipinas fue donde hubo más apoyo a Franco en la colonia española», explicaba a la agencia Efe el profesor especializado en Historia de Asia de la Universidad Complutense de Madrid Florentino Rodao, autor del libro Franquistas sin Franco: una historia alternativa de la Guerra Civil desde Filipinas. «Filipinas fue uno de los países que se pusieron del lado de Franco cuando la retirada de embajadores de la ONU», tras la resolución que sometía a España al aislamiento diplomático en 1946. Y la Iglesia católica local apoyó al golpista español, nombrándolo incluso Rector Magnificus de la Universidad de Santo Tomás. O celebrando misas en memoria de José Antonio Primo de Rivera, cuyo padre, el dictador Miguel Primo de Rivera, había participado en la guerra contra los independentistas del archipiélago a finales del siglo XIX.

En el barrio de La Paz también hay un callejón dedicado al general sublevado Miguel Cabanellas. El franquismo lo retiró de la nomenclatura, pero Manila conservó su nombre. «Como Cabanellas era masón, pasó a ser ignorado por las autoridades rebeldes pero en Filipinas no se enteraron de la situación, por lo que conservó la calle», explicaba el historiador. Y ahí siguen las calles fascistas de Filipinas. La memoria histórica de Franco está construida en esta base material, palpable, pero los símbolos etéreos del relato de los vencedores también han penetrado en el ideario popular hasta crear una dura e impermeable coraza. El franquismo sociológico no conoce fronteras.

Todos mataron igual. Fue una guerra. Todos fueron malos. ¿Para qué abrir heridas? Y eso de remover el pasado… es mejor mirar al futuro. Dejen a los muertos en paz. ¿Para qué gastar dinero abriendo tumbas con el paro que hay? La República era un caos. El golpe de Estado fue una solución. Era un país hundido en la miseria y la dictadura lo levantó. Franco hizo pantanos. Creó la Seguridad Social. ¿Y la paga extra del 18 de julio por qué la cobras si eres tan comunista?

Las frases anteriores son lugares comunes del franquismo sociológico. La construcción mental que la maquinaria nacionalcatólica del régimen inoculó en una sociedad sometida a la represión continuada, a la humillación de los derrotados, al olvido y el silencio. El aparato ideológico franquista articuló el mensaje durante 40 años y una parte del pueblo español compró el discurso. A palos o por convicción.

Nadar en la equidistancia es otra prueba del calado actual de la memoria histórica de Franco. Igualar a damnificados y criminales solo tiene sentido desde la ignorancia. Es un error de bulto que ignora las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que parten de la estrategia genocida y fundacional del franquismo, perduran hasta los últimos estertores de la dictadura y llenan de sangre algunos episodios de la etapa transicional.

Y la pretendida neutralidad ante delitos contra la humanidad significa por sí misma una declaración de intenciones. «No se puede tratar por igual al que bombardea que al que es bombardeado, al asesino y a la víctima, al violador y a la mujer violada, al opresor y al oprimido, al ocupante y al ocupado, ni dar la misma credibilidad a una cifra y su contraria», escribía la periodista Olga Rodríguez en un artículo publicado en 2012 por los ataques indiscriminados de Israel sobre el pueblo palestino en Gaza. «Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor», dijo el clérigo y pacifista Desmond Tutu, luchador contra el apartheid en Sudáfrica.

Los medios de comunicación ofrecen un ramalazo fantasmagórico de este anómalo contexto. En España subsisten cabeceras que venden una defensa abierta de Franco y el franquismo, como Alerta digital o Diario Ya, como herederas de aquella prensa derechista y ultraconservadora que atizaba a la República con la revista Arriba, de Falange Española, El Debate organizado por los extremistas de la CEDA o el folleto católico, monárquico y reaccionario Acción española. Cabe añadir a referentes mediáticos que mantienen articulistas que abrazan sin escrúpulos la teoría del negacionismo histórico y tertulianos de radio o televisión que actúan como adalides del falso paralelismo entre vencedores y vencidos.

«Ser periodista es tomar partido por la verdad, estar al lado de las víctimas, de los derechos humanos, de la justicia. Todo lo demás no es periodismo, sino reproducción de propagandas», recordaba Olga Rodríguez. «Hay épocas en las que toda indiferencia es criminal», decía el escritor francés Albert Camus. Como ocurre con las páginas negras y ensangrentadas del pasado reciente del país de la desmemoria. «Y al final, el miedo a tomar partido termina provocando monstruos», subraya la periodista.

La literatura tampoco queda ajena a estos episodios. Un ejemplo es la novela gráfica La Guerra Civil contada a los jóvenes de Arturo Pérez-Reverte. El escritor aporta una visión que él entiende objetiva del enfrentamiento bélico provocado por el fracaso del golpe de Estado fascista. A esta narración «neutral» le salió una réplica en ¿Qué fue la Guerra Civil? Nuestra historia contada a los jóvenes, de Silvia Casado y Carlos Fernández. El trabajo replicante intenta rebatir «las verdades que silencia» el original de Pérez-Reverte. «No ser equidistante cuando se trata de víctimas y verdugos consiste en identificar a las primeras y señalar a los segundos», alegan sus autores. Reverte, a cambio, dice escribir «sin clichés partidarios ni etiquetas fáciles» sobre la «espantosa» contienda que enfrenta «al hermano contra el hermano».

El mundo del cómic suma múltiples y valiosas referencias en los últimos años, una apuesta editorial con títulos como Paul Preston. La Guerra Civil española, donde José Pablo García Gil adapta el ensayo El holocausto español del historiador británico. O dos obras deslizadas entre el espíritu de las Brigadas Internacionales: Las serpientes ciegas (Permio Nacional del Cómic 2009), del guionista Felipe Hernández-Cava y el dibujante Bartolomé Seguí, con una historia de intrigas paralelas entre Barcelona y Nueva York. Y ¡No pasarán! de Vittorio Giardino, que protagoniza el excombatiente Max Fridman en una Cataluña cercada por las tropas de Franco. Con un último apunte: Deportado 4443, el «grito desde los campos de concentración nazis» donde el periodista Carlos Hernández y el ilustrador Ioannes Ensis reviven el relato de Antonio Hernández, refugiado español que pasó cuatro años en Mauthausen.

En el reverso de la moneda aparecen revisionistas como Stanley Payne, Pío Moa, César Vidal o blanqueadores históricos como Javier Cercas. Escribientes acomodados en la crónica equidistante que cuestionan la verdad y la revenden disfrazada como otro elemento de la elaborada arquitectura del franquismo sociológico.

La estrategia de ocultación es el alimento de la desmemoria colectiva. Una herramienta al servicio de la cultura del olvido. Controlar la parafernalia simbólica significa dominar el relato que permite construir la memoria histórica de los vencedores. Y el conjunto moldea una realidad sometida al silencio y la impunidad.

11. La (fallida) ley de Memoria

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La (fallida) ley de Memoria

«Se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura». El título de la Ley 52/2007 no deja lugar a dudas. El marco conocido como Ley de Memoria Histórica entraba en vigor el 28 de diciembre de 2007 para articular y ordenar la necesaria reparación debida por el Estado a las personas que sufrieron las sistemáticas violaciones de los derechos humanos del franquismo. Más de una década después, sin embargo, (casi) todo seguía igual.

La apuesta del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero vino a cubrir una de las más escandalosas rémoras democráticas de España. Iba a ser el soporte legal para las víctimas y un instrumento para leer bien, y de una vez, el periodo escrito a sangre y fuego desde el estallido golpista contra el gobierno legítimo de la Segunda República española hasta la muerte de la dictadura franquista.

Pero la jugada resultó un fiasco. Al menos en parte y en opinión de juristas, partidos políticos y del propio movimiento de defensa de los derechos humanos. O de la propia realidad, tozuda en este caso al mostrar una ley tímida y poco taxativa que facilita su derogación simbólica con la llegada de un Ejecutivo conservador encabezado por el presidente Rajoy y su bandera de los «cero euros» a la Memoria Histórica. El anuncio del siguiente gobierno socialista de Pedro Sánchez al entrar en La Moncloa, decidido a reformar la normativa memorialista, remarca esta idea de que los objetivos solo habían sido cumplidos a medias. «A lo largo de diez años de funcionamiento de la ley se han puesto de relieve insuficiencias que impedían cumplir sus objetivos», reconocía el director de Memoria, Fernando Martínez.

«El presupuesto cero dedicado al desarrollo de la Ley de Memoria Histórica es bastante ilustrativo de la actitud ideológica de la derecha española», espetaba el PSOE cuando presentó el proyecto para «revitalizar» el marco legal. La ley «supuso un paso de gigante en la recuperación de la verdad y la justicia de lo ocurrido con los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo» pero «todo el conjunto de iniciativas para el conocimiento de la verdad, reparación y exhumaciones quedó paralizado tras las elecciones legislativas de noviembre de 2011 y la llegada del PP al poder», aseguraban.

Aunque también hacían autocrítica desde las filas socialistas: «A pesar de este gran avance el día a día mostró que había cuestiones que debíamos mejorar, déficits que debíamos subsanar y garantías que debíamos aumentar». De ahí, del reconocimiento de las debilidades de la Ley 52/2007, Pedro Sánchez publicitó desde la oposición, y ante el ninguneo presupuestario de Rajoy, la «reforma en profundidad» que daría una nueva vida a la ley para «garantizar su cumplimiento efectivo». Y Sánchez aceptó el desafío que él mismo había lanzado en cuanto ocupó el despacho presidencial de La Moncloa.

Sobre la mesa quedaron las cuestiones clave: desde abrir fosas y cunetas a sacar a Franco de su tumba y «resignificar» el Valle de los Caídos; y también anular las condenas políticas de los tribunales franquistas, poner en marcha una Comisión de la Verdad, crear un banco público de ADN y un censo nacional de víctimas o retirar de forma efectiva toda la simbología fascista de las calles del país. «Debemos recuperar nuestra historia reciente para fortalecer los valores democráticos, las virtudes cívicas, los derechos humanos, la necesidad de convivencia, el diálogo y reconciliación y así contribuyamos a la prevención de la violencia, a la promoción de la paz y al fortalecimiento de la democracia», argumentó el PSOE para pedir «un nuevo impulso» a la ley de memoria.

«Nuestra democracia no terminará de consolidarse mientras tengamos cadáveres en fosas comunes», decían. Porque el mayor logro de la normativa memorialista de 2007 había sido la apertura de tumbas ilegales donde estaban los restos de víctimas del fascismo español. Bien es cierto que aquellas intervenciones no se hicieron como pide Naciones Unidas, asumiendo el Estado su deber de llevar a cabo la búsqueda de los desaparecidos forzados, sino que lo que se hizo fue «privatizar» los trabajos a través de subvenciones a asociaciones de víctimas del franquismo. Pero al menos existió por primera vez una política pública de memoria para rescatar los huesos de los ejecutados por Franco. Rajoy dilapidó la experiencia, pero el equipo de Sánchez avivó desde el primer momento la recuperación de la iniciativa, esta vez sí tomando como una obligación estatal los trabajos de forma directa y con la idea de dotar económicamente la tarea arqueológica desde el Presupuesto General del Estado del año 2019.

En el listado de fracasos de la ley había destacado, por tanto, que España siguió siendo una nación sembrada de fosas comunes en las que yacen decenas de miles de desaparecidos forzados. La bipolaridad española en la aplicación de la justicia dejaba sobre la mesa otro fiasco: que la impunidad de los crímenes rebeldes contrastaba con la vigencia de las sentencias del franquismo. Aunque, como dijo en el Congreso durante el primer verano de mandato la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se hacía necesario actualizar la ley de 2007 para «declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias».

Como batallas ganadas destaca también la supresión de símbolos franquistas. Aunque un reguero de vestigios fue quedando en diversos rincones del país como una suerte de resistencia nostálgica y pertinaz. Y otro hito fue, por ejemplo, la nacionalidad española concedida a miles de descendientes de republicanos y a combatientes de las Brigadas Internacionales.

La tumba de Franco en el Valle de los Caídos fue una rémora democrática que la norma no supo corregir. La Ley 52/2007 tampoco había sido capaz de lograr el reconocimiento debido a los esclavos del régimen franquista, la reparación del robo sistemático a los derrotados o la condena del papel de la Iglesia católica en el golpe de Estado y la dictadura. Ni señaló la represión específica contra la mujer —esta palabra, «mujer», no aparece en el texto de la ley— o los disidentes sexuales.

Se suponía que se había abierto una fisura muy seria en el dique que ha hecho intocable al franquismo. Pero como no era del todo así y la apuesta fallaba en faenas troncales, en los últimos años un buen número de comunidades autónomas han legislado sobre Memoria ante la ausencia de una política estatal definitoria. El desarrollo normativo ha estado dirigido a paliar las frustraciones creadas por la ley estatal, avanzando así en la verdad, justicia y reparación que España debe a las víctimas del golpismo español.

En algún caso los textos legales iban más allá que el marco nacional y asumieron la localización e identificación de los desaparecidos. Como en Navarra, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura… O Andalucía, convertida en referente de estas leyes regionales con claves como la ampliación del concepto de víctima a familiares, niños robados, guerrilleros o internados en campos nazis, entre otros. Y extendiendo el marco temporal de acción, de 1931 a 1982, desde el advenimiento de la Segunda República a la Transición. La norma andaluza asume «de oficio» las exhumaciones, consideradas crímenes contra la humanidad, e intenta preservar las fosas y cunetas que todavía estén sin abrir con un articulado que dispone severas multas frente al posible expolio de estos enterramientos ilegales.

Prohíbe además la parafernalia simbólica fascista, como la ley estatal, pero en este caso obligando a su retirada y, así queda escrito, imponiendo un castigo económico a los incumplidores. Abrir el melón educativo es otro de los pilares esenciales que deben ser consolidados. La Memoria Democrática se inserta en el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de Adultos e impulsa la colaboración con las universidades. El objetivo es la revisión de contenidos para garantizar una información rigurosa sobre la época, basada en investigación historiográfica. El director general de Memoria Histórica entiende que una nueva ley estatal debe copiar la inercia de la norma andaluza, que ya elabora unidades didácticas para este fin. «Sin lugar a dudas. Lo vamos a acometer porque hay que divulgar el tema de la memoria en las aulas tanto en primaria como en secundaria y el ámbito universitario», en palabras de Fernando Martínez.

La Junta de Andalucía también comenzó a trabajar junto a la Universidad de Granada en la creación de un banco de ADN donde realizar las pertinentes pruebas genéticas que puedan permitir la identificación de los restos óseos hallados en los trabajos arqueológicos. E impulsa medidas de reconocimiento a las personas que fueron usadas como mano de obra esclava en construcciones públicas y privadas. El texto nació además con un espíritu transversal buscando implicar a diversas consejerías en función de sus competencias, caso de Justicia, Salud, Educación o Cultura y Presidencia.

Este tipo de marcos legales busca la coincidencia con las recomendaciones de Naciones Unidas que a menudo venía regateando sistemáticamente el Gobierno de España. Como asumir el «deber del Estado» de reconocer a las víctimas del franquismo bajo los principios de «verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».

La dirección de Memoria, desde que fue activada, esperaba cumplir con la ilusión renovada en las víctimas del franquismo. «Vamos a intentar en la medida en que podamos, sabiendo las dificultades, tratar de dar respuesta a las principales cuestiones que tiene que resolver la democracia española en función de las víctimas. Esto no es una cuestión de izquierdas o derechas, es una cuestión de democracia, de defensa de los derechos humanos y de dignidad nacional democrática —esgrimía su máximo responsable—. Tenemos que hacerlo para mirar al futuro y resolver problemas que no se han resuelto todavía. Los que estamos en la Dirección General tenemos mucha responsabilidad. Queremos medios, vamos a poner todo nuestro conocimiento y vamos a consultar con mucha gente para implementar todo lo que podamos». La fragilidad parlamentaria del gobierno, en cambio, ha pendido como espada de Damocles. «Esperemos que la legislatura no sea corta sino que nos permita sentar las bases para avanzar en la actualización del Mapa de Fosas para poder acometer un Plan Cuatrienal», con dotación económica, y que estaría blindado de este modo ante la llegada de posibles gobiernos contrarios a la reparación a las víctimas del terrorismo franquista.

«Dígale eso a Isabel, que debería haber estado sentada en esta silla por las mismas razones en 1976 y ahora que tiene más de 80 años viene aquí a que la ayuden y le piden que siga esperando». El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, respondía así a un asesor del ministerio de la Presidencia que pidió a la ARMH «que dejara de realizar exhumaciones hasta que la ley estuviera aprobada». Ocurrió a primeros de diciembre del año 2004.

«Isabel llegaba desde la localidad leonesa de Palacios del Sil y buscaba a un hermano desaparecido», escribía Silva en el décimo aniversario del texto legal en un artículo publicado en eldiario.es y titulado «La desmemoriada Ley de la Memoria». Isabel, casi sesenta años antes, «había acudido a la Sociedad de Naciones para denunciar allí las desapariciones de la represión franquista». Entró, como víctima del franquismo, «en las dependencias del Palacio de la Moncloa para acudir a una reunión con los representantes de la Comisión Interministerial que iba a elaborar la Ley de la Memoria Histórica». Si hubiera esperado, «que no lo hizo, lo habría hecho en vano», explicaba.

La 52/2007 «se aprobó un año y medio después de que ella muriera y en su articulado hablaba de que las instituciones tenían que facilitar la búsqueda de desaparecidos, algo contrario a los derechos humanos porque en una democracia no deben facilitarse, deben garantizarse», subrayó. La «debilidad política» de la ley venía marcada en su propio preámbulo, donde señala que la memoria de las víctimas de la dictadura es «personal y familiar». Dudando, por tanto, «que sea un asunto público». Como preguntaba Silva: «¿Alguien desde el Estado le diría a una víctima del terrorismo que su memoria es personal y familiar?».

Y la «mejor explicación de su espíritu y de su falta de efectividad», continuó, está en el artículo cuarto sobre la «declaración de reparación y reconocimiento personal»: «Se trata de un certificado que recibe de forma privada en su buzón una víctima de la dictadura» donde se dice «algo que ya sabe: usted fue preso político, es hijo de un desaparecido, se le condenó al exilio…». El pliego «no lo entrega un representante del gobierno en un acto público en el que al menos de manera simbólica se reconocería una deuda del Estado con las víctimas». Entonces, «¿dónde está la reparación? En ninguna parte, se trata solo de una pirueta semántica, un artificio del lenguaje. ¿Se imagina alguien que el único reconocimiento público que recibiera una víctima del terrorismo fuera una carta que le cuente lo que le ha ocurrido?», cuestionaba el presidente de la ARMH.

La normativa memorialista «nació como lo hizo para no solucionar los problemas que quedaban pendientes», opinó en el artículo del 28 de diciembre de 2017. Diez años después, casi todo estaba por hacer. «Porque María Teresa Fernández de la Vega [entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia] la diseñó para que no resolviera nada» y «el primer gobierno en incumplirla fue el mismo que la aprobó», dijo.

«La Ley de la Memoria fue la apropiación política de una realidad que debería resolverse en el ámbito judicial» y la falta de «voluntad política» quedó patente en lagunas como «los homosexuales y las lesbianas, que también sufrieron la dura represión» y que «no son mencionados» en el marco legislativo. O «la palabra “mujer”», que el texto de la ley «tampoco incluye» cuando «muchas de ellas fueron rapadas y humilladas públicamente, violadas y convertidas en la dictadura en casi animales domésticos por su falta de derechos y posibilidades de llevar a cabo un proyecto de vida propio».

Otras cuestiones que la norma no trata es la Iglesia católica como «herramienta para el ejercicio de la represión y la legitimación del fascismo». Nunca queda mencionada, una ausencia llamativa como las «pantomimas de juicios» del régimen y «las propiedades confiscadas por pistoleros de Falange y caciques locales».

El ADN del franquismo ha trazado la columna vertebral del país de la desmemoria, en opinión de Emilio Silva. «La causa de la falta de políticas de memoria y de investigaciones penales de las violaciones de derechos humanos de la dictadura tiene que ver con la estructura social: España ha sido gobernada desde la muerte del dictador por una estructura de poder y unas élites formadas en las universidades en las décadas de 1950, 1960 y principios de la de 1970, cuando salvo excepciones solo llegaban a ellas los hijos del régimen», mantuvo. Frente a estos «esfuerzos por sostener y restaurar la impunidad», la sociedad civil «no ha cejado en su empeño de investigar, exhumar, identificar, enunciar y denunciar».

La ley ha servido «en algunos casos de palanca para retirar del callejero honores a los franquistas», resumía. O para dar la nacionalidad española «a descendientes del exilio» y «a unos pocos brigadistas internacionales». Esta utilidad, recalcaba, «no ha impedido» que en una década de funcionamiento «hayan muerto miles de descendientes de las personas que la represión fascista hizo desaparecer, sin haber recibido ninguna atención por parte de un Estado que ha seguido renovando los títulos nobiliarios concedidos por el dictador Francisco Franco a criminales de guerra y escondiendo en los libros de texto los contenidos de la dura represión».

Los diferentes gobiernos españoles en democracia «viven una autarquía en materia de derechos humanos» que no trata la dictadura «como un enorme crimen» en el sentido que sí apuntan la ONU, el Consejo de Europa y otros organismos internacionales. Es la «radiografía de la cultura democrática española», como definió Emilio Silva.

El mismo día del aniversario del marco legislativo, el periodista Carlos Hernández sintetizaba así su impacto actual: «El PP ha boicoteado la ley a base de eliminar fondos, las sentencias franquistas no se han anulado, centenares de fosas esperan a ser excavadas y no se ha resuelto la cuestión del Valle de los Caídos».

El periodista extrajo un detalle significativo como muestra del «fracaso de la llamada Ley de Memoria Histórica». El mismo partido «que acusaba» en 2007 al gobierno de Zapatero «de reabrir heridas y de enfrentar a los españoles», el PP, una década más tarde estaba «tan cómodo con la ley que no ha necesitado ni derogarla». Con el paradigma de la estrategia con la que el presidente Rajoy se ha vanagloriado «públicamente» de convertir «en papel mojado» los 22 artículos y 11 disposiciones de la 52/2007, escribió en un texto titulado «Fosas sin excavar, símbolos fascistas y nula financiación: diez años de fracaso de la Ley de Memoria Histórica».

Una bandera que el partido heredero de la Alianza Popular, fundada por siete ministros de Franco, enarboló durante casi dos legislaturas contra las víctimas del franquismo y que firmó el lema de aquella declaración del presidente conservador en una entrevista televisiva: «Para la Ley de Memoria Histórica la asignación presupuestaria en todos nuestros presupuestos ha sido cero. La media es cero. Fue cero todos los años. Cero».

En todo caso, el problema de la ley va más allá de la falta de voluntad política del gobierno de turno, explicaba el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. «La redacción era ambigua y poco clara, pero sobre todo no resolvía el problema de fondo. Ya en el preámbulo se hablaba de reconciliación, de la utilización de métodos violentos para implantar regímenes totalitarios… pero no se culminaba la argumentación de forma tajante», opina.

Es decir, el texto pone sobre la mesa la necesidad de terciar en el discurso histórico «sin querer admitir que lo que se produjo en nuestro país fue un asesinato masivo», en palabras de Martín Pallín. «Franco, Mola y Queipo de Llano, los tres principales cabecillas de la rebelión, dijeron, hasta por escrito, que su objetivo era exterminar a los disidentes, exterminar a quienes no pensaban como ellos», manifiesta, y «hasta que no se admita eso, hasta que no se condene firmemente lo ocurrido y no se recuperen los valores constitucionales republicanos, este país tiene un problema», sentencia.

El magistrado emérito ve uno de los grandes errores en permitir que las sentencias dictadas por los tribunales franquistas no hayan sido anuladas. «La ley habla de ilegitimidad, no de nulidad», precisa. Por eso, continúa, el Tribunal Supremo «interpretó que no son nulas de pleno derecho», una situación que choca «con todo lo ocurrido en Alemania e Italia donde no se discute que las sentencias dictadas bajo los regímenes de Mussolini y Hitler son radicalmente nulas».

España ha debido mirar también hacia Argentina. «Allí derogaron parlamentariamente las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que amparaban a los golpistas y a los asesinos», recuerda José Antonio Martín Pallín. Por eso en el país austral «ya hay más de trescientos represores en la cárcel». ¿Cuántos ha apresado España? Cero.

La nación española necesita «una ruptura clara y rotunda con la dictadura». Por esta razón una futura ley reformada debería quedar impregnada de una filosofía «que pretenda paliar los defectos y cubrir las enormes lagunas de la actual», en opinión de Carlos Hernández. «La ley tiene que partir de una idea clara: el golpe de Estado no puede pervivir, ni ser justificado, ni comprendido, ni alabado por nadie, especialmente por ningún grupo político, sin que ello suponga caer en la ilegalidad».

La ley memorialista acumuló logros en diez años, como empezar a abrir las fosas comunes o «la erradicación de símbolos franquistas», con más de 3000 vestigios de la dictadura retirados en los primeros años de aplicación del marco legal. Y «cerca de 340 000 descendientes de exiliados republicanos y combatientes de las Brigadas Internacionales han pasado a disponer de un pasaporte español». Más allá de estos éxitos, criticaban, «el resto de medidas se cuentan por fracasos o por tareas inconclusas».

Uno de los cometidos del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca sería el de mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil. Esta plaza integraría «todos los documentos originales o copias fidedignas de los mismos referidos a la Guerra Civil de 1936-1939 y la represión política subsiguiente sitos en museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal», como marca textualmente el artículo 20 de la ley 52/2007.

«La Administración General del Estado procederá a la recopilación de los testimonios orales relevantes vinculados al indicado periodo histórico para su remisión e integración en el Archivo General», indica el marco legal. Como tareas de estos centros están «recuperar, reunir, organizar y poner a disposición de los interesados los fondos documentales y las fuentes secundarias que puedan resultar de interés para el estudio de la Guerra Civil, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera contra ella, el exilio, el internamiento de españoles en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y la transición».

La letra es muy voluntariosa. Pero la música que acompaña a estos propósitos no suena tan bien. El Centro Documental de la Memoria Histórica debía ser el punto de partida de los estudios sobre la época y carece de una estructura material y humana acorde al mastodóntico cometido. «Diez años después de su creación, los investigadores no solo deben esperar más de seis meses para recibir las copias de los documentos que solicitan sino que tienen que seguir peregrinando por decenas de archivos militares y civiles en los que se encuentra desperdigada la documentación relacionada con la represión franquista», apunta Hernández.

Y ahí está el truco. El acceso restringido a los fondos archivísticos públicos o privados refuerza la impunidad como una problemática que nunca pudo, o quiso, solucionar la ley. Los historiadores denuncian las tradicionales trabas al buceo libre por los registros referidos a la conspiración golpista, la guerra civil y el régimen de Franco.

Los archivos militares del franquismo nunca fueron secretos. Pero sí inaccesibles. «La documentación de la Guerra Civil nunca estuvo clasificada», como advierten archiveros del ministerio de Defensa. Se trata en realidad, y pese a las tradicionales trabas, de fondos de libre acceso. Y abrir esta parte de la historia alumbraría secretos de Estado hasta ese momento inconfesables.

Todos esos legajos continúan tapados por una aplicación restrictiva de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que no puede tener carácter retroactivo. Porque tampoco hubo nunca una orden aprobada en Consejo de Ministros cortando el acceso a estos fondos como materia reservada. El bloqueo reincidente mantuvo en los cuarteles miles de cajas por abrir. Una estrategia de ocultación apoyada por la escasez de medios: 23 archiveros de Defensa trabajan para cubrir 28 archivos en toda España, según la información facilitada en 2018.

¿Qué papeles hay del fusilamiento de Companys? ¿Y de la invasión del Valle de Arán que noveló Almudena Grandes? ¿Ordenó Franco el bombardeo de Guernica o la matanza indiscriminada de La Desbandá? Los fondos archivísticos de la contienda siguen guardados en cajones manteniendo ocultas muchas claves. Como la ubicación, quizás, de algunas fosas comunes.

«La noticia debería ser que no hay nada secreto, que la documentación de la Guerra Civil nunca estuvo clasificada», señalan fuentes de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP). Lo que sí existe, precisan, es una aplicación «retroactiva» y errónea de la legislación aprobada durante la dictadura para cortar el paso a la indagación sobre «archivos históricos nacionales».

Los miembros de la AEFP reclaman «un cambio de mentalidad» en este sentido. «Los archivos militares son públicos, de todos los españoles», ratifican desde el grupo de «archiactivistas» en fondos de Defensa que dieron la voz de alarma sobre el cerrojazo a informes «que siempre fueron de libre acceso». Como los del Servicio Histórico Militar creado por Franco con el nombre de Archivo de la Guerra de Liberación.

«Toda la documentación que no tenga marca de clasificación» por razón de Seguridad del Estado y Defensa Nacional «debería ser consultable», remarcan. Y los que la tienen, como en el Centro Documental de la Memoria Histórica, «son y han sido siempre de libre acceso y nadie lo ha cuestionado jamás». Los archivos «secretos» del franquismo, sin embargo, viven de esta «restricción de acceso a información que debe ya ser pública». El reajuste de la Ley de Secretos Oficiales «puede mejorar en el aspecto de la desclasificación», continúan, «pero no hay que esperar a esa reforma para poder acceder a la documentación que no tiene que ser desclasificada porque no lo está de facto».

«El problema es que se está restringiendo el acceso» a un material abierto «con los límites que marca la ley». Y un último obstáculo de peso para el gremio es la cantidad de documentos por investigar y clasificar. «No sabemos qué tenemos en nuestros archivos», explican desde la AEFP. En el Archivo General Militar de Ávila, por ejemplo, «hay más de 50 000 cajas, tienen que venir otras 5000, y solo tenemos bien identificadas unas 4000», precisan. Alcanzar la dimensión total de los fondos solo sería posible «con un trabajo de años».

En cifras totales —la última actualización consultable es del año 2016—, el Ministerio de Defensa tiene 195 571 metros lineales de estanterías de las que 145 545 están ocupadas con depósitos. En estos fondos hay 151 600 documentos, 53 pergaminos y casi un millón de unidades «no convencionales» repartidas en 445 078 elementos cartográficos, 9159 figurativos y 571 882 fotográficos. Hay más de 6,5 millones de imágenes digitalizadas, 84 823 microformas, 2949 sellos y más de cinco millares de audiovisuales y «otros objetos», según las estadísticas de instalaciones del Ejército.

«El acceso a los archivos militares a finales de los años setenta era un verdadero problema, siempre te preguntaban “¿Usted qué quiere ver?”, no te dejaban ver nada», recuerda el historiador Francisco Espinosa Maestre, uno de los grandes investigadores de la represión franquista. Y la situación no ha cambiado tanto, asegura. Ni con leyes de Memoria ni sin ellas. «En un mismo tipo de archivo depende de quién te toque, si es una persona favorable al acceso a la información o a la restricción», expone. Luego está la «destrucción y purga» de los fondos documentales que hizo la dictadura. «Lo que hay son los materiales que se libraron de la quema», dice.

«Siempre recuerdo un informe de Yagüe desde Badajoz directamente a Franco donde detalla el resultado de la ocupación de la ciudad y cuenta el plan que tiene, estar unos días», narra Espinosa Maestre. El Carnicero escribe al caudillo: «En hoja aparte te detallo bajas propias, ajenas, número de detenidos…», y ese referido papel no existe, desapareció. O la escena vivida en los años ochenta en la Prisión Provincial de Sevilla, «donde se sacan cientos de documentos al patio para quemarlos».

«La investigación en este país es algo casi milagroso, somos una anomalía a nivel europeo porque esto no pasa en otros países», recalca Francisco Espinosa. «En medio de los informes públicos te encuentras papeles que dicen que parte siguen siendo reservados y no pueden ser consultados», certifica Carlos Hernández.

El periodista describe «cuatro grandes problemas». Uno, «inconcebible», es que exista «todavía materia declarada como secreta». Dos, «la propia organización de la información» con una «dispersión brutal en los archivos». Tres, la dependencia «de la disposición del militar que dirige y su criterio, si ellos quieren te bloquean». Cuatro, «la falta de medios, tanto humanos como materiales».

Y dos bolas extra. «La destrucción de la información, el expolio y el purgado que hizo el franquismo, sobre todo cuando se dan cuenta de que el caudillo no es inmortal y comienzan a destruir hasta bien entrada la democracia —explica—. Todo eso es irrecuperable». Más los papeles que han estado en poder de sociedades de carácter fascista, como la Fundación Serrano Suñer, «cerrada al público», o la Fundación Franco, que sí ha sido accesible pero cuyos documentos han estado «en el sitio menos indicado; si se los llevaron a su casa, desde luego no habrán puesto a la luz lo que quisiéramos ver».

El Sistema Archivístico de la Defensa forma parte del Patrimonio Histórico Español según la ley 16/1985. El Reglamento de Archivos Militares, fechado en 1998, justo un siglo después del primero de estas características, declara «expresamente como archivos nacionales» los depósitos generales militares de Segovia, Guadalajara, Ávila, Madrid, con el Archivo Central del Servicio Histórico Militar, el Cartográfico, el General de la Marina, el del Museo Naval y el Histórico del Ejército del Aire.

El marco normativo dice que deben ser contemplados como «servicios públicos». Y que quedarán excluidos «de la consulta pública» los legajos «que, sin estar clasificados de acuerdo con la legislación de secretos oficiales, contengan información cuya difusión pueda afectar a la Defensa Nacional o a la Seguridad del Estado», según el artículo 65 del Reglamento. También se podrán establecer restricciones de acceso «por razón de protección de la intimidad», como marca el artículo 66. Para estas materias, los órganos consultivos y asesores son la Junta de Archivos Militares y la Comisión Clarificadora de Documentos de la Defensa.

«La Administración General del Estado aprobará, con carácter anual y con la dotación que en cada caso se establezca en los Presupuestos Generales del Estado, un programa de convenios para la adquisición de documentos», arranca el artículo 21 de la 52/2007. Estos fondos «se incorporarán al Archivo General de la Guerra Civil Española» y «los documentos obrantes en archivos privados y públicos» relativos al marco temporal en cuestión «se declaran constitutivos del Patrimonio Documental y Bibliográfico», según el texto sobre «adquisición y protección de documentos sobre la Guerra Civil y la Dictadura».

Pero el presupuesto para la Memoria Histórica fue durante años de «cero euros», tal como hemos tenido que ir repitiendo a lo largo de estas páginas. De eso se jactaba Rajoy. Así que poco avance pudo haber en las últimas legislaturas. «A los efectos de lo previsto en esta Ley, se garantiza el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de las copias que se soliciten», decía negro sobre blanco la legislación memorialista.

El principio debe ser aplicado «en sus propios términos, a los archivos privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos». Y los «poderes públicos» deberán adoptar «las medidas necesarias para la protección, la integridad y catalogación de estos documentos, en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo de degradación», reza el final del articulado de la Ley de Memoria Histórica. Una teórica buena intención que resultó papel mojado. O para mojar a conveniencia.

12. Memoria viva

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Memoria viva

«Nunca olvidaré aquel día en el colegio. Vimos las fosas del franquismo y la brutal represión contra las mujeres. Los campos de concentración, los esclavos de Franco o cómo el dictador hizo una fortuna corrupta expoliando a los derrotados en la guerra. Fue muy impactante. Pero ahora entiendo mejor a mi país, su historia reciente. Y cómo estas heridas abiertas influyen en el presente».

¿Recuerda el lector una situación así? ¿En la educación de sus hijas, quizás? ¿En la de sus padres? Si la respuesta es «no», y reconoce como ficticio el relato con el que arranca este capítulo final, es que ha ido a clase en un país llamado España. El lugar donde la memoria histórica en las aulas es una asignatura pendiente. El país de la desmemoria.

España dejó por resolver esta cuestión trascendental y clave en el discurso democrático. Y lo hizo a propósito, a sabiendas, adoctrinando a las masas bajo las faldas del franquismo sociológico. Convirtiendo la estructura del Estado en una industria que ha fabricado, según el caso, crónicas equidistantes de su historia contemporánea, dulcificadas o directamente falsas. Porque identificar, estudiar, comprender y asimilar las páginas de la ignominia es la mayor garantía de no repetición y el pueblo que no conoce su relato está condenado a repetirlo, como señala el proverbio. Por eso el silencio es la herramienta útil del fascismo.

La necesidad de una pedagogía ciudadana clara en esta materia se hace patente en las aulas. Quizás la guerra de España aparezca en ese último capítulo del temario del colegio al que nunca, curiosamente, da tiempo llegar. Las alumnas y alumnos españoles no saben que pisan un país agujereado por miles de tumbas ilegales en las que yacen como perros decenas de miles de asesinados por los conspiradores golpistas. El terror provocado por las tropas de Franco, Mola y Queipo se cuenta de pasada. O ni siquiera aparece en los libros de texto. Como tampoco la represión contra la mujer y contra lesbianas y homosexuales, el trabajo esclavo y la depuración profesional, o el robo a los derrotados ni cuál es el verdadero origen de muchas de las fortunas corruptas de los vencedores.

¿Conocen los estudiantes españoles más a Hitler que a Franco? ¿Cómo estudian la República, el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista? «Seguimos contando la historia de los vencedores», concluye Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del estudio «La memoria democrática en la escuela». La investigación arrancó en 2012 en colaboración con el ministerio de la Presidencia y el Foro por la Memoria y analiza «cómo reflejan los libros de texto la historia de España».

Las empresas editoras que elaboran los manuales de historia ofrecen una lectura equívoca, según la investigación, que tiene dos conclusiones básicas. «Que las jóvenes generaciones conocen esta parte de la historia desde una visión supuestamente aséptica que encubre grandes silencios y ocultamientos deliberados». Pero admiten que algo empieza a moverse: «Se ha empezado a introducir contenidos sobre estos aspectos pero no con suficiente profundidad». La lectura equidistante o vendida como «neutral» es lo que se encuentra «en la mayoría de las editoriales» que confeccionan los manuales educativos, asegura Díaz Gutiérrez. «Reproducen las mismas redundancias, no abordan el tema de manera clara y decidida y acaban tergiversando las causas de la Guerra Civil», resume el profesor.

Los alumnos, durante varias generaciones, enfrentan «la equiparación entre golpistas y demócratas» con expresiones que aparecen en los libros escolares como «de uno y otro lado provocaron las mismas víctimas» o que la guerra fue «un conflicto entre hermanos producido por el caos de la Segunda República». Son algunos ejemplos. Bastan para comprobar la lectura errónea que recibe el alumnado, gracias al uso de términos como «enfrentamiento fratricida», o «alzamiento» en lugar de decir lisa y llanamente que en España hubo un «golpe de Estado», lo que acaba siendo «una forma de encubrir y legitimar».

«A los niños no se les enseña la historia de forma correcta y los temas conflictivos se omiten para no crear polémica», dice un «padre y cuidador» cuyos hijos «han ido a tres colegios concertados diferentes de la Comunidad de Madrid». Álvaro (nombre ficticio) apunta el resumen del tema 4 del libro de 6.º de Primaria: «Se dice que Franco se sublevó contra la República y nunca que dio un golpe de Estado. No habla de los muertos ni de los fusilamientos. Dice que Franco fue ayudado por Alemania e Italia pero no que era aliado de Hitler y Mussolini». Buena tierra para cultivar franquismo sociológico… Y sigue, con lugares comunes como «bando nacional» y del otro lado el «bando perdedor». Ojo a esta parte: «La oposición de parte de la población a las reformas republicanas terminó provocando una Guerra Civil».

Hay libros en los que tienen el mismo espacio «las ejecuciones y juicios sumarísimos que la muñeca Mariquita Pérez», lamenta el profesor Enrique Díez. «El lenguaje crea el pensamiento y si es una persona joven que se está formando y no se le da una idea clara de lo que ocurrió… la equidistancia cuando menos es una negligencia tremenda», resume Santiago Fernández, profesor de Historia en un instituto andaluz y miembro de la Comisión Pedagógica de Memoria Democrática de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Aporta ejemplos. Como un libro de la asignatura Educación para la Ciudadanía de 5.º de Primaria: «El primer párrafo es demoledor, habla de la represión “en otras épocas y otros países” como si fuese un fenómeno ajeno a nuestra tierra. Trata sobre los judíos, los gulags soviéticos y las madres de Argentina, y sobre los desaparecidos de España ni una palabra».

O un manual de 4.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Dice: «La UGT se radicalizó» frente al ejército y terratenientes que «se opusieron». El lenguaje, de nuevo. «El desigual trato y el mensaje subliminal es tremendo», refiere Fernández. Y en bachillerato, cuando «habla del terror rojo y nombra Paracuellos» mientras «no cuantifica en su total magnitud las fosas del franquismo» o usa términos como «nacional» para referir la zona «franquista, fascista, rebelde o sublevada». Cerca del 90 por ciento del tiempo escolar se centra en los libros de texto, de ahí su enorme importancia. «He escrito a muchas de estas editoriales para señalar estos fallos y nunca he tenido respuesta», refiere Santiago Fernández.

El estudio de los materiales didácticos de la Universidad de León ha contado con «610 entrevistas» a profesores y otras tantas a escolares. Porque, ¿cómo llega esta asignatura pendiente, la Memoria, al alumnado? Las conclusiones quedan resumidas en cinco claves. Una: «no se suele llegar en clase a estos temas», según la mayoría de alumnos. Dos: acaban teniendo «una visión de algo del pasado, que no les afecta, una parte más de la historia que tienen que empollar y poco más». Tres: «ha calado» el relato de raíz franquista de un «enfrentamiento entre dos bandos» y una «guerra fratricida». Cuatro: existe «un profundo desconocimiento» de la represión de Franco. Cinco: ni idea de la lucha antifranquista «y términos como maquis», es decir, guerrilleros. Y una bola extra: «Saben más del nazismo que del franquismo». Los alumnos españoles saben más de Hitler que de Franco. Es «la más sorprendente conclusión», en palabras de Enrique Díez. Además de las dificultades que enfrentan los profesores, que van de la falta de recursos a la oposición «de algunas familias cuando se sacan estos temas».

Para paliar estos déficits la investigación «La memoria democrática en la escuela» ha publicado unas Unidades Didácticas para la Recuperación de la Memoria Histórica que están en descarga libre y gratuita en internet «con más de cien actividades para realizar dirigidas a alumnado de secundaria, especialmente bachillerato, y personas interesadas por conocer la historia y la memoria olvidada o silenciada». En papel acabaron agotadas en poco tiempo.

«Cuando comparamos la situación española con el ámbito internacional vemos que esto no sucede en otros países como Finlandia o Alemania», expone Díaz. En el caso germano «esta materia se toca de manera sistemática en las aulas y el alumnado tiene una información continua en clase sobre el nazismo y el holocausto». Las «nuevas generaciones», dice, «tienen derecho a no olvidar». España, por ahora, queda suspendida en memoria.

La nación que nunca derrotó al fascismo y soportó cuatro décadas de tiranía es una tierra sembrada de fosas comunes donde las víctimas están condenadas al olvido y los crímenes han permanecido cubiertos por un manto de impunidad. Un espacio donde la verdad, la justicia y la reparación han cotizado a la baja y la sinrazón de la guerra ha seguido campando como seña de identidad de una sociedad sometida a la más básica carencia democrática: el respeto radical a los derechos humanos.

La cultura memorialista es una asignatura pendiente en España y los medios de comunicación han vivido tradicionalmente una situación análoga. La Memoria Histórica quedaba fuera de la agenda. No interesaba, no podía estar en las portadas. Más allá de algún espacio puntual, casi exótico o como una anécdota de un puñado de locos que vivían en otro tiempo, «abriendo heridas». Durante décadas fueron contados los reportajes e informaciones, hasta que bien avanzado el siglo XX fue ganando peso para tratar en titulares la cuestión que convierte a España en una anomalía en la Unión Europea.

Para que la ignorancia supere al recuerdo hace falta alentar una sociedad distraída. Olvidadiza, que viva en el descuido. Como si leer bien cada pliego escrito a sangre y fuego fuera poco menos que un lastre evitable. Como si solventar las guerras del pasado fueran una pérdida de tiempo. Cincelar al gentío como base para levantar un país heredero de la indiferencia.

Toda esta oscuridad preconcebida es la única explicación de que en el país de la desmemoria no haya un reclamo social unánime para acabar con este problema enquistado. Para sanear todas las cicatrices, para curar cada golpe todavía sangrante. Nadie podría entender, de otro modo, que el franquismo haya seguido impune más de 80 años después de los primeros crímenes contra la humanidad y pasados más de 40 de la muerte de Franco y del final de la dictadura.

Con este elaborado escudo ideológico, ¿quién no iba a ser capaz de mantener nombres de calles y plazas que hagan apología del régimen franquista? ¿O fundaciones dedicadas a honrar a militares rebeldes y oligarcas golpistas? Y el decidido bloqueo institucional a la investigación de los delitos cometidos, ganado a pulso con la prevención aleccionadora ejercida sobre varias generaciones de españoles silentes.

Dominar es imponer la supremacía sobre alguien. Y ese es el camino que busca la sublevación armada del 36: controlar la nación, frenar el impulso democrático y paralizar a las díscolas clases obreras. Asumir la autoridad patria por la fuerza si, como se da el caso, las urnas resultan un muro insuficiente. Así logra el fascismo su propósito.

Luego, muchos años después, hará falta domesticar la narración. Regar las calles de franquismo sociológico y construir la nación desmemoriada que no soporta ni juicios ni sentencias contra quienes jugaron a exterminar al adversario político. El país que nunca rompía de forma categórica con la dictadura ni rescataba los valores constitucionales republicanos.

En el reverso de esta realidad están las víctimas del terror fundacional del régimen franquista y de la represión sistemática de la dictadura. Las familias que siempre han navegado a contracorriente convirtiéndose, hasta el último aliento, en el soporte de los derechos humanos. En la memoria viva del país, demostrando la dignidad que su tierra no tiene.

¿La Transición española es modélica? Los sectores más críticos la pintan como el germen de todos los males que atravesaron España como un estoque que entra por la corrupción endémica y sale por el enconado conflicto territorial. Quienes alaban la operación la defienden como ejemplar, la mejor de las opciones posibles en una época de ruido de sables que enciende la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 encabezada por el teniente coronel de la guardia civil Antonio Tejero.

No fue un fracaso absoluto, pero desde luego dista mucho de ser un ejemplo a seguir en su totalidad por otras naciones. El discurso transicional estuvo trufado de incesantes luces y sombras y dirigido desde las entrañas fantasmagóricas del franquismo. Las riendas estaban en manos de los herederos del «atado y bien atado». E hicieron valer su hegemonía.

En muchas facetas la Transición fue más un recurso estético que un tratado de cirugía. La lucha política contra Franco penó el desierto de las primeras décadas inyectadas de oscuridad y silencio para llegar a los estertores de la dictadura con la pelea convertida en una pugna abierta, decidida, a pecho descubierto. Un laberinto donde la única salida viable tenía que ser la democracia.

Aunque el país nunca trazó una línea divisoria que rompiera con el régimen y juzgase a sus gestores. Ni en el plano social, ni político, legal, económico… la legitimidad del franquismo nunca quedó en entredicho de una manera tajante. Un ejemplo son los altos cargos de Franco que acaban mandando en democracia. Ocuparán sillones en despachos de instituciones públicas o quedarán acogidos en consejos de administración de grandes empresas. Sin problema o complejo alguno. Hoy son fascistas, mañana demócratas. Así de comprensiva y acogedora fueron España y su «modélica» Transición.

Las puertas giratorias estaban bien engrasadas y tampoco hubo mayor problema en el mundo de la justicia. Diez de 16 jueces del Tribunal de Orden Público ascendieron al Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional. La situación en el resto de salas del país quedará calcada. El mismo campo que mira hacia otro lado con la trayectoria franquista de los magistrados nunca juzga a ningún responsable del estallido golpista, la guerra de España y los 40 años de mando franquista. Casualidades de la vida. Critica la ONU, por cierto, que los cuerpos policiales y judiciales españoles no reciben formación ni información específica sobre la obligatoriedad de perseguir delitos internacionales como el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. El mismo Estado que debe ser garante de estos principios universales mantiene en la inopia a sus peones. Cosas del país de la desmemoria.

«Españoles… Franco ha muerto», anunciaba el 20 de noviembre de 1975 el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, en un mensaje televisado. La «caja tonta» tiene pulsada la única tecla posible, Televisión Española, y escupe el compungido comunicado. Los medios escritos y las cadenas de radio andan afanadas en la tarea de contar el esperado desenlace mortal del genocida. Y las muestras de dolor patrio ante la capilla ardiente preceden el multitudinario sepelio y el entierro de los restos del general rebelde en la basílica del Valle de los Caídos. Todo un espectáculo nacional.

Franco ha muerto. Bien. Pero el franquismo deja una nación sembrada de fosas comunes. Un país que niega verdad, justicia y reparación a los vencidos en la guerra de los mil días. Que sigue negando derechos humanos elementales a las víctimas del fascismo español pasados 80 años de cometidos los primeros asesinatos contra una población civil indefensa. Ahí es nada.

«Todo ha quedado atado y bien atado con mi propuesta y la aprobación en las Cortes de la designación como sucesor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de Borbón», señala Franco en el tradicional y televisivo discurso navideño en 1969. El dictador hila el futuro de España restaurando a un Borbón como relevo en el trono. El ahora monarca emérito, padre del actual rey Felipe VI —que toca así de rebote el aliento de Franco—, juramenta la herencia el día de su proclamación el 22 de noviembre del 75: «Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional». Léase como franquismo. Y Franco había muerto, oficialmente, un par de días antes de estas palabras.

Para rizar el rizo, el partido político que gobierna España durante varias legislaturas en democracia está fundado por un selecto grupo de ministros de la dictadura. «Neofranquistas entusiasmados celebraron su primer congreso», titulaba en portada Diario16 el 7 de marzo del año 77. Aquel acto es el germen del actual Partido Popular. «Los siete líderes de Alianza Popular anunciaron su federación y el paso hacia un partido único», reflejaba el periódico. «Gritos de “¡Franco, Franco, Franco!” de 3000 fervorosos congresistas», subtituló el rotativo, por si hubiera dudas de las intenciones, sobre una fotografía del líder de los «siete magníficos» fascistas convertidos en demócratas de la noche a la mañana: Manuel Fraga Iribarne. Luego será considerado como uno de los «padres» de la modélica Transición.

¿Dónde estaban las «madres» de la metamorfosis demócrata? En ningún lado, claro, a ojos de un sistema nacionalcatólico que es patriarcal hasta la médula y relega a la mujer a un segundo plano marginal y de pura comparsa detrás del «hombre» que dirige los destinos de las casas y los gobiernos. La Segunda República española intentó romper todos estos techos de cristal y derribar los muros cotidianos con un ideario que proponía sujetos sociales que crecerían en igualdad de condiciones.

La apuesta convirtió a España en una de las democracias más avanzadas del mundo en los convulsos años treinta del siglo pasado. Y ahí sigue el país de la desmemoria con los valores republicanos encerrados bajo llave, sin reconocer y restaurar. En el plano político las ansias de cambio sumaron nombres como Victoria Kent y Clara Campoamor, Manuel Azaña, José Giral o Diego Martínez Barrio. Socialistas de la talla de Francisco Largo Caballero, Margarita Nelken, Julián Besteiro e Indalecio Prieto. Nacionalistas como Lluís Companys y comunistas, desde Dolores Ibárruri La Pasionaria a José Díaz e incluso monárquicos desencantados, caso de Niceto Alcalá-Zamora. De las filas anarquistas asoman representantes clave como Federica Montseny o Andreu Nin, de la CNT y del POUM. Y Buenaventura Durruti o Francisco Ascaso, con una participación activa en la guerra civil.

Por la otra banda juega el radical Alejandro Lerroux, que actúa como muleta primero de los transformadores y luego volcando el hemiciclo para dar ventaja a los conservadores en el bienio negro. Soportando entonces a la extrema derecha que será la gestora política de la conspiración contra la democracia y suma fanáticos parlamentarios como José María Gil Robles o José Calvo Sotelo. O apoyos como el líder falangista José Antonio Primo de Rivera y los fascistas Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo. De estas huestes brotan las milicias paramilitares que mantienen un violento clima prebélico en las calles con enfrentamientos directos con movimientos de izquierda.

Otro nombre destacado es el de Virgilio Leret, posiblemente el primer militar ejecutado por los sublevados. Fue fusilado en Melilla el 18 de julio del 36 por mantener su lealtad a la República. Porque cuando los terroristas con uniforme proceden a sacar adelante el fallido golpe de Estado, el boicot estalla en una contienda fratricida. El complot está formado por personajes que acaban expulsados del Ejército, acusados de sedición. El plano nominal castrense está bañado por la larga sombra rebelde, por el rastro de quienes se dedican al asesinato y el pillaje en la época de terror caliente.

Entre los máximos responsables están el «director» del golpe, Mola, y con él Franco, Sanjurjo, Yagüe, Enrique Varela, Millán-Astray y Queipo de Llano. Sujetos que merecerían acabar sentados ante un tribunal similar al que juzga a los nazis en los Procesos de Núremberg. Pero esto nunca sucede. O el aviador Joaquín García-Morato, a quien el ministerio de Defensa todavía define como «héroe indiscutible», 80 años después de terminada la Guerra Civil española. El ejército del Aire mantiene activas, en la página de Internet de esta institución pública, las biografías de aeronautas golpistas que no son sino crónicas oficiales que ensalzan la actuación en la batalla con una literatura que vacila entre la equidistancia y la historia aséptica.

Es otra muestra más de franquismo sociológico, una laguna democrática que salpica los despachos y la calle. ¿Cuenta el gobierno de Alemania relatos épicos de militares del Tercer Reich bajo el mando de Adolf Hitler? Parece que no. Pero la filtración durante décadas del ideal inculcado por el nacionalcatolicismo produce monstruos de tal calibre.

Los pilares educativos republicanos pretenden, precisamente, paliar las evidentes carencias en esas lides. Cultura y educación como bases de un nuevo país. Es la idea. En el cumplimiento de esa pretensión pedagógica destacan nombres como Francisco Giner de los Ríos, creador y director de la Institución Libre de Enseñanza. La nómina de intelectuales que apoya la iniciativa es amplia, de Antonio Machado a José Ortega y Gasset, Leopoldo Alas Clarín o Santiago Ramón y Cajal. La apuesta de la República camina de la mano de la universalización cultural. Que la gente conozca, sepa y disfrute. Que se informe, forme y entretenga.

La Generación del 27 acuña una sucesión irrepetible de artistas. En casi cualquier disciplina creativa. Literatos como Rafael Alberti, Miguel Hernández, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre y Max Aub, entre tantos, O las «sinsombrero»: María Teresa León, Rosa Chacel, María Zambrano y Maruja Mallo, entre muchas.

De otra calaña quedan franquistas fundacionales como José María Pemán y figuras asociadas al régimen como Salvador Dalí y Camilo José Cela. El golpismo fascista produce aberraciones también en el mundo de las letras y las artes, personajes que encontrarán acomodo en las cuatro décadas de tiranía. Gestores de las ideas de un Estado que nace de las cenizas de una guerra y está infecto en esencia.

Porque la rebelión encabezada por los poderes establecidos nació con la ambición de aniquilar la experiencia democrática. Los conspiradores querían acabar de una vez con la República que amenazaba un statu quo diseñado por y para las élites. La victoria del Frente Popular en febrero del 36 como rúbrica del periodo republicano no hace sino confirmar esos temores y prioridades del caciquismo patrio. Y una vez logrado el propósito, lo que les queda es un país en ruinas, desangrado. Un guiñapo expuesto a bandadas de buitres que despedazan los restos harapientos del desastre.

La oligarquía apoyó y sufragó desde el primer momento el motín contra el gobierno legítimo. A golpe de talón y de culata, con especial énfasis desde la nobleza agraria, eclesiástica y militar. Y estos mecenas vienen luego a cobrar sus facturas. El primero, Franco. El teórico carácter austero del general rebelde no parece casar con la fortuna que acumula.

El franquismo trabajará también desde sus primeros compases en aparejar un armazón doctrinal que contente a la heterodoxa maraña que maneja el país. Entre los conspiradores hay de todo: monárquicos acérrimos, alfonsinos desencantados, católicos, carlistas, nacionalistas, conservadores, falangistas… Una amalgama con un nexo común que gira en torno a la creación de un frente contrarrevolucionario antimarxista que venza y extermine al contubernio judeomasónicocomunista que para Francisco Franco va tomando la forma de una obsesiva pesadilla con ideas recurrentes como que el «demonio rojo» quiere romper España o entregarla en manos de una conchabanza internacional que busca la destrucción del cristianismo. Eso piensa la extrema derecha golpista. Y que las clases bajas son sujetos prescindibles que pertenecen a una raza inferior y están dirigidas por perniciosos partidos y movimientos sindicales de izquierdas.

De ese dibujo apocalíptico del supuestamente malintencionado adversario político y social bebe el sustentáculo ideológico de los sublevados. Para construir una doctrina común, eso sí, las nuevas autoridades dictatoriales precisarán algo más que un enemigo salido del mismo infierno y por eso, tras el triunfo fascista en la guerra, la sociedad va a quedar impregnada con una aplicación religiosa extremista, una pátina militar omnipresente y un nacionalismo exacerbado. La vida en España será franquista, nacionalcatólica, o no será.

Bajo el influjo de la magnificencia propagandística nazi y fascista la dictadura de Franco asume la necesidad de levantar una parafernalia simbólica que alcanza edificios, mausoleos, cruces de los caídos, calles y plazas. Y hasta el alma carpetovetónica. El sistema autoritario arrastra el soporte histórico de la hispanidad a lugares comunes como la supuesta reconquista cristiana o la desaparecida grandeza imperial. Todo sirve para dotar al español medio de un relato heroico, noble y glorioso. Hasta diseñar el escudo franquista como un plagio, o bien como un homenaje, que tunea y modifica el águila de San Juan de los Reyes Católicos con unos añadidos y retoques.

Esta mixtura que hunde sus raíces en la tradición ibérica más atávica sigue el modelo clásico de los totalitarismos. De la copia del nazifascismo, sumado al maquillaje eclesiástico y castrense, sale el nacionalcatolicismo, que será lo más parecido a una ideología propia que tendrá el régimen de Franco. Una doctrina que abraza la religión como guía y cuece la íntima relación entre Iglesia y Estado en ese ejercicio práctico del furor nacionalista que manda durante cuatro décadas en las instituciones, en la calle, en la cultura y, por supuesto, en las escuelas.

Si la República de izquierdas había cortado las sotanas en las aulas, el franquismo recuperó el orden educativo del crucifijo. La educación pública sufrió un retroceso histórico, perdiendo el impulso laicista y el caudal de las Misiones Pedagógicas, para acabar sometida por el control formativo del «Nuevo Estado». El patriotismo debía calar en las mentes infantiles y el sistema abraza principios como el dogmatismo y el memorismo, dividiendo las clases en dobles versiones: para niños y niñas, para clases acomodadas y para pobres. Y ese país es el mismo que pasa de un plumazo del tratado franquista a la modélica Transición, del nacionalcatolicismo a la democracia.

Quienes un día son franquistas, al siguiente visten de demócratas. Sin más problema que un profiláctico cambio de chaqueta. La transición de la tiranía a la democracia no exige depurar responsabilidades a los que mandan junto a Franco. En España sale gratis ser actor principal de una dictadura. Y como la impunidad del régimen es una premisa innegociable, el resultado del silogismo deja a las víctimas del franquismo luchando por cumplir el trinomio verdad, justicia y reparación.

Las legítimas aspiraciones memorialistas suman un cuarto pilar que alude al cumplimiento de los derechos humanos más elementales: las garantías de no repetición. El error español somete a los mártires extendiendo el sufrimiento mientras premia a los victimarios con el descanso eterno. El conjunto construye una realidad política y social bañada por la amnesia. Y sin memoria, gana la sinrazón.

Organismos como Naciones Unidas o el Consejo de Europa han mirado con lupa a España y suspenden la inacción ante violaciones graves del derecho internacional humanitario. Entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado en numerosas ocasiones que no plantara cara al fantasma del franquismo. Pero el país siguió anclado en la desmemoria.

Como si de nada sirviera la Declaración Universal de Derechos Humanos ni los pactos por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales o los Civiles y Políticos. Como si los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales fueran material inútil. Como si no interesara cumplir las resoluciones de los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario. O la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Todo es papel mojado en manos del Estado español. Como si ningún instrumento sirviera para luchar contra la impunidad franquista garantizando la aspiración legítima de las víctimas y de sus descendientes. Como si ningún camino condujera al reconocimiento de que los represaliados no piden venganza sino verdad, justicia y reparación. Y cerrar heridas abiertas.

Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Juzgado Especial Número 1. Sumario 37759-C. Fecha de incoación de la causa, 18 de marzo de 1951. De la sentencia, 6 de junio de 1952. Delitos imputados: «actividades comunistas» y «antecedentes masónicos». El caso acaba sobreseído. «La muerte del supuesto culpable es causa de extinción de la responsabilidad criminal», señalan los juzgadores franquistas. El presunto delincuente es mi bisabuelo, Mariano Baquero Rodríguez.

Dice su acta de defunción, aportada en el proceso como elemento probatorio de las pesquisas, que el encausado «falleció» en septiembre de 1936. «Falleció», escriben las autoridades herederas del terror fundacional del franquismo como recurso eufemístico donde debían decir: ejecutar. O matar a balazos. Exterminar. Asesinar sin posibilidad de defensa, sin juicio ni sentencia. Seleccionar a una persona por sus ideas, secuestrarla y meterle un par de tiros en la cabeza.

Mi bisabuelo no tenía las manos «manchadas de sangre». No hay delito penal alguno que pese sobre su espalda cuando un grupo de pistoleros fascistas lo detiene en Sevilla. Cuando horas después dejan su cuerpo sin vida tirado en las inmediaciones de la zona portuaria de la capital de Andalucía. Su único «delito» era ser de izquierdas. Los golpistas aprovechan para robar gran parte del patrimonio familiar, que nunca ha sido devuelto. Y dejan una familia destrozada, rota, «como el nido al que dan con una escoba», que dice mi amigo Luis Vega.

«Mariano Baquero era un hombre bueno». La frase grabó un hondo surco en mi memoria. Corría el verano del año 2003 cuando una casualidad me llevó a visitar la casa de una anciana que, siendo niña, había conocido a mi bisabuelo. La escena ocurre en Coria del Río, la misma localidad sevillana donde Baquero era concejal republicano y primer teniente de alcalde.

«Tu abuelo, cuando más hambre había, traía un saco de pan para repartirlo». Durante la conversación siempre se refiere a él así, «tu abuelo», como si no asumiera una generación más entre nosotros. Los padres de la viejita trabajaban en la fábrica de mi bisabuelo y ella, recuerda, sacia más de una vez el hambre proletaria dando bocados a esos panes. «Tu abuelo era bueno, y los que lo mataron… —hace una pausa, mira a ambos lados de la calle, y remata—: Los que lo mataron eran unos hijos de puta». Vecinos que vivían unas casas más allá o más acá y acaban empuñando un arma para matar a sus paisanos. Las fechorías de los gatilleros han quedado tatuadas en el recuerdo íntimo de cada pueblo.

El expediente judicial contra Mariano Baquero arrancó 15 años después de aquel suceso. La documentación que certifica el episodio, como el de miles de personas, está en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Ahí logro recuperar el legajo. Nunca olvidaré la emoción de mi padre, que se llama como el suyo, y como su abuelo, Mariano Baquero, al recibir de mis manos el expediente completo. No sabía que lo había conseguido hasta que abrió el sobre y empezó a sacar páginas con el nombre de su abuelo.

Mariano Baquero era un próspero industrial, masón y republicano, amigo de Diego Martínez Barrio y del denominado Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante. Mi bisabuelo era uno de esos burgueses que aspiraban a construir un nuevo país desde las convicciones democráticas de la República. Encarnaba ese espíritu renovador que aterriza en España dando el pistoletazo de salida el 14 de abril de 1931 a una de las democracias más avanzadas de la época a inicios de unos convulsos años 30 del siglo pasado en los que otras naciones se debaten en ejercicios de mundialización del odio.

Mariano Baquero Rodríguez murió a tiros como respuesta del fascismo. El odio reaccionario y de extrema derecha materializado en un grupo de golpistas y asesinos que viven en su mismo pueblo, que trasiegan esas mismas calles pegadas al río Guadalquivir donde todos sabrán siempre quienes fueron los verdugos y quienes los derrotados.

Rescato el caso de mi bisabuelo como ejemplo de la esperanza republicana. Y como paradigma del terror que amamanta al franquismo. Porque recuperar todas las historias, todos los nombres, pone rostro al inabarcable puñado de crímenes contra la humanidad que han continuado impunes durante dolorosas décadas. Porque conocer la tragedia tantas veces silenciada de las víctimas del terrorismo fascista es un deber democrático ineludible, que toca a todo el país, y olvidarlas supone la condena a una segunda muerte.

Estoy orgulloso de ser hijo, nieto y bisnieto de quien soy. Es una suerte casual, que toca sin más mérito ni posibilidad de elección voluntaria. No lo elegí, pero tengo esa suerte. Y como periodista tengo la fortuna de andar inmerso hasta el tuétano en estos procesos de Memoria Histórica. Es otra de tantas sorpresas que brotan en la vida.

Qué gran responsabilidad corresponde a los medios de comunicación, por cierto, en la construcción de la necesaria pedagogía ciudadana en materia de derechos humanos. La crónica cotidiana como instrumento para cerrar heridas y cicatrices que son pertinaces y demasiado duraderas: fosas y cunetas, desaparecidos, crímenes impunes, represión a la mujer y a colectivos LGTBi, trabajo esclavo, parafernalia simbólica… Páginas que en tantas ocasiones se escriben, a sabiendas, desde una pretendida, perjudicial e insana equidistancia.

Esta implicación que asumo como un regalo vital ha crecido en los últimos años. Un tiempo en el que ando metido, literalmente, en fosas comunes. Tirado en la tierra que atesora la verdad. Tocando la reparación. Recopilando relatos de vida truncados por la barbarie. Cada vez, cada historia familiar, suma un poco más al compromiso que atesoro con las víctimas del terror franquista, con las viejitas y viejitos que abren lo más profundo de su dolor para doblegar el manto de oscuridad tejido por la dictadura. Con quienes arrastran hasta hoy las crónicas trágicas que durante años guardaron en un zurrón tejido con dignidad. Con los hacedores de memoria viva.

Estar cerca de todos los nombres se ha convertido en una obligación personal y profesional. El seguimiento a las intervenciones arqueológicas en suelo andaluz ha cristalizado en sendos anuarios sobre exhumaciones publicados con la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía: Que fuera mi tierra y Las huellas en la tierra. El primero de estos trabajos fue reconocido por Heraldo de Madrid con el Premio Chaves Nogales al mejor libro periodístico del año 2016. Todo un honor.

La recopilación de estos relatos crudos desvela la deuda latente de una sociedad desmemoriada. El vergonzoso déficit de Estado con quienes lo merecen todo y durante tanto tiempo no han recibido nada, ni siquiera el derecho atávico a enterrar a sus muertos. España necesita mirar a los ojos a las víctimas del franquismo. Pedir perdón por el desprecio y destrozar la impunidad. Una piel de toro perforada por fosas comunes nunca podrá dar buen abrigo a la democracia.

La ignorancia sobre las prácticas genocidas ejecutadas en España es la semilla de la que brota el franquismo sociológico. Una mala hierba que no es más que la permisividad ante el silencio, la equidistancia sobre el terror o la apología de la barbarie. «El fascismo español no sólo acabó con la memoria de los vencidos sino que, una vez concluida su tarea destructora y con el objeto de ocultar y blanquear sus orígenes, borró gran parte de su propia historia (la de sus actos y decisiones) y comenzó un proceso de reescritura constante del pasado que llega a nuestros días», explica el historiador Francisco Espinosa Maestre.

Cuando piensas en eso, y se te viene a la mente el episodio de La Desbandá, los aviones, la niña… «Eso lo tengo muy fresco», responde Alejandro Torrealba, sentado al sol en la puerta de su casa canaria en San Cristóbal de La Laguna. «¿La matanza de Málaga a Almería? Eso lo tengo yo… —repite, apuntando la sien con el dedo índice—. Los aviones venían rasantes y me agazapé en el suelo, cubierto por una manta. De pronto sentí un golpe grande en la espalda. Quedé paralizado. Noté que tenía sangre. Cuando todo el mundo se levantó, entonces vi que me había caído encima la cabeza de una niña. Yo tenía diez años y ella era más chiquita. Una pequeña de cuatro o cinco años». El terror. Los recuerdos vivos del niño Alejandrito más de ochenta años después de la masacre fascista contra población civil.

El paso del tiempo no ofrece ninguna explicación. «Siento pena de que sucediera. Fusilaron sin haber causa, no había nada —dice—. Mira, yo te voy a decir una cosa, cuando veía que mataban a la gente y eso, ya no me asustaba. Ya estaba acostumbrado a ver cadáveres. Y sin embargo luego un amigo, un familiar o un vecino se ha muerto y ya sí imponía el cadáver, pero en ese momento no, en ese momento estaba acostumbrado uno».

¿Los golpistas tenían carta libre, Alejandro? «Sí, para hacer lo que quisieran. No tenían pena por matar a gente. A mí hoy me hubieran matado. Y en la dictadura no se podía nada más que hablar a favor de Franco». Del tirano al que Queipo de Llano había apodado con un despectivo Paca la Culona. «¿Tú eso cómo lo sabías? ¿Yo te lo dije? Eso le decía, Paca la Culona. Franco no se atrevía con Queipo. Sembró el terror en Sevilla. ¿Tú sabes la gente que mató allí? Y las cunetas estaban llenas de cruces, cruces de madera que las ponían la gente, las familias, donde los habían matado. Y los falangistas… todo lo que hicieron y mataron».

Los ideales, después de todo lo pasado, nunca se van. «No, las ideas están ahí. Mira [señala la mesa del pequeño comedor], libros de la República». Hay varias publicaciones sobre La Desbandá, uno de ellos titulado El honor de la República. «Sí, todos esos. Yo soy republicano y toda mi familia». El niño Alejandrito sigue peleando. ¿Por qué las cunetas siguen llenas de criaturas? «Eso lo he hablado yo muchas veces, aquí en el bar y eso y me dicen “No, eso ya no, ya ha pasado”. Y les digo “¿Tú sabes la gente que mataron?”, pero me contestan “No, eso ya pasó, hay que olvidarlo”. La gente no quiere mover estas cosas. Ni se quieren enterar. Y yo siempre se lo digo, que se mató a mucha gente». ¿Y qué significa no haber leído bien las páginas de la historia? «Mira, de España se habla muy mal, pero el culpable no es el pueblo, hijo, son los que han gobernado».

Porque todos somos, al cabo, víctimas. Todos mojados en sangre, más allá de herencias rancias y nostalgias carpetovetónicas. Como mi propia familia. Y ahí voy: todos estamos inmersos en el viaje de ida y vuelta de la memoria. La individual y la colectiva. Todos somos hijas e hijos, nietas y nietos de la historia, y fomentar el discurso de los derechos humanos como aval de futuro es una tarea común. Verdad, justicia y reparación para lograr la garantía de no repetición. Y construir, entre todos, una memoria viva que deje atrás el país de la desmemoria.